3.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 353/1

—

Visto el Tratado de la Unión Europea (TUE) y, en particular, sus artículos 2, 3, 4, 6, 7 y 21,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular, sus artículos 1, 2, 3, 4, 18 y 19,

—

Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos Políticos y los protocolos al mismo,

—

Vistos los instrumentos pertinentes de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 10 de diciembre de 1984 y sus protocolos, y la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 20 de diciembre de 2006,

—

Visto el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte de 1949,

—

Visto el Reglamento (CE) no 1236/2005 del Consejo, de 27 de junio de 2005, sobre el comercio de determinados productos que pueden utilizarse para aplicar la pena de muerte o infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (1),

—

Visto el Programa de Estocolmo – Una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano (2), y la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 20 de abril de 2010, «Garantizar el espacio de libertad, seguridad y justicia para los ciudadanos europeos: Plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo» (COM(2010)0171),

—

Vistas las Directrices sobre la política de la UE frente a terceros países en relación con la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y las Directrices de la UE sobre la pena de muerte,

—

Vista la Declaración de Bruselas, de 1 de octubre de 2010, adoptada por la Sexta Conferencia de las Comisiones Parlamentarias encargadas de la Supervisión de los Servicios de Inteligencia y Seguridad de los Estados miembros de la Unión Europea,

—

Visto el Estudio conjunto de las Naciones Unidas sobre las prácticas mundiales en relación con la detención secreta en el contexto de la lucha contra el terrorismo elaborado por el Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, Martin Scheinin, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Manfred Nowak, el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria, representado por su Vicepresidenta, Shaheen Sardar Ali, y el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, representado por su Presidente, Jeremy Sarkin (3),

—

Visto el informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, elaborado por el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, relativo a las comisiones de investigación en respuesta a las pautas o prácticas de tortura y otras formas de maltrato (4),

—

Visto el Informe de Martin Scheinin, Relator Especial sobre la promoción y la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, titulado «Recopilación de buenas prácticas relacionadas con los marcos y las medidas de carácter jurídico e institucional que permitan garantizar el respeto de los derechos humanos por los servicios de inteligencia en la lucha contra el terrorismo, particularmente en lo que respecta a su supervisión» (5),

—

Vistas las contribuciones del Consejo de Europa, en particular los trabajos del antiguo Comisionado de los Derechos Humanos, Thomas Hammarberg, y del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), así como las correspondientes resoluciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en particular las tituladas «Alleged secret detentions and unlawful inter-state transfers of detainees involving Council of Europe member states» (6) y «Secret detentions and illegal transfers of detainees involving Council of Europe member states: second report» (7), y el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Asamblea Parlamentaria intitulado «Abuse of state secrecy and national security: obstacles to parliamentary and judicial scrutiny of human rights violations» (8),

—

Vistos los asuntos presentados ante el Tribunal Europeo de Derechos humanos Al-Nashiri contra Polonia, Abu Zubaydah contra Lituania, Abu Zubaydah contra Polonia y El-Masri contra «Antigua República Yugoslava de Macedonia», que la Gran Sala examinó el 16 de mayo de 2012,

—

Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2009, sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos - Programa de Estocolmo» (9),

—

Vistas sus Resoluciones de 14 de febrero de 2007 (10) y 19 de febrero de 2009 (11) sobre la supuesta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos,

—

Vistas sus Resoluciones sobre Guantánamo, en particular las de 9 de junio de 2011 sobre «Guantánamo: decisión inminente sobre la pena de muerte» (12), de 4 de febrero de 2009 sobre el retorno y la reintegración de los reclusos del centro de detención de Guantánamo (13), y de 13 de junio de 2006 sobre la situación de los detenidos en Guantánamo (14), así como su Recomendación al Consejo de 10 de marzo de 2004 sobre el derecho de los presos de Guantánamo a un juicio justo (15),

—

Vista su Resolución de 15 de diciembre de 2010 sobre «La situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea (2009): aplicación efectiva tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa» (16),

—

Vista su Resolución de 14 de diciembre de 2011 sobre «La política antiterrorista de la UE: logros principales y retos futuros» (17),

—

Visto el discurso pronunciado por Jacques Barrot, Vicepresidente de la Comisión, en Estrasburgo el 17 de septiembre de 2008 (18),

—

Vistas las declaraciones de la Comisión sobre la necesidad de que los Estados miembros interesados investiguen las acusaciones de participación en el programa de traslados extraordinarios y detenciones secretas de la CIA, y los documentos, incluidas cuatro cartas enviadas a Polonia, cuatro a Rumanía y dos a Lituania entre 2007 y 2010, que la ponente transmitió a la Comisión,

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 15 de octubre de 2003, sobre «El artículo 7 del Tratado de la Unión Europea - Respeto y promoción de los valores en los que está basada la Unión» (COM(2003)0606),

—

Vista la carta de 29 de noviembre de 2005 de la Presidencia de la UE a la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, en la que pedía «aclaraciones por parte de los Estados Unidos en relación con estos informes [presunta detención o transporte de sospechosos de terrorismo en algunos Estados miembros de la UE o a través de ellos] con la esperanza de disipar las preocupaciones de los parlamentos y del público»,

—

Vistas las sesiones no 2748 y 2749 del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores de 15 de septiembre de 2006, en las que se debatió el punto «La lucha antiterrorista – Centros de detención secreta»,

—

Vista la Declaración de la UE de 7 de marzo de 2011 en el 16o período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos sobre el mencionado Estudio conjunto de las Naciones Unidas sobre las detenciones secretas,

—

Visto el artículo titulado «Counter-terrorism and human rights», de Villy Sovndal, Gilles de Kerchove y Ben Emmerson, publicado en el número del 19 de marzo de 2012 de «European Voice»,

—

Vista la respuesta de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, de 5 de diciembre de 2005 a la carta de la Presidencia de la UE de 29 de noviembre de 2005 en la que señalaba que los traslados extraordinarios son una herramienta esencial para la lucha contra el terrorismo, que no solo los Estados Unidos, ni su actual Administración, recurren a ellos, y en la que desmiente las acusaciones relativas a la participación directa de los Estados Unidos en la tortura, subrayando que el objeto de los traslados extraordinarios no es someter a torturas a la persona implicada, así como las declaraciones de la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, Condoleezza Rice, en las que confirma que los Estados Unidos respetan la soberanía de sus socios (19),

—

Visto el discurso del expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, pronunciado en la Sala Este de la Casa Blanca el 6 de septiembre de 2006, en el que reconocía la existencia de un programa de traslados extraordinarios y detenciones secretas dirigido por la CIA, que incluía operaciones en el extranjero,

—

Vistas las memorias de George W. Bush, publicadas el 9 de noviembre de 2010,

—

Vista la versión no clasificada, publicada en agosto de 2009, del informe de 2004 del Inspector General de la CIA, John Helgerson, sobre los interrogatorios de la CIA durante la era Bush,

—

Visto el informe de 2007 del Comité Internacional de la Cruz Roja sobre el tratamiento de catorce detenidos de alto nivel en custodia de la CIA, que se puso a disposición del público en 2009,

—

Vistas las distintas iniciativas a escala nacional para esclarecer la participación de algunos Estados miembros en el programa de traslados extraordinarios y detenciones secretas de la CIA, incluidas la investigación en curso en Dinamarca y las investigaciones ya concluidas en Suecia, las investigaciones penales realizadas en Polonia y el Reino Unido, las anteriores investigaciones penales en Italia, Alemania, Lituania, Portugal y España, la investigación de todos los grupos parlamentarios en el Reino Unido, y las anteriores investigaciones parlamentarias en Alemania, Lituania, Polonia y Rumanía,

—

Vista la investigación judicial realizada en Portugal durante dos años, cerrada repentinamente en 2009,

—

Vistas las conclusiones de las investigaciones nacionales ya realizadas en algunos Estados miembros,

—

Vistas las numerosas informaciones aparecidas en los medios de comunicación y el periodismo de investigación, entre otros, en particular los informes de ABC News en 2005 (20) y 2009 (21) y los informes del Washington Post en 2005 (22), sin las que estos actos de traslados extraordinarios y detenciones habrían continuado siendo totalmente secretos,

—

Vistos los estudios e investigaciones realizados y los informes elaborados desde 2005 por investigadores independientes, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, muy en particular Human Rights Watch  (23), Amnistía Internacional y Reprieve,

—

Vistas las audiencias de su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) celebrada el 27 de marzo de 2012, y de su Subcomisión de Derechos Humanos celebrada el 12 de abril de 2012, la visita de una delegación de la Comisión LIBE a Lituania del 25 al 27 de abril de 2012, la visita de la ponente a Polonia el 16 de mayo de 2012 y todas las contribuciones escritas y orales que ha recibido la ponente,

—

Vista la solicitud conjunta de datos sobre vuelos presentada al Director de Eurocontrol por el Presidente de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la ponente el 16 de abril de 2012 y la exhaustiva respuesta recibida de Eurocontrol el 26 de abril de 2012,

—

Vista la nota de la DG IPOL titulada «The results of the inquiries into the CIA's programme of extraordinary rendition and secret prisons in European states in light of the new legal framework following the Lisbon Treaty»,

—

Vistos los artículos 48 y 50 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior y la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0266/2012),

A.

Considerando que el Parlamento ha condenado el programa de traslados extraordinarios y detenciones secretas de los Estados Unidos, dirigido por la CIA, que implica numerosas violaciones de los derechos humanos, entre ellas la detención legal y arbitraria, la tortura y otros malos tratos, violaciones del principio de no devolución y desapariciones forzosas; considerando que su Comisión Temporal sobre la supuesta utilización de países europeos por la CIA para el transporte y la detención ilegal de presos (en adelante la «Comisión temporal») ha documentado el uso del espacio aéreo y el territorio europeo por la CIA, y que desde entonces el Parlamento ha reiterado su exigencia de que se investigue exhaustivamente la colaboración de los gobiernos y organismos nacionales con el programa de la CIA;

B.

Considerando que el Parlamento Europeo ha hecho en repetidas ocasiones un llamamiento para que la lucha contra el terrorismo respete plenamente la dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales, también en el contexto de la cooperación internacional en la materia, sobre la base del Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, las constituciones nacionales y la legislación en materia de derechos fundamentales, así como que ha reiterado recientemente dicho llamamiento en su informe sobre política antiterrorista de la UE, en el que también se señalaba que el respeto de los derechos humanos es una condición previa para garantizar la eficacia de esta política;

C.

Considerando que el Parlamento Europeo ha condenado repetida y enérgicamente prácticas ilegales entre las que figuran las «entregas extraordinarias», el rapto, la detención sin juicio, la desaparición, las prisiones secretas y la tortura, y que ha pedido una completa investigación sobre el supuesto grado de implicación de algunos Estados miembros en la colaboración con las autoridades de los Estados Unidos, en particular la CIA, también en relación con operaciones realizadas en el territorio de la UE;

D.

Considerando que el objeto de la presente Resolución es que se realice «un seguimiento político de las actividades de la Comisión Temporal y supervise cualquier evolución, en particular en el caso de que el Consejo y/o la Comisión no adopten las medidas apropiadas; que [se]determine si existe un riesgo claro de vulneración grave de los principios y valores en que se funda la Unión Europea, y que le recomiende cualquier resolución, sobre la base de los artículos 6 y 7 del Tratado de la Unión Europea, que estime necesaria en este contexto» (24);

E.

Considerando que la UE se basa en el compromiso con la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana y del Derecho internacional no solamente en sus políticas interiores, sino también en su dimensión exterior; que el compromiso de la UE con los derechos humanos, reforzado por la entrada en vigor de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el proceso de adhesión al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, debe reflejarse en todos los ámbitos políticos a fin de que la política de derechos humanos de la UE resulte eficaz y creíble;

F.

Considerando que es indispensable contar con un proceso adecuado de rendición de cuentas para mantener la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas de la UE, proteger y promover de forma eficaz los derechos humanos en las políticas interiores y exteriores de la UE y garantizar la legitimidad y eficacia de las políticas de seguridad basadas en el Estado de Derecho;

G.

Considerando que hasta ahora ningún Estado miembro ha cumplido plenamente sus obligaciones de proteger, mantener y respetar los derechos humanos internacionales y evitar su vulneración;

H.

Considerando que los instrumentos por los que se rige la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC) incluyen la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de las Naciones Unidas de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y sus dos Protocolos Facultativos, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura (CAT) y su Protocolo Facultativo, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes, que, en su conjunto, no solamente prohíben la tortura por completo sino que también implican una obligación positiva de investigar supuestos casos de tortura y de proporcionar medios de reparación e indemnizaciones; que las Directrices de la UE sobre la tortura establecen el marco para los esfuerzos de la UE orientados a «prevenir y erradicar la tortura y los malos tratos en todo el mundo»;

I.

Considerando que para garantizar la promoción del Derecho internacional y el respeto de los derechos humanos todos los acuerdos de asociación, comerciales y de colaboración contienen cláusulas relativas a los derechos humanos; que la UE también mantiene diálogos políticos con terceros países sobre la base de las Directrices en materia de derechos humanos, que incluyen la lucha contra la pena de muerte y la tortura; que, en el marco del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos (IEDDH), la UE respalda a las organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la tortura y que ofrecen ayuda para la rehabilitación de las víctimas de tortura;

J.

Considerando que la detención secreta, que es una forma de desaparición forzada, puede equipararse, si se practica de modo generalizado y sistemático, a un crimen contra la humanidad; que los estados de excepción y la lucha contra el terrorismo constituyen un entorno propicio para la detención secreta;

K.

Considerando que, aunque la UE ha demostrado su compromiso de evitar la connivencia con la tortura a través del Reglamento (CE) no 1236/2005 (25) del Consejo, recientemente modificado, en diciembre de 2011 (26), por el que se prohíbe toda exportación o importación de productos cuya única utilidad práctica sea aplicar la pena de muerte, infligir tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, sigue siendo necesario adoptar medidas adicionales para garantizar una completa cobertura;

L.

Considerando que el hecho de confiar solamente en las garantías diplomáticas para autorizar la extradición o deportación de una persona a un país sobre el que existen motivos suficientes para creer que podría correr el peligro de ser torturada o de recibir malos tratos es incompatible con la prohibición absoluta de la tortura en el Derecho internacional, el Derecho de la UE, así como en la legislación y constituciones nacionales de los Estados miembros (27);

M.

Considerando que el Consejo admitió el 15 de septiembre de 2006 que «la existencia de centros de detención secretos donde los detenidos son mantenidos en un vacío jurídico no es conforme al Derecho internacional humanitario ni a la normativa sobre derechos humanos», pero no ha reconocido y condenado hasta ahora la participación de algunos Estados miembros en el programa de la CIA, a pesar de que las autoridades políticas y judiciales de algunos Estados miembros han reconocido el uso del espacio aéreo y el territorio europeo por parte de la CIA;

N.

Considerando que se siguen cometiendo violaciones de los derechos humanos al amparo del programa de la CIA, como pone de manifiesto, en particular, el mantenimiento en régimen de detención administrativa en la bahía de Guantánamo de Abu Zubaydah y Abd al-Rahim Al-Nashiri, a quienes la investigación penal realizada en Polonia sobre las prisiones secretas de la CIA les confirió la condición de víctimas;

O.

Considerando que las Naciones Unidas, el Consejo de Europa, algunos medios de comunicación nacionales e internacionales, periodistas de investigación y la sociedad civil han revelado nuevos datos concretos sobre la ubicación de los centros secretos de detención de la CIA en Europa, los vuelos para traslados extraordinarios a través del espacio aéreo europeo y las personas transportadas o detenidas;

P.

Considerando que la realización de actos ilegales en territorio de la UE puede haberse llevado a cabo en el marco de acuerdos bilaterales o multilaterales de la OTAN;

Q.

Considerando que investigaciones nacionales y estudios internacionales demuestran que miembros de la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (OTAN) acordaron implicarse en medidas de la campaña contra el terrorismo que permitían el tráfico de vuelos secretos y el uso del territorio de Estados miembros de la UE para el programa de entregas extraordinarias dirigido por la CIA, lo que indica que algunos Estados miembros, que también son miembros de la OTAN, conocían la existencia de dicho programa;

R.

Considerando que el Estudio conjunto de las Naciones Unidas sobre las prácticas mundiales en relación con la detención secreta en el contexto de la lucha contra el terrorismo (A/HRC/13/42), elaborado por el Relator Especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, el Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y el Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias, exponía en detalle el uso de lugares de detención secretos en el territorio de los Estados miembros de la Unión como parte de un programa de la CIA; considerando asimismo las correspondientes cartas de seguimiento que fueron enviadas a los Estados miembros en las que se solicitaba información adicional según se detalla en los Informes de las Comunicaciones de los Procedimientos Especiales, incluido el de 23 de febrero de 2012 (28);

S.

Considerando que el informe del Consejo de Europa de 2011 señala que los datos obtenidos de las autoridades polacas en 2009 y 2010 «demuestran sin duda alguna» que siete aeronaves asociadas con la CIA aterrizaron en Polonia y que la información publicada en los medios de comunicación de dicho país ha recogido las acusaciones realizadas contra el antiguo jefe de la inteligencia polaca, y ha revelado posibles contactos entre los agentes de inteligencia y el Gobierno polaco en relación con el uso de un centro de detención de la CIA en territorio polaco; que, en 2011, periodistas de investigación rumanos trataron de demostrar la existencia de un centro secreto con datos del Registro Nacional de Información Clasificada rumano (29), basándose en la información facilitada por antiguos empleados de la CIA; que las autoridades rumanas han negado la existencia de este centro secreto, y que la investigación parlamentaria realizada por el Parlamento rumano no la ha probado; considerando que algunos antiguos disidentes libios han emprendido acciones legales contra el Reino Unido por la participación directa del MI6 en su traslado extraordinario, detención secreta y tortura, así como en los de sus familias;

T.

Considerando que las autoridades lituanas se han esforzado por arrojar luz sobre la participación de Lituania en el programa de la CIA a través de investigaciones parlamentarias y judiciales; considerando que la investigación parlamentaria de la Comisión de Seguridad Nacional y Defensa del Seimas sobe el presunto transporte y reclusión de personas detenidas por la CIA en territorio lituano determinó que cinco aeronaves relacionadas con la CIA aterrizaron en Lituania entre 2003 y 2005, y que a petición de la CIA se prepararon dos instalaciones adaptadas para la reclusión de detenidos en Lituania (proyectos no 1 y 2); considerando que la delegación de la comisión LIBE agradece a las autoridades lituanas haber recibido a los diputados al Parlamento Europeo en Vilnius en abril de 2012 y permitido que dicha delegación accediera al proyecto no 2; considerando que la disposición de los edificios y las instalaciones interiores parecen compatibles para la detención de prisioneros; considerando que muchas preguntas acerca de las operaciones de la CIA en Lituania permanecen sin respuesta, a pesar de las investigaciones judiciales posteriores llevadas a cabo en 2010 y cerradas en enero de 2011; considerando que las autoridades lituanas han manifestado su disposición a reabrir las investigaciones si se tuviera conocimiento de nuevas informaciones, y considerando que la Fiscalía se ofreció a facilitar más información sobre la investigación penal en respuesta a una solicitud por escrito del Parlamento;

U.

Considerando que las autoridades portuguesas aún no han aclarado los numerosos indicios de que muchos vuelos, identificados por, entre otros, la Comisión Temporal, han servido para realizar traslados entre Bagram, Diego García, prisiones secretas y Guantánamo;

V.

Considerando que las investigaciones judiciales y sus resultados sobre la logística para ocultar estas operaciones ilegales, que incluían planes de vuelo falsos, el uso de aeronaves civiles y militares en vuelos declarados como vuelos del Estado y el uso de empresas de aviación privadas para llevar a cabo los traslados extraordinarios de la CIA, han revelado igualmente el carácter sistemático y el alcance de la participación europea en el programa de la CIA; considerando que un análisis de los nuevos datos presentados por Eurocontrol confirma, en particular, la hipótesis de que los contratistas que llevaban a cabo las misiones de entrega extraordinaria cambiaban de un avión a otro a media ruta para ocultar el origen y destino de los traslados de prisioneros;

W.

Considerando que la UE ha adoptado políticas de seguridad interior y lucha antiterrorista basadas en la cooperación policial y judicial y la promoción del intercambio de información de inteligencia; que estas políticas deben sustentarse en el respeto de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho, así como en un control parlamentario democrático efectivo de los servicios de inteligencia;

X.

Considerando que, según el CPT, «las técnicas de interrogatorio que se aplican en las instalaciones de detención de la CIA en el extranjero han violado sin duda la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes» (30);

Y.

Considerando que las relaciones entre la UE y los Estados Unidos se basan en una sólida asociación y cooperación en múltiples ámbitos basada en unos valores comunes compartidos como la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales; que tanto la UE como los EE.UU. han reforzado su compromiso de lucha contra el terrorismo desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, en particular con la Declaración conjunta UE-EE.UU. sobre la lucha contra el terrorismo, de 3 de junio de 2010, pero que está claro que es necesario asegurar el cumplimiento en la práctica de los compromisos adquiridos y superar las divergencias entre las políticas de la UE y de los Estados Unidos en materia de lucha contra el terrorismo;

Z.

Considerando que en diciembre de 2011 las autoridades de los EE.UU. aprobaron la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), que codifica en el Derecho la detención indefinida de las personas sospechosas de participar en acciones terroristas en los EE.UU. y socava el derecho a contar con las debidas garantías procesales y un juicio justo; que se ha presentado un recurso judicial en relación con el ámbito de dicha Ley;

AA.

Considerando que, el 22 de enero de 2009, el Presidente Obama firmó tres órdenes ejecutivas por las que se prohíbe la tortura durante los interrogatorios, se crea un grupo de trabajo interinstitucional para revisar sistemáticamente los procedimientos y las políticas de detención y revisar todos y cada uno de los casos, así como la orden de cierre del centro de detención de Guantánamo;

AB.

Considerando, no obstante, que el cierre del centro de detención de Guantánamo todavía no se ha llevado a cabo debido a la fuerte oposición del Congreso de los EE.UU.; que, a fin de acelerar dicho cierre, los EE.UU. han pedido a Estados miembros de la UE que se hagan cargo de presos de Guantánamo; que la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha expresado su profunda decepción porque no se haya cerrado Guantánamo y por el afianzamiento de un sistema de detención arbitrario;

AC.

Considerando que los presos de Guantánamo todavía siguen siendo juzgados por tribunales militares, en particular a raíz de la decisión del Presidente de los EE.UU. de 7 de marzo de 2011 de firmar una orden ejecutiva por la que se levanta la suspensión de dos años sobre los nuevos juicios militares y la ley de 7 de enero de 2012 por la que se prohíben las transferencias de presos de Guantánamo a los EE.UU. para ser juzgados;

1.

Recuerda que las estrategias antiterroristas solamente pueden ser eficaces si se llevan a cabo respetando estrictamente las obligaciones en materia de derechos humanos y, en particular, el derecho a un proceso justo;

2.

Reitera que la eficacia de las medidas antiterroristas y el respeto de los derechos humanos no son contradictorios sino que son objetivos complementarios que se apoyan mutuamente; recuerda que el respeto de los derechos humanos es un elemento fundamental para que las políticas de lucha contra el terrorismo tengan éxito;

3.

Insiste en el carácter altamente sensible de las políticas de lucha antiterrorista; considera que solo verdaderos motivos de seguridad nacional pueden justificar el secreto; recuerda, no obstante, que en ningún caso el secreto de Estado debe prevalecer sobre los derechos fundamentales inalienables y que, por tanto, los argumentos basados en el secreto de Estado nunca pueden utilizarse para limitar la obligación legal de los Estados de investigar las graves violaciones de los derechos humanos; considera que las definiciones de información clasificada y de secreto de Estado no deben ser excesivamente laxas, y que los abusos del secreto de Estado y de la seguridad nacional son un importante obstáculo para el ejercicio del control democrático;

4.

Subraya que las personas sospechosas de terrorismo no deben ser sometidas a procedimientos especiales; recuerda que todas las personas deben poder beneficiarse de las garantías previstas por el principio de un proceso equitativo, tal como está definido en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos;

5.

Reitera su condena de las prácticas de entrega extraordinaria, las prisiones secretas y las torturas, que están prohibidas en virtud de la legislación nacional e internacional en materia de respeto de los derechos humanos y que infringen, entre otras cosas, el derecho a la libertad, a la seguridad, a un trato humano, a no ser torturado, a la no devolución, a la presunción de inocencia, a un juicio justo, a la asistencia jurídica y a la igualdad de protección en el marco de la ley;

6.

Insiste en la necesidad de prever garantías que eviten que en un futuro se infrinjan los derechos fundamentales con la puesta en marcha de políticas antiterroristas;

7.

Considera que, si bien algunos Estados miembros han manifestado su disposición a respetar el Derecho internacional, hasta ahora no han cumplido correctamente la obligación que les impone el Derecho internacional de investigar las graves violaciones de los derechos humanos relacionadas con el programa de la CIA, y lamenta los retrasos para sacar a la luz toda la información al respecto, para poder resarcir plenamente a las víctimas lo antes posible, incluso ofreciendo disculpas e indemnizaciones, cuando así proceda;

8.

Estima que las dificultades que los Estados miembros han encontrado para realizar investigaciones conducen a que no se cumplan plenamente sus obligaciones internacionales, lo que puede perturbar la confianza mutua en lo que respecta a la protección de los derechos fundamentales y, por consiguiente, se convierte en responsabilidad de la UE en su conjunto;

9.

Reitera que el compromiso de los Estados miembros y la UE de investigar la participación europea en el programa de la CIA está en consonancia con el principio de cooperación sincera y leal consagrado en el artículo 4, apartado 3, del TUE;

10.

Expresa su preocupación por los obstáculos con los que se han topado las investigaciones parlamentarias y judiciales nacionales sobre la participación de algunos Estados miembros en el programa de la CIA, que están documentados detalladamente en el Informe del Consejo de Europa de 2011 sobre el abuso de los secretos de Estado y la seguridad nacional, que incluye la falta de transparencia, la clasificación de documentos, el predominio de intereses nacionales y políticos, el estrecho mandato de las investigaciones, la limitación del derecho de las víctimas a una participación y defensa eficaces, la inexistencia de técnicas de investigación rigurosas y de cooperación entre las autoridades de investigación en toda la UE; pide a los Estados miembros que no sustenten sus procedimientos penales nacionales en este tipo de fundamentos jurídicos, que permiten el cierre de los procedimientos penales invocando cláusulas prescriptivas que conducen a la impunidad, y que respeten el principio del Derecho internacional consuetudinario que reconoce que dicha legislación no puede ni debe aplicarse a los casos de graves violaciones de los derechos humanos;

11.

Insta a los Estados miembros que no hayan cumplido esta obligación, a que realicen investigaciones independientes y eficaces sobre las violaciones de derechos humanos, teniendo en cuenta todas las nuevas pruebas que han salido a la luz; pide, en especial, a los Estados miembros que investiguen la existencia de cárceles secretas en su territorio o de operaciones en las que se haya privado de libertad a personas en el marco del programa de la CIA en instalaciones situadas en su territorio;

12.

Observa que la investigación parlamentaria llevada a cabo en Rumanía ha concluido que no se han encontrado pruebas que demuestren la existencia de un local de detenciones secretas de la CIA en territorio rumano; pide a las autoridades judiciales que inicien una investigación independiente sobre los presuntos centros de detención secretos de la CIA en Rumanía, en particular a la luz de las nuevas pruebas sobre los vuelos realizados entre Rumanía y Lituania;

13.

Alienta a Polonia a que prosiga con la investigación penal sobre las detenciones secretas que está realizando, pero lamenta la falta de comunicación oficial sobre el alcance, la realización y la situación de dicha investigación; pide a las autoridades de ese país que lleven a cabo una investigación rigurosa y con la debida transparencia, que permita la participación efectiva de las víctimas y sus abogados;

14.

Constata que las investigaciones parlamentarias y judiciales realizadas en Lituania entre 2009 y 2011 no han podido demostrar la detención secreta de personas en Lituania; pide a las autoridades lituanas que cumplan su compromiso de volver a abrir la investigación penal sobre la participación de Lituania en el programa de la CIA, si surgen informaciones nuevas, en vista de las nuevas pruebas facilitadas por Eurocontrol que muestran que el avión N787WH, que supuestamente transportaba a Abu Zubaydah, aterrizó en Marruecos el 18 de febrero de 2005 en su ruta hacia Rumanía y Lituania; señala que el análisis de los datos de Eurocontrol revela igualmente nueva información de los planes de vuelo entre Rumanía y Lituania, con cambio de avión en Tirana (Albania), el 5 de octubre de 2005, y de Lituania a Afganistán, vía El Cairo (Egipto), el 26 de marzo de 2006; considera indispensable que las nuevas investigaciones abarquen, además del abuso de poder por parte de funcionarios nacionales, la posible detención ilegal y el maltrato de personas en territorio lituano; invita a la Fiscalía General a que sustancie y documente las afirmaciones que hizo durante la visita de la delegación de la Comisión LIBE, en el sentido de que las conclusiones «categóricas» de la investigación judicial señalan «que no hubo detenidos en las instalaciones de los proyectos no 1 y 2 en Lituania»;

15.

Toma nota de la investigación penal iniciada en el Reino Unido sobre los traslados extraordinarios a Libia, y celebra la decisión de continuar la investigación sobre la cuestión más amplia de la responsabilidad del Reino Unido en el programa de la CIA una vez finalizada la primera investigación; pide al Reino Unido que lleve a cabo esta investigación con la debida transparencia y permita la participación efectiva de las víctimas y la sociedad civil;

16.

Reconoce que las investigaciones de los Estados miembros se deben basar en pruebas judiciales sólidas y en el respeto de los sistemas judiciales nacionales y del Derecho de la UE, y no solo en las especulaciones de los medios de comunicación y de la opinión pública;

17.

Pide a Estados miembros, como Finlandia, Dinamarca, Portugal, Italia, el Reino Unido, Alemania, España, Irlanda, Grecia, Chipre, Rumanía y Polonia, mencionados en el informe de la Comisión Temporal, que revelen toda la información necesaria sobre todos los aviones sospechosos asociados con la CIA en sus respectivos territorios; pide a todos los Estados miembros que respeten el derecho a la libertad de información y que respondan de forma adecuada a las peticiones de acceso a la información; expresa, a la luz de lo anterior, su preocupación por que la mayoría de los Estados miembros, con excepción de Dinamarca, Finlandia, Alemania, Irlanda y Lituania, no han respondido de forma adecuada a las solicitudes de acceso a la información de Reprieve y de Access Info Europe en relación con las investigaciones que realizan sobre casos de entrega extraordinaria;

18.

Pide a los Estados miembros que revisen las disposiciones o interpretaciones complacientes con la tortura, como el dictamen jurídico de Michael Wood (mencionado en la Resolución mencionada del PE de 14 de febrero de 2007), que, en contra de la jurisprudencia internacional, defiende que recibir o usar información obtenida bajo tortura es legítimo a condición de que no se sea directamente responsable de tal tortura (lo que estimula y justifica la «subcontratación» de la tortura);

19.

Pide a todos los Estados miembros que firmen y ratifiquen la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas;

20.

Pide a los Estados miembros que, a la luz de la mayor cooperación e intercambio de información entre sus servicios de inteligencia y seguridad, garanticen que estos servicios y sus actividades sean objeto de un pleno control democrático a través de la supervisión interna, ejecutiva, judicial y parlamentaria independiente que proceda, preferiblemente a cargo de comisiones parlamentarias especializadas con un mandato y competencias amplios, incluida la de solicitar información, y con suficientes recursos de investigación para poder examinar no solo cuestiones como las políticas, la administración y las finanzas, sino también la labor operativa de estos servicios;

21.

Considera fundamental que la UE condene toda práctica abusiva en la lucha contra el terrorismo, incluido cualquier acto de este tipo llevado a cabo en su territorio, de modo que la UE no solo pueda estar a la altura de sus valores sino, también, defenderlos de forma creíble en sus asociaciones exteriores;

22.

Recuerda que el Consejo no se ha disculpado oficialmente por haber infringido el principio inscrito en los Tratados de cooperación leal entre las Instituciones de la Unión cuando intentó inducir a error al Parlamento Europeo facilitándole versiones intencionadamente abreviadas de las actas de las reuniones del COJUR (Grupo de trabajo del Consejo sobre Derecho Internacional Público) y del COTRA (Grupo de trabajo del Consejo sobre Relaciones Transatlánticas) con altos funcionarios norteamericanos; sigue esperando las disculpas del Consejo;

23.

Espera que el Consejo, por fin, publique una declaración en la que reconozca la participación de algunos Estados miembros en el programa de la CIA y las dificultades que han encontrado los Estados miembros en el marco de las investigaciones;

24.

Pide al Consejo que conceda su pleno apoyo a los procesos de investigación de la verdad y rendición de cuentas en los Estados miembros mediante la inclusión formal de este tema en las reuniones del Consejo JAI, el intercambio de información, la prestación de asistencia a las investigaciones y, en particular, respondiendo positivamente a las solicitudes de acceso a los documentos;

25.

Pide que el Consejo celebre audiencias con las agencias de seguridad competentes de la UE, en particular Europol, Eurojust y el Coordinador de la Lucha Antiterrorista de la UE, a fin de aclarar hasta qué punto conocían la participación de algunos Estados miembros en el programa de la CIA, así como la respuesta de la UE; pide igualmente al Consejo que proponga salvaguardias para garantizar el respeto de los derechos humanos a la hora de intercambiar información de inteligencia, y para delimitar estrictamente las funciones entre las actividades de inteligencia y las actividades policiales y judiciales, de modo que no se permita a los servicios de inteligencia asumir competencias de arresto y detención, y que presente un informe al Parlamento en el plazo de un año;

26.

Pide al Consejo que aliente la puesta en común de buenas prácticas entre los Estados miembros en lo relativo al control parlamentario y judicial sobre los servicios de información, asociando a ese esfuerzo a los Parlamentos nacionales y al Parlamento Europeo;

27.

Reitera su llamamiento al Consejo y a los Estados miembros para que excluyan, como base para la extradición o deportación de personas que se supone amenazan la seguridad nacional, las garantías diplomáticas imposibles de verificar cuando existan razones reales para creer que estas personas corren peligro de sufrir tortura o malos tratos o que podrían ser juzgadas a partir de pruebas obtenidas mediante estos procedimientos;

28.

Pide a las autoridades competentes que no apelen al secreto de Estado en relación con la cooperación de los servicios de inteligencia internacionales con el fin de bloquear la obligación de rendir cuentas y las reparaciones, e insiste en que solamente auténticos motivos de seguridad nacional pueden justificar el secreto, que, en cualquier caso, queda sin efecto por las obligaciones no derogables en materia de derechos fundamentales, tales como la prohibición absoluta de la tortura;

29.

Insta a las autoridades competentes a que garanticen que se realiza una distinción estricta entre las actividades de los servicios de inteligencia y las de los servicios de seguridad, por un lado, y los organismos encargados del cumplimiento de la ley, por otro, todo ello para garantizar que se respeta el principio general de nemo iudex in sua causa;

30.

Subraya que la Comisión Temporal que realizó de la investigación en la que se basan sus Resoluciones del Parlamento de 14 de febrero de 2007 y de 19 de febrero de 2009 puso de manifiesto que los procedimientos de autorización y control del sobrevuelo del espacio aéreo de los Estados miembros o del aterrizaje de una aeronave civil en su territorio presentaban lagunas importantes, de modo que se prestaban a abusos no solamente para realizar las «entregas extraordinarias» de la CIA, sino, también para que resultase muy fácil esquivarlos a cualquier persona dedicada a la delincuencia organizada, incluidas las redes terroristas; recuerda, igualmente, la competencia de la Unión en materia de seguridad del transporte y la recomendación del Parlamento Europeo a la Comisión de regular y controlar la gestión del espacio aéreo, aeropuertos y aviación no comercial de la UE; pide, por ello, a la UE y a los Estados miembros que no retrasen más una revisión exhaustiva de su aplicación del Convenio relativo a la Aviación Civil Internacional (Convenio de Chicago), en lo tocante a la autorización e inspección de las aeronaves civiles que sobrevuelen el espacio aéreo de los Estados miembros o aterricen en su territorio, a fin de cerciorarse de la mejora de la seguridad y de que se realizan controles sistemáticos, para lo que se requiere la identificación previa de pasajeros y tripulaciones, y que garanticen que todos los vuelos clasificados como «vuelos de Estado» (que están excluidos del ámbito de aplicación del Convenio de Chicago) obtengan una autorización previa y adecuada; recuerda igualmente la recomendación del Parlamento Europeo de que los Estados miembros cumplan de manera efectiva el Convenio de Tokio sobre infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves;

31.

Toma nota de las iniciativas de la Comisión en respuesta a las recomendaciones del Parlamento; considera lamentable, no obstante, que estas no hayan formado parte de un programa y estrategia más amplios para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco del programa de la CIA, así como la reparación e indemnización necesarias para las víctimas;

32.

Pide a la Comisión que investigue si la colaboración con el programa de la CIA infringió disposiciones de la UE, en particular las relativas al asilo y la cooperación judicial;

33.

Pide a la Comisión que facilite y apoye la asistencia mutua y la cooperación judicial respetuosas de los derechos humanos entre las autoridades de investigación, así como la cooperación entre los abogados que trabajan por la rendición de cuentas en los Estados miembros y, en particular, para garantizar el intercambio de la información importante y promover un uso eficaz de todos los instrumentos y recursos de que dispone la UE;

34.

Pide a la Comisión que adopte en el plazo de un año un marco, que incluya obligaciones en materia de información para los Estados miembros, para el seguimiento y apoyo a los procesos nacionales de rendición de cuentas, que incluya directrices sobre investigaciones conformes con los derechos humanos, sobre la base de las normas desarrolladas por el Consejo de Europa y las Naciones Unidas;

35.

Pide a la Comisión que, en vista de las deficiencias institucionales reveladas en el contexto del programa de la CIA, adopte medidas destinadas a reforzar la capacidad de la UE para prevenir y corregir las violaciones de los derechos humanos a escala de la UE y que refuerce el papel del Parlamento;

36.

Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de proponer medidas para una cooperación y un intercambio de información permanentes entre el Parlamento Europeo y las comisiones parlamentarias para la supervisión de los servicios de inteligencia y seguridad de los Estados miembros en aquellos casos en que existan indicios de que dichos servicios han realizado acciones conjuntas en el territorio de la UE;

37.

Pide a la Comisión que presente propuestas para establecer modalidades de control democrático de las actividades de inteligencia transfronteriza en el marco de la política antiterrorista de la UE; anuncia su intención de hacer pleno uso de sus competencias parlamentarias para controlar las políticas antiterroristas, de conformidad con las recomendaciones elaboradas por el Departamento Temático del Parlamento Europeo (PE 453.207);

38.

Pide al Defensor del Pueblo Europeo que investigue el incumplimiento por parte de la Comisión, el Consejo y los servicios de seguridad de la UE, en particular Europol y Eurojust, del respeto de los derechos fundamentales y los principios de buena administración y cooperación leal en su respuesta a las recomendaciones de la Comisión TDIP;

39.

Pide a la UE que garantice el pleno cumplimiento de sus propias obligaciones internacionales y que los instrumentos de la política exterior y las políticas de la UE, tales como las Directrices sobre la tortura y los diálogos en materia de derechos humanos, se respeten plenamente, para poder encontrarse en mejores condiciones de exigir la rigurosa aplicación de las cláusulas de derechos humanos en todos los acuerdos internacionales que firme, así como que inste a sus principales aliados, incluidos los Estados Unidos, a que respeten su propia legislación nacional y el Derecho internacional;

40.

Reafirma que la lucha internacional contra el terrorismo y la cooperación internacional, bilateral o multilateral en este ámbito, incluso en el marco de la OTAN o entre los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad, solo debe llevarse a cabo en el marco del respeto pleno de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y bajo una supervisión judicial y democrática apropiada; pide a los Estados miembros, a la Comisión, al Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y al Consejo que garanticen la aplicación de estos principios en sus relaciones exteriores, e insiste en que deben realizar una valoración exhaustiva del historial de sus socios en materia de derechos humanos antes de celebrar acuerdos nuevos de esta naturaleza, en particular en materia de cooperación de los servicios de inteligencia e intercambio de información; revisar los acuerdos vigentes en aquellos casos en que los socios no respeten los derechos humanos; e informar al Parlamento Europeo de dichas conclusiones y evaluaciones;

41.

Insta a que no se repita en el futuro la interferencia de los servicios especiales extranjeros en los asuntos de los Estados miembros soberanos de la UE y a que la lucha contra el terrorismo respete en todo momento los derechos humanos, las libertades fundamentales, la democracia y el Estado de Derecho;

42.

Recuerda que el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura requiere la creación de unos sistemas de control que abarquen todas las situaciones de privación de libertad, y subraya que la adhesión a este instrumento internacional incrementa la protección; recomienda encarecidamente que los países socios de la UE ratifiquen el Protocolo Facultativo, creen unos mecanismos de prevención nacionales independientes, que cumplan los Principios de París, y ratifiquen la Convención internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas;

43.

Reitera su petición, de conformidad con el Derecho internacional y, en particular, con el artículo 12 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, a todos los países que se enfrentan a acusaciones creíbles para que hagan todo lo posible a fin de aportar todas las aclaraciones necesarias y, si lo justifican las pruebas, que realicen investigaciones y pesquisas exhaustivas de todos los supuestos actos de entrega extraordinaria, prisiones secretas, tortura y otras violaciones graves de los derechos humanos, para revelar la verdad y, si procede, depurar responsabilidades e impedir la impunidad, incluso llevando ante los tribunales a quien corresponda cuando existan pruebas de responsabilidad penal; insta, en este sentido, a la Alta Representante/Vicepresidenta de la Comisión y a los Estados miembros a que adopten todas las medidas necesarias para garantizar un seguimiento correcto del Estudio conjunto de las Naciones Unidas sobre las prácticas mundiales en relación con la detención secreta en el contexto de la lucha contra el terrorismo, en particular, en lo relativo a las cartas de seguimiento enviadas el 21 de octubre de 2011 por los titulares de las Relatorías Especiales a 59 Estados, en las que se solicitaba a sus respectivos Gobiernos que presentaran información actualizada sobre el cumplimiento de las recomendaciones contempladas en dicho estudio;

44.

Pide que la UE garantice que los Estados miembros, así como sus asociados y socios (en particular los firmantes del Acuerdo de Cotonú) que han aceptado acoger a antiguos presos de Guantánamo, les brinden realmente pleno apoyo en lo que a condiciones de vida se refiere y les faciliten la integración en la sociedad, tratamiento médico, incluida recuperación psicológica, acceso a documentos de identificación y de viaje, el ejercicio al derecho a la reunificación familiar y de todos los demás derechos fundamentales previstos para las personas acogidas al estatuto de asilo político;

45.

Expresa su especial preocupación por el procedimiento incoado por una comisión militar norteamericana en relación con Abd al-Rahim al-Nashiri, que podría ser condenado a muerte si es declarado culpable; pide a las autoridades de los EE.UU. que descarten la condena a muerte del Sr. al-Nashiri y reitera su postura contraria a la pena de muerte, adoptada ya hace mucho tiempo, en todos los casos y bajo cualquier circunstancia; señala que el caso del Sr. al-Nashiri se encuentra ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos desde el 6 de mayo de 2011; pide a las autoridades de todos los países en los que el Sr. al-Nashiri haya estado detenido que utilicen todos los recursos existentes para intentar que no sea condenado a la pena de muerte; insta a la Alta Representante/Vicepresidenta de la Comisión a que plantee el caso del Sr. al-Nashiri con carácter prioritario ante los EE.UU., de conformidad con las Directrices de la UE en materia de pena de muerte;

46.

Reitera que la aplicación íntegra de la cláusula en materia de derechos humanos recogida en los acuerdos con terceros países es crucial en las relaciones entre la Unión Europea y sus Estados miembros con estos países y considera que ha llegado el momento de reexaminar el modo en el que los Gobiernos europeos han cooperado con los aparatos represivos de dictaduras justificándolo en la lucha contra el terrorismo; considera, en este sentido, que la Política de Vecindad Europea revisada recientemente debe velar decididamente por la reforma del sector de la seguridad, que debe asegurar, en particular, una separación clara de las funciones de los servicios de inteligencia y las de los servicios encargados de la aplicación de la ley; insta al SEAE, al Consejo y a la Comisión a que refuercen su cooperación con el Comité para la Prevención de la Tortura y otros mecanismos relevantes del Consejo de Europa en la planificación y aplicación de proyectos de asistencia en materia de lucha contra el terrorismo con terceros países y en los diálogos de lucha contra el terrorismo, cualesquiera que sea su naturaleza, con terceros países;

47.

Pide al Gobierno de la Antigua República Yugoslava de Macedonia que depure responsabilidades y vele por la rendición de cuentas en relación con el secuestro, aparentemente por un error de identificación, de Khaled el-Masri, que conllevó su detención ilegal y presuntas torturas; lamenta la pasividad de la Fiscalía de Skopie en relación con una posible investigación penal sobre la denuncia del Sr. El-Masri; señala que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha asumido este caso y que la Gran Sala celebró una primera vista el 16 de mayo de 2012; considera que el supuesto comportamiento del Gobierno de la Antigua República Yugoslava de Macedonia en relación con este caso no es coherente con los principios fundamentales de la UE en relación con los derechos fundamentales y el Estado de Derecho y que debe ser abordado adecuadamente por la Comisión en relación con la candidatura de la Antigua República Yugoslava de Macedonia para la adhesión a la UE;

48.

Pide a las autoridades de la OTAN y de los Estados Unidos que realicen sus propias investigaciones, que colaboren estrechamente con las investigaciones judiciales o parlamentarias de la UE y de los Estados miembros sobre estas cuestiones (31), incluso, si procede, respondiendo rápidamente a las solicitudes de asistencia judicial mutua, que revelen información sobre los programas de entrega extraordinaria y otras prácticas que violan los derechos humanos y las libertades fundamentales, y que proporcionen a los representantes legales de los sospechosos toda la información necesaria para la defensa de sus clientes; solicita que se confirme que todos los acuerdos de la OTAN, así como los acuerdos OTAN-UE y otros acuerdos trasatlánticos, respetan los derechos fundamentales;

49.

Elogia las iniciativas de la sociedad civil de los Estados Unidos de constituir en 2010 un grupo de trabajo de los dos partidos e independiente para examinar la política del Gobierno de los EE.UU. y sus acciones relacionadas con la captura, detención y enjuiciamiento de «presuntos terroristas» y las condiciones de detención durante los Gobiernos de Clinton, Bush y Obama;

50.

Pide a los Estados Unidos, dado el papel primordial de la asociación trasatlántica y el liderazgo de los Estados Unidos en este ámbito, que investiguen de forma exhaustiva y que garanticen la depuración de responsabilidades con respecto a cualquier abuso que se haya practicado, que se apliquen plenamente las disposiciones legislativas nacionales e internacionales con vistas a poner fin a los vacíos jurídicos, que acaben con los juicios militares, que apliquen plenamente el Derecho penal a los presuntos terroristas, y que restablezcan la revisión de la detención y el habeas corpus, las garantías procesales, la protección frente a la tortura, y la no discriminación entre los ciudadanos extranjeros y estadounidenses;

51.

Pide al Presidente Obama que cumpla la promesa realizada en enero de 2009 de cerrar el centro de detención de Guantánamo, que permita que todos los detenidos contra los que no se vayan a presentar cargos regresen a sus países de origen o a otros países seguros lo antes posible, y que se juzgue sin demora a los detenidos de Guantánamo contra los que existan suficientes pruebas admisibles en un juicio público y equitativo, ante un tribunal imparcial e independiente, y que asegure que, si son condenados, sean encarcelados en los Estados Unidos de conformidad con los principios y normas internacionales vigentes; pide, del mismo modo, que se investiguen las violaciones de derechos humanos registradas en Guantánamo y que se depuren responsabilidades;

52.

Pide que, a cualquier detenido contra el que no se vayan a presentar cargos y que no pueda ser repatriado a su país de origen debido a un riesgo real de tortura o persecución, se le brinde la oportunidad de reintegrarse en los Estados Unidos bajo protección humanitaria y que se le conceda una reparación (32), e insta, también, a los Estados miembros de la UE a que se ofrezcan a acoger a estos antiguos reclusos de Guantánamo;

53.

Pide a las autoridades de los EE.UU. que revoquen el poder de detención indefinida sin cargos o juicios al amparo de la NDAA;

54.

Pide a la Conferencia de Presidentes de Delegación que garantice el inicio de diálogos parlamentarios sobre la protección de los derechos humanos, al mismo tiempo que se trabaja en la lucha contra el terrorismo sobre la base de las conclusiones del Estudio conjunto de las Naciones Unidas sobre las prácticas mundiales en relación con la detención secreta en el contexto de la lucha contra el terrorismo, y de su seguimiento, y del cumplimiento de la compilación de las Naciones Unidas sobre buenas prácticas en los marcos institucionales y legales, y de las medidas que aseguran el respeto de los derechos humanos por parte de los servicios de inteligencia en el marco de la lucha contra el terrorismo, incluida su supervisión;

55.

Se compromete a dedicar su próxima reunión parlamentaria conjunta con los parlamentos nacionales a examinar el papel que desempeñan los parlamentos para garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de los derechos humanos en el contexto del programa de la CIA y a promover una mayor cooperación e intercambio periódico de información entre los órganos nacionales de supervisión encargados del control de los servicios de inteligencia, ante las autoridades nacionales competentes, e instituciones y agencias de la UE;

56.

Expresa su determinación de seguir cumpliendo con el mandato que le encomendó la Comisión Temporal, con arreglo a los artículos 2, 6 y 7 del TUE; encarga a su Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior que aborde esta cuestión, junto con la Subcomisión de Derechos Humanos, ante el Pleno un año después de la aprobación de esta Resolución; considera esencial que en ese momento se evalúe el grado de cumplimiento de las recomendaciones aprobadas por el Parlamento Europeo y, en su caso, se analicen las razones por las que no fueron seguidas;

57.

Pide al Consejo, a la Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, los países candidatos y los países asociados, al Consejo de Europa, a la OTAN, a las Naciones Unidas, así como al Gobierno y a ambas Cámaras del Congreso de los Estados Unidos que mantengan informado al Parlamento de todos los acontecimientos que tengan lugar en los ámbitos que forman parte del contenido del presente informe;

58.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, los países candidatos y los países asociados, al Consejo de Europa, a la OTAN, a las Naciones Unidas, así como al Gobierno y ambas Cámaras del Congreso de los Estados Unidos,

3.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 353/16

—

Vistos los artículos 67, apartado 2, 78 y 80 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 2 de diciembre de 2011, titulada «Una mayor solidaridad en la UE en el ámbito del asilo – Una agenda de la UE para un mejor reparto de la responsabilidad y una mayor confianza mutua» (COM(2011) 0835),

—

Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2009, sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo titulada «Un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos – Programa de Estocolmo» (1),

—

Vista su Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 6 de abril de 2005, por la que se establece un Programa marco de solidaridad y gestión de los flujos migratorios para el período 2007-2013 (COM(2005) 0123),

—

Vistas las conclusiones de la sesión n.o 3151 del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, de 8 de marzo de 2012, relativas a un marco común para la solidaridad con los Estados miembros que experimenten una presión especial sobre sus sistemas de asilo, inclusive debido a unos flujos migratorios mixtos,

—

Vistos los instrumentos internacionales y europeos de derechos humanos, en particular la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en lo sucesivo «el CEDH») y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo «la Carta»),

—

Visto el Libro Verde de la Comisión, de 6 de junio de 2007, sobre el futuro sistema europeo común de asilo (COM(2007) 0301),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de junio de 2008, titulada «Plan de política de asilo - Un planteamiento integrado de la protección en toda la UE» (COM(2008) 0360),

—

Vista la Directiva 2001/55/CE del Consejo, de 20 de julio de 2001, relativa a las normas mínimas para la concesión de protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y a medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros para acoger a dichas personas y asumir las consecuencias de su acogida (2),

—

Visto el programa de 18 meses del Consejo, de 17 de junio de 2011, preparado por las Presidencias polaca, danesa y chipriota,

—

Vista la propuesta de Reglamento de la Comisión, de 15 de noviembre de 2011, por el que se crea el Fondo de Asilo y Migración (COM(2011) 0751),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0248/2012),

A.

Considerando que la Unión Europea se ha comprometido a crear un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) en 2012;

B.

Considerando que la solidaridad se ha considerado desde los inicios un componente esencial y un principio rector del SECA, al tiempo que constituye un principio nuclear del Derecho de la UE, en virtud del cual los Estados miembros han de compartir tanto las ventajas como las cargas sobre una base igualitaria y justa;

C.

Considerando que la solidaridad debe ir pareja a la responsabilidad y que los Estados miembros deben asegurarse de que sus sistemas son capaces de cumplir las normas fijadas en el Derecho internacional y europeo, y en particular la Convención de Ginebra de 1951 y su protocolo adicional de 1967, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

D.

Considerando que el brindar apoyo a gestionar los procedimientos de asilo en aras de una solidaridad efectiva y un reparto equitativo de responsabilidades deben percibirse como un medio para asistir a los Estados miembros a cumplir con su obligación de proporcionar protección a los necesitados de protección internacional y asistencia a los terceros países que acojan un número importante de refugiados, con el objetivo de fortalecer el área común de protección en su conjunto;

E.

Considerando que, no obstante la obligación de examinar las solicitudes individuales de asilo caso por caso, si una tramitación conjunta ha de desembocar en decisiones comunes deberán respetarse adecuadamente los conceptos comunes a la UE de país de origen seguro y país tercero seguro, cumpliéndose las condiciones y garantías incluidas en la posición en primera lectura del Parlamento de 6 de abril de 2011 sobre la propuesta de la Comisión de revisión de la Directiva sobre procedimientos de asilo;

1.

Acoge con agrado la Comunicación de la Comisión titulada «Una mayor solidaridad en la UE en el ámbito del asilo», que aboga por que la solidaridad y el reparto de responsabilidades se traduzcan en medidas concretas y por que los Estados miembros cumplan con su responsabilidad de garantizar que sus sistemas de asilo se ajustan a las normas internacionales y europeas;

2.

Destaca el papel central y el efecto horizontal de la solidaridad y del reparto de responsabilidades en el establecimiento de un SECA; insiste en la necesidad de garantizar la aplicación eficaz y uniforme del acervo de la Unión en materia de asilo y la aplicación de la legislación, con el objetivo de asegurar unos altos niveles de protección;

3.

Reitera que el derecho a la protección internacional es un derecho fundamental consagrado en la legislación internacional y comunitaria, que está complementado por una serie de principios y derechos adicionales, como el principio de no devolución, el derecho a la dignidad, la prohibición de la tortura y de las penas o los tratos inhumanos o degradantes, la protección de las mujeres frente a la violencia y a cualquier forma de discriminación, el derecho a un recurso efectivo y el derecho a una vida privada y familiar;

4.

Subraya que el principio de solidaridad y de reparto de responsabilidades está consagrado en los Tratados y que un marco eficaz en materia de solidaridad debe incluir, al menos, el deber por parte de las instituciones y agencias de la UE y de los Estados miembros de cooperar para hallar formas que den eficacia a dicho principio; Afirma que la solidaridad no solo se limita a las relaciones de los Estados miembros entre sí, sino que también se dirige a los solicitantes de asilo y a los beneficiarios de protección internacional;

5.

Subraya el hecho de que, pese a que el número de solicitantes de asilo aumentó en 2011, durante la última década se ha experimentado un importante descenso general en el número de solicitudes de asilo en la UE; destaca que algunos Estados miembros se enfrentan a un número desproporcionado de solicitudes de asilo en comparación con otros, debido a factores diversos entre los cuales, por ejemplo, sus características geográficas; señala también que estas solicitudes se distribuyen de manera desigual en la UE recuerda que en 2011 diez Estados miembros acumularon más del 90 % de las solicitudes de asilo, que hasta el verano de 2011 solo se realojaron en la UE 227 beneficiarios de protección internacional provenientes de Malta a otros seis Estados miembros, y que en 2011, en el conjunto de la UE, solo se reasentaron 4 125 refugiados en tan solo diez Estados miembros de la UE, lo que representa aproximadamente un 6,6 % de todas las personas reasentadas ese año; subraya que es crucial identificar dichas desigualdades, entre otras cosas, comparando números absolutos con indicadores de capacidad y que los Estados más afectados por las solicitudes de asilo deben recibir más asistencia de la UE, desde un punto de vista tanto administrativo como financiero;

6.

Resalta que no es posible conseguir un alto nivel de protección para los solicitantes de asilo y los beneficiarios de protección internacional y que no pueden tomarse decisiones de asilo cabales si no se corrigen las discrepancias en la proporción de solicitudes de asilo respecto a la capacidad de absorción de cada uno de los Estados miembros en términos técnicos y administrativos y si las medidas de apoyo existentes en los distintos Estados miembros no son las idóneas para responder a flujos de asilo diversos;

7.

Reitera que los Estados miembros deberían garantizar la puesta en marcha de un sistema de asilo justo y eficiente para responder a flujos de asilo diversos; considera que, a pesar de que el número de solicitantes de asilo no es constante, está constatada la existencia de determinados puntos de entrada en las fronteras externas de la UE que representan «puntos calientes» y que es razonablemente predecible que en ellos se presente un gran número de solicitudes de asilo; pide que se creen medidas para estimular la preparación de los sistemas de asilo de aquellos Estados miembros ubicados en los principales puntos de entrada a la UE, como un signo de solidaridad práctica;

8.

Destaca que todos los Estados miembros tienen la obligación de implementar y aplicar plenamente tanto el Derecho de la Unión y como sus obligaciones internacionales en materia de asilo; toma nota de que los Estados miembros situados en las fronteras externas de la Unión se enfrentan a retos distintos al amparo del SECA que aquellos Estados miembros sin fronteras externas y, por tanto, necesitan también formas de ayuda distintas para ejecutar adecuadamente sus respectivas acciones; señala que el artículo 80 del TFUE requiere la activación de las medidas existentes, así como el desarrollo de nuevas medidas para asistir a aquellos Estados miembros cuando se estime necesario;

9.

pide que se optimice el uso de las medidas existentes y que se desarrollen nuevas medidas e instrumentos específicos con el objetivo de responder a los desafíos en constante cambio de manera flexible pero, al mismo tiempo, eficaz; entiende que dicha optimización es especialmente oportuna en vista de la profunda crisis financiera que está sufriendo la UE, lo que añade más tensión a los esfuerzos de los Estados miembros por abordar de manera eficaz los procedimientos de asilo, sobre todo en el caso de aquellos que reciben un número desproporcionado de solicitantes de asilo;

10.

Toma nota de que, a la luz de las crecientes necesidades relacionadas con los refugiados a escala global, la cooperación con terceros países en el contexto de las políticas medioambientales y de desarrollo puede desempeñar un papel crucial en la construcción de las relaciones guiadas por la solidaridad;

11.

Subraya la importancia de recopilar, analizar y enfocar los datos cuantitativos y cualitativos fiables, veraces, globales, comparables y actualizados, a fin de monitorizar y evaluar las medidas y adquirir un sólido entendimiento de los asuntos en materia de asilo; invita así a los Estados miembros a que faciliten a la OEAA y a la Comisión los datos pertinentes sobre las cuestiones de asilo además de los datos previstos por el Reglamento sobre estadísticas en materia de migraciones y el Reglamento sobre la OEAA; pide que, en la medida de lo posible, todos los datos estadísticos se desglosen por género;

12.

Lamenta el aumento de la xenofobia y el racismo y de las hipótesis infundadas y negativas sobre los solicitantes de asilo y refugiados que acompañan la inseguridad socioeconómica en la UE; recomienda que los Estados miembros inicien campañas para incrementar la concienciación pública sobre la situación real de los solicitantes de asilo y de los beneficiarios de protección internacional,

13.

Subraya que la creación de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA) tiene potencial para fomentar una cooperación práctica más estrecha entre los Estados miembros a fin de ayudar a reducir las significativas divergencias en las prácticas de asilo, con vistas a crear unos sistemas de asilo mejores y más justos en la UE; entiende que esta cooperación tan práctica y activa debe ir acompañada de una armonización legislativa de las políticas europeas en materia de asilo;

14.

Recuerda la necesidad de la OEAA de proporcionar apoyo técnico y conocimientos específicos a los Estados miembros para la aplicación de la legislación en materia de asilo, en colaboración con la sociedad civil y el ACNUR; destaca la importancia de que la Comisión utilice la información recopilada por la OEAA para identificar las posibles deficiencias en los sistemas de asilo de los Estados miembros; entiende que dicha información recopilada por la OEAA en virtud del Reglamento (UE) no 439/2010 es también pertinente en el marco de un mecanismo de alerta temprana, preparación y gestión de crisis que formará parte de las modificaciones del Reglamento de Dublín; subraya la importancia de presentar informes con regularidad y de elaborar planes de acción para promover soluciones y recomendaciones específicas destinadas a mejorar el SECA y a reparar deficiencias potenciales; toma nota, en particular, del papel de la agencia en la coordinación y el apoyo a la acción común a fin de ayudar a los Estados miembros cuyos sistemas de asilo e instalaciones de acogida están sometidos a especial presión, con medidas que incluyen el traslado en comisión de servicio de funcionarios a los Estados miembros en cuestión y el despliegue de equipos de expertos en asilo y de trabajadores sociales e intérpretes a los que pueda movilizarse con rapidez en situaciones de crisis; recuerda que el impacto de la OEAA dependerá de la voluntad de los Estados miembros de utilizar toda sus posibilidades;

15.

Insta a la OEAA, teniendo en cuenta tanto sus obligaciones como su limitado presupuesto y experiencia, a que optimice los recursos disponibles con los que cuenta entablando un diálogo más estrecho y cooperando con los organismos internacionales y la sociedad civil, con vistas a intercambiar información y reunir conocimientos en materia de asilo, recopilación de datos, intercambio de mejores prácticas, desarrollo de directrices exhaustivas sobre asuntos de género en materia de asilo, desarrollo de formación y creación de grupos de expertos, asistentes sociales e intérpretes, que podrían movilizase a corto plazo para proporcionar asistencia; además recomienda que la OEAA garantice la participación de una amplia representación de los organismos en el foro consultivo;

16.

Destaca que las actividades de la OEAA deben centrarse en objetivos preventivos a largo plazo, pero también en medidas reactivas a corto plazo, a fin de responder de forma apropiada a situaciones diversas; considera, por tanto, que aunque la OEAA debe apoyar medidas que aumenten las capacidades para sistemas de asilo que estén poco desarrollados o funcionen mal, debería dar prioridad a situaciones de emergencia y a Estados miembros que se enfrenten a presiones especiales o desproporcionadas; a este respecto, subraya el papel crucial de los equipos de expertos en asilo a la hora de ayudar con elevados números de casos y retrasos, ofrecer formación, gestionar proyectos, asesorar y recomendar medidas concretas y supervisar y aplicar medidas de seguimiento;

17.

Toma nota del plan de operaciones existente para ayudar al sistema de asilo griego y mejorar la situación de los solicitantes de asilo y de los beneficiarios de protección internacional en Grecia; subraya que, pese a los progresos, es necesario que la UE y las Autoridades griegas hagan esfuerzos adicionales para mejorar el sistema de asilo y garantizar el respeto absoluto de los derechos de los solicitantes de asilo; recuerda que las medidas para reducir el déficit presupuestario no incluyen la asignación de fondos nacionales para la contratación de más funcionarios y recomienda que se aborde este problema, dado que es necesario disponer de una autoridad en materia de asilo que funcione correctamente, a fin de permitir a Grecia cumplir con sus obligaciones en virtud del Derecho internacional y de la UE;

18.

Toma nota de la recomendación de la Comisión y del Consejo sobre la cooperación interinstitucional entre la OEAA y Frontex y, subraya que la rápida e integral implementación de la Estrategia de Frontex en materia de los derechos fundamentales es una condición sine qua non para cualquier cooperación en protección internacional, inclusive el nombramiento de un funcionario para los derechos humanos, la creación de un foro consultivo con la sociedad civil y la invitación de organizaciones internacionales para que participen en sus actividades como observadores de los derechos humanos; hace hincapié en que toda cooperación debe ser tenida en cuenta en el contexto de defensa de los niveles de protección fijados por las normas europeas e internacionales y el consiguiente incremento en la práctica de la calidad de la protección brindada a los solicitantes de asilo; pide por consiguiente a la OEAA que apoye a Frontex en relación con sus obligaciones en materia de acceso a la protección internacional, en particular el principio de no devolución; destaca que las medidas en las fronteras deben aplicarse de modo que siempre se garantice la protección;

19.

Reconoce la necesidad de revisar el mandato de la OEAA periódicamente, a fin de garantizar una adecuada capacidad de reacción ante los diferentes retos a los que se enfrentan los sistemas de asilo; teniendo en cuenta que todas las acciones desarrolladas por la OEAA dependen de la buena voluntad de los Estados miembros, sugiere que se considere la posibilidad de introducir garantías estructurales en el seno del mandato de la OEAA, de forma que se asegure la prestación de la cooperación y la ayuda técnica allí donde sean necesarias;

20.

Anima a los Estados miembros a aprovechar plenamente las posibilidades de las que disponen en virtud del Fondo Europeo para los Refugiados (FER) con el objetivo de llevar a cabo acciones destinadas específicamente a mejorar los sistemas de asilo; recomienda que los Estados miembros emprendan acciones para abordar cuestiones como los procedimientos burocráticos engorrosos, los retrasos en la absorción y los problemas de liquidez, a fin de asegurar una distribución de los fondos eficaz y rápida;

21.

Recuerda que los Estados miembros deben procurar la utilización plena de las posibilidades ofrecidas por los Fondos europeos para los refugiados y deben garantizar que todos los créditos asignados sean desembolsados con el fin de que los promotores de proyectos no encuentren dificultades a la hora de ejecutar los proyectos financiados;

22.

Acoge con agrado la creación a partir de 2014 de un Fondo de Asilo y Migración (AMF) más sencillo y flexible, que sustituirá al Fondo Europeo para los Refugiados, al Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países y al Fondo Europeo para el Retorno, y subraya la necesidad de asignar recursos necesarios y suficientes para apoyar la protección de los beneficiarios de protección internacional y de solicitantes de asilo; en este sentido, resalta la importancia de incluir garantías dentro del AMF, a fin de evitar una asignación excesiva de fondos a una única área de política a cargo del SECA en su conjunto; considera necesario al mismo tiempo, en el contexto de la reforma de la asignación de fondos en el ámbito de los asuntos de interior para el MFP 2014-2020, asignar recursos suficientes a la protección en las fronteras, con el objetivo de conseguir aumentar la solidaridad también en este ámbito; reitera que siempre se debería disponer de recursos suficientes para financiar medidas de protección internacional y de solidaridad para los Estados miembros;

23.

Destaca la necesidad de que el AMF sea lo bastante flexible, fácil de movilizar y de rápido acceso como para que se pueda reaccionar de manera rápida y adecuada a presiones inesperadas y a situaciones de emergencia que afecten a uno varios Estados miembros; a este respecto, propone reservar, cuando sea necesario, un porcentaje determinado del importe asignado del AMF en el marco de la revisión intermedia para medidas destinadas a ayudar a los Estados miembros a implementar y aplicar plenamente el acervo existente de la UE en materia de asilo y a cumplir con todas las obligaciones internacionales en este ámbito;

24.

Acoge con agrado los diálogos en política de asuntos de interior con cada Estado miembro sobre el uso que hacen de los fondos que preceden la programación plurianual; destaca la importancia de una gestión participativa para obtener resultados óptimos y recomienda reforzar el principio de asociación incluyendo a la sociedad civil, las organizaciones internacional y las autoridades regionales y locales así como las partes interesadas relevantes, dado que su experiencia sobre el terreno es esencial para definir prioridades realistas y desarrollar programas sostenibles; entiende que la aportación de estas partes en términos de desarrollo, supervisión y evaluación de los objetivos y programas es importante y debería ser tenida en cuenta por los Estados miembros;

25.

Subraya la importancia del reparto de responsabilidades financieras en materia de asilo, y recomienda crear un mecanismo bien dotado de recursos para recibir un número elevado de solicitantes de asilo y de beneficiarios de protección internacional, tanto en términos absolutos como relativos, y para compensar a aquellos Estados miembros con sistemas de asilo menos desarrollados; considera que es necesario que se intensifique la investigación para identificar y cuantificar los costes reales derivados del alojamiento y tramitación de las solicitudes de asilo; por tanto, pide a la Comisión que realice un estudio para evaluar los fondos que deberían asignarse de acuerdo a la responsabilidad soportada por cada uno de los Estados miembros, sobre la base de indicadores como: el número de primeras solicitudes de asilo, el número de decisiones positivas de concesión del estatus de refugiado o de protección subsidiaria, el número de refugiados reasentados y realojados, el número de decisiones y operaciones de retorno y el número de inmigrantes irregulares detenidos;

26.

Recomienda que los Estados miembros utilicen los incentivos financieros disponibles gracias al AMF para las actividades de realojamiento, reconociendo la importancia de la ayuda financiera facilitada por el fondo y de la ayuda técnica facilitada por la OEAA; sugiere que se introduzcan áreas prioritarias para abordar situaciones urgentes y ofrecer asistencia financiera más sustancial a los Estados miembros que deseen participar en iniciativas de realojamiento, a fin de aliviar los costes financieros que se derivan de ello;

27.

Opina que el establecimiento de un sistema más efectivo y transparente de incentivos financieros para los Estados miembros que participen en actividades de realojamiento y estrategias proactivas enfocadas a mejorar las infraestructuras de los sistemas nacionales de asilo tendrá un efecto positivo a largo plazo sobre la convergencia de las normas en la UE y en la calidad del SECA;

28.

Acoge con satisfacción las posibilidades de aumentar la contribución de la Comisión hasta el 90 % del gasto total elegible para proyectos que, de otro modo, no podrían llevarse a cabo; considera que debería derivarse un claro valor añadido de los proyectos financiados por la Comisión; subraya que la financiación de la UE no debe en ningún caso sustituir a los presupuestos nacionales dedicados a las políticas de asilo;

29.

Subraya los problemas actualmente vinculados a la financiación de actividades en términos de obstáculos para acceder a la financiación y a la información exacta, la fijación de objetivos realistas y adaptados y a la implementación de medidas efectivas de seguimiento; sugiere que se introduzcan garantías para evitar la duplicación, la clara asignación de la financiación y un análisis exhaustivo del valor añadido de las actividades y los resultados conseguidos;

30.

Subraya la importancia de una estricta vigilancia en referencia al uso y gestión de fondos, sobre la base de indicadores cuantitativos y cualitativos y de criterios específicos, a fin de evitar la asignación indebida de recursos financieros y humanos y de garantizar el cumplimiento de los objetivos fijados; en este sentido, acoge con satisfacción la creación de un sistema común de evaluación y seguimiento;

31.

Insta a los Estados miembros, con la ayuda de la Comisión, a que garanticen la plena explotación de las complementariedades existentes entre otros instrumentos financieros disponibles, como el Fondo Social Europeo y otros Fondos Estructurales, a fin de obtener un enfoque de financiación holístico para las políticas en materia de asilo;

32.

Acoge con agrado el compromiso de la Comisión de efectuar una evaluación integral del sistema de Dublín en 2014, revisando sus efectos legales, económicos, sociales, así como los efectos alcanzados en materia de derechos humanos, incluyendo los efectos sobre la situación de las mujeres solicitantes de asilo; considera que se necesita reflexionar más sobre el desarrollo de un mecanismo de reparto de responsabilidades equitativo para determinar el Estado miembro que deberá responsabilizarse de procesar las solicitudes de asilo, lo que permitiría un apoyo rápido y eficaz a los Estados miembros frente a cargas desproporcionadas y en situaciones de emergencia;

33.

Considera que el Reglamento de Dublín, por el que se rige el reparto de tareas en materia de solicitudes de asilo, asigna una carga desproporcionada a los Estados miembros que constituyen los puntos de entrada a la UE y no prevé una justa distribución de la responsabilidad en materia de asilo entre los Estados miembros; observa que el sistema de Dublín tal como se viene aplicando hasta la fecha, en un contexto caracterizado por sistemas de asilo muy diversos e insuficientes niveles de aplicación del acervo en materia de asilo, ha llevado al tratamiento desigual de los solicitantes de asilo, al tiempo que ha influido negativamente en la integración y reunificación familiar; resalta, además, sus puntos débiles en términos de eficiencia y rentabilidad, ya que más de la mitad de las transferencias acordadas nunca han tenido lugar y aún hay un número significativo de solicitudes; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que los solicitantes de asilo que son devueltos a un Estado miembro sobre la base del Reglamento Dublín II no sean discriminados pura y simplemente por ser trasladados en virtud del mismo;

34.

Resalta que la jurisprudencia pertinente ya está en proceso de minar la fundamentación del sistema de Dublín; considera que, si bien responde a los casos particulares, la jurisprudencia no logar superar las deficiencias existentes en la aplicación del acervo en materia de asilo; reconociendo la necesidad de que los Estados miembros garanticen que sus sistemas de asilo se atengan a las normas de la UE e internacionales, acoge con agrado los esfuerzos para incluir criterios adicionales en el Reglamento Dublín II a fin de paliar los indeseados efectos adversos del sistema; cree que en las discusiones para determinar el Estado miembro responsable debe tenerse en cuenta el hecho de que algunos Estados miembros se están enfrentando ya a presiones desproporcionadas y que algunos sistemas de asilo presentan un funcionamiento total o parcialmente deficiente;

35.

Considera esencial entablar diálogos en referencia al reparto de responsabilidades sobre los solicitantes de asilo y los beneficiarios de protección internacional, incluyendo el uso de instrumentos como la tramitación conjunta de las solicitudes de asilo (en lo sucesivo «la tramitación conjunta») y los planes de realojamiento;

36.

Considera que la tramitación conjunta podría constituir un instrumento de valor para la solidaridad y el reparto de responsabilidad en varios casos, en particular, cuando los Estados miembros se enfrentan a unos flujos importantes o repentinos de solicitantes de asilo o cuando existe un atraso importante en las solicitudes que retrase y mine el procedimiento de asilo en perjuicio de los solicitantes de asilo; considera que la tramitación conjunta podría evitar o solucionar los problemas relativos a la capacidad, reducir las cargas y los costes relacionados con la tramitación de solicitudes, agilizar la propia tramitación y garantizar que su reparto de responsabilidades sea más equitativo; subraya que la tramitación conjunta requiere una clara asignación de responsabilidades entre los Estados miembros implicados, a fin de evitar un traspaso de responsabilidades, y que la toma de decisiones sigue compitiendo al Estado miembro; señala que todo ello debería ir complementado por un sistema que garantice un reparto de responsabilidades más equitativo una vez que se hayan procesado las solicitudes;

37.

Aplaude la idea de un estudio de viabilidad iniciado por la Comisión para investigar las implicaciones legales y prácticas de la tramitación conjunta en el territorio de la Unión, puesto que es necesario aclarar una serie de cuestiones;

38.

Observa que la tramitación conjunta no conlleva necesariamente una decisión común, pero podría implicar apoyo y una tramitación común en referencia a otros aspectos de los procedimientos de asilo, tales como identificación, preparación de procedimientos de primera instancia, entrevistas o análisis de la situación política del país de origen;

39.

Destaca que la tramitación conjunta debería ofrecer valor añadido en lo que respecta a la calidad del proceso de toma de decisiones, garantizando y facilitando unos procedimientos justos, eficaces y rápidos; subraya el hecho de que mejorar los procedimientos de asilo desde la raíz (distribución anticipada) puede reducir la duración y el coste del procedimiento, beneficiando con ello tanto a los solicitantes de asilo como a los Estados miembros;

40.

Resalta que un programa de tramitación conjunta debería respetar totalmente los derechos de los solicitantes y contener garantías firmes para tal fin; insiste en que la tramitación conjunta no debe ser usada bajo ninguna circunstancia para acelerar el procedimiento de asilo en detrimento de su calidad; tiene en cuenta que la tramitación conjunta podría conducir a unos procedimientos de asilo más eficaces también en beneficio de los solicitantes de asilo considerados individualmente, dado que, debido al aumento de las capacidades administrativas, se podría detectar más rápidamente su necesidad de protección;

41.

Considera que el papel de la OEAA podría ser valioso a la hora de reunir, formar y coordinar a los equipos de ayuda al asilo que ofrecerían asistencia, asesoramiento y recomendaciones en los procedimientos de primera instancia;

42.

Recomienda que los regímenes concebidos relativos a la tramitación conjunta deberían priorizar opciones que impliquen el desarrollo y la cooperación de las autoridades pertinentes, más que el traslado de solicitantes de asilo;

43.

Recomienda que la OEAA promueva, facilite y coordine el intercambio de información y el resto de las actividades relacionadas con la tramitación conjunta;

44.

Subraya que los programas de reasentamiento de la UE y los regímenes de realojamiento dentro de la UE son medidas complementarias destinadas a reforzar la protección de los solicitantes de asilo y de los beneficiarios de protección internacional, al tiempo que muestran la solidaridad dentro y fuera de la UE;

45.

Subraya que, bajo ciertas condiciones, el realojamiento físico de los beneficiarios de protección internacional y de los solicitantes de asilo es una de las formas más concretas de solidaridad y, puede contribuir significativamente a que el SECA tenga un carácter más equitativo; destaca que, aunque también representa una firme expresión de compromiso con la protección internacional y la promoción de los derechos humanos, hasta el momento pocos Estados miembros se han implicado en iniciativas de realojamiento;

46.

Subraya la importancia de proyectos tales como el proyecto de realojamiento de la Unión Europa para Malta (Eurema) y su ampliación, en virtud del cual se ha realojado, y se está realojando, a los beneficiarios de protección internacional de Malta a otros Estados miembros y, aboga por que se desarrollen más iniciativas de este tipo; lamenta que este proyecto no haya tenido el éxito esperado porque los Estados miembros se han mostrado reacios a participar; pide a los Estados miembros que participen más activamente en el proyecto Eurema en un espíritu de solidaridad y de reparto de responsabilidades; aplaude el compromiso de la Comisión de desarrollar una evaluación exhaustiva del proyecto Eurema y de presentar una propuesta para un mecanismo europeo de realojamiento permanente;

47.

Pide a la Comisión que, en su propuesta legislativa de establecimiento de un mecanismo de realojamiento permanente y efectivo en el seno de la UE, tome en consideración el uso de una Clave de Reparto de la UE para la reubicación de los beneficiarios de protección internacional, basada en indicadores apropiados relacionados con las capacidades de recepción e integración de los Estados miembros, como por ejemplo el PIB, la población y la superficie del Estado y las perspectivas de integración y los intereses de los beneficiarios; entiende que esta Clave de Reparto podría tenerse en cuenta en el caso de aquellos Estados miembros que se enfrenten a presiones específicas y desproporcionadas para sus sistemas de asilo o en situaciones de emergencia; destaca que la reubicación dependerá en todo caso del consentimiento de los beneficiarios de protección internacional y que la introducción de una Clave de Reparto de la UE se haría sin perjuicio de la obligación de los Estados miembros de implementar y aplicar el acervo de la UE existente en materia de asilo en lo que respecta a la cualificación de la protección, las condiciones de recepción y las garantías de procedimiento, ni tampoco del cumplimiento de todas las obligaciones internacionales en este ámbito;

48.

Insta a la Comisión a introducir garantías sólidas de procedimiento y criterios claros en su propuesta para un sistema permanente de realojamiento en la UE, con el fin de proteger mejor los intereses de los beneficiarios potenciales y aliviar la presión migratoria que recae sobre los Estados miembros especialmente expuestos a flujos migratorios. Recomienda la participación desde el comienzo de las comunidades de acogida, la sociedad civil y las autoridades locales en las iniciativas de realojamiento;

49.

Subraya que aunque el realojamiento puede ofrecer tanto soluciones duraderas para los beneficiarios de protección internacional como simplificar los sistemas de asilo de los Estados miembros, no debe dar lugar al traspaso de responsabilidades; insiste en que el realojamiento debería incluir firmes compromisos por parte de los Estados miembros que se beneficien de ello para abordar eficazmente las diferencias de protección en su sistema de asilo y para garantizar unos altos niveles de protección para aquellos que se quedan en los Estados miembros de origen en términos de condiciones de recepción, procedimientos de asilo e integración;

50.

Aplaude las posibilidades de financiación proporcionadas de conformidad con el AMF para el reasentamiento de los solicitantes de asilo, y anima a que los Estados miembros participen en iniciativas voluntarias, al mismo tiempo que respetan completamente los derechos de los solicitantes de asilo y la necesidad de su consentimiento; insta a la Comisión a que investigue la posibilidad de desarrollar un sistema europeo que realoje a los solicitantes de asilo, examinando, entre otras cosas, la viabilidad de basarlo en una clave de reparto de la UE que tenga en cuenta criterios objetivamente comprobables como por ejemplo el PIB, la población y la superficie del Estado miembro y las perspectivas de integración y los intereses de los solicitantes de asilo; entiende que ese programa podría aplicarse como una medida de solidaridad en situaciones en las que el número de solicitantes de asilo sea desproporcionadamente elevado en comparación con la capacidad del sistema de asilo de un Estado miembro o en casos de emergencias;

51.

Recuerda el mandato de la OEAA en lo que respecta a promover el realojamiento de los beneficiarios de protección internacional entre los Estados miembros y pide a la Agencia que aumente su capacidad para apoyar activamente los programas y actividades de realojamiento en estrecha cooperación con el ACNUR, intercambiando información y mejores prácticas y llevando a cabo actividades de coordinación y cooperación;

52.

Toma nota de que la Comisión ha indicado que siempre considerará la posibilidad de activar el mecanismo de la Directiva sobre la protección temporal cuando se cumplan las condiciones oportunas, en especial en casos de afluencia masiva –o inminencia de dicha afluencia– de personas desplazadas que no puedan volver a entrar en su país de origen en condiciones seguras y duraderas; pide a la Comisión que posibilite la activación de dicha Directiva también en casos en los que la afluencia pertinente sea una afluencia masiva para al menos un Estado miembro y no solo cuando constituya una afluencia masiva para el conjunto de la UE;

53.

Insiste en que la confianza mutua se basa en un entendimiento compartido de las responsabilidades; destaca que el cumplimiento del Derecho de la UE es un elemento esencial para la confianza entre los Estados miembros;

54.

Destaca que, si los Estados miembros cumplen con sus obligaciones en materia de derechos legales y fundamentales, eso servirá para fortalecer la confianza y la solidaridad;

55.

Subraya la importancia de establecer unas bases firmes en las que se sostenga la confianza mutua entre los Estados miembros, ya que está intrínsecamente vinculada a la implantación del SECA y a una solidaridad auténtica y práctica;

56.

Reconoce que al mismo tiempo que el cumplimiento con las obligaciones de protección internacional mejora la confianza mutua, esto no da como resultado necesariamente en una aplicación uniforme de las normas, dado que la interpretación y aplicación de la legislación europea e internacional en materia de asilo aún varía enormemente de un Estado miembro a otro, como se deduce de la reciente jurisprudencia del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea relativo al Reglamento de Dublín; destaca que es responsabilidad de la Comisión Europea y de los Tribunales supervisar y evaluar la aplicación de las normas en materia de asilo de conformidad con el Derecho internacional y de la UE;

57.

Cree que los mecanismos de alerta temprana introducidos para detectar y abordar los problemas que puedan surgir antes de que conduzcan a una crisis pueden representar una herramienta valiosa; de cualquier forma, considera que se deberían prever también soluciones complementarias, a fin de evitar la violación de derechos fundamentales y de garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de asilo;

58.

Subraya que aunque los procedimientos de infracción deberían utilizarse de un modo más inmediato para poner la atención sobre las responsabilidades de los Estados miembros y su mal cumplimiento del acervo existente en materia de asilo, deberían ir acompañados de medidas preventivas, planes operacionales y mecanismos de control, a fin de obtener resultados; subraya la importancia de las evaluaciones periódicas, del diálogo constructivo y del intercambio de mejores prácticas como elementos cruciales que, con más probabilidad, podrían tener efectos positivos sobre los sistemas de asilo cuando se detecten deficiencias; y, así, pueden aportarse distintas formas de ayuda financiera y práctica para conseguir la aplicación plena y correcta de la legislación europea en materia de asilo;

59.

Toma nota de que el sistema de Dublín se basa en la confianza mutua y que su implementación representa un reconocimiento mutuo de las decisiones de rechazo entre los Estados miembros, teniendo en cuenta que la UE sólo puede considerar una reclamación de asilo por vez; insta a la Comisión a presentar una comunicación en el marco de la transferencia de la protección de los beneficiarios de protección internacional y del reconocimiento mutuo de decisiones de asilo para 2014, en línea con el Plan de acción por el que se implementa el Programa de Estocolmo;

60.

Subraya que la gestión de la inmigración puede incrementar la confianza mutua y las medidas de solidaridad sólo si se ve acompañada de un enfoque proteccionista, bajo el cual se desarrollan medidas más amplias sin prejuicio de los derechos de los refugiados y de las personas que solicitan protección internacional;

61.

Destaca que los regímenes de visados rigen una gran cantidad de autorizaciones de entrada y salida y que tales normas de entrada y salida no restringen de ningún modo la obligación jurídica de ofrecer acceso al asilo;

62.

Recuerda el compromiso de la Comisión de facilitar la llegada organizada a la UE de personas necesitadas de protección, y pide a la Comisión que explore nuevos enfoques relacionados con el acceso a los procedimientos de asilo; a este respecto, acoge con agrado el compromiso de la Comisión de adoptar una «Comunicación sobre los nuevos enfoques del acceso a los procedimientos de asilo aplicables a los principales países de tránsito» para 2013;

63.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los parlamentos de los Estados miembros y al Consejo de Europa.

3.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 353/25

—

Vista la próxima Comunicación sobre el Programa de Trabajo de la Comisión para 2013,

—

Visto el actual Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión, y, en particular, su anexo 4,

—

Vista su Resolución, de 4 de julio de 2012, sobre la reunión del Consejo Europeo de junio de 2012 (1),

—

Visto el artículo 35, apartado 3, de su Reglamento,

A.

Considerando que el alcance y la naturaleza de la crisis económica, financiera y de deuda soberana están poniendo a prueba como nunca antes la gobernanza de la Unión Europea;

B.

Considerando que la UE se encuentra en un punto crucial, y que la crisis no se superará sin una profundización considerable de la integración europea, en particular en la zona del euro, con el correspondiente reforzamiento del control y la responsabilidad democráticos;

C.

Considerando que la Comisión está obligada a promover el interés general de la Unión, adoptar las iniciativas que corresponda en función de este objetivo, garantizar la aplicación de los Tratados, supervisar la aplicación del Derecho de la Unión, ejercer las funciones de coordinación, ejecutivas y de gestión, y poner en marcha medidas legislativas;

1.

Insta a la Comisión a utilizar al máximo todas sus competencias y a ejercer el liderazgo político necesario para hacer frente a los numerosos retos que plantea la persistencia de la crisis, al tiempo que aspira a lograr la estabilidad financiera y la recuperación económica sobre la base del aumento de la competitividad y de un programa anticrisis sostenible, efectivo y socialmente justo;

2.

Recuerda la petición que el Parlamento Europeo realizó el 4 de julio de 2012 a la Comisión a fin de que presentase un paquete de propuestas legislativas para septiembre, en consonancia con el método comunitario, basándose en los cuatro bloques constitutivos identificados en el informe titulado «Hacia una auténtica Unión Económica y Monetaria»;

3.

Insiste en que la Comisión tenga un papel activo en la formulación de informes para las reuniones del Consejo Europeo de octubre y diciembre de 2012, que establezcan una hoja de ruta y un calendario claros de consolidación de la unión económica y monetaria, incluido un marco integrado de políticas financieras, presupuestarias y económicas, y que, a su debido tiempo, conduzcan a una unión política más fuerte y, en particular, a una mayor legitimidad y responsabilidad democrática sobre la base de una modificación del Tratado;

4.

Destaca la posición del Parlamento sobre la legislación «two pack», que reforzará la supervisión de los presupuestos y perfeccionará la política presupuestaria en la zona del euro, y que contiene disposiciones que permiten recurrir a una vía diferenciada para lograr la consolidación presupuestaria en caso de grave recesión económica;

5.

Insta a la Comisión a presentar propuestas para poner en práctica los compromisos previstos en el Pacto por el Crecimiento y el Empleo, especialmente con vistas a estimular la inversión sostenible orientada al crecimiento, mejorar la competitividad de una economía europea dirigida hacia los objetivos de Europa 2020, en particular los relativos a la eficiencia y la sostenibilidad de los recursos, y profundizar en el mercado único; insta a la Comisión a utilizar su Programa de Trabajo para 2013 con el fin de detallar un programa de crecimiento centrado en animar a las empresas y a los emprendedores a desarrollar industrias y servicios que creen empleo y prosperidad a largo plazo; en este contexto, destaca la importancia de ampliar las obligaciones europeas para la financiación de proyectos sobre la base de la cooperación entre el presupuesto de la UE y el Banco Europeo de Inversiones;

6.

Apunta, asimismo, a la necesidad de una reducción sostenida y simétrica de los desequilibrios macroeconómicos excesivos y pide cambios concretos de la legislación tributaria de la UE con el fin de abordar todos los aspectos de los paraísos fiscales y la evasión de impuestos;

7.

Pide a la Comisión que haga todo lo posible por facilitar la rápida aprobación del Marco Financiero Plurianual (MFP) y los programas legislativos plurianuales relacionados, con la plena participación del Parlamento y el debido respeto de sus derechos de codecisión; apoya firmemente el compromiso de hacer del presupuesto de la UE un catalizador del crecimiento y del empleo en Europa; pide, en este contexto, a la Comisión que defienda su propuesta y vele por que el presupuesto de la Unión refleje de forma más directa sus necesidades y sus objetivos políticos;

8.

Insiste, no obstante, en que la reforma del sistema de recursos propios, incluida la creación de nuevos recursos propios, constituye un elemento esencial sin el cual son pocas las perspectivas de acuerdo sobre el nuevo MFP; pide a la Comisión que apoye la solicitud realizada por varios Estados miembros a favor de reforzar la cooperación en este ámbito; subraya, no obstante, que sería deseable alcanzar un acuerdo general antes de que termine el presente año;

9.

Insta a la Comisión a mejorar la coherencia de su programa legislativo, incrementar la calidad de su técnica legislativa, reforzar su evaluación del impacto de los proyectos legislativos, proponer cuando proceda la utilización de cuadros de correspondencia con vistas a una mejor transposición del Derecho de la UE, y respaldar al Parlamento en sus negociaciones con el Consejo sobre el recurso a los actos delegados y de ejecución; reitera sus repetidos llamamientos para que se renegocie el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» de 2003;

10.

Pide a la Comisión que tome buena nota de las posiciones sectoriales del Parlamento que se exponen en la Parte 2 a continuación;

11.

Subraya la importancia de una transposición adecuada y oportuna del Derecho de la UE a la legislación nacional de los Estados miembros, e insta a la Comisión a que, en caso necesario, incoe procedimientos de infracción para garantizar una transposición adecuada y un cumplimiento efectivo;

12.

Insta a la Comisión a presentar una propuesta por la que se introduzcan declaraciones de gestión nacionales obligatorias firmadas al nivel político que proceda y que cubran los fondos de la UE en gestión compartida; pide que se dé continuidad a las actuaciones encaminadas a simplificar los programas de la UE, especialmente en el ámbito de la investigación y la innovación; pide a la Comisión que realice un estrecho seguimiento de la utilización de instrumentos de ingeniería financiera (IIF); pide evaluaciones sistemáticas, periódicas e independientes que garanticen que todos los gastos producen los resultados deseados de manera rentable;

13.

Espera que la Comisión presente oportunamente los proyectos de presupuestos rectificativos necesarios para asegurar que las cuantías de los pagos estén en consonancia con las medidas acordadas en el Consejo Europeo de junio de 2012 para estimular el crecimiento y sean suficientes para cumplir los compromisos pendientes de liquidación;

14.

Pide a la Comisión que continúe centrándose en la mejora de la gobernanza del mercado único, que renueve su compromiso con la simplificación administrativa, que tenga debidamente en cuenta la posibilidad de proponer, en su caso, reglamentos en lugar de directivas para garantizar la proporcionalidad de las medidas propuestas, y que realice un seguimiento del progreso con el fin de lograr la plena aplicación del acervo del mercado único, especialmente en el sector de los servicios, incluida la posibilidad de incoar procedimientos de infracción «por vía rápida»; subraya que deben tenerse debidamente en cuenta las dimensiones económica, social y medioambiental del mercado único;

15.

Está a la espera de las propuestas del Acta del Mercado Único II de la Comisión con acciones prioritarias para estimular el crecimiento, el empleo y la confianza en el mercado único; anima a utilizar la cooperación reforzada cuando sea procedente y necesario;

16.

Pide a la Comisión que sea más sistemática a la hora de evaluar las repercusiones de sus propuestas sobre las PYME, fuente de esperanza de muchos nuevos empleos en Europa; insta a la Comisión, en este sentido, a que asuma un papel activo para desincentivar la sobrerregulación de la legislación de la UE a nivel nacional, que distorsiona la igualdad de oportunidades en el mercado interior; pide que se profundice en la reducción de la carga burocrática;

17.

Confirma su apoyo a la importancia dada por la Comisión a la agenda digital; insta a que las propuestas presten más servicios transfronterizos a los consumidores en toda la UE;

18.

Recuerda la necesidad de una revisión profunda de la Directiva relativa a la seguridad general de los productos (Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (2)) que garantice la salud y la seguridad de los consumidores, pero que facilite también el comercio de bienes, en particular para las PYME; pide a la Comisión que proponga un reglamento transversal sobre la supervisión de los mercados de todos los productos; pide, asimismo, que se establezcan vías de recurso efectivas en los servicios financieros al por menor y un enfoque horizontal coordinado común para la protección de los consumidores;

19.

Insta a la Comisión a mejorar su actitud reguladora hacia las PYME y las microempresas, promoviendo legislación a medida de las necesidades de las PYME e introduciendo las exenciones oportunas;

20.

Insta a la Comisión a continuar su reforma de los derechos de autor, que deben adaptarse al entorno de Internet y basarse en la legitimidad social, con el debido respeto a los derechos fundamentales, incluida la conclusión de la reforma de los derechos de propiedad industrial para impulsar el crecimiento y la creación de empleo en Europa; pide a la Comisión que, al elaborar sus propuestas sobre la revisión de la legislación de la UE en materia de marcas, tenga en cuenta los problemas jurídicos evidenciados por la controversia originada en torno al Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA);

21.

Insiste en la necesidad de aplicar la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos con el fin de generar incentivos para el desarrollo de una economía verde, el fomento de la biodiversidad y la lucha contra el cambio climático, incluida la integración de medidas eficientes en cuanto a la utilización de los recursos, como prevé la Estrategia Europa 2020;

22.

Considera que el Semestre Europeo debe brindar la ocasión para que cada Estado miembro explique sus propios compromisos con respecto a la Estrategia Europa 2020, el Pacto por el Euro Plus, el Acta del Mercado Único y otros objetivos importantes de la UE;

23.

Pide a la Comisión que presente sin demora propuestas para resolver las carencias del actual régimen de comercio de derechos de emisión a fin de evitar su colapso;

24.

Pide a la Comisión que presente un plan de acción detallado con las medidas específicas que deben adoptarse para lograr un mercado único europeo de la energía completamente integrado e interconectado, y subraya la importancia de que la UE cuente con una infraestructura de red moderna;

25.

Pide a la Comisión que aplique la Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050 e incluya objetivos intermedios;

26.

Pide a la Comisión que prepare una estrategia para contrarrestar las repercusiones del aumento de los precios de la energía en los miembros de la sociedad;

27.

Considera que la crisis debería utilizarse como una oportunidad para transformar nuestro modelo de desarrollo social para crear una economía con una elevada eficiencia, basada en el uso de energías renovables, y resistente al cambio climático; subraya la necesidad de que la Comisión presente propuestas en relación con un paquete de medidas sobre la energía y el clima para 2030, basado en los tres pilares actuales, a saber, reducciones de gases de efecto invernadero, fuentes de energía renovables y eficiencia energética;

28.

Comparte la importancia que otorga la Comisión a la necesidad de modernizar la red multimodal de transporte de Europa, que es imprescindible para el éxito del mercado interior; pide a la Comisión que mantenga sus compromisos respecto del sector ferroviario y de la ampliación de las competencias de la Agencia Ferroviaria Europea en el ámbito de la certificación de la seguridad y de la armonización del material rodante;

29.

Lamenta que no se haya puesto en práctica en su totalidad la iniciativa del Cielo Único Europeo, y pide a la Comisión que redoble sus esfuerzos en este sentido;

30.

Acoge con gran satisfacción la concentración de la Comisión en el empleo juvenil y sus propuestas de ampliar la capacidad de la Unión para impulsar la educación y la formación; espera, como parte de la comunicación global relativa al paquete de empleo, calendarios y objetivos claros y propuestas concretas en los ámbitos de la movilidad de los jóvenes, la «garantía juvenil», el marco de calidad para los períodos de prácticas, las competencias lingüísticas y el emprendimiento juvenil, para combatir el elevado desempleo entre los jóvenes; espera, asimismo, medidas concretas para reducir la pobreza, reformar el mercado de trabajo y establecer normas sociales, de modo que pueda aplicarse un enfoque equilibrado de «flexiguridad» en los Estados miembros que lo deseen, y pide que se haga mayor hincapié en el empleo de las personas con discapacidad en el contexto del envejecimiento de la población;

31.

Destaca la importancia que revisten la inversión en capital humano y en investigación y desarrollo, y una educación y formación adecuadas que faciliten la movilidad profesional; pide, asimismo, que se continúe trabajando sobre los asuntos relativos a la violencia contra las mujeres y la trata de personas;

32.

Pide una vez más una sólida política de cohesión a escala de la UE para el período posterior a 2013, que integre los fondos y programas existentes, garantice recursos financieros adecuados, se base en una gobernanza en varios niveles y se ajuste estrechamente a los objetivos de la Estrategia Europa 2020; insiste en la necesidad de mejorar la eficiencia y la capacidad de respuesta del Fondo de Solidaridad y espera propuestas a tal fin; expresa su convicción respecto de la posibilidad de hallar, por medios adecuados, una base común para las políticas de cohesión e investigación y desarrollo de la UE, que deben orientarse hacia el crecimiento y la competitividad, respetando al mismo tiempo los principios de cohesión económica, social y territorial, al igual que la excelencia;

33.

Apoya las iniciativas a escala de la Unión que complementan los esfuerzos nacionales con vistas a incrementar los microcréditos e impulsar el emprendimiento social que preste servicios que el sector público o el privado no cubran suficientemente;

34.

Se felicita por el enfoque más firme adoptado por la Comisión para proteger el Estado de Derecho y los derechos fundamentales en toda la Unión; pide una revisión de la Agencia de los Derechos Fundamentales para garantizar la eficacia del seguimiento y la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales y adaptarla al Tratado de Lisboa; apoya a la Comisión en su negociación de la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos;

35.

Pide a la Comisión que estudie la aplicación de la Directiva sobre igualdad racial (Directiva 2000/43/CE del Consejo (3)) y la transposición de la Decisión Marco sobre la lucha contra el racismo y la xenofobia (Decisión marco 2008/913/JAI del Consejo (4)), y considera lamentable que el Marco Europeo de Estrategias Nacionales de Integración de los Gitanos no sea jurídicamente vinculante;

36.

Pide a la Comisión que vele por la preservación de la libre circulación de personas y por el pleno respeto del acervo de Schengen; subraya la necesidad de sustituir el inadecuado sistema de revisión inter pares por parte de los Estados miembros y pide a la Comisión que asuma toda la responsabilidad de la supervisión de las normas de Schengen; celebra que la Comisión apoye su posición sobre el fundamento jurídico de las normas de Schengen;

37.

Considera lamentable que no se haya presentado ninguna propuesta legislativa sobre una mayor solidaridad en el interior de la UE en el ámbito del asilo; pide una propuesta legislativa que establezca un sistema europeo común de asilo que combine responsabilidad y solidaridad;

38.

Subraya la importancia de adoptar el Reglamento sobre un marco general de protección de datos y la Directiva sobre protección de datos en el ámbito de la prevención, la detección, la investigación o el enjuiciamiento de infracciones penales para garantizar que toda nueva medida antiterrorista mantenga niveles elevados de respeto de la intimidad y la protección de datos; pide a la Comisión que presente su revisión de la Directiva sobre la conservación de datos (Directiva 2006/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (5));

39.

Apoya firmemente la importancia otorgada por la Comisión a la puesta en práctica de iniciativas cercanas a los ciudadanos en el contexto de la propuesta de Decisión sobre el Año Europeo de los Ciudadanos (2013) (COM(2011)0489) para seguir reforzando la concienciación pública sobre los beneficios que se derivan de la ciudadanía europea;

40.

Toma nota de la reforma en curso de la política agrícola común; se felicita por los compromisos de la Comisión con el fomento de un enfoque equilibrado e integrado que salvaguarde la producción sostenible y eficiente de alimentos de gran calidad y asequibles, y el respeto del valor ambiental y patrimonial del campo; insta a que la PAC se ajuste a la Estrategia Europa 2020 para fomentar la innovación en la agricultura y la ganadería y mejorar la sostenibilidad, la equidad y la competitividad de las agricultura europea a escala local y regional;

41.

Subraya que la reforma de la política pesquera común debe ser ambiciosa para poder tener poblaciones de peces sostenibles y sanas a largo plazo; insta a la Comisión a garantizar que el artículo 43, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) constituya el fundamento jurídico de sus propuestas y limite el recurso al artículo 43, apartado 3, a las propuestas estrictamente vinculadas a la fijación y asignación de oportunidades de pesca; recuerda su oposición a la práctica de los descartes y a medidas imprudentes y costosas dirigidas a reducir la capacidad de la flota;

42.

Pide a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior que trabajen juntos para proponer iniciativas bien coordinadas al Consejo en el ámbito de la política exterior y de seguridad común; insta a la Comisión a que junte todas sus actividades y servicios pertinentes, incluida la política de desarrollo, con vistas a cumplir los objetivos internacionales del Tratado de Lisboa y, en particular, el artículo 208 del TFUE, relativo a la coherencia de las políticas en favor del desarrollo (CPD), al tiempo que mantiene su lealtad a los valores sobre los que se ha construido la propia Unión;

43.

Espera iniciativas legislativas que revisen los fundamentos jurídicos para la próxima generación de instrumentos de asistencia financiera exterior, aprovechando al máximo el sistema de actos delegados; pide mayor flexibilidad en el desembolso de la asistencia financiera en situaciones de crisis;

44.

Espera que la Comisión apoye la ampliación de la Unión para incluir a cualquier país europeo que respete los valores de la Unión y esté comprometido con su promoción, teniendo en cuenta al mismo tiempo la obligación de que los países candidatos a la adhesión cumplan los criterios de Copenhague y la capacidad de integración de la Unión; considera que la Unión perdería autoridad moral y credibilidad política en todo el mundo si cerrase sus puertas a sus vecinos; espera que la Comisión prosiga su trabajo en las negociaciones de adhesión en curso;

45.

Pide a la Comisión que aplique una política de desarrollo ampliada orientada a resultados que asegure una mayor eficacia de la ayuda y garantice el reforzamiento de la coherencia y el aumento de la coordinación entre donantes a escala nacional, europea y mundial, y cada vez más, con los agentes mundiales emergentes en el ámbito del desarrollo; insiste en la necesidad de crear un fondo fiduciario dedicado al problema de la desnutrición en los países en desarrollo y de iniciar un proceso de consultas sobre el fenómeno de la apropiación de tierras; insta a la Comisión a que asegure una mayor efectividad de la ayuda de la UE a la luz de posibles Objetivos de Desarrollo del Milenio posteriores a 2015;

46.

Considera que la apertura recíproca y equilibrada de los mercados representa un instrumento de política estratégico para el crecimiento y el empleo interno de la UE; subraya la importancia de que el Parlamento participe en todas las etapas de negociación y sigue comprometido con un enfoque multilateral del comercio internacional; destaca la importancia de la lucha contra el proteccionismo a nivel multilateral y a través de todos los acuerdos comerciales;

47.

Apoya los esfuerzos de la Comisión en todas las negociaciones comerciales bilaterales y regionales en curso; reconoce la necesidad de que continúen los progresos hacia la obtención de acuerdos bilaterales de libre comercio con socios significativos;

48.

Destaca la importancia que concede a la integración de los derechos humanos, las normas sociales y ambientales y la responsabilidad social corporativa en todas las políticas internacionales, junto con normas claras que exijan comportamientos responsables por parte de las empresas europeas;

49.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

3.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 353/31

—

Visto el artículo 184 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, el artículo 1 sobre «Dignidad» y el artículo 3 sobre el «Derecho a la integridad de la persona», que hace referencia a la «prohibición de que el cuerpo humano o partes del mismo en cuanto tales se conviertan en objeto de lucro»,

—

Visto el segundo informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la donación voluntaria y no remunerada de tejidos y células (COM(2011)0352),

—

Vista la Directiva 2010/53/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de julio de 2010, sobre normas de calidad y seguridad de los órganos humanos destinados al trasplante (1),

—

Vista su Resolución, de 19 de mayo de 2010, sobre la Comunicación de la Comisión: Plan de acción sobre donación y trasplante de órganos (2009-2015): cooperación reforzada entre los Estados miembros (2),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1394/2007 (3) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de noviembre de 2007, sobre medicamentos de terapia avanzada y por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) no 726/2004,

—

Vista la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, relativa al establecimiento de normas de calidad y de seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos (4),

—

Vista la Directiva 2006/17/CE de la Comisión, de 8 de febrero de 2006 (5) por la que se aplica la Directiva 2004/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a determinados requisitos técnicos para la donación, la obtención y la evaluación de células y tejidos humanos,

—

Vistos los Principios Rectores de la Organización Mundial de la Salud sobre Trasplante de Células, Tejidos y Órganos Humanos,

—

Visto el Convenio del Consejo de Europa sobre Derechos Humanos y Biomedicina, así como su Protocolo adicional sobre trasplante de órganos y tejidos de origen humano,

—

Visto el Convenio de Oviedo relativo a los derechos humanos y la biomedicina y su Protocolo adicional sobre trasplante de órganos y tejidos de origen humano,

—

Vistos los datos europeos sobre las actividades de donación y trasplante de tejidos y células hematopoyéticas y reproductivas del Informe 2010 del Registro Europeo de Órganos, Tejidos y Células,

—

Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2005, sobre el comercio de óvulos humanos (6),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0223 /2012),

A.

Considerando que los tejidos y células donados, como la piel, los huesos, los tendones, las córneas o las células madre hematopoyéticas, se utilizan cada vez con mayor frecuencia en terapias médicas y como materias primas para la elaboración de medicamentos de terapia avanzada; que en la Directiva 2004/23/CE se señala que los Estados miembros se esforzarán por garantizar las donaciones voluntarias y no remuneradas de células y tejidos y por garantizar que la obtención de tejidos y células como tal se efectúe sin ánimo de lucro; que se trata de una obligación jurídica clara y que si un Estado miembro no cumple este principio puede incoarse un procedimiento de infracción;

B.

Considerando que, de conformidad con el artículo 12, apartado 1, de la Directiva 2004/23/CE, los Estados miembros deben presentar cada tres años a la Comisión informes sobre la práctica de la donación voluntaria y no remunerada;

C.

Considerando que de los 29 países que enviaron información, 27 cuentan con algún tipo de disposición (vinculante o no) que rige el principio de la donación voluntaria y no remunerada de tejidos y células;

D.

Considerando que 13 países disponen de principios rectores relativos a la posibilidad de ofrecer algún tipo de compensación o incentivos a los donantes de tejidos y células;

E.

Considerando que 19 países han comunicado que ofrecen algún tipo de compensación o incentivos a los donantes vivos de tejidos y células (salvo si se trata de células reproductoras);

F.

Considerando que 14 países ofrecen algún tipo de compensación o incentivos a los donantes de células reproductoras;

G.

Considerando que cuatro países ofrecen algún tipo de compensación o incentivos a los familiares de los donantes fallecidos;

H.

Considerando que unas campañas dirigidas de sensibilización de la opinión pública y la difusión de información médica clara, fidedigna, con fundamento y constatación científica a escala nacional y europea, en especial en el entorno próximo al paciente, desempeñan un papel muy importante en relación con el aumento del apoyo de la opinión pública y el incremento de los índices de donación de tejidos y células;

I.

Considerando que debe prohibirse la publicidad de la necesidad o disponibilidad de tejidos y células de origen humano con la intención de ofrecer u obtener beneficios económicos o ventajas comparables;

J.

Considerando que si 11 países han adoptado oficialmente políticas para tratar de promocionar la autosuficiencia en materia de tejidos y células, otros 17 países han celebrado acuerdos bilaterales que persiguen el mismo objetivo de suministro a nivel nacional de tejidos y células humanas;

K.

Considerando que también reviste una gran importancia ética garantizar en la medida de lo posible un suministro adecuado de los tejidos y las células necesarios para fines médicos; que este suministro debe gestionarse en beneficio de los ciudadanos y que, por consiguiente, debe ser supervisado por organismos públicos;

L.

Considerando que en la mayoría de los países que han enviado información, los encargados de la recogida y el abastecimiento de tejidos y células tienen carácter público o cuentan con un sistema combinado de organizaciones públicas y privadas;

M.

Considerando que la obtención de tejidos y células la llevarán a cabo personas que hayan superado un programa de formación definido por un equipo clínico de especialistas en los tejidos y células que deban obtenerse o un centro de tejidos autorizado para tal fin;

N.

Considerando que la extracción de tejidos y células en beneficio de los receptores tan solo se puede realizar con dos condiciones: debe tener un fin médico o científico y terapéutico y todos los elementos extraídos deben ser objeto de una donación altruista;

O.

Considerando que la extracción de tejidos y de células debe enmarcarse en los principios siguientes: anonimato (a excepción de las extracciones efectuadas en una persona vida para un familiar), gratuidad, consentimiento, obligación de distribuir equitativamente los trasplantes entre los enfermos, y la protección de la salud de los donantes y receptores;

P.

Considerando que una extracción de tejidos y de células solo puede llevarse a cabo si el donante ha dado su consentimiento previo y por escrito, libre e informado; que dicho consentimiento es revocable incondicionalmente y en todo momento;

Q.

Considerando que la utilización de tejidos y células para su aplicación en el cuerpo humano entraña el riesgo de transmisión de patologías a los receptores; que este riesgo puede reducirse mediante una selección minuciosa y un examen de los donantes potenciales antes de la extracción basada en un análisis de riesgos y beneficios, con la evaluación y seguimiento de cada donación y la aplicación de procedimientos de obtención de células y tejidos según las normas y procedimientos establecidos y actualizados de conformidad con los conocimientos científicos más avanzados;

R.

Considerando que la donación de algunos tejidos y células plantea un grave riesgo para el donante; que dicho riesgo es particularmente elevado en el caso de la donación de óvulos por el hecho de que es necesario un tratamiento hormonal para preparar la donación;

S.

Considerando que la Carta de Derechos Fundamentales, que es el principio rector de la Unión Europea y que tiene carácter jurídicamente vinculante desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, prohíbe que el cuerpo humano o partes del mismo en cuanto tales se conviertan en objeto de lucro;

T.

Considerando que sería oportuno que todos los Estados miembros contaran con normas vinculantes para aplicar este principio ético, incluso a través del Derecho penal;

U.

Considerando, no obstante, que aún subsisten dudas acerca de la compatibilidad con este principio ético de determinados tipos de compensaciones concedidas en relación con las donaciones, en particular cuando se abonan a familiares de donantes fallecidos;

V.

Considerando que la donación no remunerada no es solo un principio ético sino, también, necesario para proteger la salud del donante y del receptor, ya que la implicación de sumas elevadas de dinero en el proceso de donación puede inducir a que el donante asuma riesgos y pueda obstaculizar la divulgación de los riesgos en su historial médico;

W.

Considerando que existen muchas pruebas evidentes de que el trasplante alogénico de la sangre del cordón umbilical ya tiene éxito en el caso de numerosos pacientes y que también hay informes serios que exponen que, en algunos casos, el tratamiento autólogo con este tipo de células puede ofrecer resultados satisfactorios;

X.

Considerando que los medios de comunicación serios informan de que en el ámbito de los tejidos y las células se vulnera repetidamente el principio de la donación no remunerada;

Y.

Considerando la capacidad de rastrear las células y los tejidos desde el donante al receptor, y viceversa, y el seguimiento a largo plazo de los donantes y receptores vivos de células y tejidos son elementos clave de la gestión de la seguridad y de la calidad;

1.

Acoge con satisfacción la presentación del segundo informe sobre la donación voluntaria y no remunerada de tejidos y células, que revela que en los Estados miembros se llevan a cabo numerosas actividades para aplicar el principio de la donación no remunerada, aunque también pone de manifiesto que aún queda mucho por hacer;

2.

Constata con inquietud que la mitad de los Estados miembros afirman que con frecuencia se confrontan con la de células y tejidos humanos, en particular de médula espinal, gametos y tejidos, tales como la córnea y la piel, y que conviene, por tanto, revisar las políticas y la legislación en vigor, ya que resultan inadecuadas para encarar el desafío de la autosuficiencia en la Unión Europea;

3.

Hace hincapié en que la donación debe tener carácter voluntario, no remunerado y anónimo (salvo en caso de extracción en una persona viva para un familiar) y debe regirse por normas jurídicas y éticas que protejan y respeten la integridad del ser humano;

4.

Pide a los Estados miembros que adopten medidas protectoras para los donantes vivos y que garanticen que la donación se realice de forma anónima (salvo en caso de extracción en una persona viva para un familiar), voluntaria, consentida, informada y no remunerada;

5.

Pide a la Comisión que vigile atentamente los acontecimientos que se registren en los Estados miembros, que examine detenidamente todos los informes de la sociedad civil y de los medios de comunicación sobre la vulneración del principio de la donación voluntaria, y que adopten las medidas adecuadas incluidos, si fueran necesarios, procedimientos de infracción;

6.

Considera fundamental que todos los Estados miembros definan claramente las condiciones para la concesión de ayuda financiera justa y proporcionada, teniendo en cuenta que se restringe rigurosamente a las condiciones que justifican los gastos incurridos en relación con la donación de tejidos y células tales, como, por ejemplo, los gastos de viaje, la pérdida de ingresos y los costes médicos relacionados con el procedimiento médico y los posibles efectos secundarios, prohibiendo, así, todos los incentivos financieros y evitando desventajas para los donantes potenciales; considera que dichas compensaciones han de ser transparentes y estar sujetas a auditorías periódicas;

7.

Pide a la Comisión que informe sobre las prácticas y los criterios nacionales actuales para la compensación de los donantes vivos, en particular en cuanto a la donación de óvulos;

8.

Pide a los Estados miembros que velen por que las compensaciones que se abonen a los donantes sean compatibles con los principios éticos; recomienda que se preste especial atención a este aspecto cuando las compensaciones no se abonen al donante sino a sus familiares en caso de que éste fallezca;

9.

Pide a los Estados miembros que velen por que los donantes vivos sean seleccionados sobre la base de una evaluación de su salud e historial médico incluida, si se considera necesaria, y mediante un análisis de los riesgos y los beneficios, una evaluación psicológica a cargo de profesionales cualificados y formados;

10.

Pide a los Estados miembros que adopten medidas para proteger a los menores y a los adultos tutelados en materia de extracción de tejidos y células;

11.

Señala que los principios de transparencia y de seguridad son fundamentales para alcanzar un alto nivel de apoyo público a la donación; insta a los Estados miembros a que trabajen para crear un sistema de donaciones transparente y seguro para el donante y el receptor;

12.

Pide a todos los Estados miembros que establezcan normas para garantizar la trazabilidad de los tejidos y las células de origen humano desde el donante al paciente y viceversa, así como un sistema de regulación de las importaciones de tejidos y células de origen humano procedentes de terceros países, garantizando la aplicación de normas equivalentes en términos de calidad y seguridad;

13.

Pide a los Estados miembros que intensifiquen su campaña de información y sensibilización del público a favor de la donación de tejidos y células, y que garanticen la disposición de información médica, clara, fidedigna, con fundamento y constatación científica y de datos que le permitan tomar decisiones informadas; los donantes deben estar totalmente informados sobre los procedimientos utilizados y sus consecuencias morales, psicológicas médicas y sociales;

14.

Pide a los Estados miembros que adopten medidas coordinadas para impedir el desarrollo de un mercado negro de gametos en Internet, ya que este tipo de mercado puede socavar la calidad y la seguridad de los tejidos y células y generar problemas de tipo jurídico, ético y de salud pública;

15.

Pide a los Estados miembros que intensifiquen los intercambios de buenas prácticas, en particular en materia de abastecimiento de tejidos y células, protección de la calidad de tejidos y células durante el transporte, sensibilización en relación a la donación y formación del personal de salud;

16.

Espera que todos los Estados miembros creen bases de datos públicas de tejidos y células;

17.

Pide que se elaboren normas y requisitos a nivel europeo para las bases de datos privadas de tejidos y células.

18.

Considera que, a fin de satisfacer el imperativo ético de garantizar un suministro adecuado, la Comisión y los Estados miembros deberían estudiar la posibilidad de crear una base de donantes y receptores potenciales a escala europea a fin de gestionar el suministro en aras del bien general y evitar las carencias, en la medida de lo posible;

19.

Considera que el papel de los acuerdos bilaterales reviste suma importancia en lo que se refiere al apoyo de los países en los que se registra una escasez de tejidos y células o que no tienen ningún donante nacional compatible y también a la hora de asegurar que la información sobre tejidos y células circule con mayor libertad entre los Estados;

20.

Acoge con particular satisfacción, en el contexto europeo, el papel de Eurocet en este ámbito, que ha desempeñado una función vital al actuar como base de datos central europea para la recopilación de datos sobre las actividades de donación y trasplante de tejidos y células; pide a las autoridades de los Estados miembros que refuercen su colaboración con Eurocet a fin de acordar más normas comunes en relación con la donación de células y tejidos y permitir, de ese modo, que los profesionales de la atención sanitaria mejoren las donaciones compatibles ofrecidas a los ciudadanos europeos;

21.

Pide a los Estados miembros que exploren todas las posibilidades de lograr una mayor cooperación internacional en este ámbito, en particular con respecto a los usos potenciales de las células madre hematopoyéticas;

22.

Reconoce los importantes avances científicos que se han experimentado en el ámbito de la sangre del cordón umbilical, que constituye una alternativa terapéutica muy prometedora para el tratamiento de numerosas enfermedades, en particular las infantiles;

23.

Pone de relieve que hoy en día la mayor parte de los ensayos clínicos con sangre del cordón umbilical y células madre para tratamientos relacionados con enfermedades que no son de carácter hematológico se desarrollan fuera de la UE; pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas adecuadas para fijar un marco reglamentario que pueda estimular la puesta a disposición de mayores cantidades de sangre del cordón umbilical y células madre;

24.

Lamenta que, en este momento, las células madre de sangre del cordón umbilical solo se almacenan en un 1 % de los nacimientos totales que se tienen lugar en la Unión Europea; Subraya, en este contexto, la importancia de las madres que donan sangre y tejido del cordón umbilical al dar a luz a bancos que se adhieren a normas comunes de carácter operativo y ético para ayudar a tratar enfermedades y a fin de que se siga investigando en este campo; pone de relieve, por otra parte, que la trazabilidad debe ser una de las condiciones exigidas para la autorización de estos bancos a nivel nacional o europeo; hace hincapié en que el proceso de asignación a través de tales bancos debe ser justo, equitativo, no discriminatorio y transparente;

25.

Señala que los bancos de células públicos deben adoptar las medidas necesarias para proteger la confidencialidad de los datos a fin de conciliar el requisito de trazabilidad y la necesidad de proteger los derechos de los donantes, como la confidencialidad y privacidad médicas;

26.

Considera que debe impulsarse la donación de sangre del cordón umbilical de carácter alogénico no familiar, independientemente de que el banco sea público o privado, de tal forma que las unidades de sangre del cordón umbilical almacenadas se encuentren registradas en Bone Marrow Donors Worldwide (BMDW) y estén a disposición de cualquier paciente que sea compatible y las necesite;

27.

Recuerda que dicha donación debe contar con el consentimiento libre, informado y notificado por escrito de la madre, y que es revocable incondicionalmente y en todo momento antes de la donación;

28.

Pide a los Estados miembros que aumenten el grado de sensibilización de la opinión pública con respecto a los bancos públicos de sangre del cordón umbilical mediante campañas informativas que podrían desarrollarse, por ejemplo, durante las clases de preparación al parto, y presenta esta propuesta de conformidad con las disposiciones de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

29.

Considera que los hombres y mujeres deben recibir información sobre todas las posibilidades existentes en relación con la donación de sangre del cordón umbilical al dar a luz como, por ejemplo, el almacenamiento público o privado, las donaciones de carácter autólogo o heterólogo o con fines de investigación; considera que debe darse información completa, objetiva y fiel sobre las ventajas y desventajas de los bancos de sangre del cordón umbilical;

30.

Pide a los Estados miembros que mejoren, en paralelo, la protección del derecho de los padres al consentimiento informado y la libertad de elección en relación con las prácticas de preservación de células madre del cordón umbilical;

31.

Propone que los Estados miembros examinen la adopción y la aplicación de normas operativas y éticas para los bancos públicos y privados de sangre del cordón umbilical que garanticen, entre otros aspectos, el respeto del principio de la no comercialización del cuerpo humano ni de sus partes y las garantías de su trazabilidad;

32.

Espera que los Estados miembros creen, como mínimo, una base de datos pública de cordones umbilicales.

33.

Promueve la actualización del dictamen emitido por el Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías en 2004 sobre los aspectos éticos del almacenamiento en bancos de la sangre del cordón umbilical (Dictamen N.o 19) en vista de las novedades registradas en relación con la conservación de las células madre de la sangre del cordón umbilical y en los ensayos clínicos en curso sobre el uso de dichas células madre;

34.

Pide a los Estados miembros que garanticen la existencia de una red territorial de maternidades habilitadas para efectuar extracciones que aseguren el suministro de sangre del cordón umbilical a todos los centros de población;

35.

Solicita las autoridades nacionales consulten a todos los bancos que cumplen las normas operativas de la UE en relación con la recopilación y el almacenamiento de sangre umbilical al definir y aplicar estrategias nacionales para campañas informativas dirigidas a los padres;

36.

Pide que se elaboren normas y requisitos a nivel europeo para las bases de datos privadas de cordones umbilicales.

37.

Señala que algunos Estados miembros cuentan ya con modelos y posibilidades de colaboración entre los sectores público y privado y anima a los bancos de sangre del cordón umbilical públicos y privados a que colaboren estrechamente para reforzar la disponibilidad y el intercambio de muestras de tejidos y de sangre del cordón umbilical a nivel nacional, europeo e internacional; solicita a los Estados miembros que regulen adecuadamente los bancos públicos y privados para garantizar una transparencia y seguridad plenas en relación con la sangre del cordón umbilical, haciendo hincapié en que los bancos deben garantizar unas prácticas laborales abiertas y sólidas en materia de intercambio de información para brindar las mayores ventajas a los pacientes;

38.

Subraya el desarrollo de procedimientos no invasivos de cultivo de células madre mediante la obtención de células madre de sangre periférica;

39.

Considera que los Estados Miembros deberían plantearse la posibilidad de aumentar el número de donantes de médula ósea y de células madre de sangre periférica potenciando sus registros de donantes de médula ósea de modo que, en colaboración con los registros nacionales del resto de países, a través del BMDW, cualquier paciente que necesite un trasplante de células madres tenga las mayores probabilidades de encontrar un donante compatible;

40.

Insta a los Estados miembros a que desarrollen programas que fomenten entre las minorías étnicas la donación de tejidos y células a los bancos públicos a fin de hacer frente a la escasez de donantes compatibles adecuados en este grupo;

41.

Pone de relieve que es competencia de los Estados miembros permitir, prohibir o regular la investigación de células madres embrionarias humanas y la fecundación in vitro pero que, en este sentido, los Estados miembros deben respetar las normas establecidas en la Directiva 2004/23/CE, incluidas las referidas a la calidad y la seguridad y las relacionadas con el principio de la donación no remunerada. señala que la Unión Europea tiene competencias limitadas en este ámbito y que, al aplicar tales competencias, ha de respetar los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales y los principios aplicados en las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo;

42.

Pide a la Comisión que proponga una revisión lo antes posible de la Directiva 2004/23/CE a fin de armonizarla con los principios que rigen la donación de órganos previstos en la Directiva 2010/45/UE y que tenga en cuenta la nueva situación jurídica tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, los avances científicos, la experiencia práctica de los agentes del sector y las recomendaciones de este informe;

43.

Pide, asimismo, a la Comisión que proponga la revisión del Reglamento (CE) no 1394/2007 para incluir una disposición que garantice la aplicación del principio de donación no remunerada similar a la recogida en la Directiva 2010/45/UE y que tenga en cuenta los problemas registrados en relación con la aplicación de dicho Reglamento, en particular en el caso de las PYME;

44.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.

3.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 353/38

—

Vistos el artículo 2 y el artículo 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y el artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de junio de 2011, titulada «Río+20: hacia la economía ecológica y la mejora de la gobernanza» (COM(2011)0363),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de marzo de 2011, titulada «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050» (COM(2011)0112),

—

Visto el documento de trabajo de la Comisión, de 11 de febrero de 2011, titulada «Report on the progress on equality between women and men in 2010» (Progresos en la igualdad entre mujeres y hombres – Informe anual de 2010) (SEC(2011)0193),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de septiembre de 2010, titulada «Estrategia para la igualdad entre hombres y mujeres (2010-2015)» (COM(2010)0491),

—

Vistas la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Pekín en septiembre de 1995, la Declaración y la Plataforma de Acción adoptadas en Pekín, y los subsiguientes documentos sustantivos adoptados en las sesiones especiales de las Naciones Unidas Pekín + 5 y Pekín + 10 y +15 sobre otras acciones e iniciativas para poner en práctica la Declaración de Pekín y la Plataforma de acción adoptadas, respectivamente, el 9 de junio de 2000, el 11 de marzo de 2005 y el 2 de marzo de 2010,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979,

—

Visto el informe del Instituto Europeo de la Igualdad de Género de 2012 titulado «Review of the Implementation in the EU of area K of the Beijing Platform for Action: Women and the Environment Gender Equality and Climate Change» (Revisión de la implementación del área crítica K de la Plataforma de Acción de Pekín: mujeres y medio ambiente, igualdad de género y cambio climático),

—

Vistas la publicación conjunta del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y la Oficina del Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo del informe titulado «Why a Green Economy Matters for the Least Developed Countries» (1) (¿Por qué es importante la economía verde para los países menos adelantados?), elaborado para la Cuarta Conferencia sobre los Países Menos Adelantados, celebrada en mayo de 2011,

—

Visto el informe del PNUMA, de septiembre de 2008, titulado «Empleos verdes: Hacia el trabajo digno en un mundo sostenible con bajas emisiones» (2),

—

Visto el informe de ONU-Mujeres, de 1 de noviembre de 2011, titulado «The Centrality of Gender Equality and the Empowerment of Women for Sustainable Development» (3) (La centralidad de la igualdad de género y la autonomización de las mujeres para el desarrollo sostenible), elaborado con vistas al documento final de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), que se celebrará en 2012,

—

Visto el resumen de la declaración de posición del grupo principal de las mujeres Río+20, de 1 de noviembre de 2011 (4),

—

Visto el documento de posición del grupo principal de las mujeres, de marzo de 2011, en relación con los preparativos para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible de 2012 titulado «A Gender Perspective on the “Green Economy”» (5) (La perspectiva de género en la economía verde),

—

Vista la publicación del informe oficial del Gobierno (Estocolmo, Suecia), de 2005, titulado «Bilen, Biffen, Bostaden: Hållbara laster – smartare konsumtion» (6),

—

Vista su Resolución, de 20 de abril de 2012, sobre las mujeres y el cambio climático (7),

—

Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2012, sobre las mujeres en la toma de decisiones políticas: calidad e igualdad (8),

—

Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2012, sobre la igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea – 2011 (9),

—

Vista su Resolución, de 29 de septiembre de 2011, sobre la elaboración de una posición común de la UE antes de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) (10),

—

Vista su resolución, de 7 de septiembre de 2010, sobre el desarrollo del potencial de creación de empleo de una nueva economía sostenible (11),

—

Vista su Resolución, de 17 de junio de 2010, sobre la dimensión de género de la recesión económica y la crisis financiera (12),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A7-0235/2012),

A.

Considerando que la economía verde se define como una economía sostenible que conlleva una sostenibilidad económica y ecológica; que una sostenibilidad social implica un orden social impregnado por la igualdad de género y por la justicia social, con independencia del sexo, el origen étnico, el color de la piel, la religión, la orientación sexual, la discapacidad o la orientación política;

B.

Considerando que el cambio climático y la disminución de la diversidad biológica amenazan las condiciones de vida y el bienestar de mujeres y hombres; que la conservación de nuestro ecosistema es, en estas condiciones, la piedra angular de una economía ecológica; que la actual generación no puede dejar la responsabilidad de resolver los problemas medioambientales actuales a las generaciones futuras; que la sostenibilidad ecológica supone usar, conservar y mejorar los recursos de la comunidad para mantener los procesos ecológicos de los que depende la vida y poder mejorar la calidad de vida en todos sus aspectos, ahora y en el futuro;

C.

Considerando que, debido al papel asignado tradicionalmente a los hombres y a las mujeres, estas no influyen sobre el medioambiente de la misma forma que lo hacen los hombres y que, en muchos países, la discriminación y las normas estructurales constituyen un obstáculo al acceso de las mujeres a los recursos y a los medios que les permitirían gestionar la situación y adaptarse a la misma;

D.

Considerando que las políticas de medio ambiente tienen un impacto directo sobre la salud y la situación socioeconómica de las personas, y que la desigualdad de género, combinada con una falta de sensibilidad hacia las diferencias en la situación y las necesidades económicas y sociales de las mujeres, hace que las mujeres suelan sufrir de manera desproporcionada la degradación medioambiental y unas políticas inadecuadas en este ámbito;

E.

Considerando que en algunos Estados miembros el papel de la mujer en la economía ecológica está infravalorado y no está reconocido, dando origen a numerosas discriminaciones en términos de falta de beneficios, como la protección social, el seguro sanitario, los salarios adecuados y el derecho de pensión;

F.

Considerando que serán las personas más pobres, de las cuales las mujeres constituyen el 70 %, las que se verán más afectadas por los cambios climáticos y la destrucción del ecosistema;

G.

Considerando que la transición hacia una economía verde y sostenible es fundamental para reducir los daños medioambientales, aumentar la justicia social y crear una sociedad en la que las mujeres y los hombres tengan los mismos derechos y las mismas oportunidades;

H.

Considerando que a menudo la transición hacia una economía verde plantea cuestiones específicas en lo que se refiere a la reinserción profesional de las mujeres en empleos ecológicos, ya que las mujeres carecen a menudo de la formación técnica adecuada necesaria para ocupar puestos especializados en la economía verde;

I.

Considerando que las mujeres están claramente infrarrepresentadas en las negociaciones medioambientales, en las deliberaciones presupuestarias y en las decisiones relativas al logro de una economía verde;

J.

Considerando que las pautas de consumo y de estilo de vida tienen una influencia importante sobre el medio ambiente y la climatología; que las pautas de consumo de los países ricos, en particular con respecto a los alimentos y medios de transporte, son insostenibles a largo plazo, sobre todo teniendo en cuenta que todas las mujeres y los hombres del mundo tienen derecho a tener una buena calidad de vida con un nivel elevado de bienestar;

K.

Considerando que las mujeres y los hombres tienen, por lo general, diferentes pautas de consumo; que, en comparación, las mujeres consumen menos que los hombres, independientemente de su nivel socioeconómico, y muestran una mayor voluntad de actuación para conservar el medioambiente, siendo más selectivas a la hora de consumir, como muestra el hecho de que comen menos carne, utilizan menos el coche y utilizan la energía de manera más eficiente;

L.

Considerando que, a causa de la actual estructura de poder entre los géneros, las mujeres no tienen el mismo control sobre los sistemas de transportes, ni el mismo acceso a los mismos, que los hombres; que para mejorar las posibilidades de movilidad de las mujeres es necesario introducir unos medios de transporte público más eficaces, aumentar el número de vías peatonales y carriles para bicicletas y acortar las distancias a los servicios, así como desarrollar y mejorar los conocimientos y la innovación en lo que se refiere a unos medios de transporte respetuosos con el medio ambiente;

M.

Considerando que las mujeres son especialmente vulnerables a los efectos de los peligros medioambientales y del cambio climático debido a su menor estatus socioeconómico en relación con los hombres, a la parte que les corresponde de las tareas domésticas, tradicionalmente desproporcionada, y al peligro de la violencia a la que están expuestas en situaciones de conflicto, que vienen creadas o exacerbadas por la falta de recursos naturales;

N.

Considerando que las mujeres deben participar plenamente en la configuración, la toma de decisiones y la puesta en práctica de una economía verde; que los resultados de las experiencias positivas en las que han participado mujeres muestran una mejora de la gestión de las catástrofes, un aumento de la biodiversidad, un incremento de la seguridad alimentaria, una reducción de la desertización y un refuerzo de la protección de los bosques;

O.

Considerando que faltan datos comparables y exhaustivos sobre el impacto que tiene una economía verde en el mercado de trabajo;

1.

subraya la necesidad de reorientar la sociedad hacia una economía verde donde las consideraciones ecológicas están unidas a la sostenibilidad social, potenciando la igualdad y la justicia social;

2.

Constata que determinados elementos importantes y específicos de la economía verde afectan al ecosistema, al consumo, a la alimentación, al crecimiento, al transporte, a los recursos energéticos y al sector social;

3.

Lamenta que la Comunicación de la Comisión a las instituciones y comités de la Unión Europea titulada «Río+20: hacia la economía ecológica y la mejora de la gobernanza» carezca de una perspectiva de género;

4.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, al planificar, poner en marcha y evaluar estrategias, programas y proyectos presupuestarios en materia de clima y medio ambiente, recaben información desglosada por edad y género; observa que la falta de estadísticas impide la puesta en práctica de medidas adecuadas dirigidas a aumentar la igualdad de género;

5.

Lamenta que las preocupaciones y perspectivas en materia de género no estén bien integradas en las políticas y programas de desarrollo sostenible; recuerda que la falta de perspectivas de género de las políticas medioambientales aumenta la desigualdad de género, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan mecanismos para la integración de las cuestiones de género a nivel internacional, nacional y regional en las políticas medioambientales;

6.

Recomienda a la Comisión que inicie una investigación sobre el género y la economía verde, así como sobre la contribución de las mujeres al desarrollo de innovaciones, servicios y productos ecológicos;

7.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen y promuevan la investigación y los estudios específicos sobre la manera cómo afectará la conversión hacia una economía verde a los hombres y mujeres en distintos sectores, así como sobre el papel de las mujeres a la hora de facilitar dicha transición; pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan una perspectiva de género en los estudios de evaluación de impacto ambiental y de protección del medio ambiente;

8.

Reconoce la urgencia de contar con un acuerdo internacional sobre una definición común de la economía verde, basada en los pilares de la sostenibilidad social y ecológica; hace hincapié en el importante papel de la sociedad civil, especialmente de los movimientos sociales, las organizaciones de defensa del medio ambiente, y organizaciones de derechos de las mujeres, a la hora de definir las metas y los objetivos de la economía verde;

9.

Pide a la Comisión que incluya de manera sistemática una perspectiva de igualdad de género en la definición, la aplicación y la supervisión de las políticas medioambientales a todos los niveles, incluido en el desarrollo local y regional y en las actividades de investigación; pide a la Comisión que use y apoye el fomento de la integración de las cuestiones de género como un instrumento de buena gobernanza;

10.

Pide a la Comisión que promueva la igualdad de género como una cuestión fundamental a la hora de diseñar y negociar futuros reglamentos y programas para los Fondos Estructurales de la UE (el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)), así como la Política Agrícola Común, especialmente en el marco de las medidas relacionadas con la conversión hacia una economía verde;

11.

Observa que la energía renovable puede utilizarse en áreas remotas y aisladas en las que no hay corriente eléctrica, y que contribuye a producir energía no contaminante; insta, por lo tanto, a los Estados miembros a que desarrollen estructuras destinadas a la explotación de energía renovable y respetuosa con el medio ambiente a través del FEDER y el FSE; alienta, asimismo, un aumento de la innovación y de la participación de las mujeres y los hombres en el desarrollo de, por ejemplo, una energía y una arquitectura renovables y respetuosas con el medio ambiente;

12.

Pide a la Comisión que, en sus campañas de información, aumente la concienciación sobre la importancia de un cambio hacia una economía ecológica y sobre los efectos positivos de contar con políticas medioambientales sensibles con las cuestiones de género;

13.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que introduzcan objetivos relacionados con la igualdad de género en todos los ámbitos políticos relacionados con el medio ambiente y a todos los niveles de decisión económica; considera que estos objetivos se deberían establecer de común acuerdo con la sociedad civil;

14.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que empiecen a aplicar un nuevo indicador sobre el crecimiento, social y respetuoso con el medio ambiente, que incluya aspectos no económicos del bienestar y se centre principalmente en cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible tales como la igualdad de género, la reducción de la pobreza y la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero;

15.

Constata que la tarea de cumplir las demandas legítimas de la población con respecto a una vivienda, alimentos, víveres, energía y trabajo se debe llevar siempre a cabo conservando el ecosistema y limitando el cambio climáticos, al tiempo que se utilizan los recursos de la tierra de modo que se respeten los derechos humanos, se incremente la igualdad y se garantice un reparto de los recursos según los principios de la justicia medioambiental;

16.

Subraya la importancia de garantizar unas buenas condiciones de vida para nuestros hijos y nietos, y de velar por que el desarrollo económico cubra las necesidades actuales sin poner en peligro las necesidades de las futuras generaciones;

17.

Subraya que el PIB es una forma de medir la producción y no la sostenibilidad medioambiental, la explotación eficaz de los recursos, la integración social o el desarrollo de la sociedad en general; solicita que se utilicen nuevos indicadores claros y mensurables, que tengan en cuenta los cambios climáticos, la diversidad biológica, la explotación eficaz de los recursos y la justicia social;

18.

Pide a los Estados Miembros que apliquen medidas fiscales que favorezcan la puesta en marcha de una economía verde, evaluando por una parte el valor económico del impacto medioambiental y realizando, por otra parte, inversiones para estimular las innovaciones ecológicas y las infraestructuras sostenibles;

19.

Considera que los fondos públicos de la UE se deberían emplear en mucho mayor grado en bienes públicos sostenibles;

20.

Pide la imposición de condiciones tales como que las subvenciones de la UE se limitarán a actividades que sean beneficiosas para el medio ambiente y que favorezcan la sostenibilidad social;

21.

Pide a la Comisión y a los Estados Miembros que creen sistemas de transporte sostenibles que tengan en cuenta en la misma medida las necesidades de mujeres y hombres en materia de transportes y que, al mismo tiempo, tengan un impacto medioambiental bajo;

22.

Pide a la Comisión que centre su financiación de la investigación, incentivo indispensable, en aquellos proyectos que desarrollen unas soluciones para el transporte que sean innovadoras y sostenibles;

23.

Pide a los Estados Miembros que reduzcan la influencia del sector del transporte sobre el medioambiente y el consumo energético, y que refuercen la igualdad mejorando el acceso a las tecnologías de la información y apostando por una ordenación del territorio que permita reducir el tráfico;

24.

Pide a la Comisión y a los Estados Miembros que introduzcan una jerarquía de transporte que indique claramente los tipos de transporte que se deben priorizar, con el fin de alcanzar todos los objetivos medioambientales y de regulación del tráfico;

25.

Pide que, antes de la elaboración de cualquier jerarquía de transporte, se recopilen datos estadísticos para medir el impacto medioambiental de los modos de transporte públicos y privados en el conjunto de los diferentes contextos locales, y pide a las autoridades públicas interesadas que den ejemplos de ello;

26.

Pide a los Estados miembros que incluyan el impacto del uso del transporte por parte de las administraciones públicas en los controles de las cuentas públicas efectuados por las respectivas autoridades de auditoría;

27.

Pide a los Estados que desarrollen el teletrabajo mediante incentivos sociales y fiscales, y aportando un marco jurídico que proteja al trabajador;

28.

Insta a los Estados miembros a que refuercen considerablemente el transporte público local aumentando la cantidad y la calidad de los servicios de transporte, mejorando la seguridad, la comodidad y la accesibilidad física de los medios y las instalaciones de transporte, y proporcionando sistemas de transporte adicionales e integrados, en particular en las pequeñas ciudades y en las zonas rurales, y mejorando así las posibilidades de desplazamiento de las mujeres, las personas con discapacidad y las personas de edad avanzada, lo que les permitiría una mayor inclusión social y una mejora de sus condiciones de vida;

29.

Subraya que la inversión en sistemas transporte sostenibles tiene que tener en cuenta la distinta percepción que tienen las mujeres y los hombres respecto de los espacios públicos, que se debe a que evalúan los riesgos de forma diferente, lo que significa que se debe dar prioridad a unos entornos seguros en el sistema de transportes, tanto para las mujeres como para los hombres;

30.

Observa que el empleo ecológico en sectores como la agricultura, la energía, el transporte, los servicios, la investigación, la tecnología, la TI, la construcción y los residuos es muy importante para la economía verde;

31.

Pide a los Estados miembros que promuevan el espíritu emprendedor de las mujeres en la economía verde facilitándoles el acceso a ella mediante la difusión de datos y seminarios de formación, así como diseñando medidas que les ayuden a lograr un equilibrio entre la vida laboral y la privada; pide a los Estados miembros que promuevan el espíritu emprendedor de las mujeres en el desarrollo de la protección del medio ambiente y de tecnologías respetuosas con el medio ambiente, por ejemplo en sectores tales como la energía renovable, la agricultura y el turismo, así como en el desarrollo de innovaciones ecológicas, en especial en el sector de los servicios; señala que la energía renovable puede crear nuevas oportunidades de trabajo para las mujeres emprendedoras en áreas en las que el desempleo femenino es particularmente alto;

32.

Pide a los Estados miembros que garanticen a las mujeres unas condiciones de trabajo adecuadas, el acceso a una asistencia sanitaria, una educación y una vivienda dignas, así como la participación en un diálogo social sólido, con objeto de facilitar la transición hacia los nuevos empleos ecológicos;

33.

Señala que una economía sostenible implica que sea «verde para todos», que cree puestos de trabajo dignos y comunidades sostenibles y que permita una distribución más justa de la riqueza;

34.

Constata que no solo el empleo ecológico es importante para una economía verde, sino que también lo son los empleos con bajo impacto medioambiental; observa que, aunque este trabajo puede encontrarse en el sector privado, también existe en el sector de la protección social, como los centros escolares y el sistema asistencial;

35.

Insta a los Estados Miembros a que aseguren una representación igualitaria de las mujeres en los órganos de decisión política y en los órganos e instituciones públicos encargados de la definición, la planificación y la aplicación de políticas en materia de medio ambiente, energía y empleo ecológico, con objeto de incluir la perspectiva de género; pide a los Estados miembros que nombren a más mujeres para los puestos de dirección y consejos de empresa en el sector del empleo ecológico; destaca que, si no es posible alcanzar este objetivo por medios voluntarios, deberán emplearse iniciativas específicas, como la fijación de cuotas u otros métodos para fortalecer la igualdad y la democracia;

36.

Señala que la conversión ecológica de la economía y la transición a una economía con bajas emisiones de carbono crearán una gran demanda de trabajadores cualificados; observa que las mujeres están muy poco representadas en los trabajos del sector de las energías renovables y, específicamente, en empleos que hacen un uso intensivo de la ciencia y la tecnología; destaca, por lo tanto, la especial importancia de que los Estados miembros desarrollen planes de acción para incitar a más mujeres a decantarse por estudios y carreras dentro de sectores como la ingeniería, las ciencias naturales, las TI y otras materias de tecnología avanzada, donde estarán muchos de los empleos ecológicos en el futuro;

37.

Pide a los Estados miembros que empleen y desarrollen métodos para incitar a las mujeres a decantarse por estudios y carreras dentro de los sectores del medioambiente, el transporte y la energía, luchando con determinación contra los estereotipos que favorecen las carreras en el ámbito de las ciencias naturales y aplicadas para los hombres;

38.

Señala la necesidad de apoyar y fomentar el acceso de las mujeres al microcrédito para pequeñas empresas;

39.

Pide a los Estados Miembros que empleen y desarrollen métodos para incitar a las mujeres a decantarse por estudios y carreras con bajo impacto en el sector de la protección social;

40.

Pide a los Estados miembros que diseñen cursos de formación, a través de programas de la UE como el FEDER y el FSE, destinados a facilitar el acceso de las mujeres a nuevos empleos «verdes» y a las tecnologías emergentes con bajo impacto medioambiental, tanto en el sector privado como en el público; pide a los Estados miembros que garanticen una mayor inclusión de las mujeres trabajadoras en proyectos y programas de formación sobre transformación ecológica, es decir, en el sector de las renovables y en empleos que hacen un uso intensivo de la ciencia y las tecnologías, y que se centren en dar a las mujeres, a través de la educación y la formación, las competencias y cualificaciones necesarias para competir en pie de igualdad con los hombres por un empleo y por el desarrollo profesional individual; observa que los hombres tienen un acceso más fácil a los medios para la producción agrícola avanzada y las tecnologías empresariales requeridas para el acceso a puestos altamente cualificados en la economía verde;

41.

Constata que, para que las mujeres puedan participar en una economía verde en igualdad de condiciones con los hombres, es necesario ampliar las estructuras para el cuidado de los niños y las residencias de la tercera edad, es indispensable que mujeres y hombre puedan conciliar el trabajo y la vida familiar, y es imprescindible garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; señala que las políticas y reglamentos deberían aspirar a proporcionar seguridad social, planificación familiar y asistencia infantil, ya que las mujeres solo podrán aportar sus conocimientos y contribuir en igualdad de condiciones al éxito de las economías verdes en una sociedad que cumpla estas condiciones;

42.

Señala que la ecologización de la economía ha llegado a considerarse un medio para estimular el desarrollo económico, en particular en el contexto de la crisis económica y de la estrategia UE 2020; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen los esfuerzos destinados a «ecologizar» la economía fomentando las inversiones y los programas que promuevan las innovaciones y los puestos de trabajo ecológicos y que estén destinados a aquellas personas que más los necesiten; insiste en que una perspectiva de género es vital para evitar que se exacerben las desigualdades;

43.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que recopilen y analicen datos desglosados por género sobre la distribución de recursos financieros en relación con sectores e innovaciones ecológicas divididos por género, y que desarrollen indicadores para medir los posibles efectos desglosados de una economía verde en la cohesión territorial y social; pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen una dirección estratégica y una serie de instrumentos para responder de manera eficaz a los posibles cambios en los niveles de empleo y la estructura del mercado de trabajo;

44.

Considera que la transición hacia unos indicadores económicos más amplios y sostenibles, también en la política de desarrollo, permitirá hacer hincapié en los objetivos sociales y medioambientales de los países en desarrollo, y que unas políticas y reglamentos específicos permitirán a las mujeres tener derechos de propiedad y el control sobre los recursos naturales; destaca la necesidad de promover el acceso de las mujeres a estos servicios y nuevas tecnologías, ya que son necesarios para la gestión y la explotación de la producción de energía, agua, empresas y producción agrícola; destaca que es necesario que las mujeres participen en mayor medida en el sector empresarial y en el liderazgo organizativo;

45.

Pide a la Comisión que reconozca plenamente y aborde los múltiples efectos de la degradación medioambiental sobre las desigualdades, en particular entre mujeres y hombres, y que garantice la promoción de la igualdad de derechos de las mujeres en la elaboración de nuevas propuestas políticas en el campo del cambio climático y la sostenibilidad medioambiental;

46.

Pide a la Comisión y a los Estados Miembros que desarrollen indicadores para evaluar las consecuencias de los proyectos y programas desde el punto de vista del género, y que fomenten la integración de la perspectiva de género e igualdad en las estrategias medioambientales para poner en marcha una economía verde;

47.

Pide a la Comisión que tenga particularmente en cuenta que el acceso al agua potable es de suma importancia para niñas y mujeres en gran parte del mundo, ya que, a menudo, son ellas las responsables de buscar y transportar el agua al hogar; destaca que también es importante preservar los conocimientos que tienen las mujeres indígenas acerca de los ecosistemas locales;

48.

Pide a la Comisión que preste especial atención al hecho de que en muchos países en desarrollo las posibilidades de trabajar en la economía verde son todavía muy limitadas a causa de modelos patriarcales y condicionantes sociales y que, por lo tanto, las mujeres no obtienen acceso a la información, a la formación y a las tecnologías necesarias para acceder a este sector;

49.

Pide a la Comisión que preste especial atención al hecho de que miles de millones de personas dependen por completo de la biomasa como fuente energética y de que hay niños y mujeres que sufren problemas de salud porque recogen, tratan y utilizan biomasa; destaca que es necesario, por lo tanto, invertir en unas fuentes de energía renovables y más eficaces;

50.

Pide que se realicen análisis del impacto exhaustivos, desde una perspectiva del clima, del género y de la sostenibilidad, sobre el resultado de los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales negociados entre la UE y terceros países, e insta a la Comisión a que autorice el apoyo explícito para la gestión del cambio climático como parte de toda la ayuda destinada al comercio y otras ayudas al desarrollo pertinentes;

51.

Pide a la Comisión que elabore programas para la transferencia de técnicas modernas y de conocimientos que puedan contribuir a que los países y regiones en desarrollo se adapten a los cambios medioambientales;

52.

Subraya que, al definir estrategias para combatir el cambio climático, se deben tener en cuenta las desigualdades de género con respecto al acceso a los recursos, como por ejemplo a los microcréditos, los créditos, la información o a determinadas técnicas;

53.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos de los Estados Miembros.

3.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 353/47

—

Vistos los artículos 2 y 3, apartado 3, párrafo segundo, del Tratado de la Unión Europea (TUE) y los artículos 8, 153, apartado 1, guión i), y 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Visto el artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de abril de 2012, titulada «Hacia una recuperación generadora de empleo» (COM(2012)0173) y su documento de acompañamiento sobre la explotación del potencial de empleo de los servicios domésticos y personales (SWD(2012)0095),

—

Vista la propuesta de Reglamento de la Comisión, de 6 de octubre de 2011, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un Programa de la Unión Europea para el Cambio y la Innovación (COM(2011)0609),

—

Visto el Pacto Europeo por la igualdad de género (2011-2020), adoptado por el Consejo Europeo en marzo de 2011 (1),

—

Visto el informe de 2011 de la Comisión sobre la igualdad entre mujeres y hombres en 2010 (SEC(2011)0193),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 21 de septiembre de 2010, titulada «Estrategia para la igualdad entre hombres y mujeres (2010-2015)» (COM(2010)0491),

—

Vista la propuesta de Decisión del Consejo relativa a «las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros – Parte II de las Directrices Integradas Europa 2020» (COM(2010)0193),

—

Vistas las conclusiones del Consejo, de 8 de junio de 2009, sobre «Flexiguridad en tiempos de crisis»,

—

Vista la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios y el mercado interior (2),

—

Vista la Directiva 2006/54/CE, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición) (3),

—

Vista la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (4),

—

Visto el informe de 2008 de la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo titulado «Working in Europe: Gender differences»,

—

Visto el informe de 2007 de la Fundación Europea para la mejora de las condiciones de vida y de trabajo titulado «Condiciones de trabajo en la Unión Europea: La perspectiva de género»,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979,

—

Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2012, sobre «La igualdad entre mujeres y hombres en la Unión Europea - 2011» (5),

—

Vista su Resolución, de 8 de marzo de 2011, sobre el rostro de la pobreza femenina en la Unión Europea (6),

—

Vista su Resolución, de 19 de octubre de 2010, sobre las trabajadoras en situación precaria (7),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0246/2012),

A.

Considerando que muchos países han experimentado un proceso de terciarización de su economía, es decir, que el sector de los servicios acapara la mayor parte del empleo y es el mayor contribuyente al PIB de los países afectados, lo que representa más del 70 % de la actividad económica en la Unión Europea y un porcentaje similar y creciente del empleo total, y considerando que en 2010 en la UE el empleo en el sector de los servicios representó, en promedio, casi el 70 % del empleo total, mientras que el empleo en la industria representó el 25,4 % y el empleo en la agricultura el 5,2 %;

B.

Considerando que en estos momentos 9 de cada 10 puestos de trabajo se generan en el sector de los servicios y que los estudios demuestran que una mayor profundización en el mercado único de los servicios puede ayudar a desbloquear el importante potencial de empleo/puestos de trabajo que la UE necesita urgentemente en estos momentos de crisis;

C.

Considerando que el porcentaje de ocupación femenina es de 62,1 % en comparación con el 75,1 % de empleo masculino, lo que significa que el objetivo principal de la estrategia Europa 2020 de alcanzar un porcentaje de ocupación del 75 % antes de 2020 solo se podrá alcanzar si más mujeres tienen acceso al mercado laboral;

D.

Considerando que la mayor parte de la población activa femenina está empleada en el sector de los servicios y que en la UE en 2010 esta proporción registró una media del 83,1 % frente al 58,1 % de la población activa masculina;

E.

Considerando que las mujeres están desproporcionadamente representadas en el mercado del empleo flexible y a tiempo parcial, en parte a causa de los estereotipos de género aún vigentes en nuestra sociedad que reflejan una imagen de las mujeres en la que su responsabilidad primera es ocuparse de la familia y, por tanto, se las considera más aptas que los hombres para los trabajos temporales, intermitentes o con horarios reducidos o para trabajar desde el hogar; considerando que las medidas de flexibilidad horaria, incluidos el teletrabajo, el trabajo a tiempo parcial o el trabajo desde el hogar, siguen considerándose en gran medida como un estilo "femenino" de organizar el horario de trabajo;

F.

Considerando que el sector de los servicios ofrece muchas oportunidades para los contratos de trabajo flexible: horario flexible, tiempo parcial y contratos de duración limitada, que, si se escogen libremente, pueden ayudar a los cuidadores de ambos sexos a conciliar el trabajo y los cuidados; considerando que las mujeres recurren en mayor medida al empleo flexible o a tiempo parcial con el fin de conciliar sus obligaciones profesionales y familiares, a pesar de la diferencia de remuneración por hora entre los trabajadores a tiempo parcial y los trabajadores a tiempo completo; y considerando que las mujeres interrumpen con mayor frecuencia su carrera y trabajan menos horas que los hombres, lo que puede alterar la evolución de su carrera y sus perspectivas de promoción social, lo que se traduce también en un historial profesional con menos ingresos;

G.

Considerando que el trabajo precario es una característica persistente del mercado laboral de la Unión Europea, y que las mujeres se ven más afectadas por la precariedad, son discriminadas en términos de remuneración y están más involucradas en los trabajos a tiempo parcial, y, por tanto, están peor remuneradas que los hombres, se benefician menos de la protección social, están más limitadas en cuanto al desarrollo de su carrera profesional y tienen menos oportunidades de independizarse económicamente, lo que las anima a volver al sector privado, con el consiguiente retroceso en el reparto de responsabilidades; considerando que las mujeres representan una gran proporción de los trabajadores en el empleo no declarado que se ocupan principalmente del trabajo doméstico y el cuidado de personas;

H.

Considerando que, en todos los niveles de formación, el porcentaje de hombres que tienen trabajo es mayor que el de mujeres, aunque éstas pueden estar igual o mejor cualificadas que los hombres, considerando sin embargo que sus competencias son a menudo menos valoradas y su avance profesional más lento;

I.

Considerando que las mujeres representan cerca del 60 % de los licenciados universitarios, y, sin embargo, su representación entre los altos funcionarios y en los cargos decisorios en el sector de los servicios es desproporcionadamente baja;

J.

Considerando que las mujeres ocupan a menudo los niveles más bajos de empleo en el sector de los servicios en cuanto a cualificación, remuneración y prestigio y por tanto la precariedad laboral de las mujeres es mucho mayor y se les paga menos que a los hombres;

K.

Considerando que los empresarios a menudo subestiman la contribución de las mujeres a la fuerza laboral, dado que es más probable que interrumpan su carrera con el fin de tener hijos y criarlos;

L.

Considerando que ofrecer a las mujeres mejores oportunidades en su vida profesional debe considerarse un recurso y una inversión para el conjunto de la sociedad, especialmente en el contexto de los actuales cambios demográficos y retos en Europa;

M.

Considerando que las mujeres encuentran mayores dificultades para conciliar la vida laboral y familiar, ya que las responsabilidades asociadas con la vida familiar no siempre son compartidas equitativamente y el cuidado de familiares dependientes recae principalmente en las mujeres, y considerando que lograr un equilibrio entre la vida laboral y familiar ayudaría a desbloquear un importante potencial de empleo para las mujeres y facilitaría una mejor adecuación de las mujeres a los puestos de trabajo disponibles en el sector de los servicios y otros sectores profesionales, lo que aumentaría el crecimiento económico, el empleo y la innovación; considerando, a este respecto, que las políticas gubernamentales que proveen servicios de cuidado de menores y otras personas dependientes constituyen un factor importante para la capacidad de hombres y mujeres a la hora de gestionar las diferentes demandas entre el lugar de trabajo y las actividades de prestación de cuidados;

N.

Considerando que los roles de género tradicionales y los estereotipos siguen teniendo una gran influencia en la división de roles entre mujeres y hombres en el hogar, en el lugar de trabajo y en la sociedad en general, y tienden a perpetuar el statu quo de los obstáculos heredados a la hora de alcanzar la igualdad de género y limitar las opciones de empleo y el desarrollo personal de las mujeres en el sector de los servicios, impidiéndoles realizar su pleno potencial como personas y como agentes económicos;

O.

Considerando que la violencia doméstica, conyugal, económica y sexual contra las mujeres es una violación de los derechos humanos que afecta a todos los estratos sociales, culturales y económicos;

P.

Considerando que la independencia económica de las mujeres es una condición sine qua non para que puedan controlar su trayectoria personal y profesional y plantear opciones reales;

Q.

Considerando que persisten las desigualdades entre hombres y mujeres para el acceso y uso de las nuevas tecnologías e Internet, lo que a menudo provoca una brecha en las capacidades e incluso un «analfabetismo digital», un fenómeno generalmente conocido como «brecha digital de género»;

R.

Considerando que la diferencia de remuneración entre hombres y mujeres por el mismo trabajo o por trabajos de igual valor alcanza uno de los niveles más altos en el sector de los servicios;

1.

Destaca que existe una fuerte segregación horizontal o división sexual del trabajo en el sector de los servicios: cerca de la mitad de de las mujeres con ocupación laboral se concentra en 10 de las 130 profesiones enumeradas en la Clasificación Internacional por Tipo de Profesiones (CITP) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT): vendedoras y demostradoras de tiendas y almacenes, personal doméstico, limpiadores, lavanderos y planchadores, trabajadores de cuidados personales y afines, oficinistas, operadores de nivel medio de servicios de administración, personal de limpieza y restauración, secretarias y operadoras de máquinas de oficina, gerentes/directores de pequeña empresa, profesionales de nivel medio de operaciones financieras y comerciales y personal de enfermería y partería de nivel medio;

2.

Pide a la Comisión que luche contra esta división de género a través de campañas promocionales para estos oficios;

3.

Subraya la importancia de reducir la segregación ocupacional con el fin de reducir la brecha salarial de género, que a menudo es peor para las mujeres empleadas en trabajos predominantemente femeninos que para las mujeres que tienen las mismas cualificaciones pero que están empleadas en otros sectores;

4.

Señala que también se observa una concentración de empleo femenino en el sector público, en el que encontramos un 25 % de la población activa femenina frente a solamente un 17 % de la población activa masculina; destaca que en este sector las mujeres son más vulnerables a la pérdida del empleo por recortes presupuestarios; señala que para alcanzar el objetivo de empleo del 75 % para hombres y mujeres establecido en la estrategia Europa 2020 (la estrategia de crecimiento de la UE), se deben realizar esfuerzos por conseguir que más mujeres trabajen en los sectores público y privado; observa que en un gran número de Estados miembros hay bastantes más médicos mujeres que médicos hombres;

5.

Pide a los Estados miembros que garanticen que el sector público, que se caracteriza por criterios de reclutamiento y condiciones de promoción transparentes y claros, adopte una actitud ejemplar en materia de igualdad de acceso al empleo en la administración y, en particular, a los puestos de dirección; hace hincapié en la necesidad de introducir normas transparentes para la selección y contratación de trabajadores en el sector privado;

6.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas concretas para una mayor profundización del mercado de los servicios con el fin de desarrollar su importante potencial laboral;

7.

Subraya la importancia de luchar contra los estereotipos y las discriminaciones de género en el sector de los servicios mediante la adopción de políticas activas que puedan reducir las desventajas reales que afectan a las mujeres en dicho sector, en el que se presupone que hay trabajos masculinos y femeninos, y estos últimos se asocian con los trabajos que las mujeres realizan en el ámbito doméstico y se consideran como una prolongación de éstos (confección textil, enseñanza, enfermería, servicios de limpieza, etc.); pide que se otorgue más importancia a la orientación escolar y profesional y que se fomente la igualdad de hombres y mujeres entre los jóvenes con el fin de luchar contra los estereotipos y orientar a las mujeres jóvenes hacia cualificaciones y profesiones en las que están subrepresentadas; observa que la proporción de hombres que acceden a la profesión docente es bastante menor que la de mujeres e insiste en la necesidad de que haya más hombres en la profesión;

8.

Destaca que entre las mujeres que trabajan en el sector de los servicios, hay más mujeres que encuentran un trabajo en el sector social, del cuidado de personas y de las telecomunicaciones, sectores que normalmente exigen menores cualificaciones, gozan de poco reconocimiento social y se corresponden con el papel tradicional de las mujeres en la sociedad, mientras que los hombres dominan los sectores más lucrativos y con más prestigio: la banca y las finanzas;

9.

Señala que las políticas y servicios sociales para las personas mayores, dependientes y niños, incluidas las disposiciones sobre los permisos de maternidad y paternidad y los permisos parentales, son elementos absolutamente necesarios para alcanzar la igualdad de género; observa, por tanto, que mujeres y hombres deben tener la oportunidad de desempeñar un trabajo remunerado, y de tener hijos y una familia, sin que se les prive de su libertad para ejercer totalmente su derecho al trabajo y a la igualdad de oportunidades;

10.

Llama la atención sobre el hecho de que el empleo a tiempo parcial (19,2 % del total del empleo de la UE en 2010) sigue siendo un empleo fundamentalmente femenino; observa que en la UE en 2010 el 31,9 % de la población activa femenina trabajó a tiempo parcial, frente a solo un 8,7 % de la población masculina, es decir, que el 78 % del trabajo a tiempo parcial lo realizan mujeres; señala que en el conjunto de la UE, el 19 % de las mujeres y el 7 % de los hombres tienen un trabajo a tiempo parcial de jornada reducida (menos de 20 horas semanales) y que solo el 3 % de los hombres con edades comprendidas entre los 35 y los 49 años tiene trabajos a tiempo parcial de jornada reducida, frente al 18 % de las mujeres de esa misma franja de edad; señala asimismo que los trabajos a tiempo parcial se encuentran sobre todo en determinados sectores: más del 38 % de los trabajadores a tiempo parcial —tanto de jornada reducida como de jornada media (entre 20 y 34 horas semanales)— trabajan en los sectores de la educación, la salud y los servicios sociales, otros servicios y sectores mayorista y minorista;

11.

Llama la atención sobre la generalización de la flexibilidad horaria: trabajo en fin de semana, irregularidad e imprevisibilidad de los horarios de trabajo y ampliación de los mismos, y dado que la flexibilidad afecta en mayor medida a los trabajadores a tiempo parcial, en su mayor parte mujeres, supone que un mayor número de mujeres que de hombres sufren variaciones en sus horarios de una semana para otra, lo que hace aún más difícil a las mujeres conciliar vida familiar y laboral, en particular, las madres solteras y las que se ocupan de familiares dependientes; hace hincapié en que los contratos de trabajo deben ser estables y los horarios programados, si bien los horarios pueden ser negociados a petición de la trabajadora con el objetivo de conciliar mejor su vida profesional, familiar y privada; destaca que debe ser el trabajador quien escoja la flexibilidad de horarios, y no la empresa la que la imponga y aplique; rechaza las situaciones de flexibilidad e inseguridad contractual que no contemplan ni la estabilidad ni la creación de una familia;

12.

Recuerda que las medidas de flexibilidad laboral son propias de numerosos empleos de este sector; hace hincapié en que, por un lado, una mayor flexibilidad en las medidas laborales - siempre que sea voluntaria y orientada a las necesidades reales de los trabajadores, y siempre que los trabajadores mantengan el control y la claridad en cuanto a sus horas de trabajo y los regímenes a tiempo parcial - aumenta las posibilidades de las mujeres de participar activamente en el sector de los servicios y es compatible con la conciliación de la vida laboral, familiar y privada, pero que, por otro lado, la flexibilidad puede tener un impacto negativo en los salarios y las pensiones de las mujeres, así como consecuencias negativas para las mujeres en el empleo, tales como la ausencia de contratos formales, seguridad social y seguridad en el empleo; señala que otra consecuencia podría ser que los empresarios no proporcionen unas condiciones de seguridad y salud en el trabajo suficientes;

13.

Subraya la importancia del «trabajo desde el hogar», que cada vez se está poniendo más de moda; señala que más del 90 % de las empresas en Alemania y Suiza dividen la semana laboral de nuevas maneras, valorando al personal por sus horas anuales más que por las semanales, y permitiendo que maridos y esposas compartan los trabajos;

14.

Señala la importancia de garantizar al mismo tiempo unas condiciones de trabajo dignas junto con unos derechos respecto a, entre otras cosas, el salario, la salud y las normas de seguridad, la accesibilidad, las perspectivas profesionales, la formación, la seguridad social sostenible y el aprendizaje permanente;

15.

Observa que en 2010 en la UE la proporción de población activa femenina con contrato de duración limitada ha sido del 14,5 %, ligeramente superior a la masculina, 13 %;

16.

Recuerda, una vez más, que las mujeres ganan en promedio un 16,4 % menos que los hombres en la Unión Europea; señala que las mujeres no perciben el mismo salario en casos en los que ocupan el mismo empleo que los hombres o empleos de igual valor; señala que, en otros casos, no ocupan los mismos empleos, por la persistencia de la segregación ocupacional vertical y horizontal y por la mayor incidencia de los empleos a tiempo parcial; insta, por ello, a los Estados miembros, empresarios y sindicatos, a elaborar y aplicar herramientas de evaluación de puestos específicas y útiles que sirvan para determinar trabajos de igual valor y garantizar, así, la igualdad de salario entre mujeres y hombres, y anima a las empresas a que realicen auditorías anuales sobre igualdad de remuneración, publiquen los datos con la máxima transparencia y reduzcan la brecha salarial de género; hace notar que la brecha salarial de género a menudo provoca una brecha salarial en la jubilación que puede hacer que las mujeres tengan que vivir por debajo del umbral de la pobreza;

17.

subraya, por tanto, la importancia de hacer cumplir el principio de igualdad de retribución entre mujeres y hombres en el mismo lugar de trabajo, tal como se establece en el artículo 157 del Tratado de Lisboa; recuerda su Resolución, de 24 de mayo de 2012, sobre la aplicación del principio de igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor (8), y reitera su petición para una revisión de la Directiva 2006/54/CE antes del 15 de febrero de 2013, a más tardar;

18.

Observa con preocupación que la inmensa mayoría de los salarios bajos y la práctica totalidad de los salarios muy bajos corresponden al tiempo parcial y que cerca del 80 % de los asalariados pobres son mujeres; hace notar que son necesarias medidas concretas para combatir el empleo precario en el sector de los servicios, una situación que afecta especialmente a las mujeres y, por lo tanto, pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren estrategias de lucha contra el empleo precario;

19.

Denuncia que una práctica discriminatoria bastante habitual consiste en asignar diferentes categorías profesionales para un mismo trabajo o un trabajo de igual valor para hombres y mujeres; por ejemplo, en los servicios de limpieza, los hombres aparecen como técnicos de mantenimiento y las mujeres como auxiliares de limpieza, lo que se utiliza como medio para justificar una retribución más baja del trabajo femenino;

20.

Nota que la elevación del nivel de estudios de las mujeres rara vez ha ido acompañada de su ascenso en la jerarquía laboral ni de la mejora de sus condiciones de empleo, de tal manera que se podría hablar de la existencia de una sobrecualificación en la población femenina;

21.

Señala que, con respecto a la tendencia creciente de contratar mujeres para trabajos de media jornada y la preferencia de los empresarios por invertir en trabajadores con contratos fijos, las mujeres tienen un acceso claramente limitado a un amplio abanico de cursos de formación y reciclaje profesional, lo que disminuye las oportunidades para que se desarrollen profesionalmente;

22.

Destaca la necesidad de que todos los trabajadores del sector de los servicios, prestando atención a los que pertenecen a los grupos más vulnerables, tengan acceso a programas de actualización de capacidades y al aprendizaje permanente a fin de mejorar sus futuras oportunidades en el mercado laboral y reducir el desajuste entre cualificaciones y obligaciones profesionales;

23.

Señala el bajo porcentaje de participación de las mujeres en la formación profesional dentro del ámbito de la formación permanente en el sector de los servicios, y pide a los Estados miembros que emprendan acciones en este sentido;

24.

Destaca la necesidad de aumentar la capacitación en el caso de los trabajadores de más edad y de los padres que regresan al mercado laboral después de un tiempo dedicado a cuidar a hijos o familiares dependientes;

25.

Señala que en 2010 solo uno de cada siete miembros de los consejos de administración de las empresas europeas más importantes era mujer (13,7 %) y que solo un 3,4 % de los consejos de administración de las empresas más grandes estaban presididos por una mujer;

26.

Señala la importancia de trabajar para que haya más mujeres en el sector de la investigación y hace hincapié en que las mujeres pueden desempeñar un papel decisivo en el desarrollo de sistemas nuevos e innovadores y de nuevos productos y servicios en el sector de los servicios, en particular, porque, a pesar de que las mujeres son responsables del 80 % de las decisiones de compra del mundo, la mayoría de los productos son diseñados por hombres, incluyendo el 90 % de los productos técnicos; considera que una participación mayor de las mujeres en los procesos innovadores abriría nuevos mercados y aumentaría la competitividad; considera también que los servicios innovadores son esenciales para hacer frente a los retos del futuro, en particular, la creciente demanda de servicios de bienestar de una población que envejece, y pueden crear mejores oportunidades para que las personas vivan y trabajen en las ciudades, pueblos y zonas rurales de toda la Unión, mediante la provisión de buenas comunicaciones y servicios comerciales;

27.

Subraya el hecho de que, como muchas mujeres siguen escogiendo su formación en el sector de los servicios, en el que han adquirido su experiencia comercial y su conocimiento del mundo empresarial, hay un amplio margen y un gran potencial para la iniciativa empresarial femenina; considera que para que los esfuerzos por aumentar el espíritu empresarial y la empresa entre las mujeres sea efectivo, es necesario que en el sector productivo se den condiciones equivalentes a las del sector de los servicios; a este respecto, acoge con satisfacción la propuesta de ampliar la microfinanciación como un eje específico del Programa para el Cambio Social y la Innovación, pone de relieve la importancia de la microfinanciación como un instrumento de apoyo a las mujeres empresarias y a las personas que están en una posición laboral vulnerable en el sector de los servicios, y acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión titulada «Iniciativa en favor del emprendimiento social» (COM(2011)0682), porque las mujeres en particular, están comenzando a trabajar en el sector de las empresas sociales;

28.

Observa que en el sector de los servicios las mujeres en puestos de dirección tienden a concentrarse en sectores como la distribución al por menor o la hostelería, aunque avanzan posiciones en sectores menos tradicionales como los seguros o la banca y que, en la mayor parte de los casos, las mujeres son gerentes de pequeñas empresas o empresas sin asalariados; observa también que en las organizaciones de grandes dimensiones las mujeres normalmente solo alcanzan puestos de alta dirección en los ámbitos menos relevantes de la empresa, como los recursos humanos y los puestos administrativos; anima a las empresas a poner a disposición de los subalternos formación periódica y a implementar programas efectivos de apoyo a la maternidad, la paternidad y la crianza de los hijos;

29.

Pide que se ponga fin al techo de cristal que existe en la administración que impide a las mujeres alcanzar puestos de gran responsabilidad; observa que el sector público debe desempeñar un papel ejemplar en este ámbito;

30.

Hace hincapié en que la proporción de mujeres es mayor que la de hombres en la economía sumergida del sector de los servicios, en parte porque los sectores en los que tradicionalmente se insertan las mujeres como el servicio doméstico, los cuidados a personas, etc., se caracterizan por una mayor desregulación; señala, por otra parte, que la economía sumergida ha aumentado como resultado de la crisis, aunque resulta muy difícil determinar sus contornos particulares al no existir datos fiables sobre su incidencia y peso;

31.

Acoge con satisfacción el documento de trabajo de la Encuesta Anual de Crecimiento titulado «Sobre la utilización del potencial de empleo de los servicios personales y del hogar» e insta a los Estados miembros, los interlocutores sociales y todas las demás partes interesadas, a aceptar activamente la invitación de la Comisión para iniciar un debate sobre esta cuestión;.

32.

Hace un llamamiento a los Estados miembros para que desarrollen políticas para convertir a los trabajadores precarios de la economía sumergida en trabajadores regulares, introduciendo, por ejemplo, beneficios fiscales y vales de servicio; pide el desarrollo de un programa destinado a concienciar a los trabajadores del sector servicios sobre sus derechos y a promover la organización de dichos trabajadores; pide iniciativas destinadas a los empresarios y al público en general para que sean más conscientes de los efectos e impactos negativos del trabajo precario irregular, incluida la seguridad y la salud ocupacional;

33.

Hace un llamamiento a la Comisión para que encargue un estudio independiente sobre los efectos de la liberalización del sector de los servicios domésticos de cuidado de personas sobre la posición y las condiciones de los asalariados;

34.

Muestra su preocupación por la situación de las trabajadoras inmigrantes y no declaradas en el sector de los servicios, en particular las que están empleados en hogares privados, que en su gran mayoría trabajan sin contrato en empleos precarios y en el servicio doméstico con pésimas condiciones laborales, salarios sustancialmente más bajos que los trabajadores declarados y sin derechos sociales de ningún tipo; subraya, por tanto, la necesidad de crear políticas adecuadas para garantizar que las trabajadoras migrantes disfrutan de los derechos humanos básicos, incluidos el derecho a la asistencia sanitaria, a condiciones laborales justas, a la educación y a la formación, a la integridad física y moral y a la igualdad ante la Ley; pide a los Estados miembros que revisen las políticas y prácticas nacionales con el fin de poner un mayor énfasis en las prácticas de contratación, el acceso a la información y la protección de los derechos humanos, y que alienten a los trabajadores a que denuncien las condiciones de trabajo abusivas, sin que ello afecte a su situación de residencia;

35.

Alienta a los Estados miembros a que ratifiquen sin demora el Convenio no 189 de la Organización Internacional del Trabajo sobre los trabajadores domésticos, aprobado por la organización tripartita en 2011 con el fin de garantizar condiciones laborales dignas para los trabajadores domésticos y los mismos derechos laborales básicos de los que disfrutan el resto de los trabajadores y apoyar el desarrollo de un sector formal del servicio doméstico y de los cuidados de personas;

36.

Pide a los Estados miembros que estudien la posibilidad de introducir un régimen especial para el personal y el sector de los servicios del hogar con el fin de regularizar el fenómeno generalizado del trabajo no declarado - que afecta especialmente a las mujeres - y con ello garantizar condiciones dignas de trabajo; pide a los Estados miembros que informen sobre sus esfuerzos de lucha contra el trabajo no declarado en sus programas nacionales de reforma presentados en el marco de la Estrategia Europa 2020;

37.

Pide a los Estados miembros que adopten políticas de integración en el mercado laboral de los trabajadores vulnerables, en especial para los trabajadores con bajas cualificaciones, los desempleados, los trabajadores jóvenes y de edad avanzada, las personas con discapacidad, las personas con enfermedades psíquicas y los grupos minoritarios, como los inmigrantes y personas de etnia romaní, a través de programas de orientación profesional, formación y prácticas bien orientados y adaptados;

38.

Señala que la crisis económica y las denominadas medidas de austeridad están suponiendo una reducción de las medidas de igualdad entre hombres y mujeres y constituyen un obstáculo adicional para la aplicación del principio de igualdad de género, en particular con respecto a la pérdida de empleo, el acceso a nuevos puestos de trabajo y el aumento de la inseguridad para la las mujeres, lo que unido al hecho de que el empleo masculino tiende a recuperarse más rápidamente que el femenino, está repercutiendo muy negativamente en el empleo femenino en el sector de los servicios y en sus carreras y pensiones; pide a la Comisión que recoja datos sobre el impacto de las medidas de austeridad sobre las mujeres en el mercado laboral, con especial énfasis en el sector de los servicios; hace hincapié en la necesidad de un mayor reconocimiento de la interdependencia de los asuntos sociales y económicos, dado que una mayor atención a los asuntos sociales es un prerrequisito para tratar de manera efectiva las desigualdades de género;

39.

Señala que, según La Quinta Encuesta Europea Sobre Las Condiciones De Trabajo, publicada en abril de 2012, el 18 % de los trabajadores afirma carecer de un equilibrio entre el trabajo y la vida privada; insiste en la necesidad de contar con políticas adecuadas de conciliación de la vida familiar y laboral y pide, en particular, un aumento de los servicios sociales públicos e instalaciones para prestar servicios de cuidado de menores y otras personas dependientes gratuitos y de calidad, compatibles con la conciliación de la vida laboral, familiar y privada, tanto en las zonas rurales como en las urbanas; subraya que la puesta a disposición de centros de atención también contribuirá a reducir la pobreza entre las mujeres y les permitirá acceder a un empleo;

40.

Subraya que la participación e implicación activa de los hombres en las medidas de conciliación, como el trabajo a tiempo parcial, es crucial para lograr la conciliación de la vida laboral y privada, ya que tanto las mujeres como los hombres podrían beneficiarse de políticas de empleo respetuosas con la familia y del reparto equitativo del trabajo no remunerado y de las responsabilidades en el hogar; pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas políticas decisivas para luchar contra los estereotipos de género y alentar a los hombres a compartir por igual las responsabilidades domésticas y de cuidado de los hijos, en particular, a través de incentivos para que los hombres tomen permisos parentales y de paternidad, lo que fortalecerá sus derechos como padres, garantizará un mayor grado de igualdad entre hombres y mujeres y una distribución más apropiada de las responsabilidades familiares y domésticas, y mejorará las oportunidades de las mujeres de participar plenamente en el mercado laboral; sugiere que los Estados miembros apliquen correctamente la Directiva 2010/18/UE (9) del Consejo sobre el permiso parental, a través de medidas tanto legislativas como de educación sobre la igualdad de género;

41.

Pide a la Comisión y al Consejo que adopten un plan de acción para alcanzar los objetivos de Barcelona en relación con la provisión de servicios de cuidado de menores, y que establezcan un calendario para aumentar progresivamente los niveles objetivo;

42.

Hace hincapié en las oportunidades limitadas que tienen las mujeres para adaptarse a las exigencias de los mercados laborales del mundo moderno, altamente globalizado, en el que el rasgo principal de un trabajador es la movilidad y la facilidad para cambiar de lugar de residencia con el fin de ocupar un puesto, lo que normalmente es imposible en el caso de las mujeres, que están más implicadas en el cuidado de los hijos y el hogar, por lo que no pueden aprovechar al máximo las ofertas del mercado laboral;

43.

Urge al Consejo a que desbloquee la adopción de la modificación de la Directiva sobre las trabajadoras embarazadas aceptando la flexibilidad propuesta por el Parlamento Europeo para que Europa pueda avanzar en la protección de los derechos y la mejora de las condiciones de trabajo de las trabajadoras embarazadas o que hayan dado a luz recientemente; subraya, en este sentido, la importancia de la protección efectiva de la maternidad y la paternidad mediante la lucha contra i) el despido del trabajo durante o después del embarazo, ii) la reducción salarial durante la baja por maternidad y iii) la degradación de categoría en el puesto de trabajo o de la remuneración al volver al trabajo; hace hincapié en la necesidad de garantizar que las trabajadoras atípicas de las empresas, como sustitutas, autónomas y otras trabajadoras temporales, se puedan beneficiar de los derechos en la medida en que se refleje la contribución al trabajo de cada trabajadora en el período que abarca hasta el embarazo y el parto, y que garantice la mayor igualdad de trato posible con respecto a las compañeras con contrato fijo del sector de que se trate;

44.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, respetando plenamente el principio de subsidiariedad y previa consulta con los interlocutores sociales, elaboren estrategias para el establecimiento de normas mínimas en el sector de los servicios, incluidos los contratos regulares y la negociación colectiva y que procuren hacer frente a las consecuencias negativas de la segregación horizontal y vertical;

45.

Hace hincapié en la necesidad de combatir todas las formas de violencia contra las mujeres en el sector de los servicios, en particular la violencia económica, el acoso psicológico y sexual en el trabajo, los abusos sexuales e incluso la trata de seres humanos

46.

Subraya la necesidad de que la Comisión y los Estados miembros garanticen que las condiciones de trabajo de las mujeres (la dificultad y los riesgos del trabajo efectuado así como el entorno de trabajo) en el sector de los servicios, sean conformes a la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada en junio de 1998 y con los convenios fundamentales específicos de la OIT;

47.

Pide a los Estados miembros que tomen medidas contra el uso abusivo de servicios de atención personal como masajes y sauna, para encubrir servicios de índole sexual si éstos son ejercidos bajo coacción y controlados por redes de trata de seres humanos;

48.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la protección de los derechos laborales y sociales del elevado número de trabajadores que ejercen la movilidad en el sector de los servicios y que luchen contra todo tipo de explotación y contra el riesgo de exclusión social, garantizando al mismo tiempo un acceso fácil a la información sobre los derechos de los trabajadores; hace hincapié en que la movilidad debe ser voluntaria;

49.

Subraya la necesidad de promover itinerarios de formación inicial y continua para las mujeres, que sean específicos y coherentes con el objetivo de desarrollar las competencias científicas y técnicas necesarias para su incorporación al mundo laboral y desarrollar una carrera;

50.

Observa que, si bien está aumentando el número de mujeres que utilizan ordenadores y navegan por Internet de manera elemental, la brecha digital en términos de habilidades continúa siendo importante, lo que restringe el acceso de las mujeres a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y dificulta las posibilidades de las mujeres para buscar y encontrar trabajo cualificado y, en consecuencia, aumenta las desigualdades dentro de los hogares, las comunidades, los mercados de trabajo y la economía en general; pide, por tanto, que se realicen esfuerzos para fomentar la incorporación de las mujeres a la utilización de las nuevas tecnologías dándoles acceso prioritario a cursos gratuitos de formación; pide a los Estados miembros y a las Regiones que elaboren cursos de formación gratuitos en informática a través de proyectos financiados por el Fondo Social Europeo (FSE), brindando así a las mujeres la posibilidad de adquirir nuevas habilidades técnicas en los ámbitos relativos a las nuevas tecnologías y a la informática, ofreciendo de este modo mejores oportunidades para el empleo femenino en el sector de los servicios; pide a los gobiernos que aprueben políticas (como campañas de promoción y becas específicas) destinadas a aumentar las matrículas de mujeres estudiantes en cursos de tecnología de la información y comunicaciones;

51.

Pide un mayor diálogo social y la participación de los representantes de los empresarios y los trabajadores a la hora de establecer las prioridades de la UE en el sector de los servicios en lo que respecta a la protección de los derechos sociales y laborales, las prestaciones por desempleo y los derechos de representación.

52.

Encarga a su Presidente que remita esta Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos de los Estados miembros.

3.12.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 353/56

—

Vistos los artículos 165 y 166 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y, en particular, su artículo 14,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de noviembre de 2011, titulada «Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento 2012» (COM(2011)0815),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de diciembre de 2011, titulada «Educación y formación en una Europa inteligente, sostenible e inclusiva» (COM(2011)0902),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, sobre «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 11 de mayo de 2010, sobre la dimensión social de la educación y la formación (1),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 12 de mayo de 2009, sobre un marco estratégico para la cooperación europea en el ámbito de la educación y la formación («ET 2020») (2),

—

Vista la Recomendación del Consejo, de 28 de junio de 2011, titulada «Juventud en Movimiento — Promover la movilidad en la formación de los jóvenes» (3),

—

Vista su Resolución, de 1 de diciembre de 2011, sobre abordar el abandono escolar prematuro (4),

—

Vista su Resolución, de 12 de mayo de 2011, sobre el aprendizaje durante la primera infancia en la Unión Europea (5),

—

Vista su Resolución, de 18 de mayo de 2010, sobre competencias clave para un mundo cambiante: puesta en práctica del programa de trabajo «Educación y Formación 2010» (6),

—

Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2008, sobre el aprendizaje permanente para fomentar el conocimiento, la creatividad y la innovación – Ejecución del programa de trabajo «Educación y Formación 2010» (7),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Cultura y Educación y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0247/2012),

A.

Considerando que, pese a que se han producido algunas mejoras en la educación y formación, el aprendizaje permanente sigue sin ser una realidad para la mayoría de la población de la Unión Europea y que determinados indicadores incluso son inquietantes; considerando la necesidad de reforzar la importancia de la educación de los adultos y del aprendizaje informal, junto con la educación de los adultos y la formación informal;

B.

Considerando que las estrategias relativas al aprendizaje permanente están lejos de ser adecuadamente aplicadas en muchos Estados miembros, pese a que constituyen una parte fundamental de la Estrategia Europa 2020;

C.

Considerando que las políticas de educación y formación han de brindar oportunidades de aprendizaje permanente a todos, independientemente de su edad, discapacidad, género, raza u origen étnico, religión o creencias, orientación sexual, antecedentes lingüísticos y socioculturales;

D.

Considerando que las oportunidades de aprendizaje para personas de diferentes grupos siguen siendo limitadas y están mal adaptadas; considerando asimismo que tanto las poblaciones autóctonas como los grupos lingüísticos y culturales minoritarios deberían recibir la educación en su lengua materna;

E.

Considerando que el crecimiento económico debe basarse prioritariamente en la educación, el conocimiento, la innovación y en políticas sociales adecuadas para que la UE salga de la crisis actual, y que es importante aplicar adecuada e íntegramente las políticas en este ámbito en el marco de la Estrategia Europa 2020 a fin de superar este periodo crucial;

F.

Considerando que los Estados miembros tienen la responsabilidad pública de elaborar políticas de educación y formación, y que estos ámbitos requieren una financiación pública adecuada a fin de garantizar la igualdad de acceso a la educación sin discriminación social, económica, cultural, racial ni política;

G.

Considerando que las medidas de austeridad y los consiguientes recortes presupuestarios en los sistemas educativos y formativos de toda la UE ponen en peligro uno de los factores clave de la cohesión y el crecimiento, y socavan el objetivo de establecer una economía basada en el conocimientos en Europa;

H.

Considerando que los Estados miembros han de seguir colaborando e intercambiando buenas prácticas, a fin de impulsar sus sistemas nacionales de educación y formación;

I.

Considerando que unos conocimientos lingüísticos insuficientes siguen siendo un enorme obstáculo para la movilidad por motivos de educación y formación;

J.

Considerando que una estrategia de educación y formación lograda también debe aspirar a dotar a los estudiantes de las habilidades y competencias necesarias para el desarrollo personal y la ciudadanía activa;

K.

Considerando que aprendizaje permanente debe significar realmente permanente en el contexto demográfico real, y que se debería seguir teniendo más adecuadamente en cuenta el potencial de conocimientos acumulados por las personas de edad avanzada;

L.

Considerando que las capacidades en materia de nuevas tecnologías facilitan significativamente los objetivos del Programa de Aprendizaje Permanente (PAP);

M.

Considerando que el aprendizaje permanente es un proceso continuo y que debería abarcar toda la vida de las personas, desde una educación de calidad en la primera infancia hasta la formación posterior a la edad de jubilación;

N.

Considerando que ofrecer a todos los niños unos servicios y una educación de calidad en la primera infancia supone una inversión de futuro y aporta un gran beneficio tanto a las personas como a la sociedad;

O.

Considerando que el abandono escolar prematuro tiene graves consecuencias para las personas y para el desarrollo social y económico de la UE;

P.

Considerando que debería tenerse en cuenta una mayor innovación en el ámbito de las becas para estudiantes en la fase preuniversitaria del proceso educativo;

Q.

Considerando que la accesibilidad de la educación y la formación es un reto crucial para seguir contribuyendo asimismo a la inclusión social, a la cohesión y a la lucha contra la pobreza;

R.

Considerando que las autoridades europeas, nacionales, regionales y locales han de cooperar a fin de abordar con éxito los retos a los que se enfrenta Europa en estos momentos;

1.

Toma nota de la Comunicación de la Comisión anteriormente mencionada sobre «Educación y formación en una Europa inteligente, sostenible e inclusiva»;

2.

Recuerda que, antes de la crisis actual, los resultados de los Estados miembros en términos de participación de todos los grupos de edad en la educación, la formación y el aprendizaje permanente variaban mucho y que el promedio global de la UE estaba descendiendo con respecto a los promedios internacionales;

3.

Señala que, dada la actual situación económica, algunos Estados miembros han realizado recortes presupuestarios en educación y formación, pero considera que deben protegerse, e incluso incrementarse, las inversiones con mayor valor estratégico; hace hincapié en que el marco financiero plurianual de la Unión prevé que la educación y los sectores afines obtengan el mayor incremento porcentual en el presupuesto de la UE a largo plazo;

4.

Hace notar la necesidad de aprobar el incremento del presupuesto dedicado a educación y sectores afines en el marco financiero plurianual; insta a los Estados miembros a que adopten sus estrategias nacionales en materia de aprendizaje permanente, con dotaciones de recursos financieros adecuadas, como el mejor instrumento disponible posible para la consecución de los objetivos expuestos en la estrategia «ET 2020»;

5.

Subraya que los costes económicos de las consecuencias del bajo rendimiento educativo, incluidos el fracaso escolar y las desigualdades sociales en los sistemas de educación y formación y su impacto en el desarrollo de los Estados miembros, son considerablemente superiores a los costes de la crisis financiera, y que los Estados miembros ya están pagando su precio año tras año;

6.

Pide a los Estados miembros que prioricen los gastos en educación, formación, aprendizaje permanente, investigación, innovación y diversidad cultural y lingüística, que son inversiones para el futuro crecimiento y el equilibrio económico, pero garantizando al mismo tiempo el valor añadido de tal inversión; reitera, en este sentido, la solicitud de aspirar a una inversión total de por lo menos el 2 % del PIB en educación superior, como recomienda la Comisión en el informe anual sobre crecimiento y empleo, como porcentaje mínimo necesario para las economías basadas en el conocimiento;

7.

Recuerda que, a fin de poder competir en el futuro con las nuevas potencias mundiales, los Estados miembros deben alcanzar los objetivos básicos de la Estrategia Europa 2020, que, en el ámbito de la educación, pueden expresarse como la consecución de un 3 % en inversiones destinadas a investigación, el incremento hasta el 40 % en el número de jóvenes con educación universitaria y la reducción a menos del 10 % del abandono escolar prematuro;

8.

Recuerda la importancia de la investigación en el marco de una estrategia ambiciosa para la educación y la formación; pide, por lo tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que refuercen sus acciones destinadas a aumentar el número de jóvenes que trabajan en este ámbito;

9.

Recuerda que es preciso prestar una atención especial a los jóvenes, habida cuenta de que la tasa de desempleo de la UE ha aumentado a más del 20 %, con picos que superan el 50 % en algunos Estados miembros o algunas regiones, y que la crisis actual afecta de forma particularmente dura a los jóvenes menos cualificados; subraya en particular los nefastos efectos de los programas de austeridad sobre el desempleo juvenil en algunos Estados miembros de la UE, especialmente en los de Europa meridional, que provocan una importante fuga de cerebros hacia otros países, incluidos países que no pertenecen a la UE; recuerda asimismo que, hoy en día, uno de cada siete alumnos (14,4 %) abandona el sistema educativo con tan solo una educación secundaria inferior y no participa en ninguna educación o formación posterior;

10.

Observa la existencia de sistemas duales de formación profesional en algunos Estados miembros, que permiten vincular la teoría y la práctica, así como un mejor acceso al mercado laboral que los sistemas de formación exclusivamente escolares;

11.

Propone que los Estados miembros deduzcan las inversiones en educación y formación del cálculo del déficit nacional del pacto fiscal pues se consideran factores clave para una sólida recuperación de acuerdo con los objetivos de «Europa 2020»;

12.

Insta a las instituciones de la UE a que hagan esfuerzos adicionales para elaborar políticas juveniles más claras y más selectivas a escala de la UE, así como adaptadas para afrontar los nuevos retos de la sociedad; observa que la actual generación de jóvenes siente que no podrá alcanzar el mismo nivel de prosperidad que la anterior;

13.

Pide, en particular, a los Estados miembros que apliquen medidas destinadas a los jóvenes que, probablemente, abandonen la escuela prematuramente o que no reciben ninguna educación ni formación ni tienen un empleo, a fin de ofrecerles un aprendizaje de calidad, así como formación y sistemas de garantía, de modo que puedan conseguir las competencias y experiencia necesarias para acceder a un empleo, así como para facilitar la reintegración de algunos de ellos en el sistema educativo; pide asimismo que se preste especial atención a la enseñanza y formación profesionales en la educación terciaria teniendo en cuenta la diversidad de los sistemas educativos nacionales; insta a los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos para asegurar que los jóvenes pueden adquirir una experiencia laboral real y acceder rápidamente al mercado de trabajo; subraya que los periodos de prácticas deben formar parte de los estudios y de los programas de estudios;

14.

Destaca que los periodos de crisis afectan especialmente a la empleabilidad de los jóvenes; destaca la importancia de realizar un seguimiento sobre la rapidez con la que los jóvenes licenciados encuentran un empleo acorde con su formación y conocimientos una vez concluidos sus estudios, así como de efectuar una evaluación, basada en esta información, sobre la calidad de los sistemas de educación y formación y la necesidad y posibilidad de realizar ajustes;

15.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a trabajar de forma consecuente en la introducción, la implementación y el desarrollo ulterior del Sistema Europeo de Transferencia de Créditos para la Educación y la Formación Profesionales, el Europass y el marco europeo de cualificaciones;

16.

Recalca que los jóvenes tienen un papel clave a la hora de lograr los objetivos principales de la UE para 2002 en lo que respecta al empleo, la investigación y la innovación, el clima y la energía, la educación y la lucha contra la pobreza;

17.

Hace hincapié en la importancia de la educación informal y no formal para el desarrollo de valores, aptitudes y competencias, sobre todo para los jóvenes, así como para el aprendizaje sobre ciudadanía y participación democrática; pide a la Comisión que preste apoyo, incluido apoyo financiero, a la educación informal y no formal en el marco de los nuevos programas dirigidos a la educación y la juventud, así como a la ciudadanía;

18.

Insta a las universidades a que amplíen el acceso al aprendizaje y modernicen los planes de estudio para abordar los nuevos retos, a fin de mejorar los conocimientos de la población europea sin que ello ponga en duda sus misiones académicas en materia de transmisión del conocimiento, teniendo en cuenta que el cambio demográfico es una realidad innegable en Europa; destaca, en este contexto, la importancia de apoyar y reconocer la educación no formal y el aprendizaje informal;

19.

Alienta el diálogo entre los agentes privados, en especial las PYME, las autoridades locales y regionales, los agentes de la sociedad civil y los centros/universidades de educación superior, a fin de favorecer la adquisición por parte de los estudiantes de conocimientos y habilidades que faciliten su acceso al mercado laboral; recuerda a los empleadores la importancia de la iniciación al trabajo, ya que esta favorece la adaptación de los jóvenes a la vida profesional;

20.

Recuerda que la creatividad es un elemento fundamental de la nueva economía basada en el conocimiento; subraya que el sector creativo contribuye de modo relevante y creciente a la economía, con un 4,5 % del PIB de la UE y 8,5 millones de puestos de trabajo;

21.

Recuerda que la sinergia entre oferta de mano de obra y capacidad de absorción de ésta por el mercado de trabajo es esencial;

22.

Destaca la función esencial que desempeñan los servicios públicos de empleo en la ejecución de políticas de acompañamiento y asesoramiento a los solicitantes de empleo, en particular por lo que respecta a la ayuda en la búsqueda de empleo o formación; insiste en que un creciente número de solicitantes de empleo debe recibir una formación adecuada que les facilite su reincorporación al mercado de trabajo y, por tanto, pide a los Estados miembros que consagren los recursos necesarios para ello;

23.

Subraya la importancia crucial de facilitar el acceso de las personas con discapacidad al aprendizaje permanente, no solo mediante la elaboración y ejecución de programas orientados a tal fin, sino también mediante la integración de la dimensión de la discapacidad en todos los programas dirigidos a la población general; considera que, a este respecto, debe prestarse especial atención a la relación entre discapacidad y aprendizaje permanente a fin de evitar la exclusión social y mejorar de manera sustancial la posición de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo, ya que, según todos los estudios al respecto, el nivel educativo de las personas con discapacidad es inferior a la media y su nivel de participación en los programas en cuestión extremadamente bajo;

24.

Recuerda que los empleadores tienen una responsabilidad clave a la hora de hacer realidad el aprendizaje permanente para todos, prestando la debida atención a la igualdad de género; alienta a los empleadores a que faciliten la formación continua de los trabajadores a lo largo de su carrera laboral, incrementando la visibilidad del derecho a la formación, garantizando su acceso a todos los trabajadores y reconociendo adecuadamente a éstos la formación permanente, permitiendo de este modo una ulterior especialización y creando oportunidades para el progresar profesional;

25.

Pide que se redoblen los esfuerzos para establecer y aplicar un sistema europeo de certificación y reconocimiento de las cualificaciones y del aprendizaje formal e informal, incluido el servicio voluntario, a fin de fortalecer los vitales vínculos entre aprendizaje no formal y educación formal, así como de mejorar la movilidad nacional y transfronteriza en la educación y en el mercado de trabajo;

26.

Observa las grandes disparidades entre los sistemas nacionales de educación y formación, y, de conformidad con el principio de subsidiariedad, recomienda que, junto con el informe de situación, se publique una guía sobre cada Estado miembro que contenga recomendaciones sobre el modo de mejorar las políticas existentes y desarrollar los sistemas educativos nacionales;

27.

Pide que se mejore la dimensión exterior de las políticas de la UE mediante un mayor diálogo político y por medio de la cooperación en materia de educación y formación entre la Unión y sus socios internacionales y los países vecinos, a fin de reflejar las crecientes interdependencias económicas, sociales y políticas, contribuir a la aplicación de la dimensión exterior de la estrategia Europa 2020 y apoyar la estabilidad, la prosperidad y mejores oportunidades de empleo para los ciudadanos de nuestros países socios, desarrollando al mismo tiempo mejores instrumentos para gestionar y facilitar la emigración cualificada a Europa, con objeto de equilibrar los déficits y colmar las lagunas en materia de cualificación resultantes de la evolución demográfica en Europa;

28.

Recuerda que, como actores del mercado educativo mundial, los sistemas nacionales de educación y formación profesionales (EFP) deben estar conectados con el mundo exterior, con objeto de mantenerse actualizados y competitivos, y ser más capaces de atraer a alumnos de otros países europeos y de terceros países, ofreciéndoles educación y formación, así como facilitando el reconocimiento de sus competencias; destaca que el cambio demográfico y la migración internacional hacen que estas cuestiones adquieran aun más relevancia;

29.

Destaca que, aunque está surgiendo una zona europea de educación y formación, aún no se ha alcanzado el objetivo de eliminar los obstáculos a la movilidad, y que la movilidad de los alumnos en EFP sigue siendo baja; subraya que el aumento sustancial de la movilidad transnacional de los alumnos y los profesores de la EFP, así como el reconocimiento de los conocimientos, las capacidades y las competencias que han adquirido en el extranjero, será un reto importante para el futuro y que también es necesario mejorar y focalizar la provisión de información y orientación con el fin de atraer a más alumnos extranjeros a nuestros sistemas de EFP;

30.

Lamenta que la Comunicación de la Comisión sobre «Educación y formación en una Europa inteligente, sostenible e inclusiva» no aborde debidamente la cuestión del abandono escolar prematuro, en especial su dimensión lingüística, a pesar de que incluye el objetivo básico de la Estrategia Europa 2020; opina que esta fase educativa debería ser considerada como la más crucial para el desarrollo personal y social y los futuros logros educativos de las personas; considera que los niños se beneficiarán de una educación preescolar dirigida a mejorar las habilidades motrices y sociales así como a promover un crecimiento emocional equilibrado y fomentar al mismo tiempo la curiosidad intelectual;

31.

Insta a la Comisión a que aliente y ayude a los Estados miembros a adoptar medidas para ayudar a los niños en itinerarios educativos genuinos desde la primera infancia;

32.

Cree firmemente que la inversión en educación infantil y atención a la infancia, adecuadamente adaptadas al periodo de sensibilidad y el nivel de madurez de cada grupo objetivo, aporta más beneficios que la inversión en cualquier otra fase de la educación; señala que se ha demostrado que la inversión en los primeros años de la educación reduce costes ulteriores; considera asimismo que el éxito de la educación a todos los niveles depende de unos profesores bien formados, y de su formación profesional permanente, por lo que es preciso realizar inversiones suficientes en la formación del profesorado;

33.

Subraya la necesidad de prestar una asistencia profesional a la infancia con objeto de abordar el desarrollo social de los niños, en particular en las familias que sufren dificultades sociales;

34.

Hace hincapié en la necesidad de que todo el mundo adquiera desde muy temprana edad unos conocimientos lingüísticos excelentes, que incluyan no solo las lenguas oficiales de la UE sino también las lenguas regionales y minoritarias, dado que esto permitirá una mayor movilidad a las personas, les proporcionará un mayor acceso al mercado de trabajo e incrementará significativamente las oportunidades de estudio, al tiempo que servirá para promover los intercambios interculturales y una mayor cohesión europea;

35.

Hace hincapié en la necesidad de fomentar la movilidad a efectos del aprendizaje de lenguas a fin de alcanzar el objetivo de que todos los ciudadanos de la Unión Europea conozcan al menos dos lenguas aparte de su lengua materna;

36.

Señala la necesidad de comenzar el aprendizaje de idiomas en la etapa preescolar, y acoge con satisfacción las iniciativas que permiten a los alumnos aprender su lengua materna, a nivel oral y escrito, como asignatura optativa en la escuela, adquiriendo de este modo nuevas competencias;

37.

Considera vital promover la movilidad mediante ambiciosos programas comunitarios en materia de educación y cultura, en particular por medio del intercambio de profesores, estudiantes y alumnos y, especialmente, en el ámbito de los idiomas, a fin de promover una ciudadanía activa y los valores europeos, así como competencias lingüísticas y otras habilidades y competencias valiosas;

38.

Alienta a la Comisión a apoyar el desarrollo de soluciones innovadoras en el ámbito del aprendizaje y la formación que puedan adaptarse fácilmente por lo que respecta a los idiomas, y también desde un punto de vista técnico, y que crearían movilidad en los sectores menos afectados por el fenómeno del multilingüismo;

39.

Reconoce la importante contribución del Año Europeo del Envejecimiento Activo y la Solidaridad Intergeneracional 2012, y recuerda que es importante para la Unión Europea que sus ciudadanos tengan la oportunidad de aprender, en la forma que sea, en una edad avanzada, así como implicar a estudiantes mayores en el diálogo con los profesionales que trabajan en los servicios que facilitan y apoyan el aprendizaje;

40.

Recuerda que el programa Grundtvig tiene por objeto contribuir al desarrollo del sector de la educación para adultos, así como hacer posible que un mayor número de personas participe en experiencias de aprendizaje; señala que el programa se centra en las necesidades de enseñanza y estudio de los estudiantes que participan en cursos de educación para adultos y cursos de educación «alternativa», así como en las organizaciones que proveen estos servicios; pide a los Estados miembros que mejoren la calidad de la educación ofrecida por organizaciones de educación para adultos y que fomenten la cooperación entre éstas;

41.

Hace hincapié en la necesidad de promover los instrumentos europeos existentes, en particular los Fondos Estructurales destinados a formación;

42.

Recalca que el aprendizaje de los adultos va más allá de actividades relacionadas con el empleo e incluye el desarrollo de aptitudes personales, cívicas y sociales mediante sistemas de educación y formación formales durante toda la vida, como se pone de relieve en el programa PAP;

43.

Reconoce el positivo impacto para la sociedad en general que se deriva de las actividades que realizan las personas de edad avanzada, favorecido por su participación en actividades de educación y formación que tienen por objeto la realización personal o los contactos sociales;

44.

Recalca la necesidad de elaborar estadísticas sobre el aprendizaje permanente que incluyan el grupo de edad de más de 65 años; indica que, habida cuenta del aumento de la edad de jubilación en muchos de los Estados miembros de la UE y de la prolongación de la vida laboral, es necesario tener en cuenta los cambios de la población que no entra en dicho grupo de edad;

45.

Reconoce el papel que desempeña el deporte en la educación y formación y pide, por lo tanto, a los Estados miembros que aumenten sus inversiones en esta materia y que promuevan actividades deportivas en la escuela, a fin de favorecer la integración y contribuir al desarrollo de valores positivos entre los jóvenes europeos;

46.

Hace hincapié en que entrenar a los jugadores a escala local es fundamental para el desarrollo sostenible y el papel del deporte en la sociedad, expresa su apoyo a los organismos que dirigen el deporte y alientan a los clubes a invertir en la educación y formación de jóvenes jugadores locales mediante medidas que establezcan un número mínimo de jugadores formados a nivel local en la plantilla de los clubes y les alienta a ir aún más allá;

47.

Insta a los Estados miembros a considerar la posibilidad de introducir un sistema más amplio de pequeñas becas —con un mínimo de burocracia— para estudiantes preuniversitarios que tengan problemas financieros, a fin de animarles a seguir formándose y contribuir de este modo a eliminar las desigualdades sociales y garantizar más oportunidades de aprendizaje para todos;

48.

Cree que debería hacerse más para abordar la diferencia entre los hombres y mujeres que se gradúan en ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas, como demuestra el hecho de que solo el 20 % de los graduados en ingeniería son mujeres;

49.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.