(3).

Tribunal de Cuentas Europeo

12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxemburgo, LUXEMBURGO

1.1.

El presente capítulo del informe anual:

1.2.

El Tribunal de Cuentas presenta al Parlamento Europeo y al Consejo una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y sobre la regularidad de las operaciones subyacentes. El Tribunal puede completar esta declaración con observaciones específicas sobre cada uno de los principales ámbitos de actividad de la Unión Europea (4). La función de estas observaciones específicas no es equivalente a la de una opinión de auditoría; consiste principalmente en presentar cuestiones relevantes y específicas del grupo de políticas a las autoridades de aprobación de la gestión y otras partes interesadas. La conclusión de cada observación se basa en la evidencia general de auditoría obtenida de cada grupo de políticas.

1.3.

La finalidad del trabajo efectuado sobre la fiabilidad de las cuentas de la UE es obtener evidencia suficiente y apropiada que permita emitir una opinión sobre si los ingresos, los gastos, el activo y el pasivo han sido registrados correctamente y si las cuentas consolidadas (véase el extracto en el anexo 1.3 ) presentan fielmente su situación financiera a 31 de diciembre de 2012, y los ingresos, gastos y flujos de tesorería para el ejercicio finalizado en esa fecha (véanse los apartados 1.9 y 1.10).

1.4.

La finalidad del trabajo sobre la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas consolidadas de 2012 es obtener evidencia suficiente y adecuada que permita determinar si las operaciones son conformes a las disposiciones reglamentarias o contractuales aplicables y se han calculado correctamente (véanse los apartados 1.11 a 1.35 para el resumen de los resultados y los capítulos 2 a 9 para los pormenores).

1.5.

La finalidad del examen de los informes anuales de actividad de los servicios de la Comisión y de los correspondientes informes de síntesis es evaluar en qué medida estos proporcionan una valoración correcta de la calidad de la gestión financiera (incluidos los niveles de error residual) para poder formarse una opinión de la fiabilidad de las cuentas de la UE y de la regularidad de los ingresos y gastos (véanse los apartados 1.36 a 1.45 y las observaciones al respecto en la sección «Eficacia de los sistemas» de los capítulos 2 a 9).

1.6.

El Tribunal ha actualizado y armonizado su enfoque del control de la regularidad de las operaciones. La muestra de operaciones constituida ahora solo incluye pagos intermedios, pagos finales y liquidación de anticipos («pagos contabilizados como gastos»). En los grupos de políticas «Relaciones exteriores, ayuda y ampliación» (capítulo 7) e «Investigación y otras políticas internas» (capítulo 8), el Tribunal examina ahora las operaciones, como ya hacía en otros grupos de políticas, cuando los receptores finales de los fondos de la UE han emprendido actividades o incurrido en gastos, y cuando la Comisión ha aceptado que dichas actividades o gastos justifican el pago con cargo al presupuesto de la UE, de conformidad con la obligación impuesta al Tribunal por el Tratado de comprobar los gastos una vez que se hayan efectuado. Pese a esta modificación, todos los pagos excepto los anticipos son objeto de auditoría en el ejercicio en que se efectúan, e incluyen pagos utilizados para adquirir activos (y por lo tanto representan gastos presupuestarios, pero no un gasto en contabilidad de ejercicio). El impacto de este nuevo enfoque se trata en los apartados 1.14 y 1.15 y en el gráfico 1.1 .

1.6.

La Comisión considera que esta nueva interpretación del Tribunal tiene importantes consecuencias (véanse al respecto las respuestas a los apartados 1.7, 1.12, 1.14 y 1.19 a 1.35). Por lo tanto, es muy importante que se usen explicaciones, métodos y términos claros que permitan a los interesados comprender los cambios realizados y evaluar su impacto.

1.7.

Este enfoque de muestreo es coherente con los principios subyacentes a la contabilidad de ejercicio (5). Otra ventaja de esta evolución es que ahora todos los ámbitos, ya sean de gestión compartida o no compartida, se examinan de manera comparada. Además, al eliminarse el impacto de las fluctuaciones de los anticipos, las poblaciones auditadas serán más estables de un año a otro. Los anticipos siguen cubiertos, tanto a través del examen de la regularidad de su liquidación como del trabajo sobre la fiabilidad de las cuentas.

1.7.

La Comisión está siguiendo de cerca la evolución de la metodología del Tribunal ante cualquier posible impacto en el porcentaje de error estimado (véase la respuesta a los apartados 3.9 y 4.8).

1.8.

Tras una consulta extensiva a las autoridades presupuestarias, el Tribunal también ha armonizado su enfoque respecto del tratamiento de los errores de contratación pública. Antes los errores graves se trataban como errores cuantificables cuando habían sido cometidos por autoridades de los Estados miembros u organizaciones internacionales. El Tribunal registraba todos los errores cometidos por las instituciones y órganos de la UE como «no cuantificables» y por lo tanto los excluía del porcentaje de error estimado. A partir de 2012, los errores graves en el ámbito de la contratación pública cometidos por cualquier organismo se consideran cuantificables, aunque el Tribunal no ha aplicado retroactivamente su enfoque para abarcar las actividades de contratación pública de las instituciones y órganos de la UE anteriores a 2011 (6).

1.9.

Las observaciones del Tribunal se refieren a las cuentas consolidadas de la Unión Europea del ejercicio 2012 elaboradas por el contable de la Comisión y aprobadas por esta de conformidad con el Reglamento Financiero (7) y recibidas por el Tribunal, junto con la carta de manifestaciones del contable, el 29 de julio de 2013. Las cuentas consolidadas comprenden:

1.10.

La fiscalización del Tribunal de las cuentas consolidadas de 2012 reveló que estas no contenían incorrecciones materiales (véase asimismo el anexo 1.2 ).

1.11.

El Tribunal expresa observaciones específicas sobre los ingresos en el capítulo 2 y sobre los gastos en los capítulos 3 a 9 (véase el cuadro 1.1 ).

1.12.

Los resultados de auditoría de 2012 indican que los ingresos (139 541 millones de euros) y las operaciones del grupo de políticas de gastos administrativos y otros gastos (9 985 millones de euros) estaban exentos de errores materiales y que los sistemas de control y supervisión examinados eran eficaces (véase el cuadro 1.2 y los apartados 2.40 a 2.42 y 9.17). Todos los grupos de políticas que abarcan gastos operativos estaban afectados por errores materiales (véanse los apartados 3.35, 4.42, 5.62 y 5.63, 6.39 y 6.40, 7.25 y 7.26, y 8.39 y 8.40). Los compromisos no contenían errores materiales.

1.12.

La Comisión seguirá ejerciendo su papel de supervisión, en particular procediendo a recuperaciones y correcciones financieras proporcionales a las irregularidades y deficiencias detectadas. Debido al marco jurídico que rige la protección de los intereses financieros de la Unión y a la complejidad de los procedimientos correspondientes, resulta inevitable que en muchos ámbitos los errores se corrijan varios años después de que se hayan producido. Por lo tanto, la Comisión considera que es preciso contemplar en este contexto el porcentaje de error representativo anual del Tribunal. Esta es la razón por la que la propia Comisión utiliza generalmente el porcentaje de error residual, que tiene en cuenta las correcciones y recuperaciones financieras del período de ejecución plurianual e incluye algunas de los años futuros. Además, a la hora de evaluar el nivel de error estimado en 2012, la Comisión tiene en cuenta el impacto de las correcciones a tanto alzado en el ejercicio, que no se incluyen en la estimación del porcentaje de error del Tribunal.

La Comisión considera que el porcentaje de error residual da una indicación justa de la medida en que el presupuesto de la UE sigue viéndose afectado por gastos incurridos en incumplimiento del Derecho después de la intervención de los sistemas de supervisión y control.

1.13.

El Tribunal concluye que, en general, los pagos contabilizados como gastos estaban materialmente afectados por errores y que los sistemas de control y supervisión examinados correspondientes a los pagos contabilizados como gastos eran, por lo general, parcialmente eficaces (véase el cuadro 1.2 ).

1.13.

Esto no significa que todas las recuperaciones y correcciones financieras ejecutadas en el año T puedan deducirse de los errores del año T. Sin embargo, significa que, al evaluar si el sistema global de control interno es eficaz para proteger el presupuesto de la UE sobre una base plurianual, han de tenerse en cuenta tanto los porcentajes de error como las recuperaciones y correcciones financieras.

1.14.

Los resultados de este ejercicio vuelven a mostrar un aumento de los porcentajes globales de error estimado. El error más probable para el conjunto de los pagos ha aumentado desde un 3,9 % a un 4,8 %. A este incremento han contribuido todos los ámbitos de gastos operativos, de los cuales el de «Desarrollo rural, medio ambiente, pesca y salud» (capítulo 4) sigue siendo el grupo de políticas más proclive a contener errores.

1.14.

Por consiguiente, la Comisión considera que el nivel global de error de las operaciones subyacentes a las cuentas consolidadas de la UE concuerda en líneas generales con los porcentajes de error presentados por el Tribunal para los últimos tres años. Esto es lo que se desprende de las disposiciones de control reforzadas del período de programación 2007-2013 y de la estricta política de interrupciones, suspensiones y correcciones y recuperaciones financieras aplicada cuando se detectan deficiencias.

1.15.

La diferencia en el porcentaje de error más probable que puede atribuirse a la evolución del enfoque de muestreo del Tribunal (véanse los apartados 1.6 y 1.7) no supera los 0,3 puntos porcentuales. Este cambio de enfoque es la razón principal identificable del aumento del porcentaje de error estimado en los capítulos 7 («Relaciones exteriores, ayuda y ampliación») y 8 («Investigación y otras políticas internas»).

1.15.

1.16.

El Tribunal calcula que el porcentaje estimado de error global asciende al 5,3 % en los gastos de gestión compartida y al 4,3 % en todas las demás formas de gastos operativos (8).

1.16.

1.17.

El análisis de los tipos de error en los distintos grupos de políticas muestra que los errores de subvencionabilidad representan más de dos tercios del porcentaje global de error estimado: incumplimientos graves de las normas sobre contratación pública (1,4 puntos porcentuales), proyectos, actividades o beneficiarios totalmente inadmisibles (1,1 puntos porcentuales), gastos no subvencionables incluidos en declaraciones de gastos (1,0 punto porcentual) y declaraciones incorrectas en el ámbito agrícola (0,8 puntos porcentuales) (véase el gráfico 1.2 ).

1.17.

1.18.

Un desglose del porcentaje de error estimado por capítulo muestra que «Política regional, energía y transporte» (capítulo 5) contribuye en más de dos quintas partes al porcentaje de error estimado, «Agricultura: medidas de mercado y ayudas directas» (capítulo 3) contribuye en una cuarta parte y «Desarrollo rural, medio ambiente, pesca y salud» (capítulo 4), en más de una sexta parte (véase el gráfico 1.3 ).

1.18.

1.19.

Las correcciones financieras notificadas como aplicadas (9) en 2012 ascendieron a 3 700 millones de euros, más del triple de la cifra de 2011 (1 100 millones de euros). Las recuperaciones se mantuvieron básicamente constantes en 678 millones de euros (2011: 733 millones de euros) (10). La mayor parte de las correcciones de 2012 corresponden al período de programación 2000-2006. Esta sección del informe anual trata sobre los mecanismos para efectuar correcciones financieras y recuperaciones y el examen de su impacto por el Tribunal, que ejerce un seguimiento continuo del impacto de las correcciones financieras (11). El enfoque adoptado en 2012 es coherente con el establecido en 2009.

1.19 a 1.35

La Comisión seguirá ejerciendo su papel de supervisión, en particular procediendo a recuperaciones y correcciones financieras proporcionales a las irregularidades y deficiencias detectadas. Debido al marco jurídico que rige la protección de los intereses financieros de la Unión y a la complejidad de los procedimientos correspondientes, resulta inevitable que en muchos ámbitos los errores se corrijan varios años después de que se hayan producido. Por lo tanto, la Comisión considera que es preciso contemplar en este contexto el índice de error representativo anual del Tribunal.

1.20.

La Comisión y los Estados miembros pueden recurrir a varios mecanismos para reducir el riesgo de error antes de que la Comisión acepte los gastos notificados por los beneficiarios. Entre ellos se cuentan la aprobación de los sistemas de control, las verificaciones administrativas de las solicitudes de pago, las visitas a los beneficiarios (tales como inspecciones de las explotaciones), la certificación de gastos subvencionables por un organismo independiente o la suspensión de los pagos a los Estados miembros.

1.21.

Una vez efectuados los pagos y aceptada la utilización de los fondos, tanto la Comisión como los Estados miembros pueden proceder a verificaciones ex post del funcionamiento de los sistemas de control y de los gastos declarados, que pueden tener dos tipos de consecuencias financieras: la recuperación de los importes concedidos a los beneficiarios y la imposición de correcciones financieras a las autoridades de los Estados miembros.

1.21.

Además de las consecuencias financieras mencionadas por el Tribunal, en algunos políticas los Estados miembros pueden ejecutar también una corrección mediante la retirada de los gastos no subvencionables de una solicitud de pago posterior y la reutilización de los fondos así liberados en otros proyectos subvencionables. En estos casos, la recuperación de los importes corregidos ante los beneficiarios es una cuestión nacional, dado que el presupuesto de la UE está protegido y ya no se ve afectado por los importes irregulares.

1.22.

Pueden emprender acciones de recuperación tanto las autoridades de los Estados miembros (en gastos efectuados en gestión compartida) como la Comisión (en particular en los ámbitos en que sea la única responsable de la gestión del gasto, como en investigación y gran parte del gasto exterior). Estas acciones consisten en que el beneficiario reembolse la totalidad o parte de los fondos recibidos al organismo que efectuó el pago inicial. En la mayoría de los ámbitos presupuestarios los fondos quedan disponibles para pagos a otros beneficiarios (12).

1.22.

1.23.

En el caso de los gastos efectuados bajo gestión compartida, la Comisión puede iniciar correcciones financieras cuando existen deficiencias graves o cuando el Estado miembro no ha cumplido correctamente sus obligaciones de detectar y corregir gastos irregulares.

1.24.

Los problemas suelen deberse a insuficiencias en los sistemas de control o a incumplimientos de las normas de la UE para la gestión de un programa que tienen una incidencia financiera manifiesta (esto es, permiten que se efectúen gastos no subvencionables). El importe de una corrección financiera puede calcularse a partir de cada caso examinado, de una extrapolación de los resultados de las verificaciones o, cuando no es posible aplicar ninguno de estos dos métodos, mediante la aplicación de una corrección a tanto alzado.

1.25.

El impacto de las correcciones financieras en los Estados miembros depende (13) de las disposiciones reglamentarias aplicables:

1.25.

El artículo 80, apartado 4, del Reglamento Financiero dispone lo siguiente:

«La Comisión aplicará correcciones financieras a los Estados miembros con objeto de excluir de la financiación de la Unión los gastos en que hayan incurrido en incumplimiento del Derecho aplicable. La Comisión basará sus correcciones financieras en la identificación de los importes gastados indebidamente y las incidencias financieras en el presupuesto. Cuando no sea posible identificar tales importes con precisión, la Comisión podrá aplicar correcciones mediante extrapolación o a tanto alzado, según las normas sectoriales.

A la hora de decidir el importe de una corrección financiera, la Comisión tendrá en cuenta la naturaleza y gravedad del incumplimiento del Derecho aplicable y las incidencias financieras en el presupuesto, incluso cuando se trate de deficiencias detectadas en los sistemas de gestión y control.».

El objetivo de las correcciones financieras no es sancionar a los Estados miembros, sino garantizar que el presupuesto está protegido (es decir, que todos los gastos a cargo del presupuesto de la UE son regulares), excluyendo los gastos en que hayan incurrido en incumplimiento del Derecho.

a)

En agricultura, las decisiones de conformidad dan lugar a correcciones financieras [apartado 4.26, letra b)], que se ejecutan reduciendo la financiación concedida al Estado miembro afectado (14).

b)

En la política de cohesión, el impacto de las correcciones financieras depende de si el Estado miembro acepta o no la corrección propuesta por la Comisión (15):

b)

En ambos casos [apartado 1.25, letra b), incisos i) y ii)], los Estados miembros sufragan a través de su propio presupuesto nacional las consecuencias financieras de la pérdida de la cofinanciación de la UE de los gastos considerados no subvencionables, a menos que tengan la posibilidad de recuperar los importes ante beneficiarios individuales.

1.26.

En agricultura se solicita a los Estados miembros que recuperen los gastos irregulares (16); pero las correcciones financieras impuestas por la Comisión rara vez exigen el reembolso a los agricultores y a otros beneficiarios (17).

1.26.

1.27.

En el contexto de la política de cohesión, las autoridades de los Estados miembros tienen la obligación de efectuar correcciones financieras en caso de detección de irregularidades en los proyectos (18). Como se expone a continuación, el grado en que se obtienen las recuperaciones de los beneficiarios es muy variable (véanse los recuadros 1.2 y 1.3).

1.27.

1.28.

El Tribunal ha tenido en cuenta todas las recuperaciones efectuadas por los Estados miembros en el momento de su fiscalización y los importes correspondientes ya no se incluyen en el cálculo del error.

1.29.

Muchas correcciones financieras se efectúan varios años después del desembolso inicial de los fondos [véanse los informes especiales del Tribunal no 7/2010 sobre agricultura (19) y no 3/2012 sobre Fondos Estructurales (20)]. No obstante, existen ejemplos significativos en 2012 en que la Comisión ha impuesto correcciones financieras con mucha más rapidez. Otros ejemplos a continuación permiten comprender mejor algunos problemas (véanse los recuadros 1.1 a 1.3).

1.29.

En particular en el marco de la preparación de la aplicación de la reforma de la PAC, la Comisión seguirá trabajando para mejorar y acelerar el proceso, teniendo en cuenta la necesidad de mantener las normas de calidad y el derecho de réplica de los Estados miembros.

En el caso de los Fondos Estructurales, dos tercios de las correcciones financieras acumuladas durante el período 2000-2012 se decidieron después de la adopción del plan de acción de la Comisión de 2008. Esto demuestra la aceleración de los procedimientos a que la Comisión se había comprometido.

—

—

—

—

—

—

1.30.

El Tribunal celebra que la Comisión adoptara medidas más rápidas en su aplicación de correcciones financieras a Rumanía, la República Checa y Eslovaquia y observa los progresos realizados en la corrección financiera pendiente de larga duración en España. El calendario y la naturaleza de las correcciones financieras afecta a su impacto en el presupuesto, en los Estados miembros, en los beneficiarios y en el trabajo del Tribunal.

1.31.

El Tribunal ha considerado el impacto de estas correcciones en sus conclusiones de auditoría:

a)

La corrección financiera aplicada a España (véase el recuadro 1.1) afecta a problemas detectados hasta 2008. Sin embargo, seguirán efectuándose pagos en 2013 (y posiblemente en ejercicios presupuestarios posteriores), que podrán ser examinados por el Tribunal en su ciclo normal de trabajo de fiscalización.

a)

Además, la Comisión observa que los pagos, los errores y las correcciones en virtud de la política de cohesión deben evaluarse en el contexto de programas plurianuales. La Comisión ha puesto de manifiesto recientemente en un informe encargado por la autoridad de aprobación de la gestión que las correcciones financieras realizadas por la Comisión para los programas 2000-2006, si se tienen también en cuenta las correcciones adicionales presentadas por los Estados miembros que incluyen esta corrección financiera a España, alcanzan al menos el 5,6 % de las dotaciones del FEDER 2000-2006 (y el 6,2 % a 31/3/2013).

b)

Las correcciones relativas al FSE en Rumanía y al FEDER en la República Checa eran a tanto alzado y no implican recuperaciones (véase el recuadro 1.2) con cargo a los beneficiarios o una corrección detallada en los distintos proyectos, de modo que los errores identificados por el Tribunal siguen formando parte de los gastos declarados (21) por los Estados miembros para justificar su reembolso.

b)

c)

La corrección relativa al FEDER en Rumanía y un componente de la corrección relativa al FEDER en Eslovaquia (véase el recuadro 1.3) se efectuaron durante 2012, e incorporaron correcciones detalladas en los proyectos. El Tribunal tuvo esto en cuenta al examinar los proyectos afectados por la corrección, por lo que no cuantificó los errores en dichos proyectos y los excluyó de la estimación del porcentaje de error (22).

c)

1.32.

En el caso de los gastos agrícolas, las decisiones de conformidad de la Comisión afectan a los Estados miembros y, en la mayor parte de los casos, no dan lugar a recuperaciones a cargo de los beneficiarios (véase el apartado 1.26) y reflejan gastos efectuados en el pasado (véase el apartado 4.28 del capítulo 4), por lo que es demasiado tarde para que sus efectos repercutan en la evaluación del nivel de error por el Tribunal correspondiente al ejercicio en curso.

1.32.

1.33.

Las correcciones financieras iniciadas por la Comisión que han dado lugar a una corrección detallada de los gastos de los proyectos o a reembolsos durante el ejercicio han reducido el porcentaje de error estimado para 2012. Las correcciones financieras a tanto alzado, que no suponen la supresión de los gastos irregulares de la declaración ni la corrección de los gastos irregulares en los proyectos, no inciden en el porcentaje de error estimado por el Tribunal.

1.33.

Véase la respuesta a los apartados 1.29 a 1.31.

1.34.

De conformidad con la legislación de la UE, la Comisión realiza esfuerzos significativos para identificar y mejorar los sistemas de control y supervisión deficientes, pero no puede ir más allá de estas acciones, es decir, no puede forzar a los Estados miembros a recuperar los importes de los beneficiarios.

1.34.

La Resolución del Parlamento Europeo sobre el marco de control interno integrado, adoptada en julio de 2013, instaba a una estricta aplicación del artículo 32, apartado 5, del Reglamento Financiero, que dispone lo siguiente: «Si, durante la ejecución, el nivel de error es persistentemente elevado, la Comisión determinará las carencias en los sistemas de control, analizará los costes y los beneficios de las posibles medidas correctoras y adoptará o propondrá las medidas necesarias, por ejemplo una simplificación de las disposiciones aplicables, la mejora de los sistemas de control y la nueva configuración del programa.».

Debido, en particular, a la reducción de los efectivos prevista, a las dificultades en el procedimiento legislativo durante el período 2014-2020 para garantizar la simplificación propuesta y el objetivo de rentabilidad de los controles, la Comisión considera que, especialmente en el ámbito de la gestión compartida, la aplicación de este nuevo requisito no puede limitarse a las acciones centradas únicamente en lograr un impacto en el porcentaje de error anual al nivel de los receptores finales. Las correcciones y recuperaciones financieras a nivel de los Estados miembros, que se implementan a lo largo del período de vigencia de los programas plurianuales, constituirán siempre un importante factor que debe tenerse en cuenta, junto con el constante esfuerzo de simplificación de las normas y la reconfiguración y refuerzo de los sistemas.

1.35.

Para el período de programación 2014-2020 la Comisión ha propuesto que las irregularidades detectadas con posterioridad a la presentación de las cuentas anuales de las autoridades nacionales den lugar automáticamente a una reducción neta de la financiación de la UE, lo que debería incentivar más a los Estados miembros a aplicar controles eficaces (23). Si esta propuesta se aprueba, el Tribunal se planteará si incide en su metodología.

1.35.

1.36.

La Comisión delega la gestión cotidiana del presupuesto a los directores generales de sus direcciones generales y al director general administrativo del Servicio Europeo de Acción Exterior (24), a los que exige que presenten declaraciones de fiabilidad sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes en informes anuales de actividad (25). Las instrucciones de la Comisión sobre la elaboración de las declaraciones indican que los directores generales deben acompañarlas de reservas: a) cuando se ha producido un hecho con graves implicaciones para la reputación de la Comisión, o b) cuando el impacto de los niveles de error estimados, deducidas las correcciones financieras y las recuperaciones efectuadas, sigue siendo material.

1.37.

En 2012, todos los directores generales declararon que tenían garantías razonables de que los recursos asignados a las actividades del servicio se habían utilizado para los fines previstos y de conformidad con los principios de buena gestión financiera, y que los procedimientos de control establecidos ofrecían las garantías necesarias con respecto a la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. Sin embargo, catorce directores generales formularon un total de veintitres reservas cuantificadas en relación con los gastos (véase el cuadro 1.3 ). Además, como en el ejercicio anterior, el director general de la DG Presupuestos volvió a emitir reservas en su declaración sobre los ingresos.

1.38.

Tres direcciones generales (26) fueron objeto de una «revisión limitada» del Servicio de Auditoría Interna, a raíz de la cual la DG Agricultura y Desarrollo Rural formuló reservas por importes superiores a los de ejercicios anteriores. La DG Desarrollo y Cooperación — EuropeAid y la DG Investigación e Innovación también formularon reservas por importes superiores a los de ejercicios anteriores, aunque estas no guardan relación con las conclusiones de las revisiones limitadas del Servicio de Auditoría Interna. En los informes anuales de actividad de 2012 no se aplicaron todas las recomendaciones emitidas sobre dichos informes y el Servicio de Auditoría Interna continúa su examen de otra serie de direcciones generales con respecto a los informes anuales de actividad correspondientes a 2013.

1.38.

1.39.

La síntesis de los resultados de gestión de la Comisión en 2012 (el «informe de síntesis») (27) fue aprobada por la Comisión el 5 de junio de 2013 y constituye:

1.39.

1.40.

El informe de síntesis no tiene que incluir una declaración explícita de que los fondos se hayan utilizado de conformidad con los reglamentos, similar a la que deben elaborar ahora los organismos nacionales responsables de la gestión de los fondos de la UE (28).

1.40.

1.41.

El informe de síntesis reúne (29) los «importes de riesgo» identificados en los distintos informes anuales de actividad (véase el cuadro 1.3 ). El término «importes de riesgo» no se define en el informe de síntesis y no es calculado de forma homogénea por las distintas direcciones generales (30). En total, la Comisión cuantifica el «importe de riesgo» entre el 1,9 % (2 600 millones de euros) y el 2,6 % (3 500 millones de euros) del total de pagos del ejercicio. La Comisión, por lo tanto, reconoce que es probable que el nivel de error en los gastos sea material. Aunque no es posible comparar directamente la cuantificación realizada por la Comisión de los «importes de riesgo» con la estimación de error del Tribunal, el propio informe de síntesis señala que es probable que los importes en situación de riesgo, en particular en el ámbito del desarrollo rural, se encuentren subestimados debido a los problemas de fiabilidad detectados por el SAI. En consecuencia, en su informe de síntesis la Comisión dio a sus servicios centrales la instrucción de que revisaran los distintos enfoques aplicados para evaluar los importes considerados de riesgo (véase la nota a pie de página no 30).

1.41.

Como se indica en el informe de síntesis, la Comisión es consciente de las cuestiones planteadas por el Tribunal y está tomando medidas para armonizar las metodologías de cálculo de las cantidades expuestas.

Es importante tener en cuenta que los problemas existentes se deben sobre todo a la falta de fiabilidad de los porcentajes de error comunicados por los Estados miembros. La Comisión invierte mucho esfuerzo en mejorar su fiabilidad, en particular mediante la corrección al alza si se considera necesario (véanse las respuestas a los apartados 3.31 a 3.36, 4.38, a 4.39 y 6.35 a 6.39).

1.42.

El informe de síntesis compara el total de «importes de riesgo» con el nivel medio de correcciones financieras de los últimos cuatro años, y observa que dicho nivel se aproxima al del «importe de riesgo» de 2012. Esta yuxtaposición debe contextualizarse:

1.42.

—

el Tribunal ha analizado el calendario de las correcciones financieras y su impacto en los Estados miembros y en los beneficiarios en los apartados 1.19 a 1.35;

—

—

el informe de síntesis reconoce que es probable que la cuantificación de los «importes de riesgo» esté infravalorada debido a los métodos utilizados, por ejemplo, en política de cohesión (véase el capítulo 5, apartados 5.57 y 5.58) y en desarrollo rural (véase el capítulo 4, apartado 4.38) y a deficiencias en la información facilitada a la Comisión por otros organismos que gestionan fondos de la UE;

—

—

una corrección financiera por lo general da lugar a una nueva declaración de gastos por parte del Estado miembro afectado, que a su vez puede estar afectada por errores.

—

1.43.

El informe de síntesis no se limita a debatir la legalidad y la regularidad, sino que aborda otras cuestiones importantes, como las instrucciones dirigidas a los servicios de la Comisión para mejorar el marco de gestión a fin de conseguir una cultura orientada a los resultados en toda la organización (31). Además, la Comisión expresa su preocupación por que varias de las propuestas de legislación sectorial que ha planteado para el próximo período de programación con el fin de simplificar el marco jurídico no están siendo aceptadas.

1.44.

El informe de síntesis yuxtapone el nivel de fondos utilizados de manera irregular con el impacto de las correcciones financieras. El Tribunal considera que estas cifras deben contextualizarse. El propio informe de síntesis indica que es probable que las cifras presentadas subestimen el nivel global de riesgo. El Tribunal ha expuesto las limitaciones inherentes de las correcciones financieras como medio de corregir errores (véanse los apartados 1.19 a 1.35). Las correcciones financieras pueden incidir de manera significativa para ofrecer incentivos para la mejora de la calidad del gasto, pero es importante no sobrestimar su repercusión en la garantía de la regularidad del gasto.

1.44.

La Comisión aplicó un enfoque prudente para cuantificar los importes relacionados. Incluyó en su análisis solo las correcciones (3 700 millones de euros aproximadamente en 2012) y las recuperaciones (700 millones de euros aproximadamente en 2012) financieras que ella misma ejecutó y que abordaban directamente los errores o riesgos de error provocados por deficiencias de los sistemas de control y supervisión de los Estados miembros (en total 4 400 millones de euros en 2012).

De acuerdo con este enfoque, la Comisión no incluye:

1.45.

Hay que considerar si el informe de síntesis sigue estando adaptado para la consecución de los objetivos de rendición de cuentas, tanto interna como con respecto a terceros. El informe se finaliza con arreglo a un calendario establecido en el Reglamento Financiero, pero demasiado tarde para constituir una aportación significativa al trabajo del Tribunal de Cuentas; no se publica junto con las cuentas consolidadas, y no incluye ni tiene que incluir constituye una declaración explícita del tipo que se incluye en otros ámbitos (32).

1.45.

La Comisión considera que la combinación de los informes anuales de actividad y el informe de síntesis permite cumplir los objetivos externos e internos de rendición de cuentas establecidos por el Tribunal. Los informes anuales de actividad se concluyeron con la suficiente antelación como para que el Tribunal los tuviera en cuenta y contienen una declaración explícita comparable a otros ámbitos. El informe de síntesis es el resumen de los informes anuales de actividad y es el documento por el cual el Colegio asume la responsabilidad política sobre la base del artículo 317 del TFUE.

Los informes anuales de actividad y los informes de síntesis son documentos públicos de fácil acceso para todas las partes interesadas. La Comisión seguirá la sugerencia del Tribunal de crear un enlace de las cuentas consolidadas a las páginas en las que se publican el informe de síntesis y los informes anuales de actividad.

1.46.

En 2012, la Comisión no pudo satisfacer todas las solicitudes de pago con el presupuesto disponible. Algunos de los factores que incidieron en esta situación fueron el aumento de la diferencia entre los créditos para compromisos y para pagos, y la acumulación de compromisos pendientes de liquidación de ejercicios anteriores (33).

1.46.

La Comisión utilizó todos los instrumentos a su disposición para maximizar la ejecución del presupuesto, entre los que figura el de la «transferencia de fin de año» recientemente introducido en el Reglamento Financiero. Permitió reunir créditos no utilizados de todas las rúbricas, y efectuar pagos por un valor de 211 millones de euros en el marco de la política regional a finales de diciembre.

1.47.

El presupuesto definitivo de la UE autorizaba a las instituciones a contraer compromisos hasta un importe de 148 700 (34) millones de euros y a efectuar pagos hasta un importe de 136 800 (35) millones de euros.

1.48.

Estos créditos fueron utilizados en su totalidad; los compromisos contraídos representaron el 99,6 % del total autorizado (frente al 99,3 % en 2011) y los pagos efectuados, el 99,1 % del límite presupuestario (frente al 98,6 % en 2011).

1.49.

Los créditos para compromisos eran inferiores en 800 millones de euros al límite que se aplica a los compromisos en el marco financiero. Los demás compromisos, consistentes en fondos a los que no es aplicable el límite del marco financiero, ascendían a 1 200 millones de euros (36). En el caso de los créditos para pagos, el gasto se mantuvo dentro del límite en 5 600 millones de euros, incluidos todos los fondos.

1.50.

Los ingresos superaron a los pagos (37) en 1 000 millones de euros (38) en 2012 (1 500 millones de euros en 2011). Este excedente (39) se utilizará para compensar los recursos propios que se hayan de recaudar de los Estados miembros en 2013.

1.51.

Como observaba el Tribunal en el informe anual relativo al ejercicio 2011 (40), la Comisión encuentra cada vez más dificultades para satisfacer todas las peticiones de pagos en el ejercicio con los créditos para pagos inscritos en el presupuesto. En 2012, la Comisión trató de obtener créditos de pago extraordinarios en el último trimestre solicitando 9 000 millones de euros en créditos para pagos en el presupuesto rectificativo no 6 presentado el 23 de octubre de 2012, de los cuales la autoridad presupuestaria aprobó 6 000 millones de euros el 12 de diciembre de 2012. La presión sobre los pagos también se refleja en el incremento del importe de los compromisos pendientes (véanse los apartados 1.54 y 1.55).

1.51.

1.52.

Contribuye a esta situación el hecho de que los créditos para compromiso se han aproximado al límite definido en el marco financiero durante todo el período 2007-2013, mientras que el importe de los créditos para pagos fijado para cada período era inferior al límite (véase el cuadro 1.4 ). En consecuencia, el total acumulado de créditos de compromiso disponibles durante el período 2007-2013 ha superado el total acumulado de créditos de pago en 114 000 millones de euros durante el mismo período, es decir, 64 000 millones de euros más que la diferencia prevista en el marco financiero de 50 000 millones de euros entre los dos totales.

1.53.

Entre otros factores que generan presión en el presupuesto para pagos en 2012 se encuentran el incremento del flujo de solicitudes de pago de los Estados miembros en el penúltimo año del período de programación (41) y la respuesta consiguiente al lento inicio de los gastos de cohesión en el actual período de programación. Esta situación dio lugar a presupuestos rectificativos que transfirieron créditos de pago (pero no de compromiso) a otras líneas presupuestarias, y a la anulación de algunos créditos de pago.

1.53.

El presupuesto rectificativo incluía solamente créditos de pago: no se necesitan créditos de compromiso adicionales ya que se establecen en el marco financiero plurianual.

1.54.

Los compromisos presupuestarios pendientes de la Comisión (42), por los que todavía no se han efectuado pagos o liberaciones, aumentaron en 10 000 millones de euros (5,0 %) hasta un total de 217 000 millones de euros, que representa el equivalente al valor de dos años y tres meses de compromisos disociados (43) o de dos años y siete meses de pagos disociados al ritmo de ejecución de 2012.

1.55.

La mayor parte de los compromisos pendientes corresponden a la rúbrica 1b (Cohesión para el crecimiento y el empleo) (véase el gráfico 1.4 ). En este ámbito, los compromisos pendientes ascendían a 140 000 millones de euros (44) (el 64,1 % del total de los compromisos presupuestarios pendientes), que representan el equivalente en valor a dos años y ocho meses de compromisos o dos años y once meses de pagos (frente a tres años y dos meses en 2011) en ese ámbito, al ritmo de ejecución de 2012. La proporción de compromisos pendientes en los presupuestos anuales es, sin embargo, similar en otros ámbitos en que se utilizan créditos disociados. La reducción del valor en número de años de los pagos frente a 2011 se debe principalmente a los 4 400 millones de créditos de pago asignados a cohesión en el presupuesto rectificativo no 6. Pese a este incremento en los créditos de pago, quedaban pendientes 16 200 millones de solicitudes de pago (45) al final de 2012 (frente a 10 700 millones de euros al final de 2011 y a 6 400 millones de euros al final de 2010), por lo que el importe que deberá pagarse con futuros presupuestos para pagos ha aumentado significativamente en los últimos tres años.

1.55.

1.56.

La liquidación de un compromiso (con un pago) no finaliza necesariamente el proceso de registro de los gastos. La Comisión no registra el gasto definitivo hasta que las actividades se han emprendido, se han notificado a sus servicios y han sido aceptadas. El cuadro 1.5 muestra el nivel de desembolsos de prefinanciación cuya utilización final por parte de los beneficiarios todavía no ha sido aceptada ni validada por la Comisión. El importe bruto de prefinanciación ascendía a 80 100 millones de euros al final de 2012 (46).

1.56.

1.57.

El período medio más prolongado entre el compromiso y la aceptación del gasto corresponde a la rúbrica 4 (La UE como socio mundial), en la que, para una operación normal, transcurren tres años y once meses (47) entre la contracción de un compromiso y el registro por la Comisión del gasto definitivo correspondiente. Unos períodos de prefinanciación prolongados innecesariamente pueden suponer un mayor riesgo de error o de pérdida (véase el capítulo 7, recuadro 7.1).

1.57.

1.58.

Las significativas diferencias en los desequilibrios señaladas en el apartado 1.52 y la necesidad de tratar el problema del saldo pendiente de compromisos no utilizados constituyen factores clave de la presión ejercida en el presupuesto para pagos en 2012. Debido a esta presión es esencial que la Comisión planifique las necesidades de pagos a medio y largo plazo. Además de satisfacer los requisitos de flujos de tesorería derivados de los compromisos presupuestarios pendientes, los presupuestos futuros deberán financiar pagos para satisfacer las obligaciones registradas en el balance de la Unión (48). Estas representarán en conjunto una necesidad futura de desembolsos por un importe de alrededor de 313 000 millones de euros a 31 de diciembre de 2012.

1.58.

1.59.

En opinión del Tribunal, la Comisión debería preparar y publicar una previsión de flujo de tesorería de largo alcance que le permita proyectar las futuras exigencias de pagos, ayudar a identificar necesidades futuras, planificar prioridades presupuestarias y garantizar que pueden efectuarse los pagos necesarios con los presupuestos anuales aprobados. Este análisis deberá tener en cuenta la medida en que la UE necesitará efectuar pagos de prefinanciación y hacer frente a futuras necesidades de desembolsos derivadas de obligaciones ya registradas en el balance de la Unión.

1.59.

La Comisión analizará el mejor modo de preparar y comunicar una previsión de flujo de tesorería a largo plazo, que incluye también el pasivo ya registrado en el balance de la Unión.

1.

1.

1.

—

que la liquidación de las prefinanciaciones pendientes no siempre se llevó a cabo de manera correcta. Una serie de liquidaciones no se realizaron en absoluto o se contabilizaron por importes incorrectos;

—

que algunas direcciones generales no procesan la información disponible sobre los progresos realizados y los costes conexos y no liquidan las prefinanciaciones correspondientes en función de dichos progresos, sino que utilizan aproximaciones para determinar la separación de ejercicios;

—

que, por primera vez en su Informe Anual de 2010, en un número cada vez mayor de casos, la Comisión no ha registrado los pagos correctamente como origen de activos, principalmente en los instrumentos de ingeniería financiera y en los anticipos de otros regímenes de ayuda.

2.

2.

2.

3.

3.

3.

2.1.

El presente capítulo expone las observaciones específicas del Tribunal sobre los ingresos, que consisten en los recursos propios y otros ingresos. El cuadro 2.1 presenta información financiera clave sobre este ámbito en 2012.

2.2.

Los recursos propios constituyen con diferencia la principal fuente de financiación del gasto presupuestario (92,4 %). Existen tres categorías de recursos propios (1): recursos propios derivados de la renta nacional bruta (RNB) de los Estados miembros, recursos propios tradicionales (derechos aduaneros percibidos sobre las importaciones y cotización sobre la producción de azúcar) y recursos propios calculados sobre la base del impuesto sobre el valor añadido (IVA) recaudado por los Estados miembros.

2.3.

Los recursos propios basados en la RNB resultan de la aplicación de un tipo uniforme a la RNB de los Estados miembros. El cálculo de las contribuciones de los Estados miembros correspondientes al ejercicio actual (97 856 millones de euros, el 70,1 % de los ingresos) está basado en previsiones de los datos RNB (2). Dichos datos están sujetos a revisión al menos durante cuatro años, transcurridos los cuales pasan a ser definitivos (3). Las revisiones se tienen en cuenta para el cálculo de los saldos y ajustes RNB (4) de ejercicios anteriores, que también contribuyen al presupuesto anual de ingresos. El principal riesgo para la regularidad consiste en que las estadísticas subyacentes no sean elaboradas conforme a la normativa de la UE o no sean tratadas con arreglo a esta.

2.4.

Tras tomar en consideración el total de los recursos propios tradicionales, los recursos propios basados en el IVA y otros tipos de ingresos, los recursos propios basados en la RNB se utilizan para equilibrar el presupuesto de la UE. Cualquier subestimación (o sobrestimación) de la RNB de un Estado miembro en particular — aunque no afecte al recurso propio basado en la RNB global — tiene por efecto el incremento (o reducción) de las contribuciones de los demás Estados miembros, hasta que se corrijan los datos RNB.

2.5.

Los recursos propios tradicionales son constatados y recaudados por los Estados miembros. Tres cuartas partes de estos importes se abonan al presupuesto de la UE (16 454 millones de euros, el 11,8 % de los ingresos), mientras que la parte restante se destina a cubrir los costes de recaudación. Cada Estado miembro envía a la Comisión una declaración mensual de los derechos constatados («la contabilidad A») y una declaración trimestral de los derechos constatados que no se incluyen en la primera («la contabilidad B») (5). Los principales riesgos que afectan a los recursos propios tradicionales son la exhaustividad, la exactitud y el respeto de los plazos de los derechos puestos a disposición de la Unión.

2.6.

Los recursos propios basados en el IVA son contribuciones resultantes de la aplicación de un tipo uniforme a las bases imponibles del IVA teóricamente armonizadas de los Estados miembros (14 648 millones de euros, el 10,5 % de los ingresos). Los riesgos principales residen en la integridad y exactitud de la base imponible del IVA armonizada facilitada por los Estados miembros y en la exactitud y puntualidad de las contribuciones de estos.

2.7.

Se concede al Reino Unido una corrección de desequilibrios presupuestarios («el cheque británico») que implica una reducción en sus pagos de recursos propios basados en la RNB (6). Además, Alemania, los Países Bajos, Austria y Suecia se benefician de un tipo de referencia del IVA reducido, y los Países Bajos y Suecia cuentan con una reducción bruta en su contribución anual basada en la RNB para el período 2007-2013 (7). El principal riesgo es que la Comisión cometa un error en estos cálculos, en particular por lo que se refiere a los complejos cálculos del cheque británico.

2.8.

Los demás ingresos auditados consisten principalmente en el excedente presupuestario del ejercicio anterior, contribuciones ligadas a acuerdos de la Unión/Comunidad (incluida la AELC), intereses por retrasos en los pagos y multas. Los riesgos principales en otros ingresos comprenden la gestión de las multas por la Comisión y errores en el cálculo de las contribuciones vinculadas a acuerdos de la Unión/Comunidad.

2.9.

El enfoque y la metodología global de auditoría del Tribunal se exponen en el anexo 1.1, parte 2 , del capítulo 1. En el caso de la fiscalización de los ingresos cabe señalar los siguientes aspectos específicos:

2.10.

La auditoría tomó como punto de partida la recepción de los datos acordados de previsiones de la RNB para 2012 y seguidamente se procedió a evaluar los sistemas de tratamiento de dichos datos de la Comisión con el fin de determinar los importes que deben figurar en las cuentas presupuestarias definitivas. Por consiguiente, el Tribunal examinó la elaboración del presupuesto de la UE y la exactitud de las contribuciones de los Estados miembros basados en estas previsiones.

2.11.

El Tribunal evaluó los sistemas de control y supervisión de la Comisión que tienen como fin ofrecer garantías razonables de que los recursos propios basados en la RNB han sido correctamente calculados y recaudados. La fiscalización comprendió asimismo la gestión por la Comisión de las reservas relativas a la RNB de 2012. El Tribunal no puede emitir un juicio sobre la calidad de los datos acordados entre la Comisión y los Estados miembros.

2.12.

No obstante, el Tribunal también evaluó la eficacia de la verificación por la Comisión de los datos RNB (10) del período 2002-2010, que se completó en enero de 2012. El examen se centró en los ejercicios 2002 a 2007, cuyos datos RNB, junto con los de 2008, pasaron a ser definitivos en 2012 sin más posibilidades de modificar el cálculo de los ajustes a estos recursos propios, con la excepción de los elementos puntuales a los que se refieren las reservas específicas [véase el apartado 2.25]. Este trabajo también se tiene en cuenta al evaluar los sistemas de control y supervisión de la Comisión.

2.13.

El Tribunal evaluó los sistemas de control y supervisión en varios Estados miembros seleccionados (Bélgica, Polonia y Finlandia), que aportan conjuntamente alrededor del 13 % del total de los recursos propios tradicionales. Asimismo, examinó sus sistemas contables (cuentas A y B) y el flujo de los recursos propios tradicionales desde su constatación hasta su declaración a la Comisión a fin de obtener garantías razonables de la exactitud e integridad de los importes registrados. Los auditores verificaron los controles claves relativos a la fiabilidad de los datos en las declaraciones de importación (códigos preferenciales y país de origen), las auditorías y análisis de riesgos posteriores al despacho aduanero y la concesión de dispensas de notificación en la fase de importación en los Estados miembros visitados.

2.14.

Además, el Tribunal evaluó los sistemas de control y supervisión en la Comisión, incluidas sus inspecciones en los Estados miembros, el procedimiento para la admisión en pérdida de los importes incobrables y el procedimiento para el seguimiento de sus anteriores observaciones y de las del Tribunal.

2.15.

La auditoría efectuada por el Tribunal de las operaciones subyacentes a las cuentas no puede abarcar las importaciones no declaradas o las que han eludido la vigilancia aduanera.

2.16.

Los recursos propios basados en el IVA se derivan del IVA efectivamente recaudado por los Estados miembros, ajustado mediante estadísticas macroeconómicas y estimaciones («la base imponible del IVA armonizada»). La auditoría tomó como punto de partida la base imponible del IVA armonizada preparada por los Estados miembros y evaluó los sistemas de tratamiento de datos de la Comisión con el fin de determinar los importes que deben figurar en las cuentas presupuestarias definitivas. El Tribunal examinó pues la elaboración del presupuesto de la UE y la exactitud de las contribuciones de los Estados miembros.

2.17.

El Tribunal evaluó los sistemas de control y supervisión de la Comisión que tienen como fin proporcionar garantías razonables de que los recursos basados en el IVA han sido correctamente calculados y recaudados. Asimismo, examinó el trabajo realizado por la Comisión en los Estados miembros sobre la verificación de la base imponible de IVA armonizada y su gestión de las reservas. La fiscalización no verificó directamente las estadísticas y datos facilitados por los Estados miembros.

2.18.

En el anexo 2.1 figura el resumen de los resultados de la verificación de operaciones. Ninguna de las 55 operaciones auditadas por el Tribunal estaba afectada por error.

2.19.

El Tribunal concluyó que ni el cálculo por la Comisión de las contribuciones de los Estados miembros ni su pago, basados en su mayor parte en previsiones de datos RNB para 2012, contenían errores. Sin embargo, su evaluación puso de manifiesto deficiencias en el enfoque y en el proceso de verificación de la Comisión (véanse los apartados 2.28 a 2.30), aunque estas no tenían un impacto significativo en los recursos propios basados en la RNB registrados (véase el apartado 2.30).

2.20.

El Tribunal constató que, por lo general, las órdenes de ingreso emitidas por la Comisión reflejan la contabilidad A transmitida por los Estados miembros.

2.21.

El Tribunal concluyó que ni el cálculo de las contribuciones de los Estados miembros ni su pago contenían errores.

2.22.

El Tribunal no detectó en su fiscalización errores en los cálculos ni en los pagos de las operaciones de otros ingresos. No obstante, su examen reveló insuficiencias administrativas en los procedimientos de la Comisión para calcular parte de la contribución de un Estado de la AELC (11).

2.22.

2.23.

En el anexo 2.2 figura un resumen de los resultados del examen por el Tribunal de los sistemas de control y supervisión.

2.23.

2.24.

Las reservas (12) constituyen un dispositivo para mantener sujetos a corrección los puntos dudosos de los datos RNB presentados por un Estado miembro una vez transcurrido el plazo reglamentario de cuatro años, de modo que la utilización de reservas forma parte del proceso de control interno. La Comisión y los Estados miembros deberían procurar resolver los puntos dudosos lo antes posible (13).

2.24.

2.25.

La Comisión sustituyó todas las reservas generales existentes para los Estados miembros EU-25 por 103 reservas específicas (14). Estas abarcan los ejercicios 2002 a 2010 para los Estados miembros EU-15 y los ejercicios 2004 a 2010 para los Estados miembros EU-10. Además, pese a no estar previstos en los procedimientos de la Comisión, se formularon seis reservas específicas transversales (15) en los Estados miembros EU-25. El Tribunal observó insuficiencias en la verificación por la Comisión de los datos RNB que también afectan a la gestión de las reservas [véanse los apartados 2.28, letra b), segundo y tercer guiones, y 2.29].

2.25.

2.26.

En 2012 no se suprimió ninguna de estas reservas específicas RNB. Por otra parte, al final del mismo año aún quedaban dos reservas específicas PNB (16) relativas al período 1995-2001. El cuadro 2.2 presenta la situación por Estado miembro. La Comisión no estima el impacto potencial de las reservas.

2.26.

Dado que las cuentas nacionales son un sistema complejo de controles y equilibrios, el efecto de cada uno de los componentes no puede aislarse, por lo que no es posible cuantificar con precisión el impacto potencial de las reservas (a menudo no resulta fácil determinar si será positivo o negativo).

2.27.

La Comisión emitió una reserva general sobre los datos RNB de Grecia para el ejercicio 2008, puesto que este Estado miembro no pudo respetar el plazo del 22 de septiembre de 2012 para su transmisión a Eurostat. De no haber sido así, los datos relativos al ejercicio 2008 habrían pasado a ser definitivos y ya no podrían corregirse.

2.28.

En su examen de la eficacia de la verificación por parte de la Comisión de los datos RNB relativos a los ejercicios cerrados 2002 a 2007, finalizado en 2012, el Tribunal observó que:

a)

Eurostat no planificó ni priorizó su trabajo de manera adecuada, ya que los riesgos relativos a la elaboración de los datos RNB por los Estados miembros no estaban evaluados de manera correcta y no se aplicaba adecuadamente el principio de la relación coste-beneficio (17) en la selección de los ámbitos que se han de verificar.

a)

b)

Eurostat no demostró un enfoque de verificación coherente porque:

—

se observaron insuficiencias en la realización de la verificación directa. Eurostat seleccionó ámbitos que debían analizarse con arreglo a criterios diferentes de un Estado miembro a otro y no se hallaron pruebas de que comprobara siempre los controles efectuados por los institutos nacionales de estadística de los datos de entrada utilizados para estimar los componentes seleccionados,

—

Eurostat seleccionó los componentes/ámbitos por verificar mediante verificación directa de acuerdo con los criterios generales acordados en el Comité RNB (se indicó claramente a priori que los componentes seleccionados pueden variar de un país a otro). Estaba previsto que se iniciara el alcance de la verificación directa una vez llegasen los datos al departamento de cuentas nacionales. Además, los Estados miembros debían proporcionar la documentación sobre los controles realizados por el departamento de cuentas nacionales con respecto a los datos de entrada. La Comisión estudiará posibles formas de mejorar la documentación.

—

no se facilitaron pruebas de los criterios aplicados para establecer reservas específicas por países con arreglo al principio de relación costes-beneficios,

—

—

algunas reservas específicas transversales se establecieron de manera inadecuada. Por ejemplo, la relativa al tratamiento de viviendas en cooperativa, en que catorce Estados miembros declararon no tener estas operaciones, y al tratamiento de entidades con escasa o ninguna presencia física cuando el impacto esperado en la RNB es limitado.

—

2.29.

El Tribunal también observó problemas en la elaboración de las estimaciones de las cuentas nacionales que no habían sido detectados por Eurostat. Algunos de dichos problemas (18) deberían haber dado lugar a la emisión por la Comisión de reservas específicas adicionales por países, mientras que otros (19) reflejaban incoherencias en la emisión de reservas entre los Estados miembros.

2.29.

2.30.

Aunque esto no afectaría al cálculo de los recursos propios basados en la RNB para el ejercicio 2012, las contribuciones individuales de los Estados miembros correspondientes a los ejercicios 2002 a 2007 habrían sido diferentes (20).

2.30.

2.31.

En todos los Estados miembros visitados, la auditoría del Tribunal (véase el apartado 2.13) reveló deficiencias en la supervisión aduanera nacional en relación con las auditorías posteriores al despacho aduanero y el análisis de riesgos. Cuando la supervisión aduanera nacional solo es parcialmente eficaz, existe un mayor riesgo de que los importes de resursos propios tradicionales recaudados sean inexactos.

2.31.

2.32.

Las insuficiencias de los sistemas identificadas en Bélgica en los informes anuales de 2010 y 2011 están siendo tratadas por la Comisión y el Estado miembro. En el informe anual de actividad de la Dirección General de Presupuestos de 2012 existe una reserva sobre la fiabilidad de los datos contables de este Estado miembro.

2.32.

2.33.

Además, en los otros dos Estados miembros visitados (Polonia y Finlandia) el Tribunal observó también otras insuficiencias de menor importancia en los sistemas en relación con las cuentas A y B.

2.33.

2.34.

En 2012, la Comisión emitió 54 reservas y suprimió 57. Según esta, el efecto neto de las actividades de control en los Estados miembros en que se suprimieron reservas fue reducir los recursos propios basados en el IVA en aproximadamente 4 millones de euros (21). Al final del ejercicio, había un total de 153 reservas pendientes (véase el cuadro 2.3 ). De las reservas emitidas por la Comisión, 44 consisten en infracciones de la legislación del IVA y solo pueden suprimirse una vez que se haya cerrado el procedimiento de infracción y se haya determinado su efecto en la base del IVA en los ejercicios en cuestión. Los propios Estados miembros han emitido diecisiete reservas.

2.35.

El Tribunal define las reservas IVA de larga duración como las que corresponden a un ejercicio que se remonte al menos a diez años antes, es decir, reservas todavía en vigor al final de 2012 referentes a 2003 y a ejercicios anteriores. La situación general es similar a ejercicios anteriores. Al final del ejercicio había dieciséis reservas de este tipo pendientes, algunas de las cuales se remontan a 1995, frente a quince al final de 2011. De las reservas pendientes de larga duración, cinco corresponden a infracciones y tres fueron emitidas por Estados miembros.

2.35.

2.36.

Al final de 2012, alrededor del 98 % de las multas (22) pendientes estaban cubiertas bien por un pago provisional, bien por una garantía. Las normas de desarrollo del Reglamento Financiero (23) disponen que la Comisión deberá recurrir a la ejecución forzosa del título de crédito por cualquier medio disponible en caso de que no se hayan efectuado pagos provisionales o si los deudores no han constituido garantías para cubrir el importe íntegro antes de la fecha de vencimiento.

2.36.

2.37.

El Tribunal examinó una muestra de treinta multas que no estaban cubiertas por un pago provisional ni por una garantía, y constató que en doce casos la Comisión no había recurrido a todos los medios posibles para la ejecución forzosa de la recaudación. El Tribunal notificó una situación idéntica en su informe anual relativo al ejercicio 2011 (24).

2.37.

2.38.

En su informe anual de actividad relativo a 2012, la DG Presupuestos declara que tiene garantías razonables sobre la exactitud y la integridad de los datos RNB utilizados a efectos de recursos propios, en vista de la opinión del Comité RNB y de los resultados de las actividades de verificación efectuadas por Eurostat. El Tribunal considera que existe una limitación al alcance de la opinión del Comité RNB (25) y que el informe anual de actividad de Eurostat solo proporciona una evaluación parcial de las verificaciones aplicadas a los datos RNB a efectos de recursos propios. El informe anual de actividad de la DG Presupuestos debería haberse referido a estas limitaciones.

2.38.

2.39.

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (26), en la cual se declara inválido el Reglamento (CE) no 1193/2009 de la Comisión (27), esta calculó que se debía reembolsar un importe de 285,5 millones de euros a los productores de azúcar (28), de los cuales la Comisión pagaría 214 millones de euros a los Estados miembros. El Tribunal considera que este importante hecho debería haberse mencionado en el informe anual de actividad de la DG Presupuestos.

2.39.

2.40.

Basándose en su trabajo de auditoría, el Tribunal ha llegado a la conclusión de que, para el ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2012:

En general la evidencia de auditoría indica que los ingresos no están afectados por un nivel significativo de error.

2.41.

Los sistemas de control y supervisión de los recursos propios basados en la RNB se consideran en general eficaces para garantizar que las operaciones subyacentes a los ingresos son legales y regulares, con excepción de la verificación de los datos RNB por la Comisión, que se considera parcialmente eficaz debido a lo siguiente:

—

Eurostat no planifica ni prioriza su trabajo de manera adecuada y no aplica un enfoque coherente entre los Estados miembros (véase el apartado 2.28),

—

—

También existían problemas en la elaboración de las estimaciones de las cuentas nacionales que no han sido detectadas por Eurostat (véanse los apartados 2.29 y 2.30).

—

Véase la respuesta relativa a los apartados 2.29 y 2.30.

2.42.

El Tribunal también llama la atención sobre los asuntos expuestos a continuación:

a)

Existen insuficiencias en la gestión por parte de la Comisión de las reservas sobre los recursos propios basadas en la RNB. Deberían haberse emitido reservas específicas adicionales por países y en algunos casos existían incoherencias entre los Estados miembros (apartado 2.25). Además, la Comisión todavía no había suprimido las dos reservas específicas pendientes sobre el PNB del período 1995 a 2001 (apartado 2.26).

a)

b)

Existen reservas pendientes de larga duración relativas a recursos propios basados en el IVA (véase el apartado 2.35).

b)

Véase también la respuesta relativa a los apartados 2.25 y 2.26.

Además de la posterior supresión de las cinco reservas pendientes de larga duración comentadas en respuesta al apartado 2.35, se ha seguido trabajando con los Estados miembros afectados para suprimir más reservas. Se han determinado estrategias de solución y se están elaborando para otras dos.

c)

La auditoría del Tribunal puso de manifiesto insuficiencias en la supervisión aduanera nacional (véanse los apartados 2.31 a 2.33). El Tribunal llega a la conclusión de que los sistemas de control y supervisión de los Estados miembros fiscalizados solo son parcialmente eficaces para garantizar que los recursos propios tradicionales registrados son completos y correctos.

2.43.

En el anexo 2.3 figura el resultado del análisis por el Tribunal de los avances en el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en anteriores informes anuales. En los informes relativos a los ejercicios 2009 y 2010, el Tribunal presentó seis recomendaciones. La Comisión aplicó plenamente dos de ellas, una se aplicó en la mayoría de los aspectos, dos parcialmente y una no se aplicó.

2.43.

Dado que las inspecciones regulares de la Comisión confirman que la cuenta B está informatizada en la mayoría de los Estados miembros, la cantidad de importes declarados indebidamente en la cuenta B está disminuyendo. La mayor parte de las constataciones de la Comisión en sus inspecciones de la cuenta B se refieren a la responsabilidad financiera de los Estados miembros resultante de procedimientos de recuperación insatisfactorios o errores administrativos, y no está directamente relacionada con la gestión de la cuenta en sí (v. 2010/2009, punto 3 del anexo 2.3).

La Comisión ha presentado en 2012 al Comité consultivo de recursos propios y al Grupo de Política Aduanera un informe temático sobre procedimientos de despacho aduanero locales, en el que se consolidan los resultados de las inspecciones realizadas en casi todos los Estados miembros y se señalan los ámbitos clave en los que es preciso seguir trabajando. La Comisión continuará examinando las medidas correctoras adoptadas por los Estados miembros hasta que se hayan abordado las deficiencias (v. 2010/2009, punto 4 del anexo 2.3).

Tanto la Comisión como los Estados miembros han adoptado medidas para aplicar la recomendación. De las 20 reservas pendientes de larga duración que dieron lugar a la recomendación del Tribunal en 2009, 17 se han resuelto y suprimido. Para las otras tres, el Tribunal debe tomar medidas antes de poder suprimir una de ellas y se han puesto en marcha estrategias para resolver las otras dos (v. 2009 del anexo 2.3).

2.44.

A raíz del análisis descrito y de las constataciones y conclusiones del ejercicio 2012, el Tribunal recomienda que la Comisión: