12.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 327/1

1.1

El presente dictamen exploratorio del CESE aspira a arrojar luz sobre la contribución específica que las empresas públicas pueden aportar a la competitividad de la UE. Su objetivo es precisar los retos específicos que existen en este ámbito para las políticas e instituciones europeas.

1.2

Este dictamen se atiene al marco de los Tratados, que conceden una amplia facultad discrecional a los Estados miembros respecto de la definición, organización y financiación de sus servicios de interés general. Asimismo, de acuerdo con los Tratados, compete a los Estados miembros la elección de las empresas encargadas de la ejecución de las misiones de servicio público y su estatuto (privado, público o colaboración público-privada) (1).

1.3

Una autoridad pública puede decidir caso por caso la constitución de una empresa pública como uno de sus medios de acción, en función del análisis de un sector, los objetivos y las misiones fijados, así como las orientaciones que se promueven a largo plazo.

1.4

Con arreglo a la Directiva de la Comisión de 25 de junio de 1980 relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, se entiende por 'empresas públicas' «cualquier empresa en la que los poderes públicos puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que la rigen;»

«Se presumirá que hay influencia dominante cuando, en relación con una empresa, el Estado u otras administraciones territoriales, directa o indirectamente:

1.5

Todos los países europeos, a lo largo de su historia, han creado empresas públicas, bien directamente o bien nacionalizando o «municipalizando» empresas privadas. La variedad de razones para hacerlo es muy amplia:

1.6

El análisis de la eficacia, la eficiencia y, llegado el caso, la necesidad de reformar las empresas públicas no puede limitarse a los indicadores usuales de rentabilidad de las actividades económicas, sino que deberá englobar el conjunto de estos objetivos y misiones que les asignaron las autoridades públicas.

1.7

De acuerdo con la definición oficial europea, la competitividad es la capacidad de mejorar de forma sostenible el nivel de vida de sus habitantes y de procurarles un alto nivel de empleo y de cohesión social.

1.8

La Unión pierde cada año un poco de terreno en cuanto a productividad. Esta desaceleración es sinónimo de deterioro de la competitividad. Entre los índices reveladores de este retraso cabe citar una innovación insuficiente y la falta de inversiones en las infraestructuras y las tecnologías, así como en capital humano.

1.9

Por lo tanto, la competitividad de la Unión Europea y su atractivo dependen de las inversiones realizadas en las infraestructuras, la educación y la formación, la investigación y el desarrollo, la salud y la protección social, la defensa del medio ambiente, etc. Todos ellos son ámbitos en los que las autoridades públicas pueden utilizar empresas públicas como uno de los medios posibles de intervención.

1.10

Pero tanto el Estado como las autoridades públicas regionales o locales no son virtuosos por naturaleza y las empresas públicas también tienen deficiencias que pueden deberse a:

1.11

La empresa pública puede obedecer a estrategias defensivas u ofensivas por parte de la autoridad pública competente:

1.12

Ello implica que la autoridad pública asume su responsabilidad para determinar las orientaciones estratégicas y concede una amplia autonomía de gestión a los administradores de la empresa. No obstante, la autoridad pública debe velar por el establecimiento de un control y una regulación eficaces y públicos, lo que requiere instaurar una gobernanza de sus empresas públicas basada en la participación de todas las partes interesadas competentes, así como de los representantes del personal de las empresas.

1.13

En cuanto a los servicios de interés económico general que los Estados miembros prestan por medio de sus empresas públicas, estas proponen actividades de carácter industrial y comercial que a menudo compiten directamente con las de las demás empresas.

1.14

Entre las empresas públicas que operan en un entorno liberalizado y competitivo cabe citar en primer lugar las industrias de red (electricidad, gas, comunicaciones electrónicas, transportes y correos), cuya accesibilidad y el suministro continuo, de buena calidad y a un precio asequible, son indispensables no sólo para los ciudadanos sino también para la mayoría de las empresas privadas. Por lo tanto, desempeñan un papel fundamental para la economía nacional y la competitividad global de un Estado miembro. Ello también es válido para otros sectores como el audiovisual, la vivienda, la asistencia sanitaria o social, en los que las deficiencias del mercado no permiten a todos los ciudadanos ejercer de una manera u otra sus derechos fundamentales.

2.1

En su carta de consulta, la futura Presidencia lituana pidió concretamente hacer hincapié en la mejora de la eficacia de las empresas públicas y en su importancia para la competitividad nacional. En ella solicita un análisis de la situación actual y de las buenas (o malas) prácticas, que se echa en falta en la esfera de la UE, al igual que una reforma estructural de la evaluación de la eficacia de este tipo de empresas en el marco de la coordinación de la política económica y de sus repercusiones en el mercado interior.

2.2

Aunque la legislación de la UE solo se refiere a algunos ámbitos específicos de las actividades de las empresas públicas (ayudas estatales y servicios de interés económico general), la futura Presidencia lituana propone, respecto de la reforma de las empresas públicas, limitar las iniciativas europeas a las medidas no legislativas y no fijar objetivos relativos al nuevo marco legislativo. De igual modo, la eventual privatización de las empresas públicas debería seguir siendo competencia exclusiva de los Estados miembros.

2.3

Por último, la futura Presidencia lituana lamenta que, hasta ahora, las iniciativas y los documentos aprobados o anunciados por la Comisión Europea no hayan generado debate general alguno sobre la reforma de las empresas públicas, su gestión, la mejora de su eficacia y su contribución a la competitividad y a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Hasta la fecha, la Comisión y el Parlamento Europeo se han centrado solo en dos aspectos: el cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales y las normas sobre la prestación de servicios de interés económico general.

3.1

El CESE apoya plenamente la petición de la futura Presidencia lituana relativa a un análisis de la situación actual y de las buenas (o malas) prácticas, así como a una reforma estructural de la evaluación de la eficacia de este tipo de empresas en el marco de la coordinación de la política económica y de sus repercusiones en el mercado interior.

3.2

De los Tratados se deriva una obligación reforzada para la Unión y los Estados miembros de velar por el buen funcionamiento de los servicios de interés económico general, especialmente desarrollando una dinámica progresiva de evaluación de los resultados de estos servicios. Mientras que ello no sea una realidad, las evaluaciones de los resultados no contribuirán a satisfacer las necesidades de los ciudadanos y de la economía a nivel nacional y europeo.

3.3

Esta evaluación deberá servir para incrementar la eficacia y eficiencia de los servicios de interés económico general y su adaptación a la evolución de las necesidades de los ciudadanos y las empresas. Asimismo deberá aportar a las autoridades públicas los elementos que necesitan para adoptar las decisiones más pertinentes. Además, deberá desempeñar un papel esencial para llegar a un arbitraje armonioso entre el mercado y el interés general, así como entre objetivos económicos, sociales y medioambientales.

3.4

El CESE, en el dictamen «Una evaluación independiente de los servicios de interés general» (2), presentó propuestas para determinar a escala europea las formas de intercambio, confrontación, comparación y coordinación. Por lo tanto, corresponderá a la Unión impulsar la dinámica de esta evaluación independiente en el respeto del principio de subsidiariedad y de los principios mencionados en el Protocolo anejo a los Tratados reformados elaborando, en un marco de diálogo con los representantes de los agentes interesados, un método de evaluación armonizado a escala europea y basado en indicadores comunes, así como los medios para su funcionamiento.

3.5

El CESE, en el marco de sus reflexiones sobre la manera en que las empresas públicas podrían incrementar su contribución a la recuperación económica y la competitividad de la Unión, se ha interesado en distintos dictámenes por la cuestión de los servicios de interés económico general europeos.

3.6

Desde el 8 de octubre de 2001 existe un estatuto de la sociedad europea. Este estatuto, aplicable desde el 8 de octubre 2004, ofrece a las empresas que operan en varios Estados miembros la posibilidad de constituirse en una única empresa de derecho europeo y aplicar las mismas normas: un sistema único de gestión y de publicación de la información financiera. Por lo tanto, las sociedades que adoptan este estatuto evitan tener que cumplir la legislación de cada uno de los Estados miembros en los que tienen una filial, logrando de esta forma reducir sus costes administrativos.

3.7

En este marco, debe estudiarse la puesta en práctica de un «estatuto de empresa pública europea», algo que ya abordó la Comisión Europea en 2011 respecto de Galileo (3), que en la actualidad es una empresa pública europea de facto.

3.8

En concreto, se podrían prever empresas públicas europeas para las grandes redes de infraestructuras europeas, definidas como una política común en los Tratados, en materia de energía de transporte, que colaborarían con las empresas nacionales o locales de dichos sectores, con el fin de aplicar las nuevas disposiciones y competencias recogidas en el Tratado de Lisboa, en especial, la política de la Unión en el ámbito de la energía (artículo 194 del TFUE).

3.9

El CESE, en el dictamen sobre el «Libro Verde - Hacia una red europea de energía segura, sostenible y competitiva» (4), defendió que se lleven a cabo estudios sobre la conveniencia y viabilidad de un servicio de interés general europeo de la energía al servicio de los ciudadanos, con un enfoque común en materia de precio, fiscalidad, normas financieras, de seguridad, de continuidad, de desarrollo económico y de protección del clima.

3.10

En este mismo Libro Verde, la Comisión aboga por un gestor europeo del sistema de transporte de gas mediante la creación progresiva de una empresa independiente para que gestione una red de transporte de gas unificada en toda la UE.

3.11

Estos servicios europeos, independientemente del estatuto del prestador (público, privado o colaboración público-privada), podrán aportar una plusvalía en ámbitos esenciales y multinacionales o transnacionales como la seguridad de aprovisionamiento energético, el aseguramiento de los recursos hídricos, la conservación de la biodiversidad, el mantenimiento de la calidad del aire, la seguridad interna y externa, etc., en la medida en que dichos servicios puedan prestarse más eficazmente a nivel europeo que a escala nacional o local.

3.12

A este respecto, el CESE se pronuncia a favor de colaboraciones públicas (Unión y Estados miembros) y privadas para aumentar la seguridad de aprovisionamiento energético y lograr una administración integrada de las redes interconectadas de energía (gas, electricidad, petróleo). Asimismo, defiende el desarrollo de la red eólica marítima y la conexión de los parques eólicos con la red en tierra firme, lo que podría reducir considerablemente los costes de explotación y de inversión e incitar en mayor medida a invertir en nuevos proyectos de redes (5).

3.13

En el marco de las competencias de cada Estado miembro –por ejemplo, en materia de combinación energética–, las cuestiones de orden social y empresarial, planteadas por la gestión y la utilización de los recursos naturales, la energía nuclear, el cambio climático y la gestión sostenible, así como la seguridad, transcienden las fronteras tradicionales de los Estados y sólo encontrarán respuesta satisfactoria en una concepción europea del interés general y de servicios adecuados.

3.14

También podría plantearse la cuestión de las actividades económicas de las agencias europeas ejecutivas.

3.15

En la actualidad hay seis (6) que engloban para el período 2007-2013 programas que suponen unos 28 000 millones de euros. La mayoría de estos programas corresponde a ámbitos en los que la UE tiene competencias para apoyar a los Estados miembros.

3.16

Por una parte, puede considerarse que estas agencias ejecutivas son una forma de subcontratación de determinadas funciones de la Comisión y, por lo tanto, cabe preguntarse en qué medida son realmente independientes; pero, por otra parte, sus misiones y responsabilidades les llevan a intervenir directamente en las actividades económicas y sociales. En consecuencia, ¿estamos tan alejados de la definición amplia establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre los conceptos de actividad económica y de empresa?

12.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 327/5

1.1

El CESE acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por los gobiernos de Serbia durante la última década para reformar la economía y las instituciones del país. Considera que el proceso de adhesión de Serbia a la UE constituye una oportunidad para consolidar y aplicar de manera efectiva las reformas emprendidas. Subraya la importancia de la participación de la sociedad civil en el proceso de adaptación de la legislación serbia al acervo de la UE. Hace un llamamiento al Gobierno serbio y a las instituciones de la UE para que intensifiquen su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y permitan a estas participar activamente en los próximos pasos que conduzcan a la adhesión a la UE.

1.2

El CESE se congratula de la decisión del Consejo Europeo de iniciar las negociaciones de adhesión con Serbia a más tardar en enero de 2014. El CESE felicita a Belgrado y a Pristina por la firma de un primer acuerdo de principios que rige la normalización de las relaciones (Bruselas, 19 de abril de 2013) y por la adopción en mayo de su plan de aplicación. Hace ahora un llamamiento a ambas partes para que apliquen el acuerdo, con el respaldo de la UE. El CESE subraya que las OSC deben participar en la fase de aplicación, ya que pueden contribuir de manera decisiva a la reconciliación.

1.3

El CESE insta a las autoridades públicas de Serbia a que celebren más audiencias y consultas públicas con las OSC, tanto en las primeras etapas de la formulación de las políticas como en la fase de aplicación. El CESE subraya la importancia de que las OSC participen en los ámbitos clave del proceso de reforma, como el Estado de Derecho, la cooperación regional y la reconciliación, el desarrollo socioeconómico, el medio ambiente, la agricultura, los derechos de las minorías y la lucha contra la discriminación.

1.4

El Comité recomienda que el Gobierno preste especial atención a la lucha contra la trata de seres humanos, la corrupción y la delincuencia organizada. Insiste, además, en que la seguridad de los defensores de los derechos humanos y de los activistas de las OSC que participan en la lucha contra la delincuencia organizada debe ser reconocida como una necesidad y garantizada por el Gobierno.

1.5

El CESE señala que, aunque se han logrado avances significativos en el fomento de una sociedad más integradora, todavía queda mucho por hacer para construir una sociedad que garantice la igualdad para todas las personas, independientemente de su sexo, orientación sexual, origen o religión. El Comité pide al Gobierno que aplique sin demora la Estrategia Antidiscriminación aprobada en junio de 2013. El CESE recomienda que la Comisión Europea, en estrecha colaboración con las OSC, utilice sus informes anuales sobre los progresos en la vía hacia la adhesión para supervisar la aplicación de dicha estrategia.

1.6

El CESE acoge con satisfacción que se haya incluido a la Oficina de Cooperación con la Sociedad Civil en el grupo de expertos del primer ministro del órgano de coordinación del proceso de adhesión a la UE. El CESE acoge favorablemente también la participación de las OSC –incluidos los representantes de los interlocutores sociales– en el comité del primer ministro para la integración en la UE. Se trata de una buena práctica que debe fomentarse, a fin de incluir la participación de las OSC –incluidos los representantes de los interlocutores sociales– en el futuro equipo de negociación de la adhesión de Serbia. No obstante, debería garantizarse la celebración de consultas frecuentes y de amplio alcance con las OSC para conocer las posiciones comunes y las recomendaciones clave. Es importante que los expertos de las OSC puedan participar en una serie de subgrupos de expertos dentro del mencionado grupo de expertos del órgano de coordinación.

1.7

El CESE pide a la Comisión que utilice el IPA II para proporcionar mayor apoyo con vistas a reforzar las capacidades de las OSC –incluidos los interlocutores sociales– y que se centre en particular en aumentar el apoyo a las asociaciones, no solo entre las OSC sino también entre las OSC y las autoridades públicas. Los fondos disponibles en el Instrumento para la Sociedad Civil deben aumentarse y también deben financiar más proyectos desarrollados por los interlocutores sociales. El refuerzo de las capacidades de las OSC para participar de manera significativa en el proceso de integración de la UE debería seguir siendo prioritario mediante la promoción de procedimientos simplificados de selección y aplicación de proyectos, la utilización de subvenciones institucionales y la reasignación de subvenciones. No solo es deseable que haya apoyo financiero, sino también apoyo a mecanismos que mejoren el diálogo entre la sociedad civil y las autoridades públicas.

1.8

El CESE pide a la Delegación de la UE en Serbia que continúe permitiendo la reasignación de subvenciones desde las OSC más grandes a las OSC más pequeñas, como un avance para lograr que estos fondos se pongan a disposición de todo el conjunto de OSC.

1.9

Debe mantenerse el aumento de la transparencia en las finanzas públicas como medida clave dentro de la estrategia de desarrollo de la sociedad civil, al tiempo que deben mejorarse los mecanismos de planificación y desembolso de cofinanciación de proyectos de la UE aplicados por las OSC y aumentarse la cofinanciación.

1.10

El CESE pide al Gobierno serbio que redoble sus esfuerzos para establecer un marco legislativo e institucional propicio para el desarrollo la sociedad civil y su sostenibilidad. El CESE recomienda que se considere la introducción de una «ley de porcentajes» que permita a los ciudadanos destinar una parte de su impuesto sobre la renta a las OSC para promover las donaciones filantrópicas a título individual (según el modelo existente en los países de Europa Central y Oriental), así como la introducción de incentivos fiscales para la filantropía tanto individual como corporativa.

1.11

El Comité recomienda que se revise la ley de contratación pública recientemente aprobada, que ha creado obstáculos para las OSC a la hora de competir en licitaciones públicas. La ley introduce unas garantías financieras obligatorias que las OSC no pueden aportar. Esto podría disuadirles de competir en las licitaciones públicas, no solo en el ámbito de los servicios sociales, sino también en el de los servicios de salud y educación.

1.12

El CESE pide al Gobierno de Serbia que elabore una estrategia integral para combatir y contener la economía sumergida. Esto mejoraría la situación financiera del país, evitaría la competencia desleal y por ende mejoraría las condiciones económicas, al tiempo que garantizaría un mayor respeto de los derechos sociales de los trabajadores. También contribuiría a restablecer la confianza en las instituciones y a promover la noción del Estado de Derecho.

1.13

El CESE subraya la importancia del diálogo social y pide a todas las partes interesadas que hagan el mejor uso posible de las instituciones existentes, en especial el Consejo Económico y Social (CES). El Comité exhorta al Gobierno a promover aún más el CES y a consultarlo de manera más sistemática en todas las políticas en las que los empresarios y los trabajadores tengan un interés legítimo. El CESE considera que el diálogo social debe ser regular y estructural, y no ad hoc, y que también debe ser más eficaz y orientado a resultados.

1.14

El CESE pide que el fomento del diálogo social se incluya entre las principales prioridades de las instituciones de la UE en sus relaciones con Serbia y que, por tanto, se refleje en todos los programas de la Comisión que se pongan en marcha en el país. Para ello sería necesaria una mayor implicación del CES, que debería participar formalmente y ser consultado en cada etapa de las negociaciones de adhesión, así como en el seguimiento de la aplicación del Acuerdo de Estabilización y Asociación UE-Serbia. El CES debe estar capacitado para presentar sus observaciones y opiniones a las instituciones de la UE cuando estas evalúen los progresos de Serbia en la vía hacia la adhesión a la UE.

1.15

El CESE considera que es preciso seguir alentando el diálogo social a nivel regional y local sobre la base de las estructuras regionales del CES. Debe desarrollarse asimismo de manera más sistemática a nivel sectorial, en particular en el sector privado. La firma –y la aplicación– del mayor número posible de convenios colectivos sectoriales estabilizaría las relaciones laborales en Serbia. Es preciso recordar permanentemente a las autoridades tanto locales como nacionales las ventajas y la importancia del diálogo social.

1.16

El CESE observa que se ha creado un grupo de trabajo tripartito para revisar la legislación laboral, incluida la legislación sobre la huelga, el registro de los sindicatos y la ley sobre la representatividad de los interlocutores sociales. El CESE pide a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Comisión Europea que apoyen los trabajos en curso con el fin de lograr que la legislación serbia y la práctica sean plenamente conformes con las normas internacionales y europeas.

1.17

El CESE considera que entre las prioridades de los programas de ayuda de la UE debe incluirse el refuerzo de la capacidad de los interlocutores sociales para participar activamente en el diálogo social. Se necesita asistencia para desarrollar su capacidad de participar de manera efectiva en todos los ámbitos económicos, sociales y legales, incluidas las negociaciones de adhesión de la UE. Deberían reforzarse sus estructuras organizativas, la comunicación interna y la capacidad de servir a sus miembros.

1.18

El CESE señala que en Serbia siguen produciéndose violaciones sistemáticas de los derechos fundamentales de los trabajadores y que los mecanismos para prevenir y sancionar estas violaciones no son suficientemente eficaces. El CESE pide al Gobierno serbio que revise el funcionamiento de la Agencia encargada de la solución pacífica de conflictos laborales. El CESE sugiere que se considere la posibilidad de establecer tribunales especializados en materia de resolución de conflictos laborales. Por otra parte, el CESE pide a la Comisión Europea que incluya en sus informes anuales un capítulo sobre los derechos sindicales y los derechos fundamentales de los trabajadores, en estrecha consulta con los sindicatos nacionales y europeos y la OIT.

1.19

Las mujeres empresarias serbias desempeñan un papel importante en toda la región de los Balcanes y disponen de redes eficaces. Está cobrando forma un enfoque de cohesión regional para desarrollar la iniciativa empresarial femenina a nivel local. El CESE recomienda que se aumente el apoyo de los niveles europeo, regional y nacional para acelerar significativamente los beneficios económicos y sociales. Además, es necesario reconocer la necesidad económica y social de apoyar la iniciativa empresarial femenina en Serbia.

1.20

El CESE recomienda que se cree un Comité Consultivo Mixto (CCM) de la Sociedad Civil UE-Serbia entre el CESE y las OSC serbias. Este órgano conjunto de la sociedad civil debe establecerse una vez se hayan iniciado formalmente las negociaciones para la adhesión de Serbia a la UE. El CCM permitirá a las OSC de ambas partes proseguir un diálogo más a fondo y proporcionar información a las autoridades políticas sobre los distintos capítulos de las negociaciones de adhesión.

2.1

Durante la última década, Serbia ha realizado un enorme esfuerzo para reformar sus instituciones, el marco jurídico y la normativa económica, con el fin de cumplir con las normas internacionales y europeas y promover una economía de mercado eficiente y abierta.

2.2

En 2008, la firma del Acuerdo de Estabilización y Asociación (AEA) entre Serbia y la UE fue una clara expresión del deseo de las autoridades serbias de avanzar hacia la adhesión a la UE, y dio un nuevo impulso al proceso de reforma. En 2010 entró en vigor un acuerdo provisional sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio (en el marco del AEA).

2.3

El nuevo Gobierno, que entró en funciones en 2012, ha confirmado el compromiso de Serbia con la adhesión a la UE. Ha adoptado medidas prácticas para continuar las reformas emprendidas hasta el momento, centrándose en particular en la lucha contra la corrupción, la consolidación del Estado de Derecho, la protección de los derechos de las minorías y la recuperación económica. También ha proseguido sus esfuerzos por mejorar la cooperación regional.

2.4

En diciembre de 2012, el Consejo pidió a la Comisión Europea que elaborase un informe en la primavera de 2013 con una evaluación de los progresos realizados por Belgrado en el diálogo con Pristina y en sus reformas encaminadas a cumplir los criterios de adhesión a la UE. Sobre la base de este informe, que emitía una valoración positiva, el Consejo decidió el 28 de junio de 2013 que se cumplían las condiciones para que la UE inicie las negociaciones de adhesión con Serbia.

2.5

El 19 de abril de 2013, Belgrado y Pristina llegaron finalmente a un acuerdo sobre el futuro del norte de Kosovo, bajo control serbio, en la décima ronda de negociaciones dirigidas por la UE, con la firma del primer acuerdo de principios que rige la normalización de las relaciones. Ambas partes adoptaron en mayo un plan de aplicación de dicho acuerdo, y forman parte de un comité encargado de su aplicación, con el respaldo de la UE.

3.1

Serbia es todavía un país en transición. Se ha llevado a cabo un proceso de privatización, pero las empresas públicas siguen representando una parte importante de la economía, y con frecuencia necesitan una urgente reestructuración. El desempleo ha aumentado recientemente de manera significativa (24 % de la mano de obra en 2012). Los jóvenes tratan de emigrar. La población está envejeciendo. Una gran parte de la población aún trabaja en la agricultura y vive en áreas rurales, donde la falta de inversión dificulta un desarrollo eficaz. La economía informal está muy extendida, lo que socava la economía en su conjunto, debilita el presupuesto estatal y deja a los trabajadores sin ningún tipo de protección social. La corrupción, a veces vinculada a la delincuencia organizada, socava no solo el desarrollo económico, sino también la consolidación de las instituciones. Además, el sistema judicial necesita perentoriamente reformas para garantizar un verdadero respeto de los derechos de los individuos y de las organizaciones.

3.2

El CESE puso de relieve estos problemas en su Dictamen sobre «Las relaciones entre la Unión Europea y Serbia: el papel de la sociedad civil», de 29 de mayo de 2008, pero también ha ido subrayando los esfuerzos realizados por las autoridades públicas para llevar a cabo las necesarias reformas. Hay una abundante normativa nueva, se han creado nuevas instituciones, en particular para organizar el diálogo con los interlocutores sociales y otras OSC, y ya se reconocen oficialmente los derechos de las minorías. Aunque este proceso aún está incompleto, el principal problema es traducir en la práctica todos estos cambios institucionales y jurídicos.

3.3

Serbia ha ratificado 77 tratados y convenios del Consejo de Europa, entre ellos convenios clave sobre la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la protección de las minorías nacionales, la prevención de la tortura, la protección de la infancia, la lucha contra la corrupción y la Carta Social Europea. Se han firmado 8 convenios adicionales que todavía están pendientes de ratificación, entre ellos el Convenio sobre la prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica. A nivel internacional, Serbia ha ratificado 75 convenios de la OIT (73 están actualmente en vigor).

3.4

Como subrayó el comisionado para los Derechos Humanos del Consejo de Europa (1), muchos de estos convenios todavía requieren medidas adicionales para poderse aplicar correctamente. El comisionado del Consejo de Europa resaltó el problema de las personas desaparecidas y de las personas desplazadas por la fuerza durante la guerra, la discriminación creciente contra la población romaní, la violencia contra las mujeres y la homofobia generalizada.

3.5

Aunque el Gobierno adoptó una estrategia para los medios de comunicación en octubre de 2011, sigue habiendo actos violentos y amenazas contra periodistas. La injerencia política y económica en los medios de comunicación también es una realidad que pone en peligro la independencia de los medios y la capacidad de los periodistas para hacer su trabajo. Por otra parte, los sindicalistas siguen siendo acosados o despedidos por ser miembros de una organización sindical.

3.6

El CESE considera que la consolidación del proceso de reforma, la reforma del sistema judicial y el respeto de los derechos civiles, sociales y humanos son claramente la prioridad de Serbia. Las relaciones de la UE con Serbia deberían centrarse plenamente en esos aspectos, que son también una cuestión clave para las OSC, por lo que es preciso fomentar por todos los medios su participación activa.

4.1

La libertad de reunión y de asociación está garantizada constitucionalmente y en general se respeta. No obstante, la libertad de asociación está en peligro por el incremento de las amenazas de grupos nacionalistas violentos.

4.2

La sociedad civil serbia está radicada principalmente en las ciudades y tiene una representación desigual en las regiones. La sociedad civil de las zonas rurales es muy limitada y sus capacidades están poco desarrolladas. Se necesita mayor apoyo para fomentar el movimiento asociativo, reforzar las capacidades y respaldar la creación de redes de OSC situadas en zonas rurales o en ciudades pequeñas.

4.3

Es preciso prestar especial atención a la agricultura, al desarrollo de grupos de interés agrarios y a la participación del sector en el diálogo social. La agricultura sigue desempeñando un papel clave en Serbia: alrededor de una cuarta parte de la población activa está empleada en el campo, y el sector agrario es también un sector económico clave. La agricultura y la política agrícola tendrán mucha importancia en el futuro proceso de adhesión a la UE y, al mismo tiempo, la aproximación a la legislación de la UE será un reto especial que tendrá que afrontar el sector agrario serbio.

4.4

Los grupos de interés bien organizados y estructurados no solo pueden ayudar a promover los intereses de la agricultura sino que también podrían aportar un apoyo útil para el próximo proceso de integración, sobre todo a la hora de formular y aplicar programas de apoyo específicos para la agricultura, las zonas rurales y las personas que viven en ellas.

4.5

Entre las OSC hay varias coaliciones y asociaciones activas, pero sus recursos y el apoyo que reciben son demasiado limitados para que puedan ser más activas e influyentes. Con respecto a las asociaciones entre las OSC y los poderes públicos, los mecanismos establecidos, SECO (2) y KOCD (3), son ejemplos que pueden convertirse en buenas prácticas, siempre y cuando sus opiniones se tomen en consideración y se les proporcione financiación y apoyo continuo y sistemático.

4.6

Los obstáculos más importantes para la sostenibilidad de las OSC son: un apoyo del Estado insuficiente y no basado en prioridades bien definidas, un patrocinio empresarial infradesarrollado, falta de donaciones individuales, retirada de donantes internacionales, cooperación poco desarrollada con las autoridades locales y limitada responsabilidad de los responsables de las decisiones en general. Es preciso hacer esfuerzos y prestar apoyo para desarrollar las bases de las OSC. Una base de afiliación limitada daña la imagen y el reconocimiento de las OSC, y la financiación pública sigue sin estar adecuadamente regulada en todos los niveles. La capacidad de las OSC para influir en la agenda social y política es generalmente muy escasa, con la excepción de una docena de OSC fuertes, la mayoría de las cuales tiene su sede en Belgrado.

4.7

El CESE acoge con satisfacción los esfuerzos para mejorar el marco jurídico de las asociaciones y fundaciones, como las nuevas leyes sobre las asociaciones (octubre de 2009), las dotaciones y fundaciones (noviembre de 2010), el voluntariado (mayo de 2010), y los procedimientos contables simplificados para las pequeñas asociaciones y fundaciones (pendiente de aprobación). No obstante, se han aprobado otras leyes importantes pero aún no se han aplicado, como la legislación sobre bienestar social (2011). El CESE apoya el desarrollo de un marco, conforme a lo dispuesto por la ley, que pueda garantizar el acceso equitativo de las OSC a los recursos públicos destinados a apoyar la prestación de servicios sociales.

4.8

El CESE acoge favorablemente las modificaciones introducidas en el artículo 41 de las normas de procedimiento gubernamentales sobre las audiencias públicas, que establecen los criterios para las audiencias públicas obligatorias, convirtiéndolas en regla más que en excepción y disponiendo plazos razonables con respecto a su duración. El CESE destaca la necesidad de garantizar una aplicación adecuada de este mecanismo. Habría que dar prioridad a la sensibilización de los poderes públicos sobre los beneficios de la cooperación con las OSC, tanto en las primeras etapas de diseño de las políticas públicas como en su posterior aplicación. Además, deben considerarse los procedimientos para la designación de representantes de las OSC en distintos organismos públicos a nivel nacional y local, teniendo en cuenta algunas de las mejores prácticas adoptadas en los países vecinos así como las propuestas de las OSC.

4.9

La Oficina de Cooperación con la Sociedad Civil entró en funcionamiento en 2011. El plan operativo para el periodo 2013-2014 incluye varios objetivos clave que deben alcanzarse:

4.10

El CESE acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la Oficina de Cooperación con la Sociedad Civil para que la financiación de las OSC a cargo de los presupuestos del Estado sea más transparente, gracias a la elaboración de un informe anual de síntesis sobre los fondos asignados a las asociaciones y otras organizaciones de la sociedad civil a partir del presupuesto estatal de la República de Serbia. No obstante, la mencionada oficina debería disfrutar de mayores poderes a fin de aumentar el nivel de respuesta de los entes gubernamentales en todos los niveles, con el objetivo de garantizar que la recogida de datos se lleva a cabo y se publica anualmente. Así pues, el CESE acoge con satisfacción el apoyo de la Delegación de la UE a la Oficina de Cooperación con la Sociedad Civil a través de un programa trienal de asistencia técnica iniciado en diciembre de 2012 (4).

4.11

Los datos de 2011 ponen de relieve la escasez de los fondos que se asignaron y se desembolsaron para cofinanciar programas y proyectos, aun cuando el apoyo de los donantes estaba garantizado, y pese a que esa financiación es verdaderamente muy necesaria por las OSC.

5.1

El diálogo social es esencial para el desarrollo económico y para garantizar la cohesión social que Serbia necesita. En 2008 se firmó un convenio colectivo general. En abril de 2011, el Consejo Económico y Social de la República de Serbia (CES) adoptó un nuevo acuerdo económico y social firmado por los dirigentes de las organizaciones de interlocutores sociales y el primer ministro, que estableció compromisos importantes para todas las partes. El acuerdo establece que el diálogo social es un requisito previo para alcanzar los objetivos de desarrollo comunes, para superar con éxito los problemas vinculados a la crisis económica y para garantizar el progreso económico y social en Serbia. En 2012 el CES firmó un acuerdo sobre el salario mínimo. A nivel sectorial, se firmaron cuatro convenios colectivos sectoriales en 2011 y 2012, en los sectores de la agricultura, de la construcción, metalúrgico y químico. El ministro de Trabajo extendió estos convenios colectivos a todos los empleadores estatales. El sector público se rige en su mayor parte por convenios colectivos, lo que incluye a los trabajadores de la salud, las administraciones locales y nacionales, la cultura, la educación y la policía.

5.2

El CES se constituyó legalmente en 2005 y es la plataforma institucional para las negociaciones tripartitas. Además, en la actualidad hay dieciocho consejos económicos y sociales a nivel local, aunque en pleno funcionamiento solo están menos de la mitad, debido principalmente a la falta de compromiso por parte de las autoridades regionales. El CES aún tiene solventar una serie de problemas que dificultan sus actividades, de los cuales el principal es la falta de recursos financieros y humanos. No obstante, ha logrado crear cuatro grupos de trabajo permanentes sobre asuntos económicos, legislación, convenios colectivos y salud y seguridad en el trabajo. Actualmente, los representantes de los interlocutores sociales participan regularmente en las reuniones del CES, en contraste con los miembros del Gobierno, que a menudo son representados por funcionarios. Su participación se ha incrementado desde que el CES se restableciera en septiembre de 2012. Incluso el primer ministro es ahora miembro del CES, si bien este órgano sigue teniendo problemas con la organización de sus reuniones.

5.3

Aunque el diálogo social ha permitido obtener resultados, sigue siendo necesario consolidarlo y ampliarlo. Los interlocutores sociales tienen poca fuerza, especialmente en el sector privado. Aunque se firmen, los convenios colectivos no necesariamente se cumplen, y hay grandes sectores que simplemente no están cubiertos por el diálogo social. A nivel nacional no se consulta sistemáticamente al CES sobre todas las cuestiones que son de su competencia, o la consulta es puramente formal, y sus recomendaciones son ignoradas por el Gobierno con excesiva frecuencia. Una excepción positiva es el Ministerio de Trabajo, que refiere todos los proyectos legislativos y estrategias al CES para su dictamen. Además, recientemente propuso crear un grupo de trabajo tripartito para introducir cambios en la legislación laboral. También ha habido mejoras en la legislación sobre educación, y el Ministerio de Educación y Ciencia presentó al CES tres proyectos de ley para dictamen. A pesar de estos signos más positivos, el CES continúa siendo ignorado ampliamente en lo que concierne a las políticas y medidas económicas generales, que, sin embargo, tienen un impacto directo en las empresas y las actividades de los trabajadores.

5.4

En 2005 se creó una Agencia encargada de la solución pacífica de conflictos laborales, con el fin de resolver los conflictos laborales individuales y colectivos. Trata principalmente asuntos individuales en los que un árbitro puede tomar una decisión vinculante y dispone de los mismos medios jurídicos que un tribunal. Sin embargo, en la práctica, parece que la Agencia no logrado establecerse como una alternativa válida y la mayoría de los conflictos se siguen sometiendo a los tribunales, que están claramente sobrecargados. En el marco de la resolución de conflictos colectivos, la Agencia asume el papel de mediador y por lo tanto no puede obligar a las partes contendientes a un acuerdo, pero trata de que ambas partes acepten voluntariamente un arreglo pacífico.

5.5

En 2013, el Gobierno firmará en principio un «Programa de Trabajo Decente» con la OIT. Este programa le ayudará a analizar los distintos aspectos de la legislación social y los procedimientos para que sea plenamente conforme con las normas internacionales, y para reforzar las capacidades de los interlocutores sociales de modo que puedan contribuir eficazmente al diálogo social, con el apoyo de fondos y programas de la UE.

5.6

Es fundamental que los interlocutores sociales estén más integrados en las políticas económicas, sociales y de empleo del Gobierno, sobre todo con vistas a las negociaciones de adhesión a la UE. También deben participar en la definición de los criterios de admisión de Serbia al Fondo Social Europeo y otros fondos de la UE. Solo entonces será posible que los interlocutores sociales serbios cumplan eficazmente su papel futuro en los foros de la democracia participativa existentes a escala de la UE.

6.1

La Asociación Serbia de Empresarios (ASE) es el principal grupo de interés nacional de empresarios. Representa a los empresarios serbios en el CES. Sin embargo, el hecho de que la mayoría de las grandes empresas que operan en Serbia, así como otras organizaciones –como la Asociación de Pequeños y Medianos Empresarios–, no sean miembros de la ASE debilita su legitimidad como participante en el diálogo social.

6.2

La Cámara de Comercio e Industria de Serbia, que es la mayor asociación empresarial, en el pasado no participaba en la labor del CES debido a su sistema de afiliación obligatoria. Sin embargo, desde el 1 de enero de 2013 Serbia cuenta con un sistema de afiliación de carácter voluntario, y la Cámara de Comercio e Industria está muy comprometida con el diálogo social, en particular en los ámbitos de la formación profesional, la promoción del comercio exterior y el desarrollo regional. Contribuye a reforzar la posición de la Asociación Serbia de Empresarios dentro del CES, siempre que sea capaz de proyectar lo más ampliamente posible la gama de intereses empresariales a través de un proceso de consulta eficaz en el que participen todas las asociaciones de empresarios.

6.3

En vista del alto índice de desempleo, los empresarios deberían poder ejercer una mayor influencia en el desarrollo de un entorno favorable a las empresas. Ha de fomentarse el espíritu empresarial y la creación rápida de nuevas empresas, especialmente pequeñas y medianas empresas, que son una de las principales fuentes de nuevos empleos en Europa. Los principales obstáculos para mejorar el entorno empresarial son: la falta de transparencia y previsibilidad del marco jurídico, un régimen fiscal poco atractivo que incluye cargas parafiscales, el acceso a la financiación, los procedimientos de registro de empresas, la administración relacionada con el comercio exterior, etc. La evaluación general de la comunidad empresarial en Serbia es que no está suficientemente involucrada en el proceso legislativo y en la evaluación de su impacto, en particular en relación con los efectos sobre las pequeñas y medianas empresas.

6.4

Los sindicatos están fragmentados y tienen poca fuerza. En su mayoría pertenecen a una de las dos organizaciones sindicales más importantes de Serbia: la Confederación de Sindicatos Autónomos de Serbia (SSSS) y la Confederación Sindical Internacional «Independencia» (Nezavisnost). También hay otras dos confederaciones, la Asociación de Sindicatos Libres e Independientes de Serbia (ASN) y la Confederación de Organizaciones Sindicales Libres (KSSS), que reivindican su representatividad. La representatividad debe ser examinada conforme a una nueva ley que actualmente está en proceso de debate. Por otra parte, según el Ministerio de Trabajo, en las empresas hay alrededor de 2 000 organizaciones sindicales que no son miembros de una confederación nacional. Todas las organizaciones de trabajadores que tengan relevancia deben participar más estrechamente representando a los trabajadores en los procesos de toma de decisiones en asociación. El papel de los sindicatos en Serbia es esencial para fortalecer el diálogo social.

6.5

Las dificultades de la transición y la crisis económica han acentuado la fragmentación y la debilidad de los sindicatos. El pesado procedimiento de registro de los sindicatos, la oposición, y a veces el acoso, por parte de los directivos que no están dispuestos a aceptar el diálogo social en la empresa, todo ello obstaculiza el desarrollo normal de la representación de los trabajadores y socava el diálogo social. No obstante, en este contexto, cabe acoger con satisfacción la cooperación efectiva que ha surgido en los últimos años entre las dos confederaciones representativas, SSSS y Nezavisnost.

12.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 327/11

1.1

Uno de los elementos más importantes de una estrategia destinada a hacer que Europa vuelva a la senda del crecimiento sostenible consiste en garantizar una oferta adecuada de financiación a largo plazo a un coste razonable. El documento de consulta de la Comisión sobre este asunto es bienvenido y resulta oportuno.

1.2

El CESE acoge con satisfacción que el Libro Verde haga hincapié en la inversión productiva y en la formación de capital tangible e intangible de vida larga, pero insta a la Comisión a prestar mayor atención a la necesidad de financiar inversión de capital de mayor «utilidad social».

1.3

Si, como es probable, los bancos van a desempeñar un papel menos relevante en el futuro como proveedores de financiación a largo plazo, entonces pueden surgir oportunidades para otros intermediarios como los bancos nacionales y multilaterales de desarrollo, los inversores institucionales, los fondos soberanos y, de manera decisiva, los mercados de bonos. Sin embargo, es importante evitar la interposición de obstáculos que impidan a los bancos desempeñar su papel de principales proveedores de financiación a largo plazo y establecer un marco jurídico que evite que los flujos de financiación y de capital se desplacen fuera del sector regulado.

1.4

El CESE acoge favorablemente la reciente recapitalización del BEI, ya que reforzará su capacidad para obtener financiación adicional de la inversión privada y desempeñar un papel anticíclico más fuerte en la financiación de inversiones y en el suministro de créditos a las PYME. Aunque una inyección de capital de 10 000 millones de euros es importante, el CESE considera que es inferior al importe necesario en las circunstancias actuales.

1.5

De igual manera, la llegada de bonos para proyectos de Europa 2020, aunque en una fase piloto, es también un acontecimiento positivo. Estos bonos para proyectos fueron desarrollados conjuntamente por la Comisión y el BEI. También deberían estudiarse operaciones conjuntas similares con fondos soberanos.

1.6

Si iniciativas como los bonos para proyectos logran ampliar el mercado para la financiación mediante bonos, dichas iniciativas deberían potenciarse una vez completada y evaluada la fase piloto.

1.7

El Libro Verde examina el papel del ahorro en la oferta de financiación de inversiones a largo plazo. Si bien algunos Estados miembros han puesto en marcha programas especiales de ahorro para movilizar ahorro a más largo plazo destinado a inversiones sociales más amplias, puede que merezca la pena estudiar la creación de un instrumento de ahorro para toda la UE o la zona euro, quizás ofreciendo un tipo de interés favorable.

1.8

Algunos Estados miembros han tenido un éxito relativo a la hora de incentivar el ahorro vinculado a las pensiones y otros tipos de ahorro utilizando hábilmente el sistema impositivo. Los ciudadanos tienden a mostrarse reticentes a pagar impuestos sobre la renta del trabajo para después tener que pagar aún más impuestos sobre el ahorro a largo plazo generado por dicha renta. En el contexto de la inversión socialmente responsable, debería ser posible diseñar y comercializar productos de ahorro personal adecuados de baja o nula imposición, con unos límites anuales adecuados a fin de incentivar una mayor planificación financiera a largo plazo.

1.9

El cortoplacismo en el sistema financiero ha representado un obstáculo importante para facilitar una inversión adecuada a largo plazo, y está estrechamente vinculado al gobierno corporativo. Modificar los incentivos a fin de promover resultados a largo plazo no es un reto fácil. El CESE acoge favorablemente las sugerencias de la Comisión sobre la posibilidad de conceder más derechos de voto o dividendos a los inversores a largo plazo y las modificaciones de la Directiva sobre los derechos de los accionistas. Además, debería estudiarse la posibilidad de utilizar de manera coordinada las desgravaciones fiscales a los beneficios del capital para incentivar la participación accionarial a más largo plazo por parte de los gestores de fondos.

1.10

El Libro Verde contiene algunas sugerencias interesantes en lo que se refiere al capital riesgo. El CESE ya ha propuesto que se amplíe el papel del FEI más allá de la concesión de préstamos para incluir la provisión de capital riesgo. Esto es lo que sus creadores previeron inicialmente en 1994. Si se recapitalizase adecuadamente el FEI, al igual que se ha hecho con el BEI, podría convertirse en uno de los principales proveedores de financiación de riesgo para las PYME.

1.11

Por último, y dado que los gobiernos nacionales y regionales ya se están ocupando de fomentar la supervivencia y el crecimiento a largo plazo de las PYME a través de sus organismos de desarrollo regional, parece conveniente que estos organismos asuman un papel en el funcionamiento de estas plataformas comerciales de PYME. Dicho papel podría ir desde evaluar la solvencia de las PYME clientes hasta proporcionar garantías limitadas a los inversores institucionales.

1.12

El CESE desearía que se hiciese mayor hincapié en la inversión socialmente responsable, y propone la creación de un observatorio para supervisar las condiciones de inversión a largo plazo.

2.1

La principal motivación de la Comisión Europea para elaborar este Libro Verde es la necesidad de que Europa retome una senda de crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Europa debe hacer frente a necesidades de inversión a largo plazo de gran escala para sentar las bases de un crecimiento sostenible. La consecución de este objetivo se ve dificultada en gran medida por la actual aversión al riesgo de hogares y empresas, y por la necesidad de que muchos gobiernos procedan a un saneamiento de sus presupuestos, lo que está limitando la oferta de financiación de las inversiones a más largo plazo.

2.2

En la actualidad, plantean problemas las deficiencias de los cauces tradicionales de intermediación financiera. Si bien los bancos han constituido la principal fuente de financiación de las inversiones en la UE, muchos se encuentran ahora inmersos esencialmente en un proceso de desapalancamiento, razón por la cual no son capaces de cumplir su cometido habitual. El Libro Verde va más allá de la crisis actual, buscando soluciones para la provisión de la financiación a largo plazo que requieren las inversiones.

2.3

La Comisión se centra en la inversión productiva y la formación de capital tangible e intangible de vida larga, que tiende a ser menos procíclico que el capital de duración más corta. La Comisión define la financiación a largo plazo como el proceso por el cual el sistema financiero financia inversiones que se extienden a lo largo de un período prolongado.

2.4

La UE ha emprendido un programa de reforma del sector financiero con el fin de reforzar la estabilidad y la confianza en los mercados financieros. La estabilidad del sistema financiero es una condición necesaria, aunque no suficiente, para el fomento de la inversión a largo plazo. La Comisión se refiere a una serie de ámbitos adicionales que requieren medidas, en particular:

3.1.1

Bancos comerciales. El análisis que hace la Comisión de lo problemático que resulta en Europa obtener una financiación suficiente a largo plazo es esencialmente acertado. La preeminencia tradicional de los bancos como principales proveedores de financiación a largo plazo no solo está cambiando, sino que es posible que en el futuro los bancos desempeñen un papel menos destacado en este ámbito. No cabe duda de que pueden existir incoherencias entre algunas nuevas reglamentaciones bancarias y los objetivos del Libro Verde para estimular la inversión a largo plazo. El Libro Verde se limita a señalar que el nivel de actividad de los bancos en la cadena de intermediación podría disminuir como consecuencia de las reformas recientes y las que probablemente se producirán en el futuro. Debería lograrse un mayor equilibrio entre los requisitos prudenciales de Basilea III y los incentivos para que los bancos sigan facilitando financiación para la inversión a largo plazo. En todo caso, es probable que se abran oportunidades para otros tipos de intermediarios, tales como los bancos nacionales y multilaterales de desarrollo, los inversores institucionales o un mayor recurso a mercados de bonos y fondos soberanos.

3.1.2

Bancos nacionales y multilaterales de desarrollo. Estas entidades desempeñan un papel destacado compartiendo el riesgo con los inversores y operadores privados para desarrollar proyectos importantes y evitar así las deficiencias del mercado. Asimismo, desempeñan un papel anticíclico por medio de sus acciones estratégicas a más largo plazo. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) han desempeñado un papel cada vez más destacado, aunque inadecuado en opinión del CESE, en el reparto del riesgo y la reciente recapitalización del BEI reforzará sin duda su capacidad para movilizar financiación privada adicional para las inversiones. El CESE insta al BEI a que haga más por promover proyectos importantes de infraestructuras transfronterizas que afrontan obstáculos específicos para su financiación.

3.1.3

El CESE acoge favorablemente la creación de bonos para proyectos en el marco de la Estrategia Europa 2020, que se están probando actualmente en una serie de proyectos CPP de inversión en infraestructuras en ámbitos como la energía, el transporte y las TIC (1). La Comisión aborda en el documento sometido a examen el papel que podrían desempeñar los fondos soberanos en la financiación de inversiones a más largo plazo. Como en el caso de los bonos para proyectos, desarrollados conjuntamente por la Comisión y el BEI, sería conveniente emprender una iniciativa conjunta similar para los fondos soberanos, reforzando así la reserva de financiación disponible para las inversiones a más largo plazo.

3.1.4

En lo que se refiere a los inversores institucionales, el Libro Verde alude a un posible conflicto entre la necesidad de una regulación eficaz del riesgo de los activos entre las compañías de seguros y la necesidad de ofrecerles un incentivo para financiar inversiones a más largo plazo. La Comisión y las autoridades de seguros europeas están estudiando conjuntamente esta cuestión. La Comisión tiene previsto presentar propuestas sobre los fondos de inversión a largo plazo con el fin de favorecer la creación de una serie de mecanismos que permitan poner en común los riesgos a que se enfrentan los diferentes tipos de inversores institucionales. Esta propuesta tiene mucho de positivo. Los fondos de pensiones podrían desempeñar un papel más destacado en la inversión a largo plazo, pero perciben una serie de obstáculos institucionales, reglamentarios y políticos en su camino. En particular, se muestran preocupados por que los responsables políticos puedan intentar obligarles a financiar determinados tipos de proyectos que no favorecen los intereses de sus miembros. Debería consultarse a los fondos de pensiones sobre cómo reducir al mínimo o superar estos obstáculos. La creación de una unión bancaria podría ser útil en este contexto.

3.1.4.1

En cuanto a la necesidad de una mayor participación de los inversores institucionales en la provisión de financiación a largo plazo, también podría desempeñar un papel una desgravación del impuesto de sociedades. Además, en cuanto a las inversiones en proyectos de infraestructuras a gran escala, un sistema de indemnizaciones decrecientes podría contribuir a una mayor participación de los inversores institucionales.

3.2.1

En el Libro Verde se señala que, para ampliar y profundizar los recursos comunes para la financiación a largo plazo, algunos mercados de capitales en Europa deben desarrollarse y madurar. Los mercados de bonos están menos desarrollados en la UE que en EE.UU. y se consideran fuera del alcance de la mayoría de empresas de mediana capitalización y PYME. Incluso la llegada de bonos para proyectos ha sido acogida con cautela por las agencias de calificación, lo que pone en evidencia lo difícil que resulta aumentar la capacidad de los mercados de bonos. Si iniciativas tales como los bonos para proyectos, que podrían crear hasta 4 600 millones de euros para nuevos proyectos de infraestructuras, logran ampliar el mercado para la financiación mediante bonos, dichas iniciativas deberían potenciarse una vez completada y evaluada la fase piloto.

3.3.1

Se analizan ampliamente los factores que influyen en el ahorro a largo plazo en la financiación. En lo que se refiere a la oferta, aunque algunos Estados miembros han hecho esfuerzos para impulsar la oferta de ahorro a largo plazo, queda mucho más por hacer. En el Libro Verde se sugiere la posible creación de instrumentos de ahorro a nivel de la UE diseñados para movilizar más ahorro a largo plazo y destinados específicamente a objetivos sociales más amplios. Esta idea puede presentar ventajas en el contexto de la ampliación de las infraestructuras transfronterizas. También puede incentivar la movilidad laboral y la planificación de las jubilaciones en todo el mercado único. Podría ser necesario ofrecer nuevos productos de ahorro a tipos de interés favorables o de incremento progresivo para incentivar el ahorro a largo plazo.

3.3.2

Fiscalidad. La relación entre fiscalidad, ahorro a largo plazo e inversión a largo plazo se analiza con cierto detalle. El tratamiento que da a la inversión la fiscalidad de las empresas tiende a favorecer la deuda sobre la financiación mediante participación en el capital social. En la búsqueda de reformas adecuadas para fomentar un mayor recurso a la financiación de inversiones a más largo plazo mediante la participación en el capital social, vale la pena estudiar un sistema de indemnizaciones decrecientes. Estos sistemas se utilizan mucho para gravar los incrementos de capital, y podrían configurarse para contrarrestar algunas de las actuales ventajas fiscales de la financiación mediante deuda.

3.3.3

En lo que se refiere al ahorro a largo plazo y al sistema de fiscalidad, la Comisión señala la importancia de garantizar una oferta de ahorro estable y adecuada, así como los incentivos necesarios para generar esta oferta. Algunos Estados miembros han tenido un éxito relativo a la hora de incentivar el ahorro relacionado con las pensiones y otros tipos de ahorro mediante un uso inteligente del sistema de fiscalidad. Los ciudadanos tienden a resistirse a la idea de tener que pagar un impuesto sobre la renta salarial y luego tener que pagar aún más impuestos sobre el ahorro a largo plazo generado por lo que les queda tras pagar dicho impuesto. Debería ser posible diseñar y comercializar productos de ahorro personal adecuados con baja o nula imposición y con unos límites anuales adecuados, a fin de promover una mayor planificación financiera a largo plazo.

3.3.4

El uso de incentivos fiscales para lograr resultados deseables en materia de inversión a largo plazo no deja de tener sus inconvenientes. Plantea serios problemas que es necesario abordar, como la pérdida de eficiencia económica y el arbitraje. No obstante, el uso de incentivos fiscales en el marco de una perspectiva coherente y sólida de planificación a largo plazo es necesario para estimular y generar los niveles de inversión deseados.

3.3.5

Gobernanza empresarial. El «cortoplacismo» es un problema importante a la hora de facilitar las inversiones a largo plazo, y está muy vinculado a la gobernanza empresarial. Hasta ahora muchos de los incentivos para los gestores de fondos, banqueros de inversiones y ejecutivos de sociedades han tendido a favorecer la actuación a corto plazo. Modificar estos incentivos para fomentar mejores resultados a largo plazo no será tarea fácil. El Libro Verde contiene una serie de sugerencias interesantes, entre las que figuran aumentar los derechos de voto y los dividendos para los inversores a largo plazo e introducir modificaciones en la directiva relativa a los derechos de los accionistas. Un uso más proactivo de las desgravaciones fiscales a los beneficios del capital podría ser un medio para incentivar la participación accionarial a más largo plazo por parte de los gestores de fondos.

3.4.1

El Libro Verde señala las crecientes dificultades que experimentan las PYME en muchos Estados miembros para acceder a la financiación necesaria para sobrevivir y crecer. Aparte de los efectos del desapalancamiento de los bancos, las PYME se ven ante un conjunto de fuentes de financiación alternativas fragmentado y muy poco sistemático. Los bancos locales han perdido o reducido en gran medida sus vínculos con sus regiones de origen. Se han debilitado las relaciones entre bancos y PYME, por lo que necesitan reconstruirse o reforzarse. Se han adoptado varias iniciativas para facilitar fuentes de financiación no bancaria a las PYME, incluido el acceso a algunos fondos de capital riesgo, el uso de financiación con garantía de activos (2), la financiación de la cadena de suministro y el micromecenazgo. Hay que hacer mucho más. La industria aseguradora y los fondos de pensiones quieren desempeñar un papel más destacado, pero requieren incentivos adecuados, que deberán ser abordados por la Comisión. Las futuras medidas en favor de las PYME para permitirles acceder a una financiación a más largo plazo, si se quiere que se desenvuelvan a través de canales bancarios, deberán garantizar que las PYME puedan beneficiarse de las mismas tal y como estaba inicialmente previsto, sin adición de condiciones adicionales excesivas por parte de los bancos.

3.4.2

Capital riesgo. La Comisión sugiere un enfoque basado en un «fondo de fondos» para crear una masa crítica de financiación con capital riesgo. Además, el fondo de garantías propuesto para los inversores institucionales podría ampliar el mercado. El CESE ya ha propuesto que se amplíe el papel del FEI más allá de la función de conceder préstamos, para incluir la provisión de capital riesgo (3). Esto era lo inicialmente previsto por sus creadores allá por 1994. Si se recapitalizase el FEI, al igual que se ha hecho con el BEI, entonces podría convertirse en uno de los principales proveedores de financiación de riesgo para las PYME.

3.4.2.1

La expansión de la financiación de las PYME mediante capital riesgo va de la mano con la expansión de las plataformas de negociación ya existentes para la financiación de las PYME mediante la participación en el capital social, o la creación de nuevas plataformas de este tipo. El Libro Verde contiene una serie de propuestas útiles al respecto. Dado que los gobiernos nacionales y regionales ya se ocupan de promover la supervivencia y el crecimiento a largo plazo de las PYME a través de sus organismos de desarrollo regional, está justificado que estos organismos desempeñen un papel en el funcionamiento de dichas plataformas de negociación para las PYME. Este papel podría ir desde evaluar la solvencia de las PYME clientes hasta facilitar garantías limitadas a los inversores institucionales.

3.4.3

El CESE hubiera deseado que el Libro Verde apoyase más la inversión en fondos socialmente responsables mediante la creación de normativas fiscales y financieras adecuadas, así como mediante la propia contratación pública. En este contexto quizás podría apoyarse la creación de un observatorio europeo de la inversión a largo plazo. Este organismo, con la participación activa de la sociedad civil organizada, podría seguir la evolución de la oferta y la demanda de inversión y ahorro a largo plazo, y ayudar a garantizar un suministro adecuado de información relevante para que los agentes económicos puedan tomar decisiones adecuadas en materia de inversión a largo plazo.

12.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 327/15

1.1

El Comité considera fundamental un planteamiento común de la gestión de los riesgos aduaneros y la seguridad de la cadena de suministro para garantizar una aplicación uniforme y no discriminatoria de las normativas europeas por parte de todas las autoridades interesadas en todo el territorio de la Unión Aduanera, que es competencia exclusiva de la Unión Europea, de acuerdo con el artículo 3 del TFUE.

1.2

El CESE respalda con convicción las propuestas de la Comisión dirigidas a asegurar la mayor eficacia y eficiencia en la gestión de los riesgos y de los movimientos de mercancías, a través de las fronteras de la UE, mediante una estrategia común, con sistemas informáticos apropiados para una gestión de los riesgos en la UE.

1.3

El CESE manifiesta su gran preocupación por el hecho de que la Unión Aduanera (establecida con el Tratado de Roma de 1957 y puesta en práctica desde 1968 como política común para garantizar un área comercial en la que personas y mercancías circulen libremente y con un sistema de «ventanilla única» para las prácticas aduaneras de todos los operadores comerciales sin discriminación de trato en toda la UE) aún presente orientaciones y aplicaciones no uniformes que impiden una gestión eficiente y eficaz de los riesgos aduaneros, ralentizando así los flujos de intercambio y la libre circulación de las mercancías en la UE.

1.4

El CESE considera fundamental la mejora de las capacidades aduaneras en cualquier punto del territorio europeo, para asegurar un nivel elevado en la gestión de los riesgos en toda la Unión Aduanera por lo que respecta a la aplicación uniforme de definiciones, clasificaciones, recogida y transmisión de datos a la base de datos de la UE, según criterios unívocos comunes verificados con un sistema único de seguro de la calidad y supervisados, con la imposición de sanciones a los transgresores.

1.5

El CESE recomienda el desarrollo de estándares técnicos y normativos comunes para una aplicación homogénea de una gestión de los riesgos de calidad, en el conjunto de las fronteras exteriores de la Unión, junto con la voluntad de la UE para garantizar una formación de alto nivel de los profesionales, que también tenga en cuenta la disparidad de los múltiples contextos nacionales.

1.6

El CESE insiste en la necesidad de garantizar la plena interoperabilidad entre las diferentes bases de datos existentes en el sistema europeo de vigilancia del mercado, con arreglo a una estrategia común y con un gran apoyo de los programas de la UE para el desarrollo tecnológico, que garantice que las diversas autoridades de diferentes niveles puedan compartir la información en tiempo real, así como para reforzar la lucha contra los posibles riesgos de dumping sanitario, medioambiental y social.

1.7

El CESE aboga por reforzar las acciones de la UE para el desarrollo de recursos humanos cualificados y por potenciar las capacidades de gestión, garantizando un mejor equilibrio en el reparto de los contenidos de control y a través de la constitución de un núcleo de fuerza aduanera común que garantice, previa petición, una rápida intervención en apoyo a las situaciones difíciles.

1.8

A juicio del CESE, es indispensable reforzar la asociación entre las autoridades aduaneras, los transportistas y los operadores económicos autorizados (OEA), reforzando su estatus y beneficios, a fin de garantizar una cooperación óptima en la gestión de los riesgos, gracias a la transmisión de los datos en una sola operación sin inútiles duplicaciones burocráticas.

1.9

El CESE aboga por la aplicación de un sistema renovado de gobernanza que incluya a todas las autoridades nacionales y de la UE, así como a las agencias y los sistemas europeos de alerta y de información, para asegurar una cooperación más estructurada y sistemática entre las aduanas y las demás autoridades que operen en el mercado interior.

1.10

El CESE solicita que la realización del paquete de acciones, definidas en el plan de acción plurianual para la vigilancia del mercado, se lleve a cabo de forma coherente y coordinada, para evitar las duplicaciones de los controles, la disparidad en los criterios aplicados, la multiplicación de solicitudes de los mismos datos, las visiones divergentes entre las diversas autoridades de control y vigilancia del mercado y las carencias en materia de interoperabilidad.

2.1

La Unión Aduanera es competencia exclusiva de la Unión Europea, de acuerdo con el artículo 3 del TFUE.

2.2

Ya en 2004 el CESE había subrayado la necesidad de «la reorientación del enfoque estratégico con respecto a las políticas de servicios aduaneros en el que se hace aún más hincapié de forma justificada en los retos que plantea la aplicación de las políticas comunitarias aduaneras en las nuevas fronteras exteriores tras la ampliación de la Unión. Asimismo, se muestra a favor del entorno modificado a raíz de las preocupaciones planteadas con respecto a los procedimientos de seguridad, principalmente por lo que se refiere a la experiencia de los Estados Unidos, con el fin de proteger a los ciudadanos de la Unión» (1).

2.3

Frente a los graves problemas de funcionamiento que está encontrando la Unión Aduanera a consecuencia de las divergencias en la aplicación de las normativas de la UE, que corren el peligro de comprometer la eficacia global dando lugar a pérdidas de eficiencia, al derroche y a la falta de coordinación entre las necesidades y los recursos disponibles, el CESE subrayó la necesidad de «que se siga una única política aduanera basada en procedimientos uniformes, actualizados, transparentes, eficaces y simplificados, que sea capaz de contribuir a la competitividad económica de la UE a escala global» (2).

2.4

La Unión Aduanera es el brazo operativo de gran parte de las medidas de política comercial de la UE y aplica numerosos acuerdos internacionales sobre los flujos comerciales de la UE, desarrollando –a través de las administraciones de los Estados miembros– importantes procesos horizontales de gestión de los datos, de gestión de los operadores comerciales y de «gestión de riesgos, incluidos la identificación, el análisis y la mitigación de los innumerables tipos y niveles de riesgos diferentes asociados al comercio internacional de mercancías» (3).

2.5

La introducción de un enfoque común para la gestión integrada del riesgo, en los puntos de entrada y salida, permitiría satisfacer los siguientes objetivos:

3.1

Tal como se indica en la Comunicación de la Comisión sobre el estado de la unión aduanera publicada a finales de 2012, «las autoridades aduaneras son las únicas autoridades públicas en quienes recae la total responsabilidad de la supervisión y el control de todas las mercancías que atraviesan las fronteras exteriores de la UE, las cuales, una vez despachadas a libre práctica por las aduanas en algún punto de la UE, pueden circular libremente por la totalidad de su territorio aduanero» (4).

3.2

Gracias a esta posición única, las autoridades aduaneras de la Unión son las primeras responsables de la supervisión de los intercambios internacionales de la UE y contribuyen a la aplicación de los aspectos externos del mercado interior, de la política comercial común y de las demás políticas relativas al comercio y la seguridad de toda la cadena logística.

3.3

El CESE subrayó que «una unión aduanera eficiente es una condición sine qua non del proceso de integración europea, con vistas a garantizar una libertad de circulación de las mercancías eficiente, segura y transparente, en la que los consumidores y el medio ambiente gocen de la máxima protección y se luche contra el fraude y la falsificación con eficacia y de modo uniforme en todo el territorio de la Unión» (5) y recomendó una única política aduanera basada en procedimientos uniformes, actualizados, transparentes, eficaces y simplificados.

3.4

Aunque se basa en una legislación y una política comunes, el funcionamiento operativo de la Unión Aduanera es complejo y sigue en manos de 27 administraciones distintas de la UE, recurriendo a una combinación de factores humanos, técnicos y financieros a varios niveles, tanto para la aplicación de los procedimientos de control y despacho de aduana, como en la gestión y tratamiento de los datos y operadores económicos, así como la gestión de los diferentes niveles de riesgos que suponen los intercambios internacionales de mercancías y la seguridad de la cadena de suministro.

3.5

Por otra parte, el CESE subraya la necesidad de evitar que los Estados miembros se sientan con las manos atadas al aplicar la legislación aduanera, para que puedan seguir teniendo en cuenta la amplitud de los flujos comerciales afectados. A este respecto, el CESE señala que los Estados miembros han multiplicado los dispositivos para facilitar los intercambios: eliminación del papeleo, procedimientos simplificados y aplicación del estatus de operador autorizado.

3.6

Toda armonización debe basarse en las «buenas prácticas» y no en un nivel medio europeo.

3.7

A juicio del CESE, si se quiere racionalizar los costes, orientar los trabajos a la búsqueda de resultados, incluso en términos financieros por lo que respecta a los ingresos, y obtener progresos reales, es deseable no centrar los controles en las transacciones individuales, sino en un enfoque basado en los sistemas («systems-based approach») que se apoye en una evaluación de los riesgos.

4.1

En un contexto de flujos comerciales en constante aumento, de nuevos modelos cada vez más complejos y con ritmos cada vez más rápidos, el funcionamiento operativo de la Unión Aduanera está sometido cada vez a más presiones, con un rápido aumento de las tareas y de las expectativas de las partes interesadas. La modernización de las funciones operativas en un entorno aduanero informatizado supone:

4.2

Para conseguir eficaces estrategias comunes de análisis, control y gestión de los riesgos, es necesario un cambio cultural en todas las administraciones interesadas, hacia objetivos estratégicos y metodologías comunes, en un marco de gestión conjunta de los riesgos con otras agencias y socios internacionales, especialmente en materia de seguridad, salud y medio ambiente.

4.3

En particular, para una eficaz gestión de los riesgos, es necesaria una mayor cooperación entre las autoridades aduaneras y las autoridades de vigilancia del mercado, a nivel nacional y de la UE, ya que, sin cooperación, la definición de criterios de riesgo comunes y de perfiles de riesgo específicos se vería seriamente obstaculizada.

4.4

La introducción de un enfoque común para la gestión de los riesgos, en los puntos de entrada y salida, debe tener en cuenta que, actualmente, en más de 60 actos jurídicos (6) se delega la responsabilidad del control en las aduanas, mientras que en las autoridades de vigilancia se delega una cadena de procesos interdependientes, que van desde las inspecciones al muestreo, pasando por las pruebas de laboratorio, la interpretación de los resultados, la evaluación de los riesgos y las intervenciones correctivas y sancionadoras para mejorar la seguridad de los productos que circulan por el mercado, tal como dispone el Acta del Mercado Único I (7) y II (8).

4.5

Las metodologías de evaluación del riesgo deberían poder contar con una plataforma sistémica común –especialmente por medio de los grupos de cooperación administrativa– entre las autoridades aduaneras y de vigilancia del mercado de los diversos niveles y poder beneficiarse de las experiencias recogidas por las distintas bases de datos que operan en los diferentes ámbitos.

4.6

Las autoridades aduaneras y las autoridades de vigilancia del mercado deberían compartir sus recursos y competencias para «aplicar métodos favorables para las PYME» (9), incluso poniendo en práctica conjuntamente las líneas directrices, por parte de ambas autoridades, con un refuerzo de la coordinación y de la cooperación, de los intercambios de información y de las actividades comunes, para gestionar de manera específica las expediciones que presenten un elevado riesgo de seguridad.

5.1

El papel de la asociación entre autoridades aduaneras, operadores comerciales y transportistas es fundamental para garantizar la integridad de la cadena de suministro, en el interés de ciudadanos, empresas y administración pública.

5.2

Tal asociación debería basarse en sólidos mecanismos de confianza recíproca con:

5.3

Ya en el Convenio de Kioto para la simplificación y armonización de los regímenes aduaneros (revisado) de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) (10) se prevé la limitación de los controles intrusivos, así como en las negociaciones de la OMC sobre la facilitación del comercio (11), a pesar de las tentaciones para reforzar los controles sistemáticos, sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

5.4

Es necesario evitar la fragmentación de los flujos de información y superar las dificultades inherentes a las diferencias entre la capacidad de gestión de los riesgos ente los Estados miembros, para garantizar un nivel uniforme de gestión y de análisis electrónico de los riesgos: lo esencial es desarrollar una cultura común europea de la gestión de los riesgos y de la seguridad del suministro.

6.1

Los programas plurianuales de I+D de la Unión Europea -en particular el Séptimo programa marco, así como los programas IDABC (12) e ISA (13) para la interoperabilidad de las administraciones públicas- han sentado las bases para el desarrollo de varios proyectos comunes en materia de gestión de los riesgos, con nuevos instrumentos capaces de evitar procesos y ámbitos nacionales de las infraestructuras y de las aplicaciones informáticas que varían considerablemente de un Estado miembro a otro.

6.2

Es esencial que los esfuerzos de innovación y de I+D en materia de gestión de los riesgos y de seguridad de la cadena de suministro estén coordinados en la UE, para garantizar la rápida difusión y comercialización de las tecnologías. En particular, los proyectos de demostración «proof-of-concept» (validación de conceptos) y las líneas piloto de fabricación son condiciones indispensables para la difusión de las tecnologías a escala industrial. Las asociaciones público-privadas pueden financiar esas iniciativas mediante los Fondos Estructurales o en el marco del programa Horizonte 2020, así como de otros programas de la UE.

7.1

Recientemente el CESE tuvo la ocasión de subrayar la necesidad de «una cooperación más estrecha entre las administraciones aduaneras, las autoridades de vigilancia del merado, los servicios de la Comisión y las agencias europeas, con vistas a mejorar el control de la calidad de los bienes que cruzan las fronteras» (14), insistiendo en la necesidad de facilitar una adecuada información y una formación conjunta.

7.2

Según la Comisión, «a nivel de la UE, se precisa una mejor puesta en común de las capacidades y recursos de los Estados miembros para lograr eficazmente los objetivos de la UE en materia de gestión de riesgos en todos los puntos de la frontera exterior», sobre todo gracias a la «puesta en marcha en tiempo real de un sistema electrónico de análisis de riesgos», reforzando las capacidades a nivel de la Unión.

7.3

Según el CESE, la cuestión de la cooperación y coordinación en materia de gestión de los riesgos representa uno de los puntos neurálgicos de la propuesta de la Comisión, no solo para la coordinación sistémica de las autoridades de los Estados miembros, sino también para la propia Unión, entre las diversas direcciones generales y las diferentes agencias operativas.

8.1

El CESE acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión para asegurar la eficacia y eficiencia de la gestión de los riesgos y de los movimientos de las mercancías a través de las fronteras de la UE, mediante una estrategia común a varios niveles para identificar el género y el nivel de riesgo y la gama de las posibles respuestas, en un marco europeo de coordinación entre los diversos organismos, en base a un enfoque uniforme y con criterios compartidos definidos previamente.

8.2

El CESE está convencido de la necesidad de centralizar el proceso de despacho de aduana electrónico, dotando a la Comisión de los sistemas informáticos apropiados para una gestión de los riesgos en la UE, sobra la base de una red de bases de datos interoperativas y con un uso sistemático de métodos de trabajo estandarizados que aseguren la protección de trabajadores, consumidores y empresas frente a los riesgos de dumping sanitario, medioambiental y social.

8.3

A juicio del CESE, es fundamental reforzar las capacidades aduaneras para que en cualquier punto del territorio europeo se garantice un nivel equivalente de gestión de los riesgos, según criterios unívocos comunes, verificados con un sistema único de seguro de la calidad y supervisados, con la imposición de sanciones a los transgresores.

8.4

El CESE considera que tal cuestión debería situarse correctamente en el ámbito del Plan de Acción Plurianual para la Vigilancia de los Productos en la UE, que define veinte acciones  (15) concretas, que deberá llevarse a cabo antes de 2015 con particular referencia a:

8.5

El CESE considera que la gestión de los controles aduaneros y de la vigilancia del mercado no pueden considerarse independientemente y que las diversas autoridades interesadas deben buscar conjuntamente la definición de un planteamiento común a nivel europeo, así como la plena interoperabilidad de los instrumentos de análisis, recogida y elaboración de los datos en red.

8.6

El CESE está a favor de un sistema de apoyo al refuerzo de las capacidades en la gestión de los riesgos de los Estados miembros, para garantizar normas de calidad homogéneas con un mecanismo de la UE de verificación, control y supervisión, así como con la imposición de sanciones y un mayor esfuerzo de la Unión para formar a profesionales cualificados, sobre todo allí donde los compromisos y los costes sean más importantes, como en las fronteras del espacio Schengen.

8.7

A este respecto el CESE aboga por reforzar las acciones de la UE para el desarrollo de recursos humanos cualificados y para la potenciación de las capacidades de gestión, a través de la constitución de un núcleo de fuerza aduanera común que garantice una rápida intervención en apoyo a las situaciones difíciles.

8.8

A fin de asegurar normas comunes claras y coherentes en todo el mercado único, con niveles equivalentes de seguridad, el CESE aboga con vigor por una cooperación más estrecha y por compartir la información –según normas comunes elevadas- entre administraciones aduaneras, autoridades de vigilancia del mercado, los servicios de la Comisión y las agencias europeas, en aras de un mayor control de la calidad de los bienes que cruzan las fronteras.

8.9

El CESE se hace eco de las conclusiones del Consejo sobre los progresos realizados en relación con la Estrategia para la evolución de la unión aduanera (16) en materia de mejora de la gobernanza de la unión aduanera, así como de capacidad de la unión aduanera para evaluar el propio impacto y promover una aplicación uniforme de las normativas, para mejorar la cooperación entre las agencias y, sobre todo, para «adoptar un enfoque más integral de la cadena de suministro internacional», facilitando los intercambios y «ofreciendo beneficios reales y tangibles a los operadores económicos autorizados».

12.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 327/20

1.1

El Comité Económico y Social Europeo respalda el enfoque global del Plan de Acción y recuerda que ya ha dado su parecer sobre muchas de las once acciones propuestas, para cuya puesta en práctica, sin embargo, son necesarios distintos plazos y apoyos, también de tipo económico.

1.2

El CESE considera que algunas acciones pueden quedar incumplidas o no ser plenamente aplicables porque no se han tenido en cuenta las repercusiones de la crisis económica en el sector, en especial en los países más afectados por las medidas de austeridad.

1.3

Para la aplicación del Plan, se recomienda considerar y valorizar la diversidad que a menudo se manifiesta en la forma que adoptan las PYME y las microempresas.

1.4

El CESE acoge favorablemente la propuesta de instituir un Grupo sobre Competitividad en el Comercio Minorista de carácter permanente y espera que puedan formar parte de él los interlocutores sociales europeos y los representantes de las organizaciones de consumidores y de las PYME.

1.5

El CESE recomienda no solo que el consumidor disponga de información pertinente y veraz, sino que esta pueda ser entendida realmente, y se presente con una forma expositiva sintética y de fácil comprensión (no técnica ni jurídica).

1.6

Se recomienda instar a los Estados miembros a que definan qué formas de comercio minorista pueden obedecer a los intereses generales (sociales y culturales) contemplados en la Directiva de Servicios.

1.7

El CESE pide que se aliente a las empresas a integrar el comercio en línea y el comercio fuera de línea, que en muchos casos siguen siendo alternativos, también con el propósito de superar los problemas que plantean los horarios y los días de apertura y cierre de los comercios.

1.8

La excesiva concentración de la distribución comercial plantea varios problemas, entre ellos, una dificultad objetiva para poner en práctica una auténtica competencia.

1.9

El CESE propone, como ya hizo en un dictamen precedente (1), que se aborde a nivel europeo el problema que plantea el abuso de la fijación del precio de transferencia, que fija los precios de las transacciones intergrupo basándose en parámetros de valoración conformes a los requisitos tributarios del grupo, en lugar de referirse a las condiciones normales del mercado.

1.10

El CESE recomienda perseguir la sostenibilidad del comercio y la reducción de los desperdicios, entre otras medidas, favoreciendo la difusión del sistema de venta a granel, que reduce los envases contaminantes.

1.11

La Comisión debe buscar activamente la innovación y el cambio, con todos los instrumentos de que dispone, ya que la competencia es una condición para el cambio, no un desencadenante del mismo.

1.12

En opinión del CESE, es fundamental adecuar las cualificaciones profesionales requeridas y las competencias de los empleados y considera que el compromiso de las empresas no puede limitarse a determinar los contenidos de la formación, sino que deben también efectuar inversiones específicas.

1.13

Al raíz de la experiencia del Consejo Sectorial Europeo de Capacitación en el Sector del Comercio, el CESE exhorta a los Estados miembros a constituir organismos bilaterales entre los interlocutores sociales para el desarrollo de la formación profesional (adecuación de las cualificaciones a las necesidades de las empresas, planes de formación, financiación, determinación de las necesidades de formación, puesta en práctica e intercambio de información sobre la formación).

1.14

El CESE apoya la iniciativa de la Comisión de poner en marcha un diálogo con todas las partes interesadas para definir a escala de la UE medidas eficaces para combatir la economía informal y el trabajo negro y sumergido. Expresa su esperanza de que los Estados miembros muestren una decidida voluntad política, que la Comisión podría coordinar a través de una asociación reforzada.

2.1

A fin de realizar el mercado interior de la distribución comercial en el ámbito de la Estrategia Europa 2020, el Plan de Acción propone un programa de trabajo con cinco prioridades y once acciones que deberán aplicarse de aquí a 2014. La Comisión se encargará de su seguimiento y en 2015 presentará un informe de los progresos realizados.

2.2

En la UE la distribución comercial desempeña una función esencial para estimular el crecimiento y crear puestos de trabajo y modelos de consumo innovadores y más sostenibles. El sector representa el 11 % del PIB y casi el 15 % del empleo, lo que equivale a unos 36 millones de empleados en más de seis millones de empresas (29 % de todas las empresas), con un porcentaje muy alto de PYME y microempresas.

2.3

En el Plan se indica que la distribución comercial está cada vez más integrada con los demás sectores económicos y que la distinción entre ellos resulta cada vez menos evidente. Se observa que sigue habiendo obstáculos que impiden la creación de un mercado interior de la distribución comercial eficiente, competitivo e integrado. Por tanto, es preciso aumentar la competitividad y la productividad del sector y mejorar sus resultados económicos, sociales y medioambientales, teniendo en cuenta la diversidad en general y la situación de las PYME y las microempresas en particular.

2.4

El CESE señala que, a pesar del proceso de modernización llevado a cabo por el sector en los últimos 20 años, en la actualidad están desapareciendo muchas PYME comerciales, no solo por razones derivadas de una mayor competencia de precios y de la erosión de los márgenes de beneficios, sino también por la crisis económica, que ha acarreado una importante contracción del consumo y una menor propensión a la compra.

2.5

La crisis financiera, el aumento de los precios de las materias primas, el envejecimiento de la población, la exigencia de una mayor sostenibilidad y la innovación tecnológica (p.ej. pagos electrónicos, autopago) están modificando profundamente los procesos y modelos de negocio, tanto en la gran distribución organizada como en las PYME.

2.6

El CESE acoge favorablemente la propuesta de instituir un Grupo sobre Competitividad en el Comercio Minorista de carácter permanente (Estados miembros, partes interesadas y PYME) con el objetivo de situar en el centro del debate político europeo los problemas del sector, identificar vías de desarrollo, seguir los progresos realizados y formular recomendaciones. El CESE pide que formen parte de este Grupo los interlocutores sociales europeos del sector (UNI-Europa Comercio y Eurocommerce), que desde finales de la década de 1980 han entablado un diálogo social constructivo, así como representantes de la sociedad civil, en particular las organizaciones de consumidores y las PYME.

2.7

El CESE recomienda a la Comisión y a los Estados miembros que estimulen y favorezcan todas las formas equitativas y equilibradas de colaboración y asociación comercial entre las actividades comerciales independientes, y entre las grandes empresas de distribución y los independientes, sobre la base de contratos con garantías claras y equilibradas.

3.1

Los derechos solo son tales cuando se ejercen porque se conocen. Información no equivale a conocimiento, que es el primer derecho de los consumidores para poder orientar libremente su consumo en función de su bienestar y de la conveniencia individual y colectiva. Hoy, muchas elecciones de compra van acompañadas de una cantidad objetivamente vasta de información.

3.2

En la actualidad, uno de los principales problemas del sector reside en la mercadotecnia de la gran distribución, que se centra de forma casi exclusiva en el precio de venta al consumidor y descuida la relación calidad-precio. En muchos Estados miembros, el resultado es una disminución de la calidad de los productos alimenticios, debida también a la sustitución de ingredientes naturales por sucedáneos. Este fenómeno reduce la posibilidad de elección de los consumidores, que a menudo estarían dispuestos a pagar más por un producto de calidad, pero no consiguen encontrarlo en la oferta.

3.3

El conocimiento de las características de los productos permite a los ciudadanos efectuar compras con conocimiento de causa, orientando de este modo la oferta hacia una mayor calidad, diversificación y servicio. Sin embargo, el hecho de disponer de más información no equivale a un mayor conocimiento, sino que en muchos casos sucede exactamente lo contrario: ante el exceso de información, el consumidor opta a menudo por no leerla, por falta de tiempo o porque el lenguaje utilizado es demasiado técnico y poco comprensible.

3.4

Además de definir directrices sobre buenas prácticas y códigos de conducta (acción 1) (2), la Comisión debería prever instrumentos eficaces y vinculantes para que productores y distribuidores faciliten a los consumidores el conocimiento de todas aquellas características de sus productos o servicios y de los precios que son esenciales a efectos sociales, medioambientales, territoriales y económicos. Además, toda la información necesaria debería estar disponible en comunicaciones breves y fácilmente comprensibles. De este modo, los consumidores podrían decidir libremente si desean privilegiar una u otra de estas características y no basarse solo en las de mercadotecnia.

3.5

El sistema de la oferta genera muchos conocimientos útiles para que el consumidor elija sus productos, pero se centra ante todo en los aspectos del producto relacionados con la compra y su uso a corto plazo, favoreciendo la satisfacción inicial y descuidando la vida avanzada del producto (nivel de reciclaje del envase, duración del rendimiento, accesibilidad al servicio técnico y a recambios, valor en el momento de su posible reventa como producto usado, servicios posventa).

3.6

Además de proponer métodos para evaluar y comunicar el impacto ambiental global de los productos y organizaciones (acción 2) (3), sería conveniente que la Comisión asumiera la tarea de completar los conocimientos con los que los consumidores elaboran sus elecciones de compra (4). Por tanto, la aplicación de esta acción debería facilitar indicaciones claras sobre:

3.7

Por tanto, el CESE propone aplicar esta acción de manera eficaz y realista, tanto para una mayor protección de los consumidores como para que las empresas, en especial las PYME, sepan aplicarla en la práctica.

4.1

La Directiva de Servicios, al prohibir que se exija el cumplimiento de determinados requisitos, excluye de la prohibición aquellos «requisitos de planificación que no sean de naturaleza económica, sino que defiendan razones imperiosas de interés general»; es más, la Directiva «no afecta a la libertad de los Estados miembros de definir, de conformidad con la legislación comunitaria, lo que consideran servicios de interés económico general». Entre las «razones imperiosas de interés general», la Directiva cita expresamente «la conservación del patrimonio histórico y artístico nacional y los objetivos de la política social y cultural».

4.2

Hay formas de comercio minorista que constituyen una expresión característica de la cultura y el estilo de vida de un territorio. Dichas formas –y solo ellas– deben poder competir en un sistema de empresas similares, que persiga una mejora constante de la calidad y la eficiencia en beneficio de los consumidores. Exponer esos establecimientos comerciales al riesgo de abuso de poder por parte de grandes organizaciones permitiría hacer realidad en breve plazo los principios del libre mercado, pero contribuiría a destruir un patrimonio de cultura y estilos de vida difícilmente recuperable, lo que también debilitaría a la comunidad y el territorio en términos económicos.

4.3

La competencia ha llevado a los establecimientos comerciales minoristas a mejorar la calidad de sus servicios y su eficiencia productiva. Es esencial que la Comisión distinga entre una sana competencia entre empresas similares, que impulse a la búsqueda de constantes mejoras de calidad y eficiencia en beneficio de los consumidores, y otras formas de conflicto económico-comercial entre empresas.

4.4

Es importante, pues, que en un territorio exista una competencia sana entre las empresas del sector, al margen de su tamaño, pero no en condiciones de abuso de poder, sino como estímulo mutuo en un círculo virtuoso. Esto significa mejores servicios, mayor surtido, estructuras más cómodas, precios más ventajosos e identidad de la comunidad local.

4.5

Allí donde la gran distribución consigue, con su fuerza económica, desbancar al comercio tradicional, se produce un perjuicio, porque se destruye un patrimonio de cultura y estilos de vida, y el tejido local y territorial económico y social característico de ese territorio y esa comunidad, cuyo valor va más allá de la mera conveniencia de surtido y precio para el consumidor.

4.6

Por lo que se refiere a las acciones 3 y 4, la Comisión, de acuerdo con la Directiva de Servicios, debe alentar a los Estados miembros a evaluar qué formas de comercio minorista pueden alcanzar, si esto es posible, esos objetivos de política social y cultural. Por tanto, debe estimular la inclusión del comercio minorista tradicional, independiente y local, entre los intereses generales, allí donde adopte formas que sean expresión del territorio y logre dar una interpretación de sus características. No obstante, hay que evitar, con toda razón, que intereses particulares asociados al territorio se disfracen de intereses generales de la colectividad, como el medio ambiente y el urbanismo. A tal fin, la Comisión deberá indicar con toda claridad cuáles son los intereses generales aceptables de un territorio, llegando incluso a pedir a cada región/territorio que elabore una lista de los tres intereses prioritarios que deberán respetarse cuando se evalúen los nuevos establecimientos comerciales.

4.7

El comercio minorista en línea no puede sustituir al físico, sino que ambos modelos deben encontrar formas de integración, sobre todo porque el comercio minorista desempeña una función social esencial, que no solo consiste en el suministro de mercancías y servicios al menor coste.

4.8

El CESE pide a la Comisión que estimule, de común acuerdo con los Estados miembros y en colaboración con las organizaciones de PYME, la formación de las PYME en materia de integración de las distintas formas de venta como complemento de la venta tradicional.

4.9

El potencial de desarrollo del comercio en línea no puede preverse, ya que depende de cómo lo regulen los mercados y las instituciones. La Comisión debería emprender y facilitar toda acción que tenga por objeto valorizar los servicios no de venta, es decir, no vinculables directamente a una adquisición concreta, prestados por el comercio minorista fuera de línea.

4.10

Hoy en día los comercios prestan a los clientes muchos servicios de forma gratuita (por ejemplo, el hecho de exponer los productos en un escaparate, window shopping), cuyo coste se paga con los márgenes de venta. Por esta razón, a menudo los productores inhiben la compra en línea, imponiendo al cliente la adquisición fuera de línea. No obstante, cada vez más consumidores siguen un proceso de compra mixto; en línea (comparan productos y precios) y fuera de línea (tocan el producto con sus propias manos, lo prueban). El CESE recomienda que se supere esta competencia entre la compra en línea y la compra fuera de línea, y se favorezca la integración y la valorización de los servicios prestados por el comercio tradicional, ya que la compra física genera relaciones sociales y reales que no pueden transformarse en relaciones digitales: es necesaria la integración, no la sustitución.

4.11

El CESE señala que en los Estados miembros existen legislaciones diferentes en materia de horarios de apertura y cierre de los establecimientos comerciales y sobre el trabajo dominical y nocturno. Por otra parte, estas normativas son igualmente objeto de controversia en muchos Estados miembros debido a la competencia entre los establecimientos independientes, las PYME y las microempresas y a las repercusiones para el personal. El CESE invita a la Comisión a que busque la manera de superar esta barrera a la realización del mercado único y del modelo social europeo, también mediante la integración del comercio en línea y el comercio fuera de línea.

5.1

El CESE cree que el sector de la distribución comercial es uno de los más concentrados. En efecto, en cada Estado miembro el mercado está controlado por entre tres y cinco empresas, a menudo de dimensiones multinacionales. Esta situación plantea un gran problema desde el punto de vista de la competencia, dado que el sector se ha hecho demasiado potente con respecto a los proveedores, que son mucho más numerosos.

6.1

El CESE respalda la acción 6, destinada a apoyar a los distribuidores minoristas en la adopción de medidas para reducir del despilfarro de alimentos (6) y acoge con satisfacción la decisión de adoptar en 2013 una comunicación sobre la alimentación sostenible.

6.2

El CESE apoya la acción 7 de la Comisión dirigida a «hacer que las cadenas de suministro sean más respetuosas con el medio ambiente y sostenibles» mediante el empleo de todos los medios que permitan reducir el uso de energía y la producción de sustancias contaminantes. Por lo que se refiere a las sustancias contaminantes, una de las prácticas que el CESE sugiere que se fomenten es un modelo de distribución de los productos de gran consumo basado en sistemas de venta a granel como alternativa a los productos envasados. Para llevar a la práctica esta acción, cuyo objetivo es reducir la producción de envases destinados a convertirse en residuos, el CESE pide a la Comisión que consulte a todas las partes interesadas.

6.3

Esta práctica se utiliza hoy en contextos limitados y para poquísimos productos, pero presenta muchas posibilidades de ampliación:

6.4

Este modelo se utiliza hoy en situaciones reducidas, por ejemplo la venta de leche fresca, mientras que los combustibles de automoción se distribuyen ya a amplísima escala con el modelo a granel. El producto en sí mismo no es ecológico, pero su distribución no produce un gramo de plástico ni desperdicios de cantidad.

6.5

Este modelo requerirá cambios en las estructuras de los puntos de venta, que deberán dotarse de conducciones de abastecimiento desde el almacén hasta la estantería, o al menos de sistemas de recarga de las máquinas expendedoras. En todo caso, la estantería no será ya un soporte no dinámico e indiferenciado.

6.6

Para que este cambio de modelo pueda realmente difundirse, debería ser promovido por los grandes distribuidores que distribuyen la mayor parte de los productos de consumo, dado que tendrían la capacidad y los recursos necesarios para poner en marcha este gran proceso de transformación. En este contexto, también las PYME deberán desempeñar un papel clave.

6.7

La Comisión podría contribuir a la puesta en marcha de este cambio declarando los valores sociales y medioambientales del mismo y utilizando todos los instrumentos -también económicos y financieros- de que dispone para promover y facilitar iniciativas y proyectos concretos.

7.1

La recuperación de la economía real pasa también por la innovación (acción 8) que el sector sea capaz de desarrollar, y es fundamental que las PYME tengan un acceso más amplio y más fácil a los créditos bancarios para poner en marcha proyectos y actividades innovadores.

7.2

A diferencia de lo que se ha hecho en los Estados Unidos, es esencial que las inversiones empresariales en innovación se conjuguen con la protección de los trabajadores y la calidad del empleo.

7.3

La Comisión parece esperar estos cambios del aumento de la «competitividad del sector minorista», cuya promoción sería el único objeto de las acciones propuestas en la Comunicación. Pero, si bien la falta de competencia constituye un obstáculo al cambio, la competencia por sí misma no garantiza el cambio.

7.4

La Comisión, cuando califica a las empresas comerciales de «multiplicadores de innovación», reconoce que las PYME del comercio minorista, al estar en contacto más directo con los consumidores, perciben mejor las nuevas exigencias y, por tanto, al ser también más flexibles que la gran empresa, consiguen adecuar mejor la oferta a una demanda variable y multiforme.

7.5

No obstante, algunos cambios de sistema o de modelo requieren una capacidad de diseño y, sobre todo, una fuerza contractual que hacen de la gran empresa un actor irrenunciable. La Comisión debe realizar todos los esfuerzos posibles por incluir en los procesos de innovación y cambio a todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes.

7.6

El CESE acoge favorablemente la propuesta de crear una base de datos que contenga todas las normas europeas y nacionales sobre etiquetado de productos alimentarios (acción 9) (7).

7.7

El CESE apoya la voluntad de la Comisión de garantizar una mejor integración del mercado de pagos por tarjeta, Internet y teléfono móvil (acción 10) (8) y espera una aceleración de su difusión.

8.1

La adecuación de las competencias es fundamental para un crecimiento cualitativo del empleo (9) en el sector, que a menudo representa la primera oportunidad de entrada o de reinserción en el mercado de trabajo y con frecuencia no es percibido por todos como un sector atractivo e interesante en el que invertir la vida profesional.

8.2

Para aumentar la competitividad y la productividad del comercio minorista es fundamental una correlación más estrecha entre las cualificaciones requeridas y las competencias de los empleados (acción 11), que deben poder mejorar sus prestaciones profesionales, habida cuenta también del aumento de la automatización que ha tenido lugar.

8.3

La Comisión desea reforzar la cooperación entre los interlocutores sociales mediante la mejora de las políticas de formación y reciclaje profesional, y también a través de un consejo sectorial de capacitación de la UE.

8.4

A pesar de las intervenciones en materia de innovación tecnológica, la productividad del sector sigue siendo más bien baja y las PYME tienen dificultades para invertir en nuevas tecnologías, innovación y formación profesional de sus empleados.

8.5

No obstante, el Plan de Acción no puede dejar de considerar que, en el mercado interior, el sector se ve afectado por el dumping social y la competencia desleal entre empresas comerciales, independientemente de sus dimensiones, debido a que los sistemas de relaciones industriales y convenios colectivos difieren de un país a otro, lo que genera distintos modelos de desarrollo y políticas de inversión diversificadas.

8.6

El análisis resulta limitado al hacer referencia únicamente a la adecuación entre las cualificaciones profesionales requeridas y las competencias disponibles, y al no considerar asimismo todas las problemáticas que hoy impiden la creación efectiva de un mercado interior europeo integrado y competitivo del sector, y que tienen que ver con las condiciones laborales, la organización del trabajo, los bajos salarios, la flexibilidad, el trabajo precario y la alta presencia de falsos autónomos.

8.7

La Comunicación propone inversiones en formación que serían responsabilidad de los gobiernos, los individuos y el sistema de enseñanza, llamando a las empresas a que desempeñen un papel importante en la fase de elaboración de los nuevos programas de estudios y formación, así como durante las prácticas. El CESE considera que la participación de las empresas no debería limitarse a la identificación de las necesidades de formación, sino que se debería prever también su participación proactiva a través de inversiones específicas para la adquisición de las cualificaciones requeridas (10).

8.8

Estas inversiones públicas y privadas, integradas entre sí, no solo ayudarían a los jóvenes a entrar en el mercado de trabajo, sino también a las categorías de trabajadores que tienen más dificultades para reincorporarse a él (desempleados de larga duración, trabajadores de edad avanzada, inmigrantes y personas con discapacidad). Deberá prestarse especial atención al empleo de la mujer, que está más expuesta al riesgo de expulsión del trabajo debido a los procesos de reorganización y tiene más dificultades para conciliar la vida privada y el trabajo.

8.9

La adecuación de las cualificaciones y el refuerzo de las asociaciones escuela-empresa y de la formación ligada al aprendizaje no darán los resultados esperados en términos de movilidad de los trabajadores y crecimiento de la productividad del sector si no se procede al mismo tiempo al reconocimiento a escala europea de los títulos de estudios, los períodos de prácticas, el aprendizaje y las cualificaciones adquiridas.

8.10

A pesar de los importantes esfuerzos realizados a escala nacional, el trabajo negro y sumergido sigue representando un grave problema, que genera una situación de competencia desleal entre empresas en lo que respecta a los costes del trabajo. Los trabajadores que caen en la economía informal no solo quedan excluidos de las coberturas sanitarias y sociales, sino también de la posibilidad de acceder a formación y períodos de prácticas, con evidentes consecuencias negativas para sus oportunidades de adquirir competencias y cualificaciones profesionales.

8.11

Es positiva, por tanto, la iniciativa de la Comisión de poner en marcha un diálogo con todas las partes interesadas para evaluar el impacto de la economía informal en las condiciones de trabajo y definir medidas eficaces para combatirla a escala de la UE. El CESE considera que esta iniciativa será tanto más eficaz cuanto mayor sea la voluntad política de los Estados miembros en este sentido, que la Comisión podría coordinar a través de una asociación reforzada.

8.12

El CESE considera esencial que las medidas para combatir el trabajo negro e informal se conviertan en un tema de debate constante entre los interlocutores sociales del sector en el marco del diálogo social europeo (11).

12.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 327/26

1.1

El CESE toma nota de la publicación de este Libro Verde por la Comisión Europea y considera que refleja un giro positivo y pronunciado del enfoque de la Comisión sobre las prácticas comerciales desleales.

1.2

El CESE considera que el uso de prácticas comerciales desleales no es sólo «desleal» o «no ético», sino que también contradice los principios fundamentales del Derecho y los intereses de la oferta y la demanda. Dado que equivale de hecho al abuso de una posición de mercado significativamente más fuerte, recomendamos emplear la expresión «prácticas comerciales abusivas», que se utiliza habitualmente, por ejemplo, en francés o inglés.

1.3

El CESE considera que la amplitud y la intensidad que tienen actualmente las prácticas comerciales desleales son especialmente el resultado de las fusiones y adquisiciones empresariales que han tenido lugar en las últimas décadas.

1.4

El CESE considera que los resultados hasta la fecha del Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria no son claros y que las soluciones propuestas son insuficientes para resolver el problema de las prácticas desleales. Por ese motivo, insta a la Comisión Europea a aportar otras iniciativas.

1.5

El CESE no duda de que las prácticas desleales pueden darse en todas las relaciones contractuales, pero está convencido de que la situación es especialmente grave en la relación entre los supermercados, por un lado, y las pymes agrícolas y agroalimentarias, por otro. Las formas y el grado de abuso que se dan en estos casos no aparecen en otras relaciones.

1.6

El CESE acoge especialmente con satisfacción el hecho de que la Comisión cuestione explícitamente en el Libro Verde la existencia de una libertad contractual real cuando las relaciones son muy desiguales, lo que coincide con la opinión del CESE.

1.7

En opinión del CESE, el Libro Verde de la Comisión refleja muy bien la esencia y las formas principales de prácticas comerciales desleales. Sin embargo, el Comité está convencido de que sería conveniente que la Comisión Europea propusiera una definición uniforme de las prácticas comerciales desleales, similar a la que ofrece la Directiva 2005/29/CE, ya que hay una cierta similitud entre las prácticas denunciadas en el Libro Verde y las «prácticas comerciales engañosas» (1).

1.8

Las prácticas comerciales desleales son aún más importantes en el marco de una «atmósfera de miedo» derivada del temor que padece la parte contractual más débil ante una eventual finalización de la cooperación comercial con la parte contractual más fuerte. Este caso se da, por ejemplo, cuando los grandes minoristas ejercen una presión injusta sobre sus proveedores o fijan precios excesivamente altos para los minoristas y, por tanto, para los consumidores.

1.9

Según el CESE, las consecuencias del uso de prácticas comerciales desleales superan el marco de la relación entre empresas y no las padecen únicamente las partes contractuales más débiles. Los consumidores y los intereses económicos nacionales son también víctimas, algo que el Libro Verde no pone de relieve adecuadamente.

1.10

Según el CESE, las leyes promulgadas en diversos Estados miembros a fin de limitar el uso de prácticas comerciales desleales reflejan el hecho de que la situación actual es inaceptable. Por diferentes motivos, estas leyes no han aportado todavía soluciones satisfactorias, aunque tampoco puede decirse que no se haya conseguido nada. Pueden considerarse logros la mayor transparencia en el reparto de beneficios y el fin de la imposición de las prácticas de extorsión más escandalosas.

1.11

A pesar de que el CESE no tiene razones para creer que la adopción de estas leyes por los Estados miembros influya negativamente en la libre circulación de mercancías en la UE, es cierto que pueden producirse determinadas restricciones. Ninguna de estas leyes, sin embargo, tiene carácter proteccionista y afectan en la misma medida tanto a las empresas nacionales como a las de otros Estados miembros.

1.12

El CESE recomienda que la falta de libertad contractual en determinadas relaciones constituya el punto de partida para futuras consideraciones sobre cómo resolver el problema de las prácticas comerciales desleales.

1.13

El CESE recomienda que las futuras propuestas de regulación de las relaciones comerciales desiguales tengan en cuenta el «factor miedo». Es necesario garantizar el indispensable equilibrio entre las partes contratantes para que mantengan una actitud leal en sus relaciones mutuas. Por ese motivo, la protección de la parte contractual más débil no puede constituir exclusivamente el objetivo primordial de la regulación de las prácticas desleales, sino que también debería serlo la protección del interés económico nacional, de forma que, por ejemplo, los proveedores alimentarios afectados no tengan que personarse activamente en los procedimientos administrativos y judiciales.

1.14

El CESE insta a la Comisión Europea a proponer una legislación que prohíba las prácticas comerciales desleales. Su base debería ser una lista indicativa de las formas más habituales de prácticas desleales impuestas por la parte contractual más fuerte con el fin de trasladar sus propios costes y riesgos intrínsecos a la parte contractual más débil.

1.15

El CESE insta a la Comisión Europea a cooperar con las autoridades nacionales de la competencia para, a la luz de las experiencias concretas adquiridas a lo largo de las últimas décadas, acometer una revisión radical de las normas sobre la competencia existentes –y evidentemente ya obsoletas– con el objetivo de crear una competencia leal que se fundamente también en un intercambio justo de información relevante en este sector para tener en cuenta todas las posiciones dominantes reales.

2.1

El Libro Verde distingue entre cadenas de suministro y distribución alimentarias y no alimentarias, distinción totalmente justificada porque la cadena alimentaria posee rasgos propios específicos en comparación con otras.

2.2

Las empresas que forman parte de cadenas de suministro y distribución han sido objeto de grandes concentraciones en los últimos veinte años, lo que ha llevado a la aparición de verdaderos oligopolios. La mayor concentración en la cadena de suministro alimentario se ha registrado en el sector minorista, algo menos en el ámbito del sector transformador de alimentos y en menor medida aun en la producción agrícola primaria. El resultado de este proceso son grandes desequilibrios en la cadena de suministro alimentario, ya que los oligopolios disponen de una enorme fuerza de negociación frente a sus socios comerciales, que están mucho más fragmentados.

2.3

El CESE está convencido de que los desequilibrios estructurales surgidos llevan en algunos casos a la imposición de prácticas comerciales desleales y que estas prácticas a menudo no son solo contrarias a la justicia, la honestidad y la ética, sino que contravienen principios fundamentales del Derecho.

2.4

La afirmación del Libro Verde según la cual las prácticas comerciales desleales fueron por primera vez objeto de debate a nivel de la UE en 2009 no es correcta. Ese fue el año en que esta cuestión apareció por primera vez en la agenda oficial de la Comisión Europea. Ya en 2005 el Comité Económico y Social Europeo publicó un importante dictamen (2) –cuando el tema de las prácticas comerciales desleales era todavía tabú– en el que se señalaban y criticaban varios aspectos negativos en la actuación de las cadenas de distribución minorista. Cabe recordar también el importante papel que desempeñó la Declaración por escrito del Parlamento Europeo de 2007 sobre la investigación y la subsanación del abuso de poder por parte de grandes supermercados que operan en la Unión Europea  (3), en la que se instaba directamente a la Comisión Europea a adoptar las medidas necesarias para resolver la situación.

2.5

En opinión del CESE, los resultados hasta la fecha del Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria son bastante inciertos, porque el marco de implementación de «buenas prácticas» propuesto no se ha traducido en un acuerdo para frenar las prácticas comerciales desleales, cuestión que también han lamentado, entre otros, tres comisarios europeos (4).

2.6

El informe de la Red Europea de Competencia (REC) confirma la realidad de la utilización de prácticas comerciales desleales, especialmente en el sector alimentario. Coincide con el convencimiento del CESE de que el abuso de la posición económica dominante por parte de los supermercados con respecto a los pequeños y medianos productores y transformadores de alimentos posee un carácter mucho más grave que en otras relaciones contractuales. Una prueba adicional de ello es el hecho de que desde hace años las quejas provienen de estos proveedores de alimentos a las grandes cadenas de distribución minorista, y no de otros.

2.7

El CESE toma nota de la afirmación de la Comisión de que las prácticas comerciales desleales tienen efectos perjudiciales para la economía de la UE, y no solo para las relaciones contractuales entre dos empresas.

3.1.1

La existencia de libertad contractual en las relaciones comerciales, incluso en la relación entre los supermercados y los pequeños y medianos productores alimentarios, no había sido puesta en duda oficialmente hasta la fecha. No hace mucho tiempo esta libertad era todavía uno de los argumentos principales no solo de los supermercados sino también de las autoridades públicas contra la regulación de las prácticas comerciales desleales que, presuntamente, podría limitar dicha libertad. El CESE considera muy importante que el Libro Verde haya abandonado esta posición y reconozca explícitamente que cuando se da una desigualdad significativa entre las fuerzas económicas de dos socios contractuales no existe una auténtica libertad contractual.

3.1.2

Según el Comité Económico y Social Europeo, este reconocimiento de la ausencia de libertad contractual es una condición previa básica para buscar de forma efectiva soluciones globales a los problemas derivados de los desequilibrios existentes en la cadena de suministro y distribución, en particular en el sector de la alimentación.

3.1.3

En esta parte del Libro Verde la Comisión Europea refleja muy bien la esencia y las formas principales de las prácticas comerciales desleales. Cuando se habla de la relación entre los supermercados y los proveedores de alimentos, en particular, la parte más débil no tiene una alternativa real, ya que son muy pocos los clientes importantes en el mercado y, lo más importante, todos tienen un comportamiento muy similar con los proveedores.

3.1.4

Varios de los ejemplos de prácticas comerciales desleales indicados en el documento demuestran que algunos compradores no dudan en utilizar cualquier medio para conseguir ventajas adicionales y no justificadas en detrimento de la otra parte contratante. Una forma concreta son los pagos por servicios ficticios o por servicios no solicitados que no tienen ningún valor para la otra parte.

3.1.5

A las preguntas formuladas en esta parte del Libro Verde, el CESE responde como sigue:

3.2.1

El CESE acoge con satisfacción que la Comisión Europea se remita en esta parte a la información aportada por diversas autoridades nacionales de la competencia. Además de las autoridades citadas, recomendamos cooperar, en particular, con las autoridades francesas y checas, porque poseen experiencia directa en la aplicación de su legislación nacional contra las prácticas comerciales desleales. Las instituciones antimonopolio están legitimadas para examinar durante sus controles la documentación contable (contratos, facturas, extractos bancarios, etc.) a partir de la cual es posible demostrar la utilización de prácticas comerciales desleales.

3.2.2

Estos ejemplos facilitados por las autoridades de la competencia británicas, españolas e irlandesas demuestran la inadecuación de calificar solo como «no éticas» algunas de las prácticas utilizadas, ya que traspasan claramente la línea de la legalidad (en particular cuando se habla de «acoso e intimidación»).

3.3.1

El impacto negativo sobre la parte más débil de la utilización de prácticas comerciales desleales por la parte más fuerte es indudable y la consecuencia lógica es una reducción de las inversiones y la innovación en la producción. Sin embargo, en opinión del CESE, el impacto sobre los consumidores no queda suficientemente reflejado, ya que tiene muchos más efectos que una simple restricción de la innovación. Pero en esta parte no se hace la menor referencia a la amenaza que supone para los intereses económicos nacionales, que se menciona con anterioridad en el Libro Verde. Donde mejor se aprecia esta amenaza es en los países de Europa central y oriental, donde los supermercados están totalmente bajo el control de empresas de otros Estados miembros. Habida cuenta de que los productores nacionales, en su mayor parte pequeñas y medianas empresas, no son capaces de cumplir las condiciones comerciales que se les imponen, a menudo leoninas, todo el sector agroalimentario de la región está en declive y estos países, tradicionalmente autosuficientes en la producción de alimentos, han perdido en gran medida su seguridad alimentaria. La producción nacional suele sustituirse, en consecuencia, por importaciones de calidad a menudo muy dudosa.

3.3.2

A las preguntas formuladas en esta parte del Libro Verde, el CESE responde como sigue:

4.1

El análisis de los marcos jurídicos vigentes a escala de los Estados miembros y de la UE refleja dos hechos. En primer lugar, que la utilización de prácticas comerciales desleales por parte de algunas empresas económicamente fuertes es a día de hoy un hecho generalmente conocido e indudable, ante el cual las autoridades competentes de diversos Estados miembros han llegado a la conclusión de que la situación actual requiere regulación.

4.2

La proliferación actual de prácticas comerciales desleales, en particular en las relaciones entre grandes cadenas de minoristas y productores alimentarios, demuestra ante todo que la legislación sobre la competencia está obsoleta. Algunas de las prácticas comerciales desleales utilizadas indican una grave distorsión del entorno competitivo y la existencia de posiciones dominantes reales que no se ven afectadas por la regulación antimonopolio actual.

4.3

Además de revisar la legislación sobre la competencia, el CESE considera completamente legítimo prohibir a escala de la UE la utilización de determinadas prácticas desleales definidas y crear así la armonización necesaria en un entorno jurídico fragmentado. Sin embargo, entre la regulación de las prácticas comerciales desleales y la revisión de la legislación antimonopolio debe existir una conexión lógica para garantizar que solo sean sancionados los iniciadores lógicos de contratos con condiciones comerciales desleales, es decir, las partes en posición dominante.

4.4

Para que esta regulación armonizada sea efectiva, debe contemplar la existencia de la «amenaza de ser excluido como proveedor» y, por tanto, la imposibilidad de que las partes contractuales más débiles, en particular las pymes proveedoras de los supermercados, presenten demandas. El objetivo debe ser más amplio que solucionar únicamente los problemas de las relaciones entre empresas.

4.5

A las preguntas formuladas en esta parte del Libro Verde que no han obtenido respuesta en los apartados previos, el CESE responde como sigue:

5.1.1

El CESE comparte la opinión de la Comisión Europea de que los mecanismos actuales aplicados a escala nacional contra las prácticas comerciales desleales son en general insuficientes. La razón principal es que no tienen en cuenta la atmósfera de miedo que propician la ausencia de la libertad contractual real y la amenaza de ser excluido como proveedor. El país que hasta el momento ha conseguido afrontar mejor estos problemas es Francia, donde la autoridad de control puede actuar también sobre la base de informaciones no formales y por iniciativa propia, mientras que la represión de las prácticas desleales se basa en la protección de los intereses económicos nacionales y no de la parte contractual más débil.

5.1.2

En algunos Estados miembros existen leyes destinadas a luchar contra las prácticas contractuales desleales, pero hay países que carecen de ellas. Además existen divergencias importantes entre las diferentes leyes. Estos dos hechos suponen, sin duda, un obstáculo para el comercio transfronterizo (pregunta no 16).

5.1.3

Según el CESE, el único enfoque común razonable para resolver el impacto negativo de las divergencias en la legislación aplicable sería la adopción de un texto jurídico armonizado destinado a luchar contra la utilización de prácticas contractuales desleales (pregunta no 17).

5.2.1

El CESE comparte la afirmación de la Comisión de que en la actualidad no existe a escala de la UE ningún mecanismo específico para luchar contra las prácticas comerciales desleales. Asimismo está convencido de que para superar el «factor miedo» es imprescindible otorgar a las autoridades nacionales competentes en esta materia la legitimidad para actuar por iniciativa propia, aceptar denuncias anónimas o informales e imponer sanciones (pregunta no 18).

6.1

El CESE conviene en que las prácticas comerciales desleales se producen en toda la cadena de suministro alimentario y no alimentario, pero de conformidad con lo anteriormente expuesto está convencido de que la situación más grave tiene lugar en las relaciones entre los supermercados y las pymes productoras.

6.2

En lo que a la inclusión en la lista de proveedores respecta, no está clara cuál es la contraprestación del canon que debe pagar el potencial proveedor. En la mayoría de casos incluso el pago de este canon –que supone una condición previa e imprescindible para cualquier tipo de cooperación comercial– no constituye garantía alguna para el proveedor de que el cliente le comprará realmente un determinado producto o de que no lo excluirá de la lista de proveedores sin motivo.

6.3

Los descuentos a los proveedores constituyen una práctica habitual de las grandes cadenas de minoristas y, según el CESE, su utilidad general es, cuando menos, discutible. Por un lado estos descuentos son un símbolo de abuso de una posición dominante real, porque tras ella se ocultan a menudo servicios no solicitados y ficticios; por otro lado, causan una considerable falta de transparencia en el reparto de beneficios. La existencia de estos descuentos hacen que a los proveedores (así como a los observadores externos) les resulte muy difícil saber cuánto les han pagado realmente por el producto suministrado. En realidad, el suministro del producto está condicionado a la aceptación de los servicios ofrecidos por el comprador. En opinión del CESE, las comisiones en concepto de servicios reales y justificados prestados por el comprador al proveedor deberían incluirse en el precio de compra de los alimentos.

6.4

A las preguntas formuladas en esta parte del Libro Verde que no han sido respondidas en los apartados previos el CESE responde como sigue:

12.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 327/33

1.1

El CESE apoya el objetivo de la Comisión de priorizar la normativa inteligente en su agenda. La reglamentación es necesaria, pero tiene que estar bien elaborada para alcanzar los objetivos políticos de la UE a un coste mínimo. El CESE acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión Europea a lo largo de los años para fomentar la elaboración y aplicación de mejores instrumentos normativos, incluidas las evaluaciones de impacto y la participación de las partes interesadas.

1.2

Por ello, el Comité:

2.1

En noviembre de 2011, la Comisión publicó un informe sobre la «Reducción al mínimo de la carga normativa para las PYME: adaptación de la normativa de la UE a las necesidades de las microempresas» (1), que establecía medidas dirigidas específicamente a las PYME. Se basa en el principio de «pensar primero a pequeña escala» consagrado por la Small Business Act  (2) (SBA), que exigía que se tuvieran en cuenta las repercusiones para las PYME al concebir la legislación y que se simplificara el marco regulador existente. Igualmente, la Comisión expresó su voluntad de abordar la carga de las PYME a través del nuevo programa de adecuación y eficacia de la reglamentación (REFIT) (3) lanzado en diciembre de 2012.

2.2

La Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo de primavera sobre «Normativa inteligente: Responder a las necesidades de las pequeñas y medianas empresas» (4), que se aprobó el 7 de marzo de 2013, hace balance de todas las medidas puestas en práctica por la Comisión desde 2011 en materia de cargas de las PYME. La presente Comunicación examina los progresos que se han realizado a la hora de:

3.1.1

El CESE siempre ha apoyado y alentado las iniciativas de mejora de la legislación, como indican claramente sus diversos dictámenes (5). Somos conscientes de que, si bien la normativa inteligente es necesaria para todas las empresas, la burocracia tiene un impacto desproporcionado en las microempresas y las pequeñas empresas. Por lo tanto, la aplicación del principio «pensar primero a pequeña escala» debe ser una directriz prioritaria al elaborar nueva legislación y en todo el proceso de toma de decisiones.

3.1.2

Las PYME difieren en tamaño, sector de actividad, objetivos, financiación, gestión, ubicación y situación jurídica (6). Por lo tanto, las políticas deben tener en cuenta estas variaciones a la hora de elaborar la normativa para ellas. Tienen que recordar que las normativas por separado pueden no parecer especialmente onerosas, pero es en particular la acumulación de normas y legislaciones lo que desalienta a una microempresa o pequeña empresa a desarrollar nuevas ideas, ampliar los mercados existentes o contratar a más personal.

3.1.3

Como consecuencia de ello, muchas PYME, especialmente las microempresas y las pequeñas empresas, perciben la legislación como una forma de frenar el desarrollo empresarial en lugar de facilitar el crecimiento. El CESE considera que una normativa más inteligente en la Unión Europea no va a ser de ayuda a menos que la legislación determine claramente a qué empresas intenta apoyar y qué exenciones (en su caso) se les concederán a estas empresas, o qué exenciones podrán solicitar. Por lo tanto, el CESE insta encarecidamente a la Comisión a que aplique plenamente la prueba de las PYME en todos los ejercicios de evaluación de impacto realizados por las diferentes DG. El Comité considera que la prueba de las PYME debe incluir los costes y beneficios potenciales de las propuestas con respecto al tamaño de la empresa, diferenciando claramente entre microempresas y pequeñas y medianas empresas. Si no se llevara a cabo correctamente la prueba de las PYME, el Comité de evaluación de impacto daría una opinión negativa.

3.2.1

Por consiguiente, el CESE reconoce el papel de las evaluaciones de impacto (7) como un elemento clave de la elaboración de políticas sobre las PYME en el nivel de la UE. El Comité insiste en que la Comisión prepare sólidas evaluaciones de impacto que se adecúen a los fines perseguidos y sean lógicas. El CESE recuerda a la Comisión que los principios de subsidiariedad y proporcionalidad deben ser respetados. La evaluación de impacto también debe centrarse en el análisis de los costes. El aumento de los costes soportados por las empresas como consecuencia de la normativa hacen poco rentables algunas actividades que, en ausencia de la normativa, serían rentables. Como consecuencia de ello, algunas empresas marginales se verán obligadas a abandonar el mercado, reduciendo así el potencial de la actividad económica del sector privado. El CESE invita a la Comisión a realizar una declaración anual verificada por fuentes independientes sobre el coste total neto de las propuestas normativas para las empresas. La declaración también debería informar sobre los cambios fundamentales en las propuestas políticas introducidos como resultado de las evaluaciones de impacto.

3.2.2

El CESE reconoce que las evaluaciones de impacto son documentos técnicos, pero su longitud y lenguaje pueden hacerlos impenetrables, sobre todo para las pequeñas empresas que quieren contribuir. El Comité recomienda que se facilite su uso (8) mediante una plantilla estándar y una síntesis clara que destaque las principales cuestiones abordadas y se centre en cada subgrupo de las PYME.

3.2.3

El CESE pide que los proyectos de evaluación de impacto sean examinados de forma independiente y transparente por las partes interesadas, incluidas las organizaciones profesionales representativas de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, a fin de garantizar que sean de alta calidad y estén elaborados de acuerdo con las directrices en la materia (9).

3.2.4

Las evaluaciones de impacto deben juzgar en detalle cómo y en qué grado las medidas y modelos especiales (tales como exenciones, simplificaciones, etc.) deben utilizarse para reducir la carga administrativa de las PYME. El CESE acoge favorablemente la mayor aplicación de la prueba de las PYME, pero recuerda la necesidad de examinar a fondo y de manera individual el impacto de la legislación en los tres subgrupos diferentes y, posteriormente, de examinar la posibilidad de eximir a las microempresas de una nueva normativa o de aprobar regímenes más suaves.

3.2.5

El CESE señala que la Comisión parece estar alejándose de sus planes de exención general de las normas de la UE para las microempresas al realizar el ejercicio de evaluación de impacto. El CESE acoge favorablemente esta iniciativa y subraya el hecho de que la normativa inteligente debería ser modulada, correspondiente al tipo y tamaño de la empresa y no complicada en exceso. Siempre que se cumplan estos parámetros, es fácil para los propietarios de las empresas responder a los retos desarrollando procedimientos internos adecuados que cumplan los objetivos de la normativa inteligente.

3.2.6

Las microempresas y las pequeñas empresas reconocen que están más cerca de sus clientes que las grandes empresas multinacionales. También reconocen que hay una creciente demanda de los clientes para utilizar los servicios de empresas locales que mantienen un comportamiento ético y cuidan del medio ambiente local. El CESE recuerda a la Comisión, por lo tanto, que es esencial que las normas y la legislación que rigen la calidad de las empresas, sus productos y sus servicios sean respetadas por las empresas si quieren tener éxito y seguir siendo competitivas en los diferentes mercados. Eximir a las microempresas de la normativa de protección de los consumidores y del medio ambiente, por ejemplo, puede dañar esos negocios a largo plazo (10).

3.2.7

El Comité considera que las evaluaciones de impacto, más allá de lo que precede, también deben tener por objeto medir con precisión el efecto dominó que podría producir una medida destinada a reducir las cargas administrativas mediante el cambio normativo dedicado a las PYME. De hecho, podrían producirse efectos secundarios que pueden modificar los equilibrios sociales y las relaciones con la administración del Estado (empleo sumergido, información fiscal, cotizaciones sociales, cualificaciones y naturaleza de los contratos de trabajo, etc.).

Una normativa inteligente para las PYME debe, por su naturaleza, procurar que los efectos externos que conlleva sean inexistentes o al menos no tengan consecuencias adversas. Para este propósito, el CESE recuerda a la Comisión que la normativa inteligente no debería socavar los derechos de los trabajadores (11) ni reducir su nivel básico de protección, especialmente en materia de salud y seguridad en el trabajo.

3.3.1

El CESE acoge favorablemente la creación de un cuadro anual de indicadores de las PYME, que hace posible realizar un seguimiento de medidas específicas a lo largo de todo el ciclo de toma de decisiones. Estamos a la espera de ver su aplicación y resultados.

3.3.2

El CESE considera que la Comisión Europea debería supervisar constantemente el indicador de las PYME a través de un servicio centralizado de coordinación en estrecha cooperación con las instituciones y órganos de la UE. Se invita igualmente a los Estados miembros y las organizaciones representativas de las PYME a unirse al ejercicio.

3.4.1

El CESE acoge favorablemente el hecho de que se pongan a disposición de las partes interesadas hojas de ruta destinadas a informarles sobre las eventuales iniciativas de la Comisión en lo relativo a los trabajos preparatorios y de consulta previstos. Las consultas con las partes interesadas deberían ser ampliamente difundidas para que estas puedan responder a su debido tiempo. Sin embargo, deberían basarse no en la cantidad sino en la calidad y estar fundamentadas en evidencia empírica obtenida mediante entrevistas con empresarios y organizaciones empresariales reales, incluidos los trabajadores, y visitas de exploración u observación de microempresas y pequeñas empresas. El CESE recuerda a la Comisión que las hojas de ruta siempre deben incluir una primera evaluación aproximada de los costes esperados, con el fin de que los interesados puedan realizar un examen de calidad de los posibles impactos. El Comité recuerda a la Comisión que la consulta general de las partes interesadas es crucial para la recogida de datos de alta calidad, así como para la elaboración de propuestas de normativa inteligente.

3.4.2

Tras la celebración de la consulta, muchas asociaciones empresariales y sus miembros se preguntan si sus esfuerzos para ayudar a determinar los problemas potenciales y sus posibles soluciones han valido la pena. El CESE aboga por que algunos de ellos, mediante un procedimiento oficial, participen en el comité independiente de evaluación, en calidad de expertos externos, para realizar un escrutinio adicional de las propuestas de la Comisión, de modo que se garantice una adecuada comprensión de los diferentes conceptos que están en juego.

3.4.3

El CESE ha observado un aumento relativo del número de actos delegados aprobados por los legisladores en los últimos años. Muchas de las decisiones tomadas mediante actos delegados tienen repercusiones significativas para las PYME. Por consiguiente, el Comité considera que el ámbito de la consulta debería extenderse a fin de cubrir algunos actos delegados clave que pueden tener un importante impacto económico, medioambiental o social en un sector específico o sobre los principales grupos de interés.

3.4.4

El CESE pide que, a la hora de elaborar la legislación, se mantenga con las diferentes partes un auténtico diálogo estructurado sobre las PYME. Tal cooperación debería garantizar la participación de todas las PYME y sus organizaciones representativas, en particular las asociaciones de pequeñas empresas que defienden la aplicación de los principios «pensar primero a pequeña escala» y «solo una vez» consagrados en la Small Business Act  (12) para estimular los objetivos de eficiencia.

3.4.5

El CESE respalda, en principio, la red Enterprise Europe Network (EEN). Lamenta que su potencial aún no se haya explotado debido a que muchas PYME europeas parecen no ser conscientes de su existencia. Los servicios ofrecidos por la EEN deberían basarse en las demandas reales de las PYME y sus necesidades, en estrecha cooperación con sus organizaciones representativas.

El Comité considera que las organizaciones anfitrionas de Enterprise Europe Network deben recibir apoyo, de modo que puedan dedicar más recursos a las necesidades de las PYME al tratar con la administración pública. El CESE opina que este apoyo debería centrarse especialmente en las empresas más pequeñas, que tendrían que ser consultadas directamente por su centro local de Enterprise Europe Network cuando se enfrenta a cuestiones de regulación. Todos los servicios de la Comisión deberían tener en cuenta los resultados de los encuentros cara a cara y las contribuciones de las organizaciones representativas de las PYME, a fin de poner en práctica el principio «pensar primero a pequeña escala».

3.4.6

El CESE acoge favorablemente la prórroga del mandato del Grupo de Alto Nivel de Expertos Independientes sobre la Carga Administrativa (13) (Grupo Stoiber). El CESE desearía en especial que se le atribuyera al grupo un nuevo papel clave para asistir a la Comisión en la elaboración, seguimiento y aplicación de las políticas relativas a las microempresas y las pequeñas empresas, en estrecha colaboración con las organizaciones representativas de las PYME y los sindicatos.

3.4.7

El Comité toma nota de los resultados de la consulta sobre los diez peores ejemplos de burocracia que afectan a las PYME (14). El Comité invita a la Comisión a responder a sus conclusiones lo antes posible mediante la publicación de propuestas concretas de simplificación.

3.5.1

El CESE apoya un control de adecuación reglamentario para la formulación de políticas sobre las PYME (15) (el así llamado «programa REFIT»). El CESE espera con interés los resultados de las evaluaciones piloto (16) y alienta a la Comisión a poner en marcha, en el marco de su programa de 2014, nuevos controles de adecuación en áreas clave que creemos fundamentales para fomentar el crecimiento y el empleo. Se invita a la Comisión a publicar en su sitio web todos los controles de adecuación que se han llevado a cabo o están previstos.

3.5.2

El CESE propone también que se realice un amplio control de adecuación de la legislación de la UE que afecta a las empresas cuando estas operan fuera de las fronteras exteriores de la Unión. El CESE considera que la carga reguladora de dicha legislación es alta y que dicho control constituiría una importante contribución a las agendas de la UE sobre normativa inteligente, crecimiento y comercio.

3.5.3

El CESE pide a la Comisión que utilice el programa REFIT para determinar las regulaciones existentes y las propuestas pendientes que ya no están en uso y proponer su eliminación lo antes posible, y para trabajar en la consolidación de la legislación vigente como parte de sus esfuerzos de simplificación. Se recomienda que todos los objetivos de reducción sean medibles y ofrezcan un cambio tangible y positivo para las empresas.

3.5.4

El CESE considera que debería mejorarse la elección de los instrumentos jurídicos, incluidos mecanismos de autorregulación y corregulación (17);

3.6.1

El CESE señala que la normativa inteligente es una responsabilidad compartida de todos los implicados en la formulación de políticas de la UE, ya sea en el nivel europeo o en el nivel de los Estados miembros.

3.6.2

A escala europea:

3.6.3

A escala nacional:

12.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 327/38

1.1

El CESE reconoce la importancia de que Europa se dote de un sistema autónomo de vigilancia del espacio destinado a la protección de sus infraestructuras espaciales y a la protección de los lanzamientos y acoge positivamente la iniciativa de la Comisión que, por primera vez, plantea el tema y propone soluciones a fin de iniciar en este ámbito un proceso de colaboración e integración en la Unión Europea.

1.2

El CESE respalda la idea de la Comisión de que los Estados miembros avancen propuestas operativas que deberán presentarle para su aprobación, en las que sea manifiesto el interés europeo en razón de la calidad y cantidad de la información prevista y porque se comparten conocimientos, incluidos los relacionados con metodologías y la capacidad de análisis de datos.

1.3

El CESE es consciente de la dificultad de encontrar soluciones compartidas entre los Estados miembros y considera que la propuesta de la Comisión es un primer paso importante hacia metas más ambiciosas de trabajo en común. La presencia de intereses militares considerables en este programa hace muy difícil la creación de una infraestructura común, algo que el CESE quisiera que se llevara a cabo en el plazo más breve posible, precisamente a partir de esta iniciativa. No obstante, es positivo sentar las bases de esta colaboración entre civiles y militares, en la que debería participar la ESA, la Agencia Europea de Defensa y la Dirección de Gestión de Crisis y Planificación.

1.4

El CESE considera prioritario que, durante los siete años que se dedicarán a la creación del servicio, la financiación prevista para la actividad de vigilancia y seguimiento espacial (VSE) se utilice para la construcción de un primer embrión de capacidad europea independiente, al que se logre transferir una parte de la capacidad existente en la actualidad en los departamentos de defensa de los Estados miembros. Esto debería poderse realizar mediante el empleo de los telescopios ópticos que ya se utilizan en Europa (Islas Canarias) y la construcción de al menos un radar europeo de la misma clase que los que forman parte de la dotación de las estructuras de defensa. De esta manera, se tendría la impresión de que se invierte de forma duradera para transferir nuevas capacidades y competencias al ámbito civil al objeto de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos europeos.

1.5

El CESE considera que, para el período de siete años previsto para la realización de este programa, es preciso definir -formulando previsiones específicas- el nivel de servicio alcanzado por los socios nacionales en términos de cantidad de datos que deben proporcionarse, y su tipología, frecuencia, calidad y disponibilidad, a fin de poder contar con las herramientas necesarias para evaluar el servicio, como es el caso de los programas de investigación del Séptimo Programa Marco en los que estos parámetros son claros y han sido objeto de un acuerdo.

1.6

El Comité recomienda que se mantengan abiertos los criterios de libre acceso al programa y que esto se explicite con mayor claridad en el texto del artículo 7, apartado 1, letra a). Es fundamental que se admita a participar en el programa no sólo a los países que ya poseen una capacidad independiente (por ejemplo, Francia, Alemania y Reino Unido), sino a todos los que tienen la posibilidad de aportar competencias para el tratamiento de datos. Debe revisarse el texto propuesto.

1.7

El CESE señala que el conjunto de actividades de vigilancia, conocido como Conocimiento del Medio Espacial (SSA), incluye también, además de la vigilancia y seguimiento espacial (VSE) de los objetos en la órbita terrestre, el seguimiento de los fenómenos meteorológicos espaciales (actividad magnética solar) y el seguimiento de los objetos cercanos a la Tierra.

1.8

En particular, dado que se admite que el peligro que supone la actividad solar para las infraestructuras espaciales es por lo menos semejante, si no mucho mayor, si se tienen en cuenta los efectos de los fenómenos particularmente intensos, el CESE considera que los dos aspectos, tal y como se preveía originalmente en la definición del SSA, deberían tratarse en paralelo y, por consiguiente, pide a la Comisión que determine un marco general e integrado de los diversos aspectos de la defensa de las infraestructuras espaciales, en colaboración sobre todo con la ESA, que ya participa activamente en un programa de protección contra las radiaciones solares. En las conclusiones de la Conferencia sobre Espacio y Seguridad celebrada en Madrid los días 10 y 11 de marzo de 2011 (a las que se hace referencia en la evaluación de impacto) se indica claramente el camino para reforzar la cooperación en este ámbito entre todas las partes interesadas, en particular la Unión Europea, la ESA y los Estados miembros.

1.9

El CESE apoya la propuesta de la Comisión de reforzar la cooperación con EE.UU. y con otros países que estén interesados en un proyecto común de protección de las infraestructuras espaciales que evite las colisiones peligrosas y a veces catastróficas, también con materiales diminutos que pueden poner fuera de juego un satélite costoso e indispensable para las actividades humanas.

2.1

La Comunicación objeto de examen se refiere a la creación de un nuevo programa europeo de vigilancia y seguimiento espacial de los objetos en la órbita terrestre denominado VSE (SST - Space Surveillance and Tracking).

2.2

El programa se establece para responder a la necesidad de proteger las infraestructuras espaciales europeas, en particular las incluidas en los programas Galileo y Copernicus/GMES, pero también los lanzamientos europeos, de los riesgos que se derivan del peligro de impacto con la basura espacial.

2.3

En la Comunicación se define el marco jurídico del programa y su sistema de financiación para el periodo 2014-2020.

2.4

La Comunicación va acompañada de un informe (1) en el que se debaten en concreto cinco opciones de financiación y de gestión del programa, destacando sus características, costes y beneficios respectivos.

2.5

El informe, que precede al texto legislativo propiamente dicho, ilustra el contexto en que este se ha adoptado.

2.6

La contribución global estimada de la Unión a la ejecución del VSE será de unos 70 millones de euros durante el período que va de 2014 a 2020.

2.7

Este coste cubriría la contribución al funcionamiento de los sensores de que ya disponen los Estados miembros participantes -por lo general dentro de sus estructuras militares- y de un servicio de alerta basado en los datos facilitados por los Estados miembros participantes y que presta el Centro de Satélites de la Unión Europea (CSUE).

2.8

La participación en el programa es facultativa, pero se estipula que será necesario que los Estados miembros participantes posean sensores (radares y telescopios) ya operativos y los recursos técnicos y personales o las competencias oportunas en el ámbito del tratamiento de datos.

2.9

Según la síntesis de la evaluación de impacto anexa a la propuesta, el coste mínimo asociado a los incidentes vinculados a los impactos de la basura con los satélites europeos operativos sería de 140 millones de euros al año en Europa, y se estima que aumente hasta los 210 millones de euros, puesto que se prevé un crecimiento del 50 % de los servicios vinculados al sector de los satélites durante los próximos años. Estas cifras constituyen una estimación muy conservadora y no incluyen las pérdidas «en tierra», esto es, la pérdida económica derivada de la ruptura de los servicios basados en los datos obtenidos vía satélite.

2.10

Es importante señalar que la casi totalidad de estas pérdidas no se deriva tanto de la pérdida física de los satélites como de la disminución de su vida operativa causada por las maniobras efectuadas para evitar las colisiones.

2.11

Pese a que en la actualidad diversos Estados miembros disponen de un servicio de vigilancia propio, la Comisión reconoce que participación de la UE es necesaria para agregar la inversión que requiere la financiación del proyecto, establecer disposiciones de gobernanza, definir una política de datos y velar por que las capacidades existentes y futuras trabajen de manera coordinada.

2.12

A día de hoy, la Red de Vigilancia Espacial (Space Surveillance Network - SSN), operada por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos constituye la referencia para todos los servicios de alerta. En este contexto, se considera que la cooperación entre la UE y los EE.UU., basada en la disponibilidad gratuita de datos de origen estadounidense, no es suficiente porque esta información no es lo bastante precisa y está sujeta, de todos modos, a una gestión sobre la que la UE no puede ejercer ningún tipo de control.

2.13

El establecimiento de este servicio respondería por consiguiente a la estrategia de no dependencia de Europa en ámbitos considerados críticos, en particular el acceso al espacio.

2.14

En la actualidad se estima que en Europa el 65 % de los sensores de satélites en órbita baja (LEO) son operados en su totalidad o en parte por las instituciones relacionadas con la defensa (2).

2.15

Se considera que la Agencia Espacial Europea (ESA) no es el organismo idóneo para ejecutar un programa de estas características ya que no está equipada para tratar datos de carácter reservado como los que facilitan los sensores gestionados por las estructuras militares.

2.16

El organismo europeo que debería ocuparse de la actividad y funciones operativas del servicio designado para coordinar sería el Centro de Satélites de la Unión Europea (CSUE), una agencia de la Unión creada por la acción común del Consejo el 20 de julio de 2001 y que ofrece, a usuarios civiles y militares, servicios y productos relacionados con el análisis de la información de imágenes geoespaciales, con distintos niveles de clasificación. El CSUE podría facilitar la prestación de servicios de VSE e intervendrá (en colaboración con los Estados miembros participantes) en el establecimiento y la gestión del servicio de VSE, que es uno de objetivos del programa de ayuda a las actividades de VSE. No obstante, en la situación actual, su estatuto no prevé ningún tipo de intervención en el ámbito de la VSE.

2.17

Se prevé que para la gestión del programa será necesaria una plantilla permanente de cincuenta personas, (incluidos los recursos humanos que aporten los Estados miembros participantes, el CSUE y la Comisión).

3.1

El CESE observa que la propuesta no prevé la creación de instrumentos y competencias suficientes a nivel europeo para la recogida y el análisis de los datos, por lo que al final del período de cinco años de financiación de este programa, Europa se encontrará en la misma situación que cinco años antes y, por consiguiente, es de suponer que debería renovar este acuerdo para obtener la prolongación del suministro de datos por parte de las estructuras de defensa de los Estados miembros participantes.

3.2

No se definen qué requisitos de disponibilidad, calidad y oportunidad deberían satisfacer los datos que tendrían que facilitar las estructuras nacionales a cambio de la financiación propuesta de 70 millones de euros. Por tanto, es difícil establecer criterios para evaluar el servicio prestado. Esto será posible sólo después de que la Comisión haya publicado los actos de ejecución aún por elaborar.

3.3

Los Estados miembros consideran que la ESA no ofrece suficientes garantías para el tratamiento de datos sensibles, por lo que el organismo designado para este propósito debería ser el CSUE. Se observa, sin embargo, que a nivel nacional, los países que cuentan con un servicio de vigilancia y seguimiento (como Reino Unido, Francia y Alemania) lo realizan en el marco de una colaboración entre las agencias espaciales y de defensa, lo que hace pensar que en la práctica el modelo de cooperación entre agencias espaciales y agencias de defensa es eficiente. No está claro por qué razón se excluye a la ESA de un servicio de este tipo, sobre todo teniendo en cuenta que un servicio mundial de alerta y gestión de desastres -la Carta Internacional «Espacio y Grandes Catástrofes»- prevé la participación de la ESA.

3.4

El programa VSE es uno de los tres componentes del programa preparatorio del Conocimiento del Medio Espacial (SSA), que la ESA dirige en fase preoperativa desde 2009, siendo los otros dos componentes los fenómenos meteorológicos espaciales y los objetos cercanos a la Tierra.

3.5

El programa preparatorio del Conocimiento del Medio Espacial de la ESA ha sido financiado con un presupuesto de 55 millones de euros. No está claro qué relación existe entre estos dos programas. Sobre todo, no se entiende de qué manera está previsto apoyar este servicio de VSE con otro servicio análogo que genere y gestione alertas relativas a los riesgos derivados de la actividad solar.

3.6

Es útil comparar la gravedad de los daños causados por las colisiones con basura con la de los daños derivados de la actividad geomagnética solar. Un estudio de la NOAA (Administración Oceánica y Atmosférica Nacional (3) de Estados Unidos) demuestra que los prejuicios económicos derivados de la influencia de las tempestades solares sobre las infraestructuras satelitales serían mucho más elevados. En 2003 la intensa actividad solar destruyó ADEOS-2, un satélite japonés que había costado 640 millones de dólares. En 1997 una tempestad magnética causó la pérdida del satélite de telecomunicaciones Telstar, valorado en 270 millones de dólares, mientras que en 1989 otra tempestad magnética provocó nueve horas de apagón en el área de Canadá, cuyos daños fueron evaluados en 6 000 millones de dólares.

3.7

Se cree que en la actualidad una supertempestad solar (solar superstorm) como la que tuvo lugar en 1859, causaría, solo por los daños provocados a los satélites en órbita geoestacionaria, pérdidas por valor de 30 000 millones de dólares, mientras que los daños causados a la red eléctrica elevarían esta cifra por encima de uno o dos billones de dólares, y se necesitarían de cuatro a diez años para recuperar las capacidades de funcionamiento plenas (4).

3.8

El nivel de riesgo derivado de la actividad solar es al menos semejante al que representa la basura. Por ello, se considera que los dos deberían abordarse de manera conjunta, como por otra parte ya se decidió en la Conferencia de Madrid de marzo de 2011. Sin embargo, la Comunicación no aclara quién pondrá en marcha el servicio operativo de alertas asociadas a la actividad solar.

3.9

El CESE considera que la propuesta debería tener en cuenta la protección de las infraestructuras espaciales europeas, incluidas otras actividades complementarias de seguimiento de los fenómenos meteorológicos espaciales y el calendario de puesta en marcha e integración de los dos sistemas.

4.1

En el artículo 5.2 se afirma que no se construirán nuevas capacidades, sino que el sistema se limitará a reutilizar las que ya existen en los Estados miembros. No obstante, en el apartado 2 de la exposición de motivos se afirma explícitamente que las capacidades existentes no son suficientes. Por consiguiente, no queda claro qué tipo de sistema quiere ponerse en marcha exactamente, ni siquiera en relación con los cinco tipos que se examinaban en el documento de trabajo (evaluación de impacto) anejo.

4.2

No se definen explícitamente las características técnicas de este sistema. Tampoco se describen los fines, sino que el texto se remite a una futura discusión entre los Estados para determinar cuáles deberán ser sus componentes.

4.3

Relación entre usos militares y civiles. El sistema está concebido como sistema civil. No obstante, la mayor parte de la información es de origen militar. No hay requisitos ni protocolos explícitos que obliguen a la parte militar a suministrar estos datos a la parte civil. También en este punto el documento se remite a una futura redefinición del problema.

4.4

Relación entre los Estados miembros y la UE. La propuesta señala que todos los sensores están y deberán seguir estando en manos de los Estados miembros. No parece haber requisitos específicos que garanticen un nivel mínimo de flujo de datos e información.

4.5

Definición del servicio. La propuesta no lo precisa de manera explícita. Por lo tanto, no puede valorarse si el servicio será suficiente para los proyectos incluidos en el programa.

4.6

En la Resolución titulada «Hacer avanzar la política espacial europea», de 26 de septiembre de 2008, el Parlamento Europeo pone de manifiesto la exigencia de «desarrollar una capacidad para responder a las necesidades del usuario europeo en materia de conocimiento global de la situación del entorno espacial».

4.7

Es importante seguir impulsando el desarrollo tanto del programa VST como de los programas SSA.

4.8

Los «indicadores de resultados e incidencia» del punto 1.4.4 son más bien de carácter tautológico, ya que aportan pocos datos operativos para valorar a posteriori la eficacia del programa.

4.9

Más allá de la definición de la gobernanza, no se determina con precisión el modelo operativo del sistema.

La participación de los Estados miembros no es obligatoria. ¿Cuál constituye la base mínima para que el servicio pueda funcionar?

12.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 327/42

1.1

Habida cuenta del incuestionable valor económico de las marcas y de su positivo impacto en el funcionamiento del mercado interior, el vigente marco normativo de protección supranacional resulta claramente insuficiente. No obstante, la propuesta de Directiva significa un avance respecto de la situación actual, que se caracteriza por las divergencias normativas entre la marca comunitaria y las nacionales.

1.2

Consiguientemente, el Comité aboga por un refuerzo de la protección de los derechos de propiedad intelectual inherentes al uso legítimo de una marca comercial, fomentándose en lo posible el registro comunitario de las marcas e incitando a la Comisión Europea a que apoye a la OAMI en sus funciones de supervisión del respeto de dichos derechos.

1.3

En este sentido, el Derecho de la Unión atribuye al titular de una marca tanto su uso exclusivo con ánimo de lucro («ius utendi») como la posibilidad de impedir que su explotación sea menoscabada por actuaciones de terceros mediante la imitación o la apropiación indebida de sus signos distintivos («ius prohibendi»). El Comité solicita que se adopten medidas preventivas y de reparación frente a la piratería, que comporta una pérdida de competitividad en las empresas europeas.

1.4

Sin embargo, la normativa comunitaria vigente no establece con precisión los términos en que el titular de una marca puede ejercitar las acciones que sean pertinentes para impedir dichas actuaciones.

1.5

En general, todo este proceso de armonización debería finalizar en los próximos años en una uniformización del Derecho de marcas, aprobándose un Código de marcas de la Unión que debería establecer, entre otras, la creación de un procedimiento flexible, uniforme y económico que facilite a los interesados optar voluntariamente por el registro voluntario de la marca comercial, finalizando con la disparidad legislativa que ahora existe.

1.6

El CESE debería jugar un papel activo en el procedimiento legislativo de adopción de todos los actos de propiedad intelectual; por ello lamenta que la propuesta de modificación del Reglamento de marca comunitaria no le sea sometida a consulta.

1.7

El CESE espera que, en el futuro, exista un régimen que garantice una protección uniforme a las marcas para las empresas y los consumidores.

2.1

A nivel internacional, el Derecho de marcas está regido por el Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en París el 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Estocolmo el 14 de julio de 1967 y enmendado el 28 de septiembre de 1979 (1) (en lo sucesivo “Convenio de París”).

2.2

En virtud del artículo 19 del Convenio de París, los Estados a los que este se aplica se reservan el derecho a concertar separadamente entre sí arreglos particulares para la propiedad industrial.

2.3

Esa disposición sirvió de fundamento para la adopción del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, adoptado en la conferencia diplomática de Niza el 15 de junio de 1957, revisado por última vez en Ginebra el 13 de mayo de 1977, modificado el 28 de septiembre de 1979 (2). La Clasificación de Niza se revisa cada cinco años por un comité de expertos.

2.4

Según la base de datos de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), entre los Estados miembros de la Unión, solo la República de Chipre y la República de Malta no son partes en el Arreglo de Niza, pero ambas utilizan la Clasificación de Niza.

2.5

La protección de las marcas es esencialmente territorial. Ello se debe a que la marca es un derecho de propiedad que protege un signo en un territorio definido.

2.5.1

A nivel del Derecho primario de la Unión, está contemplada, dentro de la Carta Europea de Derechos Fundamentales, en su artículo 17.2, la protección de la propiedad intelectual.

2.5.2

También, el artículo 118 del TFUE establece que en el ámbito del establecimiento o del funcionamiento del mercado interior, el Parlamento Europeo y el Consejo establecerán, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, las medidas relativas a la creación de títulos europeos para garantizar una protección uniforme de los derechos de propiedad intelectual e industrial en la Unión y al establecimiento de regímenes de autorización, coordinación y control centralizados a escala de la Unión.

2.6

En la Unión Europea coexiste la protección de la marca nacional y de la marca comunitaria. El titular de una marca nacional puede ejercitar los derechos derivados de dicha marca en el territorio del Estado miembro con arreglo a cuya legislación nacional la marca está protegida. El titular de una marca comunitaria puede hacer lo mismo en el territorio en los veintiocho Estados miembros, porque la marca surte efectos en todo ese territorio.

2.7

Las legislaciones de los Estados miembros, en materia de marcas, fueron parcialmente armonizadas por la Directiva 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988, codificada, posteriormente, como Directiva 2008/95/CE.

2.8

Al mismo tiempo, y en relación con los sistemas de marcas nacionales, el Reglamento (CE) no 40/94, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, codificado como Reglamento (CE) no 207/2009, estableció un sistema único de registro de los derechos unitarios, que surte iguales efectos en toda la UE. En ese contexto, se encomendó a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) la responsabilidad del registro y la administración de las marcas comunitarias.

2.9

Durante los últimos años, la Comisión ha abierto debates públicos sobre la propiedad intelectual, en los que ha participado el CESE y, en el año 2011, anunció una revisión del sistema de marcas de Europa para modernizarlo, tanto a escala de la UE como nacional, haciéndolo más eficaz, eficiente y coherente en su conjunto.

2.10

En su resolución del 25 de septiembre de 2008, sobre el plan europeo global de lucha contra la falsificación y la piratería, el Consejo solicitó la revisión del Reglamento (CE) 1383/2003 del Consejo de 22 de julio, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos (3). El CESE espera que se introduzcan mejoras del marco jurídico para reforzar la tutela de los derechos de propiedad intelectual por parte de las autoridades aduaneras y garantizar la adecuada seguridad jurídica.

2.11

El sistema europeo de marcas se basa en el principio de coexistencia y complementariedad entre la protección de marcas nacional y la de ámbito europeo.

2.12

El Reglamento de la marca europea establece un sistema global, en el que se abordan todos los aspectos del Derecho sustantivo y procedimental; en cambio, la Directiva se limita a aproximar solo determinadas disposiciones del Derecho sustantivo, por lo que la propuesta pretende que las normas sustantivas sean esencialmente similares y al menos las principales disposiciones procedimentales resulten compatibles.

2.13

El objetivo de la propuesta es fomentar la innovación y el crecimiento económico, haciendo para ello que los sistemas de marcas de toda la UE resulten más accesibles y eficientes para las empresas gracias a una reducción de los costes y la complejidad, y a un aumento de la rapidez, la previsibilidad y la seguridad jurídica.

2.14

Esta iniciativa de refundición persigue los objetivos concretos siguientes:

2.15

La propuesta de Directiva, por una parte, viene a actualizar y mejorar las disposiciones vigentes en relación con:

2.16

Por otra parte, la propuesta intenta lograr una mayor aproximación del Derecho sustantivo, mediante la protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones tradicionales; la protección de marcas de renombre; resaltando el derecho de las marcas como objetos de propiedad, dado que puede ser objeto de cesión de derechos reales, y la regulación de las marcas colectivas.

2.17

En cuanto a la armonización de las principales normas procedimentales, abarca la denominación y clasificación de los productos y servicios; el examen de oficio; las tasas; el procedimiento de oposición; la falta de uso como defensa en el procedimiento de oposición; el procedimiento de caducidad o declaración de nulidad, y la falta de uso como defensa en el procedimiento de declaración de nulidad.

2.18

También pretende la propuesta facilitar la cooperación entre oficinas, como complemento del marco jurídico de cooperación en el contexto de la Revisión del Reglamento, el artículo 52 establece el fundamento jurídico para facilitar la cooperación entre la OAMI y las oficinas de la propiedad intelectual de los Estados miembros.

3.1

El CESE acoge con satisfacción la propuesta de Directiva de la Comisión Europea que resulta especialmente oportuna en un entorno económico global caracterizado por la alta competitividad, así como por la desaceleración económica en Europa.

3.1.1

En este sentido, la marca contribuye, por un lado, a la creación de valor empresarial y a la fidelización del cliente, y, por otro lado, a la protección de los consumidores.

3.1.2

Este último aspecto adquiere aquí gran relevancia por varias razones:

3.2

La propuesta de Directiva mejorará el marco jurídico actual de las legislaciones de los Estados miembros de forma muy significativa en tres aspectos:

3.3

También incorpora, a la luz de la evolución económica, comercial y jurídica, novedades importantes tales como la definición de marca, permitiendo una identificación distinta de la gráfica, permitiendo una identificación más exacta de la marca, al admitir la posibilidad de registrar marcas que puedan representarse a través de medios tecnológicos que ofrezcan garantías satisfactorias.

3.4

Resulta positivo el intento de lograr una mayor aproximación del Derecho sustantivo, tales como adicionar una protección de las indicaciones geográficas y las denominaciones tradicionales, la protección de marcas de renombre y el tratamiento de las marcas como objeto de propiedad, como son la cesión y aspectos esenciales de la explotación comercial. La introducción en la propuesta de Directiva de las figuras de las marcas colectivas y de las marcas de garantía resulta muy importante tanto para las empresas como para los consumidores.

3.5

Por último, la armonización de las principales normas procedimentales es acogida satisfactoriamente por el CESE, pues se establecen normas comunes para la denominación y clasificación de los productos y servicios, siguiendo los principios establecidos por el Tribunal de Justicia, y el examen de oficio y los procedimientos de oposición y de la caducidad o declaración de nulidad.

3.6

Asimismo, el Comité valora positivamente que el procedimiento de elaboración de la propuesta de Directiva haya tenido lugar con un amplio grado de publicidad y de participación de los sectores interesados de la sociedad civil.

3.7

No obstante, cabe realizar algún tipo de objeción sobre el objeto y el contenido de la propuesta que nos ocupa, sin perjuicio de lo que pueda prever la propuesta de modificación del vigente Reglamento (CE) no 207/2009, que estableció un sistema único de registro de los derechos unitarios, y que conforma un paquete legislativo con la propuesta de Directiva.

3.8

En este sentido, el Comité manifiesta su extrañeza de que la propuesta COM (2013) 161 final de 27.03.2013 de modificación del citado Reglamento sobre la marca comunitaria no haya sido sometida a su dictamen consultivo.

3.9

Habida cuenta de que se trata de un acto con impacto directo en el funcionamiento del mercado interior (artículo 118 TFUE) y que incide en el nivel de protección de los consumidores (artículo 169 TFUE), una interpretación contextual y coherente de las disposiciones de los Tratados que atribuyen expresamente al Comité la competencia consultiva en dichos ámbitos aconseja la ineludible participación del Comité en el procedimiento legislativo de adopción de dicho acto.

3.10

En este sentido, el Derecho de la Unión atribuye al titular de una marca tanto su uso exclusivo con ánimo de lucro («ius utendi»), como la posibilidad de impedir que su explotación sea menoscabada por actuaciones de terceros mediante la imitación o la apropiación indebida de sus signos distintivos («ius prohibendi»), artículo 9 del Reglamento (CE) no 207/2009.

3.11

Sin embargo, la normativa comunitaria vigente no establece con precisión los términos en que el titular de una marca puede ejercitar las acciones que sean pertinentes para impedir dichas actuaciones.

3.11.1

Si bien la propuesta de la Directiva amplía significativamente el número de supuestos que facultan al titular de la marca a prohibir su uso por terceros (artículo 10), estableciendo incluso una nueva previsión al respecto, la violación de los derechos del titular mediante la presentación, el embalaje u otros soportes (artículo 11), o su uso indebido por un agente o un representante del titular (artículo 13), la determinación exacta del alcance del derecho queda sujeta al criterio del juez competente si se iniciara un procedimiento judicial por el interesado.

3.11.2

Será entonces la apreciación de cada órgano jurisdiccional la que establezca si existe o no riesgo de confusión o apropiación indebida de la marca protegida por parte de un tercero, y, en el caso de que existieran éstas, determinará también el resarcimiento que corresponda al titular en función de la demanda interpuesta.

3.11.3

Consiguientemente, la propuesta de Directiva no ofrece una protección uniforme de los derechos de explotación del titular de la marca, ni de los derechos de los consumidores cuando estos puedan verse afectados por un uso indebido o fraudulento de una marca comercial.

3.12

El carácter de complementariedad entre el sistema supranacional y los sistemas internos de protección de los derechos del titular de una marca, supone, por consiguiente, un claro riesgo para que dicha protección sea lo más efectiva y expeditiva posible de conformidad con los objetivos de la propuesta de Directiva.

3.12.1

Así, por ejemplo, no se garantiza que se superen las divergencias internas derivadas de la incorrecta transposición de las previsiones de la Directiva 2004/48/CE (sobre el respeto al derecho de propiedad intelectual), relativas a las medidas de aseguramiento de la acción de:

3.12.2

Esta inseguridad jurídica resultará agravada si se trata de supuestos de violación de los derechos del titular de la marca que hayan acaecido en varios Estados miembros.

3.13

Máxime por cuanto la propia propuesta de Directiva prevé alguna circunstancia que incrementa el grado de complejidad de dicha protección.

3.13.1

Así, por ejemplo, el apartado tercero del artículo 4 (causas de denegación o de nulidad), establece que «podrá declararse la nulidad de una marca cuando quien solicite su registro actúe de mala fe» y que «cualquier Estado miembro podrá también disponer que esa marca no sea registrada».

3.14

Dado que, según la OAMI, se excluye de ser considerada dentro de la noción de mala fe la falta de intención de uso, ¿qué autoridad establecerá unos criterios uniformes para que los evaluadores competentes puedan ponderar la existencia de otras causas que supongan actuar de mala fe?

3.15

Esta laguna normativa resulta paradójica si se compara con la nueva previsión del apartado quinto del artículo 10 de la propuesta de Directiva, que fortalece al titular de una marca registrada para evitar que terceros introduzcan productos provenientes de territorios no pertenecientes a la Unión Aduanera, aunque no sean despachados a la libre práctica en el mismo. Consiguientemente, la propuesta no sigue aquí a la vigente jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre bienes en tránsito (asuntos C-446/09 y C-495/09, Philips/Nokia), e invalida cualquier presunción o prueba sobre la buena fe con la que pudieran actuar los terceros en cuestión (4).

3.16

Por otro lado, la prevención y represión de este tipo de prácticas comerciales ilícitas resultaría claramente reforzada si en la propuesta de Directiva se estableciera una base jurídica específica para habilitar a la Comisión Europea a intensificar su acción mediante la cooperación con las autoridades de los terceros Estados cuyas empresas las desarrollan de forma generalizada y sistemática.

3.17

No es suficiente tampoco la previsión del apartado primero del artículo 45 de la propuesta de Directiva que prevé, con carácter general, que los Estados miembros establecerán un procedimiento administrativo eficiente y expeditivo para presentar ante sus oficinas objeciones frente al registro de una solicitud de marca en virtud del artículo 5. Debería de concretarse más la naturaleza de dicho procedimiento así como delimitarse normativamente el plazo razonable en que deben actuar las autoridades nacionales competentes por coherencia con lo previsto en el apartado primero del artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE (Derecho a una buena Administración).

3.18

Similarmente, razones de eficiencia y previsibilidad consustanciales a una protección supranacional de los titulares del derecho de marca exigen una revisión del contenido de otras disposiciones de la propuesta de Directiva tales como el artículo 44 y el artículo 52. Con relación al primero de ellos, que establece la sujeción a una tasa (genérica) adicional por cada clase de productos y servicios adicionales a la primera clase que deba incluirse en la tasa de solicitud de registro inicial, debería fijarse un tipo máximo para dichas tasas.

3.19

Por otro lado, con relación al artículo 52 que prevé la cooperación entre los Estados miembros y la OAMI a fin de fomentar la convergencia de las prácticas y las herramientas y lograr resultados coherentes en el examen y registro de las marcas, debería establecerse una previsión específica que, de conformidad con lo previsto en el apartado segundo del artículo 291 del TFUE, confiera a la Comisión competencias de ejecución para la adopción de un «Código de conducta» vinculante.

3.20

La cooperación administrativa entre la OAMI y las respectivas oficinas nacionales debe considerarse como un asunto de interés común, conforme establece el artículo 197 del TFUE. Resultaría especialmente interesante, en este ámbito, facilitar el intercambio de información y funcionarios, así como apoyar programas de formación, estableciendo para ello las dotaciones presupuestarias de naturaleza pública.

3.21

En general, todo este proceso de armonización debería finalizar en los próximos años en una uniformidad del Derecho de marcas aprobándose un Código de marcas de la Unión que debería establecer, entre otras, la creación de un procedimiento flexible, uniforme y económico, que facilite a los interesados optar voluntariamente por el registro voluntario de la marca comercial.

12.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 327/47

1.1

El Comité acoge favorablemente las propuestas de la Comisión respecto de las modificaciones de las directivas de contabilidad, tanto en materia de divulgación de información no financiera como en materia de representación de la diversidad en las instancias de dirección. Estas modificaciones limitadas forman parte de la mejora del marco de la gobernanza corporativa de la UE (1).

1.2

El Comité recomienda al Parlamento europeo y al Consejo que tengan en cuenta el equilibrio logrado por estas modificaciones que incrementan la transparencia en materia medioambiental social, societal y de gobierno corporativo (ASG). La propuesta de la Comisión constituye un dispositivo flexible y adecuado para mejorar la comunicación a los accionistas, los inversores, los trabajadores y los demás interesados. Esta propuesta se dirige únicamente a las grandes empresas, con el fin de evitar imponer cargas adicionales a las empresas de menor tamaño.

2.1

El Comité reconoce que una conjugación equilibrada de los siguientes elementos permite proporcionar información no financiera a los accionistas en la asamblea general, así como mantener informadas a las partes interesadas relacionadas con las grandes empresas. Este conjunto responde a los objetivos enunciados de transparencia y coherencia.

2.2

El Comité considera que, a la vista de este equilibrio, la aprobación de la propuesta de Directiva por la que se modifican las Directivas de contabilidad tiene lugar en el momento oportuno:

2.3

El Comité celebra que estas modificaciones de las directivas de contabilidad abran nuevas perspectivas, porque:

2.4

El Comité llama la atención del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las recomendaciones siguientes:

2.5

El Comité aprueba la modificación propuesta de la cuarta Directiva respecto de la obligación de suministrar información sobre la política de diversidad llevada a cabo por la empresa en sus órganos de gobierno.

2.6

Señala que los consejos de administración y los órganos de supervisión no son los únicos afectados, y que podría ser útil extender la política de diversidad a los comités asesores, y en particular al comité de auditoría.

2.7

Recuerda que en la mayoría de los Estados miembros no se alcanzan los objetivos relativos al lugar de la mujer en los consejos (5).

2.8

Considera conveniente incluir, entre los criterios de diversidad, la participación de administradores asalariados procedentes del mundo del trabajo, en particular del comité de empresa europeo, nombrados por las organizaciones sindicales.

2.9

Por último, el Comité recomienda a la Comisión que someta esta revisión a una cláusula de no regresión con respecto a las legislaciones nacionales existentes y que lleve a cabo una evaluación del impacto de estas modificaciones de las directivas de contabilidad sobre las prácticas de las empresas en materia de divulgación de información no financiera, en un plazo de cinco años después de la entrada en vigor de la Directiva.

3.1

La actual propuesta de modificación de las Directivas contables prosigue los esfuerzos iniciados con el Libro Verde de 2001 sobre la responsabilidad social de la empresa (RSE) (6), complementado por la Comunicación de 2006 (7), y responde a los compromisos asumidos en el plan de trabajo de la comunicación de 2011 (8). Esta modificación resulta necesaria debido a los resultados del estudio de impacto, que señala los límites de la eficacia de la información no financiera publicada por las empresas y ampliamente completada por las contribuciones procedentes de la consulta pública. La información es de una calidad desigual. Además las empresas son pocas.

3.2

La mejora de la transparencia de las sociedades en materia social y medioambiental fue anunciada en abril de 2011 en la Comunicación de la Comisión sobre el Acta del Mercado Único.

3.3

En 2005, a partir del dictamen sobre los «Instrumentos de información y evaluación» (9), el Comité había examinado la cuarta Directiva sobre las cuentas anuales, que contiene una disposición sobre la información no financiera que brinda a las empresas la posibilidad de dar a conocer determinada información sobre los aspectos sociales y medioambientales de su actividad. En 2012 el Comité apoyó el objetivo de la Comisión de incrementar la diversidad en los consejos de administración y órganos de supervisión. En su dictamen de 2012 (10) sobre la Comunicación de la RSE, el Comité recordó su posición a favor de la existencia de un informe no financiero obligatorio.

3.4

El Reino Unido fue el primer Estado miembro que, desde 1992, introdujo en la gobernanta corporativa un código (denominado código Cadbury) (11) que empleaba el método «cumplimiento o explicación». Con variaciones, esta disposición fue adoptada por otros países, en particular Alemania y Dinamarca. La flexibilidad del método permite ejercer un derecho de retención de información en determinados ámbitos sensibles, como la lucha contra la corrupción, cuya eficacia puede requerir una cierta discreción, o incluso confidencialidad.

3.5

Una serie de Estados miembros, entre ellos Francia, los Países Bajos, el Reino Unido, Suecia y España, han adoptado leyes en la última década para crear un marco nacional para la presentación de informes (reporting) en la perspectiva de una armonización de las normas europeas.

3.6

Durante la Presidencia irlandesa se ha celebrado un acuerdo europeo sobre la transparencia de las industrias extractivas que revisa la Directiva de contabilidad. En lo sucesivo, la Directiva impone la transparencia (país por país y proyecto por proyecto) de todos los flujos financieros abonados por las empresas europeas de los sectores extractivos y forestales hacia los Estados en los que operan.

3.7

En su resolución de febrero de 2013 (12), el Parlamento Europeo reconocía la importancia de que las empresas divulguen información sobre la sostenibilidad, como pueden ser los factores sociales y medioambientales, con el fin de identificar riesgos para la sostenibilidad y aumentar la confianza de los inversores y los consumidores. El PE ha pedido a la Comisión que presente una propuesta sobre la divulgación de información no financiera por parte de las empresas.

3.8

En un contexto de crisis en el que la opinión pública europea pide a las empresas un mayor compromiso ético, las prácticas de la RSE son reconocidas como uno de los elementos que pueden contribuir a la política comercial de la Unión Europea, a su política de desarrollo y a la aplicación de la Estrategia Europa 2020. Favorece el diálogo social y el diálogo civil (diálogo societal). Debe también permitir una mejor comprensión de las realidades en el conjunto de la cadena de subcontratación. Hechos como la catástrofe del edificio Rana Plaza en Bangladesh vienen a recordarnos la necesidad de prestar atención a la responsabilidad de los ordenantes.

12.11.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 327/52

1.1

Los ciudadanos son el corazón de la integración europea. El Informe sobre la ciudadanía de la UE destaca que esta confiere a los ciudadanos nuevos derechos y oportunidades. En este informe se pone de manifiesto que los derechos de las personas que viven en los Estados miembros están vinculados de manera muy estrecha a su derecho a circular y residir libremente en la Unión Europea: la posibilidad de ir y venir entre los Estados miembros de la UE, por períodos de mayor o menor duración, por motivos de trabajo, estudio, formación o negocios, o para realizar compras en otro país (1).

1.2

El Informe sobre la ciudadanía de la UE 2013 presenta doce nuevas acciones en seis ámbitos distintos con el ánimo de seguir eliminando los obstáculos que impiden que los ciudadanos disfruten de sus derechos en la UE, incluido el derecho a circular libremente dentro de las fronteras de la Unión. Estos ámbitos (2) son:

1.3

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea (CE) relativa a un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se facilita la libertad de circulación de los ciudadanos y de las empresas, simplificando la aceptación de determinados documentos públicos en la Unión Europea, y por el que se modifica el Reglamento (UE) no 1024/2012 (COM(2013) 228 final — 2013/119 (COD)).

1.4

Esta propuesta es coherente con el Informe sobre la Ciudadanía de la UE en la medida en que introduce medidas que facilitarán que los ciudadanos de la Unión puedan disfrutar en sustancia de los derechos que les confiere su estatuto de ciudadanos de la UE.

1.5

Aunque el Tratado de Lisboa y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE reforzaron los derechos de los ciudadanos de la Unión recogidos en el Tratado de Maastricht –incluido el derecho a circular y residir libremente en la UE–, el proceso administrativo en el que se apoya el uso de este derecho no ha sido objeto de una reforma acorde. De hecho, la presentación de una apostilla –un trámite basado en el Convenio de la Apostilla de La Haya de 1961, cuya intención era facilitar la circulación entre fronteras internacionales en un mundo desprovisto de la tecnología actual– no refleja el hecho de que la UE carece de fronteras y, por lo tanto, obstaculiza, en lugar de facilitar, la ejecución del derecho de la ciudadanía de la UE por lo que respecta a la libre circulación dentro de la Unión.

1.6

La simplificación de los siguientes documentos públicos en la UE, tal como se exponen en la propuesta, constituye una importante medida que se traducirá en un marco jurídico más cohesivo y que facilitará el derecho a desplazarse dentro de la Unión:

La simplificación de estos documentos públicos facilitará sin duda alguna la libre circulación de ciudadanos y empresas, al igual que impulsará en mayor medida el comercio dentro del mercado único y facilitará la obtención de este tipo de documentos por los ciudadanos de cada Estado miembro.

1.7

Considera que introducir hasta el nivel local de la administración pública un marco simplificado para la aceptación de determinados documentos públicos representa un importante instrumento político toda vez que:

1.8

El CESE lamenta que las reformas en curso, en virtud de una propuesta encaminada a facilitar a los ciudadanos y las empresas el ejercicio de su derecho a la libre circulación dentro de la UE, lleguen veinte años más tarde que la proclamación de la ciudadanía de la UE y 42 años después del Convenio de La Haya. De hecho, la UE no ha avanzado a la par con el progreso tecnológico, lo que podría haber impulsado la reducción o eliminación de las cargas que soportan los ciudadanos y las empresas para ejercer su derecho a la libre circulación. El CESE destaca que el Sistema de Información del Mercado Interior es un instrumento importante al que se debe recurrir de manera más enérgica para permitir a los ciudadanos de la UE el ejercicio de sus derechos fundamentales.

1.9

Así pues, el CESE concluye que la recomendación política presentada por la Comisión Europea

1.10

Recomendaciones del CESE

2.1

El Programa de Estocolmo de 2009, «Una Europa abierta y segura que proteja al ciudadano» (6) subrayaba la importancia de hacer del concepto de ciudadanía de la Unión una realidad tangible y situar a los ciudadanos en el núcleo de las políticas de justicia de la Unión. El Plan de acción correspondiente (7) confirma este mandato y asevera que un espacio judicial europeo que funcione correctamente «debe estar al servicio de los ciudadanos y las empresas con objeto de apoyar la actividad económica en el mercado único (…)». La Comisión Europea respondió a ello confirmando su compromiso de facilitar la libre circulación de documentos públicos dentro de la UE en su Informe sobre la Ciudadanía de 2010, y en diciembre de ese año presentó a los ciudadanos una visión concreta de su proyecto en el Libro Verde «Menos trámites administrativos para los ciudadanos: promover la libre circulación de los documentos públicos y el reconocimiento de los efectos de los certificados de estado civil» (8).

2.2

De manera paralela se introdujo el Acta del Mercado Único (9), cuya finalidad estribaba en reforzar la confianza de los ciudadanos en el mercado interior y maximizar el potencial de este como motor de crecimiento de la economía de la Unión Europea. Esto exigía, entre otras medidas, eliminar los desproporcionados obstáculos que entorpecen el disfrute de las libertades del mercado interior a los ciudadanos y las empresas. El fomento de la movilidad de los ciudadanos y las empresas dentro de la UE es una de las piedras angulares del Acta del Mercado Único II (10).

2.3

El Plan de acción de la Comisión Europea sobre el Derecho de sociedades europeo y el gobierno corporativo (11) se centra en apoyar a las empresas europeas y, especialmente, en ofrecerles una mayor seguridad jurídica para sus operaciones transfronterizas. La Agenda Digital para Europa (12) hace referencia a la legislación propuesta en materia de identificación y firmas electrónicas (13), que incluye la introducción de un marco regulador para unas instalaciones administrativas comunes relativas a la identificación electrónica de los ciudadanos y las empresas.

2.4

El reciente Plan de acción sobre emprendimiento 2020 (14), destaca que la reducción de una excesiva carga reguladora se mantiene en la cabecera del programa político de la Comisión Europea. El Plan de acción reclama la eliminación o la reducción en la medida de lo posible de la burocracia para todas las empresas y, en particular, para las microempresas. Por consiguiente, la reducción de los trámites administrativos, la simplificación de los procedimientos de uso y aceptación transfronterizos de los documentos públicos entre Estados miembros y la armonización de las normas correspondientes contribuyen al conjunto de actividades dirigidas a la creación de una Europa de los ciudadanos y un mercado único eficiente para las empresas de la UE.

2.5

El Informe sobre la ciudadanía de la UE subraya que esta confiere a los ciudadanos nuevos derechos y oportunidades. El informe destaca que los derechos de las personas que viven en los Estados miembros están vinculados de manera muy estrecha a su derecho a circular y residir libremente en la Unión Europea: la posibilidad de ir y venir entre los Estados miembros de la UE, por períodos de mayor o menor duración, por motivos de trabajo, estudio, formación o negocios, o para efectuar compras en otro país. El Informe sobre la ciudadanía de la UE 2013 presenta doce nuevas acciones en seis objetivos distintos, con el ánimo de eliminar más obstáculos y permitir a los ciudadanos disfrutar de sus derechos en la UE, incluido el derecho a circular y establecer una empresa libremente dentro de las fronteras de la UE. Estos objetivos (15) son:

2.6

Aunque el Tratado de Lisboa y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE reforzaron los derechos de los ciudadanos de la Unión recogidos en el Tratado de Maastricht –incluido el derecho a circular y residir libremente en la UE–, el proceso administrativo en el que se apoya el uso de este derecho no ha sido objeto de una reforma acorde. Efectivamente, el marco jurídico sigue fragmentado en la UE ya que los Estados miembros continúan aplicando trámites administrativos como la presentación de una apostilla para certificar copias y traducciones, una formalidad basada en el Convenio de La Haya de 1961 cuya intención era facilitar la circulación entre fronteras internacionales. Este trámite no refleja el hecho de que la UE carece de fronteras y, por lo tanto, obstaculiza, en lugar de facilitar, el derecho de la ciudadanía de la UE a la libre circulación dentro de la Unión.

2.7

Hoy por hoy, por ejemplo, los ciudadanos que se mudan a otro Estado miembro han de consagrar mucho tiempo y dinero para garantizar la autenticidad de los documentos públicos del Estado miembro de origen. Es un hecho reconocido que las empresas y los ciudadanos se beneficiarán sin duda alguna de un marco normativo coherente y transparente por el que se regirán determinados documentos públicos esenciales para el flujo de bienes, servicios y personas en el interior de la UE y en el mercado único.

2.8

La UE no ha avanzado a la par con un progreso tecnológico que podría impulsar la reducción o eliminación de las cargas que soportan los ciudadanos y las empresas para ejercer su derecho a la libre circulación. El CESE comprende que el Sistema de Información del Mercado Interior, una aplicación basada en la web que permite a las autoridades nacionales, regionales y locales comunicarse rápida y fácilmente con sus homólogos en el extranjero, constituye una plataforma adecuada de la TIC que facilitará la cooperación administrativa una vez que se ponga en práctica la propuesta. Este Sistema de Información del Mercado Interior servirá también de importante repositorio de modelos de los documentos públicos nacionales de uso más frecuente dentro de la UE, con su traducción a todos los idiomas oficiales de la Unión, para ayudar a aquellas autoridades que no dispongan de los conocimientos lingüísticos suficientes para evaluar la corrección o la calidad de la traducción del documento público que se les presente (16).

2.9

El CESE lamenta que las reformas en curso, que atienden a una propuesta para facilitar a los ciudadanos y las empresas el ejercicio de su derecho a la libre circulación dentro de la UE, lleguen veinte años más tarde que la proclamación de la ciudadanía de la UE y 42 años después del Convenio de La Haya.

3.1.1

El CESE coincide en que la definición de «documento público» que figura en el apartado 1 del artículo 3 de la propuesta incluye los importantes documentos públicos relacionados con los derechos de la UE de los ciudadanos y empresas de la Unión.

3.1.2

Sin embargo, el CESE subraya que los documentos públicos recogidos en la propuesta han de ser los primeros de una serie de documentos que deberán someterse a un proceso de simplificación encaminado a impulsar la movilidad dentro de la UE, las actividades transfronterizas y el funcionamiento del mercado único de la Unión.

3. 1.3

El CESE resalta que, por lo que respecta a los documentos de carácter público, los futuros ejercicios de simplificación deberán dirigirse a importantes documentos públicos como los relacionados con la movilidad de los trabajadores dentro de la UE (algo fundamental para el desarrollo de las empresas y el comercio transfronterizos) o de las personas con discapacidades, siempre que estos documentos públicos no recaigan en el ámbito de acción de otras Directivas de la UE. Entre estos documentos cabría mencionar, por ejemplo, los certificados de acreditación académica nacionales y los documentos públicos relativos a la seguridad social.

3.2.1

El CESE hace hincapié en que los actuales requisitos que exigen la presentación de una apostilla siguen los procedimientos internacionales y, por lo tanto, no reflejan la evolución de la UE como mercado único. Hay cerca de 12,5 millones de ciudadanos de la UE residiendo en otro Estado miembro distinto del suyo, y más de 380 000 microempresas y PYME de la UE con prácticas de subcontratación transfronteriza en otros Estados miembros que se enfrentan continuamente con papeleo y trámites burocráticos innecesarios a la hora de desplazarse de un Estado miembro a otro, o de ejercer actividades comerciales transfronterizas. Se trata de una situación que no refleja la Unión Europea sin fronteras.

3.2.2

Así pues, el CESE coincide con el objetivo de la propuesta de la Comisión Europea de eximir a los documentos públicos de los requisitos jurídicos y administrativos en vigor en los Estados miembros. El CESE considera que estamos ante la primera fase de un programa continuo para la simplificación de los documentos públicos.

3.2.3

El CESE se muestra de acuerdo en la necesidad de introducir disposiciones para garantizar el nivel necesario de comprobación en caso de duda razonable. El CESE admite que se darán casos que harán imprescindible la coordinación administrativa entre los Estados miembros para garantizar la autenticidad de un documento público o de su copia certificada.

3.2.4

El CESE apoya enérgicamente el principio de que tanto el ciudadano como la empresa deben gozar del máximo grado de seguridad en cuanto a la medida en que los documentos públicos quedan exentos de todas las formas de legalización o trámite similar. Esta seguridad permitirá al ciudadano o a la empresa planificar de antemano sus actividades y, de ese modo, asegurarse de que obtienen verdaderamente las ventajas y beneficios, tangibles e intangibles, que se recogen en la evaluación de impacto de la Comisión Europea (17).

3.2.5

El CESE señala que, en el marco del sistema actual, el 99 % de las cerca de 1 400 000 apostillas que se presentan por actividades dentro de la UE, no presentan problemas. Por consiguiente, el CESE cree que la medida presentada por la Comisión Europea en relación con la cooperación administrativa (basada en el sistema IMI en caso de duda razonable sobre la autenticidad de documentos públicos basados en impresos multilingües) debe traducirse en una mejora de los resultados.

3.2.6

El CESE recomienda, al objeto de eliminar toda incertidumbre, que se imprima un carácter inequívoco a la definición de «duda razonable» presentada en la propuesta de la Comisión Europea. A este respecto, el CESE propone la siguiente modificación: