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C 28/1

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Tribunal de Cuentas Europeo

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C 28/3

1.

El 30 de mayo de 2012, la Comisión adoptó una propuesta relativa a la refundición de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la creación del sistema «EURODAC» para la comparación de las impresiones dactilares para la aplicación efectiva del Reglamento (UE) no […/…] (por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida) y a las solicitudes de comparación con datos EURODAC presentadas por los servicios de seguridad de los Estados miembros y Europol a efectos de la aplicación de la ley, y por el que se modifica el Reglamento (UE) no 1077/2011, por el que se crea una Agencia europea para la gestión operativa de sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia (en adelante, «la propuesta») (1).

2.

El 5 de junio de 2012, la Comisión trasladó la propuesta al SEPD para su consulta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001. El SEPD recomienda incluir una referencia a esta consulta en el preámbulo de la propuesta.

3.

El SEPD lamenta que los servicios de la Comisión no le solicitaran proporcionar observaciones informales a la Comisión antes de la adopción de la propuesta, de conformidad con el procedimiento acordado en relación con la documentación de la Comisión relativa al tratamiento de datos personales (2).

4.

La propuesta fue presentada a los Ministros del Interior en el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior el 7 y 8 de junio de 2012 y actualmente está siendo debatida en el Consejo y el Parlamento Europeo con miras a la adopción de un reglamento mediante el procedimiento legislativo ordinario a finales de 2012. El presente dictamen pretende ofrecer las aportaciones del SEPD a dicho procedimiento.

87.

El SEPD señala que en los últimos años, la necesidad de acceder a los datos EURODAC a efectos de aplicación de la ley ha sido objeto de un extenso debate en la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo. Entiende, asimismo, que la disponibilidad de una base de datos con impresiones dactilares puede resultar un instrumento útil complementario en la lucha contra la delincuencia. Sin embargo, el SEPD recuerda asimismo que dicho acceso a EURODAC tiene un grave impacto sobre la protección de los datos personales de las personas cuyos datos están almacenados en el sistema EURODAC. Para poder ser considerada válida, la necesidad de dicho acceso debe apoyarse en elementos claros e indiscutibles, y debe quedar demostrada la proporcionalidad del tratamiento. Esto resulta aún más necesario si se produce una intromisión en los derechos de las personas que constituyen un grupo vulnerable necesitado de protección, tal como se prevé en la propuesta.

88.

En opinión del SEPD, las pruebas aportadas hasta ahora —que también tienen en cuenta el contexto específico mencionado arriba— no son suficientes ni están actualizadas para demostrar la necesidad y la proporcionalidad de la concesión de acceso a EURODAC a efectos de la aplicación de la ley. Existe ya una serie de instrumentos jurídicos que permiten que un Estado miembro consulte las impresiones dactilares y otros datos policiales en posesión de otro Estado miembro. Como condición previa para el acceso a efectos de la aplicación de la ley es necesaria una justificación mucho mejor.

89.

En este contexto, el SEPD recomienda que la Comisión proporcione una nueva evaluación del impacto en la que se consideren todas las opciones políticas relevantes, se ofrezcan evidencias sólidas y fiables, y se incluya una evaluación desde la perspectiva de los derechos fundamentales.

90.

El SEPD ha identificado varias cuestiones adicionales, a saber:

91.

El SEPD destaca la necesidad de claridad sobre el modo en que las disposiciones de la propuesta que especifican determinadas obligaciones y datos en materia de protección de datos hacen referencia tanto a la Decisión marco 2008/977/JAI como a la Decisión 2009/371/JAI del Consejo (véase la sección 4).

92.

El SEPD recomienda:

93.

El SEPD recomienda:

30.1.2013   

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C 28/6

1.

El 4 de junio de 2012, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/93/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior (en adelante, «la propuesta») (1).

2.

La propuesta forma parte de las medidas presentadas por la Comisión para reforzar el despliegue de las transacciones electrónicas en la Unión Europea. Supone una continuación de las acciones previstas en la Agenda Digital para Europa (2) para mejorar las medidas legales en relación con la firma electrónica (acción clave no 3) y ofrecer un marco jurídico coherente para el reconocimiento mutuo de la identificación y la autenticación electrónicas (acción clave no 16).

3.

Se espera que la propuesta refuerce la confianza en las transacciones electrónicas paneuropeas y garantice el reconocimiento jurídico transfronterizo de la identificación, la autentificación y la firma electrónicas y los servicios de confianza conexos, así como un elevado nivel de protección de los datos y de capacitación de los usuarios.

4.

Un elevado nivel de protección de los datos es fundamental para utilizar los sistemas de identificación electrónica y los servicios de confianza. El desarrollo y el uso de dichos medios electrónicos deben basarse en un tratamiento adecuado de los datos personales por parte de los proveedores de servicios de confianza y los emisores de identidad electrónica. Esto es aún más importante si se tiene en cuenta que dicho tratamiento servirá de base, entre otras cosas, para la identificación y la autenticación de personas físicas (o jurídicas) de la forma más fiable.

5.

Antes de que fuera adoptada la propuesta, el SEPD pudo proporcionar observaciones informales. Muchas de aquellas observaciones han sido tenidas en cuenta en la propuesta. En consecuencia, las garantías de protección de los datos se han visto reforzadas en la misma.

6.

El SEPD recibe con satisfacción el hecho de ser consultado formalmente por la Comisión de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001.

7.

La propuesta se basa en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y establece las condiciones y los mecanismos de reconocimiento y aceptación mutuos de la identificación electrónica y los servicios de confianza entre los Estados miembros. En particular, establece los principios relativos a la prestación de los servicios de identificación electrónica y los servicios de confianza electrónicos, incluidas las normas aplicables al reconocimiento y la aceptación. También establece los requisitos para la creación, verificación, validación, gestión y conservación de firmas electrónicas, sellos electrónicos, marcas de tiempo electrónicas, documentos electrónicos, servicios de entrega electrónica, autenticación de sitios web y certificados electrónicos.

8.

Además, la propuesta de Reglamento establece las normas para el control de la prestación de servicios de confianza y obliga a los Estados miembros a crear organismos de supervisión a tal efecto. Estos organismos evaluarán, entre otras cosas, la conformidad de las medidas técnicas y organizativas aplicadas por los proveedores de servicios de confianza electrónicos.

9.

El capítulo II trata sobre los servicios de identificación electrónica, mientras el capítulo III está dedicado a otros servicios de confianza electrónicos como las firmas, sellos, marcas de tiempo, documentos, servicios de entrega y autenticación de sitios web y certificados electrónicos. Los servicios de identificación electrónica guardan relación con las tarjetas nacionales de identificación que pueden utilizarse para acceder a los servicios digitales y, en particular, en los servicios de administración electrónica, lo cual implica que la entidad que emite la identificación electrónica actúa representando a un Estado miembro y que el Estado miembro es responsable de establecer correctamente la correspondencia entre una persona física concreta y sus medios de identificación electrónica. En relación con otros servicios de confianza electrónicos, el proveedor/emisor es una persona física o jurídica que es responsable de que la prestación de dichos servicios se lleve a cabo de forma correcta y segura.

10.

El tratamiento de los datos personales es inherente al uso de los regímenes de identificación y, en cierta medida, también a la prestación de otros servicios de confianza (por ejemplo, en el caso de las firmas electrónicas). El tratamiento de datos personales será exigido para establecer un vínculo de confianza entre los medios de identificación electrónica y autenticación utilizados por una persona física (o jurídica) y dicha persona, para poder certificar que la persona que utiliza el certificado electrónico es verdaderamente la persona que dice ser. Por ejemplo, las identificaciones electrónicas o los certificados electrónicos hacen referencia a personas físicas e incluirán una serie de datos que representan inequívocamente a dichas personas. Dicho de otro modo, la creación, verificación, validación y gestión de los medios electrónicos mencionados en el artículo 3, apartado 12, de la propuesta implicarán, en muchos casos, el tratamiento de datos personales y, por tanto, la protección de datos resulta pertinente.

11.

Por tanto, es esencial que el tratamiento de datos en el contexto de la prestación de los sistemas de identificación electrónica o de los servicios de confianza electrónicos se realice de conformidad con el marco jurídico de la protección de datos de la Unión Europea, en particular las disposiciones nacionales de aplicación de la Directiva 95/46/CE.

12.

En el presente dictamen, el SEPD se centrará en el análisis de tres cuestiones principales:

50.

El SEPD recibe con agrado la propuesta, ya que contribuye al reconocimiento (y la aceptación) mutuos de los servicios de confianza y los sistemas de identificación electrónicos a nivel europeo. Recibe asimismo con satisfacción la creación de un conjunto de requisitos que los emisores de medios de identificación electrónica y los proveedores de servicios de confianza deben cumplir. No obstante el apoyo general a la propuesta, el SEPD pretende proporcionar las siguientes recomendaciones generales:

51.

También podrían efectuarse mejoras en algunas disposiciones específicas relativas al reconocimiento mutuo de los sistemas de identificación electrónica:

52.

Por último, el SEPD también desea formular las siguientes recomendaciones en relación con los requisitos para la prestación y el reconocimiento de los servicios de confianza electrónicos:

30.1.2013   

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C 28/9

1.

El 16 de agosto de 2012, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CEE/Euratom) no 354/83, en lo que respecta al depósito de los archivos históricos de las instituciones en el Instituto Universitario Europeo de Florencia (en adelante, «la propuesta») (1). Ese mismo día la propuesta se trasladó para consulta al SEPD.

2.

Antes de que fuera adoptada la propuesta, el SEPD pudo proporcionar observaciones informales. Muchas de aquellas observaciones han sido tenidas en cuenta en la propuesta. En consecuencia, las garantías de protección de los datos se han visto reforzadas en la misma. El SEPD recibe con agrado el hecho de haber sido consultado de manera formal por la Comisión tras la adopción de la propuesta y que se haya incluido en el preámbulo de la misma una referencia al presente dictamen.

3.

El Reglamento (CEE, Euratom) no 354/83 del Consejo, de 1 de febrero de 1983, relativo a la apertura al público de los archivos históricos de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (2) (en adelante, el «Reglamento de archivos») exige a las instituciones y órganos de la UE que creen archivos históricos y los abran al público, una vez transcurrido un plazo de treinta años. El Reglamento de archivos permite a cada institución y órgano depositar sus archivos históricos en el lugar que considere más apropiado.

4.

El objetivo de la propuesta es modificar el Reglamento de archivos y hacer obligatorio el depósito de los archivos históricos en el Instituto Universitario Europeo de Florencia (en adelante, el «IUE») para todas las instituciones y órganos de la UE (salvo el Tribunal de Justicia y el Banco Central Europeo). De hecho, la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo ya han depositado sus archivos en papel en el IUE sobre la base de acuerdos contractuales. Por lo tanto, tal como se explica en la exposición de motivos, la propuesta no modifica la situación existente hasta ahora sino que «tiene por objeto confirmar el papel del IUE en la gestión de los archivos históricos de las instituciones. Sentará una sólida base jurídica y financiera para la asociación entre la UE y el IUE.».

5.

La propuesta tampoco modificará la normativa y los procedimientos vigentes con arreglo a los cuales las instituciones y los órganos abren sus archivos históricos al público al cabo de treinta años. Asimismo, la propuesta tampoco cambiará la propiedad de los archivos históricos, que seguirá siendo de las instituciones y órganos depositantes. En resumen: la propuesta incluye modificaciones limitadas y específicas al Reglamento de archivos, en lugar de proponer una modernización y revisión exhaustivas.

6.

Para llevar a cabo estas tareas, las instituciones y órganos europeos procesan una enorme cantidad de datos, incluidos datos de carácter personal. Algunos de estos datos personales tratados pueden ser especialmente sensibles desde el punto de vista de la protección de datos (3) y/o pueden haber sido aportados con carácter confidencial por las instituciones u órganos interesados, sin esperar que un buen día estén disponibles al público: por ejemplo, los datos personales incluidos en los expedientes médicos o personales de los empleados, o los datos personales tratados en relación con procedimientos disciplinarios o de acoso, auditorías internas, diversos tipos de reclamaciones y peticiones, y el comercio, la competencia, la lucha contra el fraude u otras investigaciones.

7.

Algunos de estos datos personales, incluidos algunos de los que, a primera vista, plantean los mayores riesgos a las personas afectadas, se destruyen tras un período específico, una vez que ya no se utilizan para los fines iniciales para los que fueron obtenidos (o para otros fines «administrativos» compatibles).

8.

Sin embargo, una parte significativa de los documentos conservados por las instituciones y los órganos europeos, que posiblemente incluyen datos personales, no serán destruidos sino que se transmitirán finalmente a los archivos históricos de la Unión Europea, y estarán disponibles al público para fines históricos, estadísticos y científicos (4).

9.

Es importante que las instituciones y los órganos europeos dispongan de políticas claras acerca de qué datos personales deben o no ser incluidos en los archivos históricos, y el modo de salvaguardar aquellos datos personales que serán conservados y puestos a disposición del público a través de los archivos históricos. Estas políticas necesitan garantizar la protección de la intimidad y los datos personales de las personas afectadas, y equilibrar la protección de dichos derechos fundamentales con el derecho de acceso a los documentos y los intereses legítimos de la investigación histórica.

10.

Por el momento, a pesar de la existencia de las políticas de gestión de documentos, conservación de datos y de archivo en muchas instituciones y órganos europeos (véase por ejemplo, la Lista Común de Conservación [en adelante, la «LCC»), un documento administrativo interno emitido por la Comisión (5)], dichas políticas ofrecen solo una orientación limitada en materia de protección de datos. La LCC y documentos similares deben ser desarrollados o complementados en mayor medida con una orientación más específica y matizada en materia de protección de datos.

11.

Asimismo, cabe señalar que las políticas existentes se formulan en documentos internos, en lugar de mediante un instrumento legislativo adoptado por el Consejo y el Parlamento. De hecho, la redacción actual del Reglamento de los archivos no especifica, más allá de incluir una breve referencia en su artículo 2, apartado 1, a los «documentos a los que se aplique la excepción relativa a la intimidad y la integridad de la persona contemplada en la letra b) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1049/2001 (6),» cuáles son los datos que pueden transferirse a los archivos históricos y, por tanto, que podrán ser puestos finalmente a disposición del público.

12.

El mencionado artículo 4, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1049/2001, debe ser interpretado, a su vez, de conformidad con las legislaciones aplicables en materia de protección de datos, incluido el Reglamento (CE) no 45/2001, y con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La decisión sobre cuáles son los datos personales que deben incluirse en los archivos históricos, por tanto, exige llevar a cabo un análisis complejo caso a caso.

13.

La revisión de la Directiva 95/46/CE (7) y del Reglamento (CE) no 1049/2001 ya está actualmente en marcha, y la revisión del Reglamento (CE) no 45/2001 se realizará asimismo a su debido tiempo. Aunque se espera que estos cambios legislativos contribuyan a lograr una mayor claridad, debido a su carácter general, es probable que no ofrezcan la orientación específica adecuada para las instituciones y órganos europeos en relación con sus prácticas archivísticas. Respecto al propio Reglamento de archivos, la Comisión solo ha propuesto modificaciones limitadas, que no afectan al artículo 2, apartado 1, ni a otras disposiciones sustantivas.

14.

El SEPD, en el presente dictamen, sugerirá una serie de cambios específicos que pueden incluirse en la actual revisión más limitada del Reglamento de archivos. Asimismo, destacará la necesidad de adoptar medidas específicas, incluidas las normas de aplicación adecuadas, para garantizar que se tratan de manera eficaz las cuestiones en materia de protección de datos en el contexto de una legítima conservación de registros con fines históricos.

15.

Para ofrecer contexto, el apartado 2 debatirá brevemente sobre algunas cuestiones generales en materia de protección de datos y las tendencias actuales relativas a la apertura y la digitalización de los archivos históricos de la UE, la transformación en anónimos de los datos y deshacer dicha transformación, así como las iniciativas de datos abiertos de la Comisión.

65.

El SEPD acoge con satisfacción que la propuesta trate cuestiones en materia de protección de datos, que implican en particular:

66.

Para tratar las restantes cuestiones en materia de protección de datos, el SEPD recomienda que la propuesta de modificación del Reglamento de archivos:

30.1.2013   

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C 28/12

30.1.2013   

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C 28/13

1.

El 18 de enero de 2013, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual el fondo de inversión del Estado belga Société Fédérale de Participations et d'Investissement/Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij («SFPI», Bélgica) adquiere el control, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de concentraciones, de la totalidad de Dexia SA/NV («Dexia», Bélgica) mediante adquisición de acciones.

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.6812 — SFPI/Dexia, a la siguiente dirección: