ISSN 1977-0928

doi:10.3000/19770928.C_2013.017.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 17

European flag  

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

56o año
19 de enero de 2013


Número de información

Sumario

Página

 

I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

 

RESOLUCIONES

 

Comité de las Regiones

 

98o Pleno de los días 29 y 30 de noviembre de 2012

2013/C 017/01

Resolución del Comité de las Regiones sobre las prioridades del Comité de las Regiones para 2013 sobre la base del programa legislativo y de trabajo de la Comisión Europea

1

2013/C 017/02

Resolución del Comité de las Regiones sobre las negociaciones en curso sobre el marco financiero plurianual

6

 

DICTÁMENES

 

Comité de las Regiones

 

98o Pleno de los días 29 y 30 de noviembre de 2012

2013/C 017/03

Dictamen del Comité de las Regiones — Una agenda del consumidor europeo para impulsar la confianza y el crecimiento

8

2013/C 017/04

Dictamen del Comité de las Regiones — Código de conducta sobre la Asociación

13

2013/C 017/05

Dictamen del Comité de las Regiones — El desarrollo local participativo

18

2013/C 017/06

Dictamen del Comité de las Regiones — Modernización de las ayudas estatales en la UE

25

2013/C 017/07

Dictamen del Comité de las Regiones — Hacia un Séptimo programa de acción en materia de medio ambiente: sacar el mejor partido de las medidas ambientales de la UE

30

2013/C 017/08

Dictamen del Comité de las Regiones — Aplicación de la estrategia temática para la protección del suelo

37

2013/C 017/09

Dictamen del Comité de las Regiones — La innovación al servicio del crecimiento sostenible: una bioeconomía para Europa

45

2013/C 017/10

Dictamen del Comité de las Regiones — Cooperación de innovación europea: productividad y sostenibilidad agrícolas

51

 

III   Actos preparatorios

 

COMITÉ DE LAS REGIONES

 

98o Pleno de los días 29 y 30 de noviembre de 2012

2013/C 017/11

Dictamen del Comité de las Regiones — Marco estratégico común

56

2013/C 017/12

Dictamen del Comité de las Regiones — El desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios

67

2013/C 017/13

Dictamen del Comité de las Regiones — Estatuto de la Fundación Europea

81

2013/C 017/14

Dictamen del Comité de las Regiones — Sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas

91

2013/C 017/15

Dictamen del Comité de las Regiones — Las Capitales Europeas de la Cultura (2020-2033)

97

ES

 


I Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

RESOLUCIONES

Comité de las Regiones

98o Pleno de los días 29 y 30 de noviembre de 2012

19.1.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 17/1


Resolución del Comité de las Regiones sobre las prioridades del Comité de las Regiones para 2013 sobre la base del programa legislativo y de trabajo de la Comisión Europea

2013/C 17/01

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Vista la Resolución del CDR, de 19 de julio de 2012, sobre sus prioridades para 2013 con miras al Programa de Trabajo de la Comisión Europea (1), así como su Resolución sobre las conclusiones del Consejo Europeo de primavera de 2012 (2),

Vista la Comunicación de la Comisión Europea sobre su Programa de Trabajo para 2013 (3), así como su Protocolo de Cooperación con la Comisión Europea, firmado el 16 de febrero de 2012,

Vista la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 11 de septiembre de 2012, sobre el Programa de Trabajo de la Comisión para 2013 (4),

Principales prioridades para 2013

1.

considera la necesidad de superar la crisis económica, social y financiera como el principal reto de la Unión Europea. Por este motivo, respalda firmemente los esfuerzos para aumentar y mantener la atención prestada por la UE a:

la Estrategia Europa 2020,

el mercado único,

las inversiones selectivas, en particular en investigación e innovación, de modo que en este contexto las instituciones (europeas) de enseñanza e investigación, las empresas y las autoridades (la «triple hélice») cooperen para conseguir una aplicación inteligente de la Estrategia Europa 2020, y

la obtención de resultados, en colaboración con los entes locales y regionales;

2.

aboga por un marco financiero plurianual (MFP) ambicioso y por unos auténticos recursos propios de la Unión;

3.

acoge favorablemente la atención prestada al desempleo de los jóvenes y expresa su interés por contribuir al futuro paquete de medidas en favor del empleo juvenil;

4.

recuerda que el Tratado de Lisboa le ha conferido responsabilidades reforzadas en relación con el principio de subsidiariedad, y reitera su compromiso de convertirse en un punto de referencia para su aplicación correcta; destaca, a este respecto, la importancia que otorgará a la supervisión de las iniciativas de la UE incluidas en el Programa de Trabajo de la Comisión para 2013 y llama la atención sobre su programa de trabajo específico para el seguimiento de la subsidiariedad en 2013, que se aprobará en enero;

5.

es partidario de un profundo debate en torno al futuro de Europa desde la perspectiva de la legitimidad democrática, la responsabilidad y la integración efectiva, y considera esencial definir su posición política sobre el futuro papel del nivel regional y local, incluida la posible modificación del marco institucional de la UE; impulsará, por tanto, cualquier debate sobre la reforma del Tratado en 2013, organizando debates políticos y perfilando mejor el principio de subsidiariedad y el concepto de gobernanza multinivel como importantes instrumentos para la consecución de estos objetivos;

6.

suscribe el llamamiento del Parlamento Europeo a los Estados miembros, en su Resolución de 20 de noviembre de 2012, para que consideren la firma de un «pacto de inversión social». Este pacto, basado en el modelo del «Pacto por el Euro Plus», establecería objetivos de inversión para las inversiones sociales que llevarían a cabo los Estados miembros conforme a un calendario determinado con el fin de cumplir los objetivos de empleo, sociales y educativos de la Estrategia Europa 2020 con arreglo al Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y los Programas Nacionales de Reforma;

7.

seguirá evaluando el impacto territorial del programa legislativo de la Comisión Europea;

Unión económica y monetaria

8.

pide que se le consulte sobre el proyecto de la CE para el desarrollo de una auténtica y completa unión monetaria europea, dada la dimensión territorial de cada uno de sus cuatro pilares;

9.

reclama, en el contexto del semestre europeo, una mejor coordinación de las políticas económicas y sociales entre los niveles europeo y nacional, y solicita que los entes locales y regionales participen en mayor grado en esta coordinación. El CDR seguirá evaluando los progresos realizados en este sentido, y buscará una colaboración más estrecha con el Parlamento Europeo;

10.

respalda firmemente la petición dirigida por el Parlamento Europeo a la Comisión (5) de que, en su próximo Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, «aborde y destaque el papel del presupuesto de la UE en el proceso del semestre europeo incluyendo hechos y datos concretos sobre su efecto incentivador, catalítico, sinérgico y complementario en los gastos públicos globales a escala local, regional y nacional»;

11.

valora positivamente la creación de mecanismos eficaces a nivel europeo para garantizar la sostenibilidad de las políticas presupuestarias en los Estados miembros, pero advierte de las dificultades que la coordinación de la política presupuestaria a nivel de la UE puede suponer para los entes locales y regionales y para la prestación de servicios públicos apropiados;

12.

lamenta que su propuesta de elaboración de un Libro Verde sobre las sinergias entre los presupuestos europeo, nacionales y subnacionales no haya sido incluida en el Programa de Trabajo; recuerda, en particular, su respaldo a la elaboración de una Comunicación sobre la calidad del gasto público, que debería abordar, entre otras cosas, la cuestión de separar los gastos corrientes y las inversiones en las estimaciones del déficit presupuestario, a fin de evitar que inversiones con beneficios netos a largo plazo queden consignadas como costes negativos;

13.

se compromete a analizar con detenimiento la dimensión local y regional de la unión bancaria;

14.

solicita una clarificación sobre el instrumento jurídico previsto para la iniciativa sobre cuentas bancarias;

Política de cohesión

15.

defiende ardientemente, a la vista de las negociaciones en curso sobre el MFP, que la política de cohesión es una política de inversión que necesita tanto un gasto efectivo como un presupuesto sólido que no se puede recortar si se quiere estimular el crecimiento y el empleo y aumentar la competitividad y la lucha contra las disparidades territoriales entre las regiones de la UE, especialmente en tiempos de crisis;

16.

lamenta que el «código de conducta» propuesto por la Comisión Europea no haya sido abordado durante la Presidencia chipriota; insta a la Comisión a que impulse y examine la participación de los entes locales y regionales en el diseño de los acuerdos de asociación y los programas operativos pertinentes, y solicita que a finales de 2013 se presente un informe sobre esta cuestión. En este sentido, seguirá de cerca las negociaciones pertinentes, basadas en los mandatos de negociación por país conferidos a la Comisión para los Fondos del MEC para el período 2014-2020, habida cuenta, en particular, del principio de asociación;

17.

pide que la Comisión Europea le consulte formalmente sobre la revisión de las directrices sobre ayudas regionales;

18.

solicita una estrategia europea de desarrollo rural para reequilibrar los recursos destinados a las zonas rurales cuyo nivel de desarrollo sigue estando por debajo de la media de la UE y, con frecuencia, muy por debajo del de zonas predominantemente urbanas;

19.

insta a la adopción del Reglamento revisado sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial con independencia del paquete legislativo sobre los Fondos Estructurales;

Mercado único

20.

lamenta la lentitud en la aplicación del Acta del Mercado Único;

21.

toma nota de la intención de la Comisión de presentar una propuesta sobre la facturación electrónica en los contratos públicos, pero señala que el cambio total a sistemas electrónicos puede resultar complicado para algunos entes locales y regionales, que podrían necesitar asistencia o un período de transición más largo;

22.

pide que se creen asociaciones en torno a la Iniciativa en favor de la pequeña empresa (Small Business Act, SBA), para aplicarla mejor a nivel subnacional. Sugiere que la Iniciativa Regiones Emprendedoras Europeas (REE), una distinción otorgada por el CDR desde 2010, podría servir de inspiración para fomentar el espíritu empresarial, en particular entre los jóvenes;

23.

pide a la Comisión que explique por qué todavía no se ha presentado el Plan de Acción sobre la Salud Electrónica, solicitado anteriormente por el CDR y que fue anunciado en el Programa de Trabajo para 2012, ni tampoco figura ni entre los temas cuya aprobación está programada antes de finalizar 2012 ni en el Programa de Trabajo para 2013;

24.

considera que se requiere una mayor seguridad jurídica para las actividades de la economía social, y solicita, en este contexto, la elaboración de un estatuto de sociedad mutua europea;

25.

acoge positivamente la intención de la Comisión Europea de modernizar las ayudas estatales de la UE y reducir las cargas administrativas gracias a la adaptación de las exenciones generales por categorías, y en este sentido solicita un aumento del umbral mínimo;

26.

lamenta que la Comisión Europea no le consultara formalmente en relación con la elaboración de las nuevas directrices relativas a la aplicación de la normativa de la UE sobre ayudas estatales a la financiación pública de redes de banda ancha;

27.

se congratula por la atención prestada en el anexo II del Programa de Trabajo a iniciativas concretas sobre la simplificación y reducción de las cargas administrativas, y tiene la intención de contribuir a su aplicación;

Construir las redes del futuro

28.

insta a la Comisión Europea a que adopte medidas para resolver los problemas de conectividad entre Estados miembros y entre regiones; le pide en este contexto que intensifique sus esfuerzos para reducir el aislamiento de los distintos Estados miembros en materia de energía y que cree un mercado interior de la energía plenamente operativo para 2014;

29.

lamenta la ausencia de un compromiso claro por parte de la Comisión Europea de reforzar sus políticas orientadas al desarrollo de una infraestructura de red moderna, y en particular, a la implantación de las redes y contadores inteligentes, que son elementos importantes de la eficiencia energética y la seguridad del abastecimiento; pide a la Comisión Europea que impulse medidas que faciliten la generalización de la microproducción de energía y su integración en las redes de distribución;

30.

lamenta asimismo que el Programa de Trabajo de la Comisión no proponga nuevas iniciativas sobre movilidad urbana; reitera, en este contexto, su idea de que un sistema electrónico inteligente de títulos de transporte para todos los modos de transporte es un requisito esencial para una movilidad urbana sostenible, y espera que este tema pueda abordarse en el seguimiento previsto del Libro Verde sobre un mercado europeo integrado de pagos mediante tarjeta, pagos por internet o pagos móviles;

31.

espera que la Comisión Europea agote todas las posibilidades para lograr una aplicación coherente de los objetivos fijados en el marco de la revisión de la Red Transeuropea de Transporte (RTE-T);

32.

aguarda con interés la próxima propuesta sobre el futuro de la política portuaria de la UE y recuerda que debe de ser objeto de una evaluación de impacto territorial;

Crecimiento, empleo e inclusión

33.

considera que la movilidad laboral, tanto a nivel nacional como entre Estados miembros, es un factor importante en la lucha contra el desempleo, por lo que respalda los planes para modernizar los servicios públicos de empleo, en particular la reforma de la red EURES, cuyos resultados actuales están por debajo de sus posibilidades; no obstante, recuerda también que gran parte de los servicios públicos de empleo dependen de entes locales y regionales, que deben ser plenamente consultados sobre las reformas;

34.

lamenta que la Comisión Europea no haya tenido en cuenta la petición reiterada del CDR de que se elabore una agenda europea de vivienda social que, entre otras cosas, clarifique las normas de competencia aplicables a este tipo de vivienda y capacite a los entes locales y regionales a proporcionar viviendas sociales dignas y asequibles, fomentar la diversidad social y combatir la discriminación;

35.

subraya la importancia de las pensiones de jubilación para los entes locales y regionales, que emplean a un gran número de personas, y espera que la propuesta de la Comisión sobre esta cuestión incluya medidas para mejorar la transferibilidad transfronteriza de las pensiones de empleo;

36.

considera oportuna la iniciativa de crear una plataforma para combatir el trabajo no declarado, y opina que es esencial que en ella participen los organismos de control e inspecciones de empleo regionales; ve además importantes posibilidades de sinergias entre esta plataforma y las propuestas para mejorar la aplicación de las normas sobre el desplazamiento de trabajadores;

37.

pide a la Comisión Europea que, de conformidad con la letra d) del apartado 3 del artículo 107 del TFUE, garantice el mantenimiento, en sus nuevas directrices sobre ayudas estatales para películas y otros trabajos audiovisuales, del principio relativo a los requisitos de territorialización de los gastos contemplado en la Comunicación sobre el cine de 2001;

38.

lamenta las escasas ambiciones del Programa de Trabajo en relación con la cultura, dada su importancia para la identidad europea, además de como motor de crecimiento;

Utilizar mejor los recursos de Europa

39.

acoge favorablemente la publicación del 7o Programa de Acción Medioambiental, que constituye un instrumento clave para incorporar los objetivos de Europa 2020 a la acción medioambiental y debería centrarse en mejorar la aplicación de la política medioambiental de la UE en estrecha colaboración con todos los niveles de gobernanza, en la integración de las cuestiones medioambientales en todas las políticas y en la dimensión internacional de los retos medioambientales;

40.

pide que la Estrategia de la UE de adaptación al cambio climático incluya un apartado sobre una acción de adaptación específica a nivel regional y municipal, así como orientaciones, apoyo financiero y soluciones de gobernanza dirigidas a los responsables políticos locales y regionales, tal como propone el Pacto de los Alcaldes;

41.

se compromete a colaborar con la Comisión Europea para aplicar con éxito los resultados de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de Doha, así como la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos;

42.

espera que la revisión de la política de la UE en materia de calidad del aire refuerce la Directiva sobre los techos nacionales de emisión, a fin de reducir las concentraciones de fondo. Respalda unas normas más estrictas para los vehículos y pide que se actúe en relación con las emisiones procedentes del transporte marítimo, el transporte aéreo y la agricultura, y que se simplifiquen los indicadores y criterios de medición. Solicita asimismo que la política de la UE en materia de calidad del aire se coordine con otras políticas, en particular en materia de transporte, vivienda, industria, energía y clima;

43.

reitera su compromiso con vistas a una cooperación reforzada con la Comisión Europea sobre la aplicación de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020;

44.

acoge positivamente la invitación del Banco Europeo de Inversiones para que el Comité de las Regiones contribuya a su futura política de crédito en el sector de la energía, y pide que se facilite el acceso de las pymes y los entes locales y regionales a los préstamos para inversiones en materia de eficiencia energética y energías renovables. En este contexto, considera que las iniciativas de la UE en el ámbito de la energía deberían tomar en consideración el riesgo creciente de pobreza energética;

Una Europa para los ciudadanos

45.

desea participar en la preparación de todas las acciones relacionadas con el Año Europeo de los Ciudadanos, que se celebrará en 2013, a fin de sensibilizarlos para que conozcan mejor sus derechos, y de esta manera suprimir los obstáculos que aún impiden su puesta en práctica y consolidar el concepto de ciudadanía europea;

46.

acoge positivamente la intención de la Comisión Europea de elaborar un informe sobre la lucha contra la corrupción y un cuadro de indicadores judiciales como herramientas para reforzar la confianza de los ciudadanos en las administraciones públicas en todos los niveles, y ofrece su asistencia para su desarrollo;

47.

expresa su interés en trabajar con la Comisión Europea en el desarrollo de la red para la integración, a fin de alcanzar la unidad en la diversidad;

Europa y su acción a escala global

48.

recomienda a la Comisión que, en sus informes estratégicos sobre la ampliación, examine con más detalle la autonomía regional y local, y que, cuando sea pertinente, insista en la necesidad de descentralización ante los países candidatos a la adhesión;

49.

pide que se facilite el acceso de los agentes locales y regionales de los países candidatos a la adhesión y de los países de la política europea de vecindad (PEV) a los fondos específicos de la UE para este ámbito, y apoya la apertura de los programas existentes, incluidos Erasmus Mundus y la Agrupación europea de cooperación territorial (AECT), a socios de los países de la PEV;

50.

reitera su intención de proseguir la cooperación fructífera con la Comisión Europea en el contexto del Instrumento para la Administración Local, a fin de mejorar el desarrollo de capacidades locales y fomentar el conocimiento de la UE y sus procedimientos en los países candidatos y precandidatos; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de ampliarlo a los gobiernos locales de los países de la PEV;

51.

acoge favorablemente que, al presentar dos Comunicaciones separadas sobre el tema, la Comisión Europea establezca una distinción entre el papel de los entes locales y regionales y el de la sociedad civil en la ejecución de una política de cooperación al desarrollo, y pide al Parlamento Europeo que adopte el mismo enfoque;

52.

espera que las regiones y ciudades participen en el proceso para determinar la posición de la UE con vistas a la Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio que se celebrará en 2015;

53.

encarga a su presidente que presente esta resolución al presidente de la Comisión Europea, el presidente del Consejo Europeo, el presidente del Parlamento Europeo, la Presidencia chipriota del Consejo de la UE y las próximas presidencias irlandesa y lituana;

Bruselas, 30 de noviembre de 2012.

El Presidente del Comité de las Regiones

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CDR 1031/2012 fin.

(2)  CDR 42/2012 fin.

(3)  COM(2012) 629 final.

(4)  P7_TA(2012) 0319.

(5)  Resolución del Parlamento Europeo sobre el semestre europeo para la coordinación de las políticas económicas: aplicación de las prioridades para 2012.


19.1.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 17/6


Resolución del Comité de las Regiones sobre las negociaciones en curso sobre el marco financiero plurianual

2013/C 17/02

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

visto su dictamen revisado sobre el nuevo marco financiero plurianual posterior a 2013 aprobado el 9 de octubre de 2012;

visto el proyecto de conclusiones del Consejo Europeo;

1.

lamenta que el Consejo Europeo de los días 22 y 23 de noviembre de 2012 no pudiera alcanzar un acuerdo sobre el nuevo marco financiero plurianual posterior a 2013;

2.

destaca la importancia de alcanzar un acuerdo y advierte de las consecuencias del retraso para elaborar la programación, especialmente del Marco Estratégico Común respecto de los fondos para el período después de 2014, que tendrá graves repercusiones en las inversiones que deben realizarse en las regiones y ciudades de la UE;

3.

toma nota del reconocimiento por parte del Consejo Europeo de que el presupuesto «es importante para la cohesión de la Unión y para el empleo y el crecimiento en todos nuestros países»; no obstante, este reconocimiento es incompatible con las propuestas de recortes en la política de cohesión que proponen algunos Estados miembros; subraya, en todo caso, que se requiere más tiempo para seguir analizando las consecuencias políticas concretas de las cifras y propuestas objeto de la negociación;

4.

destaca, asimismo, que como órgano de la UE que representa a los entes locales y regionales, es plenamente consciente de los problemas económicos que están afrontando los Estados miembros de la UE y considera que la prioridad principal debe ser la creación de economías robustas, menos burocráticas y capaces de generar más oportunidades de empleo en los Estados miembros;

5.

reitera su petición de un presupuesto plurianual de la UE creíble como instrumento de inversión en beneficio de todos los Estados miembros y las regiones de la UE que tenga, como mínimo, el mismo nivel en términos de créditos de compromiso como porcentaje de la RNB que el acordado para el actual período de programación 2007-2013, y apoya la petición del Parlamento Europeo en favor de un presupuesto que pueda reactivar el crecimiento con arreglo a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y dar una respuesta adecuada a las necesidades de los entes regionales y locales respecto de la cohesión territorial, económica y social;

6.

destaca la importancia del papel del Parlamento Europeo en el proceso de negociación, no solo habida cuenta del procedimiento de aprobación aplicable al conjunto del marco financiero plurianual (MFP) sino también de que un número considerable de asuntos del proyecto de conclusiones del Consejo Europeo (versión de 22 de noviembre de 2012), en especial los puntos referidos a la subrúbrica 1b (Cohesión), la rúbrica 2 (PAC), al Marco Estratégico Común y a los asuntos horizontales, están sujetos al procedimiento de codecisión;

7.

recuerda que los Tratados (artículo 312 del TFUE) recogen disposiciones específicas que prevén la posibilidad de que el marco financiero plurianual no se adopte antes de que los fundamentos jurídicos de todos los programas de gasto plurianuales de la UE, con la excepción del primer pilar de la política agrícola común (PAC), expiren a finales de 2013;

8.

se opone a los recortes en el presupuesto de cohesión. Recuerda que la política de cohesión es un instrumento de inversión que impulsa la competitividad de manera sostenible y contribuye a reducir las disparidades entre las regiones;

9.

recuerda que en los asuntos relativos a la política de cohesión cubiertos por el artículo 177, como el método de reparto de las asignaciones nacionales y los límites máximos en las políticas de cohesión y desarrollo rural, se aplica el procedimiento de codecisión con consulta obligatoria al CDR y su derecho a recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea con arreglo al artículo 263, apartado 3, del TFUE.

10.

de acuerdo con los dictámenes que ha adoptado desde principios de 2012 sobre las distintas propuestas legislativas de la Comisión, reitera que:

a.

respecto de las subrúbricas 1a y 1b y los Fondos cubiertos por el Marco Estratégico Común (MEC):

apoya una financiación mayor para la investigación y la innovación;

pide que se restablezca el presupuesto propuesto inicialmente para el Mecanismo «Conectar Europa» con el fin de financiar inversiones en las redes transeuropeas y apoya la creación de un MEC para los dos Fondos Estructurales, el Fondo de Cohesión, el FEADER y el FEAMP;

reitera su oposición clara y enérgica a cualquier forma de condicionalidad macroeconómica;

se congratula de que se hayan aceptado la propuesta de crear una nueva categoría de «regiones de transición» y la necesidad de tener en cuenta la situación específica y única de las regiones ultraperiféricas;

insiste en el mantenimiento de una red de seguridad, consistente en dos tercios de la asignación actual, para todas las regiones que salen del objetivo de convergencia;

se muestra de acuerdo en que es necesario mantener el nivel de recursos asignado a las regiones y Estados miembros menos desarrollados y la reducción de las desigualdades de la intensidad media de la ayuda per cápita, ya que se trata del objetivo prioritario de la política de cohesión;

lamenta que en el proyecto de conclusiones del Consejo se proponga un recorte del 26 % del objetivo de la «cohesión territorial europea»; se congratula no obstante de que la petición del CDR de aumentar la tasa de cofinanciación hasta el 85 % haya sido escuchada;

apoya incrementar en 10 puntos porcentuales la tasa de cofinanciación aplicable a los Estados miembros con dificultades presupuestarias temporales;

apoya la subvencionabilidad del IVA no recuperable a efectos del cálculo de la contribución de los Fondos del MEC;

reitera sus objeciones a la reserva de rendimiento propuesta;

b.

respecto de la rúbrica 2:

lamenta que el proyecto de conclusiones del Consejo Europeo proponga una limitación de los pagos directos por los Estados miembros con carácter voluntario;

insta a que las ayudas directas se distribuyan más equitativamente entre los Estados miembros con un nivel de pagos directos por hectárea inferior al 90 % de la media de la UE en el transcurso del próximo período, para empezar el proceso dinámico de suprimir las diferencias ya al inicio del próximo período de programación y alcanzar la media de la UE a mediados de las próximas perspectivas financieras;

se congratula del porcentaje del 30 % para el componente ecológico;

apoya la opción de transferencias presupuestarias del primer al segundo pilar;

apoya la inclusión de las regiones de transición en el Reglamento sobre desarrollo rural;

se opone a la creación de una nueva reserva de crisis en el sector agrario y, en especial, a la propuesta de reembolsar los importes no gastados en forma de pagos directos;

11.

se felicita de que el proyecto de conclusiones del Consejo Europeo mantenga el programa de ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, pero se opone tajantemente a que se financie con cargo a la dotación del FSE;

12.

considera que la reducción en un 47 % de las cantidades asignadas al Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG) respecto de su presupuesto actual está en total contradicción con el contexto de la crisis actual. Entiende que el proyecto de conclusiones del Consejo Europeo se ha redactado partiendo del supuesto de que el futuro FEAG no se aplicará al sector agrario;

Ingresos y recursos propios

13.

lamenta que las negociaciones se hayan centrado en el recorte de los gastos del presupuesto de la UE, sin prestar la debida atención a los ingresos ni a la necesidad imperiosa de reformar el sistema actual para que la UE pueda disponer de recursos propios, también con vistas a suprimir el conjunto actual de correcciones financieras y exenciones;

14.

se congratula de la propuesta de que dos tercios de los importes recaudados por los Estados miembros que se han comprometido a establecer un impuesto sobre las transacciones financieras (ITF) con arreglo al procedimiento de cooperación reforzada se destinen a un nuevo recurso propio del presupuesto de la UE y de que la contribución al presupuesto de la UE basada en la RNB de estos Estados miembros se reduzca de manera proporcional;

15.

encarga a su presidente que presente esta resolución al presidente de la Comisión Europea, el presidente del Consejo Europeo, el presidente del Parlamento Europeo, la Presidencia chipriota del Consejo de la UE y las próximas presidencias irlandesa y lituana.

Bruselas, 30 de noviembre de 2012.

El Presidente del Comité de las Regiones

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


DICTÁMENES

Comité de las Regiones

98o Pleno de los días 29 y 30 de noviembre de 2012

19.1.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 17/8


Dictamen del Comité de las Regiones — Una agenda del consumidor europeo para impulsar la confianza y el crecimiento

2013/C 17/03

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

está convencido de que la política de protección de los consumidores ayudará a la UE a salir más rápidamente de la crisis: poder contar con consumidores bien informados resulta indispensable para garantizar la producción de bienes y servicios caracterizados por su fiabilidad, calidad y competitividad y que contribuyen, por tanto, a una reactivación sostenible de la economía;

y solicita a la Comisión Europea que

dote a los entes locales y regionales, en la medida de sus competencias, de instrumentos adecuados para la defensa de los consumidores;

entable una cooperación estrecha entre las autoridades europeas, nacionales, regionales, y locales para la ejecución de estas medidas. En particular, si bien la ejecución de las acciones previstas en la agenda, atendiendo a su propia naturaleza, debería recaer en los órganos nacionales y de la Unión, el papel de los entes locales es importante en la medida en que estos representan a las comunidades locales y cuentan con la posibilidad de contribuir eficazmente a la aplicación de dichas medidas;

no pase por alto que las autoridades regionales y locales son a su vez consumidoras de productos y servicios y, por consiguiente, necesitan –a la vez que reclaman– un marco seguro que garantice el respeto de sus intereses y el de las comunidades locales que representan y que, en numerosas ocasiones, contribuyen a su presupuesto;

subraya que el reforzamiento del consumidor pasa también por su educación y, en este contexto, manifiesta la importancia que reviste la participación de los entes locales y regionales y de la sociedad civil en las campañas de información a los consumidores, y

refuerce, mediante recursos y conocimientos técnicos adecuados, los mecanismos de control en las regiones con desventajas geográficas o demográficas permanentes.

Ponente:

Spyros SPYRIDON (EL/PPE), Consejero de la Región de Ática

Documento de referencia

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de las Regiones – Una Agenda del Consumidor Europeo para impulsar la confianza y el crecimiento,

COM(2012) 225 final

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Introducción

1.

acoge con satisfacción la detallada Comunicación de la Comisión Europea, que abarca un amplio abanico de cuestiones relacionadas con la protección de los consumidores;

2.

se felicita por el hecho de que la Agenda constituya un instrumento coherente e integrado en pos de medidas relativas a la política de reforzamiento y protección de los consumidores. Es importante reconocer la magnitud del desafío que plantea reforzar a los consumidores y consolidar el mercado único. La información y la sensibilización de los consumidores serán fundamentales a la hora de aplicar la Estrategia Europa 2020;

3.

expresa su preocupación por el hecho de que, aunque el ámbito de la Agenda sea bastante amplio, no incluya los servicios sanitarios, que son un elemento importante de la política de los consumidores. Los servicios sanitarios se ofrecen a consumidores, que pagan por ellos, al mismo tiempo que cumplen una importante función de interés general. Por este motivo, la política de sanidad debería incluirse en la Agenda como política relevante en este ámbito;

4.

coincide con los cuatro grandes objetivos temáticos que ha escogido la Comisión Europea: 1) mejorar la seguridad de los consumidores; 2) mejorar los conocimientos; 3) mejorar la aplicación, reforzar el cumplimiento y garantizar la reparación, y 4) adaptar los derechos y las políticas clave al cambio económico y social, como sectores en los que se debe concentrar la política en materia de protección de los consumidores. Invita además a potenciar la transparencia y a brindar a los consumidores información de mejor calidad y comparable para que estos puedan decantarse por las opciones más racionales;

Aplicación de los principios fundamentales de la Unión Europea

5.

manifiesta la necesidad de respetar, en la fase de planificación de las acciones, el principio de proporcionalidad de las medidas que se apliquen y, en particular, de elaborar un análisis coste-beneficio pormenorizado;

6.

subraya la importancia de garantizar la eficacia e idoneidad de las medidas que se adopten, especialmente en los sectores de la sanidad y la seguridad. Los ajustes deberán dotarse de la flexibilidad suficiente para poder adaptarse a las particularidades regionales, a las necesidades de los colectivos vulnerables y a las rápidas transformaciones del mercado, con la finalidad de proteger a los consumidores;

7.

durante la ejecución de las acciones, propone la existencia, además de las acciones sectoriales ya mencionadas, de una perspectiva horizontal –en el marco de las competencias atribuidas– que tenga presentes los derechos de los consumidores en el conjunto de las políticas europeas;

8.

repara en el poco interés que merece el objetivo de la cohesión territorial introducido por el Tratado de Lisboa. Llama en particular la atención sobre la necesidad de proteger a los colectivos de consumidores más vulnerables, que sufren dificultades para acceder a los mercados, una limitación en sus posibilidades de elegir y problemas a la hora de hacer valer sus derechos. A esta categoría pertenecen las regiones ultraperiféricas, las de baja densidad de población y las regiones de montaña e insulares, donde el mercado presenta un funcionamiento deficiente;

9.

destaca, a este respecto, la creciente importancia que reviste internet para estas categorías de consumidores, ya sea por lo que respecta a sus posibilidades de acceder a los mercados, en términos de información y comparación de los productos y servicios, o a la hora de ejercer sus derechos en caso de litigio;

10.

hace hincapié en la relevancia de reforzar, mediante recursos y conocimientos técnicos adecuados, los mecanismos de control en las regiones con desventajas geográficas o demográficas permanentes;

11.

llama la atención de la Comisión Europea y de las instituciones legislativas nacionales sobre el hecho de que se debe garantizar un ajuste de las medidas adoptadas para adaptarlas a las posibilidades de los productores procedentes de las regiones desfavorecidas. Para estas categorías, el coste y el período de adecuación podrán diferir sensiblemente respecto de las demás regiones europeas;

Valorización de las posibilidades de internet, control y actualización

12.

aprovecha la ocasión para destacar la necesidad de poner en marcha la Agenda Digital en el marco de la Estrategia Europa 2020, ya que el papel que desempeña internet reviste especial importancia para todas las categorías de consumidores. En este esfuerzo deberán participar activamente no solo las autoridades europeas y nacionales, sino también las regionales, con la finalidad de elevar la calidad de vida de los ciudadanos europeos;

13.

subraya la influencia de internet en los más jóvenes, que se supone se hallan más expuestos que los adultos a las nuevas tecnologías, y ello a pesar de hacer un mayor uso de ellas;

14.

observa que la utilización de internet es menos generalizada entre los grupos vulnerables de la población, como las personas de mayor edad, aquellas que presentan necesidades especiales y aquellas socialmente desfavorecidas. El CDR resalta, en particular, que las regiones con desventajas geográficas sufren problemas de envejecimiento demográfico más graves que el resto de las regiones. Estas categorías de población disponen por lo general de menos posibilidades para aprovechar las oportunidades que ofrece el mercado único y ejercer sus derechos. En colaboración con los entes locales y regionales, se debe emprender un esfuerzo para promover también, recurriendo a acciones específicas, la prosperidad de estas categorías de ciudadanos;

15.

habida cuenta de las dificultades que deben afrontar las regiones y los municipios –especialmente los agrícolas, insulares o de montaña, así como los de carácter periférico y ultraperiférico– a la hora de mejorar el acceso a internet, el CDR apoya las recientes propuestas de la Comisión para modificar la legislación en materia de ayudas estatales. Esta propuesta de la Comisión plantea, entre otros aspectos, que la exención de la obligación de notificar las ayudas destinadas a proveer una conexión rápida a internet sea compatible con el mercado interior;

16.

invita a la Comisión a que, en colaboración con los Estados miembros, formule iniciativas encaminadas a mejorar los conocimientos informáticos de los consumidores, garantizando al mismo tiempo que todos los colectivos ciudadanos dispongan de acceso al mercado digital único y puedan aprovechar plenamente sus ventajas;

17.

subraya que el rápido desarrollo del comercio electrónico es fundamental para los consumidores en la medida en que les ofrece una mayor posibilidad de elección, especialmente a aquellos ciudadanos que viven en regiones de difícil acceso, ultraperiféricas o alejadas del centro, aunque también a las personas de movilidad reducida que, de otro modo, no tendrían acceso a un amplio abanico de opciones;

18.

hace particular hincapié en que un tema que reviste especial importancia y que va más allá de la agenda del consumidor es la seguridad de internet: es necesario que se adopten todas las medidas adecuadas para que este importante instrumento se utilice en aras de los ciudadanos europeos, ya sea en su calidad de consumidores, ya sea en el marco de operaciones empresariales, a fin de evitar prácticas delictivas o desleales como, por ejemplo, los abusos en la recopilación de datos personales o la violación de los derechos de propiedad;

19.

valora positivamente la iniciativa de la Comisión de formular propuestas legislativas en todo lo relacionado con la resolución de litigios en línea y la resolución extrajudicial de litigios, como importante instrumento de cohesión territorial. Comparte la opinión de la Comisión de que la aplicación de la legislación de protección de los consumidores debe también simplificarse mediante el recurso a la resolución extrajudicial de litigios. No obstante, considera preceptivo que el ámbito de aplicación de las Directivas se limite a las competencias de la UE y, más concretamente, a los asuntos transfronterizos;

El papel de los entes regionales y locales

20.

cree que es imprescindible dotar a los entes locales y regionales, en la medida de sus competencias, de instrumentos adecuados para la defensa de los consumidores. En este contexto, y teniendo en cuenta que nos encontramos en un momento apropiado a efectos de calendario ahora que se debate el marco financiero plurianual para el período 2014-2020, el CDR propone que, a la hora de ejecutar la agenda, se haga uso no solo de los recursos de los Fondos Estructurales, sino también de las previsiones de los programas nacionales de reforma;

21.

por lo que respecta en particular a los Fondos Estructurales, propone que se lleven a cabo medidas para que la financiación de las empresas se someta igualmente a criterios que se deriven de sus obligaciones y de su actitud general frente a los consumidores (por ejemplo, la producción sostenible), y que no se limiten a datos fundamentalmente ligados a la sostenibilidad económica;

22.

destaca, en este sentido, la necesidad de una cooperación estrecha entre las autoridades europeas, nacionales, regionales, y locales para la ejecución de estas medidas. En particular, si bien la ejecución de las acciones previstas en la agenda, atendiendo a su propia naturaleza, debería recaer en los órganos nacionales y de la Unión, el papel de los entes locales es importante en la medida en que estos representan a las comunidades locales y cuentan con la posibilidad de contribuir eficazmente a la aplicación de dichas medidas;

23.

destaca igualmente que no se debe pasar por alto que las autoridades regionales y locales son a su vez consumidoras de productos y servicios y, por consiguiente, necesitan –a la vez que reclaman– un marco seguro que garantice el respeto de sus intereses y el de las comunidades locales que representan y que, en numerosas ocasiones, contribuyen a su presupuesto;

24.

hace hincapié en que, en el período de crisis económica que atravesamos, los esfuerzos realizados para aplicar la Agenda de manera eficaz no deben considerarse un lujo. Al contrario, el Comité de las Regiones está convencido de que la política de protección de los consumidores ayudará a la UE a salir más rápidamente de la crisis: poder contar con consumidores bien informados resulta indispensable para garantizar la producción de bienes y servicios caracterizados por su fiabilidad, calidad y competitividad y que contribuyen, por tanto, a una reactivación sostenible de la economía;

La dimensión social de la agenda

25.

subraya que la actual crisis financiera modificará radicalmente los hábitos de consumo de los ciudadanos ya que, por un lado, se acentuarán las desigualdades sociales mientras que, por el otro, se reducirán los ingresos que se destinan al consumo. Esto tendrá como consecuencia la adopción de nuevas formas de consumo en las que el consumidor querrá asumir un mayor control de sus transacciones, disponer de información más amplia e inteligible, contar con la posibilidad de comparar y de volver a una decisión inicial, y ejercer sus derechos en caso de litigios. La Comisión ha de tener en cuenta las nuevas condiciones que irán apareciendo y valerse de la agenda para crear las mejores condiciones posibles a fin de promover el bienestar de los ciudadanos, algo que, por otra parte, ya estipula el Tratado de Lisboa;

26.

recuerda, a fin de que el consumidor pueda evaluar la relación justa entre el coste y la calidad de los productos, la conveniencia de obtener más información y garantías sobre la trazabilidad de los productos;

27.

confirma que existe un riesgo creciente de que el consumidor se decante por opciones guiadas por el coste de los bienes, en detrimento de la calidad. Al ser este el caso, sobre todo, en los intercambios en las fronteras de la UE, el Comité hace hincapié en el riesgo de que aumenten los casos de contrabando;

28.

acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de efectuar un estudio sobre el impacto del endeudamiento excesivo de los hogares. Propone que este estudio no se limite a examinar las maneras de abordar un problema que, también como consecuencia de la crisis financiera, ha adquirido dimensiones incontrolables, sino que también analice las causas y proponga medidas como la garantía del crédito responsable y, al mismo tiempo, acciones específicas encaminadas a limitar el impacto del endeudamiento excesivo;

29.

muestra la necesidad de regulación en el ámbito de la seguridad de los productos y los servicios médicos, un problema que ha cobrado recientemente gran actualidad;

30.

observa con inquietud que, de acuerdo con la Comunicación, solamente el 2 % de los entrevistados ha sabido responder correctamente a un cuestionario relativo a sus derechos. Este porcentaje resulta especialmente bajo, por lo que el Comité invita a la Comisión y a los Estados miembros a que redoblen sus esfuerzos para dar mejor a conocer los derechos de los consumidores. La intención de emprender una campaña de información en el ámbito europeo supone una aportación en este sentido. Los entes locales y regionales pueden contribuir a ello, en colaboración con las organizaciones de defensa de los consumidores;

31.

coincide con la conclusión de la Comisión de que hay que pedir a las administraciones responsables de aplicar la legislación que hagan más con menos medios, lo que exige una cuidadosa programación y un seguimiento permanente de la eficacia de las disposiciones adoptadas, a fin de obtener los mejores resultados;

32.

subraya que el reforzamiento del consumidor pasa también por su educación y, en este contexto, manifiesta la importancia que reviste la participación de los entes locales y regionales y de la sociedad civil en las campañas de información a los consumidores. No obstante, siempre se debe conceder margen para adaptar las campañas de información en función de las particularidades regionales. Así pues, propone hacer hincapié en los programas de enseñanza en las escuelas y universidades para hacer de las nuevas generaciones consumidores conscientes; por otra parte, no debe perderse de vista el papel que compete a los responsables de impartir educación para adultos;

33.

se muestra de acuerdo con la tentativa de resolver los problemas de raíz, recurriendo a medidas que promuevan la conformidad de las empresas. Sin embargo, este enfoque deberá tener en cuenta las especificidades de los productores, no solo en función de cada país y región, sino también a nivel mundial, allí donde se encuentren los proveedores. Los incentivos deberán ser suficientes para compensar el coste de la conformidad con las nuevas regulaciones que se introduzcan, y se deberá tener presente también la capacidad de adaptación de las empresas;

34.

resalta que, cuando se aplique la política de consumidores, la Comisión Europea deberá respetar el ordenamiento jurídico de los Estados miembros y el principio de subsidiariedad. Por otro lado, los Estados miembros deberán desplegar un esfuerzo particular para, a la hora de transponer la legislación de la Unión en el Derecho nacional, evitar imponer exigencias suplementarias a las que ya son necesarias con esta finalidad. Esto no impide a los Estados miembros la posibilidad de aspirar a un mayor nivel de protección de los consumidores en casos aislados;

35.

cree que, para aprovechar las mejoras que ofrece la legislación, los consumidores deberán ser informados acerca de los cambios, y subraya que debe darse a los entes regionales y locales la posibilidad de contribuir a promover las iniciativas de información de los consumidores en todo lo relativo a sus derechos y a los cambios introducidos en la legislación para su beneficio;

36.

acoge positivamente la referencia que se hace en la agenda del consumidor a las acciones colectivas, y alienta a la Comisión a que formule un marco de funcionamiento específico; las propuestas de la Comisión relativas a mecanismos de recurso colectivo deben limitarse a una reglamentación general que contenga, como mucho, disposiciones sobre las normas mínimas aplicables a nivel nacional y, por lo demás, debe dejarse a la discreción de los Estados miembros la decisión de cómo pueden aplicarse en concreto los mecanismos de recurso colectivo, teniendo en cuenta las respectivas tradiciones jurídicas de cada país. Si la UE reclama una competencia legislativa para otros mecanismos de recurso colectivo, estos deberían coordinarse con los ordenamientos jurídicos de cada Estado miembro y sus diferentes sistemas de recurso;

37.

se muestra convencido de que la promoción de una estrategia integrada para los consumidores presupone una sólida representación de estos en los órganos decisorios. En este contexto, el CDR subraya el papel que desempeñan las organizaciones de consumidores, que tienen una visión más completa de los problemas que afrontan en el día a día y que, por lo tanto, pueden contribuir a encontrar soluciones cuando se les solicite. Al mismo tiempo, sirven de canal de comunicación entre los ciudadanos y la administración, permitiendo la divulgación de la información hacia abajo. El CDR reconoce que existe un margen de mejora en las relaciones entre los entes locales y regionales y las organizaciones de consumidores, tanto a nivel primario como secundario, e invita a los Estados miembros a que refuercen estas relaciones en función de las necesidades y a que adopten también, si fuera necesario, un marco de funcionamiento;

Por una aplicación más eficaz de la agenda

38.

da por hecho que los ciudadanos han de poder depositar su confianza en las autoridades responsables de la aplicación de la legislación, algo que puede lograrse gracias a una aplicación correcta de la reglamentación y a la posibilidad de que los propios ciudadanos recurran a dichas autoridades en caso de litigios;

39.

subraya que, por lo que respecta a las empresas, durante toda la cadena de producción, se deberá convencerlas de que respetar sus compromisos en el ámbito legislativo es preferible a no hacerlo. Cabe subrayar que la información sobre la legislación relativa a los consumidores no debe circunscribirse a estos, sino que debe extenderse también a las empresas;

40.

por lo que respecta al papel de los intermediarios, el Comité coincide con la Comisión en que este es cada vez más importante, especialmente en el ámbito de los servicios en línea. Así pues, es fundamental garantizar no solo la transparencia y la confianza, sino también la administración de la justicia y la aplicación de sanciones en el caso de intermediarios insolventes. Esto presupone la creación de estructuras de control y supervisión, tanto en los Estados miembros como a nivel de la UE;

41.

propone, por lo que respecta en particular a la intención de la Comisión de colaborar con los intermediarios y los operadores económicos en la mejora del marco por el que se regulan los intercambios comerciales, adoptar, entre otras medidas, normas vinculantes para las garantías comerciales a fin de colmar una importante laguna en la protección de los consumidores;

42.

invita a la Comisión a garantizar que los Estados miembros aplican la legislación de consolidación del mercado único en el momento oportuno y, sobre todo, sin reservas;

43.

se lamenta de que el presupuesto previsto para las acciones de la agenda del consumidor sea limitado, ya que equivale cada año aproximadamente a 0,05 € por ciudadano europeo, por lo que llama la atención de la Comisión sobre la necesidad de mostrarse muy prudente durante la planificación y ejecución de estas acciones para poder conseguir los mejores resultados;

44.

velará por una ejecución rápida y eficaz de la Agenda del Consumidor Europeo, atendiendo en todo momento a una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos europeos.

Bruselas, 29 de noviembre de 2012.

El Presidente del Comité de las Regiones

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


19.1.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 17/13


Dictamen del Comité de las Regiones — Código de conducta sobre la Asociación

2013/C 17/04

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

acoge con satisfacción la intención de la Comisión de exigir a los Estados miembros que establezcan una estrecha colaboración entre las autoridades públicas a nivel nacional, regional y local, así como los agentes económicos y sociales y las ONG;

apoya la iniciativa de la Comisión de complementar el Reglamento por el que se establecen las disposiciones comunes (RDC) mediante el Código de Conducta Europeo sobre la Asociación (CCEA), y lamenta profundamente la decisión del Consejo de eliminar el Código de Conducta del marco de la negociación;

pide a la Comisión que el Código de Conducta Europeo sobre la Asociación garantice un equilibrio real entre la necesidad de que los Estados miembros cumplan con los requisitos de asociación incluidos en este documento y su derecho a preservar sus disposiciones específicas y prácticas vigentes, especialmente en lo que respecta al principio de subsidiariedad;

señala que la asociación es un requisito indispensable para aumentar la eficacia de la política de cohesión, y que solo el sistema de la gobernanza multinivel puede permitir vincular con eficacia las orientaciones estratégicas de la Unión Europea a los retos regionales y locales;

solicita que los entes regionales y locales participen plenamente en la elaboración de los contratos de asociación y a la hora de determinar y aplicar las prioridades de inversión de la política regional;

advierte la necesidad de garantizar una jerarquía adecuada de los socios, encabezada por los entes locales y regionales, en tanto en cuanto expresan puntos de vista, valores e intereses comunes;

señala la necesidad de adaptar a los socios al tipo de programa, aunque duda que los programas puedan agruparse en función del tipo de fondo.

Ponente

Stanisław SZWABSKI (PL/AE), presidente del Consejo Municipal de Gdynia

Documento de referencia

Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión - El principio de asociación en la implementación de los Fondos del Marco Estratégico Común: Elementos para un Código de Conducta Europeo sobre la Asociación

SWD(2012) 106 final

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Introducción

1.

comparte el punto de vista de la Comisión consistente en que la asociación es un factor clave para la puesta en marcha de la Estrategia Europa 2020 y para la implementación eficiente de los Fondos del Marco Estratégico Común de la Unión Europea (Fondos del MEC);

2.

acoge con satisfacción la intención de la Comisión de exigir a los Estados miembros que establezcan una estrecha colaboración entre las autoridades públicas a nivel nacional, regional y local, así como los agentes económicos y sociales y las ONG en todo el proceso de aplicación de las políticas de la UE;

3.

apoya la iniciativa de la Comisión de complementar el Reglamento por el que se establecen las disposiciones comunes (RDC) mediante el Código de Conducta Europeo sobre la Asociación (CCEA), documento donde se concreta y amplía el proceso de asociación en la elaboración, aplicación y evaluación de los programas y de los fondos del Marco Estratégico Común (MEC);

4.

lamenta profundamente la decisión del Consejo de eliminar el Código de Conducta del marco de la negociación, ignorando así las posiciones adoptadas por el Parlamento Europeo y el CDR, que continuarán defendiendo la necesidad de este instrumento en el periodo de programación 2014-2020;

5.

habida cuenta de lo expuesto anteriormente, pide a la Comisión que el Código de Conducta Europeo sobre la Asociación garantice un equilibrio real entre la necesidad de que los Estados miembros cumplan con los requisitos de asociación incluidos en este documento y con la legislación de los Estados miembros y su derecho a preservar sus disposiciones específicas y prácticas vigentes;

6.

sugiere, en relación con todo esto, que se estudie la introducción en la propuesta de CCEA de un procedimiento de acuerdo previo sobre la manera de cumplir los requisitos para la asociación por parte de los distintos Estados miembros, con arreglo a sus condiciones específicas. Las disposiciones de estos acuerdos servirían de base a la Comisión para verificar si los contratos y programas de asociación cumplen los requisitos del Código de Conducta;

7.

recuerda y destaca que la política de cohesión, por su propia naturaleza, combina una dimensión estratégica con la descentralización y transferencia de competencias a los entes regionales y locales, que poseen la experiencia y los conocimientos especializados indispensables para garantizar su realización con éxito en los Estados miembros. Una vez acordada la estrategia general con la Comisión, a menudo es responsabilidad de las regiones adoptar decisiones clave en ámbitos como la selección de proyectos y la gestión de los mismos;

8.

señala que, por lo tanto, la asociación es un requisito indispensable para aumentar la eficacia de la política de cohesión, en cuyo marco es preciso adaptar las orientaciones estratégicas de la Unión Europea a los retos regionales y locales. En realidad solo el sistema de la gobernanza multinivel con la participación de todos los niveles puede permitir la combinación eficaz de estas dos dimensiones. Los entes regionales y locales son un componente esencial de la gobernanza multinivel y no pueden ser relegados a la misma posición que los socios del sector no gubernamental;

9.

desaprueba al mismo tiempo un planteamiento para la aplicación de la gobernanza multinivel que de hecho otorga un papel predominante a los niveles superiores de gobierno con respecto a los niveles inferiores en los procedimientos de asociación. El Código de Conducta debería alentar decididamente a los Estados miembros a prevenir de manera eficaz este tipo de situaciones;

10.

solicita que los entes regionales y locales se integren plenamente en la elaboración de los contratos de asociación celebrados entre la Comisión y los Estados miembros, y que estos contratos incluyan una disposición que establezca las normas de cooperación acordadas entre las autoridades nacionales, regionales y locales, que podría formar parte de las condiciones ex ante establecidas en el Reglamento general;

11.

desea, asimismo, que los entes regionales y locales desempeñen un papel clave a la hora de determinar y aplicar las prioridades de inversión de la política regional. Insta, por lo tanto, a la Comisión a que confirme el papel destacado de los entes locales y regionales frente a otros socios indicados en el CCEA;

12.

apoya la intención de la Comisión de establecer en el CCEA únicamente los requisitos mínimos necesarios para que los Estados miembros incluyan a socios en las distintas fases de programación. Espera al mismo tiempo que estos requisitos sean lo bastante exigentes y claros para garantizar una asociación real en lo que se refiere a las cuestiones más importantes;

13.

señala en particular la importancia de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, que, por una parte, deberían permitir y reforzar la participación en asociaciones de entes en un nivel correspondiente al alcance territorial de un programa determinado, y garantizar, por otra parte, un grado de participación de los socios de acuerdo con su potencial e importancia para la ejecución del programa;

14.

señala que, aparte de las diferencias existentes entre las instituciones y culturas políticas, los Estados miembros presentan diferencias importantes en lo que se refiere a su extensión territorial y número de habitantes, así como a la distribución territorial de estos últimos. Estas diferencias a nivel nacional, regional y local crean en la práctica situaciones muy diversas en los distintos Estados miembros, que influyen en la manera de realizar la asociación;

15.

acoge favorablemente que la Comisión tenga intención de adoptar el Código de Conducta como un acto delegado inmediatamente tras la entrada en vigor del Reglamento por el que se establecen las disposiciones comunes. En caso de que se decida dar a este documento otro estatuto jurídico, el Comité insta a que se encuentren soluciones que garanticen una mejora real y cualitativa en el respeto de los principios de asociación en el periodo presupuestario 2014-2020;

Socios

16.

señala que la división de los socios potenciales en tres grupos prevista en el proyecto de CCEA: a) las autoridades regionales y locales y autoridades públicas competentes; b) los interlocutores económicos y sociales; y c) los organismos que representen a la sociedad civil, incluidos los interlocutores medioambientales, las organizaciones no gubernamentales y los organismos encargados de promover la igualdad y la no discriminación, sitúa al mismo nivel a entes de naturaleza muy diferente y con distintas oportunidades de ejercer una influencia real en la ejecución de los programas;

17.

en este contexto, advierte la necesidad de garantizar una jerarquía adecuada de los socios. Los entes locales y regionales deberían ocupar un lugar superior en el proceso de asociación, ya que están legitimados políticamente, y por lo tanto tienen responsabilidad política, así como financiera, por lo que están obligados a representar los intereses generales. También son responsables de la ejecución de numerosos programas y proyectos. Además, en algunos Estados descentralizados, los entes regionales cuentan con competencias legislativas;

18.

señala que la afirmación de que las regiones serán agentes clave en la organización de la asociación en los Estados miembros «descentralizados» no debe entenderse como que en los demás Estados miembros las autoridades nacionales deberían ejercer dicho papel;

19.

comparte el punto de vista de la Comisión consistente en exigir ante todo que la asociación incluya a las instituciones, organizaciones y grupos que puedan influir realmente en la ejecución de los programas o verse afectados por esta;

20.

valora positivamente que la Comisión reconozca los procedimientos y técnicas ya establecidos en los Estados miembros para llevar a cabo la asociación (talleres, encuestas, foros, consejos, reuniones), al tiempo que señala la necesidad de tener en cuenta los cambios revolucionarios en las formas de comunicación social derivados de la generalización de las nuevas tecnologías de telecomunicaciones. El Código de Conducta debería alentar a los Estados miembros a ser más valientes e innovadores en este ámbito. Esta también es una condición necesaria para que los ciudadanos más jóvenes participen en el proceso de asociación;

21.

comparte la preocupación de la Comisión sobre la necesidad de incluir a representantes de los grupos más vulnerables y marginalizados. No obstante, no ve la necesidad de mencionarlos por su nombre en el documento general, ya que puede tratarse de grupos diferentes en función de las condiciones locales y del programa específico de que se trate;

22.

señala, no obstante, que habida cuenta de la posibilidad, confirmada por la experiencia del pasado, de que surjan conflictos sociales a raíz de la realización de determinadas iniciativas, el CCEA debería alentar a los Estados miembros a incluir desde una fase temprana en el proceso de asociación a representantes de grupos y órganos que puedan ser críticos con respecto a la ejecución de un determinado programa;

Autoridades regionales, locales, urbanas y otras autoridades públicas

23.

recuerda que los socios que representan a las comunidades regionales y locales, con independencia de sus competencias formales en los distintos Estados miembros, expresan puntos de vista, valores e intereses comunes. En este contexto, su posición como socios es objetivamente distinta de la de los agentes sectoriales y sociales, que representan puntos de vista, valores e intereses parciales. Esta circunstancia debería reflejarse claramente en el CCEA;

24.

sugiere que en el CCEA se mencione específicamente a los tipos de entes territoriales que pueden participar en el proceso de asociación. Se trata en particular de entes que no son unidades territoriales de un determinado Estado miembro: zonas funcionales (urbanas, rurales, de infraestructuras, naturales, transfronterizas, costeras y otras), agrupaciones territoriales de cooperación intermunicipal y redes de cooperación de ciudades;

25.

apoya la intención de la Comisión de exigir, en el marco del CCEA, a los entes regionales que gestionan programas que organicen procesos de asociación, en todas las etapas de realización de los programas, con representantes de los entes locales y urbanos, de los agentes económicos y sociales y con representantes de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de defensa del medio ambiente, las ONG y los organismos responsables de apoyar la igualdad y la no discriminación;

26.

sugiere que las autoridades urbanas y los representantes de las zonas urbanas funcionales participen en los procesos de asociación, no solo cuando se vayan a realizar inversiones territoriales integradas (ITI) sino siempre que resulte útil en el contexto de un programa determinado;

Interlocutores económicos y sociales

27.

está de acuerdo con la Comisión en que en el proceso de asociación debería garantizarse una participación por igual de las organizaciones de empresarios y de trabajadores. No obstante, hay que tener en cuenta las grandes diferencias existentes en el nivel y las formas de organización de estas organizaciones en los distintos Estados miembros. En muchos sectores, la naturaleza del trabajo hace prácticamente imposible la creación de organizaciones de trabajadores. El CCEA debería contener recomendaciones que, sin imponer soluciones concretas, obliguen a los Estados miembros a elaborar procedimientos de cooperación con los interlocutores económicos y sociales teniendo en cuenta las especificidades nacionales, regionales e incluso locales;

28.

señala que, dada la situación de muchos mercados laborales europeos, entre los interlocutores sociales debería considerarse a organizaciones o instituciones representativas de las personas que buscan empleo, en particular las personas jóvenes y con cualificaciones;

Organismos que representan a la sociedad civil, incluidos los interlocutores medioambientales, las organizaciones no gubernamentales y los organismos encargados de promover la igualdad y la no discriminación

29.

apoya plenamente la sugerencia de la Comisión de que la asociación con las numerosas y diversas organizaciones representativas de la sociedad civil se base en la colaboración con organizaciones «paraguas» y apoye el desarrollo de distintas formas de creación de redes y cooperación de las distintas organizaciones participantes en la asociación;

30.

señala que el CCEA debería indicar criterios claros y transparentes para la selección de las ONG representativas, sobre todo basados en sus competencias y en las actividades realizadas hasta ese momento en el ámbito que abarque el programa de que se trate;

Proceso De Asociación

Adaptar la asociación al programa

31.

señala la necesidad de adaptar a los socios al tipo de programa, aunque duda que los programas puedan agruparse en función del tipo de fondo –Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), Fondo de Cohesión (FC), Fondo Social Europeo (FSE)–, máxime cuando se prevé la financiación de programas por varios fondos. La selección de socios debería decidirse en función del tipo de programa y su ámbito de actividad;

32.

sugiere que el CCEA incorpore un principio general consistente en que el reconocimiento de cierto tipo de socios como socios clave no debería excluir automáticamente la participación de otros organismos en la asociación, si las circunstancias así lo justifican;

33.

señala que, en los programas financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional o por el Fondo de Cohesión es necesario garantizar la asociación de organizaciones representativas de comunidades territoriales regionales y locales, incluidas las agrupaciones transfronterizas;

34.

destaca la necesidad de incluir en las asociaciones a organismos del ámbito de la investigación y el desarrollo en los programas apropiados, en la medida y forma adecuadas a sus características específicas, debido a la complejidad de los procesos de desarrollo modernos y a la necesidad de acceder a conocimientos especializados detallados para influir de manera eficaz en su evolución;

Participación de los socios en la elaboración de los documentos de programación

35.

está de acuerdo con el planteamiento de la Comisión consistente en incorporar a los socios en la fase más temprana posible de la programación, así como en separar esta asociación del procedimiento de evaluación estratégica medioambiental (SEA);

36.

destaca en particular la importancia de contar con los entes regionales y locales en las siguientes fases de la programación: (1) análisis de los retos y las necesidades abordados por el Marco Estratégico Común (MEC), (2) selección de los objetivos y prioridades, y (3) coordinación de los mecanismos con el objetivo de lograr sinergias en el desarrollo; al mismo tiempo, anima a los Estados miembros a concretar cómo tienen intención de garantizar dicha asociación;

Elaboración del contrato de asociación

37.

recomienda que se definan algunos requisitos generales para los Estados miembros en la formulación de los procedimientos para garantizar una asociación real durante la elaboración de los contratos de asociación;

38.

considera que las autoridades competentes regionales y locales deben ser parte integrante del proceso de negociación para la preparación de los contratos de asociación tanto a nivel nacional como regional;

39.

valora positivamente la inclusión en la propuesta de CCEA de la iniciativa del Comité de las Regiones de establecer pactos territoriales para Europa 2020 como elemento fundamental de la gobernanza multinivel. Considera al mismo tiempo que este instrumento no se ha utilizado de manera suficiente;

Principios para la participación en una asociación

40.

acepta y apoya los requisitos previstos en la propuesta de CCEA de que los Estados miembros establezcan principios claros para los procedimientos de asociación en relación con las siguientes cuestiones: (1) facilitar el acceso a los documentos desde una fase temprana, (2) disponer de tiempo suficiente para familiarizarse con ellos, realizar consultas y darles respuesta, (3) garantizar unos canales para el flujo de información, (4) transparencia de los procedimientos de respuesta a las sugerencias y observaciones, (5) divulgación de los resultados;

Información en los documentos de programación sobre los procedimientos para implementar la asociación

41.

acepta y apoya los requisitos previstos en la propuesta de CCEA para la inclusión por parte de los Estados miembros de principios detallados para la asociación en los contratos de asociación. Estos requisitos deberían, sin embargo, tener en cuenta las especificidades de los distintos Estados miembros. Esto es especialmente aplicable a las autoridades públicas del nivel regional y local;

Composición, importancia y procedimientos de los comités de seguimiento

42.

comparte la opinión de la Comisión sobre el papel clave de los comités de seguimiento en la elaboración de todos los programas del Marco Estratégico Común (MEC) de la Unión Europea. Acepta y apoya los requisitos detallados para los Estados miembros previstos en la propuesta de CCEA en materia de participación de socios –y, en particular, de autoridades públicas del nivel regional y local– en la creación de los comités de seguimiento. Estas autoridades deberían participar en el establecimiento de los principios oficiales que rigen las actividades de los comités de seguimiento y en su funcionamiento corriente;

Participación de los socios en la selección de los proyectos

43.

acepta que en la propuesta de CCEA se incluya una recomendación de que las autoridades de gestión definan requisitos detallados con vistas a las siguientes cuestiones: (1) inclusión de los socios relevantes en la definición de los principios para los concursos de proyectos y su evaluación, (2) prevención eficaz de las situaciones de conflicto de intereses entre los socios, (3) garantía de participación regular de representantes de los socios implicados en los concursos de proyectos, (4) garantía de que los socios tengan pleno conocimiento de las obligaciones derivadas de la participación en los procedimientos de selección de proyectos. Los entes regionales y locales tienen un papel destacado en la selección y evaluación de aquellos proyectos que puedan tener un impacto territorial;

Participación de los socios en las fases de información y evaluación

44.

acepta que en la propuesta de CCEA se incluya una recomendación de que las autoridades de gestión definan requisitos detallados para la participación de los socios en la elaboración de informes anuales sobre la ejecución de los programas, así como de informes periódicos sobre la celebración de contratos de asociación en el primer semestre de 2017 y 2019, en particular, en relación con la información que contienen sobre los progresos realizados y la valoración del papel de los socios en su implementación;

45.

comparte la insistencia de la Comisión en que las autoridades de gestión elaboren un plan de evaluación para cada programa del Marco Estratégico Común (MEC). Considera asimismo que existen razones de peso para adoptar normas diferenciadas para la elaboración de los planes de evaluación de los programas financiados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), el Fondo de Cohesión (FC) y el Fondo Social Europeo (FSE), por una parte, y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), por otra;

Apoyo a los socios

46.

señala que, debido a que disponen de un conocimiento insuficiente y cuentan con recursos limitados, algunos socios, en particular las organizaciones representativas de la sociedad civil, incluidas las organizaciones de defensa del medio ambiente, las ONG y los organismos responsables de fomentar la igualdad y la no discriminación, pueden tener dificultades para participar adecuadamente en el proceso de asociación;

47.

en este contexto, acepta y apoya que en la propuesta de CCEA se incluya una recomendación de que los Estados miembros utilicen parte de los recursos destinados a la ayuda técnica para satisfacer las necesidades de los socios más débiles.

Bruselas, 29 de noviembre de 2012.

El Presidente del Comité de las Regiones

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


19.1.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 17/18


Dictamen del Comité de las Regiones — El desarrollo local participativo

2013/C 17/05

El COMITÉ DE LAS REGIONES

considera que se necesita más apoyo al desarrollo local financiado con cargo a la UE durante el próximo período de programación, para posibilitar no solo que los ciudadanos perciban en mayor medida como propios los objetivos de la Estrategia Europa 2020, sino también para facilitar e impulsar la recuperación económica y la creación de empleo;

considera que el desarrollo local participativo (DLP) constituye uno de los aspectos más innovadores del paquete legislativo propuesto para el período 2014-2020, y cree que se debe alentar enérgicamente su uso;

destaca que el desarrollo local participativo es la única disposición del Reglamento sobre disposiciones comunes que prevé una sinergia real para la aplicación conjunta del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca y los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión. Por consiguiente, el desarrollo local participativo puede servir de «ventanilla única» para los beneficiarios locales, algo que permitiría integrar y simplificar la ejecución in situ de los fondos;

cree que el DLP es un instrumento fundamental para el desarrollo armonioso de las regiones urbanas y rurales, que refuerza la capacidad de entablar vínculos con las zonas periurbanas y rurales colindantes;

pide a la Comisión que, basándose en las conclusiones del Tribunal de Cuentas y en otros informes y evaluaciones, garantice que las lecciones extraídas de Leader y Urbact se traduzcan en la práctica en un modelo de DLP mucho más sólido, transparente y responsable;

solicita a la Comisión que prepare cuanto antes unas directrices comunes y simplificadas a título indicativo para aplicar el DLP en áreas fundamentales.

Ponente

Graham GARVIE (UK/ALDE), miembro del Consejo de Scottish Borders

Documento de referencia

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

1.

valora positivamente las propuestas de la Comisión correspondientes al próximo periodo de programación, en las que se hace un hincapié específico y renovado en el desarrollo local en el conjunto de las políticas regional, rural y marítima de la UE;

2.

considera que el desarrollo local se inscribe en un enfoque más amplio de la UE respecto del desarrollo territorial;

3.

cree que la mejor manera de definir el desarrollo local es como un concepto global centrado en los desafíos y el potencial existentes en todos los tipos de regiones, ya sean urbanas, rurales, urbano-rurales o funcionales;

4.

considera que se necesita más apoyo al desarrollo local financiado con cargo a la UE durante el próximo período de programación 2014-2020, para posibilitar no solo que los ciudadanos perciban en mayor medida como propios los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y facilitar así su consecución, sino también para facilitar e impulsar la recuperación económica y la creación de empleo en las zonas especialmente afectadas por la actual crisis económica y financiera;

5.

sostiene que el planteamiento del desarrollo local puede ejecutarse a través de diferentes herramientas, y una de las opciones propuestas por la Comisión es el nuevo instrumento de desarrollo local participativo (DLP), aun cuando el concepto de desarrollo local es más amplio y debe tener en cuenta el marco y las prácticas institucionales de cada Estado miembro;

6.

valora muy positivamente que en la propuesta del Reglamento sobre disposiciones comunes se dedique expresamente un capítulo entero al instrumento del DLP;

7.

destaca que el desarrollo local participativo es la única disposición del Reglamento sobre disposiciones comunes que prevé una sinergia real para la aplicación conjunta del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP) y los Fondos Estructurales (Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE) y Fondo de Cohesión). Así pues, el DLP desempeña un importante papel para impulsar la credibilidad de la política de cohesión mostrando que es posible ejecutar conjuntamente fondos distintos de la UE de una manera integrada y eficaz;

8.

cree que este instrumento puede utilizarse tanto para garantizar mejor la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea como para llevar a cabo en el ámbito local los once objetivos temáticos del Marco Estratégico Común (MEC) y consiguientemente, a través de ellos, la Estrategia Europa 2020. Sin embargo, desea subrayar que el plazo para elaborar las estrategias de desarrollo local debería ampliarse;

9.

opina que en estos difíciles momentos de crisis y recesión económica, la eliminación de las barreras artificiales entre los distintos fondos de la UE es más oportuna que nunca para permitir su aplicación local tanto en las regiones urbanas como en las rurales, teniendo mejor en cuenta y centrándose en las necesidades específicas de cada territorio;

10.

destaca que el desarrollo de las capacidades es una característica fundamental del DLP y considera que se deben poner a disposición los recursos suficientes para que los agentes locales puedan preparar y llevar a la práctica sus estrategias locales;

11.

sostiene, no sin entusiasmo, que el Reglamento sobre disposiciones comunes proporciona a las regiones del DLP la posibilidad de beneficiarse de un índice más elevado de cofinanciación (concretamente un 10 % adicional en la cofinanciación del FEDER y el FSE por parte de la UE, si el proceso se ejecuta en su totalidad recurriendo al desarrollo local participativo), y que se deberían aplicar incentivos iguales o similares a todos los fondos, incluido en particular el FEMP;

12.

hace hincapié en que el valor añadido del DLP estriba en el compromiso de las comunidades locales –y del sector privado y del voluntariado– con la creación de grupos de acción local que elaboren estrategias integradas de desarrollo local;

13.

cree que este planteamiento de abajo arriba contrasta radicalmente con el planteamiento de arriba abajo consistente en gastar fondos de la UE, que de otro modo sería el predominante. Esto convierte el desarrollo local participativo en el mejor ejemplo práctico de lo que significa el principio de subsidiariedad a nivel local, y contribuirá a dar a conocer mejor las acciones in situ que cuentan con el respaldo de la UE, y a que los ciudadanos las sientan como algo suyo;

Objetivos fundamentales

La Estrategia Europa 2020 y el Marco Estratégico Común

14.

recuerda que los Estados miembros y las regiones tienen plena libertad para decidir si introducen el desarrollo local participativo para el FEDER y el FSE en sus contratos de asociación y sus programas operativos;

15.

considera que, junto con la política urbana, las inversiones territoriales integradas y los planes de acción conjuntos, el desarrollo local participativo constituye uno de los aspectos más innovadores del paquete legislativo propuesto para el período 2014-2020, y cree que se debe alentar enérgicamente su uso;

16.

considera que el desarrollo local participativo puede convertirse en un instrumento crucial para facilitar la realización a nivel local tanto de los objetivos fijados en el Marco Estratégico Común como de la Agenda Territorial 2020, permitiendo la programación conjunta de aquellas políticas que hagan posible la ejecución de Europa 2020;

17.

cree que el desarrollo local participativo debe fundamentarse en las lecciones que han permitido extraer los anteriores instrumentos sectoriales orientados hacia el desarrollo local y, en concreto, Leader, por lo que respecta al desarrollo rural, y las iniciativas del eje 4 del Fondo Europeo de Pesca, así como el programa de la red de desarrollo urbano (Urbact), la anterior iniciativa URBAN para el desarrollo sostenible en distritos urbanos problemáticos y la iniciativa precedente, EQUAL, relacionada con la exclusión, la discriminación y la desigualdad;

18.

muestra su inquietud por el hecho de que las actividades de desarrollo local participativo que se han esbozado durante la preparación del MEC hacen demasiado hincapié en fomentar la estrategia y el desarrollo de capacidades. Si bien se trata de un proceso que debería considerarse fundamental, el principal objetivo del desarrollo local participativo es ofrecer resultados importantes y tangibles a través de inversiones que puedan mejorar el bienestar de las comunidades locales;

19.

cuestiona los motivos que han llevado a mencionar el DLP exclusivamente en el objetivo temático no 9 del MEC, la inclusión social. El desarrollo local participativo es un instrumento multifuncional basado en la comunidad local, que presenta una naturaleza y unos retos que van bastante más allá de la inclusión social. Concretamente, puede contribuir significativamente a corregir importantes desequilibrios geográficos y demográficos que dificultan el desarrollo económico y social de algunas regiones;

20.

solicita, por consiguiente, que se modifique el MEC para que el desarrollo local participativo se mencione en todos y cada uno de los once objetivos temáticos de dicho marco y pueda así utilizarse en función de las circunstancias locales, y no solo en las actividades en materia de inclusión social;

21.

destaca que los grupos de acción local de DLP deben poder beneficiarse del 10 % adicional en la tasa de cofinanciación, independientemente del tipo de objetivo temático que aborden. Es fundamental que esta prima del 10 % sea de aplicación incluso cuando la asignación correspondiente a la inclusión social prevista en el Reglamento sobre disposiciones comunes no recaiga exclusivamente en el desarrollo local participativo;

El valor añadido específico

22.

cree que los elementos de valor añadido del DLP son la participación, la concertación y cooperación de la población local y de todos los agentes públicos y privados locales, la adecuación de la estrategia de desarrollo local a las necesidades específicas de cada territorio, una poderosa influencia en la colaboración multinivel e intersectorial, la movilización de unos sólidos conocimientos técnicos locales, la capacidad de innovación a nivel local, el enfoque integrado y multisectorial, unas acciones y resultados establecidos en el ámbito local, y un planteamiento flexible y estratégico;

23.

considera que un planteamiento de desarrollo local conforme al DLP responde también a la necesidad de una política de cohesión más orientada hacia los resultados, al afrontar los desafíos en el nivel territorial apropiado y capacitar a las comunidades y los gobiernos locales para que desempeñen un papel activo a la hora de ejecutar los objetivos de las políticas de la UE y, en particular, la Estrategia Europa 2020;

24.

subraya que el desarrollo local participativo puede servir de «ventanilla única» para los beneficiarios locales, algo que permitiría integrar y simplificar la ejecución in situ de los fondos del MEC. Todo ello podría representar un enorme paso adelante para garantizar que un municipio estuviera en condiciones de agrupar proyectos integrados susceptibles de percibir cofinanciación de distintos fondos de la UE;

25.

sostiene que, estructuralmente y dada su naturaleza integrada y su compromiso comunitario, el DLP puede respaldar mejor la diversificación de las actividades, el desarrollo económico y social y la innovación que los procesos de ejecución estándar con enfoques de arriba abajo;

26.

cree que facilitaría la aplicación de proyectos innovadores que, de otro modo, no se contemplarían en los programas operativos. El principal valor añadido de las asociaciones de desarrollo local estriba en su manera de utilizar la diversidad de conocimientos técnicos que poseen los grupos de acción local, los cuales, al cooperar con los beneficiarios para mejorar las solicitudes originales de financiación, reforzarán su calidad y contribuirán a ajustarlas mejor a las necesidades locales específicas;

27.

pide a los Estados miembros y a las regiones que evalúen pormenorizadamente si incluir un planteamiento específico de DLP en sus acuerdos de asociación o programas operativos aportaría un mayor valor añadido a su financiación con asignaciones a cargo de la UE que los programas estándares con un planteamiento de arriba abajo;

Escala

28.

solicita a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la existencia de una masa crítica suficiente, tanto por lo que respecta al tamaño de los grupos de acción local como al promedio de volumen financiero del que cabe esperar que se responsabilicen estos grupos de acción local de DLP. Las experiencias actuales de Leader y el Eje 4 del FEP sugieren que cada grupo de acción local de DLP podría abarcar una población que oscilaría entre 5 000 y 150 000 habitantes, con lo que una estrategia local integrada podría precisar entre 2 y 10 millones de euros en fondos de la UE durante un período de siete años;

29.

considera, no obstante, que el DLP puede en algunos casos ofrecer una masa crítica mayor que la descrita en el punto precedente, y cree que se deben permitir excepciones justificadas para zonas urbanas de mayor tamaño y para áreas geográficas como las islas o las regiones remotas, siempre y cuando se mantenga el componente participativo;

El desarrollo territorial integrado

30.

desea recordar que el desarrollo local participativo, al ser un instrumento facultativo para inscribir el desarrollo local en todos los fondos del Reglamento sobre disposiciones comunes, se relaciona con otros instrumentos, como las inversiones territoriales integradas, y contribuye a la realización de una estrategia de desarrollo más amplia, al permitir territorializar las políticas a escala local;

31.

apoya que, siempre que se considere adecuada esa opción, la normativa europea y nacional en materia de ejecución contemple claramente que las inversiones territoriales integradas y los grupos de acción local puedan articularse para dar una respuesta conjunta a los desafíos locales en el marco de una estrategia compartida. En particular, las normas de ejecución deben permitir y facilitar que se confíe a uno o varios grupos de acción local hacerse cargo, a menor escala, de parte de las actividades asumidas por una inversión territorial integrada en un mayor ámbito geográfico;

32.

considera que, en esos casos, sería una clara muestra de sensatez que una inversión territorial integrada pudiera beneficiarse del 10 % adicional previsto para el DLP;

33.

desea, no obstante, recordar que el valor añadido del DLP estriba precisamente en el compromiso más amplio de la comunidad local y en el vínculo explícito que existe entre los instrumentos vigentes, como Leader y el Eje 4 del FEP, y los Fondos Estructurales;

El DLP en las áreas urbanas y rurales

34.

piensa que este componente comunitario del DLP es el más adecuado para abordar problemas concentrados en un entorno geográfico que exigen una respuesta de toda la comunidad;

35.

sostiene, no sin entusiasmo, que el desarrollo local participativo puede constituir también uno de los distintos instrumentos disponibles para construir unas áreas urbanas integradoras con servicios públicos de acceso universal, que eviten la creación de guetos, den respuesta a las situaciones de pobreza y promuevan los vínculos sociales en el seno de las distintas comunidades, también con políticas que alienten el envejecimiento activo, la innovación social y el apoyo mutuo entre generaciones y culturas;

36.

considera que, aun cuando el dictamen se centra en explorar la utilización del DLP en otros ámbitos y sectores, más allá del uso ya existente y bien probado de Leader en las zonas rurales, el DLP, como extensión natural de Leader después de 2014, puede constituir también uno de los posibles instrumentos disponibles para afrontar los desafíos de las zonas rurales en materia de accesibilidad, desarrollo económico y diversificación, así como conservación de los servicios públicos fundamentales, como las acciones en favor del envejecimiento activo, la innovación social y el apoyo mutuo intergeneracional e intercultural;

37.

cree posible la existencia de distintos grupos de acción local de DLP en los barrios o comunidades de las áreas urbanas más grandes, a fin de permitir soluciones de abajo arriba para hacer frente a desafíos de carácter local como la penuria generalizada, la degradación medioambiental o la empleabilidad de grupos específicos en situaciones de desventaja comunes. Se debe lograr un grado de coordinación entre los grupos de acción local cuando haya más de uno operativo en el mismo lugar;

Rurban (Vínculos entre zonas rurales y urbanas)

38.

cree que el DLP es un instrumento fundamental para el desarrollo armonioso de las regiones urbanas y rurales, que refuerza la capacidad de entablar vínculos con las zonas periurbanas y rurales colindantes, algo que contribuye a prevenir la expansión urbana descontrolada, fomenta la creación de una red equilibrada de ciudades pequeñas y medianas, y refuerza las relaciones entre los productores y los consumidores de los productos agrícolas locales;

39.

valora positivamente la acción preparatoria denominada Rurban, que tiene como objetivo recabar las últimas novedades en materia de investigación y política en el ámbito de las relaciones entre el mundo rural y el urbano. El CDR desea que, antes de que comience el período 2014-2020, esta acción pase a convertirse en un programa destinado a fomentar el intercambio de buenas prácticas, la revisión inter pares, la búsqueda de soluciones innovadoras y un proceso en redes que pueda ser utilizado por las nuevas asociaciones del DLP;

40.

desea asimismo recordar su propuesta de crear un programa operativo denominado Rurbact, que permitiría fomentar el intercambio de buenas prácticas y la creación de redes en torno a problemáticas urbanas y rurales (1);

41.

cree que en toda la UE existen distintas modalidades de relación urbano-rural influidas poderosamente por los sistemas políticos y administrativos nacionales. Así pues, cualquier forma de intervención de la UE deberá ser lo suficientemente flexible para adecuarse a esta amplia variedad de sistemas de gobernanza;

42.

considera que uno de los principales desafíos lo constituye la necesidad de superar la actual separación geográfica y sectorial de los fondos de la UE. Mientras que los programas operativos tienden a ser de carácter más bien sectorial, los nuevos instrumentos como el DLP o las inversiones territoriales integradas podrían ofrecer el enfoque territorial necesario y superar así las separaciones sectoriales;

43.

cree que el desarrollo local participativo que aborda las relaciones urbano-rurales debe reconocer la gran diversidad de los contextos nacionales, en particular por lo que respecta a los vínculos entre el mundo urbano y el rural en todos los Estados miembros (mayores diferencias de bienestar entre uno y otro, menor capacidad), o entre países con muchos municipios (donde la cooperación debe ir más allá de las fronteras locales para ganar masa crítica) o con municipios más grandes (donde la mayoría de las asociaciones locales se registra en el ámbito local);

Comunidades pesqueras costeras y de interior

44.

observa que el DLP puede aplicarse con éxito también en ámbitos que presentan problemas sectoriales específicos. Este es, por ejemplo, el caso del actual Eje 4 del Fondo Europeo de Pesca, en el que se utiliza una metodología de DLP para prestar asistencia a las comunidades pesqueras locales y al sector de la pesca;

45.

informa de que, en numerosos lugares de toda Europa, el DLP puede sostenerse con éxito en las asociaciones locales ya existentes con financiación del Feader y/o del FEP; además, en algunas regiones existe ya una cooperación asentada entre el Eje 4 del FEP y las asociaciones de Leader, ya que en ocasiones se trata del mismo organismo. EL DLP también proporcionará, cuando sea aplicable, el marco para vincular estas intervenciones del Feader y del FEMP con el FSE y el FEDER;

46.

expresa una inquietud de la máxima importancia: se espera que la gestión del FEMP tenga lugar a nivel nacional a pesar de que es frecuente la regionalización de los Fondos Estructurales y Leader. Esta incongruencia repercutirá negativamente en el DLP;

Asociación

47.

desea recordar sus exigencias para que se revise la norma en virtud de la cual los entes públicos no pueden poseer más del 49 % de los votos allí donde ya existan asociaciones de desarrollo local institucionalizadas y, en tales casos, propugna una «representación equilibrada» de los distintos sectores en el grupo de acción local;

48.

considera, entre otros aspectos, que los procesos decisorios relacionados con estos grupos de acción deben ser sólidos y estar claramente definidos desde un primer momento para permitir al ente local, que es la institución pública responsable desde el punto de vista democrático en la asociación local, dirigir una amplia estrategia impidiendo, al mismo tiempo, un predominio de los municipios en los grupos de acción local;

49.

destaca que, si bien el DLP tiene como objetivo capacitar al sector privado y al voluntariado locales, también es necesario reconocer el apoyo que debe prestar el gobierno local en estos acuerdos. Es frecuente que los entes locales deban asumir un papel de liderazgo que dé solaz a las autoridades gestoras y a la Comisión Europea en el sentido de que los riesgos de auditoría y cumplimiento que entrañan las decisiones que se adopten se gestionarán de manera apropiada, y que se pondrán a disposición las capacidades locales necesarias para imprimir eficacia a las estructuras y procedimientos de los grupos de acción local;

50.

desea recordar, por todo ello, que el desarrollo local participativo puede organizarse proporcionadamente de manera que permita delegar las responsabilidades de la autoridad gestora, o de cualquier otro órgano de gestión local o regional competente, a los grupos de acción local de un modo que refleje su verdadera capacidad, así como la necesidad de que sus decisiones sean integradoras, transparentes y sujetas a responsabilidad;

51.

anima encarecidamente a la Comisión Europea a tener en cuenta las iniciativas locales que ya existen en cada Estado miembro, a fin de articularlas de manera armoniosa con el nuevo instrumento de desarrollo local participativo;

Retos

52.

pide a la Comisión que, basándose en las conclusiones del Tribunal de Cuentas y en otros informes y evaluaciones, garantice que las lecciones extraídas de Leader y Urbact se traduzcan en la práctica en un modelo de DLP mucho más sólido, transparente y responsable;

53.

pide que se establezcan desde un primer momento normas claras para evitar los conflictos de interés y señala que, como mínimo, la asunción de responsabilidades, la supervisión pública, los recursos contra las decisiones adoptadas y las normas de transparencia para los grupos de acción local deben ser tan rigurosos como los que se aplican a los representantes políticos locales. Tanto los municipios como los grupos de acción local deben asumir de manera transparente la responsabilidad derivada del dinero público que gastan y de las decisiones que adoptan;

54.

destaca que la capacidad representa una cuestión fundamental que se debe abordar clarificando y simplificando los requisitos administrativos y de procedimiento y, cuando sea posible, creando interfaces de «ventanilla única» entre los distintos fondos que permitan, en la medida de lo posible, la comunicación por vía electrónica;

55.

considera que todo ello exige llevar en todos los fondos las labores de auditoría y cumplimiento más allá de las propuestas actuales. Igualmente, estos requisitos deberán ser proporcionados ya que, de lo contrario, desincentivarían la solicitud de financiación de la UE por parte de los posibles beneficiarios locales;

56.

muestra, por lo tanto, su inquietud por el hecho de que el DLP podría verse obligado a afrontar distintos tipos de gestión financiera y de carga auditora para cada fondo –a menudo con una gestión vertical de fondos diversos por parte de autoridades gestoras o ministerios diferentes–, lo cual podría conllevar que los proyectos integrados de dos o más fondos progresarían al ritmo del más lento de ellos; además es muy importante que dichas autoridades gestoras eviten establecer requisitos de procedimiento adicionales y complejos;

57.

hace hincapié en que el desarrollo de las capacidades y estrategias locales no son más que un medio para lograr un fin, a saber, que el desarrollo local participativo se traduzca en inversiones tangibles y resultados conmensurables que redunden en beneficio de la comunidad local;

58.

cree necesario hacer mucho más hincapié en el DLP a la hora de definir y ejecutar estrategias locales orientadas hacia la consecución de resultados claramente definidos;

59.

destaca que uno de los principales activos del DLP es su capacidad para innovar, algo que se logra a través de la flexibilidad en la ejecución. A este respecto, las normativas nacionales y de la UE deben abstenerse de imponer medidas uniformes y con planteamientos de arriba abajo y normas y criterios de elegibilidad en todos los países y regiones, para facilitar un enfoque de abajo arriba que permita encontrar soluciones locales a los problemas locales;

60.

cree que debe existir un vínculo sólido y directo entre la definición de estrategias locales, el intercambio de buenas ideas y una ejecución de carácter más amplio, especialmente a la hora de llevar a cabo intervenciones de mayor calado con arreglo a los Fondos Estructurales;

61.

señala que las autoridades gestoras podrían verse tentadas a no respaldar acciones integradas intensivas en recursos como el desarrollo local participativo si existieran maneras más fáciles de gastar los fondos. En cualquier caso, con una asistencia técnica mayor que la disponible en la actualidad, el DLP tiene una dimensión cualitativa y una repercusión comunitaria local mucho más fuertes que las que ofrecería cualquier planteamiento de arriba abajo;

62.

señala la incoherencia de disponer de una asignación de recursos del 5 % para Leader cuando se utiliza el DLP, pero no para los demás fondos. Solicita a las autoridades gestoras que se planteen la aplicación de este 5 % a los otros tres fondos cuando se decanten por la opción del DLP en el marco del Reglamento sobre disposiciones comunes, bien en un acuerdo de asociación o en un programa operativo;

63.

cree que es necesario abordar la actual dispersión del desarrollo local en los programas para aumentar la visibilidad y la asunción de responsabilidades, así como la demostración de proyectos, el aprendizaje mutuo y la transferencia de conocimientos, especialmente por lo que respecta a los resultados «suaves»;

64.

solicita a las cuatro direcciones generales de la Comisión concernidas que preparen cuanto antes unas directrices comunes y simplificadas a título indicativo para aplicar el DLP en áreas fundamentales como, por ejemplo, una evaluación de cómo los fondos del Reglamento sobre disposiciones comunes pueden dar verdaderamente pie a programas locales y proyectos individuales integrados, la selección del gasto, la elaboración de informes, la cooperación, la auditoría y el cumplimiento aplicables, así como la promoción y los métodos para la transferencia de conocimientos. De este modo, la Comisión deberá entablar un diálogo estratégico con los profesionales del desarrollo nacional, regional y local para plantear algunas de las cuestiones que se deberán abordar en las directrices, y ofrecer posibles respuestas y ejemplos de marcos de asociación ya existentes en materia de desarrollo local.

Bruselas, 29 de noviembre de 2012.

El Presidente del Comité de las Regiones

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  El programa Rurbact se basaría en la experiencia de la red Rur@Ct, a fin de tener mejor en cuenta el vínculo entre las dimensiones rural y urbana.


19.1.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 17/25


Dictamen del Comité de las Regiones — Modernización de las ayudas estatales en la UE

2013/C 17/06

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

acoge con satisfacción el objetivo de la Comisión de centrar su actuación en los asuntos que tengan una incidencia importante en el mercado interior y, en esa medida, dar mayor prioridad a los procedimientos de concesión de ayudas, lo que reducirá la carga de todas las partes interesadas: Comisión Europea, Estados miembros y entes regionales y locales;

señala que un punto de partida adecuado para la fijación de prioridades en la concesión de ayudas con incidencia real y sustancial en el mercado interior podría consistir, entre otros, en clarificar el criterio de su efecto en el comercio transfronterizo y en elaborar de forma más concreta el concepto de empresa;

pide que se tenga en cuenta que los pagos con respecto a las actividades que en esencia son de carácter puramente local pueden ser calificados jurídicamente de ayudas estatales, aunque pueden tener un efecto limitado sobre el comercio entre Estados miembros;

pide que se incrementen los umbrales para el Reglamento de minimis –incluido también el aumento correspondiente de los umbrales de minimis específicos para los servicios de interés económico general (SIEG)– y que se amplíen las categorías horizontales del Reglamento de habilitación –con las correspondientes ampliaciones y aclaraciones del Reglamento general de exención por categorías– como opciones para lograr el objetivo de la Comisión en el marco de la presente iniciativa de modernización.

Ponente

Clemens LINDEMANN (DE/PSE) Presidente del Distrito de Saarpfalz

Texto de referencia

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Modernización de las ayudas estatales en la UE

COM(2012) 209 final

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Observaciones generales

1.

celebra que la Comisión reconozca que las normas sobre ayudas estatales se han convertido en un marco jurídico fragmentado y complejo que conlleva para todas las partes una elevada carga administrativa, independientemente de su grado de incidencia en el mercado interior;

2.

pide por consiguiente que se lleve a cabo una simplificación significativa de las normas sobre ayudas estatales, con una concentración en los casos esenciales, una mejora de su aplicación práctica y una agilización o reducción de los procedimientos;

3.

acoge favorablemente la intención anunciada por la Comisión Europea de simplificar las normas y precisar conceptos importantes;

4.

acoge con satisfacción el objetivo de la Comisión de centrar su actuación en los asuntos que tengan una incidencia importante en el mercado interior y, en esa medida, dar mayor prioridad a los procedimientos de concesión de ayudas, lo que reducirá la carga de todas las partes interesadas: Comisión Europea, Estados miembros y entes regionales y locales;

5.

señala que un punto de partida adecuado para la fijación de prioridades en la concesión de ayudas con incidencia real y sustancial en el mercado interior podría consistir, entre otros, en clarificar el criterio de su efecto en el comercio transfronterizo y en elaborar de forma más concreta el concepto de empresa;

6.

pide a la Comisión que aclare en qué circunstancias cabe suponer que pueda haber un efecto perjudicial para el comercio entre Estados miembros o cuándo se considera que una actividad no tiene incidencia en el mercado interior;

7.

pide que se tenga en cuenta que los pagos con respecto a las actividades que en esencia son de carácter puramente local pueden ser calificados jurídicamente de ayudas estatales, aunque pueden tener un efecto limitado sobre el comercio entre Estados miembros;

8.

propone que, en caso de rechazo de una exención general de estos pagos compensatorios, se examine por lo menos la alternativa de un procedimiento simplificado;

9.

pide que se aclare el concepto de empresa estableciendo una delimitación clara entre el ámbito económico y no económico –por ejemplo, mediante criterios– y elaborando conjuntamente entre la Comisión y los Estados miembros listas específicas para cada Estado. Así como los criterios abstractos tienen en cuenta también las evoluciones dinámicas, las listas elaboradas conjuntamente proporcionan seguridad jurídica para los ámbitos establecidos. Esto facilitaría la tarea a los entes locales y regionales, a la vez que a la Comisión;

10.

propone como alternativa, en caso de rechazo, que se delimiten mejor las condiciones que permiten suponer la existencia de actividad económica en estos ámbitos;

11.

opina que el concepto de empresa por lo común no incluye los ámbitos de los servicios sociales, culturales y educativos, así como la prestación de servicios en asuntos de interés general no económico;

12.

reitera que no todas las ayudas de alcance y ámbito muy limitado deben ser notificadas a la Comisión Europea y que los Estados miembros deben asumir por sí solos la responsabilidad de la aplicación de las normas sobre ayudas estatales (por ejemplo, a través de exenciones o reglas de minimis);

13.

pide que se incrementen los umbrales para el Reglamento de minimis –incluido también el aumento correspondiente de los umbrales de minimis específicos para los servicios de interés económico general (SIEG)– y que se amplíen las categorías horizontales del Reglamento de habilitación –con las correspondientes ampliaciones y aclaraciones del Reglamento general de exención por categorías– como opciones para lograr el objetivo de la Comisión en el marco de la presente iniciativa de modernización;

14.

hace hincapié en la necesidad de establecer una delimitación más clara entre las normas generales sobre ayudas estatales sujetas a esta modernización y las normas generales del Reglamento sobre ayudas estatales a los SIEG (el llamado «paquete Almunia»), especialmente en lo que respecta a los casos límite en los que no está claro si un servicio determinado puede clasificarse como tal;

Una mayor integración de los objetivos de Europa 2020

15.

acoge favorablemente que la orientación dada a la propuesta se centre en los objetivos de Europa 2020. Ahora bien, en última instancia esto no debe generar para las autoridades públicas una normativa más amplia y compleja en lugar de la simplificación pretendida;

16.

hace hincapié en la importancia que tienen las directrices sobre ayudas regionales para los entes locales y regionales, ya que estos predeterminan qué sectores de actividad pueden optar a ayudas. En este contexto, las autoridades locales y regionales deberían tener también un margen de discrecionalidad en las áreas asistidas para fomentar estructuras empresariales independientemente de su tamaño;

17.

hace hincapié en la necesidad de posibilitar un apoyo flexible, y adecuado a las circunstancias locales, en los casos en que haya una necesidad concreta de medidas de apoyo, teniendo en cuenta los cambios demográficos y las desventajas naturales permanentes, en particular en las zonas rurales y de montaña;

18.

pide que haya mayor margen de maniobra para permitir estrategias de desarrollo regional y medidas de apoyo apropiadas, así como para posibilitar presupuestos regionales y locales;

19.

señala que, en la revisión de las directrices sobre ayudas de finalidad regional para 2014-2020, en el ámbito de las ayudas estatales no deberán producirse desequilibrios injustificados entre los Estados miembros con respecto al límite de población fijado y que en el futuro también deberá tenerse en cuenta a las grandes empresas en todas las áreas;

20.

acoge con satisfacción, por lo tanto, el instrumento de las inversiones territoriales integradas, que ofrece un margen de discrecionalidad local y permite llevar a cabo inversiones de carácter transversal;

21.

celebra que la Comisión Europea aspire a un enfoque más integrado y a una mejor coordinación de las medidas de apoyo;

22.

acoge favorablemente la posibilidad de combinar mecanismos de apoyo y financiación procedente de distintos fondos, así como la mejora que ello conlleva en el uso sostenible de las ayudas regionales;

23.

exige en este contexto, y con miras a la revisión de las directrices sobre ayudas estatales de finalidad regional, que las ayudas estatales a los SIEG, que, de conformidad con la Decisión, de 20 de diciembre de 2011, relativa a la aplicación del artículo 106§2 del TFUE a las ayudas estatales en forma de compensación de servicio público concedidas a determinadas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general, se consideran a priori compatibles con el Tratado y que al mismo tiempo pueden ser cofinanciadas por los Fondos Estructurales, no se incluyan –o se incluyan en un porcentaje muy reducido– en el cálculo de los límites de la intensidad de las ayudas regionales. Esta aclaración debería hacerse a través de una versión modificada de las directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional o mediante una comunicación sobre el régimen de ayudas estatales aplicables a los Fondos Estructurales que cofinancian los SIEG;

24.

insta a la Comisión a que reconozca que, independientemente del mandato de servicio público, la financiación pública de proyectos de infraestructura públicos no debe considerarse como una ayuda estatal;

25.

subraya la importancia de aclarar la aplicabilidad del régimen de las ayudas estatales para infraestructuras a raíz de la dificultad de interpretación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 24 de marzo de 2011 en los asuntos acumulados Freistaat Sachsen y Land Sachsen-Anhalt (T-443/08) y Mitteldeutsche Flughafen AG y Flughafen Leipzig-Halle GmbH (T-455/08) contra la Comisión Europea, que dio lugar a importantes retrasos en la verificación ex ante de aproximadamente 200 proyectos de infraestructura financiados por los Fondos Estructurales;

Simplificación de las normas sobre ayudas estatales

26.

apoya la propuesta de la Comisión de publicar una Comunicación que resuma y explique la interpretación del concepto de ayuda estatal a través de la praxis del proceso decisorio y de la jurisprudencia y de aplicar el concepto de manera consistentemente uniforme;

27.

pide que las Comunicaciones interpretativas no hagan necesaria ninguna interpretación adicional y que se evite por completo el uso de conceptos jurídicos indeterminados;

28.

apoya la intención de la Comisión de racionalizar con mayor rigor la multiplicidad de textos de Derecho secundario y los instrumentos jurídicos no vinculantes (soft law) en el ámbito de las ayudas (reglamentos, comunicaciones, directrices, etc.) y, en lo posible, consolidarlos;

29.

rechaza en principio la inclusión de consideraciones de calidad y eficiencia adicionales por parte de la Comisión Europea en la evaluación de la compatibilidad. Los aspectos de calidad y eficiencia que limitan la discrecionalidad de las autoridades locales y regionales que otorgan las ayudas en principio no son atribuciones de la Comisión, tal y como quedan establecidas dichas atribuciones en el capítulo relativo a la competencia del TFUE. Las decisiones acerca de la calidad y la eficiencia, en cuanto al margen de discrecionalidad local, deben seguir siendo competencia de las autoridades locales;

30.

señala que las obligaciones de información cada vez mayores que se imponen a las autoridades de los Estados miembros suponen una enorme carga administrativa, tanto para los Estados miembros como para la Comisión;

31.

pide, en particular en el contexto del objetivo de la UE de reducir la burocracia, que se establezca un sistema de controles aleatorios de modo que se pueda dispensar por completo de la obligación de presentar informes por debajo de un determinado umbral de financiación;

Revisión de los textos legislativos

32.

Como parte del proceso de modernización de la legislación sobre ayudas estatales de la UE y con el objetivo de reforzar la fijación de prioridades, se revisan en total cuatro textos legislativos:

a)   Revisión del Reglamento de la regla de minimis de la Comisión

Reglamento (CE) no 1998/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, relativo a la aplicación de los artículos 87 (107 TFUE) y 88 (108 TFUE) del Tratado a las ayudas de minimis

33.

acoge con satisfacción el objetivo de la Comisión de transferir a los Estados miembros mayor responsabilidad con respecto a las ayudas de minimis, si bien esto debería aplicarse en general, y no solo para las pequeñas subvenciones. Por un lado se facilita sustancialmente el trabajo de la Comisión y, por otro lado, las autoridades locales se beneficiarían también, ya que el nivel nacional tiene mayor cercanía a las necesidades locales que la Comisión;

34.

pide que se aumente el umbral del Reglamento general de minimis de 200 000 euros a como mínimo 500 000 euros durante un periodo de tres ejercicios fiscales, en consonancia con los esfuerzos debidamente realizados por la Comisión para centrarse más en los casos que tengan particular incidencia en el mercado interior;

35.

señala que el Reglamento de minimis específico para los SIEG, que establece umbrales más elevados, fue creado por referencia y en contraste con los umbrales más bajos del Reglamento general de minimis;

36.

pide, por lo tanto, un aumento sustancial del umbral para estos servicios con respecto al umbral del Reglamento general de minimis, a fin de tener en cuenta las especificidades de los SIEG y para preservar su posición especial en la estructura global;

37.

recuerda que, con referencia al «paquete Almunia», el CDR solicitó que se estableciera un umbral de minimis para los SIEG de 800 000 euros por año, y reitera una vez más esta petición;

38.

pide, con respecto a las ayudas que no adopten la forma de una subvención (garantías, en particular fianzas), que las disposiciones del Reglamento de minimis para los SIEG se apliquen también al Reglamento general de minimis;

39.

pide, en este contexto, que las ayudas concedidas sobre la base de regímenes de garantía de forma análoga al Reglamento de minimis para los SIEG se aumenten en consecuencia a 3,75 millones de euros; esto se aplica en particular a la prohibición, prescrita en el Reglamento de minimis para los SIEG, de acumulación con otras ayudas para los mismos costes subvencionables;

b)   Revisión del Reglamento de habilitación del Consejo

Reglamento (CE) no 994/1998 del Consejo, de 7 de mayo de 1998, sobre la aplicación de los artículos 92 (112 TFUE) y 93 (113 TFUE) del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea a determinadas categorías de ayudas de Estado horizontales

40.

acoge con satisfacción las medidas previstas por la Comisión para modificar el Reglamento de habilitación del Consejo de modo que haya más categorías de ayudas que se consideren compatibles con el mercado interior y por tanto queden exentas de la obligación de notificación;

41.

acoge también con satisfacción la intención de la Comisión de eximir de la notificación a las siguientes ayudas:

ayudas concedidas a la cultura,

ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales,

ayudas destinadas a proyectos financiados (parcialmente) por la UE como JESSICA y,

otras ayudas;

42.

sugiere que los ámbitos social, educativo y sanitario, siempre que no sean de orientación comercial o lucrativa, así como la cobertura de banda ancha y las medidas de prevención de epizootias, se incluyan en la categoría general «otras ayudas»;

43.

pide una explicación más detallada de la relación entre estas exenciones de carácter horizontal y la decisión de exención para los SIEG;

c)   Revisión del Reglamento general de exención por categorías

Reglamento (CE) no 800/2008 de la Comisión, de 6 de agosto de 2008, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los artículos 87 (107 TFUE) y 88 (108 TFUE) del Tratado (Reglamento general de exención por categorías)

44.

acoge con satisfacción las medidas anunciadas para mejorar y ampliar el Reglamento general de exención por categorías en las categorías de ayudas cubiertas por el Reglamento de habilitación, con vistas a reducir los costes administrativos para los entes locales y regionales;

45.

insta a ampliar la exención por categorías, de acuerdo con la extensión horizontal en el Reglamento de habilitación, para los ámbitos social, educativo, sanitario y de cobertura de banda ancha;

46.

destaca que, en el sector educativo en particular, la educación y formación de adultos de carácter no estatal deben quedar cubiertas por la exención, siempre que no entren en el ámbito de aplicación de las normas sobre ayudas estatales a los SIEG;

47.

reitera que lo mismo debe regir en el ámbito de los servicios de salud prestados por departamentos o clínicas especializados, así como en el ámbito de los servicios sociales sin ánimo de lucro prestados por asociaciones y hogares de ancianos de carácter benéfico (a diferencia de las residencias de la tercera edad);

48.

llama la atención sobre la Agenda Digital y el objetivo de la UE de poner a disposición de todos los europeos una cobertura básica de banda ancha de aquí a 2013;

49.

señala que las condiciones necesarias para la creación de este tipo de redes de banda ancha de alto rendimiento en las áreas rurales no se generarán sin ayudas y subraya, por lo tanto, que las normas sobre ayudas estatales no deben obstaculizar innecesariamente el desarrollo de redes de banda ancha en las zonas rurales. Es preciso proteger las áreas rurales de la exclusión digital;

50.

hace hincapié en que, al crear la infraestructura de banda ancha, deben tenerse en cuenta en particular los beneficios derivados de la creación de un mercado descendente de servicios de banda ancha;

51.

lamenta que el proyecto revisado de directrices sobre banda ancha presentado por la Comisión Europea no tenga en cuenta las repetidas llamadas a la racionalización y simplificación del marco regulador;

52.

pide a la Comisión que garantice, al incluir la expansión de la banda ancha en el Reglamento de exención por categorías, la posibilidad de desplegar las redes de banda ancha en todo el territorio, incluso en las regiones más escasamente pobladas, donde no cabe esperar que los ingresos sean suficientes para cubrir la totalidad de los costes de introducción de la tecnología activa y los costes de funcionamiento;

53.

insta a ampliar la exención por categorías, de acuerdo con la extensión horizontal en el Reglamento de habilitación, para las medidas de prevención de epizootias que se propongan en particular facilitar estructuras en caso de brote epidémico;

54.

acoge con satisfacción el hecho de que al ampliar la exención los Estados miembros tendrán más responsabilidad y acoge con satisfacción, en esa medida, el aumento de la responsabilidad de los Estados miembros en el control de las ayudas estatales en su conjunto;

55.

subraya que esto no debe conducir a que solo se reduzca la carga administrativa de la Comisión a expensas de una carga cada vez mayor para los Estados miembros derivada de los múltiples requisitos de información y documentación, condiciones de utilización precisas y detalladas, etcétera;

56.

considera que para ello es necesario que los derechos de control de la Comisión en una fase posterior (control ex post) no se amplíen, sino que esta responsabilidad se delegue realmente en el Estado miembro. Las autoridades nacionales de supervisión no deben ser utilizadas indebidamente por la Dirección General de la Competencia como una especie de «instancia de control preliminar», tanto menos si el poder de decisión sigue estando en manos de la Comisión;

57.

rechaza la idea de la Comisión de transferir el control de las ayudas estatales a organismos independientes (por ejemplo, autoridades de defensa de la competencia), ya que la decisión sobre la organización del control de las ayudas a nivel nacional corresponde únicamente a los Estados miembros y no a la Comisión. Por la misma razón, se rechaza la posibilidad de que la Comisión Europea lleve a cabo sus propias investigaciones;

d)   Revisión del Reglamento de procedimiento del Consejo

Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (artículo 113 del TFUE)

58.

acoge favorablemente la simplificación de las normas del Reglamento de procedimiento;

59.

rechaza la creación de nuevas competencias de investigación de la Comisión Europea con respecto a las empresas, por ejemplo, por medio de instrumentos de información sobre los mercados (market information tools), sin pasar por los Estados miembros. Esto daría lugar a un traspaso de las competencias del nivel de los Estados miembros al de la UE.

Bruselas, 29 de noviembre de 2012.

El Presidente del Comité de las Regiones

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


19.1.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 17/30


Dictamen del Comité de las Regiones — Hacia un Séptimo programa de acción en materia de medio ambiente: sacar el mejor partido de las medidas ambientales de la UE

2013/C 17/07

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

solicita que el séptimo Programa de Acción en materia de medio ambiente (7o PAM) apoye a los entes locales y regionales en su función de aplicación, en particular, mediante la inclusión de elementos tales como una mayor participación local y regional en todo el proceso de elaboración, transposición y evaluación de la legislación de la UE, políticas eficaces basadas en la fuente y mayores opciones de recuperación de costes para los entes locales y regionales, énfasis en cómo gestionar el medio ambiente urbano de manera sostenible y el establecimiento de un plazo razonable entre la adopción de las normas y su revisión ulterior;

apoya la mejora de la estructuración, difusión activa y accesibilidad de la información, incluido el desarrollo de marcos estructurados de aplicación e información (SIIF); este apoyo debería ser posible mediante la asistencia técnica facilitada por los Fondos Estructurales 2007-2014 y el futuro programa LIFE;

considera que el 7o PAM debe comprometer a la UE y a los Estados miembros a introducir nuevos instrumentos reforzados para mejorar la capacidad de respuesta, tales como un marco general de la UE de inspecciones y vigilancia medioambientales; facultades de investigación de la Comisión Europea ; criterios para la tramitación de denuncias a nivel nacional; una Directiva sobre el acceso a la justicia;

acoge favorablemente los «acuerdos de asociación para la aplicación de la legislación» que se proponen, pero considera que no deberían celebrarse exclusivamente entre la Comisión Europea y un Estado miembro, sino que también deberían implicar a uno o más entes locales y regionales a fin de reflejar adecuadamente la gobernanza multinivel;

recomienda mejorar los resultados medioambientales con métodos innovadores de gobernanza multinivel, ampliar el Pacto de los Alcaldes a la eficiencia de los recursos y seguir desarrollando el Premio Capital Verde Europea;

acoge favorablemente el apoyo que la Comisión Europea otorga en su Comunicación a la propuesta del CDR de organizar conjuntamente un foro permanente para abordar los problemas regionales y locales, así como posibles soluciones en la aplicación de la legislación medioambiental de la UE.

Ponente

Nilgun CANVER (UK/PSE) Concejala del Distrito de Haringey, Londres

Texto de referencia

Comunicación de la Comisión «Sacar el mejor partido de las medidas ambientales de la UE: instaurar la confianza mediante la mejora de los conocimientos y la capacidad de respuesta»

COM(2012) 95 final

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

A.    Observaciones generales

1.

recuerda el triple objetivo del presente dictamen:

reaccionar ante la Comunicación de la Comisión Europea de 7 de marzo de 2012, que ayudará a configurar el futuro séptimo Programa de Acción en materia de medio ambiente (7o PAM);

contribuir al debate sobre el futuro 7o PAM, y su esperado énfasis en una mejor aplicación;

desarrollar el anterior Dictamen prospectivo del CDR sobre «El papel de los entes locales y regionales en la futura política de medio ambiente» (CDR 164/2010 fin), donde se subrayaban las oportunidades de aumentar la eficacia de la protección medioambiental en todos los niveles de gobierno y en todas las fases del desarrollo de las políticas;

2.

reconoce que, mientras que la Comunicación sobre la aplicación de la legislación ambiental comunitaria de 2008 (1) se centraba en la utilización estratégica de las competencias de ejecución por parte de la Comisión Europea para afrontar los incumplimientos de la legislación medioambiental de la UE, esta Comunicación se centra en cómo mejorar la aplicación a nivel nacional, regional y local. Esto refleja las críticas y recomendaciones anteriores del CDR (2);

3.

observa que la Comunicación tiene como objetivo intensificar el diálogo con todas las partes interesadas, incluidos los gobiernos locales y regionales, sobre la manera en que pueden trabajar mejor juntos para lograr una mejor aplicación de la legislación de la UE, optimizando la adquisición y el intercambio de conocimientos, así como haciendo más suyos todos los objetivos medioambientales y aumentando la capacidad de respuesta para afrontar eficazmente los problemas sobre el terreno. El CDR comparte la opinión de que los conocimientos y la capacidad de respuesta son facetas complementarias de esa aplicación;

4.

considera que los entes locales y regionales pueden lograr una mayor coherencia en la aplicación y el cumplimiento de la legislación a través de distintos medios, en particular mediante la creación de objetivos y estrategias medioambientales a largo plazo; mediante la movilización de sus ciudadanos; mediante la creación de departamentos y servicios eficientes; utilizando los fondos de la UE para invertir en infraestructuras medioambientales y en servicios ecosistémicos; mediante la adaptación al cambio climático y la reducción de riesgo de catástrofes; aplicando las Directivas EIA y EAE; y fomentando la transparencia y el acceso a la justicia (3);

5.

reconoce, no obstante, que los nuevos cometidos y normas aplicados por la UE a los gobiernos locales y regionales en este ámbito pueden suscitar preguntas sobre los costes y la carga administrativa. Considera que las nuevas iniciativas deben ejecutarse de modo que no supongan un incremento de los costes ni de las cargas administrativas para los entes locales y regionales. A este respecto, el CDR pide a la Comisión Europea que realice un análisis de impacto. Recordando las posiciones ya arraigadas en materia de cargas administrativas, y habida cuenta de las disposiciones del Tratado (4), solicita que la Comisión Europea realice una evaluación de impacto detallada de la carga administrativa y normativa generada por toda nueva iniciativa de la UE derivada de la Comunicación;

B.    Hacer de la aplicación una prioridad del 7o PAM

6.

reitera su opinión de que es necesario un séptimo Programa de Acción en materia de medio ambiente, considerando que el actual PAM expiró el 22 de julio de 2012 y que es necesario asegurar la continuidad. El 7o PAM deberá garantizar que las opciones medioambientales de la UE sigan siendo lo suficientemente claras y predecibles para las administraciones locales y regionales (5);

7.

recuerda sus recomendaciones anteriores relativas al carácter general y las prioridades del 7o PAM (6), y, en particular, la necesidad de que el 7o PAM contribuya a lograr una Europa que utilice eficientemente los recursos en el marco de la Estrategia Europa 2020 y de proporcionar una idea de hacia dónde deberán dirigirse los objetivos de la política medioambiental de la UE a más largo plazo. También deberá establecer objetivos, calendarios y acciones claros para 2020. Es necesario reflejar la Declaración de Río + 20 adoptada por la CNUDS el 22 de junio de 2012 y su énfasis en una economía verde integradora y en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para después de 2015, así como la contribución del CDR a la Cumbre de Río (7);

8.

observa con preocupación que la aplicación del acervo de la UE en materia de medio ambiente sigue siendo insuficiente y que la plena aplicación y cumplimiento en todos los niveles resultan vitales para mejorar la situación del medio ambiente y de la salud pública, para garantizar la igualdad de condiciones y crear seguridad normativa para la industria, así como para evitar distorsiones en el mercado (8). A finales de 2009, el 18,8 % (544) de todos los procedimientos por infracción contra Estados miembros de la UE tenían que ver con cuestiones medioambientales, lo que implica un perjuicio continuado al medio ambiente y un falseamiento de la competencia (9);

9.

observa, por ejemplo, que el perjuicio causado por la no aplicación de la legislación medioambiental vigente de la UE se estima en unos 50 000 millones de euros anuales en costes para la salud y en costes directos para el medio ambiente (10). Entre otros costes de la no aplicación se incluyen las oportunidades pérdidas para las empresas, los distintos costes de cumplimiento, las distorsiones en la competencia entre las industrias de la UE y el aumento de los costes relacionados con los casos de infracción. Se calcula que la plena aplicación de toda la legislación en materia de residuos tendría como resultado un volumen de negocios adicional para la industria de los residuos (y del reciclado) de 42 000 millones de euros y una creación adicional de empleo de alrededor de 400 000 puestos de trabajo (11). Dado que el volumen de negocios anual de la industria medioambiental de la UE se calcula que supera los 300 000 millones de euros, la incertidumbre en cuanto a las posibilidades, modalidades y calendarios de aplicación puede tener grandes costes en términos de oportunidades desaprovechadas (12). Si, a raíz de un caso de infracción, han de realizarse inversiones durante un período de tiempo muy breve, es probable que resulten más caras que si se hubiese planificado mejor la aplicación;

10.

solicita que la aplicación correcta de la legislación pase a ser un objetivo prioritario del 7o PAM a fin de garantizar el compromiso para lograr mejores resultados medioambientales, en particular los establecidos en la «Hoja de ruta hacia un uso eficiente de los recursos», en la «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica» y en la «Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020»;

11.

solicita que el 7o PAM apoye a los entes locales y regionales en su función de aplicación, en particular mediante la inclusión de los siguientes elementos:

una mayor participación local y regional en todo el proceso de elaboración, transposición y evaluación de la legislación de la UE, basándose en las experiencias del nivel local y regional a fin de mejorar la aplicación de la legislación y facilitar una mayor apropiación;

mecanismos destinados a comprometer y permitir a los entes locales y regionales que intercambien buenas prácticas en materia de aplicación de las políticas;

políticas eficaces basadas en la fuente y mayores opciones de recuperación de costes para los entes locales y regionales;

énfasis en cómo gestionar el medio ambiente urbano de manera sostenible, concentrándose en la planificación medioambiental integrada, la movilidad sostenible, la calidad de vida y la salud pública.

el establecimiento de un plazo razonable entre la adopción de las normas y su revisión ulterior, a fin de dar tiempo a los entes locales y regionales para que planifiquen la aplicación e inviertan en adaptaciones dentro de un entorno jurídico estable, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad suficiente para que la UE pueda actualizar la legislación con el fin de reflejar los cambios tecnológicos y las nuevas necesidades o expectativas de los ciudadanos;

12.

considera que el 7o PAM debe comprometer a la UE y a los Estados miembros a introducir nuevos instrumentos reforzados para la aplicación, tomando también como base las iniciativas incluidas en la Comunicación y detalladas en las secciones C y D, tales como (13):

mejora de la estructuración, difusión activa y accesibilidad de la información relacionada con el medio ambiente y la aplicación; también por parte de las agencias nacionales de protección medioambiental y la Agencia Europa del Medio Ambiente;

un marco de la UE para las inspecciones medioambientales a nivel de los Estados miembros;

criterios para la tramitación de denuncias a nivel nacional, también para la resolución de litigios, como la mediación;

recuperación de la propuesta de Directiva sobre el acceso a la justicia, actualmente paralizada;

desarrollo de acuerdos de aplicación tripartitos con los Estados miembros y los entes regionales o locales, así como otros instrumentos de gobernanza multinivel;

supervisión eficaz de la «Hoja de ruta hacia un uso eficiente de los recursos» de la UE, incluida la incorporación de objetivos e indicadores en materia de uso eficiente de los recursos en el Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento y los Programas Nacionales de Reforma de los Estados miembros;

conceptos innovadores de financiación y maneras de incentivar la inversión privada en la aplicación, incluida la supresión gradual de subvenciones perjudiciales para el medio ambiente y el fomento de reformas fiscales respetuosas con el medio ambiente que tengan más en cuenta el uso de los recursos;

mejorar la integración de la política medioambiental y de acción por el clima en otras políticas de la UE, con el fin de facilitar un enfoque integrado con respecto a la aplicación a nivel local, así como la inclusión de consideraciones en materia de reducción de riesgos en las evaluaciones de impacto medioambiental;

C.    Mejorar los conocimientos sobre la aplicación de la legislación

13.

comparte las preocupaciones de la Comisión Europea sobre los esfuerzos desiguales de supervisión en toda Europa, que tienen como resultado que la información generada sea con frecuencia incompleta, incompatible u obsoleta. No se facilita suficiente información útil en línea, y a menudo no se publica sistemáticamente. El CDR reconoce que una mejor información, y más accesible, en los niveles nacional, regional y local permitiría detectar antes los problemas medioambientales importantes, ahorrando así posibles costes a más largo plazo;

14.

resalta el papel central que desempeñan los entes regionales y locales en la recogida de datos sobre la aplicación de la legislación. El objetivo ha de ser garantizar la coherencia y la compatibilidad de la información también a nivel nacional y de la UE, y hacer que esta sea fiable y eficaz;

15.

considera que la transparencia juega un papel importante a la hora de estimular una mejor aplicación y cumplimiento de la legislación. Es necesario fomentar inversiones en sistemas de información en línea que pongan la información sobre el medio ambiente y sobre la aplicación a disposición del público en general y de las instituciones públicas, con mayores esfuerzos en todos los niveles de gobernanza para difundir activamente la información medioambiental y facilitar el acceso a la misma;

Sistemas de información más eficaces sobre la aplicación a nivel nacional, regional y local

16.

insiste en que al reforzar la Directiva sobre acceso a la información, como se prevé en la Comunicación, la Comisión Europea debería garantizar que los Estados miembros y sus entes locales y regionales apliquen adecuadamente los requisitos mínimos vigentes de la Directiva, en particular los relativos a una difusión más activa, actualizada y sistemática de la información a los ciudadanos, en consonancia con el Convenio de Aarhus (14);

17.

apoya el desarrollo de marcos estructurados de aplicación e información (SIIF) para todos los actos legislativos clave de la UE sobre medio ambiente, como propone la Comisión Europea. No obstante, el desarrollo de tales sistemas de información ha de ser realmente funcional y eficiente, con vistas a explotar mejor los sistemas de los distintos Estados miembros de manera práctica y flexible. Por otra parte, pide a los Estados miembros que colaboren con esa institución con el fin de establecer dichos marcos estructurados con la participación de los gobiernos locales y regionales. El CDR considera que los SIIF, junto con la gama de iniciativas del Sistema Compartido de Información Medioambiental (SEIS), pueden conducir a sistemas de información transparentes a nivel nacional, regional y local que hagan la información accesible en línea y permitan seguir la aplicación de la legislación de la manera más eficaz y puntual posible por parte de los entes locales y regionales, ciudadanos, expertos y empresas (15);

18.

considera que hay margen suficiente para una mayor coordinación y racionalización de las solicitudes de datos a las autoridades nacionales, regionales y locales con arreglo al principio «producir una sola vez, utilizar muchas veces». Los datos generados a raíz de las obligaciones de información impuestas por un acto legislativo también son a menudo relevantes para otros actos legislativos;

19.

señala, no obstante, que es necesario mejorar las definiciones en las Directivas de la UE para crear una igualdad de condiciones en materia de supervisión e información, información pública y cumplimiento, por ejemplo, en lo que se refiere a las distintas opciones de gestión y flujos de residuos en virtud de la Directiva Marco sobre Gestión de Residuos;

20.

otorga una gran importancia al compromiso de la Comisión Europea por estudiar cómo podrían utilizarse los fondos de la UE para desarrollar, modernizar y generalizar en los Estados miembros, regiones y municipios marcos estructurados de aplicación e información y sistemas de información interoperables pertinentes, con la formación correspondiente y la capacidad administrativa en caso necesario. Concretamente, este apoyo debería ser posible mediante la asistencia técnica facilitada por los Fondos Estructurales 2007-2014 y el futuro programa LIFE;

21.

pide a la AEMA que estudie en el marco de proyectos piloto la manera de reducir las presiones en materia de supervisión e información sobre los entes locales y regionales mediante TIC y administración electrónica sin afectar el impacto de la legislación;

22.

apoya las iniciativas de la Comisión Europea y de los Estados miembros para aprovechar las oportunidades, también para reducir los costes de supervisión, que ofrecen las técnicas de observación terrestre, como el GMES, para mejorar la eficacia de la aplicación de la supervisión sobre el terreno (16). Esto podría incluir el fomento de proyectos piloto con los entes locales y regionales;

23.

subraya la importancia de las Directivas EAE y EIA como instrumentos para la participación pública regional y local en la política de medio ambiente, y reitera su llamamiento a favor de una próxima revisión de la Directiva EIA para reforzar las disposiciones que establecen que la consulta pública para las EIA debe comenzar lo antes posible, por ejemplo, en la fase preliminar de selección y delimitación del campo, al objeto de agilizar aún más el desarrollo de las fases sucesivas y la adopción de decisiones por parte de las autoridades competentes; además, en la directiva deben incluirse requisitos mínimos para poner a disposición del público interesado la documentación de la EIA (17);

Mejorar la información a nivel de la UE

24.

apoya la necesidad de disponer de mejores datos y mapas en línea georreferenciados sobre el medio ambiente en toda la UE, difundidos de manera sistemática y proactiva, a fin de garantizar unas condiciones de igualdad y complementar los sistemas de información mejorados en los Estados miembros y los entes regionales y locales;

25.

acoge favorablemente la intención de la Comisión Europea de aplicar el planteamiento utilizado en la Directiva de aguas de baño a todos los actos legislativos pertinentes de la UE en materia de medio ambiente, aprovechando también los ejercicios piloto sobre calidad del aire y los residuos que está desarrollando la AEMA;

26.

reconoce el papel de la AEMA en el tratamiento de los datos de seguimiento comunicados por los Estados miembros a la Comisión, al tiempo que apoya su papel cada vez más importante en el apoyo del análisis realizado por la Comisión de los informes de aplicación de los Estados miembros, y pide que se refuerce el papel de coordinación de la AEMA a la hora de garantizar la coherencia y la compatibilidad en la recogida y comparación de estos datos diferentes a nivel de la UE, tal y como se hace con distintos instrumentos, como, por ejemplo, Inspire, SEIS, GMES, GEOSS y EyeonEarth;

27.

espera que la Comisión Europea dé un paso adelante con SEIS (Shared Environmental Information System) y presente su plan de aplicación para SEIS en 2012, explicando la situación y estableciendo la manera de introducir mejoras;

28.

pide a la Comisión Europea que publique los estudios de comprobación de la conformidad que encarga habitualmente sobre la aplicación de la legislación medioambiental de la UE por los 27 Estados miembros, a fin de hacer posible la celebración de debates completos y democráticos sobre la situación de la legislación medioambiental;

D.    Mejorar la capacidad de respuesta

Mejorar las inspecciones y la supervisión

29.

reitera su llamamiento a la Comisión Europea para que presente un marco general de la UE de inspecciones y vigilancia medioambientales (18). Dicho marco deberá permitir a los Estados miembros aplicar directrices de manera flexible y lograr al mismo tiempo un alto nivel de coherencia en la aplicación;

30.

con vistas a legislar mejor, el marco europeo para las inspecciones debería convertirse en el marco general de la legislación medioambiental de la UE. En la medida de lo posible, hay que evitar incluir disposiciones especiales en las directivas medioambientales sectoriales de la UE. En caso de que se considere necesario prever disposiciones especiales en dichas directivas sectoriales, deberán ajustarse al referido marco;

31.

considera que un marco para las inspecciones nacionales a nivel de la UE puede reducir la competencia desleal entre las regiones y municipios de la UE derivada de la existencia de sistemas de inspección diferentes, o de su ausencia, garantizar la igualdad de condiciones en las acciones jurídicas y mejorar la cooperación transfronteriza y la coherencia en toda la UE. Los detalles relativos a la forma y contenido de las inspecciones deberían regularse a escala nacional y desarrollarse a nivel local y regional, aunque de acuerdo con los principios generales establecidos por el marco de la UE, incluido un enfoque simplificado y orientado al análisis de riesgos (19), y la Agencia Europea de Medio Ambiente, en cooperación con las agencias nacionales de protección medioambiental, podría desempeñar un papel importante a la hora de determinarlos y promoverlos;

32.

considera que la Comisión Europea debe poder investigar aquellos casos donde exista la sospecha de incumplimiento de la legislación medioambiental de la UE. Estas posibilidades de investigación ya existen actualmente en los ámbitos de la unión aduanera, la agricultura, la pesca, la política regional, la competencia y la política veterinaria y financiera (20). Dichas facultades de investigación de la Comisión Europea pueden entrar en conflicto con las relaciones existentes entre las distintas autoridades en cada Estado miembro. Por consiguiente, las referidas investigaciones deben tomar en consideración las normas sobre procedimientos de supervisión entre los distintos niveles de gobierno aplicables en el Estado miembro de que se trate. En la medida de lo posible, las investigaciones de la Comisión Europea deben ajustarse, asimismo, al procedimiento ordinario de infracción de la UE;

33.

considera indispensable, como acción complementaria, que la Comisión Europea informe sobre posibles maneras de reforzar la Red de la UE para la Aplicación y el Cumplimiento de la Legislación Medioambiental (IMPEL), garantizando, en particular, un apoyo financiero adecuado a largo plazo para IMPEL aumentando el uso sistemático por parte de IMPEL de inspecciones inter pares y su trabajo de determinación e intercambio de buenas prácticas, así como seguir extendiéndolas a los niveles local y regional (21);

Mejora de la tramitación de las denuncias y de la mediación a nivel nacional

34.

expresa su preocupación por las lagunas y la ausencia de soluciones en muchos sistemas de tramitación de denuncias, lo que obliga a los ciudadanos a dirigirse a la Comisión Europea, a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo o al Defensor del Pueblo Europeo, que se ven inundados de denuncias;

35.

apoya las propuestas relativas al establecimiento de criterios generales para la tramitación de denuncias nacionales, incluida la mediación para la resolución de litigios, tomando como base las recientes disposiciones específicas en materia de mecanismos nacionales de resolución de quejas y litigios en la legislación relativa a los consumidores (22). Estos criterios podrían incluir, por ejemplo, ofrecer unas garantías generales sobre aspectos tales como la confidencialidad y la diligencia y sobre la necesidad de proporcionar a los ciudadanos información en línea sobre la manera en que se ha resuelto un problema, así como poner a disposición de los ciudadanos y las ONG instituciones independientes para la resolución de litigios locales, teniendo en cuenta las obligaciones sobre el acceso a la justicia derivadas del Convenio de Aarhus, sin que ello afecte al derecho general de presentar quejas ante las instituciones europeas;

Un mejor acceso a la justicia

36.

observa que, mientras que la propuesta de Directiva de 2003 sobre el acceso a la justicia en materia de medio ambiente aún no se ha adoptado como instrumento jurídico, el Tribunal de Justicia de la UE ha confirmado que los tribunales nacionales han de interpretar las normas sobre el acceso a la justicia de manera que se respete el Convenio de Aarhus (23). Debido a una jurisprudencia que prevé un mayor acceso a los tribunales para los ciudadanos y las ONG, los tribunales nacionales, los entes locales y regionales, así como los intereses económicos y medioambientales actualmente no saben con seguridad cómo afrontar este desafío;

37.

reitera, por lo tanto, que es necesario recuperar la Directiva sobre el acceso a la justicia, actualmente paralizada (24). De este modo se colmarían las lagunas existentes en muchos Estados miembros a la hora de cumplir con los requisitos del artículo 9, apartados (3) y (4), del Convenio de Aarhus. También se potenciaría el papel de los ciudadanos como catalizadores de una mejor aplicación de la legislación medioambiental a todos los niveles. La actual Comunicación no especifica de qué manera piensa resolver esta situación la Comisión Europea;

Mejorar los resultados ambientales mediante acuerdos que vinculen a los Estados miembros en relación con el refuerzo de la capacidad y la aplicación de la legislación

38.

acoge favorablemente el apoyo que la Comisión Europea otorga en su Comunicación a la propuesta del CDR de organizar conjuntamente un foro permanente para abordar los problemas regionales y locales, así como posibles soluciones, en la aplicación de la legislación medioambiental de la UE (25). Dicho foro posibilitaría un diálogo permanente y el intercambio de experiencias entre los profesionales del medio ambiente de los entes locales y regionales y sus asociaciones, y de las plataformas y redes consultivas del CDR, junto con la Comisión Europea;

39.

acoge favorablemente que la Comisión Europea, al proponer el nuevo instrumento de «acuerdos de asociación para la aplicación de la legislación», refleja en gran medida una solicitud anterior del CDR (26) para que la UE amplíe el trabajo piloto desarrollado por la Comisión Europea ya desde 2002 en materia de acuerdos y contratos tripartitos (27). El CDR pide a la Comisión Europea que facilite más información y orientación sobre la manera en que prevé el diseño y la aplicación del instrumento;

40.

considera que los «acuerdos de asociación para la aplicación de la legislación» no deberían celebrarse exclusivamente entre la Comisión Europea y un Estado miembro, sino que también deberían implicar a uno o más entes locales y regionales a fin de reflejar adecuadamente la gobernanza multinivel, pasando a ser por lo tanto un «acuerdo tripartito para la aplicación de la legislación»;

41.

considera que los «acuerdos tripartitos para la aplicación de la legislación» podrían ayudar a lograr la aplicación de determinadas políticas medioambientales de la UE, cuando los instrumentos tradicionales no logren el compromiso necesario para resolver los problemas emergentes o existentes en materia de medio ambiente y de incumplimiento de la legislación. Estos acuerdos deberían tener como resultado el compromiso claro por parte de los Estados miembros y los entes locales y regionales de introducir las medidas necesarias, así como por parte de la UE para prestar apoyo. Estos compromisos deberán formalizarse con unos objetivos y calendarios viables, y estar a disposición pública para que puedan ser objeto de control;

Mejorar los resultados medioambientales con métodos innovadores de gobernanza multinivel

42.

lamenta que la Comunicación no refleje la propuesta del CDR de examinar conjuntamente medios concretos para ampliar el Pacto de los Alcaldes a ámbitos de aplicación fundamentales para la Hoja de Ruta «Una Europa que utilice eficazmente los recursos», como la biodiversidad y la explotación del suelo, la gestión de los residuos y del agua o la contaminación atmosférica (28). El CDR considera que así se facilitaría la aplicación de la política medioambiental de al UE mediante un método innovador de gobernanza multinivel, que promueva el compromiso activo de los entes locales y regionales para lograr la aplicación de la legislación, en vez de depender del mero cumplimiento de la legislación de la UE;

43.

lamenta que la Comunicación no haga referencia al Premio Capital Verde Europea concedido por la Comisión Europea, que el CDR apoya enérgicamente como un medio importante para poner de relieve a las ciudades con un comportamiento ejemplar e innovador en la aplicación de la legislación medioambiental de la UE, y para intercambiar sus experiencias con otras ciudades. Con este fin, el CDR reitera sus recomendaciones de 2010 sobre el desarrollo de este Premio (29);

44.

insiste en que no es posible solventar los problemas medioambientales y del cambio climático – ni aplicarse ninguna política de la UE – en un solo nivel de gobierno. Se requiere un enfoque multinivel (europeo, nacional, regional y local) mediante el cual cada esfera de gobierno tenga que asumir sus responsabilidades y emprender las medidas que puedan y deban adoptarse en el nivel relevante. El Comité aboga por instaurar equipos interadministrativos en los Estados miembros en los que expertos procedentes de distintos niveles de gobierno elaboren juntos planes nacionales de aplicación (30);

E.    Subsidiariedad, proporcionalidad y mejora de la legislación

45.

recuerda que la política medioambiental es un ámbito de competencias compartidas entre la UE y los Estados miembros, y que por lo tanto es aplicable el principio de subsidiariedad;

46.

observa que la Comisión Europea no evalúa las distintas opciones presentadas en la Comunicación en términos de su compatibilidad con el principio de subsidiariedad. Podría aducirse que, en esta fase, las opciones se presentan en la Comunicación para su debate y reflexión, y que por lo tanto no están lo suficientemente desarrolladas como para que el CDR pueda formarse una opinión definitiva, que dependerá en gran parte de si (y de qué manera) la Comisión Europea decide llevarlas adelante;

47.

con esta reserva, constata las contribuciones de su Red de Seguimiento de la Subsidiariedad (RSS), que por lo general indican que las opciones contenidas en la Comunicación, una vez formuladas de manera completa, no es probable que conlleven una vulneración importante del principio de subsidiariedad (31);

48.

observa, no obstante, que aunque se apoya la mejora del marco existente para las inspecciones, puede haber cierta resistencia en la RSS a que este último pase a ser vinculante y a la creación de un organismo de inspección de la UE. Del mismo modo, aunque se apoyan los criterios para la tramitación de las denuncias por parte de los Estados miembros, algunos miembros de la RSS preferirían que estos criterios fuesen recomendaciones no vinculantes. Parece aceptarse que la UE pueda establecer las condiciones necesarias para un acceso eficiente y eficaz a los tribunales nacionales en materia de legislación medioambiental de la UE.

Bruselas, 30 de noviembre de 2012.

El Presidente del Comité de las Regiones

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  COM(2008) 773 final.

(2)  CDR 164/2010 fin.

(3)  CDR 164/2010 fin, CDR 38/2010 fin, CDR 199/2009 fin, CDR 89/2009 fin.

(4)  «Los proyectos de actos legislativos tendrán debidamente en cuenta la necesidad de que cualquier carga, tanto financiera como administrativa, que recaiga sobre la Unión, los Gobiernos nacionales, las autoridades regionales y locales, los agentes económicos o los ciudadanos sea lo más reducida posible y proporcional al objetivo que se desea alcanzar» [Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, Protocolo (no 2), artículo 5]

(5)  CDR 164/2010 fin, Resolución del Parlamento Europeo de 20 de abril de 2012 (2011/2194(INI)

(6)  CDR 164/2010 fin.

(7)  CDR 187/2011 fin.

(8)  Véanse asimismo la Resolución del Parlamento Europeo de 20 de abril de 2012 (2011/2194 (INI), y las Conclusiones del Consejo sobre la «Mejora de los instrumentos de política medioambiental», de 20 de diciembre de 2010.

(9)  Sitio web de la Comisión Europea: «Statistics on environmental infringements» (Estadísticas sobre infracciones medioambientales).

(10)  Estudio «The Costs of not Implementing the Environmental Acquis», COWI, 2011, encargado por la Comisión Europea.

(11)  Estudio «Implementing EU Waste Legislation for Green Growth», Bio Intelligence Service, 2011, encargado por la Comisión Europea.

(12)  Estudio «The Costs of not Implementing the Environmental Acquis», COWI, 2011.

(13)  CDR 164/2010 fin; CDR 140/2011 fin.

Véanse también la Resolución del Parlamento Europeo de 20 de abril de 2012 (2011/2194 (INI), las Conclusiones del Consejo sobre el 7o Programa Marco de acción para el medio ambiente, de 11 de junio de 2012, y las Conclusiones del Consejo sobre «Assessment of the Sixth Community Environment Action Programme and the Way Forward: Towards a 7th EU Environment Action Programme», de 10 de octubre de 2011.

(14)  Convenio de la CEPE-NU sobre acceso a la información, la participación del público en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en materia de medio ambiente.

(15)  La Comisión Europea facilita un ejemplo: para la aplicación nacional, regional y local de las normas de la UE sobre el agua potable podrían identificarse en un mapa los puntos de extracción, las zonas de protección de fuentes, las plantas de tratamiento y las redes de distribución, y proporcionarse enlaces con información relacionada, como programas de reducción de las fugas de agua (Comisión Europea, MEMO/12/159)

(16)  Véase también CDR 163/2011 fin.

(17)  CDR 38/2010 fin.

(18)  CDR 164/2010 fin.

(19)  CDR 164/2010 fin.

(20)  Véase también ClientEarth 2012: The 7th Environment Action Programme and Enforcement (séptimo Programa de acción en materia de medio ambiente y su cumplimiento).

(21)  Véanse asimismo CDR 164/2010 fin, Respuesta de 2012 de IMPEL a la consulta sobre el 7o PM, la Resolución del Parlamento Europeo de 20 de abril de 2012 (2011/2194(INI), y las Conclusiones del Consejo sobre la mejora de los instrumentos de política medioambiental, de 20 de diciembre de 2010.

(22)  Directiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de julio de 2009, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE, DO L 211 de 14.8.2009.

(23)  Asunto C-240/09.

(24)  CDR 164/2010 fin.

(25)  COM(2012) 95 final, p. 10. Carta del Comisario Potocnik de 5 de julio de 2012.

(26)  CDR 164/2010 fin.

(27)  CDR 89/2009 fin, COM(2002) 709 final.

(28)  CDR 140/2011 fin, COM(164) 2010 final, .COM(2011) 571 final.

(29)  CDR 164/2010 fin.

(30)  El CDR propuso la creación de tales equipos en su dictamen CDR 164/2010 fin.

(31)  Los resultados pueden consultarse en: http://extranet.cor.europa.eu/subsidiarity/Pages/default.aspx


19.1.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 17/37


Dictamen del Comité de las Regiones — Aplicación de la estrategia temática para la protección del suelo

2013/C 17/08

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

considera que el tipo de suelo, la ordenación territorial y el clima varían enormemente en función de las regiones europeas. Ello requiere orientaciones de gestión y estrategias de protección específicas para garantizar que la protección del suelo se realiza de manera proporcionada, basándose en prioridades regionales aunque también ateniéndose a un marco general para garantizar también el cumplimiento de las políticas de la UE;

señala que es urgente hacer frente a los riesgos y amenazas contra el suelo, especialmente por lo que respecta al cambio climático;

subraya que el cambio climático tiene una serie de incidencias en los procesos relativos a los suelos, especialmente a raíz de la alteración de las tasas de humedad de los suelos, de la temperatura del suelo y del régimen hidrológico, lo que, a su vez, puede acarrear la degradación de los suelos, incluida la pérdida de materia orgánica y el aumento de la erosión, la compactación y la escorrentía;

hace hincapié en que los entes locales y regionales pueden desempeñar un importante papel en el seguimiento de la degradación del suelo y pueden contribuir a elaborar un inventario de sitios contaminados;

considera que la política del suelo tiene que encontrar el justo equilibrio entre la acción europea y la aplicación de los principios de subsidiariedad y mejor regulación para evitar innecesarias cargas administrativas adicionales y costes desproporcionados. Por consiguiente, las normativas de la UE sobre el suelo deberían concebirse para intervenir solo cuando sea necesario actuar;

estima que las carencias de las medidas para proteger el suelo se tratan mejor partiendo de una base común para toda la UE, mediante un marco general y principios comunes a los que deban adherirse todos los países. Por ello habría que apoyar una directiva marco sobre el suelo, aunque es esencial que la política no sea innecesariamente prescriptiva, estableciendo, por ejemplo, disposiciones cuantitativas o valores límite.

Berichterstatter

Corrie McCHORD (UK/SPE), Mitglied des Stadtrates von Stirling

Referenzdokument

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Aplicación de la Estrategia Temática para la Protección del Suelo y actividades en curso

COM(2012) 46 final

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

A.    Observaciones generales

1.

El informe de la Comisión hace balance de la aplicación de la Estrategia Temática para la Protección del Suelo desde que se adoptó en septiembre en 2006, al tiempo que considera las actuales tendencias de la degradación del suelo, así como los retos futuros para asegurar su protección.

2.

La estrategia establece cuatro pilares clave para la aplicación: sensibilización, investigación, integración y legislación. Una parte integrante de la estrategia fue una propuesta de Directiva marco para la protección del suelo (COM(2006) 232 final), estructurada en torno a tres temas: medidas preventivas, identificación del problema y medidas operativas.

3.

El CDR ha emitido anteriormente diversos dictámenes sobre la protección del suelo

Una Europa que utilice eficazmente los recursos – Iniciativa emblemática con arreglo a la Estrategia Europa 2020 (Michel Lebrun, CDR 140/2011 fin);

El papel de los entes locales y regionales en la futura política de medio ambiente (Paula Baker, CDR 164/2010 fin);

Estrategia Temática para la Protección del Suelo (Cor Lamers, CDR 321/2006 fin);

Hacia una estrategia temática para la protección del suelo (Corrie McChord, CDR 190/2002 fin).

4.

El suelo forma parte de nuestros sistemas medioambientales, sociales y económicos y proporciona, entre otros servicios ambientales, los de sustento de la producción alimentaria, regulación de la calidad y cantidad de la escorrentía, mitigación del cambio climático y adaptación al mismo, así como soporte de la biodiversidad. Garantizar el buen estado de los suelos para cumplir sus funciones esenciales es vital para la sostenibilidad de la economía y el medio ambiente europeos.

5.

En un importante informe publicado en 2012 sobre el estado del suelo en Europa (1), la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) y el Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC) destacaron la importancia de diez amenazas de primer orden para los suelos en Europa: la pérdida de materia orgánica, la erosión, la compactación, el sellado, la salinización, la acidificación, la biodiversidad, la desertificación (para el sur de Europa), el corrimiento de tierras y la contaminación del suelo. También se debatió sobre el carbono en el suelo y el clima mundial, la erosión, la retención de agua, la acidificación y los biocarburantes. En dicho informe se afirma que en la UE se siguen degradando los suelos y que la situación está empeorando en algunas zonas de Europa. El informe demuestra que la legislación y las políticas actuales, de alcance europeo, nacional o regional, han sido insuficientes para proteger enteramente los suelos.

6.

La naturaleza mineral y orgánica del suelo, la ordenación territorial y el clima varían enormemente en función de las regiones europeas. Ello requiere orientaciones de gestión y estrategias de protección específicas para garantizar que la protección del suelo se realiza de manera proporcionada, basándose en prioridades regionales aunque también ateniéndose a un marco general para garantizar también el cumplimiento de las políticas de la UE.

7.

Los entes locales y regionales tienen un importante papel que desempeñar en la protección del suelo europeo, como la responsabilidad de que la legislación vigente en materia de ordenación territorial cumpla el objetivo de proteger el suelo y se aplique adecuadamente, en tanto que son responsables de la ordenación del territorio y organismos encargados de conceder los permisos de construcción y de uso de la tierra. Asimismo, pueden ser competentes para adoptar decisiones para prevenir la urbanización irregular y el sellado del suelo, incentivar la rehabilitación de zonas urbanas residenciales e industriales degradadas o abandonadas, y proteger y fomentar los parajes verdes.

8.

El CDR respalda que las futuras disposiciones europeas sobre el suelo sigan un enfoque dotado de una flexibilidad adecuada en función de las divergencias en cuanto a las circunstancias nacionales y regionales. Un marco común sobre el suelo a escala europea contribuirá a garantizar la homogeneidad de las obligaciones de protección del suelo que incumben a los gestores del suelo (en el sentido más amplio) en los distintos Estados miembros, reduciendo así la posibilidad de distorsión de la competencia en el mercado interior.

B.    Desafíos actuales y futuros

9.

El informe de la Comisión (Sección 4) evalúa los desafíos actuales y futuros. El CDR está de acuerdo con el análisis de la Comisión en el sentido de que la degradación del suelo se ha agravado tanto en la UE como en todo el mundo, y que es probable que esa tendencia se mantenga, a menos que se haga frente a una serie de factores, como el uso y gestión del suelo, la preservación de la materia orgánica y un uso más eficiente de los recursos.

10.

Está claro que el crecimiento previsto de la población mundial, el aumento en el consumo de carne y productos lácteos y la mayor utilización de la biomasa para la producción de energía, junto con la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, los riesgos de desertificación y la ocupación del terreno, se traducirán en una mayor confrontación por los recursos hídricos y del suelo y aumentarán los riesgos de degradación.

11.

Es urgente hacer frente a los riesgos y amenazas contra el suelo, especialmente por lo que respecta al cambio climático. La agricultura tiene un impacto particularmente fuerte en las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y óxido nitroso (N2O) procedentes del suelo. Los suelos de la UE contienen actualmente más de 70 000 millones de toneladas de carbono orgánico, lo que equivale a casi 50 veces nuestras emisiones anuales de gases de efecto invernadero. La pérdida de materia orgánica del suelo y el consiguiente aumento de las emisiones de CO2 es una cuestión especialmente seria por su repercusión en el cambio climático. Hay alguna evidencia (2) de que la materia orgánica está disminuyendo en el Reino Unido, Francia, Bélgica y Austria. Además de su impacto negativo en la calidad del suelo, la pérdida de materia orgánica del suelo puede dar lugar a emisiones de carbono a la atmósfera y, por consiguiente, tener efectos negativos sobre la consecución de los objetivos de la UE en materia de reducción de las emisiones de dióxido de carbono.

12.

El cambio climático tiene una serie de incidencias en los procesos relativos a los suelos, especialmente a raíz de la alteración de las tasas de humedad de los suelos, de la temperatura del suelo y del régimen hidrológico. A su vez, ello puede acarrear la degradación de los suelos, incluida la pérdida de materia orgánica y el aumento de la erosión, la compactación y la escorrentía. Actualmente, el carbono en el suelo no goza de protección en todos los países europeos por parte de las políticas de ordenación del territorio.

13.

Se está solicitando una intervención urgente para restaurar las turberas dañadas a fin de detener la pérdida de carbono y revitalizar los múltiples servicios que una turbera sana presta al ecosistema. Si bien las turberas solo representan el 2 % de la tierra cultivada en la UE, son responsables de más del 50 % de las emisiones de CO2 de este sector. En estos últimos años, también ha aumentado la preocupación por el impacto de la explotación de las turberas a la hora de suministrar turba comercial para propósitos hortícolas.

14.

Mantener las reservas de carbono (y minimizar las emisiones de óxido nitroso) contribuirá de manera significativa a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y a mitigar el cambio climático. El proyecto de la Comisión (3) llamado «Agricultura sostenible y conservación del suelo» (SOCO) presentó una serie muy útil de estudios de casos y recomendaciones.

15.

El uso eficiente de los recursos es crucial. La agricultura depende enormemente de que el suelo sea fértil y, en particular, de que contenga nutrientes. La mayoría de los abonos fosfatados utilizados en la UE son importados. La UE también genera cada año grandes cantidades de estiércol, biorresiduos y lodos de depuradora. Una forma de solucionar el problema de la seguridad de abastecimiento de los nutrientes, mejorar las condiciones del suelo y limitar la contaminación por elementos potencialmente tóxicos es garantizar una recogida, tratamiento y utilización adecuados de esos residuos. El CDR recomienda que se revise la Directiva sobre lodos para controlar el uso de otras materias orgánicas utilizadas en el suelo que en la actualidad no están contempladas por dicha directiva.

16.

Las actuales tendencias en materia de ocupación de terreno (sellado del suelo) son sumamente insostenibles en toda la UE y ello constituye una importante causa de degradación del suelo en la UE. El sellado del suelo suele afectar a las tierras agrícolas fértiles, supone un riesgo para la biodiversidad, aumenta el riesgo de inundaciones y de escasez de agua y contribuye al calentamiento global. En abril de 2012 la Comisión publicó sus orientaciones (4) sobre las mejores prácticas para limitar, mitigar o compensar el sellado del suelo. El CDR recomienda encarecidamente el seguimiento de dichas orientaciones.

17.

La deposición atmosférica en los suelos puede tener efectos negativos a causa de la acidificación y la nitrificación. En la actualidad se considera que los óxidos de nitrógeno y el amoníaco son los principales agentes de la acidificación, mientras que, en general, las emisiones de dióxido de azufre se han reducido en los últimos años como resultado de la regulación. Será esencial asegurar que las emisiones de elementos acidificantes en Europa sigan disminuyendo, para reducir la superficie del suelo que supera los niveles críticos de acidez.

C.    Actividades en curso de la Comisión Europea

18.

El informe de la Comisión (sección 5) señala cinco actividades en curso, sobre las que el CDR efectúa el siguiente comentario:

Sensibilización

19.

La sensibilización reviste una gran importancia respecto a la Estrategia Temática para la Protección del Suelo en la UE. Los gestores del suelo deben tener un conocimiento total de las prácticas de gestión del suelo que mantienen los servicios prestados al ecosistema por el suelo. Por consiguiente, el CDR elogia el trabajo de la Comisión desde 2006 en materia de sensibilización, incluyendo la publicación por la Comisión de los atlas del suelo europeo (5) y biodiversidad del suelo (6), así como importantes conferencias sobre el suelo. Asimismo, el CDR aprueba el trabajo de la Comisión a la hora de constituir un grupo de trabajo sobre sensibilización y educación en el contexto de la Red de la Oficina Europea del Suelo.

20.

La sensibilización entre los gestores del suelo y otras partes interesadas, así como la educación y la sensibilización de los ciudadanos sobre la importancia del suelo desempeñará un papel fundamental en la promoción del uso sostenible del suelo. Ahora bien, la sensibilización por sí sola no permitirá alcanzar el nivel requerido de protección del suelo, sino que será necesaria una combinación de medidas, entre las que la educación y los incentivos económicos tengan la misma importancia que las medidas reguladoras. Utilizar la sensibilización para mejorar la aplicación de las prácticas de gestión sostenible del suelo seguirá teniendo un importante papel a la hora de reducir la degradación del suelo. Por consiguiente, el CDR anima a las autoridades locales y regionales a que actúen como embajadores en este ámbito, y un posible ejemplo a seguir es la Alianza europea por las tierras y los suelos (European Land and Soil Alliance, ELSA).

Investigación

21.

La investigación es crucial para asegurar una mejor comprensión de las prioridades en materia de protección del suelo y garantizar que el desarrollo de la política siga basándose en una ciencia sólida. Por consiguiente, el CDR acoge muy favorablemente el trabajo llevado a cabo por la Comisión desde 2006 con la financiación de alrededor de 25 proyectos de investigación (7), como ENVASSO, RAMSOIL y SOILSERVICE para ocuparse de las cuestiones del suelo. Será conveniente garantizar que el conocimiento adquirido con estos proyectos de investigación siga difundiéndose adecuadamente entre los usuarios finales de esta investigación, incluidos, en última instancia, los gestores del suelo. Es preciso proveer investigación adicional del suelo y más datos sobre el seguimiento del suelo para colmar el actual déficit de conocimiento, pero debe hacerse teniendo siempre en cuenta la justa proporción de su coste y en el marco de intercambios entre los organismos implicados. La identificación de los métodos de evaluación, de las medidas de mitigación y de los requisitos mínimos para la armonización de las actividades de seguimiento del suelo es fundamental.

22.

El CDR señala que la Comisión sigue financiando la investigación, en especial sobre corrimientos de tierra, sellado del suelo, funciones edáficas, los ciclos del nitrógeno y el carbono del suelo (centrándose en la restauración de humedales), fertilidad del suelo y reciclado de nutrientes en agricultura. El CDR reconoce la necesidad de toda esta investigación, que también requerirá un intercambio adecuado de conocimientos entre las partes interesadas.

23.

El Comité de las Regiones aboga por una visión general actualizada sobre el alcance de la contaminación del suelo en la UE y sobre lo que están haciendo los Estados miembros para atajarla. Este ejercicio debería centrarse, en particular, en la relación entre la contaminación del suelo y la contaminación del agua subterránea, ya que en muchos países esta última constituye una fuente fundamental de agua potable.

Seguimiento

24.

Actualmente, no existen normas medioambientales para proteger los procesos y las funciones clave del suelo, y Europa no dispone de un plan global de seguimiento del suelo. Entre las cuestiones pendientes de resolver figura colmar la falta de datos sistemáticos sobre el suelo a escala de la UE, pasar revista a la información ya disponible, identificar las carencias y formular recomendaciones con vistas al futuro seguimiento del suelo. El CDR reconoce la necesidad de un mayor seguimiento del suelo, por ejemplo, para apoyar los apropiados planteamientos regionales en materia de protección del suelo. Es necesario mejorar el acceso de los políticos y los responsables de la toma de decisiones europeos, nacionales y regionales a la información y los datos pertinentes sobre el suelo en el nivel apropiado. Además, en toda Europa se registra un insuficiente seguimiento del suelo a largo plazo, en una red de sitios que permita abordar estas cuestiones, incluidas en particular las interacciones entre suelo y cambio climático. Por consiguiente, el CDR acoge favorablemente el mantenimiento del centro europeo de datos (ESDAC).

25.

Aunque la estrategia está en su sexto año, la UE sigue careciendo de cualquier forma de sistemas sistemáticos o armonizados de seguimiento del suelo en toda Europa, al tiempo que los métodos de análisis son muy diferentes. Hay una gran disparidad en formas de protección del suelo y calidad del suelo a lo largo de la UE, y con la propuesta de Directiva marco sobre el suelo se pretendía hacer frente a dicha disparidad. En este contexto, el CDR acoge favorablemente proyectos tales como LUCAS, dirigido a facilitar datos al ESDAC. El CDR apoya las propuestas de la Comisión para consolidar un seguimiento armonizado del suelo repitiendo sus investigaciones sobre el suelo, así como probando nuevas técnicas de teledetección.

26.

Los entes locales y regionales pueden desempeñar un importante papel en el seguimiento de la degradación del suelo y pueden contribuir a elaborar un inventario de sitios contaminados. Una política específica y eficiente para la protección del suelo debería basarse en el conocimiento de los lugares en que es probable que tenga lugar la degradación.

27.

El seguimiento de la calidad del suelo se efectúa de maneras diferentes de un Estado miembro a otro. La Comisión propuso una armonización de las actividades de seguimiento para tener una imagen más clara del estado de los suelos europeos. El JRC ya ha recabado una considerable cantidad de datos, pero podría hacerse más con informes claros y comparables de los Estados miembros. Este seguimiento armonizado debería realizarse en sinergia con la Decisión sobre el Mecanismo de Seguimiento, que en la actualidad está siendo revisada.

Integración

28.

El CDR acoge favorablemente el compromiso activo de la Comisión con los Estados miembros para adoptar medidas relativas al suelo en el arco de la Hoja de ruta hacia una Europa eficiente en el uso de los recursos, la Política Agrícola Común (PAC) y la Política Regional. Atendiendo al carácter transversal del suelo, las propuestas sobre protección del suelo de la Comisión Europea deberán integrar una serie de iniciativas políticas y mecanismos de ejecución (entre otros, la Directiva marco sobre el agua, la Directiva sobre los nitratos, las directivas relativas a las inundaciones y los lodos de depuradora, las directivas sobre hábitats y aves para la conservación de la biodiversidad, las directivas de evaluación ambiental de planes, programas y proyectos, el Reglamento de desarrollo rural y la PAC).

29.

El CDR pide a la Comisión Europea que consolide la Estrategia Temática para la Protección del Suelo a través de un plan de acción común, a fin de que los Estados miembros y los entes locales y regionales se encuentren en mejores condiciones para poner en práctica la política del suelo y aplicar las normas europeas. En la actualidad, las propuestas y medidas relacionadas con el suelo se encuentran dispersas en numerosas propuestas de la UE. La Estrategia Temática para la Protección del suelo permitiría ofrecer una visión global de las medidas vigentes y nuevas. Por ejemplo, podría señalar de manera detallada:

cuáles son los problemas del suelo que pueden resolverse gracias a la legislación medioambiental sectorial y cuáles son los problemas que siguen existiendo;

qué posibilidades hay de resolver estos últimos adaptando la legislación medioambiental sectorial;

hacer un balance de los proyectos en materia de suelo financiados con fondos de la UE. El CDR pide a la Comisión Europea que reserve una parte de los fondos europeos para financiar proyectos relativos al suelo.

30.

Cabe acoger favorablemente la propuesta «ecologización» de la PAC. Es necesaria una reforma a fin de adoptar medidas para hacer la PAC más atractiva para las soluciones regionales en cuestiones tales como la protección del suelo. Esto incluye considerar el uso del Fondo de Desarrollo Rural de la UE para establecer contratos en materia de desarrollo rural para financiar la labor de los gestores del suelo a la hora de proteger el suelo, restaurar turberas, formar humedales, transformar las tierras de cultivo en pastizales, prevenir la erosión del suelo y proteger la materia orgánica. Por consiguiente, el CDR apoya decididamente las observaciones de la Comisión sobre la adopción de otras medidas a través del Fondo de Desarrollo Rural para mejorar la calidad del suelo y aplicarlas a una superficie mayor que la cubierta por tales medidas.

31.

El informe AEMA/JRC de 2012 indica que las actuales buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM) no han sido totalmente suficientes para los propósitos de protección del suelo. Por consiguiente, es necesario que las actuales propuestas de «ecologización de la PAC» se dirijan a mejorar los resultados de la protección del suelo, sin aumentar las cargas administrativas para las autoridades de los Estados miembros. Entre dichas propuestas se incluye una evaluación de si hay margen para desarrollar más las medidas BCAM para mejorar la protección del suelo.

32.

También habría que reconocer que las medidas de la PAC solo cubren los suelos agrícolas que reciben pagos a las explotaciones agrícolas. El CDR apoya las propuestas de la Comisión de aclarar y especificar más las normas aplicables al suelo en el contexto de la reforma global de la PAC. En particular, el CDR acoge favorablemente la propuesta actual de una nueva BCAM sobre protección de la materia orgánica, que incluye la prohibición de quemar rastrojos y la primera labor de humedales y suelos ricos de carbono.

33.

El CDR apoya el trabajo en curso de la Comisión para integrar mejor la protección del suelo en otras áreas políticas pertinentes. Ello incluye el desarrollo de una Asociación Europea para la Innovación sobre productividad y sostenibilidad de la agricultura, centrándose especialmente en la gestión de las tierras, el Programa de salvaguardia de las aguas de Europa y la aplicación de la Política de Cohesión.

34.

Hay una clara relación entre la gestión del suelo y la contaminación difusa, y esta es una importante y urgente cuestión respecto a la calidad del agua en Europa. Hay riesgos para la calidad del agua a causa de la erosión del suelo y la transferencia de nutrientes y plaguicidas de las tierras agrícolas. La Directiva 91/676/CEE sobre los nitratos, la Directiva 2006/118/CE sobre aguas subterráneas y la Directiva marco sobre el agua no requieren directamente una legislación específica sobre el suelo a pesar de la importancia que reviste la contaminación difusa. Una vez contaminada, el agua subterránea puede tardar muchos cientos de años en descontaminarse y, por consiguiente, el CDR aboga por la adopción de las medidas adecuadas para combatir la degradación del suelo y los riesgos de contaminación difusa del agua subterránea, así como de otros cursos de agua.

35.

Si bien la prevención de la degradación del suelo debería seguir siendo la prioridad, el actual estado de algunos suelos europeos requerirá la adopción de medidas para la rehabilitación del suelo. El CDR acoge favorablemente la propuesta de la Comisión para que los Fondos de Cohesión y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) sigan financiando la rehabilitación de zonas industriales abandonadas en el próximo período de programación 2014-2020. Las autoridades locales y regionales deberían seguir siendo conscientes de que aún quedan disponibles considerables recursos de los Fondos de Cohesión para las regiones que pueden acogerse a esos fondos y que deseen hacer frente a la degradación del suelo.

36.

El CDR pide a la Comisión Europea que ofrezca mayores posibilidades para emprender proyectos relativos al suelo en el marco del programa de ayuda LIFE+. En los próximos años, podrían ampliarse las modalidades de financiación de este programa. En las condiciones actuales, los proyectos deben integrarse en el capítulo de «Política y Gobernanza Medioambiental», tener valor de ejemplo o presentar un carácter innovador. Sin embargo, en muchos casos el tratamiento de los problemas del suelo no requiere tanto innovar como repetir operaciones o continuar actividades iniciadas con anterioridad.

Legislación

37.

El CDR acoge favorablemente que la Comisión proponga revisar la Directiva de Evaluación de Impacto Ambiental, lo que propiciará una mayor integración de las consideraciones relativas al suelo en las primeras fases de la planificación de proyectos. Será conveniente que la Comisión considere incentivos para reducir las emisiones de carbono y mantener la materia orgánica del suelo, mediante la inclusión del sector del uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura (LULUCF) en el compromiso de la UE en materia de cambio climático para 2020.

Escena internacional

38.

La degradación del suelo puede tener consecuencias más allá de las fronteras (por ejemplo, las emisiones de gases de efecto invernadero, la contaminación difusa, la erosión de los sedimentos, la pérdida de carbono del suelo, la difusión de la contaminación a través de las fronteras). Las áreas de suelo orgánico convierten los suelos europeos en un gran sumidero, así como una fuente potencial de gases de efecto invernadero, incluidas las emisiones de N2O.

39.

El CDR acoge favorablemente los esfuerzos constructivos de la Comisión en la conferencia Río+20 y la inclusión de la degradación de la tierra en el texto final (8), y anima a la Comisión a mantener la política del suelo entre sus prioridades en las conferencias internacionales como las reuniones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CNMUCC) y otros foros pertinentes como la Convención sobre la Diversidad Biológica. Asimismo, el CDR acoge con satisfacción que la Comisión y la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación (CLD) estén apoyando activamente una iniciativa sobre los aspectos económicos de la degradación edáfica con vistas al establecimiento de incentivos a la inversión en políticas de gestión sostenible de las tierras. Asimismo, el CDR acoge favorablemente que la Comisión trabaje en la escena internacional para promover el establecimiento de un grupo intergubernamental sobre el suelo.

D.    Subsidiariedad, proporcionalidad y mejor regulación

40.

El informe de la Comisión no plantea las cuestiones de la subsidiariedad o proporcionalidad propiamente dichas, ya que se trata de un informe sobre la aplicación de la Estrategia Temática para la Protección del Suelo. Y tampoco hace una referencia directa a la posible legislación de la UE sobre la protección del suelo que, sin embargo, plantearía dichas cuestiones.

41.

Los Estados miembros que se oponen a la propuesta de Directiva marco de 2006 y bloquearon el paso de la legislación al Consejo en 2010 invocan el argumento de la subsidiariedad. El problema es que, si bien algunos Estados miembros ya han avanzado cierta legislación sobre la protección del suelo, otros carecen de un marco jurídico o tienen uno menos desarrollado. El CDR pide a los Estados miembros que adopten inmediatamente medidas a nivel nacional. Aboga por que:

los Estados miembros que ya disponen de una política del suelo la desarrollen en la medida en que sea necesario,

los Estados miembros que dispongan de una política elaborada en la materia desempeñen un papel de mentores respecto de los que no la tienen, compartiendo su experiencia. El CDR pide a la Comisión Europea que acompañe este proceso;

los Estados miembros que aún no dispongan de una política del suelo elaboren una en un plazo previsible, mientras esperan avances a nivel europeo.

El CDR apoya las medidas de la Comisión Europea que permiten a los Estados miembros instaurar y aplicar, dentro de sus competencias, disposiciones en materia de protección del suelo.

42.

La degradación del suelo, junto con los gases de efecto invernadero, la contaminación, la compactación, la contaminación difusa y el sellado, tienen efectos transfronterizos y, por consiguiente, justifica (como mínimo) la coordinación de la política a nivel europeo. A título de ejemplo, los suelos compactados o degradados que se muestran incapaces de retener el agua de lluvia pueden aumentar la inundación en países vecinos. La contaminación del agua y la eutrofización también se producen como consecuencia de la contaminación del suelo y no se ven limitadas por las fronteras de los distintos países. Los sedimentos arrastrados por la erosión del suelo en un país pueden bloquear embalses o dañar infraestructuras como los puertos de otros países; el suelo contaminado puede contaminar el agua subterránea en un país vecino. Así, la legislación europea se ve como una forma de proteger a los usuarios de la tierra en un determinado país de las consecuencias negativas de las prácticas seguidas en otro país de las que dichos usuarios no son responsables (9). Cuando se producen efectos transfronterizos, las iniciativas de cooperación entre los entes regionales y locales son esenciales para hacer frente a esta situación.

43.

Dado que Europa sigue sufriendo los efectos de degradación del suelo seis años después de la publicación de la Estrategia Temática para la Protección del Suelo, es difícil comprender cómo incluso una estrategia temática revisada sin una directiva marco sobre el suelo será suficiente para alcanzar un elevado nivel de protección del suelo en todos los Estados miembros de la UE y superar los problemas mencionados supra. Es necesario que la Comisión Europea y los Estados miembros redoblen sus esfuerzos para alcanzar un elevado nivel de protección.

44.

Para asegurar la proporcionalidad, la futura legislación de la UE sobre la protección del suelo debe dejar a los Estados miembros suficiente margen de maniobra para determinar las medidas más adecuadas al nivel geográfico y administrativo más apropiado. Ello es crucial para garantizar que se tengan debidamente en cuenta las especificidades regionales y locales en materia de variabilidad del suelo, usos de la tierra, condiciones climáticas locales y aspectos socioeconómicos.

E.    Conclusiones

45.

El CDR reconoce el trabajo de la Comisión en la aplicación de la Estrategia Temática para la Protección del Suelo. Los suelos de Europa son fundamentales para nuestra vida y necesitan protección. La importancia del suelo como un recurso no renovable esencial para un medio ambiente sostenible debería reconocerse con medidas y políticas generales para la protección del suelo.

46.

Es preciso proteger los suelos para:

salvaguardar el suministro de alimentos de calidad tanto hoy como en el futuro;

contribuir a mantener limpias las aguas subterráneas y de superficie;

almacenar carbono, limitar las emisiones de gases de efecto invernadero y adaptarse al cambio climático;

contribuir a la gestión y mitigación de los efectos de las inundaciones y otras catástrofes naturales;

proteger la biodiversidad y sus componentes;

conservar áreas recreativas sanas;

mantener la geodiversidad y el patrimonio cultural y arqueológico.

47.

En todos los países europeos, el suelo puede plantear determinados problemas, a veces con consecuencias severas, irreversibles y costosas. Esto se debe principalmente a la contaminación del suelo, los corrimientos de tierras, la pérdida de materia orgánica, la erosión, la salinización, la desertificación y el sellado del suelo. Es necesario contar con más políticas y normativas a nivel de la UE, así como medidas y –cuando no existan previamente- normativas de los Estados miembros para proteger el suelo ante las cruciales funciones y aportaciones al ecosistema que el suelo proporciona al medio ambiente, la sociedad y la economía de Europa. El coste de la acción reguladora debería compararse con los costes de la inacción en términos de los costes indirectos que supone el cambio climático, la contaminación del agua, la gestión de las inundaciones, la sanidad pública, etc. En 2006 la Comisión estimó que los costes totales de la degradación del suelo en la UE-25 podrían elevarse a 38 000 millones de euros al año.

48.

La calidad del suelo está íntimamente relacionada con otros aspectos medioambientales de alcance europeo (entre otros, el aire, la calidad de las aguas, el riesgo de inundaciones, la biodiversidad, el cambio climático, las energías renovables, etc.). La futura política sobre el suelo debe integrar sus vínculos con los demás objetivos medioambientales de la UE (por ejemplo, la Directiva marco sobre el agua). Aunque hay muchas disposiciones europeas que incluyen alguna faceta de protección del suelo, no existe una legislación completa y específica sobre el suelo. Generalmente, el ámbito de aplicación de las disposiciones en vigor está restringido a usos o modos de gestión específicos del suelo, de manera que no abarcan todo el territorio ni cualquier tipo de suelos.

49.

Los entes locales y regionales necesitan evaluar la ocupación del terreno en sus áreas y considerar qué puede hacerse si las tendencias son insostenibles. Este trabajo puede apoyarse utilizando la Guía de la Comisión sobre sellado del suelo, así como aplicando los cuatro pilares de la Estrategia Temática para la Protección del Suelo. Asimismo, deberían seguir contribuyendo proactivamente a dicha estrategia apoyando, por ejemplo, el desarrollo de códigos locales de prácticas sobre la protección del suelo.

50.

En cualquier caso, las carencias de las medidas para proteger el suelo se tratan mejor partiendo de una base común para toda la UE, mediante un marco general y principios comunes a los que deban adherirse todos los países. Por ello habría que apoyar una directiva marco sobre el suelo, aunque es esencial que la política no sea innecesariamente prescriptiva, estableciendo, por ejemplo, disposiciones cuantitativas o valores límite. El principio de subsidiariedad es particularmente importante porque los suelos difieren mucho en función de las regiones europeas. Por consiguiente, las estrategias de protección del suelo han de basarse en criterios de riesgo, depender de la situación, ser proporcionadas y tener en cuenta las especificidades regionales. Es necesario adoptar medidas específicas para garantizar la protección del suelo. La aplicación de la política del suelo corresponde, en primer lugar, al nivel local y regional, por lo que es prioritario adoptar las disposiciones en la materia a este nivel. Necesitamos un mejor seguimiento del suelo para contribuir a desarrollar, apoyar y evaluar los planteamientos regionales sobre la protección del suelo.

51.

La política del suelo tiene que encontrar el justo equilibrio entre la acción europea y la aplicación de los principios de subsidiariedad y mejor regulación para evitar innecesarias cargas administrativas adicionales y costes desproporcionados. Por consiguiente, las normativas de la UE sobre el suelo deberían concebirse para intervenir solo cuando sea necesario actuar.

Bruselas, 30 de noviembre de 2012.

El Presidente del Comité de las Regiones

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_reference_report_2012_02_soil.pdf

(2)  Agencia Europea de Medio Ambiente/Centro Común de Investigación de la Comisión Europea (JRC), 2012., Estado del suelo en Europa, http://ec.europa.eu/dgs/jrc/downloads/jrc_reference_report_2012_02_soil.pdf

(3)  Véase http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/projects/SOCO/.

(4)  Informe sobre las mejores prácticas para limitar el sellado del suelo y mitigar sus efectos (abril de 2011).

(5)  Véase http://eusoils.jrc.ec.europa.eu/projects/soil_atlas/index.html.

(6)  Atlas Europeo de la Biodiversidad del Suelo.

(7)  Proyectos del suelo del JRC.

(8)  http://www.uncsd2012.org/thefuturewewant.html.

(9)  Agencia Europea de Medio Ambiente (2011): «El suelo: vale la pena mantenerse firme al respecto. Argumentos para la Directiva marco sobre el suelo».


19.1.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 17/45


Dictamen del Comité de las Regiones — La innovación al servicio del crecimiento sostenible: una bioeconomía para Europa

2013/C 17/09

El COMITÉ DE LAS REGIONES constata que

las ciencias de la vida y la biotecnología contribuyen de manera considerable a cumplir los objetivos fundamentales de las políticas de la UE, como la salud, el desarrollo sostenible y económico y la creación de empleo

la transición a la bioeconomía es un requisito previo para que Europa se convierta en un líder mundial en el ámbito de la bioeconomía, especialmente en lo relativo a la innovación y la competitividad

en Horizonte 2020 la bioeconomía se considere un «reto social» y que sea objeto de un presupuesto propuesto por la Comisión de 4 500 millones de euros

pasarán todavía al menos veinticinco años antes de que la bioeconomía pueda competir con la economía basada en los combustibles fósiles, y que ello requiere una inversión a largo plazo (en I+D), estrategias (para después de 2020) y cooperación entre todas las partes interesadas a lo largo de la cadena de valor con el objetivo de lograr la transferencia de conocimiento cooperativo

la bioeconomía proporcionará nuevas oportunidades de negocio e innovación para la cadena de valor europea, incluido el sector agrícola

los instrumentos de ordenación territorial son importantes para preservar las superficies utilizadas con fines agrarios o forestales

el plan de acción propuesto por la Comisión no contempla ninguna medida para explotar más eficazmente los recursos naturales

Ponente

Rogier VAN DER SANDE (NL/ALDE)

Miembro del Consejo Ejecutivo de la Provincia de Holanda Meridional

Texto de referencia

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: «La innovación al servicio del crecimiento sostenible: una bioeconomía para Europa»

COM(2012) 60 final

I.   EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Mensajes clave

1.

acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión Europea (en adelante «la Comisión») en la que se propone un cambio hacia un mayor uso y más sostenible de los recursos naturales y en la que se hace un llamamiento a operar una transición y pasar de una sociedad basada en los combustibles fósiles a otra de base biológica gracias a la investigación y la innovación;

2.

coincide con la Comisión en que la «bioeconomía» es un elemento clave para el crecimiento inteligente y ecológico y que contribuye a alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y las iniciativas emblemáticas «Unión por la innovación» y «Una Europa que utilice eficazmente los recursos»; reitera que las ciencias de la vida y la biotecnología contribuyen de manera considerable a cumplir los objetivos fundamentales de las políticas de la UE, como la salud, el desarrollo sostenible y económico y la creación de empleo (1);

3.

reconoce que la transición a la bioeconomía es un requisito previo para que Europa se convierta en un líder mundial en el ámbito de la bioeconomía, especialmente en lo relativo a la innovación y la competitividad; señala que la bioeconomía tiene un enorme potencial de creación de empleo, y no sólo en los sectores agrícolas; observa que los recursos naturales del mundo están disminuyendo, y que Europa necesitará avanzar con más rapidez para seguir siendo competitiva en el ámbito de la bioeconomía, dado que otros países del mundo están creando estrategias similares y estimulando activamente iniciativas de mercado (como China o Estados Unidos); cree que lo que Europa necesita es una respuesta europea fuerte basada en la innovación para apoyar la bioeconomía;

4.

cree que el plan de acción establecido en la Comunicación carece de medidas e instrumentos prácticos para hacer frente a posibles obstáculos o riesgos en la transición hacia una bioeconomía; hay que prestar especial atención a los solapamientos o conflictos de normativas y a la disponibilidad del capital riesgo;

5.

acoge favorablemente el hecho de que en Horizonte 2020 (2) la bioeconomía se considere un «reto social» y que sea objeto, junto con la política de seguridad alimentaria y la agricultura sostenible, de un presupuesto propuesto por la Comisión de 4 500 millones de euros; ello brinda la oportunidad de que los avances innovadores traten cuestiones como la seguridad alimentaria, la escasez de recursos naturales, la agricultura sostenible, la dependencia de los recursos fósiles, la fertilidad de los suelos y el cambio climático, a la vez que se alcanza un crecimiento económico sostenible; pero el Comité señala sin embargo que el hecho de reservar unos medios para la «seguridad alimentaria, la agricultura sostenible, la investigación marina y marítima y la bioeconomía» está en contradicción con la lista de los sectores que la Comisión, en su Comunicación, considera que forman parte de la bioeconomía; insiste en que pasarán todavía al menos veinticinco años antes de que la bioeconomía pueda competir con la economía basada en los combustibles fósiles, y que ello requiere una inversión a largo plazo (en I+D), estrategias (para después de 2020) y cooperación entre todas las partes interesadas a lo largo de la cadena de valor con el objetivo de lograr la transferencia de conocimiento cooperativo;

6.

considera que la transición de una economía «fósil» hacia una bioeconomía podría convertir al sector agrícola en suministrador de una multiplicidad de productos biológicos (no alimentarios), garantizando a la vez la seguridad alimentaria y sin perjuicio de su función primaria de proveedor de alimentos, lo cual podría conducir a un sector agrícola más sostenible. La bioeconomía proporcionará nuevas oportunidades de negocio e innovación para la cadena de valor europea, incluido el sector agrícola; cree que, para poder hacer un uso óptimo de los recursos naturales, se necesita una estrecha interacción entre los sectores de la agricultura, la bioeconomía y la ciencia (3), con el fin de crear un sector agrícola sostenible y más eficiente; la intensificación de la producción primaria no debe entrar en contradicción con el principio de sostenibilidad; por ello, insiste en la importancia de los instrumentos de ordenación territorial para preservar las superficies utilizadas con fines agrarios o forestales;

7.

coincide en que, para acelerar la transición hacia una bioeconomía europea sostenible, se necesita un abastecimiento seguro y suficiente de bioproductos sostenibles y de alta calidad y sistemas de producción primaria productivos; señala que, sin embargo, el plan de acción propuesto por la Comisión no contempla ninguna medida para explotar más eficazmente los recursos naturales;

Aplicar la bioeconomía (intersectorial)

8.

resalta el hecho de que en el ámbito de la bioeconomía es necesario centrarse más, en términos de estrategia y política, regulación e incentivos; reitera que para evitar contradicciones en los objetivos políticos y asegurar unas condiciones equitativas para todos los participantes es necesario lograr una coordinación continua, un compromiso político claro y una mayor integración entre las políticas europeas (Horizonte 2020, política de cohesión, PAC, Directiva sobre las fuentes de energía renovables, Directiva marco relativa a los residuos);

9.

acoge favorablemente los esfuerzos y la ambición de la Comisión respecto de un enfoque político integrado, intersectorial e interdisciplinario para la bioeconomía; señala que se necesita una fuerte coordinación política de la Comisión y que las ambiciones aún no tienen en cuenta el nivel de aplicación práctica necesaria a escala regional y local;

10.

apoya los esfuerzos de la Comisión para lograr una definición de «bioeconomía» que sea común y amplia; cree que, dado el carácter intersectorial de la «bioeconomía», su significado puede variar según las distintas partes interesadas europeas, nacionales y regionales activas en el sector de la bioeconomía; considera que la pirámide de biomasa (figura 1) (4) puede ofrecer un marco para debatir de manera más estructurada los valores y el uso preferido de la biomasa;

11.

cree que Europa debería desarrollar y aplicar su propia visión, clara y a largo plazo, sobre bioeconomía sobre la base de los distintos segmentos de la pirámide de biomasa (véase la figura 1), en la que los segmentos más altos representan los valores más altos; considera que Europa debería seguir una «estrategia de valor» centrada en los segmentos más altos de la pirámide de biomasa y dando preferencia al empleo de biomasa de segunda y, en su momento, tercera generación (5); reconoce que la inversión en biomasa de primera generación es un paso necesario en la transición hacia la biomasa de segunda y, en su momento, tercera generación; cree que estos objetivos europeos deberían incorporarse a todas las políticas intersectoriales relacionadas con la bioeconomía;

Image

12.

considera que Europa debería tomar –y mantener– las riendas en el desarrollo de criterios de sostenibilidad para optimizar la oferta y la demanda de biomasa (o de «recursos biológicos renovables»), promoviendo el uso sostenible de la tierra, teniendo en cuenta la mayor capacidad de producción agrícola y el recurso acelerado a la biomasa de segunda y, en el futuro, tercera generación, minimizando los posibles efectos negativos de la utilización no sostenible de la biomasa de primera generación y abordando el debate sobre alimento o combustible;

13.

recomienda a la Comisión que desarrolle una hoja de ruta común de la bioeconomía que proporcione un análisis de los próximos pasos necesarios para desarrollar una bioeconomía europea, teniendo en cuenta el enfoque de la cadena de valor y los trabajos existentes de las Plataformas Tecnológicas Europeas, la OCDE y otros; pide que se incluyan medidas e instrumentos prácticos y que a la vez se tengan en cuenta los distintos perfiles que tienen las regiones; subraya el potencial que tiene la cooperación interregional para la cadena de valor;

14.

señala que la bioeconomía abarca una serie de ámbitos políticos dentro de la Comisión. Por ello, para facilitar el acceso a las iniciativas y los programas de la UE relacionados con la bioeconomía, sugiere que se adopte un enfoque de ventanilla única, en el que todas las solicitudes se tramiten a través de un único punto de entrada en la Comisión;

Instrumentos de la gobernanza multinivel y subsidiariedad

15.

celebra el hecho de que la Comunicación de la Comisión tenga en cuenta la dimensión regional de la bioeconomía y considera que la Comunicación y todas las propuestas del Plan de Acción sobre Bioeconomía respetan el principio de subsidiariedad;

16.

advierte que en Europa pocos Estados miembros han estado llevando a cabo actividades para apoyar el desarrollo de la bioeconomía, y que los que han desarrollado estrategias en este ámbito son principalmente los gobiernos nacionales; buen ejemplo de ello es la estrategia regional común sobre bioeconomía de «Biobased Delta Europe» (suroeste de los Países Bajos y Flandes); considera que se necesita un marco integrado y un enfoque europeo más cooperativo; cree que es necesario reforzar las iniciativas locales y regionales mediante la aplicación de estrategias sobre bioeconomía a todos los niveles de cooperación (UE, nacional, regional y local) y la coordinación de las actividades intersectoriales. Es preciso crear mecanismos para coordinar todos los ámbitos políticos (intersectoriales) relevantes relacionados con la bioeconomía a escala de la UE, nacional y regional;

17.

respalda la propuesta de la Comisión de crear un panel de bioeconomía, que ayude a mejorar las sinergias y la coherencia entre las políticas, y debatir y evaluar la repercusión práctica de las acciones políticas relacionadas con la bioeconomía; considera que sigue sin estar claro cuál es la finalidad exacta del panel, cómo trabajará en la práctica y cómo participarán las regiones; resalta que debería celebrarse un foro multilateral en el que se reúnan los distintos representantes en una configuración de «triple hélice» (empresas, centros de investigación y entes locales y regionales) para intercambiar conocimientos e ideas y debatir soluciones para una futura «biosociedad», así como los esfuerzos prácticos para pasar de una economía basada en los combustibles fósiles a la bioeconomía; considera que en la plataforma debería haber una buena representación de un amplio abanico de sectores, proporcionando una buena base para facilitar un enfoque intersectorial a la bioeconomía;

18.

cree que el funcionamiento y el papel de las plataformas de bioeconomía nacionales, regionales y locales pueden variar; exhorta a la Comisión a que establezca orientaciones específicas que describan las competencias de los paneles de bioeconomía nacionales, regionales y locales; resalta el hecho de que los paneles de bioeconomía deberían llevar a cabo tareas de coordinación entre las comunidades política, científica y empresarial, con el fin de acordar las medidas que deban tomarse en la fase de precompetencia; hace un llamamiento en favor de un enfoque local que tenga en cuenta sus respectivas circunstancias y prioridades geográficas, de desarrollo, medioambientales y regionales, así como las iniciativas regionales existentes; considera que cada región debería poder «contar su propia historia» y desarrollar su propia estrategia bioeconómica regional;

19.

señala que los entes locales y regionales desempeñan un papel fundamental en la aplicación y el desarrollo de la bioeconomía; reconoce que los entes locales y regionales son vitales para definir los riesgos y los posibles obstáculos en la aplicación sobre el terreno, por lo que recomienda encarecidamente que participen de manera activa en la creación, la organización y la aplicación del panel de bioeconomía; pide a la Comisión que proporcione la flexibilidad suficiente y aclare la función y el papel de los paneles regionales y/o nacionales, la manera como interactúan y cómo las experiencias regionales y/o locales se reflejarán en el panel de bioeconomía de la UE;

20.

cree que el éxito de la transición hacia la bioeconomía dependerá de la participación activa de la sociedad civil en los procesos de planificación y aplicación; destaca la importancia de la sensibilización pública; anima a la Comisión a que haga hincapié en la relación entre la ciencia, la sociedad y la elaboración de políticas, y el importante papel de los entes locales y regionales en esta transición;

21.

opina que la transición hacia una bioeconomía solo tendrá éxito en una «biosociedad»; en consecuencia, considera que las ONG y las organizaciones de la sociedad civil deberían desempeñar un papel principal en las primeras etapas de la transición y estar representados en los paneles;

22.

destaca el potencial de la bioeconomía para el crecimiento y la creación de empleo de Europa; considera que ello requiere unos trabajadores altamente capacitados para desarrollar las innovaciones y la base de conocimiento necesarios para construir la bioeconomía; resalta el hecho de que, mientras que la política de educación es una competencia nacional, es importante dar pasos hacia delante para integrar la bioeconomía en el currículum ordinario en la enseñanza primaria, en la formación profesional y en la educación superior, mediante estudios y cursos relacionados con la agricultura, la química y la alimentación;

23.

destaca el potencial de la bioeconomía para el crecimiento y la creación de empleo de Europa; considera que ello requiere unos trabajadores altamente capacitados para desarrollar las innovaciones y la base de conocimiento necesarios para construir la bioeconomía; resalta el hecho de que, es importante dar pasos hacia delante para integrar la bioeconomía en el currículum ordinario en la enseñanza primaria, en la formación profesional y en la educación superior, mediante estudios y cursos relacionados con la agricultura, la química y la alimentación. No obstante, conforme a lo dispuesto en el artículo 165 del TFUE, la educación es competencia de los Estados miembros, y por lo tanto no se pueden establecer requisitos en este ámbito a escala de la UE.

Una bioeconomía sostenible en el mercado interior y en el mercado mundial

24.

destaca el papel importante de las asociaciones público-privadas para acelerar la transición hacia la bioeconomía; considera que las pymes desempeñan un papel fundamental en la traducción de la investigación científica en aplicaciones y en la comercialización de nuevos productos o técnicas; opina que el papel de las pymes regionales en la innovación no se puede destacar lo suficiente y que se necesita un apoyo fuerte y estructurado para estimular sus actividades;

25.

cree que es necesario facilitar un mejor acceso de las pymes a la financiación, invirtiendo en empresas de nueva creación, recurriendo al capital riesgo y apoyando la transferencia tecnológica, la adopción de reglamentos menos complejos y la valoración del conocimiento en el ámbito de la bioeconomía; sugiere que se debería crear un panel de pymes para aconsejar al panel de bioeconomía y velar por un enfoque empresarial;

26.

se muestra preocupado por que el actual marco político y económico de la UE no apoya el uso industrial de biomasa como materia (prima);

27.

destaca que la transición hacia una bioeconomía debe ser coherente con la aplicación del mercado interior y la política comercial;

Ejemplos regionales e instrumentos de financiación

28.

celebra la aparición de redes europeas de regiones y clusters líderes en bioeconomía; entre los ejemplos encontramos la cooperación entre Flandes (Bélgica) y el suroeste de los Países Bajos, el noroeste de Francia, Renania del Norte-Westfalia (Alemania), la región de Helsinki (Finlandia), Estiria (Austria) y las iniciativas de Suecia, Estonia y Hungría; pide a la Comisión que respalde este tipo de redes y clusters con el fin de estimular el intercambio de experiencias y la tramitación conjunta de solicitudes de proyectos con otras regiones europeas y que los incluya en el panel de bioeconomía; cree que es importante el aprendizaje mutuo sobre la creación de fondos de inversión y transferencia de tecnología;

29.

cree que las iniciativas de abajo arriba son importantes para crear una «biosociedad» y que es fundamental que haya un enfoque empresarial basado en la demanda combinado con un enfoque basado en el gobierno;

30.

señala que las regiones que producen biomasa deberían poder beneficiarse de la innovación tecnológica en vez de que simplemente se les considere como suministradores de biomasa; así hay que prestar especial atención a la transferencia de tecnología y a la valoración del conocimiento; considera que es importante que existan vínculos estrechos entre las regiones agrícolas y urbanas para la transferencia de tecnología y la valoración del conocimiento;

31.

considera que parte de los fondos de la PAC deberían apoyar –junto con los del programa Horizonte 2020– a la Asociación europea para la innovación en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas a salvar las distancias entre la I+D y la práctica agrícola, con el fin de aumentar la base de conocimientos y su valoración (6);

32.

sugiere que la Comisión facilite un esbozo general y un inventario de mejores prácticas, actividades existentes y bioproductos disponibles procedentes de clusters regionales y regiones, basándose en el trabajo ya realizado por y los resultados obtenidos en el marco de programas existentes como ABC-Europe, Cluster-IP financiado por la DG Empresa e Industria (7), así como los programas Interreg, en el marco de la política regional, y las Regiones del conocimiento en el marco del 7o PM (8), y promueva la programación multifondo;

33.

acoge favorablemente la propuesta de la Comisión Europea de reservar una parte del Fondo Europeo de Desarrollo Regional para proyectos relacionados con la «economía de bajas emisiones de carbono» en las regiones menos desarrolladas, en las regiones desarrolladas de «transición» y en las más ricas; cree que ello tendrá un impacto positivo en la transición hacia una «biosociedad» europea; subraya el potencial de las estrategias de especialización inteligente (S3) para permitir a las regiones adoptar un enfoque más estratégico e integrado sobre la bioeconomía;

34.

sugiere que se debería apoyar a las regiones avanzadas en el ámbito de la bioeconomía para que den los pasos necesarios que requieren las cadenas de valor de la bioeconomía y para conectarse a otras regiones menos avanzadas; cree que las regiones avanzadas y menos avanzadas deberían fomentar conjuntamente plantas piloto en las que las empresas (incipientes) puedan probar nuevos productos en un entorno protegido; cree que este enfoque de «escalera de excelencia» llevaría a un uso eficiente de los recursos a la vez que fomentaría la cohesión; respalda iniciativas como las Regiones del conocimiento que proporcionan un instrumento útil para la puesta en común de conocimientos, fomentan de manera considerable la adopción y la adaptación eficaces de los conocimientos procedentes de la investigación en las regiones y generan nueva cooperación en el ámbito de la investigación;

35.

está convencido de que tanto las comunidades de conocimiento e innovación (CCI) como las Comunidades de Innovación y Aplicación Regional afrontan retos sociales a largo plazo y detectan y aprovechan nuevas oportunidades para la innovación en Europa; por ello, pide a la Comisión que ponga en marcha una CCI centrada en la bioeconomía en la nueva tanda de CCI del período 2014-2020 (9);

36.

habiendo dicho lo anterior, cree que hay un sentido palpable de urgencia entre todas las partes interesadas europeas, nacionales, regionales y locales, respecto del desarrollo de una economía de bajo consumo de carbono, o bioeconomía; reorientar el camino hacia ese objetivo y hacerlo realidad requiere una revolución en nuestras formas de pensar y de actuar; puesto que las regiones son claves en su ejecución práctica, el CDR ofrece su experiencia y expresa su voluntad de cooperar estrechamente con la Comisión para llevar la estrategia sobre bioeconomía en Europa a su siguiente fase;

Próximos pasos a dar por la UE y las regiones

37.

pide a la Comisión que dé los pasos siguientes a nivel de la UE:

a.

que desarrolle más la estrategia sobre bioeconomía (utilizando una estructura de «triple hélice»), centrada en los segmentos más altos de la pirámide de biomasa; que establezca un panel de bioeconomía con representantes de las empresas, los centros de conocimiento y las autoridades públicas (a nivel regional, nacional y de la UE);

b.

que desarrolle un enfoque integrado sobre la bioeconomía que se base y que exija una estrategia multifondo tanto a nivel regional como europeo (Horizonte 2020, política de cohesión, PAC);

c.

que en las regiones sensibilice a la población sobre la necesidad de la bioeconomía y las oportunidades que brinda;

d.

que base el enfoque integrado sobre la bioeconomía en reglamentos y medidas estimulantes y no conflictivas (mediante sistemas de certificación y programas de I+D integrados y a medida que comprendan varias Direcciones Generales) y permitiendo a las regiones determinar su propia dirección respecto de la bioeconomía y la estrategia de especialización inteligente;

y que siga desarrollando una estrategia europea centrada en:

la especialización y la valoración del conocimiento en lo que respecta a las innovaciones en el sector de la bioeconomía europea, con el fin de seguir siendo competitivos a escala mundial,

la investigación y desarrollo de la biomasa de segunda y tercera generación,

las cadenas de valor (desde la producción de las materias primas a la comercialización de los productos finales),

los productos con un elevado valor añadido;

38.

consideramos que las regiones tienen lo siguiente que ofrecer:

a.

el inventario y la disponibilidad de mejores prácticas documentadas de regiones que están planificando y aplicando con éxito (aspectos) de la bioeconomía y encontrando formas de propagar y ceder estas estructuras a otras regiones («escalera de excelencia»);

b.

ayudar en la creación de estructuras en forma de «triple hélice» y aportar información para los paneles de bioeconomía;

c.

debido a su posición cercana a los ciudadanos, los entes locales y regionales pueden elevar la sensibilización respecto de (las necesidades y las ventajas de) la bioeconomía a nivel local y regional;

d.

apoyar la creación de «escaleras de excelencia» facilitando e iniciando la cooperación interregional entre las regiones menos y más desarrolladas, y utilizando enfoques multifondo en los programas y proyectos europeos.

Bruselas, 30 de noviembre de 2012.

El Presidente del Comité de las Regiones

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CDR 174/2007 fin.

(2)  COM(2011) 808 final.

(3)  CDR 1749/2012 –NAT-V-022.

(4)  Véase el informe «De Ecopyramide – Biomassa beter benutten» (Derksen y otros, 2008) y el resumen en inglés «The Ecopyramid – better biomass efficiency»:

http://www.innovatienetwerk.org/en/bibliotheek/rapporten/342/DeEcopyramide.

(5)  En general, los biocombustibles de primera generación se producían a partir de los cultivos alimentarios (como el trigo o el maíz), de aceite (como la colza y el aceite de palma) y de azúcar (como el lúpulo y la caña de azúcar) utilizando tecnologías ya comprobadas. En general, los biocarburantes de segunda generación se producen a partir de materiales celulósicos (materias primas lignocelulósicas) y de residuos agrícolas o de cultivos específicos (que no están destinados a la producción de alimentos). Por biocombustibles de tercera generación se entiende, sintéticamente, una biomasa cultivada, muy eficiente en cuanto a su aprovechamiento de la luz y del suelo, que no se cultiva con fines alimentarios. El mejor ejemplo de ello son las algas, que proporcionan aceite y productos muy valiosos. Véase: http://www.biofuelstp.eu/fuelproduction.html y http://biofuelsandthepoor.com/facts-and-definitions/.

(6)  Dictamen del Comité de las Regiones (en fase de proyecto) sobre La cooperación de innovación europea: «Productividad y sostenibilidad agrícolas», CDR 1749/2012 (NAT-V-022).

(7)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/biotechnology/index_es.htm y http://www.europe-innova.eu/web/guest/cluster-cooperation/cluster-innovation-platform

(8)  ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/kbbe/docs/regional-biotech-report.pdf, http://cordis.europa.eu/fp7/kbbe/library_en.html

(9)  El Instituto Europeo de Innovación y Tecnología (EIT), con sus comunidades de conocimiento e innovación (CCI) en diferentes áreas, abordará en 2014 cuestiones relacionadas con la bioeconomía, en particular en el marco de las propuestas de la CCI «Food4future»; véase el documento COM(2012) 60 final; la bioeconomía no incluye solo alimentos, sino también productos no alimentarios. Es importante incluir también los elementos no alimentarios que son parte de la cadena de valor general de la bioeconomía.


19.1.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 17/51


Dictamen del Comité de las Regiones — Cooperación de innovación europea: productividad y sostenibilidad agrícolas

2013/C 17/10

EL COMITÉ DE LAS REGIONES aconseja a la Comisión Europea que:

reconozca el papel fundamental que están llamados a desempeñar los entes y las partes interesadas locales y regionales en el éxito de la CIE para la productividad y sostenibilidad agrícolas;

permita a los entes locales y regionales participar plenamente en las estructuras de gobernanza creadas para estimular y supervisar esta iniciativa;

defina el «aumento de la productividad» como «producir más y mejor por menos»;

dado que la CIE deberá centrarse en los temas siguientes, autorice una amplia gama de ámbitos relacionados con la producción primaria, la gestión de los recursos, la bioeconomía, la cadena de suministro, la calidad, la seguridad alimentaria y los consumidores;

dé prioridad a los programas de innovación que garanticen el mantenimiento de la actividad agrícola en toda Europa y prevea un esfuerzo de investigación que beneficie a las regiones ganaderas, las regiones periurbanas, las zonas con limitaciones naturales y las zonas agrícolas locales;

favorezca las iniciativas de innovación ascendentes de las pymes por encima de las iniciativas de la industria para terminar con el desequilibrio actual en términos de participación que se deriva de los diferentes niveles de organización y de capacidad;

siga esforzándose por mejorar la posición de los productores primarios en la cadena de producción, transformación y distribución de alimentos;

permita a los grupos operativos recurrir también a la ayuda del FEADER para sufragar los costes iniciales relacionados, por ejemplo, con la adopción de un planteamiento adecuado para abordar una cuestión técnica o científica determinada.

Ponente

Henk BRINK (NL/ALDE), Miembro del Consejo Ejecutivo de la Provincia de Drenthe

Documento de referencia

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre la cooperación de innovación europea «Productividad y sostenibilidad agrícolas»

COM(2012) 79 final

I.   RETOS Y OBJETIVOS

El COMITÉ DE LAS REGIONES,

La iniciativa emblemática de Europa 2020 «Unión para la innovación»

apoya la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y es consciente de que:

1.

para sobrevivir a la competencia en el panorama mundial, Europa debe realizar un mayor esfuerzo por mantener y reforzar su posición en ámbitos como el comercio, el liderazgo industrial y la excelencia de la base científica;

2.

los conocimientos que atesora Europa sobre la producción de alimentos, incluida la gestión de explotaciones agrícolas, las soluciones de TIC, la seguridad alimentaria, la agrobiotecnología, la tecnología de crecimiento, la protección de los cultivos, el agua, los residuos, la energía, la gestión de residuos y la agrosociología, son apreciados en todo el mundo y presentan un enorme potencial de comercialización en los mercados emergentes de rápido crecimiento y en los mercados en desarrollo tanto dentro como fuera de Europa;

3.

para lograr que estos conocimientos generen valor, Europa necesita 1) un mayor número de pymes innovadoras para impulsar el crecimiento y el empleo; 2) más inversión privada; 3) innovaciones en los sectores existentes y emergentes; 4) colaboraciones multidisciplinarias que permitan encontrar soluciones revolucionarias; y 5) partes interesadas deseosas de ensayar, demostrar e implementar a mayor escala soluciones prometedoras;

Retos que plantean la agricultura, la seguridad alimentaria y los recursos naturales

observa que:

4.

el mundo se enfrenta actualmente a una serie de retos importantes y diversos: un crecimiento demográfico continuado y un aumento de la capacidad de gasto, que generan cambios en los hábitos alimentarios y una mayor demanda de productos primarios, a lo cual se suma la amenaza que representa el cambio climático para la producción agrícola mundial;

5.

estos retos van acompañados de la amenaza de la escasez de alimentos, piensos animales, combustibles fósiles, materias primas, fibras y agua potable, de la creciente degradación de los suelos y la pérdida de biodiversidad y de un creciente riesgo de fracaso de los mercados financieros, desequilibrios políticos y conflictos armados;

6.

en el futuro, el suministro agrario y alimentario debe ahorrar más en el uso del agua y los combustibles fósiles, utilizar menos fertilizantes y productos fitosanitarios, ser más diversificado e inteligente a la hora de aprovechar al máximo las sinergias entre la agricultura de cultivo, la ganadería, la gestión de los residuos orgánicos, las corrientes residuales y la producción de energía renovable;

y señala que:

7.

los Estados miembros y las partes interesadas han expresado en repetidas ocasiones un gran interés en el fomento de la innovación en la agricultura a través de un enfoque a nivel de toda la UE y que el Consejo Europeo celebrado el 20 de junio de 2008 ya señaló lo siguiente: «Hay que continuar el trabajo en innovación e investigación y desarrollo de la producción agrícola, en particular para aumentar su rendimiento energético, su productividad y su capacidad de adaptarse al cambio climático»;

8.

las organizaciones agrarias y las cámaras agrícolas han extraído conclusiones similares y el comunicado del G-20 de Cannes subraya la necesidad vital de invertir en la investigación y la innovación agrícolas;

Por consiguiente, el Comité de las Regiones,

9.

valora positivamente la iniciativa de la Comisión de fomentar la innovación en el sector agrícola a través de la cooperación de innovación europea específica en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas y sus dos objetivos principales consistentes en 1) ayudar al sector agrícola a ser más productivo y eficiente (invirtiendo la reciente ralentización del aumento de la productividad antes de 2020) y 2) fomentar el desarrollo sostenible de la agricultura (garantizando el uso apropiado del suelo antes de 2020);

10.

se congratula en particular de que en los temas mencionados se considere que los sistemas agrícolas y de alimentos pueden ser objeto de cooperación, es decir, de cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de suministro con vistas a la creación de plataformas logísticas que permitan promover cadenas de suministro cortas y mercados locales, y actividades de promoción en un contexto local relacionado con el desarrollo de cadenas de suministro cortas y mercados locales;

11.

acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de asignar un importe de 4 500 millones de euros a la investigación y la innovación en los ámbitos de la seguridad alimentaria, la bioeconomía y la agricultura sostenible (en el marco de Horizonte 2020);

12.

está de acuerdo en que los fondos de la PAC deberían apoyar –junto con los fondos del programa marco de investigación– la cooperación de innovación europea (CIE) en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas para salvar las distancias entre el mundo de la investigación y la práctica agrícola;

13.

considera que la transición requerida en el sector agrícola, necesaria por la urgencia creciente de eficiencia de los recursos, se traducirá principalmente en la producción de más alimentos de una manera más sostenible, pero también en el suministro de una variedad de distintos servicios sociales y de bioproductos relacionados con la salud, el ocio, la gestión del suelo, la gestión de residuos, los piensos, las fibras y la energía renovable. Este ámbito de aplicación más amplio beneficiará tanto al sector como a la sociedad; siempre que se asegure un buen equilibrio entre la producción alimentaria y la no alimentaria, que en las redefinidas prioridades de la PAC el enfoque esté centrado en el sector agrícola y que las autoridades sean coherentes a la hora de orientarse hacia estas prioridades;

14.

estima que este sector agrícola nuevamente definido ofrece nuevas oportunidades de negocio e innovación para la cadena de valor europea;

15.

cree que, para poder hacer un uso óptimo de los recursos naturales, se necesita una estrecha interacción entre los sectores de la agricultura, la bioeconomía y la ciencia (1) con el fin de crear un sector agrícola sostenible y más eficiente. A la vista del papel de la agricultura como productora de biomasa para la obtención de energía, se debe tener cuidado para lograr un equilibrio entre la producción de alimentos y de biomasa.

II.   PREOCUPACIONES/FACTORES CLAVE PARA EL ÉXITO

Preocupaciones

El Comité de las Regiones señala que:

16.

si bien es fundamental realizar un esfuerzo por salvar las distancias entre la práctica y la ciencia, la mera existencia de la CIE no basta para cerrar la brecha cultural y profesional entre dos perspectivas de igual importancia: 1) la perspectiva de la comunidad científica, que tiende a centrarse en la excelencia de la base científica, la investigación exploratoria, las tecnologías futuras y emergentes, las cualificaciones y el desarrollo de las carreras, y las infraestructuras de investigación; y 2) la perspectiva de los empresarios y los responsables políticos, que buscan maneras de utilizar el conocimiento para generar valor y soluciones que ayuden a responder a las necesidades de la sociedad y a aprovechar las oportunidades comerciales. Serán necesarios esfuerzos de comunicación e incentivos para ambas partes;

17.

el FEADER propuesto ofrece una serie de incentivos, conforme a lo dispuesto en los artículos 15, 16, 18, 20, 33, 36, 46, 53, 61, 62 y 63, aunque estos no se aprobarán a menos que un transmisor de conocimientos de la CIE informe acerca de las posibilidades existentes en los Estados miembros antes de concluirse los contratos de asociación y durante el proceso de elaboración de los programas operativos nacionales o regionales de desarrollo rural;

18.

la CIE no se incorporará en los programas de desarrollo rural a no ser que se prevea una cofinanciación nacional de las diferentes etapas del proceso de innovación: 1) cooperación (para crear los grupos operativos) en beneficio del desarrollo empresarial (para iniciar un proyecto de innovación); 2) transferencia de conocimientos y servicios de asesoramiento (para adquirir conocimientos técnicos y utilizar los resultados de investigación disponibles); 3) adhesión a programas de calidad (para impulsar las ventajas para la sociedad y el rendimiento económico), y 4) inversión (apoyo financiero para alcanzar los objetivos; productividad y sostenibilidad);

19.

hasta la fecha, se han creado cinco CIE en los siguiente ámbitos:

a.

envejecimiento activo y saludable, SEC(2011) 1028, adoptada el 1 de septiembre de 2011;

b.

materias primas, COM(2012) 82, adoptada el 29 de febrero de 2012;

c.

productividad y sostenibilidad agrícolas, COM(2012) 79, adoptada el 29 de febrero de 2012;

d.

agua, COM(2012) 216, adoptada el 10 de mayo de 2012;

e.

ciudades inteligentes, C(2012) 4701, adoptada el 10 de julio de 2012,

y las cinco son importantes para los entes locales y regionales y dependen para su éxito de la tutela, el apoyo y la financiación regionales; no obstante, hasta la fecha, no se ha invitado a los entes regionales a participar en el proceso;

Factores clave para el éxito

señala que:

20.

las regiones y las comunidades rurales no solo pueden desempeñar un papel decisivo orientando y cofinanciando las acciones emprendidas a través del FEADER y de otros medios para estimular la innovación, sino que son actualmente indispensables para adecuar la ayuda a las particularidades agrícolas, medioambientales y territoriales de una región determinada, lo cual permite hacer un uso más eficiente de los fondos europeos;

21.

las regiones y las comunidades rurales celebrarían que se les permitiera opinar sobre las prioridades o las disposiciones en materia de aplicación y gestión;

22.

la creación de un marco de gobernanza multinivel (europeo, nacional, regional) es una condición indispensable para renovar con éxito la política agrícola común después de 2013, incluida la CIE;

23.

espera que las partes interesadas constituyan un grupo operativo básico que siga estudiando las lagunas de conocimiento en ámbitos como, por ejemplo, la tecnología, los modelos empresariales, los sistemas organizativos, las estrategias de comercialización y las necesidades y la educación de los consumidores, y acogería favorablemente la asignación de fondos del FEADER para este fin; su siguiente paso, que no debería ser de carácter obligatorio, podría consistir en encontrar socios y crear un equipo multidisciplinario, estudiar el recurso a la cooperación transfronteriza y/o explorar la base de conocimientos existente antes de contactar a la red de CIE para solicitar apoyo adicional;

24.

algunas iniciativas ascendentes en materia de innovación en ámbitos como la sostenibilidad o la productividad podrían tener una acogida favorable a nivel regional o local, aunque siempre existe el riesgo de que no se ajusten a los temas prioritarios seleccionados en el plan de aplicación estratégica y la hoja de ruta plurianual (publicada por el Comité de dirección de alto nivel previa consulta al Comité permanente de investigación agrícola y al Comité de desarrollo rural); no obstante, se deberá evitar que este riesgo impida que las iniciativas reciban ayuda ya que ello tendría un considerable efecto disuasorio en los participantes y abriría una brecha en la parte más vulnerable de la espiral de la innovación;

25.

la intermediación de la innovación y de los conocimientos es indispensable para poner en marcha un proceso de innovación e impulsar el progreso.

III.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

A la atención de la Comisión Europea

El Comité de las Regiones recomienda encarecidamente a la Comisión Europea que:

26.

reconozca el papel fundamental que están llamados a desempeñar los entes y las partes interesadas locales y regionales en el éxito de la CIE para la productividad y sostenibilidad agrícolas;

27.

permita a los entes locales y regionales participar plenamente en las estructuras de gobernanza creadas para estimular y supervisar esta iniciativa;

28.

invite a un representante del Comité de las Regiones a participar en los trabajos del Comité de dirección de alto nivel -que formulará la estrategia de CIE- y del Comité de coordinación de la red europea de desarrollo rural, a fin de garantizar una aplicación de esta iniciativa que se corresponda con las necesidades de los entes locales y regionales;

29.

obligue a los Estados miembros a integrar los objetivos intersectoriales de la CIE en el contrato de asociación;

30.

defina el «aumento de la productividad» como «producir más y mejor por menos»;

31.

autorice, dado que la CIE deberá centrarse en los temas siguientes, una amplia gama de ámbitos relacionados con la producción primaria, la gestión de los recursos, la bioeconomía, la cadena de suministro, la calidad, la seguridad alimentaria y los consumidores;

32.

dé prioridad a los programas de innovación que garanticen el mantenimiento de la actividad agrícola en toda Europa y prevea un esfuerzo de investigación que beneficie a las regiones ganaderas, las regiones periurbanas, las zonas con limitaciones naturales y las zonas agrícolas locales;

33.

favorezca las iniciativas de innovación ascendentes de las pymes por encima de las iniciativas de la industria para terminar con el desequilibrio actual en términos de participación que se deriva de los diferentes niveles de organización y de capacidad;

34.

se centre en la agricultura sostenible, la agricultura productiva resultante de la disponibilidad de las tecnologías más modernas, la prevención de los residuos alimentarios y las pérdidas posteriores a la cosecha, la promoción de un comportamiento responsable de los consumidores y la intensificación de los volúmenes de producción;

35.

se centre, asimismo, en la exportación y comercialización de los conocimientos y la (bio)tecnología desde la UE y en una participación equitativa en la producción local remota (metropolitana o a pequeña escala) en terceros países;

36.

siga esforzándose por mejorar la posición de los productores primarios en la cadena de producción, transformación y distribución de alimentos;

37.

presione, para animar a los científicos a cerrar la brecha en el ámbito de la innovación, en favor de añadir a los criterios de clasificación de las instituciones del conocimiento un «grado de conversión de los resultados de la investigación en aplicaciones prácticas»;

38.

se congratule de la existencia de grandes redes europeas de regiones, de centros de investigación y de agrupamientos en favor de una mayor productividad y una agricultura sostenible; pide a la Comisión que reconozca el papel que desempeñan estas redes y agrupaciones y facilite la transferencia de conocimientos entre empresas tanto a nivel local como de manera interregional;

39.

permita a los Estados miembros apoyar las actividades en fase inicial y las actividades regionales de los grupos operativos -centrados en los objetivos y propósitos de la CIE- mediante los fondos del FEADER y la cofinanciación regional, independientemente de que hayan fructificado o no sus solicitudes de apoyo a la red de CIE presentadas en respuesta a las convocatorias;

40.

convenga en que los grupos operativos podrán actuar en el territorio de un solo Estado miembro o bien contar con miembros en varios Estados miembros y en terceros países;

41.

mencione como elegibles a «los agricultores y las organizaciones de productores» y no únicamente a los «productores», a fin de facilitar la constitución de grupos;

42.

permita a los grupos operativos recurrir también a la ayuda del FEADER para sufragar los costes iniciales relacionados, por ejemplo, con la adopción de un planteamiento adecuado para abordar una cuestión técnica o científica determinada o con el recurso a un intermediario de innovación y conocimientos;

43.

nombre un equipo de comunicación, antes de constituir el Comité de dirección de alto nivel, el grupo de apoyo SHERPA, la oficina de apoyo a los grupos operativos y la secretaría encargada de elaborar el plan de aplicación estratégica, con el cometido de promover el uso de: 1) la CIE en los programas nacionales de desarrollo rural; 2) las posibilidades ofrecidas por Horizonte 2020 para apoyar los proyectos de investigación, los proyectos multilaterales, las agrupaciones de acciones de innovación, los intermediarios de innovación y los centros de innovación; 3) la infraestructura y los contactos de la red de CIE; y 4) un manual/orientaciones para los grupos locales.

A la atención de los entes locales y regionales:

recomienda a los entes locales y regionales que:

44.

apoyen la participación en la CIE, así como su integración en los programas operativos del FEADER, y preparen la constitución de los grupos operativos;

45.

aconsejen a los Estados miembros considerar seriamente la urgencia de tratar el tema de la productividad, la eficiencia de los recursos y la sostenibilidad y, por lo tanto, dedicar al menos el 10 % de la contribución total del FEADER al fomento de la transferencia de conocimientos y las innovaciones en el sector agrícola, en el sector silvícola y en las zonas rurales;

46.

profundicen en su actual compromiso con la red nacional y europea de desarrollo rural.

Bruselas, 30 de noviembre de 2012.

El Presidente del Comité de las Regiones

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CDR 1112/2012 –EDUC-V-024 «La innovación al servicio del crecimiento sostenible: una bioeconomía para Europa».


III Actos preparatorios

COMITÉ DE LAS REGIONES

98o Pleno de los días 29 y 30 de noviembre de 2012

19.1.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 17/56


Dictamen del Comité de las Regiones — Marco estratégico común

2013/C 17/11

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

reitera su convicción de que es necesario establecer un Marco Estratégico Común (MEC) para los años 2014 a 2020 con el fin de asegurar la coordinación y crear sinergias entre las actividades de los cinco Fondos del MEC y proporcionar una orientación estratégica clara para los contratos de asociación y los programas operativos;

expresa sus dudas sobre la propuesta de dividir el MEC entre un anexo al Reglamento sobre disposiciones comunes y un acto delegado con acciones indicativas de alto valor añadido europeo y prioridades de cooperación. Aboga por que el MEC se adopte exclusivamente como anexo al Reglamento;

considera que las acciones indicativas de alto valor añadido europeo deberían ser adoptadas por la Comisión Europea en forma de una Comunicación no vinculante, tal como se hizo con las directrices estratégicas comunitarias para 2007-2013;

subraya que el objetivo del MEC debería ser crear las condiciones adecuadas para una transición sin obstáculos entre las medidas legislativas y los contratos de asociación y programas operativos, y señala la necesidad de precisar los mecanismos de ejecución;

lamenta que los once objetivos temáticos recogidos en la propuesta de Reglamento sobre disposiciones comunes difieran de las seis prioridades presentadas para el Reglamento del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y de las seis prioridades presentadas para el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, lo cual dificulta sobremanera la coordinación;

está convencido de la necesidad de descentralizar la gestión operativa a nivel regional y local para aumentar la coordinación y complementariedad entre los Fondos, lo que asegurará un enfoque integrado efectivo, es decir, un enfoque ascendente, multitemático, basado en las características específicas de cada región;

recomienda encarecidamente utilizar los programas operativos basados en varios Fondos;

aboga por un marco de programación estable para garantizar la coherencia con la perspectiva plurianual de la política de cohesión;

cuestiona la posibilidad de introducir cambios en el anexo I por medio de un acto delegado.

Ponente general

Marek WOŹNIAK (PL/PPE),Gobernador de la Región de Gran Polonia

Documento de referencia

Propuesta modificada de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, incluidos en el Marco Estratégico Común, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión y se deroga el Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo

COM(2012) 496 final, anexo 1

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Observaciones generales

1.

reitera su convicción de que es necesario establecer un Marco Estratégico Común (MEC) para los años 2014 a 2020 relativo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), al Fondo Social Europeo (FSE), al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y al Fondo Europeo Marítimo y de Pesca (FEMP), con el fin de asegurar la coordinación y crear sinergias entre las intervenciones que se financian con cargo a los Fondos de dicho Marco Estratégico Común y proporcionar una orientación estratégica clara para los contratos de asociación y los programas operativos;

2.

recuerda las recomendaciones políticas que formuló en su dictamen sobre el Reglamento general y, dado que el MEC se adoptará como anexo al Reglamento general, subraya que este último proporciona una visión y objetivos estratégicos, por lo que el MEC debería considerarse como el principal instrumento de ejecución;

3.

expresa sus dudas sobre la propuesta de dividir el MEC entre un anexo al Reglamento sobre disposiciones comunes (1) y un acto delegado con acciones indicativas de alto valor añadido europeo y prioridades de cooperación. Aboga por que el MEC se adopte exclusivamente como anexo al Reglamento. Señala que los actos delegados deben restringirse a elementos no esenciales de los actos jurídicos de base, mientras que todas las cuestiones relativas al MEC tienen una importancia esencial para los entes locales y regionales y son de naturaleza estratégica. No se consulta al Comité de las Regiones en lo relativo a los actos delegados, mientras que el Marco Estratégico Común, conforme al artículo 177 del TFUE, es un asunto de consulta obligatoria al CDR;

4.

considera que el MEC debería ser aprobado por el Consejo y el Parlamento Europeo y debería revisarse solo en caso de que se produjeran cambios fundamentales en la situación socioeconómica de la UE. Por consiguiente, cuestiona la posibilidad de introducir cambios en el anexo I por medio de un acto delegado;

5.

considera que las acciones indicativas de alto valor añadido europeo deberían ser adoptadas por la Comisión Europea en forma de una Comunicación no vinculante, tal como se hizo con las directrices estratégicas comunitarias para 2007-2013 (COM(2005) 299 final);

6.

señala que los Fondos que abarca el Marco Estratégico Común desempeñan un papel esencial para apoyar los instrumentos destinados a poner en práctica la Estrategia Europa 2020 y las inversiones destinadas a reducir las diferencias de desarrollo entre Estados miembros, así como entre las regiones y dentro de ellas. Al mismo tiempo pide que se utilicen como principio rector las obligaciones derivadas del Tratado;

7.

acoge con satisfacción que las propuestas establecidas en el MEC lleven a la práctica los objetivos expuestos en el artículo 11 de la propuesta de Reglamento sobre disposiciones comunes, según el cual el MEC debe hacer frente a los retos territoriales fundamentales; señala asimismo que el MEC debe contener una referencia clara a las regiones ultraperiféricas y a las zonas con características territoriales específicas, como las zonas de montaña, las regiones periféricas, las zonas en fase de transición industrial, las islas, las regiones con gran dispersión de población y las regiones escasamente pobladas, que requieren formas específicas de intervención;

8.

valora positivamente la referencia a la necesidad de implicar a los socios regionales y locales como condición previa para alcanzar los objetivos políticos. Considera que esto facilitará la aplicación de un enfoque territorial ascendente;

9.

insta a que, de acuerdo con el principio de proporcionalidad, el MEC desempeñe efectivamente un papel de clarificación y precisión de la lógica de intervención de los fondos en el futuro periodo de programación, permitiendo al mismo tiempo la posibilidad de adaptar la intervención de los programas a las especificidades, las necesidades y el potencial de los distintos Estados miembros y regiones. El MEC debería proporcionar un marco indicativo para los contratos de asociación y los programas operativos elaborados en los distintos Estados miembros, dando así a los Estados miembros y a los entes regionales y locales competentes la posibilidad de responder de manera autónoma a los retos planteados en materia de desarrollo, teniendo en cuenta en particular los objetivos de la Estrategia Europa 2020. Señala que el objetivo del MEC debería ser crear las condiciones adecuadas para una transición sin obstáculos entre las medidas legislativas y los contratos de asociación y programas operativos;

10.

señala la necesidad de precisar los mecanismos de ejecución;

11.

lamenta que los once objetivos temáticos recogidos en la propuesta de Reglamento sobre disposiciones comunes difieran de las seis prioridades presentadas para el Reglamento del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y de las seis prioridades presentadas para el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, lo cual dificulta sobremanera la coordinación;

Introducción al anexo relativo al MEC

12.

lamenta el hecho de que el MEC carezca de elementos sobre los principios clave que debe cumplir;

Coherencia con la gobernanza económica de la Unión

13.

aboga por un marco de programación estable para garantizar la coherencia con la perspectiva plurianual de la política de cohesión;

14.

considera que, en un principio, la tarea fundamental debe ser identificar las prioridades adecuadas para los programas de todo el período 2014-2020, entre otras cosas, al preparar los contratos de asociación y los programas operativos. En este sentido, le preocupa que el hecho de tener en cuenta las recomendaciones específicas para cada país y los programas nacionales de reforma pueda dificultar una planificación plurianual coordinada de los programas a nivel regional;

15.

se remite al dictamen del CDR acerca del Reglamento sobre disposiciones comunes, que rechaza la propuesta de vincular la política de cohesión al cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento (2), pero propone la posibilidad de que los contratos de asociación y los programas operativos puedan modificarse sobre la base de las recomendaciones resultantes del Semestre Europeo;

16.

llama la atención, no obstante, sobre el hecho de que una reprogramación frecuente restará previsibilidad a la gestión de los Fondos, por lo que deberá hacerse solo cuando sea estrictamente necesario;

Mecanismos de coordinación entre los Fondos del MEC

17.

subraya la necesidad de mejorar la coordinación entre los Fondos del MEC, lo cual contribuirá a aumentar la eficacia de las intervenciones y a crear las sinergias necesarias en una coyuntura de dificultades presupuestarias y limitados recursos financieros. Esto permitirá garantizar un mayor nivel de sinergia y complementariedad de las inversiones de la UE;

18.

pide que la complementariedad sea un aspecto central del MEC. Para ello es preciso realizar un esfuerzo encaminado a adoptar un enfoque multitemático integrado, que vincule las acciones indicativas que se complementan mutuamente en los diferentes fondos para la consecución de un mismo objetivo. Lamenta, no obstante, que la Comisión no haya profundizado en la cuestión de la complementariedad potencial entre las distintas prioridades temáticas, las prioridades de inversión de los distintos Fondos del MEC, así como entre las acciones indicativas y las prioridades de inversión. A este respecto, subraya que el proyecto de documento sobre el MEC debe garantizar la complementariedad entre los ámbitos de actividad de los diferentes Fondos y eliminar el riesgo de duplicación;

19.

está convencido de la necesidad de descentralizar la gestión operativa a nivel regional y local para aumentar la coordinación y complementariedad entre los Fondos, lo que asegurará un enfoque integrado efectivo, es decir, un enfoque ascendente, multitemático, basado en las características específicas de cada región;

20.

recomienda encarecidamente utilizar los programas operativos basados en varios Fondos, maximizando el impacto positivo de la intervención de la UE en las regiones al aprovechar de manera integrada las oportunidades creadas por los diferentes instrumentos de desarrollo territorial y permitiendo que los entes regionales y locales lleven a cabo sus estrategias de desarrollo socioeconómico;

21.

acoge con satisfacción que la Comisión Europea haga especial hincapié en la necesidad de un enfoque integrado del desarrollo territorial. Acoge asimismo con satisfacción la referencia a las «inversiones territoriales integradas», las «operaciones integradas» y los «planes de acción conjuntos», si bien lamenta que no se incluya una descripción de estos instrumentos o del concepto de «operaciones integradas» en el Reglamento sobre disposiciones comunes o en el anexo relativo al MEC. Hace hincapié en la necesidad de definir con precisión el concepto de «operación integrada» como instrumento para integrar los recursos financieros con otras políticas e instrumentos de la UE;

22.

destaca en especial, respecto de la estrategia de desarrollo urbano recogida en el artículo 7 del Reglamento sobre el FEDER, la importancia y la innovación que supone destinar recursos a medidas integradas para el desarrollo urbano sostenible de las ciudades, que se pondrán en práctica mediante las «inversiones territoriales integradas» (ITI), y lamenta que el marco normativo no especifique claramente que, en este caso, la responsabilidad de la gestión y puesta en práctica de las «inversiones territoriales integradas» (ITI) recae directamente en los entes locales;

23.

considera que debe mantenerse el carácter local del desarrollo local participativo;

24.

en consonancia con el dictamen del CDR sobre el desarrollo local participativo, llama la atención sobre la naturaleza holística del desarrollo local, que se centra en los retos y el potencial de todos los tipos de regiones, ya sean regiones urbanas, rurales, urbano-rurales o funcionales. Por lo tanto, pide que se tomen medidas para que aplicar el desarrollo local participativo a la ejecución de los once objetivos temáticos dentro del marco estratégico, en función de las necesidades locales;

Coordinación de los Fondos del MEC con otros instrumentos y políticas de la Unión

25.

aprueba que se mencione la necesidad de mejorar la coordinación con otros instrumentos y políticas de la UE que están fuera del ámbito de aplicación del MEC. Esto permitirá establecer un vínculo más sólido entre la Estrategia Europa 2020 y las políticas de cohesión y sectoriales de la UE a nivel europeo, nacional y local. Considera, en particular, que esto permitirá racionalizar la gestión y aumentar la eficacia de los programas puestos en práctica;

26.

pide una definición más precisa de los mecanismos de coordinación y la elaboración de directrices para las políticas de la UE y los instrumentos relacionados con el MEC, especialmente en el nivel de la UE. Toma nota de que, dado que la mayoría de estos instrumentos se gestionan de manera centralizada, debería hacerse hincapié en la responsabilidad compartida de la Comisión Europea, además de la ejercida por los Estados miembros;

27.

acoge con satisfacción que en la propuesta de anexo se introduzca una lista de políticas e instrumentos y programas, que incluye, entre otros, los siguientes: Horizonte 2020, Reserva de Nuevos Entrantes, COSME, LIFE, «Erasmus para todos», Programa para el Cambio y la Innovación Sociales, Mecanismo «Conectar Europa», Instrumento Europeo de Vecindad, Instrumento de Ayuda Preadhesión y Fondo Europeo de Desarrollo;

28.

valora positivamente la importancia otorgada al vínculo existente entre los Fondos del MEC y el programa Horizonte 2020. Considera que la Comisión Europea ha desarrollado las directrices, proponiendo que los Fondos del MEC apoyen estrategias de especialización inteligente en relación con el programa Horizonte 2020, basadas en dos tipos muy diferentes de actividades: desarrollo de capacidades y explotación y difusión inmediata de los resultados de la investigación y la innovación;

29.

hace suya la recomendación de que los Fondos del MEC puedan cofinanciar asociaciones entre los sectores de la educación, la empresa y la investigación, y que estas acciones estén coordinadas con asociaciones internacionales entre empresas y centros educativos en forma de «alianzas para el conocimiento» o de «alianzas para las competencias sectoriales», que puedan recibir apoyo del programa «Erasmus para todos»;

30.

se congratula de que se introduzca la posibilidad de emplear Fondos del MEC para complementar las acciones del Mecanismo «Conectar Europa», por ejemplo, a través de vínculos de segundo o tercer grado con las prioridades en materia de infraestructuras de la UE;

31.

se remite al dictamen del CDR sobre el programa LIFE y coincide con la Comisión Europea en que este último desempeña un papel decisivo para movilizar muchos más recursos del FEDER, del FSE y del Fondo de Cohesión con fines medioambientales. Apoya los proyectos integrados de LIFE, que se presentan como proyectos de categoría nueva y superior;

32.

subraya la necesidad de aumentar la coordinación entre los instrumentos exteriores (Instrumento Europeo de Vecindad, Instrumento de Ayuda Preadhesión y Fondo Europeo de Desarrollo), especialmente con relación a las regiones que comparten fronteras con países de la Asociación Oriental y la Unión por el Mediterráneo, así como con las regiones ultraperiféricas de la UE que comparten fronteras con los países ACP;

Coordinación con las actividades de cooperación

33.

señala que, en consonancia con el dictamen del Comité de las Regiones sobre la propuesta de Reglamento general, no hay razón para incluir la cooperación territorial europea en las disposiciones de los contratos de asociación. Por ello, rechaza que en el ámbito de acción del acto delegado se incluya la sección «prioridades de la cooperación»;

34.

acoge favorablemente, por el contrario, que se incluya la sección abreviada «Coordinación con las actividades de cooperación» en el anexo relativo al MEC;

35.

señala que sería conveniente ampliar el ámbito de la cooperación territorial transnacional cubierto por el MEC para incluir la cooperación interregional y transfronteriza;

36.

se felicita de que se haya tenido en cuenta la dimensión macrorregional y destaca la importancia otorgada por el instrumento de cooperación territorial a la consecución de los objetivos de las estrategias macrorregionales;

Principios horizontales y objetivos políticos transversales

37.

acoge con satisfacción que el MEC incluya entre sus principios horizontales los principios de gobernanza multinivel y de asociación, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 de la propuesta de Reglamento sobre disposiciones comunes;

38.

insta a que se aplique en la práctica el principio de gobernanza multinivel subrayando la importancia de adoptar un enfoque ascendente en el proceso de toma de decisiones y en la preparación de los contratos de asociación y los programas operativos;

39.

respalda enérgicamente las acciones encaminadas a promover la igualdad entre hombres y mujeres. Considera, no obstante, que no es eficaz establecer nuevos órganos consagrados exclusivamente a esta cuestión dentro del proceso de ejecución de los Fondos. Sería más apropiado introducir procedimientos que permitan aplicar con eficacia este principio en el marco de las estructuras institucionales ya existentes;

40.

remite a sus dictámenes anteriores sobre el FEDER y el FSE, que hacen hincapié en la falta de interés que suscita la cuestión del cambio demográfico. Por esta razón, acoge con especial satisfacción la inclusión del cambio demográfico como una las prioridades políticas transversales;

Disposiciones acordadas para hacer frente a los retos territoriales

41.

acoge con satisfacción que el MEC destaque la necesidad de adaptar las diferentes formas de intervención a los retos y las posibilidades locales, si bien espera un análisis más profundo y más trabajos en esta materia cuyos resultados puedan ser utilizados como indicadores por los entes regionales y locales;

42.

valora positivamente la propuesta de que los contratos de asociación traduzcan los elementos del MEC al contexto nacional. Subraya la necesidad de tener en cuenta a otros niveles subnacionales de gobierno territorial, lo cual exige la participación de los entes locales y regionales correspondientes;

43.

toma nota de la dificultad de elaborar una definición armonizada de la noción de «territorios» con respecto a los Fondos del MEC y ofrece su apoyo para avanzar en este ámbito. Subraya que las definiciones varían en función de la legislación sectorial, lo cual dificulta en mayor medida definir los principales retos territoriales.

II.   RECOMENDACIONES DE ENMIENDA

Enmienda 1

COM(2012) 496 final

Anexo 1, punto 3.2

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Los Estados miembros y las autoridades de gestión responsables de la ejecución de los Fondos del MEC colaborarán estrechamente en la preparación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los contratos de asociación y los programas.

Los Estados miembros, sus entes y socios locales y regionales y las autoridades de gestión responsables de la ejecución de los Fondos del MEC colaborarán estrechamente en la preparación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de los contratos de asociación y los programas.

Exposición de motivos

Se considera innecesaria.

Enmienda 2

COM(2012) 496 final

Anexo 1, punto 3.3

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

(…) 2.

Los Estados miembros fomentarán los enfoques locales y subregionales, especialmente a través del desarrollo local participativo, delegando el proceso de toma de decisiones y de ejecución a asociaciones a escala local de actores públicos, privados o de la sociedad civil. El desarrollo local participativo se llevará a cabo en el marco de un enfoque estratégico para garantizar que la definición a escala local de las necesidades de lugares o zonas determinados tenga en cuenta las prioridades establecidas a un nivel superior. Así pues, los Estados miembros deberán definir el enfoque del desarrollo local participativo en todos los Fondos del MEC y señalar en los contratos de asociación los principales retos que deberán abordarse desde esta perspectiva, los objetivos y prioridades fundamentales de desarrollo local participativo, los tipos de territorios que deben abarcarse, el papel específico que se asignará a los grupos de acción local a la hora de presentar estrategias y la función que se haya previsto para los diversos Fondos del MEC en la aplicación de estrategias de desarrollo local a distintos tipos de territorios, tales como zonas rurales, zonas urbanas o litorales, así como los mecanismos de coordinación correspondientes.

(…) 2.

El desarrollo local participativo se llevará a cabo en el marco de un enfoque estratégico para garantizar que la definición a escala local de las necesidades de lugares o zonas determinados tenga en cuenta las prioridades establecidas a un nivel superior. Los Estados miembros fomentarán los enfoques locales y subregionales, especialmente a través del desarrollo local participativo, delegando el proceso de toma de decisiones y de ejecución a asociaciones a escala local de actores públicos, privados o de la sociedad civil. El desarrollo local participativo se llevará a cabo en el marco de un enfoque estratégico para garantizar que la definición a escala local de las necesidades de lugares o zonas determinados tenga en cuenta las prioridades establecidas a un nivel superior. Así pues, los Estados miembros deberán definir el enfoque del desarrollo local participativo en todos los Fondos del MEC y señalar en los contratos de asociación los principales retos que deberán abordarse desde esta perspectiva, los objetivos y prioridades fundamentales de desarrollo local participativo, los tipos de territorios que deben abarcarse, el papel específico que se asignará a los grupos de acción local a la hora de presentar estrategias y la función que se haya previsto para los diversos Fondos del MEC en la aplicación de estrategias de desarrollo local a distintos tipos de territorios, tales como zonas rurales, zonas urbanas o litorales, así como los mecanismos de coordinación correspondientes.

3.

Una inversión territorial integrada (ITI) es un instrumento que prevé disposiciones de ejecución integrada para las inversiones conforme a más de un eje prioritario de uno o varios programas operativos. La financiación a partir de varios ejes y programas prioritarios puede agruparse en una estrategia de inversión integrada para un territorio determinado o un área funcional. Esto puede adoptar la forma de una estrategia integrada para el desarrollo urbano o de una cooperación entre municipios en territorios rurales. Permite a las autoridades de gestión delegar la aplicación de partes de los diferentes ejes prioritarios a un ente local a fin de garantizar que las inversiones se realizan de manera complementaria. Dentro de una ITI, algunos componentes pueden llevarse a cabo mediante el desarrollo local participativo, combinando ambos enfoques.

4.

Una operación integrada (OI) es un proyecto, un contrato, una acción o un grupo de proyectos que recibe ayuda de uno o más Fondos del MEC o de otros instrumentos de la Unión. Esto está sujeto a la condición de que el elemento de gasto no esté subvencionado por duplicado por el Fondo del MEC o por otro instrumento de la Unión.

5.

Un plan de acción conjunto es una operación efectuada con arreglo a un enfoque basado en resultados con el fin de alcanzar objetivos específicos acordados conjuntamente por los Estados miembros y la Comisión. Puede formar parte de uno o varios programas operativos, por lo que puede constituir un instrumento útil a la hora de fomentar una mejor integración de los diferentes Fondos del MEC hacia la consecución de un objetivo común.

6.

Un programa operativo conjunto (POC) es un programa operativo que combina la ayuda de varios Fondos del MEC.

7.

Los Estados miembros deberán fomentar el avance del desarrollo local participativo, las inversiones territoriales integradas, las operaciones integradas, los planes de acción conjuntos y los programas operativos conjuntos, señalando en los contratos de asociación los principales retos que deberán abordarse desde esta perspectiva, los objetivos y prioridades fundamentales para estos instrumentos, los tipos de territorios que deben abarcarse, el papel específico que se asignará a los grupos de acción local a la hora de presentar estrategias de desarrollo y la función que se haya previsto para los diversos Fondos del MEC en la aplicación de estrategias integradas a distintos tipos de territorios, tales como zonas rurales, zonas urbanas o litorales, así como los mecanismos de coordinación correspondientes.

Exposición de motivos

Véase el punto 21 del dictamen.

Enmienda 3

COM(2012) 496 final

Anexo 1, añádase un nuevo punto después del punto 3.3.2

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

3.

Cuando una «inversión territorial integrada», con arreglo al artículo 99 de la propuesta de Reglamento general sobre los Fondos Estructurales, se destine a una estrategia de desarrollo urbano sostenible, de acuerdo con el artículo 7 del Reglamento sobre el FEDER, la gestión y puesta en práctica de esta inversión integrada corresponderá directamente a los entes locales beneficiarios;

Exposición de motivos

El texto convierte en disposición normativa el contenido del punto 22 del dictamen, en la que se pone de relieve la innovación que supone delegar la gestión y puesta en práctica de las «inversiones territoriales integradas» a las ciudades, ya prevista en el artículo 7 del Reglamento sobre el FEDER y en el artículo 99 del Reglamento general.

Enmienda 4

COM(2012) 496 final

Anexo 1, punto 4.4

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Los Estados miembros garantizarán, en su caso, que la financiación de los Fondos del MEC se coordine con el apoyo del Programa NER 300 (…)

Los Estados miembros y la Comisión garantizarán, en su caso, que la financiación de los Fondos del MEC se coordine con el apoyo del Programa NER 300 (…)

Exposición de motivos

Véase el punto 26 del dictamen.

Enmienda 5

COM(2012) 496 final

Anexo 1, punto 4.5

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

1.

Los Estados miembros procurarán, en la medida de lo posible, explotar sinergias con instrumentos de las políticas de la Unión (instrumentos de financiación o de otro tipo) que sirvan para reducir el cambio climático y mejorar la adaptación al mismo, proteger el medio ambiente y utilizar eficazmente los recursos.

1.

Los Estados miembros y la Comisión procurarán, en la medida de lo posible, explotar sinergias con instrumentos de las políticas de la Unión (instrumentos de financiación o de otro tipo) que sirvan para reducir el cambio climático y mejorar la adaptación al mismo, proteger el medio ambiente y utilizar eficazmente los recursos.

2.

Los Estados miembros velarán, cuando proceda, por la complementariedad y la coordinación con el Programa LIFE, en particular en proyectos integrados en los ámbitos de la naturaleza, el agua, los residuos, el aire, la reducción del cambio climático y la adaptación al mismo.

2.

Los Estados miembros y la Comisión velarán, cuando proceda, por la complementariedad y la coordinación con el Programa LIFE, en particular en proyectos integrados en los ámbitos de la naturaleza, el agua, los residuos, el aire, la reducción del cambio climático y la adaptación al mismo.

Exposición de motivos

Véase el punto 26 del dictamen.

Enmienda 6

COM(2012) 496 final

Anexo 1, punto 4.6.1

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Los Estados miembros procurarán utilizar los Fondos del MEC para integrar herramientas y métodos desarrollados y probados con éxito en el marco de «Erasmus para todos».

Los Estados miembros y la Comisión procurarán utilizar los Fondos del MEC para integrar herramientas y métodos desarrollados y probados con éxito en el marco de «Erasmus para todos».

Exposición de motivos

Véase el punto 26 del dictamen.

Enmienda 7

COM(2012) 496 final

Anexo 1, punto 4.9.2

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

2.

Con objeto de respaldar una mayor integración territorial, los Estados miembros procurarán aprovechar las sinergias entre las actividades de cooperación territorial en el marco de la política de cohesión y de los instrumentos europeos de vecindad, en particular por lo que se refiere a las actividades de cooperación transfronteriza. Los Estados miembros deberán también, en su caso, garantizar que las actividades vigentes estén asociadas a las agrupaciones europeas de cooperación territorial de reciente creación, prestando especial atención a la coordinación y el intercambio de las mejores prácticas.

2.

Con objeto de respaldar una mayor integración territorial, los Estados miembros procurarán aprovechar las sinergias entre las actividades de cooperación territorial en el marco de la política de cohesión y de los instrumentos europeos de vecindad, el Instrumento de Ayuda Preadhesión y el Fondo Europeo de Desarrollo, en particular por lo que se refiere a las actividades de cooperación transfronteriza. Los Estados miembros deberán también, en su caso, garantizar que las actividades vigentes estén asociadas a las agrupaciones europeas de cooperación territorial de reciente creación, prestando especial atención a la coordinación y el intercambio de las mejores prácticas.

Exposición de motivos

Véase el punto 32 del dictamen.

Enmienda 8

COM(2012) 496 final

Anexo 1, punto 6.3.2

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Los Estados miembros velarán por la participación en la asociación de los organismos responsables de la promoción de la igualdad de género, la no discriminación y la accesibilidad y garantizarán unas estructuras adecuadas de conformidad con las prácticas nacionales que asesoren sobre la igualdad de género, la no discriminación y la accesibilidad a fin de disponer de las competencias necesarias para la preparación, el seguimiento y la evaluación de los Fondos del MEC. La composición de los comités de seguimiento deberá ser equilibrada desde el punto de vista del género y contemplar la función del especialista o responsable de la perspectiva de género.

Los Estados miembros velarán, en el marco de las estructuras nacionales existentes, por la participación en la asociación de los organismos responsables de la promoción de la igualdad de género, la no discriminación y la accesibilidad y garantizarán unas estructuras adecuadas de conformidad con las prácticas nacionales que asesoren sobre la igualdad de género, la no discriminación y la accesibilidad a fin de disponer de las competencias necesarias para la preparación, el seguimiento y la evaluación de los Fondos del MEC. La composición de los comités de seguimiento deberá ser equilibrada desde el punto de vista del género y contemplar la función del especialista o responsable de la perspectiva de género.

Exposición de motivos

Véase el punto 39 del dictamen.

Enmienda 9

COM(2012) 496 final

Anexo 1, punto 7

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

7.1.

Los Estados miembros y las regiones se comprometerán a dar los siguientes pasos a efectos de la preparación de sus contratos de asociación y sus programas:

7.1.

Los Estados miembros y las regiones se comprometerán a dar los siguientes pasos a efectos de la preparación de sus contratos de asociación y sus programas:

a)

analizar el potencial y la capacidad de desarrollo del Estado miembro o región, en particular en relación con los grandes retos indicados en Europa 2020, los programas nacionales de reforma y las correspondientes recomendaciones específicas para cada país; las autoridades competentes realizarán un análisis pormenorizado de las características nacionales, regionales y locales;

a)

analizar el potencial y la capacidad de desarrollo del Estado miembro o región, en particular en relación con los grandes retos indicados en los informes de la Comisión sobre la política de cohesión, Europa 2020, los programas nacionales de reforma y las correspondientes recomendaciones específicas para cada país; las autoridades competentes realizarán un análisis pormenorizado de las características nacionales, regionales y locales;

b)

evaluar los principales retos que deben abordar la región o el Estado miembro de que se trate, identificar los principales puntos de conexión deficitarios y embudos de tráfico, los desfases en materia de innovación, incluida la falta de planificación y de capacidad de aplicación que inhiben el potencial a largo plazo para el crecimiento y el empleo; esta constituirá la base de identificación de las posibles áreas y actividades de prioridad política, intervención y concentración;

b)

evaluar los principales retos que deben abordar la región o el Estado miembro de que se trate, identificar los principales puntos de conexión deficitarios y embudos de tráfico, los desfases en materia de innovación, incluida la falta de planificación y de capacidad de aplicación que inhiben el potencial a largo plazo para el crecimiento y el empleo; esta constituirá la base de identificación de las posibles áreas y actividades de prioridad política, intervención y concentración;

c)

evaluar los retos de coordinación intersectorial, transfronteriza o interjurisdiccional, especialmente en el marco de estrategias macrorregionales y de cuencas marítimas;

c)

evaluar las particularidades territoriales que deben tenerse en cuenta:

el papel de las zonas urbanas, rurales, litorales y pesqueras, y de las zonas que sufren problemas geográficos o demográficos específicos;

los problemas específicos de las zonas afectadas por la transición industrial, las regiones ultraperiféricas, las regiones más septentrionales con muy baja densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña;

las relaciones entre la ciudad y el campo en términos de acceso a unas infraestructuras y servicios asequibles y de calidad, así como los problemas de las regiones con una concentración elevada de grupos o colectivos marginados socialmente;

d)

determinar las medidas para lograr una mejor coordinación entre los distintos niveles territoriales y las fuentes de financiación para conseguir un planteamiento integrado que vincule la Estrategia Europa 2020 con los agentes regionales y locales.

d c)

evaluar los retos de coordinación intersectorial, transfronteriza o interjurisdiccional, especialmente en el marco de estrategias macrorregionales y de cuencas marítimas;

 

e d)

determinar las medidas para lograr una mejor coordinación entre los distintos niveles territoriales y las fuentes de financiación para conseguir un planteamiento integrado que vincule la Estrategia Europa 2020 con los agentes regionales y locales.

7.2.

Para tener en cuenta el objetivo de la cohesión territorial, los Estados miembros y las regiones se asegurarán de que el enfoque general de promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador:

7.2.

Para tener en cuenta el objetivo de la cohesión territorial, los Estados miembros y las regiones se asegurarán de que el enfoque general de promover un crecimiento inteligente, sostenible e integrador:

a)

refleje el papel de las zonas urbanas, rurales, litorales y pesqueras, y de las zonas que sufren problemas geográficos o demográficos específicos;

a)

refleje el papel de las zonas urbanas, rurales, litorales y pesqueras, y de las zonas que sufren problemas geográficos o demográficos específicos;

b)

tenga en cuenta los problemas específicos de las regiones ultraperiféricas, las regiones más septentrionales con muy baja densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña;

b)

tenga en cuenta los problemas específicos de las regiones ultraperiféricas, las regiones más septentrionales con muy baja densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña;

c)

aborde las relaciones entre la ciudad y el campo en términos de acceso a unas infraestructuras y servicios asequibles y de calidad, así como los problemas de las regiones con una concentración elevada de grupos o colectivos marginados socialmente.

c)

aborde las relaciones entre la ciudad y el campo en términos de acceso a unas infraestructuras y servicios asequibles y de calidad, así como los problemas de las regiones con una concentración elevada de grupos o colectivos marginados socialmente.

Exposición de motivos

El Comité acoge con satisfacción que se mencionen las obligaciones del Tratado en lo que respecta al objetivo de la cohesión territorial en el punto 7.2, pero propone incluir este parámetro entre las medidas mencionadas en el punto 7.1.

Bruselas, 29 de noviembre de 2012.

El Presidente del Comité de las Regiones

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  COM(2012) 496 final.

(2)  Es decir, la suspensión de pagos y créditos de compromiso en el marco de los programas operativos en caso de incumplimiento de las recomendaciones sobre gobernanza económica de la UE.


19.1.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 17/67


Dictamen del Comité de las Regiones — El desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios

2013/C 17/12

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

observa que los fenómenos de desplazamiento de trabajadores en la Unión Europea se han desarrollado en los últimos años; señala asimismo que las cifras de trabajadores desplazados son muy diferentes, tanto en lo que respecta a los Estados miembros de origen como a los Estados miembros de destino del desplazamiento;

considera, en este contexto, que actualmente es importante adoptar un instrumento europeo relativo al desplazamiento de los trabajadores en el marco de una prestación de servicios, que armonice el control de su aplicación y a la vez aborde las cuestiones de fondo derivadas de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que han dado lugar a una interpretación restrictiva de la Directiva 96/71/CE;

lamenta que esta propuesta de la Comisión Europea no proceda a una revisión o reforma de la Directiva 96/71/CE y, en consecuencia, no aborde todas las cuestiones de fondo suscitadas por la jurisprudencia, en particular las relativas a la ampliación de los convenios colectivos, la ampliación del «núcleo duro» de disposiciones aplicables, la aplicación de las disposiciones del país de acogida cuando sean más favorables y el respeto de los derechos sociales fundamentales, como el derecho de huelga;

propone que se refuerce la responsabilidad solidaria del empleador y del subcontratante mediante la introducción de una disposición destinada a limitar el número de niveles de subcontratación;

celebra que la Comisión Europea retirara el 11 de septiembre de 2012 la propuesta de Reglamento (Monti II) sobre la conciliación del derecho de huelga con las libertades económicas de la Unión Europea, sobre la base de la cláusula de flexibilidad relativa a la realización del mercado interior (artículo 352 del TFUE).

Ponente

Alain HUTCHINSON Diputado al Parlamento de la Región de Bruselas – Capital

Textos de referencia

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios

COM(2012) 131 final

y

Propuesta de Reglamento del Consejo sobre el ejercicio del derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo en el contexto de la libertad de establecimiento y la libre de prestación de servicios

COM(2012) 130 final

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

1.

apoya las iniciativas de la Comisión Europea tendentes a fortalecer la dimensión social del mercado interior, de conformidad con el artículo 9 del Tratado de Lisboa, que garantiza que la dimensión social se tenga en cuenta en todas las políticas de la Unión Europea;

El desplazamiento de trabajadores: un fenómeno en desarrollo

2.

observa que los fenómenos de desplazamiento de trabajadores en la Unión Europea se han desarrollado en los últimos años: según datos de la Comisión Europea, los empleadores desplazan cada año a un millón de trabajadores de un Estado miembro a otro; señala asimismo que las cifras de trabajadores desplazados son muy diferentes, tanto en lo que respecta a los Estados miembros de origen como a los Estados miembros de destino del desplazamiento;

3.

señala que los sectores con un uso más intensivo de mano de obra son los que más solicitan el desplazamiento de trabajadores. Históricamente, el sector de la construcción y las obras públicas emplea el mayor número de trabajadores desplazados (el 24 % de los desplazamientos efectuados en Europa, según datos de la Comisión Europea); en su mayoría, se trata de obreros;

4.

resalta que las diferencias salariales entre países pueden ser importantes;

La dimensión territorial del desplazamiento de trabajadores

5.

destaca la concentración geográfica de los desplazamientos en determinados sectores, pues las regiones transfronterizas registran una parte importante de las declaraciones de desplazamiento;

6.

considera que las regiones, en especial las fronterizas, deben desempeñar un papel más importante en el marco de la cooperación entre las autoridades públicas de distintos países, a fin de velar por que esos desplazamientos se realicen dentro del respeto de los derechos y la dignidad de la persona, por una parte, y para intercambiar buenas prácticas, por otra. En este sentido, las regiones afectadas deberían disponer de medios adecuados para desempeñar su misión;

7.

resalta que, con arreglo a la Directiva 96/71/CE, el alcance territorial de los convenios colectivos es una de las condiciones para su aplicación a los trabajadores desplazados, y que es necesario, por tanto, que las autoridades competentes puedan informar de su contenido a los prestadores de servicios y a los trabajadores desplazados a esos territorios desde otro país, así como garantizar su aplicación;

Necesidad de controlar mejor la aplicación de las normas en materia de desplazamiento

8.

subraya que los desplazamientos de trabajadores se realizan a menudo al margen de las normativas laborales de la seguridad social, así como de las leyes fiscales. Entre las formas de eludir las obligaciones legales cabe citar:

la contratación únicamente con vistas al desplazamiento; las empresas pantalla que permiten registrar una dirección en el país que se supone es el Estado de origen del desplazamiento,

los «falsos autónomos», que no soportan cargas sociales y eluden la aplicación de las condiciones laborales y salariales del país de acogida, tal como prevé la Directiva 96/71/CE, que solo se aplica a los trabajadores por cuenta ajena,

la constitución de plataformas de trabajadores desplazados, como hacen algunos grandes grupos, que instalan una filial en un Estado con normas fiscales y sociales financieramente ventajosas y desplazan allí a trabajadores,

el recurso abusivo al desplazamiento para puestos que de hecho son permanentes,

la ausencia de declaración de desplazamiento;

subraya que hay estudios que muestran que, en el marco de los desplazamientos de trabajadores, en muchos casos no se respetan los requisitos mínimos legales en materia de condiciones laborales y de empleo, y se intenta eludir las normativas relativas a la seguridad social y la fiscalidad;

9.

señala asimismo que, a la vista de las diferencias extremas constatadas por la Comisión entre los Estados miembros y los terceros países vinculados por acuerdos relativos a la libre circulación de personas, las medidas nacionales de supervisión de las normas de control comunes revisten una gran importancia; no obstante, las posibilidades de control de las autoridades nacionales no deben verse limitadas;

10.

considera, en este contexto, que actualmente es importante adoptar un instrumento europeo relativo al desplazamiento de los trabajadores en el marco de una prestación de servicios, que armonice el control de su aplicación y a la vez aborde las cuestiones de fondo derivadas de las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en particular, las sentencias Viking (C-438/05), Laval (C-341/05), Rüffert (C-346/06) y Luxemburgo (C-319/06), que han dado lugar a una interpretación restrictiva de la Directiva 96/71/CE;

11.

acoge por tanto favorablemente el proyecto de adoptar una propuesta de Directiva en este ámbito, pero lamenta que esta propuesta de la Comisión Europea no proceda a una revisión o reforma de la Directiva 96/71/CE y, en consecuencia, no aborde todas las cuestiones de fondo suscitadas por las sentencias anteriormente citadas, en particular las relativas a la ampliación de los convenios colectivos, la ampliación del «núcleo duro» de disposiciones aplicables, la aplicación de las disposiciones del país de acogida cuando sean más favorables y el respeto de los derechos sociales fundamentales, como el derecho de huelga;

12.

recalca que la propuesta de Directiva que se le presenta se limita, de hecho, a enunciar medidas y mecanismos destinados a mejorar y reforzar el control de la aplicación y la ejecución de las disposiciones de la Directiva 96/71/CE, que a día de hoy resultan insuficientes para luchar contra el dumping social y el fraude;

Los derechos fundamentales no deben someterse a las libertades económicas

13.

celebra que la Comisión Europea retirara el 11 de septiembre de 2012 la propuesta de Reglamento (Monti II) sobre la conciliación del derecho de huelga con las libertades económicas de la Unión Europea, sobre la base de la cláusula de flexibilidad relativa a la realización del mercado interior (artículo 352 del TFUE);

14.

suscribe el análisis según el cual no se puede someter el derecho de huelga al objetivo complementario de la realización del mercado interior, pues se trata de un principio intangible garantizado por la Carta de los Derechos Fundamentales, y estima, por otra parte, que el «procedimiento legislativo especial», tal como se define en el artículo 153 del Tratado, excluye de forma explícita el derecho de huelga del ámbito de aplicación de la legislación europea;

15.

considera, sin embargo, que la retirada de la propuesta de Reglamento deja en suspenso una serie de cuestiones planteadas por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. En consecuencia, pide que se presente una nueva propuesta legislativa que garantice explícitamente que los derechos sociales fundamentales (derecho a la negociación colectiva, derecho a la acción sindical) no podrán quedar cercenados por las libertades económicas (derecho de establecimiento y libre prestación de servicios), y que las libertades económicas no pueden justificar que se eludan las leyes y prácticas nacionales en el ámbito social;

16.

recuerda que doce parlamentos nacionales (19 votos) han ejercido por primera vez el mecanismo de alerta precoz ante la Comisión contra esa propuesta de Reglamento, por entrar en conflicto con las competencias nacionales y el respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

17.

considera no obstante necesario que el legislador de la UE intervenga para clarificar la relación entre la «acción colectiva» y la libertad de establecimiento y prestación de servicios en circunstancias transnacionales concretas, por ejemplo, cuando se trata de una empresa con filiales en varios Estados miembros;

18.

considera, por tanto, que si la Comisión hubiera mantenido su propuesta de Reglamento, a la luz de los dictámenes motivados adoptados por los parlamentos nacionales y de los puntos de vista expresados a nivel regional a través del CDR, habría podido plantearse la posibilidad de preparar un recurso ex-post contra dicha propuesta por infracción del principio de subsidiariedad, tanto por lo que respecta a la elección del fundamento jurídico como por la insuficiente demostración del valor añadido de una acción europea en la materia; señala a la Comisión que el Comité de las Regiones seguirá velando atentamente por el cumplimiento del principio de subsidiariedad en este ámbito;

19.

considera que la propuesta relativa a la ejecución de la Directiva 96/71/CE conserva su plena validez y merece toda su atención;

20.

estima que la Directiva 96/71/CE consagra derechos fundamentales cuya aplicación se trata de facilitar, que esos derechos asociados a la dignidad de la persona han salido reforzados con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa que otorga valor jurídico vinculante a la Carta de los Derechos Fundamentales, y que esos derechos no pueden someterse a la lógica de las libertades económicas;

21.

lamenta en este sentido que la propuesta de la Comisión no haya dado lugar a un debate sobre la elección del fundamento jurídico, pues el que se ha elegido es un fundamento de «prestación de servicios» (artículo 62 del TFUE, unido al artículo 53), cuya consecuencia es que las cuestiones de la aplicación de la Directiva 96/71/CE se aborden de nuevo desde la perspectiva de las libertades económicas y que no se asocie plenamente al Comité de las Regiones, al Comité Económico y Social Europeo y a los interlocutores sociales en la elaboración de un texto que les concierne directamente;

La propuesta de Directiva debe tener en cuenta todas las situaciones de desplazamiento

22.

apoya, no obstante, el contenido de la propuesta de la Comisión y la lucha contra el dumping social y los fraudes en materia de desplazamiento de los trabajadores, así como el establecimiento de mecanismos para controlar la aplicación de las condiciones laborales y salariales a los trabajadores desplazados; sin embargo, la propuesta objeto de este dictamen no cumple este objetivo, por lo que deben mejorarse varios aspectos esenciales;

23.

considera que en la propuesta deberían mencionarse las situaciones de desplazamiento desde países terceros, que sí se tienen en cuenta en la Directiva 96/71/CE. Asimismo, una vez adoptada, la Directiva debería incorporarse lo antes posible a la legislación del EEE y al acuerdo con Suiza relativo a la libre circulación de personas;

24.

es consciente de las limitaciones existentes en materia de control, como el obstáculo que representa la lengua, el control de los desplazamientos de corta duración, las dificultades para obtener información en otro Estado miembro, la complejidad de la imposición de sanciones y la insuficiencia de los medios de control de las administraciones nacionales;

25.

acoge por ello muy favorablemente las disposiciones de la propuesta de Directiva dirigidas a suprimir esas limitaciones en la mayor medida posible y a reforzar los mecanismos de ejecución de las medidas de control y sanción, a fin de que la Directiva 96/71/CE se aplique no solo de forma eficaz, sino también efectiva; al mismo tiempo, el sistema de ejecución transfronteriza de las sentencias debe formularse de manera más clara, estar en consonancia con los principios en vigor de la cooperación internacional y el reconocimiento mutuo y la ejecución de las sentencias, y atender al derecho procesal de los individuos;

26.

considera que en caso de incumplimiento de la Directiva 96/71/CE o de la Directiva, objeto de este dictamen, como cuando se descubre que un trabajador no está realmente desplazado, la empresa afectada quedará sometida a la legislación pertinente aplicable en el Estado miembro en que se presten los servicios y se considerará que todas las personas afectadas son trabajadores que ejercen su derecho a la libre circulación, de conformidad con el artículo 45 del TFUE;

La responsabilidad solidaria: una disposición clave de la propuesta de Directiva que habría que completar.

27.

acoge favorablemente las disposiciones relativas a la responsabilidad solidaria del empleador y el subcontratista –en especial, en el sector de la construcción– y celebra que ocho Estados miembros de la UE practiquen ya dicha responsabilidad (Austria, Alemania, España, Finlandia, Francia, Italia, Países Bajos y Bélgica); no obstante, para evitar eficazmente el abuso esto no es suficiente, sino que es necesario garantizar que toda empresa que abusa de los trabajadores desplazados o que se beneficia de tales abusos deba rendir cuentas;

28.

considera que sería conveniente añadir a esta disposición sobre la responsabilidad solidaria una disposición destinada a limitar el número de niveles de subcontratación, lo que reduciría el riesgo de abusos en materia de desplazamiento de los trabajadores. Se trataría además de lograr a una mejor trazabilidad de las empresas subcontratistas;

El papel proactivo de los agentes sociales en el control de la aplicación del Derecho

29.

apoya las disposiciones de la Comisión Europea destinadas a conceder un papel clave a los agentes sindicales y los interlocutores sociales en las inspecciones de trabajo; al mismo tiempo, sin embargo, deben tenerse en cuenta las diferencias en los sistemas nacionales;

30.

estima que sería importante reforzar dicho papel y brindar a los órganos competentes encargados del control de la ejecución de los derechos en los Estados miembros la posibilidad de intercambiar sus prácticas en materia de control, a fin de asociar mejor sus esfuerzos en este ámbito;

31.

considera asimismo que se debería mencionar también como agentes clave a los representantes de los trabajadores y, en particular, a los miembros de los comités de empresa europeos, especialmente en las empresas de la construcción, ya que en las grandes obras, por ejemplo, la coordinación entre los órganos de representación puede constituir también una palanca de información y alerta. Estas iniciativas de los representantes de los trabajadores resultan aún más legítimas debido a que muchas empresas informan de su política de responsabilidad social (RSE);

El texto de la propuesta requiere precisiones para que sus disposiciones se apliquen correctamente

32.

destaca que los jueces nacionales desempeñarán un papel importante en la aplicación práctica de la propuesta de Directiva y que, por tanto, esta debe contener disposiciones claras y precisas, para no crear nuevas dudas sobre la interpretación del texto por los distintos jueces nacionales y evitar que se multipliquen las cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea;

33.

considera por ello que determinados términos de la propuesta de Directiva deben aclararse y definirse inequívocamente: por ejemplo, deben fijarse inequívocamente las condiciones para el desplazamiento de trabajadores, de manera que estos no sufran las consecuencias jurídicas del abuso. De hecho debería aclararse también el uso de dos términos diferentes para designar el concepto de «trabajadores desplazados temporalmente» en algunas versiones lingüísticas (por ejemplo, en la versión francesa se usa «provisoirement détaché» y «temporairement détaché»), o el uso del término «eficaz» al que debería asociarse el de «efectividad» o incluso el concepto de «condiciones de trabajo […] fundamentales», que no figura en la Directiva 96/71/CE;

34.

llama la atención por las mismas razones sobre el preámbulo (considerando 5) de la propuesta, en el que se resalta la necesidad de aclarar «la relación entre la Directiva 96/71/CE y el Reglamento (CE) no 593/2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales», sin que se aporte respuesta alguna a esta necesidad de precisión en la parte dispositiva de la propuesta;

Necesidad de eliminar cualquier confusión en la aplicación de los textos

35.

considera que el preámbulo de la propuesta puede suscitar, en consecuencia, confusión sobre la ley aplicable al contrato de trabajo (¿la del país de origen o la del país de acogida?). Si es cierto, como se resalta en el considerando 6 del preámbulo, que la propuesta no se refiere directamente a la legislación aplicable de conformidad con el artículo 8 del Reglamento Roma I, es necesario recordar que la Directiva de 1996 tampoco perseguía modificar esta disposición (artículo 6 del Convenio de Roma de 1980, en aquel entonces) sino precisar las condiciones de aplicación de las leyes de policía con arreglo al artículo 9 del Reglamento Roma I (artículo 7 del Convenio de Roma de 1980, en aquel entonces);

36.

velará por que la propuesta de Directiva no modifique el espíritu y el objetivo de la Directiva 96/71/CE;

37.

considera que la exigencia del respeto por el licitador de las disposiciones de la Directiva 96/71/CE debería constituir un criterio de adjudicación en la contratación pública y privada y, en caso de producirse abusos significativos, como ya ocurre, debe ser posible excluir al licitador;

38.

suscribe la voluntad de la Comisión de aproximar las legislaciones de los Estados miembros sobre la ejecución transfronteriza de las multas y las sanciones administrativas impuestas.

II.   RECOMENDACIONES DE ENMIENDA

Enmienda 1

Preámbulo

Primer visto

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 53, apartado 1, y su artículo 62,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 53 153, apartado 1, letra b) y su artículo 62,

Exposición de motivos

Las condiciones de trabajo y de empleo dependen tradicionalmente de la negociación colectiva y, por consiguiente, de la autonomía de los interlocutores sociales. Por tanto, estos desempeñan un papel clave en cuanto a la vigilancia de la aplicación de las normas adoptadas por convenio en este ámbito. Por ello, el artículo 153, apartado 1, letra b), del Tratado constituye la base jurídica más adecuada, pues se refiere a las iniciativas comunitarias en materia de condiciones de trabajo. Por otra parte, tratándose de una propuesta de Directiva relativa a la garantía de cumplimiento de la Directiva 96/71/CE, cuya base jurídica estriba en «la prestación de servicios», las sentencias del Tribunal de Justicia sobre elección de fundamento jurídico no impiden expresamente el empleo de una base jurídica más adecuada para adoptar esta propuesta.

Enmienda 2

Tercer considerando

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

(3)

Con respecto a los trabajadores desplazados temporalmente para trabajar prestando servicios en un Estado miembro distinto de aquel en el que desarrollan habitualmente su actividad, la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, establece un conjunto fundamental de condiciones de trabajo y empleo bien definidas que el prestador de servicios debe cumplir en el Estado miembro donde tiene lugar el desplazamiento para garantizar una protección mínima a los trabajadores desplazados afectados.

(3)

Con respecto a los trabajadores desplazados temporalmente para trabajar en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado en que trabajan habitualmente prestando servicios en un Estado miembro distinto de aquel en el que desarrollan habitualmente su actividad, la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 1996, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, establece un conjunto fundamental de condiciones de trabajo y empleo bien definidas que el prestador de servicios debe cumplir en el Estado miembro donde tiene lugar el desplazamiento para garantizar una protección mínima a los trabajadores desplazados afectados.

Exposición de motivos

La modificación no solo es de carácter semántico, sino que tiene por objeto mantener la coherencia con los conceptos utilizados en la Directiva 96/71/CE. La modificación recoge textualmente la redacción del tercer considerando de la Directiva 96/71/CE, que [en la versión francesa] recurre al término temporaire (temporal) y no provisoire (provisional) (que, de hecho, es menos preciso que «temporal» desde un punto de vista jurídico) (1), al igual que el quinto considerando de la propuesta objeto de examen, y no se limita a contemplar los desplazamientos únicamente entre Estados miembros, como hace la propuesta en la redacción de sus considerandos. Si este fuera el alcance de la propuesta examinada, se apartaría de la intención del legislador de 1996, que usa los términos «en el territorio de un Estado miembro distinto del Estado en que» (tercer considerando de la Directiva 96/71/CE), y no «en un Estado miembro distinto», como en la actual propuesta de Directiva, para tener en cuenta los casos de desplazamiento de trabajadores procedentes de terceros países. Por motivos de seguridad jurídica, conviene integrar este principio en los considerandos de la actual propuesta.

Enmienda 3

Sexto considerando

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

(6)

Como ocurre con la Directiva 96/71/CE, la presente Directiva no debe ser óbice para la aplicación de la legislación que, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento Roma I, es aplicable a los contratos de trabajo individuales, ni para la aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, ni del Reglamento (CE) no 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social.

(6)

Como ocurre con la Directiva 96/71/CE, la presente Directiva no debe ser óbice para la aplicación de la legislación que, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento Roma I, es aplicable a los contratos de trabajo individuales, ni para la aplicación de las disposiciones imperativas del Estado miembro de acogida del trabajador desplazado, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Roma 1, ni para la aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, ni del Reglamento (CE) no 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social.

Exposición de motivos

Esta inclusión es importante, en la medida en que contribuye a evitar confusiones respecto del alcance de la Directiva 96/71/CE y su articulación con el Derecho internacional privado. En efecto, la Directiva 96/71/CE no se refiere directamente a la aplicación de la legislación que, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento Roma I, es aplicable a los contratos de trabajo individuales, sino que prevé expresamente, de conformidad con el artículo 9 del Reglamento Roma 1, la aplicación de las normas imperativas del país de acogida (independientemente de la legislación aplicable al contrato) a los trabajadores desplazados. No subrayar o afirmar claramente este punto podría provocar malentendidos, y llevar a apartarse del espíritu y la letra de la Directiva 96/71/CE.

Enmienda 4

Considerando 14

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Debe concretarse la obligación que tienen los Estados miembros de hacer que la información sobre las condiciones de trabajo y empleo esté públicamente disponible y de facilitar un acceso eficaz a la misma, no solo a los prestadores de servicios de otros Estados miembros, sino también a los trabajadores desplazados afectados.

Debe concretarse la obligación que tienen los Estados miembros de hacer que la información sobre las condiciones de trabajo y empleo esté públicamente disponible y de facilitar un acceso eficaz y gratuito a la misma, no solo a los prestadores de servicios de otros Estados miembros, sino también a los trabajadores desplazados afectados.

Exposición de motivos

Para que sea realmente accesible, la información debe ser, en particular, gratuita.

Enmienda 5

Artículo 1, nuevo apartado 3

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 1

Objeto

(…)

Artículo 1

Objeto

(…)

3.   La presente Directiva deberá ajustarse, en lo que respecta a la aplicación y ejecución de las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores desplazados, a las disposiciones del apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 96/71/CE, que dispone que «las empresas establecidas en un Estado que no sea miembro no deberán obtener un trato más favorable que las empresas establecidas en un Estado miembro».

Exposición de motivos

Esta enmienda se justifica plenamente si se considera que la propuesta de Directiva examinada no debe modificar radicalmente la estructura de la Directiva 96/71/CE, considerando que el legislador ha introducido el apartado 4 del artículo 1 para evitar el riesgo de dumping social procedente de terceros países. Por esta misma razón, conviene evitar que una aplicación estricta de la Directiva 96/71/CE se limite al desplazamiento de trabajadores entre Estados miembros, abriendo así la vía a posibles fraudes o elusiones desde terceros países. Por lo tanto, los Estados miembros deberán prestar atención y tomar las medidas necesarias para impedir estas elusiones del Derecho, que constituirían fallos en el dispositivo de control vigente.

Enmienda 6

Artículo 3.1

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 3

Prevención de abusos y elusiones

1.   Al objeto de implementar, aplicar y hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los elementos fácticos que caracterizan las actividades realizadas por una empresa en el país en el que esté establecida, a fin de determinar si verdaderamente lleva a cabo actividades fundamentales y no puramente administrativas o de gestión interna. Esos elementos podrán incluir los siguientes:

a)

el lugar donde la empresa tiene su domicilio social y su sede administrativa, ocupa espacio de oficina, paga sus impuestos, posee una licencia profesional o está registrada en las cámaras de comercio o los colegios profesionales pertinentes;

b)

el lugar donde se contrata a los trabajadores desplazados;

c)

la legislación aplicable a los contratos que celebra la empresa con sus trabajadores, por un lado, y con sus clientes, por otro;

d)

el lugar donde la empresa realiza su actividad empresarial fundamental y donde emplea personal administrativo;

e)

el número anormalmente limitado de contratos celebrados o la cifra de negocios obtenida en el Estado miembro de establecimiento.

La evaluación de estos elementos se adaptará a cada caso concreto y tendrá en cuenta la naturaleza real de las actividades desarrolladas por la empresa en el Estado miembro de establecimiento.

Artículo 3

Prevención de abusos y elusiones

1.   Al objeto de implementar, aplicar y hacer cumplir la Directiva 96/71/CE, las autoridades competentes deberán tener en cuenta los elementos fácticos que caracterizan las actividades realizadas por una empresa en el país en el que esté establecida, a fin de determinar si verdaderamente lleva a cabo actividades fundamentales y no puramente administrativas o de gestión interna. Esos elementos podrán incluir los siguientes:

a)

el Estado miembro en el que la empresa ejerce su actividad profesional principal, medida en unidades de tiempo por empleado, y el lugar donde la empresa tiene su domicilio social y su sede administrativa, ocupa espacio de oficina, paga sus impuestos, posee una licencia profesional o está registrada en las cámaras de comercio o los colegios profesionales pertinentes;

b)

el lugar donde se contrata a los trabajadores desplazados;

c)

la legislación aplicable a los contratos que celebra la empresa con sus trabajadores, por un lado, y con sus clientes, por otro;

d)

el lugar donde la empresa realiza su actividad empresarial fundamental y donde emplea personal administrativo;

e)

el número anormalmente limitado de contratos celebrados o la cifra de negocios obtenida en el Estado miembro de establecimiento.

La evaluación de estos elementos se adaptará a cada caso concreto y tendrá en cuenta la naturaleza real de las actividades desarrolladas por la empresa en el Estado miembro de establecimiento.

2.   Para determinar si un trabajador desplazado realiza temporalmente su labor en un Estado miembro distinto de aquel en el que normalmente trabaja, deberán examinarse todos los elementos fácticos que caracterizan esa labor y la situación del trabajador.

Esos elementos podrán incluir los siguientes:

a)

si el trabajo se realiza durante un período limitado en otro Estado miembro;

b)

si el desplazamiento se realiza a un Estado miembro distinto de aquel en el que o desde el que el trabajador desplazado suele desempeñar su labor, de acuerdo con el Reglamento (CE) no 593/2008 o el Convenio de Roma;

c)

si el trabajador desplazado regresa o está previsto que vuelva a trabajar al Estado miembro desde el que se desplaza, una vez terminado el trabajo o prestados los servicios para los que fue desplazado;

d)

si el empleador corre con los gastos de viaje, manutención y alojamiento del trabajador que desplaza, o le reembolsa por esos conceptos, y si es así, cómo lo hace; así como

e)

los períodos previos repetidos en que el puesto ha sido ocupado por el mismo u otro trabajador (desplazado).

Todos los elementos fácticos enumerados constituyen factores indicativos en la evaluación global que debe hacerse y, por consiguiente, no pueden considerarse aisladamente. Los criterios deberán adaptarse a cada caso particular y tener en cuenta las peculiaridades de la situación.

2.   La evaluación de estos elementos forma parte de la definición de la noción de trabajador desplazado en el Estado miembro de acogida, tal y como se dispone en el apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios.

2 3.   Para determinar si un trabajador desplazado realiza temporalmente su labor en un Estado miembro distinto de aquel en el que normalmente trabaja, deberán examinarse todos los elementos fácticos que caracterizan esa labor y la situación del trabajador.

Esos elementos podrán incluir los siguientes:

a)

si el trabajo se realiza durante un período limitado en otro Estado miembro;

b)

si el desplazamiento se realiza a un Estado miembro distinto de aquel en el que o desde el que el trabajador desplazado suele desempeñar su labor, de acuerdo con el Reglamento (CE) no 593/2008 o el Convenio de Roma;

c)

si el trabajador desplazado regresa o está previsto que vuelva a trabajar al Estado miembro desde el que se desplaza, una vez terminado el trabajo o prestados los servicios para los que fue desplazado;

d)

El trabajador desplazado dispone de un formulario A1 válido que prueba que está cubierto por el régimen de seguridad social en su Estado miembro de origen. El formulario A1 no será retroactivo y deberá proporcionarse al principio del período de desplazamiento y antes de cualquier inspección.

d e)

si el empleador corre con los gastos de viaje, manutención y alojamiento del trabajador que desplaza, o le reembolsa por esos conceptos, y si es así, cómo lo hace; así como

e f)

los períodos previos repetidos en que el puesto ha sido ocupado por el mismo u otro trabajador (desplazado).

Todos los elementos fácticos enumerados constituyen factores indicativos en la evaluación global que debe hacerse y, por consiguiente, no pueden considerarse aisladamente. Los criterios deberán adaptarse a cada caso particular y tener en cuenta las peculiaridades de la situación.

Exposición de motivos

Esta disposición tiene por objeto evitar la creación de empresas cuyas actividades en el Estado miembro de establecimiento sean falsas y tengan por único objetivo eludir los dispositivos de las condiciones de trabajo en el Estado miembro de acogida.

El apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 96/71/CE tiene por objeto impedir que los trabajadores desplazados de un Estado (incluido un Estado no miembro) puedan considerarse como trabajadores por cuenta propia, y eludir así la aplicación de la Directiva. Por ejemplo, bastaría que un trabajador por cuenta ajena que ejerza una actividad en el sector de la construcción en un país A fuera convertido por su empleador en trabajador por cuenta propia en el país A para que el empleador quedara eximido de las obligaciones que le incumben en aplicación de la Directiva en el Estado miembro B al que el trabajador ha sido desplazado. Para evitar este tipo de fraude, la Directiva de 1996 deja al país de acogida de la prestación (en este caso, el Estado miembro B) la tarea de definir la noción de trabajador y, por tanto, la relación laboral respecto de su Derecho interno. El único punto débil de esta construcción jurídica radica en la dificultad de aplicar concretamente el principio así establecido: la lista de elementos enunciados en el artículo 4 proporcionará sin lugar a dudas una serie de pistas para facilitar la aplicación concreta del apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 96/71/CE.

Enmienda 7

Artículo 3 bis

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

Artículo 3 bis

Sanciones por disconformidad

En caso de incumplimiento del artículo 3 de la Directiva 96/71/CE o de los artículos pertinentes de la presente Directiva, la empresa y sus trabajadores quedarán sometidos a la legislación aplicable en el Estado miembro en que se presten los servicios, y se considerará que todas las personas afectadas son trabajadores que ejercen su derecho a la libre circulación dentro de la Unión de conformidad con el artículo 45 del TFUE. El Estado miembro de acogida podrá entonces exigir inmediatamente la prueba de que los trabajadores afectados reciben el mismo trato que los nacionales del Estado miembro en lo que se refiere a todas las condiciones de trabajo y de empleo y los derechos sociales correspondientes, de conformidad con el artículo 45 del TFUE.

Enmienda 8

Artículo 5.1

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Los Estados miembros deberán tomar las medidas oportunas para que la información sobre las condiciones de trabajo y empleo a las que se refiere el artículo 3 de la Directiva 96/71/CE, que los prestadores de servicios deben aplicar y cumplir, se den a conocer públicamente de una manera clara, inteligible y fácilmente accesible, a distancia y por medios electrónicos, en formatos y conforme a normas web que garanticen el acceso de las personas con discapacidad, y para que los centros de enlace o las otras instancias nacionales competentes a los que se refiere el artículo 4 de la Directiva 96/71/CE estén en situación de desempeñar sus actividades con eficacia.

Los Estados miembros deberán tomar las medidas oportunas para que la información sobre las condiciones de trabajo y empleo a las que se refiere el artículo 3 de la Directiva 96/71/CE, que los prestadores de servicios deben aplicar y cumplir, se den a conocer gratuita y públicamente de una manera clara, transparente, inteligible y fácilmente accesible, a distancia y por medios electrónicos, en formatos y conforme a normas web que garanticen el acceso de las personas con discapacidad, y para que los centros de enlace o las otras instancias nacionales competentes a los que se refiere el artículo 4 de la Directiva 96/71/CE estén en situación de desempeñar sus actividades con eficacia.

Exposición de motivos

Para que sea realmente accesible, la información debe ser, en particular, gratuita.

Enmienda 9

Artículo 7.4

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

La obligación establecida en los apartados 1 y 2 no implicará que el Estado miembro de establecimiento deba realizar comprobaciones y controles materiales en el territorio del Estado miembro de acogida en el que se preste el servicio. Tales comprobaciones y controles deberán ser realizados, si es necesario, por las autoridades del Estado miembro de acogida a petición de las autoridades competentes del Estado miembro de establecimiento, de acuerdo con el artículo 10 y de conformidad con las competencias de supervisión establecidas en la legislación, la práctica y los procedimientos administrativos del Estado miembro de acogida, y sin perjuicio de la legislación de la Unión.

La obligación establecida en los apartados 1 y 2 no implicará que el Estado miembro de establecimiento deba realizar comprobaciones y controles materiales en el territorio del Estado miembro de acogida en el que se preste el servicio. Tales comprobaciones y controles deberán ser realizados, si es necesario, por las autoridades del Estado miembro de acogida a petición de las autoridades competentes del Estado miembro de establecimiento, de acuerdo con el artículo 10 y de conformidad con las competencias de supervisión establecidas en la legislación, la práctica y los procedimientos administrativos del Estado miembro de acogida, y sin perjuicio de la legislación de la Unión.

Exposición de motivos

Se trata de suprimir los obstáculos de procedimiento en los controles materiales, tanto en el Estado miembro de establecimiento como en el de acogida.

Enmienda 10

Artículo 9, apartado 1, parte introductoria

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Los Estados miembros solo podrán imponer los requisitos administrativos y las medidas de control siguientes:

Los Estados miembros solo podrán imponer A fin de mejorar el cumplimiento de los artículos 3 y 5 de la Directiva 96/71/CE, el Estado miembro de acogida impondrá como mínimo los requisitos administrativos y las medidas de control siguientes:

Exposición de motivos

En lugar de proponer requisitos máximos como hace la Comisión Europea, se sugiere establecer requisitos mínimos. De hecho, esta inversión de la lógica es coherente con las disposiciones del apartado 3 del artículo 12, tal como las propuso la Comisión Europea.

Enmienda 11

Artículo 9, apartado 1, letra a)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

la obligación del prestador de servicios establecido en otro Estado miembro de hacer una simple declaración a las autoridades nacionales competentes responsables, a lo sumo cuando comience la prestación de servicios, que podrá limitarse a indicar la identidad del prestador de servicios, la presencia de uno o más trabajadores desplazados claramente identificables, el número previsto de trabajadores desplazados, la duración prevista y la ubicación de dichos trabajadores, así como los servicios que justifican el desplazamiento;

la obligación del prestador de servicios establecido en otro Estado miembro de hacer una simple declaración a las autoridades nacionales competentes responsables, a lo sumo cuando comience la prestación de servicios., Dicha declaración indicará que podrá limitarse a indicar la identidad del el prestador de servicios, la presencia de uno o más trabajadores desplazados claramente identificables, el número previsto de trabajadores desplazados, ha tomado conocimiento de las condiciones mínimas de trabajo y empleo contempladas en el artículo 3 de la Directiva 96/71/CE en el país en que se vayan a prestar los servicios, y que las respetará. Incluirá al menos la duración prevista del desplazamiento, el día de inicio, la identidad y la ubicación de dichos trabajadores,el número de trabajadores desplazados, así como los servicios que justifican el desplazamiento los lugares de trabajo en el Estado miembro de acogida;

Exposición de motivos

Clarificación de las exigencias a las que debe responder la declaración del prestador de servicios.

Enmienda 12

Artículo 9, apartado 1, letra b)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

la obligación de conservar o tener disponibles el contrato de empleo (o un documento equivalente a tenor de la Directiva 91/533/CEE, incluida, cuando convenga o sea pertinente, la información adicional a la que se refiere el artículo 4 de esa Directiva), las nóminas, los horarios y los comprobantes del pago de salarios, o de guardar copias en papel o en formato electrónico de tales documentos, o copias de documentos equivalentes, durante el período de desplazamiento, en un lugar accesible y claramente identificado de su territorio, como puede ser el lugar de trabajo, a pie de obra o, en el caso de los trabajadores móviles del sector del transporte, la base de operaciones o el vehículo en el que se presta el servicio;

la obligación de conservar o tener disponibles el contrato de empleo (o un documento equivalente a tenor de la Directiva 91/533/CEE, incluida, cuando convenga o sea pertinente, la información adicional a la que se refiere el artículo 4 de esa Directiva), las nóminas, los horarios y los comprobantes del pago de salarios, el formulario A1 que prueba la cobertura por el régimen de seguridad social en el Estado miembro de origen, la evaluación exigida de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo de acuerdo con la Directiva 89/391/CE, y, en caso de que el trabajador desplazado sea nacional de un tercer país, copias del permiso de trabajo y de residencia y cualesquiera otros documentos necesarios para comprobar el cumplimiento de la Directiva 96/71/CE y de la presente Directiva, o de guardar copias en papel o en formato electrónico de tales documentos, o copias de documentos equivalentes, durante el período de desplazamiento, en un lugar accesible y claramente identificado de su territorio, como puede ser el lugar de trabajo, a pie de obra o, en el caso de los trabajadores móviles del sector del transporte, la base de operaciones o el vehículo en el que se presta el servicio;

Exposición de motivos

Nota: relacionada con la enmienda al apartado 2 del artículo 3.

Enmienda 13

Artículo 11, nuevo apartado 4

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 11

Defensa de los derechos, facilitación de las denuncias y pago de atrasos

(…)

3.   Los Estados miembros se asegurarán de que los sindicatos y otras terceras partes, como asociaciones, organizaciones y otras personas jurídicas que, de conformidad con los criterios establecidos en su Derecho nacional, tengan un interés legítimo en velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, puedan iniciar, en nombre o en apoyo de los trabajadores desplazados o de sus empleadores, y con su autorización, cualquier procedimiento judicial o administrativo establecido para implementar la presente Directiva o garantizar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan de ella.

Artículo 11

Defensa de los derechos, facilitación de las denuncias y pago de atrasos

(…)

3.   Los Estados miembros se asegurarán de que los sindicatos y otras terceras partes, como asociaciones, organizaciones y otras personas jurídicas que, de conformidad con los criterios establecidos en su Derecho nacional, tengan un interés legítimo en velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva, puedan iniciar, en nombre o en apoyo de los trabajadores desplazados o de sus empleadores, y con su autorización, cualquier procedimiento judicial o administrativo establecido para implementar la presente Directiva o garantizar el cumplimiento de las obligaciones los derechos que se derivan de ella. Los sindicatos tendrán el derecho de interponer recursos judiciales en nombre de los trabajadores desplazados y con su consentimiento.

4.   Los representantes de los trabajadores, en particular, los miembros de los comités europeos en las empresas del sector de la construcción, tendrán derecho a alertar en todo momento a los sindicatos y las autoridades encargadas de controlar la aplicación del Derecho sobre toda situación de desplazamiento que plantee serias dudas en cuanto al respeto de la aplicación de las condiciones de trabajo y empleo de los trabajadores desplazados.;

4.   Los apartados 1 y 3 se aplicarán sin perjuicio de las normas nacionales sobre los plazos de prescripción o sobre los plazos para incoar tales acciones, ni de las normas nacionales de procedimiento relativas a la representación y la defensa ante los tribunales.

4 5.   Los apartados 1 y 3 se aplicarán sin perjuicio de las normas nacionales sobre los plazos de prescripción o sobre los plazos para incoar tales acciones, ni de las normas nacionales de procedimiento relativas a la representación y la defensa ante los tribunales.

Exposición de motivos

Los representantes de los trabajadores por cuenta ajena en las empresas y, en particular, los miembros de los comités europeos de empresa, están en contacto directo con las realidades de las distintas empresas y establecimientos en los Estados miembros. En su calidad de auténticos observadores de las relaciones laborales in situ o a nivel transnacional, deberían disponer de un derecho de alerta en caso de fraude en la aplicación de los textos relativos al desplazamiento de los trabajadores.

Enmienda 14

Artículo 12, apartado 1

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 12

Subcontratación y responsabilidad solidari

Con respecto a las actividades de construcción a las que se refiere el anexo de la Directiva 96/71/CE, en relación con todas las situaciones de desplazamiento contempladas en su artículo 1, apartado 3, los Estados miembros velarán, de manera no discriminatoria en cuanto a la protección de los derechos equivalentes de los empleados de subcontratistas directos establecidos en su territorio, por que el empleado o los fondos o instituciones comunes de los interlocutores sociales puedan hacer responsable, además de al empleador o en su lugar, al contratista del que el empleador (prestador de servicios, empresa de trabajo temporal o agencia de colocación) sea subcontratista directo, por el impago de lo siguiente:

Artículo 12

Subcontratación y responsabilidad solidaria

Con respecto a las actividades de construcción a las que se refiere el anexo de la Directiva 96/71/CE, en relación con todas las situaciones de desplazamiento contempladas en su artículo 1, apartado 3, los Estados miembros velarán Cada Estado miembro tomará, de manera no discriminatoria, las medidas necesarias para garantizar que la empresa que designe a otra empresa para prestar en cuanto a la protección de los derechos equivalentes de los empleados de subcontratistas directos establecidos en su territorio, por que el empleado o los fondos o instituciones comunes de los interlocutores sociales puedan hacer responsable, además de al empleador o en su lugar, al contratista del que el empleador (prestador de servicios, empresa de trabajo temporal o agencia de colocación) sea subcontratista directo, responda, además del empleador y/o en su lugar, de las obligaciones de dicha empresa o de la empresa subcontratista o empresa que ceda mano de obra designada por el impago de lo siguiente: aquella empresa.

Exposición de motivos

No hay motivos para limitar la regulación de las cadenas de subcontratación al sector de la construcción. Aclaración de las obligaciones asumidas.

Enmienda 15

Artículo 12, apartado 2

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Los Estados miembros dispondrán que el contratista que haya actuado con la debida diligencia no sea responsable conforme al apartado 1. Tales disposiciones se aplicarán de manera transparente, no discriminatoria y proporcionada. Podrá tratarse de las medidas preventivas adoptadas por el contratista en relación con las pruebas aportadas por el subcontratista de las principales condiciones de trabajo aplicadas a los trabajadores desplazados según el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 96/71/CE, en especial las nóminas y el pago de salarios, el cumplimiento de las obligaciones fiscales o de seguridad social en el Estado miembro de establecimiento y la observancia de las normas aplicables sobre el desplazamiento de trabajadores.

Los Estados miembros dispondrán que el contratista que haya actuado con la debida diligencia no sea responsable conforme al apartado 1. Tales Las disposiciones se aplicarán de manera transparente, no discriminatoria y proporcionada. Podrá tratarse de las medidas preventivas adoptadas por el contratista en relación con las pruebas aportadas por el subcontratista de las principales condiciones de trabajo aplicadas a los trabajadores desplazados según el artículo 3, apartado 1, de la Directiva 96/71/CE, en especial las nóminas y el pago de salarios, el cumplimiento de las obligaciones fiscales o de seguridad social en el Estado miembro de establecimiento y la observancia de las normas aplicables sobre el desplazamiento de trabajadores.

Exposición de motivos

No existe una definición del concepto de «debida diligencia» a nivel de la UE. Se trata de evitar la exención de responsabilidad del contratista a la hora de comprobar si el subcontratista respeta las condiciones de trabajo.

Enmienda 16

Artículo 12, apartado 3

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Los Estados miembros podrán, de conformidad con la legislación de la Unión, establecer en la normativa nacional, de manera no discriminatoria y proporcionada, normas más estrictas sobre el ámbito y el alcance de la responsabilidad de los subcontratistas. Además, ateniéndose a la legislación de la Unión, podrán regular esa responsabilidad en sectores distintos de los indicados en el anexo de la Directiva 96/71/CE. Los Estados miembros podrán disponer en estos casos que el contratista que haya actuado con la debida diligencia, según se defina en la legislación nacional, no sea responsable.

Los Estados miembros podrán, de conformidad con la legislación de la Unión, establecer en la normativa nacional, de manera no discriminatoria y proporcionada, normas más estrictas sobre el ámbito y el alcance de la responsabilidad de los subcontratistas. Además, ateniéndose a la legislación de la Unión, podrán regular esa responsabilidad en sectores distintos de los indicados en el anexo de la Directiva 96/71/CE. Los Estados miembros podrán disponer en estos casos que el contratista que haya actuado con la debida diligencia, según se defina en la legislación nacional, no sea responsable.

Exposición de motivos

No existe una definición del concepto de «debida diligencia» a nivel de la UE. Se trata de evitar la exención de responsabilidad del contratista a la hora de comprobar si el subcontratista respeta las condiciones de trabajo.

Enmienda 17

Artículo 12, nuevo apartado 4

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

A falta de acuerdo entre los interlocutores sociales del sector correspondiente por el que se establezca un número limitado de niveles de subcontratación, este se limitará a tres.

Exposición de motivos

Esta enmienda se deriva del apartado 28 de las recomendaciones políticas del dictamen.

Enmienda 18

Artículo 18, nuevo artículo después del artículo 18

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

Nuevo artículo

Cláusula de no regresión

La aplicación de la presente Directiva no constituirá en ningún caso un motivo suficiente para justificar una reducción del nivel general de protección de los trabajadores en los ámbitos cubiertos por la presente Directiva. Esto se entenderá sin perjuicio de los derechos de los Estados miembros y/o de los interlocutores sociales de adoptar, teniendo en cuenta la evolución de la situación, disposiciones legislativas, reglamentarias o contractuales diferentes a las existentes en el momento de la adopción de la presente Directiva, siempre que se respeten las exigencias mínimas previstas en la presente Directiva.

Exposición de motivos

Esta cláusula, llamada de no regresión, se introduce ahora en muchas Directivas europeas, y tiene por objeto mejorar su aplicación en los Estados miembros. La transposición de una Directiva en un Estado miembro no debe tener como consecuencia la reducción del nivel de protección existente en los ámbitos cubiertos por la Directiva, en particular, en lo que respecta a la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 12 de la Directiva objeto de examen.

Enmienda 19

Artículo 21

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 21

Informe

No más de cinco años después de que expire el plazo de transposición, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre la implementación de la presente Directiva, haciendo, si es menester, las propuestas oportunas.

Artículo 21

Informe

No más de cinco años después de que expire el plazo de transposición, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, y al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones un informe sobre la implementación de la presente Directiva, haciendo, si es menester, las propuestas oportunas.

Exposición de motivos

En aras de la coherencia con la decisión de elegir el artículo 153 del TFUE como fundamento jurídico de la propuesta de Directiva.

Bruselas, 29 de noviembre de 2012

El Presidente del Comité de las Regiones

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  NdT.: esta justificación no se aplica a la versión española, ya que en ambos casos se emplea la palabra «temporalmente».


19.1.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 17/81


Dictamen del Comité de las Regiones — Estatuto de la Fundación Europea

2013/C 17/13

El COMITÉ DE LAS REGIONES

apoya la propuesta de Reglamento por el que se aprueba el Estatuto de la Fundación Europea (FE) presentada por la Comisión, y considera que da continuidad al proceso iniciado con la adopción del Reglamento relativo a la iniciativa ciudadana europea;

apoya, por lo tanto, la propuesta de Reglamento por el que se aprueba el Estatuto de la Fundación Europea (FE) presentada por la Comisión, y reconoce que sigue la línea abierta con la adopción del Reglamento relativo a la iniciativa ciudadana europea y del Reglamento relativo a la creación del Estatuto de Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) con el fin de facilitar y fomentar la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional a nivel de la Unión;

señala que dicho Estatuto debe responder simultáneamente a una necesidad de simplificación, eficacia y seguridad jurídica para las fundaciones que les permita trabajar mejor en proyectos transfronterizos o transnacionales, solas o en colaboración con los agentes nacionales, locales y regionales; y responder a una voluntad de seguridad jurídica y clarificación de su funcionamiento y su financiación para los ciudadanos;

comprende la preocupación por lograr un equilibrio entre los imperativos de derecho nacional de los distintos Estados miembros en lo que se refiere a la cantidad mínima de activos que debe exigirse a una fundación y el deseo de facilitar la creación de FE en todo el territorio de la Unión. No obstante, el Comité quiere garantizar a los donantes y a los ciudadanos una solidez patrimonial suficiente de las FE, y desea, por una parte, que se refuerce el nivel mínimo de activos exigido para la inscripción de una FE, pasando de 25 000 a 50 000 euros, ya que la primera cifra le parece muy pequeña, y, por otra parte, que se mantenga este nivel durante toda la vida de la FE o, de lo contrario, la FE sea sancionada con su disolución;

Ponente

Claudette BRUNET – LECHENAULT (FR/PSE), vicepresidenta del Consejo General de Saône y Loira

Documento de referencia

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se aprueba el Estatuto de la Fundación Europea (FE)

COM(2012) 35 final

I.   INTRODUCCIÓN

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

1.

es consciente del peso económico y del papel fundamental que desempeñan las fundaciones en todo el territorio europeo, en todos los ámbitos de interés público y, en particular, en los relacionados con los ámbitos de competencia de los entes locales y regionales, como los servicios sociales y de salud, la seguridad social, el arte y la cultura, la educación y la formación, la ciencia, la investigación y la innovación o el medio ambiente;

2.

comprende y lamenta las dificultades a las que se enfrentan las fundaciones para actuar más allá de las barreras nacionales en proyectos transfronterizos o transnacionales, que les llevan a realizar gastos importantes en asesoramiento o estructura, cuando estos importes podrían utilizarse más eficazmente para realizar sus misiones sociales;

3.

apoya la propuesta de Reglamento por el que se aprueba el Estatuto de la Fundación Europea (FE) presentada por la Comisión, y considera que da continuidad al proceso iniciado con la adopción del Reglamento relativo a la iniciativa ciudadana europea;

4.

se felicita además de que la propuesta de la Comisión se englobe en la perspectiva más amplia de protección de las actividades de la economía social y solidaria en el marco del mercado interior y espera, a este respecto, que la aprobación de un estatuto de la fundación europea prepare el terreno para un estatuto de la mutualidad europea;

5.

señala que dicho Estatuto debe responder simultáneamente a una necesidad de simplificación, eficacia y seguridad jurídica para las fundaciones que les permita trabajar mejor en proyectos transfronterizos o transnacionales, solas o en colaboración con los agentes nacionales, locales y regionales;

6.

señala asimismo que, para los ciudadanos, este Estatuto debe enmarcarse en una voluntad de clarificación del funcionamiento y la financiación de las fundaciones para los ciudadanos;

7.

desea que se refuerce la dimensión europea de la FE, no solo en el momento de su creación, sino también durante toda su vida, y que las disposiciones jurídicas que le sean aplicables se correspondan al máximo con la propuesta de Reglamento y los estatutos de cada FE, limitando las referencias a las legislaciones nacionales;

8.

recuerda que, en la medida en que las FE están facultadas para recibir fondos privados o financiación pública para realizar sus misiones, deben estar sujetas a obligaciones de rendición de cuentas sobre la utilización de los fondos, tanto ante sus financiadores como ante todos los ciudadanos de la Unión Europea.

II.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Peso económico del sector de las fundaciones

9.

constata que el sector de las fundaciones tiene un peso económico considerable, con un nivel global de gastos anuales del orden de 150 000 millones de euros y la creación directa de cerca de un millón de puestos de trabajo en régimen de jornada completa en toda la Unión Europea;

10.

observa el interés de las fundaciones en trabajar fuera de sus fronteras nacionales para responder de manera global a los problemas transversales, como los problemas de migración, desarrollo socioeconómico, excelencia científica, derechos humanos, medio ambiente, etc.

11.

destaca en especial el papel que pueden desempeñar las fundaciones mediante el uso de sus recursos y creatividad en un período de fuerte crisis política, financiera y social en Europa, en el que resulta esencial estudiar todas las posibilidades para reforzar la Unión Europea y garantizar un futuro y perspectivas de crecimiento a sus ciudadanos;

Dificultades administrativas engorrosas y costosas

12.

observa que las fundaciones pueden encontrar dificultades en su funcionamiento transnacional o transfronterizo debido a las normas impuestas por las legislaciones nacionales que las obligan a gastar en asesoramiento y gastos administrativos diversos una parte de sus recursos, estimada entre 90 y 102 millones de euros anuales, en vez de utilizar estos fondos para la puesta en marcha de proyectos de interés público, solas o en colaboración con otras fundaciones o entes territoriales;

Por un Estatuto que refuerce la iniciativa ciudadana europea a través del papel de las fundaciones

13.

señala que las actividades que desempeñan las fundaciones, en su mayor parte creadas por iniciativa de personas de derecho privado (particulares o empresas), afectan a proyectos de interés general muy importantes para los ciudadanos europeos, y con frecuencia están relacionados con los ámbitos de competencia de los entes locales y regionales, como los servicios sociales y de salud, la seguridad social, el arte y la cultura, la educación y la formación, la ciencia, la investigación y la innovación, etc.;

14.

considera que la elección de una nueva forma jurídica alternativa a los estatutos nacionales que corresponda a un estatuto de «fundación europea» sería un elemento esencial para mejorar el papel de las fundaciones en el territorio de la Unión Europea;

15.

apoya, por lo tanto, la propuesta de Reglamento por el que se aprueba el Estatuto de la Fundación Europea (FE) presentada por la Comisión, y reconoce que sigue la línea abierta con la adopción del Reglamento relativo a la iniciativa ciudadana europea y del Reglamento relativo a la creación del Estatuto de Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) con el fin de facilitar y fomentar la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional a nivel de la Unión;

16.

estima que el artículo 352 del TFUE, que, para alcanzar uno de los objetivos fijados en los Tratados, prevé la adopción por el Consejo de las disposiciones adecuadas por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa aprobación por el Parlamento Europeo, es el único fundamento jurídico pertinente para esta propuesta de Reglamento, en ausencia de disposiciones específicas en los Tratados que otorguen competencia expresa en este sentido a las instituciones de la Unión. Esta opción es conforme con la elegida en el pasado para adoptar disposiciones relativas a otros estatutos, como el de sociedad europea o el de agrupación europea de interés económico, y no afecta en absoluto a las normativas nacionales que regulan las fundaciones. El Comité señala, asimismo, que, en el marco del mecanismo de alerta precoz relativo a la aplicación del principio de subsidiariedad, la propuesta de Reglamento ha sido objeto de un solo dictamen motivado entre los diecinueve parlamentos nacionales que han analizado este expediente;

17.

señala que dicho Estatuto debe responder simultáneamente a una necesidad de simplificación, eficacia para las fundaciones que les permita trabajar mejor en proyectos transfronterizos o transnacionales, solas o en colaboración con los agentes nacionales, locales y regionales; y responder a una voluntad de seguridad jurídica y clarificación de su funcionamiento y su financiación para los ciudadanos;

Prioridad para la dimensión europea

18.

desea que se otorgue una prioridad más clara a la dimensión europea de la FE, imponiendo a esta última que realice o tenga por objetivo realizar actividades transnacionales o transfronterizas no solo en el momento de su creación, sino también durante toda su vida;

19.

lamenta, en este contexto, que la propuesta de Reglamento se remita con frecuencia a las legislaciones nacionales de los Estados miembros, ya que considera que este procedimiento genera inseguridad jurídica para las FE en ausencia de normas de armonización;

Necesidad de claridad, fiabilidad y transparencia

20.

recuerda que la capacidad de las FE para recibir fondos privados y financiación pública con miras a realizar sus misiones implica que deben poder garantizar a sus donantes y financiadores, y en general a todos los ciudadanos en el territorio de la Unión Europea, la mayor seguridad en cuanto a su solidez y una total transparencia en cuanto a su gobernanza y al uso de los fondos que les son asignados;

Por la clarificación de los objetivos de las FE

21.

señala que en algunos Estados miembros las nociones de «utilidad pública» y de «interés general» abarcan conceptos diferentes, y pueden en algunos casos referirse a un procedimiento o a un estatuto jurídico particular del derecho nacional, o bien a un enfoque específicamente fiscal, y propone por lo tanto armonizar la terminología utilizada manteniendo la expresión «interés público», que deberá tenerse en cuenta de manera uniforme en todos los Estados miembros para establecer la finalidad de la FE al margen de cualquier enfoque fiscal;

22.

desea asimismo que la expresión «deporte aficionado» se defina en el artículo 5 de la propuesta a fin de evitar cualquier desvío de las acciones realizadas por las FE hacia el apoyo de prácticas más bien correspondientes al deporte profesional;

Hacia una fiabilidad reforzada

23.

comprende la preocupación por lograr un equilibrio entre los imperativos de derecho nacional de los distintos Estados miembros en lo que se refiere a la cantidad mínima de activos que debe exigirse a una fundación y el deseo de facilitar la creación de FE en todo el territorio de la Unión. No obstante, el Comité quiere garantizar a los donantes y a los ciudadanos una solidez patrimonial suficiente de las FE, y desea, por una parte, que se refuerce el nivel mínimo de activos exigido para la inscripción de una FE, pasando de 25 000 a 50 000 euros, ya que la primera cifra le parece muy pequeña, y, por otra parte, que se mantenga este nivel durante toda la vida de la FE o, de lo contrario, la FE sea sancionada con su disolución;

24.

da por sentado que las FE no deben tener ánimo de lucro, si bien admite que puedan verse obligadas a ejercer actividades económicas para el desempeño de sus misiones de interés público, y propone que se modifique el artículo 11 para definir mejor los límites dentro de los cuales una FE puede desarrollar actividades económicas;

25.

considera que la cuestión de la remuneración de los miembros del consejo de dirección y del órgano de supervisión de las FE es un corolario de su carácter no lucrativo, y que la propuesta debe formular normas de principio a este respecto;

26.

desea que se clarifiquen los principios relativos a la prevención de conflictos de intereses, puesto que considera que la redacción actual puede dar lugar a interpretaciones variables cuyo efecto podría ser contrario al deseado;

27.

está de acuerdo con las normas previstas en materia de contabilidad y transparencia, aunque sugiere que se clarifiquen y precisen las modalidades de control y de publicidad de la actividad de las FE;

Necesidad de armonización

28.

se muestra receptivo ante los criterios de rigor presupuestario que han hecho que se opte por la creación de una autoridad de supervisión de las FE a nivel nacional en vez de establecer un procedimiento y un órgano de control a nivel europeo;

29.

admite la pertinencia de incluir disposiciones de carácter fiscal en el proyecto de Estatuto, aunque expresa sus reservas sobre la extensión automática a las FE del régimen fiscal otorgado a las entidades de interés público nacionales, debido a las importantes disparidades existentes entre Estados miembros en lo que se refiere a las condiciones de concesión de estos regímenes fiscales nacionales favorables.

III.   RECOMENDACIONES DE ENMIENDA

Enmienda 1

Artículo 2, apartado 5

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

(5)   «Entidad de utilidad pública»: una fundación con un fin de utilidad pública u otra persona jurídica similar de utilidad pública, sin socios y constituida de conformidad con el Derecho de uno de los Estados miembros.

A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

(5)   «Entidad de utilidad pública»«Entidad de interés público»: una fundación con un fin de utilidad interés público a u otra persona jurídica similar de utilidad interés públicoa , sin socios y constituida de conformidad con el Derecho de uno de los Estados miembros.

Exposición de motivos

En su enmienda 1, la ponente sustituye «utilidad pública» por «interés público».

Enmienda 2

Artículo 5, apartado 1

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 5

Fin de utilidad pública

1.   La FE será una entidad constituida de forma independiente con un fin de utilidad pública.

Artículo 5

Fin de utilidad pública interés público

1.   La FE será una entidad constituida de forma independiente con un fin de utilidad pública interés público.

Exposición de motivos

El término «interés público» permite armonizar las nociones de «utilidad pública» e «interés general» y limitar los riesgos de confusión con conceptos de derecho fiscal o derecho público utilizados en determinados Estados miembros para otorgar un estatuto o un régimen fiscal particulares a las fundaciones de derecho nacional.

Enmienda 3

Artículo 5, apartado 2

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 5

Fin de utilidad pública

Artículo 5

Fin de utilidad pública

2.   La FE servirá al interés general en sentido amplio.

2.   La FE servirá al interés general público en sentido amplio.

Su creación solo podrá perseguir los fines siguientes, a los cuales se dedicarán sus activos con carácter irrevocable:

Su creación solo podrá perseguir los fines siguientes, a los cuales se dedicarán sus activos con carácter irrevocable:

a)

[…]

a)

[…]

r)

el deporte aficionado,

r)

el deporte aficionado definido como la práctica de actividades deportivas por personas que no obtienen de ellas ingresos regulares y significativos;

s)

[…].

s)

[…]

 

t)

la defensa de las víctimas de violencia de cualquier tipo.

Exposición de motivos

Nos parece útil definir con precisión la noción de deporte aficionado, en la medida en que, según el deporte de que se trate, las prácticas difieren de un Estado a otro, y en que algunos deportes, considerados de aficionados, se practican sin embargo a un nivel y en unas condiciones que los acercan al ejercicio de una actividad profesional, excluida del ámbito del interés público.

Asimismo, parece útil añadir la defensa de las víctimas de violencia de cualquier tipo. Se propone hacer hincapié en la cooperación con terceros países mencionados en el punto siguiente.

Enmienda 4

Artículo 6

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 6

Componente transfronterizo

Artículo 6

Componente transfronterizo europeo

En el momento de su registro, la FE desarrollará actividades en al menos dos Estados miembros, o tendrá recogido en sus estatutos ese objetivo.

En el momento de su registro, en los estatutos de la FE deberá figurar el objetivo de desarrollará actividades en al menos dos Estados miembros, o tendrá recogido en sus estatutos ese objetivo.

 

Una vez registrada, la FE desarrollará actividades en al menos dos Estados miembros.

Deberá seguir desarrollando estas actividades por lo menos en dos Estados miembros durante toda su existencia.

Exposición de motivos

El objetivo de la enmienda es reforzar la dimensión europea de la FE garantizando el ejercicio efectivo de actividades en varios Estados miembros durante toda la vida de la FE, y no solo en el momento de su creación. En el caso de creación de una nueva FE, es imposible que esta ya desarrolle las actividades exigidas con anterioridad a su registro. Su dimensión europea debe figurar entre sus objetivos estatutarios. Por eso se sugiere la modificación del enunciado.

Enmienda 5

Artículo 7, apartado 2

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 7

Activos

2.   El valor de los activos de la FE equivaldrá, como mínimo, a 25 000 euros.

Artículo 7

Activos

2.   En el momento de su inscripción en el registro y durante toda su existencia, el valor de los activos de la FE equivaldrá, como mínimo, a 25 000 50 000 euros.

Exposición de motivos

Para garantizar mejor la solidez y la fiabilidad que debe demostrar una FE, el Comité propone que se aumente a 50 000 euros el valor mínimo de los activos exigido en la fecha de su creación y que se mantenga durante toda su existencia.

Enmienda 6

Artículo 10, apartado 1

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 10

Capacidad jurídica

1.   La FE tendrá plena capacidad jurídica en todos los Estados miembros.

Artículo 10

Capacidad jurídica

1.   La FE tendrá plena capacidad jurídica en todos los Estados miembros siempre que el presente Reglamento no prevea limitación alguna.

A menos que sus estatutos establezcan alguna limitación al respecto, la FE tendrá todos los derechos necesarios para el ejercicio de sus actividades, incluido el derecho a poseer bienes muebles e inmuebles, a conceder subvenciones, a captar fondos, a recibir y conservar donaciones de cualquier tipo, inclusive en forma de acciones y otros instrumentos negociables, herencias y donaciones «en especie» procedentes de cualquier fuente lícita, inclusive de terceros países.

A menos que sus estatutos establezcan alguna limitación al respecto, la FE tendrá todos los derechos necesarios para el ejercicio de sus actividades, incluido el derecho a poseer bienes muebles e inmuebles, a conceder subvenciones, a captar fondos, a recibir y conservar donaciones de cualquier tipo, inclusive en forma de acciones y otros instrumentos negociables, herencias y donaciones «en especie» procedentes de cualquier fuente lícita, inclusive de terceros países.

Cuando así lo requiera el desarrollo de sus actividades, la FE tendrá derecho de establecimiento en cualquier Estado miembro.

Cuando así lo requiera el desarrollo de sus actividades, la FE tendrá derecho de establecimiento en cualquier Estado miembro.

Exposición de motivos

En vista de las limitaciones a las actividades económicas de la FE previstas en el artículo 11 (consecución de su fines de interés público; sujeción de las actividades económicas no relacionadas con su fin de interés público a un máximo del 10 % de su facturación neta anual, y siempre que los resultados de dichas actividades no relacionadas se presenten de forma separada en sus cuentas y se destinen exclusivamente a la consecución de su fines de interés público), es necesario completar la disposición donde se precisa que la FE tendrá plena capacidad jurídica en todos los Estados miembros.

Enmienda 7

Artículo 11

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 11

Actividades económicas

Artículo 11

Actividades económicas

1.   A menos que sus estatutos establezcan alguna limitación al respecto, la FE tendrá capacidad y libertad para participar en actividades comerciales o en otro tipo de actividades económicas siempre y cuando los beneficios que, en su caso, obtenga se destinen exclusivamente a la consecución de sus fines de utilidad pública.

1.   La FE, a menos que sus estatutos establezcan alguna limitación al respecto, tendrá capacidad para participar en actividades económicas siempre que estas últimas no sean disociables de sus misiones de interés público, siempre y cuando todos los beneficios se destinen exclusivamente a la consecución de su objetivo de interés público. A menos que sus estatutos establezcan alguna limitación al respecto, la FE tendrá capacidad y libertad para participar en actividades comerciales o en otro tipo de actividades económicas siempre y cuando los beneficios que, en su caso, obtenga se destinen exclusivamente a la consecución de sus fines de utilidad pública.

2.   La FE podrá llevar a cabo actividades económicas no relacionadas con su fin de utilidad pública con sujeción a un máximo del 10 % de su facturación neta anual, y siempre que los resultados de dichas actividades no relacionadas se presenten de forma separada en sus cuentas.

2.   La FE solo podrá llevar a cabo actividades económicas no relacionadas con su fin de utilidad pública interés público con sujeción a un dentro de un límite máximo del 10 % de su facturación neta anual sus recursos netos anuales, y siempre que los resultados de dichas actividades no relacionadas se presenten de forma separada en sus cuentas y se destinen por completo al desempeño de sus misiones de interés público.

Exposición de motivos

La enmienda propuesta tiene como objetivo enmarcar mejor la capacidad de una FE para desarrollar actividades económicas de modo que evite perder su naturaleza básica de organismo sin ánimo de lucro recurriendo de manera abusiva a operaciones de carácter meramente comercial no relacionadas con su misión.

Enmienda 8

Artículo 21

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 21

Inscripción

Artículo 21

Inscripción

1.   La FE se registrará en un Estado miembro.

1.   La FE se registrará en un el Estado miembro en el que tenga establecido su domicilio estatutariamente.

2.   La FE constituida mediante fusión entre dos entidades de utilidad pública legalmente constituidas en el mismo Estado miembro se registrará en ese Estado miembro.

2.   La FE constituida mediante fusión entre dos entidades de utilidad pública legalmente constituidas en el mismo Estado miembro se registrará en ese Estado miembro.

3.   La FE constituida mediante fusión transfronteriza se registrará en uno de los Estados miembros en los que las entidades que se fusionen estén legalmente constituidas.

3.   La FE constituida mediante fusión transfronteriza se registrará en uno de los Estados miembros el Estado miembro en los que las entidades el que se fusionen estén legalmente constituidas tenga establecido su domicilio estatutario la fundación absorbente.

4.   La FE constituida mediante conversión se registrará en el Estado miembro en el que la entidad convertida estuviera legalmente constituida antes de la conversión.

4.   La FE constituida mediante conversión se registrará en el Estado miembro en el que la entidad convertida estuviera legalmente constituida antes de la conversión.

Exposición de motivos

Por razones de seguridad jurídica, se propone tener en cuenta como segundo criterio para determinar el Registro en el que se debe inscribir la FE el punto de conexión personal del domicilio estatutario de la FE.

Enmienda 9

Añádase un nuevo artículo a continuación del artículo 31

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

Principios de gobernanza

1.   Ninguna persona podrá ser al mismo tiempo miembro del consejo de dirección y del consejo de supervisión.

2.   Los miembros del consejo de dirección y del consejo de supervisión desempeñarán sus funciones de manera gratuita. Podrán reembolsárseles los gastos incurridos en el cumplimiento de su misión, en las condiciones establecidas por los estatutos.

3.   No se concederá beneficio alguno, directo o indirecto, a ninguno de los fundadores, de los miembros del consejo de dirección o de supervisión, de los directores ejecutivos o de los auditores, ni a ninguna otra persona que tenga una relación comercial o de parentesco próximo con aquellos, salvo a efectos del desempeño de sus funciones en la FE.

Exposición de motivos

La enmienda propuesta refleja la preocupación del Comité por precisar las normas de gobernanza y de ética correspondientes al carácter esencialmente no lucrativo de las FE y que responden a los imperativos de claridad y transparencia que de ellas se esperan.

Enmienda 10

Artículo 32

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 32

Conflictos de intereses

Artículo 32

Conflictos de intereses

1.   El fundador y cualesquiera otros miembros del consejo que tengan con aquel una relación comercial, familiar o de otro tipo que pueda generar un conflicto de intereses real o potencial capaz de afectar a su criterio no podrán constituir la mayoría del consejo de dirección.

1.   El fundador y cualesquiera otros miembros del consejo que tengan con aquel una relación comercial, familiar o de otro tipo que pueda generar un conflicto de intereses real o potencial capaz de afectar a su criterio no podrán constituir la mayoría del consejo de dirección. Todo miembro del consejo de dirección o del consejo de supervisión deberá informar por escrito a la FE de la existencia de cualquier interés directo o indirecto en una tercera parte que pueda colocarle en una situación de conflicto entre su interés personal o el de otra persona con la que mantenga relaciones comerciales o familiares, y el interés de la FE.

2.   Ninguna persona podrá ser al mismo tiempo miembro del consejo de dirección y del consejo de supervisión.

2.   Ninguna persona podrá ser al mismo tiempo miembro del consejo de dirección y del consejo de supervisión. Todo miembro del consejo de dirección o del consejo de supervisión deberá, cuando proceda, abstenerse de estar presente y de participar en cualquier deliberación o decisión cuando se debata una cuestión relacionada con una entidad o persona con la que mantenga relaciones comerciales o familiares o en la que tenga intereses, directos o indirectos.

3.   No se concederá beneficio alguno, directo o indirecto, a ninguno de los fundadores, de los miembros del consejo de dirección o de supervisión, de los directores ejecutivos o de los auditores, ni a ninguna persona que tenga una relación comercial o de parentesco próximo con aquellos, salvo a efectos del desempeño de sus funciones en la FE.

3.   No se concederá beneficio alguno, directo o indirecto, a ninguno de los fundadores, de los miembros del consejo de dirección o de supervisión, de los directores ejecutivos o de los auditores, ni a ninguna persona que tenga una relación comercial o de parentesco próximo con aquellos, salvo a efectos del desempeño de sus funciones en la FE.

Exposición de motivos

La enmienda propuesta refleja la preocupación del Comité por reforzar las normas de gobernanza y de ética, que deben responder a los imperativos de claridad y de transparencia esperados de las FE por parte de sus donantes y del conjunto de los ciudadanos.

Enmienda 11

Artículo 33

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 33

Representación de la FE ante terceros

El consejo de dirección, así como cualquier otra persona a la que dicho órgano haya autorizado y que actúe bajo sus instrucciones, podrá representar a la FE ante terceros y en procedimientos legales.

Artículo 33

Representación de la FE ante terceros

El consejo de dirección, así como cualquier otra persona a la que dicho órgano haya autorizado y que actúe bajo sus instrucciones y haya sido inscrita en el registro, podrá representar a la FE ante terceros y en procedimientos legales.

Exposición de motivos

Sirve para aclarar que solo podrán representar a la FE ante terceros y en procedimientos legales aquellas personas cuyo nombre figure en el registro como autorizadas a tal fin, tal y como establece el artículo 23 (1), letra e) ii) de la propuesta de Reglamento.

Enmienda 12

Artículo 34, apartado 5

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 34

Transparencia y responsabilidad

5.   Las cuentas anuales, debidamente aprobadas por el consejo de dirección, junto con la opinión emitida por el responsable de la auditoría de cuentas y con el informe de actividades, se harán públicos.

Artículo 34

Transparencia y responsabilidad

5.   Las cuentas anuales, debidamente aprobadas por el consejo de dirección, junto con la opinión emitida por el responsable de la auditoría de cuentas y con el informe de actividades, se harán públicos. Deberán por lo menos ser accesibles para todos los ciudadanos de la Unión Europea en el sitio de internet de la FE.

Exposición de motivos

La enmienda propuesta refleja la preocupación del Comité por reforzar las normas de gobernanza y de ética, que deben responder a los imperativos de claridad y de transparencia esperados de las FE por parte de sus donantes y del conjunto de los ciudadanos.

Enmienda 13

Artículo 43, apartado 2

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Decisión relativa a la liquidación

Decisión relativa a la liquidación

[…]

[…]

2.   Tras oír al consejo de dirección de la FE, la autoridad de supervisión podrá tomar la decisión de liquidar la FE o, cuando esté previsto en la legislación nacional aplicable, de proponer su liquidación a un tribunal competente si concurre alguna de las situaciones siguientes:

2.   Tras oír al consejo de dirección de la FE, la autoridad de supervisión podrá tomar la decisión de liquidar la FE y designar a un liquidador o, cuando esté previsto en la legislación nacional aplicable, de proponer su liquidación y la designación de una persona como liquidador a un tribunal competente si concurre alguna de las situaciones siguientes:

(a)

cuando el consejo de dirección no haya actuado en los casos a los que se refiere el apartado 1;

(a)

cuando el consejo de dirección no haya actuado en los casos a los que se refiere el apartado 1;

(b)

cuando la FE vulnere continuamente sus estatutos, el presente Reglamento o la legislación nacional aplicable.

(b)

cuando la FE vulnere continuamente sus estatutos, el presente Reglamento o la legislación nacional aplicable.

Enmienda 14

Artículo 44, apartado 1

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Liquidación

1.   Cuando la autoridad de supervisión haya aprobado la decisión del consejo de dirección en virtud del artículo 43, apartado 1, párrafo segundo, o cuando la autoridad de supervisión o, si procede, un tribunal haya decidido liquidar la FE, los activos de esta se utilizarán de conformidad con el apartado 2 del presente artículo.

Liquidación

1.   Cuando la autoridad de supervisión haya aprobado la decisión del consejo de dirección en virtud del artículo 43, apartado 1, párrafo segundo, o cuando la autoridad de supervisión o, si procede, un tribunal haya decidido liquidar la FE, los activos de esta se utilizarán de conformidad con el apartado 2 del presente artículo. La FE sufragará los costes de la liquidación.

[…].

[…].

Bruselas, 29 de noviembre de 2012.

El Presidente del Comité de las Regiones

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


19.1.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 17/91


Dictamen del Comité de las Regiones — Sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas

2013/C 17/14

El COMITÉ DE LAS REGIONES

acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de ampliar la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas y considera que, para alcanzar los objetivos de las propuestas presentadas, es necesario incluir, o cabría al menos considerar la inclusión de las sustancias medicamentosas en la lista de sustancias prioritarias y sustancias peligrosas prioritarias;

exige a los servicios responsables de la Comisión Europea que verifiquen lo antes posible la autorización de estas sustancias y emitan una recomendación sobre si estas sustancias pueden seguir distribuyéndose en el mercado de la UE. Considera importante que, ya en la producción y autorización de los medicamentos, se tenga presente la reducción de la carga medioambiental. Señala que se deberá velar por que las medidas que se exijan a los entes locales y regionales sean óptimas en términos de costes;

pide que se amplíe el plazo para que los Estados miembros apliquen la Directiva a veinticuatro meses después de su adopción, a fin de permitir una evaluación precisa de las consecuencias de la legislación nacional, y que se repartan los costes incurridos por los entes locales y regionales durante un período más amplio;

pide que los Estados miembros apliquen las NCA a las sustancias indicadas con los números 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 y del 34 al 48 a partir de la revisión de los planes de gestión de las cuencas hidrográficas en 2021 con el fin de lograr una buena situación química de estas sustancias en 2027.

reconoce la necesidad de que los Estados miembros efectúen el seguimiento de las sustancias de la lista de alerta; no obstante, estima que sería pertinente empezar a hacerlo en el plazo de doce meses tras la inclusión de la sustancia de que se trate en la lista de alerta, a fin de disponer de suficiente tiempo para llevar a cabo los preparativos necesarios. En el seguimiento de las sustancias de la lista de alerta los Estados miembros podrán colaborar también a escala transfronteriza;

destaca la importancia de permitir el acceso a la información sobre sustancias peligrosas y garantizar la transparencia en este ámbito; considera que debería informarse a la población sobre el estado del medio acuático y de las medidas previstas para mejorarlo.

Ponente

Urve ERIKSON (EE/EA), Miembro del Consejo Municipal de Tudulinna

Documento de referencia

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 2000/60/CE y 2008/105/CE en cuanto a las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas

COM(2011) 876 final - 2011/0429 (COD)

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

A.    Observaciones generales

1.

Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión, que se centra en la revisión de la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas, es decir, los productos químicos identificados entre los que presentan un riesgo significativo para el medio acuático o a través del mismo a nivel de la UE y que figuran en el anexo X de la Directiva Marco sobre el Agua, 2000/60/CE.

2.

Considera que las modificaciones propuestas son expresión de la Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020. Las propuestas de modificación de la Directiva en lo que respecta a las sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas reflejan los objetivos establecidos en la Estrategia sobre la biodiversidad y los complementan.

3.

Acoge favorablemente que se aclare la definición de «sustancias peligrosas prioritarias» y respalda que se amplíe la lista de sustancias prioritarias y se cree una lista de «sustancias prioritarias para someter a revisión»; destaca que cualquier adición a la lista se debe basar en datos científicos fiables sobre los efectos de las sustancias en cuestión para los seres humanos, los animales y las plantas, y la viabilidad y el coste de realizar un seguimiento y eliminar estas sustancias del ciclo del agua.

4.

Considera que la calidad de las aguas todavía debe seguir mejorándose, dado que es indispensable la conservación de un medio acuático equilibrado para el ecosistema en general y la salud humana. Además, señala que una buena gestión de las aguas corrientes y estancadas repercute favorablemente en la economía de la acuicultura.

5.

Respalda el mecanismo de la lista de alerta por considerarlo una medida que mejora la protección de los recursos hídricos de la UE y cuyo fin es, mediante el seguimiento específico de posibles sustancias peligrosas realizado en la UE, servir de base a la asignación de prioridad en la futura revisión de las listas de sustancias prioritarias.

6.

Observa que la contribución que prestan los niveles regional y local a la protección del medio ambiente es especialmente relevante, debido sobre todo a su posibilidad de recurrir a los conocimientos locales existentes y al hecho de que estos entes regionales y locales padecen de manera desproporcionada los efectos de las sustancias prioritarias y las sustancias peligrosas prioritarias que son perjudiciales para el medio acuático.

B.    Recomendaciones políticas

7.

Apoya la propuesta de modificación de la Comisión, según la cual, la consecución de un buen estado ecológico de todas las aguas de la UE se hará realidad estableciendo normas sobre los productos químicos no solo a escala nacional, sino también a escala local o de cuenca hidrográfica y, al mismo tiempo, llama la atención sobre la necesidad de que se conceda a los Estados miembros el tiempo necesario y recursos suplementarios para poner en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias y poder aplicar las disposiciones que garanticen el buen estado ecológico y químico de todas las aguas.

8.

Respalda los principios que guían el seguimiento de las sustancias peligrosas, con arreglo a los cuales las razones de la contaminación en la fuente donde se produce deben comunicarse lo más rápidamente posible y aportando pormenores sobre sus causas, también con miras a contribuir a la sostenibilidad económica y medioambiental. Si se descuida la adopción de medidas adicionales, la consecuencia puede ser que se produzcan daños profundos y duraderos para el medio ambiente. Por ello, es especialmente importante investigar y observar las posibles fuentes de contaminación a fin de poder determinar lo más tempranamente posible la magnitud y los riesgos de contaminación para el medio acuático. Además, la manera en que las sustancias peligrosas pueden dispersarse en el medio ambiente deberá seguirse con la ayuda de las matrices adecuadas. El Comité se pronuncia por tanto en favor de que se establezcan limitaciones válidas a nivel de la UE para las emisiones.

9.

Comparte la afirmación de que las sustancias persistentes, bioacumulables y tóxicas (sustancias PBT), y otras sustancias que se comportan como PBT, pueden encontrarse durante décadas en el medio acuático, aun cuando se hayan tomado ya amplias medidas para reducir o eliminar las emisiones. Llama la atención, al mismo tiempo, sobre el hecho de que es el concepto de peligro y no el de riesgo el que se utiliza en relación con las sustancias peligrosas a que se refiere esta Directiva. Por consiguiente, se establecen determinados topes de concentraciones de sustancias aunque siguen sin tenerse en cuenta los riesgos que pueden derivarse de las reacciones con otras sustancias en el medio acuático. Desde una perspectiva tanto analítica como económica sería más útil vigilar los efectos de los compuestos químicos de las sustancias que están presentes en las aguas interiores, sobre todo porque estos compuestos pueden tener efectos sobre el medio acuático incluso en concentraciones muy bajas.

10.

Destaca la importancia de permitir el acceso a la información sobre sustancias peligrosas y garantizar la transparencia en este ámbito; considera que debería informarse a la población sobre el estado del medio acuático y de las medidas previstas para mejorarlo.

11.

Reconoce la necesidad de que los Estados miembros efectúen el seguimiento de las sustancias de la lista de alerta; no obstante, estima que sería pertinente empezar a hacerlo en el plazo de un año tras la inclusión de la sustancia de que se trate en la lista de alerta, a fin de disponer de suficiente tiempo para llevar a cabo los preparativos necesarios.

12.

Considera que los requisitos de seguimiento que define el artículo 8 ter de la propuesta de Directiva, en especial, los referidos a la posibilidad de adoptar actos delegados, no deberían ser más rigurosos.

13.

Considera que, para alcanzar los objetivos de las propuestas presentadas, es imperativo incluir, o cabría al menos considerar la inclusión de las sustancias medicamentosas en la lista de sustancias prioritarias y sustancias peligrosas prioritarias, ya que existen pruebas científicas de que los residuos farmacéuticos en las aguas no solo son perjudiciales para el medio ambiente, sino que también pueden suponer una amenaza para la salud humana y provocar una «contaminación genética» de los peces. Considera que la valoración que ofrece la Comisión Europea demuestra que las sustancias medicamentosas citadas son peligrosas para el medio acuático y posiblemente también para la salud humana; por lo tanto, exige a los servicios responsables de la Comisión Europea que verifiquen lo antes posible la autorización de estas sustancias y emitan una recomendación sobre si estas sustancias pueden seguir distribuyéndose en el mercado de la UE. Por consiguiente, el Comité de las Regiones estima que es indispensable desarrollar la investigación sobre los métodos de tratamiento y su rentabilidad. El Comité de las Regiones considera importante que, ya en la producción y autorización de los medicamentos, se tenga presente la reducción de la carga medioambiental. Por último, señala que los entes regionales y locales deben ser escuchados cuando vayan a reformularse y coordinarse las disposiciones legales en vigor sobre las posibilidades analíticas óptimas para realizar este seguimiento, y que se deberá velar por que las medidas que se exijan a dichos entes sean óptimas en términos de costes.

14.

La contaminación del agua es un fenómeno de carácter transfronterizo. Por ello, cabe congratularse de la introducción de normas paneuropeas sobre la calidad de las aguas. Se exige a los Estados miembros que efectúen el seguimiento de la presencia de sustancias prioritarias en las aguas e informen de la superación de niveles o valores límite de calidad del medio ambiente, para lo cual será muy valiosa la colaboración entre las regiones. Es importante determinar cómo, dónde y de qué manera deberá llevarse a cabo este seguimiento de la biota, de modo que pueda compararse entre todos los Estados miembros. El CDR subraya que la introducción del mecanismo de la lista de alerta en el nivel de la UE supone una contribución fundamental a los esfuerzos realizados por la Unión en los últimos años para aportar mejoras a las normas medioambientales en materia de contaminación del suelo y de la atmósfera, protección de la biodiversidad y desarrollo sostenible; destaca que es esencial consultar también a los entes regionales y locales para los próximos proyectos con objeto de determinar cuáles son las posibilidades óptimas y garantizar la sostenibilidad de la protección del medio ambiente.

15.

Llama la atención sobre el hecho de que las aguas también pueden contaminarse con diversos productos que contienen sustancias prioritarias y sustancias peligrosas cuando, a lo largo de su ciclo de vida o al final de él, son depositados en el medio ambiente. Por esta razón, es muy importante controlar la distribución en la UE de productos problemáticos que contienen sustancias peligrosas. Al mismo tiempo, los ciudadanos deberán ser informados también sobre estos productos, la manera de manipularlos correctamente y su utilización, a fin de reducir la dispersión en el medio ambiente de sustancias peligrosas procedentes de ellos. A menudo se plantea una situación en la que, aunque no se fabriquen productos con sustancias peligrosas y no se utilice ninguna de las sustancias químicas mencionadas, hay que hacer frente a las repercusiones medioambientales de mercancías o productos importados. A fin de conseguir un buen estado ecológico de todas las aguas, las medidas planteadas deben examinarse en un contexto más amplio. Además, podría ser oportuno revisar los actuales límites máximos de residuos para los alimentos, en particular para las importaciones de alimentos de origen vegetal hacia la UE.

16.

Critica a este respecto que la Comisión siga sin prever una reglamentación común a nivel europeo sobre las emisiones o sobre la fabricación y la comercialización de esas sustancias o de productos que las contienen, dado que dicha reglamentación permitiría garantizar a los Estados miembros el cumplimiento de los requisitos que establece la propuesta de Directiva.

Importancia regional y local

17.

Comparte la idea de que evitar dañar de forma permanente las aguas ha de ser uno de los principales objetivos de la política medioambiental de la UE. En este ámbito el Comité de las Regiones, que funciona como asamblea que representa a los niveles regional y local en la UE, tiene un mandato claro. El Comité de las Regiones, con la ayuda de los entes regionales y locales, está en condiciones de integrar los conocimientos existentes en los niveles regional y local y desempeñar un papel útil en las labores de seguimiento que deben ser realizadas por los Estados miembros. Detectar problemas a escala regional y local con la ayuda de los entes regionales y locales, y ofreciendo formación y capacitación a estos, puede contribuir a aplicar eficazmente las propuestas de modificación de la Directiva, así como a solucionar cuestiones pendientes.

18.

Dado que garantizar una buena calidad de las aguas es beneficioso tanto para la calidad de vida como para el desarrollo de las empresas, los entes regionales y locales pueden desempeñar un papel fundamental cuando se trate de contribuir a este fin.

19.

Subraya el papel de los entes regionales y locales en la divulgación de información sobre el estado químico de las aguas y sobre las medidas conexas en todos los niveles de la sociedad. El apoyo y la participación del público constituyen un prerrequisito para poder proteger las masas de agua, detectar los problemas y determinar las medidas más apropiadas para solucionarlos, así como calcular los costes correspondientes.

El principio de subsidiariedad

20.

Las cuencas hidrográficas compartidas, que establecen fronteras nacionales, abarcan el 60 % del territorio de la Unión Europea. Por ello, para proteger eficazmente los recursos hídricos, es necesario adoptar un enfoque común a nivel de la UE. El documento presentado se limita a la identificación de sustancias prioritarias y al establecimiento de normas de calidad ambiental comunes. No se proponen medidas adicionales de la UE, más allá de las que ya están vigentes. La posibilidad de adoptar medidas específicas y adicionales de control de la contaminación se deja a los Estados miembros, que pueden elegir la forma más eficaz de lograr los objetivos, teniendo en cuenta las condiciones locales.

21.

Puesto que los objetivos de las medidas propuestas, en razón de su naturaleza, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros y, por consiguiente, pueden lograrse mejor, debido a su dimensión o a sus efectos, a nivel de la UE, la propuesta está en conformidad con el principio de subsidiariedad sancionado en el artículo 5 del Tratado de la UE. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado también en dicho artículo, la presente propuesta no excede de lo necesario para alcanzar estos objetivos.

22.

Aunque en la exposición de motivos de la propuesta de la Comisión se señala que no se prevé ninguna incidencia presupuestaria, debería tenerse en cuenta, con todo, que el seguimiento adicional, la identificación de nuevas sustancias y la eliminación de nuevas sustancias peligrosas entrañarán probablemente en los Estados miembros también costes más elevados para el nivel regional y local. Sin embargo, dado que algo hay que hacer para la conservación de un medio ambiente más limpio, resulta más eficaz crear las condiciones para la consecución de un buen estado ecológico de todas las aguas. De no ser así, en el futuro los costes de mantener el agua limpia aumentarán cada vez más. A largo plazo, la protección de las aguas constituye una ventaja considerable.

23.

A juicio de la Comisión, los beneficios que reportará la aplicación de la Directiva se notarán sobre todo en el hecho de que la preparación del agua potable implicará menos costes. La reducción de las sustancias prioritarias en las aguas tendrá efectos, a través del agua potable y los productos alimenticios, en la salud de las personas y, por ende, permitirá rebajar el gasto sanitario, lo que también debe considerarse una ventaja.

II.   RECOMENDACIONES DE ENMIENDA

Enmienda 1

Artículo 2, modificación de la Directiva 2008/105/CE: «El artículo 3 se sustituye por el texto siguiente»

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

1.   De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Directiva y en el artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE, los Estados miembros aplicarán las NCA que se establecen en el anexo I, parte A, de la presente Directiva, a las masas de agua superficial.

1.   De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1 de la presente Directiva y en el artículo 4 de la Directiva 2000/60/CE, los Estados miembros aplicarán las NCA que se establecen en el anexo I, parte A, de la presente Directiva, a las masas de agua superficial.

Los Estados miembros aplicarán las NCA a las masas de agua superficial de conformidad con los requisitos establecidos en el anexo I, parte B.

Los Estados miembros aplicarán las NCA a las masas de agua superficial de conformidad con los requisitos establecidos en el anexo I, parte B.

2.   Para las sustancias indicadas con los números 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 y 44 en el anexo I, parte A, los Estados miembros aplicarán las NCA de la biota establecidas en el anexo I, parte A. Para el resto de las sustancias, los Estados miembros aplicarán las NCA del agua establecidas en el anexo I, parte A.

2.   Los Estados miembros aplicarán las NCA a las sustancias indicadas con los números 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 y del 34 al 48 a partir de la revisión de los planes de gestión de las cuencas hidrográficas en 2021 con el fin de lograr una buena situación química de estas sustancias en 2027.

 

2. 3   Para las sustancias indicadas con los números 5, 15, 16, 17, 21, 28, 34, 35, 37, 43 y 44 en el anexo I, parte A, los Estados miembros aplicarán las NCA de la biota establecidas en el anexo I, parte A. Para el resto de las sustancias, los Estados miembros aplicarán las NCA del agua establecidas en el anexo I, parte A.

Exposición de motivos

Se propone añadir un nuevo apartado 2. La propuesta de Directiva prevé ya tener en cuenta estas sustancias en el plan de gestión de las cuencas hidrográficas a partir del año 2015. Debido a la escasez de tiempo disponible no habrá bastantes datos de la supervisión para disponer de un conocimiento suficiente sobre la contaminación de las aguas y de su estado. Por tanto, se carece de la base necesaria para planificar medidas. Asimismo, en la actualidad los conocimientos sobre las posibles medidas que habría que tomar para reducir la contaminación producida por estas sustancias son todavía demasiado deficientes. Por ello, el tiempo que resta hasta la elaboración del segundo plan de gestión, que deberá hacerse público a finales de 2014, es demasiado escaso para poder tener en cuenta estas sustancias del modo adecuado.

Enmienda 2

Artículo 2, modificación de la Directiva 2008/105/CE - «Se inserta el artículo 8 ter siguiente: Lista de alerta», apartado 4

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

4.   Los Estados miembros efectuarán el seguimiento de cada sustancia de la lista de alerta en estaciones de seguimiento representativas seleccionadas, durante al menos un período de doce meses que se inicie en el plazo de tres meses a partir de su inclusión en la lista de alerta.

4.   Los Estados miembros efectuarán el seguimiento de cada sustancia de la lista de alerta en estaciones de seguimiento representativas seleccionadas, durante al menos un período de doce meses que se inicie en el plazo de tres doce meses a partir de su inclusión en la lista de alerta.

Cada Estado miembro elegirá al menos una estación por zona geográfica de, por término medio, 15 000 km2, con un mínimo de una por Estado miembro.

Cada Estado miembro elegirá al menos una estación por teniendo en cuenta la zona geográfica que se halle en su área de influencia de, por término medio, tomando en consideración el valor orientativo de15 000 km2, con un mínimo de una por Estado miembro. En el seguimiento de las sustancias de la lista de alerta los Estados miembros podrán colaborar también a escala transfronteriza.

Al seleccionar las estaciones representativas, la frecuencia y el calendario del seguimiento de cada sustancia, los Estados miembros tendrán en cuenta las modalidades de uso de la sustancia. La frecuencia del seguimiento no será inferior a una vez al año.

Al seleccionar las estaciones representativas, la frecuencia y el calendario del seguimiento de cada sustancia, los Estados miembros tendrán en cuenta la verificación de los volúmenes de producción, las modalidades de uso de la sustancia, las concentraciones y los efectos en el medio ambiente. La frecuencia del seguimiento no será inferior a una vez al año.

Exposición de motivos

Con arreglo a la propuesta actual, el seguimiento de las sustancias presentes en la lista de alerta (a la que se hace referencia en el artículo 8 ter cuya inclusión se propone en la Directiva) debe iniciarse muy rápidamente a partir de su inclusión en la lista de alerta. Puesto que los Estados miembros no disponen de suficiente información sobre las particularidades del seguimiento futuro, parece extremadamente difícil movilizar solo en tres meses un presupuesto para garantizar la financiación, atribuir los contratos, recoger muestras y analizarlas con los métodos adecuados.

Para el seguimiento de las sustancias presentes en la lista de alerta es útil y necesario que exista una colaboración, sobre todo en el caso de las aguas transfronterizas. De no ser así, deberían asignarse sumas desmesuradas a la elaboración de nuevos procedimientos de análisis. Un seguimiento y un análisis organizados de manera conjunta serían más eficaces desde el punto de vista económico y permitirían mejorar la comparabilidad de los análisis. La creación de posibilidades de cooperación no se halla en contradicción con la creación de observatorios regionales independientes. Un seguimiento organizado de manera conjunta es más fiable.

Enmienda 3

Artículo 2, modificación de la Directiva 2008/105/CE - «Se inserta el artículo 8 ter siguiente: Lista de alerta», apartado 5

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

5.   Los Estados miembros notificarán a la Comisión los resultados de los seguimientos efectuados de conformidad con el apartado 4, en el plazo de dieciocho meses a partir de la inclusión de la sustancia en la lista de alerta, y posteriormente cada doce meses mientras la sustancia se mantenga en la lista. El informe incluirá información sobre la representatividad de la estación y la estrategia de seguimiento.

5.   Los Estados miembros notificarán a la Comisión los resultados de los seguimientos efectuados de conformidad con el apartado 4, en el plazo de dieciocho veinticuatro meses a partir de la inclusión de la sustancia en la lista de alerta, y posteriormente cada doce meses mientras la sustancia se mantenga en la lista. El informe incluirá información sobre la representatividad de la estación y la estrategia de seguimiento y, en su caso, la colaboración transfronteriza.

Exposición de motivos

Si se acepta la enmienda 1, también debería prolongarse en consecuencia el plazo de notificación.

Enmienda 4

Artículo 3, apartado 1

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

1.   Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el […] (1). Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.

1.   Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva a más tardar el […] (2). Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones, así como una tabla de correspondencias entre las mismas y la presente Directiva.

Exposición de motivos

La evaluación de impacto general de la propuesta elaborada en el nivel de la UE no permite valorar con precisión qué consecuencias tendrá en cada Estado miembro la introducción de las disposiciones legales pertinentes. Para evaluar correctamente las repercusiones de las disposiciones legales nacionales, deben llevarse a cabo observaciones prácticas sobre el terreno que requieren entre veinticuatro y treinta y seis meses y suponen costes elevados. El desarrollo de nuevos métodos de análisis requiere de tiempo y recursos considerables. Los requisitos de la propuesta se respetarían más fácilmente si los costes que entrañan pudieran repartirse en un período más amplio.

Bruselas, 30 de noviembre de 2012.

El Presidente del Comité de las Regiones

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Doce meses después de la fecha de adopción de la presente Directiva.

(2)  Doce Veinticuatro meses después de la fecha de adopción de la presente Directiva.


19.1.2013   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 17/97


Dictamen del Comité de las Regiones — Las Capitales Europeas de la Cultura (2020-2033)

2013/C 17/15

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

se muestra explícitamente a favor de que la iniciativa continúe, pues pone de manifiesto la riqueza cultural europea en toda su diversidad y fomenta, gracias a la participación de los ciudadanos, el desarrollo a largo plazo de un espacio cultural europeo común;

subraya que es necesario que las ciudades que se presenten candidatas elaboren un programa cultural específico, sobre la base de los recursos locales y regionales, y le confieran una fuerte dimensión europea. El desarrollo de un programa de esta índole debería basarse en una orientación estratégica eficaz a largo plazo y posibilitar efectos positivos duraderos, que vayan más allá del año de duración de la iniciativa, para el sector cultural y el lugar en el que se desarrolla;

solicita la participación activa de todos los grupos sociales, religiosos, étnicos y culturales de todas las edades tanto durante la preparación como durante la aplicación del programa cultural. Es preciso prestar especial atención a los jóvenes con el fin de mejorar sus oportunidades de participar en la vida cultural;

reitera la necesidad de que se incluyan los alrededores de la Capital Europea de la Cultura y la región circundante en sentido amplio, para permitir la participación de zonas geográficas que han ido creciendo y que a menudo se extienden más allá de las fronteras de los Estados miembros;

recuerda las ventajas derivadas del importante papel que desempeña el Comité de las Regiones en relación con esta iniciativa. Por ello, considera que es útil y necesario el nombramiento y la participación en el Comité Europeo de al menos un miembro elegido del Comité de las Regiones.

Ponente

Elisabeth VITOUCH (AT/PSE), Concejala del Ayuntamiento de Viena

Texto de referencia

Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece una acción de la Unión relativa a las Capitales Europeas de la Cultura para los años 2020 a 2033

COM(2012) 407 final

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Contexto de la propuesta

1.

acoge favorablemente la iniciativa «Capital Europea de la Cultura» como una de las medidas más ambiciosas, de más alcance y más eficaces de la UE en el ámbito de la cultura. Esta iniciativa pone de relieve la riqueza, la diversidad y las características comunes del desarrollo cultural local, regional, nacional y europeo;

2.

se muestra explícitamente a favor de que la iniciativa continúe, pues pone de manifiesto la riqueza cultural europea en toda su diversidad y fomenta, gracias a la participación de los ciudadanos, el desarrollo a largo plazo de un espacio cultural europeo común;

3.

recuerda las ventajas derivadas del importante papel que desempeña el Comité de las Regiones en relación con esta iniciativa. Por ello, considera que es útil y necesario el nombramiento y la participación en el Comité Europeo de al menos un miembro elegido del Comité de las Regiones;

4.

acoge favorablemente que la Comisión Europea haya elaborado esta propuesta y expresa su satisfacción por que se hayan tenido ampliamente en cuenta cuestiones de carácter local y regional, destacadas en el Dictamen de iniciativa del CDR «El futuro de la Capital Europea de la Cultura» (1), pues ello facilita la participación activa de los entes locales y regionales;

5.

advierte que, según el artículo 6 del TFUE, la Unión Europea solo dispone de competencias para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros en el ámbito de la cultura y, según el artículo 3 del TUE, está obligada a respetar la riqueza de su diversidad cultural y lingüística y a velar por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo;

6.

destaca que la propuesta respeta el principio de subsidiariedad. El Comité de las Regiones subraya que dicho principio y el tipo de competencia también debe repercutir en el procedimiento propuesto (por ejemplo, la composición del Comité Europeo, la designación y los criterios) para reflejar de manera acorde el espíritu de los Tratados;

Observaciones generales

7.

subraya que es necesario que las ciudades que se presenten candidatas elaboren un programa cultural específico, sobre la base de los recursos locales y regionales, y le confieran una fuerte dimensión europea. El desarrollo de un programa de esta índole debería basarse en una orientación estratégica eficaz a largo plazo y posibilitar efectos positivos duraderos, que vayan más allá del año de duración de la iniciativa, para el sector cultural y el lugar en el que se desarrolla;

8.

solicita la participación activa de todos los grupos sociales, religiosos, étnicos y culturales de todas las edades tanto durante la preparación como durante la aplicación del programa cultural. Es preciso prestar especial atención a los jóvenes con el fin de mejorar sus oportunidades de participar en la vida cultural;

9.

se reafirma en su convicción de que el concepto del diálogo intercultural, unido al de la cohesión social y territorial, puede ayudar a inculcar los valores fundamentales de la vida privada, social y cívica, como son la solidaridad, la responsabilidad, la tolerancia, el respeto (2). Estas prioridades hacen que las personas y los grupos sociales, pese a sus diferencias culturales, se comuniquen y convivan sobre la base de los valores europeos;

10.

ve en la iniciativa una manera de proteger eficazmente las industrias culturales y creativas locales y regionales a largo plazo y destaca el valor intrínseco de las creaciones artísticas y culturales, así como su difusión y su disfrute;

11.

destaca la necesidad de que haya una preparación profunda y de varios años, así como un acompañamiento profesional (elaboración de recomendaciones, evaluación y supervisión), y que se mantenga la orientación de que la iniciativa tenga un año entero de duración. A este respecto, el Comité de las Regiones acoge favorablemente que se haya reformado la evaluación y que sea cada ciudad quien la realice, aunque también se lleve a cabo un seguimiento a nivel europeo;

12.

respalda el actual proceso de selección en dos fases, en el que la primera fase se basa en un sistema de rotación entre los Estados miembros de la UE. Esto da a las ciudades y regiones de todos los Estados miembros de la UE las mismas oportunidades de presentar su candidatura y asegura un equilibrio geográfico de las capitales europeas de la cultura en la UE;

13.

subraya la importancia que tiene para una capital cultural plantear una estrategia a largo plazo. Su éxito dependerá, entre otros, del respaldo político a todos los niveles, de la buena gobernanza en todos los ámbitos conexos, de la designación de directores artísticos independientes y de la seguridad de disponer de recursos financieros adecuados durante varios años;

14.

recomienda que se realice un esfuerzo especial para adoptar medidas adecuadas que animen a una amplia gama de ciudades y regiones a presentar su candidatura al proceso de selección;

15.

recomienda que se incremente la visibilidad de las medidas como iniciativa de la Unión Europea. Esto debería ser una parte obligatoria de la estrategia de comunicación de la Capital Europea de la Cultura elegida;

16.

reitera la necesidad de que se incluyan los alrededores de la Capital Europea de la Cultura y la región circundante en sentido amplio, para permitir la participación de zonas geográficas que han ido creciendo y que a menudo se extienden más allá de las fronteras de los Estados miembros;

17.

desea que la Comisión Europea fomente que se valoren las experiencias de las capitales europeas de la cultura en sus dimensiones transnacional y transfronteriza, pues una parte de estas capitales culturales funciona en binomios transnacionales, y además, cada vez en mayor medida, el concepto de «capital europea» encierra un componente transfronterizo esencial;

18.

considera que la iniciativa puede contribuir a la política de vecindad europea y a las relaciones con otros países europeos, pues no solo permite reforzar la cooperación cultural dentro de la UE, sino también intensificar las relaciones entre la UE y sus vecinos orientales y meridionales con el objetivo de reforzar el bienestar, la estabilidad y la seguridad en las fronteras exteriores de la UE. En consecuencia, aparte de las ciudades de los países candidatos y potencialmente candidatos, también deberían poder participar en esta iniciativa las de los países incluidos en la política europea de vecindad y los países de la AELC;

19.

recomienda que se haga el mejor uso posible de las sinergias para poder utilizar de manera óptima todas las fuentes de financiación disponibles. En este sentido, aboga por la creación de un mecanismo fiable que permita el respaldo mutuo de la iniciativa en el marco de los distintos programas de ayuda de la UE;

20.

acoge favorablemente la posibilidad de que no se produzca ninguna designación en caso de que ninguna ciudad candidata satisfaga los criterios establecidos;

Observaciones específicas

Artículo 5 - Criterios

21.

respalda que se establezcan criterios de selección explícitos, transparentes y claros que den una mayor seguridad a las posibles ciudades candidatas durante el período de preparación y que, con una mayor orientación hacia los objetivos, permitan la adopción de estrategias a largo plazo;

22.

destaca la importancia de crear nuevas medidas eficaces a largo plazo para que una amplia franja de ciudadanos pueda asistir a actividades culturales o participar en ellas, especialmente los jóvenes, las personas marginadas y desfavorecidas o las minorías. Asimismo, deberá prestarse particular atención a la accesibilidad de la programación para las personas con discapacidad y las personas mayores;

23.

advierte de que los criterios no deben dar lugar a que la Unión Europea pueda influir, aunque solo sea de manera indirecta, en los contenidos culturales;

Artículo 6 - Comité Europeo y artículo 11 - Designación

24.

destaca la importancia del Comité Europeo para esta iniciativa y se muestra crítico con respecto a las novedades propuestas por la Comisión Europea en lo relativo al nombramiento de sus miembros. Rechaza especialmente la preselección de los miembros del Comité Europeo así como la total exclusión de los miembros del Estado miembro correspondiente;

25.

destaca que, debido al nuevo procedimiento de designación previsto en la propuesta de Decisión, según el cual corresponde a la Comisión Europea, y no al Consejo, nombrar a la Capital Europea de la Cultura, contrariamente a lo que se ha hecho hasta ahora, existe el peligro de que la identificación simbólica y material con esta iniciativa y su aceptación por parte de los Estados miembros se vea afectada;

26.

sugiere, en consecuencia, que en esencia se conserve con cambios el proceso de selección utilizado hasta ahora para los miembros del Comité Europeo. Además, en el futuro, la designación de la Capital Europea de la Cultura también debería seguir siendo competencia del Consejo;

Artículo 10 - Disposiciones relativas a los países no pertenecientes a la UE

27.

se pronuncia a favor de que, aparte de las solicitudes de los países candidatos y potencialmente candidatos, la iniciativa se amplíe a otros países europeos (países de la AELC) y a los países incluidos en la política europea de vecindad;

28.

opina que, además del Premio Melina Mercouri, que constituye la contribución financiera de la UE a cada Capital Europea de la Cultura, debería examinarse más detalladamente la posibilidad de completarlo con otros fondos de la Unión y de recurrir a una financiación innovadora, sin descartar la opción del Banco Europeo de Inversiones (BEI);

29.

pide que, para respetar la igualdad de trato con respecto a las ciudades de los Estados miembros, las ciudades de los países candidatos, los países potencialmente candidatos, los países incluidos en la política europea de vecindad y los países de la AELC solo se puedan presentar candidatas una vez durante el período 2020-2033.

II.   RECOMENDACIONES DE ENMIENDA

Enmienda 1

Artículo 3, apartado 3

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Las ciudades de los países candidatos y potencialmente candidatos tendrán también la posibilidad de solicitar el título de Capital Europea de la Cultura en el marco de un concurso abierto organizado cada tres años en paralelo con los concursos celebrados en dos Estados miembros, según el calendario que figura en el anexo.

Las disposiciones específicas aplicables a las ciudades de los países candidatos y potencialmente candidatos se establecen en el artículo 10.

Las ciudades de los países candidatos, y países potencialmente candidatos, países incluidos en la política europea de vecindad y países de la AELC tendrán también la posibilidad de solicitar el título de Capital Europea de la Cultura en el marco de un concurso abierto organizado cada tres años en paralelo con los concursos celebrados en dos Estados miembros, según el calendario que figura en el anexo.

Las disposiciones específicas aplicables a las ciudades de los estos países candidatos y potencialmente candidatos se establecen en el artículo 10.

Exposición de motivos

No parece pertinente que se establezcan grupos distintos de participantes en función del programa de ayuda o la iniciativa. Por ello se propone ampliar los países que pueden participar.

Enmienda 2

Artículo 4, apartado 1

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

En el concurso para la obtención del título de Capital Europea de la Cultura solo podrán participar ciudades. Las ciudades candidatas podrán implicar a las regiones circundantes. Ahora bien, la solicitud deberá presentarse en nombre de la ciudad principal y, si es seleccionada, el título se adjudicará a dicha ciudad.

En el concurso para la obtención del título de Capital Europea de la Cultura solo podrán participar ciudades. Las ciudades candidatas podrán implicar a los alrededores y a las regiones circundantes. Ahora bien, la solicitud deberá presentarse en nombre de la ciudad principal y, si es seleccionada, el título se adjudicará a dicha ciudad.

Exposición de motivos

Afecta solo en parte a la versión española. En la versión alemana, se propone incluir la expresión «o la región circundante» («oder die sie umgebende Region»), pues la expresión «las regiones circundantes» que aparece en la versión española se ha traducido en alemán por «alrededores» («Umland»).

Enmienda 3

Artículo 5, apartado 5, letra b

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

la creación de nuevas oportunidades sostenibles para que una amplia franja de ciudadanos pueda asistir a actividades culturales o participar en ellas, especialmente los jóvenes y las personas marginadas y desfavorecidas, incluidas las minorías; se prestará también una atención particular, en la medida de lo posible, al acceso a estas actividades de las personas con discapacidades y las personas mayores;

la creación de nuevas oportunidades sostenibles para que una amplia franja de ciudadanos pueda asistir a actividades culturales o participar en ellas, especialmente los jóvenes y las personas marginadas y desfavorecidas, incluidas las minorías; se prestará también una atención particular, en la medida de lo posible, al acceso a estas actividadesde las personas con discapacidades y las personas mayores a las actividades;

Exposición de motivos

El acceso de las personas con discapacidad y las personas mayores no se debería limitar de entrada.

Enmienda 4

Artículo 6, apartados 1 a 3

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

1.

Se creará un Comité Europeo de Expertos Independientes («Comité Europeo») para llevar a cabo los procedimientos de selección y seguimiento.

2.

El Comité Europeo constará de diez miembros. Dichos miembros deberán ser ciudadanos de la Unión. Serán expertos independientes con gran experiencia y amplios conocimientos en el sector cultural, en el desarrollo cultural de las ciudades o en la organización de una Capital Europea de la Cultura. Asimismo, deberán poder dedicar un número adecuado de días de trabajo al año al Comité Europeo.

La Comisión preseleccionará una reserva de posibles miembros del Comité Europeo tras una convocatoria de manifestaciones de interés. Posteriormente, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión deberán seleccionar a tres expertos cada uno dentro de dicha reserva y nombrarlos de acuerdo con sus procedimientos respectivos. El Comité de las Regiones seleccionará a un experto y lo nombrará de acuerdo con sus procedimientos.

Cada institución y organismo procurará que los expertos que nombre tengan competencias lo más complementarias posible y que dichos expertos sean elegidos dentro de un espectro geográfico equilibrado.

El Comité Europeo designará a su presidente.

3.

Los miembros del Comité Europeo serán nombrados por un periodo de tres años. Sin embargo, excepcionalmente, en el primer Comité Europeo que se establezca de acuerdo con la presente Decisión, el Parlamento Europeo nombrará a sus tres expertos por un periodo de tres años, el Consejo los nombrará por un año, la Comisión los nombrará por dos años y el Comité de las Regiones nombrará a su experto por un año, para que las sustituciones de los miembros del Comité Europeo se hagan de manera escalonada y, de esta forma, se evite la pérdida de experiencia y conocimientos que supondría la sustitución simultánea de todos los miembros.

1.

Se creará un C comité E europeo de Expertos I independientes («Comité Europeo») para llevar a cabo los procedimientos de selección y seguimiento.

2.

El Comité Europeo constará de diez once miembros. Dichos miembros deberán ser ciudadanos de la Unión. Tendrán Serán expertos independientes con gran experiencia y amplios conocimientos en el sector cultural, en el desarrollo cultural de las ciudades los entes regionales, locales o urbanos en la organización de una Capital Europea de la Cultura. Asimismo, deberán poder dedicar tiempo suficiente un número adecuado de días de trabajo al año al Comité Europeo.

La Comisión preseleccionará una reserva de posibles miembros del Comité Europeo tras una convocatoria de manifestaciones de interés. Posteriormente, e El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión deberán seleccionar a tres expertos miembros cada uno dentro de dicha reserva y nombrarlos de acuerdo con sus procedimientos respectivos. El Comité de las Regiones seleccionará a un experto miembro y lo nombrará de acuerdo con sus procedimientos. El Estado miembro respectivo, previa consulta a la Comisión Europea, nombrará a un miembro. En el caso de las candidaturas de países incluidos en el artículo 10, este miembro será sustituido por otro miembro nombrado por la Comisión Europea.

Cada institución y organismo procurará que los expertos miembros que nombre tengan competencias lo más complementarias posible y que dichos expertos miembros sean elegidos dentro de un espectro geográfico equilibrado.

El Comité Europeo designará a su presidente.

3.

Los miembros del Comité Europeo, nombrados por el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión y el Comité de las Regiones, serán nombrados por un periodo de tres cuatro años. Sin embargo, excepcionalmente, en el primer Comité Europeo que se establezca de acuerdo con la presente Decisión, el Parlamento Europeo nombrará a sus tres expertos por un periodo de tres años, el Consejo los nombrará a sus miembros por un dos años y, la Comisión los nombrará a sus expertos por dostres años y el Comité de las Regiones nombrará a su experto por un año, para que las sustituciones de los miembros del Comité Europeo se hagan de manera escalonada y, de esta forma, se evite la pérdida de experiencia y conocimientos que supondría la sustitución simultánea de todos los miembros.

Exposición de motivos

El CDR se muestra crítico con que la Comisión preseleccione los miembros del Comité Europeo. Se recomienda mantener en esencia el sistema que se ha utilizado hasta ahora, con leves modificaciones. En particular, la representación del Estado miembro respectivo en el Comité Europeo también ha dado buen resultado.

Enmienda 5

Artículo 10, apartados 1, 2 y 3

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Disposiciones relativas a los países candidatos y potencialmente candidatos

1.

La Comisión será responsable de la organización del concurso entre ciudades en los países candidatos y potencialmente candidatos.

2.

La Comisión publicará una convocatoria de presentación de solicitudes en el Diario Oficial de la Unión Europea seis años antes del inicio del año del título. Dicha convocatoria estará dirigida a las ciudades de todos los países candidatos y potencialmente candidatos que, en la fecha de publicación de la convocatoria, participen en el programa Europa Creativa o en los posteriores programas de la Unión de apoyo a la cultura.

Sin embargo, por motivos de justicia con las ciudades de los Estados miembros, cada ciudad podrá participar únicamente en un concurso para ciudades de países candidatos y potencialmente candidatos en el periodo de 2020 a 2033, y una ciudad que haya participado en uno de esos concursos no podrá hacerlo en ningún concurso posterior celebrado en un nuevo Estado miembro, de acuerdo con las normas establecidas en el artículo 3, apartado 2, durante dicho periodo.

Asimismo, también por motivos de justicia con los Estados miembros, un país candidato o potencialmente candidato podrá acoger el título una sola vez en el periodo de 2020 a 2033. En consecuencia, las ciudades de países que ya hayan albergado el título no podrán participar en posteriores concursos durante dicho periodo.

3.

Las condiciones establecidas en el artículo 4 y los criterios formulados en el artículo 5 serán aplicables a los países candidatos y potencialmente candidatos.

Disposiciones relativas a los otros países candidatos y potencialmente candidatos

1.

La Comisión será responsable de la organización del concurso entre ciudades en los países candidatos, y países potencialmente candidatos, países incluidos en la política europea de vecindad y países de la AELC.

2.

La Comisión publicará una convocatoria de presentación de solicitudes en el Diario Oficial de la Unión Europea seis años antes del inicio del año del título. Dicha convocatoria estará dirigida a las ciudades de todos los países candidatos y potencialmente candidatos que, en la fecha de publicación de la convocatoria, participen en el programa Europa Creativa o en los posteriores programas de la Unión de apoyo a la cultura.

Sin embargo, por motivos de justicia con las ciudades de los Estados miembros, cada ciudad podrá participar únicamente en un concurso para ciudades de países candidatos, y países potencialmente candidatos, países incluidos en la política europea de vecindad y países de la AELC en el periodo de 2020 a 2033, y una ciudad que haya participado en uno de esos concursos no podrá hacerlo en ningún concurso posterior celebrado en un nuevo Estado miembro, de acuerdo con las normas establecidas en el artículo 3, apartado 2, durante dicho periodo.

Asimismo, también por motivos de justicia con los Estados miembros, cada uno de estos un países candidato o potencialmente candidato podrá acoger el título una sola vez en el periodo de 2020 a 2033. En consecuencia, las ciudades de países que ya hayan albergado el título no podrán participar en posteriores concursos durante dicho periodo.

3.

Las condiciones establecidas en el artículo 4 y los criterios formulados en el artículo 5 serán aplicables a los estos países candidatos y potencialmente candidatos.

Exposición de motivos

No parece pertinente que se establezcan grupos distintos de participantes en función del programa de ayuda o la iniciativa. Por ello se propone ampliar los países que pueden participar. Se debería poder evitar un esfuerzo económico excesivo mediante soluciones adaptadas.

Enmienda 6

Artículo 11

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

La Comisión designará oficialmente, mediante actos de ejecución, las Capitales Europeas de la Cultura, teniendo debidamente en cuenta las recomendaciones del Comité Europeo. Informará de estas designaciones al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité de las Regiones.

La Comisión designará oficialmente, mediante actos de ejecución, las Capitales Europeas de la Cultura, teniendo debidamente en cuenta las recomendaciones del Comité Europeo. Informará de estas designaciones al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité de las Regiones.

1.

De común acuerdo con el Estado miembro respectivo, la Comisión propondrá una ciudad para el título de Capital Europea de la Cultura. La Comisión notificará esta nominación al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité de las Regiones como máximo cuatro años antes de que empiece la actividad prevista.

La notificación deberá incluir una justificación basada en los informes del Comité Europeo.

La nominación deberá tener en cuenta las recomendaciones del Comité Europeo.

2.

El Parlamento Europeo podrá transmitir su opinión a la Comisión en un plazo de tres meses a partir de la recepción de la nominación.

3.

Por recomendación de la Comisión, emitida sobre la base de la opinión del Parlamento Europeo y de las justificaciones basadas en los informes del Comité Europeo, el Consejo designará las ciudades elegidas como Capitales Europeas de la Cultura para el año para el que fueron propuestas.

Exposición de motivos

La importancia de la designación justifica que sea el Consejo el que designe la Capital Europea de la Cultura. El artículo 291, apartado 2, del TFUE precisa de manera explícita que en casos específicos debidamente justificados es posible conferir competencias de ejecución al Consejo.

Bruselas, 30 de noviembre de 2012.

El Presidente del Comité de las Regiones

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  CDR 191/2011 final.

(2)  CDR 191/2011 final.