4.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 299/1

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El CESE pide a las instituciones europeas y a los gobiernos nacionales que reiteren su compromiso político con todos los interlocutores interesados en el marco de la Estrategia Europa 2020 (Parlamento Europeo, Comité de las Regiones, Comité Económico y Social Europeo, parlamentos nacionales, entes regionales y locales, interlocutores sociales, sociedad civil organizada, consejos económicos y sociales nacionales u órganos similares, ciudades y todas las demás formas de entes locales).

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El CESE quiere aprovechar la labor que lleva a cabo con los consejos económicos y sociales nacionales (CES) e instituciones similares y los representantes nacionales de la sociedad civil organizada convirtiéndose en su punto de contacto europeo, así como crear una plataforma especializada a su servicio para que puedan continuar su trabajo sobre la Estrategia Europa 2020.

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A largo plazo, el CESE considera que la Unión Europea debería desarrollar una visión de largo alcance sobre el objetivo fundamental del compromiso y el trabajo de las partes interesadas para su desarrollo progresivo.

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A corto plazo, el CESE considera que unos pequeños cambios generarían avances significativos. En concreto, es urgente que los Estados miembros y la Comisión Europea revisen el calendario y la configuración de los procesos con el fin de permitir un auténtico compromiso y la corresponsabilidad de todas las partes interesadas.

2.1

El 18 de abril de 2012, la Presidencia chipriota entrante pidió al Comité Económico y Social Europeo que elaborara un dictamen sobre la manera de reforzar los procesos de participación y el papel de los entes locales, las ONG y los interlocutores sociales en la aplicación de la Estrategia Europa 2020, a la luz de su intención de convertir este asunto en una prioridad de su presidencia y de la reunión informal del Consejo EPSCO (Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores) en julio de 2012.

Justo cuando el Semestre Europeo cumple su tercer año, es un momento adecuado para examinar los procesos de participación en el marco de la Estrategia Europa 2020 y pensar en cómo podrían potenciarse.

2.2

El Comité Directivo Europa 2020 del CESE se dedica a supervisar el trabajo y a reunir a los CES nacionales e instituciones similares de los Estados miembros para compartir experiencias sobre la manera de mejorar los procesos de participación dentro de Europa 2020.

2.3

El papel que desempeña el CESE en la aplicación de la Estrategia Europa 2020 (1) se reconoce plenamente en la actualidad, y el Comité desea compartir sus recomendaciones sobre la manera de mejorar los procesos de participación de Europa 2020 y del Semestre Europeo.

3.1

La Unión Europea y su población soportan una grave crisis económica y financiera que tiene graves repercusiones en el conjunto de la Unión Europea y sus ciudadanos. Muchos Estados miembros han sufrido situaciones extremamente tensas, y los altos niveles de desempleo siguen siendo preocupantes. Por lo tanto, el CESE, tal como ha señalado en muchos de sus dictámenes de los últimos tres años, considera que la Estrategia Europa 2020 es más importante que nunca, dado que ofrece un programa de reformas completo destinado a garantizar un crecimiento sostenible y a construir una Unión Europea más sólida.

3.2

La Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador es la estrategia de crecimiento que establece objetivos en las políticas clave a nivel europeo y nacional. Su ámbito de actuación es muy amplio, con la aspiración global de apoyar el crecimiento inteligente, sostenible e integrador, de respaldar los avances en innovación e I+D, cambio climático, energía, desempleo, política industrial y cohesión social y territorial, de abordar los niveles de pobreza, la política de cohesión y mucho más.

3.3

La gobernanza de Europa 2020 aspira a reunir las competencias europeas, nacionales y compartidas en un sistema multinivel que ayude a incrementar la legitimidad de una mayor integración europea. En comparación con la Estrategia de Lisboa, Europa 2020 cuenta con iniciativas emblemáticas interrelacionadas que determinan el enfoque y el apoyo en importantes ámbitos temáticos, prioridades, objetivos principales, así como un sistema de supervisión reforzado y riguroso, con la opción de evaluaciones críticas de los avances (o de su carencia) a nivel nacional.

3.4

En relación con la Estrategia de Lisboa, el mecanismo de presentación de informes es diferente, no solo porque está mucho más concentrado, sino también porque ahora se adapta a los procesos de los nuevos y reforzados sistemas de gobernanza económica de forma que, por ejemplo, el programa de estabilidad o de convergencia y los programas nacionales de reforma se presentan a la Comisión Europea de forma simultánea, lo que ofrece una visión más completa de la situación concreta de cada Estado miembro y de la dirección que se propone seguir.

3.5

El cambio del proceso se destacó por primera vez en el propio documento sobre la Estrategia Europa 2020, que indicó claramente que «necesitamos una mayor asunción» y que, con tal fin, «también debe incrementarse la contribución de los interesados a nivel nacional y regional y de los interlocutores sociales». Se formuló un compromiso específico de que tanto el CESE como el Comité de las Regiones debían participar de forma más estrecha. Esta necesidad de procesos participativos se ha repetido en varias ocasiones, sobre todo en las conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2010 y en la Guidance for drafting, implementing and monitoring National Reform Programmes under the Europe 2020 Strategy (Orientaciones para redactar, aplicar y supervisar los programas nacionales de reforma en el marco de la Estrategia Europa 2020), elaborada por la Comisión Europea, donde se reitera que será importante la estrecha participación de los parlamentos nacionales, interlocutores sociales, regiones y demás partes interesadas en la preparación de los programas nacionales de reforma, con el fin de incrementar la asunción de la Estrategia.

4.1

Tres años después del inicio de la Estrategia Europa 2020, está claro que muchos Estados miembros se han comprometido a contar con los interlocutores sociales y la sociedad civil organizada en el Semestre Europeo y han incluido a dichos interlocutores en sus procesos nacionales. No obstante, la aplicación de este compromiso es heterogénea, pues se advierten diversos niveles de compromiso e, incluso, cuando existe, diversos niveles de participación real de los interlocutores en el proceso. Aunque muchos Estados miembros informan y consultan a sus interlocutores, el proceso suele carecer de enfoque y, desde el punto de vista de los participantes, puede existir la sensación de desconexión o falta de inclusión en la estrategia global. En concreto, el CESE y otros interlocutores han expresado su preocupación por los plazos muy cortos, que a menudo no dejan tiempo prácticamente para un debate adecuado con los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil o los parlamentos nacionales y regionales. Estas preocupaciones no solo se manifiestan a nivel nacional; muchas organizaciones europeas han pedido que mejoren la gobernanza y el proceso del Semestre Europeo, así como la supervisión dentro de la Estrategia Europa 2020. El Parlamento Europeo formuló recomendaciones políticas con el fin de determinar mejor su propio papel y la contribución que podía aportar (2), y el Comité de las Regiones está preparando la publicación en breve de sus orientaciones al respecto.

4.2

Dentro del CESE, la creación del Comité Directivo Europa 2020 ha aportado un enfoque esencial a nuestro trabajo, dotando al CESE de un grupo que tiene una visión global de todo lo que abarca la Estrategia Europa 2020 y las propuestas vinculadas a ella, en vez de considerarla únicamente de forma fragmentada. En las reuniones del Comité Directivo participan regularmente representantes de la Comisión y otros agentes. Para reforzar el vínculo con los órganos nacionales, el Comité Directivo invita periódicamente a los consejos económicos y sociales nacionales y otros órganos similares a participar en sus reuniones en momentos importantes del Semestre Europeo, y organiza actos locales en relación con Europa 2020 en colaboración con los agentes de la sociedad civil de cada país. Este trabajo debe consolidarse y desarrollarse.

4.3

El papel que ha desempeñado el CESE para reunir a los consejos económicos y sociales y órganos similares, aunque no solo con el objetivo del Semestre Europeo y la Estrategia Europa 2020, ha resultado útil para desarrollar nuestro y su análisis y comprensión de las distintas situaciones que existen en la Unión Europea, así como para reforzar las propuestas que tanto el CESE como ellos presentan.

5.1

Es evidente que, con el fin de optimizar el impacto del Semestre Europeo, la mejora y el incremento de los procesos de participación en el marco de Europa 2020 serían beneficiosos para la propia estrategia y, en definitiva, para el bienestar de los ciudadanos.

5.2

La Unión Europea y los Estados miembros suelen mencionar la utilidad de los procesos de participación y la inclusión de la sociedad civil organizada. De hecho, los interlocutores sociales y el público en general han establecido diversos sistemas y procesos; es útil tener una idea clara de por qué es realmente tan importante y cuál es el beneficio potencial derivado de un sistema que funcione correctamente en aras de una mayor participación. Un compromiso proactivo con los interlocutores sociales y la sociedad civil organizada puede generar:

6.1

Al analizar los procesos utilizados hasta la fecha tanto a nivel europeo como nacional, el CESE considera que todavía hay mucho por hacer y que estos procesos pueden reforzarse para desarrollar un sistema que ofrezca verdaderamente una asociación sólida entre las instituciones europeas, los gobiernos nacionales, los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil, los parlamentos nacionales y regionales y demás partes interesadas. Muchos de estos aspectos requerirán un esfuerzo centrado y concertado y no se alcanzarán rápidamente. No obstante, el CESE considera que estos sistemas deben desarrollarse estableciendo de forma gradual un proceso de asociación multinivel estratégico y global, a la que vez que se aplican rápidamente medidas sencillas que puedan aportar mejoras a corto plazo.

6.2

Ante todo, el CESE pide a todas las instituciones europeas y los gobiernos nacionales que renueven su compromiso político de impulsar de forma más regular y sistemática la participación de los interlocutores sociales, las organizaciones de la sociedad civil, los parlamentos nacionales, los entes regionales y locales y demás partes interesadas, velando por que se haga de la forma más completa posible en los procesos de participación fuertes, viables y sostenibles dentro de Europa 2020. El Tratado de Lisboa pone de relieve la necesidad de consultar a la sociedad civil a nivel europeo en el proceso decisorio. Si los Estados miembros quieren contar con más asunción y compromiso respecto de la Estrategia Europa 2020 y el proceso europeo, deberían aplicar la misma práctica y consultar a los CES e instituciones similares tanto como sea posible.

7.1

Respecto de su propio papel, el CESE considera vital mantener su enfoque y su compromiso estratégico con todas las partes de la Estrategia Europa 2020, con el fin de conservar su capacidad de detectar las posibles sinergias generadas por la Estrategia y sus elementos constitutivos.

7.2

El CESE considera que debe continuar y potenciarse el trabajo que desarrolla su Comité Directivo Europa 2020. El Comité Directivo debe seguir centrándose en la Estrategia y sus implicaciones para el público en general, y debería reforzar su comunicación interna con los miembros que no participan en el trabajo que lleva a cabo para garantizar que los conocimientos e informes del Comité Directivo benefician a todos.

7.3

El CESE considera que los resultados que ha ido alcanzando de forma gradual en la coordinación de los vínculos entre los consejos económicos y sociales nacionales, cuando existen, y sus trabajos tiene repercusiones muy positivas, pero podrían mejorarse. Muchas de estas organizaciones también desempeñan un papel a nivel nacional en la Estrategia Europa 2020, al igual que muchos de sus miembros. Respecto de la mejora de la participación en la Estrategia Europa 2020, el CESE considera que es un ámbito en el que unas medidas simples y rápidas podrían aportar beneficios significativos. El CESE considera que ocupa una posición ideal para servir de punto de contacto europeo de los consejos económicos y sociales nacionales e instituciones similares, especialmente ofreciéndoles asistencia en su propia labor dentro de Europa 2020. El CESE está dispuesto a realizar este compromiso y a poner en marcha este proceso de reforzar aún más los contactos y la colaboración mediante la inclusión de los consejos económicos y sociales nacionales y órganos similares en un acto centrado en la Estrategia Europa 2020 que se celebraría a la mayor brevedad.

8.1

El CESE apoya de forma decidida la intención de la Presidencia chipriota de centrarse en reforzar los procesos de participación en el marco de Europa 2020 y dedicar parte de la reunión informal del Consejo EPSCO en julio de 2012 a este trabajo. El CESE lo apoya plenamente como un inicio sólido para que los Estados miembros y la Comisión Europea tengan plenamente en cuenta la manera en que cada uno puede mejorar su actuación.

8.2

El CESE pide a todos los Estados miembros que clarifiquen a nivel nacional qué agencias gubernamentales son competentes para las distintas medidas dentro de Europa 2020, así como las relaciones entre las agencias responsables de coordinar o supervisar los programas nacionales de reforma y las agencias encargadas de su aplicación concreta. Incluso una simple clarificación al respecto en cada Estado miembro permitiría a los agentes interactuar con los órganos adecuados para mejorar los resultados.

8.3

El CESE considera que la transparencia absoluta sobre las formas de participación utilizadas en cada Estado miembro junto con las descripciones de los procesos e instrumentos que los gobiernos prevén usar aportarán claridad a todos sobre qué sucede, por qué y cómo.

8.4

El CESE considera que la Comisión Europea y los Estados miembros deberían revisar de manera urgente el calendario de las distintas acciones dentro del Semestre Europeo. El reto más constante que destaca la práctica totalidad de las partes interesadas en las estructuras existentes es la falta de un plazo adecuado para todo tipo de respuesta ponderada o debate propiamente dicho. Es urgente que los Estados miembros analicen los plazos que utilizan actualmente y la manera de hacer que sean más razonables.

8.5

El CESE anima fuertemente a los entes regionales y locales a profundizar su compromiso con los procesos de Europa 2020 tanto dentro de su marco nacional como directamente a nivel europeo. La creación de la Plataforma de Seguimiento de la Estrategia Europa 2020 por el Comité de las Regiones constituye un avance destacado hacia dicho objetivo. El CESE considera que los gobiernos nacionales deberían apoyar este mayor compromiso. Los conocimientos de los entes regionales y locales sobre el desarrollo a nivel local y las aplicaciones potenciales son un elemento clave de las medidas que podrían ponerse en práctica para que la Estrategia Europa 2020 desempeñe plenamente su función.

9.1

El CESE considera que ya hay modelos muy útiles para la creación de estructuras fuertes que favorezcan un diálogo permanente. El CESE considera que el «Código de buenas prácticas para la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones» impulsado por el Consejo de Europa (3) ofrece un marco y conjunto de principios excelentes para este trabajo que puede aplicarse a la Estrategia Europa 2020. La utilización de este conjunto de principios permitirá a la Unión Europea y a los Estados miembros desplazar de forma gradual los debates a lo largo del abanico de las posibilidades de participación: desde niveles bastante bajos de participación centrados primordialmente en facilitar información, pasando por la consulta abierta y un diálogo creciente entre los participantes, hasta que finalmente pueda establecerse una verdadera «alianza»; estas son las cuatro fases principales del abanico de los procesos de participación que se describen en el Código. El CESE considera que los procesos de Europa 2020 deberían comenzar de forma gradual a desplazarse por este abanico de posibilidades de participación. El Código también facilita una serie de instrumentos muy útiles que podrían aplicarse a los procesos de Europa 2020.

9.2

La sociedad civil organizada de los Estados miembros debería participar en el Semestre Europeo. Un proceso clave en el ámbito de la concepción es la redacción de los programas nacionales de reforma. El proceso de redacción de los Estados miembros debería apoyarse en un diálogo amplio y de más colaboración con los interlocutores sociales y la sociedad civil organizada. Estos agentes no solo aportan conocimientos específicos en la fijación de objetivos y el diseño de programas y estrategias para ámbitos como el empleo, la educación y la inclusión social, sino que también son agentes fundamentales a la hora de aplicar estas estrategias.

9.3

Otra fase clave del Semestre Europeo es la publicación y revisión de las recomendaciones específicas por país. Se debe informar y consultar a los interlocutores sociales y a la sociedad civil organizada europeos sobre las recomendaciones específicas para cada Estado miembro. En este contexto, la cuestión del calendario es fundamental para que la sociedad civil organizada pueda participar desde una fase temprana en la formulación de futuras perspectivas para los ciclos siguientes.

9.4

El CESE sugirió en dictámenes anteriores la evaluación comparativa como forma de cuantificar los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia Europa 2020. De esta forma, los CES nacionales o instituciones similares analizan y establecen sus propios criterios de prioridad a partir de las estadísticas de acceso libre en el sitio Internet de Eurostat. Algunos CES ya lo hacen y habría que animar a los demás CES nacionales a realizar el mismo proceso. Con esta evaluación comparativa, las partes interesadas supervisan de manera continua la aplicación de las reformas. Ello constituye una valiosa contribución a la revisión de los programas nacionales de reforma.

9.5

Deben tomarse medidas para impulsar el debate sobre la aplicación de la Estrategia Europa 2020 en los Estados miembros, y los gobiernos deberían desarrollar procesos efectivos de transmisión de información sobre el impacto de un diálogo civil y social más intenso en torno a la Estrategia. El papel de la sociedad civil en el seguimiento puede tener un valor específico. La celebración de conferencias periódicas en los Estados miembros con participación de todas las partes interesadas sería útil, así como audiencias abiertas en el parlamento para presentar los programas nacionales de reforma.

9.6

Existe una contradicción entre la creciente sensibilización de las instituciones europeas sobre la necesidad de consultar a la sociedad civil organizada y las dificultades que afronta la mayoría de los CES nacionales e instituciones similares. Estas organizaciones suelen estar financiadas principalmente por presupuestos públicos. En muchos Estados miembros se han recortado sus presupuestos. Esto está llevando a los consejos económicos y sociales nacionales o instituciones similares a centrarse únicamente en las prioridades nacionales y a reducir su participación a nivel europeo. Las instituciones europeas deberían analizar la manera en que podrían facilitar apoyo y asistencia a estas organizaciones, al menos respecto de su contribución al Semestre Europeo.

9.7

Dado que la existencia de un punto de contacto principal para el seguimiento con los CES nacionales e instituciones similares puede revestir un valor específico, la Comisión Europea podría considerar la posibilidad de dar al CESE la responsabilidad y el apoyo para organizar una conferencia con todos los CES nacionales u organismos e instituciones similares al menos una vez al año, programado cuidadosamente para coincidir con el Semestre Europeo, con el fin de debatir dicho Semestre y la Estrategia Europa 2020, junto con su contribución y mejores prácticas en este ámbito.

10.1

El CESE considera que las partes interesadas también podrían renovar su compromiso en el proceso de Europa 2020. Aunque cree que la responsabilidad primordial corresponde a los Estados miembros y que deben revisar los procesos para la inclusión de los interlocutores, las partes interesadas podrían aprender más unas de otras y adquirir confianza para entablar un contacto directo con las instituciones europeas y los gobiernos nacionales. Del mismo modo, a pesar de la necesidad de que los gobiernos reconsideren urgentemente el calendario de los procesos, las partes interesadas deberían mejorar su propia anticipación de las fases del Semestre Europeo.

11.1

En su consulta al CESE, la Presidencia chipriota destacó de manera específica la necesidad de que este formulase observaciones orientadas a mejorar la participación de la sociedad civil en la aplicación y el seguimiento de determinadas políticas, como las relativas a la pobreza y la exclusión. El CESE considera que la participación de los agentes implicados en un diálogo estructurado y periódico, tanto a nivel de la UE como nacional, es decisiva para mejorar las posibilidades de encontrar soluciones eficaces en estos ámbitos de acción.

11.2

Conviene desarrollar un enfoque multilateral (en inglés, stakeholder approach), así como el diálogo estructurado, con los agentes de la sociedad civil en relación con la concepción política, la aplicación y el seguimiento del trabajo de la Plataforma contra la Pobreza y la Exclusión. En estos ámbitos, suelen ser los agentes de la sociedad civil quienes en primera instancia constatan nuevas tendencias y cambios sociales y los señalan. Su trabajo centrado en destacar la perspectiva del usuario, su labor de prevención y el desarrollo y la puesta en práctica de servicios innovadores destinados a estos grupos específicos aportan una experiencia y unos conocimientos valiosos a la hora de elaborar estrategias para combatir la pobreza y la exclusión. En este contexto, el CESE desea subrayar la importancia del papel estratégico desempeñado por la economía social y las organizaciones no estatales para reducir la pobreza, impulsar la creación de empleo y desarrollar servicios que cubran las necesidades de la sociedad de manera innovadora.

11.3

En el marco de estos ámbitos de acción es importante mencionar los informes sociales nacionales (National Social Reports, NSR), elaborados por el Comité de Protección Social, que complementan los programas nacionales de reforma. Estos informes, preparados sobre la base del método abierto de coordinación, evalúan la dimensión social del programa Europa 2020. Su propósito es determinar las reformas más urgentes en función de la estrategia de crecimiento anual y proponer medidas concretas. Es fundamental fijar un procedimiento que permita mejorar la participación de los agentes implicados en el proceso relativo a los informes sociales nacionales, que hoy por hoy es insuficiente, y asociarlos más estrechamente a los programas nacionales de reforma. Asimismo, resulta esencial que el método abierto de coordinación en el ámbito de la protección social se refuerce partiendo de las estrategias nacionales integradas, a fin de estrechar sus vínculos con la Plataforma Europea contra la Pobreza.

11.4

La Convención anual contra la Pobreza y la Exclusión organizada por la UE debería completarse con una audiencia de ese mismo tipo a nivel nacional que contase con la participación de los poderes públicos, personas que viven en la pobreza, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de la economía social, los interlocutores sociales y otros agentes de la sociedad civil, con el propósito de examinar conjuntamente los avances y las deficiencias en estos ámbitos de acción y proponer reformas. Su organización debería coincidir con la fase de elaboración de los programas nacionales de reforma.

11.5

De la misma manera, los diálogos y consultas continuados sobre temas específicos deberían organizarse con la debida antelación, de modo que los agentes implicados puedan manifestar su interés. La colaboración también debería incluir una evaluación de los efectos sociales del Estudio prospectivo anual sobre el crecimiento, así como de los progresos realizados.

11.6

Los programas nacionales de reforma y la definición de objetivos nacionales son componentes clave en los esfuerzos por poner en práctica la Estrategia Europa 2020 y las estrategias políticas de reducción de la pobreza. Es importante asegurar que el objetivo de reducción de la pobreza tenga el alcance adecuado, de modo que incluya a grupos expuestos al riesgo de pobreza y tenga en cuenta la exclusión acumulativa, a fin de garantizar que las estrategias y reformas se destinan realmente a estos grupos. En este contexto, la participación de los agentes de la sociedad civil y la colaboración con ellos son esenciales, ya que suelen ser ellos quienes detectan nuevos grupos de riesgo de forma temprana o denuncian un aumento de riesgo para los grupos que padecen la exclusión.

4.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 299/6

1.1

El sector bancario, que representa de media el 5 % del PIB de la UE, debe tener como misión principal la financiación de la economía real, en especial de las empresas innovadoras, el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, motor de la economía europea, y la protección del ahorro de los depositantes.

1.2

El CESE acoge favorablemente los esfuerzos de la Comisión Europea y de los Estados miembros destinados a reforzar el sector bancario y a evitar nuevas crisis financieras mediante la reducción de los riesgos y la mitigación de sus efectos.

1.3

El CESE considera que hay que extraer conclusiones de las recientes crisis económicas y financieras y adoptar un nuevo planteamiento en favor de una supervisión más eficaz por las autoridades nacionales, europeas e internacionales, así como una mayor responsabilización de las entidades financieras.

1.4

El CESE apoya las medidas que tienen por objeto reforzar la estructura del capital de los bancos y su capacidad para financiar la economía, pero advierte a los directivos de los bancos de la tentación de buscar el beneficio a muy corto plazo y de las actividades especulativas que desestabilizan los mercados.

Con el fin de fomentar comportamientos éticos, debe determinarse claramente y mejor a partir de normas transparentes la responsabilidad de los directivos de los bancos y de los supervisores a nivel nacional, europeo e interno de los propios bancos.

1.5

El CESE desea llamar la atención sobre las dificultades que plantea la acumulación de medidas reguladoras y sobre los retos que deberán afrontar los 8 000 bancos europeos para financiar la economía en un contexto económico difícil en Europa debido a la crisis de la deuda, cuya amplitud y consecuencias todavía no se han controlado.

1.6

Los bancos europeos soportan la creciente competencia de los bancos de terceros países que no están sujetos, en sus países de origen, a las mismas obligaciones legislativas y reglamentarias que en Europa.

1.7

Las medidas destinadas a reforzar la estructura del capital prevén un mayor nivel de capital, y de mejor calidad, una mejor cobertura de los riesgos, el establecimiento de un coeficiente de apalancamiento y un nuevo planteamiento sobre la liquidez. Estas medidas pueden tener repercusiones en el balance de los bancos y provocar una disminución significativa de su rentabilidad.

1.8

Por consiguiente, los bancos tienden a reducir su tamaño para ser más sólidos, a orientarse hacia las actividades más rentables y a limitar la oferta de servicios financieros, con el fin de controlar mejor su exposición a los riesgos.

Algunos defienden la necesidad de volver a la actividad inicial: recibir los depósitos de la clientela, proteger a los ahorradores y financiar la economía real.

1.9

El CESE estima que es aconsejable una vuelta gradual a la separación entre las actividades de banca comercial y las de banca de financiación e inversión. La crisis mundial actual demuestra que un sistema financiero globalizado basado en una liberalización ilimitada implica riesgos de descontrol vinculados al mal uso que los mercados hacen de dicha libertad:

1.10

Las nuevas obligaciones sobre capital, en especial el aumento del coeficiente de capital de muy alta calidad hasta el 9 % el 30 de junio de 2012 para 60 bancos de carácter sistémico, y entre 2015 y 2018 para los demás, podrían tener consecuencias nefastas para los bancos locales y los bancos cooperativos, que apoyan más a las pymes y las microempresas. Los requerimientos de capital no deberían discriminar a ningún grupo de bancos.

1.11

Si los bancos tienen dificultades para reunir capital, será más difícil para las pymes acceder a la financiación necesaria. Debe evitarse una restricción del crédito y un aumento de los gastos bancarios. El Comité pide a la Comisión, la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y las autoridades nacionales de supervisión que garanticen que los márgenes de capital de los bancos pequeños se adapten a su modelo económico.

1.12

Los requisitos prudenciales ya están provocando una reducción del crédito y su encarecimiento para las pequeñas empresas, especialmente las de nueva creación, las empresas innovadoras y las que presentan más riesgos. Europa no podrá alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, la Agenda Digital, la «Europe Cloud Active», la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 o la «Small Business Act» si el porcentaje de financiación destinado a las pequeñas y medianas empresas se reduce a raíz de la aplicación de las nuevas medidas prudenciales.

El CESE pide a la Comisión que siga atentamente la evolución del crédito y de los gastos bancarios para las empresas y los particulares.

1.13

Las medidas destinadas a incrementar la eficacia de la supervisión de los mercados por las autoridades nacionales, europeas e internacionales tendrán profundas consecuencias para la organización de los bancos y los controles internos. El resultado será una mayor responsabilidad de los gestores, junto con la obligación de evaluar de manera más atenta la rentabilidad del capital y de gestionar mejor los riesgos. Los bancos deberán elaborar sus previsiones de ventas y sus estrategias de desarrollo de productos y carteras bancarias teniendo en cuenta su rentabilidad y evaluando la capacidad de absorción de su capital. Ello provocará una reorganización de las estructuras que evolucionarán hacia el aumento de la importancia y el empleo en los servicios de TI, de control y de gestión de riesgos, en detrimento de otros sectores más tradicionales.

1.14

Los bancos en la UE dan trabajo a más de tres millones de trabajadores, la gran mayoría en la banca minorista. Desde principios de 2011 se han suprimido más de 150 000 puestos de trabajo y se han cerrado numerosas agencias. En diversos estudios se prevé la supresión de otros 100 000 puestos en 2012. El CESE pide a la Comisión que impulse la mejora del diálogo social sectorial y que desarrolle la concertación con los interlocutores sociales sobre las iniciativas que repercuten en la evolución de la profesión.

1.15

Al aplicar las nuevas reglamentaciones, el CESE desea que se tenga en cuenta la diversidad de los Estados miembros, especialmente los nuevos Estados miembros de la UE en los que los mercados crediticios todavía no han alcanzado su potencial y cuyos bancos en su mayoría son propiedad de los grandes grupos bancarios europeos y mundiales. Para mejorar el balance y responder a las nuevas obligaciones, estos grupos podrían verse tentados a realizar transferencias de fondos a partir de sus filiales y a limitar sus inversiones, reduciendo considerablemente la financiación de la economía de estos países. El CESE recuerda a este respecto el compromiso derivado de la Iniciativa de Viena de no efectuar una absorción de liquidez. Es necesario proteger determinados modelos originales como los bancos cooperativos en Alemania y Polonia. Este sector cuenta con más de 300 bancos ya solo en Polonia; se trata de un sector en el que la profunda reforma que suponen las nuevas normas no podrá realizarse sin un período transitorio.

1.16

Es necesario reforzar las competencias de la Autoridad Bancaria Europea para acompañar el movimiento de armonización. El CESE recuerda que la libertad de circulación de capitales está garantizada a nivel europeo, mientras que la garantía de los depósitos y la solvencia de los bancos son competencia de las autoridades nacionales. El mercado crediticio difiere de un Estado miembro a otro. En los países en que el crédito está insuficientemente desarrollado, un aumento demasiado rápido del nivel de endeudamiento puede crear una burbuja especulativa. Si las normas prudenciales se aplican de manera uniforme a nivel europeo, las autoridades nacionales no podrán intervenir a tiempo. No obstante, merece tenerse en cuenta la propuesta formulada por varios responsables europeos de crear una unión bancaria europea para instaurar en esa esfera una supervisión de los bancos sistémicos y una garantía de los depósitos en caso de quiebra.

1.17

A nivel mundial, los bancos europeos corren el riesgo de ser menos competitivos que sus competidores. Para los bancos que quieren obtener capital suplementario, la mayor parte del capital disponible corresponde a los fondos soberanos y a los bancos de Asia y de Oriente Próximo. Existe un riesgo real de que la estructura de la propiedad del sistema bancario europeo escape al control de los Estados miembros de la UE. Por este motivo, el CESE pide a las autoridades europeas que redoblen sus esfuerzos para que se apliquen las mismas normas prudenciales a nivel internacional, con el objetivo de llegar a una auténtica reglamentación de alcance mundial.

1.18

Las nuevas tecnologías de la información, como la banca electrónica, el telebanco, las transacciones virtuales seguras (firma electrónica) y la computación en nube, están revolucionando los servicios bancarios tradicionales. Los bancos tendrán la difícil tarea de financiar la economía real a la vez que deben hacer frente a un aumento de los costes de financiación debido a la implantación de las nuevas tecnologías, todo ello con una disminución de la rentabilidad. El CESE considera que hay que acompañar y apoyar a los agentes del sector bancario en este proceso de profunda transformación.

2.1

La crisis de las finanzas y sus repercusiones en la economía han llevado a los gobiernos y las autoridades financieras a preguntarse sobre los orígenes profundos del hundimiento de un sistema que se creía sólidamente establecido, bien reglamentado y controlado de forma eficaz.

2.2

Las primeras medidas de carácter financiero y monetario (reducción sustancial de los tipos básicos, liquidez, ayudas estatales) se adoptaron con prisas. Las medidas a más largo plazo tenían como finalidad reforzar la estructura de los mercados y evitar futuras crisis sistémicas, por lo que fueron de carácter reglamentario, prudencial o fiscal. Las organizaciones supranacionales –FMI, G-20, Banco de Pagos Internacionales, Comisión– adoptaron una actitud abierta de cooperación, pero con divergencias de puntos de vista.

2.3

Desde la crisis de 2008, la UE ha adoptado más de 50 medidas legislativas; el 99 % de las reformas se llevó a cabo a finales de 2011 para que entren en vigor en 2013, con excepción del coeficiente de capital ordinario de nivel 1 (Tier 1), que deben cumplir a partir del 30 de junio de 2012 los 60 bancos considerados ‧sistémicos‧. Para los demás, la entrada en vigor se prevé entre 2015 y 2018.

2.4

El tercer Acuerdo de Basilea, publicado en noviembre de 2010, exige que los bancos posean más capital de mejor calidad para resistir a las futuras crisis, y prevé en particular:

Además, el dispositivo de Basilea III introduce un coeficiente de apalancamiento mínimo del 3 % y dos coeficientes de liquidez obligatorios: el coeficiente de cobertura de liquidez requiere que un banco conserve suficientes activos líquidos de alta calidad para cubrir su flujo de efectivo neto total por un período de 30 días; así como el coeficiente de financiación estable neta, que implica que la cantidad disponible de financiación estable supere la cantidad necesaria de financiación durante un período de un año.

2.4.1

La Comisión Europea presentó las propuestas para transponer Basilea III en una Directiva sobre requisitos de capital, conocida como DRC IV, en julio de 2011, con el fin de reforzar el sector bancario europeo, a la vez que anima a los bancos a financiar el crecimiento de la economía. Sin embargo, la Comisión no adoptó ninguna iniciativa concreta destinada a fomentar los créditos.

2.5

El objetivo es incitar a los bancos a conservar más capital para resistir a las crisis y ofrecer un nuevo marco a los supervisores para controlar a los bancos y actuar cuando se detecten peligros.

2.6

La DRC IV cubre los ámbitos de la actual Directiva de requisitos de capital, pero debe incorporarse a la legislación de una manera adecuada a cada Estado miembro.

2.7

A pesar de los retrasos y los defectos de las normas adoptadas, el avance hacia una nueva reglamentación es real, aunque siguen existiendo cuestiones pendientes:

3.1

Los bancos de Europa deben afrontar en la actualidad cambios reglamentarios y coyunturales bruscos, que suscitan temor sobre su capacidad para ejercer el papel de financiación de la economía en una situación económica degradada por la crisis de la deuda, y que afecta más especialmente a la zona del euro.

3.2

Con la aplicación de las disposiciones del Comité de Basilea (Basilea III), los bancos están obligados a reforzar los requisitos de capital, respetar coeficientes de liquidez a largo plazo (financiación estable neta o NSFR) muy elevados y crear fondos prudenciales.

3.3

Las pruebas de resistencia a las que se sometieron, en dos fases, no han despejado las dudas sobre el impacto de una suspensión de pagos de uno o varios Estados miembros de la zona del euro.

3.4

En la comunidad financiera internacional reina un clima de desconfianza que provoca problemas de liquidez en el mercado intercambiario y que ha llevado a los bancos a orientarse hacia las inversiones más seguras.

3.5

En este contexto, el BCE ha intervenido dos veces y ha ofrecido globalmente una capacidad de financiación de un billón de euros al sector bancario a un tipo del 1 % con un vencimiento a tres años. Esta línea de crédito ha sido esencial para recuperar la confianza en el mercado intercambiario y mantener el volumen del crédito a la economía. No obstante, una parte importante de estos fondos se ha vuelto a depositar en el BCE y otra se ha destinado a comprar deuda pública. El CESE considera que el BCE debe crear un mecanismo para conocer el uso de estos fondos.

3.6

La necesidad de recapitalización de los bancos, estimada en más de 100 000 millones de euros por la Autoridad Bancaria Europea, cada vez es más urgente.

3.7

La concesión de crédito a empresas, en especial las pymes, a entidades y a particulares cada vez es más estricta. Además, los bancos examinan de manera minuciosa los riesgos asociados, por lo que aumentan los gastos de esta financiación. Al mismo tiempo, la alternativa de la financiación de las empresas por los mercados financieros resulta cada vez más difícil. Esta situación, asociada a las políticas de austeridad, contribuye a unas previsiones de crecimiento débil o nulo, salvo contadas excepciones, para 2012 en el conjunto de la Unión Europea.

4.1

A este respecto, es necesario recordar la crisis de las hipotecas de alto riesgo: las señales premonitorias del inicio de esta crisis deberían haber alertado a las autoridades de control. Nadie dudaba de la rentabilidad de una inversión que ofrecía beneficios a los bancos y a sus clientes. Sin embargo, la FDIC (Federal Deposits Insurance Corporation) había alertado sobre el peligro de estos productos. Pero la Reserva Federal (FED) no adoptó ninguna medida entre 2002 y 2006.

4.2

La quiebra del banco Lehman Brothers habría podido evitarse si los supervisores se hubieran dado cuenta a tiempo de los graves problemas de liquidez que padecía esta entidad. Asimismo, el peligro que representaba un crédito hipotecario concedido por el 100 % del valor de la garantía y revendido en «paquetes» por intermediarios financieros escapó al control. Para evitar nuevas crisis, hay que establecer medidas de responsabilidad personal de los dirigentes de las entidades financieras por falta de supervisión adecuada.

4.3

Si bien es cierto que la crisis explotó debido a productos demasiado complejos, llamados ‧tóxicos‧, también es cierto que los supervisores podrían haber prohibido su creación, e incluso la circulación, con arreglo a las normas existentes.

Las nuevas normas no podrán garantizar con una certeza absoluta que se evitará una nueva crisis, si las autoridades de control no disponen de medios suficientes para ejercer su misión y si los controles internos siguen siendo ineficaces.

4.4

Frente a la liberalización de los mercados financieros, los gobiernos deben respetar los compromisos de cooperación a nivel internacional para evitar zonas con reglamentaciones diferentes.

4.5

Una nueva reglamentación debería basarse en los siguientes principios:

4.6

Las instituciones de supervisión deben ser objeto de una evaluación periódica de su actividad por un organismo independiente compuesto por expertos que ya no ejerzan responsabilidades profesionales en el sector financiero. Esta evaluación debe destacar especialmente el impacto de sus decisiones en la gestión de los bancos.

5.1

Los bancos soportan actualmente una enorme presión ya que deben redefinir su modelo de empresa tras la aplicación de las nuevas regulaciones. Los efectos combinados de las normas vigentes y de una coyuntura financiera y económica difícil han generado:

5.2

Todo ello genera:

5.3

Las nuevas normas se aplican por igual a las grandes entidades bancarias y a las pequeñas. Pueden resultar inadecuadas en determinados países, por ejemplo, en los nuevos Estados miembros de Europa Central y Oriental, que registran una tasa de crecimiento elevada.

5.4

El mercado crediticio difiere de un Estado miembro a otro. En los países en que el crédito está insuficientemente desarrollado, un aumento demasiado rápido del nivel de endeudamiento puede crear una burbuja especulativa. Si las normas prudenciales se aplican a nivel europeo, las autoridades nacionales no podrán intervenir con la suficiente rapidez. Es necesario reforzar las competencias de la Autoridad Bancaria Europea para acompañar el movimiento de armonización.

5.5

Hay que tener en cuenta determinados modelos originales como los bancos cooperativos, que funcionan de manera sana y autónoma. La reforma que suponen las nuevas normas no podrá realizarse sin un período transitorio. Los bancos cooperativos son un componente esencial del desarrollo local, que actúan en interés de sus miembros, a la vez clientes depositantes y prestatarios: pymes, agricultores, ayuntamientos y muchos otros agentes locales.

5.6

Las grandes entidades buscarán inversiones poco arriesgadas y que aporten más beneficios; a ello hay que añadir el temor de una fiscalidad más gravosa y las pérdidas sobre la deuda soberana de determinados pasivos.

5.7

El proceso de consolidación probablemente se acelerará: las cajas de ahorros y los bancos cooperativos pueden contar con fuentes de financiación «autónomas», pero los bancos que deben acudir al mercado para refinanciarse se verán obligados a fusionarse entre ellos, con consecuencias negativas para las pymes y los consumidores. Determinados bancos han sido comprados y revendidos tras desmantelar su red local o regional. Ha habido una fuerte concentración bancaria nacional en los sectores cooperativo y mutualista, así como en las cajas de ahorros.

5.8

Una menor rentabilidad de los bancos, debida entre otras causas a un mayor coste de financiación, y los principios muy restrictivos que rigen la gestión de liquidez pueden provocar un alza de las comisiones bancarias y de los tipos de interés de los depósitos a plazo y de las cuentas de los clientes.

5.9

En el marco de las nuevas reglamentaciones, los bancos aceleran sus reestructuraciones y la utilización de las nuevas tecnologías (banca en línea, ventanilla virtual, utilización de los teléfonos inteligentes).

5.10

La evolución de los canales de distribución llevará en el futuro a una reducción de las redes de las agencias y a una contracción del empleo. La aplicación de la DRC IV provocará un aumento del empleo en servicios de TI y de gestión de riesgos de los bancos, en detrimento de otras actividades bancarias. Es necesario desarrollar un diálogo social de calidad en todos los niveles sobre los asuntos del empleo y la formación, con el fin de controlar bien la evolución actual.

6.1

El Parlamento Europeo adoptó el principio de un impuesto sobre las transacciones financieras y la Comisión estudia su aplicación, pero no hay consenso entre los Estados miembros y la actitud de las autoridades estadounidenses es negativa. El reducido porcentaje previsto no debería constituir una carga insoportable para los bancos ni un obstáculo para la competitividad a nivel mundial. Como se señala en dos dictámenes aprobados con anterioridad por el CESE (1), el objeto de este impuesto es, por un lado, aportar nuevos ingresos fiscales –en particular, destinados a financiar la ayuda al desarrollo– y, por otro, cambiar el comportamiento de los bancos para dar prioridad a la financiación de la economía a medio y largo plazo frente a las operaciones especulativas a muy corto plazo.

6.2

La separación entre las actividades de banca minorista y las de banca de financiación e inversión es objeto de un estudio, por iniciativa del Comisario Barnier, lo que supone poner en duda el modelo de banca universal. El debate gira en torno a una separación total, una limitación de las actividades de banca de inversión o la prohibición de que los bancos inviertan por cuenta propia. Algunos expertos critican esta idea y defienden que los bancos universales garantizan la profundidad y la liquidez de los mercados, así como una mejor financiación de la economía.

6.3

El marco de desarrollo del mundo financiero y del sector bancario ha cambiado en los últimos treinta años: la apertura de los mercados ha llevado a la globalización de las finanzas que, a su vez, ha contribuido al desarrollo y multiplicación de los paraísos fiscales y reglamentarios. La creciente competencia a escala mundial ha fomentado la aparición de nuevas entidades financieras, nuevos productos y servicios.

6.4

Los grandes grupos bancarios han demostrado las debilidades y los límites de un crecimiento que supera la posibilidad de una buena gobernanza. Tenderán a reducir su tamaño para ser más sólidos con una fluctuación de los beneficios menos pronunciada y más predecible, sin incentivos extravagantes. Van a concentrar sus actividades en su función de base, esto es, recibir depósitos y conceder créditos, a la vez que limitan la oferta de otros servicios; también van a restringir su expansión internacional y concentrar sus actividades en los mercados con mayor crecimiento, lo que frenará su rentabilidad.

6.5

Mediante las nuevas reglamentaciones, la concesión de primas y las prácticas de remuneración del personal de dirección estarán sujetas a mayores exigencias de responsabilidad y a controles más rigurosos.

6.6

La ampliación de la supervisión bancaria a todos los tipos de empresas financieras permitirá controlar la actividad de las entidades parabancarias (del tipo del sistema bancario en la sombra).

6.7

Es necesario establecer normas obligatorias de acceso a la profesión bancaria para permitir una selección del personal cuyas competencias permitan dar seguridad a los clientes y los inversores.

6.8

Cuando cesen las ayudas estatales e internacionales, motivadas por las crisis financieras, el sector en su conjunto evolucionará sin duda en función de la coyuntura y el desarrollo de las nuevas tecnologías, pero sobre todo siguiendo las estrategias propias de cada empresa bien gestionada. Los bancos tendrán ante sí la difícil labor de seguir siendo creíbles como prestamistas de la economía real a la vez que deben hacer frente a un aumento de los costes de financiación y una disminución de la rentabilidad.

4.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 299/12

—

acelerar el desarrollo de los conocimientos, la transferencia de tecnología y su adopción;

—

mantener el liderazgo industrial de la UE en las tecnologías energéticas hipocarbónicas;

—

impulsar la ciencia para transformar las tecnologías energéticas con el fin de alcanzar los objetivos sobre energía y cambio climático para 2020;

—

contribuir a la transición mundial hacia una economía hipocarbónica en 2050.

—

Las PTE reúnen a todas las partes interesadas: los centros de investigación y universidades, la industria (grandes empresas y pymes), suministradores de equipos, organizaciones sin ánimo de lucro y comerciales, asociaciones, autoridades públicas y sindicatos.

—

En la plataforma, las funciones y la jerarquía dentro del sector están claramente establecidos. Las partes interesadas comparte una visión común, una hoja de ruta y un plan de puesta en práctica.

—

Las PTE reciben una contribución y un apoyo sólidos de la industria, uno de los pilares fundamentales de la economía de la UE. Las PTE están impulsadas por la industria, lo que garantiza la pertinencia industrial de sus iniciativas. La contribución de las PTE no solo abarca las necesidades en investigación y tecnología, sino también la transferencia de tecnología.

—

Las PTE tienen una estructura de gestión sencilla y son flexibles, y permiten movilizar «fuerzas» y poner en común los recursos.

—

Los sectores industriales vinculados a las PTE tienen una posición fundamental en la cadena de valor: muchas innovaciones dependen de procesos de base (industrias manufacturera y de transformación, silvicultura y robótica, por ejemplo) y de los materiales (productos químicos, aceros, etc.). Por lo tanto, las innovaciones sobre los procesos y los materiales tienen un efecto catalizador para la innovación europea.

—

Las PTE ya están dando respuesta a ciertos retos de la sociedad. Cubren un ámbito que tiene gran repercusión en la sociedad por lo que se refiere al crecimiento y a los empleos cualificados. Las PTE dan respuesta a cuestiones políticas esenciales (bioeconomía y eficiencia de los recursos y materias primas, por ejemplo).

—

Algunas PTE, en todos los Estados miembros de la UE, cuentan con plataformas tecnológicas nacionales y regionales.

—

La enseñanza se considera un aspecto estratégico de las plataformas.

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Surgidos de las PTE existentes, ya existe un cierto número de instrumentos de aplicación (por ejemplo, las APP y los clusters).

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Las PTE deberían pensar de manera estratégica y evitar convertirse en un grupo de presión restringido y perder su razón de ser. Las PTE podrían verse perjudicadas por la duplicación o fragmentación excesiva de la actividad.

—

En algunos casos los grandes agentes del sector controlan la acción de las PTE.

—

No es fácil reconocer y atribuir a las PTE las innovaciones y aplicaciones finales:

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Son necesarios mayores esfuerzos para generar una perspectiva multisectorial que armonice los intereses de las partes interesadas y su interacción.

—

Las PTE deberían mejorar su política de comunicación y la difusión de los resultados.

—

Las PTE son clave para impulsar la «política industrial» de la UE. Las plataformas nacionales y regionales correspondientes reproducen la estructura de las PTE a nivel nacional, mejorando la coordinación y eficacia de las plataformas. Debería mejorarse la coordinación y armonización de los programas de I+I europeos, nacionales y regionales en cooperación con las PTE.

—

El papel de facilitador de soluciones de las PTE respecto de los retos de la sociedad adquirirá mayor relevancia a la luz de la estrategia reforzada de abordar la innovación además de la investigación.

—

Se han establecido prioridades para impulsar la innovación en los ámbitos público y privado: Recursos y eficiencia energética en la industria de transformación (SPIRE), APP sobre las bioindustrias, Cooperación de Innovación Europea sobre el Agua, sobre materias primas y sobre ciudades inteligentes (de manera conjunta con el Plan EETE y EMIRI).

—

Las PTE piden que se haga un mayor uso de las acciones de coordinación y apoyo para generar colaboraciones dentro de la cadena de valor e incrementar los esfuerzos de simplificación. Mejorar la cooperación internacional, atrayendo los mejores conocimientos mundiales para los procesos de explotación y comercialización dentro de la UE podría suponer una contribución significativa a la labor de las PTE.

—

Las PTE deberían vincular los instrumentos de la innovación impulsada por la demanda con las acciones de investigación complementarias para acelerar la adopción por el mercado.

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Las PTE podrían incrementar la sensibilización sobre la importancia de los diversos procesos manufactureros industriales para preservar la prosperidad y el bienestar en Europa.

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Debería mantenerse en el ámbito de las PTE una enseñanza y un aprendizaje y formación centrados en las personas.

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Las PTE denuncian una falta de recursos financieros para que funcionen las plataformas.

—

Las PTE podrían verse perjudicadas por el declive de la industria de la UE. La industria europea está perdiendo su posición de líder mundial; adolece de un bajo nivel de asunción de riesgos en términos generales y de falta de reconocimiento del espíritu empresarial, en comparación con otras partes del mundo.

—

Una aplicación más eficaz del proceso de simplificación del marco reglamentario de la UE (incluida la participación en los proyecto de la UE), un mayor esfuerzo para reducir la fragmentación y la competencia entre iniciativas institucionales, una mejor coordinación de las políticas y un incremento en el futuro de la visibilidad a nivel institucional podrían potenciar la eficacia de las PTE.

—

Los procesos de manufacturación y las actividades de I+I vinculadas a la actividad manufacturera están perdiendo su atractivo social para la población y, especialmente, los jóvenes. También es una consecuencia de la deslocalización de las actividades manufactureras fuera de Europa.

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reforzará la posición de la UE en el campo científico;

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reforzará el liderazgo industrial en innovación. Ello incluye inversiones de gran calado en tecnologías clave, un mayor acceso a la financiación y apoyo para las pymes;

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ayudará a dar una respuesta a las principales preocupaciones de todos los europeos sobre cuestiones como el cambio climático, el desarrollo de un transporte sostenible y la movilidad.

4.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 299/17

1.1

El mundo está sujeto a rápidos cambios geopolíticos. La posición dominante del mundo occidental es objeto de desafíos tanto económicos como políticos. Mientras los presupuestos de defensa en toda la Unión Europea están sufriendo recortes, los gastos de defensa de China, India, Brasil, Rusia y otros países están aumentando. Por lo tanto, el CESE pide al Consejo y a la Comisión que realicen una evaluación global de los aspectos determinantes de la posición de la UE y su papel en el mundo, que tenga como resultado una actualización convincente de las políticas exterior, de seguridad y de defensa europeas.

1.2

La política de defensa está configurada por los intereses estratégicos de los países, las amenazas percibidas y sus objetivos políticos, que en Europa se establecen mayoritariamente con criterios nacionales. Los planteamientos obsoletos conducen visiblemente a aumentar la fragmentación, las carencias, el exceso de capacidad y la falta de interoperabilidad de las capacidades de defensa europeas. Los argumentos a favor de introducir mejoras son aplastantes; es una cuestión de voluntad política. Esto ya se argumentó de manera convincente ¡en 1986! (1) La actual situación es mucho más acuciante en términos políticos, económicos y de defensa. El CESE exhorta al Consejo a trabajar en serio en un paraguas defensivo de la UE.

1.3

La política de seguridad y defensa debería potenciar la confianza de la UE y sus Estados miembros en sus propios medios. Debería inspirar confianza en la sociedad y en los ciudadanos, en unos soldados equipados adecuadamente, en las empresas y en los trabajadores del sector. Los ciudadanos de la UE tienen derecho a una protección adecuada. Es cada vez más necesario un armamento europeo con garantías de futuro. Para lograr dicho objetivo, las actuales prácticas aisladas de los Estados miembros resultan del todo insuficientes y malgastan el dinero de los contribuyentes.

1.4

De acuerdo con las políticas y prácticas actuales en Estados Unidos y otros países protagonistas (emergentes) del panorama mundial, y dada la exclusiva responsabilidad de los gobiernos para proteger a los ciudadanos y garantizar la seguridad, el CESE destaca la necesidad de definir los intereses estratégicos europeos en el marco de la política común de seguridad y defensa (PCSE) (2). A fin de cuentas, el triángulo formado por los asuntos exteriores y seguridad, la defensa y la capacidad industrial es indivisible, sirviendo de apoyo a la posición de Europa en el mundo, a sus intereses políticos y económicos y a sus valores (derechos humanos, democracia). El Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) debería estar directamente involucrado.

1.5

El CESE señala que, si Europa quiere mantener una industria de seguridad y defensa sólida creando una masa crítica para lograr mayor eficiencia y una mejor relación coste-eficacia, es necesario un cambio radical en la mentalidad y las políticas. Estas últimas deberán generar un futuro estable y predecible para las fuerzas armadas acorde con el peso económico y tecnológico de Europa. Habida cuenta de las grandes diferencias existentes entre Estados miembros, la responsabilidad principal en esta materia recae en los principales Estados miembros productores.

1.6

El CESE considera que hay argumentos sólidos para reforzar la planificación europea y el compromiso de coordinación:

1.7

Además de las medidas de la Agencia Europea de Defensa (AED) y del paquete de defensa de 2007 (3), el CESE aboga por una política industrial europea bien diseñada para el sector de la defensa, con sus características específicas de requisitos estatales y financiación pública. En el marco de la Estrategia Europa 2020, esta política industrial deberá estar basada en competencias nacionales y europeas compartidas –con la AED y la Comisión como socios de pleno derecho– así como en consultas con la industria de la defensa y otras partes interesadas, incluidos los agentes sociales y la necesidad de un diálogo social bien organizado.

1.8

Las políticas y la financiación de la UE deberían vincular las inversiones de la UE y las inversiones nacionales a fin de reducir la fragmentación y duplicación del gasto público, potenciando la calidad y la interoperabilidad.

1.9

Una I+D de vanguardia es crucial para el desarrollo de armamentos de «nueva generación», que son muy necesarios. La industria nunca podrá por sí sola asumir exclusivamente este tipo de I+D. La principal responsabilidad recae en los gobiernos, por lo que resulta muy vulnerable a los actuales recortes presupuestarios. El Consejo y las partes interesadas deberían establecer urgentemente e iniciar lo antes posible programas de investigación que ayuden a la industria europea a hacer frente a la dependencia no deseada con respecto a otros países. La tecnología de «doble uso» es una necesidad. El programa de I+D de la UE ha de desempeñar una función de apoyo, y ha de garantizar una cooperación transfronteriza eficaz en materia de I+D.

1.10

Debe planificarse en la medida de lo posible el refuerzo de la base tecnológica e industrial de la defensa europea. Para ello son necesarias medidas satisfactorias a nivel de la UE (4).

1.11

Es necesaria una mayor coordinación entre la Comisión, la AED y otras partes interesadas relevantes de la UE. Resulta muy oportuno el compromiso renovado del presidente Barroso (5), del vicepresidente Tajani y del comisario Barnier, así como la creación de la Task Force de Defensa. El CESE también acoge favorablemente la Resolución prospectiva del PE sobre la Defensa europea y la amplia gama de cuestiones en juego (6).

1.12

En el mismo espíritu y a fin de reforzar la iniciativa de la CE de crear una Task Force de Defensa, el CESE insta a la Comisión a que plantee públicamente estas cuestiones. Asimismo, la Comisión debería pensar en proporcionar elementos de respuesta adecuados a los resultados que emergen de las diferencias entre las capacidades industriales y tecnológicas de los Estados miembros, así como de las diferencias en los niveles de inversión en investigación y defensa en general.

2.1

El artículo 42 del Tratado de la Unión Europea establece que la política común de seguridad y defensa forma parte integrante de la política exterior y de seguridad común. El artículo 42(3) añade que los Estados miembros pondrán a disposición de la Unión, a efectos de la aplicación de dicha política, capacidades civiles y militares. Desde 2005 la Agencia Europea de Defensa (AED) viene trabajando para fortalecer la base industrial y tecnológica del sector de la defensa y dotar a los soldados de un mejor equipamiento. No obstante, los avances realizados son muy limitados.

2.2

La realización del mercado interior y una coordinación financiera eficaz son máximas prioridades en la actualidad. La estrategia Europa 2020 está prestando un fuerte apoyo a ambos objetivos. Este salto adelante también debería inspirar nuevos avances en la defensa europea.

2.3

No obstante, el sector de la defensa no está experimentando una evolución similar. El pacto militar celebrado entre Francia y el Reino Unido en 1998 parecía que iba a generar una nueva mentalidad y un nuevo punto de partida. Este mismo espíritu de cooperación más estrecha en materia de defensa se reflejó en la fundación de la Empresa Europea de la Defensa y el Espacio (EADS), en 2003, pero no se hizo lo necesario para lograr una mayor consolidación. Es significativo que, pese a las intenciones manifestadas previamente, los países LoI (grupo de países con una capacidad de producción importante, como Francia, Alemania, Reino Unido, Italia, España y Suecia) aún no hayan presentado propuestas viables de racionalización o consolidación.

2.4

El estancamiento ha conducido a enfoques nacionales y a un énfasis en la producción nacional. Se ha producido una cierta renacionalización. Todas las empresas industriales con sede en Europa se están centrando en los mercados de exportación, y no existe un planteamiento estratégico común, ni entre los gobiernos ni entre los socios industriales.

2.5

Mientras tanto, los mercados potenciales se verán cada vez más afectados por nuevos desafíos. El desarrollo de armamentos en las economías emergentes representa un enorme desafío. China, India, Brasil y Rusia (los países BRIC) lo están afrontando, seguidos por algunos países más pequeños. Se espera que el presupuesto de defensa de China pase de los 120 000 millones de euros actuales a 250 000 millones en 2015. Rusia ha anunciado un fuerte aumento de su presupuesto de defensa hasta 2015. Estados Unidos gasta más del doble del presupuesto total de la UE: 450 000 millones de euros, frente a 204 000 millones de euros en 2007, y el presupuesto europeo se está reduciendo cada vez más. El presupuesto total de I+D en la Unión Europea no supera el 20 % del estadounidense. El 50 % del presupuesto europeo de defensa se destina a personal, mientras que en EE.UU este porcentaje es del 25 %. Europa tiene más soldados, pero están mucho peor equipados. Las condiciones mundiales ya no serán nunca como antes, y el tiempo no está de nuestra parte.

2.6

En las últimas décadas, numerosos estudios han recomendado adaptar la industria de la defensa al mercado mundial. Todos ellos subrayan carencias duraderas, ya que los mercados de la defensa han demostrado ser muy imperfectos, al seguir apoyando la mayoría de los Estados a su «propia» industria. Los intentos por mejorar los mercados, como el paquete de defensa de 2007 de la UE, buscan superar algunas deficiencias de mercado y prácticas nacionales divergentes.

2.7

Las cuestiones en juego son complejas, debido en parte al larguísimo periodo que transcurre desde la fase de diseño hasta que los productos son operativos. Por lo tanto, el CESE considera que un amplio enfoque desde una perspectiva tecnológica, económica y social sería una manera más adecuada de debatir este ámbito que limitarse a examinarlo desde la perspectiva de la defensa.

2.8

Un punto clave es la divergencia de conceptos estratégicos entre los países que poseen una industria de armamentos importante, en particular en lo que se refiere a la definición de «interés esencial de seguridad nacional» y en la relación entre la seguridad nacional y los mercados de exportación. Algunos países más pequeños poseen una industria bastante bien desarrollada, mientras que otros carecen prácticamente de instalaciones de producción. Está claro que los planteamientos de todos los países difieren en función de sus necesidades y de su potencial, teniendo como resultado la fragmentación y una visión fragmentada de la industria de la defensa. Operaciones como la de Libia ponen claramente en evidencia las carencias cada vez mayores en los sistemas de armamento. Deberían reconocerse y evaluarse claramente sus consecuencias.

2.9

Esta evolución afecta tanto a las inversiones como al empleo. La industria de la defensa es un sector de alta tecnología que da empleo directo a 600 000 trabajadores cualificados, y empleo indirecto a otros dos millones. Existen presiones preocupantes para introducir más recortes. Con frecuencia las instalaciones de producción están concentradas en determinadas regiones, que podrían convertirse en centros de excelencia; no obstante, corren el peligro de verse afectadas por los recortes financieros. Estos emplazamientos sufrirán mucho si la reorganización y los recortes se producen de manera no programada ni estructurada.

2.10

El empleo actual también constituye, por supuesto, una preocupación importante para los distintos gobiernos, y a su vez puede frenar el desarrollo de una visión común tan necesaria para afrontar adecuadamente las consecuencias sociales de una industria de la defensa en declive, incluida la pérdida de know-how y sus efectos sobre el capital humano. En cambio, una visión común favorecerá una creación de empleo equilibrada y evitará el riesgo de que los investigadores y cuadros técnicos y científicos sumamente especializados emigren a terceros países, algo que iría en contra de los objetivos que la UE pretende conseguir con la Estrategia Europa 2020.

2.11

Los planteamientos de la UE y el marco intergubernamental pueden y deben trabajar en la misma perspectiva. Mientras prevalezca la soberanía nacional, los resultados de cualquier marco común tendrán frutos limitados, con escasas mejoras en lo que se refiere al exceso de capacidad, las duplicidades y la fragmentación. Son evidentes las contradicciones existentes entre la filosofía de la soberanía nacional, por una parte, y las necesidades financieras, tecnológicas, económicas y sociales, por otra.

2.12

Así pues, resulta preocupante que el objetivo de «poner en común y compartir», esto es, la organización de la interdependencia europea, no se haya planteado en términos de una estrategia común. Pese a que existe una amplia concienciación sobre la transformación del contexto internacional, la presión externa aparentemente no es aún lo bastante fuerte como para fomentar planteamientos y soluciones comunes. En cambio, y esto es bastante significativo, los países europeos aún quieren seguir siendo dependientes de EE.UU en materia de contratos de defensa, en lugar de hacer sus adquisiciones en Europa.

2.13

Si Europa quiere mantener una industria de seguridad y defensa sólida, capaz de desarrollar y producir sistemas de vanguardia, y por lo tanto de garantizar su propia seguridad, es necesario un cambio radical en la mentalidad y las políticas. Seguir esperando precipitaría una reducción de capacidades por debajo de niveles desde los que la UE podría recuperar su posición de vanguardia en ámbitos esenciales. Esta recuperación sería aún más difícil en la medida en que los recortes del gasto en I+D afectarían directamente a toda una generación de investigadores y trabajadores cualificados. Si Europa no tiene éxito, pueden desaparecer industrias, se perderá empleo y se esfumará el know-how, dejando a Europa a merced de otros países. Es necesario que aquellos que se preocupan por Europa y la seguridad europea sientan la necesidad urgente de actuar.

3.1

El Tratado de la Unión Europea destaca con razón el estrecho vínculo entre las políticas exterior, de seguridad y de defensa. Una política exterior eficaz ha de construirse sobre unas capacidades de defensa convincentes. A su vez, unas capacidades adecuadas de defensa han de diseñarse y desarrollarse teniendo en cuenta las amenazas percibidas y los objetivos acordados en un contexto internacional muy complicado y frágil.

3.2

El factor central es la posición y el papel de la UE en el mundo del mañana, teniendo en cuenta los rápidos cambios en la realidad geopolítica, donde surge un número cada vez mayor de protagonistas mundiales. Desde esa perspectiva, el CESE considera que ya es hora de un impulso concertado en Europa. La experiencia pasada y reciente demuestra que la continuidad de los enfoques tradicionales podría perjudicar la influencia de Europa y los Estados miembros.

3.3

El CESE solicita un futuro estable y predecible para las fuerzas armadas europeas acorde con el actual peso económico y tecnológico de Europa. El larguísimo plazo que transcurre desde el diseño de los sistemas hasta que son operativos refuerza la necesidad de tomar decisiones desde este mismo año.

3.4

Desde un punto de vista social y político, el CESE destaca cuatro aspectos importantes relativos a la necesidad de unas capacidades de defensa europea eficaces:

3.5

Actualmente se está debatiendo el futuro de la PCSD, aunque no suele plantearse en estos términos. Muchas cuestiones como la utilización de grupos de combate, la polémica sobre la implantación de un cuartel general operativo único, la financiación de las misiones de la UE correspondientes a la PCSD, cómo lograr contribuciones para dichas misiones y las exigencias de revisión de la estrategia europea de seguridad equivalen en la práctica a un debate sobre la PCSD aunque no se le llame así. Plantearlo de esta manera supondría un paso adelante. Además, en todas las deliberaciones relativas a estas importantes cuestiones, también deberían estudiarse las implicaciones de las decisiones (o de su ausencia) para la industria. Esto demostrará además la fuerte conexión existente entre las capacidades industriales y la aplicación de una PCSD. La principal responsabilidad recae en los gobiernos.

3.6

La relación transatlántica y la OTAN tienen una importancia vital. Durante mucho tiempo, los estadounidenses han criticado fuertemente la manera en que los europeos velan por sus obligaciones de defensa en el marco de la Alianza. A ambos lados del Atlántico se solicita continuamente la consolidación de un «pilar europeo» de la OTAN. Hasta ahora, ha venido sucediendo todo lo contrario.

3.7

La ausencia de un «pilar europeo» propiamente dicho tiene raíces políticas profundas. Aún no existe una voluntad política suficiente en Europa para definir los intereses «estratégicos» europeos ni las capacidades militares clave comunes. En cambio, EE.UU y otros países utilizan el concepto de actividades estratégicas, que incluye toda la investigación y la industria que contribuye a la seguridad global de sus ciudadanos, ya sea civil o militar.

3.8

En este contexto, el CESE considera que en la construcción de un «pilar europeo», la dependencia exagerada de las capacidades militares europeas con respecto a Estados Unidos debe sustituirse por una relación más equilibrada. Paralelamente al tan necesario debate sobre los intereses estratégicos europeos comunes, que es responsabilidad exclusiva de los gobiernos, debería iniciarse lo antes posible una planificación ordenada mediante la cooperación entre las instituciones europeas, los Estados miembros y las industrias de la defensa, así como una revisión progresiva de los hábitos de los Estados miembros de adquirir automáticamente material ya comercializado en Estados Unidos.

3.9

Mejorar las condiciones de la cooperación industrial con las empresas de EE.UU en condiciones más equitativas será beneficioso tanto desde el punto de vista financiero como industrial.

4.1

Existe una estrecha relación entre la políticas exterior y de seguridad/defensa y las industrias de la defensa. A pesar de las privatizaciones, los gobiernos tienen una alta participación en la industria de la defensa como clientes, reguladores y proveedores de licencias de exportación.

4.2

Las industrias de la defensa tienen un importante margen de maniobra en los mercados de exportación. Esto se debe en parte a la privatización, y en parte a la incitación por los gobiernos: la crisis económica está convirtiendo a algunos ministerios de defensa en promotores declarados de las exportaciones. En cualquier caso, la crisis está obligando al sector de la defensa a considerar las exportaciones como un elemento central de su modelo de negocios. 2011 fue en términos generales un año muy rentable para las industrias europeas. Las empresas también tienen bastante éxito en el desarrollo de producción de «doble uso».

4.3

Protagonistas mundiales como China, India y Brasil tienen sus propias ambiciones en materia de política exterior, que se traducen en el aumento de los presupuestos de defensa. Actualmente esta situación crea supuestas oportunidades para las exportaciones europeas. ¿Cuánto tiempo va a durar esta situación? A la industria le va todavía razonablemente bien, pero sus resultados se basan en gran medida en inversiones realizadas hace 20 ó 25 años. Si se siguen reduciendo o se estancan las inversiones en este preciso momento, las consecuencias ya serían irreversibles en un futuro próximo.

4.4

Además, cabe esperar que las potencias emergentes empiecen a desarrollar su industria independientemente de las industrias de los países occidentales y que, más tarde, como futuros competidores de Europa en los mercados de terceros países, bloqueen con mayor frecuencia las importaciones procedentes de los países occidentales o las vinculen a determinadas condiciones.

4.5

Por el momento, en Europa no está previsto el inicio de ningún programa importante, lo que sin duda afectará al éxito de las exportaciones futuras. Además, desde hace ya algún tiempo, ningún país emergente importante ha exigido un nivel relevante de transferencia de tecnología y producción a su territorio.

4.6

Los contratos de exportación específicos se utilizarán con toda probabilidad para copiar tecnología de las industrias occidentales. En estos casos, una alternativa al bloqueo de las importaciones podría ser el establecimiento de instalaciones de producción (y desarrollo) en los países interesados. Actualmente no puede saberse con certeza en qué medida esta evolución afectará a las instalaciones y las oportunidades de trabajo en Europa. A más largo plazo, es probable que la posición de la industria europea se vea perjudicada por los gigantes emergentes. Potenciar la tecnología y la producción en estos países también afectará a los mercados de exportación europeos (potenciales) en otros terceros países. La competencia en productos y precios será cada vez más agresiva.

4.7

Debido al largo período de tiempo necesario desde la fase de desarrollo a la de producción, así como a las inversiones tecnológicas y la innovación continua, Europa requiere una coordinación específica a fin de garantizar una industria de la defensa moderna y segura de sí misma. Mientras las dimensiones del mercado vengan determinadas sobre todo por las fronteras nacionales, dicho mercado estará casi siempre por debajo de la masa crítica, incluso en los grandes Estados miembros. Las exportaciones a terceros países pueden mitigar esta situación hasta cierto punto, pero el futuro es incierto y las condiciones de mercado distan a menudo de ser estables.

4.8

La reducción continuada de los presupuestos, que en las actuales circunstancias implica unas limitaciones importantes, debería servir de señal de alarma. Esta reducción afecta sin duda a los presupuestos de inversión y contratación en un momento en que los costes operativos y de mantenimiento siguen estando en el mismo nivel o aumentan debido a las operaciones militares en curso (Afganistán, Libia, operaciones contra la piratería, por mencionar algunas).

4.9

Esto tiene como resultado el aplazamiento o incluso la cancelación de inversiones indispensables para la industria a fin de garantizar el mantenimiento y la renovación de las capacidades de producción y desarrollo. Además, en tiempos difíciles la propia industria estará menos dispuesta a invertir en dicho mantenimiento o en nuevas actividades. Solo trabajando juntos de manera coherente podrán garantizarse las inversiones necesarias.

4.10

El CESE aboga por una política industrial europea bien diseñada para el sector de la defensa, que vaya desde el diseño de los sistemas hasta la fase operativa. Esta es una cuestión de política industrial específica. Por su propia naturaleza, se trata de un mercado público: la I+D ha de financiarse más allá del capital inicial, debido a que los márgenes no son rentables al principio y a los requisitos específicos de los gobiernos. Es necesario determinar las capacidades industriales clave europeas y las políticas de inversión para fomentar una producción europea sólida. Puesto que ningún país cuenta con recursos suficientes para financiar armamentos «de nueva generación», es necesario combinar los objetivos nacionales con los europeos, y los recursos nacionales con los europeos, tanto desde el punto de vista financiero como industrial. La gobernanza debería basarse en competencias nacionales y de la UE compartidas, conforme a lo acordado en la estrategia Europa 2020. Esta es también una etiqueta eficaz para optimizar la coordinación entre las instituciones europeas y dentro de la Comisión y que todavía funciona muy por debajo de sus posibilidades. En este contexto, la Task Force que empezará a funcionar dentro de poco como una plataforma –Comisión, AED, SEAE– para estudiar las prioridades, capacidades y carencias, puede prestar un apoyo valioso.

4.11

La I+D es un tema central. La industria de la defensa realiza una actividad industrial de alta tecnología y con gran intensidad de conocimientos, que también será necesaria para el desarrollo completo de prototipos. La I+D no es casi nunca una cuestión exclusiva de la industria. El período de desarrollo y los ciclos de vida de los sistemas son sencillamente demasiado largos, y el impacto financiero es demasiado grande para que la industria corra con todos los riesgos financieros. La historia demuestra que todos los programas exitosos se desarrollan conjuntamente por los gobiernos y la industria.

4.12

Un porcentaje muy elevado de la I+D de defensa en el mundo procede de los gobiernos, ya sea directamente o indirectamente mediante adquisiciones. Por lo tanto, no resulta sorprendente que las industrias de la defensa estén evitando por lo general los riesgos financieros excesivos, dada la naturaleza de los productos. La I+D de la defensa es especialmente vulnerable a los recortes de los gobiernos.

4.13

Por lo tanto, además de la consolidación industrial, la investigación, la tecnología y el desarrollo requieren que los Estados miembros acuerden una financiación suficiente y una puesta en común de los recursos. Las inversiones en materia de defensa exigen un alto grado de financiación para I+D y proyectos tecnológicos. Además, deberá garantizarse el acceso a las tecnologías vitales. Si no pudiera accederse a estas tecnologías vitales para el desarrollo y la producción debido a restricciones a las exportaciones impuestas por otros, surgirían graves problemas para lograr los objetivos europeos de seguridad.

4.14

La I+D desarrollada al margen de las organizaciones de defensa juega un papel cada vez más importante, debido a los avances científicos y tecnológicos independientes en muchos ámbitos. A menudo solo en las fases finales del desarrollo es la aplicación última la que determina si la I+D puede considerarse como «de defensa» o «civil». La I+D de «doble uso» es cada vez más importante para las aplicaciones de defensa, como, por ejemplo en TI. Por lo tanto, es de vital importancia para la base tecnológica e industrial de la defensa europea (EDTIB) incentivar la «I+D» de doble uso, sobre todo porque permite la financiación desde el exterior de las comunidades de defensa.

4.15

La financiación pública de I+D a nivel de la UE debería acordarse entre los Estados miembros. Puede realizarse a través del próximo octavo Programa Marco (PM8) o de un fondo independiente, preferentemente mediante paquetes de ámbitos de investigación avanzada, como por ejemplo la nanotecnología y la inteligencia artificial. Deberán planificarse procedimientos especiales, habida cuenta de la relación entre la industria de la defensa y el sector público.

4.16

La AED y la Comisión deberían tener un papel prominente, como se prevé en el marco europeo de cooperación, entre otras cosas para evitar interferencias políticas cotidianas. La AED debería tener la oportunidad de desempeñar plenamente el papel que le confiere el Tratado de Lisboa (7).

4.17

Una mano de obra adecuada con cualificaciones actualizadas es indispensable para un programa industrial y de I+D de la defensa (8). Este es otro argumento de peso a favor de un marco estable para la I+D y la industria en vez de una reestructuración desordenada. Hay que tener en cuenta que los trabajadores del sector de la defensa son la base sobre la que se construye el futuro de las capacidades de defensa. La consulta de la industria, los institutos de I+D, la educación superior, las organizaciones militares y los sindicatos interesados, así como la comunicación con todos ellos, deberán ayudar a garantizar la organización adecuada de la reestructuración en curso y de la producción de armamentos con miras al futuro en Europa.

4.18

Las restricciones presupuestarias hacen necesario evitar los solapamientos y la ineficacia. Una consolidación controlada no equivale necesariamente a crear grandes empresas. Significa generar una masa crítica y una calidad suficientes con arreglo a las normas internacionales que garanticen una posición competitiva en los mercados interiores y en los terceros países. Es cada vez más necesario coordinar la planificación de los proyectos a nivel europeo por parte de los gobiernos, las partes interesadas relevantes de la UE y la industria.

4.19

Las diferencias de tamaño y de producción de las industrias son una realidad. Existen grandes diferencias en la importancia industrial de los Estados miembros. Un acuerdo entre los países participantes debería consistir en parte en garantizar que las industrias de países no LoI (=productores principales) estén vinculadas a proyectos relevantes. Este enfoque no solo es deseable desde el punto de vista político, sino que además fomenta una relación fructífera entre empresas grandes y pequeñas, así como con los institutos de investigación. Las pymes deberían contribuir con éxito como proveedoras a las cadenas de especialización inteligentes.

4.20

Es necesario prestar especial atención a la vulnerabilidad percibida en los países de Europa central debido a su delicada posición geográfica. En vista de la necesidad de hacer que los ciudadanos de estos países se sientan adecuadamente protegidos y de la conveniencia de aprovechar plenamente los conocimientos técnicos específicos en el ámbito de la defensa, el CESE destaca la necesidad de integrar adecuadamente los conocimientos y competencias disponibles en los países de Europa central en los proyectos de defensa actuales y futuros.

4.21

Un mercado europeo integrado de productos para la defensa generaría un mercado interior más estable. Además de combinar los mercados nacionales existentes, un mercado europeo alentaría la armonización e incluso la normalización de los requisitos y las normas de contratación entre los distintos Estados miembros. Una mayor armonización o normalización mejoraría las condiciones económicas y financieras potenciando la competitividad de las empresas europeas en un mercado global.

4.22

Un mercado europeo de la defensa tendría una masa crítica suficiente. En este contexto, el CESE señala las consecuencias negativas de que los Estados miembros sigan adquiriendo productos ya comercializados en terceros países, en particular en Estados Unidos. En primer lugar, neutraliza las ventajas de un mercado europeo de la industria; en consecuencia, los precios de esos productos de la defensa aumentarían para sus clientes europeos si se impidiera a la industria vender en mercados de terceros países donde la competencia (entre estados) será sin duda cada vez mayor. En segundo lugar, los países europeos que hacen sus adquisiciones en EE.UU pagan los costes de la tecnología americana, que están incluidos en el precio de esos productos.

4.23

Habida cuenta de las perspectivas políticas financieras e internacionales, es indispensable celebrar un debate fundamental a nivel europeo y extraer conclusiones operativas. En caso de que algunos Estados miembros no deseen participar en un marco común, debería prevalecer el principio de la «cooperación reforzada». Solo podrá lograrse un mercado de dimensiones comparables a las del estadounidense con una mayor integración y una actitud favorable a la adquisición de productos europeos. Sin un mercado interior efectivo, hay motivos para dudar seriamente de las posibilidades de la industria europea para competir a nivel mundial.

5.1

El panorama industrial de las distintas fuerzas armadas -tierra, mar y aire- presenta diferencias significativas entre los distintos países. Existe una serie de ámbitos en los que se considera que ningún país puede seguir desarrollando por sí solo nuevas generaciones de armamento.

5.2

En el ejército de tierra solo un número limitado de grandes empresas integradoras de sistemas puede desarrollar y producir tanques de combate (Main Battle Tanks, MBT) y vehículos militares más ligeros. Los principales productores europeos son Francia, Alemania y Reino Unido. Existe una amplia gama de fabricantes de subsistemas y proveedores de tercer nivel con pocos representantes de Europa Central.

5.3

Muchos países desarrollan su «propia» industria naval, construyendo buques cuyas dimensiones y complejidad varían mucho de un país a otro. Los países LoI y los Países Bajos también son líderes en las actividades de concepción y en complejas instalaciones de investigación naval que son muy diferentes de las utilizadas para el desarrollo de la construcción de embarcaciones de uso civil. También en este ámbito existe una amplia gama de fabricantes de subsistemas y proveedores de tercera fila.

5.4

Los aviones militares solo se desarrollan y producen en unos pocos países. Esta industria se concentra en un número reducido de empresas, en su mayoría multinacionales, que operan a nivel europeo y fuera de Europa. Las principales empresas son EADS, BAE-Systems, Dassault y Saab-Aircraft. La investigación en aerodinámica avanzada también se limita a unos pocos países.

5.5

El sector de la electrónica, que incluye mando, comunicación y control, tiene una importancia creciente para la defensa y cuenta con importantes fabricantes como Thales, BAE-Systems y Finmeccanica. Los mayores grupos industriales de electrónica europeos, como Philips y Siemens, tienen una participación menos importante en el sector de la defensa. En cualquier caso, para estos grupos el volumen de producción necesario para la producción en serie rentable de componentes electrónicos específicos como los circuitos integrados para la defensa es muy pequeño. No obstante, la participación de estos grandes grupos industriales subraya la importancia del doble uso en este ámbito.

5.6

En lo que se refiere a municiones y explosivos, el número de industrias se ha reducido gradualmente en las últimas décadas, debido en parte a las restricciones medioambientales. La seguridad pública ha obligado a estas industrias o bien a trasladar sus antiguos centros de producción o simplemente a cerrarlos.

5.7

El acceso a las tecnologías vitales es fundamental, y debería apoyarse en el marco de una PCSD. Lo mismo puede decirse de determinados materiales como las fibras de carbono o los materiales para los componentes electrónicos.

5.8

El paquete de defensa de 2007, adoptado en 2009, puede servir de apoyo en este ámbito. Los Estados miembros deberían haber incorporado las directivas en el verano de 2011. Aún es demasiado pronto para mostrarse satisfechos o escépticos sobre sus efectos inmediatos en la creación de un mercado interior. El proceso aún no ha terminado, y queda por ver la aplicación del objetivo de transferencia intercomunitaria de productos de la defensa, así como conceptos tales como el de intereses esenciales de seguridad nacional.

5.9

El artículo 346 del TFUE prevé una excepción en la legislación de la UE en materia de contratación, a fin de proteger los intereses esenciales de seguridad nacional. Esta formulación tan general puede impedir una evolución adecuada del mercado, sobre todo en las tan deseables cadenas de suministro. El CESE aboga por una interpretación más concreta del artículo 346 que genere oportunidades suficientes para soluciones europeas y cadenas europeas de suministro óptimas, fomentando la seguridad del suministro, las especialidades disponibles en los Estados miembros y una buena relación calidad-precio.

5.10

La seguridad de la información nacional plantea problemas similares a los mencionados en el punto 5.9 y también debe revisarse. También es una cuestión importante y delicada para la participación de las industrias europeas en proyectos de defensa en Estados Unidos.

5.11

«El intercambio y la puesta en común», incluidos los programas de formación comunes, deberían constituir un programa para el futuro. Una condición básica es que las meras palabras se sustituyan por una planificación concreta y un enfoque específico con medidas claramente determinadas. No obstante, mientras no exista un acuerdo sobre las doctrinas de defensa resultará muy difícil que «el intercambio y la puesta en común» se produzca de forma viable.

4.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 299/24

—

incluir a los hombres en el debate y la comunicación;

—

la supresión de los estereotipos de género, sobre todo en la educación y en las carreras profesionales;

—

la promoción de estudios académicos que puedan conducir a nuevos tipos de empresas start-up para mujeres;

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la garantía de un acceso equitativo a la financiación y a los recursos en igualdad de condiciones; y

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la mejora de la protección social para los trabajadores por cuenta propia.

—

La Red Europea de Mentores para Mujeres Empresarias, que se inauguró en un acto celebrado el 15 de noviembre de 2011 bajo la Presidencia polaca. Esta red es una de las medidas propuestas en la revisión de la Small Business Act de 2011; aplica y completa las medidas dirigidas a impulsar, apoyar y alentar el empresariado femenino.

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La Red Europea de responsables políticos para la promoción del espíritu empresarial femenino (WES).

—

El portal para el espíritu empresarial de la mujer (6).

—

suprimir toda discriminación y acoso ilícitos por razones de sexo

—

promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.

5.1.3.1

Crear una oficina de mujeres europeas propietarias de empresas en la Comisión Europea y en los ministerios competentes de los Estados miembros. Preferiblemente no deberían localizarse en ministerios de igualdad de oportunidades, al objeto de distinguir claramente entre actividades económicas empresariales y responsabilidades de igualdad de género. Deberían tener un mandato claro, con objetivos y recursos específicos. Actualmente, en la DG Empresa, solo una de las 900 personas de su plantilla se dedica exclusivamente al empresariado femenino en Europa.

5.1.3.2

Nombrar un Director/Delegado o Representante de alto nivel del empresariado femenino en la Comisión Europea y en los ministerios que se ocupan de las empresas en los Estados miembros, con una función transversal de sensibilización sobre los beneficios económicos que se obtienen alentando a un mayor número de mujeres a crear y desarrollar empresas. Deberán fijarse calendarios para estos órganos (entre cuatro y diez años, dependiendo de la economía y de la estructura de financiación), que habrán de tener un mandato muy claro con objetivos específicos y asunción de responsabilidades. El cargo de Director/Delegado o Representante de alto nivel de las empresas femeninas podría también tener la responsabilidad de promover aquellas trayectorias académicas o laborales que favorecen el empresariado femenino, como la investigación, la ciencia, la alta tecnología, la venta directa y las actividades en línea/desarrollo de TI.

5.1.3.3

Recopilar datos esenciales que permitan medir y cuantificar la asignación de recursos para mujeres emprendedoras, que es un elemento clave de discriminación de la mujer en el mundo empresarial, especialmente en las fases de puesta en marcha de una empresa. Apoyar la actualización anual de las políticas y la investigación sobre las empresas femeninas en las regiones europeas. Mejorar la recogida y el acceso a datos desglosados por género en los ministerios y las agencias. Es esencial que la DG Empresa y los Ministerios de Desarrollo Económico en los Estados miembros lleven a cabo una evaluación de impacto de género recopilando datos relevantes que incluyan el número de mujeres empresarias, el número de empresas que son propiedad de mujeres, el número de empleados en esas empresas y la asignación de recursos a estas empresas y empresarias. Es importante reconocer que países como Australia, Canadá y EEUU han conseguido aumentar los niveles de actividad empresarial femenina gracias a la recopilación y el análisis de estos datos.

5.1.3.4

Aplicar la legislación vigente en el ámbito de la igualdad entre mujeres y hombres. Datos recientes indican que el desempleo femenino en Europa está en su nivel más alto de los últimos 23 años. También se dan niveles récord de jóvenes, entre ellos muchas mujeres con titulación universitaria, que no participan en la actividad económica. La diferencia salarial entre hombres y mujeres sigue existiendo, y se echa en falta la representación femenina en los procesos de toma de decisiones en toda Europa. Es esencial que la UE y los Estados miembros cumplan sus obligaciones en materia de género desglosando las informaciones por género, sobre todo en la recopilación de datos y en lo que se refiere a la asignación de recursos.

5.2.1.1

Que, como todas las actividades relacionadas con la promoción del empresariado femenino y de las empresas propiedad de mujeres generan beneficios económicos y sociales para todos, habría que alentar a los hombres a que participen en este debate y reconozcan el valor añadido de la promoción de las actividades realizadas por mujeres en calidad de empresarias. Las correspondientes comunicaciones, redes y formaciones deberían incluir a ambos sexos y la protección social debería también garantizar la igualdad de trato para todos en la sociedad.

5.2.1.2

Garantizar la posibilidad de acceso a la iniciativa empresarial a todos los ciudadanos suprimiendo en todos los niveles educativos los estereotipos de género en relación con los empresarios y cuidando el lenguaje y los términos utilizados para describir a los empresarios. Al mismo tiempo, garantizar que el apoyo actual a las empresas a nivel universitario y de perfeccionamiento profesional sea atractivo y útil para las mujeres jóvenes y contribuya a reducir la diferencia entre el número de mujeres y hombres jóvenes que deciden crear una empresa.

5.2.1.3

Promover carreras tradicionales y no tradicionales para las mujeres de todas las edades de una manera neutra desde el punto de vista del género. Europa tiene muchas mujeres altamente cualificadas con titulación superior, muchas de ellas actualmente desempleadas como consecuencia de la crisis, que tal vez ni siquiera han contemplado la posibilidad de tener su propia empresa.

5.2.1.4

Crear centros dedicados al empresariado femenino que faciliten información esencial sobre el desarrollo de las empresas, contactos con redes, intercambio de conocimientos, formación y mentorazgo. En algunos países de la UE estos centros no existen y en otros sucede con frecuencia que disponen de escasos recursos al estar integrados en asociaciones empresariales y cámaras de comercio. Sin embargo, cuando estos centros cuentan con recursos específicos pueden ser muy eficaces en la promoción del empresariado femenino. En Alemania se pueden observar muchos ejemplos de buenas prácticas.

5.2.1.5

Garantizar apoyo y acceso a la información, fondos y recursos para la investigación, la ciencia y la tecnología para las mujeres que deseen lanzar su propia empresa o desarrollar sus propias investigaciones o innovaciones.

5.2.1.6

Que las instituciones financieras revisen la divulgación de información sobre préstamos en relación con el género. Hay investigaciones que demuestran que los créditos otorgados a las mujeres son reducidos y a menudo con tipos de interés mucho más elevados que para los hombres (15).

5.2.1.7

Revisar las disposiciones en materia de seguridad social para todos los empresarios pero en particular los aspectos prácticos de estas disposiciones para las mujeres empresarias durante el embarazo y como madres y cuidadoras. El Plan de acción de la Comisión «El programa europeo en favor del espíritu empresarial» (16) subraya la necesidad de mejorar los sistemas de seguridad social, pero no va suficientemente lejos presentando propuestas pertinentes.

5.2.1.8

Pactar y aplicar a nivel de la UE un acuerdo de radiodifusión pública para alentar a los radiodifusores públicos de los Estados miembros a fijar objetivos que permitan una cobertura mediática equilibrada de las actividades empresariales desde el punto de vista del género, sacando a las mujeres de las «páginas femeninas» y situándolas en las de negocios. Diversos estudios muestran que la cobertura mediática puede influir de manera significativa y positiva en las percepciones y actitudes respecto de las mujeres empresarias. Una mayor cobertura mediática de las mujeres empresarias con éxito, como modelo a seguir, tendría un impacto mensurable en las actitudes sociales respecto de las mujeres empresarias.

4.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 299/29

1.1

El potencial de las mujeres que trabajan por cuenta propia o ajena en las áreas agrarias y rurales debe ser examinado, analizado y evaluado en todas las políticas de la UE y no penalizado por ninguna de ellas: esta es la condición necesaria para que las mujeres puedan ser artífices del desarrollo y la innovación, ayudando a todo el sector a superar la crisis.

1.2

En todas las legislaciones y programas de la UE hay que garantizar la igualdad de trato, la igualdad de oportunidades y la promoción de las condiciones de las mujeres gracias a una efectiva política de género, simplificando los procedimientos de acceso a los recursos y verificando periódicamente los resultados.

1.3

Las mujeres deben implicarse en los planes de desarrollo del sector a nivel territorial y regional, lo que supone que se les permita participar, así como manifestar sus necesidades, experiencias y proyectos (refuerzo de las capacidades).

1.4

La interacción de las universidades y centros de investigación con las mujeres interesadas debe analizar el potencial y las necesidades, facilitar instrumentos formativos y tecnológicos para sostener el desarrollo de empresas dirigidas por mujeres, y mejorar la calidad del trabajo y de vida de las mujeres empleadas en el sector agrario.

1.5

Las TIC (1) son fundamentales para desarrollar y mejorar la actividad femenina en la agricultura, siempre y cuando sean eficaces, bien distribuidas a lo largo del territorio, accesibles y poco costosas (banda ancha), lo que también puede generar empleo para técnicos de las TIC.

1.6

La constitución de redes de mujeres, facilitada por unas buenas TIC, desarrollará contactos, apoyará la participación y favorecerá las relaciones e intercambios de buenas prácticas entre las mujeres en la UE, en los países candidatos y en terceros países, que redundará en beneficio de la cooperación internacional y el comercio.

1.7

La formación debe dispensarse en función de las necesidades y el potencial de las mujeres interesadas, e incluso pueden confiarse a las propias mujeres formas innovadoras de divulgación (grupos de debate y autoformación, páginas de periódicos, intervenciones informativas en los centros de enseñanza, etc.).

1.8

Para que se organicen y participen desarrollando su potencial, es necesario contar con servicios eficientes accesibles y flexibles que permitan liberar el tiempo dedicado a la asistencia. Esto se refiere sobre todo a las cuestiones de sanidad, transporte, financiación, distribución, mercadotecnia, cuidado de ancianos y niños, así como en los sectores de los servicios sociales que garanticen la protección social de las mujeres que carecen de ella. También en este caso se crea trabajo inducido en los servicios implicados.

1.9

Todos los Estados miembros de la UE deberían promover el reconocimiento jurídico de los cónyuges colaboradores a efectos de protección social y sanitaria. Convendría definir a nivel de la UE un marco normativo para la titularidad compartida, eventualmente mediante un estatuto de la mujer del medio agrícola rural.

1.10

Las mujeres pueden contribuir a la sostenibilidad de la agricultura y del territorio si se les facilitan los instrumentos cognitivos y tecnológicos necesarios (tecnologías verdes, gestión y utilización eficaz de los recursos y producción de energía limpia). Para poner en marcha este tipo de empresas, innovadoras y sostenibles, cabe prever una vía rápida para un acceso simplificado a los recursos (especialmente los del segundo pilar de la PAC).

1.11

Las mujeres pueden ser el motor del relanzamiento de la artesanía, de los productos tradicionales de calidad y de los productos biológicos, gracias a una mayor interacción entre productoras y consumidoras que cabe estudiar y valorizar (como en el caso de las «cadenas cortas»).

1.12

La reforma de la PAC y las políticas de desarrollo rural deben contribuir a fomentar el trabajo y la actividad de las mujeres, en especial, mediante programas temáticos reservados a las mujeres (segundo pilar).

1.13

Los Estados miembros, regiones, administraciones locales e interlocutores sociales son corresponsables de fomentar el potencial de las mujeres que viven en un medio agrario y rural garantizando un entorno de legalidad y la creación de un marco jurídico adecuado que garantice el respeto del principio de igualdad y de representación paritaria en su estructura interna. Los ejemplos de los distintos Estados miembros deben servir de estímulo para que las mujeres estén adecuadamente representadas – tal como pide el Parlamento Europeo – en todos los entes políticos, económicos y sociales del sector agrario y del ámbito rural.

2.1

El potencial que representan las mujeres en la agricultura y en las zonas rurales está infravalorado: el informe PAC 2010 (2) solo hace referencia a las mujeres a través de las estadísticas de Eurostat, mientras que el Informe sobre el Desarrollo Rural de 2010 evoca de pasada la diferencia en las tasas de actividad (76 % en el caso de los hombres y 62 % en el de las mujeres (3)). Incluso en la interesante «Decisión del Consejo, de 20 de febrero de 2006, sobre las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural» (4), se cita a las mujeres solo en relación con la necesidad de fomentar su acceso al trabajo.

2.2

En cambio, el Parlamento Europeo, con la Resolución de 2011 sobre el «Papel de las mujeres en la agricultura y en las zonas rurales» (5), enumera de modo muy preciso los principales obstáculos que encuentran las mujeres e indica algunas pistas estratégicas para apoyarlas en su realidad social y económica. El CESE se reconoce en el análisis del PE y está de acuerdo con sus conclusiones, recordando una serie de sus propios dictámenes (6).

2.3

El CESE valora positivamente la propuesta de Reglamento de la Comisión con las disposiciones comunes sobre los Fondos Estructurales y los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión (7) que la acompañan, así como la Comunicación sobre la cooperación de innovación europea «Productividad y sostenibilidad agrícolas» (8): estos textos contienen elementos interesantes que hacen confiar en una mejor atención institucional a los temas de género y desea que propicie decisiones apropiadas por parte del Consejo.

2.4

El CESE expresa su reconocimiento por las actividades de las organizaciones de mujeres rurales y otras redes comparables existentes en una serie de Estados miembros. Algunas de ellas son independientes y otras están integradas en las organizaciones de agricultores. Existen asimismo organizaciones de jóvenes del medio rural que demuestran un compromiso considerable con la igualdad de género. Estas organizaciones contribuyen a que muchas mujeres adquieran cualificaciones y se motiven para asumir un mayor compromiso empresarial, social, profesional y político. Debe atribuírseles igualmente gran parte de los progresos alcanzados hasta la fecha, por ejemplo en lo relativo a la protección social de las familias de agricultores. En la actualidad, en algunas organizaciones de agricultores -dominadas tradicionalmente por los hombres–, las mujeres ejercen mucha influencia y son muy activas (9). Este tipo de casos deberían servir de modelo en todos los Estados miembros.

2.5

Paralelamente a los documentos mencionados, el presente dictamen se propone identificar algunos criterios y medidas que puedan ayudar a las mujeres a liberar su potencial de trabajadoras y empresarias, asumiendo un papel innovador para un desarrollo sostenible y un empleo de calidad. Identificar mejor el potencial y las necesidades del componente femenino del trabajo y del empresariado en el sector agrario y rural puede mejorar la producción, cualificarla, darle una dimensión estratégica, diversificarla y desarrollar mejor la coherencia entre la PAC y las políticas de desarrollo rural y de cohesión territorial.

3.1

Las sucesivas reformas de la PAC han difuminado los límites conceptuales entre economía agraria, economía rural y gestión/valorización del territorio, lo que ha ampliado el campo de estudio (10) en el que cabe analizar los problemas que encuentran las mujeres, pero también impone la necesidad de disponer de datos precisos, desglosados y cualitativos, redoblando el esfuerzo ya efectuado por Eurostat. La Resolución del PE de 2011 afirma que las personas empleadas regularmente en la agricultura son 26,7 millones, de las que el 42 % (o sea, 11,2 millones) son mujeres, incluyendo todas las actividades agrarias y rurales en las que las personas trabajan (aunque, frecuentemente, ese no es el único ni el principal empleo). Eurostat, en cambio, mide el empleo agrario sobre la base de las unidades de trabajo agrícola (annual working units), lo que reduce el número total de los hombres y mujeres que operan en el sector a 11,1 millones en 2010 (para actividades agrarias, forestales, cinegéticas y pesqueras) y, en consecuencia, reduce el de las mujeres a cerca de 4,7 millones (11).

3.2

Este recurso a la metodología estadística pone de relieve que el problema es importante no por las cantidades en juego, sino por el carácter estratégico del sector agrario y rural en su interacción con los contextos urbanos y periurbanos y su desarrollo sostenible (medioambiental y social). Por consiguiente, la situación de las mujeres en la agricultura y en las zonas rurales se considerará a la luz de dos aspectos: el elevado nivel de las normas de producción de la agricultura europea y el potencial que las mujeres representan y que puede liberarse con recursos limitados pero utilizados de modo eficiente y puntual. Habrá que tener presente que aún estamos en un período de fuerte crisis que plantea dificultades – pero también brinda oportunidades – para las mujeres que viven y trabajan en zonas agrarias y rurales.

4.1

Recientes datos sobre la situación agraria y rural indican que, tras una caída de la producción y del empleo a consecuencia de la ralentización del consumo y de las exportaciones, el sector ha vuelto a crecer, con un aumento de la renta. El mercado interno, en particular, parece decantarse por la calidad y sostenibilidad: por ejemplo, los consumidores se inclinan cada vez más por la adquisición de productos locales (la distribución llamada «cero kilómetros» o cadena de suministro corta (12)) o biológicos.

4.2

En el plano del empleo, entre 2007 y 2008 se perdieron cerca de 900 000 puestos de trabajo en la agricultura, mientras que entre 2008 y 2009, el saldo fue de 200 000 unidades de trabajo agrícola (13). Por consiguiente, la tendencia negativa del empleo podría establecerse en valores que reflejan una disminución fisiológica de los empleados debido a la racionalización de las empresas, con reducciones de la mano de obra no cualificada en beneficio de la mano de obra más profesionalizada.

4.3

A pesar de estos elementos de esperanza, aún no hemos salido de la crisis ni han mejorado las condiciones de las mujeres: gran parte de la producción agraria sigue utilizando de modo informal la mano de obra femenina, que ya padece grandes desventajas en el trabajo tanto a tiempo completo (el 26 % de las mujeres frente al 52 % de los hombres) como a tiempo parcial (el 9,7 % de los hombres frente al 11,8 % de las mujeres) (14); además de estos datos, se registra trabajo temporal (el cual representa un porcentaje enorme de trabajadores frente a una reducción porcentual de trabajadores a tiempo indefinido), trabajo informal e ilegal, lo que supone una amplia realidad invisible o problemática sin cuantificar; a este respecto convendría intervenir promoviendo el afloramiento del trabajo oculto y, en la medida de lo posible, la estabilización del trabajo femenino.

4.3.1

Sumamente preocupante es la condición de las inmigrantes (tanto intracomunitarias como extracomunitarias), a las que suelen negarse los derechos más elementales, empezando con el pago atrasado de los salarios o con reducciones injustificadas e injustificables. Esta situación ha empeorado desde el inicio de la crisis y no puede justificarse por las dificultades para la concesión de créditos a las pequeñas empresas agrarias y de transformación; son muchos los casos de trabajadoras que se han visto obligadas a regresar a su país de origen sin haber cobrado o se han encontrado a merced de explotadores, criminales y traficantes de mano de obra que, por desgracia, aún no son penalmente condenables en algunos países de la UE.

4.3.2

La dispersión territorial de las explotaciones agrarias y las reducidas dimensiones de muchas de ellas complican los controles de las condiciones laborales. Sin embargo, una gestión atenta por parte de las administraciones locales, junto con los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil, puede ser el punto de partida para combatir irregularidades y delitos, garantizando los derechos y la seguridad de todos.

5.1

La dimensión cualitativa de la producción agraria es un aspecto importante del trabajo de las mujeres, ya sea como productoras, como cónyuges colaboradoras, como consumidoras o como transmisoras de tradiciones, creatividad y comportamientos genuinos. Para valorizar esta realidad, es necesario adoptar decisiones concertadas sobre el territorio.

5.2

El desarrollo y la aplicación de técnicas productivas avanzadas, así como la investigación, la orientación profesional y la formación exigen que los centros de investigación y las universidades interactúen con las áreas agrarias y rurales, incluyendo en sus estudios las necesidades reales de las mujeres y el análisis de su potencial.

5.3

Suele considerarse que todo problema de mejora cualitativa y de promoción de la competitividad puede resolverse facilitando algún tipo de formación. Ello puede dar lugar a una proliferación cuantitativa, pero no cualitativa y específica, que no suele responder adecuadamente a las necesidades concretas de la economía y de los agentes sociales interesados, ni a estrategias conjuntas de desarrollo sostenible. Para crecer, la situación agraria y rural necesita trabajadoras y empresarias preparadas, pero la formación por sí sola no supone una recualificación inmediata del trabajo, la actividad y la vida, si faltan estructuras y servicios y si no se crean puestos de trabajo sostenibles y de calidad.

6.1

Cualquier intervención en materia de formación, prestación de servicios o racionalización debe partir del análisis de las condiciones concretas y de la disponibilidad de las mujeres que viven y trabajan en el medio agrario y rural. Ello implica un atento análisis del territorio, de su potencial y de las expectativas de las personas, que debe llevarse a cabo con la participación activa de las mujeres interesadas. La participación es una dinámica que responsabiliza a las autoridades nacionales, regionales y locales, así como a las organizaciones socioprofesionales. Las posibilidades totales de un territorio pueden aumentar si se explota el potencial de las mujeres que viven en el mismo. Con programas puntuales y eficaces para desarrollar la innovación, el espíritu empresarial y el trabajo femenino, se pueden crear puestos de trabajo (especialmente para los jóvenes), frenando y, a veces, también invirtiendo la tendencia al despoblamiento del campo.

6.1.1

Universidad y territorio deben interactuar en el análisis de este potencial: los centros de investigación deben participar en la concepción y evaluación de los planes de desarrollo. Ello impone la necesidad de garantizar relaciones eficaces, a través de TIC avanzadas y accesibles, entre las universidades y las mujeres para llevar a cabo estudios detallados y probarlos sobre el terreno (15).

6.1.2

Los planes de desarrollo territorial deberían contemplar acciones específicas de formación dirigidas a las trabajadoras, cónyuges colaboradoras y empresarias, valorizando su capacidad para adaptarse e innovar, así como para transmitir conocimientos y comportamientos. Habría que animar a las mujeres que han recibido una formación a transmitirla a las otras mediante instrumentos formales (cooperativas, estructuras participativas en las decisiones de los entes locales, grupos de acción en el marco del desarrollo rural, etc.) e informales (grupos de debate y autoformación, intervenciones en los centros educativos, programas de radio y televisión, artículos de prensa, empresas sociales, etc.). El incentivo necesario consiste, no solo en recursos económicos, sino también en la liberación de tiempo de las mujeres, gracias al hecho de que se le faciliten buenos servicios en el territorio (permisos retribuidos, estructuras de atención a la infancia, transporte eficiente y gratuito (16), sustitución temporal para ocuparse de familiares, guarderías en las explotaciones agrarias, etc.).

6.2

Una cobertura eficiente, rápida (banda ancha) y poco costosa de Internet es una condición previa, considerando que países enteros de la UE tienen menos del 60 % de las viviendas conectadas a la red. Un uso más amplio de las TIC también puede facilitar la formación a distancia y la comunicación entre partes distantes del territorio, al tiempo que constituye un estímulo para comunicarse con las mujeres de los sectores agrario y rural de otros países, suscitando también el interés por el aprendizaje de las lenguas y el intercambio de experiencias.

6.2.1

Por otra parte, las TIC favorecen la constitución de redes de empresarias, cónyuges colaboradoras y trabajadoras que, estimuladas por la presencia de inmigrantes extracomunitarias, se comunican e interactúan también con mujeres de países candidatos y de terceros países. Ello puede dar lugar a un rentable intercambio de experiencias, una mejor cooperación al desarrollo e incluso una mayor integración comercial así como una contribución para resolver el desafío alimentario a nivel mundial.

6.3

La salud de las mujeres en el medio agrario y rural debe ser una prioridad. Servicios sanitarios eficaces –incluso con estructuras de telemedicina y telediagnóstico, así como centros médicos de calidad– deben controlar la salud, la seguridad y las enfermedades profesionales en el lugar de trabajo, lo que también puede generar puestos de trabajo para personal especializado. Tales servicios (en particular, para la higiene reproductiva y la prevención ginecológica) deberían ser gratuitos; en todo caso, los costes siempre deberían ser acordes a la renta y las cargas familiares. Un aspecto crucial es la presencia de muchas mujeres de edad avanzada: en algunos países con una gran vocación agraria y rural, la esperanza de vida de las mujeres es mucho mayor que la de los hombres, por lo que la población femenina es mayoritaria entre los mayores de sesenta años (17). Para estas mujeres es indispensable la prestación de servicios médicos, asistencia y acompañamiento para no obligar a las mujeres más jóvenes a hacerse cargo de otras cargas familiares.

6.4

La condición de cónyuges colaboradoras sigue tratándose de forma diferente de un país a otro. Oficialmente no son reconocidas como trabajadoras, aunque trabajen intensamente en el sector y continúan viéndose privadas en algunos Estados miembros de cualquier asistencia sanitaria y de jubilación (excepto la universal prevista por el Estado del bienestar). Es necesario disponer de instrumentos para asegurar a estas mujeres una cobertura a través, por ejemplo, de fondos de pensiones específicos promovidos por los interlocutores sociales o las autoridades territoriales. Convendría asimismo definir normas sobre la titularidad compartida, eventualmente en el marco de un estatuto europeo de la mujer en el medio agrario y rural.

6.5

El uso racional de la energía y el vertido de los residuos tienen a las mujeres como protagonistas en calidad de administradoras de la economía familiar. La recogida diferenciada y estructuras adecuadas para el compostaje y la transformación de los mismos (biomasa) pueden incluirse entre los objetivos de ahorro de energía y con ciclos virtuosos de producción agraria y orgánica, de hecho autosuficiente en el plano energético. Habría que facilitar en mayor medida el acceso a nuevas tecnologías verdes para la producción y la utilización eficaz de los recursos, así como ofrecer incentivos específicos para las explotaciones y empresas administradas por mujeres.

6.6

En muchos países, la iniciativa de grupos de mujeres se ha traducido en positivas experiencias de agroturismo, especialmente de tipo cooperativo, con óptimos resultados de gestión. Dado el creciente interés por este tipo de turismo, habría que poner en red estas actividades y hacer circular las mejores prácticas.

6.7

La distribución, para contribuir al desarrollo sostenible y a la actividad de las mujeres (frecuentemente ejercida en pequeñas parcelas), debe ser de gran calidad, funcional y flexible: cooperativas locales de distribución, con pocos gastos, podrían favorecer la venta de productos típicos de calidad a precios más asequibles. Asimismo, se ha demostrado la utilidad de organizar eventos específicos para la promoción de tales productos.

6.8

Es importante valorizar las producciones artesanales y típicas que se están perdiendo. Acciones puntuales de información y mercadotecnia pueden contribuir a mantener o crear puestos de trabajo, frenando el éxodo rural y el deterioro de la calidad a causa de las importaciones masivas. Por consiguiente, es indispensable una interacción eficaz de los servicios, las tecnologías y los transportes adecuados que conecten las áreas rurales y agrarias con los mercados urbanos (18).

6.9

Es necesario mejorar el acceso al crédito para crear explotaciones y cooperativas agrarias y artesanales, responsabilizando a los bancos tradicionales (en particular, las cajas agrícolas y las cajas de ahorros locales), pero promoviendo también programas de microcrédito, dirigidos prioritariamente a las mujeres.

7.1

En espera de la aprobación de la propuesta de Reglamento con las disposiciones comunes de los Fondos Estructurales (19), recordemos que el Reglamento del FEADER subraya la necesidad de utilizar los recursos del Fondo para promover la igualdad entre hombres y mujeres, al tiempo que prevé la información y participación de organismos que persiguen este objetivo (20). El nuevo reglamento común podría reforzarse introduciendo una fast track (procedimiento rápido) para las mujeres que tengan empresas agrarias y rurales o artesanales innovadoras y sostenibles, lo que daría más fuerza y capacidad de propuesta a las organizaciones de la sociedad que participan en la cooperación a la que se refiere el artículo 6 de dicho Reglamento.

7.2

En cuanto a la propuesta de Reglamento común de los Fondos, que ya ha sido objeto de un dictamen del CESE (21), se confirma una gran preocupación por los efectos que las condicionalidades macroeconómicas (artículo 21) podrían tener en los proyectos encaminados al desarrollo de iniciativas a favor de las mujeres. El CESE pide que, mediante una disposición normativa específica, se evite penalizar de manera directa o indirecta a los elementos sociales más débiles, entre los que se hallan las mujeres.

7.3

El CESE desea que la Comisión, además de seguir el curso emprendido en las propuestas citadas, actúe con mayor diligencia a la hora de bloquear los cambios y los requisitos impuestos a las mujeres, evitando, sobre todo, la rigidez de los contenidos y metodologías de los programas de promoción de la condición femenina en el ámbito agrario y rural.

7.4

En los programas europeos de investigación y desarrollo, de formación (Fondo Social Europeo, entre otros) y de movilidad de los trabajadores -así como, naturalmente, en la puesta en práctica de la política de cohesión económica, social y territorial- debería incluirse sistemáticamente una mayor y mejor participación de las mujeres en el desarrollo agrario y rural.

7.5

Las normas, programas y proyectos relativos a la aplicación del segundo pilar deberían someterse a verificaciones periódicas, en el marco del procedimiento de seguimiento de la PAC, para comprobar su eficacia a la hora de conseguir la igualdad de oportunidades y el uso adecuado de los recursos utilizados.

7.6

Deben preverse subprogramas temáticos para las mujeres en el ámbito de las políticas de desarrollo rural; asimismo, es preciso valorizar y divulgar adecuadamente las experiencias de Leader.

7.7

Para desarrollar programas que incluyan como prioridad la explotación del potencial que representan las mujeres, el territorio –en su acepción física, administrativa y sociológica– debe ser el primer protagonista de una dinámica participativa. Las organizaciones de los interlocutores sociales y de la sociedad civil deberían compartir la responsabilidad directa de las decisiones y de su ejecución. Para ello, también deberán mostrarse capaces de representar de modo concreto y eficaz las necesidades de las mujeres y saber integrarlas en todos los niveles de las organizaciones, atendiendo también al refuerzo de sus capacidades específicas.

7.7.1

El CESE invita a todas las organizaciones en él representadas a que presten una gran atención a las mujeres que trabajan y viven en el medio agrario y rural, a que se hagan eco de sus necesidades y aspiraciones y a que las incluyan de manera sistemáticamente en las diversas estructuras de asociación horizontal y vertical.

4.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 299/34

1.1

Consciente del interés que suscita un acercamiento entre la Unión Europea y la República de Moldavia para ambas partes y habida cuenta de su visita a este país en marzo de 2012, el CESE formula las siguientes recomendaciones en el presente dictamen, al objeto de:

1.2

En sus recomendaciones a la Comisión y al Parlamento Europeo, el Comité preconiza llegar a un acuerdo equilibrado de libre comercio, garantizando la participación de las organizaciones de la sociedad civil en todas las fases del proceso. A fin de alcanzar un acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo, sería conveniente una coordinación entre las actuaciones de la Comisión y del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE). El Comité propone:

1.3

En sus recomendaciones a las autoridades públicas moldavas, el Comité exhorta al gobierno y al parlamento a que:

1.4

En sus recomendaciones a las organizaciones de la sociedad civil moldava, el Comité expresa su deseo de cultivar sus relaciones con la sociedad civil moldava en el marco de la Asociación Oriental. El Comité somete a la sociedad civil moldava las siguientes propuestas y se declara dispuesto a presentarlas en Moldavia con motivo de una conferencia destinada a desarrollar la plataforma «Contactos entre los ciudadanos» de la Asociación Oriental. Además de crear un CESMM, el CESE recomienda a los interlocutores sociales y a las partes interesadas de la sociedad civil:

2.1

La sociedad civil moldava ya contribuye a través de determinados mecanismos existentes a la política de acercamiento a la UE. El CPN, creado en enero de 2011, es un órgano consultivo compuesto por 30 miembros, que colabora con el gobierno. El parlamento también cuenta con otro órgano de este tipo. En la Convención nacional para la integración en Europa, fundada en noviembre de 2010, participan diversas organizaciones que se han marcado el objetivo de presentar propuestas y difundir información sobre el proceso de integración europea, a fin de permitir un diálogo directo y abierto con las partes interesadas. Además, han surgido a nivel nacional varias plataformas temáticas de organizaciones de la sociedad civil.

2.2

Algunas organizaciones moldavas participan en los diferentes grupos del Foro de la Sociedad Civil de la Asociación Oriental: democracia, derechos humanos, buena gobernanza y estabilidad; recomendaciones generales; medio ambiente, energía y cambio climático; contactos entre personas. El CESE desea fomentar el desarrollo del 5a Grupo de Trabajo sobre el diálogo social, que trata también, de un modo general, de las cuestiones económicas y sociales (3).

2.3

Los interlocutores sociales están llamados a desempeñar un papel fundamental en el acercamiento entre la UE y Moldavia. La independencia de las organizaciones sindicales, reconocida por la Constitución moldava, está consagrada por una Ley de julio de 2000 que garantiza la libertada sindical, la negociación colectiva y la protección de sus activos. El panorama sindical se ha visto modificado de forma significativa durante estos últimos años: los dos sindicatos existentes, la CSRM y Solidaritate, se han fusionado para convertirse en una central sindical única: la Confederación nacional de sindicatos de Moldavia (CNSM) Tras su adhesión a la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales, la CNSM empieza a participar en actividades y reuniones internacionales. También podría solicitar el estatus de observador en la Confederación Europea de Sindicatos.

2.3.1

La organización patronal más representativa es la Confederación nacional de empresarios de Moldavia, fundada en 1996, que está compuesta por 32 miembros y se autodefine como una organización apolítica e independiente. La Agencia nacional de empleo está gestionando el proyecto «Asociación por la movilidad» entre la UE y Moldavia, a fin de garantizar una integración armoniosa del mercado laboral moldavo. Las organizaciones patronales contribuyen a este proceso de integración aplicando las decisiones del proyecto a nivel local y regional.

2.3.2

Por consiguiente, sería útil reforzar las unidades de información de los interlocutores sociales en lo que respecta al citado acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo, en colaboración con sus homólogos profesionales europeos o de los Estados miembros.

2.4

Algunos grupos de población siguen siendo vulnerables, sobre todo en las zonas rurales. Las mujeres se han visto especialmente afectadas por el deterioro de la situación social: alta tasa de desempleo, pérdida de competencias, salarios más bajos, trabajo de temporada y escasas prestaciones sociales. Si bien las mujeres tienen derechos similares a los de los hombres, son más vulnerables en el mercado laboral. Además, las mujeres representan tan solo el 14 % de los empresarios moldavos. La población rural sigue estando sobrerrepresentada entre las personas que viven por debajo del umbral de pobreza (4), y la proporción de personas pobres ha aumentado en las zonas rurales en 2009. La situación de los niños moldavos es preocupante, ya que están expuestos a diferentes problemas, como la ausencia de un domicilio fijo, el trabajo infantil, el tráfico de personas y la prostitución. El fenómeno de los «huérfanos sociales», es decir, niños entregados por sus padres a orfanatos por motivos de pobreza, sigue estando muy extendido.

2.5

El funcionamiento de los medios de comunicación ha mejorado en los últimos años. El Consejo de coordinación de los medios audiovisuales adoptó un nuevo método de supervisión de la cobertura de la política por los medios de comunicación a finales de octubre de 2010, con la ayuda de la UE y el Consejo de Europa. Además, en 2010 empezaron a emitir dos nuevas cadenas de televisión (Jurnal TV y Publika TV) y cuatro nuevas estaciones de radio (Radio Sport, Aquarelle FM, Publika FM, Prime FM). La formación de los periodistas sobre cuestiones europeas debería ser una prioridad. La realización de avances en el ámbito de la libertad de expresión permitirá informar mejor a los ciudadanos y los medios empresariales sobre los retos que plantea el acercamiento a la UE, especialmente en lo que respecta a los agricultores.

2.6

A pesar de innegables avances, la sociedad civil sigue experimentando serias dificultades organizativas. Subsisten desigualdades territoriales: el sector no gubernamental desarrolla su actividad en los grandes centros urbanos, como Chisinau, Balti, Cahul y Ungheni, pero se muestra poco activo en gran parte del país. En cambio, los sindicatos disponen de una mejor cobertura territorial. Como consecuencia de la persistente amenaza de secesión, la cooperación entre ambas orillas del Dniéster sigue siendo bastante limitada. Además, las ONG son muy dependientes de una serie de donantes externos, lo cual podría obrar en detrimento de su independencia y continuidad. Por último, a pesar de su calidad, las redes de expertos se basan en un círculo demasiado reducido de especialistas, ya que la lista de las ONG más importantes apenas ha evolucionado en los últimos años.

3.1

La preparación de un acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo entre la UE y Moldavia se refiere a productos, servicios e inversiones, pero su carácter amplio y profundo exige la transposición y aplicación efectiva del acervo comunitario en materia de comercio. Para ello, se requieren medidas de acompañamiento apropiadas e importantes reformas. Ciertamente, la economía moldava adolece de una falta de competitividad debido a una serie de factores, como el carácter deficiente de las infraestructuras de transporte (en particular, las carreteras), el tamaño reducido del mercado interior, un clima poco innovador, la inestabilidad crónica de la situación política y los problemas que plantea el acceso a la financiación y la corrupción. Las exportaciones ya no están orientadas exclusivamente hacia los mercados postsoviéticos. La reorientación del comercio exterior hacia Europa ya es una realidad: más de la mitad de las exportaciones van en esa dirección. Esto se debe a un aumento de la proporción de las exportaciones del sector textil (del 10 % en 1999 al 22,7 % en 2008) (5) gracias al bajo coste de la mano de obra cualificada.

3.2

Está en curso una evaluación del impacto del desarrollo sostenible, iniciada al mismo tiempo que las negociaciones, que debería facilitar información antes de septiembre de 2012 sobre los efectos positivos y negativos de la apertura del comercio (6). Según el pliego de condiciones del consultor (7), el CESE deberá ser consultado sobre los problemas que plantea esta negociación y las contribuciones a la consulta pública. Asimismo, prestará especial atención tanto al «documento de posicionamiento» que elaborará la Comisión una vez completada esta evaluación de impacto, como a las medidas de acompañamiento.

3.3

Desde el punto de vista de la UE, el acuerdo plantea riesgos relacionados fundamentalmente con las normas sanitarias y fitosanitarias y los sistemas de garantía de las inversiones. La necesaria mejora del clima empresarial para atraer inversiones europeas pasa por una intensificación de la lucha contra la corrupción. El Índice de Percepción de la Corrupción de 2011 sitúa a Moldavia en el puesto 112 de su clasificación mundial, con una puntuación de 2,9 sobre 10 (8). Las instituciones que están abordando esta cuestión son el Centro de lucha contra los delitos económicos y la corrupción y la Unidad especial de la fiscalía de lucha contra la corrupción. Aunque la legislación en vigor es adecuada, la aplicación de la política de lucha contra la corrupción sigue siendo deficiente. Cabe lamentar la falta de financiación de la vida política, una actitud más bien fatalista de los ciudadanos y la escasa implicación de la sociedad civil en estas cuestiones. La lucha contra la corrupción es una de las principales prioridades de los donantes internacionales (Consejo de Europa, Unión Europea, SIDA, Banco Mundial, PNUD, USAID, etc.). Varias agrupaciones de ONG también han abordado esta cuestión (el Centro para el análisis y la prevención de la corrupción, Transparencia Internacional Moldavia, la Alianza de lucha contra la corrupción, el Centro de periodismo de investigación, etc.). Por el momento, la alternancia política no ha dado resultados tangibles en este ámbito.

3.4

La firma de un acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo tendrá numerosas consecuencias a nivel social. A este respecto, el CESE destaca la importancia que reviste el diálogo social para el desarrollo del país. El CESE recomienda la adopción del protocolo de reclamación colectiva de la Carta Social del Consejo de Europa, la mejora de la inspección del trabajo y la creación de tribunales laborales. Las autoridades moldavas están cooperando con la OIT sobre la cuestión del trabajo no declarado con vistas a una aproximación a las normas europeas, y están participando en el Año Europeo del envejecimiento activo y de la solidaridad intergeneracional 2012. Asimismo, es preciso mejorar los mecanismos de acogida de los migrantes que retornan al país y defender los derechos de los moldavos en el extranjero. La formación y la reconversión profesional de la mano de obra también constituyen un ámbito prioritario.

3.5

El sector agrícola y agroalimentario es clave para Moldavia en lo que respecta a la negociación del acuerdo. La agricultura moldava aún debe avanzar en cuestiones como la certificación de origen, la comprobación del cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias o la observancia de las normas de competencia si quiere exportar a los mercados europeos y garantizar la seguridad alimentaria de sus productos. Por el momento, las normas se han adoptado, pero su aplicación efectiva es un proceso largo y costoso, especialmente para los productos de origen animal (en 2008, la miel fue el único producto moldavo de origen animal que pudo exportarse). La aproximación a las normas europeas genera importantes costes para los pequeños productores, razón por la cual las autoridades deben emprender una política de reformas institucionales y de ayuda a los sectores agroalimentario y vitícola. La realización de proyectos financiados por el mecanismo «Ayuda para el comercio» de la Comisión Europea contribuirá en gran medida a la adaptación de las normas.

3.6

El sector industrial, en declive desde hace tiempo, parece estar en condiciones de aprovechar la mayor competitividad de sus precios en los mercados europeos, tal como lo demuestra el rápido crecimiento del sector textil. Esta industria ligera puede implantarse en todo el territorio, en particular en las regiones meridionales desfavorecidas. La industria del automóvil se ha abierto un hueco recientemente en el norte del país, gracias a inversores alemanes. La participación de Moldavia en la Estrategia para la región del Danubio y la modernización de las grandes instalaciones industriales (especialmente las que se encuentran en la orilla derecha del Dniéster) serían importantes bazas para el desarrollo.

3.7

Para poder considerarlo de alcance amplio y profundo, dicho acuerdo de libre comercio con la UE deberá basarse en la capacidad de Moldavia para ajustarse al acervo comunitario. Este requisito conllevará un acompañamiento financiero adecuado. La experiencia de las sucesivas ampliaciones del mercado interior han demostrado ampliamente que los Fondos Estructurales son fundamentales a la hora de garantizar la cohesión social y territorial. El Comité, por lo tanto, recomienda que se tomen medidas de acompañamiento de un valor suficiente para reducir el riesgo de agravación de las desigualdades sociales o de las disparidades territoriales. Para ello, el Comité de seguimiento del acuerdo deberá prestar especial atención a la ejecución del Programa Europeo de Vecindad relativo a la Agricultura y el Desarrollo Rural (ENPARD).

3.8

La situación del medio ambiente en Moldavia es motivo de serias inquietudes en cuanto al futuro (suelo, agua, energía), que deben tenerse en cuenta en la negociación del acuerdo. El legado soviético es especialmente problemático en este contexto, sobre todo en lo que se refiere a la gestión de los residuos tóxicos. Las sequías que han prevalecido en los últimos años demuestran que la economía moldava es vulnerable al deterioro medioambiental y climático. Por otra parte, está contaminada más de la mitad de las aguas subterráneas, que cubren dos tercios de las necesidades de agua potable de la población. La política medioambiental se caracteriza por la escasez de medios, pese a compromisos internacionales como el contraído por el BEI. Además, es necesario sensibilizar cuanto antes al conjunto de los agentes económicos, que apenas son conscientes de los retos que se plantean en ámbitos como el transporte o la construcción. Moldavia, que se ha adherido a la Comunidad Europea de la Energía, también es especialmente dependiente de las importaciones de combustibles fósiles, y su nivel de eficiencia energética sigue siendo bajo. El CESE propone apoyar a las organizaciones medioambientales que trabajan en ámbitos como el ahorro energético, el uso racional de los recursos y la gestión de residuos.

3.9

La evaluación del impacto debería prestar especial atención a la situación de Transnistria, a fin de determinar, a la luz del acuerdo de libre comercio de alcance amplio y profundo, las posibles consecuencias de este último para la seguridad de las fronteras, la economía y la sociedad. El acuerdo podría ayudar a limar las diferencias internas y garantizar la integridad territorial.

4.1

A fin de fomentar la consulta y el diálogo con la sociedad civil, el CESE recomienda crear un CESM, como se ha hecho en otros países de la región. Un estudio de las diferentes experiencias europeas permitiría a Moldavia concebir su propio sistema.

4.2

El proyecto de CESMM responde a la necesidad de estructurar la sociedad civil y reforzar su influencia y relevancia Si bien la actual proliferación de estructuras ad hoc ofrece un marco flexible y experimental, su continuidad es incierta y su funcionamiento frágil. La yuxtaposición de las posiciones de los interlocutores sociales y los movimientos asociativos u ONG obra en detrimento de sus respectivas posiciones en el debate público.

4.3

EL CESMM realizaría una valiosa contribución a la búsqueda de un consenso en relación con las opciones sociales, permitiendo que diferentes intereses se vean reflejados en el modelo de desarrollo. El trabajo en común, basado en la concertación, debe articularse en torno a los tres pilares del desarrollo sostenible. Esto también representaría un paso significativo hacia una estrategia viable para la reintegración de Transnistria.

4.4

Un CESMM permitiría garantizar la independencia de los análisis, manteniéndolos al margen de contenciosos partidistas y separándolos del origen de los recursos, permitiendo al mismo tiempo que se expresen diferentes puntos de vista. Este órgano debería abordar asimismo las cuestiones relacionadas con la lucha contra la discriminación por motivos de sexo, origen o religión.

4.5

Un CESM moldavo responderá a la necesidad de evaluación de las políticas públicas que creará la adopción del acervo comunitario. Esta institución podría dar cabida al comité de seguimiento del acuerdo comercial conjuntamente con el Comité Económico y Social Europeo.

4.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 299/39

4.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 299/45

3.2.1

Inversión de la «pirámide productora» con un enfoque cooperativo trasnacional cuya masa crítica garantice la escala y el alcance necesarios. Partiendo del productor individual o familiar, debe promoverse el asociacionismo o cooperativismo de base –elemento dinamizador de la economía rural–, integrándose en estructuras de mayor dimensión –redes regionales y polos competitivos– que acerquen a los agricultores a los tramos de mayor valor agregado en los circuitos de comercialización. Esta vertebración cooperativa permitirá maximizar los rendimientos y atender la diversidad de la demanda, acortando los circuitos de comercialización entre los nodos de producción y consumo (8). Igualmente, la integración cooperativa (9) asegura una mayor trazabilidad a lo largo de todo el proceso, tanto en el ámbito de la calidad como en el de la formación de los precios, lo que implica, a su vez, optimización de recursos y mayor eficiencia.

3.2.2

Retorno social cooperativo. Los beneficios generados por la red de cooperativas revierten a las propias cooperativas participantes, lo que aumenta sus posibilidades de mejorar su poder de mercado, en aras de una mayor empleabilidad y de un acceso a los recursos básicos más universal y en condiciones más favorables para productores y consumidores, favoreciendo la emergencia de sinergias en el nuevo entorno de relaciones comerciales.

3.2.3

Concentración de la demanda  (10). A través de las cooperativas de consumidores, junto con la promoción de redes de consumidores que aglutinen la demanda de los ciudadanos, se pretende facilitar el acceso a los productos en condiciones de precio y calidad más ventajosas. El contacto directo con los productores se construye desde los mercados locales y de proximidad, y en progresión hacia el perfeccionamiento de transacciones comerciales virtuales en red. Este planteamiento coincide con los objetivos explicitados por las principales organizaciones de agricultores y de cooperativas agroalimentarias de la Unión Europea: «El objetivo es impulsar/apoyar las iniciativas de los agricultores de cara a la venta directa de sus productos a los consumidores finales (por ej. ventas directas en la explotación, mediante cooperativas agrícolas; en los mercados locales, mediante plataformas colectivas o empresas controladas por los productores)» (11).

3.2.4

Modelo circular  (12) de mercado sobre la base de acortar los circuitos de comercialización. Para contrarrestar el excesivo peso de los actores que no agregan valor a la cadena de comercialización de los productos agroalimentarios, debe promoverse la opción de circuitos de comercialización que aproximen lo más posible a las unidades de producción y consumo entendidas éstas como productores primarios y consumidores finales, respectivamente (13). Así, se facilita la aparición de «bucles de mercado» que posibilitan un ajuste idóneo en medios y costes entre las necesidades de la población y los recursos productivos, evitando excedentes o déficits que, además, puedan hacer fluctuar los precios de manera artificial. Todo ello redundará en un funcionamiento más justo, transparente y equilibrado de la cadena de abastecimiento alimentario, que contribuya a erradicar cuantas prácticas abusivas y desleales pongan en riesgo la legítima competencia.

3.2.5

Nuevas tecnologías  (14). La innovación tecnológica supone la piedra angular sobre la que se sustenta la proyección de un mercado más cooperativo, tanto en el desarrollo innovador de las técnicas de producción agroalimentaria como también en el diseño logístico necesario para optimizar la eficiencia de los procesos de comunicación en la implementación de redes inteligentes de producción, distribución y consumo (como formas de organización que cuentan con un alto nivel de autoorganización y flexibilidad evolutiva, y poseen capacidad de aprender a actuar para alcanzar sus objetivos). La viralidad, interoperabilidad y conectividad mutua de éstas en un entorno digitalizado permitirá así reemplazar vacuas figuras intermedias. En consecuencia, las nuevas tecnologías deberán ser las herramientas con las que configurar un proceso que conduce a una mayor eficiencia colectiva, aplicando la innovación a las cadenas alimentarias y su valor de transformación.

3.3.1

Adopción de medidas en el marco de las políticas comunitarias. Se deben promover, mediante la reforma del marco legal y una adecuada política de incentivos, medidas de apoyo al fomento de cooperativas a través de agencias de desarrollo, crédito financiero, etc., medidas de integración e internacionalización cooperativa, medidas de cohesión e innovación social y medidas de potenciación de partenariados entre las instituciones públicas y pequeñas y medianas empresas, cooperativas, asociaciones de consumidores u otros colectivos.

3.3.2

Contratación pública cooperativa  (15). Los avances producidos en los últimos años en el marco de la compra pública verde y, más recientemente, también en la adopción de criterios de carácter ético en los procedimientos de contratación de las administraciones públicas, han ejercido un efecto importante en la proyección social y económica de las acciones de sostenibilidad y cooperación. El rasgo de ejemplaridad que la compra pública conlleva, así como el alto volumen de adquisición que comporta, supone, sin duda, un instrumento de promoción imprescindible para los objetivos que se plantean. Estimular la circulación de flujos de mercado entre las administraciones públicas y las redes de cooperativas puede ser determinante para un nuevo modelo de producción y consumo sostenible.

3.3.3

Marcas de calidad  (16). Las marcas de calidad son instrumentos indirectos de fomento que acreditan el origen, las características y los atributos de los productos comercializados, destacando en este caso el valor añadido del elemento social que acompaña a la producción cooperativa («marca cooperativa»). Esta imagen de marca proporciona notoriedad y permite al asociacionismo agrario transitar de una orientación de producción a una orientación de mercado.

3.3.4

Transparencia e información a los consumidores  (17). Vinculada con campañas de sensibilización y concienciación ciudadana acerca de la toma de decisiones de compra en el marco de un mercado cooperativo, la transparencia, especialmente en relación a calidad y trazabilidad, supone un factor de equilibrio en la cadena de valor que redunda en una mayor simetría informativa y en una acción coordinada entre producción y consumo -necesarias para la eficacia de un modelo basado en su sostenibilidad-, acoplando temporal y espacialmente la oferta y la demanda en la integración de los procesos de comercialización respectivos. También debe priorizarse la agrupación de consumidores, a la par que el trazado de rutas que lleven a la pertinente concentración de la demanda final de los productos agroalimentarios.

3.3.5

Educación y formación para el emprendimiento social y el cooperativismo  (18). Aunque es un instrumento claramente proactivo cuyo efecto no se observa de inmediato, es sin embargo fundamental para la consolidación de los cambios producidos en el mercado. El conocimiento y asimilación de los principios cooperativos en los centros escolares no sólo genera una actitud temprana favorable hacia el modelo cooperativo y hacia la cooperación como fuente de confianza, sino que su práctica se reporta asimismo hacia los padres, prescribiéndoles patrones de consumo sinérgicos con las acciones que se proponen. Al respecto, tiene una especial trascendencia fomentar el espíritu emprendedor entre los jóvenes para incentivar y motivar la puesta en marcha y consolidación de cooperativas, ya sea en su fase productora, en la comercializadora o en la consumidora. A todo ello contribuirá, sin duda, el conocimiento, intercambio y diseminación de las buenas prácticas cooperativas.

3.3.6

Tratamiento fiscal diferenciado  (19). Es preciso que una fiscalidad más equitativa permita orientar el consumo hacia una utilización eficiente de los recursos (20), para tener más en cuenta el contenido de cada producto en términos socioambientales y el valor social añadido en base a la fórmula cooperativa. A partir de un marco fiscal específico, los incentivos fiscales y las ayudas de compensación son algunos de los instrumentos más directos y que cuentan con mayor potencial para la consecución de los logros previstos. Como demuestra la experiencia previa en diferentes Estados miembros, la adopción de un tratamiento fiscal diferenciado promueve la autonomía e independencia financiera pero, al igual que algunas de las iniciativas antes propuestas, requiere de un análisis previo de su incidencia.

3.3.7

Implementación tecnológica. El progreso tecnológico y su acceso universal suponen el mejor impulso para el logro de los objetivos planteados. En este sentido, cabe destacar las siguientes iniciativas: la investigación e innovación aplicadas a la producción agroalimentaria, la creación de nuevos espacios y canales de comercialización y, por último, la certificación de calidad creciente, mediante la asignación de puntos adicionales según valor nutritivo, garantías de suministro y otros beneficios públicos, detrayéndose puntos por las externalidades negativas sociales y ambientales, entre otras, de modo que puedan acreditarse criterios como la salud y seguridad alimentaria, la huella ecológica o la impronta social, y además sean valorizados por los consumidores en relación con el precio y los costes de producción y distribución correspondientes. Para la implementación de este instrumento de certificación se requeriría del concurso de elementos tales como telefonía inteligente, aplicaciones informáticas específicas y redes sociales.

3.4.1

Económica: el acceso estable y seguro a los mercados para los productos de los agricultores, la financiación sostenible, las inversiones socialmente responsables, la dinamización del mercado, la defensa de la competencia, la protección de los derechos e intereses de los consumidores, etc.

3.4.2

Social: la ordenación territorial, el desarrollo rural y la inclusión, el patrimonio cultural y de identidad local y regional, la soberanía y la seguridad alimentaria, la no sobreproducción y la accesibilidad alimentaria, la trazabilidad social de los productos, la no deslocalización de las empresas, la garantía de unos salarios dignos y la mejora de las condiciones de trabajo, la responsabilidad social y el consumo responsable, la salud comunitaria y los estilos de vida saludables, la participación directa de la ciudadanía en la toma de decisiones de las instituciones que la representan, etc.

3.4.3

Ambiental: el ahorro energético, la conservación de los ecosistemas, las huellas ecológicas, la agroecología; el uso racional y responsable de materia primas y recursos naturales, el ciclo de vida de los productos agroalimentarios, la creación de empleo verde como estrategia de difusión del mercado, etc.

4.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 299/49

—

considera necesario disponer de un marco jurídico armonizado en la UE que se aplique a todo el sector de la aviación y evite prácticas de subvención incontroladas, garantizando la igualdad de condiciones para todos los operadores del mercado, incluso a nivel local;

—

está de acuerdo en que, como principio general, la inversión privada no puede ser considerarse ayuda estatal. Al mismo tiempo, un operador del sector público puede actuar como inversor privado si la inversión está justificada desde un punto de vista comercial;

—

recomienda que las ayudas estatales para inversión en las infraestructuras aeroportuarias y las ayudas de puesta en marcha destinadas a compañías aéreas sólo se concedan en casos estrictamente definidos y se limiten en función de su duración e intensidad;

—

considera importante que los aeropuertos y las compañías aéreas dispongan de información completa sobre la ayuda, así como sobre las condiciones con que se ha otorgado;

—

pide que se aliente el diálogo social y se evite el dumping social en el sector;

—

subraya la importancia de que las directrices se apliquen correctamente: el cumplimiento tiene un valor esencial;

—

aboga por el desarrollo de una política a largo plazo sobre el desarrollo de los aeropuertos regionales. Las directrices sobre la aviación solo podrán aplicarse con éxito si hay acuerdo sobre unas prioridades de acción claras para el desarrollo de los aeropuertos regionales.

—

es necesario simplificar y aumentar la transparencia de las directrices;

—

debe apoyarse un mayor cumplimiento de las normas sobre ayudas estatales por parte de las compañías aéreas y los aeropuertos;

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es necesaria una nueva categoría de reglas que eviten el falseamiento de la competencia entre aeropuertos situados en la misma zona de cobertura;

—

es preciso que las normas sobre ayudas de inversión sean más claras y previsibles (definiciones claras de los parámetros financieros).

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no deben producirse falseamientos de la competencia;

—

la ampliación del transporte aéreo regional debe contribuir a mejorar el desarrollo y la accesibilidad de las regiones;

—

debe evitarse la duplicación de aeropuertos que no sean rentables;

—

debe evitarse la creación y el mantenimiento de un exceso de capacidad.

4.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 299/54

1.1

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) desea antes que nada subrayar que la empresa es, por definición, la protagonista de las estrategias de adaptación de las unidades que operan en los mercados y, por consiguiente, también el foco central de los procesos de reestructuración.

1.2

El Comité subraya la importancia del papel que ha desempeñado, y desempeña, la Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCMI) en el ámbito de las reestructuraciones industriales como foro de diálogo constructivo y formulación de ideas y propuestas a la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo

1.3

El CESE reitera que las reestructuraciones entrañan por lo general procesos complejos. Prevenir los cambios implica preparar a las empresas y a los trabajadores para que afronten los nuevos desafíos reduciendo al mínimo la repercusión social de los cambios e incrementando al máximo las oportunidades de éxito, generando un clima de confianza mutua y logrando con determinación el compromiso de los interlocutores sociales y de la sociedad civil organizada.

1.4

Los trabajadores y las empresas de la UE han de hacer frente a:

1.5

Así pues, aun cuando considera que la presentación del Libro Verde llega en un momento oportuno y adecuado, el CESE desea que estas reflexiones y debates vayan acompañadas de un componente de acción concreto y eficaz, a través de un planteamiento integrado a todos los niveles de producción, consumo y servicios. Todo ello exige la interacción y el intercambio de información entre los distintos niveles de la cadena de producción y distribución, junto con un intercambio de buenas prácticas y un calendario con plazos concretos para la aplicación de las directrices, normas y marcos de referencia, y todo ello sobre la base del acervo de normas europeas y de valores comunes y compartidos.

1.6

En los procesos de previsión y reestructuración, el CESE cree fundamental la valorización del papel que desempeñan los interlocutores sociales, la sociedad civil organizada y los consumidores –a nivel de la UE, nacional, regional, local y de empresa–, con la participación de los responsables territoriales y las redes de conocimientos y competencias.

1.7

Según el CESE, el diálogo social, la negociación y la participación no son sólo valores fundamentales del modelo social europeo, sino también instrumentos que apoyan con éxito y favorecen la cohesión social, el empleo de calidad, la creación de puestos de trabajo y el reforzamiento de la innovación y la competitividad de las economías europeas.

1.8

Las políticas estructurales y de cohesión de la UE, así como las de innovación e investigación, deberían, en opinión del CESE, orientarse al apoyo proactivo de mecanismos de anticipación y acompañamiento de las reestructuraciones para transformarlas en sistemas de éxito, tanto a efectos del trabajador como de la empresa.

1.9

El CESE considera esencial una mayor participación de los interlocutores económicos y sociales en los órganos de supervisión de los fondos estructurales para garantizar los buenos resultados de la política estructural europea.

1.10

El CESE recomienda que las medidas de política estructural se vinculen y coordinen estrechamente con las medidas de apoyo a la investigación y la innovación, respaldando con inversiones y con políticas industriales la transición hacia una economía europea con emisiones reducidas de carbono.

1.11

Los programas de educación y formación profesional y permanente de la Unión Europea deberían ser, en opinión del CESE, instrumentos privilegiados para que los poderes públicos y las empresas previnieran de manera proactiva las transformaciones, sumándose así al esfuerzo permanente que despliegan los agentes económicos –sobre todo las PYME– y los trabajadores.

1.12

El CESE recomienda que se ejecute a nivel europeo una coordinación más estrecha entre las políticas y servicios de la Comisión, las agencias y los numerosos observatorios para apoyar de manera unívoca y coherente las decisiones que adopten las empresas en reestructuración. En particular, las PYME y las microempresas que presenten dificultades evidentes a la hora de prevenir las reestructuraciones deberían poder beneficiarse de mecanismos adecuados de apoyo y asesoramiento.

1.13

El CESE reitera la necesidad de que las ayudas estatales ideadas para respaldar el empleo en las empresas afectadas por problemas relacionados con la mundialización se basen en unas condiciones que garanticen la libre y leal competencia.

1.14

Por último, el CESE solicita un reforzamiento de la política europea de apoyo para el desarrollo de ejercicios de previsión participativos, territoriales y sectoriales, a fin de materializar unas perspectivas comunes y compartidas y aprovechar también una mayor valorización del territorio capaz de generar más y mejor empleo en unas empresas saneadas y competitivas.

1.15

Habida cuenta del desarrollo demográfico de Europa, el CESE considera especialmente importante una política activa que aborde el envejecimiento y la denominada «economía plateada» adaptando la producción y los servicios a estas nuevas oportunidades.

2.1

La economía europea necesitará tiempo para recuperarse y salir de la recesión más grave que ha sufrido el continente en las últimas décadas. La crisis está sometiendo a las finanzas públicas nacionales y a los gobiernos a fuertes presiones, y está ocasionando racionalizaciones, reestructuraciones y cesiones de empresas en la economía real, con consecuencias dramáticas para el empleo.

2.2

Las reestructuraciones se ejecutan a través de procedimientos complejos que adoptan modalidades pluridimensionales y entrañan modificaciones de estrategias empresariales bajo un perfil de organización, forma, dimensiones y actividad empresarial.

2.2.1

Es necesario, especialmente a nivel sectorial, establecer múltiples objetivos económicos y operativos vinculados a la situación de los mercados globales y de los sectores donde ejerce cada empresa.

2.3

Teniendo debidamente en cuenta los intereses y comportamientos de los consumidores, este proceso debería apuntar a la posibilidad de crear empleo en sectores emergentes, con especial atención a las PYME, que son las que sufren las consecuencias más graves de la crisis actual.

2.4

Anticiparse a los cambios no sólo significa preparar a las empresas y a los trabajadores para hacer frente a la evolución futura, sino también prever las reestructuraciones necesarias para enfrentarse con estos desafíos minimizando las repercusiones sociales de los cambios, garantizando la estabilidad y reduciendo los costes, sin pasar por alto la protección medioambiental y el desarrollo sostenible: las plataformas tecnológicas europeas y los estudios que éstas han llevado a cabo pueden aportar perspectivas concretas tanto para los trabajadores como para las empresas.

2.5

En el transcurso de las últimas dos décadas hemos asistido a una aceleración de fenómenos como el reposicionamiento en los mercados, las deslocalizaciones, las reorganizaciones y los cierres de unidades productivas, las fusiones, las adquisiciones o la externalización de actividades. No obstante, en los últimos cuatro años, las exigencias de reforzar en Europa las capacidades de previsión de tales procesos se han hecho sentir de manera creciente por la rapidez de los cambios y la necesidad de las reestructuraciones, algo cada vez más urgente por el agravamiento de la crisis económico-financiera y de los mercados. También han influido en los mercados de los distintos países otros fenómenos como el espectacular aumento del volumen de ventas en internet y las ventas transfronterizas.

2.6

La crisis económica y financiera no sólo ha acelerado los procesos de reestructuración a diversos niveles, sino que también ha conducido a medidas de austeridad y reducción del gasto público, con la consiguiente pérdida significativa de puestos de trabajo en el sector público, algo que a su vez ha afectado en numerosos países a los distintos sistemas de amortiguación para trabajadores, comunidades locales y empresas.

2.7

Por lo que respecta a la reestructuración, el objetivo de la Comisión consiste en contribuir a consolidar y difundir la cultura de la anticipación y la innovación del mismo modo en que se lleva a cabo la propia reestructuración: la Unión asume una responsabilidad compartida con los Estados miembros para alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea (art. 145 TFUE).

2.8

La Comisión ya reconocía en su Comunicación de 2005 sobre la reestructuración y el empleo los problemas derivados de los costes sociales de la reestructuración, no sólo para los trabajadores, que experimentan una incertidumbre creciente acerca de sus condiciones de trabajo, sino también para los distintos sectores de la economía.

2.9

Si bien las reestructuraciones se ven sometidas, por lo general, a una reglamentación de ámbito nacional y regional, la Unión asume grandes responsabilidades en la gestión, el control y la agilización de las reestructuraciones, ya que le corresponde velar por el correcto funcionamiento del marco normativo de la UE en esta materia, ya sea en lo referente a la información y consulta como a la protección de los trabajadores (1), desempeñando un papel activo que se basa principalmente en la Estrategia Europa 2020 y en las obligaciones estipuladas en el Tratado.

2.10

Si pretende responder con éxito a los desafíos que plantean la crisis financiera y económica, la mundialización, el cambio climático, las tendencias demográficas y las crecientes desigualdades derivadas de los costes sociales de los programas de austeridad, la UE necesita desarrollar y reforzar estrategias proactivas en materia de previsión y gestión de las reestructuraciones, sobre la base de un marco común de valores y prácticas en consonancia con los grandes objetivos sociales y económicos del Tratado.

2.11

Así pues, en el contexto de las orientaciones integradas de la Estrategia Europa 2020 (aprobada por el Consejo el 22 de abril de 2010), la Unión y los Estados miembros deberían llevar a cabo reformas encaminadas hacia un «crecimiento inteligente» que, guiado por el conocimiento y la innovación, tuviera presentes las necesidades y los comportamientos de los consumidores para:

2.12

El apoyo a la reestructuración empresarial y sectorial pasa por unos sistemas de alerta precoz (véase el Observatorio para la reestructuración en Europa (European Restructuring Monitor – ERM) en las empresas, condición previa para la planificación eficaz de unos procesos de reestructuración que, compartidos por todas las partes implicadas, permitan no sólo la recualificación profesional adecuada de los trabajadores, sino también asegurar el desarrollo de redes sectoriales e intersectoriales capaces de administrar los cambios de una manera integrada que, recurriendo a orientación profesional, garantice un nivel elevado de ocupación.

2.13

La Comisión presentó el 18 de abril de 2012 en Estrasburgo su nuevo paquete sobre el empleo, sobre el cual tendrá ocasión de pronunciarse el CESE. En dicho documento, la Comisión solicita a los Estados miembros que refuercen las políticas nacionales de empleo y manifiesta la voluntad de consolidar la coordinación y la supervisión de las políticas de este ámbito.

3.1

La Comisión ha abierto un debate público sobre la reestructuración de las empresas y la previsión del cambio, con el objetivo de hacerse una idea precisa de los logros que se han registrado en este ámbito.

3.2

En el Libro Verde se formulan diversas preguntas relacionadas con las lecciones que se pueden extraer de la crisis, con posibles adaptaciones económicas e industriales, la capacidad de adecuación de las empresas y los trabajadores, el papel de las administraciones regionales y locales, así como el papel de la formación profesional en la gestión de los recursos humanos y en el diálogo entre los interlocutores económicos y sociales.

4.1

Según el Comité, el Libro Verde debe considerarse una continuación de la Comunicación de 2005 sobre reestructuración y empleo, que tenía por objeto definir el papel de la UE a la hora de prevenir y gestionar las reestructuraciones con vistas a fomentar el empleo.

4.2

En opinión del CESE, la Comunicación del 2005 ha logrado resultados positivos, con distintas actividades a nivel de la UE para fomentar un planteamiento europeo respecto de la previsión y la reestructuración: numerosas conferencias temáticas de alto nivel y seminarios de expertos («Foros de reestructuración»), iniciativas en el ámbito del FSE, diversos estudios comparativos o la elaboración de «cajas de herramientas» y directrices, como ilustra de manera evidente el documento de trabajo «Restructuring in Europe 2011» que acompaña el Libro Verde.

4.3

El CESE señala con preocupación que el planteamiento del Libro Verde no incluye propuestas de acción con un calendario preciso y cercano que dé respuesta a la gravedad de la crisis actual, mientras se ofrece orientación sobre una serie de cuestiones abiertas, sin precisar ni plazos ni modalidades de actuación. Por otro lado, resultan más eficaces las medidas recogidas en otros instrumentos, como es el caso del paquete sobre el empleo lanzado en mayo de 2012, sobre el cual el CESE tendrá todavía ocasión de pronunciarse.

4.4

La empresa es, por definición, la protagonista de las estrategias de adaptación y posicionamiento de sus propias unidades operativas en los mercados y, por consiguiente, de los procesos de reestructuración correspondientes a dichas estrategias operativas, sin que por ello se deba pasar por alto:

4.5

A nivel europeo, el CESE reitera lo ya expresado anteriormente para llevar a cabo una estrategia de desarrollo (2): los interlocutores sociales del conjunto de la sociedad civil organizada deberían aspirar a hacer realidad un territorio socialmente responsable (TSR) en el que puedan ejecutarse distintas estrategias coordinadas entre sí:

4.6

En opinión del CESE, las políticas estructurales y de cohesión de la UE, así como las de innovación e investigación, deberían orientarse al apoyo proactivo de mecanismos de anticipación y acompañamiento de las reestructuraciones para transformarlas en sistemas de éxito, tanto para los trabajadores como para las empresas. Los Fondos Estructurales –y, en particular, el Fondo Social Europeo, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización– pueden desempeñar un papel notorio a la hora de aumentar la empleabilidad de los trabajadores y reducir al mínimo las consecuencias sociales de la pérdida de puestos de trabajo.

4.7

El CESE considera esencial un mayor compromiso de los interlocutores económicos y sociales y de los agentes de la sociedad civil organizada en los órganos de cooperación y supervisión de los Fondos Estructurales, a la vez que resalta como premisa fundamental para garantizar el éxito de la política estructural europea las competencias específicas de las partes interesadas locales.

4.8

En particular, el CESE cree importante la integración entre las políticas de reestructuración y las políticas industriales de transición hacia una economía europea con bajas emisiones de carbono que, respetando las exigencias climáticas y medioambientales, pueda crear, con la financiación adecuada, puestos de trabajo y nuevos oficios «verdes», tal como ya ha subrayado el CESE en dictámenes precedentes (4).

4.8.1

Atendiendo a la designación del 2012 como Año Europeo del Envejecimiento Activo, el CESE también cree que es importante desarrollar la profesionalidad en los servicios que ofrecen las ONG, la economía social y las empresas para respaldar un envejecimiento saludable, activo y digno, y desarrollar productos y servicios que den respuesta a las exigencias de estos consumidores (5).

4.9

Los programas de educación y formación profesional y permanente de la Unión Europea deberían ser, en opinión del CESE, instrumentos privilegiados para que los poderes públicos y las empresas previnieran de manera proactiva las transformaciones, sumándose así al esfuerzo permanente que despliegan las empresas y los trabajadores: Mencionado en Business Europe«El 72 % de las empresas de la UE ha manifestado la necesidad de formar a su personal de manera sistemática y el 32 % de los trabajadores de la Unión participó en 2010 en cursos de formación financiados por su empleador».

4.10

Tanto los paquetes nacionales de estímulo para dar una respuesta social a la crisis como las propuestas adoptadas hasta la fecha han resultado inadecuadas. No se han considerado suficientemente la creación de puestos de trabajo o la adopción de las medidas necesarias para estimular la demanda (como paquetes de incentivo fiscal más coordinados, así como cuestiones de política salarial).

4.10.1

Las ayudas estatales y la financiación prevista en los Fondos Estructurales para apoyar el empleo en las empresas afectadas por problemas relacionados con la mundialización y con el crédito deben basarse en condiciones que garanticen que dichas ayudas no crean obstáculos a la libre competencia y que se consagren principalmente a apoyar los niveles de empleo respetando los convenios colectivos. Se debe tener en cuenta el ejemplo de los Países Bajos, donde el modelo de «autónomo sin trabajadores» funciona de manera excelente. Este sistema brinda a los desempleados la oportunidad de aprovechar sus conocimientos y crear nuevos puestos de trabajo.

4.11

En opinión del CESE, se debe aplicar a nivel europeo una coordinación más estrecha entre las políticas y los servicios de la Comisión para apoyar de manera unívoca y coherente las decisiones que adopten las empresas en reestructuración.

4.12

El CESE cree que es fundamental valorizar el papel de los interlocutores sociales y de la sociedad civil organizada a todos los niveles: el diálogo social, la negociación y la participación no son sólo valores fundamentales del modelo social europeo, suscritos en todo momento por el CESE, sino también los instrumentos que apoyan con éxito y favorecen la cohesión social, el empleo de calidad, la creación de puestos de trabajo y el reforzamiento de la innovación y la competitividad de las economías europeas.

4.13

En este sentido, el Comité subraya el papel que desempeña la Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCMI) como foro privilegiado de diálogo constructivo y formulación de ideas y propuestas, gracias a una experiencia adquirida con éxito desde el Tratado CECA.

4.14

Como demuestran numerosos estudios y análisis de buenas prácticas, tanto a nivel de la UE como en el ámbito nacional, se considera que una relación de confianza entre los interlocutores sociales y un diálogo social eficaz son premisas fundamentales para prevenir y gestionar los cambios de la mejor manera posible.

4.15

En particular, el CESE sostiene que el diálogo, la concertación y la negociación son condiciones esenciales para las reformas y las iniciativas de «flexiguridad». Por una parte, hay que garantizar unas condiciones marco que permitan a las empresas, en función de la situación de cada país, adecuarse con rapidez y flexibilidad a las innovaciones, a los mercados y a las exigencias de los usuarios y consumidores, mientras que, por otra parte, es indispensable apoyar y facilitar la capacidad de adaptación y el crecimiento profesional de los trabajadores.

4.16

Además, como ya ha podido resaltar el CESE, la flexiguridad únicamente podrá funcionar si los trabajadores disponen de una buena formación profesional, y de hecho la creación de nuevos puestos de trabajo se vincula estrechamente a las nuevas competencias. Además, el CESE considera que las medidas para fomentar con puestos de trabajo estables la vertiente de la seguridad (en su sentido más amplio) constituyen ahora mismo la prioridad principal.

4.17

El CESE cree que es importante que los poderes públicos, los centros educativos y de formación y las empresas unan sus fuerzas para mejorar la oferta de empleo y formación, creando nuevos perfiles y competencias profesionales polivalentes y respaldando iniciativas de aprendizaje durante toda la vida activa.

4.18

A este respecto, el Comité subraya la importancia fundamental de asegurar mecanismos de acceso a la educación y la formación continua para dar respuesta a las necesidades de nuevos perfiles profesionales y nuevas cualificaciones, especialmente para los más jóvenes, en consonancia con las perspectivas que ha esbozado la «Agenda de nuevas cualificaciones y empleos» sobre la que el CESE ya ha tenido ocasión de pronunciarse (6).

4.19

El CESE sostiene la importancia que reviste una cooperación reforzada entre los distintos agentes a nivel local, ya que, sobre todo a ese nivel, la existencia de un buen diálogo social en un clima de confianza, junto con una actitud positiva frente a los cambios, constituye un factor importante para prevenir o limitar las consecuencias sociales negativas.

4.20

En opinión del CESE, especial atención merecen aquellas PYME que deban beneficiarse de medidas adecuadas por parte de los entes públicos y privados como patronales y asociaciones profesionales, cámaras de comercio, industria y artesanado, u otras instituciones, especialmente a nivel local y regional, con canales privilegiados de acceso al crédito y a las actividades de formación, y acciones apropiadas para la simplificación burocrática y administrativa.

4.21

Las nuevas consultas y definiciones de una política de previsión y reestructuración deberían basarse en los resultados que arrojan los más de siete años de investigaciones, estudios e informes que se han llevado a cabo a nivel europeo.

4.22

Si, en el pasado, la atención se centraba claramente en el análisis y el intercambio de información de buenas prácticas (7) y experiencias innovadoras, en el futuro la UE debería centrarse en mayor medida en acciones concretas, es decir, en el desarrollo y el crecimiento, favoreciendo la aplicación de directrices, normas y marcos de referencia basados en el acervo de normas europeas y de valores comunes y compartidos.

4.23

En último lugar, pero no por ello menos importante, el CESE subraya la importancia del aspecto humano: las personas –y las familias– víctimas de las reestructuraciones sectoriales y empresariales afrontan frecuentemente dramas humanos que no siempre se toman en debida consideración. Se deberían contemplar medidas de acompañamiento psicológico y social que vayan más allá de la necesaria recuperación de la inversión y el retorno al crecimiento y a la creación de empleo sostenible.

4.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 299/60

—

con el establecimiento de algunas formas de bonos de estabilidad, la obligación de disciplina presupuestaria se relajaría o desaparecería por completo, puesto que los Estados miembros de la zona del euro pondrían en común el riesgo de crédito correspondiente a una parte o a la totalidad de su deuda pública. Esto conllevaría un riesgo moral que surge debido a que el riesgo de crédito derivado de la falta de disciplina presupuestaria se repartiría entre todos los participantes;

—

la emisión de bonos de estabilidad podría relajar la disciplina de mercado, por lo que sería necesario introducir cambios sustanciales en el marco de gobernanza económica de la zona del euro, lo que tendría implicaciones en materia de soberanía presupuestaria;

—

para que los inversores aceptaran los bonos de estabilidad, estos habrían de tener una elevada calidad crediticia;

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también será importante lograr una elevada calidad crediticia a fin de garantizar la aceptación de los bonos de estabilidad por parte de todos los Estados miembros de la zona del euro;

la calificación crediticia de los bonos de estabilidad dependería esencialmente de la calidad crediticia de los Estados miembros participantes y de la estructura de la garantía subyacente.

3.2.1.1

Planteamiento no 1: Plena sustitución de la emisión de bonos nacionales por la emisión de bonos de estabilidad con garantías mancomunadas y solidarias

Según este planteamiento, la financiación pública en la zona del euro quedaría totalmente cubierta mediante la emisión de bonos de estabilidad y se suprimiría la emisión de bonos nacionales. La calificación crediticia de los Estados miembros de la zona del euro de mayores dimensiones tendría muy probablemente un papel preponderante a la hora de determinar la calificación de los bonos de estabilidad, lo que parece indicar que, si hoy mismo se procediera a una emisión de bonos de estabilidad, estos tendrían una elevada calificación crediticia. Esta fórmula es la que permitiría obtener más ventajas de la emisión de bonos de estabilidad, pero, al mismo tiempo, llevaría aparejadas mayores probabilidades de riesgo moral. Requeriría el establecimiento de un marco muy sólido que garantizara disciplina presupuestaria, competitividad económica y reducción de los desequilibrios macroeconómicos a escala nacional.

3.2.1.2

Planteamiento no 2: Sustitución parcial de la emisión de bonos nacionales por la emisión de bonos de estabilidad con garantías mancomunadas y solidarias

De acuerdo con este planteamiento, la emisión de bonos de estabilidad contaría con el respaldo de garantías mancomunadas y solidarias, pero solo sustituiría una porción limitada de la emisión nacional.

La parte no cubierta por la emisión de bonos de estabilidad permanecería sujeta a las respectivas garantías nacionales. Así pues, el mercado de los bonos soberanos de la zona del euro se compondría de dos elementos distintos: los bonos de estabilidad y los bonos públicos nacionales. Uno de los aspectos cruciales de este planteamiento sería el establecimiento de los criterios específicos para determinar la proporción respectiva de los bonos de estabilidad y los bonos nacionales.

3.2.1.3

Planteamiento no 3: Sustitución parcial de la emisión de bonos nacionales por la emisión de bonos de estabilidad con garantías mancomunadas pero no solidarias

Según este planteamiento, los bonos de estabilidad sustituirían solo en parte a los bonos nacionales y se respaldarían con garantías proporcionales de los Estados miembros de la zona del euro. Este planteamiento difiere del planteamiento no 2 en que los Estados miembros mantendrían la responsabilidad sobre su respectiva cuota de emisión de bonos de estabilidad, así como sobre su emisión nacional.

4.10.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 299/72

1.1

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) reafirma su firme apoyo a la política espacial europea y, en particular, a los grandes proyectos europeos Galileo y GMES, que considera estratégicos para el desarrollo económico y científico europeo. En todos los dictámenes que ha elaborado sobre este tema (1), el CESE siempre ha destacado la necesidad de dedicar mayor atención y recursos a las actividades espaciales, un ámbito en el que la UE debe seguir ocupando un lugar destacado.

1.2

El CESE se opone firmemente a la propuesta de la Comisión de relegar a un fondo específico la financiación necesaria para desarrollar y culminar el programa GMES.

1.3

El CESE considera que es necesario y urgente garantizar la continuidad de un programa que está entrando en una fase operativa, si no se quiere que fracase. Todos los mecanismos nuevos de financiación, gestión y gobernanza que se proponen difieren de los mecanismos habituales y consolidados en el ámbito de la UE, por lo que la propuesta parece inoportuna, injustificada e incluso sumamente arriesgada. En efecto, la creación de nuevos organismos y modelos de financiación requiere entrar en unas fases de negociación y estudio extenuantes e inciertas, que durarán seguramente varios años, algo que es incompatible con la aplicación de un programa como GMES, además de inútil, dado que tanto la Comisión como las agencias europeas disponen de todas las competencias y responsabilidades necesarias para desarrollar el programa.

1.4

El CESE pide que la financiación del programa se integre en el marco financiero plurianual 2014-2020, y que la gobernanza se estructure de manera que se tenga en cuenta la capacidad actual en Europa y se evite tanto la fragmentación de los órganos de gestión como la creación de nuevos entes poco aptos a encargarse de la gestión de un programa que se desarrolló durante la última década. Esta petición ya se había formulado en un dictamen anterior (2).

1.5

La Comunicación sobre las modalidades de aplicación de la propuesta de acuerdo intergubernamental relativo a las operaciones del programa GMES (3), que se publicó durante la elaboración del presente dictamen, no modifica en nada las conclusiones del mismo. Al contrario, las refuerza, en la medida en que permite al CESE subrayar una vez más el gran riesgo de introducir de manera tardía un nuevo modelo de financiación y gestión sin experimentar, y que no forma parte del marco financiero plurianual ni de los circuitos de gestión propios y consolidados de la UE.

1.6

El CESE manifiesta su profunda preocupación por el riesgo concreto de que el programa GMES se enfrente a graves dificultades, lo que significaría echar a perder una inversión de más de 3 200 millones de euros. A la luz de los debates actuales entre los Estados miembros, este riesgo es más bien una certeza.

1.7

El CESE señala que, menos de un año antes de la fecha prevista para su puesta en funcionamiento (lanzamiento previsto en 2013 de los satélites A de las constelaciones Sentinel-1, Sentinel-2 y Sentinel-3), parece muy arriesgado e injustificado redefinir la compleja estructura de financiación y gobernanza del GMES, tal y como se describe en la Comunicación objeto de examen, teniendo en cuenta en particular la importancia estratégica de este programa para la UE.

1.8

La Comunicación no integra un análisis de viabilidad que permita evaluar la factibilidad del programa en términos de eficacia y eficiencia. Tampoco se justifica claramente la necesidad de un nuevo sistema.

1.9

El CESE observa que los dos programas emblemáticos del Plan Espacial Europeo, Galileo y GMES, se someten a un tratamiento distinto: el primero se incluye en el marco financiero plurianual (MFP), mientras que el segundo queda excluido de dicho marco.

1.10

Por lo que respecta a la gobernanza, es sorprendente el papel marginal que se asigna en este complejo sistema a la Agencia Espacial Europea (ESA), que hasta ahora ha elaborado, gestionado y explotado gran parte de los sistemas de satélites europeos, además de proporcionar, en asociación con la Comisión Europea, la práctica totalidad de su financiación. Su sustitución por organismos nuevos o con poca experiencia de gestión de los sistemas de satélites y los datos recabados no parece estar debidamente fundamentada.

1.11

El CESE considera que, menos de un año antes de la entrada en vigor del modelo de financiación del programa GMES, redefinir de manera tan radical las competencias del programa, como se propone en la Comunicación, entraña un riesgo altísimo para la puesta en funcionamiento del sistema.

1.12

El CESE destaca el carácter incierto e impreciso de la propuesta de gobernanza presentada por la Comisión. Las dificultades del modelo propuesto son evidentes: la coordinación técnica se encomienda a unos organismos que no están familiarizados con las actividades espaciales, ni disponen de una cultura de trabajo colaboración con las otras agencias. Por otra parte, más del 80 % de las actividades previstas por el programa GMES son actividades espaciales. El CESE pide a la Comisión que revise el modelo propuesto manteniendo una gobernanza unitaria, y siga confiando a la ESA la responsabilidad técnica del programa, bajo la supervisión y el control de la Comisión, tal y como se había previsto inicialmente.

2.1

La Comunicación de 30 de noviembre de 2011 objeto de examen expone la solución que propone la Comisión Europea para financiar, fuera del marco financiero plurianual 2014-2020 (4), la fase operativa del programa estratégico de vigilancia de la tierra y seguridad GMES, tal y como se ha definido hasta ahora y desarrollado hasta su fase de aplicación final. Incluye asimismo una propuesta de gobernanza. Se trata, pues, de una comunicación esencial para el programa GMES.

2.2

La ulterior comunicación sobre las modalidades de aplicación de la propuesta de acuerdo intergubernamental relativo a las operaciones del programa GMES (5), que se publicó durante la elaboración del presente dictamen, no modifica las observaciones ni las conclusiones sobre dicho documento. En efecto, dicha comunicación es una adenda que detalla los aspectos financieros del fondo propuesto e instituye un nuevo organismo, el Consejo del GMES, que duplica las competencias ejercidas hasta ahora en materia de gestión de los programas espaciales europeos, creando claros conflictos de competencias y solapamientos con las estructuras decisorias en la Unión.

2.3

El Programa Europeo de Vigilancia de la Tierra (GMES) es, junto a Galileo, uno de los dos programas emblemáticos de la Unión Europea en el sector espacial. Desempeña un papel clave en la observación de la tierra, al proporcionar los medios para comprender y controlar el cambio climático, en la protección y la seguridad civil, el desarrollo sostenible y la gestión de crisis.

2.4

La decisión de no incluir dicho programa en la propuesta de marco financiero plurianual 2014-2020 ha suscitado una gran preocupación, debido al riesgo concreto de perder un programa estratégico para Europa, que representa diez años de trabajo y una inversión de más de 3 000 millones de euros.

2.5

En su análisis de diciembre de 2011 (6), el CESE ya manifestó su gran preocupación por el futuro de este programa, a falta de continuidad en su financiación.

2.6

En febrero de 2012, el Parlamento Europeo, en su Resolución sobre el futuro del GMES (7), declaraba que «no es una opción viable financiar el GMES fuera del marco financiero plurianual (MFP), con la estructura de financiación y de gobierno que propuso la Comisión en su Comunicación».

2.7

El componente espacial del GMES se basa en tres constelaciones de satélites, Sentinel-1, 2 y 3, y en instrumentos (Sentinel 4 y 5) instalados en otros satélites. Los primeros satélites de las tres constelaciones se pondrán en órbita en 2013. Es urgente, por tanto, definir el marco financiero que garantice el funcionamiento de unas operaciones inminentes.

2.8

A falta de propuesta, con motivo de la conferencia de prensa del 9 de enero de 2012 el director general de la ESA reafirmó que, sin una decisión sobre la financiación de las actividades del GMES, la ESA renunciaría a los lanzamientos previstos (8).

2.9

Con su comunicación, la Comisión Europea propone conseguir la financiación necesaria para desarrollar y poner en funcionamiento toda la infraestructura mediante la constitución de un nuevo fondo específico para el GMES, cuya creación requiere un acuerdo intergubernamental entre los Estados miembros y la UE reunidos en el seno del Consejo.

2.10

Los 27 Estados miembros de la UE deberían contribuir a este fondo, sobre la base de sus respectivas rentas nacionales brutas (RNB). La comunicación propone un modelo de acuerdo, que se especifica posteriormente en la comunicación ulterior (9).

2.11

La propuesta de gobernanza contenida en la comunicación, que no es menos importante que la relativa a la financiación, enumera una serie de agentes que deberían encargarse de los diferentes aspectos y sectores en torno a los cuales se articula el programa GMES.

2.12

La introducción de un nuevo y complejo sistema de financiación y de un nuevo organismo de gestión de un programa espacial (el Comité del GMES) no parece justificado y se presenta tarde, un año antes de la puesta en órbita de los primeros satélites.

3.1

El programa GMES de vigilancia global de la tierra y seguridad y el programa Galileo de navegación por satélite constituyen los grandes programas estratégicos de la Unión Europea con los que pretende mantener su independencia y primacía en el sector espacial.

3.2

Mantener un fuerte liderazgo e independencia en el ámbito espacial se considera estratégico para el futuro de Europa, dadas las numerosas e importantes repercusiones económicas, tecnológicas, geopolíticas y culturales en sentido amplio de las actividades desarrolladas en este sector.

3.3

El GMES es un programa estratégico de la Unión Europea, que se estableció mediante el Reglamento (UE) no 911/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo.

3.4

La comunicación reafirma que «con el fin de responder a un número cada vez mayor de desafíos a nivel global, Europa necesita un sistema de observación de la Tierra propio, que esté bien coordinado y sea fiable. El GMES es ese sistema.»

3.5

La comunicación propone un nuevo modelo de financiación, que no forma parte del sistema consolidado de gestión del presupuesto de la UE. Este nuevo modelo requiere la intervención específica y la aprobación por los 27 Estados miembros de un mecanismo que, en la situación financiera actual (véase por ejemplo, aunque no solo, la situación de Grecia y la eventual falta de disponibilidad de Francia e Italia) podría muy probablemente, y casi con toda seguridad, verse bloqueado, lo que significaría el fin del programa GMES.

4.1

La comunicación prevé excluir el GMES del MFP 2014-2020.

4.2

En su lugar, la financiación debería realizarse mediante un acuerdo interno entre los representantes gubernamentales de los Estados miembros, reunidos en el seno del Consejo.

4.3

El acuerdo prevé que cada Estado miembro de la Unión establezca previamente los procedimientos necesarios para su entrada en vigor, notificándolos a la secretaría general del Consejo de la Unión Europea.

4.4

La ratificación por todos los Estados miembros de la Unión es un requisito previo a la entrada en vigor del acuerdo.

4.5

El acuerdo no podrá entrar en vigor antes de su aprobación por el último Estado miembro. Debido a la actual situación financiera de la Unión Europea en general y, de manera más específica, de determinados Estados miembros, esta cláusula parece suficiente por sí sola para que fracase el programa GMES.

4.6

Actualmente, se desconocen el calendario y las modalidades de convocatoria de este Consejo, lo que representa un riesgo dada la inminencia del lanzamiento de los satélites Sentinel 1, 2 y 3 (2013).

4.7

Con fines de programación, gestión y ejecución del fondo del GMES, la comunicación prevé que el Consejo adopte un reglamento, a propuesta de la Comisión. Por ahora no se dispone aún del proyecto de este reglamento.

4.8

Para establecer el reglamento financiero del fondo del GMES, que recoja las normas relativas al establecimiento y la ejecución financiera, así como a la presentación y auditoría de cuentas, la Comunicación prevé su adopción por el Consejo, a propuesta de la Comisión. Por ahora no se dispone aún del proyecto de este reglamento.

4.9