ISSN 1977-0928

doi:10.3000/19770928.C_2012.277.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 277

European flag  

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

55o año
13 de septiembre de 2012


Número de información

Sumario

Página

 

I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

 

RESOLUCIONES

 

Comité de las Regiones

 

96a sesión plenaria de los días 18 y 19 de julio de 2012

2012/C 277/01

Resolución sobre las prioridades del Comité de las Regiones para 2013 con miras al programa de trabajo de la Comisión Europea

1

 

DICTÁMENES

 

Comité de las Regiones

 

96a sesión plenaria de los días 18 y 19 de julio de 2012

2012/C 277/02

Dictamen del Comité de las Regiones — Migración y movilidad – Un enfoque global

6

2012/C 277/03

Dictamen del Comité de las Regiones — Refuerzo de la solidaridad en la UE en el ámbito de la política de asilo

12

2012/C 277/04

Dictamen del Comité de las Regiones sobre Ciudades del mañana: ciudades sostenibles desde el punto de vista social y medioambiental

18

 

III   Actos preparatorios

 

COMITÉ DE LAS REGIONES

 

96a sesión plenaria de los días 18 y 19 de julio de 2012

2012/C 277/05

Dictamen del Comité de las Regiones — Instrumentos financieros de la UE en materia de asuntos de interior

23

2012/C 277/06

Dictamen del Comité de las Regiones — Instrumentos financieros de la UE en el ámbito de la justicia y la ciudadanía

43

2012/C 277/07

Dictamen del Comité de las Regiones — Un mecanismo para el seguimiento y notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero

51

2012/C 277/08

Dictamen del Comité de las Regiones — Propuesta de Reglamento relativo al establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE)

61

2012/C 277/09

Dictamen del Comité de las Regiones — Adjudicación de contratos de concesión

74

2012/C 277/10

Dictamen del Comité de las Regiones — Propuesta de Reglamento relativo a la cooperación territorial europea

96

2012/C 277/11

Dictamen del Comité de las Regiones — Paquete aeroportuario

110

2012/C 277/12

Dictamen del Comité de las Regiones — El mecanismo Conectar Europa

125

2012/C 277/13

Dictamen del Comité de las Regiones — Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las orientaciones sobre la infraestructura energética transeuropea y por el que se deroga la Decisión no 1364/2006/CE

137

2012/C 277/14

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema Horizonte 2020: el programa marco de investigación e innovación

143

2012/C 277/15

Dictamen del Comité de las Regiones — Europa creativa

156

2012/C 277/16

Dictamen del Comité de las Regiones — Mecanismo de protección civil de la Unión

164

2012/C 277/17

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el paquete Empresas responsables

171

ES

 


I Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

RESOLUCIONES

Comité de las Regiones

96a sesión plenaria de los días 18 y 19 de julio de 2012

13.9.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 277/1


Resolución sobre las prioridades del Comité de las Regiones para 2013 con miras al programa de trabajo de la Comisión Europea

2012/C 277/01

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

vista la Comunicación de la Comisión sobre el Programa de Trabajo de la Comisión para 2012 «Materializar la renovación de Europa» (1),

vista su resolución de 15 de diciembre de 2011 sobre el tema «Prioridades del Comité de las Regiones para 2012 basadas en el programa legislativo y de trabajo de la Comisión Europea» (2),

vista su resolución de 16 de febrero de 2012 para el Consejo Europeo de primavera 2012 sobre el proyecto de Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (3),

visto el Protocolo de cooperación vigente entre la Comisión Europea y el Comité de las Regiones firmado el 16 de febrero de 2012,

considerando que el Comité de las Regiones quiere esbozar sus posiciones clave sobre el Programa de Trabajo de la Comisión para 2013,

El futuro de la Unión

1.

tiene el convencimiento de que, aunque la Unión Europea afronta enormes desafíos a la hora de abordar la actual crisis financiera, económica, social y política, es necesario con urgencia un programa de trabajo ambicioso de la Comisión Europea para 2013 que impulse el crecimiento sostenible, la creación de empleo y la calidad de vida en Europa y contribuya a recuperar la confianza de los ciudadanos en el proceso de integración europea;

2.

considera que la recuperación debe apoyarse en dos pilares de reformas estructurales igual de importantes: relanzar el crecimiento y garantizar la disciplina presupuestaria;

3.

apoya una mayor integración económica y un mejor alineamiento de las prioridades políticas, ingresos y gastos entre todos los niveles de gobierno, respetando al mismo tiempo la autonomía y los poderes de los gobiernos nacionales, regionales y locales; tomando como base los principios de subsidiariedad y gobernanza multinivel, rechaza toda renacionalización o centralización implícitas o explícitas de las políticas;

4.

pide a la Comisión Europea que se oponga a los intentos de utilizar acuerdos intergubernamentales para eludir los procedimientos democráticos de la Unión acordados en los Tratados, sin poner por ello en tela de juicio las cooperaciones reforzadas previstas en el Tratado de Lisboa;

5.

recuerda la posición del CDR (4) consistente en que una pronta adopción del próximo marco financiero plurianual (MFP) para el período 2014-2020 a finales de 2012 sería una señal importante de que la UE puede responder a los desafíos globales con su propia estrategia para el crecimiento, el empleo y la competitividad, y un requisito para garantizar que la política de cohesión siga siendo operativa;

6.

reitera que el presupuesto de la UE es un presupuesto de inversión, que deben rechazarse las propuestas de recortes en la financiación de programas que son parte integrante de la agenda de la UE para el crecimiento, y que es necesario crear nuevos recursos propios, sobre todo con miras a sustituir las contribuciones nacionales al presupuesto de la UE;

7.

reitera la determinación de las autoridades regionales y locales a participar en la simplificación de los fondos de la UE y en la revisión de la regulación financiera, al objeto de reducir la burocracia, aumentar el efecto multiplicador de los fondos públicos a nivel regional, nacional y de la UE y garantizar transparencia y la debida rendición de cuentas ante los contribuyentes de la UE;

8.

considera que la Comisión Europea debería presentar un análisis del impacto del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria sobre los entes locales y regionales y, en particular, sobre la manera de preservar la autonomía fiscal local y regional;

9.

apoya los esfuerzos destinados a asegurar la disciplina presupuestaria, en particular en lo que se refiere al control de los altos niveles de deuda pública que representan una grave amenaza para la solidaridad entre generaciones. Al mismo tiempo, la existencia de suficientes capacidades de inversión de los entes locales y regionales podrá asegurar el crecimiento sostenible a través de la inversión adecuada, por ejemplo mediante la ejecución de proyectos cofinanciados por los fondos europeos y la contratación pública;

10.

reitera su llamamiento a la Comisión para que incorpore el artículo 9 del TFUE sobre la promoción de un nivel de empleo elevado, la garantía de una protección social adecuada y la lucha contra la exclusión social en todas sus propuestas; por consiguiente, insta a la Comisión a que presente recomendaciones equilibradas en el contexto del semestre europeo y tenga en cuenta estas obligaciones del Tratado para toda legislación relativa a la crisis financiera y económica;

11.

pide a la Comisión que coopere con el Comité de las Regiones en la elaboración de una Ley Europea de Procedimiento Administrativo;

Estrategia Europa 2020 y Semestre Europeo

12.

señala que, aunque el Semestre Europeo puede contribuir al crecimiento económico, la disciplina fiscal y los retos estructurales, la Comisión Europea y los Estados miembros deben anticipar y vigilar estrechamente el impacto de estas medidas en la autonomía de los entes locales y regionales;

13.

acoge muy favorablemente el nuevo «PACTO POR EL CRECIMIENTO Y EL EMPLEO», tal como lo decidió el Consejo Europeo de junio de 2012, y apoya su exhortación a «movilizar todas las palancas, instrumentos y políticas para ello, a todos los niveles de gobernanza de la Unión Europea», al objeto de alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 (5);

14.

apoya los esfuerzos de la Comisión Europea para mejorar los mecanismos de gobernanza y en particular el principio de cooperación en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas nacionales de reforma; no obstante, pide a la Comisión Europea que incluya una evaluación de estos aspectos en cada una de las recomendaciones específicas por países;

15.

recuerda la necesidad de incluir estructuras orientadas a la consecución de resultados, como pactos territoriales, en los programas nacionales de reforma (6); además deberían reconocerse y apoyarse iniciativas que fomenten la competitividad y la innovación a nivel local y regional, como la etiqueta de región empresarial europea;

16.

espera reforzar su cooperación con la Comisión Europea a lo largo de todo el ciclo político de Europa 2020, y pide participar en la elaboración de la encuesta anual sobre el crecimiento;

17.

sugiere que la Comisión Europea facilite con regularidad información actualizada sobre la realización de las iniciativas emblemáticas de Europa 2020, informando en particular sobre la participación en la misma de los entes locales y regionales;

18.

pide a la Comisión Europea que en 2013, en el contexto de la evaluación intermedia de la estrategia, señale cómo pretende garantizar una mayor participación de los entes locales y regionales en este ámbito;

19.

pide que cualquier reasignación de fondos estructurales no utilizados a una nueva agenda de crecimiento respete el principio de subsidiariedad y cuente con la participación de los entes locales y regionales;

20.

insta a la Comisión Europea que siga abordando desafíos clave como el desempleo juvenil y el empleo de los trabajadores mayores de 55 años, así como de los grupos desfavorecidos desde el punto de vista social, teniendo en cuenta el papel fundamental de los entes locales y regionales; pide en particular a la Comisión Europea que presente una propuesta de recomendación del Consejo para la elaboración de un Reglamento sobre la «Garantía juvenil»; pide que se incluya una dimensión local y regional concreta en los planes nacionales de empleo;

21.

insta a la Comisión a que garantice que la próxima recomendación sobre la pobreza infantil y el bienestar del niño incorpore las sugerencias formuladas en el Dictamen del CDR sobre la pobreza infantil de febrero de 2012 (CDR 333/2011), en particular la adopción de una estrategia global contra la pobreza infantil y la exclusión social que contemple los niveles nacional, regional y local, así como la creación de un marco de seguimiento basado en indicadores apropiados, que esté también vinculado al mecanismo de información existente en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. El CDR está convencido de que en el año 2013 será necesario proceder a una evaluación de los efectos de la crisis en la pobreza infantil, basándose en los informes específicos de los Estados miembros elaborados en el marco de los programas nacionales de reforma y de la estrategia UE 2020;

Presupuesto de la UE

22.

recuerda que, en tiempos de crisis y austeridad, el presupuesto de la UE debería impulsar la cofinanciación pública y privada lo más posible en todos los niveles de gobernanza (7); lamenta la ausencia de datos estadísticos que permitan una evaluación seria de estos efectos de palanca y multiplicadores;

23.

apoya la intención de la Comisión Europea de presentar un informe sobre la calidad del gasto público (8), y recomienda la separación del gasto corriente y la inversión en el cálculo del déficit presupuestario, a fin de evitar que las inversiones con beneficios netos a largo plazo se contabilicen como negativas;

24.

señala que pueden buscarse sinergias, en particular entre los presupuestos de la UE, nacionales y subnacionales, siempre que se establezcan mecanismos de coordinación adecuados y eficaces, como la interoperabilidad entre las administraciones públicas responsables de las cuestiones presupuestarias, normas de contabilidad armonizadas de las finanzas públicas y ciclos presupuestarios y estructuras presupuestarias comparables, y pide a la Comisión Europea que elabore un Libro Verde a fin de estudiar posibles medidas concretas en este ámbito;

Mercado único, pymes e industria

25.

pide a la Comisión Europea que incorpore un Acta del Mercado Único III en su Programa de Trabajo para 2013, que debería incluir todas las iniciativas políticas restantes del Acta del Mercado Único sobre las que aún no se haya actuado, y mantener un equilibrio entre los pilares económico, social y de gobernanza con respecto a las cuatro libertades fundamentales;

26.

pide a la Comisión que preste especial atención a seguir mejorando la movilidad transfronteriza de los trabajadores, salvaguardando sus derechos, y solicita que se mejore el sistema de reconocimiento de cualificaciones a fin de apoyar la movilidad de los profesionales;

27.

Insta a la Comisión Europea a retirar su propuesta de Reglamento del Consejo sobre el ejercicio del derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo en el contexto de la libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios, que ha desencadenado la puesta en marcha de la alerta temprana sobre la subsidiariedad por parte de doce Parlamentos nacionales;

28.

destaca el importante papel de las pymes en la regeneración económica y en el empleo a nivel local y regional, que puede potenciarse con la participación de pymes, universidades y entes locales y regionales en los programas de financiación de la investigación y la innovación de la UE;

29.

pide a la Comisión Europea que facilite el acceso de las pymes a la financiación y a la contratación pública, y que siga reduciendo la carga administrativa;

30.

espera que la Comisión Europea cuente con el CDR en la revisión de la iniciativa emblemática sobre política industrial;

31.

apoya la petición del Parlamento Europeo a la Comisión para que presente, en enero de 2013, con fundamento en el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, una propuesta de directiva para garantizar el acceso a los servicios de pago básicos a todos los consumidores que residan legalmente en la Unión;

32.

reitera su llamamiento para adoptar una agenda europea de vivienda social que clarifique las normas de competencia aplicables a la vivienda social y capacite a los entes locales y regionales para proporcionar viviendas sociales decentes y accesibles, promover la mezcla social y combatir la discriminación;

33.

pide a la Comisión Europea que, tras la retirada de una primera propuesta de reglamento sobre el estatuto de las mutualidades europeas, presente rápidamente un proyecto de propuesta revisada.

Energía

34.

insta a que en 2013 se haga un seguimiento de la Hoja de Ruta de la Energía para 2050 a fin de garantizar que los entes locales y regionales puedan fomentar la energía sostenible descentralizada, e infraestructuras energéticas como las redes inteligentes interconectadas, como elemento clave de la eficiencia en el uso de los recursos y la economía verde; pide, por lo tanto, a la Comisión Europea que desarrolle un marco de inversión global con el horizonte temporal de 2030, a fin de proporcionar la certidumbre necesaria tanto a los agentes del mercado como a los entes locales y regionales;

35.

pide a la Comisión Europea que evalúe las diferentes opciones para crear un nuevo instrumento financiero gestionado de forma descentralizada, que promueva la aplicación por los entes regionales y locales y, en particular, por los socios del Pacto de los Alcaldes, de planes de acción en materia de energía sostenible (PAES); aboga asimismo por una mejor agrupación de las medidas de ayuda financiera a la eficiencia energética y la conservación de energía en los futuros programas de financiación de la UE (9);

36.

pide a la Comisión Europea que tome medidas para resolver los problemas de conectividad entre los Estados miembros y entre las regiones de los Estados miembros, y que promueva medidas para facilitar la difusión de la microproducción de energía y su integración en las redes de distribución;

37.

pide que se facilite el acceso de las pequeñas y medianas empresas y de los entes locales y regionales a los préstamos del Banco Europeo de Inversiones para las inversiones en los ámbitos de la eficiencia energética y las energías renovables;

Política Regional

38.

insiste en la necesidad de cumplir el objetivo de adoptar a principios de 2013 el paquete legislativo sobre la política de cohesión 2014-2020, a fin de permitir a los entes locales y regionales iniciar los programas de los Fondos Estructurales el 1 de enero de 2014;

39.

pide a EUROSTAT, en conjunción con los institutos nacionales de estadística, que satisfaga la necesidad de unos datos sobre el PIB regional más oportunamente comparables;

40.

recuerda la necesidad de tener en cuenta la dimensión territorial de las políticas de la UE de manera más coherente y estricta; sugiere que la Comisión Europea incluya estos elementos en sus futuras actividades de evaluación de impacto y que informe sobre ellos con regularidad (10);

41.

insta a la Comisión Europea a ampliar el plan de desplazamiento temporal de funcionarios públicos de la UE al nivel subnacional (en lugar de centrarse solo en el nivel nacional) con el fin de mejorar el conocimiento en las instituciones europeas sobre la aplicación de la legislación y los proyectos de la UE a nivel local y regional;

Transporte

42.

está a la espera de la próxima propuesta sobre el futuro de la política portuaria de la UE; pide que la propuesta se someta a una evaluación de impacto territorial, y se muestra dispuesto a contribuir a este ejercicio;

43.

señala la importancia de la movilidad urbana sostenible, y sugiere que se fomenten los billetes electrónicos e inteligentes en todos los modos de transporte, incluidos el autobús, el ferrocarril, los transbordadores, el uso compartido del automóvil y la bicicleta, así como los peajes de carretera, a fin de alentar una mejor interoperabilidad entre sistemas y un mayor uso del transporte público:

Medio ambiente

44.

observa que la tendencia correspondiente a una ralentización de la evolución positiva de la calidad del aire se deriva, en gran parte, del carácter excesivamente timorato de la política de la UE basada en la fuente y de falta de normas nacionales. La carga y la responsabilidad de resolver los problemas de la calidad del aire recae en gran medida en los entes locales y regionales (11); aguarda con expectación propuestas relativas a cómo abordar estos problemas en la próxima revisión de la legislación de la UE sobre la calidad del aire;

45.

espera que en esta revisión se alineen los niveles de ambición y los calendarios de la política de la UE en materia de emisiones (fuentes de contaminación) e inmisiones y que, en particular, se refuerce la directiva sobre techos nacionales de emisión (NEC) a fin de reducir las tasas de concentración de fondo; que se hagan más estrictas las normas relativas a las emisiones de NO2/Nox y partículas para los vehículos, y que también se aborden las emisiones procedentes de la navegación, el tráfico aéreo y la agricultura, simplificando los indicadores y los criterios de medición; pide asimismo que la política de la UE en materia de calidad del aire se integre con otras políticas, en particular en materia de transporte, vivienda, industria, energía y clima;

46.

solicita que la estrategia de adaptación al cambio climático de la UE incluya una sección sobre las medidas de adaptación específicas a nivel regional y municipal, así como orientaciones y apoyo a los responsables de las decisiones locales y regionales; también debería estudiarse la creación de un grupo de trabajo sobre estrategias de adaptación en regiones europeas especialmente vulnerables, que reúna a representantes del CDR, de la DG «Acción por el Clima», el EEE, el Centro Común de Investigación y las redes y asociaciones locales y regionales.

Agricultura y políticas marítimas

47.

destaca la necesidad de una comunicación específica sobre un nuevo régimen de calidad de la UE para los productos alimenticios locales, ya que los sistemas alimentarios locales apoyan la economía local y regional mediante la creación de empleo en la agricultura y la producción de alimentos;

48.

consideraría oportuna una mayor flexibilidad de la Comisión en su contribución a la búsqueda de una salida al actual punto muerto entre el Parlamento Europeo y el Consejo en relación con la base jurídica relativa a los planes plurianuales para el sector de la pesca; desea la ampliación de las iniciativas, en el ámbito del paquete de propuestas para la reforma de la política pesquera común, en aras de una mayor descentralización de la política pesquera y medidas de acción adaptadas a las necesidades y retos que afrontan las regiones costeras y las aguas interiores;

49.

apoya el desarrollo de la estrategia de cuenca marítima como una herramienta de política marítima integrada, pero considera que estas estrategias, como la que se adoptará para la región atlántica en 2013, deben incluir una dimensión territorial más fuerte y aprovechar las enseñanzas del planteamiento de la estrategia macrorregional;

Ciudadanía de la UE

50.

pide que la dimensión local y regional se tenga en cuenta en las iniciativas destinadas a ampliar y reforzar los derechos de los ciudadanos, así como en los esfuerzos encaminados a recuperar la confianza de los ciudadanos en la UE y sus instituciones, e insiste en la necesidad de promover la participación de los niños y los jóvenes dada su capacidad para ejercer los derechos y responsabilidades de la ciudadanía; solicita a la Comisión que, en las actividades programadas en el marco del Año Europeo de los Ciudadanos 2013 –al que el CDR tiene intención de contribuir–, se centre en este desafío;

51.

se compromete a contribuir al seguimiento de iniciativas ciudadanas europeas exitosas, en colaboración con las demás instituciones de la UE;

Una Europa más amplia y Europa en el mundo

52.

pide que se facilite el acceso de los agentes locales y regionales de los países de la política europea de vecindad (PEV) a los fondos específicos de la UE para este ámbito, y apoya la apertura de los programas existentes, incluida la agrupación europea de cooperación territorial (AECT), a socios de los países de la vecindad;

53.

reitera su intención de proseguir la cooperación fructífera con la Comisión Europea en el contexto del Instrumento para la Administración Local, a fin de mejorar el desarrollo de capacidades locales y fomentar el conocimiento de la UE y sus procedimientos en los países candidatos y precandidatos; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de ampliarlo a los gobiernos locales de los países de la PEV;

54.

confía en que sus recomendaciones se tendrán debidamente en cuenta en el proceso de elaboración del Programa de Trabajo de la Comisión para 2013, y encarga a la presidenta del Comité de las Regiones que presente esta resolución al presidente de la Comisión Europea, al presidente del Consejo Europeo, al presidente del Parlamento Europeo, a la Presidencia chipriota del Consejo de la UE y a las próximas presidencias irlandesa y lituana.

Bruselas, 19 de julio de 2012.

La presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO


(1)  COM(2011) 777 final

(2)  CDR 361/2011 fin.

(3)  CDR 42/2012 fin.

(4)  CDR 318/2010, coponentes: Mercedes Bresso y Ramón Valcárcel Siso.

(5)  Conclusiones del Consejo Europeo de 28/29 de junio de 2012, p. 7.

(6)  CDR 72/2011, ponente: Markku Markkula

(7)  CDR 318/2010, coponentes: Mercedes Bresso y Ramón Valcárcel Siso.

(8)  Véase COM(2012) 299, punto 2.1.

(9)  CDR 85/2012, coponente: Brian Meaney

(10)  CDR 273/2011, ponente: Luc Van den Brande

(11)  CDR 329/2011, ponente: Cor Lamers.


DICTÁMENES

Comité de las Regiones

96a sesión plenaria de los días 18 y 19 de julio de 2012

13.9.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 277/6


Dictamen del Comité de las Regiones — Migración y movilidad – Un enfoque global

2012/C 277/02

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

subraya que el respeto de los derechos humanos de los migrantes y la solidaridad hacia los países de los que procede la mayor parte de los flujos migratorios deben reflejarse en todas las fases de la política migratoria de la Unión, también en las relaciones con los terceros países, respetándose plenamente los principios consagrados en el apartado 1 del artículo 21 del TUE;

considera que es necesario llevar a cabo un examen pormenorizado de todas las causas de las migraciones, incluidos los cambios climáticos, para establecer un marco jurídico apropiado para las personas que huyen de su país de origen debido a catástrofes naturales o a condiciones climáticas que ponen en peligro su vida o su integridad física;

considera que el Enfoque Global de la Migración exige una gobernanza multinivel para garantizar la gestión de la migración por los agentes más adecuados según las circunstancias y conforme al principio de subsidiariedad, con el fin de garantizar el mayor bienestar posible a las personas tanto en los países de origen como en los de destino;

pide, en particular, que se cuente plenamente con los entes regionales y locales en la aplicación del Enfoque Global, para reforzar los proyectos de cooperación descentralizada existentes y los diálogos ya estructurales, como los que se desarrollan en la ARLEM y la CORLEAP.

Ponente

Nichi VENDOLA (IT/PSE), Presidente de la Región de Apulia

Texto de referencia

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Enfoque Global de la Migración y la Movilidad

COM(2011) 743 final

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Consideraciones generales

1.

subraya la relevancia del Enfoque Global como marco de referencia de la acción de la Unión Europea en la gobernanza mundial de la migración y la movilidad, y como instrumento que ofrece una visión de conjunto de las políticas migratorias, para cumplir el objetivo de hacer coherente la acción de la Unión Europea en materia de relaciones exteriores y política de desarrollo con las políticas de inmigración;

2.

acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión Europea de presentar una versión actualizada del Enfoque Global, más articulada y centrada en los migrantes y en el respeto de los derechos humanos en los países de origen, tránsito y destino;

3.

reafirma el derecho humano de toda persona a abandonar cualquier país, incluido el suyo propio, y a regresar a él (1), como fundamento jurídico fundamental de cualquier reflexión en torno a la migración y la necesidad de promover una migración basada en una decisión de la persona, independientemente de su motivación y de los requisitos específicos del país de destino (2);

4.

subraya que el respeto de los derechos humanos de los migrantes y la solidaridad hacia los países de los que procede la mayor parte de los flujos migratorios deben reflejarse en todas las fases de la política migratoria de la Unión, también en las relaciones con los terceros países, respetándose plenamente los principios consagrados en el apartado 1 del artículo 21 del TUE;

5.

considera que se debe garantizar un respeto efectivo de los derechos humanos a la hora de definir las posibilidades ofrecidas a los nacionales de terceros países de entrar en la UE, así como en las políticas de acogida e integración de los migrantes;

6.

subraya que en los acuerdos de readmisión y los acuerdos de facilitación de la obtención de visados, tanto de la Unión como de los Estados miembros, así como en todas las acciones de lucha contra la inmigración irregular se deben respetar efectivamente los derechos humanos según lo dispuesto, en particular, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, como en numerosas ocasiones ha reiterado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

7.

subraya que la exigencia de contener los flujos migratorios nunca debe prevalecer sobre el derecho de cada persona a obtener una protección internacional en la Unión, que debe seguir siendo tierra de refugio para quienes huyen de persecuciones o necesitan protección;

8.

señala que la crisis económica que afecta a gran parte de los países de la Unión Europea podría aumentar la tensión existente entre las políticas de control de las fronteras y el respeto de los derechos humanos de los migrantes;

9.

considera que es necesario llevar a cabo un examen pormenorizado de todas las causas de las migraciones, incluidos los cambios climáticos, para establecer un marco jurídico apropiado para las personas que huyen de su país de origen debido a catástrofes naturales o a condiciones climáticas (3) que ponen en peligro su vida o su integridad física (4);

10.

insta a la Comisión Europea a proceder a la publicación del documento de trabajo sobre migración y cambio climático, como en principio estaba previsto en la Comunicación sobre migración del 4 de mayo de 2011 (5);

11.

considera que la eficacia del Enfoque Global hace necesario reforzar la coordinación entre la Unión Europea y los entes locales y regionales, así como con los terceros países;

12.

reitera lo ya afirmado anteriormente por el Comité de las Regiones, a saber, que «los entes locales y regionales son los primeros en verse directamente afectados por la política común de inmigración. Por una parte, se ven especialmente afectados por las dificultades de la inmigración ilegal; por otra, es incumbencia suya la asistencia personal con una serie de servicios como parte del proceso de integración local. Por ello, deben participar ampliamente en la creación de un marco europeo para la inmigración legal, las medidas contra la inmigración ilegal y la cooperación al desarrollo con los países de origen» (6);

13.

se congratula de los notables avances realizados para que las transferencias de dinero hacia los países de origen de los migrantes sean más transparentes y seguras y menos costosas, y respalda las iniciativas promovidas por la Comisión Europea para canalizar las remesas enviadas por los migrantes hacia inversiones productivas;

14.

aprueba el hecho de que el Enfoque Global subraye el papel que puede desempeñar la diáspora tanto en las políticas de desarrollo como en la regulación de los flujos migratorios, favoreciendo las medidas de apoyo a la partida y de integración en los países de destino;

Sobre el papel de los entes locales y regionales en la aplicación del Enfoque Global

15.

considera que el Enfoque Global de la Migración exige una gobernanza multinivel para garantizar la gestión de la migración por las instancias más adecuadas según las circunstancias y conforme al principio de subsidiariedad, con el fin de garantizar el mayor bienestar posible a las personas tanto en los países de origen como en los de destino;

16.

considera que los entes locales y regionales son agentes clave del Enfoque Global: unos agentes que están encargados al mismo tiempo de la promoción y aplicación de las políticas sociales y laborales, las políticas de acogida, integración y gestión de la inmigración irregular, y que también son los iniciadores de un diálogo profundo y de diversas formas de cooperación con los países de origen y de tránsito de los flujos migratorios (7);

17.

constata que las regiones y los entes locales ya promueven iniciativas de diálogo con los entes locales y regionales de terceros países, muchos de los cuales son países de origen o de tránsito de los flujos migratorios y de proyectos de cooperación descentralizada;

18.

propugna que ARLEM, la Asamblea Regional y Local Euromediterránea, y CORLEAP, la Conferencia Anual de Entes Regionales y Locales de la Asociación Oriental y la UE, se consideren foros ideales para desarrollar el diálogo con los entes regionales del Mediterráneo y del Este de Europa sobre cuestiones de inmigración y desarrollo;

19.

considera que es necesario conseguir la mayor coherencia posible entre las iniciativas bilaterales de los Estados miembros y los diálogos regionales y bilaterales ya existentes, en cuanto instrumentos de la política exterior de la Unión en materia de inmigración, y que esta coherencia debe garantizarse asimismo mediante el pleno reconocimiento de las iniciativas de diálogo promovidas por las regiones o los entes locales;

20.

insta a las instituciones a considerar a los entes locales y regionales como protagonistas del Enfoque Global, con arreglo a sus competencias en el contexto nacional, mediante instrumentos que los instituyan como destinatarios de la financiación de la Unión, aun sin la intervención de las autoridades centrales y con arreglo a las diferencias existentes entre los Estados miembros;

21.

insta a la Comisión a promover proyectos innovadores para cumplir el objetivo de facilitar el acercamiento entre la oferta y la demanda en el mercado laboral con la mediación de los entes regionales y locales, dadas las competencias que ejercen en este sector en muchos Estados miembros, a fin de determinar un instrumento eficaz para afrontar también el problema de la falta de competencias en algunos segmentos del mercado laboral;

22.

propugna que los entes locales y regionales participen también en la actualización del Portal sobre Inmigración de la UE, que podría así enriquecerse con informaciones relevantes para los inmigrantes sobre la región, la ciudad y el barrio de destino;

Sobre la relación entre las políticas de inmigración y las políticas de cooperación al desarrollo

23.

considera sumamente importante que se garantice siempre la coherencia entre la política de la Unión sobre migración y desarrollo y la política exterior de inmigración y asilo. En particular, las intervenciones de la Unión y de los Estados miembros en los terceros países se deberían basar siempre de forma predominante en los principios de solidaridad y codesarrollo para combatir las causas profundas de las migraciones y para erradicar la pobreza, prestando una especial atención a la movilización de recursos domésticos en dichos países, así como al apoyo al fortalecimiento institucional y a la mejora de la gobernanza y del Estado de Derecho, como claves para propiciar un cambio económico y social;

24.

insta a la Comisión a realizar la distribución de los recursos destinados a los países en vías de desarrollo conforme a los principios, las prioridades y las estrategias de la cooperación al desarrollo, teniendo en cuenta a la vez el principio de «más por más»;

25.

considera que el principio de reciprocidad debe estar en consonancia con los principios de cooperación al desarrollo, sobre todo en las Asociaciones de Movilidad y en el Programa Común sobre Migración y Movilidad (8);

26.

considera que en la aplicación del Enfoque Global se deben proteger adecuadamente todas las categorías vulnerables, en primer lugar la de los menores no acompañados, tanto para orientar adecuadamente las intervenciones en los terceros países como para ofrecer formas apropiadas de acogida e integración social en los países miembros, facilitando además la circulación de las buenas prácticas realizadas por numerosos entes regionales y locales en los Estados miembros; asimismo, pide a la Comisión Europea la ejecución efectiva de las medidas contenidas en el Plan de acción sobre los menores no acompañados;

27.

solicita la elaboración de un auténtico enfoque de género para que se potencie el papel específico que desempeñan las mujeres en la migración y en la integración social de todo el núcleo familiar en los países de acogida;

28.

señala que la política de inmigración de la Unión podría estar en contradicción con las políticas de cooperación al desarrollo en lo que se refiere a la captación de talentos procedentes de los terceros países, teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo demográfico y económico establecidos con arreglo a la Estrategia Europa 2020;

29.

duda de que el efecto «fuga de cerebros» (brain drain) que causa la política de migración selectiva pueda ser compensado con el instrumento de la migración circular, porque en realidad no está claro hasta qué punto será eficaz ese instrumento y qué impacto concreto podrá tener;

30.

considera asimismo que el instrumento de la migración circular puede estar en contradicción con el objetivo de integración de los migrantes y que, por esta razón, se deberían elaborar estrategias de integración expresamente concebidas para estos trabajadores, para que puedan integrarse efectivamente aunque su periodo de estancia en la Unión Europea no vaya a ser demasiado largo (9);

31.

considera que el reconocimiento de los certificados de estudios y las cualificaciones, bajo condiciones armonizadas, es un instrumento fundamental para evitar el desperdicio de talentos (brain waste), así como para garantizar la integración efectiva de los migrantes y su reintegración en los países de origen en el contexto de la migración circular;

32.

insta a la Comisión Europea a respaldar las medidas de acompañamiento a los Estados en el proceso de simplificación del reconocimiento de los certificados de estudios y las cualificaciones, y a fomentar el reconocimiento informal de las competencias, con el fin de favorecer la circulación de los trabajadores naturales de terceros países en el mercado laboral europeo;

33.

confía en que la solicitud de cooperación a los terceros países para contener los flujos migratorios no llegue nunca a frustrar el derecho humano de toda persona a dejar cualquier país, incluido el suyo, sobre todo cuando se pide a los terceros Estados que efectúen un control de la emigración con arreglo a las leyes de los Estados de destino;

34.

considera necesario invertir más en los proyectos de cooperación al desarrollo destinados a los sectores de la educación y la sanidad, impulsando la participación directa de las estructuras universitarias y favoreciendo la movilidad de los investigadores y de todo el personal docente;

35.

respalda la solicitud presentada al Parlamento Europeo para la creación de programas Erasmus y Leonardo da Vinci euromediterráneos, como instrumentos concretos de movilidad biunívoca entre estudiantes de ambas orillas del Mediterráneo;

36.

propugna que la movilidad de los jóvenes, especialmente la de los estudiantes, se promueva efectivamente mediante la simplificación de la expedición de visados, la agilización de los procedimientos burocráticos y la asignación de suficientes recursos financieros;

37.

considera que se debe reforzar y respaldar el programa Erasmus para todos, junto a las buenas prácticas ya existentes de intercambio entre jóvenes, y también el programa Eurodisea, promovido por la Asamblea de las Regiones de Europa (ARE);

38.

considera necesario reforzar el análisis de las presiones migratorias causadas por los desequilibrios económicos con el fin de encontrar instrumentos de respuesta eficaces, como planes que garanticen también la movilidad para las personas poco cualificadas, para las que sigue existiendo mucha demanda en algunos Estados miembros, y que no pueden afrontarse solo con el mecanismo de la migración circular;

39.

considera que la participación de la diáspora debe referirse también a las medidas de preparación a la partida, potenciando los sitios ya en línea, gestionados directamente por asociaciones de inmigrantes que suministran información esporádica en un lenguaje comprensible para los posibles interesados;

40.

acoge favorablemente el refuerzo de las medidas de preparación a la partida, respecto a las que es preciso aumentar las inversiones e impulsar la participación de las ONG ya activas en los países de origen de los emigrantes y de los entes regionales y locales, que toman parte en el proceso de acoger e integrar a los migrantes y a sus familias;

Sobre la lucha contra la inmigración irregular

41.

acoge favorablemente el firme compromiso de la Unión para luchar contra la inmigración irregular, en particular contra el tráfico y la trata de seres humanos y contra los empresarios que emplean a trabajadores en situación irregular de residencia;

42.

subraya la importancia de un enfoque de la lucha contra la inmigración irregular en el que se considere que los migrantes pueden ser víctimas del tráfico ilegal de seres humanos, que por tanto deben ser protegidas;

43.

insta a la Comisión Europea a proseguir las iniciativas de análisis y lucha contra el trabajo sumergido, que constituye una plaga para la economía de toda la Unión y un incentivo para la entrada de extranjeros en situación irregular que pueden convertirse en objeto de explotación en el sector laboral o en brazo operativo de las redes de delincuencia organizada;

44.

señala los esfuerzos notables realizados con las medidas de lucha contra la inmigración irregular, entre los que destacan las operaciones de control de las fronteras promovidas por la agencia Frontex;

45.

subraya la necesidad de respetar los derechos humanos, y en particular el principio de no devolución, en todas las fases del control de las fronteras, y la correspondiente obligación de someter a un estrecho seguimiento las actividades de Frontex por parte de las instituciones de la UE, y en particular del Parlamento Europeo;

46.

propugna aplicar controles similares a la cooperación internacional directamente gestionada por Frontex, que tiene competencia para celebrar con los Estados terceros acuerdos internacionales de carácter técnico, cuyo contenido debería ser más transparente y cuyo ámbito de aplicación debería delimitarse de forma precisa;

47.

considera necesario evaluar con precisión la relación coste-beneficio de todos los instrumentos existentes para comparar su eficacia, incluidos los costes de los procedimientos de retorno (detención y alejamiento coactivo) y el importe efectivo de los recursos destinados por los Estados miembros al retorno voluntario con respecto al coactivo;

48.

considera necesario evitar que los extranjeros titulares de un permiso de residencia puedan convertirse en irregulares debido a la falta de flexibilidad de la normativa nacional, pasando así a engrosar las filas de los overstayers (titulares que rebasan la duración de la residencia autorizada);

49.

propugna que las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros estudien seriamente la posibilidad de admitir en la Unión Europea a nacionales de terceros países con el fin de buscar trabajo, posibilidad expresamente mencionada en el apartado 5 del artículo 79 del TFUE;

50.

considera que la disponibilidad de vías de admisión regular debe considerarse uno de los principales instrumentos de lucha contra la inmigración irregular y el fenómeno de los overstayers, además de una forma de garantizar cierto grado de solidaridad en las relaciones con los países de origen de los flujos migratorios;

51.

insta a las instituciones a enmarcar la estrategia de readmisión dentro del Enfoque Global, para imbuirla de los principios de la cooperación al desarrollo y para que no se convierta en un aspecto separado e incoherente con ella;

52.

considera que los acuerdos de readmisión deben someterse a una evaluación periódica, especialmente por lo que se refiere a la obligación de los países de tránsito de readmitir no solo a sus propios ciudadanos sino también a los extranjeros que hayan transitado por ellos antes de partir hacia la Unión, que corren el riesgo de quedar abandonados en tierra de nadie, empeorando la situación en los países de tránsito y viéndose expuestos a graves riesgos de violación de los derechos humanos;

Sobre la dimensión exterior del asilo

53.

considera que el refuerzo de los sistemas de asilo de los terceros países no debe considerarse una manera de evitar el reconocimiento del derecho a la protección internacional en la UE;

54.

acoge favorablemente el hecho de que en los programas de protección regional la Unión haya actuado en conjunción con el ACNUR, aunque la protección ofrecida por la Unión sea más amplia que la reconocida por la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados e incluya, además, la protección subsidiaria y contra los tratos contrarios al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales;

55.

desea que la acción de la Unión no vaya nunca encaminada a impedir a los solicitantes de asilo que abandonen el país en el que se encuentran para pedir asilo en un Estado miembro de la UE;

56.

considera necesaria, sobre todo tras la clara censura manifestada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, una revisión del Reglamento «Dublín II» para que se garantice efectivamente la solidaridad entre los Estados miembros dentro del pleno respeto de los derechos humanos, incluido el derecho a la unidad familiar;

57.

insta a la Comisión a incluir, en el ámbito de la Asociación de Movilidad, cláusulas adecuadas de protección para los solicitantes de asilo y los refugiados;

58.

exhorta a las instituciones, junto con los Estados miembros, a mejorar la eficacia del sistema de búsqueda y rescate en el mar, en particular mediante una mayor coordinación y la definición de criterios comunes para la determinación del lugar seguro más adecuado para el desembarco de los migrantes rescatados;

Conclusiones

59.

pide a la Comisión, al Consejo y al Parlamento Europeo que mantengan abierto el debate sobre los cuatro pilares del Enfoque Global, para que en su aplicación participen plenamente todos los interesados potenciales;

60.

pide, en particular, que se cuente plenamente con los entes regionales y locales en la aplicación del Enfoque Global, para reforzar los proyectos de cooperación descentralizada existentes y los diálogos ya estructurales, como los que se desarrollan en la ARLEM y la CORLEAP;

61.

pide a la Comisión Europea que continúe el análisis de las causas y las características del fenómeno de la migración a nivel global, a fin de establecer estrategias eficaces para afrontar este fenómeno, inspiradas en la solidaridad con los terceros países;

62.

lamenta las políticas de criminalización de los migrantes y acoge favorablemente las medidas encaminadas a luchar contra las redes de delincuencia organizada de las que son víctimas los migrantes;

63.

reclama una política de lucha contra la inmigración irregular que no se centre únicamente en el control de las fronteras y la interceptación de los migrantes en la partida, sino que se base asimismo en las posibilidades efectivas de entrada regular, que también deben brindarse a los trabajadores con cualificaciones poco elevadas, teniendo en cuenta las especificidades de cada Estado miembro.

Bruselas, 18 de julio de 2012.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO


(1)  Artículo 13.2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 2.2 del Protocolo no 4 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos (CEDH) y artículo 12.2 del Pacto sobre los Derechos Civiles y Políticos.

(2)  Resolución del Parlamento Europeo sobre desarrollo y migración, aprobada el 6 de julio de 2006, P6_TA(2006)0319.

(3)  Dictamen del CDR ENVE-V-008 sobre el tema «El papel de los entes regionales y locales en el fomento de una gestión sostenible del agua», de 30 de junio-1 de julio de 2011, punto 14: Dictamen de la Comisión SUDEV de la ARLEM sobre «La desertización y el cambio climático en el Mediterráneo», de 31 de enero de 2012.

(4)  http://www.unhcr.org/pages/49e4a5096.html

(5)  Comunicación sobre migración, COM(2011)248, p. 21.

(6)  Dictamen CONST-IV-017: «Una política común de emigración para Europa», aprobado en el pleno de los días 26 y 27 de noviembre de 2008, ponente: Werner Jostmeier.

(7)  Dictamen CDR CONST-IV-017: «Una política común de emigración para Europa», de 26 y 27 de noviembre de 2008, punto 5.

(8)  Esta lógica es la que inspiró claramente la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 539/2001 del Consejo por el que se establecen la lista de terceros países cuyos nacionales están sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están exentos de esa obligación».

(9)  Proyecto de dictamen del CDR sobre la «Nueva agenda europea para la integración», punto 60; proyecto de dictamen de la Comisión CIVEX sobre el «Derecho a la reunificación familiar», ponente: Sr. Soave, punto 11.


13.9.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 277/12


Dictamen del Comité de las Regiones — Refuerzo de la solidaridad en la UE en el ámbito de la política de asilo

2012/C 277/03

El COMITÉ DE LAS REGIONES

subraya la importancia central del asilo como derecho humano, pero también como «logro» de la civilización, sancionado por textos institucionales internacionales como la Convención de Ginebra, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la legislación de todos los Estados miembros sin excepción, siendo la piedra angular del sistema de asilo el principio de no devolución (non-refoulement);

recuerda que, de conformidad con el artículo 80 del TFUE, la solidaridad y el reparto equitativo de las responsabilidades institucionales rigen el conjunto de las políticas europeas referentes al espacio de libertad, seguridad y justicia, que afectan a la circulación de personas, es decir, a la gestión y el cruce de las fronteras exteriores, el asilo y la protección internacional y la inmigración. Este artículo constituye un fundamento jurídico suficiente para la adopción de medidas legislativas europeas que tengan por objeto reforzar la solidaridad y fomentar un reparto equitativo de las responsabilidades;

señala que la situación actual demuestra la necesidad de que haya una verdadera solidaridad entre la UE y sus Estados miembros en materia de política de asilo y tiene la convicción de que nunca será posible lograr un nivel elevado común de protección de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional si no existen mecanismos que tengan en cuenta las grandes diferencias entre los Estados miembros, tanto en cuanto al número de nacionales de terceros países que reciben en su territorio como a la capacidad económica, técnica y de otro tipo para gestionar los flujos migratorios;

hace hincapié en la dimensión local y regional de la solidaridad y la responsabilidad compartida en materia de asilo político y señala que los entes locales desempeñan un papel importante a la hora de informar a las comunidades locales y que pueden ayudar a que se tome conciencia de las cuestiones referentes al asilo y la protección internacional, lo que puede ejercer una influencia positiva en las condiciones de acogida y en la aceptación por parte de las comunidades locales.

Ponente

Theodoros GKOTSOPOULOS (EL/PSE), concejal de Pallini, Ática

Texto de referencia

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre una mayor solidaridad en la UE en el ámbito del asilo – Una agenda de la UE para un mejor reparto de la responsabilidad y una mayor confianza mutua

COM (2011) 835 final

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Observaciones generales

1.

señala que los flujos migratorios mixtos son una realidad en todos los Estados miembros de la UE y están en primera línea de actualidad, especialmente debido a las revueltas políticas ocurridas en los países del norte de África y Oriente Medio y a la situación política general de zonas como Afganistán y Pakistán, Irak e Irán, que han provocado nuevos desplazamientos de población hacia Europa; los flujos migratorios mixtos ejercen presiones desiguales en las fronteras exteriores y, por ende, en los sistemas de asilo de algunos Estados miembros, lo que contribuye a crear problemas humanitarios;

2.

hace hincapié en que la grave crisis económica –especialmente en los países mediterráneos de la UE, que reciben un número desproporcionadamente elevado de solicitantes de asilo– y la consiguiente incapacidad para gestionar estas situaciones con la eficiencia requerida, constituyen factores negativos para hacer frente a la situación y agravan unas condiciones ya de por sí malas;

3.

considera necesario en general desarrollar una política común europea en materia de inmigración y asilo, según lo establecido en el Programa de Estocolmo. Esta política deberá basarse en un enfoque integrado, centrado tanto en la gestión eficaz de la inmigración legal como en la lucha contra la inmigración irregular y, sobre todo, en el refuerzo de las estructuras de asilo;

4.

subraya la importancia central del asilo como derecho humano, pero también como «logro» de la civilización, sancionado por textos institucionales internacionales como la Convención de Ginebra, la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y la legislación de todos los Estados miembros sin excepción, siendo la piedra angular del sistema de asilo el principio de no devolución (non-refoulement);

5.

pone de relieve los derechos afines que complementan el derecho de asilo, a saber, el derecho a la dignidad, la prohibición de la tortura y el trato inhumano, la protección en caso de expulsión, alejamiento o extradición, el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juicio justo, así como el derecho a la reagrupación familiar;

6.

reconoce que se ha avanzado en la formulación del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), pero considera oportuno reiterar el llamamiento del Programa de Estocolmo para que se culmine a finales de 2012 y pide a los Estados miembros, al Consejo y al Parlamento que muestren la voluntad política necesaria para concluir las negociaciones sobre la revisión de las directivas relativas a las condiciones de acogida y los procedimientos de asilo, así como la reforma del Reglamento de Dublín y del sistema Eurodac;

7.

subraya que la misión del SECA es actuar en favor de la defensa real de los derechos de las personas que necesitan protección internacional y no exclusivamente en favor de la defensa de la seguridad en sentido estricto y de la soberanía nacional;

8.

insiste en que un sistema de asilo verdaderamente común debe basarse en derechos y procedimientos uniformes en todo el territorio de la UE, a fin de evitar el riesgo de que se produzcan disparidades significativas en el examen de casos similares, y apoya por tanto el esfuerzo por modificar la legislación existente con vistas a establecer normas comunes en lugar de requisitos mínimos;

9.

toma nota de las recientes decisiones de los tribunales de Estrasburgo y Luxemburgo (1), que básica y principalmente ponen de relieve: a) las graves deficiencias en el régimen jurídico existente, en especial el Reglamento de Dublín, y b) las carencias que, en las actuales condiciones de presión, ponen en peligro la protección de los derechos de los solicitantes de protección internacional y que se deben a los diferentes enfoques políticos, jurídicos y prácticos de los Estados miembros. Las citadas decisiones subrayan la necesidad de elaborar un SECA integrado y, como parte de esta medida, reforzar el Reglamento de Dublín con disposiciones que aborden las causas de las crisis y contribuyan a que las insuficiencias de los sistemas de los Estados miembros no afecten negativamente al funcionamiento de todo el sistema y a la protección de los derechos humanos;

10.

cree que el aumento del fenómeno migratorio exige cambios importantes en la política de asilo de la UE y hace ineludible la aplicación de políticas y métodos eficaces para su gestión;

11.

recuerda que, de conformidad con el artículo 80 del TFUE, la solidaridad y el reparto equitativo de las responsabilidades institucionales rigen el conjunto de las políticas europeas referentes al espacio de libertad, seguridad y justicia, que afectan a la circulación de personas, es decir, a la gestión y el cruce de las fronteras exteriores, el asilo y la protección internacional y la inmigración. Este artículo constituye un fundamento jurídico suficiente para la adopción de medidas legislativas europeas que tengan por objeto reforzar la solidaridad y fomentar un reparto equitativo de las responsabilidades;

12.

reconoce que la solidaridad está estrechamente vinculada a la responsabilidad y alienta a todos los Estados miembros a respetar y cumplir los compromisos internacionales y de la UE poniendo orden en su propia casa. No obstante, subraya que no debería establecerse como requisito de jure o de facto de la solidaridad una visión estrecha de la responsabilidad: en muchos casos la solidaridad demostrada en la práctica puede ser decisiva para lograr el cumplimiento sustancial de las obligaciones;

13.

señala que la situación actual demuestra la necesidad de que haya una verdadera solidaridad entre la UE y sus Estados miembros en materia de política de asilo, tal como establece el artículo 80 del TFUE, y tiene la convicción de que nunca será posible lograr un nivel elevado común de protección de los solicitantes y beneficiarios de protección internacional si no existen mecanismos que tengan en cuenta las grandes diferencias entre los Estados miembros, tanto en cuanto al número de nacionales de terceros países que reciben en su territorio (ya sea como inmigrantes económicos o como solicitantes de protección internacional) como a la capacidad económica, técnica y de otro tipo para gestionar los flujos migratorios;

14.

subraya que la Comunicación de la Comisión describe de forma analítica la situación actual y enumera los instrumentos disponibles para reforzar la solidaridad; lamenta no obstante la falta de propuestas de nuevas medidas positivas para reforzar la solidaridad y facilitar el reparto de responsabilidades;

15.

acoge con satisfacción la iniciativa del Consejo de formular un marco común para la solidaridad con los Estados miembros que se enfrentan a presiones de especial intensidad en sus sistemas de asilo por diversas razones, entre ellas los flujos migratorios mixtos (2);

16.

subraya, no obstante, que las medidas positivas en favor de la solidaridad y la responsabilidad compartida fortalecerían el respeto de los derechos humanos y los principios de justicia, igualdad, concertación y participación política; estas medidas deben respetar los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

17.

señala a este respecto que la Comunicación de la Comisión Europea no se puede examinar íntegramente en lo referente al respeto del principio de subsidiariedad, ya que describe sobre todo la forma en que los instrumentos existentes y la legislación de la UE pueden contribuir a reforzar la solidaridad. No obstante, en la medida en que se refiere a posibles iniciativas futuras (por ejemplo, programas para la reubicación de los refugiados reconocidos, o disposiciones para el examen conjunto de las solicitudes de asilo), que cabe esperar repercutirán en aspectos que hasta el momento están estrechamente vinculados a la soberanía de los Estados miembros (por ejemplo, el examen de las solicitudes de asilo o la acogida de los solicitantes de asilo) y que pueden tener repercusiones más amplias de naturaleza política, jurídica o económica, pide a la Comisión que preste la debida atención a este aspecto en la preparación de las propuestas;

18.

señala que el concepto de solidaridad tiene también una dimensión exterior, es decir, la solidaridad entre la UE y otras regiones del mundo que padecen crisis humanitarias y que, según los datos del Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), acogen a la inmensa mayoría de los refugiados y solicitantes de protección internacional. Por lo tanto, es esencial que los Estados miembros colaboren con los terceros países en el ámbito de la política de cooperación para el desarrollo con vistas a crear mejores condiciones económicas y sociales y a consolidar la paz. No obstante, el apoyo a los sistemas de asilo de terceros países no debe considerarse como un medio para evitar reconocer el derecho a la protección internacional dentro de la UE o para transferir los procedimientos de asilo al exterior (outsourcing), sino simplemente como un instrumento para mejorar las condiciones económicas y sociales en los terceros países;

19.

pide a las instituciones competentes y a los Estados miembros de la UE que ejerzan más activamente su influencia en los países vecinos de la UE para que respeten los compromisos asumidos tanto en virtud del Derecho internacional como ante la UE y sus Estados miembros, en particular en lo que se refiere a los países que han suscrito acuerdos de readmisión con la UE;

Papel de los entes locales y regionales

20.

hace hincapié en la dimensión local y regional de la solidaridad y la responsabilidad compartida en materia de asilo político. En especial, los gobiernos regionales que se hallan cerca de las fronteras exteriores de la UE están en primera línea a la hora de aplicar la legislación europea en materia de asilo y del SECA. Lo mismo ocurre con las autoridades municipales de las grandes ciudades, donde hay una constante afluencia creciente de refugiados y solicitantes de asilo. Los entes territoriales asumen una importante función de acogida de los solicitantes de asilo, los refugiados y los beneficiarios de protección internacional y, en determinados Estados miembros, cargan con la responsabilidad del primer contacto con los recién llegados;

21.

destaca que, pese al papel que desempeñan los entes locales y regionales, los principios de solidaridad y responsabilidad compartida, hasta la fecha, solo incumben a los Estados miembros y se excluye de ellos a los entes locales o regionales. Además, en la programación y el diálogo a nivel político solo se tiene en cuenta la carga financiera de los Estados miembros y no las repercusiones que tiene la acogida de nacionales de terceros países para la cohesión social a escala local y regional, cuando son principalmente los gobiernos locales y regionales los que deben hacerles frente;

22.

manifiesta por tanto su intención de elaborar posiciones y propuestas destinadas directamente a garantizar que los entes territoriales puedan participar activamente en el sistema de reparto de los refugiados, así como en el funcionamiento de los mecanismos de asistencia, apoyo y solidaridad para los solicitantes y beneficiarios de asilo, dándose el caso de que en algunos Estados miembros ya se han adoptado medidas legislativas que reconocen este tipo de responsabilidades a los gobiernos regionales;

23.

señala que los entes locales desempeñan un papel importante a la hora de informar a las comunidades locales y que, al tener una experiencia considerable en colaborar con las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil, pueden ayudar a que se tome conciencia de las cuestiones referentes al asilo y la protección internacional, lo que puede ejercer una influencia positiva en las condiciones de acogida y en la aceptación por parte de las comunidades locales;

Mejora del reparto de responsabilidades y la gestión del sistema de asilo

24.

hace hincapié en la necesidad de llevar a cabo una revisión importante del Reglamento de Dublín en el marco de la propuesta de la Comisión Europea de 2008 (3). La aplicación exclusiva, hasta ahora, del criterio de la primera entrada ha contribuido a incrementar las presiones sobre los sistemas de asilo de algunos Estados miembros y ha hecho de la aplicación del Reglamento una mera cuestión geográfica, lo que es incompatible con el concepto de solidaridad. Insta por tanto a la Comisión, los Estados miembros, el Consejo y el Parlamento a que elaboren un nuevo procedimiento de gestión de crisis y examinen medidas positivas de solidaridad que permitan mitigar los efectos negativos que ha tenido hasta el momento dicho criterio;

25.

recuerda que, en un dictamen anterior (4), el Comité de las Regiones acogió favorablemente la propuesta de la Comisión Europea de suspender temporalmente el traslado de solicitantes de protección internacional, en virtud del Reglamento de Dublín revisado, en los casos en que un Estado miembro se enfrente a una situación particularmente urgente en la que existe el riesgo de imponer una carga adicional a la capacidad de acogida del sistema o la infraestructura de asilo como consecuencia del traslado. Sin embargo, comprende la dificultad de aceptar y aplicar esa medida, así como la pertinencia de proponer a cambio un mecanismo de evaluación y alerta temprana que abarque todos los aspectos del funcionamiento de los sistemas de asilo de los Estados miembros;

26.

considera útil, en vista de lo anterior, destacar que la eficacia del mecanismo de evaluación y alerta temprana propuesto dependerá en gran medida de la disponibilidad de información fiable y oportuna, de la cooperación constructiva entre los Estados miembros y de la debida respuesta por parte de la UE para identificar las carencias o problemas potenciales. Asimismo, llama la atención sobre la valiosa aportación que pueden ofrecer organizaciones como la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA), el ACNUR, las asociaciones nacionales de ayuda a los refugiados y otras organizaciones no gubernamentales, en particular los entes locales y regionales;

27.

considera que la propuesta de ampliar la reubicación voluntaria de los refugiados reconocidos, según el modelo del programa piloto para Malta, es un paso positivo hacia el refuerzo de la solidaridad. Por esta razón, pide a la Comisión Europea y a los Estados Miembros que consideren la posibilidad de que la reubicación sea obligatoria en determinadas circunstancias (por ejemplo, a petición del Estado miembro afectado, o bien como conclusión anterior de un mecanismo de alerta temprana y de un dictamen de la OEAA, o por consenso de las partes interesadas). Insta a la Comisión Europea y a los Estados Miembros a que examinen seriamente la posibilidad de reubicación de los solicitantes de protección internacional y, a este respecto, pide a la Comisión que reconsidere el estudio jurídico, económico y técnico realizado (5);

28.

toma nota de los escollos prácticos y jurídicos constatados en materia de reubicación por la ausencia de un sistema de reconocimiento mutuo de las decisiones sobre protección internacional; por consiguiente, pide a la Comisión Europea que estudie las medidas necesarias para resolver esta situación;

29.

está de acuerdo con la propuesta de la Comisión de Derechos Humanos de establecer una «fórmula» para el funcionamiento de un sistema de reubicación que tenga en cuenta principalmente factores como el PIB, la superficie del territorio, los recursos naturales y de otro tipo, la población, las posibilidades de acogida, las especificidades locales y regionales, el total de llegadas de solicitantes de asilo y los compromisos en materia de reasentamiento, etc. (6);

30.

acoge con satisfacción la reciente decisión del Parlamento Europeo que ha permitido completar el programa conjunto de la UE en materia de reasentamiento, ya que considera que contribuirá a reforzar la dimensión exterior de la solidaridad, y pide a los Estados Miembros que entre tanto respeten los compromisos asumidos en el marco de los programas del ACNUR;

31.

valora positivamente la perspectiva de realizar un examen conjunto de las solicitudes de asilo en el que intervengan varios Estados miembros, la OEAA y, eventualmente, el ACNUR, pero señala que en este proceso debe respetarse el principio de efectuar un examen individual de cada caso de solicitud de protección internacional. Pide por tanto a la Comisión que elabore un estudio jurídico, económico y técnico y que le mantenga informado;

32.

considera asimismo muy importante la Directiva 2001/55/CE sobre la protección temporal en caso de afluencia masiva de personas desplazadas y las medidas de fomento de un esfuerzo equitativo entre los Estados miembros, en tanto que medida de solidaridad especial y excepcional, si bien no se ha aplicado hasta ahora. Por esta razón, considera necesario que se revise de modo que sea más fácil verificar cuándo se produce realmente una afluencia masiva de personas desplazadas, sobre la base de criterios objetivos y cuantitativos, y que se considere la posibilidad de activar la aplicación de la Directiva a petición de una o más regiones;

33.

acoge con satisfacción la modificación de la Directiva 2003/109/CE relativa a los residentes de larga duración, que abarca ahora a los beneficiarios de protección internacional. La consecuencia práctica es que los refugiados reconocidos como tales después de cinco años de residencia y en determinadas condiciones podrán establecerse en otro Estado miembro distinto del que concedió originalmente la protección internacional. Aunque esto no es una medida de solidaridad en sentido estricto, podría contribuir a aliviar las presiones y a facilitar la integración de las personas. Por consiguiente, insta a los Estados miembros a que incorporen rápidamente la modificación de la Directiva 2011/51/CΕ (7) al Derecho nacional;

Cooperación práctica

34.

considera que la cooperación práctica es un pilar fundamental del SECA y acoge favorablemente la sustancial contribución de los organismos de la UE, encabezados por la OEAA, así como de Frontex, para el tratamiento de determinadas circunstancias excepcionales, como en el caso de Malta y de Grecia. Señala no obstante que la actuación de estos organismos especializados debe ir necesariamente acompañada de garantías en cuanto a la preservación de los derechos de los solicitantes de protección internacional;

35.

considera que deben evitarse determinadas prácticas cuyo resultado concreto es imposibilitar ejercer el derecho a solicitar asilo. El Comité pide por consiguiente a Frontex que en el desempeño de las funciones que se le han encomendado para la protección de las fronteras exteriores de la UE tenga en cuenta en mayor medida el respeto de los derechos humanos. Considera que se ha dado un primer paso positivo con la reciente modificación del Reglamento constituyente de Frontex, que obliga al organismo a elaborar una estrategia en materia de derechos fundamentales, instituye un foro consultivo y crea la figura de un responsable de derechos fundamentales (8). Reconoce en este contexto el papel potencial que puede desempeñar la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que ya se ha ocupado anteriormente de la situación de los derechos humanos en las fronteras exteriores de la UE (9), y pide que amplíe las investigaciones de este tipo y proporcione asesoramiento y conocimientos especializados a Frontex y la OEAA;

36.

hace hincapié en la necesidad de reforzar la capacidad operativa de la OEAA para que pueda ayudar más eficazmente a los entes locales y regionales, mediante apoyo inmediato, experiencia y conocimientos técnicos, y solicita que los entes locales y regionales puedan participar más plenamente en el foro consultivo de la OEAA; se congratula de la intención de la Comisión Europea de evaluar el impacto de la OEAA en 2013 y manifiesta su interés por participar en este proceso;

37.

considera de suma importancia la educación como medida más específica de cooperación concreta de la OEAA, y destaca la posibilidad de llevar a cabo una mayor armonización práctica que facilite la aplicación plena e integral del programa europeo de asilo (European asylum curriculum). Por consiguiente, propone a la OEAA que elabore programas de formación que puedan ser útiles para los funcionarios de las administraciones locales y regionales en la medida en que intervengan en la acogida de solicitantes de protección internacional;

Solidaridad económica y financiera

38.

reconoce que la UE ha creado últimamente una serie de instrumentos útiles que permiten a los Estados miembros aplicar mejor la política europea de asilo, entre los que destaca el Fondo Europeo para los Refugiados (FER);

39.

valora positivamente la idea de simplificar la estructura de los mecanismos de financiación de la UE en materia de asilo e inmigración, mediante la propuesta de crear un único Fondo de Migración y Asilo (FMA), al que se destinará la cantidad total de 3 870 millones de euros para la gestión integrada de los flujos migratorios y que abarcará diversos apartados de la política común de asilo e inmigración para el período 2014-2020. Confía en que esta iniciativa vaya acompañada simultáneamente de un proceso de racionalización;

40.

hace hincapié en la necesidad de dedicar recursos adecuados a las medidas de refuerzo de la solidaridad. Entre dichas medidas cabría incluir el apoyo a los esfuerzos para mejorar los elementos fundamentales de los sistemas de asilo en caso necesario, para prestar asistencia práctica a los Estados miembros y a las regiones que deban hacer frente a presiones extremas y para elaborar programas de reubicación o reasentamiento;

41.

subraya la necesidad de que la financiación disponible para el asilo y la protección internacional esté en consonancia con los compromisos internacionales de la UE, a fin de garantizar un equilibrio cuidadoso entre la parte del gasto destinada a la seguridad y la gestión de las fronteras y el gasto en ámbitos que afectan a las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo, ámbitos en los que los entes locales y regionales pueden aportar un claro valor añadido;

42.

insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a que velen por la plena aplicación del principio de asociación, base del funcionamiento de los Fondos, a fin de garantizar la participación de todas las partes interesadas, a escala local y regional, tanto en la definición de las prioridades de financiación como en la evaluación de iniciativas llevadas a cabo. La aplicación de este principio debe seguir el marco de ejecución previsto en el capítulo IV de la propuesta de Reglamento por el que se establecen disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo y Migración [COM(2011) 752 final];

43.

pide por tanto a los Estados miembros que velen por la participación de los representantes de los entes locales y regionales respectivos en el proceso de diálogo político para establecer las prioridades anuales de financiación del Fondo (10).

Bruselas, 18 de julio de 2012.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO


(1)  Asunto «M. S. S. contra Bélgica y Grecia»: Decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 21 de enero de 2011. Asunto «N. S. contra Secretary of State for the Home Department y otros»: Sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de diciembre de 2011 sobre los asuntos acumulados C-411/10 y C-493/10 (peticiones de decisión prejudicial).

(2)  3151o Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, Bruselas, 8 de marzo de 2012.

(3)  COM (2008) 820 final.

(4)  CDR 90/2009 «El futuro sistema europeo común de asilo - II».

(5)  Study on the feasibility of establishing a mechanism for the relocation of beneficiaries of international protection, JLS/2009/ERFX/PR/1005 – 70092056 (Estudio sobre la viabilidad de crear un mecanismo de reubicación de los beneficiarios de protección internacional)

(http://ec.europa.eu/home-affairs/doc_centre/asylum/docs/final_report_relocation_of_refugees.pdf).

(6)  The challenges of mixed migration, access to protection and responsibility-sharing in the EU - A UNHCR non-paper (Los retos de los flujos migratorios mixtos, el acceso a la protección internacional y el reparto de responsabilidades en la UE – Documento no oficial del ACNUR) (http://www.unhcr.org/4a44dd756.html).

(7)  DO L 132/1 de 19.5.2011.

(8)  Reglamento (UΕ) no 1168/2011, DO L 304/1 de 22.11.2011.

(9)  Informe «Coping with a fundamental rights emergency – The situation of persons crossing the Greek land border in an irregular manner» (Afrontar una emergencia en materia de derechos fundamentales: la situación de las personas que atraviesan la frontera terrestre griega de manera irregular).

(10)  Artículo 13 de la propuesta de Reglamento por el que se establecen disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo y Migración COM (2011) 752 final.


13.9.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 277/18


Dictamen del Comité de las Regiones sobre «Ciudades del mañana: ciudades sostenibles desde el punto de vista social y medioambiental»

2012/C 277/04

El COMITÉ DE LAS REGIONES

apoya la promoción de estrategias integrales para un desarrollo urbano sostenible, la cooperación horizontal y vertical en un sistema de gobernanza participativa que tenga en cuenta la diversidad de las ciudades y la importancia de la innovación social y una planificación previsora;

subraya la necesidad de hacer frente con urgencia a la creciente división económica y social de nuestra sociedad mediante inversiones en educación para todos desde la primera infancia, así como en un mercado laboral integrador, en el aprendizaje permanente y en una política de integración activa, junto con salarios equitativos que permitan satisfacer las necesidades y que sean idénticos para los hombres y las mujeres;

destaca la importancia de satisfacer las necesidades que son vitales para la sociedad, como el acceso a la vivienda, a las guarderías infantiles y a lugares en que los niños puedan jugar seguros y desarrollarse, y de eliminar las barreras que dificultan la fundación o la ampliación de una familia;

subraya los retos que plantea el cambio climático y la necesidad de reducir el consumo de energía por medio de procesos de recuperación de la energía y de aumentar la eficiencia energética, de crear sistemas en red, de ampliar los espacios libres y verdes, así como de introducir nuevas formas de construcción y formas de movilidad sanas y seguras que no malgasten recursos;

resalta la importancia de la cultura y la creatividad no solo para el crecimiento económico, sino en particular para generar calidad de vida, una democracia real, paz y respeto mutuo;

subraya la importancia fundamental de la participación pública en la formulación de las políticas;

considera necesarios los diversos esfuerzos que realizan las instituciones europeas para apoyar a las ciudades y pide para el siguiente período de programación un firme apoyo a las ciudades por medio de una clara dimensión urbana, flexibilidad en la utilización de los recursos y un destacado papel de los ámbitos locales en la aplicación de la política de cohesión;

acoge con beneplácito el desarrollo de los instrumentos sostenibles de financiación de la política estructural, que representan mecanismos de ayuda creativos y estables.

Ponente

Hella DUNGER-LÖPER (DE/PSE), Representante plenipotenciario del Estado federado de Berlín ante el Gobierno Federal, responsable de Asuntos Europeos

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Contexto y motivación

1.

Celebra la consulta de la Presidencia danesa de la UE en la que se basa este dictamen, así como su activa participación en la 5a Cumbre de las Regiones y Ciudades celebrada los días 22 y 23 de marzo de 2012 en Copenhague, sobre el tema «Tejido urbano europeo en el siglo XXI», en tanto que expresión del reconocimiento de la aportación de las ciudades y regiones a la integración europea y de su destacado papel para alcanzar los objetivos de la estrategia Europa 2020.

2.

Toma nota con interés del informe de la Comisión Europea titulado «Ciudades del mañana – Retos, visiones y caminos a seguir» (octubre de 2011), y coincide con la visión de la ciudad del futuro que se formula en él como «lugar de progreso social avanzado con un alto grado de cohesión social, con alojamientos socialmente equilibrados, y con servicios sociales, de salud y de “educación para todos”, plataforma para la democracia, el diálogo cultural y la diversidad, lugar de regeneración verde, ecológica o medioambiental, lugar de atracción y motor de crecimiento económico».

3.

Comparte la preocupación expresada en el informe «Ciudades del mañana» por el futuro de las ciudades ante los retos que plantean el cambio demográfico, el retroceso económico y unos lazos cada vez más débiles entre el crecimiento económico, el empleo y el desarrollo social. Otras amenazas son el aumento en las disparidades de ingresos, aumento de la polarización y segregación sociales, así como número creciente de «marginados sociales», la expansión urbana, así como la presión cada vez mayor sobre los ecosistemas urbanos.

4.

Subraya que el conjunto de la Unión Europea solamente podrá alcanzar los objetivos de la estrategia Europa 2020 si las ciudades son capaces de convertirse en lugares de innovación social y económica, y pueden hacer su plena contribución al crecimiento inteligente, sostenible e integrador y a la cohesión económica, social y territorial.

5.

Acoge por ello con satisfacción las recomendaciones del informe «Ciudades del mañana» de reforzar las ciudades mediante la promoción de estructuras locales sostenibles para una economía fuerte e integradora, el aprovechamiento del potencial que proporciona la diversidad socioeconómica, cultural, generacional y étnica, la lucha contra la exclusión social y la pobreza por medio de la mejora de las condiciones de las viviendas, estrategias integrales en materia de política medioambiental y energética, la conservación y creación de espacios públicos abiertos y atractivos, el fomento de sistemas de transporte sostenibles, integradores y saludables y la promoción de un desarrollo territorial equilibrado.

6.

Apoya la promoción de estrategias integrales para un desarrollo urbano sostenible, la cooperación horizontal y vertical en un sistema de gobernanza participativa que abarque todos los niveles y políticas, que tenga en cuenta la diversidad de las ciudades y la importancia de la innovación social y una planificación previsora.

7.

Se remite a la «Declaración de Copenhague» del Comité de las Regiones de 23 de marzo de 2012, en la que se piden ciudades más ecológicas, socialmente integradoras y económicamente competitivas, y las correspondientes recomendaciones a las instituciones de la UE para que arraiguen la estrategia Europa 2020 a nivel local, concedan recursos financieros suficientes para una amplia política urbana, otorguen un mayor valor a la cohesión social entre las ciudades europeas y un papel más destacado a las ciudades y regiones a la hora de formular las políticas europeas, así como para que redoblen sus esfuerzos a favor de la descentralización de los Estados miembros y ofrezcan un mayor margen de maniobra financiero a las ciudades y regiones.

8.

Recuerda su dictamen sobre «El papel de la regeneración urbana en el futuro del desarrollo urbano en Europa», de 10 de junio de 2010, en el que pide que se refuerce la dimensión urbana en el ámbito de todas las políticas de la Unión Europea.

Observaciones

9.

Recuerda que las ciudades siempre han sido un reflejo de las relaciones sociales. Las decisiones económicas y sociales y los acontecimientos a todos los niveles de responsabilidad política y económica dejarán su huella en la forma y calidad de vida de las ciudades del mañana.

10.

Observa que la importancia de las ciudades para la Unión Europea trasciende con mucho los factores económicos y demográficos. Unas ciudades hermosas, inteligentes, integradoras, ecológicas y que utilicen de forma eficiente la energía y los recursos son el fundamento para una convivencia armoniosa y solidaria en nuestra sociedad.

11.

Destaca que las ciudades se encuentran estrecha e inseparablemente entrelazadas con su entorno a través de relaciones sociales y económicas y, por ese motivo, desempeñan un papel importante para un desarrollo territorial equilibrado.

12.

Considera a este respecto que la distinción rotunda actual entre ciudad y zonas rurales ya no concuerda con los retos del futuro y debe ceder su lugar a un análisis de la interacción de los espacios en su propia funcionalidad e interrelaciones.

13.

Subraya que la ciudad europea se distingue a nivel mundial de otros tipos de ciudades por su autonomía democrática, una sólida sociedad civil, su integración social, una interrelación funcional entre lo privado y lo público, una promesa de libertad y emancipación, y una marcada cultura de urbanismo.

14.

Observa que la desindustrialización y la globalización han acabado con fundamentos importantes para la integración social y económica. Tanto en las regiones prósperas como en las pobres se buscan nuevas estrategias para reforzar la cohesión social, que, sin embargo, hasta ahora apenas han podido frenar la tendencia hacia la diferenciación entre los espacios sociales. Al contrario, la división y segregación sociales han aumentado en muchas partes a pesar de estos esfuerzos y siguen constituyendo un gran desafío para la convivencia urbana.

15.

Señala que es necesario hacer frente con urgencia a la creciente división económica y social de nuestra sociedad mediante inversiones en educación para todos desde la primera infancia, así como en un mercado laboral integrador, en el aprendizaje permanente y en una política de integración activa, junto con salarios equitativos que permitan satisfacer las necesidades y que sean idénticos para los hombres y las mujeres; señala que el desarrollo económico y la creación de más puestos de trabajo en las ciudades son cruciales en este sentido.

16.

Observa con preocupación que, en algunas metrópolis, estos problemas se han agravado y han dado lugar a protestas violentas. Estas protestas también expresan la desconfianza de muchos ciudadanos hacia las instituciones políticas.

17.

Destaca las repercusiones que el cambio demográfico y el envejecimiento de la sociedad tienen a nivel local, las cuales plantean nuevos retos para las infraestructuras y los espacios públicos. En vista de la creciente pobreza entre las personas mayores habría que buscar sistemas y servicios de seguridad social sostenibles que sean accesibles y asequibles para los ciudadanos y que tengan en cuenta las particularidades culturales.

18.

Subraya a este respecto que Europa, a pesar del dramático nivel de desempleo juvenil actual, dependerá en las próximas décadas de la inmigración de jóvenes para garantizar el crecimiento económico y amortiguar los efectos que tiene el envejecimiento de la población en los sistemas de protección social y salud. Unas ciudades abiertas y atractivas son un requisito indispensable para la inmigración. No obstante, los inmigrantes y las minorías étnicas a menudo siguen siendo objeto de discriminación en las ciudades a la hora de acceder a la educación, el trabajo, la vivienda y la atención médica. Por ello, una política de inmigración previsora requiere necesariamente estrategias eficaces de integración a nivel local.

19.

Destaca la importancia de satisfacer las necesidades que son vitales para la sociedad, como el acceso a la vivienda, a las guarderías infantiles y a lugares en que los niños puedan jugar seguros y desarrollarse, y de eliminar las barreras que dificultan la fundación o la ampliación de una familia. Por lo tanto, deben apoyarse todas las medidas que fomenten un crecimiento demográfico positivo.

20.

Subraya los retos que plantea el cambio climático y la necesidad de reducir el consumo de energía por medio de procesos de recuperación de la energía y de aumentar la eficiencia energética, de crear sistemas en red, de ampliar los espacios libres y verdes, así como de introducir nuevas formas de construcción y formas de movilidad sanas y seguras que no malgasten recursos.

21.

Resalta la importancia de la cultura y la creatividad no solo para el crecimiento económico, sino en particular para generar calidad de vida, una democracia real, paz y respeto mutuo. La cultura urbana incluye igualmente la conservación de la cultura arquitectónica de las ciudades, un espacio público de alta calidad y accesible para todos y el respeto de las particularidades locales y regionales.

22.

Subraya la importancia fundamental de la participación pública en la formulación de las políticas, a fin de obtener la confianza y la implicación de los ciudadanos y reforzar la cohesión social; esta participación de los ciudadanos solo es posible si las administraciones de las ciudades hacen más transparentes y abiertos los fundamentos de sus decisiones y medidas.

23.

Considera necesarios los diversos esfuerzos que realizan las instituciones europeas para apoyar a las ciudades mediante programas de ayudas e iniciativas, ya que los municipios que carecen de una dotación financiera adecuada dependen de tales recursos.

24.

Observa con preocupación que, a pesar de las declaraciones de intenciones de la Carta de Leipzig y de los procesos políticos asociados a ella, el compromiso de los Estados miembros con la política urbana se ha reducido, en lugar de reforzarse, en los últimos años. Esto se pone de manifiesto en que hasta ahora apenas se ha logrado conceder prioridad a las cuestiones de la política urbana en ámbitos políticos importantes, como el empleo, el medio ambiente, la educación y la ciencia, y la vivienda. Este problema se manifiesta igualmente en la reducción de los presupuestos de los programas de ayudas de la política urbana. Por lo tanto, habría que movilizar con la mayor rapidez posible los recursos correspondientes a nivel de la UE que permitan a las ciudades reaccionar con flexibilidad a estos distintos problemas.

25.

Expresa su preocupación por el catastrófico estado de la dotación de los municipios en la mayoría de los Estados miembros, el cual no mejorará sin un cambio de rumbo en los Estados miembros, en vista de las prioridades presupuestarias de estos.

26.

Considera que, habida cuenta de las graves amenazas sociales, económicas y ecológicas, los esfuerzos realizados hasta ahora no son suficientes para garantizar el futuro de las ciudades europeas, a fin de que puedan contribuir en tanto que lugares competitivos, hermosos, inteligentes, ecológicos e integradores que utilizan de forma eficiente la energía y los recursos a reforzar la cohesión social, económica y territorial de la Unión Europea y a alcanzar los objetivos de la estrategia Europa 2020.

Recomendaciones políticas

Generales

27.

Considera que, en vista de los retos sociales, unas ciudades fuertes y democráticamente autónomas revisten un gran interés a todos los niveles de responsabilidad política en tanto que fundamento de la sociedad europea. Una democracia local fuerte y con capacidad de respuesta y actuación puede contribuir decisivamente a recuperar la confianza en las instituciones de la democracia representativa a todos los niveles.

28.

Reitera que es necesaria una visión del desarrollo social que trascienda el parámetro del producto interior bruto (PIB), tome en serio las preocupaciones y necesidades de los ciudadanos y permita una mayor participación en la planificación de los programas e intervenciones.

29.

Espera que los representantes elegidos de todos los niveles políticos asuman un papel de liderazgo consciente y audaz para lograr una convivencia pacífica y solidaria. Un crecimiento inteligente, sostenible e integrador solo es posible en la paz y con una solidaridad real a escala transfronteriza. Para ello se requiere una cultura activa que dé la bienvenida a los inmigrantes y promueva, entre otras cosas, la competencia intercultural en las administraciones e instituciones públicas, y un compromiso claro de proteger a los refugiados y a las personas que, debido a su origen, creencias, orientación sexual, pertenencia a un determinado grupo social o convicciones políticas, son objeto de persecución política y discriminación.

30.

Subraya la importancia de adoptar estrategias integrales a nivel local para utilizar de forma concertada y eficiente los recursos, y pide la inclusión y participación de todas las políticas sectoriales pertinentes. Una cooperación constructiva y lógica entre todos los niveles y ámbitos políticos es importante para demostrar a los ciudadanos que las instituciones saben responder de forma responsable a la confianza depositada en ellas y se sienten comprometidas con las necesidades locales.

31.

Exhorta a los responsables políticos de todos los niveles a que promuevan una movilidad saludable y sostenible dentro de las ciudades y entre estas. Se deberá impulsar el transporte público de forma que sea accesible a toda la población. Pide a los responsables políticos que sigan desarrollando las ciudades con arreglo a la tradición del modelo de ciudad europea, mediante la integración de usos, las densidades y la calidad (urbanística y arquitectónica).

32.

Recomienda que se redoblen los esfuerzos para conocer mejor el desarrollo urbano en sus dimensiones técnicas, sociales, económicas y ecológicas, incluyendo de forma explícita la importancia que tiene el espacio virtual para la vida y el trabajo en las ciudades y regiones.

33.

Destaca la importancia de los hermanamientos entre ciudades y las redes de ciudades europeas, como EUROCITIES, así como de los proyectos de colaboración transnacional entre municipios en el marco del programa URBACT, la iniciativa INTERREG y las AECT, para mejorar los conocimientos y enfoques de actuación de la política de desarrollo urbano, y subraya la necesidad de que este intercambio de conocimientos sirva para formular políticas, en particular en el ámbito de los Fondos Estructurales, pero también de otros ámbitos políticos importantes, como los servicios de interés general, el transporte y la protección del medio ambiente.

A la Comisión Europea, al Consejo y al Parlamento Europeo

34.

Pide la inclusión de las ciudades y regiones en las estructuras multinivel de la Unión Europea en todos los ámbitos políticos en los que se adopten decisiones a nivel de la UE que afecten a la capacidad de actuación de las administraciones subnacionales.

35.

Pide que las instituciones europeas asuman un compromiso firme para reforzar las ciudades que se refleje en las prioridades para el próximo presupuesto de la UE.

36.

Pide una vez más una política estructural que conceda a los municipios un margen de maniobra suficiente para aplicar un enfoque integral, negociado sobre la base de las prioridades locales y constituido por proyectos sociales y de inversión, que abarque todos los fondos y se adapte a las necesidades locales. Para que los municipios puedan aplicar realmente esta política estructural es necesario reducir los gastos administrativos y de control.

37.

Subraya la importancia de la política de cohesión en tanto que principal instrumento para reforzar la cohesión social, económica y territorial, y pide para el siguiente período de programación un firme apoyo a las ciudades por medio de una clara dimensión urbana, flexibilidad en la utilización de los recursos y un destacado papel de los ámbitos locales en la aplicación. En vista de la gran importancia que tienen las ciudades para la cohesión social, económica y territorial, las ayudas deben superar claramente la cuota mínima del 5 % propuesta hasta ahora.

38.

Reitera las recomendaciones que figuran en el Dictamen del Comité de las Regiones sobre la propuesta de la Comisión para el FEDER, en particular la posibilidad de utilizar de forma flexible los recursos sin privilegiar ni discriminar determinados tipos de regiones, a fin de no excluir a las zonas rurales y suburbanas de las ventajas que concede este Fondo. La concentración de los recursos del FEDER en diversos tipos de regiones debe decidirse en el marco del proceso de programación, que deberá llevarse a cabo en un espíritu de cooperación, y no establecerse de antemano. La delegación de tareas a las ciudades en virtud del instrumento de «inversión territorial integrada», contemplado en el artículo 99 del Reglamento general, debe considerarse una opción y no una obligación.

39.

Acoge con beneplácito el desarrollo de los instrumentos sostenibles de financiación de la política estructural, que representan mecanismos de ayuda creativos y estables aparte de las subvenciones públicas.

40.

Pide que las ciudades y regiones desempeñen un mayor papel en el desarrollo de la política de inmigración e integración de la UE, que tenga en cuenta la gran importancia que tiene el nivel local para la integración.

A los Estados miembros

41.

Invita a los Estados miembros a que reactiven sus esfuerzos en materia de política urbana e incluyan igualmente en estas iniciativas los ámbitos no relacionados con la política territorial. El desarrollo urbano sostenible requiere condiciones básicas favorables, en particular en la política de empleo, la política social, la política educativa y la política medioambiental.

42.

Recomienda que se intensifique el debate sobre las acciones que deben emprenderse en las ciudades y con estas últimas. La cooperación entre ciudades y aglomeraciones urbanas es indispensable para garantizar la cohesión y el desarrollo sostenible.

Bruselas, 19 de julio de 2012.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO


III Actos preparatorios

COMITÉ DE LAS REGIONES

96a sesión plenaria de los días 18 y 19 de julio de 2012

13.9.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 277/23


Dictamen del Comité de las Regiones — Instrumentos financieros de la UE en materia de asuntos de interior

2012/C 277/05

El COMITÉ DE LAS REGIONES

se complace por la iniciativa para lograr un auténtico espacio de libertad, seguridad y justicia a través de propuestas presupuestarias en las que se reconoce la importancia de dotar de los recursos necesarios al presupuesto para inmigración, asilo y seguridad;

afirma la importancia de los cambios propuestos para los entes regionales y locales, que tienen un impacto directo en sus obligaciones y en la vida cotidiana de las personas que viven en la Unión Europea;

destaca la importancia de responder a las preocupaciones en materia de seguridad, derivadas de una mayor movilidad a nivel mundial, en el marco de la protección universal de los derechos y libertades fundamentales;

celebra el interés especial por la flexibilidad y el logro de resultados, haciendo hincapié en que la consecución de este objetivo exige una buena planificación, así como la participación e implicación de todas las partes interesadas. Por consiguiente, subraya la necesidad de involucrar a los entes locales y regionales, así como a otras partes interesadas, como las organizaciones internacionales especializadas, la sociedad civil y los propios beneficiarios, desde la fase de planificación, habida cuenta de que estos a menudo ejecutan los programas y proyectos;

opina que las reformas propuestas introducen considerables mejoras en el acceso a la financiación. No obstante, alienta a que se sigan desarrollando mecanismos de difusión de información sobre las oportunidades de financiación. En los países más grandes, podría recurrirse a los entes locales y regionales para organizar consultas regionales y locales que permitan la participación de las organizaciones y las partes interesadas que actúan lejos de las principales ciudades;

Ponente

Samuel AZZOPARDI (MT/PPE), Alcalde de Victoria, Gozo

Textos de referencia

 

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Construir una Europa abierta y segura: el presupuesto de asuntos de interior para 2014-2020»

COM(2011) 749 final

 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece, como parte del Fondo de Seguridad Interior, el instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados

COM(2011) 750 final

 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo de Asilo y Migración

COM(2011) 751 final

 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo y Migración y sobre el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, la prevención de y la lucha contra la delincuencia, y la gestión de crisis

COM(2011) 752 final

 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece, como parte del Fondo de Seguridad Interior, el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, la prevención de y la lucha contra la delincuencia, y la gestión de crisis

COM(2011) 753 final

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Recomendaciones generales

1.

se complace por la iniciativa para lograr un auténtico espacio de libertad, seguridad y justicia a través de propuestas presupuestarias en las que se reconoce la importancia de dotar de los recursos necesarios al presupuesto para inmigración, asilo y seguridad (1);

2.

apoya la simplificación de los instrumentos existentes, mediante su fusión en dos fondos;

3.

afirma la importancia de los cambios propuestos para los entes regionales y locales, que tienen un impacto directo en sus obligaciones y en la vida cotidiana de las personas que viven en la Unión Europea;

4.

destaca la importancia de responder a las preocupaciones en materia de seguridad, derivadas de una mayor movilidad a nivel mundial, en el marco de la protección universal de los derechos y libertades fundamentales;

5.

subraya que ello puede lograrse desarrollando instrumentos coherentes en el área de libertad, seguridad y justicia basados en el respeto de los derechos humanos, la solidaridad y la responsabilidad, con especial atención a la igualdad de género y a la no discriminación (2);

6.

considera necesario establecer un equilibrio entre los capítulos del gasto relacionados con la seguridad y las fronteras, y el gasto en ámbitos como la integración de los inmigrantes y las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo;

7.

apoya la creación de un presupuesto basado en las necesidades que contribuya a desarrollar sinergias entre los instrumentos financieros de la UE, en particular entre los Fondos Estructurales y los fondos en el ámbito de los asuntos de interior. El presupuesto de la Unión debería asignar recursos suficientes al ámbito de los asuntos de interior, tanto a través de los Fondos Estructurales como a través de instrumentos especializados en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia;

8.

señala que la supresión de la posibilidad de utilizar recursos complementarios procedentes de otros instrumentos comunitarios y de la Unión con la derogación de la Decisión del Consejo 2007/125/JAI reduce considerablemente la flexibilidad deseada en la utilización de los instrumentos financieros y pone en peligro el desarrollo sin período transitorio de proyectos regionales transfronterizos en el ámbito de la seguridad interior, que hasta ahora se financiaban con cargo al objetivo no 3 del FEDER; aboga, por lo tanto, por que se mantenga la complementariedad entre los instrumentos comunitarios;

9.

señala que es necesario garantizar cierto grado de flexibilidad en el funcionamiento del presupuesto y de los instrumentos financieros, lo que permitiría realizar una verdadera revisión intermedia de conformidad con las prioridades políticas identificadas, al tiempo que insiste en que debe promoverse dicha flexibilidad de modo que coexista con la justa asignación de recursos;

10.

es favorable a una política de inmigración que tenga en cuenta a los países de origen y que tome en consideración las exigencias del mercado de trabajo europeo y la evolución demográfica, lo que impulsará un sistema que beneficie a todas las partes, incluidos los países de origen que tan a menudo reciben remesas procedentes de la UE (3);

11.

destaca la necesidad de establecer una sólida cooperación a nivel de la EU para lograr una mejor coordinación entre los Estados miembros en materia de gestión de las fronteras exteriores de la Unión, así como de avanzar hacia un sistema europeo común de asilo;

12.

subraya la necesidad de garantizar la transparencia en la utilización del presupuesto, haciendo que las propuestas, los proyectos y los resultados obtenidos sean visibles, fácilmente accesibles y comprensibles para el ciudadano de a pie;

A propósito de la programación y gestión de fondos

13.

celebra el interés especial por la flexibilidad y el logro de resultados, haciendo hincapié en que la consecución de este objetivo exige una buena planificación, así como la participación e implicación de todas las partes interesadas. Por consiguiente, subraya la necesidad de involucrar a los entes locales y regionales, así como a otras partes interesadas, como las organizaciones internacionales especializadas, la sociedad civil y los propios beneficiarios, desde la fase de planificación, habida cuenta de que éstos a menudo ejecutan los programas y proyectos;

14.

pone de relieve la necesidad de efectuar un seguimiento y una evaluación independientes al objeto de garantizar un uso eficiente de los fondos y una sólida gestión por parte de las organizaciones de ejecución, lo cual podría servir de estímulo para mejorar el desempeño institucional. Todas las partes interesadas deben participar en la selección de indicadores cuantitativos y cualitativos. El Comité señala que algunos indicadores cualitativos pueden ser eficaces y rentables. Asimismo, insta a la Comisión Europea y al Parlamento a que refuercen la supervisión de los fondos a fin de asegurar el carácter independiente del seguimiento y de la evaluación;

Acceso a la financiación

15.

opina que las reformas propuestas introducen considerables mejoras en el acceso a la financiación. No obstante, alienta a que se sigan desarrollando mecanismos de difusión de información sobre las oportunidades de financiación. En los países más grandes, podría recurrirse a los entes locales y regionales para organizar consultas regionales y locales que permitan la participación de las organizaciones y las partes interesadas que actúan lejos de las principales ciudades;

Asignación de recursos

16.

señala que, junto con los aspectos positivos de la simplificación y la flexibilidad, las reformas propuestas también suscitan preocupación con respecto a la asignación de recursos entre diferentes sectores y cuestiones temáticas. Por consiguiente, destaca la importancia de que los fondos se asignen en función de las necesidades, mediante un análisis minucioso de las necesidades en el que las prioridades se asignen siguiendo un enfoque basado en los derechos. Dicha asignación puede lograrse a través de los mecanismos y salvaguardias existentes para asegurar una asignación eficaz de las prioridades, incluida la participación de los entes locales y regionales y otras partes interesadas en la elaboración de las estrategias nacionales;

17.

hace hincapié en la necesidad de distribuir los fondos equitativamente según la capacidad institucional y conforme a las propuestas de proyecto, y en no concentrar los fondos en unos pocos beneficiarios;

18.

considera que, en caso de que no existan fondos suficientes, es conveniente conceder prioridad a los fondos dirigidos a proteger los derechos y las libertades fundamentales de las personas, incluidos aquéllos que se ocupan de las necesidades básicas de vida, de cuestiones específicas de género y del derecho de asilo, así como a los recursos dirigidos a desarrollar la capacidad de los entes locales y regionales para gestionar los flujos migratorios;

Participación obligatoria de las partes interesadas

19.

subraya la importancia de adoptar un enfoque participativo para obtener resultados eficaces, y apoya las propuestas que obligan a los Estados miembros a formar asociaciones con todas las autoridades públicas afectadas y con las partes interesadas pertinentes, incluidas la sociedad civil y las organizaciones internacionales, para desarrollar, ejecutar y hacer un seguimiento de los programas nacionales;

20.

por consiguiente, insta a que se refuerce la asociación de las partes interesadas y a que ésta sea obligatoria. Señala que, actualmente, el principio recogido en el proyecto de Reglamento por el que se establecen las disposiciones generales (4) no podría propiciar la participación de una manera suficientemente vinculante. Si bien los mecanismos de coordinación están consolidados, en otros ámbitos existe un amplio margen de discreción en cuanto a si, de hecho, se establecerá o no una verdadera asociación;

21.

sugiere que quizás no sea conveniente designar una única autoridad responsable de todas las acciones financiadas con cargo a los fondos, a pesar de la simplificación que supondría. Debe asegurarse la transparencia, así como controles y equilibrios que garanticen la imparcialidad de las decisiones. Le preocupa que pueda haber cuestiones legales que no permitan que una autoridad delegada trabaje bajo la supervisión de la autoridad nacional competente y, por consiguiente, sugiere que los reglamentos sean lo suficientemente flexibles como para adaptarse a todas las normas nacionales existentes en la UE y que no obliguen a los Estados miembros a modificar sus estructuras constitucionales si los objetivos pueden alcanzarse adoptando un enfoque de asociación;

Sistema europeo común de asilo

22.

acoge con agrado los avances realizados para establecer un «sistema europeo común de asilo», al tiempo que insiste en que dicho sistema debe perseguir los niveles de los países dotados de los mejores sistemas y estructuras, y no dar lugar a una disminución general de la calidad a la par de aquéllos con unos sistemas menos sólidos;

23.

pide mayor claridad en cuanto a si la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (OEAA) sólo utilizará los fondos que se le hayan asignado directamente o si también tendrá acceso a los Fondos de asuntos de interior;

Acogida e integración de personas con protección internacional y nacionales de terceros países

24.

aprueba el reconocimiento de la importancia de los entes locales y regionales en los sistemas de acogida y asilo, así como en la integración de nacionales e inmigrantes legales de terceros países;

25.

aplaude la idea de prestar especial atención a los más vulnerables, incluidas las víctimas de la trata de personas;

26.

subraya que la integración debe centrarse en acciones sostenibles a largo plazo, teniendo presente que la integración es un proceso bidireccional en el que las acciones pueden estar dirigidas a las comunidades de acogida y migrantes;

27.

propone que los Fondos de asuntos de interior también respalden acciones recomendadas por la Comisión Europea, reconociendo el enfoque de gobernanza multinivel de la segunda Agenda Europea para la Integración (5);

28.

señala que las prácticas de detención administrativa que se realizan en toda la UE han sido objeto de control por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y de las autoridades de derechos humanos, e insiste en que la financiación de proyectos relacionados con la detención de personas debe garantizar que dicha detención sea conforme con el Derecho de la UE y las decisiones del Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

29.

hace hincapié en que debería permitirse que los miembros de una familia que disfrutan de protección internacional en diferentes Estados miembros vivan juntos y gocen de protección en el mismo Estado miembro;

Reparto de responsabilidades y realojamiento dentro de la UE

30.

subraya que las regiones fronterizas europeas deben recibir un apoyo más eficaz en relación con el asilo y la migración, máxime en tiempos especialmente difíciles (6);

31.

destaca que los criterios y mecanismos de realojamiento deben ser de carácter no discriminatorio y centrarse en los más vulnerables, al tiempo que se tienen en cuenta también las consideraciones del mercado de trabajo europeo, en particular con respecto a las personas que actualmente viven en zonas con un acceso limitado al mercado de trabajo. Dichos criterios y mecanismos no deberían centrarse en otorgar prioridad a las personas altamente cualificadas y que ya están integradas en la sociedad de acogida;

32.

observa que los gobiernos locales y regionales están en condiciones de participar en el establecimiento de dichos mecanismos (7);

33.

opina que la solidaridad en apoyo de los países que soportan cargas debería supeditarse a la situación de los derechos humanos y al respeto por las normas de acogida de la UE, lo que impulsaría la introducción de mejoras;

Programa de reasentamiento de la UE

34.

acoge con satisfacción el establecimiento de un programa de reasentamiento de la UE y alienta la creación de un marco claro desarrollado por una asociación entre la OEAA, el ACNUR y diversas ONG, teniendo en cuenta las mejores prácticas en otras regiones del mundo. La UE debería dar ejemplo procurando identificar y ofreciendo protección a los más olvidados por la comunidad internacional;

35.

subraya la necesidad de ofrecer incentivos para incrementar el número de lugares de los Estados miembros que se comprometan a reasentar a refugiados, así como información sobre las ventajas que ello reporta;

36.

destaca la necesidad de mantener una clara distinción entre el reasentamiento desde terceros países y el realojamiento dentro de la UE, así como el número de personas asignadas a estos dos programas;

Retorno voluntario asistido

37.

reafirma que los programas de retorno, en principio, deben aplicarse de manera voluntaria y de acuerdo con los objetivos de la cooperación para el desarrollo, lo cual conducirá a la integración duradera y social de las personas afectadas (8). El retorno debe tener viabilidad y garantizar que no se inicie un nuevo proyecto migratorio (9), lo cual podría lograrse mediante la creación de asociaciones con una organización especializada como, por ejemplo, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM);

38.

señala que las estrategias de retorno que han dado buenos resultados no pueden valorarse simplemente según el número de retornados, al tratarse de un indicador meramente cuantitativo. Podría seleccionarse como indicador el número de retornados frente al número de casos, teniendo en cuenta factores de calidad a largo plazo;

Estrategia de seguridad interna

39.

pone de relieve su participación fundamental en el proceso de mejora de la seguridad interna europea, junto con la necesidad de aumentar la capacidad de los entes locales y regionales;

40.

insiste en que la financiación con cargo al Fondo de Seguridad Interior debe tener presente la necesidad de invertir en investigaciones ulteriores y poner en práctica innovaciones y el intercambio de conocimientos especializados en los ámbitos de la seguridad informática, criminalística y protección de infraestructuras vitales, así como la seguridad urbana, y en que la Comisión Europea respalde este enfoque, de manera que pueda responder a la mayor exigencia de afrontar unos problemas cada vez más específicos y complejos;

41.

reafirma la importancia que reviste la participación de los entes locales y regionales en la cooperación policial y de seguridad, que puede tener lugar mediante la formación, el intercambio de buenas prácticas y programas de prevención, así como mediante el desarrollo de instrumentos comunes y sistemas de tecnologías de la información, además de mejores comunicaciones;

Lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada

42.

recomienda que se refuercen las redes de entes locales y regionales existentes y que se recurra a las mismas en los diferentes Estados miembros o, en la medida en que resulte necesario, se establezcan nuevas redes, a fin de facilitar el intercambio de buenas prácticas en materia de inclusión social, aprendizaje profesional y comprensión del extremismo de origen local. Este hecho podría respaldar la labor realizada a través de la recién creada red europea contra la radicalización;

43.

sugiere que la financiación con cargo al Fondo de Seguridad Interior incluya una consulta pública a escala local en los Estados miembros y llegue hasta quienes se sienten ajenos a la sociedad. De este modo, se puede ayudar a comprender cabalmente las experiencias y las ideas locales sobre terrorismo y los motivos que conducen al extremismo;

44.

destaca la importancia de que se intensifique el control de las prácticas bancarias y comerciales para identificar y perseguir la financiación del terrorismo y la delincuencia organizada a través del blanqueo de capitales y la práctica de asociar actividades delictivas a transacciones que tienen un objetivo legítimo;

45.

recuerda, asimismo, la importancia del decomiso de activos de origen delictivo, eje fundamental e indiscutible en la lucha –en este caso de carácter absolutamente transversal– contra cualquier forma de delincuencia, y, por consiguiente, celebra que la Comisión Europea haya propuesto una acción legislativa para reforzar el marco jurídico europeo sobre el decomiso (10);

46.

señala que, si bien las asociaciones entre los sectores público y privado podrían tener efectos positivos, debería evitarse la privatización de la seguridad;

Control de las fronteras y rescate

47.

hace hincapié en la necesidad de financiar adecuadamente el control de las fronteras (11). Al mismo tiempo considera que, con vistas luchar contra la migración irregular, cabe plantearse si la manera más eficaz y efectiva de que se produzcan cambios importantes a largo plazo es invirtiendo notablemente en el control de las fronteras;

48.

subraya la necesidad de que una organización como, por ejemplo, ACNUR, realice un seguimiento independiente de las acciones en las fronteras, a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales, incluida la igualdad entre hombres y mujeres;

49.

insiste en que la preocupación por las vidas humanas debería tener prioridad sobre todas las demás cuestiones, y pide que se intensifique la colaboración y se repartan las responsabilidades entre los Estados miembros de las personas rescatadas, a fin de impulsar el rescate. Considera que el reparto automático de responsabilidades podría contribuir a salvar más vidas en el mar;

Intervención en las situaciones de emergencia

50.

se complace por los cambios dirigidos a aumentar la rapidez de la intervención en las situaciones de emergencia;

51.

insta a la Comisión a que se comprometa a programar y desarrollar ejercicios transfronterizos con una participación activa de las regiones fronterizas. Ello permitiría a las regiones poner en común sus experiencias en materia de protección civil y constituirá una base operativa sobre la que crear una fuerza europea de emergencia de intervención rápida;

52.

pide a la Comisión que asuma una mayor gestión directa en situaciones de emergencia para mantener un nivel de supervisión y facilitar la coordinación transfronteriza;

53.

alienta a los Estados miembros a crear equipos multidisciplinarios de intervención rápida en casos de emergencia, máxime cuando la situación de emergencia presenta elementos tales como flujos migratorios mixtos que exigen conocimientos especializados en materia de derecho de asilo y derechos humanos;

54.

observa que algunas situaciones de emergencia pueden ser de más largo plazo y que los fondos para emergencias deben estar disponibles mientras dure la situación de emergencia;

Aspectos externos de la gestión de la migración

55.

celebra el enfoque más coherente sobre los aspectos internos y externos de la gestión de la migración y la seguridad interior, señalando que la cooperación y el diálogo con terceros países son necesarios tanto para combatir la inmigración irregular como para concentrarse en la migración legal;

56.

señala que los entes locales y regionales más cercanos o más estrechamente vinculados a terceros países pueden aportar los lazos esenciales para la cooperación de la UE con dichos países, lo que contribuirá sustancialmente a la mejora de las relaciones y las condiciones de vida en las ciudades y regiones de origen y tránsito (12). Gracias a su cooperación con entes locales y regionales en países de la ampliación y de la política de vecindad (p. ej. grupos de trabajo y comités consultivos conjuntos, la Conferencia de Entes Locales y Regionales para la Asociación Occidental –CORLEAP– o la Asamblea Regional y Local Euromediterránea –ARLEM–), el Comité de las Regiones está en buena posición para promover los objetivos de los fondos más allá de las fronteras de la UE;

57.

considera que no existe una delimitación clara entre las actividades de desarrollo y aquéllas no relacionadas con el desarrollo respecto a los terceros países, y exige coherencia y coordinación entre los proyectos de ayuda y desarrollo financiados y los proyectos de asuntos de interior, impulsadas mediante un espíritu de responsabilidad y reparto de responsabilidades con terceros países;

58.

reclama garantías para impedir que los Estados miembros persigan sus propios intereses nacionales a través de la dimensión exterior de los Fondos de asuntos de interior, así como mecanismos para garantizar la transparencia en la cooperación bilateral entre los Estados miembros y terceros países.

II.   RECOMENDACIONES DE ENMIENDA

COM(2011) 750 final

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece, como parte del Fondo de Seguridad Interior, el instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados

Enmienda 1

Artículo 3

Modifíquese el apartado 2, letra (b)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

(b)

respaldar la gestión de las fronteras para asegurar, por una parte, un elevado nivel de protección de las fronteras exteriores y, por otra, el cruce sin problemas de las fronteras exteriores de conformidad con el acervo de Schengen

(b)

respaldar la gestión de las fronteras para asegurar, por una parte, un elevado nivel de protección de las fronteras exteriores y, por otra, el cruce sin problemas de las fronteras exteriores de conformidad con el acervo de Schengen

La consecución de este objetivo se medirá atendiendo a indicadores tales como, entre otros, el desarrollo de equipos para el control de las fronteras y las aprehensiones de nacionales de terceros países en situación irregular en la frontera exterior de que se trate en correspondencia con el riesgo que entraña la sección correspondiente de dicha frontera exterior.

La consecución de este objetivo se medirá atendiendo a indicadores tales como, entre otros, el desarrollo de equipos para el control de las fronteras las aprehensiones de nacionales de terceros países en situación irregular en la frontera exterior de que se trate en correspondencia con el riesgo que entraña la sección correspondiente de dicha frontera exterior

Exposición de motivos

Véase el punto 5. Quienes se ocupan de los flujos migratorios mixtos deben poseer cierto nivel de conocimiento sobre el derecho de asilo para satisfacer dicho derecho.

Enmienda 2

Artículo 3

Complétese el apartado 2, letra (c), del modo siguiente

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

Exposición de motivos

Véase el punto 48.

Enmienda 3

Artículo 3

Modifíquese el apartado 3, letra (f)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

(f)

reforzar la cooperación entre los Estados miembros que operan en terceros países en lo relativo a los flujos de nacionales de terceros países hacia el territorio de los Estados miembros, así como la cooperación con terceros países en este campo.

(f)

reforzar la cooperación entre los Estados miembros que operan en terceros países en lo relativo a los flujos de nacionales de terceros países hacia el territorio de los Estados miembros, así como la cooperación con terceros países en este campo.

Exposición de motivos

Se remite al punto 55.

Enmienda 4

Artículo 3

Complétese el apartado 3, letra (g), del modo siguiente

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

Exposición de motivos

Véase el punto 47.

Enmienda 5

Artículo 4

Complétese el apartado 1, letra (f), del modo siguiente

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

Exposición de motivos

Véase el punto 48.

Enmienda 6

Artículo 4

Complétese el apartado 1, letra (g), del modo siguiente

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

Exposición de motivos

Véanse los puntos 47 y 48.

Enmienda 7

Artículo 4

Complétese el apartado 1, letra (h), del modo siguiente

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

Exposición de motivos

Véase el punto 5.

Enmienda 8

Artículo 9

Modifíquese el apartado 2, letra (b)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

(b)

apoyar y ampliar la capacidad existente a escala nacional en materia de gestión de las fronteras exteriores, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las nuevas tecnologías, la evolución y/o las normas en relación con la gestión de los flujos migratorios;

(b)

apoyar y ampliar la capacidad existente a escala nacional en materia de gestión de las fronteras exteriores, teniendo en cuenta, entre otras cosas, las nuevas tecnologías, la evolución y/o las normas en relación con la gestión de los flujos migratorios;

Exposición de motivos

Véase el punto 5.

Enmienda 9

Artículo 13

Modifíquese el apartado 2, letra (g)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

(g)

potenciar la capacidad de las redes de la UE para promover, apoyar y desarrollar las políticas y los objetivos de la Unión;

(g)

potenciar la capacidad de las redes de la UE para promover, apoyar y desarrollar las políticas y los objetivos de la Unión;

Exposición de motivos

Véanse los puntos 3 y 55.

COM(2011) 751 final

Reglamento por el que se crea el Fondo de Asilo y Migración

Enmienda 1

Artículo 3

Modifíquese el apartado 2, letra c)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

c)

desarrollar unas estrategias de retorno equitativas y eficaces en los Estados miembros, haciendo hincapié en la sostenibilidad del retorno y la readmisión efectiva en sus países de origen;

c)

desarrollar unas estrategias de retorno equitativas y eficaces en los Estados miembros, haciendo hincapié en la sostenibilidad del retorno y la readmisión efectiva en sus países de origen;

La consecución de este objetivo se medirá a través de indicadores que reflejen, entre otras cosas, el número de repatriados.

La consecución de este objetivo se medirá a través de indicadores que reflejen, entre otras cosas, el número de repatriados

Exposición de motivos

Véase el punto 37.

Enmienda 2

Artículo 5

Modifíquese el apartado 1, letra e)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

e)

información para las comunidades locales, así como formación del personal de las administraciones locales que vaya a estar en contacto con las personas acogidas;

e)

información para las comunidades locales , así como formación del personal de las administraciones locales que a estar en contacto con las personas acogidas;

Exposición de motivos

Los actores de la sociedad civil a menudo ejecutan proyectos de integración.

Enmienda 3

Artículo 5

Complétese el apartado 1, letra g), del modo siguiente

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

Exposición de motivos

Véase el punto 28.

Enmienda 4

Artículo 6

Modifíquese la letra b)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

b)

acciones que contribuyan directamente a la evaluación de las políticas de asilo, tales como evaluaciones nacionales de impacto, encuestas entre los grupos destinatarios y desarrollo de indicadores y valores de referencia.

b)

acciones que contribuyan directamente a la evaluación de las políticas de asilo, tales como evaluaciones nacionales de impacto, encuestas entre los grupos destinatarios y desarrollo de indicadores y valores de referencia.

Exposición de motivos

Véase el punto 13.

Enmienda 5

Artículo 7

Añádase una letra h)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

Exposición de motivos

Véase el punto 30.

Enmienda 6

Artículo 8

Modifíquese la letra a)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

a)

paquetes de información y campañas de sensibilización, en particular a través de tecnologías y sitios web de comunicación e información de fácil utilización;

a)

paquetes de información campañas de sensibilización, en particular a través de tecnologías y sitios web de comunicación e información de fácil utilización;

Exposición de motivos

Véase el punto 25.

Enmienda 7

Artículo 9

Modifíquese el apartado 1

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

1.   Como parte del objetivo específico definido en el artículo 3, apartado 2, letra b), las acciones elegibles se efectuarán en el marco de estrategias coherentes, serán ejecutadas por organizaciones no gubernamentales, autoridades locales o regionales y estarán diseñadas específicamente para la integración en el ámbito local o regional, según proceda, de las personas contempladas en el artículo 4, apartado 1, letras a) a g). En este contexto, las acciones elegibles deberán incluir, en particular, los aspectos siguientes:

1.   Como parte del objetivo específico definido en el artículo 3, apartado 2, letra b), las acciones elegibles se efectuarán en el marco de estrategias coherentes, serán ejecutadas por organizaciones no gubernamentales, autoridades locales o regionales y estarán diseñadas específicamente para la integración en el ámbito local o regional, según proceda, de las personas contempladas en el artículo 4, apartado 1, letras a) a g). En este contexto, las acciones elegibles deberán incluir, en particular, los aspectos siguientes:

Exposición de motivos

Véase el punto 25.

Enmienda 8

Artículo 9

Modifíquese el apartado 1, letra a)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

a)

implantación y desarrollo de dichas estrategias de integración, analizando las necesidades y mejorando los indicadores y la evaluación;

a)

implantación y desarrollo de dichas estrategias de integración, analizando las necesidades mejorando los indicadores y la evaluación;

Exposición de motivos

Véanse los puntos 18 y 23.

Enmienda 9

Artículo 9

Complétese el apartado 1, letra i), del modo siguiente

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

Exposición de motivos

Véase el punto 26.

Enmienda 10

Artículo 9

Complétese el apartado 1, letra j), del modo siguiente

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

Exposición de motivos

Véase el punto 26.

Enmienda 11

Artículo 10

Añádase una letra f)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

f)

Exposición de motivos

Véanse los puntos 46 y 54.

Enmienda 12

Artículo 11

Modifíquese la letra a)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

a)

creación y mejora de las infraestructuras o servicios de alojamiento y de las condiciones de acogida o detención;

a)

creación y mejora de las infraestructuras o servicios de alojamiento y de las condiciones de acogida o detención

Exposición de motivos

Véase el punto 27.

Enmienda 13

Artículo 12

Modifíquese la letra b)

Texto de la Comisión

Enmienda del CDR

b)

medidas de retorno voluntario asistido, incluidos reconocimientos y asistencia médicos, organización del viaje, contribuciones financieras, asesoramiento y asistencia previos y posteriores al retorno;

b)

medidas de retorno voluntario asistido, incluidos reconocimientos y asistencia médicos, organización del viaje, contribuciones financieras, asesoramiento y asistencia previos y posteriores al retorno;

Exposición de motivos

Véanse los puntos 36 y 37.

Enmienda 14

Artículo 13

Modifíquese la letra a)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

a)

acciones de promoción y refuerzo de la cooperación operativa entre los servicios de retorno de los Estados miembros, incluidas las referentes a la cooperación con las autoridades consulares y los servicios de inmigración de terceros países;

a)

acciones de promoción y refuerzo de la cooperación operativa entre los servicios de retorno de los Estados miembros, incluidas las referentes a la cooperación con las autoridades consulares y los servicios de inmigración de terceros países;

Exposición de motivos

Véase el punto 36.

Enmienda 15

Artículo 17

Modifíquese el apartado 4

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

4.   En cualquier caso, los siguientes grupos vulnerables de refugiados estarán incluidos en las prioridades comunes de reasentamiento de la Unión y podrán beneficiarse de la cantidad a tanto alzado contemplada en el apartado 2:

mujeres y niños en peligro,

menores no acompañados,

personas que tengan necesidades médicas que solo puedan atenderse con el reasentamiento,

personas necesitadas de reasentamiento de emergencia o urgente por necesitar protección física o jurídica.

4.   En cualquier caso, los siguientes grupos vulnerables de refugiados estarán incluidos en las prioridades comunes de reasentamiento de la Unión y podrán beneficiarse de la cantidad a tanto alzado contemplada en el apartado 2:

mujeres y niños en peligro,

menores no acompañados,

personas que tengan necesidades médicas que solo puedan atenderse con el reasentamiento,

personas necesitadas de reasentamiento de emergencia o urgente por necesitar protección física o jurídica.

Exposición de motivos

Véase el punto 33. Conceder prioridad a las personas con necesidades psicológicas constituye una buena práctica adoptada por el ACNUR y otros.

Enmienda 16

Artículo 18

Añádase un apartado 5

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

   

Exposición de motivos

Véase el punto 32.

Enmienda 17

Artículo 18

Añádase un apartado 6

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

   

Exposición de motivos

Véase el punto 30.

Enmienda 18

Artículo 19

Modifíquese el apartado 1

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

1.   Con objeto de asignar la cantidad indicada en el artículo 15, apartado 1, letra c), la Comisión evaluará, antes del 31 de mayo de 2017, las necesidades de los Estados miembros en lo que respecta a sus sistemas de asilo y acogida, su situación con respecto a los flujos migratorios en el período comprendido entre 2014 y 2016 y la evolución prevista.

1.   Con objeto de asignar la cantidad indicada en el artículo 15, apartado 1, letra c), la Comisión evaluará, antes del 31 de mayo de 2017, las necesidades de los Estados miembros en lo que respecta a sus sistemas de asilo y acogida, su situación con respecto a los flujos migratorios en el período comprendido entre 2014 y 2016 y la evolución prevista.

Exposición de motivos

Las situaciones en el ámbito de la migración pueden cambiar rápidamente, por lo que el sistema debería ser lo bastante flexible para hacer frente a estos cambios.

Enmienda 19

Artículo 22

Modifíquese el apartado 1

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

1.   El Fondo proporcionará ayuda financiera para hacer frente a necesidades urgentes y específicas en caso de situación de emergencia.

1.   El Fondo proporcionará ayuda financiera para hacer frente a necesidades urgentes y específicas en caso de situación de emergencia.

Exposición de motivos

Véase el punto 53.

Enmienda 20

Artículo 23

Modifíquese el apartado 2, letra a)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

a)

actuar como Consejo Consultivo de la Unión en materia de migración y asilo, mediante la coordinación y cooperación a nivel nacional y de la Unión con los representantes de los Estados miembros, el mundo académico, la sociedad civil, los grupos de reflexión y otras entidades de la Unión/internacionales;

a)

actuar como Consejo Consultivo de la Unión en materia de migración y asilo, mediante la coordinación y cooperación a nivel nacional y de la Unión con los representantes de los Estados miembros, el mundo académico, la sociedad civil, los grupos de reflexión y otras entidades de la Unión/internacionales;

Exposición de motivos

Véase el punto 15.

Enmienda 21

Artículo 23

Modifíquese el apartado 5, letra c)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

c)

puntos de contacto nacionales designados por los Estados miembros, compuesto cada uno de ellos por al menos tres expertos que tengan colectivamente experiencia en el ámbito del asilo y la migración, incluidos los aspectos de la elaboración de políticas, la legislación, la investigación y las estadísticas, y que coordinarán y aportarán las contribuciones nacionales a las actividades contempladas en el artículo 19, apartado 1), a fin de disponer de aportaciones de todas las partes interesadas pertinentes;

c)

puntos de contacto nacionales designados por los Estados miembros, compuesto cada uno de ellos por al menos tres expertos que tengan colectivamente experiencia en el ámbito del asilo y la migración, incluidos los aspectos de la elaboración de políticas, la legislación, la investigación y las estadísticas, y que coordinarán y aportarán las contribuciones nacionales a las actividades contempladas en el artículo 19, apartado 1), a fin de disponer de aportaciones de todas las partes interesadas pertinentes;

Exposición de motivos

Véase el punto 13. Esta enmienda contribuirá a aumentar la transparencia de los mecanismos.

COM(2011) 752 final

Reglamento por el que se establecen disposiciones generales sobre el Fondo de Asilo y Migración y sobre el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, la prevención de y la lucha contra la delincuencia, y la gestión de crisis

Enmienda 1

Artículo 4

Modifíquese como sigue

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Las acciones financiadas por los Reglamentos específicos serán conformes al Derecho nacional y de la Unión.

Las acciones financiadas por los Reglamentos específicos serán conformes al Derecho nacional y de la Unión.

Exposición de motivos

Si bien la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos forma parte de la UE, en ocasiones, los Estados miembros no aplican los resultados de tales decisiones. Es conveniente destacar la importancia que revisten.

Enmienda 2

Artículo 8

Añádase un apartado 5

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

   

Exposición de motivos

Véase el punto 53.

Enmienda 3

Artículo 12

Modifíquese el apartado 1

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

1.   Cada Estado miembro, de conformidad con las normas y prácticas nacionales en vigor, organizará una asociación con las autoridades y los organismos competentes con el fin de desarrollar y ejecutar los programas nacionales.

1.   Cada Estado miembro, de conformidad con las normas y prácticas nacionales en vigor, organizará una asociación con las autoridades y los organismos competentes con el fin de desarrollar y ejecutar los programas nacionales.

Entre dichas autoridades y organismos podrán figurar las administraciones regionales, locales y municipales competentes y otros organismos públicos y, en su caso, organizaciones internacionales y organismos que representen a la sociedad civil, tales como las organizaciones no gubernamentales o los interlocutores sociales.

Entre dichas autoridades y organismos podrán figurar las administraciones regionales, locales y municipales competentes y otros organismos públicos y organizaciones internacionales y organismos que representen a la sociedad civil, tales como las organizaciones no gubernamentales o los interlocutores sociales.

Exposición de motivos

La palabra «pertinentes», en contraposición con «en su caso», elimina un margen de apreciación que podría llevar a una falta de claridad. La contribución de los grupos destinatarios es una piedra angular de la programación de la UE.

Enmienda 4

Artículo 12

Modifíquese el apartado 4

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

4.   Cada Estado miembro creará un comité de seguimiento para apoyar la ejecución de los programas nacionales.

4.   Cada Estado miembro creará un comité de seguimiento para apoyar la ejecución de los programas nacionales.

Exposición de motivos

Véase el punto 13. Esta enmienda propiciaría una mayor transparencia y evitaría posibles conflictos de interés.

Enmienda 5

Artículo 12

Modifíquese el apartado 5

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

5.   La Comisión podrá participar en los trabajos del comité de seguimiento a título consultivo.

5.   La Comisión en los trabajos del comité de seguimiento a título consultivo.

Exposición de motivos

La participación de la Comisión es muy importante y no debería ser optativa.

Enmienda 6

Artículo 14

Complétese el apartado 5, letra (g), del modo siguiente

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

Exposición de motivos

Véanse los puntos 18 y 19.

Enmienda 7

Artículo 20

Modifíquese el apartado 2, letra (c)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

(c)

los gastos de evaluación de acciones y proyectos;

(c)

los gastos de evaluación de acciones y proyectos;

Exposición de motivos

Véanse los puntos 18 y 19. Las partes interesadas están en buenas condiciones para valorar los resultados de un proyecto.

Enmienda 8

Artículo 23

Modifíquese el apartado 1, letra b)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

b)

una autoridad responsable acreditada: un organismo público del Estado miembro que será el único responsable de la gestión y el control adecuados del programa nacional y de todas las comunicaciones con la Comisión;

b)

una autoridad responsable acreditada: un organismo público del Estado miembro, que será el único responsable de la gestión y el control adecuados del programa nacional y de todas las comunicaciones con la Comisión;

Exposición de motivos

Véanse los puntos 18 y 19.

Enmienda 9

Artículo 25

Complétese el apartado 5, letra (d), del modo siguiente

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

Exposición de motivos

Véanse los puntos 18 y 19. Las partes interesadas están en buenas condiciones para valorar los resultados de un proyecto.

Enmienda 10

Artículo 48

Modifíquese el apartado 1, letra (b)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

(b)

informar a los beneficiarios potenciales de las oportunidades de financiación en el marco de los programas nacionales;

(b)

informar a los beneficiarios potenciales de las oportunidades de financiación en el marco de los programas nacionales;

Exposición de motivos

Véase el punto 14.

Enmienda 11

Artículo 50

Añádase un apartado 7

Texto de la Comisión

Enmienda del CDR

 

   

Exposición de motivos

Véanse los puntos 18 y 19.

Enmienda 12

Artículo 51

Modifíquese el apartado 2

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

2.   Los Estados miembros garantizarán la aplicación de procedimientos para elaborar y recoger los datos necesarios para las evaluaciones, incluidos los datos relativos a los indicadores comunes y específicos de los programas.

2.   Los Estados miembros garantizarán la aplicación de procedimientos para elaborar y recoger los datos necesarios para las evaluaciones, incluidos los datos relativos a los indicadores comunes y específicos de los programas.

Exposición de motivos

Véase el punto 13.

Enmienda 13

Artículo 55

Modifíquese el apartado 1

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

1.   La Comisión estará asistida por el Comité común «Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios», creado por el presente Reglamento. El Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) no 182/2011.

1.   La Comisión estará asistida por el Comité común «Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios», creado por el presente Reglamento. El Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) no 182/2011.

Exposición de motivos

Véanse los puntos 18 y 19.

COM(2011) 753 final

Reglamento por el que se establece, como parte del Fondo de Seguridad Interior, el instrumento de apoyo financiero a la cooperación policial, la prevención de y la lucha contra la delincuencia, y la gestión de crisis

Enmienda 1

Artículo 3

Modifíquese el apartado 2, letra a)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

a)

Prevenir y combatir la delincuencia organizada, grave y transfronteriza, incluido el terrorismo, reforzar la coordinación y la cooperación entre las autoridades con funciones coercitivas de los Estados miembros y con los terceros países pertinentes.

a)

Prevenir y combatir la delincuencia organizada, grave y transfronteriza, incluido el terrorismo, reforzar la coordinación y la cooperación entre las autoridades con funciones coercitivas de los Estados miembros y con los terceros países pertinentes.

Exposición de motivos

Véanse los puntos 41 y 55.

Enmienda 2

Artículo 3

Modifíquese el apartado 3, letra a)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

a)

medidas (metodologías, herramientas y estructuras) destinadas a reforzar la capacidad de los Estados miembros para prevenir y combatir la delincuencia organizada, grave y transfronteriza, incluido el terrorismo, en particular mediante asociaciones entre los sectores público y privado, el intercambio de información y mejores prácticas, el acceso a los datos, tecnologías interoperables, estadísticas comparables, la criminología aplicada, la comunicación pública y la concienciación;

a)

medidas (metodologías, herramientas y estructuras) destinadas a reforzar la capacidad de los Estados miembros para prevenir y combatir la delincuencia organizada, grave y transfronteriza, incluido el terrorismo, en particular mediante asociaciones entre los sectores público y privado, el intercambio de información y mejores prácticas, el acceso a los datos tecnologías interoperables, estadísticas comparables, la criminología aplicada, la comunicación pública y la concienciación;

Exposición de motivos

Véanse los puntos 38, 39, 40, 41, 43 y 44.

Enmienda 3

Artículo 4

Modifíquese el apartado 1, letra a)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

a)

acciones destinadas a mejorar la cooperación policial y la coordinación entre las autoridades con funciones coercitivas, incluidos los equipos conjuntos de investigación y cualquier otra forma de operación conjunta transfronteriza, el acceso a y el intercambio de información y tecnologías interoperables;

a)

acciones destinadas a mejorar la cooperación policial y la coordinación entre las autoridades con funciones coercitivas, incluidos los equipos conjuntos de investigación y cualquier otra forma de operación conjunta transfronteriza, el acceso a y el intercambio de información y tecnologías interoperables;

Exposición de motivos

Véanse los puntos 38 y 40.

Enmienda 4

Artículo 4

Complétese el apartado 1, letra h), del modo siguiente

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

;

Exposición de motivos

Véase el punto 42.

Enmienda 5

Artículo 4

Complétese el apartado 1, letra i), del modo siguiente

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

Exposición de motivos

Véase el punto 41.

Enmienda 6

Artículo 6

Modifíquese el apartado 1

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

1.   El programa nacional requerido en virtud del presente Instrumento y los requeridos en virtud del Reglamento (UE) no XXX/2012, por el que se establece, como parte del Fondo de Seguridad Interior, el instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados, serán elaborados conjuntamente por los Estados miembros y propuestos a la Comisión como un único programa nacional para el Fondo, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) no XXX/2012 [Reglamento horizontal].

1.   El programa nacional requerido en virtud del presente Instrumento y los requeridos en virtud del Reglamento (UE) no XXX/2012, por el que se establece, como parte del Fondo de Seguridad Interior, el instrumento de apoyo financiero a las fronteras exteriores y los visados, serán elaborados conjuntamente por los Estados miembros y propuestos a la Comisión como un único programa nacional para el Fondo, de conformidad con el artículo 14 del Reglamento (UE) no XXX/2012 [Reglamento horizontal].

Exposición de motivos

Véanse los puntos 18 y 19.

Enmienda 7

Artículo 14 a)

Añádase un nuevo punto

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

   

   

Exposición de motivos

Para la financiación de las medidas policiales transfronterizas podía optarse hasta ahora por el Programa ISEC (Programa de la Comisión de «Prevención y lucha contra la delincuencia») o por las ayudas correspondientes al Objetivo no 3, financiado por el FEDER (principio de complementariedad, artículo 11 de la Decisión del Consejo 2007/125/JAI). Aunque las medidas aplicadas en virtud del ISEC se financiaban de manera centralizada por parte de la Unión, la financiación en concepto del Objetivo no 3 se realizaba mediante una gestión descentralizada. Con el artículo 14 de la propuesta de Reglamento FSI se derogará la Decisión del Consejo de 2007 en el futuro período de financiación. Por lo tanto, también se derogará el principio de complementariedad entre los instrumentos comunitarios. Ya no será posible elegir entre la financiación por el FSI o con cargo al Objetivo no 3. No obstante, no debería renunciarse a las ventajas de una utilización flexible de distintos instrumentos de financiación. En la medida en que la supresión de la complementariedad deberá servir para evitar dobles financiaciones, esta circunstancia puede tenerse suficientemente en cuenta al efectuar la financiación. Por lo tanto, se propone que el principio de complementariedad y la cláusula de salvaguardia del artículo 11, apartado 3 del ISEC se plasmen en un nuevo artículo 14 a) del FSI.

Bruselas, 18 de julio de 2012.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO


(1)  CDR 201/2009, punto 1.

(2)  CDR 201/2009, puntos 8 y 9.

(3)  CDR 170/2010, punto 43.

(4)  COM (2011) 752 final.

(5)  Comunicación de la Comisión: «Agenda Europea para la Integración de los Nacionales de Terceros Países» – COM(2011) 455 final.

(6)  CDR 170/2010, puntos 41 y 42.

(7)  CDR 201/2009, punto 92.

(8)  CDR 170/2010, punto 48.

(9)  CDR 201/2009, punto 87.

(10)  COM(2012) 85 final.

(11)  CDR 210/2008, punto 30.

(12)  CDR 201/2009, puntos 76 y 77.


13.9.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 277/43


Dictamen del Comité de las Regiones — Instrumentos financieros de la UE en el ámbito de la justicia y la ciudadanía

2012/C 277/06

El COMITÉ DE LAS REGIONES

considera que los programas propuestos constituyen instrumentos importantes para apoyar la puesta en práctica de las políticas de la UE en materia de justicia, derechos y ciudadanía;

considera que las propuestas son compatibles con el principio de subsidiariedad ya que, por una parte, tienen una importante dimensión transfronteriza para los ámbitos afectados y que, por otra, en previsión de la realización del espacio europeo de justicia y derechos, se requieren mecanismos de cooperación transnacional y posibilidades de trabajo en red para los profesionales interesados, objetivos que normalmente no se alcanzan con eficacia a través únicamente de la acción individual de cada Estado miembro;

considera que las disposiciones incluidas en el marco financiero plurianual 2014-2020 podrán permitir la realización de acciones con un valor añadido a nivel europeo destinadas a ampliar el espacio europeo de justicia, así como a mejorar la promoción y protección de los derechos individuales consagrados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

reitera su compromiso y disponibilidad para brindar apoyo al espacio de libertad, seguridad y justicia, y promover la ciudadanía europea;

pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan participar, en la mayor medida posible, a los entes locales y regionales en la puesta en práctica de los programas, con especial atención a la elaboración y desarrollo de los programas de trabajo anuales;

sugiere que en el procedimiento consultivo pueda asociarse a un representante del Comité de las Regiones.

Ponente

Giuseppe VARACALLI (IT/ALDE), Alcalde de Gerace

Textos de referencia

 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa de Derechos y Ciudadanía para el periodo 2014 a 2020

COM(2011) 758 final

 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el Programa de Justicia para el periodo 2014 a 2020

COM(2011) 759 final

 

Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el programa Europa con los Ciudadanos para el período 2014-2020

COM(2011) 884 final

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Observaciones generales

1.

considera que los programas propuestos constituyen instrumentos importantes para apoyar la puesta en práctica de las políticas de la UE en materia de justicia, derechos y ciudadanía; en realidad, se trata de programas que, en su conjunto, tienen por objeto apoyar las actividades llevadas a cabo en los Estados para facilitar la comprensión y promover la aplicación del derecho y de las políticas de la Unión en los Estados miembros, fomentar la cooperación transnacional y mejorar el conocimiento de los problemas potenciales en las áreas de intervención determinadas al objeto de garantizar que la elaboración de las políticas y normas correspondientes se base en datos concretos. El programa Europa con los ciudadanos, en particular, tiene como objetivo promover el desarrollo de la ciudadanía de la Unión;

2.

considera que las propuestas son compatibles con el principio de subsidiariedad y que, por una parte, tienen una importante dimensión transfronteriza para los ámbitos afectados y que, por otra, en previsión de la realización del espacio europeo de justicia y derechos, requieren mecanismos de cooperación transnacional y posibilidades de trabajo en red para los profesionales interesados, objetivos que normalmente no se alcanzan con eficacia a través únicamente de la acción individual de cada Estado miembro;

3.

valora positivamente las propuestas, que se ajustan también al principio de proporcionalidad, después de haber verificado, ante todo, que su forma y su contenido parecen corresponder objetivamente a lo que puede ser necesario para alcanzar los objetivos previstos y, además, que la dotación financiera global prevista para los tres programas parece suficiente para llevar a cabo una ejecución eficaz de los mismos, teniendo también en cuenta que dicha dotación ha sido oportunamente mantenida a un nivel similar a la asignada para los programas actualmente en curso en los mismos sectores de intervención, con una disposición específica que permite modificarla al alza en caso de adhesión de un nuevo Estado miembro;

4.

acoge positivamente, en términos generales de mejora de la reglamentación, las evaluaciones de impacto que acompañan a las propuestas, que se consideran suficientemente fundamentadas y completas, teniendo en cuenta además que la Comisión Europea también ha consultado, en la fase de elaboración, a las partes interesadas, y los resultados de tales consultas se han incorporado a las evaluaciones de impacto; asimismo, consultas similares se han llevado a cabo, en mayor o menor medida, con los entes locales y regionales;

5.

considera que las disposiciones incluidas en el marco financiero plurianual 2014-2020 podrán permitir la realización de acciones con un valor añadido a nivel europeo destinadas a ampliar el espacio europeo de justicia, así como a mejorar la promoción y protección de los derechos individuales consagrados en el Tratado de Funcionamiento de la Unión y en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

6.

expresa su deseo de que los programas sigan contribuyendo a un aumento gradual de la comprensión de la UE por parte de los ciudadanos, especialmente mediante el fomento de su participación activa, y a un fortalecimiento significativo de su consciencia al respecto;

7.

espera que, entre otras cosas, la fase de ejecución de los programas «Derechos y Ciudadanía» (con referencia al objetivo específico de «contribuir a mejorar el ejercicio de los derechos derivados de la ciudadanía de la Unión») y «Europa con los ciudadanos» (con referencia al objetivo específico de «estimular la participación democrática y cívica de los ciudadanos a nivel de la Unión») pueda permitir también que se desarrolle el conocimiento, entre los ciudadanos europeos, de la reciente posibilidad que les brinda expresamente el Reglamento (UE) no 211/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre la iniciativa ciudadana, de proponer iniciativas legislativas a la Comisión sobre asuntos que competan a la UE, estando incluso previsto que dichas iniciativas puedan ser promovidas o apoyadas por organizaciones;

8.

reitera su compromiso y disponibilidad para brindar apoyo al espacio de libertad, seguridad y justicia, y promover la ciudadanía europea;

9.

considera necesario, en lo que se refiere específicamente al programa «Derechos y Ciudadanía» y en relación con la perspectiva de género, que se apliquen de forma adecuada y eficaz las indicaciones de la propuesta de Reglamento recogidas en el considerando 12 sobre la continuación y desarrollo de los tres programas anteriores, con especial referencia al programa específico para prevenir y combatir la violencia ejercida sobre los niños, los jóvenes y las mujeres y proteger a las víctimas y grupos de riesgo (programa Daphne III) y a las secciones relativas a la «Igualdad de Género» y la «Diversidad y la Lucha contra la Discriminación» del programa comunitario para el empleo y la solidaridad social — Progress, así como en el artículo 4 (Objetivos específicos), letra b, con especial referencia al objetivo específico de promover los principios de no discriminación por motivos de sexo y de igualdad entre hombres y mujeres;

10.

expresa su posición favorable, en principio, a la sustitución prevista de los seis programas operativos para el período 2007-2013 por dos programas, considerando que la reducción puede permitir una gestión más racional y eficaz de las acciones previstas y, de este modo, centrar la atención en el reparto de los fondos y en evitar el desequilibrio geográfico de los programas en curso que la propia Comisión ha puesto de relieve en las fichas financieras legislativas que acompañan a las propuestas, algo que resulta deseable;

11.

pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan participar, en la mayor medida posible, a los entes locales y regionales en la puesta en práctica de los programas, con especial atención a la elaboración y desarrollo de los programas de trabajo anuales;

12.

recomienda, en referencia específica a la posibilidad prevista -sin duda oportuna y ya confirmada- de que también cuando se trate de organismos privados éstos puedan beneficiarse de las acciones programadas, que la Comisión persiga también el objetivo de seguir perfeccionando los mecanismos de control previo de la calidad de las solicitudes;

13.

señala que los problemas centrales del espacio de libertad, seguridad y justicia son de particular interés para las autoridades locales y regionales, especialmente si se tiene en cuenta el impacto en la vida cotidiana de los ciudadanos residentes en la Unión y en las funciones propias de los entes locales y regionales, así como el hecho de que estos disponen de muchas competencias clave en áreas que entran en el ámbito de dicho espacio;

14.

destaca que la subsidiariedad y la proximidad a los ciudadanos y residentes implican para los entes locales y regionales una relación directa con las preocupaciones y aspiraciones de los propios ciudadanos, por lo que a menudo son las instituciones locales las que logran encontrar soluciones innovadoras y adecuadas;

15.

señala, en lo que se refiere específicamente al programa «Europa con los ciudadanos», que la participación en los hermanamientos de ciudades, actividad confirmada expresamente por el propio programa, ha permitido un valiosísimo intercambio de experiencias entre comunidades ubicadas en diferentes territorios, consolidando iniciativas que se han llevado a buen término, a través de las cuales los entes han actuado también como promotores y facilitadores de la ciudadanía;

16.

expresa su acuerdo respecto de la posibilidad, contemplada en las tres propuestas de reglamento, de que todos los organismos públicos, incluidos los entes locales y regionales, puedan tener acceso a los programas; pide, no obstante, que los procedimientos de solicitud no sean excesivamente gravosos, sobre todo en relación con la complementariedad prevista entre los propios programas y con la posibilidad que oportunamente se ofrece de poder utilizar, siempre que la financiación cubra diferentes partidas de gastos, recursos asignados a programas diversos;

17.

reitera su conformidad con los objetivos contenidos en los programas, ya expresada en anteriores dictámenes, al tiempo que garantiza su compromiso permanente de promover y fomentar su utilización incluso en países vecinos a través de sus órganos de cooperación (grupos de trabajo, comités consultivos mixtos, Corleap, ARLEM), en línea con los acuerdos de cooperación pertinentes y en colaboración con la Comisión;

18.

reafirma la importancia particular que reviste la realización de un auténtico espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos en un mundo caracterizado por una movilidad cada vez mayor, y celebra, en línea con la intensa promoción que el Comité de las Regiones viene haciendo desde hace tiempo de un sistema multinivel para la protección de los derechos fundamentales, el hecho de se que hayan registrado progresos en el establecimiento del espacio de libertad, seguridad y justicia, situando a los ciudadanos en el centro del proyecto;

19.

considera que sigue siendo necesario vincular de manera equilibrada las cuestiones de la seguridad y la protección de los derechos y libertades fundamentales, aplicando instrumentos coherentes en el espacio de libertad, seguridad y justicia: sobre este punto no puede negarse que Europa tiene sin duda un marco normativo sólido para la protección de los derechos humanos, que debe seguir mejorándose en la práctica en lo que se refiere a la garantía del ejercicio real de tales derechos;

20.

celebra que los tres programas, en su conjunto, aunque con diferencias objetivas entre ellos, contribuyan a que los ciudadanos tomen conciencia de la dimensión europea de su ciudadanía como medio de participación en el proceso de integración europea y de contribución a la construcción de la democracia europea;

21.

renueva algunas consideraciones ya formuladas en el dictamen aprobado recientemente sobre el nuevo marco financiero plurianual para después de 2013, en el que destacó la necesidad de dotarse de los recursos adecuados para promover los derechos fundamentales, la democracia y la participación de los ciudadanos con el fin de construir una ciudadanía europea; insiste también en la importancia primordial, para el programa «Europa con los ciudadanos», de que las asociaciones tengan un lugar central para poder respaldar a la sociedad civil a nivel europeo, y señala además que la seguridad de la UE está estrechamente vinculada al progreso de la democracia, la buena gobernanza y el Estado de derecho en los terceros países, y que corresponde a la Unión promover estos valores a nivel mundial;

22.

recuerda asimismo que ya ha señalado con anterioridad la oportunidad de apoyar las distintas formas de cooperación territorial para poner en práctica acciones y proyectos encaminados a hacer efectiva la ciudadanía europea y que puedan contribuir a reducir los obstáculos y las cargas administrativas y burocráticas, entre otras cosas dando a conocer las numerosas mejores prácticas relativas a los servicios transfronterizos, por ejemplo, en materia de sanidad y multilingüismo;

23.

espera que las acciones previstas en torno a estos aspectos tan fundamentales puedan ser objeto de una atención prioritaria en los programas de trabajo anuales, con especial referencia a los programas «Derechos y Ciudadanía» y «Europa con los ciudadanos»;

24.

reconoce que la fusión en los futuros dos programas de los seis anteriores en materia de «Justicia» y «Derechos y Ciudadanía», así como la reformulación del programa «Europa con los ciudadanos», puede flexibilizar la definición de las prioridades en el transcurso de los siete años de programación, rebajando así los costes de gestión a nivel europeo, reduciendo los gastos administrativos para los beneficiarios y permitiendo una transversalidad más adecuada y eficaz de los proyectos que persiguen varios objetivos de los propios programas;

25.

insiste, con especial referencia a la problemática de la justicia, en lo que ya ha señalado anteriormente respecto de la necesidad de coordinar e integrar las políticas de justicia e interior con las demás políticas de la UE, en particular con la política exterior y la política económica y social. Una mejor coordinación de estas políticas fortalecerá sin duda su eficacia global;

26.

está de acuerdo en que la promoción de la ciudadanía constituye una temática transversal que debe tenerse en cuenta en otras acciones de la Unión Europea, por lo que las sinergias previstas con el instrumento de asistencia a la preadhesión (IPA) son factores muy importantes para garantizar que los futuros ciudadanos de la Unión estén informados sobre la ciudadanía europea y conozcan mejor sus derechos y obligaciones;

27.

expresa, por consiguiente, su deseo de que se apliquen soluciones concretas que permitan una complementariedad y sinergias entre los programas propuestos y otros instrumentos de la Unión, y exhorta a la Comisión a que proporcione permanentemente información sobre las modalidades de aplicación que habrá que incluir en los mismos para garantizar dichas complementariedades y sinergias;

28.

expresa su preocupación por las escasas posibilidades que tendrán los entes locales y regionales de participar de manera eficaz en la fase de elaboración de los programas de trabajo anuales y en la evaluación de al menos dos de los tres programas específicos: el proceso de construcción de la Europa de los ciudadanos no debe prescindir nunca de la participación concreta, en todas sus fases, de los entes locales y regionales, que constituyen niveles institucionales fundamentales y de garantía para una mayor legitimidad democrática de los procesos de toma de decisiones;

29.

pide, por lo tanto, que se garantice la participación formal de los entes locales y regionales, a través del Comité de las Regiones, en la fase de elaboración de los programas anuales de actividades de los programas «Derechos y Ciudadanía» y «Europa con los ciudadanos»;

30.

considera, además, en lo que se refiere a los informes de evaluación intermedia y ex-post del programa «Derechos y Ciudadanía» elaborados por la Comisión, que puede expresar con responsabilidad su propia opinión, como de hecho está previsto formalmente en relación con el programa «Europa con los ciudadanos», por lo que pide una disposición específica a tal efecto en la propuesta relativa al programa «Derechos y Ciudadanía»;

31.

pide que la medición de la realización de los objetivos específicos del programa «Derechos y Ciudadanía» dependa también de la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos sobre el respeto, el ejercicio y la aplicación de estos derechos, y considera que la referencia prevista a su percepción a nivel europeo no permitirá una medición adecuada en términos de resultados; a este respecto, se remite también a las actividades de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) y del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, centradas en la elaboración de los correspondientes indicadores y estudios comparativos;

32.

apoya el importante papel que las propuestas actuales del programa deberían desempeñar, a través de las actividades planificadas de sensibilización e información de los ciudadanos europeos, en lo que se refiere especialmente al pleno acceso a la información, requisito cada vez más indispensable para una participación política activa, principio ya establecido previamente por el Comité, que ha invitado expresamente a sus miembros a que hagan todo lo posible para garantizar eficazmente el acceso a la información en cada Estado miembro;

33.

considera, en relación con el programa «Justicia», que la continuación prevista de los intercambios de personal de los sistemas judiciales nacionales, que se inscriben en el contexto más amplio de la red judicial europea, refuerza la consolidación gradual del reconocimiento mutuo de los sistemas judiciales, mejorando también la confianza recíproca;

34.

respalda por consiguiente, con particular determinación, la propuesta específica de financiar actividades de formación para el personal de la administración de justicia, como se prevé en el artículo 6 de la propuesta relativa al programa «Justicia», dado que la formación y los conocimientos son elementos esenciales para construir la Europa de la justicia;

35.

recomienda que se preste una especial atención a este asunto para garantizar una participación eficaz de toda la gama de profesionales, tanto del sector público como del privado, que ejercen en los sistemas judiciales;

36.

considera que las actividades de formación financiadas en el marco del programa «Derechos y Ciudadanía» deberían incluir también la educación a la ciudadanía europea para quienes deseen adquirir la nacionalidad de un Estado miembro, así como para los jóvenes en edad escolar; comparte y respalda el principio de promover la ciudadanía activa de los jóvenes a través de la formación;

37.

está de acuerdo con el apoyo financiero para la elaboración de los módulos de formación en línea previstos en el programa propuesto, ya que va en consonancia con la exhortación del Comité de las Regiones a que se promuevan intervenciones para la educación a la ciudadanía a través de los medios de comunicación y las TIC;

38.

considera que los programas «Justicia» y «Derechos y Ciudadanía» constituyen también un medio adecuado para fortalecer el considerable potencial de los entes locales y regionales en materia de cooperación transfronteriza sobre asuntos relacionados con el espacio de libertad, seguridad y justicia;

39.

expresa, en principio, su acuerdo general con el enfoque orientado principalmente a los resultados por el que ha optado la Comisión para los tres programas, que se centra fundamentalmente en el mecanismo de los indicadores que miden la realización de los objetivos de los programas; resalta, no obstante, que solo en la propuesta para el programa «Europa con los ciudadanos» figura una lista completa de estos indicadores, mientras que, por ejemplo, la correspondiente al programa «Justicia» contiene un solo indicador para cada objetivo y hace alusión a un conjunto no definido de otros indicadores, por lo que el Comité sugiere una especificación más amplia en términos globales en la que preferiblemente se haga referencia a parámetros cualitativos, además de cuantitativos;

40.

destaca que la propuesta relativa al programa «Europa con los ciudadanos» prevé una estructura más flexible que la del programa actualmente en curso, por lo que no es oportuno proceder a una asignación previa de cuotas para acciones individuales realizables en el marco del nuevo programa;

41.

expresa, sobre este asunto, la idea de que los hermanamientos entre ciudades, además de poder beneficiarse aún del apoyo del programa, deberían también poder disponer de una cuota fija previamente indicada, que en el programa en curso equivale a casi un tercio de la dotación global y puede mantenerse en este mismo nivel;

42.

pide, por tanto, que una buena parte del presupuesto total asignado al programa «Europa con los ciudadanos» se destine a las actividades emprendidas en el marco del hermanamiento de ciudades, especialmente teniendo en cuenta el reconocido e importante papel que los hermanamientos desempeñan en los procesos ya consolidados de contactos sólidos y duraderos entre ciudadanos, incluidos los de terceros países;

43.

recuerda que, habida cuenta de la introducción por parte del Parlamento Europeo y el Consejo del sello de patrimonio europeo como instrumento para valorizar el patrimonio cultural común de los Estados miembros en el respeto de la diversidad nacional y regional, el programa «Europa con los ciudadanos» también puede aprovechar, para la realización de los objetivos previstos, el potencial de los lugares que se distingan con este nuevo sello, a semejanza de la relevancia que ha alcanzado la designación de las capitales europeas de la cultura para promover la identidad y la ciudadanía europeas.

II.   RECOMENDACIONES DE ENMIENDA

DERECHOS Y CIUDADANÍA - COM (2011) 758 final

Enmienda 1

Artículo 4, apartado 2

Objetivos específicos

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

2.   Los indicadores para medir la consecución de los objetivos establecidos en el apartado 1 serán, entre otros, la percepción europea del respeto, el ejercicio y la aplicación de estos derechos y el número de denuncias.

2.   Los indicadores para medir la consecución de los objetivos establecidos en el apartado 1 serán, entre otros, el respeto, el ejercicio y la aplicación de estos derechos y el número de denuncias.

Exposición de motivos

Parece más concreto, para una medición efectiva de la consecución de los objetivos específicos del programa, hacer referencia a la recopilación de datos cualitativos y cuantitativos, dado que el concepto de «percepción» podría prestarse a evaluaciones más matizadas y no adecuadamente representativas de la consecución en sí de los objetivos.

DERECHOS Y CIUDADANÍA - COM (2011) 758 final

Enmienda 2

Artículo 9, apartado 1

Procedimiento del Comité

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

1.   La Comisión estará asistida por un Comité. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) no 182/2011.

1.   La Comisión estará asistida por un Comité. Dicho Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) no 182/2011.

Exposición de motivos

Se considera útil y necesario que la adopción de los programas de trabajo anuales, a través de los cuales se pone en práctica el programa completo, prevea la participación, junto con el Comité compuesto por representantes de los Estados miembros que asiste a la Comisión, de un representante del Comité de las Regiones.

Dado que se trata, de hecho, de actividades de ejecución de programas en las que también están muy implicados los entes locales y regionales, su participación en la fase de elaboración de los programas de trabajo anuales, a través de la institución europea (Comité de las Regiones) que los representa, permite construir desde la base los propios programas, en consonancia además con las exigencias formuladas por los ciudadanos europeos.

Por otra parte, la participación del Comité de las Regiones en la fase de elaboración anual es coherente con la competencia que, en el marco del proceso legislativo de adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, se atribuye al Comité para la emisión formal del presente dictamen.

DERECHOS Y CIUDADANÍA - COM (2011) 758 final

Enmienda 3

Artículo 12, apartado 2

Seguimiento y evaluación

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

2.   La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo:

a)

un informe de evaluación intermedia a mediados de 2018 a más tardar;

b)

un informe de evaluación a posteriori.

2.   La Comisión presentará al Parlamento Europeo al Consejo, :

a)

un informe de evaluación intermedia a mediados de 2018 a más tardar;

b)

un informe de evaluación a posteriori.

Exposición de motivos

Es muy necesario homologar la fase de seguimiento y evaluación de los programas «Derechos y Ciudadanía» y «Europa con los ciudadanos»: para este último, de hecho, en el artículo 14 (Seguimiento y evaluación), apartado 3, de la propuesta de la Comisión, está expresamente previsto que la Comisión presente un informe de evaluación intermedio y una evaluación ex post no solo al Parlamento Europeo y al Consejo sino también al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones.

Por consiguiente, no hay razones válidas para el mantenimiento de la disposición del apartado 2 del artículo 12 de la propuesta relativa al programa «Derechos y Ciudadanía», que no incluye al Comité Económico Social ni al Comité de las Regiones entre los destinatarios de los informes de evaluación intermedio y ex post. La enmienda, por lo tanto, prevé su necesaria incorporación.

JUSTICIA - COM(2011) 759 final

Enmienda 1

Artículo 7

Participación

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

1.   La participación en el Programa estará abierta a todos los organismos públicos o privados y a las entidades legalmente establecidas en:

a)

los Estados miembros;

b)

los países de la AELC que son miembros del EEE, de conformidad con las condiciones establecidas en el Acuerdo del EEE;

c)

los países en vías de adhesión, los países candidatos y los países candidatos potenciales, de conformidad con los principios y las condiciones generales establecidos en los acuerdos marco celebrados con ellos sobre su participación en los programas de la Unión;

d)

Dinamarca, sobre la base de un acuerdo internacional.

2.   Los organismos públicos o privados y las entidades legalmente establecidas en otros terceros países, en particular en los países en los que se aplica la Política Europea de Vecindad, podrán participar en las acciones del Programa, si ello contribuye al propósito de dichas acciones.

1.   La participación en el Programa estará abierta a todos los organismos públicos o privados legalmente establecidos en:

a)

los Estados miembros;

b)

los países de la AELC que son miembros del EEE, de conformidad con las condiciones establecidas en el Acuerdo del EEE;

c)

los países en vías de adhesión, los países candidatos y los países candidatos potenciales, de conformidad con los principios y las condiciones generales establecidos en los acuerdos marco celebrados con ellos sobre su participación en los programas de la Unión;

d)

Dinamarca, sobre la base de un acuerdo internacional.

2.   Los organismos y entidades públicos o privados legalmente establecidos en otros terceros países, en particular en los países en los que se aplica la Política Europea de Vecindad, podrán participar en las acciones del Programa, si ello contribuye al propósito de dichas acciones.

Exposición de motivos

(NdT: enmienda adaptada a la versión en español del documento de la Comisión, en la que faltaba«y entidades»en la primera parte de la frase).Los apartados 1 y 2 añaden, en la lista de los beneficiarios potenciales del programa, entidades no bien definidas; dado que ambos apartados, anteriormente, hacen referencia a organismos y entidades públicos o privados, la adición de «entidades» es superflua y, por tanto, debe eliminarse.

EUROPA CON LOS CIUDADANOS - COM(2011) 884 final

Enmienda 1

Artículo 9, apartado 1

Comité

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

1.   La Comisión estará asistida por un Comité. Este Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) no 182/2011.

1.   La Comisión estará asistida por un Comité. Este Comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) no 182/2011.

Exposición de motivos

Se considera útil y necesario que la adopción de los programas de trabajo anuales, a través de los cuales se pone en práctica el programa completo, prevea la participación, junto con el Comité compuesto por representantes de los Estados miembros que asiste a la Comisión, de un representante del Comité de las Regiones.

Dado que se trata, de hecho, de actividades de ejecución de programas en las que también están muy implicados los entes locales y regionales, su participación en la fase de elaboración de los programas de trabajo anuales, a través de la institución europea (Comité de las Regiones) que los representa, permite construir desde la base los propios programas, en consonancia además con las exigencias formuladas por los ciudadanos europeos.

Bruselas, 18 de julio de 2012.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO


13.9.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 277/51


Dictamen del Comité de las Regiones — Un mecanismo para el seguimiento y notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero

2012/C 277/07

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

acoge favorablemente los intentos de la Comisión de racionalizar y simplificar los requisitos de seguimiento y notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero pide que la propuesta de la Comisión se modifique para ofrecer un contexto territorial/regional para las emisiones de gases de efecto invernadero y las previsiones y programas de desarrollo hipocarbónico;

pide que todos los datos y metodologías utilizados sean de acceso público y no de propiedad privada, transparentes, y por consiguiente repetibles, y estén fijados por un órgano como la AEMA para evitar problemas de multiplicidad y facilitar la política en un entorno de gobernanza multinivel;

señala que la incidencia territorial en las emisiones debería incluirse como consideración material en las políticas, programas, asignaciones de fondos y proyectos generales de la Comisión;

remite a la Comisión a las iniciativas del Pacto de los Alcaldes, ClimAct Regions, carbonn y EUCO2 80/50 como ejemplos de la excelencia a escala internacional de las acciones acometidas a nivel regional para reducir las emisiones de CO2;

recomienda la armonización de las previsiones de los Estados miembros a fin de disponer de un conjunto de previsiones coherente, incluido el informe sobre la utilización de fuentes de energía renovables y la eficiencia energética;

reitera su llamamiento formulado en la CP 17 en Durban, así como en anteriores conferencias de la CMNUCC a que se dé reconocimiento a la lucha contra el cambio climático (mitigación y adaptación) a nivel local y regional.

Ponente

Neil SWANNICK (UK/PSE), Concejal de Manchester

Texto de referencia

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un mecanismo para el seguimiento y notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y para la notificación de otra información, a nivel nacional o de la Unión, pertinente para el cambio climático

COM(2011) 789 final.

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

1.   Introducción

1.1   recuerda que la elaboración de la propuesta de Reglamento (en adelante «la propuesta») «relativo a un mecanismo para el seguimiento y notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero y para la notificación de otra información, a nivel nacional o de la Unión, pertinente para el cambio climático» responde, en gran media, al Acuerdo de Cancún, y parcialmente también, a la Decisión no 406/2009/CE y a la Directiva 2009/29/CE. El fundamento jurídico de la propuesta es el artículo 191 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante, «el Tratado»);

1.2   señala que una combinación de la Decisión 406/2009/CE, la Directiva 2009/29/CE y el Tratado, denominados en adelante de manera conjunta «el marco regional», hace más necesaria la participación del nivel regional en el contexto de la mitigación de los efectos del cambio climático que lo que permite actualmente la propuesta. El CDR pide que la propuesta se modifique para ofrecer un contexto territorial/regional para:

las emisiones de GEI (gases de efecto invernadero), y

las previsiones y los programas de desarrollo hipocarbónico,

y que todos los datos / metodologías utilizados:

sean de acceso público y no de propiedad privada;

sean transparentes, y por consiguiente repetibles, y

estén fijados por un órgano como la AEMA para evitar problemas de multiplicidad,

todo ello para facilitar la política en un entorno de gobernanza multinivel.

El CDR solicita que, en el marco de los programas de desarrollo hipocarbónico, se tengan en cuenta las «emisiones asociadas al consumo», es decir, aquellas vinculadas a los productos y servicios importados. Asimismo, dichos programas deberían tener en cuenta las consecuencias de la aplicación de políticas que lleven, de manera inintencionada o deliberada, a «exportar» emisiones fuera del Estado miembro en cuestión. Un buen ejemplo de este fenómeno, conocido como «fuga de carbono», es la relocalización de la industria pesada en países de ultramar. La fuga de carbono debería tomarse en consideración en el marco de los programas de desarrollo hipocarbónico, en el que debería constar claramente qué acciones han de adoptarse para evitarla. Se trata de un aspecto importante para establecer el verdadero papel de la UE en la reducción de las emisiones a nivel global.

Asimismo, la incidencia territorial en las emisiones debería incluirse como consideración material en las políticas, programas, asignaciones de fondos y proyectos generales de la Comisión.

El CDR reitera su llamamiento formulado en la CP 17 en Durban, así como en anteriores conferencias de la CMNUCC (Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático), a que se dé reconocimiento a la lucha contra el cambio climático (mitigación y adaptación) a nivel local y regional.

1.3   El CDR comparte la apreciación de la Comisión de que, dado que en el contexto de los compromisos de la CMNUCC, los objetivos del Reglamento propuesto no pueden alcanzarse adecuadamente por los Estados miembros y pueden, por consiguiente, debido a las dimensiones y efectos de la acción, lograrse de manera más satisfactoria a nivel de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea, y de que, de conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos mencionados.

2.   Observaciones generales

2.1   El CDR acoge favorablemente:

la propuesta, así como la consulta a las partes interesadas y la evaluación de impacto que la precedieron;

la inclusión de previsiones y acciones de mitigación, presentadas junto con los datos de los inventarios;

el compromiso de armonizar el seguimiento y notificación tanto de la CE como a nivel internacional, y de facilitar la aplicación del mecanismo correspondiente. No obstante, esperamos que la CE utilice los compromisos contraídos en virtud del «marco regional» para extender la propuesta;

los intentos de racionalizar y simplificar los requisitos de seguimiento y notificación de la propuesta;

la coherencia entre los GEI (gases de efecto invernadero) y la estimación de las emisiones a la atmósfera a nivel local;

los centros de intercambio de la UE, que espera ofrecerán una herramienta útil para los responsables políticos nacionales, regionales y locales para las cuestiones del clima.

la extensión potencial a otros efectos de la aviación para el calentamiento global.

2.2   Cuestiones financieras

La presentación de la política sobre el cambio climático se traduce con frecuencia en una competición entre los fondos asignados a la mitigación y los asignados a la adaptación. Por este motivo, preocupa al CDR que:

la mención explícita en la propuesta de la adaptación como un tema de carácter local, sin que se haga mención explícita de la mitigación en los mismos términos, obstaculice, a largo plazo, la eficacia de la política de mitigación;

no se den orientaciones sobre la verdadera ampliación del ámbito de aplicación que la propuesta supone para los Estados miembros. Estas orientaciones resultan necesarias para evitar los excesos de gasto a los profesionales que en última instancia se encarguen de poner en práctica muchos de los cambios de la propuesta;

no se asigne a las regiones al menos el 30 % de los ingresos generados por las subastas de derechos de emisión, aun cuando resulte necesario para contribuir a la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en materia de energías renovables y eficiencia energética;

las cargas administrativas, técnicas y financieras derivadas de los requisitos adicionales de seguimiento y notificación puedan alcanzar a las regiones, por lo que deberían ser proporcionadas;

se busquen mejoras adicionales marginales a los conjuntos de datos, algo que debería evitarse, pues puede afectar a la aplicación de la política de mitigación o adaptación.

2.3   Inventario y datos de emisiones

Un inventario de emisiones nos permite comprobar nuestro nivel de emisiones, en la actualidad o en el pasado, y debería tener como propósito informar a las partes interesadas de la situación actual de la política de mitigación. Por consiguiente:

la utilidad de un inventario se ve significativamente reforzada por un programa de desarrollo hipocarbónico con una perspectiva a corto, medio y largo plazo;

los datos sobre las emisiones que resulten de la propuesta serán esenciales para entender la dirección estratégica, las prioridades y la eficiencia de la actuación de la Unión Europea, los Estados miembros y las regiones;

no obstante, para optimizar su uso, los datos deberían presentarse conjuntamente con los principales datos de rendimiento económico y social utilizados habitualmente por los responsables políticos.

La Agencia Europea del Medio Ambiente (AEMA) debe desempeñar un papel importante en el desarrollo y la aplicación de metodologías coherentes, y respaldar a los Estados miembros en la elaboración de inventarios.

Los datos de emisión y su calidad deberían ser responsabilidad directa de la oficina estadística central de la Unión Europea, que debería aplicar un procedimiento central sólido y transparente, del que deberá poder dar cuenta, para verificar la exactitud y certidumbre de los conjuntos de datos y programas de desarrollo hipocarbónico elaborados a nivel nacional.

Cada Estado miembro debería facilitar información sobre el nivel total de emisiones acumulativas, que incluirá:

las emisiones generadas en el interior del Estado miembro (fuentes),

las emisiones compensadas por un cambio de uso del suelo, y

las compensadas en virtud del artículo 5 de la Decisión 406/2009/CE.

Estos datos son de gran importancia y complementan el objetivo absoluto del 20 % para mantener el calentamiento global por debajo de 2 °C.

2.4   Puesta en práctica de la política

El CDR considera conveniente que se incluya un elemento fijo, cuantificado y territorial/regional en los programas de desarrollo hipocarbónico, ya que:

el elemento territorial facilita un mejor seguimiento de los progresos y las pruebas que las presentaciones genéricas a nivel nacional;

el nivel regional se halla más cercano al ciudadano que el nacional y puede comunicar con aquel sobre las cuestiones relacionadas con el clima, lo que constituye uno de los objetivos del mecanismo de seguimiento y notificación;

Los entes regionales son una fuente de conocimientos esencial, que han presentado su trabajo en varias conferencias de la CMNUCC. Su participación debería asegurarse desde la fase de elaboración de las acciones para combatir el cambio climático (tanto de mitigación como de adaptación), de modo que se aprovechen al máximo sus conocimientos y su experiencia a la hora de responder a los efectos y las causas del cambio climático, que afectan más duramente al nivel local;

remitimos a la CE a las iniciativas del Pacto de los Alcaldes, ClimAct Regions, carbonn, ICLEI y EUCO2 80/50 como ejemplos de la excelencia a escala internacional de las acciones acometidas a nivel regional para reducir las emisiones de CO2;

está en línea con el «marco regional»;

envía un claro mensaje político en este sentido;

el impacto de la política nacional en términos de reducción de emisiones variará de una región a otra en un mismo Estado miembro, y es necesario comprender por qué;

es preciso adoptar medidas más próximas a la fuente de las emisiones, de modo que si se proveen datos que puedan utilizarse a nivel local, resultará más fácil actuar;

sería una actuación proporcionada, en la línea de los artículos 191 y 192 del Tratado;

las regiones contribuirán en grados diferentes a la reducción de los niveles de las emisiones en función de su situación económica e infraestructuras. Estos niveles de reducción de las emisiones variarán entre diferentes regiones, tanto en los Estados miembros como en Europa en general;

a pesar de la proximidad de los entes territoriales en la puesta en práctica de las políticas, los Estados miembros no siempre les consultan sobre las cuestiones relacionadas con el clima;

afrontar el reto de la mitigación no es un proceso de arriba abajo.

Además, es necesario dar reconocimiento a la asistencia técnica y financiera que los entes regionales facilitan a los países en desarrollo en el marco de los programas de cooperación descentralizada.

2.5   Adaptación

En la actualidad, las estrategias de adaptación no tienen carácter obligatorio, por lo que crear obligaciones de notificación en este ámbito (artículo 16) puede parecer incoherente – aunque ello no signifique que no deba hacerse.

El CDR reitera su petición de que en los órganos como el nuevo Comité de Adaptación participe un representante de los entes locales y regionales. Remitimos al Pacto de la Ciudad de México de 2010 y a la Carta de Adaptación firmada en Durban en diciembre de 2011.

2.6   Planes y previsiones de desarrollo hipocarbónico: transparencia y propiedad de datos

Los entes nacionales, regionales y locales necesitan herramientas, medidas, instrucciones y orientaciones de la CE/AEMA para:

elaborar programas de desarrollo hipocarbónico;

establecer mecanismos de seguimiento;

tener un acceso a los datos en una fase temprana y con una buena relación coste-eficacia;

evitar la mercantilización y proliferación de los datos y los instrumentos de recopilación;

garantizar la coherencia entre diferentes programas de desarrollo hipocarbónico;

reforzar la calidad y fiabilidad de los datos y la confianza en ellos;

cumplir con las obligaciones derivadas del Protocolo de Kioto, los Acuerdos de Cancún y la Plataforma de Durban para la Acción Reforzada.

Pedimos a la AEMA que produzca conjuntos de datos integrados y transparentes a nivel local y regional, que complementen los inventarios y las estadísticas sobre mitigación nacionales y que sean accesibles en línea, con posibilidad de filtrar los resultados por Estado miembro, nivel regional y subregional, así como por sector, a fin de posibilitar el análisis comparativo, la normalización y el análisis respecto de los datos socioeconómicos.

2.7   Emisiones de la aviación y del transporte marítimo

Las referencias a cómo tratar la notificación de las emisiones de la aviación civil y el transporte marítimo no son suficientemente claras. Esto se explica de la manera siguiente:

en opinión del CDR, esto se debe a un error de interpretación de «1.A.3.A aviación civil», ya que la intención de esta disposición es considerar como si fueran iguales a cero las aeronaves privadas (y no comerciales), es decir, básicamente los aviones ligeros y los helicópteros que usan sobre todo pequeños aeropuertos privados. Es un aspecto que debería clarificarse.

no se facilita metodología alguna para las emisiones marinas generadas por los buques que hagan escala en los puertos europeos, por lo que la propuesta debería afirmar explícitamente que la CE espera la adopción de una normativa antes de establecer una metodología.

3.   Conclusión

El CDR expresa su preocupación porque la propuesta carece de un enfoque regional, y considera que se trata de una ocasión perdida que dificultará la puesta en práctica de la política de mitigación. El Comité opina que, con la inclusión de un enfoque regional explícito, la propuesta supondrá un avance. Por último, acoge favorablemente la importancia concedida a los programas de desarrollo hipocarbónico.

II.   RECOMENDACIONES DE ENMIENDA

Enmienda 1

Artículo 1 – Objeto

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

(e)

la notificación de las emisiones de CO2 procedentes del transporte marítimo;

(e)

la ;

(f)

el seguimiento y notificación del uso de los ingresos generados por las subastas de derechos de emisión de conformidad con el artículo 3 quinquies, apartados 1 o 2, o con el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE, de acuerdo con el artículo 3 quinquies, apartado 4, y con el artículo 10, apartado 3, de dicha Directiva;

(f)

el seguimiento y notificación del uso de los ingresos generados por las subastas de derechos de emisión de conformidad con el artículo 3 quinquies, apartados 1 o 2, o con el artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE, de acuerdo con el artículo 3 quinquies, apartado 4, y con el artículo 10, apartado 3, de dicha Directiva;

(g)

el seguimiento y notificación de las medidas adoptadas por los Estados miembros para adaptarse a las consecuencias inevitables del cambio climático;

(g)

el seguimiento y notificación de las medidas adoptadas por los Estados miembros para adaptarse a las consecuencias inevitables del cambio climático;

(h)

la evaluación de los progresos de los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la Decisión no 406/2009/CE;

(h)

la evaluación de los progresos de los Estados miembros en el cumplimiento de sus obligaciones con arreglo a la Decisión no 406/2009/CE;

(i)

la recogida de la información y de los datos necesarios para respaldar la formulación y evaluación de la futura política sobre el cambio climático de la Unión.

(i)

la recogida de la información y de los datos necesarios para respaldar la formulación y evaluación de la futura política sobre el cambio climático de la Unión.

Exposición de motivos

La propuesta no prevé un mecanismo para la notificación de las emisiones del transporte marítimo, pero entendemos que se creará un mecanismo de este tipo si una nueva normativa lo requiere.

Dado que las propuestas se pondrán en práctica principalmente a escala local y regional, conviene que se mencione en el texto de manera más explícita.

Enmienda 2

Artículo 2 – Ámbito de aplicación

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

Exposición de motivos

Es necesario hacer mención explícita del nivel regional, tanto para la mitigación como para la adaptación.

Enmienda 3

Artículo 3 – Definiciones

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

(13)   «sistema nacional de políticas, medidas y previsiones»: sistema de acuerdos institucionales, jurídicos y procedimentales establecido en un Estado miembro para la notificación de las políticas y medidas y para la preparación y notificación de previsiones de emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero por las fuentes y de absorción por los sumideros, como exige el artículo 13 del presente Reglamento;

(13)   «sistema nacional de políticas, medidas y previsiones»: sistema de acuerdos institucionales, jurídicos y procedimentales establecido en un Estado miembro para la notificación de las políticas y medidas y para la preparación y notificación de previsiones de emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero por las fuentes y de absorción por los sumideros como exige el artículo 13 del presente Reglamento

Exposición de motivos

Es necesario garantizar una coherencia entre la manera en que se plantean las políticas, medidas y previsiones en los diferentes Estados miembros.

Enmienda 4

Artículo 4 – Estrategias de desarrollo hipocarbónicas

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

2.   Los Estados miembros presentarán a la Comisión sus estrategias de desarrollo hipocarbónicas un año después de la entrada en vigor del presente Reglamento o de acuerdo con un calendario acordado internacionalmente en el contexto del proceso de la CMNUCC.

2.   Los Estados miembros presentarán a la Comisión sus estrategias de desarrollo hipocarbónicas un año después de la entrada en vigor del presente Reglamento o de acuerdo con un calendario acordado internacionalmente en el contexto del proceso de la CMNUCC.

3.   La Comisión y los Estados miembros pondrán, sin demora, a disposición del público sus respectivas estrategias de desarrollo hipocarbónicas y sus actualizaciones.

3.   La Comisión y los Estados miembros pondrán, sin demora, a disposición del público sus respectivas estrategias de desarrollo hipocarbónicas y sus actualizaciones.

Exposición de motivos

El aspecto territorial debe destacarse en estos planes para mostrar que se les ha dedicado la reflexión y comprensión adecuadas. En efecto, sin un enfoque territorial, su aplicación sobre el terreno será difícil.

Entender de dónde salen estas previsiones y cálculos de desarrollo hipocarbónico es esencial para el análisis y la transparencia de la acción política.

Enmienda 5

Artículo 5 – Sistemas de inventarios nacionales

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 5

Sistemas de inventarios nacionales

Artículo 5

Sistemas de inventarios nacionales

1.   Los Estados miembros establecerán, gestionarán y procurarán mejorar continuamente los sistemas de inventarios nacionales para estimar las emisiones antropogénicas por las fuentes y la absorción por los sumideros de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo I del presente Reglamento y para garantizar la oportunidad, transparencia, exactitud, coherencia, comparabilidad y exhaustividad de sus inventarios de gases de efecto invernadero.

1.   Los Estados miembros establecerán, gestionarán y procurarán mejorar continuamente los sistemas de inventarios nacionales para estimar las emisiones antropogénicas por las fuentes y la absorción por los sumideros de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo I del presente Reglamento y para garantizar la oportunidad, transparencia, exactitud, coherencia, comparabilidad y exhaustividad de sus inventarios de gases de efecto invernadero.

2.   Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes responsables de los inventarios puedan acceder a determinada información y por que esta posibilidad de acceso esté prevista en sus sistemas de inventarios nacionales. La información a la que las autoridades deben poder acceder es la siguiente:

2.   Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes responsables de los inventarios puedan acceder a determinada información y por que esta posibilidad de acceso esté prevista en sus sistemas de inventarios nacionales. La información a la que las autoridades deben poder acceder es la siguiente:

(a)

datos y métodos notificados para actividades e instalaciones en virtud de la Directiva 2003/87/CE, con el fin de preparar inventarios nacionales de gases de efecto invernadero para garantizar la coherencia de las emisiones notificadas de gases de efecto invernadero en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión y en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero;

(a)

datos y métodos notificados para actividades e instalaciones en virtud de la Directiva 2003/87/CE, con el fin de preparar inventarios nacionales de gases de efecto invernadero para garantizar la coherencia de las emisiones notificadas de gases de efecto invernadero en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión y en los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero;

(b)

datos recogidos a través de los sistemas de notificación de los gases fluorados en los diferentes sectores, creados en virtud del artículo 6, apartado 4, del Reglamento (CE) no 842/2006, con objeto de preparar los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero;

(b)

datos recogidos a través de los sistemas de notificación de los gases fluorados en los diferentes sectores, creados en virtud del artículo 6, apartado 4, del Reglamento (CE) no 842/2006, con objeto de preparar los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero;

(c)

emisiones, datos subyacentes y metodologías notificadas por las instalaciones, de conformidad con el Reglamento (CE) no 166/2006, con objeto de preparar los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero;

(c)

emisiones, datos subyacentes y metodologías notificadas por las instalaciones, de conformidad con el Reglamento (CE) no 166/2006, con objeto de preparar los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero;

(d)

datos notificados en virtud del Reglamento (CE) no 1099/2008.

(d)

datos notificados en virtud del Reglamento (CE) no 1099/2008.

3.   Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes en materia de inventarios cumplan determinadas obligaciones, y por que dichas obligaciones estén previstas en sus sistemas de inventarios nacionales. Las obligaciones que deben respetarse son las siguientes:

3.   Los Estados miembros velarán por que sus autoridades competentes en materia de inventarios cumplan determinadas obligaciones, y por que dichas obligaciones estén previstas en sus sistemas de inventarios nacionales. Las obligaciones que deben respetarse son las siguientes:

(a)

utilización de los sistemas de información establecidos en el artículo 6, apartado 4, del Reglamento (CE) no 842/2006 para mejorar la estimación de los gases fluorados en los inventarios de gases de efecto invernadero;

(a)

utilización de los sistemas de información establecidos en el artículo 6, apartado 4, del Reglamento (CE) no 842/2006 para mejorar la estimación de los gases fluorados en los inventarios de gases de efecto invernadero;

(b)

realización de los controles de coherencia anuales a que se refieren las letras l) y m) del apartado 1 del artículo 7 del presente Reglamento.

(b)

realización de los controles de coherencia anuales a que se refieren las letras l) y m) del apartado 1 del artículo 7 del presente Reglamento.

 

   

Exposición de motivos

El establecimiento y diseño adecuado de medidas con el objeto de reducir emisiones y que los resultados de estas se vean reflejadas en los inventarios de gases de efecto invernadero, está estrechamente ligado al conocimiento de las fuentes de información, los modelos y enfoques metodológicos, cálculos, hipótesis, etc. Algunas de las fuentes de emisión de los sectores difusos y sumideros se encuentran dentro del ámbito de las competencias de administraciones regionales. Es por ello que se considera oportuno que estas administraciones regionales sean conocedoras y partícipes del sistema de inventarios nacional, con el objeto de mejorar y ajustar tanto el inventario nacional como las políticas de mitigación propuestas a nivel regional.

Enmienda 6

Artículo 6 – Sistema de inventario de la Unión

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

(c)

un examen anual, realizado por expertos, de los inventarios de gases de efecto invernadero de los Estados miembros.

(c)

un examen annual, realizado por expertos, de los inventarios de gases de efecto invernadero de los Estados miembros.

 

Exposición de motivos

Los inventarios de los Estados miembros deberían ser objetivo de una revisión independiente por parte de una autoridad competente para el inventario, no comercial, que no haya participado en la constitución de un inventario nacional en el año en cuestión. Idealmente debería tratarse de un órgano interno de la AEMA. Asimismo, la CE debería reconocer la incidencia en las emisiones de sus propias políticas y programas, de modo que pueda determinar si tienen un efecto positivo o negativo.

Enmienda 7

Artículo 7, apartado 1 – Inventarios de gases de efecto invernadero

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

(a)

sus emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero enumerados en el anexo I del presente Reglamento y las emisiones antropogénicas de los gases de efecto invernadero a que se refiere el artículo 2, apartado 1, de la Decisión no 406/2009/CE, correspondientes al año X-2; sin perjuicio de la notificación de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo I del presente Reglamento, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) correspondientes a la categoría de fuentes del IPCC «1.a.3. aviación civil» se consideran igual a cero para la aplicación de los artículos 3 y 7, apartado 1, de la Decisión no 406/2009/CE;

(a)

sus emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero enumerados en el anexo I del presente Reglamento y las emisiones antropogénicas de los gases de efecto invernadero a que se refiere el artículo 2, apartado 1, de la Decisión no 406/2009/CE, correspondientes al año X-2; sin perjuicio de la notificación de los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo I del presente Reglamento, las emisiones de dióxido de carbono (CO2) correspondientes a la categoría de fuentes del IPCC «1.a.3. aviación civil» se consideran igual a cero para la aplicación de los artículos 3 y 7, apartado 1, de la Decisión no 406/2009/CE;

Exposición de motivos

La categoría 1.A.3.A se refiere a las emisiones de las aeronaves que despegan y aterrizan en un Estado miembro, así como a la navegación de crucero correspondiente. La inclusión de las emisiones de los aviones ligeros que parten de aeropuertos privados puede ser gravosa a corto plazo. No obstante, es probable que el combustible utilizado por estos aviones ligeros se considere bajo la categoría de las emisiones de fuel pesado si han utilizado un aeropuerto comercial (lo que no resulta coherente).

Enmienda 8

Artículo 13 – Sistemas nacionales de políticas, medidas y previsiones

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

2.   Estos sistemas tendrán por objeto garantizar la oportunidad, transparencia, exactitud, coherencia, comparabilidad y exhaustividad de la información notificada sobre las políticas y sobre las medidas y previsiones de emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero por las fuentes y de absorción por los sumideros, según lo mencionado en los artículos 14 y 15 del presente Reglamento, incluyendo la utilización y aplicación de datos, métodos y modelos, así como la aplicación de las actividades de aseguramiento y control de la calidad y el análisis de sensibilidad.

2.   Estos sistemas garantizar la oportunidad, transparencia, exactitud, coherencia, comparabilidad y exhaustividad de la información notificada sobre las políticas y sobre las medidas y previsiones de emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero por las fuentes y de absorción por los sumideros, según lo mencionado en los artículos 14 y 15 del presente Reglamento, incluyendo la utilización y aplicación de datos, métodos y modelos, así como la aplicación de las actividades de aseguramiento y control de la calidad y el análisis de sensibilidad.

Exposición de motivos

Debería brindarse la oportunidad de comparar los programas de desarrollo hipocarbónico entre Estados miembros. Asimismo, debería ser posible comparar la incidencia en las emisiones en diferentes sectores y diferentes zonas de Europa. Por este motivo, los datos deberían ser accesibles, para permitir futuros análisis y crear confianza en las estrategias.

Enmienda 9

Artículo 14 – Notificación de políticas y medidas

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

1.   …

1.   …

(c)

información sobre las políticas y medidas nacionales, y sobre la aplicación de políticas y medidas de la Unión que limiten o reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero por las fuentes o que aumenten la absorción por los sumideros, presentadas sectorialmente para cada uno de los gases de efecto invernadero mencionados en el anexo I del presente Reglamento. Esta información deberá contener referencias cruzadas a las políticas aplicables, de la Unión o nacionales, especialmente a las relativas a la calidad del aire, además de:

(c)

información sobre las políticas y medidas nacionales, y sobre la aplicación de políticas y medidas de la Unión que limiten o reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero por las fuentes o que aumenten la absorción por los sumideros, presentadas sectorialmente para cada uno de los gases de efecto invernadero mencionados en el anexo I del presente Reglamento. Esta información deberá contener referencias cruzadas a las políticas aplicables, de la Unión o nacionales, especialmente a las relativas a la calidad del aire, además de:

2.   Los Estados miembros pondrán a disposición del público, en formato electrónico, todas las evaluaciones de costes y efectos de las políticas y medidas nacionales, y la información sobre la aplicación de las políticas y medidas de la Unión que limiten o reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero por las fuentes o que aumenten la absorción por los sumideros, junto con los informes técnicos que sustentan esas evaluaciones. Dicha información deberá incluir las descripciones de los modelos y enfoques metodológicos empleados, las definiciones y las hipótesis subyacentes.

2.   Los Estados miembros pondrán a disposición del público, en formato electrónico, todas las evaluaciones de costes y efectos de las políticas y medidas nacionales, y la información sobre la aplicación de las políticas y medidas de la Unión que limiten o reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero por las fuentes o que aumenten la absorción por los sumideros, junto con los informes técnicos que sustentan esas evaluaciones. Dicha información deberá incluir las descripciones de los modelos y enfoques metodológicos empleados, las definiciones y las hipótesis subyacentes.

Exposición de motivos

Es necesario mencionar el contexto regional de manera explícita.

Es necesario incluir también los cálculos, además de las explicaciones cualitativas.

Enmienda 10

Artículo 15 – Notificación sobre las previsiones

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

1.   Los Estados miembros notificarán a la Comisión, a más tardar el 15 de marzo de cada año («año X»), las previsiones nacionales de emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero por las fuentes y la absorción por los sumideros, clasificadas por gas y por sector […].

1.   Los Estados miembros notificarán a la Comisión, a más tardar el 15 de marzo de cada año («año X»), las previsiones nacionales de emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero por las fuentes y la absorción por los sumideros, clasificadas por gas por sector […].

Exposición de motivos

Es necesario mencionar el contexto regional de manera explícita.

Enmienda 11

Artículo 25 – Papel de la Agencia Europea de Medio Ambiente

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

(d)

la realización del examen anual por expertos;

(d)

la realización del examen anual por expertos;

(h)

la preparación de estimaciones de los datos relativos a las proyecciones no comunicados por los Estados miembros;

(h)

la preparación de estimaciones de los datos relativos a las proyecciones no comunicados por los Estados miembros;

(j)

la difusión de la información recabada en virtud del presente Reglamento, incluidos el mantenimiento y la actualización de una base de datos sobre las políticas y medidas de mitigación de los Estados miembros, y un centro de intercambio de información sobre los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación en relación con el cambio climático.

(j)

la difusión de la información recabada en virtud del presente Reglamento, incluidos el mantenimiento y la actualización de una base de datos sobre las políticas y medidas de mitigación de los Estados miembros, y un centro de intercambio de información sobre los impactos, la vulnerabilidad y la adaptación en relación con el cambio climático.

 

 

 

 

 

Exposición de motivos

La AEMA es un elemento clave del éxito de la política de los Estados miembros. Esto implica que debería proporcionar conocimientos y asesoramiento sobre las trayectorias probables de las emisiones. Las emisiones acumulativas son clave para las concentraciones de GEI en la atmósfera, y por consiguiente para el futuro incremento de las temperaturas. Las emisiones producidas en el interior de las fronteras europeas no se corresponden con las emisiones globales ocasionadas por Europa. Por ese motivo, debería incluirse, de manera explícita, una estimación de las «emisiones asociadas al consumo».

Bruselas, 19 de julio de 2012.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO


13.9.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 277/61


Dictamen del Comité de las Regiones — Propuesta de Reglamento relativo al establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE)

2012/C 277/08

El COMITÉ DE LAS REGIONES

habida cuenta de los importantes desafíos existentes en este ámbito, acogería con satisfacción un aumento mucho mayor de dicho presupuesto, al mismo tiempo que reconoce que la cifra exacta no puede acordarse hasta que finalicen las negociaciones del Marco Financiero Plurianual;

apoya el nuevo enfoque de los proyectos integrados; no obstante, pide que se fomenten en mayor medida la accesibilidad y la participación de las partes interesadas en los proyectos integrados; que el medio ambiente marino, el suelo y la contaminación acústica se añadan como áreas relevantes principales de los proyectos integrados; y que se pongan en marcha mecanismos de coordinación adecuados de LIFE con otros fondos de la UE dentro del Marco Estratégico Común y con los marcos de acción prioritaria (MAP) para la financiación de Natura 2000;

considera que la no consideración del IVA como gasto subvencionable puede disuadir a muchos candidatos potenciales de desarrollar una propuesta y sugiere que se acepta el IVA como coste subvencionable si los beneficiarios pueden demostrar que no pueden recuperar dicho impuesto;

recomienda que los costes de personal permanente sigan siendo subvencionables, a condición de que se demuestre y se documente que dicho personal se destina oficialmente a las actividades del proyecto, a tiempo completo o parcial;

propone que el porcentaje máximo de la cofinanciación se amplíe hasta el 85 % en las regiones menos desarrolladas (con arreglo a la definición del Reglamento por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales) y en las regiones ultraperiféricas;

pide que el Programa LIFE esté también abierto a la participación de los países y territorios de ultramar de la UE que sean partes en la «Decisión de Asociación Ultramar» (Decisión del Consejo no 2001/822/CE), ya que son los mayores contribuidores a la biodiversidad de la UE.

Ponente

Kay TWITCHEN (UK/NI), Miembro del Consejo del Condado de Essex

Texto de referencia

«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al establecimiento de un Programa de Medio Ambiente y Acción por el Clima (LIFE)»

COM(2011) 874 final – 2011/0428 (COD)

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

A.    Observaciones generales

1.

Reitera su opinión de que el Programa LIFE es un instrumento importante para ayudar a financiar las políticas y proyectos medioambientales locales y regionales con un valor añadido europeo, y ha contribuido a movilizar los esfuerzos de los entes locales y regionales. Además, ha servido para establecer relaciones de colaboración y reforzar las estructuras de cooperación, lo que ha permitido facilitar el intercambio de información y experiencias a nivel local y regional;

2.

Acoge favorablemente la intención de mantener LIFE en el nuevo período de financiación. Cree que así se garantizará una intervención más eficaz, se crearán sinergias mediante la coordinación de las actividades de la UE y nacionales, y se aumentará la visibilidad de las acciones en favor el medio ambiente y el clima.

3.

Comparte la opinión de la Comisión de que la acción en favor del medio ambiente y el clima debería ser parte integrante de la mayoría de las políticas de la UE. No obstante, los principales instrumentos de financiación de la UE no satisfacen todas las necesidades específicas en materia de medio ambiente y clima, de ahí la necesidad continuada de un Programa específico de Medio Ambiente y Acción por el Clima, basándose en los logros del Reglamento (CE) LIFE+ no 614/2007 para el período 2007-2013. Este programa complementa así el planteamiento integrador orientado a lograr los objetivos medioambientales y climáticos en el conjunto del presupuesto de la UE, mediante la financiación de proyectos en materia de medio ambiente y clima no subvencionables por otro tipo de financiación.

4.

Señala que la evaluación del actual programa LIFE ha puesto de relieve que su impacto es limitado a causa de su falta de enfoque estratégico. Por lo tanto, el nuevo programa introduciría un planteamiento descendente flexible, y establecería dos subprogramas diferenciados que abarcarían el medio ambiente y la acción por el clima con prioridades claramente definidas.

5.

Señala en este contexto la importancia de mantener una flexibilidad suficiente en el programa. La fijación de prioridades no debe tener como resultado restricciones excesivas ni criterios demasiado estrictos. Al igual que en el actual programa, el criterio clave debe ser la calidad de los proyectos propuestos.

6.

Considera que el Reglamento LIFE debería hacer referencia específica a la necesidad de buscar sinergias entre los distintos capítulos, por ejemplo, garantizando que los proyectos relacionados con el clima y financiados por LIFE tengan un efecto positivo sobre la biodiversidad, y que se verifiquen los posibles efectos sobre el clima de los proyectos medioambientales financiados por LIFE. En la medida en que la Comisión ha señalado las posibles sinergias entre ambos subprogramas y a fin de que los proyectos puedan beneficiar a objetivos múltiples, es importante garantizar que esto se logre.

7.

Reitera su llamamiento (1) para que el programa LIFE siga apoyando programas de comunicación e información, con un mayor hincapié en la sensibilización, incluida la educación para el desarrollo sostenible y el fomento de proyectos en los que participen los entes locales y regionales. En este contexto, acoge favorablemente el área prioritaria propuesta de gobernanza e información en cada uno de los dos subprogramas.

8.

Acoge favorablemente la propuesta consistente en que, para asegurar la coherencia de los dos subprogramas de LIFE, estos se incluyan en el marco de un programa de trabajo plurianual único, con un único conjunto de normas de ejecución comunes y una convocatoria de propuestas única, y se aborden conjuntamente en un único Comité de LIFE; al mismo tiempo considera que no debe haber procedimientos y prioridades diferentes para distintos subprogramas.

9.

Se felicita de que la Comisión Europea haya consultado extensamente a las partes interesadas a la hora de desarrollar esta propuesta, y de que haya tomado en consideración muchas de las opiniones expresadas por dichas partes interesadas, así como por el CDR (2).

B.    Indicadores

10.

Acoge favorablemente el hincapié que se hace en el artículo 3 de la propuesta en definir indicadores para medir el éxito de LIFE. Recomienda la adición de indicadores que midan y fomenten la buena gobernanza y la comunicación en cada proyecto de LIFE. El CDR ha instado al programa LIFE a fomentar métodos específicos –y, por lo tanto, más eficaces– de comunicación y actividades de desarrollo de capacidades en cada proyecto de LIFE.

C.    Subprograma de Medio Ambiente (LIFE Medio Ambiente)

Área prioritaria: Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de los Recursos

11.

Observa que la propuesta excluye en su artículo 10 la innovación del sector privado orientada a la aplicación comercial, ya que este aspecto estará cubierto por Horizonte 2020. Esto permite a LIFE centrarse más en la innovación ecológica por parte de los entes locales y regionales y en hallar soluciones que, por lo general, encuentran su mejor aplicación a través de la colaboración público-privada. Por lo tanto, el CDR acoge favorablemente el cambio hacia la innovación del sector público y la posibilidad de colaboraciones público-privadas.

Área prioritaria: Biodiversidad

12.

Acoge favorablemente que, tal y como ha solicitado el CDR (3), la propuesta permita en su artículo 11 la financiación de actividades repetidas siempre que los proyectos se basen en procedimientos ejemplares que puedan aplicarse a otras regiones y que estén sujetos a normas de seguimiento y comunicación de los resultados a la opinión pública.

13.

Considera que el apoyo mediante proyectos integrados para los marcos de acción prioritaria (MAP) para la financiación de Natura 2000 será un futuro elemento clave en el área prioritaria «Biodiversidad» de LIFE. El CDR solicita que, respetando el marco institucional de cada Estado miembro, los entes regionales se encarguen de desarrollar marcos de acción prioritaria, y toma nota de las iniciativas recientes lanzadas por la Comisión Europea sobre la financiación de Natura 2000 (4).

Área prioritaria: Gobernanza e Información Medioambientales

14.

Acoge muy favorablemente que se haya reforzado el apoyo de LIFE a la gobernanza medioambiental convirtiéndola en un área prioritaria en la propuesta de Reglamento (artículo 12). El CDR cree que con ello se aumentará la visibilidad de los posibles proyectos en materia de gobernanza, y que los entes locales y regionales serán beneficiarios destacados de esta nueva área prioritaria. El CDR ha instado a LIFE a que contribuya a reforzar las capacidades administrativas de los entes locales y regionales y a que haga mayor hincapié en la sensibilización, incluida la educación para el desarrollo sostenible y el fomento de proyectos en los que participen los entes regionales y locales y que tengan un impacto significativo a nivel de la UE (5).

15.

Considera que esta área prioritaria debe fomentar el intercambio de conocimientos sobre la aplicación y el cumplimiento de la legislación medioambiental de la UE mediante el apoyo a redes, formación y proyectos de intercambio de buenas prácticas a nivel europeo, en particular de los entes regionales y locales activos en este ámbito.

D.    Subprograma de Acción por el Clima (LIFE Clima)

16.

Acoge favorablemente la creación de un nuevo subprograma en materia de acción por el clima, que puede jugar un papel en el fomento de acciones e inversiones que conlleven bajas emisiones de carbono, un uso eficiente de los recursos y no tengan efectos negativos sobre el clima. Acoge positivamente esta medida, a la luz de los compromisos internacionales de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el marco del Protocolo de Kyoto y del futuro acuerdo mundial sobre el clima que se negociará de aquí a 2015, así como de los objetivos de la UE establecidos en el paquete sobre el clima y la energía, la Estrategia Europa 2020 y la Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050 (6).

17.

Señala, no obstante, que el presupuesto propuesto representa una pequeña parte de todo el programa LIFE (25 %). Así pues, LIFE Clima tiene unas posibilidades muy limitadas de reducir de manera importante las emisiones de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, debería promover beneficios múltiples para el medio ambiente, como zonas naturales, que son indispensables para garantizar una buena calidad del aire y presentan abundante biodiversidad (humedales y bosques), o contribuir a crear infraestructuras ecológicas como planteamiento integrado para preservar la biodiversidad y limitar las repercusiones del cambio climático.

18.

Acoge favorablemente que el enfoque principal de los proyectos integrados sea la mitigación del cambio climático y las estrategias de adaptación y planes de acción.

19.

Acoge favorablemente los objetivos que figuran en el área prioritaria «Gobernanza e Información Climáticas» (artículo 16), y ve un claro papel para el CDR en el fomento de la sensibilización sobre las cuestiones relativas al clima.

E.    Proyectos integrados

20.

Como ya ha señalado en su anterior dictamen (7), acoge favorablemente la propuesta de introducir «proyectos integrados» de larga duración a gran escala territorial (en particular regional, multirregional o nacional), como medio de abordar una amplia gama de problemas mediante una relación estratégica y estructurada con las otras fuentes de financiación de la UE. Los proyectos de LIFE seguirían teniendo un importante valor como catalizador.

21.

Considera que los proyectos integrados mejorarán la implementación de la política medioambiental y climática y su integración en otras políticas, en aplicación del principio de gobernanza multinivel, garantizando la movilización coordinada de otros fondos de la Unión, nacionales y privados hacia objetivos medioambientales o climáticos. Se centrarán en la ejecución de planes y estrategias para la protección del medio ambiente y del clima a una escala territorial más amplia de lo que es habitual en LIFE+.

22.

Acoge con satisfacción que la lista de áreas relevantes principales para los proyectos integrados incluida en el artículo 18 d) refleje en gran medida recomendaciones anteriores del CDR (gestión del agua, conservación de la naturaleza y de la biodiversidad, uso sostenible de los recursos y gestión de los residuos). Considera, no obstante, que deberían añadirse como áreas relevantes principales el medio ambiente marino, el suelo y la contaminación acústica.

23.

Expresa su preocupación por que los proyectos integrados puedan ser complicados de elaborar y gestionar, sobre todo teniendo en cuenta la gama de plazos, criterios de selección, procedimientos de aplicación y formatos, condiciones de gestión y modalidades de información. Esto resultará especialmente desalentador para los pequeños entes locales, por lo que acoge favorablemente la asistencia técnica prevista en la propuesta para apoyar la preparación y presentación de los proyectos integrados.

24.

Solicita mecanismos de coordinación adecuados de LIFE con otros fondos de la UE dentro del Marco Estratégico Común, en particular en los contratos de colaboración previstos por el artículo 14 de la propuesta de Reglamento por el que se establecen disposiciones generales y con el nuevo enfoque propuesto de desarrollo local participativo y estrategias de desarrollo local para todos los fondos del MEC, como se establece en los artículos 28 y 29 de la propuesta de Reglamento por el que se establecen disposiciones generales.

25.

Espera que esta nueva categoría de proyectos LIFE de mayor escala pueda incluir un marco y una guía para el desarrollo de proyectos individuales LIFE y otros proyectos, incluido un plan para explicar cómo combinar otros recursos de la UE, nacionales, regionales, locales y privados para financiar las actividades propuestas. En determinados casos, estos proyectos podrían tener una duración más larga para poder elaborar y ejecutar proyectos individuales de LIFE relacionados entre sí.

26.

Al mismo tiempo, otorga valor a los pequeños proyectos tradicionales que son accesibles para los entes más pequeños y con menor capacidad de desarrollar un proyecto integrado. En consecuencia, acoge favorablemente que estos proyectos sigan teniendo un lugar en el nuevo programa y solicita que no se reduzcan los presupuestos globales que tienen asignados.

27.

Reconoce la necesidad de una base geográfica aproximada, aunque considera que esto no debería ser un motor principal que pueda conducir a que se desvíen fondos de proyectos esenciales simplemente para alcanzar una teórica cuota nacional en otras áreas. Acoge favorablemente la posibilidad de incluir a países vecinos en estos proyectos.

28.

Considera que debería alentarse la participación de partes interesadas en los proyectos integrados.

F.    Simplificación, programación y actos delegados

29.

Reconoce que la Comisión Europea ha intentado responder a las peticiones realizadas en un dictamen anterior (8) en favor de una mayor simplificación administrativa, incluida la programación plurianual y un mayor uso de herramientas informáticas. Acoge favorablemente el uso de las cantidades únicas fijas y subvenciones a tanto alzado, que puede reducir la burocracia. Muestra, no obstante, su preocupación por que el compromiso para lograr la simplificación se expresa sobre todo en términos muy amplios, como una aspiración, en el considerando 26.

30.

Acoge favorablemente la introducción de un enfoque en «dos fases» para la selección de proyectos integrados, donde los solicitantes potenciales puedan facilitar a la Comisión una nota conceptual para su aprobación previa, lo que implica un ahorro de recursos para los candidatos que tengan pocas posibilidades de éxito. Esto también se corresponde con una recomendación del CDR (9).

31.

Acoge favorablemente los programas de trabajo plurianuales de una duración mínima de dos años propuestos en el artículo 24. Considera que dichos programas de trabajo plurianuales pueden garantizar que LIFE responda a las prioridades de la UE de una manera más estratégica y política. Pide a la Comisión que cuente con los entes locales y regionales en la elaboración de los programas de trabajo, de modo que reflejen adecuadamente las prácticas sobre el terreno.

32.

Muestra, no obstante, su preocupación por que la posibilidad de revisión intermedia de los programas plurianuales prevista en el artículo 24.3 pueda conducir a cierta imprevisibilidad para los beneficiarios. Por lo tanto, los cambios introducidos por dicha revisión deberían ser mínimos.

33.

Reconoce que, en el actual programa, el rendimiento de los puntos de contacto nacionales ha sido variable, y en algunos casos estas carencias han conducido a la infrautilización de las asignaciones nacionales (el CDR ha solicitado anteriormente una mejor formación de los puntos de contacto nacionales (10)).

34.

Insiste en que el procedimiento de examen y el Comité de LIFE (artículo 29) deberían funcionar de manera transparente e incluyente.

35.

Observa que la propuesta de Reglamento prevé actos delegados en relación con los indicadores de rendimiento aplicables a las prioridades temáticas específicas (artículo 3), con la aplicación del criterio «revestir interés para la Unión» (artículo 19.1) y con la aplicación del criterio «garantizar el equilibrio geográfico» para los proyectos integrados (artículo 19.3). El CDR ha adoptado una posición crítica sobre el creciente uso de la comitología en la política medioambiental, ya que carece de transparencia en el proceso decisorio y operativo de la UE para los entes locales y regionales (11). Recomienda, por lo tanto, que la Comisión Europea inicie las consultas adecuadas con los entes locales y regionales en el curso de los trabajos preparatorios para los actos delegados.

G.    Cofinanciación y gastos subvencionables

36.

Reconoce que la Comisión Europea ha respondido a los llamamientos realizados en un dictamen anterior (12) para que el porcentaje máximo de cofinanciación se aumente del 50 % actual hasta el 70 % (aumentando al 80 % para los proyectos integrados y preparatorios).

37.

Propone que el porcentaje máximo se amplíe hasta el 85 % en las regiones menos desarrolladas (con arreglo a la definición del Reglamento por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (13)) y en las regiones ultraperiféricas. Estas regiones son con frecuencia vitales para la consecución del objetivo de frenar la pérdida de biodiversidad.

38.

Lamenta que la Comisión Europea no haya respondido a los llamamientos realizados en un dictamen anterior (14) para que se siga permitiendo a los entes locales y regionales contabilizar sus costes de personal permanente como recursos propios. La exclusión de los costes de personal permanente tendría repercusiones negativas importantes en la calidad y la viabilidad de proyectos, en particular de las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales más pequeñas, que dependen de la continuidad del personal permanente y de su experiencia y conocimientos, y cuyos empleados trabajan con frecuencia a tiempo parcial en varios proyectos a la vez.

39.

Considera que esta medida, junto con la no consideración del IVA como gasto subvencionable, tal y como se propone en el artículo 20, puede disuadir a muchos candidatos potenciales de desarrollar una propuesta. Recuerda que en otros fondos de la UE se acepta el IVA como coste subvencionable si los beneficiarios pueden demostrar que no pueden recuperar dicho impuesto.

40.

Señala, no obstante, los resultados de un estudio, que parecen demostrar que el efecto de los porcentajes de cofinanciación mucho más elevados propuestos por la Comisión compensará la supresión de algunos elementos de financiación subvencionable para la mayoría de los proyectos. Además, es consciente de que la cuestión del tiempo de dedicación del personal es objeto frecuente de disputa entre los auditores de la Comisión y los beneficiarios, y hace que la Comisión recupere grandes sumas de dinero, a veces mucho después de que se haya completado el proyecto.

41.

Recomienda, no obstante, que los costes de personal permanente sigan siendo subvencionables, a condición de que se demuestre y se documente que dicho personal se destina oficialmente a las actividades del proyecto.

H.    Presupuesto

42.

Señala el aumento propuesto en el presupuesto para el programa LIFE, de 2 100 millones a 3 600 millones de euros, que aunque representa un aumento importante para el programa sigue siendo comparativamente modesto, ya que solo supone el 0,3 % del presupuesto total de la UE.

43.

No obstante, y habida cuenta de los importantes desafíos existentes en este ámbito, el CDR acogería con satisfacción un aumento mucho mayor de dicho presupuesto. Reconoce que la cifra exacta no puede acordarse hasta que finalicen las negociaciones del Marco Financiero Plurianual.

44.

Aunque se acoge con satisfacción una mayor coherencia y complementariedad con otros fondos, la financiación del programa LIFE no debería repercutir sobre estos últimos (por ejemplo, sobre los Fondos Estructurales).

45.

Se felicita de que el 50 % del subprograma de Medio Ambiente vaya a dedicarse a la biodiversidad, respondiendo así a una solicitud del CDR (15).

46.

Acoge favorablemente la nueva disposición del artículo 17 que permite combinar LIFE con instrumentos financieros innovadores. Considera que esta disposición es especialmente relevante para el área prioritaria «Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de los Recursos». Reitera que estos instrumentos solo deberían utilizarse para complementar las subvenciones destinadas a acciones concretas, y no para sustituirlas.

I.    Subsidiariedad

47.

Reitera que la política medioambiental es un ámbito donde la Unión Europea comparte el ejercicio de competencias con los Estados miembros. Por lo tanto, se aplica el principio de subsidiariedad. Considera, no obstante, que, ya que la propuesta de Reglamento es básicamente una continuación del programa LIFE existente desde 1992, no es necesaria una evaluación detallada de su conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. La subsidiariedad y la proporcionalidad se reiteran en el considerando 34 de la propuesta de Reglamento.

48.

No obstante:

a)

En términos generales, se muestra favorable a que el programa siga gestionándose de manera centralizada, aunque considera que será necesario garantizar que la delegación en una Agencia Ejecutiva de tareas como la selección de proyectos y los cometidos de supervisión no reduzca la participación de los Estados miembros en el funcionamiento del programa, y que cualquier tipo de transferencia no tenga como resultado la pérdida de conocimientos y experiencia necesarios para procesar las solicitudes de LIFE.

b)

Recuerda el importante papel que han de desempeñar los entes locales y regionales en la aplicación de la legislación medioambiental de la UE y las estrategias de acción por el clima a nivel subnacional, y a la hora de dar a conocer mejor a la opinión pública las innovaciones y las buenas prácticas.

II.   RECOMENDACIONES DE ENMIENDA

Enmienda 1

Considerando 15

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050» (16) (en adelante, la «Hoja de ruta 2050») reconoció que la puesta a prueba de nuevas estrategias de mitigación del cambio climático es esencial para efectuar la transición hacia una economía hipocarbónica. Será necesario garantizar asimismo la adaptación al cambio climático como prioridad sectorial transversal de la Unión. Además, el fomento de la gobernanza y la sensibilización son esenciales para conseguir resultados constructivos y para garantizar la cooperación de las partes interesadas. Por consiguiente, el subprograma de Acción por el Clima debe apoyar los esfuerzos que contribuyan a tres áreas prioritarias específicas: Mitigación del Cambio Climático, Adaptación al Cambio Climático y Gobernanza e Información Climáticas. Debe ser posible que los proyectos financiados por el Programa LIFE contribuyan al logro de los objetivos específicos de más de una de esas áreas prioritarias y que impliquen la participación de más de un Estado miembro.

La Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050» (16) (en adelante, la «Hoja de ruta 2050») reconoció que la puesta a prueba de nuevas estrategias de mitigación del cambio climático es esencial para efectuar la transición hacia una economía hipocarbónica. Será necesario garantizar asimismo la adaptación al cambio climático como prioridad sectorial transversal de la Unión. Además, el fomento de la gobernanza y la sensibilización son esenciales para conseguir resultados constructivos y para garantizar la cooperación de las partes interesadas. Por consiguiente, el subprograma de Acción por el Clima debe apoyar los esfuerzos que contribuyan a tres áreas prioritarias específicas: Mitigación del Cambio Climático, Adaptación al Cambio Climático y Gobernanza e Información Climáticas. Debe ser posible que los proyectos financiados por el Programa LIFE contribuyan al logro de los objetivos específicos de más de una de esas áreas prioritarias y que impliquen la participación de más de un Estado miembro.

Exposición de motivos

El Reglamento LIFE debería hacer referencia específica a la necesidad de buscar sinergias entre los objetivos medioambientales, en particular entre la acción por el clima y la biodiversidad. Es importante hacer hincapié en las funciones de los ecosistemas forestales, ya que pueden aportar beneficios para la biodiversidad y la mitigación del cambio climático, aumentando al mismo tiempo la capacidad de absorción de carbono.

Enmienda 2

Considerando 26

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Con vistas a simplificar el Programa LIFE y a reducir la carga administrativa para los solicitantes y beneficiarios, debe hacerse un mayor uso de las cantidades únicas fijas y subvenciones a tanto alzado, y la financiación debe centrarse en categorías de costes más específicas. A modo de compensación por los costes no financiables y con el fin de mantener el nivel efectivo de ayuda proporcionado por el Programa LIFE, los porcentajes de cofinanciación deben ser del 70 % por regla general, y del 80- % en casos específicos.

Con vistas a simplificar el Programa LIFE y a reducir la carga administrativa para los solicitantes y beneficiarios, debe hacerse un mayor uso de las cantidades únicas fijas y subvenciones a tanto alzado, y la financiación debe centrarse en categorías de costes más específicas. A modo de compensación por los costes no financiables y con el fin de mantener el nivel efectivo de ayuda proporcionado por el Programa LIFE, los porcentajes de cofinanciación deben ser del 70 % por regla general, y del % en .

Exposición de motivos

El porcentaje máximo debería ampliarse hasta el 85 % en las regiones menos desarrolladas desde el punto de vista económico o en las regiones en transición (con arreglo a la definición del Reglamento sobre los Fondos Estructurales). Estas regiones son con frecuencia vitales para la consecución del objetivo de frenar la pérdida de biodiversidad. En general, las RUP se benefician, a título de los principales fondos europeos, de tasas de cofinanciación del 85 %, por lo que también debe preverse la posibilidad de que se beneficien de la misma tasa de cofinanciación en el ámbito de otros programas de la Unión, como el programa LIFE. Por otra parte, las RUP son los mayores contribuidores netos a la biodiversidad de todo el territorio de la Unión Europea, con un elevado número de sitios de importancia comunitaria en el ámbito de la red Natura 2000.

Enmienda 3

Considerando 30

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

A fin de lograr el mejor uso posible de los fondos de la Unión y de garantizar un valor añadido europeo, la competencia para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea debe delegarse en la Comisión en lo que se refiere a los criterios de admisibilidad para la selección de proyectos, los criterios para la aplicación del equilibrio geográfico a los proyectos integrados, y los indicadores de rendimiento aplicables a las prioridades temáticas específicas. Es particularmente importante que la Comisión lleve a cabo las consultas pertinentes durante sus trabajos preparatorios, también a nivel de los expertos. Al preparar y redactar actos delegados, la Comisión garantizará una transmisión simultánea, oportuna y adecuada de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.

A fin de lograr el mejor uso posible de los fondos de la Unión y de garantizar un valor añadido europeo, la competencia para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea debe delegarse en la Comisión en lo que se refiere a los criterios de admisibilidad para la selección de proyectos, los criterios para la aplicación del equilibrio geográfico a los proyectos integrados, y los indicadores de rendimiento aplicables a las prioridades temáticas específicas. Es particularmente importante que la Comisión lleve a cabo las consultas pertinentes durante sus trabajos preparatorios, también a nivel de los expertos Al preparar y redactar actos delegados, la Comisión garantizará una transmisión simultánea, oportuna y adecuada de los documentos pertinentes al Parlamento Europeo y al Consejo.

Exposición de motivos

El CDR ha adoptado una posición crítica sobre el creciente uso de la comitología en la política medioambiental, ya que carece de transparencia en el proceso decisorio y operativo de la UE para los entes locales y regionales.

Enmienda 4

Artículo 5 – Participación de terceros países en el Programa LIFE

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

El Programa LIFE estará abierto a la participación de los siguientes países:

El Programa LIFE estará abierto a la participación de los siguientes países:

(a)

países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que sean partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE);

(a)

países de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que sean partes en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (EEE);

(b)

países candidatos, candidatos potenciales y países en vías de adhesión a la Unión;

(b)

países candidatos, candidatos potenciales y países en vías de adhesión a la Unión;

(c)

países a los que se aplique la Política Europea de Vecindad;

(c)

países a los que se aplique la Política Europea de Vecindad;

(d)

países que se hayan convertido en miembros de la Agencia Europea de Medio Ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 993/1999 del Consejo, de 29 abril 1999, que modifica el Reglamento (CEE) no 1210/90 por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente;.

(d)

países que se hayan convertido en miembros de la Agencia Europea de Medio Ambiente, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 993/1999 del Consejo, de 29 abril 1999, que modifica el Reglamento (CEE) no 1210/90 por el que se crea la Agencia Europea de Medio Ambiente y la red europea de información y de observación sobre el medio ambiente;

 

Esa participación se desarrollará de conformidad con las condiciones establecidas en los acuerdos bilaterales o multilaterales respectivos por los que se establecen los principios generales para su participación en los programas de la Unión.

Esa participación se desarrollará de conformidad con las condiciones establecidas en los acuerdos bilaterales o multilaterales respectivos por los que se establecen los principios generales para su participación en los programas de la Unión.

Exposición de motivos

Viven más especies endémicas o en peligro en los 21 países y territorios de ultramar (PTU) de la UE y las cuatro regiones ultraperiféricas francesas que en los países de la UE 27. Cinco de los 34 puntos de la diversidad mundial están situados en los PTU de la UE. Los ecosistemas insulares no representan más que el 5 % de la superficie terrestre mundial, pese a que albergan aproximadamente un tercio de las especies amenazadas en el mundo. En estos territorios, la biodiversidad queda relativamente desprotegida, ya que no se aplican las directivas sobre aves y hábitats. Resulta difícil obtener fondos para apoyar las actividades de conservación, ya que estos lugares alejados quedan excluidos de la ayuda de muchos fondos internacionales (debido a su asociación con la UE). Los proyectos en los PTU podrían financiarse con cargo a las asignaciones nacionales de los cuatro Estados miembros (Reino Unido, Países Bajos, Francia y Dinamarca) que tienen territorios clasificados como PTU, lo cual no tendría repercusiones sobre la financiación disponible para el conjunto del programa LIFE.

Enmienda 5

Artículo 8 – Complementariedad, apartado 3

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

De acuerdo con sus competencias respectivas, la Comisión y los Estados miembros garantizarán la coordinación entre el Programa LIFE y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, a fin de crear sinergias, particularmente en el contexto de los proyectos integradosa que hace referencia el artículo 18, letra d), y de apoyarel uso de soluciones, métodos y enfoques desarrollados a través del Programa LIFE.

De acuerdo con sus competencias respectivas, la Comisión y los Estados miembros garantizarán la coordinación entre el Programa LIFE y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo, el Fondo de Cohesión, el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, a fin de crear sinergias, particularmente en el contexto de los proyectos integradosa que hace referencia el artículo 18, letra d),  …, y de apoyar el uso de soluciones, métodos y enfoques desarrollados a través del Programa LIFE. Al nivel de la Unión, la coordinación se desarrollará en el Marco Estratégico Común a que hace referencia el artículo 10 del Reglamento (UE) no …. (Reglamento ).

Al nivel de la Unión, la coordinación se desarrollará en el Marco Estratégico Común a que hace referencia el artículo 10 del Reglamento (UE) no ….

 

(Reglamento del MEC).

 

Exposición de motivos

Dada la importancia de LIFE para la contribución estratégica a la financiación de Natura 2000, el CDR pide que el Reglamento solicite explícitamente a los Estados miembros que aseguren la coordinación también mediante el establecimiento de marcos de acción prioritaria (MAP). Además, podrían derivarse sinergias de la coordinación de los proyectos integrados de LIFE con el nuevo planteamiento propuesto de estrategias de desarrollo local participativo y de desarrollo local para todos los fondos del MEC previstos por los artículos 28 y 29 de la propuesta de Reglamento por el que se establecen disposiciones generales.

Además, el enunciado de la propuesta de Reglamento MEC es objeto de una modificación terminológica para que el texto esté en consonancia con los anteriores dictámenes del Comité de las Regiones (CDR 5/2012 rev. 1).

Enmienda 6

Artículo 10 - Objetivos específicos del área prioritaria Medio Ambiente y Eficiencia en el Uso de los Recursos, letra b)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

apoyar la aplicación, el desarrollo, el ensayo y la demostración de enfoques integrados para la implementación de planes y programas con arreglo a la política y la legislación medioambientales de la Unión, principalmente en los ámbitos del agua, los residuos y el aire;

apoyar la aplicación, el desarrollo, el ensayo y la demostración de enfoques integrados para la implementación de planes y programas con arreglo a la política y la legislación medioambientales de la Unión, principalmente en los ámbitos del agua, los residuos y el aire;

Exposición de motivos

En muchas regiones es sumamente importante combatir la contaminación del suelo, que se considera estrechamente vinculada a la protección de los recursos hídricos y a la prevención de los residuos.

Enmienda 7

Artículo 14 - Objetivos específicos del área prioritaria Mitigación del Cambio Climático

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Con el fin de contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el área prioritaria Mitigación del Cambio Climático tendrá, en particular, los siguientes objetivos específicos:

Con el fin de contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, el área prioritaria Mitigación del Cambio Climático tendrá, en particular, los siguientes objetivos específicos:

(a)

contribuir a la implementación y al desarrollo de la política y de la legislación de la Unión en materia de mitigación del cambio climático, incluida su integración en todas las áreas políticas, en particular mediante el desarrollo, la experimentación y la demostración de enfoques de política o gestión, de mejores prácticas y de soluciones para mitigar el cambio climático;

(a)

contribuir a la implementación y al desarrollo de la política y de la legislación de la Unión en materia de mitigación del cambio climático, incluida su integración en todas las áreas políticas, en particular mediante el desarrollo, la experimentación y la demostración de enfoques de política o gestión, de mejores prácticas y de soluciones para mitigar el cambio climático;

(b)

mejorar la base de conocimientos para el desarrollo, la valoración, el seguimiento, la evaluación y la implementación de acciones y medidas de mitigación eficaces, y aumentar la capacidad de aplicar estos conocimientos en la práctica;

(b)

mejorar la base de conocimientos para el desarrollo, la valoración, el seguimiento, la evaluación y la implementación de acciones y medidas de mitigación eficaces, y aumentar la capacidad de aplicar estos conocimientos en la práctica;

(c)

facilitar el desarrollo y la aplicación de enfoques integrados, por ejemplo en las estrategias y planes de acción en materia de mitigación a nivel local, regional o nacional;

(c)

facilitar el desarrollo y la aplicación de enfoques integrados, por ejemplo en las estrategias y planes de acción en materia de mitigación a nivel local, regional o nacional;

(d)

contribuir al desarrollo y la demostración de tecnologías, sistemas, métodos e instrumentos de mitigación innovadores que sean idóneos para su reproducción, transferencia, o incorporación a todos los sectores.

(d)

contribuir al desarrollo y la demostración de tecnologías, sistemas, métodos e instrumentos de mitigación innovadores que sean idóneos para su reproducción, transferencia, o incorporación a todos los sectores

 

Exposición de motivos

Debe velarse por que las medidas relacionadas con el clima no tengan un impacto negativo sobre la biodiversidad. No obstante, como estas medidas están incluidas en el programa LIFE, debe velarse por que tengan un impacto positivo sobre la biodiversidad. En efecto, es indispensable mantener la coherencia entre los dos grandes ejes del programa LIFE.

Enmienda 8

Artículo 15 - Objetivos específicos del área prioritaria Adaptación al Cambio Climático

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Con el fin de contribuir a apoyar los esfuerzos que lleven a una mayor resiliencia ante el cambio climático, el área prioritaria Adaptación al Cambio Climático tendrá, en particular, los siguientes objetivos específicos:

Con el fin de contribuir a apoyar los esfuerzos que lleven a una mayor resiliencia ante el cambio climático, el área prioritaria Adaptación al Cambio Climático tendrá, en particular, los siguientes objetivos específicos:

(a)

contribuir al desarrollo y a la implementación de la política y la legislación de la Unión en materia de adaptación al cambio climático, incluida su integración en todas las áreas políticas, en particular mediante el desarrollo, la experimentación y la demostración de enfoques de política o gestión, de mejores prácticas y de soluciones para la adaptación al cambio climático;

(a)

contribuir al desarrollo y a la implementación de la política y la legislación de la Unión en materia de adaptación al cambio climático, incluida su integración en todas las áreas políticas, en particular mediante el desarrollo, la experimentación y la demostración de enfoques de política o gestión, de mejores prácticas y de soluciones para la adaptación al cambio climático;

(b)

mejorar la base de conocimientos para el desarrollo, la valoración, el seguimiento, la evaluación y la implementación de acciones y medidas de adaptación eficaces, y aumentar la capacidad de aplicar estos conocimientos en la práctica;

(b)

mejorar la base de conocimientos para el desarrollo, la valoración, el seguimiento, la evaluación y la implementación de acciones y medidas de adaptación eficaces, y aumentar la capacidad de aplicar estos conocimientos en la práctica;

(c)

facilitar el desarrollo y la aplicación de enfoques integrados, por ejemplo en las estrategias y planes de acción en materia de adaptación a nivel local, regional o nacional;

(c)

facilitar el desarrollo y la aplicación de enfoques integrados, por ejemplo en las estrategias y planes de acción en materia de adaptación a nivel local, regional o nacional;

(d)

contribuir al desarrollo y la demostración de tecnologías, sistemas, métodos e instrumentos de adaptación innovadores que sean idóneos para su reproducción, transferencia, o incorporación a todos los sectores.

(d)

contribuir al desarrollo y la demostración de tecnologías, sistemas, métodos e instrumentos de adaptación innovadores que sean idóneos para su reproducción, transferencia, o incorporación a todos los sectores

 

Exposición de motivos

Debe velarse por que las medidas relacionadas con el clima no tengan un impacto negativo sobre la biodiversidad. No obstante, como estas medidas están incluidas en el programa LIFE, debe velarse por que tengan un impacto positivo sobre la biodiversidad. En efecto, es indispensable mantener la coherencia entre los dos grandes ejes del programa LIFE.

Enmienda 9

Artículo 18 - Proyectos, letra d)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Las subvenciones para acciones concretas podrán financiar los siguientes proyectos:

….

(d)

proyectos integrados principalmente en los ámbitos de la naturaleza, el agua, los residuos, el aire, y la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo;

Las subvenciones para acciones concretas podrán financiar los siguientes proyectos:

….

(d)

proyectos integrados principalmente en los ámbitos de la naturaleza, el agua, los residuos, el el aire, y la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo;

Exposición de motivos

Las áreas prioritarias deberían incluir el medio ambiente marino, el suelo y la gestión de la contaminación acústica.

Enmienda 10

Artículo 19 - Criterios de admisibilidad de los proyectos

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

1.   Los proyectos contemplados en el artículo 18 deberán cumplir los siguientes criterios de admisibilidad:

1.   Los proyectos contemplados en el artículo 18 deberán cumplir los siguientes criterios de admisibilidad:

(a)

revestir interés para la Unión por su contribución significativa a la consecución de uno de los objetivos del Programa LIFE establecidos en el artículo 3;

(a)

revestir interés para la Unión por su contribución significativa a la consecución de uno de los objetivos del Programa LIFE establecidos en el artículo 3;

(b)

garantizar un enfoque rentable y ser técnica y financieramente coherentes;

(b)

garantizar un enfoque rentable y ser técnica y financieramente coherentes;

(c)

demostrar la solidez de la ejecución propuesta.

(c)

demostrar la solidez de la ejecución propuesta.

Se otorgarán poderes a la Comisión para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 30 en relación con las condiciones de aplicación del criterio a que se refiere el apartado 1, letra a), con el fin de adaptar dicho criterio a las áreas prioritarias específicas definidas en los artículos 9 y 13.

Se otorgarán poderes a la Comisión para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 30 en relación con las condiciones de aplicación del criterio a que se refiere el apartado 1, letra a), con el fin de adaptar dicho criterio a las áreas prioritarias específicas definidas en los artículos 9 y 13.

2.   En la medida de lo posible, los proyectos financiados por el Programa LIFE fomentarán sinergias entre diferentes objetivos y promoverán el uso de la contratación pública ecológica.

2.   os proyectos financiados por el Programa LIFE fomentarán sinergias entre diferentes objetivos y promoverán el uso de la contratación pública ecológica.

3.   Los proyectos integrados a que se refiere el artículo 18, letra d) implicarán, en su caso, a las partes interesadas y promoverán, en la medida de lo posible, la coordinación con otras fuentes de financiación de la Unión y la movilización de las mismas.

3.   Los proyectos integrados a que se refiere el artículo 18, letra d) implicarán a las partes interesadas y promoverán, en la medida de lo posible, la coordinación con otras fuentes de financiación de la Unión y la movilización de las mismas.

La Comisión garantizará el equilibrio geográfico, en consonancia con los principios de solidaridad y de reparto del esfuerzo, en el proceso de concesión de financiación para proyectos integrados. Se otorgarán poderes a la Comisión para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 30 en relación con las condiciones de aplicación del criterio de equilibrio geográfico en cada área temática prioritaria a que se hace referencia en el artículo 18, letra d).

La Comisión garantizará equilibrio geográfico, en consonancia con los principios de solidaridad y de reparto del esfuerzo, en el proceso de concesión de financiación para proyectos integrados. Se otorgarán poderes a la Comisión para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 30 en relación con las condiciones de aplicación del criterio de equilibrio geográfico en cada área temática prioritaria a que se hace referencia en el artículo 18, letra d).

4.   La Comisión prestará especial atención a los proyectos transnacionales cuando la cooperación trasnacional sea imprescindible para garantizar el logro de los objetivos en materia de protección del medio ambiente y de clima, y se esforzará por garantizar que al menos el 15 % de los recursos presupuestarios dedicados a proyectos se asignen a proyectos transnacionales.

4.   La Comisión prestará especial atención a los proyectos transnacionales cuando la cooperación trasnacional sea imprescindible para garantizar el logro de los objetivos en materia de protección del medio ambiente y de clima, y se esforzará por garantizar que al menos el 15 % de los recursos presupuestarios dedicados a proyectos se asignen a proyectos transnacionales.

 

   

Exposición de motivos

Debería fomentarse allí donde sea posible, y tanto como sea posible, la accesibilidad y la participación de las partes interesadas en los proyectos integrados.

Aunque los esfuerzos del programa deben repartirse por toda la UE -sobre todo porque los problemas relativos al medio ambiente y al cambio climático a menudo tienen implicaciones transfronterizas-, el concepto de «cuotas nacionales» no resulta adecuado y no debe considerarse por encima del mérito intrínseco de las propuestas individuales.

Hay que evitar que los futuros proyectos integrados y plurianuales que serán subvencionables reduzcan los presupuestos destinados a las acciones existentes que han demostrado plenamente su utilidad. Además, este tipo de acciones son las que pueden utilizar más fácilmente los entes locales y regionales que no disponen necesariamente de los medios necesarios para ejecutar los proyectos integrados previstos en la propuesta de la Comisión. Por otra parte, es coherente que los proyectos financiados por el programa LIFE promuevan el recurso a los contratos públicos ecológicos.

Enmienda 11

Artículo 20 - Porcentajes de cofinanciación y admisibilidad de los costes de los proyectos, apartado1

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

El porcentaje máximo de cofinanciación de los proyectos a que se hace referencia en el artículo 18 será el 70 % de los costes admisibles. Con carácter excepcional, el porcentaje máximo de cofinanciación de los proyectos a que se hace referencia en el artículo 18, letras d) y f), será el 80 % de los costes admisibles.

El porcentaje máximo de cofinanciación de los proyectos a que se hace referencia en el artículo 18 será el 70 % de los costes admisibles. Con carácter excepcional, el porcentaje máximo de cofinanciación de los proyectos a que se hace referencia en el artículo 18, letras d) y f), será el 80 % de los costes admisibles.

Exposición de motivos

El porcentaje máximo debería ampliarse hasta el 85 % en las regiones menos desarrolladas (con arreglo a la definición del Reglamento sobre los Fondos Estructurales). Estas regiones son con frecuencia vitales para la consecución del objetivo de frenar la pérdida de biodiversidad. En general, las RUP se benefician, a título de los principales fondos europeos, de tasas de cofinanciación del 85 %, por lo que también debe preverse la posibilidad de que se beneficien de la misma tasa de cofinanciación en el ámbito de otros programas de la Unión, como el programa LIFE. Por otra parte, las RUP son los mayores contribuidores netos a la biodiversidad de todo el territorio de la Unión Europea, con un elevado número de sitios de importancia comunitaria en el ámbito de la red Natura 2000.

Enmienda 12

Artículo 20 - Porcentajes de cofinanciación y admisibilidad de los costes de los proyectos, apartado 2, primera parte sobre el IVA

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

El IVA no se considerará coste admisible en los proyectos a que se hace referencia en el artículo 18.

El IVA coste admisible en los proyectos a que se hace referencia en el artículo 18.

Exposición de motivos

El CDR considera que la no consideración del IVA como gasto subvencionable puede disuadir a muchos candidatos potenciales de desarrollar una propuesta. Recuerda que en otros fondos de la UE se acepta el IVA como coste subvencionable si los beneficiarios pueden demostrar que no pueden recuperar dicho impuesto.

Enmienda 13

Artículo 20 - Porcentajes de cofinanciación y admisibilidad de los costes de los proyectos, apartado 3 (nuevo)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

Exposición de motivos

El CDR considera que la no consideración de los costes de personal como gasto subvencionable puede disuadir a muchos candidatos potenciales de desarrollar una propuesta. Este nuevo enunciado restablece esta subvencionabilidad, tal y como está establecida en el Reglamento (CE) no 614/2007 sobre LIFE+, publicado en el Diario Oficial L 309 de 20 de noviembre de 2008 (véase el artículo 5), teniendo en cuenta, no obstante, los costes de las nóminas, y no simplemente para hacer posible que se tengan en cuenta los costes de las nóminas, sin establecer criterios precisos. Por otra parte, no es realista obligar a los pequeños operadores a contratar personal adicional para estos proyectos, e incluso podría hacer imposible su realización en muchos casos, ya que a menudo hace falta personal especializado que conozca bien la materia. Se propone, por lo tanto, limitar la condición a que estos trabajadores estén destinados específicamente a la ejecución del proyecto subvencionado con estos fondos.

Además, se deja claro que el funcionario destinado específicamente al proyecto podrá ser a tiempo completo o parcial, para que no exista discriminación de este tipo al computar el coste de los funcionarios que realmente trabajen en los proyectos financiados. Basándose en la experiencia de aplicación de dichos proyectos en anteriores periodos del programa LIFE, en numerosas ocasiones se exige en su desarrollo la participación parcial, pero imprescindible, de funcionarios, por lo que es necesario que se pueda reconocer este coste a efectos de su financiación.

Bruselas, 19 de julio de 2012.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO


(1)  CDR 6/2011 fin (punto 74).

(2)  Informe sobre la evaluación de impacto de los instrumentos del programa LIFE+ de la UE, preparado por la Secretaría del Comité de las Regiones, mayo de 2011; CDR 6/2011 fin.

(3)  CDR 6/2011 fin (punto 56).

(4)  Documento de trabajo de los servicios de la Comisión SEC(2011) 1573 final.

(5)  CDR 6/2011 fin, «Informe sobre la evaluación de impacto de los instrumentos del programa LIFE+ de la UE», preparado por la Secretaría del Comité de las Regiones, mayo de 2011.

(6)  COM(2010) 2020 final y COM(2011) 112 final.

(7)  CDR 6/2011 fin (puntos 6, 25, 65-69).

(8)  CDR 6/2011 fin (puntos 33 y 37).

(9)  CDR 6/2011 fin (punto 38).

(10)  CDR 6/2011 fin (punto 18).

(11)  CDR 25/2011 fin, CDR 159/2008 fin, CDR 47/2010 fin.

(12)  CDR 6/2011 fin (punto 35).

(13)  COM(2011) 615 final, CDR 6/2011fin (punto 15).

(14)  CDR 6/2011 fin (punto 34).

(15)  CDR 6/2011 fin (puntos 9 y 14).

(16)  COM(2011) 112 final de 8.3.2011.


13.9.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 277/74


Dictamen del Comité de las Regiones — Adjudicación de contratos de concesión

2012/C 277/09

EL COMITÉ DE LAS REGIONES:

constata que las actuales normas en materia de concesiones están formadas por la jurisprudencia y la normativa nacional. Dado que determinadas concesiones pueden influir en el mercado interior, es conveniente que exista una claridad sobre las normas, así como una interpretación y un enfoque uniformes. Por ello, el Comité considera justificado plantear una normativa sobre esta cuestión;

opina que la Directiva debe referirse a las concesiones que tienen influencia en el mercado interior. Por consiguiente, las concesiones que, en vista de su escaso valor, no afecten al mercado interior, deben poder adjudicarse directamente sin previa convocatoria de licitación;

opina que son necesarias más aclaraciones sobre la manera en que ha de adjudicarse una concesión. Es preciso encontrar un equilibrio entre claridad -por ejemplo, sobre la forma del anuncio y los plazos-, por un lado, y la libertad de los poderes adjudicadores -por ejemplo, sobre qué criterios quieren manejar-, por otro. Esta claridad ofrece un asidero a los poderes adjudicadores e introduce la debida uniformidad en cuanto a la manera en que los Estados miembros abordan estos temas. El margen de maniobra honra los conocimientos de los poderes adjudicadores sobre sus concesiones y constituye un reconocimiento a la autonomía de los Estados miembros. Los poderes adjudicadores deben tener amplias posibilidades para elegir criterios sociales y sostenibles;

opina que esta propuesta debe cumplir el principio de subsidiariedad: los entes locales y regionales deben mantener la libertad de elección para decidir realizar ellos mismos las obras o servicios, o bien adjudicarlos a terceros. Si los entes locales y regionales deciden adjudicarlos, podrán determinar libremente el instrumento jurídico a utilizar: una licencia, un contrato público o una concesión.

Ponente

Henk KOOL (NL/PSE), Concejal del Ayuntamiento de La Haya

Texto de referencia

Propuesta de Directiva del Parlamento y del Consejo relativa a la adjudicación de contratos de concesión

COM(2011) 897 final

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

1.

constata que no existe ningún marco jurídico uniforme para las concesiones. Las concesiones de obras públicas están reguladas por las Directivas de la UE en materia de contratación pública. En cambio, el derecho relativo a las concesiones de servicios está excluido de las Directivas de la UE en materia de contratación pública y se incluye en los principios del Tratado de la UE. Dichos principios se precisan en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE;

2.

constata que los Estados miembros están obligados a cumplir los principios del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (igualdad de trato, no discriminación, transparencia y proporcionalidad) a la hora de adjudicar contratos de concesión, pero observa que difieren en su aplicación. La propuesta de una Directiva sobre concesiones tiene por objeto regular en un marco único las normas en torno a las concesiones de obras y las concesiones de servicios, de manera que haya una única fuente de derecho para la adjudicación de concesiones a escala de la UE. Teniendo también en cuenta los desafíos a los que se enfrenta la Unión Europea, la Comisión Europea otorga suma importancia al desarrollo del mercado interior, siempre y cuando las normas de la UE para las concesiones ofrezcan suficiente margen para una interpretación propia por parte de los poderes adjudicadores;

3.

observa que el fundamento jurídico para la creación de un marco jurídico para las concesiones se encuentra en el artículo 53, apartado 1, y en los artículos 62 y 114 del Tratado de la UE. Dichos artículos se refieren al funcionamiento del mercado interior. En este contexto, señala que las concesiones de servicios deben considerarse siempre en relación con la prestación de servicios de interés (económico) general; la Directiva propuesta no tiene en cuenta en grado suficiente las novedades introducidas por el Tratado de Lisboa en este ámbito; por consiguiente, solicita que en el ámbito de aplicación de la Directiva se incluyan excepciones más amplias para estos servicios;

4.

opina que esta propuesta debe cumplir el principio de subsidiariedad: los entes locales y regionales deben mantener la libertad de elección para decidir realizar ellos mismos las obras o servicios, o bien adjudicarlos a terceros. Si los entes locales y regionales deciden adjudicarlos, podrán determinar libremente el instrumento jurídico a utilizar: una licencia, un contrato público o una concesión;

5.

estipula que las concesiones son, por su propia naturaleza, más complejas y se contratan por periodos más largos. Con anterioridad, el Comité dictaminó que si se llegaba a un reglamento relativo a los contratos de concesión, este debería ser flexible y sencillo (CDR 21/2010) y se deben evitar las ambigüedades jurídicas;

POR LO TANTO, EL COMITÉ DE LAS REGIONES:

6.

cree que en el artículo 1 de la Directiva o, al menos, en los considerandos debería precisarse que la delegación de tareas y competencias de un organismo de Derecho público a otro no es el objeto de esta Directiva. Además, no deberían incluirse aquellos sectores que ya están contemplados por normas sectoriales del Derecho de la Unión o que, intencionadamente, no han sido regulados por decisión del legislador europeo;

7.

reconoce que, por encima de un determinado valor, las concesiones influyen en el mercado interior y, por ello, pueden ser objeto de una normativa de la UE;

8.

constata que las actuales normas en materia de concesiones están formadas por la jurisprudencia y la normativa nacional. Dado que determinadas concesiones pueden influir en el mercado interior, es conveniente que exista una claridad sobre las normas, así como una interpretación y un enfoque uniformes. Por ello, considera justificado plantear una normativa sobre esta cuestión;

9.

constata, sin embargo, que las concesiones se utilizan de forma muy diferente en los distintos Estados miembros. Ello tiene que ver, entre otras cosas, con otros instrumentos nacionales de los que dispone el Estado miembro para regular o adjudicar actividades. Debido a ello, las consecuencias de una Directiva pueden variar de un Estado miembro a otro; la Comisión debería, pues, precisar unívocamente y definir qué tipos de contrato se consideran «concesiones» y qué tipos de relaciones contractuales entran en el ámbito de aplicación de la Directiva;

10.

por ello, considera importante que los poderes adjudicadores y los Estados miembros tengan libertad a la hora de elegir el instrumento con el que quieren desempeñar sus cometidos. Las licencias, incluso las licencias de explotación limitadas, no deben entrar en el ámbito de aplicación de la Directiva. Lo mismo puede decirse de la simple financiación de una actividad, que a menudo va ligada a la obligación de reembolsar las cantidades que no se hubieran destinado a los fines previstos;

11.

expresa su preocupación por que la creación de una contratación pública obligatoria para la concesión de este tipo de instrumentos nacionales incida demasiado en la autonomía nacional de los Estados miembros. Por ello, aprecia que en el preámbulo se ponga de manifiesto la opinión de la Comisión Europea en cuanto a que tales recursos estatales no deben calificarse de concesión, pero al mismo tiempo considera que para ello es necesaria una excepción explícita en un artículo;

12.

opina que la Directiva debe referirse a las concesiones que tienen influencia en el mercado interior. Por consiguiente, las concesiones que, en vista de su escaso valor, no afecten al mercado interior, deben poder adjudicarse directamente sin previa convocatoria de licitación;

13.

considera que esta distinción es muy importante para las PYME. De este modo, los poderes y entidades adjudicadores tienen margen para seguir una política de concesiones favorable a las PYME;

14.

manifiesta su preocupación sobre la complejidad de la normativa. Los adjudicadores consideran las actuales Directivas en materia de contratación pública innecesariamente complejas. Existe preocupación de que esta Directiva relativa a las concesiones también se convierta en una materia compleja. El Comité opina que las concesiones no pueden equipararse a las reglas contenidas en las Directivas de la UE en materia de contratación pública y, por ello, pide a la Comisión que la Directiva y las posibles Comunicaciones futuras de la Comisión Europea sean sencillas;

15.

opina que son necesarias más aclaraciones sobre la manera en que ha de adjudicarse una concesión. Es preciso encontrar un equilibrio entre claridad -por ejemplo, sobre la forma del anuncio y los plazos-, por un lado, y la libertad de los poderes adjudicadores -por ejemplo, sobre qué criterios quieren manejar-, por otro. Esta claridad ofrece un asidero a los poderes adjudicadores e introduce la debida uniformidad en cuanto a la manera en que los Estados miembros abordan estos temas. El margen de maniobra honra los conocimientos de los poderes adjudicadores sobre sus concesiones y constituye un reconocimiento a la autonomía de los Estados miembros. Los poderes adjudicadores deben tener amplias posibilidades para elegir criterios sociales y sostenibles.

II.   RECOMENDACIONES DE ENMIENDA

Enmienda 1

Considerando 5

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

(5)

Deben introducirse también algunas disposiciones de coordinación para la adjudicación de concesiones de obras y servicios en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales, ya que las autoridades nacionales pueden influir en el comportamiento de las entidades que operan en esos sectores, y teniendo en cuenta que operan en mercados cerrados, debido a la existencia de derechos especiales o exclusivos que los Estados miembros conceden en relación con el suministro, la puesta a disposición o la explotación redes para la prestación de los correspondientes servicios.

Exposición de motivos

Estos sectores ya están cubiertos por una legislación específica.

Enmienda 2

Considerando 6

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

(6)

Las concesiones son contratos a título oneroso celebrados entre uno o más operadores económicos y uno o más poderes o entidades adjudicadores, cuyo objeto es la adquisición de obras o servicios, siendo su contrapartida normalmente el derecho a explotar las obras o servicios objeto del contrato. La ejecución de estas obras o servicios está sujeta a obligaciones específicas determinadas por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora, vinculantes y legalmente exigibles. Sin embargo, determinados actos estatales, tales como el otorgamiento de autorizaciones o licencias, en los que el Estado o una autoridad pública establecenlas condiciones para el ejercicio de una actividad económica, no pueden por el contrario calificarse de concesiones. Lo mismo puede decirse de determinados acuerdos cuyo objeto es el derecho de un operador económico a explotar determinados ámbitos o recursos de carácter público, como es el caso de los contratos de arrendamiento de terrenos, en los que el Estado o autoridad pública establece únicamente sus condiciones generales de utilización, sin adquirir obras o servicios específicos.

(6)

Las concesiones son contratos a título oneroso celebrados entre uno o más operadores económicos y uno o más poderes o entidades adjudicadores, cuyo objeto es la adquisición de obras o servicios, siendo su contrapartida normalmente el derecho a explotar las obras o servicios objeto del contrato. ejecución de estas obras o servicios está sujeta a específics determinads por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora, . Sin embargo, determinados actos estatales, tales como el otorgamiento deautorizaciones o licencias, en los que el Estado o una autoridad pública establecen las condiciones para el ejercicio de una actividad económica no pueden por el contrario calificarse de concesiones. Lo mismo puede decirse de determinados acuerdos cuyo objeto es el derecho de un operador económico a explotar determinados ámbitos o recursos de carácter público, como es el caso de los contratos de arrendamiento de terrenos, en los que el Estado o autoridad pública establece únicamente sus condiciones generales de utilización, sin adquirir obras o servicios específicos.

Exposición de motivos

Es preciso aclarar la distinción entre una licencia, una licencia limitada, en la que el poder adjudicador concede un derecho de explotación, y una concesión.

Una licencia puede imponer determinados requisitos a la manera en que se lleva a cabo una actividad. Pero además, también hay licencias que limitan incluso la actividad. Es lo que se llama una licencia de explotación o licencia limitada. Esto sucede casi siempre desde la perspectiva del orden público, la sanidad pública y/o la seguridad. Por ejemplo una licencia de explotación en el ámbito de la prostitución, la hostelería y los casinos.

Una concesión tiene puntos de contacto con una licencia de explotación de este tipo. La principal diferencia radica en el hecho de que en el caso de una concesión, el cumplimiento de la actividad es esencial para el poder adjudicador. Por ello, en una concesión, el cumplimiento de la actividad es legalmente exigible. Si el cumplimiento de la actividad, a la que se refiere el derecho de explotación, es legalmente exigible, entonces puede asumirse un «título oneroso». Este criterio se mantiene en la definición del contrato público.

Es importante que los poderes adjudicadores y los Estados miembros mantengan la libertad de elección del instrumento con el que quieren desempeñar sus cometidos. Una licencia, una licencia de explotación y una licencia limitada deben permanecer fuera del ámbito de aplicación de la Directiva. No es conveniente que se imponga una obligación de transparencia o una contratación pública obligatoria para la concesión de dichas licencias. La normativa nacional y la normativa descentralizada deben ser el punto de partida para decidir a quién se concede una licencia. Del considerando 6 del Preámbulo se desprende que la Comisión Europea comparte esta opinión.

Si bien la definición de concesión se refiere a la forma de un acuerdo, este tipo de criterios se interpretan de manera funcional. Debido a ello puede suceder que una licencia se considere de hecho como una concesión. Por ello, es preciso definir con mayor claridad la diferencia entre una licencia (de explotación) y una concesión en el preámbulo y en la definición de concesiones.

Hay que distinguir claramente entre las concesiones y los cometidos del gobierno como la expedición de permisos y licencias.

Enmienda 3

Considerando (9)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

(9)

El concepto de derechos especiales o exclusivos es fundamental para la determinación del ámbito de aplicación de la Directiva, ya que las entidades que no son ni poderes adjudicadores de conformidad con el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, ni empresas públicas, deberán someterse a ella sólo si desarrollan alguna de las actividades derivadas de los derechos anteriormente mencionados. Procede aclarar, por lo tanto, que los derechos obtenidos merced a un procedimiento que se ha ajustado a criterios objetivos (y, en primer lugar, a la normativa de la Unión) y que ha contado con la debida publicidad, no constituyen derechos especiales o exclusivos a efectos de la presente Directiva. La legislación debe incluir la Directiva 98/30/CE delParlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (1), la Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (2), la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (3), la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos  (4), y el Reglamento (CE) no 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 1191/69 y (CEE) no 1107/70 del Consejo  (5). La creciente diversidad de formas en que puede manifestarse la acción del Estado hace necesario definir de forma precisa el propio concepto de contratación. Las normas de la Unión en materia de concesiones se refieren a la adquisición de obras o servicios cuya contrapartida consiste en la explotación de tales obras o servicios. El concepto de adquisición debe entenderse en sentido amplio como obtención de los beneficios derivados de las obras o servicios en cuestión, sin que sea necesaria en todos los casos una transferencia de la propiedad a los poderes o entidades adjudicadores. Por otro lado, la simple financiación de una actividad, que a menudo va ligada a la obligación de reembolsar las cantidades que no se hubieran destinado a los fines previstos, no entra en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(9)

El concepto de derechos especiales o exclusivos es fundamental para la determinación del ámbito de aplicación de la Directiva, ya que las entidades que no son ni poderes adjudicadores de conformidad con el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, ni empresas públicas, deberán someterse a ella sólo si desarrollan alguna de las actividades derivadas de los derechos anteriormente mencionados. Procede aclarar, por lo tanto, que los derechos obtenidos merced a un procedimiento que se ha ajustado a criterios objetivos (y, en primer lugar, a la normativa de la Unión) y que ha contado con la debida publicidad, no constituyen derechos especiales o exclusivos a efectos de la presente Directiva. La legislación debe incluir la Directiva 98/30/CE delParlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de 1998, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (1), la Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de diciembre de 1996, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad (2), la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales de la Comunidad y la mejora de la calidad del servicio (3), la Directiva 94/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 1994, sobre las condiciones para la concesión y el ejercicio de las autorizaciones de prospección, exploración y producción de hidrocarburos  (4), y el Reglamento (CE) no 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 1191/69 y (CEE) no 1107/70 del Consejo  (5). La creciente diversidad de formas en que puede manifestarse la acción del Estado hace necesario definir de forma precisa el propio concepto de contratación. Las normas de la Unión en materia de concesiones se refieren a la adquisición de obras o servicios cuya contrapartida consiste en la explotación de tales obras o servicios. El concepto de adquisición debe entenderse en sentido amplio como obtención de los beneficios derivados de las obras o servicios en cuestión, sin que sea necesaria en todos los casos una transferencia de la propiedad a los poderes o entidades adjudicadores. Por otro lado, la simple financiación de una actividad, que a menudo va ligada a la obligación de reembolsar las cantidades que no se hubieran destinado a los fines previstos, no entra en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

Exposición de motivos

La enmienda pretende recuperar de manera inequívoca la noción fundamental que ya se empleó en la Directiva 2004/17/CE relativa a la adjudicación de contratos de servicios públicos en sectores específicos, conforme a la cual, como se afirma en el considerando 25 de dicha Directiva, «los derechos que un Estado miembro reconozca, de cualquier forma, incluso mediante actos de concesión, a un número limitado de empresas basándose en criterios objetivos, proporcionados y no discriminatorios, que ofrezcan a todos los interesados que puedan cumplirlos la posibilidad de beneficiarse de los mismos, no deben considerarse como derechos especiales o exclusivos.» No se considera oportuno limitar este concepto con una enumeración de actos de la Unión Europea, que puede parecer taxativa y, por tanto, dar la impresión de excluir determinados actos legislativos o reglamentarios de los Estados miembros que, sin embargo, satisfacen criterios objetivos, proporcionados y no discriminatorios.

Enmienda 4

Considerando 10

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

(10)

Se ha considerado también necesario aclarar qué debe constituir una contratación única, con la consecuencia de que, a efectos de los umbrales fijados por lapresente Directiva, ha de tenerse en cuenta el valor agregado de todas las concesiones realizadas para dicha contratación, y la de que ésta debe anunciarse como un conjunto único, en su caso dividido en lotes. El concepto de contratación única abarca todos los suministros, obras y servicios necesarios para la ejecución de un determinado proyecto. Son, por ejemplo, indicación de la existencia de un proyecto único la labor previa de planificación y concepción global desarrollada por el poder adjudicador, o el hecho de que los distintos elementos adquiridos cumplan una función económica y técnica única, o que dichos elementos se encuentran lógicamente interconectados.

Exposición de motivos

La preparación y ejecución de una concesión pueden requerir años. Es de suponer que durante la preparación, el poder adjudicador tenga que solicitar dictámenes externos. De acuerdo con la definición, estos dictámenes contarían a la hora de evaluar la concesión. Eso no es lógico. Los contratos de otra índole y que se adjudican a otra parte, no deberían incluirse en la evaluación de la concesión. Si estos contratos representan un determinado valor, deben adjudicarse en base a la Directiva sobre la adjudicación de contratos y conforme a esta Directiva.

Esto concuerda además con anteriores dictámenes del Comité sobre el no agrupar innecesariamente los contratos.

Véase la enmienda 14.

Enmienda 5

Considerando (11)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

(11)

Para garantizar una verdadera apertura del mercado y un justo equilibrio en la aplicación de las normas de adjudicación de concesiones en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales es necesario que las entidades a las que se apliquen se definan de manera distinta, sin basar dicha definición en la referencia a su régimen jurídico. Por tanto, hay que velar por que no se atente contra la igualdad de trato entre las entidades adjudicadoras del sector público y del sector privado. También es necesario asegurarse de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 345 del Tratado, no se prejuzgue el régimen de la propiedad en los Estados miembros.

(11)

Para garantizar una verdadera apertura del mercado y un justo equilibrio en la aplicación de las normas de adjudicación de concesiones en los sectores de la energía, de los transportes y de los servicios postales es necesario que las entidades a las que se apliquen se definan de manera distinta, sin basar dicha definición en la referencia a su régimen jurídico. Por tanto, hay que velar por que no se atente contra la igualdad de trato entre las entidades adjudicadoras del sector público y del sector privado. También es necesario asegurarse de que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 345 del Tratado, no se prejuzgue el régimen de la propiedad en los Estados miembros.

Exposición de motivos

La voluntad inmediata del Parlamento Europeo en lo que respecta al sector del agua queda de manifiesto en las resoluciones de 14 de enero de 2004, 10 de marzo de 2004 y 31 de mayo de 2006. En ellas el Parlamento Europeo no se muestra partidario de una liberalización del sector del agua, sino en favor de una modernización que armonice los principios básicos de la economía, las normas de calidad y medioambientales y la necesaria eficacia. Por ello, no conviene añadir nuevas reglamentaciones por medio de una reglamentación horizontal.

Enmienda 6

Nuevo Considerando tras el Considerando 13

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

Exposición de motivos

El régimen de cooperación entre entes públicos (puesta en común de competencias de carácter convencional o institucional en el marco intermunicipal) no puede regirse por la legislación sobre el mercado interior.

Enmienda 7

Considerando (20)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

(20)

Un estudio de los servicios denominados prioritarios y no prioritarios (servicios «A» y «B») efectuado por la Comisión ha mostrado que no está justificado limitar la plena aplicación de la normativa de contratación pública a un determinado grupo de servicios. Por ello, la presente Directiva debe aplicarse a una serie de servicios (por ejemplo, los servicios de catering y distribución de agua) que muestran un potencial de comercio transfronterizo.

Exposición de motivos

La distinción fundamental entre servicios prioritarios y no prioritarios, y con ello la posición privilegiada de los servicios «B», debe mantenerse vigente. Los servicios sociales y de sanidad poseen muy escasa o ninguna relevancia para el mercado interior; se prestan, por lo general, a escala local, sobre el terreno. El agua es un bien esencial para la vida. Por tanto, en el sector del agua es preciso actuar de manera especialmente cautelosa y tener en cuenta aspectos específicos del medio ambiente e higiénicos. Asimismo, en consonancia con el artículo 17 de la Directiva 2006/123/CE relativa a los servicios en el mercado interior, los servicios relacionados con el uso del agua no deben incluirse en el ámbito de aplicación de la Directiva de adjudicación de contratos de concesión.

Enmienda 8

Considerando 22

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

(22)

Dada la importancia del contexto cultural y el carácter sensible de estos servicios, los Estados miembros deben disponer de mayor discreción para seleccionar los proveedores de los servicios de la manera que consideren más apropiada. Lo dispuesto en la presente Directiva no obsta para que los Estados miembros apliquen criterios específicos de calidad a la hora de seleccionar los proveedores de estos servicios, tales como los criterios expuestos en el Marco EuropeoVoluntario de Calidad de los Servicios Sociales del Comité de Protección Social de la Unión Europea. Los Estados miembros y las autoridades públicas siguen siendo libres de prestar ellos mismos estos servicios o de organizar los servicios sociales sin realizar concesiones, por ejemplo a través de la simple financiación de los mismos, o merced a la concesión de licencias y autorizaciones a todos los operadores económicos que cumplan unas condiciones establecidas de antemano por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora, sin imponer límites o cuotas y siempre que se garantice una publicidad suficiente y se respeten los principios de transparencia y no discriminación.

(22)

Dada la importancia del contexto cultural y el carácter sensible de estos servicios, los Estados miembros deben disponer de mayor discreción para seleccionar los proveedores de los servicios de la manera que consideren más apropiada. Lo dispuesto en la presente Directiva no obsta para que los Estados miembros apliquen criterios específicos de calidad a la hora de seleccionar los proveedores de estos servicios, tales como los criterios expuestos en el Marco EuropeoVoluntario de Calidad de los Servicios Sociales del Comité de Protección Social de la Unión Europea. Los Estados miembros y las autoridades públicas siguen siendo libres de prestar ellos mismos estos servicios o de organizar los servicios sociales sin realizar concesiones, por ejemplo a través de la simple financiación de los mismos, o merced a la concesión de licencias y autorizaciones a todos los operadores económicos que cumplan unas condiciones establecidas de antemano por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora, y siempre que se garantice una publicidad suficiente y se respeten los principios de transparencia y no discriminación.

Exposición de motivos

El Comité propone borrar este pasaje.

Hay licencias de explotación que regulan determinadas actividades y cuyo número es limitado, que no conviene adjudicar. Se trata de actividades que no se realizan para la autoridad pública en cuestión o el interés público, sino que son consideradas justamente potencialmente perjudiciales por la autoridad pública y por ello deben ser reguladas. Por ejemplo las licencias de prostitución. Es decir, el hecho de que un determinado tipo de licencia de explotación esté limitado en cuanto a número no debería implicar automáticamente una especie de procedimiento de adjudicación transparente.

Véase asimismo la enmienda 4.

Enmienda 9

Considerando 25

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

25.

Con el fin de garantizar la transparencia e igualdad de trato, los criterios de adjudicación de concesiones deben siempre ajustarse a una serie de pautas generales. Éstas han de hacerse públicas de antemano a todos los licitadores potenciales, deben estar relacionadas con el contenido del contrato y no conferir al poder adjudicador o la entidad adjudicadora una libertad de elección sin restricciones. Deben garantizar la posibilidad de competencia efectiva e ir acompañadas de requisitos que permitan que la información proporcionada por los licitadores se verifique efectivamente. Con el fin de dar cumplimiento a dichas pautas, y de aumentar al mismo tiempo la seguridad jurídica, los Estados miembros pueden disponer la utilización del criterio de la oferta económicamente más ventajosa.

25.

Con el fin de garantizar la transparencia e igualdad de trato, los criterios de adjudicación de concesiones deben siempre ajustarse a una serie de pautas generales. Éstas han de hacerse públicas de antemano a todos los licitadores potenciales. Deben garantizar la posibilidad de competencia efectiva e ir acompañadas de requisitos que permitan que la información proporcionada por los licitadores se verifique efectivamente. Con el fin de dar cumplimiento a dichas pautas, y de aumentar al mismo tiempo la seguridad jurídica, los Estados miembros pueden disponer la utilización del criterio de la oferta económicamente más ventajosa.

Exposición de motivos

Véanse las enmiendas 23 y 28.

Enmienda 10

Artículo 1, nuevo apartado 3

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

Artículo 1

Objeto y ámbito de aplicación

 

   

Exposición de motivos

El Comité opina que esta Directiva solo tiene que referirse a las concesiones que influyen en el mercado interior. En el caso de concesiones que no superen los umbrales europeos, no existe ningún «interés transfronterizo» y por ello, no está en juego el mercado interior. Con esta añadidura se garantiza el margen de maniobra de los poderes adjudicadores.

Enmienda 11

Artículo 2, apartado 1, punto 7

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 2

Definiciones

Artículo 2

Definiciones

1.   A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

1.   A efectos de la presente Directiva, se entenderá por:

(7)   «concesión de servicios»: un contrato a título oneroso celebrado por escrito entre uno o más operadores económicos y uno o más poderes o entidades adjudicadores, cuyo objeto es la prestación de servicios diferentes de los recogidos en los puntos 2 y 4, y la contrapartida de dichos servicios es, bien el derecho a explotar los servicios objeto del contrato únicamente, o este mismo derecho en conjunción con un pago;

(7)   «concesión de servicios»: un contrato a título oneroso celebrado por escrito entre uno o más operadores económicos y uno o más poderes o entidades adjudicadores, cuyo objeto es la prestación de servicios diferentes de los recogidos en los puntos 2 y 4, y la contrapartida de dichos servicios es, bien el derecho a explotar los servicios objeto del contrato únicamente, o este mismo derecho en conjunción con un pago;

 

Exposición de motivos

Es preciso aclarar la distinción entre una licencia, una licencia limitada, en que el poder adjudicador concede un derecho de explotación, y una concesión.

Una licencia puede imponer determinados requisitos a la manera en que se lleva a cabo una actividad. Pero además, también hay licencias que limitan incluso la actividad. Es lo que se llama una licencia de explotación o licencia limitada. Esto sucede casi siempre desde la perspectiva del orden público, la sanidad pública y/o la seguridad. Por ejemplo una licencia de explotación en el ámbito de la prostitución, la hostelería y los casinos.

Una concesión tiene puntos de contacto con una licencia de explotación de este tipo. La principal diferencia radica en el hecho de que en el caso de una concesión, el cumplimiento de la actividad es esencial para el poder adjudicador. Por ello, en una concesión, el cumplimiento de la actividad es legalmente exigible. Si el cumplimiento de la actividad, a la que se refiere el derecho de explotación, es legalmente exigible, entonces puede asumirse un «título oneroso». Este criterio se mantiene en la definición del contrato público.

Es importante que los poderes adjudicadores y los Estados miembros mantengan la libertad de elección del instrumento con el que quieren desempeñar sus cometidos. Una licencia, una licencia de explotación y una licencia limitada deben permanecer fuera del ámbito de aplicación de la Directiva. No es conveniente que se imponga una obligación de transparencia o una contratación pública obligatoria para la concesión de dichas licencias. La normativa nacional y la normativa descentralizada deben ser el punto de partida para decidir a quién se concede una licencia. Del considerando 6 del Preámbulo se desprende que la Comisión Europea comparte esta opinión.

Si bien la definición de concesión se refiere a la forma de un acuerdo, este tipo de criterios se interpretan de manera funcional. Debido a ello puede suceder que una licencia se considere de hecho como una concesión. Por ello, es preciso definir con mayor claridad la diferencia entre una licencia (de explotación) y una concesión en el Preámbulo y en la definición de concesiones.

Enmienda 12

Artículo 2, apartado 2

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 2

Definiciones

2.   El derecho a explotar obras o servicios, contemplado en los puntos 2, 4 y 7 del apartado 1, implica la transferencia al concesionario del riesgo operacional sustancial. Se considerará que el concesionario asume el riesgo operacional sustancial cuando no esté garantizado que vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la concesión. […]

Artículo 2

Definiciones

2.   El derecho a explotar obras o servicios, contemplado en los puntos 2, 4 y 7 del apartado 1, implica la transferencia al concesionario del riesgo operacional . Se considerará que el concesionario asume el riesgo operacional cuando no esté garantizado que vaya a recuperar las inversiones realizadas ni a cubrir los costes que haya contraído para explotar las obras o los servicios que sean objeto de la concesión. […]

Exposición de motivos

El concepto de «sustancial» referido al riesgo operacional debe evitarse. Definir o delimitar un elevado riesgo operacional, diferenciándolo de la obligación de servicio público, presenta por lo general problemas considerables a nivel municipal. La definición de «riesgo operacional sustancial» recogida en el proyecto de Directiva supera con creces la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE, que no plantea exigencias demasiado excesivas en cuanto al riesgo económico. Incluso en el caso de una obligación de conexión y de utilización en el ámbito del suministro de agua (sentencia del Tribunal de Justicia C-206/08 de 10 de septiembre de 2009, «Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha» (puntos 72-76)) el Tribunal parte de la hipótesis de una concesión de servicios que no está sujeta a la normativa de contratación pública.

Enmienda 13

Artículo 5

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 5

Umbrales

Artículo 5

Umbrales

1.   La presente Directiva se aplicará a las siguientes concesiones de un valor igual o superior a 5 000 000 EUR:

1.   La presente Directiva se aplicará a las siguientes concesiones de un valor igual o superior a 5 000 000 EUR:

a)

concesiones celebradas por entidades adjudicadoras con vistas al desarrollo de alguna de las actividades recogidas en el anexo III;

a)

concesiones celebradas por entidades adjudicadoras con vistas al desarrollo de alguna de las actividades recogidas en el anexo III;

b)

concesiones celebradas por poderes adjudicadores.

b)

concesiones celebradas por poderes adjudicadores.

 

 

a)

 

b)

2.   Las concesiones de servicios de un valor igual o superior a 2 500 000 EUR pero inferior a 5 000 000 EUR, exceptuando los servicios sociales y otros servicios específicos, deberán ajustarse a la obligación de publicar un anuncio de adjudicación de concesión de conformidad con los artículos 27 y 28.

2.   Las concesiones de servicios de un valor igual o superior a 2 500 000 EUR pero inferior a 5 000 000 EUR, exceptuando los servicios sociales y otros servicios específicos, deberán ajustarse a la obligación de publicar un anuncio de adjudicación de concesión de conformidad con los artículos 27 y 28.

 

Exposición de motivos

Las concesiones pueden tener un periodo de vigencia prolongado porque el empresario en cuestión debe poder recuperar su inversión. En el caso de concesiones con un periodo de vigencia prolongado, el umbral de 5 000 000 EUR para el valor total de la concesión es bajo. Sin embargo, el importe anual que gana el empresario con la concesión no llega a influir en el mercado interior. Por ello se aconseja establecer una distinción.

Enmienda 14

Artículo 6, apartado 2

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 6

Métodos de cálculo del valor estimado de las concesiones

Artículo 6

Métodos de cálculo del valor estimado de las concesiones

2.   El valor estimado de la concesión se calculará como el de la totalidad de las obras o los servicios, incluso si se adquieren merced a contratos diferentes, si tales contratos forman parte de un proyecto único. Son indicación de la existencia de un proyecto único la labor previa de planificación y concepción global desarrollada por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora, o el hecho de que los distintos elementos adquiridos cumplan una función económica y técnica única, o que dichos elementos se encuentren lógicamente interconectados.

2.   El valor estimado de la concesión se calculará un proyecto único..

Cuando el poder adjudicador o la entidad adjudicadora haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, tendrá en cuenta la cuantía de tales primas o pagos en el cálculo del valor estimado de la concesión.

Cuando el poder adjudicador o la entidad adjudicadora haya previsto abonar primas o efectuar pagos a los candidatos o licitadores, tendrá en cuenta la cuantía de tales primas o pagos en el cálculo del valor estimado de la concesión.

Exposición de motivos

Véase la enmienda 8.

Enmienda 15

Artículo 8, apartado 5

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 8

Exclusiones aplicables a las concesiones adjudicadas por poderes y entidades adjudicadores

Artículo 8

Exclusiones aplicables a las concesiones adjudicadas por poderes y entidades adjudicadores

5.   La presente Directiva no se aplicará a las concesiones de servicios:

5.   La presente Directiva no se aplicará a las concesiones de servicios:

a)

cuyo objeto sea la adquisición o el arrendamiento, independientemente del sistema de financiación, de terrenos, edificios ya existentes u otros bienes inmuebles, o relativos a derechos sobre estos bienes; no obstante, las concesiones de servicios financieros adjudicadas, bien al mismo tiempo, bien con anterioridad o posterioridad al contrato de adquisición o arrendamiento, en cualquiera de sus formas, se regularán por lo dispuesto en la presente Directiva;

a)

cuyo objeto sea la adquisición o el arrendamiento, independientemente del sistema de financiación, de terrenos, edificios ya existentes u otros bienes inmuebles, o relativos a derechos sobre estos bienes; no obstante, las concesiones de servicios financieros adjudicadas, bien al mismo tiempo, bien con anterioridad o posterioridad al contrato de adquisición o arrendamiento, en cualquiera de sus formas, se regularán por lo dispuesto en la presente Directiva;

b)

cuyo objeto sea la compra, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas destinados a la radiodifusión, definida como transmisión y distribución a través de cualquier tipo de red electrónica, adjudicadas por los organismos de radiodifusión, ni tampoco a las concesiones relativas al tiempo de radiodifusión adjudicadas a los organismos de radiodifusión;

b)

cuyo objeto sea la compra, el desarrollo, la producción o la coproducción de programas destinados a la radiodifusión, definida como transmisión y distribución a través de cualquier tipo de red electrónica, adjudicadas por los organismos de radiodifusión, ni tampoco a las concesiones relativas al tiempo de radiodifusión adjudicadas a los organismos de radiodifusión;

c)

de arbitraje y de conciliación;

c)

de arbitraje y de conciliación;

d)

financieros ligados a la emisión, la compra, la venta o la transmisión de títulos u otros instrumentos financieros, a tenor de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, ni a los servicios de los Bancos Centrales y las operaciones efectuadas en el marco de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF).

d)

financieros ligados a la emisión, la compra, la venta o la transmisión de títulos u otros instrumentos financieros, a tenor de la Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, ni a los servicios de los Bancos Centrales y las efectuadas en el marco de la Facilidad Europea de Estabilidad Financiera (FEEF);

e)

relativos a contratos de trabajo;

e)

relativos a contratos de trabajo;

f)

de transporte aéreo basados en la concesión de una licencia de explotación en el sentido del Reglamento (CE) 1008/2008 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo (7);

f)

de transporte aéreo basados en la concesión de una licencia de explotación en el sentido del Reglamento (CE) 1008/2008 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo (7);

g)

relativos a servicios públicos de transporte de viajeros, a tenor del Reglamento (CE) no 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (8);

g)

relativos a servicios públicos de transporte de viajeros, a tenor del Reglamento (CE) no 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (8).

 

 

Los servicios de radiodifusión contemplados en la letra b) del presente apartado incluirán la transmisión y distribución a través de cualquier tipo de red electrónica.

Los servicios de radiodifusión contemplados en la letra b) del presente apartado incluirán la transmisión y distribución a través de cualquier tipo de red electrónica.

Exposición de motivos

Se trata de mantener la coherencia con la enmienda 5 al considerando 11.

Enmienda 16

Artículo 15, apartado 1

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 15

Relaciones entre autoridades públicas

Artículo 15

Relaciones entre autoridades públicas

1.   Las concesiones adjudicadas por un poder adjudicador o una entidad adjudicadora contemplados en el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, a otra persona jurídica no entrarán en el ámbito de aplicación de la presente Directiva cuando concurran todas las condiciones siguientes:

1.   Las concesiones adjudicadas por un poder adjudicador o una entidad adjudicadora contemplados en el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, a otra persona jurídica no entrarán en el ámbito de aplicación de la presente Directiva cuando concurran todas las condiciones siguientes:

a)

que dicho poder o entidad ejerza sobre la persona jurídica un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios;

a)

que dicho poder o entidad ejerza sobre la persona jurídica un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios;

b)

que al menos el 90 % de las actividades de esa persona jurídica se lleven a cabo para el poder o la entidad que la controla o para otras personas jurídicas controladas por el mismo poder o entidad;

b)

que al menos el % de las actividades de persona jurídica se lleven a cabo para el poder o la entidad que la controla o para otras personas jurídicas controladas por el mismo poder o entidad;

c)

que en la persona jurídica controlada no exista participación privada.

c)

que en la persona jurídica controlada no exista participación privada .

Se considerará que el poder adjudicador o la entidad adjudicadora contemplados en el artículo 4, apartado 1, párrafo primero ejerce sobre una persona jurídica un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, según dispone la letra a) del párrafo primero, cuando influya de forma decisiva tanto en los objetivos estratégicos como en las decisiones fundamentales de la persona jurídica controlada.

Se considerará que el poder adjudicador o la entidad adjudicadora contemplados en el artículo 4, apartado 1, párrafo primero ejerce sobre una persona jurídica un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios, según dispone la letra a) del párrafo primero, cuando influya de forma decisiva tanto en los objetivos estratégicos como en las decisiones fundamentales de la persona jurídica controlada.

Enmienda 17

Artículo 15, apartado 2

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 15

Relaciones entre autoridades públicas

2.   El apartado 1 se aplicará también cuando una entidad controlada que sea una entidad o poder adjudicador en el sentido del artículo 4, apartado 1, párrafo primero, adjudique una concesión a la entidad que la controla, o a otra persona jurídica controlada por el mismo poder adjudicador, siempre que en la persona jurídica a la que se adjudica la concesión pública no exista participación privada.

Artículo 15

Relaciones entre autoridades públicas

2.   El apartado 1 se aplicará también cuando una entidad controlada que sea una entidad o poder adjudicador en el sentido del artículo 4, apartado 1, párrafo primero, adjudique una concesión a la entidad que la controla, o a otra persona jurídica controlada por el mismo poder adjudicador, siempre que en la persona jurídica a la que se adjudica la concesión pública no exista participación privada .

Exposición de motivos

La disposición mencionada solo debería servir para una participación privada en capital, de tipo «operativo» o «activo», de las personas jurídicas controladas que podrían influir en sus decisiones de gestión. Por ello, las inversiones bajo la forma de puras tomas de participación en el capital de una entidad (por ejemplo, bajo la forma de aportaciones tácitas) deberían ser posibles, sin contravenir la exención de las estructuraciones internas o la cooperación horizontal entre instancias públicas. La propia Comisión Europea argumenta en este sentido en su Comunicación del 5 de febrero de 2008 sobre las asociaciones público-privadas institucionalizadas (APPI). Es necesario autorizar las participaciones puras en el capital, para que los entes territoriales puedan garantizar al ciudadano una oferta de servicios a un precio asequible.

Enmienda 18

Artículo 15, apartado 3

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 15

Relaciones entre autoridades públicas

Artículo 15

Relaciones entre autoridades públicas

3.   Sin embargo, un poder adjudicador o una entidad adjudicadora en el sentido del artículo 4, apartado 1, párrafo primero, que no ejerza control sobre una persona jurídica en el sentido del apartado 1, podrá adjudicar una concesión a una persona jurídica sobre la que ejerce un control de forma conjunta con otros poderes o entidades adjudicadores, sin aplicar las disposiciones de la presente Directiva, cuando se cumplan las condiciones siguientes:

3.   Sin embargo, un poder adjudicador o una entidad adjudicadora en el sentido del artículo 4, apartado 1, párrafo primero, que no ejerza control sobre una persona jurídica en el sentido del apartado 1, podrá adjudicar una concesión a una persona jurídica sobre la que ejerce un control de forma conjunta con otros poderes o entidades adjudicadores, sin aplicar las disposiciones de la presente Directiva, cuando se cumplan las condiciones siguientes:

a)

que los poderes o entidades adjudicadores contemplados en el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, ejerzan conjuntamente sobre la persona jurídica un control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios;

a)

que los poderes o entidades adjudicadores contemplados en el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, ejerzan conjuntamente sobre la persona jurídica un control análogo al que ejercen sobre sus propios servicios;

b)

que al menos el 90 % de las actividades de esa persona jurídica se lleven a cabo para los poderes o entidades contemplados en el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, o para otras personas jurídicas controladas por la misma entidad o poder;

b)

que al menos el % de las actividades de persona jurídica se lleven a cabo para los poderes o entidades contemplados en el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, o para otras personas jurídicas controladas por la misma entidad o poder;

c)

que en la persona jurídica objeto de control no exista participación privada.

c)

que en la persona jurídica objeto de control no exista participación privada .

Exposición de motivos

Se trata de mantener la coherencia con la enmienda 16 al artículo 15, apartado 1.

Enmienda 19

Artículo 15, apartado 4

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 15

Relaciones entre autoridades públicas

Artículo 15

Relaciones entre autoridades públicas

4.   Se considerará que los acuerdos celebrados entre dos o más poderes o entidades adjudicadores, contemplados en el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, no son concesiones a efectos del artículo 2, párrafo primero, punto 1 de la presente Directiva, cuando concurran todas las condiciones siguientes:

4.   Se considerará que los acuerdos celebrados entre dos o más poderes o entidades adjudicadores, contemplados en el artículo 4, apartado 1, párrafo primero, no son concesiones a efectos del artículo 2, párrafo primero, punto 1 de la presente Directiva, cuando concurran todas las condiciones siguientes:

a)

que el acuerdo establezca una auténtica cooperación entre los poderes o entidades participantes para la ejecución conjunta de obligaciones de servicio público, lo que conlleva la fijación mutua de derechos y obligaciones;

b)

que el acuerdo se rija exclusivamente por consideraciones de interés público;

c)

que los poderes o entidades adjudicadores participantes no realicen en el mercado libre más de un 10 % del volumen de negocios obtenido merced a las actividades pertinentes en el marco del acuerdo;

c)

que los poderes adjudicadores participantes no mercado libre;

d)

que el acuerdo no conlleve transferencias financieras entre los poderes y entidades adjudicadores participantes, excepto las correspondientes al reembolso del coste real de las obras, los servicios o los suministros;

d)

que el acuerdo no conlleve transferencias financieras entre los poderes y entidades adjudicadores participantes, excepto las correspondientes al reembolso del coste real de las obras, los servicios o los suministros;

e)

que en ninguno de los poderes o entidades adjudicadores exista participación privada.

e)

que en ninguno de los poderes o entidades adjudicadores exista participación privada.

Exposición de motivos

Los contratos de concesión entre poderes adjudicadores deberían estar totalmente exentos (en el marco de un uso responsable del dinero de los contribuyentes) de las normas de adjudicación, en las condiciones mencionadas en las letras c) a e).

Los poderes adjudicadores han de tener también la posibilidad de cooperar en ámbitos que no afectan a servicios públicos directos. Por ejemplo una cooperación en relación con procesos que facilitan y apoyan a sus organizaciones como TIC, vivienda, adquisiciones y catering.

Este tipo de cooperación entre poderes adjudicadores no es siempre equiparable a un acuerdo de cooperación. Se dan casos en que las administraciones más grandes realizan trabajos para las administraciones más pequeñas. Por ello es conveniente que un poder adjudicador pueda ejecutar un contrato de concesión para otro poder adjudicador. Esto favorece un uso eficaz del dinero público.

El Tribunal de Justicia de la UE no ha afirmado que el volumen de negocios de los poderes adjudicadores en el mercado libre no pueda superar el 10 % del total. El porcentaje dependerá del tipo de actividad y de otras circunstancias relevantes. Es importante que la excepción no deje de ser aplicable en cuanto se produzca cualquier tipo de participación privada. Únicamente darán lugar a una obligación de licitación pública los casos de participación privada activa, es decir, cuando el socio participante sea una empresa privada activa en el mercado.

Enmienda 20

Artículo 15, apartado 5

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 15

Relaciones entre autoridades públicas

Artículo 15

Relaciones entre autoridades públicas

La inexistencia de participación privada contemplada en los apartados 1 a 4 se comprobará en el momento de la adjudicación de la concesión o de la celebración del acuerdo.

Las excepciones que establece el presente artículo dejarán de surtir efecto desde el momento en que exista participación privada, con la consecuencia de que deberá convocarse una licitación para la adjudicación de las concesiones vigentes a través de los procedimientos de contratación normales.

Exposición de motivos

Para conseguir los objetivos establecidos de simplificación de la legislación sobre concesiones, habría que evitar explicaciones complicadas en el texto jurídico, ya que no aumentan la certidumbre jurídica y van más allá de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE.

Enmienda 21

Artículo 26, apartado 3

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 26

Anuncios de concesión

Artículo 26

Anuncios de concesión

3.   Los poderes y entidades adjudicadores que deseen adjudicar una concesión de servicios sociales u otros servicios específicos darán a conocer su intención a través de la publicación de un anuncio de información previa lo antes posible una vez iniciado el ejercicio presupuestario. Estos anuncios contendrán la información recogida en el anexo XIII.

   

Exposición de motivos

Los servicios sociales no tienen relevancia, o son muy poco relevantes, para el mercado interior y, por regla general, se prestan a nivel local, sobre el terreno. En este ámbito, las obligaciones de información representan por lo tanto una carga desproporcionada para las entidades adjudicadoras. Puesto que el objetivo fundamental de la reforma es simplificar la legislación en materia de contratación pública, endurecer la normativa está especialmente contraindicado en este sector de la prestación de servicios.

Enmienda 22

Artículo 35

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 35

Garantías procedimentales

Artículo 35

Garantías procedimentales

1.   Los poderes y entidades adjudicadores facilitarán en el anuncio del contrato, en la convocatoria de ofertas o en los documentos relativos a la concesión una descripción de la concesión, los criterios de adjudicación y los requisitos mínimos que deben cumplirse. Esta información deberá permitir identificar la naturaleza y envergadura de la concesión de forma que los operadores económicos puedan decidir si van a solicitar su participación en el procedimiento de adjudicación. La descripción, los criterios de adjudicación y los requisitos mínimos no podrán cambiarse en el transcurso de las negociaciones.

1.   Los poderes y entidades adjudicadores facilitarán en el anuncio del contrato, en la convocatoria de ofertas o en los documentos relativos a la concesión una descripción de la concesión, los criterios de adjudicación y los requisitos mínimos que deben cumplirse. Esta información deberá permitir identificar la naturaleza y envergadura de la concesión de forma que los operadores económicos puedan decidir si van a solicitar su participación en el procedimiento de adjudicación.

 

 

   

 

   

Exposición de motivos

Durante el procedimiento, un poder adjudicador puede tener necesidad de hacer una modificación o adaptación en la concesión, a raíz de las preguntas y observaciones de los licitadores. Mediante las negociaciones o rondas de diálogo, el poder adjudicador intenta ajustar la demanda a la oferta. Por ello ha de ser posible modificar y complementar parcialmente los requisitos mínimos y los subcriterios de selección en base a los nuevos criterios surgidos durante las negociaciones o rondas de diálogo, pues de lo contrario el procedimiento de adjudicación perdería su utilidad.

En la actualidad, en caso de modificación sustancial del contrato deberá suspenderse momentáneamente el procedimiento y llevarse a cabo una nueva convocatoria. El Comité aconseja por ello idear una manera sencilla de que los poderes adjudicadores puedan modificar su concesión mediante una rectificación oficial, con una breve ampliación del plazo de presentación de las licitaciones.

Enmienda 23

Artículo 36, apartado 1

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 36

Selección y evaluación cualitativa de los candidatos

Artículo 36

Selección y evaluación cualitativa de los candidatos

1.   Los poderes adjudicadores especificarán en el anuncio de concesión las condiciones de participación en relación con los siguientes aspectos:

1.   Los poderes adjudicadores especificarán en el anuncio de concesión las condiciones de participación en relación con los siguientes aspectos:

(a)

habilitación para el ejercicio de la actividad profesional;

(a)

habilitación para el ejercicio de la actividad profesional;

(b)

la solvencia económica y financiera;

(b)

la solvencia económica y financiera;

(c)

la capacidad técnica y profesional.

(c)

la capacidad técnica y profesional.

Los poderes adjudicadores limitarán las condiciones de participación a las adecuadas para garantizar que un candidato o licitador tenga la capacidad jurídica y financiera y las competencias comerciales y técnicas para ejecutar la concesión. Todos los requisitos guardarán una relación y una proporción con el objeto del contrato, teniendo en cuenta la necesidad de garantizar una competencia real.

Los poderes adjudicadores limitarán las condiciones de participación a las adecuadas para garantizar que un candidato o licitador tenga la capacidad jurídica y financiera y las competencias comerciales y técnicas para ejecutar la concesión. Todos los requisitos en cuenta la necesidad de garantizar una competencia real.

Los poderes y entidades adjudicadores indicarán también en el anuncio de concesión la referencia o referencias que deberán presentarse como prueba de la capacidad del operador económico. Los requisitos con respecto a esas referencias serán no discriminatorios y proporcionales al objeto de la concesión.

Los poderes y entidades adjudicadores indicarán también en el anuncio de concesión la referencia o referencias que deberán presentarse como prueba de la capacidad del operador económico. Los requisitos con respecto a esas referencias serán no discriminatorios y proporcionales al objeto de la concesión.

Exposición de motivos

Véanse las enmiendas 2 y 28.

Enmienda 24

Artículo 36, apartado 7

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 36

Selección y evaluación cualitativa de los candidatos

7.   Los Estados miembros podrán establecer que los poderes y entidades adjudicadores excluyan la participación en una adjudicación de concesión de cualquier operador económico si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

Artículo 36

Selección y evaluación cualitativa de los candidatos

7.   Los podrán establecer que los poderes y entidades adjudicadores excluyan la participación en una adjudicación de concesión de cualquier operador económico si se cumple alguna de las siguientes condiciones:

Exposición de motivos

El Comité considera que esto es competencia de los poderes adjudicadores.

Enmienda 25

Artículo 38, nuevo apartado 3

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 38

Fecha límite de presentación de las solicitudes de participación en las concesiones

Artículo 38

Fecha límite de presentación de las solicitudes de participación en las concesiones

 

   

Exposición de motivos

Determinadas concesiones no despiertan mucho interés. No tiene sentido realizar el procedimiento completo si solo hay una parte interesada. Además, una negociación libre en una situación como esta aportará un resultado más favorable para el poder adjudicador.

Enmienda 26

Artículo 39, apartado 2

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 39

Criterios de adjudicación de concesiones

Artículo 39

Criterios de adjudicación de concesiones

Esos criterios estarán vinculados al objeto de la concesión y no conferirán al poder adjudicador o la entidad adjudicadora una libertad de elección ilimitada.

Deberán garantizar una competencia efectiva e ir acompañados de requisitos que permitan que la información proporcionada por los licitadores se verifique efectivamente. Los poderes y entidades adjudicadores verificarán efectivamente, a partir de la información o las pruebas suministradas por los licitadores, si las ofertas se ajustan a los criterios de adjudicación.

Exposición de motivos

Esta disposición es superflua. No aporta ningún valor añadido y, en aras de la simplificación a que se aspira, debería suprimirse. Su contenido ya está incluido en los principios generales del Derecho primario.

Enmienda 27

Artículo 39, apartado 4

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 39

Criterios de adjudicación de concesiones

4.   Los Estados miembros podrán disponer que los poderes y entidades adjudicadores basen la adjudicación de las concesiones en el criterio de la oferta económicamente más ventajosa, de conformidad con el apartado 2. Entre los criterios podrán figurar, además del precio o los costes:

Artículo 39

Criterios de adjudicación de concesiones

4.   Los Estados miembros podrán disponer que los poderes y entidades adjudicadores basen la adjudicación de las concesiones en el criterio de la oferta económicamente más ventajosa, de conformidad con el apartado 2. Entre los criterios podrán figurar, además del precio o los costes :

Exposición de motivos

El Comité considera conveniente mantener el criterio del «precio más bajo». En la actual descripción no queda claro si ello es posible. También en el criterio de adjudicación «precio más bajo» puede desempeñar un papel la calidad, concretamente en forma de requisitos mínimos. A este respecto, los poderes adjudicadores deben poder elegir libremente. Además, los poderes adjudicadores a menudo deben cumplir también un objetivo de reducción de costes que ha de tenerse en cuenta al ponderar la elección del criterio de adjudicación.

Enmienda 28

Artículo 39, apartado 4, letra a)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 39

Criterios de adjudicación de concesiones

Artículo 39

Criterios de adjudicación de concesiones

4.   …

4.   …

a)

la calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad, el diseño para todos los usuarios, las características medioambientales y el carácter innovador;

a)

la calidad, incluido el valor técnico, las características estéticas y funcionales, la accesibilidad, el diseño para todos los usuarios, las características medioambientales y el carácter innovador;

Exposición de motivos

Algunos poderes adjudicadores quieren poder imponer criterios sociales a sus contratos públicos y concesiones. Estos criterios sociales no suelen formar parte de la evaluación porque dichos criterios no guardan suficiente relación directa con el contrato. Por este motivo se han añadido a la Directiva sobre la adjudicación de contratos. Se aconseja indicar en la Directiva, expresamente, la posibilidad de imponer criterios sociales en la adjudicación de contratos. De este modo se brinda a los poderes adjudicadores que lo deseen la posibilidad de imponer criterios sociales. En el considerando 29 se hace referencia a este tipo de requisitos sociales, pero no se retoman en el artículo correspondiente.

Véanse asimismo las enmiendas 2 y 25.

Enmienda 29

Artículo 40, apartado 3

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 40

Costes del ciclo de vida

Artículo 40

Costes del ciclo de vida

3.   Cuando, como parte de un acto legislativo de la Unión, incluidos los actos delegados de la reglamentación específica del sector, se adopte un método común de cálculo de los costes del ciclo de vida, deberá aplicarse cuando entre los criterios de adjudicación citados en el artículo 39, apartado 4, se incluyan tales costes.

   

En el anexo II se expone una lista de estos actos legislativos y delegados. Se otorgarán a la Comisión poderes para adoptar actos delegados de conformidad con el artículo 46 a fin actualizar esta lista cada vez que, debido a la adopción de nuevas disposiciones, o de la modificación o derogación de otras, sean necesarias tales modificaciones.

Exposición de motivos

Cabe acoger con satisfacción que la Comisión aliente a la entidad adjudicadora a tener en cuenta el coste del ciclo de vida en la adjudicación de los contratos de concesión. No obstante, esta obligación va demasiado lejos, en la medida en que se refiere a un método de cálculo todavía inexistente y que deberá determinarse en el futuro. Debe rechazarse la imposición de una obligación jurídica destinada a tener en cuenta un método inexistente, debido a la imprevisibilidad de una situación de este tipo.

Enmienda 30

Artículo 42, apartado 4

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 42

Modificación de las concesiones durante su vigencia

4.   Cuando el valor de una modificación pueda expresarse en términos monetarios, la modificación no se considerará sustancial a efectos del apartado 1 si su valor no supera los umbrales establecidos en el artículo 5 ni excede un 5 % del precio del contrato original, siempre que la modificación no altere el carácter global del contrato. Cuando se realicen varias modificaciones sucesivas, el valor se calculará partiendo del valor agregado de tales modificaciones.

Artículo 42

Modificación de las concesiones durante su vigencia

4.   Cuando el valor de una modificación pueda expresarse en términos monetarios, la modificación no se considerará sustancial a efectos del apartado 1 si su valor no supera los umbrales establecidos en el artículo 5 ni excede un  % del precio del contrato original, siempre que la modificación no altere el carácter global del contrato. Cuando se realicen varias modificaciones sucesivas, el valor se calculará partiendo del valor agregado de tales modificaciones.

Exposición de motivos

El Comité aconseja aumentar el porcentaje de modificaciones admisibles. Al fin y al cabo hay que tener en cuenta el hecho de que las concesiones suelen tener un periodo de vigencia más prolongado que los contratos públicos.

Enmienda 31

Anexo III, apartado 3

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

ANEXO III

ACTIVIDADES EJERCIDAS POR LAS ENTIDADES ADJUDICADORAS, MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 4

Las disposiciones de la presente Directiva, que regula las concesiones adjudicadas por las entidades adjudicadoras, se aplicarán a las siguientes actividades:

ANEXO III

ACTIVIDADES EJERCIDAS POR LAS ENTIDADES ADJUDICADORAS, MENCIONADAS EN EL ARTÍCULO 4

Las disposiciones de la presente Directiva, que regula las concesiones adjudicadas por las entidades adjudicadoras, se aplicarán a las siguientes actividades:

3)

En lo que respecta al agua:

a)

la puesta a disposición o la explotación de redes fijas destinadas a prestar un servicio al público en relación con la producción, el transporte o la distribución de agua potable;

b)

el suministro de agua potable a dichas redes.

La presente Directiva se aplicará también a las concesiones adjudicadas u organizadas por entidades que desarrollan alguna de las actividades mencionadas y que se encaminan a alguno de los siguientes proyectos:

a)

proyectos de ingeniería hidráulica, irrigación o drenaje y el volumen de agua destinado al abastecimiento de agua potable represente más del 20 % del volumen de agua total disponible gracias a dichos proyectos o a dichas instalaciones de irrigación o drenaje;

b)

eliminación o tratamiento de aguas residuales.

No se considerará actividad pertinente a efectos del apartado 1 el suministro de agua potable a redes destinadas a prestar un servicio al público por parte de una entidad adjudicadora mencionada en el artículo 4, apartado 1, párrafo primero y artículo 4, apartado 2, cuando concurran todas las condiciones siguientes:

a)

que la producción de agua potable por parte de la entidad de que se trate se realice porque su consumo es necesario para el ejercicio de una actividad distinta de las contempladas en los apartados 1 a 4 del presente anexo;

b)

que la alimentación de la red pública dependa exclusivamente del propio consumo de la entidad y no haya superado el 30 % de la producción total de agua potable de la entidad tomando en consideración la media de los tres últimos años, incluido el año en curso.

Exposición de motivos

Se trata de mantener la coherencia con las enmiendas 1, 5 y 15.

Enmienda 32

Anexo IV, título

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Exposición de motivos

El Comité recomienda mantener la flexibilidad en los procedimientos y por ello aconseja que, en lugar de un extenso anuncio, se ofrezca la posibilidad de incluir estos datos en el documento de concesión. La práctica demuestra que estos temas requieren una explicación que es preferible facilitar en el correspondiente documento de concesión. La transparencia está garantizada porque el documento de concesión es enviado previamente a las partes interesadas.

Bruselas, 19 de julio de 2012.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO


(1)  DO L 204 de 21.7.1998, p. 1.

(2)  DO L 27 de 30.1.1997, p. 20.

(3)  DO L 15 de 21.1.1998, p. 14.

(4)  DO L 164 de 30.6.1994, p. 3.

(5)  DO L 315 de 3.12.2007, p. 1.

(6)  Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad.

(7)  DO L 293 de 31.10.2008, p. 3

(8)  DO L 315 de 3.12.2007


13.9.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 277/96


Dictamen del Comité de las Regiones — Propuesta de Reglamento relativo a la cooperación territorial europea

2012/C 277/10

El COMITÉ DE LAS REGIONES

acoge con satisfacción la idea de un reglamento específico sobre la cooperación territorial europea (CTE), ya que contribuye de modo destacado al objetivo de la cohesión territorial, así como el aumento de su asignación presupuestaria; el CDR insta a que los fondos comunitarios se distribuyan a través de los programas de cooperación y no a través de los Estados miembros;

señala que, debido a su carácter multilateral, la CTE no puede gestionarse mediante el instrumento del contrato de asociación. Por lo tanto, debería situarse expresamente fuera de su ámbito de aplicación;

lamenta que el nuevo reglamento no se adapte a los pequeños proyectos, y pide a la Comisión Europea que conceda exenciones a los pequeños programas transfronterizos y a las operaciones de pequeña escala; en particular aquellos que reciben menos de 35 000 euros;

considera que la concentración temática no debería aplicarse automáticamente a la CTE, ya que teme que si ésta se centrara única y exclusivamente en las prioridades básicas de la Estrategia UE 2020, sería incapaz de cumplir su papel único y diferenciador; por lo tanto, recomienda que se aumente el número de objetivos temáticos de 4 a 5 y que se amplíe la lista de prioridades de inversión; solicita asimismo que los objetivos temáticos se complementen con otros ámbitos como el turismo, el transporte marítimo respetuoso con el clima, la cultura o las repercusiones del cambio demográfico;

considera que el CDR debe desempeñar un papel activo en la promoción de la CTE y en la identificación y eliminación de los obstáculos durante su puesta en práctica;

solicita que la cofinanciación para las regiones menos desarrolladas se establezca en un 85 %, de acuerdo al Reglamento General no 1083/2006;

está de acuerdo con la exención concedida a las regiones ultraperiféricas en términos de porcentajes de cofinanciación y de financiación, y pide que se establezcan condiciones especiales para las zonas que fueron fronteras exteriores de la Comunidad hasta el 30 de abril de 2004 y el 31 de diciembre de 2006;

pide el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre todos los fondos y programas de cooperación territorial; destaca también la necesidad de coordinar mejor la CTE con los programas financieros externos de la UE, y aclarar las normas relativas a la participación de terceros países en los programas de CTE;

subraya el papel clave desempeñado por las AECT en el fortalecimiento de la cooperación territorial e insta a los Estados miembros a eliminar las barreras que impiden la creación o buen funcionamiento de las AECT.

Ponente

Petr OSVALD (CZ/PSE), Concejal de Plzeň

Texto de referencia

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de cooperación territorial europea

COM(2011) 611 final – 2011/0273 (COD)

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Consideraciones generales

1.

acoge con satisfacción un reglamento aparte sobre la cooperación territorial europea (CTE), que permitirá tomar en consideración el objetivo, y los aspectos específicos y el estatuto de la cooperación territorial como segundo objetivo de la política de cohesión; mediante esta propuesta de Reglamento específico se pone de relieve la contribución de la CTE a la promoción del nuevo objetivo de la cohesión territorial que figura en el Tratado y al cumplimiento del conjunto de los objetivos de la política de cohesión, y se refuerza la importancia de la CTE por su orientación hacia la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional;

2.

está de acuerdo en que el papel de la cooperación territorial europea es mucho más importante si se tiene en cuenta que los problemas a los que se enfrentan los Estados miembros y las regiones sobrepasan cada vez con mayor frecuencia las fronteras nacionales o regionales y requieren medidas de cooperación mutua dentro del correspondiente nivel territorial, pudiendo contribuir, por tanto, de un modo destacado a favorecer el nuevo objetivo del Tratado, que es la cohesión territorial;

3.

apoya en principio las propuestas de la Comisión para alinear la cooperación territorial con la Estrategia Europa 2020, insistiendo en la necesidad de que exista flexibilidad suficiente para responder adecuadamente a las necesidades sobre el terreno, y por lo tanto acoge favorablemente que se mantengan las tres orientaciones (cooperación transfronteriza, transnacional e interregional) de la CTE en todas las regiones de Europa. La cooperación en proyectos y estructuras transfronterizos ya contribuye actualmente de manera eficaz a la integración europea. También valora positivamente la mayor participación de terceros países;

4.

considera que, en el marco de la cooperación territorial europea, la cooperación transfronteriza debería seguir desempeñando un papel clave y, por consiguiente, se identifica, en líneas generales, con la propuesta sobre el reparto de las asignaciones entre los diferentes tipos de CTE;

5.

advierte que el reglamento es demasiado exigente, complicado y detallado para programas pequeños de cooperación transfronteriza en particular, y que esta circunstancia puede impedir la realización de operaciones pequeñas, pero a menudo muy eficaces. Pide, por tanto, a la Comisión Europea que considere la necesidad de aplicar todas las disposiciones de este reglamento también a estos programas. Si se quiere alcanzar el objetivo de la máxima eficacia, no es posible imponer a los programas y operaciones de menor envergadura las mismas exigencias que a los grandes programas y operaciones;

6.

apoya la metodología actual de delimitación de regiones con fines de cooperación transfronteriza, y sugiere que se amplíe la gama de territorios elegibles para la cooperación transfronteriza (orientación A), a fin de permitir que también se tengan en cuenta las relaciones funcionales transfronterizas para la participación en los programas. En este contexto, la adopción de la decisión de asociar al programa a las regiones que presentan correspondencias funcionales, que son especialmente importantes para lograr los objetivos, no debería esperar hasta el inicio del procedimiento de aprobación del programa; aprueba, asimismo, que se brinden mayores posibilidades para realizar proyectos multilaterales en zonas en las que no esté previsto poner en marcha proyectos multilaterales de cooperación;

7.

destaca el papel esencial de la CTE para desarrollar la cooperación transnacional, en particular para fomentar el desarrollo territorial integrado en zonas coherentes, y para respaldar los proyectos de desarrollo de las estrategias macrorregionales; acoge favorablemente que se mantengan en principio las zonas de cooperación transnacional que han demostrado su eficacia (orientación B) y que las macroestrategias de la UE no conduzcan a la creación de nuevas zonas de cooperación ni a excluir a algunas zonas de la cooperación transnacional. Además, se congratula en principio de que también se apoye el desarrollo y la aplicación de estrategias macrorregionales en el marco de la cooperación transnacional;

8.

destaca el potencial de la cooperación interregional, en particular por su efecto multiplicador en el uso de los Fondos Estructurales; considera que el fomento de la cooperación interregional (orientación C) es un instrumento excelente para apoyar el intercambio de experiencias y la cooperación entre los entes locales y regionales en el ámbito de la política de cohesión, e insta a que se aprovechen mejor de lo que se ha hecho hasta ahora los resultados de estos intercambios de experiencias para las estrategias de desarrollo locales y regionales (capitalización);

Objetivo de la CTE y concentración temática

9.

advierte, no obstante, que la Cooperación Territorial Europea debería sobre todo:

resolver los problemas transfronterizos mediante la cooperación entre todas las regiones afectadas,

servir como un mecanismo efectivo para intercambiar buenas prácticas y aprender,

contribuir a solucionar problemas específicos de manera eficaz gracias a las economías de escala y la obtención de una masa crítica,

mejorar la gobernanza como resultado de la coordinación de las políticas sectoriales y de las acciones e inversiones a escala transfronteriza y transnacional,

contribuir a la seguridad y la estabilidad, así como a relaciones mutuamente provechosas,

allí donde sea necesario, favorecer el crecimiento, el empleo y la gestión basada en los ecosistemas,

tal como se indica en la exposición de motivos de la propuesta de reglamento;

10.

en opinión del Comité de las Regiones, la cooperación territorial europea debería, por tanto, contribuir a la creación a nivel europeo de una conciencia de pertenencia y de interdependencia, a la eliminación de los prejuicios y al desarrollo territorial de las regiones implicadas. Por este motivo, el Comité de las Regiones considera que no se puede aplicar automáticamente a la cooperación territorial europea la concentración temática, y que es necesario tener en cuenta el nivel y el potencial de cada una de las regiones, es decir, no optar por aplicar el principio de «one size fits all», es decir, igualdad de prioridades para todos, sino el de «place based approach» (un enfoque local). El Comité de las Regiones teme que, si la cooperación territorial europea y sobre todo la cooperación transfronteriza se orientara única y exclusivamente a las prioridades básicas de la Estrategia UE 2020 y a los objetivos temáticos, sería incapaz de cumplir su único y singular cometido, convirtiéndose en una mera variante de la política básica de cohesión con una forma distinta de reparto;

11.

pide que el cambio demográfico y sus repercusiones en los servicios de interés general, así como el desarrollo regional sostenible, se introduzcan como temas independientes para la CTE. Debería otorgarse prioridad a nuevas formas de asociación entre la ciudad y el campo como fundamento para la cohesión territorial a escala regional (de acuerdo con la Agenda Territorial 2020). Además, están ausentes temas importantes como el turismo, el transporte marítimo respetuoso con el clima y la cultura;

12.

en lo que a la cooperación transfronteriza respecta, es indispensable definir el potencial de desarrollo de cada zona transfronteriza teniendo en cuenta el nivel actual de las respectivas regiones. La cooperación territorial europea, y en particular la cooperación transfronteriza, no debería plantearse como objetivo prioritario el cumplimiento de la Estrategia UE 2020, sino que debería tener como fin principal la creación de condiciones que le permitan alcanzar una mejor materialización geográfica, es decir paneuropea. Por esa razón, los programas de cooperación transfronteriza deberían disponer prioritariamente de la posibilidad de elegir un mayor número de objetivos temáticos, sin que su orientación previamente establecida pudiera constituir una limitación;

13.

señala que solo podrá lograrse una cooperación territorial sostenible si se consigue que se involucren y participen los ciudadanos de las regiones. Por lo tanto, debería dejarse abierta la posibilidad de que los programas de la cooperación territorial europea también puedan apoyar en adelante medidas en los ámbitos de la sociedad civil y la cultura (por ejemplo, proyectos concretos de encuentro). En los programas vigentes ya existen iniciativas muy exitosas a este efecto. Por lo tanto, se solicita que se complementen debidamente los objetivos temáticos;

14.

celebra la propuesta de la Comisión de garantizar una continuidad en el capítulo de la cooperación transnacional; deplora, no obstante, que la prioridad adicional en materia de inversiones en el marco de la cooperación transnacional deba limitarse al desarrollo y la aplicación de estrategias macrorregionales y estrategias para las cuencas marítimas. Debido a los numerosos retos a que se enfrentan actualmente las regiones, así como a las carencias existentes, otras regiones, espacios y zonas funcionales también requieren unas prioridades de inversión adecuadas;

15.

está de acuerdo en que el objetivo de la cooperación interregional debería consistir en reforzar la eficacia de la política de cohesión, fomentando el intercambio de experiencias entre las regiones y valorizando los resultados de este intercambio en el marco del objetivo «Inversión en el crecimiento y el empleo». Considera que este intercambio de experiencias debe tener una amplia base y no ha de limitarse únicamente a un papel de complemento del Séptimo Programa Marco;

16.

considera que el Comité de las Regiones debe desempeñar un papel activo en la promoción de la CTE y en la identificación y eliminación de los obstáculos durante su puesta en práctica al objeto de optimizar las sinergias con los demás capítulos de la política de cohesión;

Asignación de recursos y nivel de cofinanciación

17.

acoge con satisfacción el incremento previsto de la asignación para la cooperación territorial europea;

18.

considera que no es conveniente que el nivel propuesto de cofinanciación de un 75 % para los programas operativos, en el marco del objetivo de la cooperación territorial europea y fijado en el Reglamento General, sea inferior al nivel de cofinanciación para regiones menos desarrolladas en el marco del objetivo de «inversión en crecimiento y empleo». Este menor nivel de cofinanciación puede restar atractivo a los programas de la cooperación territorial europea en estas regiones menos desarrolladas. El Comité de las Regiones considera injustificada esta diferencia y solicita que la cofinanciación para ambos objetivos se establezca por igual en un 85 %; igualmente considera injustificado que la tasa de cofinanciación que se aplica a la asignación adicional para la cooperación interregional en las regiones ultraperiféricas vaya a ser de un 50 % y solicita que se establezca en un 85 %;

19.

señala que la cofinanciación no siempre se realiza a través de los participantes en el programa, los Estados miembros u otros organismos públicos, sino también a través de los beneficiarios. Por lo tanto, no puede exigirse de manera general que los Estados miembros participantes se comprometan a poner a disposición los recursos de cofinanciación necesarios para la ejecución de un programa de cooperación. Por este motivo debería suprimirse la declaración de compromiso prevista en la propuesta de la Comisión;

20.

considera necesario, a fin de mantener el nivel de la calidad de la cooperación, conservar en el Reglamento General las condiciones actuales para el nivel de cofinanciación, establecido en el Reglamento (CE) del Consejo no 1083/2006 (Reglamento General), art. 53, apartados 3 y 4. Citamos: «3. Respecto de aquellos programas operativos referentes al objetivo de “cooperación territorial europea” en que al menos uno de los participantes pertenezca a Estados miembros cuyo PIB medio per cápita haya sido, entre 2001 y 2003, inferior al 85 % de la media de la UE-25 durante ese mismo período, la contribución del FEDER no será superior al 85 % del total del gasto subvencionable. Para los programas operativos restantes, la contribución del FEDER no será superior al 75 % del gasto subvencionable cofinanciado por dicho Fondo. 4. La contribución de los Fondos en el nivel de los ejes prioritarios no estará sujeta a los límites máximos fijados en el apartado 3 y en el Anexo III. No obstante, dichos límites máximos se determinarán de forma que quede garantizado el respeto del importe máximo de contribución de los fondos y el porcentaje máximo de contribución por Fondo estipulado a nivel de los programas operativos»;

21.

no considera oportuno fijar el límite máximo de cofinanciación a nivel de cada eje prioritario, como se indica en el Reglamento General. Debería ser posible diferenciar el importe de cofinanciación en el marco de cada uno de los ejes prioritarios, con el fin de motivar a los beneficiarios a cumplir algunas prioridades estratégicas. Sería conveniente que cada programa estableciera el nivel de cofinanciación para cada una de las medidas en función de su tipo, teniendo en cuenta que no todas las medidas deberían alcanzar el importe máximo de ayuda;

22.

está de acuerdo en que los programas de cooperación que engloben a las regiones ultraperiféricas reciban al menos un 150 % de la contribución del FEDER que recibieron en el período 2007–2013 y que, además, para la cooperación de las regiones ultraperiféricas se reserven 50 000 000 EUR de los recursos destinados a la cooperación interregional.

23.

Solicita que se establezcan condiciones especiales también para las zonas que constituían, hasta el 30 de abril de 2004 o hasta el 31 de diciembre de 2006, las fronteras exteriores de la Comunidad, y que ya no las constituyen desde el día posterior a los mencionados, tal como sucede en el período actual de los programas de acuerdo con el Reglamento General (Reglamento (CE) del Consejo no 1083/2006, artículo 52). No se pueden considerar los siete años de ayuda como un período suficiente para la eliminación de los problemas de estas regiones. El Comité de las Regiones advierte que una mayor ayuda a las regiones en las proximidades de las antiguas fronteras de la UE no cumple sólo el objetivo de incrementar el nivel económico de las respectivas regiones, sino que contribuye notablemente al surgimiento una identidad europea y una conciencia de interdependencia y a la eliminación de prejuicios;

Programación

24.

lamenta que los requisitos establecidos en el artículo 7, apartado 2, letra a) supongan un gasto adicional importante para la programación con respecto al actual periodo de financiación sin generar un valor añadido reconocible;

25.

señala que, debido a su carácter multilateral, la CTE no puede gestionarse mediante el instrumento del contrato de asociación. Por lo tanto, debería situarse expresamente fuera de su ámbito de aplicación;

26.

considera muy importante que se elabore una Directiva para la aplicación de hecho de las normas relativas a las ayudas estatales para los programas de la CTE, y solicita que entre los posibles beneficiarios de las medidas de cooperación transfronteriza y transnacional también se incluya a los agentes privados, en particular a las pequeñas y medianas empresas (pymes), siempre y cuando así lo acuerden los Estados miembros participantes en el programa en cuestión;

27.

pide que se tengan más en cuenta las grandes diferencias existentes en toda la UE entre las estructuras de gestión a nivel local y regional en la definición de los grupos destinatarios de los programas de CTE. El objetivo debe ser que se tomen más en consideración las diversas formas de organización de los agentes públicos en las regiones de los Estados miembros. En particular, el hecho de poseer una estructura organizativa de derecho privado no debería conducir a la exclusión de participantes del sector público;

Seguimiento y evaluación

28.

observa que se amplían las obligaciones de información, tanto en lo que se refiere a su alcance como a su frecuencia, y pide que reduzcan al mínimo necesario. Por lo tanto, el Comité rechaza que el plazo de presentación del informe anual sobre la aplicación, actualmente establecido en el 30 de junio, pase al 30 de abril del siguiente ejercicio. La coordinación entre múltiples participantes en los programas, con lenguas diferentes, requiere mayores esfuerzos, y, por lo tanto, más tiempo;

29.

acoge favorablemente el establecimiento de indicadores comunes de realizaciones y resultados para alcanzar más eficazmente los objetivos y orientar mejor los resultados, así como para poder realizar una evaluación transversal de los distintos programas. No obstante, los indicadores propuestos en el anexo del Reglamento CTE apenas satisfacen en numerosos aspectos las exigencias específicas de la CTE, y no ofrecen posibilidades suficientes para describir o medir la calidad de la CTE. Por lo tanto, el Comité solicita la revisión del catálogo de indicadores, a fin de poder representar adecuadamente los resultados específicos de la CTE;

30.

acoge favorablemente, en principio, la propuesta de fijar la ayuda técnica en el 6 % de la contribución total, pero con un importe mínimo de 1,5 millones de euros. No obstante, el Comité considera problemática la adaptación obligatoria antes del 31 de diciembre de 2014 de todo el intercambio de información a los sistemas electrónicos de intercambio de datos proporcionados por la ayuda técnica;

Gestión, control y certificación

31.

se muestra favorable a mantener en principio las estructuras de gestión que han demostrado su eficacia en el período de financiación 2007-2013 para la ejecución de los programas operativos, a la continuidad general de las estructuras y a una clara definición de las funciones y competencias de los distintos organismos en el marco del desarrollo de los programas;

32.

acoge favorablemente la posibilidad de agrupar las funciones de las autoridades de gestión y de certificación (véase al artículo 113 del Reglamento general), aunque se muestra contrario a su concentración obligatoria en el marco de la CTE (véase el artículo 22 del Reglamento CTE); no obstante, se opone expresamente a la certificación prevista de los organismos de gestión y de control;

Coordinación de los fondos

33.

acoge con satisfacción una mejor coordinación entre los programas de la cooperación territorial europea y los demás instrumentos de la política de cohesión; en este sentido debe potenciarse la rentabilidad de la financiación comunitaria en proyectos de cooperación, mediante la difusión de los resultados de dichos proyectos, buscando la multiplicación de efectos y evitando duplicidades en acciones que ya están probadas y experimentadas;

34.

advierte, sin embargo, sobre la necesidad de coordinación entre dichos fondos y los instrumentos a nivel de la UE y a nivel de su implementación en cada uno de los Estados miembros, a fin de que pueda surgir un mecanismo que asegure la coordinación entre los fondos y otros instrumentos. Es indispensable la introducción de procedimientos idénticos y coordinados, así como un enfoque armonizado en lo que respecta a la dirección, el control del seguimiento, la subvencionabilidad de los costes, la metodología para establecer los indicadores, etc. También sería muy conveniente que se garantizara la coordinación entre los Estados, ya que son siempre varios los Estados que participan en los programas de la cooperación territorial europea. Es necesario dedicar una atención especial a la coordinación con instrumentos externos de financiación. Por ese motivo, el Comité de las Regiones solicita a la Comisión Europea que cree una metodología de coordinación de los programas;

35.

advierte que en el artículo 10 de la propuesta de reglamento sobre el Fondo Social Europeo (COM(2011) 607 final), se habla sobre cooperación transnacional, un término idéntico al utilizado en el reglamento sobre la CTE, pero que no tiene vínculo alguno con el reglamento de la Cooperación Territorial Europea. Además, el Comité de las Regiones considera precisamente la coordinación entre la cooperación territorial europea financiada por el FEDER y la financiada por el FSE como la más importante, ya que, combinando adecuadamente las actividades de estos fondos, se pueden obtener las sinergias necesarias. Cabe esperar una gran efectividad de las actividades que se realizan en el marco del FSE, principalmente en la cooperación transfronteriza, puesto que los territorios fronterizos de los países vecinos presentan por lo general una situación similar desde el punto de vista del mercado de trabajo, los problemas sociales, etc. Las actividades que temáticamente conciernen al FSE constituyen una parte muy importante de todos los programas de la cooperación territorial europea; por esta razón, el Comité de las Regiones solicita a la Comisión Europea que preste la debida atención a su coordinación. Si no se garantiza una forma superior de coordinación, debería ser posible al menos que el FEDER financiara, en el marco de la CTE, actividades temáticamente vinculadas con el FSE;

36.

considera muy oportuno la coordinación del nuevo Mecanismo «Conectar Europa» con los programas de la cooperación territorial europea, ya que este nuevo instrumento debería tener en cuenta las relaciones internacionales y transfronterizas;

Participación de terceros países

37.

considera muy importante garantizar la coordinación entre los programas de la cooperación territorial europea y los instrumentos de la ayuda económica de la UE que se proporcionan a terceros países. En estos programas debería integrarse directamente un sistema en el que se coordinen esos programas con cada uno de los programas de la cooperación territorial europea, para que nada impida la participación de entidades de terceros países en proyectos conjuntos. Dicho sistema debería asegurar, entre otras cosas, la armonización de los procesos, la subvencionabilidad de los costes, etc. entre los programas de CTE en los Estados miembros y los programas de preadhesión y de vecindad. Debería garantizar también que los terceros países aseguren el acceso, la administración y la asignación de un volumen suficiente de recursos para los programas en el marco de la CTE a partir de los programas de preadhesión o de los programas de vecindad;

38.

está de acuerdo en que es necesario aclarar las normas en vigor para la gestión financiera, la programación, el seguimiento, la evaluación y el control en relación con la participación de terceros países en los programas de cooperación transnacionales e interregionales, sin perder de vista que dichas normas deberían ser establecidas en los respectivos programas de cooperación o, en su caso, en el respectivo convenio financiero entre la Comisión, cada uno de los terceros países y el Estado miembro en el que tiene su sede el órgano que gestiona el respectivo programa de cooperación. Sin embargo, el Comité de las Regiones advierte que es necesario garantizar que, en caso de problemas o descuido de un tercer país, no se produzcan demoras en los programas transnacionales e interregionales y no se comprometa así la realización de estos programas en su conjunto;

Papel de la AECT

39.

destaca el papel de la AECT como instrumento esencial para fortalecer la cooperación regional. Reitera, pues, su exigencia de que el Reglamento revisado sobre las AECT, que no tiene ningún efecto particular en términos de presupuesto de la UE, se adopte sin demora y sin esperar a la aprobación del conjunto del paquete legislativo relativo a la política de cohesión para después de 2013. Exhorta también a los Estados miembros a que supriman todas las barreras de carácter administrativo que resultan disuasivas para el establecimiento de una AECT o discriminatorias para esta opción, especialmente en materia de fiscalidad y contratación de personal, en comparación con otros instrumentos jurídicos.

40.

señala que efectivamente debería alentarse a los Estados miembros a confiar la tarea de autoridad de gestión a una AECT; la Comisión Europea debería proponer mecanismos generales para clarificar la disposición del artículo 25, apartado 3, de esta propuesta de reglamento, por la que se obliga a los Estados miembros en cuyo territorio está registrada la AECT o en cuyo territorio se encuentra el beneficiario principal, a restituir los importes abonados injustificadamente de los beneficiarios de otros países. Esta obligación impuesta a los Estados miembros en cuyo territorio está registrada la AECT o en cuyo territorio se encuentra el principal beneficiario puede limitar notablemente su voluntad de transferir a la AECT sus competencias de gestión del programa, ya que es posible que tengan que ser garantes de algo en lo que en realidad no pueden influir. El Comité de las Regiones considera, por lo tanto, que, debería confirmarse que una autoridad del Estado miembro del beneficiario de una suma indebidamente pagada puede recibir el mandato de una autoridad del Estado miembro de la sede de la AECT para la recuperación de las sumas abonadas; de no ser así, deberían aplicarse las condiciones vigentes en el período actual de programación, en el que la responsabilidad recae sobre el Estado miembro en que se encuentra el beneficiario que está sujeto a la obligación de devolver las cantidades percibidas indebidamente;

Otras sugerencias

41.

acoge con satisfacción la posibilidad de que puedan calcularse cantidades a tanto alzado para los costes de personal como paso muy positivo que garantizará una notable simplificación para los beneficiarios. Las cantidades a tanto alzado para los costes de personal deberían ser idénticas para todos los países de la operación, ya que desempeñan el mismo trabajo. También debería simplificarse la metodología de control y la subvencionabilidad de los costes; se opone, no obstante, a la propuesta de limitar los costes de personal a tanto alzado al 15 % de los costes totales, ya que la cooperación territorial requiere por su propia naturaleza unos recursos humanos considerables y el 15 % está muy por debajo del promedio actual para los costes de personal;

42.

aunque considera muy importante la protección del medio ambiente, la eficacia de los recursos, la atenuación del cambio climático y la adaptación al mismo, la prevención de riesgos y su control, el fomento de la igualdad de oportunidades, la prevención de la discriminación por razones de sexo, origen racial o étnico, religión o fe, minusvalía, edad u orientación sexual, el fomento de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, etc., no considera oportuno aplicar el requisito de que la descripción de las medidas tendentes a su realización deba incluirse en cada programa. Estas disposiciones pueden complicar en gran medida -e incluso paralizar- especialmente los programas de menor envergadura de cooperación transfronteriza. El Comité de las Regiones recomienda, por lo tanto, que no se hagan valer de una manera indiscriminada, sino sólo en los casos prioritarios y en aquellas operaciones donde resulte oportuno y relevante; en caso contrario podría producirse una justificación obligatoria, pero que a la vez podría resultar absurda e ilógica en el caso de operaciones que no guardan relación con estos problemas;

43.

considera importante que los beneficiarios colaboren en el desarrollo, la realización, la dotación con personal y la financiación de las operaciones. No obstante, especialmente en cuanto a los proyectos de pequeña envergadura, es decir aquellos que reciben menos de 35 000 euros del FEDER, cumplir los cuatro criterios de cooperación puede complicar su puesta en marcha y realización. Por consiguiente, no considera conveniente exigir que estos proyectos satisfagan tal requisito. Propone que, como hasta ahora, los proyectos de pequeña envergadura estén sujetos al cumplimiento de al menos dos de los cuatro criterios;

Propuestas

44.

teniendo en cuenta la coordinación, la eficacia, la eliminación de disparidades y el carácter integrador, propone, para el nuevo período de programación, que se implemente una nueva iniciativa para fomentar la coordinación transfronteriza de las estrategias temáticas y de desarrollo (transporte, energías, mercados de trabajo, protección del medio ambiente, ciencia e investigación, etc.), y la puesta en marcha de planteamientos integrados. De este modo se lograría identificar, a nivel transfronterizo, las deficiencias, el potencial de desarrollo y soluciones integradas. Sería conveniente involucrar a entidades públicas y privadas, así como recursos financieros de diferentes fuentes, tanto para resolver los problemas claramente identificados como para el aprovechamiento del potencial de desarrollo identificado. Para el buen funcionamiento de este instrumento resultaría muy adecuado aprovechar el potencial de la AECT y de las eurorregiones. Esta iniciativa debería beneficiarse, en el marco de la Cooperación Territorial Europea, de una dotación suficiente de recursos financieros a fin de garantizar su efectividad.

II.   RECOMENDACIONES DE ENMIENDA

Enmienda 1

Artículo 3, apartado 1

Modificar

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Ámbito de aplicación geográfica

Ámbito de aplicación geográfica

1.   Para la cooperación transfronteriza, las regiones subvencionables serán las regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo largo de todas las fronteras terrestres interiores y exteriores distintas de las cubiertas por los programas en el marco de los instrumentos financieros externos de la Unión, así como todas las regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo largo de las fronteras marítimas separadas por una distancia máxima de 150 kilómetros, sin perjuicio de los posibles ajustes necesarios para garantizar la coherencia y continuidad de las zonas de los programas de cooperación establecidas para el período de programación 2007-2013.

1.   Para la cooperación transfronteriza, las regiones subvencionables serán las regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo largo de todas las fronteras terrestres interiores y exteriores distintas de las cubiertas por los programas en el marco de los instrumentos financieros externos de la Unión, así como todas las regiones del nivel NUTS 3 de la Unión a lo largo de las fronteras marítimas separadas por una distancia máxima de kilómetros, sin perjuicio de los posibles ajustes necesarios para garantizar la coherencia y continuidad de las zonas de los programas de cooperación establecidas para el período de programación 2007-2013.

La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, la lista de las zonas transfronterizas que pueden recibir ayudas, desglosada por programa de cooperación. Dichos actos de ejecución se adoptarán conforme al procedimiento consultivo contemplado en el artículo 30, apartado 2.

La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, la lista de las zonas transfronterizas que pueden recibir ayudas, desglosada por programa de cooperación. Dichos actos de ejecución se adoptarán conforme al procedimiento consultivo contemplado en el artículo 30, apartado 2.

En dicha lista se especificarán asimismo las regiones del nivel NUTS 3 en la Unión que se han tenido en cuenta para la contribución del FEDER a la cooperación transfronteriza en todas las fronteras interiores y en las fronteras exteriores cubiertas por los instrumentos financieros externos de la Unión, tales como el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), de conformidad con el Reglamento (UE) no […]/2012 [el Reglamento IEV], y el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA), de conformidad con el Reglamento (UE) no […]/2012 [el Reglamento IPA].

En dicha lista se especificarán asimismo las regiones del nivel NUTS 3 en la Unión que se han tenido en cuenta para la contribución del FEDER a la cooperación transfronteriza en todas las fronteras interiores y en las fronteras exteriores cubiertas por los instrumentos financieros externos de la Unión, tales como el Instrumento Europeo de Vecindad (IEV), de conformidad con el Reglamento (UE) no […]/2012 [el Reglamento IEV], y el Instrumento de Ayuda Preadhesión (IPA), de conformidad con el Reglamento (UE) no […]/2012 [el Reglamento IPA].

Al presentar proyectos de programas de cooperación transfronteriza, los Estados miembros podrán solicitar que otras regiones del nivel NUTS 3 adyacentes a las enumeradas en la decisión a la que se refiere el párrafo segundo se añadan a una determinada zona transfronteriza y explicarán los motivos de dicha solicitud.

Al presentar proyectos de programas de cooperación transfronteriza, los Estados miembros podrán solicitar que otras regiones del nivel NUTS 3 adyacentes a las enumeradas en la decisión a la que se refiere el párrafo segundo se añadan a una determinada zona transfronteriza.

[…]

[…]

Exposición de motivos

Por lo que se refiere a la distancia de 300 km (en lugar de 150 km), en la práctica se ha demostrado que las razones que justifican la existencia de la cooperación transfronteriza marítima no dependen directamente de que haya una corta distancia sino de las relaciones mutuas entre los dos países. Además, los medios de comunicación y transporte actuales restan relevancia a la distancia.

Por otro lado, por lo que se refiere al nivel NUTS, las regiones francesas, por ejemplo, son en general favorables al mantenimiento de los espacios territoriales tal como están configurados en el actual período de programación. Sin embargo, dada la variedad de situaciones existentes en las diferentes zonas, consideran necesaria que exista una determinada flexibilidad en la definición del ámbito geográfico de los proyectos. Se trata en particular de promover una cooperación más estrecha dentro de los espacios transnacionales de nivel NUTS 2 (sin cambiar sus límites) y de ampliar el territorio geográfico de algunos programas transfronterizos más allá del nivel NUTS 3 (hasta el nivel NUTS 2 si se justifica, y sin que afecte a la concentración de fondos de financiación en las zonas inmediatamente fronterizas). También piden a la Comisión que considere los nuevos espacios de cooperación reforzada que constituyen las eurorregiones.

Enmienda 2

Artículo 4, apartado 3

Modificar

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Recursos para la cooperación territorial europea

Recursos para la cooperación territorial europea

3.   La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, una decisión única que establezca la lista de todos los programas de cooperación y en la que se indiquen los importes por programa de la ayuda total del FEDER y de la asignación correspondiente a 2014. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento consultivo previsto en el artículo 30, apartado 2.

3.   La Comisión adoptará, mediante actos de ejecución, una decisión única que establezca la lista de todos los programas de cooperación y en la que se indiquen los importes por programa de la ayuda total del FEDER y de la asignación correspondiente a 2014. Dichos actos de ejecución se adoptarán con arreglo al procedimiento consultivo previsto en el artículo 30, apartado 2.

Para el desglose anual por Estado miembro se utilizará como criterio la población en las zonas a las que se hace referencia en el artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, y en el artículo 3, apartado 3, párrafo primero.

Para el desglose por se utilizará como criterio la población en las zonas a las que se hace referencia en el artículo 3, apartado 1, párrafo tercero, y en el artículo 3, apartado 3, párrafo primero.

[…]

[…]

Exposición de motivos

Hay que reivindicar con fuerza la asignación de los créditos europeos por programa de cooperación. La continuación del actual sistema de distribución por Estados (a ellos les corresponde distribuir la dotación de la cooperación entre los distintos territorios interesados) comporta de hecho un doble riesgo: el de asignaciones nacionales desequilibradas para un mismo territorio y el de que se mantenga, en cada Estado, la lógica de la «justa compensación» en detrimento de la lógica de la cooperación, pudiendo considerarse oportuno «recuperar», para una zona determinada, una financiación equivalente al menos a la parte de los créditos que se le haya asignado.

Enmienda 3

Artículo 4, apartado 7

Modificar

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Recursos para la cooperación territorial europea

7.   En 2015 y 2016, la contribución anual del FEDER a los programas con cargo al IEV y al IPA para la que no se haya presentado ningún programa a la Comisión antes del 30 de junio en el marco de los programas transfronterizos y de las cuencas marítimas del IEV y del IPA se asignará a los programas de cooperación transfronteriza interior, con arreglo al apartado 1, letra a), en los que participe el Estado miembro en cuestión.

Recursos para la cooperación territorial europea

7.   En 2015 y 2016, la contribución anual del FEDER a los programas con cargo al IEV y al IPA para la que no se haya presentado ningún programa a la Comisión antes del 30 de junio en el marco de los programas transfronterizos y de las cuencas marítimas del IEV y del IPA se asignará a los programas de cooperación transfronteriza con arreglo al apartado 1, letra a), en los que participe el Estado miembro en cuestión.

Exposición de motivos

Con arreglo a la propuesta de la Comisión, y a diferencia del periodo actual, si no se cumple el plazo límite establecido para la presentación de los programas, los recursos del FEDER no utilizados se podrán asignar únicamente a los programas de cooperación transfronteriza interior en los que participe el Estado miembro en cuestión. Como esto puede perjudicar a alguna región, en el caso de que esta no pueda cumplir los plazos aun en caso de no ser responsable del incumplimiento, se propone que se mantenga la situación actual.

Enmienda 4

Artículo 5

Modificar

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Concentración temática

Los objetivos temáticos a los que hace referencia el artículo 9 del Reglamento (UE) no […]/2012 [RDC] se concentrarán como sigue:

a)

se seleccionarán hasta cuatro objetivos temáticos para cada programa de cooperación transfronteriza;

b)

se seleccionarán hasta cuatro objetivos temáticos para cada programa de cooperación transnacional;

c)

podrán seleccionarse todos los objetivos temáticos para los programas de cooperación interregional con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 3, letra a).

Concentración temática

Los objetivos temáticos a los que hace referencia el artículo 9 del Reglamento (UE) no […]/2012 [RDC] se concentrarán como sigue:

a)

se seleccionarán hasta objetivos temáticos para cada programa de cooperación transfronteriza;

b)

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