ISSN 1977-0928

doi:10.3000/19770928.C_2012.113.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 113

European flag  

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

55o año
18 de abril de 2012


Número de información

Sumario

Página

 

I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

 

RESOLUCIONES

 

Comité de las Regiones

 

94o Pleno de los días 15 y 16 de febrero de 2012

2012/C 113/01

Resolución del Comité de las Regiones para el Consejo Europeo de primavera 2012 sobre el proyecto de tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza en la unión económica y monetaria

1

2012/C 113/02

Resolución del Comité de las Regiones sobre el tema Situación de los centros de información Europe Direct

5

 

DICTÁMENES

 

Comité de las Regiones

 

94o Pleno de los días 15 y 16 de febrero de 2012

2012/C 113/03

Dictamen del Comité de las Regiones — Un sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras

7

2012/C 113/04

Dictamen del Comité de las Regiones — Nueva agenda europea para la integración

11

2012/C 113/05

Dictamen del Comité de las Regiones — El futuro de la Capital Europea de la Cultura

17

2012/C 113/06

Dictamen del Comité de las Regiones — Revisión del Reglamento AECT

22

2012/C 113/07

Dictamen del Comité de las Regiones — La pobreza infantil

34

2012/C 113/08

Dictamen del Comité de las Regiones — Directiva sobre el ruido ambiental: El camino a seguir

40

2012/C 113/09

Dictamen del Comité de las Regiones — Modernización de la educación superior

45

2012/C 113/10

Dictamen del Comité de las Regiones — Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: programa para el cambio

52

2012/C 113/11

Dictamen del Comité de las Regiones — Paquete de medidas sobre los derechos de las víctimas

56

2012/C 113/12

Dictamen del Comité de las Regiones — Desarrollar una cultura europea de la gobernanza multinivel: El seguimiento del Libro Blanco del Comité de las Regiones

62

ES

 


I Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

RESOLUCIONES

Comité de las Regiones

94o Pleno de los días 15 y 16 de febrero de 2012

18.4.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/1


Resolución del Comité de las Regiones para el Consejo Europeo de primavera 2012 sobre el proyecto de tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza en la unión económica y monetaria (1)

2012/C 113/01

Presentada por los grupos políticos PPE, PSE, ALDE y AE

A la luz de las Conclusiones del Consejo Europeo de 30 de enero de 2012, el Comité de las Regiones es consciente de las repercusiones directas que el futuro Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria (en lo sucesivo «el nuevo Tratado») tendrá para los entes regionales y locales de la Unión Europea.

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

I.   Sobre el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria

1.

está plenamente dispuesto a asumir la parte que le corresponde para afrontar los retos de la crisis actual y respalda los esfuerzos destinados a mejorar la coordinación y la gobernanza en la Unión Económica y Monetaria a fin de contrarrestar la recesión y la crisis de la deuda soberana garantizando unas finanzas públicas equilibradas y sostenibles;

2.

subraya que el endurecimiento de la disciplina presupuestaria y la decidida reducción de las tasas de endeudamiento deben completarse con la rápida adopción de medidas que propicien el crecimiento y la cohesión territorial y favorezcan la creación de puestos de trabajo y el empleo duradero con objeto de establecer las condiciones de recuperación de la economía europea y asegurar el futuro del proyecto de integración europea;

3.

lamenta que se haya redactado un nuevo Tratado fuera del marco existente del Derecho primario de la UE y con una participación mínima del Parlamento Europeo, en un proceso dominado por la negociación intergubernamental sobre cuestiones que ya se han abordado en gran medida a través de la legislación de la UE de conformidad con los procedimientos democráticos habituales de la Unión;

4.

mantiene su confianza en el «método comunitario» pues lo considera la manera más legítima de construir la Unión Europea como un espacio político común;

5.

recuerda la urgente necesidad de que la UE recupere la confianza de sus ciudadanos y restablezca el crecimiento económico, a la vez que se refuerza la cohesión social, económica y territorial;

6.

exige que en el nuevo Tratado se incluya una referencia clara al respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y pide que se reconozcan las competencias legales de los entes regionales y locales en las cuestiones de gobernanza económica;

7.

subraya que las propuestas relativas a la «norma de oro» sobre el equilibrio presupuestario presentadas por las Partes Contratantes no solo afectan a las finanzas públicas que son responsabilidad directa de los gobiernos centrales sino que también repercutirán en los presupuestos públicos de los entes regionales y locales;

8.

es partidario de una integración económica más profunda y una mayor sinergia entre los presupuestos de la UE, nacionales, regionales y locales, de conformidad con las competencias legales de los entes regionales y locales relativas a la autonomía financiera;

9.

se declara partidario de la creación de una agencia de calificación europea independiente y objetiva, a fin de que las agencias de calificación sean más eficientes, responsables y fiables en sus análisis sobre las finanzas públicas, y también sobre las obligaciones de deuda de los entes locales y regionales europeos; de esta manera se compensaría el actual predominio de las escasas agencias de calificación existentes y se dotaría a las calificaciones de una mayor transparencia;

10.

pide a la Comisión que tenga en cuenta la situación de las finanzas públicas regionales y locales en su ejercicio anual de supervisión de las finanzas públicas nacionales en la Unión Europea y en su Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, acerca de los cuales el CDR puede expresar su punto de vista;

Carácter jurídico del nuevo Tratado y proceso de negociación:

11.

insta a las Partes Contratantes a que garanticen la coherencia y la primacía del Derecho europeo e incorporen la sustancia del nuevo Tratado en los tratados de la UE en los cinco años inmediatamente posteriores a su entrada en vigor;

12.

considera que el nuevo Tratado intergubernamental no debe incluir ningún mecanismo de sanción directamente vinculado a las asignaciones presupuestarias destinadas a las políticas de la UE, como la política de cohesión; reitera su oposición a cualquier tipo de condicionalidad macroeconómica que sancione a los entes locales y regionales por las decisiones económicas y presupuestarias que tomen los gobiernos nacionales;

13.

lamenta que no fuera posible consultar al Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad del acuerdo internacional contemplado con los Tratados de la UE y el respeto del principio de subsidiariedad;

14.

señala que muchas de las medidas propuestas en el nuevo Tratado ya forman parte, o habrían podido ser adoptadas como complemento, del denominado «paquete de seis medidas» encaminado a reforzar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento;

15.

pide que, tras la entrada en vigor del nuevo Tratado, se convoque una Convención para incorporar la sustancia del nuevo Tratado al marco jurídico de la Unión Europea; considera, por tanto, fundamental que el CDR, en su calidad de asamblea de los entes regionales y locales, participe en los futuros cambios que pudieran introducirse en el Tratado con arreglo al «procedimiento ordinario».

Recomendaciones de los entes regionales y locales sobre el contenido del nuevo Tratado:

16.

se congratula del propósito de garantizar una «mayor coordinación de las políticas económicas» y reafirma resueltamente el papel fundamental que desempeñan los entes locales y regionales en la economía europea (2); por consiguiente, insta a las Partes Contratantes a que:

a)

incluyan en el nuevo Tratado una referencia en la que se reconozcan las competencias legales de los entes regionales y locales en ámbitos esenciales de las finanzas públicas y la gobernanza económica, de conformidad con el principio de subsidiariedad consagrado en los Tratados de la UE;

b)

garanticen que los planes nacionales de emisión de deuda pública, los programas de asociación económica y los compromisos adquiridos en el marco del Pacto por el Euro Plus se elaboren en los Estados miembros con la estrecha colaboración de los entes regionales y locales mediante acuerdos formales de gobernanza multinivel  (3);

c)

consulten a los entes regionales y locales antes de cada reunión de las Cumbres del Euro, si fuera pertinente;

d)

permitan participar al CDR en las futuras conferencias, mencionadas en el nuevo Tratado, entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales sobre temas de gobernanza económica; hagan hincapié en que los Parlamentos nacionales deberían consultar con los parlamentos regionales respectivos y, cuando proceda, asociarlos a sus trabajos;

e)

hagan extensiva la disposición sobre el respeto de las competencias de los Parlamentos nacionales a los parlamentos regionales con competencias legislativas;

f)

garanticen que los entes regionales y locales tengan la posibilidad de contribuir al intercambio de las mejoras prácticas sobre reformas de política económica de gran calado y se instaure un sistema de evaluación comparativa que permita medir los progresos;

g)

tomen nota de que la obligación legal de que los gobiernos centrales transpongan a la legislación nacional el requisito de que los presupuestos de las administraciones públicas estén equilibrados o con superávit («norma de equilibrio presupuestario») tendrá implicaciones presupuestarias graves para los entes locales y regionales;

h)

sean conscientes de que la aplicación de esta norma, si no va acompañada del establecimiento de acuerdos paralelos multinivel de gobernanza y asociación, entraña el riesgo de generar un nuevo proceso de centralización a escala nacional mediante una coordinación presupuestaria reforzada «de arriba a abajo» en los Estados miembros.

II.   Hacia una consolidación que propicie el crecimiento y un crecimiento que propicie el empleo

17.

destaca que el 94,5 %) del presupuesto de la UE se dedica esencialmente a la inversión a nivel nacional, regional y local y subraya la necesidad de una mayor integración económica y fiscal y de sinergias entre los presupuestos de la UE, nacionales, regionales y locales;

18.

pone de relieve el gran valor añadido de la política de cohesión, en concreto su efecto de palanca para inversiones que propicien el crecimiento y el empleo en las regiones en vías de recuperación y señala que las prioridades actuales de los Fondos Estructurales no requieren una reorientación, sino una mejora del procedimiento para agilizar y hacer más eficaz la tramitación de los créditos de compromiso y los pagos de los fondos, así como un mayor esfuerzo de consolidación de las capacidades de los beneficiarios;

19.

exige que cualquier decisión sobre la reasignación de los Fondos Estructurales no comprometidos se adapte a la situación socioeconómica específica de cada región, respetando los principios de subsidiariedad y proporcionalidad. A este respecto, el establecimiento de las prioridades incumbe a todas las partes interesadas, incluidos los entes locales y regionales;

20.

insta a la Comisión Europea y los gobiernos centrales que, en caso de reasignación de los fondos de la política de cohesión, los entes regionales y locales participen plenamente en la elaboración y aplicación de las nuevas medidas políticas a favor de la creación de empleo y el crecimiento a fin de evitar la renacionalización de las políticas.

Fomentar el empleo, en especial el de los jóvenes:

21.

acoge positivamente la ayuda de la Comisión Europea a los Estados miembros para que hagan el mejor uso posible de los recursos no comprometidos de los Fondos Estructurales y manifiesta su intención de contribuir proactivamente a esta iniciativa con recomendaciones políticas y las mejores prácticas aquilatadas a escala regional y local en los ámbitos del empleo, la educación y la formación, así como prestando asesoramiento sobre la cómo aprovechar de forma óptima los Fondos Estructurales;

22.

pide que todos los complementos de acción que haya que aplicar en los planes de empleo nacionales se adopten en cooperación con los entes regionales y locales; respalda la idea avanzada por la Comisión de que el núcleo de cualquier plan de empleo nacional debería ser una «Garantía Juvenil», que garantice que todos los jóvenes trabajen, sigan estudiando o participen en medidas de formación en un plazo de cuatro meses a partir de su salida de la escuela; sugiere que se anime en mayor medida a los jóvenes a que emprendan su carrera laboral como empresarios;

23.

destaca el valor añadido potencial de Progress, el programa para el empleo y la solidaridad social, siempre y cuando el programa se comunique de manera adecuada, sea de fácil acceso para los beneficiarios y se oriente hacia medidas estructurales sostenibles a largo plazo.

Realizar el mercado interior e impulsar la financiación de la economía, en particular de las pymes:

24.

acoge favorablemente el compromiso del Consejo Europeo de hacer avanzar lo antes posible las propuestas de la Comisión sobre el Mercado Único, en particular las relativas a la modernización del marco legislativo de la UE para la contratación pública con arreglo a los objetivos de Europa 2020;

25.

reitera el papel fundamental de las pymes en la economía regional y local; insta a que se elaboren medidas adicionales de apoyo a un entorno favorable a las pymes en Europa, sobre todo en lo que se refiere al acceso de las pequeñas y medianas empresas al capital de riesgo;

26.

pide la creación de «Asociaciones de la Iniciativa en favor de las Pequeñas Empresas» a fin de seguir aplicando la Small Business Act (SBA) a nivel regional; destaca la importancia del premio a las Regiones Emprendedoras Europeas (REE) instituido por el CDR en 2010 como una red de regiones que desarrollan estrategias regionales adaptadas para fomentar el espíritu empresarial y descubrir el potencial innovador de las empresas;

27.

insta a la Comisión a que garantice que toda la legislación es sometida a un análisis preliminar de impacto territorial;

28.

acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de una iniciativa piloto de «bonos para la financiación de proyectos de Europa 2020» que se utilizará para la aplicación de la Estrategia Europa 2020.

III.   Contribución al Consejo Europeo de primavera: es hora de superar «la brecha de asociación» con el fin de alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020

29.

acoge favorablemente el reconocimiento por parte del Parlamento Europeo de que la calidad de la administración pública nacional, regional, local y de la UE es un factor determinante para la competitividad y la productividad, al igual que la prestación efectiva de servicios de interés general;

30.

insiste en que se debería dar una dimensión territorial plena a la Estrategia Europa 2020 y lamenta que en el Estudio Prospectivo Anual elaborado por la Comisión apenas se mencione la necesidad de que los entes locales y regionales participen en la aplicación de los programas nacionales de reforma;

31.

subraya que los informes de seguimiento del CDR sobre la Estrategia Europa 2020 ponen de manifiesto una «brecha de asociación» en su aplicación y que en la mayoría de los Estados miembros las regiones y las ciudades no han participado oportuna y eficazmente ni en grado suficiente en la preparación de los programa nacionales de reforma;

32.

recuerda su propuesta de acordar pactos territoriales en todos los Estados miembros con el fin de garantizar una aplicación de los programas nacionales de reforma basada en la asociación y la gobernanza multinivel mediante un acuerdo entre todas las autoridades públicas jurídicamente competentes;

33.

pide a la Comisión que proponga a la mayor brevedad un código de conducta europeo sobre el principio de asociación en la política de cohesión que debería servir para mejorar la eficacia y la gobernanza de la Estrategia Europa 2020;

34.

examinará las recomendaciones específicas por país que emita en 2012 la Comisión Europea, así como el Estudio Prospectivo anual sobre el Crecimiento 2013, con el fin de evaluar el grado de participación de los entes regionales y locales; pide al Consejo que adopte recomendaciones específicas por país sobre los aspectos relativos a la gobernanza de la Estrategia;

35.

pide a su Presidente que transmita la presente Resolución a las instituciones de la UE y los Estados miembros.

Bruselas, 16 de febrero de 2012.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO


(1)  La presente Resolución constituye una contribución del CDR al Consejo Europeo de primavera 2012 y tiene en cuenta el proyecto de Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria y la declaración de los miembros del Consejo Europeo de 30 de enero de 2012«Hacia una consolidación que propicie el crecimiento y un crecimiento que propicie el empleo».

(2)  Los entes regionales y locales son responsables de dos tercios del total de la inversión pública en la UE.

(3)  Esto podría pasar a ser una obligación legal fundamentada en un futuro código europeo de conducta sobre la aplicación del principio de asociación en la política regional.


18.4.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/5


Resolución del Comité de las Regiones sobre el tema «Situación de los centros de información Europe Direct»

2012/C 113/02

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

1.

considera que los centros de información Europe Direct constituyen un elemento fundamental de la política de comunicación de la Unión Europea. Hay una creciente necesidad de información por parte de los ciudadanos sobre los asuntos de la Unión Europea, por lo que es cada vez más necesario dar a conocer del modo más actualizado y amplio posible las novedades y medidas relacionadas con la Unión Europea;

2.

destaca que los aproximadamente 480 centros de información Europe Direct existentes en la UE se encuentran en muchos casos dentro del ámbito de competencia municipal o regional, pero también pueden ser gestionados por organizaciones no gubernamentales;

3.

entiende la finalidad de Europe Direct, que consiste, además de proporcionar información general sobre la UE y tramitar las consultas de los ciudadanos, en crear asimismo una percepción positiva de Europa;

4.

aboga por que este objetivo se alcance a través de actos de carácter informativo y educativo, sitios web, publicaciones, así como mediante la interacción con los medios de comunicación locales;

5.

pone de relieve el enfoque descentralizado de Europe Direct, que ofrece la oportunidad de comunicar Europa sobre el terreno, informar sobre las especificidades regionales y satisfacer así adecuadamente las crecientes necesidades de información específica;

6.

acoge con especial satisfacción, por tanto, el compromiso de la Vicepresidenta de la Comisión Europea, Viviane Reding, que se ha declarado a favor de la continuidad de los centros de información Europe Direct y en contra de una reducción de la financiación que reciben actualmente;

7.

señala no obstante que la financiación otorgada por la Comisión Europea para Europe Direct, por lo general solo cubre una pequeña parte de los costes reales en que incurren estos centros de información;

8.

destaca el importante esfuerzo financiero, de personal y administrativo que realizan los entes regionales y locales en el ámbito de las relaciones públicas europeas;

9.

expresa su preocupación por los presupuestos cada vez más limitados con que cuentan los que gestionan los centros de información Europe Direct, lo que pone en peligro la continuidad sobre el terreno de los centros;

10.

teme que, con ocasión de la próxima licitación para la concesión de los centros de información Europe Direct en el período 2013-2016, muchos de los actuales socios regionales y locales no sean capaces de continuar con sus actividades sin un aumento de los fondos que aporta la UE;

11.

considera que esto entraña el peligro de producir retrocesos significativos en la comunicación de la política europea con la sociedad civil;

12.

espera, en consecuencia, que se fije un adecuado nivel de financiación de la UE, en consonancia con esta importante tarea realizada en colaboración;

13.

destaca que la comunicación es una genuina tarea de las instituciones europeas, ya que la difusión de conocimientos básicos acerca de las estructuras y las políticas de la Unión Europea redunda en su propio interés. A este respecto es especialmente clara la remisión al artículo 49, apartado 6, del Reglamento Financiero como fundamento jurídico. La labor de Europe Direct, por tanto, está sujeta a las disposiciones marco de la Comisión, de carácter sustantivo y administrativo. El hecho de que los que gestionan los centros se sientan comprometidos con el objetivo de formar e informar en materia de política europea y puedan aportar una notable contribución propia a este objetivo es un elemento decisivo para el éxito de los centros de información Europe Direct. En este contexto, no obstante, es claramente necesario un incremento del actual nivel de financiación;

14.

pide a la Comisión Europea que aumente de manera significativa el total de los fondos disponibles para Europe Direct y que duplique el importe de base asignado a los centros de información Europe Direct (de los 12 000 euros actuales a 24 000 euros);

15.

es partidario de que se reduzcan los requisitos burocráticos, a fin de liberar capacidades para las actividades materiales, y a este respecto señala en particular que sería necesario simplificar el sistema de módulos para la gestión de fondos con un fin específico;

16.

subraya la necesidad evidente de que Europe Direct siga ejerciendo su labor sin restricciones, para lo cual es preciso no solo mantener el nivel de financiación, sino más bien aumentar su dotación.

17.

considera que aumentar los esfuerzos por atraer financiación exterior no es un medio apropiado para mejorar la situación, ya que esto pondría en peligro la neutralidad de la difusión de la información. Además, la recogida de fondos en entidades de pequeña dimensión como los centros Europe Direct retendría una parte considerable, hasta insostenible, de sus escasas capacidades;

18.

emite un juicio crítico sobre el aumento de la financiación por parte de los poderes públicos, dado que la neutralidad de la difusión de informaciones sobre los asuntos de la UE, como se ha señalado anteriormente, constituye una tarea primordial que incumbe a las instituciones de la UE;

19.

hace un firme llamamiento a la Comisión Europea para que no ponga en peligro el instrumento –válido y con extraordinario éxito– que representan los centros Europe Direct reduciendo o limitando el nivel de recursos presupuestarios al que existe en la actualidad;

20.

encarga a la Presidenta del CDR que remita al Presidente del Consejo Europeo, al Parlamento Europeo, a la Comisión Europea y a la Presidencia danesa del Consejo de la UE la presente Resolución.

Bruselas, 16 de febrero de 2012.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO


DICTÁMENES

Comité de las Regiones

94o Pleno de los días 15 y 16 de febrero de 2012

18.4.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/7


Dictamen del Comité de las Regiones — «Un sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras»

2012/C 113/03

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

se congratula de que la Comisión presente una propuesta de Directiva del Consejo relativa al sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras (ITF) en la UE, tal y como el CDR pidió en su Programa de trabajo para 2011;

considera asimismo que la introducción de un impuesto europeo sobre las transacciones financieras (ITF) constituye otro paso importante en el camino de la indispensable reinstauración de la primacía de la política democrática sobre las serias discrepancias existentes en el funcionamiento de los mercados financieros;

destaca que el ITF es un importante instrumento para garantizar que el sector financiero contribuye a alcanzar una mayor solidaridad y justicia, y a frenar la especulación, como ya ha señalado el CDR en su Dictamen sobre el nuevo marco financiero plurianual posterior a 2013;

respalda el objetivo de que la deseada armonización sea aplicable en toda la Unión y pide que, en caso de que pese a todos los esfuerzos no sea realizable, se instaure inmediatamente por medio de la cooperación reforzada un régimen europeo de impuestos sobre las transacciones financieras que, de ser posible, incluya al menos la zona del euro.

Ponente

Ralf CHRISTOFFERS (DE/PSE), Consejero de Asuntos Económicos y Europeos del Estado Federado de Brandeburgo

Texto de referencia

Propuesta de Directiva del Consejo relativa a un sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras y por la que se modifica la Directiva 2008/7/CE

COM(2011) 594 final

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Contenido general de las recomendaciones

1.

se congratula de que la Comisión presente una propuesta de Directiva del Consejo relativa al sistema común del impuesto sobre las transacciones financieras (ITF) en la UE, tal y como el CDR pidió en su Programa de trabajo para 2011;

2.

ve en esta iniciativa una clara señal política que muestra la voluntad y la capacidad de la Unión Europea para afrontar en un mercado financiero globalizado los retos de reforzar de manera sostenible el potencial de las economías nacionales en aras del bienestar de los Estados miembros y de los ciudadanos de la Unión;

3.

considera asimismo que la introducción de un impuesto europeo sobre las transacciones financieras (ITF) constituye otro paso importante en el camino de la indispensable reinstauración de la primacía de la política democrática sobre las serias discrepancias existentes en el funcionamiento de los mercados financieros;

4.

destaca que el ITF es un importante instrumento para garantizar que el sector financiero contribuye a alcanzar una mayor solidaridad y justicia, y a frenar la especulación, como ya ha señalado el CDR en su Dictamen sobre el nuevo marco financiero plurianual posterior a 2013;

5.

llama la atención sobre la evaluación de impacto de la Comisión Europea publicada en septiembre de 2011 y la gran imprecisión de los «modelos de equilibrio general dinámico estocástico» (modelos DSGE, por sus siglas en inglés) que en ella se aplican; subraya el hecho de que la evaluación de impacto de la Comisión no llega a conclusiones firmes sino que desarrolla más bien una argumentación vaga e indecisa, dejando abiertas varias opciones; concluye que la evaluación de impacto de la Comisión Europea es sesgada e imprecisa; acoge favorablemente el compromiso de la Comisión de presentar una nueva evaluación de impacto;

6.

destaca las evidentes deficiencias del sistema de derechos de timbre del Reino Unido, especialmente en lo que se refiere a inocular al sistema contra la deslocalización geográfica de las transacciones y al fuerte incentivo que supone para cambiar a derivados;

Marco político general

7.

coincide con la Comisión en que la proliferación de medidas fiscales nacionales descoordinadas impone una armonización en este ámbito que evite la fragmentación del mercado interior de servicios financieros; armonización que es además necesaria para el funcionamiento del mercado interior en este ámbito y para evitar falseamientos de competencia;

8.

acoge favorablemente el enfoque de la Comisión en favor de la armonización:

que garantice que las entidades financieras sean gravadas de manera equitativa y proporcionada en relación con otros sectores de la economía y con el coste de la reciente crisis y;

que se creen mecanismos fiscales que desanimen a quienes participan en los mercados financieros de realizar transacciones que perjudiquen a la economía en su conjunto contribuyendo de este modo a evitar futuras crisis;

9.

respalda el objetivo de que la deseada armonización sea aplicable en toda la Unión y pide que, en caso de que pese a todos los esfuerzos no sea realizable, se instaure inmediatamente por medio de la cooperación reforzada un régimen europeo de impuestos sobre las transacciones financieras que, de ser posible, incluya al menos la zona del euro;

10.

exhorta, dada la urgencia excepcional de introducir un sistema común europeo de ITF, a los órganos legislativos de la Unión Europea a actuar con el debido rigor y el mayor sentido de su responsabilidad política para concluir sin demora el procedimiento legislativo;

11.

acoge favorablemente el hecho de que la Comisión esté obligada a informar regularmente sobre la aplicación de la Directiva y que dicha aplicación se vea sometida a un procedimiento de revisión constante y estructurado; lamenta al respecto que el destinatario del informe sea únicamente el Consejo, dado que esta limitación contraviene el papel del Parlamento Europeo en el procedimiento legislativo en virtud del cual el Consejo aprueba una directiva con la participación del Parlamento Europeo; asimismo considera que con esta restricción se minusvalora el papel del Comité de las Regiones, en su calidad de asamblea política de entes locales y regionales de la Unión Europea, y del Comité Económico y Social Europeo, cuya principal tarea, según los Tratados, es la de asesorar a los órganos legislativos;

12.

señala la necesidad de tener muy en cuenta también las posibles repercusiones sobre los ingresos fiscales de municipios y regiones de la introducción de un ITF;

Objeto y ámbito de aplicación del impuesto sobre transacciones financieras

13.

está de acuerdo con que la obligación de tributar vaya asociada al Estado miembro de establecimiento del operador financiero; este enfoque normativo reduce las posibilidades de evasión fiscal y refleja mejor las interrelaciones entre los mercados financieros y la economía real, lo cual no sucedería si se asociase la obligación de tributar al lugar donde se lleva a cabo la transacción; señala la necesidad de adoptar una normativa para evitar o poner coto a la evasión de impuestos mediante los traslados de sede o la creación de filiales;

14.

sugiere que se defina de manera precisa «institución financiera» e «instrumento financiero»;

15.

apoya el amplio ámbito de aplicación del ITF, dado que, en principio, afecta a todas las transacciones de instrumentos financieros de todas clases, incluidos los posibles sustitutos próximos e incluidas las posibles transacciones en el mercado no oficial (over the counter);

16.

está de acuerdo en que las transacciones de los mercados primarios queden excluidas del ITF, pues de ese modo se reducirán las repercusiones indeseadas del impuesto sobre la economía real; lamenta al mismo tiempo que las operaciones de los poderes públicos en los mercados secundarios no queden excluidas, dado que, en interés de una correcta gestión presupuestaria, ello parecería lo adecuado puesto que los poderes públicos deben también recurrir a instrumentos financieros en los mercados secundarios;

17.

lamenta que no estén sujetos al ITF todos los tipos de operaciones de divisas y, con ello, también las que realizan los operadores en los mercados financieros privados, perdiéndose así un considerable potencial de ingresos y un importante efecto regulador del ITF; es de la opinión de que gravar las operaciones financieras en el marco de un sistema amplio de ITF no obstaculiza la libre circulación de capitales, dado que el ITF, debido a su amplio ámbito de aplicación, no afectaría directamente a la dimensión transfronteriza del intercambio de divisas, sino que este tributaría como cualquier otra transacción financiera;

18.

considera que las instituciones crediticias específicas que financian exclusivamente al sector público han de verse exentas del impuesto sobre las transacciones financieras;

Base imponible, estructura y nivel del impuesto sobre las transacciones financieras

19.

acoge en principio favorablemente el planteamiento propuesto para determinar la base imponible, incluida la fijación del importe teórico como base imponible para los derivados; al mismo tiempo considera que será necesario clarificar cómo se contrarresta, en concreto en los derivados complejos, el peligro real de reducción artificial del importe teórico;

20.

valora positivamente que se fijen tipos impositivos mínimos permitiendo a los Estados miembros aumentarlos, ya que esta disposición no hace sino resaltar en gran medida el principio de subsidiariedad; recuerda, no obstante, al mismo tiempo que al aplicarse la Directiva debe comprobarse si un tipo impositivo más elevado de los Estados miembros no suscitará una perniciosa competencia fiscal entre los Estados miembros, hecho que precisamente debería impedirse mediante la Directiva;

21.

señala la necesidad de que todos los instrumentos financieros sujetos a tributación reciban sin excepciones el mismo trato material, a la vez que se tienen en cuenta las diferencias de hecho que existan a fin de evitar crear incentivos indeseables a la elusión del impuesto y tomar debidamente en consideración el principio de equidad tributaria; por lo tanto, insta a que los tipos impositivos de las acciones y las obligaciones, así como los de los productos derivados, se vuelvan a examinar desde este punto de vista;

Pago del ITF

22.

se muestra crítico con el hecho de que se deleguen en la Comisión, de conformidad con el artículo 290 del TFUE, los poderes para adoptar actos destinados a determinar las medidas que han de tomar los Estados miembros para impedir la evasión, el fraude y el abuso en el ámbito fiscal; las medidas de ese carácter, destinadas a garantizar la aplicación efectiva de la Directiva, entran dentro del ámbito de competencias de los Estados miembros, que, de conformidad con el artículo 291, apartado 1, del TFUE, están obligados a adoptar todas las medidas necesarias para la ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la UE; y solamente cuando se requieran condiciones uniformes de ejecución, se confieren las competencias de ejecución a la Comisión; no obstante, cabe señalar que la adopción de actos de ejecución de conformidad con el artículo 291 del TFUE sería el instrumento previsto por el Tratado; no obstante, cuestiones de importancia esencial, especialmente aquellas que se refieren a la aplicación de sanciones penales, deben dejarse plenamente en la medida de lo posible al arbitrio de los Estados miembros;

23.

señala que la necesidad y la eficiencia de las medidas tomadas por la Comisión sobre la base de esta transferencia de competencias deberían estar incluidas también en la obligación de informar regularmente de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva;

Uso de los ingresos derivados del impuesto sobre transacciones financieras

24.

pide ya desde ahora que el impuesto se incorpore al sistema de recursos propios de la Unión como una nueva categoría, y que sus ingresos se distribuyan de manera proporcional entre la Unión y los Estados miembros, de modo que las contribuciones de los Estados miembros al sistema de los recursos propios puedan reducirse en función de lo recaudado por el ITF;

Necesidad de adoptar medidas de mayor alcance

25.

considera necesario, al margen de que se instaure un sistema de ITF europeo, replantear las condiciones en las que se desenvuelve la actividad financiera en la UE, por medio de una amplia reforma de los mercados financieros que permita contrarrestar cualquier eventual repercusión negativa que estos últimos puedan ejercer sobre la economía real;

26.

señala que, por este motivo, sería recomendable garantizar que la información que genere el ITF se recopile y gestione de manera adecuada;

27.

está convencido, a fin de hacer frente a los desafíos que representa el correcto funcionamiento del mercado interior y de la unión económica y monetaria con una moneda única, de la urgencia absoluta de adoptar nuevas medidas que deberán trascender el ámbito de la política financiera y que irán desde un claro refuerzo de la coordinación europea de las políticas económicas y financieras hasta el reconocimiento institucional de una gobernanza económica efectiva con una legitimación democrática suficiente a nivel europeo;

28.

opina que, más allá de esta iniciativa europea, se precisa una acción coordinada a nivel mundial y pide, por tanto, a la UE y a sus Estados miembros que actúen a nivel internacional en sus relaciones exteriores con terceros países para promover una reforma de las reglamentaciones de los mercados financieros y, especialmente con los del G20, para lograr la instauración de una tributación de carácter global de las transacciones financieras.

II.   RECOMENDACIONES DE ENMIENDA

Enmienda 1

Artículo 1, apartado 4, inciso (d)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

(d)

las transacciones con los bancos centrales de los Estados miembros.

(d)

las transacciones con bancos centrales de los Estados miembros, ;

Enmienda 2

Artículo 16

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Cada cinco años, y por primera vez el 31 de diciembre de 2016 a más tardar, la Comisión presentará al Consejo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva y, en su caso, una propuesta de modificación.

Cada cinco años, y por primera vez el 31 de diciembre de 2016 a más tardar, la Comisión presentará al Consejo un informe sobre la aplicación de la presente Directiva y, en su caso, una propuesta de modificación.

En dicho informe, la Comisión deberá examinar, como mínimo, el impacto del ITF sobre el correcto funcionamiento del mercado interior, los mercados financieros y la economía real, y deberá tener en cuenta los progresos realizados en materia de imposición del sector financiero en el contexto internacional.

En dicho informe, la Comisión deberá examinar, como mínimo, el impacto del ITF sobre el correcto funcionamiento del mercado interior, los mercados financieros y la economía real, y deberá tener en cuenta los progresos realizados en materia de imposición del sector financiero en el contexto internacional.

Bruselas, 15 de febrero de 2012.

La presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO


18.4.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/11


Dictamen del Comité de las Regiones — Nueva agenda europea para la integración

2012/C 113/04

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

señala que la participación plena de los inmigrantes en la vida económica, social y política de sus ciudades y regiones constituye un elemento esencial para la consecución de los objetivos de cohesión económica, social y territorial que se han establecido en la Estrategia Europa 2020;

considera que el método de la gobernanza multinivel es el más idóneo para lograr los mejores resultados en lo que respecta a la integración de los inmigrantes;

se congratula de la posición de la Comisión Europea de que es preciso desarrollar la actuación a nivel local aplicando un enfoque «de abajo arriba»;

opina que los pactos territoriales facilitan un marco flexible para poner en práctica las políticas de integración, ya que permiten aplicar las medidas y prioridades temáticas más apropiadas para cada entidad territorial y permiten tener en cuenta las modalidades constitucionales de cada Estado miembro, el reparto de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, así como los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión Europea de crear «módulos europeos» en materia de integración;

considera que deberían tomarse iniciativas para crear una asociación estratégica entre el Comité de las Regiones y la Comisión Europea y las redes europeas de ciudades y regiones;

esta asociación podría establecerse constituyendo una red de entes locales y regionales para la integración en la que podrían participar las instancias competentes para la elaboración de las políticas en todos los niveles de gobierno, así como las organizaciones de la sociedad civil. El CDR confía en el apoyo político, económico y operativo de la Comisión Europea para la aplicación completa de esta asociación estratégica y considera que podría integrarse en el marco de estructuras e iniciativas ya existentes.

Ponente

Dimitrios KALOGEROPOULOS (EL/PPE), Consejal de Aegaleo

Texto de referencia

Comunicación de la Comisión «Agenda Europea para la Integración de los Nacionales de Terceros Países»

COM(2011) 455 final

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Marco de referencia

1.

señala que la inmigración es hoy en día una realidad en todos los Estados miembros de la Unión Europea, y también un asunto de plena actualidad, sobre todo después de la «primavera árabe», que ha provocado nuevos movimientos de población hacia Europa;

2.

constata que el aumento del número de inmigrantes ha ido acompañado, durante esta última década, de cambios importantes en la tipología de los inmigrantes, así como en la estructura y la morfología de los flujos migratorios;

3.

señala que las estrategias para la integración de los inmigrantes están vinculadas a la política europea de inmigración, que, para ser eficaz, deberá ser coherente y combinarse con el apoyo al desarrollo de los países de origen y de tránsito de los inmigrantes;

4.

considera que la intensificación del fenómeno migratorio obliga a adoptar necesariamente unas políticas eficaces en favor de la integración social, económica y cultural de los inmigrantes de terceros países con residencia legal;

5.

recuerda que la integración de los inmigrantes es un asunto que compete principalmente a los Estados miembros. Son las administraciones nacionales, regionales y locales las responsables de poner en práctica las políticas de integración en ámbitos como la educación, la salud, la vivienda o el mercado de trabajo. El Tratado de Lisboa aspira a reforzar el papel de la Unión Europea en materia de política de integración de los nacionales de terceros países, pero no prevé la armonización de las disposiciones legislativas y reglamentarias de los Estados miembros;

6.

recuerda que los «Once principios básicos comunes» adoptados por el Consejo en 2004 y el Programa Común para la Integración publicado por la Comisión Europea en 2005 definen la integración de los nacionales de terceros países como un «proceso bidireccional y dinámico de ajuste mutuo por parte de todos los inmigrantes y residentes de los Estados miembros»;

7.

señala que en la Tercera Conferencia Ministerial Europea sobre la Integración celebrada en Vichy en noviembre de 2008 se subrayó la necesidad de la participación de los entes locales y regionales en la planificación, aplicación y evaluación de las políticas en esta materia, así como el papel fundamental que desempeñan para integrar a los inmigrantes en las sociedades locales;

8.

recuerda que en las Conclusiones de la Conferencia Ministerial sobre Integración celebrada en abril de 2010 en Zaragoza se hizo hincapié en la necesidad de resaltar los efectos positivos de la inmigración a nivel europeo y de destacar la integración y la diversidad cultural como motores de desarrollo y cohesión social;

9.

señala que en los últimos años la UE ha creado una serie de herramientas útiles que permiten a los Estados miembros desarrollar mejor sus políticas de integración y adoptar medidas con éxito. Se creó el Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países, así como el Foro Europeo sobre Integración, que se reúne con periodicidad regular y ofrece a los representantes de la sociedad civil y las organizaciones de inmigrantes la oportunidad de participar en el debate político. Además, se ha puesto en marcha un portal europeo sobre la integración, que ofrece una gran cantidad de información sobre la integración, y se han redactado tres manuales que incluyen ejemplos útiles y buenas prácticas;

10.

considera útil la consulta llevada a cabo por el CDR con las partes interesadas y expresa su satisfacción por el hecho de que los resultados y las propuestas formuladas con tal ocasión hayan sido tenidos en cuenta por la Comisión Europea para la elaboración de la nueva «Agenda Europea para la Integración» (1);

11.

subraya que la nueva Agenda Europea para la Integración de los Nacionales de Terceros Países señala que la inmigración es responsabilidad compartida de los distintos niveles de gobierno y que requiere, para el logro de sus objetivos, esfuerzos constantes y una colaboración permanente de todas las partes interesadas;

12.

subraya que el presente dictamen se basa en el marco establecido por el Dictamen de iniciativa del CDR titulado «Los entes regionales y locales en primera línea de las políticas de integración» y tiene como objetivo dar a conocer la respuesta del Comité de las Regiones a los retos futuros, destacando la contribución de los entes locales y regionales al desarrollo y aplicación de políticas de integración para los inmigrantes de terceros países con residencia legal; señala asimismo que en él se expondrá la posición del CDR sobre la manera de desarrollar una asociación estratégica con la Comisión Europea;

Principios fundamentales

13.

considera que la integración debe entenderse como el resultado de un proceso que brinda a los nacionales de terceros países la capacidad de actuar independientemente de cualquier intervención externa y de ocupar una posición social en pie de igualdad con los ciudadanos nacionales y europeos;

14.

recuerda que la integración es un proceso bilateral que exige un compromiso mutuo y que contempla derechos y obligaciones para la sociedad de acogida y para los inmigrantes. Este proceso requiere una buena disposición, tanto por parte de los inmigrantes a la hora de asumir la responsabilidad de integrarse en la sociedad de acogida, como de los ciudadanos de la Unión Europea para aceptar e integrar a los inmigrantes;

15.

subraya que la integración debe ser percibida y reconocida como un proceso dinámico y continuo y no como una etapa intermedia antes de la asimilación de los inmigrantes por parte de las sociedades que los acogen;

16.

considera que las políticas para la integración de los inmigrantes deben estar en consonancia con los valores fundamentales europeos, como el respeto de los derechos humanos y de la diversidad, la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia. Además, deben ser conformes con las políticas fundamentales de la Unión Europea en materia de cohesión, empleo, desarrollo, relaciones exteriores, así como de libertad, seguridad y justicia;

17.

considera que la aplicación del principio de igualdad de trato determina decisivamente la calidad del sistema democrático y representa una conquista fundamental y un elemento inherente a la cultura de la Unión Europea;

Consecución de los objetivos políticos

18.

señala que la participación plena de los inmigrantes en la vida económica, social y política de sus ciudades y regiones constituye un elemento esencial para la consecución de los objetivos de cohesión económica, social y territorial que se han establecido en la Estrategia Europa 2020;

Método

19.

considera que el método de la gobernanza multinivel es el más idóneo para lograr los mejores resultados en lo que respecta a la integración de los inmigrantes. Este tipo de planteamiento debe ser conforme con el principio de subsidiariedad, por el que se rige la cooperación entre la Unión Europea, los Estados miembros y los entes locales y regionales;

20.

se congratula de la posición de la Comisión Europea de que es preciso desarrollar la actuación a nivel local aplicando un enfoque «de abajo arriba»;

21.

subraya la necesidad de adoptar un planteamiento holístico que tenga en cuenta no solo los aspectos económicos y sociales de la integración, sino también los aspectos relacionados con la diversidad cultural y religiosa, la ciudadanía, los derechos políticos y la participación de los inmigrantes legales en la vida pública y en la vida política;

22.

hace hincapié en la necesidad de un planteamiento integral y considera que los esfuerzos para integrar a los inmigrantes incluyen un amplio abanico de políticas, tales como, por ejemplo, la política de educación, empleo, asuntos sociales, salud pública o cohesión económica, social y territorial;

23.

señala que, para lograr resultados, se precisa un enfoque conjunto en el que participen todas las partes interesadas a escala local, regional, nacional y europea. Es necesaria la participación de los órganos competentes de la Unión Europea, los entes locales, regionales y nacionales, las ONG, los interlocutores sociales y los representantes de la sociedad civil y de los propios inmigrantes –ya sean recién llegados o inmigrantes instalados desde hace una o dos generaciones–, así como de todas las partes interesadas que ejercen su actividad en ámbitos como el deporte, la cultura o la cohesión social;

24.

considera necesaria una labor constante hacia el conjunto de los inmigrantes y sostiene que las políticas de integración no deben tener solo como beneficiarios a los inmigrantes recién llegados a las ciudades o regiones. Las medidas en materia de integración también deben dirigirse a los inmigrantes de segunda o tercera generación en la medida en que sean necesarias para luchar con eficacia contra la discriminación;

25.

reitera la importancia que conceden los entes locales y regionales a la igualdad de acceso de los inmigrantes al mercado de trabajo, a los servicios públicos y a los servicios de salud y protección social. Este planteamiento constituye una condición previa imperativa para combatir la discriminación, el racismo y la xenofobia;

26.

señala que las políticas de integración desarrolladas a nivel local y regional deben tener en cuenta las especificidades y necesidades de ciertos grupos vulnerables de nacionales de terceros países. Entre ellos se incluyen los solicitantes y beneficiarios de protección internacional, los menores no acompañados, las mujeres inmigrantes, los ancianos, los discapacitados y las personas pertenecientes a otros grupos vulnerables, como los romaníes;

27.

recuerda, no obstante, que cuando los ciudadanos de la UE se trasladan para vivir y trabajar en otro Estado miembro cabe también la posibilidad de que necesiten servicios de apoyo a la integración como, por ejemplo, la oportunidad de estudiar el idioma;

Medios y modalidades

28.

apoya la promoción de medidas que faciliten el acceso de los inmigrantes al mercado laboral y la adquisición de cualificaciones profesionales. Para los inmigrantes, encontrar un empleo constituye un factor fundamental para incorporarse con normalidad a la sociedad de acogida;

29.

destaca el papel que, de cara a la integración, desempeñan la educación y, en especial, el aprendizaje del idioma del país de acogida, preservando al mismo tiempo el derecho a aprender la lengua materna;

30.

considera que la educación de los hijos de los inmigrantes ha de constituir una prioridad y valora positivamente que se promueva la diversidad en los sistemas educativos nacionales. Para que se refuerce la diversidad dentro de los sistemas educativos, pide a los Estados miembros, así como a los entes locales y regionales, que consideren la posibilidad de contratar personal docente de los países de los inmigrantes. De este modo, el Comité espera que el proceso educativo funcione como un puente cultural entre la sociedad de acogida y los nacionales de terceros países y que, al mismo tiempo, constituya la fuerza motriz de una sociedad productiva y cohesionada;

31.

apoya los esfuerzos para reconocer y validar la formación y las cualificaciones que los inmigrantes han adquirido en su país de origen. De este modo se facilitará su inserción en el mercado de trabajo y aumentarán las oportunidades de acceso a los sistemas de educación y formación de sus países de acogida;

32.

señala que la promoción de la igualdad de oportunidades para los inmigrantes en los ámbitos de la educación, la formación y el empleo representa el planteamiento adecuado para evitar su exclusión social, y considera que ofrecer perspectivas positivas para reivindicar una posición de igualdad en la sociedad de acogida es la mejor manera de evitar los actos de violencia que han tenido que arrostrar muchas ciudades europeas;

33.

subraya la importancia de la participación activa de los inmigrantes en las estructuras e instituciones de la sociedad de acogida y considera que la participación plena y sin obstáculos de los inmigrantes en la vida política a nivel local o regional contribuye de manera significativa a crear un clima de confianza mutua entre ellos y las sociedades que los acogen;

34.

recuerda que se debe prestar especial atención a las mujeres inmigrantes, tanto porque desempeñan un papel determinante en la educación de los hijos y en la transmisión de los modelos culturales como porque constituyen el colectivo más vulnerable a las prácticas de exclusión, los actos de violencia y la discriminación;

35.

considera que el diálogo intercultural es extremadamente importante para la integración y cree necesario que los entes territoriales sigan tomando iniciativas para promover dicho diálogo; opina que mejorar el conocimiento de la cultura de los inmigrantes contribuye de manera eficaz a luchar contra los fenómenos racistas y xenófobos;

36.

subraya que los medios de comunicación cumplen una función decisiva a la hora de sensibilizar a la opinión pública acerca del papel que desempeña la inmigración, así como para frenar los fenómenos de marginación, racismo y xenofobia;

37.

coincide con la Comunicación de la Comisión Europea en reconocer la dimensión exterior de la política migratoria, y subraya la necesidad de cooperar con los países de origen de los inmigrantes en la adopción de medidas que sirvan para preparar su integración;

Herramientas innovadoras

38.

opina que los pactos territoriales facilitan un marco flexible para poner en práctica las políticas de integración, ya que permiten aplicar las medidas y prioridades temáticas más apropiadas para cada entidad territorial y permiten tener en cuenta las modalidades constitucionales de cada Estado miembro, el reparto de competencias entre los diferentes niveles de gobierno, así como los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

39.

acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión Europea de crear «módulos europeos» en materia de integración; considera que, además de contribuir a la difusión de las mejores prácticas, constituyen otra herramienta flexible para diseñar políticas nacionales, regionales y locales encaminadas a la integración y confía en que la sistematización del conocimiento actual responda a las necesidades locales y se aprovechará para mejorar los resultados;

Contribución de los entes locales y regionales

40.

expresa su satisfacción por el hecho de que en la nueva Agenda Europea la integración se presente como una responsabilidad compartida de todos los niveles de gobierno y se reconozca el importante papel que desempeñan los entes territoriales en la aplicación de las políticas de integración;

41.

acoge favorablemente la decisión de la Comisión Europea de garantizar la participación de los entes locales y regionales en la definición de las estrategias de integración dentro de los programas de la UE, de coordinar mejor la programación relativa a la dotación financiera actual de la Unión y de prever la adopción de medidas a nivel local;

42.

señala que los entes locales y regionales desempeñan un papel decisivo a la hora de crear las condiciones adecuadas para que los nacionales de terceros países puedan acceder a las informaciones y los servicios relacionados con la educación, la salud, el empleo, la vivienda y otras prestaciones de carácter público, que son el vínculo mediante el cual se establece una relación sólida y constructiva con la sociedad de acogida. Este papel entraña costes adicionales para las regiones y los municipios, que a menudo son los que tienen que responder a los retos que plantea la integración;

43.

subraya que los entes regionales y locales actúan como prestadores de servicios y cooperan estrechamente con las empresas, organizaciones y otros niveles de gobierno para poner en práctica las políticas de integración. Desde el punto de vista de las responsabilidades que asumen, contribuyen a reforzar la responsabilidad social de las empresas a nivel local;

44.

subraya el papel que desempeñan los entes locales y regionales para aprovechar las experiencias y prácticas europeas, recurriendo al intercambio de buenas prácticas y a la divulgación de los resultados de su participación a la hora de aplicar los programas comunitarios (por ejemplo, CLIP, Erlaim, Routes, City2City o Eurocities – Integrating Cities), así como en el funcionamiento de las redes regionales transfronterizas;

45.

señala que los entes locales y regionales contribuyen decisivamente a crear las condiciones propicias para que los ciudadanos de terceros países puedan acceder a la información y a los servicios de empleo, educación, sanidad, vivienda, cultura y demás servicios asistenciales, ofreciéndoseles así la posibilidad de entablar vínculos estables con la sociedad de acogida;

46.

observa que, por su proximidad, los entes locales y regionales asumen un papel especialmente relevante en la cooperación, la comunicación y el intercambio de información con los ciudadanos, las asociaciones de inmigrantes y las ONG. Por este motivo, contribuyen de manera decisiva a crear un clima de confianza, a mantener la cohesión en las sociedades de acogida y, por consiguiente, a realzar la inmigración como un factor de desarrollo y progreso;

Seguimiento de los resultados

47.

acoge favorablemente el establecimiento de indicadores comunes europeos acordado por los Estados miembros en Zaragoza, y considera que pueden convertirse en una herramienta eficaz para el seguimiento y la evaluación de las políticas de integración;

48.

considera especialmente importante la contribución del Fondo Europeo para la Integración de Nacionales de Terceros Países en la elaboración y aplicación de las políticas de integración y recuerda que, aunque los entes locales y regionales desempeñan un papel fundamental en la aplicación de las políticas de integración, hasta ahora no participan activamente en la definición de las prioridades financieras ni en la evaluación de los resultados; considera que la posible participación del CDR se centraría en la definición de enfoques más específicos y en el apoyo a estrategias de integración más coherentes;

Asociación estratégica con la Comisión Europea

49.

expresa su satisfacción por la posición adoptada por la Comisión, según la cual las acciones a nivel local constituyen un elemento esencial de la estrategia en materia de integración y, basándose en el principio de subsidiariedad y el método de gobernanza multinivel, considera que deberían tomarse iniciativas para crear una asociación estratégica entre el Comité de las Regiones y la Comisión Europea y las redes europeas de ciudades y regiones, con el objetivo de aprovechar la experiencia de los entes locales y regionales, facilitar el intercambio de opiniones y buenas prácticas, garantizar una mayor coordinación de las iniciativas y lograr una mayor difusión de los resultados;

Medidas para alcanzar los objetivos

50.

considera que la integración de los inmigrantes debe ser una prioridad esencial de la Unión y apoya las iniciativas que ha adoptado la UE para presentar propuestas, crear nuevas herramientas y poner en práctica políticas eficaces;

51.

estima que la evolución económica y demográfica requiere el desarrollo de una estrategia europea común para garantizar una gestión equilibrada de los flujos migratorios y el fomento de la integración;

52.

subraya la necesidad de actuar de manera conjunta y promover la cooperación y el diálogo entre las partes interesadas en el ámbito de la integración a nivel local, regional, nacional y europeo;

53.

pide a los Estados miembros y a los entes regionales competentes que adopten iniciativas para facilitar la evaluación y el reconocimiento de las competencias profesionales de los inmigrantes;

54.

propone el desarrollo de programas de formación lingüística que respondan a las necesidades de los grupos específicos de inmigrantes;

55.

propone que se fomente, a nivel local y regional, la adopción de medidas innovadoras en materia de integración con el fin de responder eficazmente a los retos demográficos que afrontan algunas regiones;

56.

pide a los Estados miembros y a la Comisión que presten apoyo político y económico a los entes locales y regionales, que desempeñan un papel fundamental en la aplicación de las políticas de integración;

57.

exhorta a los entes locales y regionales a que animen a las empresas locales a fortalecer la responsabilidad social de las empresas a nivel local;

58.

opina que el proceso de integración debe comenzar en el país de origen y propone reforzar las iniciativas existentes en el ámbito de la cooperación transfronteriza desarrollada entre los entes locales y regionales situados a ambos lados de las fronteras exteriores de la UE;

59.

propone que los asuntos que conciernen a la inmigración de la mano de obra y la integración se debatan durante los contactos mantenidos entre los representantes de los entes locales y regionales en el marco de la política europea de vecindad; por este motivo, considera que la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM), así como la recién creada Conferencia de Entes Locales y Regionales para la Asociación Oriental (CORLEAP), representan herramientas esenciales para profundizar en estas cuestiones;

60.

opina que las políticas de integración deben abarcar tanto la inmigración temporal como la circular; pero precisa que la inmigración circular no puede sustituir a la migración de carácter permanente, y sugiere que se exploren las posibilidades de participación de los entes locales y regionales, tanto de los países de origen como de los países de acogida, en las asociaciones de movilidad y en los procesos de negociación de dichas asociaciones;

61.

reitera su llamamiento en favor de una participación activa de los entes regionales y locales en una fase temprana del desarrollo de estrategias de integración y durante toda su aplicación;

62.

pide que el CDR participe en la definición de las prioridades de la UE en materia de recursos financieros para la integración, así como en la evaluación de los resultados de los programas de integración;

63.

es favorable a la creación de un fondo para la inmigración y el asilo y solicita que se prevean los recursos necesarios para la adecuada financiación y el fomento real de la integración de los inmigrantes en el ámbito local y regional, incluida la financiación de proyectos a nivel regional. En cuanto al contexto más general de los gastos en asuntos de interior, señala la necesidad de garantizar un cuidadoso equilibrio entre, por una parte, el componente del gasto en seguridad de las fronteras y, por otra parte, el gasto en ámbitos como la integración de los inmigrantes y las condiciones de acogida de los solicitantes de asilo, ámbitos en los que los entes locales y regionales pueden aportar un claro valor añadido;

64.

desea desempeñar un papel más activo en la coordinación de medidas a nivel europeo. Para ello reclama la participación activa del CDR, como representante de los entes regionales y locales, en las conferencias ministeriales europeas sobre integración, propone reforzar su presencia en las actividades del Foro sobre la Integración y está dispuesto a desempeñar un papel central en la promoción de los «pactos territoriales»;

65.

está dispuesto a contribuir a la creación de un sistema paneuropeo de seguimiento de los progresos realizados en materia de integración que utilice indicadores comunes;

66.

considera que es necesario facilitar el uso de nuevas herramientas como los «pactos territoriales» y prever que se financien con cargo a los Fondos Estructurales y a las financiaciones temáticas de la UE en el nuevo período de programación;

67.

propone la institución de un premio a la integración de ciudadanos de terceros países con el que se galardone a aquellos inmigrantes o instancias relacionadas con el proceso de integración de los inmigrantes (entes locales y regionales, empresas, organismos, asociaciones, fundaciones, etc.). Esta iniciativa podría integrarse dentro de manifestaciones ya existentes, como el Día Internacional del Migrante, organizado bajo la égida de las Naciones Unidas;

68.

desea desarrollar una asociación estratégica con la Comisión Europea y las redes europeas de ciudades y regiones para facilitar la integración de los inmigrantes y fomentar políticas eficaces. Esta asociación podría establecerse constituyendo una red de entes locales y regionales para la integración en la que podrían participar las instancias competentes para la elaboración de las políticas en todos los niveles de gobierno, así como las organizaciones de la sociedad civil. El CDR confía en el apoyo político, económico y operativo de la Comisión Europea para la aplicación completa de esta asociación estratégica y considera que podría integrarse en el marco de estructuras e iniciativas ya existentes.

Bruselas, 15 de febrero de 2012.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO


(1)  CDR 261/2011.


18.4.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/17


Dictamen del Comité de las Regiones — El futuro de la Capital Europea de la Cultura

2012/C 113/05

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

reconoce que la Capital Europea de la Cultura es una manifestación valiosa que hace hincapié en la riqueza, la diversidad y los aspectos comunes de las culturas europeas, y señala que este programa ha contribuido de manera significativa a la aparición de una identidad europea en un período de rápido crecimiento cultural para la Unión Europea;

señala que, gracias al creciente prestigio adquirido por el título CEC, la cultura ha pasado a ocupar un puesto importante en las agendas políticas de los Estados miembros, las regiones y las ciudades;

se reafirma en su convicción de que el concepto del diálogo intercultural, unido al de la cohesión social y territorial, puede ayudar a inculcar los valores fundamentales de la vida privada, social y cívica, como son la solidaridad, la responsabilidad, la tolerancia, el respeto; también puede impulsar la capacidad de comunicación entre personas y grupos de distintas culturas, y su disposición a vivir juntos de manera solidaria;

constata que las ciudades galardonadas con el título CEC han visto reforzado su sector cultural de modo considerable, con un auge constante de la participación cultural, especialmente entre los jóvenes;

destaca que la capitalidad cultural europea tiene que ser un proceso en el cual las audiencias locales se desarrollen mediante programas educativos, acciones participativas y una mayor sensibilización en asuntos locales y europeos.

Ponente

Anton ROMBOUTS (NL/PPE), Alcalde de 's-Hertogenbosch

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Contexto general

1.

valora positivamente los esfuerzos que la Comisión está desplegando en la actualidad para dotar a la Capital Europea de la Cultura (CEC) de un nuevo marco legal y que haya llevado a cabo entre 2010 y 2011 una consulta en línea y una reunión de carácter público; reitera su compromiso de contribuir en la fase de debate, tal como puso de manifiesto en su dictamen sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión 1419/1999/CE por la que se establece una acción comunitaria en favor de la manifestación ‧Capital europea de la cultura‧ para los años 2005 a 2019» (1);

2.

destaca la importancia de proseguir el programa CEC más allá del año 2019;

3.

reconoce que la Capital Europea de la Cultura es una manifestación valiosa que hace hincapié en la riqueza, la diversidad y los aspectos comunes de las culturas europeas, y señala que este programa ha contribuido de manera significativa a la aparición de una identidad europea en un período de rápido crecimiento cultural para la Unión Europea;

4.

señala que, gracias al creciente prestigio adquirido por el título CEC, la cultura ha pasado a ocupar un puesto importante en las agendas políticas de los Estados miembros, las regiones y las ciudades. Además, la investigación y la inversión en cultura constituyen un instrumento importante para garantizar la prosperidad, la cohesión social en las ciudades y las regiones, al igual que ocurre a nivel nacional y europeo;

5.

considera que brindar a los jóvenes la posibilidad de participar en distintos actos culturales ensancha sus horizontes y los ayuda a superar los prejuicios y temores de algo que les resulta extraño y desconocido, con lo que también se contribuye al diálogo multicultural;

6.

se reafirma en su convicción de que el concepto del diálogo intercultural, unido al de la cohesión social y territorial, puede ayudar a inculcar los valores fundamentales de la vida privada, social y cívica, como son la solidaridad, la responsabilidad, la tolerancia, el respeto, la lucha por el progreso social y la comprensión de la diversidad social y cultural; también puede impulsar la capacidad de comunicación entre personas y grupos de distintas culturas, y su disposición a vivir juntos de manera solidaria (2);

7.

admite que el programa CEC ha conllevado una repercusión económica, social y cultural de gran calado, y que este título potencia de manera notable el sector cultural, un ámbito que desempeña –por pleno derecho– un papel económico destacado en Europa y que sirve de motor económico para otros sectores;

8.

constata que las ciudades galardonadas con el título CEC han visto reforzado su sector cultural de modo considerable, con un auge constante de la participación cultural, especialmente entre los jóvenes;

9.

destaca que los entes locales y regionales no solo son los mejor situados para comprender las realidades y situaciones con que se enfrentan los candidatos a la capitalidad cultural europea, sino también los que mejor pueden ayudar a planificar y ejecutar el programa CEC, respetando en todo momento el principio de subsidiariedad. Además, en la mayoría de los Estados miembros, los entes locales y regionales asumen una responsabilidad directa a la hora de garantizar la adecuada organización y gestión de los actos culturales, por lo que cuentan con los conocimientos y experiencia necesarios para ayudar a encontrar planteamientos innovadores y creativos.

Recomendaciones

A.   Continuidad y profundización del sistema de capitalidad cultural

10.

comparte la conclusión de la Comisión Europea de que el título CEC sigue estando muy valorado, genera amplios programas culturales y logra repercusiones significativas (3); pide, en este contexto, que se prosiga con esta iniciativa, que debería seguir fomentando la participación de los ciudadanos y el desarrollo a largo plazo; observa que, para el período posterior a 2019, la CEC debería adoptar un planteamiento equilibrado para la cultura, que debería respaldarse no solo como un medio para rentabilizar las inversiones de manera tangible y cuantificable, sino también por su propio valor inherente;

11.

propone que el programa CEC contribuya a construir la Europa del futuro. Es necesario prestar atención a tendencias como el nacionalismo, el individualismo y el consumismo, así como a unas infraestructuras sociales tambaleantes. La globalización, el aumento de la movilidad y la apertura de las fronteras ensanchan nuestra visión del mundo. Aunque los europeos somos también «ciudadanos del mundo», es necesario proteger y mantener al mismo tiempo las culturas locales y propias de cada pueblo. Europa ha de poder permitir que florezcan las culturas locales a la vez que se desarrolla una identidad europea integradora. La innovación industrial, social y medioambiental es crucial para impulsar la competitividad europea, lo cual contribuirá a su vez a reforzar la cohesión territorial;

12.

señala que el programa CEC tiene que basarse en la escena cultural local y regional, por lo que la participación ciudadana y de todos los agentes públicos y privados que operan en el territorio es crucial en las diferentes etapas del proyecto; destaca que la capitalidad cultural europea tiene ser un proceso en el cual las audiencias locales se desarrollen mediante programas educativos, acciones participativas y una mayor sensibilización en asuntos locales y europeos; las capitales europeas de la cultura han de tener una mayor implicación en las acciones e iniciativas que la UE realiza para poner en marcha sus actuales o futuros programas en el ámbito de la cultura, incorporando progresivamente la posibilidad de convertirse incluso en terrenos de aplicación de las mismas;

13.

admite que la CEC ha sido eficaz en la creación de programas que incentivan la integración y el diálogo intercultural, y constata que muchos de los actos relacionados con la capitalidad cultural europea han tenido lugar en ciudades que afrontaban distintos desafíos en el ámbito de la cohesión social y la integración. El acceso a la cultura es una clave principal hacia una responsabilidad y una ciudadanía aumentadas, un mayor bienestar individual y colectivo, una mayor movilidad social, solidaridad, etc. Teniendo esto en cuenta, los ciudadanos y la sociedad civil deben estar en el centro del programa CEC;

14.

se reafirma en su convencimiento de que el sector cultural aporta una contribución esencial a la realización de los objetivos definidos en la Estrategia Europa 2020. Llama la atención sobre las oportunidades especiales que ofrece el turismo cultural para el desarrollo económico de muchas regiones. Advierte, no obstante, que no debe destacarse de manera exclusiva la mera significación económica de la cultura. Igual de importante resulta su papel para crear un entorno agradable y dinámico, que constituye una condición imprescindible para el desarrollo (4);

15.

apoya la idea de que el instrumento de la CEC continúe más allá de 2019 y propone su ampliación para permitir que se centre más en la búsqueda y el descubrimiento de la o las identidades culturales polifacéticas de los europeos. Con este propósito, es conveniente abrir más el contenido del programa a otras culturas y socios no europeos para realzar el valor y la riqueza de las culturas europeas de un modo incluso más eficaz.

B.   Contexto plurianual

16.

afirma que la manifestación de la CEC ha evolucionado en los últimos veinticinco años, pasando de festival de verano a un programa cultural que abarca todo el año e incluye aspectos importantes de desarrollo cultural, social y económico. Algunas ciudades han extendido el alcance de la capitalidad cultural europea organizando actos antes y después del año correspondiente. Este planteamiento ha cosechado un gran éxito alentando a la población local a participar en el año de la capitalidad cultural, estimulando el desarrollo cultural y la participación, dándose mejor a conocer en el plano internacional e impulsando la cooperación;

17.

señala una vez más que el planteamiento plurianual se ha revelado de gran utilidad para ayudar a consolidar los logros conseguidos por las ciudades y regiones, sin olvidar las nuevas redes (europeas) que han surgido en relación con el título CEC. Igualmente, contribuye a garantizar, especialmente en épocas de presiones económicas como la actual, el mantenimiento de la inversión cultural a largo plazo en la agenda política. El actual criterio –«ciudad y ciudadanos»– exige que los actos sean sostenibles y parte integrante de un desarrollo sociocultural a largo plazo. No obstante, la mayoría de las capitales culturales europeas sigue centrándose en organizar festividades culturales en el transcurso de un año; en esta línea, una colaboración más estructurada entre las presentes, pasadas y futuras capitales europeas de la cultura puede resultar positiva;

18.

se reafirma en su convencimiento de que las ciudades han de aprovechar esta manifestación como parte de una estrategia de desarrollo a largo plazo que sirva para promover una aproximación más sostenible al desarrollo cultural y para potenciar la repercusión y el legado de las capitales culturales europeas, tal como se establece en el Dictamen sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que por la que se establece una acción comunitaria en favor de la manifestación ‧Capital europea de la cultura‧ para los años 2007 a 2019»; para desarrollar estas estrategias a largo plazo y responder así a los nuevos retos a nivel local y regional, se reafirma la idoneidad de formular y desarrollar políticas culturales consensuadas a medio y largo plazo, aspecto que es asumible solo sobre la base de una voluntad institucional clara y la participación plena de los agentes sociales públicos y privados;

19.

reconoce que la concesión del título CEC se corresponde con un año concreto y recuerda la importancia de enmarcar las actividades en un contexto plurianual, convirtiéndolas en elementos de una política a largo plazo a efectos de desarrollo cultural, económico y social y de ordenación del territorio;

20.

hace hincapié en que los Estados miembros han de otorgar a la realización del proyecto de la Capital Europea de la Cultura toda la atención necesaria, especialmente en lo referente a su viabilidad. Conviene que el Estado miembro de que se trate apoye debidamente cada uno de los proyectos de CEC, integrándolos en su política y su estrategia a largo plazo.

C.   Fomentar la participación de la región circundante

21.

admite que el programa CEC ha evolucionado por lo que respecta a los tipos de ciudad y región implicadas. En la primera fase, las ciudades designadas por los Estados miembros eran, por lo general, las capitales o las ciudades más importantes de cada país. Con el paso de los años, el título ha pasado a concederse cada vez más a ciudades más pequeñas («ciudades secundarias» o centros culturales regionales). La reducción en el tamaño de las ciudades solicitantes hizo cada vez más necesaria la participación de las regiones circundantes. Los pueblos y ciudades son lugares de encuentro, centros comerciales, industriales, educativos y gubernamentales situados en el corazón de una región, y reflejan el carácter de la región; recuerda que esta tendencia quedó reconocida con la inclusión de la dimensión regional en el programa CEC después de 2007, y destaca por lo tanto el valor añadido de impulsar el enfoque regional en la concesión del título CEC; asimismo, debería considerarse una posible designación a nivel regional, haciendo hincapié primordialmente en la cultura de la región, bajo la responsabilidad de la ciudad principal de la región;

22.

destaca que, en el futuro, se fomentará aún más que las ciudades solicitantes incluyan la región circundante –o incluso la eurorregión en el caso de las ciudades fronterizas– en el programa CEC, mediante la celebración de acuerdos de asociación que garanticen la realización del trabajo común en todas las fases de la iniciativa; reconoce la importancia de un sistema de gobernanza sólido que garantice la sostenibilidad del compromiso político y financiero. Un fuerte apoyo político entre partidos, incluido un presupuesto garantizado, la independencia artística y la participación ciudadana deberían ser factores clave en el sistema de gobernanza;

23.

subraya el papel vital que desempeñan en las economías modernas las redes y las ciudades creativas en el marco de un ecosistema de innovación abierto, ya que cada vez es mayor la cooperación entre las ciudades, las regiones, los centros universitarios y de investigación y las empresas en cuestiones estratégicas, a fin de aprovechar las economías de escala y alcance, generar beneficios indirectos en el plano del conocimiento y coordinar la planificación de las infraestructuras. Pide, además, una estrecha implicación de los entes locales y regionales en la elaboración de los marcos jurídicos y los programas de financiación;

24.

recuerda la importancia que reviste la dimensión europea de esta manifestación (5), y coincide en que el programa CEC tiene como objetivo promover la cooperación europea, destacar la riqueza de la cultura europea e implicar y movilizar a los ciudadanos; reitera que si se promoviera la participación activa de los territorios regionales circundantes en el programa CEC se fomentaría este objetivo, con lo que las repercusiones positivas se dejarían sentir en un contexto regional (más amplio);

25.

afirma una vez más que la Comisión Europea ha de seguir atentamente, analizar y favorecer las nuevas evoluciones en el contexto de las capitales europeas de la cultura, y recuerda que, a la hora de elaborar sus programas, la Comisión Europea ha de tener en cuenta los potenciales culturales –importantes para el conjunto de la sociedad– de las cooperaciones entre las ciudades y las regiones, y hacer suyos los nuevos desarrollos cualitativos (6).

D.   Fomentar la participación en la fase de preselección

26.

reconoce que la CEC constituye uno de los programas de más éxito en la UE, al ofrecer una oportunidad sin igual a la ciudad anfitriona, a su región circundante e incluso a las ciudades candidatas, de dar un importantísimo «paso adelante» cultural, social y económico, y acometer en unos pocos años una transformación que, normalmente, tardaría una generación;

27.

propugna, por tanto, que se fomente la participación de un plantel más amplio de ciudades candidatas en el proceso de selección para el título CEC; señala que la experiencia de los últimos años demuestra que la mera presentación de una candidatura tiene de por sí efectos positivos para las ciudades candidatas en términos de imagen e impacto económico derivado. Competir por el título se traduce también en la creación de nuevas redes (internacionales) y mejora la cooperación entre los socios de una misma región;

28.

admite los nuevos problemas con que se enfrentan los Estados miembros y el comité de selección europeo por el creciente número de ciudades solicitantes, el aumento de los costes de las candidaturas y las cuestiones organizativas relacionadas con la competición; insta a la Comisión a poner de relieve el número creciente de candidaturas como aspecto positivo y a adaptar en consecuencia el procedimiento de selección a partir de 2019;

29.

resalta que la Comisión Europea, los Estados miembros y las ciudades candidatas deberían colaborar estrechamente a fin de dar a conocer esta manifestación cultural entre la opinión pública de las ciudades y regiones. La Comisión debería continuar desarrollando el valor del título CEC, los Estados miembros deberían hacer una amplia publicidad de la competición a nivel nacional y las ciudades tienen la responsabilidad de aprovechar su contacto directo con los ciudadanos para explicarles y transmitirles las ventajas de la iniciativa. En efecto, si los ciudadanos no entienden bien los objetivos del título CEC, es difícil que las ciudades consigan respaldo público para su candidatura. Esta circunstancia puede disuadir a posibles ciudades candidatas a la hora de luchar por el título;

30.

señala que sería deseable reforzar el marco competitivo y propone organizar esta «competición» de manera que todas las ciudades candidatas puedan contribuir al desarrollo de la cultura a nivel europeo, nacional y/o regional. El diseño de las actividades previstas como parte del proceso de presentación de candidaturas podría adecuarse para mostrar cómo puede contribuir cada ciudad o región a los objetivos en materia de política cultural, e incluir un compromiso de todas las ciudades por emprender esta labor ya en los años precedentes a la capitalidad cultural europea (independientemente del eventual «ganador»). Una mayor claridad en el marco competitivo reduciría las fricciones entre ciudades y regiones, y ayudaría a los candidatos a contribuir a unas agendas más amplias en el ámbito nacional y de la UE. Todo ello equivale, esencialmente, a promover la idea sana de que se puede competir cooperando;

31.

exhorta a la Comisión a que solicite de los Estados miembros todo el apoyo posible, a través de sus autoridades e instituciones nacionales, a la ciudad que haya sido designada capital cultural.

E.   Procedimiento de selección

32.

apoya el actual sistema de concesión del título CEC basado en la rotación para los Estados miembros –en vigor desde 2007– pues reconoce que garantiza que las ciudades y Estados miembros más pequeños tengan las mismas posibilidades para conseguir el título a pesar de las restricciones presupuestarias;

33.

pide a la Comisión Europea que considere la reintroducción, en el nuevo fundamento jurídico de la CEC, de la posibilidad de que ciudades de terceros países soliciten el título; la experiencia de Estambul en 2010 va en esta dirección (7);

34.

reitera que el representante del CDR en el comité de selección debe seguir siendo uno de sus miembros elegidos, como ha sido la práctica común en el pasado; no obstante, reconoce que participar en el comité de selección no constituye un mero cargo honorífico, sino que implica una considerable carga de trabajo y una gran responsabilidad ante las ciudades candidatas; pide que la Comisión confirme el papel que desempeña el Comité de las Regiones en el comité de seguimiento y que dicho comité siga desempeñando un papel activo para garantizar una mayor sinergia entre los programas culturales de las ciudades designadas ya en la fase de preparación del programa (8); considera conveniente establecer criterios de evaluación más objetivos de manera que las ciudades candidatas que queden descartadas puedan inferir conclusiones y las futuras candidatas sepan a qué atenerse.

Bruselas, 15 de febrero de 2012.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO


(1)  CDR 393/2003 fin.

(2)  CDR 251/2008 fin.

(3)  Evaluación ex post de las Capitales Europeas de la Cultura de 2010 (Essen, Pécs y Estambul) COM(2011) 921 final

(4)  CDR 172/2007 fin.

(5)  CDR 393/2003 fin.

(6)  CDR 172/2007 fin.

(7)  Evaluación ex post de las Capitales Europeas de la Cultura de 2010 (Essen, Pécs y Estambul) COM(2011) 921 final.

(8)  CDR 251/2005 fin.


18.4.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/22


Dictamen del Comité de las Regiones — Revisión del Reglamento AECT

2012/C 113/06

El COMITÉ DE LAS REGIONES

se felicita de que la propuesta de la Comisión Europea se inscriba en la filosofía de las disposiciones del Reglamento (CE) no 1082/2006 y contribuya a mejorar la constitución y el funcionamiento de las agrupaciones europeas de cooperación territorial (AECT);

pide que se clarifiquen los criterios de aprobación del convenio o de denegación de la solicitud de creación de la AECT;

desea reforzar el papel del CDR, encargado ya de llevar el registro de las AECT y de impulsar la plataforma de las AECT, con la notificación del «formulario AECT» y la publicación en el DOUE;

llama la atención de la Comisión Europea sobre el hecho de que es muy complejo, incluso imposible, incluir a priori en el convenio la lista completa de las legislaciones europeas, nacionales y regionales que se aplicarán a las actividades de la AECT;

propone que las AECT ya creadas se beneficien de las disposiciones del nuevo Reglamento que sean más favorables que las disposiciones del Reglamento (CE) no 1082/2006 relativo a las AECT vigente en la actualidad;

insiste en la necesidad de que el tipo de empresa que puede participar en una AECT se haga extensivo a las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general.

Ponente

Michel DELEBARRE (FR/PSE), Alcalde de Dunkerque

Texto de referencia

Propuesta del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) en lo que se refiere a la clarificación, la simplificación y la mejora de la creación y la puesta en práctica de dichas agrupaciones

COM(2011) 610 final – 2011/0272 (COD)

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

1.

se felicita de que la propuesta de la Comisión Europea se inscriba en la filosofía de las disposiciones del Reglamento (CE) no 1082/2006 y contribuya a mejorar la constitución y el funcionamiento de las agrupaciones europeas de cooperación territorial (AECT);

2.

acoge con satisfacción la atención que presta la Comisión Europea a la integración de los logros del Tratado de Lisboa y, en especial, al objetivo de cohesión territorial;

3.

se felicita de que la propuesta de la Comisión Europea haya tenido en cuenta numerosas recomendaciones formuladas en sus dictámenes anteriores (1);

Balance de las agrupaciones europeas de cooperación territorial

4.

destaca que en menos de cuatro años se han creado 25 AECT, que agrupan a más de 550 entes regionales y locales de 15 Estados miembros y engloban a más de 22 millones de europeos;

5.

se felicita de que, a 1 de octubre de 2011, más de la mitad de los Estados miembros haya autorizado la creación de AECT (Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Rumania, Eslovaquia y Eslovenia);

6.

recuerda que hay decenas de AECT en proyecto o en fase de examen por los Estados miembros;

7.

considera que el recurso a la AECT debe hacerse de forma voluntaria: sólo los territorios o las redes que logren una ventaja decisiva con la creación de una AECT han de recurrir a este instrumento para mantener y formalizar sus actividades de cooperación;

8.

considera que las acciones de cooperación territorial europea siempre deben poder ponerse en práctica a partir de una coordinación política, técnica y administrativa de los socios del proyecto, dirigida por un «responsable»;

9.

pide a la Comisión Europea que tenga más en cuenta a la AECT como instrumento preferente para la aplicación de la política de cooperación territorial europea y que la integre mejor en las medidas legislativas referidas a la política de cohesión para el periodo 2014-2020;

10.

destaca la diversidad de socios, objetivos y territorios de intervención de las AECT creadas y en fase de constitución, lo que demuestra el enorme potencial y la flexibilidad de este instrumento de cooperación;

11.

estima que una de las ventajas de recurrir a una AECT para realizar los proyectos de gobernanza multinivel puede estribar en que permite la asociación del conjunto de los agentes competentes para la gobernanza de un territorio transfronterizo o eurorregional;

12.

insiste en el carácter polivalente de este instrumento y su potencial para gestionar infraestructuras y servicios de interés económico general en beneficio de los ciudadanos europeos, en territorios que se extienden por varios Estados miembros;

13.

lamenta que la AECT se mencione poco en las políticas sectoriales de la Unión aparte de la política de cohesión; insiste asimismo en el potencial de este instrumento para responder a iniciativas y licitaciones y concretar los programas de la Unión Europea, así como en la necesidad de reconocer a la AECT como estructura que puede admitirse en estas iniciativas y licitaciones;

14.

señala que la AECT sólo tiene una escasa integración en los ordenamientos jurídicos europeos y nacionales;

15.

ha identificado 79 autoridades competentes, designadas por los 27 Estados miembros, para la recepción de las solicitudes de creación de AECT y el examen de estas solicitudes;

16.

observa que las cuestiones de interpretación del Reglamento (CE) no 1082/2006 pueden recibir respuestas divergentes de dichas autoridades competentes, como demuestra la cuestión del derecho por el que se rige el personal de las AECT o las AECT cuyos miembros tienen una responsabilidad limitada;

17.

respalda las conclusiones de la Comisión Europea recogidas en el informe sobre la aplicación del Reglamento (CE) no 1082/2006 sobre la Agrupación europea de cooperación territorial (AECT);

18.

es consciente de que la propuesta de Reglamento debe permitir que la AECT sea más atractiva y más eficaz para llevar a cabo gestiones de cooperación territorial, a la vez que limita los riesgos jurídicos y financieros para los futuros miembros, empleados y contratistas de la AECT y tiene un efecto neutro en la elección del régimen jurídico que se le aplica;

19.

considera que es necesario continuar los trabajos de la plataforma de AECT del Comité de las Regiones (2) ( www.cor.europa.eu/egtc), con el fin de permitir un seguimiento de las AECT y un intercambio sobre las mejores prácticas y los retos comunes de las AECT existentes y en fase de constitución y de ampliar la utilización de las AECT en las políticas sectoriales de la Unión; sugiere que la plataforma AECT pueda desempeñar a partir de 2014 un papel similar al de la plataforma de desarrollo urbano propuesta por la Comisión en su propuesta de Reglamento sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional;

20.

desea que estos trabajos se inscriban en el marco del acuerdo de cooperación entre la Comisión Europea y el Comité de las Regiones;

21.

insiste en la importancia de que este Reglamento específico y que no supone un desafío particular para el presupuesto de la Unión Europea se adopte cuanto antes, sin esperar a la aprobación de todo el paquete legislativo sobre la política de cohesión a partir de 2013. El Reglamento podría así entrar en vigor rápidamente, y dar un nuevo impulso a la creación de nuevos proyectos AECT en un entorno jurídico seguro;

Análisis de la propuesta de Reglamento

22.

respalda la filosofía de las propuestas de la Comisión Europea, que permiten adaptar las disposiciones del Reglamento (CE) no1082/2006 a la práctica de las AECT existentes y mejorar su funcionamiento;

23.

destaca que estas propuestas permiten reforzar la base jurídica europea de las AECT aportando soluciones uniformes a escala europea;

24.

se felicita de la ampliación del objetivo de las AECT y de su asociación, en especial, a las empresas públicas con arreglo a la Directiva 2004/17/CE;

25.

propone, en esta perspectiva, que el tipo de empresa que puede participar en una AECT se haga extensivo a las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general, tal como se definen en decisión (3) relativa a la aplicación del artículo 106, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (4);

26.

apoya la propuesta de la Comisión Europea de simplificar el procedimiento de constitución de las AECT, basada en la aprobación de un único convenio en un plazo imperativo de seis meses;

27.

opina que la flexibilización de la norma de la adecuación de las funciones de la AECT a las competencias de los miembros contribuirá al auge de nuevas formas de gobernanza multinivel;

28.

propone, a este respecto, que se clarifiquen los criterios de aprobación del convenio o de denegación de la solicitud de creación de la AECT;

29.

destaca que la AECT realiza objetivos por cuenta de sus miembros y no ejerce las competencias de ellos. La AECT no es un instrumento de fusión de las competencias de los miembros, sino de aplicación de proyectos o programas de cooperación;

30.

se felicita de que la propuesta de Reglamento incluya disposiciones sobre las normas nacionales aplicables a los contratos del personal de las AECT, dado que constituirá por sí solo una norma superior que se impondrá a los diferentes derechos nacionales existentes en este ámbito;

31.

considera positiva la introducción de disposiciones específicas sobre las fronteras exteriores de la UE y la integración de los territorios de ultramar en la asociación de las AECT;

32.

apoya la posibilidad de crear una AECT «bilateral» formada por miembros procedentes de un solo Estado miembro y miembros de un tercer país o territorio de ultramar;

33.

considera necesario, para que esta disposición sea plenamente operativa, que la constitución de este tipo de AECT no quede a la discreción de cada Estado miembro, sino que los supuestos de creación se determinen de manera objetiva en el Reglamento;

34.

considera un avance la propuesta de publicar la información relativa a las nuevas AECT en la serie C del DOUE (Comunicaciones e informaciones), con arreglo al formulario que se recoge en el anexo de la propuesta de Reglamento, y no en la serie S (Anuncios de concursos públicos) como ocurre actualmente;

35.

recuerda, no obstante, que las AECT no pueden pedir directamente esta publicación;

36.

propone, por consiguiente, que el Comité de las Regiones, encargado de llevar el registro de las AECT y de impulsar la plataforma de las AECT, se ocupe de dicha publicación, y no la Comisión Europea como se propone en la propuesta de Reglamento;

37.

coincide con la Comisión Europea en que es útil prever disposiciones que permitan a una AECT fijar tarifas y honorarios para la utilización de una infraestructura que gestione;

38.

considera que esta disposición debe ampliarse a los servicios de interés económico general que las AECT pueden tener que gestionar o prestar;

39.

desea aportar una solución jurídica común a todas las AECT para la firma de convenios de cooperación entre AECT situadas en una misma frontera o un mismo espacio de cooperación transnacional para realizar un proyecto común;

40.

considera que las AECT también deben poder firmar convenios de cooperación con una persona jurídica que desee cooperar de manera ocasional en un proyecto sin tener que adherirse a la AECT para todos sus objetivos;

41.

llama la atención de la Comisión Europea sobre el hecho de que es muy complejo, incluso imposible, incluir a priori en el convenio la lista completa de las legislaciones europeas, nacionales y regionales que se aplicarán a las actividades de la AECT;

42.

respalda las conclusiones de la Comisión Europea respecto de la clarificación de las disposiciones relativas al régimen de responsabilidad de la AECT, en especial el establecimiento de un régimen de pólizas de seguro;

43.

recuerda, no obstante, que el concepto de «responsabilidad limitada» derivado del sistema de «empresas de responsabilidad limitada» sólo existe en una minoría de Estados miembros de la UE;

44.

estima que únicamente los acreedores potenciales de la AECT tienen interés en conocer por adelantado el alcance de los compromisos financieros de sus miembros;

45.

propone que las AECT ya creadas se beneficien de las disposiciones del nuevo Reglamento que sean más favorables que las disposiciones del Reglamento (CE) no 1082/2006 relativo a las AECT vigente en la actualidad;

46.

pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que propongan un modelo no imperativo de convenio y de estatutos recogido en el anexo del Reglamento para facilitar y acelerar los procedimientos de aprobación de creación de las AECT.

II.   RECOMENDACIONES DE ENMIENDA

Enmienda 1

Artículo 1, apartado 3

Añádase una letra f)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

 (5);

Exposición de motivos

Véase el punto 24 del presente dictamen.

Enmienda 2

Artículo 1, apartado 4

AM 4R Att. Modificación

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

2.   Una AECT podrá estar formada por miembros procedentes del territorio de un solo Estado miembro y un tercer país o territorio de ultramar en caso de que dicho Estado miembro considere que tal AECT es coherente con el alcance de su cooperación territorial o de las relaciones bilaterales con el país tercero o el territorio de ultramar».

2.   Una AECT podrá estar formada por miembros procedentes del territorio de un solo Estado miembro y un tercer país o territorio de ultramar en caso de que coherente con el alcance de:

cooperación territorial

las relaciones bilaterales con el tercer país o territorio de ultramar».

Exposición de motivos

Los criterios que permiten aprobar o denegar la creación de una AECT cuyos miembros proceden de un solo Estado miembro y un solo tercer país o territorio de ultramar deben ser objetivos y corresponder a una de las tres hipótesis formuladas en la enmienda. La creación de este tipo de AECT no debe dejarse a la discreción de cada Estado miembro.

Enmienda 3

Artículo 1, apartado 5, letra a)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

3.   Tras la notificación mencionada en el apartado 2 que haga un miembro futuro, el Estado miembro afectado, teniendo en cuenta su estructura constitucional, aprobará el convenio y la participación del miembro futuro en la AECT, a no ser que considere que esa participación no es conforme con el presente Reglamento, o con otras disposiciones jurídicas de la Unión relativas a las actividades de la AECT, o con el Derecho nacional relativo a las competencias del miembro futuro, o que esa participación no resulte procedente por razones de interés público o de orden público de dicho Estado miembro. En tal caso, el Estado miembro hará una declaración de los motivos de denegación de la autorización o propondrá las modificaciones necesarias del convenio para permitir la participación del miembro futuro.

3.   Tras la notificación mencionada en el apartado 2 que haga un miembro futuro, Estado miembro afectado, teniendo en cuenta su estructura constitucional, aprobará el convenio y la participación del miembro futuro en la AECT, a no ser que, , considere que esa participación:

no es conforme con el presente Reglamento, o con otras disposiciones jurídicas de la Unión relativas a las actividades de la AECT, o

con el Derecho nacional relativo a las competencias del miembro futuro, , o

no resulte procedente por razones de orden público de dicho Estado miembro.

En tal caso, Estado miembro hará una declaración de los motivos de denegación de la autorización o propondrá las modificaciones necesarias del convenio para permitir la participación del miembro futuro.

Exposición de motivos

La notificación se realiza a una de las 79 autoridades competentes dentro de la UE designadas por los 27 Estados miembros que deben figurar en el Reglamento.

En la propuesta de Reglamento, la competencia de un miembro por Estado miembro es suficiente para justificar la adhesión de todos los miembros de un mismo Estado miembro (artículo 7, apartado 2). Las disposiciones del artículo 4, apartado 3, sobre el control de la adecuación de las competencias de los miembros a los objetivos de la AECT deben ajustarse a la del artículo 7, apartado 2.

El rechazo de una participación que no esté motivada por el interés público es redundante con el examen de la conformidad de la participación del miembro respecto de las disposiciones del Reglamento, en la medida en que el Reglamento ya define el ámbito de intervención de la AECT en el artículo 1, apartado 2.

Enmienda 4

Artículo 1, apartado 6

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 5

Adquisición de personalidad jurídica y publicación en el Diario Oficial

1.   El convenio y los estatutos y sus modificaciones posteriores se registrarán o se publicarán, o ambas cosas, de conformidad con el Derecho nacional aplicable en el Estado miembro en el que la AECT en cuestión tenga su domicilio social. La AECT adquirirá personalidad jurídica el día de registro o el de publicación, lo que tenga lugar primero. Los miembros informarán a los Estados miembros afectados, a la Comisión y al Comité de las Regiones del registro o la publicación del convenio.

2.   La AECT garantizará que, en un plazo de diez días laborables a partir del registro o la publicación del convenio, se envíe a la Comisión Europea una solicitud que siga el modelo que figura el anexo del presente Reglamento. A continuación, la Comisión transferirá dicha solicitud a la Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea para que publique una nota en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea, en la que se anuncie la creación de la AECT, con los detalles indicados en el anexo del presente Reglamento».

El artículo 5 se sustituye por el texto siguiente:

«Artículo 5

Adquisición de personalidad jurídica y publicación en el Diario Oficial

1.   El convenio y los estatutos y sus modificaciones posteriores se registrarán o se publicarán, o ambas cosas, de conformidad con el Derecho nacional aplicable en el Estado miembro en el que la AECT en cuestión tenga su domicilio social . La AECT adquirirá personalidad jurídica el día de registro o el de publicación , lo que tenga lugar primero. Los miembros informarán a los Estados miembros afectados, y al Comité de las Regiones del registro o la publicación del convenio.

2.   La AECT garantizará que, en un plazo de diez días laborables a partir del registro o la publicación del convenio, se envíe una solicitud que siga el modelo que figura el anexo del presente Reglamento. A continuación, transferirá dicha solicitud a la Oficina de Publicaciones Oficiales de la Unión Europea para que publique una nota en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea, en la que se anuncie la creación de la AECT, con los detalles indicados en el anexo del presente Reglamento».

Exposición de motivos

El Comité de las Regiones, encargado de llevar el registro de las AECT y de impulsar la plataforma de las AECT, puede velar por la publicación del convenio en la serie C, dado que no puede ser pedida por las propias AECT.

La cooperación y el intercambio de información entre el Comité de las Regiones y la Comisión Europea debe inscribirse en el marco del acuerdo de cooperación entre ambas instituciones.

Además, la publicación del convenio y los estatutos únicamente en el Estado miembro en el que la AECT tenga su domicilio social puede ser discriminatorio y contrario a la exigencia de transparencia y del derecho a la información de los ciudadanos.

Enmienda 5

Artículo 1, apartado 8, letra b)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

b)

En el apartado 4, se añade el párrafo siguiente:

«No obstante, la asamblea de una AECT, a que se hace referencia en el artículo 10, apartado 1, letra a), podrá definir los términos y las condiciones de utilización de un elemento de una infraestructura que gestione la AECT, incluidas las tarifas y los honorarios que deben pagar los usuarios».

b)

En el apartado 4, se añade el párrafo siguiente:

«No obstante, la asamblea de una AECT, a que se hace referencia en el artículo 10, apartado 1, letra a), podrá definir los términos y las condiciones de utilización de un elemento de una infraestructura que gestione la AECT , incluidas las tarifas y los honorarios que deben pagar los usuarios».

Exposición de motivos

Hay que dar a las AECT la posibilidad de determinar las tarifas y los honorarios por los servicio de interés económico general que organicen sin gestión de la infraestructura correspondiente.

Enmienda 6

Artículo 1, apartado 8

Añádase una letra c)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

Exposición de motivos

Todas las AECT deben poder beneficiarse de una base jurídica europea para establecer asociaciones con otras AECT u otras personas jurídicas con el fin de realizar proyectos comunes de cooperación.

Enmienda 7

Artículo 1, apartado 9, letra h)

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

h)

el Derecho específico de la Unión o nacional aplicable a sus actividades, si bien este último puede ser el del Estado miembro en el que los órganos estatutarios ejerzan sus poderes o en el que la AECT lleve a cabo sus actividades;

;

Exposición de motivos

Es prácticamente imposible realizar a priori una lista de las legislaciones europeas, nacionales y regionales que deberá aplicar la AECT en la realización de sus funciones y en el conjunto de su territorio de intervención.

Enmienda 8

Artículo 1, apartado 12, letra b), 2 bis

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

2 bis.   Si la responsabilidad de al menos uno de los miembros de una AECT es limitada o se excluye, con arreglo al Derecho nacional en virtud del cual se ha creado, los demás miembros también podrán limitar en el convenio su responsabilidad.

El nombre de una AECT cuyos miembros tengan responsabilidad limitada incluirá el término “limitada”.

El requisito de la publicidad del convenio, los estatutos y las cuentas de una AECT cuyos miembros tengan responsabilidad limitada deberá ser al menos igual a los exigidos para otras entidades jurídicas con responsabilidad limitada de sus miembros creados en virtud de la legislación del Estado miembro en que la AECT tenga su domicilio social.

En el caso de una AECT cuyos miembros tengan responsabilidad limitada, los Estados miembros podrán exigir que la AECT suscriba las pólizas de seguro adecuadas para cubrir los riesgos inherentes a la actividad de la AECT».

2 bis.   Si la responsabilidad de al menos uno de los miembros de una AECT es limitada o se excluye, con arreglo al Derecho nacional en virtud del cual se ha creado, los demás miembros también podrán limitar en el convenio su responsabilidad.

una AECT cuyos miembros tengan responsabilidad limitada .

El requisito de la publicidad del convenio, los estatutos y las cuentas de una AECT cuyos miembros tengan responsabilidad limitada deberá ser al menos igual a los exigidos para otras entidades jurídicas con responsabilidad limitada de sus miembros creados en virtud de la legislación del Estado miembro en que la AECT tenga su domicilio social.

En el caso de una AECT cuyos miembros tengan responsabilidad limitada, los Estados miembros podrán exigir que la AECT suscriba las pólizas de seguro adecuadas para cubrir los riesgos inherentes a la actividad de la AECT».

Exposición de motivos

Únicamente los acreedores potenciales de la AECT tienen interés en conocer por adelantado el alcance de los compromisos financieros de sus miembros; por lo tanto, la mención «limitada» añadida al nombre de la AECT no permite dar cuenta del alcance de los compromisos financieros de los miembros y de los dispositivos de seguro de que dispone eventualmente la AECT.

Enmienda 9

Artículo 1 (14 bis)

Proyecto de dictamen

Enmienda

 

Exposición de motivos

Propuesta para incluir un nuevo artículo en el Reglamento AECT no 1082/2006 (que pasaría a ser el artículo 17 de dicho Reglamento). Esta propuesta de enmienda es coherente con la enmienda propuesta al punto 19.

Enmienda 10

Artículo 2

Añádase un nuevo apartado después del apartado 1

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

   

Exposición de motivos

Las AECT ya creadas deben poder beneficiarse de las disposiciones del nuevo Reglamento que sean más favorables que las disposiciones del Reglamento (CE) no 1082/2006.

Enmienda 11

ANEXO

Las modificaciones propuestas aparecen destacadas con un color de fondo en el texto propuesto por la Comisión Europea.

Enmienda

ANEXO

Modelo de la información que debe presentarse con arreglo al artículo 5, apartado 2

CREACIÓN DE UNA AGRUPACIÓN EUROPEA DE COOPERACIÓN TERRITORIAL (AECT)

Reglamento (CE) no 1082/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006

(DO L 210 de 31.7.2006, p. 219)

El nombre de la AECT cuyos miembros tengan una responsabilidad limitada incluirá la palabra «limitada» (artículo 12, apartado 2)

El asterisco * indica los campos obligatorios.

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Bruselas, 15 de febrero de 2012.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO


(1)  CDR 308/2007 fin y CDR 100/2010 fin.

(2)  127a reunión de la Mesa del Comité de las Regiones, 26 de enero de 2011, punto 6. Ref.: CDR 397/2010.

(3)  C(2011) 9380 final, aprobado el 20 de diciembre de 2011.

(4)  Este artículo se refiere a las ayudas estatales en forma de compensación de servicio público concedidas a determinadas empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general.

(5)  COM(2011) 146 final.


18.4.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/34


Dictamen del Comité de las Regiones — La pobreza infantil

2012/C 113/07

El COMITÉ DE LAS REGIONES

hace hincapié en que los entes locales y regionales se encuentran en primera línea cuando se trata de combatir la pobreza y la explotación infantil, y subraya su crucial responsabilidad para prevenir la marginalización y la exclusión social; coincide en que la pobreza infantil es un fenómeno multidimensional que requiere una respuesta también multidimensional, y señala que para combatir la pobreza infantil puede resultar esencial introducir mejoras en un número limitado de ámbitos clave, por ejemplo fijando salarios mínimos y normas de calidad;

insiste en la importancia del trabajo remunerado, pero señala asimismo que el empleo por sí solo no garantiza la salida de la pobreza y que se precisan más acciones para combatir la situación de pobreza pese a tener un empleo;

insiste en la necesidad de que todos los Estados miembros reconozcan que la pobreza infantil y la exclusión social constituyen obstáculos importantes que deben salvarse para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en materia de tasa de empleo, inversión en investigación y desarrollo y energía y desarrollo sostenible;

expresa su preocupación por el hecho de que la crisis económica y financiera, y la respuesta que están dando algunos Estados miembros, conduzca a un aumento de los niveles de pobreza absoluta, a un aumento de los niveles de pobreza en situación de empleo y esté incrementando la tasa de paro juvenil.

Ponente

Doreen HUDDART (UK/ALDE) Concejala de Newcastle

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Observaciones generales introductorias

1.

respalda la intención de la Comisión de presentar en 2012 una recomendación para combatir la pobreza infantil y fomentar el bienestar de los niños, y se congratula de tener la oportunidad de contribuir mediante este dictamen prospectivo a impulsar los objetivos de la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social; respalda los tres ámbitos de acción apuntados como parte de la recomendación: recursos adecuados, acceso a los servicios y participación activa de los niños y los jóvenes; señala que las enérgicas declaraciones políticas de los Jefes de Estado de la UE en las que dan prioridad a la pobreza infantil no siempre se han traducido en recursos, acciones, objetivos y supervisiones coherentes en todos los Estados miembros de la UE;

2.

hace hincapié en que los entes locales y regionales se encuentran en primera línea cuando se trata de combatir la pobreza y la explotación infantil, y subraya su crucial responsabilidad para prevenir la marginalización y la exclusión social; coincide en que la pobreza infantil es un fenómeno multidimensional que requiere una respuesta también multidimensional, y señala que para combatir la pobreza infantil puede resultar esencial introducir mejoras en un número limitado de ámbitos clave, por ejemplo fijando salarios mínimos y normas de calidad;

3.

llama la atención sobre el hecho de que la pobreza infantil no es una cuestión periférica o residual que vaya a desaparecer con el crecimiento económico (1); el incremento del crecimiento durante el período 2000-2008 no tuvo una incidencia significativa en los niveles de pobreza infantil; subraya que la pobreza infantil era una ignominia para la sociedad de la UE antes de la crisis económica y expresa su preocupación por que las respuestas de algunos Estados miembros a la crisis tengan como consecuencia involuntaria un aumento de los niveles de pobreza infantil; reconoce que hay grupos específicos de niños que corren un riesgo considerable de pobreza aun más severa o extrema, pero hace hincapié en que los niños en general constituyen un grupo social que con frecuencia está expuesto a un mayor riesgo de pobreza que el grueso de la población;

4.

una de las definiciones de la pobreza es la siguiente:

«Los individuos, familias o grupos de la población podrán considerarse en estado de pobreza cuando carezcan de los recursos necesarios para obtener el tipo de alimentación, participar en las actividades y disfrutar de las condiciones de vida y equipamiento que son habituales, o al menos ampliamente favorecidas o aprobadas, en las sociedades a las que pertenecen. Sus recursos son tan significativamente inferiores a los de la media individual o familiar que, de hecho, se encuentran excluidos de los modos de vida, costumbres y actividades habituales» (2);

5.

constata que la medida más ampliamente utilizada para evaluar la pobreza en los Estados miembros y en la UE es el nivel de renta inferior al 60 % de la renta media; sin embargo, considera necesario usar una serie de criterios para evaluar la pobreza absoluta, e integrar medidas como la inclusión social, el acceso a los servicios, el nivel de educación y la esperanza de vida al nacer, tal como establece el Índice de Desarrollo Humano (3). Celebra la mayor visibilidad que se ha dado a la pobreza y la exclusión social en la Estrategia Europa 2020, y coincide en que la dimensión social debería estar en el centro de esta estrategia, a la vez que recuerda que la pobreza amenaza a veinte millones de niños que viven en la Unión Europea;

6.

destaca que la pobreza puede tener efectos devastadores para los niños y su infancia, así como para sus oportunidades de futuro; acoge con satisfacción las referencias a la lucha contra la pobreza infantil como iniciativa emblemática de la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social; lamenta, sin embargo, el escaso compromiso para lograrlo y la falta de un objetivo específico en relación con la pobreza infantil en el marco de esta iniciativa;

7.

acoge positivamente el compromiso de publicar una recomendación y una comunicación sobre la pobreza infantil y el bienestar de los niños en junio de 2012; respalda el marco propuesto para la recomendación sobre la pobreza y el bienestar infantiles; reconoce la importancia, en este contexto, de implicar a los niños en situación de pobreza y acoge positivamente la inclusión de la participación activa en estas medidas, aunque propone que la recomendación y la comunicación hagan hincapié en el valor de las organizaciones humanitarias como la Unicef, y el papel los entes locales y regionales a la hora de proporcionar servicios que garanticen a los niños que están protegidos contra la pobreza y las privaciones materiales que la acompañan;

8.

señala que la actual crisis financiera ha afectado más duramente a los más vulnerables de nuestra sociedad, y hay datos que parecen indicar que esto se aplica de manera desproporcionada a los niños y jóvenes (4), a la vez que recuerda que algunos niños de grupos de población vulnerables, como los niños de la calle, los niños de familias monoparentales o numerosas y los hijos de familias inmigrantes o pertenecientes a grupos étnicos minoritarios como los romaníes, sufren un riesgo de marginación, pobreza y exclusión social incluso mayor; señala que aunque la mundialización y la mayor cooperación entre los países pueden tener consecuencias positivas considerables en la vida de las personas, estas ventajas suelen estar repartidas de manera desigual. Debería procurarse que nadie quede excluido de todas estas ventajas;

9.

observa que la gran importancia política que se ha concedido a la pobreza infantil en los últimos años en la UE y las declaraciones de apoyo de los Jefes de Estado de los países de la UE no han conducido a reducciones significativas de los niveles de pobreza infantil; subraya, asimismo, que el apoyo político de la lucha contra este fenómeno debe traducirse en recursos, acciones y objetivos coherentes en todos los Estados miembros de la UE;

10.

insiste en la importancia del trabajo remunerado, pero señala asimismo que el empleo por sí solo no garantiza la salida de la pobreza y que se precisan más acciones para combatir la situación de pobreza pese a tener un empleo (5);

11.

insiste en la necesidad de que todos los Estados miembros reconozcan que la pobreza infantil y la exclusión social constituyen obstáculos importantes que deben salvarse para alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en materia de tasa de empleo, inversión en investigación, desarrollo, energía y desarrollo sostenible;

12.

coincide en que es inaceptable que, en el siglo XXI y en una de las regiones más ricas del planeta, veinte millones de niños vivan en situación de pobreza o se vean expuestos al riesgo de pobreza y que (6) la pobreza no consiste únicamente en tener una renta baja y sufrir privaciones, sino también en una denegación del poder, del respeto, de un buen estado de salud, de la educación y la vivienda, de un mínimo de autoestima y de la capacidad de participar en actividades sociales;

13.

pone de relieve que también la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce la naturaleza específica de la pobreza infantil. La ONU recalca, además, que ésta no se limita a una mera escasez de dinero. La pobreza infantil solo cabe analizarse como la conculcación de determinados derechos consagrados por la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), que consagra el reconocimiento del derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social (art. 27). Una situación de pobreza infantil en la mayoría de los casos supone una conculcación de los derechos de supervivencia, protección, desarrollo y participación recogidos en la CDN;

14.

señala que numerosos estudios demuestran que una política de redistribución eficaz en favor de las familias con hijos es esencial para limitar la pobreza infantil. En la UE, considerada en su conjunto, las transferencias sociales reducen la pobreza infantil en, al menos, un 44 %;

Política de la UE

15.

subraya que es necesario que se comprendan mejor las ventajas, en términos de coste-beneficios, de invertir en la lucha contra la pobreza (7) y la explotación infantil, la exclusión social y las desigualdades sociales en general; destaca los beneficios que conllevan para la sociedad en su conjunto una mayor igualdad y una reducción de la marginalización, la exclusión y la pobreza en nuestras sociedades, y hace hincapié en las ventajas financieras y económicas y sociales de invertir en los niños y las familias desde una fase temprana (8);

16.

apoya las conclusiones del Consejo sobre el tema «Lucha contra la pobreza infantil y fomento del bienestar de los niños» de 17 de junio de 2011, que pide que la lucha contra la pobreza infantil sea una prioridad; y apoya el dictamen del Comité de protección social de 15 de febrero de 2011, que pide que la lucha contra la pobreza infantil sea prioritaria en todos los ámbitos relevantes;

17.

coincide en que ya hay estudios significativos sobre la pobreza infantil en la UE; le preocupa constatar que los niveles de pobreza infantil en los Estados miembros de la UE fluctúan entre el 11 % y el 33 %, y recomienda que se utilicen recursos para comprender esta base empírica, darla a conocer y utilizarla, así como para el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros;

18.

expresa su preocupación por el hecho de que la crisis económica y financiera, y la respuesta que están dando algunos Estados miembros, conduzca a un aumento de los niveles de pobreza absoluta, a un aumento de los niveles de pobreza en situación de empleo y esté incrementando la tasa de paro juvenil (9);

19.

subraya la importancia de unas políticas dirigidas a romper el ciclo de la pobreza transmitido de generación en generación. Para que esto ocurra se necesitan políticas transversales que incluyan educación y medidas sociales encaminadas no sólo a asegurar el empleo de los padres, sino que vayan dirigidas directamente a los hijos;

20.

pide un mayor reconocimiento por parte de la Comisión y los Estados miembros de que la pobreza es una responsabilidad compartida y un reto para el conjunto de la sociedad, y no debe considerarse un estigma o carencia de las personas pobres o socialmente excluidas;

21.

reitera su petición de que la Comisión garantice que los fondos estructurales brinden oportunidades para mejorar la vivienda social, a fin de reforzar su papel en las políticas de inclusión social, e insiste en que las funciones de servicio público de la vivienda social deben fijarse a nivel nacional;

22.

coincide en que para aliviar y prevenir la pobreza es necesario un enfoque global e integrado que cubra las necesidades de los distintos grupos y los retos particulares que han de afrontarse;

Recursos adecuados

23.

respalda el punto de vista según el cual la pobreza de ingresos es una de las señales más visibles del desamparo social que afecta a los niños de manera diferente que a los adultos (10); sin embargo este no es más que uno de los muchos factores de la pobreza infantil que hay que tratar; coincide en que hay un desconocimiento de las normas mínimas que son necesarias para poder respetar los derechos del niño; anima a la UE y sus Estados miembros a estudiar la posibilidad de abordar el problema en los ámbitos clave como el complemento de ingresos, el acceso a los servicios y la participación de los niños;

24.

señala que los países que más gastan en prestaciones sociales tienen las cifras de pobreza infantil más bajas; está de acuerdo en que los Estados miembros deberían plantearse, en su caso, la posibilidad de mejorar las prestaciones familiares, como expresión de una solidaridad intergeneracional que reconoce el valor inherente de la infancia y como inversión en el futuro de Europa;

25.

valora positivamente la propuesta de desarrollar un marco para garantizar unos ingresos mínimos globales adecuados para todos los niños, teniendo en cuenta las rentas de todos los miembros de la familia, incluyendo tanto a los padres como a los hijos;

26.

resalta la importancia de contar con políticas públicas de carácter preventivo que inviertan en políticas razonables de bienestar infantil que apoyen la educación de individuos capacitados, capaces de integrarse en la sociedad y en el mercado laboral, más que centradas en las consecuencias de su exclusión social y pobreza;

27.

reitera la importancia de los recursos de otra índole que las prestaciones; la participación de los padres en el mercado de trabajo solo servirá para sacar a sus hijos de la pobreza si los salarios tienen un nivel apropiado y permiten conciliar las diversas actividades laborales de los padres; pide a los Estados miembros que acojan favorablemente la propuesta de añadir una recomendación sobre la adopción de una normativa adecuada relativa a los niveles salariales y la garantía de un trabajo «decente» (11), y propone que la legislación sobre protección del empleo forme parte de esta recomendación; destaca, no obstante, que algunas personas no pueden acceder al mercado de trabajo y están incapacitadas para trabajar y que las prestaciones tienen que tenerlo en cuenta;

28.

reconoce que las prestaciones familiares de carácter universal son la forma más eficaz de prestar un complemento de renta a las familias con hijos y que éstas deberían acompañarse de prestaciones específicas para los más necesitados (12);

29.

pide una mayor clarificación de lo que es «adecuado» y anima a los Estados miembros y la Comisión a acordar normas europeas o establecer una metodología común para determinar los costes que implica un niño y establecer una definición de qué son recursos adecuados para prevenir y combatir la pobreza infantil; propone que cualquier definición responda a las preguntas: adecuado para quién, adecuado por cuánto tiempo y adecuado para qué, así como quién dice qué es lo adecuado (13);

30.

respalda firmemente la propuesta de instar a los Estados miembros a tener cuidado cuando aumenten la condicionalidad y utilicen sanciones en el marco de los sistemas de prestaciones, a fin de evitar penalizar a los niños y dejarlos sin los recursos necesarios; señala que este enfoque a menudo se añade a la estigmatización de las familias y los niños que viven en la pobreza y a la percepción de que la pobreza es originada por fracasos o carencias personales; señala que la crisis económica ha provocado un aumento significativo del desempleo, el estancamiento de los ingresos de las familias y un aumento del coste de la vida en muchos Estados miembros; pone de relieve el importante papel que pueden desempeñar los servicios de asesoramiento en la maximización de los ingresos de las familias y observa que en algunos Estados miembros estos servicios pueden estar en peligro;

31.

está de acuerdo en que un buen equilibrio entre la vida profesional y privada de los padres es esencial para el bienestar de los niños y de la sociedad, ya que tanto la pobreza de ingresos como la falta de tiempo pueden perjudicar el desarrollo del niño; coincide en que el empleo precario, los horarios laborales incompatibles con la vida social y los empleos mal remunerados de los padres pueden tener repercusiones negativas para la vida de los adultos y el desarrollo de los niños (14);

Acceso a los servicios

32.

acoge positivamente el énfasis puesto en garantizar el acceso de todos los niños a unos servicios de calidad en una fase esencial de su desarrollo, y señala que la salud, la educación, la asistencia educativa y familiar, la vivienda y la protección son servicios clave cuya prestación, en la mayoría de los casos, está asegurada por los entes locales y regionales;

33.

reconoce la importancia de la educación y del cuidado de los niños en edad preescolar así como de la calidad de los servicios de la primera infancia; destaca que la intervención temprana y efectiva y el apoyo durante toda la infancia y la adolescencia (y en los momentos críticos, en particular (15) pueden tener un importante impacto beneficioso para el desarrollo del niño; observa que algunos servicios de los entes locales y regionales, tales como guarderías, escuelas, bibliotecas y clubes de actividad postescolar son vitales para mejorar el bienestar de los niños pero que, en muchos Estados miembros, se encuentran amenazados por los programas de austeridad (16);

34.

acoge la propuesta de reforzar el papel de la educación a la hora de prevenir y romper el ciclo de pobreza suprimiendo todas las barreras financieras a la educación, garantizando la igualdad de oportunidades y proporcionando el apoyo adicional necesario para compensar cualquier situación de desventaja; reconoce la importancia de las medidas relativas a la igualdad en el acceso a la educación, que siempre corren a cargo de los entes locales y regionales, como la gratuidad de las comidas escolares, los libros y el material escolar, así como la concesión de ayudas económicas a los niños procedentes de entornos muy modestos o que corran riesgo de pobreza para que puedan participar en los viajes escolares y las actividades culturales;

35.

insiste en el papel que pueden desempeñar las estructuras de atención a la infancia en la lucha contra la pobreza infantil. Brindan al niño la posibilidad de relacionarse con menores y con el personal de las estructuras de acogida, lo cual redunda en su beneficio. Ello puede impulsar su desarrollo cognitivo, lingüístico, emocional y social, cuyos efectos parecen duraderos;

36.

hace hincapié en las repercusiones devastadoras de la pobreza para la salud infantil (17); expresa su preocupación por el hecho de que, según la Comunicación de la Comisión sobre las desigualdades en salud, se da poca importancia al acceso de los niños a la sanidad, en general se es poco consciente del problema y la cuestión de las desigualdades ante la sanidad no es objeto de una prioridad y un compromiso políticos suficientes; propone que en la Recomendación y en la Comunicación se destaque la importancia de mejorar la salud infantil, incluida la salud mental; coincide en que los niños deberían ocupar un lugar central en unos esfuerzos más amplios para reducir las desigualdades en materia de salud y que se debería garantizar que los grupos más desfavorecidos y que sufren exclusión social, incluidos los niños, tengan acceso a la asistencia sanitaria;

37.

comparte la preocupación de que las cuestiones medioambientales, por ejemplo la contaminación, el tráfico, la contaminación del suelo o la mala calidad del agua potable con frecuencia afectan desproporcionadamente a los niños; acoge positivamente la propuesta de esforzarse al máximo para evitar la agrupación en guetos de los niños víctimas de la pobreza y la exclusión social y fomentar la amalgama social en el ámbito de la vivienda; acoge favorablemente la propuesta de incluir a los niños, sus familiares y sus comunidades en la planificación; sugiere que se debería considerar introducir en la Recomendación normas mínimas relativas al alojamiento de los niños, teniendo en cuenta la primacía de sus derechos;

38.

coincide en que los Estados miembros deberían garantizar que no se separe a los niños de sus familias si estas carecen de recursos para ocuparse de ellos y reconoce que esto no ocurriría si se garantizaran los recursos adecuados; advierte sobre el riesgo de que la estigmatización asociada a la pobreza aumente al vincular excesivamente la pobreza con el maltrato familiar y destaca el importante papel que desempeñan los entes locales y regionales en la protección de los niños;

Participación activa de los niños y los jóvenes

39.

respalda firmemente el énfasis puesto en la participación activa de los niños y jóvenes en la recomendación propuesta; coincide en que existen obstáculos para que todos los niños participen, especialmente en el caso de los niños desfavorecidos, y es probable que los enfoques tradicionales utilizados en las consultas no consigan incluirlos; no obstante, se ha de fomentar un planteamiento activo y participativo en las familias, las comunidades, las ONG y el sector privado, a fin de reforzar el compromiso de toda la sociedad;

40.

propone que la participación de los niños incluya oportunidades para contribuir a las decisiones que les afectan e influir en ellas y la participación en actividades deportivas y recreativas para la mejora de la salud, la vida social y el desarrollo personal y en actividades culturales para desarrollar competencias y sensibilizar sobre culturas y diversidad cultural, a fin de construir una sociedad más integradora y menos discriminatoria:

41.

pide a los Estados miembros y a los entes locales y regionales que contribuyan a que los niños y jóvenes dispongan de un entorno de aprendizaje, desarrollo y tiempo libre y de posibilidades de diverso tipo, lo que constituye una condición para su participación activa;

42.

coincide en que un obstáculo para combatir la pobreza infantil es la falta de concienciación pública y política sobre la cuestión y sus repercusiones tanto para los niños y sus familias como para la sociedad en general; expresa su preocupación por que la situación se agrave debido a una cobertura mediática limitada, y en algunos casos negativa, de la pobreza, a la escasa concienciación sobre los derechos de los niños o a su limitado respaldo, a una falta de visión a largo plazo y a la preocupación por los beneficios electorales a corto plazo (los menores no votan); señala que, en muchos países, no forma parte de la cultura política centrarse en los niños o considerarlos como personas completas;

43.

destaca el trabajo realizado en y por los entes locales y regionales para garantizar que se incluya a los niños en los procesos de toma de decisiones sobre asuntos que afectan a sus vidas; no obstante, aún queda mucho por hacer para garantizar el derecho de todos los niños a ser escuchados en los asuntos que les conciernen, de conformidad con el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas;

Recomendaciones

44.

recomienda la introducción de un objetivo específico sobre pobreza infantil como prioridad de la iniciativa emblemática de la Plataforma Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social, y la adopción de una estrategia global de lucha contra la pobreza infantil y la exclusión social, que incluya a los niveles nacional, regional y local y se adecue a la más amplia Estrategia Europa 2020, así como la creación de un marco de supervisión basado en indicadores apropiados, vinculados también al actual mecanismo de notificación de la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas;

45.

reitera la necesidad de un mecanismo específico de información sobre la pobreza infantil por parte de los Estados miembros, y propone –previa elaboración de herramientas de diagnóstico para la valoración de la gravedad de las situaciones de riesgo y desamparo, cuyo uso se recomienda a los entes locales y regionales– que se integre en las obligaciones de presentación de informes por parte de los Estados miembros en relación con la Estrategia Europa 2020; subraya que los resultados de la encuesta rápida del CDR de 19 de abril de 2011 mostraron que muchos de los participantes veían la posible introducción de prioridades obligatorias en futuros programas regionales como un elemento positivo que podría contribuir a una mayor visibilidad de la pobreza y la exclusión social en los ámbitos locales, regionales y nacionales;

46.

recomienda que en la asignación de los fondos estructurales se tenga en cuenta la importancia de los proyectos y servicios que combaten la pobreza infantil e impulsan el bienestar de los niños y sus familias, más todavía si se trata de menores o jóvenes afectados por una discapacidad física o mental, la explotación, la drogodependencia, la inmigración, la delincuencia o cualquier otro factor de vulnerabilidad añadido, además de mejorar la participación de los niños y sus familias y combatir los prejuicios y la estigmatización de la pobreza;

47.

recomienda que los entes locales y regionales participen activamente en la elaboración de las decisiones y las políticas sobre el apoyo a las familias, la prestación de servicios y la participación activa de los niños y jóvenes, ya que constituyen un elemento crucial de la aplicación de las políticas nacionales o europeas a nivel local;

48.

recomienda que, para poner en común las mejores prácticas, la Comisión establezca y mantenga un diálogo permanente con el CDR y destine fondos para que este pueda publicar, en colaboración con organizaciones como Eurocities o Eurochild, informes que ilustren proyectos de los entes locales y regionales de los Estados miembros que hayan tenido éxito en la lucha contra la pobreza infantil.

Bruselas, 15 de febrero de 2012.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO


(1)  Can Higher Employment Levels Bring Lower Poverty in the EU? Regression based simulations of the Europe 2020 target, Discussion Paper 6068, Institute for the Study of Labor (Bonn).

(2)  Poverty in the United Kingdom, Peter Townsend, 1979.

(3)  El Índice de Desarrollo Humano tiene en cuenta para su cálculo, tanto el ingreso nacional bruto per cápita del país o región, como los años de instrucción esperados y los de escolarización promedio, como la esperanza de vida al nacer.

(4)  How the economic and financial crisis is affecting children & young people in Europe, EUROCHILD, 2011.

(5)  Véase, por ejemplo: A Living Wage for Newcastle, http://www.newcastle.gov.uk/news-story/a-living-wage-newcastle.

(6)  Poverty: the facts, 5th Edition, J. Flaherty, J. Veit-Wilson y P. Dornan, Child Poverty Action Group, 2004.

(7)  Estimating the cost of child poverty, Hirsch, D., Joseph Rowntree Foundation, 2008.

(8)  Véase, por ejemplo, Early Intervention: Smart Investment, Massive Savings, Cabinet Office (UK), 2011

(9)  How the economic and financial crisis is affecting children & young people in Europe, EUROCHILD, 2011.

(10)  Child poverty – family poverty: Are they one and the same?, EUROCHILD Policy Position, 2011.

(11)  Véase, por ejemplo, The low-pay, no-pay cycle: understanding recurrent poverty, Shildrick, T et al, Joseph Rowntree Foundation, 2010.

(12)  Véase, por ejemplo, Child benefits in the European Union, J. Bradshaw, Poverty (139), CPAG, 2011.

(13)  "What do we mean by ‧adequate‧ benefits?" J Veit-Wilson, capítulo 14 de J Strelitz and R Lister [eds], Why Money Matters. Family income, poverty and children's lives. Save the Children, London, pp. 125-132.

(14)  Véase, por ejemplo, Precarious work: risk, choice and poverty traps, R. MacDonald, in Handbook of Youth and Young Adulthood: New perspectives and agendas, A. Furlong, 2009.

(15)  Understanding youth exclusion: critical moments, social networks and social capital, Shildrick, T.A. & MacDonald, R., Youth & Policy, 2008.

(16)  Ídem.

(17)  Véase, por ejemplo, Health Consequences of Poverty for Children, Spencer, N., End Child Poverty, 2008.


18.4.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/40


Dictamen del Comité de las Regiones — «Directiva sobre el ruido ambiental: El camino a seguir»

2012/C 113/08

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

se congratula de los beneficios reales que ha aportado la Directiva, pero lamenta que no se haga referencia específica a los entes locales y regionales ni en la Directiva ni en el informe sobre su aplicación y destaca el papel esencial que desempeñan en la lucha contra el ruido excesivo;

reconoce que la contaminación acústica es principalmente un problema local, pero que requiere, sobre todo, una solución a nivel europeo, y solicita la elaboración de una ambiciosa política europea en materia de ruido en forma de medidas que ataquen el problema en la fuente a nivel europeo;

propone a la Comisión que, tras una minuciosa evaluación de sus repercusiones para los entes locales y regionales, establezca valores umbral y objetivo basándose en las recomendaciones de la OMS en materia de salud;

reitera la necesidad de articular entre sí y complementar los diversos instrumentos normativos que regulan los materiales relacionados con las fuentes de ruido y de resolver las lagunas en la legislación (especialmente en lo que respecta a los vehículos y, en particular, a los automóviles y camiones, carreteras, ferrocarriles y aeropuertos), estableciendo un marco jurídico con un tronco común;

subraya la importancia de facilitar apoyo financiero y orientación técnica a los entes regionales y locales en materia de aplicación de la política de la UE sobre contaminación acústica, y de adoptar medidas europeas y nacionales complementarias con este mismo fin;

pide la integración de las preocupaciones en materia de ruido y contaminación acústica en todos los procesos e iniciativas políticas pertinentes, especialmente en el futuro Séptimo Programa de Acción de la UE en materia de Medio Ambiente, en un segundo Plan de Acción de la UE en materia de Medio Ambiente y Salud y en las iniciativas de transporte sostenible que se llevan a cabo en el marco de los programas de desarrollo regional de la UE y las políticas de ordenación del territorio;

recomienda a la Comisión que amplíe el concepto de la gobernanza multinivel a otros ámbitos, tales como el ruido, utilizando como referencia el Pacto de los Alcaldes.

Ponente

José MACÁRIO CORREIA (PT/PPE), Alcalde de Faro

Texto de referencia

Informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativo a la aplicación de la Directiva sobre el ruido ambiental de conformidad con el artículo 11 de la Directiva 2002/49/CE

COM(2011) 321 final

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

A.    Observaciones generales

1.

afirma la importancia de luchar contra las perturbaciones sonoras y desarrollar la política europea en materia de ruido adoptada el 25 de junio de 2002 mediante la Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo conocida como «Directiva sobre el Ruido Ambiental»;

2.

se congratula de los beneficios reales que ha aportado la Directiva en lo que respecta a la elaboración de mapas de ruido, establecimiento de indicadores comunes, diagnóstico de la exposición de la población de la UE al ruido y definición de las entidades competentes para elaborar planes de acción;

3.

valora positivamente el Informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva por considerarlo un buen punto de partida para una necesaria revisión de la Directiva sobre el Ruido Ambiental;

4.

lamenta que algunos Estados miembros no hayan respetado el plazo de presentación de los mapas de ruido, así como la incoación, en el caso de Malta, de un proceso por infracción;

5.

lamenta que no se haga referencia específica a los entes locales y regionales ni en la Directiva ni en el informe sobre su aplicación, y destaca el papel esencial que desempeñan en la lucha contra el ruido excesivo; por ello expresa su deseo de participar plenamente en el desarrollo de las futuras políticas;

6.

reconoce que la contaminación acústica es principalmente un problema local, pero que requiere, sobre todo, una solución a nivel europeo. En este contexto, solicita la elaboración de una ambiciosa política europea en materia de ruido en forma de medidas que ataquen el problema en la fuente a nivel europeo;

7.

reitera la necesidad de establecer objetivos vinculantes para la reducción del ruido percibido por las personas en zonas construidas, en parques públicos u otros lugares tranquilos situados en aglomeraciones, en las zonas tranquilas situadas en el campo, en la proximidad de las escuelas y de los hospitales, así como en otros edificios y zonas sensibles al ruido;

8.

señala que la Comisión, en su listado de impactos del ruido en la salud, omite mencionar explícitamente uno de los impactos más comunes de la exposición al ruido, como es el de los acúfenos y la hiperacustia (sensibilidad extrema al ruido) causados a menudo por una pérdida de la capacidad auditiva debida a la exposición a elevados niveles de ruido. Al menos un 10 % de la población sufre acúfenos o hiperacustia, fenómeno que está aumentando entre los jóvenes debido a los elevados niveles de ruido. Por ello, reviste la máxima importancia informar a los ciudadanos de los problemas de salud relacionados con la exposición al ruido;

9.

señala que, en el listado de iniciativas precedentes y futuras de la UE en este ámbito, no se mencionan las intervenciones destinadas a reducir los niveles elevados de ruido en algunos lugares públicos como discotecas;

10.

subraya la necesidad de tener en cuenta los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en lo que se refiere a los valores y gamas de ruido aplicados en los mapas de ruido, según los cuales la gama de valores para la notificación del indicador Lnight debe reducirse a 40 dB, debiendo tenerse en cuenta la contabilización de los costes sociales del ruido del tráfico vial, ferroviario y aéreo; insta a que también se incluyan los últimos datos de la OMS en las curvas de dosis de exposición al ruido-coste utilizadas para calcular los costes sociales del ruido generado por el transporte;

11.

pide la integración de las preocupaciones en materia de ruido y contaminación acústica en todos los procesos e iniciativas políticas pertinentes, especialmente en el futuro Séptimo Programa de Acción de la UE en materia de Medio Ambiente, en un segundo Plan de Acción de la UE en materia de Medio Ambiente y Salud y en las iniciativas de transporte sostenible que se llevan a cabo en el marco de los programas de desarrollo regional de la UE y las políticas de ordenación del territorio;

B.    Combatir el ruido en la fuente

12.

reitera la necesidad de articular entre sí y complementar los diversos instrumentos normativos que regulan los materiales relacionados con las fuentes de ruido y de resolver las lagunas en la legislación (especialmente en lo que respecta a los vehículos y, en particular, a los automóviles y camiones, carreteras, ferrocarriles y aeropuertos), estableciendo un marco jurídico con un tronco común;

13.

reconoce la importancia de solventar algunas deficiencias de la actual Directiva y considera necesario y conveniente el desarrollo de metodologías comparativas para medir el ruido, el uso de redes para la medición y observación acústica, incluyendo criterios de estandarización; los valores umbral u objetivo, los métodos de presentación de informes y de evaluación y el control de su cumplimiento;

14.

insiste en la necesidad de combatir el ruido en la fuente y subraya las ventajas económicas que reportará su prevención si se recurre a los avances técnicos de la tecnología y se cumplen los límites de emisión fijados para el control de la contaminación acústica a fin de minimizar sus efectos;

15.

destaca las ventajas que se derivan de reducir el ruido del tráfico en la fuente como forma de reducir los gastos en que incurren los ayuntamientos y los responsables de la red viaria, concretamente, instalando barreras acústicas y aislamientos de protección contra el ruido;

16.

hace hincapié en la importancia de integrar la limitación del ruido en las políticas de ordenación del territorio y urbanismo, en particular para limitar en origen los ruidos del tráfico por carretera y de vecindad;

17.

insiste en la importancia de incluir la reducción del ruido entre los objetivos de un sistema de transporte competitivo y económico en materia de recursos descrito por la Comisión en el Libro Blanco «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible» y sugiere que se apliquen y evalúen, en una perspectiva de reducción del ruido ambiental, algunas medidas que se inscriben en el marco de la sostenibilidad, la eficiencia energética y la calidad del aire. Propone asimismo que, para la aplicación del Libro Blanco, se elabore un plan de acción dotado de un calendario, medidas y plazos de evaluación;

18.

considera que una ambiciosa política europea sobre las emisiones acústicas debería incluir, al menos, las medidas siguientes:

en lo relativo a los nuevos vehículos: normas sobre emisiones para todos los tipos de vehículos y máquinas (utilizables en superficie y bajo tierra, sobre y bajo el agua, en el aire, etc.),

en lo relativo a los vehículos existentes: medidas para la sustitución de los viejos vehículos y máquinas por modelos menos ruidosos, y equipar a los vehículos ferroviarios con tecnologías para combatir el ruido,

reforma de los métodos de prueba: el Comité aconseja que se desarrollen métodos de prueba para vehículos y máquinas que evalúen el nivel de emisiones en una situación real (condiciones sobre el terreno),

desarrollo y mejora de los neumáticos silenciosos;

19.

pide que el sector de los transportes incorpore objetivos de reducción del ruido, eventualmente mediante instrumentos económicos como las tasas de acceso o de uso de la red (vial, ferroviaria, marítima o aérea), para que quienes contaminan paguen los costes del ruido que generan;

20.

recomienda seguir una estrategia concertada y fijarse objetivos más ambiciosos en la reducción del ruido en la revisión de la Directiva 70/157/CEE relativa al ruido de los vehículos a motor, en la Directiva 2001/43/CE relativa al ruido de los neumáticos y en las propuestas referentes al ruido de los vehículos de la clase L, regulados por la Directiva 97/24/CE, y pide que se adopten medidas para garantizar a las personas que viven cerca de los aeropuertos una noche tranquila durante, al menos, siete horas;

21.

valora positivamente la evolución reciente respecto al nuevo sistema de marcado de los neumáticos, que permitirá a consumidores, gestores de flotas y autoridades públicas elegir los neumáticos que ofrecen los mejores resultados en términos de ruido; sugiere, en este contexto, que el etiquetado también permita a los consumidores comparar los resultados de un neumático determinado en términos de ruido con sus características de consumo de carburante; propone, además, que el etiquetado esté en línea con unas normas europeas claras para los vehículos que, unidas al uso de unas tecnologías adecuadas para el revestimiento de calzadas, permitan reducir a la mitad (10 dB) el nivel de ruido en la red viaria; recuerda, sin embargo, la especificidad de los Estados miembros nórdicos –para garantizar la seguridad del tráfico en situaciones de emergencia– en cuanto a la posibilidad de utilizar determinados neumáticos como, por ejemplo, neumáticos con o sin clavos en condiciones atmosféricas invernales u otras circunstancias extremas;

22.

señala que en el desarrollo de los materiales de revestimiento silenciosos se deberán tener presentes tanto las condiciones climáticas y meteorológicas locales como la mejora de la resistencia a la abrasión del revestimiento destinado a prevenir el resbalamiento (esparcimiento de sal, neumáticos de clavos);

23.

destaca que la Directiva 2000/14/CE relativa a las emisiones sonoras en el entorno debidas a las máquinas de uso al aire libre constituye una medida de gran importancia;

24.

reconoce la necesidad de sustituir o adaptar el material rodante existente cuanto antes y, a más tardar, para 2020, y de conceder incentivos a la utilización de material más silencioso; deberían aplicarse instrumentos de mercado –como tasas de acceso al ferrocarril– para hacer que quienes contaminan paguen los costes del ruido que generan. A medio plazo, y en caso de que los instrumentos de mercado resultaran insuficientes, deberían contemplarse medidas adicionales, como la prohibición de utilizar material rodante que no esté equipado con las tecnologías más eficientes en materia de ruido. En este contexto, el Comité desea recordar en especial la revisión de la política de la UE en materia de ruido de la red ferroviaria, así como los proyectos piloto que se están llevando actualmente a cabo en Alemania y los Países Bajos sobre el ruido ocasionado por este medio de transporte;

25.

señala la urgencia de introducir mejoras en las zonas urbanas, mediante incentivos a la utilización de medios de transporte más silenciosos, tales como los automóviles híbridos y eléctricos y un transporte público más silencioso y sostenible;

26.

recomienda la adopción de medidas urbanísticas, como tranvías y otros medios de transporte público, incluidos los sistemas subterráneos, promover el uso de pistas para desplazarse a pie o en bicicleta, limitar el tráfico de automóviles y la velocidad de los vehículos, integrar las cuestiones medioambientales en los contratos públicos y conceder a los entes locales y regionales los incentivos apropiados y la información adecuada sobre los mecanismos de financiación de la UE;

C.    Desafíos de la futura Directiva sobre el Ruido Ambiental

27.

insta a que se revise el anexo V de la directiva, que establece de manera esquemática los requisitos mínimos aplicables a los planes de acción en materia de ruido, y el anexo VI, que define la información que debe enviarse a la Comisión a este fin, con vistas a un cumplimiento más generalizado y efectivo de la Directiva que permita, además, llevar a cabo comparaciones entre los Estados miembros;

28.

sugiere que se normalicen a nivel de la UE los instrumentos y metodologías que facilitan la elaboración y ejecución de los planes de acción en materia de ruido, así como la implicación de una amplia gama de partes interesadas, desde centros de investigación y universidades a entes locales y regionales, coordinados por una misma agencia de la UE;

29.

señala a este respecto que, en algunos casos, quienes se ocupan de establecer los planes de acción contra el ruido no son responsables al mismo tiempo de su aplicación, y pide, por tanto, que se refuerce la atención a esta problemática;

30.

recomienda a la Comisión que amplíe el concepto de la gobernanza multinivel a otros ámbitos, tales como el ruido, utilizando como referencia el Pacto de los Alcaldes;

31.

insta a que se concluya rápidamente el proyecto CNOSOS-EU (Métodos Comunes de Evaluación del Ruido en Europa), con vistas a implantar un método de evaluación armonizado para todos los mapas de ruido en los ámbitos vial, ferroviario, industrial y aeronáutico;

32.

propone a la Comisión que, tras una minuciosa evaluación de sus repercusiones para los entes locales y regionales, establezca valores umbral y objetivo basándose en las recomendaciones de la OMS en materia de salud, obligando a los Estados miembros a actuar en cuanto se alcance un determinado nivel de ruido;

33.

desea emitir ciertas reservas en relación con las normas europeas sobre inmisiones en materia de contaminación acústica si se tratan de manera separada con respecto a una política global de emisiones sonoras. Corresponde a los entes locales y regionales aplicar estas normas, pero, a menudo, las medidas existentes a escala municipal y regional en este ámbito no son suficientes para este fin. Por ello, una eventual introducción de este tipo de normas sobre inmisiones debería enmarcarse en una política europea global de emisiones sonoras que vincule claramente las emisiones y la política en materia de inmisiones. El Comité propone las acciones siguientes:

la elaboración de una estrategia temática en materia de ruido que introduzca una política europea en este ámbito (con un calendario, medidas y plazos de evaluación);

el nivel de ambición de la Directiva sobre el ruido ambiental debe corresponder al de las medidas de la UE para reducir el ruido en la fuente;

el desarrollo de una política de la UE en materia de emisiones, que deberá tener lugar antes de la revisión de la Directiva. Deberán pasar algunos años antes de que las medidas de reducción en la fuente produzcan efecto;

la revisión de la Directiva sobre el ruido ambiental;

34.

señala la importancia de restituir ya los valores orientativos que figuraban en el Libro Verde sobre la futura política de lucha contra el ruido y que ya no constan en la actual Directiva y que nuevos estudios de la OMS han confirmado como objetivos de protección, así como de tener en cuenta que el ruido de distintas fuentes tiene efectos acumulativos; señala asimismo que los valores establecidos por la OMS como objetivo a largo plazo deberían servir de base para la planificación de nuevos proyectos;

35.

recomienda que se busquen mayores sinergias entre las políticas de ruido y de calidad del aire (tanto la Directiva europea sobre calidad del aire como la Directiva sobre el ruido ambiental imponen obligaciones en lo que a planes de acción se refiere), dado que ello favorecería una acción política conjunta más eficaz;

36.

sugiere que, tras una minuciosa evaluación de sus repercusiones para los entes locales y regionales, se fijen metas hasta el año 2023 para reducir la exposición al ruido, tal como se ha hecho para la contaminación atmosférica y el clima, estableciendo el objetivo de reducir como mínimo en un 15 % el número de personas expuestas a niveles de 55 dB por la noche;

37.

considera que, en la elaboración de futuros mapas de ruido, cabría considerar una reducción para un Lden de 40 dB y de un Lnight de 35 dB;

38.

insta a que se clarifiquen algunos conceptos utilizados de la Directiva, concretamente, «aglomeraciones» o «zonas tranquilas»;

D.    Papel de los entes regionales y locales

39.

subraya la importancia de facilitar apoyo financiero y orientación técnica a los entes regionales y locales en materia de aplicación de la política de la UE sobre contaminación acústica, y de adoptar medidas europeas y nacionales complementarias con este mismo fin;

40.

reitera la importancia que tendría para los entes regionales y locales la creación una red para intercambiar informaciones y experiencias y adoptar las mejores prácticas, con información actualizada y disponible en todas las lenguas;

41.

recomienda que se incremente y mejore la información que se facilita a las regiones y municipios, así como herramientas de apoyo y orientación sobre la visualización, en mapas combinados, del ruido acumulativo procedente de diferentes fuentes. Con arreglo al principio de subsidiariedad, ha de corresponder a cada ente local actuar como considere más oportuno a la hora de emprender campañas informativas;

42.

propone que se lancen a nivel regional y local campañas de sensibilización y de información sobre el ruido, así como consultas y audiciones públicas que permitan un conocimiento más profundo de los hechos y den a conocer el asunto a la población;

43.

sugiere que se establezcan más partenariados entre los entes locales y regionales, las ONG y asociaciones de ciudadanos locales, especialmente mediante la concesión de premios y distinciones que contribuyan a dar a conocer las soluciones creativas o económicas que se hayan aplicado en la UE;

E.    Recomendaciones finales

44.

insiste en que imponer niveles máximos de ruido no solo es necesario para asegurar un elevado nivel de protección, sino también para evitar falseamientos de la competencia en el mercado único a causa de las normas de protección contra el ruido. No obstante, es esencial, respetar el principio de subsidiariedad en lo que respecta a los valores umbral y/u objetivo y verificar el cumplimento de la Directiva, así como considerar la posibilidad de introducir medidas adicionales en caso de que se superen los niveles de ruido, teniendo en cuenta el impacto de dichas medidas en los entes locales y regionales, así como la diversidad de climas y de otros condicionantes en Europa;

45.

subraya la importancia de la proporcionalidad en lo que respecta a la creación de costes adicionales y cargas administrativas para empresas y administraciones públicas, que debe compararse con los beneficios medioambientales resultantes.

Bruselas, 16 de febrero de 2012.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO


18.4.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/45


Dictamen del Comité de las Regiones — «Modernización de la educación superior»

2012/C 113/09

EL COMITÉ DE LAS REGIONES:

aplaude el papel más activo que quiere asumir la Comisión Europea a la hora de apoyar a las instituciones de educación superior y a las diferentes autoridades nacionales, regionales y locales en la ejecución de la agenda de modernización de la educación superior;

apoya la tesis de la Comisión Europea de que la inversión total en educación superior en Europa es, en general, demasiado baja y reconoce al mismo tiempo que no solo los Estados miembros, sino en muchos casos también los entes regionales han de asumir su responsabilidad para aumentar las inversiones en educación superior con recursos públicos;

exhorta a la Comisión Europea a que, a la hora de fijar los programas concretos, preste aún más atención a una de las prioridades que recomienda con razón a los Estados miembros y a las instituciones de educación superior: aumentar el grado de participación y reforzar la «dimensión social» de la educación superior, que será necesaria para ello;

opina que la relevancia de la educación superior también ha de ponerse de manifiesto en la medida en que las instituciones de educación superior responden a las necesidades típicamente locales o regionales, y de este modo contribuyen realmente al desarrollo local o regional;

observa que todavía es necesario emprender muchas medidas para ampliar y al mismo tiempo profundizar más la movilidad en la formación y la cooperación transfronteriza y de esta manera aumentar de forma sustancial su plusvalía;

reitera, además, que los entes locales y regionales tienen las principales competencias en materia de educación y formación, tal como sucede con la política en materia de juventud y empleo, y, por ello, subraya que los entes locales y regionales tienen reservado un papel clave en la ejecución de esta agenda de modernización, conforme al pleno respeto del principio de subsidiariedad.

Ponente

Mia DE VITS (BE/PSE), Diputada del Parlamento flamenco

Texto de referencia

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de la Regiones: Apoyar el crecimiento y el empleo — una agenda para la modernización de los sistemas de educación superior en Europa

COM(2011) 567 final

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

1.   Observaciones generales

1.

aplaude la Comunicación titulada «Apoyar el crecimiento y el empleo – una agenda para la modernización de los sistemas de educación superior en Europa», en la que la Comisión Europea esboza los principales objetivos políticos de las reformas de la educación superior. El Comité acoge con agrado que la Comisión Europea quiera dar de esta manera un nuevo impulso a las reformas que se iniciaron con el proceso de Bolonia y con la creación del Espacio Europeo de Educación Superior y del Espacio Europeo de Investigación, pero que todavía están lejos de completarse, y conceda al mismo tiempo un lugar prominente a estas reformas en el marco más amplio de la estrategia Europa 2020 y sus iniciativas emblemáticas;

2.

suscribe el enfoque descrito en la Comunicación, en la que, por un lado, la Comisión Europea enumera los principales objetivos políticos que tanto los Estados miembros como las instituciones de educación superior deberían alcanzar hacia finales de la presente década, y, por otro, indica de qué manera puede apoyar a los Estados miembros y a las instituciones de educación superior;

3.

respalda la idea de que los principales responsables de aplicar las reformas en la educación superior, ámbito de política en el que la UE tiene competencias de coordinación y apoyo, son los Estados miembros y las propias instituciones educativas, aunque los desafíos y las respuestas políticas trasciendan las fronteras nacionales. El Comité reitera además que los entes locales y regionales tienen las principales competencias en materia de educación y formación, tal como sucede con la política en materia de juventud y empleo. El Comité subraya que, por ello, los entes locales y regionales tienen reservado un papel clave en la ejecución de esta agenda de modernización, conforme al pleno respeto del principio de subsidiariedad;

4.

señala que la estrategia propuesta para la modernización de la educación superior no parece plantear ningún problema respecto a su conformidad con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

5.

hace hincapié en que la educación, incluida la educación superior, ha de impartir a las personas sobre todo una formación amplia y general que les permita desarrollar al máximo sus talentos y convertirse en personas abiertas, fuertes y polifacéticas, capaces de asumir plenamente su responsabilidad en la sociedad. Si bien el valor económico de la educación es innegable, no es el único valor. Por ello, un enfoque de la educación desde la perspectiva económica será siempre e inevitablemente un enfoque incompleto. Ello no quita para que un enfoque desde la perspectiva económica pueda ser útil e incluso necesario en un determinado contexto;

6.

apoya plenamente, sin perjuicio de lo anterior, la tesis de que ha de atribuirse un papel central a la educación y la formación para conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en la Unión Europea; subraya, además, que aún no se explotan plenamente todas las posibilidades de las instituciones de educación superior europeas para desempeñar su papel en la sociedad;

2.   Cuestiones esenciales para los Estados miembros y las instituciones de educación superior

2.1.   Aumentar los niveles de éxito para proporcionar los titulados e investigadores que necesita Europa

7.

suscribe el análisis de que es preciso alcanzar el objetivo de elevar al 40 % el porcentaje de jóvenes con titulación de grado superior o equivalente en 2020 en Europa para poder conseguir el crecimiento previsto y necesario de los puestos de trabajo intensivos en conocimiento, con miras a ofrecer a los jóvenes una mejor perspectiva de empleo de calidad y así combatir el desempleo, sobre todo entre los jóvenes;

8.

está convencido de que el uso generalizado de soluciones de TIC innovadoras por parte de los proveedores de educación superior puede contribuir a aumentar la accesibilidad a la educación superior y a incrementar la tasa de participación de, por ejemplo, estudiantes que viven en zonas poco pobladas, en regiones insulares y zonas de montaña, así como en regiones ultraperiféricas;

9.

comparte plenamente la tesis de que es preciso atraer a una muestra más extensa de la sociedad a la educación superior y lamenta que diferentes grupos de población sigan estando claramente infrarrepresentados en la educación superior. El Comité señala que esta infrarrepresentación, que por otra parte se hace sentir con una tenacidad inexcusable en el cuerpo docente, no solo plantea problemas sociales, sino que implica asimismo un despilfarro ineficiente de talentos desde la perspectiva económica;

10.

propone, por ello, no solo que se controle en qué medida los Estados miembros realizan progresos en el aumento de la participación y, de manera igualmente crucial, el éxito en la educación superior, sino también en qué medida los Estados miembros y las instituciones de educación superior consiguen atraer a estudiantes pertenecientes a grupos infrarrepresentados y a estudiantes «no tradicionales», y de una manera que además rompa los modelos clásicos asignados a los sexos, para que puedan contrarrestarse las opciones de estudio estereotipadas y la segregación resultante en el mercado de trabajo. En vista de la evolución demográfica, el Comité está convencido de que no se podrá lograr de forma sostenible el aumento sustancial necesario del grado de participación si los Estados miembros y las instituciones de educación superior no consiguen introducir esta «dimensión social» en el centro de su política en materia de educación superior. El Comité opina por ello que es inevitable formular, también en este ámbito, unos objetivos específicos, que por supuesto han de estar adaptados al contexto de cada Estado miembro y de las distintas regiones dentro de cada Estado miembro; destaca, sin embargo, que el aumento de la participación también requiere una mayor financiación para las instituciones de educación superior europeas con el fin de garantizar altos niveles en la investigación y la docencia;

11.

apoya la defensa que hace la Comisión Europea en favor de que la ayuda financiera llegue a posibles estudiantes de los grupos de renta más baja. En este contexto, el Comité observa con preocupación el hecho de que diferentes Estados miembros hayan decidido –o se planteen– aumentar las tasas universitarias, a pesar de que todos los Estados miembros de la Unión Europea han ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 13 dice, entre otras cosas, «La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita». El Comité teme que un incremento de las tasas aumente también el umbral financiero para acceder a la educación superior, precisamente en un momento en que muchos estudiantes y sus familias se enfrentan a las consecuencias de la crisis financiera y económica;

12.

señala que otros elementos distintos de los recursos financieros (como la atención a las opciones de estudio, una formación previa adecuada y un remedio en caso de ausencia de la misma, la orientación en los estudios y el asesoramiento profesional, una reorientación a tiempo hacia una profesión o una formación más adecuada para evitar el abandono en la educación superior, un enfoque de la educación superior más centrado en el estudiante, etc.) pueden desempeñar un papel decisivo en el acceso a la educación superior y el éxito en la misma, y pide que los Estados miembros y las instituciones de educación superior también le presten la debida atención. El Comité lamenta que los Estados miembros no recopilen ni compartan entre sí de forma suficientemente sistemática la información sobre políticas, como sí sucede en relación con otros aspectos de la educación superior, y opina en este contexto que hay que apoyar al Observatorio Europeo de la Dimensión Social en la Educación Superior, que se está desarrollando en estos momentos en el marco del proceso de Bolonia;

13.

aplaude las medidas que propone la Comisión Europea, como el desarrollo de marcos nacionales de cualificación con unas vías de progresión claras y, en su caso, adicionales, entre los diferentes niveles de cualificación, el lugar central que otorga a los resultados del aprendizaje y a las cualificaciones adquiridas realmente (por ejemplo, reconociendo las cualificaciones obtenidas en otros lugares y las competencias adquiridas anteriormente, inclusive en el ámbito del aprendizaje informal y no formal) en lugar de unos criterios más tradicionales y formales como la duración de los estudios y el número de horas lectivas de un programa de formación. El Comité opina que medidas de este tipo pueden ser instrumentos eficaces para reconocer mejor las competencias y situar a las personas en el nivel de cualificación adecuado, o para ofrecerles un itinerario viable hacia una cualificación superior;

14.

insta a la Comisión Europea a que mantenga de forma coherente su enfoque progresivo en materia de vías de aprendizaje flexibles y formas de aprendizaje flexibles, también en la aplicación de la actual Directiva sobre el reconocimiento profesional y a la hora de diseñar la nueva Directiva sobre el mismo asunto;

2.2.   Mejorar la calidad y la pertinencia de la educación superior

15.

respalda la consideración de que la educación superior, en la medida en que se orienta a transmitir los conocimientos y las competencias transferibles básicas necesarias para desempeñar con éxito profesiones altamente cualificadas, se beneficiaría en gran medida de un contacto más intenso con el mundo laboral y las instituciones del mercado de trabajo. Al mismo tiempo, el Comité opina que también el mundo laboral debería asumir una mayor responsabilidad hacia la educación superior, por ejemplo ofreciendo suficientes puestos de prácticas de calidad a estudiantes y docentes, reflexionando —en diálogo con las instituciones de educación superior— sobre las carreras profesionales del futuro y sobre los requisitos de formación correspondientes, reconociendo plenamente las competencias transferibles de doctores, etc.; también se deberían generalizar las asociaciones entre empresas y universidades en el ámbito de la investigación;

16.

está convencido de que los entes locales y regionales, que en general mantienen excelentes relaciones, tanto con las instituciones de educación superior como con el mundo laboral, son los más idóneos para estimular y moderar este diálogo;

17.

opina que la relevancia de la educación superior también ha de ponerse de manifiesto en la medida en que las instituciones de educación superior responden a las necesidades típicamente locales o regionales, y de este modo contribuyen realmente al desarrollo local o regional. El Comité considera que esta inserción en la región es una de las dimensiones en las que las instituciones de educación superior pueden adaptar su misión y sus prioridades estratégicas y en las que pueden perseguir la excelencia, y destaca y, por consiguiente, respalda la diversidad y singularidad de las instituciones de educación superior;

18.

hace un llamamiento para que se generalice la introducción de soluciones de TIC en todas las instituciones de educación superior europeas; el desarrollo de una plataforma de TI común por parte de los institutos de educación superior y de las autoridades nacionales, regionales y locales competentes podría traducirse en un aumento de los niveles de éxito;

2.3.   Reforzar la calidad mediante la movilidad y la cooperación transfronteriza

19.

suscribe la importancia de la movilidad inteligente y la cooperación transfronteriza para la calidad de la educación y para el desarrollo personal, en numerosos aspectos, de las personas que pueden gozar de ella. El Comité observa que, entre otras cosas, gracias al impulso del programa Erasmus, reforzado por el proceso de Bolonia, los Estados miembros y las instituciones de educación superior han dado enormes pasos adelante en ese ámbito. El Comité opina que tiene un valor inestimable que, gracias a estos programas y a esta cooperación, muchas personas tengan una imagen concreta y positiva de «Europa»;

20.

observa, no obstante, que todavía es necesario emprender muchas medidas para ampliar y al mismo tiempo profundizar más la movilidad en la formación y la cooperación transfronteriza y de esta manera aumentar de forma sustancial su plusvalía. La Comisión Europea enumera con razón diversos obstáculos situados en diferentes niveles de política y que a menudo están situados en un contexto nacional específico. El Comité considera que esta compleja estratificación no debe impedir a los Estados miembros, a los entes locales y regionales y a las instituciones de educación superior abordar rápidamente estos problemas, cada uno dentro de sus competencias;

21.

pide que se introduzca el Suplemento Europeo al Título en todas las instituciones de educación superior, puesto que representa un paso muy importante hacia la comparabilidad de títulos y facilita su reconocimiento;

22.

llama la atención sobre algunas iniciativas existentes para garantizar la calidad a través de las fronteras en la educación superior y, en vista del impacto estructural en los sistemas de educación superior de las regiones y los Estados miembros implicados, desea presentarlas como modelo de cooperación transfronteriza;

23.

exhorta a las autoridades nacionales competentes, en muchos casos entes locales o regionales, a que simplifiquen y agilicen el reconocimiento de las titulaciones académicas con el fin de reducir los serios obstáculos a la movilidad con los que se encuentran estudiantes y académicos; este trámite no debería tener para el solicitante un coste prohibitivo y debería durar un máximo de cuatro meses;

2.4.   Hacer que funcione el triángulo del conocimiento

24.

apoya plenamente la necesidad de desarrollar y utilizar mejor el «triángulo del conocimiento» entre educación, investigación y empresas, y por supuesto está plenamente de acuerdo con el análisis de la Comisión Europea de que las instituciones de educación superior pueden fomentar el desarrollo económico en los territorios en los que se encuentran, aprovechar los puntos fuertes regionales a escala mundial, o bien que pueden actuar como centro de una red o polo de conocimientos al servicio de la economía y la sociedad locales;

25.

reconoce que lo anterior tendrá más efecto si los entes locales y regionales utilizan estratégicamente su apoyo y optan conscientemente por una serie de ámbitos prioritarios basados en los puntos fuertes o las necesidades específicas de la propia región; asimismo, habría que fomentar la creación de agrupaciones de conocimiento e innovación que incluyan la participación de los entes locales y regionales, universidades y empresas locales, incluidas aquellas en fase inicial;

26.

observa que, en su Comunicación, la Comisión Europea se concentra demasiado en el mundo empresarial, el potencial de los productos y servicios comercializables, así como la comercialización del conocimiento; El Comité destaca que las instituciones de enseñanza superior y los institutos de investigación también tienen una tarea social en relación con las instituciones públicas del sector sin ánimo de lucro, como, por ejemplo, la enseñanza obligatoria, el sector médico y paramédico, y los servicios sociales y de bienestar;

2.5.   Mejorar la gobernanza y la financiación

27.

apoya la tesis de la Comisión Europea de que la inversión total en educación superior en Europa es, en general, demasiado baja y reconoce al mismo tiempo que no solo los Estados miembros, sino en muchos casos también los entes regionales han de asumir su responsabilidad para aumentar las inversiones en educación superior con recursos públicos. El Comité pide a los Estados miembros y, en su caso, también a los entes regionales que, a pesar de la presión sobre los presupuestos, no hipotequen el futuro, sino que inviertan de manera creciente con una perspectiva a largo plazo en lugar de recortar en sectores que establecen las bases del crecimiento del futuro. El Comité opina que la Comisión Europea puede conseguirlo asegurándose, a través del Semestre Europeo, que los recortes no afecten a sectores que son cruciales para realizar la estrategia Europa 2020;

28.

coincide, a partir de su enfoque de la educación como un bien público, con la tesis de la Comisión Europea de que la inversión pública debe seguir siendo incondicionalmente la base principal de una educación superior sostenible;

29.

acepta que se intenten diversificar las fuentes de financiación, por ejemplo mediante asociaciones publico-privadas con vistas a la financiación de las infraestructuras, pero advierte de que abrir una de las posibles fuentes alternativas, concretamente el incremento de la participación de la financiación privada al aumentar las tasas universitarias, puede suponer una presión adicional sobre las familias. El Comité teme que esta presión sobre las familias pueda provocar, entre otras cosas, un menor grado de participación, cambios en la composición social de la población estudiantil y la aparición o el aumento de flujos de movilidad desequilibrados entre los Estados miembros o las regiones. Por ello, con el objetivo de promover la igualdad de oportunidades para todos y de perseguir la excelencia, el Comité preconiza fomentar mejores políticas de becas y préstamos al estudio que se basen en criterios de renta y rendimiento académico;

30.

está de acuerdo en que se desarrollen nuevos mecanismos de financiación o se adapten otros ya existentes relacionados con el rendimiento, se apoyen diversas opciones estratégicas y la diversidad de perfiles de las instituciones y se fomente la excelencia en todas sus dimensiones. Al mismo tiempo, el Comité llama la atención sobre el hecho de que la experiencia ha demostrado que la introducción de este tipo de mecanismos debe realizarse de forma inteligente y con el debido cuidado, entre otras cosas para que las fórmulas y los indicadores manejados apoyen realmente los objetivos deseados y para tomar plenamente en consideración la búsqueda de diversificación entre las instituciones y dentro de ellas;

31.

observa que una mayor autonomía no exime a las instituciones de educación superior de rendir cuentas ni de asumir su responsabilidad en relación con el entorno en el que están integradas. Esto no quita para que el Comité reconozca que el aumento de la autonomía de las instituciones influye muchas veces positivamente en la obtención de fondos privados y de este modo contribuye a aumentar la inversión en la educación superior;

3.   Contribución de la UE: incentivos a la transparencia, la diversificación, la movilidad y la cooperación.

32.

aplaude el papel más activo que quiere asumir la Comisión Europea a la hora de apoyar a las instituciones de educación superior y a las diferentes autoridades nacionales, regionales y locales en la ejecución de la agenda de modernización de la educación superior. El Comité considera que ese apoyo, en sus diferentes formas, es crucial para llevar a cabo la convergencia necesaria de los planes de trabajo de las diferentes autoridades e instituciones de educación superior y a la vez permitir la diversidad y visibilidad deseadas;

33.

exhorta a la Comisión Europea a que, a la hora de fijar los programas concretos, preste aún más atención a una de las prioridades que recomienda con razón a los Estados miembros y a las instituciones de educación superior: aumentar el grado de participación y reforzar la «dimensión social» de la educación superior, que será necesaria para ello;

3.1.   Apoyar la reforma con datos sobre las iniciativas, el análisis de sus resultados y la transparencia

34.

observa que, por ejemplo, en el cumplimiento del proceso de Bolonia se ha demostrado que trabajar con indicadores comparativos relativamente sencillos para controlar el estado del programa de reformas puede favorecer la información y la movilización y propone intensificar el uso de este tipo de instrumentos. El Comité señala, no obstante, que los indicadores a nivel de Estado miembro a menudo no logran incluir las diferentes dinámicas que tienen lugar dentro de las distintas regiones y por consiguiente no siempre hacen justicia a las políticas de los entes regionales y locales, sobre todo cuando se trata de ámbitos en los que estos tienen competencias amplias o exclusivas;

35.

apoya a la Comisión Europea en su plan de aportar una mayor noción de los perfiles de las instituciones de educación superior con el «U-Map» y de crear un instrumento pluridimensional de clasificación e información basado en los resultados con «U-Multirank». A este respecto, debería procurarse que la medida no genere un aumento desproporcionado de la carga administrativa para las instituciones de educación superior. El Comité considera natural que la inserción regional y la implicación con el entorno local sea una de las dimensiones en las que se clasifique a las instituciones de educación superior;

36.

celebra el propósito de la Comisión Europea de mejorar, en cooperación con Eurostat, los datos sobre la movilidad con fines de aprendizaje y los resultados relativos al empleo en la educación superior. El Comité señala que tal información no solo es importante para los estudiantes y diplomados de la educación superior, sino que también puede ayudar a los alumnos a tomar decisiones sobre sus opciones de estudio;

37.

pide a la Comisión Europea que reflexione sobre los objetivos que quiere alcanzar exactamente con la creación de un Registro Europeo de la Educación Superior y en qué medida no los cubren ya otras iniciativas, antes de empezar con el desarrollo de tal instrumento;

3.2.   Fomentar la movilidad

38.

está totalmente de acuerdo en que es importante fomentar la movilidad y, en este sentido, señala a la Comisión Europea las observaciones aún vigentes del capítulo «Iniciativas relacionadas con la movilidad» de su dictamen de los días 27 y 28 de enero de 2011 sobre la iniciativa emblemática «Juventud en movimiento» (1);

39.

está convencido asimismo de que apostar por un mejor conocimiento de lenguas no solo aumentará el potencial de intercambios, sino también la calidad de los mismos; estima que en ese ámbito la Comisión Europea podría desempeñar un papel de apoyo, y recuerda el objetivo de la política europea de multilingüismo según la cual cada europeo debería aprender dos lenguas además de su lengua materna;

40.

apoya a la Comisión en su deseo de facilitar el acceso a los estudiantes, independientemente de su trasfondo social, a estudios de máster en otro Estado miembro y confirma que es necesario ofrecer más apoyo financiero a esta categoría de estudiantes. El Comité toma nota de la sugerencia de la Comisión Europea de crear, junto con el Banco Europeo de Inversiones, un mecanismo de garantía de préstamos para estudiantes a escala europea. El Comité subraya que todo ello no debe dar lugar a que el acceso a la movilidad se convierta en un bien comercial. El desarrollo de este mecanismo debería añadirse a los actuales sistemas de becas, como «Erasmus», que han demostrado su valor a lo largo de mucho tiempo (2);

41.

lamenta que la falta de movilidad de préstamos nacionales suponga un obstáculo a la movilidad de los estudiantes; insiste en la obligación de otorgar préstamos y becas sin discriminación por motivos de nacionalidad;

42.

reconoce que algunos flujos de movilidad pueden suponer un desafío para determinados países y a veces en mayor medida para determinadas regiones. En el caso de los estudios que dan derecho a determinadas prestaciones de servicio, como, por ejemplo, los estudios de medicina, el Comité se pronuncia a favor de permitir las condiciones de acceso que sean necesarias teniendo en cuenta los niveles regionales, a fin de asegurar la disponibilidad de asistencia médica en la región, Asimismo, el Comité está dispuesto a contribuir a la realización de un detenido análisis de esta problemática y a colaborar en la búsqueda de soluciones sostenibles con las que estén de acuerdo todas las partes implicadas y que hagan justicia a los logros europeos;

43.

está, no obstante, convencido de que se deben adoptar medidas específicas para garantizar que la movilidad formativa sea accesible en igualdad de condiciones para todos los estudiantes, independientemente de su situación socioeconómica o de la situación geográfica de su región de pertenencia;

44.

reconoce asimismo que persiste la preocupación por la calidad de determinadas modalidades de educación transfronteriza en forma de franquicias y pide a todos los Estados miembros que tomen las medidas necesarias, por ejemplo en materia de garantía de la calidad de la formación que ofrecen las propias instituciones de educación superior fuera de las fronteras del Estado miembro, a fin de que entre los Estados miembros pueda seguir existiendo plena confianza en las respectivas instituciones;

45.

respalda la idea de que todavía existen muchos obstáculos a la movilidad transfronteriza de los investigadores y pide a los Estados miembros que trabajen activamente para mejorar la normativa en materia de condiciones laborales secundarias y derechos sociales, a fin de que los investigadores tengan más seguridad sobre estos aspectos de su estancia en el extranjero y por consiguiente se sientan menos cohibidos para participar en la movilidad transfronteriza;

3.3.   Colocar la educación superior en el centro de la innovación, la creación de empleo y la empleabilidad

46.

espera la aprobación de la «Agenda Estratégica de Innovación» y confía en que se pueda agilizar la delimitación de prioridades en el desarrollo del IET y el establecimiento de nuevas CCI;

47.

acoge con interés el desarrollo de «alianzas de conocimiento» entre la educación superior y las empresas, pero se pregunta al mismo tiempo si no podrían ser útiles e incluso necesarias alianzas de este tipo entre la educación superior e instituciones y organismos sin ánimo de lucro, entre otras cosas, para hacer frente a los retos a los que se enfrenta Europa: el envejecimiento de la población y la disminución del porcentaje de jóvenes, la sociedad multicultural, el cambio climático, etc.;

48.

aplaude el propósito de la Comisión Europea de desarrollar un marco de calidad para los periodos de prácticas y está convencido de que la Comisión Europea y las autoridades nacionales, regionales o locales deben centrarse en controlar activamente la aplicación de dicho marco; la propuesta de crear una plataforma única centralizada para las ofertas de prácticas en Europa puede ser una excelente manera de proporcionar un acceso fácil a estas ofertas y de animar a los jóvenes a que soliciten prácticas en otros Estados miembros;

3.4.   Apoyar la internacionalización de la educación superior europea

49.

coincide con la Comisión Europea en que la internacionalización y la cooperación transfronteriza no pueden limitarse al ámbito de la Unión Europea y que fuera de este ámbito hay un gran potencial. El Comité destaca en especial que existe un enorme potencial de cooperación entre regiones limítrofes situadas respectivamente dentro y fuera de la UE. En este sentido, la UE debería fomentar la cooperación de las universidades europeas con los centros de educación superior de los terceros países, con el objeto, entre otros, de reforzar su gobernanza y sus programas educativos utilizando para ello la experiencia adquirida por nuestros centros. A tal fin, es necesario el fomento de las acciones de movilidad e intercambio de estudiantes y profesores de las universidades de las regiones frontera, y las de sus terceros países vecinos, como ayuda a la exportación de buenas prácticas;

50.

espera propuestas más concretas sobre la manera en que la Comisión Europea pretende apoyar la creación y el desarrollo de estrategias de internacionalización por parte de las instituciones europeas de educación superior. El Comité señala que también hay que implicar en el diálogo a los entes locales y regionales, dado que, a menudo, las estrategias de internacionalización de las instituciones europeas de educación superior interactúan estrechamente con las estrategias de desarrollo de la región en las que están implantadas;

3.5   Reforzar el impacto a largo plazo y la complementariedad de la financiación de la UE

51.

aplaude la propuesta de proseguir a partir de 2014 con los actuales programas en favor de la educación, la formación y la juventud fortalecidos financieramente y simplificados administrativamente en el marco del programa «Erasmus para todos». El Comité espera que este nuevo programa no solo conlleve una ampliación, sino también una profundización cualitativa de las diferentes formas de intercambio y cooperación.;

52.

acoge con agrado en la misma medida la propuesta de la Comisión Europea de agrupar los actuales programas europeos de investigación e innovación en el nuevo programa «Horizonte 2020»;

53.

ofrece a la Comisión Europea el apoyo de los entes locales y regionales, habida cuenta de su proximidad con las instituciones de educación superior, para alentar a las instituciones de educación superior a aprovechar plenamente las posibilidades de «Erasmus para todos» y «Horizonte 2020»;

54.

señala que, como ya ha indicado igualmente en otros dictámenes, la introducción de programas existentes en estos nuevos programas ha de tener lugar con el debido cuidado, para que en el reajuste no se pierdan elementos valiosos de los programas existentes;

55.

está de acuerdo con el vínculo que establece la Comisión Europea entre, por un lado, la educación (superior) y la política de cohesión de la UE y, por otro, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo Social Europeo. Para que estos recursos puedan ser utilizados de la forma más eficiente y eficaz posible por los beneficiarios, el Comité pide a la Comisión Europea que detecte activamente y difunda ampliamente las buenas prácticas procedentes de diferentes Estados miembros y regiones;

3.6.   Próximos pasos hacia una educación superior inteligente sostenible e integradora

56.

espera que, a la hora de fijar los programas y las líneas de acción concretos, la Comisión Europea prosiga con el diálogo altamente valorado con todos las partes interesadas, incluidos los entes locales y regionales;

57.

toma nota de la propuesta de crear un grupo de alto nivel para analizar temas clave de la modernización de la educación superior y confía en que al componer este grupo la Comisión Europea tenga suficientemente en cuenta los desafíos específicos que ha esbozado en la Comunicación; pide la presencia del CDR en este grupo de alto nivel;

58.

insta a que, a la hora de desarrollar la agenda de modernización, la Comisión Europea garantice la sinergia necesaria entre todas las iniciativas emblemáticas relevantes para esta agenda y que tenga en cuenta, entre otros, los dictámenes que el Comité ha emitido en relación con dichas iniciativas.

Bruselas, 16 de febrero de 2012.

La presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO


(1)  CDR 292/2010 fin.

(2)  Véase el punto 20 del Dictamen del Comité de las Regiones sobre la iniciativa emblemática de la Comisión Europea «Juventud en Movimiento» (CDR 292/2010 fin), aprobado por el 88o pleno de los días 27 y 28 de enero de 2011.


18.4.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/52


Dictamen del Comité de las Regiones — Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: programa para el cambio

2012/C 113/10

El COMITÉ DE LAS REGIONES

comparte la voluntad política de la Comisión por mantener el liderazgo en la lucha contra la pobreza en el mundo, particularmente contribuyendo al cumplimiento de los ODM, a pesar del contexto de crisis económica, social y financiera;

coincide con la Comisión en que, si bien la UE ha hecho una importante contribución a la consecución de los ODM, estos están todavía muy lejos de cumplirse, lo que obliga a un replanteamiento del futuro de la política de desarrollo de la UE;

reitera su deseo de que la revisión de la política europea de desarrollo y el consenso europeo ponga de relieve la posición, el papel y el valor añadido de las entidades regionales y locales en estos ámbitos y políticas, el CDR se compromete a seguir su estrecha colaboración con la Comisión Europea potenciando el uso de herramientas como el «Atlas para la Cooperación Descentralizada» o el portal de Internet y cooperando en la organización de la Conferencia anual sobre la Cooperación Descentralizada;

insiste en que se contemple de una manera más central y diferenciada el papel de las ERL en la política de desarrollo de la UE, tanto por su experiencia política en aspectos como la descentralización de competencias, el fortalecimiento institucional o la gobernanza local, como por el importante valor añadido que pueden aportar a terceros países en dichos ámbitos o en sectores estratégicos como la agricultura, la pesca y la acuicultura, que resultan de importancia a la hora de abordar las iniciativas que la UE quiere apoyar en lo tocante a la seguridad alimentaria;

concuerda con la Comisión en que la UE debería seguir reconociendo la particular importancia de apoyar el desarrollo de sus vecinos y del África Subsahariana, por lo que exhorta a tener en cuenta la potencialidad de la ARLEM y de la CORLEAP.

Ponente

Jesús Gamallo ALLER (ES/PPE), Director General de Relaciones Exteriores y con la Unión Europea, Xunta de Galicia

Texto de referencia

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el Cambio

COM(2011) 637 final

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Observaciones generales

1.

reconoce el valor de la reciente Comunicación de la Comisión titulada “Incremento del impacto de la política de desarrollo de la UE: Programa para el Cambio”. Esta Comunicación presenta distintas propuestas para mejorar el impacto de las políticas de cooperación al desarrollo en la próxima década, continuando con el objetivo de la UE de eliminación de la pobreza en un contexto de desarrollo sostenible y de consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM);

2.

comparte la voluntad política de la Comisión por mantener el liderazgo en la lucha contra la pobreza en el mundo, particularmente contribuyendo al cumplimiento de los ODM, a pesar del contexto de crisis económica, social y financiera;

3.

coincide con la Comisión en que, si bien la UE ha hecho una importante contribución a la consecución de los ODM, estos están todavía muy lejos de cumplirse, lo que obliga a un replanteamiento del futuro de la política de desarrollo de la UE de cara a combatir eficazmente la pobreza centrando su oferta en países socios en donde pueda tener mayor repercusión y concretando su cooperación al desarrollo en apoyo de los derechos humanos, la democracia y otros elementos clave de la buena gobernanza, en el contexto de un desarrollo integrador y sostenible;

4.

reitera su deseo de que la revisión de la política europea de desarrollo y el consenso europeo ponga de relieve la posición, el papel y el valor añadido de las entidades regionales y locales en estos ámbitos y políticas, como ya se señaló en los dictámenes CDR 312/2008, (1) CDR 116/2010 (2) y CDR 408/2010 (3); en este sentido, y con el fin de fomentar los intercambios y ofrecer un foro para la expresión política de las entidades regionales y locales en el ámbito de la cooperación al desarrollo, el CDR se compromete a seguir su estrecha colaboración con la Comisión Europea potenciando el uso de herramientas como el «Atlas para la Cooperación Descentralizada» o el portal de Internet y cooperando en la organización de la Conferencia anual sobre la Cooperación Descentralizada;

5.

valora positivamente que la Comisión haga hincapié en un enfoque basado en los agentes, aunque lamenta la ausencia de referencias a las entidades regionales y locales (ERL) de Europa como actores destacados para el desarrollo y que la Comunicación se limite a mencionarlas junto con otras instancias;

6.

insiste en que se contemple de una manera más central y diferenciada el papel de las ERL en la política de desarrollo de la UE, tanto por su experiencia política en aspectos como la descentralización de competencias, el fortalecimiento institucional o la gobernanza local, como por el importante valor añadido que pueden aportar a terceros países en dichos ámbitos o en sectores estratégicos como la agricultura, la pesca y la acuicultura, que resultan de importancia a la hora de abordar las iniciativas que la UE quiere apoyar en lo tocante a la seguridad alimentaria. Debe tenerse en cuenta el caso particular de las regiones ultraperiféricas como fronteras activas y plataformas de la UE en el mundo, que pueden favorecer una mayor eficacia de la política de desarrollo europea tal y como recoge el dictamen CDR 408/2010;

7.

coincide con la Comisión en la necesidad de elegir la adecuada combinación de políticas, instrumentos y recursos que sea eficaz y eficiente en la lucha contra la pobreza e insta a que se adopten criterios y directrices comunes que permitan identificar cómo medir el efecto y el impacto de las políticas de desarrollo. La UE debe contribuir a esta labor en el CAD de la OCDE y en otros foros mundiales.

Derechos humanos, democracia y otros aspectos clave de la buena gobernanza

8.

concuerda con la Comisión en que la buena gobernanza, en todas sus dimensiones, es esencial para un desarrollo integrador y sostenible, y que por tanto el fortalecimiento de las instituciones de los países socios y la mejora de sus niveles de eficacia, democracia, respeto por los derechos humanos y el Estado de Derecho constituyen tareas centrales de toda estrategia de desarrollo;

9.

destaca que en el logro de instituciones más democráticas y respetuosas con el Estado de Derecho y los derechos humanos, con mejor gobernanza y más cercanas a las necesidades e intereses de la población, tienen un papel crucial, como la experiencia ha demostrado, los procesos de descentralización en los cuales deberían tener un papel destacado las ERL;

10.

coincide con la Comisión en que existe margen para que la UE colabore más tanto con la sociedad civil como con las entidades locales y regionales, pero insiste en que debe reforzar sus lazos con las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades regionales y locales, mediante un diálogo periódico y estructurado. Lamenta que en este punto no se destaque el papel central que deberían jugar las ERL, en tanto que agentes democráticos y representativos. Estas podrían establecer, por ejemplo, asociaciones de excelencia con las entidades locales y regionales de los países en desarrollo para lo que el Comité de Regiones exhorta a la Comisión a crear un instrumento financiero específico que fomente la creación de dichas asociaciones. El Comité anima también a la Comisión a que establezca unos objetivos de ayuda a las instancias locales en el marco de programas específicos, de manera que las estrategias por país puedan traducirse en una gama más amplia de iniciativas en favor de la descentralización. En este contexto, el Comité de las Regiones valora positivamente la propuesta de aumentar la cuota de descentralización en línea con los recursos y objetivos destinados a la cohesión social y a los derechos humanos.

Crecimiento integrador y sostenible al servicio del desarrollo humano

11.

coincide con la Comisión en el propósito de promover un crecimiento integrador y sostenible centrado en sectores como la protección social, la salud y la educación que garanticen la integración o en la agricultura y energías limpias que garanticen la sostenibilidad; sin embargo lamenta que no se aluda en este punto a la necesidad de mejorar la redistribución de los frutos del progreso, que garantice una equitativa redistribución de la renta;

12.

insiste en que las ERL se conforman como actores fundamentales en la articulación de un crecimiento integrador y sostenible, por lo cual es clave su concurso para hacer viable ese desarrollo, incidiendo en la importancia de las relaciones establecidas entre las entidades locales de Europa y sus homólogos de los países beneficiarios para la aplicación del principio de apropiación señalado en la Declaración de París;

13.

coincide en que se ofrezca ayuda para abordar los déficits de competitividad como parte de los acuerdos de asociación económica u otros acuerdos de libre comercio, pero insiste en la necesidad de respetar las reglas básicas de los acuerdos comerciales de la UE en lo que se refiere a la aplicación de las reglas de origen de los productos provenientes de países socios, debido a los daños que ciertas derogaciones normativas pueden provocar en el correcto funcionamiento del mercado interior;

14.

señala que la Comisión debiera explicar con claridad en qué consisten las «nuevas vías para relacionarse con el sector privado», puesto que la cooperación europea tiene escasa experiencia en este ámbito –frente a otros donantes multilaterales como el Banco Mundial– y las evaluaciones existentes sobre la cofinanciación de proyectos con el sector privado han venido demostrando que resulta difícil establecer marcaciones claras de desarrollo en una parte importante de las intervenciones financiadas;

15.

concuerda con la Comisión en la necesidad de apoyo al sector agrícola para sentar las bases de un crecimiento sostenible pero añade que además el desarrollo agrario y la seguridad alimentaria suponen dimensiones básicas del proceso de desarrollo, tal y como se señaló en el punto 39 del Dictamen CDR 408/2010;

16.

coincide con la Comisión en que la UE debe apoyar las prácticas sostenibles, dando prioridad a las aplicadas en el ámbito local y centrándose en los pequeños agricultores y en los medios de vida de las comunidades rurales, la constitución de grupos de productores y la cadena de suministro y comercialización y seguir trabajando para reforzar las normas sobre nutrición y gobernanza de la seguridad alimentaria y para reducir la volatilidad de los precios de los alimentos a escala internacional, pero reclama que también en este caso se tengan en cuenta las capacidades y experiencias de las regiones europeas en el diseño de infraestructuras de base para la distribución de los productos alimentarios, en el estudio de la productividad del suelo y en el manejo de los cultivos de acuerdo con las condiciones del entorno, en el cuidado de ecosistemas locales frágiles y en el diseño de planes para garantizar el abastecimiento de la población;

17.

coincide en que la UE debería ofrecer tecnología y conocimientos, así como financiación para el desarrollo en el sector de la energía, promoviendo especialmente el recurso más intensivo a las renovables, aunando la experiencia europea con las especiales condiciones de algunos países socios para la utilización de este tipo de energías;

18.

reitera la conveniencia de la firma de un Pacto de Alcaldes y de Regiones de ámbito internacional para proveer de energía a todos los ciudadanos en el contexto de los programas conjuntos y con un instrumento financiero adecuado y específico, tal y como se recogió en el punto 37 del Dictamen CDR 408/2010.

Asociaciones de desarrollo diferenciadas

19.

concuerda con la Comisión en que la UE debería seguir reconociendo la particular importancia de apoyar el desarrollo de sus vecinos y del África Subsahariana, por lo que exhorta a tener en cuenta la potencialidad de la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) y de la Conferencia anual de entes locales y regionales para la Asociación Oriental (CORLEAP), como foros de diálogo y encuentro entre las autoridades de las entidades locales y regionales de los Estados miembros y de los países socios;

20.

coincide con la Comisión en los criterios de asignación de la ayuda al desarrollo de la UE, pero reclama que además se tengan en cuenta los vínculos de proximidad histórica y cultural, así como la tradición de trabajo previo en común;

21.

recuerda, sin embargo, que el 70% de la población mundial que se encuentra por debajo de la línea de pobreza vive en países de renta media por lo que insiste en la necesidad de aplicar con prudencia y de manera gradual la nueva política de concentración del esfuerzo de la ayuda, estableciendo criterios transparentes y objetivos para la toma de decisiones.

Acción coordinada de la UE

22.

concuerda con la Comisión en que la programación conjunta de la ayuda de la UE y de los Estados miembros limitaría la fragmentación y mejoraría la eficacia, pero insiste en la necesidad de profundizar en la coordinación, mas allá del mero ejercicio de planificación conjunta, teniendo en cuenta que la coordinación de la ayuda es uno de los de los principios definidos en la Agenda de París, es parte del Consenso Europeo de Desarrollo y constituye uno los principios normativos del derecho originario (art. 210 TFUE);

23.

se congratula de que la Comisión se refiera a la necesidad de avanzar en la división del trabajo entre los donantes europeos, de cara a una mayor coordinación y complementariedad. Sin embargo reitera, tal y como recoge el dictamen CDR 408/2010, que la división del trabajo debiera contemplarse no sólo en el marco de los donantes nacionales, sino también entre estos y los respectivos donantes subnacionales (regionales y locales), habida cuenta del relevante papel que estos tienen en diversos sistemas de cooperación de la UE. Por ello exhorta a la Comisión a crear puntos de referencia de las entidades regionales y locales en el Servicio Europeo Exterior Común y en la Dirección General DEVCO, tanto en la UE como en los países socios. Además, considera indispensable que se establezca una línea de financiación específica a disposición de las entidades locales y regionales de la UE;

24.

considera que es necesario buscar complementariedades y evitar duplicidades en las intervenciones con el fin de contribuir al enriquecimiento y eficacia de la política de cooperación al desarrollo, para lo que hay que avanzar en la distribución de responsabilidades entre actores, teniendo en cuenta su especialización y experiencia, y poniendo en valor el importante trabajo de las entidades regionales y locales;

25.

se congratula del reconocimiento y respaldo de la Comisión al instrumento del apoyo presupuestario, que contribuye a la alineación con los países asociados de acuerdo con lo señalado por la Declaración de París. Sin embargo, invita a que se integre en el diálogo una evaluación meticulosa de las condiciones del apoyo presupuestario, incluida la posibilidad de descentralizar partes de la ayuda. En este sentido recuerda que, entre las recomendaciones surgidas del Diálogo Estructurado impulsado por la Comisión, figura la de incluir indicadores vinculados a la gobernanza local en el conjunto de condicionalidades de los partenariados establecidos por los donantes con los gobiernos nacionales.

Mejora de la coherencia entre las políticas de la UE

26.

coincide con la Comisión en la necesidad de proteger la coherencia de las políticas de desarrollo y en seguir evaluando el impacto de sus políticas sobre los objetivos del desarrollo;

27.

concuerda con la Comisión en la necesidad de garantizar una transición fluida desde la ayuda humanitaria y la respuesta a crisis hacia la cooperación al desarrollo a largo plazo.

Apoyar el programa para el cambio

28.

apoya a la Comisión en solicitar al Consejo la aprobación de un Programa para el Cambio, dotando a la UE de una política de cooperación para el desarrollo más eficaz y con mayor impacto y apoyar los cambios necesarios en los países socios para acelerar el proceso de reducción de la pobreza y la consecución de los ODM, en el que se tenga en cuenta la participación de las ERL.

Bruselas, 16 de febrero de 2012.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO


(1)  CDR 312/2008 final «Las autoridades locales: agentes del desarrollo».

(2)  CDR 116/2010 final «Paquete de primavera: Plan de acción de la UE en apoyo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio».

(3)  CDR 408/2010 final «Política de desarrollo de la UE en apoyo del crecimiento integrador y el desarrollo sostenible - Mejorar el impacto de la política de desarrollo de la UE».


18.4.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/56


Dictamen del Comité de las Regiones — Paquete de medidas sobre los derechos de las víctimas

2012/C 113/11

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

apoya la idea de mejorar la situación y los derechos de las víctimas de delitos. Se trata de un importante aspecto de la aplicación del programa de Estocolmo y su plan de acción para establecer un auténtico espacio de libertad, derechos y seguridad en Europa, que a su vez es un elemento esencial de la integración europea y un objetivo de la UE;

acoge favorablemente que se haga participar a los entes regionales y locales en esta tarea. Desempeñan un papel esencial para facilitar muchos de los servicios y estructuras de apoyo a las víctimas de delitos, por lo que la propuesta de normas mínimas a nivel europeo tendrá inevitablemente consecuencias a nivel local y regional tras la adopción del paquete de la Comisión sobre derechos de las víctimas;

destaca que el paquete legislativo sobre los derechos de las víctimas que presenta la Comisión tendrá una repercusión importante en las regiones y municipios, especialmente de tipo financiero;

considera importante que se hallen soluciones para equilibrar los derechos de las víctimas a la vez que se garantiza la presunción de inocencia en los procesos penales y los derechos individuales de las personas sospechosas y condenadas;

propone que la UE asuma un papel más activo en la coordinación de las tareas entre los Estados miembros.

Ponente

Per Bødker ANDERSEN (DK/PSE), Teniente de Alcalde y Concejal del Ayuntamiento de Kolding

Textos de referencia

 

Comunicación de la Comisión – Refuerzo de los derechos de las víctimas en la UE

COM(2011) 274 final

 

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos

COM(2011) 275 final

 

Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al reconocimiento mutuo de medidas de protección en materia civil

COM(2011) 276 final

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

1.

apoya la idea de mejorar la situación y los derechos de las víctimas de delitos. Se trata de un importante aspecto de la aplicación del programa de Estocolmo y su plan de acción para establecer un auténtico espacio de libertad, derechos y seguridad en Europa, que a su vez es un elemento esencial de la integración europea y un objetivo de la UE establecido en el artículo 3, apartado 2, del Tratado UE. La propuesta sobre mejora de la protección se aplica concretamente a las víctimas especialmente vulnerables, en particular, a los niños;

2.

señala a este respecto que el desarrollo de normas mínimas comunes dentro del espacio de libertad, seguridad y justicia contribuye a desarrollar una Unión Europea cohesionada y, por lo tanto, insta a todos los Estados miembros a participar en estas políticas en beneficio de todos los ciudadanos;

3.

acoge favorablemente que se haga participar a los entes regionales y locales en esta tarea. Desempeñan un papel esencial para facilitar muchos de los servicios y estructuras de apoyo a las víctimas de delitos, por lo que la propuesta de normas mínimas a nivel europeo tendrá inevitablemente consecuencias a nivel local y regional tras la adopción del paquete de la Comisión sobre derechos de las víctimas;

4.

está convencido de que es importante un alto nivel de protección de las víctimas con el fin de minimizar las repercusiones generales del delito, ayudando a las víctimas a superar las repercusiones físicas y psicológicas del delito;

5.

señala que la regulación de los derechos de las víctimas tiene una serie de consecuencias de tipo social y criminológico, pero también financiero, que hace necesario buscar soluciones equilibradas. La mejora de la situación de las víctimas deberá tener en cuenta una serie de aspectos, especialmente a nivel regional y local, que van desde lo económico a la seguridad jurídica;

6.

recuerda que la reglamentación de los derechos de las víctimas puede influir en la situación jurídica de las personas sospechosas o imputadas. En opinión del Comité de las Regiones, deben buscarse soluciones que salvaguarden los intereses de las víctimas sin poner en peligro la seguridad jurídica de las personas sospechosas y acusadas. El respeto de la dignidad humana de sospechosos y acusados –incluso cuando se trata de delitos graves– es un aspecto fundamental del Estado de Derecho, que es uno de los principios básicos de la integración europea y condición previa si se desea encontrar soluciones viables y sostenibles también para las víctimas. Ello incluye la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario y el derecho a un proceso con las debidas garantías. Sin la salvaguardia de los derechos de las personas sospechosas y acusadas no podrá lograrse un espacio de libertad, seguridad y justicia en la UE. El Comité de las Regiones recuerda a este respecto que los representantes democráticos del nivel regional y local también se han comprometido a garantizar ese equilibrio;

7.

acoge favorablemente el hecho de que el paquete de la Comisión sobre los derechos de las víctimas esté compuesto esencialmente de normas mínimas que establecen un nivel mínimo común de derechos, pero que al mismo tiempo ofrezca a cada Estado miembro la posibilidad de ir más allá de estas normas. El Comité quiere recordar que en ningún caso estas normas de la UE deben menoscabar los derechos de las víctimas en ningún Estado miembro. Deben buscarse soluciones equilibradas en cada marco nacional y regional que se adapten a su situación, cultura y tradiciones. Ello está en consonancia con el artículo 82, apartado 2, del TFUE, que establece que deben tenerse en cuenta las diferencias entre las tradiciones y los sistemas jurídicos existentes en los Estados miembros, y con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad recogidos en el artículo 5, apartado 3, del Tratado UE;

8.

recuerda que la necesidad de soluciones equilibradas incluye la exigencia de distinguir el apoyo a la víctima y los derechos procesales en función de la gravedad e importancia de los problemas que han de resolverse. La protección de los derechos de las víctimas es un tema muy amplio que engloba simultáneamente diferentes tipos de delincuencia y una serie de medidas distintas de carácter jurídico, social, económico, médico y psicológico. El Comité de las Regiones recomienda que se busquen soluciones diferenciadas en las que se observe siempre el principio de proporcionalidad, de modo que se logre una relación razonable entre el problema y la solución;

II.   IMPORTANCIA DEL PAQUETE DE MEDIDAS SOBRE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS PARA EL NIVEL REGIONAL Y LOCAL

9.

destaca que el paquete legislativo sobre los derechos de las víctimas que presenta la Comisión tendrá una repercusión importante en las regiones y municipios, especialmente de tipo financiero. No afecta únicamente a las regiones de Estados miembros de la UE con una estructura federal sino también al nivel local ya que, en muchos casos, la policía municipal y otras autoridades municipales son las primeras que entran en contacto con las víctimas de delitos. También suelen ser los entes locales los que se ocupan de las víctimas especialmente expuestas, como son los niños, los menores de edad y las personas con discapacidad. Por lo tanto, el Comité de las Regiones señala que deben hallarse soluciones financieras adecuadas con arreglo a las diferentes situaciones nacionales, con el fin de garantizar tanto la mejora de la protección de las víctimas con arreglo a las propuestas como la capacidad de los entes regionales y locales para cumplir sus obligaciones;

10.

pone de relieve la enorme importancia de los esfuerzos para reforzar la cooperación transfronteriza entre los distintos entes con el fin de mejorar la protección de las víctimas. Estos programas de cooperación, en los que los entes regionales y locales desempeñan evidentemente un papel fundamental, deberían reforzarse tanto de forma vertical (relación entre los entes regionales/locales y las autoridades nacionales) como horizontal (relación entre los diferentes entes regionales y/o municipales). Estas estructuras son especialmente importantes cuando un proceso penal tiene aspectos transnacionales y la víctima reside en otro Estado miembro de la UE.

A este respecto, el Comité de las Regiones lamenta que las disposiciones para coordinar los esfuerzos de cooperación recogidas en el artículo 25 del proyecto de Directiva no hayan cambiado desde 2001 y se dirijan exclusivamente a los Estados miembros;

11.

considera que hoy en día los entes regionales y locales poseen ya experiencia y conocimientos especializados amplios en lo que respecta al trabajo de apoyo y ayuda a las víctimas de la delincuencia. Utilizar e intercambiar estos conocimientos especializados –incluso en la fase legislativa– servirá para contribuir a alcanzar los objetivos fijados por la Comisión, por lo que debería apoyarse;

III.   PROPUESTAS CONCRETAS

12.

propone que se plantee de forma más directa la función de las regiones y municipios en relación con el paquete de medidas sobre los derechos de las víctimas. Si el legislador de la UE considera que las regiones y municipios deben desempeñar un papel importante, debe mencionarse de manera más clara en la propuesta de directiva, por ejemplo, en el preámbulo (véase la enmienda 2);

13.

insta a que se reflexione sobre la aportación de los conocimientos especializados de los entes regionales y locales en los esfuerzos por mejorar el apoyo y la ayuda a las víctimas. En todo caso, estos esfuerzos deberían combinarse con la concesión de mayor relevancia a la formación de la policía, los trabajadores sociales y otros profesionales que operan a nivel local y que suelen ser los primeros que entran en contacto con las víctimas;

14.

considera importante que se hallen soluciones para equilibrar los derechos de las víctimas a la vez que se garantiza la presunción de inocencia en los procesos penales y los derechos individuales de las personas sospechosas y condenadas. Por lo tanto, propone que esto se señale de forma explícita en el considerando 7 de la propuesta de Directiva (véase la enmienda 1);

15.

considera que las regiones y los municipios deben participar en los trabajos para determinar de qué modo puede mejorarse la cooperación transnacional entre los entes regionales y locales en los distintos Estados miembros. A este respecto, es esencial la designación de un único interlocutor por cada región o municipio, que se constituya en referencia para la información sobre las actividades respectivas de los distintos entes;

16.

propone que la UE asuma un papel más activo en la coordinación de las tareas entre los Estados miembros, incluso a nivel regional y local. Esto podría hacerse, por ejemplo, constituyendo un mecanismo de coordinación de la UE que tuviera como tarea fomentar la cooperación entre los entes locales de los distintos Estados miembros, tanto en las investigaciones generales como en la coordinación de casos concretos; por ejemplo, por mediación de los contactos con los entes regionales y locales correspondientes en los demás Estados miembros. Esta estructura también podría crear y gestionar una base de datos de mejores prácticas como propone el CDR en su dictamen sobre el plan de acción del programa de Estocolmo (1);

17.

estima que también debería prestarse atención a los medios adecuados que permitan a las propias víctimas acceder a apoyo e información práctica en la UE. Cabe suponer que un «teléfono de urgencia» de la UE para las víctimas mejoraría la situación de las víctimas que se han visto expuestas a la delincuencia en otros países. Esto serviría, no solo porque al encontrarse en otro país necesitarán ayuda y apoyo de diversos tipos, sino también porque al volver a su país necesitarán contactar con las autoridades del país en el que se cometió el hecho delictivo;

18.

desea llamar la atención asimismo sobre la abundante experiencia y conocimientos específicos de las partes interesadas privadas y de otro tipo en este ámbito. Por lo tanto, el CDR recomienda que, en los esfuerzos para mejorar la situación de las víctimas, participen las diferentes organizaciones privadas pero también las personas jurídicas y las organizaciones no gubernamentales de protección y de ayuda a las víctimas, tanto a nivel nacional como regional y local. Esto puede hacerse esforzándose por coordinar a nivel europeo el análisis de experiencias con participación de diferentes partes interesadas privadas y de otro tipo, que pueden contribuir a la mejora de la cooperación;

19.

considera especialmente importante garantizar, sobre todo a los niños y menores de edad, los necesarios apoyos y ayuda en relación con la delincuencia. Opina que en la legislación de la UE deben especificarse lo más posible las normas mínimas para ayudar a los niños y menores de edad que han sido víctimas de la delincuencia y no limitarse únicamente a una declaración de intenciones de carácter genérico;

20.

subraya los avances que se han producido en los conocimientos sobre criminología y situación de las víctimas respecto de los niños y menores de edad como víctimas de delitos, y que deberían tenerse en cuenta nuevos puntos de vista a la hora de redactar y actualizar la legislación de la UE. En concreto, las investigaciones científicas sugieren que se sería aconsejable optar por un planteamiento que sea más sensible a las diferentes etapas de desarrollo de los niños y sus necesidades correspondientes que el que ha elegido la Comisión Europea (2).

Una solución más diferenciada, en lo que se refiere a la edad de la víctima y al tipo de delito, podría facilitar la vía para establecer unas normas mínimas más apropiadas y mejor dirigidas a determinadas víctimas, por ejemplo, una ayuda específica para niños de corta edad o para niños o menores de edad expuestos a delitos especialmente graves;

21.

señala que la definición de víctima del artículo 2 de la propuesta de Directiva es muy amplia. Toda persona física expuesta a cualquier delito –incluso faltas menores– se considera una víctima con arreglo a la directiva. Así, las víctimas de delitos menores obtienen a través de esta amplia definición acceso a todo un espectro de derechos procesales establecidos en la Directiva. Ello podría resultar bastante oneroso y cabe poner en duda que una reglamentación tan amplia constituya una solución equilibrada y adecuada para la situación de las víctimas;

22.

recuerda, a este respecto, que se han dado ya casos en la legislación europea en los ámbitos de Justicia e Interior en los que la aplicación práctica de los instrumentos de cooperación amplia resultó mucho más costosa de lo previsto inicialmente debido a la falta de criterios precisos de diferenciación: por ejemplo, en las evaluaciones más recientes de la orden de detención europea la Comisión advirtió del peligro de utilizar la orden de detención en casos de delitos menores, ya que algunos Estados miembros han recurrido en exceso a dicho instrumento;

23.

recomienda, por lo tanto, que la Comisión tenga en cuenta un planteamiento más diferenciado y adaptado a los problemas existentes e insta a lograr una delimitación adecuada respecto de los derechos de las víctimas, con el fin de garantizar la proporcionalidad entre los derechos de las víctimas y la gravedad del delito. A este respecto, el CDR sugiere la introducción de un principio general de proporcionalidad en la directiva, en virtud del cual las víctimas de pequeñas faltas quedarían excluidas de algunas de sus disposiciones.

IV.   RECOMENDACIONES DE ENMIENDA

Enmienda 1

Considerando 7

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales –– y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Exposición de motivos

La presunción de inocencia y el respeto de los derechos fundamentales de todas las personas son logros esenciales del Estado de Derecho y, por lo tanto, deberían figurar de forma explícita en el contexto de la protección de los derechos de las víctimas.

Enmienda 2

Nuevo considerando 24 bis

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

Exposición de motivos

El papel esencial de los entes regionales y locales como proveedores de servicios y canales de información debe reconocerse de forma explícita en los considerandos del proyecto de directiva.

Enmienda 3

Nuevo considerando 25 bis

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

Exposición de motivos

Ha habido ámbitos de la legislación europea en los ámbitos de Justicia e Interior en los que la aplicación práctica de los instrumentos de cooperación amplia resultó mucho más costosa de lo previsto inicialmente. La amplia definición de víctima en la propuesta de Directiva concede incluso a las víctimas de delitos menores acceso a todo un espectro de derechos procesales establecidos en la Directiva. Resulta dudoso que una reglamentación tan amplia constituya una solución equilibrada y adecuada para la situación de las víctimas.

Enmienda 4

Artículo 25

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Servicios de cooperación y coordinación

1.   Los Estados miembros cooperarán para facilitar una protección más efectiva de los derechos e intereses de las víctimas en los procesos penales, ya sea en forma de redes directamente vinculadas al sistema judicial ya sea mediante vínculos entre organizaciones que ofrecen apoyo a las víctimas, incluso mediante el apoyo a las redes europeas que se ocupan de asuntos relacionados con las víctimas.

2.   Los Estados miembros garantizarán que las autoridades que trabajen u ofrezcan apoyo a las víctimas cooperen para asegurar una respuesta coordinada a las víctimas y minimizar el impacto negativo del delito, los riesgos de victimización secundaria y repetida y la carga que la víctima ha de soportar como consecuencia de las interacciones que se producen entre la víctima y las instituciones judiciales penales.

Servicios de cooperación y coordinación

1.   Los Estados miembros , cooperarán para facilitar una protección más efectiva de los derechos e intereses de las víctimas en los procesos penales, ya sea en forma de redes directamente vinculadas al sistema judicial ya sea mediante vínculos entre organizaciones que ofrecen apoyo a las víctimas, incluso mediante el apoyo a las redes europeas que se ocupan de asuntos relacionados con las víctimas.

2.   Los Estados miembros garantizarán que las autoridades que trabajen u ofrezcan apoyo a las víctimas cooperen para asegurar una respuesta coordinada a las víctimas y minimizar el impacto negativo del delito, los riesgos de victimización secundaria y repetida y la carga que la víctima ha de soportar como consecuencia de las interacciones que se producen entre la víctima y las instituciones judiciales penales.

Exposición de motivos

Los entes regionales y locales desempeñan un importante papel para facilitar el ejercicio de los derechos de las víctimas. Por lo tanto, la cooperación entre las distintas autoridades debería reforzarse tanto de forma vertical (relación entre los entes regionales/locales y las autoridades nacionales) como horizontal (relación entre los diferentes entes regionales y/o municipales). Estas estructuras son especialmente importantes cuando un proceso penal tiene aspectos transnacionales y la víctima reside en otro Estado miembro de la UE.

Bruselas, 16 de febrero de 2012.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO


(1)  Dictamen del Comité de las Regiones «Garantizar el espacio de libertad, seguridad y justicia para los ciudadanos europeos - Plan de acción por el que se aplica el programa de Estocolmo», 87o Pleno del CDR, 1 y 2 de diciembre de 2010; ponente: Holger Poppenhäger (DE/PSE), Consejero de Justicia del estado federado de Turingia.

(2)  Véase «Protecting children and preventing their victimization From policy to action, From drafting legislation to Practical Implementation», Dr. Ezzat A. Fattah, profesor emérito de la Escuela de Criminología, Universidad Simon Fraser, Burnaby, Canadá. Discurso central pronunciado en la conferencia «Children in the Union – Rights and Empowerment» (CURE Hotel Sheraton, Estocolmo, Suecia), 3-4 de diciembre de 2009 – Conferencia de la Presidencia sueca de la Unión Europea sobre las víctimas infantiles en los procesos penales.


18.4.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 113/62


Dictamen del Comité de las Regiones — Desarrollar una cultura europea de la gobernanza multinivel: El seguimiento del Libro Blanco del Comité de las Regiones

2012/C 113/12

El COMITÉ DE LAS REGIONES

recuerda por consiguiente la necesidad de un método comunitario renovado mediante un proceso más integrador y la puesta en práctica de una gobernanza multinivel;

se felicita por el consenso político manifestado respecto de su concepción de la gobernanza europea y por el apoyo de las instituciones europeas a su actuación;

ha tomado la iniciativa de crear un «Cuadro de indicadores de la gobernanza multinivel a escala de la Unión Europea» de carácter anual que contribuya a evaluar la toma en consideración de los principales principios y mecanismos de la gobernanza multinivel en el ciclo político de la Unión Europea, centrándose en la dimensión territorial de las políticas y estrategias analizadas;

considera que al objeto de consolidar la actividad de seguimiento del Comité de las Regiones, la práctica de la gobernanza multinivel podría ser objeto de un enfoque particular con motivo de la próxima conferencia sobre la subsidiariedad;

concretará en los próximos meses su proyecto de crear una «Carta de la Unión Europea de la gobernanza multinivel», que deberá conducir a una mayor participación de los entes locales y regionales en el ejercicio de la democracia europea; basada en un concepto integrador y participativo, su proceso de elaboración debería estimular la adhesión de los representantes locales y regionales democráticamente elegidos.

Ponente

Luc VAN DEN BRANDE (BE-PPE), Presidente de la Oficina de enlace Flandes-Europa

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

1.

confirma el compromiso político adquirido mediante su Libro Blanco sobre la gobernanza multinivel aprobado el 17 de junio de 2009 (1) y, en consecuencia, después de haber propuesto un proyecto político para «Construir Europa en asociación», tiene intención de velar por la realización de este objetivo combatiendo toda tendencia a contracorriente ya que sirve al proceso de integración europea (2);

A.    Principios generales de la gobernanza multinivel

2.

concibe la gobernanza multinivel como un principio que consiste en la acción coordinada de la Unión, de los Estados miembros y de los entes regionales y locales, basada en los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad y en la colaboración, que se concreta en una cooperación funcional e institucionalizada dirigida a elaborar y aplicar las políticas de la Unión Europea;

3.

recuerda por consiguiente la necesidad de un método comunitario renovado mediante un proceso más integrador y la puesta en práctica de una gobernanza multinivel que reforzaría la eficacia de la acción de la Unión Europea, instaurando una nueva cultura de cooperación interinstitucional y política que favorezca la participación en el proceso europeo de todos aquellos que han sido democráticamente elegidos a todos los niveles y, en cualquier caso, los representantes de regiones con poder legislativo;

4.

se felicita por el consenso político manifestado respecto de su concepción de la gobernanza europea y por el apoyo de las instituciones europeas a su actuación y está convencido de que la realización práctica de una verdadera cultura de la gobernanza multinivel en Europa pasa por el cumplimiento de tres requisitos previos:

consolidar los fundamentos y los principios que subyacen a este modo de gobernanza en el marco institucional y político europeo y nacional;

poner en práctica la gobernanza multinivel por medio de mecanismos e instrumentos pertinentes;

garantizar las condiciones para una autonomía financiera de los distintos niveles de gobernanza, y especialmente de los entes locales y regionales, y para una buena puesta en común de los recursos gracias a una mejor distribución de la financiación pública;

5.

recuerda que el Tratado de Lisboa ha anclado de forma indudable la gobernanza multinivel en el funcionamiento de la Unión Europea, especialmente al reforzar su régimen jurídico en la arquitectura institucional y al consagrar el objetivo de la cohesión territorial y la dimensión subnacional del principio de subsidiariedad;

6.

considera que la mejor forma de hacer que prevalezca el interés general de Europa, de los Estados miembros y de los entes locales y regionales, consiste así, sin ambages, en considerar hoy el principio de subsidiariedad como el resultado del valor añadido europeo, y la gobernanza multinivel como un modo de gobernanza flexible y participativo que respalda los valores de la Unión Europea y su ética de responsabilidad y de solidaridad para hacer frente a las realidades de un mundo globalizado cada vez más interdependiente y competitivo;

7.

considera que cualquier reflexión sobre la gobernanza europea permite restituir la cuestión esencial del respeto del principio de subsidiariedad en el marco de un proceso político y legislativo dinámico e insiste en el hecho de que el principio de subsidiariedad y el de la gobernanza multinivel son indisociables: el primero se refiere a las competencias de los distintos niveles de poder y la segunda se concentra en su interacción.

8.

considera que situar la subsidiariedad y la proporcionalidad en el contexto de la gobernanza multinivel lleva a reconocer la necesidad de transversalidad y de descompartimentación de la acción política europea: el éxito de las estrategias globales que constituyen hoy día el eje de la agenda europea depende cada vez más, en efecto, de la calidad de la gobernanza compartida en Europa y del estricto respeto del principio de subsidiariedad, que impide que las decisiones se concentren en un único nivel de poder y que garantiza que las políticas sean elaboradas y aplicadas en el nivel más adecuado;

9.

encuadra sus propuestas en el contexto actual del proceso de integración europea que exige un mayor esfuerzo de responsabilidad y de solidaridad por parte de los responsables políticos europeos, nacionales y territoriales en el espíritu del «principio de reciprocidad» (3);

B.    Consolidación de los valores y principios de la gobernanza multinivel: progreso y refuerzo

Hacia una nueva comprensión del principio de equilibrio institucional

10.

subraya que el principio de equilibrio institucional  (4), que constituye el eje de la estructura de la Unión Europea, es una garantía fundamental para la democracia europea, y considera que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que le otorga un régimen institucional y jurídico reforzado respecto de la defensa de sus prerrogativas ante el Tribunal de Justicia, implica el pleno respeto de este principio por lo que al CDR se refiere;

11.

considera que la elaboración de una Carta de la Unión Europea de la gobernanza multinivel, que contribuirá a integrar en el conjunto de valores de la Unión un modo común y compartido de entender la gobernanza europea, constituirá una etapa esencial en la realización práctica de su proyecto político;

12.

constata que no existe un Derecho administrativo europeo coherente que garantice unas normas mínimas para la aplicación de los procedimientos de consulta, coordinación y participación respecto de las regiones y ciudades, y pide por ello a la Comisión Europea que considere la elaboración en el futuro de un Acta de procedimientos administrativos europeos que incorporase los valores y principios clave de esa futura Carta a unos procedimientos más participativos;

13.

considera que la revisión de su acuerdo de cooperación con la Comisión Europea, en curso de negociación, debe tener más en cuenta la legitimidad y la responsabilidad de los entes locales y regionales en el funcionamiento de la Unión Europea y garantizar, en interés general del conjunto del proceso de toma de decisiones europeo, el respeto de esos dos principios rectores de la acción de la Unión Europea que son el principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad, así como afirmar el principio de gobernanza multinivel como principio vertebrador;

14.

considera que esta revisión deberá ir acompañada de un proceso dinámico que conduzca a la aprobación con la Comisión Europea de un plan de acción evolutivo que determine aquellas iniciativas que más posibilidades tengan de tener un impacto territorial, y el análisis ex ante y ex post que podría aportar el CDR, movilizando a tal fin los conocimientos de sus miembros y de las plataformas de entes territoriales que impulsa (plataforma Europa 2020, plataforma de la subsidiariedad y plataforma AECT) (5);

15.

invita al Parlamento Europeo a intensificar su movilización institucional para incorporar los principios y mecanismos de la gobernanza multinivel y el enfoque integrado y apoya su propuesta de crear una etiqueta europea de la gobernanza multinivel (6);

16.

acoge favorablemente la iniciativa del Consejo de la Unión Europea, que por primera vez en marzo de 2010 (7) organizó una reunión ministerial informal dedicada a la gobernanza multinivel cuyas conclusiones invitan expresamente «a facilitar una evaluación política continua de los avances de la gobernanza multinivel en el marco de la Unión Europea», y pide a las presidencias futuras que repitan esta experiencia; constata además que su presencia más sistemática en los Consejos y en las reuniones de carácter intergubernamental dan fe de los avances en la toma en consideración de este tipo de gobernanza;

17.

se felicita por las perspectivas de acercamiento de la Presidencia del Consejo Europeo y por su receptividad respecto de las repercusiones de las decisiones estratégicas adoptadas por los Jefes de Estado o de Gobierno sobre los entes locales y regionales, y considera adecuado organizar en este contexto un encuentro antes de la reunión de cada Consejo Europeo de primavera;

18.

se propone establecer un diálogo más sistemático con el Tribunal de Justicia sobre el respeto de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad y el objetivo de cohesión territorial en relación con la buena transposición del Derecho europeo y su impacto sobre los entes locales y regionales, así como sobre el respeto de las cuatro libertades, y con el Tribunal de Cuentas sobre la buena gobernanza de la financiación europea y el impacto de su gestión sobre la cohesión territorial y la competitividad de las ciudades y las regiones;

Un enfoque asociativo para una normativa inteligente

19.

se suma al nuevo enfoque propuesto con el concepto de normativa inteligente basado en un ciclo político de la Unión Europea en el que la legislación se adapte constantemente a los retos y circunstancias y sea objeto de una evaluación pormenorizada de su aplicación, pero considera que debe ir acompañada por un refuerzo de la toma en consideración de su impacto territorial (8);

20.

reitera su petición respecto de la próxima revisión del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor», en relación con la anexión de un protocolo específico sobre ciertas disposiciones respecto de las que tendría que participar plenamente, a saber, aquellas particularmente vinculadas a los análisis de impacto y a la evaluación ex post de la legislación;

21.

se propone reforzar su implicación en el proceso de seguimiento del plan de acción «Legislar mejor», concretamente mediante la toma en consideración de su informe anual sobre el seguimiento de la subsidiariedad como aportación reconocida al informe anual «Legislar mejor» de la Comisión;

22.

pide que se revisen las orientaciones para los análisis de impacto propuestas por la Comisión en el sentido de favorecer la sistematización de los análisis de impacto territorial ex ante y ex post, y el desarrollo de indicadores territoriales y de gobernanza integradora; presentará propuestas concretas en este sentido basadas en lo aprendido de la cooperación ya iniciada con la Comisión Europea;

23.

apoya plenamente el objetivo que debe prevalecer en el marco de los trabajos del Grupo de alto sobre la reducción de las cargas administrativas (Grupo Stoiber) y subraya su compromiso en el seno de este grupo para aligerar las cargas que pesan sobre los entes locales y regionales;

24.

lamenta la falta de participación de los entes locales y regionales en el ejercicio de la comitología, y pide desde este momento a la Comisión Europea que palie esta carencia que pone en peligro la buena aplicación de la legislación europea a nivel territorial;

Una respuesta para reforzar la adhesión de los ciudadanos al proceso de integración europea

25.

acoge favorablemente las recomendaciones del Grupo de reflexión organizado por el Consejo Europeo para ayudar a la Unión Europea a anticipar y hacer frente con mayor eficacia a los retos a largo plazo (horizonte 2020-2030) el cual, proponiendo un nuevo «pacto», consagra el fundamento de la «gobernanza multinivel, en que las competencias se comparten –en lugar de dividirse– en varios niveles de poder» y que «puede y debe conformar la toma de medidas y las relaciones de la UE en todos los niveles, entre individuos y generaciones, y entre localidades, regiones y Estados miembros», y se felicita de la recomendación del Grupo de reflexión de animar a su consulta y participación al objeto de reforzar la ciudadanía política y facilitar la adhesión de los ciudadanos al proyecto europeo (9);

26.

considera pertinente proceder a evaluar con carácter anual el estado de la regionalización y la descentralización en la Unión Europea, con el fin de producir un barómetro de la dinámica constatada frente a la autonomía política, jurídica y fiscal de los entes locales y regionales, actuación apropiada concretamente para acompañar su compromiso respecto del seguimiento de la subsidiariedad en la perspectiva de una cooperación más estrecha con el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa;

27.

se muestra favorable a la creación de un programa Erasmus para los responsables locales y regionales democráticamente elegidos, que se desarrollaría en el marco de una cooperación institucional con el Parlamento Europeo y con la Comisión Europea, y celebra la financiación de un proyecto piloto tal como ha propuesto el Parlamento Europeo;

28.

subraya la contribución que se propone realizar para la puesta en práctica del nuevo instrumento de democracia directa, la iniciativa ciudadana europea; en particular, ofrece utilizar sus propias redes y canales de información y los de sus miembros para aumentar el grado de sensibilización sobre la ICE y para apoyar a la Comisión de cualquier forma que pueda resultar útil, como por ejemplo en el proceso de «verificación ex ante» de la admisibilidad de las iniciativas propuestas en función de su impacto sobre los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad; además, podría ser de ayuda a la hora de reunir y difundir información sobre iniciativas ciudadanas proyectadas o en marcha, así como respecto de la organización de debates participativos tanto en Bruselas como en cualquier otra parte (10); por último, quiere participar plenamente en las audiencias, y se ofrece a apoyarlas, que organice el Parlamento Europeo como respuesta a las ICE que hayan tenido éxito;

29.

exige el establecimiento de una cooperación con la Comisión sobre los avances de este proceso al mismo nivel que las demás instituciones; la promoción de este instrumento debería llevarse a cabo en colaboración y en particular estimulando los debates en los entes locales y regionales y en los parlamentos regionales y movilizando los medios de comunicación locales y regionales;

30.

considera que la incorporación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea como Derecho primario de la Unión Europea y la perspectiva de la adhesión de la Unión a la Convención Europea de Derechos Humanos pueden fomentar una protección multinivel de los derechos fundamentales; por ello pide participar en el diálogo interinstitucional deseado por el Consejo de la Unión Europea sobre el informe anual de la Comisión Europea sobre la aplicación de la Carta, que considera que «la aplicación efectiva de la Carta debe sustentarse en la actuación de todas las instituciones, órganos y organismos de la UE» (11);

31.

se propone reforzar su cooperación con la Agencia de los Derechos Fundamentales, en particular en el marco de la organización del diálogo anual sobre la protección y la promoción multinivel de los derechos fundamentales y adoptará nuevas iniciativas en relación con la celebración en 2013 del «año europeo de la ciudadanía»;

32.

pide acciones de comunicación descentralizada en los municipios y las regiones de Europa sobre las realizaciones de la Unión Europea y su impacto sobre los ciudadanos, y reitera la necesidad urgente de prever los medios financieros suficientes para sostener su acción ante los medios de comunicación regionales y locales que disfrutan de gran audiencia entre los ciudadanos.

C.    Integrar la gobernanza multinivel en las estrategias y políticas de la Unión Europea

El principio de la gobernanza multinivel como principio vertebrador de todas las políticas y estrategias europeas de impacto territorial fuerte

33.

considera que la arquitectura propuesta por la gobernanza de la Estrategia Europa 2020, así como la que presida la reforma de la política de cohesión, deberán garantizar un doble cambio de paradigma:

la gobernanza multinivel deberá integrarse por completo en las disposiciones legislativas y reglamentarias de las políticas que tengan un fuerte impacto territorial, y prioritariamente en la futura política de cohesión;

el principio de la colaboración multinivel, con múltiples agentes, deberá ser reforzado en su puesta en práctica;

Un nuevo marco de gobernanza para el crecimiento europeo

34.

constata que en el contexto de la crisis presupuestaria que sufre hoy Europa, cuyos efectos económicos y sociales son la primera preocupación de los ciudadanos, la cuestión del valor añadido de la Unión Europea y de los medios de que dispone para hacerle frente es especialmente importante;

35.

apoya el enfoque del tipo «convención», en el que deberá participar, propuesto por el Parlamento Europeo y puesto en práctica por la Presidencia polaca con el fin de definir en colaboración las prioridades políticas del gasto de la Unión Europea y su financiación para el período 2014-2020;

36.

desea participar en esta iniciativa, teniendo en cuenta la contribución indispensable de los entes regionales y locales, que representan el 16% del PIB de la Unión Europea y el 58 % de la inversión pública en Europa, en la recuperación económica de la Unión (12);

37.

señala a este respecto de la situación preocupante de la economía de los entes locales y regionales, situación que penaliza la recuperación de la economía europea y que hipoteca por ello el éxito de la Estrategia Europa 2020; estima, por lo tanto, que sería conveniente tomar en consideración las haciendas públicas locales y regionales en relación con el próximo marco financiero plurianual;

Llevar a cabo la Estrategia Europa 2020 y sus siete iniciativas emblemáticas en asociación gracias a la celebración de pactos territoriales

38.

constata que todas las instituciones europeas reconocen claramente la necesidad de establecer una gobernanza multinivel para realizar los objetivos clave de la Estrategia Europa 2020 y sus siete iniciativas emblemáticas;

39.

sostiene concretamente, en este sentido, la recomendación del Consejo Europeo, que en sus conclusiones de 25 de marzo de 2011 (13) reconoce que la adhesión a los objetivos de la Estrategia Europa 2020 en la perspectiva de la aplicación del semestre europeo requiere la estrecha participación, entre otros agentes políticos y económicos clave, en particular, de las regiones y del Comité de las Regiones;

40.

se felicita de que en algunos Estados miembros los programas nacionales de reforma tengan más en cuenta el potencial de la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno; lamenta sin embargo una ausencia patente de mecanismos y procedimientos creíbles que concreten el principio de gobernanza multinivel con el fin de garantizar la integración efectiva de las políticas y una sincronización de las agendas y de los presupuestos de los distintos niveles de gobierno respetando el principio de subsidiariedad;

41.

pide por ello a los Estados miembros la plena participación de los entes locales y regionales tanto en el proceso de elaboración y aplicación de los programas nacionales de reforma como en los programas de estabilidad o de convergencia, puesto que el diferencial entre los objetivos globales de la Estrategia Europa 2020 y las aportaciones anunciadas en los programas nacionales de reforma no podrá cerrarse más que mediante la colaboración entre los distintos niveles de gobierno (14);

42.

pide además a la Comisión europea que refuerce la supervisión del aspecto «gobernanza» de los programas nacionales de reforma y de los informes anuales de situación de los Estados miembros, con el fin de que el Consejo de la Unión Europea pueda adoptar recomendaciones expresas para animar a los Estados miembros a ampliar y reforzar las asociaciones entre los distintos niveles de gobierno a la hora de aplicar los planes nacionales de reforma;

43.

reitera el objetivo de formalización contractual multinivel que tendrá que acompañar a la realización de las siete iniciativas, así como a la creación de mecanismos innovadores (15) en el espíritu de las agendas digitales locales y de los «arreglos entre interesados» propuestos en el marco de la Agenda Digital para Europa (ADE) (16), la «Plataforma de Especialización Inteligente» lanzada por la Comisión Europea o la consecución de los objetivos de las iniciativas emblemáticas «Juventud en acción» y «Unión por la innovación» reforzando la coherencia entre todos los agentes y estrategias a todos los niveles (17);

44.

lamenta la escasa participación directa de los entes regionales y locales a lo largo de todas las etapas del método abierto de coordinación para aplicar la Estrategia Europa 2020, e insiste vivamente a favor de su integración en dicho proceso;

45.

hace notar el valor añadido de un enfoque integrado, concretamente para reforzar, respetando el principio de subsidiariedad, las sinergias entre la estrategia de la UE para el desarrollo sostenible y la Estrategia Europa 2020 y la utilización de los fondos estructurales para inversiones energéticas; así como la integración del objetivo de atenuar los efectos del cambio climático y adaptarse a él en el conjunto de los marcos estratégicos que existen en la UE, en particular en la política agrícola y de desarrollo rural;

Un nuevo paradigma para la futura política de cohesión

46.

recuerda que los resultados de la consulta sobre el quinto informe de la Comisión sobre la cohesión confirman su llamamiento, así como el del conjunto de los entes regionales y locales, a reforzar el principio de trabajo en asociación, planteamiento confirmado por el Consejo, que reconoce la importancia de la gobernanza multinivel para realizar los objetivos de la Estrategia Europa 2020 a través de la nueva política de cohesión; (18)

47.

comprueba con satisfacción que la «Agenda Territorial 2020», adoptada por el Consejo en mayo de 2011, recomienda recurrir a la gobernanza multinivel para lograr la cohesión territorial e invita a la Comisión Europea a tener en cuenta la dimensión territorial en sus análisis de impacto y le pide que incluya las aportaciones de los entes locales y regionales;

48.

comprueba con satisfacción, respecto de la política de cohesión para después de 2013, que la Comisión ha respondido a sus expectativas retomando determinados principios y mecanismos de la gobernanza multinivel y del enfoque integrado y multifuncional  (19), teniendo en cuenta en su proyecto de nuevo reglamento general sobre los fondos estructurales y el fondo de cohesión las solicitudes dirigidas a:

incluir una referencia expresa en el nuevo artículo sobre el trabajo en asociación y la gobernanza multinivel, que constituyen dos principios que deben ser respetados en todas las distintas fases del desarrollo de los contratos de colaboración y los programas operativos;

reflejar estos principios generales en los otros artículos relevantes del reglamento respecto de los contratos de colaboración y los programas operativos;

solicitar a los Estados miembros que en su informe anual indiquen el estado de los avances logrados en materia de respeto de los principios de colaboración y de gobernanza multinivel;

prever la posibilidad de desarrollar programas operativos funcionales.

49.

se congratula por la propuesta de la Comisión de crear un marco estratégico común en el que se incluyan los diferentes medios de acción europeos a favor del desarrollo territorial (FEADER, fondos estructurales: FEDER y FSE, fondo de cohesión, FEP); y pide que los entes locales y regionales puedan participar de forma práctica en la elaboración de los contratos de colaboración también en este ámbito.

50.

por lo tanto, pide al legislador europeo que confirme estas disposiciones y las consolide, concretamente al objeto de disponer:

la presencia de representantes de los entes locales y regionales en la delegación de los Estados miembros cuando el contenido del contrato de colaboración se negocia con la Comisión Europea;

una gran consolidación de los principios de colaboración y de gobernanza multinivel en el futuro código europeo que tratará sobre los objetivos y criterios de estos principios;

un diálogo entre la Comisión Europea y el Comité de las Regiones sobre el aspecto de gobernanza de sus informes anuales, con el fin de evaluar los avances y los obstáculos encontrados en cada uno de los Estados miembros antes de que el Consejo apruebe sus recomendaciones;

el establecimiento a medio plazo de un índice de cooperación que permita medir el grado de gobernanza participativa en los Estados miembros;

51.

concibe la cooperación territorial como una parte integrante de la política regional; la agrupación europea de cooperación territorial (AECT) es un verdadero laboratorio de la gobernanza multinivel (20);

52.

celebra que la propuesta de revisión del Reglamento AECT presentada por la Comisión en octubre de 2011 responda a la voluntad de poner en práctica el objetivo de cohesión territorial y recoja una serie de propuestas formuladas anteriormente por el CDR, en particular, en lo que respecta a la constitución de AECT bilaterales con entidades de terceros Estados (21). Llama la atención sobre el potencial de la AECT como estructura de cooperación en otras políticas sectoriales de la UE distintas de la política regional;

53.

subraya el papel de la plataforma AECT del CDR para promover el instrumento y proporcionar un apoyo operativo para la creación de nuevas AECT, gracias fundamentalmente al intercambio de buenas prácticas;

54.

pide a la Comisión Europea que, respecto del desarrollo de las estrategias macrorregionales, conceda una atención constante:

al respeto escrupuloso del principio de gobernanza multinivel en los órganos de consulta, de elaboración, de ejecución y de seguimiento de las estrategias macrorregionales;

a la creación de instrumentos de seguimiento y programas financieros que, al basarse en estrategias y planes de desarrollo locales y regionales, garanticen un enfoque multinivel para desarrollar también estas macrorregiones como «clusters territoriales»;

a la asociación estructural de los entes regionales y locales en la arquitectura final de dichas estrategias, para evitar la posible concentración de la gobernanza a nivel nacional;

a la explicación del valor añadido europeo de estas estrategias, concretamente en el marco de un Libro Blanco;

Realizar el mercado único en asociación

55.

acoge favorablemente las doce prioridades de crecimiento, de competitividad y de progreso social propuestas en el Acta del Mercado Único y apoya la petición del Consejo, que ha subrayado la necesidad de reforzar la gobernanza del mercado único pidiendo a la Comisión Europea que continúe su acción en este sentido (22);

56.

observa que el Parlamento Europeo, en su Informe sobre gobernanza y asociación en el mercado único, ha señalado que «la aplicación de las normas relativas al mercado único corresponde a menudo a las autoridades regionales y locales»; pide a la Comisión y a los Estados miembros que sigan desarrollando y ampliando la asociación con las autoridades locales y regionales, desde la política de cohesión a las políticas en materia de mercado único (23);

57.

pide por consiguiente que se lleve a cabo un seguimiento de la aplicación global del Acta del Mercado Único, a fin de garantizar la coherencia del enfoque y realizar el mercado único en asociación; considera que esta misión debe incumbir a la Plataforma de Seguimiento de la Estrategia Europa 2020, de la que la reactivación del mercado único es uno de los elementos;

58.

subraya la aportación de su etiqueta «Región emprendedora europea» para desarrollar una visión estratégica del desarrollo territorial integrado, articulado en particular sobre los principios de la «Small Business Act» (24); pide además la instauración de una colaboración en torno a la Small Business Act para la puesta en práctica de la SBA a nivel regional, así como la creación de representantes para las PYME («SME envoys») a nivel nacional, así como a nivel regional o territorial, y propone participar en el grupo consultivo para la SBA que va a constituirse;

59.

reitera la necesidad de hacer intervenir a los entes territoriales, y en particular a las regiones con competencias legislativas, en los mecanismos participativos para la transposición y la aplicación óptima de la reglamentación sobre el mercado único;

Las futuras políticas de medio ambiente, de cambio climático y de energía  (25)  (26)

60.

insta a las instituciones internacionales y a la Unión Europea a que tengan en cuenta el valor añadido que ofrecen los entes locales y regionales en la gobernanza mundial del desarrollo medioambiental y sostenible, incluida la ejecución de los acuerdos medioambientales multilaterales, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC) y el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), así como la Agenda Río+20 para una economía más ecológica y una gobernanza del desarrollo sostenible (27);

61.

observa que una manera constructiva de alcanzar compromisos entre los niveles local y nacional sobre las medidas de adaptación al cambio climático es la celebración de acuerdos de resultado, por medio de los cuales estos niveles de gobernanza puedan comprometerse voluntariamente a trabajar en favor de un objetivo de mitigación del cambio climático y, conjuntamente, se apropien y se responsabilicen de sus contribuciones respectivas (28);

62.

subraya la creciente importancia de las alianzas climáticas y energéticas, de carácter sectorial o intersectorial, entre regiones y empresas. Habría que fomentar estas alianzas a fin de desarrollar y aplicar lo antes posible mejores tecnologías bajas en emisiones de CO2 con acuerdos de colaboración entre responsables políticos al nivel regional y local, así como las pequeñas y medianas empresas (PYME).

63.

observa que las zonas urbanas producen el 75 % de las emisiones de carbono y señala que una acción global eficaz requiere un enfoque de gobernanza multinivel que conlleve la coordinación de esfuerzos entre los niveles de gobierno local, regional, nacional y supranacional basándose en el principio de subsidiariedad; en este contexto, destaca su propuesta de un «Pacto Territorial de los entes regionales y locales sobre la Estrategia Europa 2020» como un instrumento eficaz para combatir el cambio climático;

64.

subraya la necesidad de considerar con atención el impacto de las directrices estratégicas y de los instrumentos legislativos vinculados con la estrategia Energía 2020 sobre las cargas administrativas y financieras para los entes locales y regionales y de velar por el respeto de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, y apoya vigorosamente la creación de instrumentos innovadores para la aplicación de esta estrategia (29);

65.

reitera su compromiso respecto del Pacto de los Alcaldes en favor del objetivo compartido de reducir las emisiones de CO2, y recomienda su ampliación temática más allá de la reducción de las emisiones de CO2 a los otros ámbitos de la economía sostenible, como la gestión del agua, así como su ampliación geográfica en el marco de la Unión por el Mediterráneo y de la Asociación Oriental con las plataformas políticas que ha iniciado, a saber, ARLEM y Corleap, así como a nivel mundial con un «Pacto de los Alcaldes Mundus»;

La futura política agrícola común, la política pesquera y la política marítima

66.

considera que la aplicación de un marco de gobernanza multinivel es una condición indispensable para renovar con éxito la política agrícola común después de 2013 con el fin de garantizar la inclusión de los entes regionales y locales en la elección de las orientaciones y modalidades de ejecución y gestión de esta política común, así como la creación de sinergias entre la política de desarrollo rural y otras políticas de la UE, en particular la política de cohesión (30);

67.

con el fin de completar el dispositivo para la participación temprana de los entes locales y regionales en la definición de la política agrícola común y de la política de desarrollo rural, pide participar plenamente en los trabajos preparatorios de los grupos consultivos de la Comisión Europea;

68.

considera que el enfoque integrado debe inspirar a la nueva política pesquera, con el fin de garantizar la viabilidad de las pesquerías y la explotación sostenible de los recursos pesqueros; se muestra favorable a la descentralización de la toma de decisiones dirigida a reducir las incoherencias causadas por una micro gestión europea recurriendo en ciertos casos al procedimiento de comitología y encomendando, en el marco de la reglamentación europea, la gestión de determinadas actividades de pesca a los Estados miembros, a las regiones o al propio sector;

69.

hace un llamamiento a favor de la coordinación entre las políticas sectoriales que son relevantes para la utilización de las zonas marítimas y de la creación de un fondo financiero único para los asuntos marítimos y la pesca, integrando en un mismo marco todos los instrumentos existentes en esos sectores, y en consecuencia apoya la creación de una Plataforma Marítima Europea que reúna a los entes locales y regionales y a las partes interesadas pertinentes y les ofrezca un instrumento que les ayude a compartir sus responsabilidades y a difundir sus mejores prácticas (31);

Una ejecución del Programa de Estocolmo con los entes locales y regionales

70.

destaca la importancia de su participación en la ejecución del plan de acción relativo al Programa de Estocolmo así como en la elaboración de los procedimientos de evaluación, de forma que se garantice que se tengan más en cuenta las experiencias recabadas de los entes territoriales;

71.

considera en particular que la participación de los entes regionales y locales en la elaboración de un marco europeo relativo a la inmigración legal, a la definición de las medidas de lucha contra la inmigración ilegal, a la protección de los derechos fundamentales de los inmigrantes y a la ejecución de la cooperación al desarrollo con los países de emigración reforzará la legitimidad de la acción de la Unión siempre que se respete estrictamente el principio de subsidiariedad;

72.

pide que se realicen análisis de impacto territorial para evaluar las exigencias impuestas a los entes regionales y locales en el marco de las medidas de aplicación jurídica decididas a escala europea o nacional;

73.

comprueba con satisfacción que su participación en las conferencias interministeriales anuales sobre la integración y sus aportaciones al Foro europeo de la integración, al manual de la Comisión sobre la integración con la presentación de las mejores prácticas de los entes locales y regionales y a la definición de las prioridades anuales y plurianuales del Foro europeo de la integración han llevado al reconocimiento del enfoque multinivel en la Segunda Agenda Europea para la Integración (32), la cual prevé:

unos «pactos territoriales» entre las partes interesadas pertinentes a distintos niveles;

la participación de los agentes locales y regionales en la elaboración de las políticas de integración en el marco de los programas de la UE;

el refuerzo de los procesos de consulta mediante reuniones estratégicas con el Comité de las Regiones;

la elaboración de una serie de herramientas flexibles, incluidos los «módulos europeos», para apoyar políticas y prácticas nacionales y locales;

Unos mecanismos de gobernanza multinivel para apoyar la estrategia de ampliación de la UE

74.

se muestra favorable al ajuste del Instrumento de ayuda Preadhesión (IPA) para adecuarse a las necesidades de los entes locales y regionales de los países beneficiarios y al desarrollo de la cooperación territorial, concretamente del instrumento AECT, herramientas esenciales para consolidar la dimensión paneuropea de la gobernanza multinivel;

Una política de vecindad consolidada por la gobernanza multinivel

75.

señala que la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) y la Conferencia de Entes Regionales y Locales de la Asociación Oriental y la UE (Corleap), que reúnen a los representantes políticos locales y regionales de la Unión Europea y de los países de la Unión por el Mediterráneo, por una parte, y de la Asociación Oriental, por otra, completan el marco institucional de estos dos procesos;

76.

considera que una democracia multinivel y un enfoque integrador son las condiciones sine qua non para su éxito, y comprueba que estas dos iniciativas políticas que refuerzan la dimensión territorial de la política de vecindad responden a la necesidad patente de apoyo con vistas a la creación de estructuras políticas y administrativas perennes a nivel local y regional, a la utilización eficaz de los instrumentos financieros y a la creación de mecanismos para favorecer el desarrollo económico, social y territorial de los países socios gracias, en particular, a los méritos de la cooperación interregional;

77.

se moviliza para que la ARLEM contribuya estrechamente a la gobernanza de la Unión por el Mediterráneo, permitiendo así que los entes locales y regionales de las tres orillas puedan participar en el diálogo político emprendido en sus distintos órganos y acceder a los mecanismos e instrumentos establecidos para reforzar la cooperación;

78.

desea establecer, dentro de las actuaciones para consolidar la plataforma institucional establecida con la Corleap, un diálogo permanente con la Comisión Europea y los países socios con el fin de definir los procedimientos concretos que permitan a los entes locales y regionales de los países de la Asociación Oriental participar en los trabajos de las cuatro plataformas de la Asociación, intervenir en la preparación de los acuerdos de asociación, de los documentos estratégicos y de los planes de acción y, en particular, ejecutar y evaluar los programas indicativos nacionales;

La gobernanza multinivel en la globalización: nuevas dinámicas en perspectiva

79.

aboga por el enfoque territorial en la revisión de la política europea de desarrollo y por una mayor participación de los entes locales y regionales en el marco de los objetivos de desarrollo del milenio (33); insiste en este sentido en el necesario apoyo que debe aportarse para desarrollar las capacidades técnicas y financieras de los entes locales y regionales de los países socios;

80.

constata el valor añadido de la cooperación descentralizada y en particular de iniciativas como las «Jornadas de la cooperación descentralizada» – que tienen por objetivo facilitar el intercambio y el diálogo político entre los entes locales y regionales de la UE y de los países en desarrollo y las instituciones de la UE –, el «Portal de la cooperación descentralizada» y la «Bolsa de la cooperación descentralizada», dispositivos que tendrán que consolidarse en el marco de una cooperación institucional a nivel europeo;

81.

comprueba con satisfacción que las significativas contribuciones de varias organizaciones internacionales al proceso de consulta del Libro Blanco sobre la gobernanza multinivel (34) han demostrado hasta qué punto les interesa este planteamiento de la Unión Europea para desarrollar la dimensión territorial de sus acciones y poner en marcha en otras regiones del mundo asociaciones que favorezcan la complementariedad entre las políticas sectoriales;

82.

en este contexto subraya la afirmación del papel de los entes locales y regionales en los mecanismos de la gobernanza mundial;

la tendencia a una mejor toma en consideración del impacto territorial de la mundialización en los entes regionales y locales, especialmente por parte de las organizaciones internacionales y la emergencia de una reflexión sobre una política global de desarrollo equilibrado y de cohesión territorial a escala mundial (35);

la pertinencia de una diplomacia paralela a escala de los entes locales y regionales, concretamente la diplomacia de las ciudades y aquella puesta en práctica por las regiones con competencias legislativas;

la aportación del diálogo y del intercambio de experiencias con los otros grandes espacios regionales dotados de una cámara de nivel subestatal, como la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA) o la cámara regional del Mercosur;

la existencia de nuevas vías de cooperación y de diálogo político propuestas por determinadas organizaciones internacionales al Comité de las Regiones y a los entes locales y regionales (la OCDE, la OIT, el PNUMA, el PNUD, la agencia ONU-HABITAT, la UNESCO, la FAO, etc.) (36);

83.

concluye en consecuencia que la tendencia a la descentralización que se constata y el aumento de poder de los agentes subestatales en el seno de la comunidad mundial no podrá sino conducir a su participación en los mecanismos de gobernanza de la globalización y favorecer así el surgimiento de un nuevo multilateralismo;

D.    Nuevas etapas para consolidar la aplicación de la gobernanza multinivel

84.

ha tomado la iniciativa de crear un «Cuadro de indicadores de la gobernanza multinivel a escala de la Unión Europea» de carácter anual que contribuya a evaluar la toma en consideración de los principales principios y mecanismos de la gobernanza multinivel en el ciclo político de la Unión Europea, centrándose en la dimensión territorial de las políticas y estrategias analizadas, cuya primera edición señala los progresos y obstáculos identificados en el proceso europeo de toma de decisiones respecto de cuatro estrategias y políticas determinantes del programa político de la Unión Europea para 2010, a saber, la Estrategia Europa 2020, la estrategia Energía 2020, el Programa de Estocolmo y la Agenda de Primavera para la política de desarrollo (37);

85.

Respecto de su primer cuadro de indicadores constata que:

la metodología desarrollada (38) revela la emergencia de un sistema de gobernanza multinivel a escala de las instituciones de la UE en el que la información es fluida y es proporcionada (principalmente) de forma abierta, transparente y a múltiples niveles, en el que los mecanismos de consulta están normalmente bien instaurados y con la participación de todos los niveles, etc. No obstante, en la evaluación de mecanismos y prácticas de gobernanza multinivel adicionales, se han detectado importantes carencias. Se refieren especialmente al uso de mecanismos e instrumentos innovadores que traduzcan los requisitos de la gobernanza multinivel en contenido de las políticas.

Respecto del cuadro de indicadores comparativo, el proceso político que rodea la elaboración de la Estrategia Europa 2020 ha logrado la máxima puntuación. Ello significa que se han detectado prácticas que corresponden más a los indicadores de la gobernanza multinivel que fueron formulados para evaluar la calidad de la gobernanza multinivel. La puntuación más baja ha sido para la gobernanza multinivel en el marco del «paquete de primavera» de 2010 sobre los objetivos del milenio. Aquí la falta de transparencia en el proceso de participación de las partes interesadas en particular ha hecho que sea difícil puntuar, y ha dado lugar a dos puntuaciones. En general, en estos cuatro asuntos políticos existe un claro potencial para lograr mejores prácticas de gobernanza multinivel (39);

86.

considera que al objeto de consolidar la actividad de seguimiento del Comité de las Regiones, la práctica de la gobernanza multinivel podría ser objeto de un enfoque particular con motivo de la próxima conferencia sobre la subsidiariedad para analizar las tendencias que refleje el primer cuadro de indicadores y su impacto sobre el proceso europeo de toma de decisiones;

87.

concretará en los próximos meses su proyecto de crear una «Carta de la Unión Europea de la gobernanza multinivel», que deberá conducir a una mayor participación de los entes locales y regionales en el ejercicio de la democracia europea; basada en un concepto integrador y participativo, su proceso de elaboración debería estimular la adhesión de los representantes locales y regionales democráticamente elegidos;

Bruselas, 16 de febrero de 2012.

La Presidenta del Comité de las Regiones

Mercedes BRESSO


(1)  Libro Blanco del Comité de las Regiones sobre la gobernanza multinivel (CDR 89/2009 fin).

(2)  En su Resolución sobre las prioridades del Comité de las Regiones para 2011 (CDR 361/2010 fin), el CDR declara que «se propone seguir desarrollando una cultura europea de la gobernanza multinivel y, tras el Libro Blanco sobre la gobernanza multinivel, tiene previsto evaluar su aplicación y supervisar en qué situación se halla dicha gobernanza en la Unión Europea.» – CDR 361/2010 fin. Este proceso se consolida con un diálogo con las asociaciones territoriales europeas y los principales grupos de reflexión europeos.

(3)  Según este principio, debe ser competencia de cada nivel de gobierno, en cuanto que participa en la toma de decisiones conjunta, reforzar la legitimidad y la capacidad de los demás (Landy y Teles: «Beyond devolution: from subsidiarity to mutuality» Más allá de la transferencia de competencias: de la subsidiariedad a la mutualidad). Dicho de otra forma, la gobernanza multinivel no tendría que considerarse como generadora de competitividad entre estos. Por el contrario, los distintos niveles deberían participar en el refuerzo mutuo.

(4)  Este principio consiste en «un sistema de reparto de las competencias entre las diferentes Instituciones de la Comunidad, que atribuye a cada una su propia misión en la estructura institucional de la Comunidad y en la realización de las funciones confiadas a ésta». El Tribunal de Justicia vela por el respeto de la primacía del Derecho al supervisar la observancia del equilibrio institucional, es decir, que cada institución debe ejercer sus facultades respetando debidamente las facultades de las otras instituciones (véase la sentencia de 13 de junio de 1958, Meroni/Alta Autoridad, 9/56 [Rec. 1957 y 1958], pp. 133 a 152, y la sentencia de 22 de mayo de 1990, Parlamento Europeo/Consejo, C-70/88, Rec. I-02041, en I-2072, apartados 21 y 22).

(5)  Comunicado de prensa conjunto del Sr. Barroso y la Sra. Bresso de 29 de junio de 2010 (véase MEMO/10/287 en la dirección electrónica http://europa.eu/rapid/).

(6)  Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de diciembre de 2010 (Sra. Manescu), sobre buena gobernanza en el ámbito de la política regional de la UE: procedimientos de ayuda y control por parte de la Comisión Europea [2009/2231(NI)] [P7_TA(2010) 0468].

(7)  Reunión informal de los ministros encargados de la política territorial celebrada en Málaga el 17 de marzo de 2010 con el impulso de la Presidencia española en el marco de la continuación de la dinámica del Diálogo territorial entablado en Palma el 18 de enero de 2010.

(8)  Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema «Normativa inteligente» (CDR 353/2010).

(9)  Extractos del informe del Grupo de Reflexión sobre el futuro de la UE «Proyecto Europa 2030 – Retos y oportunidades», de marzo de 2010. Informe presentado el 8 de mayo de 2010 al Presidente del Consejo Europeo, Sr. Van Rompuy.

(10)  Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Iniciativa ciudadana europea» (CDR 167/2010 fin).

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo regulador de la iniciativa ciudadana – COM(2010) 119 final.

(11)  Conclusiones del Consejo sobre las acciones e iniciativas del Consejo en el marco de la aplicación de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea – 3092a sesión del Consejo de Asuntos Generales, Bruselas, 23 de mayo de 2011.

(12)  Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema «Movilizar las inversiones públicas y privadas con vistas a la recuperación y el cambio estructural a largo plazo: desarrollo de la colaboración público-privada (CPP)» (CDR 21/2010 fin).

(13)  Respecto de las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 24 y 25 de marzo de 2011 – EUCO 10/1/11 REV 1, el Comité de las Regiones, en el marco de los trabajos de su Plataforma Europa 2020, ha constatado, sobre la base de informaciones contenidas en los PNR, que:

en dos tercios de los Estados miembros (19 de 27), los entes regionales y locales han tomado parte en el proceso de redacción del PNR;

en la mayoría de los Estados miembros los entes locales y regionales fueron consultados, y en ocho de ellos participaron directamente en la redacción del PNR;

en los PNR de trece Estados miembros (incluidos los cinco con mayor población) se recogen iniciativas basadas en la gobernanza multinivel;

dos Estados miembros (BE y PT) han adoptado objetivos diferenciados por región;

un Estado miembro (RO) ha anunciado que adoptará la propuesta del CDR de crear pactos territoriales, mencionándola expresamente;

algunos Estados miembros se han fijado como objetivo instaurar un «enfoque integrado» y reforzar las «sinergias» entre los diferentes niveles de gobierno mediante estructuras más eficaces de coordinación o de diálogo.

(14)  Dictamen del Comité de las Regiones sobre «El papel de los entes locales y regionales en la consecución de los objetivos de la Estrategia Europa 2020» (CDR 72/2011, rev. 1), y Resolución del Comité de las Regiones sobre la «Mayor participación de los entes regionales y locales en la Estrategia Europa 2020» (CDR 199/2010 fin).

(15)  Resolución del Comité de las Regiones – «Una mejor herramienta para aplicar la Estrategia UE 2020: directrices integradas para las políticas económica y de empleo de los Estados miembros y la Unión» (CDR 175/2010 fin).

(16)  Documento de trabajo de la Comisión – SEC(2011) 708 (http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/docs/scoreboard.pdf). En este sentido el CDR ha pedido en su dictamen CDR 104/2010 fin un papel proactivo para el Comité, los entes locales y regionales y sus asociaciones en el «Ciclo de gobernanza de la Agenda Digital para Europa».

(17)  CDR 373/2010 fin.

(18)  Conclusiones del Consejo relativas al V Informe sobre cohesión económica, social y territorial – Sesión n.o 3068 del Consejo de Asuntos Generales, Bruselas, 21 de febrero de 2011.

Dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Contribución de la política de cohesión a la Estrategia Europa 2020» (CDR 223/2010 fin).

(19)  Dictamen prospectivo del Comité de las Regiones sobre «El futuro de la política de cohesión» (CDR 210/2009 fin).

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité de las Regiones y al Banco Europeo de Inversiones – «Conclusiones del V Informe sobre cohesión económica, social y territorial: el futuro de la política de cohesión» (COM(2010) 642 final)

(20)  Dictamen de iniciativa del Comité de las Regiones sobre las «Nuevas perspectivas para la revisión del Reglamento AECT» (CDR 100/2010 fin).

(21)  Dictamen de iniciativa del Comité de las Regiones sobre las «Nuevas perspectivas para la revisión del Reglamento AECT» (CDR 100/2010 fin).

(22)  Conclusiones del Consejo sobre «El Acta del Mercado Único – prioridades para el relanzamiento del mercado único» – 3105a sesión del Consejo Ecofin, Bruselas, 12 de julio de 2011. Dictamen del Comité de las Regiones – «Acta del mercado único» (CDR 330/2010 fin).

(23)  Informe sobre gobernanza y asociación en el mercado único [2010/2289(INI)].

(24)  Proyecto de dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Revisión de la "Small Business Act" para Europa» (CDR 151/2011 rev.1). 1.

(25)  Véanse las detalladas recomendaciones sobre cómo aplicar el enfoque de la gobernanza multinivel en todas las fases de la elaboración de la política de medio ambiente de la UE que se recogen en el Dictamen prospectivo del CDR 164/2010 fin sobre «El papel de los entes locales y regionales en la futura política de medio ambiente».

(26)  Véase, entre otros, el Libro Blanco de la Comisión: «Hoja de ruta hacia un espacio único europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible» – COM(2011) 144 final.

(27)  Dictamen del Comité de las Regiones sobre «La UE y la política de biodiversidad internacional más allá de 2012» – CDR 112/2010 fin, dictamen del Comité de las Regiones sobre «La política climática internacional posterior a Copenhague» – CDR 245/2010 fin. Proyecto de dictamen del Comité de las Regiones sobre la «Contribución de los entes locales y regionales de la UE a la conferencia de las naciones unidas sobre el desarrollo sostenible de 2012 (Río+20)» – CDR 187/2011 rev. 1.

(28)  Dictamen del Comité de las Regiones sobre «La política climática internacional posterior a Copenhague» – CDR 245/2010 fin.

(29)  Dictamen prospectivo del Comité de las Regiones sobre «El papel de los entes locales y regionales en la futura política de medio ambiente» (CDR 164/2010 fin), y dictamen prospectivo del Comité de las Regiones sobre «El futuro presupuesto de la UE y la integración de la lucha contra el cambio climático en las políticas generales» (CDR 104/2011 fin).

(30)  Dictamen de iniciativa del Comité de las Regiones sobre «El futuro de la PAC después de 2013» (CDR 127/2010 fin).

(31)  Dictamen del Comité de las Regiones titulado «Desarrollo de una política marítima integrada y del conocimiento del medio marítimo 2020» (CDR 339/2010 fin).

(32)  Comunicación de la Comisión titulada «Agenda Europea para la Integración de Nacionales de Terceros Países» – COM(2011) 455 final.

(33)  Dictamen del Comité de las Regiones y Libro verde de la Comisión Europea sobre la «Política de desarrollo de la UE en apoyo del crecimiento integrador y el desarrollo sostenible – Mejorar el impacto de la política de desarrollo de la UE» (CDR 408/2010 fin).

(34)  Informe de consulta sobre el Libro Blanco del Comité de las Regiones sobre la Gobernanza Multinivel (CDR 25/2010 fin).

(35)  Véanse las actividades de la asociación denominada «Foro Global de Asociaciones de Regiones (FOGAR)».

(36)  El Comité de las Regiones vuelve a pedir que la cumbre Río+20 dé mandato al PNUMA, o al Consejo de Desarrollo Sostenible, para crear un comité permanente de entes subnacionales y locales como nueva estructura que refleje de forma adecuada la gobernanza multinivel y ofrezca un mecanismo permanente de consulta y cooperación con los gobiernos subnacionales y los entes locales de todo el mundo. El Comité de las Regiones podría servir del modelo al respecto. También resulta prometedor el hecho de que, en los llamados convenios de Río de Naciones Unidas, los gobiernos subnacionales y las autoridades locales hayan recibido un mayor reconocimiento de su estatus como instituciones gubernamentales, como por ejemplo su reconocimiento como «partes interesadas gubernamentales» en el acuerdo de Cancún, y en la Decisión X/22 de la COP 10 «Plan de Acción sobre gobiernos subnacionales, ciudades y otras autoridades locales para la diversidad biológica". El CDR ha reiterado que los gobiernos subnacionales y las autoridades locales tienen que tener su lugar en el marco institucional para el desarrollo sostenible junto con los gobiernos nacionales y los organismos de Naciones Unidas. En su proyecto de dictamen CDR 187/2011 rev. 1 sobre la «Contribución de los entes locales y regionales de la UE a la conferencia de las naciones unidas sobre el desarrollo sostenible de 2012 (Río+20)» el CDR lamenta que, debido a la actual estructura internacional de gobernanza y a pesar del papel específico que tienen en la gobernanza, su representación en los organismos de las Naciones Unidas a menudo está al mismo nivel que la sociedad civil y las empresas, como ocurre con otros grupos importantes.

(37)  Este primer ejercicio de cuadro de indicadores estará basado en un estudio encargado al IEAP.

(38)  Se definen seis categorías agrupadas en dos encabezamientos de prácticas concretas de gobernanza multinivel (I. Procedimientos: información y consulta, participación de las partes interesadas y capacidad de respuesta; II. Contenido de las políticas de la UE: política de base territorial o integrada, mecanismos de regulación inteligente e instrumentos innovadores de aplicación y colaboración). Se define también lo que puede considerarse «buena práctica» respecto de estas seis prácticas referidas a los principios generales de la gobernanza multinivel, y se establecen indicadores con el fin de medir o evaluar la aplicación de las prácticas.

(39)  Respecto de las distintas puntuaciones para «procedimientos» y «contenidos», las distintas subpuntuaciones para la categoría de «procedimientos» y «contenidos» revela que salvo en el caso de «Paquete de primavera», las prácticas de la gobernanza multinivel están mucho más desarrolladas en el grupo «procedimientos» (información o consulta, participación de las partes interesadas, capacidad de respuesta) en comparación con el grupo «contenidos» (instrumentos innovadores de aplicación, mecanismos de regulación inteligente, enfoque territorial o integrado). Tanto la Estrategia Europa 2020 como Energía y Clima sobrepasan el umbral mínimo de 3/6 de puntuación para el grupo «procedimientos». No obstante, el cuadro de indicadores revela también que la puntuación positiva en general de Europa 2020 se logra principalmente debido a la relativamente alta puntuación obtenida mediante sus prácticas en los «procedimientos» de la gobernanza multinivel.

Cuando se estudian con más detalle los tres componentes de cada subgrupo, los diagramas del cuadro de indicadores revelan que –salvo en el caso del «Paquete de primavera»– la mayor puntuación relativa del primer subgrupo de «procedimientos» en comparación con el subgrupo de «contenidos» puede explicarse a causa de la (muy) elevada puntuación de la «información o consulta» y hasta cierto punto debido a una puntuación solo satisfactoria de la «participación de las partes interesadas». Sin embargo, en general la puntuación de la «capacidad de respuesta» es relativamente baja. En el segundo subgrupo de «contenido de las políticas de la UE» sólo Europa 2020 puede obtener una puntuación relativamente satisfactoria para «mecanismos de regulación inteligente» e «instrumentos innovadores de aplicación». Ello es así también en el caso de Energía y Clima y del «Paquete de primavera» por lo que se refiere a la práctica del «enfoque territorial o integrado». Las demás prácticas reciben una puntuación bastante baja.