3.4.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 99/1

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Visto el Informe anual 2009 del Banco Central Europeo (BCE),

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Visto el artículo 284 del Tratado de la Unión Europea,

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Visto el artículo 15 del Protocolo sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, anejo al Tratado,

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Vista su Resolución de 2 de abril de 1998 sobre la responsabilidad democrática en la tercera fase de la UEM (1),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de octubre de 2009, sobre la declaración anual sobre la zona euro – 2009 (COM(2009)0527) y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a dicha Comunicación (SEC(2009)1313/2),

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Visto el informe del Grupo de Alto Nivel presidido por Jacques de Larosière, de 25 de febrero de 2009,

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Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la supervisión macroprudencial comunitaria del sistema financiero y por el que se crea una Junta Europea de Riesgo Sistémico, presentada por la Comisión el 23 de septiembre de 2009 (COM(2009)0499),

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Vista la propuesta de Decisión del Consejo por la que se confía al Banco Central Europeo una serie de cometidos específicos en relación con el funcionamiento de la Junta Europea de Riesgo Sistémico, presentada por la Comisión el 23 de septiembre de 2009 (COM(2009)0500),

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Vista su Resolución, de 25 de marzo de 2010, sobre el informe anual 2008 del BCE (2),

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Vista su Resolución, de 18 de noviembre de 2008, sobre la UEM@10: los primeros diez años de la Unión Económica y Monetaria y los retos del futuro (3),

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A7-0314/2010),

A.

Considerando que el PIB real global en la zona euro se contrajo en un 4,1 % en 2009 como consecuencia de la profundización de la crisis financiera tras el colapso de Lehman Brothers, y que detrás de esa cifra global se esconden importantes diferencias entre Estados miembros de la zona euro,

B.

Considerando que la inflación media anual se situó en el 0,3 % y las expectativas de inflación a medio y largo plazo se mantuvieron en línea con el objetivo del BCE de mantener los tipos de inflación por debajo, aunque próximos, al 2 %,

C.

Considerando que la media de déficit público en la zona euro aumentó a un 6,3 % y que la relación entre la deuda pública y el PIB en la zona euro pasó del 69,4 % en 2008 al 78,7 % en 2009,

D.

Considerando que la tasa de cambio del euro frente al dólar se redujo de 1,39 dólares el 2 de enero de 2009 a 1,26 dólares a mediados de marzo de 2009, se recuperó hasta un máximo de 1,51 dólares en diciembre de 2009 y se ha depreciado en 2010 hasta alcanzar un mínimo de 1,19 dólares el 2 de junio de 2010,

E.

Considerando que el tipo de cambio del renminbi con respecto al euro fue descompensado por las autoridades chinas durante 2009, por lo que el euro adquirió una fortaleza artificial frente a la divisa china,

F.

Considerando el descenso de las tasas de interés del BCE hasta el 1 % y las importantes medidas específicas, sin precedentes, destinadas al apoyo crediticio; considerando que el volumen del balance del BCE ha aumentado de forma significativa a lo largo de 2009,

G.

Considerando que ha habido señales de estabilización económica en la zona euro durante el segundo semestre de 2009 y que las tasas de crecimiento trimestrales son positivas, aunque todavía débiles, si bien esta tendencia no se ha reflejado en todos sus Estados miembros, si bien estas cifras de conjunto no se han reflejado en todos sus Estados algunos de los cuales han seguido en recesión durante el mismo periodo,

H.

Considerando que el BCE esperaba una tasa de crecimiento de entre el 0,1 % y el 1,5 % en la zona euro en 2010 antes de la crisis de la deuda soberana en varios países de la zona euro,

1.

Acoge con satisfacción el hecho de que el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, otorga al BCE el rango de institución de la UE, lo que aumenta la responsabilidad del Parlamento como principal institución a través de la cual el BCE es responsable ante el ciudadano europeo;

2.

Acoge con satisfacción la reanudación del Diálogo monetario con el nuevo Parlamento Europeo tras las elecciones de junio de 2009;

3.

Acoge con satisfacción la adopción del euro por Estonia el 1 de enero de 2011;

4.

Señala que, cuando se trata de las tendencias reales de los precios, las medidas de tipo monetario son tan sólo un factor entre otros, y que en los últimos años las tendencias especulativas en determinados mercados, así como la escasez creciente y anticipada de recursos naturales, han tenido un papel particular en el empuje al alza de los precios;

5.

Señala que estos desequilibrios plantean dificultades considerables para realizar una política monetaria adecuada en el seno de la zona euro; pide, por tanto, a los Gobiernos, que coordinen sus políticas económicas;

6.

Expresa su profunda preocupación por la persistencia de desequilibrios macroeconómicos sustanciales entre las economías de la zona euro;

7.

Considera que la crisis financiera en algunos países de la zona euro constituye un serio problema para la zona euro en su conjunto y refleja una disfunción en la zona; esto demuestra la necesidad de reforma y de una mayor coordinación de las políticas económicas en la zona euro;

8.

Insta a la Comisión y al Banco Central a que elaboren propuestas de acuerdo con la propuesta del Comité de Basilea sobre Basilea III, estableciendo normas vinculantes para la introducción de un «parachoques» anticíclico; pide al Consejo, a la Comisión y al Banco Central que trabajen a favor de la aplicación coherente y rápida de las propuestas del Comité de Basilea previa ratificación de dichas propuestas por el G 20;

9.

Señala el hecho de que, en el pasado, los principios del Pacto de Estabilidad y Crecimiento no siempre se respetaron plenamente; recuerda que, si bien el objetivo de recuperar el equilibrio de las finanzas públicas y reducir el endeudamiento es necesario para los Estados con un exceso de deuda, ello no resolverá por sí solo el problema de los desequilibrios económicos entre los países de la zona euro y, más en general, de la UE; pide que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se aplique sin restricciones y de manera más coherente; considera que el Pacto debe complementarse con el desarrollo de un sistema de alerta temprana para identificar posibles inconsistencias, por ejemplo, en forma de un «semestre europeo», no sólo para mejorar la vigilancia y fortalecer la coordinación de las políticas económicas a fin de garantizar la consolidación fiscal, sino también, y más allá de la dimensión presupuestaria, para hacer frente a otros desequilibrios macroeconómicos y fortalecer los procedimientos de ejecución;

10.

Opina que deben tomarse medidas inmediatas para poner en marcha una reducción gradual de los déficits fiscales y restaurar la confianza en las finanzas públicas europeas;

11.

Señala que, para reforzarse, una unión monetaria necesita de una buena coordinación de las políticas económicas, que aún debe mejorar; lamenta que en la Unión Económica y Monetaria el énfasis se haya puesto principalmente en el aspecto «monetario»;

12.

Considera que los Estados miembros que no respeten las reglas de la zona euro en lo que respecta a las finanzas públicas y al acceso a estadísticas creíbles deben someterse a un espectro ampliado y progresivo de medidas para garantizar un cumplimiento más estricto;

13.

Considera que la ausencia de un mecanismo de gestión de crisis predefinido y el comportamiento de algunos gobiernos han dificultado una rápida solución de la crisis de la deuda soberana de algunos Estados miembros de la zona euro, lo que debilitará la capacidad de la UEM para reaccionar con rapidez ante posibles situaciones similares en el futuro; pide, en consecuencia, un marco permanente de gestión de las crisis;

14.

Pide que la ayuda financiera a los países de la UE en una crisis de la deuda se oriente necesariamente a fomentar el reembolso de los préstamos, el equilibrio presupuestario y la reforma económica, y subraya el peligro de que los préstamos se conviertan en ayudas financieras, con lo que se incentiva la toma de préstamos y el endeudamiento;

15.

Pide por ello a la Comisión que presente propuestas para fortalecer el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, incluyendo objetivos específicos para reducir las diferencias de competitividad entre las economías europeas, con el fin de alentar la creación de empleo;

16.

Comparte la preocupación sobre posibles especulaciones con respecto al euro;

17.

Opina que el crecimiento del crédito y la evolución de los precios de los activos en la UE y los Estados miembros son indicadores cruciales para una supervisión eficaz de la estabilidad financiera en el seno de la UEM y en la UE en general;

18.

Expresa su preocupación por las continuas tensiones en los mercados de bonos soberanos de la zona euro, que se reflejan en mayores diferenciales; opina que las reacciones provocadas por las olas de pánico que se han producido durante la actual crisis financiera han tenido efectos distorsionadores gigantescos, con costosos efectos externos negativos;

19.

Pide la aplicación del Reglamento sobre las agencias de calificación crediticia (Reglamento (CE) no 1060/2009) y acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión por la que se modifica el Reglamento (CE) no 1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia, de 2 de junio de 2010, pero pide al mismo tiempo a la Comisión que vaya más adelante, presentando propuestas para una supervisión más estricta del funcionamiento de estas agencias, para mejorar la responsabilidad de las agencias de calificación de crédito y para evaluar la posibilidad de crear una agencia europea de calificación crediticia; subraya el hecho de que la calificación de la deuda soberana de la zona euro ha demostrado ser problemática durante la crisis;

20.

Hace hincapié en la independencia del BCE;

21.

Recomienda que el BCE aumente la transparencia de sus trabajos, con el fin de mejorar su legitimidad y su previsibilidad. La transparencia es necesaria además en relación con los modelos internos que se utilizan para valorar las garantías pignoraticias no líquidas y con las valoraciones asignadas a valores específicos ofrecidos como garantías pignoraticias;

22.

Considera que, dado el nuevo estatuto jurídico del BCE en virtud del Tratado de Lisboa, los candidatos para la Junta Ejecutiva propuestos por el Consejo deben pasar por audiencias especiales ante la comisión parlamentaria relevante y por una votación en el Parlamento Europeo; Señala, además, que desde la crisis, la función del BCE ha sido primordial y considera que esta función debe implicar una mayor transparencia y responsabilidad;

23.

Celebra que el Tratado de Lisboa haya conferido personalidad jurídica al Eurogrupo y que el BCE participe en sus reuniones;

24.

Señala la determinación del Parlamento Europeo de continuar el diálogo monetario como un elemento importante del control democrático del BCE;

25.

Acoge con satisfacción la propuesta de crear una Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS), que cerrará la brecha actual en materia de supervisión macro-prudencial; pide al BCE que elabore modelos y definiciones claras para garantizar el funcionamiento eficaz y la responsabilidad de la JERS; añade que toda nueva labor encomendada al BCE en relación con la Junta Europea de Riesgo Sistémico no pondrá en peligro la independencia del BCE;

26.

Observa que el hecho de que las advertencias y recomendaciones de la JERS no sean de cumplimiento obligatorio no es satisfactorio de cara a su aplicación efectiva y a la asunción de responsabilidades; lamenta que la JERS no tenga capacidad para declarar una emergencia por sí misma;

27.

Acoge favorablemente la propuesta de celebrar audiencias del Presidente de la JERS ante el Parlamento Europeo, en un marco distinto de los diálogos monetarios;

28.

Considera que la reactivación de la actividad económica en el segundo semestre de 2009 ha sido consecuencia de las medidas extraordinarias adoptadas por los gobiernos y bancos centrales de todo el mundo desde finales de 2008 en forma de garantías para los pasivos bancarios, inyecciones de capital y regímenes activos de ayuda;

29.

Señala que la crisis financiera en la zona euro es una crisis de solvencia que se manifestó inicialmente como una crisis de liquidez; considera que a largo plazo es imposible resolver esta situación simplemente mediante la inyección de nueva deuda y liquidez en economías altamente endeudadas, en combinación con planes acelerados para la consolidación financiera;

30.

Considera, asimismo, que la crisis ha puesto de manifiesto una tendencia en las políticas económicas de los últimos años que han contribuido al alto nivel actual de deuda pública y privada que llevará muchos años corregir; considera que algunas partes de Europa tienen más dificultades que otras para hacer frente a las consecuencias y la evolución de la crisis y lograr un crecimiento económico sostenible, nuevas innovaciones y la creación de nuevos puestos de trabajo; subraya la necesidad de reformas en toda Europa;

31.

Recuerda que, antes de que se declarase la crisis financiera, el porcentaje de deuda pública en relación al PIB de la zona euro y de la UE en su conjunto, así como de la mayoría de los Estados miembros, se redujo entre 1999 y 2007 y que, en cambio, el nivel de endeudamiento de los hogares y empresas y el apalancamiento del sector financiero aumentaron de forma significativa en el mismo periodo;

32.

Recuerda que el enorme aumento de la deuda pública en varios Estados miembros a partir de 2008 se debe a que estos países tuvieron que hacer frente a los excesos anteriores derivados de un crecimiento insostenible de la deuda privada y de gigantescas burbujas financieras; opina, por tanto, que la actual crisis ha puesto de manifiesto que la situación financiera es insostenible si la financiación del sector privado es insostenible;

33.

Toma nota de que la crisis, junto con las subsiguientes operaciones de rescate de los bancos y paquetes de estímulo económico, ha dado lugar a medidas de austeridad de largo alcance que a menudo son necesarias, pero que, al mismo tiempo, limitan en gran medida la capacidad de los gobiernos para actuar;

34.

Señala que estos paquetes de austeridad no deben llevar a la adopción de medidas que pudieran frenar la recuperación económica, que requiere un nuevo modelo de gobernanza económica, con instrumentos y un calendario que permita el equilibrio entre el proceso de consolidación fiscal y la salvaguardia de las necesidades de inversión en empleo y desarrollo sostenible;

35.

Subraya que la falta de crédito en la economía real, especialmente para las PYME, surgió de una menor demanda debido a la disminución de las actividades en la economía real, así como de la reticencia de los bancos a conceder créditos;

36.

Subraya que los bancos de algunos Estados miembros han confiado en exceso en la liquidez facilitada por el BCE;

37.

Señala que las medidas no convencionales que el BCE ha introducido desde octubre de 2008 en apoyo del crédito han tenido éxito en lo que se refiere a evitar una recesión más profunda y nuevas perturbaciones financieras; reitera que el levantamiento de estas medidas debe ser bien planificado y cuidadosamente coordinado con los gobiernos nacionales y sus actividades, en particular a la vista de las medidas de austeridad colectivas y simultáneas que se han adoptado en muchos Estados miembros;

38.

Expresa, no obstante, su preocupación por la posible asimetría de las repercusiones de la estrategia de salida del BCE, a la vista de las sustanciales diferencias entre los Estados miembros de la zona euro por lo que se refiere al ciclo empresarial;

39.

Acogería favorablemente que el Banco Central Europeo aceptase de forma general los bonos nacionales de los países de la zona euro como garantía en los acuerdos de recompra, siguiendo así la larga y contrastada práctica del Banco de Inglaterra y de la Reserva Federal de los Estados Unidos;

40.

Hace hincapié en que una salida gradual del déficit público y la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas son de vital importancia para la zona euro en su conjunto;

41.

Destaca el número de propuestas en la Unión Europea para completar las disposiciones prudenciales, gestionar la crisis y regular el sector bancario en las sombras;

42.

Comparte la preocupación por los aspectos cíclicos de las actuales normas reguladoras, prudenciales, contables y fiscales que amplifican las fluctuaciones inherentes al funcionamiento de una economía de mercado;

43.

Destaca la necesidad de un aumento decisivo en los márgenes de capital de los bancos y de mejorar la calidad del capital, y acoge favorablemente las propuestas del Comité de Basilea a favor de una definición más estricta de los fondos propios básicos y de una mayor proporción de capital propio; señala asimismo a la atención el vínculo que existe entre la economía financiera y la real y el impacto que la regulación puede tener en una u otra;

44.

Considera que el sistema financiero mundial debe ser menos frágil y que las lecciones de la crisis deben extraerse a nivel mundial, con el fin de reducir el riesgo sistémico, luchar contra las burbujas financieras y mejorar la calidad de la gestión de riesgos y la transparencia de los mercados financieros, reafirmando que su función primordial es la financiación de la economía real;

45.

Señala que el euro había obtenido la condición de moneda internacional a lo largo de 2009, pero que ha estado sujeto a fuertes presiones en 2010;

46.

Destaca que, durante un periodo de gran volatilidad de los tipos de cambio, el euro ha incrementado su fuerza, en particular frente al dólar estadounidense y al yuan renminbi, y expresa su preocupación por el hecho de que ello podría tener un efecto perjudicial sobre la competitividad de la zona euro;

47.

Reconoce que la fortaleza del euro se debió en parte a la débil actividad económica en los EE.UU., donde el déficit de la balanza de pagos se redujo en 2009 hasta casi el 3 % del PIB y el déficit del presupuesto federal aumentó hasta alrededor del 10 % del PIB durante el año fiscal 2009, mientras que el declive del euro está relacionado, entre otras, con la falta de confianza en los mercados mundiales en algunos Estados miembros de la UE, altamente endeudados; comparte la preocupación por la expansión del volumen de dinero en los EE.UU. y, en menor medida, en la UE;

48.

Expresa su preocupación por la volatilidad de los tipos de cambio y las operaciones especulativas («carry trade») y por sus consecuencias, tanto para la estabilidad financiera mundial como para la economía real;

49.

Subraya que, con independencia de cualquier situación de crisis mundial financiera y económica, la zona euro se debe seguir ampliando a nuevos Estados miembros que, como condición previa, hayan cumplido los criterios de Maastricht; acoge favorablemente la rápida adopción del euro por parte de todos los Estados miembros que cumplen estos criterios;

50.

Considera que la adopción del euro por Estonia muestra la solidez del euro a pesar de la crisis de la deuda pública; cree que esta situación alentará a los Estados miembros a tratar de adherirse a la zona euro;

51.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Eurogrupo y al Banco Central Europeo.

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ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 99/7

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Visto el título V del Tratado de la Unión Europea,

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Vista la Estrategia Europea de Seguridad titulada «Una Europa segura en un mundo mejor» adoptada por el Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2003, y el «Informe sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad - Ofrecer seguridad en un mundo en evolución», aprobado por el Consejo Europeo en Bruselas los días 11 y 12 de diciembre de 2008,

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Vista la Estrategia de Seguridad Interior para la Unión Europea, respaldada por el Consejo Europeo los días 25 y 26 de marzo de 2010,

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Vistas las Conclusiones del Consejo sobre la PSDC adoptadas el 26 de abril de 2010,

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Vistas las conclusiones sobre la PESD y la Declaración titulada «Diez años de la PESD: desafíos y oportunidades», adoptadas por el Consejo el 17 de noviembre de 2009,

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Vista la declaración sobre el refuerzo de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD), adoptada por el Consejo Europeo el 12 de diciembre de 2008 y la declaración sobre el refuerzo de las capacidades adoptada por el Consejo el 11 de diciembre de 2008,

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Vistas las conclusiones de la Presidencia adoptadas por el Consejo Europeo en Santa Maria de Feira el 20 de junio de 2000 y en Gotemburgo el 16 de junio de 2001, el Programa de la UE para la prevención de conflictos violentos, adoptado también en Gotemburgo el 16 de junio de 2001, el Objetivo Principal Civil para 2008 aprobado por el Consejo Europeo el 17 de diciembre de 2004, y el Objetivo Principal Civil para 2010 aprobado por el Consejo el 19 de noviembre de 2007,

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Vistas las conclusiones de la Presidencia sobre adoptadas por el Consejo Europeo en Helsinki el 11 de diciembre de 1999 (Objetivo Principal 2003) y el Objetivo Principal 2010 aprobado por el Consejo el 17 de mayo de 2004,

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Vistas las conclusiones del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre el refuerzo de la seguridad química, biológica, radiológica y nuclear (QBRN) en la Unión Europea - Plan de Acción QBRN de la UE,

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Vistos los documento «Aplicación de la Resolución 1325 reforzada por la Resolución 1820 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, en el contexto de la PESD», adoptado por el Consejo el 3 de diciembre de 2008, e «Incorporación de los derechos humanos en la PESD», adoptado el 14 de septiembre de 2006,

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Vista su Resolución, de 10 de febrero de 2010 sobre el terremoto de Haití que pide la creación de una fuerza de Protección Civil de la UE (1),

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Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2010, sobre la aplicación de la Estrategia Europea de Seguridad y la Política Común de Seguridad y Defensa (2),

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Visto el proyecto de Decisión del Consejo, de 26 de julio de 2010, por la que se establece la organización y el funcionamiento del Servicio Europeo de Acción Exterior (3),

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Asuntos Exteriores (A7-0308/2010),

1.

Recuerda que la UE se ha comprometido a definir y aplicar políticas y acciones comunes para preservar la paz, prevenir conflictos, consolidar la rehabilitación postconflicto y fortalecer la seguridad internacional de conformidad con los principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como consolidar y apoyar la democracia, el Estado de Derecho, los derechos humanos y los principios del Derecho internacional, así como ayudar a las personas frente a las catástrofes naturales o desastres provocados por el hombre;

2.

Subraya que la seguridad interior y la exterior están cada vez más entrelazadas y que, a través del desarrollo de sus políticas y capacidades de gestión de crisis, prevención de conflictos y consolidación de la paz, en consonancia con los objetivos anteriores, la UE ayuda también a garantizar la seguridad de sus ciudadanos;

3.

Subraya que la UE ofrece, principalmente a través de su gestión civil de crisis, una contribución específica a la seguridad mundial que refleja sus valores y principios fundamentales;

4.

Subraya que las respuestas efectivas a las crisis y las amenazas actuales a la seguridad, incluyendo las catástrofes naturales, exigen a menudo poder movilizar capacidades tanto civiles como militares y requieren una colaboración más estrecha entre ellas; recuerda que el desarrollo del enfoque global de la UE y la capacidad de gestión conjunta civil y militar de crisis han sido rasgos distintivos de la PCSD y representan su principal valor añadido; recuerda al mismo tiempo que la PCSD no es el único instrumento disponible y que sus misiones deben emplearse como parte de una más amplia estrategia de la UE;

5.

Recuerda la necesidad de un Libro Blanco de la UE en materia de seguridad y defensa, basado en revisiones sistemáticas y rigurosas en estos ámbitos por parte de los Estados según unos criterios y un calendario comunes, que establezca los objetivos, intereses y necesidades de la seguridad y la defensa de la UE con la máxima claridad en relación con los medios y recursos disponibles; subraya que el Libro Blanco también debe definir los campos y condiciones en los que es deseable una mayor cooperación civil y militar que pueda servir para alcanzar esos objetivos; opina que el Libro Blanco de la UE debe determinar explícitamente las oportunidades de poner en común recursos a nivel de la UE, así como la especialización nacional y la armonización de las capacidades con el fin de lograr economías de escala;

6.

Destaca que la creación del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) debe contribuir al desarrollo de un enfoque europeo verdaderamente global para las actividades civiles y militares de gestión de crisis, prevención de conflictos y consolidación de la paz, dotando a la UE de estructuras, personal y recursos financieros adecuados para asumir sus responsabilidades a escala mundial en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas;

7.

Apoya plenamente la transferencia de las estructuras de la PCSD, entre ellas la Dirección de Planificación de la Gestión de Crisis, la Capacidad Civil de Planeamiento y Ejecución, el Estado Mayor Militar de la UE y el Centro de Situación, al SEAE, bajo la autoridad y la responsabilidad directa del Vicepresidente de la Comisión y Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad; señala las garantías dadas por la Vicepresidenta y Alta Representante de que se va a trabajar en estrecha cooperación y sinergia con los servicios competentes de la Comisión transferidos al SEAE para hacer frente a la planificación y programación de la respuesta a la crisis, la prevención de conflictos y la consolidación de la paz; insta a la Vicepresidenta/Alta Representante a asegurarse de que esos servicios trabajan en pie de igualdad con las estructuras de la PCSD; recuerda que no es aceptable ningún control formal o informal por parte de las estructuras de la PCSD de la planificación y programación de las medidas financiadas con cargo al Instrumento de Estabilidad e insiste en que las estructuras transferidas de la Comisión no deben desmantelarse;

8.

Alienta igualmente, en aras del perfeccionamiento del enfoque global de la UE, una estrecha cooperación entre el SEAE y todas las unidades competentes que permanecen en la Comisión, en particular las que se ocupan de desarrollo, ayuda humanitaria, protección civil y salud pública; hace hincapié en la necesidad de establecer unos vínculos directos entre el SEAE y las agencias de la PCSD, como la Agencia Europea de Defensa, el Instituto de Estudios de Seguridad de la Unión Europea, la Escuela Europea de Seguridad y Defensa y el Centro de Satélites de la Unión Europea;

9.

Llama la atención sobre el papel del Centro de Control e Información de la Comisión en lo que respecta a facilitar la coordinación de la ayuda en caso de catástrofe bajo el mecanismo de protección civil, y pone de relieve la necesidad de que la Vicepresidenta/Alta Representante, en su calidad de Vicepresidenta de la Comisión, garantice una estrecha cooperación entre el centro y el SEAE; pide una mejor coordinación y un despliegue más rápido de los activos militares en el contexto de las operaciones de socorro, en especial las capacidades de transporte aéreo, sobre la base de las lecciones aprendidas en Haití, respetando, al mismo tiempo, la naturaleza fundamentalmente civil de las operaciones de socorro; reitera su demanda de un nuevo refuerzo del mecanismo de protección civil con el fin de establecer una puesta en común voluntaria de medios en reserva de los Estados miembros para su despliegue inmediato en operaciones de respuesta a las catástrofes; sugiere que se coordinen y desplieguen estos medios bajo la designación de Fuerza de Protección Civil de la UE con el fin de incrementar la visibilidad de la acción de la Unión Europea; recuerda al mismo tiempo la responsabilidad cada uno de los Estados miembros en cuanto a la protección civil y a las medidas de control de las catástrofes;

10.

Apoya también en el contexto de operaciones post-desastre o catástrofe natural, una mejor coordinación entre las Agencias Humanitarias de los Estados miembros y la DG ECHO;

11.

Pide al Consejo que adopte con prontitud las decisiones necesarias para hacer efectiva la cláusula de asistencia mutua del artículo 42, apartado 7, del TUE, así como la cláusula de solidaridad del artículo 222 del TFUE, que deberían reflejar el enfoque exhaustivo de la UE y aprovechar los recursos civiles-militares;

12.

Recuerda el satisfactorio desarrollo de la Asociación para la Consolidación de la Paz entre la Comisión y las organizaciones no gubernamentales y que es de esencial importancia una buena cooperación de esas organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil con el futuro SEAE; pide a la Comisión que siga desarrollando el marco de la cooperación con las ONG y que promueva el uso de actores no estatales en las actividades de prevención y gestión de conflictos de la Unión, incluyéndolos también en las actividades de formación;

13.

En el plano político-estratégico, acoge favorablemente la integración de elementos civiles y militares en la Dirección de Planificación de la Gestión de Crisis (DPGC), como un paso en la dirección correcta; subraya, no obstante, la necesidad de encontrar un equilibrio adecuado entre capacidades de planificación estratégica civil y militar, no sólo en términos cuantitativos, sino también en cuanto a su rango jerárquico, con el fin de aprovechar plenamente las sinergias disponibles; destaca al mismo tiempo la necesidad de respetar las diferencias entre las funciones civiles y las militares y sus objetivos diferenciados, garantizando una combinación adecuada en cada caso concreto de los recursos humanos que se destinen a cada operación;

14.

Pide especialmente la Vicepresidenta y Alta Representante que resuelva el problema de la escasez de personal en lo que respecta a los expertos en desarrollo de capacidades civiles y planificación de misiones civiles y se asegure de que la DPGC incluye un número suficiente de expertos de todas las áreas prioritarias de las capacidades, como la policía, la justicia, la administración civil y los servicios de vigilancia y protección civil, sin olvidar el área de los derechos humanos;

15.

Destaca la necesidad, en fases de rutina, de adquirir una conciencia común de la situación por parte de todos los actores de la UE (SEAE, además de todos los servicios pertinentes de la Comisión: DG DEV, DG ECHO, DG SANCO, con el apoyo de las capacidades de evaluación de crisis de cada una de ellas), que deberá reflejarse en todos los documentos estratégicos de la UE sobre países o regiones; insiste en que las delegaciones de la UE en su nuevo formato serán fundamentales en este proceso;

16.

Pide que se refuerza la función de los Jefes de Delegaciones y/o Representantes Especiales de la UE en la labor de coordinación civil-militar cuando están presentes en la zona de crisis, con el fin, además, de garantizar una supervisión política más estrecha sobre el terreno;

17.

En cuanto a la planificación operativa, pide un refuerzo significativo de las capacidades de planificación civil, que cumpla con los objetivos de las misiones civiles de la PCSD, a través de la consolidación de la Capacidad Civil de Planeamiento y Ejecución (CCPE) con respecto a los niveles de personal, así como a través de un mejor reparto de tareas entre los niveles estratégico y operativo, hace hincapié en que esta división de tareas debe basarse en una estrategia equilibrada y completa de dotación de personal, y que, a la luz de las responsabilidades del Comandante de Operaciones Civiles, esta función debe ocupar un nivel adecuado (es decir, el más elevado) en la jerarquía del SEAE;

18.

Reitera su llamada al establecimiento de un Cuartel General Operativo permanente de la Unión Europea, responsable de la planificación operativa y ejecución de operaciones militares de la UE, en sustitución del sistema actual, que consiste en utilizar según los casos una de las siete plazas disponibles; subraya que de esta forma se aseguraría una cadena coherente de mando y aumentaría considerablemente la capacidad de la UE para responder a las crisis de manera rápida y coherente (en particular mediante el fortalecimiento de la memoria institucional de la UE), reduciendo al mismo tiempo los costes;

19.

Considera que el Cuartel General Operativo debe estar situado cerca de la CCPE, con el fin de maximizar los beneficios de la coordinación civil y militar, como el reparto de determinadas funciones, y promover más eficazmente las mejores prácticas entre los responsables de la planificación de la UE; sugiere incluso que el Cuartel General Operativo y la CCPE podrían integrarse en un «Cuartel General de Gestión de Crisis» conjunto de la UE que sería responsable de la planificación operativa y la realización de todas las operaciones civiles, militares y misiones de reforma del sector de la seguridad en la UE;

20.

Subraya, sin embargo, que deberían tenerse debidamente en cuenta las diferencias entre la planificación civil y la militar y la necesidad de mantener separadas las cadenas de mando, con un Comandante de operaciones civiles y un Comandante de operaciones militares que conserven sus respectivas competencias y disfruten del mismo estatuto jerárquico en el SEAE;

21.

Señala los diversos compromisos contraídos por los Estados miembros en relación con el desarrollo de capacidades de gestión civil y militar de las crisis, desde el Consejo Europeo de Helsinki de Feira hasta la Declaración de diciembre de 2008 sobre el fortalecimiento de las capacidades; insta a los Estados miembros y a la Vicepresidenta y Alta Representante a que garanticen que estos compromisos sean debidamente atendidos con el fin de reducir la amplia brecha entre las capacidades actuales de funcionamiento y los objetivos políticos establecidos;

22.

En el contexto del seguimiento de los Objetivos Principales para el año 2010, insta a los Estados miembros a centrar la atención en la provisión específica de capacidades y a atender a las áreas con potencial de sinergias civiles-militares, en particular las ya identificadas, a fin de alcanzar verdaderos progresos lo antes posible; insiste en que la necesidad de desarrollo de capacidades debe guiarse por requisitos específicos de las misiones PCSD; acoge con satisfacción el proceso de desarrollo de una capacidad global en el ámbito militar dentro de la Agencia Europea de Defensa; alienta nuevos debates sobre la forma de articular ambos procesos de desarrollo de las capacidades en lo que se refiere a los objetivos principales militares y civiles;

23.

Saluda los esfuerzos de la actual y anteriores Presidencias rotatorias del Consejo por iniciar un proceso para precisar la naturaleza y el alcance de la cooperación estructurada permanente que se menciona en el artículo 42, apartado 6 del TUE; pide al Consejo que precise con prontitud y claridad la cooperación estructurada permanente, teniendo en cuenta la naturaleza civil-militar del enfoque global de la UE y que presente medidas concretas para iniciar esta cooperación en vista de la actual crisis financiera y la reducción de los presupuestos nacionales de defensa en los Estados miembros de la UE;

24.

A la luz de los compromisos políticos asumidos, insta a los Estados miembros a abordar urgentemente el problema de la escasez crónica de personal civil en misiones de la PCSD, especialmente en EULEX, de Kosovo, y EUPOL, de Afganistán, en particular mediante la intensificación de los esfuerzos para establecer estrategias que faciliten el despliegue de personal civil en las misiones; insta, en el ámbito de aplicación de estas estrategias, a las autoridades nacionales competentes, es decir, los ministerios del Interior y de Justicia, en estrecha cooperación con los ministerios de Defensa, a que desarrollen un enfoque más estructurado para la tarea de establecer las condiciones adecuadas de participación de las misiones civiles de la PCSD, especialmente con respecto a las perspectivas de carrera y a la remuneración;

25.

En este contexto, insta a los Estados miembros a asegurarse de que la participación en misiones de la PCSD se considera una ventaja importante para la promoción profesional en los escalafones de la policía y la justicia y que los civiles que apoyan a estas misiones sean adecuadamente compensados por la pérdida temporal de puestos efectivos; considera que el Consejo debe garantizar que el salario diario del personal de las misiones de la PCSD se adapta a las circunstancias de la misión que se trate;

26.

Reitera la necesidad de cumplir con la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que exige un planteamiento de equilibrio de género para el personal y la formación en relación con todas las misiones y un enfoque de género en todas las acciones que se emprendan; destaca que la presencia de un número adecuado de mujeres en misiones civiles o militares es un requisito indispensable para el éxito de esas misiones, ya sean de consolidación de la paz o de socorro en caso de catástrofe, así como de mediación diplomática, para garantizar que las necesidades, derechos e intereses de la mujeres reciben la atención adecuada y que las mujeres participan en las acciones y objetivos de la misión; recuerda que los Estados miembros de la UE tienen que elaborar planes de acción nacionales para velar por el cumplimiento de la Resolución 1325;

27.

Subraya la necesidad de proporcionar, antes del despliegue de la misión, una formación adecuada, que podría incluir la participación de personal civil en los ejercicios militares, incluidos ensayos de situaciones de emergencia, y de personal militar en la formación y/o ejercicios civiles; recomienda que los Estados miembros mantengan listas de civiles con la capacitación adecuada que puedan ser movilizados para estas labores, en particular los ya formados para misiones llevadas a cabo conjuntamente con los militares acoge con satisfacción la práctica existente en algunos Estados miembros dotados de una agencia específica centralizada responsable de la contratación y capacitación de todo el personal civil movilizado;

28.

Expresa su apoyo al desarrollo del entorno de software Goalkeeper, que facilita la contratación y capacitación de personal para las misiones civiles;

29.

Recuerda el Grupo Europeo de Formación (GEF), financiado por la Comisión Europea, e insiste en que una de sus enseñanzas es que la inversión en necesidades de formación está vinculada a los a despliegues en la práctica; acoge con satisfacción el énfasis que la Comisión pone en garantizar que el futuro del proyecto de formación civil financiado por el Instrumento de Estabilidad se referirá a los expertos ya reconocidos para futuras movilizaciones en misiones;

30.

Destaca, en línea con las recomendaciones del Consejo de 2008, el papel cardinal que la Escuela Europea de Seguridad y Defensa (EESD) debe desempeñar en la creación de capacidades y la formación sobre gestión eficaz de crisis a la luz de la creación del SEAE; insta al Consejo a mejorar los servicios de formación y el personal del SEAE, entre otras cosas facilitándole una sede permanente, con el fin de garantizar una formación sostenible y efectiva en materia estratégica, operativa y táctica para el personal civil y militar de los Estados miembros y las instituciones de la UE; pide que se instauren becas de formación para jóvenes graduados que deseen especializarse en los ámbitos que se necesitan;

31.

Hace un llamamiento para que se inicie una acción preparatoria a fin de desarrollar y hacer disponible una formación en mediación y diálogo con motivo de la creación de el SEAE, en consonancia con el concepto de fortalecimiento de las capacidades de mediación y diálogo 'de la Unión Europea, aprobado por el Consejo en 2009;

32.

Alienta los esfuerzos adicionales para acelerar la financiación de misiones civiles y simplificar los procesos de toma de decisiones y modalidades de ejecución; subraya la necesidad de que los servicios de la Comisión trabajen en estrecha colaboración y en pie de igualdad con las estructuras de gestión de crisis dentro del SEAE, con el fin de permitir una financiación inicial rápida de las misiones civiles; pide, para facilitar la transparencia y el control, que se cree una línea presupuestaria por cada misión de la PCSD;

33.

Pide al Consejo que adopte con rapidez decisiones para crear el fondo inicial previsto en el artículo 41 del TUE, previa consulta al Parlamento Europeo; pide a la Vicepresidenta/Alta Representante que informe con regularidad al Parlamento sobre los progresos realizados tras la creación del fondo;

34.

Acoge con satisfacción el desarrollo del concepto de Unidades de Policía Integradas (UIP), es decir, fuerzas de despliegue rápido, interoperativas y flexibles, capaces de desempeñar funciones policiales, y que, en determinadas circunstancias, también puede ser desplegadas como parte de una operación militar y bajo mando militar; toma nota de la aplicación con éxito de este concepto en Bosnia y Herzegovina, como parte de EUFOR Althea, y en Kosovo, como parte de EULEX; pone de relieve la necesidad de que esas unidades que están diseñadas para intervenir en situaciones de inestabilidad y, en particular, durante la transición de un comando militar a un mando civil; recomienda que los Estados miembros inviertan en el desarrollo de estas capacidades; recomienda que los Estados miembros inviertan en el desarrollo de estas capacidades;

35.

En este contexto, apoya plenamente el uso de la Fuerza de Gendarmería Europea (FGE), que pueden situarse bajo un mando militar o civil y proporciona la capacidad de despliegue rápido de misiones expedicionarias de policía, como un instrumento muy adecuado para una serie de operaciones eficaces de gestión de crisis, incluidas las misiones de estabilización después de las catástrofes; insta a todos los Estados miembros que cuentan con fuerzas policiales de carácter militar para unirse a la iniciativa;

36.

Acoge con satisfacción los progresos realizados en el desarrollo del grupo de expertos para los equipos civiles de respuesta (CRT) con el fin de proporcionar una capacidad de evaluación rápida, pero destaca que es preciso ampliar estas listas; pone de relieve la importancia de la evaluación temprana y las capacidades de exploración para asegurarse de que la UE responda a las crisis utilizando los medios más adecuados de que disponga;

37.

Destaca la necesidad de que la UE, en tiempos de crisis, pueda desplegar equipos multidisciplinares en las primeras horas de las crisis, que estaría formado por expertos civiles, militares y civiles-militares del SEAE y de la Comisión;

38.

Pide a la Vicepresidenta y Alta Representante, al Consejo y a la Comisión que presenten un acuerdo común sobre las nuevas misiones de la PCSD, como se describen en el artículo 43 del TUE, y sobre su organización en el contexto de la cooperación civil-militar establecida; les insta, en este contexto, a acelerar la creación de un grupo de expertos sobre la reforma del sector de la seguridad para fortalecer las capacidades de la UE en este ámbito;

39.

Insta a los Estados Miembros a que hagan un uso óptimo de las herramientas existentes y a que establezcan mecanismos de evaluación del impacto antes de formular nuevos objetivos ambiciosos;

40.

Considera que las agrupaciones tácticas de la UE constituyen una herramienta apropiada para las operaciones de gestión de crisis; reitera su llamamiento al Consejo para que aumente su funcionalidad y flexibilidad; pide también que se mejore su funcionalidad en las operaciones de ayuda humanitaria civiles-militares, con pleno respeto de las Directrices de Oslo sobre la utilización de los activos de defensa civil y militar en respuesta a las catástrofes;

41.

Insta a los Estados miembros a alcanzar un acuerdo sobre la ampliación del concepto de gastos comunes asociados al uso de unidades tácticas (gastos que se financiarán a través del mecanismo de Atenas) o la financiación conjunta de todos los costes de las operaciones de gestión de crisis que estén a cargo de estas; considera que un acuerdo de este tipo es necesario para que su uso sea políticamente y económicamente aceptable y para asegurarse de que los Estados miembros en constante alerta no soporten una carga desproporcionada en una situación presupuestaria difícil; recuerda, a este respecto, que en noviembre de 2009 el Consejo solicitó a la Secretaría General del Consejo que propusiera ideas sobre la financiación de las operaciones militares para que se debatieran a alto nivel en 2010, pero hasta el momento no se tiene noticia de ningún avance;

42.

Insta a los Estados miembros a concebir las unidades tácticas como asociaciones a largo plazo, y a no disolverlas al término del período de alerta permanente, para que no se desperdicien los recursos invertidos en su creación; pide que sean entrenados para operar en forma conjunta con destacamentos civiles; sugiere que puedan incorporarse a ellas unidades o expertos civiles, por ejemplo las Unidades de Policía Integradas;

43.

Insta a los Estados miembros a seguir profundizando en el desarrollo de las capacidades de doble uso para las operaciones civiles y militares de la PCSD, en particular las capacidades de transporte, y garantizar la interoperabilidad en materia de formación y prácticas, con un uso más adecuado de los enfoques y las capacidades existentes y conectando los procesos de desarrollo de las capacidades civiles-militares cuando sea necesario;

44.

Hace hincapié en que el personal militar y civil de la UE cada vez actuará de forma más conjunta y que en gran medida se exponen a las mismas amenazas, como dispositivos explosivos improvisados, y que requieren capacidades similares en áreas como el transporte estratégico y táctico, el apoyo logístico, los sistemas de comunicación y recogida y evaluación de información, la atención sanitaria, la seguridad y la protección de las fuerzas, el uso de capacidades espaciales y vehículos no tripulados;

45.

Pone de relieve por lo tanto la necesidad de coordinar y estimular la inversión en tecnologías y capacidades de doble uso, con el fin de resolver rápidamente los fallos de capacidad, evitando las duplicaciones, creando sinergias y apoyando la normalización; recuerda el papel esencial que ha de desempeñar en este sentido la Agencia Europea de Defensa en el proceso de identificación de las necesidades en el ámbito de las capacidades y también para señalar la manera de compartir, poner en común o realizar esas capacidades entre los Estados miembros de la Unión, con el fin de ofrecer medios que puedan ser desplegados para la gestión y desarrollo satisfactorios y seguros de las operaciones de la PCSD;

46.

Expresa, en este contexto, su apoyo a la creación del Marco Europeo de Cooperación para la Investigación en materia de Seguridad y Defensa, para garantizar la complementariedad y la sinergia entre la inversión en investigación y tecnología de defensa y la inversión en investigación para mejorar la seguridad civil a cargo de la Comisión, dentro del Programa Marco de Investigación, especialmente en áreas tales como conocimiento posicional, vehículos aéreos no tripulados, vigilancia marítima, protección contra los dispositivos explosivos improvisados y las SEQBRN (sustancias y explosivos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares) y su detección, comunicación, recopilación de información, evaluación y transferencia de datos y seguridad cibernética;

47.

Observa, sin embargo, que dicha cooperación no debe exceder de lo estrictamente necesario a la luz de la cooperación civil-militar en los ámbitos del mantenimiento de la paz, la prevención de conflictos, el fortalecimiento de la seguridad internacional, la gestión de las crisis y la ayuda humanitaria;

48.

Celebra el debate abierto de los ministros de Defensa de la UE durante su reunión informal en Gante los días 23 y 24 de septiembre de 2010 sobre la investigación europea en materia de defensa y su evaluación de la función de la AED a efectos del artículo 42, apartado 3, del TUE;

49.

Alienta esfuerzos adicionales para garantizar que estén rápidamente disponibles todos los equipos necesarios para las actividades de respuesta rápida a las crisis, civiles o militares; acoge con satisfacción los trabajos en curso sobre un sistema de gestión de inventario para las misiones civiles de la PCSD; pide a la Vicepresidenta y Alta Representante que lleve a cabo un análisis de coste-beneficio que permita determinar las mejores soluciones para cada tipo de equipo requerido; opina que, dependiendo del tipo de equipo, es necesario encontrar la combinación adecuada de almacenamiento a escala de la UE, los contratos marco y los inventarios virtuales de equipos propiedad de los Estados miembros;

50.

Celebra, en este contexto, el establecimiento de un almacenamiento temporal de los equipos civiles en Bosnia y Herzegovina, y pide que se avance con rapidez en la creación de un almacenamiento permanente con el fin de prepararse mejor para la gestión de crisis civiles de la UE;

51.

Alienta además los avances en la puesta en común participativa de los recursos como forma rentable de aumentar las capacidades, lo que es aún más relevante en una época de austeridad presupuestaria; acoge favorablemente, en particular, las actividades destinadas a cubrir el déficit en la capacidad de transporte aéreo estratégico, en concreto la creación por parte de varios Estados miembros, del Mando Europeo de Transporte Aéreo (META), y la iniciativa «Flota Europea del Transporte Aéreo»; alienta a la Vicepresidenta y Alta Representante y a los Estados miembros a seguir las recomendaciones de la Agencia Europea de Defensa y acelerar los trabajos para identificar otras áreas dentro de las cuales se apliquen los principios de la puesta en común participativa de los recursos, particularmente en materia de formación o apoyo a las misiones; acoge con beneplácito, a este respecto, las propuestas de establecer un ala multinacional de helicópteros inspirada en el META para su uso en tareas civiles y militares;

52.

Recuerda que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad en el ámbito internacional; subraya por tanto la necesidad de una estrecha cooperación entre la UE y las Naciones Unidas en el ámbito de la gestión civil y militar de las crisis y, en particular, en las operaciones de socorro humanitario cuando están dirigidas por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCAH) de las Naciones Unidas; pide que se fortalezca dicha cooperación, sobre todo en los teatros de operaciones en que una organización sustituya a otra, en particular a la luz de la complicada experiencia de Kosovo;

53.

Insta a los Estados miembros a velar por una adecuada contribución a las misiones de las Naciones Unidas, y a que se haga de forma coordinada; insta a la Vicepresidenta y Alta Representante y al Consejo a explorar nuevas vías para que la UE en su conjunto contribuya en mayor medida a los esfuerzos encabezados por las Naciones Unidas, como la puesta en marcha de operaciones «puente» o «exteriores al teatro de operaciones» de respuesta rápida de la UE o la incorporación de un componente de la UE en una misión más amplia de las Naciones Unidas;

54.

Pide un mejor seguimiento de la ayuda de la UE prestada a través de organizaciones de las Naciones Unidas de conformidad con el Informe Especial no 15/2009 del Tribunal de Cuentas Europeo;

55.

Observa que, debido a que 21 de los 28 miembros de la OTAN son Estados miembros de la UE, es vital una cooperación más estrecha entre la UE y la OTAN en el ámbito de las capacidades militares para evitar la duplicación de esfuerzos en los despliegues de capacidades militares cuando las dos organizaciones operan en la misma zona, sin perjuicio del principio de autonomía decisoria y respetando debidamente la neutralidad de determinados Estados miembros de la UE; reitera la urgente necesidad de resolver los problemas políticos subyacentes que dificultan la cooperación UE-OTAN, y hace un llamamiento a favor de la plena y efectiva aplicación de los acuerdos «Berlín Plus» con el fin de permitir a las dos organizaciones intervenir con eficacia en las crisis actuales y futuras;

56.

Destaca la necesidad de atribuir el mismo grado de transparencia y participación a los Estados miembros de la OTAN que no pertenecen a la UE y a los Estados miembros de la UE que no pertenecen a la OTAN en el desarrollo de actividades conjuntas, como se subraya en el tercer capítulo del Informe OTAN 2020 («Informe Albright»);

57.

Pide a los Estados miembros que a su vez son miembros de la OTAN que se aseguren de que el nuevo Concepto Estratégico de la OTAN no conduce a una innecesaria duplicación de esfuerzos en el área de las capacidades civiles, que acarrearía más presión para los ya escasos recursos; expresa su convicción de que la OTAN debería más bien ser capaz de apoyarse en las capacidades civiles de otras organizaciones, como la UE y las Naciones Unidas;

58.

Reitera su apoyo al fortalecimiento de la cooperación UE-OTAN en el desarrollo de capacidades y al cumplimiento, en la medida de lo posible, de los estándares de la OTAN; alienta a seguir avanzando en los esfuerzos conjuntos para hacer frente a la escasez de helicópteros de transporte; acoge con satisfacción las iniciativas para coordinar las actividades de la UE y la OTAN en el ámbito de la lucha contra las catástrofes QBRN y los dispositivos explosivos improvisados, así como en la provisión de atención médica, como temas importantes para las misiones tanto civiles como militares;

59.

Subraya la necesidad de una cooperación más estrecha entre la UE y la OSCE y entre la UE y la Unión Africana en sus ámbitos específicos, mejorando la alerta temprana y garantizando el intercambio de mejores prácticas y conocimientos en la gestión de crisis;

60.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución a la Vicepresidenta y Alta Representante, al Consejo y a la Comisión, a los Parlamentos de los Estados miembros y a la Asamblea Parlamentaria de la OTAN, así como a los Secretarios Generales de las Naciones Unidas y de la OTAN.

3.4.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 99/15

—

Visto el Acuerdo de asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP), por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000 (Acuerdo de Asociación de Cotonú) (1),

—

Visto el Reglamento de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE (APP) adoptado el 3 de abril de 2003 (2), cuya última modificación se llevó a cabo en Port Moresby (Papúa Nueva Guinea) el 28 de noviembre de 2008,

—

Visto el Consenso Europeo sobre Desarrollo, firmado el 20 de diciembre de 2005 (3),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (4),

—

Vista la Declaración de Kigali para el desarrollo de Acuerdos de Asociación Económica (AAE), aprobada por la APP en Kigali (Ruanda) el 22 de noviembre de 2007 (5),

—

Vista la Declaración de Luanda sobre la segunda revisión del Acuerdo de Asociación ACP-UE (Acuerdo de Cotonú), aprobada por la APP en Luanda (Angola) el 3 de diciembre de 2009 (6),

—

Visto el Comunicado de Georgetown aprobado el 26 de febrero de 2009 en Georgetown (Guyana) en la reunión regional del Caribe de la Asamblea Parlamentaria Paritaria (7),

—

Visto el Comunicado de Uagadugu aprobado el 30 de octubre de 2009 en Uagadugu (Burkina Faso) en la reunión regional de África occidental de la APP (8),

—

Visto el Consenso Europeo sobre la Ayuda Humanitaria, firmado el 18 de diciembre de 2007 (9),

—

Vistas las Resoluciones adoptadas por la APP en 2009:

—

sobre los desafíos relacionados con la conciliación democrática de la diversidad étnica, cultural y religiosa en los países ACP y los Estados miembros de la UE (10),

—

sobre los Acuerdos de Asociación Económica y su impacto sobre los Estados ACP (11),

—

sobre las consecuencias sociales y medioambientales del cambio climático en los países ACP (12),

—

sobre el papel del Acuerdo de Asociación de Cotonú para abordar la crisis alimentaria y financiera en los países ACP (13),

—

sobre el establecimiento y fomento de la paz, la seguridad, la estabilidad y la gobernanza en Somalia (14),

—

sobre la gobernanza global y la reforma de las instituciones internacionales (15),

—

sobre el impacto de la crisis financiera en los países ACP (16),

—

sobre la integración social y cultural y la participación de los jóvenes (17),

—

sobre el cambio climático (18),

—

sobre la situación en Madagascar (19),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A7-0315/2010),

A.

Considerando que los miembros de la APP manifestaron su preocupación frente a la reciente evolución de la negociación del AAE durante los debates del período ordinario de sesiones celebrado en Praga (República Checa) en abril de 2009 y en Luanda (Angola) en diciembre de 2009,

B.

Considerando que se ha adoptado el mencionado Reglamento (CE) no 1905/2006, que establece programas temáticos aplicables también a los países ACP y un programa de medidas complementarias para los países signatarios del Protocolo del Azúcar,

C.

Considerando que el Comisario responsable de desarrollo y ayuda humanitaria asumió el compromiso durante la sesión de junio de 2007 de la APP celebrada en Wiesbaden (Alemania) de someter al control democrático de los parlamentos los documentos estratégicos nacionales y regionales para los países ACP (2008-2013), y que tal compromiso ha sido satisfecho,

D.

Considerando que la revisión del Acuerdo de Asociación de Cotonú en 2010 ofrece una valiosa oportunidad para reforzar el papel de la APP y su dimensión regional, además de desarrollar el control parlamentario en las regiones ACP,

E.

Considerando que dos reuniones regionales de la APP celebradas en Guyana y en Burkina Faso en 2009 concluyeron con un éxito notable y con la aprobación de los comunicados de Georgetown y de Uagadugu anteriormente mencionados,

F.

Considerando que la situación en Níger, Guinea y Madagascar se deterioró en 2009 hasta provocar la pérdida de la democracia parlamentaria en estos tres países y la degradación de sus representantes al grado de observadores en la 18a sesión de la APP en Luanda,

G.

Considerando que el actual conflicto en la República Democrática del Congo (RDC) ha acarreado violaciones graves y reiteradas de los derechos humanos, y que es necesaria una ayuda humanitaria eficaz y una mayor implicación de la comunidad internacional,

H.

Considerando la labor del Parlamento Panafricano (PPA) y el establecimiento de relaciones oficiales entre el Parlamento Europeo y el PPA, así como la creación de una delegación interparlamentaria del PE para las relaciones con el PPA,

1.

Acoge con satisfacción que, en 2009, la APP haya seguido constituyendo un marco para un diálogo abierto, democrático y profundo entre la Unión Europea y los países ACP, y aboga por un diálogo político reforzado;

2.

Celebra la respuesta positiva del nuevo Comisario de Comercio a la petición de varios países y regiones ACP de revisar las cuestiones polémicas planteadas en las negociaciones de los AAE, en línea con las declaraciones efectuadas por el Presidente de la Comisión; subraya la necesidad de una estrecha supervisión parlamentaria de las negociaciones de los AAE y de su aplicación;

3.

Destaca en particular el papel fundamental de los Parlamentos nacionales ACP, además de las autoridades locales y los órganos no estatales, a la hora de supervisar y gestionar los documentos estratégicos nacionales y regionales y en la aplicación del FED, y pide a la Comisión que garantice su implicación; subraya asimismo la necesidad de un control parlamentario estricto durante la negociación de los AAE;

4.

Pide a los Parlamentos de los países ACP que insistan para que sus gobiernos y la Comisión les impliquen en el proceso de redacción y aplicación de los documentos estratégicos nacionales y regionales relativos a la cooperación entre la UE y sus países (2008-2013), y que garanticen su plena participación en las negociaciones de los AAE;

5.

Pide a la Comisión que facilite toda la información disponible a los Parlamentos de los países ACP, y que les asesore a la hora de ejercer el control democrático, en especial mediante formación y, en particular, con ocasión de las negociaciones de los AAE y de su aplicación;

6.

Llama la atención acerca de las preocupaciones de la APP frente a las repercusiones de la actual crisis financiera, la aprobación en Luanda de una resolución sobre las repercusiones de la crisis financiera en los países ACP y las resoluciones sobre el impacto de esta crisis financiera en los países ACP y cómo combatirla; anima a la APP a seguir trabajando en este ámbito y a explorar fuentes adicionales e innovadoras de financiación para el desarrollo, tales como un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales; pide asimismo a la APP que aborde la cuestión de la erradicación de los paraísos fiscales;

7.

Acoge con satisfacción el compromiso asumido por el anterior Comisario responsable de desarrollo y ayuda humanitaria, durante la mencionada sesión de la APP celebrada en Kigali, de someter al control democrático de los Parlamentos los documentos estratégicos nacionales y regionales para los países ACP (2008-2013); de manera similar, celebra el trabajo ya completado por algunos Parlamentos ACP en el examen de tales documentos, así como el control del PDR por parte de la APP antes de la revisión a medio plazo, y pide que sea tenido debidamente en cuenta;

8.

Llama la atención, en este sentido, sobre la necesidad de implicar estrechamente a los Parlamentos en el proceso democrático y en las estrategias de desarrollo nacionales; subraya su función clave a la hora de establecer, seguir y supervisar las políticas de desarrollo;

9.

Reitera su posición en el sentido de que el Fondo Europeo de Desarrollo (FED) debe incorporarse al presupuesto de la UE con el fin de aumentar la coherencia, la transparencia y la eficacia de la política de cooperación al desarrollo y garantizar su control democrático; subraya que la incorporación del FED al presupuesto de la UE es además una respuesta pertinente a las dificultades que afectan a la aplicación y a la ratificación de los FED sucesivos;

10.

Pide a los Parlamentos que ejerzan un control parlamentario estricto sobre los FED; destaca la posición clave de la APP en este debate y pide a los Parlamentos de los países ACP que desempeñen un papel activo en él, especialmente en relación con la ratificación del Acuerdo de Asociación de Cotonú revisado;

11.

Celebra el carácter cada vez más parlamentario (y por lo tanto político) de la APP, junto con el papel cada vez más activo que ejercen sus miembros, así como la mayor calidad de sus debates, que la ayudan a aportar una contribución fundamental a la asociación ACP-UE;

12.

Considera que la declaración realizada el 2 de diciembre de 2009 en Luanda por los copresidentes de la APP sobre la situación en Níger y la resolución antes mencionada sobre la situación en Madagascar constituyen ejemplos significativos de este diálogo mejorado;

13.

Pide a la APP que siga supervisando la situación en Sudán, Madagascar, Níger y Guinea;

14.

Pide a la APP que siga ocupándose de la situación en Somalia, que está poniendo en peligro las vidas de la población somalí y constituye una amenaza para la seguridad de la zona; pide asimismo a la UE que mantenga sus compromisos relativos a la promoción del Estado de Derecho, la restauración de la estabilidad en la región y la lucha contra la piratería;

15.

Pide a la APP que siga contribuyendo a los esfuerzos de la comunidad internacional por concienciar acerca de los conflictos que afectan a la región oriental de la RDC, por fomentar una solución política negociada para la crisis y por sostener cualquier acción que se proponga como parte de una solución negociada;

16.

Pide a la APP que persevere e intensifique el diálogo con el PPA y los Parlamentos de las organizaciones regionales en vista de la importancia de la integración regional para la paz y el desarrollo en los países ACP;

17.

Lamenta que la APP no fuera consultada debidamente durante la redacción de la estrategia conjunta UE-África y espera que la Asamblea se implique activamente en la ejecución de dicha estrategia;

18.

Expresa su satisfacción por la celebración de más reuniones regionales durante 2009 tal como se había previsto en el Acuerdo de Asociación de Cotonú y en el Reglamento de la APP; considera que estas reuniones suponen un auténtico intercambio de puntos de vista sobre cuestiones regionales, incluidas la prevención y la resolución de conflictos, la cohesión regional, los derechos humanos, las cuestiones medioambientales y las negociaciones de AAE; alaba a los organizadores de las dos reuniones de Guyana y Burkina Faso, que lograron ambas un éxito mayúsculo;

19.

Pide que la APP garantice un sistema de seguimiento de las negociaciones de los AAE en sus reuniones regionales;

20.

Lamenta que el Consejo haya ignorado los reiterados llamamientos del Parlamento Europeo, en particular con ocasión de la APP en Luanda, para incluir una cláusula más severa en materia de no discriminación en la revisión del Acuerdo de Cotonú;

21.

Reitera el principio de la universalidad de los derechos humanos y la no discriminación como la base para mejorar la gobernanza democrática legítima y el diálogo político en la Asamblea Parlamentaria Paritaria;

22.

Anima a la APP a reforzar el papel de su Comisión de Asuntos Políticos con objeto de convertir la Asamblea en un auténtico foro de debate dentro de la asociación ACP-UE sobre el respeto de los derechos humanos, la democratización de la sociedad y la prevención y resolución de conflictos;

23.

Celebra, asimismo, el informe de la Comisión de Asuntos Políticos de la APP sobre gobernanza global, aprobado en Luanda, en el que se piden importantes reformas de las instituciones financieras mundiales;

24.

Toma nota de la intención del Comité de Desarrollo Económico, Finanzas y Comercio de la APP de seguir trabajando en acuerdos de asociación económica y en las maneras de salir de la crisis;

25.

Destaca la labor de la Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente de la APP respecto a su informe sobre trabajo infantil y su intención de organizar un análisis y un debate acerca del medio ambiente y de la situación social en los países ACP;

26.

Celebra, además, los informes y resoluciones sobre el cambio climático adoptados en 2009, que permitieron que la voz de la APP se escuchara en la Cumbre de Copenhague;

27.

Acoge con satisfacción la implicación cada vez mayor de los agentes no estatales en las sesiones de la APP, tal como ilustra el debate que culminó con la aprobación de la Declaración de Port Moresby, mencionada anteriormente, sobre la actual crisis internacional, y el informe de los socios económicos sobre los AAE presentado en la sesión de la APP en Liubliana;

28.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Consejo ACP, a la Mesa de la APP, y a los Gobiernos y Parlamentos de la República Checa y Angola.

3.4.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 99/19

—

Vistos los artículos 67 y 81 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 10 de junio de 2009, titulada «Un espacio de libertad, seguridad y justicia al servicio de los ciudadanos» (COM(2009)0262), en la que la Comisión presenta sus prioridades para el espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ) para 2010-2014, junto con la evaluación del programa de La Haya y del Plan de Acción (COM(2009)0263) y la supervisión de la ejecución del programa (SEC(2009)0765), así como las contribuciones de los Parlamentos nacionales, la sociedad civil y las agencias y los organismos de la Unión Europea,

—

Visto el documento, de 2 de diciembre de 2009, elaborado por la Presidencia del Consejo y titulado «El Programa de Estocolmo: una Europa abierta y segura que sirva y proteja al ciudadano» (17024/09),

—

Vista su Resolución, de 25 de noviembre de 2009, sobre el Programa de Estocolmo (1),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de abril de 2010, sobre el plan de acción por el que se aplica el programa de Estocolmo (COM(2010)0171),

—

Vista su Resolución, de 17 de junio de 2010, sobre la formación judicial – Programa de Estocolmo (2),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor (A7-0252/2010),

A.

Considerando que el ELSJ constituye una competencia compartida entre la Unión y los Estados miembros,

B.

Considerando que el artículo 67 del TFUE destaca el respeto de los distintos sistemas y tradiciones jurídicos, así como la tutela judicial, que se ha de facilitar, garantizando en especial el principio de reconocimiento mutuo; que esto supone una confianza mutua y que, a su vez, la confianza mutua requiere un refuerzo del entendimiento de las diferentes tradiciones y sistemas jurídicos,

C.

Considerando que, desde que la Unión obtuvo la competencia en materia de justicia y asuntos de interior y desde la subsiguiente creación del ELSJ, se han logrado progresos enormes en el ámbito de la justicia civil y se han desarrollado y ampliado los diversos convenios de Derecho internacional privado concluidos a escala intergubernamental; que la Comisión propone ahora un plan muy ambicioso, que responde a un número considerable de las exigencias que el Parlamento ha formulado recientemente,

D.

Considerando que, a la luz de este ambicioso plan y de los enormes logros ya conseguidos por la UE en este ámbito, es hora de detenerse a reflexionar sobre lo que estamos haciendo en el campo del Derecho civil, principalmente con vistas a la adopción de un planteamiento más estratégico y menos fragmentado basado en las necesidades reales de los ciudadanos y de las empresas al ejercer sus derechos y libertades en el mercado único, y teniendo en cuenta las dificultades de legislar en un ámbito de competencia compartida donde la armonización raramente es una opción y ha de evitarse el solapamiento y donde es necesario acomodar radicalmente diversos planteamientos legales y tradiciones constitucionales, pero también con vistas a conceptualizar el planteamiento de la Unión acerca de esta área con el fin de comprender mejor qué estamos intentando realizar y cuál es el mejor modo de abordar los problemas que hay que afrontar, como parte de un plan global; considerando que es esencial centrarse en primer lugar en asegurar la eficacia de las medidas que ya se han aplicado y en consolidar los avances que ya se han registrado,

E.

Considerando que, si miramos hacia lo que se ha logrado en el ELSJ, vemos en primer lugar la armonización de las normas del Derecho internacional privado, que ha avanzado a ritmo acelerado; que el Derecho internacional privado es el medio por excelencia de obtención del reconocimiento y el respeto mutuos del ordenamiento jurídico de cada cual y que la existencia de cláusulas de política pública es el último foso de protección de los requisitos constitucionales nacionales,

F.

Considerando, además, que la armonización o la aproximación son propias de algunos ámbitos en los que, sin embargo, la normalización es deseable, si no indispensable (por ejemplo, en el ámbito de la protección de los consumidores), pero solo puede recurrirse a ella de forma limitada en el ELSJ,

G.

Considerando que el desarrollo de un Derecho contractual europeo será una de las principales iniciativas para el ELSJ en los próximos años y podría conducir al denominado 28o régimen optativo de Derecho civil como alternativa al método tradicional de armonización de la legislación en ámbitos específicos,

H.

Considerando, en última instancia, los instrumentos autónomos y la acción en el ámbito del Derecho procesal; que las medidas en estos ámbitos constituyen, de varios modos, la clave para resolver litigios transfronterizos, dado que, cualquiera que sea el nivel de armonización del Derecho sustantivo, los ciudadanos y las empresas tienden a encontrarse con obstáculos en forma de Derecho procesal nacional,

I.

Considerando que la coexistencia de diferentes sistemas legales en la Unión debería entenderse como una baza que ha servido como inspiración para los sistemas legales en todo el mundo; que, no obstante, la existencia de diferencias entre los sistemas jurídicos no debería suponer un obstáculo al fortalecimiento del Derecho europeo; que las diferencias explícitas y conceptuales entre sistemas jurídicos no suponen un problema en sí mismas; que, no obstante, es necesario tratar de poner remedio a las desventajas que acarrean desde un punto de vista jurídico estas diferencias para los ciudadanos; que debería aplicarse el concepto de emulación reguladora o de enfoque ascendente para lograr la convergencia mediante el fomento de la interacción económica e intelectual entre diferentes sistemas jurídicos; que la capacidad para comprender y gestionar las diferencias entre nuestros sistemas jurídicos solo puede venir de una cultura judicial europea que debe ser alimentada por unos conocimientos y una comunicación compartidos, del estudio del Derecho comparado y de un cambio radical de la forma en que se enseña Derecho en las universidades y en que los magistrados participan en la formación y desarrollo profesionales, como señala el Parlamento en su Resolución de 17 de junio de 2010, así como mediante esfuerzos adicionales para superar las barreras lingüísticas; que, aunque esto requiera tiempo, es necesario reflexionar y prepararse para ello desde ahora,

J.

Considerando que, entre tanto, conviene estimular y fomentar un diálogo más estrecho y más contactos profesionales a escala europea para que los cambios introducidos en la educación y en los programas reflejen las necesidades de los profesionales, sus clientes y el mercado en su conjunto; que la próxima Comunicación de la Comisión sobre un Plan de acción para la formación europea de todas las profesiones jurídicas debe tener en cuenta las diferentes tradiciones y métodos en materia de educación así como las diferentes necesidades de los profesionales que trabajan en ámbitos geográficos o de actividad diferentes, fomentando al mismo tiempo el intercambio de buenas prácticas,

K.

Considerando que es crucial no excluir a los profesionales del Derecho del desarrollo de una cultura judicial europea; que, aunque es evidente que sigue siendo responsabilidad de los Estados miembros y de las organizaciones profesionales nacionales determinar qué tipo de formación es el más apropiado para satisfacer las necesidades de los abogados y sus clientes en cada Estado miembro, de conformidad con el principio de subsidiariedad, y aunque las organizaciones profesionales nacionales son las que mejor pueden conocer estas necesidades, ya que están más cerca de los profesionales y del mercado en el que operan, estas organizaciones tienen un importante papel que desempeñar a escala europea; que es esencial hacer participar las estructuras existentes y basarse en ellas, en particular las universidades y las organizaciones profesionales; que es necesario proceder a la revisión completa de la formación judicial y de los profesionales, así como de los programas universitarios; que es esencial emprender una reflexión seria sobre la forma en que la Unión podría contribuir a esta iniciativa y animar con eficacia a las autoridades nacionales competentes a aceptar la titularidad de este proyecto,

L.

Considerando que ello constituye la sustancia de Europa y representa el reto del ELSJ y que no debería considerarse contrario al desarrollo y la enseñanza de una verdadera cultura jurídica europea,

M.

Considerando que la determinación en el Preámbulo del Tratado de Lisboa de «continuar el proceso de creación de una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa» requiere colmar la distancia real y percibida como tal entre la Unión Europea, su normativa y sus ciudadanos,

N.

Considerando que el Derecho europeo debe estar al servicio de los ciudadanos, en particular, en los ámbitos del Derecho de familia y del estado civil,

O.

Considerando que la Comisión debe asegurarse de que el plan de acción del Programa de Estocolmo refleja realmente las necesidades de los ciudadanos y de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas empresas, de más Europa (en términos de movilidad, derechos laborales, necesidades de las empresas e igualdad de oportunidades), al tiempo que fomenta la seguridad jurídica y el acceso a una justicia rápida y eficaz,

P.

Considerando que, en este contexto, debe prestarse cada vez más atención a la simplificación de los mecanismos de la justicia y del sistema judicial garantizando procedimientos más transparentes y accesibles teniendo en cuenta la necesidad de ahorrar costes, sobre todo en el clima económico actual,

Q.

Considerando que el hincapié hecho en la autonomía de las partes por recientes iniciativas de la UE en la delicada cuestión del Derecho de familia con repercusión transnacional corre el riesgo, a falta de estrictas limitaciones, de crear un espacio para fenómenos inaceptables como el «forum shopping» (búsqueda del órgano jurisdiccional más ventajoso),

1.

Felicita a la Comisión por el plan de acción propuesto;

2.

Considera, no obstante, que es hora de reflexionar sobre el futuro desarrollo del ELSJ y pide a la Comisión que abra un extenso debate en que participen todas las partes interesadas, incluyendo a los jueces y demás profesionales;

3.

Pide a la Comisión que lleve a cabo con carácter urgente, mediante una evaluación de impacto ex-post, un inventario de las medidas ya adoptadas en el marco del Derecho civil y del Derecho de familia con objeto de evaluar su eficacia y determinar en qué medida se han alcanzado sus objetivos y satisfecho las necesidades de los ciudadanos, las empresas y los profesionales del Derecho; considera que debe procederse simultáneamente a un estudio que abarque, en particular, los ministerios nacionales de Justicia, las profesiones jurídicas, las empresas y las organizaciones de protección de los consumidores, con objeto de determinar los ámbitos en que son necesarias y deseables nuevas medidas por lo que se refiere a la cooperación judicial en materia civil;

4.

Pide a la Comisión que se atenga a lo dispuesto en su Resolución de 17 de junio de 2010 sobre la formación judicial en su diálogo con el Parlamento;

5.

Destaca, una vez más, la necesidad de emplear todos los medios posibles para construir una cultura judicial europea, en particular a través de la enseñanza y la formación en Derecho;

6.

Recomienda que los programas de intercambios de tipo Erasmus propuestos en el plan de acción solo representen una parte de una serie de iniciativas destinadas a fomentar la comunicación tanto horizontal como vertical entre los tribunales nacionales y europeos; llama la atención sobre el hecho de que el Parlamento está a punto de encargar un estudio que contabilizará los programas y los centros nacionales de formación en el ámbito judicial, a fin también de definir las mejores prácticas en este sector;

7.

Observa que los establecimientos y las redes nacionales de formación existentes, como «línea de frente» para la aplicación del Derecho de la Unión en los Estados miembros, puesto que mantienen contactos directos con los tribunales y los sistemas judiciales nacionales y tienen un conocimiento profundo de la cultura y de las necesidades nacionales en materia de Derecho, deberían servir de apoyo al desarrollo de una cultura judicial europea común;

8.

Considera que se ha de comenzar por crear un espacio de diálogo donde se podrían reunir regularmente los magistrados de todos los niveles de antigüedad especializados en ámbitos del Derecho en los cuales las cuestiones transfronterizas se planteen frecuentemente, como los asuntos relativos a la navegación, el comercio, la familia y los daños corporales, para hablar de situaciones que hayan causado recientemente controversias o hayan creado dificultades a nivel jurídico, con el fin de fomentar los intercambios, de establecer vínculos, de crear cauces de comunicación y colaboración y de desarrollar un clima de confianza y entendimiento mutuos; considera que tal iniciativa podría ser posible gracias a la participación activa de las universidades y de los profesionales del Derecho;

9.

Considera que la Comisión debe promover el diálogo y la comunicación fructíferos y constantes que se llevan a cabo entre las organizaciones profesionales europeas del Derecho y el Consejo de la Abogacía Europea (CCBE); cree que ello podría ser la base para el lanzamiento de otras iniciativas transfronterizas en materia de formación por parte de organizaciones profesionales, en colaboración con otros socios europeos, como la Academia de Derecho Europeo (ERA);

10.

Acoge con satisfacción la generosa financiación que concede la Comisión a proyectos transnacionales de formación jurídica en materia civil, al tiempo que lamenta que esta financiación sea muy difícil de obtener y de utilizar con eficacia, principalmente debido a la rigidez del actual sistema; toma nota además de los problemas para recuperar los desembolsos efectuados en el marco de programas de formación cofinanciados y del hecho de que la organización de este tipo de programas obliga a la organización profesional de que se trata a inmovilizar grandes importes durante un largo período debido a las exigencias que impone la Comisión; pide, por consiguiente, que se adopte un enfoque más flexible y más innovador por parte de la Comisión para que organizaciones que no tienen flujos de efectivo importantes puedan presentar su candidatura para gestionar programas de formación;

11.

Observa que el hecho de que el Derecho de la Unión esté considerado como una asignatura optativa en los programas de enseñanza y formación jurídica y judicial tiene un efecto de marginación de esta materia; recomienda, por consiguiente, que los programas universitarios y de formación en el ámbito jurídico integren, como algo natural, el Derecho de la Unión en todas las especialidades fundamentales; considera que el Derecho comparado debe convertirse en un elemento clave de los programas universitarios;

12.

Pide a la Comisión, teniendo presente que la enseñanza y la formación son en primer lugar competencia de los Estados miembros, que entable un diálogo con todos los responsables de la enseñanza del Derecho, con el fin de alcanzar dichos objetivos; recomienda también que, a largo plazo, los juristas tengan que poseer un buen conocimiento de al menos otra lengua oficial de la Unión; considera que sería posible impulsar inmediatamente este objetivo mediante una mayor financiación y estimulando a los estudiantes a participar en programas de tipo Erasmus en el marco de sus estudios de Derecho;

13.

Habida cuenta del ambicioso objetivo del programa de Estocolmo consistente en ofrecer formación antes de 2014 a la mitad de los jueces, fiscales, funcionarios judiciales y otros profesionales involucrados en la cooperación europea y del llamamiento para que, con ese fin, se recurra a las organizaciones de formación existentes, hace hincapié en que la Red de Presidentes de los Tribunales Supremos Judiciales de la Unión Europea, la Red Europea de Consejos del Poder Judicial, la Asociación de Consejos de Estado y de Altos Tribunales Administrativos, la Red Eurojustice de Fiscales Generales Europeos, los funcionarios de los tribunales y los profesionales del Derecho pueden realizar una enorme aportación coordinando y promoviendo la formación profesional de la judicatura, así como la comprensión mutua de los ordenamientos jurídicos de los otros Estados miembros, y facilitando la resolución de los problemas y litigios transfronterizos, por lo que considera que sus actividades deben facilitarse y financiarse suficientemente; considera asimismo que todo ello debe resultar en un plan europeo establecido en colaboración con las redes judiciales mencionadas que cuente con los recursos necesarios para la formación judicial, que evite una duplicación innecesaria de programas y estructuras y que lleve a la creación de una Academia Judicial Europea compuesta por la Red Europea de Formación Judicial y la Academia de Derecho Europeo;

14.

Considera que, sobre todo en la fase de elaboración de la legislación de la UE en ámbitos como el Derecho civil y el Derecho de familia, los jueces nacionales y los de la Unión Europea deberían poder dar su opinión sobre los aspectos meramente técnicos de las medidas propuestas con objeto de garantizar que los jueces nacionales puedan aplicar la futura legislación con el mínimo de dificultades posible; considera que ello también podría contribuir a establecer nuevos contactos entre los jueces, creándose así nuevos canales de comunicación; acoge con satisfacción la participación de jueces nacionales en los procedimientos legislativos;

15.

Considera que la Comisión ha de priorizar la resolución de los problemas que plantean las divergencias en materia de Derecho procesal nacional (por ejemplo, por lo que se refiere a los plazos y el tratamiento del Derecho extranjero por los tribunales); recomienda que, habida cuenta de la importancia fundamental de este aspecto, la fecha del informe de la Comisión sobre el funcionamiento del actual régimen de la UE en materia de Derecho procesal civil a través de las fronteras debería adelantarse de 2013 a finales de 2011; insta a la Comisión a que dé curso a su Resolución de 1 de febrero de 2007 (3) mediante la presentación por el procedimiento de urgencia de una propuesta sobre plazos comunes de prescripción en conflictos transfronterizos que entrañen lesiones y accidentes mortales;

16.

Acoge con satisfacción el Libro Verde de 1 de julio de 2010 sobre opciones para avanzar hacia un Derecho contractual europeo para consumidores y empresas y respalda la ambiciosa iniciativa de la Comisión para la creación de un instrumento de Derecho contractual europeo que pueda ser utilizado voluntariamente por las partes contratantes (COM(2010)0348);

17.

Subraya la importancia de una justicia transfronteriza para resolver casos de fraude y prácticas comerciales engañosas que tengan su origen en un Estado miembro y que afecten a personas, ONG y PYME en otros Estados miembros;

18.

Llama la atención sobre su Resolución, de 10 de marzo de 2009, sobre la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil (4) e insta a la Comisión a que tome medidas con objeto de mejorar la cooperación entre los tribunales de los Estados miembros para la obtención de pruebas y de reforzar la eficacia del Reglamento (CE) no 1206/2001, en particular, garantizando que los tribunales y los profesionales estén mejor informados al respecto y apoyen una generalización del uso de la tecnología de la información y las videoconferencias; considera que debería existir un sistema seguro para enviar y recibir mensajes electrónicos y que estos aspectos deberían abordarse en el marco de la estrategia europea e-Justicia;

19.

Acoge con satisfacción el hecho de que el plan de acción proponga una iniciativa legislativa para un Reglamento sobre una mayor eficacia en la ejecución de las resoluciones judiciales relativas a la transparencia de los activos del deudor, así como un Reglamento similar sobre el embargo de activos bancarios; hace hincapié, no obstante, en la complementariedad de las dos propuestas, que deberían presentarse tan pronto como sea posible;

20.

Considera que tales iniciativas revisten una importancia creciente en el contexto de la crisis económica;

21.

Pide a la Comisión que desarrolle estas iniciativas cuanto antes, centrándose en la posibilidad de un recurso europeo autónomo en aras de la transparencia o la congelación del patrimonio en asuntos transfronterizos;

22.

Hace hincapié en que este ámbito implica graves consecuencias financieras y en relación con su reputación; recomienda, por consiguiente, un recurso preventivo a otros mecanismos de resolución de conflictos;

23.

Considera que la consolidación de la justicia mediante los métodos mencionados en este informe conduce sin duda a la mejora y el fortalecimiento de las relaciones económicas y laborales, ayudando a crear un verdadero mercado único;

24.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la aplicación uniforme del Derecho de la UE —aspectos de procedimiento—, con especial hincapié en las normas y procedimientos administrativos estandarizados aplicables en ámbitos de competencia de la UE, como la fiscalidad, las aduanas, el comercio y la protección de los consumidores, dentro de los límites establecidos en los Tratados de la UE, con objeto de garantizar el funcionamiento del mercado único y de la libre competencia;

25.

Señala que el objetivo del Programa de Estocolmo es el establecimiento de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia que garantice a los ciudadanos el disfrute de los derechos fundamentales, incluido el de la libertad de empresa, con vistas al desarrollo de la capacidad empresarial en los distintos sectores de la economía;

26.

Apoya firmemente a la Comisión en su objetivo de aplicar legislación que reduzca los costes de las transacciones, particularmente para las PYME;

27.

Apoya las iniciativas conjuntas de la Comisión y de los Estados miembros destinadas a respaldar el funcionamiento de las PYME a través de las fronteras de toda la UE mediante una reducción de la burocracia con vistas a conseguir una reducción tangible de las cargas administrativas, financieras y reglamentarias; se felicita de la próxima revisión de la Directiva sobre la morosidad en las operaciones comerciales;

28.

Destaca que el correcto funcionamiento del mercado único favorece el espacio europeo de libertad, seguridad y justicia y contribuye a reforzar el modelo europeo de economía social de mercado; reconoce también que la creación de un espacio europeo de libertad, seguridad y justicia reforzará el mercado interior y, en particular, la protección de los consumidores;

29.

Destaca que en el artículo 12 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se reafirma, como disposición de aplicación general, que, al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones de la Unión, se tendrán en cuenta las exigencias de la protección de los consumidores; destaca la importancia de la nueva Directiva sobre los derechos de los consumidores propuesta así como la próxima modernización de la Directiva relativa a los viajes organizados, de la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales y de la Directiva relativa a la publicidad engañosa y comparativa;

30.

Pide a la Comisión que garantice la supresión de todos los obstáculos al desarrollo del comercio electrónico, identificados últimamente en la «Agenda Digital» para 2010, por medios tanto legislativos como no legislativos; pide que se busque lo antes posible una solución a los problemas comerciales transfronterizos relacionados con las compras en línea de los consumidores, particularmente respecto a los pagos y entregas transfronterizas; destaca la necesidad de aumentar la confianza de los consumidores y las empresas en el comercio electrónico transfronterizo, particularmente a través del desarrollo de la lucha contra la delincuencia cibernética y la falsificación; pide la elaboración de una Carta de la UE sobre los derechos de los consumidores en el ámbito de los servicios en línea y del comercio electrónico;

31.

Reitera su petición a la Comisión para que asegure que el Parlamento Europeo esté inmediatamente y plenamente informado del progreso sobre el ACTA en todas las fases de las negociaciones para respetar la letra y el espíritu del Tratado de Lisboa, así como su solicitud de que se garantice en mayor medida que el ACTA no modificará el acervo de la UE en materia de cumplimiento de los DPI y de los derechos fundamentales; pide a la Comisión que mantenga relaciones estrechas con terceros países que no participan en las negociaciones del ACTA, en particular los países emergentes;

32.

Llama la atención sobre los problemas relacionados con la inseguridad jurídica de los intercambios comerciales cuya procedencia o destino sean países terceros, y sobre la cuestión de cuál es la jurisdicción competente en tales casos para resolver un litigio; observa que, a pesar de la existencia de principios de Derecho internacional privado, su aplicación suscita una serie de problemas que afectan principalmente a los consumidores y a las pequeñas empresas, que a menudo desconocen cuáles son sus derechos; subraya, además, que la globalización y el desarrollo de las operaciones por Internet plantean nuevos retos jurídicos; hace hincapié en la necesidad de que se adopte un enfoque coherente a escala internacional para evitar que los consumidores y las pequeñas empresas resulten perjudicados por esta situación;

33.

Señala a la atención de la Comisión, en la medida en que el Derecho internacional privado tiene un impacto en el Derecho de sociedades, sus Resoluciones, de 10 de marzo de 2009, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el traslado transfronterizo de la sede social de una empresa (2008/2196(INI)), de 4 de julio de 2006, sobre la evolución reciente y las perspectivas en materia de Derecho de sociedades, y de 25 de octubre de 2007, sobre la Sociedad Privada Europea y la Decimocuarta Directiva sobre el Derecho de sociedades sobre la transferencia de la sede social de una sociedad, así como las sentencias del Tribunal de Justicia en los asuntos Daily Mail y General Trust, Centros, Überseering, Inspire Art, SEVIC Systems y Cartesio;

34.

Señala que en el obiter dictum de la sentencia Cartesio, el Tribunal considera que, a falta de una definición uniforme dada por el Derecho comunitario de las sociedades que pueden gozar del derecho de establecimiento en función de un criterio de conexión único que determine el Derecho nacional aplicable a una sociedad, la cuestión de si el artículo 49 del TFUE se aplica a una sociedad que invoque la libertad fundamental consagrada por dicho artículo constituye una cuestión previa que, en el estado actual del Derecho comunitario, solo se puede responder sobre la base del Derecho nacional aplicable; señala además que los trabajos legislativos y convencionales en el ámbito del Derecho de sociedades previstos en el Tratado hasta la fecha no se han centrado sobre la disparidad de las legislaciones nacionales puesta de relieve en dichas sentencias y, por lo tanto, aún no han puesto fin a tal disparidad; señala que ello pone de manifiesto una laguna en el Derecho de la Unión; reitera que debe colmarse esta laguna;

35.

Insta a la Comisión a que haga todo lo posible en la Conferencia de La Haya para relanzar el proyecto de convenio internacional sobre resoluciones judiciales; considera que la Comisión podría emprender amplias consultas, de las que se mantendrá informado al Parlamento y en las que este último participará, con respecto a la cuestión de si conviene conferir un efecto de reciprocidad a las disposiciones del Reglamento (CE) no 44/2001 (5) para alentar a otros países, especialmente a los Estados Unidos, a que reanuden las negociaciones; opina que sería prematuro e imprudente considerar la posibilidad de conferir a las disposiciones de dicho Reglamento un efecto de reciprocidad hasta que no resulte suficientemente claro que han fracasado los intentos de relanzar las negociaciones en La Haya y que las consultas y estudios llevados a cabo no demuestren que una iniciativa de esas características sería beneficiosa y presentaría ventajas para los ciudadanos, las empresas y los profesionales en la UE;

36.

Pide a la Comisaria de Justicia, Derechos Fundamentales y Ciudadanía que garantice que, en el futuro, se asociará más estrechamente al Parlamento a las actividades de la Comisión y del Consejo en la Conferencia de La Haya a través de un observador del Parlamento y mediante información regular a la comisión parlamentaria competente; recuerda a la Comisión, en este sentido, los compromisos de carácter institucional que contrajo el Comisario Frattini ante el Parlamento en septiembre de 2006, según los que la Comisión cooperaría plenamente con el Parlamento en sus trabajos en el marco de la Conferencia de La Haya;

37.

Alienta a la Comisión a que cumpla plenamente con su papel en el marco de los trabajos de la Conferencia de La Haya; insta a la Comisión a que adopte medidas para garantizar que la UE ratifica el Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996 relativo a la protección de los niños;

38.

Decide crear un foro interparlamentario dedicado a los trabajos de la Conferencia de La Haya; considera, únicamente a modo de ejemplo, que la promoción en la Conferencia de La Haya de la autonomía de las partes en las relaciones contractuales internacionales tiene tales consecuencias desde el punto de vista de la posibilidad de soslayar disposiciones jurídicamente vinculantes que es necesario garantizar que esta cuestión sea objeto de debate y reflexión en foros democráticos a escala internacional;

39.

Toma nota de que la Comisión ha creado un grupo de trabajo sobre el arbitraje; recomienda a la Comisión que no adopte una iniciativa legislativa en la materia sin mantener consultas abiertas y sin la plena participación del Parlamento Europeo; pide a la Comisión que vele por que se invite a un representante de la comisión parlamentaria competente a participar en todos los grupos de trabajo de este tipo y considera que, sin perjuicio del derecho de iniciativa de la Comisión, el Parlamento Europeo debería tener derecho a designar uno o varios miembros de estos grupos de trabajo con objeto de que sean verdaderamente representativos;

40.

Subraya la necesidad de asegurar el reconocimiento mutuo de los documentos oficiales publicados por las administraciones nacionales; acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por la Comisión para que los ciudadanos puedan ejercer sus derechos a la libre circulación y apoya firmemente los planes para permitir el reconocimiento mutuo de los efectos de los actos del registro civil; pide mayores esfuerzos para reducir la barreras a las que se enfrentan los ciudadanos que ejercen sus derechos a la libre circulación, especialmente en lo que se refiere al acceso a las prestaciones sociales a las que tienen derecho y su derecho al voto en las elecciones municipales;

41.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

3.4.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 99/27

—

Vistos los artículos 207 y 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vista la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2010, sobre la transparencia y el estado de las negociaciones del ACTA,

—

Vista su Decisión de 20 de octubre de 2010 sobre la revisión del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión Europea,

—

Visto el debate celebrado en el Pleno el 20 de octubre de 2010 sobre el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación,

—

Visto el proyecto, de 2 de octubre de 2010, sobre el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación,

—

Vista la decisión del Defensor del Pueblo Europeo en relación con la reclamación 90/2009/(JD)OV relativa al acceso a los documentos del ACTA,

—

Visto el Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo,

—

Visto el Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor» entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión (2003/C 321/01),

—

Visto el Acuerdo de la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC),

—

Visto el artículo 115, apartado 5, y el artículo 110, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que la lucha contra la falsificación constituye un elemento clave de la estrategia política de la UE para asegurar la justicia, unas mismas condiciones equitativas para nuestros productores y el mantenimiento de los puestos de trabajo para estos ciudadanos, así como para los actores que respetan el Estado de Derecho,

B.

Considerando que la lucha contra la falsificación - que es un fenómeno mundial - exige una mayor cooperación internacional entre los principales actores mundiales con objeto de lograr una mayor efectividad,

C.

Considerando que, a pesar de diversos intentos por alcanzar un enfoque multilateral sobre este asunto, que sigue siendo el objetivo principal de la estrategia de la UE, no pudo lograrse dicho enfoque a causa de la resistencia y oposición de otros actores globales y que, por tanto, el acuerdo plurilateral parece ser la mejor manera de abordar estas cuestiones a nivel internacional,

D.

Considerando que, como la Comisión ha declarado repetidas veces, el ACTA sólo versa sobre medidas de ejecución, y no incluye disposiciones que modifiquen el Derecho sustantivo sobre propiedad intelectual tanto en la UE como en las otras Partes del acuerdo, limitándose a establecer, por vez primera, un marco internacional global que debería ayudar a las Partes en sus esfuerzos por luchar efectivamente contra la transgresión de los derechos de propiedad intelectual y que, por tanto, no implica ninguna modificación del acervo de la Unión,

E.

Considerando que, en diversos ámbitos, tales como el sector digital y el ámbito de las medidas transfronterizas obligatorias, el ACTA va más allá del ámbito de los ADPIC y que, por consiguiente, asegura una mejor protección para los titulares de derechos,

F.

Considerando que, tras su firme llamamiento, ha mejorado sustancialmente la transparencia en las negociaciones del ACTA, y que, desde la ronda negociadora de Nueva Zelanda, se le ha informado plenamente acerca del desarrollo de dichas negociaciones; y considerando que ha tenido conocimiento del texto negociado una semana después de la conclusión de la última ronda negociadora en Japón,

G.

Considerando que el texto negociado satisface las principales reivindicaciones expresadas por el Parlamento Europeo durante los últimos meses, tales como el respeto de los derechos fundamentales, de la protección de datos y de la privacidad, el respeto del importante papel que desempeña una Internet libre y la salvaguardia del papel que desempeñan los proveedores de servicios, así como la salvaguardia del acceso a los medicamentos, incluida una referencia en su preámbulo a la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, adoptada el 14 de noviembre de 2001 por la Organización Mundial de Comercio,

H.

Considerando que la Comisión ha afirmado reiteradamente la importancia de hacer respetar la protección de las indicaciones geográficas; considerando que las Partes del acuerdo han decidido que el ACTA proteja las indicaciones geográficas,

I.

Considerando que la Comisión, como guardiana de los Tratados, debe defender el acervo de la Unión cuando negocia acuerdos internacionales que afecten a la legislación de la UE, y considerando que la Comisión se ha comprometido a ofrecer al Parlamento una información inmediata y completa sobre cada fase de las negociaciones de acuerdos internacionales,

J.

Considerando que es también esencial garantizar que la elaboración de medidas para la observancia de los derechos de propiedad intelectual se lleve a cabo de forma que no obstaculice la innovación ni la competencia, no socave las restricciones de los derechos de propiedad intelectual ni las disposiciones en materia de protección de datos personales, no restrinja el libre flujo de información ni suponga una carga innecesaria para el comercio legítimo,

K.

Considerando que todo acuerdo alcanzado por la UE sobre el ACTA debe respetar plenamente el acervo de la Unión, en especial las obligaciones jurídicas impuestas a la UE con respecto a la protección de la vida privada y los datos personales, establecidas en particular en la Directiva 95/46/CE, la Directiva 2002/58/CE y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal de Justicia,

L.

Considerando que, a raíz de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa en diciembre de 2009, el Parlamento Europeo tendrá que dar su aprobación al texto del ACTA antes de que este acuerdo pueda entrar en vigor en la UE,

1.

Celebra la publicación, el 2 de octubre de 2010, del proyecto de Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación tras la ronda negociadora de Tokio, y espera que la Comisión comunique al Parlamento y a la opinión pública el texto final del ACTA una vez acabe la reunión de negociación técnica que tendrá lugar en Sydney del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2010;

2.

Insiste en que la lucha contra la falsificación constituye una prioridad de su estrategia política internacional e interna, y que la cooperación internacional es una cuestión clave para el logro de este objetivo;

3.

Es plenamente consciente de que el acuerdo negociado no solucionará el problema, complejo y con diversos aspectos, de la falsificación; considera, sin embargo, que se trata de un paso en la buena dirección;

4.

Celebra las repetidas declaraciones de la Comisión en el sentido de que la ejecución de las disposiciones del ACTA, especialmente las relativas a los procedimientos de protección de los derechos de autor en el contexto digital, se efectuará en pleno acuerdo con el acervo de la Unión, y de que no se incluirán en el acuerdo ni las búsquedas personales ni el procedimiento conocido con el nombre de «tres avisos»; indica que ninguna Parte firmante del ACTA, y especialmente la UE, podrá verse obligada por el acuerdo a establecer el régimen de los «tres avisos» u otro similar;

5.

Celebra que el proyecto de texto de 2 de octubre de 2010 confirme en su preámbulo el objetivo del ACTA de proveer de medios efectivos y apropiados, complementando el Acuerdo sobre los ADPIC, para la observancia de los derechos de propiedad intelectual, tomando en cuenta las diferencias en los respectivos sistemas legales y prácticas de las Partes firmantes del acuerdo; e insiste en que los principios que se establecieron en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la salud pública, adoptada el 14 de noviembre de 2001 por la Organización Mundial de Comercio en la cuarta Conferencia Ministerial de la OMC, llevada a cabo en Doha, Qatar, son las bases en las que se apoya el proyecto de texto relativo al ACTA, de 2 de octubre de 2010, y considera, por consiguiente, que la aplicación del ACTA debe respetar estos principios;

6.

Subraya que el ACTA no modificará el acervo de la UE por lo que respecta a la observancia de los derechos de propiedad intelectual, dado que el Derecho de la UE está más avanzado que los criterios internacionales en vigor, por lo que constituye una oportunidad para compartir las mejores orientaciones y prácticas en este ámbito;

7.

Opina que el ACTA es una herramienta para hacer más eficaces los criterios en vigor, favoreciendo de este modo las exportaciones de la UE y la protección de los titulares de derechos que intervienen en el mercado global, que actualmente sufren en dicho mercado amplias y sistemáticas infracciones de sus derechos de autor, marcas comerciales, patentes, diseños e indicaciones geográficas;

8.

Subraya la importancia, para las empresas europeas y los puestos de trabajo en la UE, de proteger las indicaciones geográficas; reconoce los esfuerzos realizados por la Comisión para incluir en el ámbito del ACTA la protección de las indicaciones geográficas;

9.

Lamenta que el Acuerdo no defina el término «Indicaciones geográficas falsificadas» en su artículo 1.X, ya que esta omisión podría generar confusión o, como mínimo, complicar la acción de las autoridades administrativas y judiciales al interpretar y aplicar el ACTA;

10.

Celebra la inclusión del término «podrán» en el artículo 2.14.3 («Las Partes podrán establecer procedimientos penales y sanciones […]»);

11.

Celebra que, tras insistir la UE en ello, las Partes hayan acordado que los procedimientos penales y sanciones por la copia no autorizada de obras cinematográficas, a partir de una presentación en instalaciones de exhibición de películas que generalmente están abiertas al público, serán meramente optativos (artículos 2.14.3 y 2.15);

12.

Celebra que la pertenencia al ACTA no sea excluyente y que se prevea la adhesión de un mayor número de países en desarrollo y emergentes, fomentando de este modo una amplia protección de los derechos de propiedad intelectual y reforzando la lucha contra la falsificación a nivel global; considera que, en el futuro, el ACTA podría alcanzar un nivel multilateral;

13.

Subraya que toda decisión tomada por la Comisión como parte del Comité ACTA debe respetar el ámbito de aplicación del acervo y no podrá modificar unilateralmente el contenido del ACTA; considera, por tanto, que toda modificación del ACTA que se prevea deberá ser aprobada por el Parlamento Europeo y el Consejo de conformidad con los artículos 207 y 218 del TFUE;

14.

Pide a la Comisión que confirme que la aplicación del ACTA no afectará a los derechos fundamentales y a la protección de datos, ni a los esfuerzos en curso de la UE por armonizar las medidas de ejecución de los derechos de propiedad intelectual o el comercio electrónico;

15.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados que son parte en las negociaciones del ACTA.

3.4.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 99/30

—

Vistos los artículos 310 a 325 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Visto el proyecto de presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2011, presentado por la Comisión el 27 de abril de 2010 (COM(2010)0300), así como las notas rectificativas nos. 1, 2, y 3 de la Comisión de 15 de septiembre de 2010, 11 de octubre de 2010 y 20 de octubre de 2010, respectivamente,

—

Vista la posición sobre el proyecto de presupuesto de la Unión Europea para el ejercicio 2011, adoptada por el Consejo el 12 de agosto de 2010 (12699/2010 - C7-0202/2010),

—

Vista su Resolución, de 20 de octubre de 2010, sobre la posición del Consejo relativa al proyecto de presupuesto de la Unión Europea para el ejercicio 2011 (todas las secciones) (1),

—

Vistos la propuesta de la Comisión de un Reglamento del Consejo por el que se establece el Marco financiero plurianual para el período 2007-2013 (COM(2010)0072) y el documento de la Comisión sobre un proyecto de Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre cooperación en materia presupuestaria (COM(2010)0073), presentados ambos el 3 de marzo de 2010,

—

Vistos el proyecto de presupuesto rectificativo no 3/2010 al presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2010 (COM(2010)0149), de 8 de abril de 2010, así como el proyecto de presupuesto rectificativo no 10 al proyecto de presupuesto general 2010 (COM(2010)0598), de 20 de octubre de 2010,

—

Vista la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la movilización del Instrumento de Flexibilidad (COM(2010)0150), presentada por la Comisión el 8 de abril de 2010,

—

Vistas la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto rectificativo no 3/2010, establecido por el Consejo el 13 de septiembre de 2010 (13472/2010 – C7-0263/2010), y la Resolución del Parlamento Europeo, de 20 de octubre de 2010, sobre la posición del Consejo relativa al proyecto de presupuesto rectificativo no 3/2010 de la Unión Europea para el ejercicio 2010, Sección III – Comisión (2),

—

Vista su Resolución, de 22 de septiembre de 2010, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se fija el Marco financiero plurianual para el período 2007-2013 (3),

—

Vista su Resolución, de 29 de marzo de 2007, sobre el futuro de los recursos propios de la Unión Europea (4),

—

Visto el artículo 78 de su Reglamento,

A.

Considerando que la posición del Consejo sobre el proyecto de presupuesto ha limitado los créditos de pago a un importe que representa un aumento del 2,91 % en comparación con el presupuesto de 2010,

B.

Considerando que el Parlamento ha dado su acuerdo a una «estrategia de siete puntos» con el fin de aplicar las disposiciones del Tratado de Lisboa, con el apoyo de las enmiendas presupuestarias, y mostrando a la vez su disposición a confirmar el importe de los pagos en el marco de un acuerdo general,

C.

Considerando que el 15 de noviembre de 2010 el Comité de Concertación Parlamento-Consejo no consiguió llegar a un acuerdo sobre un texto conjunto de cara al presupuesto 2011,

1.

Manifiesta su disposición a hacer cuanto esté en su mano para llegar a un acuerdo sobre el presupuesto 2011 y los elementos relacionados en el marco de un calendario muy ajustado, siempre y cuando la Comisión y el Consejo cumplan las condiciones siguientes:

2.

Acoge favorablemente los compromisos de la Comisión sobre el valor añadido europeo y las consecuencias del Tratado de Lisboa para el presupuesto de la UE, así como sobre un calendario preciso para la cuestión de los recursos propios;

3.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución.

3.4.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 99/31

—

Vistos los artículos 2, 3, 6 y 21 del Tratado de la Unión Europea,

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Vistos los artículos 153, 191, 207 y 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

—

Vistos los artículos 12, 21, 28, 29, 31 y 32 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vistos la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y otros instrumentos de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos, en particular el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1966), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (1965), la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (1979), la Convención sobre los Derechos del Niño (1989) y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, así como el documento final de la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en Nueva York del 20 al 22 de septiembre de 2010,

—

Vistos el Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (OMC), y la Declaración adoptada en la cuarta Conferencia Ministerial celebrada en noviembre de 2001, en Doha, y en particular su apartado 31,

—

Vistas su Resolución, de 20 de septiembre de 1996, sobre la Comunicación de la Comisión sobre la inclusión del respeto de los principios democráticos y de los derechos humanos en los acuerdos entre la Comunidad y terceros países (COM(1995)0216) (1), y su Resolución, de 14 de febrero de 2006, sobre la cláusula sobre derechos humanos y democracia en los acuerdos de la Unión Europea (2),

—

Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2001, sobre la apertura y la democracia en el comercio internacional (3) en la que se pide que la OMC respete las normas sociales fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que la Unión Europea acepte las decisiones de la OIT, incluidas las posibles solicitudes de sanciones, en relación con violaciones graves de las normas sociales fundamentales,

—

Vista su Resolución, de 25 de abril de 2002, sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «El papel de la Unión Europea en el fomento de los derechos humanos y la democratización en terceros países» (COM(2001)0252) (4),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «La dimensión social de la globalización: la contribución de la política comunitaria para que los beneficios se extiendan a todos» (COM(2004)0383),

—

Vista su Resolución, de 15 de noviembre de 2005, sobre la dimensión social de la globalización (5),

—

Vista su Resolución, de 5 de julio de 2005, sobre la explotación de los niños en los países en desarrollo y, en particular, el trabajo infantil (6),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo, de 14 de junio de 2010, sobre el trabajo infantil (7),

—

Vista su Resolución, de 6 de julio de 2006, sobre comercio justo y desarrollo (8),

—

Vista su Resolución, de 22 de mayo de 2007, sobre una Europa global – Aspectos externos de la competitividad (9), en respuesta a la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Una Europa global – Competir en el mundo – Una contribución a la Estrategia de crecimiento y empleo de la UE» (COM(2006)0567),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Promover un trabajo digno para todos – Contribución de la Unión a la aplicación de la agenda del trabajo digno en el mundo» (COM(2006)0249),

—

Vista la Declaración Ministerial de 2006 del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre el empleo pleno y el trabajo decente, en la que se reconoce que el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos como un elemento clave del desarrollo sostenible,

—

Vista su Resolución, de 23 de mayo de 2007, sobre la promoción de un trabajo digno para todos (10), en la que solicita que se incluyan normas sociales, con miras al fomento del trabajo digno, en los acuerdos comerciales de la Unión Europea, en particular en los acuerdos bilaterales,

—

Vistos el Programa de Trabajo Decente y el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT, aprobados por consenso a nivel mundial el 19 de junio de 2009 en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo, y la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, de 2008,

—

Visto el Convenio de Bruselas de 1968, en su versión consolidada por el Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (11),

—

Visto el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG), vigente desde el 1 de enero de 2006, por el que se concede un acceso exento de derechos o reducciones de derechos a un mayor número de productos y que comporta, asimismo, una nueva medida de incitación en beneficio de los países vulnerables que se enfrentan a necesidades comerciales, financieras o de desarrollo particulares,

—

Vistos todos los acuerdos celebrados entre la Unión Europea y terceros países,

—

Vistos el Acuerdo de Asociación entre los miembros del grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP) y la Unión Europea, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000, y sus revisiones de 2005 y 2010,

—

Vistas sus resoluciones sobre los acuerdos de asociación económica con los países y las regiones ACP y, en particular, las Resoluciones de 26 de septiembre de 2002 (12), de 23 de mayo de 2007 (13) y de 12 de diciembre de 2007 (14),

—

Vistos los convenios internacionales en materia de medio ambiente, como el Protocolo de Montreal sobre las sustancias que destruyen la capa de ozono (1987), el Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos (1999), el Protocolo de Cartagena sobre la bioseguridad (2000) y el Protocolo de Kyoto (1997),

—

Visto el capítulo 13 del Acuerdo de Libre Comercio firmado en octubre de 2009 entre la Unión Europea y Corea del Sur,

—

Vista la conclusión de las negociaciones relativas a la firma de un acuerdo comercial multilateral entre la UE, Colombia y Perú,

—

Vista la audiencia sobre la aplicación de las normas sociales y medioambientales en las negociaciones comerciales organizada por el Parlamento Europeo el 14 de enero de 2010,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la Comisión de Asuntos Exteriores, de la Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A7-0312/2010),

A.

Considerando que el vínculo entre comercio, derechos humanos y normas sociales y medioambientales se ha convertido en un elemento clave de las relaciones económicas y comerciales y es parte integrante de las negociaciones en el marco de los acuerdos de libre comercio,

B.

Considerando que las distorsiones de la competencia y los riesgos de competencia desleal en los ámbitos medioambiental y social son cada vez más frecuentes, en detrimento, en particular, de las empresas y de los trabajadores establecidos en el seno de la Unión Europea, que están sujetos al respeto de normas sociales, medioambientales y fiscales más estrictas,

C.

Considerando que la UE, en sus relaciones con los terceros países, debe adoptar una estrategia comercial basada en la reciprocidad pero que debe ser diferenciada en función del grado de desarrollo de sus socios tanto en lo que se refiere a sus exigencias en materia social y medioambiental como a la liberalización de los intercambios comerciales, con el fin de crear las condiciones para una competencia internacional justa y leal,

D.

Considerando que las instancias bilaterales se han convertido en el principal marco para alcanzar estos objetivos políticos en la medida en que las perspectivas de establecimiento de normas multilaterales para regular las relaciones entre el comercio, el trabajo y el medio ambiente en el marco de la OMC no son muy prometedoras,

E.

Considerando que, no obstante, es esencial intentar reequilibrar el derecho comercial y los derechos fundamentales, así como intensificar el diálogo entre las principales organizaciones internacionales, especialmente entre la OIT y la OMC, con el fin de alcanzar una mayor coherencia en las políticas internacionales y una mejor gobernanza, mundial,

F.

Considerando que existen numerosas razones para incluir en los acuerdos comerciales internacionales disposiciones relativas a los derechos humanos y a las normas sociales y medioambientales, entre las que cabe mencionar la voluntad de establecer un comercio justo y equitativo y garantizar una cierta lealtad en los intercambios («level playing field»), y la voluntad, más normativa, de defender los valores universales en que se basa la Unión Europea y aplicar políticas europeas coherentes,

G.

Recuerda que la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de las Naciones Unidas de 1986 confirma que «el derecho al desarrollo es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social [y] cultural, […] a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él»; considera, por tanto, que la UE tiene la obligación de no menoscabar este derecho y, sin duda, de contribuir a integrarlo en los acuerdos internacionales y de utilizarlo como orientación para las políticas europeas,

H.

Considerando que en el Tratado de Lisboa se reafirma que la acción exterior de la Unión Europea, de la que es parte integrante el comercio, debe guiarse por los mismos principios que han inspirado su propia creación; considerando asimismo que el modelo social europeo, que combina un crecimiento económico sostenible y unas condiciones laborales y de vida mejoradas, también puede servir de ejemplo para sus interlocutores; y considerando, asimismo, que los acuerdos comerciales deben ser además compatibles con otras obligaciones y convenios internacionales que los Estados Parte se han comprometido a respetar, de conformidad con sus respectivos ordenamientos jurídicos,

I.

Considerando la importancia de preservar el nivel de las normas sociales y medioambientales en vigor en el seno de la Unión Europea, así como su respeto por parte de las empresas extranjeras que operan en el mercado único europeo,

J.

Considerando que la inclusión de los derechos humanos y de las normas sociales y medioambientales en los acuerdos comerciales puede aportar un valor añadido a dichos acuerdos y permitir, así, una mayor interacción con la sociedad civil y un mayor apoyo a la estabilidad política y social, estableciendo de ese modo un clima más favorable para el comercio,

K.

Destaca que el sector del comercio y el respeto de las normas relativas a los derechos humanos así como las relacionadas con los ámbitos social y medioambiental son aspectos importantes para garantizar la paz y el bienestar en el mundo pero que no pueden considerarse la solución a todos los problemas que puedan surgir entre los distintos Estados del mundo; considerando, no obstante, que se puede superar el estancamiento en la situación política mediante el fortalecimiento de las relaciones comerciales, garantizando así la definición de intereses comunes, sobre todo en el ámbito de la protección medioambiental, como forma de dirimir conflictos,

L.

Considerando que otros países han dado un ejemplo positivo al incluir normas sociales en los acuerdos comerciales,

M.

Considerando que el Sistema de Preferencias Generalizadas se ha elaborado sobre la base del respeto de los principios consagrados en los convenios internacionales en materia de derechos humanos y de las normas fundamentales en materia de derecho laboral por los países beneficiarios, lo que incluye un régimen especial de preferencias arancelarias suplementarias para fomentar la ratificación y la aplicación efectiva de los convenios internacionales fundamentales sobre derechos humanos y laborales, la protección del medio ambiente y la buena gobernanza; que el incumplimiento de las condiciones puede conllevar la suspensión del régimen comercial,

1.

Solicita, por consiguiente, que en marco de la futura estrategia comercial de la Unión Europea el comercio no sea considerado como un fin en sí mismo sino como una herramienta que permite la promoción de los valores y de los intereses comerciales europeos, así como un instrumento para lograr unos intercambios justos capaz de generalizar la inclusión y la aplicación efectivas de normas sociales y medioambientales con respecto a todos los socios comerciales de la UE; opina que la Unión Europea debería guiarse por un enfoque positivo y, al mismo tiempo, jurídicamente vinculante durante sus negociaciones; subraya que la inclusión de disposiciones relativas al desarrollo sostenible, en particular en los acuerdos bilaterales, beneficiará a todas las partes interesadas;

2.

Recuerda que la política comercial es un instrumento al servicio de los objetivos generales de la Unión Europea y que, de conformidad con el artículo 207 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, «la política comercial común se llevará a cabo en el marco de los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión» y que, en virtud del artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, debe contribuir, en particular, al «desarrollo sostenible del planeta, la solidaridad y el respeto mutuo entre los pueblos, el comercio libre y justo, la erradicación de la pobreza y la protección de los derechos humanos, especialmente los derechos del niño, así como al estricto respeto y al desarrollo del Derecho internacional, en particular el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas»;

3.

Solicita que se establezca una mayor cooperación a nivel multilateral entre la OMC y las principales instituciones de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos; opina que, para garantizar un marco comercial multilateral que contribuya al respeto de los derechos humanos, sería particularmente útil establecer unos vínculos más estrechos con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con los procedimientos especiales; considera, igualmente, que cuando se constaten casos de violaciones graves de los derechos humanos, los Grupos Especiales de la OMC y el Órgano de Apelación podrían tener en cuenta la experiencia del Alto Comisionado;

4.

Considera que el examen periódico universal en el seno del Consejo de Derechos Humanos debería ser un instrumento útil para realizar un seguimiento del respeto de las disposiciones relativas a los derechos humanos en los acuerdos comerciales internacionales;

5.

Subraya que es esencial que se intensifique la cooperación con la OIT, organismo competente para definir y negociar las normas laborales internacionales y supervisar su aplicación jurídica y práctica, y que dicha organización participe plenamente en los trabajos de la OMC;

6.

Reafirma que los objetivos consistentes en mantener y preservar un sistema comercial multilateral abierto y no discriminatorio, por una parte, y en actuar en favor de la protección del medio ambiente y el fomento del desarrollo sostenible, por otra, deben reforzarse mutuamente; subraya que, con arreglo al artículo 20 del GATT, los Estados miembros pueden adoptar medidas comerciales con vistas a la protección del medio ambiente, a condición de que dichas medidas no se apliquen de forma que supongan un medio de discriminación arbitrario o injustificable; anima a los Estados miembros a que hagan pleno uso de esta disposición;

7.

Acoge positivamente la existencia del Comité sobre Comercio y Medioambiente de la OMC y considera que dicho órgano debería ser un foro esencial para seguir integrando e intensificando los vínculos entre el medioambiente y el comercio; expresa su deseo de que se desarrolle el papel y el trabajo de dicho comité a fin de abordar de manera positiva los principales retos comerciales y medioambientales a los que debe hacer frente la comunidad internacional;

8.

Subraya que es importante mejorar el acceso a los bienes y tecnologías verdes para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, y pide a todas las partes que intervienen en las negociaciones que redoblen sus esfuerzos para concluir rápidamente las negociaciones sobre la reducción o la eliminación de las barreras arancelarias y no arancelarias para los bienes y servicios medioambientales con el fin de fomentar nuevas formas de políticas de empleo y la creación de puestos de trabajo que se atengan a las normas de trabajo decente de la OIT, así como las posibilidades de crecimiento de las industrias europeas y las PYME;

9.

Destaca que es necesario progresar en las negociaciones sobre los demás puntos del párrafo 31 de la Declaración de Doha referente a la relación entre las normas de la OMC existentes y las obligaciones comerciales específicas mencionadas en los acuerdos multilaterales sobre medio ambiente, y fomentar una cooperación más estrecha entre las secretarías de dichos acuerdos y los comités de la OMC, ya que es esencial para garantizar el desarrollo coherente de los regímenes comerciales y medioambientales;

10.

Considera que un acuerdo multilateral sobre el clima sería el mejor instrumento para garantizar la internalización de las externalidades medioambientales negativas relativas al CO2, si bien existe el riesgo de que dicho acuerdo no pueda concluirse en un futuro próximo; considera, por consiguiente, que la Unión Europea debería seguir estudiando las posibilidades de creación, en relación con los sectores industriales que están verdaderamente expuestos a las fugas de carbón, de instrumentos medioambientales apropiados que sirvan como complemento a la subasta de las cuotas de CO2 en el marco del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, en particular un «mecanismo de cómputo del carbono» que respete las normas de la OMC, ya que un mecanismo de este tipo permitiría luchar contra los riesgos de transferencia de emisiones de CO2 hacia los terceros países;

11.

Propone que, una vez que se haya negociado y firmado el acuerdo internacional sobre el clima, se cree finalmente una auténtica organización mundial del medioambiente encargada de la aplicación de los compromisos que se hayan asumido y de hacer respetar las normas medioambientales; opina que se debería recurrir obligatoriamente a esta futura organización, por ejemplo en materia de competencia medioambiental desleal;

12.

Apoya firmemente la práctica de la inclusión de cláusulas jurídicamente vinculantes en materia de derechos humanos en los acuerdos internacionales de la Unión Europea pero recuerda que siguen existiendo grandes retos en lo relativo al seguimiento y a la aplicación de las mismas; reitera que dichas cláusulas deben incluirse también en todos los acuerdos comerciales y sectoriales, con un mecanismo de consulta claro y preciso tomando como modelo el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú; celebra, en este contexto, que se haya incluido una cláusula de ese tipo en los acuerdos de libre comercio de nueva generación;

13.

Subraya que debería aplicarse este mismo enfoque de inclusión sistemática a los capítulos sobre el desarrollo sostenible en los acuerdos bilaterales;

14.

Toma nota de que los futuros acuerdos comerciales se podrían celebrar en el contexto de la crisis financiera actual; Estima que esto no debe dar lugar a que se desatiendan las normas sociales y medioambientales, especialmente en lo que se refiere a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la gestión de los residuos peligrosos, para alcanzar otros objetivos;

15.

Pide a la Comisión, teniendo en cuenta los objetivos arriba mencionados, que incorpore de forma sistemática, en todos los acuerdos de libre comercio que negocie con terceros países, una serie de normas sociales y medioambientales que incluyan lo siguiente:

16.

Subraya que, por respeto de estas normas, se entenderá a la vez su ratificación, su incorporación al Derecho nacional y su aplicación efectiva en el conjunto del territorio nacional;

17.

Exige que todos los futuros acuerdos comerciales establezcan la prohibición de la explotación del trabajo infantil, en particular en relación con la extracción y la transformación de piedra natural, e incluyan un sistema uniforme europeo de certificación que garantice que la piedra natural y los productos de piedra natural importados han sido producidos de manera demostrable a lo largo de toda la cadena de creación del valor sin que mediara explotación del trabajo infantil en el sentido del Convenio 182 de la OIT;

18.

Subraya que, en el marco de los acuerdos de libre comercio, podría preverse la posibilidad de recurrir a liberalizaciones condicionales que incluyan el recorte del calendario de desmantelamiento o el acceso a un mercado adicional en caso de cumplimiento de las normas medioambientales y sociales;

19.

Destaca la importancia que reviste el seguimiento continuo de la aplicación del acuerdo, aplicando un enfoque abierto e inclusivo en todas las fases:

20.

Pide que los acuerdos comerciales de la UE establezcan de forma eficaz los máximos niveles de transparencia, unas normas estrictas en materia de contratación pública y la presentación de informes desglosados por países y por sectores tanto en lo que se refiere a los países desarrollados a los países en desarrollo, con vistas a luchar contra la fuga ilegal de capitales;

21.

Pide encarecidamente a la Unión que, en las negociaciones de los acuerdos comerciales, haga hincapié en el derecho de acceso a los recursos naturales y que defienda los derechos de los pueblos autóctonos e indígenas por lo que respecta al acceso a los recursos naturales esenciales; pide a la Comisión que en las negociaciones y los acuerdos comerciales internacionales integre la problemática de la adquisición y la propiedad de tierras en los terceros países, en particular en los menos avanzados y en los países en desarrollo;

22.

Reconoce que el capítulo sobre el desarrollo sostenible de los acuerdos bilaterales que se están negociando es vinculante pero que se podría reforzar si se prevén en el mismo los siguientes elementos:

23.

Subraya que es importante completar los acuerdos con medidas de acompañamiento, incluidas medidas de asistencia técnica y programas de cooperación, con el fin de mejorar la capacidad de ejecución, particularmente en el caso de los convenios fundamentales en los ámbitos de los derechos humanos y las normas sociales y medioambientales;

24.

Estima que los veintisiete convenios cuya ratificación y aplicación efectiva se solicita para poder optar al SPG+ constituyen una combinación única de convenios sobre los derechos humanos, el Derecho laboral, el medio ambiente y los criterios de buena gobernanza; subraya que, hasta el momento, el SPG+ ha tenido un impacto positivo y visible en lo que respecta a la ratificación de dichos convenios pero su impacto ha sido menor a la hora de ponerlos en práctica y desea, en consecuencia, que se haga más hincapié en las medidas de acompañamiento destinadas a mejorar la capacidad de ejecución; considera, asimismo, que, para garantizar la credibilidad del SGP+, la Comisión debe realizar encuestas en caso de que pruebas claras indiquen que ciertos países no aplican los 27 convenios, y, si procede, suprimir las preferencias;

25.

Considera que, en los acuerdos de la Unión Europea con terceros países, se podría establecer un vínculo más estrecho entre las cláusulas sobre los derechos humanos y el SPG+, en particular en lo que respecta al seguimiento;

26.

Pide a la Comisión que, en el marco de procedimiento de revisión del sistema de preferencias generalizadas, adopte las medidas necesarias para que redunde en beneficio, en particular, de los países más necesitados, así como que simplifique las normas de origen, de modo que los países beneficiarios de la iniciativa «Todo menos armas» y del régimen SGP+ puedan sacar los mayores beneficios de las preferencias que les son concedidas; solicita que se establezcan puntos de comparación, mecanismos y criterios transparentes para la concesión y la retirada de las preferencias en el marco de dicho régimen; solicita que el Parlamento Europeo participe plenamente en todo el proceso, en particular en lo que se refiere a la propuesta del Consejo sobre la lista de países beneficiarios, el inicio de las investigaciones o la suspensión temporal del SPG+;

27.

Insta con vehemencia a la Comisión a que presente en el plazo más breve posible una propuesta de reglamento que prohíba las importaciones a la Unión Europea de productos generados mediante formas modernas de esclavitud y trabajo forzoso, en particular el trabajo forzoso de grupos particularmente vulnerables, que constituyen una violación de los derechos humanos;

28.

Pide a la Comisión que, sobre la base del Acuerdo marco sobre las relaciones entre el Parlamento Europeo y la Comisión, informe al Parlamento detalladamente, en cualquier momento durante las negociaciones de los acuerdos comerciales internacionales, sobre todos los temas pertinentes;

29.

Pide a la Comisión que, sobre la base de la ampliación de las competencias del Parlamento como consecuencia del Tratado de Lisboa, garantice un flujo de información eficaz y que reconozca en todo momento a los representantes del Parlamento el estatuto de observador y que, por lo tanto, les permita acceder a todas las reuniones y documentos relevantes;

30.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

3.4.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 99/39

—

Visto el Informe Anual del Defensor del Pueblo Europeo relativo a 2009,

—

Vistos los artículos 24, párrafo tercero, y 228 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Vistos los artículos 41 y 43 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vista la Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 1994, sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones (1),

—

Visto el Acuerdo marco sobre cooperación entre el Parlamento Europeo y el Defensor del Pueblo, de 15 de marzo de 2006, que entró en vigor el 1 de abril de 2006,

—

Vista la Comunicación de la Comisión de 5 de octubre de 2005 sobre la habilitación para la adopción y transmisión de comunicaciones al Defensor del Pueblo y la autorización de la comparecencia de funcionarios ante el Defensor del Pueblo (SEC(2005)1227),

—

Vista la Decisión 2008/587/CE, Euratom del Parlamento Europeo, de 18 de junio de 2008, por la que se modifica la Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom, sobre el Estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones (2),

—

Vista la adaptación por el Defensor del Pueblo Europeo de sus normas de ejecución con arreglo a los cambios introducidos en el Estatuto, que surtió efecto el 1 de enero de 2009,

—

Vistas sus resoluciones anteriores sobre las actividades del Defensor del Pueblo,

—

Visto el artículo 205, apartado 2, frases segunda y tercera, de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A7-0275/2010),

A.

Considerando que el Informe anual relativo a las actividades del Defensor del Pueblo en 2009 fue oficialmente transmitido al Presidente del Parlamento Europeo el 19 de abril de 2010, y que el Defensor del Pueblo, Nikiforos Diamandouros, presentó el Informe a la Comisión de Peticiones en Bruselas el 4 de mayo de 2010,

B.

Considerando que el artículo 24 del TFUE dispone que «todo ciudadano de la Unión podrá dirigirse al Defensor del Pueblo instituido en virtud de lo dispuesto en el artículo 228»,

C.

Considerando que el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales dispone que «toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable»,

D.

Considerando que el artículo 43 de la Carta afirma que «todo ciudadano de la Unión o toda persona física o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro tiene derecho a someter al Defensor del Pueblo de la Unión los casos de mala administración en la acción de las instituciones u órganos comunitarios, con exclusión del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales»,

E.

Considerando que, a raíz de la entrada en vigor del TFUE, la Política Exterior y de Seguridad Común y la actividad del Consejo Europeo están comprendidas en el mandato del Defensor del Pueblo,

F.

Considerando también que, según el artículo 228 del TFUE, el Defensor del Pueblo «será elegido después de cada elección del Parlamento Europeo para toda la legislatura», y ya no «designado» por el Parlamento,

G.

Considerando que la labor del Defensor del Pueblo contribuye a la realización de una Unión «en la cual las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible», como se declara en el artículo 1, segundo párrafo, del Tratado de la Unión Europea,

H.

Considerando que, en 2009, el Defensor del Pueblo recibió 3 098 reclamaciones, frente a 3 406 en 2008, y que se consideraron incluidas en su ámbito de competencias 727 reclamaciones (23 %), frente a 802 en 2008,

I.

considerando que en 2009, el Defensor del Pueblo abrió 335 investigaciones como consecuencia de reclamaciones, y se efectuaron y concluyeron 318 investigaciones, 311 de las cuales a consecuencia de reclamaciones y 7 incoadas por iniciativa del Defensor del Pueblo,

J.

Considerando que en 179 de los expedientes concluidos en 2009 (el 56 %), la institución o el órgano concernido aceptó una solución amistosa, lo que subraya que las instituciones y órganos entienden que las reclamaciones al Defensor del Pueblo les brindan la oportunidad de corregir errores y de cooperar con el Defensor del Pueblo por el bien del ciudadano,

K.

Considerando que, en 2009, el Defensor del Pueblo estimó la existencia de una mala administración en un 12 % de los casos (37 investigaciones) dando lugar a comentarios críticos en 35 casos,

L.

Considerando que, en 2009, se emitieron 15 proyectos de recomendación,

M.

Considerando que las alegaciones más habituales en materia de mala administración se referían a la falta de transparencia, incluyendo denegación de información (en un 36 % de las investigaciones), injusticia o abuso a poder (14 %), retrasos evitables (13 %), defectos de procedimiento (13 %), negligencia (6 %), incumplimiento de las obligaciones de la Comisión de ejercer su función de guardiana de los Tratados (6 %), errores de derecho (6 %) y discriminación (5 %),

N.

Considerando que la duración media del tratamiento de las reclamaciones pasó de 13 meses en 2008 a 9 meses en 2009, lo que demuestra los esfuerzos realizados por el Defensor del Pueblo para reducir la duración media de sus investigaciones y el espíritu de cooperación de las instituciones implicadas,

O.

Considerando que ningún caso de mala administración ha dado lugar a un informe especial al Parlamento Europeo en 2009,

P.

Considerando que los comentarios críticos y recomendaciones del Defensor del Pueblo no son jurídicamente vinculantes, pero tienen por objeto fomentar el autocontrol de las instituciones y órganos de la Unión y permiten evitar que los errores y disfunciones se reproduzcan en el futuro,

Q.

Considerando que el papel del Defensor del Pueblo ha evolucionado desde la creación de esta función gracias a su independencia y al control democrático de sus actividades ejercido por el Parlamento y por la Comisión de Peticiones,

R.

Considerando que es fundamental que las instituciones y órganos comunitarios hagan pleno uso de los recursos necesarios para cumplir su obligación de garantizar que los ciudadanos reciben una respuesta rápida y sustantiva a sus preguntas, reclamaciones y peticiones,

S.

Considerando que el Parlamento, mediante su Resolución de 6 de septiembre de 2001, adoptó el Código de buena conducta administrativa redactado por el Defensor del Pueblo (3),

T.

Considerando que la Red Europea de Defensores del Pueblo permite remitir a los demandantes hacia los Defensores u órganos similares encargados de prestar la ayuda más conveniente a su nivel, así como intercambiar información y buenas prácticas,

U.

Considerando que las actividades del Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones son complementarias, y favorecen una mayor eficacia de sus trabajos respectivos,

1.

Aprueba el informe anual correspondiente a 2009 presentado por el Defensor del Pueblo Europeo;

2.

Señala que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa consolida la legitimidad democrática del Defensor del Pueblo gracias a su elección por el Parlamento, y amplía su mandato a la Política Exterior y de Seguridad Común así como a las actividades del Consejo Europeo;

3.

Se alegra de que, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, la Carta de los Derechos Fundamentales, que es ya jurídicamente vinculante, incluye el derecho a una buena administración entre los derechos fundamentales derivados de la ciudadanía de la Unión; invita pues el Defensor del Pueblo a velar, en su tratamiento diario de las denuncias, por el respeto de la Carta de los Derechos Fundamentales;

4.

Considera que la transparencia, el acceso a la información y el respeto al derecho a la buena administración son requisitos previos indispensables para mantener la confianza de los ciudadanos en la capacidad de las instituciones para hacer valer sus derechos;

5.

Considera por tanto que el concepto de «mala administración» debe seguir interpretándose de manera amplia, de modo que no sólo incluya la infracción de normas jurídicas o de principios generales del Derecho administrativo europeo, como la objetividad, la proporcionalidad y la igualdad, la no discriminación y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, sino también casos en los que una institución no actúa coherentemente y de buena fe o no tiene en cuenta las expectativas legítimas de los ciudadanos, incluso cuando la propia institución se ha comprometido a respetar determinadas normas aun sin estar obligada a ello en virtud de los Tratados o del Derecho derivado;

6.

Felicita al Defensor del Pueblo por la presentación clara y comprehensiva de sus actividades; sugiere sin embargo que, en futuros informes, el resumen de las actividades y el análisis temático hagan aún más hincapié en los problemas estructurales y las tendencias transversales;

7.

Considera que el Defensor del Pueblo ha ejercido sus competencias durante el periodo cubierto por el informe de una manera activa y equilibrada, tanto en el examen y gestión de las reclamaciones, el desarrollo y conclusión de las investigaciones, como en el mantenimiento de relaciones constructivas con las instituciones y los órganos de la Unión Europea y en la sensibilización de los ciudadanos con respecto a sus derechos ante dichas instituciones y órganos;

8.

Se congratula por las excelentes relaciones entre el Defensor del Pueblo y la Comisión de Peticiones en el marco institucional, en lo que atañe al recíproco respeto de sus respectivas competencias; alienta la práctica ya instaurada por el Defensor del Pueblo de que esté presente un representante suyo en todas las reuniones de la Comisión de Peticiones;

9.

Aprecia la contribución esencial de la Red Europea de Defensores del Pueblo representada en 32 países por 94 oficinas, de la que es miembro la Comisión de Peticiones, para el cumplimiento del principio de subsidiariedad; celebra la colaboración del Defensor del Pueblo Europeo con los Defensores del Pueblo y órganos análogos nacionales, regionales y locales de los Estados miembros;

10.

Toma nota de que en 2009 el Defensor del Pueblo recibió 3 098 reclamaciones y se concluyeron 318 investigaciones durante este período;

11.

Se congratula del gran número de procedimientos concluidos por un acuerdo amistoso o por la institución interesada (56 %), lo que da testimonio de la cooperación constructiva entre el Defensor del Pueblo y las instituciones y órganos de la Unión; alienta al Defensor del Pueblo, a las instituciones y a los órganos de la Unión a proseguir sus esfuerzos en esta vía;

12.

Se congratula también por los esfuerzos realizados por el Defensor del Pueblo para reducir la duración media de sus investigaciones a nueve meses; pide que se dote a todas las instituciones y órganos de la Unión con los recursos presupuestarios y humanos necesarios para garantizar que se dé una tramitación rápida a las reclamaciones y peticiones;

13.

Toma nota de que más de un tercio de las investigaciones abiertas por el Defensor del Pueblo en 2009 se refieren a la falta de transparencia; pide por tanto que la revisión en curso del Reglamento (CE) no 1049/2001 no limite el derecho existente al acceso a la información y a los documentos, sino adopte un enfoque más proactivo;

14.

Se congratula por los progresos realizados en 2009 en cuanto a la simplificación del acceso del Defensor del Pueblo a los documentos confidenciales del Consejo;

15.

Toma nota de la estrategia de comunicación y de desarrollo del sitio Internet que ha contribuido a reducir, según el Defensor del Pueblo, el número de reclamaciones no admitidas a trámite, y anima al Defensor del Pueblo a proseguir sus esfuerzos para informar a los ciudadanos europeos de sus funciones y de los límites de sus competencias, así como de sus derechos;

16.

Suscribe la opinión del Defensor del Pueblo según la cual, más allá del respeto a las normas de obligado cumplimiento para la administración, es esencial para la buena administración desarrollar una verdadera cultura de servicio a los ciudadanos; invita pues el Defensor del Pueblo a tomar aún más iniciativas para promover ante las instituciones y ciudadanos europeos esta cultura de servicio;

17.

Deplora el número de reclamaciones relativas a retrasos evitables en el registro de solicitudes, en el trámite de expedientes y en la toma de decisiones; propone prever, en el marco de la revisión del Reglamento financiero, compensaciones económicas en caso de retrasos manifiestos y prolongados;

18.

Toma nota de que el Defensor del Pueblo ha llevado a cabo una investigación por propia iniciativa en relación con las normas aplicadas por la Comisión a las solicitudes de los ciudadanos de acceder a documentos vinculados a procedimientos de infracción; alienta el refuerzo de la cooperación con la Comisión de Peticiones y sugiere al Defensor del Pueblo que la tenga regularmente informada de las investigaciones de propia iniciativa que realice y de los resultados obtenidos; invita a la Comisión a adoptar una actitud más abierta y proactiva por lo que se refiere a las informaciones sobre los procedimientos de infracción;

19.

Considera que el Código de buena conducta administrativa propuesto por el Defensor del Pueblo y aprobado por el Parlamento en su Resolución de 6 de septiembre de 2001 sirve de guía y referencia al personal de todos los órganos e instituciones comunitarias; se felicita de que el Código de buena conducta haya sido aprobado por el Comité Económico y Social Europeo; se congratula asimismo de que se haya concluido un protocolo de acuerdo con el Banco Europeo de Inversiones sobre el tratamiento de las reclamaciones; invita el Defensor del Pueblo a estudiar una revisión del Código de buena conducta con fundamento en la experiencia de los 10 últimos años y, sobre esta base, a velar por la promoción y el intercambio de buenas prácticas;

20.

Lamenta que las denuncias relativas a la incorrecta aplicación por un Estado miembro del Derecho comunitario recibidas por los Defensores del Pueblo nacionales no se recojan en un registro a disposición del Defensor del Pueblo Europeo; sugiere al Defensor del Pueblo Europeo que estudie la conveniencia de compartir esos datos de forma que permita una mejor comprensión de los problemas;

21.

Invita al Defensor del Pueblo a animar a los Defensores del Pueblo nacionales a efectuar intercambios regulares con sus Parlamentos nacionales, siguiendo el modelo de los intercambios establecidos entre el Defensor del Pueblo Europeo y el Parlamento;

22.

Insta a la Comisión Europea a elaborar una ley administrativa europea común a todos los órganos, instituciones y agencias de la Unión;

23.

Señala al Defensor del Pueblo el nuevo proceso de selección de personal por la EPSO y sugiere un seguimiento de su aplicación acompañado de un análisis de la evolución constatada;

24.

Expresa su apoyo a la idea de un portal Intranet común a todos los miembros de la Red Europea de Defensores del Pueblo con el fin de garantizar una difusión regular de los resultados;

25.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y el informe de la Comisión de Peticiones al Consejo, a la Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo, a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros, así como a sus defensores del pueblo u otros órganos competentes análogos.

3.4.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 99/43

—

Visto el Informe especial del Defensor del Pueblo Europeo al Parlamento Europeo, presentado el 24 de febrero de 2010,

—

Visto el artículo 228, apartado 1, párrafo 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (antiguo artículo 195 del TCE),

—

Vistos los artículos 41, apartado 1, 42 y 43 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vista la Decisión 94/262/CECA, CE, Euratom, del Parlamento Europeo, de 9 de marzo de 1994, sobre el estatuto del Defensor del Pueblo y sobre las condiciones generales del ejercicio de sus funciones (1), modificada en último lugar por la Decisión 2008/587/CE, Euratom, del Parlamento Europeo, de 18 de junio de 2008 (2),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Defensor del Pueblo Europeo sobre las relaciones con el denunciante en materia de infracciones del Derecho comunitario (3),

—

Visto el artículo 205, apartado 2, frase primera, de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A7-0293/2010),

A.

Considerando que el artículo 228 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea faculta al Defensor del Pueblo Europeo a recibir reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión relativas a casos de mala administración en las actividades de las instituciones u órganos de la Unión,

B.

Considerando que las reclamaciones presentadas por los ciudadanos de la UE constituyen una importante fuente de información sobre posibles violaciones del Derecho de la UE,

C.

Considerando que el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales dispone que «toda persona tiene derecho a que las instituciones y órganos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y dentro de un plazo razonable»,

D.

Considerando que, el 1 de marzo de 2007, una organización no gubernamental que actúa en el ámbito de la protección del medio ambiente pidió a la Comisión tener acceso a información y documentos en poder de la Dirección General de Empresa e Industria y del antiguo Vicepresidente de la Comisión responsable de Empresa e Industria, relativos a reuniones mantenidas entre la Comisión y los representantes de los fabricantes de automóviles en las que se debatió el enfoque de la Comisión respecto de las emisiones de dióxido de carbono de los automóviles,

E.

Considerando que la Comisión concedió el acceso a 15 de las 18 cartas enviadas al entonces Comisario Günter Verheugen, pero negó el acceso a tres cartas enviadas por el fabricante alemán de automóviles Porsche alegando que su divulgación socavaría la protección de los intereses comerciales de la empresa,

F.

Considerando que el artículo 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1049/2001 relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (4) establece que el objetivo de este Reglamento consiste en garantizar el acceso más amplio posible a los documentos del Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión, y considerando que, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cualquier excepción a este principio debe interpretarse en sentido estricto,

G.

Considerando que la Comisión denegó al reclamante el acceso a esas cartas de Porsche AG basándose en el artículo 4, apartado 2, primer inciso, del Reglamento (CE) no 1049/2001, que establece que «Las instituciones denegarán el acceso a un documento cuya divulgación suponga un perjuicio para la protección de: los intereses comerciales de una persona física o jurídica, incluida la propiedad intelectual […]»,

H.

Considerando que las cartas en cuestión fueron enviadas por Porsche AG en el contexto de la consulta de la Comisión a las principales partes interesadas sobre la revisión de la estrategia comunitaria para reducir las emisiones de dióxido de carbono de los coches, y considerando, por tanto, probable que las tres cartas contuvieran información sobre los intereses empresariales de Porsche AG, por lo que la Comisión hubiese podido pensar que dichas cartas caen en el ámbito de aplicación de la excepción prevista por el artículo 4, apartado 2, primer inciso, del Reglamento (CE) no 1049/2001,

I.

Considerando que los servicios del Defensor del Pueblo Europeo llevaron a cabo una inspección de las tres cartas de Porsche AG, así como del intercambio de correos electrónicos entre la Comisión y Porsche, en que la Comisión informaba a Porsche de que no tenía el propósito de divulgar las tres cartas, y considerando que el Defensor del Pueblo Europeo, sobre la base de la citada inspección, concluyó que la Comisión había denegado indebidamente el pleno acceso a las cartas de Porsche AG basándose en el artículo 4, apartado 2, primer inciso, y el acceso parcial con arreglo al artículo 4, apartado 6, del Reglamento (CE) no 1049/2001 (5), y que se trataba de un caso de mala administración,

J.

Considerando que, el 27 de octubre de 2008, el Defensor del Pueblo Europeo elaboró un proyecto de recomendación a la Comisión donde exponía los detalles de su análisis fáctico y jurídico, y en el que declaraba que la Comisión debería autorizar el acceso a las tres cartas enviadas por Porsche AG al antiguo Vicepresidente, Günter Verheugen, en su totalidad o considerar su divulgación parcial,

K.

Considerando que el Defensor del Pueblo Europeo, sobre la base del artículo 195 del Tratado CE (actualmente artículo 228 del TFUE), solicitó a la Comisión que presentara su posición al respecto en un plazo de tres meses, es decir, antes del 31 de enero de 2009,

L.

Considerando que la Comisión no presentó su opinión en el plazo de tres meses previsto por el artículo 228 del TFUE, sino que pidió seis prórrogas de dicho plazo para dar su opinión detallada sobre el proyecto de recomendación del Defensor del Pueblo Europeo, y considerando que, en julio y de nuevo en septiembre de 2009, el Defensor del Pueblo Europeo informó a la Secretaría de la Comisión de su intención de presentar un informe especial al Parlamento en caso de no recibir respuesta a su proyecto de recomendación,

M.

Considerando que la nueva Comisión, tras tomar posesión de su mandato, concedió efectivamente acceso a las cartas, pero considerando que esto ocurrió en un plazo de más de 15 meses tras haberse emitido el proyecto de recomendación, en lugar del plazo de tres meses previsto en el Estatuto del Defensor del Pueblo y en el artículo 228 del TFUE,

N.

Considerando que la Comisión, al retrasar su respuesta al proyecto de recomendación durante 15 meses, incumplió su obligación de cooperar lealmente con el Defensor del Pueblo Europeo durante su investigación sobre el asunto 676/2008/RT, y considerando que ello va en detrimento no sólo del diálogo interinstitucional sino también de la imagen pública de la UE,

O.

Considerando que el Defensor del Pueblo Europeo ha detectado el retraso de la Comisión en otro caso relativo al acceso a documentos (355/2007 (TN) FOR), en el que la Comisión debería haber presentado su opinión detallada sobre un proyecto de recomendación del Defensor del Pueblo Europeo antes del 31 de octubre de 2009, pero todavía no lo ha hecho,

P.

Considerando que la Comisión respetó los plazos establecidos para dar su opinión a las reclamaciones tramitadas por el Defensor del Pueblo Europeo en 2009 en sólo cuatro de los 22 casos relativos al acceso a los documentos; considerando que, en 14 de estos 22 casos, remitió su respuesta con más de 30 días de retraso y, en 6 casos, la remitió con al menos 80 días de retraso,

Q.

Considerando que es responsabilidad del Parlamento, como única institución elegida de la Unión, salvaguardar y proteger la independencia del Defensor del Pueblo Europeo en el ejercicio de sus funciones para con los ciudadanos europeos y observar la aplicación de sus recomendaciones,

1.

Hace suyas las observaciones críticas del Defensor del Pueblo Europeo y su recomendación a la Comisión en relación a la reclamación 676/2008/RT;

2.

Reconoce que los retrasos excesivos en responder al Defensor del Pueblo Europeo en esta reclamación constituyen una violación del deber de la Comisión de cooperar lealmente tal como se prevé en el Tratado;

3.

Manifiesta su preocupación por los retrasos generales y la obstrucción que practica la Comisión en relación con las investigaciones del Defensor del Pueblo Europeo en los casos de acceso a los documentos;

4.

Indica que, en el contexto de las consultas previstas en el artículo 4, apartado 4, del Reglamento (CE) no 1049/2001 (6), la Comisión debe establecer un plazo para que el tercer autor de un documento pueda responder, y subraya que la Comisión debe ejercer esa facultad de manera que le permita cumplir sus propios plazos;

5.

Recuerda la jurisprudencia pertinente relativa al principio de cooperación leal (artículo 4, apartado 3, del TUE), según el cual las instituciones de la Unión tienen el deber de cooperar lealmente en sus relaciones mutuas, y señala que esta obligación se establece claramente en el nuevo artículo 13, apartado 2, del TUE;

6.

Considera que la actitud poco cooperativa de la Comisión, en este y otros casos, puede erosionar la confianza de los ciudadanos en la Comisión y socavar la capacidad del Defensor del Pueblo Europeo y del Parlamento Europeo de supervisar a la Comisión de manera adecuada y eficaz y que, en sí, vulnera el principio mismo del Estado de Derecho en que se basa la Unión Europea;

7.

Pide a la Comisión que se comprometa con el Parlamento Europeo a respetar en el futuro su deber de cooperación leal con el Defensor del Pueblo Europeo;

8.

Considera que, en caso de que la Comisión no exprese dicho compromiso y/o persista en su actitud no cooperativa frente al Defensor del Pueblo, el Parlamento podría sancionar a la Comisión, y que las sanciones pueden incluir, entre otras cosas, la puesta en la reserva de una parte del presupuesto para gastos administrativos de la Comisión;

9.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Defensor del Pueblo.

3.4.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 99/46

—

Visto el informe de la Comisión titulado «Informe de evaluación de Pilot UE» (COM(2010)0070),

—

Visto el vigesimoquinto informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2007) (COM(2008)0777),

—

Vistos los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión (SEC(2009)1683, SEC(2009)1684, SEC(2009)1685 y SEC(2010)0182),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de septiembre de 2007, titulada «Una Europa de resultados – la aplicación del Derecho comunitario» (COM(2007)0502),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de marzo de 2002, relativa a las relaciones con el denunciante en materia de infracciones del Derecho comunitario (COM(2002)0141),

—

Vista su Resolución, de 21 de febrero de 2008, sobre el vigesimotercer informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2005) (1),

—

Vista su Resolución, de 9 de julio de 2008, sobre el papel del juez nacional en el sistema judicial europeo (2),

—

Visto el artículo 119, apartado 1, de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de la Comisión de Peticiones (A7-0291/2010),

1.

Lamenta que la Comisión no haya dado respuesta a las cuestiones planteadas por el Parlamento en sus resoluciones anteriores, en particular en la Resolución de 21 de febrero de 2008 mencionada anteriormente; toma nota de la ausencia de mejoras en relación con la transparencia, en particular en relación con «Pilot UE» y la cuestión de los recursos humanos;

2.

Toma nota de que mediante «Pilot UE», la Comisión tiene como objetivo reforzar «el compromiso, la cooperación y la colaboración (…) entre la Comisión y los Estados miembros» (3) y que está examinando, en estrecha cooperación con las administraciones nacionales, el modo de abordar la cuestión relativa a la aplicación del Derecho de la UE; considera que esta iniciativa responde a la nueva necesidad de cooperación entre todas las Instituciones de la Unión Europea en favor de una Unión que, tras la adopción del Tratado de Lisboa, funciona correctamente y trabaja por sus ciudadanos; subraya la obligación impuesta a la Comisión en virtud del artículo 17 del TUE según la cual «velará por que se apliquen los Tratados y las medidas adoptadas por las instituciones en virtud de éstos»;

3.

Toma nota de que, por una parte, se presenta a los ciudadanos de modo que desempeñan un papel fundamental en la garantía del respeto del Derecho de la UE en el terreno (4) pero, por otra parte, están incluso excluidos en mayor medida, en el contexto de «Pilot UE», de todos los procesos subsiguientes; considera que lo señalado anteriormente no se ajusta a las declaraciones solemnes recogidas en los Tratados en el sentido de que «las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible» (artículo 1 del TEU), de que «las instituciones (…) de la Unión actuarán con el mayor respeto posible al principio de apertura» (artículo 15 del TFUE), y de que «la Unión respetará en todas sus actividades el principio de la igualdad de sus ciudadanos, que se beneficiarán por igual de la atención de sus instituciones» (artículo 9 del TUE);

4.

Indica que, para hacer operativo «Pilot UE», la Comisión ha creado una «base de datos confidencial en línea» (5) para la comunicación entre la Comisión y las autoridades de los Estados miembros; pide a la Comisión que permita al Parlamento un acceso significativo a esta base de datos para que pueda ejercer su función de controlar a la Comisión en su misión de guardiana de los Tratados;

5.

Destaca que esta participación activa de los ciudadanos de la Unión Europea se recoge explícitamente en el Tratado de la Unión Europea, en particular en relación con la Iniciativa Ciudadana Europea; considera que la posibilidad de que los ciudadanos establezcan la agenda legislativa también guarda relación directa con su función real y esencial de velar por la correcta aplicación y observancia del Derecho de la Unión Europea y por la transparencia y rigor en los correspondientes procedimientos;

6.

Observa que, en el resumen de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario, se hace más hincapié en la transposición de la legislación que en la aplicación en sí; pide a la Comisión que reconozca como es debido el papel que desempeñan las peticiones en el control de la aplicación efectiva del Derecho comunitario; en efecto, las peticiones suelen muy a menudo ser los primeros indicadores de que, más allá de la transposición, los Estados miembros se han quedado a la zaga en lo que respecta a la aplicación de las medidas jurídicas;

7.

Considera que, en su forma actual, los informes anuales de la Comisión «sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario» no facilitan a los ciudadanos ni a las demás instituciones información suficiente sobre la verdadera situación en la que se encuentra la aplicación del Derecho de la UE, ya que la Comisión únicamente hace referencia a los procedimientos formales que se incoan contra los Estados miembros que no han incorporado ciertas disposiciones del Derecho de la UE a sus ordenamientos jurídicos nacionales; considera, no obstante, que redundaría en gran medida en interés de los ciudadanos y del Parlamento si fuesen informados cuando la Comisión incoase procedimientos como consecuencia de una incorporación incorrecta o errónea del Derecho de la UE, y que también se facilitasen detalles de dichas infracciones;

8.

Desea asegurarse de que la Comisión sigue elaborando datos pormenorizados sobre todos los tipos de infracción y de que la totalidad de estos datos está a la libre disposición del Parlamento, para que éste cumpla su función de controlar a la Comisión en su misión de guardiana de los Tratados; indica que el análisis y la categorización de estos datos debe ser coherente con los informes anuales anteriores para ayudar al Parlamento a evaluar de modo útil los progresos de la Comisión, con independencia de que la infracción se haya tramitado a través de «Pilot UE» o con arreglo al procedimiento de infracción original;

9.

Constata que los retrasos en aplicar y transponer correctamente el Derecho de la Unión Europea afectan directamente a la vida cotidiana de ciudadanos y empresas y al disfrute de sus derechos, causando inseguridad jurídica e impidiéndoles aprovechar plenamente las ventajas del mercado interior; llama la atención sobre el elevado coste del incumplimiento o la inaplicación del Derecho de la UE y la consiguiente falta de confianza en las Instituciones europeas;

10.

Deplora que algunos Estados miembros no concedan la debida importancia a que la legislación de la UE se aplique de forma correcta y dentro de los plazos establecidos; encarece a los Estados miembros que atiendan la transposición y aplicación de la legislación con la suficiente diligencia y eviten demoras;

11.

Pide a la Comisión que proponga un «código de procedimiento» en forma de reglamento, sobre la base del nuevo fundamento jurídico que representa el artículo 298 del TFUE, que defina los distintos aspectos del procedimiento de infracción, incluidas notificaciones, plazos, el derecho a ser escuchado, la obligación de presentar las razones, etc., para reforzar los derechos de los ciudadanos y la transparencia; recuerda a la Comisión que su Comunicación de 2002 representa un importante punto de referencia para la elaboración de dicho «código de procedimiento»;

12.

Recuerda que la Comisión de Asuntos Jurídicos inició recientemente un grupo de trabajo sobre el Derecho administrativo de la UE con el fin de examinar la viabilidad de su codificación y las repercusiones prácticas de un proyecto de esta naturaleza; considera que las conclusiones de este grupo de trabajo deben tenerse en cuenta cuando se debata sobre un código administrativo europeo;

13.

Recuerda que la Comisión de Asuntos Jurídicos adoptó recientemente, por unanimidad, un escrito en apoyo de la posición de un peticionario que defiende la aplicación de un procedimiento administrativo ordinario para controlar y aplicar el Derecho de la UE que, a la vez que respete la discrecionalidad de la Comisión para decidir el momento y contra quién incoa un procedimiento, restringiría dicha discrecionalidad para inscribirla en los límites de las buenas prácticas administrativas (6);

14.

Recuerda que la Comisión, como guardiana de los Tratados, tiene la misión fundamental de garantizar la pronta y correcta aplicación del Derecho de la Unión Europea por parte de los Estados miembros; alienta a la Comisión a que haga uso de todas las competencias que le atribuyen los Tratados, especialmente las nuevas disposiciones del artículo 260 TFUE para los casos en que los Estados miembros no comuniquen las medidas de transposición de las directivas;

15.

Recuerda la Resolución del Parlamento, de 9 de febrero de 2010, sobre un Acuerdo marco revisado entre el Parlamento Europeo y la Comisión en el que pide a la Comisión (7) que la Comisión ponga «a disposición del Parlamento información sumaria sobre todos los procedimientos de infracción desde el escrito de requerimiento, incluyendo, si así lo solicita el Parlamento (…) las cuestiones planteadas por el procedimiento de infracción» (8);

16.

Considera que los ciudadanos de la UE deberían poder esperar de la Comisión el mismo grado de transparencia tanto si presentan una denuncia formal como si ejercen su derecho de petición en virtud del Tratado; pide, por tanto, que se facilite a su Comisión de Peticiones una información clara sobre las fases en que se encuentran los procedimientos de infracción en los que hay peticiones cuyo examen sigue abierto; pide además a la Comisión que aclare a la Comisión de Peticiones y al público en general cuáles son las vías que se deben seguir para solicitar información o presentar una queja;

17.

Respalda las medidas previstas por la Comisión para 2009 y en el futuro dirigidas a garantizar el cumplimiento por parte de los Estados miembros de la legislación europea, y pide que se le deje participar en aquellos casos de procedimientos de infracción donde haya peticiones pendientes de examen, como el asunto de la región de Campania relativo a la legislación en materia de residuos y el asunto de España relativo a la legislación sobre gestión del agua;

18.

Pide a la Comisión que le facilite las informaciones pertinentes para permitir la realización de un análisis del valor añadido que aporta «Pilot UE» al método existente de gestión de los expedientes de infracción y que podría justificar la prórroga del proyecto; considera que estos datos deberían, por ejemplo, permitir al Parlamento controlar si las diez semanas concedidas a un Estado miembro para encontrar una solución a un caso concreto no retrasan en mayor medida el inicio de un procedimiento de infracción, cuya duración ya es extremadamente larga e imprecisa;

19.

Observa con especial interés el compromiso de la Comisión de evaluar sistemáticamente las respuestas de los Estados miembros a las denuncias; pide a la Comisión que preste la mayor atención a esta evaluación y que el análisis de los expedientes se realice en un plazo breve; solicita precisiones sobre el papel del denunciante en el proceso de evaluación;

20.

Pide a la Comisión que asigne recursos suficientes para poder controlar plenamente la aplicación del Derecho de la UE, incoar procedimientos por propia iniciativa y establecer prioridades para establecer acciones más decididas y sistemáticas; pide a la Comisión que facilite al Parlamento, como se ha reclamado en otras ocasiones, datos claros y exhaustivos sobre los recursos destinados a la tramitación de los casos de incumplimiento en las distintas Direcciones Generales y sobre los asignados al proyecto «Pilot UE»; recuerda a la Comisión que el Parlamento se comprometió a apoyar a la Comisión mediante el aumento de los créditos presupuestarios con el fin de incrementar los recursos;

21.

Pide a la Comisión que examine mecanismos innovadores, tales como el procedimiento de evaluación mutua previsto por la Directiva sobre Servicios, con miras a garantizar una aplicación más eficiente de la legislación de la UE;

22.

Acoge con satisfacción la creación de una ventanilla única en «Tu Europa» (9) para los ciudadanos que deseen obtener información o presentar una queja o un recurso; opina que, con la adición de la ampliamente divulgada iniciativa ciudadana (artículo 11, apartado 4, del Tratado UE) a la lista de instrumentos previstos para la participación de los ciudadanos, ha aumentado de forma exponencial la necesidad de brindar información y consejo; el Parlamento desearía participar en el desarrollo de esa página web para garantizar la coherencia de ésta con sus propias medidas destinadas a ofrecer un mejor asesoramiento a los ciudadanos;

23.

Recuerda el compromiso del Consejo de animar a los Estados miembros a que elaboren y publiquen cuadros que muestren la correlación entre las directivas y las medidas de transposición nacionales; insiste en que tales cuadros son esenciales para que la Comisión pueda controlar de forma eficaz las medidas de aplicación en todos los Estados miembros;

24.

Pide que se refuerce el papel del Parlamento en la aplicación, ejecución y supervisión de la legislación relativa al mercado único; respalda la idea de un Foro Anual del Mercado Único;

25.

Subraya la importancia del Cuadro de Indicadores del Mercado Interior y del Marcador de los Mercados de Consumo para un uso más efectivo de los instrumentos de supervisión y evaluación comparativa que constituyen un importante mecanismo disciplinario indirecto; pide a la Comisión y a los Estados miembros que movilicen los recursos presupuestarios y humanos suficientes para garantizar que el Cuadro de Indicadores del Mercado Interior pueda seguir evolucionando;

26.

Observa que los órganos jurisdiccionales nacionales desempeñan un papel primordial en la aplicación del Derecho de la Unión Europea y apoya completamente los esfuerzos de la UE encaminados a reforzar y coordinar la formación judicial de los jueces nacionales, los profesionales de la Justicia y los funcionarios y los agentes de las administraciones nacionales;

27.

Considera que, si la Comisión abre un procedimiento de infracción contra un Estado miembro, también debe emitir una comunicación declarando que los ciudadanos afectados del Estado miembro de que se trate pueden impugnar ante los órganos jurisdiccionales nacionales el acto que infringe la legislación de la UE;

28.

Recuerda su Resolución de 17 de junio de 2010 sobre formación judicial en materia civil y mercantil; considera que es fundamental que la formación judicial sea reforzada en el contexto del Plan de acción por el que se aplica el Programa de Estocolmo;

29.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como al Tribunal de Justicia, al Defensor del Pueblo Europeo y a los Parlamentos de los Estados miembros.

3.4.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 99/50

—

Vistos el artículo 14 y el artículo 106, apartado 2, del Tratado de la Unión Europea,

—

Visto el Protocolo no 29, anejo al Tratado de la UE, sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros,

—

Visto el artículo 11, apartado 2, de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

—

Vista la Directiva 2010/13/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la prestación de servicios de comunicación audiovisual (Directiva de servicios de comunicación audiovisual) (1),

—

Vista su Resolución, de 19 de septiembre de 1996, sobre la función de la televisión pública en una sociedad multimedia (2),

—

Vista su Resolución, de 25 de septiembre de 2008, sobre la concentración y el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión Europea (3),

—

Vista su Resolución, de 16 de diciembre de 2008, sobre alfabetización mediática en un mundo digital (4),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de julio de 2009, sobre la aplicación de las normas sobre ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión (5),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre el pluralismo de los medios de comunicación en los Estados miembros de la Unión Europea (SEC(2007)0032),

—

Vista la Recomendación Rec(96)10, de 11 de septiembre de 1996, del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros sobre la garantía de la independencia de los servicios públicos de radiodifusión,

—

Vista la Resolución del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 25 de enero de 1999, sobre el servicio público de radiodifusión (6),

—

Vista la Recomendación Rec(2007)2 del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 31 de enero de 2007, sobre el pluralismo en los medios de comunicación y la diversidad de contenidos,

—

Vista la Recomendación Rec(2007)3 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, de 31 de enero de 2007, sobre la misión de los medios de comunicación de servicio público en la sociedad de la información,

—

Vista la Recomendación No 1878 (2009), de 25 de junio de 2009, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre la financiación de los servicios públicos de radiodifusión,

—

Vista la Declaración, de 27 de septiembre de 2006, del Comité de Ministros del Consejo de Europa sobre la garantía de la independencia de los servicios públicos de radiodifusión en los Estados miembros,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Cultura y Educación (A7-0286/2010),

A.

Considerando que, en una sociedad democrática europea, la participación de los ciudadanos en el debate público y el acceso a la información en el mundo digital dependen de un sector audiovisual y de prensa vigoroso y competitivo,

B.

Considerando que los medios de radiodifusión siguen siendo una de las fuentes de información más importantes que están a disposición de los ciudadanos de la UE y, como tales, constituyen un factor importante de configuración de los valores y opiniones de las personas,

C.

Considerando que tanto el servicio público de radiodifusión como el del sector privado tienen un papel crucial que desempeñar en relación con la producción audiovisual europea, la diversidad e identidad culturales, el pluralismo, la cohesión social, la promoción de las libertades fundamentales y el funcionamiento de la democracia,

D.

Considerando que el servicio público de radiodifusión lleva a cabo una función pionera al estimular y utilizar la evolución tecnológica con el fin de ofrecer al público sus contenidos mediante medios y técnicas de distribución innovadores,

E.

Considerando que el paisaje audiovisual de la UE es único, y se caracteriza por el llamado «sistema dual», basado en un verdadero equilibrio entre el servicio público de radiodifusión y los organismos de radiodifusión privados,

F.

Considerando que un sistema dual eficaz, con un equilibrio genuino entre los organismos de radiodifusión de servicio público y de carácter privado, redunda en interés general,

G.

Considerando que la coexistencia de organismos de radiodifusión de servicio público y de carácter privado ha asegurado una amplia gama de programas de libre acceso, que beneficia a todos los ciudadanos de la UE y contribuye al pluralismo de los medios, a la diversidad cultural y lingüística, a la concurrencia informativa (en términos de calidad y diversidad de contenidos) y a la libertad de expresión,

H.

Considerando que la Unión Europea concede especial importancia al papel del sistema dual en la producción y difusión de contenidos europeos,

I.

F. Considerando que los cambios registrados en el panorama audiovisual durante los últimos años, con el desarrollo de las tecnologías digitales, de plataformas propietarias de pago y de nuevos participantes en línea, han tenido efectos en el sistema dual de la radiodifusión tradicional, así como en la competencia informativa (en términos de calidad y diversidad de contenidos), obligando a los organismos de radiodifusión de servicio público y de carácter privado a diversificar sus operaciones y prever nuevas plataformas de distribución,

J.

Considerando que la difusión de las nuevas tecnologías ha modificado el modo de acceso de los ciudadanos europeos a los medios de comunicación y a la información,

K.

Considerando que los límites tradicionales en el sector de los medios de comunicación ya no pueden mantenerse en un entorno en línea, dado que los medios tradicionales no pueden sobrevivir sin extenderse a nuevas plataformas (por ejemplo, los servicios de SMS, las páginas de Internet y las aplicaciones para teléfonos inteligentes), con arreglo a los objetivos de la Agenda Digital de la Unión Europea,

L.

Considerando que los diarios y las revistas son y deben seguir siendo elementos esenciales de un sector informativo europeo diverso y plural,

M.

Considerando que los proveedores de servicios de telecomunicaciones y de Internet, así como los motores de búsqueda, están desempeñando un papel cada vez mayor en el nuevo entorno mediático,

N.

Considerando que en la era digital —caracterizada por un aumento de la oferta para el consumidor, pero también por el riesgo de fragmentación de la audiencia, una concentración cada vez mayor de los medios de comunicación, el aumento del número de empresas de comunicación integradas verticalmente y por la evolución hacia servicios de pago y codificados— el servicio público de radiodifusión ayuda y debe ayudar a mantener un espacio público, proporcionando una programación de alta calidad y con valores sociales así como una información objetiva,

O.

Considerando que, en determinados Estados miembros, el servicio público de radiodifusión aún no está lo suficientemente arraigado socialmente y no dispone todavía de los recursos adecuados,

P.

Considerando que el servicio público de radiodifusión de algunos Estados miembros se enfrenta a problemas importantes que ponen en peligro su independencia política, su viabilidad e incluso su fundamento financiero, lo que supone una amenaza directa para la propia existencia del sistema dual,

Q.

Considerando que la televisión privada ha tenido que afrontar dificultades económicas en fecha reciente, debido a la reducción de la publicidad,

R.

Considerando que es competencia exclusiva de los Estados miembros definir los cometidos de servicio público y asegurar la financiación de sus organismos de radiodifusión de servicio público, de conformidad con los principios del Protocolo de Amsterdam,

S.

Considerando que los medios de comunicación de servicio público requieren una financiación pública suficiente, la participación en las nuevas tecnologías y plataformas pertinentes y un marco normativo estable y previsible, para poder cumplir sus cometidos a la hora de ofrecer contenidos culturales o informativos de alta calidad, mejorando con ello claramente la alfabetización mediática en beneficio del público,

T.

Considerando que es posible mejorar la radiodifusión de servicio público mediante intercambios de experiencias y de mejores prácticas entre los Estados miembros,

U.

Considerando que todos los Estados miembros deberían priorizar el respeto de los criterios europeos en materia de libertad de expresión, de pluralismo de los medios y de independencia, cometidos y financiación de los medios de comunicación de servicio público,

V.

Considerando que la UE carece actualmente de los instrumentos adecuados para controlar las amenazas, y reaccionar ante ellas, que pesan sobre los medios de comunicación de servicio público y el sistema dual en determinados Estados miembros o regiones específicas de la UE,

1.

Reafirma su compromiso para con el sistema dual de radiodifusión, en el que los medios de comunicación privados y de servicio público desempeñan sus funciones respectivas, al margen de las presiones políticas y económicas, y pide que se asegure el acceso al nivel más alto a los servicios de radiodifusión independientemente de la capacidad de pago de los consumidores y usuarios;

2.

Subraya en particular el papel fundamental que desempeña un sistema dual europeo realmente equilibrado en lo que respecta a la promoción de la democracia, la cohesión social y la integración y la libertad de expresión, con particular atención a la promoción y preservación del pluralismo de los medios de comunicación, la alfabetización de los medios de comunicación, la diversidad cultural y lingüística y el respeto de las normas europeas relativas a la libertad de prensa;

3.

Constata que la coexistencia de los medios de comunicación de servicio público y privados ha contribuido en gran medida a la innovación y a la diversificación en términos de contenidos y ha repercutido positivamente en la calidad;

4.

Reitera la necesidad de mantener un servicio público de radiodifusión independiente, fuerte y vivo que se adapte a las demandas de la era digital, e insiste en las medidas concretas que es necesario aplicar para conseguir este objetivo;

5.

Destaca, en este contexto, el hecho de que en la era digital el servicio público de radiodifusión tiene como cometido específico el desarrollo de un espacio público haciendo que los contenidos mediáticos de alta calidad y de interés público sean universalmente accesibles en todas las plataformas pertinentes;

6.

Invita a los Estados miembros a prever recursos suficientes que permitan a los servicios públicos de radiodifusión aprovechar las nuevas tecnologías digitales, lo que garantizará que el gran público se beneficie de las ventajas relacionadas con los servicios audiovisuales modernos;

7.

Invita, en este sentido, a que los organismos de radiodifusión de servicio público se estructuren para proponer contenidos en línea atractivos y de calidad a fin de llegar a los jóvenes que consumen los medios de comunicación casi en exclusiva a través de Internet;

8.

Invita a los Estados miembros a combatir la brecha digital (por ejemplo entre la ciudad y el campo) y a garantizar que la digitalización de todas las personas en todas las regiones permita la igualdad de acceso a la radiodifusión de servicio público;

9.

Insta a los Estados miembros a que consideren la posibilidad de facilitar a los consumidores el paso del sistema de televisión analógica al sistema digital;

10.

Insta a los Estados miembros a definir los cometidos de los organismos de radiodifusión de servicio público, de manera que puedan conservar su carácter distintivo por medio de un compromiso con una producción audiovisual original y una programación y periodismo de alta calidad al margen de consideraciones comerciales o influencias políticas, lo cual constituye precisamente su marca distintiva; observa que estos cometidos deben definirse de la manera más precisa posible, pero con la debida atención a la autonomía de programación de los organismos de radiodifusión;

11.

Recuerda que, con arreglo al principio de neutralidad tecnológica, los organismos de radiodifusión de servicio público, dentro del cometido que les ha sido asignado, deben tener la posibilidad de ofrecer sus servicios, incluidos los servicios nuevos, en todas las plataformas;

12.

Hace hincapié en que, en algunos Estados miembros, faltan disposiciones jurídicas acerca de las actividades del servicio público de radiodifusión por Internet, lo que podría afectar a la capacidad de este sector para ampliarse a nuevas plataformas;

13.

Recuerda que las plataformas de radiodifusión terrestre basadas en normas abiertas y que permitan la interoperabilidad desempeñan un papel principal en el sistema dual de radiodifusión y constituyen el instrumento ideal para proporcionar a los usuarios servicios de medios audiovisuales libres y de fácil acceso, que se adaptan mejor a la fragmentación de los mercados locales y que, por tanto, pueden responder mejor a las expectativas culturales y sociales locales;

14.

Toma nota de la comunicación de la Comisión, de julio de 2009, sobre radiodifusión, que reconoce el derecho de los servicios públicos de radiodifusión a estar presentes en todas las plataformas de difusión pertinentes, y reafirma la competencia de los Estados miembros para definir el cometido, la financiación y la organización de la radiodifusión de servicio público, y reconoce al mismo tiempo la responsabilidad de la Comisión en lo que respecta al control de los errores manifiestos, y pide a los Estados miembros que mantengan un equilibrio entre los servicios informativos digitales ofrecidos, con objeto de garantizar una competencia leal entre el servicio público de radiodifusión y los medios de comunicación privados y, así, preservar una vigorosa presencia de los medios de comunicación en el sistema en línea;

15.

Celebra el reconocimiento del principio de neutralidad tecnológica y de la necesidad de respetar la independencia informativa de los organismos de radiodifusión de servicio público, teniendo presente debidamente su necesidad de una financiación estable y segura;

16.

Señala, sin embargo, los enormes costes de las pruebas ex ante (existentes) y destaca su apoyo a las evaluaciones proporcionales;

17.

Recuerda la importancia de las recomendaciones y declaraciones del Consejo de Europa, acordadas por todos los Estados miembros de la UE y que establecen unos criterios europeos en materia de libertad de expresión, libertad de prensa, pluralismo en los medios de comunicación, así como de independencia, organización, cometidos y financiación de los medios de comunicación de servicio público, particularmente en la sociedad de la información, salvaguardando con ello la credibilidad de la radiodifusión de servicio público;

18.

Recuerda a los Estados miembros su compromiso con estos criterios europeos y les recomienda que proporcionen una financiación adecuada, proporcional y estable para los medios de comunicación de servicio público, de manera que puedan cumplir con sus cometidos, garantizar su independencia política y económica, y contribuir a una información inclusiva y a la sociedad del conocimiento, con unos medios de comunicación representativos y de gran calidad disponibles para todos;

19.

Pide a la Comisión que aliente a los Estados miembros a que procedan al intercambio de mejores prácticas a distintos niveles (autoridades nacionales de los medios de comunicación, partes interesadas, gestores de los organismos de radiodifusión de servicio público, reguladores independientes, y representantes de los espectadores y de los ciudadanos);

20.

Pide a los Estados miembros que intensifiquen la cooperación entre los reguladores de medios de comunicación nacionales, dentro de la Plataforma europea de autoridades reguladoras (EPRA) e incremente el intercambio de experiencias y mejores prácticas en relación con sus sistemas nacionales de radiodifusión respectivos;

21.

Recuerda a los Estados miembros que los miembros de los consejos de administración de los organismos de radiodifusión de servicio público deben nombrarse sobre la base de su competencia y conocimientos del sector de los medios de comunicación;

22.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que otorguen mandato al Observatorio Europeo del Sector Audiovisual, dotándolo de los recursos necesarios, para recolectar datos y llevar a cabo investigaciones sobre la forma en que los Estados miembros han aplicado estos criterios, a fin de examinar si con ellos se ha logrado el efecto deseado, e insiste en que los Estados miembros deben asumir sus responsabilidades en caso de incumplimiento de estos compromisos;

23.

Pide a la Comisión que conceda mayor prioridad al sistema dual, como parte del acervo de la UE, en el marco de las negociaciones de adhesión, e insiste en que deben supervisarse los avances registrados en la materia en los países candidatos;

24.

11. Pide asimismo a los Estados miembros que aborden adecuadamente la cuestión de la insuficiente financiación de los organismos de radiodifusión de servicio público y que lo hagan en especial con el fin de cumplir el mandato específico de los medios de comunicación públicos, que deben ser accesibles al mayor número de espectadores y oyentes en el conjunto de las nuevas plataformas mediáticas;

25.

Señala que la transparencia en la propiedad de los organismos de radiodifusión privados debe garantizarse en todos los Estados miembros, y pide a la Comisión que supervise y apoye los avances en este sentido;

26.

Pide a los Estados miembros que pongan fin a las ingerencias políticas en lo tocante a los contenidos de los servicios ofrecidos por los organismos de radiodifusión de servicio público;

27.

Celebra las conclusiones del estudio independiente efectuado a petición de la Comisión sobre la definición de indicadores que midan el pluralismo de los medios de comunicación en la Unión Europea;

28.

Se muestra partidario de la puesta en marcha del Observatorio del pluralismo de los medios de comunicación, que constituye un instrumento eficaz para detectar las amenazas contra el pluralismo de los medios;

29.

Recuerda los instrumentos financieros que ofrece el BEI, y anima a los organismos de radiodifusión de servicio público que sufren dificultades financieras a solicitar préstamos subvencionados del BEI para la renovación de sus infraestructuras, en particular, en relación con la digitalización y la innovación;

30.

Alienta a las distintas partes interesadas a intensificar su cooperación con objeto de salvaguardar el sistema dual y, en concreto, anima a los organismos de radiodifusión de servicio público y de carácter privado a colaborar entre ellos y también con los editores para compartir contenidos, poner en marcha proyectos innovadores y buscar modalidades de trabajo conjunto;

31.

Pide a la Comisión que promueva una iniciativa, donde se reúna a diferentes participantes de los medios de comunicación, para ayudar a identificar posibles ámbitos de cooperación, fomentar los intercambios de mejores prácticas y abordar las cuestiones pertinentes;