21.2.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 50/1

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Vistas las sentencias del TJE sobre Google (Asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08, sentencia de 23 de marzo de 2010) y BergSprechte (Asunto C-278/08, sentencia de 25 de marzo de 2010), que definen la noción de «usuario de Internet normalmente informado y razonablemente atento» como el consumidor de Internet estándar,

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Vista su Resolución, de 9 de marzo de 2010, sobre la protección de los consumidores (1),

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Vistos el Informe anual SOLVIT de 2008 sobre el desarrollo y la eficacia de la red SOLVIT (SEC(2009)0142), el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 8 de mayo de 2008, sobre el Plan de acción de la Comisión sobre un planteamiento integrado para proporcionar servicios de ayuda en el mercado único a los ciudadanos y a las empresas (SEC(2008)1882) y su Resolución, de 9 de marzo de 2010, sobre SOLVIT (2),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 3 de marzo de 2010, titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (COM(2010)2020),

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Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 3 de diciembre de 2009, titulado «Guía para la implementación/aplicación de la Directiva 2005/29/CE sobre prácticas comerciales desleales» (SEC(2009)1666),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de octubre de 2009, relativa al comercio electrónico transfronterizo entre empresas y consumidores en la UE (COM(2009)0557),

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Visto el estudio titulado «Evaluación “mystery shopping” del comercio electrónico transfronterizo en la UE», realizado por encargo de la Comisión Europea, DG SANCO, por YouGovPsychonomics y publicado el 20 de octubre de 2009,

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Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 22 de septiembre de 2009, sobre las medidas de seguimiento adoptadas con relación a los servicios financieros al por menor en el contexto del Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo (SEC(2009)1251),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de julio de 2009, sobre una metodología armonizada para clasificar y notificar las reclamaciones y consultas de los consumidores (COM(2009)0346), así como el Proyecto de Recomendación de la Comisión que la acompaña (SEC(2009)0949),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de julio de 2009, sobre la aplicación del acervo en materia de consumidores (COM(2009)0330),

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Visto el Informe de la Comisión, de 2 de julio de 2009, sobre la aplicación del Reglamento (CE) no 2006/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de octubre de 2004, relativo a la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores (Reglamento sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores) (COM(2009)0336),

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Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión, de 5 de marzo de 2009, titulado «Informe sobre el comercio electrónico transfronterizo en la UE» (SEC(2009)0283),

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Vista su Resolución, de 5 de febrero de 2009, sobre comercio internacional e Internet (3),

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Vistos la Comunicación de la Comisión, de 28 de enero de 2009, titulada «Seguimiento de los resultados del mercado único para los consumidores - Segunda edición del Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo» (COM(2009)0025) y el documento de trabajo adjunto de sus servicios titulado «Segunda edición del Cuadro de Indicadores de los Mercados de Consumo» (SEC(2009)0076),

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Vista su Resolución, de 21 de junio de 2007, sobre la confianza de los consumidores en un entorno digital (4),

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Visto el artículo 20, apartado 2, de la Directiva 2006/123/CE (5) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior,

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Vista la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (versión codificada) (6),

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Vistas sus Resoluciones, de 23 de marzo de 2006, sobre el Derecho contractual europeo y la revisión del acervo: perspectivas para el futuro (7) y, de 7 de septiembre de 2006, sobre el Derecho contractual europeo (8),

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Vista la legislación comunitaria vigente en los ámbitos de la protección de los consumidores, el comercio electrónico y el desarrollo de la sociedad de la información,

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Vista la Comunicación de la Comisión sobre la revisión del marco regulador de la UE de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (COM(2006)0334),

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Visto el primer informe de aplicación, de 21 de noviembre de 2003, sobre la Directiva sobre comercio electrónico (COM(2003)0702),

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Vista la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores, y por la que se modifican la Directiva 90/619/CEE del Consejo y las Directivas 97/7/CE y 98/27/CE (9),

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Vistas la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Comercio Electrónico, de 1996, la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Firmas Electrónicas, de 2001, y la Convención de las Naciones Unidas sobre la Utilización de las Comunicaciones Electrónicas en los Contratos Internacionales, de 2005 (10),

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Visto el artículo 11 del TFUE, que estipula que «las exigencias de la protección del medio ambiente deberán integrarse en la definición y en la realización de las políticas y acciones de la Unión, en particular con objeto de fomentar un desarrollo sostenible»,

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Visto el artículo 12 del TFUE, que estipula que «al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones de la Unión se tendrán en cuenta las exigencias de la protección de los consumidores»,

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Vistos el artículo 14 del TFUE y su Protocolo no 26 sobre los servicios de interés (económico) general,

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Visto el artículo 48 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A7-0226/2010),

A.

Considerando que Europa no sólo debe buscar la manera de seguir desarrollando el mercado interior del comercio electrónico, sino también examinar cómo puede llevarse a cabo un relanzamiento sostenible del mercado interior a través de un mayor desarrollo del comercio electrónico,

B.

Considerando que el informe de Mario Monti, de 9 de mayo de 2010, titulado «Una nueva estrategia para el mercado único» subraya que el mercado único es menos popular que nunca, pero a pesar ello es más necesario que nunca; considerando que este informe también señala que el comercio electrónico, junto con los servicios y las ecoindustrias innovadores, tienen el mayor potencial en términos de crecimiento y empleo para el futuro y, por tanto, representan una nueva frontera del mercado único,

C.

Considerando que el comercio electrónico es una fuerza motriz de Internet y un importante catalizador para alcanzar los objetivos de la Estrategia 2020 de la UE para el mercado interior; considerando la importancia de que todas las partes interesadas cooperen para superar los obstáculos restantes,

D.

Considerando que el comercio electrónico facilita y promueve el desarrollo de nuevos nichos de mercado para las PYME que, de otro modo, no existirían,

E.

Considerando que, a fin de liberar el potencial máximo del mercado único de la UE, debe alentarse a los operadores de comercio electrónico a promover sus productos en todos los Estados miembros de la UE utilizando instrumentos de marketing directo u otras herramientas de comunicación,

F.

Considerando que, para la Unión Europea, el comercio electrónico es un mercado clave del siglo XXI, que podría remodelar el mercado interior europeo, contribuir a la economía del conocimiento y proporcionar valor añadido y oportunidades a los consumidores y las empresas europeas en estos momentos de tensión financiera, así como tener una incidencia importante y positiva en el empleo y el crecimiento; que el desarrollo del comercio electrónico puede mejorar la competitividad de la economía de la UE en el marco de la Estrategia UE 2020 de la Comisión, incluidos el estímulo y desarrollo de nuevas vías de empresariado para las pequeñas y medianas empresas,

G.

Considerando que es fundamental garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior para alcanzar los objetivos de la Agenda de Lisboa de aumento del crecimiento y la competencia y creación de puestos de trabajo incluyentes y competitivos en beneficio de los 500 millones de consumidores de la Unión Europea y en aras de su bienestar; considerando que el comercio electrónico transfronterizo aporta a los consumidores europeos importantes beneficios socioeconómicos, tales como mayor confort y autonomía, el refuerzo de sus derechos, el aumento de la transparencia y la competencia, el acceso a una variedad más amplia de productos y servicios que pueden comparar y entre los que pueden elegir y un considerable potencial de ahorro,

H.

Considerando que, durante la actual crisis económica, el desarrollo de la sociedad digital y la realización del mercado interior de las TIC han permitido al sector del comercio electrónico seguir creciendo y creando empleo, así como contribuir a mantener las empresas electrónicas económicamente activas y ofrecer a los consumidores la posibilidad de disfrutar de una gran variedad de productos y de precios más ventajosos; considerando que el comercio electrónico transfronterizo ofrece importantes beneficios para las empresas de la Unión, en particular las PYME, que pueden proporcionar servicios y productos innovadores, de alta calidad y atractivos para los consumidores a través del mercado interior de comercio electrónico europeo, reforzando su posición y permitiéndoles seguir siendo competitivas en la economía mundial,

I.

Considerando que el comercio electrónico ofrece una elección más amplia a los consumidores, especialmente a los que viven en áreas menos accesibles, remotas o periféricas, así como a los que tienen movilidad reducida, que, de otro modo, no tendrían acceso a una amplia selección de productos; considerando que el comercio electrónico es especialmente beneficioso para los habitantes de las zonas rurales, remotas y periféricas, que de otro modo quizá no podrían tener acceso a una amplia gama de productos con la misma facilidad y al mismo precio,

J.

Considerando que el segundo informe sobre la aplicación de la Directiva sobre el comercio electrónico está pendiente desde 2005, es decir, desde hace cinco años (artículo 21 de la Directiva 2000/31/CE),

K.

Considerando que la Agenda Digital para Europa establece unos objetivos de rendimiento razonables para la cobertura de banda ancha de alta velocidad y ultrarrápida y para la difusión del comercio electrónico,

L.

Considerando que la confianza de las empresas y los consumidores europeos en el entorno digital es reducida debido a las barreras innecesarias al comercio electrónico, como la fragmentación del mercado de la UE, la incertidumbre de los consumidores respecto a la confidencialidad de los datos, la seguridad de las transacciones y los derechos de los consumidor en caso de problemas, y que, en ciertos aspectos del comercio electrónico, Europa se encuentra a la zaga de los Estados Unidos y Asia; considerando que la creación de un «mercado único digital» que facilite las transacciones internacionales en un entorno en línea para todos los consumidores en toda la Unión Europea es un elemento importante de la reactivación del mercado único, pues ofrece a los ciudadanos una mayor variedad de productos y servicios; considerando que superar las barreras que frenan el comercio electrónico transfronterizo e incrementar la confianza del consumidor son factores esenciales para lograr un mercado único digital atractivo e integrado en Europa y estimular los mercados de bienes de consumo y la economía en general,

M.

Considerando que la Comunicación de la Comisión sobre la Agenda Digital, que reconoce que los consumidores en la UE muy a menudo optan por realizar transacciones con empresas domiciliadas fuera de la UE, por ejemplo en los EE.UU. (un factor que apunta a la necesidad de desarrollar una política para fomentar formas de comercio electrónico a escala mundial, y de fomentar la internacionalización de la gobernanza en Internet, de acuerdo con la agenda de Túnez); considerando que ni los consumidores ni las empresas pueden recoger los beneficios de un mercado único digital, pues son contados los minoristas en línea que venden sus productos o servicios en otros Estados miembros, y la mayoría de ellos sólo operan en un número limitado de Estados miembros; considerando que resulta necesario abordar la discriminación de los consumidores, incluido el momento de la realización del pago, velando por que existan disposiciones que aseguren tanto la realización como la recepción del pago y las contraprestaciones; considerando que el comercio electrónico es hoy un elemento importante del conjunto de la economía y que las empresas y los consumidores utilizan cada vez más a su favor el comercio electrónico y el comercio tradicional,

N.

Considerando que el comercio electrónico es internacional y no puede restringirse a los confines de la UE,

O.

Considerando que la Agenda Digital para Europa establece unos objetivos de rendimiento razonables para la cobertura de banda ancha de alta velocidad y ultrarrápida y para la difusión del comercio electrónico,

P.

Considerando que la fragmentación de parte del mercado electrónico dentro de la UE supone una amenaza para los derechos establecidos en el acervo comunitario,

Q.

Considerando que las empresas y los consumidores europeos tienen poca seguridad jurídica en el caso del comercio electrónico transfronterizo y que una transacción electrónica está sujeta a un gran número de disposiciones legales en las que se fijan requisitos divergentes, lo que no proporciona unas normas claras y de fácil aplicación ni a los operadores comerciales ni a los consumidores,

R.

Considerando que lo mismo se aplica al comercio electrónico extraeuropeo, ya que los consumidores europeos a menudo no distinguen entre Estados europeos o terceros países a la hora de comprar y vender en línea; que existe, por tanto, la necesidad de incluir también a los terceros países en el esfuerzo por aumentar la transparencia, fiabilidad y responsabilidad del comercio electrónico,

S.

Considerando que la creciente dimensión transfronteriza de los mercados de consumo plantea nuevos desafíos para las autoridades de control, que se ven limitadas en su acción por las fronteras jurisdiccionales y la fragmentación del marco regulador,

T.

Considerando que la existencia de servicios ilegales en línea obstaculiza seriamente el desarrollo de mercados legítimos para determinados servicios digitales, especialmente por lo que se refiere a la música, las películas y, cada vez más, los libros y las revistas, considerando que la propiedad intelectual desempeña un papel crucial en el mundo digital, y que su protección, sobre todo en Internet, supone aún un gran desafío,

U.

Considerando que los usuarios del comercio electrónico tienen derecho a una indemnización cuando son víctimas de prácticas ilegales, pero que en la práctica se enfrentan a numerosos obstáculos a la hora de llevar esos casos ante los tribunales debido a la falta de información sobre la legislación que se aplica en los distintos Estados miembros, a la duración y la complejidad de los procedimientos, a los riesgos ligados a toda querella judicial, en particular en situaciones transfronterizas, y a lo elevado de los costes,

V.

Considerando que el respeto del derecho fundamental a la intimidad y a la protección de los datos personales constituye una condición importante para el comercio electrónico,

W.

Considerando que, a pesar del potencial que ofrecen los procedimientos de solución alternativa de litigios, sólo el 5 % de los comerciantes al por menor hace uso regularmente de estos procedimientos y el 40 % de dichos comerciantes no conoce la posibilidad de recurrir a ellos,

X.

Considerando que la uniformización de los derechos más esenciales de los consumidores, así como de los costes postales y bancarios, los derechos de autor, los procedimientos relativos al IVA y las prácticas en materia de protección de datos, contribuiría en gran medida a la creación de un mercado único para las empresas y los consumidores; y subrayando que los Estados miembros deben seguir siendo competentes por lo que respecta a los procedimientos del IVA,

Y.

Considerando que conviene simplificar y aclarar los diferentes sistemas de cobro de derechos de autor de los Estados miembros para que a los proveedores de servicios y productos en línea les resulte más sencillo ofrecer sus productos y servicios a los consumidores de otros Estados miembros; considerando que con esa revisión de los sistemas de cobro de los derechos de autor se proporcionaría una mayor seguridad jurídica a los proveedores de bienes y servicios en línea a la hora de ofrecer productos y servicios a los consumidores; considerando que es esencial asegurar un alto nivel de protección de los consumidores para promover la confianza en la oferta de bienes y servicios en línea, garantizando que el mercado en línea respete las prácticas comerciales; considerando que siguen existiendo graves obstáculos estructurales y normativos a un funcionamiento óptimo del mercado interior de comercio electrónico europeo, tales como la fragmentación a nivel nacional de las normas de protección de los consumidores y de las normas en materia de IVA, tasas de reciclado e impuestos, así como la utilización indebida de las normas que rigen los acuerdos de distribución exclusivos o selectivos,

Z.

Considerando que el acceso a unos servicios postales asequibles, fiables y de alta calidad en toda la Unión Europea es una prioridad para la realización de un mercado interior efectivo para el comercio electrónico; considerando que los acuerdos de distribución vertical existentes a menudo se utilizan para evitar o restringir las ventas en línea, con lo que se deniega a los minoristas el acceso a mercados más amplios, se socavan los derechos de los consumidores a una oferta más amplia y a mejores precios y se crean barreras al desarrollo del comercio; considerando que el comercio electrónico transfronterizo entre empresas puede favorecer la competitividad de las empresas europeas y permitirles obtener piezas, servicios y experiencia en el conjunto del mercado interior (lo que genera nuevas economías de escala), y que dicho comercio representa asimismo una oportunidad para las empresas, especialmente para las PYME, de dar una dimensión internacional a su base de clientes sin tener que invertir para estar presentes físicamente en otro Estado miembro,

AA.

Considerando que el comercio electrónico favorece el desarrollo de un mercado único ecológico gracias a la utilización de tecnologías, normas, sistemas de etiquetado, productos y servicios medioambientales y con baja emisión de carbono,

AB.

Considerando que deben mejorarse la protección legal y la confianza de los compradores en el comercio electrónico, sin olvidar con todo que los vendedores y los empresarios también necesitan protección legal,

AC.

Considerando que la flexibilidad de los mercados es la manera más efectiva de fomentar el crecimiento; pide que las instituciones europeas se aseguren de que los mercados en línea sean tan flexibles como sea posible para permitir un mayor empuje en este sector y la ampliación del mismo; considerando que sólo podrá realizarse el mercado único digital si se aplican correctamente en todos los Estados miembros de la UE la legislación fundamental del mercado único, incluida la Directiva relativa a los servicios; considerando que resulta esencial velar por la seguridad jurídica y la transparencia en el proceso de comercio de derechos cuando un minorista en línea coloque en un sitio web contenido protegido por derechos de autor; considerando que, aunque Internet es el canal de venta al por menor que presenta el crecimiento más rápido y el comercio electrónico registra un constante aumento a nivel nacional, la distancia entre el comercio electrónico nacional y el transfronterizo en la UE es cada vez mayor y los consumidores europeos, en algunos Estados miembros, ven sus opciones restringidas por factores geográficos, técnicos y de organización,

AD.

Considerando que el «Cuadro de indicadores sobre el mercado de consumo» de la Comisión constituye una buena herramienta para supervisar la situación del comercio electrónico transfronterizo en la UE, al indicar hasta qué punto los consumidores pueden aprovecharse de bienes y servicios en el mercado único,

AE.

Considerando que el lanzamiento de servicios de Internet de banda ancha en los Estados miembros de la UE dentro de los límites del objetivo establecido para 2013 es fundamental para facilitar tanto a los consumidores como a los empresarios acceso a la economía digital,

1.

Se felicita de la Comunicación de la Comisión, de 22 de octubre de 2009, relativa al comercio electrónico transfronterizo entre empresas y consumidores en la UE;

2.

Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión, de 19 de mayo de 2010, titulada «Una Agenda Digital para Europa», que establece la estrategia de la Comisión dirigida, entre otras cosas, a facilitar las transacciones en línea y a cementar la confianza digital;

3.

Invita a la Comisión Europea a responder a la urgencia destacada en el Informe Monti titulado «Una nueva estrategia para el mercado único», que concluye que, en tanto que herramienta vital para el futuro del mercado interior, la UE debe abordar con carácter de urgencia los obstáculos restantes para crear un mercado al por menor paneuropeo en línea antes de 2012;

4.

Aplaude la promoción por parte de la estrategia UE 2020 de una economía basada en el conocimiento y anima a la Comisión a tomar medidas rápidas por lo que se refiere al aumento de la velocidad de los servicios de banda ancha, así como a la racionalización de las cargas por tales servicios en toda la Unión, a fin de lograr un mercado único del comercio electrónico;

5.

Pide a la Comisión que armonice todas las principales definiciones existentes en este sector a lo largo de un lapso de tiempo razonable, al tiempo que reconoce el arduo trabajo ya realizado en ámbitos importantes para el comercio electrónico;

6.

Subraya que la realización del mercado único del comercio electrónico requiere un planteamiento horizontal por parte de la Comisión que implique una coordinación efectiva entre Direcciones Generales; acoge favorablemente, por tanto, el reciente compromiso de la Comisión de establecer un Grupo de Comisarios (en el contexto de la Agenda Digital para Europa) con objeto de asegurar una política conjunta efectiva;

7.

Señala que el comercio electrónico debe considerarse una herramienta adicional de las PYME para aumentar su competitividad, y no un objetivo en sí mismo;

8.

Subraya la importancia de que se haga pleno uso del potencial del comercio electrónico como elemento en el proceso de aumento de la competitividad de la UE a nivel mundial;

9.

Invita a la Comisión a abordar con carácter de urgencia la promoción de un mercado único digital que funcione correctamente para los bienes y los servicios, a fin de que se pueda sacar provecho de su enorme potencial sin explotar en términos de crecimiento y empleo;

10.

Destaca la necesidad de una política activa que permita que los ciudadanos y las empresas se beneficien plenamente del mercado interior y que ofrezca productos y servicios de buena calidad a precios competitivos; considera que se trata de algo esencial en la actual situación de crisis económica, ya que es un medio de luchar contra el aumento de las desigualdades y de proteger a los consumidores que son vulnerables, viven en lugares remotos o tienen una movilidad reducida, a los colectivos con ingresos reducidos y a las pequeñas y medianas empresas a las que les interesa particularmente incorporarse al mundo del comercio electrónico;

11.

Pide una mayor armonización en materia de información precontractual en el comercio electrónico, con el fin de lograr un alto nivel de protección del consumidor y, en la medida en que esta armonización pueda adoptarse, garantizar una mayor transparencia y confianza entre consumidores y vendedores, manteniendo a la vez un enfoque de armonización mínima para los contratos en sectores específicos;

12.

Recuerda que hay diferencias importantes entre las normas y prácticas de los comerciantes a distancia en cuanto a las garantías y a la responsabilidad que ofrecen dentro de sus fronteras nacionales y más allá de las mismas y en cuanto a los beneficios que la armonización les reportaría; aboga por un análisis detallado del impacto de las consecuencias para el comercio electrónico de cualquier armonización de las normas referentes a la garantía legal de la conformidad con la legislación nacional existente;

13.

Pide que se uniformicen normas y prácticas con objeto de que los comerciantes a distancia puedan ir más allá de sus fronteras nacionales en lo que a la responsabilidad y las garantías ofrecidas se refiere;

14.

Aboga por el desarrollo de un sistema apropiado, eficaz, seguro e innovador de pago en línea que pueda ofrecer a los consumidores la libertad y la elección por lo que se refiere a la modalidad de pago, no conlleve honorarios susceptibles de socavar o limitar la oferta, y asegure la protección de los datos del consumidor;

15.

Subraya la importancia de mejorar la confianza en los sistemas de pago transfronterizos en Internet (por ejemplo, tarjetas de crédito y de débito y monederos electrónicos) promoviendo una serie de métodos de pago, potenciando la interoperabilidad y las normas comunes, suprimiendo los obstáculos técnicos, apoyando las tecnologías más seguras para las transacciones electrónicas, armonizando y reforzando la legislación sobre la privacidad y la seguridad, luchando contra las actividades fraudulentas e informando y educando al público;

16.

Pide a la Comisión que presente una propuesta de creación de un instrumento financiero europeo de tarjetas de crédito y de débito, con vistas a facilitar el tratamiento electrónico de las transacciones hechas con tarjeta;

17.

Reitera la importancia del comercio electrónico transfronterizo entre empresas para que las empresas europeas, en especial las PYME, puedan crecer, sean más competitivas y creen productos y servicios más innovadores; pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan un marco legislativo y reglamentario seguro y sólido que ofrezca a las empresas las garantías que necesitan para realizar con total confianza las operaciones de comercio electrónico transfronterizo de empresa a empresa;

18.

Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de promover la facturación electrónica e invita al Consejo a alcanzar rápidamente un acuerdo con el Parlamento; pide, asimismo, a la Comisión y a los Estados miembros que propongan medidas y lleguen a acuerdos para simplificar y racionalizar las obligaciones de declaración del IVA para el comercio electrónico transfronterizo, así como para simplificar los procedimientos de registro del IVA;

19.

Celebra la propuesta de la Comisión de simplificar las normas de notificación del impuesto sobre el valor añadido y de «factura simplificada» para el comercio a distancia y destaca que en materia de legislación fiscal, incluido el impuesto sobre el valor añadido (IVA), se ha de respetar el principio de subsidiariedad;

20.

Pide a la Comisión que facilite un sistema integrado de recaudación del IVA que anime a las PYME a actuar a nivel transfronterizo con menores costes burocráticos;

21.

Subraya la necesidad de aclarar el impacto del paquete del IVA en los servicios postales transfronterizos, con objeto de evitar cualquier inseguridad jurídica y un aumento de los precios; considera que la exención del IVA para los servicios postales universales conforme a la Directiva IVA de la UE no debe verse afectada por una nueva norma fiscal determinada por el lugar de prestación de los servicios;

22.

Pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio de impacto sobre la creación o designación de autoridades nacionales responsables de la tramitación de las solicitudes de registro relativas al comercio electrónico transfronterizo presentadas por empresas o empresarios de sus respectivos Estados miembros, y de una autoridad europea que actúe de enlace entre las autoridades nacionales con objeto de permitir una rápida realización del mercado interior;

23.

Destaca la necesidad de simplificar y racionalizar las medidas relacionadas con los residuos eléctricos y electrónicos, la gestión transfronteriza de la percepción de los derechos de autor sobre las ventas de soportes vírgenes y aparatos de grabación, las licencias de contenido a escala de la UE, así como las disposiciones europeas en materia de facturas enviadas por vía electrónica a través de las fronteras («e-invoicing») para la venta a distancia;

24.

Apoya la simplificación del actual sistema de cobro de los derechos de autor, pues supone un grave impedimento para los consumidores y un gran obstáculo al funcionamiento del mercado único;

25.

Pide a la Comisión que proponga medidas para apoyar la iniciativa de facturación electrónica con el fin de asegurar para 2020 el uso de las facturas electrónicas en toda Europa;

26.

Sugiere que se cree un sistema de ventanilla única a nivel europeo con miras a encontrar soluciones transfronterizas para la gestión administrativa de las diversas normas y reglamentaciones de los Estados miembros, como en el caso de la declaración y el pago del IVA o de otros impuestos aplicables;

27.

Invita a la Comisión a explorar opciones por lo que se refiere a la manera de promover un mejor acceso al contenido creativo en Internet, como la música y las obras audiovisuales, así como de responder a la demanda por parte de los ciudadanos de unos servicios transfronterizos que respondan a los deseos de los consumidores;

28.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión que integren mejor los centros del mercado único conectados a la red SOLVIT, las ventanillas únicas (previstas en la Directiva relativa a los servicios), los centros de productos (previstos en el Reglamento sobre el reconocimiento mutuo) y toda información adicional, incluidos los requisitos jurídicos, que precisen las empresas para vender sus productos en otros países o a través de Internet; destaca que el funcionamiento de ese «centro para todo» es esencial para la realización del mercado único del comercio electrónico;

29.

Recuerda a la Comisión que sigue habiendo lagunas en el marco jurídico de los servicios en línea y pide a la Comisión que presente propuestas legislativas concretas con vistas a reforzar el acceso y la confianza de los consumidores en los productos y servicios en línea y ofrecerles un enfoque sencillo de ventanilla única;

30.

Señala la importancia de simplificar las normas transfronterizas y reducir los costes de cumplimiento para los comerciantes y empresarios, ofreciendo soluciones prácticas a cuestiones como la declaración y la facturación del IVA, los residuos electrónicos y las tasas de reciclaje, los derechos de autor, la protección de los consumidores, las normas de etiquetado y las normas específicas del sector; pide, a estos efectos, el establecimiento de sistemas de ventanilla única y la promoción de soluciones transfronterizas de administración en línea, como la facturación y la adjudicación de contratos públicos por vía electrónica;

31.

Lamenta que la Directiva sobre servicios aún no se haya transpuesto completamente en algunos Estados miembros; pide a la Comisión y a los Estados miembros que pongan fin a la discriminación de los consumidores en función de su dirección electrónica o de su residencia, garantizando la aplicación efectiva del artículo 20, apartado 2, de la Directiva sobre servicios, así como la adecuada aplicación por parte de las autoridades y los tribunales nacionales de las disposiciones nacionales por las que se aplica esta norma antidiscriminación en los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros;

32.

Subraya la importancia de la libre circulación de mercancías y servicios para el desarrollo ulterior del comercio electrónico, haciendo especial hincapié en el principio de no discriminación en el mercado interior en función de la nacionalidad o el lugar de residencia del destinatario; reitera que dicho principio es incompatible con la imposición de requisitos legales y administrativos a los ciudadanos de otros Estados miembros para poder disfrutar de un servicio o de determinadas ventajas en las tarifas o condiciones; pide, así pues, a la Comisión que actúe contra dicha discriminación sobre la base del artículo 20, apartado 2, de la Directiva relativa a los servicios;

33.

Señala la importancia de eliminar la discriminación de los consumidores en línea y de su país de origen en un entorno en línea mediante el establecimiento de disposiciones para el pago en línea desde todos los 27 Estados miembros de la UE, incluida la posibilidad de que los consumidores puedan elegir entre diferentes modalidades de pago en línea;

34.

Pide un planteamiento político integrado con respecto a la realización del mercado único de los transportes en todas sus modalidades (incluido el cabotaje por carretera, el transporte de mercancías por ferrocarril, etc.), así como por lo que se refiere a la legislación ambiental, con objeto de prevenir ineficacias en la cadena de suministro o aumentos innecesarios del coste para los vendedores a distancia y los clientes del comercio electrónico;

35.

Considera que la reforma del sector postal y la promoción de la interoperabilidad y la cooperación entre los sistemas postales y los servicios pueden tener un impacto significativo en el desarrollo del comercio electrónico transfronterizo, que requiere un sistema económico y eficiente para la distribución y el seguimiento de los productos; pone de relieve, por tanto, la necesidad de una aplicación rápida de la tercera Directiva sobre servicios postales (2008/6/CE);

36.

Pide que se tomen medidas para contribuir a aumentar el número de usuarios de Internet y mejorar la calidad, el precio y la rapidez de la red en los países y regiones de la Unión que no disponen de una conexión de buena calidad, garantizando que el acceso a la banda ancha esté disponible en toda la UE antes de 2013; destaca la necesidad de ampliar la disponibilidad para todos los ciudadanos del acceso de banda ancha, y señala que también debe ser posible contar con una conexión Internet rápida en las zonas rurales, remotas o periféricas, prestando especial atención a los consumidores y las empresas en las zonas de montaña o las regiones insulares en las que, aparte del acceso más restringido a Internet, las tarifas postales son muy elevadas y los plazos de expedición muy largos para los bienes comprados o vendidos;

37.

Señala que, en el marco de la revisión de la Directiva sobre servicios universales, el desarrollo ulterior, como objetivo prioritario, del acceso rápido y asequible a la banda ancha es esencial para el desarrollo del comercio electrónico, ya que la falta de acceso a Internet sigue siendo uno de los obstáculos más importantes a la utilización del comercio electrónico por los ciudadanos europeos;

38.

Apoya los objetivos en materia de banda ancha de la Comisión, destinados a permitir que todos los ciudadanos de la UE tengan acceso a la banda ancha básica antes de 2013 y que todos los ciudadanos tengan acceso a la banda ancha a una velocidad mínima de 30Mb por segundo antes de 2020, gozando la mitad de los ciudadanos de la Unión Europea de un acceso a la banda ancha a una velocidad de 100Mb por segundo, y pide medidas concretas para garantizar que estos objetivos se cumplan; subraya que deben establecerse medidas específicas para la protección de los niños y los jóvenes, especialmente mediante el desarrollo de sistemas de verificación de la edad y la prohibición de prácticas de marketing en línea que tengan un impacto negativo en el comportamiento infantil;

39.

Pide a la Comisión que empiece a elaborar normas europeas para facilitar el comercio electrónico transfronterizo, reducir las diferencias existentes en la legislación en vigor en los diferentes Estados miembros y suprimir la obligación dentro de una red de distribución selectiva de tener una tienda no electrónica antes de vender en línea cuando se demuestre que dicha obligación es contraria al Derecho de competencia o no está justificada por la naturaleza de los bienes y de los servicios vendidos, permitiendo de ese modo a los consumidores y a las pequeñas y medianas empresas explotar plenamente el potencial del mercado interior en el entorno electrónico; expresa sus reparos a la decisión de la Comisión de que sea necesario abrir un punto de venta tradicional antes de poder vender en línea, ya que este requisito obstaculiza en gran medida el comercio electrónico;

40.

Considera que las plataformas en línea han desempeñado un papel importante en el impulso del comercio electrónico (especialmente transfronterizo) en Europa, al permitir el acceso al mercado a cientos de miles de PYME, y al ofrecer a los consumidores más opciones, introduciendo al mismo tiempo numerosos ejemplos de buenas prácticas para impulsar la confianza y una información transparente sobre los derechos y obligaciones y facilitando la resolución de conflictos entre las partes de una transacción en línea, en caso necesario; pide a las plataformas en línea que presten sus bienes y servicios a todos los consumidores europeos sin ninguna discriminación territorial en función del Estado miembro de que se trate;

41.

Destaca la importancia de un formato abierto de intercambio de documentos para la interoperabilidad empresarial electrónica, e invita a la Comisión a tomar medidas concretas para apoyar su aparición y su difusión;

42.

Subraya la importancia de unas mejores orientaciones y unas instalaciones financieras accesibles para las PYME, con objeto de ayudarlas a crear una dimensión de comercio electrónico como añadidura a su tienda no electrónica;

43.

Subraya la importancia de un acceso abierto y neutro a una conexión de Internet de alta velocidad, sin la cual el comercio electrónico sería imposible;

44.

Subraya que la realización del mercado único para el comercio electrónico no debe limitarse a las medidas y los controles legislativos sino que, además, debe ir acompañada de una consolidación de otros ámbitos de Internet, a saber, la administración electrónica y el aprendizaje en línea;

45.

Destaca la necesidad de supervisar la aplicación de las normas recientemente adoptadas en el Reglamento (UE) no 330/2010, de 20 de abril de 2010, sobre distribución exclusiva y selectiva, sobre la base de la información de mercado de las partes interesadas y las autoridades nacionales de competencia, así como de revisar dichas normas, si procede, con objeto de reducir los obstáculos a las ventas en línea; invita a la Comisión a presentar propuestas para abordar estos problemas antes de que finalice 2011;

46.

Invita a la Comisión a reforzar la intimidad de los consumidores y a garantizar que todos los datos de los consumidores, incluidos los datos relativos a la compra y la visualización, estén a disposición de los consumidores previa solicitud, y sean guardados por los proveedores por una duración aceptada conforme a la legislación de la UE;

47.

Invita asimismo a la Comisión a procurar crear normas y estándares, de modo que la no interoperabilidad de los programas informáticos en los sitios Internet comerciales y de redes sociales no impida a los consumidores cambiar sus opciones de compra;

48.

Subraya la importancia de las firmas electrónicas y la infraestructura de clave pública (ICP) para unos servicios seguros de gobierno electrónico a escala europea y pide a la Comisión que instituya una «pasarela de autoridades europeas de validación» (European Validation Authorities Gateway), a fin de garantizar la interoperabilidad transfronteriza de las firmas electrónicas;

49.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros, dada la importancia de aprovechar el potencial del mercado único, que garanticen que, para el año 2015, al menos el 50 % de los procedimientos de contratación pública se lleven a cabo por vía electrónica, de conformidad con el plan de acción acordado en la Conferencia Ministerial sobre Administración Electrónica, celebrada en Manchester en 2005;

50.

Considera que el comercio móvil puede ser una parte importante del comercio electrónico, capaz de llegar a los millones de ciudadanos europeos que utilizan teléfonos móviles pero no ordenadores personales, favoreciendo así la convergencia de Internet y las tecnologías móviles y promoviendo el liderazgo de la UE en el sector de las comunicaciones móviles;

51.

Considera que el desarrollo y la promoción de especificaciones y normas técnicas y operativas abiertas y comunes (para la compatibilidad, la interoperabilidad, la accesibilidad, la seguridad, la logística, la entrega, etc.) facilitarán el comercio electrónico transfronterizo al ayudar a los consumidores, especialmente a los usuarios vulnerables e inexpertos de sistemas informáticos, y contribuir a superar las barreras operativas, técnicas, culturales y lingüísticas que existen entre los distintos Estados miembros;

52.

Es consciente de las dificultades jurídicas específicas relacionadas con el desarrollo de un mercado interior del comercio móvil que garantice los derechos de los consumidores, la privacidad y la protección de los consumidores menores de edad; pide a la Comisión que examine de manera pormenorizada este tema;

53.

Destaca la necesidad de aumentar la transparencia de la cadena de suministro en el entorno del comercio electrónico, de manera que el consumidor conozca siempre la identidad del proveedor, así como el nombre comercial de este último, su dirección geográfica, los datos de contacto y el número de registro fiscal, así como si se trata de un intermediario o un proveedor final, aspecto de especial relevancia en el contexto de las subastas en línea;

54.

Pide a la Comisión que elabore normas claras aplicables al comercio electrónico transfronterizo a escala europea, entre las que se incluya, por ejemplo, el requisito de que los comerciantes faciliten a sus clientes y a las autoridades públicas un acceso fácil, directo, permanente y gratuito a la información relativa a la identidad y al número de registro del comerciante o del proveedor de servicios, al precio de los bienes y servicios disponibles y, en su caso, a los costes conexos adicionales que podrían inflar la factura;

55.

Pide a la Comisión que obligue a los empresarios que utilizan voluntariamente contratos normalizados y condiciones contractuales generales normalizadas a destacar las disposiciones contractuales que se aparten de dichos contratos y condiciones;

56.

Considera que las normas que regulan los contratos a distancia deberían cubrir también los contratos concluidos entre consumidores y operadores comerciales profesionales en las subastas en línea, y pide a la Comisión que examine y evalúe las normas que regulan los contratos específicos de servicios turísticos a distancia (billetes de avión, reservas de hotel, alquiler de coches, servicios de ocio, etc.) adquiridos de forma individual a través de Internet, con el principal objetivo de amentar la responsabilidad de las subastas en línea y mejorar la protección de los derechos de los consumidores;

57.

Pide a la Comisión que precise la normativa relativa a la solicitud del uso (directo o indirecto) de Internet en otros Estados miembros;

58.

Pide que se introduzca la obligación de llevar a cabo auditorías externas en el caso de determinados tipos de servicios electrónicos específicos para los que exista un interés especial en su plena seguridad, con objeto de proteger la información y los datos personales (por ejemplo, en el caso de operaciones bancarias por Internet);

59.

Subraya que los usuarios (consumidores y vendedores) necesitan seguridad jurídica cuando operan en línea, y acoge con satisfacción la sugerencia de la Comisión en su comunicación titulada «Una Agenda Digital para Europa» de que se actualicen las normas sobre la responsabilidad limitada de los servicios de la sociedad de la información a fin de que vayan a la par con los progresos tecnológicos, en el contexto de la Directiva sobre comercio electrónico (véase la nota a pie de página no 13 de la comunicación);

60.

Insta a la Comisión a que adopte medidas para instaurar la seguridad jurídica y paliar la grave fragmentación existente con respecto al mecanismo de retribución de los derechos de autor y a las múltiples jurisdicciones nacionales a la hora de colocar contenido multimedia en los sitios web;

61.

Considera que se debe dar prioridad a la eliminación de las barreras administrativas y reglamentarias al comercio electrónico transfronterizo para 2013 mediante la introducción de un conjunto único de normas para los consumidores y las empresas en los 27 Estados miembros de la UE, lo que creará un entorno digital favorable, proporcionará certidumbre jurídica a las empresas y a los consumidores, simplificará los procedimientos, reducirá los costes de cumplimiento, reducirá la competencia desleal y liberará el potencial del mercado de comercio electrónico de la UE; subraya que, para este fin, la interpretación y aplicación uniformes de instrumentos legislativos como la Directiva sobre los derechos de los consumidores, la Directiva sobre el comercio electrónico (2000/31/CE), el artículo 20, apartado 2 de la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior (2006/123/CE) y la Directiva relativa a las prácticas comerciales desleales (2005/29/CE) pueden ser de la máxima importancia; pide, por consiguiente, a la Comisión que continúe su evaluación en curso del acervo comunitario relativo al mercado único digital y proponga acciones legislativas específicas en relación con los principales obstáculos;

62.

Considera crucial la mejora de la supervisión de los mercados, la transparencia de las normas y la aplicación de mecanismos para fomentar la seguridad de los usuarios, ya que el gasto de los consumidores será un importante factor en la recuperación económica; considera que las autoridades públicas deben disponer de más recursos para investigar y poner coto en última instancia a prácticas comerciales ilegales; pide a la Comisión que cree un sistema europeo de alerta rápida, incluida una base de datos, para la lucha contra las actividades fraudulentas en el mercado digital; pide a la Comisión que actualice RAPEX (sistema de alerta rápida) según sea necesario; subraya que tales iniciativas deben respetar las normas en materia de protección de datos;

63.

Insta a las autoridades públicas a que actúen rápidamente contra los sitios web fraudulentos prestando mayor atención a los derechos de los consumidores, incluida la instauración de un régimen de sellos distintivos para los sitios web seguros y protegidos, y velando por que las empresas que ofrecen servicios de publicidad patrocinada no anuncien sitios web ilegales;

64.

Considera que es posible ganar la confianza de los consumidores con normas y códigos de conducta que permitan a los proveedores de servicios en línea adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos del sector;

65.

Subraya que la selección y la realización de perfiles en línea deben respetar plenamente las normas en materia de protección de datos;

66.

Destaca la necesidad de velar por una interpretación coherente de las normas de la UE en materia de privacidad de datos para garantizar una mejor protección de los datos y promover la confianza de los consumidores en los sistemas de pago en línea;

67.

Considera que la mejora de los regímenes de protección del consumidor en toda la UE puede servir para asegurar la confianza de los consumidores en las transacciones internacionales en línea, incluida la protección contra el fraude con tarjetas de crédito;

68.

Insta a la Comisión a que vele por que en el ámbito del comercio electrónico no se socave el respeto consecuente de los derechos de autor;

69.

Considera que la actividad transfronteriza de búsqueda y publicidad en Internet debe mejorar la información ofrecida a los consumidores y comerciantes y aumentar su capacidad para hacer comparaciones e identificar las ofertas; se muestra preocupado, a este respecto, por las posibles distorsiones de la competencia que podrían experimentar los consumidores y empresarios de algunos Estados miembros; pide a la Comisión que, en colaboración con la industria, resuelva las deficiencias de las plataformas de búsqueda y publicidad en Internet y fomente su funcionamiento transfronterizo, por ejemplo a través de la promoción de los dominios.eu;

70.

Invita a la Comisión a asegurarse por medio de la supervisión de que el comercio electrónico no burle la aplicación coherente de la legislación sobre derechos de autor;

71.

Insta a la Comisión a que asuma la iniciativa y realice urgentemente una evaluación de impacto para hallar el método más adecuado de gestionar el cobro de los derechos de autor, incluida la posibilidad de imponer tal derecho en el momento de su primera comercialización en el mercado de la Unión Europea, allí donde se produzca ésta, dado que las partes interesadas no son capaces de ponerse de acuerdo;

72.

Comparte la opinión de la Comisión de que modalidades alternativas de solución de conflictos (ADR), como la mediación y el arbitraje o las soluciones extrajudiciales, pueden representar una opción conveniente y atractiva para los consumidores; señala que algunos operadores privados, como las plataformas en línea, han establecido con éxito iniciativas para potenciar la confianza de los consumidores utilizando instrumentos internos de solución de conflictos; insta a los Estados miembros a que fomenten el desarrollo de ADR, con objeto de aumentar el nivel de protección de los consumidores y potenciar al máximo el respeto de la legislación; recuerda la experiencia positiva de SOLVIT y de la Red de de Centros Europeos de los Consumidores; pide que se cree un sistema europeo de información «e-consumer» que ofrezca de forma detallada asesoramiento e información sobre los derechos y las obligaciones en el mercado digital; destaca, no obstante, que estos mecanismos deben complementar, y no sustituir, a los medios judiciales o administrativos de control de la aplicación;

73.

Observa la importancia de mejorar el bajo nivel actual de seguridad y de confianza del consumidor en las transacciones transfronterizas, intensificando la aplicación en línea y transfronteriza de las normas existentes, confiriendo poderes a las autoridades de protección del consumidor, fomentando la cooperación entre las autoridades públicas, y estableciendo a escala europea mecanismos eficientes para el control y las auditorías del mercado, la tramitación de quejas y la resolución de conflictos;

74.

Anima a recurrir a mecanismos alternativos de resolución de conflictos, con la posibilidad de acceder a ellos mediante un procedimiento en línea, al que se pueda entrar directamente desde el portal europeo de justicia en línea (e-Justicia) en cuanto éste sea operativo;

75.

Destaca la necesidad de desarrollar y normalizar disposiciones que ofrezcan un elevado nivel de protección jurídica a los menores, y alienta el lanzamiento de campañas de información y formación destinadas a los padres, el profesorado y los cuidadores, con objeto de que sean conscientes de su responsabilidad en la educación de los niños sobre los riesgos que comporta el uso del comercio electrónico, y de la importancia de vigilar el uso que hacen los niños de Internet;

76.

Invita a la Comisión y a los Estados miembros a que tomen medidas con prontitud para luchar contra los servicios ilegales en línea, que no respetan las normas en materia de protección de los consumidores, protección de menores, derechos de autor y fiscalidad, así como la mayor parte de las otras leyes aplicables;

77.

Subraya la necesidad de evitar los riesgos vinculados a las ofertas de productos ilegales en la red, en particular medicamentos y productos sanitarios falsificados, mediante la promoción de información sanitaria y el uso de sitios específicos de los dominios.eu para poner en evidencia la información engañosa;

78.

Insta a la Comisión a que presente una propuesta en que se examinen las acciones o sanciones adecuadas que podrían aplicarse al comercio electrónico de mercancías o medicamentos falsificados, incluida la instauración de un régimen de sellos distintivos para los sitios web seguros y protegidos que comprenda, por ejemplo, un sistema de certificación para las farmacias autorizadas;

79.

Subraya la necesidad de proporcionar a los funcionarios y las autoridades judiciales una formación y preparación adecuadas acerca de las normas de la UE en materia de protección de los consumidores;

80.

Pide un único instrumento jurídico que combine los distintos textos actualmente en vigor con objeto de aclarar las normas aplicables al comercio electrónico; acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de una Directiva sobre los derechos de los consumidores y pide que se establezca, cuando proceda, un nivel adecuado de armonización de determinados aspectos del Derecho contractual de los consumidores, especialmente por lo que se refiere a la tramitación de determinadas reclamaciones en materia de garantía; considera que esto debe incluir otras directivas como la Directiva sobre la venta a distancia de servicios financieros y comercio electrónico;

81.

Pide a la Comisión que examine si la creación de un portal de comercio electrónico supervisado por la Comisión, en el que participen las partes interesadas y los Estados miembros, podría contribuir mejor a la difusión de las mejores prácticas y la información y, por consiguiente, a reforzar la confianza de los consumidores e incrementar el comercio electrónico transfronterizo;

82.

Invita a la Comisión a seguir investigando las razones por las que los consumidores rechazan el comercio electrónico, con objeto de elaborar directrices eficaces para una legislación adecuada, y sugiere crear un «marcador» dedicado exclusivamente al comercio electrónico con objeto de obtener un cuadro del comportamiento del consumidor en línea y de identificar los factores que afectan y determinan sus elecciones;

83.

Reconoce que, si los ciudadanos no tienen la confianza suficiente en el marco jurídico del nuevo espacio digital, se abstendrán de interactuar, expresar sus opiniones libremente y realizar transacciones; considera que la garantía y la observancia de los derechos fundamentales en este contexto constituye una condición indispensable para lograr la confianza de los ciudadanos, y que la garantía de la protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI) y de otro tipo constituye una condición indispensable para lograr la confianza de las empresas;

84.

Pide a la Comisión que suprima el requisito de contar con un punto de venta tradicional para poder vender en línea, ya que este requisito obstaculiza en gran medida el comercio electrónico;

85.

Subraya la importancia que tiene para el desarrollo ulterior del comercio electrónico transfronterizo el establecimiento de un marco coherente en toda la Unión Europea, dentro de los límites del acervo comunitario, para la protección y la aplicación de los derechos de propiedad intelectual, la intensificación de la lucha contra los bienes ilegales y falsificados, y la sensibilización de los consumidores europeos a este respecto;

86.

Señala que es necesario introducir legislación aplicable a todas las transacciones electrónicas, ya que es fundamental para la protección de los derechos de los usuarios de servicios de comercio electrónico;

87.

Pide el desarrollo, en el ámbito de los programas marco de investigación, de proyectos de investigación innovadores destinados a promover y armonizar el mercado del comercio electrónico de la UE aumentando la confianza del consumidor, su autonomía y las posibilidades de elección en el entorno digital;

88.

Pide un control eficaz de la evolución jurídica, técnica y económica del comercio electrónico y señala la necesidad de una evaluación de impacto de todas las decisiones que afectan al mercado único digital y la sociedad de la información; señala que, para ello, un cuadro de resultados en materia de comercio electrónico para evaluar el entorno del mercado electrónico europeo constituiría una herramienta útil;

89.

Considera que la confianza de los consumidores se puede desarrollar mediante la supresión de las barreras al comercio electrónico transfronterizo, preservando al mismo tiempo el máximo nivel de protección de los consumidores, y se puede reforzar a través de autoridades europeas de confianza o marcas de confianza que garanticen la fiabilidad y calidad de los productos comercializados en el mercado electrónico transfronterizo; considera que la Comisión debe establecer una marca de confianza europea sostenible, con unas normas claras y transparentes, que deben ser objeto de supervisión; y que dicho sistema de marca de confianza europea debe estar respaldado por un mecanismo de control o aplicación de las normas, como ya ocurre a nivel nacional en algunos Estados miembros; reconoce que un sistema transfronterizo de marca de confianza europea solamente puede funcionar en el contexto de la legislación de la UE en la que puede basarse la marca de confianza europea; opina que todo sistema de marca de confianza europea debe estar sujeto a una exhaustiva evaluación de impacto, y se debe aplicar en cooperación con las marcas de confianza que ya existen en los Estados miembros;

90.

Subraya la importancia de promover y aplicar en toda la UE logotipos, marcas de confianza y marcas de calidad que ayuden a los consumidores a reconocer a los comerciantes en línea fiables, recompensen las buenas prácticas y estimulen la innovación, apoyando así a las empresas de la UE en sus esfuerzos para sobrepasar los confines de sus mercados nacionales;

91.

Destaca que, en un entorno en línea en que el comprador y el vendedor no se encuentran en contacto directo, y en el que el comprador tiene una capacidad limitada de evaluar la calidad física de los productos, es esencial disponer, en aras de la transparencia, de una información precisa y clara;

92.

Pone de relieve el esfuerzo de la Comisión y de los reguladores postales nacionales para la aplicación correcta y oportuna de la tercera Directiva sobre servicios postales (Directiva 2008/6/CE) en los 27 Estados miembros con objeto de lograr un aumento de la competencia, precios más bajos y mejores servicios, y de mejorar las condiciones para la entrega de bienes adquiridos a través del comercio electrónico transfronterizo; subraya asimismo la importancia de que se garantice la disponibilidad de servicios de seguros para la entrega de paquetes;

93.

Pide que se establezca un programa con vistas a utilizar los instrumentos financieros existentes para proyectos dirigidos a incrementar la confianza de los consumidores en el comercio electrónico, incluidas las campañas de formación e información tanto a nivel europeo como nacional y los proyectos para comprobar en la práctica los servicios en línea (por ejemplo el denominado «mystery shopping»); subraya la necesidad de desarrollar instrumentos en línea para educar a los consumidores sobre el comercio electrónico y la nueva tecnología digital (derechos principales de los consumidores de Internet, comercio electrónico, normas en materia de protección de datos, etc.), como por ejemplo el proyecto Dolceta (Desarrollo de herramientas educativas en línea para los consumidores adultos), permitiendo así a los ciudadanos mejorar su capacidad de actuar en línea y su conocimiento de sus derechos y obligaciones, así como beneficiarse de las ventajas del comercio electrónico en una sociedad informatizada;

94.

Considera que se puede reforzar más la confianza del consumidor garantizando un entorno en línea fiable, respondiendo a las preocupaciones sobre la protección de los datos personales, regulando la recogida de datos, los objetivos de comportamiento, la creación de perfiles y la publicidad, y sensibilizando a los consumidores mediante campañas educativas y de información; pide a la Comisión que presente una propuesta para la adaptación de la Directiva relativa a la protección de datos al actual contexto digital;

95.

Subraya la necesidad de simplificar y hacer más transparentes la cadena de suministro y los términos y condiciones de los intercambios transfronterizos en línea mediante el establecimiento de normas sobre la información engañosa o incompleta relativa a los derechos del consumidor, los costes totales y los datos de contacto de los comerciantes, y promoviendo prácticas mejores y justas, recomendaciones y directrices para las tiendas electrónicas; reconoce los esfuerzos realizados por la UE en este ámbito para aclarar las condiciones y los precios de los billetes de avión, un ejemplo a seguir;

96.

Destaca la importancia de una aplicación rápida y eficaz del instrumento europeo de microfinanciación Progress, operativo desde junio de 2010, que podría ofrecer un nuevo impulso a la creación de empresas en línea, especialmente entre las personas desempleadas desde hace poco tiempo;

97.

Considera que los conocimientos informáticos básicos y la sensibilización sobre las posibilidades que ofrecen son esenciales para el desarrollo del entorno digital europeo; pide, por tanto, que se ponga en marcha un plan de acción de «alfabetización» e inclusión informáticas a escala de la UE y de los Estados miembros, que incluya en particular: ofertas de formación en informática básica dirigidas de forma especial a las personas desempleadas y los grupos en peligro de exclusión, incentivos a las iniciativas del sector privado para ofrecer formación informática a todos sus empleados, la iniciativa europea «Navega con inteligencia» para familiarizar a todos los estudiantes, incluidos los que siguen un aprendizaje permanente o una formación profesional, con el uso seguro de las TIC y los servicios en línea, y un sistema de certificación común de las TIC a escala de la UE;

98.

Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de publicar antes de 2012 un Código de derechos en línea de la UE que resuma los derechos y obligaciones de los usuarios digitales existentes en la UE de una manera clara y accesible, complementado por una revisión anual de las infracciones de la legislación en materia de protección de los consumidores en línea y de medidas de aplicación apropiadas, en coordinación con la red europea de organismos de protección del consumidor;

99.

Considera que el desarrollo de códigos de conducta autorreguladores por parte de las asociaciones comerciales, profesionales y de consumidores y la aplicación de las medidas contempladas en el informe del Parlamento sobre una nueva Agenda Digital para Europa: 2015.eu en el que se reclama la creación de una Carta europea de los derechos de los ciudadanos y los consumidores en el entorno digital y el desarrollo de una «quinta libertad» que permita la libre circulación de contenidos y conocimientos, aumentarían la confianza de los consumidores en el comercio electrónico clarificando los derechos y obligaciones de todos los actores de la sociedad de la información;

100.

Pide a la Comisión que actúe con diligencia y que informe, durante 2012, sobre los avances realizados para eliminar los obstáculos al comercio electrónico, como declara en su Comunicación de 22 de octubre de 2009 relativa al comercio electrónico transfronterizo entre empresas y consumidores en la UE (COM(2009)0557); pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por establecer un alto nivel de protección de los consumidores en el comercio electrónico y por la eliminación de los obstáculos para el desarrollo del comercio electrónico identificados en la Comunicación de la Comisión de 2010 sobre la Agenda Digital y en su Comunicación de 2009 relativa al comercio electrónico transfronterizo entre empresas y consumidores en la UE, tanto a través de medidas legislativas como no legislativas; pide a la Comisión que convoque un diálogo entre las partes interesadas y los Estados Unidos, con el fin de examinar la forma de desarrollar un mercado electrónico transatlántico;

101.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

21.2.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 50/15

—

Visto el Informe anual 2009 de la Comisión relativo a los progresos realizados por Turquía (SEC(2009)1334),

—

Visto el Acuerdo, de 12 de septiembre de 1963, por el que se establece una asociación entre la Comunidad Económica Europea y Turquía,

—

Visto el Protocolo adicional a dicho Acuerdo, de 23 de noviembre de 1970, y, en particular, su artículo 41, apartado 1 (cláusula de mantenimiento del statu quo),

—

Vista la Decisión no 1/80 del Consejo de Asociación CE-Turquía, de 19 de septiembre de 1980,

—

Vista la Decisión no 1/95 del Consejo de Asociación CE-Turquía, de 22 de diciembre de 1995, relativa al establecimiento de la fase final de la Unión Aduanera (96/142/CE),

—

Vistas las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo relativas a los cuatro movimientos fundamentales, en particular los asuntos Demirel, Sevince, Savas, Abatay-Sahin, Tum-Dari y Soysal,

—

Vista la última Revisión de las Políticas Comerciales de la OMC sobre Turquía, publicada en 2007,

—

Vistas sus anteriores resoluciones sobre Turquía,

—

Visto el análisis del Departamento Temático sobre el programa anual de 2009 para Turquía en el marco del Instrumento de Preadhesión (IPA) en el contexto del paquete de ampliación 2009,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo de 11 de diciembre de 2006,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Comercio Internacional (A7-0238/2010),

A.

Considerando que la Unión Aduanera con Turquía sigue constituyendo una de las relaciones comerciales más avanzadas y estrechas que la Unión Europea tiene con un tercer país,

B.

Considerando que Turquía es la decimoséptima mayor economía del mundo, según las estadísticas del Banco Mundial, y la sexta mayor economía de Europa, con productos industriales que representan más del 90 % de sus exportaciones, y considerando que, en 2008, Turquía fue el vigésimo mayor receptor de IED (inversión extranjera directa) del mundo, la cual ascendió a 18 mil millones de euros en dicho año,

C.

Considerando que Turquía ha pasado a ocupar el séptimo lugar entre los socios comerciales de la UE, y que la UE es el principal socio comercial de Turquía,

D.

Considerando que en 2009 Turquía exportó productos a la UE por un valor de 33 600 millones de euros e importó productos de la UE por un valor de 40 400 millones de euros,

E.

Considerando que el índice medio de desempleo en Turquía alcanzó en 2009 la alarmante cifra del 12,5 % y, según datos de la OCDE, descendió al 10,8 % en abril de 2010, que el desempleo juvenil llega al 25 %, y que el informe de 2010 sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio relativo a Turquía indica que el índice de pobreza extrema es del 17,1 %,

1.

Acoge con satisfacción que las relaciones comerciales de la UE con Turquía se encuentren en un nivel avanzado; pide a Turquía que simplifique los procedimientos y la burocracia y suprima los obstáculos arancelarios y no arancelarios existentes; subraya la importancia de un diálogo constructivo entre ambas partes a fin de reforzar estas relaciones;

2.

Recuerda que, de acuerdo con la lectura combinada del artículo 205 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y del artículo 21 del Tratado UE, la acción exterior de la Unión, incluyendo la política comercial común, pretende fomentar «la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional», así como crear asociaciones con los terceros países que comparten los principios mencionados;

3.

Pide a la Comisión que mantenga su compromiso y el diálogo con Turquía en materia de comercio, en particular en el seno del Comité Consultivo Mixto y del Comité Mixto de la Unión Aduanera CE-Turquía; anima a ambas partes a utilizar estas plataformas con mayor eficacia, resolviendo rápidamente las cuestiones pendientes, como la prohibición por parte de Turquía de las importaciones de carne de vacuno, de bovinos vivos y de productos derivados y las cuotas de circulación aplicadas por algunos Estados miembros de la UE a los vehículos matriculados en Turquía;

4.

Toma nota del potencial de crecimiento a largo plazo y de las especificidades demográficas de Turquía y anima tanto a la UE como a Turquía a prestar la debida atención a la interconexión de sus economías, a mantener regímenes comerciales y de inversión abiertos y su capacidad para resistir a las presiones proteccionistas internas, de acuerdo con los compromisos asumidos en diversas plataformas internacionales, y a utilizar los instrumentos de defensa comercial de conformidad con las normas de la OMC;

5.

Manifiesta su preocupación por el bajo nivel de participación de las mujeres en el mercado laboral y su empleo en el sector informal; insta a Turquía a situar el empleo de la mujer en el núcleo de sus políticas sociales, económicas y de empleo;

6.

Subraya la gravedad de la situación del empleo juvenil y la falta de acciones específicas para hacer frente al problema; hace referencia a un reciente estudio de la OIT, en el que se describe la creación de empleo en general y de empleo femenino y juvenil en particular como reto fundamental del mercado de trabajo para el desarrollo de Turquía; pide, por consiguiente, una estrategia de empleo centrada en el empleo juvenil, en general, y en la situación de las mujeres jóvenes, en particular;

7.

Acoge con satisfacción la creación de la Unión Aduanera (UA) en 1996, que ha facilitado un mayor acceso al mercado y permitido que los volúmenes de intercambios comerciales anuales entre la UE y Turquía hayan alcanzado los 100 mil millones de euros en 2008;

8.

Destaca que la UA cubre los productos manufacturados y los productos agrícolas transformados; espera que se incluyan los productos agrícolas en la UA lo antes posible; considera que la UA se puede consolidar e incluir otros sectores, como los servicios y los contratos públicos;

9.

Lamenta que, según la última revisión de la OMC, el arancel medio de los productos agrícolas aplicado por Turquía sea relativamente elevado y, en algunos casos, extremadamente alto (por ejemplo, el derecho aplicado al maíz es del 130 %); pide al Gobierno turco que reduzca considerablemente estas barreras;

10.

Acoge con satisfacción la adaptación del Código aduanero turco al de la UE y, en particular, la adopción del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG); pide una mayor adaptación de la legislación turca al acervo comunitario en materia de libre comercio, de lucha contra la falsificación y de controles a posteriori y autorizaciones de las tiendas libres de impuestos;

11.

Lamenta que, por quinto año consecutivo, Turquía no haya aplicado plenamente el Protocolo adicional al Acuerdo de asociación ni suprimido todos los obstáculos a la libre circulación de mercancías y pide a Turquía que cumpla totalmente, sin demora y de manera no discriminatoria todas las obligaciones que le incumben en virtud de este Protocolo, lo que contribuirá al desarrollo de sus relaciones comerciales con todos los Estados miembros de la UE, y recuerda que, de no hacerlo, podría verse seriamente afectado el proceso de negociación;

12.

Reitera que es fundamental que Turquía cumpla totalmente con sus compromisos en el marco de la Unión Aduanera; considera asimismo que es necesaria una mayor armonización con el acervo comunitario en ciertos ámbitos, como las zonas de libre comercio y la exención de los derechos de aduana;

13.

Subraya que la UA se beneficiaría enormemente de una revisión del mecanismo de solución de diferencias, ya que permitiría una solución rápida y justa de los asuntos pendientes;

14.

Pide que se eliminen todas las barreras innecesarias al comercio entre la UE y Turquía, incluyendo las de carácter técnico, como el no reconocimiento de las certificaciones, la repetición de pruebas, las inspecciones duplicadas y las normas y reglamentaciones técnicas obligatorias, de conformidad con las normas de la OMC, y pide asimismo a la Comisión que comparta las buenas prácticas en esta materia;

15.

Constata las dificultades a las que se enfrenta Turquía al concluir acuerdos de libre comercio (ALC) con terceros países, que tienen efectos negativos para la economía turca al permitir el acceso preferencial unilateral al mercado turco para los socios ALC de la UE con los que Turquía aún no ha podido firmar acuerdos de libre comercio; pide a la Comisión y al Consejo que aseguren la inclusión de Turquía en los estudios de evaluación de impacto de los futuros ALC entre la UE y terceros países y que sigan reforzando la transmisión de información sobre la posición de la UE y la situación de las negociaciones sobre los ALC; insta a la Comisión a tener en cuenta, en el ámbito de los ALC, la UA entre la UE y Turquía;

16.

Pide a Turquía que elimine las licencias de importación aún existentes que infrinjan los compromisos suscritos en virtud de la Unión Aduanera y convenga en actualizar la Decisión 2/97 del Consejo de Asociación CE-Turquía relativa a la eliminación de las barreras comerciales de carácter técnico;

17.

Acoge con satisfacción la legislación sobre la normalización del comercio exterior aprobada por el Gobierno turco en 2009; toma nota, no obstante, de la introducción de procedimientos de evaluación de la conformidad y de controles aduaneros físicos; insta tanto a la UE como a Turquía a aplicar plenamente los principios de reconocimiento mutuo;

18.

Pide a Turquía que suprima los engorrosos trámites para la importación y ajuste su sistema de contingentes exentos de derechos de aduanas para los productos agrícolas transformados que no cumplen los requisitos de la Unión Aduanera;

19.

Acoge con satisfacción las positivas conclusiones de la última revisión de la OMC sobre Turquía; insta, no obstante, al Gobierno turco a tomar las medidas necesarias para cumplir las recomendaciones al respecto y acelerar las reformas estructurales y legislativas necesarias;

20.

Pide a Turquía que suspenda los nuevos requisitos en materia de buenas prácticas de fabricación, que de hecho prohíben las importaciones de determinados productos farmacéuticos, y que participe en las iniciativas internacionales para la armonización de los procedimientos y normas en materia de buenas prácticas de fabricación, como las de la OMS y de la UE, y se adhiera a dichas iniciativas;

21.

Toma nota de la estrategia dinámica de Turquía en materia de comercio internacional y la conclusión de dieciséis ACL hasta la fecha; insta a la UE y a Turquía a trabajar conjuntamente para profundizar las relaciones comerciales con Asia Central;

22.

Toma nota de que el 88 % del volumen global de IED en Turquía procede de la UE; señala, sin embargo, que la cuota de IED en el PIB de Turquía es relativamente pequeña;

23.

Toma nota del papel de Turquía en las plataformas regionales como la Organización de la Cooperación Económica del Mar Negro, el Banco de Comercio y Desarrollo del Mar Negro y el Proceso de Cooperación en el Sudeste de Europa; insta a Turquía a que asuma un papel destacado en la promoción de un comercio abierto y justo que tenga especialmente en cuenta el bienestar social, económico y medioambiental;

24.

Toma nota del importante papel de Turquía en la región mediterránea como parte fundadora del Proceso de Barcelona y pide a Turquía que respete plenamente a todos los Estados socios del Proceso; subraya que aún queda mucho por hacer para mejorar el comercio de Turquía en la cuenca mediterránea;

25.

Señala que, mientras la UE sigue siendo el principal socio comercial de Turquía, Rusia, China, los Estados Unidos e Irán figuran entre los principales socios comerciales de Turquía en 2009; subraya que el volumen del comercio entre Turquía y la UE disminuyó durante 2009, mientras que se ha observado una tendencia al incremento en los dos primeros trimestres de 2010; observa también que Turquía está diversificando sus socios comerciales; pide a la Comisión que realice un estudio sobre las causas, que pueden incluir la crisis financiera, y sobre el impacto económico de la disminución relativa de la participación de la UE en el volumen del comercio exterior de Turquía;

26.

Señala que Turquía y la UE se enfrentan a retos similares en relación con el suministro energético; subraya la importancia del proyecto Nabucco para la seguridad del suministro energético en la UE, y pide por consiguiente a Turquía que tome la iniciativa de aplicar rápidamente el acuerdo intergubernamental sobre Nabucco; subraya la necesidad de definir una estrategia energética exterior común y de abrir el capítulo relativo a la energía, lo que permitiría incrementar la cooperación en el ámbito energético; insta a Turquía a ratificar la enmienda a las disposiciones comerciales del Tratado sobre la Carta de la Energía y la anima a invertir en el enorme potencial que suponen sus fuentes de energía renovables;

27.

Observa que los problemas recurrentes relacionados con los visados en el marco del modo 4 del AGCS limitan notablemente la circulación de los empresarios y los camioneros turcos en la UE; hace hincapié en las sucesivas sentencias del TJE en la materia y pide a la Comisión que garantice el respeto de las mismas por parte de los Estados miembros; pide, por consiguiente, a la Comisión y al Consejo que vuelvan a examinar los procedimientos de visado, para eliminar los obstáculos al comercio;

28.

Lamenta que aún no se haya completado la legislación que garantice el pleno respeto de los derechos sindicales, en línea con las normas de la UE y los convenios internacionales de la OIT en la materia, en particular por lo que respecta a los derechos de los sindicatos, los convenios colectivos y el derecho a la huelga;

29.

Insta a Turquía a evitar las prácticas discriminatorias contra las empresas extranjeras, concediendo a los licitadores turcos una ventaja del 15 % con respecto al precio en los contratos públicos; invita a Turquía a adherirse al Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC;

30.

Subraya que los productos falsificados, en particular los productos farmacéuticos y cosméticos, representan un problema importante para las relaciones comerciales UE-Turquía y reducen el atractivo de Turquía para la IED; alienta a Turquía a aplicar de manera efectiva la nueva legislación en materia de DPI a fin de favorecer las relaciones comerciales con la UE; subraya la necesidad de lograr, al establecer un régimen de propiedad intelectual, un mejor equilibrio entre las exigencias internacionales en materia de derechos de propiedad intelectual y las necesidades de desarrollo económico interno;

31.

Señala que las PYME constituyen el 99 % de las empresas turcas y proporcionan el 70 % de las oportunidades laborales en el país; anima a Turquía a que mejore el acceso de las PYME a las finanzas; acoge con satisfacción el Noveno Plan de Desarrollo de Turquía, que se centra en el gasto en I&D, fundamental para aumentar la competitividad de las PYME;

32.

Acoge con satisfacción el resultado del referéndum sobre la reforma constitucional;

33.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Gobierno de Turquía.

21.2.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 50/19

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Detener la pérdida de biodiversidad para 2010 – y más adelante: respaldar los servicios de los ecosistemas para el bienestar humano» (COM(2006)0216),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Evaluación intermedia de la aplicación del Plan de Acción comunitario para la biodiversidad» (COM(2008)0864),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Opciones para una meta y una visión de la UE en materia de biodiversidad más allá de 2010» (COM(2010)0004),

—

Visto el Informe de síntesis de la Comisión sobre el estado de conservación de los tipos de hábitats y especies de conformidad con el artículo 17 de la Directiva de hábitats (COM(2009)0358),

—

Vista la Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (1) («Directiva de aves») y la Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de enero de 2001, (2) sobre la aplicación de la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (3) («Directiva de hábitats»),

—

Vistas las conclusiones del Consejo de Medio Ambiente celebrado el 25 de junio de 2009 sobre la «Evaluación intermedia de la aplicación del Plan de Acción Comunitario para la Biodiversidad» y «Hacia una Estrategia de la UE sobre especies exóticas invasoras»,

—

Visto el Consejo informal celebrado los días 26 y 27 de enero de 2010 en Madrid, en el que se adoptaron las denominadas prioridades «Cibeles», así como las conclusiones del Consejo de Medio Ambiente celebrado el 15 de marzo de 2010 sobre la biodiversidad después de 2010 – Visión y metas mundiales y de la UE y régimen internacional sobre acceso y participación en los beneficios,

—

Vistas las conclusiones del Consejo Europeo celebrado los días 25 y 26 de marzo de 2010, en particular el apartado 14,

—

Vista su Resolución, de 22 de mayo de 2007, sobre la detención de la pérdida de biodiversidad para 2010 (4),

—

Vista la Cumbre europea celebrada en Gotemburgo en 2001, en la que se acordó detener la pérdida de biodiversidad para 2010 como parte de una estrategia de desarrollo sostenible,

—

Visto el Estudio sobre la economía de los ecosistemas y la biodiversidad (TEEB) (http://www.teebweb.org),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Hacia una estrategia de la UE sobre especies invasoras» (COM(2008)0789),

—

Visto el Libro Azul de la UE titulado «Una política marítima integrada para la Unión Europea» (COM(2007)0575 y SEC(2007)1278), así como los preparativos en curso para la reforma de la Política Pesquera Común,

—

Vistas las medidas destinadas a reforzar la conservación de la naturaleza y la biodiversidad que forman parte del «chequeo» de la PAC y las oportunidades ofrecidas por la reforma de la PAC que se debate actualmente,

—

Vistas las conclusiones de expertos independientes en el estudio «Aplicación nacional de la Directiva sobre Hábitats del Consejo» - PE 410.698 – Departamento Temático C, 2009, sobre la aplicación de la Directiva de hábitats, especialmente en lo que respecta a la falta de evaluación de las opciones alternativas a los proyectos y sus efectos cumulativos, la inadecuada gestión de los lugares y, cuando se acuerdan medidas compensatorias, la falta de verificación de dichas medidas, y al hecho de que a menudo se aplican demasiado tarde, si es que se aplican;

—

Visto que las Naciones Unidas han declarado el año 2010 «Año Internacional de la Biodiversidad»,

—

Visto el resultado de la Decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes (COP 15) de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que se celebró en Doha (Qatar) del 13 al 25 de marzo de 2010,

—

Vista la próxima quinta reunión de la Conferencia de las Partes que servirá como reunión de las Partes en el Protocolo de Cartagena sobre la Seguridad de la Biotecnología (COP-MOP 5), así como la Conferencia de las Partes (COP 10) del Convenio de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CBD),

—

Visto el informe de la AEMA no 4/2009 «Avances hacia el objetivo europeo de biodiversidad para 2010», en especial el anexo «Indicador de biodiversidad SEBI 2010»,

—

Visto el documento de orientación de la Comisión «Directrices para el establecimiento de la red Natura 2000 en el medio marino. Aplicación de las Directivas de hábitats y de aves silvestres» (mayo de 2007),

—

Vista la Estrategia UE 2020,

—

Vista la tercera Perspectiva Mundial sobre la Biodiversidad de las Naciones Unidas,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y las opiniones de la Comisión de Pesca y de la Comisión de Peticiones (A7-0241/2010),

A.

Considerando que la actividad legislativa de la UE debe tener repercusiones en la biodiversidad, como ocurrió con la Directiva marco sobre el agua (2000/60/CE) y la Directiva marco sobre estrategia marina (2008/56/CE),

B.

Considerando que se ha puesto de manifiesto en las Comunicaciones de la Comisión que la UE no ha cumplido su objetivo de biodiversidad para 2010,

C.

Considerando que la revisión de las especies y los tipos de hábitats protegidos conforme a la Directiva de hábitats muestra que una mayoría de especies y de hábitats tienen un estado de conservación desfavorable, que el índice de extinción es preocupantemente elevado —según algunas estimaciones la tasa de biodiversidad se ha reducido en un 30 % en los últimos 40 años— y que los factores que generan la excesiva pérdida de biodiversidad no dan pruebas de declinar; que los hábitats y las especies de interés en la UE se encuentran potencialmente amenazados por el cambio climático antropogénico; que los científicos estiman que hay muchas especies sin catalogar, por lo que resulta imposible medir el verdadero alcance de la pérdida de biodiversidad,

D.

Considerando que varios factores han impedido que la UE logre su objetivo de 2010, tales como el fracaso a la hora de reconocer y tratar las causas de la reducción de la biodiversidad, la aplicación incompleta de la legislación, una integración incompleta y deficiente en políticas sectoriales, los insuficientes conocimientos científicos y las lagunas en los datos, la falta de voluntad política, la financiación insuficiente, la falta de instrumentos adicionales dirigidos con eficacia a abordar problemas específicos tales como las especies exóticas invasoras,

E.

Considerando que la biodiversidad, en su calidad de capital natural mundial, es esencial para la existencia de la vida humana en la Tierra y para el bienestar de las sociedades, tanto de forma directa como indirecta por medio de los servicios ecosistémicos que proporciona; que la biodiversidad desempeña un papel central en la lucha mundial contra el hambre y en favor de la seguridad alimentaria; que la protección y el uso sostenible de la biodiversidad es un requisito previo para la mitigación y la adaptación al cambio climático,

F.

Considerando que la biodiversidad biológica es el soporte insustituible sobre el que ha evolucionado la humanidad y que su pérdida y la del patrimonio natural que lleva asociada generan desequilibrios y dan lugar a pérdidas económicas y de bienestar importantes, a la misma escala que los costes de la pasividad en materia de cambio climático,

G.

Considerando que el Estudio sobre la economía de los ecosistemas y la biodiversidad (TEEB) confirma también que la pérdida de biodiversidad da lugar a pérdidas económicas y de bienestar importantes,

H.

Considerando que un estudio reciente del Eurobarómetro muestra que gran parte de los ciudadanos de la UE están poco familiarizados con el término de biodiversidad y con las consecuencias de la pérdida de biodiversidad,

I.

Considerando que la desaparición de especies puede romper la cadena trófica, indispensable para la supervivencia de otras especies vegetales y animales, cuya importancia resulta indispensable para la producción alimenticia, la adaptación a las condiciones climáticas, la resistencia a agentes externos y la preservación de valores genéticos,

1.

Manifiesta su profunda preocupación por el ritmo, muy rápido, de la pérdida de biodiversidad inducida por los seres humanos que, de continuar como en las últimas décadas, nos dejará con una naturaleza considerablemente empobrecida y con daños irreversibles antes de 2050 y subraya que el buen funcionamiento de los ecosistemas es un requisito previo para nuestra subsistencia;

2.

Destaca que la biodiversidad es el indicador más importante del buen estado del medio ambiente;

3.

Es consciente de que resulta inaceptable el fracaso a la hora de detener la pérdida de biodiversidad, no sólo desde una perspectiva ética, sino también ecológica y económica, ya que priva a las generaciones futuras de los servicios ecosistémicos y de los aspectos de bienestar de una biodiversidad rica y natural; pide por tanto a la Comisión y a los Estados miembros que mejoren la gobernanza y la conformidad en materia de biodiversidad en sus relaciones tanto internas como externas;

4.

Es consciente, asimismo, de que para abordar con éxito la triple crisis de la seguridad alimentaria, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático es preciso un planteamiento coherente y una estrategia futura de la UE sobre biodiversidad que esté integrada plenamente con las estrategias de lucha contra la pobreza y el hambre y de mitigación del cambio climático y adaptación a éste;

5.

Reconoce que las ONG han de desempeñar una importante función en la protección de la biodiversidad, aportando su contribución durante el proceso de toma de decisiones, con su actuación sobre el terreno y concienciando a los ciudadanos;

6.

Subraya que según estudios en curso, tales como el estudio TEEB, se calcula que la pérdida de bienestar derivada de la pérdida de biodiversidad se eleva actualmente a unos 50 000 millones de euros anuales (apenas inferior al 1 % del PIB), y que se incrementará a 14 billones de euros o el 7 % del PIB anuales en 2050;

7.

Comparte, sin embargo, la opinión del estudio TEEB de que la medida del valor económico de la biodiversidad está sujeta a limitaciones metodológicas y no debe ensombrecer la dimensión ética e intergeneracional de la conservación de la biodiversidad;

8.

Muestra su profunda preocupación por el hecho de que la agenda política internacional no refleje en absoluto la urgencia de detener la pérdida de biodiversidad;

9.

Lamenta profundamente que no se haya logrado el objetivo de la UE, conforme a lo acordado en la Cumbre europea celebrada en Gotemburgo en 2001, de detener la pérdida de biodiversidad antes de 2010 y comparte la preocupación expresada al Parlamento Europeo por muchos peticionarios;

10.

Se felicita por la Comunicación de la Comisión titulada «Opciones para una meta y una visión de la UE en materia de biodiversidad más allá de 2010»;

11.

Acoge con satisfacción, además, las conclusiones sobre biodiversidad del Consejo de Medio Ambiente celebrado el 15 de marzo de 2010, incluido el nuevo objetivo principal de detener la pérdida de biodiversidad y la degradación de los servicios ecosistémicos en la UE antes de 2020 y de restablecerlos siempre que sea posible, sin perjuicio de los cambios naturales de la biodiversidad, así como las conclusiones del Consejo Europeo de 25 y 26 de marzo de 2010 en las que se confirma la necesidad imperiosa de invertir las constantes tendencias de pérdida de biodiversidad y degradación del ecosistema;

12.

Cree que detener la pérdida de biodiversidad constituye el nivel mínimo absoluto de ambición que debe lograrse antes de 2020;

13.

Señala las valiosas iniciativas destinadas a restablecer la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que ya se están llevando a cabo y cree que tales actividades también deben formar parte del objetivo principal para 2020;

14.

Considera que en los casos en los que se carezca de datos suficientes es necesario llevar a cabo una exhaustiva evaluación del impacto ambiental, económico y social;

15.

Se muestra convencido, dado el carácter mundial de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos y su carácter esencial para los objetivos globales de desarrollo sostenible, reducción de la pobreza y el hambre y mejora de la salud y el bienestar humano, de que la estrategia futura de la UE debe consistir también en intensificar los esfuerzos internacionales de la UE para evitar la pérdida de biodiversidad, ya que estudios como el TEEB han probado de modo suficiente que esto es rentable y viable, y contribuir así de forma más efectiva a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de aquí a 2015;

16.

Subraya además que, como parte de una política dirigida a proteger y mejorar la biodiversidad, se requiere una política común de la UE para abordar los problemas de las especies exóticas invasoras, y señala la existencia de una relación particularmente estrecha entre los corredores de transporte y la introducción a gran escala de especies exóticas;

17.

Reconoce que una aplicación completa y correcta de la legislación referente a Natura 2000 desempeña un papel importante en el logro de los objetivos sobre biodiversidad, cambio climático y desarrollo sostenible de la UE; considera esencial, a este respecto, que la futura cooperación con los usuarios del suelo para la aplicación de Natura 2000 se refuerce profundamente y se desarrolle en un espíritu de colaboración; destaca que el enfoque de Natura 2000 ya puede presumir de algunos logros importantes;

18.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apliquen plenamente el artículo 6 de la Directiva de hábitats;

19.

Mantiene su inquietud, a pesar de los resultados positivos y tangibles logrados por varios Estados miembros en el estado de conservación de varias especies, por la aplicación rigurosa y completa de la legislación de Natura 2000; insta a los Estados miembros a dar mayor prioridad a la aplicación de Natura 2000;

20.

Acoge con satisfacción que la red Natura 2000 represente el 18 % del territorio de la UE y que se hayan logrado en poco tiempo progresos en la elaboración de medidas o planes de gestión; muestra su consternación por el incumplimiento de los plazos fijados en las Directivas por parte de los Estados miembros; insta por tanto a los Estados miembros a que tomen medidas inmediatas para aplicar plenamente las Directivas de aves y de hábitats;

21.

Manifiesta su preocupación por la falta de progresos a la hora de establecer la red Natura 2000 en el medio ambiente marino y pide a la Comisión y a los Estados miembros que aceleren los procedimientos necesarios;

22.

Pide a la Comisión que adopte un modelo de red de zonas marinas protegidas (ZMP) que permita conciliar la protección del medio ambiente con la práctica de una pesca sostenible, que informe regularmente sobre los progresos de los Estados miembros en la aplicación de las Directivas de hábitats y de aves, en particular con miras a la plena realización de la Red Natura 2000 en el ámbito marino, teniendo en cuenta que, hasta ahora, menos del 10 % de las zonas protegidas son áreas de mar, y que haga referencia en este contexto a las obligaciones de información y de supervisión de los Estados miembros;

23.

Observa que la legislación de la UE en materia de biodiversidad otorga a las especies y hábitats marinos niveles de protección más bajos que a las especies y hábitats terrestres; pide a la Comisión, por tanto, que evalúe las carencias de la legislación y de su aplicación, y que desarrolle ZMP en las cuales las actividades económicas, incluida la pesca, sean objeto de una gestión reforzada centrada en los ecosistemas;

24.

Observa asimismo que los diferentes convenios sobre los mares regionales que rodean la UE, tales como OSPAR, HELCOM o Barcelona, proporcionan un importante marco de protección para los ecosistemas marinos;

25.

Considera que los Estados miembros deben estar autorizados a adoptar iniciativas para la protección de la biodiversidad marina que vayan más allá de las medidas requeridas por la legislación de la Unión Europea;

26.

Recuerda que para que Natura 2000 se establezca de modo coherente, es necesaria la conservación de aquellas características del paisaje que tienen una importancia capital para la flora y la fauna silvestres; pide por tanto a la Comisión y a los Estados miembros que intervengan activamente en la conservación y el desarrollo de la conectividad de las zonas protegidas, tanto terrestres como marinas, así como de las zonas agrícolas de alto valor natural;

27.

Apoya las conclusiones de la Agencia Europea de Medio Ambiente cuando afirma que la situación de conservación de las especies y los hábitats protegidos por la Directiva de hábitats es motivo de preocupación y que «no debemos dedicar todos nuestros esfuerzos a preservar islas de biodiversidad, si mientras tanto perdemos la naturaleza en el resto de lugares», ya que reflejan los puntos de vista expresados muy a menudo por los ciudadanos europeos en las peticiones que dirigen al Parlamento Europeo;

28.

Recuerda a la Comisión y a los Estados miembros que la Directiva sobre la estrategia marina no limita la aplicación de la noción de áreas marinas protegidas a las de la red Natura 2000; pide por tanto a los Estados miembros y a la Comisión que lo tengan en cuenta y establezcan nexos entre todas las áreas marinas protegidas, incluidas las zonas contempladas en los convenios sobre los mares regionales, con miras a la creación de una red amplia y coherente;

29.

Constata que, en cierta medida, existe un grado inevitable de subsidiariedad en la legislación ambiental de la UE, pero manifiesta su preocupación por que este grado de flexibilidad pueda dar lugar a abusos por parte de los Estados miembros a la hora de aplicarla; lamenta algunas diferencias destacadas entre los Estados miembros relativas, por ejemplo, al «efecto exterior» de los espacios incluidos en Natura 2000, las excepciones por categorías para determinadas actividades existentes o la aplicación del principio de cautela; pide, en el caso de estas diferencias destacadas, investigaciones para determinar si los Estados miembros en cuestión no están aplicando las normas de modo que se impida el logro efectivo de los objetivos de biodiversidad perseguidos;

30.

Pide a la Comisión, teniendo en cuenta estas diferencias entre los Estados miembros, que ofrezca aclaraciones adicionales sobre las Directivas u orientación cuando sea necesario, y que, siempre que sea posible, estas aclaraciones y esta orientación se basen en las mejores prácticas o estas sirvan de ilustración de aquellas;

31.

Destaca la importancia de aplicar el principio de precaución en materia de biodiversidad en consonancia con las resoluciones del Tribunal de Justicia;

32.

Anima a los Estados miembros a que velen por que las evaluaciones de impacto ambiental y las evaluaciones estratégicas ambientales tengan calidad suficiente en lo que se refiere a la biodiversidad para garantizar una sólida aplicación de la legislación Natura 2000;

33.

Pide un reforzamiento de la Directiva sobre evaluación del impacto ambiental y una interpretación mucho más objetiva de sus finalidades para lograr que no haya pérdidas netas y, cuando sea posible, conseguir avances en la biodiversidad y para establecer requisitos específicos para el seguimiento continuado de la repercusión de los proyectos sobre la biodiversidad y la eficacia de las medidas de mitigación, con disposiciones adecuadas sobre el acceso a esta información y sobre el cumplimiento de la Directiva;

34.

Considera que una mejor cooperación transfronteriza podría tener efectos positivos importantes para el cumplimiento de los objetivos Natura 2000;

35.

Manifiesta su inquietud, además, por la falta de cooperación transfronteriza, que puede llevar a que se aplique un enfoque distinto a zonas idénticas, y destaca la utilidad, a este respecto, de recurrir a instrumentos existentes, como el mecanismo judicial de la Agrupación europea de cooperación territorial (AECT);

36.

Insta a la Comisión a centrarse más en los servicios ecosistémicos, tanto en su futura estrategia sobre biodiversidad como en el contexto de Natura 2000, y, al mismo tiempo, a aprovechar y redoblar los esfuerzos para conseguir un estado de conservación favorable para las especies y sus hábitats;

37.

Está convencido de que la red terrestre y marina de Natura 2000 no es el único instrumento de la UE para la protección de la biodiversidad, sino que se requiere un planteamiento más global para lograr el éxito de la política de la UE en materia de biodiversidad;

38.

Pide a la Comisión, por tanto, que vele por seguir integrando la biodiversidad en otros ámbitos políticos de la UE —tales como la agricultura, la silvicultura, la pesca, la cohesión y la política regional, la energía, la industria, el transporte, el turismo, la cooperación al desarrollo, la investigación y la innovación— de una manera que suponga un fortalecimiento mutuo y refuerce la coherencia de las políticas sectoriales y presupuestarias de la Unión Europea; destaca las grandes oportunidades existentes, particularmente en la Política Agrícola Común, la política regional y la Política Pesquera Común, para dar mayor prioridad a la biodiversidad;

39.

Destaca la conexión entre gestión de las aguas y biodiversidad como elemento esencial para el mantenimiento de la vida y para el desarrollo sostenible;

40.

Considera que los agricultores tienen una importancia vital para la consecución del objetivo de biodiversidad de la UE; señala que en 1992 se dio un primer impulso a la integración de la protección de la biodiversidad en la PAC y que, posteriormente, la reforma de 2003 introdujo medidas como la ecocondicionalidad, el régimen de pago único (disociación de las ayudas) y el desarrollo rural, que tienen efectos favorables sobre la biodiversidad;

41.

Manifiesta, no obstante, su preocupación por la capacidad de los agricultores de la UE para seguir produciendo alimentos de alta calidad de modo competitivo; considera que la reforma de la PAC debe recompensar adecuadamente a los agricultores de la UE por su esfuerzo por alcanzar el objetivo de biodiversidad de la UE;

42.

Señala que la actividad agrícola y forestal en Europa ha contribuido significativamente a la diversidad de especies y biotopos y a un paisaje agrícola diversificado que en la actualidad se considera necesitado de protección; subraya, por consiguiente, que a largo plazo la actividad agrícola y forestal es el único modo de conservar el paisaje agrícola y la diversidad biológica de Europa;

43.

Acoge con satisfacción los intentos anteriores de integrar consideraciones medioambientales como parte integrante de la Política Agrícola Común (PAC), como la introducción de medidas agromedioambientales y buenas condiciones agrícolas y medioambientales; pide a la Comisión que aproveche la reforma de la PAC como oportunidad de profundizar en esta tendencia, trabajando por lograr una agricultura totalmente sostenible en la UE, con el principio rector de obtener beneficios para la naturaleza, por ejemplo mediante la introducción de la remuneración por ecoservicios o el suministro de bienes públicos bien definidos, incluyendo los cultivos sostenibles en áreas ecológicamente sensibles, tales como los espacios Natura 2000, para garantizar que en el futuro se financien actividades agrícolas sostenibles, que las buenas prácticas reciban una compensación y un estímulo adecuados y que los agricultores no resulten desfavorecidos económicamente o de cualquier otro modo, creando así las condiciones para que las explotaciones agrícolas puedan seguir contribuyendo a la biodiversidad en el futuro;

44.

Pide a la Comisión que preste mayor atención a velar por el cumplimiento de todos los reglamentos y directivas europeos que versan, en particular, sobre la conservación de la biodiversidad;

45.

Constata que la UE, en el marco de su política agrícola, ha establecido normas sobre ecocondicionalidad que favorecen la conservación de la biodiversidad, pero lamenta que con frecuencia no sean aplicadas ni controladas en toda la UE;

46.

Es consciente de que la política de uso del suelo es otro elemento fundamental de la conservación de la naturaleza e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que sigan mejorando la integración de criterios de biodiversidad en los procesos decisorios a nivel local y regional en materia de política territorial y de uso del suelo, incluida la política regional y de cohesión;

47.

Destaca que la gestión del suelo y la conservación de la biodiversidad no son conceptos opuestos y que la gestión integrada crea hábitats para la biodiversidad;

48.

Destaca la importancia de detener e invertir el declive en la diversidad de especies y variedades vegetales cultivadas, que lleva a la erosión de la base genética de la que depende la nutrición humana y animal; subraya la necesidad de promover el uso de variedades agrícolas tradicionales propias de determinadas regiones;

49.

Insta a la Comisión, habida cuenta del valor económico, social y ambiental de la diversidad genética en la agricultura y la ganadería, a que defina objetivos prioritarios específicos para detener la pérdida de diversidad genética y de especies nativas; pide asimismo que se adopten una definición de variedades «nativas» y «no nativas» y medidas para su conservación;

50.

Considera que la PAC debe recompensar, mediante una ayuda complementaria directa por superficie financiada por la UE, a los agricultores que suministren servicios ecosistémicos adicionales que ayuden a conservar la biodiversidad; reitera su petición de establecer una ecocondicionalidad con «bonificación» que atribuya a los explotadores agrícolas puntos de bonificación por acciones en favor de la biodiversidad realizadas con carácter supererogatorio con respecto a las obligaciones derivadas de las buenas condicionalidades agroambientales;

51.

Constata que se han conseguido muchos avances en la legislación medioambiental, como la introducción de la gestión integrada de plagas y la nueva legislación de la UE sobre pesticidas, que permite la gestión de plagas dirigida contra los organismos perjudiciales, protegiendo de este modo a los organismos beneficiosos;

52.

Acoge con satisfacción la reforma de la Política Pesquera Común que se está preparando actualmente y pide a la Comisión que integre los criterios de biodiversidad en sus futuras propuestas legislativas; insiste, además, en que se desarrollen, como posible alternativa a la pesca, modelos sostenibles de acuicultura siguiendo las líneas propuestas por la Comisión en su Comunicación titulada «Construir un futuro sostenible para la acuicultura» (COM(2009)0162), teniendo en cuenta la posición expresada por el Parlamento Europeo en su Resolución de 17 de julio de 2010;

53.

Destaca que las principales herramientas para alcanzar los objetivos en favor de la biodiversidad marina, aparte de las Directivas de hábitats y de aves, son, para las aguas costeras, la Directiva marco sobre el agua, y, para el conjunto de aguas de mar, la Directiva marco sobre la estrategia marina;

54.

Considera que uno de los principales objetivos de la PPC ha de ser la reducción del volumen de desechos, y pide a la Comisión que determine qué factores favorecen la generación de desechos y elabore soluciones específicas para cada pesquería, en particular, mediante la aplicación de cuotas multi-específicas o de biomasa, el uso de artes selectivas, como la generalización de la malla cuadrada, y la gestión espacial de los bancos pesqueros;

55.

Considera que incumbe a las organizaciones regionales de ordenación pesquera (OROP) ocuparse de la adecuada gestión de las pesquerías y garantizar una pesca responsable en alta mar; considera, por consiguiente, que es esencial reforzar las competencias de las organizaciones regionales, que deben efectuar controles e imponer las sanciones oportunas, y estima que compete sobre todo a ellas encargarse de la gestión de las poblaciones de determinadas especies marinas de importancia comercial y aplicar el sistema de certificados de captura;

56.

Destaca la necesidad de seguir realizando esfuerzos en favor de la Gestión Integrada de Zonas Costeras (GIZC) y de la Planificación Espacial Marítima, que pueden convertirse en importantes elementos de un enfoque participativo en la gestión del ecosistema y garantizar la conservación y gestión sostenible de los recursos marinos y costeros, en el respeto de los procesos naturales y de la capacidad de gestión del ecosistema;

57.

Destaca, habida cuenta de la significativa reducción de la biodiversidad acuática y la degradación de los ecosistemas de agua dulce, la importancia de velar por la plena aplicación de la Directiva marco sobre el agua, así como la necesidad de abordar la reducción de la biodiversidad en los planes de gestión de las cuencas fluviales;

58.

Insta a los Estados miembros a que diseñen su política de silvicultura de manera que tome plenamente en consideración el papel de los bosques como reserva de biodiversidad y en la formación y retención del suelo, así como sus capacidades de captación de carbono y purificación del aire y de recreo para nuestros ciudadanos;

59.

Acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión sobre cómo afrontar los desafíos de la deforestación y la degradación forestal para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad (COM(2008)0645 final), en la que se pide que se detenga la pérdida de cobertura forestal mundial antes de 2030, a más tardar;

60.

Señala que el aumento de la demanda de agrocombustibles y el consiguiente aumento de la presión para producirlos ponen en peligro la biodiversidad, particularmente en los países en desarrollo, debido a la degradación y conversión de hábitats y ecosistemas como los humedales y los bosques, entre otros;

61.

Subraya la necesidad de incrementar el presupuesto para la investigación dedicada al medio ambiente y a la biodiversidad conforme al Octavo Programa Marco, en proporción con las necesidades y los desafíos enormes que supone abordar tanto la pérdida de biodiversidad como el cambio climático;

62.

Señala que en el punto 8 de las conclusiones adoptadas por el Consejo el 21 de octubre de 2009 se pedía a la Comisión que revisara con urgencia, sector por sector, las subvenciones que tienen efectos negativos para el medio ambiente; pide a la Comisión que actúe inmediatamente con arreglo a estas conclusiones para evitar las subvenciones a políticas con efectos negativos para la biodiversidad europea;

63.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aprovechen la fase preparatoria de desarrollo del Séptimo Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente para impulsar y promover el debate y las acciones específicas en materia de biodiversidad en la UE;

64.

Subraya la vital importancia de la biodiversidad y de unos ecosistemas resistentes para la mitigación y adaptación respecto del cambio climático, dado que los ecosistemas terrestres y marinos absorben actualmente alrededor de la mitad de las emisiones antropogénicas de CO2;

65.

Acoge con satisfacción el apoyo creciente a medidas para reducir las repercusiones del cambio climático, del que también puede beneficiarse la biodiversidad, pero que no debe tener un impacto negativo en la financiación para la biodiversidad como tal;

66.

Pide a la Comisión que vele por que las medidas adoptadas en materia de mitigación del cambio climático y adaptación a éste no tengan efectos adversos para la biodiversidad marina y terrestre;

67.

Subraya que el suelo tiene una importancia vital para la consecución del objetivo de biodiversidad de la UE; reconoce que la degradación del suelo presenta efectos y causas sobre todo locales y regionales, y que, por consiguiente, debería respetarse el principio de subsidiariedad; pide a los Estados miembros que cumplan sus obligaciones por lo que se refiere a la calidad del suelo y al mantenimiento de éste en buenas condiciones e insta a los Estados miembros sin una legislación en materia de protección del suelo a que asuman sus responsabilidades;

68.

Señala, en materia económica y social, la importante función de la pesca en el ordenamiento de los litorales, y, en materia de medioambiente, su importancia para los ecosistemas marinos; considera que la PPC no debe entorpecer, sino facilitar, el cumplimiento por los Estados miembros de la legislación sobre biodiversidad, en particular, por cuanto concierne a la adopción de las medidas de protección adecuadas en favor de los espacios marinos Natura 2000;

69.

Reconoce el considerable potencial de empleo vinculado al desarrollo de una economía sostenible y de una infraestructura verde, que por su naturaleza supondría empleo a nivel local (pues los puestos de trabajo no pueden trasladarse a terceros países), contribuyendo así considerablemente a la Estrategia 2020 de la UE;

70.

Expresa además la firme convicción de que la eficiencia en el uso de los recursos, el desarrollo económico sostenible y la protección de la naturaleza pueden, y deben, avanzar en paralelo; llama especialmente la atención sobre el desarrollo del ecoturismo y el agroturismo, en los que la recreación y la conservación se refuerzan mutuamente;

71.

Destaca la importancia de la conservación de la biodiversidad en la aplicación de la Estrategia Europa 2020, no sólo por el potencial de empleo que puede generar, sino también por su contribución al uso eficiente y sostenible de los recursos; reconoce que los niveles crecientes de producción de materiales, comercio y consumo son un factor importante de la pérdida de biodiversidad, y pide por tanto a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas para promover y desarrollar políticas de uso eficiente de los recursos y de consumo y producción sostenibles;

72.

Toma nota de las estimaciones de la Comisión de 2004 que evalúan el coste anual de gestionar la red Natura 2000 en 6 100 millones de euros; señala, sin embargo, que según el estudio TEEB, la rentabilidad de la inversión en la conservación de la biodiversidad es hasta cien veces mayor;

73.

Lamenta, sin embargo, el hecho de que la Comisión no haya facilitado nuevas fuentes de financiación para la aplicación de las Directivas sobre Natura 2000 y de que falte un desglose claro de los importes reales gastados anualmente en la protección de la biodiversidad en la UE, e insiste en que los Estados miembros y la Comisión cooperen con el fin de presentar una visión más clara;

74.

Considera que la Comunidad debe asumir una mayor responsabilidad en la protección de los valores naturales de la red Natura 2000, especialmente en el contexto de la financiación;

75.

Acoge con satisfacción el incremento del gasto para LIFE+ (+ 8 % en el proyecto de presupuesto de 2011), pero subraya que este instrumento continúa representando solamente una parte muy pequeña del presupuesto de la UE (el 0,2 %); constata, además, que las medidas de conservación financiadas por la UE no siempre se mantienen cuando termina la financiación comunitaria; pide a la Comisión que realice un análisis más profundo de los diferentes factores que inciden en la sostenibilidad de los proyectos y que establezca un seguimiento sistemático de los proyectos después del pago final;

76.

Es consciente de que la financiación adicional para la protección de la biodiversidad está disponible mediante otros instrumentos, tales como los Fondos Estructurales y el Fondo del Desarrollo Rural, pero lamenta el uso limitado que la mayor parte de los Estados miembros hace de estas posibilidades; recuerda que actualmente la mayor contribución para financiar la biodiversidad proviene del FEADER;

77.

Confía en que las limitaciones presupuestarias harán más necesario que nunca lograr un alto valor añadido y una mayor eficacia del gasto europeo, incluido el gasto relativo a la biodiversidad, sin prejuzgar el resultado de las futuras negociaciones y decisiones sobre el nuevo marco financiero plurianual (a partir de 2014) y la revisión intermedia del marco presupuestario vigente (2007-2013);

78.

Subraya, por consiguiente, la necesidad de tener una visión más clara de la eficacia del gasto relativo a la biodiversidad y pide a la Comisión que aporte ejemplos de buenas prácticas por lo que se refiere a la eficacia y al valor añadido;

79.

Acoge favorablemente la recomendación de la UICN de gastar un 0,3 % del PIB en medidas nacionales de conservación de la biodiversidad;

80.

Observa con preocupación que el número anual de proyectos financiados por el programa LIFE+ es inferior a la asignación indicativa de varios Estados miembros; pide a la Comisión que evalúe las razones de esta infrautilización y, en su caso, proponga cambios a las normas que rigen el programa, en especial las relativas a los niveles de cofinanciación;

81.

Expresa su convicción de que el gasto público por sí solo no bastará para alcanzar las metas principales de la UE y subraya la importancia de la responsabilidad empresarial de tener también en cuenta la biodiversidad; pide a la Comisión que estudie la forma de aplicar políticas que promuevan las inversiones positivas en la conservación de la biodiversidad y desalienten la inversión que afecte a la biodiversidad tanto en el sector público como en el privado; acoge favorablemente, a este respecto, la creación por la Comisión de la Plataforma Empresas y Biodiversidad para asociar el sector privado a la agenda de biodiversidad;

82.

Recomienda inyectar más flexibilidad a las normas sobre el acceso a la financiación de proyectos relacionados con la biodiversidad y alentar a todos los actores pertinentes a solicitarla;

83.

Subraya la necesidad de incorporar los costes, riesgos y efectos externos, tales como la protección de los paisajes rurales, los perjuicios causados a la biodiversidad o los costes asumidos para apoyarla, en el precio final de productos en el mercado; especialmente porque, a largo plazo, esto redundará en el propio interés de las empresas, que querrán mantener el acceso a los recursos naturales; insta a la Comisión Europea a que publique con la mayor prontitud la comunicación que ha anunciado sobre la futura financiación de Natura 2000, y en cualquier caso antes de que concluya 2010, a fin de que esta cuestión pueda examinarse junto con la nueva estrategia sobre biodiversidad hasta 2020;

84.

Destaca la importancia de la contabilidad ambiental integrada para analizar la relación entre el medio ambiente y la economía a nivel europeo, nacional y regional, con objeto de evaluar los efectos de los patrones de producción y consumo sobre los recursos naturales, y pide a los Estados miembros que faciliten regularmente los datos necesarios a Eurostat y a la Agencia Europea de Medio Ambiente;

85.

Señala que la investigación y el desarrollo son de importancia crucial para colmar las actuales lagunas de conocimiento y garantizar el seguimiento regular de las tendencias de la biodiversidad, así como a la hora de desarrollar instrumentos políticos para detener la pérdida de biodiversidad;

86.

Acoge favorablemente el informe de síntesis de la Comisión 2001-2006, que evalúa el estado de conservación de los hábitats y las especies protegidas en la UE y el progreso alcanzado por los Estados miembros en la aplicación de la legislación Natura 2000, pero lamenta el alto número de menciones «desconocido»; pide a los Estados miembros que mejoren la información que aportan, y a la AEMA y a la Comisión que velen por obtener datos más fiables y comparables en sus próximos informes;

87.

Subraya la necesidad de desarrollar una base de referencia clara, sobre la que la Comisión debe medir el progreso hacia los objetivos parciales; acoge favorablemente, en este contexto, el trabajo de la Agencia Europea de Medio Ambiente respecto del sistema BISE de información sobre la biodiversidad y la base de referencia sobre biodiversidad, que proporcionará instrumentos útiles para mejorar y afinar la definición de políticas en materia de biodiversidad, particularmente en relación con el plan estratégico que está elaborando la Comisión; subraya que se deben usar los datos existentes en lugar de insistir en recoger nuevos datos;

88.

Celebra la campaña de información de la Comisión, dada la actual falta de conocimiento entre el público en general sobre la importancia de la biodiversidad, y pide a los Estados miembros que incrementen sustancialmente sus esfuerzos de sensibilización y los intercambios de mejores prácticas;

89.

Expresa su preocupación por el fracaso a la hora de conseguir o incluso aproximarse al objetivo global de reducir el índice de pérdida de biodiversidad antes de 2010, según lo definido en la Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible de 2002, y por las implicaciones de la continua pérdida de biodiversidad y degradación de ecosistemas para los Objetivos de Desarrollo del Milenio y el objetivo para 2015 de reducir la pobreza y el hambre y mejorar la salud y el bienestar humano, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen la integración de la biodiversidad en los procesos mundiales, como los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

90.

Acoge favorablemente la Conferencia de las Partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica que se celebrará en Nagoya en octubre de 2010 y exhorta a la UE a enviar una amplia delegación, bien preparada y coordinada, a esta conferencia; subraya la necesidad de que la UE defina una posición sólida y coherente desde un principio; manifiesta su preocupación, sin embargo, por el hecho de que sólo asistan a la Conferencia los ministros de medio ambiente, cuando para garantizar los avances de la agenda mundial de biodiversidad es necesario un enfoque intersectorial;

91.

Insta a la Comisión a que apoye la creación de una plataforma intergubernamental para las políticas en el ámbito de la ciencia de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, bajo los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y ayude a crear esta plataforma;

92.

Apoya la idea, debatida en una reunión celebrada en julio de 2008 bajo la Presidencia francesa, de desarrollar redes similares a Natura 2000 en los países y territorios de ultramar y las regiones ultraperiféricas de la UE, que albergan algunos de los focos más ricos en biodiversidad del planeta, y subraya la necesidad de apoyar este desarrollo a través de los instrumentos de las políticas de la UE, tales como la política de desarrollo;

93.

Señala que la deforestación produce más emisiones de CO2 que todo el sector de los transportes y que la conservación de los bosques es uno de los elementos centrales de la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en el mundo;

94.

Anima a la Comisión y a los Estados miembros a integrar de modo eficaz la sostenibilidad medioambiental en sus relaciones con terceros países, junto con el respeto por los derechos sociales y garantías relativas a la protección y participación de las comunidades locales y las poblaciones indígenas en los procesos de toma de decisiones, prestando especial atención al uso del suelo y la protección de los bosques y a mantener la «diplomacia verde»; pide a los Estados miembros y a la Comisión Europea que garanticen que el «Plan de acción de la UE en doce puntos en apoyo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio» reconozca la necesidad imperiosa de integrar la sostenibilidad ambiental mediante la cooperación para el desarrollo y las acciones externas, y que prevea una intervención financiera focalizada en apoyo de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos;

95.

Subraya la necesidad de sistemas financieros innovadores para promover el reconocimiento del valor (económico) de la biodiversidad; alienta a los Estados miembros y a la Comisión a que participen en un debate mundial sobre la necesidad de sistemas innovadores de pago por los servicios ecosistémicos y las posibles modalidades de estos sistemas;

96.

Insiste en que, en los acuerdos comerciales internacionales, la continuidad de los productos negociados es un elemento clave; subraya a este respecto la necesidad de incorporar «factores de interés no comercial», como los métodos de producción y el respeto por la biodiversidad, en cualquier acuerdo futuro de la OMC;

97.

Lamenta seriamente el decepcionante resultado de la Conferencia CITES, en la que no se recogieron los principales elementos del mandato de la UE, tales como la protección de especies marinas de elevado interés comercial;

98.

Insta encarecidamente a la Comisión y los Estados miembros a que mejoren la velocidad y la eficiencia de su procedimiento interno de toma de decisiones, dediquen más recursos y tiempo a sus esfuerzos diplomáticos con terceros países y refuercen las capacidades y las sinergias de los Convenios; considera que, dado que muchos espacios Natura 2000 protegidos se ven afectados por la contaminación, directa o indirectamente, y que hay daños que también proceden de fuera de Europa, debe destacarse la necesidad de incluir normas ambientales europeas en los acuerdos de asociación con los países vecinos;

99.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

21.2.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 50/30

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de febrero de 2009, titulada «Un enfoque comunitario para la prevención de catástrofes naturales y de origen humano» (1) y la correspondiente evaluación de impacto (2); y visto el documento de trabajo de la Comisión, de 14 de diciembre de 2007, sobre el refuerzo de los sistemas de alerta rápida en Europa (3),

—

Vistas las Resoluciones, de 16 de septiembre de 2009 sobre los incendios forestales del verano de 2009 (4); de 4 de septiembre de 2007 sobre catástrofes naturales (5); de 7 de septiembre de 2006 sobre incendios forestales e inundaciones (6); de 5 de septiembre de 2002 sobre inundaciones en Europa (7); de 14 de abril de 2005 sobre la sequía en Portugal (8); de 12 de mayo de 2005 sobre la sequía en España (9); de 8 de septiembre de 2005 sobre catástrofes naturales (incendios e inundaciones) en Europa (10); sus Resoluciones de 18 de mayo de 2006 sobre catástrofes naturales (incendios forestales, sequías e inundaciones) —aspectos agrícolas (11), aspectos del desarrollo regional (12) y aspectos del medio ambiente (13)—, de 11 de marzo de 2010 sobre las graves catástrofes naturales acaecidas en la Región Autónoma de Madeira y los efectos del temporal «Xynthia» en Europa (14); y vista su Posición de 18 de mayo de 2006 sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea (15),

—

Vistas las conclusiones del Consejo del 16 de junio de 2008 sobre el refuerzo de las capacidades de respuesta a desastres en la Unión Europea (16); y vistos los puntos 12 a 15 de las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de los días 15 y 16 de junio de 2006 sobre la capacidad de respuesta de la Unión Europea frente a emergencias, crisis y desastres (17),

—

Vista la Decisión 2007/162/CE, Euratom, de 5 de marzo de 2007, por la que establece un Instrumento Financiero de Protección Civil (18),

—

Vista la Directiva 96/82/CE del Consejo, de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (19) (Directiva Seveso II),

—

Vista la Directiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación (20) (Directiva sobre inundaciones),

—

Vista la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (21) (Directiva de EIA),

—

Visto el Marco de Acción de Hyogo 2005-2015: Aumento de la resiliencia de las naciones y las comunidades ante los desastres, aprobado el 22 de enero de 2005 en Kobe (22),

—

Visto el Convenio sobre la diversidad biológica, aprobado el 5 de junio de 1992 en Río de Janeiro,

—

Visto el artículo 196 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE),

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, y las opiniones de la Comisión de Desarrollo Regional, de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (A7-0227/2010),

A.

Considerando que la prevención deberá representar una parte cada vez más importante en el ciclo de gestión de catástrofes, adquiriendo una creciente relevancia social,

B.

Considerando que las catástrofes naturales ponen en peligro los ecosistemas y la diversidad, afectan al desarrollo sostenible y comprometen la cohesión social,

C.

Considerando que los Estados miembros, y en particular las regiones de convergencia, son más vulnerables a las catástrofes, ya sean naturales o de origen humano, debido a factores como el uso intensivo del suelo, el crecimiento industrial y urbano desordenado, el éxodo rural, la desertización y el incremento de los fenómenos climáticos extremos,

D.

Considerando que los cambios climáticos están en el origen de la frecuencia cada vez mayor de catástrofes naturales (inundaciones, sequías extremas e incendios), ocasionando pérdidas de vidas humanas, así como graves daños ambientales, económicos y sociales,

E.

Considerando que las catástrofes suelen producirse por distintas causas, no siempre atribuibles exclusivamente a los fenómenos naturales extremos, y que suelen venir potenciadas por la relación desequilibrada entre el ser humano y el medio físico que le rodea,

F.

Considerando que las catástrofes pueden ser causadas por accidentes tecnológicos e industriales que pueden conllevar la liberación de agentes químicos, biológicos, radiológicos o nucleares peligrosos (CBRN), con efectos importantes para la salud, los cultivos, las infraestructuras o el ganado,

G.

Considerando que a menudo se podría haber prevenido gran parte de los daños causados por las catástrofes naturales y de origen humano; considerando, además, que las políticas de la UE deben ofrecer incentivos sólidos para que las autoridades nacionales, regionales y locales desarrollen, financien y apliquen medidas de prevención y conservación más eficientes,

H.

Considerando que un planteamiento completo, activo, inteligente y consecuente respecto a la prevención de catástrofes deberá incluir distintos niveles de cooperación entre las autoridades locales, regionales y nacionales,

I.

Considerando que las medidas de prevención de catástrofes en vigor han demostrado ser insuficientes, y que las propuestas anteriores del Parlamento Europeo todavía no se han aplicado plenamente, lo que dificulta la aplicación de una estrategia consolidada de prevención de las catástrofes naturales y de origen humano a escala de la UE,

J.

Considerando que la sequía y los incendios persistentes están acelerando además el proceso de desertización, en especial en el Sur de Europa, afectando sobre todo a las estructuras forestales mediterráneas y a zonas con grandes masas forestales monoespecíficas, no autóctonas y altamente pirófitas, poniendo en peligro la vida de los ciudadanos y la calidad de vida de las poblaciones afectadas,

K.

Considerando que la ocupación/utilización equilibrada de la tierra, el desarrollo económico y social en armonía con la naturaleza, el respeto de los recursos energéticos y naturales y el medio ambiente, la cohesión reforzada en toda la UE, la lucha contra la despoblación rural, la desertización y la erosión del suelo, y el mantenimiento de una actividad agrícola sostenible desde el punto de vista medioambiental son algunos de los elementos fundamentales de la prevención de catástrofes,

L.

Considerando el papel fundamental que desempeñan los bosques para la conservación del medio ambiente, a través de los equilibrios generados tanto en el ciclo del carbono como en el ciclo hidrológico,

1.

Señala que las catástrofes naturales y de origen humano pueden tener consecuencias muy graves para el desarrollo económico y social de las regiones y los Estados miembros; destaca que el objetivo principal de la prevención de catástrofes consiste en proteger la vida humana, la seguridad y la integridad física de las personas, los derechos humanos fundamentales, el medio ambiente, las infraestructuras económicas y sociales, incluidos los servicios públicos básicos, la vivienda, las comunicaciones, el transporte y el patrimonio cultural;

2.

Destaca que un enfoque proactivo es más eficaz y menos costoso que un enfoque meramente basado en la reacción ante las catástrofes; considera que el conocimiento del contexto local, geográfico, económico y social es fundamental para la prevención de catástrofes de origen natural y humano;

3.

Acoge con satisfacción el compromiso asumido por la Comisión de garantizar que las cuestiones relacionadas con la prevención de catástrofes se tendrán en cuenta de forma más coherente en las políticas y programas comunitarios, y subraya la necesidad de un enfoque holístico para la prevención de catástrofes; recuerda que deben tenerse en cuenta todos los tipos de catástrofes naturales y de origen humano, y que ello incluye, entre otros riesgos (23), las inundaciones, tormentas, sequías, tsunamis, terremotos, incendios forestales, temperaturas extremas, erupciones volcánicas, avalanchas, deslizamientos de tierra, accidentes tecnológicos e industriales, erosión del suelo, contaminación del subsuelo y las aguas subterráneas y contaminación de los mares, lagos y ríos;

4.

Invita a la Comisión a que fomente el intercambio de buenas prácticas entre los Estados miembros con relación a la prevención de las catástrofes de origen humano e insta a los Estados miembros a que se aseguren de la formación en materia de gestión de catástrofes de las autoridades regionales;

5.

Considera que, debido a la dimensión y/o naturaleza transfronteriza que las catástrofes pueden presentar, resulta pertinente y necesario reforzar la cooperación, tanto a nivel regional como comunitario, basándose en una complementariedad de las acciones, en la difusión de buenas prácticas y en el principio de solidaridad entre Estados miembros;

6.

Toma nota de la propuesta de creación de una red compuesta por representantes de los distintos servicios nacionales competentes de todos los Estados miembros; subraya que dicha red deberá funcionar en el ámbito de la cooperación entre las autoridades nacionales, regionales y locales con responsabilidades en el ciclo de gestión de catástrofes, en el ordenamiento del territorio y en la cartografía de riesgos y la gestión de los mismos; destaca el papel de esta red para el intercambio de experiencias y medidas de prevención, así como para el establecimiento de una metodología común y de requisitos mínimos para la elaboración de mapas de peligrosidad y de riesgo a escala de la UE; pide que se incluya en esta red a representantes de la agricultura y que se considere la posibilidad de tener en cuenta la experiencia del PNUMA, de las organizaciones sociales y no gubernamentales que trabajan en este ámbito y de otros actores vinculados y con conocimiento de la tierra;

7.

Considera esencial cooperar tanto en la difusión de información, experiencias, aplicaciones técnicas y científicas, como en la coordinación de las estrategias de desarrollo de las capacidades de intervención;

8.

Pide a las regiones que consoliden las redes de coordinación territorial y transfronteriza ya existentes con objeto de desarrollar una cooperación centrada más específicamente en la prevención de catástrofes; considera que las estructuras de cooperación transfronteriza, como las macrorregiones, con su cooperación de orientación funcional, pueden convertirse en plataformas eficaces para la cooperación en el ámbito de la prevención de catástrofes; aboga por la utilización de la valiosa experiencia adquirida en este campo a través de proyectos ejecutados en el pasado en el marco de la Iniciativa INTERREG;

9.

Considera que las acciones y estrategias coordinadas entre los Estados miembros, los diferentes sectores y los distintos actores involucrados en el ciclo de gestión de las catástrofes pueden conducir a avances reales en materia de prevención de catástrofes; destaca el papel que puede desempeñar el voluntariado en estas estrategias y pide a los Estados miembros que alienten la cooperación con este fin a escala nacional, regional y local; sugiere que, en el contexto del Año Europeo del Voluntariado 2011, se analice la posibilidad de organizar una cooperación en el ámbito del voluntariado a escala de los Estados miembros con miras a la prevención de catástrofes;

10.

Pide la colaboración de los Estados miembros, los países vecinos de la UE y los países en desarrollo en proyectos transfronterizos de difusión de buenas prácticas y conocimientos prácticos por medio de los programas de la política de vecindad de la UE y los programas de desarrollo;

11.

Hace hincapié en que el principio de no discriminación debe incluirse en la prestación de ayuda; señala que la ayuda debe prestarse en función de las necesidades, sin discriminación por razón de raza, color de la piel, sexo, lengua, religión, ideología política u otro tipo de ideología, origen nacional o social, posesiones, nacimiento u otra condición de los beneficiarios;

12.

Señala que los problemas medioambientales causados o exacerbados por el cambio climático producen en la actualidad un aumento de la emigración forzosa; desea, por tanto, destacar la creciente relación ente los solicitantes de asilo y las zonas con problemas producidos por el clima; pide una mayor protección y el reasentamiento para los «refugiados climáticos»;

13.

Subraya que las regiones y las comunidades locales son las que viven y padecen en primera línea las catástrofes naturales y, que, en general, ni sus medios materiales y humanos, ni sus conocimientos y recursos financieros son suficientes para afrontarlas desde un planteamiento meramente nacional y/o regional, sino que requieren una respuesta eficaz y solidaria a escala europea;

14.

Destaca la importancia de reducir las desigualdades entre las regiones y los Estados miembros respecto a la capacidad de protección de sus poblaciones y sus bienes, incluido el patrimonio cultural, mediante la mejora de la prevención en las regiones y Estados miembros que presentan una elevada exposición al riesgo de catástrofes; insta a que se preste especial atención a las regiones más aisladas, más escasamente pobladas, montañosas y fronterizas de Europa, y a las regiones europeas económicamente más desfavorecidas;

15.

Subraya que deberán reconocerse y tenerse en cuenta las características y limitaciones naturales de las regiones aisladas, las regiones montañosas, las regiones con baja densidad de población y las afectadas por la despoblación, las regiones periféricas y ultraperiféricas, las islas, las regiones menos favorecidas, así como las regiones que tienen una combinación de riesgos; señala a la atención las dificultades añadidas con las que se encuentran esas regiones para hacer frente a las catástrofes; pide que se preste especial atención a estas regiones a través de los diversos instrumentos financieros disponibles, y pide la flexibilización de las condiciones para la movilización del Fondo de Solidaridad para dichas regiones;

16.

Defiende la necesidad de revisión del Reglamento del Fondo de Solidaridad, adaptando los criterios de elegibilidad a las características de cada región y catástrofe, incluidos los desastres de evolución lenta como la sequía, prestando especial atención a los sectores productivos, las áreas más vulnerables y las poblaciones afectadas, y procurando que la movilización sea más flexible y oportuna; considera que las operaciones subvencionables enumeradas en el artículo 4 del Fondo Europeo de Solidaridad (FSUE) son demasiado restrictivas; considera que, al establecer límites mínimos de elegibilidad, la consideración de la dimensión regional es vital, ya que de lo contrario las regiones enfrentadas a catástrofes muy graves pueden verse excluidas debido a que no se alcanza el umbral establecido para el conjunto de dicho Estado miembro;

17.

Subraya la necesidad de establecer un marco financiero apropiado para la prevención de catástrofes, con recursos financieros suficientes para prevenir y combatir las catástrofes, que refuerce y articule instrumentos existentes como la política de cohesión, la política de desarrollo rural, la política regional, el Fondo de Solidaridad, el Séptimo Programa Marco y los programas Life+; solicita que en las Perspectivas Financieras 2014-2020, se tenga en cuenta la prevención en este ámbito; pide a la Comisión Europea que evalúe la posibilidad de proponer una puesta en común más sistemática de los recursos disponibles a fin de reforzar la eficacia de los mecanismos de prevención en toda la UE;

18.

Insta a la Comisión a garantizar que las actuales presiones presupuestarias derivadas de la crisis no conlleven una merma de los recursos destinados a las políticas actuales de prevención de catástrofes y que, como parte de la revisión presupuestaria en curso, analice rigurosamente las lagunas existentes en el ámbito de la prevención y determine si los instrumentos disponibles cubren todos los tipos de catástrofe;

19.

Recuerda que la política de cohesión es un instrumento fundamental para la prevención del riesgo de catástrofes naturales; considera que los distintos fondos e instrumentos deben poder funcionar de forma flexible y coordinada, con el fin de mejorar la operatividad y la eficacia de esta política; insiste en que la prevención de riesgos debe coordinarse también con otras políticas relacionadas con el ámbito de la prevención, para evitar la fragmentación de las medidas y aumentar así su eficacia y valor añadido;

20.

Reafirma la necesidad de controlar que los fondos comunitarios se utilicen correctamente y de recuperar los que han sido mal utilizados;

21.

Hace hincapié en que la prevención de catástrofes es primordialmente competencia de los Estados miembros y que en este ámbito se debe seguir aplicando el principio de subsidiariedad;

22.

Pide a los Estados miembros responsables de la ordenación territorial que establezcan criterios y disposiciones legales para prevenir catástrofes en las zonas de riesgo de inundaciones y corrimientos de tierras y otros riesgos geológicos, teniendo en cuenta los problemas generados por la deforestación indiscriminada, y asimismo que impidan la construcción en dichas zonas;

23.

Pide a los Estados miembros que evalúen la posibilidad de mejorar la integración de la prevención de catástrofes en los programas operativos nacionales de financiación comunitaria, así como en los programas operativos a nivel nacional, regional y local; considera que todos los actores públicos implicados en la protección del medio ambiente deben comprometerse y participar efectivamente en este proceso; insta a la Comisión a financiar las necesidades de revisión de los programas operativos identificados por los Estados miembros en este ámbito; pide a la Comisión que, con el fin de intercambiar experiencias, solicite a los Estados miembros que faciliten detalles de sus programas operativos para hacer frente a las catástrofes naturales y de origen humano;

24.

Considera que la UE debe dar prioridad al apoyo a los Estados miembros para que apliquen, entre otras, las siguientes medidas de prevención:

25.

Exhorta a la Comisión a que apoye a los Estados miembros en la promoción de campañas de información sobre la prevención destinadas al público en general y en la adopción de las mejores prácticas, a través de canales de fácil acceso para todos los ciudadanos sobre los riesgos identificados, así como sobre los procedimientos que deben adoptarse para hacer frente a catástrofes naturales o de origen humano; insta a que, en los programas de formación destinados a la población, se preste especial atención a los jóvenes desde la edad escolar y a las comunidades rurales; en el contexto de la concienciación del público, destaca también el papel de la línea telefónica de urgencia «112» de la Unión Europea y la necesidad de que sea más conocida;

26.

Recuerda que el agua constituye a menudo uno de los agentes que provocan las catástrofes naturales, no sólo debido a las inundaciones —relacionadas muchas veces con una planificación insuficiente—, las heladas, el granizo y la contaminación de las cuencas hídricas, sino también como consecuencia de su escasez, que puede causar importantes transformaciones, como la desertización de extensas regiones del sur y el sudeste de Europa;

27.

Destaca el hecho de que las sequías persistentes han favorecido en los últimos años la multiplicación de incendios forestales en Europa, agravando al mismo tiempo la desertización de un gran número de regiones;

28.

Teniendo en cuenta la interrelación entre los fenómenos de sequía, incendios forestales y desertización, solicita a la Comisión que presente una propuesta de directiva, semejante a la directiva sobre inundaciones, que favorezca la adopción de una política comunitaria en escasez de agua, sequía y adaptación al cambio climático;

29.

Reitera su llamamiento a la Comisión para que aliente la entrada en funcionamiento del Observatorio Europeo de la Sequía y la Desertización, que se encargará de estudiar, mitigar y controlar los efectos de la sequía y la desertización, con objeto de mejorar la toma de decisiones estratégicas y la coordinación entre los Estados miembros; considera que deben tenerse en cuenta las interconexiones entre la sequía, los incendios forestales, la desertización y la adaptación al cambio climático y que deben establecerse unos objetivos serios y basados en la solidaridad, en el contexto de la prevención del riesgo de sequía y de la política de gestión;

30.

Considera que, dado que los bosques son importantes para la producción de madera, el mantenimiento de la biodiversidad, la prevención de las inundaciones, las avalanchas y la erosión, la gestión de los recursos hídricos subterráneos y la captura de carbono, el hecho de que estén amenazados por los incendios debe preocupar a todos los Estados miembros; por tal motivo, pide a la Comisión que presente y aplique, junto con los Estados miembros, propuestas legislativas e iniciativas en el ámbito de la protección forestal y la prevención de incendios; considera que debe apoyarse la forestación y reforestación, dando preferencia a las especies nativas y a los bosques mixtos, para fomentar la biodiversidad y una mayor resistencia al fuego, las tormentas y las enfermedades, así como la recogida y el uso sostenible de la biomasa forestal residual, que constituye una fuente de energía renovable; considera que, en el marco de una verdadera cooperación en este ámbito, es necesario llevar a cabo la recogida regular de datos, la elaboración de mapas de riesgos, la preparación de planes de control del riesgo de incendios, la identificación de los recursos necesarios y de los recursos disponibles en los 27 Estados miembros, así como la coordinación a distintos niveles;

31.

Dado el carácter de delito ecológico de los incendios provocados y el aumento de su frecuencia, pide a la Comisión que estudie y proponga al Consejo y al Parlamento Europeo fórmulas de aplicación de medidas coercitivas que desincentiven las negligencias e intencionalidades en el origen de los incendios;

32.

Destaca la importancia de abordar la prevención con una perspectiva transversal, que se ha de incorporar a las políticas sectoriales correspondientes, para la promoción de una ocupación equilibrada del territorio y un desarrollo económico y social cohesionado y en equilibrio con la naturaleza;

33.

Reconoce que algunas políticas sectoriales conllevan un aumento de la exposición al riesgo en determinadas regiones, la promoción del abandono rural y la concentración excesiva de población en las zonas urbanas;

34.

Considera que la producción agrícola y forestal es vulnerable a fenómenos climáticos como la sequía, las heladas, el hielo, el granizo, los incendios forestales, las inundaciones, las lluvias torrenciales y las tormentas; a riesgos para la salud como las infestaciones por plagas, las epizootias y las epidemias; a los daños producidos por animales salvajes; a las consecuencias de actividades humanas como el cambio climático, la contaminación, la lluvia ácida y la contaminación genética no intencionada o deliberada; a deslizamientos de tierras como consecuencia de problemas relacionados con la planificación urbana y territorial; a riesgos tecnológicos y relacionados con el transporte; a la desertización de zonas montañosas y a incendios forestales debidos fundamentalmente a la falta de mantenimiento de las masas forestales y a comportamientos delictivos, así como a la contaminación de los ríos ocasionada por vertidos químicos de las fábricas, la pérdida de sustancias fertilizantes y la negligencia por parte de los usuarios de los bosques;

35.

Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que fomenten la aplicación de las buenas prácticas agrícolas, que han permitido en algunos Estados miembros reducir a la mitad las aportaciones de fertilizantes de nitrógeno sin reducir por ello los rendimientos agrícolas;

36.

Defiende, como un elemento esencial para la prevención efectiva de las catástrofes naturales, una política agrícola ambiental y socialmente equilibrada que tenga en cuenta la necesidad de apoyar y estimular la producción agrícola sostenible y el desarrollo rural en los distintos países y regiones; propugna un refuerzo real de los incentivos a las funciones agroambientales y agrorrurales, la promoción de la permanencia de la población en las zonas rurales como factor esencial para la conservación de los ecosistemas, a fin de luchar contra la tendencia actual de desertización y empobrecimiento de estas zonas y reducir la presión sobre las zonas urbanas; además, destaca el papel que desempeñan los agricultores como guardianes del campo y lamenta la insuficiencia de elementos clave relativos al sector agrario en la Comunicación de la Comisión;

37.

Aboga por la creación de un régimen público europeo de seguros agrarios; insta a la Comisión a que presente una propuesta para un sistema de seguro público europeo con el fin de abordar mejor el riesgo y la inestabilidad de los ingresos de los agricultores relacionados con las catástrofes naturales y de origen humano; hace hincapié en que dicho sistema debe ser más ambicioso que el actual modelo voluntario, con el fin de impedir la proliferación de diferentes sistemas de seguros en la UE, que ocasionan enormes desequilibrios en las rentas de los agricultores; considera urgente que todos los Estados miembros puedan acceder a un mismo sistema de compensaciones mínimas en caso de catástrofe natural o de origen humano;

38.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que incluyan en el cálculo de las primas agroambientales los costes adicionales soportados por los agricultores para la realización de actividades de prevención de incendios (como la limpieza de cortafuegos, la extracción de plantas arbóreas muertas, la labranza del terreno a lo largo del perímetro de las parcelas, etc.) y de eliminación de las aguas (limpieza de los canales generales y de recogida);

39.

Destaca la importancia del estudio de medidas de adaptación —a nivel rural y urbano—, frente al incremento de la frecuencia y magnitud de los fenómenos climáticos extremos en diversas zonas geográficas; considera que los previsibles efectos negativos del cambio climático representan una limitación adicional para la actividad agrícola y la seguridad y soberanía alimentarias, y subraya la necesidad de responder a éste y a otros desafíos en el contexto de la adaptación al cambio climático y la reducción de sus efectos negativos;

40.

Subraya la importancia de la investigación y el desarrollo (I+D) públicos en la prevención y la gestión de catástrofes, e insta al incremento de la coordinación y la cooperación entre las instituciones de I+D de los Estados miembros, en especial aquellos que tienen que hacer frente a este tipo de riesgos; insta a un refuerzo de los sistemas de alerta temprana en los Estados miembros y a la creación y el refuerzo de los vínculos existentes entre los distintos sistemas de alerta temprana; recomienda a la Comisión que tenga en cuenta estas necesidades y su financiación adecuada;

41.

Subraya la necesidad de preparar los sistemas sanitarios de los Estados miembros desde el punto de vista de la estructura de recursos humanos, buenas prácticas y conocimiento de los riesgos, de manera que sean capaces de hacer frente a situaciones catastróficas;

42.

Subraya la importancia de contar con un compendio exhaustivo de datos e información sobre los riesgos y costes de las catástrofes al que se pueda acceder en toda la UE y que permita, de este modo, el intercambio de información entre los Estados miembros en lo que se refiere a las capacidades civiles y los recursos médicos nacionales; subraya, igualmente, que debemos usar y desarrollar las estructuras ya existentes, como el Centro de Control e Información (CCI), en vez de crear nuevas estructuras;

43.

Lamenta que la Comisión no haya realizado aún un estudio sobre las prácticas de cartografía de peligros y riesgos en los Estados miembros de conformidad con lo previsto en su Comunicación de 23 de febrero de 2009 titulada «Un enfoque comunitario para la prevención de catástrofes naturales y de origen humano»; exhorta a la Comisión a que concrete de manera efectiva este compromiso durante el primer semestre de 2010;

44.

Considera que es necesario establecer una metodología común y requisitos mínimos para cartografiar los peligros y riesgos a escala comunitaria;

45.

Subraya la importancia de la elaboración de criterios para analizar y calibrar el impacto socioeconómico de las catástrofes sobre las comunidades;

46.

Recomienda que se proceda a incluir de modo más completo una serie de cuestiones más detalladas relativas a la prevención de catástrofes en la revisión de la Directiva EIA, en particular en lo que se refiere a la evaluación y la comunicación de los riesgos;

47.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los gobiernos de los Estados miembros.

21.2.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 50/37

—

Vista la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 2000, en la que se fijan los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) como criterios acordados conjuntamente por la comunidad internacional para la eliminación de la pobreza,

—

Vistos los compromisos contraídos por el G-8 en 2005 en la Cumbre de Gleneagles por lo que se refiere al volumen de la ayuda, la ayuda al África subsahariana y la calidad de la ayuda,

—

Vista la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda, de 2 de marzo de 2005, y las conclusiones del Foro de alto nivel, reunido en Accra entre el 2 y el 4 de septiembre de 2008, en relación con el seguimiento de dicha Declaración,

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Ayuda de la UE: realizar más, mejor y más rápido» (COM(2006)0087),

—

Visto el informe de las Naciones Unidas titulado «Rethinking poverty - Report on the World Social Situation 2010»,

—

Vistos los informes anuales realizados por el Secretario General de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la Declaración del Milenio,

—

Vista la Declaración conjunta del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión sobre la política de desarrollo de la Unión Europea titulada «El consenso europeo sobre desarrollo» (1), y firmada el 20 de diciembre de 2005,

—

Visto el Reglamento (CE) no 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (2) (el ICD, Instrumento de Cooperación al Desarrollo),

—

Vista la Declaración de Abuja realizada por los Jefes de Estado y de Gobierno africanos el 27 de abril de 2001 sobre el VIH/sida, la tuberculosis y otras enfermedades infecciosas relacionadas,

—

Visto el Reglamento (CE) no 1889/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que se establece un instrumento financiero para la promoción de la democracia y de los derechos humanos a escala mundial (3),

—

Vistas las conclusiones del Consejo, de 21 de junio de 2007, intituladas «Promover el empleo a través de la cooperación para el desarrollo de la UE»,

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «El papel de la Unión Europea en el fomento de los derechos humanos y la democratización en terceros países» (COM(2001)0252),

—

Vista la Comunicación de la Comisión sobre la contribución de la educación y la formación a la reducción de la pobreza en los países en desarrollo (COM(2002)0116),

—

Vista la resolución, de 3 de diciembre de 2009, de la Asamblea parlamentaria paritaria ACP-UE sobre la gobernanza mundial y la reforma de las instituciones internacionales,

—

Visto el Programa de Trabajo Decente y el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobados por consenso mundial el 19 de junio de 2009 en la Conferencia Internacional del Trabajo,

—

Visto el informe de la OIT titulado «World of Work Report 2009: The Global Jobs Crisis and Beyond», publicado en diciembre de 2009,

—

Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre los contratos ODM (4),

—

Vista su Resolución, de 6 de abril de 2006, sobre la eficacia de la ayuda y la corrupción en los países en desarrollo (5),

—

Vista su Resolución, de 23 de mayo de 2007, sobre la promoción de un trabajo digno para todos (6),

—

Vista su Resolución, de 12 de marzo de 2009, sobre un enfoque para la ayuda comunitaria al desarrollo destinada a los servicios sanitarios del África subsahariana (7),

—

Vistas las reformas en curso de la Política Agrícola Común y la Política Pesquera Común,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Desarrollo y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A7-0192/2010),

A.

Considerando que un crecimiento económico fuerte y sostenible dentro de un entorno estable y favorable para las empresas contribuye a crear riqueza y empleo y, por lo tanto, constituye el camino más seguro y sostenible para salir de la pobreza,

B.

Considerando que un entorno jurídico seguro y sin corrupción resulta fundamental para el desarrollo de las empresas,

C.

Considerando que los Estados miembros de la UE-15 se han comprometido a gastar el 0,7 % de su renta nacional bruta (RNB) en ayuda oficial al desarrollo (AOD) para 2015; que los niveles actuales de AOD rondan el 0,4 %,

D.

Considerando que la reducción de la pobreza y la cohesión de la política de desarrollo constituyen ahora obligaciones en virtud del Tratado UE,

E.

Considerando que hay que respaldar a los países en desarrollo en su voluntad por conseguir un máximo de valor añadido en sus respectivos países, lo que implica adoptar una estrategia de desarrollo industrial que debe no obstante seguir siendo conforme a los imperativos del desarrollo sostenible y, en particular, a la protección del medio ambiente;

F.

Considerando que los donantes de la UE y los Gobiernos de los países en desarrollo no están logrando cumplir sus objetivos de gasto en salud y educación,

G.

Considerando que el mundo en desarrollo se enfrenta a una urgente escasez de personal sanitario cualificado; que la falta de personal sanitario cualificado en los países desarrollados constituye uno de los factores que agravan los frágiles sistemas de salud de los países en desarrollo, y considerando que numerosos trabajadores cualificados, en el sector sanitario y en otros, no vuelven a sus países para beneficiar a sus propias comunidades por motivos diversos,

H.

Considerando que la reciente crisis de los precios de los alimentos puso de manifiesto la importancia que siguen teniendo la agricultura y la seguridad alimentaria para los países pobres,

I.

Considerando que el 90 % de los ciudadanos de la UE está a favor de la cooperación al desarrollo, aunque la recesión económica amenaza con reducir este apoyo,

J.

Considerando que el G-20 se ha comprometido a tomar medidas firmes contra los paraísos fiscales,

K.

Considerando que la evasión fiscal y la fuga ilícita de capitales de los países en desarrollo equivale a varias veces el valor de la ayuda al desarrollo,

L.

Considerando que las remesas representan más entradas de capital para los países en desarrollo que la AOD,

M.

Considerando que 2700 millones de personas no tienen acceso actualmente al crédito,

N.

Considerando que, para reducir la pobreza, no sólo es necesario generar empleo, sino también crear empleo de calidad,

O.

Considerando que los países más pobres están infrarrepresentados en las instituciones internacionales y en los foros mundiales,

P.

Considerando que los sistemas de protección social han demostrado ser instrumentos sumamente útiles para la reducción de la pobreza y la cohesión social, y que la mayoría de la población mundial no cuenta con una protección social adecuada,

1.

Insta a los Gobiernos de los países en desarrollo a diversificar sus economías por medio del desarrollo de su sector de fabricación y a que eviten sobrecargar a las empresas, en concreto a las PYME, motores de empleo y crecimiento, con excesivos trámites administrativos;

2.

Pide a todos los países en desarrollo que suscriban el Programa de Trabajo Decente de la OIT y la iniciativa de las Naciones Unidas sobre la protección social mínima para garantizar normas laborales satisfactorias, altos niveles de amplia protección social que llegue a las personas más pobres y marginadas y un diálogo social auténtico, así como, en particular, el recurso al proyecto de «gran intensidad de mano de obra»;

3.

Subraya la importancia de suscribir y aplicar los diversos convenios de la OIT relativos a normas laborales internacionales y recomienda el uso de las disposiciones de la resolución de la OIT titulada «Para recuperarse de la crisis: un Pacto Mundial para el Empleo»;

4.

Pide que se respete el derecho a no ser víctima de trabajos forzados y en particular del trabajo infantil sin excepciones, ya que sin educación los niños están condenados a vivir toda la vida en la pobreza;

5.

Pide que se preste especial atención a la lucha contra el trabajo infantil a fin de crear a cambio puestos de trabajo para adultos y que los niños puedan recibir una educación escolar adecuada;

6.

Insta a los Gobiernos a que den prioridad a las ayudas para cubrir las necesidades sociales básicas y promuevan la protección de los niños y las mujeres vulnerables que han sido duramente afectados por la crisis, de los jóvenes en situación de riesgo, de los trabajadores de rentas bajas, de los trabajadores no cualificados y los inmigrantes, así como de los trabajadores rurales y las personas con discapacidad;

7.

Recuerda que las pequeñas empresas y las microempresas, especialmente las del sector agrícola, requieren una financiación adecuada para conservar los empleos ya existentes y crear otros nuevos; anima a los países en desarrollo a que fomenten el acceso al ahorro y al crédito, a través de los microcréditos, los microseguros y los nuevos agentes de crédito, como las oficinas rurales de correos o las aplicaciones de banca móvil;

8.

Pide a la UE que reconozca la contribución de la economía social (por ejemplo, las cooperativas) a la creación de empleo y la promoción del trabajo digno en los países en desarrollo, y que incluya la economía social en sus programas de desarrollo y estrategias de cooperación;

9.

Invita a los países en desarrollo a que extiendan la propiedad de la tierra entre los pobres y los desposeídos, por ejemplo, otorgando a los ocupantes de asentamientos de chabolas la propiedad de la tierra que habitan;

10.

Alienta a los países en desarrollo a diversificar al máximo su economía a fin de no depender exclusivamente de un número muy limitado de producciones, en particular de productos agrícolas destinados a la exportación;

11.

Recuerda a los países en desarrollo que deben respetar las tradiciones locales de explotación común de la tierra para la agricultura a fin de facilitar y proteger los minifundios ya existentes;

12.

Anima a los países en desarrollo a que consideren prioritario el desarrollo del sector agrícola y de la seguridad alimentaria en la formulación de los documentos de estrategia nacional y los programas indicativos nacionales;

13.

Recuerda que el concepto de «Estado justo», es decir, un Estado garante de la democracia y de los derechos de los ciudadanos, incluye la gobernanza; considera que un Estado justo es aquel que garantiza a la vez sus funciones soberanas, como el acceso a la justicia, a la salud, a la educación y a la administración, y que promueve y protege los derechos humanos y las libertades fundamentales;

14.

Pide a todos los países en desarrollo que firmen urgentemente la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y que implementen de forma efectiva sus disposiciones; insta también a los Estados miembros de la UE y a las empresas de la UE a que respeten dicha Convención;

15.

Estima que los Estados miembros de la UE deberían servir de ejemplo a los países en desarrollo en materia de disciplina presupuestaria, recaudación tributaria y gobernanza;

16.

Cree que la acción contra la corrupción también debe dirigirse al sector privado, así como a mejorar la cooperación internacional, por ejemplo, mediante el intercambio de información y los programas de recuperación de activos;

17.

Insta a todos los países en desarrollo a que promuevan la creación de parlamentos independientes, capaces de contribuir de forma eficaz a intensificar la democracia, mediante el ejercicio libre de sus funciones legislativas, presupuestarias y de control; recuerda asimismo la enorme importancia de un aparato judicial independiente y debidamente desarrollado;

18.

Alienta a los Gobiernos de los países en desarrollo a maximizar la participación de las organizaciones de la sociedad civil en la formulación y supervisión de la política pública;

19.

Recalca que los interlocutores sociales pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo económico y reforzar la cohesión social, por lo que debería promoverse la creación y consolidación de las organizaciones representativas pertinentes;

20.

Pide que se respete el derecho de asociación de los sindicatos y el derecho a la negociación colectiva sin excepciones a fin de implantar, mejorar y defender unas condiciones de trabajo dignas;

21.

Insta a todos los Estados que hayan adoptado leyes que restrinjan la libertad de las organizaciones de la sociedad civil a que deroguen dichas leyes;

22.

Pide que se respete el derecho a la no discriminación, es decir, el derecho a trabajar y ser tratado en condiciones de igualdad, independientemente del sexo, origen étnico, edad, discapacidad u orientación sexual, como principio fundamental de la lucha contra la pobreza;

23.

Pide que se refuerce sustancialmente la situación jurídica y social de las mujeres a fin de evitar discriminaciones y de aprovechar el potencial de las mujeres para el desarrollo económico y social;

24.

Apoya a los países en desarrollo en sus esfuerzos por reforzar y ahondar en la integración regional, mediante zonas de libre comercio, comunidades económicas regionales, bancos de desarrollo regional, etc.;

25.

Reitera su llamamiento a que en los presupuestos nacionales de los países en desarrollo y en la ayuda al desarrollo de la UE se asigne como mínimo un 20 % del gasto a la salud y a la educación básica;

26.

Pide que se reconsideren las políticas de privatización, en particular la de servicios públicos como el agua, el saneamiento y los servicios de interés general, así como el papel social de los Estados en la gobernanza del desarrollo, incluido el papel de las empresas públicas como empleadoras y proveedoras de servicios sociales;

27.

Señala el papel crucial que desempeñan los sistemas de protección social, según se indica en el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT y las iniciativas de las Naciones Unidas sobre protección social mínima; pide en consecuencia que se haga mayor hincapié en los sistemas de protección social para evitar el aumento de la pobreza y aliviar las privaciones sociales, y al mismo tiempo para ayudar a estabilizar la economía y mantener y promover la empleabilidad;

28.

Pide el libre y pleno acceso a todos los sistemas educativos, es decir, a la enseñanza básica y superior y a la formación profesional, para que la población local pueda convertirse en mano de obra cualificada;

29.

Insiste en que tanto los países donantes como los países en desarrollo deben cumplir sus compromisos de alcanzar los ODM en 2015;

30.

Apoya medidas como las subvenciones a los salarios y las oportunidades de empleo y formación que animan a los científicos y otros trabajadores especializados locales a quedarse y ejercer la medicina en sus comunidades, y refuerzan los sistemas de atención sanitaria accesibles a todos;

31.

Apoya la creación de nuevos puestos de trabajo en los países en desarrollo;

32.

Apoya medidas encaminadas a crear servicios públicos en general y a invertir en ellos a fin de generar puestos de trabajo y reforzar las capacidades e instituciones del Estado, así como la cohesión social, tal y como se indica en el Informe de las Naciones Unidas «Rethinking poverty»;

33.

Pide que se dé más énfasis a la atención sanitaria práctica y a la sensibilización de la población acerca de las ventajas de los tratamientos médicos, por ejemplo, mediante la distribución de analizadores de sangre y la formación de la población local en su uso;

34.

Destaca que el desarrollo de los recursos humanos es indispensable en todas las estrategias de desarrollo y crucial para la creación de empleo; pide a la UE y a los países en desarrollo que analicen las necesidades de empleo y el mercado laboral y que elaboren previsiones y anticipen los principales problemas de adaptación de la formación profesional al empleo;

35.

Cree que todas las estrategias de desarrollo deberían prestar especial atención a los más vulnerables y marginados, especialmente a las mujeres, los niños y las personas mayores y con discapacidad;

36.

Considera indispensable satisfacer las necesidades básicas, por lo que estima sumamente prioritarias, en particular, las medidas a favor de la seguridad alimentaria y el acceso al agua potable;

37.

Subraya el problema del trabajo infantil y reconoce que es uno de los principales obstáculos para lograr la enseñanza primaria universal y para reducir la pobreza, dificultando asimismo el desarrollo saludable y la educación necesaria de esos niños; pide por ello que se promueva la coordinación entre organismos y la adaptación de la política en materia de ayudas a la educación y de trabajo infantil por medio del refuerzo de los mecanismos ya existentes, incluido el Grupo mundial sobre el trabajo infantil y la educación; pide, por último, a la comunidad internacional, a todos los Estados afectados y a la UE que se comprometan a hacer todo lo posible por erradicar el trabajo infantil con carácter urgente y con medidas específicas;

38.

Destaca la importancia que reviste la igualdad de género para el éxito económico de los Estados y pide por ello que se redoblen los esfuerzos para lograr también dicha igualdad en la economía;

39.

Insiste en que los donantes y los países asociados deberían asegurarse de que la agricultura, en concreto las explotaciones granjeras de pequeños agricultores y las pequeñas y medianas explotaciones agroindustriales respetuosas del medio ambiente, pasen a ocupar una situación prioritaria en el programa de desarrollo;

40.

Subraya que las pequeñas explotaciones agrícolas basadas en medios de producción descentralizados, verdes y sostenibles favorecen la creación de empleo y el desarrollo sostenible, ya que ofrecen más puestos de trabajo por hectárea que las grandes explotaciones, y los agricultores y trabajadores gastan proporcionalmente más en productos rurales no agrícolas intensivos en mano de obra;

41.

Pide un apoyo más eficaz a la creación de puestos de trabajo mediante la coordinación de las políticas macroeconómicas y de empleo, teniendo en cuenta que las primeras no deben limitarse a controlar la inflación y los déficits comerciales y fiscales, sino que también deben promover la estabilidad de la producción real, los ingresos y el empleo;

42.

Apoya la inversión en «empleos verdes» y en la industria ecológica mediante, por ejemplo, el desarrollo de sistemas de energías renovables y eficiencia energética en países pobres, incluida la energía solar en beneficio de las comunidades locales, como medio de ofrecer fuentes de energía sostenibles y, al mismo tiempo, crear empleos y proteger el medio ambiente;

43.

Pide un aumento de la igualdad de oportunidades y de acceso al desarrollo de las cualificaciones, y a una formación y educación de calidad; pide igualmente que se mejore el acceso al crédito (incluidos los microcréditos) para estimular la creación de puestos de trabajo;

44.

Espera que aumente la cooperación entre el Parlamento y sus homólogos regionales de los países en desarrollo;

45.

Subraya la importancia de promover indicadores alternativos al PIB para medir los avances sociales en los países en desarrollo, en particular teniendo presentes las propuestas de la Comisión para la Medición del Rendimiento Económico y el Progreso Social, presidida por Joseph Stiglitz;

46.

Pide que las respuestas a la crisis económica mundial sean concebidas por país y región y que incluyan las medidas mencionadas en el instrumento político de la OIT «Un pacto mundial por el empleo», con el fin de facilitar las inversiones en sectores de gran intensidad de mano de obra y que respetan el medio ambiente y en sistemas de protección social;

47.

Pide a todos los países ricos, en especial a los Estados de la UE, que cumplan sus promesas de gastos en concepto de ayuda, de al menos el 0,7 % de su RNB para el año 2015;

48.

Aboga por una definición común de la pobreza para todos los Estados miembros a fin de identificar los ámbitos de actuación pertinentes y los beneficiarios con derecho a recibir la ayuda al desarrollo de la UE;

49.

Considera que la coherencia entre políticas puede dar resultados útiles en términos de creación de empleo en los países en desarrollo; pide por ello a la UE que cambie sus políticas exteriores, ya que tienen repercusiones directas en las economías de los países en desarrollo y deberían concebirse de manera que contribuyan a satisfacer las necesidades sostenibles de dichos países a fin de luchar contra la pobreza, garantizar unos ingresos y medios de sustento dignos, y respetar los derechos humanos fundamentales, incluidos los derechos sociales y económicos y la protección del medio ambiente;

50.

Solicita fondos importantes adicionales para afrontar los efectos del cambio climático y de la crisis económica mundial en los países en desarrollo;

51.

Pide que la educación básica y la sanidad pública sean el fundamento de las políticas de desarrollo y subraya que la situación actual no puede justificar ninguna reducción del gasto nacional y de las ayudas internacionales para estos sectores;

52.

Pide a la Unión Europea que cumpla sus compromisos en materia de ayuda al comercio;

53.

Hace hincapié en que la UE debe revisar sus políticas de subvenciones, en particular en el sector agrícola y con arreglo a las necesidades de las pequeñas y medianas explotaciones agrícolas de la UE, a fin de conceder condiciones de comercio justo a los países en desarrollo;

54.

Solicita a todos los donantes, una vez más, que se adhieran de modo más comprometido al programa sobre la eficacia de la ayuda, especialmente en lo que respecta a la coordinación y responsabilidad de los donantes;

55.

Insiste en que la Comisión vele por que la dimensión externa de la reforma en curso de la Política Pesquera Común se integre en la política de desarrollo de la UE, pues ambas están directamente relacionadas con los medios de subsistencia de la población de los países en desarrollo;

56.

Subraya que, en muchos países, el sector pesquero es fundamental para el empleo y la seguridad alimentaria y que, por consiguiente, todos los países en desarrollo deberían poder optar a la ayuda de la UE en este sector para desarrollar su propia industria pesquera sostenible y la investigación en este ámbito, así como medidas de control y ejecución para luchar contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, con independencia de cualquier acuerdo con la Unión Europea en materia de acceso a las pesquerías;

57.

Subraya que la ayuda de la UE al sector pesquero de terceros países está destinada a dotar a los puertos de estos países de las infraestructuras necesarias para facilitar el desembarque y procesamiento de pescado a escala local a fin de crear nuevos puestos de trabajo; pide a la Comisión que siga de cerca y verifique la consecución de estos objetivos, y que preste asistencia financiera y técnica para mejorar la capacidad de los países terceros de supervisar las actividades pesqueras en sus aguas y detener los buques que cometan infracciones;

58.

Insiste en que la UE debería simplificar su estructura de asistencia, así como los procedimientos relacionados con ésta;

59.

Pide una coordinación reforzada de las políticas de desarrollo entre la Comisión y los Estados miembros de la UE para impedir que acciones políticas diferentes tengan un impacto negativo en la realización de los ODM;

60.

Espera que, dado que la coherencia de la política de desarrollo constituye ahora un requisito del Tratado, las políticas de la Unión Europea en materia de agricultura, comercio, emigración y pesca no socaven en modo alguno los esfuerzos en materia de desarrollo; pretende supervisar de cerca el cumplimiento de esta obligación por parte de la UE;

61.

Invita a los donantes a que inviertan de modo inteligente en educación para el desarrollo en favor de sus ciudadanos;

62.

Anima a los países donantes a que aprovechen esta crisis para estudiar en profundidad las posibilidades de recurrir a fuentes innovadoras y complementarias de financiación del desarrollo, y para buscar nuevas fuentes que permitan que los países en desarrollo diversifiquen sus propias fuentes de ingresos y adopten programas de gastos eficientes, concretos y operativos;

63.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros de la UE que promuevan empresas sostenibles que creen empleos dignos como un sector específico de la cooperación al desarrollo, de conformidad con el Consenso Europeo sobre el Desarrollo de 2005, y que promuevan su integración en sectores más tradicionales de dicha cooperación, como las infraestructuras, el desarrollo rural, la gobernanza y la ayuda relacionada con el comercio;

64.

Insta a los países del G-20 a que se comprometan a suprimir los paraísos fiscales, a aumentar la supervisión de los mercados financieros y a ser abanderados del intercambio de información fiscal; considera asimismo que los países del G-20 deberían dar instrucciones al Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad para adoptar una nueva norma que incluya los informes por países;

65.

Pide a los países del G-20 y a los Estados miembros de la UE que tomen medidas para que los envíos de remesas resulten más baratos y sencillos;

66.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten las ayudas financieras públicas a las pequeñas empresas, las microempresas y los agricultores de los países en desarrollo, incluido el sector informal, como se pide en el Pacto Mundial para el Empleo de la OIT;

67.

Insta a la UE a dirigir su ayuda a promover la creación de capacidades en áreas que beneficien directamente al tejido económico de los países asociados y que creen empleo, es decir, el desarrollo de su capacidad productiva, la creación de sistemas fiscales eficientes, la lucha contra la corrupción, el refuerzo de las instituciones y de la sociedad civil, el fácil acceso a los microcréditos y a otras fuentes de financiación, etc.;

68.

Pide que todas las políticas de desarrollo de la UE que tengan un impacto en la creación de empleo y en la reducción de la pobreza se centren en medidas que exijan a los gobiernos, a la sociedad civil, a las empresas, a las fundaciones y a las comunidades locales que realicen los ODM para el año 2015;

69.

Pide a la UE que destine sus ayudas igualmente a la construcción de sistemas de protección social en los países en desarrollo, por ser un medio importante y eficaz para reducir la pobreza;

70.

Pide que se conceda prioridad a la educación, al seguimiento de los jóvenes tras su salida del sistema escolar, a la formación profesional, a la enseñanza de las tecnologías, a la adquisición de cualificaciones, a la formación continua, al acceso a la financiación, a la creación de períodos de prácticas de calidad que mejoren las perspectivas de futuro de los interesados, a la salud y a la seguridad, así como a la promoción de programas de iniciativa empresarial, principalmente para las microempresas y las pequeñas empresas, con el fin de crear una fuerza de trabajo sostenible, poniendo el acento sobre todo en los jóvenes, las personas de edad, las personas con discapacidad, las personas desplazadas, las mujeres y cualquier otro grupo marginalizado;

71.

Cree que la UE debería tener en cuenta criterios en materia de derechos humanos y de gobernanza al diseñar los acuerdos de comercio con países en desarrollo y no dudar en aplicar sanciones a aquellos Estados que no respeten sus obligaciones de gobernanza; recuerda que los criterios de condicionalidad se aplican tanto al Fondo Europeo de Desarrollo (FED) como al Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (ICD);

72.

Pide a la UE que vele escrupulosamente por el respeto de la condicionalidad tal y como se contempla en el Convenio de Cotonú;

73.

Subraya que tanto el FED como el ICD deben responder a los mismos criterios de aplicación de la condicionalidad;

74.

Exhorta a la Comisión a que promueva los métodos y calendarios oportunos para llevar a cabo el seguimiento de las cadenas productivas de las empresas europeas que operan en el exterior, a fin de comprobar la eliminación del trabajo infantil y el respeto de las normas laborales que estipulan los convenios de la OIT, así como a que fomente el acceso a la educación, que es un factor crucial para la lucha contra la pobreza;

75.

Insta a la creación de una red fiable para establecer relaciones estrechas entre las principales instituciones y organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que se dedican a reducir la pobreza en todos los países en desarrollo, a fin de intercambiar puntos de vista y experiencias en la formulación, aplicación y seguimiento de la política de ayuda de la UE;

76.

Apoya la creación de bases de datos nacionales y de la UE para recoger y comparar datos básicos sobre la pobreza en los países en desarrollo, como medio para facilitar y redoblar los esfuerzos encaminados a reducir la pobreza;

77.

Subraya la necesidad de reforzar la coordinación actual entre las organizaciones internacionales y regionales en un esfuerzo complementario por prestar asistencia técnica para la aplicación y el seguimiento del Plan de acción de la UE para la reducción de la pobreza;

78.

Observa que es necesario crear «grupos consultivos» sobre temas específicos como un paso concreto y un medio fiable de prestar asistencia técnica para aplicar en los países en desarrollo los objetivos del Plan de acción de la UE para la reducción de la pobreza;

79.

Acepta el uso del apoyo presupuestario únicamente si existen garantías serias de que los fondos van a alcanzar su destino previsto y van a cumplir su propósito original, y siempre que los destinatarios cumplan los criterios en materia de derechos humanos y gobernanza democrática; espera que se realice una evaluación y auditoría más eficaces del apoyo presupuestario para analizar si se ha alcanzado el objetivo previsto y si los Gobiernos de los países beneficiarios cumplen los criterios arriba mencionados; pide a la Comisión que establezca un marcador informatizado de indicadores bajo el control del Parlamento Europeo para evaluar la eficiencia de las ayudas comunitarias en el ámbito de la reducción de la pobreza, la educación y la creación de empleo, marcador que deberá basarse en el grado de cumplimiento de los coeficientes financieros y objetivos previstos;

80.

Pide a la Comisión que presente al Parlamento Europeo una propuesta coherente y creíble sobre la política postelectoral de la UE que respete la libre elección de la población en cada país, y expresa su temor de que la falta actual de una política postelectoral coherente merme la credibilidad de las misiones de observación electoral de la UE;

81.

Respalda una mayor representación democrática de los países en desarrollo en las instituciones mundiales;

82.

Invita a las instituciones financieras internacionales a que revisen sus políticas de concesión de préstamos para apoyar las opciones de desarrollo económico y sostenible de los países en desarrollo;

83.

Pide a la UE y al G-20 que adopten medidas concretas para acabar con los abusos de los paraísos fiscales, la evasión fiscal y las fugas ilícitas de capitales de los países en desarrollo, y que favorezcan que estos recursos se inviertan en los países en desarrollo;

84.

Aboga por la celebración de un nuevo acuerdo financiero mundial de carácter vinculante que obligue a las empresas transnacionales a revelar automáticamente los beneficios que han obtenido y los impuestos que han pagado en cada país;

85.

Invita a la UE a que apoye la iniciativa sobre protección social mínima de la UE destinada a ampliar o implantar sistemas de protección social sostenibles en los países en desarrollo por medio de una mayor coherencia de sus políticas exteriores y la elaboración de una Comunicación sobre protección social en la cooperación al desarrollo, como se propone en las Conclusiones del Consejo sobre «Promover el empleo a través de la cooperación para el desarrollo de la UE»;

86.

Coincide con la Comisión en que tener un empleo es la mejor manera de evitar la pobreza y la exclusión social; entiende que colmar la brecha educativa en los países en desarrollo es una de las estrategias más eficaces para romper el ciclo de pobreza y desempleo;

87.

Acoge con beneplácito la Iniciativa de financiación acelerada «Educación para Todos» y el apoyo que presta en principio la Comisión; insta a esta última a que indique los fondos que concede actualmente a los países incluidos en esta iniciativa y sus finalidades, en particular en los siguientes ámbitos:

88.

Insta a la UE a que cree programas de asistencia para padres y madres de familia en diversos ámbitos en los que la pobreza genera falta de conocimiento respecto a la educación de los hijos, a fin de que los niños de los países en desarrollo gocen de verdaderas oportunidades;

89.

Señala que la calidad de la salud mental y física no es tan solo una cuestión de educación, formación y nuevas tecnologías de la información, sino también una cuestión de acceso al agua, a los alimentos y a los medicamentos, por lo cual la UE debería prestar más atención a la integración en los proyectos de ayuda globales de materiales didácticos gratuitos, comidas gratuitas, autobuses escolares gratuitos y exámenes gratuitos; considera que es imperativo que exista una relación clara entre los proyectos escolares financiados por la UE y los programas sanitarios y de alimentos en los países en desarrollo;

90.

Pide a la UE que centre sus esfuerzos en la identificación de los sectores en los que los países en desarrollo cuentan con una ventaja competitiva, por lo cual el establecimiento de períodos de prácticas en estos sectores deberá ser una de las prioridades absolutas de la ayuda al desarrollo de la UE;

91.

Pide a la UE que ofrezca más oportunidades educativas a los estudiantes de los países en desarrollo, y los aliente, no obstante, a que regresen a sus países una vez finalizados sus estudios a fin de beneficiar a sus propias comunidades;

92.

Señala que se recomienda a los países en desarrollo que sus productos compitan en el mercado libre, mientras que a menudo este principio no se aplica al mundo desarrollado;

93.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren un enfoque coherente que respete los aspectos fundamentales del libre mercado y garantice la reciprocidad en el ámbito del comercio;

94.

Subraya que numerosos países en desarrollo se caracterizan, ante todo en relación con su sector agrícola, por tener una economía de subsistencia y que dichas economías son a menudo la única fuente de ingresos y medios de vida;

95.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, y a los Gobiernos de los Estados miembros, así como a la OIT.

21.2.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 50/48

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y Social Europeo, de 11 de septiembre de 2009, sobre mejorar el respeto de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior (COM(2009)0467),

—

Vista la Resolución del Consejo de Competitividad, de 25 de septiembre de 2008, sobre un plan europeo global de lucha contra la falsificación y la piratería,

—

Vista la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico) (1),

—

Vista la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (2),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos (3),

—

Vista la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual (4),

—

Vista la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, sobre la protección jurídica de las bases de datos (5),

—

Vista su Posición de 25 de abril de 2007, sobre la propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas penales destinadas a garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual (6),

—

Vista la Estrategia para la aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual en países terceros, publicada por la Comisión en 2005, y el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Informe de 2009 sobre la ejecución de los DPI»,

—

Vista su recomendación de 26 de marzo de 2009 del Consejo sobre el refuerzo de la seguridad y de las libertades fundamentales en Internet (7),

—

Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,

—

Visto carácter jurídicamente vinculante de la Carta de los Derechos Fundamentales,

—

Vista su resolución de 10 de abril de 2008 sobre las industrias culturales en Europa,

—

Vista la comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 25 de junio de 2008, sobre «Small Business Act» para Europa, que establece el principio «Pensar primero a pequeña escala» en busca de una ambiciosa iniciativa política para las PYME,

—

Visto el artículo 48 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor(A7-0175/2010),

A.

Considerando que las infracciones de los derechos de la propiedad intelectual (IPR) constituyen una amenaza real para la salud y la seguridad de los consumidores, así como para nuestras economías y nuestras sociedades,

B.

Considerando que la innovación científica y técnica, las patentes y la industria de la cultura contribuyen de forma decisiva a la competitividad de la economía europea, tanto por el número y la diversidad de sus puestos de trabajo, como por la riqueza creada; que debe prestarse apoyo a la economía de la cultura y de la creación para su difusión,

C.

Considerando que la Unión Europea, como miembro de la Organización Mundial del Comercio, está sujeta al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (APDIC) y considerando que los Estados miembros de la UE se comprometen, en virtud de tal acuerdo, a adoptar y aplicar medidas eficaces en contra de toda infracción de los DPI,

D.

Considerando que la difusión del conocimiento y de la difusión es una de las sólidas tradiciones de la Unión Europea; que el acceso del mayor número posible de personas a los avances tecnológicos y a los productos culturales sigue siendo el fundamento de la política de educación y desarrollo,

E.

Considerando que, para tratar correctamente la cuestión del ejercicio de los DPI en el mercado interior, es importante tener en cuenta no sólo el territorio de la UE sino también la situación en las fronteras exteriores de la UE y en terceros países para hacer compatible la protección a los contenidos de origen comunitario y a sus derechohabientes con el acceso a contenidos extracomunitarios por parte de los consumidores,

F.

Considerando que los datos sobre la dimensión de las violaciones de los DPI son incoherentes, incompletos, insuficientes y dispersos y que para cada nueva propuesta legislativa es necesaria una evaluación de impacto independiente,

G.

Considerando que la innovación y la creatividad constituyen un valor añadido notable para la economía europea y que, dado el contexto económico, se deben preservar y desarrollar,

H.

Considerando que la infracción de los DPI es una problemática horizontal que afecta a todos los sectores de la industria, en especial a las industrias creativas e innovadoras, y el deporte,

I.

Considerando que las continuas infracciones de los DPI conducirán a la desaparición de la innovación en la UE,

J.

Considerando que el fenómeno de la violación en línea de los DPI ha alcanzado proporciones preocupantes, especialmente para las industrias de contenidos creativos, y que aún no ha podido determinarse si el actual marco jurídico es capaz de proteger eficazmente a los titulares de los derechos en Internet al tiempo que garantiza el equilibrio entre todos los intereses, incluidos los intereses de los consumidores,

K.

Considerando que los esfuerzos por abordar la infracción de los derechos de autor, deben contar con un respaldo público para no correr el riesgo de perder el apoyo de los ciudadanos por los derechos de propiedad intelectual,

L.

Considerando que la carga no autorizada de material protegido por derechos de autor en Internet constituye una clara infracción de los derechos de propiedad intelectual y está prohibida por los tratados de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) sobre derechos de autor (WCT) y sobre interpretación o ejecución y fonogramas (WPPT), de los que la Unión Europea es parte contratante,

M.

Considerando que el sector de la creación debería seguir desarrollando modelos que permitan acceder a contenidos creativos en línea y ofrezcan a los consumidores opciones mejoradas y más baratas, incluido el acceso a servicios de suscripción sin límite, y considerando que el desarrollo de estos servicios legales se ve inhibido por el crecimiento del contenido en línea cargado de forma ilícita,

N.

Considerando que para mantener y aumentar el interés que pueden presentar a su público, los proveedores de medios de audiovisuales deben poder utilizar todos los nuevos medios de distribución; que debe mejorarse el marco actual para la concesión de licencias de tal modo que los Estados miembros dispongan de un sistema flexible que se adapte a las nuevas tecnologías,

O.

Considerando que, con la excepción de la legislación sobre las sanciones penales, ya existe en la UE un marco jurídico relativo al fenómeno de la falsificación y la infracción de los DPI de bienes materiales, pero persisten lagunas en lo que concierne a la lucha contra las infracciones de los DPI en línea,

P.

Considerando que las medidas previstas en la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual todavía no han sido evaluadas en términos de protección de los derechos o en términos de sus efectos sobre los derechos de los consumidores,

Q.

Considerando que las recientes modificaciones efectuadas en el marco reglamentario de las telecomunicaciones incluyen disposiciones relativas a avisos normalizados de interés público que pueden tratar, entre otras cosas, de los derechos de autor y sus infracciones sin poner en peligro los derechos de privacidad y protección de los datos y subrayan la necesidad de respetar los derechos fundamentales en cuestiones relativas al acceso a Internet,

R.

Considerando que en el marco jurídico europeo debería crearse la posibilidad de proceder contra los infractores de los derechos de autor, dado que los tratados internacionales apenas son capaces de hacer frente a las infracciones de los DPI,

S.

Considerando que, en el caso de las patentes, su protección es esencial para luchar eficazmente contra las violaciones de patentes; considerando que aún está pendiente de resolver la cuestión de un sistema de patentes unificado a nivel de la UE,

T.

Considerando que existen conexiones probadas entre diversas formas de delincuencia organizada y las violaciones de los DPI,

U.

Considerando que el papel de codecisión del Parlamento Europeo en asuntos comerciales y su acceso a documentos de negociación están garantizados por el Tratado de Lisboa,

V.

Considerando conveniente que, junto con la represión de los delitos en este ámbito, se prevea una protección del consumidor que disfruta legalmente de los productos sujetos a la protección de los derechos de propiedad intelectual,

W.

Considerando que la normativa comunitaria vigente no establece ningún impedimento para el desarrollo de sistemas de licencias pluriterritoriales,

X.

Considerando que en diversos ámbitos incluyendo el sector que se basa en el texto y la imagen, existen modelos y canales de negocios, así como mecanismos de licencias que permitan un amplio acceso a las obras en una multiplicidad de formas y formatos, tanto en el ámbito nacional como a través de las fronteras,

1.

Acoge con satisfacción la comunicación de la Comisión, de 11 de septiembre de 2009, sobre medidas no legislativas adicionales; lamenta, sin embargo, que la comunicación no aborde la conclusión del marco legislativo mediante una serie de iniciativas de tal carácter que sirvan para combatir de forma efectiva las infracciones de los derechos de propiedad intelectual; acoge favorablemente los progresos realizados por la UE en la armonización de la lucha contra la falsificación; alienta a la Comisión a avanzar en sus esfuerzos en ámbitos sensibles en términos de salud y seguridad, incluyendo entre ellos los medicamentos;

2.

Recuerda que en el ámbito de la cultura existe una excepción a los DPI, como la «copia privada»;

3.

Pide a la Comisión a que presente con urgencia, antes de finales de 2010, una estrategia completa en materia de DPI que aborde todos los aspectos de dichos derechos, incluyendo su aplicación y su fomento; en concreto, el papel de los derechos de autor como elemento facilitador, y no como obstáculo, que ayuda a los creadores a ganarse la vida y a difundir su obra;

4.

Pide a la Comisión que proponga una estrategia completa en materia de DPI que elimine los obstáculos a la creación de un mercado único en el entorno en línea y adapte el marco jurídico europeo en el ámbito de los DPI a las tendencias actuales de la sociedad y a los avances técnicos;

5.

Subraya que todas las medidas adoptadas para proteger el ejercicio de los DPI deben respetar la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en particular, los artículos 7 y 8, así como el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, en particular los artículos 6, 8 y 10 y ser necesarias, proporcionadas y apropiadas dentro de una sociedad democrática; recuerda a este respecto que el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dispone la protección de la propiedad intelectual;

6.

Considera que la Comisión debería tener en cuenta los aspectos de los DPI en todas las políticas o iniciativas legislativas relevantes y considerar estos aspectos en todos los procesos de evaluación de impacto siempre que una propuesta pueda tener consecuencias para la propiedad intelectual;

7.

Estima que la Comisión debe tener en cuenta los problemas específicos a los que se enfrentan las PYME para reforzar los derechos de propiedad intelectual que corresponden al principio «Think Small First» establecido por la Small Business Act for Europe en aplicación, en particular, del principio de no discriminación de las PYME;

8.

Por la experiencia de los titulares de derechos en algunos Estados miembros no comparte la certeza de la Comisión de que el actual marco de aplicación civil en la UE es suficientemente eficaz y está armonizado en la medida necesaria para un correcto funcionamiento del mercado interior, y recuerda a la Comisión que el informe sobre la aplicación de la Directiva 2004/48/CE, es esencial para confirmar estas conclusiones;

9.

Sostiene la opinión de que en el marco jurídico europeo debe crearse la posibilidad de proceder contra los infractores de los derechos de la propiedad intelectual, y recuerda a la Comisión que el informe sobre la aplicación de la Directiva 2004/48/CE es esencial para confirmar estas conclusiones;

10.

Pide a la Comisión que elabore un informe sobre la aplicación de la Directiva 2004/48/CE, incluyendo una evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas, así como de su impacto en la innovación y el desarrollo de la sociedad de la información, de conformidad con el artículo 18, apartado 1, de dicha Directiva y, en caso necesario, que proponga modificaciones; pide que el informe incluya también una evaluación de las maneras de fortalecer y actualizar el marco jurídico con respecto a Internet;

11.

Pide que se tenga en cuenta la existencia de formatos especiales que permiten que las obras sean más accesibles a las personas con discapacidad y que se adopten las medidas adecuadas para facilitar su difusión;

12.

No comparte la opinión de la Comisión de que el principal corpus legislativo relativo a la aplicación de los DPI ya se ha establecido; señala a este respecto que las negociaciones sobre la Directiva relativa a las sanciones penales no han concluido con éxito;

13.

Pide a la Comisión Europea que vele por que las medidas destinadas a reforzar la aplicación de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior no afecten al derecho legítimo a la interoperabilidad, pues esta última es esencial para una competencia sana en el mercado de la difusión de obras digitales, en particular para los autores y usuarios de software de libre difusión;

14.

Pide a la Comisión que presente las oportunas propuestas legislativas basadas en el artículo 118 del TFUE, que aborden la cuestión de un sistema comunitario de patentes eficaz y acoge con satisfacción, a este respecto, las conclusiones del Consejo sobre un sistema mejorado de patentes para Europa, de 4 de diciembre de 2009, como un avance importante y positivo;

15.

Reconoce la importancia de una información completa y fiable y datos sobre todos los tipos de violaciones de los DPI a fin de establecer una política basada en hechos concretos y orientada a la obtención de resultados;

16.

Acoge con satisfacción la creación del Observatorio como instrumento de centralización de las estadísticas y los datos que servirán de base para orientar las propuestas que se habrán de poner en práctica para luchar eficazmente contra los fenómenos de la falsificación y la infracción de los DPI en línea; insta a la Comisión a elaborar un informe sobre cuál es el mejor uso que puede darse a Europol y a las estructuras existentes de cooperación entre autoridades aduaneras para luchar eficazmente contra las infracciones delictivas de los DPI;

17.

Desea que el Observatorio se convierta en una herramienta para la recogida e intercambio de datos e información sobre todas las formas de violaciones de los DPI, que recopile datos de investigaciones científicas sobre la falsificación y la regulación de los DPI;

18.

Invita a la Comisión a indicar claramente las tareas que se confiarán al Observatorio y subraya que el éxito de éste depende en gran medida de la participación y de la cooperación de todas las partes interesadas, incluidas las autoridades nacionales, los titulares de los derechos, las organizaciones de consumidores y las industrias interesadas, a fin de aumentar la transparencia y evitar la duplicación de esfuerzos;

19.

Pide a la Comisión que informe al Parlamento y al Consejo de manera plena y completa sobre los resultados de las actividades del Observatorio mediante informes anuales en los que la Comisión presente conclusiones y proponga las soluciones necesarias para mejorar la ley sobre DPI;

20.

Solicita a la Comisión y a los Estados miembros, en colaboración con los interesados, que desarrollen una campaña de sensibilización a escala europea, nacional y local sobre los riesgos que plantean los productos falsificados para la salud y seguridad de los consumidores, y también sobre el impacto negativo de la falsificación y la infracción de los DPI sobre la economía y la sociedad; insiste en que es preciso incrementar la conciencia, especialmente entre los jóvenes consumidores europeos, de la necesidad de respetar los DPI;

21.

Pide a todas las partes interesadas, incluidos los proveedores de acceso, las plataformas de venta en línea, los titulares de derechos y las organizaciones de consumidores, que, en lo que concierne a la infracción de los DPI y a la venta de productos falsificados en línea, adopten medidas que alerten y eduquen a los ciudadanos sobre el valor de la propiedad intelectual y las consecuencias de la infracción de los DPI y la falsificación sobre el trabajo y el crecimiento, como mensajes de advertencia y educativos breves, visibles y pertinentes;

22.

Insiste en la necesidad de educar a los jóvenes para ayudarles a comprender lo que está en juego en la propiedad intelectual e identificar claramente lo que es legal y lo que no, a través de campañas de sensibilización dirigidas especialmente a este público, en particular contra la infracción de los DPI en línea;

23.

Solicita a la Comisión, por tanto, que ejerza presión sobre la industria para idear todavía más facilidades de pago con el fin de facilitar a los consumidores europeos la compra de contenidos ofrecidos legalmente e incrementar así la descarga legal en la UE;

24.

Concuerda con la Comisión en reconocer que pueden ser útiles más medidas no legislativas, tales como debates sobre posibles mejoras del mercado digital en Europa a través de la armonización voluntaria de procedimientos y normas entre las partes interesadas, para reforzar la aplicación de los DPI, especialmente medidas que resulten de un diálogo en profundidad entre las partes interesadas;

25.

Subraya que el enorme crecimiento del uso compartido, no autorizado, de archivos de obras y actuaciones registradas sujetas a derechos de autor constituye un problema creciente para la economía europea en términos de oportunidades de empleo e ingresos para el sector, así como para el gobierno;

26.

Subraya que varios factores han permitido el desarrollo de este fenómeno, en particular los progresos tecnológicos y la falta de ofertas legales; recuerda que este fenómeno constituye una violación de los DPI, para el que es necesario encontrar soluciones adecuadas y urgentes en función del sector en causa y de conformidad con los derechos fundamentales;

27.

Subraya que el apoyo y el desarrollo de una oferta legal diversificada, atractiva y visible para los consumidores puede contribuir a reducir el fenómeno de la infracción de los derechos de propiedad intelectual en línea y reconoce a este respecto que la falta de un mercado digital interno europeo constituye un importante obstáculo para el desarrollo de una oferta legal en línea y la UE corre el riesgo de condenar al fracaso los esfuerzos para desarrollar un mercado en línea legítimo si no reconoce este hecho y no presenta propuestas urgentes para remediar la situación;

28.

Pide, por lo tanto, a la Comisión que presione al sector para que proponga nuevas facilidades de pago, con el fin de facilitar a los consumidores europeos la compra de contenido que se ofrece legalmente, garantizando así el aumento de las descargas legales en la UE;

29.

Solicita una normativa precisa que garantice que el consumidor particular que haya realizado legalmente copias para uso personal a partir de productos originales sujetos a protección de los derechos de propiedad intelectual no esté obligado a demostrar la legalidad de dicha copia, correspondiendo a quien esté interesado en ello probar la posible violación de las normas sobre la protección de los derechos de propiedad intelectual;

30.

Insiste en que todos los actores, incluidos los proveedores de acceso a Internet, participen en el diálogo con las partes interesadas para encontrar las soluciones adecuadas; pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa o que modifique la legislación vigente, en particular la Directiva 2004/48/CE, a fin de reforzar el marco jurídico comunitario en este ámbito, basándose en las experiencias nacionales;

31.

Pide a la Comisión que piense de manera amplia sobre métodos para facilitar el acceso de la industria al mercado digital sin fronteras geográficas, teniendo en cuenta las circunstancias específicas de cada sector, estudiando urgentemente el problema de las licencias pluriterritoriales, cuando exista una demanda sustancial de parte de los consumidores y la falta de legislación armonizada sobre derechos de autor, así como un sistema eficaz y transparente de gestión de los derechos que complete el desarrollo actual de servicios que sean legales y respondan a la demanda de un acceso fácil, total, instantáneo y personalizado a los contenidos;

32.

Destaca que debería mejorarse el marco de la concesión de licencias sobre la base de la neutralidad tecnológica, de modo que los Estados miembros cuenten con un sistema de gestión de derechos flexible, eficaz y transparente que se adapte a las nuevas tecnologías;

33.

Pide a la Comisión que revise el asunto de la gestión transfronteriza de derechos y cambie la situación actual de incertidumbre jurídica creada por la Recomendación de la Comisión 2005/737/CE de 18 de octubre de 2005, relativa a la gestión colectiva transfronteriza de los derechos de autor, teniendo en cuenta el hecho de que los derechos de autor son inherentemente territoriales por razones culturales, tradicionales y lingüísticas y garantizando un sistema de licencia paneuropea que ofrezca a los consumidores acceso a la mayor opción posible de contenido y no esté a expensas del repertorio local europeo;

34.

Llama la atención, además, sobre el creciente problema del espionaje industrial a través de Internet y de la sustracción de datos objeto de propiedad industrial, en particular de documentación técnica y código fuente;

35.

Propone que el Observatorio realice un diagnóstico general del problema de sustracción de datos y presente una propuesta de lucha contra este problema;

36.

Solicita a la Comisión que identifique los problemas y necesidades particulares de las PYME, que desarrolle medidas específicas para ayudarles en la lucha contra las violaciones de los derechos de propiedad intelectual y para que las PYME puedan protegerse mejor tanto en la UE como en terceros países;

37.

Apoya las medidas adoptadas por la Comisión a fin de determinar los mejores métodos para mejorar aún más el Reglamento aduanero de la UE, que permite la incautación de mercancías sospechosas de vulnerar los derechos de propiedad intelectual, que constituye uno de los pilares del marco jurídico de la Unión para la aplicación de los DPI;

38.

Pide a la Comisión que desarrolle una cooperación innovadora y reforzada entre la administración y los distintos sectores industriales interesados;

39.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión la ampliación de la cooperación entre la Oficina de Armonización del Mercado Interior y las oficinas nacionales de propiedad intelectual para abarcar también la lucha contra las infracciones de los derechos de propiedad intelectual;

40.

Reconoce la necesidad de utilizar las estructuras institucionales existentes en los Estados miembros en la lucha contra los productos falsificados y por lo tanto pide a las oficinas nacionales de patentes y a otras oficinas de propiedad intelectual que proporcionen más apoyo y formación a las pequeñas y medianas empresas y al público en general;

41.

Invita a la Comisión a intensificar su cooperación con los países terceros prioritarios en materia de propiedad intelectual y a promover un enfoque equilibrado en el contexto de las negociaciones sobre la propiedad intelectual en el seno de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, en particular en el marco del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC), de la OMC;

42.

Pide a la Comisión que garantice la continuación de sus esfuerzos para hacer avanzar las negociaciones sobre el multilateral Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) con vistas a mejorar la eficacia del sistema de aplicación de los derechos de propiedad intelectual contra la falsificación teniendo siempre en cuenta la postura del Parlamento, en concreto según se expresa en su resolución de 18 de diciembre de 2008 sobre el impacto de las falsificaciones en el comercio internacional, y le pide que informe plenamente al Parlamento sobre el progreso y los resultados de las negociaciones;

43.

Apoya la continuación y la mejora por parte de la Comisión de las iniciativas de cooperación bilateral, incluyendo los diálogos sobe la propiedad intelectual con terceros países y los proyectos de asistencia técnica;

44.

Señala que el mayor desafío para el mercado interior radica en la lucha contra las violaciones de derechos de propiedad intelectual en las fronteras exteriores de la UE y en terceros países; en este sentido, pide a la Comisión la creación de más servicios de asistencia en materia de propiedad intelectual en terceros países (especialmente en la India y Rusia) con el fin de apoyar a los empresarios europeos mediante una aplicación más activa de sus derechos de propiedad intelectual y de ayudarles a participar en la lucha contra las violaciones de los derechos de propiedad intelectual en terceros países y la entrada en el mercado interior de productos falsificados fabricados en aquellos;

45.

Subraya la importancia de luchar contra la delincuencia organizada en el ámbito de los DPI, en particular la falsificación y la infracción de los DPI en línea; señala en este contexto la necesidad de una legislación europea adecuada sobre sanciones proporcionadas y equitativas y apoya una estrecha cooperación estratégica y operativa entre todas las partes interesadas en el seno de la UE, en particular Europol, las autoridades nacionales y el sector privado, así como con los Estados no miembros de la UE y las organizaciones internacionales;

46.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité Económico y Social Europeo, y a los Parlamentos y Gobiernos de los Estados miembros.

21.2.2012   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 50/55

—

Visto el título XVIII, Parte III del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, su artículo 174,

—

Vistas las disposiciones que rigen los Fondos Estructurales para el período 2007-2013,

—

Vista la Decisión 2006/702/CE del Consejo, de 6 de octubre de 2006, relativa a las directrices estratégicas comunitarias en materia de cohesión (1),

—

Vista su Resolución, de 2 de septiembre de 2003, sobre las regiones estructuralmente desfavorecidas (islas, regiones de montaña y regiones con baja densidad de población) en el contexto de la política de cohesión y de sus perspectivas institucionales (2),

—

Visto el dictamen del Comité de las Regiones, de 7 de julio de 2005, sobre la revisión de las directrices sobre ayudas de Estado de finalidad regional (3),

—

Vista su Resolución, de 15 de marzo de 2007, sobre las islas y las limitaciones naturales y económicas en el marco de la política regional (4),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de octubre de 2008, titulada «Libro Verde sobre la cohesión territorial – Convertir la diversidad territorial en factor de éxito» (COM(2008)0616),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Regiones 2020: una evaluación de los retos futuros para las regiones de la UE» (SEC(2008)2868),

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Vista su Resolución, de 24 de marzo de 2009, sobre el Libro Verde sobre la cohesión territorial y el estado de los debates sobre la futura reforma de la política de cohesión (5),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de junio de 2009, titulado «Sexto informe de situación sobre la cohesión económica y social» (COM(2009)0295),

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Vista la Comunicación de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, titulada «Política de cohesión: Informe estratégico de 2010 sobre la aplicación de los programas 2007-2013» (COM(2010)0110),

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Visto el artículo 110, apartado 4, de su Reglamento,

A.

Considerando que las disposiciones de los Fondos Estructurales 2007-2013 han consolidado el principio de la cohesión territorial, que constituye uno de los objetivos fundamentales que establece el Tratado de Lisboa para la Unión Europea, cuyo fin es garantizar el desarrollo armonioso de la UE, reduciendo las disparidades regionales y suprimiendo los obstáculos al desarrollo, en particular los obstáculos derivados de las limitaciones naturales y geográficas,

B.

Considerando la importancia de aclarar las repercusiones del Tratado de Lisboa sobre el estatuto de las regiones que merecen medidas especiales en el marco de la política regional,

C.

Considerando que, en cumplimiento del artículo 174 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, se debe prestar especial atención a las regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes como, por ejemplo, las regiones más septentrionales con una escasa densidad de población y las regiones insulares, transfronterizas y de montaña,

D.

Considerando que las regiones de montaña, las islas y las zonas escasamente pobladas están expuestas a retos particulares debido a los cambios demográficos, la difícil accesibilidad, el cambio climático, los fenómenos migratorios, el suministro energético y la integración regional,

1.

Acoge con satisfacción la inclusión de la cohesión territorial como nuevo objetivo de la Unión, así como el nuevo artículo 174; considera que lo dispuesto en el artículo 174 debe traducirse en estrategias de desarrollo específicas y medidas concretas destinadas a superar las desventajas y aprovechar las posibilidades de estas regiones;

2.

Considera que las regiones de montaña, las islas y las zonas escasamente pobladas constituyen grupos homogéneos de regiones que comparten algunas características importantes que las diferencian de otras regiones; opina que estas regiones merecen programas de desarrollo regional específicos; subraya, en este contexto, la situación especial de los Estados miembros insulares, situados en la periferia de la Unión;

3.

Considera que el PIB debe seguir siendo el criterio principal para determinar quién se puede beneficiar de la ayuda de la política regional; pide, no obstante, a la Comisión y a los Estados miembros que elaboren indicadores estadísticos más adaptados y orientados al territorio, con el fin de obtener una visión más global del nivel de desarrollo de estas regiones desfavorecidas; subraya que los indicadores distintos del PIB (población total, tasas de empleo y desempleo, nivel de educación, densidad de población) ya pueden ser utilizados por los Estados miembros en la redistribución de fondos entre regiones, en el marco de las dotaciones asignadas, teniendo en cuenta los atributos específicos de cada región;

4.

Pide que se establezca un marco político europeo específico flexible e integrado para abordar la situación de las regiones de montaña, las islas y las zonas escasamente pobladas sobre la base de las características que comparten, pero teniendo debidamente en cuenta la diversidad de las situaciones y respetando el principio de proporcionalidad; opina que la política de cohesión no debe abordar la situación de las islas únicamente a través de medidas de política regional, sino también a través de otras políticas de la UE con un impacto territorial importante sobre el desarrollo de estas regiones; considera que un marco político europeo para las regiones de montaña, las islas y las zonas escasamente pobladas puede aportar el valor añadido necesario para superar las desventajas permanentes de dichas regiones y adaptar su modelo de desarrollo de modo sacando partido de sus ventajas;

5.

Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que asuman un papel fundamental en las estrategias de desarrollo de las regiones de montaña, las islas y las zonas escasamente pobladas, ya que es necesario un enfoque vertical en el que participen todos los niveles de gobierno, de conformidad con el principio de subsidiariedad, para colocar a estas regiones en el camino correcto hacia un desarrollo sostenible, teniendo en cuenta otros sectores importantes en cada región; subraya que el potencial de estas regiones —muchas de las cuales tienen recursos naturales muy importantes— puede contribuir de forma positiva a la consecución de los objetivos, especialmente en los ámbitos de la política energética y la I+D, establecidos en la Estrategia UE 2020;

6.

Destaca que el objetivo de desarrollo económico y social en estas regiones con desventajas solo puede alcanzarse mediante programas y acciones de la UE cuidadosamente concebidos y adaptados específicamente a cada región, cuya finalidad sea lograr un ajuste estructural de estas regiones y hacer que sean más competitivas y capaces de hacer frente a sus principales retos, así como mediante una coordinación y una ejecución eficaces de los Fondos Estructurales, el Fondo de Cohesión y otros instrumentos financieros, como los que ofrece el Banco Europeo de Inversiones;

7.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que velen por que las regiones de montaña, las islas y las zonas escasamente pobladas se sigan beneficiando de disposiciones específicas con arreglo al nuevo marco financiero plurianual y durante el próximo período de programación;