2.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 351/1

A.

Considerando que, desde de la ampliación de la Unión Europea en 2004, el Mar Báltico se ha convertido en un mar interior que no sólo une, sino también constituye un reto específico, y considerando que los países de la región del Mar Báltico demuestran una considerable interdependencia y deben hacer frente a retos similares,

B.

Considerando que la Estrategia para la región del Mar Báltico sirve de proyecto piloto para futuras estrategias macrorregionales y que el éxito de la Estrategia puede tener carácter de modelo para la ejecución de futuras estrategias,

C.

Considerando que la idea de crear regiones funcionales, con objetivos y problemas de desarrollo comunes, puede contribuir a enriquecer la eficacia de la política regional de la Unión Europea,

D.

Considerando que, con el objetivo de mejorar la eficacia de la política regional, en particular con vistas a su reforma para después de 2013, es preciso apoyar y desarrollar el concepto de un enfoque integrado y la creación de estrategias macrorregionales, que a la vez son estrategias para toda la Unión Europea, aunque su aplicación no debe llevar a la renacionalización de la política de cohesión,

E.

Considerando que el Mar Báltico sigue siendo el mar más contaminado de la Unión Europea y que su situación medioambiental no debe empeorar debido a la realización de amplios proyectos de infraestructura en el mar mismo o alrededor de él (incluidos los países que no son miembros de la UE),

1.

Se congratula por la aprobación de la Comisión y el apoyo del Consejo a la Estrategia para la región del Mar Báltico, solicitada por el Parlamento desde 2006;

2.

Se congratula especialmente porque la Estrategia es el resultado de una amplia consulta con las partes interesadas de los Estados miembros, incluyendo las autoridades nacionales, regionales y locales y también las entidades académicas y empresariales y las organizaciones no gubernamentales, lo que demuestra que el proceso de consulta y la inclusión de los países socios en los trabajos preparatorios desde el principio son un factor importante para el éxito de la estrategia; en este sentido acoge con satisfacción el establecimiento de un foro de la sociedad civil en la región, como la Cumbre de Acción del Mar Báltico y pide iniciativas similares para las futuras macrorregiones que reúnan a agentes públicos y privados, permitiéndoles participar en el desarrollo de macro-estrategias regionales;

3.

Recomienda, en este contexto, que se intensifique la participación de las comunidades locales mediante la introducción de instrumentos de comunicación y consulta más amplios y específicos, incluso a través de los medios de comunicación locales (televisión, radio y periódicos impresos y en línea locales); pide a la Comisión que abra un portal web especial dedicado a la Estrategia del Mar Báltico, que funcionaría como un foro para el intercambio de experiencias sobre proyectos actuales y futuros emprendidos por los gobiernos centrales y locales, las ONG y otras entidades activas en la región del Mar Báltico;

4.

Acoge con satisfacción la Estrategia UE 2020, coherente con los objetivos fijados en la Estrategia para la región del Mar Báltico, y señala que UE 2020 puede funcionar como un marco eficaz para la aplicación y el refuerzo de la Estrategia para la región del Mar Báltico;

5.

Considera que el nuevo marco de cooperación establecido por la Estrategia, basado en un enfoque integrado, abre las posibilidades para una utilización más racional y eficiente de los recursos financieros disponibles para la protección del medio ambiente y el desarrollo de la región del Mar Báltico, procedentes de los fondos de la Unión, así como de los recursos nacionales y de distintas instituciones financieras;

6.

Señala las disparidades económicas y en materia de innovación que existen en la región del Mar Báltico y la necesidad de incrementar el potencial de todas las regiones, incluidas las más desarrolladas, dado que estas pueden contribuir a impulsar a las regiones menos avanzadas; señala la necesidad de promover nuevas áreas de desarrollo y potencial de innovación y aprovechar la oportunidad de utilizar el valor añadido de la Estrategia del Mar Báltico y otras estrategias macrorregionales futuras para alcanzar un nuevo nivel de sinergia que pueda reducir las disparidades existentes, con el fin de crear una zona permanente de prosperidad común de alto nivel competitivo, considerando el envejecimiento de la población y los nuevos modelos de globalización;

7.

Subraya la necesidad de aplicar rápida y consecuentemente la normativa vigente de la Unión Europea concebida para reforzar el mercado interior, como la Directiva de servicios, con el fin de aumentar el atractivo de la región del Mar Báltico como un espacio económico;

8.

Insta a los Estados miembros y a las regiones a que utilicen los Fondos Estructurales disponibles para el periodo 2007–2013 para apoyar en la máxima medida posible la aplicación de la Estrategia, prestando especial atención al fomento de la creación de puestos de trabajo y al crecimiento económico en los territorios más afectados por la crisis económica, y, al mismo tiempo, recomienda, cuando esté justificado, que se adopten disposiciones para modificar los programas operativos para el actual período de programación; destaca que el aprovechamiento de las especificidades de las regiones podría llevar a una utilización más eficiente de los Fondos Estructurales y a la creación de valor añadido a escala regional;

9.

Constata el profundo efecto que la crisis económica y financiera mundial ha tenido en todos los países de la zona, sobre todo en los Estados bálticos; pide a todos los agentes interesados que no cejen en su compromiso con la Estrategia de la UE para la región del mar Báltico como consecuencia de la crisis;

10.

Considera que la condición para el éxito de la Estrategia y para la consecución de los ambiciosos objetivos de futuras estrategias macrorregionales reside en las actividades adoptadas en el contexto de todas las políticas sectoriales de dimensión territorial, incluyendo las políticas agrícola, pesquera e industrial comunes o la política común de transportes y de investigación y una política de infraestructuras coherente, así como en la combinación de recursos disponibles destinados a los objetivos comunes de una región concreta; en este contexto debe llevarse a cabo una revisión de las políticas tomando en consideración estos nuevos retos, debe fijarse un marco apropiado a escala de la UE y ha de establecerse la manera en que este marco debe relacionarse con las estructuras existentes a escala nacional y local;

11.

Considera que la dimensión territorial de la Estrategia contribuirá al desarrollo concreto de la idea de cohesión territorial, que el Tratado de Lisboa sitúa en pie de igualdad con la cohesión económica y social, y en este sentido insta a la Comisión a iniciar un diálogo activo sobre el papel y el impacto de las políticas macrorregionales de la UE después de 2013;

12.

Alienta el desarrollo de disposiciones específicas en el futuro reglamento general sobre los Fondos Estructurales, sobre la base de disposiciones de cooperación territorial, que sean claras y tengan en cuenta las diferencias en materia de cultura administrativa y no impongan cargas administrativas adicionales a los beneficiarios, a fin de fortalecer la cooperación entre países y regiones, y el desarrollo de nuevas estrategias de acción conjunta que pueda aumentar el atractivo de la región a nivel europeo e internacional y, posteriormente, pueda constituir un modelo para la cooperación transfronteriza;

13.

Señala que la Estrategia para la región del Mar Báltico debe verse como un proceso, en el que las normas de actuación y cooperación estén sujetas a una evolución continua, algo que requiere una nueva actualización de la Estrategia, y que su objetivo principal es establecer mecanismos óptimos transferibles a futuras estrategias macrorregionales; destaca en este sentido la importancia de recopilar, resumir y promover iniciativas de éxito y sus resultados; apoya la intención de la Comisión de crear una base de datos de mejores prácticas con miras a la utilización de estas prácticas para desarrollar futuras estrategias microrregionales;

14.

Considera que la cooperación territorial desarrollada en el marco de la estrategia macrorregional puede contribuir de manera decisiva a reforzar el proceso de integración mediante una mayor participación de la sociedad civil en el proceso de toma de decisiones y la aplicación de acciones concretas; se recomienda, en este contexto, para las estrategias microrregionales, la aplicación en particular de elementos, sociales, económicos, culturales, educativos y turísticos y, con el fin de reforzar la participación de la sociedad local y en aras de la subsidiariedad, también considera conveniente la realización de las estrategias macrorregionales a través de la creación de AECT;

15.

Subraya la importancia de promover el desarrollo en materia de cultura, educación e investigación e innovación, así como de alentar a los países de la Unión Europea a una cooperación más estrecha, en particular, en este último ámbito; reconoce que, en el ámbito de la educación, la cooperación puede ser sin duda extraordinariamente beneficiosa, pero que la competencia debe seguir correspondiendo a los Estados miembros; recomienda, en lo referente a las macrorregiones, reforzar el planteamiento estratégico y la planificación a largo plazo;

16.

Basándose en el principio de subsidiariedad y dado el gran potencial de cooperación a nivel local y regional, subraya la gran importancia que reviste la creación de una eficiente estructura de cooperación de varios niveles, mediante el fomento de asociaciones sectoriales, con encuentros periódicos de los responsables políticos competentes, algo que reforzará la responsabilidad dividida entre las diferentes entidades asociadas, salvaguardando la soberanía de los Estados miembros y regiones en materia de organización; invita, desde dicha óptica, a mejorar, desarrollar y reforzar los mecanismos de cooperación transfronteriza establecidos a nivel local y regional;

17.

Destaca el hecho de que el nuevo marco «macrorregional» de cooperación tiene un fuerte enfoque «descendente», según el cual los Estados miembros desempeñan una función decisiva en su desarrollo y se crea un nuevo nivel de gobernanza; en el marco de este nuevo modelo de cooperación debe garantizarse que las desventajas naturales de las regiones periféricas se conviertan en ventajas y oportunidades, y que se estimule el desarrollo de dichas regiones;

18.

Considera que las macrorregiones combinan el potencial para optimizar las respuestas a los retos que surgen un una región determinada con una utilización eficaz y eficiente de las oportunidades y recursos particulares de cada región;

19.

Pide a la Comisión que analice los primeros resultados y experiencias de la aplicación de la Estrategia a la región del Mar Báltico, que contribuirá a localizar posibles recursos y métodos de financiación de las estrategias macrorregionales y ayudará a utilizar el ejemplo de la Estrategia como proyecto piloto para que otras estrategias microrregionales demuestren su funcionalidad; subraya, no obstante, que el desarrollo de macrorregiones tiene básicamente un carácter complementario y no debe aspirar a sustituir la financiación de la UE de los distintos programas locales y regionales como una prioridad de financiación;

20.

Señala que la ejecución de la Estrategia para la región del mar Báltico ha sido muy lenta hasta el momento; considera que los créditos asignados en el presupuesto de la UE de 2010 pueden utilizarse para mejorar la ejecución; lamenta, por lo tanto, que estos créditos no se hayan desembolsado aún y recuerda a la Comisión la importancia de que estos fondos se asignen lo antes posible a fines acordes con los objetivos de la Estrategia para la región del mar Báltico;

21.

Llama la atención, en beneficio de posibles estrategias macrorregionales futuras, sobre la necesidad de que la Comisión resuelva el problema de sus recursos propios con el fin de ser capaz de prever estas estrategias sobre la base de las especificidades territoriales de las regiones afectadas, proporcionando a los Estados miembros participantes ideas nuevas sobre temas de interés europeo y apoyándolos en la elaboración de una estrategia; pide a la Comisión que supervise la aplicación de estas estrategias, actuando como coordinadora, replanteando las nuevas prioridades y asignando recursos de acuerdo con las necesidades específicas y los requisitos de asesoramiento, evitando la duplicación de trabajo;

22.

Pide a la Comisión, en el contexto de la necesidad de llevar a cabo un análisis intermedio de la Estrategia para la región del Mar Báltico, que desarrolle instrumentos y criterios de evaluación precisos de los proyectos basados en indicadores que permitan la comparación;

23.

Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a sus miembros que encuentren respuestas a las preguntas sobre el carácter de las políticas macrorregionales y cómo pueden ser tratadas en un pie de igualdad (por separado o como parte de la política de cohesión), quién y cómo deberá aplicarlas y cuáles deberán ser las fuentes para su financiación con el fin de no provocar una multiplicación y fragmentación innecesarias de la financiación de la UE, en particular en el contexto de la Estrategia UE 2020, la revisión del presupuesto de la UE y la futura política de cohesión;

24.

Hace hincapié en que el valor añadido europeo de las macrorregiones consiste en fortalecer la cooperación supranacional y suprarregional, por lo que los Programas de Cooperación Territorial Europea transfronteriza, transnacional e interregional representan un importante elemento para la aplicación de los objetivos de las macrorregiones; propone, además, considerar la Estrategia para la Región del Mar Báltico como una estrategia de la Unión Europea construida sobre diversas políticas de la Unión, delimitada en el tiempo y en sus objetivos; habida cuenta de su carácter horizontal, esta estrategia podría ser tratada como macrorregional y su coordinación debería estar subordinada a la política regional;

25.

Considera que el desarrollo de estrategias a gran escala como las macrorregiones, debe contribuir a impulsar el papel del nivel local y regional en la aplicación de las políticas europeas con un enfoque más amplio;

26.

Solicita, en el marco de la Estrategia para la región del Mar Báltico así como de las futuras estrategias macrorregionales, la mejora de las relaciones entre la Unión Europea y los Estados que no son miembros de la Unión, especialmente en la realización de vastos proyectos con un impacto medioambiental considerable; solicita, además, la cooperación entre la UE y los Estados que no son miembros de la Unión para reforzar la seguridad en la zona y apoyar la lucha contra la delincuencia transfronteriza;

27.

Señala la necesidad de intensificar la cooperación, sobre todo entre Rusia y Belarús y los Estados bálticos, en la ampliación de redes de energía y de utilizar también para ello más intensamente el diálogo UE-Rusia sobre energía, que abre posibilidades, al mismo tiempo, para integrar a Rusia en la Estrategia del Mar Báltico; espera que todos los agentes de la zona del Mar Báltico suscriban los acuerdos internacionales, como el Convenio de Espoo y el Convenio de Helsinki, cumplan las directrices de la Comisión de Helsinki (HELCOM) y cooperen dentro de este marco;

28.

Pide a la Comisión que garantice una cooperación y coordinación eficaces con la HELCOM y los Estados miembros de la región del mar Báltico, a fin de garantizar una delimitación clara de los cometidos y responsabilidades en la aplicación del Plan de Acción para el Mar Báltico de la HELCOM, de 2007, y la Estrategia de la UE y el Plan de Acción mencionados, y asegurar así una estrategia general eficaz para la región;

29.

Toma nota específicamente de la situación del enclave de la región de Kaliningrado, rodeado por Estados miembros de la UE; destaca la necesidad de estimular el desarrollo social y económico de dicha región, como región «trampolín» o «piloto» para estrechar las relaciones UE-Rusia, con la participación de ONG, instituciones educativas y culturales y autoridades locales y regionales;

30.

Considera que el nuevo Acuerdo de Asociación y Cooperación con Rusia debe tener en cuenta la cooperación en la región del mar Báltico; acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión y de los Estados miembros de la región por cooperar con Rusia en una amplia serie de ámbitos, como las conexiones de transporte, el turismo, las amenazas sanitarias transfronterizas, la protección medioambiental y la adaptación al cambio climático, el medio ambiente, las aduanas, los controles fronterizos y, en particular, las cuestiones energéticas; considera que los espacios comunes UE-Rusia ofrecerán un valioso marco en este sentido y pide a Rusia que desempeñe una función de importancia equivalente en esa cooperación;

31.

Subraya la necesidad de reducir la dependencia de la región de la energía rusa; acoge con satisfacción la declaración de la Comisión sobre la necesidad de aumentar la interconexión entre los Estados miembros de la región e incrementar la diversificación del suministro energético; pide, en este sentido, un mayor apoyo a la creación de puertos para GNL;

32.

Considera que, para conseguir una protección eficaz del medio ambiente y de la biodiversidad, deberían celebrarse acuerdos con los países no miembros de la UE que formen parte de las áreas funcionales y estén interesados en dichas estrategias, de modo que puedan compartir los mismos valores, derechos y deberes que figuran en la legislación comunitaria pertinente;

33.

Considera que la cooperación en la región del mar Báltico debe ser prioritaria y tener lugar al nivel político más alto de Jefes de Estado y de Gobierno, ya que es fundamental para avanzar en la cooperación entre los países del mar Báltico y garantizar que se hagan realidad las ambiciones políticas; espera que se celebren reuniones periódicas entre los Jefes de Estado y de Gobierno de la región del mar Báltico a tal efecto;

34.

Destaca la necesidad de una evaluación de impacto ambiental de los proyectos de infraestructura energética (actualmente en construcción y otros en el futuro), teniendo especialmente en cuenta las convenciones internacionales; pide a la Comisión que elabore un plan de reacción adecuado para accidentes técnicos y cualquier otra catástrofe posible, incluido el modo de afrontar tales sucesos también desde el punto de vista económico; subraya que debe adoptarse el mismo enfoque para otros proyectos futuros, de modo que no se pongan en peligro la seguridad de los países ribereños del Mar Báltico implicados en otras estrategias macrorregionales futuras, el medio ambiente y las condiciones de transporte marítimo; considera que, en aras del desarrollo sostenible y del crecimiento verde, ha de lograrse una sólida protección medioambiental en todas las macrorregiones, y un trato igual en materia de protección medioambiental, transporte y otros aspectos;

35.

Destaca la necesidad de crear un Observatorio del Mar Báltico para el Medio Ambiente, un sistema de alarma precoz en caso de accidente y contaminación grave transfronteriza y una fuerza de acción común para estas situaciones;

36.

Señala la importancia estratégica de la zona del Mar Báltico para el desarrollo de proyectos conjuntos de infraestructura energética que mejoren la diversificación de la producción y el suministro energéticos, poniendo especial énfasis en los proyectos de energía renovable, como, por ejemplo, los parques eólicos (terrestres o marítimos), la energía geotérmica o las plantas de biogás que aprovechan la biomasa disponible en la región;

37.

Señala la cooperación efectiva que ya han llevado a cabo el Consejo de Estados del Mar Báltico y el Consejo Nórdico en el ámbito de la energía y el clima en el marco de la Dimensión Nórdica;

38.

Subraya que, en vista de la expansión prevista de la energía nuclear en la región del Mar Báltico, los países de la UE han de seguir las más estrictas normas de seguridad y medioambientales y la Comisión debe controlar y supervisar que los países vecinos apliquen el mismo enfoque y respeten los mismos convenios internacionales, especialmente en los países que tengan previsto construir centrales nucleares cerca de las fronteras exteriores de la UE;

39.

Subraya la necesidad de que la UE y sus Estados miembros de la región del Mar Báltico aborden urgentemente los graves problemas medioambientales de la región, entre los cuales destacan la eutrofización, el impacto de las sustancias peligrosas depositadas en el lecho marino y las amenazas a la biodiversidad acuática, en particular en lo que se refiere a las poblaciones de peces en peligro; recuerda que el Mar Báltico es una de las zonas marinas más contaminadas del mundo;

40.

Hace hincapié en la necesidad de introducir un método común a todos los Estados miembros para elaborar un inventario de fuentes de contaminación y un plan para su eliminación gradual;

41.

Acoge con satisfacción la inclusión de la sostenibilidad medioambiental como pilar central de la Estrategia de la UE para la región del Mar Báltico y el Plan de Acción que la acompaña;

42.

Considera que uno de los obstáculos más serios para la consecución de los objetivos de la Estrategia para la región del mar Báltico es la falta de coherencia con otras políticas de la UE, como la PAC, que agudiza la eutrofización, y la política pesquera común (PPC), que no es sostenible desde el punto de vista medioambiental; considera que las reformas de la PAC y de la PPC deben llevarse a cabo de tal forma que contribuyan a la consecución del objetivo de una región del mar Báltico medioambientalmente sostenible;

43.

Subraya que es prioritario crear una red de transporte y comunicación marítima, terrestre y nacional, eficaz y respetuosa del medio ambiente (donde la red marítima atribuirá un papel destacado al transporte de mercancías), que pueda anticiparse y responder de manera oportuna a los retos actuales y futuros, teniendo en cuenta las disposiciones de la versión actualizada del documento Natura 2000 y prestando especial atención a los vínculos entre la región del Mar Báltico y otras regiones europeas a través del Corredor Báltico-Adriático y del Corredor Centroeuropeo de Transporte;

44.

Considera que la mejora de las conexiones, en relación con todos los modos de transporte, constituye una contribución esencial al desarrollo de una economía más fuerte y cohesionada en la región del Mar Báltico;

45.

Subraya la situación específica de los Estados bálticos, que en la actualidad se encuentran en gran medida aislados de la red europea de transporte, y considera que esta Estrategia debería, entre otras cosas, contribuir a solucionar la falta de infraestructuras y accesibilidad adecuadas, así como la escasa interoperabilidad entre distintas redes de transporte nacionales a causa de los distintos sistemas técnicos y de las barreras administrativas, a fin de desarrollar un sistema de transporte multimodal completo en la región del Mar Báltico;

46.

Destaca la importancia de reforzar la integración de la región del Mar Báltico en los ejes prioritarios de la RTE-T, especialmente en relación con las «autopistas del mar» (RTE-T 21), la ampliación del eje ferroviario de Berlín hasta la costa del Mar Báltico (RTE-T 1), la mejora del eje ferroviario de Berlín hasta la costa del Mar Báltico en combinación con la conexión marítima Rostock-Dinamarca y la realización de avances más rápidos en la modernización y el uso del eje «Rail Baltica» (RTE-T 27); hace hincapié igualmente en la necesidad de completar las interconexiones entre la región del Mar Báltico y otras regiones europeas a través del corredor Báltico-Adriático;

47.

Subraya la importancia de mejorar la capacidad de transporte de la región del Mar Báltico hacia el Este, en particular para promover la interoperabilidad del transporte, especialmente del ferrocarril, y para acelerar el tránsito de mercancías en las fronteras de la Unión Europea;

48.

Cree que deben privilegiarse las conexiones entre los puertos y las zonas del interior, también a través de las vías navegables interiores, para garantizar que todas las partes de la región puedan beneficiarse del crecimiento del transporte marítimo de mercancías;

49.

Subraya, en este sentido, la necesidad de una coordinación y cooperación transfronteriza eficaz entre el ferrocarril, los puertos marítimos, los puertos interiores, las terminales portuarias y la logística para desarrollar un sistema de transporte intermodal más sostenible;

50.

Subraya la importancia del transporte marítimo de corta distancia en el Mar Báltico y su contribución al desarrollo de una red de transporte eficiente y respetuosa con el medio ambiente; precisa que ha de promoverse la competitividad de las conexiones marítimas de corta distancia para garantizar el uso eficiente del mar; considera necesario, por esta razón, que la Comisión presente al Parlamento Europeo lo antes posible, y a más tardar a finales de 2010, una evaluación de impacto sobre las repercusiones del anexo VI revisado del Convenio MARPOL, por el que se limita al 0,1 % el nivel de azufre en el combustible marítimo a partir de 2015 en las zonas de control de emisiones de azufre del Mar del Norte y del Mar Báltico;

51.

Se congratula de que la Comisión incluya, en su Plan de Acción, el objetivo de convertir la región del Mar Báltico en una región modélica para el transporte marítimo limpio, así como en líder mundial en seguridad marítima; considera que estos objetivos son esenciales para mantener y reforzar el potencial turístico de la región;

52.

Reconoce que es necesario adoptar medidas específicas para alcanzar dicho objetivo, incluidos el recurso adecuado a prácticos o a personal marítimo con probada experiencia para los puertos y estrechos de más difícil acceso y el establecimiento de regímenes de financiación eficaces para las actividades de investigación y desarrollo relativas a la explotación sostenible de los buques;

53.

Reconoce como excepcional la situación geográfica de la región del Mar Báltico, que proporciona la posibilidad de ampliar de un modo más activo los vínculos con los países de la UE y países terceros vecinos, y destaca la importancia del turismo para la economía regional y las perspectivas de expansión; acoge con satisfacción la declaración aprobada en el 2° Foro sobre Turismo en el Mar Báltico, en la que se hace referencia a las actividades promocionales comunes, a los esfuerzos por encontrar nuevos mercados internacionales y al desarrollo de las infraestructuras;

54.

Subraya la oportunidad única de turismo sostenible que brinda el atractivo de las ciudades hanseáticas en la región del Báltico; apoya, asimismo, la promoción del turismo transfronterizo en bicicleta, cuyos efectos son favorables para el medio ambiente, así como para las pequeñas y medianas empresas;

55.

Considera que los deportes náuticos, los centros de salud y bienestar y los balnearios, el patrimonio cultural y el paisaje poseen un gran potencial para desarrollar el perfil de la región como destino turístico; recalca, por tanto, la necesidad de proteger las zonas costeras naturales, el paisaje y el patrimonio cultural como recurso para garantizar una economía sostenible en la región del Mar Báltico en el futuro;

56.

Considera que las mejoras realizadas en las vías de transporte y la eliminación de los puntos de estrangulamiento son muy importantes, y destaca que las dificultades transfronterizas en los puntos de control de la frontera oriental de la UE con la Federación de Rusia, que originan largas colas de camiones y constituyen una amenaza para el medio ambiente, la armonía social y la seguridad del tráfico y de los conductores, podrían solventarse gracias a esta Estrategia para garantizar un buen flujo de mercancías a través de la región del Mar Báltico;

57.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Parlamentos nacionales y a los Gobiernos de la Federación de Rusia, Belarús y Noruega.

2.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 351/8

A.

Considerando que, entre 2000 y 2006, el 15,2 % de los europeos (69, 8 millones) residían en zonas del Objetivo 2 y se beneficiaron de una financiación total de 22 500 millones de euros (9,6 % de los recursos totales), que se crearon 730 000 puestos de trabajo brutos, y que la mayoría de los indicadores reflejaban los altos niveles alcanzados (empleo, innovación, investigación y desarrollo (I+D), intensidad en capital humano, educación y formación, y aprendizaje a lo largo de toda la vida), mientras que otros indicadores (inversión extranjera directa (IED), productividad) reflejaban unos niveles inferiores a los registrados en las regiones de convergencia; considerando asimismo que, por lo que respecta al crecimiento del PIB per cápita comparado con la media de la UE, las regiones en cuestión iban muy por delante (122 %) de las regiones de convergencia (59 %), si bien se registró un descenso del 4,4 % durante dicho periodo,

B.

Considerando que, con la reforma de 2006, el Objetivo 2 se centra ahora en el refuerzo de la competitividad y el empleo regionales en un total de 168 regiones de diecinueve Estados miembros, lo que representa 314 millones de habitantes, con unos recursos totales para el periodo 2007-2013 de 54 700 millones de euros (justo por debajo del 16 % de los recursos globales), y que, como cabe señalar, aproximadamente el 74 % de dicha cantidad se ha destinado a la mejora del conocimiento y la innovación (33,7 %), así como a la creación de más y mejores puestos de trabajo (40 %),

C.

Considerando que, sobre la base de las previsiones más recientes de la Comisión (2009-2011), la situación del mercado laboral seguirá siendo desfavorable y la tasa de desempleo alcanzará el 10,25 % en la UE, con pérdidas de puestos de trabajo del 2,25 % en 2009 y del 1,25 % en 2010, y en particular, con un incremento de la brecha social en los países miembros; considerando asimismo que los sectores clave en la UE presentan las siguientes características: a) un aumento de los nuevos pedidos y de la confianza, acompañado de una mejora de la situación global de la industria de la UE, aunque con una tasa de producción inferior en un 20 % a la registrada a comienzos de 2008, b) un declive continuado de las actividades del sector manufacturero, y c) dificultades persistentes para las PYME a la hora de acceder a microcréditos/financiación,

D.

Considerando que, si bien es cierto que en un principio la crisis ha afectado más a los hombres, actualmente el ritmo de destrucción de empleo es similar para hombres y mujeres, cuya presencia en el mercado laboral es inferior a la de aquellos en la mayoría de los países de la UE; que de otras crisis hemos aprendido que las mujeres corren mayor riesgo de no encontrar otro trabajo cuando pierden el suyo; y que la igualdad entre hombres y mujeres tiene un impacto positivo sobre la productividad y el crecimiento económico y la participación de las mujeres en el mercado laboral tiene múltiples beneficios sociales y económicos,

E.

Considerando que, sobre la base de los Informes Estratégicos Nacionales para 2009 y del informe de la Comisión titulado «Política de cohesión: Informe estratégico de 2010 sobre la aplicación de los programas 2007-2013», los Estados miembros han utilizado de maneras bastante diferentes los distintos instrumentos, medios y métodos para facilitar la Política de cohesión que propuso la Comisión para luchar contra la crisis y aumentar los gastos reales (por ejemplo, cambios en las orientaciones estratégicas y los ejes, la financiación de los programas operativos y la respuesta a la simplificación de los procedimientos de ejecución),

F.

Considerando que, desde octubre de 2008, la Comisión ha venido proponiendo una serie de medidas encaminadas a acelerar la ejecución de los programas en el marco de la política de cohesión 2007-2013, con objeto de movilizar todos sus recursos y medios a fin de apoyar de manera inmediata y eficaz los esfuerzos de recuperación a nivel nacional y regional,

G.

Considerando que la estrategia de la Comisión para acelerar la inversión y simplificar los programas de la política de cohesión mediante recomendaciones a los Estados miembros y medidas legislativas o no legislativas gira en torno a los tres ejes siguientes: a) dotar de mayor flexibilidad a los programas de cohesión, b) favorecer a las regiones, y c) invertir de manera inteligente en el marco de los programas de cohesión; considerando asimismo que, para 2010, de los 64 300 millones de euros asignados al empleo y la competitividad, 49 400 millones deben destinarse a la cohesión (aumento del 2 % con respecto a 2009) y 14 900 millones a la competitividad (aumento del 7,9 % con respecto a 2009),

1.

Destaca que, en el contexto de la crisis financiera y económica mundial y de la actual ralentización económica, la política regional de la UE es un instrumento operativo clave, que hace una contribución decisiva al Plan Europeo de Recuperación Económica, constituye la mayor fuente de inversión de la Unión en la economía real y aporta un apoyo notable a la inversión pública, incluidos los niveles regional y local; señala que es esencial que se garantice una salida airosa de la crisis a fin de lograr un desarrollo sostenible a largo plazo, reforzando la competitividad, el empleo y el atractivo de las regiones europeas;

2.

Observa que los Fondos Estructurales son poderosos instrumentos cuyo objetivo es ayudar a las regiones en su reestructuración económica y social, y en la promoción de la cohesión social, económica y territorial, así como ejecutar el Plan Europeo de Recuperación Económica y, en particular, el desarrollo de la competitividad y la creación de puestos de trabajo, apoyando su utilización sistemática y efectiva; destaca que el objetivo de competitividad no puede alcanzarse en detrimento de la colaboración y de la solidaridad entre regiones;

3.

Constata con satisfacción los positivos resultados observados en el periodo anterior a la crisis económica por lo que se refiere a las regiones del Objetivo 2, a saber, los altos niveles alcanzados en empleo, innovación, investigación y desarrollo (I+D), intensidad en capital humano, educación y formación, y aprendizaje a lo largo de toda la vida; subraya que las repercusiones de la crisis en la economía no deben hacer que se reduzca el apoyo destinado a crear más y mejores puestos de trabajo, y pide que se mantengan estas ventajas comparativas mediante un refuerzo de los instrumentos del Objetivo 2;

4.

Apoya vivamente las prioridades clave de la Estrategia UE 2020: en particular, un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, logrado —entre otras cuestiones— mediante nuevos modos de alcanzar un crecimiento económico sostenible a través de la economía digital, una mejora del marco legislativo para el refuerzo de la cohesión territorial y social, y la promoción de mejores condiciones y un mejor clima de negocios a través de una competencia leal, la creación de puestos de trabajo, la iniciativa empresarial y la innovación para todas las regiones, desarrollando las PYME y apoyando su potencial de crecimiento; apoya asimismo los esfuerzos por crear más y mejores puestos de trabajo, con unas condiciones laborales adecuadas, para hombres y mujeres, y un acceso garantizado a la formación básica y continua; pide que se continúen reforzando estas políticas de forma implícita aprovechando las ventajas del mercado único europeo en el marco de la profundización de la Estrategia UE 2020, a la vez que se garantiza que el Objetivo 2 continúa centrándose en asegurar la cohesión territorial de la UE;

5.

Señala con preocupación las negativas repercusiones sociales que ha acarreado la crisis en las regiones del Objetivo 2, incrementando el desempleo, la pobreza y la exclusión social y atentando contra los grupos sociales más vulnerables (desempleados, mujeres y personas de edad avanzada), y pide a la Comisión que adopte iniciativas de apoyo a las PYME de cara a la sostenibilidad de los puestos de trabajo existentes y la creación, en la medida de lo posible, de nuevos puestos de trabajo;

6.

Hace hincapié en que la cohesión económica, social y territorial constituye el centro de la Estrategia UE2020: la política de cohesión y los Fondos Estructurales son un instrumento clave para alcanzar las prioridades de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador en los Estados miembros y las regiones;

7.

Subraya el significativo problema que plantea la reducción de la contribución nacional a la financiación de los programas, que también afecta al Objetivo 2, debida a los graves problemas financieros de muchos Estados miembros, y apoya la política de la Comisión relativa a una opción de uso de la asistencia comunitaria; considera necesario, por consiguiente, que el Parlamento apruebe y aplique con celeridad la modificación del Reglamento (CE) no 1083/2006 en su forma actual aprobada por el Parlamento; considera que la financiación del 100 % es excesiva, ya que de este modo no se incentiva a los Estados miembros para que, mediante una cofinanciación nacional, garanticen la efectividad y la rentabilidad de las medidas fomentadas, y suscribe la valoración del Consejo, que rechaza la llamada consignación anticipada («frontloading») recogida en la versión presentada;

8.

Señala que, del total de 117 programas operativos financiados por el FSE, trece han sido objeto de modificaciones (uno de Austria, Alemania, Hungría, Irlanda, Letonia, Lituania, los Países Bajos, Polonia y Portugal, dos del Reino Unido y dos de España) con el objetivo de abordar necesidades específicas resultantes de la crisis, y pide a la Comisión que ayude a los Estados miembros para que recurran a esta flexibilidad de reorientación de sus programas operativos e informen sobre ellos ampliamente y con la mayor celeridad posible a los interlocutores regionales y locales interesados, con miras a prestar asistencia, a corto plazo, a grupos y categorías específicos en situación de riesgo;

9.

Señala que el Sexto Informe sobre la situación de la cohesión económica y social refleja la diferente situación socioeconómica de los tres tipos de regiones y, particularmente, en lo referente a su capacidad de creatividad, innovación y espíritu empresarial; señala asimismo que tanto la actual crisis económica como las diferentes variables que afectan a las posibilidades de desarrollo regional (demografía, accesibilidad, capacidad de innovación, etc.) son factores que ponen en evidencia la existencia de importantes datos que deben ser tenidos en consideración a la hora de valorar la situación de las economías locales y regionales y diseñar una política de cohesión efectiva;

10.

Apoya la propuesta del Consejo de aumentar los anticipos para el año 2010 en el caso del FSE en un 4 % y en el del Fondo de Cohesión en un 2 %, aunque únicamente para aquellos Estados miembros cuyo PIB haya caído más del 10 % o que hayan recibido del FMI préstamos de apoyo a la balanza de pagos; insta a la Comisión a que investigue las causas del retraso de las transposiciones y a que busque soluciones flexibles para las normas n+2/n+3 a fin de que los Estados miembros no pierdan las ayudas;

11.

Lamenta que el sexto Informe de la Comisión sobre los progresos de la cohesión económica y social no incluya datos cualitativos y cuantitativos específicos sobre el impacto a corto y largo plazo de la crisis económica y financiera para las regiones de la UE, en particular, en lo que se refiere a los indicadores sociales y económicos más significativos; en consecuencia, pide a la Comisión que presente un informe o estudio específico sobre los efectos de la crisis económica y financiera en las regiones de la UE, en particular, en las del Objetivo 2 y las regiones en proceso de exclusión gradual, y sobre la posible ampliación o reducción de las diferencias entre las regiones en el contexto de la crisis; señala que las evaluaciones deben llevarse a cabo sin demoras para impedir que se produzcan disfunciones y que pueden servir de base para la presentación de una propuesta sobre la continuación del Objetivo 2 en aquellas zonas en que pueda aportar un valor añadido en lo que respecta a los fondos nacionales;

12.

Acoge con satisfacción las medidas de apoyo a las empresas en el marco de la política de cohesión (unos 55 000 millones entre 2007 y 2013) la mayor parte de las cuales se refiere a la potenciación de la innovación, la transferencia de tecnología y la modernización de las PYME; hace hincapié en la importancia de fomentar modelos de éxito en este ámbito, y entiende que las medidas propuestas en el marco de las intervenciones en favor de las empresas deben orientarse a los resultados a largo plazo de la reestructuración y a la transición hacia una economía más sostenible, y no a intervenciones de emergencia para la supervivencia económica, que en muchos casos son incompatibles con las políticas sobre las ayudas estatales;

13.

Hace hincapié en que, para hacer frente a la crisis, es necesario invertir en investigación y desarrollo, así como en innovación, educación y tecnologías que utilicen los recursos eficazmente, lo que beneficiará tanto a los sectores tradicionales y las zonas rurales como a las economías de servicios altamente cualificadas, y reforzará, por tanto, la cohesión económica, social y territorial; señala que es necesario garantizar una financiación asequible y accesible, en la que los Fondos Estructurales desempeñan un papel esencial;

14.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que efectúen un seguimiento continuo del impacto de la crisis en diferentes ámbitos estructurales y de desarrollo y la utilización de las oportunidades ofrecidas por los instrumentos de financiación destinados al Objetivo 2, principalmente para apoyar la iniciativa empresarial y a las PYME, así como a los organismos de economía social y solidaria, a fin de incrementar su competitividad y con ello su potencial con vistas a un mayor empleo, y de facilitar el mayor acceso posible de estas a la utilización de instrumentos de ingeniería financiera (Jaspers, Jeremie, Jessica, Jasmine); pide a la Comisión y a los Estados miembros que, a partir de los datos obtenidos, programen el futuro Objetivo 2 de la política de cohesión de la UE, centrándose en aquellas zonas regionales y locales en que las intervenciones de la UE aporten un valor añadido demostrable (especialmente, innovación en el turismo, los servicios, las tecnologías de la información y la industria, junto con la protección y mejora del medio ambiente y el desarrollo potencial de las energías renovables o de tecnologías que pudieran mejorar significativamente las empresas de energía convencionales, con el objetivo de bajas emisiones y máxima reducción de residuos, así como la innovación en el sector primario);

15.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que empleen y promuevan todas las sinergias que ofrecen los instrumentos de la política de cohesión y la competitividad a escala regional, nacional, transnacional y europea;

16.

Acoge con satisfacción la política de la Comisión de a) ampliar el periodo de elegibilidad en el marco de los programas operativos 2000-2006 para permitir el máximo grado de utilización de todos los recursos de la política de cohesión, y b) simplificar los requisitos y procedimientos administrativos y la gestión financiera de los programas, garantizando al mismo tiempo el necesario control de posibles errores o fraudes; opina a este respecto que deberían fijarse condiciones para financiar proyectos razonables y evitar comportamientos ilícitos ya de antemano;

17.

Apoya la política de prefinanciación de programas en el marco de la política de cohesión para 2007-2013, que produjo una liquidez inmediata de 6 250 millones de euros en 2009 para inversiones en el marco de los paquetes de financiación acordados para cada Estado miembro;

18.

Señala que las regiones urbanas y los centros urbanos, por su propia naturaleza, presentan importantes problemas sociales de carácter particular (alto nivel de desempleo, marginación, exclusión social, etc.) que se han visto incrementados debido a las consecuencias de la crisis, y que deben examinarse con sumo detalle a fin de adoptar medidas activas adecuadas tanto a corto como a largo plazo;

19.

Apoya la política de asistencia y los nuevos instrumentos de financiación en relación con proyectos de gran envergadura de las regiones (proyectos por un importe global igual o superior a 50 millones de euros), introducida por la Comisión en 2009, valora la importancia de los instrumentos de ingeniería financiera y de cooperación con el BEI, en particular Jaspers, Jeremie y Jessica, y pide que se incremente ahora por encima del 25 % en la financiación facilitada a través de Jaspers (Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions / ayuda conjunta en apoyo de proyectos en regiones europeas) específicamente en relación con el Objetivo 2, con miras a alentar una elaboración y ejecución más rápida de estos proyectos, a pesar de que en la etapa actual siguen siendo escasos; espera que el aumento efectuado hasta ahora de los fondos para Jaspers surta efecto a medio y largo plazo en el incremento de la competitividad económica de las regiones europeas, y aboga por la inclusión periódica de un análisis comparado de los resultados obtenidos, los efectos esperados y la financiación asignada frente a la financiación necesaria para el cumplimiento de los objetivos;

20.

Insiste en que la eficiencia y la eficacia de la política comunitaria, nacional y regional dependen de una auténtica gobernanza multinivel integrada entre las autoridades públicas locales, regionales, nacionales, transfronterizas y de la UE; pide a la Comisión que evalúe las posibilidades de una cooperación territorial, nacional e internacional vinculada a la innovación en el marco de cada uno de los objetivos de la política de cohesión, y que estudie la posibilidad de reforzar el objetivo de cooperación territorial europeo en lo que concierne al fomento de la cooperación interregional en materia de innovación; opina que, paralelamente al refuerzo del objetivo de cooperación territorial (Objetivo 3), procede reforzar la posibilidad de emprender medidas de cooperación territorial transnacional en el marco del Objetivo 2; señala que el artículo 37, apartado 6, letra b), del Reglamento (CE) no 1083/2006 ofrece esa posibilidad actualmente; opina que el refuerzo de la cooperación territorial debe complementarse —sin modificar la dotación global para los objetivos de cohesión— con la asignación de una dotación mayor para esta cooperación territorial ampliada;

21.

Apoya los cambios propuestos en las normas de ejecución con el fin de aumentar la flexibilidad de los Fondos Estructurales y su adaptación para cubrir la necesidad, en las actuales circunstancias económicas excepcionales, de ejecutar inmediatamente 455 programas en el marco de la política de cohesión, en particular, por lo que se refiere a los programas del Objetivo 2, sin dejar de tener en cuenta la necesidad de que las instituciones y las autoridades de gestión nacionales y regionales se adapten a esta nueva situación, eviten eventuales abusos o gestiones deficientes y aseguren la posibilidad de destinar la financiación restante hacia otros proyectos en marcha o nuevos; pide a las autoridades de gestión que propongan medidas cuyo objetivo sea hacer más eficiente la implementación de los programas operacionales previstos por el Objetivo 2;

22.

Insiste en que, en circunstancias especiales como las crisis económicas, puede ser excepcionalmente necesario flexibilizar la norma N+2 teniendo en cuenta los objetivos perseguidos por la política de cohesión y los efectos de los cambios cíclicos económicos en las finanzas públicas y la inversión privada;

23.

Recomienda que todos los fondos no gastados en una región en virtud de las disposiciones N+2 y N+3 se reasignen a proyectos con base regional;

24.

Pide a la Comisión que evalúe el Plan de acción-iniciativa «Small Business Act» (Ley de la pequeña empresa) de propuestas legislativas después de un año de su aplicación (diciembre de 2008), principalmente en lo relativo a sus resultados de refuerzo de la competitividad de las pequeñas empresas y acceso a capital de financiación y de funcionamiento, así como la promoción de nuevas empresas innovadoras, reducción de las cargas administrativas, etc.;

25.

Hace hincapié en el efecto positivo que la igualdad entre hombres y mujeres tiene en el crecimiento económico; señala al respecto que algunos estudios calculan que si las tasas de empleo, empleo a tiempo parcial y productividad de las mujeres fuesen similares a las de los hombres, el PIB se incrementaría en un 30 % en el período de programación posterior a 2013; pide, por tanto, que se conceda especial atención a los proyectos financiados con los Fondos Estructurales que promuevan la igualdad y la incorporación de la mujer al mercado laboral;

26.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros.

2.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 351/13

A.

Considerando que el sector del transporte constituye un importante factor para el desarrollo de la Unión Europea y de sus regiones y ciudades, que tiene una influencia directa en la competitividad y cohesión social de las regiones y ciudades y que, por ello, contribuye de manera esencial a la realización del mercado interior europeo,

B.

Considerando que el transporte cumple una triple función: económica, social y de cohesión territorial, todas ellas fundamentales para la integración europea,

C.

Considerando que el sector del transporte desempeña un papel clave en la economía y el empleo, dado que representa un 10 % de la prosperidad de la UE (en términos de producto interior bruto) y aporta más de 10 millones de puestos de trabajo, por lo que desempeñará un papel esencial en la puesta en práctica de la Estrategia 2020 de la UE,

D.

Considerando que el sector del transporte es un elemento esencial de la política europea y que, por tanto, la UE necesita un marco financiero que responda a los retos de la política de transportes en los próximos años, estimule la economía a corto plazo, incremente la productividad en el medio y largo plazo y consolide la posición de Europa como lugar de investigación,

E.

Considerando que el sector del transporte influye considerablemente en el medio ambiente y en la calidad de vida y la salud de las personas y que, aunque el sector del transporte permite la movilidad profesional y privada de las personas, causó en 2008 el 27 % del total de emisiones de CO2, porcentaje que ha ido en aumento, considerando que el transporte por carretera representó el 70,9 %, la aviación el 12,5 %, el transporte marítimo y por vías navegables interiores el 15,3 % y el ferrocarril el 0,6 % de las emisiones totales de CO2 en el sector del transporte en el año 2007,

F.

Considerando que, en Europa, todas las modalidades de transporte se han esforzado por mejorar la seguridad; considerando sin embargo que, en 2008, unas 39 000 personas murieron en accidentes de tráfico, registrándose 300 000 heridos graves, por lo que es necesario seguir avanzando en todos los aspectos relativos a la seguridad y, en particular, en la seguridad por carretera,

G.

Considerando que la UE, con sus medidas contra el cambio climático, se ha comprometido a reducir, antes de 2020, las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20 % en comparación con los niveles de 1990, y que ello sigue siendo un objetivo vinculante,

H.

Considerando que los objetivos establecidos en el Libro Blanco de 2001 sólo se han alcanzado parcialmente y que, por tanto, es necesario verificar si deben mantenerse dichos objetivos o, por el contrario, deben formularse de nuevo y que, cuando proceda, deben consolidarse los esfuerzos para lograr dichos objetivos,

I.

Considerando que las deficiencias en la transposición de las medidas legislativas como, por ejemplo, una transposición defectuosa o tardía, reducen considerablemente la eficacia de la legislación europea; considerando, por tanto, la urgente necesidad de tomar medidas al respecto,

J.

Considerando que debe darse coherencia al trabajo parlamentario, especialmente en aquellos ámbitos que están directamente relacionados con la política de transportes como, entre otros, los ámbitos de la política económica, laboral, social, urbanística y medioambiental,

K.

Considerando que la crisis financiera y económica ha afectado duramente al sector del transporte, hecho que debería utilizarse como ocasión para apoyar al sector del transporte promoviéndolo de manera orientada al futuro, especialmente a través de la promoción de modos de transporte sostenibles y las inversiones en el transporte fluvial y por ferrocarril; considerando que todo ello asegurará unas condiciones más equitativas para los mercados,

L.

Considerando que debe analizarse el valor añadido que aportan las agencias, en el marco de la próxima revisión de las agencias, así como la necesidad de establecer una Agencia Europea del Transporte,

M.

Considerando que tiene gran importancia para el sector del transporte establecer unos objetivos medibles para, por un lado, verificar de mejor modo la eficacia de la política de transportes y, por otro lado, establecer unas orientaciones en materia económica y social, así como demostrar que las medidas propuestas son necesarias para llevar a cabo la política de transportes establecida,

N.

Considerando que los esenciales avances técnicos en materia de investigación y de infraestructuras exigen una adaptación de los instrumentos y medios financieros,

O.

Considerando que el desarrollo de la sociedad y de numerosos sectores económicos dan origen a una mayor demanda de transporte, que tiene por efecto que todas sus modalidades sean vitales; considerando, sin embargo, la conveniencia de verificar la eficacia de cada una de sus modalidades en términos de política económica, medioambiental, social y laboral,

P.

Considerando que, en el futuro, será necesario lograr una cooperación sostenible entre todas las modalidades de transporte, tanto para el transporte de personas como de mercancías, para lograr una concatenación segura, sostenible, con sentido logístico y, por tanto, eficaz, incluidas las soluciones multimodales que enlacen el transporte local con el de larga distancia,

1.

Está convencido de que la política de la UE necesita, en general, una visión clara y coherente del futuro del transporte como un sector básico del mercado único, garantizando la libre circulación de personas y bienes y asegurando la cohesión territorial en toda Europa; opina que, sin dejar de generar una parte considerable del crecimiento sostenible y de la competitividad de Europa, el sector del transporte debe garantizar la eficacia económica y desarrollarse cumpliendo normas sociales y medioambientales de elevada coherencia;

2.

Está convencido de que el cambio demográfico, sobre todo en las zonas urbanas, constituirá un reto para el tráfico por lo que respecta a la seguridad y capacidad, y que debe considerarse esencial el derecho fundamental a la movilidad, asegurado, entre otras cosas, por una mayor accesibilidad y la construcción de los enlaces de infraestructura que faltan todavía, así como la aplicación de este derecho; subraya en este sentido que, en el espacio urbano, el futuro está en una concatenación bien integrada del transporte multimodal y los medios de transporte público, incluidas las zonas de paseo y las vías para bicicletas; indica en este sentido que, en las zonas urbanas, las infraestructuras existentes determinarán la modalidad de transporte más adecuada; considera que unas buenas comunicaciones de transporte de servicio público en las zonas rurales reducirán el uso de vehículos privados; preconiza la constitución de regiones urbanas funcionales a fin de crear un transporte urbano y suburbano coherente y de evitar el éxodo de la población rural;

3.

Pide a la Comisión que introduzca planes de movilidad urbana sostenible (SUMPs) para las ciudades de más de 100 000 habitantes y que, con el debido respeto del principio de subsidiariedad, anime a las ciudades a elaborar planes de movilidad que propongan un plan de transporte integrado con el objetivo de reducir los daños ambientales y convertir la movilidad en algo más saludable y eficiente;

4.

Considera que la creciente demanda en el sector del transporte de mercancías conducirá, a causa de los problemas de infraestructuras, a un reto en materia de capacidades y de menor eficacia y que, por tanto, debe fortalecerse sobre todo la comodalidad en el transporte, así como la seguridad de los participantes en el transporte y de las mercancías, y que es esencial eliminar las zonas de congestión de tráfico, ya conocidas desde hace años;

5.

Subraya que uno de los retos más importantes para la futura política de transportes de la UE consiste en reducir las emisiones de carbono provocadas por los transportes, y que deben utilizarse al respecto todos los medios disponibles y sostenibles como, entre otros, la combinación de energías, la promoción de la investigación y el desarrollo de tecnologías y modos más respetuosos del medio ambiente, las medidas relativas a la formación de los precios y la internalización de los costes externalizados en todas las modalidades de transporte, debiéndose emplear los ingresos que de ello se deriven en mejorar la sostenibilidad y la movilidad, y en influir en el comportamiento de los usuarios y los profesionales del transporte (sensibilización, «ecoconducción», etc.); subraya que, a este respecto, deberían crearse preferentemente incentivos financieros, a condición de evitar posibles distorsiones de la competencia entre modalidades de transporte y Estados miembros;

6.

Reconoce que, según la Organización Marítima Internacional (OMI), el transporte marítimo emite de 3 a 5 veces menos CO2 que el transporte por carretera, pero manifiesta su preocupación por las emisiones previstas de SOx y NOx del transporte marítimo, que se equipararán aproximadamente a las del transporte por tierra en 2020, y por el intento no concluyente de la Organización Marítima Internacional (OMI) de establecer un sistema de reducción de emisiones de CO2;

7.

Subraya la necesidad de proporcionar una mejor información al público en general sobre las consecuencias de los viajes de ocio y solicita a la Comisión que tenga en cuenta los viajes de ocio en su enfoque político;

8.

Afirma que la seguridad debe seguir siendo uno de los objetivos prioritarios de la futura política de transportes y que es esencial mejorar las infraestructuras, y especialmente la supresión de las zonas de congestión de tráfico, conocidas desde hace años; considera muy importante reducir las repercusiones del transporte en la salud, especialmente mediante el uso de las modernas tecnologías, así como asegurar los derechos de los pasajeros en todos los modos de transporte, en especial los derechos de las personas con movilidad reducida, por medio de reglamentaciones claras y transparentes; apoya la creación de una Carta de derechos de los pasajeros en la Unión Europea;

9.

Pide a la Comisión que presente a la mayor brevedad un estudio que recoja las mejores prácticas de los Estados miembros sobre el impacto de los limitadores de velocidad en todo tipo de vehículos y vías, tanto urbanas como interurbanas, con el objeto de presentar medidas legislativas que reduzcan las emisiones y aumenten la seguridad vial;

10.

Subraya la necesidad de garantizar la seguridad tanto personal como jurídica de los trabajadores del sector del transporte mediante la creación, entre otras cosas, de un número suficiente de lugares de estacionamiento seguros, así como la armonización de la ejecución de la normativa del transporte por carretera y las sanciones previstas; subraya también que la aplicación transfronteriza de las sanciones mejorará la seguridad vial para todos los usuarios;

11.

Reitera que la oferta de lugares de estacionamiento para camiones en la red RTE-T no ha aumentado al mismo ritmo que el incremento del tráfico de mercancías por carretera y que, por ello, está en grave peligro el cumplimiento de los tiempos de conducción y de descanso, sobre todo durante las horas nocturnas, para los conductores profesionales, así como la seguridad del tráfico en general, en tanto no se mejoren en los Estados miembros las posibilidades de descanso, tanto cuantitativa como cualitativamente;

12.

Considera que el desarrollo del transporte de pasajeros y de mercancías en su conjunto depende en gran medida del uso eficaz de los distintos modos de transporte y que, por tanto, el objetivo de la política europea de transportes debería ser una comodalidad eficiente, que está estrechamente vinculada a un bajo contenido en carbono y a los aspectos económicos y de seguridad del transporte; considera que ello conducirá a una reasignación óptima entre las diferentes modalidades de transporte y a un cambio hacia modos de transporte más sostenibles, y garantizará la interoperabilidad entre los modos de transporte, fomentando un transporte y unas cadenas de logística más sostenibles, así como las opciones entre los modos de transporte, y mejorará los flujos de tráfico sin fisuras entre los modos y las conexiones;

13.

Subraya que una comodalidad eficiente no debe juzgarse por meros criterios económicos, sino también por criterios medioambientales, sociales y laborales, así como de seguridad y de cohesión territorial, teniendo en cuenta las diferentes posibilidades técnicas y niveles de partida de las distintas modalidades de transporte, por un lado, y de los países, regiones y ciudades de Europa, por otro;

14.

Subraya que la comodalidad eficiente supone mejorar las infraestructuras - entre otras cosas mediante el desarrollo de corredores verdes, la reducción de la congestión del tráfico y la mejora del transporte ferroviario y fluvial - fomentando la seguridad a través de las nuevas tecnologías y mejorando las condiciones de trabajo;

15.

Pide un control periódico de la legislación europea, así como de su transposición y aplicación, para garantizar su eficacia; pide a la Comisión que elimine los impedimentos provocados por una deficiente o tardía transposición de la legislación europea en los Estados miembros;

16.

Propone que en el nuevo marco del Tratado de Lisboa y de acuerdo con la Comisión, se promueva al menos una reunión anual conjunta con los responsables de transporte de Parlamentos Nacionales con el fin de poner en común y cooperar en la mejor y más efectiva implementación de la legislación UE en materia de transportes;

17.

Afirma que el transporte desempeña un papel fundamental para la realización del mercado interior europeo, así como para la libre circulación de personas y mercancías, y que debería llevarse a cabo una apertura del mercado homogéneamente regulada, sobre todo en el transporte por ferrocarril en todos los Estados miembros de la UE; considera que esta apertura completa del mercado beneficiará a los consumidores, y debe ir acompañada de medidas para garantizar la calidad de los servicios públicos, así como de un plan de inversiones a largo plazo para las infraestructuras y la interoperabilidad técnica con el fin de mejorar la eficiencia y la seguridad, y de medidas encaminadas a evitar distorsiones de competencia en los modos de transporte y entre ellos en los aspectos sociales, fiscales, de seguridad y de medio ambiente; la internalización de los costes sociales y medioambientales externos debería hacerse de forma gradual, comenzando por los medios de transporte por carretera y por aire más contaminantes;

18.

Pide a la Comisión y a las autoridades de los Estados miembros que faciliten la consecución de la liberalización del transporte de cabotaje, con objeto de reducir la preponderancia de los kilómetros recorridos en vacío y desarrollar una red de de carreteras y ferroviaria más sostenible, con más nudos de comunicaciones para el transporte de mercancías;

19.

Considera, para la consecución de un transporte marítimo eficiente y complementario con otros modos, que es inexcusable abordar, de nuevo, un proceso decidido de liberalización de manera que sea realmente competitivo;

20.

Subraya, teniendo en cuenta las necesidades económicas, la importancia de una gestión verdaderamente europea de las infraestructuras de transporte (corredores ferroviarios para pasajeros y mercancías, cielo único europeo, los puertos y sus conexiones con la red de transportes, espacio marítimo sin fronteras, transporte por vía fluvial) a fin de eliminar el «efecto de frontera» y reforzar la competitividad y el poder de atracción de la Unión Europea;

21.

Pide el establecimiento de un sistema común europeo de reservas a fin de mejorar la eficacia de los distintos modos de transporte y de simplificar y aumentar su interoperabilidad;

22.

Subraya que el transporte influye en el ámbito social, de la salud y de la seguridad y que, en el marco de la creación de un espacio único para el transporte, las condiciones de trabajo y de formación profesional deberían armonizarse a alto nivel y mejorarse de forma continua; enfatiza que la creación de centros europeos de formación, y de centros de excelencia de la UE en los distintos Estados miembros, puede contribuir al fomento de la calidad de la formación y de la situación de las personas ocupadas en el transporte, así como al reconocimiento mutuo de los certificados de formación;

23.

Opina que, con el fin de alcanzar una mayor eficacia en la política de transportes, es necesario evaluar los programas (como, por ejemplo, Galileo y los sistemas de transporte inteligentes (STI) para todos los modos de transporte) y, en función de los resultados, se deberían reorientar la estrategia y la programación en la forma apropiada; considera en consecuencia necesario un nuevo programa para la seguridad del tráfico por carretera, una nueva dinamización de las RTE-T, una evaluación intermedia del programa NAIADES, la ejecución urgente y completa del programa Open Sky, SESAR y el Octavo Programa Marco de Investigación y la continuación del programa Marco Polo;

24.

Opina que la interoperatividad técnica, y su financiación, así como los certificados europeos, la homologación y el reconocimiento mutuo, constituyen elementos esenciales de un mercado interior correcto, y que la puesta en práctica de estos elementos debería atribuirse en mayor grado a las distintas agencias; subraya que todas las agencias deben aspirar, y alcanzar rápidamente, un nivel de responsabilidad y competencia igual de elevado; recomienda en especial el desarrollo del pleno potencial de la Agencia Ferroviaria Europea, incluida la asunción progresiva de la responsabilidad de certificación de todos el nuevo material rodante y las infraestructuras ferroviarias, y de las auditorías periódicas de las autoridades nacionales de seguridad u organismos equivalentes en los Estados miembros, conforme a lo dispuesto en la Directiva 2004/49/CE de 29 de abril de 2004;

25.

Subraya que el 75 % del transporte se realiza por carretera, y pide que se examine la necesidad de crear una Agencia del tráfico por carretera, especialmente para mejorar la seguridad por carretera y garantizar el derecho fundamental de los ciudadanos a una movilidad segura, promoviendo nuevas aplicaciones (por ejemplo Galileo o tecnologías igualmente aptas para los STI), y realizar programas de investigación; considera, además, que esta agencia debería ser capaz de tomar medidas reguladoras en caso de que sea necesario suprimir obstáculos para un mercado único sostenible;

26.

Señala que el transporte fluvial interior todavía se enfrenta a un marco institucional divergente y solicita la creación de una cooperación permanente y estructurada entre las instituciones competentes al objeto de explotar plenamente el potencial de esta modalidad de transporte;

27.

Solicita una agenda de investigación y desarrollo para el sector del transporte; considera que dicha agenda debe elaborarse en cooperación con todas las partes interesadas pertinentes al objeto de comprender las necesidades del sector y, en consecuencia, asignar mejor la financiación de la UE; opina que deberá concederse prioridad a los proyectos dirigidos a reducir las emisiones de carbono del transporte, aumentar la transparencia de la cadena de suministro y la seguridad y la protección del transporte, mejorar la gestión del tráfico y reducir las cargas administrativas;

28.

Subraya que la I+D y la innovación exigen apoyo, ya que darán lugar a considerables mejoras medioambientales en todos los modos de transporte, como consecuencia de la reducción de las emisiones de gases y del ruido del tráfico, mejorarán la seguridad mediante la creación de soluciones para garantizar una mejor utilización de la capacidad de las infraestructuras existentes, y reducirán la congestión del tráfico y, lo que es asimismo importante, crearán mayor independencia energética en los distintos modos de toda la red de transportes; subraya a este respecto que unos sistemas de seguridad y de organización del transporte inteligentes, interoperativos y conectados, como ERTMS, Galileo, SESAR, ITS y las tecnologías igualmente aptas, necesitan un apoyo en términos de I+D y de su puesta en práctica; pide a los Estados miembros que garanticen que todos los ciudadanos de Europa se benefician de estos sistemas de transporte inteligentes; toma nota de que se deben introducir las condiciones marco y las normas abiertas necesarias para las tecnologías prometedoras, sin dar una ventaja indebida a ninguna tecnología específica;

29.

Subraya que, en el marco de la protección del clima y la independencia energética de la UE, cada modo de transporte debería reducir sus emisiones de CO2 y contar con el apoyo de I+D para aplicar tecnologías innovadoras, eficientes y limpias así como energías renovables, lo que resultará, entre otras cosas, en unos vehículos más sostenibles en todos los modos de transporte; considera que ello, al mismo tiempo, fortalecerá la competitividad de las empresas europeas;

30.

Reitera la necesidad de una definición homogénea de los conceptos fundamentales de la seguridad del transporte vial y la investigación de los accidentes, a fin de garantizar la posibilidad de comparar los resultados y, en su caso, de las medidas implantadas;

31.

Subraya que la armonización de los documentos de transporte según los más recientes estándares de la comunicación, y su aplicación internacional y multimodal, puede conducir a una considerable mejora de la seguridad y la logística, así como a una fuerte reducción de los trámites administrativos;

32.

Subraya que una política de transportes eficiente requiere un marco financiero adecuado para los desafíos que debe afrontar y que, a tal fin, deben aumentarse los recursos actuales para el transporte y la movilidad; considera necesario lo siguiente:

33.

Pide que, mediante ayudas financieras que no dependan de criterios de competencia en línea con las disposiciones de la UE en materia de ayudas estatales, se haga posible una política de transportes coherente e integrada que promueva, entre otros, el tráfico ferroviario y naviero, la política portuaria y los medios de trasporte público;

34.

Opina que la crisis financiera y económica debe aprovecharse para llevar a cabo un apoyo selectivo en el ámbito de los transportes y, mediante ayudas financieras, efectuar inversiones sobre todo en favor de un transporte respetuoso del medio ambiente, seguro y, de este modo, sostenible; considera que las inversiones de la UE en proyectos de transporte deberían tenerse en cuenta en el contexto de la Estrategia europea 2020, ya que los sistemas de transporte y la movilidad ofrecen una oportunidad única para la creación de empleo estable;

35.

Está convencido de que la definición de un núcleo europeo dentro de la RTE global, que sigue siendo una prioridad de la política de transportes de la UE, debe evaluarse con criterios de desarrollo sostenible a nivel europeo, pero también a nivel regional y local, y opina que las plataformas multimodales y los puertos secos constituyen una parte esencial de la oferta en infraestructuras porque permiten una interconexión eficiente entre las distintas modalidades de transporte;

36.

Opina que los proyectos RTE-T deben seguir siendo prioritarios en la política de transportes de la UE, y que existe la necesidad urgente de abordar la falta de infraestructuras y superar los obstáculos históricos y geográficos que persisten en las fronteras; subraya que la RTE-T debería estar integrada en una red paneuropea con interconexiones más allá de la UE, y considera que este proceso puede acelerarse mediante una mayor financiación;

37.

Pide que las infraestructuras del transporte fluvial, los puertos interiores y la conexión multimodal de los puertos marítimos con su espacio interior desempeñen un papel más importante en la política europea de transportes y que se les conceda un mayor apoyo para contribuir a la reducción del impacto medioambiental y al incremento de la seguridad en el transporte de la UE; considera que el respeto por el medio ambiente de los barcos fluviales puede mejorarse radicalmente si se instalan en dichas embarcaciones motores nuevos equipados con la tecnología de control de emisiones más moderna;

38.

Subraya la necesidad de considerar los proyectos de transporte marítimo de corta distancia y de autopistas del mar en el marco de un contexto más amplio que abarque a los países del entorno geográfico inmediato de Europa; señala que con tal fin es necesaria una mejor sinergia entre la política regional, la política de desarrollo y la política de transportes;

39.

Reconoce que los aeropuertos regionales desempeñan un papel crucial en el desarrollo de las regiones periféricas y ultraperiféricas al aumentar las conexiones con los aeropuertos principales; considera especialmente útil aplicar soluciones intermodales cuando ello sea posible; opina que los enlaces ferroviarios de alta velocidad entre los aeropuertos constituyen una solución ideal para integrar de forma sostenible los distintos modos de transporte;

40.

Subraya que la creación de un espacio europeo del transporte constituye una prioridad importante y que, especialmente en el tráfico aéreo y marítimo, sigue dependiendo de la aceptación internacional en el marco de un acuerdo por negociar, para todas las modalidades de transporte, debiendo la UE desempeñar un papel decisivo en los órganos internacionales correspondientes;

41.

Pide la consecución de unos objetivos precisos y comprobables, que se deben alcanzar en el año 2020 y referidos a 2010, y propone:

42.

pide a la Comisión Europea que supervise los avances hacia la consecución de estos objetivos y que informe anualmente al Parlamento;

43.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

2.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 351/23

A.

Considerando que la actividad de la Comisión de Peticiones estuvo marcada en 2009 por el paso de la sexta a la séptima legislatura y que se operó un importante cambio en la composición de la comisión puesto que dos tercios de sus miembros formaron parte de la misma por primera vez,

B.

Considerando que 2009 marcó el final del mandato del Defensor del Pueblo Europeo y que la Comisión de Peticiones participó directamente en las comparecencias de los candidatos a dicho cargo,

C.

Considerando que el Tratado de Lisboa, que entró en vigor el 1 de diciembre de 2009, ha establecido las bases necesarias para aumentar la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones de la Unión Europea con vistas a reforzar su legitimidad y responsabilidad,

D.

Considerando que los ciudadanos de la UE están directamente representados por el Parlamento y que el derecho de petición, previsto en el Tratado, les brinda la posibilidad de dirigirse a sus representantes siempre que consideren que sus derechos han sido violados,

E.

Considerando que la aplicación de la legislación europea tiene un impacto directo sobre los ciudadanos, quienes se encuentran en la posición más idónea para valorar su eficacia y sus carencias, así como para señalar las lagunas que aún deben colmarse a fin de garantizar la consecución de los objetivos de la Unión,

F.

Considerando que los ciudadanos europeos, tanto a título individual como colectivamente, recurren al Parlamento en busca de soluciones en caso de violación de la legislación europea,

G.

Considerando que el Parlamento, a través de su Comisión de Peticiones, tiene la obligación de investigar estas cuestiones y hacer todo lo que esté en su mano para acabar con dichas violaciones; que, a fin de ofrecer a los ciudadanos las mejores soluciones a la mayor brevedad, la Comisión de Peticiones ha seguido reforzando su cooperación con la Comisión Europea, otras comisiones parlamentarias y organismos, agencias y redes europeos, así como con los Estados miembros,

H.

Considerando que el número de peticiones recibidas por el Parlamento en 2009 fue ligeramente superior al registrado en 2008 (1924 peticiones frente a 1849) y que siguió creciendo el número de peticiones presentadas electrónicamente (aproximadamente un 65 % de las peticiones se enviaron de este modo frente a un 60 % en 2008),

I.

Considerando que, en vista del número de peticiones declaradas improcedentes en 2009, han de redoblarse los esfuerzos destinados a informar mejor a los ciudadanos acerca de las competencias de la Unión y de las funciones de sus diferentes instituciones,

J.

Considerando que, en muchos casos, los ciudadanos presentan peticiones al Parlamento en relación con decisiones adoptadas por las autoridades administrativas o judiciales competentes de sus Estados miembros y que, por consiguiente, los ciudadanos necesitan mecanismos que les permitan recurrir a las autoridades nacionales para que los representen tanto en el proceso legislativo europeo como en el marco de la aplicación de la legislación,

K.

Considerando que los ciudadanos deben saber en concreto que, tal como reconoció el Defensor del Pueblo Europeo en su Decisión, de diciembre de 2009, relativa a la reclamación 822/2009/BU contra la Comisión Europea, los procedimientos judiciales nacionales se enmarcan en el proceso de aplicación de la legislación europea en los Estados miembros y que la Comisión de Peticiones no puede tratar cuestiones que sean objeto de procedimientos judiciales nacionales ni reexaminar el resultado de dichos procedimientos,

L.

Considerando que el elevado coste de los procedimientos judiciales, en particular en algunos Estados miembros, puede suponer un obstáculo para los ciudadanos y, de hecho, les puede disuadir de acudir ante los tribunales nacionales competentes cuando consideren que las autoridades de su país no han respetado los derechos que les corresponden en el marco del Derecho de la Unión,

M.

Considerando que, cuando el Parlamento recibe peticiones relativas a supuestos incumplimientos por parte de las autoridades judiciales nacionales, le resulta particularmente difícil recurrir con carácter prejudicial al Tribunal de Justicia, a pesar de lo dispuesto en el artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), en particular en los casos en que la Comisión Europea no ejerce las competencias conferidas por el artículo 258 que le permiten interponer un recurso contra el Estado miembro de que se trate,

N.

Considerando que el procedimiento de petición —dados sus mecanismos de funcionamiento y puesto que el Tratado otorga el derecho de petición a todos los ciudadanos y residentes de la UE— difiere de otros instrumentos europeos a disposición de los ciudadanos, como la posibilidad de presentar reclamaciones al Defensor del Pueblo Europeo o a la Comisión,

O.

Considerando que los ciudadanos tienen derecho a una reparación rápida y centrada en proponer soluciones, y a un alto nivel de transparencia y claridad por parte de todas las instituciones europeas, y que el Parlamento ha pedido en repetidas ocasiones a la Comisión que se sirva de sus prerrogativas como guardián del Tratado para responder a las violaciones de la legislación europea denunciadas por los peticionarios, especialmente cuando la violación se deriva de la transposición de la legislación de la UE a escala nacional,

P.

Considerando que son muchas las peticiones en las que se pone de manifiesto la inquietud que suscita la transposición y aplicación de la legislación europea en materia de mercado interior y medio ambiente y que la Comisión de Peticiones ya ha solicitado a la Comisión en anteriores ocasiones que refuerce y haga más eficaz el control en este ámbito,

Q.

Considerando que, aunque la Comisión solo puede supervisar plenamente el cumplimiento de la legislación europea una vez que las autoridades nacionales han adoptado una decisión definitiva, conviene comprobar lo antes posible, en particular respecto de las cuestiones medioambientales y en todos los casos en que reviste especial importancia el aspecto temporal, que las autoridades locales, regionales y nacionales aplican correctamente todos los requisitos de procedimiento pertinentes previstos en la normativa de la Unión Europea y, en caso necesario, llevar a cabo estudios pormenorizados sobre la aplicación y el impacto de la legislación en vigor con objeto de recabar toda la información necesaria,

R.

Considerando la importancia de prevenir nuevas pérdidas irreparables en la biodiversidad, especialmente en las zonas designadas en el marco de Natura 2000, así como el compromiso de los Estados miembros de garantizar la protección de las zonas especiales de conservación previstas por la Directiva Hábitat (92/43/CEE) y la Directiva Aves (79/409/CEE),

S.

Considerando que las peticiones revelan el impacto de la legislación europea en la vida cotidiana de los ciudadanos de la UE y reconociendo la necesidad de adoptar todas las medidas necesarias para afianzar los logros alcanzados en la consolidación de los derechos de los ciudadanos europeos,

T.

Considerando que, en su anterior informe de actividades y en su opinión sobre el informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario, la Comisión de Peticiones solicitaba que se le facilite información periódica sobre las fases en las que se encuentran los procedimientos de infracción también relacionados con peticiones,

U.

Considerando que los Estados miembros son los principales responsables de la correcta transposición y aplicación de la legislación europea y reconociendo que en 2009 muchos de ellos incrementaron su participación en los trabajos de la Comisión de Peticiones,

1.

Se felicita por que la transición a la nueva legislatura se desarrollara con éxito y señala que una gran parte del trabajo de la Comisión de Peticiones, a diferencia de lo sucedido en otras comisiones parlamentarias, se transfirió a la nueva legislatura puesto que no se había completado el examen de un importante número de peticiones;

2.

Se congratula por la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y confía en que el Parlamento participará activamente en el desarrollo de la nueva iniciativa ciudadana, para que pueda alcanzarse plenamente el objetivo perseguido con este instrumento y se garantice una mayor transparencia y responsabilidad en el proceso de toma de decisiones de la UE, ofreciendo a los ciudadanos la oportunidad de sugerir mejoras o adiciones en la legislación de la Unión;

3.

Acoge con satisfacción el Libro Verde sobre una Iniciativa Ciudadana Europea (1), publicado por la Comisión a finales de 2009, como un primer paso en la aplicación práctica de este concepto;

4.

Señala que el Parlamento ha recibido peticiones asociadas a campañas con más de un millón de firmas e insiste en la necesidad de que los ciudadanos distingan claramente este tipo de peticiones de la iniciativa ciudadana;

5.

Recuerda su Resolución sobre la iniciativa ciudadana (2), a la que la Comisión de Peticiones contribuyó con una opinión; insta a la Comisión a que establezca normas de desarrollo comprensibles en las que se identifiquen claramente las funciones y obligaciones de las instituciones implicadas en los procesos de examen y de toma de decisiones;

6.

Acoge con satisfacción el carácter jurídicamente vinculante que la Carta de los Derechos Fundamentales ha adquirido con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa y subraya la importancia de la Carta a la hora de reforzar la comprensión y el conocimiento de los derechos fundamentales por parte de todos los ciudadanos;

7.

Considera que tanto la Unión como sus Estados miembros tienen la obligación de velar por el pleno respeto de los derechos fundamentales previstos en la Carta y espera que la Carta contribuya a desarrollar el concepto de ciudadanía de la Unión;

8.

Confía en que se tomarán todas las medidas procedimentales necesarias para garantizar una rápida identificación de los aspectos institucionales de la adhesión de la UE al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, y toma nota de la intención de la Comisión de Peticiones de contribuir a la labor del Parlamento en esta materia;

9.

Recuerda su anterior petición en la que solicitaba a los servicios competentes del Parlamento y la Comisión la realización de una completa revisión de los procedimientos de recurso que se encuentran a disposición de los ciudadanos de la UE y subraya la importancia de proseguir las negociaciones sobre el acuerdo marco revisado entre el Parlamento Europeo y la Comisión con objeto de tener plenamente en cuenta los derechos crecientes de los nacionales de la UE, en especial con respecto a la iniciativa ciudadana europea;

10.

Se congratula por las medidas adoptadas por la Comisión para simplificar los servicios de atención al público destinados a informar a los ciudadanos de sus derechos a escala europea y de los medios de reclamación que tienen a su disposición en caso de infracción, agrupando las diferentes páginas web pertinentes (como las de SOLVIT o ECC-Net) en la sección «Sus derechos en la UE» del sitio web principal de la UE;

11.

Señala que el Parlamento ha solicitado en repetidas ocasiones a la Comisión que desarrolle un sistema que indique claramente los diferentes mecanismos de reclamación de que disponen los ciudadanos y considera que es necesario adoptar nuevas medidas que permitan alcanzar el objetivo final de convertir la página web «Sus derechos en la UE» en una «ventanilla única» de información en línea fácil de utilizar; espera con interés las evaluaciones iniciales de la aplicación del Plan de acción de 2008 (3), previstas en 2010;

12.

Recuerda su Resolución sobre las actividades del Defensor del Pueblo Europeo en 2008 e insta al recientemente reelegido Defensor del Pueblo a que siga trabajando para reforzar la apertura y responsabilidad de la administración europea y garantizar que las decisiones se toman de la forma más abierta y próxima a los ciudadanos que sea posible;

13.

Reafirma su intención de apoyar los esfuerzos desplegados por la Oficina del Defensor del Pueblo para aumentar el conocimiento público de su trabajo, así como para identificar y resolver los casos de mala administración de las instituciones europeas; considera que el Defensor del Pueblo constituye una valiosa fuente de información en la tarea global de mejora de la administración europea;

14.

Señala que las peticiones recibidas en 2009, de las que casi un 40 % fueron declaradas improcedentes, siguieron centrándose en el medio ambiente, los derechos fundamentales, la justicia y el mercado interior; indica que, en términos geográficos, la mayor parte de las peticiones se referían a la Unión en su conjunto —seguida de Alemania, España, Italia y Rumanía—, lo que demuestra que los ciudadanos siguen de cerca la labor de la Unión y recurren a ella para pedirle que actúe;

15.

Reconoce la importancia que reviste la labor llevada a cabo por los peticionarios y por la Comisión de Peticiones para la protección del medio ambiente de la Unión; acoge con satisfacción la iniciativa de la comisión de encargar un estudio sobre la aplicación de la Directiva Hábitat en el contexto del Año Internacional de la Biodiversidad y considera que es una herramienta útil para evaluar la estrategia de la Unión en el ámbito de la biodiversidad hasta la fecha y desarrollar una nueva estrategia;

16.

Observa que cada vez son más las peticiones que denuncian problemas a los que los ciudadanos han tenido que hacer frente al ejercer su derecho a la libre circulación; dichas peticiones hacen referencia a la tardanza de los Estados miembros de acogida en entregar los permisos de residencia a los familiares procedentes de terceros países, así como a las dificultades encontradas a la hora de ejercer el derecho al voto u obtener el reconocimiento de un título;

17.

Pide de nuevo a la Comisión que presente propuestas concretas que permitan extender las medidas de protección de los consumidores frente a las prácticas comerciales desleales a las pequeñas empresas, tal como solicitó en su Resolución sobre las prácticas engañosas de empresas dedicadas a la elaboración de directorios (4), ya que la Comisión de Peticiones sigue recibiendo peticiones de víctimas de estafas de este tipo de empresas;

18.

Reconoce el papel central que la Comisión desempeña en el trabajo de la Comisión de Peticiones, que sigue necesitando de sus conocimientos especializados para evaluar las peticiones, identificar las violaciones de la legislación europea y encontrar una solución, y reconoce los esfuerzos desplegados por la Comisión para reducir el tiempo de respuesta global a las solicitudes de investigación presentadas por la Comisión de Peticiones de modo que las situaciones denunciadas por los ciudadanos puedan resolverse en el plazo más corto posible;

19.

Insta a la Comisión a que, cuando haya peticiones que indiquen posibles daños a zonas de protección especial, intervenga en una etapa temprana, recordando a las autoridades nacionales de que se trate sus compromisos de garantizar la integridad de las áreas catalogadas como lugares Natura 2000 con arreglo a la Directiva 92/43/CEE (Directiva Hábitat) y, si procede, adoptando medidas preventivas para garantizar el cumplimiento de la legislación de la UE;

20.

Acoge con satisfacción a los recién elegidos Comisarios, especialmente al Comisario de Relaciones Interinstitucionales y Administración, y no duda de que colaborarán con la Comisión de Peticiones lo más estrecha y eficazmente posible, y de que la tendrán en cuenta como uno de los canales de comunicación más importantes entre los ciudadanos y las instituciones de la UE;

21.

Lamenta que la Comisión todavía no haya satisfecho los reiterados llamamientos de la Comisión de Peticiones para que se realicen actualizaciones oficiales y periódicas sobre el avance de los procedimientos de infracción relativos a peticiones abiertas; señala que la publicación mensual de las decisiones de la Comisión sobre los procedimientos de infracción —de conformidad con los artículos 258 y 260 del Tratado—, aunque digna de elogio en términos de transparencia, no constituye una respuesta adecuada a dichos llamamientos;

22.

Considera que el seguimiento de los procedimientos de infracción a través de los comunicados de prensa de la Comisión y el establecimiento de un vínculo entre dichos procedimientos y determinadas peticiones equivaldría a malgastar inútilmente el tiempo y los recursos de la Comisión de Peticiones, especialmente en el caso de las infracciones horizontales y pide que la Comisión informe a la Comisión de Peticiones de cualquier procedimiento de infracción pertinente;

23.

Reitera su convicción de que los ciudadanos de la UE deben beneficiarse del mismo nivel de transparencia por parte de la Comisión tanto si efectúan una reclamación oficial como si presentan una petición al Parlamento, y pide una vez más a la Comisión que vele por que el procedimiento de peticiones goce de un mayor reconocimiento, así como el papel que desempeña sacando a la luz las violaciones de la legislación europea, que ulteriormente serán objeto de un procedimiento de infracción;

24.

Recuerda que, en muchos casos, las peticiones desvelan problemas relacionados con la transposición y aplicación de la legislación europea y reconoce que la puesta en marcha de un procedimiento de infracción no ofrece necesariamente a los ciudadanos una solución inmediata a sus problemas, dada la duración media de dichos procedimientos;

25.

Acoge con satisfacción los esfuerzos de la Comisión por desarrollar medios alternativos para fomentar una mejor aplicación de la legislación europea, así como la positiva actitud de algunos Estados miembros, que adoptan las medidas necesarias para corregir las infracciones desde las primeras fases del proceso de aplicación;

26.

Se felicita por la creciente participación de los Estados miembros en las actividades de la Comisión de Peticiones, así como por la presencia de sus representantes en las reuniones; considera que ha de reforzarse dicha cooperación ya que las autoridades nacionales son las principales responsables del cumplimiento de la legislación europea una vez que esta ha sido transpuesta en su ordenamiento jurídico;

27.

Hace hincapié en que, para el trabajo de la Comisión de Peticiones, reviste extrema importancia el establecimiento de una cooperación más estrecha con los Estados miembros; opina que para conseguirlo se podría, entre otras cosas, intensificar la cooperación con los Parlamentos nacionales, especialmente en el contexto del Tratado de Lisboa;

28.

Alienta a los Estados miembros a que se preparen a desempeñar un papel más transparente y proactivo en la respuesta a las peticiones relacionadas con la aplicación y el cumplimiento de la legislación europea;

29.

Considera que, a la luz del Tratado de Lisboa, la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo debe establecer relaciones de trabajo más estrechas con las comisiones homólogas de los Parlamentos regionales y nacionales de los Estados miembros, con objeto de promover la comprensión mutua de las peticiones relativas a temas europeos y de garantizar una pronta respuesta a los ciudadanos al nivel más adecuado;

30.

Recuerda las conclusiones de su Resolución sobre el impacto de la urbanización extensiva en España y pide a las autoridades españolas que continúen presentando las evaluaciones de las medidas adoptadas, como lo vienen haciendo hasta el momento;

31.

Toma nota del creciente número de peticionarios que se dirigen al Parlamento en busca de soluciones en relación con cuestiones que no son competencia de la UE, como, por ejemplo, el cálculo de las pensiones, el cumplimiento de las sentencias dictadas por tribunales nacionales o la pasividad de las administraciones nacionales; la Comisión de Peticiones hace todo lo que está en su mano para remitir dichas reclamaciones a las autoridades nacionales competentes;

32.

Considera que debe fomentarse el uso generalizado de Internet, ya que facilita la comunicación con los ciudadanos, pero, al mismo tiempo, ha de encontrarse un modo de evitar que la comisión se vea invadida por «no peticiones»; considera que una posible solución podría consistir en la revisión del proceso de registro en el Parlamento e invita al personal responsable a que remita los archivos correspondientes a la Unidad de Correo del Ciudadano en vez de a la Comisión de Peticiones;

33.

Hace hincapié en la necesidad de seguir trabajando en aras de la transparencia del proceso de gestión de las peticiones: de forma interna, mediante la actualización constante de la aplicación e-Petition —que ofrece a los diputados un acceso directo a los archivos de peticiones—, y de forma externa, a través de la creación de un portal de peticiones interactivo y fácil de usar que permita al Parlamento entablar un contacto más eficaz con los ciudadanos y a estos últimos comprender mejor los procedimientos de voto y las funciones de la Comisión de Peticiones;

34.

Aboga por la creación de un portal que ofrezca un modelo interactivo de petición con múltiples etapas, que podría informar a los ciudadanos sobre la misión del Parlamento y acerca de lo que pueden conseguir al presentar una petición a dicha Institución, así como incluir enlaces a otros medios alternativos de reparación tanto a escala europea como nacional; pide una descripción lo más detallada posible de las competencias de la Unión Europea en diferentes ámbitos con objeto de obviar la confusión entre las competencias de la Unión y las competencias nacionales;

35.

Reconoce que la puesta en marcha de esta iniciativa no resultaría gratuita; pese a ello, insta a los servicios administrativos competentes a que trabajen con la Comisión de Peticiones para dar con las soluciones más adecuadas, ya que un portal de estas características no solo contribuiría notablemente a mejorar la comunicación entre el Parlamento y los ciudadanos de la UE, sino también a reducir el número de peticiones declaradas improcedentes;

36.

Hace hincapié en que, hasta que no se resuelva de forma satisfactoria la cuestión de los recursos, es necesario mejorar inmediatamente el actual sitio web;

37.

Acoge con satisfacción la adopción del nuevo Reglamento del Parlamento y la revisión de las disposiciones relativas a la gestión de las peticiones; invita a la Secretaría y a los representantes de los grupos políticos a que trabajen en la elaboración de una guía revisada, dirigida a los diputados, relativa a las normas y los procedimientos internos de la Comisión de Peticiones, ya que dicho documento no solo ayudará a los diputados en su trabajo, sino que también aumentará la transparencia del procedimiento de peticiones;

38.

Pide de nuevo a los servicios administrativos competentes que adopten las medidas necesarias para crear un registro electrónico mediante el cual los ciudadanos puedan asociarse o retirar su apoyo a una petición de conformidad con el artículo 202 del Reglamento;

39.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y el informe de la Comisión de Peticiones al Consejo, a la Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo y a los Gobiernos de los Estados miembros, así como a sus comisiones de peticiones y a sus defensores del pueblo u otros órganos competentes análogos.

2.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 351/29

A.

Considerando que la crisis económica ha provocado un acusado aumento de las tasas de desempleo en los Estados miembros de la UE; considerando que esta tendencia ha perjudicado de forma desproporcionada a los jóvenes; considerando que esta tendencia ha perjudicado de forma desproporcionada a los jóvenes; considerando que el porcentaje de desempleo entre los jóvenes aumenta con mayor intensidad con respecto al porcentaje de desempleo medio, y que más de 5,5 millones de jóvenes menores de 25 años en la UE estaban desempleados en diciembre de 2009, es decir, un 21,4 % de todos los jóvenes, con la paradoja de que, debido al envejecimiento de la población, los jóvenes representan al mismo tiempo un punto de apoyo necesario para los regímenes de Seguridad Social y se sitúan en un ámbito marginal de la economía,

B.

Considerando que existen pocas posibilidades de que los jóvenes encuentren un empleo regular permanente; considerando que los jóvenes acceden principalmente al mercado laboral a través de formas de empleo atípicas, altamente flexibles, inseguras y precarias (empleo marginal a tiempo parcial, temporal o duración fija, etc.), y que la probabilidad de que esto sea un primer escalón hacia un trabajo permanente es baja,

C.

Considerando que la condición de becario y el periodo de prácticas parecen utilizarse con mayor frecuencia por los empleadores para sustituir el empleo regular, aprovechando los obstáculos de acceso al mercado laboral con que se enfrentan los jóvenes, considerando que es necesario hacer frente a tales formas de explotación de los jóvenes y que los Estados miembros las erradiquen de manera eficaz,

D.

Considerando que cuatro de las diez medidas aprobadas en la cumbre extraordinaria de la UE sobre el empleo celebrada en Praga en 2009 tratan sobre educación, formación vocacional, formación permanente, formas de aprendizaje, fomento de la movilidad y mejor previsión de las necesidades del mercado laboral y adecuación de las capacidades,

E.

Considerando que el desempleo y el subempleo de los jóvenes generan importantes costes sociales y económicos para la sociedad, provocando la pérdida de oportunidades de crecimiento económico, la degradación de la base imponible, que socava la inversión en infraestructuras y servicios públicos, el aumento de los costes sociales, un bajo aprovechamiento de las inversiones en educación y formación y el riesgo de desempleo de larga duración y exclusión social,

F.

Considerando que las jóvenes generaciones deberán reducir la enorme deuda pública originada por las generaciones actuales,

G.

Considerando que las previsiones económicas y demográficas indican que en la próxima década surgirán 80 millones de oportunidades laborales en la UE y que la mayoría de ellas requerirán una mano de obra altamente cualificada; considerando que la tasa de empleo para personas con altos niveles de formación en el conjunto de la UE alcanza aproximadamente el 85 %, para niveles medios de formación el 70 % y para bajos niveles de formación el 50 %,

H.

Considerando que el crecimiento económico es esencial para la creación de empleo, ya que un mayor crecimiento económico genera más posibilidades de empleo; considerando que más del 50 % de los nuevos puestos de trabajo en Europa los crean las PYME,

I.

Considerando que la transición de la educación al trabajo y entre empleos supone un cambio estructural para los jóvenes de toda la UE; considerando que los períodos de prácticas contribuyen muy positivamente al acceso de los jóvenes al empleo, permitiendo sobre todo la adquisición de una profesionalidad y de competencias específicas directamente dentro de las empresas,

J.

Considerando que los programas educativos deben mejorarse sustancialmente, al tiempo que se fomentan las asociaciones universidad-empresa, los esquemas de aprendizaje eficiente, los préstamos para el desarrollo profesional y la inversión en formación por parte de los empleadores,

K.

Considerando que los jóvenes suelen enfrentarse a actos de discriminación por motivos de edad cuando acceden al mercado laboral, así como en caso de reducción de puestos de trabajo; considerando que las mujeres jóvenes tienen más probabilidades de enfrentarse al desempleo y a la pobreza o de ser empleadas en actividades precarias sumergidas que los hombres jóvenes, considerando que, por otra parte, los hombres jóvenes han sido quienes se han visto afectados con mayor intensidad por el paro durante la actual crisis económica; considerando que los jóvenes con discapacidad encuentran obstáculos mayores todavía en su integración en el mercado de trabajo,

L.

Considerando que un trabajo decente permite a los jóvenes pasar de la dependencia social a la autosuficiencia, les ayuda a escapar de la pobreza y les permite realizar una aportación activa a la sociedad, tanto económica como socialmente; considerando que el ordenamiento jurídico en algunos Estados miembros permite la discriminación por edad mediante restricciones a los derechos de los jóvenes basadas únicamente en la edad, restricciones tales como un nivel más bajo del salario mínimo para los jóvenes en el Reino Unido, un acceso limitado al Revenu de solidarité active en Francia y unas prestaciones por desempleo reducidas para los jóvenes en Dinamarca, todas las cuales, aunque dirigidas a que los jóvenes logren trabajo, son inaceptables, y puede ser contraproducente impedir que los jóvenes comiencen una vida económicamente independiente, especialmente en tiempos de crisis con alto desempleo juvenil,

M.

Considerando que no se han alcanzado plenamente los indicadores de referencia de la Estrategia de Lisboa en el ámbito de la juventud y de la modernización de la formación profesional (VET),

N.

Considerando que la flexiseguridad ha sido la estrategia global para los mercados laborales de la UE centrada en contratos flexibles y protegidos, aprendizaje permanente, políticas de mercado laboral activas y seguridad social; considerando, lamentablemente, que esta estrategia ha sido interpretada en muchos países como mera «flexibilidad», perdiendo de vista el enfoque global de la seguridad del empleo y la seguridad social,

O.

Considerando que debido al cambio demográfico a partir del año 2020 el espacio económico europeo deberá soportar un enorme déficit de mano de obra y que este desarrollo sólo podrá combatirse gracias a una educación, formación y formación continua suficientes,

P.

Considerando el papel que desempeñan las pequeñas y medianas empresas en el tejido económico europeo tanto por su cantidad como por su función estratégica en la lucha contra el desempleo,

1.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que apliquen un enfoque basado en los derechos en los ámbitos de la juventud y el empleo. No debe comprometerse el aspecto cualitativo del trabajo decente para los jóvenes y, en los esfuerzos realizados, deben tenerse especialmente en cuenta las normas laborales básicas y otras normas relativas a la calidad del trabajo, como la ordenación del tiempo de trabajo, el salario mínimo, la seguridad social y la salud y seguridad en el trabajo;

2.

Insta al Consejo y a la Comisión a definir una estrategia de empleo para la UE que combine instrumentos financieros con políticas de empleo para evitar un «crecimiento sin empleo», lo que supone fijar unos indicadores de referencia ambiciosos para el empleo de los jóvenes; alienta firmemente que la estrategia de empleo haga especial hincapié en el desarrollo de empleos verdes y en empleos en la economía social, garantizando al mismo tiempo que el Parlamento participe en el proceso de toma de decisiones;

3.

Subraya la importancia de que los Estados miembros desarrollen empleos verdes, por ejemplo, ofreciendo formación en tecnologías medioambientales;

4.

Invita a los Estados miembros a crear incentivos eficaces, tales como subsidios al empleo o contribuciones a la seguridad social de los jóvenes, que garanticen una vida y unas condiciones de trabajo decorosas; con objeto de que los empleadores públicos y privados contraten a jóvenes, anima a invertir tanto en la creación de empleos de calidad para los jóvenes como en su formación permanente, así como en mejorar sus capacidades durante el desempeño de su trabajo y fomentar el espíritu emprendedor entre la juventud; indica el papel y la importancia especial de las pequeñas empresas por lo que respecta a los conocimientos y pericia tradicionales; anima a asegurar que los jóvenes tengan acceso al recientemente creado Instrumento Europeo de Microfinanciación;

5.

Destaca la importancia de la educación empresarial como parte integrante de la formación necesaria para los nuevos tipos de empleo;

6.

Invita a los Estados miembros a tener una política ambiciosa en materia de formación de los jóvenes;

7.

Invita a la Comisión a promover y apoyar —teniendo en cuenta las experiencias positivas nacionales de asociación entre escuelas, universidades, empresas e interlocutores sociales— algunos proyectos experimentales en los nuevos sectores estratégicos de desarrollo, en los que se prevea una adecuada preparación del nivel científico y tecnológico y la inserción específica de jóvenes, en particular mujeres, para favorecer la innovación y la competitividad de las empresas, utilizando para tal fin becas de estudio, contratos de prácticas de formación superior, contratos de trabajo no atípicos;

8.

Insta a las universidades a establecer un contacto temprano con las empresas y a proporcionar la posibilidad a los estudiantes de aprender habilidades necesarias para el mercado laboral;

9.

Pide a los Estados miembros que apliquen medidas globales para estimular la economía, como la reducción fiscal y la aminoración de la carga administrativa para las PYME, con el fin de generar crecimiento y crear nuevos puestos de trabajo, especialmente para los jóvenes;

10.

Confía en una exitosa demanda de microcréditos por parte de los jóvenes; las fundadoras y los fundadores de empresas emergentes deberán ser asesorados de forma coherente y profesional;

11.

Pide a los Estados miembros que establezcan unas políticas de mercado laboral específicas e inclusivas que garanticen una inclusión respetuosa y una ocupación significativa de los jóvenes, por ejemplo, mediante la creación de redes de inspiración, acuerdos de períodos de formación acompañados de una ayuda financiera para que el joven en prácticas pueda tener la posibilidad de desplazarse y de vivir cerca del lugar donde realiza las prácticas, centros profesionales internacionales y centros juveniles de orientación individualizada;

12.

Reconoce la dificultad de acceso a la financiación que tienen los jóvenes para crear y desarrollar su propia empresa; pide a los Estados miembros y a la Comisión que adopten medidas para facilitar el acceso de los jóvenes a la financiación, y que establezcan programas de tutoría para la creación y desarrollo de empresas dirigidos a los jóvenes en colaboración con la comunidad empresarial;

13.

Solicita a los Estados miembros que se promueva con proyectos innovadores la cualificación de quienes han abandonado prematuramente la escuela y se les prepare para el mercado laboral;

14.

Insta a los Estados miembros a incluir una cooperación temprana entre la escuela y el mundo laboral en caso de reorientación de los sistemas de formación; considera que las autoridades locales y regionales deben estar incluidas en la planificación de la educación, dado que cuentan con redes establecidas con las empresas y conocen sus necesidades;

15.

Solicita a la Comisión que amplíe, y asegure su buen uso, la capacidad financiera del Fondo Social Europeo, asignando un mínimo del 10 % de dicho fondo a proyectos destinados a los jóvenes y a facilitar el acceso al fondo; pide a la Comisión y a los Estados miembros que no pongan en peligro la ejecución de pequeños e innovadores proyectos mediante un control excesivo, y que revisen la eficacia y el valor añadido de programas tales como «Juventud en acción», en términos de oportunidades de empleo para los jóvenes; insta a los Estados miembros a mejorar su orientación hacia los jóvenes;

16.

Insta a los Estados miembros a conceder mayor prioridad a la cooperación entre empresas y proveedores de educación como herramienta apropiada para combatir el paro estructurado;

17.

Pide a los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos por reducir el abandono escolar prematuro para alcanzar el objetivo establecido en la Estrategia europea 2020 de limitar la cifra de abandono escolar prematuro al 10 % antes de 2012; invita a los Estados miembros a utilizar una amplia gama de medidas para combatir el abandono escolar prematuro, por ejemplo la reducción del número de alumnos por clase, el apoyo a los alumnos que no puedan financiar la conclusión de su educación obligatoria, el fomento de la dimensión práctica de los programas educativos, la introducción de tutores en todos los centros escolares o el establecimiento de un seguimiento inmediato de los estudiantes que abandonen prematuramente los estudios; indica que Finlandia ha conseguido reducir el número de jóvenes que abandonan prematuramente la escuela, estudiando con ellos la posibilidad de emprender una nueva dirección; invita a la Comisión a coordinar un proyecto de mejores prácticas;

18.

Pide a los Estados miembros que mejoren los vínculos del sistema educativo con el mundo del trabajo y que organicen sistemas de predicción de necesidades con respecto a las capacidades y las especialidades;

19.

Insta a garantizar que todos los niños reciben desde el principio las ayudas que necesiten, en especial las ayudas específicas en caso de niños con problemas de habla u otras limitaciones, para que gocen de las máximas oportunidades en términos de educación y empleo;

20.

Pide más y mejores ofertas de períodos de prácticas; remite a las experiencias positivas con el sistema dual dentro de la Formación y la Educación Profesional (FEP) en países como Alemania, Austria y Dinamarca, donde el sistema está concebido como una parte importante de la transición de los jóvenes desde la formación hacia el empleo; pide a los Estados miembros que respalden los esquemas de prácticas y que animen a las empresas a ofrecer oportunidades de formación a los jóvenes, incluso en tiempos de crisis; reitera la importancia de una formación adecuada para garantizar la mano de obra con alta cualificación que las empresas van a necesitar en el futuro; subraya que el aprendizaje no debe sustituir a empleos regulares;

21.

Pide ofertas de períodos de prácticas mejores y más seguras; pide a la Comisión y al Consejo, tras el compromiso que figura en la Comunicación COM(2007)0498 de proponer una «iniciativa de Carta Europea de Calidad de las Prácticas», que establezcan una Carta Europea de Calidad de las Prácticas con unos criterios mínimos para las prácticas, con objeto de asegurar su valor educativo y evitar la explotación, teniendo en cuenta que las prácticas forman parte de la educación y no deben sustituir los empleos reales; estos criterios mínimos deberían incluir un esquema de la descripción del trabajo o de las cualificaciones que podrán adquirirse, un plazo máximo de prácticas, una asignación mínima, basada en el coste normal de la vida en el lugar donde se realizan las prácticas, que respete las tradiciones nacionales, los seguros en el ámbito de su trabajo, unas prestaciones de seguridad social de conformidad con las normas locales y una conexión clara con el programa educativo de que se trate;

22.

Solicita a la Comisión que facilite estadísticas sobre los períodos de prácticas en cada Estado miembro, incluyendo:

y que elabore un estudio comparativo sobre los diferentes esquemas de períodos de prácticas existentes en los Estados miembros de la UE;

23.

Con un seguimiento controlado por cada Estado miembro;

24.

Propone a los Estados miembros establecer un sistema europeo de certificación y reconocimiento de los conocimientos y capacidades adquiridos a través del aprendizaje y la práctica, lo cual contribuirá también a incrementar la movilidad de estos jóvenes trabajadores;

25.

Pide que se defienda a los jóvenes ante los empleadores —públicos y privados— que, a través de los programas de adquisición de experiencia laboral, de aprendizaje y de prácticas, satisfacen necesidades vitales básicas con un coste muy bajo o inexistente, explotando el deseo de aprendizaje de los jóvenes, sin tener ninguna perspectiva de incorporar plenamente a estos jóvenes entre su personal en el futuro;

26.

Destaca la importancia de promover la movilidad laboral y formativa de los jóvenes entre los Estados miembros, y la necesidad de aumentar el reconocimiento y la transparencia de las cualificaciones, los conocimientos y los títulos en la UE; Pide que se redoblen los esfuerzos para el desarrollo del Marco Europeo de Cualificaciones para el aprendizaje permanente y el Marco de Referencia Europeo de Garantía de la Calidad en la Educación y Formación Profesionales, y que se refuerce el programa Leonardo da Vinci;

27.

Insta a los Estados miembros a que aceleren la armonización de los perfiles de cualificación nacionales y de los perfiles de cualificación europeos, de manera que se aumente aún más la movilidad de los jóvenes en el ámbito de la educación y el trabajo;

28.

Subraya la función de los proveedores de educación del sector privado, ya que éste suele ser más innovador a la hora de diseñar cursos y más flexible al impartirlos;

29.

Insta a los Estados miembros a que concedan plenos derechos en materia laboral y de seguros a jóvenes que se encuentran en un régimen de ejercicio, práctica y aprendizaje, subvencionando, bajo determinadas condiciones, un porcentaje de sus cotizaciones de la Seguridad Social;

30.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que se asocien los programas de aprendizaje, prácticas y adquisición de experiencia laboral a los regímenes de Seguridad Social;

31.

Invita a los Estados miembros a reforzar el sistema de orientación escolar entre la escuela primaria y la escuela secundaria, para ayudar a los jóvenes y a las familias a escoger canales de formación que respondan efectivamente a las aptitudes, capacidades y aspiraciones reales, reduciendo así el riesgo de posteriores abandonos o fracasos;

32.

Reconoce que, en tiempos de crisis, los jóvenes buscan educación y que debería animárseles a hacerlo; pide a todos los Estados miembros que aseguren un acceso equitativo a la educación para todos, garantizando el derecho mínimo a una educación gratuita y dotada de fondos suficientes desde la etapa preescolar hasta la universidad y asegurando el apoyo financiero a los estudiantes jóvenes; invita a los Estados miembros a invertir más en educación y formación, pese a las restricciones fiscales y sociales, para aplicar el Marco Europeo de Cualificaciones lo más rápidamente posible y, en su caso, establecer marcos nacionales de cualificaciones;

33.

Recuerda que el objetivo del proceso de Copenhague es alentar a los individuos a que hagan uso de la amplia variedad de oportunidades de formación profesional que se ofrecen, por ejemplo, en la escuela, en la educación superior, en el lugar de trabajo o mediante cursos privados;

34.

Insta a la Comisión a que amplíe los programas de la UE que respaldan la educación y la mejora de las capacidades, tales como el Programa de Aprendizaje Permanente, el Fondo Social Europeo, las acciones de los programas Marie Curie y Erasmus Mundus y la iniciativa de educación científica;

35.

Pide a los Estados miembros que creen grupos de trabajo nacionales sobre la juventud para garantizar una mayor coherencia entre el sistema educativo y el mercado laboral, y que fomenten una responsabilidad más sólida y compartida entre Gobierno, empleadores e individuos para invertir en capacidades; solicita a los Estados miembros que habiliten órganos de asesoramiento en todas las escuelas para ayudar a suavizar la transición desde el período educativo hacia el mercado laboral, y que fomenten la cooperación entre los agentes públicos y privados;

36.

Considera sumamente importante la adaptación del sistema educativo y de formación a un mercado laboral que evoluciona dinámicamente y a la demanda de nuevas profesiones;

37.

Considera esencial el aprendizaje de lenguas para facilitar el acceso de los jóvenes al mercado de trabajo y para fomentar su movilidad y la igualdad de oportunidades;

38.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que ofrezcan a los jóvenes información sobre las demandas en el mercado laboral, siempre que se adopten unos mecanismos adecuados de revisión para controlar la evolución de las profesiones; pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen estrategias y políticas basadas en el ciclo de vida, que integren mejor la educación y el empleo, que consideren la transición segura un punto clave y que incluyan una mejora continua de las capacidades profesionales de los trabajadores para la adquisición de competencias en función de las necesidades del mercado laboral;

39.

Solicita a la Comisión que intensifique las tareas de reconocimiento de las titulaciones profesionales, incluido el aprendizaje no formal y la experiencia laboral, a fin de favorecer la movilidad de los jóvenes;

40.

Insta a los Estados miembros a que fomenten el reconocimiento de los resultados educativos obtenidos en el marco del aprendizaje no formal e informal, de manera que los jóvenes puedan demostrar mejor su educación y su aptitud, tal y como se requiere al buscar trabajo en el mercado;

41.

Pide que se aumente el apoyo y el prestigio de la formación profesional;

42.

Insta a la Comisión a que revise la estrategia de flexiseguridad conjuntamente con los interlocutores sociales, para situar la transición segura a la cabeza del programa, creando a la vez oportunidades de movilidad y favoreciendo el acceso a los jóvenes; subraya que la flexibilidad sin seguridad social no constituye un método sostenible de luchar contra los problemas que sufren los jóvenes en el mercado de trabajo, sino que muy al contrario constituye un medio de eludir los derechos en materia laboral y de seguros de los jóvenes;

43.

Hace un llamamiento a los Estados miembros para que incluyan los cuatro componentes de la flexiseguridad en sus planes nacionales de estrategias de empleo para jóvenes, es decir:

44.

Pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que garanticen un trabajo de calidad para evitar que los jóvenes caigan en la «trampa de la precariedad»; pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que, sobre la base de las legislaciones nacionales vigentes y en cooperación con la Comisión, establezcan y apliquen mejores criterios para proteger a quienes tienen empleos precarios o de baja calidad;

45.

Insta a la Comisión a llevar a cabo una evaluación de las consecuencias a largo plazo del desempleo juvenil y la equidad entre las generaciones;

46.

Subraya la necesidad de un diálogo social firme y estructurado en todos los lugares de trabajo a fin de proteger a los jóvenes contra la explotación y las condiciones de precariedad que a menudo van unidas al trabajo temporal; subraya la necesidad de que los interlocutores sociales se ocupen de los trabajadores jóvenes y sus necesidades específicas;

47.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que actúen en mayor medida para garantizar que la Directiva sobre igualdad en el empleo, que prohíbe la discriminación por motivos de edad en el empleo, haya quedado transpuesta correctamente y se esté ejecutando de forma eficaz; considera que queda mucho por hacer para garantizar que tanto los empleados como los empleadores sean conscientes de los derechos y las obligaciones en virtud de esta legislación;

48.

Pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que apliquen estrategias de asesoramiento e información dirigidas a los jóvenes sobre sus derechos en el ámbito laboral, así como sobre las diversas vías alternativas que existen en el mercado de trabajo;

49.

Invita a la Comisión y a los Estados miembros a fomentar la aproximación entre el mundo laboral y la formación para que se estructuren recorridos de formación, como por ejemplo los de naturaleza dual, que conjuguen conocimientos teóricos y experiencia práctica para dotar a los jóvenes del bagaje necesario de competencias tanto genéricas como específicas; invita asimismo a la Comisión y a los Estados miembros a que inviertan en el apoyo a una campaña de sensibilización en relación con la formación profesional (VET), los estudios técnicos y de la iniciativa empresarial, para que dichos recurridos ya no se vean como una elección no ventajosa, sino como una oportunidad para llenar el vacío ocupacional de perfiles técnicos, cuya necesidad está aumentando de manera notable y para volver a poner en marcha la economía europea;

50.

Pide a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que lleven a cabo el despliegue y la puesta en marcha de programas de ayuda para que los jóvenes accedan al mercado laboral, a través de políticas de empleo activas, especialmente en determinadas regiones y sectores donde se observan altos porcentajes de jóvenes desempleados;

51.

Solicita a los Estados miembros que se amortigüen los efectos del desempleo juvenil en los derechos a pensión de estas generaciones y se incentive a los jóvenes, mediante un abono generoso de los años escolares, a que permanezcan escolarizados;

52.

Pide a los interlocutores sociales que intensifiquen sus medidas de información a los jóvenes sobre el derecho de participar en el diálogo social, y que fomenten la participación de esta gran parte de la población activa en las estructuras de los órganos que los representan;

53.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que la legislación nacional en el ámbito de la juventud, y en concreto la legislación nacional basada en la Directiva (2000/78/CE) sobre la igualdad en el empleo, no se utilicen para discriminar el acceso de los jóvenes a las prestaciones sociales; considera que queda mucho por hacer para garantizar que tanto los empleados como los empleadores sean conscientes de los derechos y las obligaciones en virtud de esta legislación;

54.

Solicita a los Estados miembros que elaboren iniciativas adecuadas para garantizar a los jóvenes inmigrantes el conocimiento de la lengua del país de inserción, el reconocimiento de los títulos obtenidos en el país de origen, el acceso a las principales competencias, para permitir, de ese modo, la integración social y la participación en el mercado de trabajo;

55.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que ofrezcan a los padres jóvenes, a precios aceptables, unos servicios de cuidados infantiles adecuados y de mejor calidad, como las guarderías abiertas durante todo el día, lo que permitirá que los padres jóvenes, y especialmente las madres, puedan incorporarse al mercado laboral;

56.

Pide que las ayudas concedidas por los Estados miembros en materia de cuidado de niños o de guardería sean lo bastante importantes como para que los interesados decidan integrar el mercado laboral;

57.

Solicita a los Estados miembros que planteen una iniciativa a corto plazo centrada en hombres jóvenes en paro en los sectores afectados por la crisis, sin perder de vista los problemas a largo plazo que encuentran las mujeres jóvenes para acceder al mercado laboral;

58.

Pide a los Estados miembros que introduzcan medidas de acción positiva para los jóvenes en aquellos sectores del mercado laboral donde la representación de los jóvenes sea escasa, con objeto de superar las consecuencias de la anterior discriminación por motivos de edad y conseguir una mano de obra verdaderamente diversa, mediante la adaptación razonable necesaria para los jóvenes discapacitados; señala las buenas experiencias obtenidas con acciones positivas en la lucha contra la discriminación;

59.

Insiste en la necesidad de desarrollar programas específicos para personas con discapacidades, a fin de asegurarles el máximo número de oportunidades de incorporación al mercado laboral;

60.

Subraya la importancia de fomentar los periodos de prácticas y la movilidad de los jóvenes que participan en escuelas o actividades de formación artística tales como el cine, la música, la danza, el teatro o el circo;

61.

Considera que habría que reforzar el apoyo a programas de voluntariado en diversos ámbitos, como el social, el cultural y el deportivo entre otros;

62.

Insta a los sectores a hacer realidad asociaciones entre generaciones en las empresas y organizaciones, generando así un intercambio activo de conocimientos y unas experiencias conjuntas y productivas entre diferentes generaciones;

63.

Reconoce la importancia de que los jóvenes puedan ser independientes financieramente y pide a los Estados miembros que garanticen que todos los jóvenes tengan derecho, de manera individual, a un nivel de ingresos digno que les permita desarrollar una vida adulta independiente;

64.

Pide a los Estados miembros que los jóvenes puedan, si lo desean, recibir una ayuda eficaz, particularmente en sus elecciones profesionales, en el conocimiento de sus derechos y en la gestión de su salario mínimo;

65.

Sugiere que el Consejo y la Comisión propongan un instrumento de Garantía juvenil europea que garantice, para todos los jóvenes de la UE, el derecho a recibir una propuesta de trabajo, un período de prácticas, formación adicional o un período combinado de trabajo y formación tras un máximo de cuatro meses de desempleo;

66.

Acoge satisfactoriamente el progreso realizado en la definición de la estrategia UE 2020, pero lamenta que no se haya realizado una evaluación pública y transparente de la Estrategia de Lisboa y, en particular, del Pacto Europeo para la Juventud, incluidos los indicadores de referencia para la juventud, y siente que no se haya consultado lo suficiente a los interlocutores sociales, la sociedad civil y las organizaciones que trabajan en el ámbito de la juventud durante el proceso de desarrollo de la estrategia UE 2020;

67.

Pide a los Estados miembros que establezcan y evalúen nuevos indicadores de referencia vinculantes sobre los jóvenes; invita a la Comisión a evaluar los indicadores de referencia existentes en el ámbito de la juventud y la Garantía juvenil cada año para conseguir avances y resultados basándose en datos estadísticos más desglosados y diferenciados sobre todo por géneros y franjas de edad;

68.

Pide al Consejo y a la Comisión que acuerden y presenten nuevas herramientas de gobernanza mejoradas y servicios de información en línea para el trabajo en el ámbito del empleo juvenil;

69.

Sugiere el establecimiento de un grupo de trabajo juvenil permanente de la UE con la participación de organizaciones del ámbito de la juventud, de los Estados miembros, de la Comisión, del Parlamento y de los interlocutores sociales para supervisar los progresos en el empleo juvenil, permitir el desarrollo de políticas transversales, intercambiar ejemplos de mejores prácticas y lanzar nuevas políticas;

70.

Destaca la importancia de implicar a los jóvenes en la definición de las políticas educativas y formativas, de manera que se puedan tener mejor en cuenta sus necesidades; recomienda a este respecto que la Comisión consulte esas prioridades con los representantes de los consejos nacionales de la juventud;

71.

Insta a los Estados miembros a evaluar el impacto político sobre los jóvenes, a incluir a la juventud en todos los procesos y a establecer Consejos juveniles para supervisar las políticas relacionadas con la juventud;

72.

Solicita a las instituciones europeas que den buen ejemplo retirando los anuncios de becas no remuneradas de sus respectivos sitios web, y que paguen:

73.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

2.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 351/39

A.

Considerando que el empleo atípico ha aumentado de forma significativa desde 1990 y que los puestos de trabajo perdidos a causa de la presente crisis económica han sido, en primer lugar, los situados dentro del empleo atípico; considerando que se denominan nuevas relaciones de trabajo atípicas aquellas formas de contrato que presentan una o más de las siguientes características: el trabajo a tiempo parcial, ocasional o temporal, el trabajo con contrato por tiempo limitado, el trabajo en casa y el teletrabajo, el trabajo parcial de 20 horas, o menos, por semana,

B.

Considerando que se ha subrayado en diversas ocasiones la necesidad del empleo flexible,

C.

Considerando que la globalización y los rápidos avances tecnológicos están generando una profunda reestructuración económica, lo que provoca cambios en las relaciones de empleo y en el contenido de las labores que realizan los trabajadores, además de olas sucesivas de nuevas empresas independientes unipersonales en todos los sectores y grupos de edad, creando la necesidad de volver a determinar las relaciones laborales con el objetivo de luchar contra las distorsiones (como en el caso de los «falsos» trabajadores autónomos),

D.

Considerando que la crisis financiera y económica, que se ha convertido en una grave crisis para el empleo, con grandes pérdidas de puestos de trabajo, y que ha desembocado en unos mercados laborales inestables y en un aumento de la pobreza y la exclusión social, en concreto, en el caso de las personas que ya eran vulnerables y de los colectivos desfavorecidos,

E.

Considerando que el número de trabajadores que viven en la pobreza va en aumento y asciende ya al 8 % de la población activa europea, y que la proporción de trabajadores con salarios bajos es actualmente del 17 %,

F.

Considerando que conviene desarrollar un importante enfoque complementario de la UE basado en gran medida en la gobernanza efectiva y en un conjunto de medidas políticas de apoyo mutuo en los ámbitos de las políticas económica, ambiental, de empleo y social, manteniendo la coherencia con lo establecido en la Estrategia Europea de Empleo (EEE), destinada a comprometer a los Estados miembros en torno a objetivos comunes centrados en cuatro pilares: la aptitud para trabajar, la iniciativa empresarial, la adaptabilidad y la igualdad de oportunidades,

G.

Considerando que la tasa de desempleo en la UE-27 ha aumentado hasta el 10 % (2009) y que no es probable que el desempleo alcance su tasa más elevada hasta el primer semestre de 2011,

H.

Considerando que un desglose de los cambios en materia de empleo según el nivel de educación revela que el número de personas empleadas con un bajo nivel de cualificación ha disminuido en los últimos años,

I.

Considerando que, como media, entre una quinta parte y un cuarto de la totalidad de los trabajadores europeos cambian de trabajo cada año,

J.

Considerando que la tasa de transición entre el desempleo y el empleo es elevada y que un tercio de las personas desempleadas y un 10 % de la población inactiva encuentra trabajo en el plazo de un año, pero considerando igualmente que un número importante de trabajadores, especialmente si son atípicos, pierden el empleo sin encontrar otro nuevo,

K.

Considerando que, en la UE-27, el 45 % de todos los períodos de desempleo tienen una duración superior a un año, frente a una tasa del 10 %, aproximadamente, en los EE.UU.,

L.

Considerando que la tasa de rotación laboral es más elevada entre las mujeres que entre los hombres (diferencia de cinco puntos porcentuales) y entre los trabajadores jóvenes (menores de 24 años), y que desciende a medida que aumenta el nivel de educación, lo que demuestra que el cambio se debe más a menudo a una imposición que a una elección y va unido a contratos precarios y de corta duración, y que a menudo los jóvenes no encuentran un trabajo acorde con el título de estudios obtenido,

M.

Considerando que se calcula que uno de cada seis trabajadores tiene algún familiar o amigo mayor o dependiente a su cargo,

N.

Considerando que en algunos Estados miembros se ha registrado un incremento del trabajo no declarado, lo que podría provocar importantes problemas económicos –y especialmente fiscales–, sociales y políticos,

O.

Considerando que la evaluación de la flexiguridad es compleja y que resulta esencial adoptar un enfoque de carácter global, especialmente a la luz de los cambios que la presente crisis puede suscitar asimismo en los comportamientos de las empresas, incentivando de hecho unas relaciones de trabajo menos protegidas y con un alto grado de precariedad,

P.

Considerando que, en el contexto de las políticas de empleo, deben promoverse activamente la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la conciliación entre la vida profesional, educativa y familiar, así como los principios relativos a la no discriminación,

Q.

Considerando que, mientras que el diálogo social se ha desarrollado de diferentes maneras en Europa, las crecientes dificultades económicas y financieras han conducido, de modo general, a una intensificación del diálogo a tres bandas,

R.

Considerando que la negociación colectiva es la forma más común de determinar los salarios en Europa, ya que dos de cada tres trabajadores se encuentran comprendidos en el ámbito de aplicación de un convenio colectivo salarial a nivel empresarial o superior,

S.

Considerando que la reunión informal de Ministros de Empleo y Asuntos Sociales de la UE celebrada en Berlín, el 19 de enero de 2007, concluyó que «Europa precisa más esfuerzos conjuntos para fomentar el buen trabajo. El buen trabajo significa la protección de los derechos y la participación de los trabajadores, la protección de la seguridad y la salud en el trabajo y una organización laboral favorable a la familia. Para que la Unión Europea reciba la aceptación de sus ciudadanos, es indispensable ofrecer unas condiciones laborales buenas y justas, así como una protección social adecuada»,

T.

Considerando que el concepto de buen trabajo debería servir de orientación básica para la siguiente fase de la Estrategia Europea de Empleo,

1.

Pide al Consejo Europeo de primavera de 2010 que establezca una orientación clara y que adopte medidas concretas para salvaguardar el empleo satisfactorio y de calidad, y la creación sostenible de oportunidades de empleo en el marco de una Estrategia UE 2020 ambiciosa, que tenga en cuenta el impacto de la crisis en el sistema económico, productivo, social y del mercado laboral;

2.

Pide a la Comisión que evalúe los esfuerzos realizados por la Misión para la flexiguridad, y pide a los Estados miembros que pongan en práctica una ejecución de los principios de la flexiguridad más equilibrada y equitativa, y señala que el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas, así como el método abierto de coordinación, son herramientas esenciales para la coordinación de los distintos enfoques políticos adoptados por los Estados miembros; indica, no obstante, que podría mejorarse el método abierto de coordinación y que, para aumentar su eficacia, sería necesario fortalecer la gobernanza de dicho método;

3.

Acoge con satisfacción la gran variedad de tradiciones laborales, acuerdos contractuales y modelos de empresas existentes en los mercados laborales, señalando la necesidad de que en este marco de diversidad sea prioritario garantizar el modelo social europeo y los derechos laborales adquiridos; recomienda recurrir a un enfoque ascendente en la elaboración de nuevas estrategias de empleo que facilite el diálogo y la implicación de todos los niveles de gobierno político y social;

4.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que reconozcan y apoyen la situación especial de los trabajadores independientes como fuerza vital de la recuperación económica, a modo de alternativa para ingresar en el mercado laboral; indica que el trabajo independiente es crecientemente popular, especialmente entre las mujeres y los jóvenes trabajadores, como transición entre la vida activa y la jubilación; opina que los trabajadores independientes deberían ser tratados como un subconjunto único de microempresas, y pide que se tomen medidas para minimizar la carga burocrática, y que se aliente y apoye a los trabajadores independientes para impulsar/desarrollar empresas de trabajadores independientes, así como fomentar el aprendizaje continuo para ese grupo;

5.

Subraya la importancia del trabajo por cuenta propia, en particular, de microempresas y pequeñas empresas, y destaca la importancia de estructuras de profesionales liberales con sus características particulares; señala que el término de profesional liberal se refiere sólo a la pertenencia a una determinada profesión cualificada que, no obstante, puede ejercerse por cuenta propia;

6.

Considera que deberían garantizarse una serie de derechos fundamentales a todos los trabajadores, con independencia de su situación laboral concreta; recomienda que las prioridades de la reforma del Derecho laboral, en aquellos casos en que sea necesaria, se centren en los siguientes aspectos: la ampliación urgente de la protección de los trabajadores en formas atípicas de empleo; el agrupamiento de los contratos atípicos en aras de la simplificación; la creación sostenible de relaciones laborales normales; una clarificación de la situación del empleo dependiente que incluya medidas preventivas en materia de seguridad y salud de los trabajadores atípicos; la adopción de medidas contra el trabajo no declarado; el apoyo a la creación de nuevos empleos, incluida la que utilice contratos atípicos, y la facilitación de la transición entre el trabajo y el desempleo, mediante la promoción de políticas tales como los subsidios especiales de empleo, el aprendizaje continuo, la formación reiterada y el aprendizaje en el propio lugar de trabajo; alienta la clarificación de la situación del empleo dependiente y pide a la Comisión que elabore unas directrices claras sobre el ámbito de la relación laboral, tal como aconsejaba la OIT en sus Recomendaciones de 2006;

7.

Aplaude la introducción por parte de algunos Estados miembros de disposiciones que permiten a los trabajadores con personas a su cargo conciliar sus responsabilidades con sus obligaciones profesionales mediante acuerdos laborales más flexibles; pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen activamente a los cuidadores en el lugar de trabajo con condiciones laborales flexibles que incluyan el derecho a vacaciones, acuerdos de jornada flexible, jornada parcial y trabajo desde casa, las cuales permitirían a un mayor número de cuidadores conservar o retomar el trabajo remunerado en todos los Estados miembros;

8.

Toma nota de la distinción que realiza la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo entre relaciones laborales atípicas y muy atípicas; considera que muchas formas de relaciones laborales atípicas son importantes para los cuidadores, estudiantes y otras personas que dependen de contratos a corto plazo y de trabajos a tiempo parcial, por ejemplo, para conseguir unos ingresos extraordinarios; subraya la importancia de que los trabajadores con relaciones laborales atípicas gocen de unos derechos mínimos y estén protegidos contra la explotación;

9.

Alienta a los Estados miembros a que promuevan fases de transición hacia trabajos productivos y satisfactorios de alta calidad, y a que desarrollen normas del Derecho de Trabajo que salvaguarden efectivamente los derechos de las personas empleadas en el marco de una relación laboral atípica, asegurando un trato semejante al de los trabajadores a tiempo completo con contrato estándar, sobre la base del máximo nivel de protección de los trabajadores;

10.

Recomienda que los trabajadores con contratos atípicos se incluyan en el ámbito de aplicación de las directivas UE vigentes que abarcan categorías de trabajadores en la UE, como la «Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo» (93/104/CE), la «Directiva relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal» (2008/104/CE), la «Directiva sobre el trabajo a tiempo parcial» (97/81/CE) y la «Directiva del Consejo relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada» (1999/70/CE);

11.

Señala que el aumento de la proporción de contratos no convencionales o atípicos tiene una fuerte dimensión de género e intergeneracional, toda vez que las mujeres y los trabajadores de mayor edad, así como los más jóvenes, se encuentran representados de forma desproporcionada en el empleo atípico; indica que algunos sectores están sometidos a rápidos cambios estructurales; pide a los Estados miembros y a la Comisión que investiguen las razones de este hecho, y combatan este desequilibrio en las áreas correspondientes con medidas apropiadas y determinadas, facilitando la transición hacia un empleo permanente y, especialmente, fomentando medidas para que las mujeres y los hombres puedan reconciliar el trabajo, la vida familiar y la vida privada, poniendo mayor énfasis en el diálogo social con los representantes de los trabajadores en las empresas, y supervisar y publicar el éxito de tales medidas; pide asimismo a la Comisión y a los Estados miembros que aseguren que el recurso a contratos no convencionales o atípicos no oculten formas de trabajo ilegal, sino que favorezcan, a través del intercambio de competencias, el paso a una inclusión efectiva de los jóvenes y los desempleados en el mundo laboral, proporcionando a las empresas europeas un contexto de flexibilidad segura que fomente la competitividad;

12.

Pide a los Estados miembros que garanticen una mejor aplicación de las Directivas 97/81/CE y 1999/70/CE, teniendo en cuenta, en concreto, el principio fundamental de no discriminación; destaca la importancia de la formación y del aprendizaje permanente para facilitar la transición entre empleos, lo que resulta especialmente importante para los trabajadores de duración determinada;

13.

Subraya que el recurrir a formas atípicas de empleo debería constituir una opción personal y no una imposición dictada por el aumento de los obstáculos para el acceso al mercado laboral o la falta de disponibilidad de empleos de calidad; indica que los contratos atípicos personalizados que ofrecen las empresas sociales de inserción laboral podrían ser una opción para los múltiples trabajadores desfavorecidos, puesto que sirven de trampolín para el empleo;

14.

Acoge con satisfacción la adopción de la Directiva 2008/104/EC relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal y pide su rápida aplicación;

15.

Observa que las formas atípicas de trabajo deben estipular contractualmente el derecho a la formación de los trabajadores, y subraya que las formas de trabajo atípicas pueden, si se protegen adecuadamente e incluyen un apoyo en el ámbito de la seguridad social, los derechos de los trabajadores y el paso a un empleo estable y protegido, representar una oportunidad, aunque deben ir acompañadas de medidas de apoyo a los trabajadores que se encuentran en fase de transición entre dos puestos de trabajo o entre una situación laboral y otra mediante políticas activas concretas para la creación de empleo; lamenta que ello se descuide con frecuencia;

16.

Anima a los Estados miembros a que desarrollen políticas de temprana intervención activa que ofrezcan a los trabajadores, y especialmente a las trabajadoras, que se reintegran al mercado laboral el derecho a un apoyo individual durante el tiempo estrictamente necesario para desarrollar su formación o (re)calificación; considera que los desempleados deben ser apoyados tanto mediante un sólido sistema de seguridad social, como mediante un sistema eficaz de políticas activas, a fin de reincorporarse rápidamente al mercado de trabajo, incluso si sus anteriores contratos han sido atípicos, dada la importancia de que las personas permanezcan en el mercado de trabajo y de fomentar una transición hacia formas de empleo estables, protegidas y de calidad; si la reincorporación se produce por medio de contratos atípicos, éstos deberán garantizar unas condiciones laborales bien reguladas y seguras;

17.

Pide a la Comisión, en colaboración con los interlocutores sociales, que analice y controle los diferentes tipos de instrumentos desarrollados en el marco de las políticas nacionales de activación;

18.

Pide a la Unión y a los Estados miembros que, en colaboración con los interlocutores sociales, combatan eficazmente el trabajo ilegal, en particular mediante la prevención y sanciones disuasivas, y considera que la definición de estrategias, incluso a nivel de la Unión Europea, de lucha contra el empleo ilegal, puede contribuir a combatir el empleo ilegal y reducir las relaciones laborales precarias, especialmente las atípicas; opina que la lucha contra el trabajo ilegal debería acompañarse de medidas para crear alternativas de empleo sostenibles y viables y ayudar a las personas a acceder al mercado laboral abierto;

19.

Subraya la necesidad de crear empleos de alta calidad, sostenibles y seguros, en caso necesario tras un periodo de formación orientado al empleo sostenible a tiempo completo, incluidos empleos «ecológicos» y «blancos» (en el ámbito de la salud), y de asegurar la cohesión social;

20.

Subraya que no todas las formas atípicas de empleo conducen necesariamente a trabajos inestables, inseguros y ocasionales con niveles inferiores de protección de la seguridad social, salarios más bajos y un menor acceso a programas de perfeccionamiento profesional y aprendizaje permanente; señala, no obstante, que tales formas precarias de empleo se encuentran con frecuencia vinculadas a relaciones contractuales atípicas;

21.

Señala que es preciso reducir la elevada tasa de desempleo y la segmentación del mercado laboral mediante la concesión de igualdad de derechos a todos los trabajadores y la inversión en creación de empleo, cualificaciones y aprendizaje permanente; pide, por tanto, a los Estados miembros que eliminen paulatinamente todas las formas de empleo precario;

22.

Señala que para la eliminación paulatina del empleo precario es preciso que los Estados miembros se comprometan firmemente a proporcionar mediante sus políticas de mercado laboral los «trampolines» adecuados que permitan la transición del empleo precario al empleo regular permanente con una mejora de la protección social y de los derechos de los trabajadores;

23.

Subraya que la Unión Europea se comprometió a lograr el objetivo de conciliación de la vida laboral y privada; critica, sin embargo, que la Comisión y los Estados miembros no han emprendido acciones significativas y eficaces para poner en práctica tal compromiso;

24.

Señala que la mejor forma de lograr una mejora de la conciliación de la vida laboral y privada es mediante la actualización del modelo de empleo típico: contratos permanentes con jornadas completas más cortas como norma general, con el establecimiento de normas que regulen el trabajo a tiempo parcial, de modo que sólo se ofrezcan empleos a tiempo parcial (entre 15 y 25 horas semanales) justificados y dotados de protección social a las personas que desean trabajar a tiempo parcial; insiste en la necesidad de establecer la igualdad de condiciones entre el empleo a tiempo completo y el empleo a tiempo parcial por lo que respecta a los salarios por hora, los derechos a la educación y al aprendizaje permanente, las oportunidades de carrera y la protección social;

25.

Considera indispensable una actualización de la reflexión sobre la flexiguridad a escala europea a la luz de la crisis actual, para contribuir a aumentar tanto la productividad como la calidad de los puestos de trabajo garantizando la seguridad y la protección del empleo y de los derechos de los trabajadores y permitiendo a las empresas la flexibilidad organizativa necesaria para crear puestos de trabajo en respuesta a las necesidades cambiantes del mercado; considera que una aplicación equilibrada y equitativa de la flexiguridad puede ayudar a fortalecer los mercados laborales en caso de que se produzcan cambios estructurales; opina que los requisitos de flexibilidad y seguridad y de una política activa del mercado laboral no son contradictorios entre sí y que se refuerzan mutuamente si se establecen mediante una comparación objetiva de las opiniones de los interlocutores sociales, los gobiernos y las instituciones de la UE, junto con un aprendizaje mutuo y un intercambio de buenas prácticas; opina que estos requerimientos no se han reflejado suficientemente en los resultados del crecimiento del empleo en Europa en los últimos años;

26.

Señala que existe un problema creciente en relación con los «falsos trabajadores autónomos», que a menudo se ven obligados por sus empleadores a trabajar en condiciones precarias; por otro lado, los empleadores que aprovechen la capacidad de trabajo de «falsos trabajadores autónomos» deberán ser objeto de sanciones;

27.

Considera que la flexiguridad no puede funcionar correctamente sin una elevada protección social y el apoyo a la reincorporación al mercado laboral, los cuales constituyen elementos esenciales durante la transición de la educación al empleo, entre puestos de trabajo y del empleo a la jubilación;

28.

Pide a la Comisión que prosiga con sus esfuerzos en pro de una aplicación equilibrada de las políticas de flexiguridad, llevando a cabo un análisis del grado de aplicación alcanzado hasta ahora en los distintos Estados miembros, para verificar si las medidas de flexiguridad han ido debidamente acompañadas de medidas a favor de la seguridad de los trabajadores, y ayudando a los Estados miembros y a los interlocutores sociales en la aplicación de los principios de flexiguridad para que dichos principios se concreten respetando el acervo social a escala europea y según las especificidades de los diversos mercados de trabajo, las diferentes tradiciones en materia de políticas laborales y de negociación colectiva, la estructura de sus sistemas de seguridad social, y señala que el aprendizaje mutuo y el intercambio de buenas prácticas, así como el método de coordinación abierta, son instrumentos esenciales para coordinar los distintos enfoques estratégicos de los Estados miembros;

29.

Considera que, en particular en el contexto de la situación económica actual, resulta todavía más necesario aplicar la flexiguridad en los Estados miembros, y que los interlocutores sociales sólo apoyarán las reformas del Derecho laboral y del mercado de trabajo si éstas se orientan también a la reducción efectiva de la desigualdad de trato existente entre los distintos tipos de contratos; indica que la aplicación de la flexibilidad exige una adecuada protección social para que las personas puedan vivir y desarrollarse, junto con un apoyo especial para quienes buscan empleo, así como unas sólidas leyes laborales para todos los tipos de trabajo basadas en un claro marco institucional, y debe acompañarse de un aumento de los mecanismos de protección para evitar situaciones difíciles;

30.

Subraya que la demanda por más flexibilidad en la vida laboral llega a sus límites allí donde las oportunidades de vida y de desarrollo personal están indebidamente restringidas, y se ven fuertemente dificultadas la creación y el mantenimiento de las familias, la atención y el cuidado de familiares, así como la participación en la vida social;

31.

Destaca la importancia del aspecto de la seguridad en la flexiguridad, que debe servir de apoyo a los trabajadores en situaciones de transición de cara a buscar empleo y procurarles unas condiciones de vida digna; este apoyo debe incluir medidas de formación adecuadas que permitan la adaptación a las necesidades del mercado laboral;

32.

Considera que las empresas temen que exista un desajuste permanente entre sus necesidades y las competencias que ofrecen los demandantes de empleo, no tienen acceso al crédito que les permita contratar e invertir y no invierten suficientemente en el mercado de trabajo, y subraya la importancia, en el contexto de la crisis económica actual, del desarrollo por parte del sistema de producción europeo, de una visión a largo plazo; opina que debe crearse un ambiente favorable a las empresas, con unos adecuados recursos financieros y unas buenas condiciones de trabajo; y debe aumentarse la seguridad jurídica y la transparencia, tanto para los empleadores como para los trabajadores en lo que se refiere al alcance, la cobertura y la aplicación de la legislación laboral;

33.

Subraya la importancia de prevenir, detectar y sancionar el empleo ilegal; pide a la Comisión que elabore una serie de iniciativas concretas que incluyan normas específicas sobre las sociedades «buzón», la responsabilidad solidaria en las cadenas de subcontratación y la creación de una agencia europea para prevenir y detectar el empleo ilegal;

34.

Considera que, a causa de la crisis económica y financiera, las empresas no encuentran en el mercado laboral las formas contractuales más idóneas para salvaguardar sus necesidades de flexibilidad a fin de responder a las imprevisibles fluctuaciones de la demanda del mercado, de contención de los costes y de protección de la seguridad de los trabajadores;

35.

Pide, en el contexto de la organización moderna del trabajo, que se creen relaciones contractuales flexibles y seguras que garanticen la igualdad de trato; está firmemente convencido de que los contratos laborales de duración indefinida deberían seguir siendo la principal forma de empleo, y opina que en el contexto de una organización laboral moderna, es oportuno prever contratos flexibles con respecto a las modalidades de la prestación así como seguros en el plano de la protección y los derechos; reconoce a la vez que la formulación jurídica del marco para contratos laborales de duración indefinida y su orientación al concepto de la flexiguridad en el derecho laboral nacional tiene importancia decisiva para su aceptación por empresas y empleados;

36.

Condena firmemente la sustitución de las relaciones laborales regulares por formas de contratos atípicos que contribuyen a la creación de condiciones laborales más precarias e inseguras que las ofrecidas por las relaciones laborales regulares a expensas del público en general, de los trabajadores y de los competidores; hace hincapié en que tal práctica abusiva es contraria al modelo social europeo y puede desestabilizarlo e insta a los Estados miembros y la Comisión Europea a combatir esta práctica abusiva, con todos los medios a su alcance, en el largo plazo como, por ejemplo, imponiendo unas sanciones más estrictas;

37.

Expresa su firme convencimiento de que, teniendo en cuenta las diferentes tradiciones en los Estados miembros, cualquier forma de empleo debería ir acompañada de un núcleo básico de derechos, entre los que deberían figurar: salarios suficientes y la eliminación de las diferencias salariales existentes entre hombres y mujeres y entre personas de distinta etnia; una adecuada protección social; no discriminación e igualdad de trato en el acceso al empleo y durante su desempeño, formación y desarrollo profesional; la protección de la salud y de la seguridad de los trabajadores y el establecimiento de normas en materia de horarios de trabajo y de descanso, los derechos a pensión de vejez, la libertad de asociación y de representación, la negociación colectiva, las acciones colectivas y el acceso a la formación, la protección en caso de pérdida del empleo;

38.

Pide a la UE y los Estados miembros que intensifiquen sus esfuerzos para invertir en competencias y en formación en apoyo al empleo estable y sostenible; pide, por consiguiente, a los Estados miembros que inviertan en las personas aplicando y financiando con rigor las estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida dirigidas a los requisitos del mercado, y el reconocimiento de las cualificaciones y competencias informales, al tiempo que aplican un enfoque basado en el ciclo vital; pide asimismo a los Estados miembros que introduzcan medidas de carácter nacional, regional y local destinadas a garantizar que todos los jóvenes que terminen la educación obligatoria tengan acceso a un empleo, a estudios superiores o a una formación profesional;

39.

Insta a los Estados miembros a que apliquen políticas sostenibles que permitan a todos, incluidas las categorías más débiles y desfavorecidas, acceder efectivamente al mundo laboral y conciliar mejor el trabajo flexible con la vida privada y familiar, velando por que se apoye ampliamente la igualdad de oportunidades y todos los servicios necesarios para este fin, mediante medidas de apoyo como permisos por maternidad, paternidad y parentales, horarios de trabajo flexibles y servicios de asistencia infantil asequibles y accesibles;

40.

Pide a los Estados miembros que elaboren políticas orientadas a la creación de nuevas oportunidades de empleo; es consciente de la responsabilidad y de los riesgos que asumen los creadores de estos puestos de trabajo, incluidos los sujetos a contratos atípicos;

41.

Pide a los Estados miembros que adopten medidas que permitan retomar una actividad profesional tras un permiso parental y, en caso necesario, tras haber seguido una formación para readaptar al interesado al mundo laboral;

42.

Recomienda firmemente que la iniciativa de la UE para el empleo incluya una intervención temprana, en apoyo de los desempleados, en el momento de la pérdida real de los puestos de trabajo para reducir, en particular, el riesgo de que las personas afectadas queden excluidas del mercado de trabajo, y de que se pierda el capital humano que representan;

43.

Insta a los Estados miembros a que refuercen los planes de apoyo, especialmente los destinados a las personas poco cualificadas, a través de itinerarios integrados, un asesoramiento personalizado, una formación (o reciclaje) de los trabajadores con carácter intensivo, el empleo subvencionado y ayudas para la puesta en marcha de actividades económicas por parte de trabajadores autónomos y empresas; subraya, no obstante, con énfasis que estas subvenciones deben formularse de tal manera que excluyan una sustitución de puestos de trabajo regulares;

44.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que eliminen las cargas administrativas, cuando no sirven para proteger los intereses de los trabajadores, a fin de facilitar el entorno empresarial, especialmente en el caso de las PYME, pero subraya la importancia de asegurar que ningún cambio repercuta en la seguridad y salud de los empleados; indica que las PYME, en virtud de su numerosa presencia en el mercado interior, protagonizan la lucha contra el desempleo en la UE; subraya la importancia de que se tengan en cuenta la especificidad de sus necesidades y del territorio que las alberga a la hora de formular las políticas de empleo que les afectan;

45.

Insta a los Estados miembros a que informen sobre la situación en relación con la reflexión y la aplicación de las distintas alternativas en materia de flexiguridad;

46.

Deplora el enfoque restringido que el Consejo y la Comisión dan a la flexiguridad; pide a la Comisión y al Consejo que se comprometan a cumplir el programa sobre el buen trabajo, y a consagrarlo en la próxima generación de directrices integradas y en la nueva estrategia europea de empleo: fomento de la seguridad de los puestos de trabajo y del empleo para los trabajadores, un planteamiento de las políticas de mercado laboral y del aprendizaje permanente basado en los derechos, la seguridad y la salud integrales en el trabajo, los derechos universales y la igualdad de derechos sociales y laborales para todos, el equilibrio entre el trabajo y la vida y la conciliación de la vida laboral y no laboral, la mejora de la calidad del empleo y del bienestar en el trabajo;

47.

Pide a los Estados miembros que sólo permitan el despido económico una vez que se hayan llevado a cabo todos los esfuerzos de adaptación y formación de los trabajadores;

48.

Considera que el reconocimiento formal del papel de los interlocutores sociales en el nuevo Tratado constituye un avance, ya que reconoce su autonomía y reafirma la importancia de su apoyo en la promoción del diálogo social, y destaca en este contexto la especial importancia del diálogo social sectorial, en el cual están representados actualmente 40 sectores;

49.

No obstante, se muestra preocupado por las repercusiones de las recientes sentencias del TJUE en los asuntos Laval, Rüffert, Viking y Luxemburgo sobre la libertad de asociación y la libertad de acción para mejorar las condiciones laborales;

50.

Considera que el reconocimiento de la Cumbre Tripartita para el Crecimiento y el Empleo como un órgano institucional contribuye a la participación de los interlocutores sociales en las políticas económicas de la UE;

51.

Considera que la contribución de los interlocutores sociales europeos y nacionales y las organizaciones de la sociedad civil para conseguir los objetivos de la Estrategia UE 2020 reviste una importancia particular con vistas a alcanzar los objetivos en materia de empleo y la aplicación y actualización de la agenda de la flexiguridad;

52.

Pide a la Comisión y a los Gobiernos nacionales que se responsabilicen de la situación de los «nuevos» tipos de trabajadores (trabajadores con contratos atípicos o «muy atípicos») y que aseguren que sus derechos y exigencias en materia de protección social están equilibrados en comparación con los de los trabajadores «tradicionales»;

53.

Pide a los interlocutores sociales a nivel europeo y nacional que apoyen las inversiones en estrategias de aprendizaje a lo largo de toda la vida orientadas a los requisitos del mercado, y valora el «Conjunto de acciones para el desarrollo de las competencias y las cualificaciones durante toda la vida» ya negociado por los interlocutores sociales;

54.

Considera que las personas implicadas en medidas de inclusión en el mercado laboral o medidas de preparación para la incorporación (o reincorporación) a dicho mercado, así como las organizaciones de la sociedad civil que les ofrecen estos servicios o las representan deberían participar en el diseño, el desarrollo y la aplicación de las políticas que les afectan;

55.

Toma nota de que la participación de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil en la formulación de políticas y su aplicación varía de manera importante entre los Estados miembros pero que, en general, la tendencia es hacia el uso de un conjunto más amplio de instrumentos para alcanzar los objetivos políticos; considera que la calidad del apoyo social e institucional del que disfruten los interlocutores sociales debe reforzarse aún más a escala nacional y tomar un carácter más sustancial, y constituye probablemente el factor determinante de la calidad de su contribución; destaca, no obstante, que la calidad del diálogo social se diferencia fuertemente según el país y el sector e insta con énfasis a los interlocutores sociales a que desarrollen una verdadera «colaboración social» en todos los niveles;

56.

Considera que la negociación colectiva ha demostrado ser un instrumento eficaz para mantener el empleo y que permite a empresarios y empleados encontrar soluciones eficaces para hacer frente a la recesión económica; constata, en este sentido, la importancia de lograr un consenso sólido entre los interlocutores sociales de los sistemas nacionales donde la protección ofrecida por la legislación laboral es mínima;

57.

Expresa su convencimiento de que el éxito del diálogo social en el lugar de trabajo depende en gran medida de las facilidades que tengan las representaciones de los trabajadores por lo que respecta a la divulgación de información de calidad, la formación permanente y tiempo suficiente;

58.

Expresa su convencimiento de que el papel de los gobiernos es decisivo para establecer las condiciones previas para una negociación colectiva eficaz e integradora que abarque estructuras tripartitas con vistas a la participación sustancial y garantizada institucionalmente de los interlocutores sociales de manera equitativa en la formulación de políticas públicas, de conformidad con la práctica y las tradiciones nacionales;

59.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Comité de Protección Social, al Comité Europeo del Empleo, y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de los países candidatos.

2.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 351/48

A.

Considerando que la iniciativa de la Comisión que figura en su Libro Verde supone una oportunidad para emprender una acción comunitaria en materia de gestión de los biorresiduos,

B.

Considerando que una gestión adecuada de los biorresiduos proporciona beneficios no solo ambientales, sino también sociales y económicos,

C.

Subrayando que el artículo 2, apartado 4, de la Directiva Marco de Residuos establece que las disposiciones específicas particulares o complementarias, destinadas a regular la gestión de determinadas categorías de residuos, podrán establecerse mediante directivas específicas,

D.

Considerando que la Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos no contempla suficientes instrumentos para la gestión sostenible de los residuos orgánicos,

E.

Señalando la dispersión de las normas sobre la gestión de los biorresiduos y el hecho de que los instrumentos legislativos actuales no bastan para alcanzar los objetivos de una gestión eficiente de los biorresiduos; haciendo hincapié, por ello, en la necesidad de una directiva específica para la gestión de los biorresiduos; señalando que la recopilación de todas las normas dispersas relativas a la gestión de los biorresiduos en un mismo acto legislativo sería, por sí misma, una prueba de excelencia legislativa y de legislar mejor, por una parte, asegurando, por otra parte, una simplificación, una mayor claridad, una supervisión y un cumplimiento mejores de la aplicación, así como la seguridad jurídica, y asegurando a largo plazo la confianza de los inversores públicos y privados,

F.

Considerando que, según figura en las conclusiones de la Conferencia sobre reciclaje de biorresiduos en Europa, celebrada en Barcelona el 15 de febrero del 2010 con participación del Consejo, de la Comisión y del Parlamento Europeo (13), «es necesario actuar para lograr un marco legislativo europeo en materia de biorresiduos dado que nos encontramos en un momento clave para impulsar esta regulación»,

G.

Considerando que una directiva específica para los biorresiduos debe contar con la flexibilidad necesaria para abarcar las diversas opciones de gestión disponibles en la medida en que hay un gran número de variables y consideraciones locales que deben tenerse en cuenta,

H.

Señalando el potencial sin explotar que suponen los biorresiduos, que han sido gestionados por políticas muy diferentes en cada Estado miembro; considerando la necesidad de una mejor gestión de estos residuos para lograr una gestión eficiente y sostenible de los recursos; aboga por la recogida selectiva de los biorresiduos para conseguir la realización de los objetivos de reciclaje y de energías renovables, contribuyendo a la consecución de los objetivos de la Estrategia UE2020, en particular, en el marco de una eficiencia emblemática de los recursos,

I.

Considerando que la recogida selectiva permite, en particular, la gestión óptima de determinados tipos de biorresiduos, por ejemplo, los residuos de cocina en los hogares y en la restauración, así como los residuos biodegradables compostables y los residuos procedentes de restaurantes que emplean vajilla desechable,

J.

Considerando que el aprovechamiento de los residuos orgánicos mediante el compostaje permite el reciclado de productos biodegradables y compostables que ya están cubiertos por una iniciativa comunitaria (la Iniciativa en favor de los mercados líderes),

K.

Subrayando la necesidad de definir normas de calidad a escala de la UE para la gestión de los biorresiduos y para el compost; considerando que la regulación de los parámetros de calidad del compost, incluyendo un enfoque integrado que asegure la trazabilidad, la calidad y la seguridad en su uso, permitirá la confianza del consumidor en este producto; abogando por una clasificación del compost en función de su calidad, en la medida en que el uso de compost no tendrá ningún efecto perjudicial para el suelo y las aguas subterráneas, y en particular para los productos agrícolas procedentes de ese suelo,

L.

Considerando que, dada su escasa aplicación, los objetivos previstos para el desvío de los biorresiduos de los vertederos necesitan directrices legislativas adicionales para su materialización,

M.

Considerando que pueden ser necesarias medidas de protección para asegurar que el uso de compost no conduzca a la contaminación del suelo y las aguas subterráneas,

N.

Considerando que también convendría tener en cuenta y evaluar la posibilidad de utilizar compost de baja calidad para no dañar el medio ambiente o la salud humana, y que a escala de la UE, una definición adecuada de las posibilidades de utilizar compost de baja calidad y el establecimiento de cuándo el compost se considera un producto y cuándo un residuo permitiría a los Estados miembros orientarse con mayor facilidad a la hora de adoptar decisiones sobre cuestiones relativas a la utilización de compost,

O.

Considerando que una Europa eficiente desde el punto de vista de los recursos es uno de los emblemas de la Estrategia Europa 2020, por lo que es necesario fomentar la eficiencia de los recursos; considerando que el reciclado de biorresiduos contribuye a aumentar la eficiencia de los recursos,

P.

Considerando que los biorresiduos húmedos reducen la eficiencia de la incineración; que la incineración de biorresiduos está indirectamente fomentada por la Directiva relativa a la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables; que los biorresiduos pueden contribuir mejor a combatir el cambio climático mediante su reciclado en compost para enmendar el suelo y lograr la captación de carbono no prevista en la Directiva relativa a la producción de electricidad a partir de fuentes de energía renovables,

Q.

Considerando que la digestión anaeróbica para la producción de biogás es un medio eficiente de valorización de energía; considerando asimismo que el digestato puede utilizarse para producir compost;

R.

Considerando que el resultado debería ser el objetivo principal de la gestión adecuada de los biorresiduos, lo que permite mantener abiertas todas las opciones tecnológicas para la gestión de los biorresiduos a fin de fomentar la innovación, la investigación científica y la competitividad,

S.

Destacando la importante sinergia entre la transición hacia una sociedad del reciclado, el desarrollo de una economía con bajas emisiones de carbono y el potencial de creación de empleo verde en este ámbito, y la consiguiente necesidad de destinar recursos a la investigación de las consecuencias en el entorno laboral de la recogida y la gestión de biorresiduos,

T.

Instando a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan acciones de concienciación ambiental en este ámbito y, en particular, en las escuelas, con objeto de fomentar la gestión sostenible de los residuos sólidos urbanos y de concienciar a los ciudadanos con respecto a los beneficios de la recogida selectiva; destacando, en este contexto, la importante función que desempeñan ayuntamientos y empresas municipales en el asesoramiento y la información del ciudadano en materia de prevención de residuos,

U.

Considerando que los biorresiduos representan más del 30 % de los residuos sólidos urbanos; considerando la cantidad creciente de biorresiduos en la Unión Europea, lo que supone una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero y causa otros impactos negativos en el medio ambiente cuando se depositan en vertederos, en unas condiciones en las que la gestión de los residuos es la cuarta mayor fuente de gases de efecto invernadero,

V.

Considerando que, en la práctica, no solo se están tratando de forma sostenible los biorresiduos de origen doméstico,

W.

Considerando que la gestión de estos residuos debe establecerse de acuerdo con la «jerarquía de residuos»: prevención y reducción; reutilización; reciclado; otros tipos de valorización, especialmente con fines energéticos, y como último recurso, la eliminación (de acuerdo con el artículo 4 de la Directiva Marco de Residuos), de acuerdo con la cual el reciclado de los biorresiduos es preferible a su incineración, pues además de evitar la formación de metano, contribuye a combatir el cambio climático capturando carbono y mejorando la calidad del suelo; considerando la prevención como un objetivo prioritario en la gestión de los biorresiduos que permite especialmente evitar el desperdicio de alimentos y residuos verdes, por ejemplo, mediante una mejor planificación de los parques públicos con árboles y plantas que necesitan poco mantenimiento,

X.

Considerando que para avanzar hacia una gestión de los biorresiduos medioambientalmente eficaz es necesario que ésta se contemple de forma integrada en las políticas energéticas y de protección del suelo y en línea con los objetivos de mitigación del cambio climático; considerando que otra ventaja es la conservación de la biodiversidad cuando se utilizan biorresiduos tratados como sustituto de turba, protegiendo de ese modo los ecosistemas de los humedales,

Y.

Considerando que la digestión anaeróbica para producir biogás a partir de biorresiduos puede prestar una contribución valiosa a la gestión sostenible de los recursos en la UE cumpliendo así los objetivos de la energía renovable en la UE de una manera sostenible,

Z.

Insistiendo en la necesidad de considerar la biorresiduos como un valioso recurso natural que puede utilizarse para producir compost de alta calidad, lo que ayuda a luchar contra la degradación de los suelos europeos, manteniendo la productividad del suelo, reduciendo el uso de fertilizantes químicos, especialmente de los producidos a base de fósforo, y aumentando la capacidad de los suelos para retener el agua,

AA.

Tomando nota de las diferencias que existen entre los sistemas de gestión de residuos en cada uno de los Estados miembros, así como del hecho de que el depósito en vertederos continúa siendo el método más frecuente de eliminación de residuos sólidos urbanos en la Unión Europea, a pesar de que se trata de la peor opción para el medio ambiente,

AB.

Destacando el mérito ecológico de producir carburantes para el transporte a partir de biorresiduos,

AC.

Subrayando la necesidad de fomentar la investigación científica y la innovación tecnológica en el ámbito de la gestión de los biorresiduos,

AD.

Tomando nota de que, en la actualidad, la recogida selectiva permite evitar la contaminación y favorecer la consecución del objetivo de obtener un compost de alta calidad, suministrar materiales de calidad para el reciclado de los biorresiduos y mejorar la eficiencia de la valorización energética,

AE.

Considerando que los estudios y la experiencia disponibles en los Estados miembros muestran que es importante la recogida selectiva, la cual es viable y sostenible desde el punto de vista ambiental y económico, y debería tener carácter obligatorio; considerando que la recogida selectiva debería ser el requisito previo para la producción de compost de alta calidad,

1.

Insta a la Comisión a que revise la legislación aplicable a los biorresiduos, con objeto de que, en el respeto del principio de subsidiariedad, elabore una propuesta de directiva específica antes de finales de 2010 que incluya, entre otras cosas;

2.

Pide a la Comisión que cuantifique en los planes nacionales de emisiones la reducción de equivalente CO2 obtenida a partir del reciclado y del compostaje;

3.

Destaca que un futuro marco jurídico a escala de la Unión ofrecería a numerosos Estados miembros una orientación jurídica, redundando en beneficio de la claridad jurídica, y les estimularía a invertir en el sector de la gestión de biorresiduos; insta a la Comisión a que ayude a los Estados a introducir sistemas de separación de residuos y a establecer objetivos vinculantes y ambiciosos para el reciclado de dichos residuos;

4.

Recuerda que el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente 2001-2010 de 22 de julio de 2002 obliga a la Comisión a elaborar legislación en materia de residuos biodegradables en su artículo 8, apartado 2, punto iv), como una acción prioritaria para alcanzar el objetivo de utilización y gestión sostenibles de los recursos y los residuos naturales, pero que, ocho años después, todavía no se ha presentado ninguna propuesta legislativa, lo que resulta inaceptable;

5.

Pide a la Comisión que, en su evaluación de impacto, elabore un sistema perfeccionado de gestión de biorresiduos que esté basado en su recogida selectiva, el recurso al compostaje en interés de la agricultura y el medio ambiente, los diferentes métodos de tratamiento mecánico/biológico y el uso de los biorresiduos como fuente de generación de energía; considera que esa evaluación de impacto debe servir de base para la elaboración de un nuevo marco jurídico de la UE sobre los residuos biodegradables;

6.

Insta a la Comisión a que establezca criterios conjuntamente con los Estados miembros para la producción y uso de compost de alta calidad y adopte requisitos mínimos para los productos finales, de conformidad con el artículo 6 de la Directiva Marco sobre residuos, con objeto de permitir un sistema de clasificación de la calidad que abarque los diferentes tipos de compost resultantes del tratamiento de los biorresiduos en el marco de una estrategia de enfoque integrado que asegure, además de la calidad, la trazabilidad del producto y la seguridad de su uso;

7.

Considera que la digestión anaeróbica es una opción especialmente útil para los biorresiduos porque produce enmiendas del suelo ricas en nutrientes, digestatos y también biogás, que es una fuente renovable de energía que puede transformarse en biometano o utilizarse para generación de electricidad de base;

8.

Considera que una condición esencial para que la incineración de biorresiduos sea una alternativa viable en la jerarquía del tratamiento de los residuos es que se combine con alguna forma de recuperación de energía;

9.

Destaca, por cuanto respecta al aprovechamiento de los biorresiduos para la obtención de energía, que conviene tener en cuenta la eficiencia energética y la sostenibilidad del procedimiento y que, por consiguiente, conviene ante todo explotar estos recursos de la forma más eficiente posible; reitera, por consiguiente, que la recogida selectiva es fundamental para cumplir la Directiva relativa al vertido de residuos (14), facilitar materia de calidad para el reciclaje de los biorresiduos y mejorar la eficiencia de la recuperación energética;

10.

Señala que, para aumentar las tasas de desviación, reciclado y producción de biogás, deben mantenerse abiertas todas las posibilidades de recurrir a instrumentos tecnológicos y opciones que aumenten al máximo el reciclado o la producción de biogás;

11.

Opina que los biorresiduos constituyen un recurso renovable nada desdeñable para la producción de energía eléctrica y de biocarburantes para los transportes y la distribución a través de las redes de gas, mediante su transformación en biometano (en particular, metano, entre el 50 % y el 75 %, y dióxido de carbono); pide a la Comisión que analice y promueva las posibilidades de aprovechar los biorresiduos para la producción de biogás;

12.

Destaca la necesidad de incrementar la proporción de biorresiduos que no se llevan sin más a vertederos; observa en este contexto que los biorresiduos pueden contribuir al logro del objetivo de, por lo menos, el 20 % de energías renovables fijado por la UE para el año 2020, así como al objetivo de la Directiva de la UE sobre la calidad de los carburantes; señala que la Directiva sobre las energías renovables cubre la utilización de todos los tipos de biomasa, con inclusión del aprovechamiento de los combustibles como fuente de energía renovable, y que los biocarburantes procedentes de residuos cuentan doble en el objetivo del 10 % de energías renovables en los transportes; pide, por consiguiente, a los Estados miembros que contemplen en sus legislaciones nacionales la recuperación de energía a partir de los componentes biodegradables de los residuos como parte de una política integrada en materia de «jerarquía de residuos», y les insta a que se intercambien las mejores prácticas;

13.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que fomenten y apoyen la investigación científica y la innovación tecnológica en el ámbito de la gestión de los biorresiduos;

14.

Pide a la Comisión que siga impulsando las investigaciones sobre métodos de tratamiento de biorresiduos a fin de poder cuantificar mejor sus beneficios para el suelo, así como la recuperación de energía y el impacto en el medio ambiente;

15.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan acciones de concienciación ambiental en el ámbito de los biorresiduos y, en particular, en las escuelas y en las instituciones de educación superior, con objeto de promover mejores modelos de comportamiento en materia de prevención de residuos, de fomentar la gestión sostenible de los biorresiduos y de los residuos sólidos urbanos, y de concienciar a los ciudadanos con respecto a la prevención y reciclado de residuos, así como a los beneficios de la recogida selectiva y del tratamiento biológico de los biorresiduos; destaca, en este contexto, la importante función de ayuntamientos, municipios y empresas municipales en el asesoramiento y la información del ciudadano en materia de prevención de residuos;

16.

Considera que los biorresiduos tratados deben utilizarse para preservar la materia orgánica y completar los ciclos de los nutrientes, especialmente los fosfatos, reciclándolos en el suelo, y pide por ello a la Comisión que reconozca que deben evaluarse las políticas en función de su capacidad para atenuar el rápido agotamiento, completamente inaceptable, de los recursos mundiales de fosfatos;

17.

Insiste en la necesidad de considerar a los biorresiduos carentes de sustancias nocivas como un valioso recurso natural que puede utilizarse para un compostaje de calidad,

18.

Considera que el futuro de la agricultura depende también de la conservación y rehabilitación de la fertilidad de los suelos; observa que la utilización de compostajes de calidad en la agricultura puede contribuir a mantener la productividad de los suelos, a aumentar su capacidad de retención hídrica y de acumulación de CO2, y a reducir la cantidad de fertilizantes químicos que se usan; subraya el papel de los Estados miembros en lo relativo a la utilización de compostajes de calidad en terrenos de uso agrícola;

19.

Señala que en el proceso de compostaje, los gases que emanan de las masa depositadas pueden resultar difíciles de controlar, lo que puede suponer un grave riesgo para el medio ambiente y la atmósfera; recuerda que, para un compostaje correcto, en particular, de los biorresiduos urbanos, es preciso proteger las aguas subterráneas contra los lixiviados procedentes de la masa de compostaje;

20.

Subraya, con vistas a alcanzar objetivos a varios niveles, en relación con la lucha contra el calentamiento del clima, la degradación y la erosión del suelo, o el logro de las metas fijadas en materia de energías renovables, que una combinación del compostaje y la fermentación de biorresiduos recogidos de forma selectiva posee sin duda ventajas y debe ser alentada;

21.

Pide, por consiguiente, a la Comisión que presente propuestas de objetivos nacionales de reciclado de biorresiduos con el fin de limitar las cantidades de biorresiduos sometidas a soluciones de gestión de residuos menos convenientes, como la eliminación en vertederos o la incineración;

22.

Recuerda que la gestión de dichos residuos debe programarse de acuerdo con la jerarquía de los métodos de gestión de residuos en general: prevención, reciclaje, otros tipos de recuperación, incluida la que se realiza con fines de producción de energía, y, como última opción, su depósito en vertederos (artículo 5 de la Directiva 1999/31/CE y Directiva 2008/98/CE (15)); exige a la Comisión que vele aún con mayor esmero por el respeto y aplicación en toda la Unión Europea de las disposiciones relativas a la gestión de los residuos en los vertederos;

23.

Observa que los diferentes Estados miembros aplican normas legislativas distintas y poseen sistemas de gestión de residuos divergentes, y que el depósito en vertederos continúa siendo el método más usado para eliminar residuos sólidos urbanos en la Unión Europea; pide a los Estados miembros que refuercen su cooperación con miras al intercambio de las mejores prácticas en el terreno de la gestión de biorresiduos;

24.

Opina que el tratamiento biomecánico (TBM) es una opción eficaz para sustraer cantidades importantes de residuos putrescibles a su depósito en vertederos, a fin de utilizarlos para el compostaje, la digestión anaerobia y la recuperación de energía;

25.

Considera que se necesitan incentivos económicos para ampliar esta recogida selectiva y los otros sistemas de gestión de biorresiduos que permiten maximizar la recuperación de recursos;

26.

Destaca asimismo la necesidad de que se introduzcan mejoras en la gestión de los biorresiduos y se armonicen los estándares de calidad para el compostaje a fin de fomentar el desarrollo de un mercado europeo del compost;

27.

Considera que el principio de quien contamina paga debería ser operativo también con relación al reembolso de los costes adicionales originados por las inmisiones de sustancias nocivas en el suelo, de modo que el coste de los efectos negativos de la utilización de residuos bioorgánicos no deba ser soportado por la agricultura;

28.

Subraya que en muchos Estados miembros hay infraestructuras ya creadas, pero que es preciso movilizar incentivos económicos para abrir y activar mercados para el compost y el digestato, así como para la bioenergía y los biocarburantes obtenidos a partir de los biorresiduos;

29.

Destaca el mérito ecológico de producir carburantes para el transporte a partir de biorresiduos; pide a los Estados miembros que, a la luz de la «jerarquía de residuos», tengan en cuenta este aspecto a la hora de aplicar la Directiva marco relativa a los residuos, e insta a la Comisión a que incluya esta cuestión en sus directrices de aplicación;

30.

Insta a la Comisión a que incluya en todo estudio de impacto, actual o adicional, que realice al respecto, qué tipo de incentivos económicos, fondos o ayudas se pueden movilizar o crear para el desarrollo y la implantación de las tecnologías que hagan posible una correcta gestión de los biorresiduos;

31.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

2.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 351/56

A.

Considerando que en el sector financiero y en determinadas empresas que cotizan en bolsa las políticas de remuneración para las categorías de personal cuya actividad profesional influye sustancialmente en el perfil de riesgo de la empresa han fomentado las transacciones para realizar beneficios a corto plazo, dando lugar a modelos de negocio cada vez más arriesgados en detrimento de los trabajadores, de los ahorradores y de los inversores y del crecimiento sostenible en general,

B.

Considerando que el Libro Verde de la Comisión sobre el gobierno corporativo en las entidades financieras y las políticas de remuneración destaca que la ausencia de mecanismos de control eficaces ha contribuido en gran medida a la asunción de riesgos excesivos por las entidades financieras, y que el gobierno corporativo debe tener en cuenta la estabilidad del sistema financiero, que depende de la actuación de numerosos agentes,

C.

Considerando que la existencia de estructuras de remuneración inadecuadas en algunas instituciones financieras que incentivan la asunción de riesgos excesiva e imprudente ha contribuido a la acumulación de riesgos que ha conducido a la actual crisis financiera, económica y social, y que estas estructuras, por lo tanto, suscitan una gran preocupación entre los responsables políticos y los organismos reguladores,

D.

Considerando que las entidades financieras deben tener en cuenta de manera integrada, como parte de su responsabilidad social empresarial, el entorno social en que opera la entidad y los intereses de todas las partes implicadas, como sus clientes, accionistas y trabajadores,

E.

Considerando que se han emprendido numerosas iniciativas a escala mundial, europea y nacional para afrontar la cuestión de las prácticas de remuneración problemáticas, y considerando que es esencial aplicar un enfoque coordinado a escala mundial, no solo con miras a garantizar la igualdad de condiciones, sino también para velar por la competitividad global de Europa y promover una competencia sostenible y equitativa entre los diferentes mercados,

F.

Considerando que los Principios para unas prácticas racionales en materia de remuneración del Foro de Estabilidad Financiera, refrendados por los líderes del G-20, establecen cinco elementos para unas prácticas racionales en este ámbito, y considerando la importancia de promover simultáneamente la aplicación de esos principios,

G.

Considerando que los principios acordados y las medidas ya adoptadas en relación con la política de remuneración deben ser objeto de un seguimiento permanente y, en su caso, deberán adaptarse con el fin de crear en toda Europa unas condiciones idénticas y de garantizar la competitividad global del sector financiero europeo,

H.

Considerando que varios estudios científicos y la práctica han evidenciado el impacto limitado de las recomendaciones no vinculantes en materia de políticas remunerativas, lo cual pone de relieve la necesidad de establecer un instrumento más sólido que asegure el respeto de los principios,

I.

Considerando que en el Informe de la Comisión se afirma que, pese a que la crisis ha brindado la motivación necesaria para acometer reformas sustanciales en el ámbito de las políticas de remuneración, solo dieciséis Estados miembros han aplicado total o parcialmente la Recomendación de la Comisión,

1.

Acoge favorablemente las iniciativas emprendidas por la Comisión y el FSB sobre las políticas remunerativas en el sector financiero y las empresas que cotizan en bolsa en general; considera, sin embargo, que debe tenerse proporcionalmente en cuenta el tamaño de las entidades financieras y, por consiguiente, la contribución de su actividad al riesgo sistémico, a la hora de imponerles una regulación adicional en materia de política de remuneración y requisitos de capital;

2.

Toma nota de las propuestas, contenidas en el informe sobre las directivas relativas a los requisitos de capital, de principios vinculantes para las políticas remunerativas en el sector financiero;

3.

Destaca que las autoridades de supervisión deben decidir si las entidades financieras y las empresas que cotizan en bolsa deben contar con un comité de remuneraciones; considera que esta decisión debe basarse en su tamaño, su organización interna y naturaleza, y el ámbito y complejidad de sus actividades; estima que cuando los supervisores así lo hayan decidido, la política remunerativa será determinada por el comité de remuneraciones, que ha de ser independiente y rendir cuentas a los accionistas y supervisores y debe trabajar en estrecha cooperación con el comité de evaluación de riesgos de la empresa a la hora de evaluar los incentivos creados por el sistema de remuneración;

4.

Destaca que el comité de remuneraciones debe tener acceso al contenido de los contratos y que los contratos sujetos al examen de ese comité deben estar redactados de manera que permitan sancionar las negligencias graves mediante deducciones salariales; señala que se producen negligencias graves cuando no se observa, en particular, la diligencia debida, en cuyo caso el comité de remuneraciones debe garantizar que la deducción no sea meramente simbólica, sino que contribuya sustancialmente a reparar el daño causado; señala que, además, se debe instar a las entidades financieras a que apliquen penalizaciones, por ejemplo, la devolución de la remuneración dependiente del rendimiento tras constatarse malos resultados;

5.

Considera que el Presidente y los miembros con derecho a voto del comité de remuneraciones deben ser miembros del órgano de dirección que no desempeñen funciones ejecutivas en la institución financiera o empresa que cotice en bolsa de que se trate; estima que los administradores y consejeros deben evitar estar presentes de modo simultáneo en los consejos de administración de otras sociedades si puede existir un conflicto de intereses;

6.

Opina que, en su caso, debería ofrecerse a los accionistas la posibilidad de intervenir en el establecimiento de políticas remunerativas sostenibles y que, para ello, podría permitírseles expresar sus puntos de vista sobre dichas políticas remunerativas a través de un voto no vinculante sobre el informe relativo a las remuneraciones en la junta general de la empresa;

7.

Hace hincapié en que la remuneración de los miembros del consejo de administración que carezcan de funciones ejecutivas debe consistir únicamente en una retribución fija y no debe incluir retribuciones por rendimiento o basadas en acciones;

8.

Subraya que los miembros encargados del control de riesgos deben ser independientes de las unidades empresariales que controlen, contar con suficiente autoridad y percibir una remuneración independiente del rendimiento de dichas unidades empresariales;

9.

Subraya que la remuneración debe ajustarse en función del riesgo, de manera simétrica al resultado del riesgo y tener en cuenta el horizonte temporal de los riesgos actuales y potenciales que incidan en los resultados generales y la estabilidad de la empresa;

10.

Señala que los consejeros no deben guiarse por sus intereses financieros personales a la hora de gestionar empresas con cotización en bolsa; considera que los intereses financieros personales de los consejeros, en combinación con una retribución variable, entran en numerosas ocasiones en conflicto con los intereses a largo plazo de la empresa, incluidos los intereses de sus trabajadores y accionistas;

11.

Considera que los sistemas de retribución deben ser proporcionales al tamaño, la organización interna y la complejidad de las entidades financieras y que deben reflejar la diversidad de los diferentes sectores financieros como la banca, los seguros y la gestión de fondos de inversión;

12.

Destaca que los mecanismos de gestión de riesgos operativos de los altos directivos, los responsables de asumir riesgos y las funciones de control han de ser objeto de revisión y de comprobaciones exhaustivas por parte del supervisor; considera que tales procedimientos deben aplicarse también a los empleados que, en razón de su remuneración total, incluidas las disposiciones en materia de pensiones, están situados en el mismo grupo que esas categorías;

13.

Considera que los importes de la remuneración variable deben basarse en criterios de resultados mensurables y definidos de antemano, destinados a promover la sostenibilidad a largo plazo de la empresa;

14.

Subraya que la remuneración por resultados debe vincular la cuantía de los fondos para primas al rendimiento general y a la base de capital de la empresa, mientras que la remuneración por resultados de cada empleado debe basarse en una combinación de la evaluación del rendimiento de ese empleado, de la unidad empresarial de que se trate y de los resultados generales de la entidad;

15.

Considera que los intereses financieros personales de los directivos, vinculados a la remuneración variable, entran en muchos casos en conflicto con los intereses de la empresa a largo plazo; subraya que la política de remuneración de los consejeros de las empresas y otros empleados responsables de la toma de decisiones que influyen en el perfil del riesgo debe ser acorde con un sistema de gestión del riesgo que sea equilibrado y funcione correctamente, y que se debe establecer un equilibrio adecuado entre los componentes fijos y variables de la remuneración; pide urgentemente el establecimiento de forma generalizada de instrumentos que permitan reducir, o incluso suprimir, los componentes variables de la remuneración de las categorías de personal a cuyo comportamiento quepa achacar el deterioro de los resultados de la empresa;

16.

Opina que a la hora de determinar el nivel de la remuneración variable no solo deben tenerse en cuenta medidas cuantitativas, sino también el sentido común y criterios de rendimiento vinculados a la calidad;

17.

Considera que los incentivos garantizados no deben formar parte de los planes remunerativos;

18.

Opina, por razones no sólo éticas, sino también de justicia social y economía sostenible, que la diferencia entre la remuneración más alta y más baja en una empresa debe ser razonable;

19.

Hace hincapié en que las empresas deben establecer un procedimiento interno, aprobado por el supervisor, para abordar cualquier conflicto que pueda surgir entre la gestión de riesgos y las unidades operativas;

20.

Subraya la necesidad de extender estos principios a la remuneración de todos aquellos empleados cuyas actividades profesionales tengan un impacto sustancial en el perfil de riesgo de la empresa para la que trabajan, incluidos los altos directivos, los responsables de asumir riesgos, los responsables de funciones de control y los empleados cuya remuneración total, incluidas las disposiciones en materia de pensiones, los sitúen en el mismo grupo;

21.

Destaca que los seguros de responsabilidad de los consejeros y empleados destinados a proteger a los consejeros, empleados y altos directivos contra reclamaciones por decisiones arriesgadas o negligentes en el marco de su gestión no son coherentes con una gestión sostenible del riesgo en materia de remuneración;

22.

Hace hincapié en que debe darse un equilibrio adecuado entre la remuneración variable y fija;

23.

Sugiere que la remuneración variable se pague únicamente cuando sea sostenible a la luz de la situación financiera y el capital de base de la institución y esté justificada a la luz del rendimiento a largo plazo de la empresa; considera que, en el caso de las entidades financieras, la autoridad competente de supervisión debe estar facultada para limitar el importe general de la remuneración variable para reforzar el capital propio;

24.

Subraya que una proporción considerable de la remuneración variable debe diferirse durante un período suficiente; que el importe de la proporción diferida y la duración del período de aplazamiento deben determinarse teniendo en cuenta el ciclo económico, la naturaleza del negocio, sus riesgos y las actividades del miembro del personal de que se trate; que el derecho a la remuneración diferida no se adquirirá a un ritmo superior al que corresponda a prorrata; que se debe diferir al menos el 40 % de la remuneración variable; que cuando el importe del componente variable de la remuneración es particularmente elevado, debe diferirse como mínimo el 60 % de este importe y el período de aplazamiento no debe ser inferior a cinco años;

25.

Opina que una proporción considerable de la remuneración variable debe abonarse en instrumentos distintos del efectivo como deuda subordinada, capital para contingencias, acciones o instrumentos conexos, siempre que dichos instrumentos creen incentivos que se ajusten a la creación de valor a largo plazo y las perspectivas temporales del riesgo;

26.

Considera que las políticas remunerativas deben aplicarse a la remuneración total, incluidas las pensiones y salarios, para evitar el «arbitraje de primas»; considera asimismo que las «primas de pensión» deben concederse mediante instrumentos distintos del efectivo como la deuda subordinada, el capital para contingencias, acciones o instrumentos conexos coherentes con la incentivación a largo plazo;

27.

Sugiere que se establezca un límite máximo, equivalente a dos años del componente fijo de la retribución de los consejeros, para las indemnizaciones por cese («paracaídas de oro») en caso de fin anticipado del ejercicio de las funciones, y que se prohíban las indemnizaciones por cese en caso de rendimiento inadecuado o dimisión;

28.

Pide que se tenga en cuenta la igualdad entre hombres y mujeres a la hora de determinar las políticas remunerativas;

29.

Reafirma la necesidad de sancionar todas las formas de discriminación en las empresas, especialmente en lo que se refiere a la definición de las políticas de remuneración, la evolución de las carreras y el proceso de contratación de directivos;

30.

Opina que las empresas deben divulgar información clara, completa y puntual sobre sus prácticas remunerativas y que las autoridades supervisoras deben tener acceso a toda la información que necesiten para evaluar el cumplimiento de los principios aplicables;

31.

Pide que las empresas públicas, al igual que las demás empresas, apliquen una transparencia total en lo que se refiere a las políticas de remuneración y de incentivos que aplican;

32.

Pide que se publiquen de forma detallada los regímenes de jubilación o de complemento de jubilación de las empresas, incluyendo los de las empresas públicas;

33.

Pide a la Comisión que refuerce sus recomendaciones de 30 de abril de 2009 sobre la estructura de la remuneración y el alineamiento de los riesgos, tal como lo exigen los principios establecidos por el Consejo de Estabilidad Financiera y respaldados por el G20 en septiembre de 2009;

34.

Pide a la Comisión que adopte principios sólidos y vinculantes sobre las políticas remunerativas en el sector financiero, basándose en las propuestas para la banca contenidas en el informe relativo a las directivas sobre la adecuación del capital (DAC), así como un régimen de divulgación de información basado en un procedimiento del tipo «cumplir o explicar» cuando las empresas que cotizan en bolsa no respeten estos principios;

35.

Insta a los supervisores en el sector financiero a aplicar los Principios de remuneración y la metodología de evaluación de las normas propuestas en enero de 2010 por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea;

36.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan una estructura internacional común con miras a hacer público el número de personas con remuneraciones iguales o superiores al millón de euros, incluidos los principales componentes del sueldo, las bonificaciones, las primas a largo plazo y las aportaciones para pensiones;

37.

Anima a la Comisión a que examine los cometidos respectivos de los auditores internos y externos para abarcar todo el espectro de una gobernanza empresarial efectiva;

38.

Pide a la Comisión que considere la posibilidad de reforzar las funciones de los consejeros sin competencias ejecutivas y de velar por que las empresas ofrezcan formación continua y paquetes independientes de remuneración que reflejen el cometido independiente de los consejeros sin competencias ejecutivas, así como de otorgar a los supervisores la potestad de mantener entrevistas con las «personas autorizadas»;

39.

Pide a la Comisión que clarifique en sus propuestas legislativas el cometido de las autoridades de supervisión en la política remunerativa;

40.

Destaca que la remuneración variable no debe pagarse mediante vehículos o métodos que faciliten la elusión del pago del impuesto sobre la renta por esta remuneración;

41.

Pide que a la hora de regular la remuneración no se vulneren los derechos fundamentales consagrados en los Tratados, en particular el derecho de los interlocutores sociales —con arreglo a las normas y prácticas nacionales— a celebrar y aplicar convenios colectivos;

42.

Pide a la Comisión que establezca un marco de gestión de crisis de la UE a fin de evitar una nueva crisis financiera, teniendo en cuenta las iniciativas tomadas por organismos internacionales como el G20 y el FMI;

43.

Pide a la Comisión que exhorte a los Estados miembros a que recuerden a las empresas que cotizan en bolsa y a las empresas de servicios financieros su responsabilidad social, la degradación de su imagen y la necesidad de dar buen ejemplo en el seno de una sociedad internacional próspera;

44.

Considera que el mantenimiento de actividades o de filiales en territorios reacios a cooperar es contrario a los intereses a largo plazo de las empresas en general y pide que se elabore una estrategia europea para luchar contra los paraísos fiscales con objeto de hacer realidad las declaraciones del G-20 en Londres y Pittsburgh;

45.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a las autoridades de reglamentación nacionales y de la UE.

2.12.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 351/61

A.

Considerando que en la Unión existe un mercado interior de servicios bancarios y no una amalgama de servicios independientes unos de otros, y considerando que este mercado interior es de importancia crucial para la competitividad global de la Unión,

B.

Considerando que actualmente resulta insuficiente la regulación internacional en materia de gestión de crisis en el sector bancario,

C.

Considerando que los mecanismos de supervisión existentes en la UE y a escala internacional han demostrado ser ineficaces para prevenir o contener de manera suficiente el efecto de contagio,

D.

Considerando que el coste de la gestión de las crisis ha recaído en exceso en los contribuyentes, el crecimiento y el empleo,

E.

Considerando que la participación de los accionistas en el reparto de la carga, en primer lugar, y de los acreedores, después, es fundamental para reducir al mínimo el coste para los contribuyentes derivado de cualquier crisis de los mercados y las instituciones del sector financiero,

F.

Considerando que la ausencia o la insuficiencia de regulación y supervisión en la Unión se ha traducido en acciones descoordinadas por parte de las autoridades nacionales y que ello ha elevado el riesgo de actuaciones proteccionistas y distorsión de la competencia, también a raíz de las ayudas estatales, y ha puesto en peligro la creación de un mercado interior de servicios financieros,

G.

Considerando que un enfoque uniforme para evitar las quiebras de grupos bancarios sería más acorde con el concepto de mercado interior,

H.

Considerando que un mercado interior de servicios financieros fuerte es fundamental para la competitividad global de la Unión,

I.

Considerando la necesaria responsabilización de los agentes del sector bancario y considerando que esta responsabilidad debe contribuir al objetivo primordial de una reconstrucción de los mercados financieros al servicio de la financiación de la economía,

J.

Considerando que, a raíz de la crisis, se requiere que, como esperan los ciudadanos, las instituciones de la UE, trabajando en diálogo con el G-20 y otros foros internacionales, creen de manera urgente un marco adecuado que, en caso de crisis, mantenga la estabilidad financiera, minimice el coste para los contribuyentes, conserve los servicios bancarios básicos y proteja a los depositantes,

K.

Considerando que la estabilidad financiera y los mercados financieros integrados requieren una supervisión transfronteriza de las entidades financieras transfronterizas de importancia sistémica,

L.

Considerando que el objetivo de un marco de la Unión Europea para la gestión transfronteriza de las crisis es facultar a las autoridades para adoptar medidas que incluyan la intervención en la gestión de grupos bancarios cuando sea necesario (especialmente, pero no exclusivamente, en los bancos que acepten depósitos, cuando haya posibilidad de riesgos sistémicos),

M.

Considerando que el objetivo de un marco de la UE para la gestión transfronteriza de las crisis es asimismo regular los grupos bancarios transfronterizos y los bancos individuales que efectúan operaciones transfronterizas exclusivamente a través de sucursales; que, por lo que se refiere a los grupos bancarios transfronterizos, debe existir asimismo una regulación uniforme,

N.

Considerando que una respuesta vigorosa a la crisis exige un enfoque coherente y exhaustivo que implique una mejor supervisión (puesta en práctica de la nueva arquitectura de supervisión de la UE), una mejor regulación (iniciativas en curso como, por ejemplo, las relativas a la Directiva 2006/48/CE, la Directiva 2006/49/EC, la Directiva 94/19/EC, así como las retribuciones de los ejecutivos), y un marco eficaz a escala de la UE para la gestión de crisis en las instituciones financieras,

O.

Considerando que el principio de quien contamina paga debe extenderse al sector financiero, dado el impacto devastador que un colapso tiene a escala internacional, intersectorial y en el conjunto de la economía en general,

P.

Considerando que la intervención temprana en las crisis bancarias y su resolución deben iniciarse sobre la base de criterios claramente definidos, tales como la subcapitalización, la escasa liquidez o la pérdida de la calidad o del valor de los activos; que la intervención debe estar vinculada a los sistemas de garantía de depósitos,

Q.

Considerando que se requieren un estricto código de conducta de la UE en materia de gestión, así como mecanismos de disuasión de actuaciones inadecuadas, y que estos deben elaborarse con arreglo a iniciativas internacionales de carácter similar,

R.

Considerando la importancia de que la Comisión efectúe evaluaciones de impacto exhaustivas al examinar la conveniencia de nuevas orientaciones para la gestión de empresas,

S.

Considerando que, en un plazo de tres años desde el momento en que comiencen a ser operativos una Autoridad Bancaria Europea (ABE), un régimen de resolución bancaria, un fondo de estabilidad financiera de la UE y una unidad de resolución, la Comisión debe examinar la pertinencia de ampliar el alcance del marco de gestión de crisis a otras instituciones financieras no bancarias, incluidas —pero sin limitarse a ellas— las empresas de seguros y los gestores de activos y fondos, y estudiar asimismo la viabilidad y pertinencia de establecer una red de fondos nacionales de estabilidad para todas las instituciones que no participen en el fondo de estabilidad financiera de la UE, como se propone en la recomendación 3 del anexo,

T.

Considerando que debe evitarse el riesgo moral, a fin de que el riesgo asumido no sea excesivo, y que se impone un marco que proteja al sistema y no al delincuente que participa en dicho sistema, que, en particular, no conviene utilizar fondos de resolución para salvar a los accionistas de los bancos o para recompensar a los gestores por sus propios fracasos; que, en este contexto, las instituciones que utilicen un sistema de resolución bancaria de la UE deben asumir sus consecuencias como son las medidas administrativas y de reparación; que la eliminación del riesgo moral debe ser, por tanto, un principio rector en la futura supervisión financiera,

U.

Considerando que los actuales problemas económicos, financieros y sociales, así como la multitud de nuevas demandas de regulación impuestas a los bancos exigen un enfoque gradual y razonable, sin que por ello deban obstaculizar una agenda urgente y ambiciosa,

V.

Considerando que la transferencia de activos en un grupo bancario no debe hacer peligrar en ningún caso la estabilidad financiera o de liquidez del cedente, y debe llevarse a cabo con arreglo a un valor o precio de mercado que sea justo; que deben elaborarse principios claros para la valoración de los activos tóxicos y para el trato respecto de las filiales y sucursales con sede en países de acogida,

W.

Considerando que la Unión debe establecer un consenso respecto a quién debe hacer qué, cuándo y cómo en las situaciones de crisis en las instituciones financieras,

X.

Considerando que las medidas aplicables en el sector bancario deben promover la economía real en sus necesidades de financiación e inversión a corto y largo plazo,

Y.

Considerando la necesidad de colmar las lagunas existentes entre los regímenes nacionales de regulación e insolvencia mediante un marco armonizado y un diálogo reforzado entre supervisores y autoridades nacionales en los grupos de estabilidad financiera transfronteriza,

Z.

Considerando que el aumento del tamaño, la complejidad y la interconexión de los niveles regional y mundial ha puesto de manifiesto que el fallo de las instituciones, independientemente de su tamaño, puede tener efectos colaterales en todo el sistema financiero, lo que exige el establecimiento de un marco eficaz de resolución de crisis para todos los bancos, en un proceso gradual y paulatino, para lo que se recomienda que se haga hincapié inicialmente en las instituciones con el nivel más elevado de concentración; que tal marco de resolución de crisis debe tener en cuenta en la mayor medida posible los esfuerzos similares de los foros internacionales,

AA.

Considerando que un limitado número de bancos (bancos transfronterizos de importancia sistémica) supone un altísimo nivel de riesgo sistémico debido a su envergadura, complejidad y grado de interconexión por toda la Unión, lo que exige un régimen urgente y específico con un carácter especial para otras instituciones financieras transfronterizas,

AB.

Considerando que, para ser eficaz en las intervenciones de apoyo, un régimen de la UE para la gestión de crisis precisa un conjunto común de normas, unos conocimientos técnicos y recursos financieros adecuados, elementos que deben ser todos ellos clave para el régimen prioritario propuesto para bancos transfronterizos de importancia sistémica,

AC.

Considerando que la supervisión, los poderes de intervención temprana y las medidas relativas a la resolución de crisis deben considerarse tres fases interrelacionadas de un único marco común,

AD.

Considerando que el marco especial acelerado para bancos transfronterizos de importancia sistémica debe evolucionar a medio o largo plazo hacia un régimen universal que abarque a todas las instituciones financieras transfronterizas de la Unión y que ello debe incluir un régimen armonizado de insolvencia de la UE,

AE.

Considerando que un fondo de estabilidad desarrollado a escala de la Unión debe estar diseñado tan solo para la resolución de futuras crisis y no debe utilizarse para el reembolso de intervenciones pasadas o de problemas derivados de la crisis financiera 2007/2008,

1.

Pide a la Comisión que presente al Parlamento, a más tardar el 31 de diciembre de 2010, y sobre la base de los artículos 50 y 114 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, al menos una propuesta legislativa sobre un marco de gestión de crisis de la UE, un fondo de estabilidad financiera de la UE (Fondo) y una unidad de resolución, de acuerdo con las recomendaciones formuladas de forma detallada que figuran en anexo, teniendo en cuenta las iniciativas adoptadas por organismos internacionales como el G-20 y el Fondo Monetario Internacional, a fin de velar por la igualdad de condiciones a escala mundial, con arreglo a un análisis profundo de todas las alternativas disponibles, incluida una evaluación de impacto;

2.

Confirma que las recomendaciones respetan el principio de subsidiariedad y los derechos fundamentales de los ciudadanos;

3.

Considera que las repercusiones financieras de la propuesta solicitada deberían ser atendidas mediante las dotaciones presupuestarias oportunas (excluyendo las aportaciones al Fondo, que incumbirán a los bancos participantes);

4.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución, junto con las recomendaciones detalladas que la acompañan, a la Comisión, al Consejo y a los Parlamentos y los Gobiernos de los Estados miembros.