ISSN 1977-0928

doi:10.3000/19770928.C_2011.326.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 326

European flag  

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

54o año
10 de noviembre de 2011


Número de información

Sumario

Página

 

IV   Información

 

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

 

Tribunal de Cuentas

2011/C 326/01

Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2010, acompañado de las respuestas de las instituciones

1

2011/C 326/02

Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre las actividades financiadas por los octavo, noveno y décimo Fondos Europeos de Desarrollo (FED) relativo al ejercicio 2010, acompañado de las respuestas de la Comisión

251

ES

 


IV Información

INFORMACIÓN PROCEDENTE DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Tribunal de Cuentas

10.11.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 326/1


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Conforme a lo dispuesto en el artículo 287, apartados 1 y 4, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en los artículos 129 y 143 del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, relativo al Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas, modificado en último lugar por el Reglamento (UE, Euratom) no 1081/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, y en los artículos 139 y 156 del Reglamento (CE, Euratom) no 215/2008 del Consejo, de 18 de febrero de 2008, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al décimo Fondo Europeo de Desarrollo,

el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea, en su reunión del día 8 de septiembre de 2011, ha aprobado sus

INFORMES ANUALES

relativos al ejercicio 2010.

Los Informes, acompañados de las respuestas de las instituciones a las observaciones del Tribunal, han sido transmitidos a las autoridades responsables de la aprobación de la gestión y a las demás instituciones.

Los Miembros del Tribunal de Cuentas son:

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA (Presidente), David BOSTOCK, Morten Louis LEVYSOHN, Ioannis SARMAS, Igors LUDBORŽS, Jan KINŠT, Kersti KALJULAID, Massimo VARI, Juan RAMALLO, Olavi ALA-NISSILÄ, Karel PINXTEN, Ovidiu ISPIR, Nadejda SANDOLOVA, Michel CRETIN, Harald NOACK, Henri GRETHEN, Eoin O'SHEA, Szabolcs FAZAKAS, Louis GALEA, Ladislav BALKO, Augustyn KUBIK, Milan Martin CVIKL, Rasa BUDBERGYTĖ, Lazaros S. LAZAROU, Gijs DE VRIES, Harald WÖGERBAUER, Hans Gustaf WESSBERG.

INFORME ANUAL SOBRE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

2011/C 326/01

ÍNDICE

Introducción general

Capítulo 1 —

Declaración de fiabilidad e información de apoyo

Capítulo 2 —

Ingresos

Capítulo 3 —

Agricultura y recursos naturales

Capítulo 4 —

Cohesión, energía y transporte

Capítulo 5 —

Ayuda exterior, desarrollo y ampliación

Capítulo 6 —

Investigación y otras políticas internas

Capítulo 7 —

Gastos administrativos y otros gastos

Capítulo 8 —

La obtención de resultados a partir del presupuesto de la UE

Anexo —

Información financiera sobre el presupuesto general

INTRODUCCIÓN GENERAL

0.1.

El Tribunal de Cuentas Europeo es la institución establecida por el Tratado para llevar a cabo la fiscalización de las finanzas de la Unión Europea (UE). Como auditor externo de la UE, actúa de guardián independiente de los intereses financieros de los ciudadanos de la Unión y contribuye a mejorar la gestión financiera de ésta. Para más información sobre el Tribunal, pueden consultarse en su sitio web (www.eca.europa.eu) el informe anual de actividades, los informes especiales sobre los programas de gasto y los ingresos de la UE y sus dictámenes sobre nuevos textos legislativos o modificaciones a los mismos.

0.2.

El presente documento constituye el 34o Informe Anual sobre la ejecución del presupuesto de la UE y corresponde al ejercicio 2010. En un documento separado figura el Informe Anual sobre los Fondos Europeos de Desarrollo.

0.3.

El Consejo y el Parlamento Europeo determinan anualmente el presupuesto general de la UE. El Informe Anual del Tribunal, junto con sus informes especiales, sirve de base al procedimiento de aprobación de la gestión, por el que el Parlamento Europeo decide si la Comisión Europea ha cumplido satisfactoriamente con sus responsablidades de ejecución del presupuesto. El Tribunal transmite su Informe Anual a los parlamentos nacionales al mismo tiempo que al Consejo y al Parlamento Europeo.

0.4.

La parte central del Informe Anual consiste en la declaración del Tribunal (la «DAS») sobre la fiabilidad de las cuentas anuales de la UE y la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes (en lo sucesivo en el informe «regularidad de las operaciones»). Es precisamente la declaración de fiabilidad la que da inicio al informe; los datos que le siguen corresponden principalmente al trabajo de auditoría subyacente a dicha declaración.

El capítulo 1 contiene la declaración de fiabilidad y una síntesis de los resultados de la fiscalización del Tribunal sobre la fiabilidad de las cuentas y la regularidad de las operaciones, además de un informe de síntesis sobre la gestión presupuestaria en 2010.

Los capítulos 2 a 7 presentan de forma detallada las constataciones de la fiscalización en forma de «observaciones específicas» sobre los ingresos y gastos de la UE. El capítulo 2 trata de la parte de los ingresos del presupuesto de la UE, mientras que los capítulos 3 a 7 se refieren a los cinco grupos de ámbitos políticos bajo los que se autoriza y registra el gasto del presupuesto de la UE. Estos grupos corresponden en términos generales a las rúbricas utilizadas en el marco financiero 2007-2013, que fija las grandes líneas de los planes de gasto plurianuales de la Unión.

0.5.

Las observaciones específicas se basan principalmente en los resultados de los controles efectuados por el Tribunal respecto de la regularidad de las operaciones, en una evaluación de la eficacia de los principales sistemas de control y supervisión de los ingresos y los gastos, y en un examen de la fiabilidad de las tomas de posición de la Comisión.

0.6.

El Informe Anual relativo a este ejercicio difiere de los anteriores en varios aspectos significativos.

La forma y contenido de la declaración de fiabilidad toman en consideración las Normas Internacionales de Auditoría revisadas que entraron en vigor al inicio de 2011 (1).

Se ha modificado la estructura de las observaciones específicas con el fin de proporcionar un análisis del gasto de la UE de mayor utilidad. El capítulo 4 abarca el gasto de la UE en energía y transporte, junto con el gasto procedente de los Fondos Estructurales y del Fondo de Cohesión. Por otra parte, el capítulo 6 (Investigación y otras políticas internas) trata de las cuestiones relativas a educación, ciudadanía, asuntos económicos y financieros e investigación.

En un nuevo capítulo sobre cuestiones de auditoría de gestión (capítulo 8) se examina la evaluación de los resultados de gestión tal y como aparece reflejada en los informes anuales de actividad presentados por tres directores generales de la Comisión y se identifican temas comunes significativos en los informes especiales aprobados por el Tribunal en 2010.

0.7.

Las respuestas de la Comisión (y, en su caso, las de las demás instituciones y órganos europeos) a las observaciones del Tribunal se presentan con el informe. En algunas de sus respuestas la Comisión reinterpreta las constataciones del Tribunal o le atribuye conclusiones a las que esta institución no ha llegado. En su descripción de sus constataciones y conclusiones, el Tribunal tiene en cuenta las respuestas del auditado. Sin embargo, es obligación del Tribunal, en su calidad de auditor externo, comunicar las constataciones de su fiscalización, elaborar las consiguientes conclusiones y ofrecer, así, una valoración independiente e imparcial de la fiabilidad de las cuentas y de la legalidad y regularidad de las operaciones.


(1)  En particular, la ISSAI 1705, Modificaciones a la opinión en el informe del auditor independiente y la ISSAI 4200, Auditorías de cumplimiento asociadas a una auditoría de estados financieros.


CAPÍTULO 1

Declaración de fiabilidad e información de apoyo

ÍNDICE

Declaración de fiabilidad presentada por el Tribunal al Parlamento Europeo y al Consejo — Informe del auditor independiente

Opinión sobre la fiabilidad de las cuentas

Opinión sobre la legalidad y la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas

Introducción

Constataciones de auditoría del ejercicio 2010

Fiabilidad de las cuentas

Regularidad de las operaciones

Resumen de las observaciones específicas en el marco de la DAS

Comparación con resultados de ejercicios anteriores

Fiabilidad de las tomas de posición de la Comisión

Informes anuales de actividad y declaraciones de los directores generales

Opinión del auditor interno de la Comisión

Informe de síntesis de la Comisión

Implicaciones del mayor recurso a la prefinanciación

Gestión presupuestaria

DECLARACIÓN DE FIABILIDAD PRESENTADA POR EL TRIBUNAL AL PARLAMENTO EUROPEO Y AL CONSEJO – INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE

 (1)  (2)

 (3)

Fiabilidad de las cuentas

Legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas

Ingresos

Compromisos

Pagos

8 de septiembre de 2011

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

Presidente

Tribunal de Cuentas Europeo

12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxemburgo, LUXEMBURGO

OBSERVACIONES DEL TRIBUNAL

RESPUESTAS DE LA COMISIÓN

INTRODUCCIÓN

1.1.

El presente capítulo del Informe Anual:

expone el contexto de la declaración de fiabilidad del Tribunal y resume y analiza las constataciones y las conclusiones de auditoría subyacentes a la declaración (véanse los apartados 1.2 a 1.25);

estudia las implicaciones del mayor recurso a la prefinanciación en las finanzas de la Unión y en las cuentas de la Comisión (véanse los apartados 1.26 a 1.37);

resume la ejecución del presupuesto de 2010 (véanse los apartados 1.38 a 1.44);

explica el modo en que el Tribunal lleva a cabo su auditoría DAS (véase el anexo 1.1 );

presenta las acciones emprendidas por la Comisión en respuesta a las observaciones sobre la fiabilidad de las cuentas de ejercicios anteriores e incluye la respuesta de la Comisión a las recomendaciones del Tribunal sobre las recuperaciones y las correcciones financieras de su Informe Anual relativo al ejercicio 2009 (véase el anexo 1.2 ).

 

1.2.

El Tribunal de Cuentas presenta al Parlamento Europeo y al Consejo una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes (la DAS) (5). El Tribunal puede completar esta declaración con observaciones específicas sobre cada uno de los ámbitos principales de actividad de la Unión Europea (6).

 

1.3.

La finalidad del trabajo efectuado en relación con la fiabilidad de las cuentas de la UE es llegar a una conclusión sobre el grado en que los ingresos, los gastos, el activo y el pasivo han sido registrados correctamente y en que las cuentas anuales presentan fielmente su situación financiera a 31 de diciembre de 2010 y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio finalizado en esa fecha (véanse los apartados 1.6 a 1.8).

 

1.4.

La finalidad del trabajo de auditoría por lo que respecta a la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas de 2010 es determinar si las operaciones resultan conformes a las disposiciones reglamentarias o contractuales aplicables y han sido contabilizadas correctamente (véanse los apartados 1.9 a 1.14 para el resumen de los resultados y los capítulos 2 a 7 para mayor detalle).

 

1.5.

El Tribunal analizó la fiabilidad de las tomas de posición de la Comisión, es decir, las declaraciones de los directores generales y los informes anuales de actividad de sus servicios, así como su informe de síntesis, con objeto de evaluar en qué medida proporcionan una valoración correcta de la calidad de la gestión financiera y contribuyen a la garantía global del Tribunal (véanse los apartados 1.17 a 1.20 y 1.23 a 1.25, y la sección «Fiabilidad de las tomas de posición de la Comisión» de los capítulos 2 a 7). El trabajo también comprendió el examen de la opinión global formulada por primera vez por el auditor interno de la Comisión, que abarca la gestión financiera de esta en el ejercicio presupuestario 2010 (véanse los apartados 1.21 y 1.22).

 

CONSTATACIONES DE AUDITORÍA DEL EJERCICIO 2010

Fiabilidad de las cuentas

1.6.

Las observaciones del Tribunal se refieren a las cuentas anuales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «las cuentas») del ejercicio 2010, elaboradas por el contable de la Comisión y aprobadas por esta de conformidad con el artículo 129 del Reglamento financiero de 25 de junio de 2002 (7) y recibidas por el Tribunal el 27 de julio de 2011. Las cuentas comprenden:

a)

los estados financieros consolidados, formados por el balance (con el activo y el pasivo al término del ejercicio), la cuenta de resultado económico (con los ingresos y gastos del ejercicio), el cuadro de los flujos de tesorería (que muestra en qué modo los cambios en las cuentas afectan a la tesorería y a los equivalentes de tesorería), el estado de cambios en los activos netos (que explica los cambios habidos en dichos activos) y las notas conexas;

b)

los informes consolidados sobre la ejecución presupuestaria, que abarcan los ingresos y gastos del ejercicio.

 

1.7.

El contable de la Comisión presentó al Tribunal una carta de manifestaciones en la que confirmaba que, con algunas limitaciones poco significativas (8), las cuentas son completas y fiables.

 

1.8.

La fiscalización efectuada por el Tribunal de las cuentas de 2010 reveló que estas no contenían incorrecciones materiales (no obstante, véanse los apartados 1.26 a 1.37 y la información acerca del seguimiento de observaciones de ejercicios anteriores sobre la fiabilidad de las cuentas en el anexo 1.2 ).

 

Regularidad de las operaciones

Resumen de las observaciones específicas en el marco de la DAS

1.9.

El Tribunal expresa observaciones específicas sobre los ingresos en el capítulo 2, y sobre los grupos de ámbitos políticos de presupuestación por actividades (PPA) en los capítulos 3 a 7 (véase el cuadro 1.1 ). Cada observación específica contiene una introducción, constataciones y conclusiones sobre la regularidad de las operaciones, la eficacia de los sistemas y la fiabilidad de las tomas de posición de la Comisión, así como una presentación de las respuestas de la Comisión a recomendaciones anteriores del Tribunal.

 

1.10.

En el informe relativo al ejercicio 2010, el grupo de políticas Investigación y otras políticas internas, presentado en el capítulo 6, está formado por grupos de políticas o ámbitos políticos que en el Informe Anual relativo al ejercicio 2009 fueron objeto de otras observaciones específicas (9).

 

Cuadro 1.1 —   Pagos en 2010 por capítulos del Informe Anual

(millones de euros)

Secciones (S) y títulos (T)  (43) correspondientes a la nomenclatura presupuestaria de 2010 asignados por capítulos del Informe Anual del Tribunal

Pagos efectuados en 2010  (44)

Capítulos del Informe Anual

Agricultura y recursos naturales

56 841

Agricultura y desarrollo rural (T.05)

Medio ambiente (T.07)

Pesca y asuntos marítimos (T.11)

Salud y protección de los consumidores (T.17)

 

Cohesión, energía y transporte

40 630

Empleo y asuntos sociales (T.04)

Energía y transporte (T.06)

Política regional (T.13)

 

Ayuda exterior, desarrollo y ampliación

6 543

Relaciones exteriores (T.19)

Desarrollo y relaciones con los Estados ACP (T.21)

Ampliación (T.22)

Ayuda humanitaria (T.23)

 

Investigación y otras políticas internas

8 953

Asuntos económicos y financieros (T.01)

Empresa (T.02)

Competencia (T.03)

Investigación (T.08)

Sociedad de la información y medios de comunicación (T.09)

Investigación directa (T.10)

Mercado interior (T.12)

Educación y cultura (T.15)

Comunicación (T.16)

Espacio de libertad, seguridad y justicia (T.18)

Comercio (T.20)

 

Gastos administrativos y otros gastos

9 264

Parlamento (S. I)

Consejo (S. II)

Comisión (S. III)

Tribunal de Justicia (S. IV)

Tribunal de Cuentas (S. V)

Comité Económico y Social (S. VI)

Comité de las Regiones (S. VII)

Defensor del Pueblo Europeo (S. VIII)

Supervisor Europeo de Protección de Datos (S. IX)

 

Gran total

122 231

1.11.

El Tribunal concluye que los ingresos (127 795 millones de euros) (10) y los pagos del grupo de políticas Gastos administrativos y otros gastos (9 264 millones de euros) no contenían errores materiales y que los sistemas de control y supervisión eran eficaces (véase el cuadro 1.2 y los apartados 2.41, 2.42, 7.33 y 7.34). Los compromisos de todos los grupos de políticas también estaban exentos de errores materiales.

 

1.12.

El Tribunal llega a la conclusión de que el grupo de políticas de Investigación y otras políticas internas (8 953 millones de euros) no contenía errores materiales y que los sistemas de control y supervisión eran parcialmente eficaces para garantizar la regularidad de los pagos. No obstante, los pagos intermedios y finales de los programas marco de investigación estaban afectados por errores materiales (véase el cuadro 1.2 y los apartados 6.48 y 6.49). El Tribunal también considera que el grupo de políticas Ayuda exterior, desarrollo y ampliación (6 543 millones de euros) estaba exento de errores materiales y que los sistemas de control y supervisión eran parcialmente eficaces para garantizar la regularidad de los pagos. Sin embargo, los pagos intermedios y finales estaban afectados por errores materiales (véase el cuadro 1.2 y los apartados 5.35 y 5.36).

 

1.13.

El Tribunal concluye que los grupos de políticas Agricultura y recursos naturales (55 990 millones de euros de gastos reembolsados) y Cohesión, energía y transporte (37 556 millones de euros de gastos reembolsados) estaban afectados por errores materiales, mientras que los pagos directos a los agricultores cubiertos por el SIGC (11) no contenían errores materiales. El Tribunal concluye también que los sistemas de control y supervisión fiscalizados del grupo de políticas Agricultura y recursos naturales eran parcialmente eficaces. Además, el Tribunal considera que las autoridades de auditoría del grupo de políticas de Cohesión, energía y transporte en general eran parcialmente eficaces para garantizar la regularidad de las operaciones (véase el cuadro 1.2 y los apartados 3.55, 3.56, 4.47 y 4.48).

1.13.

La conclusión del Tribunal referente a agricultura y recursos naturales confirma la tendencia positiva de que en los últimos años el índice de error más probable se aproxima al umbral de materialidad del 2 %. La Comisión señala, además, que, en el caso de los gastos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (Feaga), que en 2010 supusieron el 77 % de los gastos totales de este capítulo, el error más probable se sitúa muy por debajo del umbral de materialidad y que, en el caso de los pagos directos cubiertos por el Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC), es incluso más bajo. Por otra parte, el riesgo que corre el presupuesto de la UE está cubierto adecuadamente por el procedimiento de liquidación de conformidad. Véase también la respuesta al apartado 3.17.

La Comisión considera que generalmente el SIGC constituye un sistema de control eficaz para limitar el riesgo de error o de gastos irregulares. Por lo que se refiere al desarrollo rural, la Comisión considera que los sistemas de supervisión y control están en proceso de constante mejora.

Por lo que se refiere a la cohesión, la Comisión señala que, por segundo año consecutivo, el nivel de error sigue estando muy por debajo de lo comunicado por el Tribunal en el período 2006-2008. La Comisión considera que esta evolución positiva refleja las disposiciones de control más estrictas del período de programación 2007-2013 y su plan de acción de 2008 (véase también la respuesta al apartado 4.24).

1.14.

El Tribunal concluye que en general los pagos estaban materialmente afectados por errores y que los sistemas de control y supervisión correspondientes a los pagos eran, en general, parcialmente eficaces (véase el cuadro 1.2 ).

 

Cuadro 1.2 —   Síntesis de las constataciones de 2010 relativas a la regularidad de las operaciones

Grupo de políticas

Pagos

(millones de euros)

Error más probable

(EMP)

(%)

Intervalo de confianza

(%)

Frecuencia de errores  (45)

(%)

Valoración de los sistemas de control y supervisión  (46)

Límite inferior de error

(LIE)

Límite superior de error

(LSE)

Agricultura y recursos naturales

55 990 (47)

2,3

0,8

3,8

37

Parcialmente eficaces

Cohesión, energía y transporte

37 556 (48)

7,7

4,7

10,7

49

Parcialmente eficaces

Ayuda exterior, desarrollo y ampliación

6 543

1,7

0,1

3,3

23

Parcialmente eficaces

Investigación y otras políticas internas

8 953

1,4

0,6

2,1

39

Parcialmente eficaces

Gastos administrativos y otros gastos

9 264

0,4

0,0

1,1

7

Eficaces

Población global auditada

118 306  (49)

3,7

2,6

4,8

36

Parcialmente eficaces

Ingresos

127 795

0,0

s.o.

s.o.

s.o.

Eficaces

Comparación con resultados de ejercicios anteriores

1.15.

Los resultados de la auditoría del Tribunal de 2010 reflejan un incremento de su estimación del error más probable con respecto a los pagos del grupo de políticas Cohesión, energía y transporte (12), en comparación con el grupo de políticas Cohesión de 2009 (13). La estimación del Tribunal del error más probable con respecto a los pagos de otros grupos de políticas se mantiene relativamente estable.

1.15.-1.16.

A lo largo de los años, la mayoría de los índices de error han permanecido estables o han disminuido. Sin embargo, en 2010, los progresos en una serie de ámbitos no han compensado un aumento moderado en materia de cohesión, lo que tuvo como consecuencia un pequeño incremento global de todo el presupuesto.

Por lo que se refiere a la cohesión, la Comisión observa que el nivel de error más probable en 2010 sigue estando muy por debajo de lo comunicado por el Tribunal en los ejercicios 2006-2008. El límite de error inferior de 2010, un 4,7 %, admite una comparación favorable con el 11 % de 2008.

1.16.

En conjunto, esto supone un incremento del error más probable estimado por el Tribunal para el conjunto de los pagos, que pasa del 3,3 % en 2009 al 3,7 % en 2010 (véase el gráfico 1.1 ) (14). El Tribunal constató que alrededor de un tercio de las operaciones verificadas estaba afectado por errores (frente a una cuarta parte del total de las operaciones en 2009).

 

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Fiabilidad de las tomas de posición de la Comisión

Informes anuales de actividad y declaraciones de los directores generales

1.17.

Cada director general informa anualmente del ejercicio de sus funciones en un informe de actividad que va acompañado, entre otra información, de una declaración sobre el grado en que los recursos se han utilizado para su finalidad prevista, y la medida en que los controles garantizan la legalidad y la regularidad de las operaciones.

 

1.18.

Todos los directores generales declararon que los requisitos mencionados en el apartado anterior se habían respetado. Trece direcciones generales o servicios emitieron una o más reservas (15), que en su mayoría se refieren a insuficiencias en la regularidad de las operaciones subyacentes (véanse los anexos x.3 de los capítulos 2 a 7).

 

1.19.

Los directores generales emiten reservas en sus declaraciones de fiabilidad basándose en su evaluación de la importancia relativa de las insuficiencias o de las observaciones sobre los componentes básicos de sus informes anuales de actividad. Un elemento de esta evaluación que ha ganado particular importancia en 2010 es el cálculo del riesgo residual o porcentaje de error residual, que consiste generalmente en una estimación del impacto de los mecanismos de control en el porcentaje de error sobre una base plurianual, que se compara con el umbral de materialidad del 2 % para determinar si procede emitir una reserva.

1.19.-1.20.

La práctica usual de la Comisión prevé el cálculo de un importe residual de riesgo como porcentaje de la correspondiente actividad de la presupuestación por actividades (PA), lo que se compara con el umbral de materialidad del 2 %, a fin de determinar si es necesaria una reserva. Además, la Comisión subraya que el cálculo de un índice de error residual no es sino uno de los métodos a disposición del ordenador delegado (OD), para estimar el importe del riesgo.

Puesto que los sistemas de control y gestión varían significativamente en función de las políticas, los servicios de la Comisión siguen enfoques diferentes a la hora de estudiar y calcular los índices de error residuales. La Comisión está de acuerdo en que puede que las actuales orientaciones no sean suficientemente detalladas para garantizar que los servicios hagan un uso coherente de la terminología y de los criterios. La Comisión ha puesto en marcha el procedimiento de revisión paritario a fin de garantizar que exista coherencia cuando diferentes direcciones generales ejecutan programas similares.

Las orientaciones han de permitir al OD un margen de apreciación en cada caso individual.

Aunque la cuantificación de los riesgos en los informes anuales de actividad (IAA) pretende dar una indicación de los importes de riesgo y estimar las posibles correcciones financieras de los pagos de un año de referencia dado, el Director General tiene a su disposición otros medios para proteger los fondos de la UE, como, por ejemplo, la interrupción y suspensión de los pagos y las correcciones financieras. La cuantificación del riesgo en los IAA no tiene la misma función que el índice de error establecido por el Tribunal de Cuentas, por lo que la Comisión considera que no pueden ni deben ser comparados. El Director General puede evaluar si existen «medidas atenuantes» que limiten el riesgo. En materia de cohesión, las disposiciones jurídicas vigentes son efectivamente medidas atenuantes y la evaluación de la exposición al riesgo de 2010 debería tener en cuenta los mecanismos de control complementarios, que pueden ir mucho más allá del año de referencia de las auditorías del Tribunal de Cuentas (fiscalización anual por los servicios nacionales de auditoría, auditorías complementarias efectuadas por las Direcciones Generales de Política Regional (DG REGIO) y de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión (EMPL) y auditorías de cierre a finales de los programas).

1.20.

Las instrucciones permanentes para la elaboración de los informes anuales de actividad emitidas por la Secretaría General y la Dirección General de Presupuestos no contienen orientaciones para la estimación de este riesgo residual o porcentaje de error residual, lo que da lugar a distintas aplicaciones del concepto por parte de las direcciones generales en cuestión (por ejemplo, estimación de las recuperaciones esperadas sin asociarlas a los importes reales, falta de cuantificación de los riesgos de error de hasta un 5 % en determinados programas, teniendo en cuenta el tipo de retención previsto en el reglamento (16), exclusión de los resultados de auditoría negativos en nuevos programas de auditoría con un alcance limitado).

 

Opinión del auditor interno de la Comisión

1.21.

El auditor interno de la Comisión emitió su primera opinión global (17) sobre el estado del control en la Comisión basándose, en particular, en las garantías ofrecidas en los informes anuales de actividad y en el trabajo realizado por el servicio de auditoría interna de la Comisión (SAI) y las estructuras de auditoría interna de las distintas direcciones generales en el periodo 2008 a 2010.

 

1.22.

El alcance de la opinión general se limita al propio marco de control interno de la Comisión. No obstante, más del 90 % de los errores se detectan fuera de esta, en el plano de los beneficiarios finales. Su auditor interno considera que este marco es, en su conjunto, adecuado. El Tribunal, no obstante, señala que los sistemas de control y supervisión existentes no evitan o identifican y corrigen errores hasta tal punto que las operaciones subyacentes al presupuesto en su conjunto, sean legales y regulares.

1.22.

El alcance del dictamen del auditor interno incluye los sistemas de control establecidos por la Comisión con el fin de abordar la cuestión del índice de error a nivel de los beneficiarios.

Al examinar los sistemas de control de la Comisión, el auditor interno de la Comisión pretende obtener garantías de que cada servicio ha establecido una estrategia de control cuyos costes sean proporcionados a los riesgos de error de las operaciones subyacentes, y que sea eficaz en la eliminación de los errores de las declaraciones de gastos presentadas por los beneficiarios y en la recuperación de las sumas indebidamente pagadas cuando se producen errores.

Informe de síntesis de la Comisión

1.23.

La introducción al informe de síntesis (18) señala que, con la aprobación de este, la Comisión asume su responsabilidad política (19) en la ejecución del presupuesto de la UE por sus máximos responsables. Esta institución indica que los directores generales consiguieron corregir las insuficiencias en el 25 % de las reservas formuladas en 2009. En su opinión, entre las mejoras observadas se cuenta un mayor respeto de las normas de subvencionabilidad en los gastos declarados por los beneficiarios.

 

1.24.

La Comisión reconoce, no obstante, que siguen siendo necesarias mejoras, en particular en ciertos ámbitos de gestión compartida, y propone acciones para resolver estos problemas, como las siguientes:

1.24.

revisión del Reglamento financiero y de los reglamentos sectoriales para el período posterior a 2013 a fin de mejorar la concepción de los sistemas de financiación, afrontar el riesgo de error, aliviar la carga administrativa para los beneficiarios y otras partes interesadas y reducir los costes operativos de los controles;

Véase la respuesta al apartado 1.37.

ejercicio riguroso de la función supervisora de la Comisión y aplicación de interrupciones sistemáticas y oportunas de los pagos, de los procedimientos de suspensión y de las correcciones financieras cuando quiera que se identifiquen graves deficiencias de control;

Efectivamente, la Comisión y sus servicios ejercieron sus funciones de supervisión interrumpiendo 63 plazos de pago (49 del FEDER y 14 del FSE) y adoptando una decisión de suspensión de un programa operativo del período 2007-2013 y 5 decisiones de suspensión (FSE) de programas operativos 2000-2006, al haberse detectado graves deficiencias o irregularidades, hasta que los Estados miembros pusieron en marcha las medidas correctoras necesarias. La Comisión prosigue este política estricta en 2011, habiendo decidido 52 interrupciones de los plazos de pago (40 del FEDER y 12 del FSE) en el primer semestre del año.

intensificación de los esfuerzos en el ámbito de cohesión para corregir el importante aumento, en comparación con 2009, del porcentaje de error y del volumen de pagos erróneos debidos al mayor número de operaciones y al incremento de los importes de gastos declarados;

 

modernización de las normas de la UE sobre contratación pública, que constituyen una importante fuente de error, en particular en el ámbito de la cohesión (20);

 

refuerzo de la legibilidad y la comparabilidad de los informes anuales de actividad.

 

1.25.

En su informe de síntesis la Comisión tomaba nota de los informes de la dirección que, en su opinión, ofrecen garantías al Colegio por lo que respecta al funcionamiento de la gobernanza y del control interno de sus servicios, así como a su capacidad de lograr sus objetivos (21). El Tribunal, no obstante, insiste en que previamente había detectado problemas (22) que quedan sin resolver:

1.25.

en varios ámbitos el alcance o la escala de las reservas debería ser mayor (véanse los apartados 1.20; 3.52 a 3.54; 4.45 y 4.46; 5.31 a 5.34; 6.46 y 6.47 y los anexos x.3 de los capítulos 2 a 7);

La Comisión considera que el alcance o la magnitud de las reservas son adecuados (véanse las respuestas a los apartados 1.19-1.20, 3.52 a 3.54, 4.46 y 5.33 a 5.34).

aún están incompletos los datos de los Estados miembros sobre recuperaciones o retiradas o todavía no han sido auditados o validados por la Comisión (véase el anexo 1.2 , apartado 3);

La información relacionada con las recuperaciones se incluye en la nota 6 de las cuentas.

En materia de cohesión, y en relación con el período de programación 2000-2006, la Comisión comprueba que la información presentada para el cierre de los programas es completa y fiable. En relación con el período de programación 2007-2013, la Comisión está llevando a cabo una auditoría específica sobre los sistemas de recaudación de los Estados miembros, a fin de obtener garantías sobre la calidad de los datos presentados en las declaraciones anuales de recuperaciones y retiradas. Se espera que los primeros resultados de esta auditoría se tengan en cuenta en los informes de actividad anuales de 2011.

las diferencias entre los mecanismos de corrección financiera y las recuperaciones (las correcciones financieras son consecuencia de insuficiencias identificadas en los sistemas de control y supervisión, mientras que las recuperaciones corresponden a pagos irregulares) y su impacto (las correcciones financieras son sufragadas por los contribuyentes mientras que las recuperaciones son abonadas por los distintos beneficiarios) continúa sin tenerse adecuadamente en cuenta (véase el anexo 1.2 , apartado 3).

La Comisión presenta sus cuentas a nivel del presupuesto de la UE y considera que las recuperaciones son esenciales para proteger el presupuesto de la UE. La Comisión entiende que el Tribunal se refiere a las recuperaciones a nivel de los beneficiarios de los Estados miembros y exige que la información proporcionada haga referencia a estas recuperaciones. Sin embargo, en los ámbitos de la gestión compartida, esta responsabilidad recae en los Estados miembros, tal como se explica en las respuestas de la Comisión al apartado 1.39 del informe anual del Tribunal correspondiente a 2009. En cuanto un Estado miembro ha devuelto los fondos pagados indebidamente (mediante la recuperación efectiva de los fondos o mediante compensación), la Comisión considera que el presupuesto de la UE está protegido. Sin embargo, los Estados miembros están obligados a recuperar los importes abonados indebidamente, siempre que sea posible y oportuno.

IMPLICACIONES DEL MAYOR RECURSO A LA PREFINANCIACIÓN

1.26.

Una parte significativa de los pagos efectuados por la Comisión facilita financiación anticipada de costes en los que incurrirán organismos externos en una fecha posterior. Cuando dichos pagos se identifican correctamente como prefinanciación no se tratan en las cuentas de la Unión como gastos definitivos en el momento en que se efectúan, sino que se registran en el activo del balance hasta que se presente la justificación de los gastos efectuados (o, con menor frecuencia, hasta la finalización de la actividad requerida). Sobre esta base, la Comisión contabiliza el gasto correspondiente en la cuenta de resultado económico y procede a la liquidación del importe registrado en el balance.

 

1.27.

Si los anticipos se registran en las cuentas como gastos definitivos no existe un registro contable de la obligación de presentar pruebas de la utilización final de los fondos, lo que aumenta el riesgo de que dicha utilización no se justifique y de que no se detecten irregularidades, o se detecten con un retraso considerable, dificultando aún más la recuperación de los importes indebidamente pagados.

1.27.

Los servicios contables de la Comisión prosiguen su trabajo para aclarar las cuestiones vinculadas al reconocimiento y la liquidación de las prefinanciaciones (véase también la respuesta al apartado 1.37).

Sin perjuicio de la validez del principio enunciado en la segunda parte de las observaciones del Tribunal, conviene señalar que, por ejemplo, en el caso de los instrumentos de ingeniería financiera, la base jurídica prevé solo un único control de la subvencionabilidad de los gastos contraídos, al cierre del programa o al final del período de programación (de estos dos hechos, el primero que ocurra). Por tanto, sea cual sea el tratamiento contable que se aplique a los pagos efectivos por la Comisión en favor de los Estados miembros, las posibles irregularidades solo serán detectadas en ese momento.

Incremento sustancial de la prefinanciación entre 2005 y 2010

1.28.

El valor bruto contabilizado de la prefinanciación acumulada se ha incrementado en más del doble en los últimos seis años (de 39 000 millones de euros a 84 000 millones de euros, véase la primera línea del cuadro 1.3 ). La Comisión también estima, durante el procedimiento de separación de ejercicios (23), los gastos incurridos por los beneficiarios al final del ejercicio con respecto a los cuales todavía no se han recibido solicitudes de pago. Los gastos devengados (véase la segunda línea del cuadro 1.3 ) se deducen de los correspondientes importes brutos de prefinanciación pendientes. El importe neto de prefinanciación resultante en el balance (véase la tercera línea del cuadro 1.3 ) también ha aumentado de manera significativa, pero a menor ritmo (de 29 000 millones a 49 000 millones de euros).

1.28.

La Comisión está siguiendo la situación en lo relativo al aumento de los importes de prefinanciación. Gran parte de este aumento se justifica por el paso a un nuevo período de programación (2007-2013) y la prefinanciación pagada con arreglo a las normas de la gestión compartida. No obstante, los servicios contables de la Comisión continúan colaborando con las direcciones generales operativas para intentar mantener los importes de prefinanciación en curso lo más bajos posible, aunque esta tarea puede entrar en conflicto a menudo con la legislación subyacente.

Cuadro 1.3 —   Evolución de la prefinanciación (50) y los correspondientes gastos devengados entre 2005 y 2010 (millones de euros)

 

31.12.2005

31.12.2006

31.12.2007

31.12.2008

31.12.2009

31.12.2010

Diferencia de 2005 a 2010

Importe

%

Importe total bruto de prefinanciación (antes de la separación de ejercicios)

38 854

43 129

55 099

73 754

84 761

84 387

45 533

117 %

Gastos devengados

9 489

12 649

20 501

34 469

35 934

34 966

25 477

268 %

Importe total neto de prefinanciación (después de la separación de ejercicios)

29 365

30 480

34 598

39 285

48 827

49 421

20 056

68 %

Datos inexactos o incompletos relativos a la prefinanciación

Falta de liquidación de las prefinanciaciones

1.29.

Aunque siempre puede resultar necesario algún elemento de estimación para liquidar la prefinanciación, varias direcciones generales de políticas internas y acciones exteriores continúan registrando estimaciones en las cuentas incluso cuando han aceptado declaraciones de gastos como base para continuar efectuando pagos al beneficiario (24). El recurso a las estimaciones para los gastos devengados se ha incrementado considerablemente con el tiempo, pasando de menos de una cuarta parte del importe anticipado en 2005 a casi la mitad en 2010 (véase la segunda línea del cuadro 1.3 ). El Tribunal ha expresado su inquietud por la intensificación de esta práctica (25).

1.29.

La Comisión es consciente de la preocupación del Tribunal en este ámbito y ha realizado esfuerzos para abordar esta cuestión. En el contexto de la actual revisión del Reglamento financiero, la Comisión ha propuesto que la liquidación periódica de las prefinanciaciones sea obligatoria.

Debido al riesgo de error en las declaraciones de gastos sin certificar o sin auditar, algunos ordenadores delegados son reacios a realizar pagos sobre la base de estas declaraciones. En ese caso, consideran las declaraciones de gastos sin certificar o sin auditar indicativas de los avances de la acción subvencionada y abonan prefinanciación adicional, con el fin de asegurar un continuo flujo de pagos de los proyectos subvencionados. En consecuencia, la liquidación se aplaza a continuación hasta la finalización del proyecto.

Cabe mencionar que tanto la Comisión, como los beneficiarios/contratistas (en particular, en el ámbito de las políticas internas y la ayuda exterior) tendrán que enfrentarse al reto de la carga administrativa, cuando las liquidaciones periódicas de las prefinanciaciones sean más eficaces.

Registro incompleto de la prefinanciación

1.30.

Desde 2009 se ha observado un incremento significativo en los pagos, principalmente en los instrumentos de ingeniería financiera cuyas justificaciones de costes o de actividad no se esperan hasta una fecha posterior. La fiscalización ha puesto de manifiesto un número significativo de casos en que en un principio la Comisión no registró los pagos correctamente como origen de activos. Por lo tanto, contrariamente al principio de preeminencia de la sustancia sobre la forma (26), las cuentas daban la impresión de que los beneficiarios habían justificado plenamente la utilización de los fondos cuando en la práctica este no era el caso.

1.30.

Esta cuestión salió a la luz por primera vez a principios de 2011. El marco jurídico para la gestión compartida no exige que los importes abonados como anticipos se soliciten a la Comisión en un estado de gastos separado, ni tampoco requiere un informe periódico específico sobre su utilización por el beneficiario final. Véanse también las respuestas a los apartados 1.31 y 1.32.

Instrumentos de ingeniería financiera

1.31.

Las contribuciones a los instrumentos de ingeniería financiera constituyen el principal elemento de este problema. La reglamentación aplicable de los ámbitos de cohesión y desarrollo rural (27) prevén la inclusión en sus declaraciones de gastos de pagos efectuados en virtud de programas operativos para constituir fondos destinados a la creación de instrumentos de ingeniería financiera o contribuir a dichos fondos. La Comisión ha adoptado la práctica de contabilizar como gastos la totalidad de los importes declarados por los Estados miembros en la cuenta de resultado económico, como si se tratara de la liquidación definitiva de una declaración.

1.31.

En ausencia de información sobre los pagos realizados para los instrumentos de ingeniería financiera, que no se exige a los Estados miembros en la base jurídica aplicable, la Comisión inicialmente no tuvo ninguna otra opción sino considerar estos pagos como gastos.

Sobre la base de la información que solicitó y obtuvo de los Estados miembros en junio de 2011, la Comisión ha tratado los pagos a los instrumentos de ingeniería financiera como activos en las cuentas de 2010, incluidas las cifras comparativas para 2009. Véanse las notas 2.5, 2.9, 2.10 y 3.4 a las cuentas consolidadas para los detalles de este tema. Véase también la respuesta al apartado 1.32.

1.32.

Sin embargo, con arreglo a los reglamentos sectoriales, las autoridades de los Estados miembros solo deben presentar una declaración final de su utilización en forma de préstamos, garantías o inversiones en capital facilitados a los receptores finales en una fecha posterior (normalmente al final del periodo de programación), lo que significa que en 2010 la Comisión no disponía de información global sobre los importes efectivamente utilizados por los instrumentos de ingeniería financiera, y hasta que este problema no salió a la luz a comienzos de 2011, no fue posible recabar toda la información necesaria de los Estados miembros. Por consiguiente, alrededor de 4 800 millones de euros no se registraron como prefinanciación en el balance de las cuentas provisionales de 2010 (28).

1.32.

Debe señalarse que la información solicitada y obtenida de los Estados miembros no se refiere a las cantidades realmente gastadas por los instrumentos de ingeniería financiera, sino a los importes de las contribuciones a favor de estos instrumentos. Teniendo en cuenta el criterio de la relación coste-beneficio, la Comisión hizo una estimación lineal de los importes sin utilizar y los reclasificó como activos.

Los activos, por un importe total de 4,8 millones de euros serán amortizados totalmente a finales de 2015, en virtud de la aplicación de la actual base jurídica.

Véase también la respuesta al apartado 4.32.

Otros regímenes de ayuda

1.33.

Por otra parte, una serie de otros regímenes de ayuda permiten el pago de anticipos de tesorería a los beneficiarios, antes de la presentación de las declaraciones de gastos definitivas que, en la práctica, también se tratan como si fueran pagos definitivos. Por lo tanto, ni se contabilizan ni se presentan en el balance y es difícil para la Comisión cuantificar el importe en cuestión.

1.33.

Como en el caso de los instrumentos de ingeniería financiera antes citados, la base jurídica no prevé, para los regímenes de ayuda, ninguna información específica sobre los importes abonados y su uso. Hasta ahora, la Comisión tiene indicios de que, al amparo de los regímenes de ayuda, los anticipos se abonan durante un período más corto que en el caso de los instrumentos de ingeniería financiera. Los movimientos inherentes a la actividad normal y el retraso en la declaración de los gastos realmente contraídos hacen difícil cuantificar el impacto financiero de tales anticipos.

Véase también la respuesta al apartado 1.36.

Acciones emprendidas por la Comisión

1.34.

La Comisión ha tratado de obtener información suficiente para las cuentas definitivas. Según la información recibida de los Estados miembros al final de junio de 2011, la contribución de la UE a los instrumentos de ingeniería financiera asciende a 6 400 millones de euros. Sobre la base de la estimación de los importes no utilizados por los instrumentos de ingeniería financiera al 31 de diciembre de 2010, los ajustes más significativos por efectuar eran una reclasificación de gastos a activos en las cuentas de 2009 y 2010 (véanse las notas 2.5, 2.9, 2.10 y 3.4 a las cuentas consolidadas de 2010 en las que explican los ajustes efectuados).

 

Conclusiones y recomendaciones

1.35.

La Comisión corrigió problemas significativos en relación con la exhaustividad de las prefinanciaciones a través de operaciones de contabilización en ejercicios separados y de ajustes (véase el apartado 1.34). No obstante, la falta de datos actualizados sobre los fondos de la UE efectivamente utilizados por los Estados miembros reduce significativamente la utilidad de la información contable a efectos de gestión, en particular para la Comisión en el ejercicio de sus funciones de ejecución del presupuesto.

1.35.

La Comisión desea subrayar la cantidad y la importancia de la información recogida sobre las contribuciones abonadas a los instrumentos de ingeniería financiera, lo que supone un importante avance hacia una información contable más exacta.

1.36.

La Comisión necesita adoptar medidas adicionales para garantizar la disponibilidad de la información necesaria, el tratamiento coherente de las operaciones en las cuentas y el mantenimiento, por todas las direcciones generales, de una contabilidad completa, exacta y actualizada.

1.36.

El tratamiento contable aplicado fue coherente en las cuatro DG que ejercían la gestión compartida y conforme con lo dispuesto en la base jurídica. Además, en esta fase no sería viable modificar el tratamiento que se da a las declaraciones de gastos presentadas por los Estados miembros. Por ello, la Comisión seguirá calculando una estimación de los importes no utilizados al final del ejercicio y efectuará los ajustes contables necesarios.

Hay que considerar la eficiencia de los gastos, ya que la Comisión debe evitar que los informes de los anticipos exigidos a los beneficiarios sean sumamente complejos y onerosos para todas las partes afectadas.

La Comisión ya ha propuesto una modificación adecuada de la actual base jurídica sectorial en el Reglamento de los Fondos Estructurales. También introducirá las disposiciones oportunas en las propuestas de futuras bases jurídicas.

1.37.

El mayor recurso a la prefinanciación en el presupuesto de la UE y los nuevos tipos de instrumentos financieros apremian a la Comisión a revisar la norma contable pertinente a fin de ofrecer orientaciones adecuadas sobre la constatación y la liquidación de los importes de prefinanciación, y a acompañar esta medida de una supervisión reforzada (29).

1.37.

La Comisión destaca que hay que distinguir entre las prefinanciaciones concedidas en el marco de la ayuda exterior y de las políticas internas y los pagos anticipados efectuados en el marco de la gestión compartida, en particular en lo que respecta a los instrumentos de ingeniería financiera.

La Comisión también subraya que abordar la liquidación de la prefinanciación antes de los pagos finales no es meramente una cuestión de orientación contable. En la práctica, ello quiere decir que hay que reembolsar declaraciones de gastos intermedios cuyo grado de cumplimiento de las complicadas normas de subvencionabilidad debe verificarse en primer lugar. Esto no puede obtenerse sin un aumento sustancial de la carga de trabajo administrativa, tanto de los beneficiarios, como de los servicios de la Comisión.

Además, habría que modificar el Reglamento financiero y la legislación sectorial, que, actualmente, autorizan sucesivas prefinanciaciones en función de los avances de las acciones subvencionadas. La Comisión ya ha propuesto, en la revisión del artículo correspondiente del Reglamento financiero, que se convierta en obligatoria la liquidación regular de las prefinanciaciones.

Por último, la Comisión desea señalar que sus servicios contables han proporcionado orientación y formación y han organizado talleres en materia de prefinanciación en 2010 y 2011, y que se proseguirá en esta vía.

GESTIÓN PRESUPUESTARIA

1.38.

La presente sección resume la ejecución del presupuesto general de la UE en el ejercicio 2010.

 

Créditos presupuestarios para compromisos y pagos

1.39.

Teniendo en cuenta los créditos prorrogados (30), los ingresos afectados (31) y los presupuestos rectificativos (32), el total de créditos disponibles en 2010 ascendía a 147 300 millones de euros de compromisos y a 130 500 millones de euros de pagos, lo que supone un incremento del 0,9 % y el 4,8 % respectivamente, en comparación con el total de créditos disponibles en 2009 (véanse los gráficos III y IV del anexo al presente Informe Anual).

 

1.40.

Los créditos de compromiso presupuestarios del ejercicio excedieron en 600 millones de euros el límite del marco financiero debido a la utilización de fondos para los que está autorizado tal exceso (33). El total de créditos de pago se mantuvo por debajo del límite en 11 400 millones de euros.

 

Porcentajes de ejecución presupuestaria

1.41.

La Comisión elabora una serie de documentos que contienen, entre otros datos, la siguiente información sobre la ejecución del presupuesto de la Unión Europea (34):

1.41.

el excedente presupuestario al final de 2010 ascendía a 4 500 millones de euros (frente a 2 300 millones de euros en 2009);

 

los porcentajes de utilización de los compromisos y pagos en 2010 fueron del 99 % y 97 % respectivamente;

 

en 2010 se liberaron 3 300 millones de euros de compromisos pendientes acumulados (frente a 1 900 millones de euros en 2009). El incremento en las liberaciones de compromisos procede principalmente del título 04 Empleo y asuntos sociales (1 400 millones de euros);

En 2010, la DG EMPL recibió las solicitudes finales concernientes al período de programación 2000-2006 del FSE. La DG EMPL liberó el exceso de compromisos pendientes de liquidación (RAL) de aquellos programas cuyo importe total declarado era inferior al de la programación financiera).

1 500 millones de euros de créditos de pago no utilizados [excluidos los ingresos afectados (35)] se prorrogaron de 2010 a 2011;

 

en los ámbitos políticos de Agricultura y desarrollo rural (título 05), Cohesión (títulos 04 y 13) y Pesca y asuntos marítimos (título 11), el porcentaje global de utilización de créditos de pago fue del 98 %;

 

en el ámbito político de Política regional, el importe de los créditos de pago fue superior a lo previsto (el 106 % del presupuesto inicial), lo que se financió mediante transferencias de créditos por un importe de 1 800 millones de euros procedentes principalmente de los títulos 04 (Empleo y asuntos sociales) y 05 (Agricultura y desarrollo rural), que registraron un volumen de pagos inferior a las previsiones debido a la interrupción y suspensión de los pagos para el Fondo Social Europeo (índice de ejecución del 88 %), a declaraciones de gastos por importes menos elevados en el ámbito de Desarrollo rural (porcentaje de ejecución del 94 %) o a la lentitud en la tramitación del cierre de los programas (36);

La ejecución del FSE en 2010 fue solo del 88 %, debido al bloqueo de ciertos pagos tras la detección de graves deficiencias o irregularidades del sistema a raíz de la actividad auditora de determinados programas de 2000-2006 (suspensión de los pagos) y de 2007-2013 (interrupción de pago). En el caso de ciertos programas 2000-2006 españoles, franceses e italianos, cuyos créditos de pago fueron prorrogados de 2009 a 2010 y permanecen bloqueados en esta fase, los procedimientos de suspensión y corrección financiera se combinarán con los pagos finales que se tramiten en el contexto de las declaraciones de liquidación 2000-2006 (todos los expedientes, salvo uno). De conformidad con el Reglamento financiero, la prórroga de créditos no puede trasladarse a otra línea presupuestaria, por lo que no se utilizaron en 2010.

1.42.

Durante el ejercicio 2010 se modificaron los reglamentos pertinentes (37) a fin de prever el pago de prefinanciaciones adicionales para las acciones estructurales del periodo 2007-2013. Sobre la base de estos reglamentos adaptados se pagaron a los Estados miembros particularmente afectados por la crisis económica anticipos adicionales al Fondo Social Europeo por un importe de 371 millones de euros, al Fondo de Cohesión por 404 millones de euros y al Fondo Europeo de Pesca por 0,8 millones de euros. En el caso de Agricultura y desarrollo rural, se abonó a los Estados miembros una prefinanciación adicional de 401 millones de euros durante el ejercicio 2010 sin una base jurídica adecuada. En el capítulo 3 el importe en cuestión se considera un error de legalidad y regularidad (38).

1.42.

Los anticipos de 401 millones de euros para el desarrollo rural no representan pagos irregulares a los beneficiarios finales. Por otra parte, está procediéndose a la recuperación de los importes en cuestión, la cual habrá concluido para finales de 2011.

Compromisos presupuestarios pendientes

1.43.

Los compromisos presupuestarios pendientes, que constituyen compromisos abiertos por los cuales todavía no se han efectuado pagos o liberaciones (39), aumentaron en 17 000 millones de euros (9,7 %) hasta alcanzar 194 000 millones de euros, en su mayor parte en los ámbitos políticos financiados con créditos disociados (40), y representan un equivalente al valor de 2,2 años de compromisos disociados o 2,8 años de pagos disociados al ritmo de ejecución de 2010 en los ámbitos políticos respectivos.

1.43.-1.44.

Los compromisos pendientes resultan de la gestión corriente de los programas plurianuales y del crecimiento en el volumen total de nuevos compromisos. Por lo que se refiere a los Fondos Estructurales, el control del volumen de los RAL se efectúa mediante la regla N+ 2/N+ 3, definida en la reglamentación correspondiente. Según esta regla, el volumen previsto de los RAL debe ser equivalente a 2 o 3 años de compromisos. Por consiguiente, la mayoría de los actuales compromisos pendientes son «normales» a la vista de las normas subyacentes. Además, la Autoridad Presupuestaria es informada anualmente de los compromisos pendientes que son potencialmente anormales. La Comisión supervisa estos compromisos, los cuales deberán liberarse.

Image

1.44.

La mayor parte de los compromisos pendientes se encuentran en el grupo de políticas de Cohesión (véase el gráfico 1.2 ), ámbito en el que ascendieron a 128 000 millones de euros (41) (alrededor del 66 % del total), lo que equivale a 2,6 años de compromisos o a 3,4 años de pagos en dicho ámbito al ritmo de ejecución de 2010. La gran mayoría de estos compromisos pendientes (113 200 millones de euros o el 88 % del total) corresponde al actual periodo 2007-2013, lo que refleja el impacto de los esfuerzos realizados para liquidar los compromisos pendientes con pagos antes de la aplicación de la norma de liberación automática de compromisos [norma n+ 2 /norma n+ 3 (42)].

 


(1)  Los estados financieros consolidados comprenden el balance, la cuenta de resultado económico, el cuadro de los flujos de tesorería, la variación en el activo neto y un resumen de las políticas contables significativas, además de otras notas explicativas (como la información financiera por segmentos).

(2)  Los informes consolidados sobre la ejecución presupuestaria comprenden los informes consolidados sobre la ejecución presupuestaria y una síntesis de los principios presupuestarios, además de otras notas explicativas.

(3)  Las normas contables adoptadas por el contable de la Comisión están inspiradas en las Normas Contables Internacionales del Sector Público (IPSAS) dictadas por la Federación Internacional de Contables o, en su defecto, las Normas Internacionales de Contabilidad, NIC (International Accounting Standards) / Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF (International Financial Reporting Standards) dictadas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, CNIC (International Accounting Standards Board, IASB). De conformidad con el Reglamento financiero, la elaboración de los estados financieros consolidados del ejercicio 2010 se basará (como viene siendo el caso desde el ejercicio 2005) en estas normas contables adoptadas por el contable de la Comisión, que adaptan los principios de la contabilidad de ejercicio al entorno específico de la Unión Europea, mientras que los informes consolidados sobre la ejecución presupuestaria seguirán basándose principalmente en los movimientos de tesorería.

(4)  Véase el DO C 303 de 9.11.2010, pp. 10 a 12.

(5)  Del francés «Declaration d'assurance».

(6)  Véase el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(7)  El Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002 por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 248 de 16.9.2002, p. 1), modificado en última instancia por el Reglamento (UE, Euratom) no 1081/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 311 de 26.11.2010, p. 9), exige que las cuentas definitivas se envíen antes del 31 de julio del ejercicio siguiente.

(8)  Véase el anexo 1.2 , apartado 1.

(9)  La parte de Investigación del anterior grupo de políticas Investigación, energía y transporte se recogía anteriormente en el capítulo 5, el anterior grupo de políticas Educación y ciudadanía se incluía anteriormente en el capítulo 7 y el anterior grupo de políticas Asuntos económicos y financieros, en el capítulo 8 (véase el apartado 6.1 para más detalles). Además, las partes de energía y transporte del anterior grupo de políticas Investigación, energía y transporte se recogen ahora en el capítulo 4, junto con el anterior grupo de políticas de Cohesión.

(10)  Véanse los apartados 2.7 a 2.13 para el alcance de la auditoría de los ingresos.

(11)  Sistema integrado de gestión y control.

(12)  Véase el cuadro 1.2 del presente Informe Anual y los anexos x.1 para los distintos grupos de políticas, así como los apartados 4.17 a 4.19 para Cohesión, del Informe Anual relativo al ejercicio 2009.

(13)  En 2010, Energía y transporte constituyen el 7 % del grupo de políticas consolidado (véase también la nota a pie de página no 9).

(14)  Véase asimismo el Informe Anual relativo al ejercicio 2009, apartado 1.26.

(15)  El número total de reservas se redujo de 20 en 2009 a 17 en 2010. Cabe señalar que en 2010 la Dirección General de Energía y Transporte se dividió en dos direcciones generales (Dirección General de Movilidad y Transporte y Dirección General de Energía), por lo que la reserva de 2009 se prorrogó como dos reservas.

(16)  Véase el anexo 4.3.

(17)  Véase el apartado 2.3 de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas – Síntesis de los resultados de la gestión de la Comisión en 2010, COM(2011) 323 final de 1 de junio de 2011: El auditor interno de la Comisión considera que, en 2010, la Comisión ha aplicado procedimientos de gobernanza, gestión de riesgos y control interno que son adecuados para ofrecer garantías razonables de los resultados de sus objetivos financieros, con excepción de los ámbitos de gestión financiera sobre los cuales los directores generales han expresado reservas en sus declaraciones generales y sin perjuicio de las observaciones sobre la gestión de los riesgos de errores en las operaciones subyacentes.

(18)  Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo y al Tribunal de Cuentas – Síntesis de los resultados de la gestión de la Comisión en 2010, COM(2011) 323 final de 1 de junio de 2011.

(19)  En virtud del artículo 317 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

(20)  Véase el Libro Verde sobre la modernización de las directivas de contratación pública de la UE (directivas 2004/18/CE y 2004/17/CE).

(21)  Véase el apartado 2.3 del COM(2011) 323 final de 1 de junio de 2011.

(22)  Véase el Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2009, apartado 1.31.

(23)  Con el procedimiento de separación de ejercicios se pretende garantizar que los ingresos y los gastos se registran en su integridad y con exactitud en el periodo contable correcto.

(24)  Véase el Informe anual del Tribunal relativo al ejercicio 2006, apartado 1.28, primer guion; el Informe Anual relativo al ejercicio 2007, apartados 1.23, segundo guion, 1.24, segundo guion, y 1.26; el Informe Anual relativo al ejercicio 2008, apartado 1.14 y el Informe Anual relativo al ejercicio 2009, apartado 1.12.

(25)  En su Dictamen no 6/2010 relativo a la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de la Unión Europea, el Tribunal expresaba su preocupación por el drástico incremento de pagos de prefinanciación no liquidados y subrayaba la necesidad de emprender acciones.

(26)  La Norma Internacional de Contabilidad para el Sector Público (NICSP) no 1 define este principio de la manera siguiente: si la información debe representar fielmente las operaciones y otros hechos que pretende presentar, es necesario que estos estén contabilizados y presentados de acuerdo con su sustancia y realidad económica y no solamente con su forma jurídica. La sustancia de las operaciones o de otros hechos no siempre coincide con su forma jurídica (Apéndice A, p. 70 del Handbook of International Public Sector Accounting Pronouncements 2011 (Manual de normas contables internacionales del sector público) Volumen 1). Véase asimismo el artículo 124 del Reglamento financiero.

(27)  Véase la sección 4, artículo 44, del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo (DO L 210 de 31.7.2010, p. 25) y la sección 8, artículos 43 a 46 del Reglamento (CE) no 1828/2006 de la Comisión, para el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, el Fondo Social Europeo y el Fondo de Cohesión (DO L 371 de 27.12.2006, p. 1); y el artículo 71, apartado 5, del Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo (DO L 277 de 21.10.2005, p. 1) y el Reglamento (CE) no 1974/2006 de la Comisión, artículos 50 a 52 (DO L 368 de 23.12.2006, p. 15) para el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.

(28)  Este importe consiste en prefinanciación a largo plazo (3 820 millones de euros) y a corto plazo (955 millones de euros).

(29)  Véase asimismo el Informe Anual relativo al ejercicio 2008, apartado 1.43.

(30)  Los créditos prorrogados de 2009 ascendieron a 300 millones de euros en el caso de los compromisos y a 1 800 millones de euros en el de los pagos.

(31)  Los ingresos afectados en 2010 (véase asimismo la nota a pie de página no 35) ascendieron a 5 400 millones de euros de compromisos y a 5 800 millones de euros de pagos.

(32)  Los ocho presupuestos rectificativos aprobados durante 2010 dieron lugar a un incremento global de 99 millones de euros en los créditos para compromisos y de 19 millones de euros en los créditos para pagos.

(33)  Conforme al Acuerdo Interinstitucional entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (DO C 139 de 14.6.2006, p. 1), determinados créditos de compromiso incluidos en el presupuesto como la Reserva de Ayuda de Emergencia, el Fondo de Solidaridad de la Unión Europea y el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización pueden superar este límite.

(34)  Puede obtenerse información detallada sobre la ejecución presupuestaria de 2010 en la Parte II de las cuentas anuales de la Unión Europea, Ejercicio 2010, los documentos de la Comisión (Dirección General de Presupuestos) Report on budgetary and financial management accompanying the Community accountsFinancial year 2010 (Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera que acompaña a las cuentas comunitarias – Ejercicio 2010) y el Informe Analysis of the budgetary implementation of the Structural and Cohesion Funds in 2010 (Análisis de la ejecución presupuestaria de los Fondos Estructurales y de Cohesión en 2010).

(35)  Los ingresos afectados abarcan, entre otros, las restituciones derivadas de la recaudación de importes pagados por error, que se reasignan a su línea presupuestaria de origen, contribuciones de Estados de la AELC que aumentan las líneas presupuestarias, o ingresos procedentes de terceros con los que se han celebrado acuerdos que implican una contribución financiera a las actividades de la UE.

(36)  Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera que acompaña a las cuentas comunitarias – Ejercicio 2010 «Report on budgetary and financial management accompanying the Community accounts — Financial year 2010».

(37)  Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo (DO L 223 de 15.8.2006, p. 1) y Reglamento (CE) no 1083/2006.

(38)  Véanse los apartados 3.13, 3.15 y 3.22.

(39)  Los compromisos presupuestarios pendientes surgen como consecuencia directa de los gastos disociados, en los que los programas de gastos necesitan una serie de años para completarse y los compromisos se contraen en ejercicios anteriores antes de que se efectúen los pagos correspondientes. Puesto que los compromisos se liquidan cuando se efectúan los pagos, los compromisos que superan a los pagos de manera significativa dan lugar a largo plazo a una acumulación inevitable de compromisos pendientes, y a la repetición de esta situación de un ejercicio para otro.

(40)  El presupuesto distingue entre dos tipos de créditos: los créditos no disociados y los créditos disociados. Los primeros se utilizan para financiar operaciones de naturaleza anual, como los gastos administrativos. Los créditos disociados se introdujeron para gestionar operaciones plurianuales, cuyos pagos correspondientes pueden efectuarse durante el ejercicio del compromiso y los ejercicios siguientes. Se utilizan principalmente para los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión.

(41)  Para el ámbito de Cohesión, véase el Informe sobre la gestión presupuestaria y financiera que acompaña a las cuentas comunitarias – Ejercicio 2010, pp. 23 y 36 a 41.

(42)  El plazo n + 2/n + 3 exige la liberación automática de todos los fondos no utilizados o no cubiertos por una solicitud de pago al final del segundo/tercer año siguiente al de su asignación. En el marco de la tercera serie de medidas de simplificación, se modificó por última vez la norma n+ 2/n+ 3 para los compromisos de 2007 en Cohesión (véase el Reglamento (CE) no 1083/2006, modificado por el Reglamento (UE) no 539/2010 del Parlamento Europeo y el Consejo [DO L 158 de 24.6.2010, p. 1)]. No obstante, esta medida no ha tenido una incidencia significativa en el porcentaje de utilización de los créditos de pago.

(43)  Los títulos presupuestarios 14 y 24 a 31 de la sección III del presupuesto general referentes fundamentalmente a gastos administrativos se exponen en la sección dedicada a la Comisión Europea del capítulo 7.

(44)  Los gastos administrativos se deducen de los grupos de políticas y se muestran separadamente en su epígrafe correspondiente, lo que motiva diferencias en comparación con los capítulos 3 a 6.

(45)  La frecuencia de errores representa la proporción de la muestra afectada por errores cuantificables y no cuantificables.

(46)  Los sistemas se clasifican como «parcialmente eficaces» cuando se considera que algunas disposiciones de control funcionan adecuadamente mientras que otras no, por lo que, en conjunto, podrían no conseguir limitar los errores en las operaciones subyacentes a un nivel aceptable. Véanse más detalles en la sección «Alcance y enfoque de la fiscalización» en los capítulos 2 a 7.

(47)  Gastos reembolsados (véase el apartado 3.16).

(48)  Gastos reembolsados (véase el apartado 4.23).

(49)  La diferencia entre los pagos de 2010 (122 231 millones de euros - véase el cuadro 1.1 ) y el importe total de la población global auditada en el contexto de la regularidad de las operaciones corresponde a los anticipos abonados a los grupos de políticas Agricultura y recursos naturales (851 millones de euros) y Cohesión, energía y transporte (3 074 millones de euros) (véanse los apartados 3.16 y 4.23).

(50)  No se incluyen gastos prepagados para instrumentos de ingeniería financiera por un importe de 4 775 millones de euros en 2010 y 2 153 millones de euros en 2009 (véanse los apartados 1.31 a 1.33).

ANEXO 1.1

ENFOQUE Y METODOLOGÍA DE AUDITORÍA

PARTE 1 –     Enfoque y metodología de auditoría aplicables a la fiabilidad de las cuentas

1.

A continuación se exponen los principales criterios de evaluación utilizados para determinar si las cuentas consolidadas, compuestas por los estados financieros consolidados y los informes consolidados sobre la ejecución presupuestaria (1), presentan fielmente, en todos sus aspectos significativos, la situación financiera de la Unión Europea y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería al término del ejercicio:

a)   legalidad y regularidad: las cuentas se han elaborado de conformidad con la normativa y los créditos presupuestarios disponibles;

b)   integridad: todas las operaciones de ingresos y gastos y todo el activo y el pasivo (incluidos los asientos fuera de balance) correspondientes al periodo considerado se han inscrito en los registros contables;

c)   realidad de las operaciones y existencia del activo y del pasivo: todas las operaciones de ingresos y gastos están justificadas por un acontecimiento que corresponde a la entidad y que es propio al periodo de que se trate; el activo y el pasivo existe en la fecha del balance y corresponde a la entidad que presenta los estados financieros;

d)   medición y valoración: el importe con el cual se ha registrado la operación de ingresos o gastos, o el activo o el pasivo, ha sido correctamente inscrito en los registros contables de acuerdo con el principio de prudencia;

e)   presentación de la información: la operación de ingresos o gastos y el activo o el pasivo están presentados y descritos de conformidad con las normas y convenciones contables aplicables y el principio de transparencia.

2.

La auditoría ha constado de los siguientes elementos fundamentales:

a)

evaluación actualizada del entorno de control contable;

b)

control del funcionamiento de los principales procedimientos contables y del proceso de cierre del ejercicio;

c)

controles analíticos (coherencia y carácter razonable) de los principales datos contables;

d)

análisis y conciliación de cuentas o saldos;

e)

pruebas de confirmación de compromisos, pagos y partidas concretas del balance realizadas a partir de muestras representativas.

PARTE 2 –     Enfoque y metodología de auditoría aplicables a la regularidad de las operaciones

3.

El enfoque adoptado por el Tribunal para fiscalizar la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas comprende:

verificación directa de operaciones de cada ámbito de ingresos o gastos (véase el cuadro1.1 ) para determinar su grado de regularidad;

evaluación de la eficacia de los sistemas de control y supervisión aplicados para garantizar la regularidad de las operaciones.

4.

Ello se completa con las pruebas obtenidas de los trabajos realizados por otros auditores (cuando proceda) y con el análisis de las tomas de posición de la Comisión.

Método empleado por el Tribunal para verificar las operaciones

5.

Las pruebas directas aplicadas a las operaciones en cada evaluación específica (capítulos 2 a 7) se basan en una muestra representativa de los ingresos y pagos incluidos en el grupo de políticas de que se trate (2). Dichas pruebas proporcionan una estimación estadística del grado de regularidad de las operaciones en la población examinada.

6.

Para determinar los tamaños de las muestras necesarios para obtener un resultado fiable, el Tribunal se sirve de un modelo de garantía de auditoría. Este consiste en una evaluación del riesgo de que se produzcan errores en las operaciones (riesgo inherente) y del riesgo de que los sistemas no permitan prevenir o detectar y corregir estos errores (riesgo de control).

7.

Las pruebas consisten en el examen pormenorizado de las operaciones seleccionadas con objeto de comprobar si las declaraciones de gastos o los pagos se calcularon correctamente con arreglo a las normas y reglamentos pertinentes. Mediante su muestra de operaciones consignadas en las cuentas presupuestarias, el Tribunal hace un seguimiento de todos los datos de la operación de pago hasta llegar al beneficiario final (por ejemplo, un agricultor, el organizador de un curso de formación o el promotor de un proyecto de ayuda al desarrollo) y examina el cumplimiento de las condiciones establecidas en cada una de sus fases. Se considera que una operación (a cualquier nivel) contiene un error cuando no se ha calculado correctamente o no cumple la normativa o las disposiciones contractuales.

Método empleado por el Tribunal para evaluar y presentar los resultados del examen de las operaciones

8.

Los errores de las operaciones se producen por muy diversas razones y adoptan distintas formas dependiendo de la naturaleza del incumplimiento y de la norma o estipulación contractual que se haya contravenido. Los errores de las distintas operaciones no siempre afectan al importe total abonado.

9.

El Tribunal clasifica los errores atendiendo a los siguientes criterios:

si son cuantificables o no cuantificables, dependiendo de que sea posible o no determinar en qué medida el importe pagado o recibido con cargo al presupuesto de la UE estaba afectado por error,

en función de su naturaleza, en particular errores de subvencionabilidad (el pago no se ajusta a las normas de subvencionabilidad), realidad de las operaciones (reembolso de un gasto cuyo pago no ha quedado demostrado) o exactitud (pago calculado de manera incorrecta).

10.

La contratación pública es un ámbito en que el Tribunal a menudo detecta errores. La normativa de la UE en materia de contratos públicos consiste fundamentalmente en una serie de requisitos de procedimientos. Para garantizar el principio básico de la competencia previsto en el Tratado, los contratos deben ser anunciados, las ofertas han de evaluarse con arreglo a criterios especificados, los contratos no pueden ser fragmentados artificialmente para no superar los límites, etc.

11.

A los efectos de su auditoría, el Tribunal evalúa la inobservancia de un requisito de procedimiento y de ese modo:

a)

considera «graves» aquellos errores que frustran los objetivos de las normas sobre contratación pública: la libre competencia y la adjudicación del contrato al licitador mejor cualificado (3);

b)

cuantifica el impacto de las infracciones «graves» a las normas sobre contratación pública considerándolas un error cuantificable que afecta al 100 % del importe (4); es decir, a la totalidad del valor del pago correspondiente al contrato;

a)

considera errores no cuantificables a errores menos graves que no afectan al resultado del procedimiento de licitación (5).

Al decidir las medidas a adoptar en caso de aplicación errónea de las normas de contratación pública, la cuantificación efectuada por el Tribunal puede diferir de la aplicada por la Comisión o los Estados miembros.

12.

El Tribunal expresa la frecuencia con que se producen los errores presentando el porcentaje de la muestra que contiene errores cuantificables y no cuantificables. De esta manera se indica el grado de incidencia de errores que puede existir en todo el grupo de políticas. Esta información figura en los anexos x.1 de los capítulos 2 a 7 cuando existen errores significativos.

13.

Basándose en los errores que ha cuantificado, el Tribunal aplica técnicas estadísticas formalizadas para estimar el porcentaje de error más probable (EMP) para cada observación específica y para la totalidad de los gastos del presupuesto. El porcentaje de error más probable es la media ponderada de los porcentajes de error encontrados en la muestra (6). El Tribunal también estima, volviendo a servirse de técnicas estadísticas normalizadas y con una confianza del 95 %, el intervalo dentro del cual se sitúa el porcentaje de error que afecta a la población objeto de cada evaluación específica (y de la totalidad del gasto). Este es el intervalo situado entre el límite inferior (LIE) y el límite superior (LSE) (7) de error (véase la ilustración siguiente).

Image

14.

El porcentaje de la zona sombreada por debajo de la curva indica la probabilidad de que el porcentaje de error real de la población se encuentre entre los límites inferior y superior de error.

15.

Al planificar su trabajo de auditoría, el Tribunal trata de aplicar procedimientos que le permitan comparar el porcentaje de error estimado en la población con un umbral de materialidad del 2 %. Al evaluar los resultados de la auditoría y formarse una opinión, el Tribunal se guía por este nivel de materialidad y tiene en cuenta la naturaleza, el importe y el contexto de los errores.

Método empleado por el Tribunal para evaluar los sistemas y dar cuenta de los resultados

16.

Los sistemas de control y supervisión son establecidos por la Comisión, y por los Estados miembros y beneficiarios en el caso de la gestión compartida o descentralizada para gestionar los riesgos presupuestarios, incluidos los relativos a la regularidad de las operaciones. La evaluación de la eficacia de los sistemas para garantizar la regularidad constituye por tanto un procedimiento de auditoría clave especialmente útil para identificar recomendaciones de mejora.

17.

Cada grupo de políticas, al igual que los ingresos, se rige por múltiples sistemas particulares. Por lo tanto, en cada ejercicio, el Tribunal suele seleccionar una muestra de sistemas para someterla a examen. Los resultados de las evaluaciones de los sistemas se presentan en un cuadro titulado «Resultados del examen de sistemas» que figura en el Anexo x.2 de los capítulos 2 a 7. Con respecto a su capacidad para mitigar el riesgo de error en las operaciones, un sistema se clasifica como «eficaz», «parcialmente eficaz» (cuando la eficacia operativa presenta algunas insuficiencias) o «ineficaz» (cuando las insuficiencias están generalizadas e invalidan completamente la eficacia operativa).

18.

Siempre que haya obtenido evidencia de auditoría, el Tribunal formula además una valoración global de los sistemas del grupo de políticas en cuestión (presentada asimismo en el Anexo x.2 de los capítulos 2 a 7), que se basa en la evaluación de los sistemas seleccionados y en los resultados de las pruebas practicadas a las operaciones.

Método empleado por el Tribunal para evaluar las tomas de posición de la Comisión y rendir cuentas de sus resultados

19.

De conformidad con las normas internacionales de auditoría, el Tribunal recibe una carta de manifestaciones de la Comisión en la cual esta confirma que ha cumplido sus obligaciones y presentado toda la información que pudiera ser pertinente para el auditor, en particular, toda la información sobre la evaluación del riesgo de fraude, todos los casos de fraude o presunto fraude de los que tiene conocimiento, y todos los casos significativos de incumplimiento de la normativa y los reglamentos.

20.

Por otra parte, los capítulos 2 a 7 estudian los informes anuales de actividad de las direcciones generales correspondientes, que informan de la consecución de los objetivos políticos y de los sistemas de control y supervisión implantados para garantizar la regularidad de las operaciones y el buen uso de los recursos. Cada informe anual de actividad va acompañado de una declaración del director general sobre, entre otras cosas, el grado en que los recursos se han destinado a sus fines previstos, y en que los procedimientos de control garantizan la regularidad de las operaciones (8).

21.

El Tribunal evalúa los informes anuales de actividad y las correspondientes declaraciones a fin de determinar en qué medida presentan una imagen fiel de la gestión financiera desde el punto de vista de la regularidad de las operaciones. El Tribunal presenta el resultado de esta evaluación en la sección «Fiabilidad de las tomas de posición de la Comisión» en los capítulos 2 a 7 y, en caso de que las constataciones revistan particular importancia, formula una observación tras sus conclusiones sobre la regularidad de las operaciones y la eficacia de los sistemas.

Método empleado por el Tribunal para formular su opinión en la declaración de fiabilidad

22.

El Tribunal se forma una opinión sobre la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas de la Unión Europea, que expone en la declaración de fiabilidad, basándose en su trabajo de auditoría del que informa en los capítulos 2 a 7 del presente informe e incluye asimismo una evaluación de la presencia de error. El examen de los resultados de la verificación de las operaciones de gastos constituye un elemento esencial. Según la mejor estimación posible efectuada por el Tribunal, el conjunto de los gastos en 2010 está afectado por un porcentaje de error del 3,7 %. El Tribunal tiene un grado de confianza del 95 % de que el porcentaje de error de la población se sitúa entre el 2,6 % y el 4,8 %. El porcentaje de error detectado en los distintos ámbitos políticos varía, tal como se describe en los capítulos 3 a 7. El Tribunal considera que los errores son generalizados, es decir, que se extienden a la mayoría de los ámbitos de gasto. El Tribunal emite una opinión global sobre la regularidad de los compromisos sobre la base de una muestra transversal adicional.

Irregularidad o fraude

23.

La gran mayoría de los errores se deriva de una aplicación errónea o una mala interpretación de las normas, a menudo complejas, de los regímenes de gastos de la UE. Si el Tribunal tiene motivos para sospechar que se ha producido una actividad fraudulenta, lo notifica a la OLAF, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, encargada de proceder a las investigaciones oportunas. De hecho, el Tribunal notifica a la OLAF alrededor de tres casos por año, basándose en su trabajo de auditoría.


(1)  Incluidas las notas explicativas.

(2)  Además, se extrae una muestra representativa transversal de compromisos para verificar su conformidad con las normas y reglamentos aplicables.

(3)  Los sistemas de adjudicación principales son dos: la oferta más baja o la más ventajosa.

(4)  Ejemplos de errores cuantificables: ausencia de competencia o competencia restringida (excepto cuando está explícitamente permitido por el marco legal) para el contrato principal o suplementario; valoración inadecuada de las ofertas que tenga incidencia en el resultado de la licitación; modificación sustancial del alcance del contrato; división de los contratos para distintas obras que realizan la misma función económica. El Tribunal aplica en general un enfoque distinto a la aplicación errónea de las directivas sobre contratación pública por parte de las instituciones de la UE, basándose en que los contratos en cuestión generalmente siguen siendo válidos. Este tipo de errores no se cuantifican en la DAS.

(5)  Ejemplos de errores no cuantificables: evaluación inadecuada de las ofertas sin que incida en el resultado de la licitación, deficiencias formales del procedimiento de licitación o del pliego de condiciones, inobservancia de aspectos formales de los requisitos de transparencia.

(6)  Formula, donde IMM es el intervalo de muestreo medio, e i es la numeración de las operaciones de la muestra.

(7)  Formula y Formula, donde t es el factor de distribución t, n es el tamaño de la muestra y s es la desviación estándar de los errores expresados en porcentaje.

(8)  Puede encontrarse mayor información sobre estos procesos, así como enlaces a los informes más recientes en http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/index_en.htm

ANEXO 1.2

SEGUIMIENTO DE LAS OBSERVACIONES DE EJERCICIOS ANTERIORES SOBRE LA FIABILIDAD DE LAS CUENTAS

Observaciones de ejercicios anteriores

Avances conseguidos

Respuesta de la Comisión

Análisis del Tribunal

1.

Carta de manifestaciones del contable

Carta de manifestaciones del contable

Carta de manifestaciones del contable

Carta de manifestaciones del contable

Las cartas de manifestaciones del contable de la Comisión señalaban que los contables de determinadas entidades consolidadas habían omitido o modificado manifestaciones. En particular, no se facilitaba la información requerida sobre la validación de los sistemas contables y locales.

Con respecto a las cuentas consolidadas correspondientes a 2010, el contable de la Comisión:

señala que los sistemas contables o locales de cuatro agencias y dos empresas conjuntas consolidadas por primera vez no han sido validados o solo lo han sido en parte, y hace hincapié en que estas validaciones competen a los contables en cuestión;

observa que una agencia ejecutiva utilizó la plantilla del ejercicio pasado para su carta de manifestaciones, por lo que faltan aún algunas manifestaciones añadidas recientemente.

No obstante, el contable de la Comisión insistió en que, en su opinión, estas cuestiones no inciden de manera significativa en las cuentas de su institución.

La falta de validaciones señalada no afecta a la fiabilidad de las cuentas.

El Tribunal ha tomado nota de la garantía general ofrecida en la carta de manifestaciones del contable y dará seguimiento a las cuestiones específicas identificadas en el curso de sus futuras fiscalizaciones.

2.

Prefinanciaciones, deudas a corto plazo y procedimientos de cierre del ejercicio

Prefinanciaciones, deudas a corto plazo y procedimientos de cierre del ejercicio

Prefinanciaciones, deudas a corto plazo y procedimientos de cierre del ejercicio

Prefinanciaciones, deudas a corto plazo y procedimientos de cierre del ejercicio

En el caso de las prefinanciaciones, deudas a corto plazo y procedimientos de cierre del ejercicio, el Tribunal identificó errores contables con un impacto financiero poco significativo, pero sí de elevada frecuencia. Este hecho pone de manifiesto la necesidad de aumentar aún más la exactitud de los datos contables básicos en algunas direcciones generales.

Por lo que se refiere a la contabilización de los importes prefinanciados, el Tribunal identificó además los siguientes problemas:

la liquidación de las prefinanciaciones pendientes no siempre se llevó a cabo de manera correcta. Una serie de liquidaciones no se realizaron en absoluto o se contabilizaron por importes incorrectos;

algunas direcciones generales no procesan la información disponible sobre los progresos realizados y los costes conexos y no liquidan las prefinanciaciones correspondientes en función de dichos progresos, sino que utilizan aproximaciones para determinar la separación de ejercicios.

Además, algunas direcciones generales no cumplieron el requisito de registrar las facturas y las declaraciones de gastos dentro de los cinco días hábiles posteriores a su recepción.

La Comisión ha continuado sus esfuerzos para mejorar la exactitud de sus datos contables a través de acciones en curso, como el proyecto sobre la calidad contable y la validación de sistemas locales.

Pese a los esfuerzos de los servicios del contable para mejorar la situación, el Tribunal observó que en varios casos las direcciones generales de políticas internas y acciones exteriores continúan registrando estimaciones en las cuentas incluso teniendo una base adecuada para liquidar las prefinanciaciones correspondientes (véase el apartado 1.29).

La fiscalización del Tribunal de muestras representativas de prefinanciaciones y de facturas o declaraciones de gastos identificó una vez más errores con un impacto financiero global poco significativo pero de elevada frecuencia. Por consiguiente, la Comisión debería continuar sus esfuerzos para mejorar los datos contables básicos en determinadas direcciones generales.

Pese a las mejoras observadas en el tiempo empleado en registrar nuevas declaraciones de gastos, algunas direcciones generales siguen sin respetar el requisito de registrar con prontitud sus facturas y declaraciones de gastos.

Véase la respuesta de la Comisión al apartado 1.29.

La Comisión seguirá trabajando para mejorar la exactitud de los datos contables mediante las actividades en curso, como los proyectos de calidad contable.

El Tribunal continuará dando seguimiento a las cuestiones identificadas.

Por otra parte, en la fiscalización de 2010 surgió una nueva cuestión en relación con un número significativo de casos en que la Comisión inicialmente no registró de manera correcta los pagos que daban lugar a un activo (p. ej. instrumentos de ingeniería financiera). Este asunto ha sido abordado en las cuentas definitivas al recibir la información de los Estados miembros en junio de 2011 (véase el apartado 1.32). La Comisión ha propuesto modificar el actual marco jurídico y elaborará las propuestas correspondientes para el período posterior a 2013.

3.

Información sobre recuperaciones y correcciones financieras

Información sobre recuperaciones y correcciones financieras

Información sobre recuperaciones y correcciones financieras

Información sobre recuperaciones y correcciones financieras

Aunque la Comisión ha tomado medidas para aumentar y mejorar la información que presenta sobre los mecanismos correctores aplicados al presupuesto de la UE, la información todavía no es completamente fiable porque la Comisión no siempre recibe datos fiables de los Estados miembros.

Los controles sobre el terreno de la Comisión evidenciaron que los sistemas de registro y notificación de datos todavía no son plenamente fiables en todos los Estados miembros. La Comisión hizo un seguimiento de las incoherencias en dichos datos y formuló recomendaciones de mejora a los Estados miembros.

La fiabilidad de los datos sobre recuperaciones recibidos de los Estados miembros ha mejorado con respecto al año pasado, pero la Comisión está de acuerdo en que habrá que seguir mejorando. A tal efecto, la Comisión ha puesto en marcha, a principios de 2011, una auditoría de los sistemas de recaudación de los Estados miembros, basada en la información facilitada anualmente a 31 de marzo, con el objetivo de mejorar los informes de las correcciones financieras nacionales enviados a la Comisión y de garantizar la exhaustividad, exactitud y respeto de los plazos en la presentación de informes.

El Tribunal continuará dando seguimiento a los asuntos identificados y mantiene su posición de que, siempre que sea posible, debería facilitarse una conciliación entre los errores y las recuperaciones o correcciones financieras correspondientes.

Por otra parte, debería examinarse la necesidad de mejorar las directrices sobre información financiera en lo referente a la información que debe incluirse y en qué modo debe ser tratada.

Con respecto a la recomendación del Tribunal de mejorar las directrices sobre presentación de las recuperaciones y las correcciones financieras, la Comisión ha emitido una instrucción de cierre que, no obstante, es susceptible de mejoras.

La Comisión seguirá mejorando las directrices e instrucciones relativas al cierre de cara a 2011.

 

En algunos ámbitos de gasto, la Comisión no facilita información que concilie el ejercicio en que se efectúa el pago en cuestión, el ejercicio en que se detecta el error correspondiente y el de presentación de la corrección financiera resultante en las notas anexas a las cuentas.

Todavía no se ha presentado información que concilie pagos, errores y correcciones financieras.

La Comisión efectúa controles de todos los gastos varios años después de la fecha efectiva en que se realizó un determinado pago, principalmente al cierre del programa. También la corrección financiera puede deberse a la detección de deficiencias en los sistemas de control de los Estados miembros, en cuyo caso no existe ningún nexo con los pagos. Como consecuencia de ello, no es posible ni pertinente reconciliar el año del pago correspondiente con el año en que la corrección financiera se anota en las cuentas.

La documentación justificativa que debe presentar el Estado miembro al cierre del programa se determina en el marco jurídico. La autoridad de gestión del programa operativo conserva, a disposición de la Comisión, todos los justificantes de los gastos y las auditorías.

 

Al final de 2009, en el ámbito de Cohesión, aún no se había ejecutado un importe total de 2 300 millones de euros (es decir, «liquidado» mediante la recepción por la Comisión del correspondiente reembolso o la deducción efectuada por el Estado miembro del importe en una solicitud de pago).

En 2010, en el ámbito de Cohesión, el importe aún no ejecutado se ha reducido en unos 200 millones de euros (esto es, los importes confirmados o decididos pero aún no ejecutados pasaron de 2 327 millones de euros en 2009 a 2 516 millones de euros en 2010). El bajo índice de ejecución del 71 % se explica por el proceso de cierre en curso. Las solicitudes de pago recibidas al final de 2010 todavía no están autorizadas, lo que significa que las correcciones financieras correspondientes por un importe de 2 300 millones de euros no pueden contabilizarse en las cifras de ejecución de 2010 (véase la nota 6 a las cuentas de 2010, sección 6.3.3 «correcciones financieras – cifras acumuladas y porcentaje de ejecución»).

Para algunos programas de 2000-2006, tanto por los resultados del Tribunal, como por los de la Comisión, se llega a la conclusión de que existían dudas sobre la exhaustividad y fiabilidad de las cifras asentadas y comunicadas sobre las retiradas y las recuperaciones. Pese a que las auditorías de la Comisión han señalado mejoras en todos los Estados miembros durante los ejercicios 2007-2010, la Comisión sigue siendo prudente al cierre y ha solicitado a todos los servicios responsables de los programas que informen sobre el seguimiento (incluidas las correcciones financieras) a nivel nacional de todas las irregularidades registradas en el libro mayor de deudores de cada programa. La Comisión no cerrará los programas mientras no considere esta información coherente y completa.

Respecto del marco reglamentario 2007-2013, antes del 31 de marzo de cada año la autoridad de certificación debe enviar a la Comisión una declaración sobre las correcciones financieras del ejercicio anterior. Este nueva normativa en materia de información hace más fiable y uniforme la información en formato electrónico (a través del sistema SFC 2007) de las correcciones efectuadas. Además, la DG REGIO y la DG EMPL han revisado sus estrategias de auditoría a fin de incluir un módulo específico destinado a auditar los sistemas nacionales de recuperación con mayor riesgo, a partir de la segunda mitad de 2011.

La Comisión mantiene el parecer de que, debido al carácter plurianual de los sistemas correctores aplicados a los programas en gestión compartida (las correcciones financieras no siempre se efectúan en el mismo ejercicio en el que los Estados miembros las aceptan), la conciliación de los pagos, los errores y las correcciones financieras aportan un valor añadido muy escaso. Por otra parte, como el sistema de declaración de gastos es acumulativo a lo largo de un período plurianual y, en algunos casos, se trata de correcciones del sistema, tal reconciliación es casi imposible.

 

Aunque las notas explicativas a las cuentas consolidadas contienen información de que es probable que algunos pagos sean corregidos por los servicios de la Comisión o los Estados miembros en una fecha posterior, los importes y los ámbitos de gasto que puedan ser objeto de verificaciones adicionales y de procedimientos de liquidación de cuentas continúan sin identificarse en las notas.

Los importes que puedan ser objeto de verificación y liquidación todavía no se presentan en las notas que acompañan a las cuentas consolidadas (contrariamente a los importes cuantificables de las recuperaciones potenciales).

Como ya se respondió en años anteriores, el Reglamento financiero autoriza a la Comisión a efectuar controles de todos los gastos varios años después del ejercicio en el que tuvo lugar realmente el gasto. Las cuentas no deben implicar que, al poderse efectuar controles en los años siguientes, todos los gastos afectados estén pendientes de aceptación. De otro modo, todos los gastos presupuestarios se considerarían provisionales hasta que se hiciera un control ex post o hubiera transcurrido el período al que se ha hecho referencia. Si los importes recuperables son cuantificables, se recogen en la nota 6 de las cuentas consolidadas. En lo que respecta a la agricultura, se adopta una decisión de liquidación financiera unos seis meses después del final del ejercicio financiero de que se trate, en la cual la Comisión establece el importe de los gastos que corren a cargo del presupuesto de la UE para ese ejercicio. El papel que desempeña la decisión de liquidación financiera no es cuestionado por el hecho de que, posteriormente, puedan imponerse correcciones financieras a los Estados miembros mediante decisiones de conformidad. El importe de los gastos que probablemente queden excluidos de la financiación de la UE por estas decisiones de conformidad futuras se recoge en una nota a los estados financieros.

Tanto los importes cuantificables de las posibles recuperaciones por parte de los Estados miembros, como el importe de los gastos que puedan excluirse de la financiación por futuras decisiones de conformidad se asientan como activos (o se presentan como activos contingentes) en el plan contable de la Comisión y en una nota a los estados financieros.

La Comisión considera que, en agricultura, la información relativa a las recuperaciones que recibe de los Estados miembros es fiable, porque es certificada por organismos de auditoría independientes.

En agricultura, las decisiones de conformidad determinan, por cada corrección financiera, el año en que se efectuó el pago al que se refiere dicha corrección.

La información financiera en el sector agrario incluye la información sobre las recuperaciones hechas por los Estados miembros y las correcciones efectuadas por la Comisión sobre el importe de las correcciones aprobadas por ejercicio y por año civil, sobre la ejecución financiera de estas correcciones y sobre los correspondientes importes que hayan sido cobrados, tanto en el caso del Feaga, como en el del desarrollo rural.

 

4.

Transferencia de activos de Galileo

Transferencia de activos de Galileo

Transferencia de activos de Galileo

Transferencia de activos de Galileo

Los acuerdos de transferencia a la Unión de la titularidad de todos los activos creados, desarrollados o adquiridos en virtud del programa Galileo todavía no se han aplicado en su totalidad. Puesto que todos los gastos efectuados hasta la fecha han sido considerados gastos de investigación, no ha habido un impacto en el balance. No obstante, la Comisión debería velar por que toda la información esté disponible en el momento en que se produzca la transferencia, a fin de salvaguardar los activos de manera eficaz.

La Comisión está trabajando con la Agencia Espacial Europea para garantizar que en el momento de la transferencia esté disponible toda la información contable y técnica para garantizar un traspaso fluido. La transferencia está prevista para el final de la fase de validación en órbita, que se espera que sea en 2012.

Sin embargo, el Tribunal llama la atención sobre la reserva emitida por el director general responsable en su informe anual de actividad de 2010 con respecto a la fiabilidad de la información financiera de la Agencia Espacial Europea.

La Comisión está supervisando estrechamente los avances conseguidos por la Agencia Espacial Europea en la aplicación de su nuevo sistema contable y en la consiguiente mejora de sus informes financieros.

El Tribunal dará seguimiento a este asunto.


CAPÍTULO 2

Ingresos

ÍNDICE

Introducción

Características específicas de los ingresos

Alcance y enfoque de la fiscalización

Recursos propios tradicionales

Recursos propios basados en el IVA y en la RNB

Regularidad de las operaciones

Recursos propios tradicionales

Recursos propios basados en el IVA y en la RNB

Otros ingresos

Eficacia de los sistemas

Recursos propios tradicionales

Recursos propios basados en el IVA

Aún existen reservas pendientes de larga duración, pero se va reduciendo el retraso acumulado

Retrasos en el control de la aplicación de las Directivas del IVA

Recursos propios basados en la RNB

Reservas generales y específicas

Verificación aún en curso de los inventarios RNB en los Estados miembros

El cheque británico

Dispensa del cobro de los importes pendientes de recaudación

Fiabilidad de las tomas de posición de la Comisión

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Recomendaciones

Seguimiento del Informe Especial no 2/2008 sobre la Información arancelaria vinculante

OBSERVACIONES DEL TRIBUNAL

RESPUESTAS DE LA COMISIÓN

INTRODUCCIÓN

2.1.

El presente capítulo presenta las observaciones específicas del Tribunal sobre los ingresos, que consisten en los recursos propios y otros ingresos. El cuadro 2.1 presenta información financiera clave sobre este ámbito en 2010. Los recursos propios constituyen, con diferencia, la principal fuente de financiación del gasto presupuestario (93,8 %). El capítulo recoge asimismo una síntesis de las respuestas de la Comisión a las observaciones del Tribunal formuladas en su Informe Especial no 2/2008 sobre la Información arancelaria vinculante.

 

Cuadro 2.1 —   Ingresos — Información clave

Título presupuestario

Tipo de ingresos

Descripción

Ingresos 2010

millones de euros

%

1

Recursos propios tradicionales (RPT)

Cotización sobre la producción de azúcar (capítulo 11)

145

0,1

Derechos de aduanas (capítulo 12)

15 514

12,1

Recursos propios basados en el IVA

Recursos basados en el IVA (impuesto sobre el valor añadido) del ejercicio en curso (capítulo 13)

13 393

10,5

Recursos propios basados en la RNB

Recursos basados en la RNB (renta nacional bruta) del ejercicio en curso (capítulo 14)

90 948

71,2

Corrección de desequilibrios presupuestarios

Cheque británico (capítulo 15)

– 128

–0,1

Reducción bruta en la contribución basada en la RNB

Reducción concedida a los Países Bajos y a Suecia (capítulo 16)

–3

0,0

 

TOTAL DE RECURSOS PROPIOS

119 869

93,8

3

 

Excedentes, saldos y ajustes

1 460

1,1

4

 

Ingresos procedentes de las personas vinculadas a las instituciones y otros organismos europeos

1 123

0,9

5

 

Ingresos procedentes del funcionamiento administrativo de las instituciones

388

0,3

6

 

Contribuciones y restituciones en el marco de los acuerdos y programas europeos

3 511

2,7

7

 

Intereses de demora y multas

1 408

1,1

8

 

Operaciones de préstamo y empréstito

0,0

9

 

Ingresos diversos

36

0,0

 

 

TOTAL DE OTROS INGRESOS

7 926

6,2

Ingresos totales del ejercicio

127 795

100,0

Fuente: Cuentas de la Unión Europea correspondientes a 2010.

Características específicas de los ingresos

2.2.

Existen tres categorías de recursos propios (1): recursos propios tradicionales (derechos aduaneros percibidos sobre las importaciones y cotización sobre la producción de azúcar), recursos propios calculados sobre la base del impuesto sobre el valor añadido (IVA) recaudado por los Estados miembros, y recursos propios derivados de la renta nacional bruta de los Estados miembros (RNB).

 

2.3.

Los recursos propios tradicionales son constatados y recaudados por los Estados miembros. Tres cuartas partes de estos importes se abonan al presupuesto de la Unión, mientras que la cuarta parte restante se destina a cubrir los costes de recaudación. Cada Estado miembro envía a la Comisión una declaración mensual de los derechos constatados («la contabilidad A») y una declaración trimestral de los derechos constatados que no se incluyen en la primera («la contabilidad B») (2).

 

2.4.

Los recursos propios basados en el IVA o en la RNB son contribuciones resultantes de la aplicación de tipos uniformes a las bases imponibles del IVA teóricamente armonizadas o a las RNB de los Estados miembros.

 

2.5.

Algunos Estados miembros se benefician de un tipo de referencia del IVA reducido (3) y de una reducción bruta en su contribución anual basada en la RNB (4) para el período 2007-2013. Además, al Reino Unido se le concede una corrección de desequilibrios presupuestarios («el cheque británico») que implica una reducción en sus pagos de recursos propios basados en la RNB.

 

2.6.

Tras tomar en consideración el total de los recursos propios tradicionales, los recursos propios basados en el IVA y otros tipos de ingresos, los recursos propios basados en la RNB se utilizan para equilibrar el presupuesto. Cualquier subestimación (o sobrestimación) de la RNB de un Estado miembro en particular —aunque no afecte al recurso propio basado en la RNB global— tiene por efecto el incremento (o reducción) de las contribuciones de los demás Estados miembros, hasta que se corrija el problema.

 

Alcance y enfoque de la fiscalización

2.7.

El enfoque y metodología global de auditoría del Tribunal se exponen en el anexo 1.1, parte 2 . Para la fiscalización de los ingresos cabe señalar los siguientes aspectos específicos:

a)

la fiscalización comprendió el examen en la Comisión de una muestra estadística representativa de 55 órdenes de ingreso que abarcaba todos los tipos de ingresos (véase el anexo 2.1) ;

b)

la evaluación de los sistemas englobó:

i)

los sistemas para los recursos propios tradicionales, los recursos propios basados en el IVA y en la RNB,

ii)

los sistemas de la Comisión subyacentes al cálculo del cheque británico (incluido un examen del cálculo del importe definitivo para 2006),

iii)

los sistemas para las dispensas del cobro de los importes que son objeto de órdenes de ingreso, sobre la base de una muestra de 19 dispensas (que se elevan a un total de 11 millones de euros) autorizadas por la Comisión (5) en 2010 de un total de 22 millones de euros,

iv)

la gestión por la Comisión de las multas y sanciones;

c)

el examen de las tomas de posición de la Comisión abarcó el informe anual de actividad de la Dirección General de Presupuestos.

 

Recursos propios tradicionales

2.8.

La auditoría efectuada por el Tribunal de las operaciones subyacentes a las cuentas no puede tener por objeto las importaciones no declaradas o las que han eludido la vigilancia aduanera.

 

2.9.

El Tribunal procedió a una evaluación de los sistemas de control y supervisión en Italia, los Países Bajos y el Reino Unido, que contribuyen en aproximadamente el 38 % del total de los recursos propios tradicionales. Asimismo, examinó sus sistemas contables y el flujo de los recursos propios tradicionales desde su constatación hasta su declaración a la Comisión a fin de obtener garantías razonables de la exactitud e integridad de los importes registrados. Los auditores verificaron los controles claves vinculados a la aplicación de tipos de derecho preferenciales, la autorización de la «supersimplificación» a los usuarios de los procedimientos de domiciliación (dispensas de notificación) (6) y el tratamiento de los costes de flete y seguro en estos Estados miembros.

 

2.10.

Asimismo, con respecto a las seis órdenes de ingreso de recursos propios tradicionales que figuran en la muestra a la que se hace referencia en el apartado 2.7, el Tribunal cotejó las declaraciones mensuales seleccionadas con los registros contables subyacentes de los Estados miembros correspondientes (7).

 

2.11.

El Tribunal también evaluó los sistemas de control y supervisión en la Comisión, incluidas sus inspecciones en los Estados miembros.

 

Recursos propios basados en el IVA y en la RNB

2.12.

Los recursos propios basados en el IVA o en la RNB se calculan a partir de datos estadísticos cuyas operaciones subyacentes no pueden auditarse directamente. Por este motivo la auditoría tomó como punto de partida la recepción por la Comisión de los agregados macroeconómicos elaborados por los Estados miembros, y se procedió seguidamente a evaluar los sistemas de tratamiento de los datos de la Comisión con el fin de determinar los importes que deben figurar en las cuentas presupuestarias definitivas. El Tribunal examinó, pues, el establecimiento del presupuesto y la exactitud de las contribuciones de los Estados miembros.

 

2.13.

El Tribunal evaluó los sistemas de control y supervisión de la Comisión que tienen como fin proporcionar garantías razonables de que estos recursos han sido correctamente calculados y recaudados. La fiscalización comprendió asimismo la gestión por la Comisión de las reservas relativas al IVA y a la RNB, su verificación de los inventarios RNB en los Estados miembros y su control de la aplicación de las Directivas del IVA. En su fiscalización el Tribunal no expresa una opinión sobre la calidad de los datos del IVA y la RNB transmitidos por los Estados miembros a la Comisión.

 

REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES

2.14.

El anexo 2.1 resume los resultados de la verificación de las operaciones. El examen del Tribunal de la muestra de operaciones permitió determinar que estaban exentas de errores significativos (8). El porcentaje de error más probable estimado por el Tribunal es del 0 %. Sin embargo, se observaron algunas insuficiencias de los sistemas en relación con la verificación de las operaciones, que se exponen a continuación.

 

Recursos propios tradicionales

2.15.

El Tribunal constató que la contabilidad A de los Estados miembros comunicada a la Comisión estaba por lo general exenta de errores significativos. Sin embargo, en una (9) de las seis operaciones controladas, no fue posible cotejar el importe de los recursos propios tradicionales declarados con los registros contables subyacentes.

2.15.

La Comisión está tratando este asunto con las autoridades de los Estados miembros.

Recursos propios basados en el IVA y en la RNB

2.16.

El Tribunal concluyó que ni el cálculo de las contribuciones de los Estados miembros ni su pago contenían errores significativos. Detectó, no obstante, un error en el cálculo, por la Comisión, del importe definitivo de 2006 (10) del cheque británico contabilizado en el presupuesto de 2010, que dio lugar a la concesión a este Estado miembro de una corrección excesiva de 189 millones de euros (3,5 % del cheque británico de 2006) (véase el anexo 2.5, en particular sus puntos 6 y 7). Con el fin de corregir el error la Comisión propuso excepcionalmente modificar el presupuesto de 2011, en acuerdo con todos los Estados miembros.

2.16.

Dadas las medidas correctoras en marcha, la incidencia del error no será material.

Otros ingresos

2.17.

El Tribunal llegó a la conclusión que las operaciones verificadas respecto de otros ingresos estaban exentas, en general, de errores significativos.

 

EFICACIA DE LOS SISTEMAS

2.18.

En el anexo 2.2 se resumen los resultados del examen de los sistemas. El Tribunal constató que, en términos generales, los sistemas eran eficaces para garantizar la regularidad de las operaciones.

 

Recursos propios tradicionales

2.19.

Como en ejercicios anteriores (11), el Tribunal detectó problemas en los procedimientos y sistemas que afectan a los importes anotados en los estados de la contabilidad B, y que atañen en particular a:

a)

consignaciones (casos garantizados y no impugnados) y admisiones en pérdida injustificadas (12);

b)

retrasos en la constatación de los recursos propios tradicionales, en la contracción o en la notificación de las deudas aduaneras (13);

c)

demoras en el inicio de las acciones de recaudación de las deudas en vía ejecutiva (14).

2.19.

La Comisión solicitará a los Estados miembros interesados que adopten medidas correctoras para tratar las deficiencias detectadas y, cuando sea necesario, se solicitarán los recursos propios tradicionales pagados de menos, así como todo interés devengado por el retraso en los pagos. La Comisión seguirá examinando la contabilidad B en el curso de sus inspecciones regulares.

2.20.

Las autoridades nacionales de Italia, los Países Bajos y el Reino Unido no pudieron justificar plenamente los importes inscritos en la contabilidad B, puesto que no coincidían con la documentación subyacente.

2.20.

Las conclusiones del Tribunal serán objeto de seguimiento por la Comisión teniendo en cuenta las respuestas de los Estados miembros a las mismas. Se solicitará a los Estados miembros interesados que tomen las medidas correctoras que procedan.

2.21.

En los Estados miembros visitados la fiscalización del Tribunal también puso de manifiesto deficiencias en la realización de controles previos al despacho de mercancías, en particular por lo que respecta a la aplicación de tipos de derecho preferenciales, a la concesión de la «supersimplificación» a los usuarios de los procedimientos de domiciliación y al tratamiento de los costes de flete y de seguros. Una supervisión parcialmente eficaz por parte de las aduanas nacionales potencia el riesgo de que los importes de recursos propios tradicionales recaudados sean incorrectos.

2.21.

La Comisión hará un seguimiento de las conclusiones del Tribunal con los Estados miembros en cuestión teniendo en cuenta sus respuestas a esas conclusiones. Cuando proceda, se pedirá a los Estados miembros que adopten medidas correctoras y pongan a disposición toda cantidad pendiente de recursos propios tradicionales que se adeude. También se reclamarán, en su caso, intereses de demora. En los últimos años, las inspecciones de la Comisión referentes a los recursos propios tradicionales se han centrado especialmente en los controles aduaneros de los Estados miembros, incluidos los relativos al procedimiento de domiciliación.

Recursos propios basados en el IVA

Aún existen reservas pendientes de larga duración, pero se va reduciendo el retraso acumulado

2.22.

Las reservas constituyen un dispositivo para mantener sujetos a corrección los puntos dudosos de las declaraciones del IVA presentadas por los Estados miembros una vez transcurrido el plazo reglamentario de cuatro años. En 2010 se formularon 52 reservas y se suprimieron 67, ascendiendo a 152 el total de reservas al final del ejercicio (véase el cuadro 2.2) . La supresión de las 67 reservas tuvo como efecto neto el incremento de los recursos propios basados en el IVA en casi 90 millones de euros (15).

 

2.23.

El Tribunal observó mejoras positivas en la supresión de reservas pendientes de larga duración del IVA. Al final de 2010 quedaban ocho referidas a ejercicios anteriores a 2000, frente a las 20 pendientes al final de 2009. El Tribunal considera que las reservas pendientes de larga duración deberían definirse como reservas correspondientes a un ejercicio que se remonte al menos a diez años antes, lo que supone otras ocho reservas referentes a 2001.

2.23.

Como ni la Comisión ni los Estados miembros pueden tomar medidas para resolver un asunto que no ha sido identificado, la Comisión considera que cualquier definición de las reservas pendientes de larga duración debe tener en cuenta el período transcurrido desde la notificación de la reserva en cuestión. Así pues, la Comisión gestiona como reservas pendientes de larga duración las que están sin resolver durante más de cinco años después de la notificación.

Cuadro 2.2 —   Reservas relativas al IVA a 31.12.2010

Estado miembro

Número de reservas pendientes a 31.12.2009

Reservas formuladas en 2010

Reservas suprimidas en 2010

Número de reservas pendientes a 31.12.2010

Ejercicio más antiguo al que se refieren las reservas

Bélgica

3

0

3

0

 

Bulgaria

1

1

0

2

2007

República Checa

9

0

1

8

2004

Dinamarca

5

5

1

9

2004

Alemania

4

0

3

1

2003

Estonia

8

4

3

9

2004

Irlanda

17

1

8

10

1998

Grecia

11

0

4

7

1999

España

2

1

2

1

2003

Francia

10

0

4

6

2001

Italia

9

5

6

8

1995

Chipre

3

3

0

6

2004

Letonia

5

2

1

6

2004

Lituania

7

0

5

2

2005

Luxemburgo

3

0

1

2

2004

Hungría

4

1

1

4

2004

Malta

10

0

0

10

2004

Países Bajos

7

4

3

8

2004

Austria

5

1

0

6

2002

Polonia

6

1

1

6

2004

Portugal

10

8

4

14

1999

Rumanía

0

0

0

0

 

Eslovenia

3

0

3

0

 

Eslovaquia

3

0

3

0

 

Finlandia

10

1

3

8

1995

Suecia

7

9

6

10

1995

Reino Unido

5

5

1

9

1998

TOTAL

167

52

67

152

 

Fuente: Comisión Europea.

Retrasos en el control de la aplicación de las Directivas del IVA

2.24.

La Comisión es responsable de garantizar la correcta aplicación de las Directivas del IVA y debe controlar su transposición y la conformidad de las medidas de ejecución nacionales instauradas por los Estados miembros. Una transposición incorrecta o incompleta podría afectar al importe de IVA recibido y, por consiguiente, al importe en concepto de recursos propios basados en el IVA que debe abonarse. En 2010 entraron en vigor tres Directivas referentes al IVA: dos relativas al «paquete IVA» (16) y una al sistema común del IVA para combatir el fraude fiscal vinculado a las operaciones intracomunitarias (17).

 

2.25.

En siete Estados miembros, la evaluación por la Comisión de las medidas de ejecución nacionales del «paquete IVA» seguía en curso al final de 2010, 12 meses después de la entrada en vigor de las Directivas. En ese mismo período, la Comisión había comenzado su procedimiento de evaluación de la aplicación de la Directiva del IVA para combatir el fraude fiscal únicamente en dos Estados miembros.

2.25.

A partir del 16 de mayo de 2011, los controles realizados por la Comisión dieron pie a una completa evaluación general de todo el paquete IVA de 22 Estados miembros. La evaluación de los cinco Estados miembros restantes se está realizando aún, previéndose su finalización en septiembre de 2011.

En cuanto a la Directiva del IVA para combatir el fraude fiscal, la Comisión incoó procedimientos de infracción en marzo de 2010 contra nueve Estados miembros con el fin de poder efectuar una evaluación adecuada.

En 2009 y 2010, la Comisión planteó y debatió el problema de otros dos Estados miembros en el seno del ATFS (grupo de expertos en la estrategia de lucha contra el fraude fiscal) y el SCAC (Comité permanente de cooperación administrativa). Hacia finales de 2011 aparecerá, pues, una evaluación completa.

Recursos propios basados en la RNB

Reservas generales y específicas

2.26.

Al final de 2010 se habían emitido reservas generales (18) sobre los datos RNB de los Estados miembros de la EU-15 en el período 2002-2006, y de los Estados miembros de la EU-10 en el período 2004-2006, hasta la finalización del análisis de los inventarios RNB actualizados o nuevos (19).

 

2.27.

Al inicio de 2010 había pendientes cuatro (20) reservas específicas (21) relativas al PNB correspondientes al período 1995-2001, ninguna de las cuales fue suprimida por la Comisión durante 2010. Al no formularse ninguna otra reserva específica, el número de reservas específicas pendientes al final del ejercicio sigue siendo el mismo.

2.27.

La Comisión continúa cooperando con los dos países que tienen aún reservas pendientes relativas al PNB correspondientes al período 1995-2001 (una para Grecia y tres para el Reino Unido), de forma que puedan suprimirse dichas reservas. Como resultado de este trabajo, en mayo de 2011 se suprimió una reserva del Reino Unido.

Verificación aún en curso de los inventarios RNB en los Estados miembros

2.28.

En 2010 la Comisión llevó a cabo visitas en seis Estados miembros para comprobar los inventarios RNB y procedió a verificaciones directas de cuatro de estos, aunque limitándose a un número muy reducido de componentes de la RNB. Como prevén las directrices de Eurostat, por lo general no está previsto que este enfoque de verificación directa permita alcanzar conclusiones sobre todos los elementos de las estimaciones de la RNB.

2.28.

Para los otros dos países, se efectuó una verificación directa en Rumanía en abril de 2011, y se planea efectuar otra en Bulgaria a finales de 2011. La Comisión realiza una verificación directa como complemento de la verificación de los inventarios RNB de los países, basados en el cuestionario de evaluación del inventario RNB (GIAQ). Las conclusiones de la Comisión se basan en este enfoque de verificación completa. La Comisión considera que el número de componentes que había seleccionado era suficiente para los fines de la verificación directa, de conformidad con las «Directrices en materia de verificación directa» aprobadas por el Comité de la RNB.

2.29.

Al final de 2010 Eurostat todavía no había elaborado ningún informe de evaluación sobre los datos de la RNB de los Estados miembros con respecto al período iniciado en 2002 y en consecuencia no podía sustituir las reservas generales (véase el apartado 2.26) por reservas específicas referentes a estos ejercicios.

2.29.

La Comisión presentará los informes de evaluación en el año 2011, a fin de que las reservas generales puedan ser sustituidas, en su caso, por reservas específicas, con la posible excepción de Bulgaria y Rumanía, que remitieron sus inventarios RNB a finales de 2009 de acuerdo con el calendario acordado en el Comité de la RNB.

2.30.

Los sistemas de control y supervisión de los institutos nacionales de estadística (INE) de los Estados miembros deberían contribuir a garantizar la comparabilidad, la fiabilidad y la exhaustividad de los datos de la RNB (22). No obstante, Eurostat todavía no ha finalizado su evaluación de los sistemas de control y supervisión de los INE ni ha adoptado orientaciones sobre la aplicación de estos sistemas para la elaboración de las cuentas nacionales en los Estados miembros.

2.30.

La Comisión considera que el planteamiento que aplica (controles documentales de los cuestionarios RNB, verificación de inventarios RNB utilizando el GIAQ junto con una verificación directa) es adecuado para una evaluación final de la RNB de los Estados miembros. La Comisión considera que la fiabilidad de la contabilidad nacional depende fundamentalmente de los métodos y fuentes estadísticos que se utilizan específicamente y ha basado su enfoque de validación de los datos RNB en la verificación y mejora de tales instrumentos. En este contexto, los sistemas de supervisión y control (SCS) de los institutos nacionales de estadística de los Estados miembros son de carácter organizativo y no ofrecen ninguna indicación específica sobre la fiabilidad de las cuentas, a pesar de que los SCS contribuyan a reducir los riesgos de errores en las cuentas nacionales. La Comisión ya ha tenido en cuenta las observaciones del Tribunal, y ha proseguido sus esfuerzos para elaborar directrices sobre los SCS debatiendo más esta cuestión en la reunión de Comité de la RNB de 27 de octubre de 2010.

Cheque británico

2.31.

En su cálculo del cheque británico para los ejercicios de referencia comprendidos entre 2007 y 2009 la Comisión no incluyó alrededor del 2 % del total de los pagos de los fondos de la UE en la cifra del gasto asignado total, pese a tratarse de un elemento básico para dicho cálculo. La Comisión excluyó estas cantidades ya que no disponía de información sobre dónde se había realizado el gasto y no comprobó si este habría podido asignarse a efectos del cálculo (véase el anexo 2.5 , en particular sus puntos 3 a 5 y 10 a 11).

2.31.

Los intentos de llegar a una precisión del 100 % serían complicados en términos de efectividad de los recursos, ya que requerirían un examen manual, caso por caso, de miles de operaciones.

2.32.

El Tribunal también observó que en su definición de «pagos efectivos» para el cálculo del total de gastos asignados la Comisión:

2.32.

a)

no tiene en cuenta el gasto financiado por los ingresos afectados (gastos asignados) que aumentó significativamente pasando del 1 % del total de los pagos presupuestarios en 2007 al 5 % en 2009;

a)

Los ingresos asignados exteriores (normalmente alrededor de un tercio del total) no deben incluirse. La Comisión observa que en 2010 el porcentaje de los gastos financiados con ingresos asignados volvieron a su nivel de 2007.

b)

no deduce de los gastos asignados los importes cubiertos por las órdenes de ingreso cobradas, en particular con respecto al título 6 del presupuesto, «Contribuciones y restituciones en el marco de los acuerdos y programas comunitarios»: los ingresos procedentes de esta fuente oscilaban entre un 3 % y un 5 % de los pagos durante el mismo período.

b)

Lo ideal sería que estas fuentes de financiación se dedujeran de los gastos asignados a los países beneficiarios, pero esta información solo está disponible de forma manual y, además, siempre habrá un riesgo de doble contabilidad. Como ya se ha señalado, hay miles de estas operaciones y el proceso consumiría muchos recursos.

La consideración de las operaciones presupuestarias citadas permitiría la asignación del gasto conforme al principio de «primacía de la sustancia sobre la forma» (véase el anexo 2.5 , en particular sus puntos 3 a 5 y 10 a 11).

Pero solo a un coste que la Comisión considera injustificable.

2.33.

Las omisiones observadas en los dos apartados anteriores limitan la precisión del cálculo del cheque británico y no es posible determinar de qué modo repercuten en el resultado del cálculo.

 

Dispensa del cobro de los importes pendientes

2.34.

Con arreglo a las normas de desarrollo del Reglamento financiero (23), podrá renunciarse al cobro de las órdenes de ingreso en los casos siguientes: si el coste previsible de la recaudación excede el importe de los derechos a cobrar, si es imposible cobrar los derechos debido a su antigüedad o a la insolvencia del deudor y cuando la recaudación vulnera el principio de proporcionalidad. La dispensa será motivada.

 

2.35.

La auditoría de los sistemas en el caso de las dispensas del cobro de los importes puso de manifiesto que, por lo general, la Comisión aplicó los procedimientos previstos para la renuncia a las órdenes de ingreso y motivó las decisiones adoptadas. Sin embargo, el Tribunal constató insuficiencias en la gestión de la Comisión durante el período 1995-2008 que incrementaron el riesgo de no recaudación de los derechos. Para cada uno de los casos de dispensa del cobro presentados seguidamente se identificaron una o más insuficiencias (ejemplos 2.1, 2.2 y 2.3).

2.35.

Muchos de los retrasos en el establecimiento de las recuperaciones son inevitables, debido a las auditorías y a los trámites legales. La Comisión estima que su gestión no ha tenido un impacto material negativo en la recuperación efectiva de los títulos de crédito.

Ejemplo 2.1

Evaluación de la capacidad financiera de los contratistas

En un caso (por un importe de alrededor de 500 000 euros) consistente en la concesión de una subvención del V PM (quinto programa marco de investigación), se estimó que una empresa carecía de la capacidad necesaria para generar beneficios de su actividad. Sin embargo, la Comisión no consideró necesarias unas garantías financieras para poder celebrar un convenio de subvención. Finalmente, la dispensa del cobro tuvo lugar porque la empresa se declaró en quiebra.

En otros 15 casos (de un valor de 6 millones de euros) vinculados a procedimientos de concesión de subvenciones en el V PM y a acciones exteriores, la Comisión no pudo proporcionar elementos justificativos de su evaluación de la capacidad financiera de los solicitantes. En ocho de estos casos, se renunció al cobro debido a la insolvencia de los beneficiarios.

Ejemplo 2.1

Evaluación de la capacidad financiera de los contratistas

El caso al que se refiere el Tribunal se remonta a 2001 y desde entonces los controles de viabilidad financiera, concebidos para el V PM, han mejorado significativamente. En el VI PM se utilizaron ratios más complejos, como así es el caso también para el VII PM. Además, la Comisión aprobó una serie de normas para garantizar una verificación coherente de la existencia y el régimen jurídico de los participantes, así como su capacidad operativa y financiera [Decisión C(2007) 2466 de la Comisión, de 13 de junio de 2007], que son objeto de seguimiento por las DG correspondientes.

La Comisión considera que se han introducido las medidas necesarias para minimizar el riesgo de que se produzca una situación similar.

A partir de la obligatoriedad de utilizar el mecanismo de convocatoria de propuestas en 2003, el sistema de evaluación de la capacidad financiera de los solicitantes ha sido reforzado y estandarizado. Los solicitantes de subvención vienen obligados ahora a demostrar que disponen de fuentes de financiación estables y suficientes para mantener la actividad durante todo el período de ejecución de la acción, así como a participar en su financiación, sobre la base de documentos justificativos.

Ejemplo 2.2

Gestión de contratos

El coordinador del contrato del V PM mencionado no distribuyó el pago de prefinanciación a los otros contratistas encargados de la ejecución del proyecto. La Comisión no se aseguró de que se hubieran cumplido las condiciones contractuales relativas a la distribución de la prefinanciación. Una parte importante de estos fondos no pudo ser recaudada y se renunció al cobro del derecho (500 000 euros) debido a la quiebra del coordinador tres años más tarde.

En otro caso (de un valor de 145 000 euros) referente al instrumento financiero de los Socios de Inversión de las Comunidades Europeas (ECIP, European Community Investment Partners) se observaron períodos prolongados (1998-2005) de pasividad administrativa en la gestión del contrato por la Comisión.

Ejemplo 2.2

Gestión de contratos

En el programa ECIP se produjeron retrasos administrativos antes de 2005; desde entonces, el proceso de liquidación general de EuropeAid ha recuperado 35 millones EUR en 600 acciones. En el caso citado, los 2/3 de la cantidad adeudada fueron recuperados (mediante compensación), renunciándose al cobro de 145 000 euros, lo que se debió principalmente a que, a pesar de los reiterados intentos efectuados desde 2005 para establecer el estado de estos archivos, no se pudo dictaminar con certeza quién había asumido la responsabilidad bancaria tras la toma de control del consorcio.

Ejemplo 2.3

Emisión de órdenes de ingreso e inicio de procedimientos de recaudación

En cinco casos de dispensa (de un valor de 2,5 millones de euros) se produjeron retrasos injustificados en la emisión de órdenes de ingreso o en el inicio de procedimientos de recaudación. Estos casos correspondían al V PM (1) y a acciones exteriores (4), y las dispensas del cobro se debieron a la insolvencia del deudor.

En el citado caso referente al instrumento financiero ECIP la Comisión no tomó en consideración todas las posibilidades de compensación.

Ejemplo 2.3

Emisión de órdenes de ingreso e inicio de procedimientos de recaudación

Muchos de los retrasos en el inicio de las recuperaciones son inevitables debido a las auditorías y a los trámites legales. La Comisión considera que su gestión no ha tenido incidencia material negativa en la recuperación efectiva de los títulos de crédito.

Además, los procedimientos internos han mejorado en cuanto a la emisión oportuna de las notas de adeudo.

En el caso del ECIP una posible compensación adicional no fue posible técnicamente en 2008, debido al cierre del ejercicio contable.

FIABILIDAD DE LAS TOMAS DE POSICIÓN DE LA COMISIÓN

2.36.

El anexo 2.3 sintetiza los resultados del examen de las tomas de posición de la Comisión. El Tribunal expone a continuación, de forma más detallada, varias observaciones importantes.

 

2.37.

La insuficiencia significativa del sistema puesta de manifiesto por la fiscalización del Tribunal sobre la fiabilidad de las cuentas para los recursos propios tradicionales en un Estado miembro (véase el apartado 2.15) también fue detectada por la Comisión en sus trabajos de inspección. El Tribunal considera que esta insuficiencia habría debido constar en el informe anual de actividad de la Dirección General de Presupuestos.

2.37.

Los problemas en el sistema de contabilidad de este Estado miembro han sido objeto de un seguimiento estrecho por la Comisión desde 2008. La Comisión ha llevado a cabo tres inspecciones de los RPT dedicadas a este tema, una en 2008 y dos en 2009 y ha solicitado medidas correctoras, incluidas la mejora de los controles internos y auditorías externas a gran escala del plan contable. Los progresos realizados por el Estado miembro volverán a ser examinados en la reunión del CCRP de julio de 2011 en relación con el último informe de inspección de la Comisión. Las deficiencias constatadas ya anteriormente están siendo supervisadas estrechamente por la Comisión, y se refieren solo a un Estado miembro, en el que hasta ahora no se ha constatado una insuficiencia de pagos de los RPT, cuestión que no fue mencionada particularmente en el informe anual de actividad de 2010.

2.38.

El error detectado por el Tribunal en el cálculo, por la Comisión, del importe definitivo de 2006 del cheque británico (véase el apartado 2.16) se expone en el informe anual de actividad de la Dirección General de Presupuestos, que presenta las medidas de control suplementarias adoptadas posteriormente. No obstante, teniendo en cuenta los propios criterios de materialidad de la Comisión, el Tribunal considera que habría debido formularse una reserva en la declaración de fiabilidad del director general de la Dirección General de Presupuestos.

2.38.

En vista de las correcciones que están efectuándose, la incidencia final del error estará por debajo del umbral de importancia relativa de la Comisión en 2011.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

2.39.

Basándose en su trabajo de auditoría (24), el Tribunal llega a la conclusión siguiente:

a)

las declaraciones y los pagos de los Estados miembros relativos a los recursos propios tradicionales;

b)

el cálculo realizado por la Comisión de las contribuciones de los Estados miembros a partir de los datos sobre el IVA y la RNB comunicados por estos;

c)

otros tipos de ingresos,

del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 no contienen errores significativos.

 

2.40.

Sobre la base de su trabajo de auditoría, el Tribunal considera que los sistemas de control y supervisión son eficaces para garantizar la regularidad de los ingresos. No obstante, llama la atención sobre las insuficiencias que se exponen a continuación:

2.40.

a)

los controles del Tribunal siguen poniendo de manifiesto problemas con la utilización de la contabilidad B (véase el apartado 2.19) y la fiabilidad de la contabilidad A y B (véanse los apartados 2.15 y 2.20). También se constataron insuficiencias en la supervisión de las aduanas nacionales (véase el apartado 2.21). El Tribunal llega a la conclusión de que los sistemas de control y supervisión de los Estados miembros examinados solo son parcialmente eficaces para garantizar la exhaustividad y exactitud de los recursos propios tradicionales registrados;

a)

Si procede, los servicios de la Comisión solicitarán a los Estados miembros en cuestión que tomen las medidas adecuadas para subsanar las deficiencias constatadas por el Tribunal. Seguirán examinando la contabilidad B en sus inspecciones periódicas con el fin de minimizar el número de estas deficiencias. Como se mencionó en el apartado 2.21, las últimas inspecciones de la Comisión relativas a los recursos propios tradicionales se han centrado en los controles aduaneros de los Estados miembros; la Comisión seguirá encargándose de tales controles durante sus inspecciones.

b)

aún existen reservas pendientes de larga duración (véase el apartado 2.23). Además, el Tribunal constató insuficiencias en el control por la Comisión de la aplicación de las Directivas del IVA examinadas por los Estados miembros (véase el apartado 2.25);

b)

La Comisión busca activamente resolver el resto de estas reservas pendientes de larga duración que no se refieran a un procedimiento de infracción ante el Tribunal de Justicia.

En cuanto al paquete del IVA, la evaluación de los cinco Estados miembros restantes está aún en curso y la Comisión espera finalizarla en septiembre de 2011. En cuanto a la directiva del IVA para combatir el fraude fiscal, la Comisión, tras haber recibido las notificaciones tardías de los Estados miembros, está en disposición ahora de finalizar el seguimiento completo de la ejecución para finales de 2011 mediante un informe de la Comisión al Consejo (véase el apartado 2.25).

c)

la Comisión todavía no ha completado su verificación de los inventarios RNB que abarcan los datos RNB de los Estados miembros con respecto al período iniciado en 2002 (véase el apartado 2.29), y aún no ha suprimido las cuatro reservas específicas pendientes relativas al PNB correspondientes al período 1995-2001 (véase el apartado 2.27);

c)

La Comisión presentará los informes de evaluación de los datos de la RNB de los Estados miembros en 2011, a fin de que las reservas generales puedan ser sustituidas, en su caso, por reservas específicas. La Comisión continúa cooperando con los dos países que tienen aún pendientes reservas relativas a la RNB correspondientes al período 1995-2001 (una para Grecia, tres para el Reino Unido), de forma que puedan suprimirse dichas reservas. Como resultado de estos esfuerzos, fue suprimida en 2011 una reserva para el Reino Unido.

d)

se constató la existencia de un error en el cálculo definitivo del cheque británico relativo a 2006 (25) (véase el apartado 2.16). Varias insuficiencias afectaron al cálculo del importe de las correcciones para los ejercicios siguientes (véanse los apartados 2.31 a 2.33). El Tribunal considera que los sistemas de control y supervisión de la Comisión son parcialmente eficaces para garantizar que el cheque británico está correctamente calculado;

d)

El sistema de supervisión y control ha sido revisado profundamente tras la detección de este error por el Tribunal.

La Comisión considera que la metodología para calcular los gastos asignados es lo suficientemente sólida para calcular la participación del Reino Unido en los mismos. La existencia de estas «deficiencias» señaladas por el Tribunal es la consecuencia de evaluar que el coste marginal de la búsqueda de un mayor refinamiento en el cálculo no sería rentable.

e)

las pérdidas para el presupuesto derivadas de la dispensa del cobro de los derechos habrían podido evitarse o como mínimo reducirse si la Comisión hubiese adoptado un enfoque más proactivo (véase el apartado 2.35).

e)

Las decisiones de la Comisión relativas a las renuncias no han sido impugnadas por el Tribunal. Los sistemas subyacentes fiscalizados por el Tribunal en relación con las renuncias se refieren mayoritariamente a un contexto legislativo y de gestión de hace más de diez años. Desde esa fecha, se ha creado EuropeAid (2001), se ha aprobado un nuevo Reglamento financiero (2003), se ha instaurado un Sistema Común de Información RELEX basado en TI (2003) y la gestión de la ayuda exterior se ha transferido a las delegaciones in situ (2004).

Recomendaciones

2.41.

El anexo 2.4 presenta el resultado del examen por el Tribunal de los avances con respecto a las recomendaciones formuladas en sus anteriores informes anuales. Cabe observar los aspectos siguientes:

2.41.

en el ámbito de los recursos propios tradicionales, la Comisión ha procedido a una evaluación de las insuficiencias que afectan a los procedimientos aduaneros simplificados aplicados a las importaciones. El Tribunal mantiene su opinión por lo que se refiere a la anotación en la contabilidad B de las deudas aduaneras devengadas por mercancías decomisadas,

La Comisión ha realizado una evaluación de las deficiencias existentes en los procedimientos aduaneros simplificados en su informe anual de actividades del año 2010. También ha llevado a cabo inspecciones de la estrategia de control aduanero en todos los Estados miembros y ha preparado un informe temático sobre las deficiencias detectadas en las inspecciones y en las auditorías del Tribunal. Presentó un borrador de este informe en la reunión del CCRP de diciembre de 2010: la versión final del informe será examinada en la reunión del CCRP de julio de 2011.

La posición de la Comisión sobre el asiento en la contabilidad B de las deudas aduaneras nacidas por la incautación de mercancías es diferente de la del Tribunal de Cuentas. La Comisión ha examinado el fallo del Tribunal de Justicia en el caso Elshani (asunto C-459/07) y el caso Dansk Logistik (asunto C-230/08) y concluye que puede mantener su posición actual.

Véase la respuesta de la Comisión en el anexo 2.4.

por lo que respecta a los recursos propios basados en la RNB, los Estados miembros no siempre aplican las directrices sobre la comunicación de las principales revisiones estadísticas y no se han observado progresos en la ejecución de una política de revisión común en la Unión Europea.

Referente al recurso propio basado en la RNB, la cuestión de las revisiones se aborda en el documento GNIC/085, y las revisiones de la RNB de los Estados miembros son supervisadas a través de los informes anuales de calidad en el contexto del Reglamento de la RNB. En cuanto a las directrices del CMFB (30) sobre la comunicación de las principales revisiones estadísticas, la Comisión (Eurostat) seguirá insistiendo en la necesidad de que los Estados miembros apliquen estas directrices, en particular en las reuniones del Comité de la RNB. La Comisión está en negociaciones con los Estados miembros para llevar a cabo una política común de revisión en la UE, teniendo en cuenta las observaciones formuladas por el Tribunal.

A raíz de este examen, y de las observaciones y conclusiones referentes a 2010, el Tribunal recomienda a la Comisión que:

 

prosiga sus esfuerzos para velar por la correcta utilización de la contabilidad B, por que los sistemas contables permitan que la contabilidad A y B de los Estados miembros sea manifiestamente completa y correcta, y por que se siga reforzando la supervisión de las aduanas nacionales (recursos propios tradicionales),

La Comisión proseguirá con el examen de la contabilidad B y de los planes contables en sus inspecciones, a fin de garantizar que los estados de la contabilidad A y B notificados por los Estados miembros sean correctos. Como se mencionó en el apartado 2.21, las recientes inspecciones de la Comisión en materia de recursos propios tradicionales se han centrado especialmente en los controles aduaneros de los Estados miembros y en sus inspecciones futuras continuará verificando los controles aduaneros nacionales, así como las medidas de los Estados miembros para reforzarlos.

presente al Comité RNB informes de evaluación sobre los datos RNB de los Estados miembros con el fin de poder sustituir en 2011 las reservas generales existentes por reservas específicas para el período iniciado a partir de 2002. En la evaluación de la RNB de los Estados miembros, debe tener en cuenta la valoración de los sistemas de control y supervisión de los INE para el establecimiento de las cuentas nacionales y determinar claramente el alcance de la opinión que emite (recursos propios basados en la RNB).

La Comisión presentará los informes de evaluación en el año 2011, a fin de que las reservas generales pueden ser sustituidas, en su caso, por reservas específicas. La Comisión considera que el planteamiento que aplica (controles documentales de los cuestionarios RNB, verificación de inventarios RNB utilizando el GIAQ junto con una verificación directa) es adecuado para una evaluación final de la RNB de los Estados miembros. En este contexto, los sistemas de supervisión y control (SCS) son de naturaleza organizativa y no ofrecen indicaciones específicas sobre la fiabilidad de la contabilidad, que depende primordialmente de las fuentes y métodos estadísticos utilizados, pese a que los SCS pueden contribuir a atenuar el riesgo de error en la contabilidad nacional. La Comisión proseguirá sus esfuerzos por elaborar directrices SCS para que los Estados miembros confeccionen sus cuentas nacionales teniendo en cuenta las observaciones formuladas por el Tribunal.

SEGUIMIENTO DEL INFORME ESPECIAL No 2/2008, SOBRE LA INFORMACIÓN ARANCELARIA VINCULANTE

Introducción

2.42.

En 2008 el Tribunal publicó su Informe Especial no 2/2008, sobre la Información arancelaria vinculante (IAV) (26). La IAV consiste en una decisión de clasificación arancelaria expedida por escrito por las autoridades aduaneras de un Estado miembro a petición de operadores económicos. Esta información vincula jurídicamente a todas las autoridades aduaneras de la UE y a su titular hasta seis años a partir de la fecha de su emisión.

 

2.43.

Se constató que aunque el funcionamiento del sistema de IAV era globalmente correcto se precisaban mejoras.

 

2.44.

En su decisión sobre la aprobación de la gestión relativa a 2007 (27) el Parlamento instó a la Comisión a resolver urgentemente las insuficiencias existentes y los litigios relativos a la clasificación arancelaria. El Consejo invitó a la Comisión a perfeccionar el sistema IAV y a evaluar su puesta en práctica y su aplicación en los Estados miembros, pero destacó que la posible responsabilidad financiera de estos, de existir, debería evaluarse con la mayor prudencia (28).

2.44.

Seguimiento de las recomendaciones

a)

Recomendación: La Comisión debería reducir los retrasos en la resolución de las clasificaciones arancelarias incoherentes (apartados 43 y 44 del Informe Especial no 2/2008).

 

Avances efectuados: Se ha incrementado el número de agentes encargados de las cuestiones relativas a la IAV y se han reducido los retrasos observados en la resolución de las clasificaciones arancelarias incoherentes.

 

b)

Recomendación: La Comisión debería evaluar el pleno impacto financiero de la emisión de IAV inexactas y actualizar la base de datos europea de Información arancelaria vinculante (EBTI-3) (apartados 45 y 46 del Informe Especial no 2/2008).

b)

Avances efectuados: La Comisión pudo demostrar que velaba por que los Estados miembros fueran considerados responsables de las pérdidas derivadas de la emisión de IAV inexactas.

Se introdujeron nuevas funciones en la base de datos EBTI-3 con el fin de garantizar un mejor cumplimiento de las disposiciones legales. La interfaz de usuario de la base de datos de acceso público EBTI-3 se encuentra actualmente traducida a todos los idiomas oficiales de la UE (salvo el maltés y el irlandés) y el tesauro se está actualizando progresivamente.

La Comisión seguirá examinando el uso incorrecto de la IAV (Información arancelaria vinculante) que tiene un efecto negativo en los recursos propios tradicionales y, si procede, considerará a los Estados miembros responsables financieramente.

c)

Recomendación: La reglamentación, a la que se suman las directrices administrativas de la Comisión, debería reforzarse (apartado 47 del Informe Especial no 2/2008).

 

Avances efectuados: Se ha adoptado la obligación de que un importador declare la IAV que detenta para sus mercancías (29), pero no será aplicable hasta la entrada en vigor de las DACAM. Estas disposiciones también tienen como fin mejorar la gestión del «período de gracia».

 

d)

Recomendación: La Comisión debería instar a los Estados miembros a corregir las insuficiencias detectadas (apartado 48 del Informe Especial no 2/2008).

d)

La Comisión ha hecho un seguimiento completo de los Estados miembros en el marco de los procedimientos de gestión relacionados con la IAV. Ese ejercicio se inició a mediados de 2007 y todavía está en curso en forma de acciones de seguimiento. Además, la Comisión tiene la intención de llevar a cabo cinco inspecciones in situ de RPT relacionadas con la IAV en 2011.

Avances efectuados: Durante sus visitas de seguimiento, la Comisión ha supervisado los casos de incumplimiento de las exigencias legales y las insuficiencias puestas de relieve por el Tribunal.

La Comisión está supervisando continuamente los progresos de los Estados miembros y aborda con regularidad las deficiencias en la aplicación de las condiciones legales.

Conclusiones

2.45.

La Comisión ha mejorado el sistema de IAV y efectuado el seguimiento de su ejecución y aplicación en los Estados miembros. Sin embargo, las medidas correctoras claves no serán eficaces hasta la entrada en vigor de las DACAM, y la Comisión debería proseguir sus esfuerzos a fin de reducir el tiempo necesario para aportar una solución a las cuestiones de clasificación.

2.45.

La Comisión toma nota y continúa en sus esfuerzos de acelerar la resolución de los problemas de clasificación.

(1)  Véase la Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo, de 7 de junio de 2007, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (DO L 163 de 23.6.2007, p. 17), y el Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 del Consejo, de 22 de mayo de 2000, por el que se aplica la Decisión 2007/436/CE, Euratom relativa al sistema de recursos propios de las Comunidades (DO L 130 de 31.5.2000, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE, Euratom) no 105/2009 (DO L 36 de 5.2.2009, p. 1).

(2)  Cuando los derechos o exacciones aún no han sido recaudados y no se ha aportado ninguna garantía sobre ellos, o bien están cubiertos por garantías pero han sido impugnados, los Estados miembros pueden suspender la puesta a disposición de estos recursos anotándolos en esta contabilidad separada.

(3)  Alemania, Países Bajos, Austria y Suecia.

(4)  Países Bajos y Suecia.

(5)  La Oficina de Cooperación EuropeAid (AIDCO), que a partir de 2011 pasa a ser la Dirección General de Desarrollo y Cooperación — EuropeAid (DG DEVCO), y las Direcciones Generales de Competencia (COMP) y de Energía (ENER).

(6)  Artículo 266, apartado 2, de las disposiciones de aplicación del código aduanero: «Siempre que el control de la regularidad de las operaciones no resulte afectado, las autoridades aduaneras podrán: […] b) en determinadas circunstancias especiales justificadas por la naturaleza de las mercancías de que se trate y por el ritmo acelerado de las operaciones, dispensar al titular de la autorización de la obligación de comunicar al servicio de aduanas competente cada llegada de mercancías […]», Reglamento (CEE) no 2454/93 (DO L 253 de 11.10.1993, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (UE) no 430/2010 (DO L 125 de 21.5.2010, p. 10).

(7)  Bélgica, República Checa, Alemania, Francia, Países Bajos y Suecia.

(8)  El Tribunal estima el porcentaje de error a partir de una muestra estadística representativa. Por lo que respecta a los ingresos, el Tribunal tiene un grado de confianza del 95 % de que el porcentaje de error que afecta a la población es inferior al 2 %.

(9)  Una declaración mensual de Bélgica. Este Estado miembro representaba el 9,5 % del total de recursos propios tradicionales en 2010.

(10)  El cálculo definitivo del cheque británico del ejercicio n se contabiliza en el presupuesto del ejercicio n+4.

(11)  Por ejemplo, el Informe Anual relativo al ejercicio 2009, apartado 2.20.

(12)  El Reino Unido.

(13)  Italia, los Países Bajos y el Reino Unido.

(14)  El Reino Unido.

(15)  Consistente en un incremento de alrededor de 105 millones de euros y una reducción de casi 15 millones de euros.

(16)  Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta al lugar de la prestación de servicios (DO L 44 de 20.2.2008, p. 11), y Directiva 2008/9/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se establecen disposiciones de aplicación relativas a la devolución del impuesto sobre el valor añadido, prevista en la Directiva 2006/112/CE, a sujetos pasivos no establecidos en el Estado miembro de devolución, pero establecidos en otro Estado miembro (DO L 44 de 20.2.2008, p. 23).

(17)  Directiva 2008/117/CE del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido para combatir la evasión fiscal vinculada a operaciones intracomunitarias (DO L 14 de 20.1.2009, p. 7).

(18)  El artículo 10, apartado 7, del Reglamento (CE, Euratom) no 1150/2000 modificado prevé que: después del 30 de septiembre del cuarto año siguiente a un determinado ejercicio, las posibles modificaciones del PNB/RNB no se contabilizarán, salvo en aquellos puntos que hubieren sido notificados antes de dicho plazo por la Comisión o por el Estado miembro de que se trate. Estos puntos se conocen como reservas. Una reserva general abarca el conjunto de datos de un Estado miembro. Todos los datos relativos a la RNB de Bulgaria y Rumanía pueden ser revisados con arreglo a la norma de los cuatro años.

(19)  Conforme al artículo 3 del Reglamento (CE, Euratom) no 1287/2003 del Consejo (DO L 181 de 19.7.2003, p. 1), los Estados miembros facilitarán a la Comisión (Eurostat) un inventario de los procedimientos y las estadísticas básicas utilizados para calcular la RNB y sus componentes de acuerdo con el SEC 95.

(20)  Estas reservas abiertas corresponden a Grecia (1) y al Reino Unido (3) y se refieren principalmente a aspectos metodológicos o vinculados a la determinación de datos.

(21)  Una reserva específica comprende elementos puntuales de la RNB (PNB hasta 2011) como el valor añadido bruto de actividades seleccionadas, el gasto total de consumo final o el excedente bruto de explotación y renta mixta.

(22)  Véase el Informe Anual relativo al ejercicio 2009, apartado 2.28.

(23)  Artículo 87 del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (DO L 357 de 31.12.2002, p. 1), modificado en último lugar por el Reglamento (CE, Euratom) no 478/2007 (DO L 111 de 28.4.2007, p. 13).

(24)  Por los motivos aducidos en los apartados 2.12 y 2.13, esta conclusión no permite evaluar la calidad de los datos del IVA o la RNB que los Estados miembros comunicaron a la Comisión.

(25)  Además, en diciembre de 2009, la Comisión detectó un error en su cálculo de las estimaciones provisionales del cheque británico correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, que representaban una sobrestimación de 138 millones de euros (2,6 %) y 458 millones de euros (13 %) respectivamente (véase el apartado 2.17 del Informe Anual relativo al ejercicio 2009). Los importes corregidos se han tenido en cuenta para el cálculo de las estimaciones actualizadas de la corrección del Reino Unido llevado a cabo en 2010 (antes de que los importes definitivos sean calculados en 2012 y 2013).

(26)  DO C 103 de 24.4.2008, p. 1.

(27)  Decisión del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009, sobre la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto general de la Unión Europea para el ejercicio 2007, sección III — Comisión.

(28)  Sesión no 2881 del Consejo, Luxemburgo, 23 y 24 de junio de 2008.

(29)  Reglamento (CE) no 450/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el código aduanero comunitario (código aduanero modernizado) (DO L 145 de 4.6.2008, p. 1).

(30)  Comité de Estadísticas Monetarias, Financieras y de Balanza de Pagos.

ANEXO 2.1

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE OPERACIONES DE LOS INGRESOS

 

2010

2009

2008

2007

Recursos propios tradicionales

IVA/RNB, correcciones con arreglo al título presupuestario 1

Otros ingresos

Total

TAMAÑO Y ESTRUCTURA DE LA MUESTRA

Total de operaciones (consistentes en):

6

43

6

55

62

60

66

órdenes de ingreso

6

43

6

55

62

60

66

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN  (1)

Proporción de operaciones verificadas que se consideran:

Exentas de errores

100 %

(6)

100 %

(43)

100 %

(6)

100 %

(55)

95 %

100 %

100 %

Afectadas por uno o más errores

0 %

(0)

0 %

(0)

0 %

(0)

0 %

(0)

5 %

0 %

0 %

IMPACTO ESTIMADO DE LOS ERRORES CUANTIFICABLES

Porcentaje de error más probable (2)

0 %

 

 

 


(1)  Las cifras entre paréntesis representan el número real de operaciones.

(2)  Dado que no se halló ningún error significativo, solo se presenta el porcentaje de error más probable.

ANEXO 2.2

RESULTADOS DEL EXAMEN DE LOS SISTEMAS CORRESPONDIENTES A LOS INGRESOS

Valoración de los sistemas de control y supervisión seleccionados

Sistema examinado

Controles internos claves (Comisión)

Controles internos claves en los Estados miembros auditados

Valoración global

Controles de la Comisión en los Estados miembros

Cálculo/controles documentales por la Comisión, de los importes

Gestión de las reservas/ejecución presupuestaria por la Comisión

Recursos propios tradicionales

Eficaces

Eficaces

s.o.

Parcialmente eficaces

Eficaz

IVA/RNB

Eficaces

Eficaces

Eficaces

s.o.

Eficaz

Cheque británico

s.o.

Parcialmente eficaces

s.o.

s.o.

Parcialmente eficaz

Dispensas del cobro

s.o.

Eficaces

Eficaces (1)

s.o.

Eficaz

Multas y sanciones

s.o.

Eficaces

s.o.

s.o.

Eficaz

s.o.:

sin objeto (no procede o no ha sido evaluado)


Valoración global de los sistemas de control y supervisión seleccionados

Valoración global

2010

2009

2008

2007

Eficaz

Eficaz

Eficaz

Eficaz


(1)  En el caso de las dispensas del cobro efectuadas en 2010, el Tribunal constató insuficiencias en la gestión de ejercicios anteriores por la Comisión que incrementaron el riesgo de no recaudación de los derechos.

ANEXO 2.3

RESULTADOS DEL EXAMEN DE LAS TOMAS DE POSICIÓN DE LA COMISIÓN RESPECTO DE LOS INGRESOS

DG principales

Naturaleza de la declaración del director general (1)

Reservas

Observaciones del Tribunal

Valoración global de la fiabilidad

2010

2009

BUDG

sin reservas con respecto a los recursos propios

s.o.

La insuficiencia significativa del sistema puesta de manifiesto por la fiscalización del Tribunal sobre la fiabilidad de las cuentas para los recursos propios tradicionales en Bélgica también fue detectada por los trabajos de inspección de la Comisión. El Tribunal considera que esta insuficiencia habría debido constar en el informe anual de actividad de la DG BUDG (véase el apartado 2.37).

El error detectado por el Tribunal en el cálculo de la Comisión del importe definitivo para 2006 del cheque británico se describe en el informe anual de actividad de la DG BUDG, que establece las medidas de control suplementarias aplicadas posteriormente. No obstante, teniendo en cuenta los propios criterios de materialidad de la Comisión, el Tribunal es del parecer de que habría debido formularse una reserva en la declaración de fiabilidad del director general de la DG BUDG (véase el apartado 2.38).

B

A

s.o.:

sin objeto (no procede)

A:

El informe anual de actividad y la declaración del director general presentan una valoración correcta de la gestión financiera por lo que respecta a la regularidad.

B:

El informe anual de actividad y la declaración del director general presentan una valoración parcialmente correcta de la gestión financiera por lo que respecta a la regularidad.

C:

El informe anual de actividad y la declaración del director general presentan una valoración incorrecta de la gestión financiera por lo que respecta a la regularidad.


(1)  El director general afirma en su declaración de fiabilidad tener una seguridad razonable de que los procedimientos de control aplicados ofrecen las garantías necesarias sobre la regularidad de las operaciones.

A:

El informe anual de actividad y la declaración del director general presentan una valoración correcta de la gestión financiera por lo que respecta a la regularidad.

B:

El informe anual de actividad y la declaración del director general presentan una valoración parcialmente correcta de la gestión financiera por lo que respecta a la regularidad.

C:

El informe anual de actividad y la declaración del director general presentan una valoración incorrecta de la gestión financiera por lo que respecta a la regularidad.

ANEXO 2.4

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ANTERIORES RESPECTO DE LOS INGRESOS

Ejercicio

Recomendación del Tribunal

Avances conseguidos

Respuesta de la Comisión

Análisis del Tribunal

2009

En su Informe Anual relativo a 2009 (apartado 2.32), el Tribunal llamó la atención sobre los resultados de auditoría de su Informe Especial no 1/2010 sobre procedimientos aduaneros simplificados para la importación e hizo hincapié en que la Comisión deberá tener en cuenta las conclusiones de dicho Informe junto con el seguimiento dado a sus propios resultados de las inspecciones de los procedimientos simplificados y la estrategia de control de los Estados miembros en su informe anual de actividad de 2010.

La Comisión reconoció la existencia de insuficiencias en los controles aduaneros de los Estados miembros relativos a los procedimientos simplificados. Sin embargo, considerando los trabajos de inspección en curso, la respuesta generalmente positiva de los Estados miembros a las observaciones del Tribunal y el globalmente bajo impacto financiero de los errores detectados, la Comisión consideró que no era necesario formular una reserva en la declaración del director general (que figura en el informe anual de actividad de la DG BUDG) sobre este asunto.

La Comisión ha realizado una evaluación de las deficiencias existentes en los procedimientos aduaneros simplificados en su informe anual de actividades del año 2010. Supervisa las medidas adoptadas por los Estados miembros en respuesta a las conclusiones de sus propias inspecciones y a las auditorías del Tribunal. Varios Estados miembros ya han informado sobre las medidas correctoras que han adoptado o adoptarán para hacer frente a las deficiencias de control halladas. La Comisión ha llevado a cabo también inspecciones de la estrategia de control aduanero en todos los Estados miembros y ha preparado un informe temático sobre las deficiencias detectadas en las inspecciones y en las auditorías del Tribunal. Los Estados miembros han tenido tiempo para presentar sus observaciones al borrador; en la reunión del CCRP de julio de 2011 se examinará una versión final del informe que tiene en cuenta estas observaciones.

La posición de la Comisión sobre el asiento en la contabilidad B de las deudas aduaneras nacidas por la incautación de mercancías es diferente de la del Tribunal de Cuentas. La Comisión ha examinado el fallo del Tribunal de Justicia en el caso Elshani (asunto C 459/07) y el caso Dansk Logistik (asunto C-230/08) y concluye que puede mantener su posición actual.

El Tribunal toma nota de esta evaluación de la Comisión y procederá a su propio análisis junto con el seguimiento de su informe especial sobre procedimientos aduaneros simplificados aplicados a las importaciones.

2009

En su Informe Anual relativo a 2009 (apartado 2.22), el Tribunal mantuvo que las deudas devengadas por mercancías decomisadas antes de que las mercancías pasen más allá de la primera aduana situada en territorio de la Comunidad deben anotarse en la contabilidad B. Esta opinión, en consonancia con la sentencia del Tribunal de Justicia de abril de 2009 (asunto C-459/07), no era compartida por la Comisión.

La Comisión analizó la reciente sentencia del Tribunal de Justicia (abril de 2010) sobre un asunto similar, el C-230/08.

La posición de la Comisión sobre el asiento en la contabilidad B de las deudas aduaneras nacidas por la incautación de mercancías es diferente de la del Tribunal de Cuentas. La posición de la Comisión se basa en el artículo 867 bis del Reglamento (CEE) no 2454/93, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del código aduanero de la UE, según la cual las mercancías decomisadas o confiscadas deben considerarse incluidas en el régimen de depósito aduanero, de conformidad con el artículo 98 del código aduanero. En relación con las mercancías amparadas por este procedimiento, se considera suspendido el nacimiento de la deuda aduanera, por lo que no hay que efectuar ningún asiento en la contabilidad. La Comisión ha examinado el fallo del Tribunal de Justicia en el caso Elshani (asunto C-459/07) y el caso Dansk Logistik (asunto C-230/08), y ha llegado a la conclusión de que puede mantenerse su posición actual.

El Tribunal de Cuentas mantiene su opinión acerca de la anotación en la contabilidad B de las deudas aduaneras devengadas por mercancías decomisadas. Dos sentencias del Tribunal de Justicia corroboran esta opinión.

En su Informe Anual relativo a 2009 (apartado 2.27), el Tribunal expuso que la Comisión (en su informe de enero de 2010 sobre las estadísticas relativas al déficit y al endeudamiento públicos de Grecia al Consejo, Ecofin) cuestionó la calidad de las estadísticas macroeconómicas griegas, incluidas la cuentas nacionales, y que la Comisión y el Consejo plantearon dudas sobre la eficacia del funcionamiento de los sistemas de control y supervisión del servicio estadístico nacional de Grecia, que también elabora los datos RNB para el cálculo de recursos propios.

El análisis en profundidad por la Comisión de la repercusión potencial de las cuestiones que surgieron de esta verificación del déficit y de la deuda con respecto a los datos de Grecia no pusieron de manifiesto una repercusión significativa en los niveles del PIB y la RNB. Los trabajos de verificación llevados a cabo durante 2010 por la Comisión (Eurostat) sobre los datos fiscales de Grecia para realizar el seguimiento de las insuficiencias puestas de relieve en su informe de enero de 2010 señalaron una repercusión de entre el 0,5 % y el 0,9 % en el nivel del PIB de Grecia.

La respuesta de la Comisión en la primavera de 2010 a la observación del Tribunal en el momento de la preparación del Informe Anual relativo a 2009 del Tribunal remitió a las conclusiones del informe de enero de 2010, en el que no se trató el tema de la reclasificación de las entidades públicas. La incidencia en el PIB mencionada por el Tribunal se deriva de la reclasificación de las entidades públicas, a raíz de los trabajos efectuados en noviembre de 2010. Por lo tanto, no es preciso reconsiderar la respuesta de la Comisión a la observación incluida en el Informe Anual del Tribunal relativo al ejercicio 2009. Las revisiones de los datos de los Estados miembros de años anteriores son supervisadas por la Comisión durante los años siguientes, de acuerdo con los tradicionales procedimientos de control de la RNB.

La evaluación efectuada por la Comisión sobre el impacto en el PIB y la RNB de las insuficiencias vinculadas a las estadísticas relativas al déficit y al endeudamiento públicos de Grecia debería tener en cuenta los resultados de su trabajo finalizado en noviembre de 2010.

2009

En su Informe Anual relativo a 2006, el Tribunal formuló observaciones sobre los datos RNB revisados de Grecia (apartados 4.24 a 4.26) y recomendó a la Comisión en el apartado 4.32 que:

 

 

 

a)

establezca normas sobre la comunicación de las revisiones de la RNB, para que las principales revisiones se le notifiquen previamente, así como al Comité RNB;

a)

Cuatro Estados miembros presentaron importantes revisiones de sus cuestionarios RNB e informes de calidad relativos a 2010. En un caso (Finlandia), no se notificó la revisión previamente.

a)

La Comisión reitera constantemente a los Estados miembros que hay que aplicar las directrices, en particular, durante las reuniones del Comité de la RNB y en los contactos bilaterales. Aunque en el caso de Finlandia se ofreció anticipadamente una completa información durante las reuniones del Comité de la RNB y en una visita a Finlandia en relación con la RNB, la Comisión seguirá supervisando y haciendo hincapié en la importancia de que los Estados miembros cumplan el procedimiento CMFB.

a)

La Comisión debe adoptar las medidas apropiadas para garantizar la aplicación sistemática por los Estados miembros de las directrices sobre la comunicación de las principales revisiones estadísticas (elaboradas por el CMFB).

b)

aplique una política coordinada para las revisiones de los datos de las cuentas nacionales que incorpore el requisito de efectuar evaluaciones comparativas regulares;

b)

En la reunión del Comité de estadísticas monetarias, financieras y de balanza de pagos (CMFB) de enero de 2010, se concluyó que la Comisión (Eurostat) y el Banco Central Europeo deberían emprender un estudio de impacto sobre la «política de revisión de las cuentas nacionales y de la balanza de pagos» en el otoño de 2010 y presentar los resultados de la encuesta referente a este estudio en la reunión del CMFB de enero de 2011. Sin embargo, a raíz de la finalización del nuevo proyecto de SEC (Sistema Europeo de Cuentas) y otras tareas, se decidió aplazar el inicio de la encuesta hasta principios de 2011 y presentar los resultados del estudio de impacto en la reunión del CMFB de julio de 2011.

b)

Sin comentarios

b)

El Tribunal observa que la Comisión (Eurostat) no logró avances en 2010 por lo que respecta a la aplicación de una política de revisión común en la Unión Europea.

c)

vele por que las conclusiones del control del inventario de Grecia estén disponibles con antelación suficiente para contabilizar los datos corregidos en el ejercicio 2007.

En sus Informes Anuales relativos a 2007, 2008 y 2009 el Tribunal prosiguió el seguimiento de estas cuestiones en el anexo 4.2 (2007 y 2008) y en el anexo 2.4 (2009), respectivamente.

c)

La Comisión (Eurostat) prosigue su cooperación con el INE de Grecia a fin de poder suprimir la reserva PNB pendiente para el período 1995-2001.

c)

La Comisión (Eurostat) sigue manteniendo su cooperación con las autoridades griegas con el fin de poder levantar el resto de reservas pendientes relativas al PIB del período 1995-2001.

c)

Véanse los apartados 2.26, 2.27 y 2.29.

ANEXO 2.5

CÁLCULO DEL CHEQUE BRITÁNICO PARA 2006 Y EJERCICIOS SUBSIGUIENTES

1.

Las modalidades para calcular el cheque británico con respecto a 2006 se fijan en la decisión sobre recursos propios de 2000 (1) y en un documento de trabajo de la Comisión aprobado por el Consejo al adoptar la decisión sobre recursos propios (2).

2.

El cálculo del cheque británico consta de una serie de etapas.

3.

La primera etapa consiste en:

a)

calcular la diferencia entre:

i)

la cuota del Reino Unido en la suma de las bases IVA sin nivelar (3), y

ii)

la cuota del Reino Unido en los gastos asignados totales;

b)

multiplicar la diferencia así obtenida en a) por los gastos asignados totales;

c)

multiplicar el resultado obtenido en b) por 0,66.

4.

Las «bases IVA sin nivelar» eran las bases de los recursos propios basados en el IVA en la medida en que se aplicaba al introducirse el cheque británico.

5.

Los «gastos asignados» son gastos del presupuesto de la Unión que pueden asignarse a beneficiarios en los Estados miembros, con lo cual quedan excluidos los gastos fuera de la Unión Europea o los gastos que no pueden asignarse o identificarse. Un importe correspondiente a los gastos de preadhesión en los Estados miembros que integraron la Unión en 2004 se deduce del total de gastos asignados.

6.

La segunda etapa en el cálculo del cheque consiste en estimar la «ventaja del Reino Unido» a partir de los cambios en los recursos propios basados en el IVA efectuados desde que se introdujo el cheque británico [reducción del porcentaje empleado para recaudar el recurso propio basado en el IVA, «nivelación» de las bases IVA al 50 % de la renta nacional bruta (RNB) o de un Estado miembro] y de la introducción del cuarto recurso propio basado en la RNB.

7.

Un elemento de la determinación de la «ventaja del Reino Unido» pertinente con respecto a la observación formulada en el apartado 2.16 es el cálculo del tipo uniforme de los recursos propios basados en el IVA aplicable en 2006. Para ello, debe deducirse de un «tipo máximo de referencia» para el IVA (0,50 % en 2006) un «tipo congelado», que depende a su vez de la magnitud del cheque británico. El error señalado en el apartado 2.16 se debe al hecho que la Comisión añadió el «tipo congelado» al «tipo máximo de referencia» en lugar de deducirlo.

8.

Otro ajuste a la corrección consiste en deducir los «beneficios excepcionales de recursos propios tradicionales». Los Estados miembros retienen el 25 % de los beneficios de dichos recursos; cuando se introdujo el cheque británico la retención era del 10 %. La corrección se reduce en la medida en que estos beneficios disminuyen los pagos de recursos propios del Reino Unido.

9.

Las modalidades para el cálculo del cheque británico en los ejercicios subsiguientes a 2006 se fijan en la decisión sobre recursos propios de 2007 (4) y en un nuevo documento de trabajo de la Comisión aprobado por el Consejo (5). Las modalidades introducidas a partir de 2006 difieren en algunas particularidades de las aplicables a la corrección de 2006.

10.

Por lo que se refiere a los gastos asignados cuyos principios generales siguen vigentes (con respecto a la decisión sobre recursos propios de 2000), hay que destacar en particular dos aspectos en el contexto de las críticas expresadas en los apartados 2.31 a 2.33.

a)

El documento de trabajo de la Comisión dispone que, cuando esta institución tenga conocimiento de que el beneficiario en cuestión actúa como intermediario, los pagos han de imputarse, siempre que sea posible, a los Estados miembros de residencia de los beneficiarios finales, en función de sus cuotas respectivas en dichos pagos.

b)

El concepto de gasto utilizado por la Comisión en el cálculo del cheque británico corresponde a los «pagos efectivos» realizados el ejercicio en cuestión en función del presupuesto anual o de las prórrogas de créditos no utilizados al ejercicio siguiente.

11.

Los apartados 2.31 a 2.33 indican que la Comisión no tomó las medidas apropiadas para incluir en el cálculo el total de los gastos asignados o para asignar los pagos en la medida de lo posible.


(1)  Decisión 2000/597/CE, Euratom del Consejo, de 29 de septiembre de 2000, sobre el sistema de recursos propios de las Comunidades Europeas (DO L 253 de 7.10.2000, p. 42).

(2)  Documento de trabajo de la Comisión sobre el método de cálculo, la financiación, el pago y la consignación presupuestaria de la corrección de los desequilibrios presupuestarios con arreglo a lo dispuesto en los artículos 4 y 5 de la Decisión 2000/597/CE (Referencia 10646/00, Adenda 2 de la nota punto «I/A» con fecha de 21 de septiembre de 2000 de la Secretaría General del Consejo al Comité de Representantes Permanentes y al Consejo, Adopción de la Decisión del Consejo 2000/597/CE, Euratom sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea).

(3)  Conforme al artículo 2, apartado 1, letra c), de la Decisión 2000/597/CE, las bases imponibles del IVA que deberán tenerse en cuenta a efectos de los recursos propios no excederán del 50 % del PNB (hasta 2001)/RNB (a partir de 2002).

(4)  Véase la Decisión 2007/436/CE, Euratom.

(5)  Documento de trabajo de la Comisión sobre el método de cálculo, la financiación, el pago y la consignación presupuestaria de la corrección de los desequilibrios presupuestarios en favor del Reino Unido (Referencia 9851/07, Adenda 2 de la nota punto «I/A» con fecha de 23 de mayo de 2007 de la Secretaría General del Consejo al Comité de Representantes Permanentes y al Consejo, Adopción de la Decisión 2007/436/CE, Euratom del Consejo sobre el sistema de recursos propios de la Unión Europea).


CAPÍTULO 3

Agricultura y recursos naturales

ÍNDICE

Introducción

Características específicas del grupo de políticas

Alcance y enfoque de la auditoría

Regularidad de las operaciones

Eficacia de los sistemas

Ámbito político de Agricultura y desarrollo rural

Sistemas relativos a la regularidad de las operaciones

Sistemas relativos a las recuperaciones y las correcciones financieras

Ámbitos políticos de Medio ambiente, Asuntos marítimos y pesca, Sanidad y protección de los consumidores

Fiabilidad de las tomas de posición de la Comisión

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Recomendaciones

OBSERVACIONES DEL TRIBUNAL

RESPUESTAS DE LA COMISIÓN

INTRODUCCIÓN

3.1.

El presente capítulo expone las observaciones específicas del Tribunal sobre el grupo de políticas de Agricultura y recursos naturales, que abarca los ámbitos políticos 05-Agricultura y desarrollo rural, 07-Medio ambiente, 11-Asuntos marítimos y pesca y 17-Sanidad y protección de los consumidores. El cuadro 3.1 presenta información clave sobre las actividades abarcadas y los gastos efectuados en 2010.

 

Cuadro 3.1 —   Agricultura y recursos naturales — Información clave de 2010

(millones de euros)

Título presupuestario

Ámbito político

Descripción

Pagos

Tipo de gestión

5

Agricultura y desarrollo rural

Gastos administrativos

131

Centralizada directa

Intervenciones en mercados agrícolas

4 314

Compartida

Ayudas directas

39 676

Compartida

Desarrollo rural

11 483

Compartida

Medidas de preadhesión

14

Descentralizada

Otros

(7)

Compartida

 

55 611

 

7

Medio ambiente

Gastos administrativos

91

Centralizada directa

Gastos operativos

267

Centralizada directa/Centralizada indirecta

 

358

 

11

Asuntos marítimos y pesca

Gastos administrativos

40

Centralizada directa

Gastos operativos

616

Centralizada/Compartida

 

656

 

17

Sanidad y protección de los consumidores

Gastos administrativos

112

Centralizada directa

Gastos operativos

478

Centralizada directa/Centralizada indirecta

 

590

 

Total de gastos administrativos (41)

374

 

Total de gastos operativos

56 841

 

Compuesto por: — anticipos

— pagos

851

 

intermedios/finales

55 990

 

Total de pagos del ejercicio

57 215

 

Total de compromisos del ejercicio

60 992

 

Fuente: Cuentas anuales de la Unión Europea correspondientes a 2010.

Características específicas del grupo de políticas

Ámbito político de Agricultura y desarrollo rural

3.2.

Los objetivos (1) de la política agrícola común, según dispone el Tratado, consisten en incrementar la productividad agrícola, garantizando así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a precios razonables.

 

3.3.

El presupuesto de la UE financia el gasto de la política agrícola común principalmente a través de dos fondos (2): el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (en lo sucesivo, «el Feaga»), que financia plenamente las ayudas directas y las medidas de mercado (3) de la UE, y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (en lo sucesivo, «el Feader»), que cofinancia en diferentes proporciones los programas de desarrollo rural.

 

3.4.

Las principales medidas financiadas por el Feaga (43 990 millones de euros) son:

Las ayudas directas del «régimen de pago único» (RPU). Los pagos del RPU se basan en «derechos» (4), cada uno de los cuales se activa con una hectárea de tierra admisible declarada por el agricultor. En 2010, el RPU representaba 29 070 millones de euros de gastos (un 73 % de las ayudas directas).

Las ayudas directas del «régimen de pago único por superficie» (RPUS) que establece el pago de importes uniformes por hectárea admisible de tierra agrícola, se aplica actualmente en diez de los nuevos Estados miembros (5), y en 2010 representaba 4 460 millones de euros de gastos (un 11 % de las ayudas directas).

Otros regímenes de ayudas directas de «pagos no disociados» relacionados con determinados tipos de producción agrícola. En 2010, estos regímenes representaban 6 146 millones de euros de gastos (un 16 % de las ayudas directas).

Intervenciones en mercados agrícolas: las principales medidas son la intervención en forma de almacenamiento y las restituciones por exportación, cuya importancia ha venido disminuyendo en los últimos años, y otras medidas, como las ayudas al vino y a las frutas y las hortalizas, y los programas de alimentos (que representaban en total 4 314 millones de euros en 2010).

 

3.5.

El Feader cofinancia el gasto en desarrollo rural, que cubre un gran número de medidas, como los regímenes agroambientales, los importes compensatorios a la agricultura en zonas menos favorecidas, las inversiones en explotaciones agrícolas y las infraestructuras en zonas rurales (11 497 millones de euros) (6).

 

3.6.

En todos los regímenes de ayudas directas del Feaga (7) y determinados regímenes de ayudas del Feader, los beneficiarios de las ayudas de la UE tienen la obligación legal de cumplir requisitos de «condicionalidad» relacionados con la protección del medio ambiente, la salud pública, animal y vegetal, el bienestar de los animales (requisitos legales de gestión) y con el mantenimiento de las tierras en buenas condiciones agrarias y ambientales (8). La legislación de la UE prevé que cuando se detecte el incumplimiento de dichos requisitos, deberá aplicarse una reducción o exclusión (9) de la cuantía total de pagos directos efectuados con respecto a las solicitudes presentadas en el transcurso del año natural de la detección.

3.6.

Las reducciones y exclusiones se aplican únicamente si la no conformidad se debe a un acto u omisión atribuible directamente a los agricultores y si no es de carácter menor.

3.7.

Solo los agricultores tienen derecho a recibir la ayuda por superficie de la UE. Se entenderá por agricultor cualquier persona física o jurídica que lleva a cabo una actividad agraria entendiéndose por tal la producción, la cría o el cultivo de productos agrícolas, con inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría de animales y su mantenimiento a efectos agrícolas, o el mantenimiento de la tierra en buenas condiciones agrarias y medioambientales (10). El mantenimiento de las tierras en buenas condiciones agrarias y medioambientales constituye la actividad agraria mínima necesaria para que los solicitantes sean admitidos a las ayudas.

 

3.8.

El gasto correspondiente a ambos fondos se canaliza a través de unos 80 (11) organismos pagadores nacionales o regionales en los 27 Estados miembros. Estos organismos pagadores se encargan de desembolsar los pagos a los beneficiarios, pero antes de hacerlo tienen que cerciorarse directamente, o por medio de organismos delegados, de la admisibilidad de las solicitudes de ayuda. Las cuentas y registros de los pagos de los organismos pagadores son inspeccionados por entidades de auditoría independientes (organismos de certificación) que informan a la Comisión en el mes de febrero del año siguiente.

3.8.

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) no 885/2006 de la Comisión, los organismos de certificación examinan, con carácter anual, los procedimientos de control interno de los organismos pagadores, además de las cuentas anuales.

Ámbitos políticos de Medio ambiente, Asuntos marítimos y pesca, Sanidad y protección de los consumidores

3.9.

La política de la Unión en materia de Medio ambiente está destinada a contribuir a proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, la salud humana y la utilización racional de los recursos naturales, incluso a escala internacional. El Instrumento Financiero para el Medio Ambiente (LIFE) (12) es el instrumento más importante en términos de financiación (205 millones de euros de gastos en 2010) y comprende la aportación de la UE para proyectos llevados a cabo en los Estados miembros a favor de la naturaleza y la biodiversidad, así como de la política, gobernanza, información y comunicación en materia de medio ambiente.

 

3.10.

El Fondo Europeo de Pesca (13) (FEP) es el principal instrumento [395 millones de euros de gastos (14) en 2010] del ámbito político de Asuntos marítimos y pesca. En su esfera, la política pesquera común persigue los mismos objetivos que la política agrícola común (véase el apartado 3.2).

 

3.11.

En cuanto al ámbito de Sanidad y protección de los consumidores, la UE contribuye, por una parte, a la protección humana, animal y vegetal y, por otra, al bienestar del consumidor (478 millones de euros de gastos en 2010).

 

Anticipos y pagos intermedios y finales

3.12.

En el caso del Feaga, el gasto se compone principalmente del reembolso (pagos intermedios y finales) por la UE de subvenciones abonadas a los agricultores y otros beneficiarios por los Estados miembros.

 

3.13.

Todos los pagos con cargo al Feader correspondieron en 2010 a anticipos y pagos intermedios. En el caso del FEP, solo se efectuaron pagos intermedios.

 

3.14.

No se pagan anticipos en el ámbito de Sanidad y protección de los consumidores, ya que el reembolso se efectúa a los Estados miembros en función de sus gastos declarados. En el caso de Medio ambiente está prevista una prefinanciación de hasta el 40 % de la contribución de la UE a un proyecto LIFE que se fija en el convenio de subvención.

 

Reducción significativa de los créditos presupuestarios — Feader

3.15.

En el Feader los créditos de pago se redujeron en 1 160 millones de euros (aproximadamente un 9 % de los créditos de pago iniciales) al final de 2010 (15), sobre todo a raíz de la disminución del ritmo de gasto de los Estados miembros provocada por las dificultades para ofrecer cofinanciación nacional en la actual situación económica.

 

Alcance y enfoque de la auditoría

3.16.

En la parte 2 , del anexo 1.1 se describe el enfoque y la metodología generales de auditoría aplicados por el Tribunal. En la auditoría del grupo de políticas Agricultura y recursos naturales cabe destacar los elementos siguientes:

se examinó una muestra de 238 pagos, que incluyen 146 pagos del Feaga, 80 pagos del Feader y 12 pagos correspondientes a Medio ambiente, Asuntos marítimos y pesca, y Sanidad y protección de los consumidores, todos los cuales constituyen pagos intermedios y finales,

la evaluación de los sistemas incluyó las auditorías del SIGC del Feaga, seleccionadas mediante una combinación de criterios basados en su importancia, riesgo y elementos aleatorios (método MUS), de cinco organismos pagadores de tres Estados miembros que aplican el RPU —Alemania (Sajonia y Baja Sajonia), España (Castilla-La Mancha y Extremadura) y el Reino Unido (Gales)— y del sistema de control de un Estado miembro (Francia) para la medida «reestructuración del sector del azúcar». En el ámbito de Desarrollo rural, el Tribunal seleccionó y comprobó de forma aleatoria los sistemas de control y supervisión de Alemania (Mecklemburgo-Pomerania Oriental), Reino Unido (Escocia), Rumanía, Polonia, Portugal, Italia (Toscana), Letonia y Francia. En el ámbito de Medio ambiente, el Tribunal comprobó el funcionamiento del sistema de control interno de la DG ENV,

se realizó un seguimiento de las insuficiencias relacionadas con el Sistema de Identificación de Parcelas (SIP) y de los controles sobre el terreno incluidos en las DAS 2008 y 2009 de tres organismos pagadores de Grecia, Bulgaria y Rumanía,

aparte de las auditorías de los pagos y sistemas antes mencionadas, en los Países Bajos y la República Checa se practicaron auditorías coordinadas con las entidades fiscalizadoras superiores de ambos países. En los Países Bajos, la auditoría abarcó el examen de una muestra adicional de 55 pagos, de los cuales 53 correspondían a medidas del Feaga y dos a gastos de desarrollo rural, e incluyó una evaluación de los respectivos sistemas de control y supervisión. En la República Checa, la auditoría abarcó el examen de 30 pagos correspondientes a cuatro medidas del programa de desarrollo rural e incluyó una evaluación de los respectivos sistemas de control y supervisión. Los resultados del examen de estas muestras adicionales se incluyen en el cálculo del porcentaje de error (16),

en cuanto a la condicionalidad, el Tribunal limitó su comprobación a las obligaciones referentes a las buenas condiciones agrarias y ambientales (cobertura mínima del suelo, lucha contra la invasión de vegetación no deseada) para las que pueden obtenerse pruebas y adoptarse una conclusión en el momento de la visita de auditoría. Se comprobó el cumplimiento de algunos requisitos legales de gestión (identificación y registro de animales) respecto a pagos del Feader. Además, en el contexto de su auditoría de sistemas, el Tribunal examinó la aplicación a escala nacional de las normas sobre buenas condiciones agrarias y ambientales y los sistemas de control implantados por los Estados miembros. Los casos de incumplimiento que se detectan no se incluyen actualmente en el cálculo del porcentaje de error,

el examen de las tomas de posición de la Comisión abarcó los informes anuales de actividad de la DG AGRI, la DG CLIMA, la DG ENV, la DG MARE y la DG SANCO,

además, con el fin de analizar el fundamento de las decisiones de la Comisión sobre liquidación financiera, el Tribunal revisó 61 certificados e informes de los organismos de certificación referentes a 56 organismos pagadores.

 

REGULARIDAD DE LAS OPERACIONES

3.17.

El anexo 3.1 recoge un resumen de los resultados de la verificación de operaciones. La verificación realizada por el Tribunal de su muestra de operaciones puso de relieve que un 37 % de ellas contenían errores. El Tribunal cifra el porcentaje de error más probable resultante de su verificación de operaciones en el 2,3 % (17) y asimismo detectó que la Comisión había pagado anticipos irregulares a los Estados miembros por un importe de 401 millones de euros (equivalentes al 0,7 % del total de pagos del ejercicio) (véase el apartado 3.22) (18).

3.17.

La conclusión del Tribunal sobre el sector de Agricultura y Recursos Naturales confirma la tendencia positiva de que en los últimos años el porcentaje de error más probable se acerca al umbral de importancia relativa del 2 %. La Comisión constata, además, que en el gasto del Feaga, que en 2010 ascendió al 77 % del gasto total de este capítulo, el error más probable se sitúa muy por debajo del umbral de importancia relativa y que en el caso de los pagos directos cubiertos por el SIGC es incluso inferior.

Por otra parte, el riesgo para el presupuesto de la UE está cubierto adecuadamente por el procedimiento de liquidación de conformidad.

Los 401 millones de euros de anticipos no representan pagos irregulares a los beneficiarios finales. Además, la recuperación de los importes en cuestión está en curso y se completará a finales de 2011.

3.18.

La auditoría del Tribunal confirmó resultados de años anteriores que indicaban que la frecuencia y el impacto de los errores en los pagos no se distribuían de modo uniforme entre todos los ámbitos políticos. El Tribunal señala que el gasto de Desarrollo rural es particularmente proclive a contener errores. En cambio, no se encontraron errores materiales en los pagos directos cubiertos por el SIGC.

3.18.

La Comisión comparte el punto de vista del Tribunal de que algunas áreas del gasto de desarrollo rural se ven afectadas por una mayor incidencia de errores, pero considera que los sistemas de supervisión y control mejoran constantemente. La Comisión considera que a consecuencia de ello el porcentaje de error está disminuyendo en esta área.

3.19.

En Feaga, de un total de 146 operaciones examinadas, 39 (27 %) contenían algún error y de ellas, 29 (74 %) contenían errores cuantificables. Con respecto al gasto en Desarrollo rural, de un total de 80 operaciones incluidas en la muestra, 40 (50 %) presentaban algún error y de ellas, 21 (52 %) contenían errores cuantificables. Por lo que respecta a Medio ambiente, Asuntos marítimos y pesca, y Sanidad y protección de los consumidores, de un total de 12 operaciones examinadas, 8 (67 %) presentaban errores y de ellas, 4 (50 %) contenían errores cuantificables.

3.19.

La Comisión señala que la mayoría de los errores cuantificables son relativamente pequeños en términos financieros y principalmente se refieren a pequeñas diferencias al proceder el Tribunal a nuevas mediciones de las parcelas (véase el apartado 3.20).

3.20.

En 2010, de las operaciones que presentaban errores, 54 (62 %) contenían errores cuantificables relacionados con la subvencionabilidad y, sobre todo, la exactitud (un 97 % en el Feaga y un 52 % en el caso del Feader), en particular debido a un exceso en la declaración de tierras subvencionables.

 

3.21.

A continuación se describen algunos ejemplos de errores detectados por el Tribunal (véase el ejemplo 3.1):

 

Ejemplo de error de subvencionabilidad en el Feaga

Se efectuó un pago a las autoridades nacionales de un Estado miembro por un importe de 4,3 millones de euros por 1 965 toneladas de mantequilla de intervención (19) entregada como medio de pago (trueque) a los adjudicatarios (20) en un segundo Estado miembro en el marco del programa de ayuda alimentaria para personas necesitadas de la UE. A cambio de la mantequilla, los adjudicatarios (operadores) habían ofrecido el suministro de diversos tipos de queso y otros productos lácteos a personas necesitadas.

Las normas de la UE (21) aplicables establecen que el operador no puede comercializar la mantequilla en el Estado miembro en que se haya producido la intervención, sino que el producto debe transferirse al segundo Estado miembro. El objetivo de esta prohibición es impedir que la mantequilla vuelva al Estado miembro donde se compró en régimen de intervención con fines de gestión del mercado (22). La mantequilla de intervención había sido transportada a la frontera del segundo Estado miembro (23), donde se tramitaron los documentos de control de la UE. Sin embargo, la mayor parte de la mantequilla no fue descargada sino que se transportó inmediatamente de regreso al Estado miembro de origen donde fue puesta a la venta en el mercado nacional, eludiendo así las normas de la UE (24).

Ejemplo de error de subvencionabilidad del Feaga

La Comisión considera que el objetivo del régimen, a saber, que los alimentos se entreguen de forma gratuita a las personas más desfavorecidas, se consiguió plenamente en este caso y que el valor del queso y la mantequilla entregados a estas personas era superior a la carga financiera en el presupuesto de la UE. Considera, además, que este caso se refiere principalmente a la efectividad de una norma específica del régimen de 2009 que no prohibía volver a transferir los productos, como en este caso, al primer Estado miembro por otro operador, según el principio de libre circulación de mercancías. Por ello, si bien no se logró alcanzar totalmente el propósito subyacente de dicha disposición, la Comisión no ve base alguna para recuperar los importes en cuestión.

El problema se limitó al programa de 2009, ya que en los programas posteriores no se incluyeron normas similares.

La Comisión, sin embargo, estudiará posibles opciones para incrementar la transparencia de los acuerdos sobre trueque, que son un componente esencial del régimen de ayuda para las personas más desfavorecidas y que, por lo tanto, la Comisión tiene previsto mantener en el futuro.

Ejemplo de error de exactitud en el Feaga

El Tribunal descubrió que se habían efectuado pagos del RPU a unos 12 500 beneficiarios sobre la base de un SIP desfasado, lo que dio lugar a un exceso de pago por un total de 11 millones de euros. En contra de lo establecido en la legislación de la UE, las autoridades nacionales decidieron cubrir este importe con cargo al presupuesto nacional en lugar de recuperar las cantidades pagadas en exceso a los agricultores, con lo que concedieron una ayuda nacional no autorizada. Los diversos pagos efectuados a los agricultores fueron excesivos y, por consiguiente, irregulares.

Ejemplo de error de exactitud del Feaga

La Comisión es consciente de estas deficiencias en el SIP en cuestión y las está siguiendo a través de procedimientos de liquidación de conformidad. Debe señalarse, sin embargo, que según el artículo 73, apartado 4, del Reglamento (CE) no 796/2004, la obligación de reembolso del agricultor no se aplicará si el pago es fruto de un error de la propia autoridad competente o de otra autoridad, sin que el productor haya podido detectar razonablemente ese error. En cualquier caso, la decisión de las autoridades nacionales de imputar los importes al presupuesto nacional garantizó que el presupuesto de la UE no financiase gastos indebidos.

Ejemplos de error de subvencionabilidad en el Feader

Incumplimiento de las normas de contratación pública: Un proyecto del Feader de construcción de un carril de bicicletas, en el que el beneficiario adjudicó directamente parte de las obras. Debido a la falta de un procedimiento de licitación pública, los pagos relacionados con este contrato son en parte irregulares.

Incumplimiento de criterios específicos de subvencionabilidad: Se efectuó un pago en el marco de la medida de desarrollo rural «mejora del valor económico de los bosques». La finalidad del proyecto era «adelgazar» la densidad arbórea del bosque para mejorar su calidad y, por consiguiente, el valor de la madera. Dos de los criterios de subvencionabilidad que debía cumplir el beneficiario eran: 1) la densidad arbórea antes del adelgazamiento debía ser de al menos de 800 troncos por hectárea, y 2) los trabajos debían llevarse a cabo entre los meses de octubre y enero a fin de reducir los riesgos fitosanitarios. Estos dos criterios de subvencionabilidad no se cumplieron, pues la densidad arbórea antes del adelgazamiento era de 600 troncos y los trabajos se realizaron entre marzo y mayo. Por consiguiente, el pago es irregular.

Ejemplo de error de subvencionabilidad del Feader

Incumplimiento de las normas de contratación:

La Comisión seguirá este caso a través del procedimiento de liquidación de conformidad.

Incumplimiento de los criterios de admisibilidad:

La Comisión observa que la condición de subvencionabilidad relativa al periodo del trabajo parece haber sido fijada por las autoridades regionales sin evaluar apropiadamente su justificación e impacto. Recomienda a los Estados miembros que establezcan procedimientos transparentes, en los que participen todos los afectados, al fijar a nivel regional, además de las normas nacionales, condiciones específicas de subvencionabilidad.

Ejemplo de error en Medio ambiente, Asuntos marítimos y pesca, Sanidad y protección de los consumidores

La DG ENV dedujo incorrectamente costes de personal subvencionables para un proyecto del programa LIFE III. Esta deducción se compensó parcialmente mediante la aceptación incorrecta de salarios pagados fuera del período subvencionable para el proyecto. Por otra parte, no se presentó toda la documentación necesaria para justificar los gastos declarados.

 

3.22.

Entre 2007 y 2009, el Consejo adoptó varias decisiones para aumentar el presupuesto de Desarrollo rural en 5 430 millones de euros, sobre todo para responder a «nuevos desafíos» (por ejemplo, el cambio climático, la protección de la biodiversidad, etc.). De este importe, 3 000 millones de euros representaban una transferencia de fondos de medidas para ayudas directas a medidas de desarrollo rural («modulación»). A resultas de ello, los Estados miembros ajustaron al alza sus programas de desarrollo rural y, en 2010, la Comisión pagó anticipos para estos programas adicionales por un valor de 401 millones de euros. Sin embargo, la legislación no contempla dichos anticipos adicionales (la prefinanciación solo se autoriza cuando los programas de desarrollo rural se adoptan al principio del período de programación, es decir, en 2007 y 2008, y no cuando son objeto de revisión). Además, la legislación prohíbe expresamente la prefinanciación de fondos de modulación. Por consiguiente, este pago de 401 millones de euros carece de base jurídica.

3.22.

La Comisión está de acuerdo con la observación del Tribunal, pero señala que los 401 millones de euros de anticipos no representan pagos irregulares a los beneficiarios finales. La recuperación de los importes en cuestión está en curso y se completará a finales de 2011.

EFICACIA DE LOS SISTEMAS

Ámbito político de Agricultura y desarrollo rural

Sistemas relativos a la regularidad de las operaciones

3.23.

El anexo 3.2 recoge un resumen de los resultados del examen del Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC), que es el principal sistema para controlar la regularidad de las operaciones del Feaga y del Feader (25).

 

3.24.

En su auditoría de seis organismos pagadores realizada en 2010, el Tribunal observó que los sistemas del SIGC eran eficaces para garantizar la regularidad de los pagos en cuatro organismos y parcialmente eficaces en los otros dos. Asimismo, el Tribunal llevó a cabo auditorías de seguimiento de tres organismos pagadores y descubrió que seguían existiendo insuficiencias en el SIP y en la calidad de los controles sobre el terreno.

3.24.

Por lo que respecta a los seis organismos pagadores que el Tribunal auditó en 2010, las conclusiones del Tribunal constituyen una importante mejora en comparación con las del año pasado, en las que consideró que solo uno de los ocho SIGC auditados fue efectivo. Además, los puntos débiles que el Tribunal descubrió en dos de ellos eran de pequeña importancia y, en parte, no suponían riesgo alguno para el presupuesto de la UE. En cualquier caso, las estadísticas de control de estos organismos pagadores, que han sido convalidadas por los organismos de certificación, muestran que el posible impacto financiero de los puntos débiles no era significativo a nivel de organismo pagador.

Por lo que respecta a las tres auditorías complementarias llevadas a cabo por el Tribunal, los Estados miembros interesados (BG, RO y GR) han completado o están a punto de completar planes de actuación para remediar las deficiencias de sus SIGC. En consecuencia, la situación en estos Estados miembros ha mejorado considerablemente.

En lo que se refiere a la evaluación del SIGC en general, véase también la respuesta del apartado 3.29.

3.25.

En relación con los nueve sistemas de control y supervisión auditados en el ámbito de Desarrollo rural, el Tribunal descubrió que dos de los sistemas de control utilizados no eran eficaces, seis de ellos eran parcialmente eficaces y uno era eficaz para garantizar la regularidad de los pagos.

3.25.

La Comisión está de acuerdo con el Tribunal respecto a los sistemas de supervisión y control que se evaluaron como no efectivos. En relación con los demás Estados miembros, las auditorías de la Comisión muestran que han creado sistemas que son efectivos o parcialmente efectivos, con excepción de los de las medidas del eje 2 de Bulgaria, Portugal y Rumanía (véase IAA 2010 de la DG AGRI).

3.26.

El SIGC está formado en cada Estado miembro por una base de datos de las explotaciones y solicitudes, sistemas para la identificación de parcelas agrarias y el registro de animales, así como por un registro de derechos en aquellos Estados miembros que aplican el RPU. El sistema prevé distintos controles de subvencionabilidad: una comprobación administrativa de todas las peticiones, controles cruzados con bases de datos para prevenir que un mismo terreno o un mismo animal sea declarado dos veces, y un porcentaje mínimo del 5 % de inspecciones sobre el terreno que deben practicar los organismos pagadores.

 

3.27.

El SIGC comprende los principales regímenes financiados por el Feaga, a saber el RPU, el RPUS y todos los regímenes de ayuda vinculados a la tierra, así como los regímenes de primas por animales. En el caso de Feader, y sobre todo para zonas agroambientales y menos favorecidas, la verificación de determinados elementos clave, como la superficie admisible y el número de animales, se realiza por medio del SIGC, mientras que otros requisitos se rigen por controles concebidos específicamente (26).

 

3.28.

La auditoría del SIGC realizada por el Tribunal abarcaba el cumplimiento de las disposiciones de los reglamentos aplicables, así como una evaluación de la eficacia de los sistemas a la hora de garantizar la regularidad de las operaciones. En particular, se examinaron los siguientes elementos:

3.28.

I)

procedimientos y controles administrativos para garantizar el pago correcto, incluida la calidad de las bases de datos,

 

II)

sistemas de control a partir de controles sobre el terreno,

 

III)

sistemas para garantizar la ejecución y el control de la condicionalidad.

III)

La Comisión reitera que el respeto de los criterios de condicionalidad por los agricultores no constituye un criterio de admisibilidad y, por consiguiente, los controles de estos criterios no conciernen a la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes. Los agricultores que no respetan estos criterios tienen derecho a recibir pagos, aunque son sancionados en función de la gravedad, grado, duración y repetición de la infracción cometida, así como de la negligencia o la intención del beneficiario en cuestión.

La inobservancia de los requisitos de condicionalidad afecta al pago del importe íntegro de la ayuda directa de la UE ya que los beneficiarios tienen la obligación legal de respetar dichos requisitos (véase el apartado 3.6).

 

3.29.

Las auditorías anuales del SIGC realizadas por el Tribunal en los últimos años mostraron que la eficacia de este sistema se ve afectada negativamente por la inexactitud de los datos que constan en las bases de datos, el carácter incompleto de los controles cruzados o el seguimiento incorrecto o incompleto de las anomalías. El Tribunal ha observado estas insuficiencias en algunos organismos pagadores. En particular, dos controles clave, los controles cruzados de las parcelas por las que se presentaron solicitudes al SIP y los controles sobre el terreno de dichas parcelas, presentaban insuficiencias en varios de los organismos pagadores auditados por el Tribunal.

3.29.

La Comisión considera que el SIGC es, por lo general, un sistema de control efectivo para limitar el riesgo de error o de gasto irregular.

La efectividad general y la constante mejora del SIGC está confirmada por los resultados de las auditorías de conformidad que la Comisión ha efectuado en los últimos años en todos los Estados miembros, por el bajo porcentaje de error indicado en las estadísticas de control que recibe de los Estados miembros y que verifican y convalidan los organismos de certificación así como las propias conclusiones finales de la DAS para 2010 del Tribunal, que para los pagos directos indican un porcentaje de error del 1 %.

Las deficiencias restantes son por lo general de pequeña importancia y no impiden que el SIGC siga siendo efectivo, pero sí que se pueda perfeccionar. Todas estas deficiencias se controlan a través de los procedimientos de liquidación de conformidad, que garantizan que quede cubierto adecuadamente el riesgo para el presupuesto de la UE.

Véase también la respuesta de la Comisión al punto 3.24.

I)   Procedimientos y controles administrativos para garantizar el pago correcto, incluida la calidad de las bases de datos

3.30.

Los organismos pagadores deben llevar a cabo comprobaciones administrativas para determinar si las solicitudes cumplen los requisitos del régimen (27). Las comprobaciones administrativas tienen que incluir controles cruzados, siempre que sea posible y adecuado, entre otras cosas, con las bases de datos del SIGC. El Tribunal verificó si las bases de datos estaban completas y eran fiables, si las comprobaciones detectaron anomalías y si se habían adoptado medidas para corregir los errores. A continuación se presentan las principales insuficiencias detectadas.

 

Feaga

3.31.

El Sistema de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIP) es una base de datos en la que está registrado todo el terreno agrario (parcelas de referencia) del Estado miembro, incluido el uso facultativo de ortofotografías (28). En tres Estados miembros (Grecia, Rumanía y España), el Tribunal detectó casos en los que se registraban parcelas de referencia de «pastos permanentes» (29) en el SIP como si fueran 100 % admisibles, cuando en realidad estaban cubiertas parcialmente con superficie boscosa densa u otros elementos no subvencionables, por lo cual su admisibilidad era solo parcial (véase el ejemplo 3.2).

3.31.

En los casos en los que las auditorías constatan que ciertos terrenos han recibido ayuda directa incumpliendo las disposiciones legales, se han puesto en marcha procedimientos de liquidación de conformidad.

Ejemplo 3.2

En España (Castilla-La Mancha y Extremadura), el Tribunal observó casos de parcelas de referencia destinadas a pastos permanentes que aparecían registradas en el SIP como plenamente admisibles, cuando en realidad estaban cubiertas en parte de pastos y en parte de elementos no subvencionables, como rocas, arbustos, superficie boscosa densa, etc. En Grecia, había casos de bosques enteros que se consideraban pastos permanentes y por lo tanto se consideraban admisibles para los pagos del RPU. Debido a ello, la superficie admisible registrada en el SIP y utilizada para los controles cruzados a menudo era superior a la real, lo que afectaba negativamente la calidad de estas comprobaciones.

Ejemplo 3.2

La Comisión es consciente de la situación de Grecia y ha solicitado a las autoridades griegas que pongan solución a los problemas. Por lo que respecta a España, la Comisión ha descubierto problemas similares a los que señala el Tribunal en otras comunidades autónomas.

Sin embargo, los problemas descubiertos en ambos Estados miembros no conducen siempre sistemáticamente a pagos irregulares y en los casos en los que los ha habido, la Comisión está siguiendo el asunto a través de procedimientos de liquidación de conformidad.

3.32.

En cinco Estados miembros [Bulgaria, Países Bajos (30), Grecia, Rumanía y España], el Tribunal detectó insuficiencias en la actualización del SIP.

3.32.

Por lo que respecta a los Países Bajos, se hace referencia a la respuesta de la Comisión al punto 3.21 (ejemplo de error de exactitud del Feaga). Para Grecia se completó un nuevo SIP actualizado a finales de 2008. Para Rumanía, en 2009 se adoptó un plan de medidas correctoras que se completó a principios de 2011. Para Bulgaria, en 2009 se adoptó un plan de medidas correctoras que se completará a finales de 2011. España dispone de un plan de actualización, pero se le ha pedido que incremente sus esfuerzos a este respecto durante 2011.

3.33.

En cuanto al sistema de control no incluido en el SIGC para la medida «reestructuración del sector del azúcar» en Francia, el Tribunal observó que dicho sistema solo era parcialmente eficaz (véase el ejemplo 3.3).

 

Ejemplo 3.3

De conformidad con el plan de reestructuración de la UE, los productores de azúcar que renuncian a toda o una parte de su cuota reciben en el período 2008/2009 una ayuda por tonelada de azúcar a la que han renunciado, que oscila entre 218,75 euros (renuncia simple) y 625 euros (en caso de desmantelamiento total de una planta de producción). El productor debe asignar la cuota a la que ha renunciado a plantas de producción hasta un máximo igual a la capacidad de producción de dichas plantas. Un 10 % de la ayuda debe pagarse a los cultivadores que, a raíz de la renuncia, pierdan sus derechos de entrega de remolacha azucarera al productor.

En Francia se concedieron ayudas a un productor de azúcar por el desmantelamiento de una planta de producción equivalentes a la renuncia de 93 500 toneladas de su cuota. Sin embargo, inmediatamente antes de solicitar la ayuda, el beneficiario había solicitado ayudas para aumentar la capacidad de producción de esta planta de 72 000 a 93 500 toneladas, y su solicitud había sido aprobada. Sin embargo, la producción real de la planta nunca superó 60 000 toneladas. El aumento de capacidad fue creado artificialmente para obtener la ayuda de 625 euros por tonelada por una cantidad de al menos 21 500 toneladas. Además, el 10 % de estas ayudas se pagó a cultivadores que nunca habían entregado remolacha azucarera a la planta desmantelada.

Ejemplo 3.3

Las normas de la UE establecen que es la autoridad competente del Estado miembro la que decide sobre la subvencionabilidad de cada solicitud de ayuda de reestructuración. En el marco del plan de reestructuración del productor a que se refiere el Tribunal, se acordó que se renunciaría a producir una cantidad de azúcar y que ello se gestionaría mediante el desmantelamiento completo de un centro de producción junto con la renuncia a cuotas en otros tres centros.

Las normas de la UE establecen, además, que los planes de reestructuración presentados por los solicitantes deben especificar para cada factoría la cantidad de cuota a la que se renunciará, «que deberá ser inferior o igual a la capacidad de producción» que vaya a ser objeto de desmantelamiento completo o parcial. Las normas no especifican cómo debe establecerse la capacidad de producción y por consiguiente los Estados miembros son libres, en principio, de determinar cuál es el método más apropiado. Las autoridades francesas han confirmado que la metodología usada fue determinar la capacidad de producción de una factoría, no su producción efectiva en un momento determinado. Sin embargo, la Comisión sigue el caso en el contexto de un procedimiento de liquidación de conformidad en curso con el fin de determinar si se han respetado plenamente las normas de la UE.

Feader

3.34.

Las comprobaciones administrativas afectan a la exactitud de las declaraciones realizadas por el solicitante y el cumplimiento de los requisitos de subvencionabilidad para la concesión y pago de la ayuda (31). Estos controles incluyen el cruce con datos de que ya dispone la administración, por ejemplo en las bases de datos del SIGC.

 

3.35.

Una de las principales comprobaciones administrativas de las medidas (32) destinadas a mejorar la competitividad del sector agrícola, como la modernización de las explotaciones y la mejora y construcción de infraestructuras rurales, pretende evaluar el carácter razonable de los costes que figuran en la solicitud. Por ello, los Estados miembros deben adoptar sistemas adecuados para evaluar los importes solicitados por los beneficiarios. El Tribunal observó que cuatro de las siete autoridades nacionales auditadas al respecto no cumplían esta obligación.

3.35.

La Comisión comparte el punto de vista de que los controles administrativos sobre la moderación de los costes son esenciales para garantizar la efectividad del conjunto del sistema de control. Estos controles esenciales se examinan sistemáticamente durante las misiones de fiscalización de la Comisión. La evaluación global es que, salvo dos excepciones, en los Estados miembros auditados por la Comisión funcionan sistemas efectivos o parcialmente efectivos.

3.36.

En algunos proyectos del Feader, las comprobaciones administrativas deben incluir la verificación del cumplimiento de las normas nacionales y de la UE, incluidas las relativas a la contratación pública. El Tribunal descubrió que en Portugal los costes derivados de la construcción de una presa se habían repartido entre varios contratos, con lo que estos pudieron adjudicarse directamente, en lugar de ser objeto de una licitación. Las comprobaciones administrativas no detectaron estos hechos.

3.36.

La Comisión seguirá este caso a través del procedimiento de liquidación de conformidad.

II)   Sistemas de control a partir de controles sobre el terreno

3.37.

Los Estados miembros tienen que efectuar, cada año, controles sobre el terreno que abarquen para la mayoría de los regímenes de ayuda al menos al 5 % de todos los beneficiarios (33). La auditoría del Tribunal se centró en la idoneidad de los procedimientos de análisis de riesgos para la selección de los beneficiarios para estos controles, su calidad y la idoneidad de las correcciones aplicadas.

 

3.38.

Al repetir los controles sobre el terreno practicados por los organismos pagadores, el Tribunal descubrió que a menudo los controles no se habían efectuado correctamente (véase el ejemplo 3.4).

 

Ejemplo 3.4

En Bulgaria, Grecia, Rumanía, la República Checa y los Países Bajos, el Tribunal repitió la medición de parcelas llevada a cabo por los inspectores nacionales. Se descubrió que las superficies admisibles indicadas por los inspectores nacionales no eran correctas en 13 de 43 parcelas en Bulgaria, 6 de 32 parcelas en Grecia, 12 de 29 parcelas en Rumanía, 35 de 67 parcelas en la República Checa y 16 de 174 parcelas en los Países Bajos. Ahora bien, en los casos examinados los efectos financieros eran limitados.

Ejemplo 3.4

En el caso de Grecia el problema se limita a la cuestión de las zonas de pasto y esta cuestión es objeto de seguimiento con arreglo al procedimiento de liquidación de conformidad.

3.39.

En el Feader, el Tribunal observó insuficiencias en la planificación de los controles sobre el terreno y el análisis de los resultados. En Portugal, por ejemplo, casi todos los controles (97,5 %) se llevaron a cabo con un retraso considerable, por ejemplo, entre uno y dos años después de la solicitud de pago, lo que hace más difícil detectar los casos de incumplimiento.

3.39.

La Comisión ha descubierto los mismos puntos débiles durante sus auditorías en Portugal. Sin embargo, las autoridades portuguesas han suministrado a la Comisión información que muestra que en el ejercicio de solicitud de 2010 la situación había mejorado mucho y que en diciembre de 2010 la gran mayoría de los controles ya se había completado.

III)   Sistema para garantizar la ejecución y el control de la condicionalidad

3.40.

Los requisitos de condicionalidad consisten en requisitos legales de gestión y normas sobre buenas condiciones agrarias y ambientales (véase el apartado 3.6). Mientras que los requisitos legales de gestión aparecen especificados en diversos reglamentos y directivas de la UE, las normas de buenas condiciones agrarias y ambientales deben definirse a escala nacional. En el caso de la condicionalidad, los organismos pagadores deben comprobar al menos un 1 % de las solicitudes de pagos directos.

 

3.41.

La auditoría limitada realizada por el Tribunal en sus controles sobre el terreno (véase el apartado 3.16, quinto guion) puso de manifiesto la existencia de infracciones de la condicionalidad en cerca del 12 % de los pagos sujetos a obligaciones de condicionalidad. Los casos de incumplimiento observados se referían tanto a los requisitos legales de gestión (identificación y registro de animales), como a las buenas condiciones agrarias y medioambientales (invasión por vegetación no deseada).

3.41.

Los resultados del Tribunal están confirmados por las estadísticas de control que la Comisión recibió de los Estados miembros. Estas estadísticas muestran que se aplican sanciones.

Sistemas relativos a las recuperaciones y las correcciones financieras

Casos de recuperación

3.42.

El Tribunal publicó un Informe Especial sobre la fiscalización de las recuperaciones en el marco de la PAC (34), en la que descubrió que los sistemas actuales son más eficaces para proteger los intereses financieros de la UE, y que en los casos registrados a partir de 2006 los porcentajes de recuperación han aumentado, pero que deben aún mejorarse mediante la clarificación de las normas y reducir de este modo el margen de interpretación y las prácticas divergentes adoptadas por los Estados miembros.

3.42.

La Comisión acoge favorablemente la valoración del Tribunal de que la gestión y fiscalización de las recuperaciones en el marco de la PAC han mejorado en los últimos años. Por lo que respecta a las recomendaciones expresadas en el informe especial para perfeccionar el sistema, la Comisión tendrá en cuenta posibles modificaciones para, cuando proceda, reforzar, armonizar o clarificar las normas pertinentes en el contexto de sus propuestas legislativas para la PAC ante la perspectiva del año 2020.

Los procedimientos de liquidación de cuentas de la Comisión

3.43.

La gestión de la mayor parte de los gastos agrícolas es compartida entre los Estados miembros y la Comisión: los primeros abonan las ayudas que luego reembolsa la segunda. (35). El reconocimiento final del gasto se determina por medio de un procedimiento en dos etapas, denominado procedimiento de liquidación de cuentas. Las dos etapas consisten en una decisión financiera anual y decisiones de conformidad plurianuales adoptadas por la Comisión.

 

3.44.

En informes anuales anteriores, así como en el Informe Especial (36) sobre la fiscalización del procedimiento de liquidación de cuentas, el Tribunal critica que sean los Estados miembros, y no los beneficiarios finales, los que deban asumir las correcciones financieras y que en los ajustes de conformidad se haga un uso considerable de correcciones a tanto alzado que no guardan relación directa con el importe real de los pagos irregulares. El sistema de liquidación no se modificó en 2010.

3.44.

Lo que el Tribunal critica en el sistema de liquidación de conformidad es inherente al sistema. La liquidación de conformidad tiene por objeto excluir de la financiación de la UE los gastos que no se efectuaron de acuerdo con las normas de la UE. En cambio, este mecanismo no permite la recuperación de los pagos irregulares a los beneficiarios, operación que, según el principio de gestión compartida, es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros.

Cuando se identifiquen pagos indebidos a los beneficiarios como resultado de la liquidación de conformidad, los Estados miembros deberán hacer un seguimiento con acciones de recuperación de fondos ante estos beneficiarios. Sin embargo, incluso si no es necesario proceder a recuperaciones ante los beneficiarios porque la corrección financiera solo se refiere a deficiencias en el sistema de gestión y control de los Estados miembros y no a pagos indebidos, estas correcciones constituyen un medio importante para mejorar los sistemas de los Estados miembros, y así prevenir o detectar los pagos irregulares a los beneficiarios y recuperar los importes.

El Tribunal de Justicia ha aceptado el uso de cantidades a tanto alzado al considerar que se ajusta a las normas legales que rigen el trabajo de conformidad y el Parlamento Europeo lo ha corroborado, en ciertas circunstancias, en su resolución de aprobación de la gestión presupuestaria de 2007 (apartado 83).

Por último, la Comisión ha indicado a los Estados miembros que si sus organismos de certificación retoman en su totalidad una muestra representativa de transacciones que el organismo pagador ha controlado sobre el terreno y, sobre esta base, se confirma la fiabilidad de las estadísticas de control de los distintos Estados miembros, la Comisión aceptará que el porcentaje de error resultante representa el máximo riesgo posible y que las correcciones financieras del año en cuestión, si las hubiere, no superarán dicho nivel.

Validación de los resultados de las inspecciones practicadas por los organismos pagadores

3.45.

Los organismos de certificación deben emitir una opinión acerca de la calidad de las inspecciones sobre el terreno practicadas por los organismos pagadores y validar la compilación de los resultados de las inspecciones. En su informe anual de actividad, la Comisión utiliza los resultados de las inspecciones para evaluar el porcentaje de error residual en los gastos agrícolas.

 

3.46.

Las directrices de la Comisión dejan en manos de los organismos de certificación la elección de asistir a diez inspecciones sobre el terreno o repetirlas. Una gran mayoría de los organismos de certificación ha elegido validar la calidad de la inspección por medio del acompañamiento de los inspectores nacionales y no mediante su repetición. El Tribunal considera, sobre la base de su experiencia, que la calidad de las inspecciones podría mejorar si los organismos de certificación repitieran de forma sistemática las inspecciones practicadas previamente.

3.46.

Aunque la Comisión está de acuerdo en que, si se efectúa a su debido tiempo, la repetición de un control previo proporciona una mejor evaluación de la calidad de los controles sobre el terreno, también es posible evaluar el contexto del control a través de inspecciones acompañadas por el organismo de certificación. En ciertos casos, puede que ni siquiera sea posible repetir un control a su debido tiempo. Estas limitaciones son inherentes a muchos controles ex post llevados a cabo por auditores externos. En tales situaciones, las inspecciones acompañadas son una buena alternativa. Tienen también el beneficio adicional de reducir la carga administrativa del agricultor al evitar la acumulación de controles.

Un análisis de los informes de los organismos de certificación del ejercicio financiero 2010 muestra que estos organismos comprobaron un total de alrededor de 3 000 controles. Cuando los organismos de certificación llevaron a cabo los controles, en el 24 % de los casos se repitieron las inspecciones necesarias, en un 45 % se acompañaron mientras que en un 12 % se usaron ambos enfoques. En un 19 % adicional de casos, los organismos de certificación no distinguieron explícitamente entre ambos métodos.

3.47.

Aunque la repetición de las inspecciones referentes al Feaga efectuada por el Tribunal en Bulgaria, Rumanía, Grecia y los Países Bajos (37) puso de manifiesto que la calidad de las inspecciones nacionales presentaba insuficiencias, los organismos de certificación respectivos habían informado de que la calidad de las inspecciones era buena (38) o al menos adecuada (39).

3.47.

En los casos de Bulgaria, Rumanía y los Países Bajos, el impacto financiero de los puntos débiles de las inspecciones llevadas a cabo por los organismos pagadores no era significativo por lo que se evaluaron correctamente como buenas o adecuadas por los organismos de certificación de conformidad con las directrices de la Comisión.

En lo que se refiere a Grecia, el organismo de certificación, en su informe del ejercicio 2010, valoró que algunos elementos de los controles sobre el terreno eran deficientes y otros, adecuados.

3.48.

Por otra parte, la legislación de la UE exige que los organismos de certificación operen de forma independiente de los organismos pagadores a fin de evitar cualquier posible conflicto de intereses. Si bien en la mayoría de los Estados miembros la función de los organismos de certificación se ha asignado al tribunal de cuentas nacional, a una empresa privada de auditoría o al departamento de auditorías internas del Ministerio de Hacienda, en los Países Bajos se ha asignado dicha función al departamento de auditorías internas del Ministerio de Agricultura, que el Tribunal no considera independiente de las autoridades encargadas de la ejecución de la PAC.

3.48.

La Comisión seguirá esta cuestión con las autoridades de los Países Bajos con el fin de reforzar la independencia operativa del organismo de certificación. La Comisión, sin embargo, constata que el Tribunal no observó nada que pudiera sugerir que el riesgo de independencia se había materializado.

Ámbitos políticos de Medio ambiente, Asuntos marítimos y pesca, Sanidad y protección de los consumidores

3.49.

Los ámbitos de Medio Ambiente, Asuntos marítimos y pesca, así como Sanidad y protección de los consumidores, son gestionados por la Comisión con arreglo a sistemas de control específicos. En la auditoría se examinó el sistema de control interno de la DG ENV.

 

Sistema de control interno de la DG ENV

3.50.

Se comprobaron treinta pagos seleccionados de forma aleatoria financiados por el programa LIFE+. La auditoría reveló que había controles clave que no se documentaban correctamente, lo que conlleva el riesgo de que no se realicen. Asimismo, los controles de los costes que figuraban en las solicitudes no estaban correctamente documentados en algunos casos.

3.50.

Todos los agentes financieros y técnicos dan fe de la ejecución de los controles necesarios bajo su responsabilidad firmando las transacciones. Las notas de los expedientes, los intercambios de correos electrónicos y las notas manuscritas demuestran que se han controlado los expedientes. La Comisión considera fiable su sistema de control interno. Sin embargo seguirá mejorando la documentación de algunos controles clave.

3.51.

Tres de los 30 pagos comprobados se referían a subvenciones concedidas a la OCDE. La DG de Medio Ambiente no comprobó los justificantes de los gastos incurridos y consideró que estos eran subvencionables únicamente sobre la base de su descripción en el informe final. Sin embargo, el informe final no presenta información suficiente para determinar si los gastos se habían efectuado realmente y si eran subvencionables.

3.51.

La Comisión ha controlado los procedimientos de contabilidad, control interno, auditoría y contratación pública de la OCDE en el marco del artículo 53 quinquies del Reglamento financiero y ofrecen garantías equivalentes a las normas aceptadas internacionalmente. El informe final se consideró aceptable teniendo en cuenta los acuerdos específicos de control definidos en el acuerdo marco de 2006 entre la Comisión y la OCDE.

FIABILIDAD DE LAS TOMAS DE POSICIÓN DE LA COMISIÓN

3.52.

En el anexo 3.3 se recoge un resumen de los resultados del examen de las tomas de posición de la Comisión, en particular los informes anuales de actividad y las declaraciones de los directores generales de las DG AGRI, CLIMA, ENV, MARE y SANCO de la Comisión.

3.52.

En este anexo el Tribunal establece que la DG ENV ha retirado una reserva basada en suposiciones que no han sido probadas. La DG ENV considera que su valoración se basa en el análisis de cuatro años de auditorías basadas en el riesgo y confía en que ello constituya una base sólida para calcular porcentaje de error y retirar la reserva. De igual forma, la Comisión no consideró necesario formular reserva alguna para la DG SANCO ya que el porcentaje residual de error tras corregir los errores detectados era inferior al 2 %.

La DG MARE retiró una reserva aunque el Estado miembro no aceptara enteramente la corrección debido a que el cierre del programa en cuestión está en curso y la Comisión efectuará la corrección financiera (completa) necesaria en el ejercicio de cierre. En esas circunstancias la DG MARE consideró que era apropiado no mantener la reserva.

Estas son decisiones de gestión derivadas de una cuidadosa consideración de las circunstancias y una evaluación de riesgos que supone la base más fiable para la declaración de fiabilidad.

3.53.

El informe anual de actividad de 2009 de la DG AGRI contenía una reserva respecto al gasto para medidas de desarrollo rural correspondientes al Eje 2 (mejora del medio ambiente y las zonas rurales). El director general no consideró necesario reiterar esta reserva en el informe anual de actividad de 2010. El Tribunal considera que con la retirada de esta reserva no está justificada (véase el anexo 3.3 ).

3.53.

La reserva de los IAA 2008 y 2009 de la DG AGRI respecto al gasto de las medidas de desarrollo rural correspondientes al eje 2 estaba justificada por el hecho de que las estadísticas de control de los Estados miembros para estas medidas mostraban un porcentaje de error muy por encima del umbral de importancia relativa del 2 % utilizado actualmente por el Tribunal, lo que a su vez explicaba por qué el porcentaje de error del gasto de desarrollo rural en su conjunto, que según las instrucciones permanentes de la Comisión para efectuar reservas es la base para evaluar la importancia de los errores, también superaba el 2 %.

En 2010, como resultado de los esfuerzos conjuntos de la Comisión y los Estados miembros, la calidad y fiabilidad de estas estadísticas de control y el grado de cuantificación de los errores descubiertos y comunicados mejoró considerablemente. Estas mejoras permitieron a la DG AGRI calcular el porcentaje residual de error del desarrollo rural en su conjunto con más precisión que en los años anteriores, cuando no tenía las garantías necesarias de que los Estados miembros recopilaran sus estadísticas con el rigor necesario, utilizando ahora la misma metodología que utilizaba para el gasto del Feaga. Sobre la base de este enfoque, el porcentaje residual de error del desarrollo rural en su conjunto se situaba por debajo del umbral de importancia relativa del 2 %  (40).

Además, se había completado el plan de actuación establecido en la reserva de los años anteriores y los porcentajes de error señalados se consideraron tolerables, con un par de excepciones. Cualquier nueva reducción de los errores solo habría podido lograrse aumentando el nivel de los controles sobre el terreno, lo cual no sería rentable.

Por último, en lo que se refiere a los elevados porcentajes de error en Bulgaria y Rumanía de las medidas correspondientes al eje 2, el gasto correspondiente a estos dos Estados miembros se cubrió mediante las reservas para el SIGC. Igualmente, la nueva reserva para Portugal debida a las graves deficiencias en su SIGC cubría también los gastos del eje 2.

3.54.

Al igual que en 2009, la DG AGRI sigue considerando que las anomalías detectadas por los inspectores nacionales en inspecciones seleccionadas de forma aleatoria reflejan los porcentajes de error residual del régimen de ayudas en cuestión. El Tribunal mantiene la observación ya formulada en su Informe Anual relativo al ejercicio 2009 de que no puede apoyar este criterio por estar afectado por las deficiencias siguientes:

se basa en inspecciones cuya calidad se ha revelado insuficiente en las propias auditorías de la Comisión y los controles del Tribunal,

se funda en estadísticas que la Comisión sabe que han sido compiladas incorrectamente,

es incompleto porque no atiende a los errores residuales en el tratamiento administrativo de solicitudes que han resultado ser deficientes.

3.54.

Los organismos de certificación son los que, en gran medida, verifican y convalidan las estadísticas de control de los Estados miembros, tal como recomienda como opción el Tribunal en su informe anual de 2005, trabajo cuyos resultados se recogen en el de Actividad Anual de la DG AGRI.

Con el fin de hacer frente al riesgo de que los porcentajes de error derivados de estas estadísticas de control puedan haber sido subestimados debido a imprecisiones de las bases de datos o un seguimiento inadecuado de las anomalías, tal como ha señalado el Tribunal, la DG AGRI aplicó un margen de seguridad de un incremento del 25 % que considera ampliamente suficiente para cubrir los riesgos a que hace referencia el Tribunal. Incluso con dicho incremento, los porcentajes de error residual del gasto en ayudas directas, intervención en el mercado y medidas de desarrollo rural se situarían todavía muy por debajo del 2 %.

Además, por lo que respecta al primer pilar y en particular a los pagos directos cubiertos por el SIGC, los resultados de las propias auditorías del Tribunal confirman un porcentaje de error muy por debajo del umbral de importancia relativa del 2 % lo que corrobora esencialmente los resultados de las estadísticas de control y muestra que los sistemas de supervisión y control funcionan eficientemente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

3.55.

Sobre la base de su trabajo de auditoría, el Tribunal ha llegado a la conclusión de que los pagos del ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2010 para Agricultura y Recursos naturales estaban afectados por errores materiales. Ahora bien, los pagos directos cubiertos por el SIGC estaban exentos de errores materiales.

3.55.

La conclusión del Tribunal sobre el sector de Agricultura y Recursos Naturales confirma la tendencia positiva de que en los últimos años el porcentaje de error más probable se acerca al umbral de importancia relativa del 2 %. La Comisión constata, además, que en el gasto del Feaga, que en 2010 ascendió al 77 % del gasto total de este capítulo, el error más probable se sitúa muy por debajo del umbral de importancia relativa y que en el caso de los pagos directos cubiertos por el SIGC es incluso inferior.

Por otra parte, el riesgo para el presupuesto de la UE está cubierto adecuadamente por el procedimiento de liquidación de conformidad.

3.56.

Sobre la base de su trabajo de auditoría, el Tribunal ha llegado a la conclusión de que los sistemas de control y supervisión auditados en el ámbito de Agricultura y recursos naturales fueron parcialmente eficaces para garantizar la regularidad de los pagos.

3.56.

La Comisión considera que el SIGC es, por lo general, un sistema de control efectivo para limitar el riesgo de error o de gasto irregular.

Por lo que respecta al desarrollo rural, la Comisión considera que los sistemas de supervisión y control están mejorando constantemente y que, en consecuencia, el porcentaje de error está disminuyendo en este sector.

Recomendaciones

3.57.

En el anexo 3.4 se recoge el resultado del examen del Tribunal de los avances conseguidos en la aplicación de las recomendaciones que figuraban en informes anuales anteriores (2008 a 2009). Cabe señalar los siguientes puntos:

3.57.

la Comisión ha adoptado importantes medidas correctoras en relación con la simplificación de las medidas de desarrollo rural y la fiabilidad e integridad de la información registrada en el SIP,

En los últimos cuatro años, la Comisión y los Estados miembros han aplicado un plan de actuación destinado a garantizar un mejor control de las medidas agroambientales, lo que ha generado una reducción del porcentaje de error. Se han aplicado iniciativas de simplificación en el actual periodo de programación que proseguirán en el futuro para la reforma de la PAC después de 2013. Sin embargo, está claro que hay que encontrar un correcto equilibrio entre los objetivos políticos, los costes administrativos y el riesgo de errores.

Desde el ejercicio de solicitud de 2010, los Estados miembros están obligados a evaluar la calidad de sus SIP. Aunque el primer año haya sido 2010, este ejercicio ya ha sido útil para los Estados miembros para identificar las áreas que requieren atención.

en cuanto a las recomendaciones para que las obligaciones mínimas de mantenimiento anual de los pastos se establezcan a escala de la UE y que la legislación de la UE excluya el pago de ayudas directas a los solicitantes que no hayan utilizado sus tierras para la agricultura ni las hayan mantenido en buenas condiciones agrarias y medioambientales, el nuevo reglamento del Consejo dejó estas cuestiones en manos de los Estados miembros.

El sistema actual prevé un marco jurídico común en el cual los Estados miembros son responsables de definir los criterios de mantenimiento de buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM). Ello permite tener en cuenta la diversidad de superficies y tradiciones agrícolas en la UE.

La cuestión de la definición de agricultor mencionada por el Tribunal se ha abordado en el marco del «chequeo», al dar a los Estados miembros la posibilidad de excluir de los sistemas directos de pago a personas físicas o jurídicas cuyas actividades agrarias representen solo una parte insignificante del conjunto de sus actividades económicas o cuyos objetivos principales comerciales o empresariales no sean el ejercicio de una actividad agraria [artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 73/2009].

En el contexto de los debates sobre la PAC después de 2013 podría estudiarse con más detalle cómo orientar el apoyo a los agricultores activos, tal como se indica en la Comunicación de la Comisión sobre la PAC en el horizonte de 2020, teniendo en cuenta la necesidad de evitar normas complicadas que dieran lugar a un sistema de control complejo, cuya aplicación sería costosa y contraria a los esfuerzos de simplificación de la Comisión.

3.58.

Tras este examen y en vista de los resultados y conclusiones correspondientes a 2010, el Tribunal recomienda que la Comisión adopte medidas adecuadas para:

3.58.

a)

que el uso de las ortofotografías sea obligatorio y el SIP se actualice periódicamente por medio de nuevas ortofotografías (véase el apartado 3.31);

a)

La cuestión de una actualización regular del SIP se ha tenido en cuenta en la evaluación obligatoria de la calidad del SIP recientemente introducida. Se está estudiando que sea obligatorio el uso de ortofotografías en el contexto de la reforma de la PAC después de 2013.

b)

que los organismos pagadores subsanen las insuficiencias detectadas en los sistemas de control y las bases de datos del SIGC (véanse los apartados 3.23 a 3.25);

b)

La Comisión está trabajando con los Estados miembros para garantizar la mejora continua de los sistemas de supervisión y control. Se han hecho recomendaciones a este respecto como parte de las auditorías normales y los Estados miembros con problemas graves están desarrollando y aplicando planes de actuación. La Comisión considera que estos planes han tenido éxito.

Además, desde el ejercicio de solicitud de 2010, los Estados miembros están obligados a evaluar la calidad de sus SIP. Aunque el primer año haya sido 2010, este ejercicio ya ha sido útil para los Estados miembros a la hora de identificar las áreas que requieren atención.

Los puntos débiles que puedan subsistir se siguen a través de procedimientos de liquidación de conformidad para proteger los intereses financieros de la UE.

c)

que las inspecciones sobre el terreno tengan la calidad necesaria para identificar con fiabilidad la superficie admisible (véanse los apartados 3.38 y 3.39);

c)

En los casos en los que la Comisión descubre estos puntos débiles, se hacen a los Estados miembros recomendaciones para su rectificación y se imponen correcciones financieras a través de procedimientos de liquidación de conformidad para proteger los intereses financieros de la UE.

d)

que los organismos de certificación correctamente comprueben la calidad de las inspecciones y la notifiquen (véanse los apartados 3.46 y 3.47).

d)

La Comisión considera que la estructura general y las obligaciones de notificación referentes a la revisión de los controles sobre el terreno por los organismos de certificación son apropiados (véanse también las respuestas a los puntos 3.46 y 3.47). En consecuencia, para el ejercicio 2011 no hay previstos cambios en las directrices de la Comisión para los organismos de certificación. A pesar de ello, la Comisión seguirá supervisando la calidad del trabajo de los organismos de certificación.

3.59.

En el ámbito de Desarrollo rural, el Tribunal recomienda que la Comisión y los Estados miembros subsanen las insuficiencias observadas, en particular mejorando la eficacia del control de las medidas no incluidas en el SIGC.

3.59.

La Comisión considera que se ha avanzado mucho en la mejora de los sistemas de gestión y control del desarrollo rural y que ello se puede constatar por la continua tendencia descendente de los porcentajes de error, en particular de las medidas que están fuera del SIGC, en las que según las estadísticas de control de los Estados miembros, el porcentaje de error de 2010 se situaba muy por debajo del nivel significativo del 2 %.

3.60.

Por último, la Comisión y los Estados miembros deben adoptar medidas eficaces a fin de resolver los problemas detectados en los ámbitos de medio ambiente, pesca, sanidad y protección de los consumidores.

3.60.

La Comisión examinará los errores señalados por el Tribunal para determinar si están originados por deficiencias sistemáticas y dónde toman medidas para hacerles frente. Además, al proponer nuevos programas de gastos, la Comisión tratará de simplificar las normas manteniendo un nivel de control apropiado. El objetivo es animar a los posibles beneficiarios a solicitar la ayuda financiera de la UE y reducir los errores y la carga administrativa de los beneficiarios, la Comisión y los Estados miembros. En gestión conjunta los Estados miembros deberán garantizar que las normas nacionales de admisibilidad son claras, simples y están sujetas a un control efectivo para reducir porcentajes de error.

(1)  Artículo 39 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(2)  Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (DO L 209 de 11.8.2005, p. 1).

(3)  Excepto determinadas medidas, como las medidas de promoción y el programa «fruta en las escuelas», que son objeto de cofinanciación.

(4)  El número y valor de los derechos de cada agricultor fue calculado por las autoridades nacionales de acuerdo con uno de los modelos previstos en la legislación de la UE. En el modelo histórico, se conceden a cada agricultor derechos sobre la base del importe medio de la ayuda recibida y la superficie cultivada durante el período de referencia 2000 a 2002. En el modelo regional, todos los derechos de pago de una región tienen el mismo valor a tanto alzado y se asigna al agricultor un derecho por cada hectárea de tierra admisible declarada el primer año de solicitud. El modelo híbrido asocia el elemento histórico a un importe a tanto alzado y, si es dinámico, el elemento histórico disminuye cada año hasta convertirse en un sistema predominantemente a tanto alzado.

(5)  Bulgaria, República Checa, Estonia, Chipre, Letonia, Lituania, Hungría, Polonia, Rumanía y Eslovaquia.

(6)  Este importe comprende el gasto correspondiente al anterior período de programación, así como los instrumentos de preadhesión.

(7)  Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo (DO L 30 de 31.1.2009, p. 16).

(8)  Mientras que las buenas condiciones agrarias y ambientales, tal como aparecen en el anexo IV del Reglamento (CE) no 73/2009, son aplicables en todos los Estados miembros, los requisitos legales de gestión, según se recogen en el anexo III de dicho Reglamento, solo son obligatorios en la EU-15. Para la EU-10, los requisitos legales de gestión se introducirán gradualmente entre 2009 y 2013, y para la EU-2 entre 2012 y 2014.

(9)  En virtud de los artículos 66 y 67 del Reglamento (CE) no 796/2004 de la Comisión (DO L 141 de 30.4.2004, p. 18), el nivel de reducción por cada incumplimiento de un requisito legal de gestión o de buena condición agraria y ambiental puede variar entre el 1 % y el 5 % en caso de negligencia y puede desembocar en la denegación total de la ayuda en caso de incumplimiento intencionado.

(10)  Véase el artículo 1 y el artículo 2, letras a) y c), del Reglamento (CE) no 73/2009.

(11)  Número de organismos pagadores: 82 al inicio del ejercicio 2010 (y 81 a finales de ese mismo ejercicio (Fuente: Informe anual de actividad de la DG AGRI, p. 32).

(12)  Reglamento (CE) no 614/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 149 de 9.6.2007, p. 1).

(13)  El Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP) ha sido sustituido por el FEP para el actual período de programación (2007-2013) — Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo (DO L 223 de 15.8.2006, p. 1).

(14)  Este importe incluye los gastos de períodos de programación anteriores, en particular del IFOP.

(15)  Reasignados a otros programas a través de la transferencia global de créditos.

(16)  Para llegar a su estimación de error, el Tribunal ponderó los resultados de las muestras de operaciones neerlandesas y checas para reflejar el porcentaje de gastos de la PAC que se registró respectivamente en los Países Bajos y la República Checa.

(17)  El Tribunal estima el porcentaje de error a partir de una muestra estadística representativa. La cifra indicada corresponde a la mejor estimación (conocida como porcentaje de error más probable). El Tribunal estima, con un grado de confianza del 95 %, que el porcentaje de error de la población está comprendida entre un límite inferior de error del 0,8 % y un límite superior de error del 3,8 %.

(18)  De acuerdo con el enfoque actual del Tribunal, estos anticipos no formaban parte de la población incluida en la muestra. Aunque irregulares, estos pagos no inciden en el pago o no de importes correctos a los beneficiarios finales.

(19)  Este importe forma parte de los pagos globales a este Estado miembro por valor de 21,6 millones de euros por una cantidad total de 9 894 toneladas de mantequilla de intervención.

(20)  Se invitó a los licitadores a presentar sus ofertas para el suministro de un producto a cambio de mantequilla procedente de las existencias de intervención.

(21)  Artículo 5, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1111/2009 de la Comisión (DO L 306 de 20.11.2009, p. 5).

(22)  Considerando 7 del Reglamento (CE) no 1111/2009.

(23)  El importe total que representa para el presupuesto de la UE el transporte de las 9 894 toneladas de mantequilla se eleva a 0,9 millones de euros.

(24)  En su Informe Especial no 6/2009 sobre la ayuda alimentaria comunitaria a las personas necesitadas, el Tribunal ya consideraba que los acuerdos de trueque con existencias de intervención son inapropiados, no siempre garantizan la transparencia, no siempre son rentables y deberían dejar de practicarse.

(25)  Reglamento (CE) no 73/2009 y Reglamento (CE) no 1122/2009 de la Comisión (DO L 316 de 2.12.2009, p. 65).

(26)  Reglamento (CE) no 1975/2006 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural (DO L 368 de 23.12.2006, p. 74).

(27)  Artículo 11 del Reglamento (CE) no 1975/2006 y artículo 24 del Reglamento (CE) no 796/2004.

(28)  El artículo 17 del Reglamento (CE) no 73/2009 establece que el sistema de identificación de las parcelas agrarias se establecerá a partir de mapas o documentos catastrales u otras referencias cartográficas. Se hará uso de las técnicas empleadas en los sistemas informáticos de información geográfica, incluidas, preferentemente, las ortoimágenes aéreas o espaciales, con arreglo a una norma homogénea que garantice una precisión equivalente, como mínimo, a la de la cartografía de escala 1:10 000.

(29)  El artículo 2 del Reglamento (CE) no 1120/2009 de la Comisión (DO L 316 de 2.12.2009, p. 1) establece que por pastos permanentes se entenderán las tierras utilizadas para el cultivo de gramíneas u otros forrajes herbáceos, ya sean naturales (espontáneos) o cultivados (sembrados). Esto significa que las superficies no cubiertas por pastos o vegetación herbácea, como bosques, rocas, estanques, caminos, etc., no forman parte de la superficie de pastos permanentes y, por consiguiente, deben eliminarse de la superficie admisible que se define en el artículo 34, apartado 2, y en el artículo 2, letra h), del Reglamento (CE) no 73/2009.

(30)  Estas deficiencias solo tuvieron efectos limitados en los Países Bajos y las autoridades neerlandesas adoptaron medidas correctoras adecuadas a partir del año de solicitud 2010.

(31)  Para las medidas de desarrollo rural en el período de programación 2007-2013, los requisitos pormenorizados para las comprobaciones administrativas están definidos en el Reglamento (CE) no 1975/2006.

(32)  Mencionadas en el título II del Reglamento (CE) no 1975/2006.

(33)  Artículo 12 del Reglamento (CE) no 1975/2006 y artículo 30 del Reglamento (CE) no 1122/2009.

(34)  Informe Especial no 8/2011.

(35)  Con carácter mensual para el Feaga y trimestral para el Feader.

(36)  Informe Especial no 7/2010.

(37)  Véase el ejemplo 3.4.

(38)  Grecia y los Países Bajos.

(39)  Bulgaria y Rumanía.

(40)  El cálculo se basa en información transmitida por todos los Estados miembros con excepción de Chipre y Portugal, que no pudieron cumplir las nuevas normas de notificación de las medidas agroambientales financieramente importantes. Sin embargo, aunque estos dos Estados miembros tuvieran porcentajes de error superiores a la media, es muy probable que su impacto no incrementara el porcentaje de error residual del desarrollo rural en su conjunto por encima del umbral de importancia relativa del 2 %.

(41)  La fiscalización de los gastos administrativos se expone en el capítulo 7.

Fuente: Cuentas anuales de la Unión Europea correspondientes a 2010.

ANEXO 3.1

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN DE OPERACIONES DE AGRICULTURA

 

2010

2009

2008

2007

Feaga

RD

SANCO, ENV, MARE

Total

TAMAÑO Y ESTRUCTURA DE LA MUESTRA (1)

Total de operaciones (consistentes en):

146

80

12

238

241

204

196

Anticipos

0

0

0

0

0

0

0

Pagos intermedios y finales

146

80

12

238

241

204

196

RESULTADOS DE LA VERIFICACIÓN (1)  (2)  (3)

Proporción de operaciones que se consideran:

Exentas de errores

73 %

(107)

50 %

(40)

33 %

(4)

63 %

(151)

73 %

68 %

69 %

Afectadas por uno o más errores

27 %

(39)

50 %

(40)

67 %

(8)

37 %

(87)

27 %

32 %

31 %

Análisis de las operaciones afectadas por errores

Análisis por tipo de gasto

Anticipos

0 %

(0)

0 %

(0)

0 %

(0)

0 %

(0)

0 %

0 %

0 %

Pagos intermedios y finales

100 %

(39)

100 %

(40)

100 %

(8)

100 %

(87)

100 %

100 %

100 %

Análisis por tipo de error

Errores no cuantificables:

26 %

(10)

48 %

(19)

50 %

(4)

39 %

(33)

36 %

32 %

36 %

Errores cuantificables:

74 %

(29)

52 %

(21)

50 %

(4)

61 %

(54)

64 %

68 %

64 %

Subvencionabilidad

3 %

(1)

48 %

(10)

100 %

(4)

28 %

(15)

17 %

20 %

36 %

Frecuencia

0 %

(0)

0 %

(0)

0 %

(0)

0 %

(0)

2 %

2 %

3 %

Exactitud

97 %

(28)

52 %

(11)

0 %

(0)

72 %

(39)

81 %

78 %

61 %

IMPACTO ESTIMADO DE LOS ERRORES CUANTIFICABLES (4)

Porcentaje de error más probable

2,3 %

 

 

 

Límite inferior de error

0,8 %

 

 

 

Límite superior de error

3,8 %

 

 

 


(1)  Estas partes del cuadro se refieren únicamente a la muestra mencionada en el primer guion del apartado 3.16 y no incluyen las operaciones examinadas en el marco de las auditorías coordinadas.

(2)  Para dar una idea más clara de los ámbitos que presentan perfiles de riesgo distintos dentro del mismo grupo de políticas, la muestra se ha dividido en segmentos.

(3)  Las cifras entre paréntesis representan el número real de operaciones.

(4)  Los resultados del examen de las operaciones comprobadas en el marco de las auditorias coordinadas están incluidos en el cálculo del porcentaje de error.

ANEXO 3.2

RESULTADOS DEL EXAMEN DE SISTEMAS CORRESPONDIENTES A LA AGRICULTURA Y LOS RECURSOS NATURALES

3.2.1.   Valoración de los sistemas de control y supervisión seleccionados (SIGC) — Feaga

Estado miembro

(Organismo pagador)

Régimen

Gasto relacionado con el SIGC

(= límite máximo nacional — Anexo VIII del Reglamento (CE) no 73/2009)

(1 000 de euros)

Procedimientos y controles administrativos para garantizar la exactitud del pago, incluida la calidad de las bases de datos

Metodología de control sobre el terreno, selección, ejecución, control de calidad y notificación de resultados individuales

Implantación y control de buenas condiciones agrarias y ambientales/condicionalidad

Valoración global

Alemania

(Baja Sajonia)

RPU

5 770 254

Eficaz

Parcialmente eficaz

C

Parcialmente eficaz

b

Eficaz

Alemania

(Sajonia)

RPU

5 770 254

Eficaz

Eficaz

Parcialmente eficaz

b

Eficaz

España

(Castilla-La Mancha)

RPU

4 858 043

Parcialmente eficaz

1, 2, 3, 4

Parcialmente eficaz

A, B

Eficaz

Parcialmente eficaz

España

(Extremadura)

RPU

4 858 043

Parcialmente eficaz

1, 4, 5, 6

Parcialmente eficaz

C

Parcialmente eficaz

a

Parcialmente eficaz

Reino Unido

(Gales)

RPU

3 985 895

Eficaz

Parcialmente eficaz

B, D

Parcialmente eficaz

b

Eficaz

Países Bajos

RPU

853 090

Eficaz

Parcialmente eficaz

D

Parcialmente eficaz

a

Eficaz

Nota: La valoración global no puede ser mejor que la de los procedimientos y controles administrativos.

1

La superficie admisible de pastos permanentes cubiertos de árboles no puede identificarse de forma fiable.

2

Sanciones por declaración excesiva aplicadas incorrectamente.

3

Sanciones por declaración insuficiente aplicadas incorrectamente.

4

Tratamiento incorrecto de modificaciones de solicitudes.

5

SIP no actualizado correctamente tras los controles sobre el terreno.

6

El concepto de error manifiesto no se ha aplicado correctamente.

A

La asignación de riesgo a la población controlada basada en una selección aleatoria en las estadísticas de control se realiza posteriormente.

B

Las visitas rápidas sobre el terreno se consideran controles sobre el terreno.

C

La superficie admisible para un grupo de cultivos no se ha determinado correctamente.

D

Calidad insuficiente de los controles sobre el terreno.

a

Insuficientes requisitos nacionales para las buenas condiciones agrarias y medioambientales aplicables a praderas y pastos pobres.

b

Requisitos inadecuados para el mantenimiento de las tierras retiradas de la producción agrícola.


3.2.2.   Valoración de los sistemas de control y supervisión y seguimiento seleccionados — Desarrollo rural

Estado miembro

(Organismo pagador)

Procedimientos y controles administrativos para garantizar la exactitud del pago, incluida la calidad de las bases de datos

Metodología de control sobre el terreno, selección, ejecución, control de calidad y notificación de resultados individuales

Implantación y control de buenas condiciones agrarias y ambientales/condicionalidad

Valoración global

Francia

Ineficaz

1, 2, 3

Parcialmente eficaz

A, B, C

Parcialmente eficaz

c

Ineficaz

Alemania

(Mecklemburgo-Pomerania Occidental)

Eficaz

Eficaz

Parcialmente eficaz

b

Eficaz

Italia

(Toscana)

Parcialmente eficaz

2, 3

Parcialmente eficaz

A, B, C

Parcialmente eficaz

a

Parcialmente eficaz

Letonia

Ineficaz

2, 3, 4

Eficaz

Eficaz

d

Ineficaz

Polonia

Parcialmente eficaz

2, 3, 4

Eficaz

B

Parcialmente eficaz

b

Parcialmente eficaz

Portugal

Parcialmente eficaz

3, 4

Parcialmente eficaz

B, C, D

Parcialmente eficaz

a

Parcialmente eficaz

Rumanía

Parcialmente eficaz

2, 3, 4

Parcialmente eficaz

3, C

Eficaz

Parcialmente eficaz

Reino Unido (Escocia)

Parcialmente eficaz

1

Parcialmente eficaz

1, C, D

Parcialmente eficaz

1, c, d

Parcialmente eficaz

República Checa

Parcialmente eficaz

2, 3, 5

Parcialmente eficaz

C, E, a

Parcialmente eficaz

a, c, e, E

Parcialmente eficaz

1

Pagos antes de finalizar los controles obligatorios.

2

Normas, cálculos y pagos incorrectos (pagos en exceso, normas de tolerancia, gastos no subvencionables, reducciones).

3

Falta de pruebas, deficiencias y comprobaciones ineficaces en relación con las condiciones de admisibilidad y los compromisos.

4

Falta de un sistema adecuado para evaluar el carácter razonable de los costes propuestos.

5

Fallos en controles administrativos de solicitudes de ayuda retiradas total o parcialmente.

A

Falta de evaluación de los resultados de los controles sobre el terreno y no se aumentó la muestra de beneficiarios que debía comprobarse.

B

Deficiencias del método de selección e incumplimiento del porcentaje mínimo obligatorio de controles sobre el terreno.

C

Insuficiencias de la calidad de los controles sobre el terreno practicados y de las comprobaciones posteriores.

D

Retrasos e incoherencias de las estadísticas y resultados de las comprobaciones comunicados a la Comisión.

E

Normas sobre sanciones incompatibles con la legislación de la UE.

a

Controles realizados con retraso y no repartidos a lo largo del año.

b

Incumplimiento de la identificación y registro de animales, y de las notificaciones obligatorias.

c

Falta de evaluación de los incumplimientos observados e incoherencias en los informes de control examinados.

d

No se ha alcanzado el porcentaje obligatorio de comprobaciones en SMR7 y diferencias en las estadísticas de controles de condicionalidad.

e

Insuficiencia de las normas nacionales sobre buenas condiciones agrarias y medioambientales.


Valoración global de los sistemas de control y supervisión

Valoración global

2010

2009

2008

2007

Parcialmente eficaz

Parcialmente eficaz

Parcialmente eficaz

Parcialmente eficaz

ANEXO 3.3

RESULTADOS DEL EXAMEN DE LAS TOMAS DE POSICIÓN DE LA COMISIÓN RESPECTO DE LA AGRICULTURA Y LOS RECURSOS NATURALES

DG principales

Naturaleza de la declaración del director general (1)

Reservas

Observaciones del Tribunal

Valoración global de la fiabilidad

2010

2009

DG AGRI

con reservas

Graves deficiencias en el SIGC en Bulgaria, Portugal y Rumanía

El mantenimiento de reservas concuerda con las constataciones del Tribunal.

La declaración de garantía contenida en el informe anual de actividad de 2009 de la DG AGRI contenía una reserva respecto al gasto para medidas de desarrollo rural correspondientes al Eje 2 (mejora del medio ambiente y las zonas rurales) del período de programación 2007-2013. En el informe anual de actividad de 2010, la DG AGRI no mantuvo esta reserva que, según el Tribunal, tendría que haberse mantenido porque:

a)

la metodología aplicada por la Comisión para calcular el porcentaje de error no era plenamente transparente y se basaba en una serie de opciones. Se podían haber elegido otras opciones que habrían situado el porcentaje de error por encima del umbral del 2 %;

b)

los datos utilizados para calcular el porcentaje de error contenían fallos y en algunos casos no eran fiables. En particular la calidad de las estadísticas de control de los Estados miembros, que sirven de base al cálculo del porcentaje de error demostraron ser de calidad insuficiente.

B

B

DG CLIMA

con reserva

Reserva por motivos de reputación derivada de una importante quiebra de la seguridad en los registros nacionales del sistema de intercambio de derechos de emisión de la UE.

 

A

DG ENV

sin reservas

 

La DG ENV no mantiene su reserva, aunque el porcentaje de error de las auditorias ex post, que dieron lugar a la reserva en 2009, aumentaron del 5,97 % al 7,14 %. La DG ENV lo justificó con suposiciones sobre el efecto del método de muestreo en el porcentaje de error que no pudieron demostrarse.

B

DG MARE

con reservas

Sistemas de gestión y control de los Programas Operativos del IFOP en Alemania Objetivo 1

La DG MARE retiró su reserva respecto al Reino Unido (Gales y Valles), a pesar de que las autoridades británicas no aceptaron la corrección en su totalidad.

B

B

DG SANCO

sin reservas

 

Aunque las auditorías del Tribunal y del SAI pusieron de manifiesto insuficiencias importantes, la DG SANCO no emitió una reserva.

B

A:

La declaración del director general y el informe anual de actividad presentan una valoración correcta de la gestión financiera por lo que respecta a la regularidad.

B:

La declaración del director general y el informe anual de actividad presentan una valoración parcialmente correcta de la gestión financiera por lo que respecta a la regularidad.

C:

La declaración del director general y el informe anual de actividad no presentan una valoración correcta de la gestión financiera por lo que respecta a la regularidad.


(1)  El director general afirma en su declaración de fiabilidad tener una seguridad razonable de que los procedimientos de control aplicables ofrecen las garantías necesarias sobre la regularidad de las operaciones.

A:

La declaración del director general y el informe anual de actividad presentan una valoración correcta de la gestión financiera por lo que respecta a la regularidad.

B:

La declaración del director general y el informe anual de actividad presentan una valoración parcialmente correcta de la gestión financiera por lo que respecta a la regularidad.

C:

La declaración del director general y el informe anual de actividad no presentan una valoración correcta de la gestión financiera por lo que respecta a la regularidad.

ANEXO 3.4

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES ANTERIORES RESPECTO DE LA AGRICULTURA Y LOS RECURSOS NATURALES

Año

Recomendación del Tribunal

Avances realizados

Respuesta de la Comisión

Análisis del Tribunal

2008 y 2009

El Tribunal de Cuentas recomienda que se subsanen las insuficiencias detectadas en los sistemas. A este respecto, la deficiencias más urgentes que es preciso corregir en el RPU y el RPUS son [apartado 3.73 del Informe Anual de 2009 (1)]:

 

 

 

a)

subsanar las insuficiencias de los sistemas que se traducen en errores relativos a superficies no admisibles o declaraciones excesivas de superficies, así como a derechos inexactos, sobre todo mediante la mejora de la fiabilidad y la integridad de los datos registrados en el SIP (por ejemplo, ortofotografías más recientes);

A partir del año de solicitud 2010, el Reglamento (UE) no 146/2010 de la Comisión introdujo la obligación para los Estados miembros de evaluar cada año la calidad de su SIP. Cada año deben notificarse a la Comisión el resultado de la evaluación y las eventuales medidas correctivas.

En cuanto a la fiabilidad de la base de datos de derechos, el nuevo Reglamento establece que los derechos concedidos antes de 2009 se considerarán legales y regulares a partir del año de solicitud 2010.

a)

La Comisión comparte la evaluación del Tribunal y seguirá supervisando los resultados en los próximos años.

Esta nueva disposición constituye una medida útil para mejorar la calidad de los SIP de los Estados miembros. El Tribunal seguirá la aplicación de esta disposición en sus futuras auditorías.

El Tribunal acoge con satisfacción esta nueva disposición que introduce seguridad jurídica.

b)

garantizar que todas las bases de datos del SIGC aseguren una pista de auditoría fiable y completa de todas las modificaciones realizadas;

No se han registrado avances

b)

Como parte de sus auditorías, la Comisión hace recomendaciones a los Estados miembros para mejorar la situación de forma continuada. A lo largo de los años, los resultados de las auditorías muestran que se ha avanzado en la calidad de la información en las bases de datos.

 

c)

clarificar y reforzar la aplicación de las normas, de manera que la ayuda directa de la UE no se pague a los solicitantes que no hayan utilizado la tierra para fines agrarios ni la hayan mantenido en buenas condiciones agrarias y ambientales;

El Reglamento (CE) no 73/2009 del Consejo dispone que, a partir de 2010, los Estados miembros podrán establecer criterios objetivos y no discriminatorios adecuados para garantizar que no se conceda ningún pago directo a una persona física o jurídica:

a)

cuyas actividades agrarias representen solo una parte insignificante del conjunto de sus actividades económicas, o

b)

cuyos objetivos principales comerciales o empresariales no sean el ejercicio de una actividad agraria.

c)

La cuestión de la definición de agricultor a que hace referencia el Tribunal se atenderá en el marco de la PAC después de 2013, como se menciona en la Comunicación de la Comisión «la PAC en el horizonte de 2020» de 18 de noviembre de 2010.

Puesto que los Estados miembros tienen la facultad de imponer esta obligación, el Tribunal considera que sigue existiendo el riesgo de abonar pagos a solicitantes que no hayan utilizado las tierras para la agricultura o no las hayan mantenido en buenas condiciones agrarias y medioambientales.

2008 y 2009

d)

fijar a escala europea unos requisitos mínimos de mantenimiento anual para que los pastos puedan optar a la ayuda directa de la UE.

No se han registrado avances

d)

El sistema actual prevé un marco jurídico común en el cual los Estados miembros son responsables de definir los criterios de mantenimiento de buenas condiciones agrarias y medioambientales (BCAM). Ello permite tener en cuenta la diversidad de superficies y tradiciones agrícolas en la UE.

 

Es necesario redoblar el esfuerzo en el ámbito del desarrollo rural para seguir simplificando las normas y condiciones (apartado 3.74 del Informe Anual de 2009 y apartado 5.66 del Informe Anual de 2008).

La simplificación fue objeto de especial atención en 2010. Aparte de las deliberaciones en el contexto más general del debate sobre el futuro de la PAC, se adoptaron las siguientes medidas en el pilar 2. La simplificación se abordó en seis de las ocho reuniones del comité de desarrollo rural celebradas en 2010. Estos debates se basaron en las aportaciones de los Estados miembros y documentos de trabajo elaborados por la Comisión. Un tema clave de estas reuniones fueron las normas de admisibilidad. Estas cuestiones también son objeto de examen en el grupo de expertos sobre simplificación. En septiembre de 2010 se realizó un seminario sobre «cómo garantizar la buena gestión de los programas de desarrollo rural del período 2007-2013». Asimismo se inició un estudio sobre «los trámites administrativos de los beneficiarios en el segundo pilar» destinado a reducir la carga administrativa relacionada con el desarrollo rural.

En respuesta a la lista de 39 sugerencias de simplificación presentada por algunos Estados miembros en la reunión del Consejo de abril de 2009, la Comisión llevó a cabo las siguientes actividades relacionadas con la simplificación:

En primer lugar, en octubre de 2010 la Comisión adoptó una propuesta para modificar el Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo con el fin de:

reducir de tres a dos el número de informes de supervisión estratégica del desarrollo rural;

facilitar asesoramiento personalizado de los servicios de asesoramiento a las explotaciones;

autorizar a los Estados miembros a efectuar controles de seguimiento de infracciones menores y la norma de minimis solo sobre la base de una muestra de riesgo en vez de controles sistemáticos de un 100 %.

La propuesta se encuentra actualmente pendiente ante el PE y el Consejo.

En segundo lugar, en respuesta también a la lista de 39 sugerencias de simplificación, se han clarificado las disposiciones sobre los procedimientos de control y condicionalidad y se han estipulado obligaciones precisas en las normas de aplicación, en el contexto de una refundición [Reglamento (UE) no 65/2011].

En el próximo periodo de programación es cuando se espera llevar a cabo más esfuerzos de simplificación importantes en el ámbito del desarrollo rural, lo que se puede explicar por la dificultad de introducir cambios importantes mientras los programas están en marcha.

Por último, una vez que se conozcan los resultados del estudio sobre cargas administrativas en el segundo pilar, la Comisión y los Estados miembros podrán tenerlos en cuenta para seguir reduciendo el nivel de carga burocrática para los beneficiarios.

En 2010 se consintieron esfuerzos considerables para debatir y analizar la simplificación de las normas y condiciones, que contribuirán de forma útil a racionalizar el desarrollo rural en el próximo período de programación. Sin embargo, estos esfuerzos no han dado lugar a medidas concretas de simplificación en el actual período de programación.

2008 y 2009

Es necesario adoptar junto con las autoridades nacionales afectadas medidas eficaces para evitar el pago de gastos no subvencionables de proyectos de pesca [apartado 3.76 del Informe Anual de 2009 (2)].

Los controles sobre el gasto admisible que exige el Fondo Europeo de Pesca han sido reforzados en comparación con los controles realizados en el marco del anterior Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca.

La actividad fiscalizadora de la DG MARE en 2010 no detectó importe significativo alguno de gasto no subvencionable.

El Tribunal hará un seguimiento de las normas de control revisadas en futuras fiscalizaciones.

Los controles internos de los pagos a los Estados miembros para programas de erradicación y seguimiento de enfermedades animales exigen una separación nítida de funciones entre los servicios de la Comisión y el desarrollo de procedimientos adecuados de control formal (apartado 3.76 del Informe Anual de 2009).

Los servicios de la Comisión han aclarado la separación de funciones e iniciado un proyecto para simplificar la base jurídica de los programas.

Ya se introdujeron clarificaciones y simplificaciones en la Decisión 2010/712/UE de la Comisión sobre la contribución financiera para los programas de erradicación. En 2012 la Comisión propondrá también modificaciones a la Decisión 90/424/CEE del Consejo que es la base jurídica para reembolsar los costes subvencionables en virtud de los programas de erradicación.

El Tribunal hará un seguimiento de las normas de control revisadas en futuras fiscalizaciones.


(1)  En el Informe Anual de 2008, apartado 5.65, se formulaban recomendaciones similares.

(2)  En el Informe Anual de 2008, apartado 5.67, se formulaban recomendaciones similares.


CAPÍTULO 4

Cohesión, energía y transporte

ÍNDICE

Introducción

Características específicas del grupo de políticas

Objetivos de la política

Instrumentos de la política

Riesgos para la regularidad

Alcance y enfoque de la fiscalización

Regularidad de las operaciones

Eficacia de los sistemas

Fiabilidad de las tomas de posición de la Comisión

Conclusiones y recomendaciones

Conclusiones

Recomendaciones

Seguimiento de informes especiales anteriores

Seguimiento del Informe Especial no 1/2006 sobre la contribución del Fondo Social Europeo a la lucha contra el abandono escolar

Seguimiento del Informe Especial no 10/2006 sobre las evaluaciones ex post de los programas de los objetivos no 1 y no 3 (Fondos Estructurales) 1994-1999

Seguimiento del Informe Especial no 7/2009 sobre la gestión de la fase de desarrollo y validación del programa Galileo

OBSERVACIONES DEL TRIBUNAL

RESPUESTAS DE LA COMISIÓN

INTRODUCCIÓN

4.1.

El presente capítulo expone las observaciones específicas del Tribunal sobre el grupo de políticas de Cohesión, energía y transporte, que comprende los ámbitos políticos 04 — Empleo y asuntos sociales; 06 — Energía y transporte, y 13 — Política Regional. Este capítulo también informa sobre la respuesta de la Comisión a las recomendaciones de tres informes especiales del Tribunal. El cuadro 4.1 presenta información clave sobre las actividades abarcadas y los gastos efectuados en 2010.

 

Cuadro 4.1   Cohesión, energía y transporte — Información clave de 2010

(millones de euros)

Título presupuestario

Ámbito político

Descripción

Pagos

Tipo de gestión

4

Empleo y asuntos sociales

Gastos administrativos

97

Centralizada directa

Fondo Social Europeo (FSE)

7 066

Compartida

Trabajar en Europa — Diálogo social y movilidad

56

Centralizada directa

Empleo, solidaridad social e igualdad de género

155

Centralizada directa

Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización

104

Compartida

Instrumento de Preadhesión (IPA, antes ISPA)

3

Descentralizada

 

7 481

 

6

Energía y transporte

Gastos administrativos

153

Centralizada directa

Transporte interior, aéreo y marítimo

149

Centralizada directa

Redes Transeuropeas (RTE)

858

Centralizada directa

Energías convencionales y renovables

773

Centralizada directa

Energía nuclear

237

Centralizada directa/Centralizada indirecta/compartida

Investigación relacionada con la energía y el transporte (Programas Marco)

226

Centralizada directa

Seguridad y protección de los usuarios de la energía y el transporte

3

Centralizada directa

Programas de navegación por satélite de la UE (EGNOS y Galileo)

460

Centralizada directa

 

2 859

 

13

Política regional

Gastos administrativos

83

Centralizada directa

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y otras operaciones regionales

22 091

Compartida

Fondo de Cohesión (FC)

7 957

Compartida

Instrumento de Preadhesión (IPA, antes ISPA)

479

Descentralizada

Fondo de Solidaridad

13

Indirecta

 

30 623

 

Total de gastos administrativos (16)

333

 

Total de gastos operativos

40 630

 

Desglose:

anticipos

3 074

 

pagos intermedios/finales

37 556

 

Total pagos del ejercicio

40 963

 

Total compromisos del ejercicio

55 223

 

Fuente: Cuentas anuales de la Unión Europea 2010.

4.2.

El Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo de Cohesión (FC) se aplican en períodos de programación plurianuales. En 2010, los pagos del FEDER (22 100) millones de euros, del FSE (7 100) millones de euros y del FC (8 000) millones de euros ascendieron a más del (90 %) del gasto operativo del grupo de políticas en su conjunto (1). Los pagos en energía y transporte en 2010 fueron de 2 900 millones de euros.

 

Características específicas del grupo de políticas

Objetivos de la política

Política de Cohesión

4.3.

La Política de Cohesión tiene por objeto fortalecer la cohesión económica y social en la Unión Europea reduciendo las diferencias de desarrollo entre las regiones.

 

Energía y transporte

4.4.

Las políticas de energía y transporte están destinadas a ofrecer a los ciudadanos y las empresas de Europa unos sistemas y servicios seguros, sostenibles y competitivos de energía y transporte, y a desarrollar soluciones innovadoras que contribuyan a la formulación y la realización de dichas políticas.

 

Instrumentos de la política

Política regional

4.5.

La política regional absorbe el 75 % del gasto de este grupo de políticas. El gasto en política regional lo cubren principalmente el FEDER y el FC (que en conjunto abarcan el 98 % del gasto en política regional en 2010). El FEDER financia la construcción de infraestructuras, la creación y mantenimiento de puestos de trabajo, las iniciativas de desarrollo económico regional y, sobre todo mediante instrumentos de ingeniería financiera (IIF), actividades de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (PYME). En los Estados miembros cuyo producto nacional bruto per cápita es inferior al 90 % de la media de la UE, el FC financia las inversiones en infraestructuras en los ámbitos de medio ambiente y transporte.

 

4.6.

Los instrumentos de la política regional también incluyen medidas de cooperación regional y transfronteriza al amparo del Instrumento de Preadhesión (IPA) y del Fondo de Solidaridad de la UE, que presta su apoyo en caso de catástrofes naturales en los Estados miembros.

 

Empleo y asuntos sociales

4.7.

La política de empleo y asuntos sociales absorbe el 18 % del gasto de este grupo de políticas. La gran mayoría del gasto en empleo y asuntos sociales (94 % en 2010) se realiza a través del FSE, que financia inversiones en capital humano mediante la formación y otras medidas de empleo.

 

4.8.

Otros gastos de este ámbito de políticas son los subsidios y subvenciones a organizaciones que desarrollan acciones sociales y de empleo; el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, que apoya a los trabajadores de la UE despedidos a causa de grandes cambios estructurales de los modelos del comercio mundial o a causa de la crisis financiera, y una contribución al IPA.