22.7.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 216/1

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(2)

El 13 de julio de 2010, el Consejo adoptó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (1), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se invitó a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)

El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo ciclo de gobernanza económica en la UE y el primer Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020.

(4)

El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para el saneamiento presupuestario y la reforma estructural (conforme a las conclusiones del Consejo de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011 y en la línea del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de conceder prioridad al restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la sostenibilidad de las finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas del mercado de trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y pidió a los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que habrían de incluir en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

(5)

El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo también invitó a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

(6)

El 23 de marzo de 2011, el Gobierno portugués presentó a su Parlamento, que lo rechazó, un programa de estabilidad para el período 2011-2014. El 19 de abril, presentó también un Programa Nacional de Reforma. Los escenarios macroeconómico y presupuestario propuestos y las recomendaciones quedaron superados por el Memorándum de Acuerdo firmado el 17 de mayo de 2011.

(7)

El 17 de mayo de 2011, el Consejo adoptó la Decisión de Ejecución 2011/344/UE a fin de poner a disposición de Portugal una ayuda financiera a medio plazo de una duración de tres años (2011-2014), de conformidad con el Reglamento (UE) no 407/2010 del Consejo, de 11 de mayo de 2010, por el que se establece un mecanismo europeo de estabilización financiera (2). El Memorándum de Acuerdo firmado ese mismo día y sus suplementos sucesivos establecen las condiciones de política económica a las que se supedita el desembolso de esa ayuda financiera.

(8)

El PIB de Portugal creció un 1,3 % en 2010. Junto con un fuerte crecimiento de las exportaciones, esta tasa de crecimiento positiva se debió también a factores excepcionales que impulsaron el consumo privado. La evolución de los precios y de los costes fueron claramente insuficientes para impulsar la competitividad con la rapidez necesaria para corregir su alto déficit por cuenta corriente, que en 2010 se situaba en el 10 % del PIB. La debilidad de la economía y el fuerte aumento del desempleo (11,2 % al final de 2010) desembocaron en un gran déficit público, que, del 3,5 % del PIB registrado en 2008, pasó a un 10 % en 2009 y a un 9 % en 2010. La desfavorable evolución de las finanzas públicas asociada a un panorama sombrío para el crecimiento económico han ocasionado recientemente un deterioro de la confiana y una presión cada vez mayor en los mercados de deuda soberana, suscitando preocupación en cuanto a la sostenibilidad de sus finanzas públicas. Como consecuencia de las sucesivas reducciones de la calificación de las obligaciones portuguesas por parte de las agencias de calificación crediticia, el país se ha visto en la imposibilidad de refinanciarse a unos tipos compatibles con la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo. Paralelamente, el sector bancario, muy dependiente de la financiación exterior, en especial dentro de la zona del euro, ha quedado cada vez más excluido de la financiación del mercado.

(9)

Portugal se ha comprometido a aplicar el programa de ajuste económico y financiero para la recuperación de la confianza en su deuda pública y en el sector bancario, así como a apoyar el crecimiento y el empleo. El programa prevé una amplia acción en tres frentes: i) una estrategia de saneamiento presupuestario creíble y equilibrada que se apoye en medidas presupuestarias estructurales y en un mejor control presupuestario; ii) reformas estructurales profundas y sustanciales, incluidas las de los mercados de trabajo y de productos, y iii) un esfuerzo para salvaguardar al sector financiero de un proceso de desapalancamiento desordenado por medio de mecanismos que se basen en el mercado y cuenten con el apoyo de dispositivos de reserva.

(10)

La Comisión ha evaluado el Programa Nacional de Reforma de Portugal, y en esa evaluación ha tenido en cuenta no sólo su pertinencia para que el país pueda tener una política presupuestaria y socioeconómica sostenible, sino también su respeto de las normas y orientaciones de la UE. Ello es indispensable dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la UE garantizando que en las futuras decisiones nacionales intervengan consideraciones atinentes al conjunto de la UE. La Comisión estima en este contexto que es necesario proseguir con rigor la aplicación de las medidas previstas para ajustarse a la Decisión de Ejecución 2011/344/UE.

22.7.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 216/3

(1)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(2)

El 13 de julio de 2010, el Consejo adoptó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (2), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se invitó a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(3)

El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo ciclo de gobernanza económica en la UE y el primer Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020.

(4)

El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para el saneamiento presupuestario y la reforma estructural (conforme a las conclusiones del Consejo de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011 y en la línea del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de conceder prioridad al restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la sostenibilidad de las finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas del mercado de trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y pidió a los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que habrían de incluir en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

(5)

El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo también invitó a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

(6)

El 6 de abril de 2011, Finlandia presentó la actualización de 2011 de su Programa de Estabilidad, relativa al periodo 2011-2014, y su Programa Nacional de Reforma de 2011. Con objeto de tener en cuenta las interrelaciones, ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

(7)

En los momentos más graves de la crisis económica mundial, Finlandia experimentó una caída muy acusada de su PIB, debido a que la economía finlandesa ha dependido tradicionalmente de la actividad exportadora de sus principales industrias. En 2009, el PIB se redujo un 8,2 %, arrastrado por una caída excepcionalmente marcada de las exportaciones (disminución del 20 % del volumen) y los consiguientes efectos de desconfianza en la inversión. La tasa de desempleo aumentó unos 2 puntos porcentuales, del 6,4 % de la población activa en 2008 al 8,3 % en 2010. La recuperación económica ha sido fuerte, con un aumento del PIB del 3,1 % en 2010, sostenido tanto por la demanda interna como por la recuperación de las exportaciones. Tras una breve caída en 2009, los precios de los bienes inmobiliarios y los volúmenes de construcción de vivienda se recuperaron rápidamente situándose por encima de los niveles anteriores a la crisis, lo cual suscitó cierta inquietud en relación con la excesiva expansión del mercado inmobiliario. Finlandia emergió de la crisis económica con un déficit de las administraciones públicas del 2,5 % del PIB en 2010 y una deuda del 48,5 % del PIB.

(8)

Partiendo de la evaluación del Programa de Estabilidad actualizado realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que los presupuestos macroeconómicos en que se basa el Programa de Estabilidad son verosímiles para 2011-2012, pero algo demasiado optimistas con posterioridad. Para 2011-2012, los presupuestos macroeconómicos son acordes con las previsiones de primavera de los servicios de la Comisión. Para 2013-2015, el Programa de Estabilidad prevé un crecimiento de alrededor del 2 % del PIB, un porcentaje ligeramente superior al crecimiento potencial calculado, del 1,5 %, y que, por tanto, podría estar expuesto a un riesgo de sobreestimación. El objetivo de la estrategia presupuestaria es reducir el déficit al 0,9 % del PIB en 2011 y al 0,7 % en 2012, como reflejo de la mejora cíclica de la economía y de algunas medidas de saneamiento ya decididas por el Gobierno anterior. Sin embargo, en la actualización del Programa de Estabilidad no se prevé ninguna otra medida de saneamiento presupuestario en el periodo 2013-2015. Los riesgos para los objetivos presupuestarios parecen equilibrados. El factor de riesgo más notable se deriva del entorno macroeconómico mundial, que ha tenido siempre una gran repercusión en la economía finlandesa, dependiente de las exportaciones.

(9)

En la última actualización del Programa de Estabilidad no se prevé utilizar la mejora prevista de las condiciones económicas para el saneamiento presupuestario a medio plazo. Mientras que está previsto que el objetivo a medio plazo establecido por las autoridades finlandesas, de un superávit estructural del 0,5 % del PIB, se alcance en 2011, todo apunta a que en los años siguientes el saldo estructural caerá por debajo del objetivo.

(10)

Según la última evaluación de la Comisión, los riesgos en relación con la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas parecen de nivel medio. Si bien las medidas para contrarrestar los efectos del envejecimiento de la población han sido una de las prioridades de los sucesivos Gobiernos finlandeses, el país afronta un cambio demográfico marcado e inmediato y aún existe en las finanzas públicas una brecha de sostenibilidad considerable. Este problema tiene repercusiones para muchos ámbitos políticos. El envejecimiento de la población traerá consigo un aumento significativo de la demanda de servicios relacionados con este envejecimiento, que en Finlandia son prestados en su mayor parte por las administraciones locales. Según las conclusiones de varios estudios, la mejora de la productividad de los servicios públicos ha sido escasa en los últimos años. Las autoridades finlandesas han aplicado ya varias reformas para reestructurar los servicios públicos e impulsar la competitividad, tanto a nivel de la Administración central como de las administraciones locales. Las inversiones relativamente cuantiosas en tecnologías de la información efectuadas en el sector público no se han traducido todavía en una mejora de la productividad, lo cual implica que las inversiones deben estar acompañadas de cambios estructurales y administrativos. En términos generales, aún pueden adoptarse más medidas para aumentar la productividad y ahorrar costes en la prestación de servicios públicos.

(11)

El aumento del desempleo de larga duración que se registra actualmente es un motivo de inquietud. Entre 2005 y 2008, el desempleo de larga duración cayó sustancialmente, pero empezó a aumentar de nuevo en 2009. Al final de marzo de 2011, el número de desempleados de larga duración era de 57 400, lo que supone un incremento de 12 400 con respecto al año anterior. Muchos de los desempleados de larga duración se encuentran actualmente en el grupo de edad entre los 55 y los 64 años. En razón de los regímenes de jubilación, el mayor aumento del desempleo se registrará entre las personas de 45 a 54 años. Aunque la tasa de desempleo de larga duración en Finlandia está por debajo de la media de la UE, la cuestión debe analizarse desde la perspectiva de garantizar la oferta de mano de obra en el futuro y la inclusión social. La experiencia muestra que el desempleo de larga duración, en particular, incrementa el riesgo de pobreza y exclusión social. Pese a que las autoridades finlandesas reconocen el aumento del desempleo de larga duración como un problema acuciante, hasta ahora no se ha elaborado ninguna estrategia global para combatirlo. Durante la crisis, Finlandia extendió con eficiencia las medidas de su política activa de mercado de trabajo para combatir el desempleo juvenil. Aunque esto ayudó a reducir el desempleo juvenil durante el periodo 2010-2011, sigue estando por encima de la media de la UE, lo cual podría justificar la adopción de nuevas medidas. De igual modo, el reforzamiento y una orientación más precisa de las medidas de la política activa de mercado de trabajo ayudarían a invertir la tendencia negativa del desempleo de larga duración.

(12)

A la vista de los cambios demográficos, incrementar la tasa de empleo de los trabajadores de más edad es importante para las finanzas públicas y crucial para satisfacer la demanda de mano de obra en el futuro. El régimen de pensiones finlandés fue reformado en 2005 y, en 2009, las prestaciones de jubilación se vincularon a un coeficiente de esperanza de vida. Sin embargo, actualmente, la edad de jubilación legal no está vinculada a ese parámetro. Puesto que la esperanza de vida no cesa de aumentar, tal vínculo no solo contribuiría a garantizar la oferta de mano de obra, sino también unas pensiones adecuadas. Aunque los planes de jubilación anticipada se han reducido durante los últimos años, aún podrían adoptarse otras medidas para mejorar los incentivos al empleo entre las personas de edad avanzada. Por ejemplo, la prestación por desempleo ampliada para las personas de edad avanzada funciona en términos generales igual que la abolida pensión de desempleo. Pese a las mejoras logradas durante la pasada década, las tasas de empleo de los trabajadores de más edad y la edad de salida efectiva del mercado de trabajo son demasiado bajas. La invalidez es muy a menudo la causa de la jubilación anticipada. Aumentar la edad efectiva de jubilación exige adoptar medidas que tengan en cuenta también la calidad de la vida laboral, incluidos el bienestar y la salud de los trabajadores. Esto es especialmente importante teniendo en cuenta el elevado número de personas que cobran una pensión de invalidez. Desde 2009, Finlandia ha gastado unos 21 millones de EUR en proyectos para mejorar el entorno de trabajo. La repercusión de estas iniciativas merece ser evaluada. La participación en la formación permanente, que ha sido tradicionalmente muy elevada en Finlandia, seguirá siendo importante ante la aparición de una demanda de nuevas cualificaciones y los cambios demográficos.

(13)

El aumento de la competencia, especialmente en el sector de los servicios, resulta cada vez más importante para impulsar la productividad y mejorar el potencial de crecimiento económico. La alejada situación geográfica de Finlandia y su escasa densidad de población debilitan la competencia empresarial, lo cual tiene como resultado un crecimiento relativamente bajo de la productividad en los sectores de bienes no exportables. Las estructuras empresariales existentes están a veces muy concentradas, sobre todo en la industria alimentaria o en el comercio al por mayor y al por menor. Esto podría contribuir al nivel relativamente alto de los precios al consumo, aunque es posible que influyan también las largas distancias de transporte. Los precios al por menor están entre los más altos de la UE. La competencia en el comercio minorista sigue viéndose parcialmente obstaculizada por la normativa, pese a algunas medidas recientes de flexibilización, y por las barreras que se ponen a las empresas extranjeras y nacionales para incorporarse al mercado y salir de él.

(14)

Algunos compromisos específicos formulados en el Pacto por el Euro Plus no están explícitamente incorporados en el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reforma de Finlandia, pero se espera que se presenten una vez que se haya formado el nuevo Gobierno.

(15)

La Comisión ha evaluado el Programa de Estabilidad y el Programa Nacional de Reforma, y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Finlandia, sino también su conformidad con las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la UE. Considera que deben especificarse medidas de saneamiento a medio plazo y que hacen falta nuevas actuaciones para mejorar la sostenibilidad de las finanzas públicas, en concreto impulsando la productividad del sector público. Es preciso también que se adopten más medidas con el fin de aumentar los incentivos para trabajar y de retrasar la edad efectiva de salida del mercado de trabajo, así como para aumentar la productividad y la competencia en los mercados del sector de los servicios.

(16)

A la luz de la presente evaluación, y teniendo en cuenta la recomendación formulada por el Consejo el 2 de junio de 2010 en virtud del artículo 126, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo ha examinado la actualización de 2011 del Programa de Estabilidad de Finlandia, y su dictamen (3) se refleja particularmente en sus recomendaciones 1 y 2 recogidas a continuación. Teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo de 25 de marzo de 2011, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reforma de Finlandia.

1.

Proseguir el saneamiento presupuestario utilizando cualquier ingreso imprevisto para reducir el déficit, adoptando al mismo tiempo medidas adicionales para mantener la situación presupuestaria por encima del objetivo a medio plazo, en particular observando el índice de referencia pdel gasto a medio plazo.

2.

Adoptar nuevas medidas para incrementar la productividad y ahorrar costes en la prestación de servicios públicos, incluso mediante cambios estructurales, a fin de responder a los desafíos que se derivan del envejecimiento de la población.

3.

Orientar las medidas activas de mercado de trabajo de manera más específica hacia los desempleados de larga duración y los jóvenes.

4.

Adoptar medidas para mejorar la empleabilidad de los trabajadores de más edad y su participación en la formación permanente. En consulta con los interlocutores sociales y siguiendo las prácticas nacionales, adoptar nuevas medidas para incentivar a los trabajadores de más edad a permanecer en el mercado laboral consistentes en reducir la jubilación anticipada y aumentar la edad efectiva de jubilación. Visto el sistema ya existente de vinculación de las prestaciones de jubilación a la esperanza de vida, considerar una interrelación entre la edad de jubilación legal y la esperanza de vida.

5.

Adoptar nuevas medidas para liberalizar más el sector de los servicios, rediseñando el marco normativo y eliminando restricciones para facilitar la incorporación de nuevos operadores a los mercados del sector de los servicios, especialmente en el sector minorista.

22.7.2011   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 216/6

(1)

El 6 de mayo de 2009, el Consejo adoptó la Decisión 2009/459/CE (2) con el fin de poner a disposición de Rumanía una ayuda financiera a medio plazo durante un período de tres años, al amparo de lo dispuesto en el artículo 143 del Tratado. El correspondiente Memorándum de Acuerdo firmado el 23 de junio de 2009 y sus posteriores adendas establecen las condiciones de política económica a las que se supeditaba el desembolso de la ayuda financiera. La Decisión 2009/459/CE fue modificada el 16 de marzo de 2010 por la Decisión 2010/183/UE (3). Tras la satisfactoria aplicación del programa por parte de Rumanía, y habida cuenta de un ajuste parcial de la balanza corriente motivado por la vulnerabilidad del país a los aumentos de los precios internacionales, como consecuencia de las deficiencias estructurales subsistentes en los mercados rumanos de trabajo y de productos, el Consejo adoptó, el 12 de mayo de 2011, la Decisión 2011/288/UE (4), por la que se concede a Rumanía una ayuda financiera a medio plazo con carácter preventivo durante un período de tres años, al amparo del artículo 143 del Tratado. El correspondiente Memorándum de Acuerdo se firmó el 29 de junio de 2011.

(2)

El 26 de marzo de 2010, el Consejo Europeo aprobó la propuesta de la Comisión de iniciar una nueva estrategia para el empleo y el crecimiento, Europa 2020, basada en una mayor coordinación de las políticas económicas, que se centrará en los ámbitos fundamentales en que se requiere actuar para fomentar el potencial de crecimiento sostenible y competitividad de Europa.

(3)

El 13 de julio de 2010, el Consejo adoptó una recomendación sobre directrices generales para las políticas económicas de los Estados miembros y de la Unión (2010-2014) y, el 21 de octubre de 2010, una decisión relativa a las orientaciones para las políticas de empleo de los Estados miembros (5), que juntas forman las «orientaciones integradas». Se invitó a los Estados miembros a tener en cuenta las orientaciones integradas en sus políticas económicas y de empleo.

(4)

El 12 de enero de 2011, la Comisión adoptó el primer Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento, iniciando así un nuevo ciclo de gobernanza económica en la UE y el primer Semestre Europeo de coordinación integrada ex ante de las políticas económicas, en el marco de la Estrategia Europa 2020.

(5)

El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo aprobó las prioridades para el saneamiento presupuestario y la reforma estructural (conforme a las conclusiones del Consejo de 15 de febrero y 7 de marzo de 2011 y en la línea del Estudio Prospectivo Anual sobre el Crecimiento de la Comisión). El Consejo Europeo subrayó la necesidad de conceder prioridad al restablecimiento de unos presupuestos sólidos y de la sostenibilidad de las finanzas públicas, reduciendo el desempleo mediante reformas del mercado de trabajo y realizando nuevos esfuerzos para fomentar el crecimiento, y pidió a los Estados miembros plasmar estas prioridades en medidas concretas que habrían de incluir en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

(6)

El 25 de marzo de 2011, el Consejo Europeo también invitó a los Estados miembros participantes en el Pacto por el Euro Plus a presentar sus compromisos con la debida antelación para su inclusión en sus programas de estabilidad o de convergencia y en sus programas nacionales de reforma.

(7)

El 2 de mayo de 2011, Rumanía presentó la actualización de 2011 de su Programa de Convergencia, relativa al período 2011-2014, y su Programa Nacional de Reforma de 2011. Ambos programas se han evaluado al mismo tiempo.

(8)

Entre 2002 y 2008, la economía rumana experimentó un fuerte crecimiento, con un aumento del PIB real del 6,3 % en promedio, cifra que supera su nivel de crecimiento potencial. El principal motor del crecimiento económico fue la demanda interna, dado que la favorable evolución del crédito y los salarios estimuló el consumo y la inversión privados. Este auge vino impulsado también por las entradas de capital extranjero y dio lugar a un recalentamiento y a desequilibrios externos y presupuestarios insostenibles. El déficit por cuenta corriente alcanzó un máximo del 13,4 % del PIB en 2007 y solo descendió ligeramente hasta el 11,6 % del PIB en 2008. Según la última evaluación de la Comisión sobre la sostenibilidad a largo plazo, los riesgos en relación con la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas parecen elevados. No obstante, dicha evaluación todavía no tiene cuenta las medidas globales de reforma de las pensiones tomadas en 2010, que ha mejorado de manera sustancial la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones rumano. Las considerables necesidades de financiación externa se vieron propiciadas por una política presupuestaria procíclica, que llevó a un aumento del déficit global del 1,2 % del PIB en 2005 al 5,7 % del PIB en 2008, como resultado de las recurrentes desviaciones presupuestarias, sobre todo en lo que respecta a los gastos corrientes. La crisis financiera y la consiguiente contracción de la economía mundial aumentaron la aversión al riesgo de los inversores, lo que restringió de manera significativa las entradas de capital en Rumanía. La participación en el mercado de trabajo no aumentó, pese a la coyuntura favorable, y la tasa de empleo apenas registró variaciones durante los años de bonanza. Posteriormente, esa tasa descendió al 63,3 % en 2010, al tiempo que la tasa de desempleo se incrementaba del 5,8 % en 2008 al 7,3 % en 2010, como consecuencia de la crisis económica. El desempleo se mantiene en cotas particularmente elevadas entre grupos vulnerables, como la población rom. En estas circunstancias y ante las acuciantes necesidades de financiación privada a las se enfrentaban, las autoridades rumanas solicitaron ayuda económica internacional y de la UE en mayo de 2009.

(9)

Tras la satisfactoria aplicación del programa de ajuste UE-FMI, y con objeto de consolidar estos valiosos logros, la UE y el FMI negociaron con las autoridades un programa de carácter preventivo para el período 2011-2013. Este nuevo programa continúa la labor de saneamiento presupuestario, reforma de la gobernanza de las finanzas públicas y mantenimiento de la estabilidad financiera iniciada con el programa 2009-2011. Además, pone un marcado énfasis en las reformas estructurales de los mercados de productos (en los sectores de energía y transportes) y de trabajo que resultan necesarias para liberar el potencial de crecimiento de Rumanía, estimular la creación de empleo e intensificar la absorción de los fondos de la UE. Rumanía sigue en vías de lograr el objetivo de déficit de caja del 4,4 % del PIB en 2011 (menos del 5 % del PIB según las normas SEC). Ello facilitaría también la consecución del objetivo de déficit fijado para 2012, a saber, menos del 3 % del PIB, si bien, de acuerdo con las previsiones de la primavera de 2011 de los servicios de la Comisión, podrían requerirse medidas adicionales. Las autoridades han tomado también medidas para alcanzar los objetivos del nuevo programa en materia de reforma estructural y seguir manteniendo la estabilidad financiera.

(10)

Partiendo de la evaluación del Programa de Convergencia actualizado realizada de conformidad con el Reglamento (CE) no 1466/97, el Consejo considera que el escenario macroeconómico en el que se basan las previsiones del programa es plausible. El Programa de Convergencia apunta a la corrección del déficit excesivo dentro del plazo fijado por el Consejo en su recomendación de 16 de febrero de 2010, esto es, en 2012. El programa pretende alcanzar un déficit global del 2,6 % del PIB en 2013 y del 2,1 % del PIB en 2014, a través de un saneamiento que se basa principalmente en los gastos. Según el saldo estructural recalculado por los servicios de la Comisión, el objetivo a medio plazo no se alcanzará dentro del período que abarca el programa. La estrategia de saneamiento se concentra en los primeros años del programa y la mejora estructural se registrará sobre todo en 2011 y 2012. Por el contrario, el saldo estructural no mejorará en 2013 y 2014. La evolución del déficit prevista es adecuada en 2011 y 2012, pero no en 2013 ni en 2014. Los principales riesgos a los que están expuestos los objetivos presupuestarios se derivan del proceso de ejecución, de los pagos atrasados de las empresas públicas, que constituyen un serio pasivo contingente para el presupuesto, y de las reservas formuladas por la Comisión (Eurostat) sobre la notificación de Rumanía en el marco del procedimiento de déficit excesivo (6). A la vista de lo anterior, Rumanía se ha comprometido a dar prioridad a la mejora de la compilación, en el Instituto Nacional de Estadística, de las estadísticas de finanzas públicas en el marco del SEC-95.

(11)

Rumanía ha plasmado sus compromisos en virtud del Pacto por el Euro Plus en su Programa Nacional de Reforma y su Programa de Convergencia, que se presentaron el 2 de mayo de 2011. En su mayor parte, dichos compromisos se han cumplido, o se están cumpliendo, dentro del programa de ayuda financiera a medio plazo y son globalmente adecuados para hacer frente a los actuales desafíos con arreglo al Pacto.

(12)

La Comisión ha evaluado el Programa de Convergencia y el Programa Nacional de Reforma de Rumanía, incluidos los compromisos contraídos en el marco del Pacto por el Euro Plus y ha tenido en cuenta no solo su pertinencia para la sostenibilidad de la política presupuestaria y la política socioeconómica de Rumanía, sino también su cumplimiento de las normas y orientaciones de la UE, dada la necesidad de reforzar la gobernanza económica global de la UE incluyendo aportaciones a nivel de la UE en las futuras decisiones nacionales.

(13)

A la luz de la presente evaluación, y teniendo en cuenta la recomendación formulada por el Consejo el 16 de febrero de 2010 en virtud del artículo 126, apartado 7, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Consejo ha examinado la actualización de 2011 del Programa de Convergencia de Rumanía y su dictamen (7) se refleja particularmente en la recomendación recogida a continuación. Teniendo en cuenta las conclusiones del Consejo Europeo del 25 de marzo de 2011, el Consejo ha examinado el Programa Nacional de Reforma de Rumanía.

i)

la incertidumbre sobre las repercusiones de algunas empresas públicas en el déficit público;

ii)

la información facilitada acerca de las categorías SEC95 «otras cuentas pendientes de cobro o de pago»;

iii)

la naturaleza y el impacto de ciertas operaciones financieras; y

iv)

la consolidación de los flujos intraestatales.

22.7.2011   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 216/9

1.

El 15 de septiembre de 2010, la Comisión adoptó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los derivados OTC, las contrapartes centrales y los registros de operaciones (en lo sucesivo, la «propuesta»). (3) El objetivo principal de la propuesta es establecer normas comunes con el fin de aumentar la seguridad y la eficiencia de los mercados no regulados derivados.

2.

El SEPD no ha sido consultado por la Comisión, a pesar de lo establecido en el artículo 28, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001 [«Reglamento (CE) no 45/2001»]. Por tanto, el SEPD ha adoptado por iniciativa propia el presente dictamen, sobre la base del artículo 41, apartado 2, del Reglamento (CE) no 45/2001.

3.

El SEPD, consciente de que esta recomendación llega en una fase avanzada del proceso legislativo, considera adecuado y conveniente emitir el presente dictamen. En primer lugar, destaca las posibles repercusiones en materia de protección de datos de la propuesta. En segundo lugar, el análisis presentado en este dictamen tiene una pertinencia directa para la aplicación de la legislación existente y para cualquier otra propuesta pendiente y posible que incluya disposiciones similares, tal como se indica en el apartado 3.4 del presente dictamen.

4.

A raíz de la crisis financiera, la Comisión ha iniciado y presentado una revisión del marco jurídico existente en materia de supervisión financiera para hacer frente a las importantes deficiencias detectadas en este ámbito, tanto en casos concretos como en relación con el sistema financiero en su totalidad. Recientemente, se han adoptado una serie de propuestas legislativas en este ámbito, con el fin de reforzar las disposiciones vigentes en materia de supervisión así como de mejorar la coordinación y la cooperación a escala europea.

5.

La reforma introdujo, en concreto, una mejora del marco de supervisión financiera europea integrado por una Junta Europea de Riesgo Sistémico (4) y un Sistema Europeo de Supervisión Financiera (SESF). El SESF consiste en una red de supervisores financieros nacionales que trabajan en tándem con tres nuevas Autoridades Europeas de Supervisión, es decir, la Autoridad Bancaria Europea (5) (ABE), la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación (6) (AESPJ) y la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) (7). Además, por lo que se refiere a determinados ámbitos o productos financieros la Comisión adoptó una serie de iniciativas específicas para aplicar una reforma de la normativa.

6.

Una de esas iniciativas es la propuesta actual, que aborda los «derivados OTC», es decir, aquellos productos derivados (8) que no son negociados en bolsa, sino que son contratos de carácter privado entre dos contrapartes. La propuesta introduce una obligación tanto para las contrapartes financieras como para las no financieras de cumplir con determinadas condiciones de umbral para que los derivados OTC normalizados se compensen a través de contrapartes centrales. Asimismo, el reglamento propuesto obligará a las contrapartes financieras y no financieras a que notifiquen a un registro de operaciones los datos de cualquier contrato de derivados que hayan suscrito, así como toda modificación del mismo. La propuesta también establece requisitos organizativos y de prudencia armonizados para las contrapartes centrales, así como requisitos organizativos y operativos para los registros de operaciones. De conformidad con lo dispuesto en la propuesta legislativa, mientras que la responsabilidad relativa a la autorización y la supervisión de las contrapartes centrales sigue correspondiendo a las autoridades nacionales, la inscripción y la supervisión de los registros de operaciones se confían enteramente a la AEVM.

7.

El artículo 61, apartado 2, letra d), de la propuesta faculta a la AEVM a «requerir una relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos» (la cursiva es nuestra). Como se explicará más adelante, el ámbito de aplicación de la disposición y, en particular, el significado exacto de la expresión «relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos» no quedan claros. Sin embargo, parece probable — o al menos no puede descartarse esa posibilidad — que dichos registros de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos incluyan datos personales en el sentido de la Directiva 95/46/CE y el Reglamento (CE) no 45/2001 y, hasta cierto punto, de la Directiva 2002/58/CE (actualmente denominada, tras la modificación por la Directiva 2009/136/CE, «Directiva sobre privacidad electrónica»), es decir, datos relativos a las comunicaciones electrónicas de personas físicas identificadas o identificables (9). Mientras este sea el caso, deberá garantizarse que se respeten totalmente las condiciones para un tratamiento leal y legítimo de los datos personales, tal como se establece en las Directivas y el Reglamento.

8.

Los datos relativos al uso de medios de comunicación electrónica pueden implicar un amplio abanico de información personal, como la identidad de las personas que realizan y reciben la llamada, el tiempo y la duración de la misma, la red utilizada, la ubicación geográfica del usuario en caso de dispositivos portátiles, etc. Algunos datos relativos al tráfico sobre el uso de Internet y el correo electrónico (por ejemplo, la lista de sitios web que se han visitado) pueden revelar, asimismo, detalles importantes sobre el contenido de la comunicación. Además, el tratamiento de datos relativos al tráfico entra en conflicto con el secreto de la correspondencia. Respecto a esto, la Directiva 2002/58/CE estableció el principio de que los datos relativos al tráfico deberán eliminarse o hacerse anónimos cuando ya no sean necesarios a efectos de la transmisión de una comunicación (10). Los Estados miembros podrán incluir excepciones en la legislación nacional para fines legítimos específicos, aunque tales medidas deberán ser las necesarias, proporcionadas y apropiadas de una sociedad democrática para la obtención de dichos fines (11).

9.

El SEPD reconoce que los objetivos que persigue la Comisión en este caso son legítimos y éste reconoce la necesidad de iniciativas cuya finalidad consista en reforzar la supervisión de los mercados financieros con el fin de preservar su solidez y ofrecer una mejor protección a los inversores y a la economía en general. Sin embargo, los poderes de investigación directamente relacionados con los datos sobre tráfico, dada su índole potencialmente invasiva, deben cumplir los requisitos de necesidad y proporcionalidad, es decir, deben limitarse a permitir el logro del objetivo que se persigue y no ir más allá de lo necesario para alcanzarlo (12). Desde esta perspectiva, resulta pues esencial que estén formulados de manera clara en relación con el ámbito de aplicación personal y material, así como con respecto a las circunstancias y las condiciones en que podrán ser utilizados. Además, deben establecerse las garantias apropiadas para evitar el riesgo de abusos.

10.

El artículo 61, apartado 2, letra d), establece que: «a fin de ejercer las funciones contempladas en los artículo 51 a 60, 62 y 63 (esto es, funciones relativas a la vigilancia de los registros de operaciones), la AEVM estará facultada para requerir una relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos». Por estar formulada en términos muy generales, la disposición plantea varias dudas en relación con su ámbito material y personal.

11.

En primer lugar, el significado de la expresión «relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos» no está absolutamente claro, por lo que requiere más especificación. La disposición podría hacer referencia a la relación de comunicaciones y tráfico de datos que deben retenerse obligatoriamente en los registros de operaciones en el transcurso de sus actividades. Varias disposiciones del reglamento propuesto hacen referencia a los requisitos de almacenamiento de los registros de operaciones (13). Sin embargo, ninguna de estas disposiciones especifica si los registros de operaciones deben conservar los registros de telecomunicaciones telefónicas y el tráfico de datos ni cuáles son los registros que deben conservarse (14). Por tanto, por lo que si la disposición se refiere a las relaciones conservadas por los registros de operaciones, es fundamental definir con precisión las categorías de comunicaciones telefónicas y de tráfico de datos que deben conservarse y que la AEVM podrá requerir. De conformidad con el principio de proporcionalidad, dichos datos deberán ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los fines de supervisión para los que se traten (15).

12.

El presente caso requiere especialmente una mayor precisión, teniendo en cuenta las importantes sanciones y las multas coercitivas que pueden imponerse a los registros de operaciones y otras personas (incluidas las personas físicas en lo que se refiere a las multas coercitivas) afectadas que hayan cometido una infracción con arreglo al reglamento propuesto (véanse los artículos 55 y 56). Dichas multas podrán alcanzar el 20 % de los ingresos o el volumen de negocios anual del registro de operaciones correspondiente al ejercicio anterior, es decir, un umbral dos veces superior al máximo establecido para las infracciones de la legislación europea en materia de competencia.

13.

Debe resaltarse asimismo que el artículo 67, apartado 4, anteriormente citado, delega en la Comisión la facultad de adoptar normas técnicas reglamentarias en las que se especifique la información que los registros de operaciones pondrán obligatoriamente a disposición de la AEVM y otras autoridades. Esta disposición podría utilizarse, por tanto, para especificar con más detalle los requisitos de conservación de la información de los registros de operaciones y, de ese modo, indirectamente, la facultad de acceso a los registros de comunicaciones telefónicas y de tráfico de datos que se le ha concedido a la AEVM. El artículo 290 del TFUE establece que un acto legislativo podrá delegar en la Comisión los poderes para adoptar actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen determinados elementos no esenciales del acto legislativo. Según opinión del SEPD, el perímetro exacto del poder de acceso a los datos del tráfico no puede considerarse un elemento no esencial del reglamento, por lo cual el ámbito de aplicación material debería quedar especificado directamente en el texto del reglamento y no aplazarse a futuros actos delegados.

14.

Dudas similares aparecen en relación con el alcance personal de la disposición en cuestión. En particular, el artículo 61, apartado 2, letra d), no especifica los destinatarios potenciales a los que podría dirigirse una solicitud que instase a proporcionar los registros de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos. En concreto, no queda claro si las facultades para requerir una relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos estarían limitadas únicamente a los registros de operaciones (16). Dado que la disposición tiene como finalidad permitir a la AEVM que supervise los registros de operaciones, el SEPD opina que dicha facultad debería quedar limitada estrictamente a estos registros.

15.

Por último, el SEPD entiende que el objetivo del artículo 61, apartado 2, letra d), no es habilitar a la AEVM para obtener acceso a los datos del tráfico directamente de las empresas de telecomunicaciones. Ésta parece ser la conclusión lógica, especialmente si tenemos en cuenta el hecho de que la propuesta no se refiere a todos los datos de que disponen las empresas de telecomunicaciones o a los requisitos establecidos por la Directiva sobre privacidad electrónica, tal como se ha mencionado anteriormente en el punto 8 (17). Sin embargo, en aras a una mayor claridad, el SEPD recomienda que dicha conclusión se indique de manera más explícita en el artículo 61, apartado 2, o al menos en uno de los considerandos del reglamento propuesto.

16.

El artículo 61, apartado 2, letra d), no indica las circunstancias ni las condiciones en las que puede requerirse el acceso ni ofrece garantías procesales o salvaguardias significativas contra el riesgo de abusos. En los párrafos siguientes, el SEPD formulará algunas sugerencias concretas en este sentido.

17.

Investir a las autoridades de supervisión de competencias para requerir el acceso a los registos de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos no es una novedad en la legislación europea, ya que dicha facultad ya estaba contemplada en varias directivas y reglamentos existentes relativos al sector financiero, en particular, en la Directiva sobre manipulación del mercado (abuso en el mercado) (20), la Directiva MiFID (21), la Directiva OICVM (22) y el Reglamento sobre agencias de calificación crediticia actual (23), normativas que incluyen disposiciones con una redacción similar. Lo mismo puede decirse de una serie de propuestas recientes adoptadas por la Comisión, en especial, las propuestas de Directiva relativa a los gestores de fondos de inversión alternativos (24), de Reglamento por la que se modifica el Reglamento sobre las agencias de calificación crediticia (25), de Reglamento sobre las ventas en corto y determinados aspectos de las permutas de cobertura por impago (26) y de Reglamento sobre la integridad y la transparencia del mercado de la energía (27).

18.

En lo que respecta a dichos instrumentos legislativos existentes y propuestos, debe hacerse una distinción entre las competencias de investigación concedidas a las autoridades nacionales y la concesión de dichas competencias a las autoridades de la UE. Varios instrumentos obligan a los Estados miembros a conceder la competencia de solicitar registros existentes sobre tráfico de datos y sobre datos telefónicos a las autoridades nacionales «de conformidad con la normativa nacional» (28). Por consiguiente, el ejercicio real de esta obligación queda necesariamente sujeto a la normativa nacional, incluida la normativa de aplicación de la Directiva 95/46/CE y la Directiva 2002/58/CE y otras normas nacionales que incluyen otras garantías procesales para las autoridades nacionales de supervisión e investigación.

19.

Esta condición no está contemplada entre los instrumentos que conceden la competencia de requerir los registros de telecomunicaciones telefónicas y tráfico de datos directamente a las autoridades europeas, como ocurre en la actual propuesta sobre los derivados OTC y la propuesta de Reglamento por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1060/2009 sobre las agencias de calificación crediticia (la «Propuesta sobre las agencias de calificación crediticia»). En consecuencia, en dichos casos es más necesario aún aclarar en el propio instrumento legislativo, el ámbito de aplicación personal y material de esta competencia y las circunstancias y las condiciones en las que puede ser utilizada, y garantizar que se adoptan las adecuadas garantías con el fin de evitar abusos.

20.

En este sentido, las observaciones formuladas en el presente dictamen, aunque tienen por objeto la propuesta relativa a los derivados OTC, también tienen un alcance más general. El SEPD es consciente de que en relación con la legislación ya adoptada, o que está a punto de serlo, estas observaciones llegan demasiado tarde. No obstante, invita a las instituciones a que reflexionen sobre la necesidad de modificar las propuestas pendientes con el fin de tener en cuenta las inquietudes formuladas en el presente dictamen. Asimismo, en lo que a los textos adoptados se refiere, el SEPD invita a las instituciones a que exploren vías para aclarar ciertas cuestiones, por ejemplo, cuándo el ámbito de aplicación de la disposición afectada es susceptible de ser especificado directa o indirectamente en actos delegados o de aplicación, o, por ejemplo, a través de actos que definan los pormenores de los requisitos de conservación de registros, notas de interpretación u otros documentos semejante. (29) El SEPD espera ser consultado oportunamente por la Comisión en el contexto de estos procedimientos relacionados.

21.

El SEPD considera apropiado formular observaciones adicionales en relación con otros puntos de la propuesta referidos a los derechos a la protección de los datos y a la intimidad de las personas físicas.

22.

El considerando 48 señala acertadamente que es fundamental que los Estados miembros y la AEVM protejan el derecho a la intimidad de las personas físicas con relación al tratamiento de datos personales, de conformidad con la Directiva 95/46/CE. El SEPD acoge positivamente la inclusión de dicha referencia a esta Directiva en el considerando. Sin embargo, el significado de este considerando podría aclararse más si se especificase que las disposiciones del Reglamento se entienden sin perjuicio de las normas nacionales de aplicación de la Directiva 95/46/CE. Principalmente, esta referencia podría incluirse asimismo en una disposición sustantiva.

23.

Asimismo, el SEPD destaca que la AEVM es un organismo europeo sujeto al Reglamento (CE) no 45/2001 y a la supervisión del SEPD. Por tanto, se recomienda introducir una referencia explícita a este Reglamento, especificando también que las disposiciones de la propuesta se entienden sin perjuicio de lo dispuesto en dicho Reglamento.

24.

Uno de los principales objetivos del reglamento propuesto es mejorar la transparencia del mercado de derivados OTC y la supervisión reglamentaria de dicho mercado. Para alcanzar este objetivo, la propuesta obliga a las contrapartes financieras y no financieras a que cumplan determinadas condiciones umbral con el fin de notificar al registro de operaciones los datos de todo contrato de derivados OTC que hayan suscrito, así como toda modificación o resolución de un contrato (artículo 6) (30). Dicha información está destinada a ser conservada por los registros de operaciones y que éste deberá ponerlo a disposición de diversas autoridades para fines reglamentarios (artículo 67) (31).

25.

En caso de que una de las partes de un contrato de derivados sujeto a las obligaciones de compensación y de declaración mencionadas anteriormente sea una persona física, la información sobre dicha persona son datos personales en el sentido de lo dispuesto en el artículo 2, letra a), de la Directiva 95/46/CE. El cumplimiento de las citadas obligaciones, por tanto, constituye un tratamiento de datos personales según el artículo 2, letra b), de la Directiva 95/46/CE. Incluso en caso de que las partes de la transacción no fueran personas físicas, los datos personales podrán tratarse en el marco de los artículos 6 y 67, como por ejemplo, los nombres e información de contacto de los directores de las empresas. Las disposiciones de la Directiva 95/46/CE (o del Reglamento (CE) no 45/2001 según sea pertinente) resultarían, por tanto, de aplicación a las operaciones actuales.

26.

Un requisito básico de la ley de protección de datos es que la información debe ser procesada con fines determinados, explícitos y legítimos y que no puede ser procesada posteriormente de manera incompatible con dichos fines (32). Por otra parte, los datos utilizados para lograr los fines deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los mismos. Tras analizar el reglamento propuesto, el SEPD llega a la conclusión de que el sistema establecido en la propuesta no cumple estos requisitos.

27.

En relación con la limitación a una finalidad específica, debe destacarse que la propuesta no especifica el sistema de notificación y, lo que es más importante, los fines para los que las autoridades competentes pueden acceder a la información conservada por los registros de operaciones, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 67 de la propuesta. La referencia general a la necesidad de mejorar la transparencia del mercado de derivados OTC es claramente insuficiente para cumplir con el principio de limitación a una finalidad específica. Dicho principio se ve comprometido aún más en el artículo 20, apartado 3, del reglamento propuesto en relación con el «secreto profesional», que con su redacción actual, parece permitir el uso de información confidencial recibida con arreglo a lo dispuesto en el reglamento propuesto para una serie de fines adicionales que no se especifican con claridad (33).

28.

La propuesta tampoco especifica el tipo de datos que serán grabados, comunicados o a los que se podrá acceder, incluidos los datos personales de personas físicas identificadas o identificables. Los artículos 6 y 67 anteriormente mencionados facultan a la Comisión a que especifique con más detalle en actos delegados el contenido de las obligaciones de comunicación y de conservación de la información. Aunque el SEPD comprende la necesidad práctica de emplear este procedimiento, desea subrayar que, cuando la información que está siendo tratada con arreglo a los artículos mencionados se refiera a personas físicas, las principales normas y garantías de protección de datos deben establecerse en la ley básica.

29.

Por último, el artículo 6 de la Directiva 46/95/CE y el artículo 4 del Reglamento (CE) no 45/2001 exigen que los datos personales sean conservados en una forma que permita la identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para los fines para los que fueron recogidos. El SEPD destaca que la propuesta no establece ningún plazo de prescripción concreto para la conservación de datos personales que puedan procesarse según los artículos 6, 27 y 67 del reglamento propuesto. Los artículos 27 y 67 establecen solo que la documentación pertinente deberá conservarse durante un período mínimo de diez años. Sin embargo, únicamente indica un período de conservación mínimo, lo cual contradice claramente los requisitos establecidos en la legislación en materia de protección de datos.

30.

Teniendo en cuenta lo anterior, el SEPD insta al legislador a que especifique el tipo de información personal que se puede procesar con arreglo a la propuesta, defina los fines para los que las diversas entidades afectadas pueden tratar datos personales y establezca un período de conservación de los datos preciso, necesario y proporcionado para dicho tratamiento.

31.

El artículo 61, apartado 2, letra c), faculta a la AEVM para realizar inspecciones in situ con o sin previo aviso. No queda claro si dichas inspecciones quedarían limitadas a las dependencias profesionales del registro de operaciones o si se aplicarían también a los locales privados o propiedades de personas físicas. El artículo 56, apartado 1, letra c), al facultar a la Comisión, a instancia de la AEVM, para imponer a toda persona empleada por un registro de operaciones, que trabaje para un registro de operaciones o que tenga relación con un registro de operaciones, multas coercitivas a fin de obligarla a someterse a una investigación iniciada por la AEVM de conformidad con el artículo 61, apartado 2, podría sugerir (de manera involuntaria) lo contrario.

32.

Sin entrar en más detalles sobre este punto, el SEPD recomienda que se limite la competencia para realizar inspecciones in situ (y la competencia relacionada para imponer multas coercitivas con arreglo al artículo 56) únicamente a las dependencias profesionales de los registros de operaciones y a otras personas jurídicas sustancial y claramente relacionadas con dichos registros (34). En caso de que la Comisión efectivamente contemple efectuar inspecciones en las instalaciones no comerciales de personas físicas, esto debería dejarse claro y deberían preverse requisitos más estrictos, para garantizar que se cumplen los principios de necesidad y proporcionalidad (en especial en lo que se refiere a la indicación de las circunstancias y las condiciones en las que pueden realizarse las inspecciones).

33.

Varias disposiciones del reglamento propuesto permiten amplios intercambios de datos y de información entre la AEVM, las autoridades competentes de los Estados miembros y las autoridades competentes de terceros países (véanse en particular los artículos 21, 23 y 62). Los intercambios de datos con terceros países serán posibles cuando una contraparte central o registro de operaciones reconocidos presten servicios a entidades reconocidas en la Unión. En la medida en que la información y los datos intercambiados afecten a personas físicas identificadas o identificables, serán de aplicación, llegado el caso, los artículos 7 a 9 del Reglamento (CE) no 45/2001 y los artículos 25-26 de la Directiva 95/46/CE. En particular, las transmisiones a terceros países únicamente podrán tener lugar cuando dichos países garanticen un nivel de protección suficiente o cuando sea de aplicación una de las excepciones pertinentes de la legislación en materia de protección de datos. En aras a la claridad, debería incluirse una referencia explícita al Reglamento (CE) no 45/2001 y a la Directiva 95/46/CE, indicando que dicha transmisión debe atenerse a las normas aplicables previstas, respectivamente, en el Reglamento o en la Directiva.

34.

De conformidad con el principio de limitación a una finalidad específica (35), el SEPD recomienda asimismo introducir límites claros en relación con el tipo de información personal que puede intercambiarse y definir los fines para los que pueden intercambiarse datos personales.

35.

El artículo 68 de la propuesta incluye una serie de obligaciones de presentación de informes de la Comisión relativas a la aplicación de varios elementos del reglamento propuesto. El SEPD recomienda introducir asimismo una obligación para la AEVM de informar periódicamente sobre el uso de sus competencias de investigación y, en particular, sobre la facultad de requerir relaciones de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos. A la luz de las conclusiones del informe, la Comisión también debe poder hacer recomendaciones, incluso, en su caso, propuestas de revisión del Reglamento.

36.

La presente propuesta faculta a la AEVM a «requerir una relación de comunicaciones telefónicas y tráfico de datos» con el fin de ejercer las funciones relativas a la supervisión de los registros de operaciones. Para que dicha facultad pueda considerarse necesaria y proporcionada, deberá limitarse a permitir el logro del objetivo que se persigue y no ir más allá de lo que es necesario para alcanzarlo. En su formulación actual, la disposición en cuestión no cumple estos requisitos, ya que está redactada de en términos muy generales. En particular, no se ha especificado de manera suficiente el ámbito personal y material la facultad ni las circunstancias y las condiciones en que puede utilizarse.

37.

Las observaciones incluidas en el presente dictamen, aunque tienen como fin la propuesta relativa a los derivados OTC, también tienen una pertinencia directa para la aplicación de la legislación existente y para cualquier otra propuesta pendiente y posible que incluya disposiciones similares. Esto es válido, en particular, cuando la facultad en cuestión se confía, como es el caso de la propuesta actual, a una autoridad europea sin incluir referencia a las condiciones y procedimientos específicos establecidos en las legislaciones nacionales (p. ej., la Propuesta sobre las agencias de calificación crediticia).

38.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, el SEPD recomienda al legislador:

39.

En lo que respecta a otros aspectos de la propuesta, el SEPD se remite a las observaciones formuladas en el apartado 4 del presente dictamen. En particular, el SEPD recomienda al legislador:

22.7.2011   

ES

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C 216/17

Ministry of Agriculture and Forestry

Pastoral House

25 The Terrace

Wellington

NEW ZEALAND

Ministry of Agriculture and Forestry

PO Box 2526

Wellington 6140

NEW ZEALAND

Tel. +64 48940100

Fax +64 48940720

E-mail: nzfsa.info@maf.govt.nz

Internet: http://www.maf.govt.nz

22.7.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 216/18

—

en la sección de concentraciones del sitio web de competencia de la Comisión (http://ec.europa.eu/competition/mergers/cases/). Este sitio web permite localizar las decisiones sobre concentraciones mediante criterios de búsqueda tales como el nombre de la empresa, el número de asunto, la fecha o el sector de actividad,

—

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm) con el número de documento 32011M6151. EUR-Lex da acceso al Derecho comunitario en línea.

22.7.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 216/19

—

la identificación de los documentos mediante un sistema de referencias uniforme,

—

el acceso directo a los documentos, en particular los legislativos,

—

la información en caso de que los documentos no estén directamente accesibles en formato electrónico, en aplicación de los artículos 4 y 9 del Reglamento (CE) no 1049/2001.

—

del control del registro en el RER de los documentos elaborados o recibidos por el Parlamento Europeo,

—

de la recepción y el tratamiento de las solicitudes de acceso en formato escrito o electrónico en un plazo de 15 días laborables que, en su caso, se prolongará,

—

del envío de un acuse de recibo,

—

de la asistencia al solicitante para precisar el contenido de la solicitud y de la concertación con el solicitante para las solicitudes de documentos muy largos o complejos,

—

de la facilitación del acceso del solicitante a los documentos ya publicados,

—

de la coordinación de la respuesta con el servicio autor o en posesión del documento o con la persona habilitada cuando la solicitud se refiera a un documento que no figure en el registro, o bien cuando la solicitud se refiera a un documento sujeto a las limitaciones previstas en los artículos 4 y 9 del Reglamento (CE) no 1049/2001,

—

de la consulta de terceros en aplicación del apartado 4 del artículo 4 del Reglamento (CE) no 1049/2001.

—

el documento solicitado ya ha sido divulgado por su autor en virtud de las disposiciones del Reglamento (CE) no 1049/2001 o de disposiciones análogas;

—

la divulgación de su contenido, en su caso parcial, no atenta de forma manifiesta contra uno de los intereses señalados en los artículos 4 y 9 del Reglamento (CE) no 1049/2001.

22.7.2011   

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C 216/25

22.7.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 216/26

—

Permiso de residencia con una validez temporal: válido de tres meses hasta un máximo de tres años. Se expide por las siguientes razones:

—

Carta di soggiorno con validità permanente e rilasciata prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 che attua la direttiva 2003/109/CE per i soggiornanti di lungo periodo, equiparata dal decreto legislativo al permesso di soggiorno CE per i soggiornanti di lungo periodo (Tarjeta de residencia con validez permanente y expedida antes de la entrada en vigor del Decreto Legislativo no 3 de 8 enero 2007; dicha tarjeta se ajusta a la Directiva 2003/109/CE y el Decreto Legislativo la hace equivalente al permiso de residencia para residentes de larga duración CE)

—

Carta di soggiorno per familiari di cittadini dell'UE che sono i cittadini di paesi terzi con validità fino a cinque anni (Tarjeta de residencia para miembros de la familia de ciudadanos de la UE que son nacionales de terceros países: validez de hasta cinco años)

—

Carta d'identità M.A.E.: (Documento de identidad expedido por el Ministerio de Asuntos Exteriores)

Nota: los modelos 6 (color naranja) y 9 (color verde), respectivamente previstos para el personal de las organizaciones internacionales que no goza de ninguna inmunidad y para los cónsules honorarios extranjeros, ya no se expiden y han sido sustituidos por el modelo 11. Estos documentos siguen siendo válidos, no obstante, hasta la fecha de expiración que en ellos se menciona.

En el reverso de los documentos de identidad se añadirá el siguiente texto: «Este documento de identidad exime a su titular de la posesión de un permiso de residencia y, junto a un documento de viaje válido, autoriza a su titular a entrar en el territorio de cualquier Estado Schengen».

—

Lista de los participantes en un viaje escolar dentro de la Unión Europea.

22.7.2011   

ES

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C 216/29

—

Algemene wet bestuursrecht

—

Subsidieverordening inrichting landelijk gebied 2007 (provincie Noord-Brabant)

—

Tijdelijke subsidieregeling inrichting landelijk gebied

—

Beschikking betreffende de toekenning van een subsidie voor het project „Fosfaat, natuur en landbouw”

Provincie Noord-Brabant

Brabantlaan 1

Postbus 90151

5200 MC 's-Hertogenbosch

NEDERLAND

Waterschap De Dommel

Bosscheweg 56

Postbus 10001

5280 DA Boxtel

NEDERLAND

Regione Lazio

Dipartimento Istituzionale e Territorio

Direzione regionale Agricoltura

Via C. Colombo 212

00147 Roma RM

ITALIA

22.7.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 216/31

22.7.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 216/32

1.

El 14 de julio de 2011, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual la empresa Ashland Inc («Ashland», Estados Unidos) adquiere el control, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de concentraciones, de la totalidad de International Specialty Products Inc («ISP», Estados Unidos) mediante la adquisición de acciones.

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.6313 — Ashland/International Specialty Products, a la siguiente dirección:

22.7.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 216/33

1.

El 15 de julio de 2011, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual la empresa AIF VII Euro Holdings, L.P. («AIF VII»), fondo de inversión gestionado por Apollo Management VII L.P., afiliada a Apollo Management L.P. (colectivamente, «Apollo», EE.UU.) adquiere el control, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b), del Reglamento comunitario de concentraciones, de la totalidad de la empresa Ascometal SA (Francia) de Sideris Steel S.A.S., filial indirecta de Lucchini SpA que es parte de OAO Severstal mediante adquisición de acciones.

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de concentraciones. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas concentraciones en virtud del Reglamento comunitario de concentraciones (2), este asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado establecido en dicha Comunicación.

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax (+32 22964301), por correo electrónico a COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.6276 — AIF VII Euro Holdings/Ascometal, a la siguiente dirección: