ISSN 1725-244X

doi:10.3000/1725244X.C_2011.021.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 21

European flag  

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

54o año
21 de enero de 2011


Número de información

Sumario

Página

 

I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

 

DICTÁMENES

 

Comité Económico y Social Europeo

 

463a sesión plenaria de los días 26 y 27 de mayo de 2010

2011/C 021/01

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema La necesidad de aplicar un planteamiento integrado a la rehabilitación urbana (Dictamen exploratorio)

1

2011/C 021/02

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Iniciativas colectivas de la sociedad civil para un desarrollo sostenible (Dictamen de iniciativa)

9

2011/C 021/03

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre El comercio internacional y el cambio climático

15

2011/C 021/04

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Las relaciones UE-ASEAN

21

2011/C 021/05

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema El 28o régimen — Una alternativa para legislar menos a nivel comunitario (Dictamen de iniciativa)

26

2011/C 021/06

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Productos financieros socialmente responsables (Dictamen de iniciativa)

33

2011/C 021/07

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema La profesionalización del trabajo doméstico (Dictamen adicional)

39

 

III   Actos preparatorios

 

Comité Económico y Social Europeo

 

463a sesión plenaria de los días 26 y 27 de mayo de 2010

2011/C 021/08

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Opciones de etiquetado del bienestar animal y establecimiento de una Red Europea de Centros de Referencia para la Protección y el Bienestar de los AnimalesCOM(2009) 584 final

44

2011/C 021/09

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: La inversión en el desarrollo de tecnologías con baja emisión de carbono (Plan EETE)COM(2009) 519 final

49

2011/C 021/10

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Plan de Acción de Movilidad UrbanaCOM(2009) 490 final

56

2011/C 021/11

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre investigación y prevención de accidentes e incidentes en la aviación civilCOM(2009) 611 final — 2009/0170 (COD)

62

2011/C 021/12

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Decisión del Consejo sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros — Parte II de las Directrices Integradas Europa 2020COM(2010) 193 final

66

ES

 


I Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

DICTÁMENES

Comité Económico y Social Europeo

463a sesión plenaria de los días 26 y 27 de mayo de 2010

21.1.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 21/1


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La necesidad de aplicar un planteamiento integrado a la rehabilitación urbana» (Dictamen exploratorio)

2011/C 21/01

Ponente: Angelo GRASSO

El 2 de diciembre de 2009 el Ministerio de Vivienda de España, en nombre de la Presidencia española y de conformidad con lo establecido en el artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, pidió al Comité Económico y Social Europeo que elaborase un dictamen exploratorio sobre el tema:

«La necesidad de aplicar un planteamiento integrado a la rehabilitación urbana».

La Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, formuló su dictamen el 4 de mayo de 2010.

En su 463o Pleno de los días 26 y 27 de mayo de 2010 (sesión del 26 de mayo), el Comité Económico y Social Europeo aprobó el siguiente dictamen por 87 votos a favor, 4 votos en contra y 2 abstenciones.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1   La ciudad se ha convertido en la práctica en un sistema que derrocha energía, pero también es una de las principales causas del cambio ambiental. Por lo tanto, una acción coordinada a escala europea para un desarrollo más decidido de políticas de regeneración urbana es uno de los medios más importantes para luchar contra las emisiones nocivas de CO2 y el cambio climático.

1.2   El CESE se muestra partidario de una estrategia de intervenciones urbanas o metropolitanas para la regeneración arquitectónica, urbanística, social y ambiental de los barrios degradados.

1.3   Sin embargo, los instrumentos de planificación territorial convencionales todavía no resultan adecuados para este tipo de planteamiento, en parte porque las ciudades se diferencian unas de otras por su ubicación, situación y prestaciones urbanas, y por ello no es posible proponer soluciones uniformes. Así, el CESE propone a la UE que desarrolle instrumentos de intervención articulados en un sistema de indicadores de calidad urbana, basados en umbrales estándar de degradación sociourbanística y ambiental, y que elabore, al mismo tiempo, índices de regeneración urbana para medir la eficiencia administrativa, el índice de éxito de la intervención y el de satisfacción de los habitantes.

1.4   A tal efecto, recordando algunas propuestas presentadas por el CESE en otros dictámenes, defendemos que para profundizar y ampliar el debate europeo sobre ciudades sostenibles se acepte la idea de constituir un Grupo de alto nivel de la UE sobre «Desarrollo urbano y sostenibilidad» (1).

1.5   Para poner en marcha un «nuevo renacimiento urbano», que dé prioridad a un modelo integrado de regeneración urbana y que centre su atención en los cambios demográficos de la población, la cohesión social, la revisión de la base económica urbana, la revalorización del patrimonio natural, los procesos de desmaterialización, la eficiencia energética en la ciudad y la biodiversidad, el CESE sostiene que es necesaria una sólida colaboración entre todos los niveles de gobierno (Comisión, gobiernos nacionales, regiones y entes municipales), caracterizada por una aplicación más flexible y menos rígida del principio de subsidiariedad, y no únicamente a través de un marco jerárquico de competencias. A tal efecto, se solicita la promoción de redes temáticas entre ciudades que favorezcan la implantación de procesos de regeneración urbana sostenible.

1.6   El incremento de la eficiencia energética de edificios e infraestructuras debe ser un factor estratégico del compromiso político por la regeneración urbana en la UE a causa de los beneficios que genera en términos de reducción de demanda de energía, y por la significativa creación de nuevos puestos de trabajo que crearía en Europa. El CESE desea que la UE persiga estos objetivos, gracias a la creciente integración con los programas sectoriales que está preparando en materia de: política de innovación de la UE; política de transportes de la UE 2010-2020 (Libro Blanco sobre transporte sostenible en Europa) o el Plan EETE (Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética). Además, apuesta por multiplicar las inversiones con el incremento, a través del BEI, de los instrumentos financieros a su disposición (Jessica, Jaspers, etc.) y la promoción de asociaciones público-privadas eficaces.

1.7   Deseamos que la integración de los sistemas de transporte sostenible con el sistema energético se convierta en el cimiento de una política de regeneración urbana. Además, esta política de integración debe recibir el apoyo financiero de la UE destinado a las redes de transporte sostenible y a las políticas de energías alternativas indispensables para la regeneración de las periferias.

1.8   También propugna que los Estados miembros adopten políticas fiscales de estímulo para animar a los ciudadanos a colaborar en el objetivo de transformar todos los edificios de la ciudad en generadores de energía.

1.9   El CESE pide que se promueva el desarrollo cultural y las acciones empresariales, en particular, en el sector de las pymes que sean capaces de encontrar soluciones innovadoras en materia de rehabilitación y de creación de empleos verdes.

1.10   El CESE opina, además, que para promover una mayor participación responsable de los ciudadanos en el desarrollo de programas de regeneración urbana integrada, es necesario mantener un proceso de diálogo y consulta con las comunidades de los centros urbanos, en particular, las mujeres, los jóvenes y las personas con riesgo de exclusión. Se debería poner en marcha, en colaboración con las redes de representación de los ciudadanos y sectores, una campaña publicitaria de alcance europeo sobre las posibilidades concretas de ahorro derivadas de la producción de energías limpias. La campaña actual no está bien dirigida al público objetivo y dispone de recursos muy limitados.

1.11   Para ser competitivas respecto a las megalópolis asiáticas, las políticas de regeneración urbana de las ciudades europeas deben conjugar la tradicional reconversión de espacios físicos con la desmaterialización, representada por las tecnologías de las telecomunicaciones, conservando así el medio ambiente y evitando que las ciudades se conviertan, una vez más, en devoradoras de espacios verdes.

1.12   El CESE considera vital, asimismo, poner en marcha un importante proceso de formación para crear una clase dirigente con el objetivo de aumentar la responsabilidad, la creatividad y la calidad. Es decir, para aumentar su capacidad de elegir de una manera responsable, creativa e informada, capaz de tomar decisiones certeras que guíen las políticas de regeneración y desarrollo urbano, coherentes con los objetivos de crecimiento sostenible de la UE. Al mismo tiempo, el CESE reafirma la utilidad de la colaboración con la Dirección General de Política Territorial, y apuesta por reforzar esa colaboración. Sin embargo, el Comité opina que son indispensables también la oportunidad y la necesidad de potenciar el núcleo operativo que se ocupa de las políticas urbanas de la DG Política Regional para acelerar los procesos de aplicación de los programas de desarrollo que la Comisión desea emplear.

2.   Introducción

2.1   En los últimos diez años la Carta de Leipzig sobre las Ciudades Europeas Sostenibles (mayo de 2007) se ha convertido en uno de los testimonios más importantes de la voluntad de los Estados miembros de acordar estrategias y principios comunes para las políticas de planificación urbana, y el debate sobre las políticas urbanas se ha intensificado notablemente en la UE. A su vez, la Presidencia española de la UE está dedicando mucha atención a ese asunto y ha solicitado al CESE y al Comité de las Regiones una reflexión y una aportación al debate con ocasión de la reunión informal de ministros europeos.

2.2   La reflexión concierne a algunas cuestiones importantes que hay que resolver en las ciudades a través de políticas de regeneración urbana para conseguir, mediante un planteamiento integrado, un grado de sostenibilidad urbana adecuado a distintas necesidades:

la eficiencia energética del parque inmobiliario europeo, cuya obsolescencia es también fuente de emisiones nocivas, con grave daño para la calidad de vida en las ciudades, mediante la creación de empleo y el estímulo de la innovación y el desarrollo tecnológico,

una mayor cohesión social a través de un programa integrado de regeneración de los barrios degradados, para conseguir la integración social, luchar contra la exclusión, impartir formación, etc.,

la sostenibilidad ambiental, también por medio de la regeneración urbana de los barrios degradados, la adecuación del parque inmobiliario existente a los objetivos de eficiencia energética, habitabilidad y accesibilidad, con objeto de evitar que se sigan consumiendo espacios verdes.

3.   Planificación urbana integrada

3.1   La protección del medio ambiente en los diversos niveles urbanos y la mejora de la calidad de vida de las personas deben constituir uno de los objetivos operativos más importantes de las políticas regionales de los Estados miembros y de la UE.

3.2   El CESE pretende confirmar con este dictamen su consenso respecto a la necesidad de desarrollar políticas integradas de regeneración urbana, tal y como se define en el programa de la Estrategia Europa 2020 y en el programa de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea. (2)

3.2.1   El CESE, de hecho, apoya el contenido del documento Europa 2020 y está de acuerdo con las líneas operativas que se expresan en el sentido de que las políticas de regeneración deben tener en cuenta algunos conceptos innovadores:

la mejora de los recursos humanos, en particular, por lo que respecta a las necesidades de la población mayor; la integración de los nuevos inmigrantes; la erradicación de la pobreza, sobre todo la infantil, y el aumento de la solidaridad intergeneracional,

el crecimiento basado en el conocimiento,

el desarrollo de una sociedad participativa y creativa,

el desarrollo de una economía competitiva, interconectada, que tenga en cuenta los aspectos de mercado sociales y ecológicos.

3.2.2   El CESE considera que el programa de la Presidencia española es coherente con todos los conceptos expuestos ya que, de conformidad con lo establecido en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, intenta reforzar el objetivo de garantizar el derecho de ciudadanía y la defensa de los derechos fundamentales.

3.2.3   Estos objetivos potencian una idea de regeneración urbana que incluye una fuerte interdependencia entre la calidad de los espacios y la calidad de la acogida, es decir, una regeneración abierta a todos los ciudadanos, con independencia de su lengua, procedencia o religión.

4.   Algunas cuestiones urbanas

4.1   Conforme a los principios enunciados en los documentos citados, el concepto de regeneración debe hacer frente a un sistema de cambios importantes en la forma y naturaleza de la ciudad (3):

la dispersión urbana (urban sprawl) o el concepto de «ciudad difusa» con su elevado consumo de suelo y sus deseconomías de escala,

la decadencia del carácter funcional de las ciudades, con la crisis de los centros históricos, la degradación de zonas periféricas y de las áreas productivas,

la prevalencia de respuestas a la crisis sustancialmente conservadoras, es decir, poco imaginativas y creativas, pero sobre todo poco acordes con un mundo globalizado,

la sustitución del sistema de «funciones» por un sistema de «contenedores», que deben ser consideraros lugares complejos y altamente deteriorables, en zonas metropolitanas indiferenciadas,

la pérdida del sentido del límite de la ciudad, que conserva su carácter administrativo, pero que tiende a perder su sentido geográfico, simbólico y político,

la erosión de las zonas verdes que rodean la ciudad, con grandes pérdidas para la producción biótica,

el aumento de los tiempo dedicado a desplazarse del domicilio al lugar de trabajo, lo que incide negativamente en la calidad de vida,

los espacios urbanos, incluso los tradicionales, tienden hoy en día a configurarse como espacios cerrados y especializados: zonas «residenciales» (sin nada más); parques temáticos dedicados al ocio; instrucción limitada a la escuela o el campus; cultura centrada en museos y teatros, etc. El espacio cerrado exalta la supremacía de lo privado (ya sea como estilo de vida o como concepto y práctica legal), en detrimento de las necesidades de la comunidad.

4.2   A la lógica de los espacios cerrados se debe contraponer la de los espacios infinitos, representados por las relaciones inmateriales, en las que la noción de tiempo tiende a sustituir a la de distancia física.

4.3   Por lo tanto, la regeneración de los espacios urbanos debe conjugar la reconversión tradicional de los espacios físicos con la desmaterialización, que encuentra en las tecnologías de las telecomunicaciones su máxima expresión. El problema que debe resolverse en última instancia es el dilema entre la mente, que ahora razona en términos de ubicuidad, y el cuerpo, que necesita raíces y no puede estar continuamente en movimiento sino que pide estar organizado en lugares y espacios de calidad.

4.4   El proceso de regeneración será, por tanto, el resultado de la sinergia y la integración de tres dimensiones de la ciudad:

—   la ciudad ágora: centrada en la persona, con una total armonía entre los asentamientos y el espacio urbano, entre la cohesión social y el desarrollo económico,

—   la ciudad glocal (global/local): producto de un mejor equilibrio entre los procesos de globalización y la capacidad de valorar los recursos locales y las diversas actitudes y características específicas,

—   la ciudad sostenible: debe ser capaz de resolver por sí misma los problemas que genera, sin transferirlos al exterior ni a las futuras generaciones.

5.   Un modelo holístico para la regeneración urbana

5.1   El Comité desea que se ponga en marcha un «nuevo renacimiento urbano» (4), caracterizado por:

el aumento de la cohesión social,

la renovación cultural,

la revisión de la base económica urbana, para hacer frente a la actual recesión,

la mejora del patrimonio natural, gracias a los procesos de desmaterialización y al crecimiento de la biodiversidad.

5.2   Una política basada en el concepto de «nuevo renacimiento urbano» amplía el significado del Plan Europeo de Recuperación Económica en Regiones y Ciudades (EERP), (5) al interpretar el importante papel de los entes locales en la superación de la crisis como un hecho estructural, destinado a incidir no solo en la crisis económica, sino en la revaloración de todos los recursos de nuestras comunidades.

5.3   Así, se conformaría un modelo integrado de regeneración urbana, configurable como articulación espacial del nuevo pacto ecológico  (6) en el que el sistema holístico de las intervenciones relativas a los recursos humanos, naturales y físicos debería tener como referencia importante una nueva definición de la riqueza, basada no solo en la acumulación, sino sobre todo en el ahorro de recursos y en el aumento del nivel de bienestar de los ciudadanos (7).

Este modelo implica un ejercicio de liderazgo por parte de las autoridades locales que facilite la implicación activa de los ciudadanos y de la economía de cada territorio para acelerar el desarrollo de los mercados y de las tecnologías verdes. La propuesta de un Grupo de alto nivel para el desarrollo sostenible puede facilitar la promoción y crecimiento de redes temáticas entre las ciudades, también las medianas y pequeñas, para la consecución de estos objetivos.

6.   El sistema holístico de las intervenciones de regeneración urbana comprende:

6.1   Recursos humanos

6.1.1   Es necesario conjugar armónicamente el objetivo de la Estrategia de Lisboa de «construir una sociedad más competitiva gracias al aumento del conocimiento y de la creatividad» con el objetivo del Programa Europa 2020, donde se subraya la importancia de estimular procesos de cohesión mediante políticas de apoyo para los grupos vulnerables, especialmente los mayores; el aumento del nivel de integración, en particular de los nuevos inmigrantes; la erradicación de la pobreza y el aumento de la solidaridad intergeneracional.

6.1.2   La UE ha concedido espacio cultural y práctico:

para el desarrollo de la creación de comunidades, con objeto de permitir el acceso a la planificación urbanística de todo tipo de partes interesadas: organizaciones técnico-profesionales (urbanistas, arquitectos, ingenieros, etc.), de emprendedores y de la vivienda,

para el desarrollo de nuevos conocimientos y del principio de creatividad, mediante la promoción de nuevas formas de investigación y de enseñanza en las que se han implicado las universidades, y con el estímulo de formas de planificación creativa de las ciudades. (8) El mejor modo de aumentar la eficacia de estos procesos de apertura es promover formas de asociación público-privadas.

6.1.3   Estas políticas deben plantearse de nuevo para que:

promuevan prácticas de «buen gobierno» de las ciudades, incluidas las zonas periurbanas y rurales, con el objetivo de aumentar, además del bienestar económico, el bienestar psicológico, espiritual y social,

tengan en cuenta el importante problema que es la creación de empleo, en particular para los jóvenes e inmigrantes, además de la reconversión de los trabajadores de oficina y los obreros tradicionales, a los que tan duramente ha afectado la crisis actual. En este sentido, el CESE sugiere que se promueva un «ejército del carbón», como resultado de los nuevos empleos creados por la reconversión sostenible de las ciudades.

6.1.4   Las tendencias demográficas indican que en 2060 más de la mitad de la población tendrá una edad superior a los 48 años; si tenemos en cuenta los flujos migratorios, especialmente de los jóvenes hacia las ciudades, continuará el declive de las regiones rurales y menos favorecidas. En este contexto, deberán tenerse en cuenta las siguientes intervenciones a nivel local:

el desarrollo de una cultura que genere sinergias entre el emprendimiento público y el privado, que haga crecer a las pymes y estimule una comunidad urbana basada en la participación y en la creatividad;

el desarrollo de mecanismos que mejoren el diálogo y la consulta con las comunidades urbanas, lo que incluye a las mujeres, los jóvenes y aquellas personas con mayor riesgo de exclusión;

la mejora del nivel de vida gracias a soluciones innovadoras para las viviendas sociales sostenibles, la atención sanitaria y el sistema educativo;

6.1.5   Los nuevos empleos que se crearían a consecuencia del nuevo pacto ecológico y de la reducción de las emisiones requieren de políticas de formación y divulgación. Es necesario esforzarse por:

facilitar el acceso a las plataformas informativas de la UE (sobre medio ambiente, uso eficiente de la energía, transportes, economía, etc.)

conectarse al programa de Comunidades de Conocimiento e Innovación (CCI) del EIT (Instituto Europeo de Innovación y Tecnología) para asegurar una transferencia rápida a los entes locales de las nuevas tecnologías

desarrollar una sólida estrategia de divulgación de las mejores prácticas con respecto a la integración de las tecnologías verdes en las comunidades urbanas.

6.2   Recursos naturales

6.2.1   La supremacía de los recursos naturales sobre los físicos hace imprescindible el estudio del metabolismo urbano para emprender procesos de reconversión basados en el ahorro de materias primas y la eliminación de residuos.

6.2.2   El conocimiento del metabolismo urbano es un instrumento importante para obtener los objetivos de mejora de la calidad del medio ambiente urbano definidos en los convenios internacionales de conservación del medio ambiente (Kioto, biodiversidad, agua, etc.) para hacer frente al cambio climático. (9)

6.3   Recursos físicos

6.3.1   La reconversión urbana relacionada con los procesos de transformación vigentes deberá caracterizarse cada vez menos por intervenciones aisladas, definidas y delimitadas, y deberá orientarse cada vez más a procesos de desarrollo de contextos polivalentes, caracterizados por la calidad y variedad de espacios y por la interacción de varios elementos: elasticidad, «maleabilidad» y capacidad para «acoger».

6.3.2   El CESE cree que la regeneración de edificios e infraestructuras no puede prescindir del peso cada vez mayor de los límites ambientales, los procesos de integración ni del papel creciente de la interactividad.

6.4   Recursos inmateriales

6.4.1   El Consejo Europeo, a través del programa e-Europe (1999), la Convención de Lisboa (2000) y los programas operativos i-2010, indica que la e-sociedad es el factor más importante para el desarrollo de la UE. Por ello, el Consejo de la UE pretende promover proyectos para acelerar el proceso de desarrollo de una sociedad que sea capaz de aprovechar las oportunidades electrónicas y de interactividad. Por ello, se están articulando medidas que permitan a todos los ciudadanos europeos entrar en la era digital y disponer de una conexión a Internet con el fin de crear una sociedad abierta, inclusiva y colaboradora.

6.4.2   Por tanto, se encomienda a las ciudades la tarea de atraer conocimientos, renovar el sistema de relaciones entre las administraciones públicas y los ciudadanos y estimular la reconversión de los medios de producción (10).

6.4.3   No cabe duda de que las inversiones en innovación tecnológica urbana deben ser rápidas y masivas, visto el elevado nivel de competencia que presenta Oriente (11).

7.   Hacia un nuevo pacto ecológico para la ciudad

7.1   La cuestión de la regeneración urbana es compleja, pero debe transformarse en una estrategia para ser eficaz.

7.2   Lo más urgente es, probablemente, la estrecha conexión entre la regeneración de la ciudad y su medio ambiente y el problema de la crisis económica. El CESE considera que los procesos de regeneración urbana deben analizarse a la luz de los principios de la economía verde y deben considerarse como una oportunidad para un nuevo pacto ecológico europeo, (12) cuyo núcleo principal podría estar constituido por la integración de las diversas morfologías urbanas: la ciudad biótica, la ciudad material y la ciudad de los bits, todas ellas dirigidas al refuerzo de la ciudad solidaria.

En este sentido, es necesario volver a evaluar el papel del medio ambiente como productor de bienes y servicios esenciales para la vida humana.

8.   La ciudad biótica

8.1   El fomento de las redes ecológicas

8.1.1   El Comité considera particularmente importante el estudio de la ciudad como ecosistema y la plasmación del valor patrimonial de las infraestructuras naturales (por cuanto proporcionan agua y aire limpios, protección frente al viento, fertilidad del suelo y polinización), difícilmente sustituibles con soluciones tecnológicas, o lo son a costes muy elevados y con una eficiencia no comparable a la de los sistemas bióticos.

8.1.2   Se estima que para el 2050 se habrá producido en Europa una pérdida adicional del 11 % de los recursos naturales existentes en el año 2000 (13) y, en consecuencia, es necesario que las instituciones públicas presten particular atención a las consecuencias del fenómeno y aumenten las inversiones para la protección de los ecosistemas, prestando atención también a los entornos urbanos.

8.2   La producción de energía de fuentes renovables

8.2.1   La ciudad es un elemento estratégico para el desarrollo de las energías renovables. De hecho, la mejora y la renovación tecnológica de las instalaciones de calefacción y refrigeración, que representan el 40-50 % de la demanda mundial de energía, se sitúa en el centro de la política europea del 20-20-20 de mejora de las prestaciones energéticas (reducción de un 20 % de los gases de efecto invernadero, reducción de un 20 % del consumo energético y aumento de un 20 % de la utilización de energías renovables).

8.2.2   El aumento de la energía producida a partir de fuentes renovables, previsto en el Plan EETE (Plan Estratégico Europeo de Tecnología Energética) es muy importante por sus implicaciones en el plano laboral. Por ello, las comunidades urbanas deberían ser las primeras compradoras de las nuevas tecnologías; de hecho, con respecto a las diversas fuentes, para la producción europea a tal efecto son muy oportunas las decisiones del Consejo y del Parlamento de la UE de financiar el Plan EETE. La mundial cubre: un 66 % de energía eólica, un 25 % de energía solar fotovoltaica y un 11 % de energía solar térmica. La producción y el consumo se concentran en Alemania, el norte de Europa y España.

9.   La ciudad material

9.1   El aumento de la eficiencia energética de los edificios

9.1.1   El incremento de la eficiencia energética de edificios e infraestructuras es un factor estratégico de la reconversión urbana de la UE. Gracias a las nuevas tecnologías, el aumento potencial de la eficiencia es enorme, y para el 2050 se podría reducir la demanda de energía primaria en unos 300 exajulios para obtener una disminución anual de 20-25 gigatoneladas de CO2. En la UE, actualmente las inversiones anuales en tecnología para aumentar la eficiencia energética son de unos 60 000 millones de euros al año.

9.1.2   En 2005 un estudio de la Comisión Europea estimaba que las inversiones necesarias para ahorrar el 20 % de energía conducirían a la creación de un millón de puestos de trabajo (directos e indirectos). Los sectores en los que se concentraría el ahorro son: la iluminación de edificios, las instalaciones de las oficinas, los aparatos domésticos y la cogeneración.

9.1.3   El CESE desea que el objetivo no se limite al ahorro energético, sino que apunte a la transformación de todos los edificios en plantas de energía (every building a power station).

9.1.4   Este objetivo implicará, en los próximos años, una notable inversión en investigación con el fin de transformar el modo en que se construyen las ciudades, optimizando su metabolismo a través del uso de materiales innovadores y de la aplicación de soluciones logísticas de obras cada vez más sofisticadas.

9.1.5   La renovación del patrimonio arquitectónico necesita sinergias en el plano financiero y políticas de colaboración de alcance global, dado que:

la pérdida de competitividad tendría consecuencias negativas para el empleo,

debe competir con los sistemas internacionales, en particular los asiáticos que están en gran expansión, por lo que las intervenciones de regeneración deben ser consideradas también como base de exportación,

en el proceso, se debe implicar a los países europeos de menor renta,

no puede disociarse del problema de las viviendas sociales, que concierne a millones de ciudadanos europeos.

9.2   Un sistema integrado de infraestructuras

9.2.1   Los documentos de la UE sobre cohesión social subrayan la importancia de la integración entre todo tipo de infraestructuras, concepto que va más allá de asegurar buenas conexiones entre los territorios. En Europa las inversiones previstas para la modernización de las redes ascienden a 600 millones de euros hasta 2020, de los que 90 estarán dedicados a las infraestructuras «inteligentes».

9.2.2   También el concepto de infraestructura integrada debe representar un objetivo importante de la regeneración urbana, y debe incluir el acceso a:

los servicios, como la asistencia sanitaria, la educación y la energía sostenible que, gracias a las redes de telecomunicaciones, se convierten en interactivos, como la telemedicina y la educación a distancia,

los sistemas de transporte, cuya integración sostenible comporta el fomento de las conexiones por tren, las vías navegables, el acceso a los aeropuertos, además del desarrollo de cadenas de transporte intermodal, sistemas avanzados de gestión del tráfico y el fomento de vías ciclistas y peatonales. El sistema integrado de transportes apoya una política urbanística dirigida a evitar la dispersión urbanística, para disminuir los costes energéticos y sociales de los desplazamientos urbanos y las transacciones comerciales,

un sistema de transporte sostenible combinado con un sistema de energía eficiente, que es la base de una política de regeneración urbana de la UE que debería, como aspecto prioritario, financiar las redes de transporte sostenibles y energéticas funcionales en las zonas periféricas que se desea regenerar,

la red de energía. El crecimiento del sector de los transportes con tracción eléctrica (véase la Directiva sobre Energías Renovables), de las telecomunicaciones y de la informática genera un crecimiento exponencial del consumo de energía; por ello es necesario articular una red inteligente de distribución que minimice las pérdidas, aumente la eficiencia, pueda adaptarse a la evolución de las necesidades y sea capaz de absorber el exceso de producción de energía solar. Asimismo, debe estimularse la construcción de una red urbana de recargas eléctricas y de hidrógeno, alimentada por fuentes renovables producidas de forma local,

las redes telemáticas, en especial Internet de banda ancha, hoy en día esencial para las empresas y las familias.

10.   La ciudad de los bits

10.1   Las plataformas urbanas altamente interactivas, que actualmente se están desarrollando con las tecnologías de la comunicación de nueva generación, están destinadas a acelerar los procesos de reconversión urbana y a introducir factores innovadores que contribuirán sustancialmente a:

superar el carácter central de las infraestructuras de carreteras, en favor de la sinergia entre carreteras, GPS y ordenadores, creando una red que permita el desarrollo de sistemas logísticos interactivos; unir los hogares con el mundo, ampliando y transformando su papel a través de la conexión en lugares de trabajo, ocio, asistencia, etc.,

integrar la oferta de los servicios públicos con los privados. Esto daría lugar a procesos de reconversión de las «plataformas» de la administración pública (licencias de construcción, catastro, hacienda, etc.) para permitir el acceso interactivo de las empresas, los hogares o a través de los dispositivos digitales personales de los ciudadanos,

obtener avances radicales en la prestación de los servicios sanitarios, así como una fuerte reducción de los costes. Las nuevas tecnologías de red, la miniaturización y la portabilidad de los aparatos hacen posible la monitorización a domicilio de las funciones vitales más importantes y los procedimientos de asistencia a través de Internet,

reducir la asimetría de las relaciones entre los ciudadanos y quienes poseen el conocimiento (técnicos, médicos, políticos, etc.), para transformar las estructuras de relación descendente en nuevas estructuras más colaborativas,

controlar activamente el ciclo completo de vida urbano, a fin de conseguir un ahorro sistemático en la gestión de los recursos de la ciudad.

11.   La ciudad solidaria

11.1   Los factores analizados hasta ahora son importantes, si bien instrumentales, en un proceso de regeneración urbana cuyo objetivo fundamental es el aumento de la cohesión social, en cumplimiento del principio fundamental de la Comunidad Europea, tantas veces mencionado.

11.2   El aumento de la cohesión social exige la renovación de los sistemas de gestión a todos los niveles, desde los comunitarios a los locales, para hacer frente a la complejidad y diversidad de las relaciones que caracterizan a nuestra sociedad. Esto está cambiando la cadena de relaciones en lo que respecta al enfoque colaborativo, la reducción de las asimetrías y la evolución del concepto de liderazgo.

11.3   El enfoque colaborativo es una práctica fundamental de la gestión sostenible, dirigida a permitir la capacidad de elección a todos los interesados. Este enfoque comenzó con la activación de los foros cívicos y ha aumentado su potencial gracias a la evolución de los soportes tecnológicos interactivos. Se resume en el lema de la National Academy of Public Administration estadounidense: «No nos preguntéis qué podemos hacer por vosotros. Preguntémonos qué podemos hacer juntos» (14).

11.4   La reducción de las asimetrías se refiere a que la posibilidad de acceder en tiempo real a sistemas de conocimiento cada vez más eficientes y la posibilidad de mantener diálogos de forma instantánea reduce la distancia entre quienes poseen el conocimiento y quienes anteriormente lo utilizaban como usuarios pasivos. Así, se modifican las relaciones entre las personas pero también el significado de los espacios urbanos, que se convierten en catalizadores de las nuevas relaciones (por ejemplo, las instalaciones ambulatorias o de primeros auxilios que se están trasladando de los hospitales a las estaciones de metro, los hipermercados, etc.).

11.5   La evolución del concepto de liderazgo: la desestructuración de los sistemas de relaciones y el aumento de las oportunidades de colaboración exigen un nuevo papel para los representantes públicos, que están llamados a mostrar al mismo tiempo capacidad de liderazgo y de facilitadores.

11.6   Las modificaciones sustanciales del sistema de relaciones brindan la oportunidad de realizar cambios profundos en los modelos organizativos, particularmente en las administraciones locales, en una tendencia que se puede definir como un cambio de las acciones, típicas de los planos estratégicos, a la activación de plataformas compartidas, típicas de la gestión inspirada en la sostenibilidad. El modelo de la plataforma, ya experimentado en la UE para la organización de los sectores productivos y del conocimiento, se ampliaría para construir una densa red de relaciones destinadas a involucrar a todos los interesados de las comunidades urbanas, y que favorecían las políticas de subsidiariedad entre las comunidades débiles y las fuertes. Así, se puede hablar de:

una plataforma de construcción de la comunidad destinada a acoger al espectro más amplio posible de partes interesadas y de consorcios de comunidades locales,

una plataforma de conocimiento destinada a desarrollar políticas innovadoras para el conocimiento y la investigación, además de estimular la reconversión creativa de la ciudad,

una plataforma tecnológica destinada a proporcionar los diversos conocimientos especializados indispensables para activar y gestionar los procesos innovadores,

una plataforma de recursos para:

desarrollar instrumentos financieros innovadores, fruto de la colaboración entre el ámbito público y el privado, a partir del modelo de los programas Jessica y Jaspers,

aplicar políticas financieras que incidan positivamente en los niveles de equidad, favoreciendo a los ciudadanos con rentas más bajas y haciéndoles partícipes de las estrategias integrales de renovación urbana,

desarrollar políticas contables de determinación del valor económico de los bienes y servicios que tengan en cuenta el coste en términos de extracción de recursos naturales y de eliminación de residuos. Todo ello para poner en marcha una política fiscal dirigida a disuadir el despilfarro de los recursos primarios. Los ingresos obtenidos de ese modo deberían destinarse a apoyar a los grupos sociales más vulnerables.

Bruselas, 26 de mayo de 2010.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI


(1)  DO C 77 del 31.3.2009, p. 123.

(2)  Comisión de las Comunidades Europeas, documento de trabajo de la Comisión, Consulta sobre la futura estrategia «Europa 2020», Bruselas, 2009 y Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Secretaría de Estado para la Unión Europea, Programa de la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea, 1 de enero a 30 de junio de 2010: «Innovando Europa», Imprenta Nacional Boletín Oficial del Estado, Madrid, 2010.

(3)  Puede consultarse un análisis excelente de los principales problemas de la transformación urbana en: Massimo Cacciari, La città, Pazzini Stampatore Editore, Villa Verucchio, 2004.

(4)  Richard Rogers, Toward an Urban Renaissance, Urban Task Force, Londres, 2005. Puede consultarse en: www.urbantaskforce.org.

(5)  Unión Europea, Comité de las Regiones: Plan Europeo de Recuperación Económica en Regiones y Ciudades, Bruselas, 2008. Puede descargarse en: http://portal.cor.europa.eu/europe2020/Pages/Library.aspx.

(6)  Los documentos propuestos son: A Green New Deal for Europe, presentado por el Wuppertal Institut, Rethinking the Economic Recovery: A Global Green New Deal, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, A Green New-Deal de la New Economic Foundation de Inglaterra, Toward a Transatlantic Green New Deal: Tackling the Climate and Economic Crises, elaborado por el Worldwatch Institute para la Heinrich Böll Foundation.

(7)  Así se aplicarían plenamente a escala las recomendaciones contenidas en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Más allá del PIB: evaluación del progreso en un mundo cambiante (COM/2009/0433 final), que puede consultarse en: http://www.beyond-gdp.eu/. Estas recomendaciones se basan en el informe elaborado por Stiglitz, Fitoussi y Sen, promovido por la UE a solicitud del gobierno francés. El informe puede descargarse en: http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/en/index.htm.

(8)  Jan Jacob Trip, Creative city development in the Lisbon strategy, TU Delft, 2009. Xavier Vives, Lluís Torrens, The Strategies of European Metropolitan Areas in the Context of the European Union enlargement, Pla Estratègic Metropolità de Barcelona, 2005.

(9)  Rudolf de Groot, Function-analysis and valuation as a tool to assess land use conflicts in planning for sustainable, multi-functional landscapes, Landscape and Urban Planning 75, págs. 175-186, 2006.

(10)  Foro Económico Mundial, The Lisbon Review 2002-2006, que puede descargarse en:

www.weforum.org/pdf/gcr/lisbonreview/report2006.pdf; Comisión Europea, i2010: la sociedad de la información y los medios de comunicación al servicio del crecimiento y el empleo, que puede descargarse en:

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/job_creation_measures/c11328_it.htm;

Fondazione Ugo Bordoni, Dossier EU i 2010, que puede descargarse en:

http://www.fub.it/osservatorio/dossieruei2010/liniziativai2010.

(11)  Pueden encontrarse experiencias de ciudades ubicuas (u-city) en:

 

MIT: http://web.mit.edu/cre/research/ncc/casestudies.html;

 

Milla digital: http://www.milladigital.org/ingles/home.php;

 

Seúl: http://english.seoul.go.kr/gover/initiatives/inti_Vision&Objectives.htm;

 

Tokio: http://www.tokyo-ubinavi.jp/en/about.html;

 

Singapur: http://www.itu.int/ubiquitous;

 

Hongkong: http://www.info.gov.hk/digital21/eng/strategy/2008/Foreword.htm;

 

Songdo: http://www.songdo.com/default.aspx?p=1992

 

Arabianranta (Helsinki): https://www.taik.fi/en/about_taik/arabianranta_.html.

(12)  El apartado está relacionado con: New economic foundation, A green new-deal, Londres, 2009, que puede descargarse en: www.neweconomics.org/projects/green-new-deal.

(13)  Comisión Europea, The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), que puede descargarse en: http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/.

(14)  Puede descargarse en: http://www.collaborationproject.org/display/home/Home.


21.1.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 21/9


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Iniciativas colectivas de la sociedad civil para un desarrollo sostenible» (Dictamen de iniciativa)

2011/C 21/02

Ponente: Raymond HENCKS

El 16 de julio de 2009, de conformidad con el artículo 29.2 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema:

«Iniciativas colectivas de la sociedad civil para un desarrollo sostenible».

La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 6 de mayo de 2010.

En su 463o Pleno de los días 26 y 27 de mayo de 2010 (sesión del 26 de mayo de 2010), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 146 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

Los retos que se plantean en materia de desarrollo sostenible, acentuados por la crisis de las finanzas públicas, son suficientemente preocupantes para que la sociedad civil se movilice con vistas a apoyar a los responsables políticos y acompañar las necesarias transformaciones económicas y de la sociedad, así como el restablecimiento de unas finanzas públicas equilibradas.

1.2

Más allá de consideraciones científicas, el éxito de las decisiones políticas depende en gran medida de su grado de aceptación por la sociedad civil. Ésta, en aras de una mayor transparencia en cuanto a las decisiones finales y a las responsabilidades contraídas, deberá colaborar estrechamente en todas las fases de la aplicación de las políticas de desarrollo sostenible.

1.3

La participación de la sociedad civil en la elaboración de una política ambiciosa de desarrollo sostenible deberá estructurarse bien para ser eficaz y evitar que degenere en un instrumento populista.

1.4

El CESE pide, a la luz de las reflexiones y sugerencias que se desarrollan en lo que sigue, que se integre la participación ciudadana y la puesta en común de los conocimientos en la revisión de la estrategia de desarrollo sostenible en 2011. Dicha integración ha de efectuarse, en particular, mediante un plan de acción, incentivos financieros y la publicación de las mejores prácticas de iniciativas colectivas de la sociedad civil.

1.5

El CESE, por otro lado, considera que el desarrollo sostenible deberá ocupar una amplia parte en la estrategia 2020 de la UE.

2.   Objetivo del dictamen de iniciativa

2.1

«No hemos heredado el mundo de nuestros padres, sino que lo tomamos prestado de nuestros hijos». Este aforismo procedente de la cultura india canadiense «Haida» ilustra perfectamente el reto que afronta la generación actual: cambiar nuestro modo de vida y definir nuevas vías para un desarrollo económico eficaz, socialmente equitativo y ecológicamente sostenible que garantice una justa distribución de la riqueza y garantice a todo ciudadano un acceso a una vida digna.

2.2

Algunos de estos cambios requieren iniciativas «desde arriba hacia abajo», tales como disposiciones legislativas, programas de inversión, públicos o privados, etc. Otros, por el contrario, precisan actuaciones «desde abajo» procedentes de ciudadanos conscientes de que, a su vez, les incumbe aportar su contribución personal. Esa se manifiesta concretamente mediante un cambio de su comportamiento y de sus patrones de consumo, así como mediante su apoyo o compromiso en el marco de iniciativas y acciones de colectivos que respalden el desarrollo sostenible.

2.3

Los gobiernos y la Unión deben reconocer que estas iniciativas «desde abajo» son indispensables para conseguir no sólo una economía más sostenible, sino también para alcanzar los objetivos fijados por los responsables políticos en materia de desarrollo sostenible. Una iniciativa a nivel de la UE podría, ciertamente, aportar un valor añadido mucho mayor mediante la difusión de las mejores prácticas en materia de compromisos e iniciativas de los ciudadanos y colectivos en favor del desarrollo sostenible.

2.4

El objetivo, por tanto, del presente dictamen es emitir recomendaciones sobre lo que Europa podría hacer para aumentar la eficacia y el número de iniciativas colectivas adoptadas por organismos institucionales, empresas, sindicatos, ONG y otras asociaciones o miembros de la sociedad civil, con el fin de favorecer los avances en materia de desarrollo sostenible.

2.5

En este dictamen el CESE desarrolla algunas reflexiones sobre el modo de impulsar una participación más activa de toda la sociedad civil en el desarrollo sostenible y sobre el tipo de estructuras marco que debería establecer la Unión Europea para acompañar y obtener la máxima eficacia de las correspondientes iniciativas.

3.   El desafío que afronta la sociedad civil: convertirse en la fuerza motriz del fomento del desarrollo sostenible

3.1

Actualmente, se habla mucho del cambio climático, que constituye sin duda alguna una amenaza con consecuencias futuras potencialmente catastróficas. Pero no es éste el único fenómeno que obstaculiza el desarrollo sostenible de nuestras sociedades: la pérdida de biodiversidad, la deforestación, la degradación de los suelos, los residuos tóxicos, los metales pesados, los agentes orgánicos de contaminación, las urbanizaciones incontroladas, las desigualdades e injusticias sociales, etc., son otros tantos problemas esenciales para la humanidad.

3.2

Para conseguir un modo de vida sostenible ecológica y socialmente, habrá que distanciarse de la actitud consistente en perseguir de continuo un mayor crecimiento no sostenible, pasando de la era del derroche y del consumo excesivo a la de un bienestar centrado en el desarrollo humano y social. Tal como ha escrito el Consejo Económico, Social y Medioambiental francés, es importante tener en cuenta «al ser humano como ser biológico y social, de naturaleza y cultura, es decir, como persona».

3.3

El comportamiento poco sostenible, sin embargo, no es un fenómeno exclusivamente contemporáneo. Desde siempre, el ser humano ha tratado el medio ambiente de manera «poco sostenible». Lo que ha cambiado es la amplitud y la rapidez de la degradación de los ecosistemas derivada de los modos de producción y de consumo.

3.4

Ha cambiado igualmente que, hoy en día, los conocimientos científicos sobre el funcionamiento de los ecosistemas permiten – aunque sea relativamente – demostrar y comprender la gravedad de la situación, así como poner de relieve los numerosos comportamientos poco sostenibles de nuestras sociedades. Ahora bien, las señales de alerta evidentes no bastan, al parecer, para que las sociedades tomen suficientemente conciencia de sus actos y adopten comportamientos más sostenibles y socialmente responsables.

3.5

En su origen, el concepto de desarrollo sostenible se refería esencialmente a los recursos naturales (agotamiento de las reservas de hidrocarburos fósiles) y a la contaminación (destrucción del ozono estratosférico), generando normas sobre las emisiones de los productos nocivos o sobre los límites máximos de explotación de los recursos. Posteriormente, pasó a ser más general al integrar dificultades inherentes al crecimiento económico y la cohesión social. El desarrollo sostenible asocia así la preocupación por un desarrollo equitativo de las sociedades, en particular la lucha contra la pobreza, y la transmisión a las generaciones futuras de un medio ambiente sano, rico y diversificado.

3.6

Así, el concepto de desarrollo sostenible se ha ido generalizando con los años. Al principio eran sobre todo los movimientos ecologistas que florecían por todo el mundo occidental los que se preocupaban de los ecosistemas. Hoy en día, todos los partidos políticos se han apropiado el tema de la protección del medio ambiente, que se ha hecho extensivo al desarrollo sostenible.

3.7

Cabe destacar que la sociedad civil no ha permanecido inactiva. Ya son muchos los ciudadanos que, con carácter individual o en el marco de acciones colectivas, se comprometen con un modo de vida más sostenible. Así, por ejemplo:

en el lugar de trabajo, los empresarios y empleados se esfuerzan en consumir menos energía, reducir los residuos y desarrollar medios de producción más sostenibles;

en el comercio al por mayor y al detalle, los comerciantes se asocian a los clientes para encontrar la mejor manera de promover productos más sostenibles;

en sus hogares, los ciudadanos adoptan medidas para aumentar la eficiencia energética de su vivienda, evitar el derroche, reducir el consumo de agua y promover el reciclaje;

en los sistemas educativos de determinados Estados miembros, los alumnos son sensibilizados sobre el respeto del medio ambiente y el desarrollo sostenible desde su primera infancia.

3.8

Del mismo modo, al nivel regional se crearon organizaciones profesionales, estructuras asociativas o foros de ciudadanos para debatir cuestiones relativas al desarrollo sostenible, expresar opiniones y emprender acciones.

3.9

Sin embargo, pese a una gran visibilidad mediática con ocasión de la reciente Conferencia de Naciones Unidas sobre el cambio climático, en Copenhague, el desarrollo sostenible acusa una fuerte pérdida de interés. Ello se explica, en particular, porque la lucha contra el cambio climático, que pese a su importancia es sólo una faceta del desarrollo sostenible, a veces eclipsa a los demás ámbitos esenciales. A la desilusión de los ciudadanos, que se esperaban un compromiso formal del poder político, se añade cierto escepticismo respecto de los verdaderos riesgos que entraña el cambio climático. Tal escepticismo, alentado por algunos científicos y determinadas instancias políticas, pone en duda la gravedad de la situación, lo que no hace sino reforzar, por una parte, cierta disminución del entusiasmo y, por otra, un movimiento contestatario.

3.10

La Resolución del CESE «No hay vuelta atrás», aprobada el 23 de noviembre de 2009 con vistas a la Conferencia de Copenhague, adquiere nueva importancia y se dirige a la sociedad civil en su conjunto: empresas, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Todos deberán esforzarse en reducir el cambio climático y adaptarse a él.

3.11

Efectivamente, habida cuenta del resultado decepcionante de la Conferencia de Copenhague y del riesgo de que cunda por ello la indiferencia, la sociedad civil está llamada más que nunca a movilizarse. Como sugirió el CESE, la sociedad civil deberá insistir para que la Unión Europea no caiga en la tentación de utilizar el fracaso de Copenhague como excusa para recortar sus propias ambiciones o para rebajar su propio compromiso, sino que redoble sus esfuerzos para establecer un modelo de desarrollo de bajas emisiones de carbono y para preservar los recursos naturales, basando su competitividad en la capacidad de establecer una coherencia entre la innovación, las inversiones productivas y el capital humano.

3.12

En efecto, es innegable que existen interacciones entre los ámbitos medioambiental, económico, social y cultural. Por ello, es indispensable adoptar un enfoque interdisciplinario que reúna a un conjunto de responsables con competencias e intereses muy distintos, con vistas a sobrepasar las compartimentaciones institucionales y sectoriales, así como combinar su experiencia y sentido común. En efecto, conviene evitar que los distintos componentes de la sociedad se neutralicen mutuamente, para que tomen las decisiones los cargos electos o grupos de interés mejor organizados.

3.13

Efectivamente, las iniciativas de la sociedad civil en este ámbito pueden ser un motor del proceso decisorio político. La sociedad civil tiene capacidad para reunir a las partes interesadas y a los responsables políticos, sensibilizar a todos los sectores de la sociedad con vistas a que revisen su modo de vida, de consumo y de producción, poniendo en marcha iniciativas y acciones ambiciosas.

4.   El debate público sobre el desarrollo sostenible: antecedentes

4.1

A raíz de determinadas iniciativas de la sociedad civil organizada, la declaración de la Conferencia mundial de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD), celebrada en Río en 1992, permitió –por primera vez— a la sociedad civil participar oficialmente en los debates sobre el desarrollo sostenible. Entre los 27 principios de aplicación del desarrollo sostenible adoptados en esa ocasión cabe destacar, entre otros, la necesidad de que «los ciudadanos participen en las decisiones» y que «las mujeres, los jóvenes, las comunidades locales y las minorías desempeñen un papel más importante que en la actualidad».

4.2

En el capítulo 28 del Programa 21 (programa de aplicación del desarrollo sostenible elaborado en la Cumbre de Río), se anima a las autoridades locales a incluir el desarrollo sostenible en sus programas de acción mediante «un mecanismo de consulta popular».

4.3

Se reconoció así la importancia de asociar la sociedad civil al análisis de las consecuencias de la acción pública, a las decisiones finales y a las responsabilidades en materia de desarrollo sostenible. Por lo tanto, todas las partes interesadas de un modo o de otro (uno de cuyos componentes, en particular la generación futura, está inevitablemente ausente) deberán colaborar estrechamente en la elaboración y ejecución de los proyectos.

4.4

Desde entonces, las organizaciones no gubernamentales, seguidas por las empresas, los sindicatos, los entes territoriales o locales y otras estructuras asociativas reivindican participar en el debate junto a los responsables políticos e institucionales. Originan multitud de acciones, iniciativas y recomendaciones en favor de comportamientos sostenibles.

5.   Las acciones de la sociedad civil

5.1

Desde hace años, el CESE, en su calidad de representante institucional de la sociedad civil organizada en la Unión Europea, se interesa por el desarrollo sostenible. En 2006, creó el Observatorio de Desarrollo Sostenible, cuyo objetivo es favorecer la contribución de la sociedad civil a la definición de una política de desarrollo sostenible que concilie los intereses medioambientales, económicos y sociales. En este marco, el CESE ha emitido numerosos dictámenes y recomendaciones sobre cuestiones esenciales en materia de sostenibilidad y seguirá proponiendo soluciones prácticas como en su Dictamen: «Construir una economía sostenible: transformación del modelo de consumo» (INT 497).

5.2

Es necesario reconocer, no obstante, que el peso de los agentes institucionales y políticos sigue siendo mucho mayor que el de la sociedad civil. Por otra parte, algunas acciones, destinadas aparentemente a fomentar el desarrollo sostenible, obedecen más bien a intereses políticos, financieros o ideológicos que medioambientales, quedando a la merced de unos y otros. Por consiguiente, existe el riesgo de que el desarrollo sostenible se convierta en un instrumento del que se apropien determinados grupos de presión motivados por cuestiones a veces muy distantes de los temas iniciales.

5.3

Ahora bien, es muy difícil conseguir asociar a todas las partes interesadas. A menudo, una parte de la sociedad civil no se manifiesta hasta que resulta acuciante resolver los problemas, mientras que, fuera de las situaciones «urgentes», son los grupos de presión y contestatarios los que tienen mayor ocasión de vía libre.

5.4

Se trata, pues, de superar las meras acciones de información y de encontrar los medios para conseguir una democracia participativa en la que las estructuras de concertación afecten a toda la sociedad civil, permaneciendo además representativas y activas a la vez que concilian las preocupaciones medioambientales, sociales y económicas en el marco de las acciones locales y globales. Junto a las acciones globales, es esencial promover iniciativas locales y asociar estrechamente a la sociedad civil. Ésta es la mejor manera de que todos los destinatarios finales de las acciones se identifiquen con las iniciativas emprendidas.

6.   Una sociedad civil representativa y activa a largo plazo

6.1

En un sistema de gobernanza multinivel como el existente en la Unión Europea no conviene recurrir exclusivamente a las instituciones representativas elegidas democráticamente para asegurar la participación de los ciudadanos en los debates y en el proceso decisorio.

6.2

El Convenio de Aarhus, negociado en el marco de la Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (CEPE-NU), enuncia los principios de la participación efectiva de los ciudadanos en las decisiones sobre el medio ambiente. Tiene por objeto el Derecho de acceso a la información, a la participación de los ciudadanos en el proceso decisorio y al acceso a la justicia, todo ello en materia medioambiental.

6.3

El Convenio de Aarhus estipula que cualquier ente debe transmitir toda la información de que disponga en materia de medio ambiente a cualquier persona que la pida, sin que ésta tenga que justificar su identidad ni el motivo de su solicitud. El CESE había criticado en su Dictamen sobre la Directiva 2003/4/CE que la transposición al Derecho comunitario no era, en lo que a algunos puntos se refiere, conforme a dicho Convenio, como, por ejemplo, en lo relativo al concepto de «entidad habilitada» para acceder a la información. El CESE estima que se impone una revisión de dicha directiva. Además, el CESE lamenta la ausencia de un balance a escala de la UE de la aplicación de dicho Convenio, mientras que los Estados que lo ratificaron han de presentar un informe sobre su aplicación.

6.4

En primer lugar, procede definir el colectivo que deba participar en la elaboración y la formulación de las políticas de desarrollo sostenible. En esta fase, conviene asimismo tomar una decisión sobre los procedimientos de contratación de voluntarios y fijar objetivos concretos, así como disponer acerca de la metodología, los procedimientos de evaluación y la difusión de los resultados.

6.5

Como el desarrollo sostenible afecta directamente a todos los ciudadanos, sin excepción, la parte de la población que se exprese solo resultará representativa si corresponde a un amplio espectro de características sociodemográficas y a una gran gama de conocimientos especializados y puntos de vista.

6.6

Por consiguiente, es importante identificar claramente las dificultades y definir los objetivos prioritarios concretos que han de alcanzarse a corto y medio plazo sin dejar de tener en cuenta el alcance social y cultural de los problemas, que deberán ser cercanos a los intereses reales de los ciudadanos. Esto implica jerarquizar los problemas y tratarlos según su grado de prioridad, la gravedad de sus efectos, los daños inherentes y los costes requeridos para solucionarlos.

6.7

Los ciudadanos deberán tener la posibilidad de percibir su participación como una iniciativa de responsabilización, es decir, que deberán intervenir en una fase precoz – a partir de la elaboración de la estrategia y de los proyectos –, así como desempeñar un papel activo en cada etapa del proceso.

6.8

Para cada fase de debate y de búsqueda de soluciones por consenso debería designarse al nivel local, regional o nacional a una persona, un «mediador», una personalidad independiente de cualquier grupo de interés, que pueda hacer valer sus conocimientos en cuanto a la dirección de un debate. Estaría encargada de informar, motivar y seleccionar a todos los ciudadanos interesados y deseosos de participar. Debería garantizar la coordinación central de las acciones y velar al mismo tiempo por que se oigan todas las opiniones y que todos los participantes puedan participar en el debate, evitando, además, las posibles derivas.

6.9

Además, tal mediador debería desempeñar el papel de interfaz y portavoz en la esfera pública y ante los medios de comunicación, para hacer oír la voz de los partidarios del desarrollo sostenible, velar por que la información sea correcta y evitar que la prensa monopolice la atención del público de forma parcial. También debería colaborar estrechamente con los responsables de la educación escolar para generalizar la sensibilización al desarrollo sostenible desde edades muy tempranas.

6.10

Para poder motivar al mayor número posible de ciudadanos a participar activamente en el proceso decisorio relativo al desarrollo sostenible, será necesario analizar y luchar contra las causas que hacen que gran parte de la sociedad dude y actúe a la expectativa.

7.   Combatir los obstáculos a la participación activa de la sociedad civil

7.1

Actualmente, las medidas contra la degradación de los ecosistemas y en favor de la modificación de los modos de vida son objeto de una programación a largo plazo, en lugar de convertirse en una realidad operativa a corto plazo. Los retos se siguen percibiendo demasiado a menudo como problemas medioambientales cuya evolución hacia proporciones catastróficas es lenta, desdeñable por el momento, pero dramática a largo plazo. Se trata de una visión «utilitarista», cuya sensibilidad medioambiental se limita a la vida diaria y a los efectos y molestias visibles, desatendiendo los riesgos potenciales imperceptibles o sin demostrar.

7.2

Para que todos los ciudadanos comprendan la importancia de cambiar de comportamiento, será necesario proporcionarles información y explicación en un lenguaje claro, evitando la terminología especializada y sofisticada. No por ello, sin embargo, deberá caerse en los eslóganes, y se deberá evitar sustituir lo científico por lo emocional.

7.3

Una mejor comunicación a través de distintos canales mediáticos, con mensajes claros y comprensibles, permitiría ciertamente que los ciudadanos identificasen mejor los problemas que se les plantean y determinasen las iniciativas que deban adoptar.

7.4

Además, los mensajes deben ser objetivos. Abrumar a los ciudadanos con cifras en bruto, presentadas como verdades irrefutables aunque sean poco dignas de crédito, es contraproducente, como la afirmación de un antiguo vicepresidente de Estados Unidos, según la cual el Ártico se quedará sin hielo estival dentro de cinco años. Tales declaraciones terminan por suscitar desconfianza respecto de los responsables políticos e indiferencia ante los problemas reales.

7.5

El profetismo exagerado, que anuncia catástrofes dramáticas inmediatas e irrefutables, crea un clima de miedo crónico que lleva al egocentrismo y sirve de pretexto para justificar comportamientos del tipo «not in my backyard» (NIMBY; «no en mi patio trasero»), que son nefastos para la cohesión social y el desarrollo sostenible. Las iniciativas locales contra la instalación de turbinas eólicas, porque deterioran el paisaje, o la incineración salvaje de residuos, para evitar una tasa por la recogida colectiva de basuras, son ejemplos reveladores que ilustran dicho repliegue egocéntrico.

7.6

Esta indiferencia es grave, pues aunque las consecuencias probablemente no sean tan dramáticas como algunos quieren hacer creer, existen problemas que requieren una solución rápida. Con arreglo al principio de cautela, es preferible reaccionar a situaciones potencialmente peligrosas sin esperar a que se demuestre científicamente la existencia del riesgo correspondiente.

7.7

Habrá que velar por documentar y difundir fuera de la comunidad especializada los resultados y los éxitos de la participación ciudadana, habida cuenta de que los ejemplos de mejores prácticas son un medio privilegiado para compartir los avances.

7.8

Para garantizar un compromiso perdurable de la sociedad civil, convendrá poner de relieve y publicar las propuestas formuladas por los ciudadanos que se hayan llevado a la práctica, aunque solo sea parcialmente.

7.9

Deben realizarse más esfuerzos en busca de métodos que permitan cambiar el comportamiento de las personas. Un medio muy útil es sin duda integrar la educación en materia de desarrollo sostenible en los sistemas de enseñanza nacionales, para sensibilizar a los niños a estas cuestiones desde muy temprana edad. Es precisamente éste el enfoque que ha adoptado el CESE entablando un debate acerca de la viabilidad de una red europea de foros nacionales sobre educación y formación en materia de energía limpia.

8.   Evaluación de las acciones

8.1

La multiplicidad de los agentes implica una gran heterogeneidad de forma y fondo entre las acciones, que por tanto apenas son comparables entre ellas y raramente permiten identificar un referencial común. Por ello, resulta indispensable efectuar periódicamente una evaluación de las acciones emprendidas en el marco del desarrollo sostenible.

8.2

Además, por una parte, la instrumentalización del desarrollo sostenible y, por otra, una normativa a veces demasiado excesiva requieren una evaluación permanente basada en indicadores de progreso de los proyectos.

9.   Los indicadores de evaluación

9.1

Según el programa de actuación adoptado en Río en 1992, los Estados deberán establecer un sistema de vigilancia y evaluación común de los progresos realizados por el desarrollo sostenible, en general, y mediante las agendas locales, en particular. Deberán asimismo desarrollar indicadores que gocen de aceptación general en los ámbitos económico, social y medioambiental, con el fin de constituir una base útil para la toma de decisión a todos los niveles. Estos indicadores deben ser consensuales y dar una imagen representativa de las tres dimensiones del desarrollo sostenible.

9.2

La evaluación se articula en torno a un diagnóstico, un análisis y recomendaciones. Está destinada a emitir un juicio de valor sobre una política, un programa o una acción. No obstante, hay que reconocer que las dimensiones medioambientales, humanas y sociales a menudo son difíciles de evaluar. No obstante, hay que hacer este esfuerzo, porque el predominio del PIB, hasta ahora principal referencia del bienestar y la calidad de vida, puede hacer que las políticas adopten decisiones nefastas para la cohesión social y el medio ambiente, descuidando las necesidades de las generaciones futuras (1).

9.3

La evaluación del desarrollo sostenible consiste en captar las tendencias que actúan en dos direcciones fundamentales: por una parte, la evaluación de la capacidad de absorción y, por otra, la evaluación del desarrollo de la administración de las colectividades humanas.

9.4

En un reciente dictamen (CESE 647/2010 «Más allá del PIB - Evaluación del progreso en un mundo cambiante»; ponente: Josef Zbořil), el CESE valora positivamente el esfuerzo de la Comisión para extender las cuentas nacionales a las temáticas medioambientales y sociales. En 2010 deberá presentarse un marco jurídico de contabilidad medioambiental. En este momento los indicadores sociales disponibles en las contabilidades nacionales no se están empleando al máximo de su potencial. Cabe esperar que la necesidad de utilizar estos indicadores se haga sentir cada vez más, a medida que progrese la elaboración de un enfoque complejo e integrado dirigido a evaluar los avances en un mundo en transformación.

10.   El método de evaluación

10.1

La variedad de programas y acciones que las autoridades públicas nacionales, regionales y locales emprenden para promover comportamientos y modos de vida sostenibles hace necesaria una evaluación pluridimensional, en el entendimiento de que la aceptabilidad de una evaluación varía mucho según los espacios, métodos y criterios escogidos.

10.2

Además, la evaluación en los Estados miembros deberá ser pluralista y asociar a todos los agentes y partes interesadas: autoridades responsables de la concepción y aplicación de las acciones, reguladores, prestadores de servicios, representantes de los consumidores, de los sindicatos y de la sociedad civil, etc. Las encuestas públicas de opinión, pese a que a veces son difíciles de interpretar, forman parte de una política de información, sensibilización y participación de los ciudadanos y empresas, y permiten a estos comunicar con las instancias de evaluación y presentarles sus reclamaciones.

10.3

Además de su carácter pluralista, la evaluación deberá ser independiente y hacerse con arreglo a un procedimiento contradictorio, dado que los distintos agentes no comparten los mismos intereses, sino que, incluso, en algunos casos se oponen mutuamente y no disponen de información y experiencia equivalentes.

10.4

La evaluación de la eficacia y del resultado medioambiental, económico y social de las distintas acciones en favor del desarrollo sostenible no puede basarse en un criterio único, sino con arreglo a una batería de criterios.

10.5

La evaluación solo tiene sentido en función de los objetivos y de las misiones asignados, articulados en torno a los tres pilares de la Estrategia de Lisboa (crecimiento económico, cohesión social y protección del medio ambiente). Por tanto, deberá referirse a múltiples criterios.

10.6

Tal como propuso el CESE para los servicios de interés general (2), el sistema de evaluación deberá basarse en informes periódicos redactados al nivel nacional o local por instancias de evaluación constituidas por los Estados miembros según los principios enunciados arriba.

10.7

A escala de la UE se tratará de definir las modalidades de intercambio, confrontación, comparación y coordinación. Incumbirá, por tanto, a la Unión impulsar la dinámica de la evaluación independiente mediante la elaboración – en concertación con los representantes de las partes interesadas – de una metodología de evaluación armonizada a escala europea sobre la base de indicadores comunes. También deberá prever sus modalidades de funcionamiento.

10.8

Para que la evaluación sea pertinente y útil, conviene establecer un Comité directivo pluralista, en el que estén representadas todas las partes interesadas. En lo que se refiere a este Comité directivo, se trata concretamente de una misión que se integraría perfectamente entre las competencias de la Agencia Europea de Medio Ambiente en colaboración con el Observatorio de Desarrollo Sostenible del CESE.

10.9

Tal comité directivo debería tener la responsabilidad de:

la definición de los indicadores pertinentes;

la metodología de la evaluación;

la puesta a punto de los pliegos de condiciones de los estudios que deban emprenderse;

encargar dichos estudios, basándose en una pluralidad de conocimientos especializados y en una comparación con los resultados obtenidos en otros casos;

el examen crítico de los informes;

la extrapolación de las buenas prácticas y de los enfoques innovadores;

las recomendaciones;

la difusión de los resultados.

10.10

Los debates con todas las partes interesadas sobre los informes de evaluación podrían adoptar la forma de una conferencia anual sobre los resultados de las acciones en favor del desarrollo sostenible, en la que se presentarían ejemplos de buenas prácticas.

Bruselas, 26 de mayo de 2010.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI


(1)  DO C 100 de 30.4.2009, pp. 53-59.

(2)  DO C 162 de 25.6.2008 pp. 42-45.


21.1.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 21/15


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El comercio internacional y el cambio climático»

2011/C 21/03

Ponente: Evelyne PICHENOT

El 26 de febrero de 2009, de conformidad con el artículo 29.2 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre:

«El comercio internacional y el cambio climático».

La Sección Especializada de Relaciones Exteriores, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 11 de mayo de 2010.

En su 463o Pleno de los días 26 y 27 de mayo de 2010 (sesión del 26 de mayo de 2010), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 154 votos a favor, 4 en contra y 7 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Recomendaciones

1.1

Una nueva política comercial europea, integrada en la estrategia «Europa 2020», deberá aportar respuestas a las preocupaciones medioambientales, evitando la tentación de un repliegue proteccionista. Debe ponerse al servicio de un mercado más innovador y respetuoso del medio ambiente y favorecer el bienestar social. Para plasmar tal ambición, la UE puede dar el ejemplo de un cambio de trayectoria de crecimiento hacia un modelo con moderadas emisiones de carbono y conservar así el liderazgo en la lucha contra el calentamiento climático. El impacto del crecimiento económico, del transporte y de la difusión de tecnologías hacen del comercio internacional un elemento ineludible en los debates sobre el cambio climático y la transición hacia una economía verde.

1.2

El Comité expresa su ferviente deseo de que una conclusión global en la OMC, en el marco de Doha, facilite el intercambio de bienes y servicios medioambientales por medio de la reducción significativa de las barreras arancelarias y no arancelarias. Al mismo tiempo, considera también que la UE debe seguir adoptando un planteamiento ejemplar y facilitar las transferencias de tecnologías «verdes» en el marco de sus acuerdos comerciales bilaterales y regionales.

1.3

En la perspectiva de una futura estrategia comercial, el CESE recomienda que se realicen más estudios sobre la dimensión medioambiental y social del cambio climático, así como sobre la gestión de los aspectos relativos al agua. Anima a las sociedades civiles en Europa y de terceros países a participar en los estudios de impacto antes de que se inicien las negociaciones comerciales bilaterales y regionales, particularmente en el capítulo del desarrollo sostenible.

1.4

En materia de transporte, el CESE apoya la adopción de objetivos mundiales determinados por la CCNUCC de menos del 10 % de emisiones para el transporte aéreo y de menos del 20 % para el sector marítimo. La decisión de compartir los esfuerzos de reducción también irá dirigida al sector del transporte, puesto que la aviación se verá progresivamente integrada en el Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero (RCCDE) a partir de 2012. Una iniciativa europea destinada a establecer objetivos ambiciosos de eficacia energética en el transporte de alta mar contribuiría a tal fin.

1.5

Ante la incertidumbre existente con respecto al acuerdo de Copenhague sobre el cambio climático, de diciembre de 2009, y sus consecuencias, en el paquete «Energía-Clima» se ha previsto que, en junio de 2010 y en codecisión con el Parlamento Europeo, se adopte un informe con «propuestas adecuadas» para los sectores expuestos al riesgo de «fuga» de carbono debido a su participación en la competición internacional y/o al coste adicional impuesto por el precio comunitario del CO2. Aunque por el momento no haya constancia de un riesgo de fuga, es algo que no puede descartarse a partir de 2013. Con el paso del tiempo este riesgo debería intensificarse a medida que la UE incremente los volúmenes de cuota sujetos a subasta y en caso de que los grandes países emisores no integrantes de la UE retrasen la instauración de un mercado de intercambio de cuotas de emisión, o bien la de un impuesto interior.

1.6

A corto plazo, la limitación del riesgo de fuga deberá tomar la forma prioritaria de un mayor volumen de asignación gratuita de cuotas de emisión, cuya amplitud será función de los progresos y resultados de las negociaciones multilaterales sobre el cambio climático. Tal asignación gratuita – orientada hacia los sectores sensibles, establecida sobre la base de los mejores resultados, y, por último, sometida a la condición de que se satisfaga el doble criterio de apertura comercial y coste adicional del carbono – deberá concebirse como transitoria, estar basada en datos empíricos y cumplir con las normas del comercio internacional y de un modelo con moderadas emisiones de carbono.

1.7

El ajuste en las fronteras no tendrá justificación en la OMC mientras la Unión Europea favorezca la asignación gratuita: en efecto, el RCCDE sólo es asimilable a una tasa (y, por tanto, ajustable en las fronteras) si las cuotas se subastan por completo. Lo más adecuado sería exigir tales ajustes con carácter transitorio para una serie de líneas arancelarias, en caso de riesgos demostrados de fuga de carbono, cuando se haya agotado el recurso a la asignación gratuita. Sólo ajustes muy específicos y argumentados con la perspectiva única – lo cual constituye el principal logro de Copenhague – de frenar el aumento de la temperatura por debajo de los 2 °C podrían defenderse ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC.

1.8

En vista de la lentitud – e inseguridad consiguiente – con que se ponen en marcha los proyectos de creación de mercado de intercambio de cuotas de emisión en el mundo, los Estados miembros de la UE seguirán contándose aún durante algunos años entre los pocos países que fijen un precio al CO2. Ante el riesgo futuro de «fuga» de carbono de algunos sectores europeos sujetos al RCCDE, el Comité Económico y Social Europeo recomienda también aumentar significativamente los volúmenes de inversión a largo plazo dedicados a la descarbonización de la economía y crear un marco incitativo previsible y estable que favorezca la innovación, la investigación y el desarrollo en el ámbito de las tecnologías limpias aún no comerciales.

1.9

Por consiguiente, con vistas a desarrollar una economía verde y conservar su liderazgo en este sector, Europa debería, en su propio interés y en el del clima, conservar una alta ambición de reducción progresiva con el fin de alcanzar una reducción de un 80 % en 2050, con – por ejemplo – un objetivo intermedio de 25 a 40 % entre 2020 y 2030. El Comité propone que se desarrollen evaluaciones de impacto (medio ambiente, empleo y desarrollo) para anticipar las transiciones entre 2020 y 2050.

1.10

La lucha contra el cambio climático requiere una importante acción colectiva pública al nivel nacional y al nivel europeo. Junto a la presión del mercado (RCCDE), los entes públicos deben poner en marcha rápidamente incentivos financieros y fiscales específicos y desarrollar las inversiones en I+D de tecnologías y servicios «limpios». Los entes territoriales pueden acompañar el desarrollo de tecnologías limpias con ocasión de licitaciones para contrataciones públicas.

1.11

El consumidor también debe desempeñar, además de los productores «emisores» de CO2, un papel en la lucha contra las emisiones de gases de efecto invernadero, en relación directa con el comercio. El Comité exhorta a que se unifique y estabilice la metodología de la medida «carbono» de los productos, comprendiendo todas las fases desde la concepción hasta la distribución. A tal fin, el Comité recomienda que se mejoren los análisis del ciclo de vida reforzando los estudios metodológicos sobre la «contabilidad del carbono». Aunque la iniciativa de normas y etiquetado del contenido en carbono debe seguir siendo privada y descentralizada dentro de la UE, un marco común de medida y evaluación es indispensable y competencia de la Comisión o de una agencia dedicada a ello.

1.12

El CESE recomienda que, previamente a futuras jurisprudencias del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, se clarifique en qué medida los procedimientos y métodos de producción (PMP) pueden justificar una restricción de los intercambios en nombre de la excepción medioambiental (1). El Comité propugna una ampliación del mandato del Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC con miras a aclarar las consecuencias jurídicas del litigio Estados Unidos/Malasia «tortugas [atrapadas con redes para pescar] – gambas».

2.   Mundialización y clima

2.1

Los últimos decenios se han caracterizado por una expansión sin precedentes del comercio internacional (21 % del PNB mundial en 2007 excluyendo el comercio intraeuropeo), pese a un retroceso del 12 % en 2009 debido a la crisis. El impacto del crecimiento económico, del transporte y de la difusión de tecnologías hacen del comercio internacional un elemento ineludible en los debates sobre el cambio climático.

2.2

Hoy en día no existe ningún marco teórico que, de manera completa, establezca o detalle las interferencias y las relaciones de causa a efecto existentes entre comercio y clima (2). Los efectos que ejerce el comercio sobre el clima y el medio ambiente de manera general se recogen en diversas obras de investigación mediante el recurso a tres variables que se combinan. Una variable de escala: el comercio contribuye al aumento de la actividad económica y, por tanto, con una tecnología constante, se incrementan las emisiones. Una variable de composición: la reorganización geográfica como consecuencia de ventajas comparativas puede ir acompañada de un alza o de una disminución de las emisiones según el carácter contaminante o no de los productos en los que se especializan los países en virtud de la mundialización. Una variable técnica: por presiones de la sociedad civil con el concurso de las empresas y por la acción de los poderes públicos, surgen tecnologías más limpias que reducen las emisiones. Las empresas europeas sometidas al RCCDE han contribuido a que la UE alcance los objetivos de reducción del protocolo de Kioto.

2.3

La suma de estos tres efectos del comercio en las emisiones de CO2 es negativa, debido a la preponderancia del volumen de los intercambios, que por el momento no se ve compensada por la difusión de tecnologías limpias. La distancia entre los distintos lugares de producción y los del consumo final no es el único factor que debe tenerse en cuenta ni siempre el preponderante en el balance del carbono.

2.4

No obstante, existe una vinculación específica con el clima debido al impacto del comercio sobre el transporte (3) y, en último término, sobre las emisiones. El petróleo representa hoy en día el 95 % de la energía utilizada por el transporte en el mundo, de modo que el sector de los transportes nacionales e internacionales contribuye a la emisión de gases de efecto invernadero (que representan casi el 15 % de las emisiones totales).

2.5

La mayor parte del comercio internacional se realiza por vía marítima (90 % en peso). Este modo de transporte sigue situándose entre los menos contaminantes, en cuanto a las emisiones de CO2 por kilómetro y tonelada transportada. No obstante, deben tomarse en consideración las previsiones de crecimiento. Según la Organización Marítima Internacional (OMI), las emisiones del transporte marítimo podrían triplicarse de aquí a 2050, especialmente a causa del aumento de los intercambios Sur-Sur.

2.6

Por último, la amenaza de una crisis del agua constituye otra consecuencia grave relacionada con el calentamiento global. De aquí a 2020 la mitad de la población mundial podría verse expuesta al riesgo de escasez de agua. En la actualidad, más de 1500 millones de habitantes del planeta no disponen de acceso a fuentes de agua potable ni de alcantarillado. Además, la agricultura se verá también afectada, según las zonas geográficas, por la falta de agua convirtiendo el comercio en un elemento estratégico en la búsqueda de intereses nacionales de seguridad energética, climática y alimentaria. El comercio internacional podría limitar la presión global sobre los recursos hídricos contribuyendo a la asignación eficaz de los recursos escasos.

3.   Función que podría desempeñar el comercio sobre la difusión de las tecnologías de mitigación y adaptación al clima

3.1

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (GIECC) ha recogido una serie de tecnologías de mitigación y de adaptación que podrían contribuir a superar los problemas relacionados con el cambio climático. Algunas de estas tecnologías figuran en las negociaciones en curso en la OMC en relación con los bienes y servicios medioambientales, tales como, por ejemplo, las turbinas eólicas e hidroeléctricas, los calentadores de agua solares, las células fotovoltaicas o los equipos necesarios para el funcionamiento de instalaciones y de tecnologías que utilizan energías renovables.

3.2

Estas negociaciones sobre bienes y servicios medioambientales en el marco de Doha pueden contribuir a mejorar el acceso a bienes y tecnologías que no contribuyan al cambio climático. No obstante, las ventajas inmediatas en cuanto al cambio climático que cabe esperar de la liberalización del comercio son limitadas. Para una amplia gama de productos – como es el caso concretamente de las energías renovables – las barreras arancelarias son reducidas o moderadas (2 % de media en los países ricos y 6 % de media en los países en desarrollo). Por el contrario, los obstáculos a la inversión y las barreras no arancelarias siguen siendo un importante freno para su difusión: en particular, las normas técnicas e industriales, las dificultades administrativas, la presencia comercial obligatoria en el país importador para el proveedor de servicios, la limitación de las actividades para las empresas extranjeras.

3.3

En la perspectiva de una futura estrategia comercial para 2020, prevista por la Comisión, el CESE considera que el presente dictamen aporta ya elementos de apreciación para el objetivo anunciado de adoptar «iniciativas de apertura comercial para sectores con futuro, como los productos y tecnologías verdes y los productos y servicios de alta tecnología, así como para la normalización a escala mundial, especialmente en los sectores en crecimiento». En particular, el CESE recomienda que se realicen más estudios sobre la dimensión medioambiental y social del cambio climático, así como sobre la gestión de los aspectos relativos al agua. Anima a las sociedades civiles en Europa y de terceros países a participar en las evaluaciones de impacto antes de que se inicien las negociaciones comerciales bilaterales y regionales, particularmente en el capítulo del desarrollo sostenible.

3.4

En lo que respecta al agua potable, el comercio internacional puede intervenir en el ámbito de la transferencia de tecnologías (plantas desalinizadoras, reutilización de aguas y técnicas de alcantarillado). Por tanto, conviene integrar este aspecto en una negociación al margen, en el apartado del comercio de bienes y servicios medioambientales.

3.5

En materia de transporte, el CESE apoya la adopción de objetivos mundiales determinados por la CCNUCC de menos del 10 % de emisiones para el transporte aéreo y de menos del 20 % para el sector marítimo. La decisión de compartir los esfuerzos de reducción también irá dirigida al sector del transporte, puesto que la aviación será progresivamente integrada en el RCCDE a partir de 2012. Una iniciativa europea destinada a establecer objetivos ambiciosos de eficacia energética en el transporte de alta mar contribuiría a tal fin.

3.6

Entre los obstáculos que se oponen a la difusión de las tecnologías limpias y servicios relacionados aparece de manera recurrente la protección reforzada de la propiedad intelectual. Existen estudios que han mostrado que los derechos de propiedad intelectual, principalmente sobre las patentes, han registrado un aumento significativo desde finales de los años noventa. Si bien es cierto que, en particular, las patentes permiten a su titular limitar la disponibilidad, utilización y desarrollo de tecnologías útiles para luchar contra el cambio climático, estos estudios recientes demuestran que los derechos de propiedad intelectual son una cuestión clave para las inversiones a largo plazo y el desarrollo de tecnologías todavía no disponibles. En cambio, no parece que a corto plazo sean el principal obstáculo para la difusión de tecnologías limpias. El coste actual de las patentes para estas tecnologías comerciales sigue siendo por término medio más bien modesto. Es más importante solventar los problemas de escasa ejecución y respeto de los derechos de propiedad intelectual, que siguen constituyendo un factor que disuade de la exportación a determinados países.

3.7

La lucha contra el cambio climático requiere una importante acción colectiva pública al nivel nacional y al nivel europeo. Junto a la presión del mercado (RCCDE), los entes públicos deben poner en marcha rápidamente incentivos financieros y fiscales específicos y desarrollar las inversiones en I+D de tecnologías y servicios «limpios» aún no comerciales. Los entes territoriales pueden acompañar el desarrollo de tecnologías limpias con ocasión de licitaciones destinadas a contrataciones públicas.

3.8

Las relaciones recíprocas de causa y efecto entre apertura comercial y crecimiento plantean la cuestión de la responsabilidad de las empresas y los consumidores de los países importadores en las emisiones. Europa y los Estados Unidos absorben la mitad de las exportaciones procedentes de China. Se plantea la cuestión de establecer una «contabilidad del carbono» que no se limite a las fuentes primarias de emisión y a las etapas previas de fabricación, sino que se extienda a la totalidad de los componentes, desde la concepción hasta la distribución.

3.9

El Comité señala que la dispersión y la fuerte movilidad geográfica de las diferentes divisiones industriales mundializadas dificulta hoy en día la tarea de determinar la medida exacta y estable del contenido en carbono de un producto. Esta dificultad, inherente al hecho de someter a la competencia a un número creciente de actividades y tareas, no facilita la definición de políticas comerciales destinadas a la información y a la sensibilización de los consumidores, tales como las iniciativas privadas de etiquetado, de etiqueta ecológica o de certificación. La evolución de las pautas de conducta y de las decisiones individuales en tiempos de crisis muestra que estos mecanismos deben fomentarse, pero el Comité considera que no pueden sustituir a una acción normativa de los poderes públicos que grave las emisiones en sus fuentes. El Comité propugna una mejora de los análisis del ciclo de vida (ACV) y un refuerzo de los estudios sobre los puntos metodológicos difíciles, que se destinan concretamente a la contabilidad del carbono, y también sobre los aspectos financieros relacionados con el establecimiento desglosado de ésta al nivel de todas las partes sucesivamente afectadas en un sector.

3.10

Toda política medioambiental eficaz debe poder distinguir productos según sus procedimientos y métodos de producción (PMP). La transición hacia una economía con bajas emisiones de carbono sólo se hará si es posible discriminar los productos fabricados con métodos que den lugar a pocas emisiones de gases de efecto invernadero. Se trata, pues, de favorecer determinadas técnicas frente a otras. Si los consumidores realizan gracias a un etiquetado una distinción entre bienes según la forma – ecológica o no – en que se hayan producido, eso modifica esta relación de competencia y permite extraer la conclusión de que no existe similitud entre dos productos fabricados diferentemente.

3.11

En un mundo en que el precio del CO2 está diferenciado, la cuestión de la similitud de los productos – concepto central en la OMC – es ineludible en los debates sobre comercio y clima. El CESE recomienda que, previamente a futuras jurisprudencias del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC, se clarifique en qué medida los PMP pueden justificar una restricción de los intercambios invocando la excepción medioambiental (4). El Comité preconiza una ampliación del mandato del Comité de Comercio y Medio Ambiente de la OMC con miras a aclarar las consecuencias jurídicas del litigio Estados Unidos/Malasia «tortugas [atrapadas con redes para pescar] – gambas».

4.   Relaciones entre competitividad y clima

4.1

Las negociaciones sobre comercio y clima se inscriben en dos ciclos temporales diferentes: las primeras incluyen políticas y medidas con efectos a muy largo plazo, en tanto que las segundas tienen efectos más inmediatos. La complejidad de las relaciones entre las políticas comerciales y climáticas se debe a este encabalgamiento de ciclos temporales. Las medidas relacionadas con el clima pueden tener efectos comerciales a corto plazo, en tanto que las medidas comerciales solo tienen repercusiones sobre el clima en un horizonte muy lejano.

4.2

En un mundo ideal el CO2 tendría un precio único, lo que favorecería que las economías del mundo en fase de crecimiento emitieran menos gases de efecto invernadero sin crear discriminaciones ni falseamientos de la competencia entre países. La situación actual de los debates sobre el cambio climático muestra que ese mundo ideal tendrá que esperar. Durante largos años el precio del CO2 no será único en todo el mundo: oscilará entre los 20 a 30 euros la tonelada según su nivel medio anticipado en el seno del espacio europeo, contra cero euros en la aplastante mayoría de los demás países o regiones.

4.3

El CESE reconoce que en este mundo imperfecto los riesgos de pérdidas de competitividad y de «fugas» de carbono (desplazamiento de industrias emisoras de gases de efecto invernadero fuera de los países y regiones en que el CO2 está sujeto a más gravámenes) afectan ante todo al grupo de países más voluntaristas en lo que respecta a gravar con impuestos las emisiones de CO2, en concreto, a los europeos. La elaboración y la aplicación de acuerdos sectoriales internacionales constituye un debate abierto desde hace más de diez años. Por falta de consenso esta posibilidad no se ha concretado, pero sigue siendo una vía que debe explorarse para las industrias «energívoras». El desarrollo de energías renovables a precio asequible y las redes inteligentes contribuirían también a limitar los riesgos de pérdida de competitividad.

4.4

El Comité apoya la propuesta de la Comisión (5) conforme a la declaración de marzo de 2010, según la cual las empresas de la UE deben poder tener «unas condiciones de competencia equitativas» con respecto a nuestros competidores exteriores. En lo inmediato, los sectores expuestos a un riesgo de fuga deberían recibir, en función de las negociaciones multilaterales sobre el cambio climático, un mayor volumen de asignación gratuita con posibilidad de llegar hasta un 100 % a principios del período posterior a Kioto (2013-2014).

4.5

A largo plazo, en la fase de salida a subasta completa durante la cual el precio de las cuotas se podrá asimilar a una tasa, medidas de ajuste en las fronteras podrían corregir los problemas de pérdidas de competitividad resultantes de esfuerzos de reducción de emisiones muy superiores en Europa a los que realizan sus interlocutores comerciales. Estos mecanismos – tanto si asumen la forma de tasa a la importación o de mecanismo de inclusión de carbono en las fronteras, o si se trata de la obligación que se impone a los importadores europeos de comprar créditos de emisión en el marco del Régimen Comunitario de Comercio de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero (RCCDE), también llamado «mercado del carbono europeo» – constituirían respuestas a la internalización de los costes climáticos de la actividad económica de los sectores sometidos al RCCDE.

4.6

Según algunos estudios, las pérdidas de competitividad y las «fugas» de carbono no parecen significativas durante las dos primeras fases de la puesta en marcha del RCCDE. Entre 2005 y 2012 las asignaciones de cuotas de emisión han sido generosas y esencialmente gratuitas (6). Dado que no existe un mercado mundial del carbono, lo que sería la solución ideal, el Comité Económico y Social Europeo es partidario de que vayan surgiendo diversos sistemas de limitación máxima y de intercambio de derechos de emisión con arreglo al régimen europeo u otros sistemas igualmente eficaces de limitación máxima e intercambio. Propugna, para armonizarlas, estudiar todas las dificultades y soluciones, apoyándose en las integraciones regionales, y tener en cuenta fluctuaciones del sistema monetario de intercambios.

4.7

Existen riesgos de pérdida de competitividad y de fugas para la tercera fase del RCCDE (2013-2020) durante la cual está prevista una asignación progresiva por medio de subastas y una reducción anual de las cuotas de emisión disponibles, con el fin de lograr el objetivo de una reducción de las emisiones del 20 % en 2020 con respecto a 1990. Más adelante, en 2025, se subastará el 100 % de las cuotas, alcanzándose el nivel del 70 % en 2020. Si se optase por la reducción del 30 % de las emisiones, convendría reexaminar los niveles de subasta para modularlos con respecto a los resultados de los demás países firmantes del acuerdo de Copenhague.

5.   La respuesta europea: el paquete Energía-Clima y sus implicaciones para el comercio

5.1

Ante los riesgos de pérdida de competitividad y de «fugas» de carbono derivados de la progresiva salida a subasta de las cuotas y de la limitación de las emisiones en 2020, la Comisión ha propuesto en su paquete Energía-Clima una respuesta en dos etapas. La primera consiste en determinar cuáles son los sectores expuestos sobre la base de dos criterios: la intensidad comercial (apertura a los intercambios fuera de Europa) y el impacto del coste del CO2. En diciembre de 2009 se realizó una lista preliminar de sectores «sensibles», que será revisada cada cinco años. La Comisión sometió a examen entre 200 y 300 sectores (7). El Comité Económico y Social Europeo propugna que solamente los sectores que satisfagan los criterios acumulados de coste CO2 e intensidad comercial puedan beneficiarse a partir de 2013 de un 100 % de asignaciones gratuitas de CO2 sobre la base de sistemas comunes de referencias en materia de resultados. Un primer examen revela una serie de sectores. De conformidad con esta exigencia, el Comité destaca que únicamente once sectores (8) satisficieron los criterios acumulados de coste de CO2 e intensidad comercial.

5.2

El acuerdo de Copenhague, no vinculante y poco ambicioso, queda muy lejos de los resultados deseados por el CESE en su declaración de noviembre de 2009. El acuerdo, mera declaración desprovista del valor jurídico de un tratado, deja además sin resolver la cuestión del futuro del protocolo de Kioto. No obstante, tiene la ventaja de proporcionar una primera base de inscripción y de comparación de los esfuerzos nacionales de mitigación. En el Acuerdo de Copenhague, en el anexo, Europa mantiene su oferta condicional de reducir en un 30 % las emisiones, siempre que los demás países industrializados se comprometan a realizar esfuerzos comparables.

5.3

En lo que se refiere a los niveles de compromiso de los demás países industrializados, Europa podría mantenerse en el objetivo del – 20 %. Optaría así por limitar los problemas de pérdida de competitividad y de «fuga» de carbono que afrontarían los sectores europeos sometidos al RCCDE. No obstante, tal opción no elimina por completo la cuestión de las fugas de carbono por dos razones:

La primera es que los objetivos y compromisos de reducción de los demás países quedan consignados en el anexo del Acuerdo de Copenhague, sin que se defina claramente un mecanismo jurídico para comparar los niveles de emisión entre países.

La segunda es que, pese a que se ha anunciado la creación de mercados de carbono en algunos lugares del mundo (Canadá en 2010, Australia 2011, Estados Unidos en 2012), los plazos continúan «estirándose». Los precios del CO2 que se prevén para dichos mercados, aún muy circunscritos, no llegan a alcanzar el precio medio de la UE.

5.4

Europa, al condicionar su oferta de reducción de emisiones en un 30 % para 2020 a los esfuerzos de compromiso de los demás países, ha quedado a expensas de un hipotético acuerdo multilateral para provocar una bifurcación real de su trayectoria de desarrollo hacia un modelo con bajas emisiones de carbono y lograr así dividir por cuatro sus emisiones en 2050. Independientemente de toda condición y todo objetivo de este tipo, la «descarbonización» progresiva de la economía está pensada en el espacio norteamericano y chino en una lógica «de abajo arriba» unilateral de inversión e innovación. En cierto modo, el acuerdo de Copenhague es una apuesta por la tecnología. Una apuesta a la que Europa también debe responder.

5.5

Por consiguiente, con vistas a desarrollar una economía verde y conservar su liderazgo en este sector, Europa debería, en su propio interés y en el del clima, conservar una alta ambición de reducción progresiva con el fin de alcanzar una reducción de un 80 % en 2050, con – por ejemplo – un objetivo intermedio de 25 a 40 % entre 2020 y 2030. El Comité propone que se desarrollen evaluaciones de impacto (medio ambiente, empleo y desarrollo) para anticipar las transiciones entre 2020 y 2050.

5.6

La fijación de este objetivo intermedio debe ir acompañada de medidas reglamentarias y fiscales que propicien un aumento de la inversión en la investigación y el desarrollo de tecnologías limpias. Como subraya la Comunicación «Europa 2020» de la Comisión (9), en Europa, el gasto en I+D es inferior al 2 %, en comparación con un 2,6 % en Estados Unidos y un 3,4 % en Japón, principalmente debido a los menores niveles de inversión privada. Estos niveles de gasto en I+D no guardan coherencia con los objetivos de la Unión (3 %) y los desafíos climáticos. Para concretar esta vía, el Comité propone que se elaboren evaluaciones de impacto (medio ambiente, empleo y desarrollo) con miras a anticipar las transiciones hacia la próxima etapa de 2020 y las etapas siguientes (2030, 2040, 2050).

5.7

En ambos casos, opción de cortos vuelos u opción ambiciosa, los Estados miembros de la UE corren el riesgo de ser durante algunos años los únicos países que fijen un precio al CO2 (a un nivel no desdeñable) mediante un mercado de intercambio de cuotas de emisión. Sin renunciar a sus altas ambiciones multilaterales para las próximas Conferencias de las Partes (COP) de México (2010) y la India (2011), Europa no debe correr el riesgo de descuidar las políticas «de abajo arriba» de investigación, innovación e inversión. Pero si se apuesta todo al efecto del mercado del carbono, la UE corre el riesgo de descuidar otras políticas útiles para favorecer la investigación, la innovación y la inversión. Ya los distintos planes de recuperación en Europa, a diferencia de los de Asia y América, carecían de este objetivo.

5.8

Con circunspección, el Comité Económico y Social Europeo recomienda dar muestras de pragmatismo en el tratamiento de las fugas de carbono. La asignación gratuita, ya ampliamente extendida, debe seguir favoreciéndose por coherencia con las opciones estratégicas de la Unión. El ajuste en las fronteras no tendría justificación en la OMC mientras la Unión Europea siga favoreciendo la asignación gratuita: en efecto, el RCCDE sólo es asimilable a una tasa (y, por tanto, ajustable en las fronteras) si las cuotas se subastan por completo. Lo más adecuado sería exigir tales ajustes con carácter transitorio para una serie de líneas arancelarias, en caso de riesgos demostrados de fuga de carbono, cuando se haya agotado el recurso a la asignación gratuita. Sólo ajustes muy específicos y argumentados con la perspectiva única – lo cual constituye el principal logro de Copenhague – de frenar el aumento de la temperatura por debajo de los 2 °C podrían defenderse ante el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC.

5.9

A medio plazo, tal elección supone una financiación coherente de una política europea de atenuación. Esta ha dado sus primeros pasos con los proyectos piloto sobre la captura y el almacenamiento de carbono, lo que implica un Comité de seguimiento sobre las inversiones y compartir la propiedad intelectual. La adopción de medidas de ajuste temporales no puede ser digna de crédito si no va acompañada de políticas de innovación encaminadas a buscar las soluciones de un desarrollo sostenible.

Bruselas, 26 de mayo de 2010.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI


(1)  Artículo XX de la OMC. El Artículo XX Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio (GATT) prevé la posibilidad de exención de las normas de libre intercambio si las medidas están justificadas por la protección del medio ambiente.

(2)  El comercio y el cambio climático, OMC y PNUMA, junio de 2009.

(3)  CESE 461/2010 (aún no publicado en el DO).

(4)  Véase nota 16 a pie de página.

(5)  Directiva 2009/29/CE, DO L 140 de 5.6.2009, pp. 63-87.

(6)  La primera fase del sistema de intercambio de cuotas de emisión (2005-2007) fue una fase piloto, de aprendizaje, que permitió establecer el precio del carbono, el libre intercambio de cuotas de emisión en toda la UE y la infraestructura necesaria para supervisar, declarar y verificar las emisiones reales de las empresas afectadas. La segunda fase (2008-2012) coincide con el primer período de compromiso con el protocolo de Kioto: período de cinco años durante el cual la UE y los Estados miembros deberán alcanzar los objetivos de emisión definidos por el protocolo. Un exceso en la asignación de cuotas durante la primera fase dio lugar a un hundimiento de las cotizaciones del CO2 al iniciarse la segunda fase. En algunos sectores persiste un exceso de asignación durante la segunda fase.

(7)  Según el artículo 10 bis, apartado 15, de la Directiva 2003/87/CE, «debe considerarse que un sector o subsector está expuesto a un riesgo significativo de fuga de carbono si la suma de los costes adicionales directos e indirectos derivados de la aplicación de la Directiva puede dar lugar a un aumento sustancial del coste de producción, calculado como proporción del valor bruto añadido, del 5 % como mínimo, y si la intensidad del comercio con terceros países, definida como la proporción entre el valor total de las exportaciones a terceros países más el valor de las importaciones de terceros países y la dimensión total del mercado para la Comunidad (volumen de negocios anual más el total de las importaciones de terceros países), sea superior al 10 %». Tales sectores son: fabricación de almidones y productos amiláceos, industria del azúcar, elaboración de otras bebidas o destiladas, procedentes de fermentación, destilación de alcohol etílico procedente de fermentación, fabricación de papel y cartón, refino de petróleo, fabricación de vidrio plano, fabricación de vidrio hueco, fabricación de azulejos y baldosas de cerámica, fabricación de tubos de hierro, producción y primera transformación de plomo, zinc y estaño. Si a estos dos criterios se añade un criterio de coste adicional del 30 % o una apertura comercial superior al 30 %, la lista comprende otros 16 sectores, es decir, un total de 27.

(8)  Decisión de la Comisión de 24 de diciembre de 2009 notificada con el número C(2009) 10251, DO L 1 de 5.1.2010, pp. 10-18.

(9)  COM(2010) 2020 «Europa 2020 – Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador».


21.1.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 21/21


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Las relaciones UE-ASEAN»

2011/C 21/04

Ponente: Claudio CAPPELLINI

El 26 de febrero de 2009, el Comité Económico y Social Europeo, de conformidad con el artículo 29.2 de su Reglamento Interno, decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema:

«Las relaciones UE-ASEAN».

La Sección Especializada de Relaciones Exteriores, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 11 de mayo de 2010.

En su 463o Pleno de los días 26 y 27 de mayo de 2010 (sesión del 26 de mayo de 2010), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 163 votos a favor y 5 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1   El CESE subraya que es esencial renovar e intensificar las relaciones de las instituciones comunitarias con la ASEAN. El presente dictamen se inscribe en este contexto, al igual que ya han venido haciendo algunas iniciativas del CESE a este respecto (1), en las que se ha destacado, desde hace ya más de una década, la importancia que reviste una mayor proyección de la UE hacia el sudeste asiático y se ha puesto de manifiesto la contribución fundamental que la Unión habría podido aportar a la integración regional asiática.

1.2   Sin embargo, el CESE señala que, a fecha de hoy, la asociación UE-ASEAN no ha logrado los avances deseados. A pesar de los esfuerzos –también de orden económico– desplegados para favorecer, sobre todo en los últimos años, el diálogo estructurado UE-ASEAN en distintos ámbitos (político, comercial, cooperación, etc.), los resultados concretos han sido discretos, y todo parece indicar que no se aprovecha plenamente el potencial de diálogo, ni con las sociedades civiles ni entre ellas mismas. La década transcurrida parece representar más una ocasión fallida que una oportunidad con vistas a reforzar la asociación con una región considerada estratégica para los intereses de la Unión Europea en el mundo (2). Resulta emblemático el caso de las negociaciones comerciales: mientras la UE y la ASEAN se han concedido una pausa en el plano negociador, la ASEAN ha estrechado sus acuerdos comerciales con el resto de los protagonistas geoeconómicos mundiales (China, India y Australia), mientras que mantiene en curso negociaciones con Estados Unidos, Corea del Sur y Japón.

1.3   Hoy por hoy, en un contexto internacional sometido a profundas transformaciones en el que si, por un lado, se han incrementado los imperativos políticos y económicos respecto de la década precedente, por el otro han surgido nuevas oportunidades de integración y diálogo, el CESE pretende con el presente dictamen formular reflexiones y propuestas funcionales que sean útiles para relanzar las relaciones UE-ASEAN.

1.4   El Comité insiste en que la garantía de un trabajo digno y el respeto de los ocho convenios laborales fundamentales de la OIT siguen siendo el requisito imprescindible para avanzar en la asociación regional. A todo ello se une, en el caso de Birmania, el problema que plantea la protección de los derechos humanos que, como bien subrayó también el Parlamento Europeo en enero de 2008, representa un obstáculo insuperable a la hora de emprender negociaciones con dicho país. Así pues, el CESE acoge favorablemente que las negociaciones comerciales UE-ASEAN se fijen objetivos más ambiciosos en comparación con otros acuerdos comerciales firmados por la ASEAN y, en particular, por lo que respecta a las normas laborales y medioambientales, así como al diálogo social (3). En este sentido, el planteamiento bilateral (véase el punto 4.2.2) debería ser considerado como un primer paso hacia la celebración de acuerdos comerciales regionales o multilaterales, y no su abandono. En abril de 2008, en su Dictamen sobre las nuevas negociaciones en materia de acuerdos comerciales (CESE 773/2008), el Comité dejó claro que en estas y en otras negociaciones previstas en su Comunicación «Una Europa global», la Comisión debería tomar como base los 27 convenios ya identificados por el sistema en vigor del SPG Plus, que «deben constituir el umbral mínimo de debate del capítulo del desarrollo sostenible para las negociaciones abiertas con los países de Asia». Esto incluía las negociaciones con la ASEAN. Sin embargo, el dictamen reconocía la necesidad de «una valoración diferenciada», y señalaba también que los acuerdos bilaterales (véase el punto 1.2) «deben considerarse compatibles con un multilateralismo que sin duda se acabará consolidando».

1.5   La experiencia demuestra las ventajas recíprocas que se derivan de la cooperación y el diálogo con socios internacionales en distintas partes del mundo. Tanto una como otro permiten mejorar el entendimiento mutuo y aplicar un planteamiento más eficaz para abordar los desafíos y problemas existentes. En este sentido, el CESE subraya la oportunidad de conseguir una mayor participación de los interlocutores sociales y las organizaciones de la sociedad civil, tanto a nivel europeo como en terceros países, a la hora de evaluar el impacto en la sostenibilidad socioeconómica de los acuerdos de libre comercio con los países de la ASEAN y la vulnerabilidad de los colectivos sociales más expuestos a la competencia, así como la necesidad de fortalecer la sociedad civil y el desarrollo sostenible en el ámbito del «diálogo estructurado» UE-ASEAN. Merece la pena subrayar a este respecto que las relaciones con la UE han sido más eficaces en aquellos países miembros de la ASEAN (como Indonesia, Tailandia y Filipinas) que cuentan con organizaciones de la sociedad civil. El desafío actual consiste en encontrar modalidades eficaces de colaboración incluso con las organizaciones más débiles de la sociedad civil en los demás países de la región.

1.6   En este sentido, el CESE se muestra dispuesto, en colaboración con las demás instituciones comunitarias, a desempeñar un papel que estimule, facilite y ofrezca sus conocimientos técnicos con vistas a reforzar el diálogo con las sociedades civiles de los países miembros de la ASEAN y, en particular, con los más vulnerables. Este objetivo será posible si se lleva a cabo en estrecha colaboración, e integración, con el nuevo servicio diplomático de relaciones exteriores de la UE.

1.7   El Comité propone la creación de una plataforma integrada e inclusiva de las organizaciones sociales UE-ASEAN, para abordar las cuestiones clave del proceso de integración interregional y apoyar el fortalecimiento de aquellas organizaciones que responden a las necesidades de las sociales civiles locales, especialmente en los países donde dichas organizaciones sean más débiles. Este nuevo instrumento de cooperación entre los agentes de la sociedad civil UE-ASEAN favorecería una estrategia integrada para el desarrollo de las capacidades a través del intercambio de experiencias sobre casos concretos y aspectos diversos del proceso de integración: diálogo sociocultural, colaboración científica y productiva, servicios de interés general, gestión de emergencias, etc.

1.8   En este orden de cosas, el Comité propone comprobar si es viable la creación de una fundación europea específicamente orientada hacia el diálogo social, civil, profesional e intercultural entre la UE y la ASEAN, posiblemente con la colaboración de la Fundación ASEAN (4) y la Fundación Asia-Europa (ASEF) (5). Un programa anual de actividades realista podría desempeñar una útil función de seguimiento, al servicio de las instituciones comunitarias interesadas.

1.9   Además, el Comité propone emprender en breve la publicación de un «informe anual» sobre el estado de los modelos y sistemas de participación en la ASEAN a fin de comprobar los progresos realizados en ámbitos temáticos específicos como, por ejemplo, el sector de la seguridad alimentaria, el agua y la sanidad, etcétera. El informe sería también una ocasión periódica para llevar a cabo un seguimiento de las actividades emprendidas en favor de la acción sociocultural y podría favorecer también la comparación con modelos y acciones similares por parte de los principales organismos internacionales, con la FAO a la cabeza, y otros agentes de alcance global (por ejemplo, Estados Unidos o Japón).

1.10   Con la finalidad de promover el diálogo y la cooperación institucional entre los interlocutores sociales, el Comité propone, por último, entablar un diálogo permanente entre funcionarios de la ASEAN y delegados del CESE, auspiciando encuentros y colaboración institucional, de carácter regular, en conexión con los acontecimientos más destacados en la actividad de la organización y los principales momentos en el marco del diálogo estructurado UE-ASEAN y ASEM. Por ejemplo, la Comisión debería fomentar un diálogo constante entre los representantes de la ASEAN, a todos los niveles, y los representantes de la sociedad civil organizada europea, así como con la de aquellos países interesados, sobre la base de un programa de actividades consensuado y realista (por ejemplo, el debate de los dictámenes del CESE en los países miembros de la ASEAN). Los resultados de estas actividades deberían someterse a diversas modalidades de evaluación cualitativa y cuantitativa, fácilmente comprensibles en las distintas lenguas de la Unión Europea y de los países de la ASEAN. En este sentido, un foro UE-ASEAN promovido por el CESE podría suscitar interés entre distintas instituciones y entes públicos y privados.

2.   La ASEAN: características y evolución

2.1   Desde su nacimiento hasta la actualidad, la ASEAN ha atravesado un lento y progresivo proceso de maduración que, con el tiempo, la ha llevado a adoptar una fisonomía distinta y más compleja. Surgida al abrigo de la lógica geopolítica de la guerra fría, ya fuera por exigencias de seguridad territorial, para legitimar Estados que acababan de lograr su independencia o para promover el multilateralismo, la ASEAN ha ampliado paulatinamente el proceso de integración regional, inicialmente en el área económica y comercial, para posteriormente, empujada también por la crisis económica de 1997, emprender un proceso integrador más avanzado de naturaleza institucional, político-económica y sociocultural.

2.2   La UE ha representado, ya desde los Tratados constitutivos de la Comunidad Europea y, más recientemente, tras la adopción de la moneda única y la ampliación hacia el Este, una «fuente de inspiración natural» para la ASEAN, y el «diálogo estructurado» UE-ASEAN ha influido sin lugar a dudas en la evolución más reciente del sudeste asiático en términos de integración. La Carta de la ASEAN de 15 diciembre de 2008 (6) dotó a la asociación de personalidad jurídica. Con ocasión de la 14a Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, la ASEAN esbozó una hoja de ruta para constituir un mercado común de aquí a 2015. De este modo, la Comunidad ASEAN se dota de una estructura de tres pilares: una comunidad económica (AEC), una comunidad política y de seguridad (APSC) y una comunidad sociocultural (ASCC) (7).

2.3   La entrada en vigor de la comunidad económica viene precedida por la liberalización comercial del Acuerdo AFTA (ASEAN Free Trade Area) y la liberalización de la inversión en el seno de la ASEAN, regulada por el Acuerdo AIA (ASEAN Investment Area), con una derogación de cinco años para los países CLMV (8). La comunidad política y de seguridad sigue vinculada fundamentalmente al diálogo intergubernamental. La cooperación sociocultural atañe principalmente a la colaboración en materia de educación, desarrollo de los recursos humanos, TIC, empleo público, bienestar, reducción de la pobreza, seguridad alimentaria, prevención y seguimiento de las enfermedades infecciosas, gestión de catástrofes naturales, protección de los derechos de los menores, las mujeres y los discapacitados, y protección medioambiental.

2.4   El reforzamiento institucional de la ASEAN viene acompañado de un mayor papel de esta organización en el plano internacional. El 1 de enero de 2010 entraron en vigor los acuerdos de libre intercambio con Australia y Nueva Zelanda, con China y con la India. El Acuerdo con Australia y Nueva Zelanda (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area, AANZFTA) prevé la liberalización del comercio de bienes (99 % de los productos que importan Indonesia, Malasia, Filipinas y Vietnam), servicios e inversiones.

2.5   El Acuerdo con China (China ASEAN Free Trade Area, CAFTA) conlleva la abolición de los aranceles aduaneros para 7 000 grupos mercadotécnicos (aproximadamente el 90 % de las intervenciones aduaneras), creando así un mercado integrado por cerca de 1 900 millones de personas y caracterizado por un volumen de intercambio que ronda los 4 500 millones de dólares. Se ha acordado a los países CLMV un período de transición hasta 2015.

2.6   El Acuerdo con la India (ASEAN India Trade In Goods, TIG) prevé una gradual liberalización arancelaria para más del 90 % de los productos comerciados, incluidos «productos especiales» como aceite de palma, café, té y pimienta. También en este caso, el acuerdo supone la creación de un mercado único e integrado compuesto por más de 1 800 millones de personas.

2.7   La ASEAN mantiene, además, relaciones privilegiadas de cooperación política y económica con Corea del Sur, Japón y China (bloque ASEAN+3) y con Estados Unidos –que, como es bien sabido, tiene intereses estratégicos en el Pacífico sudoriental–, y han firmado un acuerdo de libre comercio con Singapur. Reviste especial interés estratégico la propuesta del Presidente Obama (se vienen manteniendo negociaciones al respecto desde el pasado marzo) de ampliar la Asociación Transpacífica (Trans-Pacific Partnership-TPP) –hoy compuesta por Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur– a Estados Unidos, además de Australia, Perú y Vietnam.

3.   UE-ASEAN: situación actual de las relaciones

3.1   La importancia de las relaciones UE-ASEAN se hace más que evidente si tenemos en cuenta las relaciones comerciales y financieras entre las dos regiones geoeconómicas. En la Comunicación «Europa global» de 2006, la Comisión incluyó la ASEAN entre los mercados prioritarios atendiendo a su considerable potencial de crecimiento: entre 2004 y 2008 el comercio de bienes y servicios entre la UE y la ASEAN creció más de un 25 %, alcanzando los 175 000 millones de euros en 2008 (según datos de la DG Comercio).

3.2   La ASEAN es actualmente el tercer socio comercial de la Europa comunitaria, tras Estados Unidos y China, con un peso equivalente al 7 % de sus importaciones totales. La balanza comercial UE-ASEAN registra un déficit considerable, equivalente a cerca de 25 000 millones de euros en 2008 (datos de Eurostat). La UE importa principalmente maquinaria (29 200 millones de euros en 2008) y productos agrícolas (12 400 millones de euros en 2008), mientras que registra superávit en su balanza de servicios (2 600 millones de euros en 2007, según Eurostat).

3.3   Por lo que respecta a las inversiones, los flujos de capital UE-ASEAN durante el período 2005-2008 registraron un aumento del 200 %, (alcanzando un valor total de 105 400 millones de euros, según datos de Eurostat). Los inversores europeos fueron responsables de cerca del 27 % de los flujos de IDE hacia la ASEAN. La inmensa mayoría de este capital va a parar a Singapur (65 %), seguido de Malasia (9 %) Tailandia, Indonesia, Brunei y Vietnam (entre 5 y 7 % cada uno), mientras que menos del 1 % fluye hacia otros países. Durante ese mismo período se ha asistido, no obstante, a un considerable aumento del flujo de capital ASEAN-UE, que ha pasado de 29 700 millones a 43 600 millones de euros en 2007 (datos de Eurostat). El 85 % de los capitales con procedencia de la ASEAN proceden de dos únicos países: Singapur y Malasia (9).

3.4   A pesar del aumento de las relaciones comerciales y financieras, los mercados de la ASEAN mantienen considerables barreras de carácter arancelario y no arancelario. La eliminación de dichas barreras mediante la aplicación de un acuerdo de libre comercio UE-ASEAN reportaría claros beneficios para la Unión, sobre todo en el sector de los servicios, aunque también supondría ventajas para los países de la ASEAN, que, aunque el efecto sea diferente en cada país, muestran tendencia a registrar mayores ventajas cuanto más se profundiza en la integración (véase el documento TSIA, DG Comercio) (10).

3.5   Las negociaciones comerciales emprendidas en julio de 2007 por la UE y siete países de la ASEAN «no LDC» (11) quedaron, sin embargo, bloqueadas por consenso en marzo de 2009: no sólo la considerable heterogeneidad de los socios de la ASEAN desde el punto de vista económico (los países presentan divergencias en términos de desarrollo humano, esperanza de vida, niveles de pobreza y prioridades de gasto público) o la diversidad de políticas comerciales, sino también las profundas diferencias de orden político (basta pensar en la dictadura militar y las cuestiones de derechos humanos en Birmania/Myanmar) han resultado ser obstáculos insuperables, también para las negociaciones comerciales. Sobre esta cuestión, el Comité mantiene la misma postura que el Parlamento Europeo que, en enero de 2008, ya se manifestó en contra de la firma de un acuerdo comercial con Birmania/Myanmar bajo el actual régimen militar.

3.6   El debilitamiento de la integración económica y comercial ha venido acompañado recientemente de un reforzamiento gradual de las relaciones político-institucionales entre la UE y la ASEAN, aunque de carácter exclusivamente intergubernamental. En este contexto, cabe citar el ASEAN-EU Programme for Regional Integration Support (fases I y II) (12); la Trans Regional EU-ASEAN Trade Initiative (TREATI) (13) y el Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument (READI) (14).

3.7   Además de estos acuerdos, las dos organizaciones han emitido recientemente una declaración conjunta sobre la lucha contra el terrorismo (14o encuentro ministerial de 2003) (15) y, con ocasión del 16o encuentro ministerial en Nuremberg el 15 de marzo de 2007, adoptaron un plan de acción común (Plan de acción de Nuremberg para el período 2007-2012).

3.8   Además, la UE y la ASEAN mantienen una cooperación política con encuentros conjuntos entre los respectivos ministros de Asuntos Exteriores y altos funcionarios. La 17a reunión de ministros de Asuntos Exteriores UE-ASEAN, celebrada los días 27 y 28 de mayo de 2009 en Phnom Penh (Camboya), fue la ocasión elegida para hacer balance de los dos primeros años de aplicación del plan de acción de Nuremberg y para afrontar nuevas cuestiones, como la recesión global y el riesgo de pandemia como consecuencia del virus A/H1N1. Como conclusión, se adoptó un nuevo documento que fija las prioridades y objetivos que se perseguirán durante el bienio 2009-2010, la denominada Agenda Phnom Penh.

3.9   Aun tratándose de un tema al margen del diálogo UE-ASEAN, hay que citar la positiva experiencia de ASEM (Asia-Europe Meeting), que sigue siendo en la actualidad el principal canal de relación multilateral entre Europa y Asia  (16) . El ASEM acompaña la celebración cada dos años de cumbres bilaterales de carácter intergubernamental (17), del Asia Europe People’s Forum, la Asia-Europe Parliamentary Partnership y el Asia-Europe Business Forum, además de una plataforma en redes para fomentar la colaboración científica en la enseñanza y la investigación: la Trans-Eurasia Information Network (TEIN) (18).

4.   Principales temas de las relaciones UE-ASEAN

4.1   Sin ánimo de ser exhaustivo, el Comité cree útil centrar la atención en algunos temas prioritarios y otros aspectos críticos, considerados estratégicos para la futura evolución de las relaciones entre la UE y la ASEAN, con el fin de proponer líneas directrices y acciones concretas.

4.2   Como ya se ha subrayado, en la actualidad se mantienen suspendidas las negociaciones comerciales entre ambas partes. A fin de mantener su compromiso en esta región, la UE ha emprendido negociaciones para la firma de acuerdos bilaterales de libre intercambio con algunos Estados miembros de la ASEAN (comenzando por Singapur y Vietnam).

4.2.1   Es innegable que los países de la ASEAN siguen presentando realidades heterogéneas, tanto desde el punto de vista político-institucional (en la ASEAN conviven regímenes democráticos y autoritarios, además de verdaderas dictaduras militares, como es el caso de Birmania/Myanmar), como desde el punto de vista económico (existen, por ejemplo, enormes divergencias entre las denominadas economías ASEAN-6 y los cuatro países CLMV por lo que respecta a todos los indicadores de desarrollo socioeconómico). Además, las instituciones de la ASEAN (Secretaría y Presidencia) no tienen competencias negociadoras. Existe asimismo cierta cautela acerca del coste social que conllevaría una profunda integración económica para los países CLMV (19).

4.2.2   En cualquier caso, la opción bilateral sigue siendo la segunda mejor opción y la exclusión de algunos países (Birmania, Camboya y Laos) de las negociaciones ha sido duramente criticada por los propios países de la ASEAN. Además, la necesidad de favorecer unas negociaciones propiamente dichas de base regional es fundamental para reforzar la presencia europea en esta región y fomentar también el diálogo con China, vistos los estrechos vínculos entre las economías de esta parte del mundo. Desde esta perspectiva, la firma de tratados bilaterales con los países de la ASEAN ha de considerarse exclusivamente un primer paso hacia un marco más amplio de asociación político-económica de carácter regional, tanto por el papel crucial que desempeña la región asiática para el equilibrio político-económico internacional e, indirectamente, para las relaciones entre la UE y China, como atendiendo a la voluntad de los países del sudeste asiático de crear un mercado común para 2015, objetivo que cuenta con el apoyo técnico y financiero de la UE.

4.3   La UE está negociando con los países de la ASEAN acuerdos específicos de cooperación ampliada (Partner and Co-operation Agreements o PCA) y apoya la «Iniciativa ASEAN para la Integración» (IAI), así como las demás acciones relacionadas con los ámbitos de crecimiento subregional (20). Además, se ha reforzado la colaboración en el sector de la enseñanza y la formación profesional, cuyos objetivos principales son elevar las normas en el ámbito educativo y promover el aprendizaje de idiomas y el uso de las modernas tecnologías de la información y la comunicación (21).

4.3.1   Teniendo en cuenta que la seguridad alimentaria representa una cuestión delicada, la UE pretende reforzar también la colaboración con la FAO en este ámbito. La FAO ya ha elaborado, en colaboración con la ASEAN, un ASEAN Integrated Food Security Framework (AIFS) con su correspondiente plan de acción estratégico (Strategic Plan of Action for Food Security (SPA-FS)), y en la actualidad está llevando a cabo diez estudios por país sobre los efectos de la crisis para la seguridad alimentaria en la región. La FAO esta trabajando asimismo en un memorando de entendimiento con la ASEAN para formalizar las relaciones mutuas y facilitar las acciones de asistencia técnica en el ámbito de la seguridad alimentaria en la región.

4.3.2   Tomando en consideración la vulnerabilidad socioeconómica de la región a las perturbaciones externas, así como los probables efectos secundarios que ocasionará la aplicación de los acuerdos de liberalización comercial a la vulnerabilidad de algunos países miembros y de algunos grupos sociales más expuestos a la competencia, sería conveniente prestar una mayor atención a este tipo de aspectos en la cooperación económica, también por lo que respecta a la puesta en común de conocimientos con otras instituciones internacionales y centros de investigación.

4.4   La cooperación política entre la Unión y la ASEAN sigue siendo exclusivamente de índole intergubernamental y se desarrolla a través de encuentros de carácter periódico –bienal– entre los respectivos ministros de Asuntos Exteriores y altos funcionarios. En cualquier caso, estas reuniones ministeriales han favorecido paulatinamente una mayor convergencia de las posiciones en materia de política exterior. Por ejemplo, la UE ha solicitado el acceso al Tratado de Amistad y Cooperación de la ASEAN y, con tal finalidad, esta organización ha aceptado hacer extensivo su Tratado a entidades jurídicas supranacionales.

4.4.1   Por lo que respecta a la cooperación sociocultural, ésta ha quedado regulada, para el período 2009-2010, por la Agenda de Phnom Penh, que establece objetivos comunes en distintos sectores, desde la seguridad sanitaria hasta la ciencia y la tecnología, pasando por la formación profesional o la protección del patrimonio artístico y cultural. Sin embargo, la participación de la sociedad civil sigue siendo paradójicamente modesta en el ámbito de la cooperación social. Hoy por hoy no existen foros donde se puedan expresar plenamente las distintas exigencias y expectativas de los interlocutores sociales y de los demás ciudadanos acerca de la situación actual y las perspectivas de futuro de la colaboración entre la UE y la ASEAN (22).

4.4.2   Por último, en materia de derechos humanos, no puede dejar de valorarse positivamente la reciente creación, a raíz de la entrada en vigor de la Carta ASEAN, de una comisión intergubernamental sobre derechos humanos. Aun tratándose de un ente que carece, al menos por ahora, de poderes coercitivos y sancionadores y cuyo cometido se centra más en la promoción que en la tutela de los derechos humanos, se trata indudablemente de un primer paso hacia una protección más completa de los derechos humanos, una meta que la organización esta llamada a alcanzar en los próximos años. No obstante, el Comité reitera que, habida cuenta de la presente situación en materia de derechos humanos, no es posible avanzar en las negociaciones con la actual dictadura militar en Birmania/Myanmar.

Bruselas, 26 de mayo de 2010.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI


(1)  EXT/132 de 1996; EXT/153 de 1997.

(2)  Véase la reciente Comunicación de la Comisión: «Una Europa global: competir en el mundo», de 2006.

(3)  Aunque es indudable que no se puede comparar ambas situaciones, el capítulo 13 del Acuerdo de Libre Comercio de la UE con Corea del Sur puede ser de utilidad como modelo de referencia.

(4)  La Fundación ASEAN fue creada el 15 de diciembre de 1997 en Kuala Lumpur coincidiendo con el trigésimo aniversario de esta asociación. Esta asociación persigue la mejora de la calidad de vida y el bienestar de los pueblos del sudeste asiático, a la vez que promueve una mayor sensibilización acerca de los beneficios que reporta el proceso de integración regional, recurriendo a un mayor contacto entre los pueblos y a la colaboración entre instituciones sociales y académicas.

(5)  La Fundación Europa-Asia (ASEF), fundada en febrero de 1997 por los países de la ASEM, promueve el diálogo y la colaboración entre las poblaciones asiáticas y europeas a través de unos intercambios culturales, intelectuales y personales que impliquen a las sociedades civiles y las organizaciones de los países en cuestión.

(6)  Véase la Carta de la ASEAN, Singapur, 20 de noviembre de 2007. Este tratado constitucional sienta la arquitectura básica de esta asociación. La Carta incluye un prefacio, 13 capítulos y 55 artículos.

(7)  Véanse las propuestas relativas a la Comunidad Económica de la ASEAN (AEC), Singapur, 20 de noviembre de 2007. la Comunidad política y de seguridad de la ASEAN (APSC) (Cha-Am, 1 de marzo de 2009) y la comunidad sociocultural de la ASEAN (ASCC) (Cha-Am, 1 de marzo de 2009).

(8)  Las siglas CLMV hace referencia a los miembros más recientes de la organización (Camboya, Laos, Myanmar y Vietnam).

(9)  De las dieciocho multinacionales de la ASEAN que figuran entre las cien primeras a nivel mundial, once tienen su sede en Singapur y seis en Malasia (datos de UNCTAD).

(10)  DG Comercio, «Trade Sustainability Impact Assessment (TSIA) of the FTA between the EU and ASEAN» (Evaluación del impacto de sostenibilidad comercial del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y la ASEAN), junio de 2009, TRADE07/C1/C01 - Lote 2.

(11)  Indonesia, Malasia, Singapur, Brunei, Tailandia, Filipinas y Vietnam.

(12)  El Programa de Apoyo a la Integración Regional ASEAN-EU (Programme for Regional Integration Support o APRIS I), firmado en Yakarta en septiembre de 2003 con un presupuesto de 4,5 millones de euros para apoyar el cumplimiento de los objetivos previstos en el plan de acción de Vientiane, la introducción de la ventanilla única ASEAN para la armonización de los procedimientos aduaneros, la reducción de las barreras técnicas al comercio, el alineamiento de las normas de calidad en la región y la asistencia técnica a la Secretaría de la ASEAN. Los objetivos principales de APRIS II (véase ASEAN-EU Programme for Regional integration Support (APRIS)- Fase II, Yakarta, noviembre de 2006) son, por el contrario, de índole comercial: favorecer el alineamiento de las normas ASEAN con las internacionales; en materia de inversiones, favorecer la adopción de un plan de acción para agilizar la eliminación de las barreras al flujo y a la libre circulación de capitales en la región; en el ámbito institucional, promover un reforzamiento del mecanismo ASEAN para la resolución de litigios y proporcionar asistencia a la Secretaría de la ASEAN con el fin de garantizar que desempeñe de modo eficaz de sus funciones. La vigencia del APRIS II abarcó el trienio 2006-2009 y su cobertura financiera se garantizó con una dotación inicial, por parte de la UE, de 8,4 millones de euros. En 2007 se asignó una dotación adicional por valor de 7,2 millones de euros para apoyar las iniciativas previstas en el plan APRIS II, con especial hincapié en el cumplimiento de normas comunes en los países de la región para los sectores agroalimentario, la electrónica, la cosmética y los productos derivados de la madera.

(13)  Programa de asistencia técnica que la Unión se compromete a proporcionar a los países del sudeste asiático para acelerar el cumplimiento de los objetivos de integración ASEAN por lo que respecta a las normas en el ámbito de los productos agroalimentarios e industriales, y en materia de obstáculos técnicos al comercio. Véase la Iniciativa de Comercio Transregional (Trans-Regional EU-ASEAN Trade Initiative), Luang Prabang, 4 de abril de 2003.

(14)  El READI abarca todos los temas de cooperación no comercial y promueve el diálogo político en ámbitos de interés común como, por ejemplo, la sociedad de la información, el cambio climático, la seguridad de la aviación civil, el empleo y los asuntos sociales, la energía, la ciencia y la tecnología.

(15)  Véase la Declaración conjunta sobre Cooperación en la Lucha contra el Terrorismo, Bruselas, 27 y 28 de enero de 2003.

(16)  Los actuales 45 miembros de la ASEM representan, aproximadamente, la mitad del PIB mundial, y en torno al 60 % de la población y del comercio mundiales (datos de la Comisión Europea).

(17)  La Octava Cumbre se desarrollará en Bruselas en octubre y se centrará en el tema «Mejorar la calidad de vida».

(18)  El proyecto TEIN3 (http://www.tein3.net/) ofrece un portal para promover la colaboración científica a cerca de 8 000 centros de investigación e instituciones académicas de la región Asia-Pacífico, así como su participación en proyectos con centros equivalentes de Europa. La colaboración informatizada de la investigación entre Europa y Asia está asegurada con la conexión a través de la red GEANT.

(19)  De conformidad con el «tratamiento especial y diferenciado» adoptado por la OMC, la UE se muestra dispuesta a considerar los heterogéneos niveles de desarrollo de los países asociados. Cabe tener igualmente en cuenta que las exportaciones de Laos y Camboya se benefician de un acceso preferente al mercado de la UE gracias a la iniciativa «Todo menos armas».

(20)  Por el momento existen cinco proyectos comunes en curso, con un presupuesto total de 55,5 millones de euros.

(21)  Se otorga prioridad a los proyectos en materia de formación profesional, transportes, energía y desarrollo sostenible. Véase el Instrumento de Diálogo Regional UE-ASEAN (Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument), Kuala Lumpur, 2005.

(22)  La única excepción –parcial– la constituye la ASEAN-EU Business Network, con sede en Bruselas, que se creó en 2001 con el objetivo de fomentar las relaciones comerciales entre ambas partes.


21.1.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 21/26


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «El 28o régimen — Una alternativa para legislar menos a nivel comunitario» (Dictamen de iniciativa)

2011/C 21/05

Ponente: Jorge PEGADO LIZ

El 16 de julio de 2009 el Comité Económico y Social Europeo decidió, conforme al artículo 29, apartado 2, de su Reglamento interno, elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema

«El 28o régimen – Una alternativa para legislar menos a nivel comunitario».

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 30 de marzo de 2010.

En su 463o Pleno de los días 26 y 27 de mayo de 2010 (sesión del 27 de mayo), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 124 votos a favor, 8 en contra y 20 abstenciones, el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1   En los últimos tiempos, en muchas ocasiones y en muchos actos, algunas voces de la sociedad civil han planteado la cuestión de si podría aprobarse un régimen facultativo como alternativa a la forma tradicional de armonizar las legislaciones en ámbitos específicos, y regular de esta forma determinados tipos de relaciones jurídicas, en particular los contratos civiles.

1.2   Igualmente, en determinados documentos de la Comisión y del Parlamento Europeo han comenzado a aparecer referencias a lo que se denomina un 28o régimen, principalmente en relación con temas importantes en los que una deseable armonización completa parece no ser ni fácil ni factible.

1.3   El CESE ha expresado, en una serie de dictámenes, su apoyo a la realización de un estudio detallado de este mecanismo y de su posible aplicación a ámbitos específicos.

1.4   Al margen del camino emprendido por el Dictamen del CESE sobre el tema «El contrato de seguro europeo» (1) llevado a cabo por el Grupo de proyecto «Reformulación del Derecho del contrato de seguro» con la reciente publicación de los «Principios del Derecho europeo del contrato de seguro (PEICL)» en relación con el ejercicio que representa el «Marco común de referencia», sólo en unas pocas ocasiones ha seguido el legislador europeo un enfoque similar en el ámbito del Derecho de sociedades, de la propiedad intelectual y del Derecho internacional.

1.5   Sin embargo, su naturaleza jurídica, su objeto, su marco jurídico, su ámbito de aplicación, sus ventajas y sus inconvenientes así como su posible contribución a la realización del mercado único no han sido, hasta el momento, discutidos a fondo.

1.6   Para este objetivo concreto, y en la línea de su dictamen sobre «El planteamiento proactivo del Derecho» (2), el CESE decidió sacar adelante su dictamen de iniciativa y acompañarlo por una audiencia pública en la que representantes de las partes interesadas, del mundo académico, funcionarios públicos de distintos Estados miembros y de la Comisión tuvieron la ocasión de expresar sus puntos de vista.

1.7   Tomando en consideración la mayor parte del material escrito y de las opiniones vertidas en los últimos años, y en particular durante la audiencia, el CESE reconoce que es necesario considerar algunos parámetros fundamentales a la hora de definir y diseñar un régimen facultativo que ofrezca ventajas en términos de «legislar mejor» y que posibilite un entorno regulador más sencillo, comprensible y accesible.

1.8   El régimen facultativo debería por tanto:

a)

ser concebido como un «2o régimen» en cada Estado miembro, dando así a las partes la posibilidad de optar entre dos regímenes internos de Derecho contractual;

b)

definirse a escala de la UE y promulgarse mediante reglamentos europeos;

c)

facilitar la interacción entre las partes en el proceso de proyecto;

d)

incluir disposiciones de Derecho imperativo que garanticen un elevado nivel de protección para la parte más débil, que sea como mínimo similar a la protección concedida por las normas imperativas nacionales o de la UE, aplicables siempre que sea necesario;

e)

limitar las opciones de las partes a la elección o no del instrumento en su totalidad, evitando así la posibilidad de una elección de disposiciones «a la carta».

1.9   El CESE ha propuesto algunas nuevas vías para futuros debates sobre la posible base jurídica de la aplicación de este mecanismo legislativo, teniendo en cuenta que la elección de la base jurídica puede depender del ámbito de aplicación.

1.10   El CESE ha explicado detalladamente las muchas ventajas del uso de este instrumento; por ejemplo:

a)

Podría permitir a las partes en un contrato realizar transacciones en toda la Unión Europea sobre la base de un único régimen jurídico contractual; se superarían automáticamente obstáculos al Mercado Interior tales como los riesgos jurídicos y los costes creados por las diferencias entre ordenamientos jurídicos nacionales.

b)

Dejaría la decisión sobre su aplicación en manos del mercado y por lo tanto sería elegido únicamente en el caso de que las partes lo considerasen ventajoso.

c)

No se alteraría la cultura jurídica específica de cada Estado miembro, haciendo que fuese más aceptable desde un punto de vista político.

d)

Bien diseñado y aplicado mediante un reglamento de la UE, permitiría a las partes acogerse a él incluso en situaciones puramente internas.

e)

Los tribunales no podrían tratarlo como a un Derecho «extranjero» elegido por las partes; por lo tanto, principios como el de «iura novit curia» serían aplicables y no habría restricciones para el acceso a los tribunales supremos nacionales o al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, lo que no es siempre el caso cuando se aplican un Derecho extranjero o los principios generales procedentes de un ordenamiento distinto; del mismo modo, los organismos que ofrecen mecanismos de solución extrajudicial de conflictos y de compensación no podrían negarse a admitir un asunto alegando su sometimiento a un Derecho extranjero.

1.11   El CESE es muy consciente de que existen algunas dificultades para su aplicación:

a)

respecto de la interrelación entre el instrumento facultativo y el Derecho internacional privado europeo, tan importante como respecto de las normas nacionales de orden público (orden público – artículo 21 de Roma I, Reglamento 593/2008);

b)

incluso un instrumento facultativo de carácter sectorial necesita una serie de principios generales de Derecho privado;

c)

un instrumento facultativo que se ocupe sólo de cuestiones de Derecho privado no puede regular problemas de Derecho fiscal;

d)

es preciso informar adecuadamente a los consumidores acerca de la naturaleza, ventajas y desventajas de un instrumento facultativo;

e)

este «28o régimen» no debería aplicarse al Derecho laboral o contractual en vigor en los Estados miembros.

1.12   Por ello, el CESE está convencido de que este debate debe seguirse con mayor profundidad y a distintos niveles –académico, partes interesadas (profesionales, consumidores, etc.), centros de investigación e instituciones de la UE, principalmente en el marco del ejercicio de «Legislar mejor»– con el objetivo de contribuir a la realización del mercado único.

1.13   Por lo tanto el CESE pide a la Comisión que prosiga el estudio de este tema tanto a nivel teórico como práctico, al objeto de definir las condiciones para que sea factible y útil.

1.14   El CESE recomienda también que en su evaluación de impacto ex ante la Comisión o el Parlamento Europeo consideren la «posibilidad» de aprobar un 28o régimen para cada nueva iniciativa legislativa; la misma evaluación debería llevarse a cabo respecto de las propuestas que ya están en preparación, empezando por la actual revisión de la Directiva relativa a los viajes combinados. Este tipo de evaluación debería supervisar cuidadosamente el impacto potencial que la legislación facultativa pudiera tener en las actuales normas imperativas vigentes en los ordenamientos jurídicos nacionales. Debe evaluarse el riesgo que supone que puedan usarse para eludir normas imperativas nacionales en detrimento de la parte más débil.

2.   Introducción – Objeto del dictamen

2.1   Legislar mejor y, cuando sea posible, menos, es uno de los objetivos del Mercado Interior. Todas las iniciativas incluidas en el ejercicio de «Legislar mejor» desarrollado por la Comisión y el Parlamento Europeo, y que el CESE ha respaldado plenamente en varios de sus dictámenes, tenían como finalidad encontrar las mejores formas de conseguir que el marco legislativo sea de más fácil acceso y más comprensible para las empresas, los trabajadores y los consumidores.

2.2   Una idea relativamente nueva sobre una forma mejor y más coherente de regular algunos aspectos importantes a escala europea fue presentada por primera vez en un dictamen del CESE sobre «El contrato de seguro europeo» (3). En este dictamen propone que la legislación en el ámbito del contrato de seguro europeo se base en un sistema facultativo, lo cual ofrece una alternativa a la armonización de las diferentes legislaciones nacionales.

2.3   Dentro del marco del Marco común de referencia (en lo sucesivo, MCR), el Grupo de proyecto «Reformulación del Derecho del contrato de seguro» desarrolló y presentó a la Comisión la única propuesta estructurada, hasta la fecha, de modelo de instrumento facultativo en la UE.

2.4   En los últimos años, representantes del mundo jurídico, académico y algunas partes interesadas de la sociedad civil han sugerido en numerosos actos que este método podría constituir una alternativa útil al método clásico de armonización, en áreas específicas como el sistema de pensiones o los servicios financieros.

2.5   La Comisión ha empezado progresivamente a referirse a la posibilidad de recurrir, en distintos ámbitos, al método denominado «28o régimen», y el CESE ha respaldado esta posición en varios de sus dictámenes (4).

2.6   Aunque todavía haya que definir adecuadamente el concepto, la naturaleza y su ámbito de aplicación, es muy importante mostrar que no sólo es factible sino que también ofrece ventajas en términos de «legislar mejor» y que permite que el entorno regulador sea más sencillo, comprensible y accesible. Tal es el objetivo de este Dictamen de iniciativa.

3.   El concepto de «28o régimen»

3.1   Naturaleza y características

3.1.1   Las expresiones «28o régimen» e «instrumento facultativo», que a menudo se emplean como sinónimos, intentan dar una imagen gráfica de un Derecho privado o contractual europeo que no deroga la ley nacional sino que proporciona una alternativa dejando su aplicación al arbitrio de las partes.

3.1.2   Aunque se usa frecuentemente en distintos documentos de las instituciones de la UE y en la mayoría de los artículos publicados sobre el tema, la expresión «28o régimen» puede, sin embargo, inducir a error, porque podría considerarse un régimen de Derecho «extranjero» en oposición a los 27 regímenes jurídicos contractuales «nacionales» de los Estados miembros que pueden ser considerados como el Derecho «interno».

3.1.3   Por lo tanto resulta más apropiado hablar de un «2o régimen» (5) de Derecho privado en todos los Estados miembros. Este término deja claro que un instrumento facultativo europeo se incorporaría al Derecho interno de los Estados miembros igual que cualquier otra fuente de Derecho comunitario. Resumiendo, un «2o régimen» daría a las partes la posibilidad de optar entre dos regímenes de Derecho contractual interno, uno establecido por el legislador nacional y el otro por el legislador europeo.

3.1.4   Un «2o régimen» de este tipo podría ser empleado por las partes para realizar transacciones en toda la Unión Europea. Por lo tanto, las partes en un contrato no tendrían que enfrentarse a los 27 regímenes jurídicos nacionales de los Estados miembros, sino que podrían basar sus transacciones en un régimen europeo común de Derecho privado. Ello resultaría útil porque ninguna de las partes en un contrato tendría que aceptar la aplicación de un Derecho que considera extranjero.

3.1.5   Un «2o régimen» sería particularmente útil en aquellos ámbitos en los que el Derecho internacional privado (Roma I) prohíbe o restringe a las partes la libertad de elección de la ley aplicable, como es el caso de los contratos de transporte (artículo 5 de Roma I), de los contratos de consumo (artículo 6 de Roma I), de los contratos de seguros (artículo 7 de Roma I) y de los contratos individuales de trabajo (artículo 8 de Roma I). El instrumento facultativo podría aplicarse incluso a las normas imperativas internacionales (artículo 9 de Roma I), siempre que se preste suficiente atención al interés general que dichas normas protegen (6). No obstante, este «2o régimen» no debería aplicarse al Derecho laboral o contractual en vigor en los Estados miembros de la Unión Europea.

3.1.6   Así, un «2o régimen» permitiría a las empresas de toda la Unión basarse en un único y mismo régimen de Derecho contractual, y ello incluso en aquellos ámbitos en los que el Derecho internacional privado dispone la aplicación imperativa de las normas de protección de la parte más débil.

3.1.7   Un instrumento facultativo de este tipo es el que se contempla en el considerando 14 de Roma I, cuyo tenor es el siguiente: «En caso de que la Comunidad adopte, en un instrumento jurídico oportuno, normas de Derecho material sobre contratos, […], este instrumento podrá prever que las partes puedan elegir aplicar dichas normas.»

3.1.8   Puesto que un instrumento facultativo sería un «2o régimen» de Derecho contractual dentro del ordenamiento de cada uno de los Estados miembros, la elección del instrumento facultativo debería concederse incluso en «asuntos puramente internos». De esta forma, los empresarios podrían basar sus transacciones –tanto domésticas como internacionales– en el «2o régimen», lo que contribuiría aún más a reducir los costes jurídicos de transacción.

3.1.9   Otra característica de un «2o régimen» es el hecho de que los tribunales no podrían tratar al instrumento facultativo como un Derecho «extranjero» elegido por las partes. Por lo tanto, principios como el de «iura novit curia» serían aplicables y no habría restricciones de acceso a los órganos jurisdiccionales supremos nacionales, lo que no es siempre el caso cuando se aplican el Derecho extranjero o principios generales procedentes de un ordenamiento distinto. Del mismo modo, los organismos que ofrecen mecanismos de solución extrajudicial de conflictos y de compensación no podrían negarse a admitir un asunto alegando su sometimiento a un Derecho extranjero. Por ejemplo, según el código procesal alemán el defensor del pueblo en materia de seguros puede inadmitir una queja si su calificación depende de forma decisiva de un Derecho extranjero (7). Un instrumento facultativo europeo sería un «2o régimen» de Derecho contractual en cada uno de los Estados miembros y, por consiguiente, no podría considerarse Derecho «extranjero» por el defensor del pueblo alemán en materia de seguros.

3.1.10   Por último, aunque no por ello menos importante, un instrumento facultativo creado por el legislador europeo podría estar sujeto a un procedimiento de petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE, lo que garantizaría la aplicación uniforme del instrumento facultativo en la UE por parte de los órganos jurisdiccionales nacionales (8).

3.2   Derecho contractual facultativo y protección de la parte más débil

3.2.1   Un «2o régimen» como el anteriormente descrito ofrecería una posibilidad de elección que no podría verse limitada por normas imperativas de Derecho nacional, siempre que se preste suficiente atención al interés general que dichas normas protegen. Ello da lugar a la necesidad de asegurarse de que no disminuya el nivel de protección de la parte más débil (9), especialmente de los consumidores, y de que no se usa para eludir disposiciones imperativas de Derecho nacional.

3.2.2   Esto puede garantizarse de tres formas:

a)

en primer lugar, el «2o régimen» tendría que establecer sus propias normas imperativas, y brinda a la parte más débil un alto nivel de protección (10);

b)

en segundo lugar, la posibilidad de acordar la exclusión de disposiciones particulares del «2o régimen» debe estar prohibida, al objeto de impedir la creación de una «mezcla» entre el Derecho nacional y el «2o régimen» mediante la elección de las normas menos estrictas de cada una de esas fuentes de Derecho;

c)

debería informarse a los consumidores acerca de los instrumentos facultativos mediante información general al consumidor difundida por las organizaciones de consumidores y mediante una obligación precontractual del empresario de informar al consumidor de que el contrato propuesto está sujeto a un instrumento facultativo.

3.2.3   De este modo, la posibilidad de elegir el «2o régimen» no será un incentivo para que la parte contractual más fuerte proponga a la otra un régimen de menor protección. En cambio, el incentivo para acogerse al «2o régimen» vendrá de la posibilidad de emplear los mismos términos contractuales en toda la Unión sin tener que adaptarlos a los ordenamientos nacionales, sobre la base de un «2o régimen» que, en sí mismo, proporcionará a la parte más débil un nivel de protección mayor que la media de las legislaciones de los Estados miembros.

3.2.4   Un instrumento facultativo que introduzca un alto nivel de protección para los consumidores supondría una ventaja para el consumidor en la medida en que los productos puestos en el mercado europeo sobre la base del instrumento facultativo podrían ser comparados más fácilmente. De esta forma, el instrumento facultativo podría de hecho aumentar la transparencia.

3.3   Base jurídica y elementos formales de un instrumento facultativo

3.3.1   La competencia de la UE por lo que se refiere a la aprobación de este instrumento sigue siendo una cuestión primordial a la hora de discutir su naturaleza jurídica y sus características. Algunos autores consideran que su base jurídica podría ser el artículo 81 del TFUE (antiguos artículos 61, letra c, y 65 del TCE), porque, en su opinión, la única cuestión relevante se encuentra en el plano del conflicto de leyes y no en del Derecho material. Por este motivo, la UE sólo necesita una base fiable para que las partes puedan elegir el instrumento como Derecho aplicable, por lo que únicamente tiene que ocuparse de la compatibilidad de las normas nacionales de Derecho internacional privado. Un instrumento aprobado sobre la base del artículo 81 del TFUE podría, sin embargo, regular sólo «asuntos civiles con repercusión transfronteriza», por lo que no sería vinculante para el Reino Unido, Irlanda o Dinamarca.

3.3.2   Otros piensan que el artículo 352 del TFUE (antiguo artículo 308 del TCE) es la base jurídica más adecuada para atribuir a la UE competencia para promulgar un instrumento facultativo de este tipo para alcanzar uno de los objetivos fijados en los Tratados en el caso de que, supuestamente, no se hayan «previsto […] los poderes de actuación necesarios» a tal efecto (11).

3.3.3   No se debería excluir, sin embargo, la posibilidad de emplear el artículo 114 del TFUE (antiguo artículo 95 del TCE), puesto que se trata aquí de una «aproximación de las legislaciones» que «incidan directamente en el establecimiento o funcionamiento del mercado interior» y se encaminen a la «consecución de los objetivos enunciados en el artículo 26» (antiguo artículo 14 del TCE). Además, incluso si el legislador europeo tuviera competencia para aproximar las disposiciones nacionales relativas al Derecho contractual sobre la base del artículo 114 del TFUE, debería tener la posibilidad de adoptar un instrumento facultativo que, después de todo, interfiere menos en los ordenamientos nacionales, por lo que es la opción preferible desde el punto de vista del principio de subsidiariedad.

3.3.4   El nuevo artículo 118 del TFUE proporciona una base jurídica especial. Sin embargo, está limitada al ámbito de los derechos de propiedad intelectual.

3.3.5   Un instrumento de este tipo, para poder garantizar la máxima uniformidad, debería recogerse en un reglamento (artículo 288, párrafo segundo, del TFUE). De esta forma formaría parte del Derecho material de cada Estado miembro y solo encontraría aplicación si el Derecho de un Estado miembro fuese aplicable al contrato en cuestión conforme a las normas de conflicto de Roma I. Tendría que disponer una regulación completa, y no sólo fijar unas normas mínimas.

3.3.6   En cualquier caso, debería evaluarse seriamente la compatibilidad de cada nuevo instrumento facultativo con el principio de subsidiariedad.

3.4   Contenido

3.4.1   Un futuro instrumento facultativo debería estar compuesto por una parte general que regulase su aplicación facultativa y una parte específica que recogiese las disposiciones materiales correspondientes a los ámbitos jurídicos regulados por él.

3.4.2   El instrumento facultativo podría estar estructurado de la forma siguiente:

Capítulo 1:   Disposiciones generales

El capítulo 1, formado por unos cuatro o cinco artículos únicamente (12), determinaría el ámbito de aplicación del instrumento facultativo y establecería las opciones de las partes. También especificaría las normas de carácter imperativo (especialmente las normas de protección de la parte más débil). Finalmente, debería prohibir la posibilidad de recurrir al Derecho nacional y, en cambio, prever la posibilidad de colmar las lagunas mediante el recurso a los principios generales del Derecho comunes a los Estados miembros (13).

Capítulo 2:   Disposiciones específicas

El capítulo 2 contendría las normas materiales de las materias jurídicas que entrasen en el ámbito de aplicación del instrumento facultativo.

3.5   Ventajas e inconvenientes

3.5.1   Un instrumento facultativo podría, en primer lugar, permitir a las partes en un contrato realizar transacciones en toda la Unión Europea sobre la base de un único régimen jurídico contractual. De esta forma se superarían obstáculos al Mercado Interior tales como los riesgos jurídicos y los costes derivados de las diferencias entre ordenamientos jurídicos nacionales, tanto para los consumidores como para las empresas (14).

3.5.2   Un instrumento facultativo ofrecería también ventajas en comparación con la unificación o la armonización de los Derechos nacionales.

3.5.2.1   En primer lugar, un instrumento facultativo deja al mercado la decisión sobre su aplicación. Garantiza que sólo se aplicará si las partes en un contrato lo consideran una ventaja. Es de esperar que los instrumentos facultativos sean usados por los operadores internacionales del mercado mientras que los operadores locales se ahorrarán los costes de transposición, especialmente los de volver a redactar los términos de sus contratos para adaptarlos a un nuevo régimen jurídico europeo.

3.5.2.2   En segundo lugar, la cultura jurídica propia de cada Estado miembro no se vería alterada. Eso haría que el instrumento facultativo fuese más aceptable políticamente. Este mismo argumento es aplicable a los profesionales del Derecho de cada uno de los Estados miembros, que probablemente se pronunciarán en contra de sustituir las normas jurídicas tradicionales por un Derecho contractual europeo. En cambio no tendrían motivos para oponerse a un instrumento facultativo que no modificase el Derecho nacional.

3.5.3   Además, ya existen segundos regímenes en la actualidad (véase el punto 3.6.3). Ello indica claramente que las normas constitucionales nacionales no plantean ningún problema particular respecto de los instrumentos facultativos.

3.5.4   La creación de un instrumento facultativo en el ámbito del Derecho contractual o en otros ámbitos del Derecho privado puede, sin embargo, suscitar problemas de carácter técnico. Ciertamente, no es fácil crear un sistema de elección y regular las relaciones entre dos regímenes jurídicos contractuales que coexisten el uno junto al otro. Sin embargo, tal como ha mostrado la exposición sobre un posible instrumento facultativo futuro, los problemas técnicos pueden superarse.

3.6   Instrumentos similares

3.6.1   Ya existen instrumentos facultativos, tanto a escala mundial como europea.

3.6.2   A escala mundial, los ejemplos incluyen la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías (1980) (15), así como la Convención de UNIDROIT sobre factoring internacional (16) y la Convención de UNIDROIT sobre arrendamiento financiero internacional (17). Estos convenios siguen un modelo del tipo op-out  (18).

3.6.3   A escala europea existen varios instrumentos facultativos:

los reglamentos por los que se crean sociedades europeas, como los reglamentos sobre la societas europæa  (19), la agrupación europea de interés económico (20) o la sociedad cooperativa europea (21);

los reglamentos que establecen derechos de propiedad intelectual europeos, como los reglamentos sobre la marca comunitaria (22) y sobre la patente de la Unión Europea (23);

los reglamentos que establecen procesos civiles europeos, como los reglamentos sobre el proceso monitorio europeo (24) y sobre el proceso europeo de escasa cuantía (25).

Se han propuesto otros instrumentos facultativos, entre los que se encuentra el certificado sucesorio europeo (26). Todos estos reglamentos y propuestas añaden instrumentos europeos a los instituidos por los ordenamientos nacionales.

4.   El 28o régimen y legislar mejor

4.1   La realización del mercado único

4.1.1   Un instrumento facultativo sería un sólido apoyo para el funcionamiento del mercado único y representa la forma más perfecta de armonización voluntaria conforme al principio de subsidiariedad.

4.1.2   Además, un instrumento facultativo facilitará la libre circulación de consumidores y reforzará la movilidad transfronteriza y la competencia entre las empresas.

4.1.3   La entrada en vigor del Tratado de Lisboa no cambia la situación respecto de la creación de un régimen facultativo.

4.2   Legislación europea sobre contratos

4.2.1   La red sobre «Principios comunes de Derecho contractual europeo» (Red CoPECL) ha terminado recientemente su proyecto de MCR (27) y lo ha presentado a la Comisión Europea. Está claro que estas normas proporcionan al legislador europeo un modelo que puede usar para crear un instrumento facultativo, como pedía la Comisaria Europea Reding (28). Lo que sigue siendo necesario es una norma sobre la aplicación facultativa del MCR o de los Principios comunes que sea coherente con la propuesta ya existente del artículo 1:102 de los PEICL (29).

4.3   Futuros ámbitos de aplicación

4.3.1   Hay una mayor necesidad de un instrumento facultativo en aquellas áreas del Derecho contractual en las que predominan las normas imperativas del ordenamiento nacional que actúan como un obstáculo jurídico al funcionamiento del mercado único (30). Esto ya ha sido señalado por la Comisión en relación con los servicios financieros y los seguros (31). Así, los servicios financieros (Derecho bancario y de seguros) podrían ser objeto de una futura aplicación de un instrumento facultativo al tiempo que se otorga la debida consideración en toda circunstancia a la legislación sobre la protección de los consumidores (por lo cual la propuesta relativa al Derecho de seguros deberá ajustarse al Marco Común de Referencia).

4.3.2   Se podría también pensar en un «28o régimen» respecto de las ventas al consumo (en particular las ventas por Internet). Sin embargo, por lo que se refiere a las ventas al consumidor, la relación entre un instrumento facultativo y la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre derechos de los consumidores (32) debe ser estudiada cuidadosamente.

4.3.3   Además, sería posible adoptar instrumentos facultativos en sectores del Derecho privado distintos del Derecho contractual, como los derechos de garantía sobre bienes muebles y los bienes inmateriales, que se prestan claramente a ser sometidos a un «28o régimen»; la propuesta de la Comisión de crear un certificado sucesorio europeo (33) muestra que es posible aplicar instrumentos facultativos en el Derecho de sucesiones; el régimen económico matrimonial puede ser objeto de un futuro instrumento facultativo.

4.3.4   La necesidad de un instrumento facultativo resulta menos acuciante en la parte general del Derecho contractual. De hecho, el proyecto de MCR, que regula la parte general del Derecho contractual, no está redactado como instrumento facultativo. Sin embargo, los editores del proyecto de MCR subrayan en su introducción que podría ser empleado como «la base para uno o más instrumentos facultativos» (34). Esta propuesta podría, asimismo, ponerse en práctica de forma restrictiva mediante la introducción de las disposiciones generales del proyecto de MCR dentro de un instrumento facultativo que fuese aplicable sólo a determinados ámbitos del Derecho contractual. Esto ayudaría a evitar los vacíos normativos que aparecerían forzosamente si sólo se aprobasen disposiciones específicas para determinados tipos de contratos.

5.   Conclusiones de la audiencia pública celebrada por el Observatorio del Mercado Único el 6 de enero de 2010

5.1   Ya existen, o se han propuesto, una serie de variaciones sobre el tema del 28o régimen en el ámbito del Derecho europeo de sociedades, de las normas procesales en materia de propiedad intelectual y del Derecho de sucesiones. Todas ellas van más allá de las limitaciones nacionales, interfieren lo menos posible en los Derechos nacionales y abren nuevas posibilidades a los operadores del mercado respecto del comercio transfronterizo. El 28o régimen debe, sin embargo, respetar las estrictas normas sobre protección de los consumidores y ser, al mismo tiempo, más riguroso que una armonización. El tema de las pensiones es una cuestión clave del 28o régimen, puesto que hay más de 18 millones de europeos viviendo en un Estado miembro distinto del suyo. En definitiva, el 28o régimen debería centrarse en la calidad de la información y en la creación de un clima de confianza (por ejemplo en el caso de los contratos), y desembocar en una simplificación de todo lo que se refiere a los servicios y a los productos (en especial a los servicios financieros). En el ámbito de los servicios financieros minoristas, es necesario dar prioridad a la mejora de la legislación sobre protección de los consumidores: la crisis ha puesto de manifiesto la necesidad de regular todos los servicios financieros ofrecidos al consumidor y de proponer unos servicios financieros simplificados a todos los consumidores que así lo deseen. Sin embargo, lograr el consenso político necesario para poder optar al 28o régimen y determinar su base jurídica sigue siendo una cuestión pendiente. Las evaluaciones de impacto de la Comisión deberían seguir sondeando sistemáticamente la posibilidad de un «enfoque facultativo», es decir, la adopción de un «28o régimen»; pero sólo podrá tratarse de una respuesta a problemas específicos, no una alternativa general al Derecho contractual.

Bruselas, 27 de mayo de 2010.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI


(1)  DO C 157 de 28.6.2005, p. 1.

(2)  DO C 175 de 28.7.2009, p. 26.

(3)  DO C 157 de 28.6.2005, p. 1.

(4)  DO C 157 de 28.6.2005, p. 1, ponente: Sr. Pegado Liz; DO C 318 de 23.12.2006, p. 200, ponente: Sr. Von Fürstenwerth; DO C 65 de 17.3.2006, p. 134, ponente: Sr. Ravoet; DO C 309 de 16.12.2006, p. 26, ponente: Sr. Iozia; DO C 65 de 17.3.2006, p. 13, ponente: Sr. Burani; DO C 27 de 3.2.2009, p. 18, ponente: Sr. Grasso; DO C 151 de 17.6.2008, p. 1, ponente: Sr. Iozia; DO C 175 de 28.7.2009, p. 26, ponente: Sr. Pegado Liz.

(5)  Sobre la percepción de un instrumento facultativo como «2o régimen», véase la introducción I 47 de Heiss a los «Principles of European Insurance Contract Law (2009)» (Principios del Derecho europeo del contrato de seguro – 2009), editado por Basedow, Birds, Clarke, Cousy y Heiss.

(6)  La Asamblea Nacional francesa ha aprobado recientemente un documento informativo sobre los derechos de los consumidores (ponente: Sra. Karamanli) en el que sugiere hacer una prueba con el 28o régimen jurídico europeo en el marco del Reglamento Roma I.

(7)  Véase la introducción I 47 de Heiss a los «Principles of European Insurance Contract Law» (Principios del Derecho europeo del contrato de seguro) – 2009, editado por Basedow, Birds, Clarke, Cousy y Heiss.

(8)  Ibídem.

(9)  Según el Profesor M. Hesselink, de la Universidad de Ámsterdam, en términos de justicia social «[…] es posible elegir un 28o régimen simplemente apretando un botón azul […]. Si el proyecto de MCR llega a ser un instrumento facultativo para los contratos entre empresas y consumidores (B2C), ello no daría lugar a un«dumping social». […] La posibilidad de elección del proyecto del MCR como ley aplicable, en caso de que el legislador lo permitiese, podría dar lugar a una situación beneficiosa para todas las partes (win-win) en los referidos contratos entre empresas y consumidores (B2C).»

(10)  Véase «Non-Optional Elements in an Optional European Contract Law: Reflections from a Private International Law Perspective» (Elementos no facultativos en un Derecho contractual europeo de carácter facultativo: reflexiones desde la perspectiva del Derecho Internacional Privado), de Heiss y Downes, en ERPL 13 (2005) 693 (699).

(11)  Véase «The Legal Basis for an Optional Instrument on European Contract Law» (La base jurídica de un instrumento facultativo en el Derecho contractual europeo) de Hesselink, Rutgers y de Booys, publicado por el Centre for the Study of European Contract Law (Centro de estudios del Derecho contractual europeo), Working Paper No 2007/04.

(12)  Sobre la base del modelo recogido en los Principios del Derecho europeo del contrato de seguro (PEICL) y sujeto a posterior debate.

(13)  Para evitar toda confusión, es oportuno determinar cuales son estos principios generales o tener la posibilidad de recurrir a las normas generales aplicables a todos los contratos que se recogen en «Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law – Draft Common Frame of Reference (DCFR)» (Principios, definiciones y normas tipo de Derecho privado europeo – Proyecto de un Marco Común de Referencia), siempre y cuando fuesen reconocidas o recogidas por un instrumento jurídico de la UE.

(14)  Véase, por ejemplo, «Ein optionales Europäisches Vertragsgesetz: Opt-in, opt-out, wozu überhaupt?», de Basedow, en ZEuP 2004, 1.

(15)  Texto disponible en www.uncitral.org.

(16)  http://www.unidroit.org/spanish/conventions/1988factoring-convention-sp.pdf

(17)  http://www.unidroit.org/spanish/conventions/1988leasing-convention-sp.pdf

(18)  Véanse el artículo 6 de la Convención sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías, el artículo 3 de la Convención sobre factoring internacional y el artículo 5 de la Convención sobre arrendamiento financiero internacional.

(19)  Reglamento (CE) no 2157/2001 del Consejo, de 8 de octubre de 2001, por el que se aprueba el Estatuto de la Sociedad Anónima Europea (SE) (DO L 294 de 10.11.2001, p. 1).

(20)  Reglamento (CEE) no 2137/85 del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativo a la constitución de una agrupación europea de interés económico (AEIE) (DO L 199 de 31.7.1985, p. 1).

(21)  Reglamento (CE) no 1435/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo al Estatuto de la sociedad cooperativa europea (SCE) (DO L 207 de 18.8.2003, p. 1).

(22)  Reglamento (CE) no 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DO L 78 de 24.3.2009, p. 1).

(23)  Reglamento aprobado el 4 de diciembre de 2009 y no publicado aún en el Diario Oficial.

(24)  Véase el considerando 10 del Reglamento (CE) no 1896/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, por el que se establece un proceso monitorio europeo (DO L 399 de 30.12.2006, p. 1).

(25)  Reglamento (CE) no 861/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un proceso europeo de escasa cuantía (DO L 199 de 31.7.7, p. 1).

(26)  Véase el Capítulo VI de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y los actos auténticos en materia de sucesiones y a la creación de un certificado sucesorio europeo, COM(2009) 154 final.

(27)  Véase «Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law – Draft Common Frame of Reference (DCFR)» (Principios, definiciones y normas tipo de Derecho privado europeo – Proyecto de un Marco Común de Referencia), edición preliminar (2009) de von Bar, Clive, Schulte-Nölke y otros; el proyecto de MCR en el ámbito del seguro se puede consultar en «Principles of European Insurance Contract Law», editado por Basedow, Birds, Clarke, Cousy y Heiss (2009).

(28)  En la audiencia con Viviane REDING, Comisaria de Justicia, Derechos fundamentales y ciudadanía, ante el Parlamento Europeo, el 7 de enero de 2010.

(29)  El artículo 1:102 de los Principios del Derecho europeo del contrato de seguro (PEICL), que trata de su aplicación facultativa, dice: «Los PEICL serán aplicables cuando las partes, no obstante cualesquiera limitaciones impuestas por las normas de conflicto conforme al Derecho internacional privado, hayan acordado que su contrato se rija por ellos.» Véase «The Optional Application of the Principles of European Insurance Contract Law» (La aplicación facultativa de los principios del Derecho europeo del contrato de seguro), de Basedow, editado por Fuchs, en European Contract Law, – ERA Forum, edición especial de 2008, vol. 9, p. 111.

(30)  Véase «Non-Optional Elements in an Optional European Contract Law» (Elementos no facultativos en un Derecho contractual europeo de carácter facultativo), de Heiss/Downes, publicado por ERPL (2005), pp. 693, 697 y ss.

(31)  Véanse, por ejemplo, los puntos 47 y 48 de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo sobre «Un Derecho contractual europeo más coherente – Plan de acción», COM(2003) 68 final, de 12 de febrero de 2003.

(32)  COM(2008) 614 final.

(33)  Véase el documento COM(2009) 154 final, del que se trata en el punto 3.6.3. supra.

(34)  Véase el punto 79 de la introducción del documento «Principles, Definitions and Model Rules of European Private Law – Draft Common Frame of Reference (DCFR)» (Principios, definiciones y normas tipo de Derecho privado europeo – Proyecto de un Marco Común de Referencia), de von Bar, Beale, Clive y Schulte-Nölke, edición preliminar (2009) de von Bar, Clive, Schulte-Nölke y otros.


21.1.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 21/33


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Productos financieros socialmente responsables» (Dictamen de iniciativa)

2011/C 21/06

Ponente: Carlos TRÍAS PINTO

El 1 de octubre de 2009, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema

«Productos financieros socialmente responsables».

La Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 4 de mayo de 2010.

En su 463o Pleno de los días 26 y 27 de mayo de 2010 (sesión del 26 de mayo de 2010), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 129 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1   Podría interpretarse que el término «productos financieros socialmente responsables» abarca a todos los productos y servicios que ofrecen los bancos, las compañías de seguros y el sector de gestión de las inversiones. Sin embargo, el presente dictamen se centra principalmente en la inversión socialmente responsable (ISR) que ofrecen los fondos de inversión colectiva tanto a los inversores institucionales como al público en general. Por definición, los fondos de inversión colectiva realizan inversiones. Para que un fondo pueda calificarse de «socialmente responsable» debe seleccionar cuidadosamente sus inversiones utilizando criterios adecuados. La mayor parte de los fondos invierten en acciones de empresas. El problema clave para la mayoría de los fondos radica en su capacidad de determinar qué empresas se ajustan a los criterios ESG (éticos, sociales y de gobernanza empresarial). En los entornos ISR que cuentan con experiencia, existe una amplia gama de organizaciones que determinan en qué medida cada empresa cumple los criterios ESG.

1.2   Existen distintos organismos consultivos que facilitan asistencia técnica a la ISR. Los índices bursátiles internacionales, como el Dow Jones Sustanability DJSI Index o el FTSE4Good, proporcionan información relevante para determinar y gestionar los fondos de ISR, sobre una base general o selectiva. Por ejemplo, hay fondos que se centran en empresas de reconocida solvencia que cumplen las normas éticas y de buen gobierno de modo excelente. Otros fondos se centran en criterios sostenibles o ecológicos. Todas estas variables están contempladas.

1.3   En el entorno surgido tras la crisis es necesario canalizar la inversión hacia empresas con valores sociales y éticos, para así recuperar la confianza de los ciudadanos en los mercados financieros. De hecho podemos afirmar: después de esta crisis nunca mas habrá «Business as usual».

1.4   Retrospectivamente, podemos observar que la actuación de muchas instituciones financieras en los últimos años ha estado muy alejada de las normas que en materia social y de gobernanza se espera que cumplan empresas tan relevantes. Por consiguiente, el CESE reclama que los programas de responsabilidad social de las instituciones financieras den respuesta a las expectativas sociales y de buen gobierno en la Europa del siglo XXI.

1.5   Los resultados de la Inversión Socialmente Responsable (ISR) evidencian la relación positiva entre valoraciones sociales y financieras de las instituciones que ofrecen fondos de inversión socialmente responsables. Es más, la rentabilidad de la ISR no es menor y el riesgo no es mayor que en la inversión convencional.

1.6   Las instituciones de inversión colectiva y las entidades gestoras de fondos de pensiones de empleo son un importante instrumento de canalización del ahorro hacia la inversión productiva. No obstante, habrá que profundizar en el asesoramiento de las inversiones, en la mejora de las técnicas de gestión, y en el componente de relaciones humanas y de responsabilidad social que presenta la comunicación.

1.7   La contribución de los profesionales de las instituciones financieras a la Inversión Socialmente Responsable debe considerar estos aspectos: visión de largo plazo, orientación al interés general, fiabilidad y rigor en los análisis.

1.8   El CESE invita a la Comisión Europea y a los Estados miembros a promover el desarrollo de la ISR con miras a facilitar la «normalización» y consolidación de los actuales sistemas de gestión de estos productos, promoviendo la transparencia de la información, la comparabilidad en el análisis de los inversores, la formación técnica y el intercambio de buenas prácticas. Existen algunas evidencias de que los mercados financieros reaccionan de forma positiva ante la aplicación de sistemas de normalización y la obtención de certificaciones por parte de las entidades.

1.9   Un efecto positivo de la aplicación de los filtros de la ISR, bien mediante reglamentación, bien recurriendo a asesores profesionales, será la posibilidad de exclusión de ciertos títulos de las carteras de inversión, lo que animará a las empresas a mejorar su comportamiento en lo que se refiere a cuestiones medioambientales, sociales y de gobernanza (MSG).

1.10   El CESE propone desarrollar iniciativas específicas de divulgación y educación en el ámbito de las finanzas: la elaboración de publicaciones, la formación, o la creación de espacios web especializados y la enseñanza de materias financieras en los centros escolares.

1.11   Uno de los objetivos de los programas de educación financiera es promover en las familias un modo de invertir responsable, prudente y duradero, ajustado a su perfil de riesgo, a su situación patrimonial y a sus propios objetivos.

1.12   Los cambios sociodemográficos obligan a pensar en una transformación cultural y de actividad para invertir a largo plazo. El CESE considera necesario el impulso de las instituciones públicas al objeto de estimular las inversiones en los fondos socialmente responsables, mediante el establecimiento de regulaciones financieras y fiscales adecuadas, así como la propia compra pública.

1.13   Las administraciones públicas tienen, en definitiva, un importante papel a la hora de promover tanto la demanda de inversión responsable (inversores individuales o institucionales), como la oferta de la misma (entidades gestoras y comercializadoras). La propia administración pública puede dinamizar el mercado a través de la gestión de las inversiones de los fondos soberanos o de reserva. Además del carácter ejemplar, su actuación constituye un elemento catalizador fundamental, con un potente efecto de arrastre.

1.14   Por su parte, los emisores y las propias empresas pueden movilizar a la comunidad inversora transmitiéndole cómo sus políticas de sostenibilidad son indicadores de la calidad de su gestión, en términos de transparencia e inclusión de estos criterios en su estrategia de inversión.

2.   Responsabilidad social de las instituciones financieras

2.1   La denominada «empresa socialmente responsable» en el ámbito del «Management» genera oportunidades para las instituciones financieras que pueden responder a lo que la sociedad espera de ellas.

2.2   Con la aparición del Libro Verde «Fomentar un marco europeo para la responsabilidad social de las empresas» de la Comisión Europea (1) y, posteriormente, el documento de la OCDE «Corporate Social Responsibility» (2) ha tomado fuerza el modelo socioeconómico de la empresa que tiene responsabilidad ante los «stakeholders» (3).

2.3   En el ámbito de las instituciones financieras, los principios fundacionales de las Cajas de Ahorros (4), acreditan a estas entidades, junto a las cooperativas de crédito y mutualidades de previsión social, como las precursoras de la actual Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Su dimensión social como factor de identidad (5) presenta objetivos específicos que son afines a la filosofía de la «Economía Social», que representa una creciente fuerza económica y social en todo el mundo (6), siendo una manifestación de ese compromiso la integración de las personas con discapacidad.

2.4   La actual crisis financiera nace en el sector bancario, donde los riesgos excesivos tomados por los banqueros se han visto agravados por el fracaso de la supervisión bancaria. En el centro de la misma aparecen los productos financieros (créditos hipotecarios a la vivienda, créditos al consumo, productos derivados y estructurados) y los riesgos morales («moral hazard») en el proceso de comercialización de la banca. En ese sentido, el papel desempeñado por las agencias de calificación de riesgos -marcado por evidentes conflictos de interés- resultó clave para acentuar la profundidad de la crisis, junto a los conocidos fallos regulatorios.

2.5   La principal responsabilidad de las instituciones financieras en estos momentos es la de manejar su negocio con prudencia y rigor, además de que se concedan fondos para financiar los proyectos de la economía productiva y el consumo de las familias.

2.6   En las circunstancias actuales de crisis financiera, las entidades bancarias no deben paralizar su compromiso con la sociedad. Es más, la propia crisis ha sido una muestra de irresponsabilidad empresarial y ha puesto de manifiesto que es necesaria más y mejor RSC. La RSC es una cuestión de identidad, de compromiso y de estrategia de empresa.

2.7   Por todo ello, el CESE apuesta por definir líneas estratégicas de actuación en el sector financiero para impulsar el crecimiento de la ISR, promover medidas fiscales adecuadas, establecer sistemas de normalización de productos, mejorar la protección al inversor, implantar buenas prácticas bancarias y fortalecer el mercado europeo con servicios financieros responsables y relevantes.

3.   Productos financieros socialmente responsables

3.1   Definición y alcance del dictamen

3.1.1   Se trata de productos de ahorro (cuentas corrientes, cuentas de alto rendimiento, depósitos de ahorro, depósitos estructurados), productos de inversión (instituciones de inversión colectiva: fondos de inversión y sociedades de inversión; pensiones y seguros: planes y fondos de pensiones, planes de jubilación, seguros de vida financieros o unit linked; fondos temáticos), instrumentos de financiación crediticia y medios de apoyo financiero (microcréditos, fondos rotatorios, fondos de garantía recíproca y capital riesgo), que incorporan criterios medioambientales, sociales y de buen gobierno en su diseño, sin descuidar en ningún caso los necesarios objetivos de riesgo y rentabilidad financiera.

3.1.2   El presente dictamen se centra en los productos de inversión, sea a través del mercado «retail» o del mercado institucional. A grandes rasgos, consiste en invertir en aquellas organizaciones que mantengan un mejor comportamiento y favorezcan el desarrollo sostenible. Pretenden por tanto configurarse como un instrumento eficaz para contribuir al desarrollo global de la sociedad, motivando a las empresas a comportarse de una manera adecuada en respuesta al interés de los inversores.

3.1.3   Ahora bien, no hay que confundir los fondos de inversión socialmente responsables con los fondos de inversión solidarios. Estos últimos ceden exclusivamente un porcentaje de sus beneficios a entidades sociales, pero no tienen por qué cumplir con criterios socialmente responsables a la hora de seleccionar sus inversiones. Sin embargo, inversión solidaria e ISR pueden ser incorporados en el mismo fondo.

3.2   Origen y evolución

3.2.1   El origen de la Inversión Socialmente Responsable (ISR) se encuentra ligado a motivaciones de índole moral. Desde los años ochenta este fenómeno ha ido cobrando fuerza, impulsado por el fenómeno de la globalización, la mayor conciencia ecológica y social, y el desarrollo de nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones.

3.2.2   La ISR surge en el mundo anglosajón (7). En el entorno europeo (8) existen mercados que están experimentando fuertes volúmenes de crecimiento, tales como el Reino Unido, Holanda, Noruega, Francia, Suecia, Bélgica y, a menor escala, países como Italia, España y Alemania.

3.3   Precisiones conceptuales

3.3.1   Los fondos de ISR invierten en empresas. La inversión ética tradicional ha tenido una motivación básicamente moral, ideológica o social, mientras que en la actualidad trata de incorporar de forma integrada aspectos del rendimiento de las empresas de carácter económico, medioambiental, social y de buen gobierno, con perspectivas a largo plazo.

3.3.2   En las decisiones de inversión se aplican criterios de responsabilidad social (filtro), que se articulan excluyendo determinadas inversiones y seleccionando aquellas con mejor comportamiento. En este sentido el reto de la ISR es influir a futuro sobre las estrategias de las empresas y alinear los valores del inversor con los de su objeto de inversión.

3.3.3   Los asesores utilizan hasta 60 criterios. Algunos de los criterios más utilizados se ilustran en el siguiente cuadro (9).

Criterios excluyentes

Criterios valorativos

Armamento

Igualdad de oportunidades

Experimentación con animales

Reciclaje

Explotación en el Tercer Mundo

Conservar la energía y los recursos naturales

Contaminación

Transparencia en la información

Manipulación genética

Compromiso solidario con la sociedad

Pornografía, tabaco y alcohol

Apoyar la formación y la educación

Degradación ambiental

Normalización de productos

3.3.3.1   El anterior listado no presupone que aquellas empresas que tienen atributos negativos se gestionen realmente de forma irresponsable. Por el contrario, pueden contar con los más elevados estándares éticos en la forma de conducir su negocio, aunque algunos inversores pueden considerar que un determinado sector, por ejemplo, el armamentístico, es moralmente censurable.

3.3.4   Los criterios de sostenibilidad utilizados en la ISR deben ser entendidos como dinámicos, posibilitando la incorporación de nuevos aspectos de relevancia en el ámbito de la RSE. Por ejemplo, en el marco de la igualdad de oportunidades, sería de interés la incorporación de criterios valorativos relacionados con las personas con discapacidad, como pueden ser indicadores sobre la integración laboral o la accesibilidad de entornos de trabajo y comerciales, productos y servicios.

3.3.5   Para elaborar datos comparativos sobre el desarrollo de la ISR a escala mundial, la estrategia de segmentación de mercados nos lleva a distinguir entre el mercado institucional (se identifica fundamentalmente con los fondos de pensiones de empleo) y el mercado «retail» (queda limitado a los fondos de inversión).

3.4   Nuevas instituciones

3.4.1   Las instituciones del mercado financiero han desarrollado mecanismos para incluir la sostenibilidad a su gestión. El diálogo con sus «stakeholders» es común tanto a la denominada banca tradicional como a la banca ética (10) y se puede llevar a cabo a través de reuniones o intercambios en plataformas electrónicas.

3.4.2   El desarrollo de la ISR ha llevado a la creación de nuevas instituciones o adecuación de las tradicionales que actúan en la configuración y difusión de índices bursátiles internacionales (por ejemplo, el Dow Jones Sustainability DJSI Index o el FTSE4Good), elaboración y comercialización de bases de datos, agencias de análisis de sostenibilidad, y de asesoría de ISR, etc.

3.4.3   Para impulsar el desarrollo de los «Principios para la Inversión Responsable (PRI)» de la ONU debe tenerse en cuenta el activo papel de la Comisión Europea; la creación del Social Investment Forum (SIF), en Estados Unidos, o el European Social Investment Forum (Eurosif), en Europa coadyuvan al diálogo con los stakeholders (11).

3.5   Gestión de carteras

3.5.1   La modelización socioeconómica incorpora a los modelos financieros clásicos medidas de rentabilidad social, superando el binomio rentabilidad-riesgo. Así, la Inversión Socialmente Responsable basa sus objetivos en la selección de inversiones utilizando criterios sociales, ambientales y de buen gobierno, además de los puramente financieros.

3.5.2   En los últimos años se ha reconocido la necesidad de introducir un marco de responsabilidad social en las finanzas, dando lugar a las denominadas Finanzas Sostenibles o Socialmente Responsables («Sustainable Finance»). Esta corriente enlaza con los desarrollos de la teoría del «Behavioral Finance» y expande el análisis del comportamiento económico y psicológico de los agentes hacia los comportamientos sociales y ambientales (12).

3.5.3   Las organizaciones que más han desarrollado las técnicas de valoración y calificación de las empresas sobre el comportamiento socialmente responsable son las «agencias de análisis de sostenibilidad» (13), mediante el empleo de distintos métodos de valoración. Concretamente, los resultados de diversos estudios realizados en este contexto apuntan a que «las inversiones socialmente responsables no suponen un sacrificio de rentabilidad económica para el partícipe», siempre desde la perspectiva de rendimientos a medio y largo plazo.

3.6   Normalización de productos

3.6.1   Poner en valor e implantar los productos financieros (ya sean de inversión, de ahorro o de financiación) socialmente responsables requiere definir previamente con absoluta claridad los requisitos que deben cumplir, que garanticen la aplicabilidad de los principios de responsabilidad social y los procesos de seguimiento, evaluación continua y transparencia.

3.6.2   Concretamente, la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) (14) está revisando una norma para los productos financieros socialmente responsables (UNE 165001: 2002 EX, Instrumentos financieros éticos), con el fin de proporcionar requisitos generales para orientar a las instituciones que pretenden crearlos o comercializarlos, y aportar la máxima transparencia y publicidad de estos criterios éticos hacia los usuarios.

3.6.3   En paralelo, en varios países de la Unión Europea se han elaborado en los últimos años criterios de autorregulación del sector (15), en numerosos casos a instancias de los organismos supervisores de los Estados, para poder registrar el número creciente de nuevos fondos de inversión socialmente responsables que han venido proliferando. A esto se añade el control suplementario brindado por auditores y asesores profesionales.

3.6.4   También es destacable la iniciativa para favorecer la transparencia en la utilización de estos criterios que promueve Eurosif y varios SIF de los Estados miembros. De esta manera, el consumidor dispone de información sobre los criterios utilizados y su aplicación, sin entrar a juzgar la bondad o responsabilidad de los productos.

3.6.5   La iniciativa de promover la comparabilidad de los informes que elaboran las instituciones financieras en relación con la ISR pretende crear un cierto modelo de documento estandarizado que dé respuesta a las necesidades de información de los inversores en diferentes países de la UE.

4.   Sistemas de protección del consumidor

4.1   La confianza del consumidor en las empresas de servicios financieros se ha deteriorado debido a la crisis financiera. La moralidad del sector está cuestionada, por lo que las instituciones financieras tienen la oportunidad de impulsar acciones para el asentamiento y consolidación de los productos financieros socialmente responsables.

4.2   Mejora de la información al cliente

4.2.1   Uno de los efectos de la crisis financiera es la creciente preocupación de las instituciones reguladoras por los ahorradores e inversores. Esta actitud se ha potenciado mediante comités de arbitraje, folletos informativos y guías, el vigilar la publicidad (16) (tendrá que ser clara, imparcial y no engañosa) de todos los productos financieros; la implantación de «servicios de reclamaciones» o de la figura del «defensor del cliente (Ombudsman)».

4.2.2   No obstante, en la práctica bancaria sucede que no siempre se informa adecuadamente a los clientes según sus necesidades. Así, un reciente estudio de la Comisión Europea (17) denuncia las irregularidades que comete la banca europea en muchos países, tales como la opacidad y precios elevados en materia de comisiones, así como las dificultades para comparar las ofertas de las entidades bancarias y poder optar por la más ventajosa.

4.2.3   La transparencia con relación a los clientes requiere una información clara, precisa, comprensible y comparable. En concreto, los productos financieros socialmente responsables deberán, al menos, incluir la definición de ISR aplicada, los criterios prácticos usados (filtro de ISR), la composición del Comité de ISR (18), las comisiones de gestión, depósito, etc., así como la emisión de informes periódicos independientes sobre el cumplimiento del ideario de responsabilidad social del producto.

4.2.4   La obtención de información a través del servicio de atención al cliente contribuye a la mejora continua (factor clave de la calidad de servicio) y a la prestación responsable «postventa» referenciada al ciclo de vida del producto, o hasta que el cliente se desvincula del mismo.

4.3   Fomento de la educación financiera

4.3.1   La educación financiera se sitúa como una de las responsabilidades que deberían ser abordadas en cooperación entre el sector publico y el privado para responder al reto que plantea un entorno financiero cada vez más complejo. Sin embargo, esa formación debe realizarse al margen de los intereses de comercialización de productos financieros concretos.

4.3.2   Para impulsar la cultura financiera entre la población han surgido diversas iniciativas por parte de los organismos supervisores y de las instituciones financieras, bajo la denominación «Planes de Educación Financiera», como medio para evitar específicamente casos de excesivo endeudamiento de las familias y facilitar la selección de productos adecuados a sus perfiles de riesgo y a su situación patrimonial.

4.3.3   Las políticas de educación financieras emprendidas contribuyen a la generación de confianza hacia el sistema financiero y ha sido reconocida su importancia por la Unión Europea, tanto en la Comunicación de la Comisión sobre Educación Financiera (19) como en las conclusiones finales del Consejo de ECOFIN del 14 de mayo de 2008 (20).

4.3.4   El estímulo a la realización de estudios sobre ISR y la formación de los agentes del mercado permiten la adopción de «mejores prácticas» por las instituciones financieras en sus políticas de sostenibilidad. El material didáctico, los códigos de conducta son un buen soporte para el desarrollo formativo.

4.4   Asesoramiento de servicios financieros

4.4.1   La Directiva Europea MIFID (21), exige a las entidades financieras reforzar la protección del inversor y ofrecer a sus clientes productos adecuados a los distintos perfiles que ofrece el inversor. Es más, se pide una «frontera clara» entre asesoramiento y comercialización y que los intermediarios financieros deben conocer con detalle los productos que comercializan. En este sentido, se debería preguntar al cliente, en el marco del test de idoneidad, sobre su conformidad con las políticas ISR a la hora de ofrecerle o asignarle (gestión de carteras) aquellos productos ISR más adecuados.

4.4.2   En particular, los productos financieros socialmente responsables deberán incorporar procedimientos de control interno que identifiquen los riesgos de las inversiones, y que supervisen la existencia de conflictos de interés, informando oportunamente al Comité de ISR (que deberá estar compuesto mayoritariamente por expertos externos, para garantizar la objetividad de sus observaciones).

5.   Perspectivas de las inversiones socialmente responsables

5.1   La inversión responsable puede salir fortalecida en un momento como el actual si los inversores pueden distinguir las empresas que apuestan por la Responsabilidad Social Corporativa a largo plazo y cuáles la utilizan como mera herramienta de marketing.

5.2   Los fondos de pensiones de empleo se configuran como la gran apuesta para el crecimiento de la inversión responsable. Según Jáuregui (22), en España la eventual salida al mercado del 10 por ciento del Fondo de Reserva de la Seguridad Social con criterios sostenibles (23) favorecería el desarrollo de una cultura de responsabilidad social.

5.3   Merece la pena mencionar, como ejemplo de buena práctica para movilizar a la comunidad empresarial y los poderes públicos, actividades tales como la concesión de la Medal of Social Solidarity («Medalla de solidaridad social»), organizada por Business Centre Club, una de las principales organizaciones polacas. Se trata de una distinción especial para recompensar a personas, incluidos los directivos, por la promoción, entre otras, de la idea de «responsabilidad social corporativa». Las medallas se entregan en presencia de centenares de directivos, ministros, diplomáticos, primeros ministros o incluso el Presidente de Polonia, el Presidente de la Comisión Europea o el Presidente del CESE.

5.4   Para que la Inversión Socialmente Responsable alcance su madurez el CESE anima el impulso de las instituciones públicas, al objeto de facilitar el establecimiento de marcos legales adecuados, promocionar la inversión con criterios de sostenibilidad, colaborar en dar visibilidad a las buenas prácticas, y estimular las inversiones en los productos financieros de esta naturaleza, por ejemplo, mediante políticas fiscales adecuadas (24). Una manera muy efectiva de dinamizar el mercado es la introducción de estos criterios en sus propias inversiones, tanto de renta fija como variable, a través de los fondos soberanos o de reserva de la seguridad social, como es el caso de Francia. En el ámbito regulador y desde la óptica de la transparencia, cabe destacar el impacto que tiene el desarrollo de normativa que inste a entidades gestoras de fondos de inversión o fondos de pensiones de empleo a indicar si incorporan o no criterios sociales y ambientales en la selección de inversiones, como es el caso británico.

5.5   El CESE destaca la importancia del compromiso de las empresas y la gestión activa de los intermediarios del mercado financiero. Los gestores de fondos de pensiones de empleo, los comités de ISR de los productos, las comisiones de control y los sindicatos son factores dinamizadores del mercado de fondos socialmente responsables.

Bruselas, 26 de mayo de 2010.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI


(1)  COM(2001) 366 final. También véase la Comunicación de la Comisión «Poner en práctica la asociación para el crecimiento y el empleo: hacer de Europa un polo de excelencia de la responsabilidad social de las empresas»; COM/2006/0136 final.

(2)  «Corporate Social Responsibility: Partners for Progress», OECD, Paris 2001.

(3)  Véase el Dictamen del CESE sobre el tema «La dimensión ética y social de las instituciones financieras europeas», DO C 100 de 30.04.2009, p. 84.

(4)  Recogidos en el documento 143 de la Agrupación Europea de Cajas de Ahorros, de 1990.

(5)  E. Castelló (2005): «El liderazgo social de las Cajas de Ahorro», FUNCAS Ediciones.

(6)  J.L. García (2009): «Las cuentas de la economía social: magnitudes y financiación del tercer sector en España, 2005». Civitas Ediciones.

Véase la Resolución del Parlamento Europeo sobre «Economía social» del 19.2.2009, elaborado por la ponente Patricia Toia.

(7)  Eurosif (2008). El volumen de activos en los Estados Unidos asciende a 1 917 miles de millones de euros en 2007.

(8)  Eurosif (2008). El patrimonio de la ISR en Europa representa 2 665 miles de millones de euros en 2007.

(9)  Muñoz et al. (2004): «The social responsibility performance of ethical and solidarity funds: An approach to the case of Spain». Business Ethics. A European Review. Vol 13, number 2/3 April, July.

(10)  El término «ético» es una denominación generalmente aceptada, que no excluye a otros como «cívica», «alternativa» o «social». Véase INVERCO (Comisión de ética) (1999).

(11)  Véase el Dictamen del CESE sobre el tema «Repercusiones de los fondos de capital riesgo, fondos de cobertura y fondos soberanos sobre los cambios industriales», DO C 128 de 18.05.2010, p. 56.

(12)  En esta materia son relevantes los trabajos pioneros de Amartya Sen (1970): «Collective choice and social welfare», Holden-Day

(13)  Ofrecen a los inversores una función de consultoría y órgano de control.

(14)  AENOR (2008): «Ética. Sistema de gestión de la responsabilidad social de las empresas».

(15)  Las comisiones de control de los fondos de pensiones de empleo explican si utilizan o no criterios de responsabilidad social en sus decisiones de inversión.

(16)  Véase el Dictamen del CESE sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican la Directiva 2003/71/CE sobre el folleto que debe publicarse en caso de oferta pública o admisión a cotización de valores y la Directiva 2004/109/CE sobre la armonización de los requisitos de transparencia relativos a la información sobre los emisores cuyos valores se admiten a negociación en un mercado regulado», COM(2009) 491 final, CESE 257/2010.

(17)  «Data collection for prices of current accounts provided to consumers», Commission Europea, 2009, http://ec.europa.eu/consumers/strategy/docs/prices_current_accounts_report_en.pdf

(18)  Órgano colegiado de expertos que asiste a la entidad financiera, gestora u organismo supervisor del producto para velar por la correcta aplicación del filtro ético y revisar la información a suministrar. Aunque no siempre sucede, cada producto financiero debería contar con su Comité.

(19)  COM(2007) 808 final.

(20)  Council Press Release 8850/08 (Presse 113), p. 14.

(21)  Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de instrumentos. financieros.

(22)  Es miembro del Parlamento Europeo y forma parte del colectivo «Alternativa Responsable».

(23)  Varios países de la Unión Europea cuentan con este fondo.

(24)  Economistas sin Fronteras (2007): «Cómo fomentar la inversión socialmente responsable en España», UNED.


21.1.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 21/39


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La profesionalización del trabajo doméstico» (Dictamen adicional)

2011/C 21/07

Ponente: Béatrice OUIN

El 16 de febrero de 2010, el Comité Económico y Social Europeo, de conformidad con el artículo 29 A de las Normas de Desarrollo de su Reglamento Interno, decidió elaborar un dictamen adicional sobre el tema

«La profesionalización del trabajo doméstico».

La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 5 de mayo de 2010.

En su 463o Pleno de los días 26 y 27 de mayo de 2010 (sesión del 26 de mayo de 2010), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 133 votos a favor, 7 en contra y 11 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Recomendaciones

En su 301a sesión celebrada en marzo de 2008, el Consejo de Administración de la OIT decidió incluir el «trabajo decente para los trabajadores domésticos» en el orden del día de la 99a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo (prevista para el mes de junio de 2010), al objeto de celebrar un doble debate sobre este tema. Se trata de determinar la mejor manera de garantizar los derechos y unas condiciones de trabajo adaptadas para esta categoría de trabajadores. La OIT ya ha iniciado un debate con los países y los interlocutores sociales sobre el instrumento más apropiado. El CESE desea asimismo que se apruebe un instrumento eficaz adaptado a las características específicas de este trabajo. Además, pide a los agentes europeos, a los Estados miembros y a los interlocutores sociales que se haga cuanto sigue:

1.1

Llevar a cabo más investigaciones para obtener datos sobre reglamentaciones, condiciones de trabajo y de empleo y protección social de los trabajadores domésticos y su aplicación en los Estados miembros. Los estudios que existen son parciales y no permiten realizar comparaciones a escala europea, cuando las situaciones son muy diversas.

1.2

Introducir en los Estados miembros soluciones jurídicas, incluidas disposiciones fiscales, disposiciones en materia de seguridad social y disposiciones en materia de derecho laboral y civil, con miras a aumentar la motivación de los hogares para emplear a trabajadores domésticos declarados y la de los trabajadores domésticos potenciales a aceptar trabajo apoyándose en un contrato legal.

1.3

Establecer y difundir ampliamente consejos y recomendaciones para los particulares que contratan al trabajador y para éste. Divulgar la información y la formación sobre los deberes y derechos de los empleadores y de los empleados, en particular cuando existan sistemas de primas o deducciones fiscales para los empleadores.

1.4

Completar los instrumentos de referencia en que se describen las tareas, responsabilidades, aptitudes y competencias necesarias para realizar un trabajo doméstico y familiar de calidad y comparar las distintas situaciones nacionales. Fomentar el diálogo sectorial europeo sobre estas actividades.

1.5

Comparar los distintos tipos de organizaciones (servicios públicos, empresas, asociaciones, cooperativas, empleo directo) desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores y la calidad del servicio prestado.

1.6

Avanzar hacia una organización del trabajo que permita las sustituciones en el domicilio de los empleadores o clientes (pues de lo contrario el derecho a vacaciones y formación y la baja por enfermedad o maternidad seguirán siendo ficticios) y que incluya el pago del tiempo de desplazamiento entre ambos domicilios. También es necesario que los empleados y las empleadas puedan organizarse para defender sus derechos, salir de su aislamiento y negociar con sus empleadores derechos equivalentes a los que disfrutan los trabajadores de las empresas y las administraciones.

1.7

Prever una certificación de la experiencia y la formación permanente como reconocimiento del valor de este trabajo y para que los empleadores o clientes tengan garantías de la capacidad profesional de los empleados y las empleadas.

1.8

Facilitar la innovación en la organización de este sector apoyando la experimentación de ideas innovadoras y el desarrollo de nuevas formas de organización y asociación para lograr unos resultados más eficaces y validados.

1.9

Determinar, reducir y prevenir los riesgos profesionales del trabajo doméstico y garantizar unas condiciones similares a las de otros trabajadores en cuanto a seguridad y salud en el trabajo y seguridad social, incluidas la maternidad y la jubilación.

1.10

Luchar contra el trabajo ilegal, abundante en este sector, y proteger a las trabajadoras migrantes en situación irregular y víctimas de abusos: suprimir el doble castigo que sufren estas mujeres cuando acuden a la policía para denunciar violencia, incluso abusos sexuales, o a un empleador que no les ha pagado y son devueltas a su país de origen. Es preciso aplicar los convenios internacionales para protegerlas (1).

2.   Observaciones generales

2.1   Contexto

2.1.1   Empleadas del hogar, niñeras, trabajadoras familiares, asistentas a domicilio, etc.: son empleos exclusivamente para mujeres; ni siquiera son oficios verdaderos, porque las mujeres también hacen este trabajo gratuitamente en el hogar. Ahora que la Organización Internacional del Trabajo se ocupa de lograr «un trabajo decente para los trabajadores domésticos», el Comité Económico y Social Europeo desea profundizar en las líneas presentadas en el dictamen aprobado en octubre de 2009 sobre las relaciones entre la igualdad entre los sexos, el crecimiento económico y la tasa de empleo (2). En ese dictamen se señalaba la importancia de la profesionalización de los empleos de servicio a las personas, tanto para la igualdad entre mujeres y hombres como para el crecimiento económico.

2.1.2   Los países europeos consideran los servicios a las personas una reserva de trabajos que no es posible deslocalizar. Muchos han establecido exenciones fiscales o primas con las que blanquear el trabajo en negro y animar a la creación de nuevos empleos ayudando a los beneficiarios a compaginar mejor la vida familiar y la vida profesional.

2.1.3   Según el informe de la OIT redactado con vistas a la conferencia de junio de 2010 (3), en los países industrializados el trabajo doméstico representa entre el 5 % y el 9 % del empleo total. En la introducción de este informe puede leerse que «el trabajo doméstico remunerado sigue siendo una forma de empleo prácticamente invisible en numerosos países, al no realizarse en fábricas ni en oficinas, sino en hogares. Los trabajadores no son hombres que ganan el sustento de su familia, sino, en su inmensa mayoría, mujeres que no trabajan con colegas, sino de manera aislada, detrás de puertas cerradas. Su labor no tiene por objeto producir “valor añadido”, sino prestar cuidados a millones de hogares particulares. El trabajo doméstico suele consistir en realidad en faenas no remuneradas que las mujeres realizan tradicionalmente en el hogar. Ello explica por qué el trabajo doméstico se subestima en términos pecuniarios, suele pertenecer al sector informal y ser un trabajo indocumentado. No se suele percibir como un empleo regular, al no ajustarse al marco general de la legislación laboral vigente, pese a remontarse sus orígenes a la época en que la relación “amo sirviente” era una práctica corriente. En consecuencia, muchas leyes vigentes no contemplan con carácter específico la relación que caracteriza el trabajo doméstico, lo cual expone a los trabajadores que lo realizan a un trato desigual, injusto y a menudo abusivo»  (4).

2.1.4   Y añade que a menudo se denuncian en los medios de comunicación casos de malos tratos y abusos, así como de violencia sexual y de esclavitud, especialmente contra trabajadoras domésticas migrantes alojadas en el domicilio del empleador. Aunque el número de personas empleadas en este sector aumenta constantemente, el trabajo doméstico sigue siendo una de las formas de empleo más precarias, peor pagadas, menos protegidas y más arriesgadas. Y porque se trata de una forma de empleo especial, no cubierta por las regulaciones internacionales, desde 1948 la OIT viene ocupándose de elaborar una reglamentación adaptada.

2.1.5   El presente dictamen se refiere al trabajo doméstico remunerado que se realiza en un hogar particular y que incluye las labores del hogar, el cuidado de niños y otros servicios a la persona. No se ocupa de los servicios sociales ni de las empresas privadas, sino de la situación laboral de los trabajadores domésticos empleados por particulares. Puesto que este trabajo afecta a un número cada vez mayor de personas –que lo realizan o que lo reciben– y puesto que posee un carácter específico, es preciso enmarcarlo en una legislación adaptada a estas especificidades.

2.1.6   En Europa, la mayor parte de los trabajadores domésticos tienen varios empleadores. Sólo una pequeña parte de las mujeres, a menudo migrantes, viven en casa de su empleador. Con gran frecuencia se trata de trabajo informal. Las trabajadoras domésticas suelen ser personas vulnerables, que no conocen bien sus derechos, proceden del campo, están poco cualificadas, son emigrantes o hablan mal el idioma del país de acogida.

2.1.7   Sea cual sea la situación legislativa, el derecho laboral se dirige a las empresas y en la práctica lo más frecuente es que no se aplique al trabajo realizado en un domicilio, donde el control es difícil o incluso inexistente. Por otra parte, tampoco se aplican las reglas que rigen las actividades lucrativas, que generan un beneficio. Así, Adam Smith (5) considera que se trata de servicios «no productivos». No se les reconoce un valor, pero son indispensables para el funcionamiento de la sociedad.

2.1.8   «Como hoy día a los trabajadores domésticos no se les suele reconocer una condición jurídica clara en la legislación del trabajo, se tiende a excluirlos de facto de las normativas oficiales y de su cumplimiento» (6). Aunque en los Estados miembros de la Unión Europea, las disposiciones no excluyen a los trabajadores domésticos de la aplicación de las normas generales del derecho laboral, en la práctica se les aplican muy raramente. Los particulares que los emplean están mal informados de sus deberes y responsabilidades. Las trabajadoras domésticas se encuentran aisladas, por lo cual les cuesta organizarse.

2.2   Definición de la profesionalización

2.2.1   Las tareas a las que alude el término trabajo doméstico y familiar se aprenden de modo informal en el seno de la familia, con diferencias entre las generaciones. En Europa, el hilado de la lana y el cuidado de las aves de corral se han sustituido por los programas de la lavadora y la elección de alimentos no caducados en la sección de productos frescos del supermercado. Es preciso reconocer este aprendizaje informal y definir el contenido de los conocimientos y de las competencias necesarias. También hay que incluir el aprendizaje permanente. La innovación tecnológica debe llegar a este sector igual que a los demás y debe incorporar los nuevos conocimientos en nutrición o las nuevas exigencias en materia de conservación del medio ambiente.

2.2.2   Conseguir mejores condiciones para estos empleos exige describir de forma precisa las tareas que deben efectuarse, las responsabilidades que se asumen y las competencias necesarias, además del aprendizaje formal de los conocimientos necesarios para realizarlas correctamente al servicio de cualquier cliente, o una validación de la experiencia adquirida. Tanto el aprendizaje como la experiencia adquirida deben verse sancionados mediante un certificado de aptitud. A los empleadores o clientes les beneficia poder recurrir a personas con competencias certificadas.

2.2.3   Profesionalizar significa que el trabajador tenga unos derechos y una protección equivalentes a los de quienes trabajan en una oficina o un taller: un salario decente que incluya el tiempo de transporte entre los dos domicilios, fijar el tiempo de trabajo semanal, la posibilidad de disfrutar de vacaciones pagadas, respetar las normas de higiene y seguridad, una jubilación decente, la protección de la maternidad (7), bajas por enfermedad pagadas, indemnización en caso de invalidez, normas sobre el despido o el incumplimiento del contrato de trabajo, vías de recurso en caso de abusos, acceso real a la formación profesional y al desarrollo de la carrera, como en todas las demás profesiones. La generalización de un contrato permitiría proteger a los trabajadores y a los empleadores.

2.2.4   Profesionalizar significa convertir esta actividad en un oficio y luchar contra los estereotipos que asignan estas tareas a las mujeres. Los avances de la profesionalización podrían asimilarse a los avances de la igualdad entre los sexos.

2.3   Definición de trabajo doméstico

2.3.1   La característica principal del trabajo doméstico es su invisibilidad. Muy rara vez se especifican y enumeran las tareas – y sobre todo las responsabilidades – de los trabajadores domésticos. Los empleadores confían su hogar y sus hijos a personas cuyas competencias no pueden verificar (8). Los estudios (9) sobre el valor del trabajo realizado en los hogares para garantizar la vida cotidiana de las familias (gestión del tiempo) subrayan que la sociedad no puede funcionar sin ese trabajo. Es preciso reconocer este valor.

2.3.2   El trabajo doméstico y familiar se refiere a actividades realizadas por personas empleadas por los servicios sociales públicos, asociaciones apoyadas por las autoridades públicas, empresas privadas y trabajadores domésticos a través de la contratación directa, declarada o no, por empleadores particulares. Aunque el trabajo doméstico lo realizan mujeres casi exclusivamente, las condiciones de trabajo y empleo son en general más favorables en los servicios sociales públicos y en las empresas, donde los trabajadores pueden organizarse, los interlocutores sociales negocian convenios colectivos y son posibles los controles de la administración.

2.3.3   Según el informe de la OIT (10), «En la Clasificación Internacional Uniforme de Ocupaciones (CIUO) se reconoce el trabajo doméstico, que a su vez se subdivide en dos grandes grupos (5 y 9), para los cuales se identifican las tareas afines y los niveles de competencias correspondientes. […] En el grupo 5 se hace referencia a los establecimientos comerciales, las instituciones y los hogares privados. Se abarcan dos categorías esenciales: el personal de intendencia (subgrupo 512), que incluye ecónomos y afines, y cocineros; los trabajadores de los cuidados personales y afines, que incluyen cuidadores de niños y personas que prestan servicios personales a domicilio (subgrupo 513). Los ecónomos, mayordomos y afines contemplados en el grupo primario 5121 se encargan principalmente de la labor de supervisión de los ecónomos. El grupo 5131 define a las niñeras y celadoras infantiles como las personas encargadas de “cuidar a los niños de sus empleadores y vigilarlos durante sus actividades cotidianas” y considera que entre sus tareas figuran las siguientes:

a.

ayudar a los niños a bañarse, vestirse y comer;

b.

conducir a los niños hasta y desde la escuela o llevarlos a pasear o recrearse;

c.

jugar con los niños o entretenerlos contándoles o leyéndoles cuentos;

d.

mantener en orden sus dormitorios y lugares de juego;

e.

cuidar o vigilar a los escolares durante los recreos, el almuerzo y otras pausas;

f.

acompañar y ayudar a los niños durante paseos, excursiones, visitas a museos y actividades similares;

g.

desempeñar tareas afines;

h.

supervisar a otros trabajadores.

Del mismo modo, los ayudantes de enfermería a domicilio en el grupo 5133 “se ocupan de diversas necesidades y del cuidado individual de personas que requieren tal ayuda en sus propios hogares a causa de trastornos físicos, orgánicos o nerviosos, de invalidez o de su avanzada edad”. Las tareas de esta categoría como “los ayudantes de enfermería a domicilio” incluyen:

a.

ayudar a que las personas se acuesten o se levanten de la cama y se vistan como convenga;

b.

cambiar la ropa de cama y ayudar a las personas a bañarse o asearse;

c.

servir comidas de preparación propia o ajena y ayudar a comer a las personas que necesiten tal ayuda;

d.

administrar los medicamentos recetados o velar por que sean tomados o aplicados oportunamente;

e.

vigilar toda señal o indicio de deterioración de la salud del paciente e informar al médico o al servicio social pertinente;

f.

desempeñar tareas afines;

g.

supervisar a otros trabajadores.

El subgrupo 913 se refiere con carácter específico al “personal doméstico y afines, limpiadores, lavanderos y planchadores”. Abarca los hogares, hoteles, hospitales y otros establecimientos, así como diversos vehículos para mantener limpias las instalaciones. La clasificación comprende el personal doméstico y los limpiadores, así como los lavanderos y planchadores. En el grupo primario 9131, el personal doméstico y los limpiadores se encargan de “barrer o limpiar con máquina aspiradora; limpiar o lavar y encerar suelos, puertas, ventanas, muebles y diversos objetos; lavar, planchar y remendar ropa de cama, de mesa y otra ropa del ajuar de las casas o de uso personal; preparar, cocinar y servir comidas y bebidas; comprar alimentos y diversos artículos de uso doméstico, y desempeñar tareas afines”.»

2.3.4   Aunque la atención médica no forma parte del trabajo doméstico, una trabajadora familiar o una cuidadora infantil debe ser capaz de hacer que las personas de las que se encarga se tomen sus medicinas, y de reaccionar en caso de incidente súbito que ponga en peligro la vida de la persona a la que cuida. Debe tener formación para ello.

2.3.5   En caso de ausencia del empleador, o cuando este se encuentra en situación de dependencia, las personas que asumen dichas tareas deben ser autónomas y capaces de organizarse, deben inspirar confianza (puesto que se les confían las llaves del domicilio, los bebés, los padres ancianos; en resumen, lo más valioso), tener sentido de la responsabilidad, tener iniciativa, ser discretas y, cuando asumen la responsabilidad total de niños o de personas dependientes, poder hacer varias cosas a la vez, ser vigilantes, atentas, persuasivas, pacientes, de humor constante, ser capaces de concentrarse y escuchar, tener autoridad, saber qué hacer en caso de accidente, etc. Deben tener empatía y poseer conocimientos de psicología, dietética e higiene.

2.4   Características del trabajo doméstico

2.4.1   El trabajo doméstico es precario y está mal pagado porque no se le reconoce su valor debido a que las mujeres lo hacen gratuitamente en casa, a que los empleadores son particulares que no pueden o no quieren pagar más, a que lo hacen mujeres que trabajan solas, a menudo en varias casas, no pueden organizares colectivamente, hacer huelga, detener la producción para apoyar sus reivindicaciones (como los trabajadores de las empresas), a que los estereotipos que pesan sobre estos oficios y sobre la imagen de la mujer y de la madre ocultan la realidad de las cualificaciones, a que el lugar de trabajo es un domicilio privado imposible de controlar y a que con frecuencia es trabajo de inmigrantes irregulares, sin derechos.

2.4.2   La precariedad es inherente a estas actividades, que dependen de las necesidades de los hogares: cuando los niños crecen y se independizan, cuando los mayores dependientes mueren o cuando los ingresos del hogar disminuyen –por ejemplo por el desempleo–, se prescinde del trabajo de una persona a domicilio.

3.   Observaciones particulares

3.1   Objetivos de la profesionalización

3.1.1   Una mejor conciliación entre vida familiar y vida profesional

3.1.1.1   El trabajo asalariado de las mujeres, condición para la igualdad entre ambos sexos, ha hecho necesaria la creación de servicios para reemplazar el trabajo que realizaban en sus hogares las amas de casa. También ha dado a las parejas más medios económicos, por lo que algunas pueden recurrir a estos servicios, y así se crean empleos.

3.1.1.2   Estos servicios se han desarrollado porque resultan indispensables para conseguir el equilibrio entre vida familiar y profesional. Los hombres y las mujeres deben poder comprometerse con su vida profesional sin que ello sea en detrimento de su vida familiar y personal. En caso contrario, necesitarán confiar parte de las tareas domésticas y familiares a terceros.

3.1.1.3   Para equilibrar la participación de hombres y mujeres en el mercado laboral y responder a las nuevas necesidades surgidas del envejecimiento de la población, en el futuro estos servicios deberán desarrollarse más y, por tanto, tendrán más trabajadores.

3.1.2   Empleos y servicios de calidad

3.1.2.1   Para desarrollar estos servicios será preciso garantizar su calidad, generalizar la formación que ya existe, incorporar la formación permanente para integrar los avances y ampliar las posibilidades de controlar las competencias. Profesionalizar estos empleos es mejorar su calidad, tanto para los clientes y los beneficiarios como para los asalariados. Es la forma más segura de encontrar mañana candidatos que deseen realizar estos trabajos.

3.1.3   Luchar contra la pobreza

3.1.3.1   Es sabido que en Europa la pobreza afecta más a las mujeres que a los hombres. Los bajos salarios, la precariedad y el trabajo no declarado, característicos del trabajo doméstico, constituyen factores de exclusión social. En Europa, el trabajo no declarado es más frecuente en el sector doméstico: se sitúa por delante de la construcción y la hostelería (11).

3.1.4   Luchar contra el trabajo informal y la inmigración clandestina

3.1.4.1   Los casos de esclavitud denunciados en Europa afectan a trabajadoras del hogar en situación irregular, a quienes sus empleadores no pagan porque les prometen papeles a cambio. Estas trabajadoras son las más vulnerables: no se atreven a quejarse de los malos tratos, violencias ni abusos sexuales por miedo a ser expulsadas. El trabajo doméstico debería cubrirse con la inmigración seleccionada, que en estos momentos se centra en personas altamente cualificadas. La situación demográfica de Europa hace preciso recurrir a la inmigración para cubrir, especialmente, las necesidades de las personas de edad dependientes.

3.1.4.2   El trabajo informal priva al trabajador de su protección social y a la comunidad de los impuestos y cotizaciones sociales. Afecta a la imagen y la percepción del trabajo doméstico, convirtiéndolo en un subempleo, lo que alimenta los estereotipos y desprestigia a la profesión en general. Además, aumenta el riesgo de pobreza.

3.1.4.3   La reducción del fenómeno del trabajo no declarado en los hogares exige la introducción de numerosas medidas en los sistemas jurídicos de los distintos Estados miembros, incluidas en particular disposiciones fiscales, en el ámbito de la seguridad social, del derecho laboral y civil. La tendencia a ofrecer y aceptar trabajo no declarado obedece sobre todo a causas económicas, ya que para ambas partes dicho trabajo resulta más ventajoso que el trabajo declarado. La actuación de los Estados miembros debería dirigirse a reducir las diferencias que generan estas ventajas y, además, debería apoyarse en iniciativas adaptadas a las condiciones sociales y culturales locales (campañas en los medios de comunicación, ejemplo dado por las personalidades públicas, información sobre los riesgos que entraña el trabajo no declarado).

3.2   Condiciones de empleo

3.2.1   Empleadores organizados y asalariados sindicados han negociado convenios colectivos. Conviene basarse en estos progresos para mejorar la suerte de los trabajadores domésticos. Es preciso llevar a cabo estudios sobre los convenios colectivos que rigen actualmente el trabajo doméstico en Europa e inspirarse en las mejores prácticas para generalizarlos. También es necesario comparar los distintos tipos de organizaciones (empresas, asociaciones, cooperativas, empleo directo) desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores y la calidad del servicio prestado.

3.2.2   En muchos países europeos, ni el empleador particular ni la trabajadora doméstica conocen bien sus derechos y deberes. El empleador no considera a la asistenta del hogar o a la niñera como empleada con derechos: a causa de los estereotipos, ve en ella una ayuda, alguien a quien hace un favor ofreciéndole unas pocas horas de trabajo. Muchas veces las dos partes no firman ningún contrato de trabajo, de forma que no están claramente estipuladas las condiciones de trabajo, el salario, las vacaciones, el horario, la descripción de las tareas, el incumplimiento del contrato ni la indemnización por despido. Hay que aclarar cuáles son los derechos y deberes de cada parte: también supone una protección para el empleador, que ha de ser más consciente de los riesgos que corre al contratar a una persona para que trabaje en su casa (robos, accidentes) y de sus responsabilidades.

3.2.3   Higiene y seguridad: erróneamente se piensa que el trabajo doméstico no supone ningún riesgo. Quemaduras, cortes, intoxicación con productos de limpieza, caídas, electrocución con los electrodomésticos, etc., son accidentes frecuentes, sobre todo si el empleador no es consciente de que debe respetar las normas de seguridad y si la empleada no ha sido advertida de los peligros ni preparada para evitarlos.

3.2.4   Salud, protección de la maternidad, jubilación: la baja por maternidad conduce a menudo al despido, porque, como el empleador necesita que alguien realice el trabajo doméstico, buscará otra empleada y no se sentirá obligado hacia la primera. La inexistencia de una organización que permita la sustitución temporal impide la aplicación de los derechos, que resultan meramente teóricos. Los sistemas de seguridad social y de jubilación muchas veces no están adaptados a quienes trabajan unas cuantas horas para varios empleadores.

3.2.5   Cualificación, formación: durante mucho tiempo las competencias necesarias se han adquirido en el aprendizaje informal. Desde hace unos años se observa que la transmisión familiar está reduciéndose. Las madres jóvenes se encuentran desamparadas cuando nace su primer hijo; los progenitores jóvenes no saben preparar platos equilibrados y optan por la comida preparada, una de las causas de la obesidad infantil. Designar las tareas y las competencias y enseñarlas permitiría también que se conocieran mejor y abrirlas a personas de ambos sexos.

Bruselas, 26 de mayo de 2010.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI


(1)  Véanse el Convenio Europeo sobre el Estatuto del Trabajador Inmigrante y el Convenio del Consejo Europeo sobre la lucha contra la trata de seres humanos.

(2)  DO C 318 de 23 de diciembre de 2009, p. 15.

(3)  Véase OIT: «Trabajo decente para los trabajadores domésticos», Informe IV para la Conferencia Internacional del Trabajo, 99a reunión, 2010. http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_104703.pdf.

(4)  Ídem, p. 1.

(5)  Ídem, p. 12.

(6)  Ibídem.

(7)  La revisión de la Directiva sobre el permiso de maternidad (Directiva 92/85/CEE del Consejo, de 19 de octubre de 1992) introduce el derecho de las trabajadoras domésticas a disfrutar de este permiso.

(8)  DO C 277 de 17 de noviembre de 2009, p. 102.

(9)  Housework: priceless or valueless?, Marianne A. Ferber y Bonnie G. Birnbaum (1977) http://www.roiw.org/1980/387.pdf.

Time Use in Child Care and Housework and the Total Cost of Children, Björn Gustafsson y Urban Kjulin, © 1994 Springer http://www.jstor.org/pss/20007438.

(10)  Véase nota a pie de página no 3, pp. 33 y 34.

(11)  Véase «El trabajo no declarado en la Unión Europea», Eurobarómetro especial no 284/67, 3 de octubre de 2007, p. 21.


III Actos preparatorios

Comité Económico y Social Europeo

463a sesión plenaria de los días 26 y 27 de mayo de 2010

21.1.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 21/44


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Opciones de etiquetado del bienestar animal y establecimiento de una Red Europea de Centros de Referencia para la Protección y el Bienestar de los Animales»

COM(2009) 584 final

2011/C 21/08

Ponente: Leif E. NIELSEN

El 28 de octubre de 2009, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre el

«Informe de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Opciones de etiquetado del bienestar animal y establecimiento de una Red Europea de Centros de Referencia para la Protección y el Bienestar de los Animales»

COM(2009) 584 final.

La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio ambiente, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 6 de mayo de 2010.

En su 463o Pleno, celebrado los días 26 y 27 de mayo de 2010 (sesión del 26 de mayo), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 106 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención, el siguiente dictamen:

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1   Hace falta un sistema de etiquetado que permita de forma objetiva que los consumidores elijan mejor los productos de origen animal, cuando las condiciones de bienestar de los animales vayan más allá de los requisitos mínimos de la UE. Con este etiquetado se pretende ofrecer una garantía perceptible, basada en informaciones fiables y que sea fácilmente comprensible por los consumidores.

1.2   El sistema debe fundamentarse en la evaluación y comparación de normas basadas en pruebas científicas. Este sistema debería tener carácter voluntario, estar armonizado y orientado al mercado y basarse en la certificación y las posibilidades de combinación con etiquetas y sellos de calidad del sector privado que cumplan criterios claramente definidos. Asimismo, el sistema de etiquetado debería poder utilizarse para cumplir obligaciones internacionales y aplicarse a las importaciones en la UE en las condiciones adecuadas.

1.3   El CESE acoge con agrado los exhaustivos estudios realizados por encargo de la Comisión mediante los cuales se evalúan las consecuencias de las distintas opciones para un sistema de etiquetado de bienestar animal y una Red Europea de Centros de Referencia. Los estudios parecen indicar que existe una posibilidad realista de lograr los objetivos antes mencionados por medio de un sistema de etiquetado, lo que coincide con recomendaciones anteriores del CESE (1).

1.4   A pesar de ello, la Comisión no examina lo que exige crear un «sistema de garantías» y de establecer prioridades para estas opciones, sino que las deja abiertas aunque en su mayoría deben considerarse poco realistas. Habría sido más conveniente y habría hecho avanzar el proceso si la Comisión hubiese esbozado una propuesta concreta como base para consideraciones posteriores, en particular, en vista de que el Consejo solicitó hace dos años a la Comisión que utilizara las recomendaciones del CESE como base para sus ulteriores reflexiones.

1.5   El debate no debería prolongarse inútilmente. En particular en lo que se refiere al proyecto «Welfare-Quality» (2), cuyos resultados deberían aplicarse en la práctica lo antes posible. Asimismo, la red de instituciones participantes y la dedicación de los investigadores debería mantenerse y aprovecharse, sin perder demasiado tiempo en proseguir el debate sobre las posibilidades teóricas sin propuestas concretas.

1.6   De este modo, el proyecto «Welfare-Quality» constituye un fundamento sólido para elaborar indicadores científicos, basados en primer lugar en el bienestar y el comportamiento de los animales, e indirectamente en los sistemas y métodos de producción utilizados, que podrían utilizarse para perfeccionar una clasificación con informaciones transparentes y fiables para los consumidores.

1.7   Debido a ello, el CESE apoya la creación de una Red Europea para continuar desarrollando el proyecto «Welfare-Quality». El CESE considera, de acuerdo con sus anteriores recomendaciones, que la integración de un sistema de etiquetado con una red coordinada desde el centro constituye la mejor solución entre las opciones mencionadas. Las partes interesadas deberían poder intervenir de manera esencial en el modo de funcionamiento del sistema y en la adopción de las normas.

1.8   Está previsto que el régimen propuesto funcione como complemento de las normas comunitarias en materia de calidad, que utilizan denominaciones reservadas para los productos ecológicos y los sistemas de producción de huevos, y de las normativas en materia de denominaciones geográficas y especialidades regionales, que hacen referencia sobre todo a los sistemas de producción y al origen, pero no al bienestar de los animales, si bien éste se incluye hasta cierto punto.

2.   Antecedentes

2.1   El empleo de indicadores mensurables, normas más estrictas en materia de bienestar de los animales y etiquetado y la creación de una red europea son elementos esenciales del plan de acción comunitario sobre protección y bienestar de los animales de la Comisión (3). Su objetivo consiste proporcionar a los consumidores un conjunto mejor de criterios para elegir productos animales elaborados con arreglo a normas de bienestar animal más estrictas que los requisitos mínimos de la UE. Para ello se puede facilitar mejores informaciones y sensibilizar a la población en torno al bienestar de los animales, elaborar normas e intercambiar y aplicar procedimientos acreditados en el marco de la red europea para la protección y el bienestar de los animales. En su calidad de representante de la sociedad civil – y gracias a la diversidad de su composición – una tarea evidente que debe acometer el CESE es la de contribuir a la creación de un sistema flexible y funcional.

2.2   El informe fue encargado por el Consejo en mayo de 2007 para que se evaluaran las opciones de etiquetado de bienestar animal. Sirvió de base para el mismo el dictamen exploratorio del CESE y la posterior conferencia (4). El Consejo pidió a la Comisión que estudiara las opciones para un etiquetado de bienestar animal y tuviera en cuenta para ello las recomendaciones del CESE, que se fundamentan en un sondeo de las posibilidades prácticas de implantar un sistema de etiquetado basado en indicadores de bienestar animal que coincidan con la consecución de los objetivos del proyecto «Welfare-Quality». El Consejo recomendó, al igual que el CESE, que se lanzara una campaña de información posterior en el conjunto de la UE sobre el tema «Bienestar animal y sistema de etiquetado».

2.3   En los anexos del informe presentado se recogen amplios estudios externos sobre las opciones tanto para el etiquetado de bienestar animal y la información que debe facilitarse sobre este tema, como para los aspectos relacionados con la creación de una red europea. De acuerdo con lo solicitado por el Consejo, se prevé abrir un debate interinstitucional sobre el informe y los estudios que serán la base de las ulteriores reflexiones de la Comisión.

2.4   En el informe y en la comparación de los estudios de los servicios de la Comisión se resumen las opciones existentes para diversos sistemas de etiquetado obligatorios y voluntarios, sin que se destaque especialmente una opción determinada. No obstante, del informe se desprende que el futuro sistema deberá basarse en informaciones que los consumidores puedan comprender fácilmente. Deberá basarse asimismo en pruebas científicas, en la participación de órganos de certificación independientes, y deberá impedir falseamientos de la competencia y respetar los compromisos internacionales.

2.5   La Comisión considera que una red europea de centros de referencia podría armonizar normas o indicadores, coordinar los recursos ya disponibles, hacer una aportación al intercambio de procedimientos acreditados, garantizar la independencia de la información y contribuir a evitar duplicaciones de tareas. Las opciones son mantener la situación actual sin tomar nuevas medidas, adoptar un enfoque centralizado o aplicar una estrategia basada en tareas más específicas en la que se determinen elementos centralizados y descentralizados.

2.6   En este aspecto, la Comisión examinará, entre otras cosas, las desventajas administrativas y los costes, así como la relación entre los sistemas de etiquetado y la productividad, por ejemplo, para la agricultura ecológica. Con este fin deberán utilizarse los resultados del proyecto «Welfare-Quality» y estudiarse las posibles consecuencias sociales, económicas y ecológicas. Aparte de ello, la Comisión llevará a cabo otros estudios para determinar si las opiniones expresadas en sondeos anteriores han cambiado y, en tal caso, por qué razón.

3.   Observaciones

3.1   El CESE sigue apoyando el Plan de acción de la Comisión (5) para el bienestar de los animales y considera positivo que al Protocolo sobre la protección y el bienestar de los animales se le haya concedido un lugar destacado dentro del Tratado de Lisboa, lo que debe entenderse como un indicio del creciente interés por este tema (6).

3.2   Los estudios realizados demuestran la necesidad de abordar de manera más coherente y coordinada la protección y el bienestar de los animales en la UE. De este modo, la gran variedad de sistemas de etiquetado y normas de calidad voluntarios que existen en los Estados miembros pueden causar confusión y dar lugar a una diferenciación inoportuna e inadecuada de los productos. Además, puede producirse una desigualdad de condiciones para los distintos eslabones de la cadena de producción y comercialización.

3.3   Los consumidores pueden optar por la protección y el bienestar de los animales por motivos éticos, de calidad o de otro tipo, pero no confían en la validez y fiabilidad de los argumentos utilizados en la comercialización por falta de documentación. Por ello es indispensable una documentación objetiva y científica para comercializar mejor los productos de origen animal que superan las normas mínimas de la UE. Asimismo, es evidente que un etiquetado sólo puede tener el efecto deseado si las informaciones son fáciles de entender y los consumidores se interesan por lo que significan y están suficientemente interesados en obtenerlas.

3.4   Por tanto, se requiere una garantía perceptible basada en informaciones objetivas y fiables. En línea con su dictamen de 2007, el CESE apoya sin reservas las medidas que se tomen en este sentido. El CESE valora positivamente los trabajos exhaustivos realizados desde entonces y comprende que hayan requerido un tiempo prolongado.

3.5   Sin embargo, habría sido conveniente que la Comisión hubiera enumerado las opciones existentes por orden prioritario y que hubiera esbozado una o varias propuestas como punto de partida para el proceso político posterior, incluida una basada en las recomendaciones del CESE. Todo indica que los análisis exhaustivos confirman las recomendaciones del CESE, según las cuales un sistema de etiquetado, para ser realista, debe ser voluntario, estar armonizado y orientado al mercado a fin de crear opciones de comercialización prácticas y realistas para los productos de origen animal que superan los requisitos mínimos.

3.6   La Comisión debería aprovechar asimismo los amplios trabajos realizados en toda Europa en este ámbito: sistemas basados en conocimientos sobre los que se informa tanto a los proveedores como a los productores de bienes y servicios y que estimulan la adopción de medidas de mercado y el correspondiente comportamiento entre los consumidores. Algunos ejemplos son la etiqueta Fairtrade, el Forest Stewardship Council, el Marine Stewardship Council y la Rainforest Alliance. La administración del sistema, así como el número, objetivos y adopción de normas deben considerarse los elementos más importantes; y debe garantizarse un examen independiente, la evaluación de las consecuencias y los análisis de costes y beneficios, así como la vigilancia de las notificaciones públicas y la publicidad (7).

3.7   La coordinación de la investigación permitiría hacer un uso más eficaz de los recursos y, en este aspecto, el CESE considera importante estimular el debate interinstitucional, en particular en vista del proyecto «Welfare-Quality», cuyos resultados deberían ponerse en práctica lo antes posible, así como mantener la dedicación de los investigadores y continuar los trabajos sobre la base de los resultados obtenidos hasta ahora, sin perder demasiado tiempo en proseguir el debate sobre las posibilidades teóricas sin propuestas concretas. Una red de investigadores de terceros países resulta decisiva igualmente para difundir los resultados de las investigaciones y para que se comprenda mejor la política de la UE, lo que reviste importancia para las futuras relaciones comerciales.

El sistema de etiquetado

3.8   A pesar de que el análisis no llega a una conclusión clara respecto al sistema de etiquetado, parece sugerir indirectamente que la opción más realista sería un sistema sencillo y flexible. Ello coincide en todos los puntos esenciales con las recomendaciones y propuestas del CESE, que parten de un fundamento científico, condiciones de mercado, carácter voluntario y posibilidad de aplicarlo en combinación con etiquetas y sellos de calidad del sector privado.

3.9   Por ello, el CESE sigue considerando que el sistema debería basarse fundamentalmente en los siguientes elementos:

El centro o los centros de Referencia deben establecer los criterios objetivos necesarios teniendo en cuenta la esperanza de vida del animal y aplicar relaciones de producción prácticas y realistas a fin de promover de la mejor manera posible la interacción entre investigación, desarrollo y uso de las nuevas tecnologías (8).

Los criterios se aplicarán en el sistema de etiquetado mediante normas (9). Para ello habrá que tomar en consideración, entre otras cosas, los aspectos de medición y control por parte de un órgano independiente que tenga en cuenta a los grupos interesados.

Por consiguiente, la producción y distribución podrían introducir voluntariamente un sello de calidad reconocido por la UE que certifique el cumplimiento de normas más estrictas que los requisitos comunitarios mínimos.

Las normas podrían establecer, por ejemplo, tres niveles por encima de los requisitos mínimos, en función de su pertinencia para la especie animal o el producto de que se trate (10).

Se contempla la garantía del cumplimiento de las exigencias específicas y el control del uso del etiquetado por parte de los interesados y una inspección independiente (11).

3.10   Según este modelo, la aplicación, control y empleo de cada sello de calidad se realiza en condiciones de mercado y de forma independiente de las autoridades públicas. Mediante la adición voluntaria del sello de calidad (en combinación con un sistema de estrellas, colores o puntos) al etiquetado ya existente, la propuesta soluciona asimismo el problema de la acumulación excesiva de datos en las etiquetas. Los consumidores interesados y motivados dispondrían de estas informaciones, pues la confianza en el sistema se basa en el fundamento científico y una certificación independiente.

3.11   Es preciso que el ritmo de introducción coincida con las necesidades del mercado, pero las organizaciones de productores, las empresas y el comercio minoristas tendrían la posibilidad de aplicar el sistema a su gama de productos, siempre que éstos superen los requisitos mínimos y los comercialicen de esta forma. Así, por ejemplo, el sistema debería aplicarse teniendo en cuenta la creciente tendencia al «marcado», en el que el comercio minorista informa si los productos respetan las normas de bienestar animal, a diferencia de las etiquetas que aparecen en los productos.

3.12   El sistema podría aplicarse en condiciones similares a los productos importados, con lo que no se presentarían problemas con respecto a las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pues las prácticas de ésta permiten los sistemas de etiquetado voluntarios, siempre que sean proporcionados y accesibles en igualdad de condiciones para los productores de terceros países.

3.13   El enfoque orientado al mercado presupone, entre otras cosas, que el sistema sea suficientemente atractivo para los consumidores y el comercio minorista y que los costes para los productores se compensen con un mejor acceso al mercado y precios más elevados.

La Red Europea de Centros de Referencia

3.14   Para que el bienestar animal se desarrolle de forma objetiva es necesaria la intervención de los establecimientos de investigación competentes que existen en la UE. Por ello, el CESE se pronuncia a favor de la creación de una red europea en este ámbito, que sea coordinada por uno o varios centros de referencia organizados de forma similar a los centros de referencia en el ámbito de la salud animal (12).

3.15   La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) el Centro Común de Investigación (CCI) y los laboratorios nacionales de referencia se ocupan hasta cierto punto de cuestiones relacionadas con el bienestar animal, pero no son los órganos adecuados para coordinar dichas cuestiones en la UE. La Red debe complementar las actividades de los órganos de la UE sin, en ningún caso, duplicar tareas. En principio debe cubrir cualquier forma de utilización de los animales con fines económicos y debe ser independiente de intereses externos.

3.16   La Red debería llevar a cabo las siguientes tareas, que están interrelacionadas:

determinar y actualizar los indicadores para evaluar el bienestar animal sobre una base científica, teniendo en cuenta las sugerencias de las partes interesadas;

elaborar análisis sobre las consecuencias de las medidas y mejoras en materia de bienestar animal;

seguir realizando investigaciones y desarrollando los fundamentos científicos necesarios para actualizar las normas;

facilitar la información y el diálogo sobre la aplicación de las normas, y contribuir a una protección activa de los animales a escala mundial.

3.17   Lo más práctico sería que esta organización fuera una continuación de la red del proyecto «Welfare-Quality» y unirla con la red de mayor tamaño en terceros países. Así pues, con el proyecto «Welfare-Quality» se han sentado las bases para desarrollar un sistema de etiquetado mediante la elaboración de indicadores científicos para animales, cuyo desarrollo puede continuar como fundamento para una información transparente y fiable de los consumidores sobre la clasificación mencionada.

3.18   Las normas que proponga esta Red deberían ser adoptadas por una instancia independiente. Puesto que la participación de las partes interesadas constituye una condición clara para el funcionamiento del sistema, éstas deberían intervenir en la mayor medida posible en el proceso decisorio relativo a la estrategia y el programa de trabajo.

Otras cuestiones

3.19   La propuesta de la CESE para un etiquetado de bienestar animal se basa en los conocimientos y evaluaciones científicas más avanzados en cada momento. La armonización de los requisitos permite que los consumidores dispongan de la necesaria información antes de comprar generando a su vez incentivos para los productores. Sin embargo, para ello sería necesario dar a conocer mejor las normas y etiquetados por medio de campañas de información y programas de formación sobre bienestar animal. A pesar de la evidente necesidad de una coordinación a escala europea, la concepción y aplicación deberían tener lugar en el plano regional o nacional, pues la experiencia enseña que las campañas de información centralizadas en la UE resultan poco eficientes en los Estados miembros.

3.20   Esta propuesta no entrarán en conflicto con el sistema existente de agricultura ecológica en la UE, que también contempla diversos aspectos del bienestar animal. Cabe esperar que el bienestar animal en los productos ecológicos se tenga debidamente en cuenta por medio de la aplicación gradual de las normas, una vez adoptadas, y se convierta en parte de la normativa de control para los productos ecológicos sin gastos administrativos adicionales. Los consumidores relacionan la agricultura ecológica con normas más estrictas en materia de bienestar animal y es normal que conozcan los productos ecológicos con sello de calidad de la UE.

3.21   Con el régimen propuesto para un etiquetado de bienestar animal deberán complementarse en principio los sistemas de etiquetado de calidad vigentes en la UE, como las menciones reservadas para huevos, así como las normativas para denominaciones geográficas y especialidades regionales. Estos sistemas hacen referencia tanto a sistemas de producción como al origen del producto, pero no al bienestar animal, a pesar de que hasta cierto punto se entienden como tales. Y como son bien conocidos por los consumidores, deberían mantenerse. En cambio, habría que evitar otros requisitos obligatorios o voluntarios en relación con el empleo de «menciones reservadas» basadas en sistemas de producción, ya que no conviene utilizar unas condiciones de producción específicas para una normativa elaborada a través del complejo procedimiento legislativo comunitario, como se puso claramente de manifiesto, entre otras cosas, en relación con la adopción de normas mínimas.

3.22   La Comunicación de la Comisión sobre la política de calidad de los productos agrícolas recoge la propuesta de elaborar directrices para las normativas del sector privado y público para la certificación de alimentos (13). Las directrices propuestas pretenden, por una parte, proteger a los consumidores contra el engaño y, por otra, dejan que el mercado responda al interés de los consumidores por el bienestar animal. Al mismo tiempo se introduce la certificación como un elemento esencial de la política comunitaria en materia de alimentos.

3.23   El sistema propuesto es neutral con respecto a cuestiones particulares de naturaleza religiosa, ya que el etiquetado tan solo garantiza el cumplimiento de requisitos en materia de bienestar animal en un nivel bien definido por encima de los requisitos mínimos de la UE.

3.24   La Red Europea de Centros de Referencia para la protección y bienestar de los animales deberá asumir un destacado papel para garantizar el bienestar de los animales vertebrados criados con fines económicos. Entre estos animales se encuentran igualmente los peces y animales de peletería que deberían ser tratados en condiciones de igualdad con los demás animales de producción, en particular los animales de laboratorio, mientras que el Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternativos (CEVMA) elabora alternativas para el uso de animales con fines científicos.

Bruselas, 26 de mayo de 2010.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI


(1)  El Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Bienestar de los animales — etiquetado» fue elaborado a instancias de la Presidencia alemana del Consejo (DO C 161 de 13.7.2007, p. 54).

(2)  El proyecto Welfare Quality® 2004-2009 es un proyecto de investigación financiado por la UE que llevan a cabo unos 250 investigadores de 39 institutos y establecimientos de enseñanza superior de 13 países europeos y extraeuropeos. En el marco de este proyecto se desarrollaron normas de bienestar animal y estrategias prácticas basadas en evidencias científicas para integrar el bienestar animal en la cadena de producción agrícola y en los eslabones posteriores de la cadena de producción y comercialización, incluyendo las correspondientes informaciones para los consumidores.

(3)  COM(2006) 13 de 23.1.2006.

(4)  La «Conferencia sobre bienestar animal - mejora mediante el etiquetado» tuvo lugar el 28 de marzo de 2007 bajo los auspicios del CESE, la Comisión y la Presidencia Alemana; el Consejo destacó que «deberían tenerse en cuenta las recomendaciones que el Comité Económico y Social Europeo expuso en su dictamen preliminar, adoptado el 15 de marzo de2007, sobre “Aportación del etiquetado a la mejora del bienestar de los animales”» (conclusiones de la sesión no 2797 del Consejo de Agricultura y Pesca, Bruselas, 7 de mayo de 2007).

(5)  Véase el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo relativa a un plan de acción comunitario sobre protección y bienestar de los animales 2006-2010, DO C 324 de 30.12.2006, p. 18.

(6)  Con arreglo al artículo 13, «la Unión y los Estados miembros tendrán plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales como seres sensibles, respetando al mismo tiempo las disposiciones legales o administrativas y las costumbres de los Estados miembros relativas, en particular, a ritos religiosos, tradiciones culturales y patrimonio regional». Esta disposición vinculante sustituye al anterior «acuerdo entre caballeros» y adopta la forma de un Protocolo, al tiempo que, por ejemplo, concede al TEJ la competencia para resolver los posibles litigios.

(7)  Asimismo se podría solicitar la acreditación de este sistema en el marco de la Norma ISO65, Exigencias generales para organizaciones que certifican productos.

(8)  De acuerdo con el proyecto «Welfare-Quality», el fundamento de la evaluación deberían ser en primer lugar los resultados («welfare outcomes») y no los sistemas de producción («input and resources»). Pues de lo contrario, la evaluación del sistema de producción tendría prioridad sobre la del bienestar de los animales. Se considera que los indicadores abarcan todas las circunstancias relacionadas con la especie animal de que se trate como las características de la cría, las condiciones de espacio y estabulación, las posibilidades de comportamiento natural, el control diario, los aspectos veterinarios, el destete, las intervenciones quirúrgicas, incluido el transporte al matadero, el aturdimiento y el sacrificio. Asimismo, el sistema ofrece incentivos para las innovaciones y mejoras voluntarias.

(9)  Debe utilizarse el término «normas» para evitar una confusión con el término «estándares», que elaboran mediante procedimientos específicos los órganos europeos de normalización.

(10)  De conformidad con la clasificación del proyecto «Welfare-Quality» en tres niveles: excelente (nivel superior), avanzado (buena protección animal) y superior a las normas mínimas.

(11)  Una institución, una organización o un centro de certificación especializado que trabajen de conformidad con las normas europeas e internacionales EN – ISO – 17000 de la ISO o autorizados como centro de certificación con arreglo a la norma EN – ISO - 45011.

(12)  La Comisión emplea el término «Red Europea de Centros de Referencia» (RECR), a pesar de que no se trata realmente de una red de establecimientos de investigación. La coordina, de forma similar a las organizaciones para la protección de los animales de producción, uno o varios centros de referencia (eventualmente, uno por cada especie animal), que proponen normas en materia de protección de los animales basadas en indicadores que debe aceptar una organización independiente. Si bien se propone la incorporación de las partes interesadas, no se describe con más detalle la organización de estos establecimientos.

(13)  COM(2009) 234 de 28.5.2009


21.1.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 21/49


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: La inversión en el desarrollo de tecnologías con baja emisión de carbono (Plan EETE)»

COM(2009) 519 final

2011/C 21/09

Ponente general: Gerd WOLF

El 7 de octubre de 2009, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: La inversión en el desarrollo de tecnologías con baja emisión de carbono (Plan EETE)»

COM(2009) 519 final.

El 3 de noviembre de 2009, la Mesa del Comité encargó a la Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información la preparación de los trabajos sobre este asunto.

Dada la urgencia de los trabajos (artículo 59 del RI), en su 463o Pleno, de los días 26 y 27 de mayo de 2010 (sesión del 27 de mayo de 2010), el Comité Económico y Social Europeo ha nombrado ponente general a Gerd WOLF y ha aprobado por 168 votos a favor y 3 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Resumen y recomendaciones

1.1   El Plan EETE presentado por la Comisión aborda las medidas más importantes en estos momentos, mediante las que se pretende alcanzar los objetivos vitales e interrelacionados de la protección climática y la seguridad de abastecimiento energético, así como preservar la competitividad internacional de Europa. El Comité apoya íntegramente las inversiones y medidas propuestas.

1.2   Solamente mediante un esfuerzo conjunto extraordinario se logrará ajustar y replantear nuestro sistema energético común —producción, transformación, utilización— hacia tales objetivos.

1.3   Para ello es necesario desarrollar técnicas y métodos de producción y aprovechamiento de la energía con baja emisión de carbono, que sean al mismo tiempo competitivas a escala internacional con las técnicas actuales.

1.4   No obstante, el Comité muestra su enorme preocupación por cuanto siguen subestimándose de forma mayoritaria las inversiones que deben realizar a tal fin la Comisión, los Estados miembros y el sector privado. Por eso, el Comité recomienda urgentemente desarrollar a tal fin un enfoque de financiación que cuente con el soporte conjunto de la Comisión, los Estados miembros y el sector económico, que sea suficiente y que se integre también en el presupuesto futuro de la UE. Hasta entonces deberán encontrarse otras posibilidades de financiación. En concreto, debería dedicarse exclusivamente a este propósito la totalidad de los ingresos de los Estados miembros, procedentes de los derechos de emisiones de carbono. Otro tanto cabe decir de los ingresos derivados de un posible impuesto futuro sobre emisiones de CO2.

1.5   A la vista de la importancia vital del problema energético y climático, así como de la situación competitiva que se deriva del mismo, el Comité considera absurdo detraer del sector energético los ingresos fiscales adicionales que sirven para la protección climática y dedicarlos a otras finalidades.

1.6   Las inversiones para el desarrollo de tecnologías energéticas con baja emisión de carbono fomentan la innovación, el dinamismo económico, el crecimiento sostenible y la creación de puestos de trabajo. Lo dicho es tanto más válido por cuanto la energía aprovechable y asequible representa la supervivencia de nuestra economía y nuestra forma de vida y su rentabilidad es un factor decisivo para la competitividad de Europa en el entorno mundial. Por eso son necesarias formas viables de obtención y aprovechamiento de la energía.

1.7   El Comité subraya a este respecto la especial importancia de la energía eléctrica. No obstante, recomienda dedicar asimismo una mayor atención al aprovechamiento energético fuera del sector eléctrico y explorar vías innovadoras de investigación, ya que hasta la fecha a éste le corresponde el mayor porcentaje del consumo de recursos de energía fósiles.

1.8   Para cumplir la tarea de coordinación de la Comisión, deberán crearse igualmente, de acuerdo con los correspondientes interlocutores implicados, las correspondientes estructuras de programa de I+D. Por su parte, la Comisión precisa especialistas en la materia, reconocidos internacionalmente y comprometidos, que a su vez estén implicados profesionalmente en este ámbito y se identifiquen plenamente con el éxito del programa coordinado por ellos.

2.   Comunicación de la Comisión (resumida de forma muy esquemática)

2.1   El Plan EETE tiene como objeto crear la base tecnológica de la política de la UE en materia energética y climática.

2.2   El elemento central del Plan EETE son los «planes de trabajo de la UE (road-maps)» para el período 2010 a 2020, en función de los cuales debe realizarse el desarrollo de tecnologías con baja emisión de dióxido de carbono a la atmósfera («tecnologías con baja emisión de carbono»). Estos planes se recogen, junto con el plan de financiación y la distribución entre la industria y el sector público, en un Documento de Trabajo de los Servicios de la Comisión (1).

2.3   La Comunicación de la Comisión comprende, entre otras:

2.3.1

Iniciativas industriales europeas, a saber

energía eólica

energía solar

red eléctrica

bioenergía sostenible

captura, transporte y almacenamiento del CO2: CCS

energía nuclear de fisión sostenible

pilas de combustible e hidrógeno.

2.3.2

Eficiencia energética – Iniciativa «Ciudades Inteligentes (smart cities)».

2.3.3

Alianza europea para la investigación en el sector energético (EERA). Esta Alianza se ocupa de programas conjuntos de centros de investigación y universidades.

2.3.4

Otros objetivos incluyen

otras tecnologías, como por ejemplo, las tecnologías de energía renovable de alta mar distintas de la eólica, el almacenamiento de energía, la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares y la eliminación de los residuos nucleares;

energía de fusión, sobre todo el proyecto ITER;

la investigación básica, por ejemplo, combustibles de motor obtenidos directamente a partir de la luz solar, nuevas fuentes de luz en estado sólido o baterías con elevada capacidad de almacenamiento;

activación de los polos de investigación y ciencia. Para ello se dispone asimismo de medios de financiación con cargo a la política de cohesión;

cooperación internacional.

2.3.5

Las inversiones necesarias para el Plan EETE en la UE deberían incrementarse desde los 3000 millones de euros al año actuales hasta cerca de 8000 millones de euros.

2.3.6

Al menos el 50 % de los ingresos de subastas obtenidos a través del nuevo régimen comunitario de comercio de derechos de emisión deberá reinvertirse a nivel nacional en medidas relacionadas con el cambio climático, dedicándose una parte de ellos al desarrollo de tecnologías limpias.

2.3.7

El efecto de incentivo y de palanca de la financiación pública se debe potenciar al máximo mediante una panoplia de herramientas comprendida en el instrumento de financiación.

2.4   Por consiguiente, la Comisión hace un llamamiento al Consejo y al Parlamento para que:

apoyen los Planes de Trabajo Tecnológicos para 2010-2020,

acepten concentrar los programas comunitarios existentes para apoyar las iniciativas del Plan EETE,

inviten a los Estados miembros a incrementar sus esfuerzos para apoyar la financiación de tecnologías con baja emisión de carbono,

respalden la propuesta de ampliar los instrumentos financieros para contribuir a la financiación del Plan EETE,

aprueben la correspondiente propuesta de la Comisión y del BEI,

concedan su aprobación al desarrollo de las iniciativas en curso y de las nuevas iniciativas internacionales en materia de tecnología.

3.   Observaciones generales

3.1   Cumbre de Copenhague sobre el cambio climático. El Comité reconoce los esfuerzos de la UE y sus Estados miembros por alcanzar un final satisfactorio para la Cumbre de Copenhague sobre el cambio climático. Considera la formulación del límite perseguido de +2 grados un primer paso para abordar en serio la protección climática. Lamenta en igual medida que no pudieran adoptarse acuerdos más allá de las declaraciones de intenciones con carácter vinculante para los participantes.

3.1.1   Subestimación de la gravedad del problema. A pesar del constante crecimiento de la población mundial con su ansia de consumo energético (2) y unas ingentes necesidades de recuperación, de las limitadas reservas de recursos energéticos primarios de origen fósil (3) y de la creciente dependencia de Europa respecto de las importaciones, son muchos los políticos y los agentes que siguen subestimando de forma manifiesta la gravedad del problema energético y climático y a la cuantía de las inversiones necesarias al respecto, ya sea debido a sus efectos solamente detectables a largo plazo, las incertidumbres en los modelos climáticos, los intereses económicos, la temida pérdida de calidad de vida, el recelo ante las inversiones necesarias o porque las variaciones climáticas esperadas para las regiones afectadas se juzgan de forma menos crítica.

3.1.2   Protección de los recursos. El desarrollo de tecnologías energéticas competitivas con baja emisión de carbono (4) contribuye además a consumir más lentamente los limitados recursos energéticos primarios de origen fósil, a influir sobre la configuración de los precios y a favorecer, con ello, la sostenibilidad. Solamente de esa forma podría prolongarse el período de disponibilidad de los recursos energéticos fósiles y resultaría posible prepararse con mayor eficacia para la era posterior. Si no ponemos ahora manos a la obra, sufriremos en mayor medida las consecuencias después.

3.1.3   Consecuencia: Tecnologías con baja emisión de carbono. Así pues, resulta tanto más apremiante abordar, con notable ímpetu y redoblada inversión, el desarrollo nuevo o el perfeccionamiento de tecnologías y métodos para la producción o el aprovechamiento de energía con baja emisión de carbono, de manera que sean competitivos a escala internacional con las técnicas utilizadas hasta ahora. En el contexto mundial cabe constatar que las tecnologías para el aprovechamiento energético con baja emisión de carbono solamente se utilizarán en medida apreciable si resultan financieramente atractivas para los respectivos agentes.

3.1.4   Opción de un objetivo de reducción del 30 %. El carácter urgente mencionado se hace aún más crítico en el supuesto de que se aplicara la opción, apoyada igualmente por el Comité, de un objetivo de reducción del 30 % de carbono (5) (es decir, en caso de que se cumplieran las correspondientes premisas internacionales).

3.1.5   Posibilidad de un nuevo incremento de consumo. En el escenario de referencia de la AIE (6), para las décadas venideras se prevé un consumo en constante crecimiento también de recursos energéticos primarios fósiles, en especial del carbón. De acuerdo con lo anterior, la AIE sólo lograría invertir esta tendencia con enormes esfuerzos (7), de manera que el consumo de recursos energéticos fósiles a escala mundial alcanzaría su máximo en 2020 y a partir de ahí volvería a disminuir paulatinamente, para verse reemplazado cada vez en mayor medida por tecnologías de bajo consumo de carbono.

3.2   Investigación y desarrollo – el Plan EETE. Así pues, la investigación y el desarrollo tienen una importancia decisiva. El Plan EETE presentado por la Comisión debe realizar una aportación importante a este respecto. Además contempla la parte de financiación prevista para ello con cargo al presupuesto de la UE.

3.2.1   Investigación y desarrollo – esfuerzos internacionales y competencia. En la Cumbre de Copenhague sobre el cambio climático se ha confirmado una vez más que incluso los países, como por ejemplo los Estados Unidos y China, que no han suscrito los acuerdos vinculantes, impulsan por su parte, con gran inversión de medios, la investigación y el desarrollo enfocados a los objetivos enumerados en el párrafo 3.1.2. Pero esto demuestra al mismo tiempo que Europa sólo estará en condiciones de mantener una posición puntera a través de un esfuerzo notablemente reforzado en I+D.

3.2.2   Programa de inversiones para innovación, dinámica y empleo. Las inversiones en la investigación y el desarrollo pertinentes ofrecen además excelentes oportunidades para la innovación, la dinámica económica, el crecimiento sostenible y el empleo. Y tanto más por cuanto la disponibilidad de energía aprovechable y asequible representa la fuente de vida de nuestra economía y nuestra forma de vida. Sin un abastecimiento suficiente de energía en condiciones económicas existe el riesgo de que se colapsen nuestra economía, nuestro sistema social y, en general, nuestra sociedad. Por eso son necesarias formas sostenibles de producción de energía.

3.3   Aprobación. En consecuencia, el Comité acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión y las medidas propuestas en la Comunicación como un paso importante y decisivo. Realiza un llamamiento al Consejo, al Parlamento Europeo, a la Comisión, a los Estados miembros, pero también al sector y a los interlocutores sociales, para que hagan cuanto puedan para impulsar con tesón reforzado el desarrollo y la aplicación de tecnologías energéticas con baja emisión de carbono y habiliten los medios financieros para las inversiones en investigación y desarrollo (I+D) necesarias a tal fin.

3.3.1   Resulta cuestionable si es suficiente el alcance y la asignación de prioridades. El Comité no considera que sea tarea suya investigar por su cuenta, dentro del contexto del presente dictamen, si el marco financiero expuesto en el documento de trabajo de la Comisión (8) y su distribución se adecuan a los objetivos mencionados. Por tanto, recomienda volver a comprobar si en los proyectos subvencionados las prioridades están correctamente fijadas y si la inversión total corresponde a la importancia del planteamiento del problema. Además debería garantizarse, tras un tiempo de rodaje prudente, que las medidas produzcan algún efecto y que el plan financiero, en caso necesario, fuera revisado y ampliado en consonancia.

3.3.2   El problema de la financiación. El Comité reitera que únicamente a base de un esfuerzo extraordinario va a resultar posible orientar en las décadas venideras todo nuestro sistema energético –generación, transformación, utilización– hacia los objetivos interrelacionados de protección climática, aprovisionamiento energético seguro y sostenibilidad, y que se está subestimando considerablemente la inversión en investigación y desarrollo necesaria para ello. Simplemente haciendo referencia al alcance de las correspondientes inversiones en I+D de los Estados Unidos, el Comité pone en duda que las inversiones previstas sean suficientes para realizar de manera satisfactoria, con carácter generalizado y el necesario énfasis, unos desarrollos tan ambiciosos o incluso alcanzar el liderazgo del mercado.

3.3.3   Enfoque coherente de financiación. Por eso, el Comité recomienda urgentemente desarrollar a tal fin un enfoque de financiación que cuente con el soporte conjunto de la Comisión, los Estados miembros y el sector económico, que sea suficiente y que se integre también en el presupuesto futuro de la UE.

3.3.4   Encontrar fuentes adicionales de financiación – Los costes del consumo energético como medida. Para ello, y hasta ese momento, deberán encontrarse otras posibilidades de financiación, tanto a nivel de la Unión como sobre todo de los Estados miembros. El Comité aplaude que el BEI también exprese su disposición a participar. A este respecto deberá recurrirse a los costes del actual consumo energético como baremo para las inversiones necesarias: un porcentaje considerable de ellas debería dedicarse a las previsiones de suministro futuro. El Comité se remite en este contexto a su dictamen sobre el plan de acción para la eficiencia energética (9).

3.3.4.1   Ingresos procedentes del régimen de comercio de derechos de emisión de CO2 y de un posible impuesto sobre el CO2. Además, los ingresos (10) procedentes del régimen de comercio de derechos de emisión de CO2 deberían ser utilizados de forma íntegra y exclusiva (11) para el desarrollo de tecnologías con baja emisión de carbono. El Comité considera contradictorio, a la vista de la trascendencia de la problemática climática y energética, aplicar a estos ingresos detracciones financieras destinadas a otros fines. Esta recomendación es igualmente aplicable a los ingresos derivados de un posible impuesto futuro sobre emisiones de CO2. El Comité apela consecuentemente también a los Estados miembros a no oponerse a esta recomendación.

3.3.4.2   Ninguna detracción financiera. A la vista de la importancia vital del problema energético y climático, así como de la situación competitiva derivada del mismo, el Comité considera absurdo detraer de la economía energética los ingresos fiscales adicionales que sirven para la protección climática y dedicarlos a otras finalidades.

3.3.4.3   Derechos para la dotación de la reserva. El Comité acoge con agrado el propósito de la Comisión de utilizar, como apoyo a la captura y almacenamiento del carbono y a las energías renovables innovadoras, los 300 millones de derechos comunitarios destinados a la dotación de la reserva para los nuevos entrantes del régimen comunitario de comercio de derechos de emisión. Dichos derechos se podrán utilizar a través de los Estados miembros para financiar proyectos de demostración seleccionados a partir de criterios definidos a nivel comunitario (12).

3.3.5   Crear estímulos para las innovaciones. Además, el Comité remite a su dictamen sobre política comunitaria de innovación (13), cuyas recomendaciones resultan también particularmente válidas para el desarrollo de tecnologías energéticas sostenibles.

3.3.6   Diferenciación entre desarrollo y aplicación. El Comité recomienda además establecer una diferenciación más clara entre los necesarios desarrollos nuevos y el perfeccionamiento de tecnologías energéticas con baja emisión de carbono más baratas y su aplicación o penetración en el mercado, ámbito decididamente más amplio.

3.4   Capacidad limitada de predicción. Hasta ahora se ha puesto de manifiesto que, incluso en la política energética y climática, los desarrollos futuros y sus efectos a largo plazo solamente pueden predecirse de manera limitada. Por ese motivo no es posible realizar una selección restrictiva de las tecnologías necesarias para el año 2050. Por el contrario, sería conveniente explorar todas las opciones prometedoras para alcanzar, con la mayor eficiencia posible, los objetivos marcados para el año 2050, e incluso después, en un entorno sometido a las tensiones de la seguridad del aprovisionamiento, la competitividad y la protección del clima. El año 2020 servirá de hito para saber si al menos se han alcanzado las metas establecidas hasta entonces.

3.4.1   Amplitud temática durante el desarrollo. Por tal motivo, el Comité acoge con satisfacción la amplitud temática propuesta por la Comisión para las técnicas y medidas que se han desarrollar hasta su fase de madurez en la aplicación, al objeto de crear las condiciones preliminares para un procedimiento de aplicación flexible y basado en la experiencia que permita evitar la fijación de especificaciones precipitadas.

3.4.2   Investigación básica. El Comité aplaude que la Comisión también subraye, sobre todo, la importancia y la necesidad de una investigación básica suficiente. Solamente de esa forma podrá establecerse las bases para obtener conocimientos esencialmente nuevos y los enfoques resultantes de los mismos.

3.4.3   Alianza europea para la investigación en el sector energético. El Comité se congratula igualmente de la propuesta de impulsar una Alianza europea para la investigación en el sector energético, para lo que la Comisión debería utilizar el instrumento de la coordinación abierta y garantizar, en especial, la cofinanciación mediante donantes en los Estados miembros o del sector, de conformidad con las normas de participación.

3.4.4   Efecto de palanca del Plan EETE. Por consiguiente, a la hora de verificar el marco financiero previsto, deberá procurarse que los medios comunitarios disponibles en el Plan EETE sean suficientes, a fin de conseguir el efecto de palanca buscado sobre la participación necesaria de los Estados miembros y del sector.

3.5   Fijación de prioridades durante la aplicación. De todas formas, en la aplicación de las tecnologías y los sistemas desarrollados deberían ocupar un lugar bastante más destacado los principios importantes, además de la protección climática, como la seguridad del abastecimiento y la rentabilidad (por ejemplo, costes de la prevención de las emisiones de carbono), incluidos los aspectos regionales y globales (ofertas de energía derivada de la luz solar, el agua o el viento, distancias, correlación de intereses de los proveedores de materias primas, etc.). Análogamente, los instrumentos para el apoyo inicial al mercado no deberían recomendar tecnologías específicas ni favorecerlas mediante una promoción especial.

3.6   Importancia del sector eléctrico. La mayoría de las tecnologías y medidas propuestas se refiere a sistemas para la generación o el aprovechamiento de energía eléctrica. Aunque el sector eléctrico en la actualidad solamente supone un 19 % del mercado energético europeo (14), el Comité considera justificada una cierta concentración de las medidas de I+D propuestas en la energía eléctrica, ya que esta última desempeña una función clave en todos los ámbitos de la vida cotidiana, la técnica y la economía. Los objetivos perseguidos de «electrificar», en la medida de lo posible, todo el tráfico por tierra (coches eléctricos, transporte de mercancías por ferrocarril) y –junto con la generación combinada de energía eléctrica y térmica– de recurrir también en mayor grado a tecnologías auxiliares eléctricas (bombas, compresores) para la calefacción de edificios por medio de bombas térmicas y geotermia, vendrán a fortalecer la función de la electricidad.

3.6.1   Función decisiva de los recursos energéticos renovables. El Comité confirma de nuevo que, dentro del contexto de las tecnologías energéticas de baja emisión de carbono que deben desarrollarse, las fuentes de energía renovable desempeñan una función decisiva. El Comité constata con satisfacción que el porcentaje de energía renovable en la generación de electricidad durante los últimos años ha aumentado por encima de lo esperado, sobre todo debido al crecimiento enorme de la energía eólica.

3.6.2   Redes eléctricas europeas. En consecuencia, el Comité apoya la ampliación de las correspondientes redes eléctricas en Europa y el desarrollo de las tecnologías necesarias para ello (por ejemplo, «smart grids»), al objeto de equilibrar mejor las crecientes oscilaciones de la oferta dentro de Europa y posiblemente poder transportar también desde África hasta Europa la energía eléctrica procedente de centrales de energía solar.

3.6.3   Tecnologías de almacenamiento, suministradores de carga punta y centrales eléctricas de almacenamiento intermedio. No obstante, con vistas al desarrollo ulterior de los transformadores de energías renovables que están sujetos a oscilaciones debidas a las condiciones climatológicas, a los horarios diurnos y a las estaciones del año, lo anterior difícilmente será suficiente para garantizar un abastecimiento energético seguro y que cubra la demanda. Por ello deberían seguir investigándose también las tecnologías innovadoras de almacenamiento estacionario (por ejemplo, aire comprimido, hidrógeno). Idéntica importancia entraña el desarrollo de capacidades para carga punta de alta eficiencia y, al mismo tiempo, económicas. Aun cuando las capacidades de carga punta se utilizaran hace años exclusivamente para cubrir, de forma complementaria al suministro de carga de base, las oscilaciones de la demanda, en especial las puntas de demanda o de consumo, ahora sirven también -y en el futuro lo harán cada vez en mayor grado- para compensar las variaciones de oferta de la mayor parte de las energías renovables mediante centrales eléctricas de almacenamiento intermedio. De ahí la importancia especial de su desarrollo y disponibilidad.

3.6.4   Soluciones de sistemas. Debido a la interconexión sistémica antes mencionada de tecnologías energéticas diferentes debería hacerse mayor hincapié en la investigación de los problemas de sistemas, la cuestión conexa de la seguridad de abastecimiento y el desarrollo de posibles soluciones.

3.6.5   Costes adicionales. A este respecto, en el cómputo económico total también deberán tenerse en cuenta los costes de los sistemas de redes, regulación, almacenamiento e intermedios, necesarios en el caso de las fuentes de energía fluctuantes, tal como ya ha solicitado el Comité para la internalización de costes externos, por ejemplo, en el caso de la energía nuclear y las diferentes modalidades de explotación de los recursos energéticos fósiles (15).

3.6.6   Almacenamiento de energía para aplicaciones móviles. En este caso resulta importante una mayor investigación básica para llegar —como es de esperar— a través de aplicaciones totalmente novedosas a densidades de almacenamiento, cantidades de ciclos o vidas útiles y capacidades bastante superiores. En determinadas condiciones podrían utilizarse baterías para vehículos eléctricos, en parte incluso como acumuladores para fuentes de energía fluctuantes.

3.6.7   Suministradores de carga básica. Los suministradores de carga básica desempeñan un papel decisivo como bestias de carga del sector eléctrico. Por ello es esencial

diseñar de forma respetuosa con el clima el uso del recurso carbón, en especial mediante grados de eficiencia más elevados y CCS (captura y almacenamiento del CO2);

seguir mejorando el aprovechamiento de la energía nuclear (fisión nuclear) introduciendo mejoras en todos los sectores (seguridad, almacenamiento de residuos, proliferación, explotación de los recursos, capacidad de almacenamiento intermedio);

desarrollar centrales térmicas de gas con el máximo grado de rendimiento energético;

seguir desarrollando con insistencia la tecnología de la fusión nuclear, tan prometedora a largo plazo;

procurar también en los suministradores de carga básica la mayor capacidad de regulación posible en cada caso, a fin de poder integrarla en los sistemas de regulación conectados en red.

3.7   El aspecto esencial del uso de la energía se encuentra fuera. En cualquier caso, el aspecto esencial del uso de la energía por parte de los usuarios finales se encuentra fuera del sector eléctrico. Se refiere a gran parte del uso industrial (por ejemplo, químico o siderúrgico), a casi todo el transporte y a la práctica totalidad de la calefacción de edificios. El Comité recomienda, por tanto, conceder una atención bastante mayor a este aspecto esencial de la problemática. Por lo tanto, sería especialmente importante desarrollar nuevos enfoques de investigación, que vayan más allá de los conceptos de «eficiencia energética», «ahorro de energía» y «electrificar». Solamente cuando se hayan encontrado las soluciones adecuadas para este ámbito podrán alcanzarse verdaderamente los objetivos en materia climática.

3.7.1   Tráfico marítimo y aéreo. El Comité apenas vislumbra en las categorías del tráfico marítimo y aéreo posibilidad alguna, ni siquiera a largo plazo, de prescindir de los recursos energéticos fósiles o químicos (16). En estos casos se trata, sobre todo, de mejorar los niveles de rendimiento, eliminar los restantes gases nocivos de los gases de escape, obtener recursos energéticos químicos (por ejemplo, hidrógeno y sus compuestos) por medio de energía eléctrica o solar, y de ser posible desarrollar también (en el caso del tráfico marítimo (17)) el uso de CCS.

3.7.2   Procesos industriales, sector químico y siderúrgico. Igualmente dificultoso resultaría un reemplazo total de los recursos energéticos fósiles en los procesos industriales, sobre todo del sector químico y siderúrgico (18). Por tal motivo, el Comité recomienda buscar soluciones novedosas mediante la intensificación de la investigación y el desarrollo.

3.7.3   Biotecnología y biomasa. El Comité señala el considerable potencial de desarrollos innovadores en el ámbito de la biotecnología, así como su importancia también para el sector energético y los objetivos aquí sometidos a debate. De todas formas, la utilización del recurso de la biomasa -escaso a largo plazo y que compite con el abastecimiento de alimentos y materias primas (han de tenerse en cuenta los gases de efecto invernadero, ligados al tema de los fertilizantes, (19) como el NO2)-, debería reservarse en lo posible para aquellas aplicaciones para las que no exista ninguna otra alternativa.

3.7.4   Aislamiento térmico de edificios. Un aspecto sumamente esencial es el ahorro de energía en el sector de la construcción. En este ámbito existen todavía notables posibilidades de desarrollo (y potencial de aplicación) para reducir la pérdida de calor de los edificios. Estas deberían tenerse en cuenta en mayor grado a la hora de fijar las prioridades de las medidas para la prevención del CO2.

4.   Observaciones particulares

4.1   Tareas comunitarias y subsidiariedad. El Plan EETE se refiere prioritariamente a las tareas comunitarias que son necesarias o convenientes para el desarrollo de las tecnologías mencionadas. Por eso debería tratarse de tareas que impliquen a varios Estados o de tareas para cuya solución desempeñe un papel importante la colaboración entre los Estados y se traduzcan en un valor añadido para Europa.

4.2   Plan de financiación y fijación de aspectos centrales. El plan de financiación y los aspectos centrales previstos en el mismo deberán revisarse para cerciorarse de que cumplen los criterios antes citados.

4.3   Un vez más: desarrollo y aplicación. De igual modo deberá comprobarse el plan de financiación para verificar que efectivamente sirva, en lo tocante a los aspectos esenciales, para el desarrollo de nuevas tecnologías y sistemas. Debería evitarse por todos los medios la subvención por parte del Plan EETE de tecnologías energéticas de aplicación general.

4.4   Conexión en red con programas ya existentes. El Comité recomienda además la interconexión del I+D orientado al clima, propuesto en el Plan EETE, con programas y proyectos ya existentes del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo, como por ejemplo, los proyectos emblemáticos («flagship projects») del programa «Future and Emerging Technology (FET)». Esto afecta, sobre todo, a aquellos entornos del Plan EETE en los que no cabe esperar éxitos a plazo medio en el transcurso de los próximos diez años.

4.5   Cooperación internacional. Para conseguir un efecto óptimo con los medios aplicados, el Comité recomienda (20), especialmente en el caso de los grandes proyectos necesarios (por ejemplo, ITER) promover la cooperación internacional con socios estratégicos, al objeto no sólo de repartir entre varios la inversión y los costes de personal, sino también de aportar una base de conocimientos más amplia y un mayor potencial de innovación.

4.6   Función de la Comisión. Para cumplir la tarea de coordinación, deberán crearse igualmente por parte de la Comisión y de acuerdo con los correspondientes interlocutores implicados, las correspondientes estructuras de programa de I+D. Por su parte, la Comisión precisa, como responsables de proyecto («project officers») especialistas en la materia, reconocidos internacionalmente y comprometidos, que a su vez estén implicados profesionalmente en este ámbito y se identifiquen plenamente con el éxito del programa coordinado por ellos.

4.7   Comprensión, integración y aceptación – Información y transparencia. La condición previa para el éxito de todas las medidas mencionadas hasta ahora es informar, de manera exhaustiva y abierta, a los ciudadanos, sobre todo a aquellos que puedan resultar afectados por las medidas previstas, e integrarlos adecuadamente, junto con la política, la industria y otras partes interesadas, en los procesos de toma de decisiones. El medio más importante para lograr la comprensión y la aceptación, es la plena información, la integración y la transparencia.

4.8   Dictámenes anteriores del Comité. El Comité señala que para muchos de los temas aquí abordados ya ha hecho públicos dictámenes, en los que también pueden consultarse detalles acerca de las opiniones expuestas aquí de manera compendiada. En especial se remite a:

INT/146 «Necesidades de la investigación con vistas a un abastecimiento energético seguro y sostenible» (21)

TEN/299 «La eficiencia energética de los edificios — Contribución de los usuarios finales» (22)

TEN/311 «Los posibles efectos positivos o negativos del aumento de las exigencias políticas medioambientales y energéticas en la competitividad de la industria europea» (23)

TEN/332 «Plan estratégico europeo de tecnología energética» (24)

TEN/398 «Economía ecológicamente eficiente/preparar el camino para una nueva era energética» (25)

TEN/340 «Producción sostenible de electricidad a partir de combustibles fósiles» (26)

TEN/404 «Las PYME y la política energética de la UE» (27)

NAT/391 «Negociaciones internacionales sobre el cambio climático» (28)

No hay vuelta atrás – Resolución del Comité Económico y Social Europeo sobre el cambio climático, Copenhague, 7-18 de diciembre de 2009.

Bruselas, 27 de mayo de 2010.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI


(1)  SEC(2009) 1296 de 7.10.2009.

(2)  Según las estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el consumo mundial de energía aumentará de aquí a 2050 en un 50 %.

(3)  Según estimaciones conservadoras, en 2050 se habrán agotado la mitad de los recursos «fósiles».

(4)  Excepción: CCS.

(5)  COM(2010) 2020 «Europa 2020»

(6)  Agencia Internacional de la Energía - AIE – Perspectivas de la energía en el mundo, WEO-2009 – Escenario de referencia

(7)  AIE – Proyección de la energía en el mundo 2009 – escenario 450

(8)  SEC(2009) 1296, de 7.10.2009.

(9)  DO C 10 de 15.1.2008, p. 22.

(10)  Por ejemplo, los ingresos procedentes de las subastas durante el período de comercio de derechos de emisión 2013 - 2020

(11)  Mientras que la Comisión propone en su Comunicación hacerlo sólo al 50 % y no exclusivamente para I+D (véase 2.3.6).

(12)  Esto incluye asimismo la geotermia.

(13)  INT/509, todavía no publicado en el Diario Oficial.

(14)  Informe Eurostat 2009.

(15)  DO C 175 de 28.7.2009, p. 1; DO C 120 de 16.5.2008, p. 15.

(16)  Al margen de ciertas aplicaciones especiales en el ámbito militar.

(17)  En el caso de que no se quiera permitir la propulsión nuclear.

(18)  En la medida en que aún se utilizan recursos energéticos fósiles, resulta apropiados también aquí la captura y el almacenamiento del CO2 (CCS) para no sobrecargar la atmósfera.

(19)  Atmos. Chem. Phys. Discuss., 7, 11191–11205, 2007.

(20)  Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación «Marco estratégico europeo para la cooperación internacional en ciencia y tecnología», DO C 306 de 16.12.2009, p. 13.

(21)  DO C 241 de 7.10.2002, p. 13.

(22)  DO C 162 de 25.6.2008, p. 62.

(23)  DO C 162 de 25.6.2008, p. 72.

(24)  DO C 27 de 3.2.2009, p. 53.

(25)  Todavía no publicado en el Diario oficial.

(26)  DO C 77 de 31.3.2009, p. 49.

(27)  Todavía no publicado en el Diario oficial.

(28)  DO C 77 de 31.3.2009, p. 73.


21.1.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 21/56


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Plan de Acción de Movilidad Urbana»

COM(2009) 490 final

2011/C 21/10

Ponente: Raymond HENCKS

El 30 de septiembre de 2009, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Plan de Acción de Movilidad Urbana»

COM(2009) 490 final.

El 3 de noviembre de 2009, la Mesa del Comité encargó a la Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información la preparación de los trabajos del Comité en este asunto.

Dada la urgencia de los trabajos (artículo 59.1 del RI), en su 463o Pleno, de los días 26 y 27 de mayo de 2010 (sesión del 27 de mayo de 2010), el Comité Económico y Social Europeo ha nombrado ponente general a Raymond HENCKS y ha aprobado por 175 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1   Las zonas urbanas constituyen el espacio en el que vive más del 60 % de la población europea. Prácticamente todas estas zonas soportan los mismos problemas derivados del tráfico por carretera: congestión, daños medioambientales, contaminación atmosférica y acústica, accidentes de tráfico, problemas de salud, cuellos de botella de la cadena logística, etc.

1.2   El CESE, por tanto, apoya plenamente que la Comisión Europea, por medio de un plan de movilidad urbana, proponga a las autoridades locales, regionales y nacionales ideas para ofrecer en las zonas urbanas una máxima calidad de vida elevada y sostenible.

1.3   El CESE está convencido de que en determinados aspectos de la movilidad urbana una acción concertada dentro de la Unión puede aportar un valor añadido neto, por lo que defiende una definición más clara de los ámbitos de competencia y responsabilidad de la Unión, de acuerdo con el principio de subsidiariedad y proporcionalidad.

1.4   No obstante, debe señalarse que las propuestas que la Comisión recoge en su plan de acción son mucho menos ambiciosas que las recomendaciones formuladas por el CESE en sus dictámenes anteriores sobre la movilidad urbana.

1.5   De esta forma, la mayoría de las medidas que preconiza la Comisión no supera la fase de los consejos bienintencionados –por otra parte, muy encomiables–, pero no son vinculantes ni revolucionarias.

1.6   Además, el hecho de encontrar en la Comunicación sometida a examen una gran parte de los temas y propuestas que ya se recogían en la Comunicación «Desarrollar la red de ciudadanos», de 1998, permite suponer que, desde entonces, la situación apenas ha mejorado. A este respecto, el CESE lamenta la falta de un balance de las iniciativas previstas en dicha Comunicación.

1.7   Por lo menos, el plan de acción sometido a examen debería ir acompañado esta vez de objetivos cuantitativos mensurables sobre la base de una serie de indicadores que las ciudades y áreas metropolitanas deberían proponerse alcanzar por medio de planes de movilidad sostenible elegidos por ellas.

1.8   El CESE estima necesario completar el plan de acción sometido a examen mediante otro plan en el que se aborden de forma más detallada, entre otros, la delincuencia en el transporte público, la movilidad no motorizada y los ciclomotores.

1.9   El CESE acoge favorablemente la intención de la Presidencia española de crear un programa paneuropeo para fomentar la accesibilidad de las ciudades y municipios europeos, especialmente para las personas de movilidad reducida, y manifiesta su interés por participar estrechamente en esta iniciativa, dada su importancia para la sociedad civil.

1.10   Por último, el CESE recomienda precisar mejor el destino de los Fondos Estructurales y de Cohesión de la Unión, especialmente con la creación de un instrumento financiero específico para promover la movilidad urbana. Propone someter la atribución de fondos a la condición de aplicar planes de movilidad urbana y al respeto de los criterios de accesibilidad para personas de movilidad reducida.

2.   El origen del plan de acción

2.1   El 30 de septiembre de 2009 la Comisión Europea adoptó un Plan de Acción de Movilidad Urbana, que, aunque no se precise en el título de forma expresa, se pretende que sea sostenible.

2.2   Al publicar dicho plan de acción, la Comisión Europea responde a una solicitud de diversos medios, y ante todo del Parlamento Europeo, así como del CESE que, en su Dictamen exploratorio «Transporte en las áreas urbanas y metropolitanas» (1), así como en otros dictámenes (2), ha abogado por una iniciativa de esta índole. A juicio del CESE, tal plan debería ir acompañado de objetivos cuantitativos de mejora de la calidad de vida, de la protección del medio ambiente y de la eficiencia energética en las ciudades.

2.3   El 25 de septiembre de 2007 la Comisión procedió a una consulta pública con el Libro Verde «Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana». Dicha consulta ha confirmado con creces que la Unión Europea tiene un importante papel a la hora de fomentar una movilidad urbana sostenible.

2.4   Ahora bien, la publicación de un plan de acción (prevista en el trabajo legislativo de 2008 de la Comisión Europea) ha sido anunciada y posteriormente aplazada en reiteradas ocasiones, ante la oposición de algunas partes, que estimaban que toda iniciativa en la materia por parte de la Comisión sería contraria al principio de subsidiariedad y de libre administración de los entes locales y territoriales.

2.5   En la medida en que la Comisión no ha podido, por las razones mencionadas, publicar su plan de acción antes de finalizar 2008, como estaba previsto, el Parlamento Europeo, temiendo un abandono total de la iniciativa, se hizo cargo del asunto y votó una Resolución sobre un Plan de Acción de Movilidad Urbana  (3), a fin de apoyar a la Comisión, a la hora de traducir una serie de indicaciones recogidas del Libro Verde en una guía para los entes territoriales.

3.   El papel de la Unión en el marco de la movilidad urbana

3.1   Si bien no faltan las declaraciones de intenciones políticas en pro de un transporte urbano sostenible, es preciso que se vean completadas con soluciones concretas y las instancias mejor situadas para ponerlas en práctica.

3.2   Los sistemas de transporte urbano forman parte del sistema de transporte europeo y, por consiguiente, de la política común de transportes. El Consejo informal de Ministros de Transporte de la Unión Europea del 16 de febrero de 2010 subrayó la necesidad de introducir los planes de movilidad urbana en una legislación coordinada entre los entes locales, regionales, nacionales y comunitarios, a fin de fomentar una mayor integración de las infraestructuras y de los servicios de transporte en las estrategias territoriales, urbanas y rurales.

3.3   Numerosas directivas, reglamentos, comunicaciones y programas de acción comunitarios ya tienen un gran impacto en el transporte urbano, tanto por lo que respecta al cambio climático, la protección de la salud, el medio ambiente, la energía sostenible y la seguridad vial como respecto a la inversión en el transporte público y su explotación.

3.4   A fin de respetar escrupulosamente el principio de subsidiariedad, la Comisión insiste en animar a las ciudades a adoptar medidas de lucha contra el cambio climático, así como a crear sistemas de trasporte eficaces y sostenibles, sobre la base de compromisos exclusivamente voluntarios.

3.5   El CESE desearía recordar en este contexto que, aunque las ciudades y zonas metropolitanas son muy diferentes, afrontan problemas comunes de desarrollo sostenible que no se detienen en las fronteras de las ciudades y que sólo pueden resolverse si se mantiene la coherencia de un conjunto de medidas a nivel europeo, a semejanza de las disposiciones comunitarias sobre la calidad del aire ambiente o la gestión del ruido ambiental (4).

3.6   Por otra parte, en su Comunicación «Un futuro sostenible para los transportes: hacia un sistema integrado, tecnológico y de fácil uso» (5), la Comisión observa que, en materia de política de transportes, «los resultados en relación con los objetivos de la EDS comunitaria han sido más limitados: según se indica en el informe provisional de 2007, el sistema de transporte europeo no sigue todavía en varios aspectos una senda sostenible».

3.7   En un reciente Dictamen exploratorio sobre la política europea de transportes después de 2010 (6), el CESE manifestaba que, si bien los transportes facilitan muchas de nuestras libertades (la libertad de trabajar y de vivir en diferentes partes del mundo, la libertad de disfrutar de diversos productos y servicios, la libertad de comerciar y de establecer contactos personales), también es cierto que incumbe a los políticos la misión esencial de establecer un marco claro para las referidas «libertades», delimitándolas incluso respecto de otras libertades en la medida en que amenacen o, incluso, obstaculicen éstas, como, por ejemplo, cuando se trata de la salud de las personas, del medio ambiente, del clima o, incluso, de las necesidades de las generaciones futuras.

3.8   Aunque las políticas de transporte urbano seguidas por algunas ciudades pioneras en materia de transporte sostenible aportan la prueba de que los responsables comprometidos pueden, si tienen la voluntad, invertir tendencias nefastas, la necesidad imperativa de limitar globalmente las emisiones de CO2 pone de relieve la absoluta necesidad de un compromiso colectivo europeo.

3.9   La circulación urbana y, en particular, los desplazamientos motorizados son responsables del 40 % de las emisiones de CO2 y del 70 % de las emisiones de otros contaminantes procedentes del transporte viario. La Unión Europea sólo podrá conseguir sus propios objetivos en materia de cambio climático si modifica sus políticas de transporte urbano. No será posible hacer frente de manera sostenible a los desafíos planteados con acciones aisladas –por muy encomiables e indispensables que sean- y exclusivamente puntuales a nivel local o regional.

3.10   Por consiguiente, hay que movilizar todos los recursos europeos para apoyar las acciones locales o territoriales, a fin de alcanzar los objetivos de la estrategia global de la Unión Europea para luchar contra el cambio climático, aumentar la eficiencia energética, desarrollar energías sostenibles y reforzar la cohesión social.

4.   El contenido del Plan de Acción

4.1   El plan de acción propuesto por la Comisión afecta tanto al transporte de personas como de mercancías en las zonas urbanas y metropolitanas y se inspira, en gran medida, en los resultados de la consulta pública emprendida el 25 de septiembre de 2007.

4.2   Su objetivo es ayudar a las autoridades locales, regionales y nacionales en la promoción de una cultura de una movilidad urbana sostenible, sobre todo mediante la reducción de la circulación y congestión de las ciudades y, por consiguiente, de los accidentes viarios, de la contaminación atmosférica y del consumo energético, sin por ello imponerles soluciones concretas.

4.3   El plan de acción de la Comisión no sustituye, por consiguiente, a las autoridades locales, regionales y nacionales en la elección de las soluciones que consideren más adecuadas para resolver los problemas que plantea la movilidad urbana. El plan pretende tan sólo incitar y propone recabar, documentar y compartir las experiencias para promover las buenas prácticas, ayudar a aprovechar las posibilidades de financiación o cofinanciación de la Unión, apoyar los proyectos de investigación y preparar documentos de orientación, especialmente sobre el transporte de mercancías o los sistemas inteligentes de transporte.

4.4   El plan de acción global contempla veinte medidas concretas clasificadas en seis grandes temas, resumidos a continuación, que habrá que poner en práctica de acuerdo con un calendario definido hasta 2012.

4.4.1   Promover políticas integradas

Se trata de seguir un planteamiento integrado en el que se tenga en cuenta la interdependencia entre modos de transporte, las limitaciones dentro del espacio urbano y la función de los sistemas urbanos de transporte, para promover la interconexión entre los diferentes modos de transporte, sobre todo en el marco de planes de movilidad urbana.

4.4.2   Responder a las necesidades de los ciudadanos

La atención deberá centrarse en:

los incentivos (peajes, calidad, accesibilidad para las personas de movilidad reducida, información, derechos de los viajeros, acceso a zonas ecológicas, etc.) para incitar a los ciudadanos a utilizar regularmente los transportes en común o medios de desplazamiento no motorizados,

campañas de educación, información y sensibilización para un comportamiento sostenible,

una conducción energéticamente eficiente de los conductores privados y profesionales.

4.4.3   Ecologizar el transporte urbano

El plan de acción pretende apoyar los proyectos de investigación y demostración sobre vehículos con niveles de emisión reducidos o nulos y de combustibles alternativos. La Comisión pondrá a punto una guía de Internet sobre vehículos limpios, y facilitará el intercambio de información sobre regímenes de peaje urbano. Asimismo, se propone estudiar la eficacia de los peajes y la internalización de los costes externos.

4.4.4   Intensificar la financiación

La Comisión desea trabajar en pro de la optimización de las fuentes de financiación europea existentes y analizar las necesidades de financiación en el futuro. Por su parte, publicará un documento de orientación sobre la movilidad urbana sostenible y la política en materia de cohesión social y estudiará diversas fórmulas de tarifas para el transporte urbano, con el objetivo de conocer mejor las posibilidades actuales de financiación de la Unión y optimizar lo disponible mejorando el funcionamiento conjunto de diferentes instrumentos, como los Fondos Estructurales y los dedicados a la investigación, así como explorar los regímenes innovadores de asociación entre el sector público y el privado y examinar las necesidades de una financiación propia para la movilidad urbana sostenible.

4.4.5   Compartir experiencias y conocimientos

Los interesados deberán poder aprovechar la experiencia adquirida por otros. Para ello la Comisión establecerá una base de datos en la que se recoja información sobre el gran abanico de soluciones experimentadas. Esta base de datos dará igualmente una visión de conjunto de la legislación europea y de los instrumentos de financiación útiles, sobre todo mediante la creación de un observatorio de la movilidad urbana en forma de plataforma virtual.

4.4.6   Optimizar la movilidad urbana

Para facilitar la transferencia modal hacia modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente y una logística del transporte más eficaz, la Comisión se propone acelerar los planes de movilidad urbana sostenible en las ciudades y regiones. Para ello redactará documentos de orientación sobre los aspectos importantes de esos planes, como el transporte urbano de mercancías y los sistemas de transporte inteligentes.

4.5   En 2012, la Comisión examinará la puesta en práctica del plan global y determinará si es necesario emprender nuevas acciones.

5.   Observaciones generales

5.1   Los transportes públicos forman parte del interés general y, por ello, deben satisfacer los criterios de universalidad, accesibilidad, continuidad, calidad y precio asequible. En este orden de ideas, el CESE suscribe todas las medidas programadas en la Comunicación sometida a examen, ya que todas van en la buena dirección.

5.2   Sin embargo, si bien, por un lado, el CESE se alegra de que en el documento de la Comisión se cite su dictamen sobre el Libro Verde sobre la movilidad urbana entre los dictámenes de referencia que constituyen la base de la Comunicación sometida a examen, no puede dejar de observar que las propuestas de la Comisión son mucho menos ambiciosas que las recomendaciones formuladas por el CESE en dicho dictamen y en otros dictámenes en la materia (7).

5.3   Sin poner en duda el principio de subsidiariedad y la competencia limitada de la Unión Europea en la materia, el CESE lamenta que aún no se haya dado un curso favorable a las recomendaciones formuladas en su Dictamen exploratorio (8) sobre el tema «Integración de las políticas de transporte y uso del suelo para lograr transportes urbanos más eficaces», en favor de un refuerzo del papel de la Unión.

5.4   Guiada por el afán de respetar el principio de subsidiariedad, la Comisión asume el papel de facilitar o asistir, en lugar de regular o prestar servicio. La mayoría de las medidas preconizadas por la Comisión no supera la fase de los consejos bienintencionados –por otra parte, muy encomiables-, pero las medidas no son vinculantes ni revolucionarias.

5.5   Por otra parte, tras leer la Comunicación sometida a examen, hay que constatar que se trata de una copia, aunque no sea literal, al menos en su contenido, de la Comunicación «Desarrollar la red de ciudadanos» (COM(1998) 431 final).

5.6   Once años después de la Comunicación de 1998, conocida con el eslogan «push and pull» (salir del vehículo privado para embarcarse en el transporte público), se encuentran hoy las mismas cuestiones, como fomentar el intercambio de información, comparar los resultados, instaurar un marco político adecuado y utilizar los instrumentos financieros de la Unión Europea.

5.7   El CESE lamenta la falta de un balance de las iniciativas previstas en la Comunicación de 1998, como, por ejemplo, el servicio informativo sobre movilidad local (ELTIS), el acuerdo celebrado con la red de ciudades y regiones (POLIS), la interconexión de las redes de carriles bici, el desarrollo de un sistema de autoevaluación de los resultados de calidad, el proyecto piloto para comparar los resultados de los diferentes sistemas locales de transporte de pasajeros, la guía para la gestión de la movilidad y el análisis de los resultados, los billetes electrónicos, la formación de conductores profesionales, la comunicación sobre la gestión de la movilidad prevista para 2000 y los numerosos proyectos de investigación anunciados.

5.8   El CESE habría preferido que, por lo menos, el plan de acción sometido a examen fuera acompañado esta vez de objetivos cuantitativos mensurables sobre la base de una serie de indicadores (véase el Dictamen del CESE 1196/2009) que las ciudades y áreas metropolitanas deberían proponerse alcanzar por medio de planes de movilidad sostenible de su propia elección.

5.9   Esto es tanto más lamentable cuanto que en su Comunicación «Un futuro sostenible para los transportes: hacia un sistema integrado, tecnológico y de fácil uso» (COM(2009) 279 final), la Comisión lamenta que los objetivos que se han establecido en materia de sostenibilidad del transporte estén lejos de alcanzarse, por lo que se impone acometer cambios fundamentales de orientación.

5.10   Pero se ignoran las cuestiones sociales, las presiones sobre el medio ambiente ejercidas por la sociedad de consumo, la movilidad no motorizada, los ciclomotores y las acciones para evitar a priori desplazamientos motorizados. Y lo mismo sucede con la cooperación transfronteriza, los problemas de ordenación territorial, de urbanismo y de expansión urbana que aumentan las necesidades en infraestructuras de transporte.

5.11   Por lo tanto, el CESE considera necesario completar el plan de acción sometido a examen mediante otro plan en el que se aborden de forma más detallada, entre otros, la movilidad no motorizada y los ciclomotores.

5.12   El plan de acción pretende, en primer lugar, «optimizar» y gestionar la movilidad motorizada individual, en lugar de evitarla. La gestión restrictiva de la demanda vinculada a la utilización del automóvil, tanto con planteamientos positivos como la promoción de sistemas para compartir el vehículo o con medidas disuasivas (política de aparcamientos disuasivos, peajes, multas, etc.), se limita al anuncio de un estudio sobre las normativas que regulan el acceso a los diferentes tipos de zonas ecológicas.

5.13   Los estudios previstos en el plan de acción y, en particular, sobre la aceptación por los ciudadanos de los peajes urbanos, sobre la integración de la conducción energéticamente eficiente, sobre la internalización de los costes externos y sobre la disponibilidad de tecnologías y la recuperación de los costes aportarán, por supuesto, un valor añadido, pero hará falta que las acciones concretas que se impongan en consecuencia no se sacrifiquen en el altar de un debate del principio de subsidiariedad.

5.14   Por último, el plan de acción no se preocupa por la manera en que la sociedad civil podría participar más estrechamente en las acciones en favor de una movilidad sostenible, cuando la sociedad civil tiene la capacidad de reunir a los medios y responsables políticos y sensibilizar a todas las partes de la sociedad para revisar y modificar sus hábitos de desplazamiento.

6.   Observaciones particulares

Como complemento de sus observaciones generales formuladas arriba, el CESE querría comentar algunas de las veinte medidas específicas.

Medida no 1 –   Acelerar la generalización de planes de movilidad urbana sostenible

Medida no 6 –   Mejorar la información sobre los viajes

6.1   El CESE aprueba que la Comisión aporte su apoyo logístico a las autoridades locales a la ahora de establecer los planes de movilidad urbana sostenible para el transporte de mercancías y personas.

6.2   El plan de acción precisa que, a más largo plazo, la Comisión podría tomar otras medidas como ofrecer incentivos y recomendaciones.

6.3   El CESE desearía reiterar su propuesta de someter toda ayuda financiera comunitaria a los entes locales a la obligación de elaborar planes de movilidad, si bien las ciudades deberán seguir teniendo plena libertad para adaptar estos planes a las características específicas locales.

6.4   Sin embargo, estos planes deberían incluir un objetivo vinculante de transferencia hacia modos de transporte respetuosos con el medio ambiente de acuerdo con unas exigencias mínimas comunitarias, a fin de:

conseguir que todas las categorías de habitantes, visitantes y profesionales puedan beneficiarse de medios de transporte sostenibles y eliminar las desigualdades sociales frente a la movilidad;

reducir las emisiones de CO2, la contaminación atmosférica, la contaminación acústica y el consumo de energía;

mejorar la eficacia y eficiencia del transporte de pasajeros y mercancías teniendo en cuenta los costes externos.

6.5   El respeto de estos criterios debería sentar las bases para la atribución de la etiqueta especial «movilidad urbana» preconizada por la Comisión, cuya rápida aplicación el CESE no puede sino fomentar.

Medida no 4 –   Plataforma sobre los derechos de los pasajeros en el transporte público urbano

6.6   El CESE lamenta que no se haya tenido en cuenta su propuesta de reunir todos los derechos de los usuarios de transporte colectivo en una «carta de derechos».

6.7   En cambio, aprueba el anuncio de la Comisión de completar el planteamiento reglamentario por medio de indicadores comunes de calidad para proteger los derechos de los viajeros y de las personas de movilidad reducida, así como con procedimientos comúnmente acordados de reclamación y mecanismos de notificación.

6.8   El CESE lamenta que una de las principales barreras a la utilización del transporte público, como la falta de seguridad, sobre todo en las líneas menos frecuentadas, y los desplazamientos nocturnos no se considere en la Comunicación sometida a examen, cuando lo cierto es que un personal de acompañamiento bien formado y en número suficiente, así como la videovigilancia, constituyen medios de prevención eficaces para combatir la delincuencia en el transporte público.

6.9   La multiplicidad de los interesados, lo que supone una gran heterogeneidad de forma y fondo entre las diversas medidas, hace indispensable proceder regularmente a una evaluación de las medidas para poder juzgar si una medida o política responde a las necesidades de los usuarios, para, en caso necesario, poder adaptarla, modificarla o suprimirla. Sin embargo, el plan de acción de la Comisión sigue sin decir nada al respecto.

Medida no 5 –   Mejorar la accesibilidad de las personas de movilidad reducida

6.10   El CESE estima que el número de ciudadanos europeos de movilidad reducida (personas de edad avanzada, personas inválidas o con discapacidad, así como mujeres embarazadas o personas con silla de niño) supera ampliamente los 100 millones.

6.11   Si bien es cierto que algunas ciudades han adoptado medidas ejemplares en favor de las personas de movilidad reducida, tales iniciativas constituyen medidas aisladas. Con demasiada frecuencia estas personas se encuentran con barreras insuperables para sus desplazamientos en transporte público (accesibilidad, equipamiento) o a pie (cruces complicados, aceras estrechas, terrazas de cafeterías y restaurantes instaladas en las aceras). A ello hay que añadir el escaso civismo de los demás ciudadanos (aparcamiento salvaje, no respeto de los aparcamientos reservados para las personas con discapacidad). El CESE acoge favorablemente la intención de la Presidencia española de crear un programa paneuropeo para fomentar la accesibilidad de las ciudades y municipios europeos y manifiesta su interés por participar estrechamente en esta iniciativa, dada su importancia para la sociedad civil.

6.12   Las ayudas técnicas no se han desarrollado bastante para responder a las necesidades reales a causa de la escasa dimensión del mercado, lo que frena las inversiones y la innovación.

6.13   Por consiguiente, el CESE aprueba totalmente que la cuestión de la accesibilidad de las personas de movilidad reducida se integre en la estrategia comunitaria para las personas con discapacidad 2010-2020 y que se definan indicadores de calidad y mecanismos de notificación apropiados.

6.14   Estas medidas deberían ir acompañadas de la asignación de los recursos financieros apropiados a nivel nacional, regional y local, pero ante todo a nivel de la UE por medio de los fondos comunitarios.

Medida no 8 –   Campañas sobre hábitos que favorezcan la movilidad sostenible

6.15   La Comisión pretende estudiar la posibilidad de crear un premio especial para fomentar la adopción de planes de movilidad urbana sostenible.

6.16   El CESE no puede sino aprobar la introducción de tal premio, y para ello se remite a sus dictámenes anteriores (CES 324/99 y CES 705/96) sobre el Libro Verde «una red para los ciudadanos», en los que ya puso de manifiesto en su momento que la concesión de etiquetas o premios de calidad constituye un verdadero estímulo para la competencia en materia de calidad.

Medida no 12 –   Estudio sobre los aspectos urbanos de la internalización de los costes externos

Medida no 13 –   Intercambio de información sobre regímenes de peaje urbano

6.17   Si bien es indiscutible que un transporte público «asequible» es rentable desde el punto de vista social, también es evidente que, desde el punto de vista económico, es sumamente deficitario; los ingresos procedentes de los usuarios no podrían cubrir la totalidad de los gastos de explotación y aún menos las inversiones, por lo que las subvenciones públicas siguen siendo indispensables.

6.18   En este contexto, el CESE aprueba un estudio metodológico sobre los aspectos urbanos de la internalización de los costes externos, anunciado por la Comisión, porque aportará transparencia al cálculo de los costes del sector. Asimismo, recuerda que la cuestión de los costes externos ya se contemplaba en la Comunicación de 1998, así como la posibilidad de reinvertir los ingresos procedentes de los peajes a nivel local, sobre todo en el transporte público y la ordenación en favor de las bicicletas y los desplazamientos a pie. Así pues, estos dos problemas siguen pendientes.

Medida no 15 –   Analizar las necesidades de financiación en el futuro

6.19   Sólo el 9 % de los créditos de los Fondos Estructurales concedidos al transporte se destinan a los desplazamientos urbanos, a pesar de que prácticamente todas las ciudades y regiones carecen (con grados muy diferentes) de los fondos necesarios para invertir de manera adecuada en la movilidad urbana.

6.20   Aunque la Comisión prevea en su hoja de ruta analizar las necesidades de financiación en el futuro a partir de 2010, manteniendo el apoyo financiero al programa Civitas (9), el CESE habría preferido un compromiso más formal para atribuir fondos suplementarios, sin por ello dejar de lado las posibilidades de financiar, al menos en parte, la movilidad urbana por medio de fondos procedentes de los regímenes de peaje urbano o de las tasas por aparcamiento. El CESE propone la creación de un instrumento financiero específico para promover la movilidad urbana.

6.21   En su Comunicación «Desarrollar la red de los ciudadanos» de 1998, la Comisión se proponía apoyar con carácter prioritario los sistemas sostenibles de transporte local y regional, y quería examinar cómo velar por que los promotores de estos sistemas de transporte tengan en cuenta las condiciones de accesibilidad. El CESE está muy interesado en conocer el resultado de este examen.

6.22   El CESE estima que, en lugar de prever un grado de prioridad, la futura normativa de los fondos comunitarios debería, con motivo de su revisión prevista para 2003, someter la asignación de recursos financieros comunitarios al transporte público urbano a la condición de aplicar planes de movilidad urbana y a la condición de respetar escrupulosamente los criterios de accesibilidad para personas de movilidad reducida.

Medida no 17 –   Creación de un observatorio de la movilidad urbana

6.23   El CESE acoge favorablemente la creación de un observatorio de la movilidad urbana bajo la forma de una plataforma virtual, dado que el intercambio de buenas prácticas deberá producirse en todas las vertientes de la movilidad urbana, incluida la accesibilidad para las personas de movilidad reducida.

Bruselas, 27 de mayo de 2010.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI


(1)  DO C 168 de 20.7.2007, p. 77.

(2)  DO C 224 de 30.8.2008, p. 39.; DO C 317 de 23.12.2009, p. 1.

(3)  [2008/2217(INI)], ponente: Sr. Savary.

(4)  Directiva 2008/50/CE relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa; Directiva 2002/49/CE sobre evaluación y gestión del ruido ambiental.

(5)  COM(2009) 279 final.

(6)  DO C 255 de 27.9.2010, p. 110.

(7)  DO C 255 de 27.9.2010, p. 110.; DO C 224 de 30.8.2008, p. 39.; DO C 168 de 20.7.2007, p. 77.

(8)  DO C 317 de 23.12.2009, p. 1.

(9)  Civitas: (City VITAlity Sustainability) programa comunitario de investigación e innovación en el ámbito del transporte urbano.


21.1.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 21/62


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre investigación y prevención de accidentes e incidentes en la aviación civil»

COM(2009) 611 final — 2009/0170 (COD)

2011/C 21/11

Ponente general: Jacek KRAWCZYK

El 20 de noviembre de 2009, de conformidad con el apartado 2 del artículo 80 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre investigación y prevención de accidentes e incidentes en la aviación civil

COM(2009) 611 final – 2009/0170 (COD).

El 15 de diciembre de 2009, la Mesa del Comité Económico y Social Europeo encargó a la Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información preparar los trabajos en este asunto.

Dada la urgencia de los trabajos (art. 59(1) del Reglamento Interno), el Comité Económico y Social Europeo ha nombrado al Sr. Krawczyk ponente general en su 463o Pleno (sesión del 27 de mayo de 2010), y ha aprobado por 157 votos a favor y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1   El actual sistema comunitario de investigación de accidentes y notificación de sucesos en la aviación civil dista mucho de presentar una eficacia óptima. Este sistema no toma en consideración los significativos avances que se han registrado de cara a la creación de un mercado único de la aviación, especialmente con la creación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea.

1.2   El CESE acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea como un paso en la dirección adecuada para resolver las deficiencias que plantea la actual fragmentación en las investigaciones de accidentes en la Unión Europea.

1.3   La propuesta de la Comisión plantea fomentar la cooperación voluntaria a través de una Red europea de autoridades encargadas de la investigación de la seguridad en la aviación civil (la Red). El CESE coincide con la valoración de la Comisión en el sentido de que la creación de una agencia europea para la investigación de accidentes en la aviación civil sería prematura.

1.4   El CESE desea resaltar que la investigación de accidentes e incidentes ha de tener como único objetivo prevenir dichos accidentes e incidentes, y no culpabilizar ni avergonzar. Por este motivo, el CESE cree que es indispensable mejorar el enunciado del artículo 15 para garantizar que se corresponde plenamente con lo dispuesto en el Anexo 13 del Convenio de la OACI.

1.5   El CESE destaca la vital importancia que, para la aviación civil, reviste la existencia de un proceso de investigación de accidentes verdaderamente independiente, libre de injerencias de las partes afectadas, la opinión pública, los políticos, los medios de comunicación y las autoridades judiciales.

1.6   El CESE desea igualmente recalcar la importancia que reviste una «cultura de la seguridad» y la necesidad de que todos los Estados miembros de la UE garanticen la aplicación de una «cultura de la equidad» en sus respectivos códigos penales. Se precisan más acciones en el ámbito de la Unión Europea para garantizar que todos los Estados Miembros modifiquen sus sistemas jurídicos penales nacionales para garantizar una cultura de la equidad.

1.7   El CESE resalta en particular la importancia de crear, con la colaboración de otros agentes pertinentes, una Carta de la UE sobre la cultura de la equidad.

1.8   El CESE resalta que es importante garantizar que el proceso de investigación de accidentes se desarrolle con total independencia respecto de todas las partes interesadas, incluida la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Por consiguiente, es importante incluir más salvaguardias en la legislación a fin de garantizar la buena labor de los órganos responsables de la investigación de accidentes.

1.9   El CESE subraya la importancia de poner las listas de pasajeros rápidamente a disposición de los familiares de las víctimas. Sin embargo, el considera que es igualmente importante que se ponga a disposición la lista correcta.

2.   Introducción

2.1   La aviación es una de las modalidades de transporte más seguras. Las estadísticas muestran que, a pesar del enorme crecimiento que ha registrado el tráfico aéreo desde la creación en 1992 del mercado único de la aviación, la Unión Europea ha logrado aumentar los niveles de seguridad aérea hasta el punto de que las aerolíneas de la UE se cuentan entre las más seguras del mundo.

2.2   La seguridad es un aspecto, sin embargo, que nunca se debe dar por sentado, por lo que se necesita un esfuerzo constante para mejorar los niveles de seguridad de la aviación. Independiente de lo seguro que sea el sector de la aviación en la UE nunca se puede excluir la eventualidad de un accidente o un incidente grave. Por este motivo son fundamentales las investigaciones independientes de dichos accidentes o incidentes. El análisis de las circunstancias en que éstos se producen desemboca en recomendaciones para evitar que se repita en el futuro este tipo de sucesos.

2.3   La obligación de investigar los accidentes en la aviación civil está consagrada en el Convenio sobre Aviación Civil Internacional, del que son Partes todos los Estados miembros. Las normas detalladas y prácticas recomendadas se recogen en el Anexo 13 del Convenio de Chicago de la OACI.

2.4   La Comunidad Europea reconoció la importancia de la investigación de accidentes e incidentes adoptando, ya en 1980, la Directiva 80/1266/CEE relativa a la cooperación y a la ayuda mutua de los Estados Miembros en las investigaciones sobre accidentes de aeronaves (1). La Directiva de 1980 fue sustituida posteriormente por la Directiva 94/56/CE (2). Además, en 2003, se adoptó la Directiva 2003/42/CE (3) relativa a la notificación de sucesos en la aviación civil.

2.5   El sistema comunitario de investigación de accidentes e información sobre incidentes acaecidos en la aviación civil, tal como existe actualmente, no es todo lo eficiente que podría ser como consecuencia de su fragmentación. Este sistema no toma debidamente en consideración los significativos avances que se han registrado de cara a la creación de un mercado único de la aviación, algo que ha otorgado mayor poder a la Unión Europea en el ámbito de la seguridad aérea, especialmente con la creación de la Agencia Europea de Seguridad Aérea. En consecuencia, la Comisión aprobó el 29 de octubre de 2009 una Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre investigación y prevención de accidentes e incidentes en la aviación civil, que vino a revocar la legislación vigente en dichos ámbitos.

3.   La propuesta de la Comisión

3.1   La propuesta de la Comisión plantea fomentar la cooperación voluntaria: de conformidad con el Reglamento propuesto, la cooperación informal existente se transforma en una Red europea de autoridades encargadas de la investigación de la seguridad en la aviación civil (la Red). Esta Red no tendrá personalidad jurídica y su mandato se limitará a labores de asesoramiento y coordinación.

3.2   Además, la propuesta complementa esta cooperación voluntaria con una serie de obligaciones consagradas en la legislación, como:

la introducción en la legislación comunitaria de las normas y prácticas internacionales recomendadas en materia de protección de pruebas y datos sensibles para la seguridad, con arreglo al anexo 13 del Convenio de Chicago de la OACI;

el establecimiento de requisitos comunes en cuanto a la organización de las autoridades nacionales encargadas de las investigaciones de seguridad y el reforzamiento de la independencia de dichas investigaciones;

una mejor coordinación de las distintas investigaciones sobre las causas de accidentes e incidentes;

la aclaración de los derechos y obligaciones mutuos de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) y de las autoridades nacionales encargadas de las investigaciones de seguridad, sin comprometer por ello la independencia de dichas investigaciones;

la especificación de los criterios por los que las autoridades encargadas de las investigaciones de seguridad designarán a los representantes acreditados del «Estado de diseño»;

la facilitación de una cultura de la equidad estableciendo las líneas básicas de un sistema de notificación no punitivo;

el establecimiento de requisitos comunes para las compañías aéreas comunitarias en lo que se refiere a las listas de pasajeros y a la protección de los datos que en ellas se incluyen (art. 23 del Reglamento propuesto);

el reforzamiento de los derechos de las víctimas de accidentes aéreos y de sus familiares;

una mejor protección del anonimato de las personas involucradas en un accidente, y

la creación de un registro común para las recomendaciones de seguridad y el estado de su seguimiento.

4.   Observaciones específicas

4.1   El CESE acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión Europea como un paso en la dirección adecuada para resolver las deficiencias que plantea la actual fragmentación en las investigaciones de accidentes en la Unión Europea. No obstante, el CESE destaca la importancia de controlar la efectividad de la propuesta teniendo presente el hecho de que algunos de los Estados miembros más pequeños carecen de conocimientos técnicos y recursos en el ámbito de la investigación de accidentes. Por consiguiente, el CESE anima a la Comisión a definir unos criterios sobre el nivel mínimo de competencias técnicas exigible a los órganos encargados de la investigación de accidentes y a los investigadores, y a instar a su vez a los Estados miembros a comprometerse a respetarlos.

4.2   En particular, el CESE valora positivamente el enfoque pragmático de la Comisión, basado en la subsidiaridad y la proporcionalidad. El CESE coincide con la valoración de la Comisión en el sentido de que la creación de una agencia europea para la investigación de accidentes en la aviación civil sería prematura, aunque es una medida que no debe excluirse a largo plazo. El CESE también destaca la importancia de garantizar la apertura de la red a aquellos terceros países limítrofes de la Unión y que ya cooperan estrechamente con la Unión Europea, especialmente aquellos que son miembros de la Conferencia Europea de la Aviación Civil (CEAC).

4.3   El CESE destaca la vital importancia que, para la seguridad en la aviación, reviste la existencia de un proceso de investigación de accidentes verdaderamente independiente, libre de injerencias de las partes afectadas, la opinión pública, los políticos, los medios de comunicación y las autoridades judiciales.

4.4   El CESE desea resaltar el hecho de que la investigación de accidentes e incidentes ha de tener como único objetivo prevenir dichos accidentes e incidentes, y no culpabilizar ni avergonzar. Por todo ello, el CESE cree que es indispensable mejorar el enunciado del artículo 15 para garantizar que se corresponda plenamente con lo dispuesto en el Anexo 13 del Convenio de la OACI. En particular, la sugerencia de otorgar más derechos a las autoridades judiciales y al interés público a efectos distintos de la investigación de accidentes sería una medida contraproducente que obstaculizaría la notificación voluntaria de sucesos o incidentes. El CESE considera fundamental mantener el proceso de investigación de los accidentes estrictamente separado de cualquier procedimiento judicial. De no ser así, podría repercutir negativamente en la recopilación de información relativa a la seguridad, lo cual podría a su vez empeorar la seguridad de la aviación dentro de la Unión Europea. El CESE subraya que esto no repercutirá en el derecho de las víctimas a obtener compensación mediante un procedimiento separado de cualquier proceso de investigación de los accidentes. El CESE destaca la importancia que reviste la protección tanto de datos delicados en materia de seguridad como de los trabajadores que notifican sucesos relacionados con la seguridad.

4.4.1   El CESE reconoce la importancia de la Declaración de las organizaciones del sector del transporte aéreo sobre el Reglamento de la UE relativo a la investigación de accidentes aéreos de 26 de abril de 2010, donde se expresan serias preocupaciones sobre la propuesta de la Comisión (apoyada por el Consejo de Transporte el 11 de marzo de 2010) en relación con lo que ellas definen como primacía de la investigación judicial sobre la investigación en materia de seguridad. Según las organizaciones firmantes, esto pondría en grave peligro la capacidad de los investigadores de accidentes para obtener con confianza la información necesaria para averiguar los factores que contribuyen a los accidentes y, por lo tanto, evitará que formulen las recomendaciones de seguridad bien documentadas necesarias para mejorar la seguridad en la aviación y evitar futuros accidentes, lo cual iría en detrimento de los intereses de los pasajeros del transporte aéreo en Europa.

4.5   El CESE desea igualmente recalcar la importancia que reviste una «cultura de la seguridad» y la necesidad de que todos los Estados miembros de la UE garanticen la aplicación de una «cultura de la equidad» en sus respectivos sistemas penales. En aras de la seguridad aérea, es esencial que los resultados de las investigaciones de accidentes se utilicen para prevenir futuros accidentes, en lugar de castigar errores no deliberados, algo que obstaculizaría la adecuada investigación del accidente. El CESE considera que el Reglamento deberá proporcionar un marco para que todas las partes interesadas en los accidentes puedan compartir su información y expresarse con libertad y confianza. Para garantizar una comunicación abierta y en confianza se necesita seguridad jurídica, es decir, un sólido conjunto de normas jurídicas que establezcan sin ambigüedades cuándo se puede, o no, utilizar la información en materia de seguridad al margen de las investigaciones de accidentes. Sin esta seguridad jurídica, las personas implicadas podrían albergar temores a la hora de contribuir a la investigación. El CESE destaca que se precisan más acciones a nivel de la Unión Europea para garantizar que todos los Estados Miembros modifiquen sus sistemas jurídicos penales nacionales para garantizar una cultura de la equidad. El CESE resalta en particular la importancia de crear una Carta de la UE sobre la cultura de la equidad. El CESE acoge positivamente la «Carta para una cultura de la equidad» acordada por los interlocutores sociales de la aviación civil europea el 31 de marzo de 2009.

4.6   En opinión del CESE, es importante poner las listas de pasajeros rápidamente a disposición de los familiares de las víctimas. Sin embargo, el CESE considera que es igualmente importante que se ponga a disposición la lista correcta. Por consiguiente, el CESE cree que podría mantenerse el plazo de una hora para la presentación de las listas de pasajeros pero permitiendo unas pocas excepciones cuando no sea técnicamente factible, especialmente en el caso de vuelos de larga distancia procedentes de terceros países. En el plazo de una hora, una línea aérea podría presentar fácilmente una lista sin verificar, pero es fundamental verificarla previamente, especialmente para los vuelos de larga distancia procedentes de terceros países. Asimismo, el CESE subraya la importancia de la privacidad y la protección de datos y, por lo tanto, considera que las listas de pasajeros que las líneas aéreas pueden proporcionar mediante sus sistemas de facturación y reservas deberían ser suficientes para este fin.

4.7   El CESE resalta que es importante garantizar que el proceso de investigación de accidentes se desarrolle con total independencia respecto de todas las partes interesadas, incluida la Agencia Europea de Seguridad Aérea. Por consiguiente, es importante incluir más salvaguardias en la legislación a fin de garantizar la buena labor de los órganos responsables de la investigación de accidentes. En cambio, la AESA sí podría pasar a ser parte (asesora) de la investigación junto a otras partes afectadas (compañía aérea, fabricante, etc.), aunque no se les debe permitir influir en el curso ni en el resultado de dicha investigación. En particular, el CESE desea señalar que la AESA no debería poder actuar como investigador acreditado de un accidente, ya que se produciría un conflicto de intereses con su papel como organismo regulador de la seguridad y no se respetaría, por consiguiente, el espíritu del Anexo 13 del Convenio de la OACI. No obstante, el CESE también quiere subrayar que es importante hacer llegar a la AESA las recomendaciones derivadas de la investigación, siempre y cuando sean adecuadas y necesarias para la actuación inmediata de dicha agencia por motivos urgentes de seguridad.

4.8   El CESE acoge con satisfacción la propuesta de crear una base de datos central con las recomendaciones de seguridad resultantes de la investigación de accidentes y el estado de su seguimiento. Sin embargo, con la vista puesta en el sistema estadounidense de examen por la FAA de las recomendaciones procedentes de la Junta Nacional de Seguridad del Transporte de EE.UU. (US National Transport Safety Board, NTSB), el CESE cree que, antes de proceder a iniciativas reguladoras, es esencial que la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) lleve a cabo una detallada evaluación de las ventajas de seguridad y del impacto regulador añadidos que podría conllevar cualquier recomendación en materia de seguridad.

4.8.1   El CESE respalda nuevas acciones a nivel de la UE para garantizar un análisis pormenorizado adecuado de los informes de incidente y mejorar la puesta en común de recursos a escala europea en este ámbito.

4.9   En aras de la seguridad, el CESE destaca la importancia de que todos los Estados miembros de la UE, así como los terceros países, comprendan claramente el contenido de los informes de investigación de accidentes (artículo 19). Con frecuencia, los órganos civiles de investigación nacionales únicamente elaboran informes en sus respectivos idiomas, incluso cuando hay implicadas otras partes extranjeras. El CESE recomienda que se facilite al menos una traducción al inglés de cada informe de investigación de accidentes.

4.10   El CESE señala que la seguridad siempre tiene prioridad por encima de otras exigencias como la protección de la propiedad intelectual. Por otra parte, resulta importante introducir mayores salvaguardias para proteger la propiedad intelectual (artículo 15). La información comercial de naturaleza sensible deberá compartirse únicamente con las autoridades y deberá hacerse lo posible para que no llegue a los competidores. No se deberá facilitar a los fabricantes de equipos originales (OEM) información completa acerca de los certificados de tipo complementarios (STC) u otras modificaciones o reparaciones, y viceversa (puesto que pueden incluir propiedad intelectual de la organización de diseño (DOA), relevante desde el punto de vista comercial, que no tenga relación alguna con un accidente o incidente determinado).

Bruselas, 27 de mayo de 2010.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI


(1)  DO L 375 de 31.12.1980, p. 32.

(2)  DO L 319 de 12.12.1994, p. 14.

(3)  DO L 167 de 4.7.2003, p. 23.


21.1.2011   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 21/66


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del Consejo sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros — Parte II de las Directrices Integradas Europa 2020»

COM(2010) 193 final

2011/C 21/12

Ponente general: Wolfgang GREIF

El 5 de mayo de 2010, de conformidad con el artículo 304 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la

«Propuesta de Decisión del Consejo sobre directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros – Parte II de las Directrices Integradas Europa 2020»

COM(2010) 193 final.

El 27 de abril de 2010, la Mesa del Comité encargó a la Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía la preparación de los trabajos del Comité en este asunto.

Dada la urgencia de los trabajos, en su 463o Pleno de los días 26 y 27 de mayo de 2010 (sesión del 27 de mayo de 2010), el Comité Económico y Social Europeo ha nombrado ponente general a Wolfgang GREIF y ha aprobado por 134 votos a favor, 9 en contra y 12 abstenciones el siguiente Dictamen:

1.   Conclusiones

El CESE

lamenta que el Consejo y la Comisión hayan establecido un calendario tan justo para la adopción de las directrices que no permite en la práctica un verdadero debate con la sociedad civil y los parlamentos;

considera que las directrices no reflejan de modo suficiente que la lucha contra el desempleo debería ser uno de los principales objetivos de la política de la UE y de los Estados miembros en vista de la crisis;

acoge con agrado que la propuesta se centre en un número menor de directrices, aunque considera que son demasiado generales y demasiado moderadas para orientar acciones eficaces, lo que debilita el enfoque europeo;

considera que las políticas recomendadas sobre el mercado de trabajo exageran claramente la importancia del lado de la oferta (mejora de la empleabilidad) y pide que se tenga más en cuenta una política inteligente de la demanda que fomente la innovación y el crecimiento futuros y contribuya a la creación de nuevos puestos de trabajo;

manifiesta su inquietud por el hecho de que en el marco de la nuevas directrices ya no figure el objetivo del pleno empleo (que ocupaba un lugar destacado en las directrices anteriores);

manifiesta su sorpresa por el hecho de que las directrices no recojan declaraciones concretas sobre la calidad del trabajo y propone reunir las directrices 8 y 9 en una sola directriz independiente para promover la calidad del trabajo;

acoge con satisfacción el gran interés prestado al triángulo del conocimiento y a la mejora de las cualificaciones, aunque habría preferido que se fijaran objetivos más ambiciosos en materia de lucha contra el desempleo juvenil y promoción de la formación profesional y permanente de las personas con discapacidad;

lamenta que no se preste suficiente atención a la política de igualdad de género (por ejemplo, la promoción de las mujeres);

acoge con gran satisfacción que «Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza» constituya una directriz independiente, aunque habría que destacar más la reducción del riesgo de pobreza de niños y jóvenes;

estima que para reducir el riesgo de pobreza se requiere una serie de indicadores estables y fiables, a fin de medir y hacer un seguimiento de los avances – que, por ejemplo, midan también la relación entre renta y poder adquisitivo, así como la concentración de renta (coeficiente de Gini) – y establecer la tasa de riesgo de pobreza como indicador relativo de pobreza indiscutido;

considera que sería conveniente una mayor claridad en los pasajes relativos a la integración de los grupos más amenazados por la pobreza (mujeres solas con hijos, personas de origen inmigrante, mayores con derechos de pensión reducidos, personas con discapacidad).

2.   Contexto: crítica al calendario apretado de la Comisión y del Consejo

2.1   La Comisión Europea propuso el 27 de abril de 2010 una nueva serie de directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros. Forman, junto con las orientaciones de la política económica, las directrices integradas para la aplicación de la Estrategia «Europa 2020» para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. El Consejo Europeo de los días 25 y 26 de marzo de 2010 llegó a un acuerdo sobre una nueva estrategia, que deberá adoptarse oficialmente en el mes de junio.

2.2   El CESE ha manifestad en varias ocasiones su acuerdo con el planteamiento plurianual para una estrategia de futuro de la UE y siempre ha señalado que la amplia inclusión de los parlamentos, los interlocutores sociales y la sociedad civil a escala europea y nacional constituye una de las piedras angulares para el éxito de la coordinación de las políticas, inclusión que debe garantizarse en todas las fases (1).

2.3   Por ello, en su Dictamen sobre la estrategia de la UE a partir de 2010, el CESE pedía también que en el marco de la revisión de esta estrategia se eliminaran los obstáculos estructurales que se oponen a una participación eficaz de los Parlamentos y a un auténtico diálogo con los interlocutores sociales y la sociedad civil (2). Uno de los motivos de tal situación es el desarrollo insatisfactorio que desde hace años han tenido las consultas para la elaboración y renovación de las directrices.

2.3.1   El CESE ha lamentado esto en varios de sus dictámenes sobre las directrices y ha pedido insistentemente a la Comisión y al Consejo que modifiquen el calendario, en particular en los años que se corresponden con la fijación de orientaciones estratégicas en el marco de la coordinación. Es necesario garantizar una participación efectiva de todos los agentes sociales y políticos importantes a escala nacional y de la UE en el proceso decisorio de las políticas.

2.4   Por ello, el CESE lamenta aún más que el Consejo y la Comisión hayan establecido un calendario tan justo para la adopción de las directrices en este año en que deben aprobarse asimismo las prioridades decenales de la Agenda para el crecimiento y el empleo en el marco de la estrategia «Europa 2020». Tal calendario no permite en la práctica celebrar un verdadero debate con las organizaciones de la sociedad civil y los parlamentos.

2.5   En vista de ello, el Comité observa que no puede llevar a cabo las deliberaciones habituales entre los grupos de interés representados en su seno debido a que el plazo entre la publicación de la propuesta de decisión del Consejo y el momento para adoptarla resulta demasiado reducido. Por tanto, el CESE se ve obligado a expresar su posición mediante una especie de procedimiento de urgencia.

2.6   De ahí que el CESE comprenda que tantas voces pidan el aplazamiento de la decisión sobre la adopción de las directrices integradas, sobre todo en una situación en la que la UE está por decidir su estrategia general de desarrollo para los próximos diez años.

2.6.1   En caso de tal aplazamiento durante algunos meses, que acogería con gran satisfacción, el Comité se reserva el derecho de pronunciarse sobre las directrices propuestas en un detenido dictamen de iniciativa que tenga en cuenta las amplias consultas necesarias, sin perjuicio de los comentarios y recomendaciones que figuran en el presente dictamen.

3.   Observaciones generales sobre las directrices propuestas

3.1   En los próximos años, Europa tendrá que hacer frente a una situación sumamente grave en el ámbito del empleo debido a la crisis económica y financiera. Así, por ejemplo, algunos estudios recientes calculan que se necesitará toda una década para recuperar los más de diez millones de puestos de trabajo que se han perdido en los años de la actual crisis (3). En vista de ello, la lucha contra el desempleo debe ser uno de los principales objetivos de las políticas de la UE y de los Estados miembros. El CESE estima que tal objetivo debe reflejarse en mucha mayor medida en las directrices.

3.1.1   En total, las directrices propuestas se han reducido de las ocho que había hasta ahora a cuatro, y deben aplicarse sin cambios hasta 2014, de acuerdo con los planes de la Comisión. En principio, el CESE acoge favorablemente esta concentración y el ciclo plurianual, pero observa que muchos pasajes del texto son de carácter muy general y muy poco precisos. El CESE teme que, de este modo, las directrices no orienten debidamente las acciones necesarias en los Estados miembros. En todo caso, el CESE considera que un menor número de directrices exige indicadores más claros y fiables a fin de poder evaluar y seguir los avances logrados, en particular en el caso de las medidas destinadas a grupos específicos, pero sobre todo para la lucha contra la pobreza.

3.2   A ello hay que agregar que las directrices para el empleo propuestas casi no recogen objetivos cuantitativos, aparte de la mención de los tres objetivos fundamentales de la UE que deben servir de base para fijar los objetivos nacionales de los Estados miembros:

aumento de la tasa de empleo de las mujeres y hombres de 20 a 64 años de edad al 75 %;

reducción de la tasa de abandono escolar al 10 % y aumento del porcentaje de personas de 30 a 34 años con titulación superior o una formación equivalente al menos al 40 %;

reducción del número de europeos que viven por debajo del umbral de pobreza nacional en un 25 %, con lo que saldrían de la pobreza 20 millones de personas,

3.2.1   El CESE considera que ello implica un debilitamiento considerable del enfoque europeo y pone en duda que pueda lograrse que la consecución de los objetivos comunes tenga un carácter más vinculante si la formulación de la política de empleo se lleva a cabo casi exclusivamente en los Estados miembros.

3.3   El CESE no puede entender por completo la cautela mostrada a la hora de formular objetivos europeos, sobre todo en vista de que durante los debates sobre la estrategia para después de 2010 había pedido que no se abandonaran los objetivos comunes de la estrategia en curso, sino que se formularan objetivos más ambiciosos, teniendo en cuenta la situación de partida de cada uno de los Estados miembros (4).

3.3.1   En este sentido, el CESE ha formulado también en numerosos dictámenes propuestas para añadir objetivos mensurables en el marco de las directrices para el empleo: por ejemplo, sobre la igualdad de género, el empleo juvenil, la lucha contra las relaciones laborales precarias, la lucha contra la pobreza (incluso de las personas con trabajo), el empleo de personas con discapacidad, y muchos otros (5).

3.4   Hasta ahora, algunos objetivos sensatos – como, por ejemplo, la reincorporación de los desempleados de larga duración al mercado laboral, la oferta sin dilación de un puesto de trabajo o de formación para los jóvenes, la creación de guarderías que permitan conciliar la vida profesional y la vida familiar, la reducción de las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres, entre otros – formaban parte de la columna vertebral de la Estrategia Europea de Empleo y, a juicio del CESE, deben mantenerse y, si es preciso, reforzarse.

3.5   El CESE lamenta que, en líneas generales, en el marco de las directrices para el empleo propuestas apenas se haga referencia a la política de igualdad y a la promoción de la mujer. Para reducir seriamente el riesgo de pobreza en Europa es necesario establecer objetivos e iniciativas ambiciosos, a fin de eliminar los estereotipos de género, la discriminaciones que aún existen en el mercado laboral y las causas estructurales de las diferencias de ingresos entre hombres y mujeres, y suprimir los obstáculos que marginan a las mujeres de determinados ámbitos profesionales y limitan las iniciativas empresariales de las mujeres (6). En todo caso, las directrices propuestas contribuyen muy poco a estos objetivos.

4.   Observaciones particulares y propuestas complementarias sobre las cuatro directrices para el empleo

4.1   Directriz no 7: Aumentar la participación en el mercado laboral y reducir el desempleo estructural

4.1.1   El CESE apoya en principio el objetivo de la UE consistente en aumentar la tasa de empleo de las mujeres y hombres de 20 a 64 años de edad al 75 % de ahora a 2020. Se trata de un objetivo sumamente ambicioso, ya que no solo se pretende aumentar dicha tasa, sino que también se ha excluido al grupo de edad de 15 a 19 años (con respecto al objetivo precedente). El CESE pregunta por la razón de que se excluya a los trabajadores jóvenes del cálculo de la tasa general de empleo.

4.1.2   A este respecto, el CESE observa igualmente que, en vista del actual desempleo sin precedentes de casi 24 millones de personas, el problema de los mercados de trabajo no es la falta de trabajadores en general, sino, en algunos Estados miembros, la falta de trabajadores cualificados, así como la gran escasez de puestos de trabajos disponibles. Por ello, para aumentar la participación en el mercado laboral y crear empleo habría que examinar igualmente medidas inteligentes y modelos de empleo para distribuir mejor el trabajo.

4.1.3   Teniendo en cuenta, precisamente, el elevadísimo nivel de desempleo existente en la UE, las políticas no pueden limitarse a mejorar la «empleabilidad» de los trabajadores. Con miras al futuro, por el contrario, deberán centrarse en mayor medida, en inversiones de futuro en los sectores de I+E, formación, infraestructuras, sanidad y servicios sociales, para crear empleo y poder movilizar eficazmente las posibilidades de empleo.

4.1.4   En este contexto, el CESE manifiesta también su inquietud por el hecho de que en el marco de las nuevas directrices ya no figure el objetivo del pleno empleo (que ocupaba un lugar central en las directrices anteriores); Se habla tan sólo de la eliminación del desempleo estructural y de la reducción de la «inactividad». En cualquier caso, el CESE considera que la directriz en cuestión debería revisarse de nuevo en dirección al pleno empleo.

4.1.5   A fin de evitar en la medida de lo posible un nuevo aumento de los solicitantes de empleo e impedir que se consolide el desempleo estructural, precisamente en una situación de crisis, todas las nuevas directrices integradas deben presentar una política macroeconómica equilibrada que vincule las políticas basadas en la oferta con las basadas en la demanda.

4.1.5.1   A juicio del CESE, las directrices propuestas no garantizan en suma este equilibrio, en particular esta directriz concreta no 7. Por lo que se refiere a las recomendaciones de políticas para el mercado laboral, se destaca excesivamente el aspecto de la oferta (mejora de la empleabilidad). Es algo que debe equilibrarse teniendo en cuenta a tal fin una política inteligente de la demanda que fomente la innovación y el crecimiento futuros y contribuya a la creación de nuevos puestos de trabajo.

4.1.6   Tampoco se menciona que la recuperación del crecimiento para estabilizar el mercado de trabajo se asegura ante todo por medio del incremento de la demanda interior (inversiones públicas y privadas). Así, por ejemplo, no se señala claramente que las medidas e inversiones coyunturales para proteger el empleo no deben finalizar demasiado pronto, a fin de evitar un nuevo aumento del desempleo. A este respecto, a juicio del CESE, la estrategia de salida y los planes de consolidación que figuran en las directrices relativas a la política económica sólo son aceptables si tienen en cuenta la coyuntura y el empleo.

4.1.7   En cuanto a la recomendación a los Estados miembros para que integren en sus políticas de empleo el principio de flexiguridad del Consejo, cabe señalar que esta directriz no menciona en absoluto que la calidad del trabajo debe constituir un principio de la misma importancia que la flexiguridad, como el CESE ha pedido repetidamente (7).

4.1.8   El CESE pide asimismo que se aclare que la búsqueda activa de empleo debería garantizase sobre todo mediante la prestación de servicios eficaces en el mercado laboral, y no tanto a través de los llamados incentivos en los subsidios de desempleo. Por ello, propone que se suprima la siguiente frase al final del apartado: «… acompañados de una definición clara de los derechos y responsabilidades para que los desempleados busquen trabajo activamente». Precisamente ante la crisis actual, el CESE considera que es indispensable incluir recomendaciones para hacer más estrictas las obligaciones del seguro de desempleo.

4.2   Directriz no 8: Conseguir una población activa cualificada que responda a las necesidades del mercado laboral promoviendo la calidad del trabajo y el aprendizaje permanente

4.2.1   El Comité acoge con agrado que la calidad del trabajo se mencione al menos en el título de esta directriz, pero manifiesta su sorpresa con respecto al hecho de que no aparezca una explicación que la concrete (por ejemplo, sobre el tema de la promoción de la salud en el trabajo, unos ingresos dignos, la organización de la jornada laboral y prevención de tiempos de trabajo excesivos, conciliación de vida profesional y vida familiar). El CESE esperaba igualmente que la promoción de la calidad de los puestos de trabajo estuviera más relacionada con la estrategia de flexiguridad, y que al respecto se subrayara la importancia de la flexiguridad, tanto interna como externa, ya que precisamente los mercados laborales interiores flexibles se han mantenido muy bien en la crisis.

4.2.2   Como el contenido de esta directriz coincide en gran parte con el de la directriz no 9, habría que considerar seriamente la posibilidad de fusionar ambas a fin de evitar duplicaciones. En cambio, debería introducirse una nueva directriz sobre la promoción de la calidad del trabajo.

4.2.2.1   El CESE ha observado en numerosas ocasiones que es precisamente cuando se establece un objetivo cuantitativo para aumentar las tasas de empleo que la dimensión cualitativa del crecimiento del empleo adquiere mayor importancia, porque el empleo a cualquier precio (condiciones precarias de trabajo, trabajadores pobres) no puede ser la solución.

4.2.3   El Comité reitera en este contexto su petición de que vuelvan a incorporarse también los objetivos cualitativos de empleo, que se han perdido en gran parte en los últimos años en el marco de la revisión de la Estrategia de Lisboa (indicadores de Laeken para medir la creación de empleo de calidad) (8).

4.2.4   El CESE propone a este respecto que se proceda igualmente a una observación sistemática de la calidad de los nuevos puestos de trabajo creados y recomienda que se haga referencia a los desafíos a los que se enfrenta el mercado laboral europeo señalados conjuntamente por los interlocutores sociales (9). Entre ellos se cuenta, por ejemplo, que el derecho laboral debe fomentar contratos de trabajo estables y que todos los trabajadores, independientemente del tipo de contrato que tengan, deben gozar de derechos de protección y seguridad de empleo adecuados.

4.3   Directriz no 9: Mejorar los resultados de los sistemas educativos y de formación en todos los niveles e incrementar la participación en la enseñanza superior

4.3.1   El CESE considera que una política para la creación de empleo de calidad – lo que implica igualmente objetivos ambiciosos en materia de formación inicial y formación profesional permanente y aprendizaje a lo largo de toda la vida – contribuye considerablemente al crecimiento y al aumento de la productividad. Por ello, el CESE celebra que se dé clara importancia a este aspecto.

4.3.2   Al igual que en la directriz precedente, se menciona un indicador para los jóvenes que corren el riesgo de quedar excluidos del mercado laboral. A fin de reducir el número de jóvenes que no tienen trabajo ni han finalizado una formación escolar o profesional, los Estados miembros deberían adoptar medidas específicas para prevenir el abandono escolar. A juicio del CESE, este punto central debería expresarse con mayor claridad, por ejemplo mediante el mantenimiento de objetivos ambiciosos, como

la reducción del desempleo juvenil en por lo menos un 50 %;

el establecimiento de un plazo máximo de cuatro meses para que los jóvenes busquen trabajo o un período de prácticas activamente.

4.3.3   El CESE recuerda que para conseguir el objetivo de la Estrategia «Europa 2020» consistente en alcanzar una tasa de empleo del 75 % se requieren igualmente medidas adecuadas para el empleo de las personas con discapacidad, que representan el 16 % de las personas en edad de trabajar. En este sentido, el CESE se felicita de la inclusión explícita de este grupo de población en las directrices nos 7 y 10. Además, acogería con gran satisfacción la inclusión de la formación inicial y permanente para personas con discapacidad en la directriz no 9.

4.4   Directriz no 10: Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza

4.4.1   El CESE celebra expresamente que «Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza» constituya una directriz por separado. Con ello ve confirmada su posición, formulada en numerosas ocasiones, en el sentido de que la creciente desigualdad social en Europa exige medidas comunes para luchar contra la pobreza y la exclusión social. En este terreno se requiere toda una serie de medidas destinadas a grupos específicos. El CESE considera que, en particular, esta directriz también debería hacer más hincapié en la reducción del riesgo de pobreza que corren los niños y jóvenes e ir acompañada de objetivos concretos.

4.4.2   La reducción del riesgo de pobreza requiere igualmente una serie de indicadores estables y fiables para poder medir y supervisar los avances logrados. El CESE se pronuncia a favor de que la tasa de riesgo de pobreza se utilice como indicador normal de la pobreza relativa y deje de ser objeto de controversias. El CESE considera conveniente desarrollar complementariamente otros indicadores que midan también, por ejemplo, la relación entre ingresos y poder adquisitivo y la concentración del ingreso (coeficiente de Gini). Sin embargo, estos indicadores no deben llevar en ningún caso a diluir el objetivo primordial.

4.4.3   El CESE acoge favorablemente la recomendación dirigida a los Estados miembros de que, para luchar contra la pobreza, promuevan la plena participación en la sociedad y la economía y amplíen las posibilidades de empleo.

4.4.3.1   A este respecto, el CESE hace suyas las conclusiones de un reciente estudio de la Comisión, según el cual la lucha contra la pobreza y la exclusión social debe incluir igualmente medidas contra la «pobreza pese al trabajo» (10). Propone que se garanticen ingresos dignos y que, a tal fin, se luche contra la ampliación del segmento de los bajos salarios, para lo cual es necesario

reducir la precariedad laboral y promover el empleo duradero con protección social,

garantizar la transición entre la fase de formación y la fase de empleo,

promover planteamientos eficaces para una política de empleo activa en materia de formación permanente y creación de empleo, sobre todo para las personas excluidas del mercado laboral debido a las deficiencias de su formación;

dar prioridad a la lucha contra el desempleo juvenil y la integración de las personas excluidas del mercado laboral.

4.4.3.2   Todos estos elementos deben incorporarse a esta directriz o subrayarse más. A este respecto, el CESE reitera también su propuesta, presentada recientemente, sobre los objetivos de los regímenes de ingresos mínimos y de ingresos de sustitución.

4.4.4   La lucha contra la pobreza también exige, en particular, medidas de empleo y formación para los grupos que corren un mayor riesgo de pobreza (mujeres solas con hijos, personas de origen inmigrante, mayores con derechos de pensión reducidos, personas con discapacidad). Sería conveniente que los pasajes y los objetivos relativos a la integración de estas personas en la sociedad y el mercado laboral fuesen más claros.

4.4.5   El CESE observa con satisfacción que se menciona igualmente el valioso papel que desempeña la economía social de mercado en la creación y protección del empleo, así como en la lucha contra la pobreza, y que se invita explícitamente a los Estados miembros a promover activamente esta economía. Esto se corresponde con la petición del CESE de que se aprovechen plenamente las posibilidades de la economía social de mercado, en especial con vistas a la creación de empleo en el sector de los servicios sociales.

Bruselas, 27 de mayo de 2010.

El Presidente del Comité Económico y Social Europeo

Mario SEPI


(1)  Dictamen del CESE de 31.5.2005 sobre la «Propuesta de decisión del Consejo relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros (en virtud del artículo 128 del Tratado CE)», COM(2005) 141 final. - 2005/0057 (CNS), ponente: Sr. Malosse (DO C 286 de 17.11.2005) y de 13.2.2008 sobre la «Propuesta de decisión del Consejo relativa a las directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros (en virtud del artículo 128 del Tratado CE)», COM(2007) 803 final/2 (parte V) - 2007/0300 (CNS), ponente: Sr. Greif (DO C 162/92 de 25.6.2008).

(2)  DO C 128 de 18.5.2010, p. 3.

(3)  Skills supply and demand in Europe: medium-term forecast up to 2020 (Oferta y demanda de competencias en Europa: previsiones a medio plazo hasta 2020) (Cedefop, 2010), pp. 35 y ss.

(4)  DO C 128 de 18.5.2010, p. 3.

(5)  Dictámenes del CESE

 

de 30.9.2009 sobre el tema «Trabajo y pobreza: hacia un enfoque global indispensable», ponente: Sra. Prud’homme (DO C 318/52 de 23.12.2009);

 

de 1.10.2009 sobre el tema «Relación entre igualdad de género, crecimiento económico y tasa de empleo», ponente: Sra. Ouin (DO C 318/15 de 23.12.2009);

 

de 1.10.2009 sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Una estrategia de la UE para la juventud: inversión y capacitación - Un método abierto de coordinación renovado para abordar los desafíos y las oportunidades de los jóvenes», COM(2009) 200 final, ponente: Sr. Sibian (DO C 318/113 de 23.12.2009).

(6)  Dictámenes del CESE de 29.9.2005 sobre el tema «Las mujeres y la pobreza en la Unión Europea», ponente: Sra. King (DO C 24 de 31.1.2006); y de 12.7.2007 sobre el tema «Empleo para las categorías prioritarias (Estrategia de Lisboa)», ponente: Sr. Greif (DO C 256 de 27.10.2007); véase igualmente el Informe de la Comisión: Igualdad entre mujeres y hombres (COM(2009) 694).

(7)  Dictámenes del CESE de 22.4.2008 sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Hacia los principios comunes de la flexiguridad: más y mejor empleo mediante la flexibilidad y la seguridad», COM(2007) 359 final, ponente: Sr. Janson, coponente: Sr. Ardhe (DO C 211 de 19.8.2008); y de 4.11.2009 sobre el tema «La Estrategia de Lisboa después de 2010», ponente: Sr. Greif, CESE 1722/2009, punto 3.4.3.

(8)  DO C 128 de 18.5.2010, p. 3.

(9)  Key challenges facing European labour markets: Joint analysis of European Social Partners (Desafíos fundamentales de los mercados laborales europeos: un análisis conjunto de los interlocutores sociales europeos).(2007), pp. 61 y ss.

(10)  Working poor in Europe (Los trabajadores pobres en Europa), Estudio de Eurofound 2010.


ANEXO

al Dictamen del Comité Económico y Social Europeo

La siguiente enmienda, que obtuvo al menos la cuarta parte de los votos emitidos, fue rechazada en el transcurso del debate:

Punto 4.2.2

Modifíquese de la manera siguiente:

«Como el contenido de esta directriz coincide en gran parte con el de la directriz no 9, habría que considerar seriamente la posibilidad de fusionar ambas a fin de evitar duplicaciones. En cambio, debería una nueva directriz sobre la la calidad del trabajo.»

Exposición de motivos

Se considera innecesaria.

Resultado de la votación

Votos a favor

:

58

Votos en contra

:

73

Abstenciones

:

2