Tribunal de Cuentas Europeo

12, rue Alcide De Gasperi, 1615 Luxemburgo, LUXEMBURGO

1.1.

De conformidad con el artículo 287 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el Tribunal de Cuentas presenta al Parlamento Europeo y al Consejo una declaración sobre la fiabilidad de las cuentas y sobre la legalidad y regularidad de las operaciones subyacentes («la DAS»). El Tratado autoriza asimismo al Tribunal a completar esta declaración con observaciones específicas sobre cada uno de los ámbitos principales de actividad de la Unión Europea.

1.2.

La finalidad del trabajo efectuado en relación con la fiabilidad de las cuentas de la UE es obtener evidencia suficiente y apropiada que permita emitir una opinión sobre si los ingresos, los gastos, el activo y el pasivo han sido registrados correctamente y si las cuentas anuales presentan fielmente su situación financiera a 31 de diciembre de 2009 y los resultados de sus operaciones y flujos de tesorería para el ejercicio finalizado en esa fecha (véanse los apartados 1.6 a 1.20).

1.3.

La finalidad del trabajo de auditoría efectuado por el Tribunal en relación con la regularidad de las operaciones subyacentes a las cuentas de 2009 es obtener evidencia suficiente y apropiada, de naturaleza directa o indirecta, que permita emitir una opinión sobre si las operaciones resultan conformes a las disposiciones reglamentarias o contractuales aplicables y han sido contabilizadas correctamente (véanse los apartados 1.21 a 1.25 para el resumen de los resultados y los capítulos 2 a 9 para mayor detalle).

1.4.

El Tribunal analizó la fiabilidad de las tomas de posición de la Comisión, es decir, las declaraciones de los directores generales y los informes anuales de actividad de los servicios de la Comisión, así como de su informe de síntesis, con objeto de evaluar en qué medida proporcionan una valoración correcta de la calidad de la gestión financiera y, particularmente, en qué medida las reservas son suficientes y completas (véanse los apartados 1.27 y 1.28 y el epígrafe «Fiabilidad de las tomas de posición de la Comisión» de los capítulos 2 a 9).

1.5.

Además el Tribunal examinó los mecanismos de realización y de comunicación de recuperaciones y correcciones financieras (véanse los apartados 1.32 a 1.50).

1.6.

El Tribunal auditó las cuentas anuales del ejercicio 2009, elaboradas por el contable de la Comisión y aprobadas por la Comisión con arreglo al artículo 129 del Reglamento financiero de 25 de junio de 2002 (8), y recibidas por el Tribunal el 23 de julio de 2010. Las cuentas comprenden los «estados financieros consolidados», que en particular constan del balance con el activo y el pasivo al término del ejercicio y de la cuenta de resultado económico, así como los «informes consolidados sobre la ejecución presupuestaria» que abarcan los ingresos y gastos del ejercicio.

1.7.

La auditoría por el Tribunal de los estados financieros consolidados puso de manifiesto que estaban exentos de incorrecciones materiales. Sin embargo, el Tribunal llama la atención sobre los aspectos siguientes que también señaló en 2008 y en ejercicios anteriores:

1.7.

—

la ausencia o el carácter incompleto de las declaraciones transmitidas por los contables de algunas organizaciones cuyas cuentas están consolidadas con las de la Comisión (véase el apartado 1.8),

—

los sistemas locales de gestión financiera identificados por el contable de la Comisión (véanse los apartados 1.9 y 1.10),

—

el tratamiento de las prefinanciaciones y las deudas a corto plazo durante el ejercicio y en el procedimiento de cierre del ejercicio (véanse los apartados 1.11 a 1.13),

—

la información sobre recuperaciones derivadas de irregularidades (véanse los apartados 1.14 a 1.19).

—

1.8.

En su carta de manifestaciones sobre las cuentas consolidadas, el contable de la Comisión destacó que los contables de tres entidades consolidadas habían omitido su declaración o la habían modificado. En particular, faltaba la información requerida sobre la validación de los sistemas contables y locales (9).

1.8.

1.9.

Debido a problemas persistentes en la gestión de cuentas transitorias y procedimientos contables referidos a activos, el contable de la Comisión no pudo validar los sistemas locales de dos direcciones generales (11).

1.9.

1.10.

Se ha llevado a la práctica la mayoría de las recomendaciones formuladas por el contable en ejercicios anteriores. Los problemas restantes no tuvieron una incidencia significativa en la fiabilidad de las cuentas en 2009, pero, por su naturaleza e importancia, deberían seguir recibiendo atención por parte de la Comisión, en especial, algunos aspectos de los procedimientos de cierre del ejercicio, la liquidación y registro de las prefinanciaciones, el registro de las operaciones a su debido tiempo y la coherencia de los datos entre los sistemas locales y ABAC.

1.11.

El Tribunal auditó muestras representativas de prefinanciaciones que representaban 48 827 millones de euros después de aplicarse el procedimiento de cierre del ejercicio y de facturas/declaraciones de gastos por un total aproximado de 15 260 millones de euros, en las que detectó errores contables con una incidencia financiera no muy significativa pero sí de elevada frecuencia. Este hecho pone de manifiesto la necesidad de aumentar aún más la exactitud de los datos contables básicos en algunas direcciones generales. Los tipos más comunes de errores eran los siguientes:

1.11.

—

ausencia o duplicación de asientos contables,

—

anotación de importes incorrectos,

—

inscripción de operaciones en cuentas erróneas.

1.12.

Por lo que se refiere a la contabilización de los importes prefinanciados, el Tribunal identificó además los siguientes problemas:

—

la liquidación de las prefinanciaciones pendientes no siempre se llevó a cabo correctamente. Una serie de liquidaciones no se realizaron en absoluto o se anotaron por importes incorrectos, lo que tuvo como consecuencia una sobrestimación del saldo de prefinanciaciones al final del ejercicio,

—

—

algunas direcciones generales pertenecientes al grupo de Investigación utilizan aproximaciones para el cierre del ejercicio (por ejemplo, prorrata temporis) en vez de procesar la información disponible sobre los avances conseguidos y los costes conexos y no liquidan tampoco las prefinanciaciones en función de dichos avances.

—

1.13.

Algunas direcciones generales no cumplen el requisito de registrar las facturas y las declaraciones de gastos dentro de los cinco días hábiles (12) posteriores a su recepción.

1.13.

1.14.

La auditoría del Tribunal pone de manifiesto que la presentación por la Comisión de las cifras correspondientes a las correcciones financieras y las recuperaciones difiere considerablemente de un servicio a otro (véanse asimismo los apartados 1.37 a 1.50).

1.14.

1.15.

Algunos servicios solo presentan las cifras de las correcciones financieras en curso en el momento de emitirse una carta de posición final, mientras que otros basan sus cálculos en estimaciones estadísticas que constituyen extrapolaciones de experiencias pasadas e incluyen correcciones de importes para los que no ha iniciado el procedimiento de liquidación.

1.15.

La fiabilidad de esta estimación se evalúa mediante la comparación con los importes de las correcciones financieras en curso para los ejercicios anteriores, si se dispone de esa información.

1.16.

La información sobre las actividades de corrección financiera (retiradas y recuperaciones) facilitada por los Estados miembros, particularmente en el ámbito de Cohesión, que se incluye en la nota 6 de los estados financieros sigue sin ser fiable ni estar completa (véase asimismo el apartado 4.31).

1.16.

La Comisión remite a su respuesta al punto 4.31.

1.17.

Tras examinar el trabajo efectuado por los organismos de certificación y su análisis por la Comisión, el Tribunal reitera sus dudas sobre la fiabilidad de los títulos de crédito de los Estados miembros en el ámbito de Agricultura (cuenta de deudores del FEAGA) (13) (véase asimismo el apartado 3.54).

1.17.

1.18.

Aunque las notas explicativas a las cuentas anuales señalan que algunos pagos serán corregidos probablemente en un momento posterior por los servicios de la Comisión o los Estados miembros, no identifican qué importes y ámbitos de gasto pueden estar sujetos a ulteriores verificaciones o a procedimientos de liquidación de cuentas (14).

1.18.

En lo que respecta a la agricultura, unos seis meses después del final del ejercicio financiero de que se trate se adopta una decisión de liquidación financiera, en la cual la Comisión establece el importe de los gastos que corre a cargo del presupuesto de la UE para ese ejercicio. Esta función de la decisión de liquidación financiera no se pone en tela de juicio por el hecho de que, posteriormente, puedan imponerse correcciones financieras a los Estados miembros mediante decisiones de conformidad. El importe de los gastos que es probable que quede excluido de la financiación de la UE por estas decisiones de conformidad futuras se comunica en una nota adjunta a los estados financieros.

1.19.

A pesar de la complejidad de los mecanismos de recuperación y corrección financiera, de la naturaleza divergente de los elementos que los componen y de la necesidad de presentar la información de modo transparente y coherente (véanse asimismo los apartados 1.37 a 1.50), la Comisión debería perfeccionar sus directrices de presentación de información financiera en lo relativo a la constatación de ingresos y activos contingentes para fijar los requisitos contables y de presentación de la información.

1.19.

En las normas internacionales no existen directrices generales sobre la presentación de esta información específica y no contable. Sin embargo, teniendo en cuenta las observaciones del Tribunal, la Comisión ha mejorado la presentación de esta información.

1.20.

De conformidad con un reglamento conjunto del Parlamento Europeo y del Consejo (15), la titularidad de todos los activos creados, desarrollados o adquiridos en virtud del programa Galileo fue transferida legalmente a la Unión en julio de 2008. Sin embargo, los acuerdos de transferencia aún no se han aplicado en su totalidad. Todos los gastos efectuados hasta la fecha (alrededor de 2 000 millones de euros) han sido considerados gastos de investigación. No hubo impacto en el balance de 2009, pero la Comisión debe seguir velando por disponer de la información necesaria en el momento de la transferencia para garantizar la eficaz protección de los activos).

1.20.

1.21.

El Tribunal formula observaciones específicas en el capítulo 2, Ingresos, y los capítulos 3 a 9 sobre los grupos de ámbitos políticos definidos en la presupuestación por actividades (véase el cuadro 1.1 ). Cada observación específica ofrece una introducción al ámbito político, resultados y conclusiones relativas a la regularidad de las operaciones, a la eficacia de los sistemas y a la fiabilidad de las tomas de posición de la Comisión, así como un seguimiento de observaciones anteriores.

1.22.

En los Ingresos (16) (117 285 millones de euros), los compromisos de todos los grupos de políticas y los pagos del grupo de políticas de Gastos administrativos y otros gastos, (9 129 millones de euros), el Tribunal considera que la incidencia financiera de los errores es inferior al 2 % del total de los importes (véase el cuadro 1.2 ) y ha llegado a la conclusión de que los sistemas de control y supervisión son eficaces (véanse asimismo los apartados 2.33 a 2.38, 9.28 y 9.29)].

1.23.

En los grupos de políticas de Agricultura y recursos naturales (56 318 millones de euros), Investigación, energía y transporte (7 966 millones de euros), Ayuda exterior, desarrollo y ampliación (6 596 millones de euros) y Educación y ciudadanía (2 153 millones de euros) (17), el Tribunal considera que el porcentaje de error más probable se halla entre el 2 % y el 5 % de los pagos efectuados, pero en el grupo de políticas de Cohesión (23 081 millones de euros de gastos certificados reembolsados), dicho porcentaje supera el 5 % (véanse los apartados 3.70, 4.34, 5.45, 6.51 y 7.18 así como el cuadro 1.2 ). Respecto de estos grupos de políticas (18), el Tribunal ha llegado a la conclusión de que los sistemas de control y supervisión son eficaces parcialmente (véanse los apartados 3.71 y 3.72, 4.36, 5.46 a 5.48, 6.52 y 7.19).

1.23.

Además, los procedimientos de conformidad de la liquidación garantizan que se cubre adecuadamente el riesgo para el presupuesto de la UE. En el caso del grupo de políticas «Educación y ciudadanía», la Comisión observa que el índice de error por cierres supera ligeramente el 2 %.

A fin de evitar la acumulación de la prefinanciación en su balance, la Comisión propuso en mayo de 2010 la revisión del Reglamento financiero, de modo que los adelantos y los pagos intermedios se liquiden en unos plazos más adecuados.

En el caso del grupo de políticas «Investigación, energía y transportes», la Comisión se congratula de la tendencia positiva hacia la reducción de los errores constatados por el Tribunal. Este resultado se ajusta a las propias conclusiones de la Comisión.

En cuanto al grupo de políticas «Ayuda exterior, desarrollo y ampliación», la Comisión se congratula del aumento de la «frecuencia» de las transacciones, que el Tribunal considera totalmente «normal» (83 %) en comparación con las cifras correspondientes a 2008 y 2007.

En el ámbito de la cohesión, se observa una reducción significativa del índice de error respecto a los ejercicios anteriores. Además, la frecuencia de los errores ha disminuido en los últimos tres ejercicios, del 54 % del Informe Anual del Tribunal de 2007 hasta el 36 % de este ejercicio, tal y como se señala en el anexo 4.1 del Informe del Tribunal (véanse también las respuestas a los apartados 1.26 y 4.34).

1.24.

En cuanto al grupo de políticas Asuntos económicos y financieros (732 millones de euros), el Tribunal estima que el porcentaje de error más probable es inferior al 2 % del total de pagos (véase el apartado 8.30 y el cuadro 1.2 ), y ha llegado a la conclusión de que los sistemas de control y supervisión son parcialmente eficaces (véase el apartado 8.31).

1.25.

El Tribunal estima que, en términos generales, los pagos están afectados significativamente por errores (el porcentaje de error más probable estimado por el Tribunal está comprendido entre el 2 % y el 5 %) y ha llegado a la conclusión de que los sistemas de control y supervisión son por lo general parcialmente eficaces por lo que se refiere a los pagos.

1.25.

1.26.

La fiscalización del Tribunal muestra como resultado, frente a 2008, un aumento del error más probable estimado, en relación con los pagos, para el grupo de políticas Agricultura y recursos naturales (19) y una disminución significativa de su estimación de error más probable, en relación con los pagos, para el grupo de políticas Cohesión (20). Ambos extremos confirman que sigue reduciéndose, en términos generales, el porcentaje de error más probable estimado por el Tribunal en relación con los pagos en los últimos años.

1.26.

En lo que se refiere a la agricultura y los recursos naturales, la Comisión considera que el índice de error sigue oscilando en torno al 2 %. En cuanto a la cohesión, la reducción del límite más bajo de error del 11 % al 3 % parece confirmar la eficacia de las disposiciones de control reforzadas del marco reglamentario de 2007–2013, así como los primeros efectos del plan de acción de 2008 de la Comisión para potenciar su papel supervisor, incluidos los procedimientos de suspensión y corrección. Las suspensiones pueden implicar un compromiso con plena ejecución presupuestaria.

La Comisión continuará sus esfuerzos para que se siga reduciendo el índice de error.

1.27.

Todos los directores generales declararon en sus informes anuales de actividad que habían obtenido garantías razonables de que los recursos asignados a ellos habían sido utilizados para los fines previstos y de que los controles internos que habían introducido garantizaban la regularidad de las operaciones. Sin embargo, trece de las declaraciones presentadas en 2009 por las principales direcciones generales o servicios contenían una o más reservas que, en su mayoría, hacían referencia a insuficiencias en relación con la regularidad de las operaciones subyacentes (21).

1.28.

El Tribunal constató que las declaraciones y los informes anuales de actividad de los directores generales ofrecían una valoración correcta de la gestión financiera en relación con la regularidad de las operaciones para «Ingresos» los grupos de política «Cohesión», «Investigación, energía y transporte», «Asuntos económicos y financieros», «Educación y ciudadanía» y «Gastos administrativos y otros gastos» (véanse los apartados 2.32, 4.33, 5.44, 7.17, 8.29 y 9.11). En el grupo de políticas «Ayuda exterior, desarrollo y ampliación» las DG de Ayuda Humanitaria, Ampliación y Relaciones Exteriores presentaron una valoración correcta (véase el apartado 6.49), mientras que la Oficina de Cooperación EuropeAid solo presentó una valoración parcialmente correcta de la gestión financiera en relación con la regularidad de las operaciones (véase el apartado 6.50). En el grupo de políticas «Agricultura y recursos naturales», el Tribunal ha llegado a la conclusión de que las declaraciones y los informes anuales de actividad de los directores generales solo ofrecen una valoración parcialmente correcta de la gestión financiera en relación con la regularidad de las operaciones (véanse los apartados 3.66 a 3.69).

1.28.

Mientras que el Tribunal expresa una opinión de auditoría anual sobre la legalidad y regularidad de las transacciones subyacentes, la opinión de los directores generales se centra en si los fondos se han utilizado para el objetivo previsto, teniendo en cuenta la naturaleza plurianual de los controles y su eficacia en la detección y corrección de errores. Los directores generales expresan una opinión de gestión basada en la información procedente de las tareas de auditoría de la Comisión, los informes y observaciones del Tribunal de Cuentas y, en su caso, los resultados de los controles de los Estados miembros.

Véanse también las respuestas de la Comisión en los capítulos sectoriales.

1.29.

Con la adopción del informe de síntesis, la Comisión asume su responsabilidad política (22) por la ejecución operativa del presupuesto de la UE por parte sus máximos responsables (23). El informe es el primero que va a adoptarse durante el mandato de la actual Comisión. Esta institución considera que sus esfuerzos por reforzar los mecanismos de control con el fin de garantizar la legalidad y regularidad para «obtener una DAS sin reservas» prosiguieron en 2009 con resultados positivos.

1.30.

La Comisión reconoce que sigue habiendo ámbitos necesitados de mejoras y propone las medidas siguientes para resolver esta situación:

1.31.

El Tribunal había detectado con anterioridad otros problemas que siguen sin resolverse:

—

en algunos ámbitos debería ser mayor el alcance o la escala de las reservas (véanse los apartados 3.67 y 3.68, 6.50 y los anexos 3.3 y 6.3)  (24)),

—

La Comisión se muestra satisfecha de que los planes de acción determinados por los responsables autorizados por delegación sean adecuados para paliar las deficiencias y reducir los riesgos constatados.

En lo que se refiere a la agricultura, la Comisión considera que las reservas señaladas en el informe anual de actividad de 2009 del director general de Agricultura y Desarrollo Rural acerca de las medidas de desarrollo rural correspondientes al eje 2 y en el marco del SIGC en Bulgaria y Rumanía son exhaustivas y que su impacto potencial se ha reflejado adecuadamente en los apartados 3.2.1 y 3.2.2 de dicho informe. En cuanto a Grecia, la reserva de los ejercicios anteriores estaba justificada por el elevado riesgo de reputación para la Comisión resultante de la insuficiente aplicación del SIGC en Grecia y no por el riesgo financiero para el presupuesto de la UE resultante de las deficiencias, que siempre ha quedado cubierto por las correcciones financieras impuestas a Grecia mediante los procedimientos de conformidad de la liquidación. Dado que al final de 2008 Grecia había finalizado su plan de acción para solucionar las deficiencias y que se evalúa regularmente la eficacia del funcionamiento del sistema SIGC, estaba plenamente justificado retirar la reserva.

En lo que respecta a la ayuda exterior, el desarrollo y la ampliación, la Comisión se congratula de que el Tribunal reconozca la mejora realizada en todas las Direcciones Generales de ese grupo de políticas respecto a la calidad de la información suministrada en sus informes anuales de actividad (véase el apartado 6.51).

La Comisión considera que las reservas formuladas por los directores generales en sus informes anuales de actividad de 2009 o la inexistencia de reservas se ajustaban a sus directrices internas y abordaban correctamente los riesgos inherentes de los programas.

—

los datos de los Estados miembros sobre recuperaciones y retiradas son inexistentes o incompletos (véanse los apartados 1.16, 3.54 y 4.31) (25),

—

En cuanto a la cohesión, véanse las respuestas al apartado 1.16.

—

los mecanismos de corrección financiera no resultan aún plenamente eficaces (véanse los apartados 1.37 a 1.50) (26).

—

1.32.

Al ejecutar el presupuesto de la UE, la Comisión tiene que garantizar el control interno eficaz y eficiente de la fiabilidad de los informes, la protección de los activos y la información, la prevención y detección de fraudes e irregularidades y la gestión de riesgos en relación con la regularidad de las operaciones, teniendo presente además el carácter plurianual de los programas y la naturaleza de los pagos correspondientes (27).

1.32.

1.33.

La Comisión tiene atribuida la responsabilidad final de velar por que los sistemas de control y supervisión proporcionen garantías razonables de que los errores en las operaciones subyacentes a las cuentas se han evitado, o bien se han identificado o corregido. Su responsabilidad también se extiende a asegurar la disponibilidad de información fiable para los fines de sus máximos responsables, de las partes interesadas y de los auditores externos.

1.34.

Los importes abonados incorrectamente han de ser objeto de recuperación (28). En la práctica:

—

la Comisión únicamente puede recuperar pagos de los beneficiarios cuando gestiona los gastos directamente (como sucede mayoritariamente en el grupo de políticas Investigación, energía y transporte),

—

la función de recuperar pagos abonados incorrectamente se delega a los Estados miembros o terceros países respecto de los gastos sujetos a gestión compartida (por ejemplo, la mayoría de los correspondientes a los grupos de políticas Agricultura y recursos naturales y Cohesión), gestión descentralizada (por ejemplo el ámbito de Ampliación) y gestión centralizada indirecta (por ejemplo, el grupo de políticas Educación y ciudadanía). En cuanto al gasto sujeto a gestión conjunta (por ejemplo, en el ámbito de Ayuda humanitaria), los mecanismos correctores se definen en los acuerdos celebrados con las organizaciones internacionales. Sin embargo, la Comisión puede proceder también a correcciones financieras (véase el apartado 1.40) en caso de aplicación incorrecta de los regímenes de gasto de la UE.

—

En lo relativo al período de 2007–2013, existe un procedimiento normalizado de presentación de las declaraciones de recuperación, y la Comisión espera que este procedimiento siga mejorando la calidad de la información a su disposición. Por otro lado, se exige a los Estados miembros que distingan las correcciones que se deriven de sus propios controles de aquellas derivadas de las auditorías de la UE.

1.35.

Durante años el Tribunal centró su fiscalización en determinar el modo en que la Comisión lleva a cabo su función de supervisión y aplica los mecanismos correctores, y examinó también en qué medida las autoridades nacionales y las organizaciones internacionales suministran a la Comisión información exacta sobre las correcciones financieras y las recuperaciones efectuadas.

1.36.

El Tribunal ha constatado periódicamente que los datos sobre la capacidad correctora de los sistemas de control y supervisión en los Estados miembros han mejorado pero no son todavía completos y fiables sobre todo en el ámbito de Cohesión. Sin embargo la Comisión está comunicando cifras fiables en lo que se refiere a sus propias actividades (29). Desde el procedimiento de aprobación de la gestión de 2005, el Parlamento Europeo y el Consejo han alentado a la Comisión y los Estados miembros a que introduzcan las mejoras necesarias para aumentar la exhaustividad y exactitud de la información disponible, con el fin de proporcionar pruebas fiables que sirvan de base al Tribunal para evaluar la eficacia de los mecanismos de corrección plurianuales del gasto de la UE.

1.36.

En el ámbito de la cohesión, y en cuanto a las correcciones financieras realizadas por los Estados miembros tras su propia labor de comprobación y auditoría, la Comisión depende de la calidad de la información que le envían los Estados miembros.

En los últimos años, la Comisión ha realizado notables esfuerzos para mejorar la calidad de la información disponible sobre las recuperaciones y retiradas transmitidas por los Estados miembros respecto a los programas de cohesión. Ha pedido a los Estados miembros que le faciliten datos acumulados y anuales sobre las retiradas y recuperaciones, pese a que ello va más allá de los requisitos reglamentarios. También ha auditado sobre el terreno los sistemas utilizados por los Estados miembros para registrar y presentar las correcciones, obteniendo resultados bastante buenos. En el caso de las necesidades de mejora constatadas, la Comisión ha formulado las recomendaciones apropiadas y se encarga de su seguimiento.

1.37.

En las notas a las cuentas de 2009, la Comisión ha respondido a los comentarios citados aportando información más detallada que en el pasado sobre recuperaciones y correcciones financieras (30), en concreto, datos desglosados por las distintas fases alcanzadas por los procedimientos de recuperación o corrección financiera («en curso», «confirmado» o «aplicado», véase el apartado 1.42), por ámbito de gasto, por período de programación cuando proceda y, en algunos casos, por Estado miembro.

1.38.

El Tribunal acoge con satisfacción esta información, aunque hace constar que en las cuentas definitivas hay que resolver insuficiencias en la presentación así como en la coherencia de los datos y los importes declarados por los Estados miembros en relación con la Cohesión y que la información presentada ha de interpretarse con prudencia (véanse asimismo los apartados 1.14 a 1.19, así como lo expuesto a continuación).

1.38.

1.39.

La recuperación de importes abonados incorrectamente a beneficiarios de los programas de gasto de la UE difiere considerablemente de otros tipos de corrección financiera en lo relativo a su incidencia y a sus fines, pues está destinada a corregir la recepción de importes por gastos irregulares: en principio deberán ser sus receptores quienes reembolsen estos importes, por lo que las recuperaciones pueden considerarse un mecanismo de corrección de errores (31).

1.39.

1.40.

Las correcciones financieras (incluida la liquidación del gasto agrícola), en cambio, se dirigen predominantemente a resolver insuficiencias detectadas en los sistemas de gestión. Su finalidad es retirar financiación de los Estados miembros o terceros países que no han garantizado la correcta aplicación de la reglamentación de la UE. Las repercusiones financieras de ese tipo de correcciones no recaen en los beneficiarios de un régimen de gasto mal aplicado sino en los contribuyentes nacionales. Las correcciones financieras contribuyen a la protección de los intereses financieros de la UE pero no deben considerarse, ni en teoría ni en la práctica, un mecanismo de corrección de pagos individuales abonados de forma indebida.

1.40.

Los Estados miembros deben recuperar de los beneficiarios los pagos incorrectos. La recuperación se consigue bien con la devolución de las cantidades de que se trate por parte del beneficiario o bien con una compensación respecto a los futuros pagos que se vayan a efectuar en el futuro al mismo beneficiario.

Cuando se detectan pagos indebidos a beneficiarios como resultado de controles de la UE, se exige a los Estados miembros que realicen su seguimiento mediante acciones de recuperación contra estos beneficiarios. Sin embargo, aun en los casos en que no se pueden realizar recuperaciones de los beneficiarios porque la corrección financiera solo afecta a deficiencias de los sistemas de gestión y control de los Estados miembros y no a pagos indebidos, estas correcciones constituyen un medio importante para mejorar los sistemas de los Estados miembros y, de este modo, prevenir o detectar los pagos irregulares a los beneficiarios y recuperar los importes.

El sistema de conformidad de la liquidación en el sector agrícola tiene por objeto excluir de la financiación de la UE los gastos que no se hayan efectuado de acuerdo con las normas de la Unión, pero no es un mecanismo con el que se recuperan los pagos irregulares a los beneficiarios, lo cual, según el principio de gestión compartida definido en el artículo 53 ter, apartado 2, letra c), del Reglamento financiero, y el artículo 9, apartado 1, letra a), inciso iii), del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros.

Por consiguiente, en opinión de la Comisión, determinadas correcciones financieras pueden considerarse mecanismos de corrección siempre que las cantidades de que se trate se recuperen del beneficiario final.

1.41.

Si bien la Comisión reconoce la diferencia entre recuperaciones y correcciones financieras en las notas a los estados financieros, la forma que adopta su presentación en otros documentos, como el informe de síntesis, no deja suficientemente clara todavía la distinción entre los dos mecanismos. Aunque en 2009 casi el 90 % de los importes confirmados (unos 2 900 millones de euros de un total de 3 319 millones de euros) y casi el 80 % de los importes ejecutados (unos 1 400 millones de euros de un total de 1 843 millones de euros) que fueron presentados por la Comisión se refieren a las correcciones financieras normalmente soportadas por los contribuyentes nacionales, los comentarios expuestos a veces parecen referirse a ellos, entera o parcialmente, como recuperaciones.

1.41.

Las cuentas anuales de la UE presentan de modo justo los importes de las correcciones financieras derivadas de la función supervisora de la Comisión.

Las cantidades presentadas como correcciones financieras indican que la Comisión ha adoptado medidas para proteger el presupuesto de la UE de pagos efectuados indebidamente. Las observaciones correspondientes tienen el propósito de aclarar el procedimiento que aplica la Comisión al respecto. Estos pagos acaban por ser recuperados de los beneficiarios mediante procedimientos de recuperación iniciados por los Estados miembros, puesto que redunda en su interés recuperar los fondos cuando es posible.

La Comisión remite asimismo a sus respuestas a los apartados 1.36 y 1.40.

1.42.

La Comisión presenta datos relativos a las tres principales etapas del proceso:

1.43.

La Comisión indica claramente que los datos sobre las distintas etapas de los mecanismos correctores en el grupo de políticas Cohesión se refieren tan solo a las recuperaciones y correcciones financieras que ella misma ha impuesto.

1.44.

En este sentido, se destaca que en el grupo de políticas Cohesión solo el 20 % de las correcciones confirmadas en 2009 (2 411 millones de euros) han sido aplicadas (476 millones de euros) en el mismo ejercicio. Si se añaden las correcciones pendientes de ejercicios anteriores, el importe total de las correcciones aún no efectuadas al término de 2009 se eleva a 2 332 millones de euros. Si los Estados miembros no presentan declaraciones de gastos adicionales en los próximos ejercicios, la aplicación de las correcciones pendientes tendrá lugar solo al cierre de los programas (32).

1.44.

Como señala correctamente el Tribunal, la realización de las correcciones financieras, basándose en los últimos ejercicios, se produce fundamentalmente al cierre del programa, cuando se ha alcanzado el límite reglamentario de los pagos intermedios. Además, las correcciones financieras confirmadas durante la vigencia de los programas pueden realizarse mediante solicitudes de pago posteriores. Por ello, es difícil establecer un vínculo directo entre los importes de las correcciones financieras confirmados en un determinado ejercicio y los importes recuperados ese mismo ejercicio.

En general, las correcciones financieras confirmadas durante la vigencia de los programas se realizan mediante solicitudes de pago posteriores. Dado que el límite de los pagos puede haberse alcanzado para la mayoría de los programas correspondientes al período 2000–2006, es inevitable que la deducción de los gastos no elegibles solo se refleje en los documentos de cierre, que deben ser presentados por los Estados miembros en 2010.

En cuanto la Comisión tenga pruebas de la realización de una corrección mediante la deducción del gasto no elegible tras una solicitud de pago al cierre, presentará la corrección financiera como realizada. En la nota 6 de las cuentas consolidadas se da información detallada sobre la realización de las correcciones financieras.

Aunque no todas las correcciones financieras individuales pueden rastrearse en el sistema contable de la Comisión, sino solo las que tienen un impacto financiero en términos de contribución de la UE, las correcciones financieras respecto a las que haya pruebas de realización durante 2010 se presentarán como realizadas en las cuentas de la Comisión de 2010.

Las cifras varían considerablemente entre programas y fondos, debido a la naturaleza o el volumen de las correcciones correspondientes.

1.45.

En principio, la existencia de información fiable sobre el efecto de los mecanismos correctores en el pasado permite estimar los efectos que tendrá probablemente la aplicación de estos mecanismos en el futuro. También a veces se ha sugerido equivocadamente que las recuperaciones y correcciones pueden compararse, e incluso compensarse, con las estimaciones de error efectuadas por el Tribunal.

1.45.

La Comisión ha confirmado en repetidas ocasiones que los programas plurianuales están sujetos a sistemas de control plurianuales y que muchos de los errores detectados por el Tribunal en un ejercicio concreto habrían sido, por regla general, detectados y corregidos por los sistemas de la Comisión en ejercicios posteriores. Ello se puede demostrar calculando los índices de error residuales en el momento del cierre de un programa, que en el pasado han resultado ser inferiores a los del período de ejecución.

La Comisión está de acuerdo en que no es obvio comparar los índices de error «DAS» del Tribunal de Cuentas, que proceden de un examen anual de las transacciones, con los índices de error calculados por ella.

1.46.

Ahora bien, no se dispone de información anual fiable sobre los efectos de los mecanismos correctores. Las notas a los estados financieros no muestran sistemáticamente como se relacionan los importes recuperados con ejercicios concretos, y en algunos casos se ha identificado y registrado en el ejercicio una acumulación de correcciones anteriores.

1.46.

Además, se pueden imponer correcciones a tanto alzado en casos en que se constatan deficiencias en los sistemas de control de los Estados miembros pero estos no las corrigen, sin guardar relación con ningún gasto irregular específico ni ejercicio concreto.

En consecuencia, no se puede establecer un vínculo directo entre una corrección financiera y el ejercicio en que se efectuó el gasto al que se refiere.

Los Fondos Estructurales se ejecutan en un marco plurianual. Si no se ha informado de una corrección financiera en el ejercicio N, se informará de ella en el ejercicio N+1, sin que ello afecte a la fiabilidad del procedimiento, cuyo principal objetivo es que se corrijan todos los pagos irregulares. Esta compensación entre ejercicios dentro del período de programación es necesaria para facilitar información exacta, transparente y completa sobre las correcciones financieras.

No obstante, en las notas de los estados financieros se presenta información sobre las correcciones financieras confirmadas y realizadas en un ejercicio concreto, así como también información acumulada.

Por el contrario, en el sector agrícola (FEAGA y Feader), las correcciones financieras están vinculadas a los gastos de un ejercicio financiero determinado y esta vinculación se presenta en cada decisión de conformidad adoptada por la Comisión.

1.47.

Además los ciclos de muchos mecanismos correctores pueden extenderse a gran número de ejercicios y las variaciones de los elementos que influyen en la capacidad correctora de muchos sistemas de control y supervisión (marco legal y organizativo o modalidades de los procedimientos de recuperación, así como tipo, dimensiones y duración de los proyectos, etc.), pueden afectar a la capacidad de estimar el impacto probable que tendrán en el futuro.

1.48.

Por último, es preciso recordar que los mecanismos correctores de la Comisión pueden abarcar otras correcciones financieras distintas a las recuperaciones (véanse los apartados 1.39 y 1.40).

1.48.

1.49.

La Comisión tomó disposiciones en 2009 para aumentar y mejorar la información que facilita sobre los mecanismos correctores aplicados al presupuesto de la UE, lo cual es un hecho positivo. Sin embargo, la información facilitada no es completamente fiable todavía, porque la Comisión no siempre recibe información fiable de los Estados miembros. Además, hay que examinar la necesidad de perfeccionar las instrucciones de elaboración de informes financieros sobre qué datos han de presentarse y como debe ser su tratamiento. Para algunos ámbitos de gasto, la Comisión no facilita información que permita conciliar el ejercicio en que se realiza el pago, el ejercicio en que se detecta el error y el año en que la corrección financiera se expone en las notas a las cuentas.

1.49.

Una conciliación de los pagos, los errores y las correcciones financieras realizadas como propone el Tribunal no puede efectuarse si el sistema de declaración de gastos es acumulativo a lo largo de un período plurianual o, en algunos casos, si hay correcciones de los sistemas (véase también la respuesta al apartado 1.50).

1.50.

La gran mayoría de las correcciones de valor está compuesta por las aplicadas a los Estados miembros o terceros países y no a beneficiarios individuales que recibieron fondos europeos indebidamente, cuando los errores detectados en las verificaciones del Tribunal consisten sobre todo en importes solicitados o recibidos por los beneficiarios de forma incorrecta. A la vista de estos hechos, el Tribunal ha llegado a la conclusión de que no es posible comparar válidamente sus propias estimaciones acerca de los porcentajes de error con los datos sobre correcciones financieras y recuperaciones facilitados por la Comisión.

1.50.

La mayor parte del presupuesto de la UE (alrededor del 80 %) se ejecuta en gestión compartida, conforme a la cual los Estados miembros tienen la responsabilidad principal de la regularidad del control declarado a la Comisión y, por tanto, de la detección y corrección de irregularidades. En este modo de gestión, la Comisión, por su parte, es responsable de que los sistemas implantados por las autoridades nacionales sean eficaces; si no lo son, puede imponer correcciones financieras. Por consiguiente, según el sistema de correcciones financieras establecido por la legislación aplicable, la Comisión recupera de los Estados miembros o realiza correcciones y estos, a su vez, recuperan del beneficiario el pago irregular. Sin embargo, si las correcciones financieras se refieren a deficiencias del sistema, en general se basan en índices fijos o extrapolados y no a errores detectados a nivel de los beneficiarios.

Por lo tanto, debe hacerse una distinción entre:

La Comisión está de acuerdo en que no es pertinente comparar los índices de error «DAS» del Tribunal, que, en virtud del Tratado, proceden de un examen anual de una muestra de las transacciones, con las cifras de las correcciones financieras. Debido a los diferentes tipos de correcciones financieras, como se ha indicado anteriormente, en el ámbito de la cohesión no se puede establecer un vínculo directo entre una corrección financiera y el ejercicio en que se efectuó el gasto a que se refiere. No obstante, el impacto de las correcciones financieras se puede determinar claramente si se calcula el índice de error residual al cierre del programa. Por ejemplo, la auditoría no estadística de cierre de la DG REGIO, realizada en una muestra de programas del FEDER del período 1994–1999 y que concluyó en enero de 2010, indicó que, al cierre, una vez efectuadas todas las correcciones de errores, se redujo sustancialmente el riesgo global de errores.

La Comisión garantiza la protección de los intereses financieros de la Unión aplicando sistemas y procedimientos de gestión y control tal y como se dispone en el Reglamento financiero y en los reglamentos sectoriales adoptados por el legislador a fin de evitar, detectar y corregir los errores que puedan perjudicar al presupuesto de la UE.

2.1.

El presente capítulo expone las observaciones específicas del Tribunal sobre los ingresos, que consisten en los recursos propios y otros ingresos. El cuadro 2.1 presenta información financiera clave sobre este ámbito. Los recursos propios constituyen, con diferencia, la principal fuente de financiación del gasto presupuestario (94,1 %).

2.2.

Existen tres categorías de recursos propios (1): recursos propios tradicionales (derechos aduaneros percibidos sobre las importaciones y canon sobre la producción de azúcar), recursos propios calculados sobre la base del impuesto sobre el valor añadido (IVA) recaudado por los Estados miembros, y los recursos propios derivados de la renta nacional bruta de los Estados miembros (RNB).

2.3.

Los recursos propios tradicionales son constatados y recaudados por los Estados miembros. Tres cuartas partes de estos importes son abonados a la Unión, mientras que la cuarta parte restante se destina a cubrir los costes de recaudación. Cada Estado miembro envía a la Comisión una declaración mensual de los derechos constatados (el estado de cuentas «A») y una declaración trimestral de los derechos constatados que no se incluyen en la primera (la contabilidad «B») (2).

2.4.

Los recursos propios basados en el IVA o en la RNB son contribuciones resultantes de la aplicación de tipos uniformes a las bases imponibles del IVA teóricamente armonizadas o a las RNB de los Estados miembros, calculadas con arreglo a la normativa europea.

2.5.

De conformidad con la Decisión 2007/436/CE, Euratom, algunos Estados miembros se benefician de un tipo de referencia del IVA reducido (3) y de una reducción bruta en su contribución anual basada en la RNB (4) para el período 2007-2013. Además, al Reino Unido se le concede una corrección de desequilibrios presupuestarios («la corrección del Reino Unido») que implica una reducción en sus pagos de recursos propios basados en la RNB.

2.6.

El recurso propio basado en la RNB se utiliza para equilibrar el presupuesto. Cualquier subestimación de la RNB de un Estado miembro en particular, aunque no afecta al recurso propio RNB global, tiene por efecto el incremento de las contribuciones de los demás Estados miembros hasta que se identifique y corrija el problema.

2.7.

El enfoque y metodología global de auditoría del Tribunal se describe en la parte 2 del anexo 1.1 . Para la fiscalización de los ingresos se verificó en la Comisión una muestra estadística de 62 órdenes de ingreso extraídas de los registros de la Comisión de todos los ingresos (véase el anexo 2.1).

2.8.

La auditoría efectuada por el Tribunal de las operaciones subyacentes a las cuentas no puede abarcar las importaciones no declaradas o las que han eludido la vigilancia aduanera.

2.9.

El Tribunal procedió a una evaluación de los sistemas de control y supervisión en tres Estados miembros (5) y examinó sus sistemas de contabilización de los recursos propios tradicionales. Asimismo, examinó el flujo de derechos desde su constatación hasta su declaración a la Comisión, a fin de obtener garantías razonables de la exactitud de los importes registrados. En los tres Estados miembros mencionados los auditores verificaron sendas muestras aleatorias de 30 declaraciones de importación.

2.10.

Con respecto a cinco recaudaciones de recursos propios tradicionales de la muestra mencionada en el apartado 2.7, el Tribunal cotejó las declaraciones mensuales seleccionadas con los registros contables correspondientes de los Estados miembros (6).

2.11.

El Tribunal evaluó los sistemas de control y supervisión en la Comisión, incluidas las inspecciones efectuadas por esta en los Estados miembros, y la función de supervisión del CCRP (7).

2.12.

El Tribunal tuvo en cuenta los resultados de su auditoría específica, efectuada en 2008 y 2009, de los procedimientos aduaneros simplificados aplicados a las importaciones en nueve Estados miembros (8).

2.13.

Los recursos propios basados en el IVA o en la RNB se basan en estadísticas macroeconómicas cuyas operaciones subyacentes no pueden auditarse directamente. Por este motivo, la auditoría tomó como punto de partida la recepción por la Comisión de los agregados macroeconómicos preparados por los Estados miembros y a continuación evaluó los sistemas de la Comisión de tratamiento de los datos hasta su inclusión en las cuentas definitivas. Así pues, el Tribunal examinó la elaboración del presupuesto anual y la exactitud de las contribuciones de los Estados miembros.

2.14.

La fiscalización también evaluó los sistemas de control y supervisión de la Comisión, concebidos para garantizar que estos recursos están correctamente calculados y recaudados, así como las funciones del CCRP y del comité RNB (9).

2.15.

Los resultados de la verificación de las operaciones se resumen en el anexo 2.1 .

2.16.

El Tribunal consideró que los estados enviados a la Comisión por los Estados miembros estaban en general exentos de errores significativos.

2.17.

El Tribunal concluyó que ni el cálculo de las contribuciones de los Estados miembros ni su pago contenían errores significativos. No obstante, en diciembre de 2009 la Comisión detectó un error en su cálculo de las estimaciones provisionales de la corrección del Reino Unido correspondientes a los ejercicios 2008 y 2009, que representaban una sobrestimación de 138 millones de euros y 458 millones de euros respectivamente. Puesto que la corrección del Reino Unido correspondiente al ejercicio 2008 se incluyó en el presupuesto de 2009, los Estados miembros que la financian efectuaron una contribución superior a la necesaria en 2009, que no se corregirá hasta que las estimaciones revisadas se incluyan en el presupuesto de ejercicios subsiguientes.

2.17.

2.18.

El Tribunal concluyó que las operaciones verificadas respecto de otros ingresos estaban exentas, en general, de errores significativos.

2.19.

Los resultados del examen de los sistemas se resumen en el anexo 2.2 .

2.20.

Como en ejercicios anteriores (10), el Tribunal señaló problemas en los procedimientos y sistemas que afectan a los importes incluidos en la contabilidad B y que deberían ser corregidos. En particular, consisten en retrasos en la recaudación de los derechos y en la puesta a disposición de los importes recaudados (11), y a la admisión en pérdida injustificada de derechos de aduana (12).

2.20.

2.21.

En dos de los Estados miembros (13) auditados, las autoridades nacionales no pudieron justificar plenamente los importes anotados en la contabilidad B porque no concordaban con la documentación correspondiente. Además, el Tribunal identificó diferencias similares en su conciliación de la contabilidad A (14).

2.21.

2.22.

La Comisión ha adoptado el criterio de que, en casos en que se decomisen mercancías introducidas ilegalmente en el territorio aduanero de la Unión, no existe la obligación de anotar en la contabilidad B las deudas aduaneras devengadas. En su sentencia de abril de 2009 (15), el Tribunal de Justicia considera que, para que se produzca la extinción de la deuda aduanera, tales decomisos deben tener lugar antes de que las mercancías pasen más allá de la primera aduana situada en dicho territorio. Así pues, en opinión del Tribunal las deudas devengadas por mercancías decomisadas posteriormente deben efectivamente ser contraídas.

2.22.

2.23.

Las visitas de inspección efectuadas por el Tribunal revelaron deficiencias en la supervisión de las aduanas nacionales, en particular por lo que respecta a la realización del análisis de riesgos con el fin de seleccionar operadores e importaciones que van a estar sometidos a controles aduaneros (16). Esta situación aumenta el riesgo de que pasen desapercibidas irregularidades que podrían dar lugar a una pérdida de recursos propios tradicionales.

2.23.

2.24.

Por otra parte, en su reciente informe especial (17) sobre los procedimientos aduaneros simplificados aplicados a las importaciones (18), el Tribunal observó insuficiencias de control significativas en todos los Estados miembros visitados y, en la mayor parte de ellos, una elevada frecuencia de error. Teniendo en cuenta que dichos Estados representan más de la mitad del total de la recaudación de recursos propios tradicionales y que alrededor de dos tercios del total de declaraciones de importación en la Unión Europea se efectúan mediante procedimientos simplificados, estas insuficiencias inciden en el funcionamiento de los sistemas de control y supervisión de los Estados miembros en el ámbito de los recursos propios tradicionales. Esto, a su vez, implica el riesgo de que se recauden importes incorrectos por este concepto.

2.24.

La Comisión ha actuado para ayudar a los Estados miembros en relación con los cambios en los procedimientos. Se han facilitado directrices pormenorizadas y formación sobre la mejor manera de aplicarlos. Los resultados se examinarán durante visitas de control que se realizarán en 2010 y 2011. Además, durante 2009 y 2010, la Comisión ha llevado a cabo inspecciones específicas en cada Estado miembro de sus estrategias de control aduanero. A partir de estas inspecciones y las observaciones de la auditoría del Tribunal, la Comisión ya ha pedido que se tomen medidas correctoras. A lo largo de 2010 preparará un informe temático sobre la estrategia de control aduanero en los Estados miembros en el que incorporarán las conclusiones del Tribunal y las de la Comisión. Se tratará este tema con los Estados miembros en el CCRP con el objetivo de investigar mejoras en este ámbito.

2.25.

El IVA efectivamente recaudado en los Estados miembros es el punto de partida para calcular el importe de recursos propios basados en el IVA (19). Un estudio realizado para cuantificar el déficit recaudatorio de IVA en los Estados miembros de la UE-25 (excepto Chipre) (20), publicado por la Comisión en septiembre de 2009, estima que la diferencia entre los ingresos acumulados por IVA y la cuota del IVA teórico neto es de un promedio del 13 % en el período 2004-2006. En el caso de los Estados miembros cuya base de IVA no está nivelada (21), si se eliminara esta diferencia, aumentaría su contribución al presupuesto de la UE basada en IVA. Ello reduciría las contribuciones basadas en la RNB, aunque con distinta incidencia entre los Estados miembros.

2.25.

2.26.

Las reservas son un mecanismo utilizado por la Comisión para mantener sujetos a corrección los puntos dudosos de las declaraciones del IVA presentadas por los Estados miembros una vez transcurrido el plazo reglamentario de cuatro años. En 2009 se formularon 67 reservas y se suprimieron 63, ascendiendo a 167 el total de reservas establecidas al final del ejercicio (véase el cuadro 2.2 ). Aunque el Tribunal observó mejoras en la supresión de reservas pendientes de larga duración relativas al IVA, al final de 2009 aún quedaban 20 referidas a ejercicios anteriores a 2000, frente a las 34 pendientes al final de 2008.

2.26.

2.27.

En su informe sobre las estadísticas relativas al déficit y al endeudamiento públicos de Grecia (22) al Consejo (Ecofin), la Comisión cuestionó la calidad de las estadísticas macroeconómicas griegas, incluidas la cuentas nacionales. La Comisión y el Consejo plantearon dudas sobre la eficacia del funcionamiento de los sistemas de control y supervisión del servicio estadístico nacional de Grecia, que también elabora los datos RNB para el cálculo de recursos propios.

2.27.

Grecia ha comenzado a abordar las cuestiones planteadas en el informe de la Comisión de 8 de enero de 2010, con la adopción de una nueva ley sobre el sistema estadístico griego, incluida la creación de una nueva autoridad estadística (ELSTAT) para garantizar la independencia e integridad de las estadísticas.

2.28.

En sus anteriores Informes Anuales (23), el Tribunal expresaba la opinión de que las diferencias en los sistemas de control y supervisión de los institutos nacionales de estadística (INE) de los Estados miembros podrían debilitar la comparabilidad, la fiabilidad y la exhaustividad de las cuentas nacionales. Eurostat todavía no ha completado su evaluación de los sistemas de control y supervisión en los INE ni ha adoptado aún orientaciones sobre la aplicación de dichos sistemas en los Estados miembros.

2.28.

2.29.

Al final de 2009 existían reservas generales (24) sobre los datos RNB de los Estados miembros de la UE-15 respecto del período 2002 a 2006, y de los Estados miembros de la UE-10 respecto del período 2004 a 2006, hasta la finalización del análisis de los inventarios RNB nuevos o actualizados.

2.30.

Al inicio de 2009 había abiertas diez reservas específicas (25) relativas a la RNB correspondientes al período 1995 a 2001. Durante 2009 la Comisión suprimió seis reservas relativas a Grecia, dejando un saldo de cuatro (26) al final del ejercicio.

2.30.

2.31.

En 2009 la Comisión (Eurostat) efectuó visitas a 16 Estados miembros a fin de proceder a la verificación directa de los inventarios RNB (27). No obstante, esta acción se limitó a un número muy reducido de componentes de la RNB de dichos Estados.

2.31.

2.32.

Los resultados del examen de las tomas de posición de la Comisión se resumen en el anexo 2.3 . El Tribunal llama la atención sobre su reciente Informe Especial sobre procedimientos aduaneros simplificados detallado en el apartado 2.24. La Comisión deberá tener en cuenta las conclusiones de dicho Informe junto con el seguimiento dado a sus propios resultados de las inspecciones de los procedimientos y la estrategia de control de los Estados miembros en su Informe Anual de 2010.

2.32.

2.33.

Basándose en su trabajo de auditoría, el Tribunal llega a la siguiente conclusión:

del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2009 no contienen errores materiales.

2.34.

Basándose en su trabajo de fiscalización, el Tribunal considera que los sistemas de control y supervisión son eficaces para garantizar la regularidad de los ingresos. No obstante, llama la atención sobre las insuficiencias, que, ayunque no resultan significativas para la eficiencia de los sistemas en su conjunto, requieren acciones que se exponen a continuación.

2.35.

Los controles del Tribunal siguen poniendo de manifiesto problemas con la utilización de la contabilidad B, por lo que recomienda que la Comisión prosiga sus esfuerzos para asegurar su utilización correcta, en particular con respecto a la constatación y puesta a disposición a su debido tiempo de los derechos de aduana (véase el apartado 2.20).

2.35.

2.36.

Debido a las debilidades identificadas en la fiscalización específica realizada por el Tribunal sobre la eficacia de los controles de los procedimientos simplificados, así como en sus otros trabajos de auditoría en 2009, el Tribunal llega a la conclusión de que los sistemas de control y supervisión de los Estados miembros en el ámbito de los recursos propios tradicionales solo son parcialmente eficaces para garantizar que los derechos de aduana registrados son completos y correctos (véanse los apartados 2.23 y 2.24).

2.36.

2.37.

Aún existen reservas pendientes de larga duración. La Comisión debería continuar instando a los Estados miembros a que presenten en breve la información adecuada que permita suprimir dichas reservas cuanto antes y efectuar las correcciones necesarias en las bases del IVA de los Estados miembros (véase el apartado 2.26).

2.37.

2.38.

La Comisión todavía no ha preparado informes de evaluación sobre la RNB de los Estados miembros ni ha formulado reservas específicas sobre el período iniciado en 2002 hasta la fecha. A tal efecto, deberá completar su verificación de los inventarios RNB en los Estados miembros, teniendo en cuenta su evaluación de los sistemas de control y supervisión en los INE para la elaboración de las cuentas nacionales (véanse los apartados 2.28 y 2.31). La Comisión también debería aclarar el alcance de la opinión que emite en su evaluación de los datos RNB de los Estados miembros (véase el apartado 2.31).

2.38.

2.39.

El anexo 2.4 presenta el seguimiento de observaciones anteriores.

3.1.

El presente capítulo expone las observaciones específicas del Tribunal sobre el grupo de políticas de Agricultura y Recursos naturales, que abarca los ámbitos políticos 05-Agricultura y Desarrollo rural, 07-Medio ambiente, 11-Asuntos marítimos y Pesca, y 17-Salud y Protección del consumidor. El cuadro 3.1 presenta información clave sobre las actividades abarcadas y los gastos efectuados en 2009.

3.2.

De conformidad con el Tratado, la Comisión asume la responsabilidad general de la ejecución del presupuesto de la UE. La práctica totalidad del gasto de agricultura y desarrollo rural se efectúa en régimen de gestión compartida, delegándose las tareas de ejecución a los Estados miembros. En los demás ámbitos, los créditos presupuestarios se utilizan en régimen de gestión directa de la Comisión, salvo el Fondo Europeo de Pesca que se gestiona de forma compartida a partir de programas plurianuales.

3.3.

Los objetivos (1) de la política agrícola común, según establece el Tratado, consisten en incrementar la productividad agrícola, garantizando así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, estabilizar los mercados, garantizar la seguridad de los abastecimientos y asegurar al consumidor suministros a precios razonables.

3.4.

El presupuesto de la UE financia el gasto de la política agrícola común básicamente a través de dos fondos (2): el Fondo Europeo Agrícola de Garantía (en lo sucesivo, «el FEAGA»), que financia plenamente la ayuda directa y las medidas de mercado de la UE (3), tal como se explica a continuación, y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (en lo sucesivo, «el Feader»), que cofinancia en diferentes proporciones los programas de desarrollo rural.

3.5.

Las principales medidas financiadas por el FEAGA son:

—

Intervenciones en mercados agrícolas: la principales medidas son la intervención, el almacenamiento y los reembolsos por exportación y otras medidas como el apoyo específico al sector vitivinícola, al de frutas y hortalizas y a los programas de alimentos (que ascienden en total a 3 988 millones de euros), así como al Fondo de reestructuración del azúcar (3 018 millones de euros).

—

Los pagos con cargo al Fondo de Reestructuración del Azúcar fueron financiados con las contribuciones de productores titulares de cuotas, que son ingresos asignados al Feaga.

3.6.

El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) cofinancia el gasto en desarrollo rural, que cubre un gran número de medidas, como los regímenes agroambientales, los importes compensatorios para la agricultura en zonas desfavorecidas, las inversiones en tierras agrícolas y las infraestructuras en zonas rurales (8 992 millones de euros) (7). En 2009, dentro del contexto del denominado «chequeo médico» de la PAC (8) y el Plan europeo de recuperación económica (9), se han canalizado fondos adicionales a través del desarrollo rural para financiar prioridades como la infraestructura de Internet de banda ancha, el cambio climático, las energías renovables, la gestión de los recursos hídricos, la biodiversidad y las medidas de acompañamiento de la reestructuración del sector de los productos lácteos. No obstante, para este último tipo de medidas no se ha incurrido en ningún gasto durante 2009.

3.6.

La cifra de 8 992 millones de euros se refiere a créditos de pago de los capítulos 0504 y 0505, que incluye:

3.7.

En todos los FEAGA, los regímenes de ayuda directa contemplados por el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo (10) y determinados regímenes de ayuda del Feader, los beneficiarios de la ayuda de la UE tienen que cumplir requisitos de «condicionalidad». Estos requisitos se refieren a la protección del medio ambiente, a la salud pública, animal y vegetal, al bienestar animal (requisitos legales de gestión) y al mantenimiento de las tierras en buenas condiciones agrarias y ambientales (11). La legislación de la UE prevé que cuando se detecte el incumplimiento de dichos requisitos, deberá aplicarse una reducción o exclusión (12) de la cuantía total de pagos directos realizados con respecto a las solicitudes presentadas en el transcurso del año natural de la detección. La comprobación por el Tribunal de Cuentas de los pagos a los agricultores incluye solamente un número limitado de requisitos de condicionalidad (véase el apartado 3.17, tercer guión). Cuando se detectan infracciones, se califican de errores no cuantificables y, por consiguiente, no se incluyen en el cálculo de la tasa de errores.

3.8.

Solamente los agricultores tienen derecho a la ayuda por superficie de la UE. Por agricultor se entiende una persona que lleva a cabo una actividad agraria. Una actividad agraria se define como la producción, la cría o el cultivo de productos agrarios, con inclusión de la cosecha, el ordeño, la cría de animales y el mantenimiento de animales a efectos agrícolas, o el mantenimiento de la tierra en buenas condiciones agrarias y ambientales (13). De conformidad con las medidas pertinentes de la UE, si el solicitante no desempeña ninguna otra actividad agrícola, el mantenimiento de la tierra en buenas condiciones agrarias y ambientales constituye la actividad agrícola mínima exigida al solicitante para tener derecho a la ayuda.

3.9.

El gasto en el marco de ambos fondos se canaliza a través de unos 80 organismos pagadores nacionales o regionales. Antes de que estos organismos pagadores puedan solicitar algún gasto con cargo al presupuesto de la UE, tienen que estar homologados sobre la base de criterios establecidos por la Comisión. Estos organismos pagadores desembolsan los pagos a los beneficiarios, pero antes de hacerlo tienen que cerciorarse personalmente, de forma directa o por medio de organismos delegados, de la admisibilidad de las solicitudes de ayuda. Las cuentas y los pagos de los organismos pagadores son inspeccionados por entidades de auditoría independientes (organismos de certificación) que informan a la Comisión en el mes de febrero del año siguiente.

3.9.

3.10.

La política de la Unión en materia de medio ambiente deberá contribuir a proteger y mejorar la calidad del medio ambiente, la salud humana y la utilización racional de los recursos naturales, incluso a escala internacional. El instrumento financiero para el medio ambiente (LIFE) (14) es el principal instrumento financiero que representa la contribución de la UE a proyectos en los Estados miembros a favor de la naturaleza y la biodiversidad, así como la política ambiental, la gobernanza, la información y la comunicación.

3.11.

El Fondo Europeo de Pesca (15) es el principal instrumento del ámbito político de Asuntos marítimos y Pesca. La política pesquera común persigue los mismos objetivos que la política agrícola común (véase el apartado 3.3).

3.12.

En cuanto a Salud y Protección del consumidor, la UE contribuye, por una parte, a la protección humana, animal y vegetal y, por otra, al bienestar del consumidor.

3.13.

Para el FEAGA, el gasto se compone principalmente del reembolso de subvenciones abonadas a los agricultores y otros beneficiarios por los Estados miembros.

3.14.

En el caso del Feader y el FEP, se pagó un anticipo correspondiente al 7 % de la contribución de la UE a cada programa tras la aprobación del programa por la Comisión (16). En 2009, los pagos con cargo al Feader solamente se referían a pagos intermedios, mientras que los efectuados con cargo al FEP también incluían anticipos.

3.15.

Los pagos para Salud y Protección del consumidor no incluyen anticipos; el reembolso a los Estados miembros se efectúa sobre la base de sus gastos declarados. En el caso de Medio Ambiente está prevista una prefinanciación de hasta el 40 % de la contribución de la UE a un proyecto LIFE, fijada en el acuerdo de concesión.

3.16.

En el ámbito del Feader se anularon créditos presupuestarios por importe de 1 650 millones a finales de 2009 (17) principalmente como consecuencia del recorte de gastos de los Estados miembros debido a las dificultades para aportar la cofinanciación nacional y, en el caso de Rumanía y Bulgaria, a la falta de experiencia en la ejecución de programas de desarrollo rural (18).

3.16.

3.17.

El enfoque y la metodología globales de la auditoría del Tribunal de Cuentas están descritos en la parte 2 del anexo 1.1 . En cuanto a la auditoría del grupo de políticas de Agricultura y Recursos naturales, conviene señalar los siguientes puntos específicos:

3.18.

Los resultados de los exámenes de las transacciones están recogidos en el anexo 3.1 . Sobre esta base, la estimación del Tribunal de la tasa de error más probable para Agricultura y Recursos naturales se sitúa entre el 2 % y el 5 %.

3.18.

Por otra parte el riesgo para el presupuesto de la UE está cubierto adecuadamente por el procedimiento de liquidación de conformidad.

3.19.

En 2009, de un total de 241 operaciones examinadas, 66 (el 27 %) (20) contenían algún error. 42 (el 64 %) (21) de estas operaciones presentaban errores cuantificables que afectaban principalmente la admisibilidad y la exactitud. A continuación se presentan algunos ejemplos de los tipos de error.

3.20.

En el FEAGA, de un total de 148 operaciones examinadas, 35 (el 24 %) (22) contenían algún error. 24 (el 69 %) de estas operaciones presentaban errores cuantificables. Con respecto al gasto en Desarrollo rural, de un total de 80 operaciones seleccionadas, 25 (el 31 %) presentaban algún error. 16 (el 64 %) de estas operaciones estaban afectadas por errores cuantificables.

3.20.

3.21.

Ejemplos de errores de admisibilidad encontrados por el Tribunal:

—

un contrato de alquiler de 57 hectáreas de los pastizales mencionados,

—

un contrato de respaldo mutuo por el que volvía a ceder los derechos de pastoreo al arrendador.

3.22.

La mayoría de los errores cuantificables eran errores de exactitud (87 % en el FEAGA y 81 % en Desarrollo rural) y además, la mayoría de los errores de exactitud eran declaraciones excesivas de tierra admisible. Otros ejemplos de errores de exactitud encontrados por el Tribunal son los siguientes:

3.23.

Por lo que se refiere a los errores no cuantificables, el Tribunal de Cuentas detectó, por ejemplo, en el FEAGA, que las parcelas no estaban identificadas claramente en la solicitud, que los pagos se realizaban después del plazo límite legal y que no estaba especificada la fecha en la que los solicitantes han de tener el uso exclusivo de la parcela en cuestión. En el Feader, el Tribunal de Cuentas registró un caso en el que no se cumplían plenamente determinadas condiciones aplicables a una ayuda abonada para agricultura ecológica.

3.23.

3.24.

Por lo que respecta a Medio ambiente, Asuntos marítimos y Pesca, y Salud y Protección del consumidor, de un total de 13 operaciones examinadas, 6 (el 46 %) presentaban errores y 2 (el 33 %) de estas operaciones contenían errores cuantificables.

3.24.

Por lo que se refiere a una operación en el sector de Asuntos Marítimos y Pesca, el cálculo de la Comisión del pago provisional se atenía correctamente a las normas aplicables al cálculo de tales pagos, como establece el artículo 76 del Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo, que no permite a la Comisión utilizar discrecionalmente un método diferente de cálculo.

3.25.

En lo tocante al Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP), el Tribunal de Cuentas detectó casos de proyectos finalizados fuera del plazo de admisibilidad.

3.25.

3.26.

El Tribunal de Cuentas también encontró errores no cuantificables:

3.27.

El principal sistema de control para garantizar la regularidad de las operaciones es el sistema integrado de gestión y control (SIGC) (25).

3.28.

El SIGC se compone, en cada Estado miembro, de bases de datos de explotaciones, solicitudes, parcelas agrarias y, en aquellos casos en los que los pagos todavía están ligados al número de animales, una base de datos de animales, así como de un registro de derechos en aquellos Estados miembros que apliquen el RPU. El sistema prevé distintos controles de admisibilidad: una comprobación administrativa de todas las peticiones, comprobaciones cruzadas con bases de datos para evitar que un mismo terreno o un mismo animal sea declarado dos veces, y una proporción mínima del 5 % de inspecciones sobre el terreno que deben realizar los organismos pagadores.

3.29.

El SIGC cubre el RPU, el RPUS y todos los regímenes de ayuda vinculados a la tierra, así como los regímenes de primas por animal. En el caso de Feader, y sobre todo para zonas agroambientales y desfavorecidas, la verificación de determinados elementos clave, como la superficie y el número de animales, se realiza por medio del SIGC, mientras que otros requisitos se rigen por controles concebidos específicamente (26).

3.30.

El Tribunal de Cuentas evaluó ocho SIGC en el contexto del FEAGA, y ocho sistemas de control específicos en el contexto del Feader (véase el apartado 3.17).

3.31.

La auditoría del Tribunal abarcó el cumplimiento de las disposiciones de los reglamentos aplicables, así como una evaluación de la eficacia de los sistemas para garantizar la regularidad de las operaciones. Se examinaron los elementos siguientes:

I)

procedimientos y controles administrativos para garantizar el pago correcto, incluida la calidad de las bases de datos,

II)

sistemas de control basados en comprobaciones sobre el terreno,

III)

sistemas para garantizar la ejecución y el control de la condicionalidad.

III)

3.32.

Aunque el SICG es un sistema en principio bien concebido, las auditorías anuales de los SIGC realizadas por el Tribunal en los últimos años muestran que la eficacia del SIGC se ve adversamente afectada por la inexactitud de los datos que figuran en las bases de datos, a los cruces de datos incompletos o al seguimiento incorrecto o incompleto de las anomalías. Con respecto a los ejercicios financieros 2006-2008, el Tribunal de Cuentas examinó el funcionamiento de los SIGC con respecto al RPU y al RPUS en 20 organismos pagadores de 17 Estados miembros, recogiendo los resultados en sus informes anuales. En un organismo pagador se consideró eficaz el SIGC, siendo parcialmente eficaz en 12 casos e identificándose deficiencias notables en 7 de ellos, lo que llevó al Tribunal de Cuentas a concluir que el sistema era ineficaz.

3.33.

En su auditoría de 2009 de ocho organismos pagadores, el Tribunal encontró que los sistemas eran eficaces en lo tocante a la garantía de regularidad de los pagos en un único organismo, parcialmente eficaces en cuatro de ellos e ineficaces en los tres restantes (Grecia, Chipre y Malta).

3.32-3.33.

La eficacia y la mejora constante del SIGC es confirmada por los resultados de las auditorías de conformidad que la Comisión ha llevado a cabo durante los últimos años en todos los Estados miembros, excepto Luxemburgo, así como por el bajo índice de error indicado en las estadísticas de control que recibe de los Estados miembros y que son verificadas y validadas por los organismos de certificación. Este bajo índice de error es conforme también con el del propio Tribunal en su Informe Anual de 2008.

La Comisión encontró que, en el caso de las solicitudes del año 2008, existieron deficiencias significativas en el SIGC en Bulgaria y Rumanía. Como consecuencia de ello, estos dos Estados miembros establecieron planes de acción en 2009, los cuales fueron estrechamente seguidos por la Comisión.

Otros Estados miembros tienen deficiencias menores en su respectivo SIGC, las cuales, aunque no provocan la ineficacia de sus sistemas, son, sin embargo, perfectibles, por lo que se han adoptado o se están adoptando medidas.

Todas estas deficiencias son controladas a través de los procedimientos de liquidación de conformidad, que garantizan que quede cubierto adecuadamente el riesgo para el presupuesto de la UE.

3.34.

Por lo que se refiere a los ocho sistemas de control y supervisión auditados en el ámbito de Desarrollo rural, el Tribunal observó que tres de los sistemas de control implantados eran eficaces y que cinco de ellos solamente eran parcialmente eficaces a la hora de garantizar la regularidad de los pagos.

3.34.

El sistema de control de los demás Estados miembros auditados por la Comisión en 2009 se consideró efectivo. Sin embargo, existe un margen de mejora de los elementos siguientes:

3.35.

Las principales constataciones de la auditoría del Tribunal se esbozan en los apartados siguientes. Los resultados del examen de los sistemas se resumen en el anexo 3.2 .

3.36.

Deben realizarse comprobaciones administrativas de todas las solicitudes de ayuda y declaraciones de gastos que abarquen todos los elementos posibles y controlables por medios administrativos (27). Los controles administrativos tienen que incluir cruces de datos, siempre que sea posible y procedente, con datos procedentes de las bases de datos de los SIGC, entre otros. La auditoría del Tribunal de Cuentas verificó que las bases de datos estuvieran completas y fueran fiables, así como la idoneidad de los controles para identificar anomalías y adoptar acciones correctivas. A continuación se presentan las deficiencias más importantes detectadas.

3.37.

El Sistema de Identificación de Parcelas Agrícolas (SIP) es una base de datos en la que está registrado todo el terreno agrario (parcelas de referencia) del Estado miembro. El Tribunal detectó deficiencias notables del SIP en tres Estados miembros que afectaban a la eficacia de los controles cruzados administrativos, como se muestra a continuación:

Ejemplos

La tecnología SIP-SIG es obligatoria desde 2005. En Grecia, hasta el año de solicitud de 2008 inclusive, el SIP-SIG no contenía ninguna información gráfica (ortofotografías) que mostrara la superficie real admisible de las parcelas de referencia registradas. En diciembre de 2009 el SIP-SIG todavía no era plenamente operativo para llevar a cabo los controles cruzados necesarios.

En Lituania el Tribunal constató que las autoridades no habían suprimido los aspectos inadmisibles de una superficie total de 13 700 ha de la superficie admisible de parcelas, registrada como admisible al 100 % en el SIP.

En Chipre se tomaron y analizaron nuevas ortofotografías en 2008. El análisis reveló que más de 39 000 parcelas de referencia estaban afectadas por cambios del uso de las tierras y, en consecuencia, la zona admisible para la ayuda RPUS disminuyó en más de 7 000 ha (lo que equivale a un 5 % del terreno agrícola). Aunque disponían de información actualizada, las autoridades chipriotas decidieron basar los pagos para el año de solicitud de 2008 en las ortofotografías obsoletas de 2003.

3.37.

La Comisión admite que hubo problemas con el SIGC griego en el año 2008. Sin embargo, el riesgo financiero del pasado está cubierto por la liquidación de conformidad, mediante la cual hasta ahora se han excluido o se están excluyendo unos 866 millones de euros de la financiación de la UE.

El SIGPA-SIG pudo utilizarse, de conformidad con el plan de acción, a 31 de diciembre de 2008 y su instalación se efectuó antes de que comenzara el período de solicitudes de 2009. El problema en 2009 fue causado por la tardía digitalización de parcelas por los agricultores, habiéndose tomado entretanto medidas para rectificar la situación por la fijación de una fecha límite para la digitalización.

La Comisión está haciendo un seguimiento de las deficiencias que han existido en el SIGPA-SIG lituano desde 2005 a través de procedimientos de liquidación de conformidad. Sin embargo, las autoridades lituanas informaron entretanto a la Comisión de que se habían aplicado medidas correctivas en el SIGPA-SIG en diciembre de 2009.

La Comisión ha seguido las deficiencias en el SIGPA-SIG de Chipre desde 2005. A consecuencia de las misiones llevadas a cabo, Chipre tomó medidas correctoras tendentes a que el sistema sea efectivo a partir de 2009. El seguimiento de esta situación se efectúa con arreglo al procedimiento de liquidación de conformidad.

3.38.

El Tribunal observó en dos Estados miembros (Italia, España) que las ortofotografías más recientes disponibles no se utilizaron para fijar el techo de las zonas admisibles a efectos del cálculo de los pagos.

Ejemplos

En Italia (Emilia-Romaña) y España (País Vasco), la tasa de admisibilidad para terrenos de pastos pobres no está basada en la información más reciente disponible (ortofotografías o inspección sobre el terreno), sino en lo declarado por el agricultor antes de que se introdujera el RPU. En los casos examinados se permitió tanto a los agricultores italianos como a los españoles declarar la tasa de admisibilidad históricamente más alta para terrenos de pastos pobres, que en las ortofotografías más recientes aparecen con tasas de admisibilidad notablemente más bajas. Las diferencias se han traducido en una concesión de ayuda para una superficie significativamente superior a la superficie real.

3.38.

Los Estados miembros están obligados a recuperar cualquier cantidad de años anteriores si se detectan posteriormente declaraciones excesivas a consecuencia de ortofotografías actualizadas. En los casos en que la Comisión considera que un Estado miembro no es suficientemente diligente en la protección del presupuesto de la UE, efectúa un seguimiento de la situación con arreglo al procedimiento de liquidación de conformidad.

Italia está concluyendo una total renovación de su SIGPA. Ello implica que las nuevas ortofotografías cubrirán todo el país, que se renovarán las imágenes cada tres años y que se evaluarán sistemáticamente las parcelas de referencia, incluidas visitas de campo en caso necesario. Las declaraciones consideradas excesivas tras la renovación están siendo objeto de recuperación. La Comisión considera que este planteamiento es un paso adelante importante.

Por lo que se refiere a España, el Tribunal consideró las ortofotografías que todavía no se habían tratado. Estas ortofotografías se pusieron a disposición de los agricultores a efectos de presentación de sus solicitudes en el año 2008.

La Comisión sigue activamente las medidas tomadas para rectificar las declaraciones excesivas ya efectuadas.

3.39.

El Tribunal ha observado en varios Estados miembros (Chipre, Grecia, Italia, Eslovaquia y Lituania) que la base de datos de solicitudes no permitía identificar la naturaleza ni la fecha de las modificaciones o correcciones efectuadas. En ausencia de una pista de auditoría fiable, el Tribunal de Cuentas no puede evaluar la correcta aplicación de las sanciones de la UE.

Ejemplos

En Grecia, el grueso de los controles cruzados administrativos y de las necesarias correcciones de los datos de las declaraciones se realiza conforme a un procedimiento que no deja pista de auditoría y no se traduce en la aplicación de sanciones. En Chipre aparecían datos contradictorios con respecto a las fechas y el contenido de las modificaciones de las declaraciones entre aquellas que se presentaron en papel y las que figuraban en la base de datos.

3.39.

Se ha recordado a los Estados miembros en el Comité del Fondo Agrícola que aseguren una pista de auditoría completa en sus aplicaciones informáticas.

3.40.

Contar con una base de datos de derechos fiable constituye un requisito indispensable para que los pagos RPU sean correctos. Los Estados miembros también tienen la obligación de respetar los topes máximos nacionales globales tanto del RPU como del RPUS. El Tribunal de Cuentas detectó una superación del límite máximo (Chipre) aunque no afectaba al presupuesto de la UE, y una asignación indebida de derechos (Malta).

3.41.

Por lo que respecta al carácter correcto de los pagos, el Tribunal detectó deficiencias notables en un Estado miembro que se tradujeron en casos de bosques calificados de pastos permanentes (Grecia). Además, Grecia sigue permitiendo que la superficie declarada supere la extensión admisible de la parcela referenciada según está registrada en el SIP mediante la aplicación de un margen de tolerancia del 5 % no previsto en el Reglamento. Esta observación ya fue formulada por el Tribunal en 2005. Además, el Tribunal detectó casos de pagos a beneficiarios realizados sin que se hubieran resuelto anomalías conocidas (Italia) y sin cruzar los datos de la superficie declarada con los de la superficie admisible registrada en el SIP (España); por otra parte, se observaron ejemplos de cálculo incorrecto sistemático de la ayuda y de aplicación insuficiente de penalizaciones de superficie y de presentación de solicitudes fuera de plazo.

3.41.

Las autoridades españolas confirman que en las solicitudes del año 2008 el SIGPA-SIG se utilizó efectivamente solo en parte de los controles cruzados, pero a partir de las solicitudes del año 2009 esta situación se ha solucionado.

3.42.

Las comprobaciones administrativas afectan a la corrección de las declaraciones realizadas por el solicitante y el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad para la concesión de la ayuda (28). Estos controles incluyen el cruce con datos de que ya dispone la administración, por ejemplo en las bases de datos SIGC.

3.43.

La auditoría detectó errores en la determinación del tipo de cambio utilizado para convertir a euros las cantidades de ayuda pagada en monedas nacionales (Reino Unido, República Checa), y deficiencias en el cálculo de las reducciones de la ayuda a raíz de las comprobaciones sobre el terreno [Alemania (Baviera)]. También se hallaron deficiencias en las comprobaciones técnicas sobre la reducción de la contaminación con nitratos (Grecia) y el cumplimiento de una condición específica de admisibilidad, como la idoneidad de la maquinaria agrícola correspondiente a la tierra cultivada (Bulgaria).

3.43.

La observación del Tribunal relativa a Alemania (Baviera) no afecta al presupuesto de la UE porque se calculó correctamente la reducción de la parte de la ayuda pagada con cargo al presupuesto de la UE.

La deficiencia encontrada por el Tribunal en Bulgaria se sigue a través de un procedimiento de liquidación de conformidad.

3.44.

Los Estados miembros tienen que efectuar, cada año, comprobaciones sobre el terreno que abarquen para la mayoría de los regímenes de ayuda al menos al 5 % de todos los beneficiarios (29). La auditoría del Tribunal de Cuentas se centró en la idoneidad de los procedimientos de análisis de riesgos para la selección de los beneficiarios que habrían de ser objeto de controles, la calidad de los mismos y la idoneidad de las correcciones realizadas. La auditoría del Tribunal reveló deficiencias específicas en los controles sobre el terreno.

3.45.

En el FEAGA, el Tribunal detectó casos de aplicación incorrecta de tolerancias de medición (Malta, Italia), calidad inapropiada y cobertura insuficiente de las inspecciones sobre el terreno (Grecia).

3.45.

3.46.

En el Feader, el Tribunal encontró deficiencias referentes a la precisión y la integridad de los informes de control [Alemania (Baviera), Rumanía], la evaluación global de los resultados de los controles (Bulgaria) y el cumplimiento de los plazos para informar a la Comisión sobre los controles realizados [Alemania (Baviera), Francia].

3.46.

3.47.

Los requisitos de condicionalidad consisten en requisitos legales de gestión y normas sobre buenas condiciones agrarias y ambientales (véase el apartado 3.6). Mientras que los requisitos legales de gestión están especificados en diversas Directivas y Reglamentos de la UE, las normas de buenas condiciones agrarias y ambientales deben definirse a escala nacional.

3.48.

El Tribunal de Cuentas detectó insuficiencias en la definición de los requisitos para mantener la tierra en buenas condiciones agrarias y ambientales y el control de estas condiciones.

3.48.

3.49.

Durante sus visitas sobre el terreno, el Tribunal observó, sobre la base de la auditoría limitada (véase el apartado 3.17, tercer guión), infracciones de la condicionalidad en cerca del 5 % de los pagos sujetos a obligaciones de condicionalidad. Las infracciones detectadas se referían tanto a los requisitos legales de gestión (contaminación de aguas subterráneas, registro de animales, bienestar animal, uso inadecuado de productos para la protección de las plantas), y buenas condiciones agrarias y ambientales (invasión por vegetación no deseada).

3.49.

3.50.

El 50 % de cualquier pago improcedente que los Estados miembros no hayan recuperado de los beneficiarios en el plazo de cuatro años, o de ocho años en caso de procesos legales, será imputado automáticamente al presupuesto nacional (30) (la denominada regla 50/50) (31). Los Estados miembros están obligados a proseguir sus procedimientos de recuperación. En 2009 se aplicó la regla 50/50 (32), por lo que quedaron liquidados importes no recuperados de 2000 o 2004 (ocho y cuatro años de antigüedad, respectivamente): 31,4 millones de euros se imputaron a los Estados miembros, mientras que 20,1 millones se pagaron con cargo al presupuesto de la UE.

3.50.

3.51.

En su informe de actividad anual de 2009 (33), la DG AGRI declara haber alcanzado a finales del ejercicio 2009 una tasa global de recuperación del 42 % de los 1 266 millones de euros pendientes al final del ejercicio presupuestario 2006. Según la Comisión, durante el período 2007-2009, los Estados miembros recuperaron 121 millones de euros directamente de los beneficiarios, y la Comisión recuperó otros 411 millones de euros recuperados a su vez por los Estados miembros aplicando la regla 50/50. El Tribunal señala que los 121 millones de euros recuperados de los beneficiarios corresponden a menos del 10 % de las recuperaciones totales.

3.51.

Los procedimientos de recuperación sufren retrasos a menudo por los largos procedimientos en los tribunales nacionales que, según el principio de gestión compartida, definido en el artículo 53 ter, apartado 2, letra c), del Reglamento financiero y el artículo 9, apartado 1, letra a), inciso iii), del Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, son de la sola responsabilidad de los Estados miembros. Esta es la razón por la que se introdujo el nuevo mecanismo de liquidación de casos de irregularidad, a consecuencia del cual el saldo pendiente con cargo al presupuesto de la UE se ha reducido en un 60 %. La Comisión considera que este resultado demuestra que este nuevo mecanismo es una manera efectiva y eficaz de acabar con los casos de irregularidad y de proteger los intereses financieros de la UE y un incentivo fuerte para que los Estados miembros aceleren los procedimientos de recuperación.

3.52.

Dado que la gestión del gasto en agricultura es compartida, por lo general, entre los Estados miembros y la Comisión, el pago de la ayuda lo realizan los Estados miembros, a los que posteriormente reembolsa la Comisión (34). El reconocimiento final del gasto se determina por medio de un procedimiento en dos etapas, denominado liquidación de cuentas. Las dos etapas consisten en una decisión financiera anual y decisiones de conformidad plurianuales adoptadas por la Comisión.

3.53.

El 30 de abril de 2010, la Comisión adoptó tres decisiones de liquidación financiera relativas al gasto realizado conforme al FEAGA, al Feader y al ITDR y liquidó todas las cuentas de los organismos pagadores, excepto las recogidas en el anexo 3.5 . Estas decisiones están basadas principalmente en certificados emitidos por auditores independientes (organismos de certificación). La auditoría del Tribunal no detectó ningún gasto liquidado incorrectamente en las decisiones de liquidación financiera.

3.54.

El Tribunal de Cuentas detectó deficiencias en los últimos tres años en relación con la fiabilidad de las cuentas de los deudores. Para el ejercicio presupuestario de 2009, la Comisión ha emprendido correcciones financieras con respecto a 13 organismos pagadores de 10 Estados miembros por un importe de 14,8 millones de euros, lo que representa un 1,43 % de los 1 037 millones de euros que debían recuperarse a finales del ejercicio 2009.

3.54.

3.55.

Las decisiones de conformidad se adoptan después de realizar la Comisión verificaciones complementarias del gasto declarado por los Estados miembros. Abarcan una serie de años y tienen el objetivo de excluir el gasto de la financiación de la UE en los casos en que la Comisión haya detectado que «no se han efectuado de conformidad con la normativa comunitaria» (35).

3.56.

En anteriores informes anuales, el Tribunal de Cuentas criticó el hecho de que las correcciones financieras se hayan aplicado a las administraciones de los Estados miembros y no a los beneficiarios finales. Además, el método descrito en las normas para calcular los ajustes de conformidad aplicados por la Comisión, que implica un uso considerable de correcciones a tanto alzado, significa que los importes así recuperados no están relacionados directamente con el importe real de los pagos irregulares. El sistema de liquidación de conformidad continuó inalterado en 2009.

3.56.

La liquidación de conformidad tiene por objeto excluir de la financiación comunitaria los gastos que no se efectuaron de acuerdo con las normas comunitarias. En cambio, este mecanismo no permite la recuperación de los pagos irregulares a los beneficiarios, operación que, según el principio de gestión compartida, es responsabilidad exclusiva de los Estados miembros.

Cuando se detectan pagos indebidos a beneficiarios a raíz de la liquidación de conformidad, se exige a los Estados miembros que realicen el seguimiento mediante acciones de recuperación contra estos beneficiarios. Sin embargo, aun en los casos en que no es necesario realizar recuperaciones de los beneficiarios, porque la corrección financiera afecta solo a deficiencias en el sistema de gestión y control de los Estados miembros y no a pagos indebidos, estas correcciones constituyen un medio importante para mejorar los sistemas de los Estados miembros y así prevenir o detectar los pagos irregulares a los beneficiarios y recuperar los importes.

Las correcciones financieras se determinan en función de la naturaleza y gravedad de la infracción y del perjuicio financiero causado a la UE. El importe se calcula basándose en la pérdida causada realmente o en una extrapolación. Cuando esto no es posible, se utilizan las cantidades a tanto alzado que tienen en cuenta la importancia de las deficiencias en los sistemas de control nacionales para reflejar el riesgo financiero para la UE. Así pues, la Comisión considera que existe una relación válida entre este tipo de correcciones financieras y el nivel de pagos irregulares a los beneficiarios finales.

El Tribunal de Justicia ha aceptado el uso de cantidades a tanto alzado al considerar que se ajusta a las normas jurídicas que rigen las tareas de conformidad y el Parlamento Europeo lo ha corroborado, bajo determinadas circunstancias, en su Resolución de aprobación de la gestión presupuestaria de 2007 (apartado 83).

Finalmente, mientras que las normas legales que rigen el sistema de liquidación de conformidad han permanecido inalteradas, la Comisión ha tomado medidas para mejorar su funcionamiento, incluidas nuevas directrices sobre las correcciones financieras y la propuesta sobre el refuerzo de la garantía referida por el Tribunal en el apartado 3.62.

3.57.

Los resultados de las inspecciones notificados a la Comisión por los organismos pagadores evalúan la regularidad de las peticiones presentadas por los agricultores y, desde 2007, tienen que ser verificados por los organismos de certificación. De una parte, estos organismos están obligados a emitir un dictamen sobre la calidad de las inspecciones sobre el terreno mediante la comprobación de una muestra de al menos 10 inspecciones para cada una de las cuatro poblaciones siguientes: FEAGA-SIGC, FEAGA-no SIGC, Feader-SIGC y Feader-no SIGC. De otra, se les pide que verifiquen y validen las estadísticas de control de los Estados miembros. En su Informe anual de actividades de 2009, el director general de la DG AGRI indica que la verificación por parte de los organismos de certificación de la calidad de las inspecciones sobre el terreno fue en gran medida (en torno al 90 %) positiva para las diferentes poblaciones y que, por lo que respecta a la exactitud de las estadísticas de control, el dictamen de los organismos de certificación fue positivo para el 70 % de la población FEAGA y tan solo para el 54 % de la población Feader.

3.58.

Las directrices de la Comisión dejan en manos de los organismos de certificación la elección de asistir o de volver a realizar 10 inspecciones sobre el terreno. Los informes de los organismos de certificación analizados por el Tribunal mostraron que únicamente seis volvieron a efectuar las inspecciones, mientras que 23 asistieron a las inspecciones y el resto no especificaba su planteamiento. El Tribunal considera que la repetición de una inspección previa constituiría una base mejor para valorar la calidad de los procedimientos de inspección, ya que la presencia del organismo de certificación puede influir en el comportamiento de los inspectores evaluados.

3.58.

Aunque la Comisión está de acuerdo en que, si se efectúa a su debido tiempo, la repetición de un control previo proporciona una mejor evaluación de la calidad de los controles sobre el terreno, también es posible evaluar el contexto del control a través de inspecciones acompañadas por los organismos de certificación. En ciertos casos, puede que ni siquiera sea posible repetir un control a su debido tiempo. Estas limitaciones son inherentes a muchos controles ex post llevados a cabo por auditores externos. En tales situaciones, las inspecciones acompañadas son una buena alternativa. Tienen, además, la ventaja adicional de reducir la carga administrativa del agricultor.

Un análisis de los informes de los organismos de certificación del ejercicio 2009 muestra que estos organismos comprobaron un total de alrededor de 3 700 controles. En los casos en que los organismos de certificación llevaron a cabo los controles exigidos:

3.59.

Además, los organismos de certificación no siempre facilitan información detallada sobre los resultados de las inspecciones que se volvieron a realizar. El Tribunal considera que dicha información sería útil para que la Comisión permitiera evaluar de manera fiable la calidad del trabajo realizado por los organismos de certificación.

3.59.

3.60.

El Tribunal de Cuentas señala que, con respecto a una serie de organismos pagadores, los organismos de certificación no pudieron confirmar la fiabilidad de las estadísticas de control, bien porque los informes estuvieran incompletos, bien porque no se facilitaron.

3.60.

3.61.

En 2009, la Comisión ofreció a los Estados miembros la posibilidad de solicitar a los organismos de certificación que volvieran a realizar una muestra representativa de controles sobre el terreno y verificar que estos hubieran tenido un seguimiento adecuado. Si, sobre esta base, el organismo de certificación es capaz de confirmar la exactitud de las estadísticas de control de un Estado miembro, entonces la Comisión aceptará que la tasa de error resultante representa el riesgo máximo posible, es decir, las correcciones financieras del ejercicio en cuestión nunca pueden ser superiores a dicho nivel. Está previsto que estas disposiciones entren en vigor en 2010 para los ejercicios a partir del 2011.

3.61.

Por otra parte, la Comisión observa que la repetición no debería limitarse a los controles sobre el terreno, sino que debería cubrir la entera gestión del fichero, desde el recibo de la solicitud de ayuda hasta el cálculo y ejecución del pago final, incluida la aplicación de cualquier sanción (prueba de validación).

3.62.

Los ámbitos de Medio Ambiente, Asuntos marítimos y Pesca, así como Salud y protección del consumidor, son gestionados por la Comisión con arreglo a sistemas de control específicos. La auditoría examinó el sistema de control interno relativo a los programas de erradicación de enfermedades animales (36) gestionados por la DG SANCO.

3.63.

En este contexto, se sometieron a prueba 30 pagos seleccionados de forma aleatoria para programas de erradicación y control de enfermedades animales. La auditoría reveló que no existe una separación sistemática de funciones ni una definición y distinción claras de las funciones y obligaciones de los agentes encargados de la ejecución y la verificación. Lo mismo cabe decir de los agentes veterinarios y financieros. Además, los controles clave no se ejecutan sobre la base de un análisis de riesgo formal, revisado periódicamente.

3.63.

3.64.

Algunos procedimientos de control importantes se dejan a discreción de los distintos agentes. Dado que los controles internos no están normalizados, existe el riesgo de que no se ejecuten controles importantes. No existe un informe normalizado de los funcionarios veterinarios acerca de la ejecución de los programas operativos y no existen listas de comprobación normalizadas para los controles realizados. Por último, el reducido número de auditorías ex post no contribuye convenientemente a ofrecer garantías de que los pagos estén exentos de errores materiales.

3.64.

Debido a una falta de recursos humanos durante 2009 y de la prioridad que hubo que dar a las auditorías ex ante del Fondo de emergencia, solamente pudo llevarse a cabo un pequeño número de auditorías ex post. Sin embargo, como los controles ex post se organizan cada dos años, pudo comprobarse ex post más del 35 % de la cantidad pagada. La Comisión subraya que, en general, todos los componentes ofrecen garantías razonables (evaluación de la gestión de todo el sistema de control interno, resultados de auditoría, seguimiento de las reservas y del plan de acción de las auditorías de años anteriores, y las garantías recibidas de otros ordenadores en casos de subdelegación cruzada).

3.65.

El Tribunal de Cuentas revisó las tomas de posición de la Comisión, sobre todo los informes anuales de actividad y las declaraciones de los Directores Generales de las Direcciones Generales de la Comisión AGRI, ENV, MARE y SANCO. Los resultados de la revisión están recogidos en el anexo 3.3 .

3.66.

En su informe anual de actividad, el Director General de Agricultura concluye que no constan problemas de importancia que pudieran afectar a la garantía del Director General. Haciendo referencia a los resultados de la propia auditoría de la DG AGRI y a los de las inspecciones sobre el terreno efectuadas por los Estados miembros, concluye que la tasa de error residual en ayudas directas, intervención de mercado y medidas de desarrollo rural es inferior al 2 %.

3.66.

La reserva sobre las medidas de desarrollo rural concerniente al eje 2 está basada en las directrices de la Comisión que prevén que la importancia relativa se evalúe a nivel de la UE por actividad de la PA. Por lo que se refiere a la retirada de la reserva para Grecia, véase la respuesta de la Comisión al apartado 3.69.

El informe de actividad anual 2009 de la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural menciona que el índice de error residual de los gastos agrícolas en su conjunto es inferior al 2 %, mientras que en el caso del Feader es ligeramente superior.

3.67.

El Tribunal no avala el planteamiento de la DG AGRI que restringe el concepto de error residual a las anomalías detectadas durante las inspecciones sobre el terreno. Este enfoque ignora los errores residuales derivados de los controles cruzados efectuados sobre bases de datos inexactas o del seguimiento insuficiente de las anomalías. El Tribunal aplica un enfoque de auditoría integrado que abarca para cada operación ambos componentes del error residual. La auditoría del Tribunal de Cuentas ha revelado que los controles administrativos no lograron detectar errores en el caso de varias transacciones. Estas deficiencias de los controles administrativos las confirman asimismo los resultados de la auditoría de los sistemas SIGC del Tribunal. Además, la auditoría del Tribunal reveló que la calidad de las inspecciones sobre el terreno efectuadas por los Estados miembros solo pueden ofrecer garantías limitadas.

3.67.

La Comisión es consciente de que las deficiencias en los controles administrativos o en los controles sobre el terreno puede acarrear que los índices de error en las estadísticas de control recibidas de los Estados miembros estén por debajo de la realidad. Para abordar este riesgo, la DG AGRI aplicó un margen de seguridad de un aumento del 25 % en estos índices de error.

3.68.

El informe anual de actividad del Director General de Agricultura contiene una reserva con respecto al gasto con arreglo al SIGC en Bulgaria y Rumanía. Si bien dichas reservas son coherentes con los resultados de la auditoría de sistemas realizada por el Tribunal en 2008, este reitera su anterior observación de que era prematuro anular la reserva existente desde hacía tiempo con respecto al SIGC en Grecia.

3.68.

3.69.

Los informes anuales de actividades los Directores Generales de Medio Ambiente y de Asuntos marítimos y Pesca contienen reservas que coinciden con las constataciones anteriores del Tribunal. Aunque el informe anual de actividad del director general de Salud y Protección del consumidor no contiene ninguna reserva, los errores que afectan a las actividades de Seguridad de Alimentos y Piensos, junto con una cobertura insuficiente de auditoría, deberían haber dado pie a una reserva.

3.69.

Gracias a recursos humanos adicionales y a la utilización de mayores capacidades al externalizar algunas auditorías, una parte significativa de la cantidad total que deberá liquidarse en 2010 ha sido auditada o será auditada. Se realizaron auditorías ex ante de casi el 40 % de esta cantidad. Además más del 35 % de la cantidad se auditará ex post. Ello llevará a un nivel muy alto de cobertura.

3.70.

Sobre la base de su labor de auditoría, el Tribunal de Cuentas concluye que los pagos correspondientes al ejercicio que finalizó el 31 de diciembre de 2009 en el ámbito de Agricultura y Recursos naturales están afectados por errores materiales.

3.70.

Por otra parte el riesgo para el presupuesto de la UE está cubierto adecuadamente por el procedimiento de liquidación de conformidad.

3.71.

Sobre la base de su labor de auditoría, el Tribunal concluye que los sistemas de control y supervisión en el ámbito de la Agricultura y Recursos naturales fueron por lo general, en el mejor de los casos, parcialmente eficaces para garantizar la regularidad de los pagos.

3.72.

Por lo que respecta a SIGC, el Tribunal concluye que se precisan mejoras significativas, sobre todo en tres de los ocho organismos pagadores auditados (véase el apartado 3.33).

3.71-3.72.

La Comisión encontró que, en el caso de las solicitudes del año 2008, existieron deficiencias significativas en el SIGC en Bulgaria y Rumanía. Como consecuencia de ello, estos dos Estados miembros establecieron planes de acción en 2009, los cuales fueron estrechamente seguidos por la Comisión. Sin embargo, puesto que solo se prevé ejecutar en 2011 estos planes de acción y existen ya retrasos en la ejecución de las acciones individuales, el Director General de la DG AGRI formuló una reserva para el SIGC en Bulgaria y Rumanía en su informe de actividad anual de 2009, basándose en el riesgo que corría la reputación de la Comisión.

Otros Estados miembros tienen deficiencias menores en su respectivo SIGC, las cuales aunque no provocan la ineficacia de sus sistemas, son, sin embargo, perfectibles, por lo que se han adoptado o se están adoptando medidas para solventarlas.

Todas estas deficiencias son controladas a través de los procedimientos de liquidación de conformidad, que garantizan que quede cubierto adecuadamente el riesgo para el presupuesto de la UE.

Las actualizaciones del SIGPA son siempre necesarias, ya que no solo evolucionan constantemente las posibilidades técnicas, sino también la realidad sobre el terreno. Por otra parte, los Estados miembros tienen ahora la obligación legal de evaluar anualmente la calidad de su respectivo SIGPA. Los resultados de los controles de calidad indicarán si es necesario una actualización.

3.73.

El Tribunal recomienda que se subsanen las deficiencias identificadas de los sistemas. A este respecto, las más urgentes que es preciso corregir en el RPU y el RPUS son:

a)

subsanar las insuficiencias de los sistemas que se traducen en errores relativos a tierras no admisibles o declaraciones excesivas de tierras, así como a derechos inexactos, sobre todo mediante la mejora de la fiabilidad y la integridad de los datos registrados en los SIP (por ejemplo, ortofotografías más recientes);

a)

b)

garantizar que todas las bases de datos SIGC faciliten una pista de auditoría fiable y completa de todas las modificaciones realizadas;

b)

c)

clarificar y reforzar la aplicación de las normas, de manera que la ayuda directa de la UE no se pague a los solicitantes que no hayan utilizado la tierra para fines agrarios ni la hayan mantenido en buenas condiciones agrarias y ambientales;

c)

En el contexto de los debates sobre la PAC después de 2013 podría estudiarse con más detalle este problema, teniendo en cuenta la necesidad de evitar normas complicadas que dieren lugar a un sistema de control complejo, cuya aplicación sería costosa y contraria a los esfuerzos de simplificación de la Comisión.

d)

fijar a escala de la UE unos requisitos mínimos de mantenimiento anual para que los pastos puedan optar a la ayuda directa de la UE.

d)

3.74.

El Tribunal reitera asimismo que se necesitan mayores esfuerzos en el ámbito del Desarrollo rural para seguir simplificando las normas y las condiciones.

3.74.

3.75.

Además, el Tribunal considera que las directrices de la Comisión, por lo que respecta a la labor que deben llevar a cabo los organismos de certificación, tienen que revisarse en los aspectos relativos a la naturaleza, la cobertura y las obligaciones de información, sobre todo en lo tocante al trabajo relativo de validación de las estadísticas de control e inspección de los Estados miembros.

3.75.

Por otra parte, por lo que se refiere a las tareas relativas a las estadísticas de control y de inspección, la Comisión ha presentado recientemente un sistema por el cual los Estados miembros pueden reforzar el marco global para lograr una garantía razonable en cuanto a la legalidad y regularidad de las operaciones a nivel de los beneficiarios finales. Con este fin, los organismos de certificación deben ampliar su trabajo más allá de los requisitos estableciendo, para un sector de gastos determinado, una muestra representativa de las operaciones que el organismo pagador haya comprobado sobre el terreno. El trabajo cubriría toda la gestión del expediente, desde el recibo de la solicitud de ayuda al cálculo y a la ejecución del pago final.

3.76.

Por último, es necesario adoptar medidas eficaces, junto con las autoridades nacionales afectadas, para evitar el pago de gastos no admisibles para proyectos de pesca. Los controles internos de los pagos a los Estados miembros para programas de erradicación y control de enfermedades animales exigen una clara separación de funciones entre los servicios de la Comisión y el desarrollo de procedimientos adecuados de control formal.

3.76.

En el marco del FEP, el entorno de control se ha reforzado con nuevas disposiciones sobre el funcionamiento efectivo de los sistemas para prevenir y corregir gastos inelegibles. La Comisión ejerce un papel de supervisión, verificando la fiabilidad de las tareas ejecutadas por los servicios de auditoría de los Estados miembros. En gestión compartida, la responsabilidad del control sobre el terreno es responsabilidad de los Estados miembros. El entorno de control descrito más arriba asegura que los Estados miembros establezcan sistemas de gestión y control fiables y efectivos para prevenir y corregir gastos inelegibles.

Además, la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca publica regularmente, en cooperación con las otras Direcciones Generales de los Fondos Estructurales, una serie de notas de orientación sobre temas de interés común para mejorar la eficacia de los sistemas de gestión y control existentes.

3.77.

Un seguimiento de observaciones anteriores se recoge en el anexo 3.4 .

3.77.