ISSN 1725-244X

doi:10.3000/1725244X.CE2010.184.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 184E

European flag  

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

53o año
8 de julio de 2010


Número de información

Sumario

Página

 

I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

 

RESOLUCIONES

 

Parlamento Europeo
PERÍODO DE SESIONES 2009-2010
Sesión del 22 al 24 de abril de 2009
El Acta de este período parcial de sesiones se publicó en el DO C 252 E de 22.10.2009.
Los textos aprobados el 23 de abril de 2009 relativos a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del ejercicio 2007 se han publicado en el DO L 255 de 26.9.2009.
TEXTOS APROBADOS

 

Miércoles, 22 de abril de 2009

2010/C 184E/01

Control de la ejecución presupuestaria del Instrumento de Ayuda de Preadhesión
Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre el control de la ejecución presupuestaria del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA) en 2007 (2008/2206(INI))

1

2010/C 184E/02

Ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión Europea: transparencia de los activos patrimoniales de los deudores
Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la eficacia en la ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión Europea: transparencia de los activos patrimoniales de los deudores (2008/2233(INI))

7

2010/C 184E/03

Informe anual sobre las actividades de la Comisión de Peticiones 2008
Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2008 (2008/2301(INI))

12

2010/C 184E/04

Enfoque integrado de la igualdad entre mujeres y hombres
Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre el enfoque integrado de la igualdad entre mujeres y hombres en el marco de los trabajos de las comisiones y delegaciones (2008/2245(INI))

18

2010/C 184E/05

Acuerdo comercial interino con Turkmenistán
Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre el Acuerdo comercial interino con Turkmenistán

20

2010/C 184E/06

Política Común de Emigración para Europa
Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre una Política Común de Emigración para Europa: principios, medidas e instrumentos (2008/2331(INI))

23

2010/C 184E/07

Libro Verde sobre el futuro de la política RTE-T
Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre el Libro Verde sobre el futuro de la política RTE-T (2008/2218(INI))

35

 

Jueves, 23 de abril de 2009

2010/C 184E/08

Deforestación y degradación forestal
Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009, sobre el modo de afrontar los desafíos de la deforestación y la degradación forestal para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad

41

2010/C 184E/09

Un plan de acción sobre movilidad urbana
Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009, sobre un plan de acción sobre movilidad urbana (2008/2217(INI))

43

2010/C 184E/10

Plan de acción relativo a sistemas de transporte inteligentes
Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009, sobre el Plan de acción relativo a sistemas de transporte inteligentes (2008/2216(INI))

50

 

Viernes, 24 de abril de 2009

2010/C 184E/11

Derechos de las mujeres en Alfganistán
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre los derechos de las mujeres en Alfganistán

57

2010/C 184E/12

Apoyo al Tribunal Especial para Sierra Leona
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre el apoyo al Tribunal Especial para Sierra Leona

60

2010/C 184E/13

Situación humanitaria de los residentes en el campo de Ashraf
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre la situación humanitaria de los residentes en el campo de Ashraf

62

2010/C 184E/14

Protección de los intereses financieros de las Comunidades y lucha contra el fraude - Informe anual 2007
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude - Informe anual 2007 (2008/2242(INI))

63

2010/C 184E/15

Inmunidad parlamentaria en Polonia
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre la inmunidad parlamentaria en Polonia (2008/2232(INI))

72

2010/C 184E/16

Gobernanza en el marzo de la PPC
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre la gobernanza en el contexto de la política pesquera común: el Parlamento Europeo, los consejos consultivos regionales y otros agentes (2008/2223(INI))

75

2010/C 184E/17

Mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre el establecimiento de un mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros

79

2010/C 184E/18

Aspectos reglamentarios de los nanomateriales
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre los aspectos reglamentarios de los nanomateriales (2008/2208(INI))

82

2010/C 184E/19

Debate anual sobre los progresos realizados en el Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, referente al debate anual sobre los progresos realizados en 2008 en el espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ) (artículos 2 y 39 del TUE)

90

2010/C 184E/20

Conclusiones de la Cumbre del G-20
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre la Cumbre del G-20 celebrada en Londres el 2 de abril de 2009

94

2010/C 184E/21

Estabilidad y prosperidad en los Balcanes occidentales
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre la consolidación de la estabilidad y prosperidad en los Balcanes occidentales (2008/2200(INI))

100

2010/C 184E/22

Situación en Bosnia y Herzegovina
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre la situación en Bosnia y Herzegovina

107

2010/C 184E/23

Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre la celebración, por parte de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Protocolo Facultativo

111

2010/C 184E/24

25o informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2007)
Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre el vigésimo quinto informe anual de la Comisión sobre el control de la aplicación del Derecho comunitario (2007) (2008/2337(INI))

114

 

RECOMENDACIONES

 

Parlamento Europeo

2010/C 184E/25

Problema de la elaboración de perfiles delictivos
Recomendación del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, destinada al Consejo sobre el problema de la elaboración de perfiles delictivos, en particular en función de la etnia y la raza, en la lucha contra el terrorismo, la actuación policial, la inmigración, la política aduanera y el control de fronteras (2008/2020(INI))

119

2010/C 184E/26

No proliferación de armas nucleares
Recomendación del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, destinada al Consejo sobre la no proliferación y el futuro del Tratado sobre la no proliferación de armas nucleares (TNP) (2008/2324(INI))

127

 

DICTÁMENES

 

Parlamento Europeo

 

Miércoles, 22 de abril de 2009

2010/C 184E/27

Di NO a la violencia contra las mujeres
Declaración del Parlamento Europeo sobre la campaña Di NO a la violencia contra las mujeres

131

 

II   Comunicaciones

 

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE LAS INSTITUCIONES, ÓRGANOS Y ORGANISMOS DE LA UNIÓN EUROPEA

 

Parlamento Europeo

 

Miércoles, 22 de abril de 2009

2010/C 184E/28

Demanda de amparo de la inmu2nidad parlamentaria de Aldo Patriciello
Decisión del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y los privilegios de Aldo Patriciello (2008/2323(IMM))

134

2010/C 184E/29

Demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria de Renato Brunetta
Decisión del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la demanda de amparo de la inmunidad parlamentaria y los privilegios de Renato Brunetta (2008/2147(IMM))

135

2010/C 184E/30

Consulta sobre la inmunidad de Antonio Di Pietro
Decisión del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la consulta sobre la inmunidad y los privilegios de Antonio Di Pietro (2008/2146(IMM))

136

2010/C 184E/31

Suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Hannes Swoboda
Decisión del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre el suplicatorio de suspensión de la inmunidad de Hannes Swoboda (2009/2014(IMM))

137

 

III   Actos preparatorios

 

Parlamento Europeo

 

Miércoles, 22 de abril de 2009

2010/C 184E/32

Acuerdo CE/Pakistán sobre determinados aspectos de los servicios aéreos *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República Islámica de Pakistán sobre determinados aspectos de los servicios aéreos (COM(2008)0081 – C6-0080/2009 – 2008/0036(CNS))

138

2010/C 184E/33

Adhesión de la Comunidad al Reglamento no 61 de la UNECE sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos industriales ***
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la Comunidad Europea al Reglamento no 61 de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas sobre prescripciones uniformes relativas a la homologación de los vehículos industriales en lo que respecta a los salientes exteriores situados por delante del panel trasero de la cabina (COM(2008)0675 – 7240/2009 – C6-0119/2009 – 2008/0205(AVC))

139

2010/C 184E/34

Policía sanitaria sobre los movimientos e importaciones de équidos *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a las condiciones de policía sanitaria que regulan los movimientos de équidos y las importaciones de équidos procedentes de países terceros (versión codificada) (COM(2008)0715 – C6-0479/2008 – 2008/0219(CNS))

140

2010/C 184E/35

Intercambios de mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el régimen de intercambios aplicable a determinadas mercancías resultantes de la transformación de productos agrícolas (versión codificada) (COM(2008)0796 – C6-0018/2009 – 2008/0226(CNS))

141

2010/C 184E/36

Coordinación de los sistemas de seguridad social ***II
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social y se determina el contenido de sus anexos (14518/1/2008 – C6-0003/2009 – 2006/0008(COD))

142

P6_TC2-COD(2006)0008Posición del Parlamento Europeo, aprobada en segunda lectura el 22 de abril de 2009, con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, y se determina el contenido de sus anexos

142

2010/C 184E/37

Coordinación de los sistemas de seguridad social: Reglamento de aplicación ***II
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004 sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (14516/4/2008 – C6-0006/2009 – 2006/0006(COD))

143

P6_TC2-COD(2006)0006Posición del Parlamento Europeo aprobada en segunda lectura el 22 de abril de 2009 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) no 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social

143

2010/C 184E/38

Programa europeo de investigación y desarrollo en metrología ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la participación de la Comunidad en un programa europeo de investigación y desarrollo en metrología emprendido por varios Estados miembros (COM(2008)0814 – C6-0468/2008 – 2008/0230(COD))

144

P6_TC1-COD(2008)0230Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 22 de abril de 2009 con vistas a la adopción de la Decisión no …/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la participación de la Comunidad en un programa europeo de investigación y desarrollo en metrología emprendido por varios Estados miembros

144

2010/C 184E/39

Obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos derivados ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos derivados (COM(2008)0644 – C6-0373/2008 – 2008/0198(COD))

145

P6_TC1-COD(2008)0198Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 22 de abril de 2009 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, por el que se establecen las obligaciones de los agentes que comercializan madera y productos derivados

145

ANEXO

161

2010/C 184E/40

Reservas de petróleo crudo o de productos petrolíferos *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se obliga a los Estados miembros a mantener un nivel mínimo de reservas de petróleo crudo y/o productos petrolíferos (COM(2008)0775 – C6-0511/2008 – 2008/0220(CNS))

162

2010/C 184E/41

Red de información sobre alertas en infraestructuras críticas *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a una Red de información sobre alertas en infraestructuras críticas (CIWIN) (COM(2008)0676 – C6-0399/2008 – 2008/0200(CNS))

174

2010/C 184E/42

Red europea de protección de personalidades *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la iniciativa del Reino de los Países Bajos con vistas a la adopción de una Decisión del Consejo por la que se modifica la Decisión 2002/956/JAI relativa a la creación de una red europea de protección de personalidades (16437/2008 – C6-0029/2009 – 2009/0801(CNS))

181

2010/C 184E/43

Programas nacionales de reestructuración para el sector del algodón *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 637/2008 en lo que atañe a los programas nacionales de reestructuración para el sector del algodón (COM(2009)0037 – C6-0063/2009 – 2009/0008(CNS))

182

2010/C 184E/44

Protocolo sobre la aplicación del Convenio de los Alpes en el ámbito de los transportes (Protocolo de transportes) *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, en nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo sobre la aplicación del Convenio de los Alpes en el ámbito de los transportes (Protocolo de transportes) (COM(2008)0895 – C6-0073/2009 – 2008/0262(CNS))

183

2010/C 184E/45

Proyecto de presupuesto rectificativo no 2/2009
Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre el proyecto de presupuesto rectificativo no 2/2009 de la Unión Europea para el ejercicio 2009, Sección III - Comisión (6953/2009 – C6-0077/2009 – 2009/2010(BUD))

184

2010/C 184E/46

Proyecto de presupuesto rectificativo no 3/2009
Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre el proyecto de presupuesto rectificativo no 3/2009 de la Unión Europea para el ejercicio 2009, Sección III - Comisión (8153/2009 – C6-0118/2009 – 2009/2017(BUD))

185

2010/C 184E/47

Mercado interior de la electricidad ***II
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE (14539/2/2008 – C6-0024/2009 – 2007/0195(COD))

186

P6_TC2-COD(2007)0195Posición del Parlamento Europeo aprobada en segunda lectura, el 22 de abril de 2009, con vistas a la adopción de la Directiva 2009/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad y por la que se deroga la Directiva 2003/54/CE

186

2010/C 184E/48

Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía ***II
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (14541/1/2008 – C6-0020/2009 – 2007/0197(COD))

187

P6_TC2-COD(2007)0197Posición del Parlamento Europeo aprobada en segunda lectura el 22 de abril de 2009 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía

187

2010/C 184E/49

Acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad ***II
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1228/2003 (14546/2/2008 – C6-0022/2009 – 2007/0198(COD))

188

P6_TC2-COD(2007)0198Posición del Parlamento Europeo aprobada en segunda lectura el 22 de abril de 2009 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1228/2003

188

2010/C 184E/50

Mercado interior del gas natural ***II
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE (14540/2/2008 – C6-0021/2009 – 2007/0196(COD))

189

P6_TC2-COD(2007)0196Posición del Parlamento Europeo aprobada en segunda lectura el 22 de abril de 2009 con vistas a la adopción de la Directiva 2009/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural y por la que se deroga la Directiva 2003/55/CE

189

2010/C 184E/51

Acceso a las redes de transporte de gas natural ***II
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1775/2005 (14548/2/2008 – C6-0023/2009 – 2007/0199(COD))

190

P6_TC2-COD(2007)0199Posición del Parlamento Europeo aprobada en segunda lectura el 22 de abril de 2009 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1775/2005

190

2010/C 184E/52

Soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas europeas (ISA) ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas europeas (ISA) (COM(2008)0583 – C6-0337/2008 – 2008/0185(COD))

191

P6_TC1-COD(2008)0185Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 22 de abril de 2009 con vistas a la adopción de la Decisión no …/2009/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las soluciones de interoperabilidad para las administraciones públicas europeas (ISA)

191

2010/C 184E/53

Máquinas para la aplicación de plaguicidas ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las máquinas para la aplicación de plaguicidas y por la que se modifica la Directiva 2006/42/CE, de 17 de mayo de 2006, relativa a las máquinas (COM(2008)0535 – C6-0307/2008 – 2008/0172(COD))

192

P6_TC1-COD(2008)0172Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 22 de abril de 2009 con vistas a la adopción de la Directiva 2009/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/42/CE en lo que respecta a las máquinas para la aplicación de plaguicidas

192

ANEXO

193

2010/C 184E/54

Etiquetado de los neumáticos ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales (COM(2008)0779 – C6-0411/2008 – 2008/0221(COD))

193

P6_TC1-COD(2008)0221Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 22 de abril de 2009 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el etiquetado de los neumáticos en relación con la eficiencia en términos de consumo de carburante y otros parámetros esenciales

194

ANEXO I

204

ANEXO II

206

ANEXO III

211

ANEXO IV

211

2010/C 184E/55

Itinerancia en las redes públicas de telefonía móvil ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CE) no 717/2007, relativo a la itinerancia en las redes públicas de telefonía móvil en la Comunidad, y la Directiva 2002/21/CE, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas (COM(2008)0580 – C6-0333/2008 – 2008/0187(COD))

212

P6_TC1-COD(2008)0187Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 22 de abril de 2009 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CE) no 717/2007, relativo a la itinerancia en las redes públicas de telefonía móvil en la Comunidad, y la Directiva 2002/21/CE, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas

212

2010/C 184E/56

Obligaciones de información y documentación en el caso de las fusiones y escisiones ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 77/91/CEE, 78/855/CEE y 82/891/CEE del Consejo y la Directiva 2005/56/CE en lo que se refiere a las obligaciones de información y documentación en el caso de las fusiones y escisiones (COM(2008)0576 – C6-0330/2008 – 2008/0182(COD))

213

P6_TC1-COD(2008)0182Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 22 de abril de 2009 con vistas a la adopción de la Directiva 2009/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifican las Directivas 77/91/CEE, 78/855/CEE y 82/891/CEE del Consejo, y la Directiva 2005/56/CE en lo que se refiere a las obligaciones de información y documentación en el caso de las fusiones y escisiones

213

2010/C 184E/57

Seguro y reaseguro (Solvencia II) ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el seguro de vida el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (versión refundida) (COM(2008)0119 – C6-0231/2007 – 2007/0143(COD))

214

P6_TC1-COD(2007)0143Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 22 de abril de 2009 con vistas a la adopción de la Directiva 2009/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el seguro de vida, el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio (Solvencia II)

215

2010/C 184E/58

Acuerdo comercial interino con Turkmenistán *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la propuesta de Decisión del Consejo y de la Comisión relativa a la celebración del Acuerdo interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio entre la Comunidad Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y Turkmenistán, por otra (5144/1999 – COM(1998)0617 – C5-0338/1999 – 1998/0304(CNS))

215

2010/C 184E/59

Marco comunitario sobre seguridad nuclear *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la propuesta de Directiva (Euratom) del Consejo por la que se establece un marco comunitario sobre seguridad nuclear (COM(2008)0790 – C6-0026/2009 – 2008/0231(CNS))

216

2010/C 184E/60

Régimen de control comunitario de la Política Pesquera Común *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un régimen de control comunitario para garantizar el cumplimiento de las normas de la Política Pesquera Común (COM(2008)0721 – C6-0510/2008 – 2008/0216(CNS))

232

2010/C 184E/61

Conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la conservación de los recursos pesqueros a través de medidas técnicas (COM(2008)0324 – C6-0282/2008 – 2008/0112(CNS))

253

 

Jueves, 23 de abril de 2009

2010/C 184E/62

Acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses ***II
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses (11786/1/2008 – C6-0016/2009 – 2007/0097(COD))

260

P6_TC2-COD(2007)0097Posición del Parlamento Europeo aprobada en segunda lectura el 23 de abril de 2009 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado internacional de los servicios de autocares y autobuses y por la que se modifica el Reglamento (CE) no 561/2006

260

2010/C 184E/63

Condiciones para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera ***II
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo (11783/1/2008 – C6-0015/2009 – 2007/0098(COD))

261

P6_TC2-COD(2007)0098Posición del Parlamento Europeo aprobada en segunda lectura el 23 de abril de 2009 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para el ejercicio de la profesión de transportista por carretera y por el que se deroga la Directiva 96/26/CE del Consejo

261

2010/C 184E/64

Acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera ***II
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009, sobre la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera (11788/1/2008 – C6-0014/2009 – 2007/0099(COD))

262

P6_TC2-COD(2007)0099Posición del Parlamento Europeo aprobada en segunda lectura el 23 de abril de 2009 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen normas comunes de acceso al mercado del transporte internacional de mercancías por carretera

262

2010/C 184E/65

Rendimiento energético de los edificios ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al rendimiento energético de los edificios (COM(2008)0780 – C6-0413/2008 – 2008/0223(COD))

263

P6_TC1-COD(2008)0223Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 23 de abril de 2009 con vistas a la adopción de la Directiva2009/…CEdel Parlamento Europeo y del Consejo relativa al rendimiento energético de los edificios

264

ANEXO I

286

ANEXO II

288

ANEXO III

289

ANEXO IV

289

ANEXO V

290

ANEXO VI

290

2010/C 184E/66

Agencias de calificación crediticia ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las agencias de calificación crediticia (COM(2008)0704 – C6-0397/2008 – 2008/0217(COD))

292

P6_TC1-COD(2008)0217Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 23 de abril de 2009 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las agencias de calificación crediticia

292

2010/C 184E/67

Derechos de los pasajeros que viajan por mar o por vías navegables ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables y por el que se modifica el Reglamento (CE) n o 2006/2004 sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores (COM(2008)0816 – C6-0476/2008 – 2008/0246(COD))

293

P6_TC1-COD(2008)0246Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 23 de abril de 2009 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables y por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2006/2004 sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores

294

ANEXO I

309

ANEXO II

309

ANEXO III

310

ANEXO IV

311

2010/C 184E/68

Derechos de los viajeros de autobús y autocar ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2006/2004 sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores (COM(2008)0817 – C6-0469/2008 – 2008/0237(COD))

312

P6_TC1-COD(2008)0237Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 23 de abril de 2009 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar, por el que se modifica el Reglamento (CE) no 2006/2004 sobre la cooperación entre las autoridades nacionales encargadas de la aplicación de la legislación de protección de los consumidores

313

ANEXO I

329

ANEXO II

330

2010/C 184E/69

Plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines (COM(2008)0464 – C6-0281/2008 – 2008/0157(COD))

331

P6_TC1-COD(2008)0157Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 23 de abril de 2009 con vistas a la adopción de la Directiva 2009/…/ CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/116/CE relativa al plazo de protección del derecho de autor y de determinados derechos afines

332

2010/C 184E/70

Sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el marco para el despliegue de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte (COM(2008)0887 – C6-0512/2008 – 2008/0263(COD))

338

P6_TC1-COD(2008)0263Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 23 de abril de 2009 con vistas a la adopción de la Directiva 2009/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el marco para el despliegue de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte

339

ANEXO I

348

ANEXO II

349

ANEXO III

352

2010/C 184E/71

Segundo Programa Marco Polo para la concesión de ayuda financiera comunitaria a fin de mejorar el comportamiento medioambiental del sistema de transporte de mercancías (Marco Polo II) ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1692/2006 por el que se establece el segundo programa Marco Polo para la concesión de ayuda financiera comunitaria a fin de mejorar el comportamiento medioambiental del sistema de transporte de mercancías (Marco Polo II) (COM(2008)0847 – C6-0482/2008 – 2008/0239(COD))

353

P6_TC1-COD(2008)0239Posición del Parlamento Europeo adoptada en primera lectura el 23 de abril de 2009 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 1692/2006 por el que se establece el segundo programa Marco Polo para la concesión de ayuda financiera comunitaria a fin de mejorar el comportamiento medioambiental del sistema de transporte de mercancías (Marco Polo II)

353

2010/C 184E/72

Red ferroviaria europea para un transporte de mercancías competitivo ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la red ferroviaria europea para un transporte de mercancías competitivo (COM(2008)0852 – C6-0509/2008 – 2008/0247(COD))

354

P6_TC1-COD(2008)0247Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 23 de abril de 2009 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la red ferroviaria europea para un transporte de mercancías competitivo

354

ANEXO

367

2010/C 184E/73

Derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza (COM(2008)0414 – C6-0257/2008 – 2008/0142(COD))

368

P6_TC1-COD(2008)0142Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 23 de abril de 2009 con vistas a la adopción de la Directiva 2009/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza

369

2010/C 184E/74

Seguridad de los pacientes *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009, sobre la propuesta de Recomendación del Consejo sobre la seguridad de los pacientes, en particular la prevención y lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (COM(2008)0837 – C6-0032/2009 – 2009/0003(CNS))

395

2010/C 184E/75

Acción europea en el ámbito de las enfermedades raras *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009, sobre la propuesta de Recomendación del Consejo relativa a una acción europea en el ámbito de las enfermedades raras (COM(2008)0726 – C6-0455/2008 – 2008/0218(CNS))

404

 

Viernes, 24 de abril de 2009

2010/C 184E/76

Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, por parte de la Comunidad Europea, de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (COM(2008)0530 – C6-0116/2009 – 2008/0170(CNS))

413

2010/C 184E/77

Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (Protocolo Facultativo) *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración, por parte de la Comunidad Europea, del Protocolo Facultativo de la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (COM(2008)0530 – C6-0117/2009 – 2008/0171(CNS))

414

2010/C 184E/78

Estadísticas de productos fitosanitarios ***II
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, respecto de la Posición Común del Consejo con vistas a la adopción del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas de productos fitosanitarios (11120/2/2008 – C6-0004/2009 – 2006/0258(COD))

415

P6_TC2-COD(2006)0258Posición del Parlamento Europeo aprobada en segunda lectura el 24 de abril de 2009 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas de productos fitosanitarios

415

ANEXO I

422

ANEXO II

423

ANEXO III

425

2010/C 184E/79

Diseño ecológico de productos relacionados con la energía ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico de los productos relacionados con la energía (COM(2008)0399 – C6-0277/2008 – 2008/0151(COD))

439

P6_TC1-COD(2008)0151Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 24 de abril de 2009 con vistas a la adopción de la Directiva 2009/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía

440

ANEXO

440

2010/C 184E/80

Comercialización de los productos de construcción ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de los productos de construcción (COM(2008)0311 – C6-0203/2008 – 2008/0098(COD))

441

P6_TC1-COD(2008)0098Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 24 de abril de 2009 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de los productos de construcción

441

ANEXO I

472

ANEXO II

474

ANEXO III

476

ANEXO IV

477

ANEXO V

478

ANEXO VI

481

2010/C 184E/81

Pagos transfronterizos en la Comunidad ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los pagos transfronterizos en la Comunidad (COM(2008)0640 – C6-0352/2008 – 2008/0194(COD))

483

P6_TC1-COD(2008)0194Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 24 de abril de 2009 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los pagos transfronterizos en la Comunidad y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 2560/2001

483

2010/C 184E/82

Actividad de las entidades de dinero electrónico ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE (COM(2008)0627 – C6-0350/2008 – 2008/0190(COD))

484

P6_TC1-COD(2008)0190Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 24 de abril de 2009 con vistas a la adopción de la Directiva 2009/…/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio, así como sobre la supervisión prudencial de dichas entidades, por la que se modifican las Directivas 2005/60/CE y 2006/48/CE y se deroga la Directiva 2000/46/CE

484

2010/C 184E/83

Reglamento sobre subproductos animales ***I
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales no destinados al consumo humano (Reglamento sobre subproductos animales) (COM(2008)0345 – C6-0220/2008 – 2008/0110(COD))

485

P6_TC1-COD(2008)0110Posición del Parlamento Europeo aprobada en primera lectura el 24 de abril de 2009 con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas sanitarias aplicables a los subproductos animales y los productos derivados no destinados al consumo humano y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 1774/2002 (Reglamento sobre subproductos animales)

485

2010/C 184E/84

Mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que modifica el Reglamento (CE) no 332/2002 por el que se establece un mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros (COM(2009)0169 – C6-0134/2009 – 2009/0053(CNS))

486

2010/C 184E/85

Fiscalidad de los rendimientos del ahorro *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/48/CE en materia de fiscalidad de los rendimientos del ahorro en forma de pago de intereses (COM(2008)0727 – C6-0464/2008 – 2008/0215(CNS))

488

2010/C 184E/86

Sistema común del IVA y evasión fiscal vinculada a la importación y otras operaciones transfronterizas *
Resolución legislativa del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido en lo que respecta a la evasión fiscal vinculada a la importación y otras operaciones transfronterizas (COM(2008)0805 – C6-0039/2009 – 2008/0228(CNS))

519

Explicación de los signos utilizados

*

procedimiento de consulta

**I

procedimiento de cooperación: primera lectura

**II

procedimiento de cooperación: segunda lectura

***

dictamen conforme

***I

procedimiento de codecisión: primera lectura

***II

procedimiento de codecisión: segunda lectura

***III

procedimiento de codecisión: tercera lectura

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por la Comisión)

Enmiendas políticas: el texto nuevo o modificado se señala en negrita y cursiva; las supresiones se indican mediante el símbolo ▐.

Correcciones y adaptaciones técnicas procedentes de los servicios: el texto nuevo o modificado se señala en cursiva fina; las supresiones se indican mediante el símbolo ║.

ES

 


I Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

RESOLUCIONES

Parlamento Europeo PERÍODO DE SESIONES 2009-2010 Sesión del 22 al 24 de abril de 2009 El Acta de este período parcial de sesiones se publicó en el DO C 252 E de 22.10.2009. Los textos aprobados el 23 de abril de 2009 relativos a la aprobación de la gestión en la ejecución del presupuesto del ejercicio 2007 se han publicado en el DO L 255 de 26.9.2009. TEXTOS APROBADOS

Miércoles, 22 de abril de 2009

8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/1


Miércoles, 22 de abril de 2009
Control de la ejecución presupuestaria del Instrumento de Ayuda de Preadhesión

P6_TA(2009)0237

Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre el control de la ejecución presupuestaria del Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA) en 2007 (2008/2206(INI))

2010/C 184 E/01

El Parlamento Europeo,

Visto el Reglamento (CE) no 1085/2006 del Consejo, de 17 de julio de 2006, por el que se establece un Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA) (1),

Visto el Reglamento (CE) no 718/2007 de la Comisión, de 12 de junio de 2007, relativo a la aplicación del Reglamento (CE) no 1085/2006 del Consejo por el que se establece un Instrumento de Ayuda de Preadhesión (IPA) (2),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de noviembre de 2006, sobre el marco financiero indicativo plurianual del IPA para 2008-2010 (COM(2006)0672),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de noviembre de 2007, sobre el marco financiero indicativo plurianual del IPA para 2009-2011(COM(2007)0689),

Visto el informe anual del IPA 2007 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2008 (COM(2008)0850 y SEC(2008)3026),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 5 de noviembre de 2008, sobre la Estrategia de ampliación y principales retos 2008-2009 y los informes adjuntos de 2008 sobre los progresos de los países candidatos (COM(2008)0674 junto con los SEC(2008)2692 a SEC(2008)2699),

Visto el informe de la Comisión, de 22 de julio de 2008, titulado «Protección de los intereses financieros de las Comunidades - Lucha contra el fraude - Informe anual 2007» (COM(2008)0475 junto con SEC(2008)2300),

Visto el informe anual de la Comisión, de 27 de octubre de 2008, sobre el Instrumento Estructural de Preadhesión (ISPA) 2007 (COM(2008)0671 y SEC(2008)2681),

Visto el informe anual 2007 de la Comisión, de 22 de diciembre de 2008, sobre PHARE, la preadhesión de Turquía, CARDS y el mecanismo de transición(COM(2008)0880 y SEC(2008)3075),

Visto el informe del Tribunal de Cuentas sobre las cuentas anuales de la Agencia Europea de Reconstrucción correspondientes al ejercicio 2007, acompañado de las respuestas de la Agencia (3),

Visto el informe especial no 5/2007 del Tribunal de Cuentas sobre la gestión del programa CARDS por parte de la Comisión, acompañado de las respuestas de la Comisión (4),

Visto el Informe Anual 2007 del Director General de Ampliación de la Comisión (5),

Vistas sus anteriores resoluciones sobre la ampliación, y en concreto, su Resolución, de 10 de julio de 2008, sobre el Documento de estrategia de la Comisión de 2007 sobre la ampliación (6),

Vista su Resolución, de 10 de abril de 2008, sobre el informe relativo a los progresos realizados por Croacia en 2007 (7),

Vista su Resolución, de 23 de abril de 2008, sobre el Informe de progreso 2007 relativo a la Antigua República Yugoslava de Macedonia (8),

Vista su Resolución, de 21 de mayo de 2008, sobre el Informe de 2007 sobre los progresos de Turquía (9),

Vista su Resolución, de 13 de enero de 2009, sobre las relaciones económicas y comerciales con los Balcanes Occidentales (10),

Vista su Resolución, de 4 de diciembre de 2008, sobre la situación de las mujeres en los Balcanes (11),

Vistos la visita a Kosovo de una delegación de investigación de la Comisión de Control Presupuestario (12) los días 22 al 25 de junio de 2008 y el correspondiente informe de la misión (13),

Visto el Reglamento(CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (14),y en particular, su artículo 53, y sus normas de desarrollo,

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

Visto el informe de la Comisión de Control Presupuestario y la opinión de la Comisión de Asuntos Exteriores (A6-0181/2009),

A.

Considerando que el IPA es el nuevo instrumento financiero que sustituye a los instrumentos y programas para países candidatos y candidatos potenciales, a saber, Phare, SAPARD, ISPA, la ayuda financiera de preadhesión en favor de Turquía, y CARDS, y que su objetivo es racionalizar los fondos comunitarios de forma flexible en función de las necesidades específicas y la capacidad de gestión de estos países,

B.

Considerando que el IPA consta de cinco componentes, que cubren las prioridades definidas en función de las necesidades de los países beneficiarios, a saber:

I.

Ayuda a la transición y desarrollo institucional,

II.

Cooperación transfronteriza,

III.

Desarrollo regional,

IV.

Desarrollo de recursos humanos,

V.

Desarrollo rural.

C.

Considerando que el IPA es un factor esencial para la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, de las normas sociales, de las infraestructuras y de la cooperación regional transfronteriza, así como para la promoción del respeto de los derechos humanos en los países candidatos y candidatos potenciales,

D.

Considerando que la actividad de control parlamentario sobre la ejecución del presupuesto en el ámbito de la política de ampliación no se limita a garantizar que los fondos comunitarios se empleen de conformidad con las disposiciones reguladoras y con las políticas prioritarias de la Unión Europea, sino que también evalúa si se han asignado de forma efectiva a las prioridades identificadas en la estrategia y en los informes de progreso de los países beneficiarios y si se han alcanzado los resultados previstos en lo relativo a los intereses comunes de la Unión Europea,

E.

Considerando la suma importancia de someter la aplicación del IPA a un examen riguroso en una etapa temprana con el fin de evitar los problemas identificados de forma tardía en la aplicación de instrumentos de preadhesión anteriores, pues las irregularidades no tomadas en consideración a su debido tiempo se multiplicarán y será muy difícil abordarlas más tarde, dado que asumirán la forma de malas prácticas permanentes,

F.

Considerando que la lucha contra la corrupción y las reformas sectoriales (en los sectores de la administración pública, judicial y policial) influyen no sólo en la buena gobernanza y en el Estado de Derecho, sino también en el clima empresarial general,

G.

Considerando que el IPA, sobre todo a través de la revisión de los documentos indicativos de planificación plurianual (DIPP), ofrece una considerable flexibilidad, que permite la adaptación a la evolución de las necesidades y la capacidad de gestión de los países beneficiarios,

H.

Considerando que, en virtud del artículo 27 del Reglamento (CE) no 1085/2006 (Reglamento IPA), la Comisión debe presentar al Parlamento Europeo y al Consejo, antes del 31 de diciembre de 2010, un informe de evaluación de los tres primeros años de aplicación del IPA, acompañado, en su caso, de una propuesta legislativa para la modificación del Reglamento,

I.

Considerando que, a petición del Parlamento, la Comisión se ha comprometido a efectuar, a partir de 2009, una revisión intermedia del paquete de instrumentos de ayuda exterior, incluido el IPA,

J.

Considerando que conviene, a partir de ahora, que el Parlamento dialogue con los Parlamentos nacionales de los países beneficiarios del IPA,

Observaciones generales

1.

Acoge con satisfacción el diálogo estructurado que se ha iniciado con la Comisión acerca de la puesta en marcha del IPA y recuerda su postura al respecto, en especial la necesidad de conceder a todos los países beneficiarios igual acceso a todo el abanico de utensilios políticos disponibles en el instrumento, dar la prioridad adecuada a la lucha contra la corrupción y el crimen organizado y prestar mayor atención a la creación de capacidades institucionales, en particular a nivel parlamentario, al desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, a las medidas para promover el principio de tolerancia y de no discriminación, al desarrollo humano y a la cooperación regional como principales áreas políticas;

2.

Celebra la alta tasa de cumplimiento de los compromisos del IPA en 2007; lamenta, sin embargo, que los primeros programas del IPA no se aprobasen hasta final de 2007 y que su aplicación efectiva no comenzase hasta 2008, en parte debido a la tardía aprobación del nuevo instrumento y, en parte, a los retrasos por parte de los países beneficiarios en la creación de las estructuras y sistemas de gestión necesarios; insta a la Comisión a seguir impulsando la ejecución de los proyectos y a supervisar la asignación de fondos y los resultados obtenidos para garantizar que el IPA tenga un impacto visible en los países implicados;

3.

Señala que, debido a la aprobación tardía del Reglamento IPA y del Reglamento (CE) no 718/2007 (Reglamento de aplicación del IPA) y la posterior aprobación del primer marco financiero indicativo plurianual y de los DIPP, el seguimiento, la evaluación y los informes sobre los programas y proyectos IPA fueron limitados y aún no se han obtenido resultados; subraya que para conseguir una correcta transición de los antiguos instrumentos de preadhesión al IPA se requiere continuidad en la programación, una adecuada ejecución de los proyectos y la realización de los pagos;

4.

Considera que ha habido una coherencia satisfactoria entre los programas nacionales del IPA en 2007 y la política de preadhesión de la Unión Europea, ya que la mayoría de los objetivos fijados en los programas eran conformes con las prioridades identificadas en los correspondientes informes de progreso de la Comisión;

5.

Indica que el principal objetivo de los países candidatos es la aplicación de las normas europeas, sobre todo las de carácter estadístico, medioambiental y fiscal, lo cual es coherente con la política comunitaria de ampliación; señala, no obstante, que no se debe restar importancia a los criterios de carácter político, especialmente la gobernanza democrática, el respeto de los derechos humanos, la libertad de religión, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías y el Estado de Derecho, ya que su incumplimiento puede conllevar complicaciones y demoras en las negociaciones; considera que debería existir un mayor equilibrio entre los proyectos destinados al cumplimiento de los criterios políticos y los destinados a la aplicación del acervo comunitario;

6.

Recuerda a la Comisión que la legitimidad y la capacidad de la Unión Europea para promover reformas pueden aumentar considerablemente si el IPA centra su ayuda en los aspectos que benefician directamente a los ciudadanos de los países candidatos y candidatos potenciales, en especial a la vista de las necesidades y desafíos que han surgido debido a la crisis financiera mundial;

7.

Opina, en consecuencia, que el IPA debe apoyar los esfuerzos de los países beneficiarios por cumplir las exigencias establecidas en la hoja de ruta para la liberalización de visados, de manera que los ciudadanos de los Balcanes Occidentales puedan por fin disfrutar de libertad de circulación y participar plenamente en los programas y sistemas de la Unión Europea; acoge con satisfacción el propósito de la Comisión de seguir incrementando la asignación de fondos del IPA a los programas Tempus, Erasmus Mundus y Juventud en Acción;

8.

Toma nota del hecho de que la Comisión ha podido certificar que Croacia llevaba a cabo una gestión descentralizada de los componentes I y IV y Turquía de los componentes I y II a finales de 2008; alienta a la Comisión a continuar trabajando intensamente con los países candidatos y los candidatos potenciales para que, en un futuro próximo, dichos países puedan gestionar fondos de forma descentralizada y obtener así acceso a todos los componentes del IPA; señala, sin embargo, que la atribución de poderes de gestión depende de su ejercicio efectivo;

9.

Subraya que la utilización del IPA es una responsabilidad compartida entre la Comisión y los Gobiernos nacionales de los países candidatos y candidatos potenciales; pide a la Comisión que mejore la cooperación y la comunicación entre sus delegaciones y las autoridades respectivas, que establezca un control permanente de los procedimientos de aplicación de los proyectos y que proceda a establecer medidas comunes para mejorar la capacidad administrativa de los países beneficiarios;

10.

Subraya la necesidad de una gestión y un control transparentes y eficaces del IPA, teniendo en cuenta el carácter específico del sistema de auditoría y de control interno de cada país, así como las mejores prácticas en los procedimientos de preadhesión de los anteriores países candidatos;

11.

Espera que la Comisión informe cada año al Parlamento y a su Comisión de Control Presupuestario, competente en la materia, de los pagos y de la ejecución de los fondos del IPA, así como de los fondos restantes del ISPA, del IPARD y del SAPARD, proporcionando información pormenorizada sobre cada país beneficiario y los ejemplos de mejores prácticas, y señalando cualquier problema o irregularidad encontrados;

12.

Señala que las cuestiones horizontales, como la evaluación del impacto medioambiental, la buena gobernanza, la participación de la sociedad civil, la igualdad de oportunidades y la no discriminación, no se encuentran lo suficientemente presentes y visibles en los proyectos del IPA de 2007; insta a la Comisión a desarrollar, en concreto, los programas multibeneficiarios regionales u horizontales, en particular en relación con la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada, el diálogo intercultural y la igualdad de género;

13.

Señala que se asignan fondos limitados a grandes zonas geográficas o de política global y que estos fondos se dividen en un gran número de pequeños proyectos, en vez de centrarse en unos pocos proyectos de mayor repercusión; subraya que en los programas nacionales de carácter anual debería encontrarse el equilibrio necesario para dar una respuesta adecuada a las prioridades clave identificadas en los informes de progreso y evitar una excesiva fragmentación de los fondos;

Observaciones políticas y específicas para cada país

14.

Subraya la necesidad urgente y sumamente importante de servirse del IPA para fortalecer la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada en los países beneficiarios, prestando especial atención al blanqueo de capitales, a la migración ilegal y al tráfico de seres humanos; señala que, a pesar de que en todos los informes de progreso de 2008 se identificó la corrupción como un problema grave y una prioridad clave, ésta no tuvo la consideración que merecía en todos los programas del IPA en 2007; sugiere que se destinen fondos a tal fin, como se ha hecho en los casos de Croacia (15) y Montenegro (16), y pide a la Comisión que desarrolle una estrategia más coherente en este contexto basada en las enseñanzas extraídas de las últimas ampliaciones;

15.

Señala que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) de los países beneficiarios deberían tener una participación más activa en el inicio y elaboración de proyectos; subraya que en los futuros programas del IPA se debería abordar la dependencia sistemática de las OSC de los donantes, para evitar la existencia de OSC «a la carta», así como el desarrollo de algunas OSC en función de conflictos etno-políticos, sobre todo en Bosnia y Herzegovina, la Antigua República Yugoslava de Macedonia y Kosovo (17); espera que el nuevo instrumento para la sociedad civil aborde muchos de los problemas relacionados con la diversidad, la complejidad y la fragmentación de los programas de la Unión Europea;

16.

Insiste en que es necesario prestar un apoyo constante a las OSC en los países candidatos y candidatos potenciales con el fin de crear un medio ambiente competitivo entre estas organizaciones y asegurar la viabilidad de sus esfuerzos para una aplicación del IPA orientada en los resultados y para una presencia ininterrumpida en la gestión de los proyectos;

17.

Señala que los proyectos y actividades financiados por el IPA tienen poca repercusión «sobre el terreno» a escala comunitaria y no han generado legitimidad «ascendente» para una mayor aproximación a la Unión Europea;

18.

Considera que no se han abordado de forma oportuna la educación y el empleo juvenil como condiciones previas al desarrollo y la estabilidad a largo plazo; subraya la necesidad de combatir el desempleo, sobre todo el juvenil y de larga duración, puesto que se trata de una cuestión transversal de gran importancia; sugiere, a este respecto, que la Comisión estudie la posibilidad de aprovechar en mayor medida la flexibilidad que ofrece el IPA para permitir, cuando proceda, la financiación de medidas relativas a los componentes III a V a través de los dos primeros componentes;

19.

Señala que el apoyo financiero regional derivado del IPA es relativamente bajo (aproximadamente un 10 % del IPA total), debido, en particular, a que abarca once ámbitos de intervención en seis países, desde la educación y la juventud hasta la seguridad nuclear;

20.

Muestra su preocupación por que el importe del IPA en 2007 asignado al componente II tan sólo ascendiera a 38 800 000 de euros de los 497 200 000 con que cuenta este instrumento (es decir, menos de un 8 %); señala que esto contradice la afirmación de la Comisión de que la cooperación transfronteriza contribuye a la reconciliación y a las buenas relaciones de vecindad, lo que es especialmente pertinente en una región con una historia reciente de conflictos; lamenta que haya sido difícil establecer en la práctica una cooperación eficaz, por una serie de razones, especialmente divergencias de las estructuras y de los procedimientos entre algunos socios, así como dificultades políticas; pide a los países beneficiarios y a la Comisión que en este componente promuevan la cooperación existente y que prevean una nueva cooperación para favorecer las relaciones de buena vecindad y promover la integración económica, sobre todo en los ámbitos del medio ambiente, el patrimonio natural y cultural y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada;

21.

Expresa asimismo su preocupación por que ningún país beneficiario haya presentado un programa del IPA en 2007 que aborde directamente el tema de los derechos de la mujer o la igualdad de género, aunque las cuestiones de género se hayan identificado como un importante reto tanto en los informes de progreso como en los DIPP; vuelve a pedir a la Comisión que provea fondos de preadhesión para reforzar los derechos de las mujeres en los Balcanes, en particular a través de las ONG de mujeres y de las organizaciones de mujeres; insta a la Comisión a que consigne en el IPA los fondos pertinentes para fomentar la integración presupuestaria de la perspectiva de género en la política de preadhesión y alentar a los países beneficiarios a presentar las correspondientes propuestas de proyectos;

22.

Subraya la necesidad de implicar cada vez a más organizaciones no gubernamentales en el diseño y la ejecución de los proyectos financiados por el IPA y de velar así por que sus ayudas reflejen las necesidades y expectativas reales, contribuir a una mayor visibilidad de los proyectos del IPA y promover el desarrollo de una sociedad civil dinámica y proactiva en los países beneficiarios;

23.

Pide al Tribunal de Cuentas Europeo que presente un informe de evaluación intermedio sobre la aplicación del IPA antes de finales de 2010;

*

* *

24.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, y al Tribunal de Cuentas, así como a los Gobiernos, Parlamentos e instituciones de auditoría nacionales de los Estados beneficiarios del IPA.


(1)  DO L 210 de 31.7.2006, p. 82.

(2)  DO L 170 de 29.6.2007, p 1.

(3)  DO C 311 de 5.12.2008, p. 42.

(4)  DO C 285 de 27.11.2007, p. 1.

(5)  De 31.3.2008, http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/elarg_aar.pdf.

(6)  Textos Aprobados, P6_TA(2008)0363.

(7)  Textos Aprobados, P6_TA(2008)0120.

(8)  Textos Aprobados, P6_TA(2008)0172.

(9)  Textos Aprobados, P6_TA(2008)0224.

(10)  Textos Aprobados, P6_TA(2009)0005.

(11)  Textos Aprobados, P6_TA(2008)0582.

(12)  En virtud de la Resolución 1244/1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

(13)  http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/publicationsCom.do?language=EN&body=CONT.

(14)  DO L 248, de 16.9.2002, p. 1.

(15)  Proyecto 2007/019-247: Mejora de la Cooperación Anticorrupción entre Agencias, un proyecto de 2 500 000 de euros para reforzar el órgano de coordinación del Ministerio de Justicia competente para la estrategia anticorrupción y sensibilizar a la opinión pública sobre las cuestiones relativas a la corrupción.

(16)  Proyecto 2007/19300: Lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. El objetivo de este proyecto es combatir la corrupción y la delincuencia organizada mejorando el rendimiento y la cooperación de las diversas autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley. Guarda relación con la estrategia general del Gobierno para la lucha contra la corrupción y su correspondiente plan de acción. Este segundo proyecto ha recibido una financiación de 3 000 000 de euros.

(17)  En virtud de la Resolución 1244/1999 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.


8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/7


Miércoles, 22 de abril de 2009
Ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión Europea: transparencia de los activos patrimoniales de los deudores

P6_TA(2009)0238

Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre la eficacia en la ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión Europea: transparencia de los activos patrimoniales de los deudores (2008/2233(INI))

2010/C 184 E/02

El Parlamento Europeo,

Visto el artículo 65 del Tratado CE,

Visto el Libro Verde de la Comisión, de 6 de marzo de 2008, sobre la eficacia en la ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión Europea: transparencia de los activos patrimoniales de los deudores (COM(2008)0128),

Vistos el Libro Verde de la Comisión, de 24 de octubre de 2006, sobre una mayor eficacia en la ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión Europea: embargo de activos bancarios (COM(2006)0618), y la Resolución del Parlamento de 25 de octubre de 2007 al respecto (1),

Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2008, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre la justicia en línea (e-Justicia) (2),

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 3 de diciembre de 2008,

Visto el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 22 de septiembre de 2008,

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios (A6-0252/2009),

A.

Considerando que, en virtud de los principios de subsidiariedad y de proporcionalidad, la posibilidad de adoptar un instrumento comunitario en el ámbito de la cooperación judicial en materia civil, con incidencia transfronteriza, solo puede considerarse en el supuesto de que esté demostrado que es imposible superar, en el plano nacional, un obstáculo que impida la realización o el funcionamiento del mercado interior,

B.

Considerando que el pago tardío y el impago van en perjuicio de los intereses tanto de las empresas como de los consumidores, en especial cuando el acreedor y las autoridades encargadas de la ejecución carecen de información sobre el paradero del deudor o sobre su situación patrimonial; considerando asimismo que esta circunstancia se ve acentuada por la actual situación económica, en la que la existencia de liquidez es un elemento esencial para la supervivencia de las empresas,

C.

Considerando que los problemas en materia de cobro transfronterizo de deudas pueden constituir un serio obstáculo a la libre circulación de requerimientos de pago en la Unión Europea e impedir el acceso a la justicia; considerando además que, si no se pueden ejecutar las resoluciones judiciales, se socava el ejercicio de la justicia y las normas de moralidad comercial,

D.

Considerando que, en general, el cobro de las deudas constituye un problema de primer orden que se agrava cuando los créditos son transfronterizos, en particular en el caso de las pequeñas empresas, que no tienen a su disposición abogados especializados o departamentos dedicados al cobro de deudas y, con frecuencia, se encuentran en la desagradable posición de tener que dedicar personal, recursos financieros escasos y, sobre todo, tiempo a este problema y no a actividades productivas,

E.

Considerando que hay indicios de que la Directiva sobre la morosidad en las operaciones comerciales (3) no se respeta ni se conoce lo suficiente, y que, si se hubiese actualizado y aplicado debidamente, dicha Directiva podría influir considerablemente en la disminución del número de casos de pago tardío o de impago,

F.

Considerando las enormes divergencias existentes en función del ordenamiento nacional en materia de contratos e insolvencia sobre la manera en que los acreedores pueden asegurar su deuda en el momento del contrato, especialmente mediante cláusulas de reserva de dominio u otros mecanismos de ese tipo que en ocasiones se obvian a causa de esas divergencias,

G.

Considerando que la adopción de una normativa comunitaria sobre la eficacia en la ejecución de las resoluciones judiciales debe afectar a todos los deudores, sin establecer distinciones a priori entre los deudores de buena fe y los de mala fe,

H.

Considerando que, con frecuencia, la elusión, el pago tardío y el impago de deudas se agudiza por la despreocupación de las partes en sus tratos precontractuales y contractuales; que es necesario insistir en mayor medida en la sensibilización comercial y el posible recurso a cláusulas optativas de tipo «europeo», dentro del marco común de referencia (MCR), lo que garantizaría que las partes tuviesen en cuenta esas cuestiones al inicio de su relación comercial,

I.

Considerando que se ha señalado al Parlamento el grave problema que pueden representar los casos transfronterizos en los que están implicados deudores recalcitrantes, es decir, personas que podrían pagar sus deudas o saldar sus obligaciones pero que no lo hacen, o personas que probablemente no paguen lo que deben, incluso cuando se haya dictado sentencia contra ellas; considerando que dichas personas poseen con frecuencia importantes activos en diferentes entidades, órganos de representación y fideicomisos, y que no se puede obtener una ejecución satisfactoria si no se dispone de la debida información; considerando que, a menudo, es necesario obtener dicha información sin alertar al deudor recalcitrante, que frecuentemente tiene la posibilidad de trasladar rápidamente sus activos para que estén cubiertos por otro ordenamiento jurídico,

J.

Considerando que también se ha señalado al Parlamento que determinados Estados soberanos no cumplen los laudos arbitrales o las sentencias que transmiten tribunales de otro Estado, lo que ha desembocado en la aparición de «fondos oportunistas» que adquieren esta deuda soberana por una cuantía mucho menor y después intentan obtener beneficios a través de su ejecución; considerando que sería mejor y más justo conceder a los acreedores originales los medios necesarios para obtener reparación por sí mismos,

K.

Considerando que cabe argumentar que son pocos los Estados que no tienen ningún activo en el exterior, y que, si el acreedor no tiene esperanzas de obtener la ejecución (únicamente) en su Estado miembro o en el Estado de que se trate, la reparación efectiva sólo puede realizarse a través de un tribunal extranjero, en particular los tribunales de otros Estados miembros de la Unión Europea,

L.

Considerando que, de conformidad con el Reglamento Bruselas I (4), los Estados miembros elaboran sus propias medidas provisionales que regulan sus legislaciones nacionales respectivas, y que, según dicho Reglamento, las sentencias ex parte no son objeto de reconocimiento y ejecución mutuas, mientras que las sentencias inter partes son ejecutadas por el tribunal competente mediante la medida de reparación más aproximada que dicho tribunal pueda establecer,

M.

Considerando que las medidas provisionales incluyen: (i) mandamientos para la divulgación de la información sobre activos patrimoniales que puedan ser objeto de medidas de ejecución de una resolución, y (ii) mandamientos para preservar los activos a la espera de ejecución, así como (iii) mandamientos de pago provisional por los que se concede al acreedor un pago inmediato a la espera de que se resuelva el conflicto subyacente,

N.

Considerando que la aplicación de medidas provisionales debe estar sometida a condiciones similares a las que aplica el Tribunal de Justicia, es decir, que acreedor debe convencer al tribunal de lo fundado de su demanda [un título ejecutivo en forma de sentencia o instrumento auténtico, o pruebas que hagan admisible la demanda prima facie (fumus bonis iuris)] y demostrar la urgencia, es decir, que existe el riesgo real de que la ejecución no se lleve a cabo si no se concede la medida (periculum in mora); considerando que la aplicación de estas medidas puede estar sujeta a la prestación de garantía,

O.

Considerando que, en los casos de menor envergadura, particularmente cuando de otro modo las costas judiciales pudieran ser prohibitivas, el retraso en la administración de justicia equivale a la denegación de la misma, y que, en casos de mayor envergadura, la falta de información sobre los activos patrimoniales puede ser el mayor obstáculo; considerando, por tanto, que el recurso a órdenes conminatorias en forma de medidas provisionales puede constituir una acertada solución en ambos tipos de casos,

P.

Considerando, asimismo, que toda acción comunitaria en favor de la obtención de información ha de ser examinada también en el contexto de estos tipos de casos, en los cuales la falta de información entraña graves injusticias; considerando que, a menos que el acreedor tenga a su disposición información sobre los activos de un deudor (y a fortiori, de un deudor recalcitrante) a los que se pueda acceder en ejecución de una resolución, el acreedor no podrá conseguir la ejecución de la misma,

Q.

Considerando que, en la práctica, este problema no se limita a los casos en los que ya se ha pronunciado una sentencia que se ha incumplido, sino que también puede producirse antes de que los reclamantes presenten sus reclamaciones,

R.

Considerando, no obstante, que es absolutamente esencial que las medidas que se propongan sean proporcionadas, así como que no reproduzcan simplemente lo que ya se puede obtener mediante las medidas nacionales existentes y se limiten a las reclamaciones transfronterizas, y considerando asimismo que se debe evitar toda armonización innecesaria e inadecuada,

S.

Considerando que se ha manifestado cierta preocupación en el sentido de que algunas de las ideas sobre la eficacia de la ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión Europea mediante la transparencia de los activos de los deudores podrían violar derechos fundamentales, incluido el derecho al respeto de la vida privada (protección de datos), socavar las salvaguardias procedimentales e ir en contra de las tradiciones constitucionales de numerosos Estados miembros,

T.

Considerando que las propuestas formuladas deben ser rentables e integrarse en otros ámbitos de la política comunitaria con el fin de evitar la innecesaria duplicación de los esfuerzos,

1.

Acoge positivamente el Libro Verde de la Comisión, antes citado, de 6 de marzo de 2008, porque contribuye a la estrategia de Lisboa;

2.

Declara que la opacidad de la información necesaria para obligar a los deudores a cumplir sus obligaciones es contraria a los principios comunes de buena fe y de responsabilidad patrimonial; sostiene que la falta de conocimiento de las legislaciones nacionales relativas a las vías de ejecución o su falta de eficacia puede frenar la realización de un mercado interior unificado y conlleva costes injustificados;

3.

Señala que el retraso en el pago, el impago y la dificultad de cobro de estas deudas perjudican los intereses de las empresas y consumidores acreedores, disminuyen la confianza en el mercado interior y debilitan la acción de la justicia;

4.

Apoya una estrategia integrada y eficaz según los principios de «Legislar mejor», y considera que debe alcanzarse el objetivo del pago asegurando la no discriminación, la protección de datos sensibles y las garantías judiciales con medidas proporcionales que aporten la transparencia necesaria y reduzcan considerablemente los costes informativos y de gestión;

5.

Sostiene que el acreedor, además de a la información disponible de forma pública, debe poder acceder, bajo control o por mediación de una autoridad competente y de forma fácil en todo el mercado interior, a los datos necesarios para iniciar el procedimiento de ejecución y conseguir el cobro de su deuda;

6.

Coincide con la Comisión en que el cobro transfronterizo de deudas mediante la ejecución de resoluciones judiciales es un problema de primer orden del mercado interior; considera, no obstante, que las soluciones propuestas por la Comisión requieren mayor elaboración para poder resolver adecuadamente el problema más difícil, a saber, el que plantean los deudores recalcitrantes;

Propuesta de elaboración de un manual sobre las normas y prácticas de ejecución nacionales

7.

Opina que la elaboración y actualización de dicho manual podría ser laboriosa y cara, y que, para las personas que pretendan obtener reparación, podría ser más fácil contar con un solo régimen aplicable, y que, en la mayoría de los casos, el acreedor tendrá que solicitar el asesoramiento de un abogado en la jurisdicción extranjera de que se trate; considera, no obstante, que puede resultar útil disponer de una versión simplificada, a falta de un régimen transfronterizo viable;

8.

Considera firmemente que sería útil la publicación de directorios nacionales de abogados extranjeros que ejercen sus derechos dentro del mercado interior con arreglo a las Directivas 77/249/CEE (5) y 98/5/CE (6) ; señala que debería existir un enlace con dichos directorios en las páginas web de la Comisión, que podrían ser complementarios del manual;

Incremento de la información disponible en los registros públicos y mejora del acceso a los mismos

9.

Se opone a facilitar un acceso injustificado, indiscriminado y arbitrario a cualquier tipo de información contenida en los registros de población, seguridad social y fiscales, pero está a favor de un marco apropiado y proporcionado que garantice la eficacia de la ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión Europea;

10.

Afirma que el acceso a los registros de población, en caso de existir, podría ser útil para localizar a ciudadanos sin medios económicos que no abonan las pensiones alimentarias o no reembolsan los créditos personales, y para evitar los abusos;

11.

Considera que, si bien en determinados ordenamientos un mejor acceso a los registros de seguridad social y fiscales ha sido una innovación con buenos resultados, también es necesario garantizar el respeto de las normativas en materia de protección de datos y confidencialidad; señala que se trata de un tema delicado para la opinión pública; señala además que podrían surgir problemas jurídicos por el uso de la información para un objetivo diferente de aquel para el que se recogió;

12.

Toma nota además de que, en numerosos Estados miembros, las declaraciones de la renta y los registros de la seguridad social son confidenciales, y de que, en dichos Estados, la idea de un registro, con todos los riesgos que conlleva de pérdida de expedientes, no sería bien acogida sino que sería considerada como una práctica abusiva del poder ejecutivo;

13.

Afirma que si la propuesta no fuera proporcionada respecto del fin perseguido, podría dar lugar a abusos y constituir una violación del derecho al respeto de la vida privada;

Intercambio de información entre las autoridades de ejecución

14.

Considera que puede ser útil profundizar en la idea consistente en mejorar la cooperación entre los órganos públicos de ejecución; señala, no obstante, que no todos los Estados miembros disponen de órganos de ese tipo;

Declaración del deudor

15.

Opina que puede ser útil que, en el procedimiento de ejecución de una resolución judicial, se incluya una declaración del deudor, cuando dicho procedimiento pueda ir acompañado de sanciones con arreglo a la legislación nacional;

16.

Considera que no es necesaria acción comunitaria alguna en este ámbito, siempre y cuando no se demuestre que los instrumentos existentes en los Estados miembros no son eficientes;

Otras medidas

17.

Indica que podría estudiarse seriamente la idea consistente en introducir una especie de medida provisional comunitaria adicional a las de los tribunales nacionales; considera que esta idea se podría plasmar en un procedimiento simple y flexible que podría estar vigente en toda la UE y que evitaría retrasos y gastos innecesarios; opina que también sería eficaz y justo para los que no sean parte;

18.

Propone que esta medida se pueda aplicar también a las solicitudes de arbitraje y opina que también se podría tener en cuenta en el contexto de la próxima revisión del Reglamento Bruselas I;

19.

Pide a la Comisión que conceda prioridad a esta cuestión y realice: a) una evaluación detallada del problema, b) un estudio de viabilidad de los posibles instrumentos comunitarios, y c) una evaluación de impacto de los posibles medios de recurso de Derecho comunitario limitados a los aspectos transfronterizos; considera que en estos trabajos, la Comisión también debe identificar y justificar debidamente la base jurídica adecuada para cualquier instrumento comunitario que proponga, que debe limitarse a los casos transfronterizos, así como ser complementario y no interferir con la aplicación de los recursos estrictamente nacionales en este ámbito;

20.

Insta a la Comisión a examinar exhaustivamente todas las medidas precontractuales y contractuales que podrían asociarse al desarrollo del MCR y todos los instrumentos optativos derivados del mismo, con objeto de garantizar que las partes en contratos europeos transfronterizos tienen en cuenta las cuestiones relativas al pago tardío y al impago cuando celebran contratos;

21.

Espera con gran interés la revisión de la Directiva sobre el pago tardío, e insta a la Comisión a que trate este asunto lo más rápidamente posible, a la vista del actual clima económico;

22.

Propone que se elabore un estudio sobre los enfoques nacionales divergentes en materia de cláusulas de reserva de dominio y otros mecanismos similares, con objeto de garantizar el reconocimiento mutuo al respecto;

23.

Propugna que un adquirente de derechos patrimoniales reconocidos en una resolución judicial pueda ejercer su derecho en las mismas condiciones que el transmisor de información;

*

* *

24.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Parlamentos de los Estados miembros.


(1)  DO C 263 E de 16.10.2008, p. 655.

(2)  Textos Aprobados, P6_TA(2008)0637.

(3)  Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales (DO L 200 de 8.8.2000, p. 35).

(4)  Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO L 12 de 16.1.2001, p. 1).

(5)  Directiva 77/249/CEE del Consejo, de 22 de marzo de 1977, dirigida a facilitar el ejercicio efectivo de la libre prestación de servicios por los abogados (DO L 78 de 26.3.1977, p. 17).

(6)  Directiva 98/5/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, destinada a facilitar el ejercicio permanente de la profesión de abogado en un Estado miembro distinto de aquel en el que se haya obtenido el título (DO L 77 de 14.3.1998, p. 36).


8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/12


Miércoles, 22 de abril de 2009
Informe anual sobre las actividades de la Comisión de Peticiones 2008

P6_TA(2009)0239

Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año 2008 (2008/2301(INI))

2010/C 184 E/03

El Parlamento Europeo,

Vistas sus anteriores resoluciones sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones,

Vistos los resultados de las misiones de información emprendidas por la comisión en 2008 a Rumanía, Bulgaria y Francia, así como los correspondientes informes y las recomendaciones aprobadas por la comisión,

Vistos los artículos 21 y 194 del Tratado CE, que otorgan el derecho de petición ante el Parlamento Europeo a todos los ciudadanos de la Unión Europea y a los residentes en cualquier Estado miembro,

Vistos el artículo 45 y el artículo 192, apartado 6, de su Reglamento,

Visto el informe de la Comisión de Peticiones (A6-0232/2009),

A.

Reconociendo la importancia del procedimiento de petición y sus atribuciones específicas, que permiten a la comisión competente buscar soluciones y explicaciones para los ciudadanos de la UE que presentan peticiones al Parlamento,

B.

Visto el número creciente de ciudadanos de la UE que presentan peticiones al Parlamento, junto con los esfuerzos de la Comisión de Peticiones de acelerar más sus procedimientos con el fin de proporcionar un mejor servicio a los ciudadanos que requieren su ayuda,

C.

Considerando que varias de las recomendaciones aprobadas en el informe anual de 2007 todavía no han sido aplicadas por las autoridades del Parlamento,tales como la solicitud de una mejora urgente de los recursos administrativos de su Comisión de Peticiones, incluidas las competencias en materia lingüística y jurídica, con el fin de incrementar la capacidad del Parlamento para efectuar investigaciones independientes de las peticiones que se le dirigen, como, por ejemplo, una cooperación más estrecha con SOLVIT en el ámbito de las peticiones y reclamaciones sobre el mercado interior, así como la creación de un portal común de la UE para los ciudadanos europeos,

D.

Teniendo presente que, a pesar de los considerables progresos realizados en el desarrollo de las estructuras y políticas de la Unión durante este período, los ciudadanos siguen teniendo conciencia directa de muchas deficiencias en la aplicación de las políticas y los programas de la Unión en la medida en que les afectan directamente, y considerando que éstas suelen ser con frecuencia el objeto de las peticiones que se reciben,

E.

Considerando que la «iniciativa ciudadana» instituida por el Tratado de Lisboa entrañará una participación aún mayor de los ciudadanos en las actividades y la labor de la Unión Europea,

F.

Considerando que, en consecuencia, el Parlamento tiene la responsabilidad de asegurar una mejor aplicación de la legislación comunitaria por parte de los diferentes Estados miembros en interés de los ciudadanos y residentes de la UE y, por consiguiente, de trabajar en cooperación con los Estados miembros para lograr este objetivo,

G.

Considerando, no obstante, que muchos Estados miembros siguen reticentes a cooperar activamente con la comisión competente, por ejemplo, no participando en las reuniones de la comisión, y considerando que esto denota una falta de cooperación leal con la institución,

H.

Considerando que la negativa a cooperar activa y oportunamente con el trabajo de la comisión competente en interés de la aplicación correcta del Derecho comunitario plantea dudas acerca del deseo y la determinación de los Estados miembros en cuestión de aplicar correctamente las políticas y los objetivos de la UE, exponiendo así a las autoridades a la imposición de medidas en forma de sanciones y de multas, previstas en los Tratados, así como a la crítica pública,

I.

Reconociendo, no obstante, que muchos Estados miembros muestran un buen nivel de cooperación y colaboran con el Parlamento en un esfuerzo por responder a las preocupaciones que los ciudadanos manifiestan a través del procedimiento de petición,

J.

Reconociendo la contribución constructiva al procedimiento de petición de los servicios de la Comisión, que regularmente proporcionan, a solicitud de la comisión competente, las evaluaciones preliminares de muchas de las peticiones recibidas,

K.

Considerando que esta cooperación podría y debería seguir fomentándose, en particular, en lo que respecta a los procedimientos de conformidad con los artículos 226 y 228 del Tratado CE en casos debidamente justificados,

L.

Considerando que sería legítimo que el Parlamento hiciese uso de sus atribuciones con arreglo al artículo 230 del Tratado CE, si ello resultase necesario para poner fin a una violación grave del Derecho comunitario que se haya puesto de manifiesto durante el examen de una petición y cuando persista una diferencia significativa de interpretación, a pesar de los esfuerzos realizados para resolverla, entre el Parlamento y la Comisión en lo que respecta a la acción requerida según el Derecho comunitario para proteger los derechos del ciudadano en el caso concreto,

M.

Considerando que el procedimiento por infracción no aporta una solución a los peticionarios aunque los Estados miembros estén obligados por el Tribunal de Justicia a modificar su legislación para adaptarla a los actos legislativos de la UE,

N.

Considerando que la incapacidad para proporcionar una solución extrajudicial directamente a los ciudadanos de la UE que han sido víctimas de una aplicación incorrecta del Derecho comunitario constituye una injusticia fundamental que requiere un análisis más minucioso por parte de las instituciones de la UE y, en particular, del Parlamento,

O.

Considerando que, en virtud del artículo 230 del Tratado CE, el Parlamento tiene el derecho de interponer recursos ante el Tribunal de Justicia en las mismas condiciones que el Consejo y la Comisión, y que, de conformidad con el artículo 201 del Tratado CE, está facultado para ejercer un control sobre las actividades de la Comisión, por lo que dispone de los instrumentos jurídicos y políticos para responder con mayor eficacia a las legítimas preocupaciones de los ciudadanos,

P.

Considerando que el Parlamento debería revisar sus propios procedimientos con el fin de facilitar la interposición de recursos ante el Tribunal de Justicia, en particular en virtud del artículo 121 de su Reglamento, cuando están en juego los derechos de los peticionarios,

Q.

Considerando que, de conformidad con el artículo 6 del Tratado de la UE, la Unión se basa en los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho, principios que constituyen también un elemento básico de los criterios de Copenhague para la adhesión a la UE, y considerando que el artículo 7 del Tratado de la UE establece procedimientos específicos que pueden iniciarse en caso de violación grave y persistente de los principios mencionados o de un claro riesgo de la misma,

R.

Considerando las propuestas de resolución presentadas en el Pleno en 2008 y aprobadas por la gran mayoría de los diputados, de conformidad con el artículo 192, apartado 1, de su Reglamento, sobre la base de las peticiones recibidas relativas al impacto del gasoducto Nord Stream bajo el mar Báltico y relativas a las empresas fraudulentas dedicadas a la elaboración de directorios,

S.

Considerando que de la reciente inquietud con respecto a la seguridad del suministro energético se han derivado proyectos de gasoductos para gas natural y gas natural licuado, que, en particular cuando se planifican con precipitación y sin una evaluación adecuada de los riesgos y las alternativas, han originado preocupación entre los peticionarios respecto de la ausencia del examen de los riesgos potenciales graves para el medio ambiente, la salud humana y la seguridad, sobre todo en el caso de proyectos en el Báltico, Gales e Irlanda,

T.

Considerando que, del examen de las peticiones, resulta evidente que las listas de proyectos mencionados en los anexos a la Directiva 85/337/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1985, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente (1), no incluyen una serie de instalaciones y actividades importantes que han aparecido después de producirse las últimas modificaciones a los anexos, como son las instalaciones de regasificación y biocarburantes,

U.

Considerando que muchas peticiones referentes a la red Natura 2000 continúan mostrando que acabar con la pérdida de biodiversidad es un reto esencial para la Unión y que las Directivas sobre hábitats (2) y aves (3) constituyen herramientas básicas e indispensables para cumplir los compromisos de la UE para acabar con la pérdida de biodiversidad antes de 2010,

V.

Considerando que el examen de las peticiones ha mostrado asimismo que la falta de fuentes suficientes de agua potable se ve agravada por otros factores como son la demanda creciente de agua derivada de la urbanización y los proyectos de ocio excesivos, el mantenimiento inadecuado de las infraestructuras y la prevención insuficiente de las fugas, el uso intensivo de agua por la agricultura industrial y una política de precios que no alienta el uso sostenible del agua,

W.

Teniendo en cuenta las recomendaciones formuladas por la Comisión de Peticiones a raíz de la misión de investigación a Fos-sur-Mer, Chipre y Rumanía,

X.

Teniendo en cuenta las preocupaciones manifestadas por la Comisión de Peticiones en relación con determinados proyectos de infraestructura en los Montes Rila de Bulgaria observados de una misión de información en 2008,

Y.

Considerando que, aunque la Defensora del Pueblo para los servicios parlamentarios y de salud del Reino Unido, Ann Abraham, se dirigió a la Comisión de Peticiones en diciembre de 2008 y presentó sus resultados, lo que le llevó cuatro años, la posterior respuesta del Gobierno del Reino Unido en enero de 2009, implicando posibles pagos ex gratia a las personas desproporcionadamente afectadas, no puede ser considerada un remedio adecuado para las numerosas víctimas del desastre,

Z.

Reconociendo la cooperación positiva y constructiva con el Defensor del Pueblo Europeo en 2008, el apoyo prestado por la Comisión de Peticiones a sus recomendaciones contenidas en su Informe anual 2007 y sus dos Informes especiales sobre las Reclamaciones 1487/2005 y 3453/2005 sobre respectivamente el uso de las lenguas por parte del Consejo y la aplicación del procedimiento por incumplimiento por parte de la Comisión, y celebrando las modificaciones, pragmáticas pero necesarias, de su estatuto aprobado por el Parlamento,

AA.

Considerando que en 2008 la Comisión de Peticiones recibió 1 886 peticiones, de las cuales 1 065 se admitieron a trámite y 821 no se admitieron a trámite; que el número de peticiones que no cumplían las condiciones del artículo 191, apartado 1, del Reglamento se incrementó considerablemente desde principios de 2007,

1.

Acoge con satisfacción la participación y la contribución de los peticionarios en cada reunión de la Comisión de Peticiones, lo que permite un diálogo directo y abierto con los representantes del Parlamento Europeo, y continúa animando a los ciudadanos de la UE y a las asociaciones comunitarias a que sigan exponiendo cuestiones que entren dentro del ámbito de actividad de la Unión Europea y que les afecten directamente, en la convicción de que este proceso permite al Parlamento, en su calidad de institución, supervisar la aplicación del Derecho comunitario en los Estados miembros y defender y promover mejor los derechos fundamentales de todos los ciudadanos de la UE, como se definen en el Tratado UE;

2.

Insta a los Parlamentos nacionales y regionales en su calidad de representantes de los ciudadanos a que se mantengan vigilantes en relación con la manera en que los Estados miembros aplican los Tratados y el derecho derivado, en particular, en lo que respecta a cuestiones relativas al medio ambiente, a los derechos sociales y el empleo, a la libre circulación de personas, bienes y servicios, a los servicios financieros, a los derechos fundamentales de los ciudadanos, incluido su derecho a la propiedad legítimamente adquirida, al reconocimiento de sus cualificaciones profesionales y a toda forma de discriminación; pide a las Instituciones europeas que se comuniquen de manera eficaz con los ciudadanos de forma que éstos conozcan sus derechos y los deberes de las instituciones nacionales y locales;

3.

Destaca que, de conformidad con el principio de subsidiariedad, el Parlamento no puede admitir a trámite peticiones que tengan por objeto recurrir decisiones adoptadas por autoridades competentes u órganos judiciales de los Estados miembros y que esta información debe comunicarse de una manera clara y comprensible a los peticionarios; hace hincapié, además, en que las reclamaciones han de cumplir las condiciones establecidas en el artículo 191, apartado 1, de su Reglamento antes de que puedan ser admitidas a trámite;

4.

Pide que se apliquen en un plazo razonable las recomendaciones aprobadas en el Informe anual de 2007 a las que todavía no se ha dado curso;

5.

Pide a la Comisión, a todos los Estados miembros y a sus instituciones, nacionales, regionales y locales, junto con sus Representantes Permanentes, que cooperen plenamente con la comisión competente del Parlamento Europeo en la investigación de las denuncias o las propuestas contenidas en las peticiones, sobre una base leal y constructiva, con vistas a encontrar soluciones a las cuestiones planteadas a través del procedimiento de petición;

6.

Pide a las instancias competentes del Parlamento Europeo, de la Comisión y del Consejo que lleven a cabo un análisis en profundidad de posibles procedimientos para asegurar la adopción de medidas correctoras en favor de los ciudadanos de la UE y que se negocie un nuevo acuerdo interinstitucional que incluya poderes reforzados para las comisiones de investigación, con el fin reforzar los derechos de los ciudadanos de la UE;

7.

Opina que esta revisión complementaría cualquier aplicación eventual del Tratado de Lisboa previendo salvaguardias adicionales sobre la base de los derechos y las obligaciones declarados de los ciudadanos y las instituciones de la UE;

8.

Recuerda que el Parlamento, en su Resolución de 20 de abril de 2004 sobre la Comunicación de la Comisión relativa al artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (4), destacó que el respeto y la promoción de los valores en los que está basada la Unión y la defensa de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos fundamentales son «su especial responsabilidad como representante por elección directa de los ciudadanos europeos», y que consideraba «que, si se descarta la necesidad potencial de aplicar sanciones, se produce necesariamente la impresión de que la Unión no está dispuesta a ello o no está en situación de hacer uso de todos los recursos de que dispone para proteger sus valores»;

9.

Pide a la Comisión, una vez más, que asegure un reconocimiento y un énfasis mayores del procedimiento de petición, en particular, en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos por infracción y a la obligación de informar a la Comisión de Peticiones directa y oficialmente cuando se adopten decisiones de incoar procedimientos de acuerdo con los artículos 226 y 228 relacionados con las cuestiones planteadas en las peticiones individuales

10.

Recuerda que el Parlamento estimó que las alegaciones de incumplimientos graves del Derecho comunitario que la Comisión de Peticiones ha considerado bien fundadas tras el examen de las correspondientes peticiones, pero que el Estado miembro implicado se niega a admitir y que pueden sentar un precedente a escala nacional, deberían ser examinadas en última instancia por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en aras de la coherencia del Derecho comunitario y la realidad del mercado interior (5);

11.

Reconoce que los procedimientos por infracción, incluso si tienen éxito, pueden no originar una solución inmediata del problema específico planteado por los peticionarios individuales, una situación que, con frecuencia, mina la confianza pública en la capacidad de las instituciones de la UE para responder a sus expectativas;

12.

Opina que, teniendo en cuenta las claras indicaciones de que no podrá lograrse el objetivo de acabar con la pérdida de biodiversidad en la UE para 2010, se requiere la adopción de medidas urgentes con el fin de hacer más eficaz la aplicación de las Directivas sobre hábitats y aves, y pide a la Comisión que haga todo lo posible para garantizar que los Estados miembros aplican las directivas de manera coherente con este objetivo;

13.

Pide al Parlamento y a la Comisión que transmitan a los Estados miembros la importancia de anticipar, especialmente en lo que se refiere a la aprobación de la planificación, como forma de contribuir a evitar los incumplimientos posibles de las disposiciones legislativas comunitarias que se han adoptado pero no han entrado todavía en vigor;

14.

Reconoce que a veces no pueden encontrarse soluciones para las reclamaciones de los peticionarios debido a deficiencias existentes en el propio Derecho comunitario aplicable;

15.

Manifiesta su inquietud por el gran número de peticiones recibidas por la Comisión de Peticiones favorables a la concesión del derecho de voto a los residentes «no ciudadanos» de Letonia en las elecciones municipales; recuerda que el Comité de Derechos Humanos las Naciones Unidas, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, el Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa, el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia y la Asamblea Parlamentaria de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa han recomendado que los «no ciudadanos» puedan participara en las elecciones municipales; insta a la Comisión a que supervise de cerca y fomente la regularización del estatuto de los «no ciudadanos» en Letonia, muchos de los cuales han nacido en ese país;

16.

Constata que el Parlamento recibe muchas peticiones de particulares y asociaciones en las que muchos de los problemas expuestos no constituyen infracción al Derecho comunitario y que, por lo tanto, deberían resolverse agotando la vía judicial del Estado miembro concernido y, una vez agotadas las vías nacionales, la instancia de recurso procedente es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos;

17.

Observa que todavía no se ha tratado plenamente la petición en favor de una sede única, firmada por millón y medio de personas, destinada a lograr que el Parlamento Europeo se reúna en una única localidad; recomienda que la Comisión de Peticiones examine este asunto de forma prioritaria durante la próxima legislatura;

18.

Pide, por consiguiente, a las comisiones legislativas competentes que tengan en cuenta las propuestas o las sugerencias que de vez en cuando pueda formular la Comisión de Peticiones en lo que respecta a la aplicación por parte de los Estados miembros de determinada legislación, con vistas a una posible revisión o a una investigación más a fondo;

19.

Recuerda su solicitud a la Comisión para que intensifique su seguimiento de la aplicación de la Directiva 2006/114/CE del parlamento Europeo y del Consejo de 12 de diciembre de 2006 sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (6), con respecto a las empresas dedicadas de manera engañosa a la elaboración de directorios profesionales y que le informe de la viabilidad y de las posibles consecuencias de ampliar el ámbito de aplicación de la Directiva 2005/29/CE del parlamento Europeo y del Consejo de 11 de mayo de 2005 relativa a las prácticas comerciales desleales de las empresas en sus relaciones con los consumidores en el mercado interior (7), concretamente sustituyendo el término «consumidor» por los términos «la persona objetivo de la práctica;»

20.

Apoya el llamamiento realizado por el Defensor del Pueblo al Consejo para que amplíe las opciones lingüísticas de las páginas web de sus Presidencias para incluir las lenguas más difundidas en la Unión Europea, con el fin de garantizar que los ciudadanos tengan acceso directo a las actividades de las Presidencias del Consejo; se refiere a este respecto a la Presidencia francesa del Consejo, que publicó su página web oficial cumpliendo las recomendaciones del Defensor del Pueblo;

21.

Apoya el llamamiento realizado por el Defensor del Pueblo a la Comisión, con referencia a la aplicación de la Directiva relativa al tiempo de trabajo (8), para tratar las reclamaciones presentadas por los ciudadanos conforme a los principios de buena administración en el ámbito de los poderes discrecionales de la Comisión referentes al inicio de procedimientos por infracción;

22.

Se felicita por la cooperación constructiva entre el Defensor del Pueblo y la UE en el marco institucional pertinente; apoya los llamamientos reiterados por parte del Defensor del Pueblo sobre la necesidad de un código de buena conducta administrativa, común a todas las instituciones y a todos los organismos comunitarios, como aprobó el Parlamento en su Resolución el 6 de septiembre de 2001 sobre el informe especial del Defensor del Pueblo Europeo (9) siguiendo la investigación por propia iniciativa de la existencia y acceso público, en las diferentes instituciones y diferentes organismos, de un código de buena conducta administrativa; opina que el Defensor del Pueblo, la Comisión y el Parlamento deberían preparar un portal comunitario común para el tratamiento de las reclamaciones dirigidas a las instituciones de la UE;

23.

Insta a la aplicación por todas las partes de la Resolución 550 (1984) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Chipre, que conduciría a la plena restitución de la propiedad a sus legítimos dueños en Varosha; sugiere que, en caso de que no se produzcan resultados visibles para finales de 2009, la comisión competente debería examinar la posibilidad de presentar al Pleno el asunto de los peticionarios de Famagusta;

24.

Pide a las autoridades rumanas que adopten medidas para conservar y salvaguardar el patrimonio cultural y arquitectónico de Rumanía, con arreglo al artículo 151 del Tratado CE, tal como solicitó en su Declaración de 11 de octubre de 2007 sobre la necesidad de medidas para proteger la catedral católica de San José en Bucarest, Rumanía, un monumento histórico y arquitectónico en peligro (10); señala, con referencia a los problemas sobre la restitución de la propiedad confiscada bajo el régimen comunista, que, con arreglo al artículo 295 del Tratado CE, la propiedad es un asunto de competencia nacional;

25.

Solicita a las autoridades francesas que preparen una evaluación epidemiológica para determinar el impacto en la zona próxima a Fos-Berre, en la proximidad inmediata de la planta incineradora en construcción en Fos-sur-Mer; reconoce que la Directiva 1999/30/CE de 22 de abril de 1999 sobre los valores límite de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente (11) no prohíbe la construcción de un incinerador en la zona ya afectada por la contaminación atmosférica, pero que, con arreglo a la Directiva 1999/30/CE y la Directiva del Consejo 96/62/CE de 27 de septiembre de 1996 sobre la evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente (12), se han de adoptar medidas destinadas a cumplir las normas europeas sobre contaminación atmosférica;

26.

Recuerda las recomendaciones incluidas en el Informe anual de 2007 de la Comisión de Peticiones, destinadas a examinar de nuevo los procedimientos administrativos para el tratamiento de las peticiones, tales como, por ejemplo, el traspaso del registro de peticiones a la secretaría de la Comisión de Peticiones, una cooperación estrecha con SOLVIT, el refuerzo de la base de datos de peticiones, la creación de un portal comunitario para los ciudadanos europeos, etc.; se felicita de la redacción por parte de algunos diputados de un código de buenas prácticas para el tratamiento de las peticiones, que entraría en vigor al comienzo de la próxima legislatura;

27.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución y el informe de la Comisión de Peticiones al Consejo, a la Comisión, al Defensor del Pueblo Europeo, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros, a sus comisiones de peticiones y a sus defensores del pueblo, así como a otros órganos competentes análogos.


(1)  DO L 175 de 5.7.1985, p. 40.

(2)  Directiva del Consejo 92/43/CEE de 21 de mayo de 1992 sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (DO L 206 de 22.7.1992, p. 7).

(3)  Directiva del Consejo 79/409/CEE de 2 de abril de 1979 sobre la conservación de las aves silvestres (DO L 103 de 25.4.1979, p. 1).

(4)  DO C 104 E de 30.4.2004, p. 408.

(5)  Véase la Resolución del Parlamento Europeo de 9 de marzo de 2005 sobre las deliberaciones de la Comisión de Peticiones durante el año parlamentario 2003-2004 (DO C 320 E de 15.12.2005, p. 161).

(6)  DO L 376 de 27.12.2006, p. 21.

(7)  DO L 149 de 11.6.2005, p. 22.

(8)  Directiva del Consejo 93/104/CE de 23 de noviembre de 1993 sobre determinados aspectos de la organización del tiempo de trabajo (DO L 307 de 13.12.1993, p. 18).

(9)  DO C 72 E de 21.3.2002, p. 331.

(10)  DO C 227 E de 4.9.2008, p. 162.

(11)  DO L 163 de 29.6.1999, p. 41.

(12)  DO L 296 de 21.11.1996, p. 55.


8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/18


Miércoles, 22 de abril de 2009
Enfoque integrado de la igualdad entre mujeres y hombres

P6_TA(2009)0240

Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre el enfoque integrado de la igualdad entre mujeres y hombres en el marco de los trabajos de las comisiones y delegaciones (2008/2245(INI))

2010/C 184 E/04

El Parlamento Europeo,

Vistos el artículo 2, el artículo 3, apartado 2, el artículo 13 y el artículo 141, apartado 4, del Tratado CE,

Vistos el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, la Carta Social Europea revisada y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

Vistos los trabajos de la Dirección General de Derechos Humanos y Asuntos Jurídicos del Consejo de Europa, y especialmente los de su Comité Director para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres,

Vista la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (1),

Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2003, sobre la integración de la perspectiva de género en el Parlamento Europeo (2),

Vista su Resolución, de 18 de enero de 2007, sobre el enfoque integrado de la igualdad entre mujeres y hombres en el marco de los trabajos de las comisiones (3),

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-0198/2009),

A.

Considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental del Derecho comunitario y que, de conformidad con el artículo 2 del Tratado, es una de las misiones que debe promover la Comunidad,

B.

Considerando que en el artículo 3, apartado 2, del Tratado se establece el principio del enfoque integrado de la igualdad al disponer que, en todas sus actividades, la Comunidad se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades y promover la igualdad entre el hombre y la mujer,

C.

Considerando la progresión constante del porcentaje de mujeres diputadas al Parlamento Europeo, que ha pasado del 17,5 % en 1979 al 31,08 % en 2009,

D.

Considerando el escaso número de mujeres diputadas que ocupan cargos de alto nivel en los órganos del Parlamento (por ejemplo, presidencia o vicepresidencia de comisiones o delegaciones.),

E.

Considerando que en las Direcciones Generales de Políticas Interiores y Políticas Exteriores del Parlamento, las mujeres están sobrerrepresentadas y constituyen respectivamente el 66,5 % y el 66 % del personal, y que cabe destacar los importantes progresos realizados en los últimos años por la Dirección General de Políticas Interiores, coronados por el «Premio de la Igualdad 2007 - mejores prácticas», tanto por la creación de un entorno laboral favorable a la igualdad y al enfoque integrado de la igualdad, como por el aumento considerable del número de mujeres que ocupan cargos de dirección (por ejemplo, desde 2005 el número de jefas de unidad pasó del 5 % al 30 %),

F.

Considerando que, por lo general, la mayoría de las comisiones parlamentarias conceden cierta importancia al enfoque integrado de la igualdad entre mujeres y hombres (como en el marco de su actividad legislativa, de sus relaciones institucionales con la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, de la elaboración del plan de acción a favor de la igualdad, entre otros), y que sólo algunas – pocas – comisiones se ocupan de ella rara vez o nunca,

G.

Considerando que el funcionamiento de la red encargada del enfoque integrado de la igualdad de género en las comisiones parlamentarias, compuesta por diputados y miembros de la secretaría, no ha logrado hasta ahora los resultados que se esperaban,

H.

Considerando que el Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad ha propuesto la creación de una red similar en las delegaciones interparlamentarias con objeto de incluir las cuestiones de igualdad de género en las relaciones exteriores de la Unión Europea,

1.

Subraya que la reivindicación de la igualdad entre mujeres y hombres debe traducirse en un enfoque práctico que no oponga las mujeres a los hombres;

2.

Hace hincapié en que un enfoque integrado de la igualdad constituye una evolución positiva tanto para las mujeres como para los hombres;

3.

Señala que el enfoque integrado de la igualdad entre mujeres y hombres conlleva la reorganización, la mejora, la evolución y la evaluación de las políticas, a fin de que los agentes generalmente implicados en la adopción de las políticas incorporen la perspectiva de la igualdad en todas las políticas, a todos los niveles y en todas las fases;

4.

Recuerda la necesidad de adoptar y aplicar una estrategia acompañada de objetivos concretos para un enfoque integrado de la igualdad entre mujeres y hombres en las políticas comunitarias que son competencia de las comisiones y delegaciones parlamentarias;

5.

Resalta la importancia del mandato del Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad y pide que se siga alentando y promoviendo este proceso en todo el Parlamento, así como en las relaciones y la cooperación con la Comisión, el Consejo y las demás instituciones;

6.

Felicita a las comisiones parlamentarias que han posibilitado el enfoque integrado de la igualdad en sus trabajos, y solicita a las restantes comisiones y delegaciones que hagan lo mismo;

7.

Pide que se impulse el funcionamiento de la red encargada del enfoque integrado de la igualdad en las delegaciones interparlamentarias y en las misiones de observación de las elecciones;

8.

Alienta al Secretario General a que dé prioridad a la formación en el enfoque integrado de la igualdad de los funcionarios de todos los niveles de las comisiones y delegaciones parlamentarias; reitera su petición de que se imparta una formación en la igualdad entre hombres y mujeres a todos los diputados al Parlamento, y ello desde el comienzo de la próxima legislatura;

9.

Sigue alentando el trabajo en red de los funcionarios de las secretarías de las comisiones parlamentarias y de las delegaciones interparlamentarias que, en las Direcciones Generales de Políticas Interiores y de Políticas Exteriores, están especialmente formados en el enfoque integrado de la igualdad de género, a fin de que puedan intercambiar periódicamente buenas prácticas;

10.

Subraya la necesidad de que las comisiones y delegaciones parlamentarias dispongan de herramientas apropiadas para un buen conocimiento del enfoque integrado, como los indicadores, los datos y las estadísticas desglosados por sexo, así como el reparto de los recursos presupuestarios desde el punto de vista de la igualdad entre mujeres y hombres;

11.

Subraya que la aplicación del enfoque integrado de la igualdad debe tener en cuenta la especificidad de cada comisión o delegación parlamentaria; solicita a las comisiones y delegaciones una participación activa en las evaluaciones que se realizan periódicamente bajo los auspicios de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género, basándose en el cuestionario presentado a los presidentes y vicepresidentes encargados del enfoque integrado de la igualdad entre mujeres y hombres, e incluyendo los casos de incumplimiento registrados en los trabajos de las comisiones y las delegaciones, así como los avances en la aplicación del enfoque integrado de la igualdad en cada comisión;

12.

Resalta la importancia para las comisiones y delegaciones parlamentarias de que su papel y responsabilidades en el ámbito del enfoque integrado de la igualdad de género estén bien definidos;

13.

Destaca la importancia de establecer una colaboración eficaz y coordinada del Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad con la red encargada del enfoque integrado de la igualdad de género en las comisiones y delegaciones interparlamentarias y con la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género;

14.

Pide al Secretario General que vele por que se siga aplicando la estrategia integrada de conciliación de la vida familiar y la vida profesional y se facilite la evolución de la carrera de las mujeres funcionarias;

15.

Pide a los grupos políticos que tengan en cuenta el objetivo de una participación equilibrada de hombres y mujeres en la selección de personas para ocupar puestos de responsabilidad;

16.

Invita a la Mesa del Parlamento a que, en sus contactos con los Parlamentos de los Estados miembros, destaque el papel del Grupo de Alto Nivel sobre Igualdad de Género y Diversidad como modelo de acción positiva;

17.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Consejo de Europa.


(1)  DO L 269 de 5.10.2002, p. 15.

(2)  DO C 61 E de 10.3.2004, p. 384.

(3)  DO C 244 E de 18.10.2007, p. 225.


8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/20


Miércoles, 22 de abril de 2009
Acuerdo comercial interino con Turkmenistán

P6_TA(2009)0252

Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre el Acuerdo comercial interino con Turkmenistán

2010/C 184 E/05

El Parlamento Europeo,

Vista la propuesta de Decisión del Consejo y de la Comisión (COM(1998)0617),

Visto el Acuerdo interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio entre la Comunidad Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y Turkmenistán, por otra (5144/1999),

Vistos el artículo 133 y el artículo 300, apartado 2, párrafo primero, del Tratado CE,

Visto el artículo 300, apartado 3, párrafo primero, del Tratado CE, conforme al cual ha sido consultado por el Consejo (C5-0338/1999),

Vista su Resolución, de 20 de febrero de 2008, sobre una estrategia de la UE para Asia Central (1),

Vista la Posición, de 22 de abril de 2009, sobre la propuesta mencionada (2),

Visto el artículo 108, apartado 5, de su Reglamento,

A.

Considerando que las relaciones entre las Comunidades Europeas y Turkmenistán se rigen actualmente por el Acuerdo entre la Comunidad Económica Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas sobre comercio y cooperación comercial y económica, firmado en diciembre de 1989; considerando que ese Acuerdo no contiene una cláusula dedicada a los derechos humanos,

B.

Considerando que el Acuerdo interino sobre comercio y cuestiones relacionadas con el comercio, de 2 de diciembre de 1998, celebrado entre la Comunidad Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero y la Comunidad Europea de la Energía Atómica, por una parte, y Turkmenistán, por otra, se encuentra en fase de aprobación en el Consejo,

C.

Considerando que en mayo de 1997 se rubricó un Acuerdo de colaboración y cooperación (ACC) con Turkmenistán y se firmó en 1998; considerando que, desde entonces, once Estados miembros han ratificado el ACC -Francia, Irlanda, el Reino Unido y Grecia todavía tienen que ratificarlo- y que los doce nuevos Estados miembros lo ratificarán mediante un Protocolo único; considerando que Turkmenistán ratificó el ACC en 2004,

D.

Considerando que, una vez ratificado por todos los Estados miembros, el ACC se celebrará por un periodo inicial de diez años, después de los cuales se renovará anualmente, siempre y cuando ninguna de las partes decida denunciarlo; considerando que las partes podrán ampliar o modificar el ACC o desarrollarlo, con el fin de tener en cuenta las evoluciones,

E.

Considerando que Turkmenistán desempeña un papel importante en la región del Asia Central y que, por consiguiente, resulta deseable una estrecha cooperación entre este país y la Unión Europea,

F.

Considerando que la situación en Turkmenistán ha mejorado con el nuevo Presidente; que el régimen ha manifestado su voluntad de llevar a cabo importantes reformas; y considerando que todavía hacen falta considerables progresos en diversos ámbitos clave como los derechos humanos, el Estado de Derecho y las libertades individuales,

G.

Considerando que el Acuerdo comercial interino (ACI) propuesto entre las Comunidades Europeas y Turkmenistán establece el respeto por la democracia y los derechos humanos como una condición para la cooperación,

H.

Considerando que, por consiguiente, el ACI tendría la capacidad de contribuir al progreso de las reformas democráticas en curso en Turkmenistán,

I.

Considerando que el ACI incluye un mecanismo que permite a ambas partes denunciarlo mediante notificación a la otra parte,

1.

Toma nota de que, tras el cambio de presidente en Turkmenistán, se observan señales de voluntad de llevar a cabo reformas en ámbitos clave; acoge con satisfacción en particular la creación del Instituto Nacional para la Democracia y los Derechos Humanos; toma nota del proceso de revisión de la Constitución que tiene por objeto reforzar la democracia, las libertades individuales y el Estado de Derecho; toma nota además de la revisión de la ley electoral; celebra la adhesión de Turkmenistán a las convenciones internacionales como el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte, y la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer; celebra igualmente la reforma del sistema educativo, que tiene por objeto mejorar la calidad y reforzar la igualdad de los estudiantes;

2.

Pide al Gobierno de Turkmenistán que avance con más rapidez hacia la democracia y el respeto de Estado de Derecho; pide, en particular, la celebración de elecciones abiertas y democráticas, la libertad religiosa, el desarrollo de una verdadera sociedad civil, la liberación de todos los presos políticos y de los presos de conciencia, la eliminación de las restricciones de viaje y el acceso de supervisores independientes;

3.

Destaca la necesidad de que la Unión Europea siga fomentando esta evolución; subraya que las actividades del Gobierno de Turkmenistán deben controlarse detallada y regularmente;

4.

Pide al Consejo y a la Comisión que le mantenga regular y plenamente informado de la situación de los derechos humanos en Turkmenistán;

5.

Lamenta que en diversos ámbitos, en particular en lo que respecta a los derechos humanos y la democracia, la situación siga siendo insatisfactoria; atrae la atención en particular sobre la necesidad de que todos los presos políticos sean liberados sin condiciones; subraya la importancia de la eliminación de todos los obstáculos a la libertad de viajar y de la concesión del acceso libre a los supervisores independientes, incluida la Cruz Roja Internacional; pide más mejoras en las libertades civiles, también para las organizaciones no gubernamentales; subraya la necesidad de realizar reformas a todos los niveles y en todos los sectores de la administración;

6.

Subraya la importancia de las relaciones económicas y comerciales para la apertura de la sociedad turcomana y la mejora de la situación democrática, económica y social de los ciudadanos turcomanos;

7.

Considera que el ACI, a la vez que establece las normas que rigen las relaciones económicas, supone un punto de partida hacia unas relaciones continuas y sostenibles entre la Unión Europea y Turkmenistán y un instrumento potencial para reforzar el proceso de reforma en este país;

8.

Subraya que el ACI no es un cheque en blanco para Turkmenistán; pide, por consiguiente, un control estricto y revisiones regulares de los desarrollos en ámbitos clave de Turkmenistán y, si procede, la suspensión del Acuerdo si existen pruebas de que no se están cumpliendo las condiciones; pide una actualización regular del control por parte de la Comisión y del Consejo;

9.

Pide al Consejo y a la Comisión que incluyan en el ACC una cláusula de suspensión clara relativa a los derechos humanos; subraya que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas debe ser respetada; pide al Consejo que acepte toda solicitud del Parlamento de suspender el Acuerdo;

10.

Pide al Consejo y a la Comisión que incluyan también una cláusula de revisión en el ACC; pide que se le consulte en relación con cualquier revisión del ACC;

11.

Señala que, para que pueda entrar en vigor, el ACC requiere el dictamen conforme del Parlamento; a pesar de que el ACI lamentablemente no requiere su dictamen conforme, pide que las cuestiones planteadas en la presente Resolución se tengan plenamente en cuenta, puesto que, de lo contrario, podría verse comprometido su dictamen conforme sobre el ACC; por consiguiente, manifiesta su intención de basar su dictamen sobre el ACI en las respuestas recibidas del Consejo y la Comisión en sus respectivas declaraciones;

12.

Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros y al Gobierno y al Parlamento de Turkmenistán.


(1)  Textos Aprobados, P6_TA(2008)0059.

(2)  Textos Aprobados, P6_TA(2009)0253.


8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/23


Miércoles, 22 de abril de 2009
Política Común de Emigración para Europa

P6_TA(2009)0257

Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre una Política Común de Emigración para Europa: principios, medidas e instrumentos (2008/2331(INI))

2010/C 184 E/06

El Parlamento Europeo,

Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de junio de 2008, titulada «Una Política Común de Emigración para Europa: Principios, medidas e instrumentos» (COM(2008) 0359),

Visto el Dictamen del Comité de las Regiones titulado «Una política común de emigración para Europa», de 26 de noviembre de 2008 (1),

Visto el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, adoptado por el Consejo Europeo de los días 15 y 16 de octubre de 2008 (2),

Vista la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (3) (Directiva sobre retorno),

Visto el Reglamento (CE) no 863/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de julio de 2007, por el que se establece un mecanismo para la creación de equipos de intervención rápida en las fronteras (4),

Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (Texto refundido) (COM(2008)0820),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de octubre de 2008, titulada «Un año después de Lisboa: la Asociación África-UE en marcha» (COM(2008)0617),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 13 de febrero de 2008, titulada «Preparación de los próximos pasos en la gestión de fronteras en la Unión Europea» (COM(2008)0069),

Visto el Documento de trabajo de la Comisión titulado «Evaluación y seguimiento de la aplicación del Plan de la UE sobre mejores prácticas, normas y procedimientos para luchar contra la trata de seres humanos y prevenirla» (COM(2008)0657),

Vistos la Estrategia común África-UE y su primer Plan de acción (2008-2010) – la colaboración estratégica –, acordados en la Cumbre África-UE de los días 8 y 9 de diciembre de 2007, en Lisboa (5),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de noviembre de 2006, titulada «El Planteamiento global sobre la migración un año después: Hacia una política global europea en materia de migración» (COM(2006)0735),

Visto el Programa de La Haya sobre la consolidación de la libertad, la seguridad y la justicia en la Unión Europea, adoptado en el Consejo Europeo de los días 4 y 5 de noviembre de 2004,

Visto el Programa de Tampere adoptado en el Consejo Europeo de los días 15 y 16 de octubre de 1999, en el que se establece un enfoque coherente en el ámbito de la inmigración y el asilo,

Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2009, sobre el futuro del sistema europeo común de asilo (6),

Vista su Posición, de 19 de febrero de 2009, sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen sanciones aplicables a los empleadores de residentes ilegales nacionales de terceros países (7),

Vista su Resolución, de 5 de febrero de 2009, sobre la aplicación en la Unión Europea de la Directiva 2003/9/CE por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo y los refugiados: visitas de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior de 2005 a 2008 (8),

Vista su Resolución, de 18 de diciembre de 2008, sobre la evaluación y el desarrollo futuro de la Agencia FRONTEX y el sistema europeo de vigilancia de fronteras (EUROSUR) (9),

Vista su Posición, de 20 de noviembre de 2008, sobre la propuesta de Directiva del Consejo relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado (10),

Vista su Posición, de 20 de noviembre de 2008, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se establece un procedimiento único de solicitud de un permiso único que autoriza a los nacionales de terceros países a residir y trabajar en el territorio de un Estado miembro y por la que se establece un conjunto común de derechos para los trabajadores de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro (11),

Vista su Resolución, de 2 de septiembre de 2008, sobre la evaluación del sistema de Dublín (12),

Vista su Posición, de 23 de abril de 2008, sobre la propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2003/109/CE con el fin de extender su ámbito de aplicación a los beneficiarios de protección internacional (13),

Vista su Resolución, de 26 de septiembre de 2007, sobre el plan de política en materia de migración legal (14),

Vista su Resolución, de 26 de septiembre de 2007, sobre las prioridades políticas en la lucha contra la inmigración clandestina de los nacionales de terceros países (15),

Vista su Resolución, de 6 de julio de 2006, sobre las estrategias y los medios para la integración de los inmigrantes en la Unión Europea (16),

Vistos el Tratado de Ámsterdam, con arreglo al cual se otorgan a la Comunidad competencias y responsabilidades en los ámbitos de inmigración y asilo, y el artículo 63 del Tratado CE,

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

Vistos el informe de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior, y las opiniones de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, de la Comisión de Cultura y Educación, y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-0251/2009),

A.

Considerando que la inmigración en Europa siempre será una realidad mientras sigan existiendo diferencias considerables en lo que respecta al bienestar y la calidad de vida entre Europa y otras regiones del mundo,

B.

Considerando que es imperativo adoptar un enfoque común en materia de inmigración en la UE, con más razón en una zona común sin controles fronterizos internos en la que la acción o inacción de un Estado miembro tiene consecuencias directas en otros y en la UE en su conjunto,

C.

Considerando que una mala gestión de la migración puede alterar la cohesión social de los países de destino y puede igualmente perjudicar a los países de origen así como a los propios inmigrantes,

D.

Considerando que la migración regular representa una oportunidad de la que pueden beneficiarse tanto los migrantes como los países de origen, porque se benefician de las remesas de sus migrantes, o los Estados miembros; que, no obstante, los progresos en el ámbito de la migración regular tienen que ir acompañados de acciones efectivas de lucha contra la inmigración irregular, teniendo en cuenta, sobre todo, que esta inmigración potencia la existencia de organizaciones delictivas de tráfico de seres humanos,

E.

Considerando que una verdadera política comunitaria común de inmigración no solo debe basarse en la lucha contra la migración irregular, sino también en la cooperación con terceros países y países de tránsito, y en la existencia de una política adecuada de integración de los inmigrantes,

F.

Considerando que las políticas europeas de inmigración deben respetar las normas del Derecho internacional, en particular las relativas a los derechos humanos, la dignidad humana y el derecho de asilo,

G.

Considerando que la UE es -y debe seguir siéndolo- un espacio acogedor para aquellos que obtengan el derecho a permanecer en ella, tanto si son inmigrantes por motivos laborales, de reunificación familiar o de estudio, como si se trata de personas necesitadas de protección internacional,

H.

Considerando que los migrantes han desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de la UE y del proyecto europeo a lo largo de las últimas décadas y que es fundamental reconocer este hecho y reconocer también que la UE sigue necesitando el trabajo de los migrantes,

I.

Considerando que, de acuerdo con EUROSTAT, el envejecimiento demográfico de la UE será una realidad a medio plazo, pues se prevé que para 2060 la población activa habrá posiblemente descendido en aproximadamente 50 millones de personas; que la inmigración puede constituir un impulso decisivo para los buenos resultados económicos de la UE,

J.

Considerando que el cumplimiento de los objetivos de crecimiento y empleo de la Estrategia de Lisboa pueden verse impedidos por una posible escasez de mano de obra, y que en la actualidad está aumentando el paro; que dicha escasez podría atenuarse a corto plazo mediante una gestión adecuada y estructurada de la inmigración económica,

K.

Considerando que los inmigrantes suelen estar expuestos a empleos precarios o trabajan en puestos de menor calidad o para los que están excesivamente cualificados,

L.

Considerando que la UE también debería esforzarse en mayor medida en abordar internamente los problemas relativos a la escasez de mano de obra y de oficios mediante la utilización de grupos actualmente subempleados, como las personas con discapacidad, aquellas con formación insuficiente, o los solicitantes de asilo que ya residan en la UE y sean parados de larga duración,

M.

Considerando que el número de mujeres inmigrantes está en constante aumento en la UE y que las mujeres representan aproximadamente el 54 % del total de inmigrantes,

N.

Considerando que las mujeres inmigrantes se enfrentan a graves problemas de integración y de acceso al mercado de trabajo debido a su bajo nivel de formación y a los estereotipos y prácticas negativos de sus países de origen, así como a los estereotipos negativos y a la discriminación existentes en los Estados miembros; que, no obstante, muchas mujeres jóvenes con un alto nivel de educación vienen a ocupar en la UE empleos relativamente poco cualificados,

Consideraciones generales

1.

Apoya enérgicamente el establecimiento de una política europea común de inmigración basada en un elevado nivel de solidaridad política y operativa, confianza mutua, transparencia, colaboración, responsabilidad compartida y esfuerzos conjuntos a través de principios comunes y de acciones concretas, así como en los valores consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

2.

Reitera que la gestión de los flujos migratorios debe basarse en un enfoque coordinado teniendo en cuenta la situación demográfica y económica de la UE y de sus Estados miembros;

3.

Considera que, en materia de desarrollo de una política común de inmigración, podría ser muy útil consultar en mayor medida y regularmente a representantes de la sociedad civil, como las organizaciones que trabajan para y con comunidades de inmigrantes;

4.

Lamenta que, hasta el momento, la aplicación de una política común de inmigración legal haya sido demasiado limitada y acoge favorablemente los nuevos instrumentos legislativos que se han adoptado dentro del marco de la política europea común de inmigración legal;

5.

Subraya que una política europea de inmigración coherente y equilibrada añade credibilidad a la UE en sus relaciones con los países terceros;

6.

Reitera que la gestión eficaz de la inmigración requiere la implicación de las autoridades regionales y locales, y una colaboración y cooperación auténticas con los terceros países de origen y tránsito, que tienen con frecuencia la impresión de que se les imponen decisiones de manera unilateral; destaca que una cooperación como ésta solo puede tener lugar si el país tercero respeta las leyes internacionales en materia de derechos humanos y de protección de las personas, y es signatario de la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados;

7.

Considera que la emigración a la UE no es la solución para superar los desafíos a que se enfrentan los países en desarrollo, y que una política común de inmigración debe ir acompañada de una política de desarrollo eficaz de los países de origen;

8.

Celebra la adopción del mencionado Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo, y las acciones, los instrumentos y las propuestas que presenta la Comisión en su Comunicación titulada «Una Política Común de Emigración para Europa: Principios, medidas e instrumentos», antes citada; pide al Consejo y a la Comisión que inicien rápidamente la fase de realización de los compromisos asumidos;

9.

Celebra las implicaciones institucionales del Tratado de Lisboa, especialmente en relación con la ampliación del procedimiento de codecisión y de la votación por mayoría cualificada a todas las políticas de inmigración, con la aportación de claridad a las competencias de la UE en materia de visados y controles fronterizos, y con la ampliación de las competencias de la UE en materia de asilo y de inmigración legal e ilegal;

10.

Considera que una política común de inmigración también requiere necesariamente la elaboración de una política común de asilo, y recuerda el informe, antes citado, sobre el futuro del Sistema europeo común de asilo (SECA) y la propuesta de la Comisión de un reglamento por el que se crea una Oficina Europea de Apoyo al Asilo;

Prosperidad e inmigración

Migración legal

11.

Considera que la migración legal sigue siendo necesaria para satisfacer las necesidades de Europa en el plano demográfico, del mercado laboral y de las cualificaciones, debido a los efectos del descenso y envejecimiento demográficos sobre la economía; opina que también contribuye al desarrollo de los terceros países mediante el intercambio de conocimientos y técnicas y el envío de las remesas de los inmigrantes; pide que se desarrollen sistemas seguros que faciliten estas transferencias financieras a terceros países;

12.

Considera que la inmigración regular debe ser la alternativa a la inmigración irregular puesto que ofrece una ruta de entrada en la Unión Europea legal, segura y organizada;

13.

Recuerda que las estimaciones presentadas por la Comisión prevén la necesidad de 60 millones de trabajadores migrantes para 2050, lo que requiere la apertura de canales para la migración legal;

14.

Subraya la necesidad de que se proceda a una evaluación global de las necesidades de la UE en términos de cualificaciones y mercado; considera, no obstante, que cada uno de los Estados miembros debería conservar el control del número de personas necesario para cubrir las necesidades de su mercado laboral y tener en cuenta el principio de preferencia comunitaria mientras se apliquen medidas transitorias;

15.

Apoya el desarrollo de «perfiles de inmigración» que permitan una imagen integrada de la situación de la inmigración en cada uno de los Estados miembros en un momento dado, tomando como aspecto central de estos perfiles las necesidades del mercado laboral;

16.

Reitera la necesidad de aumentar el atractivo de la UE para trabajadores altamente cualificados, incluida la puesta a disposición de información sobre los mercados de trabajo de los países de destino y de acogida, teniendo en cuenta las consecuencias que esto puede tener en la fuga de cerebros en los países de origen; considera que la fuga de cerebros se puede mitigar a través de la emigración temporal o circular, facilitando formación en los países de origen para mantener el empleo en sectores clave, especialmente en educación y sanidad, y firmando acuerdos de cooperación con los países de origen; pide a los Estados miembros que se abstengan de proceder a la contratación activa de personal en los países en desarrollo que sufran escasez de recursos humanos en sectores clave como la sanidad y la educación;

17.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen mecanismos, directrices y otros instrumentos que faciliten la migración circular y temporal así como medidas, en cooperación con los países de origen, para compensar la pérdida de recursos humanos, ofreciendo apoyo concreto para la formación de profesionales en sectores clave que se ven mermados por esta fuga de cerebros;

18.

Celebra que con el texto sobre la «tarjeta azul» se haya abierto el camino hacia una política común en materia de inmigración legal, pero hace un llamamiento a los Estados miembros para que avancen en mayor medida hacia normas comunes para una política de inmigración que no se ocupe únicamente de los trabajadores altamente cualificados;

19.

Expresa su satisfacción por la adopción de la tarjeta azul relativa a las condiciones de entrada y residencia de nacionales de terceros países para fines de empleo altamente cualificado e insta a la Comisión a que presente cuanto antes iniciativas para las demás categorías laborales, también con objeto de contrarrestar en mayor medida la inmigración irregular y la explotación de los inmigrantes sin papeles;

20.

Pide que se establezcan nuevas medidas para facilitar aún más la acogida a estudiantes e investigadores y su circulación en el interior de la UE;

21.

Subraya la importancia de reconocer las competencias de los inmigrantes, principalmente teniendo en cuenta las cualificaciones formales, no formales e informales obtenidas en el país de origen; considera que este reconocimiento servirá para combatir el desaprovechamiento de competencias que en la actualidad se produce entre la población inmigrante, sometida a trabajos que exigen cualificaciones muy inferiores a las que posee, fenómeno que se acentúa especialmente entre las mujeres;

22.

Pide a la Comisión que, en los futuros documentos sobre la materia, tenga en cuenta la cuestión del reconocimiento de las competencias y estimule el aprendizaje a lo largo de la vida, garantizando además que los Estados miembros facilitan a los inmigrantes el aprendizaje de la lengua del país de acogida como forma de integración social, profesional y cultural en la Unión Europea y mejorando la capacidad de los inmigrantes de apoyar el desarrollo de sus hijos; pide asimismo a la Comisión que aplique los resultados de las deliberaciones sobre la educación lingüística de los niños inmigrantes y el aprendizaje, en el Estado miembro de residencia, de la lengua y la cultura del país de origen, y pide que el marco que se proponga respete los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

23.

Reafirma que la red europea de empleo y movilidad laboral (EURES) es uno de los instrumentos apropiados para lograr el equilibrio de la oferta y la demanda en el mercado de trabajo de una forma transparente, responsable y eficaz; sugiere por lo tanto que se amplíe el concepto de la red EURES para facilitar el contacto entre los empleadores europeos que buscan trabajadores con determinadas cualificaciones y los candidatos procedentes de terceros países; propone que se utilicen los centros especiales (los ya existentes y los que se creen en un futuro) o las representaciones de la UE en terceros países como plataforma para esta expansión de la red EURES y que se garantice la continuidad del trabajo de asesoramiento y su ampliación en materia de instrumentos para apoyar el autoempleo o el recurso del microcrédito, insiste en que la necesidad que tiene Europa de profesionales altamente cualificados no debe provocar una «fuga de cerebros» en terceros países, con el consiguiente perjuicio para sus economías emergentes y su infraestructura social,

24.

Opina que debería concederse, a los inmigrantes de los llamados terceros países, el derecho a la movilidad dentro de la UE, de manera que – como residentes legales en un Estado miembro – puedan ejercer un empleo como trabajadores transfronterizos en otro Estado miembro sin necesidad de solicitar otro permiso de trabajo, y que debe concederse a esos inmigrantes la plena libertad de circulación como trabajadores tras un período de cinco años de residencia legal en un Estado miembro;

25.

Destaca la importancia de la coordinación entre las autoridades locales y regionales, especialmente en materia de formación, y las autoridades nacionales y europeas en materia de gestión de las necesidades del mercado de trabajo, según el principio de preferencia comunitaria; hace hincapié en que dicha cooperación es indispensable para implementar eficazmente una política de inmigración apropiada para cubrir la escasez de mano de obra en determinados sectores y Estados miembros y para integrar a los inmigrantes de forma eficaz y adecuada;

26.

Pide a la Comisión que haga pública más información en los países de origen acerca de las posibilidades de emigración legal, así como de los derechos y obligaciones de los emigrantes una vez que llegan a la UE;

27.

Pide a los Estados miembros que utilicen satisfactoriamente los mecanismos de financiación comunitaria relativos a la política de inmigración para crear más y mejores empleos para los inmigrantes,

Integración

28.

Subraya que la integración aumenta la diversidad cultural en la UE y debe basarse en la inclusión social, la lucha contra la discriminación y la igualdad de oportunidades, principalmente facilitando el acceso a la sanidad, la educación, la formación lingüística y el empleo; considera que las políticas de integración también deben basarse en programas innovadores adecuados y reconoce el papel fundamental desempeñado por las autoridades locales y regionales, los sindicatos, las organizaciones de inmigrantes, las federaciones profesionales y las asociaciones en la integración de los inmigrantes;

29.

Apoya los esfuerzos de integración de los Estados miembros, de los inmigrantes legales y de los beneficiarios de protección internacional, teniendo en cuenta el respeto a la identidad y los valores de la UE y de sus Estados miembros, incluido el respeto de los derechos humanos, el Estado de Derecho, la democracia, la tolerancia y la igualdad, la libertad de opinión y la escolarización obligatoria de los niños; recuerda que la integración es un proceso bidireccional que implica adaptaciones tanto por parte de los inmigrantes como de la población de acogida, tal y como se recoge en los principios básicos comunes (PBC) adoptados por el Consejo, y puede verse facilitado por el intercambio de buenas prácticas; reconoce que es más difícil lograr la integración en los Estados miembros que se enfrentan a importantes presiones migratorias, habida cuenta de su especial situación geográfica, si bien debe ser un objetivo irrenunciable; pide por consiguiente a los demás Estados miembros que contribuyan a aliviar estas presiones en un espíritu de solidaridad, facilitando así la integración de los beneficiarios de una protección internacional que se encuentran en los Estados miembros de la UE, paralelamente a la promoción de la migración legal;

30.

Subraya que un buen proceso de integración es el mejor instrumento para eliminar la desconfianza y las sospechas entre la población autóctona y los inmigrantes, y es fundamental eliminar cualquier idea o acción xenófobas;

31.

Alienta el desarrollo de mecanismos de aprendizaje mutuo y el intercambio de la mejor práctica entre los Estados miembros con el fin de reforzar la capacidad de los países de acogida de gestionar una diversidad creciente, y también de un sistema de indicadores comunes y una capacidad estadística adecuada que permitan a los Estados miembros evaluar los resultados de las políticas de inmigración;

32.

Recuerda que un elemento clave es la inclusión de organizaciones de inmigrantes que desempeñan un papel único en el proceso de integración, al ofrecer a los inmigrantes la oportunidad de una participación democrática; pide a los Estados miembros que faciliten sistemas de apoyo de la sociedad civil en el proceso de integración permitiendo la presencia de los inmigrantes en la vida civil y política de la sociedad de acogida, su adhesión a los partidos políticos y sindicatos y el derecho a votar en las elecciones locales;

33.

Acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión y del Comité Económico y Social Europeo de reforzar la coherencia de las políticas de integración con la puesta en marcha del Foro Europeo de la Integración que cuenta con la participación e implicación de organizaciones sociales y asociaciones de inmigrantes y que tiene como fin intercambiar experiencias y elaborar recomendaciones; pide a los Estados miembros que coordinen sus esfuerzos en materia de integración con el intercambio de las mejores prácticas contenidas en sus planes nacionales de integración;

34.

Pide a la Comisión que garantice de modo adecuado el apoyo financiero a la integración estructural y cultural de los inmigrantes, también con la ayuda de programas comunitarios como «Aprendizaje permanente», «Europa con los ciudadanos», «La juventud en acción» y «Cultura 2007-2013»; toma nota de que en la mayoría de los casos los profesores están mal preparados para acoger a un gran número de niños inmigrantes en las clases y pide una mejor formación de los docentes y un apoyo financiero suficiente;

35.

Destaca el hecho de que los programas escolares y de aprendizaje permanente desempeñan un papel fundamental en el proceso de integración mediante el desarrollo de competencias, en particular lingüísticas; considera que la participación sin reservas en programas de formación y aprendizaje permanente debería ser un derecho y una oportunidad para los inmigrantes recién llegados;

36.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que prosigan el fomento de sus políticas contra las discriminaciones, incluidas las aplicadas por las autoridades públicas;

37.

Pide a los Estados miembros que respeten y apoyen las Directivas aplicables, como las Directivas del Consejo 2000/78/CE (17), 2000/43/CE (18) y 2004/113/CE (19), con el fin de luchar contra la discriminación;

38.

Pide a los Estados miembros que ratifiquen la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1990 (20);

39.

Pide a la Comisión que reúna datos sobre la inmigración en la UE, desglosados por género, y promueva su estudio por parte del Instituto Europeo de la Igualdad de Género, con miras a una mayor divulgación de las necesidades y los problemas específicos de las mujeres inmigrantes, así como de los procedimientos más adecuados para lograr su integración en las sociedades de los países de acogida;

40.

Exhorta a los Estados Miembros a que tengan debidamente en cuenta a la hora de elaborar sus políticas de integración, la dimensión de género y la situación y necesidades específicas de las mujeres inmigrantes;

41.

Pide a los Estados miembros que garanticen el respeto de los derechos fundamentales de las mujeres inmigrantes, ya estén en situación regular o no;

42.

Pide a los Estados miembros que apoyen campañas de información destinadas a las mujeres inmigrantes, con vistas a informarles de sus derechos, posibilidades de educación y formación lingüística, formación profesional y acceso al empleo, y con vistas a evitar los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina y otras formas de coacción mental o física;

Seguridad e inmigración

Gestión integrada de fronteras

43.

Subraya la necesidad de un plan general detallado para establecer los objetivos generales y la arquitectura de la estrategia de gestión de las fronteras de la UE, incluidos los detalles que muestren la manera en que pueden optimizarse aún más todos los programas y los planes relacionados en este ámbito; opina que, al considerar la arquitectura de la estrategia de gestión de las fronteras de la UE, la Comisión debe analizar en primer lugar la eficacia de los actuales sistemas de gestión de las fronteras de los Estados miembros, con el fin de obtener las mejores sinergias entre ellos y facilitar información suplementaria sobre la rentabilidad de los nuevos sistemas propuestos, a saber, el sistema de entrada/salida, el sistema electrónico de autorización de viaje, los sistemas automatizados de control fronterizo y el programa de registro de los pasajeros, en el marco de la gestión integrada de las fronteras de la UE;

44.

Hace hincapié en que la gestión integrada de las fronteras debe respetar el equilibrio adecuado entre garantizar la libre circulación de un número creciente de personas a través de las fronteras y garantizar una mayor seguridad para los ciudadanos de la UE; no niega que el uso de datos ofrece claras ventajas; opina, al mismo tiempo, que la confianza de la opinión pública en la acción gubernamental solo puede mantenerse si se prevén salvaguardias para la protección de datos y mecanismos de supervisión y reparación suficientes;

45.

Pide que se realice una evaluación de la viabilidad de un planteamiento integrado, en cuatro etapas, en el que los controles se realicen sistemáticamente en cada etapa cuando los inmigrantes viajan a la Unión;

46.

Subraya que la estrategia fronteriza de la UE debe complementarse también con medidas concretas destinadas a reforzar las fronteras de los terceros países en el marco de la Asociación África-UE y de la Política Europea de Vecindad (Asociación Oriental, EUROMED);

47.

Pide que se sustituyan los actuales visados nacionales de Schengen por visados europeos uniformes de Schengen, para permitir la igualdad de trato a todos los solicitantes de visados; desea que se le informe del calendario exacto y de los detalles tanto del estudio político como del estudio técnico de la Comisión que analizará la viabilidad, las implicaciones prácticas y el impacto de un sistema por el que se exija a los nacionales de terceros países la obtención de una autorización electrónica para viajar antes de iniciar su viaje al territorio de la UE (Sistema electrónico de autorización de viaje, ESTA); pide que se mejore la cooperación entre los consulados de los Estados miembros y que se establezcan gradualmente servicios consulares conjuntos en materia de visados;

48.

Pide al Consejo que adopte mecanismos basados en la solidaridad entre los Estados miembros a fin de repartir la carga de trabajo derivada del control de fronteras y que coordine las políticas nacionales de los mismos;

Inmigración ilegal

49.

Considera que la lucha eficaz contra la inmigración ilegal es una parte crucial de una política global de migración de la UE y, por consiguiente, lamenta que una toma de decisiones eficaz en este ámbito se vea paralizada por una capacidad insuficiente de los Estados miembros para colaborar realmente en sus intereses mutuos;

50.

Está escandalizado por la tragedia humana causada por las rutas marítimas de la inmigración ilegal, en particular en las fronteras marítimas del sur de la Unión, que siguen los que huyen por mar desde las costas africanas e inician una peligrosa travesía hacia Europa; pide enérgicamente que se emprendan acciones urgentes para poner término de una vez por todas a esta tragedia humana y reforzar el diálogo y la cooperación con los países de origen;

51.

Recuerda que la inmigración ilegal a menudo se desarrolla a través de redes delictivas que, hasta el momento, han demostrado ser más eficaces que la acción común europea; está convencido de que tales redes son responsables de la muerte de cientos de personas que pierden la vida en el mar cada año; recuerda que, dentro del respeto de las obligaciones internacionales, los Estados miembros tienen una responsabilidad común en el salvamento de vidas en el mar; pide, por lo tanto, a la Comisión y al Consejo que redoblen sus esfuerzos en la lucha contra la delincuencia organizada, la trata de seres humanos y el contrabando que ocurre en diversas partes de la UE y, en particular, que intenten desmantelar todas las redes combatiendo no solo a los intermediarios, que no son más que la pieza visible, sino también a aquellas personas que, desde lo alto de la pirámide, sacan el mayor provecho de esas actividades delictivas;

52.

Pide a la Comisión que intensifique los programas de concienciación en los países de tránsito y de origen sobre los peligros de la migración ilegal;

53.

Celebra la nueva Directiva por la que se establecen sanciones aplicables a los empleadores de residentes en situación irregular que son nacionales de terceros países y la considera un instrumento útil para frenar la explotación de los trabajadores inmigrantes y reducir el atractivo de uno de los factores más atrayentes de la migración ilegal;

54.

Insta a los Estados miembros a que no se demoren en la transposición de la nueva Directiva que prevé sanciones para los empleadores que contratan a inmigrantes en situación irregular;

55.

Considera que es absolutamente necesario reforzar los cauces de diálogo con los países de origen y establecer acuerdos de cooperación con esos países, con objeto de poner término a esta migración ilegal, que es inhumana y dramática;

56.

Considera que, pese a los repetidos aumentos de medios presupuestarios, que el Parlamento solicitó insistentemente, la Agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea (FRONTEX) todavía no está en condiciones de proporcionar la suficiente coordinación de los esfuerzos de control en las fronteras exteriores de la Unión, debido a las limitaciones de su mandato y a la falta de esfuerzos por hacer partícipes a los países terceros, especialmente en lo que se refiere a las operaciones marítimas;

57.

Acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión consistente en una propuesta de revisión del mandato de FRONTEX, y considera que urge reforzarla, en particular ampliando su capacidad de coordinación, su capacidad para coordinar misiones permanentes en zonas que se enfrentan a fuertes presiones migratorias, a petición de los Estados miembros interesados, y su capacidad para comprometerse con los terceros países; opina que también es necesario hacer hincapié en un aumento de la capacidad de análisis del riesgo y de recopilación de información por parte de FRONTEX;

58.

Considera que FRONTEX necesita contar con recursos adecuados, no solo financieros, para poder cumplir su mandato de manera consecuente, y pide el desarrollo de nuevas tecnologías para combatir la migración irregular, a los Estados miembros que compartan en mayor medida los medios técnicos y a la Comisión que presente propuestas legislativas para establecer un requisito de solidaridad obligatoria sobre la misma base que la prevista para los equipos de intervención rápida en las fronteras (RABIT);

59.

Pide a FRONTEX y a la Comisión que elaboren un estudio con estimaciones sobre la posibilidad de que FRONTEX adquiera sus propios equipos y sobre los requisitos de una posible revalorización de las operaciones en el mar de FRONTEX en un servicio de guardacostas de la UE, sin menoscabar el control por parte de los Estados miembros de sus fronteras;

60.

Considera que FRONTEX solo puede ser plenamente eficaz si se realizan más esfuerzos en acciones complementarias, tales como la readmisión y cooperación con terceros países; pide a la Comisión que preste su apoyo a dicha agencia en este sentido;

61.

Apoya el establecimiento de servicios especializados de FRONTEX para tener en cuenta y evaluar mejor las situaciones específicas en las fronteras especialmente sensibles, en particular en las fronteras terrestres del este y en las fronteras marítimas del sur;

62.

Toma nota de que las diferencias de interpretación de los términos jurídicos y del Derecho marítimo internacional y las diferencias entre las legislaciones y los procedimientos nacionales han obstaculizado las operaciones de FRONTEX; pide que se realicen estudios amplios con el fin de buscar un enfoque común y de resolver conflictos entre las legislaciones y los procedimientos nacionales;

63.

Pide una cooperación constante y reforzada entre FRONTEX y los organismos y agencias nacionales;

64.

Pide que se siga desarrollando la idea de EUROSUR también a través de una mejora de la coordinación entre los Estados miembros;

65.

Observa que los pescadores y las embarcaciones y marineros particulares encuentran con frecuencia inmigrantes ilegales antes que las fuerzas navales nacionales; subraya la necesidad de informar claramente a esas personas de sus obligaciones en virtud del Derecho internacional de ayudar a los inmigrantes en peligro, y pide la creación de un mecanismo de indemnización por el trabajo perdido como resultado de las operaciones de salvamento;

66.

Subraya que existe una clara necesidad de estadísticas fiables para establecer instrumentos concretos de lucha contra la migración ilegal a escala de la UE y pide a la Comisión que adopte todas las medidas necesarias para proporcionar dichas estadísticas;

Repatriaciones

67.

Considera que se tiene que obligar a abandonar el territorio de la Unión Europea a los inmigrantes que no tienen derecho a protección internacional o que residen de manera irregular en el territorio de los Estados miembros; toma nota, a este respecto, de la adopción de la Directiva sobre retorno, y pide a los Estados miembros que, en el marco de la transposición de dicha Directiva, velen por que se mantengan las disposiciones más favorables que ya estén previstas en sus ordenamientos jurídicos internos; pide a los Estados miembros que garanticen que el retorno se realiza con el debido respeto al Derecho y a la dignidad de las personas afectadas, dándose debidamente preferencia al retorno voluntario;

68.

Pide la creación de un sistema de servicios de asesoramiento para el retorno en centros de acogida cerrados y abiertos, que sirvan de punto de contacto para las personas que deseen obtener más información sobre la asistencia al retorno;

69.

Pide a la Comisión que establezca mecanismos de control y de apoyo para la reintegración social y profesional en los países de origen de los migrantes que hayan sido repatriados;

70.

Pide a los Estados miembros que inscriban prioritariamente sus políticas de readmisión en una política común y no en acuerdos bilaterales;

71.

Solicita, en relación con los acuerdos de readmisión, que se informe periódicamente al Parlamento Europeo y a sus comisiones competentes, durante las conversaciones con los países terceros, acerca de la evolución y los obstáculos que hayan encontrado los negociadores;

72.

Pide a la Comisión que vele por que los Estados miembros solo celebren acuerdos bilaterales de readmisión con terceros países que garanticen plenamente el respeto de los derechos humanos de las personas readmitidas y sean signatarios de la Convención de Ginebra de 1951;

73.

Pide a la Comisión que siga adelante con la aplicación efectiva de la obligación de los terceros países a readmitir a sus nacionales con residencia irregular en el territorio de la UE, tal como se prevé en el artículo 13 del Acuerdo de Cotonú de 23 de junio de 2000; pide que se refuercen estas disposiciones durante las negociaciones sobre el nuevo acuerdo ACP (Estados de África, del Caribe y del Pacífico);

74.

Subraya la necesidad de que exista una auténtica dimensión europea en la política de retorno mediante el reconocimiento mutuo de las decisiones de retorno; insta a que se desarrolle un mayor nivel de cooperación entre los Estados miembros en la ejecución de los retornos y que se refuerce el papel de FRONTEX en las operaciones conjuntas de retorno;

75.

Pide que se refuerce la cooperación, incluida la cooperación consular, con los países de origen y de tránsito con el fin de facilitar los procedimientos de readmisión, y solicita a la Comisión que evalúe los actuales acuerdos de readmisión con el fin de facilitar su aplicación y extraer las correspondientes lecciones para la negociación de futuros acuerdos;

76.

Pide al Consejo que considere la posibilidad de adoptar disposiciones legislativas con vistas a conceder un salvoconducto europeo a nacionales de terceros países que residen ilegalmente en un Estado miembro, para facilitar la readmisión en países terceros; será necesario adoptar medidas destinadas a incorporar el salvoconducto europeo en los acuerdos de readmisión de la Unión para hacerlos obligatorios en los países terceros en cuestión;

Solidaridad e inmigración

Coordinación entre Estados miembros

77.

Lamenta profundamente que los Estados miembros no hayan mostrado la suficiente solidaridad ante el creciente desafío que plantea la inmigración; pide que se revise con urgencia el Programa marco de solidaridad y gestión de los flujos migratorios para el periodo 2007-2013 (21) y sus cuatro instrumentos financieros, con el fin de que puedan reflejar las nuevas realidades derivadas de las crecientes presiones migratorias y se puedan utilizar para tratar las necesidades urgentes, como en el caso de situaciones de flujos migratorios masivos;

78.

Toma nota de los compromisos asumidos por los Estados miembros en el marco del Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo mencionado más arriba, en relación con la necesidad de solidaridad; celebra, en particular, la inclusión de un mecanismo voluntario de reparto de las cargas que permite, dentro de la UE, reasignar a otro Estado miembro a los beneficiarios de protección internacional en los Estados miembros que se enfrentan a presiones específicas y desproporcionadas sobre sus regímenes nacionales de asilo, debido en particular a su situación geográfica o demográfica y pide a los Estados miembros que apliquen esos compromisos; celebra asimismo que se hayan asignado a este fin 5 millones de euros en el presupuesto de la UE para 2009, en el marco del Fondo europeo para los refugiados; insiste, no obstante, en la introducción de instrumentos obligatorios; pide a la Comisión que utilice de inmediato este mecanismo y proponga sin demora una iniciativa legislativa para establecer un mecanismo de este tipo a nivel europeo y de manera permanente;

79.

Celebra la refundición del Reglamento de Dublín y las disposiciones propuestas con vistas a un mecanismo que suspenda las transferencias de Dublín cuando se sospeche que éstas puedan tener como resultado que los solicitantes no se beneficien de los niveles adecuados de protección en los Estados miembros responsables, en particular, en lo que respecta a las condiciones de acogida y de acceso al procedimiento de asilo, así como en casos en los que esas transferencias de Dublín puedan aumentar la carga sobre aquellos Estados miembros que se enfrentan a presiones específicas y desproporcionadas debido, en particular, a su situación geográfica o demográfica; subraya, no obstante, que sin la introducción de un instrumento doblemente obligatorio para todos los Estados miembros, esas disposiciones supondrían más una declaración política que un instrumento eficaz de apoyo verdadero a los Estados miembros;

80.

Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de una refundición del Reglamento relativo a la creación de «Eurodac» para la comparación de huellas dactilares, y recuerda a los Estados miembros sus obligaciones de tomar las huellas dactilares y enviar los datos de conformidad con el actual Reglamento Eurodac; opina que se debe recurrir a los datos biométricos, como las huellas dactilares, para reforzar la eficacia de las operaciones de control en las fronteras;

Cooperación con terceros países

81.

Lamenta que la cooperación con terceros países no haya dado unos resultados satisfactorios, con la destacada excepción de la cooperación de España con terceros países como Senegal y otros países del África subsahariana y de África del norte; pide que se preste un apoyo específico a los terceros países de tránsito y origen con el fin de ayudarles a crear una capacidad efectiva de gestión de las fronteras, incluyendo la participación de FRONTEX en misiones de asistencia fronteriza en dichos países;

82.

Recuerda a la Comisión, al Consejo y a los Estados miembros que es esencial continuar el diálogo establecido con los países de origen y tránsito en la línea de las conferencias ministeriales UE-África sobre migración y desarrollo celebradas en Trípoli, Rabat y Lisboa;

83.

Pide la aplicación de los instrumentos políticos desarrollados en el marco del «Enfoque Global de la Migración» (22), así como del «Proceso de Rabat» de 2006 sobre migración y desarrollo, y la Asociación UE-África en materia de inmigración, movilidad y empleo, acordada en Lisboa en diciembre de 2007;

84.

Subraya la importancia que reviste una política de desarrollo en los terceros países de origen o tránsito como medio para hacer frente al desafío de la emigración en origen; pide que se mejore la coordinación de las políticas de inmigración y de desarrollo de la Unión, teniéndose plenamente en cuenta los objetivos estratégicos, tales como los Objetivos de Desarrollo del Milenio;

85.

Observa, no obstante, que la política de desarrollo no puede ser la única alternativa a la migración, porque no puede existir un desarrollo solidario sin movilidad permanente;

86.

Pide que se refuerce la cooperación con la Organización Internacional para las Migraciones y con otras organizaciones internacionales en la creación de nuevas oficinas regionales en áreas sensibles en las que sea necesaria la asistencia práctica relativa, entre otras cosas, a la migración legal o al retorno voluntario de los inmigrantes;

87.

Subraya la importancia de crear centros de información y de gestión de la migración, como el inaugurado en Malí en octubre de 2008; opina que estos centros pueden contribuir considerablemente a resolver los problemas de la migración abordando las preocupaciones de los migrantes en potencia, de los que retornan y de los que residen en la UE; pide a la Comisión que facilite la información necesaria sobre los proyectos de creación de otros centros en el marco de la Asociación UE-África y que examine la posibilidad de crear este tipo de centros en los países vecinos del Este;

88.

Hace hincapié en que todos los acuerdos con los países de origen y tránsito deben incluir capítulos sobre la cooperación en materia de inmigración, y pide que se establezca una política ambiciosa con terceros países en el ámbito de la cooperación policial y judicial, con el fin de luchar contra las organizaciones delictivas internacionales que participan en la trata de seres humanos y de enjuiciar a las personas implicadas con la colaboración de Europol y de Eurojust; pide asimismo a la Comisión que intensifique su apoyo, incluida la asistencia financiera y técnica, en favor de los terceros países, para crear las condiciones económicas y sociales que desincentiven la migración ilegal, las actividades relacionadas con el narcotráfico y la delincuencia organizada;

89.

Pide a la Comisión que promueva la negociación de acuerdos globales europeos como el firmado con Cabo Verde, que avance en las negociaciones globales que mantiene con Marruecos, Senegal y Libia, y que promueva la celebración de acuerdos con los principales países de origen de la inmigración;

90.

Pide el apoyo de los terceros países para que desarrollen su marco legislativo nacional y establezcan sistemas de inmigración y de asilo que respeten plenamente el Derecho internacional e insta, igualmente, a los terceros países de tránsito a que firmen y respeten la Convención de Ginebra de 1951;

91.

Pide a los Estados miembros que inicien una reflexión sobre la cuestión de los «refugiados medioambientales», que hoy en día no pueden ser considerados como emigrantes económicos y que tampoco están reconocidos como refugiados en el sentido de la Convención de Ginebra;

*

* *

92.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


(1)  DO C 76 de 31.3.2009, p. 34.

(2)  Documento del Consejo no 13440/08.

(3)  DO L 348 de 24.12.2008, p. 98.

(4)  DO L 199 de 31.7.2007, p. 30.

(5)  Documento del Consejo no 7204/08.

(6)  Textos Aprobados P6_TA(2009)0087.

(7)  Textos Aprobados P6_TA(2009)0069.

(8)  Textos Aprobados P6_TA(2009)0047.

(9)  Textos Aprobados P6_TA(2008)0633.

(10)  Textos Aprobados P6_TA(2008)0557.

(11)  Textos Aprobados P6_TA(2008)0558.

(12)  Textos Aprobados P6_TA(2008)0385.

(13)  Textos Aprobados P6_TA(2008)0168.

(14)  DO C 219 E de 28.8.2008, p. 215.

(15)  DO C 219 E de 28.8.2008, p. 223.

(16)  DO C 303 E de 13.12.2006, p. 845.

(17)  DO L 303 de 2.12.2000, p. 16.

(18)  DO L 180 de 19.7.2000, p. 22.

(19)  DO L 373 de 21.12.2004, p. 37.

(20)  Resolución no 45/158.

(21)  COM(2005)0123.

(22)  COM(2006)0735.


8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/35


Miércoles, 22 de abril de 2009
Libro Verde sobre el futuro de la política RTE-T

P6_TA(2009)0258

Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de abril de 2009, sobre el Libro Verde sobre el futuro de la política RTE-T (2008/2218(INI))

2010/C 184 E/07

El Parlamento Europeo,

Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de febrero de 2009, titulada «Libro Verde ‐RTE-T: revisión de la política» (COM(2009)0044),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de noviembre de 2008, titulada «Un Plan Europeo de Recuperación Económica» (COM(2008)0800),

Vistas las conclusiones del Consejo sobre un transporte más ecológico, adoptada por el Consejo «Transportes, Telecomunicaciones y Energía» en su sesión de los días 8 y 9 de diciembre de 2008,

Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de junio de 2006, titulada «Por una Europa en movimiento ‐ Movilidad sostenible para nuestro continente ‐ Revisión intermedia del Libro Blanco del transporte de la Comisión Europea de 2001» (COM(2006)0314),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 23 de enero de 2008, titulada «Dos veces 20 para el 2020 - El cambio climático, una oportunidad para Europa» (COM(2008)0030),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de octubre de 2007, titulada «Plan de acción para la logística del transporte de mercancías» (COM(2007)0607),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de mayo de 2008, sobre los resultados de las negociaciones relativas a las estrategias y los programas de la política de cohesión del periodo de programación 2007-2013 (COM(2008)0301),

Visto el informe de la Comisión, de 20 de enero de 2009, sobre la aplicación de las orientaciones de la red transeuropea de transporte 2004 - 2005 (COM(2009)0005),

Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2009, sobre la Estrategia de Lisboa (1),

Vista su Resolución, de 5 de septiembre de 2007, sobre la logística del transporte de mercancías en Europa – la clave para la movilidad sostenible (2),

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo, y la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional (A6-0224/2009),

A.

Considerando que la definición de la política RTE-T, tal como figura en la Decisión no 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de julio de 1996, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transportes (3), y en la Decisión no 884/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, que modifica la Decisión no 1692/96/CE sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transportes (4), ha dado lugar a una «lista de deseos» que incluye 30 proyectos prioritarios inspirados principalmente por intereses nacionales,

B.

Considerando que, en materia de transporte de mercancías, es necesario mejorar la competitividad externa del ferrocarril y de las vías navegables con respecto a la carretera, con objeto de garantizar el equilibrio de explotación de las «autopistas del mar» y de los corredores ferroviarios para el transporte de mercancías,

C.

Considerando que los 30 proyectos prioritarios han conducido a una propuesta de la Comisión que prevé una financiación comunitaria del orden de 20 000 millones de euros en el marco financiero 2007-2013 para el conjunto de la red transeuropea de transportes, importe que se redujo a 8 000 millones de euros, de los cuales solo 5 300 millones de euros para los 30 proyectos prioritarios, debido a la insistencia del Consejo,

D.

Considerando la incapacidad manifiesta de la Unión Europea para cumplir las normas de financiación de las RTE-T establecidas por su Reglamento (CE) no 680/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2007, por el que se determinan las normas generales para la concesión de ayudas financieras comunitarias en el ámbito de las redes transeuropeas de transporte y energía (5), creando por ello incertidumbre en los planes de financiación de los proyectos,

E.

Considerando la necesidad de reforzar la capacidad de la Comisión para llevar adelante los grandes proyectos transfronterizos, especialmente los ferroviarios, que exigen una coordinación reforzada y continua entre los Estados miembros comprometidos y una financiación plurianual que sobrepasa el plazo de las perspectivas financieras,

F.

Considerando que los anexos a la mencionada Comunicación de la Comisión de 14 de mayo de 2008 muestran que aproximadamente el 49 % de los créditos para proyectos de transporte se destina al transporte por carretera, un 31 % al ferrocarril y un 9 %, aproximadamente, al transporte urbano, pero que no queda claro con nitidez qué proyectos concretos se cofinancian,

1.

Reconoce que las primeras tentativas de desarrollar una política comunitaria de infraestructuras de transporte inspirada en los «eslabones perdidos» de la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT) fueron estimuladas por el Libro Blanco de 2 de diciembre de 1992 titulado «El curso futuro de la política común de transportes» con la justificación de promover el crecimiento económico, la competitividad y el empleo, y fueron puestas en práctica por el antiguo Comisario responsable de Transportes, Karel Van Miert; constata que el Reglamento (CE) no 2236/95 del Consejo, de 18 de septiembre de 1995, que determina las normas generales para la concesión de ayuda financiera comunitaria en el ámbito de las redes transeuropeas (6), y la Decisión no 884/2004/CE se orientaban hacia los objetivos mencionados; considera que es digno de señalar el impulso que dio a esta política la que fuera Vicepresidenta de la Comisión y Comisaria de Energía y Transportes, Loyola de Palacio;

2.

Considera que los informes de los coordinadores RTE-T son ejemplos interesantes en la perspectiva de la coordinación y de la integración de un número limitado de proyectos importantes; pide, por lo tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que prosigan los esfuerzos encaminados a la mejora de los proyectos prioritarios actuales; considera que la inversión a medio o largo plazo deberá proseguir en consonancia con el objetivo de completar la totalidad de la red;

3.

Acoge con satisfacción la pronta presentación de la mencionada Comunicación de la Comisión de 4 de febrero de 2009, destinada a revisar fundamentalmente la infraestructura comunitaria de transportes y la política RTE-T, sobre la base de los desafíos actuales y futuros en el ámbito de los transportes, la movilidad transfronteriza, la financiación, la economía, la política regional (incluidas las regiones permanentemente desfavorecidas), la política social y el medio ambiente;

4.

No entiende, a este respecto, los motivos para introducir el vago concepto de «pilar conceptual» de una RTE-T que llegue a recargar la lista de prioridades; está convencido de que, contrariamente al objetivo manifestado por la Comisión, un pilar calificado expresamente de conceptual no mejorará la credibilidad de la política de RTE-T, que se alcanzaría mejor mediante el desarrollo de proyectos concretos;

5.

Expresa su acuerdo, por consiguiente, con la idea de desarrollar un enfoque sobre las redes más integrado, con corredores que reflejen las necesidades de conexión intermodal para los ciudadanos y las mercancías; subraya, por consiguiente, que debe concederse prioridad a los ferrocarriles, a los puertos, a las vías navegables, marítimas e interiores sostenibles y a sus conexiones con sus países o los nudos intermodales en enlaces de infraestructuras con los nuevos Estados miembros y dentro de estos, y que también se ha de prestar especial atención a los enlaces transfronterizos de transporte, así como a la mejora de los enlaces con aeropuertos y puertos de mar en las redes transeuropeas; subraya que debe prestarse atención a las necesidades, distintas pero complementarias, de los pasajeros y las mercancías; recomienda que los Estados y las autoridades regionales mejoren las estaciones intermedias y las interconexiones locales como enlaces con las RTE-T, con el fin de minimizar los costes asociados a la existencia de áreas periféricas;

6.

Pide a la Comisión que preste un apoyo particular a los proyectos prioritarios con vínculos intermodales e interoperatividad consistente que atraviesen varios Estados miembros; señala que la conexión de áreas económicas a lo largo de estos proyectos prioritarios es un cometido nacional;

7.

Constata con satisfacción que los modos de transporte respetuosos del medio ambiente reciben una parte desproporcionadamente amplia de la consideración en la lista de proyectos prioritarios; pide a la Comisión a este respecto que se asegure de que esta proporcionalidad se preservará en el futuro cuando se ejecuten los proyectos;

8.

Subraya la necesidad de integrar la protección del clima y el desarrollo sostenible de todos los modos de transporte en la política de infraestructuras europea, con el fin de respetar los objetivos comunitarios de reducción de emisiones de CO2;

9.

Pide a la Comisión a que inste a los Estados miembros a que integren la legislación medioambiental comunitaria en los procesos de decisión y de planificación de proyectos RTE-T, especialmente Natura 2000, la evaluación medioambiental estratégica, la evaluación del impacto sobre el medio ambiente, la calidad del aire, la directiva marco sobre el agua, las directivas relativas a la protección de los hábitats y de las aves, así como el Mecanismo de informes sobre los transportes y el medio ambiente (TERM) de la Agencia Europea del Medio Ambiente;

10.

Insta a la Comisión a que minimice las disposiciones oscuras o contradictorias concernientes a las declaraciones de interés común y a la aplicación de la legislación medioambiental; considera, además, que, una vez que los proyectos se reconozcan como RTE-T, los Estados miembros no deben abusar de la legislación europea mencionada en el apartado 9 con objeto de bloquear la puesta en marcha de los proyectos de RTE-T;

11.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta, como factores relevantes en el contexto de la política comunitaria de infraestructuras de transporte, nuevos desarrollos como la crisis financiera mundial, el cambio demográfico, la ampliación y los nuevos países vecinos, así como las conexiones cada vez más estrechas con los países del Este y del Mediterráneo;

12.

Subraya que, especialmente en el contexto actual de crisis económica, el desarrollo de las RTE-T y la integración del transporte en la UE con el de los Estados vecinos es la manera más segura de garantizar tanto la sostenibilidad a largo plazo del mercado interior como la cohesión económica y social en la UE;

13.

Pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para mejorar la coordinación europea del desarrollo territorial (agenda territorial de la Unión Europea y principio de cohesión territorial) y de la planificación de los transportes teniendo en cuenta la accesibilidad regional mediante la mejora de las redes entre las regiones; señala que deben tenerse en cuenta las diferencias entre regiones de montaña, regiones litorales e insulares, regiones centrales y periféricas y otras regiones transfronterizas, tanto como la necesidad de una mayor integración de los sistemas de movilidad urbana en la TEN-T;

14.

Pide a la Comisión que dé prioridad particular a proyectos clave relativos a los principales enlaces ferroviarios, de carretera y por vía navegable para asegurar conexiones transfronterizas con los nuevos Estados miembros y con terceros países;

15.

Sugiere a este respecto que la Perspectiva de Desarrollo Espacial Europeo (PDEE) se incluya como base para la planificación y que los estudios ESPON disponibles se incluyan como información de fondo científica y orientada hacia la planificación sobre el desarrollo del transporte;

16.

Insiste en la necesidad de integrar tanto los objetivos de la Estrategia de Lisboa como los del Plan de Recuperación en el desarrollo de las políticas de RTE-T, dada la importancia esencial de la movilidad, accesibilidad y su logística para la competitividad de la UE, así como para mejorar la cohesión en sus territorios;

17.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que integren los corredores verdes, las redes de transporte ferroviario de mercancías, los corredores del Sistema Europeo de Gestión del Tráfico Ferroviario (ERTMS), la red transeuropea de flete ferroviario (RTE-FF), las «autopistas» marítimas, tales como el transporte marítimo a corta distancia, las vías navegables existentes con capacidad limitada o esclusas sin suficiente capacidad, los puertos secos, las plataformas logísticas y los nodos de movilidad urbana, además de la proyectada extensión de las RTE-T a la Política Europea de Vecindad y a los países del Este y del Mediterráneo, en un concepto de RTE-T intermodal basado en acciones planificadas en favor de modos de transporte más respetuosos con el medio ambiente, menos costosos en carburante y más seguros, velando por un uso óptimo de todos los modos de transporte y fomentando la compatibilidad de las conexiones entre los diversos modos de transporte, en particular entre los enlaces ferroviarios en los puertos; pide, por otra parte, una coherencia entre el marco RTE-T actual y futuro y la legislación propuesta sobre corredores de transporte ferroviario de mercancías;

18.

Observa que, según indica la encuesta más reciente, hasta fechas muy recientes solo se destinaban a las vías navegables interiores el 1 % de los fondos europeos de infraestructuras; considera que se necesita un apoyo europeo suficiente para desarrollar la infraestructura de navegación interior en Europa, a fin de aprovechar todo el potencial de las vías navegables interiores como modo de transporte sostenible y fiable;

19.

Pide a la Comisión que intente asegurarse de que el desarrollo del transporte de mercancías por ferrocarril se intensifica con vistas a una mayor eficiencia de las redes y a un transporte más rápido;

20.

Acoge positivamente en este contexto la propuesta de la Comisión de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la red ferroviaria europea para un transporte de mercancías competitivo (COM(2008)0852), y la mencionada Comunicación de la Comisión de 18 de octubre de 2007,

21.

Subraya la importancia de facilitar la distribución de la información en el transporte intermodal, con el fin de promover y fomentar la interacción entre la infraestructura no material y la infraestructura material (sistemas de información como ERTMS/RIS/ITS/SESAR/Galileo), mejorar la interoperabilidad, el material rodante (el equipo material y logicial ERTMS en los trenes, y la reducción del ruido de los vagones), la logística verde, las conexiones y los nudos intermodales, los servicios puerta a puerta descentralizados de la cadena de aprovisionamiento y la gestión de la movilidad;

22.

Destaca la importancia de desarrollar sistemas de transporte inteligentes, armonizados y normalizados para las RTE-T con vistas a una gestión del transporte más eficiente, fluida, segura y respetuosa con el medio ambiente;

23.

Recomienda que se mejore la ejecución de RTE-T facilitando un mejor acceso a la información mediante sistemas como el sistema de información TENtec a través de un método abierto de coordinación que incluya evaluaciones comparativas y el intercambio de las mejores prácticas;

24.

Subraya la necesidad de reforzar la eficacia de la infraestructura existente en los proyectos RTE-T a corto plazo, en particular cuando la realización de tales proyectos ya haya empezado, con el fin de hacer que los corredores sean más viables y eficaces, sin esperar a la realización a largo plazo de proyectos muy grandes en estos corredores;

25.

Apoya la opción estructural C para la forma RTE-T que figura en el Libro Verde, es decir, un doble nivel compuesto de una red global basada en los mapas RTE-T actuales y una «red central» intermodal, que aún debe ser definida y con el ferrocarril, las vías navegables sostenibles y los puertos y su conexión con los nodos logísticos como prioridades;

26.

Apoya el concepto de una «red de base» consistente en un «pilar geográfico» y un «pilar conceptual», a cuyo respecto el «pilar conceptual» contiene criterios y objetivos que permiten proyectos, corredores y partes de red por identificar con flexibilidad en un cierto plazo en vez de con rigidez en el comienzo del período de presupuestación para el conjunto del período; considera que debe ser posible extender flexiblemente las RTE-T durante el período de presupuestación para que se adapte a las condiciones cambiantes del mercado;

27.

Reconoce el papel central de los Estados miembros, en consulta con sus autoridades regionales y locales, los interlocutores de la sociedad civil y de la población local, en materia de decisión, de planificación y de financiación de la infraestructura de transportes, incluida la coordinación y la cooperación europea transfronteriza; espera más coherencia del Consejo Europeo entre las solicitudes de proyectos RTE-T y las decisiones relativas al presupuesto RTE-T; teniendo en cuenta la revisión intermedia del marco financiero de la UE, y también el debate actual sobre el plan de recuperación de la UE, pide a los Estados miembros que consideren correctamente el problema de la ayuda financiera necesaria para las infraestructuras de transporte que forman parte de las RTE-T como prioridad según la política de la UE establecida hasta ahora;

28.

Se declara plenamente de acuerdo con el objetivo comunitario de reducción de la carga administrativa y, por lo tanto, anima enérgicamente a la Comisión a que revise los marcos financieros para los proyectos RTE-T prioritarios con objeto de seguir reduciendo la burocracia;

29.

Pide a los Estados miembros y la Comisión que refuercen la coordinación de las políticas llevadas a cabo a nivel nacional para lograr consistencia en la cofinanciación y realización del programa RTE-T, de conformidad con los artículos 154 y 155 del Tratado CE;

30.

Subraya a este respecto que la crisis financiera supone una mayor presión sobre la Unión Europea, los Estados miembros y las regiones para que basen las decisiones sobre proyectos de infraestructura de transportes en evaluaciones racionales de la relación coste-beneficio, la sostenibilidad y el valor añadido transfronterizo europeo;

31.

Opina, sin embargo, que la inversión en la infraestructura de transporte es un ámbito fundamental para abordar la crisis económica y financiera, por lo que pide a la Comisión que acelere los proyectos de infraestructura relacionados con las RTE-T y financiados en el marco de los Fondos estructurales y de cohesión; pide a los Estados miembros que valoren de nuevo sus prioridades en materia de inversiones, teniendo en cuenta este planteamiento, para acelerar los proyectos RTE-T bajo su responsabilidad, particularmente en las secciones transfronterizas;

32.

Recuerda a la Comisión que la cofinanciación comunitaria de proyectos de infraestructuras de transportes por la RTE-T, los fondos de cohesión y regionales y el BEI deben tener en cuenta los criterios siguientes: viabilidad económica, mejora de la competitividad, fomento del mercado único, sostenibilidad medioambiental, transparencia para los contribuyentes y participación del ciudadano (principio de asociación); subraya en este sentido la importancia del desarrollo de asociaciones público-privadas para la financiación de las RTE-T, así como de la necesidad de proponer soluciones flexibles para aquellos problemas que se presenten en obras de este calibre (dificultades orográficas, técnicas, oposición ciudadana, etc.);

33.

Pide a la Comisión que asegure a este respecto que los proyectos evaluados conforme a los programas de financiación de la UE tengan en cuenta su posible impacto en la financiación nacional para otras inversiones necesarias que no reciben ayuda de fondos de la UE; considera, en particular, que los créditos utilizados por los Estados miembros para complementar proyectos financiados por la UE no deben asignarse a expensas del mantenimiento o de la inversión en líneas de aportación de tráfico; opina más bien que los proyectos deben elaborarse y evaluarse, por lo menos parcialmente, sobre la base de su potencial para integrar (y no descuidar) el desarrollo y el mantenimiento de la necesaria infraestructura suplementaria de aportación de tráfico;

34.

Subraya las necesidades de inversión rápidamente crecientes del mercado europeo del transporte aéreo en el marco del paquete Cielo Único Europeo II y del «enfoque global del sistema aéreo» propuesto; pide, por lo tanto, a la Comisión que tome en consideración el aumento de la parte disponible para la financiación de aeropuertos y GTA/SNA al revisar el marco presupuestario de las RTE-T;

35.

Constata que es necesario reforzar los programas de investigación y desarrollo sobre las buenas y más eficientes prácticas en materia de financiación de la infraestructura de transportes y los efectos beneficiosos que de ello resultan en materia de competitividad y de empleo cuantitativo y cualitativo, incluidas las experiencias de las asociaciones público-privadas, como ya se ha hecho en los estudios actuales de la Comisión;

36.

Subraya la necesidad de crear un grupo de trabajo en el órgano ejecutivo de las RTE-T a fin de aumentar el uso de la asociación entre los sectores público y privado para financiar determinados proyectos o secciones prioritarios, y para difundir las soluciones como buenas prácticas;

37.

Destaca que un recurso más frecuente a la cooperación entre el sector público y el privado y al Banco Europeo de Inversiones no puede sustituir a una parte significativa de financiación presupuestaria para proyectos importantes, con un período de amortización de varias generaciones;

38.

Favorece una revisión del presupuesto de las RTE-T por parte de los Estados miembros en el marco de la revisión intermedia de las perspectivas financieras 2009-2010, con miras a revertir la drástica reducción de los otros proyectos y de las ambiciones de desarrollo del ferrocarril y de las vías navegables de dichos proyectos;

39.

Subraya la necesidad de destinar un porcentaje de los ingresos por peaje de infraestructuras viarias a la financiación de los proyectos de RTE-T, con objeto de incrementar la positiva influencia en el endeudamiento;

40.

Pide a la Comisión que elabore una selección de ejemplos de conexiones ferroviarias regionales transfronterizas que han sido desmanteladas o abandonadas, dando preferencia especialmente a las que pudieran interconectarse con la RTE-T;

41.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que consideren la red Eurovelo y la pista del Telón de acero como una oportunidad para promover las redes de infraestructuras ciclistas comunitarias transfronterizas y fomentar una movilidad blanda y un turismo sostenible:

42.

Pide a la Comisión, para impulsar la competitividad del conjunto de la RTE ferroviaria, que proponga – para finales de su mandato - una iniciativa legislativa referente a la apertura de los mercados nacionales ferroviarios de transporte de pasajeros a partir del 1 de enero de 2012;

43.

Lamenta la lentitud de ejecución de los proyectos prioritarios que afectan a las secciones fronterizas, singularmente las de los Pirineos, vitales para la Península Ibérica y Francia;

44.

Recomienda a la Comisión que asocie al Parlamento Europeo y al Consejo Europeo a sus propuestas (pluri) anuales y a las opciones en materia de cofinanciación de proyectos RTE-T;

45.

Pide a la Comisión que informe al Parlamento Europeo y al Consejo, para cada proyecto prioritario, regularmente y por lo menos una vez al año, sobre la situación de cada proyecto, sobre la fiabilidad de los costes del proyecto, sobre la viabilidad de cada proyecto y sobre el calendario de ejecución de los proyectos;

46.

Pide a la Comisión y al BEI que presenten al Parlamento y al Consejo una lista anual de proyectos específicos cofinanciados cuando se trate de una cofinanciación con recurso a medios regionales, de los fondos de cohesión y del BEI para proyectos RTE-T, tal como ya es el caso de la cofinanciación RTE-T;

47.

Hace hincapié en que, desde un punto de vista ecológico y económico, los sistemas de transporte intermodales, que permiten la utilización de distintos medios de transporte en una ruta determinada, son frecuentemente la única opción viable y sostenible de cara al futuro;

48.

Hace hincapié en que, dentro del espacio Schengen ampliado recientemente, las infraestructuras de transportes entre Europa Occidental y Europa Oriental revisten una importancia fundamental visto el potencial de crecimiento económico, en particular en los nuevos Estados miembros, vinculado a las mismas; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que desarrollen y promuevan enlaces viales y ferroviarios transnacionales entre Europa Occidental y Europa Oriental, apoyando, en particular, las infraestructuras de transporte transfronterizas mediante un programa de acción específico ejecutado en colaboración con las autoridades locales, regionales y nacionales; recuerda asimismo que una mejor interconexión de las RTE-T con las redes de transporte de terceros países mejoraría, en particular, la situación de las zonas fronterizas y aportaría un valor añadido a la cooperación interregional y a toda la UE;

49.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


(1)  Textos Aprobados, P6_TA(2009)0120.

(2)  DO C 187 E de 24.7.2008, p. 154.

(3)  DO L 15 de 17.1.1997, p. 1.

(4)  DO L 167 de 30.4.2004, p. 1.

(5)  DO L 162 de 22.6.2007, p. 1.

(6)  DO L 228 de 23.9.1995, p. 1.


Jueves, 23 de abril de 2009

8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/41


Jueves, 23 de abril de 2009
Deforestación y degradación forestal

P6_TA(2009)0306

Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009, sobre el modo de afrontar los desafíos de la deforestación y la degradación forestal para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad

2010/C 184 E/08

El Parlamento Europeo,

Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de octubre de 2008, titulada «Afrontar los desafíos de la deforestación y la degradación forestal para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad» (COM(2008)0645),

Vistas las decisiones adoptadas en el marco de la V Conferencia Ministerial sobre la Protección de los Bosques en Europa que tuvo lugar en 2007 en Varsovia, Polonia relativas a la necesidad de evaluar la repercusión de los cambios climáticos sobre la situación de los bosques y a una política de gestión forestal sostenible,

Visto el artículo 103, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que la Unión Europea desea limitar el calentamiento mundial a 2o C y reducir a la mitad la pérdida de biodiversidad y que, según el Informe Eliasch, reducir a la mitad la deforestación antes de 2030 costará anualmente entre 17 000 y 33 000 millones de dólares USA,

B.

Considerando que una gestión forestal sostenible reviste una importancia fundamental para combatir la deforestación y es un aspecto esencial del desarrollo económico,

C.

Considerando que la deforestación representa alrededor del 20 % de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, es un factor fundamental de la pérdida de biodiversidad y representa una seria amenaza para el desarrollo y, en particular, para las condiciones de vida de las personas pobres,

D.

Considerando que la deforestación se produce al ritmo alarmante de 13 millones de hectáreas de bosques al año, la mayoría en los bosques tropicales, pero también, en cierta medida, en Europa, especialmente en Europa Central y Oriental,

E.

Considerando que la deforestación supone un perjuicio medioambiental difícilmente reversible, como el desequilibrio permanente de los recursos hídricos, la estepización y la desertización, y la pérdida de diversidad biológica, cuyos gastos económicos globales sobrepasan con creces el gasto en medidas de protección y de mejora,

F.

Considerando que la degradación forestal se presenta bajo formas distintas y es de difícil definición, pero que tiene importantes consecuencias para el clima, la biodiversidad y los bienes y servicios,

G.

Considerando que, según el cuarto informe de evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, es preciso lograr un distanciamiento significativo de la postura de dejar que el aumento de emisiones siga su curso en los países en desarrollo, incluyendo una reducción de las emisiones asociadas a la deforestación, y conseguir, para para 2020, una reducción en los países industrializados de las emisiones del 25 – 40 % con respecto a 1990 para limitar el calentamiento global a 2 °C,

H.

Considerando que la reducción de la deforestación desempeñará un papel importante no sólo en la mitigación del cambio climático sino, también, en la adaptación a dicho cambio,

1.

Destaca la necesidad de una mayor coherencia entre la conservación de los bosques las políticas de gestión sostenible y otras políticas externas e internas de la UE; pide una evaluación cuantitativa del impacto que tienen sobre los bosques ciertas políticas de la UE, como las relativas a la energía (especialmente los biocombustibles), la agricultura, la producción y el consumo sostenibles, la contratación pública, el comercio y la cooperación para el desarrollo;

2.

Pide a la Comisión que presente al Parlamento Europeo y al Consejo propuestas de requisitos de sostenibilidad comunitarios rigurosos para toda la madera y los productos derivados de la madera extraída de los bosques;

3.

Pide a la Comisión que publique para finales de 2009 un amplio estudio sobre la incidencia de la producción, el consumo y el comercio en la Unión Europea de productos alimentarios y no alimentarios sobre la deforestación y la degradación forestal; pide la elaboración de un estudio para evaluar y especificar toda incidencia negativa de los diferentes sectores industriales, con recomendaciones sobre nuevas estrategias y nuevas innovaciones dirigidas a reducir este impacto;

4.

Señala que los problemas relativos a las condiciones del agua deben tratarse con sumo cuidado en el contexto de la economía forestal, y pone de relieve la necesidad fundamental de un desarrollo conjunto de los recursos forestales e hídricos y de armonizar las políticas correspondientes de la Unión Europea con el fin de restaurar y mejorar la capacidad de retención de agua de los ecosistemas;

5.

Acoge favorablemente las políticas de contratación pública ecológica y la promoción de instrumentos como el etiquetado ecológico y los sistemas de certificación forestal; pide la rápida aprobación y aplicación de las políticas de contratación pública ecológica para los productos derivados de la madera en la Unión Europea; pide a los Estados miembros que basen su política de contratación pública en normas de elevada sostenibilidad y que, en consecuencia, fijen objetivos realistas según dichas normas;

6.

Considera que hay que prestar un apoyo financiero significativo a los países en desarrollo a fin de detener la deforestación a gran escala de aquí al año 2020, y que las muestras de compromiso serán decisivas en las negociaciones internacionales con vistas a un acuerdo global y amplio sobre el clima para el periodo posterior a 2020;

7.

Reconoce que la movilización de fondos suficientes en el marco de un acuerdo global sobre el clima revestirá una importancia crucial para reducir a la mitad y, finalmente, detener la deforestación mundial; apoya, en este contexto, la propuesta de la Comisión de crear un Mecanismo Mundial del Carbono Forestal (MMCF) en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, sobre la base de un régimen de financiación permanente; pide a los Estados miembros que respalden su compromiso de detener la deforestación y la degradación forestal en el mundo destinando una parte sustancial de los ingresos procedentes de las subastas del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea para reducir la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo, y enfocando las negociaciones sobre estas fuentes de financiación con arreglo a las líneas esbozadas en la Comunicación de la Comisión, de 28 de enero de 2009, titulada «Hacia la consecución de un acuerdo a gran escala sobre el cambio climático en Copenhague» (COM(2009)0039); pide, asimismo, a los Estados miembros que apoyen la propuesta de la Comisión de adoptar la propuesta de Noruega en materia de financiación y que asignen al MMCF parte de los ingresos futuros procedentes de las subastas de unidades de cantidades atribuidas;

8.

Defiende que el apoyo prestado a través del MMCF debería depender del rendimiento demostrado y basarse en resultados verificados en términos de reducción de la deforestación a gran escala y de la degradación forestal; subraya que este apoyo también debería arrojar beneficios en términos de protección de la biodiversidad, una mayor capacidad de recuperación y mejores condiciones de subsistencia en las regiones forestales;

9.

Insiste en la necesidad de respetar plenamente los derechos de las poblaciones autóctonas de las zonas forestales, incluido el derecho de los pueblos indígenas al consentimiento libre, previo e informado del uso de los bosques que tengan en usufructo consuetudinario; considera fundamental que las comunidades locales y los pueblos indígenas participen de forma racional y amplia en todas las fases de evaluación, programación y aplicación de medidas para la reducción de emisiones resultantes de la deforestación y la degradación forestal;

10.

Subraya que cualquier mecanismo con arreglo al Programa Colaborador de las Naciones Unidas sobre la Reducción de Emisiones de la Deforestación y la Degradación Forestal en los Países en Desarrollo, que constituye parte integrante del acuerdo internacional sobre el clima para después de 2012, debe garantizar en primer lugar y ante todo la protección de los bosques naturales;

11.

Señala que el proceso de deforestación en la Europa Oriental contribuye a la degradación del medio ambiente natural y repercute sobre la calidad de vida, entre otros aspectos;

12.

Señala que los créditos forestales en el mercado del carbono podrían, a medio y largo plazo, formar parte de una serie de políticas de lucha contra la deforestación, siempre que sea posible garantizar metodologías exactas de contabilización del carbono de los bosques y mecanismos de control fiables; subraya la necesidad de adoptar una decisión definitiva con respecto a la inclusión de los créditos forestales en el régimen de comercio de derechos de emisión, precedida de un análisis riguroso sobre la viabilidad de todos los mecanismos de financiación potenciales y de una evaluación del resultado de la Conferencia de las Partes de Copenhague y de las conclusiones extraídas de los proyectos piloto;

13.

Recuerda que ningún crédito derivado de proyectos forestales utilizado para contrarrestar las emisiones de gases de efecto invernadero en los países industrializados podrá contabilizarse una segunda vez para lograr el objetivo de distanciamiento de la práctica de dejar que todo siga su curso al que se espera que los países en desarrollo se comprometan en el acuerdo internacional sobre el clima para después de 2012;

14.

Señala que todo sistema de compensación de la reducción de la deforestación y de la degradación forestal en el marco de una normativa futura relativa al clima debe tener en cuenta no sólo los sumideros de carbón, sino también los servicios ecosistémicos y los beneficios sociales derivados de los bosques;

15.

Pide a la Unión Europea que fomente normas sociales y medioambientales estrictas en materia de reducción de las emisiones resultantes de las actividades de deforestación y de la degradación de los bosques; pide a la Unión Europea que promueva mecanismos de reducción de las emisiones resultantes de las actividades de deforestación y de la degradación de los bosques que vayan más allá del enfoque actual basado en el mecanismo de desarrollo limpio, y que aborde las causas subyacentes de la deforestación, como la mala gobernanza, la pobreza, la corrupción y la no aplicación de la legislación, apoyando reformas políticas e institucionales a nivel local y nacional;

16.

Lamenta que la Comunicación, contrariamente a su título, no aborde la degradación forestal; pide a la Comisión que desarrolle planes de acción y proyectos piloto, y que muestre su compromiso en su propia política forestal para detener no sólo la deforestación, sino también la degradación forestal (inclusive en la Unión Europea), desarrollando y estableciendo también sistemas de supervisión adecuados, con el fin de obtener datos apropiados sobre el suelo y la biomasa de los bosques;

17.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los gobiernos y parlamentos de los Estados miembros.


8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/43


Jueves, 23 de abril de 2009
Un plan de acción sobre movilidad urbana

P6_TA(2009)0307

Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009, sobre un plan de acción sobre movilidad urbana (2008/2217(INI))

2010/C 184 E/09

El Parlamento Europeo,

Visto el Libro Verde de la Comisión, de 25 de septiembre de 2007, titulado «Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana» (COM(2007)0551),

Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 12 de septiembre de 2001, titulado «La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad» (COM(2001)0370),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de octubre de 2007, titulada «Plan de acción para la logística del transporte de mercancías» (COM(2007)0607),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de septiembre de 2007, titulada «Hacia una movilidad más segura, más limpia y más eficiente en Europa: primer informe sobre el vehículo inteligente» (COM(2007)0541),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de febrero de 2007, titulada «Marco reglamentario para un sector del automóvil competitivo en el siglo XXI — Posición de la Comisión sobre el informe final del Grupo de alto nivel CARS 21 — Una contribución a la estrategia de crecimiento y empleo de la UE» (COM(2007)0022),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de junio de 2006, titulada «La logística del transporte de mercancías en Europa – la clave para la movilidad sostenible» (COM(2006)0336),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de junio de 2006, titulada «Por una Europa en movimiento — Movilidad sostenible para nuestro continente — Revisión intermedia del Libro Blanco del transporte de la Comisión Europea de 2001» (COM(2006)0314),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de febrero de 2006, titulada «Iniciativa del vehículo inteligente – Sensibilización sobre las TIC al servicio de vehículos más inteligentes, seguros y limpios» (COM(2006)0059),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de enero de 2006, sobre una Estrategia temática para el medio ambiente urbano (COM(2005)0718),

Vistas las propuestas y directrices de la Comisión y las posiciones del Parlamento Europeo sobre los Fondos Estructurales, el Fondo de Cohesión y el Séptimo Programa Marco de investigación,

Vista la propuesta revisada de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la promoción de vehículos limpios y eficientes energéticamente de transporte por carretera (COM(2007)0817),

Vista su Resolución, de 9 de julio de 2008, titulada «Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana» (1),

Vista su Resolución, de 19 de junio de 2008, titulada «Hacia una movilidad más segura, más limpia y más eficiente en Europa – Primer informe sobre el vehículo inteligente» (2),

Vista su Resolución, de 20 de febrero de 2008, sobre las aportaciones al Consejo Europeo de primavera de 2008 en relación con la Estrategia de Lisboa (3),

Vista su Resolución, de 12 de octubre de 1988, sobre la protección del peatón y la carta europea de los derechos del peatón (4),

Vista su Resolución, de 15 de enero de 2008, sobre CARS 21: Marco reglamentario para un sector del automóvil competitivo (5),

Vista su Resolución, de 5 de septiembre de 2007, sobre la logística del transporte de mercancías en Europa – la clave para la movilidad sostenible (6),

Vista su Resolución, de 12 de julio de 2007, titulada «Por una Europa en movimiento — movilidad sostenible para nuestro continente» (7),

Vista la Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2008, relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa (8),

Visto el Reglamento (CE) no 1370/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2007, sobre los servicios públicos de transporte de viajeros por ferrocarril y carretera (9),

Vista la Directiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la seguridad de los ferrocarriles comunitarios (10) (Directiva de seguridad ferroviaria),

Vista la Directiva 2000/40/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre la protección delantera contra el empotramiento de los vehículos de motor (11),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones de 21 de abril de 2009 sobre un plan de acción sobre movilidad urbana (12),

Visto el anuncio realizado por la Comisión sobre la publicación de un plan de acción para la movilidad urbana, aplazado en diversas ocasiones y sin plazo preciso,

Visto el fundamento jurídico constituido por los artículos 70 a 80 del Tratado CE,

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional (A6-0199/2009),

A.

Considerando que los transportes urbanos constituyen una parte considerable de la totalidad de los transportes y que, por este motivo, los artículos 70 a 80 del Tratado CE son el fundamento jurídico que confiere a la Unión Europea una competencia compartida con los Estados miembros en este sector,

B.

Considerando que un gran número de directivas y reglamentos europeos, transversales o modales, tienen un impacto en los transportes urbanos y que se requiere establecer su coherencia mediante un enfoque específico de los desplazamientos urbanos,

C.

Considerando que el plan sobre el clima europeo, adoptado por el Consejo Europeo celebrado los días 8 y 9 de marzo de 2007, fija objetivos ambiciosos de reducción en un 20 % del consumo de energía, de reducción en un 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero y de una proporción del 20 % de energías renovables respecto al consumo global de energía para 2020, y que estos objetivos no pueden lograrse sin una estrategia adaptada en consecuencia a los transportes urbanos,

D.

Considerando que el programa de investigación y desarrollo CIVITAS registró un enorme éxito que refleja la importancia que, para las autoridades locales y las empresas organizadoras del transporte, revisten las inversiones europeas destinadas a programas de desplazamientos urbanos innovadores,

E.

Considerando que los Fondos de Cohesión y los Fondos Estructurales financian programas de movilidad urbana, pero presentan el doble inconveniente, por una parte, de estar desprovistos de estrategia y objetivos europeos de movilidad urbana y, por otra, de estar asignados desigualmente en el territorio de la Unión,

F.

Considerando que las zonas urbanas constituyen polos de intermodalidad y conexión privilegiados entre las redes transeuropeas de transportes, que deben contribuir al logro de sus objetivos generales en favor de una movilidad europea sostenible y de una competitividad duradera de las redes de ciudades de la UE,

G.

Considerando que las zonas urbanas son importantes centros de actividad económica y que el transporte de mercancías es vital para el abastecimiento de la población pero se enfrenta al mismo tiempo a desafíos debido a las superficies de almacenamiento restringidas y a los limitados horarios de suministro,

H.

Considerando que el respeto estricto del principio de subsidiariedad y del derecho de autonomía municipal en materia de planificación no permite contemplar una política preceptiva europea, pero permite a la Unión adoptar una estrategia de estímulo similar a la que representa su política regional y de cohesión, sin imponer soluciones desde arriba,

I.

Considerando que los problemas que plantean las zonas urbanas no pueden abordarse con políticas modales, sino mediante un enfoque en términos de usuarios y sistemas de transporte integrados,

J.

Considerando que una política de transporte urbano eficaz y sostenible en beneficio tanto de los ciudadanos europeos como de la economía europea solamente quedará garantizada si se asegura un trato justo entre el transporte de mercancías y el de pasajeros y entre los diversos modos de transporte,

K.

Considerando que una planificación urbana que tenga en cuenta el cambio demográfico de la sociedad, proporcionando, por ejemplo, una oferta de vivienda especialmente para las personas de edad avanzada en el centro de las ciudades y tiendas en las proximidades de sus viviendas puede contribuir sensiblemente a evitar el tráfico,

L.

Considerando la necesidad de disponer de estrategias sólidas respecto de los desplazamientos urbanos para optimizar los instrumentos pertinentes mediante el desarrollo de plataformas de intercambios intermodales y la integración de los distintos sistemas de desplazamiento,

M.

Considerando la necesidad de disponer de una información estadística fiable y más sistemática que permita una evaluación de las políticas públicas locales y un intercambio de las mejores prácticas en materia de desplazamientos urbanos,

N.

Considerando la importancia económica y tecnológica que tienen las distintas técnicas aplicadas en los transportes urbanos para la competitividad y el comercio exterior de la Unión,

O.

Considerando que, a raíz de los plazos impuestos por la celebración de las próximas elecciones legislativas europeas, es obligado respetar el calendario inicialmente previsto para el debate parlamentario sobre el plan de acción para los transportes urbanos anunciado por la Comisión,

1.

Lamenta que no se haya publicado el plan de acción sobre la movilidad urbana anunciado por la Comisión y se muestra dispuesto a aceptar iniciativas distintas, pero insiste en la necesidad de un planteamiento coherente; decide, por tanto, dar curso a su informe de iniciativa y formular propuestas respecto de un plan de acción europeo sobre la movilidad urbana;

2.

Recuerda que los transportes urbanos están sujetos al principio de subsidiaridad, pero señala que, con frecuencia, las autoridades locales no pueden hacer frente a estos retos sin la cooperación y la coordinación europea, por lo que la Comisión debe facilitar estudios, preparar el marco jurídico, financiar la investigación y promover y difundir las buenas prácticas, conforme al principio de que debe estar al alcance de todos, en todas las lenguas de la Unión Europea;

3.

Pide a la Comisión que publique una recopilación de las disposiciones reglamentarias europeas aplicables en este ámbito y que proponga a las regiones y a las ciudades marcos comunes de referencia que les faciliten la toma de decisiones en materia de planificación y ejecución de las estrategias de desarrollo;

Acelerar la investigación y la innovación europea en materia de movilidad urbana

4.

Propone el lanzamiento inmediato de un programa de mejora de las estadísticas y las bases de datos sobre la movilidad urbana en Eurostat, que integre en particular:

datos sobre las diversas formas de tráfico, incluidos los modos menos agresivos de desplazamiento (bicicletas, marcha a pie, etc.),

estadísticas sobre la contaminación del aire y el ruido, los accidentes, los embotellamientos y la congestión,

estadísticas e indicadores cuantitativos y cualitativos sobre la oferta y los servicios de transporte;

5.

Sugiere que se abra inmediatamente un portal y un foro en Internet de ámbito europeo sobre la movilidad urbana, con el fin de facilitar el intercambio y la difusión de información, mejores prácticas y experiencias innovadoras, en particular en materia de desplazamientos no agresivos con el medio ambiente;

6.

Sugiere que se cree un premio europeo anual, que integre los trofeos CIVITAS, en el marco de la semana europea de la movilidad, para recompensar las iniciativas o los proyectos de transporte urbano que se hayan distinguido y puedan reproducirse;

7.

Propone el desarrollo de una nueva generación de CIVITAS (CIVITAS IV), en torno a convocatorias de proyectos que integren en particular:

los servicios anexos vinculados al transporte intermodal (tarificación, etc.),

programas de ergonomía (comodidad) de los transportes urbanos,

innovaciones en términos de accesibilidad intermodal, en particular, para las personas de movilidad reducida (PMR),

programas de información integrada sobre la red de transportes urbanos destinados a los usuarios, que les permitan optimizar sus desplazamientos y adaptarlos en función de las variaciones de la red;

8.

Propone reforzar la investigación y el desarrollo de Sistemas de Transporte Inteligentes (STI), coordinarlos mejor con las necesidades y los objetivos de los residentes urbanos y las autoridades locales y dirigirlos hacia:

unos sistemas de gestión integrada de información y de gestión del tráfico,

la reducción de las perturbaciones y de los accidentes,

la utilización de las nuevas tecnologías de la información y comunicación interoperables, incluidas las tecnologías por satélite y NFC (13), mediante el uso de telefonía móvil (GSM), para la información de los usuarios y la expedición de billetes integrados,

la seguridad activa y pasiva en los transportes públicos;

el desarrollo de una generación de vehículos urbanos;

soluciones innovadoras para un transporte eficiente de mercancías, en particular, para el reparto de proximidad en las ciudades;

9.

Pide que se aumenten los fondos nacionales y europeos para las aplicaciones ITS a fin de permitir un mayor despliegue de ITS por las autoridades locales;

Fomentar el máximo aprovechamiento de los distintos métodos de desplazamiento mejorando la programación urbana

10.

Pide que se promueva el principio del enfoque integrado en el marco de una gobernanza compartida en la que participen los agentes urbanos y periféricos, nacionales y europeos, y que tenga en cuenta los asuntos vinculados al transporte: inserción social, ruido, seguridad, competitividad, medio ambiente, etc.; reitera su petición de que la aplicación del enfoque integrado sea obligatoria en la programación y en la elección de los proyectos con cargo a los Fondos Estructurales;

11.

Recomienda la aplicación de planes de desplazamiento urbano sostenibles e integrados en las poblaciones de más de 100 000 habitantes, lo que entraña:

un diagnóstico, indicadores y objetivos de movilidad con sus impactos económicos, sociales y medioambientales,

un plan de desarrollo e interconexión de las redes de transporte coordinado con el del transporte regional y con las políticas de urbanismo,

un plan de desarrollo de la circulación poco agresiva con el medio ambiente (carril de bicicletas, zonas peatonales, etc.) plenamente integradas con el transporte público,

un plan rector de los aparcamientos y las plataformas de intercambios intermodales,

un programa de adaptación de la gestión de las redes de movilidad urbana y sus interconexiones a las necesidades de los usuarios con movilidad reducida,

un plan rector de logística urbana, incluyendo la posibilidad de utilizar la infraestructura pública para este tipo de transporte,

un procedimiento de participación directa de los ciudadanos;

12.

Recomienda la creación de un foro europeo permanente sobre la gobernanza de los transportes urbanos en el que participen autoridades representativas de los organizadores de transportes, incluyendo asociaciones de usuarios y ciudadanos y federaciones profesionales de operadores de transporte, con el fin de fomentar el intercambio y la difusión de las buenas prácticas;

13.

Propone que se condicione la financiación europea en materia de transportes urbanos a la existencia de planes integrados de movilidad urbana (planes de desplazamientos urbanos);

14.

Aboga por la cooperación y la integración operativa de las autoridades responsables de la organización de los transportes públicos, la circulación y el estacionamiento en las ciudades europeas de más de 250 000 habitantes, en territorios comparables en función de los flujos de población y mercancías, y respetando las especificidades locales;

15.

Alienta a las autoridades organizadoras en el ámbito del transporte a asignarse objetivos proactivos y coherentes para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero por medio de políticas de movilidad fijadas en los planes de desplazamiento urbano sostenibles e integrados arriba mencionados y a traducir estos objetivos en obligaciones específicas de resultados asignadas a los operadores de los servicios de transporte públicos o privados;

16.

Propone evaluar las experiencias de integración tarifaria (entre ellas, el proyecto «Interoperable Fare Management») y de información intermodal e información entre las autoridades organizadoras en el ámbito del transporte en los núcleos urbanos de la Unión, con el fin de facilitar el intercambio de las mejores prácticas;

El valor añadido de la UE: un incentivo a la movilidad sostenible en los espacios urbanos

17.

Aboga por la creación de un observatorio de la movilidad urbana en la Comisión, pero no desea la creación de una nueva agencia;

18.

Lamenta que, en el actual período de programación 2007-2013, sólo se prevea asignar al transporte urbano alrededor de un 9 % (es decir, 8 mil millones de euros) de los Fondos Estructurales destinados al transporte (a saber, 82 mil millones de euros); considera que ese porcentaje es demasiado reducido para afrontar los desafíos de una movilidad adecuada en las ciudades europeas y de la protección ambiental y climática;

19.

Insta a que se examine la posibilidad, dentro del marco financiero 2014-2020, de un instrumento financiero europeo dedicado a la movilidad urbana (programa integrado del tipo Marco Polo) que permita cofinanciar:

los estudios de los planes de desplazamiento urbano con el fin de alentar su aplicación general,

una parte de las inversiones en formas de transporte que respondan a los objetivos medioambientales y socioeconómicos de la Unión;

propone que esta financiación se asigne de manera que sirva de estímulo, sobre la base de licitaciones con pliego de condiciones europeo;

20.

Solicita a la Comisión que elabore un informe sobre las zonas de acceso regulado en las zonas urbanas con el fin de evaluar su impacto en la movilidad, la calidad de vida, las emisiones y los efectos externos, la salud y la seguridad, teniendo en cuenta la necesidad de un sistema que permita sancionar las infracciones transfronterizas penales y no penales de tráfico;

21.

Propone la creación de una red de información y venta de títulos de transporte urbano para las principales ciudades de destino de la Unión Europea en las estaciones y los aeropuertos de salida, cuando éstos estén situados en la Unión;

22.

Insta a que se defina una «carta de los usuarios» de los transportes urbanos, que incluya a los peatones, los ciclistas, la distribución de mercancías y servicios y que incluya la forma de compartir la calle, con objeto de poder reducir las disparidades existentes;

23.

Opina que el modelo de ciudad caracterizado por trayectos cortos es el más adecuado para establecer una movilidad respetuosa con el medio ambiente y el clima en las ciudades;

24.

Insta a la Comisión y a las autoridades locales a que intensifiquen y amplíen sus iniciativas relativas a los días sin coches, como se ha venido practicando con ocasión del día europeo sin coches que se celebra anualmente;

25.

Pide a la Comisión que presente cuanto antes un planteamiento armonizado sobre las «zonas verdes» y el desarrollo de un distintivo europeo único de acceso a las «zonas verdes» para evitar el desarrollo de planteamientos diversos por ciudades o Estados miembros con inconvenientes considerables para los ciudadanos y las empresas;

26.

Considera que es importante que las iniciativas sobre movilidad incluyan la creación de redes interurbanas que permitan conectar las grandes ciudades entre sí, asegurar su desarrollo económico y facilitar el desplazamiento rápido de personas y mercancías;

Los transportes urbanos: un sector industrial y de las tecnologías europeas que debe tenerse en cuenta en la Estrategia de Lisboa y en el Plan Europeo de Recuperación Económica

27.

Sugiere el establecimiento de una política europea de normalización y homologación de los equipos en cuanto a la seguridad y la salud, la comodidad (ruido, vibraciones), la interoperatividad de las redes (carril-bus, tranvía-tren, etc.), la posibilidad de acceso para las personas con movilidad reducida o con cochecitos de niños, los modos de transporte no agresivos con el medio ambiente y los motores limpios (autobús, taxis, etc.), basándose en un balance del carbono y en un análisis del impacto de los costes para los operadores y los usuarios;

28.

Propone velar de manera permanente para garantizar que todas las decisiones tienen en cuenta la proporcionalidad de los costes y los beneficios y la posibilidad de subvencionar a los usuarios con posibilidades económicas limitadas;

29.

Aconseja elaborar directrices con recomendaciones mínimas para la calidad de los servicios, la evaluación y participación de los usuarios y ciudadanos, en el marco de la apertura a la competencia de las redes de transporte urbano, con arreglo al Reglamento (CE) no 1370/2007;

30.

Sugiere que se destine una parte importante de los créditos liberados por el Plan Europeo de Recuperación Económica a financiar las inversiones y los trabajos en los transportes urbanos y los transportes colectivos en curso, cuya financiación sea inmediata y que puedan aplicarse antes del 31 de diciembre de 2009;

31.

Observa que, en el Plan Europeo de Recuperación Económica, se están asignando recursos procedentes de los Fondos Estructurales a los proyectos de infraestructura sostenible; pide a los Estados miembros y a las regiones que, con carácter urgente, destinen una parte importante de esos fondos al transporte urbano respetuoso con el clima;

32.

Pide a la Comisión que tome nota de las propuestas incluidas en la presente Resolución, así como del deseo del Parlamento Europeo de que lleve la iniciativa en este ámbito, para desembocar, cuanto antes, en un plan de acción;

*

* *

33.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


(1)  Textos Aprobados, P6_TA(2008)0356.

(2)  Textos Aprobados, P6_TA(2008)0311.

(3)  Textos Aprobados, P6_TA(2008)0057.

(4)  DO C 290 de 14.11.1988, p. 51.

(5)  DO C 41 E de 19.2.2009, p. 1.

(6)  DO C 187 E de 24.7.2008, p. 154.

(7)  DO C 175 E de 10.7.2008, p. 556.

(8)  DO L 152 de 11.6.2008, p. 1.

(9)  DO L 315 de 3.12.2007, p. 1.

(10)  DO L 164 de 30.4.2004, p. 44.

(11)  DO L 203 de 10.8.2000, p. 9.

(12)  Aún no publicado en el DO.

(13)  NFC significa Near Field Comunicación y consiste en una tecnología de intercambio de datos a muy corta distancia que permite la radioidentificación.


8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/50


Jueves, 23 de abril de 2009
Plan de acción relativo a sistemas de transporte inteligentes

P6_TA(2009)0308

Resolución del Parlamento Europeo, de 23 de abril de 2009, sobre el Plan de acción relativo a sistemas de transporte inteligentes (2008/2216(INI))

2010/C 184 E/10

El Parlamento Europeo,

Vista la Comunicación de la Comisión, de 16 de diciembre de 2008, titulada «Plan de acción para el despliegue de sistemas de transporte inteligentes (STI)» (COM(2008)0886),

Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece el marco para el despliegue de los sistemas de transporte inteligentes en el sector del transporte por carretera y para las interfaces con otros modos de transporte (COM(2008)0887),

Visto el Libro Blanco de la Comisión, de 12 de septiembre de 2001, titulado «La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad» (COM(2001)0370),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de julio de 2008, titulada «Hacia un transporte más ecológico» (COM(2008)0433),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 8 de julio de 2008, titulada «Estrategia para la aplicación de la internalización de los costes externos» (COM(2008)0435),

Visto el Libro Verde de la Comisión, de 25 de septiembre de 2007, titulado «Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana» (COM(2007)0551),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 22 de junio de 2006, titulada «Por una Europa en movimiento. Movilidad sostenible para nuestro continente — Revisión intermedia del Libro Blanco del transporte de la Comisión Europea de 2001» (COM(2006)0314),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de septiembre de 2007, titulada «Hacia una movilidad más segura, más limpia y más eficiente en Europa — Primer informe sobre el vehículo inteligente» (COM(2007)0541),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de febrero de 2007, titulada «Marco reglamentario para un sector del automóvil competitivo en el siglo XXI — Posición de la Comisión sobre el informe final del Grupo de alto nivel CARS 21 — Una contribución a la estrategia de crecimiento y empleo de la UE» (COM(2007)0022),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 15 de febrero de 2006, titulada «Iniciativa del vehículo inteligente — Sensibilización sobre las TIC al servicio de vehículos más inteligentes, seguros y limpios» (COM(2006)0059),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de junio de 2006, titulada «La logística del transporte de mercancías en Europa — La clave para la movilidad sostenible» (COM(2006)0336),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de octubre de 2007, titulada «Plan de acción para la logística del transporte de mercancías» (COM(2007)0607),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 11 de enero de 2006, titulada «Estrategia temática para el medio ambiente urbano» (COM(2005)0718),

Vistas las propuestas y orientaciones de la Comisión y las Posiciones del Parlamento Europeo sobre los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión así como sobre el Séptimo Programa marco de investigación,

Vista su Posición, de 22 de octubre de 2008, sobre la propuesta revisada de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la promoción de vehículos limpios y eficientes energéticamente de transporte por carretera (1),

Vista su Resolución, de 20 de febrero de 2008, sobre la contribución al Consejo Europeo de primavera de 2008 en relación con la Estrategia de Lisboa (2),

Vista su Resolución, de 11 de marzo de 2008, sobre la política europea de transporte sostenible teniendo en cuenta las políticas europeas de la energía y del medio ambiente (3),

Vista su Resolución, de 15 de enero de 2008, sobre CARS 21: un marco reglamentario para un sector del automóvil competitivo (4),

Vista su Resolución, de 19 de junio de 2008, sobre una movilidad más segura, más limpia y más eficiente en Europa — Primer informe sobre el vehículo inteligente (5),

Vista su Resolución, de 12 de julio de 2007, sobre una Europa en movimiento — Movilidad sostenible para nuestro continente (6),

Vista su Resolución, de 5 de septiembre de 2007, sobre la logística del transporte de mercancías en Europa — La clave para la movilidad sostenible (7),

Vista su Resolución, de 18 de enero de 2007, sobre el Programa de Acción Europeo de seguridad vial — Balance intermedio (8),

Vista su Resolución, de 26 de septiembre de 2006, sobre una estrategia temática para el medio ambiente urbano (9),

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

Vistos el Informe de la Comisión de Transporte y Turismo y la opinión de la Comisión de Desarrollo Regional (A6-0227/2009),

A.

Considerando que los sistemas de transporte inteligentes (STI) son aplicaciones avanzadas que utilizan las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el ámbito del transporte y en la prestación de servicios innovadores relacionados con los modos de transporte y la gestión del tráfico;

B.

Considerando que los STI presentan un gran potencial para un uso más eficiente de todos los modos de transporte y pueden satisfacer las necesidades y hacer frente a los desafíos planteados por la política europea de transportes;

C.

Considerando que la congestión del tráfico afecta al 10 % de la red de carreteras y que su coste anual asciende al 1 % del PIB de la UE, que el número de víctimas mortales de los accidentes de tráfico asciende aún a 42 953 (2006) —muy por encima del objetivo intermedio fijado para alcanzar la cifra de 25 000 en 2010— y que el transporte por carretera representa el 72 % de todas las emisiones de CO2 relacionadas con el transporte, mientras que el 40 % de las emisiones de CO2 del transporte por carretera de Europa se deben al tráfico urbano;

D.

Considerando que los STI han demostrado ser vitales para reducir el consumo de energía y para hacer más ecológico el transporte;

E.

Considerando que se han desarrollado aplicaciones inteligentes para distintos modos de transporte, tales como el transporte por ferrocarril (ERTMS y TAF-TSI), el transporte marítimo y de navegación interior (LRITS, SafeSeaNet, VTMIS y SIF), el transporte aéreo (SESAR) y el transporte terrestre (por ejemplo, el transporte de ganado);

1.

Destaca que los STI constituyen un instrumento clave para usar de manera eficaz las infraestructuras existentes y para hacer que el transporte resulte más eficaz, más seguro y más limpio desde el punto de vista medioambiental, contribuyendo así al desarrollo de la movilidad sostenible de los ciudadanos y la economía;

2.

Destaca el efecto positivo que ejercen los STI en el desarrollo sostenible para mejorar el rendimiento económico de todas las regiones, incluidas las zonas urbanas, determinar las condiciones para el acceso recíproco, incrementar la actividad comercial local e interregional y desarrollar el mercado interior de la Unión Europea y el empleo vinculado a las actividades que se deriven de la aplicación de dichos STI;

3.

Considera que los STI pueden mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos europeos, en particular de los que viven en zonas urbanas, y contribuirán también a mejorar la seguridad en carretera, reducir las emisiones nocivas y la contaminación atmosférica, aumentar la eficacia de los transportes, mejorar el acceso a las zonas periféricas y alcanzar el objetivo prioritario de reducción del tráfico;

4.

Deplora el retraso a la hora de establecer un marco común para aplicar los STI en la UE y la falta de un despliegue coordinado de los STI con objetivos específicos, que se debe principalmente a los obstáculos existentes para la interoperabilidad, la falta de cooperación efectiva entre todos los interesados y los problemas sin resolver en los ámbitos de la privacidad y la responsabilidad en relación con el uso de los datos;

5.

Acoge con satisfacción el Plan de acción de la Comisión relativo a sistemas de transporte inteligentes (plan de acción) por ser un marco común de las acciones y programas que cuenta con plazos claros para presentar resultados;

6.

Cree firmemente que es necesario crear un instrumento que fomente el uso de los STI en la política de transportes; apoya un instrumento legislativo que establezca el marco para el despliegue de los STI y pide que la Comisión proporcione información más detallada sobre la situación actual de las acciones, los recursos financieros y la programación del plan de acción a fin de garantizar que se establezca en la Directiva por la que se define el marco de despliegue de los STI un conjunto de acciones con plazos de realización;

7.

Es consciente de la limitada ayuda económica que ha otorgado la Comunidad (en 2008) a la acción EasyWay, un proyecto orientado a desplegar los STI en toda Europa a través de los principales corredores de la red transeuropea de carreteras en 21 Estados miembros de la UE, dirigido por las autoridades nacionales de carreteras y los operadores en asociación con socios del ámbito público y privado;

Cuestiones horizontales

8.

Señala que los STI deben desplegarse en todos los modos de transporte y para todos los viajeros de Europa, siguiendo un enfoque coordinado con las aplicaciones de Galileo; apoya firmemente su despliegue inmediato a fin de ampliar la intermodalidad entre el sector público y el privado y en el transporte público, mejorando la información general y aumentando la gestión de capacidades;

9.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que aborden el problema de la responsabilidad, que es un gran obstáculo para el desarrollo favorable y coherente de los STI en Europa;

10.

Considera que la interoperabilidad en el proceso de desarrollo de los STI reviste una gran importancia para el desarrollo coherente y efectivo de los STI en Europa; destaca que, en el caso de las inversiones en la red transeuropea de carreteras (construcción o mantenimiento), deben hacerse esfuerzos para atender al necesario despliegue de los STI;

11.

Pide a la Comisión, habida cuenta de que ya es significativa la oferta en el mercado europeo de STI, que establezca unas especificaciones relativas al nivel mínimo de las aplicaciones y servicios de STI que pueden alcanzar todos los Estados miembros y que es necesario para la eficacia del despliegue, la realización y el funcionamiento de los STI;

12.

Considera de vital importancia preparar un estudio de la demanda del mercado para evaluar las necesidades reales que superen el nivel mínimo definido de las aplicaciones y servicios de STI y fortalecer los aspectos del mercado interior relacionados con los STI mediante la normalización y un adecuado marco normativo;

13.

Destaca la importancia de la cooperación transfronteriza en los niveles técnico y administrativo en las fronteras exteriores de la UE, que es crucial para la realización eficaz de los STI en la UE;

Utilización óptima de los datos sobre carreteras, tráfico y desplazamientos (acción no 1)

14.

Subraya la necesidad de proporcionar, como mínimo, una masa crítica de datos e información en las siguientes cinco áreas básicas para el despliegue efectivo de los STI: información en tiempo real sobre tráfico y desplazamientos; datos sobre la red de carreteras; datos públicos para la cartografía digital; datos para los servicios mínimos de difusión general de mensajes de tráfico y planificadores de viajes multimodales puerta a puerta;

15.

Solicita unos servicios mínimos de difusión general de mensajes de tráfico que abarquen la red Transeuropea (RTE-T);

16.

Subraya que, para adoptar y aplicar a gran escala los SIT, es necesario que se respeten las informaciones sobre el tráfico y los horarios establecidos para los diferentes medios de transporte;

17.

Hace hincapié en la importancia de proporcionar a los viajeros información en tiempo real y de la infraestructura, así como de hacer que ésta sea más precisa, fiable y uniforme respetando las características específicas de Europa (geográficas, culturales y lingüísticas) y garantizando la continuidad geográfica;

18.

Considera esencial para el desarrollo de los STI que se garantice el acceso del sector privado a los datos sobre carreteras, tráfico y desplazamientos, respetando la privacidad y abordando la cuestión de los derechos de propiedad intelectual;

Continuidad de los servicios de STI de gestión de tráfico y transporte de mercancías en corredores de transporte europeos y en conurbaciones (acción no 2)

19.

Opina que es esencial garantizar que los STI sean armonizados, interoperables y fiables y, al mismo tiempo, preservar la libertad de elección de los usuarios con respecto a los STI;

20.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que coordinen y vinculen los STI a las iniciativas sobre movilidad urbana de la UE, a fin de obtener una movilidad del transporte y una fluidez de gestión más eficaces y de reducir la congestión de las carreteras, los corredores de la RTE-T, los corredores de mercancías y las conurbaciones;

21.

Considera que la cooperación transfronteriza y el desarrollo de programas son elementos necesarios para el despliegue y la aplicación efectivos de los STI, como el proyecto EasyWay;

22.

Solicita a la Comisión que determine la información prioritaria, las normas referentes a los vehículos y el equipo de transporte a fin de realizar un despliegue avanzado de los STI, así como medidas para fomentar una mayor armonización de la infraestructura de las autopistas;

23.

Considera que es esencial que la evaluación del coste económico por vehículo y de la infraestructura derivada del despliegue de los STI se base en un análisis de rentabilidad que abarque todos los costes asociados (económicos, societales y medioambientales);

STI al servicio de la movilidad urbana (acción no 2 bis)

24.

Aboga por el desarrollo de procedimientos y sistemas de información de los usuarios sobre la oferta de transportes urbanos y el estado de sus redes, mediante la tecnología GSM en particular;

25.

Recomienda que se intensifique la realización de estudios sobre sistemas de integración tarifaria entre autoridades competentes de una misma región, en particular sobre los procesos técnicos pertinentes;

26.

Alienta el desarrollo de tecnologías intermodales que permitan un mejor acceso de las personas de movilidad reducida a los transportes y a la movilidad urbana;

Seguridad vial y protección del transporte (acción no 3)

27.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que se preparen para el despliegue y la introducción armonizados de la aplicación «eCall» en todos los países de la UE para el año 2010, en cuanto concluyan las pruebas de normalización;

28.

Considera que las aplicaciones y el despliegue de los STI deberían:

fomentar los sistemas avanzados de asistencia a la conducción (Advance Driving Assistance Systems, ADAS) que presentan el suficiente potencial de mejora de la seguridad vial, tales como el control electrónico de estabilidad (ESC) y el servicio de llamadas de emergencia (eCall), que podrían salvar hasta 6 500 vidas al año en la UE si se desplegaran plenamente;

mejorar la seguridad vial evitando el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y garantizando el uso del cinturón de seguridad;

mejorar las condiciones de salud y seguridad, apoyando el uso de aparcamientos dignos y seguros a través de la prestación de servicios a los camioneros mediante el portal «truckinform» de información sobre estacionamiento de camiones (10) y

mejorar la seguridad de los conductores y de la carga en el transporte de mercancías contra el hurto, el robo y los asaltos, especialmente en las áreas fronterizas y en el transporte internacional de mercancías desde y hacia terceros países;

29.

Insta a la Comisión a que continúe el proceso de reducción de los costes de las comunicaciones, con el fin de que el equipamiento de comunicaciones e información basado en las telecomunicaciones pueda utilizarse de modo más amplio;

30.

Acoge con satisfacción la iniciativa propuesta de flete electrónico «e-Freight» e insta a la Comisión a que introduzca el concepto de «carga inteligente» con miras a lograr un enfoque intermodal de los servicios de STI para carga, con especial atención a las mercancías peligrosas;

31.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que dediquen la misma atención al transporte de pasajeros y al de mercancías, con el fin de evitar la discriminación del transporte de pasajeros, la cual es especialmente perjudicial para la movilidad de las personas;

32.

Recomienda un marco reglamentario adecuado relativo a la interfaz persona-máquina (y otros protocolos de los STI) y señala la necesidad de abordar los problemas de responsabilidad;

33.

Pide a la Comisión que se ocupe del problema de los usuarios más vulnerables de la carretera —incluidas las personas con movilidad reducida—, y que amplíe las acciones dirigidas a promocionar el despliegue de sistemas avanzados de asistencia a la conducción y otros sistemas, tales como los STI y la interfaz persona-máquina, a los vehículos de dos ruedas, en virtud de las subacciones propuestas en el plan de acción;

34.

Pide a la Comisión que explote al máximo el potencial de los STI por lo que se refiere a medidas preventivas para evitar la contaminación del aire y las concentraciones excesivas de ozono y para reducir los ruidos y las emisiones de partículas, NOx y CO2;

Integración del vehículo en la infraestructura de transporte (acción no 4)

35.

Subraya la importancia de definir una arquitectura común de plataformas destinada a las interfaces y los protocolos normalizados a fin de facilitar el uso de los STI, los sistemas cooperativos y las especificaciones para la comunicación y el intercambio de información infraestructura a infraestructura (I2I), vehículo a infraestructura (V2I) y vehículo a vehículo (V2V);

36.

Pide a la Comisión que ejecute un plan de trabajo sobre los STI con plataformas comunes relativas a las aplicaciones y el despliegue de los STI, que cuente con la participación de los sectores público y privado y que establezca un marco adecuado para resolver los problemas de responsabilidad relacionados con los STI;

37.

Observa que debe fomentarse la formación en materia de aplicaciones de STI para mejorar la capacidad de transporte de los usuarios y facilitar la interacción persona-máquina;

38.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que establezcan un foro abierto para intercambiar información y para abordar los problemas relacionados con los STI;

Seguridad y protección de datos y responsabilidad (acción no 5)

39.

Subraya la necesidad de respetar la privacidad y considera que los problemas de privacidad y de seguridad y protección de los datos desde las primeras etapas de desarrollo del diseño de los STI deben tomarse en consideración cuando se determinen la arquitectura y las medidas de aplicación («privacidad mediante el diseño»);

40.

Pide a todas las partes implicadas en aplicaciones de STI que cumplan las directivas comunitarias sobre la protección de datos personales y la privacidad en el sector de las comunicaciones (Directiva 95/46/CE (11) y Directiva 2002/58/CE (12)) y pide a la Comisión que garantice el uso adecuado de los datos en las aplicaciones y el despliegue de los STI;

41.

Opina que el uso de datos anónimos en las aplicaciones de los STI es necesario para el despliegue sin trabas de los STI, pero deben garantizarse al mismo tiempo la privacidad y el cumplimiento del marco jurídico comunitario sobre la protección de datos;

Cooperación y coordinación europeas en el ámbito de los STI (acción no 6)

42.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que ejerzan un liderazgo sólido y una gobernanza genuina con miras a desplegar los STI en Europa;

43.

Aboga por el fomento del desarrollo de planificadores de viajes multimodales nacionales y europeos puerta a puerta, con la debida consideración de las alternativas de transporte público existentes, y por su interconexión en toda Europa;

44.

Insta a la Comisión a que haga un mejor uso de las capacidades de la UE en relación con los programas del sistema mundial de navegación por satélite EGNOS y Galileo, así como a mejorar la interconectividad multimodal;

45.

Subraya que estas tecnologías deben aplicarse de manera que se evite la incompatibilidad entre modos de transporte y que debe haber libertad de elección para utilizar cualquiera de estas tecnologías;

46.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan en cuenta el hecho de que los SIT deben implicar activamente en sus procesos de planificación y realización a las autoridades locales y regionales, así como a las partes involucradas que ejercen su actividad en el territorio europeo;

47.

Subraya la importancia de la colaboración público-privada en la aplicación de los STI y pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten medidas activas para promover y facilitar su utilización;

48.

Pide a la Comisión que proporcione una explicación completa sobre la financiación del plan de acción y su programación, y solicita al Consejo que garantice suficientes recursos financieros;

49.

Recomienda a los Estados miembros que, en el marco del examen intermedio de la utilización de los Fondos Estructurales, evalúen la conveniencia de incluir entre las prioridades para el periodo 2010-2013 la movilidad urbana y la reducción de la congestión del tráfico mediante SIT.

50.

Pone de manifiesto la necesidad de que se defina y explote mejor el potencial significativo de las zonas urbanas y resalta el papel que pueden desempeñar las zonas rurales y periféricas en la consecución de un desarrollo equilibrado y de los objetivos a medio y largo plazo;

51.

Considera que es de vital importancia aplicar redes inteligentes de transporte en zonas con alto potencial turístico con miras a facilitar los flujos de tráfico, reducir los accidentes y aumentar la seguridad; considera que los STI contribuyen al desarrollo económico de las regiones, incluidas las regiones periféricas;

52.

Destaca la importancia de la cooperación interregional, transfronteriza o transnacional para el desarrollo y la aplicación de los STI; insta a la Comisión a desarrollar un sistema de intercambio de buenas prácticas ampliamente accesible en todas las lenguas de la UE, e insta a los Estados miembros a que compartan entre ellos e intercambien entre las regiones las buenas prácticas, con el doble objetivo de obtener la transferencia de los conocimientos en el sector de los STI y de evitar una fragmentación dentro del propio sistema;

*

* *

53.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


(1)  Textos Aprobados: P6_TA(2008)0509.

(2)  Textos Aprobados: P6_TA(2008)0057.

(3)  Textos Aprobados: P6_TA(2008)0087.

(4)  DO C 41 E de 19.2.2009, p. 1.

(5)  Textos Aprobados: P6_TA(2008)0311.

(6)  DO C 175 E de 10.7.2008, p. 556.

(7)  DO C 187 E de 24.7.2008, p. 154.

(8)  DO C 244 E de 18.10.2007, p. 220.

(9)  DO C 306 E de 15.12.2006, p. 182.

(10)  www.truckinform.eu

(11)  DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.

(12)  DO L 201 de 31.7.2002, p. 37.


Viernes, 24 de abril de 2009

8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/57


Viernes, 24 de abril de 2009
Derechos de las mujeres en Alfganistán

P6_TA(2009)0309

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre los derechos de las mujeres en Alfganistán

2010/C 184 E/11

El Parlamento Europeo,

Vistas sus anteriores Resoluciones sobre Afganistán, en particular, su Resolución de 15 de enero de 2009, sobre el control presupuestario de los fondos de la UE en Afganistán (1),

Vista la declaración conjunta de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con Afganistán y de la Wolesi Jirga (cámara baja del Parlamento afgano), de 12 de febrero de 2009,

Vista la declaración final de la Conferencia internacional sobre Afganistán, celebrada en La Haya el 31 de marzo de 2009,

Vista la declaración realizada por la Cumbre de la OTAN sobre Afganistán, emitida por los Jefes de Estado y de Gobierno que participaron en la reunión del Consejo del Atlántico Norte celebrada en Estrasburgo/Kehl el 4 de abril de 2009,

Vista la declaración conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea y de los Estados Unidos sobre la legislación en Afganistán, de 6 de abril de 2009,

Visto el artículo 115, apartado 5, de su Reglamento,

A.

Considerando que Afganistán es parte en varios instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y libertades fundamentales, en particular la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) y la Convención sobre los Derechos del Niño,

B.

Considerando que la Constitución afgana de 4 de enero de 2004 establece en su artículo 22 que los ciudadanos afganos, tanto hombres como mujeres, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones ante la ley, y que dicha Constitución es conforme con los tratados internacionales ratificados por Afganistán,

C.

Considerando que el Código de la familia afgano contiene desde finales de los años setenta algunas disposiciones que reconocen a las mujeres derechos en materia de salud y educación, y que dicho Código se está revisando en la actualidad para que sea compatible con la Constitución de 2004,

D.

Recordando que en junio de 2002 se creó una Comisión de Derechos Humanos independiente a raíz de los Acuerdos de Bonn de 5 de diciembre de 2001, la cual preside doña Sima Samar, y que esta Comisión desempeña un papel clave en la defensa de los derechos humanos,

E.

Considerando que el nuevo proyecto de ley sobre el estatuto personal de las mujeres chiitas aprobado recientemente por las dos cámaras del Parlamento afgano limita seriamente la libertad de movimiento de las mujeres y les niega el derecho a abandonar su domicilio salvo por «fines legítimos», exigiéndoles que se sometan a los deseos sexuales de sus maridos y legitimando así la «violación marital», al tiempo que fomenta la discriminación contra las mujeres en el matrimonio, el divorcio, la sucesión y el acceso a la enseñanza, lo que es contrario a las normas internacionales en materia de derechos humanos, y en particular de derechos de la mujer,

F.

Considerando que este proyecto de ley, que afectaría a entre el 15 y el 20 % de la población, todavía no se aplica por no haberse publicado aún en el Diario Oficial del Gobierno, y ello a pesar de que ya ha sido firmado por el Presidente de Afganistán, don Hamid Karzai,

G.

Considerando que, tras las críticas que ha suscitado tanto en Afganistán como en el extranjero, este proyecto de ley se ha enviado al Ministerio de Justicia afgano para que verifique la conformidad del texto con los compromisos asumidos por el Gobierno afgano con respecto a las convenciones y los convenios internacionales en materia de derechos de la mujer y derechos humanos en general, así como con respecto a la Constitución,

H.

Considerando que actualmente siguen produciéndose actos de violencia contra activistas, sobre todo contra defensores de los derechos de la mujer, y que muchos de esos activistas han sido víctimas de agresiones por parte de militantes y de elementos radicales, y que entre esas víctimas se hallan, por ejemplo, doña Sitara Achakzai, una afgana que defendía los derechos de la mujer y que era miembro del Consejo Provincial de Kandahar, y que fue asesinada frente a su casa, doña Gul Pecha ydon Abdul Aziz, asesinados tras ser acusados de actos inmorales y condenados a la pena capital por un consejo de religiosos conservadores, y doña Malai Kakar, la primera agente de policía de Kandahar, que dirigía el departamento de policía encargado de investigar los delitos cometidos contra las mujeres en esa ciudad,

I.

Considerando que a don Perwiz Kambakhsh, un periodista afgano de 23 años condenado a la pena capital por publicar un artículo sobre los derechos de la mujer en el mundo islámico, se le ha conmutado esa condena por una pena de veinte años de cárcel a raíz de las importantes manifestaciones de protesta llevadas a cabo a escala internacional,

J.

Considerando que siguen denunciándose casos de amenazas y de intimidación contra las mujeres activas en la vida pública o que trabajan fuera de casa, situación que confirman algunos informes de las Naciones Unidas; considerando que recientemente se ha informado de las dificultades que existen para incrementar la participación de las jóvenes en el sistema educativo, algo a lo que se oponen los militantes y los elementos radicales,

K.

Considerando que en los últimos años se ha informado sobre varios casos de mujeres jóvenes que se han inmolado voluntariamente para evitar matrimonios forzados o actos de violencia conyugal,

1.

Pide la revisión del proyecto de ley, antes citado, sobre sobre el estatuto personal de las mujeres chiitas en Afganistán, ya que es evidente que su contenido no se adecua al principio de igualdad entre hombres y mujeres consagrado en la Constitución y en los convenios y las convenciones internacionales;

2.

Destaca los peligros inherentes a la aprobación de una legislación cuya aplicación se limita a determinadas categorías de la población y que, por definición, alienta la discriminación y la injusticia;

3.

Recomienda al Ministerio de Justicia afgano que derogue todas las leyes que introduzcan una discriminación contra las mujeres y que sean contrarias a los tratados internacionales en los que Afganistán es parte;

4.

Considera que para el desarrollo democrático del país es esencial que Afganistán se comprometa en favor de los derechos humanos en general, y en particular de las mujeres, que desempeñan una función clave en el desarrollo del país y que deben poder beneficiarse plenamente de sus derechos fundamentales y democráticos; reitera su apoyo a la lucha contra cualquier forma de discriminación, incluidas las discriminaciones de carácter religioso o las de género;

5.

Recuerda que en el documento de estrategia de la Unión Europea sobre Afganistán para el período 2007-2013 se considera que la igualdad entre hombres y mujeres y los derechos de la mujer son una de las principales bazas de la estrategia nacional de desarrollo de Afganistán;

6.

Alaba el valor de las mujeres afganas que se manifestaron en Kabul contra el nuevo proyecto de ley y les manifiesta su apoyo; condena los actos de violencia de que han sido víctimas durante estas manifestaciones, y pide a las autoridades afganas que garanticen su protección;

7.

Condena el asesinato de los defensores de los derechos humanos y de la emancipación de las mujeres afganas, en particular el reciente asesinato de doña Sitara Achakzai, diputada regional;

8.

Se muestra consternado al saber que el Tribunal Supremo de Afganistán ha confirmado la condena de don Perwiz Kambakhsh a veinte años de cárcel por un delito de blasfemia, y pide al Presidente Karzai que indulte al señor Kambakhsh y autorice su liberación;

9.

Pide a las autoridades afganas, incluidas las autoridades locales, que tomen todas las medidas posibles para proteger a las mujeres de los actos de violencia sexual y otras formas de violencia por razones de género, y que lleven ante los tribunales a los autores de este tipo de actos;

10.

Considera que los progresos que se han realizado en los últimos años, a costa de enormes esfuerzos, en lo que se refiere a la igualdad entre hombres y mujeres no deben sacrificarse en ningún caso en beneficio de un mercadeo preelectoral entre partidos;

11.

Alienta las candidaturas femeninas en las elecciones presidenciales previstas para el 20 de agosto de 2009, e insiste en que las mujeres afganas deben participar plenamente en el proceso de toma de decisiones, derecho que les corresponde, entre otros derechos, entre los que se debe incluir el derecho de las mujeres a ser elegidas y nombradas para altos cargos del Estado;

12.

Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que sigan planteando el tema de la ley sobre el estatuto personal de las mujeres chiitas y de todo acto de discriminación contra las mujeres y los niños como algo inaceptable e incompatible con el compromiso a largo plazo de la comunidad internacional de ayudar a Afganistán en su esfuerzo de rehabilitación y reconstrucción;

13.

Pide a la Comisión que facilite al Ministerio de Asuntos Femeninos afgano ayuda directa en materia de financiación y de programación, y que promueva la integración sistemática de una dimensión de género en todas las políticas de desarrollo que lleve a cabo en Afganistán;

14.

Pide al Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (FDNUM) que ejerza una vigilancia particular;

15.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como al Gobierno y al Parlamento de la República Islámica de Afganistán y a la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos independiente.


(1)  Textos Aprobados de la misma fecha, P6_TA(2009)0023.


8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/60


Viernes, 24 de abril de 2009
Apoyo al Tribunal Especial para Sierra Leona

P6_TA(2009)0310

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre el apoyo al Tribunal Especial para Sierra Leona

2010/C 184 E/12

El Parlamento Europeo,

Vistas sus anteriores resoluciones sobre este asunto, incluida la de 6 de septiembre de 2007, relativa a la financiación del Tribunal Especial para Sierra Leona (1),

Visto el Acuerdo de Cotonú entre la Comunidad Europea y los países ACP, así como el compromiso de las partes del Acuerdo con la paz, la seguridad y la estabilidad, el respeto de los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho,

Visto el artículo 115, apartado 5, de su Reglamento,

A.

Considerando que el Tribunal Especial para Sierra Leona (TESL) fue creado en 2000 por las Naciones Unidas y el Gobierno de Sierra Leona, a raíz de la Resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no 1315, para llevar ante la justicia a los autores de violaciones graves del Derecho humanitario internacional, y en particular de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad,

B.

Considerando que el TESL está sentando una serie de importantes precedentes en el Derecho penal internacional en el sentido de que se trata del primer tribunal internacional financiado por aportaciones voluntarias, del primer tribunal en crearse en el país donde tuvieron lugar los presuntos crímenes, y, en el caso del ex-presidente liberiano, del primer tribunal en acusar formalmente a un jefe de Estado africano por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad,

C.

Considerando que el mandato del TESL concluirá en 2010, y que el Gobierno de Sierra Leona ha manifestado no hallarse en posición de hacer cumplir las sentencias contra las personas condenadas por el TESL,

D.

Considerando que el cumplimiento de las sentencias constituye una medida fundamental de la justicia internacional, que desempeña un importante papel en lo relativo a la paz y al perfeccionamiento del Estado de Derecho en el país,

E.

Considerando que actualmente es problemático, desde una perspectiva política, institucional y de seguridad, que las personas condenadas cumplan sus penas en la propia Sierra Leona,

F.

Considerando que el TESL ha concluido un acuerdo con diversos Estados, incluyendo el Reino Unido, Suecia y Austria, para garantizar que algunos de los condenados cumplan sus penas en estos países; considerando que se precisan más acuerdos para garantizar que todas las personas ya condenadas, así como las que están ahora siendo juzgadas y pueden tener que enfrentarse a condenas, las cumplan realmente,

G.

Considerando que la imposibilidad de encontrar centros de reclusión adecuados para las personas condenadas por los crímenes más horrendos que puedan imaginarse socavaría seriamente los esfuerzos de la comunidad internacional por combatir efectivamente la impunidad,

H.

Recordando que la lucha contra la impunidad es una de las piedras angulares de la política de derechos humanos de la Unión Europea y que la comunidad internacional tiene la responsabilidad de apoyar los mecanismos de responsabilidad vigentes,

I.

Considerando que otros tribunales, como por ejemplo el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda se enfrentan a problemas similares, y que otros organismos internacionales, como por ejemplo la Corte Penal Internacional, el Tribunal Especial para el Líbano y las Cámaras Extraordinarias de los Tribunales de Camboya habrán de enfrentarse probablemente al mismo problema en un futuro próximo, de no mediar un mayor compromiso de los Estados en favor del cumplimiento de la justicia internacional,

J.

Considerando que los tribunales internacionales desempeñan todos ellos un importante papel en favor de la paz y la justicia en sus respectivas regiones y trabajan para garantizar un legado duradero y contribuir al perfeccionamiento del Estado de Derecho en las regiones en que se cometieron los crímenes,

1.

Celebra los progresos logrados por los tribunales internacionales en su labor de llevar ante la justicia a los responsables de atrocidades, y considera que estos juicios transmiten un claro mensaje a los dirigentes de todo el mundo y a otros criminales de guerra en el sentido de que las atrocidades contra los derechos humanos no quedarán a partir de ahora impunes;

2.

Pide al Consejo y a los Estados miembros que hallen una solución, conjuntamente con el TESL, para garantizar que las personas condenadas cumplan sus penas, puesto que sin esa solución, los esfuerzos del TESL y la credibilidad de la comunidad internacional, incluida la Unión, quedarían gravemente perjudicados;

3.

Pide a todos los Estados miembros que aumenten su contribución a la labor de los tribunales internacionales de ultimar una solución duradera para el cumplimiento de las penas, ya sea mediante la celebración de acuerdos directamente con dichas instituciones para el cumplimiento de las condenas en el territorio de los Estados miembros, ya sea ayudándolas a encontrar soluciones alternativas para garantizar la ejecución de las sentencias en las propias regiones;

4.

Pide a los Estados miembros y a otras instituciones internacionales que ofrezcan más asistencia financiera al TESL, con vistas a permitir a los condenados por éste el cumplimiento de sus penas en países capacitados para hacerlas cumplir de acuerdo con las normas internacionales pero a los que les faltan los medios financieros adecuados para ello;

5.

Considera que la falta de asistencia y apoyo comprometerá notablemente la labor de los tribunales internacionales, puesto que les privará de poder garantizar que las personas condenadas cumplan las penas impuestas;

6.

Pide que se lleve a cabo un estudio exhaustivo para evaluar los trabajos realizados por los tribunales penales internacionales y así extraer conclusiones y presentar recomendaciones sobre la manera de mejorar su funcionamiento y su financiación futura;

7.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros de la UE, al Tribunal Especial para Sierra Leona, a la Corte Penal Internacional, al Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, al Tribunal Penal Internacional para Ruanda, a las Cámaras Extraordinarias de los Tribunales de Camboya, al Tribunal Especial para el Líbano, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, a los Estados miembros de la Unión Africana y a los copresidentes de la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.


(1)  DO C 187 E de 24.7.2008, p. 242.


8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/62


Viernes, 24 de abril de 2009
Situación humanitaria de los residentes en el campo de Ashraf

P6_TA(2009)0311

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre la situación humanitaria de los residentes en el campo de Ashraf

2010/C 184 E/13

El Parlamento Europeo,

Vistas las Convenciones de Ginebra y, en particular, el artículo 27 de la Cuarta Convención de Ginebra, relativo a la protección de la personas civiles en tiempo de guerra,

Vistos la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su Protocolo Adicional de 1967,

Visto el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas celebrado en noviembre de 2008 entre los Gobiernos de los Estados Unidos y de Iraq,

Vistas sus Resoluciones de 12 de julio de 2007 sobre la situación humanitaria de los refugiados iraquíes (1) y de 4 de septiembre de 2008 sobre las ejecuciones en Irán (2), en las que se incluyen referencias a los residentes en el campo de Ashraf que disfrutan del estatuto jurídico de personas protegidas en aplicación de la Cuarta Convención de Ginebra,

Visto el artículo 115, apartado 5, de su Reglamento,

A.

Considerando que el campo de Ashraf fue creado en la década de los años ochenta por miembros de la Organización de Muyahidines del Pueblo Iraní, un grupo de oposición iraní,

B.

Considerando que en 2003 fuerzas militares de los Estados Unidos en Iraq desarmaron a los residentes en el campo de Ashraf y les brindaron protección toda vez que habían sido definidos como «personas protegidas» en aplicación de las Convenciones de Ginebra,

C.

Considerando que en una carta con fecha de 15 de octubre de 2008 el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos instaba al Gobierno de Iraq a proteger a los residentes en el campo de Ashraf de la deportación, la expulsión o la repatriación forzosas en incumplimiento del principio de no devolución, y a que se abstuviese de adoptar cualquier tipo de medida que pudiera poner en peligro sus vidas o su seguridad,

D.

Considerando que, a raíz de la conclusión del Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas celebrado entre los Estados Unidos e Iraq, el control del campo de Ashraf se ha transferido a las fuerzas de seguridad iraquíes desde el 1 de enero de 2009,

E.

Considerando que, según declaraciones que habrían sido efectuadas recientemente por el asesor nacional iraquí en materia de seguridad, las autoridades tienen la intención de que la presencia con carácter permanente de los residentes en el campo de Ashraf sea progresivamente «intolerable», y que también habría hecho referencia a su expulsión, extradición o a su desplazamiento forzoso en el interior de Iraq,

1.

Insta al Primer Ministro de Iraq a que vele por que las autoridades de su país no adopten ninguna medida que viole los derechos humanos de los residentes en el campo de refugiados de Ashraf y a que clarifique las intenciones del Gobierno de Iraq en relación con éstos últimos; solicita a las autoridades de Iraq que protejan las vidas y la integridad física y moral de los residentes en el campo de Ashraf y que les otorguen un trato conforme a las obligaciones derivadas de las Convenciones de Ginebra, en particular en lo que se refiere a que no sean objeto de desplazamiento, deportación, expulsión o repatriación forzosa en incumplimiento del principio de no devolución;

2.

Respetando los deseos individuales de todos los residentes en el campo de Ashraf en lo que a su futuro respecta, considera que los residentes en el campo de Ashraf y otros nacionales de Irán que residen actualmente en Iraq y que abandonaron Irán por razones políticas podrían correr el riesgo de ser objeto de violaciones graves de sus derechos humanos si fuesen repatriados a Irán en contra de su voluntad, e insiste en que nadie debe ser repatriado, bien directamente o a través de un tercer país, ni volver a verse enfrentado a una situación en la que corra el riesgo de ser objeto de torturas o de cualquier otra violación grave de los derechos humanos;

3.

Pide al Gobierno de Iraq que ponga fin al bloqueo del campo de Ashraf y que respete el estatuto jurídico de los residentes en dicho campo en su calidad de «personas protegidas» en aplicación de las Convenciones de Ginebra, así como que se abstenga de adoptar cualquier tipo de medida que pudiera poner en peligro su vida o seguridad, garantizándoles, por lo tanto, un acceso sin restricciones a los alimentos, a la asistencia y al material médico y al combustible, así como permitiendo los contactos con sus familiares y las organizaciones humanitarias internacionales;

4.

Solicita al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen conjuntamente con los Gobiernos de Iraq y de los Estados Unidos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Comité Internacional de la Cruz Roja para definir un estatuto jurídico satisfactorio a largo plazo aplicable a los residentes del campo de Ashraf;

5.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al Comité Internacional de la Cruz Roja, al Gobierno de los Estados Unidos de América y al Gobierno y al Parlamento de Iraq.


(1)  DO C 175 E de 10.7.2008, p. 609.

(2)  Textos Aprobados, P6_TA(2008)0412.


8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/63


Viernes, 24 de abril de 2009
Protección de los intereses financieros de las Comunidades y lucha contra el fraude - Informe anual 2007

P6_TA(2009)0315

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades y la lucha contra el fraude - Informe anual 2007 (2008/2242(INI))

2010/C 184 E/14

El Parlamento Europeo,

Vistas sus resoluciones sobre los anteriores informes anuales de la Comisión y de la Oficina de Lucha contra el Fraude (OLAF),

Visto el informe de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 22 de julio de 2008, titulado «Protección de los intereses financieros de las Comunidades - Lucha contra el fraude - Informe anual 2007» (COM(2008)0475), incluidos sus anexos (SEC(2008)2300 y SEC(2008)2301),

Vistos el informe de actividades de la OLAF de 2007 (1) y su segundo informe, de 19 de junio de 2008, sobre la aplicación del Reglamento (Euratom, CE) no 2185/96 del Consejo relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza la Comisión para la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades, así como las directrices que sustituyen al Vademécum de la OLAF,

Visto el informe de actividades del Comité de Vigilancia de la OLAF relativo al período comprendido entre junio de 2007 y mayo de 2008 (2),

Visto el Informe Anual del Tribunal de Cuentas sobre la ejecución presupuestaria relativo al ejercicio 2007 (3),

Vistos el artículo 276, apartado 3, y el artículo 280, apartado 5, del Tratado,

Visto el Reglamento (CE, Euratom) no 1995/2006 del Consejo, de 13 de diciembre de 2006, por el que se modifica el Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (4),

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

Vistos el informe de la Comisión de Control Presupuestario y las opiniones de la Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural (A6-0180/2009),

Importe de las irregularidades notificadas

1.

Acoge con satisfacción la inclusión de un capítulo sobre los gastos directos, pero insiste en que espera que pueda mejorarse aún más con datos más completos en informes posteriores;

2.

Reitera su llamamiento para que los informes anuales sobre la protección de los intereses financieros y las correspondientes resoluciones del Parlamento Europeo se incluyan en el orden del día del Consejo, y para que el Consejo comunique después sus observaciones al Parlamento y a la Comisión; manifiesta su profunda decepción por que el Consejo aún no lo ha hecho, a pesar de la petición del Parlamento y de la insistencia de la Comisión;

3.

Toma nota de que en los ámbitos de los recursos propios, los gastos agrícolas, las acciones estructurales y los gastos directos, las irregularidades notificadas afectaron, en 2007, a un importe total de 1 425 millones de euros (frente a 1 143 millones de euros en 2006); las cifras notificadas por los Estados miembros a la Comisión en 2007 pueden desglosarse como sigue:

Recursos propios: 377 millones de euros (353 millones de euros en 2006),

Gastos agrícolas: 155 millones de euros (87 millones de euros en 2006),

Acciones estructurales: 828 millones de euros (703 millones de euros en 2006),

Fondos de preadhesión: 32 millones de euros (14 millones de euros en 2006),

Gastos directos: 33 millones de euros;

4.

Acoge con satisfacción el hecho de que, después del informe parlamentario del año anterior, la Comisión ha definido en su informe las diferencias entre una irregularidad y un fraude, si bien la definición de «sospecha de fraude» sigue causando dificultades a los Estados miembros;

Consideraciones generales

5.

Manifiesta su satisfacción por los esfuerzos realizados por los Estados miembros pero subraya una vez más que éstos deben garantizar la idoneidad de sus mecanismos de control financiero y hace hincapié en la importancia de las acciones preventivas por parte de los Estados miembros a fin de incrementar la detección de irregularidades antes de que se efectúen los pagos a los beneficiarios; subraya que la lucha contra el fraude y la corrupción es una responsabilidad de todos los Estados miembros y que es necesario un esfuerzo concertado para lograr mejoras reales;

6.

Subraya la necesidad de lograr una mayor armonización de los métodos de recogida y utilización de la información, con objeto de facilitar un marco normalizado que permita, en el contexto de una estrategia de prevención reforzada, evaluar con mayor eficacia los riesgos de fraude;

7.

Acoge favorablemente las declaraciones de gestión nacionales presentadas por algunos Estados miembros para los fondos europeos gestionados a nivel nacional; pide a los demás Estados miembros que desarrollen iniciativas similares y a la Comisión que adopte todas las medidas necesarias para que esas declaraciones de gestión nacionales se realicen en toda la Unión Europea;

Recursos propios

8.

Toma nota de que el importe estimado afectado por irregularidades ha aumentado en un 6 %; los productos más afectados por irregularidades son, como en años anteriores, los televisores y los cigarrillos;

9.

Lamenta el retraso en la adopción de la propuesta de Reglamento relativo a la asistencia mutua administrativa a fin de proteger los intereses financieros de la Comunidad contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal (COM(2006)0473) y pide, por lo tanto, al Consejo que adopte sin demora dicho reglamento;

10.

Acoge con satisfacción el hecho de que, a raíz de su Comunicación relativa a la necesidad de desarrollar una estrategia coordinada para mejorar la lucha contra el fraude fiscal (COM(2006)0254), la Comisión adoptó una Comunicación sobre una estrategia coordinada para mejorar la lucha contra el fraude en el IVA (COM(2007)0758), y sigue con especial atención tanto la propuesta de la Comisión relativa a una Directiva del Consejo sobre la asistencia mutua en materia de cobro de los créditos correspondientes a determinados impuestos, derechos y otras medidas (COM(2009)0028), como la propuesta de la Comisión sobre una Directiva del Consejo relativa a la cooperación administrativa en el ámbito de la fiscalidad (COM(2009) 0029);

11.

Insiste en que es necesario un nuevo impulso político para lograr mejoras sustanciales en la cooperación en materia de lucha contra el fraude en el IVA;

12.

Lamenta el hecho de que, dado que la OLAF no tiene acceso al contenido del intercambio de datos entre los Estados miembros en virtud del Reglamento (CE) no 1798/2003 del Consejo, de 7 de octubre de 2003, relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (5), no puede proporcionar valor añadido en el ámbito de la investigación, la prevención y el apoyo a las operaciones de lucha contra el fraude en el IVA realizadas por los Estados miembros; lamenta, en este contexto, que la OLAF no haya tramitado ningún caso de fraude en el IVA en 2007;

13.

Recuerda a los Estados miembros el elevado número de casos de fraude al IVA transnacional;

14.

Lamenta que haya aumentado la gravedad de los fraudes relacionados con el origen de los productos, no sólo en lo que concierne a las medidas arancelarias preferenciales, sino también a los contingentes arancelarios GATT;

15.

Pide a la Comisión que elabore una evaluación específica de los potenciales de fraude, desglosados por productos y por países, tomando en consideración la posibilidad de practicar controles sistemáticos, centrados en productos concretos y, si procede, permanentes, tanto en el lugar de origen como en el de destino, y prestando especial atención al fenómeno del «fraude de carrusel»;

Gastos agrícolas

16.

Recuerda que, a partir del 1 de enero de 2007, los Estados miembros están obligados a notificar a la Comisión las irregularidades que afecten a un importe superior a los 10 000 euros, umbral establecido por el Reglamento (CE) no 1848/2006 de la Comisión, de 14 de diciembre de 2006, relativo a las irregularidades y a la recuperación de las sumas indebidamente pagadas en el marco de la financiación de la política agrícola común, así como a la organización de un sistema de información en este ámbito (6); observa que el número de casos de irregularidades denunciadas se redujo en un 53 % (1 548 casos, en comparación con 3 294 en 2006); señala que este número relativamente bajo de irregularidades puede explicarse por la elevación del umbral establecido para la obligación de notificación;

17.

Toma nota de que el importe estimado afectado ha aumentado en un 44 %, aumento que se debe en parte a los casos con un impacto financiero significativo que se produjeron o se descubrieron en años anteriores, pero que sólo se notificaron en 2007; toma nota de que los sectores más afectados son el sector de la leche y de los productos lácteos, las frutas y hortalizas, el azúcar, el desarrollo rural y la carne de vacuno;

18.

Indica que el sector lácteo y los sectores de las frutas y hortalizas, el azúcar y el desarrollo rural representan en su conjunto alrededor del 77 % del volumen total de las irregularidades, y que sólo el desarrollo rural representa el 38 % de todas las irregularidades comunicadas; toma nota además de que el mayor importe de irregularidades dentro del desarrollo rural se atribuye a la medida de apoyo «silvicultura», y que el mayor número de irregularidades se refiere a la medida de apoyo «medidas agroambientales»; por consiguiente, pide a la OLAF que preste especial atención, en su próximo informe anual, a las irregularidades que afectan al desarrollo rural;

19.

Señala que los índices de cumplimiento de la obligación de notificación, en particular la presentación oportuna de informes, varían mucho entre Estados miembros; lamenta que, en los casos de Austria y Suecia, el período transcurrido entre la detección y la comunicación de una irregularidad sea muy superior al período medio (1,2 años), esto es, de 3,4 y 2,3 años respectivamente;

20.

Se manifiesta de acuerdo con la declaración del Tribunal de Cuentas Europeo (TCE), en el apartado 5.20 de su mencionado informe anual, de que el Sistema Integrado de Gestión y Control (SIGC) sigue siendo un sistema de control eficaz que limita el riesgo de gastos irregulares cuando se aplica correctamente y si se introducen en él datos precisos y fiables; aboga por extender la aplicación del sistema a nuevos sectores a los que no cubre actualmente; señala no obstante que, a fin de reforzar el efecto de disuasión del fraude, debería incrementarse la cantidad y mejorarse la calidad de los controles efectuados con arreglo a dicho sistema;

21.

Pide a la Comisión que tome una firme decisión política en caso de que las autoridades griegas no cumplan los plazos fijados por el plan de acción para la creación de un nuevo sistema de identificación catastral-sistema de información geográfica operativo;

22.

Reitera a la Comisión su petición de que evalúe la eficacia y transparencia de los sistemas de control de los pagos a los agricultores en el contexto de su próximo informe anual;

Acciones estructurales

23.

Acoge con satisfacción las normas simplificadas y aclaradas del Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo (7) y del Reglamento de aplicación (CE) no 1828/2006 (8) de la Comisión; sin embargo, manifiesta su preocupación por la declaración del Tribunal de Cuentas, en el apartado 6.31 de su mencionado informe anual, de que los sistemas de gestión y control de los Estados miembros, así como la supervisión de sus actividades por la Comisión, son sólo eficaces en parte;

24.

Reconoce que en muchos Estados miembros las irregularidades y, a veces, incluso los fraudes en el uso de los fondos de la Unión Europea, se producen por mala gestión; observa que los Estados miembros comunicaron 3 832 irregularidades en 2007 (lo que significa un aumento del 19,2 % en relación con 2006), que el importe total correspondiente a 2007 ascendió a unos 828 millones de euros (equivalentes a algo menos del 1,83 % de los créditos de compromiso), que los supuestos fraudes representan en 2007 aproximadamente entre el 12 % y el 15 % del importe total de las irregularidades comunicadas y que la cifra total irregular correspondiente al Fondo Europeo de Desarrollo Regional ha aumentado en aproximadamente un 48 % en comparación con 2006;

25.

Destaca la importancia del Plan de Acción aprobado por la Comisión el 19 de febrero de 2008 para reforzar la supervisión en la gestión compartida de las medidas estructurales, que tiene por objeto reducir los errores en las solicitudes de pago de los Estados miembros; confía en que este nuevo Plan de Acción mejorará significativamente la situación, sobre todo ayudando a los Estados miembros a desarrollar su capacidad para comprobar la elegibilidad de sus proyectos de gasto; toma nota de que el primer informe sobre los progresos realizados en relación con este Plan de Acción presenta algunos resultados iniciales positivos;

26.

Apoya la posición de la Comisión de adoptar acciones correctoras en caso de que se detecten irregularidades graves, incluida la suspensión de los pagos y el reintegro de los pagos indebidos o incorrectos; recuerda que la Comisión debe presentar un informe cuatro veces al año sobre los progresos logrados en la aplicación de su Plan de Acción; pide no obstante a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para apoyar a los Estados miembros en la prevención de irregularidades y la transferencia de los conocimientos necesarios a las autoridades nacionales y regionales competentes;

27.

Manifiesta su satisfacción por la calidad de los resultados obtenidos en casi todos los proyectos y, con el fin de no perjudicar al seguimiento y la buena ejecución de los Fondos Estructurales, señala la necesidad de hacer una distinción entre:

las irregularidades administrativas que deben corregirse,

los fraudes (esto es, el 0,16 % de los pagos realizados por la Comisión entre 2000 y 2007), que deben sancionarse;

28.

Reconoce que la absorción eficaz de los Fondos Estructurales ha planteado retos importantes, especialmente a los nuevos Estados miembros, que están llamados a cumplir estrictos y, a menudo, complejos requisitos para su utilización; acoge por ello favorablemente los esfuerzos realizados por estos Estados miembros para mejorar su capacidad de ejecución y les pide que intensifiquen esa labor a fin de poder mostrar resultados tangibles en un plazo aceptable;

29.

Pide a la Comisión que tenga en cuenta el coste administrativo soportado por las autoridades nacionales, regionales y locales de los Estados miembros en la aplicación de las a menudo complejas y costosas exigencias en materia de vigilancia y control de proyectos cofinanciados;

30.

Pide, con este fin, a la Comisión y a los Estados miembros que trabajen metódicamente para prestar asesoramiento sobre las formas de evitar irregularidades y errores administrativos;

31.

Insta a la Comisión a que simplifique más los procedimientos de gestión y supervisión de los programas de los Fondos Estructuras, los cuales son en cierta medida responsables de las irregularidades de los Estados miembros en la ejecución de dichos programas;

32.

Manifiesta su sorpresa por que, después de varios años, los Estados miembros siguen dando muestras de falta de disciplina en materia de notificación; considera inaceptable que seis Estados miembros (9) sigan sin utilizar el sistema de notificación electrónica, que 14 (10) no cumplan los plazos de notificación y que algunos (11) no clasifiquen los casos de irregularidades que notifican; insta a la Comisión a que encuentre soluciones eficaces, aparte de los procedimientos de infracción, para hacer frente a esta situación y le pide que estudie seriamente la posibilidad de establecer un régimen eficaz de sanciones financieras para integrarlo en los futuros reglamentos y aplicarlo sistemáticamente;

33.

Subraya que la clasificación de las irregularidades (indicando si se trata o no de un caso de supuesto fraude) es un elemento que forma parte de la notificación de los Estados miembros que es necesario reforzar, habida cuenta de que varios Estados miembros aún tienen que proporcionar alguna clasificación y otros Estados miembros sólo han sido capaces de proporcionar la clasificación de una parte limitada de las irregularidades que han comunicado;

34.

Insta a los Estados miembros que aún no utilizan los módulos electrónicos AFIS/ECR para la notificación por vía electrónica a que comiencen rápidamente a utilizarlos para mejorar la calidad de sus datos y la celeridad de la notificación antes de finales de 2009; toma nota de que la Comisión está trabajando en un nuevo sistema de información por Internet, el Sistema de gestión de irregularidades, que se aplicará a partir del verano de 2009 y que presumiblemente traerá consigo una mejora de la disciplina en materia de notificación;

35.

Considera que deben realizarse más esfuerzos para lograr una mayor armonización de la notificación de irregularidades, especialmente en lo que respecta al Fondo de Cohesión;

36.

Lamenta que, pese al hecho de que las autoridades de gestión deben publicar los datos de todos los beneficiarios directos de la política de cohesión de la UE, conforme a las normas de desarrollo de los Fondos Estructurales 2007-2013 (Reglamento (CE) no 1828/2006 de la Comisión), la base de datos de la página Internet de la Comisión es incompleta; pide por tanto a la Comisión que trabaje conjuntamente con los Estados miembros para acelerar el flujo de información con vistas a un funcionamiento más eficaz y transparente de la base de datos; insta además a los Estados miembros y a la Comisión a que cumplan íntegramente y en tiempo útil esta obligación de transparencia y, en particular antes de junio de 2009, el plazo fijado por la Resolución del Parlamento de 19 de febrero de 2008 sobre la transparencia en materia financiera (12);

37.

Apoya, en el marco de la propuesta revisión del Reglamento (CE) no 1073/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (13), la solicitud de que los Estados miembros informen sistemáticamente a la OLAF sobre el seguimiento de los casos transmitidos por ésta; señala que esto podría mejorar la disciplina de notificación de las sentencias de los órganos jurisdiccionales nacionales relativas al uso fraudulento de los Fondos Estructurales;

Fondos de preadhesión

38.

Llama la atención sobre el hecho de que, aunque el número de irregularidades haya disminuido, su impacto financiero ha aumentado 2,2 veces, y el impacto financiero de las sospechas de fraudes, tres veces, debido en gran parte a los gastos «no elegibles»;

39.

Observa que la Comisión ha publicado una serie de informes detallados y exhaustivos en los que evalúa con tono crítico los progresos efectuados en Bulgaria y Rumanía en los ámbitos de la reforma judicial y la lucha contra la corrupción en el marco de los mecanismos de cooperación y verificación, y un informe aparte sobre la gestión de los fondos de la UE en Bulgaria, en el cual se subraya que son necesarios el compromiso político sostenido y la aplicación sobre el terreno, para poder cumplir íntegramente las pautas establecidas en el momento de la adhesión; observa asimismo, en el caso de Bulgaria, que la Comisión ha suspendido definitivamente parte de la financiación de la UE en el marco del programa PHARE debido a irregularidades descubiertas por su sistema de control y auditoría; pide por tanto a estos Estados miembros que emprendan acciones urgentes para llevar a cabo las medidas específicas de seguimiento propuestas en dichos informes; apoya, por último, los esfuerzos realizados hasta ahora por estos Estados miembros y les insta a adoptar todas las medidas necesarias para tal fin;

40.

Mantiene reservas sobre el hecho de que, según la OLAF, en 2007 no hubo sospechas de fraude en relación con el ISPA; toma nota de que Chipre y Lituania no comunicaron ningún caso en 2007;

41.

Subraya que la insuficiente calidad de la información presentada sigue siendo un problema; observa que la fiabilidad de la información presentada es peor en Bulgaria y Rumanía; sin embargo, en términos relativos las notificaciones húngaras son las menos fiables; señala que la notificación oportuna también causa problemas, en particular, en cuatro Estados miembros y en un país candidato (14);

42.

Dado que la fiabilidad de la información presentada y la tasa de cumplimiento general de los requisitos suponen serios problemas en algunos de los Estados miembros de la UE-12 (es decir, los Estados miembros que se adhirieron a la Unión Europea en el 2004 y el 2007), lo que plantea un interrogante sobre si la configuración administrativa del mecanismo de notificación en el país beneficiario es sólida o muy débil, considera que se plantearán problemas similares en relación con la aplicación de los Fondos Estructurales y de Cohesión, por lo que insta a los Estados miembros interesados a que cooperen con la Comisión para encontrar formas de remediar esta situación;

Gastos directos

43.

Señala que la ayuda exterior es un sector que se ve cada vez más afectado por las irregularidades y el fraude;

44.

Manifiesta su preocupación por las conclusiones del informe anual de actividades de la OLAF, según el cual en el ámbito de las ayudas externas a menudo los investigadores de la OLAF encuentran un modus operandi típico del fraude organizado, debido a deficiencias de coordinación entre las diferentes organizaciones internacionales de donantes;

45.

Pide a la Comisión que preste atención al problema de la doble financiación de los proyectos; en concreto, pide a la Comisión que, cuando concluya o modifique acuerdos acerca de la gestión y ejecución de proyectos por parte de organizaciones internacionales, envíe sistemáticamente todas sus auditorías internas y externas sobre la utilización de los fondos comunitarios al Tribunal de Cuentas Europeo y al auditor interno de la Comisión;

Recuperaciones

46.

Lamenta que los índices de recuperación siguen siendo bajos, especialmente en sectores en los que los Estados miembros gestionan las recuperaciones; señala que, según el informe de la OLAF, actualmente siguen pendientes de recuperación unos 3 750 millones de euros;

47.

Apoya el hecho de que los importes recuperados vuelvan a inscribirse en la misma línea presupuestaria a cuenta de la cual se pagaron indebidamente;

48.

Acoge con satisfacción la publicación de la nueva base de datos central de exclusión de beneficiarios de los fondos comunitarios que hayan cometido fraude (15); señala que está operativa desde el 1 de enero de 2009, y pide a la Comisión un informe de evaluación a principios de 2010;

49.

Señala que es necesario un procedimiento de recuperación más rápido y eficaz, por lo que reitera su petición a la Comisión de que incluya elementos vinculantes y de precaución en la futura legislación sobre gestión compartida, de modo que los pagos irregulares puedan recuperarse al final del procedimiento de recuperación;

50.

Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de introducir un sistema de garantía, por ejemplo colocando un determinado importe en una reserva o asignándolo, para acelerar la recuperación de los importes pendientes;

Relación de la OLAF con Europol y Eurojust

51.

Toma nota con satisfacción de la firma por Eurojust y la OLAF, el 24 de septiembre de 2008, de un Acuerdo práctico relativo al Régimen de Cooperación entre Eurojust y OLAF (16) que contempla las modalidades de una cooperación estrecha y reforzada y disposiciones para el intercambio de datos personales y generales; apoya la celebración de un acuerdo similar con Europol;

52.

Considera crucial crear una base sólida para las sinergias en materia operativa e informativa con Eurojust y Europol, por ejemplo por medio de un equipo operativo e informativo común, dado que esto aportará valor añadido a la lucha contra el fraude;

53.

Señala también que debe aclararse la actual superposición de competencias de estos órganos;

Cooperación de la OLAF con los Estados miembros

54.

Apoya el objetivo principal de la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (COM(2006)0244), que es el fortalecimiento de la independencia de la OLAF; recuerda, no obstante, la importancia de interconectar la labor y los resultados de la OLAF, de los servicios de la Comisión y de las autoridades de los Estados miembros mediante unos canales de comunicación eficaces que eviten la duplicación de trabajo y la falta de información;

55.

Señala que la OLAF es la única autoridad habilitada para ejercer todas las competencias de investigación a fin de combatir e impedir el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal que perjudique al presupuesto general de la UE; insiste, por lo tanto, en que la función investigadora de la OLAF debe fortalecerse aún más, especialmente en relación con los Fondos Estructurales y con la ayuda exterior, que presentan el mayor número de irregularidades notificadas;

56.

Señala que los casos de «seguimiento» han aumentado constantemente desde 2003, y que en 2007 los casos de la OLAF se cerraron principalmente con una recuperación financiera o con recomendaciones de seguimiento judicial; concluye que esto significa que los resultados de la investigación de la OLAF son positivos para los Estados miembros y para las instituciones de la UE;

57.

Toma nota de que las recomendaciones de la OLAF no son vinculantes, por lo que las autoridades nacionales toman las decisiones pertinentes e imponen las sanciones de forma independiente; considera que la creación de una fiscalía europea contribuiría a superar las dificultades derivadas del carácter transfronterizo de los casos;

58.

Subraya la necesidad de racionalizar los instrumentos jurídicos, ya que las definiciones de fraude, sospecha de fraude y otras irregularidades están dispersas en numerosos instrumentos jurídicos, a pesar de los repetidos llamamientos del Parlamento a favor de una refundición de las normas para la lucha contra el fraude;

59.

Toma nota de los problemas de competencia de los Estados miembros en la aplicación de los artículos 4 y 5 del Reglamento (CE, Euratom) no 2988/95 del Consejo, de 18 de diciembre de 1995, relativo a la protección de los intereses financieros de las Comunidades Europeas (17); considera que, en caso de ambigüedad, los tribunales nacionales deberían pedir al Tribunal de Justicia un dictamen prejudicial;

60.

Acoge con satisfacción la publicación del mencionado segundo informe de la OLAF sobre los controles e inspecciones in situ que esbozan buenas prácticas para cada una de las fases de control, así como la nueva versión del Vademécum de la OLAF (orientaciones); pide a la Comisión que envíe a la comisión competente del Parlamento una versión completa y actualizada del manual de la OLAF antes de septiembre de 2009;

61.

Aboga por la necesidad de disposiciones más claras sobre los procedimientos y de plazos vinculantes para las autoridades competentes en la prestación de la asistencia requerida, así como de disposiciones más vinculantes en general en materia de cooperación para determinar qué autoridad nacional es competente para prestar asistencia; insiste, con miras a encontrar una solución a este problema, en la utilidad de su Posición, de 20 de noviembre de 2008, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) (18);

62.

Pide a la Comisión que tome las medidas apropiadas, incluidos procedimientos de infracción, contra aquellos Estados miembros que no asistan a sus servicios en la realización de controles sobre el terreno de la forma prevista por el Reglamento (CE, Euratom) no 2185/96, de 11 de noviembre de 1996, relativo a los controles y verificaciones in situ llevados a cabo por la Comisión a fin de proteger los intereses financieros de las Comunidades contra el fraude y otras irregularidades (19);

63.

Toma nota de que, si bien se ha observado un amplio seguimiento judicial de los casos, aunque la admisibilidad de las pruebas –por parte de los tribunales nacionales– recogidas por la OLAF es muy limitada, el objetivo es mejorar el apoyo judicial a la función investigadora de la OLAF; considera, además, que debe informarse a Eurojust cuando se transmitan informaciones o informes finales a las autoridades judiciales en caso de que traten de graves formas de delincuencia transnacional e impliquen a dos o más Estados miembros;

64.

Recuerda a la Comisión la solicitud del Parlamento de que incluya, en el informe de 2008 sobre la protección de los intereses financieros de las Comunidades, un análisis de las estructuras de los Estados miembros implicadas en la lucha contra las irregularidades;

65.

Lamenta que los Estados miembros no hayan efectuado una notificación adecuada de las medidas adoptadas con relación a la información o los informes finales transmitidos por la OLAF; pide a los Estados miembros que garanticen que sus autoridades competentes envían a la OLAF un informe sobre el curso dado a las informaciones o recomendaciones que les remita la OLAF;

66.

Toma nota de que las autoridades nacionales de auditoría tienen competencias considerables en materia de auditorías sobre los fondos de la UE, y son la primera fuente de información tanto para las autoridades judiciales nacionales como para las instituciones de la UE; opina, por consiguiente, que maximizar la cooperación y el flujo informativo entre las autoridades de auditoría, las autoridades judiciales nacionales y la OLAF redundaría en beneficio de la protección de los intereses financieros de la Comunidad;

67.

Indica que, según su Posición, de 20 de noviembre de 2008, sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 1073/1999 relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), los Estados miembros deben informar sistemáticamente a la OLAF sobre el seguimiento de los casos transmitidos por ésta a los Estados miembros, por lo que pide a la OLAF que informe sobre esta cuestión en su próximo informe anual;

68.

Indica que los servicios de coordinación antifraude (AFCOS) para la OLAF en los Estados miembros que se han adherido a la UE después de 2004 son unos puntos de información y contacto muy importantes para la OLAF; indica, sin embargo, que en tanto estos servicios no sean independientes de las administraciones nacionales, su valor añadido funcional será mínimo (especialmente por lo que respecta a la comunicación de irregularidades a la Comisión); pide, por tanto, a la Comisión que presente una propuesta a la comisión competente del Parlamento para hacer más valioso el trabajo de estos servicios y considera asimismo necesario mejorar la colaboración con los países candidatos;

Tabaco - Acuerdo con Philip Morris

69.

Lamenta que la Comisión no pudiera presentar un informe completo sobre el seguimiento de la Resolución del Parlamento, de 11 de octubre de 2007, sobre las repercusiones del acuerdo celebrado entre la Comunidad, los Estados miembros y Philip Morris sobre el refuerzo de la lucha contra el fraude y el contrabando de cigarrillos, y sobre los progresos en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de Investigación del Parlamento sobre el Régimen de Tránsito Comunitario (20), en particular su apartado 49, en el que se pide explícitamente a la Comisión que publique dicho informe antes de finales de 2008; espera que la Comisión presente este informe antes de que concluya el procedimiento de aprobación de la gestión para el ejercicio presupuestario de 2007;

70.

No puede aceptar que, mientras que en virtud de los acuerdos con Philip Morris y Japan Tobacco, la Comunidad recibió 1 650 millones de dólares para la lucha contra el fraude, en lugar de establecer un enfoque común, la Comisión envió directamente el 90 % de este dinero, sin asignar, a los Ministros de Finanzas de los Estados miembros; pide al Consejo y a la Comisión que establezcan un Grupo de trabajo tripartito con el Parlamento para buscar el modo de hacer un uso mejor y más razonable de estos ingresos, y otros similares, de la Unión; considera inaceptable que, en estos momentos de recesión económica, la Unión no utilice los miles de millones de euros de multas, pagados por importantes empresas que han violado las normas europeas relativas a la competencia en detrimento de los consumidores europeos, para estimular la economía en provecho de los desempleados o para ayudar a los países en desarrollo, que son los que más sufrirán por esta crisis, en lugar de enviarlos sencillamente a las haciendas nacionales;

Delincuencia organizada

71.

Acoge con satisfacción la publicación de la Comunicación de la Comisión, de 20 de noviembre de 2008, sobre los fondos procedentes de la delincuencia organizada (COM(2008)0766), que aborda el decomiso y la recuperación de bienes procedentes de la delincuencia, y está de acuerdo con la Comisión en que el decomiso es una de las formas más eficaces de combatir la delincuencia organizada y en que deberán ponerse en marcha medidas para aumentar el número limitado de casos de decomiso y los modestos importes recuperados;

72.

Subraya que es esencial disponer de mecanismos rápidos y eficaces para congelar y confiscar activos en el extranjero y, por tanto, que debería examinarse la conveniencia de hacer una refundición del actual marco jurídico de la UE; subraya que debería aplicarse urgentemente la Decisión 2007/845/JAI del Consejo para asegurar que todos los Estados miembros establecen o designan unos Organismos de recuperación de activos;

73.

Reitera su solicitud a la Comisión para que proporcione al Parlamento un análisis detallado del sistema o sistemas utilizados por la delincuencia organizada para socavar los intereses financieros de las Comunidades; piensa que la evaluación de la amenaza de la delincuencia organizada que efectúa anualmente Europol es útil, pero no suficiente, a este respecto;

74.

Lamenta el hecho de que el Convenio relativo a la protección de los intereses financieros de la Comunidades Europeas de 1995 y sus protocolos de 1996 y 2007 aún no hayan sido ratificados por la República Checa, Hungría, Malta y Polonia, que uno de los dos protocolos no ha sido ratificado por Estonia e Italia y que en siete Estados miembros la transposición de las disposiciones adolece de deficiencias;

*

* *

75.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia, al Tribunal de Cuentas Europeo, al Comité de Vigilancia de la OLAF y a la OLAF.


(1)  http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/aar/doc/olaf_aar.pdf

(2)  http://ec.europa.eu/anti_fraud/reports/sup-com_en.htm

(3)  DO C 286 de 10.11.2008, p. 1.

(4)  DO L 390 de 30.12.2006, p. 1.

(5)  DO L 264 de 15.10.2003, p. 1.

(6)  DO L 355 de 15.12.2006, p. 56.

(7)  Reglamento (CE) no 1083/2006 del Consejo, de 11 de julio de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión (DO L 210 de 31.7.2006, p. 25).

(8)  DO L 371 de 27.12.2006, p. 1.

(9)  Francia, Irlanda, Suecia, España, Letonia y Luxemburgo; desde noviembre de 2008 la situación ha mejorado y Alemania y Estonia utilizan ficheros electrónicos en vez de notificaciones en papel.

(10)  La notificación oportuna es problemática especialmente en los casos de España, Francia y los Países Bajos.

(11)  España, Francia, Irlanda y Luxemburgo.

(12)  Textos Aprobados, P6_TA(2008)0051.

(13)  DO L 136 de 31.5.1999, p. 1.

(14)  Croacia, Hungría, Eslovaquia, Bulgaria y Polonia incumplieron los plazos de notificación.

(15)  DO L 344 de 20.12.2008, p. 12.

(16)  DO C 314 de 9.12.2008, p. 3.

(17)  DO L 312 de 23.12.1995, p. 1.

(18)  Textos Aprobados, P6_TA(2008)0553.

(19)  DO L 292 de 15.11.1996, p. 2.

(20)  DO C 227 E de 4.9.2008, p. 147.


8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/72


Viernes, 24 de abril de 2009
Inmunidad parlamentaria en Polonia

P6_TA(2009)0316

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre la inmunidad parlamentaria en Polonia (2008/2232(INI))

2010/C 184 E/15

El Parlamento Europeo,

Vistos los artículos 9 y 10 del Protocolo de 8 de abril de 1965, sobre los privilegios y las inmunidades de las Comunidades Europeas,

Visto el artículo 12, apartado 3, del Acta de 20 de septiembre de 1976 relativa a la elección de los diputados al Parlamento Europeo por sufragio universal directo,

Visto el artículo 105 de la Constitución de la República de Polonia, de 2 de abril de 1997,

Visto el artículo 7 ter de la Ley polaca de 9 de mayo de 1996, relativa al desempeño de los mandatos de diputado y senador,

Vistos los artículos 9 y 142 de la Ley polaca de 23 de enero de 2004, relativa a las elecciones al Parlamento Europeo,

Vista su Resolución de 23 de junio de 2005, relativa a la modificación de la Decisión de 4 de junio de 2003 sobre la adopción del Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo (1),

Vistos los artículos 6, 7 y 45 de su Reglamento,

Visto el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos (A6-0205/2009),

A.

Considerando que, en la actual legislatura, el Parlamento y su Comisión de Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, han examinado suplicatorios de suspensión de la inmunidad de diputados elegidos en Polonia, y han tenido que afrontar algunas dificultades en la interpretación de las disposiciones legislativas que podrían aplicarse en el caso de dichos diputados,

B.

Considerando que se ha pedido a la comisión competente que decida sobre la admisión a trámite de los suplicatorios de suspensión de inmunidad presentados directamente por personas privadas al Presidente del Parlamento Europeo; que según la legislación polaca, una persona privada tiene derecho a solicitar directamente al Parlamento polaco (Sejm o Senat) que suspenda la inmunidad de uno de sus miembros cuando se trata de delitos que puedan ser objeto de acusación privada, y considerando que las disposiciones correspondientes de la legislación polaca no parecen tener claramente en cuenta todas las eventualidades que pueden surgir en caso de procesos penales relativos a delitos objeto de acusación privada,

C.

Considerando que estas disposiciones también se aplican a los diputados al Parlamento Europeo elegidos en Polonia, si bien la admisibilidad de dichas solicitudes plantea cuestiones difíciles, habida cuenta del Reglamento, y en particular del artículo 6, apartado 2, relativo a «la autoridad competente»,

D.

Considerando que según el artículo 7, apartado 7, del Reglamento, incumbe a la comisión competente verificar la admisibilidad del suplicatorio de suspensión de la inmunidad, incluida la cuestión de la competencia de la autoridad nacional para presentar el suplicatorio; considerando, no obstante, que según las disposiciones vigentes, el conflicto evidente que existe entre las disposiciones correspondientes de la legislación polaca y el Reglamento a este respecto debería resolverse declarando inadmisibles los suplicatorios de suspensión de inmunidad presentados por personas privadas,

E.

Considerando que el propósito del artículo 6, apartado 2, del Reglamento es garantizar que el Parlamento sólo recibe suplicatorios en procedimientos que han sido objeto de atención por las autoridades de un Estado miembro; considerando que ello también garantiza al Parlamento que los suplicatorios de suspensión de inmunidad que recibe son conformes a la legislación nacional por lo que se refiere al contenido y al procedimiento, lo cual, a su vez, es una garantía ulterior de que, al tomar la decisión conforme al procedimiento de suspensión de inmunidad, el Parlamento se atiene a la legislación nacional de un Estado miembro y a sus propias prerrogativas; que el concepto de «autoridad» también se menciona claramente en otras disposiciones de los artículos 6 y 7 en el contexto del procedimiento de suspensión de inmunidad,

F.

Considerando que juzgar inadmisibles los suplicatorios de suspensión de inmunidad presentados por personas privadas resultaría insatisfactorio, por cuanto supondría socavar sus derechos en los procedimientos judiciales e impedir que los fiscales, cuando se trate de determinados delitos, pudieran solicitar la suspensión de la inmunidad; considerando que podría pensarse que ello fomenta un trato injusto y discriminatorio de los solicitantes,

G.

Considerando, no obstante, que los Estados miembros deberían establecer disposiciones para el ejercicio de dichos derechos con respecto a los diputados al Parlamento Europeo, habida cuenta de las normas y procedimientos que rigen su funcionamiento,

H.

Considerando que, mediante cartas de 29 de septiembre de 2004 y 9 de marzo de 2005, se ha pedido a 25 Estados miembros que, conforme al artículo 7, apartado 12, indiquen qué autoridades son competentes para presentar un suplicatorio de suspensión de la inmunidad de un diputado; considerando que hasta el momento sólo han contestado Austria, Bélgica, la República Checa, Chipre, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, los Países Bajos, Portugal, Eslovenia, Suecia y el Reino Unido,

I.

Considerando que, en sus debates, la comisión competente también ha abordado la cuestión de las posibles consecuencias de la suspensión de inmunidad en el caso de diputados al Parlamento Europeo elegidos en Polonia,

J.

Considerando que, en el caso de que un tribunal juzgue culpable a un diputado y le condene por un delito doloso y sea procesado con arreglo a una instrucción pública, la suspensión de la inmunidad podría dar lugar a la pérdida automática de su derecho de sufragio pasivo, lo cual podría provocar, a su vez, que el diputado perdiera su escaño,

K.

Considerando que este automatismo significaría, de facto, una sanción penal adicional, además de la condena,

L.

Considerando que, en la práctica, incluso los delitos menores podrían originar la pérdida del derecho de sufragio pasivo, pese a que la condición para que un delito origine la pérdida de tal derecho es que se trate de una instrucción pública y que se haya cometido de forma dolosa,

M.

Considerando que no existe ninguna disposición equivalente, aplicable a los diputados del Sejm o del Senat polacos, los cuales no pierden sus derechos de sufragio pasivo en estos casos,

N.

Considerando que los Estados miembros pueden decidir libremente retirar el mandato de un diputado al Parlamento Europeo cuando ello provoque que el escaño de dicho diputado quede vacante; considerando, no obstante, que habida cuenta de que el principio de igualdad de trato, que es uno de los principios básicos de la legislación de la Unión Europea, requiere que las situaciones similares reciban un trato similar, y que parecen existir diferencias en el trato que reciben los miembros del Sejm o del Senat polacos, por una parte, y los diputados al Parlamento Europeo elegidos en Polonia, por otra, por lo que se refiere a la pérdida del derecho de sufragio pasivo; considerando que la pérdida de tal derecho origina directa y automáticamente que el diputado de que se trate pierda su escaño y no pueda ser reelegido,

O.

Considerando que el presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos indicó dicha desigualdad de trato a la Comisión mediante una pregunta oral que fue debatida en el Parlamento Europeo; considerando, no obstante, que la situación jurídica sigue siendo la misma,

P.

Considerando que la igualdad de trato de los diputados de los Parlamentos nacionales y los diputados al Parlamento Europeo debe de garantizarse lo antes posible, en particular con vistas a las próximas elecciones de 2009,

1.

Anima a la Comisión a examinar las discrepancias entre la situación jurídica de los diputados al Parlamento Europeo elegidos en Polonia y la situación jurídica de los diputados del Sejm y el Senat polacos, y a ponerse urgentemente en contacto con las autoridades competentes en Polonia para determinar la forma de eliminar la discriminación manifiesta existente entre los diputados de ambos parlamentos por lo que se refiere a su derecho de sufragio pasivo;

2.

Pide, en otro orden de cosas, a la República de Polonia que reexamine la situación actual, en la que los requisitos para ser elegido y las condiciones de pérdida del mandato de los diputados de ambos parlamentos son evidentemente desiguales, y tome medidas para poner fin a este trato discriminatorio;

3.

Pide a la Comisión que lleve a cabo un estudio comparativo para evaluar si hay diferencias de trato entre los diputados de Parlamentos nacionales y los diputados al Parlamento Europeo en los Estados miembros que se adhirieron a la Unión Europea el 1 de mayo de 2004 o después de esa fecha, y que comunique al Parlamento Europeo los resultados del estudio;

4.

Pide a los Estados miembros que respeten los derechos que implica la ciudadanía de la Unión Europea, en particular los derechos de sufragio activo y pasivo en las elecciones del Parlamento Europeo, que revisten una importancia especial con vistas a las elecciones de 2009, así como el principio de igualdad de trato de las personas en situaciones similares;

5.

Pide a los Estados miembros, y en particular a la República de Polonia, que garanticen el establecimiento de medidas procesales para garantizar que los suplicatorios de suspensión de la inmunidad de los diputados al Parlamento Europeo los trasmite siempre la «autoridad competente», conforme al artículo 6, apartado 2, del Reglamento, con objeto de garantizar que se respetan las disposiciones de fondo y de procedimiento de la legislación nacional, incluidas las garantías procesales de las personas privadas, así como las prerrogativas del Parlamento;

6.

Pide a los Estados miembros que, para evitar cualquier duda, indiquen al Parlamento qué autoridades son competentes para presentar suplicatorios de suspensión de la inmunidad de un diputado;

7.

Reitera la necesidad de contar con un Estatuto uniforme de los diputados al Parlamento Europeo y recuerda, en este contexto, el compromiso adquirido el 3 de junio de 2005, en la reunión de los representantes de los Estados miembros celebrada en el Consejo para examinar la petición del Parlamento Europeo de que se revisen las disposiciones correspondientes del Protocolo de 1965 relativo a los privilegios y las inmunidades de las Comunidades, por lo que se refiere a la parte relativa a los diputados al Parlamento Europeo, con objeto de llegar a una conclusión lo antes posible;

8.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, al Defensor del Pueblo Europeo y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


(1)  DO C 133 E de 8.6.2006, p. 48.


8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/75


Viernes, 24 de abril de 2009
Gobernanza en el marzo de la PPC

P6_TA(2009)0317

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre la gobernanza en el contexto de la política pesquera común: el Parlamento Europeo, los consejos consultivos regionales y otros agentes (2008/2223(INI))

2010/C 184 E/16

El Parlamento Europeo,

Visto el Reglamento (CE) no 2371/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, sobre la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en virtud de la política pesquera común (1),

Visto el Reglamento (CE) no 657/2000 del Consejo, de 27 de marzo de 2000, por el que se establecen disposiciones para intensificar el diálogo sobre la política pesquera común con la industria y los demás grupos interesados (2),

Vistas las Decisiones 71/128/CEE, 1999/478/CE y 2004/864/CE de la Comisión,

Vista la Decisión 93/619/CE de la Comisión, renovada en 2005 por la Decisión 2005/629/CE de la Comisión,

Vistas las Decisiones 74/441/CEE y 98/500/CE de la Comisión,

Vista la Decisión del Consejo 2004/585/CE, de 19 de julio de 2004, por la que se crean consejos consultivos regionales en virtud de la política pesquera común (3), modificada por la Decisión del Consejo 2007/409/CE, de 11 de junio de 2007 (4),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de junio de 2008, titulada «Análisis del funcionamiento de los consejos consultivos regionales» (COM(2008)0364),

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

Vistos el informe de la Comisión de Pesca (A6-0187/2009),

A.

Considerando que la gobernanza institucional de la política pesquera común (PPC) implica a la Comisión, al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité de las Regiones, al Comité Económico y Social Europeo, al Comité Consultivo de Pesca y de Acuicultura (CCPA), al Comité Científico, Técnico y Económico de Pesca (CCTEP), al Comité de Diálogo Social Sectorial para la Pesca Marítima (CDSS) y a los consejos consultivos regionales (CCR),

B.

Considerando que la gobernanza de la PPC implica, también, a las administraciones nacionales y regionales de los Estados miembros,

C.

Considerando la participación de la Comunidad en distintas organizaciones pesqueras regionales y que también se celebran acuerdos de asociación en el sector pesquero con terceros países,

D.

Considerando que, con arreglo al Tratado de Lisboa, el Parlamento seguirá excluido de la fijación de los totales admisibles de capturas (TAC) y de las cuotas,

E.

Considerando que la participación de diputados al Parlamento en las reuniones de las organizaciones pesqueras regionales tiene lugar en la actualidad sobre una base ad hoc,

F.

Considerando que la Comunicación relativa al funcionamiento de los acuerdos de asociación en el sector pesquero en la actualidad, incluidas las actividades de los consejos consultivos regionales, podría ser más satisfactoria,

G.

Considerando que el CCTEP fue creado en 1993, que en 1971 se creó el Comité Consultivo para la Pesca, que pasó a denominarse Comité Consultivo de Pesca y de Acuicultura (CCPA) en 1999, y que ese mismo año se creó un Comité de Diálogo Social Sectorial para la Pesca Marítima, en sustitución del Comité mixto creado en 1974,

H.

Considerando que la totalidad de los siete consejos consultivos regionales están ya en funcionamiento en la actualidad,

I.

Considerando que se ha creado un Comité inter consejos consultivos regionales y que celebra reuniones de coordinación con la Comisión,

J.

Considerando que la Comisión ha realizado recientemente un análisis del CCPA y de los consejos consultivos regionales pero que no ha llevado a cabo ninguno hasta la fecha sobre las labores del CCTEP,

K.

Considerando que el análisis del CCPA ha resultado en una serie de recomendaciones de carácter operativo y sugerencias de distintas posibilidades para su futuro a largo plazo,

L.

Considerando que el análisis de los consejos consultivos regionales ha resultado positivo si bien la Comisión ha definido una serie de actuaciones, que no exigen nuevas medidas legislativas, para mejorar su funcionamiento,

M.

Considerando que todas las partes han acordado la necesidad de que los científicos y los pescadores entablen un diálogo reforzado y que los consejos consultivos regionales también han realizado un llamamiento a favor de una mayor participación del sector socioeconómico en la toma de decisiones,

N.

Considerando que algunos consejos consultivos regionales y diputados al Parlamento han expresado su deseo de que se establezca una relación más formal,

O.

Considerando que los recursos limitados y la excesiva burocracia y rigidez de la Comisión en la gestión y el control financiero de los fondos a disposición de los consejos consultivos regionales dificultan el aumento de las actividades de estos últimos,

P.

Considerando que la Comisión ha señalado que tendrá en cuenta los puntos de vista del Parlamento Europeo, del Consejo y de las demás partes antes de presentar nuevas disposiciones jurídicas,

Q.

Considerando las frecuentes ausencias de los delegados de la Comisión en las reuniones de los grupos de trabajo de los consejos consultivos regionales,

R.

Considerando, no obstante, que ya se dispone de pruebas en el sentido de que la participación de las partes en la elaboración y la aplicación de las normas conlleva un mayor grado de respeto de las normas relativas a los consejos consultivos regionales,

S.

Considerando la multiplicidad de pesquerías comunitarias existentes, cada una de ella con sus características propias,

T.

Considerando que ya se están celebrando consultas sobre la reforma de la PPC,

U.

Considerando que no siempre se presta la debida atención a las recomendaciones de los consejos consultivos regionales, principalmente cuando no son aprobadas por unanimidad por los comités ejecutivos,

1.

Pide que se conceda a los miembros de la Comisión de Pesca el estatuto de observadores en las reuniones del Consejo de Ministros de Pesca;

2.

Pide que el Consejo, la Comisión y el Parlamento Europeo culminen los trabajos para llegar a un acuerdo efectivo que normalice la participación de los miembros de la Comisión de Pesca del Parlamento en las Organizaciones Regionales de Gestión Pesquera (ORGP) y demás organismos internacionales en cuyas reuniones se debatan temas con repercusiones para la Política Pesquera Común (PPC), sin perjuicio de que sea plenamente respetado su actual estatus de observadores en las reuniones en las que así se ha acordado;

3.

Pide, igualmente, que el Consejo, junto con la Comisión y el Parlamento Europeo, acuerden la participación de los miembros de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo en las Comisiones Mixtas que tienen lugar en el marco de los Acuerdos de asociación pesquera, de manera que puedan efectuar un seguimiento adecuado de dichos Acuerdos; recuerda al respecto que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa incrementará considerablemente las responsabilidades del Parlamento Europeo, ya que los Acuerdos de asociación pesquera deberán aprobarse mediante el procedimiento de dictamen conforme;

4.

Destaca la importancia de garantizar una presencia más asidua de los delegados de la Comisión en las reuniones de los grupos de trabajo y de los comités ejecutivos de los consejos consultivos regionales;

5.

Pide a la Comisión que informe al Parlamento sobre todas las consultas que se están realizando en relación con la PPC y la política marítima;

6.

Pide a la Comisión que lleve a cabo un análisis del CCTEP;

7.

Toma nota de los resultados de la evaluación del CCPA y de que la Comisión está esperando las recomendaciones del propio CCPA sobre los siguientes temas:

una definición más clara de su papel y objetivos, con una composición representativa que refleje de modo adecuado dicho papel y los objetivos y que sea genuinamente representativa, y una mayor participación por parte de los nuevos Estados miembros;

sus métodos de trabajo en términos de división de las actividades entre reuniones plenarias y grupos de trabajo, su número y su ámbito de competencias, así como sus procedimientos;

una mejor formulación de las preguntas que se le dirigen;

la mejora de la comunicación y de la información mediante la utilización de medios electrónicos, un acceso más directo a los datos y unas mejores capacidades de traducción e interpretación;

la adecuación de la financiación y los mejores medios para respaldar las funciones de apoyo;

8.

Hace hincapié en la importancia de evitar el solapamiento de actividades, en particular en lo que se refiere a las labores de los consejos consultivos regionales;

9.

Recuerda que el grado de participación del sector pesquero en las decisiones que le afectan sigue siendo considerado insuficiente, resalta las diferencias entre las funciones y el funcionamiento del CCPA y los consejos consultivos regionales, ya que mientras el primero tiene una función de asesoramiento del conjunto de la PPC y cubre todo el ámbito comunitario, la función de los consejos consultivos regionales es el asesoramiento especializado en sus zonas de influencia; considera en este sentido que la coexistencia de los distintos organismos de asesoramiento contribuye a asegurar la compatibilidad con la política marítima y marina y la gestión integrada de las zonas costeras;

10.

Pide a la Comisión que adopte las medidas siguientes en relación con los consejos consultivos regionales:

aumento de su visibilidad y fomento de la participación de un número mayor de partes implicadas;

mejora de su acceso a las pruebas y datos científicos y en relación con el CCTEP;

participación desde la fase más temprana posible en el proceso de consulta;

realización de análisis comparativos que permitan una evaluación de la coherencia de su asesoramiento con los objetivos de la PPC y recogida de información sobre el uso que se hace de estos consejos;

11.

Considera que la financiación de la que disponen los consejos consultivos regionales en la actualidad es insuficiente si se tiene en cuenta la carga de trabajo que asumen en la actualidad; toma nota de que la Comisión ha publicado unas directrices en materia de gestión financiera y que deberían explorarse alternativas al sistema existente;

12.

Considera que una participación más amplia por parte de los consejos consultivos regionales implica una revisión de su composición pero que no debe modificarse el equilibrio existente en la actualidad entre la industria pesquera y otras organizaciones;

13.

Muestra su preocupación por que, de forma recurrente, determinadas organizaciones que forman parte de los consejos consultivos regionales al amparo del capítulo «Otros grupos interesados» utilizan su presencia, aunque sea minoritaria, para bloquear decisiones respaldadas por la mayoría de los representantes del sector pesquero y para impedir la adopción de decisiones mediante consenso;

14.

Pide que se estrechen los vínculos entre los consejos consultivos regionales y el Parlamento, el Comité de las Regiones y el Comité Económico y Social Europeo;

15.

Hace un llamamiento para que se proceda a una separación entre decisiones técnicas y políticas; considera que las decisiones políticas deberían abordarse sobre la base de un enfoque regional y las decisiones técnicas con un enfoque científico;

16.

Pide a su Comisión de Pesca que, teniendo en cuenta los procedimientos reglamentarios de aprobación:

designe a uno o a varios miembros de la comisión como persona de contacto en relación con cada uno de los consejos consultivos regionales y que informe sobre sus actividades;

vele por que se invite con regularidad a los consejos consultivos regionales a participar en los trabajos de la Comisión de Pesca del Parlamento para que presenten sus consejos o recomendaciones y, en particular, cuando el orden del día aborde asuntos sobre los que deban dar consejo o presentar recomendaciones;

establezca un procedimiento para que su secretaría y las de la Comisión de Pesca, de los consejos consultivos regionales y del Comité inter consejos consultivos regionales se mantengan en contacto habitual al objeto de intercambiar y recabar información sobre sus actividades, consejos y recomendaciones;

organice una conferencia anual en la que participen los consejos consultivos regionales y la Comisión;

17.

Pide a las autoridades presupuestarias que asignen fondos suficientes en relación con lo recogido anteriormente;

18.

Pide a los consejos consultivos regionales que mantengan informados a los miembros de su Comisión de Pesca sobre sus actividades, consejos y recomendaciones y que los inviten a sus reuniones;

19.

Pide que toda legislación futura referida a los consejos consultivos regionales conceda a los diputados al Parlamento Europeo el estatuto formal de observadores activos en sus reuniones;

20.

Pide a la Comisión y al Comité inter consejos consultivos regionales que autoricen la presencia de los miembros de la Comisión de Pesca del Parlamento en sus reuniones de coordinación;

21.

Destaca la importancia de la PPC como medio para garantizar la existencia de estándares, principios y normas aplicables en todas las aguas comunitarias y a todos los buques comunitarios;

22.

Pide a la Comisión que acepte y respete plenamente el papel consultivo de los consejos consultivos regionales y que proponga, de cara a la reforma de la PPC, que desempeñen un papel cada vez mayor en la gestión de responsabilidades;

23.

Considera, asimismo, que la reforma futura de la PPC debería aprovechar plenamente la consolidación de los consejos consultivos regionales para descentralizar la PPC en mayor medida de modo que las medidas comunes adoptadas puedan aplicarse en las distintas zonas de conformidad con las peculiaridades específicas de las distintas artes y condiciones de pesca;

24.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como a los consejos consultivos regionales, al Comité Consultivo de Pesca y de Acuicultura (CCPA), al Comité Científico, Técnico y Económico, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social, al Comité de Diálogo Social Sectorial para la Pesca Marítima y a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros.


(1)  DO L 358 de 31.12.2002, p. 59.

(2)  DO L 80 de 31.3.2000, p. 7.

(3)  DO L 256 de 3.8.2004, p. 17.

(4)  DO L 155 de 15.6.2007, p. 68.


8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/79


Viernes, 24 de abril de 2009
Mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros

P6_TA(2009)0327

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre el establecimiento de un mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros

2010/C 184 E/17

El Parlamento Europeo,

Vista la propuesta de la Comisión, de 8 de abril de 2009, de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 332/2002 por el que se establece un mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros (COM(2009)0169),

Vistos el Reglamento (CE) no 332/2002 del Consejo, de 18 de febrero de 2002, por el que se establece un mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros (1), y la Posición del Parlamento, de 6 de septiembre de 2001, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece un mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros (2),

Vista su Posición, de 20 de noviembre de 2008 (3), sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 332/2002, y su Resolución, de idéntica fecha, sobre el establecimiento de un mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros (4),

Vistos los artículos 100 y 119 del Tratado CE,

Visto el artículo 103, apartado 2, de su Reglamento,

A.

Considerando que el Consejo ya ha duplicado el importe máximo de ayuda financiera a medio plazo, pasando éste de los 12 000 000 000 millones de euros iniciales a 25 000 000 000 millones de euros, sobre la base de los artículos 119 y 308 del Tratado, mediante la adopción del Reglamento (CE) no 1360/2008, de 2 de diciembre de 2008 (5), que modifica el Reglamento (CE) no 332/2002,

B.

Considerando que, conjuntamente con otros mecanismos de instituciones financieras internacionales, la Comunidad ha concedido a Hungría un préstamo por valor de 6 500 000 000 millones de euros y otro a Letonia por valor de 3 100 000 000 millones de euros, y que algunos Estados miembros han destinado a Letonia 2 200 000 000 millones de euros adicionales,

C.

Considerando que la Comunidad ha decidido prestar a Rumanía ayuda financiera a medio plazo por valor de hasta 5 000 000 000 millones de euros, habida cuenta de los adversos efectos de la crisis financiera mundial en la situación económica y financiera de Rumanía,

D.

Considerando que es preferible aplicar un enfoque individualizado sobre la ayuda financiera a medio plazo a los Estados miembros, para tener en cuenta la situación específica de cada uno de ellos,

E.

Considerando que debe tenerse en cuenta el impacto de la actual crisis económica y financiera mundial,

F.

Considerando que la solidaridad hacia los Estados miembros que se han adherido más recientemente a la Unión Europea ha de ser plena,

G.

Considerando la necesidad de adoptar medidas políticas que aborden los problemas específicos que padecen las economías de esos Estados miembros en el contexto de la crisis financiera mundial y de la recesión que se extiende por toda la Unión Europea,

1.

Considera que la situación actual es una prueba más de la importancia del euro a la hora de proteger a los Estados miembros que pertenecen a la zona del euro, e invita a los Estados miembros no pertenecientes a esa zona a que ingresen en ella tan pronto como cumplan los criterios de Maastricht;

2.

Solicita a la Comisión que responda a las pasadas peticiones del Parlamento de análisis de los efectos del comportamiento de los bancos que retiraron sus activos de los Estados miembros de más reciente adhesión a la Unión Europea;

3.

Pide a la Comisión que comunique cuanto antes los resultados de ese estudio a la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios del Parlamento;

4.

Reconoce que, debido a la actual crisis económica y financiera mundial, debe incrementarse de forma significativa el importe máximo del principal de los préstamos que pueden concederse a los Estados miembros en virtud del Reglamento (CE) no 332/2002, atendiendo debidamente al calendario del Parlamento; subraya que tal incremento reforzaría asimismo la capacidad de la Comunidad para responder con más flexibilidad a futuras solicitudes de ayuda financiera a medio plazo;

5.

Acoge con satisfacción los acuerdos voluntarios entre los bancos y los Estados miembros de más reciente adhesión a la Unión Europea, en virtud de los cuales aquellos se abstendrán de reducir las líneas de crédito (por ejemplo, en lo relativo a Rumanía y al Acuerdo de Viena), y anima a que se tomen más iniciativas de este tipo;

6.

Observa que el incremento significativo del límite máximo de los préstamos permitirá maximizar el potencial de empréstito de la Comisión Europea en los mercados de capital o respecto de las instituciones financieras; observa además que no existe ninguna base jurídica específica para que la Comunidad emita bonos en el mercado mundial, pero que la Comisión está llevando a cabo una labor preparatoria con miras a permitir que dos o más Estados miembros emitan conjuntamente bonos denominados en euros;

7.

Insta a la Comisión a examinar, conjuntamente con el Banco Europeo de Inversiones, la manera de superar la congelación del crédito en la economía real con la ayuda de nuevos instrumentos financieros innovadores; señala que podrían utilizarse varios instrumentos financieros para asegurar la flexibilidad del mecanismo de ayuda financiera a medio plazo a las balanzas de pagos de los Estados miembros;

8.

Observa que un incremento del límite máximo de los préstamos no tendría ningún impacto presupuestario, porque sería la Comisión quien concertaría empréstitos en los mercados financieros y los Estados miembros beneficiarios quienes deberían reembolsarlos; subraya que sólo podría producirse un impacto presupuestario por el incremento del límite máximo de los préstamos en caso de que un Estado miembro no reembolsara su deuda;

9.

Acoge con satisfacción el cometido que atribuye al Tribunal de Cuentas, en caso necesario, la citada propuesta de la Comisión;

10.

Considera que las condiciones vinculadas a la concesión de ayuda financiera deberían estar en línea con los objetivos comunitarios en materia de calidad del gasto público, sistemas de seguridad social y crecimiento sostenibles, pleno empleo, lucha contra el cambio climático y eficiencia energética, e impulsar su promoción;

11.

Recuerda que el artículo 100 del Tratado se aplica a todos los Estados miembros y pide a la Comisión que presente una propuesta de reglamento para definir las condiciones de aplicación de dicho artículo; recuerda que el artículo 103 del Tratado dispone que «los Estados miembros no asumirán ni responderán de los compromisos de los Gobiernos centrales, autoridades regionales o locales u otras autoridades públicas, organismos de Derecho público o empresas públicas de otro Estado miembro, sin perjuicio de las garantías financieras mutuas para la realización conjunta de proyectos específicos», y que, «si fuere necesario, el Consejo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 252, podrá especificar definiciones para la aplicación de las prohibiciones mencionadas en el artículo 101 y en el presente artículo»;

12.

Pide que se le informe acerca de los memorandos de acuerdo alcanzados entre la Comisión y los Estados miembros de que se trate, en los que se determinan las condiciones de los préstamos;

13.

Pide a la Comisión que vele por la coordinación de la política económica a escala comunitaria en fases de ralentización y que constituya un grupo de expertos conjuntamente con el Parlamento para preparar un marco y unas directrices para los memorandos de acuerdo alcanzados entre la Comisión y los Estados miembros en cuestión, detallando las condiciones de los préstamos;

14.

Recuerda que el Parlamento solicitó, en sus mencionadas Posiciones de 6 de septiembre de 2001 y 20 de noviembre de 2008, que el Consejo examinara, cada dos años y sobre la base de un informe de la Comisión, previa consulta al Parlamento y previo dictamen del Comité Económico y Financiero, si el mecanismo seguía satisfaciendo las necesidades que llevaron a su creación; pregunta al Consejo y a la Comisión si se han elaborado dichos informes desde que se adoptó el Reglamento (CE) no 332/2002;

15.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Banco Central Europeo, al Eurogrupo y a los Gobiernos de los Estados miembros.


(1)  DO L 53 de 23.2.2002, p. 1.

(2)  DO C 72 E de 21.3.2002, p. 312.

(3)  Textos Aprobados, P6_TA(2008)0560.

(4)  Textos Aprobados, P6_TA(2008)0562.

(5)  DO L 352 de 31.12.2008, p. 11.


8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/82


Viernes, 24 de abril de 2009
Aspectos reglamentarios de los nanomateriales

P6_TA(2009)0328

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre los aspectos reglamentarios de los nanomateriales (2008/2208(INI))

2010/C 184 E/18

El Parlamento Europeo,

Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de junio de 2008, titulada «Aspectos reglamentarios de los nanomateriales» (COM(2008)0366) y el correspondiente documento de trabajo de la Comisión (SEC(2008)2036),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 12 de mayo de 2004, titulada «Hacia una estrategia europea para las nanotecnologías» (COM(2004)0338),

Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de junio de 2005, titulada «Nanociencias y nanotecnologías: Un plan de acción para Europa 2005-2009» («el plan de acción» (COM(2005)0243) y su Resolución, de 28 de septiembre de 2006 (1) sobre el plan de acción,

Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de septiembre de 2007, titulada «Nanociencias y nanotecnologías: Un plan de acción para Europa 2005-2009. Primer informe de aplicación 2005 -2007» (COM(2007)0505),

Vistos los dictámenes del Comité Científico de los Riesgos Sanitarios Emergentes y Recientemente Identificados (CCRSERI) sobre definiciones y evaluación del riesgo de los nanomateriales (2),

Visto el dictamen del Comité Científico de los Productos de Consumo (CCPC) sobre la seguridad de los nanomateriales en la cosmética (3),

Vista la Recomendación a la Comisión sobre un código de conducta para una investigación responsable en el campo de las nanociencias y las nanotecnologías (COM(2008)0424) («código de conducta»),

Visto el dictamen del Grupo Europeo de Ética en Ciencia y Nuevas Tecnologías para la Comisión Europea sobre los aspectos éticos de la nanomedicina (4),

Visto el Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) (5),

Vista la Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 1998, relativa a la comercialización de biocidas (6),

Vista la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo (7), así como las directivas derivadas,

Vistas la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos (8), así como la legislación de productos específicos, en particular, la Directiva 76/768/CEE del Consejo, de 27 de julio de 1976, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de productos cosméticos (9),

Vistos el Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (10), el Reglamento (CE) no 1333/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre aditivos alimentarios (11), la Directiva 2000/13/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de marzo de 2000, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de etiquetado, presentación y publicidad de los productos alimenticios (12), el Reglamento (CE) no 1830/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, relativo a la trazabilidad y al etiquetado de organismos modificados genéticamente y a la trazabilidad de los alimentos y piensos producidos a partir de éstos (13), así como el Reglamento (CE) no 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 1997 sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios (14),

Visto el Reglamento (CE) no 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006 (15),

Vista la legislación comunitaria en materia medioambiental, en particular, la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (16), la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (17) y la Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, relativa a los residuos (18),

Vista la Directiva 2006/114/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, sobre publicidad engañosa y publicidad comparativa (19),

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria y la opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales (A6-0255/2009),

A.

Considerando que el uso de nanomateriales y nanotecnologías (en lo sucesivo denominados «nanomateriales») promete avances importantes con beneficios múltiples en innumerables aplicaciones para consumidores, pacientes y el medio ambiente, puesto que los nanomateriales pueden ofrecer propiedades diferentes o nuevas en comparación con las mismas sustancias o materiales en su forma habitual,

B.

Considerando que se espera que los avances en nanomateriales tengan una influencia considerable a la hora de adoptar decisiones políticas en los ámbitos de la salud pública, el empleo, la seguridad y salud laborales, la sociedad de la información, la energía, el transporte, la seguridad y el espacio,

C.

Considerando que, a pesar del establecimiento de una estrategia europea específica en materia de nanotecnologías y la asignación consiguiente de unos 3 500 millones de euros a la investigación en nanociencia en el Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007 a 2013), la Unión Europea continúa registrando un retraso en relación con sus principales competidores actuales, a saber, los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, que representan más de la mitad de las inversiones y totalizan las dos terceras partes de las patentes registradas a nivel mundial,

D.

Considerando que, por otra parte, los nanomateriales pueden presentar nuevos riesgos considerables debido a su diminuto tamaño, como una reactividad y una movilidad mayores, que pudieran suponer una mayor toxicidad en combinación con un acceso ilimitado al cuerpo humano, en el que posiblemente participen diferentes mecanismos de interferencia con la fisiología de las especies humana y medioambientales,

E.

Considerando que el desarrollo seguro de los nanomateriales puede suponer una contribución importante a la competitividad de la economía de la Unión Europea y al logro de los objetivos de la Estrategia de Lisboa,

F.

Considerando que el actual debate sobre los nanomateriales se caracteriza por una carencia importante de conocimientos e información, lo que entraña desacuerdos que empiezan ya con las definiciones, por ejemplo:

a)

respecto del tamaño: indicación aproximada del tamaño («del orden de 100 nm o menos») frente a un intervalo específico de tamaños («entre 1 y 100 nm»),

b)

respecto de sus propiedades diferentes o nuevas: propiedades diferentes o nuevas debidas a los efectos del tamaño, incluidos el número de partículas, la estructura de la superficie y la actividad de la superficie, como criterio independiente frente a la utilización de tales propiedades como un criterio adicional para definir los nanomateriales,

c)

respecto de propiedades problemáticas: limitación de la definición de nanomateriales a determinadas propiedades (por ejemplo, insolubilidad o persistencia) o no hacer uso de tales limitaciones,

G.

Considerando que en la actualidad no se dispone de un conjunto plenamente desarrollado de definiciones armonizadas, si bien están disponibles o en fase de elaboración toda una serie de normas internacionales que definen «nanoescala» como «con una o más dimensiones del orden de 100 nm o menos» y que generalmente distinguen entre:

«nanoobjetos», definidos como «partes discretas de materiales que tengan una, dos o tres dimensiones externas en la nanoescala», es decir, los materiales constituidos por objetos aislados de muy pequeñas dimensiones,

«materiales nanoestructurados», definidos como materiales «con una estructura interna o superficial en la nanoescala» como, por ejemplo, con cavidades de dimensiones reducidas,

H.

Considerando que no existe información clara sobre el actual uso de nanomateriales en productos de consumo, por ejemplo:

los inventarios de renombradas instituciones enumeran más de 800 productos de consumo actualmente en el mercado, identificados por los fabricantes como desarrollados mediante nanotecnologías, pero las asociaciones comerciales de los mismos fabricantes ponen en duda esa cifra alegando que se trata de sobreestimaciones, aunque tampoco facilitan cifras concretas,

algunas empresas utilizan alegremente la expresión «nano», ya que al parecer tiene un efecto comercial positivo, pero este uso es totalmente contrario a los requisitos objetivos de etiquetado,

I.

Considerando que la imposición de obligaciones claras en materia de información sobre el uso de nanomateriales, la información a los consumidores y la plena aplicación de la Directiva 2006/114/CE son necesarias para facilitar información fiable sobre la utilización de nanomateriales,

J.

Considerando que las presentaciones sobre los beneficios potenciales de las nanotecnologías predicen una diversidad casi infinita de futuras aplicaciones de nanomateriales, pero no proporcionan información fiable acerca los usos actuales,

K.

Considerando que la posibilidad de evaluar la seguridad de los nanomateriales es objeto de una importante polémica; que los comités científicos y las agencias de la Unión Europea señalan importantes deficiencias no sólo en los datos clave, sino también en los métodos de obtención de dichos datos; que, por consiguiente, la Unión Europea necesita invertir más en la evaluación adecuada de los nanomateriales para colmar las lagunas en los conocimientos y desarrollar y aplicar lo antes posible, en colaboración con sus agencias y socios internacionales, métodos de evaluación y una metodología y nomenclatura apropiados y armonizadas,

L.

Considerando que el CCRSERI identificó una serie de riesgos específicos para la salud y efectos tóxicos sobre organismos medioambientales causados por algunos nanomateriales; que el CCRSERI detectó además una ausencia generalizada de datos de alta calidad sobre los niveles de exposición tanto en lo que respecta a los seres humanos como al medio ambiente, y que llegó a la conclusión de que se han de seguir desarrollando, validando y normalizando los conocimientos sobre los métodos para calcular los niveles de exposición e identificar los riesgos,

M.

Considerando claramente insuficiente la financiación actual para la investigación de los aspectos relacionados con el medioambiente, la salud y la seguridad en el Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo; considerando, asimismo, que los criterios de evaluación para aprobar los proyectos de investigación sobre la evaluación de la seguridad de los nanomateriales en el contexto del Séptimo Programa Marco de Investigación y Desarrollo son demasiado restrictivos (es decir, no están suficientemente orientados hacia la innovación) y que, por consiguiente, no fomentan convenientemente el desarrollo urgente de métodos científicos de evaluación de los nanomateriales; que es esencial destinar recursos suficientes para investigar el desarrollo y el uso seguros de los nanomateriales,

N.

Considerando que existe un desfase considerable entre los conocimientos sobre las posibles repercusiones de los nanomateriales en la salud y el medio ambiente y el ritmo de la evolución del mercado, dado que el sector de los nanomateriales evoluciona muy deprisa, lo que plantea dudas fundamentales sobre la capacidad de la reglamentación vigente para abordar las nuevas tecnologías como los nanomateriales «en tiempo real»,

O.

Considerando que, en su Resolución de 28 de septiembre de 2006 sobre nanociencias y nanotecnologías, el Parlamento había solicitado que se examinaran los efectos de las nanopartículas poco solubles y difícilmente degradables, de conformidad con el principio de cautela, previamente a su producción y comercialización,

P.

Considerando que el valor de la mencionada Comunicación de la Comisión titulada «Aspectos reglamentarios de los nanomateriales» se ve seriamente limitado por la completa ausencia de información sobre las propiedades específicas de los nanomateriales, sus usos reales y sus riesgos y beneficios potenciales, por lo que no se han tenido en cuenta los retos legislativos y políticos que se derivan de la naturaleza específica de los nanomateriales, y que el resultado es un simple estudio legal general que muestra que, por el momento, la legislación comunitaria no prevé disposiciones específicas para los nanomateriales,

Q.

Considerando que los nanomateriales deben quedar incluidos en un marco legislativo plural, diferenciado y adaptativo basado en el principio de cautela (20), en el principio de responsabilidad del productor y en el principio de «quien contamina, paga», con el fin de garantizar la producción, el uso y la eliminación seguros de los nanomateriales antes de comercializar la tecnología, al mismo tiempo que se evita el recurso sistemático a moratorias generales o tratos sin diferenciación de las diversas aplicaciones de los nanomateriales,

R.

Considerando que la aplicación casi ilimitada de las nanotecnologías en sectores tan variados como la electrónica, el textil, el biomédico, los productos de higiene personal, los productos de limpieza, la alimentación o la energía hacen imposible el establecimiento de un marco regulador único a escala comunitaria,

S.

Considerando que, en el contexto de REACH, es necesario asegurar una orientación y un asesoramiento adicionales sobre los nanomateriales, en particular en lo que se refiere a la identificación de las sustancias, así como una adaptación de los métodos de evaluación de riesgos; considerando que un análisis más detallado de REACH revela varias deficiencias en relación con los nanomateriales,

T.

Considerando que la legislación en materia de residuos, en ausencia de disposiciones específicas relativas a los nanomateriales, no puede aplicarse correctamente,

U.

Considerando que los nanomateriales plantean, a lo largo de todo su ciclo de vida, importantes desafíos para la salud y la seguridad en el trabajo, ya que numerosos trabajadores en la cadena de producción están expuestos a estos materiales sin saber si los procedimientos de seguridad aplicados y las medidas de protección adoptadas son adecuados y eficaces; considerando que se espera que el número y la diversidad de los trabajadores expuestos a los efectos de los nanomateriales aumenten en el futuro,

V.

Considerando las importantes enmiendas sobre los nanomateriales adoptadas en un acuerdo en primera lectura entre el Consejo y el Parlamento Europeo en el contexto de la refundición de la Directiva relativa a los productos cosméticos (21) y la revisión del Reglamento sobre los nuevos alimentos (22), respectivamente, han puesto de relieve la necesidad de modificar la legislación comunitaria pertinente para abordar adecuadamente la cuestión relativa a los nanomateriales,

W.

Considerando que el debate que se está desarrollando en la actualidad sobre los aspectos reguladores de los nanomateriales se limita en gran medida a los círculos de expertos, si bien los nanomateriales presentan un potencial para generar cambios importantes en la sociedad, lo que requiere una consulta amplia a la opinión pública,

X.

Considerando que una aplicación demasiado amplia de patentes a los nanomateriales, así como el coste excesivo de las patentes y la ausencia de facilidades de acceso a las patentes para las microempresas y las PYME, podría frenar innovaciones futuras,

Y.

Considerando que la convergencia probable de la nanotecnología con la biotecnología, la biología y las ciencias cognitivas y la tecnología de la información plantea serias cuestiones éticas, así como en materia de seguridad y de respeto de los derechos fundamentales, que deben analizarse en un nuevo dictamen del Grupo Europeo de Ética en Ciencia y Nuevas Tecnologías,

Z.

Considerando que el Código de Conducta es un instrumento fundamental para una investigación segura, integrada y responsable sobre los nanomateriales; que este Código debe ser adoptado y respetado por todos los productores que tengan intención de fabricar o comercializar productos,

AA.

Considerando que la revisión de toda la legislación comunitaria pertinente debería aplicar el principio «sin datos, no hay mercado» a los nanomateriales,

1.

Manifiesta su convencimiento de que el uso de los nanomateriales debe responder a las necesidades reales de los ciudadanos y que sus beneficios deben garantizarse de forma segura y responsable dentro de un marco normativo y político claro (disposiciones legislativas y de otro tipo) que aborde explícitamente las aplicaciones presentes y futuras de los nanomateriales, así como la naturaleza misma de los posibles problemas de salud, medio ambiente y seguridad;

2.

Lamenta, teniendo en cuenta la propia naturaleza de los nanomateriales, la ausencia de una evaluación oportuna de la aplicación de facto de las disposiciones generales de la legislación comunitaria;

3.

Manifiesta su desacuerdo, antes de que se evalúe adecuadamente la legislación comunitaria vigente, y en ausencia de disposiciones específicas relativas a los nanomateriales en dicha legislación, con que la Comisión concluya que a) la legislación vigente cubre en principio los riesgos pertinentes asociados a los nanomateriales, y b) la protección de la salud, la seguridad y el medio ambiente debe reforzarse principalmente mejorando la aplicación de la legislación vigente, cuando debido a la falta de datos y de métodos apropiados para la evaluación de los riesgos de los nanomateriales no está en realidad en situación de tratar estos riesgos;

4.

Considera que el concepto del «enfoque seguro, responsable e integrado» sobre nanotecnologías que preconiza la Unión Europea corre peligro por la falta de información sobre el uso y la seguridad de los nanomateriales que ya se encuentran en el mercado, en particular, en aplicaciones sensibles que entrañan la exposición directa de los consumidores;

5.

Pide a la Comisión que revise toda la legislación pertinente en el plazo de dos años con el fin de garantizar la seguridad para todas las aplicaciones de nanomateriales en productos con repercusiones potenciales en la salud y el medio ambiente durante su ciclo de vida, y que garantice que las disposiciones legislativas y los instrumentos de ejecución reflejen las características específicas de los nanomateriales a los que pudieran exponerse los trabajadores, los consumidores o el medio ambiente;

6.

Subraya que esta revisión no sólo es necesaria para proteger adecuadamente la salud humana y el medio ambiente, sino también para dar seguridad y previsibilidad a los agentes económicos y ofrecer confianza al público;

7.

Pide la elaboración de una definición científica y exhaustiva de los nanomateriales en la legislación comunitaria como parte de las enmiendas a la legislación horizontal y sectorial pertinente;

8.

Pide a la Comisión que promueva la adopción de una definición armonizada de nanomateriales a escala internacional y que adapte el marco legislativo europeo en consecuencia;

9.

Considera particularmente importante que los nanomateriales se traten explícitamente al menos en la legislación sobre productos químicos (REACH, biocidas), alimentos (productos alimenticios, aditivos, alimentos y piensos producidos con organismos modificados genéticamente), en la legislación pertinente sobre protección de los trabajadores y en la legislación sobre calidad del aire, del agua y sobre los residuos;

10.

Pide que se aplique un «deber de diligencia» a los fabricantes que deseen comercializar nanomateriales y pide a éstos que respeten el Código de Conducta europeo sobre investigación responsable en el campo de las nanociencias y las nanotecnologías;

11.

Pide concretamente a la Comisión que evalúe la necesidad de revisar el Reglamento REACH por lo que se refiere, en particular, a:

un registro simplificado de los nanomateriales fabricados o importados por debajo de una tonelada,

la consideración de todos los nanomateriales como sustancias nuevas,

la elaboración de un informe sobre seguridad química para todos los nanomateriales registrados,

requisitos de notificación con respecto a todos los nanomateriales comercializados aisladamente, en preparados o en artículos;

12.

Pide concretamente a la Comisión que evalúe la necesidad de revisar la legislación en materia de residuos, en particular por lo que se refiere a:

una entrada separada para los nanomateriales en la lista de residuos que establece la Decisión 2000/532/CE (23),

una revisión de los criterios de admisión de residuos en los vertederos recogidos en la Decisión 2003/33/CE (24),

una revisión de los valores límites de emisión pertinentes para la incineración de residuos como complemento de las medidas basadas en la masa con un método de medición basado en el número de partículas y/o la superficie;

13.

Pide concretamente a la Comisión que evalúe la necesidad de revisar los valores límite de emisión y las normas de calidad medioambiental en la legislación relativa al aire y el agua para complementar las medidas basadas en la masa con un método de medición basado en el número de partículas y/o la superficie;

14.

Subraya la importancia de que la Comisión o los Estados miembros, o ambos, aseguren el cumplimiento y la aplicación plenos de los principios incluidos en la legislación comunitaria sobre la salud y la seguridad de los trabajadores que traten nanomateriales, incluida la formación adecuada para los especialistas en salud y seguridad, con el fin de evitar la exposición nociva a los nanomateriales;

15.

Pide concretamente a la Comisión que evalúe la necesidad de revisar la legislación en materia de protección de los trabajadores, en particular por lo que se refiere a:

la utilización de nanomateriales únicamente en sistemas cerrados o de otras maneras que excluyan la exposición de los trabajadores, siempre que no sea posible detectarlos o controlar la exposición de manera fiable,

un reparto claro, entre productores y empleadores, de la responsabilidad resultante del uso de nanomateriales,

la cuestión de si se han examinado todas las vías de exposición (por inhalación cutánea y de otro tipo);

16.

Pide a la Comisión que, antes de junio de 2011, reúna un inventario de los diversos tipos y usos de los nanomateriales en el mercado europeo, y que respete al mismo tiempo el secreto comercial justificado, por ejemplo en materia de fórmulas, y que ponga dicho inventario a disposición del público; pide a la Comisión, además, que informe al mismo tiempo sobre la seguridad de esos nanomateriales;

17.

Reitera su petición de que se transmitan informaciones a los consumidores sobre el uso de nanomateriales en los productos al consumo; considera que todos los ingredientes presentes en forma de nanomateriales en sustancias, mezclas o artículos deben indicarse claramente en el etiquetado del producto (por ejemplo, en la lista de ingredientes, debe incluir el término «nano» entre paréntesis junto al nombre del ingrediente);

18.

Pide que se aplique plenamente la Directiva 2006/114/CE para garantizar que no se haga publicidad engañosa con los nanomateriales;

19.

Pide un desarrollo urgente de protocolos de ensayo y de normas de metrología para evaluar el riesgo de los nanomateriales y de la exposición de los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente a los mismos durante todo su ciclo vital, también en caso de accidente, utilizando un enfoque multidisciplinario;

20.

Solicita que se refuerce significativamente la financiación de la investigación sobre los aspectos de los nanomateriales relacionados con el medio ambiente, la salud y la seguridad durante su ciclo de vida, por ejemplo estableciendo un fondo europeo especial dentro del Séptimo Programa Marco; pide además a la Comisión, en particular, que revise los criterios de evaluación en el Séptimo Programa Marco de modo que atraiga y financie más investigaciones para mejorar la metodología científica de evaluación de los nanomateriales;

21.

Pide a la Comisión que fomente la coordinación y el intercambio entre los Estados miembros en materia de investigación y desarrollo, evaluación de riesgos, elaboración de directrices y normativa de los nanomateriales utilizando los mecanismos existentes (por ejemplo, el subgrupo sobre los nanomateriales creado por las autoridades competentes en el marco de REACH) o mediante la creación de nuevos mecanismos, si procede;

22.

Solicita a la Comisión y a los Estados miembros que propongan lo antes posible el establecimiento de una red europea permanente e independiente, encargada de supervisar las nanotecnologías y los nanomateriales, así como un programa de investigación fundamental y aplicada que se centre en los métodos utilizados en esta supervisión (en particular, la metrología, la detección, la toxicidad y la epidemiología);

23.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que lancen un debate público a escala de la UE sobre las nanotecnologías y los nanomateriales y sobre los aspectos reglamentarios de los nanomateriales;

24.

Reconoce que la supresión de los obstáculos al acceso a las patentes reviste una importancia esencial, en particular en el caso de las microempresas y de las PYME, y pide asimismo que los derechos de patente potenciales se limiten a aplicaciones específicas o métodos de producción de nanomateriales, y que se hagan extensivos a los propios nanomateriales sólo en circunstancias excepcionales, a fin de evitar que se frenen las futuras innovaciones;

25.

Considera que deben desarrollarse con tiempo suficiente y, en particular, en relación con la nanomedicina, directrices éticas rigurosas, como el respeto de la vida privada, el consentimiento libre e informado, los limites fijados a las intervenciones no terapéuticas en el cuerpo humano, al mismo tiempo que se promueve este ámbito interdisciplinario con futuro desarrollando tecnologías de vanguardia como la imaginería y el diagnóstico molecular, que pueden ofrecer beneficios considerables en relación con el diagnóstico precoz y el tratamiento inteligente y rentable de numerosas patologías; solicita al Grupo Europeo de Ética en Ciencia y Nuevas Tecnologías que elabore un dictamen al respecto basado en su dictamen no 21, de 17 de enero de 2007, sobre los aspectos éticos de la nanomedicina, y que se inspire en el dictamen ético elaborado por los órganos nacionales de la UE competentes en materia de ética y en las labores realizadas por organizaciones internacionales como la UNESCO;

26.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten una atención especial a la dimensión social del desarrollo de la nanotecnología; considera además que hay que garantizar la participación activa de los interlocutores sociales afectados en la fase más temprana posible;

27.

Pide a la Comisión que evalúe la necesidad de revisar la legislación para abordar los nanomateriales que se crean involuntariamente como productos secundarios de los procesos de combustión en una forma rentable;

28.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y los Parlamentos de los Estados miembros.


(1)  DO C 306 E de 15.12.2006, p. 426.

(2)  Dictamen sobre los aspectos científicos de las definiciones existentes y propuestas relativas a los productos de nanociencias y nanotecnologías; 29 de noviembre de 2007; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf e información adjunta de los servicios de la Comisión relativa al dictamen del Comité científico de los riesgos sanitarios emergentes y recientemente identificados sobre los aspectos científicos de las definiciones existentes y propuestas relativas a los productos de nanociencias y nanotecnologías; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_012.pdf Dictamen sobre la conveniencia de los métodos existentes de evaluación de riesgos de conformidad con los documentos de orientación técnica para las sustancias nuevas y existentes para evaluar los riesgos de los nanomateriales; 21-22 de junio de 2007; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_010.pdf Dictamen modificado (tras la consulta pública) sobre la conveniencia de los métodos existentes de evaluación de riesgos potenciales relacionados con productos artificiales y accidentales de las nanotecnologías; 10 de marzo de 2006; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_003b.pdf Dictamen sobre la evaluación del riesgo de los productos de las nanotecnologías 19 de enero de 2009; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_023.pdf

(3)  Dictamen sobre la seguridad de los nanomateriales en productos cosméticos; 18 de diciembre de 2007; http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_123.pdf

(4)  Dictamen no 21, de 17 de enero de 2007.

(5)  DO L 396 de 30.12.2006, p. 1

(6)  DO L 123 de 24.4.1998, p. 1.

(7)  DO L 183 de 29.6.1989, p. 1

(8)  DO L 11 de 15.1.2002, p. 4

(9)  DO L 262 de 27.9.1976, p. 169.

(10)  DO L 31 de 1.2.2002, p. 1.

(11)  DO L 354 de 31.12.2008, p. 16.

(12)  DO L 109 de 6.5.2000, p. 29.

(13)  DO L 268 de 18.10.2003, p. 24.

(14)  DO L 43 de 14.2.1997, p. 1.

(15)  DO L 353 de 31.12.2008, p. 1.

(16)  DO L 24 de 29.01.2008, p. 8.

(17)  DO L 327 de 22.12.2000, p. 1.

(18)  DO L 114 de 27.4.2006, p. 9.

(19)  DO L 376 de 27.12.2006, p. 21.

(20)  Comunicación de la Comisión, de 2 de febrero de 2000, sobre el recurso al principio de precaución (COM(2000)0001).

(21)  Posición del Parlamento Europeo de 24 de marzo de 2009, Textos Aprobados, P6_TA(2009)0158.

(22)  Posición del Parlamento Europeo de 25 de marzo de 2009, Textos Aprobados, P6_TA(2009)0171.

(23)  Decisión 2000/532/CE de la Comisión, de 3 de mayo de 2000, que sustituye a la Decisión 94/3/CE por la que se establece una lista de residuos de conformidad con el artículo 1, letra a), de la Directiva 75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos, y a la Decisión 94/904/CE del Consejo por la que se establece una lista de residuos peligrosos en virtud del artículo 1, apartado 4, de la Directiva 91/689/CEE del Consejo relativa a los residuos peligrosos (DO L 226 de 6.9.2000, p. 3).

(24)  Decisión 2003/33/CE del Consejo, de 19 de diciembre de 2002, por la que se establecen los criterios y procedimientos de admisión de residuos en los vertederos con arreglo al artículo 16 y al anexo II de la Directiva 1999/31/CE (DO L 11 de 16.1.2003, p. 27).


8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/90


Viernes, 24 de abril de 2009
Debate anual sobre los progresos realizados en el Espacio europeo de libertad, seguridad y justicia

P6_TA(2009)0329

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, referente al debate anual sobre los progresos realizados en 2008 en el espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ) (artículos 2 y 39 del TUE)

2010/C 184 E/19

El Parlamento Europeo,

Vistos los artículos 2, 6 y 39 del Tratado de la Unión Europea, así como los artículos 13, 17 a 22, 61 a 69, 255 y 286 del Tratado CE, que constituyen los fundamentos jurídicos principales para el desarrollo de la Unión Europea y de la Comunidad como un espacio de libertad, seguridad y justicia,

Vistas las preguntas orales al Consejo (B6-0489/2008) y a la Comisión (B6-0494/2008), debatidas en el Pleno el 17 de diciembre de 2008,

Visto el artículo 108, apartado 5, de su Reglamento,

A.

Considerando que, diez años después de la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam:

el acervo de la Unión Europea en materia de justicia, libertad y seguridad ha aumentado considerablemente, confirmando así el acierto de los Estados miembros cuando decidieron implicar considerablemente a las instituciones de la Unión Europea en la toma de decisiones en este ámbito a fin de garantizar la libertad, la seguridad y la justicia a los ciudadanos de la Unión,

una mayoría creciente de ciudadanos de la Unión, según las encuestas periódicas del Eurobarómetro, piensan que las acciones a nivel de la Unión Europea tienen un valor añadido en comparación con las que se toman a nivel nacional exclusivamente, y dos terceras partes de los ciudadanos apoyan las acciones tomadas a nivel de la Unión Europea que fomentan y protegen los derechos fundamentales (incluidos los derechos de los niños), así como la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo, mientras que sólo el 18 % de los mismos consideran que las acciones de la Unión Europea no han aportado ventajas adicionales,

B.

Considerando que los factores positivos mencionados no pueden compensar:

la persistente debilidad jurídica y la complejidad del proceso de toma de decisiones de la Unión Europea, en particular en ámbitos como el de la cooperación policial y judicial en materia penal, que carecen de un control democrático y judicial adecuado a nivel de la Unión Europea,

la reticencia de la mayoría de los Estados miembros a reforzar las políticas relacionadas con los derechos fundamentales y los derechos de los ciudadanos; al mismo tiempo, parece cada vez más esencial no centrarse sólo en los casos transfronterizos, con el fin de evitar la dualidad de criterios en el seno del mismo Estado miembro,

la necesidad continua de desarrollar más y de aplicar correctamente la política común de la Unión Europea en materia de inmigración y asilo, que se está enfrentando a retrasos en relación con el calendario acordado en el Programa de La Haya y el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo,

las dificultades a las que se enfrenta la Comisión para garantizar la oportuna y correcta aplicación de gran parte de la legislación comunitaria recientemente aprobada, junto con la gestión de un gran volumen de correspondencia y de quejas y de un número cada vez mayor de casos de infracción,

la necesidad de una mayor participación del Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales en la evaluación del impacto real de la legislación de la Unión Europea sobre el terreno,

la aún poco desarrollada red de representantes de la sociedad civil y de partes interesadas en cada una de las políticas del ELSJ; cabe señalar que sólo recientemente los Ministros de Justicia de los Estados miembros decidieron crear una red destinada a fortalecer mutuamente su legislación nacional y que esto también debe hacerse para los demás sectores del ELSJ,

el hecho de que, incluso entre las agencias de la Unión Europea, la cooperación se está desarrollando lentamente y de que la situación corre el riesgo de volverse aún más compleja con la multiplicación de otros órganos con funciones operativas a nivel de la Unión Europea,

C.

Considerando que es necesario recordar:

la posición tradicionalmente prudente adoptada por el Consejo y por la Comisión tras la aprobación por el Parlamento de su Resolución, de 25 de septiembre de 2008, sobre el debate anual sobre los progresos realizados en 2007 en el espacio de libertad, seguridad y justicia (ELSJ) (Artículos 2 y 39 del Tratado UE) (1), y durante los debates celebrados en el Pleno en diciembre de 2008 sobre la protección de los derechos fundamentales en la Unión Europea y sobre los progresos en el ELSJ,

el apoyo de los Parlamentos nacionales a una mayor cooperación interparlamentaria, en particular en el marco del ELSJ, como han demostrado con sus contribuciones a los debates generales y en ocasiones específicas como la revisión de las normas de la Unión Europea sobre transparencia, la Decisión marco 2002/475/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, sobre la lucha contra el terrorismo (2), la nueva legislación de la UE sobre el PNR (3), la aplicación de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros (4), la evaluación de la Directiva 2003/9/CE del Consejo, de 27 de enero de 2003, por la que se aprueban normas mínimas para la acogida de los solicitantes de asilo en los Estados miembros (5), y la aplicación de la cooperación judicial en el ámbito penal y civil,

1.

Pide a los Estados miembros que no han ratificado el Tratado de Lisboa que lo hagan lo antes posible, ya que este Tratado permitirá superar las deficiencias más importantes del ELSJ mediante:

la creación de un marco más coherente, transparente y jurídicamente pertinente,

el refuerzo de la protección de los derechos fundamentales, dando carácter vinculante a la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea («la Carta») y permitiendo que la Unión Europea se adhiera al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales,

la capacitación de los ciudadanos de la Unión y de la sociedad civil mediante su participación en el proceso legislativo y la concesión de un mayor acceso de los mismos al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE),

la participación del Parlamento Europeo y de los Parlamentos nacionales en la evaluación de las políticas de la Unión Europea, haciendo así que las administraciones europeas y nacionales sean más responsables;

2.

Pide al Consejo Europeo, al Consejo y a la Comisión que:

a)

hagan participar formalmente al nuevo Parlamento Europeo en la aprobación del próximo programa plurianual del ELSJ para el periodo 2010-2014, ya que, una vez que entre en vigor el Tratado de Lisboa, este programa deberán ejecutarlo fundamentalmente el Consejo y el Parlamento por medio del procedimiento de codecisión; dado que dicho programa plurianual también debe llegar más lejos que las sugerencias incluidas en los informes de los grupos «Futuro» del Consejo, los Parlamentos nacionales deberían participar también, ya que desempeñarían un papel esencial en el diseño de las prioridades y en su aplicación a nivel nacional;

b)

se concentren en el futuro programa plurianual y, en primer lugar, en la mejora de los derechos fundamentales y de los ciudadanos, tal como recomendó recientemente el Parlamento en su Resolución, de 14 de enero de 2009, sobre la situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea 2004-2008 (6), desarrollando los objetivos y principios establecidos por la Carta, que las instituciones proclamaron en Niza en 2000 y de nuevo en Estrasburgo el 12 de diciembre de 2007;

3.

Considera urgente y apropiado que la Comisión:

a)

adopte iniciativas urgentes para mejorar la protección de los derechos de los ciudadanos, como los derechos de protección diplomática y consular y de libertad de movimientos y de residencia;

b)

desarrolle un mecanismo que garantice una participación más amplia de los ciudadanos en la definición del contenido de la ciudadanía de la Unión elaborando mecanismos de consulta y redes de apoyo de terceros interesados;

c)

presente un genuino programa de medidas comunitarias de fortalecimiento de los derechos procesales del acusado y de garantías necesarias en las fases previa y posterior al juicio, en particular cuando se trate de alguien que no sea ciudadano del país en cuestión, y, más generalmente, que desarrolle el control de la justicia penal de la Unión Europea y de medidas de seguridad en lo que respecta a la protección de los derechos de los ciudadanos;

d)

recoja y divulgue con regularidad todos los datos neutrales relevantes sobre la evolución de las principales políticas del ELSJ, como los flujos migratorios, la evolución de la delincuencia organizada y, en particular, del terrorismo (véase la Evaluación por la UE de la amenaza que representa la delincuencia organizada (EU Organised Crime Threat Assessment 2008 (EADO) y el Informe sobre la situación y las tendencias del terrorismo en la UE (EU Terrorism Situation and Trend Report 2008 (TE-SAT) de Europol);

e)

presente cuanto antes los instrumentos legales pendientes sobre otras categorías de «tarjeta azul de la UE» de trabajadores de terceros países, como los temporeros, los transferidos dentro de las mismas empresas y los becarios remunerados, así como sobre el mandato de Frontex; en particular, que garantice que Frontex disponga de los recursos adecuados para cumplir sus objetivos, y que mantenga plenamente informado al Parlamento sobre las negociaciones en materia de acuerdos en el ámbito de la inmigración con terceros países;

f)

elabore una política de seguridad interior europea, que debería complementar los planes nacionales de seguridad para que los ciudadanos de la Unión y los Parlamentos nacionales tengan una idea clara del valor añadido de la acción de la Unión Europea; en particular, que refuerce la política de la Unión Europea sobre la lucha contra ciertos tipos de delincuencia organizada, como la ciberdelincuencia, el tráfico de seres humanos, la explotación sexual de menores y la corrupción, tomando medidas eficaces y usando todos los instrumentos de cooperación disponibles para lograr resultados medibles, incluidas las medidas destinadas a adoptar un instrumento legislativo sobre el embargo de activos financieros y bienes de las organizaciones criminales internacionales y sobre su nuevo uso con fines sociales;

g)

siga aplicando el principio de reconocimiento mutuo de decisiones judiciales tanto en el ámbito de la justicia civil como en el de la justicia penal, en todas las etapas del procedimiento judicial, en particular en lo que respecta a la justicia penal, para garantizar a escala de la Unión Europea un sistema de reconocimiento y aceptación mutua de pruebas teniendo plenamente en cuenta el respeto de los derechos fundamentales;

h)

complete el desarrollo del reconocimiento mutuo mediante una serie de medidas de refuerzo de la confianza mutua, en particular mediante el desarrollo de una cierta armonización del Derecho penal material y procesal, los derechos procesales, la mejora de la evaluación mutua del funcionamiento de los sistemas judiciales y la mejora de los medios para desarrollar la confianza mutua dentro de la carrera judicial, como el fomento de la formación judicial y el apoyo a la creación de redes;

i)

elabore una estrategia exterior de la Unión Europea transparente y eficaz en el marco del ELSJ, sobre la base de una política creíble, en particular en los supuestos en que la Comunidad tiene competencia exclusiva, por ejemplo en materia de acuerdos de readmisión, protección de las fronteras exteriores y políticas de visado (como ocurre en el caso de la exención de visado para los EE.UU.);

j)

pida al Consejo que consulte al Parlamento con regularidad, incluso en el caso de los acuerdos internacionales relativos a la cooperación judicial y policial en materia penal, ya que la actual negativa del Consejo a hacerlo es contraria al principio de cooperación leal y de responsabilidad democrática de la Unión Europea; pide a la Comisión que presente, en particular, criterios sobre el desarrollo de una política europea apropiada sobre los acuerdos con terceros países en materia de cooperación judicial o de extradición en materia penal, teniendo en cuenta el principio de no discriminación entre los ciudadanos de la Unión Europea y los ciudadanos del país tercero en cuestión;

k)

introduzca una legislación específica que garantice la concesión de la protección diplomática y consular a todos los ciudadanos de la Unión Europea, independientemente de que el Estado miembro en cuestión esté representado o no en el territorio del tercer país;

l)

presente nuevas propuestas a fin de cumplir con las sentencias del TJCE sobre la protección de los derechos fundamentales en caso de congelación de activos de personas físicas y jurídicas, también con referencia a la jurisprudencia del TJCE referente a las personas incluidas en los anexos a la Decisiones del Consejo por las que se aplica el artículo 2, apartado 3, del Reglamento (CE) no 2580/2001 del Consejo, de 27 de diciembre de 2001, sobre medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo (7);

m)

fortalezca la confianza mutua y la solidaridad entre las administraciones de los Estados miembros:

fijando, en cooperación con el Consejo de Europa, unos mayores niveles de calidad de la justicia (8) y de cooperación policial;

fortaleciendo y democratizando los mecanismos de evaluación mutua ya previstos en el contexto de la cooperación Schengen y en la lucha contra el terrorismo;

ampliando el modelo de evaluación y asistencia mutua entre los Estados miembros establecido para Schengen a todas las políticas en el ámbito del ELSJ que afectan a ciudadanos de otros Estados miembros o de terceros países (por ejemplo, para las políticas de migración e integración, pero también para la aplicación de los programas de lucha contra el terrorismo y contra la radicalización);

n)

estableciendo una mayor coordinación y complementariedad entre las agencias actuales y futuras de la Unión Europea como Europol, Eurojust, FRONTEX y CEPOL, ya que estos organismos deben superar su cooperación todavía incipiente e incierta y establecer vínculos más estrechos con los correspondientes servicios nacionales, alcanzando mayores niveles de eficacia y seguridad y siendo más responsables y transparentes ante el Parlamento Europeo y los Parlamentos nacionales;

o)

continúe desarrollando y reforzando, de manera permanente, la política común de la Unión sobre gestión de fronteras, destacando al mismo tiempo la necesidad de definir, cuanto antes, una estructura global para la estrategia fronteriza de la Unión, así como la manera en que todos los programas y proyectos relacionados deberían actuar recíprocamente y funcionar en su conjunto, con vistas a optimizar las relaciones entre ellos, evitando todo solapamiento o inconsistencia;

4.

Insta a la Comisión a que realice todos los esfuerzos necesarios con vistas a completar los proyectos en cuestión y a asegurar que el Sistema de Información de Visados (SIV) y el Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) puedan entrar en vigor cuanto antes;

5.

Recomienda que la Comisión se abstenga de presentar prematuramente cualquier propuesta legislativa para introducir nuevos sistemas - en particular el Sistema Entrada/Salida - hasta que funcionen plenamente SIV y SIS II; es partidario de que se evalúe la necesidad real de tal sistema, dado su evidente solapamiento con el conjunto de los sistemas ya establecidos; considera esencial examinar todo cambio necesario de los sistemas existentes y facilitar un cálculo adecuado del coste real del conjunto del proceso;

6.

Pide a la Comisión que incluya en su propuesta de programa plurianual las recomendaciones antes señaladas y las presentadas por el Parlamento en sus citadas Resoluciones de 25 de septiembre de 2008 y de 14 de enero de 2009, así como en las siguientes resoluciones:

Resolución de 2 de abril de 2009 sobre problemas y perspectivas de la ciudadanía europea (9),

Resolución de 27 de septiembre de 2007 sobre la aplicación de la Directiva 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas, independientemente de su origen racial o étnico (10),

Resolución de 10 de marzo de 2009 sobre los próximos pasos en la gestión de las fronteras en la Unión Europea y las experiencias similares en terceros países (11), y

Resolución de 10 de marzo de 2009 sobre el futuro del sistema europeo común de asilo (12),

7.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.


(1)  Textos Aprobados, P6_TA(2008)0458.

(2)  DO L 164 de 22.6.2002, p. 3.

(3)  Propuesta de Decisión marco del Consejo sobre utilización de datos del registro de nombres de los pasajeros (Passenger Name Record – PNR) con fines represivos (COM(2007)0654).

(4)  DO L 158 de 30.4.2004, p. 77.

(5)  DO L 31 de 6.2.2003, p. 18.

(6)  Textos Aprobados, P6_TA(2009)0019.

(7)  DO L 344 de 28.12.2001, p. 70.

(8)  Recomendación del Parlamento Europeo al Consejo sobre la calidad de la justicia penal y la armonización de la legislación penal en los Estados miembros (DO C 304 E de 1.12.2005, p. 109).

(9)  Textos Aprobados, P6_TA(2009)0204.

(10)  DO C 219 E de 28.8.2008, p. 317.

(11)  Textos Aprobados, P6_TA(2009)0085.

(12)  Textos Aprobados, P6_TA(2009)0087.


8.7.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 184/94


Viernes, 24 de abril de 2009
Conclusiones de la Cumbre del G-20

P6_TA(2009)0330

Resolución del Parlamento Europeo, de 24 de abril de 2009, sobre la Cumbre del G-20 celebrada en Londres el 2 de abril de 2009

2010/C 184 E/20

El Parlamento Europeo,

Vistas la declaración de los líderes (plan global para la recuperación y la reforma) emitida tras la Cumbre del Grupo de los Veinte (G-20) celebrada en Londres, así como sus declaraciones sobre el refuerzo del sistema financiero y el suministro de recursos a través de las insti