6.5.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 117/1

A.

Considerando, cuatro años después, que convendría recordar a los Estados miembros de las Naciones Unidas su compromiso con la consecución de los ambiciosos objetivos cifrados en el Documento Final sobre los resultados de la Cumbre Mundial de 2005 adoptado en Nueva York el 16 de septiembre de 2005,

B.

Considerando que sólo un sistema multilateral efectivo, global e incluyente permitirá abordar los retos múltiples e interrelacionados que afrontan las naciones, las sociedades y los ciudadanos como son la paz, la estabilidad y la seguridad humana, los desafíos que plantean la pobreza, el cambio climático y la seguridad energética, y las consecuencias de la crisis financiera y económica global,

C.

Considerando que en el 63o período de sesiones de la Asamblea General se adoptaron importantes decisiones sobre diferentes asuntos relativos a la agenda de reforma, incluidos mejoras en la gestión de recursos humanos y la administración de justicia, el refuerzo parcial del Departamento de Asuntos Políticos y el lanzamiento de negociaciones intergubernamentales sobre la reforma del Consejo de Seguridad,

D.

Considerando que la Asamblea General ha adoptado, a propuesta de su Tercera Comisión, un conjunto de importantes resoluciones sobre una amplia gama de asuntos en materia de derechos humanos, sociales y humanitarios, incluidas tres resoluciones por país, así como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

E.

Considerando que gracias a la iniciativa «Unidos en la Acción» y el trabajo de los dos cofacilitadores se han realizado pragmáticamente progresos perceptibles en algunas de las reformas para la coherencia de todo el sistema de las Naciones Unidas; considerando que es necesario consolidar los progresos y seguir avanzando en los ámbitos identificados por la 63a Asamblea General de las Naciones Unidas,

F.

Considerando que la incapacidad de reformar órganos como el Consejo de Seguridad y el Comité Económico y Social (ECOSOC) de las Naciones Unidas podría desembocar en que grupos informales como el G-8 o el G-20 intentaran sustituirlos por mecanismos institucionales globales,

G.

Considerando que la Unión Europea debe promover lo que firmemente considera que constituyen valores universales, esforzándose por evitar la polarización de posiciones,

H.

Considerando, por otra parte, que la cooperación entre la Secretaría de las Naciones Unidas y las instituciones de la UE nunca ha sido tan estrecha como ahora y que refleja los valores, objetivos e intereses comunes de ambas organizaciones,

I.

Considerando que conviene seguir cimentando la capacidad operativa de las Naciones Unidas en el ámbito de las actividades de paz y seguridad; considerando que la cooperación entre la UE y las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz constituye una piedra angular de la paz y la seguridad globales,

J.

Considerando que se produce un creciente número de victimas mortales entre las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas y que conviene adoptar todas las medidas posibles para proteger a esos trabajadores,

K.

Considerando que la UE y los EE.UU. son socios estratégicos y que a los dos les interesa afrontar unidos las amenazas y desafíos comunes del nuevo escenario global en el marco del Derecho internacional y las instituciones internacionales, en particular las Naciones Unidas; considerando que la declaración efectuada por la nueva Representante Permanente de los EE.UU. ante las Naciones Unidas, Susan Rice, parece indicar un renovado compromiso de comprometerse constructivamente con las Naciones Unidas,

L.

Considerando que la Unión Europea indicó en su declaración ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 19 de septiembre de 2008, que serían inaceptables los siguientes cuatro elementos del documento final de la Conferencia de Revisión de Durban (las llamadas «líneas rojas» de la UE): 1) distinguir una región concreta del mundo; 2) reabrir la declaración de Durban de 2001 para incluir una cláusula por la que se prohíba la «difamación de las religiones», con vistas a limitar la libertad de expresión e imponer la censura inherente a las normas islámicas contra la blasfemia: 3) elaborar un orden de prioridad para las víctimas; y 4) politizar o polarizar el debate,

M.

Considerando que, en el contexto de una profunda recesión global, los países en desarrollo podrían quedarse rezagados en decenas de años debido a la caída de los precios de las materias primas, los menores flujos de inversión, la inestabilidad financiera y el descenso de las remesas de los trabajadores migrantes; y considerando que el valor de los actuales compromisos de ayuda de la UE descenderán en casi 12 000 millones de dólares estadounidenses anualmente, pues se expresan en porcentajes del PIB de los Estados miembros,

1.

Formula las siguientes recomendaciones al Consejo:

2.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Recomendación al Consejo y, para información, a la Comisión.

6.5.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 117/7

A.

Considerando que el objetivo de la erradicación de la pobreza debe seguir siendo el firme núcleo de la Estrategia Conjunta,

B.

Considerando que la mitad de la población de África sigue sumida en la pobreza y que África es el único continente que no ha registrado progresos hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), especialmente por lo que respecta a la reducción de la pobreza, la mortalidad infantil, la salud materna y la lucha contra el VIH/SIDA y la malaria,

C.

Considerando que la Estrategia Conjunta pretende ir «más allá del desarrollo», «más allá de África» y «más allá de las instituciones», para cubrir, de forma más amplia que antes, una serie de cuestiones relativas a África y al mundo, como la energía, el cambio climático y la seguridad, e implicar a una gran variedad de agentes no institucionales,

D.

Considerando que, durante el pasado año, se ha establecido la mayor parte de la arquitectura institucional y de los innovadores métodos de trabajo de la Estrategia Conjunta, pero se han registrado escasos avances sobre el terreno,

E.

Considerando que, aunque la Estrategia Conjunta reconoce explícitamente que los Parlamentos Panafricano y Europeo tienen el papel fundamental de examinar los progresos realizados y dar las orientaciones políticas necesarias a la Asociación, todavía no se les ha implicado estructural ni significativamente en el establecimiento, la adaptación y el control de la Estrategia Conjunta,

F.

Considerando que ha habido una implicación mínima por parte de la sociedad civil y de las autoridades locales, en particular del lado africano, en la implementación de la Estrategia Conjunta,

G.

Considerando que se ha destinado muy escasa financiación nueva a la aplicación de la Estrategia Conjunta y que, de hecho, las fuentes de financiación relevantes ya estaban completamente programadas antes de que se aprobase la Estrategia Conjunta,

H.

Considerando que la inclusión del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) en el presupuesto de la UE, como el Parlamento ha pedido en repetidas ocasiones, permitiría una mayor coherencia política y una supervisión parlamentaria de los gastos de materia de desarrollo,

I.

Considerando que la cuota de África en el comercio internacional está disminuyendo y que África está quedando excluida de las oportunidades que ofrece la globalización,

J.

Considerando que la fuga de capitales, especialmente la fuga de capitales ilícita, está causando a las economías africanas una hemorragia de miles de millones de euros cada año, mientras que la fuga de cerebros priva al continente de gran parte de la capacidad intelectual que necesita para desarrollarse en el futuro,

K.

Considerando que la producción de alimentos y la seguridad alimentaria en África han ido perdiendo importancia como prioridades políticas y se les ha ido privando de inversión durante la última década, con consecuencias potencialmente desastrosas, tal y como ha puesto de relieve la crisis reciente de los precios de los alimentos,

L.

Considerando que África está insuficientemente representada en las organizaciones internacionales y foros multilaterales que deciden sobre numerosas cuestiones que afectan al futuro del continente,

M.

Considerando que la longeva relación UE-África adquiere un nuevo significado con la emergencia de donantes no tradicionales, cuyos programas y prioridades para África presentan nuevos riesgos y desafíos,

N.

Considerando que es fundamental buscar sinergias y evitar que se solapen las instituciones de la Estrategia Conjunta y las de relaciones ya existentes, como del Acuerdo de Cotonú, de la Estrategia Euromediterránea y de la Asociación Estratégica Sudáfrica-UE,

O.

Considerando que la revisión de Cotonú en 2009 tratará de aclarar la futura relación de los países ACP con la UA,

P.

Considerando que los bajos niveles de sensibilización sobre los objetivos y las acciones de la Estrategia Conjunta son alarmantes y que, en particular en África, la sensibilización de los ciudadanos y la aceptación de la Asociación Estratégica África-UE están directamente relacionados con la capacidad de la Estrategia Conjunta de conseguir de forma inmediata resultados visibles capaces de mejorar el nivel de vida de los ciudadanos africanos,

Q.

Considerando que la Asociación debería tener en cuenta que, si bien una «Asociación entre iguales» significa que la UE y la UA son iguales por lo que respecta a la participación en los debates y en el establecimiento de medidas políticas, también debería abordar la cruda realidad de que ambos continentes y sus instituciones son todavía muy desiguales en términos de desarrollo institucional, capacidad de toma de decisiones y recursos,

1.

Acoge con satisfacción que, un año después de la adopción de la Estrategia Conjunta, los componentes principales de la arquitectura institucional para su aplicación ya se hayan establecido y se hayan puesto en marcha, reforzados por un Plan de Acción con objetivos programados y calendarios, y que se hayan registrado progresos hacia la aplicación de la Estrategia Conjunta y sus asociaciones temáticas; sin embargo, lamenta que, al finalizar el primer año de aplicación, algunos proyectos de la Asociación todavía están definiendo los métodos de trabajo y aún no han establecido sus objetivos programados, calendarios y asignaciones presupuestarias;

2.

Celebra que la UE y la UA, durante el primer año transcurrido después de la firma de la Estrategia Conjunta de la UE-África, se hayan reunido con una frecuencia desconocida anteriormente;

3.

Pide a las Comisiones de la UE y de la UA, y a los Estados miembros de la UE y la UA, que den prioridad a completar esta arquitectura institucional introduciendo componentes parlamentarios, de la sociedad civil y de las autoridades locales que guíen y sostengan el proceso, proporcionándole de esta forma transparencia, apropiación y legitimidad democrática;

4.

Celebra el establecimiento de equipos ejecutivos, con la participación de los Estados miembros interesados, no sólo debido a que la financiación de la Estrategia Conjunta depende en notable medida de las contribuciones de los Estados miembros, sino también por el hecho de que la participación directa de los Estados miembros contribuirá a una mayor concienciación, continuidad y sostenibilidad de las acciones previstas en el Plan de Acción;

5.

Insta a las instituciones de la Estrategia Conjunta a que se centren completamente en obtener los resultados necesarios, ya que el primer Plan de Acción sólo estará en marcha durante un periodo inferior a tres años (2008-2010);

6.

Reitera su petición a las Comisiones de la UE y de la UA de que tomen las medidas necesarias para que el Parlamento Europeo y el Parlamento Panafricano participen en el proceso de implementación y control y den las directrices de política sobre la Estrategia Conjunta, de conformidad con su estatuto de elementos clave de la arquitectura institucional;

7.

Subraya el papel que desempeñan los órganos interparlamentarios establecidos entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos africanos - como la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE y la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea - en favor del fortalecimiento de la paz y la seguridad, la buena gobernanza y la democracia, así como por su naturaleza de plataformas eficaces para la cooperación y el tratamiento de cuestiones de interés común;

8.

Constata que la decimoprimera reunión de la troika ministerial África-UE hizo suyo el primer informe anual sobre los progresos de la implementación de la Estrategia Conjunta y su primer Plan de Acción, siendo la mencionada Comunicación de la Comisión la contribución de la UE al respecto;

9.

Lamenta, sin embargo, que el informe se haya redactado sin consultar ni solicitar una contribución formal de los Parlamentos Europeo y Panafricano;

10.

Propone que los Presidentes del Parlamento Panafricano y del Parlamento Europeo asistan sistemáticamente e intervengan en las cumbres UE-África para presentar las conclusiones de estos Parlamentos sobre la ejecución del Plan de acción y proponer sugerencias sobre las futuras orientaciones de la Estrategia Conjunta;

11.

Solicita que, inmediatamente antes de la troika ministerial de primavera, los miembros de la troika ministerial mantengan un intercambio de puntos de vista con los representantes de los órganos competentes del Parlamento Panafricano y del Parlamento Europeo, durante el cual ambos Parlamentos puedan presentar sus sugerencias y recomendaciones sobre el último informe conjunto anual sobre los progresos realizados; sugiere que el debate sobre las sugerencias y recomendaciones de los Parlamentos se incluya en el orden del día de esa reunión de la troika ministerial; espera que el ulterior informe conjunto sobre los progresos realizados -adoptado durante la siguiente troika ministerial de otoño- indique cómo se han tenido en cuenta dichas sugerencias y recomendaciones; solicita que los representantes parlamentarios se reúnan también con los ministros de la troika al margen de la reunión de la troika de otoño;

12.

Considera que el Parlamento Panafricano y el Parlamento Europeo deberían participar a un nivel adecuado tanto en los grupos conjuntos de expertos como en el Grupo de trabajo UA-UE;

13.

Acoge con satisfacción que la Comisión Europea haya creado un programa de apoyo, en el Noveno FED, de 55 millones de euros para reforzar las capacidades de las instituciones de la UA; insiste, de nuevo, en que una parte de este presupuesto debe destinarse a reforzar la capacidad administrativa y operativa del Parlamento Panafricano y las asambleas legislativas regionales y nacionales de las regiones de la UA y los Estados miembros y pide a la Comisión que elabore los planes de acción para la utilización de estos presupuestos mediante estrechas consultas con el Parlamento Panafricano y en cooperación con el Parlamento Europeo;

14.

Recomienda que la parte del presupuesto asignada al Parlamento Panafricano sea directamente administrada por el mismo, una vez este Parlamento haya establecido la necesaria capacidad administrativa para así hacerlo y haya satisfecho las condiciones estipuladas por el Reglamento financiero (6) (especialmente en su artículo 56) para que la Comisión pueda ejecutar el presupuesto en gestión centralizada indirecta;

15.

Pide a las Comisiones de la UE y de la UA que simplifiquen los procedimientos para garantizar un diálogo directo y efectivo con los Parlamentos sea eficaz y fluido y no se vea afectado por retrasos inaceptables, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada procedimiento;

16.

Aboga una vez más por la inclusión del FED en el presupuesto comunitario y, mientras tanto, pide a la Comisión que mantenga informados al Parlamento Panafricano y al Parlamento Europeo en todas las etapas del procedimiento presupuestario;

17.

Considera que, si la Estrategia Conjunta pretende ser una verdadera «asociación centrada en la ciudadanía, de amplia base y de gran alcance», debe implicar de forma eficaz a la sociedad civil y a las autoridades locales y facilitar su participación efectiva en el trabajo de los organismos de implementación;

18.

Lamenta que, aunque el Plan de Acción indica que cada una de las asociaciones entre África y la UE es susceptible de una amplia gama de acciones, se ponga un énfasis predominante en las acciones estatales; subraya que es necesario profundizar y aclarar en mayor medida las aportaciones y participación en el proceso de los Parlamentos y de los agentes no estatales, tales como las organizaciones de la sociedad civil, las autoridades locales y otros agentes no estatales;

19.

Acoge con satisfacción el Consejo Económico, Social y Cultural de la Unión Africana (ECOSOCC) como instrumento para establecer una asociación entre los Gobiernos africanos y la sociedad civil; se lamenta, no obstante, del bajo nivel de participación de la sociedad civil africana en la aplicación de la Estrategia Conjunta e insta a que se hagan esfuerzos inmediatos, en particular del lado africano, para establecer, en cooperación estrecha con las partes interesadas, procedimientos para la identificación, la descripción y la participación eficaz de agentes africanos no estatales representativos;

20.

Pide a la Comisión Europea que desarrolle unas herramientas adecuadas de creación de capacidades para las organizaciones de la sociedad civil de África, específicamente destinadas a mejorar su capacidad para implicarse en la puesta en práctica de la Estrategia Conjunta;

21.

Constata que la Estrategia Conjunta también debe responder a cuestiones que, si bien pertenecen formalmente a una arquitectura institucional diferente, influyen en gran medida sobre el futuro de África y dan forma a las relaciones entre los dos continentes, como los Acuerdos de Asociación Económica (AAE) y las relaciones entre grupos regionales de los AAE y otros grupos regionales presentes en África (incluidas las Comunidades Económicas Regionales), la segunda revisión del Acuerdo de Cotonú, la Estrategia Euromediterránea, la Asociación Estratégica Sudáfrica-UE y las relaciones de África con otros nuevos protagonistas a escala mundial como China y Brasil;

22.

Opina que el desarrollo económico, social y medioambiental sostenible sólo puede lograrse en países que ofrezcan garantías de paz, democracia y derechos humanos;

23.

Pide a la Comisión Europea, al Consejo y a los interlocutores de África que aseguren la coherencia entre esta estrategia y las otras políticas que pueden tener un impacto negativo sobre la promoción de una nueva asociación estratégica entre la UE y África, en especial la política comercial, medioambiental, de inmigración y agrícola; subraya que el diálogo político entre la UE y África debe abarcar estas cuestiones;

24.

Subraya que, para luchar de forma eficaz contra la pobreza, que debe ser el objetivo final de la Estrategia Conjunta, la Asociación África-UE debe contribuir a estimular el desarrollo económico y social sostenible, atraer la inversión extranjera, promover un comercio internacional más justo y crear las condiciones necesarias para que los países africanos puedan asumir paulatinamente el lugar que les corresponde en la economía mundial;

25.

Acoge con satisfacción los progresos registrados por la asociación en materia de paz y seguridad; toma nota del diálogo político entre la UA y la UE sobre las situaciones de crisis en África y más allá; subraya que este diálogo debe abordar la gran diversidad de cuestiones sobre paz y seguridad, desde la prevención y resolución de conflictos a la reconstrucción posterior a los conflictos y la consolidación de la paz, entre las que se encuentra también el diálogo en profundidad de la aplicación del principio de la responsabilidad de proteger;

26.

Pide que se dé a la implementación de la arquitectura africana sobre paz y seguridad la importancia que merece; subraya, de nuevo, que el FED no es un instrumento de financiación apropiado para el futuro reabastecimiento del Fondo de Apoyo a la Paz para África; considera que los gastos del FED deberían cumplir los criterios del Comité de ayuda al desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE/CAD) relativos a la ayuda oficial al desarrollo; reitera su petición de conseguir una solución definitiva para la financiación del Fondo de Apoyo a la Paz para África;

27.

Celebra que el Secretario General de la ONU Ban Ki-moon haya establecido, en septiembre de 2008, un Grupo de trabajo UA-ONU, compuesto de diversas personalidades, con objeto de decidir las modalidades de apoyo de la comunidad internacional a las operaciones de mantenimiento de la paz de la UA establecidas con arreglo a un mandato de las Naciones Unidas;

28.

Señala que el concepto de gobernanza debería ser el baremo que indique cómo funciona una sociedad, a través de la aplicación de la ley y el orden, el respeto y la promoción activa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, la generación de riqueza y su distribución equitativa y transparente, y servicios básicos en los ámbitos sanitario y social; resalta que los agentes externos no deben evaluar la gobernanza solamente sobre la base de criterios impuestos desde fuera, sino sobre la base de valores y normas compartidos y establecidos de mutuo acuerdo;

29.

Subraya la importancia de la democracia sostenible, incluida una buena gobernanza y elecciones democráticas, que debe abarcar el apoyo para la creación de capacidad parlamentaria y la implicación de la sociedad civil y de las autoridades locales en el diálogo político;

30.

Subraya que ambas partes deben mejorar la buena gobernanza: no sólo es una prioridad para África sino también para la parte europea, que debe mejorar la gobernanza y la responsabilidad respecto a los compromisos de ayuda y la coordinación entre los donantes para tener en cuenta en mayor medida la situación de los llamados «huérfanos de ayuda»; subraya que los Parlamentos nacionales y continentales, los agentes no estatales y las autoridades locales deben desempeñar un papel importante en este ámbito;

31.

Pide un mayor apoyo para determinadas iniciativas africanas actuales, como el Mecanismo de evaluación inter pares africano (MEPA), que constituye el esfuerzo más serio realizado hasta la fecha por los países africanos para mejorar la gobernanza en el continente, así como para los diversos instrumentos establecidos por la UA, que aumentarán la apropiación africana del proceso;

32.

Expresa su grave preocupación por el hecho de que los «perfiles de gobernanza» establecidos por la Comisión para cada uno de los países ACP, que regirán la programación de la ayuda al desarrollo en relación con los fondos adicionales de 2 700 millones de euros en el marco del 10° FED, se han elaborado sin ningún tipo de participación por parte de los interesados; indica que la elegibilidad de los países beneficiarios respecto de los fondos adicionales se ha valorado con arreglo a un conjunto de criterios de los cuales sólo uno está directamente relacionado con los ODM; manifiesta su consternación ante el hecho de que los «perfiles» de la Comisión son susceptibles de vaciar de contenido todo el proceso del MEPA; pide a la Comisión que informe y consulte al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el seguimiento y la ejecución de estos fondos para asegurar que se asignan a iniciativas relacionadas con la gobernanza, a apoyar la agenda en materia de gobernanza de la UA y al proceso MEPA;

33.

Insta al diálogo en la asociación en materia de gobernanza y derechos humanos para abordar la cuestión de la impunidad en casos de abusos de los derechos humanos, centrándose en las mejores prácticas de la legislación nacional o internacional, incluido el trabajo de los tribunales penales internacionales en Sierra Leona y Ruanda;

34.

Considera que, en lo que se refiere a la asociación en materia de comercio e integración regional, si se dan las condiciones adecuadas, aumentar el volumen de comercio es un motor fundamental del crecimiento económico, siempre que las políticas comerciales sean coherentes con los objetivos de desarrollo; saluda, por tanto, los objetivos de esta Asociación de apoyar la integración regional africana y fortalecer la capacidad comercial del continente;

35.

Desea que se concluya rápidamente la Ronda de Desarrollo de Doha de la Organización Mundial del Comercio (OMC), pero insiste en que debe seguir siendo esencialmente una «ronda del desarrollo», favoreciendo la integración de las naciones africanas en la economía mundial, reduciendo efectivamente las subvenciones agrícolas que distorsionan el comercio y suprimiendo las subvenciones a las exportaciones agrícolas;

36.

Considera que la UE debería ayudar a los Estados africanos a asegurar la autosuficiencia de su agricultura, y a fomentar los servicios esenciales y las industrias nacionales vulnerables;

37.

Insiste en que los AAE definitivos firmados con los países africanos deben ser, ante todo, instrumentos para el desarrollo que respeten las capacidades y los niveles de desarrollo de los diferentes beneficiarios;

38.

Subraya que los AAE deben promover, y no dificultar, la integración regional de África; apoya los esfuerzos de la UA por fortalecer las Comunidades Económicas Regionales para que sean los cimientos básicos de la integración regional del continente;

39.

Insiste en que la Comisión y los Estados miembros respeten su compromiso de destinar para el 2010 al menos 2 000 millones de euros a la «ayuda para el comercio», siendo la mayor parte destinada a África; pide una definición y entrega oportunas de la cuota de los recursos de ayuda para el comercio; subraya que estos fondos son de naturaleza adicional y no una mera re-denominación de los recursos del FED;

40.

Pide que la asociación aborde las diversas cuestiones del programa de ayuda al comercio, incluido el desarrollo de infraestructuras, la promoción del desarrollo empresarial y una mejora de la normativa, con unas normas de origen más sencillas y fáciles de utilizar;

41.

Pide que la asociación también trate las cuestiones económicas que, si bien no están directamente relacionadas con el comercio, tienen importantes consecuencias sobre las economías africanas, como la necesidad de tomar medidas para detener la evasión ilícita de capitales y promover una normativa internacional para los paraísos fiscales;

42.

Pide que la Estrategia Conjunta reconozca y apoye el papel de los emigrantes y de las diásporas en favor del desarrollo de sus países de origen, facilitando sus inversiones en estos países y reduciendo el coste de sus transferencias;

43.

Insiste, en lo que se refiere a la asociación en materia de ODM, que será difícil alcanzar estos objetivos, incluso con más y mejor ayuda, y, por consiguiente, insta a los Estados miembros a que confirmen los compromisos que reiteraron recientemente en la Conferencia de Doha sobre la financiación del desarrollo, así como en el Foro de alto nivel de Accra sobre la eficacia de la ayuda, en particular en lo que respecta al volumen de la ayuda, la coherencia de las políticas, la responsabilización, la transparencia y la distribución de acciones entre los donantes;

44.

Constata que la sanidad básica y la educación primaria y secundaria son catalizadores fundamentales para la consecución de los ODM; anima, por consiguiente, a los países de África a que centren en estos ámbitos sus estrategias de reducción de la pobreza; pide a la Asociación que fomente este tipo de desarrollo, teniendo en cuenta el compromiso de la Comisión de dedicar al menos el 20 % del presupuesto de ayuda comunitaria a estos sectores; pide a la Comisión que extienda este compromiso al FED; recuerda que todos los esfuerzos en este sentido deben incluir a las personas con discapacidad; celebra, en este contexto, los resultados de la primera reunión del Grupo conjunto de expertos y pide a las personas interesadas que aseguren avances durante el próximo año;

45.

Pide a la Comisión que adopte medidas urgentes para cumplir sus compromisos en el ámbito de la salud por lo que respecta a las conclusiones y recomendaciones del Tribunal de Cuentas Europeo en el informe de enero 2009 «La ayuda comunitaria al desarrollo destinada a los servicios sanitarios del África subsahariana»; subraya la importancia de incrementar la ayuda de la Comisión Europea en el sector de la salud en el África subsahariana durante la revisión intermedia del 10° FED para apoyar su compromiso con los ODM en materia de salud;

46.

Incita a los Estados miembros de la UE y de la UA a que concedan mayor importancia a la seguridad y soberanía alimentarias en África y a que apoyen actuaciones destinadas a aumentar la productividad y la competitividad de la agricultura africana, en particular la producción de alimentos para los mercados locales, y la promoción de «cinturones verdes» alrededor de las ciudades;

47.

Pide a los Estados miembros que incluyan en sus debates, dentro y fuera de la Estrategia Conjunta, la cuestión de la distribución equitativa de la riqueza resultante de la explotación de los recursos naturales; insiste en que los ingresos nacionales derivados de los recursos naturales deben ser prioritaria y equitativamente asignados para satisfacer las necesidades básicas de sus poblaciones, en particular en los ámbitos de la salud, la educación, la conservación de los recursos naturales y el medio ambiente, contribuyendo así al logro de los ODM;

48.

Le preocupa que la desaceleración económica global frene el reciente período de crecimiento récord en África, y subraya que el continente podría sufrir un retroceso de décadas como consecuencia del descenso del precio de las materias primas, la disminución de los flujos de inversión, la inestabilidad financiera y una disminución de las remesas;

49.

Recuerda, en lo que se refiere al cambio climático, que los países desarrollados son los principales responsables del cambio climático, pero que sus efectos negativos tienen un mayor impacto en los países en desarrollo; insiste, por consiguiente, en que hacen falta nuevos fondos si se pretende conseguir que los países africanos no se vean obligados a tener que pagar precios desorbitados para mitigar y adaptarse a estos efectos; respalda, además la Declaración sobre el Cambio Climático realizada en la Conferencia del Convenio Marco sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas de Poznan en diciembre de 2008;

50.

Exige, en el ámbito de la asociación en materia de migración, movilidad y empleo, una solución justa y viable a la «fuga de cerebros» que priva a muchos países africanos de un gran número de trabajadores cualificados, especialmente en el sector sanitario;

51.

Pide que el nuevo régimen de «tarjeta azul» de la UE no fomente la salida de los trabajadores cualificados de los países en desarrollo en aquellos sectores en que estos países sufren de escasez de mano de obra, en particular en los ámbitos de la salud y la educación;

52.

Pide a la Comisión que utilice la Asociación UE-África para ayudar a los países africanos a aplicar la flexibilidad prevista en la Declaración de Doha sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y la salud pública, con el fin de facilitar en África el acceso, a precios asequibles, a los medicamentos esenciales;

53.

Alienta a ambas partes, por lo que respecta a la asociación en materia de ciencia y tecnología, a suprimir la brecha digital por medio de una mayor cooperación en materia de desarrollo y transferencia de tecnología, especialmente con relación a la telefonía y a Internet;

54.

Espera que la Estrategia Conjunta adopte medidas concretas para mejorar las oportunidades de las mujeres, de los niños y de las personas con discapacidad en África, ya que estos grupos se enfrentan a dificultades especialmente graves en los países en desarrollo;

55.

Subraya que, si la Estrategia Conjunta pretende ir «más allá de África», con una mayor cooperación África-UE entre los organismos internacionales y en las negociaciones multilaterales sobre cuestiones como el comercio, los derechos humanos o el cambio climático, la UE y África deben intentar crear instituciones internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OMC, que sean más democráticas y representativas y que garanticen a África la posibilidad de ejercer finalmente la influencia correspondiente a su tamaño y situación;

56.

Pide de nuevo a las instituciones de la UE que creen un instrumento financiero específico para la aplicación de la Estrategia Conjunta, centralizando todas las fuentes de financiación, de forma clara, previsible y programable; se pregunta hasta qué punto la Estrategia Conjunta será capaz de alcanzar sus nobles ambiciones u ofrecer un valor añadido real sin ningún tipo de nuevos fondos, o incluso mediante la reprogramación de los fondos existentes;

57.

Pide a los Gobiernos de la UE y de África que comuniquen de manera más eficaz y sistemática a sus poblaciones las actuaciones y logros de la Estrategia Conjunta, y que se esfuercen en ampliar su cobertura por los medios de comunicación;

58.

Espera una implicación significativa por parte del Parlamento Europeo y el Parlamento Panafricano, así como de las organizaciones de la sociedad civil y las autoridades locales, tras la experiencia de la Cumbre UE-África de Lisboa de los días 8 y 9 de diciembre de 2007, en el camino hacia la tercera Cumbre África-UE en 2010, así como que participen activamente en la cumbre;

59.

Pide a las Presidencias y Comisiones de la UE y de la UA que presten su acuerdo a las propuestas indicadas anteriormente, destinadas a reforzar la participación parlamentaria en la aplicación y control de la Estrategia Conjunta;

60.

Pretende establecer en el ámbito del Parlamento Europeo la coordinación y sinergia requeridas entre todos sus organismos para apoyar la implementación y el control de la Estrategia Conjunta; reitera, en este sentido, su intención de transformar su delegación ad hoc para las relaciones con el Parlamento Panafricano en una delegación verdaderamente interparlamentaria;

61.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Comité Económico y Social de la UE, al Consejo Económico, Social y Cultural de la UA, a la Comisión de la UA, al Consejo Ejecutivo de la UA, al Parlamento Panafricano, al Consejo de Ministros ACP y a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.

6.5.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 117/15

A.

Considerando que, al sumarse a la Declaración del Milenio de 2000, la Unión Europea se ha comprometido con el conjunto de la comunidad internacional a reducir a la mitad la pobreza extrema en el mundo antes de 2015, concentrando sus esfuerzos en los ocho ODM,

B.

Considerando que, según las últimas estimaciones, sigue habiendo alrededor de 1 400 millones de personas que viven por debajo del umbral de la pobreza (esto es, 1,25 dólares por día), lo que equivale a más de una cuarta parte de la población del mundo en desarrollo,

C.

Considerando los nuevos compromisos contraídos en 2007 por la Comisión y los Estados miembros de la Unión, dirigidos a contribuir de forma significativa a recuperar el retraso observado en la realización de dichos objetivos,

D.

Considerando que la falta de acceso a los servicios de salud y a los servicios básicos causa la muerte de millones de personas y perpetúa el ciclo de la pobreza, pese a que el acceso a los servicios de salud y a la educación básica es un derecho humano cuyo cumplimiento y puesta en práctica es de responsabilidad de los Gobiernos,

E.

Considerando la posibilidad de que los contratos ODM constituyan un instrumento, entre otros, para dar respuesta a los retos planteados en los países en desarrollo por la crisis alimentaria mundial, en particular en el sector de la agricultura,

F.

Considerando que, a pesar de los múltiples esfuerzos que han realizado hasta la fecha, la mayoría de los países en desarrollo carecen de los recursos necesarios para hacer frente a los desafíos que tienen en materia de salud y educación, y teniendo en cuenta que les es, por tanto, indispensable recibir ayuda exterior,

G.

Considerando que el Parlamento Europeo está llamado a conceder la aprobación de la gestión relativa al Fondo Europeo de Desarrollo (FED),

H.

Considerando que la Comisión tiene la intención de incrementar significativamente la utilización de la ayuda presupuestaria durante el Décimo FED para mejorar la eficacia de su ayuda y cumplir los objetivos perseguidos,

I.

Considerando que los profesores y los trabajadores sanitarios de los países en desarrollo trabajan actualmente en unas condiciones deplorables y que se necesitan cerca de dos millones de profesores y más de cuatro millones de trabajadores sanitarios para alcanzar los ODM, y que con un nivel adecuado de ayuda, en forma de ayuda presupuestaria en el marco de un contrato ODM, se podría contratarlos y formarlos,

J.

Considerando que la penuria recurrente de profesores y trabajadores sanitarios se ve agravada por la fuga de cerebros organizada por los países ricos,

K.

Considerando que la Unión tiene la intención de incrementar sus gastos en materia de ayuda presupuestaria, sobre todo aumentando de forma significativa la ayuda presupuestaria sectorial para la salud y la educación, especialmente en los países africanos,

L.

Considerando que los contratos ODM persiguen resultados concretos en la consecución de los ODM en materia de salud y de educación básica, pero que otros sectores prioritarios también podrían ser objeto de contratos ODM,

M.

Considerando que, según la Posición oficial del Parlamento sobre la ayuda al desarrollo, expresada en el apartado 6 de su mencionada Resolución de 16 de febrero de 2006 sobre nuevos mecanismos financieros para el desarrollo en el marco de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, «… el aumento de la cantidad debe ir acompañado de un incremento de la calidad, lo que significa que debe mejorarse la eficacia de la ayuda recurriendo a las tres C (coordinación, complementariedad y coherencia), y que deben reducirse los costes de transacción de la ayuda, mejorando la previsibilidad y la sostenibilidad de los mecanismos de ayuda, agilizando la entrega de la ayuda, desvinculando aún más la ayuda, encontrando soluciones para cargas insostenibles de la deuda, promoviendo la buena gobernanza, luchando contra la corrupción e incrementando la capacidad de absorción de los receptores de la ayuda»,

N.

Considerando que un flujo de ayuda previsible y a largo plazo puede contribuir directa y efectivamente a la aplicación concreta de las estrategias para la erradicación de la pobreza definidas en los ODM,

O.

Considerando que, a pesar de los compromisos que contrajeron en Monterrey (2002), Gleneagles (2005), París (2005) o Accra (2008) para mejorar la ayuda al desarrollo cuantitativa y cualitativamente, muchos Estados miembros de la Unión siguen sin conceder toda la ayuda que se habían comprometido a prestar y, cuando lo hacen, parte de ella resulta inadecuada,

P.

Considerando que, en el 30 % de los casos, sobrevienen retrasos en el desembolso de la ayuda presupuestaria facilitada por la Comisión, debido a la burocracia excesiva de sus procedimientos administrativos,

Q.

Considerando que la falta de previsibilidad de la ayuda presupuestaria se deriva en particular del carácter anual de la mayoría de las condiciones relativas a su prestación, y que esa falta de previsibilidad obliga a veces a los países beneficiarios a hacer uso de la ayuda antes de haberla efectivamente recibido y sin saber a ciencia cierta si la recibirán en un futuro,

R.

Considerando que esta falta de previsibilidad de la ayuda europea al desarrollo afecta también a los países beneficiarios que gozan de cierta seguridad jurídica y de un marco regulador estable,

S.

Considerando que la Comisión es el primer donante multilateral de ayuda al desarrollo, uno de los primeros donantes que facilita ayuda presupuestaria, y que recurre cada vez más a este tipo de ayuda, que ascendió a una quinta parte de la ayuda prestada a lo largo de los últimos años,

T.

Considerando que, aunque la ayuda presupuestaria constituya ya uno de los instrumentos que permite mejorar la ayuda de la Unión, ganaría si fuera más previsible y se concediera a más largo plazo,

U.

Considerando que la actual ayuda presupuestaria proporcionada por la Comisión está generalmente programada para un período de tres años, o de un año con ciertas agencias,

V.

Considerando que la propuesta de contrato ODM no tiene repercusiones presupuestarias y que el contrato ODM no es un nuevo instrumento, sino un modo de aplicar los instrumentos existentes,

W.

Considerando que, actualmente, no está claro el estatuto del documento de la Comisión sobre los contratos ODM,

X.

Considerando que la Comisión estima que ha llegado el momento de aplicar el concepto de contrato en relación a resultados tangibles respecto de los ODM en lugar de la verificación anual de la condicionalidad tradicional de cada donante,

Y.

Considerando que el término de contrato implica un compromiso financiero que asegura una mayor previsión de parte del país donante a cambio de un mayor compromiso por parte de los países beneficiarios en materia de los resultados concretos que deben lograrse,

Z.

Considerando que la Comisión ha previsto concluir una primera serie de contratos ODM para un período de 6 años, hasta el final del Décimo FED,

AA.

Considerando que la propuesta de la Comisión de celebrar contratos por una duración de seis años va más allá de la tendencia actual de los demás proveedores de fondo a escala mundial,

AB.

Considerando el llamamiento efectuado por la Comisión a los Estados miembros para cofinanciar los contratos ODM mediante contribuciones adicionales al FED de forma voluntaria,

AC.

Considerando que los contratos ODM, que dependen del instrumento de ayuda presupuestaria general elaborado a partir de los criterios establecidos en el Acuerdo de Cotonú, no requieren ningún cambio relativo a las decisiones sobre los programas en curso y las distintas modalidades de aplicación de la ayuda presupuestaria general, que dichos contratos no llevan consigo la constitución de un nuevo instrumento financiero y siguen basándose por tanto en las disposiciones en materia de ayuda presupuestaria recogidas en el Acuerdo de Cotonú, y considerando asimismo que los contratos ODM siguen siendo compatibles con las líneas directrices internas fijadas recientemente en materia de ayuda presupuestaria general,

AD.

Considerando que los criterios de elegibilidad para el contrato ODM incluyen el cumplimiento del artículo 9 del Acuerdo de Cotonú sobre los derechos humanos, los principios democráticos y el Estado de Derecho,

AE.

Considerando que una ayuda presupuestaria eficiente debe permitir a los beneficiarios financiar sus propias estrategias y programas muy concretos para mejorar el acceso a unos servicios públicos eficientes en materia de salud y educación,

AF.

Considerando que la Comisión no ha cumplido su compromiso de incluir sistemáticamente a los parlamentarios y a los representantes de organizaciones de la sociedad civil en su diálogo con los Gobiernos de los países en desarrollo, y considerando por otra parte que es un hecho ampliamente reconocido hoy en día que, en aras de la eficiencia, la política de desarrollo no sólo debe estar plenamente en manos de los Gobiernos, sino también de los Parlamentos y organizaciones de la sociedad civil de los países en desarrollo,

AG.

Considerando que la Comisión ha previsto que los países elegibles serán los que hayan registrado unos resultados satisfactorios a nivel macroeconómico y de gestión presupuestaria en la aplicación de la ayuda presupuestaria y que, de ese modo, la Comisión se desmarca de otros proveedores de ayuda presupuestaria, como el FMI o el Banco Mundial, que someten su ayuda a muchas condiciones, en contradicción con el principio de apropiación del país beneficiario,

AH.

Considerando que muchos países que necesitan urgentemente una ayuda más importante y eficaz para acelerar su progreso hacia los ODM no cumplen los criterios definidos en la actualidad por la Comisión para concluir un contrato ODM,

AI.

Considerando que, en su forma actual, los contratos ODM se dirigen sólo a los países ACP,

AJ.

Considerando que la ayuda presupuestaria de la Comisión adolece de una grave falta de transparencia y de apropiación por parte de los países pobres, y que los acuerdos de financiación no se hacen públicos más que en raras ocasiones,

AK.

Considerando que el principio fundamental de la ayuda al desarrollo consiste en prestar ayuda a quien más la necesita y allí donde pueda dársele el uso más eficaz posible,

AL.

Considerando, a modo de ejemplo, que en lo que a Burkina Faso se refiere, nadie estaba al corriente in situ de la negociación en curso de un contrato ODM entre Burkina Faso y la Comisión, y que ahora mismo no hay ninguna información disponible al respecto en el sitio de la delegación de la Comisión en Burkina Faso,

AM.

Considerando que en el Consenso Europeo para el Desarrollo, la Unión se ha comprometido a adoptar un enfoque basado en los resultados y en el uso de indicadores de eficacia,

AN.

Considerando la necesidad de que la Comisión siga condicionando su ayuda presupuestaria a los resultados que los países beneficiarios logren en materia de igualdad entre hombres y mujeres y de promoción de los derechos de la mujer,

AO.

Considerando que, en materia de ayuda presupuestaria, la Comisión ya ha celebrado acuerdos con Burkina Faso (2005-2008), Etiopía (2003-2006), Ghana (2007-2009), Kenia (2004-2006), Madagascar (2005-2007), Malawi (2006-2008), Malí (2003-2007), Mozambique (2006-2008), Tanzania (2006-2008), Uganda (2005-2007) y Zambia (2007-2008),

AP.

Considerando que hay 650 millones de personas con discapacidad, de las cuales el 80 % vive en países en desarrollo y una de cada cinco lo hace en condiciones de pobreza extrema; considerando que constituyen uno de los grupos más amplios de personas excluidas y pobres, que padecen múltiples discriminaciones y que rara vez tienen acceso a los servicios educativos y de atención sanitaria,

AQ.

Considerando que, en virtud de las «obligaciones generales» y, en particular, del artículo 32 de la mencionada Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, los signatarios tienen la obligación de tener en cuenta la cuestión de la discapacidad en su cooperación al desarrollo,

AR.

Considerando que no se alcanzarán los ODM para 2015 si no se tiene debidamente en cuenta la inclusión y la participación de las personas con discapacidad,

AS.

Considerando que en el informe sobre la aplicación de la Asociación África-UE, de 22 de noviembre de 2008, y en particular en su apartado 37, se constata una flagrante falta de acción en relación con la situación de las personas con discapacidad dentro del marco de los esfuerzos destinados a alcanzar los ODM,

1.

Reitera que la ayuda al desarrollo debe basarse en las necesidades y los resultados, y que la política de desarrollo debe elaborarse en asociación con los países beneficiarios;

2.

Reitera que, para alcanzar los ODM, los países donantes deben respetar sus compromisos y mejorar la calidad de la ayuda que prestan;

3.

Insiste en la necesidad de desarrollar nuevos mecanismos de ayuda más previsibles y menos volátiles;

4.

Recuerda el objetivo de la Declaración de Abuja, establecido en el 15 % del presupuesto nacional asignado al sector de la salud, y el objetivo de la Campaña Mundial por la Educación, establecido en el 20 % del presupuesto nacional asignado al sector educativo;

5.

Pide a la Comisión que siga condicionando su ayuda, en los sectores de la salud y la educación, especialmente en la salud básica y en la educación primaria, a los resultados registrados en estos sectores, especialmente en la salud básica y en la educación primaria, y le pide asimismo que aclare la importancia que debe darse a los resultados obtenidos en estos ámbitos en comparación con el conjunto de indicadores, y la manera en que evaluará los progresos logrados en estos ámbitos;

6.

Pide a la Comisión que mejore la previsibilidad de la ayuda presupuestaria a través de la aplicación de contratos ODM y de la extensión de los principios derivados de dichos contratos a un mayor número de países, así como a la ayuda presupuestaria sectorial;

7.

Recuerda a la Comisión la necesidad de reducir significativamente los retrasos innecesarios causados por la excesiva complejidad de sus procedimientos administrativos;

8.

Pide a los Gobiernos de los países en desarrollo que aumenten sus gastos en el ámbito de la salud hasta el 15 % de su presupuesto nacional (conforme a las recomendaciones de la Declaración de Abuja) y sus gastos en el ámbito educativo hasta el 20 % de su presupuesto nacional (como preconiza la Campaña Mundial por la Educación);

9.

Pide a la Comisión que asegure unos elevados niveles de gasto en forma de ayuda presupuestaria, tendiendo especialmente a aumentar significativamente la ayuda presupuestaria para el ámbito social de los países ACP, y a incrementar la ayuda presupuestaria sectorial en las otras regiones;

10.

Toma nota con interés de que la propuesta de contratos ODM de la Comisión asegura un nivel mínimo garantizado de ayuda (70 % del compromiso total) a los países elegibles;

11.

Está, sin embargo, decepcionado por que el documento sobre los contratos ODM no especifica calendario ninguno para la aplicación de estos contratos, que fueron diseñados principalmente para cubrir el período de seis años del Décimo FED, y pide así a la Comisión que presente un calendario concreto;

12.

Señala que el contrato ODM tiene como objetivo principal contribuir a la mejora de la eficacia de la ayuda y a la aceleración del progreso hacia la realización de los ODM para los países que más ayuda necesitan;

13.

Pide a la Comisión que adopte una comunicación oficial para presentar la iniciativa del contrato ODM y que extienda esta iniciativa a países distintos de los ACP que cumplan los criterios de elegibilidad;

14.

Pide a la Comisión y a los países beneficiarios que velen por implicar a sus Parlamentos y a su sociedad civil, sobre todo a las organizaciones de personas con discapacidad, en todas las etapas del diálogo sobre la ayuda presupuestaria, incluida la elaboración, ejecución y evaluación del programa establecido en los contratos ODM;

15.

Subraya que los donantes, en lugar de imponer condiciones unilaterales para los beneficiarios, deberían centrarse en promover la buena gobernanza, la democracia y la estabilidad en los países beneficiarios, por medio de criterios transparentes establecidos en asociación con dichos países;

16.

Considera que, en aras de la transparencia, las condiciones para el desembolso del tramo variable de la ayuda deberían basarse en los resultados obtenidos, dado que ello incitaría a los donantes y a los receptores a analizar el impacto real del dinero gastado, y aumentaría la transparencia de la utilización de fondos públicos;

17.

Pide a la Comisión que supervise periódicamente los resultados de sus programas y comparta los resultados con el Parlamento;

18.

Recomienda que la Comisión vele por fortalecer el diálogo entre donantes y beneficiarios, sobre todo para determinar las necesidades reales y los ámbitos que necesitan ayuda;

19.

Pide que la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE (APP) desempeñe un papel más activo en la definición de las prioridades, en las negociaciones de los contratos ODM y en las demás fases del proceso;

20.

Pide a la Comisión que condicione su ayuda presupuestaria a los resultados obtenidos no sólo en materia de buena gobernanza y de transparencia, sino también en materia de defensa y respeto de los derechos humanos, en especial los atinentes a las personas más pobres y a los grupos marginales, sobre todo a las personas con discapacidad, las minorías, las mujeres y los niños, y que vele por que la ayuda presupuestaria sólo se asigne a los sectores definidos en el contrato ODM;

21.

Reafirma que los programas indicativos nacionales deberían establecerse en colaboración con los Parlamentos de los países afectados, la APP y la sociedad civil;

22.

Observa que la propuesta sobre contratos ODM no menciona qué países se incluirán en la primera ronda de contratos ODM, e indica que, en su forma actual, los contratos ODM sólo se dirigen a los países ACP;

23.

Lamenta que la política de ayuda presupuestaria de la Unión en favor de los países en desarrollo esté cada vez más sujeta a las condiciones impuestas por el FMI para la obtención de una ayuda al desarrollo de la Unión; considera, por otra parte, que esta condicionalidad contradice la política de los países beneficiarios por lo que respecta al principio de apropiación;

24.

Insiste en la necesidad de desarrollar otros enfoques en materia de ayuda presupuestaria para los países que no son elegibles para los contratos ODM y, especialmente, para los países que sufren situaciones de fragilidad; subraya que es evidente que los países más frágiles son incapaces de cumplir los actuales criterios de elegibilidad;

25.

Recomienda que los contratos ODM se pongan asimismo a disposición de los países cubiertos por el Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo;

26.

Pide a la Comisión que explique claramente cómo prevé combinar los contratos ODM con otras modalidades de distribución de ayuda;

27.

Alerta del peligro de utilizar indiscriminada y excesivamente los contratos ODM, que podrían considerarse como el único modo eficaz de distribuir ayuda, y pide a la Comisión que escoja los mecanismos de distribución de ayuda más adecuados para cada caso concreto;

28.

Pide a la Comisión que refuerce la capacidad de los Parlamentos de los países beneficiarios para participar en los procedimientos presupuestarios y la capacidad de los Parlamentos y de la sociedad civil para participar en la elaboración de las políticas nacionales proporcionando un mayor apoyo financiero, insistiendo en la necesidad de esta participación con ocasión de los diálogos políticos con los países beneficiarios y centrándose en los indicadores de gestión de las finanzas públicas que tienen por objeto mejorar la responsabilización de los gobiernos ante sus ciudadanos;

29.

Pide a la Comisión que, en colaboración con los países socios, asocie a cada contrato ODM una serie de indicadores de eficiencia para evaluar los progresos logrados en la aplicación de esos contratos; la inclusión de las personas y de los niños con discapacidad también debería medirse con esos indicadores;

30.

Llama la atención de la Comisión sobre el hecho de que debería imperativamente seguir condicionando su ayuda presupuestaria a los resultados obtenidos en los países beneficiarios en materia de igualdad entre hombres y mujeres y de promoción de los derechos de la mujer, y pide que los indicadores de eficiencia se refuercen en estos ámbitos en los contratos ODM para ampliarlos a otros ámbitos tales como los derechos de las mujeres y los derechos de las personas con discapacidad; le pide que refuerce los indicadores de eficiencia de la dimensión de género vinculados a la ayuda presupuestaria, ampliándolos a otros ámbitos tales como los derechos de las personas con discapacidad y los derechos de las mujeres, y en particular el fomento del acceso de todas las mujeres a una información y unos servicios de salud sexual y reproductiva globales, la mejora del acceso a los métodos de planificación familiar y el refuerzo del recurso a éstos; el fomento sostenido de la educación y de la emancipación de las mujeres, así como la lucha contra la discriminación y a favor de la igualdad de sexo;

31.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Consejo ACP, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y de los países ACP.

6.5.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 117/23

A.

Considerando que la Unión Europea, haciendo gala de su divisa «Unida en la Diversidad», debe reconocer su historia común, y puede hacerlo a partir de la historia del arte europeo por su intrínseco carácter universal,

B.

Considerando que la escuela debe convertirse de nuevo en el principal lugar de democratización del acceso a la cultura,

C.

Considerando que la educación artística y cultural, de la que forma parte la educación en imagen, es un desafío fundamental para los sistemas educativos de los Estados miembros,

D.

Considerando que la educación cultural y artística es un componente esencial en la formación de los niños y jóvenes, pues contribuye al desarrollo del libre albedrío, la sensibilidad y la apertura hacia los demás; que representa un gran desafío para la igualdad de oportunidades y es premisa para una verdadera democratización del acceso a la cultura,

E.

Considerando que para responder al desafío de la democratización de la cultura conviene favorecer a todos los niveles y a todas las edades la sensibilización artística, el reconocimiento de la actividad artística colectiva y aficionada, y promover el acceso a la formación artística,

F.

Deplorando que por imperativos económicos los Estados miembros con demasiada frecuencia se vean impelidos a reducir el espacio destinado a las artes en sus políticas educativas generales,

G.

Considerando que la educación artística constituye la base de la formación profesional en el terreno de las artes y que promueve la creatividad, así como el desarrollo físico e intelectual en este ámbito, favoreciendo unas relaciones más estrechas y fructíferas entre la educación, la cultura y las artes,

H.

Considerando que las escuelas y centros de educación artística y de diseño ayudan a desarrollar filosofías, a crear nuevos estilos y movimientos artísticos y a promover el acceso a otros universos culturales, lo cual refuerza la imagen de la Unión Europea en el mundo,

I.

Considerando que la formación es muy importante para el éxito de los profesionales en el sector artístico y creativo,

J.

Considerando que los estudios artísticos enfocados al desarrollo de una carrera y una profesión, además de talento, requieren del alumnado una sólida base cultural que sólo una formación multidisciplinar y sistemática permite adquirir; considerando que ésta incrementa las posibilidades de inserción laboral en el sector, en la medida en que proporciona cultura general, metodologías de investigación, espíritu emprendedor, conocimientos económicos y competencias en los diferentes ámbitos de actividad que intervienen en el arte contemporáneo,

K.

Considerando que el potencial económico y de empleo que ofrecen las compañías e industrias creativas, culturales y artísticas en la Unión Europea influyen en gran medida en el desarrollo del sector artístico,

L.

Teniendo en cuenta que la revolución tecnológica ha ocasionado un aumento de la competitividad dentro de los países y entre ellos, y que ha hecho que la capacidad intelectual y la creatividad ocupen un lugar dominante dentro de la estrategia de Lisboa,

M.

Considerando que los rápidos y constantes cambios que se producen en nuestras sociedades exigen una mayor adaptabilidad, flexibilidad, creatividad, innovación y comunicación de las personas en el terreno laboral, y que dichas cualidades deben ser promovidas por los sistemas de educación y de formación en los distintos Estados miembros, pues esos son también los objetivos del citado programa «Educación y formación 2010»,

N.

Teniendo en cuenta que existen importantes disparidades entre los modelos de enseñanza artística vigentes en los distintos Estados miembros,

O.

Considerando que conviene tener en cuenta que, como consecuencia de la globalización y la mayor movilidad de los ciudadanos, así como de las ampliaciones sucesivas de la Unión Europea, la educación en la cultura y en su diversidad es un factor importante para preservar la identidad y promover un entendimiento intercultural e interreligioso; considerando que los objetivos del Año Europeo de la Creatividad y la Innovación de destacar y promover la cultura también deberían seguir estando presentes después de 2008,

1.

Considera que la educación artística debería ser elemento obligado en los programas educativos a todos los niveles escolares, a fin de favorecer la democratización del acceso a la cultura;

2.

Destaca la importancia de prever, tanto en los currículos educativos como de formación profesional y aprendizaje permanente, cursos continuos de promoción y desarrollo de la creatividad a todas las edades como parte del proceso de aprendizaje permanente;

3.

Recuerda que la educación artística y cultural conlleva intrínsecamente una aspiración de educación ciudadana y que participa en la configuración de las ideas y la realización personal en los planos intelectual, afectivo y corporal;

4.

Reconoce en el contexto del Año Europeo de la Creatividad y la Innovación 2009 el cometido de las artes como importante factor que contribuye a la innovación en la sociedad y la economía;

5.

Señala a la atención del Consejo y de los Estados miembros el papel que la cultura europea y su diversidad tienen como factor de integración, así como la importancia de la educación artística y cultural a nivel europeo, incluida la salvaguardia de los valores culturales tradicionales en las diferentes regiones;

6.

Constata que los estudiantes de enseñanzas artísticas interesados en cursar sus estudios en un Estado miembro diferente del propio son cada día más numerosos y, en consecuencia, anima a los Estados miembros a coordinar sus políticas en materia de educación artística a nivel de la Unión Europea, a intercambiar mejores prácticas y a fomentar la movilidad tanto de estudiantes como de profesores en este sector;

7.

Propone mejorar la movilidad de los profesionales en el sector artístico prestando mayor atención al reconocimiento de cualificaciones, lo que debería hacerse animando a los centros de formación y a los empleadores a referirse al Marco Europeo de Cualificaciones para permitir la comparabilidad de las competencias y cualificaciones en el sector a escala europea;

8.

Insta, en este contexto, a la Comisión, a colaborar con los Estados miembros con vistas al establecimiento de un marco de movilidad para los europeos que realizan actividades artísticas y creadoras, prestándose particular atención a la movilidad de los jóvenes artistas y estudiantes de arte;

9.

Estima, teniendo presente que es competencia de los Estados miembros, que las políticas en materia de educación artística deberían coordinarse a nivel de la Unión Europea, especialmente por lo que concierne a:

10.

Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que:

11.

Insiste en que la enseñanza de la historia del arte debe ir acompañada asimismo de encuentros con los artistas y la visita de centros culturales para suscitar la curiosidad y alimentar la reflexión de los alumnos;

12.

Destaca la importancia de utilizar los recursos proporcionados por las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información e internet como canales para una enseñanza moderna y adaptada a los nuevos tiempos, a la hora de introducir la dimensión artística en los currículos escolares;

13.

Destaca, a este respecto, la contribución esencial de proyectos como Europeana, la biblioteca digital europea;

14.

Recomienda el desarrollo común de un portal europeo para la formación artística y cultural y la inclusión de la educación artística en los currículos educativos de los Estados miembros, para asegurar el desarrollo y el fomento del modelo cultural europeo, especialmente cotizado internacionalmente;

15.

Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que lleven a cabo un seguimiento de los progresos en la incorporación de la educación artística a los currículos escolares y sugiere, en particular a la Comisión, que promueva los estudios necesarios para disponer de información fiable sobre el impacto de dichas enseñanzas en el nivel de formación y competencias de los estudiantes en la Unión Europea;

16.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobienros y Parlamentos de los Estados miembros.

6.5.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 117/27

A.

Considerando que una Unión Europea democrática y transparente pasa por un mayor diálogo entre los ciudadanos y las instituciones europeas, entre ellas el Parlamento, pero también por un constante debate sobre Europa a nivel europeo, nacional y local,

B.

Considerando que, tras el rechazo del proyecto de Tratado por el que se instituye una Constitución para Europa en Francia y los Países Bajos, el 53,4 % de los irlandeses votó en un referéndum contra la ratificación del Tratado de Lisboa, y que las personas con una comprensión inadecuada de las políticas de la Unión Europea son más proclives a oponerse a ellas,

C.

Considerando que la 69a encuesta de Eurobarómetro mostró que el 52 % de los ciudadanos de la Unión cree que la adhesión de sus países respectivos a la UE es algo positivo, mientras que sólo el 14 % cree lo contrario,

D.

Considerando que el conocimiento de la Unión Europea, tanto de sus políticas y de su funcionamiento como de los derechos garantizados por los Tratados, es fundamental para la recuperación de la confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas,

E.

Considerando que en 2004 se nombró por primera vez a un Comisario separado para la estrategia de comunicación, aunque no se ha adoptado aún una estrategia de comunicación debido a la falta de un adecuado fundamento jurídico en los Tratados,

1.

Recuerda que las encuestas muestran que, cuanto menos educado y menos acomodado es un ciudadano de la Unión, más proclive es a oponerse a una mayor integración europea, lo que indica que la idea europea, a pesar de todos los esfuerzos realizados, cala principalmente en el segmento educado y pudiente de la sociedad europea; considera que el diálogo activo entre la Unión Europea y sus ciudadanos es fundamental para la realización de los principios y valores del proyecto de la UE, pero reconoce que hasta ahora dicha comunicación no se ha establecido con pleno éxito;

2.

Lamenta que, a pesar de los esfuerzos y de las buenas ideas de la Comisión, no se hayan hecho grandes progresos por lo que concierne al aumento los conocimientos sobre los asuntos europeos y al interés de los ciudadanos, como lamentablemente puso de manifiesto el referéndum irlandés;

3.

Destaca la especial importancia de la creación de enlaces coherentes de información con un contenido específico para los destinatarios, tanto entre la UE y las regiones con características especiales, como entre la UE y grupos sociales específicos;

4.

Observa que, según encuestas recientes, una gran mayoría de europeos están a favor de que la Unión Europea hable con una sola voz en cuestiones de política exterior; destaca el hecho de que una declaración a este efecto fue incluida a petición de un grupo de ciudadanos de la Unión en la carta abierta/recomendaciones de los participantes en la conferencia de clausura de los seis proyectos de ciudadanos del «Plan D» el 9 de diciembre de 2007; subraya que entre las recomendaciones contenidas en dicha carta abierta se incluye un llamamiento a la Unión para que actúe con mayor eficacia en el ámbito de la política social y la cohesión social, sobre todo con miras a luchar contra las diferencias salariales y promover la igualdad entre hombres y mujeres, y, de forma más general, que preste una atención específica a estas cuestiones de igualdad con frecuencia descuidadas; señala que también es importante examinar qué se está comunicando con las acciones y compararlo con el mensaje que la UE desea enviar a sus ciudadanos;

5.

Recuerda que la mayoría de las mujeres emitió un voto negativo en los últimos referendos sobre la Unión Europea: el 56 % en Francia, el 63 % en los Países Bajos y el 56 % en Irlanda (según las encuestas del Flash del Eurobarómetro 171, 172 y 245, respectivamente); considera que dicho voto negativo viene derivado, entre otros factores, de la escasa implicación de las instituciones europeas en aquellas políticas que afectan directamente a las mujeres y que están en la base de la todavía persistente desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, tales como las políticas de conciliación de la vida profesional y familiar o de apoyo a la dependencia;

6.

Subraya la necesidad de completar el proceso de ratificación del Tratado de Lisboa, que aumentará aún más la transparencia de la UE y la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones; recuerda, en este sentido, las nuevas oportunidades que podría ofrecer el Tratado de Lisboa para la democracia participativa, en particular la iniciativa ciudadana;

7.

Subraya la necesidad de esfuerzos coordinados y de acciones comunes entre todas las instituciones de la UE y los Estados miembros para comunicar con los ciudadanos de la Unión sobre los asuntos europeos; toma nota con satisfacción de la mencionada declaración común de 22 de octubre de 2008, en la que se establecen objetivos claros de mejora de la comunicación de la UE por parte del Parlamento, el Consejo, la Comisión y los Estados miembros; considera que dicha declaración podría ser más ambiciosa, ya que el Parlamento ha pedido que se celebre un acuerdo interinstitucional entre todas las instituciones sobre política de comunicación;

8.

Considera que las instituciones de la UE deben iniciar un debate sobre Europa y poner en práctica inmediatamente los conceptos establecidos en la mencionada Declaración conjunta, en la mencionada Comunicación de la Comisión, de 1 de febrero de 2006, titulada «Comunicar Europa en asociación» y en el documento de trabajo de la Comisión de 3 de octubre de 2007;

9.

Comparte la opinión de la Comisión según la cual la democracia participativa puede sustituir eficazmente a la democracia representativa; subraya, no obstante, que la democracia participativa significa no solamente estar a la escucha de los ciudadanos sino también ofrecerles oportunidades reales de influir en la política europea; recuerda que ello exige de las instituciones una apertura notablemente mayor y la adopción de enfoques que permitan que los ciudadanos y las ONG participen de modo eficaz en los debates sobre asuntos de la UE en todas las fases; recuerda asimismo que uno de los requisitos fundamentales para poder influir consiste en facilitar el más amplio acceso público posible a los documentos de las instituciones;

10.

Destaca la importancia y el valor del proceso de consulta como instrumento eficaz para dotar de poder a los ciudadanos permitiéndoles intervenir directamente en el proceso político al nivel de la UE; pide a la Comisión que adopte nuevas medidas para difundir con la antelación necesaria información sobre las futuras consultas de la UE a través de los medios de comunicación y otros foros adecuados a nivel nacional, regional y local, que amplíe la gama de opiniones de las partes interesadas oídas durante las consultas sobre la legislación comunitaria y que dé más publicidad a las consultas en Internet sobre las políticas e iniciativas de la UE, con el fin de asegurar que todas las partes interesadas, especialmente las PYME y las ONG locales, participen en el debate; pone de relieve en este contexto la importancia de los representantes de la sociedad civil, como las redes de profesionales y consumidores, a todos los niveles, desde el transnacional hasta el local, que proporcionan plataformas para un intercambio de puntos de vista con conocimiento de causa sobre las políticas de la UE, contribuyendo así a una mejora de la calidad de la legislación comunitaria; reconoce los problemas en la transposición y aplicación de la legislación y anima a los consumidores y a las empresas a que ejerzan sus derechos y comuniquen los problemas existentes a las instituciones de la UE;

11.

Considera que las instituciones de la UE y los Estados miembros deben coordinar sus esfuerzos de comunicación y construir una asociación con la sociedad civil con el fin de explotar las posibles sinergias; subraya la necesidad de coordinación entre las instituciones y la conveniencia de establecer enlaces entre los canales de televisión de la Comisión y del Parlamento; pide a la Comisión que mejore la cooperación y coordinación entre sus representaciones en los Estados miembros y las oficinas de información del Parlamento; pide a las representaciones de la Comisión y del Parlamento en los Estados miembros que cooperen en mayor medida cuando realicen consultas a los ciudadanos o recopilen información, conocimientos e ideas sobre la UE, y que ofrezcan a los votantes la oportunidad de reunirse con los diputados al Parlamento Europeo en los diferentes países y con funcionarios de la Unión Europea;

12.

Se congratula de que la Comisión apoye el papel del Parlamento y de los partidos políticos europeos, y reconoce la necesidad de compensar la distancia entre políticas nacionales y europeas, especialmente durante las campañas electorales europeas;

13.

Pide a las tres instituciones principales que consideren la posibilidad de organizar, como complemento de los debates abiertos del Parlamento, debates conjuntos abiertos en los que se abordarían temas relativos a los consumidores y a su vida cotidiana, con el fin de reforzar su confianza en el mercado interior y en la protección del consumidor; destaca que los intergrupos del Parlamento desempeñan plenamente su papel de «enlace ciudadano», verdadero instrumento de relación entre el mundo político y la sociedad civil;

14.

Observa con satisfacción que la Comisión ha tenido en cuenta muchas de las ideas ya presentadas por el Parlamento como los foros de los ciudadanos a escala europea y nacional, un papel más relevante para las organizaciones de la sociedad civil y un uso innovador de los nuevos medios de comunicación;

15.

Insta a la Comisión a ampliar su diálogo a todos los niveles adaptando su mensaje a diferentes grupos objetivo en función de su origen social; propone, por consiguiente, reforzar el diálogo entre la Unión Europea y sus ciudadanos proporcionando la misma información a todos, adaptándola y facilitando el debate con y entre los ciudadanos informados; considera que las instituciones de la UE deben incorporar a sus políticas las conclusiones de los debates locales organizados en el marco del Plan D y tomar en consideración las expectativas de los ciudadanos sobre la UE al adoptar nueva legislación;

16.

Pide a los Estados miembros que inicien campañas de comunicación eficaces sobre la UE a todos los niveles: nacional, regional y local; pide a la Comisión que difunda las mejores prácticas determinadas en tales campañas y propone la creación de un sistema de comunicación interactivo permanente entre las instituciones de la UE y los ciudadanos, con campañas regulares de carácter local y regional, con el apoyo de los medios de comunicación regionales y con la participación activa de la sociedad civil, las ONG, las cámaras de comercio, los sindicatos y las organizaciones profesionales;

17.

Subraya que la política de cohesión de la UE es un fundamento de la integración europea y de la solidaridad social; considera, por tanto, que deben difundirse entre los ciudadanos los esfuerzos y los efectos específicos de las políticas de la UE en su vida cotidiana, destacando la aportación de la UE y las ventajas que se derivan del proyecto común europeo; desea, en este contexto, que las autoridades locales cumplan mejor su obligación de informar sobre las ayudas recibidas de a Unión Europea; señala asimismo que el voluntarismo de los representantes locales y regionales es esencial para desarrollar la información y la formación; a este respecto, acoge con satisfacción la creación de un Erasmus de los representantes locales y regionales;

18.

Subraya que la participación de los interlocutores en la preparación y ejecución de los programas operativos, de conformidad con el artículo 11 del Reglamento General sobre los Fondos Estructurales (FSE) 2007-2013, contribuye de manera significativa a promover la política de cohesión y la acerca a los ciudadanos; insiste en que estos interlocutores tienen una oportunidad única de conocer directamente los verdaderos problemas que preocupan a los ciudadanos; pide, por tanto, a la Comisión que controle la correcta aplicación del principio de asociación en el ámbito nacional, regional y local; destaca la importancia de que las autoridades nacionales y regionales hagan uso de las posibilidades financieras contempladas en el Fondo Social Europeo, con el fin de mejorar las competencias de los interlocutores, especialmente en lo que respecta a la formación; destaca el importante papel que han desempeñado los fondos estructurales en el fomento de la cooperación transfronteriza, a través de proyectos y programas; destaca que ello ha incentivado el desarrollo de la ciudadanía activa y la democracia participativa en las regiones fronterizas; pide a la Comisión que siga apoyando los proyectos y programas de esta índole y participando en ellos;

19.

Señala, en el contexto de las próximas elecciones europeas, que es necesario informar a nivel local y regional a los ciudadanos, y sobre todo a los jóvenes que acuden por primera vez a las urnas; a nivel más general, subraya la importancia de que los diputados europeos participen, en colaboración con los representantes electos regionales y locales, en el proceso de consulta a los ciudadanos de sus circunscripciones, pues son sus portavoces en la UE; apoya los esfuerzos del Comité de las Regiones destinados a reforzar las consultas y las redes regionales y a incluir en las mismas a las redes regionales y los dirigentes locales y regionales, para fomentar un diálogo próximo a los ciudadanos, a fin de conocer sus opiniones y preocupaciones;

20.

Destaca la necesidad de un mayor compromiso de los diputados en el proceso de comunicación con los ciudadanos de la UE, así como la de introducir en la organización de la actividad del Parlamento los cambios necesarios para que los diputados entablen un diálogo con los ciudadanos al nivel más local posible; espera que, paralelamente a las campañas de los partidos políticos, los diputados al Parlamento Europeo participen activamente sobre el terreno en la campaña electoral europea;

21.

Pide a la Comisión que lance campañas de comunicación locales, a pequeña escala, con la participación de actores locales, y que fomente actividades para que los ciudadanos estén mejor informados sobre los países de origen de los inmigrantes, e informe mejor a los inmigrantes sobre los derechos y obligaciones vinculados a la ciudadanía de la Unión, como el modo más efectivo y significativo de conseguir estos objetivos de comunicación, y también que continúe con los esfuerzos hechos en el contexto del Año Europeo del Diálogo Intercultural 2008;

22.

Subraya la importancia de introducir cursos de política y de historia europea en los programas escolares de cada Estado miembro con objeto de reforzar los valores europeos y de desarrollar los Estudios Europeos en los programas universitarios; pide a la Comisión que aporte una ayuda financiera a la promoción de estos proyectos; pide a los Estados miembros que promuevan un curso escolar sobre la historia de la integración y del funcionamiento de la UE con el fin de formar la base de un conocimiento europeo común;

23.

Destaca el papel particular de la educación cívica como fuerza motriz fundamental de la ciudadanía activa; señala la necesidad de apoyar un modelo activo de educación cívica que ofrezca a los jóvenes la oportunidad de participar directamente en la vida pública, con sus representantes políticos a escala nacional, local y europea, con los representantes de las ONG y con las iniciativas cívicas; propone que la Comisión apoye proyectos piloto que fomenten ese modelo de educación cívica en los Estados miembros;

24.

Recomienda una mejor promoción de los programas Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig y Comenius mediante una mayor comunicación y una mejor organización de los mismos para motivar al mayor número de gente posible a que participe en ellos, para aumentar la participación de los ciudadanos menos acomodados y para facilitar su movilidad en la UE; llama la atención sobre el hecho de que estos programas en particular son muy populares entre los jóvenes y suponen una importante contribución al éxito de la integración europea;

25.

Acoge con satisfacción la comunicación de la Comisión de 21 de diciembre de 2007 mencionada arriba, que establece objetivos claros sobre la manera en que el sitio web de Europa puede convertirse en un sitio web 2.0 orientado a los servicios; insta a la Comisión a que complete la construcción de un nuevo sitio en 2009 y considera que el nuevo sitio web debe proporcionar a los ciudadanos un foro donde compartir sus opiniones y participar en sondeos en línea y donde las ONG, las instituciones públicas y los ciudadanos puedan compartir las experiencias de sus proyectos de comunicación sobre la UE; pide a la Comisión que recoja y publique en su página web las experiencias de los beneficiarios de las actividades financiadas en el marco del Plan D;

26.

Acoge con satisfacción la idea de «EU Tube», que, con casi 1,7 millones de usuarios, es una herramienta única para difundir las políticas de la UE entre los internautas; pide también a la Comisión que prepare orientaciones sobre campañas de Internet eficaces y que las comparta con otras instituciones de la UE;

27.

Pide a la Comisión que haga un mejor uso del material disponible en Europa por satélite estableciendo enlaces con canales de televisión locales y medios de comunicación comunitarios que están interesados en obtener dicho material para su difusión, con el fin de alcanzar a una mayor audiencia;

28.

Considera que la red Europa en Directo es una herramienta importante para responder a las preguntas de los ciudadanos por correo o por teléfono mediante llamadas gratis desde cualquier lugar de la UE, una herramienta a la que se debe dar más publicidad;

29.

Considera que las áreas políticas de la protección del consumidor y del mercado interior son primordiales para la comunicación de Europa a los consumidores y a las empresas; pide a los Estados miembros que aumenten sus esfuerzos en la comunicación de los beneficios del mercado único a escala nacional, regional y local; pide a la Comisión y a los Estados miembros que promuevan y refuercen la comunicación interactiva y la información con miras a establecer un diálogo efectivo entre consumidores, empresas e instituciones por varios medios electrónicos de la última tecnología y que contribuyan al desarrollo del comercio electrónico;

30.

Pide a la Comisión que consolide sus esfuerzos de coordinación en los campos de la educación e información del consumidor sobre los derechos y las obligaciones del consumidor mediante el incremento de sus recursos humanos y financieros; pide a los Estados miembros que aumenten los recursos humanos y financieros asignados a la Red de Centros Europeos de los Consumidores a fin de aumentar la concienciación y asegurar el ejercicio de los derechos del consumidor en la UE, y exhorta a los Estados miembros, teniendo en cuenta la actual crisis financiera mundial y el aumento de los niveles de endeudamiento de los consumidores, a que contribuyan a mejorar el nivel de instrucción financiera del consumidor, en particular en cuanto a sus derechos y obligaciones y a las posibilidades de reparación por lo que se refiere a préstamos y ahorros;

31.

Pide a los Estados miembros que aumenten los recursos humanos y económicos asignados a la Red SOLVIT, que permite resolver gratuitamente los problemas de mala aplicación o no aplicación de la legislación comunitaria; pide a la Comisión que acelere la armonización de los diversos servicios que facilitan información y asesoramiento acerca del mercado único; apoya, por lo tanto, el concepto contenido en la Comunicación de la Comisión de 20 de noviembre de 2007 titulada «Un mercado único para la Europa del siglo XXI» (COM(2007)0724) de un planteamiento integrado en aras de la creación de Servicios de Asistencia para el Mercado Único a través de la creación de una página web de acceso único; toma nota de las iniciativas de la Comisión sobre la reducción de las cargas administrativas y para legislar mejor; pide especialmente mejoras para apoyar a las pequeñas y medianas empresas, que representan una importante fuente de empleos para Europa;

32.

Destaca que un Año Europeo del Voluntariado sería una oportunidad ideal para que las instituciones de la UE conectasen con los ciudadanos; señala que hay más de 100 millones de voluntarios en toda la UE y pide a la Comisión que prepare el terreno para que 2011 sea declarado Año Europeo del Voluntariado presentando lo antes posible una propuesta legislativa al efecto;

33.

Destaca la importancia de considerar las opiniones de los ciudadanos sobre Europa como actor mundial, teniendo en cuenta en particular el papel cada vez más relevante del Parlamento Europeo en este asunto; defiende, por consiguiente, la participación de los diputados al Parlamento Europeo y de los miembros del Consejo en las visitas de los miembros de la Comisión en el marco del «Plan D», ya que desempeñan un importante papel en el contacto con los parlamentos nacionales, la sociedad civil, los líderes empresariales y sindicales y las autoridades regionales y locales de los Estados miembros;

34.

Se felicita de que el mundo en general esté mostrando un interés cada vez mayor por el proyecto europeo y de que la Unión Europea y sus ciudadanos son también cada vez más conscientes de las ventajas de compartir su experiencia supranacional con otros países o regiones, especialmente con los vecinos de la Unión Europea; pide, por lo tanto, a la Comisión que desarrolle, a través de sus Delegaciones en terceros países, maneras de conectar con los ciudadanos de estos países y de informarles sobre las posibilidades que ofrece la Unión Europea, por ejemplo en relación con los medios de comunicación y diversos programas culturales y educativos, así como programas de aprendizaje de idiomas, y de movilidad o de intercambio como Erasmus Mundus;

35.

Observa, en particular, en el contexto del aumento del número de nacionales de terceros países en la Unión Europea, y la emergencia de sociedades multiculturales a las que también han contribuido, que se deberían hacer mayores esfuerzos para hacer posible la integración de los inmigrantes en la Unión Europea, facilitándoles acceso concreto a la información sobre lo que implica ser ciudadano de la Unión, por ejemplo reforzando las asociaciones entre diferentes niveles de gobierno (local, nacional, regional) y actores no gubernamentales (por ejemplo, empresarios, sociedad civil y asociaciones de migrantes, los medios de comunicación y ONG de ayuda a los migrantes); considera que una buena integración favorece el desarrollo de una conciencia multicultural europea basada en la tolerancia, el diálogo y la igualdad;

36.

Pide a la Comisión que promueva programas y campañas –como la denominada «The World through women's eyes» (el mundo a través de la mirada de las mujeres)– para fomentar la actividad social, política y cultural de las mujeres, teniendo en cuenta su papel en el diálogo entre generaciones, la sostenibilidad y prosperidad de la sociedad; por consiguiente, pide mejor información para las jóvenes y las mujeres sobre el concepto de ciudadanía europea y los derechos correspondientes, especialmente en las regiones social y geográficamente aisladas; subraya que estas campañas de información deben tener por objeto una mejor participación de las mujeres en la vida política y en el proceso de decisión; subraya la necesidad de promover medidas para eliminar la brecha digital de género a fin de proporcionar a las mujeres, en igualdad de condiciones, los instrumentos de participación en el diálogo sobre Europa; felicita a la Comisión por la elección de los proyectos cofinanciados por sus representaciones, en el marco del Plan D, que incluyen un gran número de organizaciones de mujeres y numerosos proyectos relativos a la mujer; insiste en la necesidad de promover la participación de los ciudadanos en cuestiones tales como la violencia de género o el tráfico de seres humanos, en las que la implicación de la sociedad es imprescindible para avanzar en la resolución de problemas; reconoce la habilidad de las mujeres para resolver problemas y solucionar conflictos e insta a la Comisión a prever un mayor número de mujeres en los grupos operativos y de trabajo que se ocupan de las cuestiones relativas a la vida familiar, el cuidado de los hijos, la educación etc.;

37.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo Europeo, a la Comisión, al Consejo, al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, al Tribunal de Cuentas, al Comité de las Regiones, al Comité Económico y Social Europeo y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

6.5.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 117/33

—

sobre las consecuencias sociales y medioambientales de los programas de ajuste estructural (7),

—

sobre las experiencias del proceso de integración regional europea pertinentes para los países ACP (8),

—

sobre las cuestiones de seguridad alimentaria en los países ACP y el papel de la cooperación ACP-UE (9),

—

sobre la situación en Kenia (10),

—

sobre la protección de la población civil durante las operaciones de mantenimiento de la paz a cargo de las Naciones Unidas y las organizaciones regionales (11),

—

sobre la eficacia de la ayuda y la definición de ayuda pública al desarrollo (12),

—

sobre las consecuencias sociales del trabajo infantil y estrategias para luchar contra el trabajo infantil (13),

—

sobre la situación en Mauritania (14),

—

sobre la situación en Zimbabue (15),

A.

Considerando la firma de AAE con determinadas regiones o países ACP en 2008 y los debates en el seno de la APP en marzo de 2008 en Liubliana (Eslovenia) y en noviembre de 2008 en Port Moresby, sobre los progresos de las negociaciones de los AAE,

B.

Considerando la adopción del Reglamento (CE) no 1905/2006 por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo arriba mencionado, así como un programa de medidas de acompañamiento para los países ACP firmantes del protocolo sobre el azúcar,

C.

Considerando el compromiso contraído por el Comisario responsable de desarrollo y ayuda humanitaria, con ocasión de la sesión de la APP de junio de 2007 en Wiesbaden, de someter los documentos estratégicos nacionales y regionales para los países ACP (período 2008-2013) al examen democrático de los Parlamentos y congratulándose de que este compromiso se cumple,

D.

Considerando que la nueva revisión del Acuerdo de Cotonú, prevista en 2010, representa una ocasión importante para desarrollar la dimensión regional de la APP y el control parlamentario a nivel de las regiones ACP, pero también para reforzar el papel y las actividades de la propia APP como institución,

E.

Considerando el éxito considerable de las dos reuniones regionales de la APP celebradas en 2008 en Namibia y Vanuatu, que dieron lugar a la adopción de los comunicados de Windhoek y Port Vila anteriormente mencionados,

F.

Considerando que la situación en Zimbabue se ha deteriorado aún más durante el año 2008, a pesar de las elecciones celebradas en julio de 2008; congratulándose, no obstante, por el acuerdo alcanzado para aprobar una resolución sobre Zimbabue en la 16a sesión de la APP en Port Moresby,

G.

Considerando la persistencia del conflicto en la República Democrática del Congo y las graves y repetidas violaciones de los derechos humanos que se cometen en dicho país; recordando la necesidad de una ayuda humanitaria eficaz y de un mayor compromiso de la comunidad internacional,

H.

Considerando los trabajos del Parlamento Panafricano (PPA) y la formalización de las relaciones entre el Parlamento Europeo y el PPA, así como la intención, manifestada por el Presidente del Parlamento Europeo durante su intervención ante la décima sesión del PPA el 28 de octubre de 2008, de constituir una delegación interparlamentaria para la próxima legislatura,

I.

Considerando la celebración prácticamente conjunta de la 16a sesión de la APP en Port Moresby y de la Conferencia internacional sobre la financiación de la ayuda al desarrollo en Doha, lo que obligó a numerosos diputados al Parlamento Europeo a proceder a una difícil elección,

J.

Considerando las excelentes contribuciones de la Presidencia eslovena de la Unión Europea (Enero-Junio 2008) y del Gobierno de Papúa Nueva Guinea en las mencionadas sesiones de la APP en Liubliana y Port Moresby,

K.

Considerando las misiones de estudio de la Mesa de la APP llevadas a cabo en 2008:

1.

Se congratula de que en 2008 la APP haya seguido ofreciendo el marco para un diálogo abierto, democrático y profundo sobre la negociación de los AAE entre la Unión Europea y los países ACP;

2.

Subraya la preocupación manifestada por la APP respecto de varios elementos de las negociaciones, tanto en la forma como en el fondo; recuerda que el debate continúa tras la adopción del AAE con el Foro del Caribe del Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (Cariforum) y de los acuerdos provisionales con determinados países de otras regiones;

3.

Celebra la respuesta positiva de la nueva Comisaria responsable de Comercio a la petición de varios países y regiones ACP de reexaminar los asuntos polémicos al hilo de las declaraciones del Presidente de la Comisión;

4.

Subraya la necesidad de una estrecha vigilancia parlamentaria del curso de la negociación y la aplicación de los AAE; lamenta que la labor y la función de la APP estén amenazadas por la perspectiva de la creación de un nuevo órgano, la comisión parlamentaria, en el marco de los AAE, sin que la relación entre dicho órgano y la APP quede clara; pide que la comisión parlamentaria actúe como parte de la APP, para evitar una costosa y complicada proliferación de reuniones, aprovechando las ventajas del sistema de reuniones regionales de la APP, y para beneficiarse de la experiencia de la APP y crear sinergia entre todas las regiones de los AAE; hace hincapié en que es deseable que esta comisión actúe con flexibilidad y pueda dar cabida a la experiencia en materias de comercio y desarrollo de los diputados al Parlamento Europeo que intervienen en el examen de los AAE en las comisiones;

5.

Destaca en particular el papel crucial de los Parlamentos de los países ACP, los agentes no estatales y los poderes locales en el seguimiento y la gestión de los AAE y pide a la Comisión que garantice la participación activa de todos ellos en los procesos de negociación en curso, lo que presupone una agenda clara para el desarrollo de las negociaciones, validada por los países ACP y la Unión y basada en un planteamiento participativo;

6.

Subraya la preocupación de la APP por las repercusiones de la actual crisis financiera y se congratula por la adopción de la citada declaración de Port Moresby sobre la crisis financiera y alimentaria mundial; pide a la APP que someta periódicamente a debate estos problemas;

7.

Acoge con satisfacción el compromiso contraído por el Comisario responsable de desarrollo y ayuda humanitaria, con ocasión de la mencionada sesión de la APP en Kigali, de someter los documentos estratégicos nacionales y regionales para los países ACP (período 2008-2013) al examen democrático de los Parlamentos y se congratula por el trabajo que algunos Parlamentos de los países ACP ya han llevado a cabo para analizar dichos documentos;

8.

Recuerda, al respecto, la necesidad de que los Parlamentos participen estrechamente en el proceso democrático y en las estrategias nacionales de desarrollo; subraya su papel fundamental en la elaboración, seguimiento y control de las políticas de desarrollo;

9.

Insta a los Parlamentos de los países ACP a que exijan de sus Gobiernos y de la Comisión participar en el proceso de preparación y ejecución de los documentos estratégicos nacionales y regionales relativos a la cooperación entre la Unión Europea y su país (período 2008-2013);

10.

Pide a la Comisión que facilite toda la información disponible a los Parlamentos de los países ACP y les preste asistencia en su labor de control democrático, en particular mediante el apoyo a sus capacidades;

11.

Se declara favorable a la integración del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) en el presupuesto de la Unión para reforzar la coherencia, transparencia y eficacia de la política de cooperación para el desarrollo y garantizar el control democrático de la misma; subraya que la integración del FED en el presupuesto de la Unión constituye asimismo una respuesta oportuna frente a las dificultades de ejecución y ratificación de los sucesivos FED;

12.

Pide a los Parlamentos que ejerzan un estrecho control parlamentario del FED; subraya la posición privilegiada de la APP en este debate y le pide, así como a los Parlamentos ACP, que participe activamente en el mismo, en particular con ocasión de la revisión del Acuerdo de Cotonú, prevista para 2010; insiste en la necesidad de que se asocie a la APP a la totalidad del proceso de negociación de esta revisión;

13.

Toma nota con satisfacción del carácter cada vez más parlamentario, y por lo tanto político, de la APP, así como el compromiso cada vez mayor de sus miembros y la mayor calidad de sus debates, lo que constituye una contribución decisiva a la asociación ACP-UE;

14.

Estima que las mencionadas resoluciones de la APP sobre la situación en Kenia y en Zimbabue son ejemplos significativos de este diálogo reforzado;

15.

Pide que la APP siga ocupándose de la situación en Sudán, particularmente en Darfur, examinando la posición de la Unión y los países ACP respecto de las acusaciones formuladas ante la Corte Penal Internacional;

16.

Pide que la APP siga ocupándose de la situación en Somalia, que pone en peligro las vidas de los ciudadanos somalíes, amenaza la seguridad de la región y es una fuente de inestabilidad mundial debido a la aparición cada vez más frecuente de brotes de anarquía, extremismo y piratería;

17.

Pide a la APP que continúe el debate sobre la preocupante situación en Zimbabue donde las elecciones de julio de 2008 no han logrado restablecer la democracia y la situación económica es una verdadera amenaza para la salud y la vida de millones de ciudadanos, así como para la estabilidad de la región;

18.

Pide a la APP que siga contribuyendo al esfuerzo de sensibilización de la comunidad internacional sobre los conflictos que afectan a la región del este de la República Democrática del Congo, que promueva una solución política negociada de la crisis y que apoye toda acción que podría proponerse en el marco de una solución negociada;

19.

Pide a la APP que continúe y profundice el diálogo con el Parlamento Panafricano y con los parlamentos de las organizaciones regionales, habida cuenta de la importancia de la integración regional para la paz y el desarrollo de los países ACP;

20.

Lamenta que la APP no haya sido suficientemente consultada para la preparación de la estrategia común UE-África, y espera que la APP participe activamente en la aplicación de dicha estrategia;

21.

Se congratula de que las reuniones regionales, previstas en el Acuerdo de Cotonú y en el Reglamento de la APP, se hayan celebrado a partir de 2008; considera que estas reuniones permiten un verdadero intercambio de puntos de vista sobre los retos regionales, incluidas la prevención y resolución de conflictos, y que las políticas europeas contribuyen a intensificar las cohesiones regionales; subraya que estas reuniones se celebran en un momento especialmente oportuno en la negociación, celebración y entrada en vigor de los AAE y tienen que constituir una prioridad; felicita a los organizadores por el éxito de las dos reuniones celebradas en Namibia y Vanuatu y apoya la organización de las próximas reuniones en las regiones del Caribe y del África occidental en 2009;

22.

Insta a la APP a que refuerce el papel de su Comisión de Asuntos Políticos a fin de que se convierta en un verdadero foro de prevención y resolución de conflictos, en el marco de la asociación ACP-UE, y que, para ello, generalice los debates sobre las situaciones de emergencia propias de un país; se felicita por el trabajo llevado a cabo en el ámbito de la protección de la población civil en el marco de las operaciones de mantenimiento de la paz y de la intención de trabajar sobre la gobernanza en los países ACP;

23.

Acoge con satisfacción el informe de la Comisión de Asuntos Políticos de la APP, aprobado en Liubliana en marzo de 2008 sobre experiencias de interés para los países ACP recogidas durante el proceso europeo de integración regional, informe en el que se ponen de relieve los beneficios clave de la integración, como la paz y la seguridad, la posibilidad de evitar que los conflictos potenciales deriven en conflictos armados, la prosperidad, el bienestar, la democracia y el respeto de los derechos humanos;

24.

Toma nota con satisfacción de la intención manifestada por la Comisión de Desarrollo Económico, Finanzas y Comercio de la APP de llevar a cabo un análisis de los documentos estratégicos regionales para las regiones ACP;

25.

Subraya el papel desempeñado por la Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente de la APP en el ámbito del trabajo infantil y su intención de continuar el análisis de la situación social de los jóvenes en los países ACP;

26.

Acoge con satisfacción el informe de la Comisión de Asuntos Sociales y Medio Ambiente de la APP sobre las consecuencias sociales y medioambientales de los programas de ajuste estructural, aprobado en Liubliana, en el que se sostiene que la práctica de someter a condiciones de política económica los préstamos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional ha tenido consecuencias sociales y medioambientales catastróficas para los países ACP y debería ser sustituida por una política de préstamos específica para cada país y centrada en el objetivo de reducir la pobreza;

27.

Pide a la APP que exija participar en el proceso de revisión del Acuerdo de Cotonú que comenzará en 2009, para asegurar el refuerzo de su papel y actividades en el futuro;

28.

Toma nota con satisfacción de la participación creciente de actores no estatales en las sesiones de la APP, participación que quedó en evidencia con ocasión del debate que desembocó en la mencionada declaración de Port Moresby, de noviembre de 2008, sobre la crisis financiera y alimentaria mundial, y con el informe de los socios económicos e interlocutores sociales sobre los AAE, presentados con ocasión de la sesión de la APP celebrada en Liubliana en marzo de 2008;

29.

Desea, además del informe anual sobre las actividades de la APP, que se elabore una reflexión conjunta entre la secretaría de los países ACP y el Parlamento Europeo sobre las condiciones de funcionamiento de la APP, en particular sobre la votación separada por cada grupo de representantes, la igualdad de trato de los parlamentarios y las misiones conjuntas de investigación y observación electoral;

30.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Consejo ACP y a la Mesa de la APP, así como a los Gobiernos y Parlamentos de Eslovenia y de Papúa Nueva Guinea.

6.5.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 117/38

A.

Considerando que la política de cohesión es uno de los ámbitos políticos más importantes en la UE, no sólo por su dotación financiera sino, sobre todo, por ser un pilar fundamental en el proceso de integración europea y por su relevancia para la cohesión social, económica y territorial de la Unión Europea y para el desarrollo de sus 268 regiones, reduciendo las disparidades y los déficits de desarrollo y mejorando la vida de todos los ciudadanos de la UE,

B.

Considerando que las regiones de la Unión Europea afrontan en gran medida desafíos similares, aunque sus consecuencias difieren notablemente de una región a otra debido a sus particularidades en cuanto a su naturaleza (por ejemplo, regiones insulares o montañosas) y población: la globalización y las rápidas reestructuraciones económicas que conlleva, la apertura de las relaciones comerciales, las consecuencias de la revolución tecnológica, el cambio climático, el desarrollo de la economía del conocimiento, el cambio demográfico y el aumento de la inmigración,

C.

Considerando que los mejores resultados, que refuerzan la base de conocimientos y la competitividad, se logran frecuentemente en proyectos ejecutados en cooperación entre el sector público, las empresas, el sector de la educación y las partes interesadas a nivel local,

D.

Considerando que la política de cohesión no consigue desplegar su pleno potencial para superar esos desafíos, pues los posibles solicitantes encuentran considerables dificultades para la utilización de los fondos estructurales de la Unión Europea:

E.

Considerando que muchas de las actuales deficiencias en el ámbito de la política de cohesión son producto de estos obstáculos,

F.

Considerando que los retrasos en la ejecución de la política estructural se deben, entre otras cosas, a la excesiva rigidez de los procedimientos y que, por consiguiente, es necesario simplificar estos procedimientos y establecer un reparto claro de las responsabilidades y las competencias entre la UE, los Estados miembros y las autoridades regionales y locales,

1.

Considerando que, a pesar de que debe tenerse en cuenta el valor añadido de la difusión de buenas prácticas entre el público en general en términos de mejora de la comunicación y de la relación coste- beneficio, los intentos de introducir dichas prácticas en la política regional de la UE deben dirigirse principalmente a la autoridades de gestión, orientándolas hacia la elaboración de normas reguladoras del acceso a los recursos estructurales, de manera que los intercambios de información y experiencias puedan contribuir a mejorar de modo sustancial la calidad de los proyectos, facilitándoles soluciones a problemas conjuntos y eligiendo intervenciones más eficaces y con objetivos mejor determinados;

2.

Señala la necesidad de simplificar los procedimientos que regulan la aplicación de los proyectos y programas de los Fondos Estructurales, especialmente por lo que se refiere a los sistemas de gestión y control; acoge por tanto con satisfacción, a este respecto, el paquete de revisión de los Fondos Estructurales en respuesta a la crisis financiera actual; espera con impaciencia las nuevas propuestas de la Comisión en este ámbito, que deben anunciarse en el plazo de unos pocos meses;

3.

Insta a la Comisión a que para suprimir los citados obstáculos, entre otras cosas,

4.

Recomienda asimismo a la Comisión que desarrolle un enfoque concertado y de acceso general de intercambio interregional de mejores prácticas para que los actores en el ámbito de la política de cohesión puedan servirse de las experiencias ajenas;

5.

Señala expresamente que la determinación de «mejores prácticas» no puede ocasionar cargas administrativas adicionales para solicitantes y promotores de proyectos;

6.

Exige que se mantengan a un nivel mínimo las formalidades administrativas en el uso de los Fondos Estructurales y no se aumenten inútilmente en virtud de condiciones individuales impuestas por el Estado miembro;

7.

Reitera su apoyo a las prácticas dirigidas a que cada Estado miembro presente cada año una declaración de fiabilidad que cubra los fondos de la UE de gestión compartida, y pide que esta práctica se generalice;

8.

Se congratula del enfoque previsto en el marco de la iniciativa «las regiones, por el cambio económico» de elucidar y premiar, por una parte, las mejores prácticas con el galardón anual «REGIO STARS», dándolas a conocer públicamente, y de crear, por otra parte, una página web sobre mejores prácticas; llama la atención sobre la eficacia limitada de un mero sitio de Internet aislada;

9.

Critica la falta de transparencia de los baremos objetivos utilizados por la Comisión para determinar las mejores prácticas;

10.

Pide a la Comisión, a la luz de la variada utilización del concepto de «mejores prácticas» y los conceptos similares frecuentemente usados de «buenas prácticas» e «historias de éxito», que elabore un catálogo claro de criterios claro adaptado a la política de cohesión que permita percibir las mejores prácticas de otros proyectos;

11.

Recomienda a la Comisión que para identificar las mejores prácticas aplique los criterios siguientes:

12.

Destaca que todos los criterios empleados para destacar mejores prácticas deben ser fiables y poder medirse con claridad, con el fin de evitar fricciones, efectos no deseados y juicios subjetivos que podrían socavar todo el procedimiento de clasificación de los proyectos; pide, por consiguiente, a la Comisión que describa con claridad el contenido de los criterios y su modo de aplicación;

13.

Recomienda que, en virtud del análisis de numerosos proyectos ejecutados en diferentes regiones de la Unión Europea se extraigan criterios adicionales para el reconocimiento de las mejores prácticas en ámbitos de la política de cohesión de especial relevancia para el desarrollo de las distintas regiones o de la UE en su conjunto y se caractericen por aplicar distintos enfoques para la ejecución;

14.

Recomienda que para el ámbito «Investigación y desarrollo / innovación» se tengan en cuenta los factores:

15.

Recomienda que para el ámbito «Protección del medio ambiente / protección del clima y política energética sostenible» se tengan en cuenta los factores:

16.

Recomienda que para el ámbito «Creación de empleo de gran calidad» se tengan en cuenta los factores:

17.

Recomienda que para el ámbito «Aprendizaje permanente» se tengan en cuenta los factores:

18.

Recomienda que para el ámbito «Desarrollo urbano integrado» se tengan en cuenta los factores:

19.

Recomienda que para el ámbito «Desarrollo demográfico» se tengan en cuenta los factores:

20.

Recomienda que para el ámbito «Cooperación transfronteriza» se tengan en cuenta los factores:

21.

Recomienda que para el ámbito «Colaboraciones público-privadas» se tengan en cuenta los factores:

22.

Pide a la Comisión que tenga en cuenta la necesidad de promover las mejores prácticas en materia de mecanismos financieros, en particular aquellos para las asociaciones públicas/privadas y los que cuentan con el apoyo del Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones;

23.

Es consciente de que resulta extremadamente difícil que un proyecto cumpla acumulativamente todos los criterios expuestos; pide, por tanto, a la Comisión que, antes de aplicar estos criterios, los enumere en orden de prioridad y determine los que representan una mayor prioridad, con el fin de facilitar la designación de proyectos meritorios como mejores prácticas; subraya la necesidad de utilizar los criterios comúnmente acordados sobre las mejores prácticas de forma abierta y transparente, lo que permitirá una mejor gestión, aceptación y comparabilidad de las mejores prácticas y evitará la confusión con otros términos similares;

24.

Insta a la Comisión a que, con vistas a la utilización futura de los conceptos de «mejores prácticas», «buenas prácticas» e «historias de éxito», elabore con arreglo a esos factores un baremo o una escala clara y transparente para la clasificación de proyectos mediante las citadas denominaciones;

25.

Pide a la Comisión que organice y coordine el intercambio de mejores prácticas mediante una red de regiones y que a tal fin cree un sitio Internet público que contenga información clave sobre los proyectos en todos los idiomas comunitarios;

26.

Recomienda a la Comisión que, en el marco de la administración actual, cree un servicio específico en el seno de la Dirección General de Política Regional, que, con vistas al establecimiento de un intercambio continuo, a largo plazo, fiable y con éxito de las mejores prácticas en el ámbito de la política de cohesión, organice, en colaboración con dicha red de regiones, la evaluación, recogida e intercambio de mejores prácticas y actúe como punto de contacto permanente tanto para ofrecer como para recabar información; pide a la Comisión que difunda en todos sus servicios esta cultura de buenas prácticas;

27.

Propone, en este marco, que los mecanismos de evaluación estudien y tengan en cuenta metodologías acreditadas y fiables que ya se hayan utilizado; cree que debería dedicarse una atención especial a la cooperación en el marco de una red de autoridades regionales y agencias especializadas, que son la fuente clave de material primario de mejores prácticas para la evaluación;

28.

Recuerda que, si bien la Unión Europea aporta las financiaciones y las buenas prácticas, corresponde a los responsables nacionales, regionales y locales sacar el provecho de ello y se congratula a este respecto de la creación de un programa Erasmus para los representantes electos locales y regionales;

29.

Recomienda a la Comisión que utilice los instrumentos disponibles del Comité de las Regiones, en particular la Plataforma de Seguimiento de Lisboa y la Red de Seguimiento de la Subsidiariedad con el fin de intercambiar mejores prácticas entre regiones y Estados miembros con miras a identificar y determinar conjuntamente los objetivos, planificar a continuación las acciones y, finalmente, emprender una evaluación comparativa de los resultados de la política de cohesión;

30.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

6.5.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 117/46

A.

Considerando que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos ha definido el concepto de zonas rurales y que esta definición incorpora características como la baja densidad de población y la falta de acceso a servicios, y considerando que ésta es la definición que utiliza la Comisión para identificar y perfilar objetivos de desarrollo para estas zonas,

B.

Considerando que las zonas rurales de la Unión Europea presentan diferencias muy notables de un Estado miembro al otro, y que si bien en algunas regiones de Europa Occidental estas zonas han experimentado un crecimiento demográfico y económico, los habitantes de muchas de ellas están emigrando a zonas urbanas o intentando reciclarse, lo que está planteando enormes desafíos para las zonas rurales,

C.

Considerando que las zonas rurales representan el 80 % del territorio de la UE,

D.

Considerando que las necesidades de las zonas rurales intermedias, que se caracterizan por una estructura económica similar a la de las zonas urbanas que les son adyacentes, difieren de ellas en que son predominantemente rurales, periféricas o aisladas,

E.

Considerando que uno de los objetivos de la Unión es promover el progreso social y económico y un alto nivel de empleo y lograr un desarrollo equilibrado y sostenible,

F.

Considerando que la cohesión económica, social y territorial de la UE puede reforzarse mediante el desarrollo económico y el fomento del empleo en las zonas rurales y urbanas, así como garantizando la igualdad de acceso a los servicios públicos,

G.

Considerando que la reforma de la política estructural para el período 2007-2013 ha conllevado cambios en la estructura de los Fondos y en los principios de distribución de las ayudas realizadas a través de los mismos, así como la creación del nuevo Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) vinculado a la Política Agrícola común (PAC) y separado de la política de cohesión,

H.

Considerando que los programas LEADER ya han demostrado en el pasado hasta qué punto el desarrollo rural puede promoverse con éxito mediante instrumentos de política regional,

I.

Considerando que la condición para el éxito del FEADER es garantizar la complementariedad recíproca entre las actividades cofinanciadas con cargo al FEADER y las cofinanciadas con cargo a los Fondos Estructurales, es decir, que se aplique una auténtica coordinación de las ayudas procedentes de los distintos fondos, en particular del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), del Fondo de Cohesión y del Fondo Social Europeo (FSE), asegurando que estos fondos se complementen mutuamente,

J.

Considerando que la creación del FEADER, la disociación de los recursos destinados a desarrollo rural de la política de cohesión y la ampliación de la perspectiva de desarrollo regional no debe traducirse ni en la duplicación ni en la omisión de algunos objetivos (protección del medio ambiente, transporte o educación, por ejemplo),

K.

Considerando que la transferencia permanente de fondos entre el Fondo Europeo de Garantía Agrícola (FEOGA) y el FEADER se traduce en una inseguridad de planificación tanto para los agricultores como para los promotores de proyectos de desarrollo rural,

L.

Considerando que, debido a las restricciones presupuestarias, existe el riesgo de que los recursos disponibles en el marco del FEDER se utilicen en gran medida para reforzar la competitividad económica en los grandes centros urbanos o en las regiones más dinámicas, mientras que por su parte el FEADER centra sus recursos en la mejora de la competitividad de la agricultura, que sigue siendo el principal motor de las zonas rurales, y que también contempla el apoyo a las actividades no agrícolas y el desarrollo de las Pequeñas y medianas empresas (PYME) en las zonas rurales, por lo que es necesaria una mayor coordinación para que no queden áreas sin cobertura,

M.

Considerando que las PYME, en especial las microempresas y las empresas artesanales, desempeñan un papel clave en la preservación de la vida económica y social del medio rural y de su estabilidad,

N.

Considerando que los objetivos de la política de desarrollo rural no deben ser contrarios a los objetivos de Lisboa, siempre y cuando este desarrollo se base en el uso del mecanismo de competitividad relativa (rentabilidad creciente), en particular en la industria de transformación agroalimentaria local, y en relación al desarrollo de PYME y de infraestructuras y servicios tales como los de turismo, educación o protección medioambiental,

O.

Considerando la necesidad de reconocer la relación natural y la complementariedad entre la política agrícola y la política de desarrollo rural,

1.

Considera que los criterios tradicionales utilizados para diferenciar las zonas rurales de las urbanas (menor densidad de población y nivel de urbanización) pueden en algunos casos no ser suficientes para ofrecer una visión integral de la situación; considera, por lo tanto, que debería examinarse la posibilidad de añadir criterios adicionales, y pide a la Comisión que realice un análisis y presente propuestas concretas al respecto;

2.

Considera que, teniendo en cuenta las grandes diferencias que existen entre las zonas rurales de los diferentes Estados miembros y que éstas constituyen cerca del 80 % de su territorio, es preciso adoptar y aplicar un enfoque específico e integrado que resulte adecuado para su desarrollo sostenible, con el objeto de nivelar las desigualdades existentes y fomentar el dinamismo económico de las zonas urbanas y rurales; destaca la necesidad de que se financien adecuadamente las correspondientes acciones;

3.

Subraya, a este respecto, que todas las regiones de la Unión en su conjunto, incluidas las zonas remotas y rurales, deben beneficiarse en principio de las mismas oportunidades de desarrollo, con el fin de evitar que se agudice la exclusión territorial de las zonas menos favorecidas;

4.

Subraya que en muchas zonas rurales las posibilidades de desarrollo, especialmente para los jóvenes y las mujeres, se ven reducidas por las dificultades de acceso a los servicios públicos, la falta de puestos de trabajo y la pirámide de edad;

5.

Subraya que en determinadas zonas no existen soluciones alternativas a ciertas formas de producción agrícola, que con frecuencia deben mantenerse a toda costa por razones de política medioambiental y regional, en particular en lo que respecta a las regiones agrícolas remotas y montañosas, afectadas por la desertización;

6.

Recuerda que el Consejo Europeo de Gotemburgo, de los días 15 y 16 de junio de 2001, amplió los objetivos de Lisboa para incluir los conceptos de sostenibilidad y cohesión y que la política de desarrollo rural tiene como objetivo precisamente una agricultura sostenible, el mantenimiento de las actividades rurales no agrícolas, la valorización de las posibilidades de desarrollo local, la protección del medio ambiente, la ordenación equilibrada del territorio y el desarrollo de PYME;

7.

Expresa su convencimiento de que una correcta aplicación de la política de desarrollo rural, con vistas al desarrollo sostenible y a largo plazo de las zonas rurales, exige que se preste la debida atención a los recursos naturales existentes y a las particularidades de la región, incluidas la protección, la revitalización y la gestión del patrimonio rural, así como al desarrollo de vínculos e interacciones con las zonas urbanas;

8.

Destaca asimismo la importancia que reviste la evaluación de las zonas de actividades económicas alternativas y las oportunidades que se derivan de las mismas para la diversificación de las actividades profesionales de sus habitantes;

9.

Opina que los retos a los que se enfrentará en el futuro el medio rural requieren una política de desarrollo equilibrada, que integre al conjunto de los actores económicos y sociales, incluidas las pequeñas empresas y las microempresas de producción y servicios, a la vista de su papel en el desarrollo integrado de los territorios;

10.

Considera que, en el caso de los nuevos Estados miembros, la política de desarrollo rural debe orientarse a la mejora de la eficiencia de la agricultura y a la reducción de la brecha de desarrollo económico entre la ciudad y el campo, a través del apoyo, entre otras cosas, a las actividades no agrícolas, objetivo que también puede conseguirse a través de los Fondos Estructurales;

11.

Acoge con satisfacción las ambiciones expresadas con motivo de la segunda Conferencia europea sobre el desarrollo rural celebrada en Salzburgo en 2003, pero lamenta que la financiación concedida con cargo al segundo pilar de la PAC en las últimas perspectivas financieras se haya reducido considerablemente, con el riesgo de que sea ineficaz y cree una división entre los agricultores y los residentes rurales;

12.

Señala que es necesario desarrollar una estrategia de desarrollo rural coherente y a largo plazo para facilitar el uso más efectivo y eficiente posible de toda la financiación disponible;

13.

Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales que, en cooperación con la Comisión y en asociación con todas las autoridades competentes y organismos de representación de la sociedad civil, elaboren una estrategia de desarrollo rural transparente, a largo plazo y sostenible, tanto a nivel nacional como regional, para poder identificar claramente las prioridades y los objetivos de desarrollo rural y garantizar la adaptación, la coordinación y la complementariedad de las ayudas procedentes de las diferentes fuentes de financiación disponibles;

14.

Pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales que asocien directamente a las organizaciones de representación de PYME, microempresas y empresas artesanales, a fin de identificar estas prioridades y responder así lo mejor posible a las necesidades y expectativas de estas empresas;

15.

Reconoce que la política de desarrollo rural desempeña un papel muy importante en la identificación y el tratamiento de los problemas específicos de las zonas rurales, y considera que la creación del FEADER para el segundo pilar de la PAC representa un intento de disponer de un enfoque flexible, estratégico, temático e integrado para responder a la diversidad de situaciones y a la magnitud de los desafíos a que se enfrentan las zonas rurales de la UE, así como para simplificar los procedimientos financieros y garantizar que los fondos se centren en dichas zonas;

16.

Recuerda que se ha pedido a los Estados miembros que elaboren, para el actual período de programación, dos documentos estratégicos: un Plan Estratégico Nacional para el desarrollo rural (FEADER) y un Marco de Referencia Estratégico Nacional para la política regional (Fondos Estructurales); recuerda que se ha pedido a los Estados miembros que movilicen sinergias y creen mecanismos de coordinación operativa entre los diversos fondos; lamenta, no obstante, que en este proceso se hiciera sobre todo hincapié en garantizar la delimitación de los diversos fondos y programas, más que en crear sinergias a partir de ellos;

17.

Considera que la política de desarrollo sólo será eficaz si las políticas aplicadas en el marco del FEADER y de la política de desarrollo regional rural están coordinadas y son complementarias, evitando la doble financiación y las lagunas; observa con preocupación la falta de coordinación de estas acciones durante el actual período de programación en los distintos Estados miembros; pide, por consiguiente, a la Comisión que proponga reformas destinadas a garantizar una mejor coordinación en la planificación y la ejecución de las medidas cofinanciadas en el marco de la política de cohesión y de la PAC; reconoce que la reforma que se llevará a cabo a partir de 2013 en la PAC y los Fondos Estructurales de la UE brindará la oportunidad de reevaluar la relación que existe entre el desarrollo rural, por una parte, y la política agrícola y la política de cohesión, por otra;

18.

Reconoce que la función primordial de la política de desarrollo rural es proseguir con el mantenimiento de la población rural, garantizándole unas condiciones de vida dignas;

19.

Considera que este enfoque consistente en la separación entre desarrollo rural y la política de cohesión, a través de la creación del FEADER, precisa de un seguimiento muy de cerca para permitir la evaluación de su verdadero impacto en el desarrollo de las zonas rurales; observa que el nuevo sistema se implantó en 2007, por lo que resulta prematuro sacar conclusiones en cuanto al futuro de esta política comunitaria;

20.

Destaca que una de las prioridades de la política de desarrollo rural es proponer medidas que no obliguen a la población rural a abandonar la agricultura y que contribuyan, entre otras cosas, a promover cultivos competitivos y la producción de productos biológicos y de alimentos y bebidas tradicionales de calidad, por ejemplo;

21.

Observa con interés que el Eje 3 y el Eje 4 (LEADER) del segundo pilar de la PAC (política de desarrollo rural), que representan el 15 % del gasto total del FEADER, se refieren a actividades no agrícolas centradas principalmente en la diversificación de las economías rurales; considera que, dada la naturaleza de las intervenciones financiadas por estos Ejes, que guardan similitud con ciertas acciones financiadas por los Fondos Estructurales, existe el riesgo de que se produzca un solapamiento de políticas;

22.

Destaca, no obstante, la necesidad de tener en cuenta las perspectivas, sobre todo, de la población empleada en el sector agrícola, que debería seguir siendo el destino principal de las medidas de apoyo en el marco de la política de desarrollo rural;

23.

Destaca la importancia de apoyar a los jóvenes agricultores para que permanezcan en sus tierras, aunque no se dediquen en exclusiva a la producción agrícola, ofreciéndoles incentivos para el desarrollo y para otras actividades, como el turismo rural, y reforzando a las PYME de las zonas rurales;

24.

Considera que los principales objetivos de la política de desarrollo rural sólo se pueden conseguir destinando a esta política una financiación adecuada que se utilice de acuerdo con las prioridades fijadas para las zonas rurales, y que los fondos obtenidos por modulación deberían en todos los casos devolverse a las comunidades agrícolas activas;

25.

Opina que la coordinación de la política estructural y las medidas de desarrollo rural permite acometer proyectos con un mayor valor añadido europeo; ve en ello una oportunidad de revitalización a largo plazo de las zonas rurales, por ejemplo mediante medidas de protección de las infraestructuras y el medio ambiente;

26.

Pide a la Comisión que presente datos precisos y previsiones sobre el uso del FEADER y de la financiación procedente de los Fondos Estructurales en las zonas rurales, y que compruebe las sinergias que pueden crear el FEADER y los Fondos Estructurales en cuanto a los fondos disponibles en las zonas rurales;

27.

Pide a la Comisión que valore si los programas de política regional pueden contribuir a ofrecer a los agricultores unos ingresos regulares, por ejemplo mediante la realización de actividades de protección de la naturaleza y el medio ambiente y de gestión del paisaje;

28.

Destaca que entre los principales retos de la política de cohesión se encuentran el desarrollo sostenible, el nivel de renta per capita, la accesibilidad, el acceso a los bienes y servicios públicos y el despoblamiento de las zonas rurales, y que la manera más eficaz de alcanzar estos objetivos es apoyar las actividades no agrícolas en las comunidades rurales;

29.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan sistemáticamente en cuenta a las zonas rurales en las políticas comunitarias y que apoyen adecuadamente los proyectos destinados al desarrollo del capital humano que se centren especialmente en las posibilidades de formación para los empresarios agrarios y no agrarios de las zonas rurales, con especial atención a las jóvenes, con objeto de promover el empleo y la creación de nuevos puestos de trabajo;

30.

Destaca que el desarrollo de las zonas rurales exige una mayor atención y apoyo a la preservación de los paisajes naturales y agrícolas, al ecoturismo, a la producción y el uso de energías renovables y a iniciativas locales como por ejemplo los programas de suministro de alimentos locales de calidad y los mercados de productos locales;

31.

Destaca el papel de las PYME en el desarrollo rural, así como su contribución a la reducción de las diferencias a nivel regional y local; pide a la Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que hagan hincapié en el refuerzo de la competitividad, ayudando también a otros sectores productivos, y que apoyen la iniciativa empresarial en las zonas rurales, suprimiendo las trabas administrativas, jurídicas y de planificación, facilitando una infraestructura informática adecuada e incrementando los incentivos a la creación de nuevas actividades empresariales, así como ofreciendo mas apoyo a las actividades no agrícolas al tiempo que fomentan la diversificación económica en dichas zonas;

32.

Llama una vez más la atención del Consejo, de la Comisión, de los Estados miembros y de las autoridades sobre el enorme reto que supone la previsible desaparición de millones de pequeñas empresas en las zonas rurales, con un impacto considerable sobre el empleo y por ende también sobre la estabilidad del entorno rural; pide que se adopten las medidas necesarias a todos los niveles, en estrecha cooperación con los agentes económicos y sociales;

33.

Observa que las dificultades en la aplicación de la política de desarrollo rural se deben a la separación entre las políticas sectoriales y la política de cohesión territorial y entre las dimensiones económicas y sociales de ambos tipos de políticas, así como al gran número de sistemas de organización de reparto de competencias y coordinación de políticas en los Estados miembros; en este sentido, destaca una vez más la necesidad de crear sinergias entre el FEARD y los Fondos Estructurales y de Cohesión, y pide a la Comisión que ayude a las autoridades nacionales, regionales y locales a entender correctamente las posibilidades que ofrecen estos instrumentos financieros; pide a los Estados miembros que garanticen el diálogo entre las autoridades gestoras con objeto de crear sinergias entre las intervenciones de los diferentes fondos y aumentar su eficacia;

34.

Considera que la reforma de la financiación del desarrollo rural debe ir precedida por estudios detallados de la Comisión destinados a evaluar todas las políticas sectoriales con impacto sobre las zonas rurales, y en particular la PAC y la política regional, en el contexto de la política de cohesión, y que debe definirse una serie de buenas prácticas para la política de desarrollo rural en su conjunto;

35.

Pide al Consejo que convoque una reunión conjunta informal de los Ministros de Agricultura y de Desarrollo Rural para debatir sobre los mejores métodos para coordinar la política de cohesión y las medidas de desarrollo rural, y que invite a esta reunión a los órganos consultivos de la UE (Comité de las Regiones y Comité Económico y Social Europeo) y a los representantes de las autoridades regionales y locales;

36.

Pide que la Comisión, como parte del «chequeo» de la PAC, cree de aquí a 2011 un grupo de trabajo de alto nivel que presente propuestas para asegurar el futuro de la economía rural y de todos los que viven en zonas rurales a partir de 2013;

37.

Pide a la Comisión que establezca o refuerce verdaderos acuerdos de gobernanza o partenariado a todos los niveles, asociando directamente a todos los actores, incluidas las PYME y las microempresas, así como a los agentes económicos y sociales, con vistas a definir las prioridades de acción más adaptadas a las necesidades de desarrollo de las zonas rurales;

38.

Señala que el proceso de desarrollo rural debe compaginarse con los intereses de las zonas suburbanas y coordinarse estrechamente con la promoción del desarrollo urbano, y hace hincapié en que las sinergias entre las políticas de desarrollo urbano y de desarrollo rural no son ni suficientes ni efectivas;

39.

Reconoce el potencial de las comunidades rurales para contribuir positivamente al medio ambiente gracias a su participación en actividades ecológicas y al desarrollo de fuentes de energía alternativas como los biocarburantes, especialmente a la vista de los cuatro nuevos retos perfilados en la política de desarrollo rural del «chequeo» de la PAC, como por ejemplo la biodiversidad y las energías renovables;

40.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

6.5.2010   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 117/52

A.

Considerando que, según los datos recogidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre 100 y 140 millones de mujeres y niñas en todo el mundo han sufrido mutilación genital y, cada año, según los datos de la OMS y del Fondo de Población de las Naciones Unidas, entre dos y tres millones de mujeres se enfrentan al riesgo de ser sometidas a estas prácticas gravemente invalidantes,

B.

Considerando que, cada año, alrededor de 180 000 mujeres emigradas a Europa son sometidas o corren el riesgo de ser sometidas a MGF,

C.

Considerando que, según la OMS, la MGF está muy extendida en al menos 28 países africanos, así como en algunos asiáticos y del Oriente Medio,

D.

Considerando que la violencia contra las mujeres, incluida la MGF, surge de estructuras sociales basadas en la desigualdad entre los sexos y en relaciones desequilibradas de poder, dominación y control, en las que la presión social y familiar está en el origen de la violación de un derecho fundamental como es el respeto de la integridad de la persona,

E.

Considerando que la mutilación sexual impuesta a las niñas merece la condena más rotunda y constituye una violación manifiesta de la normativa internacional y nacional de protección de la infancia y sus derechos,

F.

Considerando que la OMS ha identificado cuatro tipos de MGF, que van desde la clitoridectomía (ablación parcial o total del clítoris) y la excisión (ablación del clítoris y de los labios menores), esta última representa alrededor del 85 % de las MGF, hasta la forma más extrema, es decir, la infibulación (ablación total del clítoris y de los labios menores así como de la cara interior de los labios mayores y costura a continuación de la vulva para dejar solamente una estrecha abertura vaginal) y la introcisión (punción, perforaciones o incisiones del clítoris o los labios),

G.

Considerando que cualquier MGF, en cualquier grado, constituye un acto de violencia contra la mujer que supone una violación de sus derechos fundamentales, concretamente el derecho a la integridad personal y física y a la salud mental, así como a la salud sexual y reproductiva, y que dicha violación en ningún caso puede justificarse por el respeto a tradiciones culturales de diversa índole o por ceremonias iniciáticas,

H.

Considerando que en Europa hay unas 500 000 mujeres afectadas por la MGF, que esa ablación es particularmente habitual entre las familias de inmigrantes y refugiados y que para practicarla incluso se envía a las niñas a su país de origen,

I.

Considerando que la MGF provoca daños gravísimos e irreparables a corto y largo plazo para la salud mental y física de las mujeres y las niñas que la sufren, constituyendo un grave ataque contra su persona e integridad, llegando a provocar en algunos casos la muerte; considerando que el empleo de instrumentos rudimentarios y la ausencia de precauciones antisépticas tienen ulteriores efectos nocivos, de manera que las relaciones sexuales y los partos pueden ser dolorosos, los órganos quedan dañados irremediablemente y pueden registrarse complicaciones, como hemorragias, estado de choque, infecciones, transmisión del virus del sida, tétanos, tumores benignos y graves complicaciones durante el embarazo y el parto,

J.

Considerando que las MGF, que constituyen una violación de los derechos de las mujeres y de las niñas sancionados por varios convenios internacionales, están prohibidas en la legislación penal de los Estados miembros y violan los principios de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea,

K.

Considerando que en la Resolución del Parlamento de 16 de enero de 2008 se pide asimismo a los Estados miembros que adopten disposiciones específicas en materia de MGF que permitan procesar a quienes realizan tales prácticas en menores,

L.

Considerando que la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer exige a los Estados partes de la misma que tomen todas las medidas adecuadas para modificar o abolir las normas, costumbres y prácticas existentes que constituyen una discriminación contra las mujeres, y que tomen todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, con miras a alcanzar la eliminación de los prejuicios y las prácticas consuetudinarias y de cualquier otra índole basados en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres,

M.

Considerando que la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en 1989, establece que los Estados partes respetarán los derechos enunciados en la Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin discriminación alguna e independientemente de su sexo, y adoptarán todas las medidas eficaces y apropiadas posibles para abolir las prácticas tradicionales perjudiciales para la salud de los niños,

N.

Considerando que la Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño recomienda que los Estados signatarios eliminen las prácticas sociales y culturales perjudiciales para el bienestar, la dignidad y el crecimiento y desarrollo normales del niño,

O.

Considerando que el apartado 18 de la Declaración y el Programa de acción de Viena, aprobados en junio de 1993, establecen que los derechos humanos de las mujeres y las niñas son parte inalienable, integral e indivisible de los derechos humanos universales,

P.

Considerando que el artículo 2 de la Declaración de 1993 de las Naciones Unidas sobre la eliminación de la violencia contra la mujer hace referencia explícita a la MGF y a otras prácticas tradicionales nocivas para la mujer,

Q.

Considerando que el artículo 4 de dicha Declaración establece que los Estados deben condenar la violencia contra la mujer y no invocar ninguna costumbre, tradición o consideración religiosa para eludir su obligación de procurar eliminarla,

R.

Considerando que en el Programa de acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, celebrada en El Cairo en 1994, se pide a los Gobiernos que erradiquen la MGF allí donde exista y que presten apoyo a las organizaciones no gubernamentales y a las instituciones religiosas que luchen por eliminar esas prácticas,

S.

Considerando que en la Plataforma de acción aprobada en la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas, celebrada en Pekín, se invita a los gobiernos a fortalecer las leyes, reformar las instituciones y promover normas y prácticas destinadas a eliminar la discriminación contra la mujer, una de cuyas formas es la MGF,

T.

Considerando que el Acuerdo de Asociación ACP-UE (Acuerdo de Cotonú) se basa en similares principios universales e incluye disposiciones destinadas a prohibir la MGF (el artículo 9, que especifica los elementos esenciales del Acuerdo, y los artículos 25 y 31, relativos al desarrollo del sector social y a las cuestiones de género, respectivamente),

U.

Considerando que el informe aprobado el 3 de mayo de 2001 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa pide la prohibición de la MGF y la considera un trato inhumano y degradante en el sentido del artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales; considerando que la defensa de las culturas y tradiciones encuentra su límite en el respeto de los derechos fundamentales y en la prohibición de prácticas que se asemejen a la tortura,

V.

Considerando que, por lo que a la política europea común de asilo y migración se refiere, el Consejo y la Comisión reconocen que la MGF constituye una violación de los derechos humanos; considerando que un número cada vez mayor de solicitudes de asilo presentadas por padres o madres se justifican por las amenazas a las que éstos se exponen en sus países de origen por negarse a consentir que sus hijas sufran una mutilación genital,

W.

Considerando que, lamentablemente, conceder a los padres el estatuto de solicitantes de asilo no garantiza que las hijas eviten el riesgo de mutilación genital, ya que en algunos casos ésta se ejecuta después de que la familia se establezca en el país comunitario de acogida,

X.

Considerando que, en una declaración emitida el 5 de febrero de 2008, los Comisarios Ferrero-Waldner y Michel se pronunciaron explícitamente en contra de la MGF, calificándola de inaceptable, tanto si se practicaba en la UE como en terceros países, y adujeron que la violación de los derechos de la mujer no puede justificarse, en ningún caso, en nombre del relativismo cultural o de las tradiciones,

Y.

Considerando que los centros e instituciones nacionales para jóvenes y familias pueden ofrecer ayuda oportuna a las familias para que actúen preventivamente contra la MGF,

1.

Condena enérgicamente la MGFpor ser una violación de los derechos humanos fundamentales, así como una salvaje violación de la integridad y personalidad de las mujeres y las niñas, y, por lo tanto, considera que es un delito grave a ojos de la sociedad;

2.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que desarrollen una estrategia integral y planes de acción destinados a prohibir la MGF en la UE y a que, para ello, proporcionen los medios necesarios en forma de disposiciones jurídicas y administrativas, sistemas de prevención y medidas educativas y sociales —en particular, una amplia difusión de información sobre los mecanismos de protección existentes y a disposición de los grupos vulnerables—, para que se pueda proteger adecuadamente a las víctimas reales y potenciales;

3.

Insiste en la necesidad de examinar caso por caso las solicitudes de asilo presentadas por padres que declaren sufrir amenazas en sus países de origen por haberse negado a consentir que sus hijas sufran mutilaciones genitales y en la de velar por que dichas solicitudes se apoyen en un conjunto detallado de pruebas en el que se tenga en cuenta la calidad de la solicitud, la personalidad y credibilidad de los solicitantes de asilo, y la autenticidad de los motivos alegados para cada solicitud;

4.

Insiste en que, como medida preventiva, se debe someter a las mujeres y niñas a quienes se conceda asilo en la UE debido a la amenaza de sufrir MGF a exámenes médicos regulares efectuados por las autoridades sanitarias o por médicos, con el fin de protegerlas frente al riesgo de que se les practique una MGF en la UE después de concedido el asilo; considera que esta medida no significaría discriminación alguna en contra de estas mujeres y niñas, sino una manera de erradicar la MGFde la UE;

5.

Pide que esta estrategia integral esté acompañada de programas educativos, así como de la organización de campañas de concienciación nacionales e internacionales;

6.

Apoya la iniciativa de Europol de coordinar una reunión entre las fuerzas policiales europeas para impulsar la lucha contra la MGF, abordar las cuestiones relacionadas con el bajo porcentaje de denuncias y la dificultad para obtener pruebas y testigos y adoptar medidas eficaces para procesar a los autores de los delitos; pide a los Estados miembros, con este fin, que examinen posibles medidas adicionales para la protección de las víctimas en cuanto éstas se manifiesten;

7.

Observa que las medidas mencionadas en el citado Protocolo de Maputo para superar prácticas nocivas como la MGFcomprenden: la sensibilización de la opinión pública mediante información, educación formal e informal y campañas; la prohibición de toda forma de MGF, incluidas las operaciones practicadas por personal médico, mediante leyes y sanciones; el apoyo a las víctimas mediante prestaciones sanitarias, asistencia jurídica, ayuda psicológica; y la formación y protección de las mujeres que pudieran ser víctimas de prácticas perjudiciales u otras formas de violencia, abuso e intolerancia;

8.

Exhorta a los Estados Miembros a cuantificar el número de mujeres que han sufrido mutilaciones genitales y las que están en situación de riesgo en cada país europeo, teniendo en cuenta que en muchos países aún no hay datos disponibles ni sistemas armonizados de recogida de datos;

9.

Invita a crear un «protocolo sanitario europeo» de control y un banco de datos sobre la MGF, dado que puede ser útil para fines estadísticos y para campañas informativas dirigidas a las comunidades inmigrantes afectadas;

10.

Pide a los Estados miembros que reúnan datos científicos que puedan servir de apoyo a la OMS para los esfuerzos destinados a liberar a Europa y a todos los demás continentes de la MGF;

11.

Pide a la Comisión que, en sus negociaciones y acuerdos de cooperación con los países afectados, incluya una cláusula para erradicar la MGF;

12.

Pide que se establezca una relación de las mejores prácticas aplicadas en los distintos niveles y que se evalúe su impacto (recurriendo, en su caso, a los proyectos financiados y a los resultados obtenidos a través de DAPHNE III), así como que se difunda ampliamente la información conexa, utilizando las experiencias teóricas y prácticas de los expertos;

13.

Señala que los centros e instituciones nacionales ejercen una función vital en la identificación de las víctimas y la adopción de medidas cautelares contra la práctica de la MGF;

14.

Pide que se refuercen las redes europeas que tienen actualmente por objeto la prevención de prácticas tradicionales perjudiciales, organizando, por ejemplo, cursos de formación para las ONG, las organizaciones regionales sin ánimo de lucro y las personas que trabajan sobre el terreno, y que se estimule la creación de tales redes;

15.

Reconoce y valora las importantes contribuciones de muchas organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, de entidades de investigación, de la Red Europea para la Prevención de las Mutilaciones Genitales Femeninas en Europa y de personas comprometidas, que, gracias a la financiación de las agencias de las Naciones Unidas y del programa DAPHNE, entre otras fuentes, desarrollan diversos proyectos dirigidos a la concienciación de las sociedades y a la prevención y eliminación de la MGF; señala que el establecimiento de redes entre organizaciones no gubernamentales y organizaciones basadas en las comunidades a nivel nacional, regional e internacional es, sin duda alguna, fundamental para el éxito en la erradicación de la MGFy el intercambio de información y experiencia;

16.

Señala que el artículo 10 de la Directiva 2004/83/CE del Consejo por la que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al contenido de la protección concedida (8), precisa que se pueden tener en cuenta los aspectos de género, pero que éstos por sí solos no dan lugar a la aplicación del artículo 10;

17.

Pide que tanto la Agencia Europea de Derechos Fundamentales como el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, a través de sus respectivos planes de trabajo plurianuales y anuales, asuman una función de liderazgo en la lucha contra la MGF; considera que estos organismos pueden desempeñar acciones prioritarias de investigación o sensibilización, contribuyendo a mejorar la comprensión del fenómeno de la MGFa nivel europeo;

18.

Considera necesario que en los países afectados se organicen foros de diálogo, se reformen las normas jurídicas tradicionales, se aborde el tema de la MGFen los planes escolares de estudio y se impulse la cooperación con las mujeres no mutiladas;

19.

Exhorta a la UE y a los Estados miembros a que colaboren, en beneficio de los derechos humanos, de la integridad de la persona, de la libertad de conciencia y del derecho a la salud, en la armonización de la legislación existente y, si la legislación existente no es adecuada, a que propongan una legislación específica sobre esta cuestión;

20.

Pide a los Estados miembros que apliquen las leyes vigentes en materia de MGF, o que impongan penas que sancionen las graves lesiones corporales resultantes, si estas prácticas se han realizado en la UE, y que contribuyan a prevenir y combatir el fenómeno promoviendo el correcto conocimiento del mismo entre los profesionales interesados (incluidos trabajadores sociales, maestros, miembros de las fuerzas policiales, profesionales de la salud, etc.), con el fin de que puedan detectar estos casos, y que hagan todo lo que esté en sus manos para lograr el mayor grado posible de armonización entre las leyes vigentes en los 27 Estados miembros;

21.

Pide a los Estados miembros que impongan la obligación de que los médicos de familia y el personal sanitario de los hospitales informen a las autoridades sanitarias o a la policía sobre las mutilaciones genitales femeninas;

22.

Pide a los Estados miembros que adopten disposiciones jurídicas específicas sobre la MGF o que, en el marco de sus legislaciones en vigor, persigan a toda persona que practique mutilaciones genitales;

23.

Pide a la UE y a los Estados miembros que persigan, condenen y castiguen estas prácticas, aplicando una estrategia integral que tenga en cuenta la dimensión normativa, sanitaria, social y de integración de la población inmigrante; pide, en particular, que las directivas pertinentes en materia de inmigración consideren delito el acto de realizar una mutilación genital y que establezcan sanciones adecuadas para las personas culpables de dichos delitos, si tales prácticas se han llevado a cabo dentro de la UE;

24.

Solicita la creación de mesas técnicas permanentes de armonización y enlace entre los Estados miembros y entre éstos y las instituciones africanas; considera que dichas mesas deben estar compuestas por especialistas en MGF y representantes de las principales organizaciones de mujeres de Europa y África;

25.

Insta a rechazar con convicción la práctica de la «punción alternativa» y cualquier otro tipo de medicación que se propongan como solución de mediación entre la circuncisión femenina y el respeto de las tradiciones identitarias, ya que no haría sino justificar y aceptar la práctica de las mutilaciones genitales femeninas en el territorio de la UE; reitera su absoluta y firme condena de la MGF, dado que no hay ninguna razón social, económica, étnica, sanitaria ni de otro tipo que pueda justificarla;