4.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 295/1

A.

Considerando que la gestión integrada de las zonas costeras (GIZC) no es sólo una política medioambiental sino también un proceso en curso dirigido a mejorar las condiciones económicas y sociales de las zonas costeras y a asegurar el desarrollo sostenible de todas las actividades realizadas en esas regiones, como la pesca y la acuicultura,

B.

Considerando que la aplicación de la GIZC es un proceso a largo plazo y que la mayor parte de las estrategias nacionales adoptadas en el marco de la citada recomendación sólo empezaron a aplicarse en 2006,

C.

Considerando que la gestión de las zonas costeras se ha introducido hasta ahora a medio plazo, ignorando el hecho de que dichas zonas constituyen ecosistemas naturales complejos que cambian con el paso del tiempo,

D.

Considerando que las decisiones y medidas adoptadas se refieren a una actividad aislada y no han abordado el problema de la degradación de las zonas costeras en su conjunto,

E.

Considerando que la planificación existente ha tenido hasta ahora una orientación terrestre y no ha tenido en cuenta el impacto de determinadas actividades costeras sobre otras que se realizan en la misma región,

F.

Considerando que se espera que las estrategias nacionales de GIZC tengan un bajo coste de aplicación al tiempo que producen importantes beneficios económicos,

G.

Considerando que no se ha implicado adecuadamente a los representantes de todos los sectores en la planificación y aplicación de las medidas para abordar los problemas de las zonas costeras y que, como resultado, se han perjudicado los intereses de determinados sectores,

H.

Considerando que la puesta en marcha de políticas de gestión integrada exige una planificación para los territorios costeros de los usos poblacionales, turísticos, económicos y de protección paisajística y ambiental.

I.

Considerando que hasta ahora no ha sido posible coordinar de manera efectiva a los organismos de GIZC, excepto en casos aislados,

J.

Considerando que la aplicación de las políticas de promoción de la GIZC puede exigir, en algunos casos, un gasto a gran escala, que las comunidades locales no pueden sufragar, dando lugar al recurso a niveles administrativos más elevados y a retrasos en la aplicación,

K.

Considerando que, debido al carácter transfronterizo de muchos procesos costeros, son necesarias la cooperación y coordinación regionales, incluso con terceros países,

L.

Considerando que la pesca y la acuicultura son dos actividades costeras por excelencia que dependen de la calidad de las aguas costeras,

M.

Considerando que la acuicultura aún no ha alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico que permita desarrollar esta actividad intensiva lejos de las zonas costeras,

N.

Considerando que debe tenerse en cuenta el papel fundamental y hasta ahora poco reconocido que desempeñan las mujeres en las zonas dependientes de la pesca,

O.

Considerando que la pesca costera representa el 80 % de la flota pesquera de la Comunidad y contribuye a la cohesión económica y social de las comunidades costeras y a la preservación de sus tradiciones culturales,

P.

Considerando que la pesca, aunque no sea en sí misma una fuente de contaminación, sufre el impacto de la contaminación producida por otras actividades realizadas en las zonas costeras, lo que socava aún más su viabilidad,

Q.

Considerando que la pesca y la acuicultura revisten una gran importancia económica y social, dado que se realizan en regiones costeras con economías frágiles, muchas de las cuales son desfavorecidas y no pueden facilitar a sus habitantes oportunidades de trabajo alternativas,

R.

Considerando que la existencia de un medio marino limpio y sano contribuirá al aumento de la producción pesquera en el futuro, mejorando así las perspectivas del sector,

S.

Considerando que la acuicultura está sólidamente basada en el principio del desarrollo sostenible, y que todo impacto medioambiental se compensa a través de reglamentaciones comunitarias,

T.

Considerando que, en un entorno en el que están disminuyendo las existencias de pescado al tiempo que aumenta la demanda mundial de pescado y crustáceos, la importancia de la acuicultura en Europa aumenta de manera continuada,

U.

Considerando que no todos los Estados miembros han concretado hasta ahora su planificación regional de acuerdo con los principios de la GIZC para el desarrollo equilibrado de las actividades llevadas a cabo en esas zonas,

V.

Considerando que existe una fuerte competencia por el espacio en las zonas costeras y que los acuicultores y pescadores tienen los mismos derechos y obligaciones que los demás usuarios,

W.

Considerando que las regiones ultraperiféricas, tal y como se definen en el artículo 299, apartado 2, del Tratado CE y el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, podrían requerir la creación de estrategias nacionales de GIZC integradas y específicas, así como una adaptación adecuada de la GIZC a escala de la UE,

1.

Subraya la importancia económica y social de la pesca y de la acuicultura para las regiones costeras y pide que éstas reciban ayuda en el marco de la GIZC;

2.

Señala la necesidad de garantizar la participación y la adecuada representación de los sectores de la pesca y la acuicultura en los foros marítimos transnacionales y exhorta a la Comisión a estimular el proceso correspondiente;

3.

Destaca que el Fondo Europeo de Pesca puede contribuir a financiar a largo plazo las medidas en el marco de la GIZC, dado que apoya acciones que contribuyen al desarrollo sostenible de las regiones pesqueras;

4.

Señala la necesidad de aclarar las competencias de los organismos administrativos de las zonas pesqueras afectadas y de establecer estrategias coordinadas con el fin de incrementar su eficacia;

5.

Reconoce las dificultades para coordinar las actividades de los organismos de gestión de las zonas costeras y pide a la Comisión, a la hora de controlar la aplicación de la GIZC, que reexamine, después de consultar a los Estados miembros, si es necesario o no crear un organismo de coordinación;

6.

Subraya la necesidad de que se asocie a los representantes del sector pesquero y acuícola a las actividades vinculadas a la planificación y al desarrollo de la GIZC, teniendo en cuenta que su participación en estrategias de desarrollo sostenible incrementará el valor añadido de sus producciones, y recuerda que el Fondo Europeo de Pesca puede apoyar estas acciones colectivas;

7.

Reconoce el importante papel que desempeñan las mujeres en las zonas dependientes de la pesca, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que cooperen para garantizar la promoción y la integración del principio de igualdad de oportunidades en las diferentes fases de aplicación del Fondo Europeo de Pesca, a saber las fases de concepción, aplicación, seguimiento y evaluación, con arreglo a lo previsto en el artículo 11 del Reglamento (CE) no 1198/2006;

8.

Pide una cooperación más estrecha entre los organismos competentes a escala regional a través de intercambios de información en relación con el estado de las zonas costeras y la adopción de estrategias conjuntas para mejorar la situación medio ambiental de los ecosistemas marinos locales;

9.

Pide a los autoridades nacionales y regionales de las regiones ultraperiféricas que elaboren estrategias integradas de GIZC con el fin de garantizar el desarrollo sostenible de las regiones costeras;

10.

Destaca la importancia que reviste en los contextos mencionados una ordenación territorial adecuada;

11.

Estima que la acuicultura con fines de repoblación es un instrumento esencial para la conservación ecológica de determinadas zonas costeras, por lo que debe fomentarse estimularse y recibir apoyo financiero;

12.

Hace hincapié en la importancia de la acuicultura para la industria alimentaria con fines de desarrollo social y económico en determinadas comunidades costeras de la UE;

13.

Considera que los sectores de la pesca y la acuicultura deben estar incluidos en un enfoque transversal de la globalidad de las actividades marítimas que se desarrollan en las zonas costeras, con el fin de conseguir un desarrollo sostenible de acuerdo con las nuevas directrices de política marítima;

14.

Subraya la necesidad de desarrollar y aplicar estrategias para hacer frente a los peligros que amenazan a las zonas costeras, incluido el cambio climático, teniendo plenamente en cuenta el impacto sobre la pesca y la acuicultura;

15.

Considera que deben continuar los esfuerzos de recogida de datos para contribuir al intercambio y al uso de información con vistas a llevar a cabo estudios comparativos, incluidos los datos sobre el estado de la biodiversidad y las poblaciones de peces;

16.

Considera que se deben incrementar los esfuerzos en materia de investigación en acuicultura para la implantación de sistemas de cultivo de producción intensiva en circuitos cerrados;

17.

Propone que se dé prioridad en la GZIC a aquellos proyectos de acuicultura que utilicen energías renovables y que respeten los espacios protegidos con arreglo a normas ambientales europeas;

18.

Pide a la Comisión que, después de consultar a los Estados miembros, establezca un calendario claro para examinar los progresos realizados en la aplicación de la GIZC en la Unión Europea;

19.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

4.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 295/4

A.

Considerando que todo solicitante de asilo tiene derecho a un examen individual y completo de su solicitud,

B.

Considerando que la legislación y la práctica en materia de asilo varían ampliamente de un país a otro y, a consecuencia de ello, los solicitantes de asilo reciben un trato diferente de un Estado «de Dublín» a otro,

C.

Considerando que el sistema de Dublín se asienta en supuestos como la confianza mutua y la fiabilidad, y si no se cumplen tales requisitos previos, esto es, si se producen graves lagunas en la recogida de datos o incoherencias en el proceso de toma de decisiones en determinados Estados miembros, las deficiencias afectarán a todo el sistema,

D.

Considerando la evidencia de que algunos Estados miembros no garantizan un acceso efectivo al procedimiento para determinar la condición de refugiado,

E.

Considerando que algunos Estados miembros no aplican efectivamente la Directiva relativa a la acogida, ya sea a los solicitantes de asilo en espera de traslado a otro Estado miembro responsable en virtud del Reglamento de Dublín, ya sea en el punto de retorno al Estado miembro responsable,

F.

Considerando que algunos Estados miembros colocan sistemáticamente en situación de detención a las personas a las que se aplica el sistema de Dublín,

G.

Considerando que el elevado nivel de solicitudes múltiples y el bajo nivel de traslados efectuados constituyen indicadores de las deficiencias del sistema de Dublín y de la necesidad de establecer un sistema europeo común de asilo,

H.

Considerando que una aplicación correcta del Reglamento de Dublín puede conllevar una distribución desigual de la responsabilidad sobre las personas que solicitan protección, en detrimento de algunos Estados miembros especialmente expuestos a los flujos migratorios por el simple hecho de su ubicación geográfica,

I.

Considerando que la evaluación efectuada por la Comisión muestra que, en 2005, los 13 Estados miembros situados en las fronteras de la Unión tuvieron que abordar crecientes retos suscitados por el sistema de Dublín,

J.

Considerando que los Estados miembros meridionales están teniendo que aceptar las solicitudes de asilo de inmigrantes irregulares rescatados en situación de emergencia en su trayecto hacia Europa,

K.

Considerando que los Estados miembros meridionales están teniendo que aceptar las solicitudes de asilo de inmigrantes irregulares sin recibir ayuda alguna de países terceros que tienen la obligación de proporcionar dicha asistencia en virtud del Derecho Internacional,

L.

Considerando que los Estados miembros tal vez no tengan interés en cumplir con la obligación de comunicar las entradas irregulares en su territorio a la base de datos Eurodac, ya que ello podría implicar un incremento del número de solicitudes de asilo que habrían de tramitar,

M.

Considerando que el Reglamento de Dublín establece un sistema cuya finalidad consiste en determinar el Estado miembro responsable del examen de la solicitud, pero que no se creó originariamente para este fin, por lo que no sirve como mecanismo aplicable para compartir cargas,

N.

Considerando esencial que toda evaluación del sistema de Dublín vaya acompañada de un mecanismo concreto, permanente, equitativo y funcional para compartir cargas,

O.

Considerando que el criterio de primer país de entrada conforme al sistema de Dublín conlleva una gran presión sobre los Estados miembros con fronteras exteriores,

P.

Considerando que los índices de reconocimiento de candidatos a la condición de refugiados varían, en el caso de nacionales de determinados países terceros, entre el 0 % y cerca del 90 % dentro de los Estados miembros,

Q.

Considerando esencial que quienes presenten una solicitud de asilo reciban una información completa del procedimiento de Dublín y de sus posibles consecuencias en una lengua que comprendan,

R.

Considerando que el apartado 2del artículo 24 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea estipula que en todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del niño constituirá una consideración primordial,

S.

Considerando que, a pesar de que la unidad de la familia se mencione en primer lugar dentro de la jerarquía de criterios previstos en el Reglamento de Dublín, no se aplicar a menudo dicha disposición,

T.

Considerando que hay una falta evidente de precisión en los datos estadísticos sobre los traslados, puesto que no indican, por ejemplo, el índice de peticiones de asunción de responsabilidad para solicitantes de asilo que hayan cruzado irregularmente las fronteras, o la proporción de peticiones de acogida frente a las de readmisión,

U.

Considerando que, en 2005, nueve de los nuevos Estados miembros declararon que habían registrado más traslados «entrantes» en aplicación del Reglamento de Dublín, y que los Estados miembros que no tienen fronteras terrestres exteriores de la Unión Europea declararon que habían registrado más traslados «salientes»,

V.

Considerando que la Comisión no ha podido evaluar el coste del sistema de Dublín, cuando se trata de un dato fundamental para poder evaluar su eficacia,

W.

Considerando que el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior, en la reunión celebrada los días 12 y 13 de junio de 2007 en Luxemburgo, pidió a la Comisión que presentara lo antes posible una modificación al Reglamento de Eurodac para permitir que las autoridades policiales y judiciales de los Estados miembros, así como Europol, tengan acceso en determinadas condiciones a Eurodac, una base de datos concebida inicialmente como instrumento para la aplicación del Reglamento de Dublín,

1.

Cree firmemente que, a menos que se logre un nivel de protección satisfactorio y coherente en toda la Unión Europea, el sistema de Dublín siempre producirá resultados insatisfactorios tanto desde el punto de vista técnico como humano, y que los solicitantes de asilo continuarán teniendo motivos válidos para querer presentar su solicitud en un Estado miembro específico a fin de beneficiarse del proceso de toma de decisiones más favorable a nivel nacional;

2.

Expresa su firme convicción de que, en ausencia de un verdadero sistema europeo común de asilo y de un procedimiento único, el sistema de Dublín seguirá siendo injusto tanto para los solicitantes de asilo como para determinados Estados miembros;

3.

Reitera la urgente necesidad de mejorar tanto la calidad como la coherencia del proceso de toma de decisiones; considera que una oficina europea de apoyo en materia de asilo podría desempeñar un valioso papel a ese respecto, por ejemplo, proporcionando formación para unas elevadas normas comunes y facilitando equipos de apoyo constituidos por expertos;

4.

Pide a la Comisión que considere las modalidades para facilitar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) una financiación directa, como complemento de la financiación basada en proyectos, que le permita reforzar su labor de seguimiento y asesoramiento en la UE y seguir desarrollando métodos para ayudar a las autoridades nacionales en sus esfuerzos por mejorar la calidad de la toma de decisiones;

5.

Pide a la Comisión que presente propuestas tendentes a la creación de mecanismos de distribución de la responsabilidad para aliviar la carga desproporcionada que puede recaer en determinados Estados miembros, en particular en los Estados miembros con fronteras exteriores, pero que no entran en el sistema de Dublín;

6.

Pide a la Comisión que, en espera del establecimiento de mecanismos europeos para compartir las cargas, considere la posibilidad de prever mecanismos distintos de los financieros dentro del Reglamento de Dublín a fin de corregir las consecuencias nefastas de su aplicación para los pequeños Estados miembros con fronteras exteriores de la Unión;

7.

Pide a la Comisión que prevea un mecanismo obligatorio para suspender los traslados de solicitantes de asilo a Estados miembros que no garanticen una tramitación completa y equitativa de sus solicitudes, y que tome medidas de forma sistemática respecto a esos Estados;

8.

Pide a la Comisión que establezca relaciones bilaterales de trabajo significativas con países terceros, a fin de facilitar la cooperación y asegurar que dichos terceros países cumplan sus obligaciones jurídicas internacionales en relación con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, de 28 de julio de 1951, y los rescates en el mar;

9.

Pide a la Comisión que introduzca en el nuevo Reglamento disposiciones más claras y estrictas respecto a los medios por los que se informa a los solicitantes de protección sobre las implicaciones del Reglamento de Dublín, y que considere la elaboración de un folleto estandarizado que podría traducirse a determinas lenguas y distribuirse en todos los Estados miembros y que también debería tener en cuenta los niveles individuales de alfabetización;

10.

Pide a la Comisión que modifique los artículos 19 y 20 del Reglamento de Dublín, relativos a «hacerse responsable» y a la «readmisión», a fin de que los solicitantes dispongan de un derecho de recurso con suspensión automática contra las decisiones de traslado de la responsabilidad a otro Estado miembro en virtud del Reglamento de Dublín;

11.

Reafirma que el principio de «no devolución» o non refoulement debe seguir siendo una de las piedras angulares de todo sistema común de asilo a escala de la Unión Europea, e insiste en que la aplicación del Reglamento de Dublín nunca debería conducir a que la tramitación de una solicitud se cerrara por razones procedimentales y no se reabriera para un examen completo y equitativo de la solicitud inicial tras un traslado con arreglo al procedimiento de Dublín; considera que ello debería quedar claro en el Reglamento;

12.

Considera que debería mejorarse el intercambio de información sobre traslados entre los Estados miembros, en particular respecto a la atención médica especializada que necesiten las personas trasladadas;

13.

Pide a la Comisión que evalúe la posibilidad de que una persona afectada por el traslado a otro Estado miembro en aplicación del sistema de Dublín pueda ser trasladada a su país de origen, sólo en caso de que dicha persona así lo pida expresamente y dentro del pleno respeto de los derechos procedimentales;

14.

Recomienda que se adopten a escala de la Unión Europea una serie de directrices sobre la evaluación de la edad y que, en caso de incertidumbre, se conceda el beneficio de la duda al menor;

15.

Recuerda que en todas las decisiones relativas a menores, debe primar el interés superior del menor; subraya que los menores no acompañados no deben ser nunca objeto de detención o traslado a otro Estado miembro, excepto por razones de reunificación familiar, y que si dicho traslado fuera necesario, el menor deberá estar debidamente representado y acompañado a lo largo de todo el procedimiento; por ello acoge con satisfacción la intención de la Comisión de aclarar la aplicación de las normas de Dublín en el caso de los menores no acompañados;

16.

Lamenta que la definición de miembro de la familia sea demasiado restrictiva con arreglo al Reglamento en vigor, y pide a la Comisión que amplíe la definición actual para incluir a las parejas de hecho y a todos los parientes cercanos, y en particular a los que no tienen otro apoyo familiar, así como a los hijos adultos que no pueden valerse por sí mismos;

17.

Acoge favorablemente la intención de la Comisión de ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento de Dublín para incluir la protección subsidiaria, ya que ello permitirá que los solicitantes de protección subsidiaria se agrupen con los miembros de la familia que hayan recibido o solicitado este tipo de protección en otro Estado miembro;

18.

Pide a la Comisión que incluya una disposición que limite la detención de los solicitantes que dependen del Reglamento Dublín, de modo que ésta sea una medida de último recurso, especificando al mismo tiempo los fundamentos para el empleo de la detención y las salvaguardias procesales que deben contemplarse;

19.

Pide a la Comisión que declare explícitamente en el Reglamento de Dublín que los solicitantes dependientes del mismo tienen derecho a las mismas condiciones de acogida que otros solicitantes de asilo, de conformidad con el apartado 1del artículo 3 de la Directiva relativa a la acogida donde se establecen las normas generales, concretamente sobre las condiciones materiales de acogida, atención sanitaria, libertad de circulación y escolarización de los menores;

20.

Considera que la cláusula humanitaria que figura en el artículo 15 del Reglamento de Dublín otorga una flexibilidad considerable al sistema de Dublín, pero que debería aplicarse con mayor amplitud, a fin de evitar que las familias sufran privaciones indebidas a resultas de la separación;

21.

Considera que si un solicitante de asilo se encuentra en un estado particularmente vulnerable debido a una enfermedad grave, un grado de discapacidad importante, edad avanzada o embarazo, por lo que depende de la asistencia de un familiar presente en el territorio de un Estado miembro distinto del que se ha hecho cargo del examen de la solicitud, debería procederse en la medida de lo posible, a la reunificación del solicitante con dicho familiar; pide a la Comisión que considere conferir carácter obligatorio a las disposiciones correspondientes de la cláusula humanitaria que figuran en el apartado 2 del artículo 15;

22.

Considera que debería introducirse un deber proactivo de búsqueda de los familiares por parte de organizaciones como la Cruz Roja y la Media Luna Roja;

23.

Acoge favorablemente la intención de la Comisión de especificar mejor las circunstancias y procedimientos para la aplicación de la cláusula de soberanía, en particular para incluir la condición de consentimiento del solicitante de asilo;

24.

Expresa su preocupación ante las discrepancias y deficiencias de la recogida de datos, tal como se han puesto en evidencia en la evaluación del sistema de Dublín realizada por la Comisión, especialmente respecto al registro de impresiones dactilares en caso de cruce irregular de las fronteras de la Unión, lo cual arroja serias dudas sobre la validez del sistema; tiene la confianza de que el citado Reglamento (CE) no 862/2007 sobre las estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional proporcionará a las partes interesadas una imagen más precisa del funcionamiento del sistema de Dublín y de otros instrumentos comunitarios en materia de protección internacional;

25.

Expresa su preocupación en cuanto al hecho de que no se disponga actualmente de ninguna evaluación del coste del sistema de Dublín; pide a la Comisión que solucione este problema, ya que se trata de un factor importante para la evaluación del sistema;

26.

Toma nota, con interés, de las preocupaciones expresadas por la Comisión en relación con la recogida y la calidad de los datos transmitidos a la unidad central de Eurodac, así como en lo que respecta a la inobservancia de la obligación de borrar determinados datos y al cumplimiento de las normas de protección de datos de carácter personal; considera que dichas deficiencias, que ponen en cuestión la fiabilidad de Eurodac, deben abordarse como corresponde antes de contemplar cualquier otro uso de esta base de datos;

27.

Considera que cada Estado miembro debería aclarar, mediante una lista cerrada, qué agencias y autoridades tienen acceso a la base de datos Eurodac y con qué finalidad, a fin de evitar cualquier utilización ilegal de los datos;

28.

Subraya que la ampliación del acceso a la base de datos Eurodac para los cuerpos policiales y judiciales de los Estados miembros y Europol conlleva el peligro de que la información pueda llegar a países terceros, lo cual podría tener repercusiones negativas para los solicitantes de asilo y sus familias; está convencido que ello también incrementaría el riesgo de que los solicitantes de asilo sufrieran una estigmatización;

29.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

4.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 295/10

A.

Considerando que la libre circulación de personas en la UE, especialmente en el contexto de las dos últimas rondas de ampliación y de la consiguiente ampliación del grupo Schengen, ha tenido como resultado un rápido incremento del número de personas y vehículos que cruzan las fronteras de los Estados miembros por razones personales y profesionales,

B.

Considerando que la prioridad de proteger a las víctimas de accidentes exige una legislación clara, precisa y eficaz, a nivel de la UE, sobre los seguros de automóviles,

C.

Considerando que la Cuarta Directiva sobre el seguro de automóviles dispuso que la Comisión informase al Parlamento Europeo y al Consejo sobre el establecimiento y la efectividad de las sanciones nacionales previstas en relación con el procedimiento de oferta/respuesta motivada, así como sobre su equivalencia, y presentase, en su caso, propuestas,

D.

Considerando que el informe de la Comisión examina las disposiciones sancionadoras nacionales, la eficacia del régimen del representante a efectos de siniestros y la actual oferta de seguros voluntarios de defensa jurídica, que pueden ser suscritos adicionalmente por cualquier víctima potencial de un accidente de tráfico,

E.

Considerando que el artículo 4, apartado 6, de la Cuarta Directiva sobre el seguro de automóviles regula el procedimiento de oferta motivada, según el cual las víctimas de siniestros en el extranjero tienen el derecho de reclamar una indemnización al representante a efectos de siniestros designado por la aseguradora en el país de residencia de la víctima,

F.

Considerando que la entidad aseguradora debe dar a la víctima del siniestro una respuesta motivada en el plazo de tres meses o atenerse a sanciones,

G.

Considerando que todavía es necesario aclarar el funcionamiento de esta disposición,

H.

Considerando que la Comisión debe tener plenamente en cuenta la ampliación cuando aplique las políticas de la UE, especialmente los costes, relativamente altos, de los seguros de automóviles en los nuevos Estados miembros,

I.

Considerando que los Estados miembros han adoptado diferentes disposiciones sancionadoras para el procedimiento de oferta/respuesta motivada,

J.

Considerando que las consultas efectuadas con las autoridades nacionales, nuevos Estados miembros incluidos, han confirmado que, en los casos en que existen, las actuales disposiciones sancionadoras son adecuadas y que se aplican efectivamente en toda la UE,

K.

Considerando, no obstante, que algunos Estados miembros no contemplan sanciones específicas y confían exclusivamente en la obligación del asegurador de pagar los intereses legales sobre el importe de la indemnización si la oferta o la respuesta motivada no se presentan en un plazo de tres meses,

L.

Considerando que el régimen de representantes a efectos de siniestros está relativamente bien establecido en la mayoría de los Estados miembros,

M.

Considerando que las consultas realizadas por la Comisión con el fin de evaluar el conocimiento por parte de los ciudadanos del sistema de representantes para la liquidación de siniestros sólo han contado con la participación de los Estados miembros y las entidades de seguros, y no han logrado una participación adecuada de los ciudadanos y de las asociaciones de consumidores, es decir, las personas más interesadas en que el sistema funcione adecuadamente,

N.

Considerando que la oferta de seguros de defensa jurídica relativos a los costes jurídicos soportados por las víctimas de accidentes de automóviles existe en la mayoría de los Estados miembros; considerando que más del 90 % de los casos se resuelven por vía amistosa, y que en muchos Estados miembros se reembolsan los gastos de defensa jurídica; considerando, además, que las aseguradoras de defensa jurídica hace años que proporcionan cobertura para todos los casos transfronterizos y, por tanto, han establecido departamentos propios para atender a reclamaciones del extranjero y facilitar una rápida resolución de las mismas,

O.

Considerando que sigue abierta la cuestión de saber si el seguro obligatorio de responsabilidad civil frente a terceros debe incluir unos costes razonables de defensa jurídica en todos los Estados miembros,

P.

Considerando que la cobertura de los gastos procesales razonables en todos los Estados miembros por parte de los seguros de responsabilidad civil de automóviles contribuye sin duda a una mayor protección y confianza de los consumidores europeos,

Q.

Considerando que el sector de los seguros se está desarrollando firmemente en los nuevos Estados miembros; considerando, sin embargo, que el seguro de defensa jurídica es, en algunos de ellos, un producto relativamente nuevo que es necesario promover, dado que el seguro de defensa jurídica es relativamente poco conocido,

R.

Considerando que la cobertura obligatoria de los gastos de defensa jurídica debería reforzar la confianza de los consumidores en el seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles, especialmente en aquellos casos en que se recurre ante los tribunales, dado que los consumidores de muchos nuevos Estados miembros desconfían de las elevadas costas judiciales, que quedarían cubiertas por el seguro obligatorio,

S.

Considerando que un seguro obligatorio de defensa jurídica ocasionaría una carga de trabajo adicional y más compleja para los tribunales, originando probablemente los retrasos correspondientes en la resolución de litigios y un mayor porcentaje de reclamaciones injustificadas,

T.

Considerando que el seguro obligatorio de responsabilidad civil de automóviles y el seguro de defensa jurídica tienen objetivos diferentes y desempeñan diferentes funciones, pues mientras que el seguro obligatorio de automóviles permite al consumidor cubrir el coste de cualquier reclamación que se haga contra él tras un accidente de tráfico, el seguro de defensa jurídica cubre los costes jurídicos del recurso contra un tercero tras un accidente de tráfico,

U.

Considerando que, para un adecuado desarrollo de los mercados nacionales, es importante que las autoridades nacionales, el sector de los seguros y las organizaciones de consumidores promuevan campañas de información al respecto,

1.

Celebra el informe de la Comisión y subraya la importancia de incluir plena y efectivamente a todas las partes interesadas, y especialmente a los consumidores, en el proceso de consultas para el desarrollo de la política de la UE en este ámbito;

2.

Pide, por tanto, la implicación sistemática de las organizaciones de consumidores, y especialmente las que representan a las víctimas, en el proceso de evaluación de la eficacia de los sistemas establecidos en los Estados miembros;

3.

Se felicita de esta evaluación ex-post de las medidas legislativas para asegurar que las normas se aplican del modo previsto y poner de manifiesto toda deficiencia imprevista;

4.

Subraya la importancia de reforzar la confianza de los consumidores en la política de seguros de automóviles por lo que respecta a los viajes en automóvil transfronterizos en el interior de la UE, especialmente para los conductores de los antiguos Estados miembros que viajan a los nuevos Estados miembros y viceversa;

5.

Considera que la promoción de las actuales soluciones jurídicas, y basadas en el mercado, que protegen a los consumidores refuerzan la confianza de los consumidores en los seguros de automóviles;

6.

Opina que los Estados miembros también son responsables del buen funcionamiento de sus propios regímenes nacionales de seguros en relación con las nuevas disposiciones legales de la UE por lo que respecta al procedimiento de oferta/respuesta motivada y a los costes judiciales soportados por las víctimas;

7.

Pide a la Comisión que siga supervisando en detalle el funcionamiento eficaz de los mecanismos de mercado, y que informe periódicamente de ello al Parlamento;

8.

Considera que la obligación del asegurador de pagar los intereses legales en caso de demora no es un instrumento de sanción, y que es necesario un mayor control por parte de la Comisión y la adopción de medidas adecuadas con el fin de que en todos los mercados de los Estados miembros funcionen con facilidad y los consumidores queden protegidos;

9.

Subraya que deberían fortalecerse las relaciones de trabajo entre la Comisión, las autoridades nacionales, el sector de los seguros y los consumidores para asegurar que se dispone en todo momento de datos fiables sobre la ejecución de las disposiciones establecidas;

10.

Considera, en coherencia con el enfoque sobre sanciones generalmente adoptado en la UE, que debería mantenerse el principio de subsidiariedad y que no es necesario armonizar las disposiciones sancionadoras nacionales;

11.

Considera que los organismos reguladores nacionales son los más aptos para garantizar el máximo nivel posible de protección de los consumidores en sus mercados nacionales;

12.

Recomienda, por tanto, con respecto al procedimiento de oferta/respuesta motivada, dejar a la discreción de los Estados miembros la imposición de sanciones y la elección del tipo y nivel adecuados para las disposiciones que adopten;

13.

Pide a los Estados miembros que garanticen la eficacia de las sanciones previstas en el caso de que no se respete el plazo de tres meses para presentar una respuesta motivada a la solicitud de indemnización o una oferta motivada de indemnización;

14.

Considera oportuno examinar atentamente las causas del incumplimiento por parte de la empresa de seguros antes de proceder a la imposición de sanciones, teniendo en cuenta, en particular, los factores que no dependen de la propia empresa; espera que la Comisión siga controlando los mercados nacionales y ofrezca su contribución a las autoridades nacionales que requieran su asistencia;

15.

Reitera la importancia de consolidar la confianza de los ciudadanos en el funcionamiento del régimen de representantes a efectos de siniestros, promocionándolo mediante campañas informativas y otras medidas adecuadas;

16.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión que refuercen la confianza de los consumidores, alentando las medidas adecuadas para aumentar el conocimiento y la utilización de los centros nacionales de información sobre seguros, especialmente pidiendo a las compañías de seguros que incluyan los datos del organismo de información del Estado miembro de que se trate en toda su información contractual;

17.

Pide además a los Estados miembros que exijan a las aseguradoras que, como parte del paquete informativo precontractual, ofrezcan una información exhaustiva a los consumidores sobre cómo funciona el régimen de representantes a efectos de siniestros y qué utilidad y ventajas tiene para los asegurados;

18.

Insta a la Comisión a que siga supervisando el funcionamiento de dicho régimen y a coordinar y ayudar, cuando sea necesario o cuando las autoridades nacionales pidan ayuda;

19.

Opina además, en relación con el seguro obligatorio de automóviles, que la cobertura obligatoria por el mismo de los costes jurídicos desincentivaría claramente el recurso a la vía amistosa para la resolución de diferencias, aumentaría potencialmente el número de recursos ante los tribunales, originando un aumento injustificado de la carga de trabajo de los mismos, y podría desestabilizar el funcionamiento actual y futuro del mercado de seguros por lo que respecta al seguro voluntario de defensa jurídica;

20.

Considera por tanto, en conjunto, que los efectos negativos de establecer un régimen de cobertura obligatoria de la defensa jurídica por el seguro obligatorio de automóviles superarían sus posibles ventajas;

21.

Insta a la Comisión a que, en colaboración con los Estados miembros, tome las medidas adicionales necesarias para que se conozca más ampliamente el seguro de defensa jurídica, así como otros productos, especialmente en los nuevos Estados miembros, focalizando su acción en informar a los consumidores sobre las ventajas de contratar estos tipos de cobertura;

22.

Considera, en este sentido, que es fundamental el papel de los organismos reguladores nacionales para la aplicación de las mejores prácticas utilizadas en otros Estados miembros;

23.

Pide, por tanto, a la Comisión que refuerce la protección de los consumidores, principalmente pidiendo a los Estados miembros que inciten a sus organismos reguladores nacionales, y a las compañías aseguradoras nacionales, a difundir la posibilidad de contratar un seguro voluntario de defensa jurídica;

24.

Considera que la información precontractual sobre el seguro de automóviles podría incluir información relativa a la posibilidad de contratar una cobertura de defensa jurídica;

25.

Pide a los Estados miembros que insten a los organismos reguladores nacionales y a los intermediarios a informar al cliente sobre los posibles riesgos y sobre los seguros voluntarios adicionales que puedan suponerle un beneficio, tales como, por ejemplo, el seguro de defensa jurídica, la cobertura de asistencia y el seguro contra robos;

26.

Pide a aquellos Estados miembros que no hayan establecido mecanismos alternativos de resolución de diferencias en materia de reclamaciones que contemplen la introducción de dichos mecanismos basándose en las mejores prácticas utilizadas por otros Estados miembros;

27.

Pide que la Comisión no prejuzgue los resultados de los estudios encargados a raíz de la aprobación del Reglamento Roma II (2), sobre las diferencias en materia de daños y lesiones corporales, estudios que sugieren una solución basada en el seguro y la modificación de la Cuarta Directiva sobre el seguro de los vehículos automóviles;

28.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

4.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 295/13

A.

Considerando que el fraude fiscal tiene graves consecuencias para los presupuestos de los Estados miembros y para el sistema de recursos propios de la Unión Europea, conduce a infracciones del principio de fiscalidad equitativa y transparente y puede dar lugar a distorsiones de la competencia, afectando por ello al funcionamiento del mercado interior; considerando que las empresas honradas se encuentran en desventaja competitiva debido al fraude fiscal y que las pérdidas de ingresos fiscales las restaña el contribuyente europeo mediante otras formas de fiscalidad,

B.

Considerando que el fraude fiscal socava la imparcialidad y la justicia fiscal, puesto que a menudo la pérdida de ingresos de las finanzas públicas se compensa con un aumento de los impuestos que gravan a los contribuyentes más modestos y honrados, que no pueden o no desean eludir o infringir sus obligaciones fiscales,

C.

Considerando que el aumento del comercio transfronterizo impulsado por el establecimiento del mercado interior ha dado como resultado un número creciente de transacciones en las que el lugar de la imposición fiscal y el lugar de establecimiento de la persona sujeta al pago del IVA se encuentran en dos Estados miembros diferentes,

D.

Considerando que el uso de nuevas modalidades de fraude fiscal relacionadas con las transacciones transfronterizas, como el fraude carrusel y el fraude del operador intracomunitario desaparecido, explotan la fragmentación y las lagunas de los actuales sistemas fiscales, y que resulta necesario modificar el modo de funcionamiento del IVA,

E.

Considerando que la evasión del IVA y el fraude repercuten en la financiación del presupuesto de la Unión Europea, pues aumentan la necesidad de recurrir a los recursos propios de los Estados miembros basados en el producto nacional bruto,

F.

Considerando que la lucha contra el fraude, aun siendo en su mayor parte una competencia de los Estados miembros, es un problema que no puede resolverse exclusivamente a nivel nacional,

G.

Considerando que la globalización hace más difícil combatir el fraude fiscal a escala internacional, debido a la creciente intervención de empresas domiciliadas en terceros países en el fraude carrusel, la expansión del comercio electrónico y la globalización de los servicios financieros; considerando que esos factores hablan muy a favor de mejorar la cooperación internacional, en particular en lo relativo al IVA,

H.

Considerando que la propagación del fraude fiscal en la Unión Europea se debe al actual sistema transitorio del IVA, que es demasiado complejo y hace que las transacciones intracomunitarias sean difíciles de rastrear, opacas y, por lo tanto, proclives a los abusos,

I.

Considerando que, al examinar las opciones para combatir el fraude fiscal, la Comisión y los Estados miembros no deberían contemplar, en la medida de lo posible, medidas que pudieran conducir a una carga administrativa desproporcionada para las empresas y las administraciones fiscales o que pudieran suponer una discriminación entre operadores,

J.

Considerando que tanto la Comisión como el Tribunal de Cuentas han afirmado consecuentemente que el sistema de intercambio de información entre los Estados miembros sobre las entregas intracomunitarias de bienes no proporciona información pertinente o puntual para abordar eficazmente el fraude en el IVA; considerando que ello exige unas normas más claras y vinculantes sobre la cooperación entre los Estados miembros y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF),

K.

Considerando que el uso de todas las tecnologías disponibles, incluido el almacenamiento y transmisión electrónicos de ciertos datos relativos al IVA y los impuestos especiales es indispensable para un funcionamiento adecuado de los sistemas fiscales de los Estados miembros; considerando que deberían mejorarse las condiciones de intercambio y acceso directo de los Estados miembros a los datos almacenados electrónicamente en otro Estado miembro; considerando que las autoridades fiscales de los Estados miembros deberían tratar los datos personales con la debida diligencia y para los fines previstos, en virtud del consentimiento de la persona implicada u otro fundamento jurídico previsto en la legislación,

L.

Considerando que a menudo los operadores sólo pueden obtener una información muy fragmentada sobre el estatuto de sus clientes respecto al IVA,

M.

Considerando que el fortalecimiento de los medios para detectar el fraude fiscal debería ir acompañado de un reforzamiento de la legislación actual relativa a la ayuda a la recaudación, la igualdad de trato fiscal y la viabilidad para las empresas,

1.

Observa que la finalidad de la estrategia de la UE en materia de lucha contra el fraude fiscal debe consistir en abordar las pérdidas fiscales producidas por el fraude fiscal, identificando los ámbitos en los que pueden introducirse mejoras, tanto en lo referente a la legislación de la CE como a la cooperación administrativa entre los Estados miembros, que promuevan eficazmente una reducción del fraude sin crear, en la medida de lo posible, cargas innecesarias para las administraciones fiscales y los contribuyentes;

2.

Pide a los Estados miembros que se tomen de una vez por todas la lucha contra el fraude fiscal en serio;

3.

Recuerda que el establecimiento de un sistema de IVA basado en el «principio de origen», es decir, que las transacciones entre Estados miembros sujetas al IVA se graven en el país de origen en vez de prever un tipo cero, sigue siendo una solución a largo plazo para combatir efectivamente el fraude fiscal; toma nota de que el «principio de origen» haría innecesaria la exención del IVA de los productos comercializados en el mercado interior y su ulterior gravamen en el país de destino; recuerda que un sistema de IVA basado en el «principio de origen» requiere el establecimiento de un sistema de compensación, según había propuesto inicialmente la Comisión en 1987;

4.

Deplora la actitud de bloqueo de algunos Estados miembros en los diez últimos años, que ha impedido adoptar una estrategia eficaz de la UE contra el fraude fiscal;

5.

Deplora que, a pesar de los numerosos análisis, reclamaciones y críticas no se haya adoptado todavía en el Consejo una estrategia eficaz de lucha contra el fraude fiscal;

6.

Insta a la Comisión a que, a pesar de los numerosos reveses sufridos en los últimos años, no ceje en su empeño de abordar activamente el problema;

7.

Reconoce que las estimaciones sobre las pérdidas globales (directas e indirectas) fiscales originadas por el fraude fiscal se sitúan entre los 200 000 y los 250 000 millones de euros, lo que equivale a un 2-2,25 % del PIB de la Unión Europea, y que 40 000 millones de euros de esa cantidad global se deben al fraude en el IVA, que según las estimaciones afecta al 10 % de los ingresos del IVA, el 8 % de los ingresos totales de impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas en 1998 y el 9 % de los ingresos totales de impuestos especiales sobre los productos del tabaco; lamenta, no obstante, que no se disponga de cifras precisas debido a que las normas nacionales para la presentación de información varían considerablemente;

8.

Reclama una recopilación unitaria de datos en todos los Estados miembros que ofrezca transparencia y sirva de base a las medidas nacionales contra el fraude fiscal;

9.

Lamenta que debido a la ausencia de datos recopilados a escala nacional, no pueda evaluarse con exactitud el alcance real del problema ni evaluarse adecuadamente el seguimiento de los cambios, tanto positivos como negativos;

10.

Pide a la Comisión que se plantee la creación de un sistema uniforme europeo de recogida de datos y de producción de datos estadísticos sobre el fraude fiscal, con objeto de poder evaluar de la manera más precisa posible la magnitud real de este fenómeno;

11.

Recuerda que no podrá erradicarse la economía informal sin aplicar estímulos adecuados; sugiere asimismo que los Estados miembros informen mediante el cuadro de indicadores de la Estrategia de Lisboa sobre en qué medida han logrado reducir sus economías informales;

12.

Observa que el fraude fiscal relacionado con el IVA es un problema especialmente preocupante para el funcionamiento del mercado interior, en la medida en que tiene un impacto directo transfronterizo, implica pérdidas considerables de ingresos y afecta directamente al presupuesto de la UE;

13.

Recuerda una vez más que el sistema actual del IVA, instaurado en 1993, se diseñó únicamente como sistema transitorio y que el Parlamento ha pedido a la Comisión que presente propuestas tendentes a una decisión final sobre el sistema definitivo del IVA antes de 2010;

14.

Constata que la libre circulación de personas, bienes, servicios y capital en el mercado interior desde 1993, junto con los avances en las nuevas tecnologías de bienes de tamaño reducido y elevado valor, hacen que cada vez sea más difícil luchar contra el fraude en el IVA, todo ello exacerbado por la complejidad y la fragmentación del sistema actual, en el que es difícil realizar un seguimiento de las transacciones y queda, por tanto, más expuesto a los abusos;

15.

Observa la creciente incidencia del fraude del «operador desaparecido» y el abuso deliberado del sistema del IVA por parte de bandas delictivas que establecen mecanismos para aprovecharse de los fallos del sistema; y destaca el caso de fraude carrusel del IVA notificado por Eurojust que afecta a 18 Estados miembros y supone un fraude fiscal de cerca de 2 100 millones de euros;

16.

Apoya a la Comisión en sus esfuerzos por introducir un cambio fundamental en el sistema actual del IVA; se felicita por el hecho de que los Estados miembros otorguen ahora cierta prioridad a este asunto e insta a los Estados miembros a estar preparados para adoptar medidas sustantivas en este contexto;

17.

Considera que el sistema actual está desfasado y requiere una revisión radical, evitando sobrecargar a las empresas honradas con trámites burocráticos; considera que el mantenimiento del statu quo no es una opción válida;

18.

Observa que, en un sistema de inversión impositiva, el IVA se imputa al sujeto pasivo en lugar de al proveedor; reconoce que tal sistema tiene la ventaja de suprimir la posibilidad de fraude del «operador desaparecido» al designar a la persona a la que se proveen los bienes como persona sujeta al pago del IVA;

19.

Observa que la creación de un sistema doble del IVA perjudicaría al buen funcionamiento de mercado interior y sería una fuente de entorno más complejo que desalentaría la inversión, empresarial, que sólo sería superado a largo plazo por un sistema de inversión impositiva obligatorio y generalizado, en contraposición con un sistema optativo o sólo para determinadas entregas;

20.

Observa, por otra parte, que el sistema de inversión impositiva no permite los pagos fraccionados y que la totalidad del IVA se abona al final de la cadena de suministro, suprimiendo el mecanismo de autocontrol del IVA; advierte que pueden surgir nuevas formas de fraude, incluidas unas pérdidas fiscales crecientes en el sector minorista y el uso incorrecto de los números de identificación a efectos del IVA, y que la lucha contra este fraude mediante la introducción de una verificación adicional podría conducir a unas cargas administrativas adicionales para los operadores honrados; en consecuencia, insta a la cautela y a una detenida consideración antes de introducir un sistema de inversión impositiva; observa, no obstante, la utilidad en la lucha contra el fraude de aplicar un umbral para limitar el riesgo de consumo final no gravado; considera razonable el límite de 5 000 euros propuesto por el Consejo;

21.

Señala, aunque sigue siendo prudente y crítico, que un proyecto piloto podría ayudar a los Estados miembros a comprender mejor los riesgos inherentes al sistema de inversión impositiva e insta a la Comisión y a los Estados miembros a establecer las garantías adecuadas para que ni el Estado miembro participante ni ningún otro Estado miembro se vea expuesto a graves riesgos durante el funcionamiento del proyecto piloto;

22.

Considera que la mejor solución para abordar el fraude del IVA relacionado con las entregas transfronterizas consiste en introducir un sistema en el que la exención intracomunitaria del IVA en los suministros se sustituya por una imposición del tipo del 15 %; observa que el funcionamiento de dicho sistema se reforzaría en gran medida si se simplificara sustancialmente la variedad y la complejidad de los tipos reducidos, minimizando la carga administrativa tanto para las empresas como para las autoridades fiscales; toma nota de que convendría examinar y evaluar pormenorizadamente las reducciones particulares de los tipos del IVA aplicadas antes de 1992 para elucidar si hay razones económicas que justifiquen su mantenimiento;

23.

Reconoce que debido a las diferencias entre los tipos del IVA, la imposición de las entregas intracomunitarias requeriría un reequilibrio de los pagos entre los Estados miembros; considera que tal reequilibrio debería realizarse a través de un sistema de compensación que facilitara la transferencia de ingresos entre Estados miembros; subraya que el funcionamiento de un sistema de compensación es técnicamente factible;

24.

Considera que un sistema de compensación descentralizado sería el más apropiado y el que podría desarrollarse con mayor rapidez, en la medida en que ofrece posibilidades de que los Estados miembros acuerden bilateralmente los elementos principales, teniendo en cuenta su balanza comercial individual, las semejanzas en el funcionamiento del IVA y sus mecanismos de control, así como la confianza mutua;

25.

Subraya que la administración fiscal del Estado miembro de partida tendría la responsabilidad de recaudar el IVA del proveedor y transferir su importe, mediante el sistema de compensación, a la administración fiscal del país donde se ha realizado la adquisición intracomunitaria; reconoce la necesidad de consolidar la confianza mutua entre las administraciones fiscales;

26.

Subraya que los Estados miembros no pueden luchar aisladamente contra el fraude fiscal de dimensión transfronteriza; considera que los intercambios de información y la cooperación entre los Estados miembros y con la Comisión han sido insuficientes para luchar eficazmente contra el fraude fiscal tanto en sustancia como con rapidez; considera que el contacto directo entre las oficinas antifraude locales o nacionales no se ha desarrollado ni aplicado suficientemente, lo que ha conducido a la ineficacia, la infrautilización de los mecanismos de cooperación administrativa y los retrasos en la comunicación;

27.

Destaca que para proteger los ingresos fiscales de todos los Estados miembros en relación con el mercado interior, los Estados miembros deberían adoptar medidas similares contra los defraudadores independientemente del lugar en que se haya registrado la pérdida de ingresos; pide a la Comisión que proponga mecanismos que permitan impulsar esa cooperación entre los Estados miembros;

28.

Acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión tendentes a la modificación de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido (2) y del Reglamento (CE) no 1798/2003 del Consejo, de 7 de octubre de 2003, relativo a la cooperación administrativa en el ámbito del impuesto sobre el valor añadido (3) a fin de acelerar la recogida y el intercambio de información sobre las transacciones intracomunitarias de 2010 en adelante; reconoce que la norma propuesta, que requiere la presentación de información en el plazo de un mes, añadirá una carga administrativa a las empresas que sólo son proveedoras de servicios y que actualmente no están sujetas a tal norma, pero admite que ello es necesario ante la posibilidad del «fraude de carrusel» en determinados servicios;

29.

Insta al Consejo a que adopte sin dilación las medidas propuestas y anima a la Comisión a presentar propuestas adicionales sobre el acceso automático de todos los demás Estados miembros a los datos no sensibles almacenados por los diferentes Estados miembros sobre sus propios contribuyentes (sector comercial, determinados datos sobre volumen de negocios, etc.) y sobre la armonización de los procedimientos para dar de alta y baja a las personas sujetas al IVA, con vistas a velar por la rápida detección de los contribuyentes falsos y su correspondiente baja del censo; destaca que los Estados miembros deben asumir la responsabilidad de mantener actualizados su datos, en particular en cuanto a la detección y la baja de las inscripciones fraudulentas;

30.

Recuerda que los paraísos fiscales pueden constituir un obstáculo a la aplicación de la Estrategia de Lisboa, si empujan excesivamente a la baja a los tipos fiscales y, en general, a los ingresos fiscales;

31.

Destaca que también en períodos de disciplina presupuestaria toda erosión de la base fiscal afectará a la capacidad de los Estados miembros de cumplir con el Pacto reformado de estabilidad y crecimiento;

32.

Destaca que la erradicación de los paraísos fiscales exige, entre otras cosas, una estrategia tripolar: abordar la evasión fiscal, ampliar el ámbito de la Directiva 2003/48/CE del Consejo, de 3 de junio de 2003, en materia de fiscalidad de los renidimientos del ahorro en forma de pago de intereses (4) y pedir que la OCDE, a través de sus miembros, sancione a los paraísos fiscales reacios a cooperar;

33.

Deplora que los Estados miembros mediante constantes reparos y tácticas dilatorias impidan una reforma de la Directiva 2003/48/CE y alienta a la Comisión a presentar sin demora sus propuestas al respecto, sin perjuicio de la resistencia que pudiera encontrar;

34.

Subraya que la reforma de la Directiva 2003/48/CE debería abordar las carencias y deficiencias que conlleva, y que impiden que se descubran las operaciones de evasión y fraude fiscal;

35.

Pide a la Comisión que, en el contexto de la reforma de la Directiva 2003/48/CE, estudie opciones de reforma, incluida la posibilidad de ampliar el alcance de la misma en lo que se refiere a tipos de entidades legales y fuentes de ingresos financieros;

36.

Insta a la Unión Europea a que mantenga en el orden del día la erradicación de los paraísos fiscales a escala mundial, pues repercute negativamente en los ingresos fiscales de los diferentes Estados miembros; pide al Consejo y a la Comisión que hagan valer el poder comercial de la UE a la hora de negociar acuerdos comerciales y de cooperación con los gobiernos de paraísos fiscales para incitarlos a eliminar las disposiciones y prácticas fiscales que favorecen la evasión fiscal y el fraude; acoge con satisfacción, en cuanto primer paso, las recomendaciones del Consejo de 14 de mayo de 2008 de incluir en los acuerdos comerciales una cláusula de buena gobernanza en materia fiscal; y pide a la Comisión que proponga con efecto inmediato dicha cláusula para las negociaciones de acuerdos comerciales en el futuro;

37.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

4.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 295/19

A.

Considerando que más de cien millones de europeos de todas las edades, creencias y nacionalidades ejercen actividades de voluntariado,

B.

Considerando que, según una encuesta del Eurobarómetro publicado en febrero de 2007, tres de cada diez europeos declaran ejercer una actividad voluntaria y que cerca del 80 % de los encuestados opina que las actividades de voluntariado son una parte importante de la vida democrática en Europa (3),

C.

Considerando que se calcula que el sector del voluntariado contribuye en un 5 % al producto interior bruto de nuestras economías nacionales, y que desarrolla acciones innovadoras para detectar, expresar y responder a las necesidades que surgen en la sociedad,

D.

Considerando que el Centro Europeo del Voluntariado, el Foro Europeo de la Juventud, la Asociación de Organizaciones de Servicios Voluntarios, la Organización Mundial del Movimiento Scout, el Departamento para la Unión Europea de la Cruz Roja, Volonteurope, AGE, Solidar, Caritas Europa, Engage, Johanniter International, la Organización No Gubernamental Deportiva Europea, y algunas otras, que representan miles de organizaciones en las que participan millones de voluntarios, han pedido a las instituciones europeas que se declare 2011 Año Europeo del Voluntariado,

1.

Pide a la Comisión que, con el apoyo de todas las instituciones europeas, declare 2011 Año Europeo del Voluntariado;

2.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, a la Comisión y al Consejo.

4.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 295/21

A.

Considerando que la Comisión en su Libro Blanco «Un nuevo impulso para la juventud europea» (COM(2001) 0681), que el Parlamento examinó en su Resolución, de 14 de mayo de 2002 (1), adoptó el objetivo de dedicar más atención a los jóvenes en otros ámbitos políticos, en especial educación y aprendizaje permanente, empleo, integración social, salud, autonomía de la juventud, movilidad, derechos fundamentales y no discriminación,

B.

Considerando que el Consejo Europeo celebrado los días 22 y 23 de marzo de 2005 adoptó un «Pacto europeo para la juventud» como uno de los instrumentos que contribuyen a los objetivos de Lisboa y renovó su compromiso en marzo de 2008, insistiendo en la necesidad de invertir en los jóvenes ahora y en el futuro,

C.

Considerando que la Comisión, refleja la necesidad de la transversalización de las cuestiones de la juventud en su comunicación de 5 de septiembre de 2007 titulada «Fomentar la plena participación de los jóvenes en la educación, el empleo y la sociedad» (COM(2007) 0498),

D.

Considerando que aprobó sus resoluciones, de 19 de junio de 2007, sobre un marco regulador para medidas de conciliación de la vida familiar y del período de estudios para las mujeres jóvenes en la Unión Europea (2) y, de 21 de febrero de 2008, sobre el futuro demográfico de Europa (3) en las que pone de relieve la necesidad de tomar en mejor y mayor consideración a los jóvenes,

1.

Insta a la Comisión a considerar e incorporar el impacto sobre la juventud y los resultados del diálogo estructurado con las organizaciones de jóvenes en la elaboración de propuestas legislativas, en particular en los ámbitos políticos referidos en el considerando A;

2.

Insta a los Estados miembros a que se centren en los jóvenes durante la aplicación de los programas de reformas nacionales de Lisboa y a que los tomen en consideración en los ámbitos políticos pertinentes;

3.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, al Consejo, a la Comisión y al Foro Europeo de la Juventud.

4.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 295/23

A.

Considerando que el secuestro de un niño es uno de los delitos más inhumanos,

B.

Considerando que estos delitos están aumentando en Europa y pueden implicar el transporte de las víctimas a través de las fronteras,

C.

Considerando que la perspectiva de salvar la vida de un niño secuestrado disminuye a medida que pasa el tiempo,

D.

Considerando que no existe un sistema de alerta a escala europea para las desapariciones de niños, ni sistemas locales o nacionales en buena parte de la Unión Europea,

1.

Pide a los Estados miembros que creen un sistema de alerta de niños desaparecidos que, una vez activado, requerirá la comunicación inmediata a los medios de comunicación, las autoridades fronterizas, las aduanas y las fuerzas y cuerpos de seguridad, de lo siguiente:

2.

Pide a los Estados miembros que celebren acuerdos de cooperación con todos los Estados limítrofes para garantizar la capacidad de poner en marcha una alerta rápida en todo el territorio;

3.

Pide que se desarrolle una organización común para proporcionar asistencia y capacitación a los organismos nacionales;

4.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, al Consejo y a la Comisión.

4.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 295/26

A.

Considerando que la Unión Europea sigue comprometida en su respaldo a la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Georgia dentro de sus fronteras reconocidas internacionalmente,

B.

Considerando que la distribución de pasaportes rusos a ciudadanos de Osetia del Sur y el apoyo al movimiento separatista, junto con el aumento de la actividad militar de los separatistas contra los pueblos con poblaciones georgianas, han aumentado las tensiones en Osetia del Sur, en combinación con unas maniobras militares rusas a gran escala cerca de la frontera con Georgia durante el mes de julio de 2008,

C.

Considerando que, tras varias semanas de aumento de la tensión y de escaramuzas entre las partes y provocaciones de las fuerzas separatistas de Osetia del Sur, que incluyeron ataques con bombas, enfrentamientos mortales, tiroteos y disparos de artillería que causaron la muerte a numerosos civiles e hirieron a muchos más, en la noche del 7 al 8 de agosto de 2008 el ejército de Georgia lanzó por sorpresa un ataque de artillería contra Tsjinvali, seguido de una operación por tierra en la que utilizó carros de combate y soldados, con el fin de recuperar el control sobre Osetia del Sur,

D.

Considerando que Rusia respondió de inmediato, tras una prolongada concentración de efectivos, con un contraataque masivo, enviando tanques y tropas de infantería, bombardeando varias localidades georgianas, como la ciudad de Gori, y bloqueando los puertos georgianos del mar Negro,

E.

Considerando que unas 158 000 personas han quedado desarraigadas por la crisis y se han visto forzadas a abandonar sus hogares, y deben recibir asistencia en sus esfuerzos por retornar; que la presencia de bombas de racimo, munición sin detonar y minas terrestres, así como las advertencias rusas y su falta de cooperación, hacen inseguro dicho retorno,

F.

Considerando que las acciones militares rusas han causado daños considerables a las infraestructuras de Georgia y que es necesario prestar ayuda humanitaria,

G.

Considerando que varios investigadores internacionales sobre derechos humanos y analistas militares han documentado el uso de bombas de racimo por las tropas rusas en Georgia, lo que ha dejado ingentes cantidades de munición sin detonar en las zonas en conflicto; Georgia también ha admitido el uso de bombas de racimo en Osetia del Sur, cerca del túnel de Roki,

H.

Considerando que los Presidentes de Georgia y Rusia se comprometieron a un acuerdo el 12 de agosto de 2008, fruto de los esfuerzos de mediación de la UE, que preveía un alto el fuego inmediato, la retirada de las fuerzas georgianas y rusas a sus posiciones anteriores al 7 de agosto de 2008 y la apertura de conversaciones internacionales para establecer rápidamente un mecanismo internacional con el fin de preparar una solución pacifica y duradera al conflicto,

I.

Considerando que la OTAN suspendió las relaciones periódicas de alto nivel con Rusia el 19 de agosto de 2008, alegando que la acción militar rusa había sido desproporcionada e incompatible con su función de mantenimiento de la paz en algunas partes de Georgia y declarando que la situación no se normalizaría mientras permanecieran tropas rusas en Georgia,

J.

Considerando que Rusia retiró tanques, artillería y centenares de soldados de sus posiciones más avanzadas en Georgia el 22 de agosto de 2008, pero sigue controlando el acceso a la ciudad portuaria de Poti, al sur de Abjazia, y que el Gobierno ruso anunció que mantendría tropas en una zona de seguridad alrededor de Osetia del Sur, estableciendo ocho puntos de control en los que se desplegarían tropas rusas,

K.

Considerando que el 25 de agosto de 2008 la Cámara Alta del Parlamento ruso aprobó una resolución en la que pedía al Presidente que reconociera la independencia de las regiones georgianas secesionistas de Abjazia y Osetia del Sur, a la que siguió, el 26 de agosto de 2008, la decisión del Presidente Dimitri Medvédev según la cual Rusia reconocería oficialmente a ambas regiones como Estados independientes,

L.

Considerando que este conflicto tiene implicaciones de largo alcance para la estabilidad y seguridad de la región, implicaciones que rebasan con mucho la relación directa entre todas las partes en conflicto, con posibles repercusiones para la relación UE-Rusia, la PEV, la región del Mar Negro y otras,

M.

Considerando que la Unión Europea debe mantener una unidad política total en su respuesta a la crisis en Georgia y hablar con una sola voz, especialmente en lo relativo a sus relaciones con Rusia; que el proceso hacia una solución pacífica y estable de los conflictos en Georgia y en el Cáucaso exigirá una revisión exhaustiva de la PEV, así como un nuevo compromiso con toda la región, en cooperación con todas las organizaciones europeas e internacionales, en particular la OSCE,

N.

Considerando que la semana pasada el Gobierno de Georgia rompió las relaciones diplomáticas con la Federación de Rusia y la Federación de Rusia respondió del mismo modo,

1.

Opina que no puede haber una solución militar a los conflictos del Cáucaso y condena firmemente a todos los que han recurrido a la fuerza y la violencia para cambiar la situación en los territorios georgianos secesionistas de Osetia del Sur y Abjazia;

2.

Insta a Rusia a que respete la soberanía y la integridad territorial de la República de Georgia y la inviolabilidad de sus fronteras reconocidas internacionalmente y, en consecuencia, condena firmemente el reconocimiento por la Federación de Rusia de la independencia de las regiones georgianas secesionistas de Osetia del Sur y Abjazia por ser contraria al Derecho internacional;

3.

Destaca que cualquier decisión sobre el estatuto definitivo de Osetia del Sur y Abjazia debe estar supeditada al respeto de los principios fundamentales del Derecho internacional, incluida el Acta Final de la Conferencia sobre Seguridad y Cooperación en Europa (Acta final de Helsinki), en particular, en lo relativo al retorno de los refugiados y el respeto de sus propiedades y la garantía y el respeto de los derechos de las minorías;

4.

Condena la inaceptable y desproporcionada acción militar de Rusia y su profunda incursión en el territorio de Georgia, que infringe el Derecho internacional; subraya que no hay ningún motivo legítimo para que Rusia invada Georgia, ocupe partes de dicho país y amenace con derribar al gobierno de un país democrático;

5.

Deplora la pérdida de vidas humanas y el sufrimiento causados por el uso indiscriminado de la fuerza por todas las partes implicadas en el conflicto;

6.

Expresa su profunda preocupación por el efecto de las minas rusas en la actividad social y económica de Georgia, en particular por lo que se refiere a la voladura de un puente ferroviario cerca de Kaspi, en la principal línea ferroviaria de Tiflis a Poti, el 16 de agosto de 2008 y a la explosión provocada cerca de Gori el 24 de agosto de 2008 en el tren que transportaba petróleo crudo de Kazajstán para su exportación a través de Poti; subraya que ambas acciones violaron el compromiso de alto el fuego;

7.

Reitera su firme adhesión al principio de que ningún tercer país puede vetar la decisión soberana de otro país de unirse a una organización o alianza internacional, ni tiene derecho a desestabilizar un gobierno elegido democráticamente;

8.

Subraya que la asociación entre Europa y Rusia debe basarse en el respeto de las normas fundamentales de la cooperación europea, defendidas no sólo de palabra sino también con los hechos;

9.

Encomia a la Presidencia de la Unión Europea por la eficacia y la celeridad con que ha reaccionado ante este conflicto, y aplaude la unidad mostrada por los Estados miembros en su mediación entre ambas partes, que ha hecho posible la firma de un plan de alto el fuego; a este respecto, acoge con satisfacción las conclusiones de la citada reunión extraordinaria del Consejo Europeo;

10.

Insta encarecidamente a Rusia a que cumpla todos los compromisos adquiridos en virtud del acuerdo de alto el fuego alcanzado y firmado merced a los esfuerzos diplomáticos de la Unión Europea, empezando por la retirada completa e inmediata de sus tropas de la propia Georgia y la reducción de su presencia militar en Osetia del Sur y Abjazia a la fuerza rusa de mantenimiento de la paz desplegada en ambas provincias antes del estallido del conflicto; condena el saqueo generalizado perpetrado por las fuerzas invasoras rusas y por los mercenarios que las acompañaban;

11.

Pide que se lleve a cabo con urgencia una investigación internacional independiente a fin de determinar los hechos y arrojar luz sobre ciertas acusaciones;

12.

Insta a Georgia, que ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI), y a las autoridades rusas a que presten apoyo y cooperen plenamente con la Fiscalía de la CPI en relación con su investigación sobre los trágicos sucesos y los ataques a civiles que se han producido durante el conflicto, con el fin de determinar las responsabilidades y de llevar a los responsables ante la justicia;

13.

13 Pide a las autoridades rusas y georgianas que faciliten toda la información disponible sobre las zonas en las que sus fuerzas armadas han lanzado bombas de racimo, con el fin de que puedan iniciarse inmediatamente las operaciones de retirada de minas y para evitar que se produzcan nuevas víctimas entre la población civil y facilitar el retorno seguro de las personas desplazadas;

14.

Pide a la Unión Europea, a la OTAN y a sus miembros que hagan uso, sobre la base de una posición común, de todas las posibilidades para persuadir al Gobierno ruso de que acate el Derecho internacional, que es la condición necesaria para desempeñar un papel responsable en la comunidad internacional; recuerda a Rusia su responsabilidad como potencia con poder de veto en las Naciones Unidas para con un orden mundial pacífico;

15.

Pide al Consejo y a la Comisión que revisen su política hacia Rusia en caso de que no cumpla sus compromisos derivados del acuerdo de alto el fuego; en consecuencia, acoge favorablemente la decisión del Consejo Europeo de aplazar las negociaciones sobre el Acuerdo de asociación y cooperación hasta la retirada de las tropas rusas a sus posiciones anteriores al 7 de agosto de 2008;

16.

Pide a la Comisión que presente propuestas de acuerdos con Georgia sobre facilitación de visados y readmisión que sean al menos equivalentes a los relativos a Rusia;

17.

Pide a los Estados miembros que revisen la concesión de visados para actividades económicas basadas en Osetia del Sur y Abjazia;

18.

Condena firmemente el reasentamiento forzoso de georgianos de Osetia del Sur y Abjazia y pide a las autoridades de facto surosetias y abjazias que garanticen el regreso seguro de la población civil desplazada, de acuerdo con el Derecho internacional humanitario;

19.

Aplaude las iniciativas tomadas por la OSCE para incrementar el número de observadores no armados; pide que se refuerce una vez más la misión de la OSCE en Georgia, con total libertad de movimiento por todo el país, y alienta a los Estados miembros a que contribuyan a este esfuerzo;

20.

Pide una contribución robusta de la Unión Europea al mecanismo internacional previsto para la resolución del conflicto, y, por consiguiente, acoge favorablemente la decisión del Consejo Europeo de desplegar una misión de observación de la Política Europea de Seguridad y de Defensa (PESD) como complemento de las misiones de las Naciones Unidas y la OSCE, y solicita un mandato de las Naciones Unidas o de la OSCE para una misión de paz de la PESD;

21.

Aplaude el apoyo activo y continuado de la Unión Europea a todos los esfuerzos internacionales por encontrar una solución pacífica y duradera al conflicto, y en particular el compromiso del Consejo de respaldar todos los esfuerzos de las Naciones Unidas, la OSCE y otros para zanjarlo; en particular, acoge con satisfacción la decisión de nombrar a un Representante Especial de la UE para la crisis en Georgia;

22.

Acoge con satisfacción el paquete de ayuda humanitaria rápida de la Comisión a la población civil, de 6 millones de euros, que debe reforzarse con más fondos con arreglo a una valoración de las necesidades efectuada sobre el terreno; destaca la urgente necesidad de una ayuda a la reconstrucción tras el conflicto;

23.

Celebra la decisión del Consejo de convocar una conferencia internacional de donantes para la reconstrucción de Georgia, e insta al Consejo y a la Comisión a que examinen la posibilidad de concebir un plan de envergadura de la Unión Europea para prestar asistencia financiera a la reconstrucción de las zonas de Georgia afectadas por la guerra y para establecer una mayor presencia de la UE en el país y en toda la región;

24.

Pide a todas las partes en el conflicto que permitan el acceso total y sin cortapisas de la ayuda humanitaria a las víctimas, incluidos los refugiados y los desplazados internos;

25.

Es de la opinión de que la búsqueda de soluciones para el conflicto de Georgia, así como para los demás conflictos pendientes en el Cáucaso Meridional, saldrá beneficiada con una mayor internacionalización de los mecanismos de solución de conflictos; en consecuencia, propone que la Unión Europea convoque una conferencia de paz transcaucásica como elemento clave de este proceso; considera que en esta conferencia se deberían examinar las garantías internacionales para el pleno respeto de los derechos civiles y políticos, así como la promoción de la democracia por medio de la primacía internacional del imperio de la ley; subraya que esta conferencia debería ofrecer asimismo la oportunidad de oír las voces de los grupos no representados o silenciados de la región del Cáucaso;

26.

Pide al Consejo y a la Comisión que continúen desarrollando la PEV, adaptándola mejor a las necesidades de nuestros socios del Este, con el fortalecimiento de la participación de la Unión Europea en la zona del Mar Negro, que hagan suya la propuesta del Parlamento de un «Espacio Económico Europeo Plus» o la propuesta sueco-polaca para una Asociación con el Este y que aceleren, en particular en relación con Georgia, Ucrania y la República de Moldova, el establecimiento de una zona de libre comercio; señala que la liberalización de la política de visados de la UE hacia estos países debe tener en cuenta que se han concedido a Rusia mejores condiciones que a ellos en este ámbito;

27.

Destaca la interrelación existente entre una serie de problemas de la región del Cáucaso Meridional y la necesidad de una solución global en forma de pacto de estabilidad con la participación de los principales actores externos; destaca la necesidad de potenciar la cooperación con los países vecinos de la región del Mar Negro creando un mecanismo especial institucional multilateral, como sería una Unión del Mar Negro, y organizando una conferencia internacional de seguridad y cooperación para la región del Cáucaso Meridional; por consiguiente, pide a la Comisión que formule una propuesta especifica al Parlamento y al Consejo sobre la creación de un marco multilateral para la región del Mar Negro, incluidas Turquía y Ucrania; considera que, en aras de la estabilidad de toda la región y de los flujos energéticos, debería asociarse a países vecinos como Kazajstán;

28.

Recuerda que, en la Cumbre de Bucarest del 3 de abril de 2008, la OTAN acordó que Georgia se convertiría en miembro de la Alianza;

29.

Destaca la importancia de Georgia para la mejora de la seguridad energética de la Unión Europea, al proporcionar una alternativa a la ruta rusa de tránsito de la energía; considera esencial proteger de manera eficaz las infraestructuras existentes, como el oleoducto Baku-Tiblisi-Ceyhan, y pide a la Comisión que ofrezca a Georgia toda la asistencia necesaria a tal efecto; espera un compromiso fuerte de la UE con la prosecución del proyecto de oleoducto Nabucco, que cruzaría el territorio de Georgia y que está considerado proyecto prioritario de la UE; y que representa la alternativa más seria a los proyectos emprendidos en cooperación con Rusia, todos los cuales podrían aumentar la dependencia económica y política que tienen los Estados miembros respecto a Rusia;

30.

30 Pide al Consejo y a la Comisión que prosigan sus esfuerzos para adoptar una política energética común de la Unión Europea que, entre otras cosas, responda a la necesidad de diversificar las fuentes de abastecimiento;

31.

Considera que la cooperación en el Cáucaso Meridional no debería basarse en zonas de influencia mutuamente excluyentes entre la Unión Europea y Rusia (las llamadas «esferas de intereses»);

32.

Considera que el papel de la Unión Europea en la actual crisis subraya la necesidad de reforzar la política exterior de seguridad y defensa europea, y estima que el Tratado de Lisboa representa la manera correcta de hacerlo, con la creación de la figura del Alto Representante, la cláusula de solidaridad y la política de seguridad energética de la UE;

33.

Destaca la necesidad de salvaguardar la estabilidad en la región del Cáucaso Meridional, y pide a los Gobiernos armenio y azerbaiyano que contribuyan a la consecución de este objetivo, dentro del respeto de todos sus compromisos internacionales;

34.

Se reafirma en el principio de que una gobernanza plural y democrática, con partidos opositores activos y respeto de los derechos humanos y civiles, constituye la mejor garantía para la estabilidad en toda la región del Cáucaso Meridional;

35.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, a los Estados miembros, a los Presidentes y Parlamentos de Georgia y de la Federación de Rusia, a la OTAN, a la OSCE y al Consejo de Europa.

4.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 295/31

A.

Considerando que el proyecto académico de Marco Común de Referencia (MCR) (8) fue presentado a la Comisión a finales de 2007,

B.

Considerando que el proyecto de MCR está siendo sometido actualmente a un proceso de evaluación por una red de varios grupos académicos, y que dos de estos grupos, la «Association Henri Capitant des Amis de la Culture Juridique Française» y la «Societé de législation comparée», ya han publicado los documentos Principes contractuels communs y Terminologie contractuelle commune  (9),

C.

Considerando que la Comisión ha emprendido un proceso interno de selección con objeto de determinar qué partes del proyecto de MCR se van a integrar en un próximo documento, por ejemplo, un Libro Blanco de la Comisión sobre un Marco Común de Referencia (MCR),

D.

Considerando que el proyecto de MCR no es sino un documento académico, y que la posible selección de las partes del proyecto de MCR que deben integrarse en el próximo documento de la Comisión constituye un ejercicio de carácter eminentemente político,

1.

Acoge favorablemente la presentación del proyecto de MCR y espera el proyecto académico definitivo de MCR que debe ser presentado a la Comisión a finales de diciembre de 2008;

2.

Pide a la Comisión que presente un plan detallado y transparente sobre la forma en que se organizará y coordinará el proceso de selección que conducirá a la elaboración del documento de la Comisión, especialmente por lo que respecta a todas las direcciones generales implicadas;

3.

Pide a la Comisión que vele por que el proyecto de MCR esté disponible en el mayor número posible de lenguas pertinentes a fin de garantizar que todas las partes interesadas tengan acceso al mismo;

4.

Pide a la Comisión que examine la posibilidad de encargar el proyecto a la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad, con la plena participación de todas las demás direcciones generales competentes, dado que el MCR va mucho más allá del Derecho contractual en materia de consumo, y que facilite los recursos materiales y humanos que sean necesarios;

5.

Señala que el documento de la Comisión constituirá la base de la decisión de las instituciones europeas y de todas las partes interesadas sobre la finalidad futura del MCR, su contenido y su efecto jurídico, que puede variar desde un instrumento legislativo no vinculante hasta la base de un instrumento opcional en el Derecho contractual europeo;

6.

Considera que, independientemente de la futura configuración del MCR, deben adoptarse medidas para garantizar su actualización regular a fin de que refleje los cambios y la evolución nacional en el Derecho contractual;

7.

Señala que, a la hora de adoptar una decisión sobre el contenido del MCR, la Comisión debe tener en cuenta la declaración del Consejo de 18 de abril de 2008, según la cual el MCR debe ser un instrumento para legislar mejor y constituir un conjunto de orientaciones no vinculantes que deben utilizarse a escala comunitaria;

8.

Sugiere que, en ese caso, el MCR sea lo más amplio posible y considera que no tiene por qué ser necesario excluir contenidos ni materiales en esta fase;

9.

Subraya una vez más que los resultados de los recientes seminarios sobre el MCR deberían reflejarse en cualquier posible proceso de selección; destaca que las futuras consultas deben ser amplias y garantizar una aportación equilibrada de todas las partes interesadas;

10.

Propone que, de utilizarse como instrumento legislativo no vinculante, las partes pertinentes del MCR se adjunten a cualquier propuesta legislativa o comunicación futura elaborada por la Comisión que afecte al Derecho contractual, con objeto de garantizar que el legislador comunitario lo tiene en cuenta;

11.

Señala que, a la hora de adoptar una decisión sobre el contenido del MCR, la Comisión debe tener presente que el MCR podría ir mucho más allá de un mero instrumento legislativo y convertirse en un instrumento opcional;

12.

Sugiere que, si es probable que el formato futuro del MCR sea el de un instrumento opcional, se limite a aquellos ámbitos en los que el legislador comunitario haya actuado o vaya a actuar probablemente en un futuro próximo, o que están estrechamente relacionados con el Derecho contractual; sugiere que cualquier posible instrumento opcional se base en el proyecto de MCR; considera que, en cualquier caso, debe velarse por que el proceso de selección no ponga en peligro la coherencia global del instrumento opcional;

13.

Insiste en que debe consultarse e involucrarse plenamente al Parlamento en cualquier proceso de selección que lleve a la elaboración del futuro documento de la Comisión sobre el MCR;

14.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

4.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 295/33

A.

Considerando que el artículo 195 del Tratado CE faculta al Defensor del Pueblo Europeo para recibir las reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión relativas a casos de mala administración en la acción de las instituciones u órganos comunitarios,

B.

Considerando que las reclamaciones presentadas por los ciudadanos constituyen una importante fuente de información sobre posibles violaciones del Derecho comunitario,

C.

Considerando que, de conformidad con el artículo 211 del Tratado CE, la Comisión, en calidad de guardiana de los Tratados, ha de velar por la aplicación de las disposiciones de dicho Tratado y de las medidas adoptadas por las instituciones en virtud del mismo,

D.

Considerando que, de conformidad con el apartado1 del artículo 226 del Tratado CE, si la Comisión considera que un Estado miembro ha incumplido una obligación impuesta por el Tratado, «deberá» emitir un dictamen motivado sobre la cuestión, después de haber ofrecido a dicho Estado la posibilidad de presentar sus observaciones, y considerando que, con arreglo al apartado 2 de dicho artículo, si el Estado no se atiene a este dictamen en el plazo previsto por la Comisión, ésta «podrá» llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia,

E.

Considerando que el Defensor del Pueblo Europeo ha destacado anteriormente, en su Decisión sobre la reclamación 995/98/OV, que aunque la Comisión dispone de poderes de apreciación discrecional en relación con la apertura de procedimientos por infracción, estos poderes están, no obstante, sujetos a los límites jurídicos establecidos por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, que requiere, por ejemplo, que las autoridades administrativas actúen con coherencia y de buena fe, eviten las discriminaciones, se atengan a los principios de proporcionalidad, equidad y expectativas legítimas y respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales,

F.

Considerando que la Comisión ha subrayado que dicha función es esencial desde el punto de vista del interés de los ciudadanos y ha reconocido la importancia del Estado de Derecho en dicho contexto (3),

G.

Considerando que la Comisión ha confirmado que en su mencionada Comunicación de 20 de marzo de 2002 se enuncian las medidas administrativas en favor del denunciante que la Comisión se compromete a cumplir en la tramitación de su denuncia y en la instrucción del expediente de infracción correspondiente,

H.

Considerando que el Defensor del Pueblo estima que el hecho de que la Comisión no haya adoptado una posición definitiva respecto de la reclamación por infracción del reclamante constituye un caso de mala administración,

I.

Considerando que la recomendación del Defensor del Pueblo a la Comisión aboga por que ésta trate la reclamación del reclamante con la mayor rapidez y diligencia posibles,

1.

Apoya la recomendación del Defensor del Pueblo Europeo a la Comisión;

2.

Subraya que el modo en que la Comisión tramita las reclamaciones presentadas por los ciudadanos en las que se alega una infracción del Derecho comunitario por los Estados miembros debería ser siempre conforme a los principios de buena administración;

3.

Señala que, en su mencionada Comunicación de 20 de marzo de 2002, la Comisión ha asumido determinados compromisos para tramitar las reclamaciones por infracción;

4.

Destaca que la Comisión ha indicado en su Comunicación que, por norma, decidirá si inicia un procedimiento por infracción o si archiva el expediente en cuestión en el plazo de un año a partir de la fecha de registro de la reclamación, y que informará al reclamante por escrito cuando se haya sobrepasado dicho plazo;

5.

Acepta que, en casos difíciles y complicados, las investigaciones de la Comisión pueden requerir más de un año; considera, no obstante, que sólo estará justificado sobrepasar el plazo de un año cuando las investigaciones estén efectivamente todavía en curso;

6.

Toma nota de que, en el caso que nos ocupa, relativo a la inadecuada aplicación por parte del Gobierno alemán de la Directiva sobre el tiempo de trabajo (4), la Comisión tenía la intención de tratar de la reclamación a la luz de su propuesta de modificación de dicha directiva y decidió esperar los resultados de los debates mantenidos sobre su propuesta con las demás instituciones comunitarias;

7.

Recuerda que dicha propuesta se presentó en septiembre de 2004 y que no existen pruebas de que la Comisión haya tomado ninguna otra medida para proseguir su investigación;

8.

Toma nota de que, en lugar de adoptar una de las dos soluciones posibles, a saber, bien iniciar un procedimiento formal por infracción o bien archivar el caso, la Comisión se ha abstenido de emprender nuevas acciones con respecto a su investigación;

9.

Opina que el Derecho comunitario no contempla la posibilidad de hacer caso omiso de la legislación y las sentencias existentes por el hecho de que se estén examinando nuevas normativas; señala que la Comisión tampoco ha tratado las cuestiones de la reclamación que no están relacionadas con los cambios propuestos a la directiva aplicable;

10.

Reconoce que la Comisión tiene cierto poder de apreciación discrecional respecto de la gestión de las reclamaciones y los procedimientos por infracción, en particular en lo que respecta a llevar asuntos ante el Tribunal de Justicia, pero señala que el artículo 226 del Tratado CE establece que la Comisión debe iniciar la fase previa al litigio si considera que un Estado miembro ha incumplido una obligación impuesta por el Tratado;

11.

Considera que los poderes de apreciación discrecional también están sujetos a límites jurídicos establecidos por los principios generales del Derecho administrativo, según lo establecido por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, y no deben exceder de los límites indicados por la propia Comisión en su Comunicación de 20 de marzo de 2002;

12.

Reafirma su preocupación por la excesiva e injustificada cantidad de tiempo, a menudo varios años, que la Comisión se toma para tramitar y concluir los procedimientos por infracción, y su insatisfacción por los frecuentes ejemplos de incumplimiento por parte de los Estados miembros de decisiones del Tribunal de Justicia; considera que todo ello socava la credibilidad de la formulación y aplicación coherente del Derecho comunitario y contribuye a desacreditar los objetivos de la UE;

13.

Destaca una vez más el papel clave de los Estados miembros en la correcta aplicación de la legislación comunitaria, y subraya el hecho de que la aplicación práctica de la misma es decisiva para aumentar la relevancia de la Unión Europea entre sus ciudadanos;

14.

Pide a la Comisión que facilite una lista en la que se enumeren los Estados miembros cuya legislación no concuerda con todo lo dispuesto en la Directiva sobre el tiempo de trabajo y en la que se especifiquen las acciones emprendidas al respecto; insta a la Comisión a actuar rápidamente, conforme a sus prerrogativas, en todos los casos y en todos los Estados miembros en los que la transposición o la aplicación de la Directiva no responde a lo establecido por el legislador y por el Tribunal de Justicia;

15.

Insta a la Comisión a analizar sin demora la nueva normativa alemana que se adoptó el 1 de enero de 2004 y entró en vigor el 1 de enero de 2007, con el fin de establecer si es conforme a todo lo dispuesto en la Directiva sobre el tiempo de trabajo y a todas las sentencias del Tribunal de Justicia aplicables; subraya la necesidad de que la Comisión examine los pormenores de la aplicación de dicha directiva;

16.

Toma nota de que la Comisión ha revisado recientemente sus directrices sobre procedimientos por infracción; deduce del documento al respecto que se facilitará con antelación una lista de las decisiones a los Representantes Permanentes y a los Estados miembros, y que se podrán publicar comunicados de prensa sobre las decisiones adoptadas en materia de infracción el día en que se adopten formalmente; toma nota, sin embargo, de que no se contempla la posibilidad de informar al Parlamento o a sus comisiones competentes;

17.

Reitera su llamamiento urgente a la Comisión para que informe exhaustivamente al Parlamento y, en particular, a su Comisión de Peticiones acerca de las decisiones adoptadas en relación con expedientes por infracción en todas las fases del procedimiento;

18.

Subraya que, de conformidad con el artículo 230 del Tratado CE, el Parlamento tiene derecho a interponer recurso ante el Tribunal de Justicia en las mismas condiciones que el Consejo y la Comisión, y que, de conformidad con el artículo 201 del Tratado, el Parlamento está facultado para controlar las actividades de la Comisión;

19.

Insta también a todos los Estados miembros, teniendo en cuenta lo anterior, a que apliquen la totalidad de las normas sobre salud y seguridad en el trabajo de manera leal y operando bajo el principio de que, en caso de duda, la interpretación que debe prevalecer es la que favorezca a la salud y la seguridad del trabajador (in dubio pro operario);

20.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y al Defensor del Pueblo.

4.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 295/35

A.

Considerando que la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental de la UE, reconocido en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; considerando asimismo que, pese a los significativos progresos realizados en este ámbito, persisten numerosas desigualdades entre mujeres y hombres,

B.

Considerando que la violencia contra las mujeres es una traba de primer orden a la igualdad entre mujeres y hombres, representa una de las violaciones más extendidas de los derechos humanos y no conoce límites geográficos, económicos o sociales; considerando asimismo el alarmante número de mujeres víctimas de la violencia,

C.

Considerando que la expresión «violencia contra las mujeres» debe entenderse como todo acto de violencia de género que produce, o es posible que produzca, daños o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, incluido el hecho de amenazar con dichos actos, la coerción o la privación arbitraria de libertad, ya sea en la vida privada o en la pública,

D.

Considerando que la trata de seres humanos con fines de explotación sexual es una violación inaceptable de los derechos humanos, y constituye una forma moderna de esclavitud, estrechamente vinculada a otras formas de delincuencia, que malogra todos los esfuerzos por lograr la igualdad entre mujeres y hombres,

E.

Considerando que la promoción de una política empresarial de flexibilidad en el mercado laboral no debe dirigirse en primer lugar a las necesidades de las empresas o de las administraciones públicas sino que, ante todo, debe centrarse en el tiempo que necesitan la mujer y el hombre para tomar en serio sus respectivas responsabilidades en su familia,

F.

Considerando que en la Estrategia Europea de Empleo no quedan ni directrices específicas de género ni el pilar de la igualdad de oportunidades,

G.

Considerando que las diferencias de retribución laboral son un signo de la persistencia de las disparidades tanto cualitativas como cuantitativas entre mujeres y hombres,

H.

Considerando que las diferencias de retribución se han mantenido estables en el 15 % desde 2003 y que únicamente se han reducido en un punto porcentual desde 2000,

I.

Considerando que la segregación sectorial y profesional entre las mujeres y los hombres no está disminuyendo sino que incluso se está acentuando en determinados países,

J.

Considerando que la participación de las mujeres en la toma de decisiones es un indicador determinante en materia de igualdad entre mujeres y hombres, que la presencia de directivas en las empresas y las universidades sigue siendo escasa y que el número de mujeres dedicadas a la política o a la investigación está aumentando pero a un ritmo muy lento,

K.

Considerando que los estereotipos que siguen existiendo en relación con las opciones educativas y profesionales a disposición de las mujeres contribuyen a perpetuar las desigualdades,

L.

Considerando que los objetivos de Lisboa consistentes en generar crecimiento y fomentar la economía social de mercado sólo se pueden alcanzar si se aprovecha plenamente el significativo potencial de las mujeres en el mercado laboral,

M.

Considerando que cabe el riesgo de que el trabajo a tiempo parcial sea «forzado», en particular por lo que respecta a las mujeres, opción que a menudo se ven obligadas a elegir por la falta de servicios de guardería asequibles,

N.

Considerando que las mujeres se ven afectadas en mayor medida que los hombres por toda una serie de desafíos y dificultades referentes, en concreto, a la calidad del empleo, la situación de las cónyuges «colaboradoras» en ciertos ámbitos como la agricultura o la pesca y las empresas familiares, la salud y la seguridad en el trabajo, la protección de la maternidad y un mayor riesgo de pobreza,

O.

Considerando que, tanto por lo que respecta a los hombres como a las mujeres, las tasas de empleo son más bajas en las zonas rurales y, además, una gran cantidad de mujeres nunca trabaja en el mercado laboral oficial y, por lo tanto, no están registradas como desempleadas ni son incluidas en las estadísticas sobre desempleo, lo que ocasiona problemas financieros y jurídicos específicos en relación con el derecho a la maternidad y las bajas por enfermedad, la adquisición de derechos de pensión y el acceso a seguridad social, así como problemas en caso de divorcio; considerando que las zonas rurales resultan perjudicadas por la falta de oportunidades de empleo de alta calidad,

P.

Considerando el deterioro de las condiciones en que viven determinados grupos de mujeres, que con frecuencia hacen frente a una combinación de dificultades y riesgos, así como a la doble discriminación, en particular las mujeres discapacitadas, las mujeres con personas dependientes a su cargo, las mujeres de edad avanzada, las mujeres pertenecientes a minorías, las inmigrantes y las que se encuentran en prisión,

Q.

Considerando que en todos los demás aspectos de la calidad del trabajo, por ejemplo conciliación de la vida profesional y privada, regímenes de trabajo que no aprovechan totalmente las capacidades de las personas y en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo, persisten las diferencias entre las mujeres y los hombres; considerando que la tasa de empleo de las mujeres que tienen hijos a su cargo es de sólo el 62,4 % frente al 91,4 % en el caso de los hombres; considerando que la participación de las mujeres en el mercado laboral se sigue caracterizando en gran medida por un elevado y creciente porcentaje de trabajo a tiempo parcial, que en 2007 ascendió al 31,4 % en la UE 27 frente a sólo el 7,8 % para los hombres y que el 76,5 % de las personas que trabajan a tiempo parcial son mujeres; considerando que los contratos de trabajo temporal también son más frecuentes en el caso de las mujeres (15,1 %, un punto porcentual más que en el caso de los hombres); considerando que el desempleo a largo plazo sigue siendo mucho más frecuente entre las mujeres (4,5 %) que entre los hombres (3,5 %),

R.

Considerando que el riesgo de caer en la pobreza es más elevado para las mujeres que para los hombres, especialmente para las mujeres de más de 65 años (21 %, 5 puntos porcentuales más que para los hombres),

S.

Considerando que, tanto en el caso de las mujeres como en el de los hombres, sigue sin encontrarse una solución para poder compaginar la vida profesional, familiar y privada,

T.

Considerando que los interlocutores sociales desempeñan una importante función en la definición y la aplicación efectiva de las acciones en favor de la igualdad entre los hombres y las mujeres a escala europea, nacional, regional, sectorial y empresarial,

U.

Considerando que compartir las responsabilidades familiares y domésticas entre los hombres y las mujeres, en particular mediante la valorización de la utilización del permiso parental y de paternidad, es una condición indispensable para la promoción y la consecución de la igualdad entre las mujeres y los hombres, y que no incluir el permiso de maternidad y de educación en el cálculo del tiempo de trabajo global es discriminatorio y desfavorable para las mujeres en el mercado laboral,

V.

Considerando que el acceso a los servicios de atención infantil y de asistencia a las personas mayores y a otras personas dependientes es esencial para lograr una participación equivalente de las mujeres y los hombres en el mercado laboral, la educación y la formación,

W.

Considerando que en los reglamentos relativos a los Fondos estructurales se establece que los Estados miembros y la Comisión han de garantizar que, en las diferentes fases de ejecución de dichos fondos, se fomenta la igualdad entre mujeres y hombres y la integración de la perspectiva de género,

1.

Acoge positivamente el mencionado informe de la Comisión sobre la igualdad e insiste en el carácter dual de la política de igualdad de oportunidades a escala de la UE, por una parte garantizando la igualdad entre mujeres y hombres en todas las políticas (integración de la dimensión de género) y, por otra, elaborando medidas específicas para frenar la discriminación de las mujeres, incluidas campañas de sensibilización, intercambio de buenas prácticas, diálogo con los ciudadanos e iniciativas de cooperación de los sectores público y privado;

2.

Insiste en que es importante combatir la violencia contra las mujeres para lograr la igualdad entre mujeres y hombres; pide a los Estados miembros y a la Comisión que emprendan una acción concertada en dicho ámbito; insta a la Comisión a examinar la posibilidad de adoptar nuevas medidas para combatir la violencia contra las mujeres;

3.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que combinen sus esfuerzos en la lucha contra las redes de tráfico y delincuencia organizada y a que adopten y refuercen medidas legislativas, administrativas, educativas, sociales y culturales que desincentiven la demanda de prostitución;

4.

Insta a los Estados miembros a que ratifiquen urgentemente el Convenio del Consejo de Europa sobre la Lucha contra la Trata de Seres Humanos;

5.

Considera que la participación general de las mujeres en la toma de decisiones a escala local, nacional y de la UE es insuficiente y pide, por ello, a la Comisión, a los Estados miembros y a los partidos políticos que estudien medidas destinadas a mejorar esta situación; señala, a este respecto, que la utilización de cuotas electorales tiene efectos positivos en la representación de las mujeres;

6.

Destaca la correlación existente entre la participación de las mujeres en la política y en la toma de decisiones y su implicación en ONG y en actividades de la sociedad civil; insta, por ello, a la Comisión y a los Estados miembros a apoyar acciones que fomenten dicha implicación;

7.

Subraya la importancia de la participación activa de las mujeres en los sindicatos con tareas centradas en proteger a las mujeres en el lugar de trabajo y garantizarles los derechos que les corresponden;

8.

Señala que, para la emancipación de las mujeres, es importante poder controlar sus derechos en materia sexual y reproductiva; apoya, por lo tanto, las medidas y acciones destinadas a mejorar el acceso de las mujeres a los servicios de salud sexual y reproductiva y a sensibilizarlas respecto de sus derechos y de los servicios disponibles;

9.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten las medidas necesarias para aplicar la integración de la perspectiva de género en todas las políticas sociales, de empleo y seguridad social, en particular en la estrategia de flexiguridad, y que combatan todas las formas de discriminación;

10.

Respalda las iniciativas promovidas por el Fondo Social Europeo y el programa PROGRESS para el período 2007-2013, que mejoran la situación de las mujeres en el mercado laboral y contribuyen a eliminar la discriminación;

11.

Manifiesta su preocupación por la falta de progresos en relación con la diferencia de retribución en función del género a lo largo de los últimos años e insta, por ello, a la Comisión y a los Estados miembros a evaluar estrategias y acciones en dicho ámbito para determinar, en caso necesario y en colaboración con los interlocutores sociales, nuevas medidas o nuevos enfoques en la puesta en práctica de las medidas existentes para mejorar la situación; apoya, en este contexto, la propuesta de la Comisión consultiva sobre la igualdad de oportunidades destinada a reforzar la legislación europea aplicable en la materia imponiendo a los empresarios la obligación de realizar auditorías sobre los salarios y desarrollar planes de acción capaces de acabar con las diferencias salariales; subraya la necesidad de emprender acciones concertadas, especialmente en el contexto del nuevo ciclo de la Estrategia europea de crecimiento y empleo, y de establecer principios comunes en materia de flexiseguridad;

12.

Manifiesta su preocupación por la desfavorable situación de las mujeres en el mercado laboral, que las lleva a acumular menos derechos individuales a pensión y otros beneficios sociales, especialmente en los regímenes en que dichos derechos están estrechamente relacionados con las contribuciones o los ingresos profesionales de cada persona; por ello, pide a los Estados miembros que adopten medidas eficaces destinadas a garantizar el cumplimiento de las normas sociales y un trabajo que respete los derechos de los asalariados en los diferentes sectores de actividad, de forma que se garantice una retribución digna a los trabajadores y, en particular a las mujeres, el derecho a la seguridad y a la salud en el trabajo, a la protección social y a la libertad sindical, lo que contribuiría a eliminar la discriminación entre hombres y mujeres en el ámbito laboral;

13.

Pide a los Estados miembros que apoyen a la Comisión en su acción de control de la aplicación de las medidas nacionales con el fin de evaluar el respeto del principio de igualdad en lo que se refiere, en particular, a los derechos legales y a los regímenes de pensión y seguridad social;

14.

Pide a las instituciones comunitarias y a los Estados miembros que declaren el 22 de febrero como Día Internacional de la Igualdad Salarial;

15.

Manifiesta su preocupación por el persistente desfase entre, por una parte, el nivel educativo de las mujeres y los hombres, a pesar de que los resultados de las mujeres son mejores que los de los hombres, y, por otra, la situación en el mercado laboral, en cuyo marco las mujeres cobran salarios más bajos, tienen empleos más precarios y desarrollan una carrera profesional más lenta que los hombres; insta a la Comisión y a los Estados miembros a que examinen las razones y encuentren soluciones para esta situación;

16.

Recomienda a los Estados miembros que promuevan activamente la igualdad de trato al alumnado y tomen medidas contra la segregación laboral todavía existente en materia educativa, donde el porcentaje de profesores mujeres en los tramos de educación preescolar y primaria supera ampliamente el porcentaje en la educación secundaria, más masculinizada y dotada de un mayor reconocimiento, retribución y valoración social;

17.

Propone a la Comisión que estudie la adopción de medidas para promover el estudio de itinerarios académicos científicos y tecnológicos entre las mujeres y los hombres , para incrementar la oferta de profesionales del sector y atender a la demanda;

18.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que adopten más medidas para mejorar el acceso de las mujeres al mercado laboral y su participación en el mismo, en particular en los sectores en que siguen estando infrarrepresentadas, como las altas tecnologías, la investigación, las ciencias y la ingeniería, así como que mejoren la calidad de sus empleos, en particular mediante programas de formación y educación a lo largo de toda la vida en todos los niveles; insta a la Comisión y a los Estados miembros a utilizar los Fondos estructurales europeos para realizar este objetivo;

19.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan presente la situación de las cónyuges que ayudan en la artesanía, el comercio, la agricultura, la pesca y las pequeñas empresas familiares desde la perspectiva de la igualdad de género y teniendo en cuenta el hecho de que las mujeres se encuentran en una situación más vulnerable que los hombres; pide a la Comisión que presente sin demora una propuesta destinada a modificar la Directiva 86/613/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad (12), con objeto de eliminar la discriminación indirecta, desarrollar una obligación positiva de igualdad de trato y mejorar la situación jurídica de las cónyuges colaboradoras;

20.

Pide a los Estados miembros que desarrollen el concepto jurídico de propiedad compartida con el fin de garantizar el pleno reconocimiento de los derechos de la mujer en el sector agrícola, la adecuada protección en el ámbito de la seguridad social y el reconocimiento de su labor;

21.

Anima a los Estados miembros a fomentar el espíritu empresarial de las mujeres en el sector industrial y a facilitar apoyo financiero y estructuras de asesoramiento profesional a las mujeres que creen empresas, así como una formación adecuada;

22.

Insta a los Estados miembros a que presten especial atención a la disponibilidad de servicios de maternidad para las mujeres autónomas;

23.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que tengan especialmente en cuenta el creciente número de mujeres que son formalmente autónomas pero que en realidad se pueden clasificar como «trabajadoras económicamente dependientes»;

24.

Insta a los Estados miembros a que reconozcan a las empresas que adoptan medidas para promover la igualdad entre las mujeres y los hombres y faciliten el equilibrio trabajo-vida privada, con objeto de fomentar la difusión de buenas prácticas en este ámbito;

25.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que den prioridad y tengan especialmente presente a los grupos más vulnerables de mujeres, en concreto las mujeres discapacitadas, las mujeres con personas dependientes a cargo, las mujeres de edad avanzada, las mujeres pertenecientes a minorías y las inmigrantes, así como las mujeres encarceladas, y que desarrollen medidas específicas para satisfacer sus necesidades;

26.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten y apliquen las medidas necesarias para ayudar a las mujeres con discapacidad de modo que puedan progresar en los ámbitos de la vida social y del mundo laboral, cultural y político en los que siguen estando infrarrepresentadas;

27.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que promuevan el acceso de las mujeres inmigrantes a la educación y el empleo, mediante la adopción de medidas para luchar contra la doble discriminación que sufren las mujeres inmigrantes en el mercado laboral y la creación de condiciones favorables para su acceso al mercado laboral, con el fin de que consigan un equilibrio entre su vida profesional y su vida privada, y que les garanticen una formación profesional adecuada;

28.

Acoge positivamente la consulta celebrada entre la Comisión y los interlocutores sociales para mejorar los marcos legislativos y no legislativos que permitan compaginar la vida profesional, familiar y privada; está a la espera de que se analicen los resultados de dicha consulta y se presenten propuestas basadas en la misma, en particular en relación con el permiso por maternidad, el permiso parental, el permiso por paternidad, el permiso por adopción y el permiso por asistencia a persona dependiente; considera, por otra parte, que el acuerdo marco relativo al permiso parental puede mejorarse en relación con los puntos siguientes: aplicación de medidas incentivadoras destinadas a alentar a los padres a solicitar el permiso parental, refuerzo de los derechos de los trabajadores que toman un permiso parental y flexibilización del régimen de permisos, aumento de la duración y de la indemnización del permiso parental;

29.

Recuerda que toda política en materia de conciliación de la vida profesional y la vida familiar debe basarse en el principio de libre elección de las personas y adaptarse a los diferentes ciclos de la vida;

30.

Pide a los Estados miembros que presenten medidas específicas para luchar contra las desigualdades entre mujeres y hombres provocadas por la interrupción de la actividad laboral a resultas, en particular, del permiso por maternidad o del permiso para ocuparse de personas dependientes, y que reduzcan sus efectos negativos para las carreras profesionales, los salarios y los derechos a pensión;

31.

Señala que compaginar la vida laboral, privada y familiar es una de las claves para aumentar el empleo, y pide a la Comisión que recopile y divulgue las mejores prácticas relativas al equilibrio entre el empleo y la vida y una mayor implicación de los hombres en la vida familiar;

32.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que fomenten la participación de los hombres en la ejecución de las políticas de igualdad de género, especialmente en el ámbito de la conciliación de la vida privada, laboral y familiar;

33.

Pide a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales que incrementen la disponibilidad, la calidad y la accesibilidad de los servicios de atención a la infancia y a las personas dependientes, en consonancia con los objetivos de Barcelona, y que garanticen que la disponibilidad de dichos servicios es compatible con horarios de trabajo a tiempo completo para mujeres y hombres y con las responsabilidades respecto de niños y personas dependientes;

34.

Pide a los responsables de las empresas que incluyan medidas flexibles de política familiar en su plan de gestión de personal, con el fin de facilitar la reincorporación al trabajo de los empleados después de un período de interrupción de la carrera laboral;

35.

Llama la atención de la Comisión y de los Estados miembros en relación con la feminización de la pobreza, a la vista de que las mujeres, especialmente las mujeres de edad avanzada y las mujeres con hijos a cargo, corren el riesgo de hallarse en una situación de exclusión y pobreza, y les insta a desarrollar medidas para impedir que se desarrolle esta tendencia;

36.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen herramientas de formación y ejecución para que todas las partes interesadas puedan tener debidamente en cuenta, en sus respectivos ámbitos de competencia, la perspectiva basada en la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres, incluida la evaluación del impacto específico de las políticas en mujeres y hombres;

37.

Insta a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales a garantizar el uso efectivo de las herramientas existentes, tales como los manuales para la integración de la igualdad de oportunidades para las mujeres y los hombres en las políticas de empleo elaborados por la Comisión;

38.

Pide encarecidamente a los Estados miembros que aseguren una formación adecuada sobre la toma en consideración de la dimensión de la igualdad entre los hombres y las mujeres a los funcionarios encargados de aplicar los programas comunitarios a nivel nacional, regional y local;

39.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros la elaboración de indicadores cuantitativos y cualitativos, así como de estadísticas basadas en el género fiables, comparables y disponibles cuando sea necesario, que se habrán de utilizar para el seguimiento de la aplicación de la Estrategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo, a fin de asegurar la correcta aplicación y seguimiento de las políticas;

40.

Celebra la creación del Instituto Europeo de la Igualdad de Género y la designación de los miembros del consejo de administración, lo que ha dotado al instituto de un órgano de toma de decisiones; manifiesta su preocupación, no obstante, por el retraso en el reclutamiento del director del Instituto e insta a la Comisión a solucionar esta situación;

41.

Pide a la Comisión que, con ayuda del Instituto Europeo para la Igualdad de Género, en los futuros informes anuales sobre igualdad entre mujeres y hombres incluya datos y estadísticas de los países candidatos y de los posibles países candidatos;

42.

Pide a los Estados miembros que promuevan el ejercicio del deporte y de una vida sana entre el conjunto de la población, teniendo en cuenta las menores tasas de participación en el deporte de las mujeres.

43.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

4.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 295/42

A.

Considerando que el Protocolo sobre la protección y el bienestar de los animales exige a la Comunidad y a los Estados miembros que tengan plenamente en cuenta las exigencias en materia de bienestar de los animales al formular y aplicar sus políticas agrícolas y de investigación,

B.

Considerando que los procesos de clonación muestran bajos porcentajes de supervivencia para los embriones transferidos y los animales clonados, y que muchos animales clonados mueren en las primeras etapas de su vida como consecuencia de colapsos cardiovasculares, inmunodeficiencias, fallos hepáticos, problemas respiratorios y anomalías renales y musculoesqueléticas,

C.

Considerando que la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA), concluyó en su dictamen de 2008 que los niveles de mortalidad y morbilidad de los animales clonados son mayores que las de los animales de origen sexual, y que los abortos tardíos y las complicaciones en la última etapa de la gestación pueden afectar al bienestar de las madres portadoras,

D.

Considerando que, habida cuenta de los niveles actuales de sufrimiento y los problemas sanitarios de las hembras portadoras y los animales clonados, el Grupo Europeo de Ética de la Ciencia y de las Nuevas Tecnologías (EGE) duda de que la clonación de animales con fines alimentarios esté justificada éticamente y no encuentra ningún argumento convincente que justifique la producción de alimentos a partir de animales clonados y sus descendientes,

E.

Considerando que la Directiva 98/58/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la protección de los animales en las explotaciones ganaderas (1), dispone que «no se deberán utilizar procedimientos de cría o artificiales que ocasionen o puedan ocasionar sufrimientos o heridas a cualquiera de los animales afectados» (anexo, punto 20),

F.

Considerando que la clonación reduciría considerablemente la diversidad genética en las poblaciones ganaderas, incrementando la probabilidad de que rebaños enteros se vean exterminados por enfermedades a las que son propensos,

G.

Considerando que la EFSA publicó el 24 de julio de 2008 un dictamen científico sobre las consecuencias de la clonación de animales para la seguridad alimentaria, la salud y el bienestar de los animales y el medio ambiente, en el que concluyó que la salud y el bienestar de una importante parte de los animales clonados se veía adversamente afectada, a menudo con consecuencias graves y mortales,

H.

Considerando que el objetivo principal de la clonación es producir múltiples copias de animales con tasas de crecimiento elevadas o de alta producción, que la cría selectiva tradicional ha causado ya trastornos en las extremidades y disfunciones cardiovasculares en cerdos de crecimiento rápido, así como cojeras, mastitis y sacrificios prematuros en ganado de alta producción, y que la clonación de los animales de más rápido crecimiento y más alta producción conllevará problemas en materia de salud y bienestar aún más graves,

I.

Considerando que, además de que no se han estudiado suficientemente sus consecuencias, la clonación de animales con fines alimentarios supone una grave amenaza para la imagen y el contenido del modelo agrícola europeo, que se basa en la calidad de los productos, en principios ecológicos y en el respeto de unas normas estrictas en lo que se refiere al bienestar de los animales,

1.

Pide a la Comisión que presente propuestas que prohíban, para producción de alimentos, i) la clonación de animales, ii) la cría de animales clonados o de sus descendientes, iii) la comercialización de carne o productos lácteos derivados de animales clonados o de sus descendientes, y iv) la importación de animales clonados, de sus descendientes, de semen y de embriones de animales clonados o de sus descendientes, y de carne o productos lácteos derivados de animales clonados o de sus descendientes, teniendo presentes las recomendaciones de la EFSA y del EGE;

2.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

4.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 295/43

A.

Considerando que la socialización (por medio de la educación escolar, la familia y el entorno sociocultural) es un proceso que forja una identidad, unos valores, unas creencias y unos comportamientos que confieren al individuo un lugar y una función en la sociedad en la que crece; que la identificación es una noción esencial para comprender la evolución del proceso,

B.

Considerando que sería deseable una mayor promoción desde la infancia, tanto en la escuela como en los hogares, de un uso racional y responsable de la televisión y de las nuevas tecnologías,

C.

Considerando que la publicidad que transmite mensajes discriminatorios o degradantes basados en el género y cualquier forma de estereotipos de género, constituye un obstáculo a la emergencia de una sociedad moderna e igualitaria,

D.

Considerando que los estereotipos pueden contribuir a comportamientos que constituyen vectores de identificación,

E.

Considerando que la publicidad y el marketing reflejan la cultura y también contribuyen a crearla,

F.

Considerando que la publicidad es un componente de la economía de mercado y que es uno de los aspectos de la realidad a la que se enfrenta cada persona en su vida diaria,

G.

Considerando que, en ocasiones, la publicidad puede presentar la realidad de las vidas de las mujeres y los hombres de manera caricaturesca,

H.

Considerando que la discriminación por razones de género sigue estando muy extendida en los medios de comunicación, y que la publicidad y los medios de comunicación que transmiten estereotipos de género pueden ser considerados parte de dicha discriminación,

I.

Considerando que la publicidad, al vehicular estereotipos de género, se hace eco de una relación de fuerzas desigual entre los sexos,

J.

Considerando que la igualdad entre las mujeres y los hombres, y la importancia de su cooperación, tanto en la esfera privada como en la pública, pasan por la lucha contra los estereotipos sexistas a todos los niveles de la sociedad,

K.

Considerando que los estereotipos sexistas pueden contribuir, desde los primeros años de socialización de los niños, a una discriminación por razón de género que intensifique la reproducción de las desigualdades entre las mujeres y los hombres a lo largo de la vida y la emergencia de estereotipos específicos de género,

L.

Considerando que los estereotipos de género son contraproducentes y contribuyen a dividir el mercado de trabajo en profesiones masculinas y femeninas y que las mujeres ganan generalmente menos que los hombres,

M.

Considerando que conviene movilizar al conjunto de la sociedad para evitar que se persistan los estereotipos sexistas; que se trata de compartir la responsabilidad entre todos los actores sociales;

N.

Considerando que es preciso eliminar los obstáculos a la transmisión de imágenes positivas del hombre y de la mujer en las distintas situaciones sociales,

O.

Considerando que los niños son un grupo particularmente expuesto, ya que confían no sólo en los símbolos de la autoridad sino también en los personajes de las historias, programas de televisión, libros ilustrados, material educativo, juegos televisados, publicidad de los juguetes, etc.; que los niños imitan para aprender y representan lo que acaban de vivir; que, por este motivo, la publicidad que vehicula estereotipos de género influye en el desarrollo del individuo y acentúa la percepción de que el sexo de una persona decide lo que es posible y lo que no lo es,

P.

Considerando que la publicidad en diferentes tipos de medios de comunicación forma parte de la vida diaria; que es particularmente importante que la publicidad en los medios de comunicación esté sometida a las normas éticas o jurídicamente vinculantes o códigos de conducta existentes que prohíben la publicidad que transmite mensajes discriminatorios o degradantes basados en estereotipos de género, así como la incitación a la violencia,

Q.

Considerando que una publicidad responsable puede ejercer una influencia positiva en la percepción por parte de la sociedad de cuestiones como «imagen corporal», «roles de género» y «normalidad», y que la publicidad puede ser un valioso instrumento para cuestionar y enfrentarse a los estereotipos,

1.

Insiste en la importancia de dar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades de desarrollarse como individuos;

2.

Observa que los estereotipos sexistas siguen estando muy extendidos a pesar de los diversos programas comunitarios destinados a promover la igualdad entre hombres y mujeres;

3.

Observa que la realización de más estudios contribuiría a explicar todo vínculo existente entre la publicidad que vehicula estereotipos de género y la falta de igualdad entre hombres y mujeres;

4.

Insta al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros a explorar este ámbito de investigación y a difundir los resultados;

5.

Subraya que es importante que los Estados miembros respeten los compromisos contraídos en el marco del mencionado Pacto Europeo por la Igualdad de Género;

6.

Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que cumplan las orientaciones adoptadas a través de programas comunitarios, como EQUAL, y de directrices generales en términos de igualdad de género;

7.

Pide al Consejo y a la Comisión que controlen la aplicación de las disposiciones existentes en la legislación comunitaria sobre discriminación por razón de sexo e incitación al odio por razones ligadas al mismo;

8.

Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que lleven a cabo acciones de sensibilización contra los insultos sexistas y las imágenes degradantes de las mujeres y de los hombres en la publicidad y el marketing;

9.

Pide a los Estados miembros que estudien la imagen de las mujeres y los hombres en la publicidad y el marketing e informen de sus resultados;

10.

Hace hincapié en que los estereotipos en la publicidad en los programas infantiles de televisión constituyen un problema especial debido a sus posibles repercusiones sobre la socialización de los hombres y de las mujeres y, por consiguiente, en la percepción que los menores tienen de sí mismos, de los miembros de su familia y del mundo exterior;

11.

Observa que la lucha contra los estereotipos sexistas en los medios de comunicación y la publicidad debe ir acompañada de estrategias educativas y de medidas para sensibilizar desde una edad muy temprana y desarrollar el sentido crítico desde la adolescencia;

12.

Insiste en el papel fundamental que debe desempeñar el sistema escolar en el desarrollo en los niños de un espíritu crítico hacia la imagen y los medios de comunicación en general, con objeto de prevenir los efectos nefastos derivados de la persistencia de los estereotipos sexistas en el marketing y la publicidad;

13.

Constata que es necesario cuestionar los papeles tradicionales de los sexos para lograr la igualdad de género;

14.

Destaca, en particular, la necesidad de eliminar los mensajes contrarios a la dignidad humana y sexistas de los libros de texto, los juguetes, los videojuegos y juegos de ordenador, Internet y las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), así como en la publicidad en los distintos medios de comunicación;

15.

Toma nota con profunda preocupación de la publicidad de los servicios sexuales, que refuerza los estereotipos en relación con las mujeres como objetos, en publicaciones como los periódicos locales, que son fácilmente visibles y que están al alcance de los menores;

16.

Destaca la necesidad de llevar a cabo acciones de formación continua para los profesionales de los medios de comunicación y, en colaboración con ellos, de sensibilización de la sociedad sobre los efectos negativos de los estereotipos de género;

17.

Atrae la atención sobre el hecho de que el consumo de televisión y de las nuevas tecnologías por los niños y adolescentes está en aumento, que este consumo comienza a una edad muy temprana y que el uso solitario de la televisión se va consolidando;

18.

Señala que la imagen que transmiten la publicidad y el marketing del cuerpo ideal puede repercutir negativamente en la autoestima de las mujeres y los hombres, en particular de las adolescentes y de aquellos que pueden sufrir trastornos alimentarios, como anorexia nerviosa y bulimia nerviosa; insta a los publicistas, en particular, a que examinen con mayor atención la utilización que hacen de las mujeres extremadamente delgadas para publicitar productos;

19.

Pide a los Estados miembros que velen, con medidas adecuadas, por que el marketing y la publicidad garanticen el respeto de la dignidad humana y la integridad de la persona, no supongan una discriminación directa o indirecta ni contengan ninguna incitación al odio por razones de sexo, origen racial o étnico, religión o creencias, discapacidad, edad u orientación sexual, y no incluyan material que, sobre la base de su contenido, legitime, promueva o exalte la violencia contra las mujeres;

20.

Reconoce el trabajo que ya han realizado los órganos reguladores de los medios de comunicación en algunos Estados miembros en relación con la investigación de las consecuencias de los estereotipos sexistas y anima a los órganos reguladores de todos los Estados miembros a que compartan las mejores prácticas en relación con estos temas;

21.

Recuerda a la Comisión que la citada Directiva 2004/113/CE, en la primera propuesta de la Comisión, también cubría la discriminación en los medios de comunicación; pide a la Comisión que redoble esfuerzos contra este tipo de discriminación;

22.

Subraya la necesidad de disponer, en términos de género, de buenos ejemplos en el mundo de los medios de comunicación y de la publicidad para mostrar que una evolución es posible y deseable; considera que los Estados miembros deberían oficializar un premio otorgado a los anunciantes por los miembros de este sector, así como de un premio del público, destinados a recompensar los anuncios que mejor rompan con los estereotipos sexistas y den una imagen positiva o valorizadora de las mujeres, de los hombres o de sus relaciones;

23.

Destaca la necesidad de difundir los principios de la igualdad de género a través de los medios de comunicación mediante publicaciones y programas destinados a distintos grupos de edad, con objeto de popularizar las mejores prácticas y respetar las diferencias de género;

24.

Insiste en la necesidad de iniciar un diálogo sobre el marketing y la publicidad y su papel en la formación y persistencia de los estereotipos sexistas;

25.

Pide a los Estados miembros que elaboren y presenten iniciativas educativas desarrolladas en un espíritu de tolerancia, que eviten todas las formas de estereotipos, y que promuevan la cultura de la igualdad de género mediante programas educativos adecuados;

26.

Subraya que hay que eliminar los estereotipos de género;

27.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

4.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 295/47

A.

Considerando que en los últimos años Israel se ha enfrentado y sigue enfrentándose a numerosos ataques terroristas mortíferos dirigidos contra la población civil y que las autoridades israelíes han adoptado una serie de medidas para prevenir estas acciones terroristas, incluida la detención de militantes palestinos sospechosos; considerando, no obstante, que la lucha antiterrorista no justifica que se conculque el Derecho humanitario,

B.

Considerando que hoy día más de 11 000 palestinos, incluidos cientos de mujeres y niños, se encuentran en cárceles y centros de detención en Israel y que la mayoría de ellos fueron detenidos en los territorios palestinos ocupados,

C.

Considerando que, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de la que Israel es parte signataria, se define como niño a todo ser humano menor de 18 años; considerando, sin embargo, que a partir de los 16 años los niños palestinos son considerados adultos en virtud de la normativa militar de Israel aplicada en los territorios palestinos ocupados, y que frecuentemente se encuentran detenidos en malas condiciones,

D.

Considerando que 198 palestinos fueron liberados por el Gobierno israelí el 25 de agosto de 2008 como gesto de buena voluntad y de creación de un clima de confianza mutua, y que ambas partes siguen negociando con miras a un acuerdo más general sobre la liberación de otros presos,

E.

Considerando que los Gobiernos de Israel y el Líbano han adoptado recientemente medidas positivas para el intercambio de presos por los restos mortales de unos soldados israelíes,

F.

Considerando que en Israel hay unos 1 000 presos detenidos sobre la base de «órdenes de detención administrativa», con derecho de apelación, pero sin haber sido objeto de cargos judiciales ni de juicio y sin derecho a la defensa; considerando que estas «órdenes de detención administrativa» pueden ser prorrogadas durante muchos años y, en algunos casos, lo son,

G.

Considerando que, según algunos informes sobre derechos humanos, hay presos palestinos que sufren malos tratos y tortura,

H.

Considerando que, para la inmensa mayoría de los presos palestinos encarcelados en prisiones situadas en territorio israelí, es a menudo imposible o muy difícil disfrutar del derecho a recibir visitas de sus familiares, pese a las peticiones formuladas en este sentido ante Israel por el Comité Internacional de la Cruz Roja,

I.

Considerando que la cuestión de los presos políticos tiene importantes implicaciones políticas, sociales y humanitarias y que la detención de 48 miembros electos del Consejo Legislativo Palestino y de otros representantes municipales tiene graves consecuencias para la evolución política en el territorio palestino ocupado; considerando que el Documento de los presos, aprobado en mayo de 2006 por dirigentes políticos palestinos de diversas facciones encarcelados, sirvió de base para la reconciliación nacional y preparó el camino para el establecimiento de un gobierno de unidad nacional,

J.

Considerando que las relaciones entre las Comunidades Europeas e Israel, según el artículo 2 del Acuerdo de Asociación UE-Israel, se basan en el respeto de los derechos humanos y los principios democráticos, que constituyen un elemento esencial del mencionado Acuerdo; considerando que el Plan de Acción UE-Israel destaca que el respeto de los derechos humanos y del Derecho humanitario internacional está entre los valores compartidos por ambas partes,

1.

Celebra la reciente decisión del Gobierno de Israel de liberar a cierto número de presos palestinos como un gesto positivo para fortalecer a la Autoridad Palestina y restablecer un clima de confianza mutua;

2.

Pide que Hamás e Israel den pasos similares con miras a la inmediata liberación del cabo israelí Gilad Shalit;

3.

Señala que la cuestión de los presos palestinos tiene una gran repercusión en la sociedad palestina y en el conflicto israelo-palestino y considera que, en este contexto, la liberación de un número sustancial de presos palestinos, así como la liberación inmediata de los miembros del Consejo Legislativo Palestino encarcelados, incluido Marwan Barghouti, podría ser un paso positivo hacia el establecimiento del clima de confianza mutua necesario para alcanzar progresos sustanciales en las negociaciones de paz;

4.

Apoya los legítimos intereses de seguridad de Israel; considera que debe respetarse plenamente el Estado de Derecho en el trato dado a todos los presos, por tratarse de un paso fundamental para un país democrático;

5.

Pide a Israel que garantice que se respetan las normas mínimas de detención, que someta a todos los presos a juicio, que deje de recurrir a las «órdenes de detención administrativa», y que aplique medidas adecuadas en lo relativo a los menores y a los derechos de visita de los presos, en consonancia con normas internacionales como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes;

6.

Expresa su preocupación por la situación de las mujeres palestinas presas y otros presos vulnerables, que, según se informa, sufren malos tratos y carecen de acceso a atención sanitaria;

7.

Pide a la Autoridad Palestina que haga todos los esfuerzos para evitar actos violentos o terroristas, particularmente por parte de ex presos y, sobre todo, de niños;

8.

Manifiesta su firme convicción de que el fortalecimiento de las relaciones UE-Israel debe ser coherente con el cumplimiento por parte de Israel de sus obligaciones en virtud del Derecho internacional y estar vinculado a dicho cumplimiento;

9.

Acoge con satisfacción la decisión tomada en la octava reunión del Consejo de Asociación UE-Israel de establecer una Subcomisión de Derechos Humanos de pleno derecho para reemplazar al actual Grupo de Trabajo sobre Derechos Humanos; pide que se consulte ampliamente a las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las organizaciones no gubernamentales de Israel y los territorios palestinos ocupados sobre el control de los progresos de Israel en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del Derecho internacional y se las asocie plenamente a dicho control;

10.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al Gobierno israelí, a la Knesset, al Presidente de la Autoridad Palestina, al Consejo Legislativo Palestino, al Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Enviado Especial del Cuarteto a Oriente Próximo, al Presidente de la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al Comité Internacional de la Cruz Roja.

4.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 295/49

A.

Considerando que el artículo 11, apartado 1, del TUE reconoce el respeto de los derechos humanos como uno de los objetivos de la Política Exterior y de Seguridad Común (PESC), y considerando asimismo que el nuevo artículo 21 del TUE, tal como sería introducido por el artículo primero del punto 24 del Tratado de Lisboa, reconoce que «La acción de la Unión en la escena internacional se basará en los principios que han inspirado su creación, desarrollo y ampliación y que pretende fomentar en el resto del mundo: la democracia, el Estado de Derecho, la universalidad e indivisibilidad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, el respeto de la dignidad humana, los principios de igualdad y solidaridad y el respeto de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho internacional»,

B.

Considerando que las sanciones se aplican para alcanzar los objetivos específicos de la PESC enunciados en el artículo 11 del TUE, que incluye, sin ánimo de exhaustividad, el fomento del respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, la democracia, el Estado de Derecho y la buena gobernanza,

C.

Considerando que los citados principios básicos de 2004 acerca del recurso a las medidas restrictivas (sanciones) constituyen el primer documento pragmático que define el contexto en el cual la UE impone sanciones, si bien ésta ha venido haciéndolo en la práctica desde principios de los años ochenta, y, en particular, a partir de la entrada en vigor del TUE en 1993; considerando que este documento consagra formalmente las sanciones como un instrumento de la PESC y, por consiguiente, constituye el inicio de una política de la UE en materia de sanciones,

D.

Considerando que esta política de sanciones se basa principalmente en los cinco objetivos siguientes de la PESC: la salvaguardia de los valores comunes, los intereses fundamentales, la independencia y la integridad de la Unión, de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas; el refuerzo de la seguridad de la Unión en todas sus formas; el mantenimiento de la paz y el refuerzo de la seguridad internacional, de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del Acta Final de Helsinki, así como los objetivos de la Carta de París, incluidos los relativos a las fronteras exteriores; el fomento de la cooperación internacional, el desarrollo y el refuerzo de la democracia y el Estado de Derecho, y el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales,

E.

Considerando que cada vez existe mayor consenso a nivel internacional en cuanto a que todo ataque grave y voluntario al medio ambiente menoscaba la paz y la seguridad a nivel internacional y constituye una violación de los derechos humanos,

F.

Considerando que la UE se comprometió a aplicar sistemáticamente las sanciones decididas por el Consejo de Seguridad de la ONU de conformidad con el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas y que, al mismo tiempo, impone sanciones autónomas en ausencia de un mandato del Consejo de Seguridad cuando éste no está facultado para actuar o no puede hacerlo por falta de acuerdo entre sus miembros; destacando a este respecto la obligación que incumbe tanto a la ONU como a la UE de imponer sanciones de conformidad con el Derecho internacional,

G.

Considerando pues que la política de sanciones de la UE incorpora las del Consejo de Seguridad de la ONU, si bien su alcance y sus objetivos son más amplios (la paz y la seguridad a nivel internacional),

H.

Considerando que las sanciones no son sino una parte de los instrumentos que la UE puede utilizar para aplicar su política en materia de derechos humanos; recordando que el recurso a las sanciones debe ser coherente con la estrategia general de la Unión en la región de que se trate y debe ser el último recurso en orden de prioridad para perseguir los objetivos específicos de la PESC; considerando que la eficacia de las sanciones depende de su aplicación simultánea por parte de todos los Estados miembros,

I.

Considerando que no existe una definición reconocida del concepto de sanción ni en el Derecho internacional ni el Derecho comunitario; considerando no obstante que, en el marco de la PESC, las sanciones o las medidas restrictivas se consideran, acciones destinadas a interrumpir o a reducir, total o parcialmente, las relaciones diplomáticas o económicas, con uno o más países terceros con el fin de generar cambios en algunas actividades o prácticas, como las violaciones del Derecho internacional o de los derechos humanos y las políticas que no respetan el Estado de Derecho o los principios democráticos, por parte de gobiernos de países terceros, entidades no estatales o personas físicas o jurídicas,

J.

Considerando que las medidas restrictivas engloban todo un abanico de acciones, como los embargos de armas, las sanciones comerciales, financieras o económicas, la congelación de activos, la prohibición de vuelos, las restricciones de acceso, las sanciones diplomáticas, el boicoteo de espectáculos deportivos y culturales y la suspensión de la cooperación con el país tercero de que se trate,

K.

Considerando que, en la línea de la praxis seguida por la UE, la presente Resolución utiliza de manera indiferenciada los términos «sanciones» y «medidas restrictivas»; considerando que esta la presente Resolución hace suya la definición de las medidas pertinentes que figuran en el artículo 96 del Acuerdo de Cotonú (17),

L.

Considerando que las propias sanciones de la UE tienen distintos fundamentos jurídicos, en función de la naturaleza exacta de las medidas restrictivas y de la naturaleza jurídica de las relaciones con el país tercero interesado, así como de los sectores y de los objetivos de que se trata; considerando que estos elementos determinan a la vez el procedimiento de adopción de las sanciones —que, a menudo, pero no siempre, requieren una posición común de la PESC y, por consiguiente, la unanimidad en el Consejo— y el procedimiento legislativo que debe seguirse para que las sanciones sean jurídicamente vinculantes y aplicables, siendo el procedimiento habitual el previsto en el artículo 301 del TCE,

M.

Considerando que las prohibiciones de visados y los embargos de armas se han convertido en las sanciones impuestas con mayor frecuencia en el ámbito de la PESC y figuran entre las primeras medidas de la escala de sanciones de la UE; considerando que estas medidas son las únicas que aplican directamente los Estados miembros, puesto que no requieren legislación específica en materia de sanciones de conformidad con el TCE; considerando, por otra parte, que las sanciones financieras (congelación de activos) y comerciales requieren la adopción de una legislación específica en materia de sanciones,

N.

Considerando que, de conformidad con los principios básicos citados sobre el recurso a medidas restrictivas (sanciones) y las directrices sobre este tema, las sanciones específicas pueden ser más eficaces que las sanciones más generales y, por tanto, preferibles a éstas, en primer lugar, porque evitan los efectos negativos sobre una proporción más amplia de la población y, en segundo lugar, porque afectan directamente a las personas responsables y pueden ser más eficaces a la hora de introducir cambios en las políticas,

O.

Reconociendo la existencia de medidas que, aunque aprobadas por el Consejo en las conclusiones de la Presidencia, no se consideran «sanciones» y difieren, al mismo tiempo, de otras medidas restrictivas que figuran entre las herramientas de la PESC,

P.

Considerando que las relaciones económicas entre la UE y los terceros países están reguladas a menudo por acuerdos sectoriales bilaterales o multilaterales que la UE debe respetar cuando aplica sanciones; considerando por consiguiente que, en caso necesario, la UE debería suspender o denunciar los acuerdos en cuestión antes de imponer sanciones económicas que no son compatibles con los derechos que estos acuerdos conceden al tercer país en cuestión,

Q.

Considerando que las relaciones entre la UE y los terceros países están reguladas a menudo por acuerdos bilaterales o multilaterales que permiten a una de las partes adoptar medidas pertinentes en caso de violación por la otra parte de un elemento esencial de estos acuerdos, esto es, el respeto de los derechos humanos, el Derecho internacional, los principios democráticos y el Estado de Derecho (cláusula sobre los derechos humanos), siendo el Acuerdo de Cotonú un notable ejemplo de ello,

R.

Considerando que la introducción y la aplicación de medidas restrictivas debe respetar los derechos humanos y el Derecho internacional humanitario, incluido el derecho a un procedimiento justo y a un recurso efectivo, así como en la proporcionalidad, y que hay de prever las exenciones adecuadas para tener en cuenta las necesidades fundamentales de las personas de que se trate, como el acceso a la educación primaria, al agua potable y a la asistencia sanitaria básica, incluyendo los medicamentos básicos; considerando que un régimen de sanciones debe tener plenamente en cuenta las disposiciones de la Convención de Ginebra, la Convención sobre los Derechos del Niño y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, así como las resoluciones de la ONU sobre la protección de los civiles y de los niños en los conflictos armados,

S.

Considerando que la credibilidad de la UE y de sus Estados miembros individuales se ve comprometida cuando parece que las sanciones no se cumplen, y que se invitó a Robert Mugabe a asistir a la Cumbre UE-África que se celebró en Lisboa los días 8 y 9 de diciembre de 2007, a pesar de que se había prohibido oficialmente su entrada en todo el territorio de los Estados miembros de la UE en virtud de la Posición Común 2004/161/PESC del Consejo, de 19 de febrero de 2004, relativa a la prórroga de medidas restrictivas contra Zimbabwe (18) en su versión ampliada recientemente con la Posición Común 2008/135/PESC, de 18 de febrero de 2008 (19),

1.

Lamenta que no se hayan emprendido hasta la fecha evaluaciones ni estudios de impacto de la política de sanciones de la UE, por lo que es extremadamente difícil medir los efectos y la eficacia de esta política sobre el terreno y extraer las conclusiones necesarias; pide al Consejo y a la Comisión que realicen esta evaluación; no obstante, considera que la política de sanciones aplicada en relación con Sudáfrica ha demostrado su eficacia al contribuir a poner fin al «apartheid»;

2.

Considera que la disparidad de los fundamentos jurídicos para la aplicación de la política de sanciones de la UE, que implica distintos niveles de decisión, aplicación y control, supone un obstáculo para la transparencia y la coherencia de la política de sanciones de la UE y, por consiguiente, para su credibilidad;

3.

Considera que la eficacia de las sanciones requiere que su aplicación se perciba como legítima por la opinión pública, tanto europea como internacional, así como por la del país en el cual se esperan cambios; destaca que la consulta al Parlamento en el proceso decisorio refuerza esta legitimidad;

4.

Observa también que las sanciones pueden tener un valor simbólico al expresar la condena moral por la UE, contribuyendo así a reforzar la visibilidad y la credibilidad de la Política Exterior de la UE; no obstante, advierte de que no se insista excesivamente en la idea de las sanciones como medidas simbólicas, ya que ello podría conducir a su total devaluación;

5.

Considera que debe preverse el recurso a las sanciones ante comportamientos de autoridades o agentes no estatales o personas físicas y jurídicas que atenten gravemente contra la seguridad y los derechos de las personas o en caso de agotamiento y estancamiento probado, imputable a la tercera parte, de todas las relaciones contractuales o diplomáticas;

6.

Opina que toda degradación voluntaria e irreversible del medio ambiente constituye una amenaza para la seguridad, así como una grave violación de los derechos humanos; a este respecto, pide al Consejo y a la Comisión que incluyan todo ataque voluntario e irreversible al medio ambiente entre los motivos que pueden conducir a la adopción de sanciones;

7.

Reconoce que, en general, los principales instrumentos de sanción de la UE se aplican caso por caso, de una manera flexible y en función de las necesidades; sin embargo, deplora el hecho de que la UE haya aplicado a menudo su política de sanciones de una manera incoherente, tratando de forma diferente a terceros países que registraban un balance similar en cuanto al respeto de los derechos humanos y la democracia, lo que le ha valido la crítica de aplicar una política de «dos pesos, dos medidas» o «doble rasero»;

8.

Considera a este respecto que la aplicación y evaluación de las sanciones por la UE por violaciones de derechos humanos debe prevalecer en principio sobre cualquier daño que su aplicación pueda causar a los intereses comerciales de la UE y de sus ciudadanos;

9.

Lamenta que los desacuerdos intestinos en la UE sobre la política que debe aplicarse frente a tal o cual país, como Cuba, o las reticencias de los Estados miembros a oponerse a grandes socios comerciales, como Rusia, hayan conducido a la UE a no adoptar sino «sanciones informales» en las conclusiones de la Presidencia, lo que supone una aplicación desequilibrada o incoherente de las sanciones de la Unión; reconoce no obstante que las medidas que figuran en las conclusiones del Consejo, como el aplazamiento de la firma de acuerdos con algunos países, como Serbia, pueden constituir una herramienta útil para ejercer una presión sobre los países terceros para que colaboren plenamente con los mecanismos internacionales;

10.

Recuerda que, en el caso cubano, la citada Posición Común adoptada en 1996, y renovada periódicamente, refleja la hoja de ruta en favor de una transición pacífica hacia la democracia en la isla, está plenamente vigente y no es objeto de controversia en las instituciones europeas; lamenta que, hasta ahora, no se haya producido ninguna mejora significativa en materia de derechos humanos; toma nota de la Decisión del Consejo del 20 de junio de 2008 de levantar las sanciones informales relativas a Cuba y pide al mismo tiempo la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos, el acceso libre a las prisiones y la ratificación y aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos; toma nota de que el Consejo decidirá dentro de un año si prosigue el diálogo político con Cuba en función de la existencia o no de mejoras significativas en materia de derechos humanos; recuerda que la Posición del Consejo es también vinculante para las instituciones de la UE en lo que se refiere al diálogo tanto con las autoridades cubanas como con los representantes de la sociedad civil; reitera su posición sobre los laureados con el premio Sájarov, Oswaldo Payá Sardiñas y las Damas de Blanco;

11.

Considera que no se puede utilizar el argumento de la «ineficacia» de las sanciones para levantarlas, y que debe utilizarse, en cambio para reorientar y reevaluar la propia sanción; considera además que el hecho de que se modifiquen o se levanten las sanciones debe depender únicamente de que se hayan alcanzado los objetivos de las mismas y que su carácter se puede reforzar o modificar en función de su evaluación; a tal fin, considera que las sanciones deben ir siempre acompañadas de criterios de evaluación precisos;

12.

Considera que la eficacia de las sanciones debe analizarse a varios niveles, tanto a tenor de la eficacia intrínseca de las medidas, es decir, su capacidad para tener un impacto en las actividades privadas o profesionales de las personas afectadas como miembros de un determinado régimen, o en su funcionamiento, como a tenor de su eficacia política, es decir, su capacidad para incitar a la suspensión o la modificación de las actividades o políticas que justificaron su adopción;

13.

Considera que la eficacia de una sanción presupone la capacidad de la UE de mantenerla a largo plazo, y, a este respecto, lamenta el recurso a cláusulas de levantamiento automático de las sanciones del tipo «cláusulas de caducidad»;

14.

Se muestra contrario a la aplicación, en cualquier caso, de sanciones generales e indiscriminadas contra cualquier país, ya que este planteamiento conduce de hecho al total aislamiento de la población; considera que el uso de sanciones económicas sin coordinación con otros instrumentos políticos muy difícilmente podrá conseguir propiciar reformas políticas en los regímenes objeto de estas sanciones; insiste pues en que la adopción de sanciones contra las autoridades estatales debe acompañarse sistemáticamente de un apoyo político y financiero a la sociedad civil del país afectado;

15.

Constata que, en la mayoría de los casos, las sanciones impuestas por la UE obedecen a la preocupación por la seguridad; no obstante, destaca que las violaciones de los derechos humanos deberían constituir una razón suficiente para aplicar sanciones, puesto que también constituyen una amenaza para la seguridad y la estabilidad;

16.

Recuerda que las sanciones tienen como principal objetivo generar transformaciones en las políticas o actividades de acuerdo con los objetivos de la posición común de la PESC, de las conclusiones aprobadas por el Consejo o de la decisión internacional en las cuales se basen;

17.

Hace hincapié en el hecho de que el Consejo, al adoptar los principios básicos antes citados sobre el recurso a las medidas restrictivas (sanciones), se comprometió a recurrir a las sanciones en el marco de un enfoque global e integrado; a este respecto destaca que dicho enfoque incluye, en paralelo, el diálogo político, ciertos incentivos y la condicionalidad, y que podría implicar, en última instancia, la aplicación de medidas coercitivas, tal como prevén los principios básicos; considera que este enfoque global e integrado debería disponer de herramientas como las cláusulas relativas a los derechos humanos y a la democracia, el sistema de preferencias generalizadas y la ayuda al desarrollo;

18.

Destaca que la aplicación de la cláusula de derechos humanos no puede considerarse una sanción completamente autónoma o unilateral de la UE, ya que se deriva directamente de los acuerdos bilaterales o multilaterales, que contienen un compromiso recíproco en favor del respeto de los derechos humanos; considera que las medidas pertinentes adoptadas de conformidad con esta cláusula se refieren exclusivamente a la aplicación del acuerdo de que se trate proporcionando a las partes el fundamento jurídico para suspender o denunciar el acuerdo; por consiguiente, considera que la cláusula de derechos humanos y las sanciones autónomas o unilaterales son inevitablemente complementarias;

19.

Se felicita, por consiguiente, de la inclusión sistemática de una cláusula sobre los derechos humanos, e insiste en la incorporación de un mecanismo específico de aplicación en todos los nuevos acuerdos bilaterales, incluyendo los sectoriales, firmados con terceros países; a este respecto, recuerda la importancia de las recomendaciones concebidas para una aplicación más eficaz y más sistemática de la cláusula, en particular, formulación de objetivos y criterios de referencia y evaluación regular; reitera su llamamiento en favor de que las cláusulas sobre derechos humanos se apliquen mediante un procedimiento de consulta más transparente entre las partes, incluyendo al Parlamento Europeo y a la sociedad civil, que detalle los mecanismos políticos y legales que se han de utilizar en caso de suspensión de una solicitud de cooperación bilateral por violación reiterada o sistemática de los derechos humanos en incumplimiento del Derecho internacional; apoya el modelo de procedimiento establecido de conformidad con el Acuerdo de Cotonú para reaccionar ante las violaciones graves de los derechos humanos, de los principios democráticos y del Estado de Derecho; cree que el sistema de diálogo político intensivo (artículo 8 del Acuerdo de Cotonú) y las consultas (artículo 96 del Acuerdo de Cotonú), antes y después de la adopción de medidas apropiadas, han supuesto en varios casos un instrumento adecuado para mejorar la situación en el terreno;

20.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que no propongan zonas de libre comercio o acuerdos de asociación — ni siquiera con cláusulas de derechos humanos — a los gobiernos de los países donde, según los informes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se sigan cometiendo violaciones masivas de los derechos humanos;

21.

Considera que una situación persistente de violaciones de los derechos humanos que no dé lugar a ninguna medida adecuada ni restrictiva constituye un grave ataque a la estrategia de la UE en materia de derechos humanos, a su política de sanciones y a su credibilidad;

22.

Considera que la política de sanciones es mucho más eficaz cuando se inscribe en una estrategia coherente a favor de los derechos humanos; reitera su petición al Consejo y a la Comisión para que elaboren una estrategia específica relativa a los derechos humanos y a la situación por lo que se refiere a la democracia en los documentos de estrategia por país y, en los demás documentos de la misma naturaleza;

23.

Considera que, cuando se impongan sanciones, el diálogo y las consultas sobre derechos humanos deberían incorporar necesaria y sistemáticamente debates sobre los progresos realizados en el logro de los objetivos y en el cumplimiento de los criterios de referencia fijados en el momento de la aprobación de las medidas restrictivas; considera al mismo tiempo que los objetivos alcanzados en el diálogo y las consultas no pueden sustituir el logro de los objetivos en los que se basan las sanciones;

24.

Opina que una acción coordinada por la comunidad internacional tiene un impacto mayor que las acciones dispares y desiguales llevadas a cabo por Estados o entidades regionales; por lo tanto, acoge con satisfacción el hecho de que la política de sanciones de la UE deba seguir basándose en la noción de primacía del régimen de la ONU;

25.

Pide al Consejo que, en ausencia de sanciones del Consejo de Seguridad de la ONU, coopere con los Estados no miembros de la UE que apliquen sanciones, comparta información, y coordine sus acciones a escala internacional para evitar que se eludan las sanciones y maximizar la eficacia y la aplicación de las sanciones comunitarias y de otro tipo, de conformidad con el Derecho internacional;

26.

Considera que la UE debería cooperar con otras organizaciones regionales, como la Unión Africana y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), para promover los derechos humanos y garantizar la coordinación de las acciones relacionadas con las sanciones;

27.

Insta a la UE a que dialogue sistemáticamente con los Estados que no aplican sanciones, con el fin de alcanzar una posición común sobre medidas restrictivas, en particular a escala regional; señala que, tal como demuestra el caso de Birmania/Myanmar, con frecuencia las sanciones no conducen a la modificación de las políticas o actividades previstas cuando la comunidad internacional está dividida y sus principales protagonistas no participan en su aplicación;

28.

Pide al Consejo y a la Comisión que incluyan sistemáticamente en el orden del día el diálogo político con los Estados que no aplican sanciones, así como la cuestión de su papel y su influencia en el régimen o los agentes no estatales de que se trate, ya sean éstos individuos, organizaciones o empresas;

29.

Considera que la perspectiva de la firma de un acuerdo de libre comercio con una región de un país específico debe utilizarse como «zanahoria» y como medio de presión y que, sea como sea, tal acuerdo debe excluir a los países sujetos a un régimen de sanciones;

30.

Subraya la necesidad de que se realice un análisis más profundo de cada situación, con el fin de evaluar el posible efecto de distintas sanciones y elegir aquéllas que resulten más eficaces a la luz de todos los demás factores pertinentes y de las experiencias comparables; considera que tal análisis previo se justifica sobre todo teniendo en cuenta que, una vez se ha iniciado el proceso sancionador, es difícil dar marcha atrás sin socavar la credibilidad de la UE y la expresión del apoyo que la UE deber prestar a la población del país tercero de que se trate, habida cuenta de la posibilidad de que las autoridades de este país instrumentalicen la decisión de la UE; en este sentido, toma nota de la práctica actual, con arreglo a la cual la conveniencia, la naturaleza y la efectividad de las sanciones propuestas se debaten en el Consejo sobre la base de la evaluación de los Jefes de Misión de la UE en el país de que se trate, y pide la inclusión de un informe de un experto independiente en dicha evaluación;

31.

Hace hincapié, no obstante, en que dicho análisis no debe utilizarse para retrasar la adopción de sanciones; en este sentido, subraya que el procedimiento de dos etapas para la imposición de sanciones en el marco de la PESC ofrece la posibilidad de una reacción política urgente, inicialmente mediante la adopción de una posición común que habrá de fijarse después de un análisis en profundidad del Reglamento y en la que se detalle la naturaleza y el alcance exactos de las sanciones;

32.

Pide la inclusión sistemática, en los instrumentos jurídicos, de criterios de referencia claros como condición para el levantamiento de las sanciones; en particular, insiste en que estos criterios deben fijarse sobre la base de un peritaje independiente y que no deben alterarse posteriormente a tenor de los cambios políticos que se produzcan en el Consejo;

33.

Pide al Consejo y a la Comisión que establezcan un proceso ejemplar de evaluación de las sanciones que prevea, en particular, la inclusión sistemática de una cláusula de evaluación que implique revisar el régimen de sanciones sobre la base de los criterios de referencia y comprobar si se han alcanzado sus objetivos; hace hincapié en el hecho de que las declaraciones de intención o la voluntad de instaurar procedimientos que conduzcan a resultados positivos deben tener una acogida favorable; sin embargo, destaca que en el momento de la evaluación de las sanciones, éstos no pueden sustituir nunca la realización de progresos tangibles y reales para satisfacer los criterios de referencia;

34.

Considera que el embargo de armas impuesto a China ilustra la coherencia de la Unión Europea, dado que este embargo se decidió originalmente tras la masacre de Tiananmen en 1989, y que, hasta la fecha, la UE no ha recibido ninguna explicación sobre la masacre, por lo que no hay razón alguna para levantar este embargo;

35.

Pide a la formación «Sanciones» del Grupo de consejeros para las relaciones exteriores (RELEX/Sanciones) que cumpla plenamente su mandato; en particular, hace hincapié en la necesidad de efectuar investigaciones antes de adoptar sanciones y, después de su adopción, de difundir regularmente información actualizada sobre la evolución de la situación y utilizar las mejores prácticas relativas a la aplicación de las medidas restrictivas;

36.

Reconoce que los Estados y las organizaciones internacionales y regionales deben ser responsables por la comisión de actos internacionalmente ilícitos en la aplicación de las sanciones, y subraya a este respecto la necesidad de un mecanismo de control judicial con vistas a garantizar la conformidad con el Derecho internacional y el Derecho humanitario;

37.

Pide que el Parlamento participe en todas las etapas del proceso sancionador: el proceso de toma de decisiones que conduce a las sanciones, la elección de las sanciones más adecuadas a la situación, la definición de los criterios de referencia, la evaluación de su aplicación en el marco del mecanismo de revisión y el levantamiento de la sanción;

38.

Lamenta que, por falta de evaluación, sea imposible juzgar la eficacia de las medidas específicas; sin embargo, reconoce la profunda preocupación humanitaria de la Unión Europea, que la condujo a abandonar sanciones de un alcance económico general, como las que había aplicado anteriormente a Iraq, y a imponer sanciones «inteligentes», más específicas, concebidas para tener un impacto máximo en aquellos en cuyo comportamiento pretende influir, limitando al mismo tiempo, en la medida de lo posible, los efectos adversos o las consecuencias negativas a nivel humanitario para personas ajenas al problema o para los países vecinos;

39.

Considera que es muy improbable que las sanciones económicas utilizadas independientemente de otros instrumentos políticos logren obligar al régimen de que se trate a efectuar cambios políticos de importancia; subraya asimismo que restricciones económicas de gran alcance pueden traer aparejados costes económicos y humanitarios excesivamente elevados, por lo que reitera su llamamiento en favor de sanciones económicas concebidas con mayor cuidado y más específicas, capaces de influir en los principales dirigentes de los regímenes en cuestión y en los autores de violaciones de los derechos humanos;

40.

Subraya que cualquier sanción económica debe centrarse ante todo en aquellos sectores que no son intensivos en mano de obra y que tienen una importancia limitada para las pequeñas y medianas empresas, habida cuenta de su importancia tanto para el desarrollo económico como para la redistribución de la renta;

41.

Apoya el recurso a sanciones financieras contra los principales dirigentes de los regímenes de que se trate y sus familiares más próximos, aplicadas directamente sobre las rentas de las personas sancionadas; subraya la necesidad de que estas sanciones vayan acompañadas de medidas adecuadas contra los agentes económicos de la UE que colaboren con dichas personas; destaca que las sanciones sobre algunos productos básicos que apuntan a una fuente precisa o principal de rentas de un régimen pueden tener efectos más profundos e indiscriminados sobre la población, fomentando al mismo tiempo la aparición de una economía sumergida;

42.

Considera que las sanciones de tipo económico y financiero, incluso cuando son específicas, deben aplicarlas todas las personas físicas y jurídicas que ejercen una actividad comercial en la UE, incluidos los ciudadanos de terceros países, y los nacionales de la UE o las personas jurídicas declaradas o constituidas con arreglo al Derecho de un Estado miembro de la UE que ejerzan actividades comerciales fuera de la UE;

43.

Pide una aplicación limitada de las «exenciones extraordinarias» en materia de congelación de los activos; pide que se establezca un procedimiento específico para las objeciones en caso de que un Estado miembro deseara conceder una exención a la congelación de activos dado que la inexistencia de este procedimiento hipoteca la eficacia de la medida restrictiva puesto que los Estados miembros sólo están obligados a informar a la Comisión antes de conceder una exención de este tipo;

44.

Pide que se adopten medidas destinadas a mejorar la aplicación de las sanciones financieras específicas de la UE con el fin de garantizar que, en la práctica, estas sanciones impidan completamente el acceso de las personas y entidades de que se trate al conjunto de los servicios financieros que dependen de la jurisdicción de la Unión Europea, incluso los que transitan por instituciones bancarias de compensación de la Unión, o la utilización de servicios financieros dentro de la jurisdicción de la Unión; subraya la necesidad de una mayor flexibilidad en la distribución de las listas de sanciones en la UE y en los Estados miembros a todas las personas a las que se aplican las obligaciones previstas en la tercera Directiva contra el blanqueo de capitales (20); propone que cada Estado miembro designe una institución responsable de la distribución de esta información;

45.

Insta a una mayor cooperación entre el Consejo y la Comisión y la dirección y el accionariado de SWIFT en Europa, con el fin de aumentar la eficacia de la congelación de las cuentas que figuren en una lista negra, así como la eliminación de las transferencias de fondos desde y hacia estas cuentas;

46.

Pide al Consejo y a la Comisión que analicen las posibilidades y los medios de hacer un uso constructivo de las rentas congeladas de las autoridades de que se trate, asignándolas a las víctimas de violaciones de los derechos humanos o destinándolas al desarrollo en el marco del capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas;

47.

Constata que los embargos de armas son una forma de sanción destinada a detener el flujo de armamentos y material militar que van a parar a zonas en conflicto o a regímenes susceptibles de utilizarlos para la represión interna o para atacar a un país extranjero, según lo dispuesto en el Código de conducta sobre las exportaciones de armas;

48.

Insta a una cooperación coordinada entre los Estados miembros y la Comisión en cuanto a la ejecución de los embargos de armas de la UE aplicados por cada Estado miembro;

49.

Pide a los Estados miembros que adopten la posición común sobre las exportaciones de armas, que hará jurídicamente vinculante el Código de conducta sobre las exportaciones de armas;

50.

Insta al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros a que prosigan sus trabajos destinados a mejorar los medios de seguimiento y ejecución de que dispone la ONU, y respalda la conveniencia de crear un equipo permanente de la ONU encargado de evaluar el comercio de mercancías que sirven para financiar conflictos y de calcular el valor de las sanciones sobre la base de estos intercambios;

51.

Recuerda que las restricciones de acceso (prohibiciones de desplazamientos o de visados) son una de las primeras medidas en la escala de sanciones de la UE e implican la prohibición para las personas o las entidades no estatales que figuren en una lista negra de asistir a reuniones oficiales en el territorio de la UE y también de viajar a la Unión con fines privados;

52.

Observa con preocupación que los Estados miembros no han aplicado de una manera óptima las prohibiciones de visados de la Unión Europea, y les insta a adoptar un enfoque concertado para la aplicación de las restricciones de desplazamientos y las cláusulas de exención pertinentes;

53.

Tiene en cuenta el hecho de que tanto las sanciones autónomas de la UE contra el terrorismo como la aplicación por la UE de las sanciones antiterroristas del Consejo de Seguridad de la ONU han sido objeto de varios asuntos planteados ante el Tribunal de Justicia y el Tribunal de Primera Instancia;

54.

Recuerda la obligación que incumbe a los Estados miembros de la UE de imponer sanciones que se ajusten al artículo 6, apartado 2, del TUE, que prescribe a la Unión el respeto de los derechos fundamentales tal como se garantizan en el Convenio Europeo de los Derechos Humanos y tal como resultan de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros; destaca que los procedimientos basados en listas negras, actualmente utilizadas en la UE y la ONU, presentan fallos en cuanto a la seguridad jurídica y al derecho de recurso; insta al Consejo a que extraiga todas las consecuencias de las sentencias dictadas por el Tribunal de Primera Instancia por lo que se refiere a las sanciones autónomas de la UE en la materia y las aplique plenamente;

55.

Pide al Consejo y a la Comisión que apoyen el procedimiento actual de inclusión en listas negras y exclusión de las mismas para respetar los derechos humanos fundamentales y los derechos relativos al procedimiento que asisten a las personas físicas y jurídicas incluidas en dichas listas y, en particular, las normas internacionales por lo que se refiere al derecho de recurso ante un tribunal independiente e imparcial y a un proceso justo, incluido el derecho a recibir una notificación e información adecuada acerca de los cargos que se les imputan y las decisiones adoptadas y el derecho a una compensación en caso de violación de los derechos humanos; por la misma razón, pide a los Estados miembros de la UE que fomenten una revisión similar en los mecanismos de la ONU con el fin de garantizar el respeto de los derechos fundamentales en la aplicación de sanciones específicas en el marco de la lucha contra el terrorismo;

56.

Considera que el artículo 75 del TFUE constituye una ocasión que el Parlamento debe aprovechar para poner remedio a las infracciones en materia de inscripción en una lista negra y apoya todos los trabajos parlamentarios en curso destinados a figurar en el orden del día del programa legislativo 2009;

57.

Lamenta profundamente que ninguna de las instancias judiciales esté en condiciones de evaluar la pertinencia de las listas negras, dado que los elementos que justifican una inscripción en estas listas se basan exclusivamente en información obtenida por los servicios secretos, que, por su propio carácter, operan secretamente; considera, no obstante, que la discreción de rigor no debe ser sinónimo de impunidad en caso de incumplimiento de las leyes internacionales; en este sentido, pide a los Estados miembros que autoricen un control parlamentario efectivo de las actividades de estos servicios; considera a este respecto que es necesario asociar al Parlamento a las tareas de la Conferencia de comités de supervisión de los órganos de inteligencia de los Estados miembros que ya está funcionando;

58.

Reitera, no obstante, que el sistema de listas antiterroristas, siempre y cuando respete la última jurisprudencia del Tribunal de Justicia, es una herramienta pertinente de la política antiterrorista de la Unión Europea;

59.

Subraya que el terrorismo constituye una amenaza para la seguridad y la libertad e insta por tanto al Consejo a que revise y actualice la lista de organizaciones terroristas teniendo en cuenta las actividades de dichas organizaciones en todos los continentes;

60.

Señala que la UE siempre ha fomentado un enfoque positivo del uso de las sanciones con el fin de incitar a los cambios; a tal efecto, destaca que es importante favorecer una acción global integrada mediante una estrategia progresiva de presiones e incentivos;

61.

Considera que una estrategia de apertura y una política de sanciones no se excluyen entre sí; de este modo, opina que la política de sanciones de la UE puede contribuir a una mejora en el respeto de los derechos humanos en el Estado sancionado cuando es revisada de forma explícita en favor de una política de medidas positivas; a este respecto, observa con gran interés el ciclo de sanciones impuestas a Uzbekistán entre noviembre de 2007 y abril de 2008: tras mantener durante un año las sanciones impuestas a este país por no haber satisfecho los criterios iniciales relativos a las investigaciones sobre la masacre de Andijan y al respeto de los derechos humanos, el Consejo decidió suspender la aplicación de la prohibición de visados, lo que dejó al Gobierno uzbeko un plazo de seis meses para ajustarse a una serie de criterios sobre los derechos humanos, mientras permanecía bajo la amenaza del restablecimiento automático de la prohibición de visados; constata que la combinación de compromisos y sanciones arrojó algunos resultados positivos gracias a la posibilidad de restablecer las sanciones automáticamente y a la fijación de criterios precisos; destaca que estos criterios deben poder satisfacerse en un período de tiempo limitado y que deben adaptarse al régimen general de las sanciones; no obstante, lamenta que no haya una evolución positiva y que prosiga la falta de cooperación con el Gobierno uzbeko;

62.

Insta a que las sanciones vayan acompañadas sistemáticamente, en el marco de una estrategia a varios niveles, de medidas positivas reforzadas para apoyar a la sociedad civil, a los defensores de los derechos humanos y a todo tipo de proyectos en favor de los derechos humanos y la democracia; pide que los programas e instrumentos temáticos (IEDDH (21), agentes no estatales, inversión en recursos humanos) contribuyan plenamente a la consecución de este objetivo;

63.

Pide al Consejo y a la Comisión que aprovechen la oportunidad que brindan la ratificación del Tratado de Lisboa y la subsiguiente creación del Servicio Europeo de Acción Exterior para garantizar la optimización de la coherencia de los distintos instrumentos de acción exterior de la UE como elemento clave de una mayor eficacia de la política de sanciones de la UE;

64.

Insta al Consejo y a la Comisión a que emprendan una evaluación completa y en profundidad de la política de sanciones de la UE con el fin de determinar su influencia y las medidas que deben adoptarse para reforzarla; insta al Consejo y a la Comisión a que presenten un programa de dichas medidas; pide al Consejo y a la Comisión que determinen el impacto de las sanciones en las políticas de desarrollo de los países de que se trate y en la política comercial de la UE;

65.

Pide a la Comisión que se asegure de que las estrategias de ayuda al desarrollo dependientes del Instrumento de Cooperación para el Desarrollo (ICD) y del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) sean coherentes con los regímenes sancionadores existentes y con los diálogos de derechos humanos; pide a la Comisión que garantice que las condiciones para la financiación con cargo al presupuesto general, incluidos los denominados «contratos de Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)», se supediten explícitamente a criterios de derechos humanos y de democracia;

66.

Insta al Consejo y a la Comisión a que aprovechen la oportunidad que brindan la ratificación del Tratado de Lisboa, el nombramiento de un Alto Representante de la Unión para los Asuntos Exteriores y la Política de Seguridad —que será al mismo tiempo Vicepresidente de la Comisión y Presidente del Consejo de Asuntos Exteriores— y la posterior creación del Servicio Europeo para la Acción Exterior para dar aún más coherencia y consistencia a las medidas exteriores de la UE, mejorar las competencias de los servicios comunitarios activos en el ámbito de las sanciones y reforzar la cooperación entre los distintos servicios;

67.

Pide al mismo tiempo que aumente la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros y la Comisión con el fin de garantizar una aplicación más coherente y eficaz de las medidas restrictivas;

68.

Insta también a los Estados miembros que son miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a que favorezcan sistemáticamente la internacionalización de las sanciones decretadas por la Unión Europea, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 del TUE;

69.

Insta a los Estados miembros a que, cuando actúen en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU, se abstengan de violar las obligaciones que han contraído en materia de respeto de los derechos humanos, en particular, el Convenio Europeo de los Derechos Humanos;

70.

Encarga a sus órganos parlamentarios, específicamente sus delegaciones permanentes y delegaciones ad hoc, que hagan uso de sus contactos con los parlamentos de países que no aplican sanciones con objeto de aumentar la comprensión de los regímenes de sanciones establecidos por la UE para la región de que se trate y que examinen las posibilidades de una acción coordinada para la promoción de los derechos humanos;

71.

Insta a la Comisión a establecer una red de expertos independientes para proponer al Consejo como y cuando sea necesario, las medidas restrictivas más pertinentes, redactar informes periódicos sobre la evolución de la situación basándose en los criterios y objetivos establecidos y, proponer en su caso mejoras para la aplicación de las sanciones; considera que la creación de esta red mejoraría la transparencia y los debates sobre las sanciones en general y reforzaría la ejecución y el seguimiento permanente de las sanciones en casos particulares; también considera que la Comisión debe desempeñar un papel más dinámico en la definición de una política clara de la UE en materia de sanciones;

72.

Considera que la legitimidad de la política de sanciones de la UE, que constituye un elemento faro y delicado de la PESC, debe reforzarse mediante la participación del Parlamento en todas las etapas del procedimiento, y ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del TUE, en particular en lo referente a la elaboración y la aplicación de las sanciones, en forma de una concertación sistemática con el Consejo y la Comisión y a través de informes de estas dos instituciones; considera también que el Parlamento debería participar en la supervisión del respeto de los criterios de referencia por los destinatarios de las sanciones; encarga a su Subcomisión de Derechos Humanos que sistematice y supervise los trabajos en este ámbito para toda sanción cuyos objetivos y criterios de referencia estén determinados por los derechos humanos;

73.

Encarga su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y a los Parlamentos de los Estados miembros y a los Secretarios Generales de la Organización de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa.

1.

A efectos del presente artículo, se entiende por «Parte» la Comunidad y los Estados miembros de la Unión Europea, por un lado, y cada uno de los Estados ACP, por otro lado.

2.

4.12.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 295/62

A.

Considerando que la salud materna (ODM5) es el ámbito de los ODM en que menos avances se han registrado; que, por tanto, el ODM5 es uno de los objetivos menos probables de alcanzar para 2015, en particular en el África subsahariana y en el sudeste asiático,

B.

Considerando que más de medio millón de mujeres mueren cada año durante el embarazo o el parto, y que el 99 % de estas muertes se producen en países en desarrollo; que en veinte años la tasa de mortalidad materna en el África subsahariana apenas ha variado, con una tasa de reducción anual del 0,1 % en la región, y que una de cada dieciséis mujeres muere durante el embarazo o el parto en estos países; que la mortalidad materna es el indicador más dramático de las desigualdades sanitarias a escala mundial,

C.

Considerando que, aparte de la desigualdad geográfica, la experiencia y la investigación en materia de mortalidad materna revelan importantes disparidades en las tasas de mortalidad materna en función de la riqueza, la raza y el origen étnico, la ubicación urbana o rural, los niveles de alfabetización e incluso las divisiones lingüísticas o religiosas dentro de un mismo país, incluidos los países industrializados, disparidad que es la mayor de todas las estadísticas de salud pública,

D.

Considerando que el G8 ha acordado un paquete sanitario que contribuirá a formar y a contratar a 1,5 millones de trabajadores sanitarios en África a fin de garantizar que el 80 % de las madres sean asistidas en el parto por una persona con formación adecuada; que esta medida incluye un compromiso de elevar la tasa de personal sanitario a 2,3 por cada mil personas en 36 países africanos aquejados de un déficit crítico en este sentido; que, no obstante, no se hace referencia a la necesidad de reservar los 10 000 millones de dólares estadounidenses que, según los activistas de la sociedad civil, son necesarios para salvar las vidas de seis millones de madres y niños cada año,

E.

Considerando que la mortalidad y la morbilidad maternas constituyen una emergencia sanitaria mundial y que se calcula que cada año fallecen aproximadamente 536 000 mujeres durante el parto y que, asimismo, una de cada veinte sufre graves complicaciones, desde infecciones crónicas a lesiones incapacitantes como la fístula obstétrica o a discapacidades permanentes,

F.

Considerando que el motivo de que las mujeres mueran durante el embarazo y el parto no es un misterio, puesto que las causas de la mortalidad materna son claras y bien conocidas, como lo son los medios para evitarla,

G.

Considerando que las causas de la mortalidad materna podrían evitarse mediante la prestación de una asistencia materna competente, el acceso a métodos anticonceptivos eficaces y el aborto legal y sin riesgos,

H.

Considerando que la mortalidad materna podría evitarse mediante un mayor acceso a los métodos de planificación familiar y el uso de los mismos, el acceso y la prestación de asistencia materna sin riesgos y de calidad, especialmente durante el embarazo, el parto —con asistencia obstétrica de emergencia— y el posparto, así como mejorando las condiciones sanitarias y nutricionales de la mujer y su posición en la sociedad,

I.

Considerando que este enfoque preventivo incluye la formación de las mujeres y de los trabajadores sanitarios para que reconozcan las complicaciones en el embarazo y el parto y busquen la asistencia oportuna, y requiere una red de centros de salud adecuados a los que pueda accederse en un lapso de tiempo razonable, habida cuenta de la infraestructura y el transporte disponibles, así como la prestación en estos centros de salud cercanos —que deben contar con una gestión eficaz y disponer de electricidad, agua y suministros médicos— de una atención adecuada por parte de personal capacitado, también en las zonas rurales,

J.

Considerando que los casos evitables de mortalidad materna constituyen una violación del derecho a la vida de las mujeres y las adolescentes, tal como se establece en numerosos compromisos internacionales en materia de derechos humanos, incluida la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y que las causas de la mortalidad y la morbilidad maternas también pueden conllevar violaciones de otros derechos humanos, incluidos el derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental y el derecho a la no discriminación en el acceso a la asistencia sanitaria básica,

K.

Considerando que el derecho a la autodeterminación sexual y reproductiva incluye el derecho al matrimonio, a formar una familia y a mantener voluntariamente relaciones sexuales, así como el derecho a la libertad frente a la coacción y a la violencia sexuales,

L.

Considerando que es responsabilidad de los gobiernos proporcionar, por sí mismos o a través de terceros, servicios de atención sanitaria en calidad de derecho, y que incluso los gobiernos con recursos limitados pueden adoptar medidas inmediatas que repercutirían en la salud materna,

M.

Considerando que, en última instancia, es menos probable que las causas subyacentes de la mortalidad materna y de las lesiones relacionadas con el parto sean de índole práctica o estructural, sino que más bien son sintomáticas del bajo valor y el bajo estatus otorgado a las mujeres, que se encuentran por lo general en situación de desventaja en la sociedad, y considerando que, en países con niveles similares de desarrollo económico, cuanto mayor es el estatus de la mujer, menor es la tasa de mortalidad materna,

N.

Considerando que las mujeres son especialmente vulnerables durante el embarazo y el parto debido a diversas formas de discriminación, incluidas las desigualdades entre hombres y mujeres en el hogar, las prácticas tradicionales dañinas para las mujeres, la violencia contra la mujer, la falta de control por parte de las mujeres sobre su salud y sus derechos reproductivos, el rechazo de los bebés de sexo femenino, y los estereotipos según los cuales las mujeres son principalmente madres y cuidadoras; considerando que la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer ha sido ratificada por todos los Estados miembros de la UE,

O.

Considerando que la Asamblea General de las Naciones Unidas ha incluido el acceso universal a la salud reproductiva para 2015 como una de las metas de Desarrollo del Milenio para la comunidad internacional como ODM, para reducir la mortalidad materna,

P.

Considerando que en la CIPD la comunidad internacional prometió nuevos recursos, convirtiendo «salud reproductiva» (incluidos los servicios de planificación familiar y salud materna) en prioridad básica de los esfuerzos internacionales en materia de desarrollo,

Q.

Considerando que los fondos totales donados para planificación familiar no solo no se han incrementado sino que son hoy claramente inferiores a los de 1994, habiendo pasado en términos absolutos de 723 millones de dólares estadounidenses en 1995 a 442 millones en 2004,

R.

Considerando que la UE se ha comprometido de manera periódica y constante a cumplir el objetivo ODM5, la última vez en el «Programa de Acción de la UE sobre los ODM» antes mencionado,

S.

Considerando que, pese a la gravedad de este problema y a la violación de los derechos humanos que supone, los servicios de salud materna no han ocupado un lugar destacado en la agenda internacional, eclipsados por la atención dedicada a intervenciones en enfermedades específicas, y que ello ha provocado la marginalización de la mortalidad materna, mientras que los altos niveles de incidencia del VIH han contribuido a frenar o incluso a hacer retroceder la reducción de la mortalidad y la morbilidad maternas,

1.

Expresa su profunda preocupación por el hecho de que la mortalidad materna dentro del ODM 5 sea el único ODM que no ha experimentado progreso alguno desde 2000, en especial en el África subsahariana y el sudeste asiático, siendo las cifras actuales idénticas a las de hace veinte años;

2.

Observa que, junto a la educación, la capacitación de las mujeres es un factor que contribuye de manera significativa a la mejora de la salud materna (ODM 5);

3.

Pide al Consejo y a la Comisión que, en la perspectiva de la Reunión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre los ODM, dé prioridad a las acciones orientadas a alcanzar las metas del ODM 5;

4.

Pide al Consejo y a la Comisión que reduzcan la disparidad entre las tasas de mortalidad materna de los países industrializados y las de los países en desarrollo mediante mayores inversiones e intervenciones para mejorar los recursos humanos para la sanidad, y mayores recursos y compromisos para reforzar los sistemas sanitarios y las infraestructuras básicas de salud, incluyendo dotaciones para seguimiento, control, funciones básicas de salud pública, acciones comunitarias y otras funciones de apoyo necesarias;

5.

Pide al Consejo y la Comisión que intensifiquen sus esfuerzos para erradicar la morbilidad y la mortalidad maternas evitables mediante el desarrollo, la aplicación y la evaluación regular de «hojas de ruta» y planes de acción para aliviar la carga global de la morbilidad y la mortalidad maternas, adoptando un enfoque sistemático y sostenido basado en la justicia y en los derechos humanos y adecuadamente respaldado y facilitado por una financiación y unos mecanismos institucionales sólidos;

6.

Pide al Consejo y a la Comisión que extiendan la prestación de servicios de salud materna en el marco de la asistencia sanitaria primaria, sobre la base de los conceptos de decisión informada, educación para una maternidad sin riesgos, cuidados prenatales selectivos y eficaces, programas de nutrición materna, asistencia adecuada en el parto que evite recurrir en exceso a la cesárea y permita actuar en caso de urgencia obstétrica, servicios de orientación en caso de complicaciones relacionadas con el embarazo, el parto y el aborto, cuidados posnatales, y planificación familiar;

7.

Pide al Consejo y a la Comisión que promuevan el acceso de todas las mujeres a una información y unos servicios completos en materia de salud sexual y reproductiva;

8.

Pide al Consejo y a la Comisión que adopten y desarrollen indicadores y parámetros de referencia ya establecidos para la reducción de la mortalidad materna (incluyendo los créditos para Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD)) y establezcan mecanismos de seguimiento y responsabilidad que puedan traducirse en una mejora continuada de los programas y políticas existentes;

9.

Pide al Consejo y a la Comisión que garanticen la asequibilidad, disponibilidad, accesibilidad y calidad de los servicios de salud reproductiva, y que dediquen los máximos recursos disponibles a los programas y políticas relativos a la mortalidad materna;

10.

Pide al Consejo y a la Comisión que velen por una recopilación de datos fiables y actualizados que permita orientar la aplicación de las medidas de lucha contra la morbilidad y la mortalidad maternas;

11.

Pide al Consejo y a la Comisión que prevean la formación, la capacitación y las infraestructuras necesarias para un número suficiente de comadronas cualificadas, y que garanticen que todas las mujeres y adolescentes embarazadas puedan tener acceso a este servicio, y que las «hojas de ruta» y los planes de acción nacionales reflejen este objetivo;