22.9.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/1

1.1

El CESE considera que los bosques y la madera renovable que éstos producen desempeñan un papel significativo en el control del cambio climático, ya que:

1.2

El CESE señala que la madera se utiliza principalmente en Europa en la construcción, como fuente de energía, en la fabricación de muebles y en la producción de papel. Dados los efectos de eslabonamiento de la cadena de transformación, los productos de la madera aportan un considerable valor añadido en términos de empleo, de rentas para los propietarios de bosques y de actividad económica, en particular en las zonas rurales.

1.3

El CESE hace hincapié en el hecho de que, desde hace ya varias décadas, los bosques europeos han estado funcionando como sumideros de carbono, ya que su crecimiento anual ha sido superior a la tala, y de esta manera han contribuido a retrasar la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. Debe reconocerse la importancia de los bosques naturales como depósitos de carbono y reservas de biodiversidad. La gestión sostenible de los bosques en los países europeos se controla con la ayuda de unos criterios e indicadores que, definidos por la MCPFE (1), están en constante evolución.

1.4

El CESE propone que la UE adopte las medidas siguientes:

1.5

El CESE subraya que, de cara a los potenciales efectos negativos del cambio climático, los Estados miembros de la UE deberían desarrollar planes de intervención en materia de gestión forestal, para la prevención de los daños causados en los bosques por los fenómenos extremos (tormentas, sequías, incendios forestales, daños causados por los insectos) y para remediar los efectos de estos daños y aumentar la información sobre la importancia de la gestión del bosque.

1.6

El CESE recomienda que los Estados miembros de la UE también desarrollen la producción de bioenergía dispersa con la ayuda de precios de rescate garantizados.

1.7

El CESE hace hincapié en que, además de su importancia en materia de cambio climático, los bosques ejercen otras muchas funciones ecológicas, sociales y económicas de gran importancia que deben preservarse. Además de la producción de madera, los objetivos en materia forestal son: el mantenimiento de la biodiversidad forestal, la gestión de los recursos hidráulicos subterráneos, la gestión del paisaje, la utilización de los bosques a efectos de ocio y turismo, la función de pantalla contra el ruido del tráfico, la prevención de los aludes y de la erosión, y la producción no maderera, como las bayas, las setas y la caza. A pesar de que contribuyen al bienestar, estas numerosas funciones adicionales de los bosques no quedan reflejadas en ningún cálculo de rentabilidad ni tampoco en el precio de la madera.

2.1

En diciembre de 2008, el Parlamento Europeo aprobó un paquete comunitario denominado «Clima y energía». Las decisiones legislativas con consecuencias para los bosques y su explotación son las siguientes:

2.2

Los bosques cubren un 31 % de la superficie terrestre europea y se considera que captan aproximadamente el 10 % de las emisiones anuales de dióxido de carbono en Europa (3). En los bosques gestionados de manera sostenible, la cantidad de carbono liberada en la atmósfera es menor (sumideros de carbono) o igual (bosques neutros en carbono) al volumen de carbono captado desde la atmósfera por los bosques.

3.1

La Europa de los 27 suma 156 millones de hectáreas de zonas de bosque. No obstante, debido a las condiciones naturales, estas zonas de bosque no están enteramente disponibles para el cultivo de madera y su utilización comercial. Se considera que, por término medio, del 80 al 90 % de la zona forestal es accesible, pero en Europa Oriental esta cifra cae a menudo en torno al 40 o 50 % solamente. En los quince últimos años, la superficie de bosques aumentó en aproximadamente 10 millones de hectáreas en la Europa de los 27, como resultado de la reforestación y la repoblación de tierras antes agrícolas, así como de la reforestación natural. El incremento de la zona forestal tiene un tamaño equivalente a la superficie total de Hungría.

3.2

El 60 % de los bosques de la Europa de los 27 está en manos de propietarios privados, principalmente de familias, y el 40 % es público y pertenece principalmente al Estado, a los municipios, a comunidades religiosas o a otros organismos. En total, hay más de quince millones de propietarios privados de bosques, y este número va en aumento como consecuencia de la reestructuración de la propiedad de los bosques en los países de la Europa Oriental, así como por distintos acuerdos vinculados a la división de las herencias.

3.3

Durante siglos, los bosques europeos han sido explotados de distinta manera, lo que ha modificado su estructura. En efecto, los bosques europeos transformados por la acción humana se describen como bosques «seminaturales». Un 85 % de los bosques corresponde al tipo «seminatural». Además de este tipo de bosque, la actividad forestal se practica también en forma de plantaciones. Los bosques de plantación, que se encuentran principalmente en el suroeste de Europa, representan el 8 % de las zonas madereras de Europa. Los bosques naturales (5), donde el hombre no ha intervenido (es decir, el bosque y otros espacios forestales no sometidos a las actividades forestales) se sitúan principalmente en la Europa Oriental, en los países bálticos y en los países nórdicos, y representan el 5 % del área forestal.

3.4

Los bosques naturales y las zonas forestales protegidas son las categorías de bosque más importantes para proteger la biodiversidad. Además, los bosques naturales son ecosistemas estables que sirven para combatir los efectos del cambio climático. El 8 % de los bosques europeos está protegido para la preservación de la biodiversidad, mientras que el 10 % lo está por razones de conservación del paisaje, lo que hace un total del 18 % (o 34 millones de hectáreas). El número de zonas protegidas por ley o por otras normativas ha aumentado en estos últimos años. En Europa, los bosques más peculiares y de mayor valor que necesitarían estar protegidos ya lo están, en su gran su mayoría. Con frecuencia, los bosques protegidos se sitúan en zonas montañosas o lejos de las zonas habitadas, que son los espacios más valiosos –vírgenes de toda actividad humana –por lo que se refiere a la diversidad de sus especies. Además, el 10 % de los bosques se protegen para salvaguardar los sistemas hídricos, los recursos de aguas subterráneas y los suelos, y prevenir los riesgos de aludes o erosión. Asimismo, la biodiversidad se ve favorecida en el contexto de la gestión de los bosques comerciales dejando en el bosque árboles en descomposición y hábitats microorgánicos, a fin de preservar las especies poco comunes.

3.5

En Europa, el crecimiento forestal del bosque es superior a la tala, con un margen considerable. Las existencias de madera no taladas superaban en 2005 los 687 millones de m3 netos en la UE-27 (en aquellos bosques donde las condiciones naturales permiten recoger madera). De acuerdo con esta cifra, la explotación ascendía a 442 millones de m3, lo que significa que el nivel de explotación forestal –cociente entre tala y crecimiento– se acercaba al 60 % por término medio (entre el 30 y el 80 %). Este nivel de explotación forestal sobrepasaba el 50 % en los Estados miembros del Norte y de Europa Central, y era inferior a este límite en Europa Meridional y en la Europa Sudoriental. Este nivel de explotación forestal ha aumentado en los diez últimos años, pero aún no ha alcanzado su nivel de 1990. Las talas aumentaron en cierta medida debido a las graves tormentas de la primera década del nuevo milenio, lo que significa que en algunos lugares la madera se recogió en poco tiempo, con niveles equivalentes a los de varios años normales. En 2006, las importaciones de rollizos de madera, virutas y desechos a Europa (UE-27) ascendieron a 83 millones de m3 (sin contar el papel y la celulosa), mientras que las exportaciones a países fuera de Europa alcanzaron los 54 millones de m3  (6).

3.6

Casi el 40 % (unos 250 millones de m3) del crecimiento de los bosques comerciales existentes está inutilizado, y las talas son inferiores al crecimiento. Las existencias forestales de la UE de los 27 también registraron un crecimiento constante durante los últimos cincuenta años. Se calcula que el volumen total de madera no talada ronda los 30 000 millones de m3, lo que equivale a 9 800 000 millones de toneladas de carbono. Una parte del carbono captado por los árboles se almacena en el suelo, pero por falta de investigación en este ámbito no es posible, hoy por hoy, hacer una estimación global acerca del carbono fijado en los suelos en toda Europa. No obstante, por lo que respecta a la captación de carbono, existe una diferencia importante entre los bosques naturales y los bosques comerciales. Desde el punto de vista de la lucha contra el cambio climático, los bosques naturales son, en «su estado final», meros depósitos de carbono, en los que la captación de carbono (debido al crecimiento de la biomasa) y la liberación de carbono (debido a la destrucción de la biomasa) se hallan en equilibrio, mientras que en los bosques comerciales, la tala continuada de madera crea nueva capacidades adicionales de captación de carbono. El CESE quiere dejar claro que con ello no está afirmando que, por esta razón, habría que considerar los bosques de uso comercial más valiosos que los bosques naturales.

3.7

Es importante examinar el potencial de los bosques europeos para el cultivo y otras utilizaciones, de modo que pueda entenderse y evaluarse la captación de carbono, la producción de bioenergía forestal y el ciclo del carbono vinculado a los productos de la madera. En la actualidad no contamos con un panorama coherente del potencial de tala para el conjunto de los 27 países de la UE. Varios países disponen de programas nacionales en materia forestal, que fijan distintas posibilidades de tala en función de las necesidades de protección del bosque, la biodiversidad y otras necesidades multifuncionales.

4.1

Los bosques absorben el dióxido de carbono (CO2) presente en la atmósfera por asimilación, y lo convierten en biomasa, esencialmente en forma de madera, al mismo tiempo que producen oxígeno, elemento vital para los animales y los seres humanos. El cambio climático, y en particular el incremento del volumen de gases de efecto invernadero en la atmósfera, así como el aumento de las temperaturas, la cantidad de ozono en la superficie del globo, los depósitos de nitrógeno y la acidificación de los suelos, suponen un riesgo inmediato o tras un determinado plazo de tiempo para la salud, el crecimiento y la estructura de los bosques.

4.2

El cambio climático afecta a los bosques de dos maneras. Si el clima se vuelve progresivamente más cálido o más seco, por ejemplo, los árboles deben adaptarse al cambio. Esta adaptación es progresiva y es posible planificar las medidas susceptibles de influir en ella. Las amenazas directas de mayor gravedad para el desarrollo de los bosques vienen de los fenómenos meteorológicos extremos. Las series cronológicas recogidas desde 1850 muestran un aumento claro de los daños debidos a las tormentas en los veinte últimos años en Europa. Del mismo modo, en los diez últimos años los incendios forestales han sido numerosos en los países mediterráneos. Es imposible prever con precisión los fenómenos meteorológicos extremos, pero sí es posible prepararse recurriendo a la previsión.

4.3

Si los actuales bosques comerciales no se adaptan suficientemente a un cambio climático gradual, las consecuencias serán, entre otras, un debilitamiento de la vitalidad de los árboles, una reducción de la productividad, la muerte de algunos árboles, una menor capacidad de resistencia de éstos y un aumento consiguiente de las enfermedades y parásitos, así como una modificación en la distribución de las especies de árboles en los bosques. Existe también el riesgo de que los árboles no se adapten en las regiones del Norte, ya que su índice de crecimiento está cambiando por la larga duración de la temporada de crecimiento, y por el hecho de que no se adapten suficientemente al periodo de reposo, es decir, el invierno. En el caso de fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías, los incendios forestales, las tormentas o los daños debidos a la nieve, los árboles pueden morir en un radio extenso, la repoblación puede impedirse y los árboles muertos pueden causar una propagación masiva de parásitos forestales, incluso en los bosques sanos situados a su alrededor.

4.4

El cambio climático afecta de varias maneras a zonas de vegetación diferentes. Cabe esperar que las principales consecuencias en las distintas zonas de vegetación y los distintos países (zonas nórdicas, zona templada, zona de vegetación mediterránea y zonas alpinas y polares) y en los distintos países sean las siguientes:

El cambio climático también podría tener como consecuencia un desplazamiento hacia arriba –hacia el norte– del límite de la vegetación arbórea, o a la extinción progresiva de algunas especies forestales en las zonas alpinas y las áreas de este límite de vegetación arbórea en las regiones septentrionales y polares.

5.1

Una buena gestión del bosque es la principal manera de mejorar la capacidad de adaptación de los bosques al cambio climático. Medidas preventivas, como reconocer y eliminar a tiempo los árboles moribundos, o reducir al mínimo aquellos materiales que pueden provocar incendios forestales, forman parte de la gestión del bosque. Conviene sensibilizar más a la opinión pública, a los propietarios de bosques y a los responsables de la gestión forestal, sobre la importancia que reviste la gestión forestal para su adaptación al cambio climático. La mayoría de los bosques de la UE se gestionan continuamente, con una elevada productividad y viabilidad. De ahora en adelante, ininterrumpidamente, se deberán adoptar posibles medidas de adaptación, pues el sector forestal requiere una perspectiva a largo plazo, ya que los ciclos de vida se extienden normalmente entre 15 y 150 años.

5.2

Por lo que se refiere a la regeneración forestal, deben plantarse las especies de árboles mejor adaptadas a cada localidad. Deberían favorecerse las especies autóctonas ya que, debido a su composición genética, se adaptan mejor a los cambios climáticos locales. Asimismo, debería darse prioridad a los bosques mixtos, ya que la presencia de distintos tipos de árboles con propiedades diversas permite disminuir los riesgos.

5.3

En los bosques de coníferas de una única especie creados fuera de su zona de crecimiento natural, deberían hacerse esfuerzos para modificar la composición del bosque, para que ésta se asemeje a la distribución original de las especies de árboles. Los bosques de plantación con una sola especie suelen presentar una resistencia más baja que los bosques mezclados a las tormentas y a los ataques de insectos que tienen frecuentemente lugar tras éstas.

5.4

Deben establecerse planes de intervención en materia de gestión forestal, posibilidades de financiación para cubrir los posibles daños y modelos operativos, de modo que este sector esté preparado para los efectos dañinos de las perturbaciones climáticas súbitas y extremas causadas por el cambio climático, así como para los daños que éstas causan a los bosques. Los ámbitos de especial riesgo como consecuencia de estas condiciones climáticas extremas deben cartografiarse. También deben construirse modelos operativos para hacer frente a los súbitos incrementos en las talas de árboles y para garantizar el buen funcionamiento de los mercados madereros.

5.5

El cambio climático y el comercio internacional de productos vegetales aumentan la difusión de especies extranjeras y parásitos vegetales. La Directiva comunitaria para la protección de la flora contiene disposiciones relativas al control de los parásitos vegetales nocivos y la prevención de la difusión de estos parásitos y establece requisitos para el comercio internacional de madera y semillas. Con el fin de evitar la difusión de los parásitos madereros más peligrosos (como el nematodo del pino), y con el fin de conservar la salud de los bosques, las regiones de la UE necesitan normativas de protección de la flora suficientemente estrictas, así como controles eficaces. Se requieren estrategias y programas nacionales para luchar contra las especies extranjeras invasoras.

5.6

Gestionar los bosques y la biodiversidad no deben ser incompatibles. La biodiversidad debería tenerse en cuenta en la gestión del bosque seminatural de uso comercial, dejando árboles en descomposición y microbiotopos en los bosques comerciales, para preservar los organismos vivos. Varios Estados miembros de la UE conceden, como medida de fomento de la biodiversidad, ayudas financieras a propietarios de bosques privados, que se encargan de protegerlos voluntariamente. Asimismo, los sistemas de certificación forestal requieren que los criterios de biodiversidad del bosque se tengan en cuenta en la gestión forestal.

5.7

Actualmente, los bosques comerciales de Europa contienen una gran cantidad de madera en descomposición, en pie o talada, que almacena carbono al mismo tiempo que ofrece un entorno vital necesario a los organismos vivos. El volumen medio de madera en descomposición es de 10 m3/ha. La presencia de grandes cantidades de esta madera en descomposición puede facilitar la propagación masiva de parásitos de la madera o de inmensos incendios forestales. No obstante, las ventajas en términos de biodiversidad son considerables, por lo que es importante que la madera en descomposición que ya se encuentra en los bosques no se retire de su espacio, por ejemplo, para quemarla como combustible.

5.8

Los bosques naturales y las zonas forestales protegidas son necesarios para preservar la biodiversidad. Por lo que se refiere a la captación de carbono, los bosques naturales pasan, a lo largo de su ciclo de vida, de actuar como sumideros de carbono a convertirse en depósitos de carbono. No obstante, el paso de la gestión activa de los bosques a su completa protección reduce la superficie necesaria para el crecimiento de árboles, superficie que permitiría aumentar el volumen de carbono almacenado en los bosques y, en particular, podría ofrecer una fuente de productos madereros que compensaría otras modalidades energéticas y otros materiales.

5.9

En la lucha contra el cambio climático, la protección integrada (árboles en descomposición y microbiotopos) en el contexto de la gestión comercial de los bosques resulta más eficaz que la protección global de los bosques.

6.1

Durante la cadena de crecimiento y transformación, los bosques influyen en el cambio climático de cuatro maneras:

6.2

Desde hace ya varias décadas, los bosques europeos han estado funcionando como sumideros de carbono, ya que su crecimiento anual ha sido superior a la tala, y de esta manera han retrasado la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. No obstante, en los bosques comerciales esto no es posible de manera indefinida, ya que, cuando los árboles alcanzan su techo de crecimiento, los bosques dejan de almacenar el carbono. Por este motivo, los bosques de uso comercial deben gestionarse continuamente.

6.3

Los efectos compensadores del uso de productos forestales recogidos (PFR) (7) son importantes para limitar el cambio climático. Procedente de la atmósfera, el carbón es captado en la madera forestal, y después se transfiere y queda almacenado en productos madereros como el papel, los muebles, los paneles y los edificios de madera. De esta manera, se retira de la atmósfera, por ejemplo en forma de una casa de madera, durante varios siglos. Al final de su ciclo de vida, los productos de la madera pueden reciclarse y quemarse para producir energía. En el sistema de cálculo de los gases de efecto invernadero instaurado por el protocolo de Kioto, la declaración del carbono para los productos madereros es voluntaria; por tanto, esta declaración sigue siendo incompleta, en parte porque no se tienen en cuenta los intercambios internacionales.

6.4

Las bases de datos actuales, nacionales o internacionales, permiten calcular la capacidad de almacenamiento del carbono de los productos madereros. Se están desarrollando criterios de cálculo, con el propósito de utilizarlos en los cálculos de los equilibrios en carbono de los bosques. La UE debería presentar una propuesta en la Conferencia sobre el Clima de Copenhague de 2009 en el sentido de que la declaración sobre los volúmenes de carbono almacenados en los productos madereros se incluya de manera obligatoria en los cálculos sobre los equilibrios en carbono en el período post-Kioto a partir de 2012.

6.5

La integración de la capacidad de los productos madereros para capturar el carbono en el cálculo de los equilibrios en este ámbito podría ofrecer al sector forestal un incentivo adicional para administrar los bosques de una manera más eficaz y más respetuosa con el medio ambiente. Una gestión forestal continuada es de gran importancia para preservar la viabilidad de los bosques ante los efectos negativos del cambio climático.

7.1

El sector de la construcción desempeña un papel muy importante en la lucha contra el cambio climático, ya que entre un 40 y un 50 % de la energía primaria del mundo se utiliza para calentar y refrigerar los edificios (8). Se considera que casi un 40 % de las emisiones de CO2 procede de la fabricación de los materiales de construcción, de la actividad de la construcción y la utilización de los edificios.

En 2005 en la UE-27 se emitieron en total 1 170,2 millones de toneladas, el 28 % de las cuales en la industria, el 30,9 % en el transporte y el 41,1 % en los hogares. La calefacción y la refrigeración de los edificios son responsables del 8 % de las emisiones de CO2. Podría evitarse una notable proporción de estas emisiones a través de la construcción profesional y de nuevas técnicas, así como aumentando la proporción de la madera que se utiliza en la construcción.

7.2

La madera es un material de construcción de bajo consumo energético, renovable y neutro en carbono durante todo su ciclo de vida. Ningún otro material de construcción clásico requiere, para su producción, tan poca energía como la madera. Utilizar un metro cúbico de madera como sustituto de otros materiales de construcción reduce por término medio las emisiones de CO2 en la atmósfera en 1,1 tonelada.

7.3

La difusión más amplia de la construcción de edificios de madera en el mundo, y la utilización de la madera en la construcción, se ven limitadas por la falta de normas, directrices y criterios de certificación uniformes. El sector de la construcción debería tener a su disposición análisis del ciclo de vida y de las emisiones de gases de efecto invernadero de los productos, a partir de cálculos científicos, para poder comparar distintos materiales de manera imparcial. Los Gobiernos de los Estados miembros deberían integrar los materiales de «construcción ecológica» de madera en las políticas de suministro de madera, y aplicar condiciones en materia de certificación de los bosques compatibles con el concepto internacional de desarrollo sostenible, de manera más general.

8.1

La biomasa forestal es el principal recurso bioenergético renovable disponible de manera inmediata en Europa, y se usa como energía de tres modos diferentes:

La producción de calor y electricidad y la producción combinada de calor y electricidad de la biomasa forestal han crecido rápidamente en Europa en los últimos años. La producción de calor y electricidad se destina a viviendas individuales aisladas, así como a escuelas, instancias públicas, hospitales, pueblos o ciudades, a través de instalaciones generadoras de calor, o de plantas generadoras de calor y electricidad de diversos tamaños. Las tecnologías de producción de biocarburante a partir de la biomasa forestal y la materia prima de la madera están todavía en fase de prueba y desarrollo, y se necesitan aún nuevas inversiones. La pirólisis de la biomasa, que produce un carbón vegetal utilizable como material para la mejora del suelo, brinda una nueva oportunidad para mejorar los valores energéticos de la madera y la eficacia del suelo como sumidero de carbono.

8.2

En 2006, la energía producida en la UE-25 a partir de fuentes de energía renovables ascendía a 110 millones de toneladas equivalente petróleo (TEPES), lo que representa el 14 % de la utilización total de energía (Eurostat 2008). La mayor parte de la energía renovable (65 %) se producía a partir de la biomasa, principalmente (60 %) de procedencia forestal. La cuota de la energía forestal en el consumo total de energía varía ampliamente en cada uno de los 27 Estados miembros.

8.3

Entre los biocarburantes de madera que se pueden obtener a partir de los bosques figuran virutas de madera de distintas clases, leños, gránulos, briquetas, tocones y raíces, carbón vegetal, gas resultante de la combustión de la madera y especies de árboles como el sauce, que son fuentes de energía en rápido crecimiento. Los subproductos del sector forestal (licores y residuos de madera procedente de la industria en forma de licor negro, cortezas, serrines, valorización de los residuos y madera reciclada) ofrecen un potencial energético considerable y se utilizan en la producción de calor y energía, en particular en el marco de una industria forestal integrada. La utilización de los subproductos y de la madera reciclada con fines energéticos podría representar entre un 30 y un 50 % de la utilización de madera bruta.

8.4

Dado el nivel actual, existe en Europa margen para ampliar considerablemente la utilización de la bioenergía forestal. Las estimaciones preliminares sitúan el potencial de cosecha de la biomasa forestal en los bosques europeos entre 100 y 200 millones de metros cúbicos al año, en condiciones en las que la cosecha no constituye una amenaza para el medio ambiente, la biodiversidad del bosque ni las zonas protegidas. Actualmente, se considera que el volumen de biomasa forestal recogida separadamente y en el marco de la cosecha de madera de tronco se sitúa entre el 10 y el 15 % del potencial de cosecha.

8.5

Un mayor uso de la biomasa forestal brindaría nuevas oportunidades, no sólo para los propietarios de los bosques, con la apertura a un mercado maderero más importante y una mayor competencia de los precios, sino también para la industria de las serrerías, ofreciéndoles un mayor mercado para sus productos derivados. Una importante demanda en biomasa forestal podría dar lugar a cambios en el mercado de la madera bruta, lo que se traduciría en una mayor competencia de las materias primas madereras entre el sector de la bioenergía y las industrias que utilizan la madera de tronco. Las ayudas a los usuarios finales, es decir, los precios de rescate garantizados para la producción de energía ecológica, constituyen un instrumento importante para desarrollar distintas clases de estrategias en materia de bioenergía a nivel local y regional. La ayuda al desarrollo regional de la UE debería seguir siendo un elemento clave de cara a una mayor utilización de la bioenergía.

8.6

Los mercados de combustibles a partir de la madera y, en particular, de la madera de calefacción son principalmente locales, pero un aumento de la explotación y la utilización de la madera con fines energéticos en la UE incrementaría considerablemente el volumen de los intercambios y el empleo en los sectores de la maquinaria y el equipamiento. La producción de gránulos de aserrín, briquetas y otros combustibles transformados a base de madera requiere también la utilización de máquinas y equipos especiales. La producción de energía requiere una cantidad considerable de calderas y otros equipamientos que revisten un gran valor económico y un importante potencial de crecimiento. El aumento de la utilización energética de la madera ofrecería importantes posibilidades para exportar tecnologías más allá de la UE.

8.7

Los trabajos para la armonización de las normas en materia de producción sostenible de biomasa están en curso, asociados a la Directiva marco de la UE sobre las energías renovables. Estas normas son importantes para garantizar mercados y una producción sostenible de bioenergía forestal, así como unos procedimientos comunes. Las normas en materia de biomasa forestal producida de manera sostenible deben estar vinculadas a los criterios europeos del MCPFE, para evitar actividades inútiles o por partida doble.

9.1

La creación de nuevos bosques a través de la plantación es una de las maneras más eficaces de eliminar el carbono de la atmósfera. La UE debería apoyar los proyectos destinados a crear bosques en los países en desarrollo como parte integral de su política de desarrollo, ya que el cambio climático conllevará con toda probabilidad una disparidad económica cada vez mayor entre los países industriales y el mundo en desarrollo. Los proyectos de plantación deberían ir acompañados por estrategias de adaptación que contribuyan al desarrollo de capacidades, el uso multifuncional de los bosques y la buena gobernanza en los países en desarrollo. Asimismo, la UE debería actuar en relación con las talas ilegales en los países en desarrollo, el fomento de la gestión forestal sostenible y el asesoramiento a los países en desarrollo para establecer programas forestales nacionales, en colaboración con otros sectores.

9.2

Los cálculos de equilibrio en materia de carbono del Protocolo de Kioto, que reflejan el cambio en el uso de los suelos, no incluyen disposiciones específicas para los países en desarrollo que permitan tener en cuenta la reducción de las emisiones de dióxido de carbono que se consigue al evitar la pérdida de bosques. Un bosque que desaparece aumenta las emisiones de dióxido de carbono, y la UE debería apoyar el desarrollo y la adopción del instrumento REDD para que en el período post-Kioto, a partir de 2012, se utilice en los cálculos de los gases de efecto invernadero ocasionados por la utilización de los suelos. Ello requiere fijar un precio que refleje el valor del carbono acumulado, de modo que los Estados miembros puedan utilizar el comercio de emisiones para ejercer una influencia a la hora de evitar las pérdidas de bosque tropical.

9.3

La UE ha desarrollado un procedimiento denominado FLEGT (9) para impedir la venta en los mercados comunitarios de madera talada ilegalmente, así como de sus productos derivados. Por medio de un sistema de asociación específico para cada país, el sistema de licencias FLEGT fomenta y apoya la gestión forestal sostenible en los países en desarrollo e invita a los Estados miembros y a estos países a trabajar juntos de manera más estrecha. La UE debería apoyar el desarrollo del sistema FLEGT y extenderlo al resto del mundo. Impedir las talas ilegales retrasaría el ritmo de desaparición del bosque tropical y el aumento de las emisiones de dióxido de carbono que ésta provoca. Los sistemas de certificación forestal voluntarios, como el PEFC (10) y el FSC (11), también van destinados a reducir las talas ilegales.

9.4

A través de acuerdos y organizaciones internacionales como el Comité de la Madera de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas, la Comisión Europea de los bosques de la FAO, EUROSTAT y la Conferencia Ministerial para la Protección de los Bosques en Europa (MCPFE), ya se recaban datos acerca de los recursos forestales europeos, el carbono captado, el ciclo del carbono, la diversidad de los bosques, así como de sus productos y sus efectos protectores. No obstante, es urgente disponer de nuevos conocimientos e investigaciones. Para desarrollar los sistemas de control comunitarios, como el nuevo proyecto europeo FutMon (Forest Control System), conviene utilizar los sistemas de control nacionales, paneuropeos y mundiales, tanto existentes como en fase de desarrollo, y se debe garantizar a los propietarios una protección total de los datos en el tratamiento o la publicación de la información. La UE ha de utilizar sus programas marco de investigación para apoyar el estudio en estos ámbitos y facilitar la transferencia de datos a través de investigaciones básicas y aplicadas, así como proyectos de desarrollo.

22.9.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/9

1.1

En respuesta a la solicitud formulada por la Presidencia checa al CESE, el presente dictamen exploratorio, que se centra en las relaciones entre los empresarios y las instituciones de enseñanza, presenta una serie de recomendaciones, destinadas tanto a las empresas, las asociaciones empresariales y las instituciones de enseñanza en toda su diversidad como a la UE, y esboza ciertas vías de apertura hacia el diálogo social y el diálogo civil con el conjunto de las instituciones y las estructuras interesadas.

1.2

El planteamiento elegido se ha orientado en función de los elementos siguientes:

1.3

En cuanto a la metodología, se hace hincapié en varios ejes prioritarios:

Una orientación general, en un contexto de competencia, hacia un modelo de cooperación entre todos los agentes interesados.

1.4

El CESE propone la instauración, a escala europea, de un nuevo marco de colaboración entre instituciones de enseñanza y empresas, con el propósito de valorar las oportunidades que brinda la dimensión europea y, asimismo, en una perspectiva de progreso de la sociedad. El CESE recomienda que se ponga en marcha un proceso a nivel europeo, que podría denominarse «proceso de Praga» en referencia a la Conferencia sobre el tema «Colaboración entre las instituciones de enseñanza y los empresarios», que se celebrará los días 6 y 7 de abril por iniciativa de la Presidencia checa. Dicho proceso podría concretarse en un marco de referencia europeo lo suficientemente amplio como para que los agentes in situ puedan poner en marcha acciones innovadoras a nivel local y nacional:

1.5

El CESE propone que, hasta 2013, la financiación de este proceso se haga con cargo a los Fondos Estructurales europeos y los programas existentes (Leonardo, Grundtvig, Erasmus para estudiantes, Erasmus para aprendices, Erasmus para creadores de empresas, etc.), adaptándolos cuando sea necesario. El FSE debería poder intervenir, particularmente en favor de la formación primaria. A partir de 2013 podría proponerse un programa específico complementario.

2.1

En el conjunto del territorio europeo, el desarrollo y la calidad de vida están supeditados en gran medida al nivel cultural y científico, que a su vez depende de la calidad de los sistemas de enseñanza. Conviene destacar que, en Europa, la colaboración entre las empresas y la enseñanza se enfrenta a una serie de importantes desafíos, relacionados:

Asimismo, la colaboración debe integrar:

2.2

Tradicionalmente, Europa se ha basado en la previsión de competencias a largo plazo. No obstante, en una economía global en rápida evolución es primordial que el mundo de la enseñanza y de la empresa colaboren más estrechamente para responder a las necesidades inmediatas y futuras de la economía y, en particular, de las PYME

2.3

Existen desde hace tiempo experiencias muy positivas, que se inscriben en el ámbito de la misión de la enseñanza técnica, secundaria y superior, que adoptan la forma de colaboraciones destinadas a conseguir una simbiosis con el entorno económico a través de acuerdos múltiples —formales o informales— que vinculan a las instituciones de enseñanza con las empresas y la inversión. Más allá de las buenas prácticas que se observan de manera casi general, hay un enorme deseo –en el respeto absoluto de las competencias de cada uno y en particular de las instituciones de enseñanza de conceder diplomas de manera completamente autónoma– de instaurar colaboraciones duraderas para crear sinergias y conjugar fuerzas y talentos y encontrar así, de manera conjunta, respuestas a las necesidades económicas y sociales.

Evidentemente, las empresas y las instituciones de enseñanza persiguen fines diferentes, pero pueden beneficiarse del desarrollo de intercambios de información, colaboraciones y proyectos comunes, para asegurar mejor el éxito de sus misiones respectivas. Durante años, incluso siglos, ha habido ejemplos en muchos Estados miembros de sistemas de educación y formación en alternancia, en los que el aprendizaje tiene lugar en la escuela y en la empresa («Duales Berufsausbildungssystem» en Alemania, «apprentissage» en Francia, «apprenticeships» en el Reino Unido, etc.). La educación en alternancia ha demostrado el importante valor añadido de las colaboraciones permanentes, estructuradas e integradas.

2.4

Idealmente, la empresa aporta un conocimiento de las necesidades de los mercados, tanto con carácter inmediato como a modo de previsión, y ofrece así la posibilidad de orientar mejor la oferta educativa y de formación. Constituye un depósito de conocimientos, competencias profesionales y medios técnicos.

2.5

Por su parte, la enseñanza acumula conocimientos técnicos y científicos que pueden aprovecharse de manera práctica: preparación al entorno laboral y desarrollo de nuevas ofertas y trayectorias de cualificación.

3.1

A pesar del gran número de experiencias positivas, las iniciativas de colaboración entre las instituciones de enseñanza y los empresarios siguen siendo limitadas, y con frecuencia están relegadas a la enseñanza técnica y profesional. Frente a la crisis económica, «despertar el potencial de estas colaboraciones» se convierte en una necesidad, ya que una formación más adaptada a las necesidades del mercado de trabajo y un mejor aprovechamiento de las competencias y los recursos humanos en las empresas son condiciones clave para el éxito de la recuperación económica.

3.2

El marco de estas nuevas colaboraciones europeas ha de ser, por supuesto, multiforme. Debe implicar, de manera diferenciada, a los diversos agentes afectados:

3.3

Las instituciones de enseñanza y la empresa comparten una responsabilidad común, sobre todo al nivel de sus organizaciones representativas, a la hora de proponer conjuntamente trayectorias profesionales y ofertas de formación.

3.4

La empresa se enfrenta a la necesidad de dotarse de competencias muy variadas, dadas las diversas dimensiones que condicionan o afectan a su organización, su funcionamiento y su actividad económica: evolución tecnológica, internacionalización, nuevas tecnologías. La empresa precisa, por una parte, hallar en el mercado de trabajo las competencias adecuadas y, por otra parte, cualificar a sus empleados, directivos y futuros directivos en relación con las exigencias profesionales. Por su parte, los trabajadores se enfrentan a la necesidad correspondiente de desarrollar sus posibilidades de empleo en su profesión y lograr que las cualificaciones que hayan adquirido se certifiquen mediante títulos que tengan un valor reconocido, tanto en el interior, en la empresa, como en el exterior, en el mercado de trabajo.

3.5

La dinámica de la evolución de la enseñanza en Europa está fuertemente dominada por dos fenómenos: la masificación y la diversificación de la enseñanza. El rápido crecimiento, durante los últimos decenios, del número de alumnos y de estudiantes universitarios ha llevado simultáneamente a una gran diversificación de la población estudiantil (estructuras de edad, antecedentes escolares, origen social, etc.), la cual, por su parte, ha obligado a contar con unos métodos de trabajo adecuados y una gestión específica.

3.6

A pesar de las dificultades actuales, el potencial de cooperación en este contexto es colosal y hay tres aspectos que merecen reforzarse en este nivel de enfoque de los problemas:

4.2.1

La creación de un Espacio Europeo de Educación Superior, emprendida, con la denominación de «proceso de Bolonia», en 1999 por los ministros de Educación y los responsables universitarios de 29 países, se ha convertido en una importante reforma en la que participan oficialmente 46 Estados miembros del Consejo de Europa.

4.2.2

Tiene por objeto la constitución de un espacio europeo de formación, a través fundamentalmente de la armonización en Europa de los ciclos universitarios: grado/licenciatura/máster, a fin de que sea posible, sobre todo, comparar los estudios y, así, fomentar la circulación de los estudiantes y la movilidad de las personas.

Asimismo, se facilitan orientaciones encaminadas a fomentar la comprensibilidad, suprimir las barreras y mejorar la cooperación universidad/empresa.

4.2.3

Pero es necesario constatar lo siguiente:

4.3.1

El objetivo de este proceso, que la UE puso en marcha en 2002, es que los sistemas de educación y formación profesional (EFP) se conviertan en una referencia de calidad, y a través de él se ha brindado un fuerte apoyo a acciones similares a las del proceso de Bolonia, pero adecuadas al ámbito de la educación y de la formación profesionales.

4.3.2

Los programas Leonardo y Grundtvig –que, en lo que se refiere al primero, permite la circulación de las personas que desean adquirir una experiencia profesional en Europa y facilita los intercambios de buenas prácticas entre responsables de formación y, en cuanto al segundo, tiene por objeto mejorar la calidad y reforzar la dimensión europea de la educación de los adultos y ofrecer a los ciudadanos europeos más posibilidades de mejorar su formación a lo largo de la vida– no obtuvieron la difusión suficiente y no adquirieron la masa crítica necesaria para desarrollar sus objetivos. Sin poner en entredicho sus modalidades, en el futuro convendrá reforzar los medios de acción.

4.3.3

La declaración del Consejo de Burdeos (26.11.2008) se inscribe en la línea del proceso de Copenhague sobre la cooperación europea reforzada en materia de enseñanza y formación profesional. En ella se confirma también la necesidad de movilizar los recursos públicos y privados adecuados, para lo que se recurrirá a instrumentos como el FSE, el FEDER y los préstamos del BEI.

El comunicado presentado en Burdeos, que constata los desajustes en materia de competencias y la necesidad de desarrollar actividades que permitan anticipar las necesidades futuras, preconiza que el elemento relativo a la formación profesional se desarrolle lo más posible y se haga intervenir a los Estados miembros, la Comisión y los interlocutores sociales.

5.1

Según el último informe sobre los progresos del programa «Educación y Formación 2010» (3), la Unión Europea no puede ignorar su retraso en materia de educación ni la dificultad que entraña ofrecer a las empresas personas que cuenten con formación básica y con competencias especializadas suficientes para responder a los desafíos tecnológicos y a la globalización actual. A tal efecto, es necesaria la movilidad intraeuropea, al igual que el aprendizaje de idiomas, en el marco de la estrategia europea en favor del multilingüismo. Por consiguiente, la adopción de un enfoque cruzado para la cuestión de las relaciones entre empresas e instituciones de enseñanza debe entenderse como una necesidad, tanto para responder a los problemas como, sobre todo, para suprimir cualesquiera compartimentaciones en las políticas nacionales de educación y liberar, por fin, el potencial de integración europea en lo que respecta al potencial humano.

5.2

Las escuelas y universidades deben recibir más asistencia en sus intentos de no limitar su oferta a la formación inicial, sino de servir asimismo como proveedores de formación permanente. Por ejemplo, con la excepción de determinados Estados miembros, las instituciones educativas no pueden solicitar asistencia financiera para el desarrollo de recursos humanos en el marco de los programas estructurales. Sin embargo, las experiencias de los países en los que esto es posible demuestran que dicha iniciativa puede contribuir positivamente al refuerzo de las relaciones con las empresas, así como al desarrollo de la calidad general de la oferta educativa y de formación.

5.3

El principal defecto reconocido de los programas europeos es su falta de ambición, debido a la estrechez de los presupuestos. Por ello, en lugar de limitarse a proponer un «enésimo» programa europeo de carácter restringido y dirigido a un público muy marginal y elitista, tal vez conviniese adoptar un enfoque sistémico basado en mecanismos más simples (no burocráticos, como lo son con frecuencia los programas europeos) y más ambiciosos, caracterizados por:

5.4

La integración europea es una ventaja formidable para compartir experiencias y ampliar potenciales, a fin de ofrecer a nuestras instituciones de enseñanza un marco más amplio y más rico y procurar a las empresas un mercado interior que les brinde posibilidades de desarrollo. El proceso de Praga, en referencia a la Conferencia sobre el tema «Colaboración entre las instituciones de enseñanza y los empresarios» que se celebrará los días 6 y 7 de abril, en Praga, por iniciativa de la Presidencia checa, podrá ofrecer una dinámica política y un plan de trabajo operativo.

22.9.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/14

1.1

La movilidad en Europa debe seguir siendo una prioridad política para la UE, sobre todo en una época en que el continente afronta los desafíos de la mundialización y de las transformaciones tecnológicas al tiempo que experimenta una evolución demográfica negativa y las consecuencias de la crisis financiera y económica. El planteamiento adoptado para reforzar la movilidad deberá respetar las condiciones propias de los distintos Estados miembros, pero deberá ser objeto de una coordinación eficaz a nivel europeo, contar con un apoyo nacional y ser transparente. Las disposiciones adoptadas deberán contribuir a la creación de un nuevo concepto de movilidad justa y equilibrada, así como a fomentar el desarrollo de nuevas formas de movilidad.

1.2

El CESE suscribe el plan de acción de la Comisión Europea para la movilidad del empleo (2007-2010), y considera que se trata de un instrumento que permite suprimir los obstáculos que persisten y lograr los objetivos fijados en la estrategia europea para el crecimiento y el empleo.

1.3

El Comité se felicita asimismo de la intención de la Comisión Europea de publicar en 2009 un Libro Verde sobre la movilidad de los jóvenes, y espera con gran interés los resultados y las conclusiones del debate público.

1.4

El CESE aboga por que se aproveche plenamente el potencial del sistema europeo de movilidad del empleo EURES y se adopten otras medidas destinadas en particular a aumentar la calidad, la cantidad y la accesibilidad de los servicios e informaciones suministrados, así como a concienciar más a los ciudadanos europeos y, sobre todo, a las empresas europeas. Paralelamente, recomienda a la Comisión que analice los motivos que explican el escaso porcentaje correspondiente a determinadas categorías de trabajadores, concretamente el de los trabajadores escasamente cualificados o sin cualificación, en el número total de usuarios del portal.

1.5

El CESE pide a los Estados miembros que integren la dimensión de la movilidad en todas las decisiones políticas relacionadas con ella, y que, con arreglo a las Directrices integradas para el crecimiento y el empleo (1), incluyan los objetivos fijados en sus estrategias nacionales y en sus programas nacionales de reforma. Los Estados miembros deberían esforzarse por establecer programas de política activa del mercado laboral que favorezcan la movilidad.

1.6

En líneas generales, el CESE está a favor de realizar un esfuerzo en aras de la coordinación más eficaz posible de la seguridad social, y felicita a la Presidencia francesa por los resultados satisfactorios obtenidos en la negociación de las modificaciones del Reglamento 883/2004 (2) de conformidad con las conclusiones del debate sobre el reglamento de aplicación. El CESE insta nuevamente a que se adopte cuanto antes este mismo reglamento de aplicación, con el fin de que la mejora y la simplificación que aportan a la movilidad en la UE puedan tener efecto lo antes posible.

1.7

En lo que se refiere a la aplicación del Reglamento 883/2004, el Comité recomienda que en uno de sus dictámenes futuros se aborde la coherencia de este texto con el Reglamento 1612/68 CEE (3), con la Directiva 2004/38/CE y con las sentencias correspondientes del TJCE, en aras de una mayor transparencia, seguridad jurídica y del respeto del principio de igualdad por parte de los Estados miembros.

1.8

Aunque acoge favorablemente la propuesta de directiva sobre la portabilidad de los derechos en el marco de los sistemas profesionales de pensiones (4), lo cual representa una nueva contribución de la Comisión Europea para aumentar la movilidad transfronteriza en la UE, el CESE expresa sus reservas sobre su contenido. El Comité considera que, en realidad, el contenido de la directiva no contribuirá a eliminar los principales obstáculos a la movilidad transfronteriza en lo que se refiere a la portabilidad de los derechos de pensión y su doble imposición. Además, la propuesta contiene otras disposiciones que conllevan un aumento de los costes de gestión de los sistemas de pensión y ponen en peligro su desarrollo futuro.

1.9

De acuerdo con los resultados del informe de julio de 2008 sobre las ventajas del Europass, el Comité recomienda a la CE que analice la causa del escaso porcentaje de personas escasamente cualificadas en el número de usuarios. El Comité insta asimismo a que se aproveche plenamente el potencial de todos los instrumentos del Europass, y, en particular, del Europass Movilidad, mediante una coordinación europea más enérgica, un apoyo nacional, la participación de todos los agentes interesados y una mayor transparencia. En lo que se refiere al marco europeo de certificaciones (MEC), el Comité considera importante crear vínculos con el sistema europeo de transferencia y acumulación de créditos en el ámbito de la enseñanza superior, de la enseñanza profesional y de la formación. Para que el MEC pueda aportar un valor añadido, conviene que siga siendo sencillo, inspire confianza y ayude eficazmente a las empresas a encontrar la mano de obra extranjera que necesitan.

1.10

El CESE toma nota con interés del segundo informe de la Comisión Europea de 18 de noviembre de 2008 sobre la aplicación de períodos transitorios para los nuevos Estados miembros, y hace un llamamiento a todos aquellos que siguen aplicando un régimen transitorio para la libre circulación de personas para que respeten las conclusiones de este informe, así como los procedimientos derivados de los Tratados. Se trata de una condición previa para permitir aplicar el concepto de «movilidad justa» (en inglés: fair mobility), evitar el dumping social y el trabajo clandestino.

1.11

El Comité acoge con satisfacción, por una parte, la decisión de la Comisión relativa a la creación de un comité de expertos para los trabajadores desplazados, que abordará las cuestiones técnicas vinculadas a la aplicación de la directiva, así como, por otra parte, la invitación que se hace a los interlocutores sociales europeos para elaborar un análisis común del efecto de las decisiones del TJCE.

1.12

El Comité llama la atención sobre el retraso en la aplicación de la Directiva 2005/36/CE relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales en los Estados miembros (fecha de su entrada en vigor: 27.10.2007).

1.13

El CESE considera que la propuesta legislativa que ahora presenta la Comisión Europea para facilitar la migración económica de los ciudadanos de terceros países representa un esfuerzo adicional realizado por la Comisión para fomentar la movilidad y las migraciones económicas en Europa. Los derechos y obligaciones para los nacionales de terceros países que contiene esta propuesta de Directiva sobre la base de la igualdad de trato constituyen una buena base de partida para la legislación de inmigración, que debe hacerse extensiva a todas las categorías de trabajadores inmigrantes. Para el CESE, las medidas transitorias que limitan temporalmente la libre circulación de los trabajadores nacionales de los nuevos Estados Miembros son una excepción que debe ser superada rápidamente. (5)

1.14

El CESE respeta plenamente la autonomía de los interlocutores sociales europeos y prevé que estos últimos contribuirán activamente al aumento de la movilidad con el fin de mejorar la situación en los mercados de trabajo y reforzar la competitividad de la UE.

1.15

El Comité pide a los Estados miembros y a la Comisión que colaboren para elaborar, aplicar, efectuar el seguimiento y evaluar unos programas de reinserción social que estarían dirigidos, sin discriminación alguna, a los ciudadanos y sus familias que regresan al Estado en que se encontraba su domicilio o residencia tras haber trabajado durante un tiempo en otro país de la Unión.

2.1

La Comisión Europea designó 2006 como «Año europeo de la movilidad de los trabajadores». Esta iniciativa tenía por objetivo concienciar más a los ciudadanos europeos sobre las oportunidades de empleo dentro de la UE, así como sobre sus derechos y sus prerrogativas.

2.2

La movilidad de los ciudadanos, que adopta la forma de derecho a la libre circulación, está consagrada en el Derecho primario de la Comunidad Europea; además, constituye uno de los grandes objetivos de la Estrategia de Lisboa y una de las recomendaciones de las directrices integradas para el crecimiento y el empleo. (6)

2.3

Esta iniciativa, que se alinea con numerosas acciones emprendidas anteriormente por la UE, en particular, el Plan de acción sobre las capacidades y la movilidad  (7) adoptado por la Comisión en 2002, ha desembocado en el nuevo Plan de acción europeo de movilidad laboral (2007-2010) (8) que refleja la nueva realidad y los retos que afronta Europa en la actualidad.

2.4

El lema principal de la Presidencia de la UE, que ostenta la República Checa durante el primer semestre del año 2009, es «Europa sin barreras». Por este motivo, y con el objetivo de determinar las barreras que persisten en distintos ámbitos del mercado interior de la UE, la Presidencia checa ha pedido al CESE que elabore cuatro dictámenes exploratorios. Uno de los ámbitos examinados es el de la movilidad de la mano de obra en Europa.

2.5

La Presidencia checa continuará los esfuerzos encaminados a aumentar la movilidad de los trabajadores en Europa. En el marco de sus prioridades, velará especialmente por aplicar en la medida de lo posible la libre circulación de trabajadores en la UE, fomentar y aumentar la movilidad profesional y geográfica de la mano de obra en el contexto del mercado único, y continuar la modernización de la reglamentación sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social aplicables a los trabajadores migrantes.

2.6

La Presidencia checa destaca que los períodos transitorios actualmente aplicables a la libre circulación de trabajadores tienen efectos negativos. Considera que la plena realización de las potencialidades de la mano de obra y la flexibilización del mercado europeo del empleo constituyen elementos esenciales de la Estrategia de Lisboa.

3.1

Del informe de la Comisión sobre el empleo en Europa en 2008 se desprende que la vigorosa tendencia de la economía, que se inició en la Unión Europea en 2006, dio en 2007 unos resultados prometedores: crecimiento del PIB del 3,1 % y creación de 3,5 millones de nuevos puestos de trabajo. El empleo aumentó en todos los Estados miembros de la UE, salvo en Hungría, y la tasa media de empleo en la UE fue del 65,4 % para el año 2007. La tasa de desempleo se estabilizó por debajo del 10 %, con la excepción de Eslovaquia. Las dos ampliaciones de la UE en 2004 y en 2007 tuvieron un efecto positivo en la economía europea y no perturbaron los mercados laborales de la UE-15. Las estadísticas también indican una sinergia entre los resultados del mercado laboral, la productividad y la calidad del empleo.

3.2

En 2008 la UE se vio duramente afectada por una crisis financiera mundial. Los hogares y las empresas están sometidos a una fuerte presión, al igual que los mercados laborales. Las previsiones económicas indican una tendencia al crecimiento cero y riesgos de depresión de la economía de la UE para 2009. La zona euro y algunos Estados miembros ya han entrado en recesión. En el mes de diciembre, el Consejo de la UE aceptó un Plan Europeo de Recuperación Económica  (9), que contiene diez medidas que afectan a cuatro ámbitos prioritarios, incluida una iniciativa europea de gran alcance para apoyar el empleo.

3.3

El reto permanente que afrontan Europa y la UE es la actual tendencia negativa de la demografía y del envejecimiento de la mano de obra, que en el futuro tendrá un efecto fundamental en la competitividad de Europa. Para remediar esta situación, hay que adoptar un planteamiento a la vez complejo y, dada la situación actual de la economía, sumamente delicado. Los distintos Estados conciben sus propios paquetes de políticas destinadas a reforzar el funcionamiento de mercados de trabajo incluyentes. Se presta una atención especial a los sectores vulnerables en el mercado de trabajo, esto es, a los trabajadores mayores, los jóvenes, los inmigrantes y las personas con discapacidad. En este contexto, las comunicaciones de la CE muestran que la UE tiene todavía que avanzar en la aplicación de la legislación vigente relativa a la aplicación del principio de no discriminación (10).

3.4

Por este motivo, volver a dinamizar los mercados laborales europeos y contribuir a la movilidad de la mano de obra en Europa seguirán siendo en el futuro uno de los principales componentes de la estrategia europea para el empleo. Pese a todas las iniciativas y acciones de la Comisión Europea y de los Estados miembros, la movilidad en la UE sufre continuos retrasos en relación con los objetivos que se asignaron a la UE en Lisboa (en el año 2000), a saber, convertir a Europa en la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo.

3.5

El nuevo plan de acción de la Comisión Europea en favor de la movilidad para los años 2007 a 2010 tiene por objetivo analizar la situación tomando en consideración los desafíos relacionados con la mundialización, el cambio demográfico y el desarrollo de nuevas tecnologías, luchar contra los obstáculos a la movilidad en Europa, poner de relieve nuevas tendencias en los modos de movilidad y definir las acciones necesarias.

3.6

En su plan, la Comisión Europea se concentra en particular en los siguientes aspectos:

3.7

La Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo, Eurofound, que forma parte de las agencias de la Comisión Europea que funcionan sobre una base tripartita, se ha convertido en una plataforma única para los análisis e investigaciones relativos a la ayuda a la movilidad en Europa, la constatación de los obstáculos existentes, y los nuevos desafíos vinculados a los cambios que se producen en los mercados de trabajo.

3.8

El Comité Económico y Social Europeo no ha elaborado hasta ahora ningún dictamen complejo sobre la movilidad y los obstáculos a los que ésta se enfrenta en Europa. En el marco de sus actividades como órgano consultivo de la Comisión Europea, el CESE ha reaccionado sin ambigüedad sobre este asunto ante todos los mensajes e iniciativas de esta última relacionados con la circulación de trabajadores en Europa, y ha elaborado una serie de dictámenes importantes (13).

3.9

Los interlocutores sociales también desempeñan una función esencial. Consideran que la movilidad en Europa y la supresión de los obstáculos a que se enfrenta tienen una importancia capital, y han incluido esta problemática en su Programa de trabajo común para el período 2003-2005. Otras iniciativas afines que han desarrollado y textos que han elaborado conjuntamente también han contribuido a identificar algunos obstáculos a la movilidad en la UE.

—

los ciudadanos europeos siguen considerando que su «libertad para desplazarse y trabajar en la UE» constituye la principal ventaja y logro de la construcción europea (53 % de las personas encuestadas);

—

pese al fuerte apoyo que prestan las instituciones y los ciudadanos de la UE a la idea de movilidad en Europa, persiste la inquietud en los Estados miembros sobre las posibles consecuencias que podría tener una migración económica desde los nuevos Estados miembros;

—

sólo un 2 % de los trabajadores europeos (UE-25) ha nacido en un Estado miembro distinto del Estado donde ocupa actualmente un puesto de trabajo;

—

casi un 4 % de la población europea ya ha residido en otro Estado miembro, mientras que un 3 % de los ciudadanos ha vivido en un momento dado fuera de la UE.

—

unos conocimientos lingüísticos limitados,

—

unas competencias y conocimientos poco o insuficientemente desarrollados,

—

un reconocimiento insuficiente de la formación y las cualificaciones profesionales adquiridas en otros Estados miembros,

—

los obstáculos jurídicos y administrativos,

—

las dificultades que encuentran los cónyuges para encontrar un puesto de trabajo duradero,

—

la dispersión de las informaciones relativas a las ofertas de empleo y la falta de transparencia sobre las posibilidades de formación y empleo,

—

unas malas infraestructuras de transporte,

—

la escasez de ofertas en el mercado de la vivienda, y los precios vigentes en este mercado,

—

desde hace poco tiempo, la pérdida de confianza y la xenofobia.

5.4.1

En primer lugar, sería conveniente asegurar una mayor concienciación sobre los obstáculos a la movilidad geográfica y profesional y las medidas de apoyo destinadas a suprimirlos. Si bien es cierto que estos últimos años se han realizado esfuerzos en Europa para identificar los obstáculos a la movilidad de los trabajadores y eliminarlos, sería conveniente que los estudios elaborados tanto a escala europea como a nivel de los Estados miembros permitiesen conocer mejor la importancia, las características o incluso los momentos determinantes de los factores que obstaculizan la movilidad económica y evaluar su impacto económico.

5.4.2

En segundo lugar, es fundamental aplicar la filosofía de la flexiguridad en los mercados del empleo en Europa. La experiencia demuestra que los países que aplican eficazmente esta filosofía disfrutan de una mayor adaptabilidad a los cambios de carácter mundial. En este contexto, la movilidad debe entenderse como uno de los elementos que permiten lograr una mejora del empleo, de la adaptabilidad de los trabajadores y de la competitividad de las empresas en un contexto globalizado. La organización del trabajo debe responder mejor a las necesidades de las empresas y de los trabajadores, y de este modo puede contribuir de manera significativa a la creación de nuevas formas de movilidad.

5.4.3

En tercer lugar, es indispensable adaptar los sistemas de formación a las necesidades del mercado del empleo. Debe consolidarse el planteamiento relativo a un sistema eficaz de aprendizaje permanente. Actualmente, los mercados del empleo experimentan cambios cada vez más rápidos y demandan nuevas cualificaciones. Un número creciente de personas habrá de adaptarse a la evolución de su puesto de trabajo y de su carrera, sobre todo adquiriendo cualificaciones nuevas y diversificadas. Por lo tanto, los individuos deben estar en condiciones de poder desarrollar y mejorar sus competencias para seguir siendo aptos para el empleo y adaptarse a la evolución del mercado laboral. Algunas iniciativas deberían ser prioritarias en este contexto; en particular, se trata de:

5.4.4

En cuarto lugar, hay que seguir desarrollando los sistemas de protección social para que resulte más interesante y más fácil para los trabajadores evolucionar entre los distintos estatus propios de los mercados del empleo en la UE y que los ciudadanos no se vean impedidos a desplazarse a otros Estados miembros para encontrar allí un mejor puesto de trabajo. También aquí el CESE se remite a su dictamen sobre el principio de flexiguridad, sobre todo cuando se trata de hacer hincapié en la mejora de las posibilidades de empleo de los ciudadanos para permitirles adaptarse mejor a la evolución del mercado del empleo y aceptar ofertas de empleo de mejor calidad. En resumidas cuentas, se trata de privilegiar la creación de empleo, de ayudar a los trabajadores que cambian de carrera, y reforzar así sus oportunidades de éxito en el mercado del empleo. La experiencia demuestra que, en la actualidad, en vez de optar por un aumento pasivo de las prestaciones, el principal objetivo consiste en facilitar el empleo de las personas mediante la supresión de los obstáculos administrativos e invirtiendo a la vez en las competencias y en políticas de empleo activas.

5.4.5

En quinto lugar, sería conveniente solventar los obstáculos legislativos, administrativos y fiscales que limitan la movilidad geográfica y profesional:

5.4.6

En sexto lugar, los ciudadanos europeos deberían disfrutar de un acceso sencillo a informaciones de calidad sobre las posibilidades de empleo y de formación. Aunque se dispone de gran cantidad de datos relativos a las condiciones de vida y de trabajo, no se otorga prioridad a los datos correspondientes a las posibilidades de formación y empleo; estos datos a menudo no existen o son difícilmente accesibles. El sistema de información europeo que presenta las posibilidades de empleo y de formación es fundamental para permitir a los ciudadanos y a las empresas elegir la opción adecuada cuando se trata de desarrollar las capacidades, aprovechar las oportunidades, y potenciar así la movilidad profesional. En este contexto, el sitio web de EURES puede desempeñar un papel importante y positivo. No obstante, este sitio adolece actualmente de falta de visibilidad y de una escasa sensibilización no sólo con respecto a los ciudadanos, sino sobre todo a las empresas. En este contexto, convendría privilegiar la mejora de la información relativa a asuntos específicos como las modificaciones o las adaptaciones que experimentan las prestaciones sociales (en función de que sean estatutarias o complementarias) en caso de movilidad profesional y geográfica. Por ejemplo, en lo que se refiere a los sistemas profesionales de pensión, sería útil poder acceder a informaciones sobre el nivel de los derechos adquiridos, el régimen fiscal aplicado, las condiciones de transferencia y los costes y las ventajas de cada una de las alternativas, etc. (18).

5.4.7

Por último, y a fin de facilitar la movilidad, deberán desarrollarse iniciativas destinadas a mejorar las condiciones de acceso a la vivienda y las infraestructuras de transporte. Es esencial que los ciudadanos puedan encontrar una vivienda asequible y adecuada en los lugares donde se encuentran las posibilidades de empleo. Además, para que los trabajadores tengan una mayor movilidad, deberán existir disposiciones que favorezcan necesariamente la existencia de infraestructuras de transporte eficaces y flexibles. Los Estados miembros deberían, en colaboración con las empresas, prestar atención a los gastos derivados de la inmigración, crear y desarrollar sistemas incentivadores destinados a los solicitantes de empleo móviles (en inglés: mobile job seekers).

22.9.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/24

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ayuda al envejecimiento activo;

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introducción de incentivos, tanto para los trabajadores de edad avanzada como para las empresas que los empleen, en las políticas gubernamentales de los Estados miembros, que animen a los trabajadores mayores a permanecer en el mercado de trabajo;

—

mejora de las condiciones de vida y de trabajo (en particular, en el trabajo físico);

—

utilización de soluciones institucionales en el mercado de trabajo para adaptarlo mejor a la contratación de trabajadores mayores.

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el sistema fiscal y de jubilación de los Estados miembros;

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las condiciones de empleo de las personas de edad avanzada desde el punto de vista de los trabajadores y los empleadores;

—

el sistema de aprendizaje a lo largo de toda la vida de los trabajadores a partir de 50, e incluso de 45 años (incluida una formación profesional permanente).

—

mantener la motivación y la creatividad de los trabajadores mayores,

—

adaptación al ritmo de trabajo para, con el paso de los años, evitar que los trabajadores «se quemen»,

—

construir relaciones laborales entre los trabajadores de distintos grupos de edad.

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la información que los datos estadísticos sobre los trabajadores de edad avanzada transmiten a la UE;

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la necesidad y justificación de un planteamiento positivo respecto a los trabajadores de edad avanzada;

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la influencia que ejercen los sistemas actuales de jubilación anticipada en el nivel de empleo de las personas de edad avanzada;

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las causas de la reducción de la tasa de empleo de los trabajadores de edad avanzada antes del año 2000;

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los enfoques previstos y aplicados para aumentar su tasa de empleo laboral y aplazar la edad de abandono del mercado laboral, incluida su posible inclusión en mecanismos de flexiguridad;

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la papel que desempeñan los trabajadores de edad avanzada para la adquisicón y el perfeccionamiento de competencias;

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la conciliación de la vida profesional, familiar y personal de los trabajadores de edad avanzada, así como la promoción de la solidaridad entre generaciones;

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la calidad de la vida profesional, la productividad y el nivel de empleo de los trabajadores de edad avanzada en el contexto de la globalización y de los cambios demográficos.

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Sistema I: apoyo del envejecimiento activo;

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Sistema II: incentivos financieros frente a los trabajadores de edad avanzada que abandonen el mercado de trabajo;

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Sistema III: mecanismos generales del mercado laboral que contribuyan a adaptar el empleo de trabajadores de edad avanzada a dicho mercado.

—

una reestructuración de su empresa o la escasa competitividad de la misma, así como los cambios en el mercado mundial de trabajo y servicios,

—

su estado de salud, la necesidad de cuidar de terceras personas,

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la falta de cualificaciones y competencias adecuadas para utilizar las tecnologías modernas, incluidas las TIC,

—

debido a su convicción íntima de carecer de capacidades de adaptación, entre las cuales las más importantes son la motivación y la capacidad de aprender.

—

la participación e inclusión, es decir, la participación de trabajadores de edad avanzada en todos los programas de formación impartidos por la empresa y su cooperación para ofrecer formación práctica en el trabajo. Además, los trabajadores mayores con cualificaciones especiales pueden continuar en la empresa después de alcanzar la edad normal de jubilación,

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los cursos de «reciclaje», impartidos en el lugar de trabajo, sobre tecnologías, dirigidos a los trabajadores mayores que no pudieron participar en su momento en formaciones sobre el proceso de producción y que se sienten menos involucrados en dicho proceso. El marco de acción común de los interlocutores sociales para el reconocimiento de las competencias y las cualificaciones, la formación permanente y la formación de adultos brindan posibilidades a tal efecto (7),

—

los cursos especializados de informática e Internet para las personas mayores de 50 años, gracias a los cuales los trabajadores de edad avanzada, jubilados y sus organizaciones se implican en la utilización de TIC. Es fundamental que los cursos se adapten a las necesidades de las personas mayores (por ejemplo, caracteres más grandes, un portal «Web para personas mayores», etc.).

—

seminarios informativos consagrados a cuestiones de interés para las personas mayores;

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ferias del trabajo y las carreras profesionales, incluidos los «cafés para mayores de 50 años» o los centros de trabajo dirigidos a las personas mayores;

—

anuncios en lugares frecuentados por personas mayores, en sus medios de comunicación favoritos; en estas iniciativas es preciso evitar el uso de expresiones que puedan resultar peyorativas para esas personas: «de edad avanzada», «jubilado», etc., y utilizar, por el contrario, términos como «maduro», «con experiencia», «sólido», etc.;

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creación de «grupos de trabajo de trabajadores mayores» en las empresas con el fin de elaborar iniciativas adecuadas para atraer a personas mayores con experiencia; también se pueden organizar fiestas en los locales de las empresas e invitar a jubilados y antiguos trabajadores, así como animar a esas personas con correo personalizado o con conversaciones telefónicas a que se reincorporen a la empresa, etc.

—

aumento de las competencias generales de la mano de obra y de su receptividad a la innovación;

—

la presencia de trabajadores mayores bien remunerados en las empresas favorece que los trabajadores más jóvenes reconozcan el mayor potencial que tienen sus carreras profesionales;

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mejor calidad y organización de los productos y servicios;

—

garantía de un nivel adecuado de competencias, del potencial de desarrollo profesional y de las posibilidades ofrecidas por la reagrupación interna de los trabajadores.

—

toma de conciencia sobre cuestiones relacionadas con la edad,

—

existencia de un marco político nacional que apoye la gestión de la edad,

—

planificación y aplicación prudentes,

—

cooperación de todas las partes interesadas en concienciar sobre cuestiones relacionadas con la edad,

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evaluación y estimación de los costes y beneficios.

—

participación de los interlocutores sociales en la negociación de medidas relativas a los trabajadores de edad avanzada en los convenios colectivos celebrados a escala empresarial, sectorial o intersectorial; estas medidas pueden incluir pactos sociales, disposiciones específicas en reglamentos laborales y otros acuerdos bilaterales o multilaterales;

—

participación de todas las partes interesadas en la elaboración y redacción de normas jurídicas nacionales (y europeas) encaminadas a animar a los trabajadores de 50 años o más a permanecer en el mercado de trabajo y a estimular a los empleadores para que conserven en la empresa o contraten a personas de edad avanzada;

—

diseño y aplicación de sistemas y estructuras de redes encaminadas a identificar situaciones y factores característicos generales de los trabajadores de edad avanzada;

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gestión de la diversidad en las empresas (o en los grupos de empresas) orientada a grupos de edad concretos de trabajadores mayores (entre otros, la gestión de la diversidad de edad o la gestión de la diversidad de competencias);

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aplicación de modelos de sistemas de asesoramiento para los trabajadores de más de 50 años y sus empleadores, que se centren en desarrollar subsistemas para evaluar la necesidad de competencias de los trabajadores en determinados sectores, empresas, regiones e, incluso, países;

—

utilización de sistemas de asesoramiento para los trabajadores en el ámbito de la planificación de formaciones, cursos y otras medidas educativas y de perfeccionamiento, en particular aquellas dirigidas a las personas mayores;

—

desarrollo de sistemas de asesoramiento para las empresas y los directivos en materia de mejora de la adaptabilidad, competitividad y productividad de las empresas durante periodos de transición inducidos por la gestión de la diversidad de edad o la gestión de los recursos humanos con utilización de las tecnologías de la información;

—

creación y desarrollo de estructuras y sistemas de redes (sectoriales, territoriales, combinadas, de agrupación de representantes de las partes interesadas, etc.) y observatorios de las competencias y puestos de trabajo que supervisen el acceso de las personas mayores al mercado de trabajo (teniendo en cuenta sus aptitudes) y los procesos de reestructuración. Estos observatorios pueden abarcar sectores, unidades territoriales o regiones (incluso transfronterizas).

22.9.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/32

1.1

Las relaciones UE-EE.UU. se desarrollan actualmente en un entorno nuevo que presenta retos y expectativas cada vez mayores. La elección del Presidente Obama ha generado grandes expectativas en todo el mundo y un renovado optimismo sobre las posibilidades de las relaciones transatlánticas. En muchos ámbitos, desde una respuesta común a la actual crisis financiera y económica, la cuestión del cambio climático o el fomento de los derechos humanos, hasta las relaciones económicas bilaterales, existen verdaderas esperanzas de que la UE y los Estados Unidos trabajen juntos y aporten liderazgo.

1.2

La sociedad civil europea y americana y los interlocutores sociales deben desempeñar un papel clave para contribuir a esta cooperación renovada mediante su carácter representativo o su experiencia en un ámbito determinado.

1.3

El CESE insta a los políticos de la UE a aprovechar la oportunidad e impulsar, de conformidad y en cooperación con los Estados Unidos, las reformas necesarias en el sistema de las Naciones Unidas, la OMPI (1), la Corte Penal Internacional, el G8, el G20, la OMC, el Banco Mundial, el FMI y el refuerzo de la OIT para hacer que estas instituciones sean más eficaces en la resolución de los retos a largo plazo que se derivan de un mundo globalizado y de la actual crisis financiera mundial.

1.4

Dada la gravedad de la crisis económica y financiera, debe intensificarse la cooperación económica transatlántica. Como primer paso, la UE y EE.UU. han de coordinar mejor sus medidas monetarias y fiscales para estimular la economía global a través del G20. A continuación, han de trabajar juntos en la elaboración de un nuevo planteamiento común para lograr una regulación efectiva y eficaz del sistema financiero global, de modo que la economía deje de verse amenazada por la asunción de riesgos excesivos. A fin de transmitir una señal directa a los ciudadanos y las empresas es preciso definir reglas claras para el sistema financiero internacional en el marco de una gran reforma de los organismos económicos internacionales.

1.5

El objetivo del Marco para el desarrollo de la integración económica transatlántica –lograr una integración y un crecimiento económico transatlántico más profundos que beneficien a nuestros ciudadanos y a la competitividad de nuestras economías– debería alcanzarse bajo la supervisión del Consejo Económico Transatlántico.

1.6

La idea de la cooperación en materia de regulación ocupa un lugar central en dicho Marco. La Unión Europea y Estados Unidos comparten muchos de los valores que sustentan los planteamientos que utilizamos para regular nuestras economías, aunque no se han puesto de acuerdo en algunas cuestiones. La cooperación en materia de regulación implica colaborar desde el principio para buscar la identificación conjunta de problemas sociales, medioambientales y económicos, así como de sus soluciones. El CESE alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que, en el contexto de sus relaciones transatlánticas, defiendan el modelo social europeo basado en unos sistemas avanzados de protección social y en el diálogo civil y social.

1.7

El Consejo Económico Transatlántico (CET) debe desempeñar una importante tarea en el futuro cercano:

1.8

Para alcanzar estos y otros objetivos, es esencial que el proceso del CET continúe con la nueva Administración de los Estados Unidos y con la nueva Comisión y el nuevo Parlamento Europeo. El CESE hace un llamamiento al Presidente OBAMA para que actúe con diligencia en el nombramiento de un nuevo copresidente del CET por parte de Estados Unidos para que pueda proseguir su importante labor.

1.9

Los actuales desafíos económicos se verían enormemente agravados por una posible vuelta al proteccionismo en todo el mundo, como sucedió durante la depresión económica de los años treinta. El CESE insta a la UE y a EE.UU. a que trabajen juntos para cumplir los compromisos adquiridos a este respecto por los dirigentes del G20 el 15 de noviembre de 2008, y a que hagan todo lo posible para lograr una pronta y exitosa conclusión de la Ronda de Doha, así como para evitar la creación de nuevas barreras al comercio o a la inversión.

1.10

El CESE insta asimismo a la UE y a EE.UU. a trabajar juntos para disuadir a otros países de adoptar políticas que puedan limitar el acceso a la inversión o a los mercados de contratación, tal como por desgracia se ha propuesto en debates recientes celebrados en el Congreso. También espera que la UE y los EE.UU. aborden la cuestión de cómo se podría infundir un nuevo impulso al comercio mundial para mejorar las negociaciones comerciales globales mediante la incorporación de consideraciones sobre el desarrollo sostenible y normas sociales. El CESE acoge con agrado la preocupación del Presidente OBAMA por paliar los efectos negativos del ajuste comercial sobre determinados trabajadores o ciudadanos.

1.11

El CESE recomienda firmemente crear mecanismos de financiación para los diálogos transatlánticos (DET (2), DCT (3), DLT (4) y DMAT (5), así como incluir el DLT y el DMAT en el Grupo de Consejeros del CET.

1.12

El CESE insta a la UE y a EE.UU. a incrementar la accesibilidad y la apertura del proceso de diálogo transatlántico y a garantizar una mayor participación de las partes interesadas de la sociedad civil, también al margen de los cuatro diálogos.

1.13

El CESE solicita a la Comisión Europea que organice en un futuro próximo una reunión de partes interesadas transatlánticas al objeto de hacer balance de la nueva situación, intercambiar opiniones y coordinar las acciones que deben emprenderse con respecto a nuevas iniciativas. El CESE recuerda a la Comisión la sugerencia incluida en su Comunicación de 2005 sobre la organización de una conferencia tripartita en el ámbito de las relaciones laborales.

1.14

Por su parte, el CESE propone entablar contactos con los interlocutores económicos y sociales de EE.UU. y tiene la intención de supervisar de cerca la creación de grupos consultivos en el seno de la Administración estadounidense para identificar posibles homólogos sobre distintas cuestiones. El CESE va a explorar asimismo los modos de fomentar mejor el intercambio de conocimientos y experiencias con las partes interesadas de la sociedad civil estadounidense. A fin de realizar estas tareas, el CESE debería crear un grupo de contacto informal para supervisar las actividades del CESE en el ámbito de las relaciones transatlánticas.

1.15

El CESE considera oportuno y útil que entre la UE y Estados Unidos se intensifique la colaboración científica y cultural (diálogo cultural), como base para una mayor comprensión recíproca y una mayor colaboración política. La UE y Estados Unidos deben obrar conjuntamente para promover y favorecer la creatividad no sólo en el campo de la ciencia, la técnica y la innovación, sino también, y en particular, en el campo de la expresión artística, como base para propiciar nuevos valores, a fin de engrandecer y enriquecer a hombres y mujeres.

2.1

Las relaciones UE-EE.UU. se están desarrollando actualmente en un nuevo entorno y afrontan desafíos y expectativas crecientes. La elección del Presidente OBAMA ha creado grandes expectativas a nivel mundial y un optimismo renovado en las posibilidades de las relaciones transatlánticas. En muchos ámbitos –desde una respuesta común a la actual crisis económica y financiera, pasando por el problema del cambio climático o el fomento de los derechos humanos, hasta las relaciones económicas bilaterales– existen verdaderas esperanzas de que la UE y los EE.UU. trabajen juntos y aporten liderazgo. En su dictamen (6) de 2004, el CESE señalaba una serie de cuestiones, incluida la necesidad de mejorar la gobernanza global, que deberían incluirse en la agenda transatlántica. Los acontecimientos recientes confirman la importancia de la cooperación en este ámbito.

2.2

Los retos a que se enfrentan actualmente la UE, Estados Unidos y el mundo en general son serios, y es necesario un nuevo enfoque común para garantizar que la economía mundial deje para siempre de estar abierta a la depredación del capitalismo financiero no regulado. La economía transatlántica y global se encuentra sumida en la crisis económica más profunda de las últimas décadas, el fenómeno del cambio climático exige la acción de todos los actores para conseguir avances y es necesario resolver numerosos asuntos importantes de política exterior para promover la paz, la democracia y los derechos humanos en el mundo. Sin una cooperación UE-EE.UU. más profunda, nuestros esfuerzos por resolver estos problemas resultarán insuficientes.

2.3

La sociedad civil europea y los interlocutores sociales deben desempeñar un papel clave para contribuir a esta cooperación renovada mediante su carácter representativo o su experiencia en un ámbito determinado. Para que eso ocurra, resulta vital una mayor implicación con todas las partes interesadas por parte de los numerosos organismos políticos a través de los cuales la Unión Europea y el Gobierno de Estados Unidos mantienen un diálogo. La libre circulación de los ciudadanos representa otra etapa importante para mejorar las relaciones entre la UE y EE.UU., al fomentar el comercio, así como los intercambios culturales y sociales. La exención de visado entre los Estados miembros de la UE y EE.UU. debería continuar y convertirse en una de las prioridades políticas.

2.4

Hasta la fecha, las relaciones bilaterales entre la UE y EE.UU. se han desarrollado dentro del marco de la Declaración Transatlántica (7) de noviembre de 1990, seguida en 1995 por la Nueva Agenda Transatlántica (8) (NAT) y, en mayo de 1998, por la Asociación Económica Transatlántica (9) (AET). Un ulterior avance institucional fue la firma en abril de 2007 del Marco para el desarrollo de la integración económica transatlántica entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América (10), por el que se creó el Consejo Económico Transatlántico (CET) (11).

2.5

Hasta la fecha, todas las interacciones políticas se han centrado en temas de política exterior, economía y comercio más que en asuntos sociales y de sostenibilidad. Además, con contadas excepciones, la participación de las partes interesadas, que poseen una sólida tradición y presencia tanto en varios países europeos como a nivel de la UE, no constituye todavía un elemento sólido de las relaciones UE-EE.UU. Mientras se refuerza y mejora lo que funciona correctamente en este nuevo período de cooperación transatlántica, el CESE hace un llamamiento a la UE y a Estados Unidos para que se ocupen de estos ámbitos que deben mejorarse.

2.6

El dictamen no se va a ocupar de todos los aspectos de las relaciones transatlánticas. No abarcará a Canadá, y se centrará en algunos temas de las relaciones UE-EE.UU. como el multilateralismo, el comercio, la cooperación económica transatlántica, el cambio climático global y la implicación de las partes interesadas. Las relaciones entre la UE y Canadá deberán examinarse por separado en un nuevo dictamen del CESE.

3.1

En los últimos años, las relaciones UE-EE.UU. se han caracterizado por la disparidad de enfoque respecto de las instituciones multilaterales. Existen razones fundadas para creer que la nueva Administración de EE.UU. va a practicar una política de implicación más profunda, tanto con los socios aliados como con las organizaciones internacionales. El CESE insta a los políticos de la UE a aprovechar la oportunidad e impulsar, de conformidad y en cooperación con los Estados Unidos, las reformas necesarias para reforzar el sistema de las Naciones Unidas, incluida la OIT, la Corte Penal Internacional, la OMPI, el G8, el G20, la OMC, el Banco Mundial y el FMI, para hacer que estas instituciones sean más eficaces en la resolución de los retos a largo plazo que se derivan de un mundo globalizado y de la actual crisis financiera mundial. El CESE apoya la propuesta defendida recientemente por la Canciller Merkel en París en enero para incluir un Consejo de Seguridad Económica y Social en el sistema de las Naciones Unidas. Debería estar al mismo nivel que el Consejo de Seguridad.

3.2

Una de las enseñanzas extraídas de las relaciones UE-EE.UU. en los últimos años es que mientras la UE y Estados Unidos no sean capaces de llegar a un consenso no será posible resolver los problemas globales de envergadura. Para mejorar esta situación con la nueva Administración, la UE y los Estados Unidos deberían trabajar conjuntamente para definir sus estrategias comunes sobre muchas cuestiones relativas a la seguridad mundial y los derechos humanos.

3.3

La gobernanza transatlántica no constituye una alternativa, sino un complemento a las relaciones multilaterales tanto para la UE como para EE.UU. Continúan siendo los dos actores más importantes en la escena mundial y, por ende, necesitan colaborar si desean impulsar cualquier asunto en el ámbito internacional, ya se trate de la liberalización comercial dirigida o un mayor respeto por determinadas políticas de protección laboral o medioambiental.

3.4

El pleno cumplimiento y aplicación de los acuerdos multilaterales es vital para la capacidad de la UE y de EE.UU. de aportar liderazgo a nivel mundial. Para empezar, la UE, sus Estados miembros y EE.UU. deberían ratificar y aplicar todos los convenios de la OIT (12) y las resoluciones de la OMC.

4.1.1

En un momento en que el mundo se enfrenta a la crisis financiera más profunda y el clima económico más difícil de las últimas décadas es preciso intensificar la cooperación económica transatlántica. Como punto de partida, esto significa que las medidas monetarias y fiscales adoptadas por ambas partes deben aplicarse de manera coordinada para garantizar su eficacia en nuestras economías interconectadas. El CESE se muestra preocupado por que haya resultado insuficiente hasta ahora. La UE y EE.UU. deben mejorar su compromiso sobre estas cuestiones, sobre todo a través del G20 en colaboración con otros actores económicos importantes para hacer avanzar nuestras economías. El Plan de Recuperación y Reinversión de Estados Unidos adoptado en febrero de 2009 y el Plan Europeo de Recuperación Económica adoptado por el Consejo Europeo en diciembre de 2008 son sorprendentemente similares, aunque el plan europeo adolece de una unidad insuficiente en cuanto a su objetivo. Estos planes deberían aplicarse con el objetivo de que se complementen entre sí y evitar medidas proteccionistas.

4.1.2

El segundo paso hacia la recuperación es el desarrollo de un nuevo enfoque global para garantizar una regulación efectiva y eficaz del sistema financiero global, de modo que la economía no se vea nunca más amenazada por la asunción de riesgos excesivos. Ambas partes introducen medidas reguladoras, y se hace necesaria una estrecha coordinación para evitar divergencias innecesarias. Por esta razón resultan aún más importantes el CET y el Marco de 2007 que se encarga de aplicar.

4.2.1

El objetivo del Marco para el desarrollo de la integración económica transatlántica consiste en lograr «una integración y un crecimiento económico transatlántico más profundo que beneficie a nuestros ciudadanos y a la competitividad de nuestras economías». Eso debe lograrse bajo la supervisión del CET, que se reúne como mínimo una vez al año y cuenta con el mandato de «supervisar los esfuerzos descritos en el Marco, con el fin de acelerar el progreso», así como fijar objetivos intermedios y facilitar la actuación conjunta. Dicho mandato concede al CET una notable autoridad para impulsar la integración económica transatlántica, especialmente en tiempos de crisis.

4.2.2

En el lugar central de este Marco se encuentra la idea de la cooperación en materia de regulación. La Unión Europea y los Estados Unidos comparten muchos de los valores que sustentan nuestros planteamientos para regular nuestras economías. Compartimos el punto de vista consistente en que el objetivo de la regulación es garantizar altos estándares para proteger el medio ambiente, la salud y seguridad humana y animal así como la seguridad jurídica y económica. Creemos asimismo que la reglamentación debe lograr estos resultados de la forma más eficaz posible, causando el menor trastorno posible a la actividad económica, y tomar como base los conocimientos especializados de mayor calidad. Es cierto que existen diferencias, como demuestran los asuntos llevados ante la OMC, y algunas de estas diferencias son el resultado de actitudes distintas entre los ciudadanos. No obstante, en muchos casos la UE y EE.UU. adoptan planteamientos discrepantes simplemente debido a una consulta insuficiente (entre los reguladores y la sociedad civil). La cooperación en materia de regulación implica colaborar, también mediante los contactos con la sociedad civil, para determinar conjuntamente cuáles son los problemas sociales, medioambientales y económicos, así como sus soluciones.

4.2.3

Un ámbito que podría beneficiarse del mayor contacto con la sociedad civil es el de la seguridad alimentaria. Las relaciones entre la UE y EE.UU. se han visto alteradas durante mucho tiempo por una serie de discrepancias en este ámbito, por ejemplo en lo que se refiere a las normas relativas al uso de hormonas en la carne de vacuno o a los tratamientos antimicrobianos para los pollos. En estos casos, la UE no ha estado dispuesta aceptar las normas estadounidenses. También han surgido mayores discrepancias en lo que se refiere al uso de organismos modificados genéticamente en los alimentos.

4.2.4

Hasta la fecha, el CET se ha reunido en tres ocasiones, la última en Washington el 12 de diciembre de 2008. A pesar de su corta existencia, el CET ha conseguido avances importantes en ámbitos clave para la comunidad económica:

4.2.5

De cara al futuro, el CET tiene una labor importante que cumplir y la oportunidad de mejorar su funcionamiento.

4.2.6

Para alcanzar estos y otros objetivos, es crucial que continúe y se amplíe el proceso CET con la Administración de EE.UU., así como con la nueva Comisión y el nuevo Parlamento Europeo. El CESE espera que dicha Administración actúe con diligencia en el nombramiento de un nuevo copresidente del CET por parte de los Estados Unidos a fin de que pueda proseguir su importante labor.

4.3.1

Los actuales desafíos económicos se verían enormemente agravados por una posible vuelta al proteccionismo en todo el mundo, como sucedió durante la depresión económica de los años treinta. El CESE insta a la UE y a EE.UU. a que trabajen juntos para cumplir los compromisos adquiridos a este respecto por los dirigentes del G20 el 15 de noviembre de 2008, y a que hagan todo lo posible para lograr una pronta y exitosa conclusión de la Ronda de Doha, así como para evitar la creación de nuevas barreras al comercio o a la inversión. La UE y EE.UU. deberán trabajar juntos para lograr que los principales socios comerciales respeten los compromisos comerciales vigentes, ya que se está agudizando la tentación de proteger a las empresas nacionales, y sobre todo deberán dar ejemplo a otros a fin de disuadirlos de recurrir a políticas que puedan limitar el acceso a la inversión o a los mercados de contratación, en contraste con los resultados de los recientes debates celebrados en el Congreso de EE.UU. También espera que la UE y EE.UU. aborden la cuestión de cómo se podría infundir un nuevo impulso al comercio mundial para mejorar las negociaciones comerciales globales mediante la incorporación de consideraciones sobre el desarrollo sostenible y normas sociales.

4.3.2

Las opiniones de la nueva Administración de EE.UU. en este terreno se beneficiarán de una mayor clarificación para sus socios comerciales, pero en esta fase temprana parecen incluir un mayor énfasis en las cuestiones medioambientales y sociales relacionadas con el comercio, combinado con un enfoque abierto con respecto al comercio.

4.3.3

El CESE acoge con gran satisfacción este enfoque relativo al comercio internacional y recomienda que la UE apoye cualquier intención de impulsar los acuerdos comerciales que mejoren tanto la oferta como la demanda de buena gobernanza a escala nacional e internacional y aborden los derechos laborales y la protección del medio ambiente.

5.1

Los países europeos se encuentran desde hace tiempo a la cabeza en materia de políticas climáticas, y han estado a la espera de que Estados Unidos les acompañara con iniciativas ambiciosas. La nueva Administración estadounidense ha prometido dedicar ingentes esfuerzos a la lucha contra el cambio climático global. El CESE confía en que los EE.UU. adopten políticas innovadoras y audaces para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Además de tener prevista la implantación de un sistema de comercio con fijación previa de límites máximos (cap-and-trade) que restrinja las emisiones de dióxido de carbono (CO2), la Administración OBAMA probablemente aumentará la inversión en energías renovables. Debería aprovecharse a escala global la iniciativa para relanzar el crecimiento como una oportunidad para crear trabajos ecológicos y redirigir la inversión y la innovación en este sentido.

5.2

El CESE aplaude los planes del Presidente OBAMA de invertir en tecnologías eficientes y limpias en el país, al tiempo que utiliza las políticas estadounidenses de ayudas e incentivos a la exportación para ayudar a los países en desarrollo a saltarse la fase de desarrollo con uso intensivo de energía y emisión de carbono; el CESE aplaude asimismo su exigencia de contar con compromisos firmes y verificables para reducir las emisiones.

5.3

El CESE insta a los Estados Unidos a acudir a la Conferencia de las Naciones Unidas de Copenhague, en diciembre de 2009, con una postura negociadora firme y clara que permita aproximar los planteamientos de EE.UU. y la UE como preparación de un nuevo marco internacional para el protocolo post-Kyoto sobre limitación de emisiones. La UE espera un profundo compromiso y apoyo a las negociaciones de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

5.4

Por parte de la UE, para lograr un enfoque más coherente que permita cumplir sus objetivos climáticos, el CESE insta a los Estados miembros a alcanzar un consenso sobre la superación de las tensiones entre la competitividad económica y unos mayores sacrificios en favor del medio ambiente, y a no reducir la inversión en nuevas iniciativas de investigación en el ámbito de las nuevas tecnologías más ecológicas en medio de la crisis económica global.

5.5

El CESE insta tanto a la Comisión Europea como a la nueva Administración estadounidense a que garanticen la participación activa de las ONG y las redes medioambientales, así como de las partes interesadas de las empresas y los sindicatos, en los preparativos de la Conferencia de las Naciones Unidas que se celebrará en Copenhague en diciembre de 2009, y también a que vuelva a establecer el Diálogo Medioambiental Transatlántico (DMAT), que podría actuar como organismo coordinador para las partes interesadas medioambientales y como socio en estos preparativos.

6.1

La implicación de las partes interesadas en la toma de decisiones políticas tiene tradiciones distintas en la Unión Europea y en Estados Unidos. En la Nueva Agenda Transatlántica la UE y EE.UU. se comprometían a cooperar de forma sistemática, entre otros ámbitos, en la construcción de «puentes» personales a través del Atlántico. En consecuencia se establecieron varios diálogos de la sociedad civil entre grupos de trabajadores, consumidores y medioambientalistas.

Los Diálogos Transatlánticos establecidos durante la segunda mitad de los años noventa han mostrado una actividad y una implicación desigual en las estructuras de cooperación UE-EE.UU., sobre todo en las cumbres UE-EE.UU., que han estado centradas unilateralmente en el Diálogo Empresarial Transatlántico (DET). Además, el Grupo de Consejeros del Consejo Económico Transatlántico únicamente incluye el DET, el Diálogo Transatlántico del Consumidor (DCT) y el Diálogo de Legisladores Transatlántico (TLD). Los otros dos diálogos –el Diálogo Laboral Transatlántico (DLT) y el Diálogo Medioambiental Transatlántico (DMAT)– quedaron excluidos, sin consultar a las partes interesadas implicadas.

6.2

En este contexto, en su resolución de 8 de mayo de 2008 sobre el Consejo Económico Transatlántico, el Parlamento Europeo abogaba a favor de que se diera entrada al DLT y al DMAT en el Grupo de Consejeros. El CESE respalda decididamente esta petición del Parlamento Europeo y solicita al CET que revise sus modalidades de trabajo, que fueron aprobadas por los copresidentes del CET en Berlín el 28 de junio de 2007.

6.3

Las nuevas modalidades de trabajo también deberán incluir mejores disposiciones para facilitar la transparencia y la coordinación con los consejeros, incluido el acceso a los documentos y la recepción de las convocatorias de reunión con la antelación suficiente.

6.4

El CESE respalda el nuevo llamamiento del Parlamento Europeo en su proyecto de informe sobre el estado de las relaciones transatlánticas tras las elecciones estadounidenses en favor de un mayor entendimiento de las sociedades civiles de ambas partes (13). El CESE debe desempeñar un papel en este proceso.

6.5

Todos los diferentes grupos de interés participantes en los diálogos tienen experiencia previa en la construcción de redes transnacionales. Las iniciativas adoptadas por EE.UU. y la UE en los años noventa para reflejar las nuevas realidades de la integración europea también han creado nuevas oportunidades para las organizaciones de la sociedad civil transatlántica (14).

6.6

Los cuatro diálogos mencionados anteriormente iniciaron sus actividades con éxito y apoyo dispares por parte de los líderes políticos a ambos lados del Atlántico. El DCT está funcionando satisfactoriamente y se muestra muy activo en sus preparativos para las cumbres UE-EE.UU. y en la labor del CET.

6.7

Lamentablemente, el DMAT, tras unos inicios relativamente satisfactorios, fue suspendido al cabo de dos años de actividad. Existen razones sólidas a favor de su reconstitución para que aporte información al CET y a las cumbres UE-EE.UU. El CESE recomienda enérgicamente que se creen mecanismos de subvención suficientes para los diálogos y que se incluya el DLT y el DMAT (este último, tras su reconstitución) en el Grupo de Consejeros para el CET.

6.8

El CESE considera que las relaciones transatlánticas bilaterales tal vez no sean necesariamente la forma más natural de cooperación transnacional para determinadas organizaciones de la sociedad civil. Para los grupos sindicales y medioambientales, el foro transatlántico no sólo tiene que competir con asuntos nacionales, sino también con intereses globales, como el cambio climático o el derecho a organizarse en los países en desarrollo. No obstante, la implicación de una gama más amplia de partes interesadas en las relaciones bilaterales UE-EE.UU. proporciona apoyo popular y legitimidad democrática a todo el proceso. El CESE insta a la UE y EE.UU. a incrementar la accesibilidad y la apertura del proceso de diálogo transatlántico y a aumentar la implicación de las partes interesadas de la sociedad civil.

6.9

El CESE solicita a la Comisión Europea que organice en un futuro próximo una reunión con todas las partes interesadas que intervienen en las relaciones transatlánticas al objeto de hacer balance de la nueva situación, intercambiar opiniones y coordinar las acciones que deben emprenderse con respecto a nuevas iniciativas. El CESE ofrece una implicación activa en dicha iniciativa en lo concerniente a la participación de la sociedad civil.

6.10

En su Comunicación de 18 de junio de 2005 (COM(2005) 196), la Comisión formulaba algunas sugerencias interesantes, entre ellas el fomento del diálogo entre representantes de los interlocutores sociales de la UE y EE.UU., incluida una conferencia tripartita en el ámbito de las relaciones laborales. Estas sugerencias, que nunca se han puesto en práctica, deberían revisarse: los intercambios entre los interlocutores sociales de la UE y EE.UU. resultarían especialmente provechosos en el contexto de las propuestas formuladas en los Estados Unidos para aprobar una Ley de libertad de elección de empleados (Employee Free Choice Act).

6.11

El CESE iniciará contactos con los interlocutores económicos y sociales estadounidenses (empresas, sindicatos, agricultores, consumidores, etc.) para determinar su interés por organizar un diálogo sobre uno o dos asuntos específicos, como el cambio climático o el comercio y el desarrollo sostenible, que serían de interés mutuo a ambos lados del Atlántico. El objetivo de este diálogo consistiría en implicar a todas las distintas partes interesadas al mismo tiempo, a diferencia de los diálogos existentes que operan dentro de su propio ámbito y de sus correspondientes organizaciones. El CESE establecerá contactos con la Comisión Europea y la Administración estadounidense para conseguir su apoyo y determinar su interés.

6.12

El CESE seguirá de cerca la creación de grupos consultivos dentro de la Administración para identificar posibles homólogos en diferentes asuntos. El CESE reflexionará asimismo sobre cómo promover mejor el intercambio de conocimientos y experiencias con las partes interesadas de la sociedad civil estadounidense sobre temas de interés común. En este contexto, se propone que la Sección Especializada de Relaciones Exteriores cree un grupo de contacto informal, con carácter provisional, para supervisar la actividad del CESE en el ámbito de las relaciones transatlánticas. En el caso de que esta experiencia resultara satisfactoria, el grupo de contacto podría establecerse con carácter permanente y formal.

6.13

En su proyecto de informe, el Parlamento Europeo insiste en la necesidad de sustituir la NAT existente de 1995 por un nuevo Acuerdo de Asociación Transatlántica que proporcione una base más estable y actualizada para la relación (15). El CESE apoya enérgicamente este llamamiento y espera que, cuando se negocie este nuevo instrumento, los grupos de interés relevantes de la sociedad civil estadounidense y europea se incluyan desde el principio en el proceso. La inclusión de los actores de la sociedad civil organizada no haría sino fortalecer y mejorar las estructuras institucionales.

6.14

Un diálogo reforzado podría activar la sociedad civil a ambos lados del Atlántico, fomentando así unas redes eficaces y promoviendo un intercambio de opiniones dentro de y entre las redes transatlánticas de la sociedad civil, incluidos los diálogos; asimismo proporcionaría un acceso a alto nivel al Gobierno y fomentaría las relaciones entre estas redes y diálogos y el Gobierno o la Administración.

22.9.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/40

1.1

El acceso a la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental contemplado en la Carta Europea de los Derechos Fundamentales. Por ello, el CESE insiste en favorecer su acceso a los ciudadanos, en particular cuando se trata de reparar las infracciones a las normas de defensa de la competencia, cuyas víctimas no son sólo los propios competidores que respetan las reglas del juego, sino también los consumidores, las PYME y los trabajadores de las empresas implicadas en cuanto se ponen en peligro sus puestos de trabajos y su poder adquisitivo. El CESE acoge favorablemente el Libro Blanco de la Comisión, a la que apoya en este aspecto. Destaca la necesidad de la existencia de medios más eficaces que permitan que las víctimas de infracciones de las normas de defensa de la competencia reciban una plena compensación por todos los daños y perjuicios sufridos, a tenor de la jurisprudencia del TJCE. Un sistema equilibrado que tenga en cuenta los intereses de todos es esencial para la sociedad en su conjunto.

1.2

Se debe mantener como principio rector de la política de competencia que la Comisión y las autoridades públicas de competencia de los Estados miembros mantengan una firme aplicación en el ámbito público de los artículos 81 y 82 del Tratado CE. El Comité es consciente de las diferentes trabas y obstáculos existentes para la aplicación privada de los derechos individuales y colectivos por parte de las víctimas que demandan su plena compensación y acoge muy favorablemente los esfuerzos de la Comisión para abordar estos problemas. Estas demandas de reparación de daños constituyen un elemento necesario para la aplicación eficaz de los artículos 81 y 82 del Tratado CE que complementarán, pero no podrán sustituir ni poner en peligro la aplicación pública. Además, en el futuro una mejora de las normas de reparación privada tendrá efectos beneficiosos en términos de disuasión de futuras infracciones.

1.3

El CESE considera necesario un marco jurídico que mejore las condiciones jurídicas para que los afectados ejerzan conforme al Tratado su derecho a ser resarcidos por todos los daños sufridos por incumplimiento de las normas de competencia de la CE. Por ello, deben adoptarse a nivel comunitario y de los Estados miembros las medidas necesarias, vinculantes y no vinculantes, para mejorar los procedimientos judiciales en la Unión Europea y lograr una protección mínima satisfactoria del derecho de las víctimas. Los acuerdos extrajudiciales sólo pueden servir de complemento a los procedimientos judiciales. Dichos acuerdos pueden ser una alternativa interesante dado que ofrecen un procedimiento menos formal y menos costoso, siempre que las dos partes implicadas estén genuinamente dispuestas a cooperar y sólo si existe una posibilidad real de recurso jurisdiccional.

1.4

En cuanto a las acciones colectivas, el CESE considera necesario el establecimiento de mecanismos apropiados para su eficaz ejercicio, basándose en un planteamiento europeo, y en base a medidas enraizadas en la cultura y tradiciones europeas en materia jurídica, que faciliten el acceso a la justicia a las entidades habilitadas por la Ley y a los colectivos de víctimas. Las medidas de seguimiento deberían proporcionar las salvaguardas adecuadas contra la introducción de opciones que en otras jurisdicciones se han revelado más propensas a abusos. El CESE pide a la Comisión que establezca una coordinación con otras iniciativas para facilitar los recursos como, por ejemplo, la que está actualmente en marcha en la DG SANCO.

1.5

Las medidas del Libro Blanco cubren un marco jurídico complejo que afecta a los sistemas procesales nacionales y, entre otras cosas, a las disposiciones relativas a la legitimación procesal, las obligaciones de divulgación, la conducta culpable y el reparto de los costes.

1.6

En el acceso a las pruebas y la divulgación inter partes, debería basarse en el establecimiento de los hechos y en un control judicial estricto de la plausibilidad de la demanda y la proporcionalidad de la solicitud de divulgación.

1.7

El Comité pide a la Comisión que realice sin demora el seguimiento del Libro Blanco y proponga las medidas adecuadas para conseguir los objetivos de éste, al tiempo que respeta el principio de subsidiariedad, pero sin que la aplicación del mismo suponga un freno para la superación de los obstáculos existentes al acceso a los mecanismos efectivos de recurso que tienen las víctimas para resarcirse de las infracciones de los daños y perjuicios causados por las infracciones de las normas de competencia.

—

Legitimación: compradores indirectos y recurso colectivo

—

Acceso a las pruebas: divulgación «inter partes»

—

Efecto vinculante de las resoluciones de las autoridades nacionales de competencia (ANC)

—

Requisito de conducta culpable

—

Daños y perjuicios

—

Repercusión de los costes excesivos

—

Plazos de prescripción

—

Costes de las demandas de reparación de daños y perjuicios

—

Interacción entre los programas de clemencia y las demandas de indemnización por daños y perjuicios

—

Por un parte, la codificación, en un instrumento legislativo comunitario, del acervo comunitario relativo al alcance de los daños y perjuicios que pueden recuperar las víctimas de infracciones de las normas de competencia.

—

Por otra parte, la elaboración de un marco con una orientación no vinculante para la cuantificación de los daños y perjuicios, que puedan incluir métodos aproximativos de cálculo o normas simplificadas para el cálculo de la pérdida.

—

el plazo de prescripción no debe empezar a contar, si se trata de una infracción continua o repetida, antes del día en el que cese la infracción o que la víctima de la infracción tenga, razonablemente, conocimiento de la misma y del daño causado;

—

en todo caso, debe empezar a correr un nuevo plazo de prescripción de, por lo menos, dos años una vez que sea firme la resolución que declara la infracción en la que se basa un demandante de seguimiento.

3.6.1

Al ser una cuestión de interés público, la responsabilidad principal de la regulación de los mercados y de la aplicación de las normas de competencia en la UE debe mantenerse en manos de los poderes públicos. Así, el CESE considera que cualquier acción futura tiene que respetar el principio de aplicación efectiva de la normativa en el ámbito público, y facilitar al mismo tiempo a las víctimas de infracciones de las normas de competencia la reparación de los daños y perjuicios sufridos. La aplicación de la normativa en el ámbito público desempeña un papel fundamental en la lucha contra las conductas contrarias a la competencia, tanto más cuanto que la Comisión y las autoridades nacionales de competencia (ANC) disfrutan de prerrogativas únicas en materia de investigación y resolución de conflictos.

3.6.2

Mientras que la aplicación de la normativa en el ámbito público se centra sobre todo en la observancia de los textos y en la disuasión, el objetivo de las acciones de indemnización de daños y perjuicios es obtener la reparación íntegra de los daños y perjuicios sufridos. Esta reparación incluye la pérdida real, el lucro cesante y los intereses.

3.6.3

En el contexto de una evaluación de las medidas relacionadas con la reparación real e íntegra, el CESE espera que el marco previsto para facilitar el cálculo de los daños y perjuicios, tal como se describe en el Libro Blanco, defina unas orientaciones pragmáticas para uso de los tribunales de los Estados miembros.

3.7.1

Aunque es indispensable un marco más eficaz para que las víctimas de infracciones de las normas de defensa de la competencia puedan acceder a los tribunales, el CESE está de acuerdo en que la Comisión anime a los Estados miembros a que elaboren normas procesales que faciliten llegar a acuerdos transaccionales. Como alternativa a la vía judicial, los acuerdos extrajudiciales pueden desempeñar un papel complementario importante a la hora de indemnizar a las víctimas, sin por ello limitar de ningún modo el acceso a los tribunales. Podrían permitir alcanzar una solución equitativa más rápidamente, con un coste menor, en un clima de menor confrontación entre las partes, y a la vez reducir la carga de trabajo de los tribunales. Por tanto, el CESE pide a la Comisión que fomente el recurso a acuerdos extrajudiciales y que se mejore su calidad. No obstante, el CESE señala que las vías alternativas de solución de conflictos no son una alternativa real a la indemnización de las víctimas más que si existe además la posibilidad de poder plantear un recurso eficaz ante los tribunales de justicia, incluso de forma colectiva. Sin vías eficaces de recurso no hay suficientes incentivos para llegar a arreglos equitativos y rápidos de los conflictos.

—

por una parte, las demandas en representación, entabladas por entidades habilitadas (asociaciones de consumidores, asociaciones para la defensa del medio ambiente, asociaciones empresariales, asociaciones de víctimas), sobre cuya procedencia, en su mayor parte, se ha pronunciado el CESE (7);

—

por otra parte, las demandas colectivas en las que las víctimas deciden, de forma expresa, acumular en una las demandas individuales por los daños sufridos.

4.2.1

La reparación satisfactoria de quienes han sido víctima de infracciones de las normas de competencia –competidores que respetan las reglas del juego, consumidores, PYME y trabajadores de las empresas de que se trate, en la medida en que son víctimas indirectas de prácticas que ponen en peligro sus puestos de trabajos y su poder adquisitivo– constituye una preocupación primordial para el CESE, el cual se pronunció ya sobre la «Definición del papel y del régimen de las acciones colectivas en el ámbito del Derecho comunitario del consumo» en un dictamen de iniciativa (8). En consonancia con dictámenes previos, señala que la admisión de la necesidad de una vía de recurso va unida a la existencia de procedimientos apropiados para que sea posible reconocer y alegar esos derechos. La creación de una acción colectiva europea es una de las opciones posibles en el debate sobre cómo hacer efectivo este recurso. El CESE considera que las medidas de seguimiento deben ser equilibradas y proporcionar garantías eficaces para evitar abusos. Deben estar en consonancia con otras propuestas sobre recursos colectivos, como las que están actualmente en marcha en la DG SANCO, y deberían abordarse de manera coordinada y coherente a fin de evitar, en la medida de lo posible, una innecesaria duplicación de instrumentos jurisdiccionales que crearía enormes dificultades de transposición y de aplicación en los Estados miembros.

4.2.2

El CESE respalda el amplio consenso existente entre políticos y partes interesadas en Europa en cuanto a que la UE debe evitar el riesgo de que se produzcan los abusos que se dan en los EE.UU. Las medidas de seguimiento deberían reflejar las tradiciones culturales y jurídicas europeas, tener como único objeto la reparación y establecer un equilibrio justo entre las partes, tendiendo a un sistema que salvaguarde los intereses de la sociedad en su conjunto. El CESE pide que se eviten los pactos de cuota litis (contingency fees) y los sistemas que estimulan el interés económico de terceros.

4.3.1

Para un acceso efectivo a la prueba, que forma parte del derecho a la tutela judicial efectiva, el CESE considera que es positivo que se mantenga en toda la UE un nivel mínimo de divulgación «inter partes» en los casos de reparación de daños y perjuicios por infracción de las normas de competencia. Una ampliación de las facultades del juez nacional respecto de la obligación de revelar categorías precisas de pruebas pertinentes podría ayudar a alcanzar este fin, dentro de los márgenes ya establecidos en la jurisprudencia del TJCE y, en especial, respecto de su pertinencia, necesidad y proporcionalidad.

4.3.2

El CESE reconoce los obstáculos que encuentran las víctimas para probar su caso y acoge positivamente los esfuerzos de la Comisión por mejorar el acceso a las pruebas. Asimismo, subraya que no deben pasarse por alto las diferencias existentes entre los sistemas procesales de los Estados miembros. Las obligaciones de divulgación deberían subordinarse a garantías precisas y ser proporcionadas al caso.

4.3.3

El CESE pide a la Comisión que someta las obligaciones de divulgación a garantías muy precisas, dado que el reto consiste en mantener un sistema en el que se respete el equilibrio entre el acceso a las pruebas y los derechos de la defensa. El Comité señala que una supervisión estricta por parte de un juez puede ser útil a este respecto.

4.3.4

Cuando se declara, a nivel comunitario, una infracción de los artículos 81 u 82 del Tratado CE, las víctimas de la infracciones pueden, en virtud del artículo 16, apartado 1 del Reglamento (CE) no 1/2003, basarse en esa decisión como prueba vinculante en demandas civiles. El CESE considera que, en virtud del principio de equivalencia de los ordenamientos procesales, debería existir una norma similar para todas las resoluciones de las autoridades nacionales de competencia (ANC) que declaren una infracción del artículo 81 o del artículo 82.

4.4.1

En relación con las acciones colectivas que incluyan mecanismos del tipo «opt-in» (opción de adhesión expresa) y «opt-out» (opción de desvinculación expresa), el CESE se remite a las ventajas e inconvenientes que presentan estos mecanismos, tal como se describen en su dictamen de 14 de febrero de 2008 (9). En ese dictamen, el CESE señalaba en particular que la opción de adhesión expresa, aunque presentaba ciertas ventajas, era cara y difícil de gestionar, retrasaba el procedimiento y no resultaba adecuada para una gran parte de los consumidores, puesto que no disponían de suficiente información sobre la existencia de los procedimientos en cuestión. Por ello, el CESE hace notar que determinados Estados miembros han adoptado modelos diferentes de acceso a los tribunales, que incluyen tanto el sistema de la opción de adhesión previa como el de la opción de desvinculación posterior.

4.4.2

Estas observaciones rigen también para las «demandas de representación». Puesto que el Libro Blanco no sólo hace referencia a los perjudicados identificados, sino también a los identificables, no parece que estén excluidas las acciones interpuestas en nombre de un grupo de personas no identificadas. Aunque identificar individualmente a las víctimas puede contribuir a precisar las reclamaciones, pueden darse casos en los que resulte apropiado su ampliación a todos los posibles perjudicados, por ejemplo, cuando haya un gran número de afectados. El CESE propone que la Comisión aclare esta propuesta.

4.4.3

El CESE se remite a las recomendaciones que hizo en dictámenes previos sobre la importancia del papel de los jueces. Los jueces pueden recibir apoyo mediante una formación específica que les permita verificar mejor los criterios de admisibilidad y la valoración de las pruebas, así como su acceso a ellas, dado que, por definición, a presentación de demandas colectivas presupone la posibilidad de que esa misma demanda no se hubiese interpuesto de forma individual. Por tanto, el juez debe desempeñar un papel importante y activo a efectos de determinar qué reclamaciones son legítimas y de declarar su admisibilidad en una fase temprana del procedimiento.

4.4.4

Las asociaciones profesionales y de consumidores habilitadas son el candidato natural para representar a las víctimas en las demandas en representación. El Libro Blanco de la Comisión autoriza expresamente a las asociaciones profesionales habilitadas a que interpongan demandas en representación en nombre de sus miembros. Dado que otras organizaciones reconocidas que cumplan determinados requisitos podrían tener también razones legítimas para entablar demandas colectivas, deberá valorarse cuidadosamente si esto podría dar lugar a situaciones en las que se presentan demandas múltiples y concurrentes por los daños y perjuicios causados por la misma infracción. Debe recomendarse que las víctimas comparezcan con una única representación para dar eficacia a la demanda.

4.5.1

En principio, el CESE coincide con la Comisión en que las resoluciones definitivas de las ANC basadas en la existencia de una infracción previamente declarada por esa misma autoridad, en los asuntos de indemnización de daños y perjuicios, deben considerarse una presunción irrefutable de infracción. Considera que los tribunales nacionales son los más indicados para apreciar el nexo causal entre la infracción y la indemnización reclamada, y que deben seguir siendo los únicos exclusivamente facultados para hacerlo.

4.5.2

El CESE señala asimismo que el valor de las resoluciones definitivas de las ANC implica que debe prestarse la debida atención a la armonización de los controles y de las garantías procesales existentes en los Estados miembros.

4.6.1

En algunos Estados miembros la relación causal entre la conducta culpable y el daño es un elemento constitutivo de la responsabilidad civil y se exige que el demandante demuestre tanto su derecho propio a la reparación como la culpa del demandado. El CESE recomienda a la Comisión que tenga en cuenta estas diferencias, dado que son fruto del desarrollo histórico de los sistemas jurídicos nacionales. Insta a la Comisión a hacer lo posible para que cualquier régimen que se instaure en el futuro garantice un procedimiento equitativo dirigido a obtener una indemnización rápida y eficaz de los daños y perjuicios, basada en pruebas suficientes.

4.7.1

Los programas de clemencia influyen enormemente en el número de cárteles detectados y ejercen un efecto disuasivo considerable. Así pues, su buen funcionamiento redunda ante todo en beneficio de las víctimas. El riesgo de que se haga pública determinada información confidencial tendría repercusiones negativas en la detección de cárteles y, como consecuencia de ello, en las posibilidades de las víctimas de ser indemnizadas. Por tanto, el CESE acoge favorablemente las propuestas destinadas a preservar la eficacia de los programas de clemencia. Sin embargo, la aplicación de programas de clemencia no debe proteger, más de lo estrictamente necesario, a los participantes en un cártel, en detrimento de los perjudicados, de las consecuencias civiles que se derivan de su conducta ilícita.

4.8.1

El Libro Blanco propone diversos planteamientos para reducir los riesgos económicos en que incurren los demandantes que interponen acciones de indemnización de daños y perjuicios. El CESE está de acuerdo en que el derecho a la reparación no debe verse limitado por un coste desproporcionado de las demandas judiciales. El CESE se pronunció sobre el coste del ejercicio de estas acciones en su dictamen sobre el Libro Verde (10).

4.8.2

El Libro Blanco anima a los Estados miembros a que revisen las disposiciones nacionales de reparto de costas y a que proporcionen a los tribunales nacionales la posibilidad –en circunstancias excepcionales– de dejar de aplicar el principio de «quien pierde paga», actualmente en vigor en la mayoría de los ordenamientos jurídicos nacionales. El CESE pide a la Comisión que preste la debida atención a buscar modos de garantizar también en este ámbito tanto un acceso equitativo a los tribunales como la validez de las solicitudes a este respecto.

4.8.3

El CESE considera que se debería reflexionar en los Estados miembros sobre las normas de costes judiciales, examinando la Comisión todas las normas que existen en la Unión Europea. La tendencia debería ser permitir demandas sustanciales en los casos en los que, de otro modo, los costes impedirían su interposición, particularmente por parte de demandantes con menos recursos que el demandado (especialmente entidades habilitadas, tales como sindicatos o asociaciones de consumidores), todo ello sin perjuicio de diseñar normas procesales que faciliten acuerdos como fórmula para reducir costes.

4.8.4

El CESE recuerda que no es deseable establecer un sistema de pactos de cuota litis (contingency fees), que es contrario a la tradición jurídica europea. Tal como el CESE señaló en un dictamen anterior (11), este sistema está prohibido en la mayoría de los Estados miembros de la UE, ya sea por ley o por los códigos deontológicos de los abogados.

4.8.5

Por último, el CESE considera que la notificación y la acumulación de demandantes supuestos podría realizarse de manera eficaz y con un coste razonable mediante un registro electrónico europeo de las demandas, que pudiera ser consultado por los perjudicados en toda la Unión Europea.

22.9.2009   

ES

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C 228/47

2.1

Por lo que respecta a los instrumentos de la política de competencia, a semejanza de lo que ha sucedido anualmente, el informe expone para cada uno de ellos la visión que orientó la actuación de la Comisión durante el año evaluado:

2.2

A nivel sectorial, el informe de 2007 cubre las actuaciones más relevantes llevadas a cabo en áreas importantes de la economía, como:

2.3

Parecen existir algunas incongruencias o falta de claridad en algunas áreas de intervención, como en el caso de las comunicaciones electrónicas, en el que no se entiende la necesidad ni los objetivos del nuevo paquete regulador mencionado en el punto 48, so pena de entrar en conflicto con el punto 44 en el que se menciona la contribución del actual paquete regulador a la intensificación de la competencia.

2.4

Por otra parte, en el ámbito de las tecnologías de la información, no se mencionan los objetivos ni las medidas que cabe adoptar. Tan sólo se refieren los casos iniciados en años anteriores sin mencionar la definición de normas y políticas o lo que se pretende llevar a cabo al respecto.

2.5

También en este ámbito conviene tener en cuenta la reciente realidad que es Internet, foro de intensa actividad empresarial, cuya regulación es muy incipiente y que actualmente constituye una potencial fuente inagotable de «falta de competencia», al no haber una verdadera protección de los consumidores. Por consiguiente, urge regular las actividades llevadas a cabo en Internet.

2.6

En el sector del transporte, cabe subrayar la referencia pormenorizada y aplaudir las acciones llevadas a cabo en los diversos modos de transporte: transporte por carretera, transporte de mercancías y pasajeros por ferrocarril, transporte marítimo y transporte aéreo.

2.7

En cuanto a los servicios postales, no resulta claro el proceso de negociación de la propuesta de la Comisión para la plena apertura del mercado de los servicios postales de la UE.

2.8

El informe es claro y pormenorizado en la descripción del funcionamiento de la Red Europea de Competencia, así como en lo que se refiere a la actuación de las autoridades nacionales de competencia. Cabe subrayar la nota referente al refuerzo desplegado en la cooperación entre los miembros de la Red Europea de Competencia. También son positivos los esfuerzos realizados durante el año sometido a examen para participar en actividades internacionales y en la cooperación interinstitucional.

2.9

En el contexto de la ampliación, se prosiguió el esfuerzo de difusión de las normas de competencia en los países candidatos y se inició el trabajo de requerir que éstos presenten resultados creíbles en lo que se refiere a la adopción de dichas normas.

22.9.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/52

1.1

El objetivo del Libro Verde es promover un debate sobre la mejor manera de garantizar la difusión en línea de los conocimientos en los ámbitos de la investigación, la ciencia y la educación, tratando de aportar respuestas a una serie de cuestiones relacionadas con el papel de los derechos de autor en la sociedad del conocimiento.

1.2

Por «derechos de autor» se entienden los derechos de autor y los derechos afines, conceptos que han sucedido a la tradicional «propiedad literaria y artística» (1). Disfrutan de protección al amparo de diversos convenios y organizaciones internacionales, como en particular el Convenio de Berna, administrado por la OMPI (2), y el Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC), en el marco de la OMC.

1.3

Articulado en dos partes, el Libro Verde aborda la problemática general de las excepciones a los derechos exclusivos de los titulares de derechos de autor y derechos afines; su segunda parte se refiere a los problemas planteados por las excepciones y limitaciones que afectan especialmente a la difusión de conocimientos, y a la conveniencia de adaptar estas excepciones a la era de la difusión digital.

1.4

Las excepciones y limitaciones a los derechos de autor, previstas en el acuerdo ADPIC, deben interpretarse de forma restrictiva.

1.5

La Comisión, en el marco de su reevaluación del mercado único (3), ha destacado la necesidad de promover la libre circulación del conocimiento y la innovación. El CESE apoya plenamente esta orientación, que es indispensable para el despliegue ulterior de la Estrategia de Lisboa.

1.6

Se han adoptado nueve Directivas relativas a los derechos de autor y derechos afines (4). Los autores de programas de ordenador están asimilados a los autores de creaciones literarias y artísticas, pero tanto en Derecho positivo como en la práctica sus derechos son más restringidos que los «derechos de autor clásicos».

2.1

Según la Comisión, el espíritu de la Directiva relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines en la sociedad de la información (en adelante, «la Directiva») consiste en asegurar la máxima protección para los autores. Debería seguir siendo plenamente aplicable en la era digital, caracterizada por la desmaterialización y la transmisión instantánea de las obras literarias y artísticas, publicaciones técnicas y científicas y de las obras realizadas mediante programas de ordenador, mientras que los beneficiarios de esos derechos consideran que son escasos los ingresos que reciben por la explotación en línea de sus obras.

2.2

La lista comunitaria de excepciones comprende actualmente una excepción obligatoria y veinte excepciones facultativas; por tanto, la libertad de los Estados miembros de aplicar o no excepciones de este último tipo supone, en opinión del CESE, un obstáculo importante para una auténtica armonización de las excepciones justificables en una economía del conocimiento, en la que se utilizan los medios tecnológicos en constante evolución de la era digital. Con todo, al tener la lista carácter limitativo, no pueden los Estados miembros añadir excepciones nuevas. Además, por aplicación de la «prueba del criterio triple» elaborada por la OMC y la OMPI, el alcance de estas restricciones está sujeto a tres condiciones: únicamente son aplicables a determinados casos especiales (por ejemplo, a los usuarios invidentes), no deben impedir la explotación normal de la obra y no deben perjudicar de forma injustificada los intereses legítimos del titular de los derechos.

2.3

El CESE estima que estas disposiciones contribuyen a una forma de armonización; no obstante, el sistema de lista máxima, junto con la posibilidad de restringir el alcance de las excepciones que en su caso se hayan establecido, plantea problemas mucho más graves en el caso de la difusión en línea (especialmente vía satélite) en lo que atañe a su aplicación y a su control.

2.4

Se debería aplicar a la lista un enfoque más imperativo, en relación con los objetivos de la sociedad del conocimiento y de la lucha contra todas las formas de discriminación, puesto que el objetivo de armonización no ha sido alcanzado, subsistiendo aún demasiadas excepciones.

2.5

Los intereses económicos se centran esencialmente en el entretenimiento, en determinadas formas de cultura y en los juegos, no en el conocimiento propiamente dicho; pero no conviene por ello establecer una línea divisoria demasiado rígida entre las distintas categorías de contenidos, salvo, evidentemente, los que tengan carácter pornográfico o sean peligrosos para el público joven.

2.6

Las excepciones deberían aplicarse a todas las formas de minusvalía que restrinjan la utilización de los contenidos multimedia de Internet, para la educación a cualquier nivel, incluidas la formación permanente y las universidades para la tercera edad, para las bibliotecas de lectura y multimedia públicas y universitarias, para los pacientes hospitalarios de larga estancia o en reeducación funcional a los detenidos y para los investigadores del sector público y privado en virtud de acuerdos específicos con las bibliotecas y centros de documentación especializados. Debería concederse a los beneficiarios de las excepciones un derecho de recurso en caso de imposibilidad o de excesivas dificultades de acceso; no obstante, la ampliación del ámbito de aplicación de las excepciones debería completarse con el reconocimiento de nuevas modalidades de compensación, al menos para los titulares originarios de los derechos (5), tales como la retribución por la copia privada.

2.7

Las compensaciones reconocidas deberían ser recabadas por sociedades autorizadas de gestión colectiva, encargadas de recaudar y de distribuir dichas cantidades con arreglo a unas claves de reparto modulables en función de los tipos de excepciones obligatorias de que se trate.

2.8

Deberían mantenerse consultas y negociaciones entre los representantes de los diversos intereses implicados en la producción y utilización de las obras. No obstante, el CESE opina que, si en una primera fase la Comisión pudiera redactar las líneas maestras, sería conveniente establecer a continuación «licencias tipo» mínimas comunitarias que puedan ajustarse a escala nacional entre las partes interesadas.

2.9

A juicio del CESE, la intermediación de las bibliotecas públicas y universitarias, de los centros de documentación y de investigación, así como el control ejercido por las sociedades de gestión colectiva de los derechos, cumplen suficientemente los criterios, quizá demasiado limitativos o interpretados de forma demasiado restrictiva, requeridos por los ADPIC en la medida en que no hacen referencia a las necesidades de la sociedad del conocimiento ni a la explosión del uso de Internet, en particular en materia de educación, formación e intercambios entre científicos e investigadores.

2.10

Numerosas obras de carácter educativo, científico y técnico son accesibles ya en Internet al amparo de «licencias light» como la GPL (6) o la licencia «creative commons» para las obras literarias y artísticas. Estas licencias, al igual que la producción de contenidos útiles para la sociedad del conocimiento (7), deberían fomentarse mediante licitaciones o ayudas de las instituciones que elaboren contenidos científicos y técnicos, así como programas de ordenador amparados en dicho tipo de licencias (8).

3.1

El Libro Verde dedica una atención especial a las excepciones que mejor pueden promover la difusión de conocimientos, por ejemplo la excepción en beneficio de bibliotecas y archivos, la excepción que autoriza la difusión de obras con fines educativos y de investigación, la excepción en favor de personas con minusvalías y una posible excepción para contenidos creados por usuario.

3.2

La digitalización de las obras de bibliotecas y archivos para conservar y proteger los documentos originales, en ocasiones únicos, y garantizar la comunicación en línea se encuentra en pleno desarrollo, como demuestra la iniciativa de la biblioteca digital comunitaria, Europeana.

3.3

El alcance de las condiciones aplicables a escala nacional a la digitalización y la comunicación de las obras es muy variable y, a juicio del CESE, tales condiciones son a veces demasiado restrictivas. De hecho, la Directiva sólo prevé una excepción al derecho de reproducción para la consulta encaminada a realizar una investigación específica y una excepción para conservación sin finalidad comercial. La prueba del criterio triple está prevista para supuestos muy restrictivos, pero podría flexibilizarse, sobre todo si se establece una compensación, aunque adopte la forma de una suma a tanto alzado, en beneficio de los autores.

3.4

Los casos limitativos deberían corresponder en primer lugar a la protección de las obras de mayor fragilidad y rareza, y a las listas de obras recomendadas a los alumnos de enseñanza elemental, media y superior, pudiéndose declarar la formación inicial y continua de especial interés nacional. La elección de los formatos de los ficheros informáticos debería poder limitarse a los definidos por una norma internacional reconocida por la ISO, compatible con la mayoría de los «formatos abiertos» o «protegidos existentes» (9).

3.5

Se debería fijar el número de copias en función del número de usuarios autorizados y de las necesidades de conservación limitativamente definidas (10).

3.6

La puesta a disposición en línea plantea problemas específicos que requieren garantías suplementarias de no difusión por parte de los destinatarios. Algunos podrían satisfacer gastos de licencia y de servicio (11).

3.7

Sería conveniente estudiar la modificación de la Directiva para permitir el préstamo de las obras en línea a fines de investigación y de formación, en condiciones jurídicas y técnicas bien definidas. El procedimiento que se adopte y la obligación de conocer bien los términos de la licencia especial y las condiciones específicas de los préstamos en línea deberían contribuir a educar en el respeto a los derechos de autor, particularmente en el caso de los jóvenes. El CESE ha defendido siempre la educación en el respeto de la creación intelectual en la medida en que constituye un aspecto ético fundamental de la economía del conocimiento.

4.1

Las obras huérfanas representan un fondo importante de creatividad.

4.2

En opinión del CESE, el Libro Verde plantea las preguntas adecuadas y propone soluciones concretas extraordinariamente positivas. Previa realización de investigaciones suficientemente diligentes, podrían publicarse periódicamente listas de obras huérfanas. Si no se identificase ningún derechohabiente en un plazo determinado, la obra correspondiente no pasaría al dominio público, sino a un régimen de protección adecuada de los derechos de autor en caso de que apareciera finalmente un derechohabiente. La selección del sistema de licencias podría inspirarse en las experiencias de Dinamarca y de Hungría, aunque sería perfectamente concebible, e incluso preferible a juicio del CESE, optar por una licencia tipo europea.

4.3

El CESE opina que no es necesario elaborar una Directiva específica sobre las obras huérfanas. En efecto, la gestión de estas obras no implica nuevas excepciones a los derechos de autor, sino la aplicación de modalidades especiales de gestión de licencias en el marco del régimen jurídico de los derechos de autor. En opinión del CESE, el instrumento adecuado sería la introducción de un nuevo capítulo en la Directiva actual.

4.4

La Comisión podría publicar y actualizar periódicamente las listas de instituciones encargadas de la gestión de las obras huérfanas y se podría estudiar su revisión después de un período experimental de cinco o diez años, incluida la publicación de un informe y de las estadísticas correspondientes.

5.1

El CESE desearía un enfoque menos restrictivo que el que predomina actualmente en una serie de países europeos sobre el carácter de las minusvalías y las dificultades de acceso a las obras que éstas suponen, ya que se trata de personas que, además de tener dificultades de acceso a las obras en distintas situaciones de minusvalía, suelen disponer de ingresos limitados, lo que añade un obstáculo económico insalvable y socialmente inaceptable al acceso a la información, a la educación y a la cultura.

5.2

La intervención de las asociaciones de personas con minusvalía permitiría replantear las excepciones aplicables a los diversos tipos de minusvalía. Estas asociaciones también podrían colaborar en la gestión de terminales especiales y, en los casos más graves, aportar personal preparado para atender a las personas con minusvalías. Tal ayuda podría financiarse mediante donaciones privadas y subvenciones oficiales destinadas a las propias asociaciones. Estas últimas, en igualdad de condiciones, e incluso en colaboración con las bibliotecas y museos acreditados, podrían negociar con los representantes de los autores unas condiciones de uso que ofrezcan garantías contra la piratería. El CESE estima que se debería contemplar la ampliación de las excepciones para incluir las bases de datos, ya que de otro modo podrían crearse obstáculos al acceso a obras de consulta como las enciclopedias y diccionarios. Por consiguiente, debería revisarse la Directiva sobre protección jurídica de las bases de datos, por los motivos educativos y de acceso a los conocimientos arriba expuestos, y también para facilitar el acceso de las personas con minusvalías.

5.3

La participación de las asociaciones podría extenderse también a la educación en el respeto de las licencias de uso. También en este caso los usuarios deben convencerse de que el respeto de los derechos de los autores constituye una condición esencial para que estos prosigan su actividad creadora. No obstante, no parece equitativo trasladar la carga de la licencia y de los terminales a las personas con minusvalías, por lo que resulta indispensable introducir una excepción para todos los casos de minusvalías que planteen problemas de acceso a las obras. Dichos costes deberían ser asumidos por los organismos públicos que tienen la obligación de poner las obras, incluidas las bases de datos y los programas de ordenador, al alcance de esos usuarios. Se debería adaptar en consecuencia la legislación sobre bases de datos (12).

5.4

De hecho, se podría imponer a las principales bibliotecas y museos públicos la obligación de poner las obras a disposición de una forma especial, adaptada a las minusvalías de que se trate, todo ello con cargo al presupuesto nacional o regional de administración de la cultura. Una política oficial de este tipo respondería a la obligación de luchar por la igualdad entre los ciudadanos y contra toda forma de discriminación.

5.5

La excepción con fines de enseñanza e investigación prevista por la Directiva se aplica de forma demasiado restrictiva; se debería ampliar su ámbito, sin que ello fuese en detrimento de la prueba de la OMC, mediante la incorporación al documento de las indicaciones sobre la fuente y el autor, así como las restricciones de uso y la prohibición de realizar copias ilegales.

5.6

Los préstamos de obras en línea para fines de enseñanza y de investigación podrían someterse a un régimen de licencia obligatoria, basado en un contrato tipo entre las entidades prestamistas y los organismos de gestión de los derechos autorizados.

5.7

La excepción podría referirse tanto a las partes de la obra seleccionadas por los responsables pedagógicos competentes como a la obra completa: el criterio aplicable debería responder a consideraciones educativas. Con ello se reforzaría la seguridad jurídica sin limitar el alcance de los derechos de reproducción. Mediante una armonización reforzada se evitaría, en el marco educativo transeuropeo, que una actividad legal en un país fuera considerada piratería en otro.

5.8

La enseñanza a distancia implica la utilización de copias (documentos pedagógicos), especialmente en el domicilio de los alumnos, pero también de los ciudadanos europeos residentes en terceros países.

6.1

Esta cuestión tiene cada vez mayor actualidad en el contexto de las aplicaciones Web 2.0 (13). Los derechos de autor o la licencia alternativa propuesta por el autor originario pueden transformarse o evolucionar sin que ello pueda asimilarse a la piratería.

6.2

Para las iniciativas de este tipo, como las enciclopedias participativas, lo más sencillo sería establecer un tipo de licencia apropiado, como las licencias «creative commons» o Wikipedia, y que el autor «originario» ejerza una función moderadora antes de cualquier adición o transformación, garantizando al mismo tiempo la pluralidad de ideas.

6.3

También en este caso concreto puede observarse que Internet no mantiene una fácil coexistencia con los derechos de autor.

6.4

La remuneración de los autores que distribuyen sus obras por Internet procede menos del pago de licencias directas que de los ingresos indirectos obtenidos de la publicidad, antes que de las suscripciones. Aunque también éstas están en auge, el modelo de negocio de Internet recurre a soluciones de difusión no tradicionales, caracterizadas por su desmaterialización y por la transmisión digital. Desde este punto de vista nos hallamos aún en una fase de transición, en búsqueda de nuevas fórmulas de remuneración (14), dado que los costes de producción y transmisión de las obras desmaterializadas no admiten comparación con los de la comercialización de los soportes materiales, mucho más elevados.

6.5

Todavía no se ha alcanzado el equilibrio entre las nuevas formas de difusión, las tecnologías de reproducción, las necesidades de la sociedad del conocimiento y los derechos de los autores. Este equilibrio no se producirá como resultado del empleo masivo de medidas únicamente represivas dirigidas en primer lugar contra una categoría de edad que se ve criminalizada, sin una legislación y sin la búsqueda de nuevas formas de remuneración para los autores. Es urgente hacer evolucionar los límites actuales habida cuenta de la importancia y la rapidez de las evoluciones tecnológicas.

22.9.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/56

1.1

El CESE acoge favorablemente la Comunicación y señala que el concepto propuesto para la realización de una gestión estratégica transfronteriza de las actividades de investigación y desarrollo es sumamente importante y urgente, en especial para poder acelerar los progresos conseguidos en los ámbitos esenciales de la investigación y el desarrollo. El «Plan estratégico europeo» supone la elaboración de un sistema funcional basado en las mejores prácticas.

1.2

Ello requiere emprender un proceso liderado por los Estados miembros para reforzar su cooperación en materia de I+D a fin de afrontar mejor los principales retos sociales en la esfera europea o mundial, para lo cual resulta esencial la investigación pública. En ese sentido, el CESE también acoge con satisfacción y apoya las conclusiones del Consejo de competitividad celebrado el 2 de diciembre de 2008 (1), al tiempo que aprueba las declaraciones formuladas al respecto.

1.3

El CESE está convencido de la necesidad de establecer marcos fundamentales estratégicos en función de las prioridades políticas de la UE. La aplicación del enfoque propuesto requerirá, ante todo, una firme voluntad política.

1.4

El CESE señala que es conveniente no conceder una importancia excesiva al enfoque de arriba abajo. Considera indispensable recurrir, ante todo, al principio de abajo arriba, para responder mejor a los intereses estratégicos de los agentes interesados y a las posibilidades de compartir las mejores capacidades de investigación y desarrollo.

1.5

El Comité subraya, además, que la coordinación no será sencilla, debido en concreto a los intereses particulares de determinados países y a la falta de voluntad política para la puesta en común no sólo de los conocimientos, sino también de las capacidades de investigación y desarrollo.

1.6

El CESE suscribe plenamente la idea de la necesidad de aumentar urgentemente los recursos financieros y humanos, en el contexto de la competencia con los grandes rivales económicos. Conviene hacerlo, no obstante, de forma que no se comprometa en ningún caso la cooperación científica con esos países y con sus organismos de investigación (2).

1.7

El Comité advierte al mismo tiempo que la ejecución de la programación conjunta de las actividades transfronterizas de investigación y desarrollo será extremadamente ardua, ya que exigirá un nuevo talante, más abierto y dispuesto a la cooperación (3), y este cambio de mentalidad no es un asunto menor.

1.8

Reconociendo y apreciando el amplio espectro de la actual cooperación transfronteriza y de los vigentes proyectos conjuntos, así como sus excelentes resultados, el Comité recomienda extraer de dichos programas la experiencia pertinente con vistas a aprovecharla en el nuevo concepto de programación estratégica. Además, conviene inferir la lección pertinente de las carencias anteriores a la hora de concebir los procesos de la programación conjunta de la investigación.

1.9

Una aplicación más eficaz y más rápida de los conocimientos científicos adquiridos precisará de una participación adecuada del sector privado en el proceso en su conjunto. El Comité señala, por lo demás, que esta participación del sector privado es fuente de dificultades, en particular en lo que atañe a la utilización de los resultados, a la cuestión de la propiedad intelectual, etc. (4)

1.10

El CESE considera indispensable establecer y crear, para estas actividades comunitarias cruciales, marcos de trabajo de calidad que fomenten la participación de los distintos Estados miembros y, sobre todo, de sus capacidades de investigación y desarrollo, con el fin de apoyar y movilizar tanto el necesario enfoque de abajo arriba como las fuentes de financiación necesarias. Es absolutamente indispensable prever una movilidad suficiente de los fondos y un marco de apoyo, para eliminar los posibles obstáculos.

1.11

Al elaborar estos marcos de trabajo, convendrá no sólo tener en cuenta los factores que puedan entrañar efectos sinérgicos de apoyo, sino también analizar minuciosamente los riesgos que amenacen el concepto de programación europea conjunta.

1.12

Como ya ha hecho en otras ocasiones, el Comité reafirma la necesidad urgente de poner en marcha las infraestructuras europeas de investigación (5), que refuerzan los objetivos generales de la programación conjunta y contribuyen a aumentar el valor añadido europeo. Por consiguiente, el CESE pide a los Estados miembros que den curso lo antes posible, de manera innovadora, a esta iniciativa de la Comisión.

1.13

El Comité acoge favorablemente la creación del «Grupo de alto nivel para la programación conjunta», que definirá los temas de programación conjunta escogidos tras efectuar una amplia consulta a las diferentes comunidades científicas regionales, nacionales y europeas, así como del sector privado cuando proceda. Como consecuencia de estas actividades, el Consejo, tras la correspondiente propuesta de la Comisión, podría adoptar las iniciativas de programación conjunta antes de 2010.

2.1

Europa no necesita sólo invertir más en investigación, sino que también necesita invertir de forma más eficaz, si quiere alcanzar su objetivo declarado: un desarrollo equilibrado y sostenible. La Estrategia de Lisboa señala que el objetivo más urgente es la transición a una sociedad del conocimiento basada en la ciencia, la tecnología y la innovación, además de reclamar que se invierta más y mejor en investigación.

2.2

La programación conjunta es una nueva iniciativa que supone un cambio en la cooperación europea en materia de investigación. Ofrece un mecanismo voluntario de asociación revitalizada entre los Estados miembros, basado en unos principios claros y una gestión transparente de primer orden. Se propone aumentar la eficiencia y el impacto de la financiación nacional de la investigación pública en campos estratégicos. La programación conjunta se dirige de forma prioritaria y principal a los programas de investigación pública; es decir, a la cooperación entre instituciones públicas. Así pues, la industria y otras partes interesadas deben participar en el proceso de consultas y en la ejecución de las distintas iniciativas de programación conjunta.

2.3

La Comunicación sometida a examen responde a las peticiones de las partes interesadas a favor de un enfoque voluntario y ascendente, combinado con una orientación estratégica a nivel europeo, así como a su rechazo por un método concebido sobre la base de un modelo universal.

2.4

La Comunicación sometida a examen es una de las cinco iniciativas políticas previstas por la Comisión como continuación del Libro Verde de 2008 «El Espacio Europeo de Investigación: nuevas perspectivas» (6). Se refiere, en particular, a la dimensión «Optimizar los programas y las prioridades de investigación» y es un paso más hacia la creación de una «quinta libertad» al suprimir obstáculos contra la libre circulación del conocimiento.

2.5

En comparación con sus socios principales, Europa sigue invirtiendo poco en investigación, y el gasto en I+D, tanto del sector público como del privado, se ha estancado en general en el último decenio. Europa debe no sólo aumentar de forma rápida y sustancial su gasto, sino también encontrar nuevas formas más innovadoras de utilizar con mayor eficacia y efectividad los escasos recursos que dedica a investigación y desarrollo. Además, Europa debe reforzar su capacidad para transformar los resultados de la investigación en beneficios para la sociedad y la economía.

2.6

En los últimos años, los Estados miembros y la Comunidad han adoptado muchas iniciativas para aumentar la eficiencia de la investigación pública. Las partes interesadas han identificado como deficiencia del sistema comunitario de I+D la falta de colaboración y coordinación entre los programas públicos nacionales en la materia. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos desplegados en los últimos años para resolver este problema, el panorama de la investigación europea sigue estando fragmentado.

2.7

Actualmente, el 85 % de la I+D pública se programa, financia, supervisa y evalúa a nivel nacional sin gran colaboración ni coordinación entre países. Menos del 6 % de la inversión total en I+D y sólo el 15 % de la I+D civil europea con financiación pública (correspondiendo el 10 % a organizaciones y programas intergubernamentales, y el 5 % al Programa Marco) se financia mediante colaboración transfronteriza.

2.8

No se trata de que todos los programas de investigación se efectúen en colaboración ni de que deje de existir la programación puramente nacional. Se trata más bien de que, en los ámbitos de importancia estratégica para el conjunto o una gran parte de Europa, la fragmentación de los programas de investigación pública hace que los resultados no sean los mejores, y esto le cuesta muy caro a Europa, además de impedirle alcanzar los objetivos sociales fijados.

2.9

Algunos de los mayores éxitos científicos de Europa corresponden a la puesta en común de fondos públicos de I+D por encima de las fronteras y, sobre todo, a la creación de estructuras de investigación conjuntas (7). Sin embargo, el efecto de estas iniciativas comunes podría haber sido mayor si se hubiera aplicado un enfoque estratégico a la atención prestada a esta cuestión y si hubiera habido un compromiso político suficiente, más transparencia y mayor flexibilidad. Tiene poco sentido multiplicar estas iniciativas y aumentar el volumen general del 7o PM, si no se resuelve la falta de una programación estratégica conjunta.

2.10

La programación conjunta pretende cambiar la estructura del panorama europeo de la investigación. Se trata de un proceso estratégico a largo plazo cuyo objetivo es mejorar la capacidad europea para tratar las principales cuestiones económicas y sociales como, por ejemplo, los problemas interrelacionados que representan el cambio climático y la energía. La programación conjunta trata de conseguir efectos estructuradores a fin de aumentar la eficiencia y las repercusiones de la financiación de la investigación pública. La programación conjunta exige que los Estados miembros estén preparados para avanzar hacia la definición y ejecución de agendas comunes de investigación con actividades plurianuales decididas de común acuerdo y mecanismos de financiación.

2.11

La programación conjunta exige un nuevo modo de pensar en los Estados miembros. Sobre todo, exige medidas y compromisos concretos por parte de los Estados miembros, así como una nueva reflexión y reorganización en cuanto a la forma de definir y ejecutar los programas nacionales de investigación, dirigiendo su atención hacia objetivos comunes. Éste es el motivo por el que la programación conjunta ha de ser un proceso voluntario, basado en el principio de la geometría variable y del libre acceso.

2.12

La programación conjunta no implica a priori financiación comunitaria, aunque el Séptimo Programa Marco pueda servir de catalizador. Lo primero y principal es que los Estados miembros definan estrategias comunes y pongan en común recursos nacionales. Al mismo tiempo, no excluye la posibilidad de una financiación comunitaria complementaria, en función del valor añadido, la dimensión europea y el posible efecto estructurador de las iniciativas correspondientes.

2.13

La Comisión propone una metodología pragmática para llevar a cabo la programación conjunta en una serie limitada de campos concertados. Esta metodología se basa en la experiencia obtenida con las plataformas tecnológicas europeas, adaptándolas a los programas de investigación pública. Comprende diferentes fases, de acuerdo con el ciclo de vida de los programas de investigación, desde la definición del programa hasta su supervisión y evaluación, pasando por su ejecución.

2.14

La programación conjunta puede hacerse más fácil si se da una serie de condiciones marco:

3.1

El CESE acoge favorablemente la Comunicación y señala que el concepto propuesto para la realización de una gestión estratégica transfronteriza de las actividades de investigación y desarrollo es sumamente importante y urgente, en especial para poder acelerar los progresos conseguidos en los ámbitos esenciales de la investigación y el desarrollo. En este sentido, el CESE también acoge favorablemente y apoya las conclusiones del Consejo de «Competitividad» celebrado el 2 de diciembre de 2008 sobre este tema y comparte las observaciones allí expuestas.

3.2

El concepto presenta características positivas, ya que trata de utilizar los fondos públicos tan eficazmente como sea posible, a través de la coordinación estratégica de las orientaciones fundamentales de investigación, y de mejorar internamente las capacidades de I+D mediante una mejor cooperación internacional en proyectos de investigación desarrollados en el marco de una programación y soluciones conjuntas.

3.3

El Comité acoge con satisfacción el análisis de impacto realizado y la elección hecha sobre esa base entre las cuatro variantes posibles del «Plan estratégico europeo», que supone la elaboración, a partir de las mejores prácticas actuales, de un sistema funcional en el que corresponderá a los Estados miembros identificar los temas de la programación conjunta.

3.4

El Comité se felicita, por otra parte, de que se haya elegido el ámbito de las tecnologías energéticas para el proyecto piloto en materia de coordinación y apoya plenamente dicho proyecto y su nuevo enfoque en su Dictamen sobre el Plan EETE (8).

3.5

El CESE está convencido de la necesidad de establecer marcos fundamentales estratégicos en función de las prioridades políticas de la UE.

3.6

El CESE señala que es conveniente no conceder una importancia excesiva al enfoque de arriba abajo. Considera, por el contrario, que, si se parte de las características actuales de las redes científicas internacionales existentes, que agrupan numerosas células de investigación apoyadas parcialmente por agencias internacionales como la AIE, es indispensable recurrir ante todo al principio de abajo arriba, con objeto de implicar a los diversos interesados en los proyectos en cuestión, de manera que se responda a sus intereses estratégicos y a las posibilidades de poner en común las mejores capacidades en materia de investigación y desarrollo. Las conferencias científicas internacionales pueden constituir foros apropiados a los que puede encomendarse la elaboración de propuestas idóneas.

3.7

El Comité subraya que la coordinación no será sencilla, debido en concreto a los intereses particulares de determinados países y a la falta de voluntad política para la puesta en común no sólo de los conocimientos, sino también de las capacidades de investigación y desarrollo. La apertura y la transparencia serán indispensables para lograr la aplicación de este concepto en la práctica.

3.8

El Comité reconoce y valora positivamente la amplia gama de proyectos de cooperación transfronteriza y de proyectos conjuntos que ya están en marcha en la actualidad; por ello, recomienda que se recaben las experiencias más interesantes adquiridas con estos programas para aplicarlas en este nuevo concepto de programación estratégica. Deberían también extraerse las lecciones pertinentes de los fallos encontrados durante la concepción de los procesos de la programación conjunta de la investigación.

3.9

El CESE suscribe plenamente la idea de la urgencia de la aplicación de tal concepto mediante el refuerzo de los recursos financieros y humanos, para que la Comunidad pueda mejorar su posición y, por tanto, su competitividad económica frente a sus principales rivales, como los Estados Unidos y los países asiáticos. Conviene hacerlo, no obstante, de forma que no se comprometa en ningún caso la cooperación científica con esos países y con sus organismos de investigación (9).

3.10

El Comité advierte al mismo tiempo que la ejecución de la programación conjunta de las actividades transfronterizas de investigación y desarrollo será extremadamente ardua, ya que exigirá un nuevo talante, más abierto y dispuesto a la cooperación (10), y este cambio de mentalidad no es un asunto menor.

3.11

Para hacer posible una aplicación más eficaz y rápida de los conocimientos científicos adquiridos, que constituye el objetivo final de la programación estratégica conjunta y de las soluciones de investigación propia, será indispensable que el sector privado participe de manera apropiada en el proceso en su conjunto. El Comité advierte que el concepto de programación conjunta permite tal participación. Señala, por lo demás, que la participación del sector privado es fuente de dificultades, en particular en lo que atañe a la utilización de los resultados, a la cuestión de la propiedad intelectual, etc. (11)

3.12

El proceso de innovación -es decir, de aplicación concreta de los conocimientos científicos obtenidos- dependerá de factores locales muy variados como, por ejemplo, las infraestructuras existentes, el acceso al capital, las cargas o bonificaciones fiscales en relación con determinados tipos de inversión o, incluso, la experiencia de la industria en inversiones de índole similar. Puede haber asimismo incentivos directos a la inversión, como exenciones de impuestos. Estos factores pueden entrañar contradicciones en los proyectos.

—

una Recomendación relativa a la gestión de la propiedad intelectual en las actividades de transferencia de conocimiento y a la creación de un código de buenas prácticas de las universidades y otros organismos públicos de investigación, COM(2008) 1329 de 10.4.2008;

—

una Comunicación sobre el tema «Mejores carreras y más movilidad: una asociación europea para los investigadores», COM(2008) 317 de 23.5.2008.

22.9.2009   

ES

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1.1

El Comité aprueba la iniciativa de la Comisión, que resulta coherente con su voluntad de constante actualización de las medidas destinadas a mejorar y poner al día el marco normativo del Acuerdo de Basilea. Coincide en líneas generales con las disposiciones propuestas, si bien desea realizar algunas observaciones sobre aspectos concretos que no alteran la idea general.

1.2

Los instrumentos híbridos de capital, que son valores con características de acciones y de deuda, están sujetos actualmente a normas nacionales que deberían armonizarse para alcanzar unas condiciones razonables de competencia equitativa en el ámbito internacional. La Comisión no da una definición precisa de estos instrumentos, puesto que asumen formas diversas y cambiantes, pero sí establece el principio básico de admisibilidad: no deben tener un plazo de vencimiento original inferior a 30 años, han de ser abonados en su totalidad y estar diseñados para absorber íntegramente las pérdidas. Además, no deben desarrollarse excesivamente respecto de las acciones. Las autoridades nacionales pueden intervenir para frenar un crecimiento anómalo.

1.3

En cuanto a los clientes vinculados, se introduce la noción de riesgo derivado de la dificultad de una empresa de la cual depende financieramente otra y se simplifican, armonizan y remodelan los requisitos de información. En materia de grandes riesgos, la innovación más importante se refiere a la introducción de un límite único del 25 % que incluye también los depósitos interbancarios. El CESE considera que es preciso revisar esta última norma, probablemente basada en el «escenario de catástrofe» de los últimos tiempos, a la vista de la importante función reguladora de la liquidez de estos depósitos y su riesgo relativamente más bajo, en tiempos normales, en comparación con otros tipos de exposición.

1.4

La propuesta introduce una norma que prevé mantener un interés económico significativo no inferior al 5 % para emisores, intermediarios y gestores que directamente hayan negociado, estructurado y consignado por escrito el acuerdo original en virtud del cual se crearon las obligaciones. Esta norma parece inspirada por la pésima experiencia de las CDO (collateralized-debt obligations, obligaciones de deuda colateral) norteamericanas que, por otra parte, tienen unas características y unos orígenes distintos de las titulizaciones normales. El CESE se pregunta acerca del posible impacto de esta nueva norma sobre la liquidez de los mercados.

1.5

Se otorga a los Estados miembros la facultad de excluir del cálculo de las exposiciones los riesgos intragrupo cuando las contrapartes se encuentran en el mismo Estado miembro. El Comité conoce perfectamente las razones de naturaleza jurídica que obstaculizan la ampliación de la norma a las contrapartes establecidas en otros Estados miembros, pero cree que, en condiciones normales, el hecho de no incluir a las contrapartes extranjeras sería negativo para la valoración global del grado de riesgo de la empresa en cuestión. Una solución razonable sería ampliar la exención al grupo en su totalidad según una evaluación que se realizaría caso por caso, pudiendo anularse esta posibilidad si se perciben señales de situación crítica.

1.6

En cuanto a la norma que se indica en el punto anterior, aunque con una aplicación de carácter general, el Comité se pronuncia una vez más en contra de la concesión a los Estados miembros de la facultad de adoptar o no determinadas disposiciones, pues ello es contrario al principio de armonización y a unas condiciones de competencia equitativas.

1.7

A juicio del CESE es preciso prestar especial atención al riesgo que representa la exposición potencial para la utilización de líneas de crédito no utilizadas aún en tarjetas de crédito, exposición que rápidamente podría hacerse importante en períodos de restricción de los créditos al consumo e hipotecarios.

1.8

En materia de régimen de supervisión, la propuesta de Directiva introduce una serie de normas nuevas dirigidas a aumentar la eficiencia de los controles: en primer lugar se toma en consideración la «sucursal con importancia sistémica», que debe estar supeditada a la supervisión en el país de acogida cuando se le reconozca el estado de situación crítica y previo acuerdo entre las autoridades de los países en cuestión. El CESE está de acuerdo con esta idea, pero subraya que es preciso adoptar medidas en caso de que se produzcan circunstancias inopinadas e imprevistas.

1.9

Por último, el CESE valora de forma especialmente positiva la creación de los colegios de supervisores, establecidos por el supervisor consolidado y de los cuales forman parte las autoridades de los países en que tienen su sede las empresas de un determinado grupo. Tal iniciativa sin duda mejorará la eficacia del control sobre los grupos y la oportunidad en la adopción de medidas adecuadas en caso de necesidad.

2.1

La crisis de los mercados financieros ha llevado a la Comisión a acelerar el procedimiento, ya en vigor, para reforzar y en su caso modificar las disposiciones relativas a la estructura de los requisitos de capital de las instituciones financieras, aprobado en el marco del acuerdo de Basilea II mediante las Directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE. Cabe señalar que el proceso de reflexión sobre las nuevas disposiciones ya habían comenzado cuando se inició la crisis. Debería producirse una reforma estructurada de los mercados tras la publicación del Libro Blanco, prevista para junio de 2009. La propuesta objeto de examen contiene una serie de normas encaminadas a:

2.2

La propuesta de Directiva ha estado precedida por una consulta por Internet de las partes interesadas. El texto se redactó teniendo en cuenta las sugerencias recibidas, aunque, lógicamente, manteniendo los principios básicos en los que se basaba la consulta:

2.3

El CESE valora positivamente el espíritu que inspira esta propuesta y su orientación general: los acontecimientos ocurridos, pero sobre todo ciertos hechos y delitos, han dañado la confianza de los ciudadanos en el sistema financiero en general y ello exige adoptar medidas apropiadas. Sin embargo, también es necesario que la severidad de las normas prudenciales no suponga una penalización excesiva para los operadores y sus clientes. Como ha demostrado la crisis, las normas prudenciales, al garantizar la estabilidad y la solidez de los mercados, realizan también una función de alto valor social.

4.1

La normativa sobre los grandes riesgos data de 1992 y desde entonces no se ha modificado. Los últimos acontecimientos han puesto de relieve la necesidad de nuevas normas. La propuesta de la Comisión refleja mejor el riesgo de ciertas exposiciones y, al mismo tiempo, busca reducir los costes de la recogida de datos, aumentar la transparencia y crear condiciones de competencia más equitativas.

4.2

Se ha modificado la noción de clientes vinculados. Hasta ahora la idea central era el riesgo de que una empresa pudiese tener dificultades a consecuencia de los problemas financieros de otra empresa. Los acontecimientos han demostrado que dos o más empresas pueden estar en situación de riesgo como consecuencia de los problemas de la empresa de la que dependen financieramente.

4.3

Igualmente se han simplificado y armonizado los costosos y complicados requisitos de información, que causaban costes elevados y complicaciones en el sector. El cambio más evidente es el de la comunicación consolidada de los 20 riesgos mayores cuando se calculan aplicando el método de la calificación interna. Los distintos límites aplicables se han unificado en el 25 %.

4.4

Las numerosas exenciones en vigor, a menudo de difícil interpretación, se han suprimido en gran parte: quedan en vigor las que no parecen constituir un riesgo elevado. Sin embargo, la lista sigue siendo bastante larga, aunque en general parece responder a criterios de prudencia bien establecidos.

4.5

El CESE está de acuerdo, en líneas generales, con la reglamentación propuesta, si bien formula algunas observaciones sobre varios aspectos importantes:

4.6

Especial atención merecen las «exposiciones derivadas de facilidades de descubierto no utilizadas que se clasifiquen como elementos de las cuentas de orden de riesgo bajo» (art. 113). La cuantía global de los límites de gasto de las tarjetas de crédito es elevada, especialmente para ciertos tipos de instituciones. En los períodos de limitación del crédito, el margen no utilizado puede reducirse rápidamente. El CESE opina que la exposición potencial del crédito de la tarjeta no utilizado debería ser objeto de una atenta y prudente valoración.

6.1

La crisis que ha afectado a los mercados financieros mundiales ha puesto de manifiesto la necesidad de revisar las estructuras y los métodos de supervisión para que puedan prevenirse las crisis sistémicas y reaccionar en situaciones de urgencia.

6.2

Se han revisado las normas relativas al intercambio de información y a la cooperación: el artículo 42 bis introduce el concepto de «sucursal con importancia sistémica» y reconoce, en casos concretos, la prevalencia del interés del Estado miembro de acogida sobre el principio del Estado miembro de origen. El CESE señala su pleno acuerdo con este enfoque de importancia fundamental.

6.3

En sustancia, las nuevas normas establecen que las autoridades del Estado miembro de acogida pueden solicitar a las autoridades del país de origen o, en su caso, al supervisor consolidado que la sucursal establecida en su territorio sea declarada «sucursal con importancia» si tiene una cuota de mercado superior al 2 % o una presencia significativa en el mercado nacional. La solicitud debe incluir una especie de «evaluación de impacto» en previsión de una posible suspensión o cese de las operaciones en los sistemas de pago, compensación y liquidación, así como de las consecuencias sobre el mercado nacional de las medidas de este tipo.

6.4

El procedimiento para la declaración de la importancia de la sucursal prevé unos plazos técnicos de cierta duración. Además, parece útil establecer normas de aplicación en caso de verdadera urgencia (art. 130) que permitan adoptar medidas de emergencia. Los colegios de supervisores de nueva creación (art. 131 bis, véase el punto 6.5) y el ya existente Comité de Supervisores Bancarios Europeos deberían lograr unos procedimientos simplificados con las garantías necesarias.

6.5

Resulta particularmente útil la institución (art. 131 bis) de los colegios de supervisores, establecidos por el supervisor consolidado, de los que forman parte las autoridades de los Estados miembros en cuestión. Sus tareas se centran esencialmente en garantizar un control constante y eficaz de los grupos transnacionales (y, es de esperar, en la adopción de medidas oportunas para situaciones de urgencia) mediante el intercambio de información y la definición en común de las metodologías de supervisión apropiadas. El CESE acoge con satisfacción esta decisión y el conjunto de las normas de control propuestas, que están en consonancia con los programas de mayor eficiencia anunciados con anterioridad y con los deseos del Financial Services Forum.

22.9.2009   

ES

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C 228/66

1.1

El Comité aprueba el contenido general de la propuesta de la Comisión, que tiene principalmente por objeto ampliar a los adeudos domiciliados el abanico de operaciones previstas por el Reglamento sobre los sistemas de pagos transfronterizos. Esta iniciativa es coherente, en general, con la línea de conducta de la Comisión, que pretende que los pagos transfronterizos efectuados en la zona euro se consideren y sean tratados como pagos nacionales.

1.2

El hecho de que el tratamiento de los adeudos domiciliados transfronterizos sea más costoso que el de las operaciones similares realizadas a nivel nacional suscita algunas reflexiones. El CESE pide, pues, que la Comisión haga gala de transparencia y dé a conocer los detalles, la metodología y las fuentes de los estudios en que se basa para llegar a sus distintas conclusiones. Para tomar decisiones equilibradas es necesario conocer bien los hechos.

1.3

En cualquier caso, cabe recordar que si el Reglamento entrara en vigor el 1 de noviembre de 2009, como está previsto, los plazos son más bien limitados para permitir la elaboración de planes económicos, que de todas formas no serían posibles sin que haya seguridad jurídica en lo que se refiere a la «Tasa Multilateral de Intercambio» (TMI).

1.4

La propuesta contiene también dos prescripciones para los Estados miembros: la primera es la institución, si todavía no existe, de una autoridad responsable de los sistemas de pago, y la segunda es la creación de estructuras apropiadas para el tratamiento de las reclamaciones. El CESE considera que la mayoría de los países ya disponen desde hace tiempo de tales estructuras. Pero en caso contrario, advierte del riesgo de crear nuevas estructuras con funciones ya realizadas totalmente o, en parte, por otras estructuras existentes.

1.5

Se pide también a los Estados miembros que impongan sanciones «efectivas, proporcionadas y disuasorias» a quienes no respeten o infrinjan las disposiciones establecidas por el Reglamento. El CESE aprueba esta iniciativa, pero observa que la comunicación del estudio comparado de las medidas tomadas en los distintos países permitiría evaluar la importancia que cada Estado miembro atribuye al Reglamento.

1.6

El Reglamento se aplica solamente a los países que forman parte de la Unión Monetaria. Los Estados miembros que no pertenecen a la zona euro tienen la facultad de aplicar el Reglamento a su moneda propia. El hecho de que ningún Estado haya utilizado esta posibilidad debería incitar a reflexionar sobre el grado de interés que tales iniciativas tienen para los distintos países.

2.1

El Reglamento (CE) 2560/2001 sobre los pagos transfronterizos en la Comunidad está en vigor desde el 31 de diciembre de 2001. Prevé que el coste de una operación de pago transfronterizo sea igual, en cada Estado miembro, al de una transacción similar realizada dentro de ese Estado. El Reglamento se aplica a las transferencias, a los pagos electrónicos, a las tarjetas de crédito de todo tipo y a las retiradas de efectivo en los cajeros automáticos. La propuesta de la Comisión amplía el ámbito de aplicación del Reglamento, a partir del 1 de noviembre de 2009, a los adeudos domiciliados, mejora el sistema de regulación de las reclamaciones e introduce simplificaciones en los sistemas de declaraciones estadísticos.

2.2

El objetivo de la Comisión consiste en mejorar el funcionamiento del mercado interior de los sistemas de pago en euros, en el cual las operaciones nacionales o internacionales se sometan a las mismas normas, lo que representaría ahorros y ventajas para los consumidores y para la economía en general. La resolución de los litigios merece una atención especial para responder a las observaciones formuladas por las asociaciones de consumidores, mientras que las declaraciones estadísticas representan cargas administrativas y elevados costes para las entidades de crédito.

2.3

El CESE expresa su satisfacción por la iniciativa de la Comisión, cuyas líneas generales aprueba, y formula algunas observaciones y sugerencias para aportar una contribución útil a los debates en curso.

3.1

A raíz de las presiones ejercidas durante años por la Comisión, el sector bancario creó una infraestructura de pagos a nivel europeo (SEPA, zona única de pagos en euros), que ya funciona satisfactoriamente, tanto desde un punto de vista técnico y organizativo como del de la alineación de las comisiones facturadas en los pagos internacionales y los nacionales. Según la Comisión, «puede considerarse… que este Reglamento es el punto de arranque de la SEPA».

3.2

No cabe sino celebrar los resultados obtenidos. Pero subsisten todavía elementos serios de perplejidad en cuanto a la conformidad con los principios generales del mercado único. En primer lugar, la SEPA tiene por objeto solucionar el problema de los pagos en euros. Los países que no pertenecen a la zona euro no se benefician de este sistema, salvo para los pagos que efectúan en la moneda única. A raíz de la ampliación, se puede afirmar que actualmente la SEPA cubre la mayor parte de las operaciones intracomunitarias: un mercado interior a velocidad variable.

3.3

En segundo lugar, la igualdad de las condiciones aplicadas a los pagos nacionales e internacionales vale solamente dentro de un mismo país. Las diferencias entre los distintos países subsisten y son a veces considerables, pero son aún mayores las diferencias entre el conjunto de países de la zona euro y los demás. El Reglamento en vigor prevé la posibilidad de su adopción voluntaria por los países no integrados en la zona euro, pero esta cláusula no se ha utilizado mucho hasta ahora. El resultado global es que todavía falta mucho para una convergencia razonable de los precios en el interior de la UE.

3.4

Y precisamente en relación con la convergencia de los precios, no se pretende afirmar que sea posible lograr su uniformidad. No obstante, se podría avanzar en términos de transparencia y de una mejor respuesta a las aspiraciones de los consumidores si cada país procediera con cuidado a un examen comparativo de los costes: existen enormes diferencias en materia de costes de infraestructura, de incidencia de las cargas fiscales y sociales, de organización y de importancia relativa de las transacciones nacionales e internacionales. Un análisis tal podría también proporcionar indicaciones útiles sobre la validez de la decisión de incluir en el Reglamento todos los instrumentos transfronterizos de pago electrónico.

22.9.2009   

ES

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C 228/69

1.1

El Comité considera fundamentales los objetivos de la propuesta y anima a la Comisión a elaborar un sistema común de medición que vaya más allá de las investigaciones y realizaciones nacionales, para alcanzar un valor añadido europeo, que sea compartido por todos.

1.2

La finalidad, a juicio del CESE, debería ser alcanzar a nivel mundial una posición única, en la que la voz de la UE no sea subalterna sino que promueva unas normas aplicables a los materiales, productos y procesos desarrollados en Europa y que respondan a los intereses industriales y comerciales de la UE.

1.3

En un contexto económico y social mundializado, una estructura metrológica europea que alcance niveles de excelencia sólo podrá, en opinión del Comité, tener repercusiones positivas en la economía de la UE.

1.4

El CESE considera que la comunidad científica europea debe participar cada vez en mayor medida en los procesos de elaboración de unos sistemas modernos, que permitan aplicar la metrología a las nuevas fronteras de la física, la química, la biología, las disciplinas medioambientales, la huella ecológica, las nanotecnologías, la alimentación y la higiene y seguridad en el lugar de trabajo.

1.5

En opinión del Comité, para lograr los resultados deseados y deseables es necesario esforzarse resueltamente por conseguir una mayor integración de la industria, el comercio y el sector público en el desarrollo de la investigación metrológica europea, que indique las nuevas normas en el concierto internacional.

1.6

El CESE considera muy importante que la comunidad científica en el ámbito de la investigación metrológica no aparezca como un mundo aislado y autorreferente.

1.7

La reglamentación y la normalización se plasman en sistemas mensurables, basados en una metrología aplicada y compartida a escala internacional. Ésta es la razón por la que el CESE sugiere que participen desde el principio en la elaboración de los nuevos sistemas los organismos europeos de normalización (CEN, CENELEC, ETSI) y los entes nacionales, junto a los organismos de acreditación.

1.8

El CESE considera que hay que hacer todo lo posible por conseguir una estrecha integración de la investigación metrológica europea con:

porque sólo de esta forma, excluyendo todo tipo de compartimentación, se podrán obtener resultados a nivel europeo, que puedan compartirse a escala internacional.

1.9

El Comité reconoce el mérito de las propuestas de la Comisión, dirigidas a apoyar el programa europeo de investigación en metrología (PEIM) (1) mediante dispositivos que prevén un grado elevado de «comunitarización», en términos de:

1.10

El Comité considera que se debería definir mejor el sistema de gobernanza. Es evidente que un sistema de gobernanza inseguro puede condicionar la evolución de la investigación y los resultados esperados.

1.11

A este respecto, el CESE reitera la necesidad de una mayor participación de los agentes directamente interesados en los resultados de la investigación en metrología, tanto en la fijación de las prioridades como en la elaboración y evaluación de las convocatorias, que se publican a través de CORDIS y en el Diario Oficial, para propuestas que cuenten con la participación de empresas, universidades y centros de investigación y formación, tanto en el seguimiento como en el control de los programas y proyectos financiados.

1.12

El CESE considera conveniente que el Consejo científico de investigación del PEIM tenga la posibilidad de controlar, emitiendo dictámenes vinculantes dirigidos al Comité PEIM, los tipos de investigación que deben financiarse, el programa de trabajo anual y la selección del grupo de evaluadores independientes de las propuestas, y que un observador de la Comisión asista a los trabajos del grupo de evaluación, al igual que en el 7o PM.

1.13

En opinión del CESE, sería oportuno prever en las propuestas de preparación del próximo PM de IDT+D 2014-2020 un verdadero programa comunitario permanente, coordinado y gestionado por la Comisión, basado en un proceso continuo de participación de las partes interesadas, y, sobre todo, que tenga en cuenta las necesidades del sector industrial, de la comunidad académica y científica, de la normalización, así como los aspectos internacionales de la investigación en metrología, especialmente en las relaciones con organismos internacionales como ISO, OCDE y otros órganos de referencia como la IUAP (2).

—

la seguridad,

—

el etiquetado de alimentos,

—

los sistemas sanitarios,

—

el medio ambiente,

—

la biotecnología,

—

las nanotecnologías y los materiales avanzados,

—

la energía y

—

los transportes, las telecomunicaciones y los sistemas de seguridad,

3.1

La propuesta, basada en el artículo 169, pretende establecer un programa europeo de investigación en metrología (PEIM), que reunirá 22 programas nacionales de investigación en metrología, con el fin de mejorar la eficiencia y efectividad de la investigación pública en metrología.

3.2

Entre los objetivos indicados está el de contribuir a estructurar el Espacio Europeo de Investigación a través de una mayor coordinación de los programas nacionales, para hacer frente a algunos desafíos europeos comunes, suprimiendo los obstáculos entre los distintos programas nacionales.

3.3

El PEIM pretende, según la Comisión, integrar los programas nacionales de veintidós Estados miembros, reuniéndolos en un programa común de investigación único para:

3.4

El modelo de gobernanza propuesto se basa en la experiencia adquirida con la primera iniciativa al amparo del artículo 169, emprendida durante el Sexto Programa Marco (iniciativa EDCTP) (9).

3.5

La iniciativa PEIM prevé una dotación de 400 millones de euros, con una contribución de 200 millones de los países participantes para el período 2009-2016, y una contribución comunitaria prevista de 200 millones.

3.6

La coordinación de la iniciativa correrá a cargo de la Asociación Europea de Institutos Nacionales de Metrología (EURAMET), instituida en 2007 de acuerdo con la legislación alemana y reconocida como asociación de utilidad pública, con secretaría en Braunschweig (Baja Sajonia), que actúa como organización metrológica regional europea y Agencia ejecutiva de la iniciativa PEIM.

—

la excelencia de la estructura metrológica;

—

proyectos de investigación comunes, competitivos y abiertos;

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un aumento de la participación de las comunidades de investigadores, mediante el desarrollo de sus competencias;

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una verdadera cooperación internacional, que valorice el sistema europeo;

—

una voz unívoca a nivel global;

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y sobre todo, una mayor integración de la industria (asociaciones de empresarios y trabajadores), del comercio y del sector público en el desarrollo de la investigación metrológica europea.

—

el valor añadido de la propuesta,

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una visión clara y exhaustiva del programa conjunto de las actividades integradas, y

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una estructura de gobernanza.

5.1

El Comité reconoce el mérito de las propuestas de la Comisión para apoyar la iniciativa PEIM (12) proporcionando un alto nivel de «comunitarización» en la programación conjunta, en la asignación estimada de los recursos, en una lógica de «mutuo aprendizaje» y en las normas de participación de las empresas, universidades y centros de investigación, así como en la evaluación de las propuestas en las que debe participar, al igual que en el Séptimo Programa Marco, un observador de la Comisión.

5.2

Por otra parte, en lo que respecta a la gobernanza propuesta por la iniciativa PEIM, el CESE pone de relieve que: