ISSN 1725-244X

doi:10.3000/1725244X.C_2009.120.spa

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 120

European flag  

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

52o año
28 de mayo de 2009


Número de información

Sumario

Página

 

I   Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

 

DICTÁMENES

 

Comité de las Regiones

 

78o pleno de los días 12 y 13 de febrero de 2008

2009/C 120/01

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema diplomacia de las ciudades

1

2009/C 120/02

Dictamen del Comité de las Regiones mercado interior, visión social y servicios de interés general

6

2009/C 120/03

Dictamen de iniciativa del Comité de las Regiones sobre el tema los entes regionales y locales en primera línea de las políticas de integración

12

2009/C 120/04

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema Pensar primero a pequeña escala — Small Business Act para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas

17

2009/C 120/05

Dictamen del Comité de las Regiones libro verde sobre la cohesión territorial

23

2009/C 120/06

Dictamen del Comité de las Regiones libro verde sobre la calidad de los productos agrícolas

29

2009/C 120/07

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el libro verde — inmigración y movilidad

34

2009/C 120/08

Dictamen del Comité de las Regiones — El servicio universal en las comunicaciones electrónicas y las redes y la Internet del futuro

41

 

III   Actos preparatorios

 

Comité de las Regiones

 

78o pleno de los días 12 y 13 de febrero de 2008

2009/C 120/09

Dictamen del Comité de las Regiones hacia un transporte más ecológico

47

2009/C 120/10

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema Cielo Único Europeo II

52

2009/C 120/11

Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema reforma del sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) y del sistema de etiqueta ecológica comunitaria

56

2009/C 120/12

Dictamen del Comité de las Regiones asistencia sanitaria transfronteriza

65

ES

 


I Resoluciones, recomendaciones y dictámenes

DICTÁMENES

Comité de las Regiones

78o pleno de los días 12 y 13 de febrero de 2008

28.5.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/1


Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema «diplomacia de las ciudades»

2009/C 120/01

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

reconoce el papel esencial y cada vez más importante de la diplomacia de las ciudades, que se define en sentido amplio como el instrumento a través del cual los gobiernos locales y sus órganos pueden fomentar a escala mundial la cohesión social, el medio ambiente sostenible, la prevención de crisis, la resolución de conflictos, así como la labor de reconstrucción después de los conflictos, y todo ello con el objetivo de crear un entorno estable en el cual los ciudadanos puedan coexistir en paz en un clima de democracia, progreso y prosperidad,

reconoce que en la actualidad la diplomacia ya no se expresa ni se ejerce únicamente a través de los gobiernos nacionales y que, dada la necesidad de diálogo, cooperación y coordinación que exige la consecución de los objetivos de la paz, la democracia y el respeto de los derechos humanos en todos los niveles, fomentar una cooperación más estrecha entre los gobiernos nacionales y los entes locales y regionales constituye un requisito natural e indispensable para adoptar procedimientos y estrategias de mayor eficacia en los diferentes niveles, reconociendo que los municipios y las ciudades desempeñan un papel protagonista en el ámbito de la cooperación internacional cuando interactúan con otras ciudades en redes internacionales,

considera que, tanto en el contexto general de la cooperación transfronteriza como dentro de la política europea de vecindad —y, más concretamente, del instrumento europeo de vecindad y asociación—, se puede fomentar la cooperación con la Comisión Europea para poner en práctica una serie de asuntos, políticas y, fundamentalmente, acciones que conciernen a la diplomacia de las ciudades,

celebra la reactivación de la Asociación Euromediterránea y subraya la importancia de desarrollar una vía de diálogo entre las autoridades locales de los Estados miembros de la UE y los socios de la política europea de vecindad en el Mediterráneo, al igual que en Europa Oriental,

subraya la importancia decisiva que puede tener la experiencia de la UE en materia de transferencia de conocimientos técnicos en el conjunto de los posibles ámbitos de intervención de la diplomacia de las ciudades, desde la buena gobernanza, el fomento de la transparencia y la lucha contra la corrupción hasta el desarrollo local, las infraestructuras, la salud, la educación y la formación, la lucha contra la trata de seres humanos, la juventud, la igualdad de sexos y el diálogo intercultural.

Ponente

:

Sra. Loucaides (CY/PPE)

Concejala de Nicosia

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

como órgano institucional europeo que representa a los entes locales y regionales de los Estados miembros, de conformidad con el Tratado de la Unión Europea,

1.

reconociendo el papel esencial y cada vez más importante de la diplomacia de las ciudades, que se define en sentido amplio como el instrumento a través del cual los gobiernos locales y sus órganos pueden fomentar a escala mundial la cohesión social, el medio ambiente sostenible, la prevención de crisis, la resolución de conflictos, así como la labor de reconstrucción después de los conflictos, y todo ello con el objetivo de crear un entorno estable en el cual los ciudadanos puedan coexistir en paz en un clima de democracia, progreso y prosperidad,

2.

teniendo presente que este papel está reconocido a nivel internacional y que numerosas ciudades, autoridades locales y otras instancias públicas de los Estados miembros de la UE ejercen desde hace muchos años la diplomacia de las ciudades y que, dado el conocimiento profundo que tienen de la materia, desempeñan un papel fundamental y contribuyen con eficacia a entablar alianzas para facilitar el diálogo y la prevención de los conflictos, así como su resolución, la labor de reconstrucción posterior a los conflictos, y el desarrollo de terceros países tanto en el continente europeo, en particular en los Balcanes, como en Oriente Medio, América Latina, África y el resto del mundo,

3.

reconociendo que el mundo es cada vez más urbano y complejo, y que las ciudades y las autoridades locales están en el día a día en primera línea de un entorno multicultural, trabajando en favor de los derechos de los ciudadanos, la reducción de las tensiones, la resolución de las crisis, la integración social y económica, la cohesión territorial, el fomento del diálogo entre las culturas y las religiones, los Estados y los pueblos, así como la promoción de la paz y la estabilidad,

4.

reconociendo que en la actualidad la diplomacia ya no se expresa ni se ejerce únicamente a través de los gobiernos nacionales y que, dada la necesidad de diálogo, cooperación y coordinación que exige la consecución de los objetivos de la paz, la democracia y el respeto de los derechos humanos en todos los niveles, fomentar una cooperación más estrecha entre los gobiernos nacionales y los entes locales y regionales constituye un requisito natural e indispensable para adoptar procedimientos y estrategias de mayor eficacia en los diferentes niveles,

5.

reconociendo que los municipios y las ciudades desempeñan un papel protagonista en el ámbito de la cooperación internacional cuando interactúan con otras ciudades en redes internacionales, si bien es importante señalar que los municipios y las ciudades realizan estas tareas por iniciativa propia,

6.

reconociendo al mismo tiempo que la diplomacia de las ciudades y, en sentido más amplio, la cooperación descentralizada son instrumentos complementarios al servicio de la paz y el entendimiento entre los pueblos, y que los entes locales y regionales impulsan las iniciativas en favor de la coexistencia y el acercamiento entre Estados y pueblos, actuando siempre en el marco del Derecho internacional en materia de derechos humanos y de los principios y valores de la Unión Europea,

7.

preocupado por los nuevos retos con los que se enfrenta la humanidad, entre ellos el cambio climático, las catástrofes naturales, la falta de acceso al agua potable y a otros recursos naturales, el riesgo de epidemias, el hambre, la pobreza y el aumento constante de las migraciones, que conducen a una escalada del extremismo en nuestras sociedades, a intolerancia y a tensiones entre comunidades de diferentes culturas, etnias, religiones y tradiciones, que a menudo son la causa de conflictos internos y externos, y considerando que es necesario ofrecer la posibilidad de adoptar un planteamiento y una acción común,

8.

comprometiéndose a fomentar un desarrollo sostenible en nuestras ciudades y pueblos que sea más justo y coherente, en el respeto de los derechos humanos fundamentales y la igualdad entre hombres y mujeres, independientemente de su raza, cultura y religión, y respetando al mismo tiempo la necesidad de acceder a la educación y al mercado de trabajo, con el objetivo de fomentar los procedimientos democráticos y la autonomía local, factores vitales para la construcción de un mundo más unido y pacífico,

9.

consciente de que la naturaleza diversa de los conflictos impone constantemente a los gobiernos locales la obligación de asegurar la prosperidad de sus ciudadanos, y de que intensificar a nivel internacional el diálogo y la cooperación entre los entes locales y regionales podría contribuir al entendimiento mutuo, a la consecución de objetivos comunes y a la resolución de los conflictos, independientemente de su origen,

10.

reconociendo que son los ciudadanos y las comunidades locales los que se ven afectados por la incapacidad de los gobiernos centrales para entablar un diálogo encaminado a solucionar los problemas de manera constructiva con el fin de restaurar la normalidad y la estabilidad,

11.

reconociendo también que las autoridades locales, en tanto que instituciones más próximas al ciudadano, conocen sus necesidades y están en mejores condiciones de determinarlas y de responder a ellas, tanto en períodos de crisis o conflicto como de manera preventiva,

12.

considerando que es deber de las autoridades locales trabajar en pro de la libertad, la democracia y el progreso y, por lo tanto, contribuir al desarrollo internacional y a la consecución de la paz,

13.

reconociendo que la UE –y sus políticas como, por ejemplo, la política europea de vecindad– se enfrentará con grandes dificultades para desarrollar todo su potencial si no se solucionan los conflictos que hacen sumamente difícil, o incluso imposible, la cooperación regional,

14.

teniendo presente que recientemente se ha reconocido la mayor notoriedad e influencia que ha cobrado la diplomacia de las ciudades gracias a la organización de la Primera Conferencia Mundial sobre la Diplomacia de las Ciudades y el papel de los gobiernos locales en la prevención de los conflictos, los procesos de paz y la reconstrucción después de los conflictos, que se celebró en La Haya del 11 al 13 de junio de 2008 y que contó con representación del Comité de las Regiones,

15.

reconociendo la labor pionera y responsable que han realizado y siguen realizando en el ámbito de la diplomacia de las ciudades el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa; el Consejo de Municipios y Regiones de Europa; la Comisión de Diplomacia de las Ciudades, Consolidación de la Paz y los Derechos Humanos de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos; la Unión de Entes Locales para la Democracia; el Movimiento Mundial de Alcaldes por la Paz; las agencias competentes de Naciones Unidas, Global Forum y otras instituciones internacionales y ONG,

16.

invita todos los gobiernos locales a reflexionar sobre el deber que tienen de mantener la paz y la justicia y promover los derechos humanos para todos, construyendo ciudades cohesionadas para un mundo cohesionado,

17.

reitera la necesidad de desarrollar mecanismos de ayuda más eficaces y transparentes a nivel internacional, simplificar los procedimientos y, sobre todo, involucrar a las autoridades locales en la elaboración y el funcionamiento de los instrumentos correspondientes,

18.

acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión Europea de 8 de octubre de 2008, en la que se señala la necesidad de que las autoridades locales desempeñen un mayor papel en la planificación y aplicación de las acciones de desarrollo de la UE, y de que se entable un diálogo estructurado entre las autoridades locales y la Comisión, bajo la égida del Comité de las Regiones,

19.

valora positivamente, además, que esta Comunicación haga referencia a la creación de una plataforma para el intercambio de información entre las autoridades locales de la UE, tal como había propuesto el Comité de las Regiones,

20.

reitera que la UE tiene un interés directo en buscar soluciones a los conflictos y problemas regionales que ponen en peligro la seguridad de Europa, evitar los flujos migratorios incontrolados, garantizar el abastecimiento energético y, de modo más general, promover la paz mundial,

21.

reitera su convicción de que las relaciones de vecindad prósperas y seguras solo podrán lograrse si existe una cooperación eficaz a nivel local y regional,

22.

considera que los entes locales y regionales están en mejores condiciones de definir y responder a las necesidades de los ciudadanos, tanto de manera preventiva como en las situaciones que se producen después de los conflictos,

23.

considera que, tanto en el contexto general de la cooperación transfronteriza como dentro de la política europea de vecindad –y, más concretamente, del instrumento europeo de vecindad y asociación–, se puede fomentar la cooperación con la Comisión Europea para poner en práctica una serie de asuntos, políticas y, fundamentalmente, acciones que conciernen a la diplomacia de las ciudades,

24.

celebra la reactivación de la Asociación Euromediterránea y subraya la importancia de desarrollar una vía de diálogo entre las autoridades locales de los Estados miembros de la UE y los socios de la política europea de vecindad en el Mediterráneo, al igual que en Europa Oriental y en el Cáucaso, donde cabe señalar que, desde que se desencadenaron las hostilidades en agosto de 2008, la UE desempeña un papel importante con vistas a impulsar el proceso de paz y proporcionar ayuda humanitaria,

25.

reitera su intención de fomentar la creación de una Asamblea Regional y Local Euromediterránea para hacer realidad el Proceso de Barcelona y la Unión por el Mediterráneo, inaugurada el 13 de julio en París por el Consejo Europeo, con vistas a promover también, entre otros, los objetivos de la diplomacia de las ciudades,

26.

se felicita por la declaración final de la Conferencia ministerial del «Proceso de Barcelona: Unión por el Mediterráneo», celebrada los días 3 y 4 de noviembre de 2008 en Marsella, que en sustancia acepta la propuesta del Foro de entes locales y regionales que tuvo lugar los días 22 y 23 de junio de 2008 en Marsella, reiterada en el Dictamen del CDR de 8 de octubre, y se compromete a asociar la Asamblea Regional y Local Euromediterránea (ARLEM) a la Unión por el Mediterráneo una vez constituida,

27.

reconoce que, pese a la experiencia adquirida por todas las partes interesadas y su papel constructivo y fundamental, no existe un modelo concreto para ejercer y aplicar la diplomacia de las ciudades,

28.

señala que sigue siendo difícil definir con exactitud los principales factores que determinan el éxito o el fracaso de la acción de la diplomacia de las ciudades y que, por consiguiente, los métodos deben adaptarse a cada circunstancia y ser flexibles para poder reaccionar en un contexto de rápido cambio,

29.

tiene la convicción de que todos los que intervienen en la diplomacia de las ciudades deben comprender que constituye un proceso complejo que siempre viene a completar otros esfuerzos, que deben conocer bien las condiciones concretas de las zonas en conflicto y el contexto histórico de las confrontaciones, y que deben contar con el acuerdo de las autoridades locales afectadas para cualquier iniciativa o acción que se desee emprender,

30.

opina que la experiencia y la cooperación de las instituciones de la UE en este ámbito son determinantes, y reitera que es necesario ofrecer un mayor apoyo político y técnico para garantizar la cooperación transfronteriza permanente con los gobiernos locales de los países vecinos de la UE; pide a los Estados miembros y a los países socios que aprovechen al máximo los recursos del programa TAIEX y otros medios de hermanamiento existentes, al igual que otros programas como «Europa para los ciudadanos 2007-2013», con el objetivo de sentar las bases necesarias para impulsar la labor de la diplomacia de las ciudades,

31.

recuerda la posibilidad de realizar intercambios de funcionarios entre las autoridades locales de los Estados miembros de la UE para promover la dimensión de la diplomacia de las ciudades y para estrechar también la cooperación y coordinación entre ellos, con el fin de intercambiar experiencias y crear redes de actuación,

32.

subraya la importancia decisiva que puede tener la experiencia de la UE en materia de transferencia de conocimientos técnicos en el conjunto de los posibles ámbitos de intervención de la diplomacia de las ciudades, desde la buena gobernanza, el fomento de la transparencia y la lucha contra la corrupción hasta el desarrollo local, las infraestructuras, la salud, la educación y la formación, la lucha contra la trata de seres humanos, la juventud, la igualdad de sexos y el diálogo intercultural,

33.

recuerda que la Comisión Europea y los Estados miembros deben seguir cooperando con las autoridades locales y la sociedad civil para mejorar los derechos humanos y, en especial, los derechos de todos los grupos desfavorecidos de las comunidades locales, e invita en particular a los países socios de la Asociación Euromediterránea a que se muestren más abiertos a la contribución de la sociedad civil, de los gobiernos locales, y, por extensión, de la diplomacia de las ciudades,

34.

sostiene que, si bien por una parte es necesario que los interlocutores internacionales refuercen y faciliten la acción de la diplomacia de las ciudades, cabe reconocer que toda nueva estructura deberá establecerse sólo si es absolutamente indispensable y únicamente cuando responda a necesidades específicas,

35.

precisa que su Comisión de Relaciones Exteriores y Cooperación Descentralizada sigue de cerca la evolución en este terreno, fomenta la comunicación entre las partes interesadas, las redes europeas e internacionales y las organizaciones no gubernamentales, y determina, si procede, cuáles son las regiones donde puede ejercerse la diplomacia de las ciudades y donde el Comité de las Regiones puede desempeñar un papel catalizador,

36.

propone que el Comité de las Regiones informe a la UE de las necesidades de los entes locales y regionales en las regiones donde se registren conflictos y exhorta a participar más activamente en la resolución de los conflictos apoyando la diplomacia de las ciudades y las medidas correspondientes,

37.

exhorta también a la UE a que incluya la diplomacia de las ciudades en el orden del día de las reuniones con los organismos internacionales competentes,

38.

anima a la Comisión Europea a que fomente programas regionales que tengan como objetivo hacer partícipes a los entes locales y regionales y a sus órganos colectivos de la diplomacia de las ciudades, con el fin de promover objetivos y principios comunes,

39.

acoge con satisfacción la iniciativa del Consejo de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa de elaborar una Carta Europea de la Diplomacia de las Ciudades, así como el proyecto de creación de un fondo; pide a la UE que examine la posibilidad de crear un instrumento de financiación para poner en práctica las medidas y la difusión general de la diplomacia de las ciudades,

40.

visto el amplio eco que encuentran las manifestaciones anuales del «OPEN DAYS — Semana Europea de las Regiones y Ciudades», recomienda preparar un seminario de información específico sobre la diplomacia de las ciudades integrado en el programa de la edición de 2009,

41.

llama la atención de los Estados miembros sobre la diplomacia de las ciudades, destacando el compromiso con los valores de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos, e invita a los Estados miembros a que apoyen las iniciativas de la diplomacia de las ciudades, tanto a nivel bilateral como multilateral, en tanto que instrumento muy prometedor para reforzar el diálogo entre los entes locales y regionales a nivel internacional y en el marco general de la política exterior de los Estados miembros, apoyando en este sentido las iniciativas de la sociedad civil en favor de una paz duradera,

42.

informará al Presidente de la Comisión Europea, al Alto Representante de la UE para la Política Exterior y de Seguridad Común, a la Comisaria de Relaciones Exteriores, al Comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria y al Presidente del Parlamento Europeo del contenido del presente dictamen, destacando el papel que propone desempeñar en la diplomacia de las ciudades y las ventajas que la UE puede lograr en lo que respecta al refuerzo de su política exterior y a la consecución de los objetivos de la paz, la seguridad y la estabilidad.

Bruselas, 12 de febrero de 2009.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Luc VAN DEN BRANDE


28.5.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/6


Dictamen del Comité de las Regiones «mercado interior, visión social y servicios de interés general»

2009/C 120/02

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

está de acuerdo con la Comisión en que el mercado interior tiene que dar competencias a los consumidores y las PYME, aprovechar la globalización para el beneficio de Europa, abrir nuevas fronteras de conocimiento e innovación, facilitar el crecimiento económico para generar puestos de trabajo y hacer competitiva a Europa de acuerdo con los objetivos de Lisboa, y abarcar una fuerte dimensión social y ambiental;

lamenta que las declaraciones de la Comunicación sean bastante generales. Por lo tanto, llegado el momento, será preciso someter las futuras propuestas concretas de la Comisión para la consecución de los objetivos mencionados en la Comunicación a un examen minucioso, sobre todo con miras al respeto del principio de subsidiariedad;

manifiesta su convencimiento de que el mercado interior sólo podrá funcionar bien si las empresas son competitivas y si reporta verdaderos beneficios sociales a los ciudadanos de Europa; por ello, considera esencial profundizar en la vía abierta por la Directiva de Servicios, que pretende desarrollar más plenamente la libertad de establecimiento y de prestación de servicios y, en este sentido, aumentar la competencia real y mejorar el funcionamiento del mercado único europeo.

Ponente

:

Michael Schneider (DE/PPE), Secretario de Estado, Representante plenipotenciario del Estado federado de Sajonia-Anhalt ante el Gobierno federal

Textos de referencia

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Un mercado único para la Europa del siglo XXI

COM(2007) 724 final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité Económico y Social Europeo y el Comité de Las Regiones que acompaña a la Comunicación «Un mercado único para la Europa del siglo veintiuno» — Servicios de interés general, incluidos los sociales: un nuevo compromiso europeo

COM(2007) 725 final

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Oportunidades, acceso y solidaridad: hacia una nueva visión social para la Europa del siglo XXI

COM(2007) 726 final

Observaciones generales

EL Comité de las Regiones se remite a su Dictamen prospectivo sobre el tema «El futuro del mercado único, incluido un balance de la sociedad europea», de 23 de marzo de 2007, que contiene recomendaciones importantes para el desarrollo ulterior del mercado interior.

Contexto

El mercado interior europeo desempeña un papel clave en el mundo globalizado y en el marco de la Estrategia de Lisboa, puesto que fomenta la competitividad de la economía europea y, por consiguiente, el crecimiento y el empleo. Simultáneamente contribuye a mejorar la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos europeos. Por lo tanto, el mercado interior representa uno de los principales logros conseguidos por la Unión Europea hasta el momento.

En este contexto, el Comité de las Regiones acoge con satisfacción la presentación del paquete de medidas sobre el mercado interior presentado por la Comisión, en el que expone y somete a debate sus puntos de vista para el desarrollo ulterior y la futura configuración del mercado interior europeo. Es un paso importante para poder seguir afrontando los crecientes desafíos que entraña la globalización.

Comunicación «Un mercado único para la Europa del siglo XXI»

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

1.

está de acuerdo con la Comisión en que el mercado interior tiene que dar competencias a los consumidores y las PYME, aprovechar la globalización para el beneficio de Europa, abrir nuevas fronteras de conocimiento e innovación, facilitar el crecimiento económico para generar puestos de trabajo y hacer competitiva a Europa de acuerdo con los objetivos de Lisboa, y abarcar una fuerte dimensión social y ambiental;

2.

lamenta que las declaraciones de la Comunicación sean bastante generales. Por lo tanto, llegado el momento, será preciso someter las futuras propuestas concretas de la Comisión para la consecución de los objetivos mencionados en la Comunicación a un examen minucioso, sobre todo con miras al respeto del principio de subsidiariedad;

3.

destaca que el principio de subsidiariedad es un elemento fundamental del sistema político y jurídico de la Unión Europea; no obstante, hace igualmente hincapié en que muchos de los retos que la UE afronta actualmente son de naturaleza global (globalización, necesidad de protección social, influencia de los mercados financieros globales, cambio climático, etc.) y que, por consiguiente, en los ámbitos en que los problemas no pueden resolverse a nivel local, regional o nacional se requieren soluciones comunes basadas en principios compartidos;

4.

manifiesta su convencimiento de que el mercado interior sólo podrá funcionar bien si las empresas son competitivas y si reporta verdaderos beneficios sociales a los ciudadanos de Europa; por ello, considera esencial profundizar en la vía abierta por la Directiva de Servicios, que pretende desarrollar más plenamente la libertad de establecimiento y de prestación de servicios y, en este sentido, aumentar la competencia real y mejorar el funcionamiento del mercado único europeo;

5.

opina, al igual que la Comisión, que es necesario convencer a muchos de los consumidores de la UE en su vida cotidiana de las ventajas que entraña un mercado común europeo. En efecto, la aceptación de la UE sólo aumentará cuando los ciudadanos perciban personalmente las ventajas que les aporta la Unión Europea;

6.

pide a los Estados miembros que comuniquen de manera expresa, por un lado, los aspectos vinculados al mercado interior y, por otro lado, las medidas para la protección de los consumidores, la creación de empleo, el crecimiento económico y la estabilidad de los precios. En este contexto, los entes locales y regionales pueden desempeñar un papel destacado;

7.

recomienda, por ello –como ya hizo en su Dictamen prospectivo sobre el tema «El futuro del mercado único, incluido un balance de la sociedad europea»–, que la Comisión Europea, los Estados miembros y los entes regionales y locales, para responder a las preocupaciones de los ciudadanos y de las empresas, comuniquen mejor cómo gestionar el ajuste económico y social que resulta de la globalización y de la creciente competencia;

8.

acoge con agrado la intención de la Comisión de tener particularmente en cuenta las necesidades de las PYME, que hacen posible el crecimiento económico y la creación y diversificación de puestos de trabajo, en el desarrollo ulterior del mercado interior. Por este motivo se deberían tomar más medidas para facilitar el acceso de las PYME al mercado interior, ayudarlas a crecer y permitirles que exploten aún más su potencial empresarial. Los clústers y las plataformas, en particular, son un método excelente para las PYME, a nivel local, regional, nacional e incluso, cada vez más, transnacional, para ampliar su base, contactos, oportunidades de mercado, beneficios y la consiguiente creación de empleo;

9.

recomienda, por tanto, de nuevo que la Comisión Europea y los Estados miembros lleven a cabo consultas y dialoguen con los entes locales y regionales, las organizaciones empresariales y los interlocutores sociales para determinar qué obstáculos burocráticos pueden eliminarse en interés de las empresas, en especial de las PYME, que son las que en mayor medida padecen los obstáculos administrativos persistentes en el mercado único. Se deben tener en cuenta en este contexto las interacciones entre eliminación de burocracia en beneficio de las PYME y la imposición de cargas adicionales para las administraciones regionales y locales;

10.

respalda, por consiguiente, las dos iniciativas de la Comisión Europea destinadas a promover las PYME. En el marco de una reglamentación especial para las pequeñas y medianas empresas deberán adoptarse una serie de medidas para apoyar a las PYME, siguiendo el principio de «pensar primero a pequeña escala». El CDR también acoge favorablemente la propuesta de la Comisión en pro de un Estatuto de la sociedad privada europea para facilitar las actividades transfronterizas de las PYME. La simplificación prevista de las estructuras societarias es apropiada para mejorar la competitividad de las empresas europeas. Unas normas simples, eficaces y no burocráticas contribuirán directamente a restaurar unas condiciones equilibradas de competencia y la estabilidad económica. Las medidas de eficacia demostrada en este ámbito tienen una repercusión directa y positiva sobre la economía. Podrían reducirse los costes de asesoría jurídica y servicios de asesoría para la creación de empresas. Sin embargo, cuando se debatan todas estas posibilidades deberá garantizarse que las medidas de nivel europeo estarán coordinadas con las estructuras existentes en los ordenamientos nacionales del Derecho de sociedades y que se respetan las normas sociales vigentes;

11.

aplaude las observaciones de la Comisión sobre las ventajas de la globalización, pero señala que esas ventajas sólo surtirán el efecto mencionado si los demás actores del mercado mundial aceptan verdaderamente los estándares europeos. En caso contrario, los distintos estándares europeos podrán conducir también a una reducción de la competitividad de la economía europea;

12.

señala a este respecto que la UE necesita una nueva estrategia de globalización que, además de la competitividad, se apoye en los pilares del crecimiento económico sostenible, el pleno empleo, la cohesión social y una explotación sostenible de los recursos naturales. En la evaluación de las repercusiones que se lleven a cabo posteriormente también deberán tenerse en cuenta estos aspectos;

13.

destaca que, debido al aumento de la globalización y a la creciente competencia derivada de ella entre las economías del conocimiento, las empresas europeas deberán ser todavía más innovadoras y creativas para poder seguir siendo competitivas;

14.

reconoce, en este contexto, que el objetivo formulado por el Consejo de aumentar el gasto de investigación en la Unión Europea al 3 % del PIB constituye un elemento básico para la competitividad y viabilidad de la economía europea;

15.

señala que la educación y la formación –y por ende el desarrollo permanente de las capacidades de las personas– constituyen el mayor reto al que deben hacer frente la Unión Europea, los Estados miembros y las regiones. Junto con la competencia, el espíritu de empresa, la innovación y la inversión, son una fuerza motriz que impulsa el aumento de la productividad. Por consiguiente, debe mejorarse la capacidad de inversión en capital humano de los Estados miembros y de los entes regionales y locales, a fin de dotar de contenido real al concepto de aprendizaje a lo largo de toda la vida;

16.

recomienda que, en particular, se dedique mayor atención a la cooperación transfronteriza en materia de investigación, desarrollo e innovación, dado que en este ámbito siguen existiendo importantes potenciales pendientes de explotación;

17.

recuerda, por lo tanto, la importancia de que los directivos, tanto en el sector público como en el privado, creen un clima de confianza para motivar a sus trabajadores en el desarrollo de sus competencias, y la necesidad de proponerse crear puestos de trabajo de alta calidad;

18.

está de acuerdo con la Comisión en que la protección de la propiedad intelectual es un elemento fundamental de un mercado interior efectivo. Una protección eficaz de la propiedad intelectual no sólo fomenta la innovación y la creatividad, sino que también estimula la competitividad y la creación de empleo;

19.

destaca, al igual que la Comisión, la importancia que tiene la dimensión medioambiental y social del mercado interior. Opina que, a la luz del cambio climático, es preciso reforzar las medidas de protección del medio ambiente. Pero también destaca que es preciso hallar las soluciones adecuadas a los costes asociados a la estrategia de sostenibilidad, para no gravar excesivamente a los ciudadanos y posibilitar a las empresas que ya han invertido en estándares medioambientales muy altos su permanencia en Europa. Una deslocalización de empresas europeas con estándares medioambientales altos a regiones fuera de Europa sin estos altos estándares medioambientales también pondría en peligro la consecución de los objetivos climáticos mundiales;

20.

coincide con la Comisión en que la movilidad de los trabajadores es un elemento esencial de la configuración del mercado interior. Aunque los Estados miembros tienen competencia para establecer su propia normativa laboral en función de sus exigencias, es importante evitar o suprimir aquellos obstáculos a la libre circulación que no estén justificados por motivos relacionados con el respeto de las libertades y los derechos fundamentales;

21.

considera, al igual que la Comisión, que el mercado interior ha modificado los hábitos de movilidad en la UE. Algunos trabajadores tienen dificultades de adaptación y ven estos procesos como una amenaza. Por ello, el Comité de las Regiones comparte la opinión de la Comisión en el sentido de que deben garantizarse los derechos de los trabajadores y, en particular, deben salvaguardarse mediante la correcta aplicación de las disposiciones del derecho laboral europeo;

22.

señala que la cohesión económica, social y territorial en la Unión Europea es un pilar básico de la integración. La configuración de la futura política de cohesión está estrechamente vinculada con la política en favor del crecimiento y el empleo de la UE. Precisamente, los fondos procedentes del Fondo Social Europeo eran y son un factor significativo de apoyo a los trabajadores y las empresas para la necesaria modernización del mundo del trabajo, así como para mejorar las oportunidades de integración en el mercado laboral. De este modo podrán satisfacerse mejor las exigencias de un entorno económico globalizado;

23.

celebra que la Comisión destaque en varios lugares de la Comunicación la importancia que tiene «Legislar mejor», la evaluación de impacto, la evaluación y simplificación de la legislación vigente y la reducción de la burocracia. Es preciso que la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, así como los Estados miembros y las regiones, consigan buenos resultados en este ámbito, puesto que estas mejoras legislativas benefician a los ciudadanos y a las empresas. Así conseguirán que aumente el grado de satisfacción con la cooperación europea.

Documento adjunto «Servicios de interés general, incluidos los sociales: un nuevo compromiso europeo»

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

24.

lamenta que la Comisión dedique a la cuestión esencial de los servicios de interés general únicamente un documento complementario que no responde a las expectativas formuladas -en particular, en el marco de la consulta sobre el Libro Blanco relativo a los SIG- por el Comité de las Regiones (1) y el Parlamento Europeo (2);

25.

apoya la declaración de la Comisión de que la decisión sobre la naturaleza, el alcance, la organización y la financiación de esos servicios incumbe de modo independiente a los Estados miembros y a los entes locales y regionales;

26.

está de acuerdo con la Comisión en que los servicios de interés general son muy importantes para el bienestar de los ciudadanos, la inclusión social, la protección de la cohesión social y la mejora de la tasa de empleo;

27.

destaca, por lo tanto, que los servicios de interés económico general que no están sujetos a la normativa sectorial europea suelen estar influenciados por la cultura regional y local y los usos locales y, por lo tanto, requieren una acción regional y local apropiada;

28.

expresa su satisfacción por el nuevo artículo 14 del Tratado de Lisboa, que introduce un nuevo fundamento jurídico para los servicios de interés económico general (SIEG). En función de este fundamento jurídico, el Consejo y el Parlamento podrán establecer, mediante reglamentos y de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, los principios y las condiciones, en particular económicas y financieras, que permitirán llevar debidamente a cabo las misiones de los SIEG y pondrán fin a la inseguridad jurídica derivada del enfoque «caso por caso» preferido hasta ahora por la Comisión, ya sea en el plano legislativo (directivas sectoriales) o contencioso. Por este motivo, lamenta que la Comunicación sobre los SIG se limite a mencionar el artículo 14, sin detenerse en sus consecuencias;

29.

acoge también con satisfacción la introducción en el Tratado de Lisboa de un Protocolo sobre los servicios de interés general, en el que se pone de relieve la importancia de estos servicios. En dicho protocolo se reconocen la diversidad de los servicios de interés general y la competencia prioritaria de los Estados miembros para su prestación. El Comité de las Regiones destaca que el protocolo subraya expresamente el amplio margen de discrecionalidad de los entes regionales y locales respecto de la adaptación de los servicios a las necesidades de los usuarios, la contratación pública y la organización;

30.

considera que, pese a estar desarrollados de maneras diferentes en los Estados miembros, los SSIG son un elemento esencial del modelo social europeo y que, por este motivo, es necesario que a nivel comunitario se garantice un marco jurídico estable y transparente para el desarrollo de estos servicios, en el pleno respeto del principio de subsidiariedad y, en particular, de las competencias de los entes locales en la definición de las misiones, la gestión y la financiación de estos servicios;

31.

observa que, a pesar de la petición del Comité de las Regiones (3) y del Parlamento Europeo (4) de que la Comisión presente una propuesta legislativa que garantice una auténtica seguridad jurídica para la prestación de servicios sociales de interés general, las propuestas incluidas en la Comunicación relativa a los SIG se limitan a una serie de respuestas a las «preguntas más frecuentes», que resultan de utilidad pero no tienen valor jurídico vinculante;

32.

reconoce que, en el documento de acompañamiento, la Comisión intenta diferenciar claramente los servicios de interés económico general de los servicios no económicos de interés general. No obstante, las observaciones de la Comisión al respecto son tan generales que no siempre contribuyen a establecer una diferencia jurídicamente segura para cada caso;

33.

señala que no existe un «modelo social europeo» uniforme y que, por lo tanto, es preciso respetar y tener en cuenta la diversidad y las diferencias existentes en la organización de los servicios sociales en los distintos Estados miembros. La discrecionalidad de los Estados miembros para determinar lo que entiendan como servicios de interés económico general no debe quedar restringida por nuevos textos jurídicos vinculantes de la UE o procesos adicionales de coordinación. Tampoco se debe interpretar el nuevo artículo 14 del Tratado de Lisboa de manera restrictiva para las competencias de los Estados miembros;

34.

destaca que es preciso evitar que aumenten las obligaciones de información y los trámites burocráticos y estadísticos adicionales;

35.

señala que el Derecho comunitario afecta de muchas maneras a los regímenes nacionales de prestaciones sociales. En el pasado se ha podido observar que, con su legislación sobre contratación pública, competencia y ayudas, la UE ha afectado de forma notable a la configuración de los servicios de interés general locales, sin garantizar a los prestatarios y beneficiarios de estos servicios una auténtica seguridad jurídica;

36.

cita a este respecto como ejemplo del Derecho comunitario de contratación pública la cooperación intermunicipal. Esta entraña un gran potencial de eficiencia que puede revertir en provecho de los ciudadanos. Como instrumento de colaboración administrativa, no está sujeta por regla general a ningún requisito en materia de contratación pública, sino que, por el contrario, debería entenderse como decisión organizativa nacional no sujeta al Derecho de contratación pública y ser respetada por la Comisión;

37.

hace hincapié en que el Derecho comunitario de contratación pública reviste una gran importancia, sobre todo para los entes regionales y locales. Por desgracia, la Comunicación interpretativa sobre la adjudicación de contratos públicos por debajo de los umbrales muestra, por el lado de la Comisión, una falta de sensibilidad hacia los intereses de los entes regionales y locales. Por consiguiente, en futuros debates sobre este tema, es necesario hallar soluciones políticas que garanticen seguridad jurídica en este ámbito para los entes regionales y locales;

38.

exhorta a la Comisión a que, independientemente del resultado del procedimiento que se acaba de citar, se plantee la posibilidad de flexibilizar o retirar los requisitos incluidos en la Comunicación interpretativa.

Comunicación «Oportunidades, acceso y solidaridad: hacia una nueva visión social para la Europa del siglo XXI»

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

39.

considera que en las disposiciones del Tratado de Reforma de Lisboa también se pone de relieve la creciente importancia de la política social europea al definir, en su artículo 2, nuevos objetivos sociales para la UE: «La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del niño». Oportunidades para una Europa más social figuran también en la Carta de los Derechos Fundamentales, en el carácter vinculante de la «cláusula social transversal» y en el Protocolo sobre los servicios de interés general. El Tratado ofrece igualmente oportunidades para garantizar una «cooperación reforzada», que los Estados miembros pueden fomentar y utilizar en el ámbito social (5);

40.

está de acuerdo con la Comisión en que, gracias a las mejoras conseguidas en materia de oportunidades, acceso y solidaridad, se puede estimular el bienestar en Europa para afrontar los desafíos cambiantes. En este contexto, considera correcto que la Comisión mencione los siguientes ámbitos: los jóvenes, las carreras profesionales, una vida larga y sana, la igualdad de género, la inclusión activa y la no discriminación, la movilidad y la integración satisfactoria, así como la participación, la cultura y el diálogo;

41.

está de acuerdo con la opinión de la Comisión de que no existe un concepto único válido para toda Europa que permita hacer realidad el papel central que debe desempeñar la igualdad de oportunidades en el marco de la visión social para la Europa del siglo XXI, y que en muchos ámbitos de la política social, la variedad de instrumentos y prácticas políticas, así como la heterogeneidad de organismos nacionales, obstaculizan la armonización. Rechaza, por lo tanto, la postura de que desafíos similares o idénticos son también automáticamente desafíos comunes que requieren una intervención común precisamente a nivel comunitario;

42.

está de acuerdo con la Comisión en que es preciso buscar en primer lugar las soluciones económicas y sociales innovadoras necesarias en los niveles local, regional y nacional, y destaca el importante papel que desempeñan en este contexto los entes locales y regionales y los interlocutores sociales;

43.

destaca que la Comisión debe limitarse estrictamente a ejercer las competencias que le asigna el Tratado, que se traducen básicamente en una competencia de apoyo y de complemento de las actividades de los Estados miembros;

44.

reconoce la gran importancia de la educación y la cualificación de los jóvenes como condición necesaria de la creación de empleo, la integración social y, por ende, la realización del mercado interior;

45.

rechaza expresamente la opinión emitida por la Comisión en su Comunicación en el sentido de que existe un «sistema europeo de educación y formación» y subraya que la UE tiene la estricta obligación de respetar la competencia de los Estados miembros a la hora de determinar los planes de estudios y la organización de sus sistemas de enseñanza;

46.

reconoce que, con el debido respeto de las competencias previstas en el Tratado, la UE puede desempeñar un papel importante en el intercambio de experiencias y buenas prácticas, en el apoyo a los niveles local, regional y nacional y en la sensibilización de la opinión pública;

47.

acoge con agrado, en el contexto de los objetivos perseguidos, el intercambio de experiencias y mejores prácticas a escala europea con la participación de los entes locales y regionales;

48.

toma nota de que, ante los problemas de aplicación que existen en los desafíos planteados a muchos Estados miembros, la Comisión ha propuesto examinar y adaptar el marco jurídico existente en materia de igualdad de género y de lucha contra las discriminaciones. Rechaza, no obstante, la extensión de las normas pertinentes a otros ámbitos.

Bruselas, 12 de febrero de 2009.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  Dictamen sobre el Libro Blanco sobre los servicios de interés general (CDR 327/2004) — DO C 164 de 5.7.2005.

(2)  Resolución del Parlamento sobre el Libro Blanco sobre los servicios de interés general [2006/2101(INI)], 27.9.2006.

(3)  Dictamen de 6 de diciembre de 2006 sobre la «Comunicación de la Comisión —Aplicación del programa comunitario de Lisboa —Servicios sociales de interés general en la Unión Europea», COM(2006) 177 final (CDR 181/2006).

(4)  Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de marzo de 2007, sobre los servicios sociales de interés general en la Unión Europea [2006/2134(INI)].

(5)  Letra a) del apartado 5 del artículo 6 y artículo 27, respectivamente.


28.5.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/12


Dictamen de iniciativa del Comité de las Regiones sobre el tema los entes regionales y locales en primera línea de las políticas de integración

2009/C 120/03

EL COMITÉ DE LAS REGIONES:

señala que las estrategias para la integración de los inmigrantes están vinculadas a una política europea de inmigración que, para ser eficaz, deberá acompañarse, en particular, de un apoyo adecuado al desarrollo de los países de procedencia y de tránsito de los inmigrantes;

hace hincapié en que las políticas para la integración de los inmigrantes deben conllevar la aceptación plena y compartida de los valores básicos de la cultura europea, como el respeto de los derechos humanos y de la diversidad, la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia;

subraya la necesidad de adoptar un planteamiento holístico que tenga en cuenta no sólo los aspectos económicos y sociales de la integración, sino también los aspectos relacionados con la diversidad histórica, cultural y religiosa, la ciudadanía, los derechos políticos y la participación de los inmigrantes legales en la vida pública; y señala que, para lograr resultados, se precisa un enfoque colectivo en el que participen todas las partes interesadas a escala local, regional, nacional y europea;

recomienda la aplicación de una gobernanza de varios niveles para integrar con éxito a los inmigrantes conforme al principio de subsidiariedad, por el que se rige la cooperación entre la Unión Europea, los Estados miembros y los entes locales y regionales; y comparte las tesis expuestas en la tercera conferencia ministerial sobre integración que se celebró en Vichy los días 3 y 4 de noviembre de 2008, en el sentido de que es necesaria la participación de los entes locales y regionales en la planificación, aplicación y evaluación de las políticas en esta materia, así como en el papel fundamental que estos entes desempeñan a la hora de integrar a los inmigrantes en las sociedades de acogida;

afirma que los entes locales y regionales desempeñan un papel decisivo para la aplicación de las políticas de integración, en función de sus competencias, en ocasiones exclusivas. Esta responsabilidad lleva consigo un considerable gasto para estas regiones y ciudades, sobre cuyo presupuesto recaen los costes de esta integración; y solicita un incremento de las asignaciones del Fondo europeo para la integración y un mayor apoyo a las medidas de integración a nivel local y regional;

solicita su plena participación en el Foro Europeo para la Integración previsto para 2009, así como en cualquier otro acto del mismo tipo organizado en el marco de la cooperación europea; y propone la institución de un «premio a la integración» de ciudadanos de terceros países.

Ponente

:

Dimitiros Kalogeropoulos (EL/PPE), Alcalde de Egáleo (Atenas)

Documento de referencia:

Documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea «Reforzar las acciones y los instrumentos para afrontar los desafíos de la integración» — Informe para la Conferencia ministerial sobre la integración de 2008

SEC(2008) 2626

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

1.

considera que el documento de trabajo de los servicios de la Comisión Europea «Reforzar las acciones y los instrumentos para afrontar los desafíos de las integración» es fruto de las conclusiones aprobadas por el Consejo JAI de junio de 2007 sobre el refuerzo de las políticas de integración en la Unión Europea;

2.

señala que el aumento del fenómeno migratorio en las últimas décadas obliga a adoptar irremediablemente unas políticas eficaces en favor de la integración social, económica y cultural de los inmigrantes de terceros países en situación legal;

3.

destaca que el incremento de inmigrantes ha venido acompañado de un aumento y una diversificación del tipo de inmigración, de la estructura de los flujos migratorios y de la composición de la relación de los países de acogida y de origen;

4.

recuerda que la integración de los inmigrantes recae principalmente en el ámbito de competencias de los Estados miembros, a nivel nacional o regional y con potestad para aplicar políticas en materia de educación, sanidad, vivienda y mercado laboral. El Tratado de Lisboa contempla el reforzamiento del papel de la Unión Europea en materia de política de inmigración e integración de los ciudadanos de terceros países, pero no prevé la armonización de las disposiciones legislativas y reglamentarias de los Estados miembros;

5.

constata que muchos Estados miembros han realizado en los últimos años grandes esfuerzos por desarrollar políticas nacionales para la integración de los inmigrantes (tanto los recién llegados como los de primera y segunda generación). Sin embargo, las políticas adoptadas hasta la fecha no han logrado los resultados deseados en muchos Estados miembros, ya que siguen existiendo obstáculos para la integración social de los inmigrantes, como el desempleo, el bajo nivel de educación o cualificación y la falta de voluntad de integración y de cooperación entre las partes interesadas;

6.

señala que la evolución económica y demográfica hace necesaria la elaboración de una estrategia común europea para gestionar de modo equilibrado los flujos migratorios, promover la integración y luchar contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos;

7.

destaca la necesidad de desarrollar una política de inmigración europea coherente y, por este motivo, valora positivamente la adopción el 15 de octubre de 2008 del Pacto europeo sobre inmigración y asilo;

8.

señala que las estrategias para la integración de los inmigrantes están vinculadas a una política europea de inmigración que, para ser eficaz, deberá acompañarse, en particular, de un apoyo adecuado al desarrollo de los países de procedencia y de tránsito de los inmigrantes; dicho apoyo debería centrarse sobre todo en el área de la educación escolar básica, la sanidad y la infraestructura económica;

Principios Fundamentales

9.

considera que la integración debe entenderse como el resultado de un proceso que brinda a los ciudadanos de terceros países que residen legalmente en un Estado miembro la capacidad de actuar independientemente de cualquier intervención externa y de tener una condición social equiparable a la de los ciudadanos nacionales y europeos;

10.

subraya que la integración es un proceso bidireccional que exige un compromiso mutuo y que incluye derechos y obligaciones para la sociedad de acogida y para los inmigrantes. Este proceso requiere una buena disposición tanto por parte de los inmigrantes a la hora de asumir la responsabilidad de integrarse en la sociedad de acogida (aprendiendo su lengua y aceptando su ordenamiento jurídico y sus valores), como de las sociedades de acogida para aceptar e integrar a los inmigrantes;

11.

hace hincapié en que las políticas para la integración de los inmigrantes deben conllevar la aceptación plena y compartida de los valores básicos de la cultura europea, como el respeto de los derechos humanos y de la diversidad, la lucha contra la discriminación y la promoción de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia. Además, deberán avenirse a las políticas fundamentales de la Unión Europea en materia de cohesión, empleo, desarrollo, relaciones exteriores, así como de libertad, seguridad y justicia;

12.

considera que la aplicación del principio de igualdad de trato determina considerablemente la calidad del sistema democrático. Un elemento inherente a la cultura de la Unión Europea es el principio de que todas las personas poseen el mismo valor y, por tanto, merecen el mismo trato;

Recursos y modalidades

13.

considera que la integración de los inmigrantes debe constituir una prioridad fundamental de la Unión Europea;

14.

subraya la necesidad de adoptar un planteamiento holístico que tenga en cuenta no sólo los aspectos económicos y sociales de la integración, sino también los aspectos relacionados con la diversidad histórica, cultural y religiosa, la ciudadanía, los derechos políticos y la participación de los inmigrantes legales en la vida pública;

15.

recomienda la aplicación de una gobernanza de varios niveles para integrar con éxito a los inmigrantes. Este tipo de planteamiento debería avenirse al principio de subsidiariedad, por el que se rige la cooperación entre la Unión Europea, los Estados miembros y los entes locales y regionales;

16.

señala que, para lograr resultados, se precisa un enfoque colectivo en el que participen todas las partes interesadas a escala local, regional, nacional y europea. Es necesaria la implicación de los órganos competentes de la Unión Europea, las autoridades locales, regionales y nacionales, las ONG, los interlocutores sociales y los representantes de la sociedad civil y de los propios inmigrantes –ya sean recién llegados o inmigrantes instalados desde hace una o dos generaciones–, así como de todas las partes interesadas que ejercen su actividad en ámbitos como el deporte, la cultura o la cohesión social;

17.

apoya la promoción de medidas que faciliten el acceso de los inmigrantes al mercado laboral y la adquisición de cualificaciones profesionales. Para los inmigrantes, encontrar un empleo constituye un factor fundamental para incorporarse plenamente a la sociedad de acogida;

18.

destaca el papel que, de cara a la integración, desempeñan la educación y, en especial, el aprendizaje del idioma o idiomas nacionales oficiales del país de acogida;

19.

apoya la enseñanza de los idiomas del país de origen, dado que facilita el aprendizaje de la lengua o lenguas nacionales oficiales de los países de acogida y la adquisición de conocimientos en otras materias;

20.

apoya la promoción de medidas y acciones encaminadas a transformar el proceso educativo en un puente cultural entre la sociedad y los ciudadanos de terceros países;

21.

considera que la educación de los hijos de los inmigrantes ha de constituir una prioridad y valora positivamente que se promueva la diversidad en los sistemas educativos nacionales;

22.

señala que se debe prestar especial atención a las mujeres inmigrantes, tanto porque desempeñan un papel determinante en la educación de los hijos y en la transmisión de los modelos culturales, como por constituir el colectivo más vulnerable a las prácticas de exclusión, los actos de violencia y la discriminación;

23.

sostiene que el diálogo intercultural representa una cuestión de vital importancia para la integración y que las autoridades locales y regionales desempeñan un papel esencial en la promoción de este diálogo y, por tanto, en la lucha contra los fenómenos de racismo y xenofobia;

24.

considera que los medios de comunicación cumplen una función decisiva a la hora de sensibilizar a la opinión pública acerca del papel que desempeña la inmigración, y para frenar los fenómenos de marginación, racismo y xenofobia;

25.

señala que la promoción de la igualdad de oportunidades para los inmigrantes en los ámbitos de la educación, la formación y el empleo representa el planteamiento adecuado para evitar su exclusión social. Ofrecer perspectivas positivas para reivindicar una posición de igualdad en la sociedad de acogida es la mejor manera de evitar el riesgo de violencia de grupos marginados;

26.

considera imprescindible llevar a cabo una evaluación de las políticas de integración y, con esta finalidad, cree necesario elaborar indicadores y modelos comunes europeos en este ámbito;

27.

otorga especial importancia a la creación de un fondo europeo para la integración de los ciudadanos de terceros países que, en su opinión, resultará determinante para la planificación de las políticas de integración;

Contribución de los entes locales y regionales

28.

afirma que los entes locales y regionales desempeñan un papel decisivo para la aplicación de las políticas de integración, en función de sus competencias, en ocasiones exclusivas. Recuerda asimismo que los entes locales y regionales actúan a menudo como proveedores de servicios y como interlocutores con otros niveles de gobierno, en especial, los grupos de interés. Esta responsabilidad lleva consigo un considerable gasto para estas regiones y ciudades, sobre cuyo presupuesto recaen los costes de esta integración;

29.

recuerda que algunas regiones europeas desempeñan un papel decisivo de cara a la integración de menores inmigrantes no acompañados a su territorio. Estos menores son tutelados por las autoridades regionales competentes, lo que supone un coste extra para muchas de ellas, ya que han de asegurar la integración efectiva de estos menores, su manutención, educación y todo lo necesario para el bienestar del menor hasta su mayoría de edad. Por ello, el Comité de las Regiones solicita a las autoridades regionales, nacionales y europeas que asuman sus responsabilidades en la gestión de este fenómeno y en el reparto de la carga financiera correspondiente;

30.

destaca, además, que las autoridades locales y regionales deben tener la posibilidad de participar en el desarrollo de las estrategias de integración, ya desde una fase muy temprana y durante el tiempo que requiera su aplicación;

31.

comparte las tesis expuestas en la tercera conferencia ministerial sobre integración que se celebró en Vichy los días 3 y 4 de noviembre de 2008, en el sentido de que es necesaria la participación de los entes locales y regionales en la planificación, aplicación y evaluación de las políticas en esta materia, así como en el papel fundamental que estos entes desempeñan a la hora de integrar a los inmigrantes en las sociedades de acogida;

32.

destaca que las autoridades locales y regionales desempeñan un papel importante en la valorización de las experiencias europeas, recurriendo tanto al intercambio de buenas prácticas y a la divulgación de los resultados obtenidos, en particular, mediante su participación en la ejecución de los programas comunitarios (por ejemplo, CLIP, Erlaim, Routes, City2City o Inti-Eurocities), y el funcionamiento de las redes regionales transnacionales;

33.

señala que los entes locales y regionales contribuyen decisivamente a crear las condiciones propicias para que los ciudadanos de terceros países puedan acceder a la información y a los servicios de empleo, educación, sanidad, vivienda, cultura y demás servicios asistenciales, ofreciéndoseles así la posibilidad de entablar vínculos estables con la sociedad de acogida;

34.

señala que los entes locales y regionales asumen un papel especialmente relevante en la cooperación, la comunicación y el intercambio de información con los ciudadanos, las asociaciones de inmigrantes y las ONG. Por este motivo, contribuyen de manera fundamental a crear un clima de confianza, a mantener la cohesión en las sociedades de acogida y, por consiguiente, a realzar la inmigración como un factor de desarrollo y progreso;

Consecución de los objetivos

35.

respalda las iniciativas que la Unión Europea viene emprendiendo desde 1999 para poner en práctica las decisiones del Consejo Europeo de Tampere en lo referente a la formulación de propuestas y a la aplicación de políticas eficaces encaminadas a la integración de los inmigrantes procedentes de terceros países;

36.

acoge con satisfacción la creación por parte de la Comisión Europea de un sitio web dedicado al tema de la integración, el cual facilitará el acceso a la información a este respecto y su intercambio;

37.

pide también que los Estados miembros y la Comisión Europea emprendan iniciativas para valorizar la posibilidad que brindan las nuevas tecnologías (democracia digital, administración electrónica, servicios en línea) para permitir a los ciudadanos y a los inmigrantes transmitir sus opiniones y propuestas acerca de las políticas y las medidas que se adopten en materia de integración;

38.

hace hincapié en que es imprescindible actuar de manera conjunta, así como promover la cooperación y el diálogo entre los interlocutores implicados en el ámbito de la integración a nivel local, regional, nacional y europeo;

39.

propone impulsar una evaluación comparativa de los resultados de las estrategias de integración a escala local y regional y valorizar aquellas experiencias y buenas prácticas a nivel regional y local en materia de integración que hayan resultado exitosas y que puedan servir de ejemplo para otras regiones;

40.

considera necesario alentar acciones y medidas que fomenten un clima estable y una base de confianza entre el inmigrante y la sociedad que lo acoge;

41.

considera fundamental, en la formulación y aplicación de políticas de integración eficaces y apropiadas, tener en cuenta la educación, la vivienda y la sanidad;

42.

sostiene que la Unión Europea debe entablar una relación que apoye de manera sustancial a los países de procedencia de los inmigrantes, de manera diferenciada en función de las necesidades;

43.

considera que es necesario evaluar y, eventualmente, redefinir los programas existentes en materia de educación y formación profesional y de formación e instrucción complementaria de los ciudadanos de terceros países, especialmente en oficios que se ejercen de manera empírica;

44.

propone asimismo que se ayude a las estructuras existentes en los países de la UE a valorizar las aptitudes y experiencias de los inmigrantes;

45.

juzga necesario crear en los Estados miembros las condiciones idóneas para acreditar y certificar las aptitudes y el aprendizaje adquirido en sus países de origen, así como su validación, a fin de incrementar las posibilidades de los inmigrantes de acceder a otros estudios y trabajos y favorecer con ello que puedan valerse por sí mismos, amén de incrementar el capital humano del país de acogida;

46.

invita a la Comisión Europea a que respalde el intercambio de buenas prácticas entre las autoridades locales y regionales, dado que contribuyen de manera determinante a una integración eficaz;

47.

solicita un incremento de las asignaciones del Fondo europeo para la integración y un mayor apoyo a las medidas de integración a nivel local y regional;

48.

insta a la Comisión a que fomente el hermanamiento entre los entes locales y regionales europeos y las instancias correspondientes de los países de procedencia de los inmigrantes;

49.

invita a la Comisión y a los Estados miembros a que examinen la posibilidad de crear a nivel local y regional o de sustituir los puntos de contacto para la integración, equivalentes a los que ya existen en el ámbito nacional;

50.

desea contribuir, recurriendo a la presentación de buenas prácticas por parte de los entes locales y regionales, a la actualización del manual de la Comisión sobre la integración;

51.

solicita su plena participación en el Foro Europeo para la Integración previsto para 2009, así como en cualquier otro acto del mismo tipo organizado en el marco de la cooperación europea, y

52.

propone la institución de un «premio a la integración» de ciudadanos de terceros países, posiblemente en el marco de los premios regionales instituidos por el Comité de las Regiones, con el que se galardonará a aquellos inmigrantes o instancias relacionadas con el proceso de integración de los inmigrantes (entes locales y regionales, empresas, organismos, asociaciones, fundaciones, ciudadanos particulares, funcionarios, etc.).

Bruselas, 12 de febrero de 2009.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Luc VAN DEN BRANDE


28.5.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/17


Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema «Pensar primero a pequeña escala» — «Small Business Act» para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas

2009/C 120/04

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión «Small Business Act» (SBA) para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas y aprueba el programa político en curso, orientado a hacer avanzar la política de la Unión Europea en materia de PYME mediante la creación de un marco que contribuya a fomentar el espíritu empresarial y la legislación favorable a las PYME, al tiempo que propicie el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en Europa mediante la aplicación del principio «pensar primero a pequeña escala»;

toma nota de que la iniciativa SBA no es jurídicamente vinculante pero considera que, para cumplir sus objetivos y garantizar su plena aplicación, tiene que ser políticamente vinculante y proporcionar una hoja de ruta para la política en materia de PYME y una estructura estable de gobernanza para ésta y, por consiguiente, insta al Consejo Europeo a que asuma sus responsabilidades en este sentido y, a la Comisión Europea y a los Estados miembros, a que trabajen en colaboración con los entes locales y regionales y demás partes interesadas;

llama la atención sobre los efectos desproporcionados que la desaceleración económica actual y la crisis de la banca internacional tienen en la capacidad de las PYME para acceder a financiación, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que el sector bancario tenga debidamente en cuenta estas difíciles condiciones de las PYME y que las recomendaciones acordadas en la V Mesa Redonda (1) entre banqueros y PYME, cuya intención era garantizar que las pequeñas empresas tengan mayor acceso a financiación, se apliquen íntegramente;

reconoce que la integración de la iniciativa en favor de las pequeñas empresas en la Estrategia de Lisboa y los programas nacionales de reforma es el planteamiento correcto y debe contribuir a la supervisión y pide que se lleve a cabo una detallada evaluación anual en este ámbito a fin de medir los progresos de la política a favor de las PYME realizados en los Estados miembros en relación con los objetivos y plazos acordados, con recomendaciones de futuras acciones concertadas, para velar por la plena aplicación de la iniciativa y sus objetivos.

Ponente

:

Constance Hanniffy (IE/PPE) Miembro del Consejo de Offaly, del Ente Regional Midland y de la Asamblea regional Border Midland and Western

Documento de referencia

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — «Pensar primero a pequeña escala»«Small Business Act» para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas

COM(2008) 394 final.

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

1.

acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión «Small Business Act» (SBA) para Europa: iniciativa en favor de las pequeñas empresas y aprueba el programa político en curso, orientado a hacer avanzar la política de la Unión Europea en materia de PYME mediante la creación de un marco que contribuya a fomentar el espíritu empresarial y la legislación favorable a las PYME, al tiempo que propicie el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas en Europa mediante la aplicación del principio «pensar primero a pequeña escala»;

2.

toma nota de que la iniciativa SBA no es jurídicamente vinculante pero considera que, para cumplir sus objetivos y garantizar su plena aplicación, tiene que ser políticamente vinculante y proporcionar una hoja de ruta para la política en materia de PYME y una estructura estable de gobernanza para ésta y, por consiguiente, insta al Consejo Europeo a que asuma sus responsabilidades en este sentido y, a la Comisión Europea y a los Estados miembros, a que trabajen en colaboración con los entes locales y regionales y demás partes interesadas;

3.

estima que, en el entorno económico actual, la iniciativa SBA y sus objetivos son ahora más importantes que nunca, puesto que las PYME presentan un potencial sin explotar para el crecimiento económico y para la creación y el mantenimiento del empleo; asimismo, considera que dicha iniciativa brinda una oportunidad de liderazgo político y de refuerzo de la confianza en el sector empresarial europeo;

4.

recomienda que, a la hora de formular y aplicar la política de la Unión, se tengan en cuenta la diversidad de las PYME, en términos de tamaño y forma, los marcos normativos y las culturas empresariales en que se inscriben, así como los diversos perfiles de las microempresas y de las pequeñas y medianas empresas y las diferencias de rendimiento empresarial entre regiones y, por tanto, sugiere que la iniciativa SBA otorgue un reconocimiento más explícito a la dimensión local y regional para que estos factores se tengan debidamente en cuenta;

5.

destaca la importancia de proporcionar ayudas que garanticen la sostenibilidad de las empresas a largo plazo y pide cautela para que no se ponga demasiado énfasis en la creación de empresas y en las nuevas PYME en detrimento de los negocios establecidos y de los que están desarrollándose y reestructurándose;

6.

reconoce la importancia de fomentar y desarrollar una cultura de espíritu empresarial, celebra la propuesta de la «Semana Europea de las PYME» y la iniciativa «Erasmus para Jóvenes Empresarios», pero considera que, para que el valor del espíritu empresarial cale en la conciencia nacional y europea, hay que empezar por las escuelas y por que se mantenga un diálogo constructivo entre los pequeños empresarios, los alumnos y los profesores y, en consecuencia, insta a los Estados miembros a otorgar mayor importancia al fomento de la educación empresarial y a generar espíritu empresarial en los estudiantes y en la formación de los docentes, y a realizar una revisión pertinente del programa de trabajo «Educación y Formación 2010»;

7.

se congratula de que, en la iniciativa SBA, se reconozcan las necesidades especiales de las empresarias, pero subraya las necesidades de los empresarios inmigrantes, que, por sus circunstancias, suelen tener más espíritu empresarial y menos temor al riesgo, y recomienda que también se preste atención a las demandas de los jóvenes, las minorías y los empresarios de edad avanzada, así como que se haga una distinción entre los diversos retos y necesidades de la UE y de los empresarios inmigrantes de terceros países;

8.

insiste en la especial relevancia de la flexiguridad tanto para los empresarios como para los trabajadores de las PYME y pide que se intensifique la incorporación de la flexiguridad a la iniciativa SBA;

Garantizar un elevado grado de aplicación y crear procedimientos de evaluación

9.

reconoce que la integración de la iniciativa en favor de las pequeñas empresas en la Estrategia de Lisboa y los programas nacionales de reforma es el planteamiento correcto y debe contribuir a la supervisión y pide que se lleve a cabo una detallada evaluación anual en este ámbito a fin de medir los progresos de la política a favor de las PYME realizados en los Estados miembros en relación con los objetivos y plazos acordados, con recomendaciones de futuras acciones concertadas, para velar por la plena aplicación de la iniciativa y sus objetivos;

10.

exige que se informe plenamente al Comité de las Regiones de las evaluaciones anuales y destaca que supervisará los progresos realizados a nivel local y regional a través de su consolidada Plataforma de seguimiento de la Estrategia de Lisboa;

11.

considera que, con más de noventa medidas propuestas, debe fijarse un orden de prioridades de las acciones de la iniciativa SBA a fin de ayudar a la aplicación, obtener resultados concretos para las PYME e infundir un sentimiento de acción urgente. En este sentido, propone: (a) el acceso a la financiación; (b) la plena aplicación del principio «pensar primero a pequeña escala», a fin de mejorar el entorno normativo y administrativo; y (c) la mejora del acceso a los mercados, incluida la contratación pública, como ámbitos de actuación prioritarios;

12.

celebra la intención de reforzar la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y subraya que son aplicables desde el nivel comunitario hasta el nacional, pero también hasta el regional y el local;

13.

insta a la Comisión a dar más detalles sobre cómo se gestionará la «prueba de las PYME» como parte de la evaluación de impacto, en términos del alcance y el carácter de los efectos que cabrá analizar y el nivel y los períodos de las consultas que se emprendan;

14.

destaca que la Comunicación no aborda de forma suficiente el papel del representante para las PYME e insta a la Comisión a velar por que dicho representante disponga de recursos políticos y financieros suficientes para que la aplicación de los objetivos de la iniciativa SBA sea satisfactoria y mejore la visibilidad y la sensibilización de la actividad política en relación con las PYME;

15.

apoya los objetivos del Estatuto de la Empresa Privada Europea (EPE) consistentes en reducir el coste de la creación de empresas, simplificar el marco normativo para facilitar el comercio transfronterizo y eliminar otros posibles obstáculos;

16.

subraya la importancia de garantizar que las mejores prácticas y la buena administración actuales de los Estados miembros y sus gobiernos locales y regionales a la hora de fomentar el espíritu empresarial y la elaboración de políticas favorables a las PYME no se vean debilitadas por las medidas que componen la iniciativa SBA y las nuevas propuestas legislativas;

17.

considera que basarse en programas preexistentes e instrumentos financieros dispares para lograr los objetivos de la iniciativa SBA, sin financiación adicional, constituye una debilidad, y recomienda la creación de una línea presupuestaria específica para acciones piloto;

Mejorar el acceso a la financiación

18.

llama la atención sobre los efectos desproporcionados que la desaceleración económica actual y la crisis de la banca internacional tienen en la capacidad de las PYME para acceder a financiación, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que el sector bancario tenga debidamente en cuenta estas difíciles condiciones de las PYME y que las recomendaciones acordadas en la V Mesa Redonda (2) entre banqueros y PYME, cuya intención era garantizar que las pequeñas empresas tengan mayor acceso a financiación, se apliquen íntegramente. Algunas de dichas recomendaciones son: (i) aumentar la transparencia entre entidades de crédito y PYME; (ii) combinar deuda y capital propio; (iii) incrementar el volumen de préstamo con titulización; (iv) facilitar la inversión transfronteriza de capital riesgo; y (v) mejorar la regulación de los microcréditos;

19.

aplaude los esfuerzos de la Comisión Europea y del Banco Europeo de Inversiones (BEI) por poner varios instrumentos financieros a disposición de las PYME, pero pide encarecidamente a la Comisión que vuelva a evaluar, en particular, la iniciativa JEREMIE, para abordar su diversa cobertura geográfica en la UE y tener mejor en cuenta las posibles repercusiones en otros ámbitos políticos, como la política de competencia, que están obstaculizando la aplicación, parcial o plena, de la iniciativa en algunas regiones. El CDR también recomienda que el grupo del BEI sea más proactivo a la hora de comunicar su cometido, valor añadido y los métodos para acceder a la iniciativa JEREMIE y al programa CIP;

20.

recomienda completar las medidas financieras de la UE con determinados instrumentos adicionales para garantizar que se refuerzan las posibilidades de éxito de las PYME, y subraya que los entes regionales y locales son los socios naturales para facilitar estas ayudas suplementarias;

21.

acoge con satisfacción la propuesta de modificación de la Directiva sobre morosidad, que debería ayudar a garantizar que se pague puntualmente a las PYME, aunque subraya que la ejecución de dicho acto jurídico sigue constituyendo una cuestión esencial y los Estados miembros deben trabajar por mejorar la cultura de pago en las empresas y las administraciones públicas, y pide a la Comisión Europea y a las demás instituciones de la UE que respondan a las recientes inquietudes expresadas por el Defensor del Pueblo Europeo a fin de acelerar la realización de los pagos a contratistas, empresas y otras organizaciones (3);

22.

considera que, habida cuenta de la diversidad de tamaño y alcance de las PYME, varios programas comunitarios podrían incluir medidas mejor orientadas a las microempresas y a las pequeñas y medianas empresas con el fin de impedir que las microempresas tengan que competir con las medianas -que cuentan con mejores posibilidades y condiciones de financiación- por ayudas financieras y de otro tipo esenciales para ellas;

23.

celebra la propuesta de la Comisión de simplificar el régimen de IVA mediante la introducción de un umbral de exención uniforme y de una directiva para incrementar los umbrales del IVA, y sugiere que los Estados miembros puedan revisar otros aspectos de la política fiscal con vistas a mejorar las condiciones de reinversión de los beneficios en una empresa, el flujo de tesorería y la transmisión de empresas;

24.

acoge con satisfacción el nuevo Reglamento general de exención por categorías, que permite a los Estados miembros conceder ayudas estatales para PYME, desarrollo regional, innovación, investigación, formación, empleo y capital riesgo sin notificar primero a la Comisión, y toma nota del incremento del tope del Reglamento de minimis de 100 000 EUR a 200 000 EUR;

25.

anima a la Comisión Europea y, en su caso, a los Estados miembros, a evaluar la plétora de programas, iniciativas y redes de apoyo empresarial, agrupando en la medida de lo posible instrumentos y fondos con vistas a mejorar su visibilidad e incrementar la coherencia para las PYME (este punto puede vincularse con el 46, letra d), sobre ventanillas únicas);

26.

recomienda encarecidamente que la Comisión Europea incluya las mejores prácticas regionales y locales en los nuevos debates que entable a escala comunitaria. Los entes regionales y locales pueden estimular el potencial disponible de capital privado mediante la creación y financiación de redes de «capital informal», lo cual sirve para poner en contacto a los inversores privados con las empresas que se hallan en la fase de semilla y de puesta en marcha;

Regular mejor en favor de las PYME

27.

reconoce la propuesta de introducir fechas comunes de comienzo de las normas relacionadas con las PYME; cuestiona si esta medida tendría repercusiones tangibles sobre la reducción de la carga administrativa que afecta a las PYME y recomienda que se evalúe tras un período de prueba inicial;

28.

toma nota de la propuesta de la Comisión de que no se obligue a las microempresas a responder a encuestas estadísticas locales más de una vez cada tres años, aunque destaca que se necesitan datos anuales para el análisis empírico de políticas y recomienda que sería más apropiado que se aplicase plenamente el principio de «sólo una vez» para reducir el solapamiento de las declaraciones a diversas oficinas públicas, por ejemplo, con fines tributarios o estadísticos;

29.

desea destacar los enormes obstáculos a la creación y expansión de microempresas que provoca el exceso de regulación y pide que se preste mayor atención a la inclusión de medidas que aborden este problema en la iniciativa SBA;

30.

celebra el compromiso de eliminar barreras a la transmisión de empresas y señala que se trata de un asunto especialmente pertinente para la transmisión de empresas entre familiares, puesto que un gran número de propietarios de PYME están envejeciendo y se retirarán de sus negocios en el próximo decenio; igualmente, destaca que se plantean cuestiones similares en el caso de las PYME dirigidas por sus propietarios;

31.

acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de que los Estados miembros deben intentar limitar a un año la duración del conjunto de procedimientos jurídicos en caso de quiebras no fraudulentas, y dispensar a los empresarios que vuelven a empezar el mismo trato que a las empresas nuevas, pero pide a la Comisión que atienda las dificultades, similares aunque diferentes, con que se enfrentan los empresarios cuyo proyecto ha fracasado pero que no han sido declarados formalmente en quiebra;

32.

espera que se llegue a un acuerdo sobre la jurisdicción de patentes a escala de la UE y acoge favorablemente las disposiciones uniformes propuestas en el EPE, que permitirán a las PYME ahorrar tiempo y reducir costes, y aboga por que la Comisión y los Estados miembros presten todo su apoyo para garantizar que se cumplan los objetivos;

33.

destaca la carga que suponen los elevados costes del conjunto de seguros que necesitan las PYME (como el seguro de responsabilidad pública y de responsabilidad del empresario, el seguro profesional del empresario) y la barrera que esto puede suponer para su desarrollo e, incluso, su supervivencia, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a colaborar con el sector de los seguros para establecer, en su caso, medidas adecuadas que puedan responder a las inquietudes específicas de las PYME;

Facilitar el acceso a los mercados

34.

considera que la iniciativa SBA debería reconocer el papel que los entes locales y regionales pueden desempeñar para facilitar el crecimiento transfronterizo de las PYME y, en particular, proporcionar acceso a la información que necesitan para actuar internacionalmente, como la relativa a marcos y requisitos normativos, impuestos, procedimientos de resolución de conflictos y servicios de asesoría y apoyo a las PYME;

35.

reconoce el papel que la inversión extranjera directa puede desempeñar como vehículo del acceso de las PYME a los mercados internacionales e insta a la Comisión a elaborar medidas que fomenten la participación de las pequeñas y medianas empresas en actividades exportadoras, puesto que su participación puede conducir a una difusión considerable de la tecnología, a incrementar la eficiencia de los modelos de negocio y, en consecuencia, puede elevar la competitividad internacional general de las PYME; apoya la reciente Comunicación sobre las agrupaciones empresariales de categoría mundial (4) y el objetivo de mejorar la integración de las PYME en agrupaciones empresariales y de apoyar la transferencia de conocimientos y la internacionalización;

36.

destaca la creciente amenaza del mercado negro y pide a la Comisión que aborde los retos que éste presenta a las PYME, en particular, a través de medidas que puedan mejorar la protección de la propiedad intelectual y la lucha contra la falsificación;

Facilitar el acceso a los mercados: mayor participación en la contratación pública

37.

toma nota de que el mercado de la contratación pública sigue estando fragmentado y de que la contratación transfronteriza es limitada y, por tanto, insta a la Comisión y a los Estados miembros a elaborar un marco más transparente que abra el mercado de la contratación pública en la UE y proporcione oportunidades suplementarias a las PYME;

38.

acoge con satisfacción el código europeo de buenas prácticas para facilitar el acceso de las PYME a la contratación pública de la Comisión (5) y pide a la Comisión y a los Estados miembros que impulsen medidas de contratación innovadoras con el fin de incrementar la participación de las PYME en la contratación pública como, por ejemplo, dividir más licitaciones en lotes o incluir oportunidades de cooperación en las convocatorias de licitación, cuando proceda;

39.

se congratula del compromiso de la Comisión Europea de utilizar la red Enterprise Europe para promover el código de buenas prácticas entre los entes locales y regionales en 2009, de facilitar intercambios de buenas prácticas y reequilibrar la cultura de compra dentro de dichos entes, y subraya la necesidad de que la red colabore en este sentido con las asociaciones representativas apropiadas dentro de cada Estado miembro;

40.

aprecia la importancia que tiene para las PYME romper la barrera inicial del mercado de la contratación pública, por cuanto las PYME de mayor éxito tienden a tener la mayor experiencia del proceso de licitación y, por tanto, insta a mejorar la difusión de información a las PYME sobre las oportunidades existentes en el mercado de la licitación pública y a garantizar que las PYME desarrollen un planteamiento estratégico bien informado de entrada en el mercado;

41.

reconoce la excesiva carga administrativa impuesta a las PYME a la hora de preparar licitaciones y considera que el uso de cuestionarios de precualificación, que reducen en gran medida el trabajo necesario para reformatear la misma información en licitaciones posteriores, podría generalizarse más en todos los Estados miembros;

42.

llama la atención sobre el potencial, muchas veces sin explotar, de la contratación pública electrónica; considera que las ventajas de reducción de costes que proporcionan las TIC requieren una mayor explotación dado que, actualmente, en toda la UE, sólo un tercio de los contratos de licitación pública se aceptan en formato electrónico y, por tanto, insta a que esta cuestión se aborde mejor en la iniciativa SBA y sea aplicada por la Comisión y por los Estados miembros;

La dimensión local y regional

43.

reconoce el papel que los entes locales y regionales pueden desempeñar a la hora de materializar los objetivos de la iniciativa en favor de las pequeñas empresas y recomienda que los Estados miembros trabajen de forma constructiva con dichos entes, en particular, a fin de garantizar que el principio «pensar primero a pequeña escala» quede anclado en la elaboración de políticas públicas para que la administración pública a todos los niveles contribuya a apoyar a los empresarios;

44.

destaca que los entes locales y regionales proporcionan entornos propicios para las PYME, son clientes destacados de sus bienes y servicios y facilitan una variedad de ayudas en materia de asesoramiento, financiación y otras, como la oferta de instalaciones empresariales a precios asequibles;

45.

invita a los entes locales y regionales a asumir la responsabilidad de la iniciativa SBA y a asumir, siempre que sea posible, una mayor responsabilidad política a la hora de apoyar a nuestras PYME: adaptándose mejor a sus preocupaciones; escuchando lo que tienen que decir; respondiendo a sus necesidades y apoyando su desarrollo;

46.

En este sentido, anima a los entes locales y regionales a ser proactivos a la hora de satisfacer las necesidades de las pequeñas y medianas empresas en ámbitos como:

a)

la creación de foros de consulta, entre el gobierno local/regional y los intereses de las PYME, para contribuir a mejorar las consultas y trabajar por una política pública que sea sensible a las necesidades de las pequeñas empresas;

b)

la facilitación y mejora del acceso a los contratos del sector público, reequilibrando la cultura de compra y los procedimientos de contratación dentro de sus entes, con el fin de facilitar más a las pequeñas empresas la entrada en licitaciones o la participación en licitaciones con otras empresas. Asimismo, los entes locales y regionales podrían facilitar el uso de la contratación pública electrónica, lo que contribuiría a reducir las cargas que impone a las PYME el proceso de licitación;

c)

la evaluación del nivel de contribuciones, cobros y tasas que los entes exigen al sector empresarial y el estudio de formas de reequilibrar las aportaciones a los presupuestos de los entes locales y regionales, con vistas a aplicar íntegramente el principio de que quien paga es el usuario y a reducir la carga financiera impuesta a las pequeñas y medianas empresas;

d)

el trabajo con agencias pertinentes en sus ámbitos para coordinar mejor el acceso a la información, la formación y el asesoramiento a las PYME –desarrollando estrategias locales/regionales coherentes sobre difusión de información, con una ventanilla única ampliamente reconocida– con una base de conocimiento local/regional, para responder a las consultas de las PYME en cada etapa del desarrollo empresarial. Las ventanillas únicas de carácter local/regional apropiado –cercanas y accesibles a las empresas– pueden reducir la frustración, la pérdida de tiempo y de oportunidades para las pequeñas y medianas empresas;

e)

el fomento de la utilización, por parte de las PYME, de los servicios públicos de administración electrónica y de interacción digital.

Facilitar el desarrollo de I+D, innovación y cualificaciones

47.

considera que la iniciativa SBA necesita concentrarse en reforzar la efectividad de la transferencia de tecnologías entre instituciones de enseñanza superior y PYME, creando el entorno adecuado y la infraestructura apropiada para la transferencia de innovación y tecnología, lo que resulta crucial para sostener la competitividad, reinventar nuevos negocios, luchar contra el desempleo y acelerar el progreso de las PYME;

48.

señala que el debate actual sobre investigación y desarrollo (I+D) e innovación parece dirigido a las grandes empresas y a las empresas de nueva creación con gran potencial, lo que está teniendo repercusiones negativas sobre el equilibrio espacial al reforzar las concentraciones existentes de actividad económica en los grandes centros urbanos, y pide a la Comisión y a los Estados miembros que presten atención a las dificultades que ello supone para las PYME que actúan fuera de esos ámbitos económicos;

49.

toma nota de que la definición del concepto de innovación en la iniciativa SBA es muy estrecha, ya que se refiere únicamente a la innovación de alta tecnología y, en consecuencia, insta a la Comisión a que considere ampliar la clasificación de la innovación teniendo en cuenta los diversos niveles/tipos de innovación que se están dando en una serie de sectores y actividades de las PYME en toda la UE;

50.

celebra la propuesta de elaborar una visión general de las futuras necesidades de cualificaciones en la UE, aunque pide a la Comisión que colabore con las regiones para desarrollar dicha visión general a escala regional y, en caso necesario, local, y no sólo de los Estados miembros, dada la diversidad de las economías regionales y, en su caso, también locales y de las cualificaciones que requieren;

Convertir los retos medioambientales en oportunidades

51.

toma nota de que la Comunicación no hace referencia al Programa de asistencia para el cumplimiento de la normativa medioambiental (ECAP) y recomienda que se aborde esta cuestión a fin de velar por que los requisitos de cumplimiento de la normativa medioambiental sean proporcionales a las repercusiones de la empresa en el medio ambiente;

52.

considera que la introducción de mecanismos de incentivación y de un uso más innovador de la política fiscal por parte de los Estados miembros para que las PYME inviertan en productos y procesos ecológicos contribuiría a generalizar su uso por parte de las pequeñas empresas y, asimismo, mejoraría notablemente la sensibilización en relación con estos productos y procesos.

Bruselas, 12 de febrero de 2009

El Presidente

del Comité de las Regiones

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  Comisión Europea. Mesa Redonda entre banqueros y PYME. Mayo de 2007.

(2)  Comisión Europea. Mesa Redonda entre banqueros y PYME. Mayo de 2007.

(3)  Entre 2005 y 2007, la Comisión consiguió reducir a la mitad el porcentaje de sus retrasos de pago, pero en 2007 se registraron retrasos en más del 22 % de todos los pagos efectuados por la Comisión.

(4)  Comunicación de la Comisión Europea: Para la organización de agrupaciones empresariales (clústers) de categoría mundial en la Unión Europea (COM(2008)652).

(5)  Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: European code of best practices facilitating access by SMEs to public procurement contracts (SEC(2008) 2193).


28.5.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/23


Dictamen del Comité de las Regiones «libro verde sobre la cohesión territorial»

2009/C 120/05

EL COMITÉ DE LAS REGIONES:

recuerda que la cohesión territorial se convertirá en un objetivo político transversal de la UE, como complemento de la cohesión económica y social;

afirma que este objetivo tiene por objeto dar a cada territorio comunitario un acceso a las infraestructuras y a los servicios de interés económico general (SIEG) para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, lo que requiere la aplicación de mecanismos capaces de garantizar un desarrollo armonioso de la Comunidad en su conjunto;

considera que la política regional deberá revisarse en función de este nuevo objetivo, lo que supone no renacionalizar esta política y dirigirla hacia un justo equilibrio entre los gastos de competitividad y los gastos destinados a reducir las disparidades entre los territorios. A este respecto, pide a la Comisión que realice un balance de la operación de earmarking (asignación de fondos);

preconiza la puesta a punto de nuevos indicadores que permitan tener mejor en cuenta las disparidades territoriales en el conjunto de las políticas públicas;

pide que se asignen recursos económicos adicionales a los tres capítulos de la cooperación territorial, debido a su innegable contribución a la integración europea;

considera que el objetivo de cohesión territorial requiere la coherencia de las políticas sectoriales y la política de cohesión, dado el impacto territorial de todas las políticas sectoriales desde la fase de concepción de éstas;

recuerda la importancia de los SIG y los SIEG como vectores de cohesión territorial, y lamenta que el impacto de las políticas comunitarias en estos servicios no se analice antes de la presentación de las propuestas legislativas de la Comisión ni se evalúe posteriormente;

considera que una buena gobernanza territorial es la clave de la concretización de este objetivo, y destaca la necesidad de mejorar esta gobernanza reforzando la asociación con los entes territoriales, en un esquema de gobernanza a niveles múltiples.

Ponente

:

Jean-Yves Le Drian (PSE/FR) Presidente del Consejo Regional de Bretaña

Texto de referencia

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social Europeo — Libro Verde sobre la cohesión territorial: convertir la diversidad territorial en un punto fuerte

COM(2008) 616 final

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Observaciones generales sobre las propuestas del Libro Verde de la Comisión

1.

acoge favorablemente la aprobación por la Comisión Europea del Libro Verde sobre la cohesión territorial, el 6 de octubre de 2008, que permitirá lanzar un amplio debate a nivel europeo sobre este concepto que se convertirá en un objetivo político transversal de la Unión Europea (1), en complemento de la cohesión económica y social, de conformidad con el Tratado en curso de ratificación (artículo 3 del TUE);

2.

considera que el ámbito de aplicación de la cohesión territorial debe definirse con más precisión. Propone que la Comisión se base para esta definición en las tres dimensiones de la política de cohesión territorial que resume el Tercer informe sobre la cohesión y que son las siguientes: una dimensión correctora «reduciendo las disparidades existentes»; una segunda, preventiva «aumentando la coherencia… de las políticas sectoriales que tienen una repercusión territorial» y una tercera, incentivadora, mediante «la integración territorial» y fomentando «la cooperación entre las regiones»;

3.

considera que la cohesión territorial debe integrar la dimensión marítima;

4.

considera necesario, en el futuro, ir más allá de las cuestiones que plantea la Comisión en el Libro Verde, al objeto de hacer justicia al alcance político del concepto de cohesión territorial a nivel comunitario; suscribe la propuesta de intensificar la cooperación entre los distintos agentes y autoridades que participan en ella; se manifiesta al respecto de acuerdo con que «el concepto de cohesión territorial tiende puentes entre la eficacia económica, la cohesión social y el equilibrio ecológico, situando el desarrollo sostenible en el centro de la formulación de las políticas», sobre la base de las condiciones territoriales específicas de cada región;

5.

pide a la Comisión que elabore un Libro Blanco, después del período de consulta, en el que se destaque con mayor claridad el concepto de cohesión territorial y sus objetivos en la esfera de la UE, realizando una evaluación del impacto territorial de cada una de las políticas comunitarias;

Principios en los que se fundamenta un nuevo objetivo político para la Unión Europea

6.

recuerda que, en su dictamen sobre el Cuarto informe sobre la cohesión, sugirió que en el futuro la política de cohesión debería tener más en cuenta todos los asuntos relacionados con la cohesión territorial (2), sin olvidar la cohesión social y económica, que constituye un objetivo comunitario importante de reducción de las disparidades;

7.

destaca la importancia de la cohesión territorial como objetivo político junto a la cohesión económica y social, que aporta a la acción comunitaria una mayor capacidad para reforzar la solidaridad en la Unión Europea y contribuir eficazmente al desarrollo sostenible, respetando a la vez el principio de subsidiariedad y el reparto de competencias entre los diferentes niveles de gobierno;

8.

reitera con insistencia que el objetivo de cohesión territorial debe aplicarse a todo el territorio europeo, es decir, al conjunto de las regiones de la Unión Europea, sin que ello menoscabe las prioridades definidas en el marco de la política regional y de las intervenciones de los Fondos Estructurales;

9.

pide a la Comisión que ahonde en sus investigaciones para la elaboración de indicadores pertinentes (llegado el caso, a nivel subregional), en relación con los problemas socioeconómicos propios de los distintos tipos de regiones –en particular, pero no sólo, las montañas, las islas, las zonas con baja densidad de población y las zonas fronterizas–, así como las regiones ultraperiféricas (RUP), cuya situación específica contemplan los artículos 158 y 299 del Tratado CE respectivamente, y ello para poder destacar las oportunidades y desventajas específicas de todas estas regiones;

10.

pide a la Comisión que mejore de manera sustancial los datos estadísticos y su representación cartográfica, para que correspondan a la situación real;

11.

afirma que la cohesión territorial tiene por objeto dar a cada territorio comunitario un acceso a las infraestructuras y a los servicios de interés económico general y contribuir así a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, con arreglo al estándar de vida europeo del siglo XXI, y reconociendo que el acceso no depende únicamente de la situación geográfica, sino que también está determinado por la conectividad, la disponibilidad y la calidad de las infraestructuras y los servicios;

12.

considera que el concepto de cohesión territorial se basa en el principio de solidaridad y exige la aplicación de mecanismos que garanticen un desarrollo armonioso de la Comunidad en su conjunto y reduzcan las disparidades del nivel de desarrollo entre los diferentes territorios;

13.

recuerda que los últimos informes sobre la cohesión ponen de relieve la tendencia a la agravación de algunas disparidades territoriales entre las regiones europeas, así como a nivel infrarregional. Estas disparidades se caracterizan por fenómenos como la segregación territorial, que propician la aparición de cierto tipo de guetos, y el declive continuo de determinadas zonas remotas. Hacen que sea actualmente más necesaria que nunca la inclusión de la cohesión territorial como objetivo transversal de la Unión Europea;

14.

considera que esta necesidad se vuelve aun más imperiosa si se tiene en cuenta el sobrecoste que representa la no cohesión en Europa: sobrecoste medioambiental debido principalmente a la congestión en las zonas urbanas y al calentamiento climático; sobrecoste social generado por la concentración territorial de los problemas sociales; por último, la falta de cohesión territorial entorpece el funcionamiento del mercado único europeo reduciendo el acceso de algunos territorios a las libertades inscritas en los Tratados;

15.

propone hacer de la cohesión territorial un elemento esencial de la estrategia de la UE para afrontar la crisis, tanto financiera como económica, que estamos atravesando; a este respecto, dada la complejidad de los retos que se plantean para los próximos años, pide que los recursos presupuestarios, si no se pueden aumentar, al menos que se mantengan al nivel actual;

16.

se opone a cualquier iniciativa que, utilizando la situación actual u otro motivo como pretexto, vaya encaminada a renacionalizar, incluso parcial o subrepticiamente, la política de cohesión;

Hacia una política regional revisada, al servicio de la cohesión territorial

17.

considera que el objetivo de cohesión territorial es complementario al de cohesión económica y social y que las tres formas de cohesión deben reforzarse mutuamente, lo que implica que el objetivo de cohesión económica, social y territorial ha de ser tenido en cuenta por todas las políticas comunes con impacto territorial, y muy especialmente por la política regional; pide a la Comisión que desarrolle modelos de integración sectorial a nivel regional que apoyen la cohesión territorial;

18.

insta a la Comisión a que haga un balance de la contribución de las estrategias de Lisboa y Gotemburgo a la cohesión territorial, en el marco de la operación de earmarking (asignación de fondos) realizada en los Fondos Estructurales en el período 2007-2013;

19.

propone a la Comisión que prevea un cambio de las orientaciones estratégicas que tenga en cuenta, además de la cohesión económica y social, los objetivos de la cohesión territorial para el período 2014-2020; a este respecto, sugiere que la política regional logre un justo equilibrio entre los gastos de competitividad que favorecen el crecimiento económico en un entorno globalizado y los gastos destinados a reducir las disparidades entre los territorios, al objeto de alcanzar los objetivos de la cohesión;

20.

preconiza la puesta a punto de nuevas herramientas y, en particular, de indicadores para conocer las necesidades de poner en práctica la cohesión territorial (3), incluso a través de análisis infrarregionales. Para desarrollar estrategias regionales y respuestas políticas adecuadas, hay que disponer de instrumentos adecuados que permitan considerar las disparidades territoriales en las políticas públicas (por ejemplo, la renta per cápita disponible para tener en cuenta las transferencias, en complemento del PIB/habitante, los ingresos tributarios, la accesibilidad a distintos servicios (transportes, distribución de energía, sanidad, educación), la estructura demográfica y el asentamiento de la población (datos sobre la dispersión del asentamiento, el grado de envejecimiento y el grado de dependencia) o incluso la creación de índices sintéticos de desarrollo humano (4));

Cooperación territorial

21.

recuerda el indudable valor añadido europeo de la cooperación territorial y su contribución al objetivo de cohesión territorial; a este respecto, insta a que se aumente de manera sustancial el presupuesto global de la UE para poder asignar recursos económicos adicionales a este capítulo de la política regional, para que pueda ir más allá de los intercambios de buenas prácticas, aunque ello no debería hacerse a expensas de los otros dos objetivos de cohesión de la UE;

22.

pide a la Comisión que profundice en las nuevas oportunidades estratégicas que abre la cooperación que se lleva a cabo a escala de las eurorregiones, la cuales constituyen una escala estratégica de gobernanza e intervención que resulta del todo adecuada para la resolución de las problemáticas de cohesión territorial; recuerda que la AECT (5), al crear una estructura de cooperación europea vinculada a los proyectos transfronterizos, transnacionales e interregionales, propicia una cooperación real en una amplia gama de actividades, así como el fortalecimiento de las relaciones de vecindad, el acercamiento de las poblaciones, la transferencia de conocimientos y el intercambio de buenas prácticas;

Cooperación transfronteriza

23.

destaca el papel específico de la cooperación transfronteriza en la integración europea y la importancia de los resultados obtenidos: reducción del efecto pantalla en las fronteras interiores de la UE, modificación del papel de las fronteras externas (desarrollo concertado, lucha contra la inmigración y el tráfico ilegales, apoyo al desarrollo de las zonas fronterizas de los terceros países con la UE), apoyo a la transformación de las fronteras externas en fronteras internas con la adhesión de nuevos Estados miembros;

24.

insta a la Comisión a que prosiga su esfuerzo de simplificación y mejora de la gestión de los programas transfronterizos, por ejemplo definiendo asignaciones comunes a ambos lados de la frontera y respalda la intención de la Comisión de hacer un balance de la aplicación de la AECT;

Cooperación transnacional

25.

propugna el fomento de esta cooperación en territorios pertinentes (por ejemplo, las cuencas marítimas y fluviales o los macizos de montaña) con el fin de mejorar la integración territorial, reducir las diferencias regionales y subregionales, y tratar eficazmente los problemas de protección del medio ambiente, lucha contra la contaminación y mejora de las redes de transporte, en el marco de estrategias de ordenación territorial establecidas conjuntamente, todo ello sin perjuicio del papel y de las atribuciones de los organismos públicos existentes y de las prioridades estratégicas de cohesión de cada región específica;

26.

considera que deberían impulsarse las medidas estratégicas como el desarrollo de macrorregiones (por ejemplo la futura Estrategia de la UE para la región del Mar Báltico); en cuanto al nivel transnacional de las cuencas marítimas, deberán introducirse marcos para una gobernanza innovadora, a fin de promover la política marítima integrada que acaba de adoptar la UE y de lograr una mayor coherencia de la acción comunitaria, tanto dentro de la Unión como con los terceros países interesados;

Cooperación interregional

27.

reitera la importancia de la cooperación interregional (que la Comisión Europea no menciona en el Libro Verde) en la medida en que constituye un importante instrumento para el intercambio de experiencias y de buenas prácticas entre territorios que no son contiguos pero comparten proyectos de desarrollo complementarios; sin embargo, desea que el instrumento de cooperación interregional se adapte mejor en el futuro a las necesidades de los entes locales y regionales, a través de una mayor flexibilidad en la elección de los ámbitos de cooperación;

Cooperación territorial fuera de la UE

28.

destaca la necesidad de coordinar mejor las intervenciones de cooperación territorial con el componente externo de esta cooperación, en la perspectiva de la ampliación de la UE (Balcanes occidentales y Turquía), con los países beneficiarios de la política europea de vecindad (PEV), la Federación Rusa y los países vecinos de las regiones ultraperiféricas;

Búsqueda de coherencia en las políticas públicas comunitarias en lo que a cohesión territorial se refiere

29.

considera que el objetivo de cohesión territorial debe aplicarse a todas las políticas comunitarias. Conviene, pues, reforzar la complementariedad entre las políticas sectoriales y la política regional, velando por la coherencia de éstas, ya sean de asignación de fondos o de carácter reglamentario;

30.

lamenta a este respecto que las políticas comunitarias se conciban y se apliquen con demasiada frecuencia sin considerar suficientemente sus consecuencias territoriales, lo que lleva a los entes locales y regionales a tener que afrontar los efectos negativos de estas políticas (pérdidas de actividad o de empleos, daños al medio ambiente, más congestión o desertización);

31.

recuerda la utilidad de la ordenación territorial como conjunto de técnicas que persiguen la disposición armónica de los distintos usos y actividades en el territorio, para garantizar la coherencia entre las políticas públicas comunitarias y los objetivos de cohesión territorial;

32.

reconoce que una parte de estos inconvenientes han sido superados por las intervenciones de la política regional comunitaria, en particular en sus programas de ayuda a los cambios económicos (reconversión industrial, desarrollo rural en el contexto de la reforma de la PAC);

33.

lamenta el grado de incoherencia entre las políticas de IDT+I y la cohesión territorial, y subraya la necesidad de que los territorios tengan más peso en las políticas de investigación e innovación tanto comunitarias como nacionales;

34.

considera, por analogía con la cláusula social horizontal prevista en el Tratado de Lisboa, que es necesario tener en cuenta el impacto territorial de las políticas sectoriales desde la fase de concepción de éstas (looking at the map before implementing policies), con el fin de anticipar sus efectos territoriales;

35.

destaca la enorme influencia que para alcanzar el objetivo de la cohesión territorial tienen las redes transeuropeas de transportes, de energía y telecomunicaciones y anima a la Comisión a insistir especialmente en ellas;

36.

reitera especialmente la necesidad de garantizar la coherencia de las políticas públicas comunitarias en los puntos de conexión entre la tierra y el mar;

La política agrícola común (PAC)

37.

considera que la PAC, cuyo impacto territorial es considerable, debe contribuir aun más a la cohesión territorial en vez de aumentar las disparidades entre regiones, anticipando los efectos territoriales de la próxima reforma, al objeto de limitar sus efectos negativos y previendo medidas de adaptación en favor de territorios que podrían verse afectados negativamente por esta reforma;

38.

recomienda que se coordinen mejor las acciones de desarrollo rural del segundo pilar de la PAC con la política regional, al objeto de garantizar más complementariedades entre el desarrollo rural y el urbano con el objetivo final de alcanzar el mayor grado de simplificación y sinergia entre las dos políticas que resulte técnica y políticamente posible en los programas posteriores a 2013;

La política común de transportes

39.

considera que, en el marco de la evolución de la política común de transporte y su incidencia en el cambio climático, no puede olvidarse la especial importancia que tiene dicha política en regiones cuya accesibilidad depende exclusivamente de ciertos modos de transporte, en particular el aéreo;

40.

propone que en la próxima revisión de las redes transeuropeas de transporte se tenga específicamente en cuenta la necesidad de garantizar la accesibilidad local de los territorios, en función de estándares adecuados, mediante la integración en las redes de transporte urbano, lo cual supondrá un beneficio importante para la conectividad y la cohesión globales;

El medio ambiente

41.

considera que la sensible cuestión del cambio climático no se plantea de la misma manera en todas las regiones (por ejemplo, de cara a la aplicación del sistema comunitario de intercambio de cuotas de emisión de gases de efecto invernadero, a la gestión de las zonas costeras, etc.);

Propuestas en relación con el impacto territorial de la evolución de los servicios de interés general (SIG) y de los servicios de interés económico general (SIEG)

42.

recuerda la importancia de los SIEG como auténticos vectores de cohesión territorial, tal como se menciona en el derecho primario comunitario (artículo 16 del Tratado CE), y lamenta a este respecto que el impacto territorial de las políticas comunitarias en los servicios de interés general (SIG) y, en particular, en los servicios de interés económico general (SIEG), no se evalúe antes de la presentación de las propuestas legislativas de la Comisión ni posteriormente;

43.

destaca los riesgos de fragmentación del mercado interior cuando los ciudadanos no tienen acceso a los servicios de proximidad, a pesar de la afirmación del objetivo de mantener un servicio universal;

44.

aboga por el mantenimiento del acceso universal a estos servicios en el marco de las obligaciones tradicionales de servicio público, en nombre de la igualdad de trato y como condición para la integración de las regiones en la economía global;

45.

pide, de conformidad con el principio de subsidiariedad inscrito en el Tratado, así como con el Protocolo sobre los servicios de interés general del proyecto de Tratado de Lisboa, que se preserven el derecho y la libertad de las entidades locales y regionales para tomar disposiciones en su calidad de prestadores de servicios, gestores o beneficiarios de los servicios de interés económico general;

46.

reafirma que la seguridad jurídica es indispensable para los entes territoriales a título de prestatarios, gestores o beneficiarios de los SIEG; a tal fin, considera necesario que se reconozca en los marcos comunitarios pertinentes la compatibilidad de sus especificidades respecto a la legislación en materia de contratos públicos y de ayudas estatales;

Propuestas para la mejora de la gobernanza territorial

47.

destaca que la intervención de varios niveles de gobierno en un único territorio con efectos variados, y a veces contradictorios, acarrea la necesidad de mejorar la calidad de la gobernanza, en particular en su dimensión territorial, en el nivel más cercano posible al ciudadano, con el fin de subsanar la falta de integración de las políticas públicas; este nuevo esquema de gobernanza territorial es la clave de la concretización del objetivo de cohesión territorial;

48.

considera oportuno que la Comisión defina instrumentos que puedan facilitar la cooperación vertical entre distintos niveles de gobierno, más allá de las relaciones institucionales existentes;

49.

recuerda que el objetivo de cohesión territorial no debe traducirse en cambios en el reparto de las competencias, en particular para la ordenación del territorio, que debe seguir siendo competencia de los Estados miembros y de sus entes territoriales. Sin embargo, los gobiernos de los Estados miembros, especialmente los más centralizados, deberían aumentar su compromiso con los agentes locales y regionales para mejorar la coordinación de las políticas sectoriales nacionales a escala local y regional;

50.

pide que en los Estados miembros se proceda a una clarificación de las competencias de los distintos niveles de gobierno y al desarrollo de políticas transversales u horizontales y de las correspondientes funciones de coordinación;

51.

pide mayor capacidad de decisión para las autoridades regionales en el contexto de la gestión de los Fondos Estructurales, debiéndose conceder a todas las regiones de la UE el estatuto de Autoridad de Gestión;

52.

aboga por un refuerzo de la gobernanza a niveles múltiples (6) para llegar a la definición de objetivos estratégicos comunes, por ejemplo para la accesibilidad, el desarrollo sostenible y la política marítima, a los que cada uno de los participantes aportaría una contribución en función de sus medios, lo cual garantizaría la plena aplicación del principio de asociación. Una auténtica gobernanza de múltiples niveles implica también la colaboración en las fases de aplicación y seguimiento;

53.

recuerda en este contexto que en el Primer Programa de Acción para la aplicación de la Agenda Territorial de la Unión Europea del 23 de noviembre de 2007 los ministros competentes expresaron la «convicción de que la gobernanza de múltiples niveles es una herramienta fundamental para garantizar una ordenación del territorio equilibrada en la UE» y se propusieron «reunirse con un grupo de agentes interesados y de entidades locales y regionales a fin de debatir la aplicación de las prioridades recogidas en la Agenda Territorial»;

54.

anima a la Comisión a analizar más detenidamente las prácticas existentes en cuanto a la puesta en marcha de la asociación en los 27 Estados miembros de la Unión, con vistas a reforzar las capacidades de los entes locales y regionales, así como de sus asociaciones, para que puedan convertirse en socios proactivos.

Bruselas, 12 de febrero de 2009.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  Como se pide en el dictamen de iniciativa CDR 388/2002 fin sobre «La cohesión territorial» (ponente: Sr. VALCÁRCEL SISO).

(2)  Véase dictamen CDR 97/2007 sobre el «Cuarto informe sobre la cohesión económica y social» (ponente: Sr. Michael SCHNEIDER).

(3)  A raíz del dictamen CDR 97/2007 fin sobre el «Cuarto informe sobre la cohesión económica y social» (ponente: Sr. Michael SCHNEIDER).

(4)  En referencia a la metodología puesta a punto por el PNUD.

(5)  A raíz del dictamen CDR 308/2007 fin sobre «La AECT: un nuevo impulso para la cooperación territorial en Europa» (ponente: Mercedes BRESSO).

(6)  De conformidad con los siguientes dictámenes aprobados por el Comité de la Regiones: CDR 149/2008 fin, sobre «Gobernanza y asociación a nivel nacional y regional, y base para los proyectos en el ámbito de la política regional» (ponente: Vladimir KISYOV); CDR 397/2006 fin, sobre el «Paquete legislar mejor 2005 y 2006» (ponente: Luc VAN DEN BRANDE); CDR 103/2001 fin, sobre «La Gobernanza Europea — Un Libro Blanco» (ponente: Michel DELEBARRE).


28.5.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/29


Dictamen del Comité de las Regiones «libro verde sobre la calidad de los productos agrícolas»

2009/C 120/06

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

pide un marco de apoyo que garantice la estabilidad a largo plazo de las inversiones a través de medidas orientadas al mercado, que incluyan una legislación sobre la introducción de un etiquetado en el que se precise el país de producción y que fomenten normas de producción comunitarias;

pide que se apoyen las IG y los regímenes de certificación privados de los agricultores, siempre que se completen con una garantía de las autoridades públicas sobre la calidad y el origen de dichos productos;

pide que se establezca una definición clara y comunitaria para determinados «términos reservados» que designan métodos de producción territorial, como «productos de granja», «productos tradicionales», «productos de montaña» y «productos no OGM»;

pide que el etiquetado obligatorio con indicación del país productor sea extendido a todos los productos primarios y semitransformados;

considera que el etiquetado con la IG debería hacerse extensivo a los productos transformados;

estima que en el futuro no se deberían examinar nuevos regímenes sino apoyar los existentes;

propone promover la ampliación de las protecciones DOP e IGP también en el ámbito de la OMC;

considera necesario prohibir explícitamente el uso de organismos modificados genéticamente en todas las fases de producción DOP (Denominación de Origen Protegida), IGP (Indicación Geográfica Protegida) y ETG (Especialidades Tradicionales Garantizadas), a fin de garantizar y salvaguardar la supervivencia de los métodos tradicionales de producción y las características distintivas de los productos;

pide a la Comisión que considere la necesidad de flexibilizar y reforzar aún más su presupuesto para promoción;

propone a la Comisión la revisión de la certificación ETG (Especialidades Tradicionales Garantizadas).

Ponente

:

Milner Whiteman OBE (UK/UEN-EA); Miembro del Consejo de Bridgnorth

Documento de referencia

Libro Verde sobre la calidad de los productos agrícolas: normas de comercialización, requisitos de producción y regímenes de calidad

COM (2008) 641 final

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Aspectos generales

1.

acoge con satisfacción la elaboración del Libro Verde porque tiene por objeto desarrollar un marco que apoye y proteja una producción agrícola de calidad en la UE y mejorar su aceptación entre los consumidores, dificultando los falseamientos de la competencia debidos a la utilización fraudulenta de las denominaciones existentes. Esto contribuirá a preservar a largo plazo las regiones y los paisajes regionales y su identidad, que son modelados por los agricultores y su producción agrícola, contribuyendo así al futuro desarrollo regional y atenuando los riesgos de desertificación rural;

2.

pide un marco de apoyo que garantice la estabilidad a largo plazo de las inversiones a través de medidas orientadas al mercado, que incluyan una legislación sobre la introducción de un etiquetado en el que se precise el país de producción y que fomenten normas de producción comunitarias, sobre todo en los ámbitos de la seguridad alimentaria y la higiene, la protección del medio ambiente y las técnicas tradicionales de producción;

3.

confía en que el Libro Verde pueda impulsar y reforzar en mayor medida el compromiso de la política agrícola comunitaria con las producciones de calidad. No cabe duda de que los Reglamentos 510/06 y 509/06 sobre la denominación de origen han tenido hasta ahora muy escasa aplicación, hasta el punto de que existe una duda razonable de que buena parte de los consumidores conozca claramente el significado de siglas y expresiones como DOP, IGP, ETG y agricultura biológica. Por lo tanto es preciso reexaminar y replantear el conjunto de las iniciativas promocionales e informativas sobre estas producciones y vincular en mayor medida las actividades del primer y segundo pilar de la PAC al apoyo de las producciones de calidad y a la reducción de los costes relacionados con los procedimientos de certificación y control;

4.

destaca que la uniformización de los productos y la concentración de la producción son factores que dejan expuestos a los agricultores a las fluctuaciones del mercado mundial y que ponen en peligro la diversidad de los territorios;

5.

se congratula de que el Libro Verde reconozca que la calidad de los productos agrícolas está intrínsecamente asociada a las tradiciones, el desarrollo y la sostenibilidad de las regiones, pero señale a la vez que es preciso reforzarlas y protegerlas con sistemas como las indicaciones geográficas (IG), cuya propiedad intelectual debe ser protegida de las falsificaciones demasiado frecuentes de las denominaciones mediante el establecimiento de un registro a nivel mundial;

6.

considera importante apoyar el desarrollo de iniciativas como los mercados agrícolas (farmer's market) y la venta directa, que al limitar los pasos intermedios reducen la cadena comercial: además de fijar un techo para los precios al consumo y reducir el consumo de petróleo y por tanto los factores de contaminación medioambiental, estas iniciativas contribuyen a valorizar, respetando su estacionalidad, los productos locales fruto de una tradición, ofrecidos con mayores garantía de frescura, autenticidad y sabor, y además los hacen más controlables;

7.

está plenamente de acuerdo en que el arma más poderosa de los agricultores de la UE es la «calidad», que los consumidores exigen unos alimentos que combinen sabor, tradición, autenticidad y sobre todo que el origen sea de su región, así como el bienestar animal y la protección del medio ambiente, por lo que los agricultores de la UE tienen una oportunidad real de distinguir claramente sus productos de otros existentes en el mercado y obtener ingresos suplementarios como resultado;

8.

comparte la opinión según la cual, con vistas a las negociaciones de la OMC, es imperativo que, en un mercado mundial cada vez más abierto, las normas de calidad y seguridad alimentarias europeas puedan comunicarse y presentarse a los consumidores como una propiedad de producto ventajosa y que permite, en muchos casos, diferenciarlos; por lo tanto, pide que la Comisión Europea haga reconocer las indicaciones geográficas a los socios comerciales de la UE;

9.

destaca que es preciso crear un marco que permita conciliar las exigencias crecientes de los consumidores mundiales y de los agricultores de la UE. Por consiguiente, los agricultores precisan medidas de apoyo, como una mayor flexibilidad y un refuerzo en el presupuesto para promoción asignado a los regímenes de certificación, independientemente de que se trate de indicaciones geográficas (IG) o de regímenes privados gestionados por los agricultores, siempre que se completen con una garantía de las autoridades públicas sobre la calidad y el origen de dichos productos. Estos regímenes son flexibles y reaccionan rápidamente a las nuevas exigencias de los agricultores y del mercado.

El papel de los entes locales y regionales

10.

considera que los entes locales y regionales tienen una vasta experiencia y competencia reconocida para apoyar e influir en una producción agrícola de calidad con sus medidas de gestión de los planes de desarrollo rural, de ordenación territorial y de desarrollo regional de la UE. Existen muchos casos en los que las autoridades han fomentado la calidad al apoyar regímenes como las IG;

11.

toma nota del nuevo planteamiento de la PAC (ayuda disociada) y de que los agricultores de la UE cada vez estarán más expuestos al mercado mundial. Por consiguiente, es imprescindible que se reconozca que los agricultores de la UE cumplen normas productivas y cualitativas más exigentes (en ámbitos como la sostenibilidad, las garantías higiénicas y sanitarias de los cultivos y los productos, las condiciones de seguridad y de respeto de los derechos de los trabajadores, el bienestar animal y el desarrollo territorial de las regiones) que las que se aplican en terceros países, y que estas mayores exigencias también se compensen después de 2013 mediante pagos directos de la UE. Esto es particularmente importante para los entes locales y regionales puesto que las actividades agrícolas de la UE configuran la economía, el paisaje y la comunidad de todas sus regiones;

12.

destaca que se deberían crear las condiciones para que los entes locales y regionales, a través de los programas de desarrollo rural de la UE, puedan contribuir a la calidad de los productos agrícolas o bien apoyarla ampliamente. Los entes locales y regionales son responsables de establecer prioridades y aplicar programas que han logrado buenos resultados en cuanto a desarrollar y ofrecer verdaderas ventajas a los agricultores de la UE;

13.

pone de relieve los resultados positivos de las iniciativas en favor de una nueva territorialización de la agricultura al crear vínculos más fuertes entre el territorio de origen, los consumidores y la agricultura. Los mercados de agricultores y las intervenciones en las escuelas constituyen ejemplos concretos que permiten a los ciudadanos y a los niños, en particular, familiarizarse con los productos vegetales, sus métodos de producción, características organolépticas y estacionalidad. Por lo tanto, pide a la Comisión Europea que apoye la difusión de estas buenas prácticas;

14.

reconoce que las actividades de los entes locales y regionales para promocionar la demanda de productos agrícolas de calidad, a través de medidas para mejorar los contratos públicos en todos los ámbitos, incluidas las comidas en los colegios y hospitales, podrían contribuir a realizar en gran medida los objetivos del Libro Verde; propone por tanto su progresiva ampliación generalizada mediante medidas adecuadas de apoyo. Pide a la Comisión que tenga en cuenta los resultados de estos proyectos iniciados por los entes territoriales, sin olvidar determinados aspectos como la reducción de los residuos de alimentos en los comedores que tienen presente la calidad de los productos agrícolas;

15.

destaca también la labor que realizan varios entes locales y regionales de la UE en terceros países –dentro de los programas de desarrollo– para apoyar los métodos agrícolas tradicionales, respetar los ecosistemas, la biodiversidad y las necesidades del consumo local;

Requisitos de producción y normas de comercialización

16.

recuerda a la Comisión que los agricultores, los consumidores y la industria siguen rechazando el sistema y logotipo de la UE (tal y como se destacó recientemente en una conferencia organizada por la Comisión en febrero de 2007 sobre las normas). Se podría conseguir una mayor aceptación y mejor relación con los consumidores si en las etiquetas se indicase claramente origen y la calidad específica de producción. Además, no se tiene en cuenta ni el tiempo invertido en desarrollar un logotipo ni los costes incurridos con los controles de conformidad de los agricultores o con las medidas para lograr la aceptación de los consumidores. Asimismo, el mercado y los agricultores han desarrollado sus propios sistemas para realizar estos objetivos; por lo tanto, para mejorar la relación calidad-precio y la relación con los consumidores, el Comité pide que se apoyen las IG y los regímenes de certificación privados de los agricultores, siempre que se completen con una garantía de las autoridades públicas sobre la calidad y el origen de dichos productos, en un contexto de claridad para el consumidor y sin generar nuevas cargas administrativas y financieras;

17.

insta a que se simplifiquen las normas del ámbito de la comercialización, pero destaca la necesidad de establecer una relación más estrecha entre las necesidades de producción y el producto obtenido merced a una clarificación terminológica, une aplicación jurídica y une información correcta de los consumidores mediante el etiquetado. Considera necesario suprimir aquellas barreras que tengan poca utilidad así como las variaciones cuantitativas sobre el concepto de calidad alimentaria. Por lo tanto, acoge de forma favorable la reciente propuesta de la Comisión Europea que deroga las normas sobre el tamaño y la forma de los diversos tipos de frutas y hortalizas. Es preciso mantener medidas estrictas para proteger a los agricultores y consumidores, y ganar su confianza. Esto es especialmente válido en el caso de los OMG, los alimentos modificados genéticamente. Sin embargo, tales medidas no deberían duplicar la protección ofrecida por otra legislación que evita a los consumidores equivocarse. La elaboración de definiciones claras sobre las necesidades de producción o la determinación de las características sobre el uso de ciertos términos, como «criado al aire libre» y «baja emisión de carbono» contribuiría a lograrlo. Podría ser útil definir los productos genéricos o sus requisitos mínimos de comercialización. Asimismo podría ser útil establecer una definición comunitaria clara para determinados «términos reservados» que designan métodos de producción territorial, como «productos de granja», «productos tradicionales», «productos de montaña», «productos no OGM» y similares: términos que con un nivel adecuado de autocontrol constantemente verificable se podrían incluir facultativamente en las etiquetas;

18.

destaca la evidencia constante que revela que los consumidores europeos quieren saber dónde se producen sus alimentos. Cada vez existen más ejemplos que demuestran que, en este ámbito, se induce a error a los consumidores. Por lo tanto, el Comité pide que el etiquetado obligatorio con indicación del país productor sea extendido a todos los productos primarios, semitransformados y a los ingredientes básicos de los productos acabados, como el jamón y el queso;

19.

recomienda que se unifique en los Estados miembros el impuesto sobre el valor añadido de los productos agropecuarios, ya que la competencia leal entre los productores agrarios garantiza una mejor calidad de los productos;

Regímenes de calidad específicos comunitarios

20.

destaca que es necesario que todos los consumidores del mundo confíen en el sistema comunitario de las IG. Es absolutamente imprescindible que los consumidores estén mejor informados sobre la naturaleza de los sistemas, el respeto de su propiedad intelectual a nivel mundial y la manera en que están intrínsecamente asociados a las comunidades regionales; resulta, pues, de vital importancia la puesta en marcha de campañas promocionales que informen al consumidor al respecto dotadas con un presupuesto específico. Dentro de la Unión Europea, los Estados Miembros tomarán de oficio las medidas necesarias para detener el uso ilegal de las denominaciones de DOP e IGP en su territorio, haciendo referencia al art. 13.1 del R(CE) 510/06;

21.

pide que se gane la confianza de los consumidores a través de una plena transparencia; por lo tanto, el etiquetado con la IG debería hacerse extensivo a los productos transformados. Para no menoscabar la futura integridad de las IG, cuando en el etiquetado del producto final se incluyan productos objeto de una IG deberá garantizarse que estos ingredientes estén contenidos en proporción suficiente para constituir una característica definitoria, y la utilización del etiquetado con IG deberá ser autorizada por la asociación protectora y las autoridades correspondientes;

22.

por lo que respecta a las indicaciones geográficas, es importante definir los criterios que permitan concluir si se trata de una denominación general o si, por el contrario, cabe proteger dicha denominación como una indicación geográfica. Se podría ampliar la lista de productos para que abarcara a bayas y hongos –y productos derivados–, y habría que garantizar también la inclusión en dicha lista de los productos elaborados con bayas y frutas. Asimismo, la Comisión debería tener en cuenta la existencia de marcas certificadas colectivas reconocidas en los Estados miembros (calidad específica), y debería proponer normas comunes a los Estados miembros para el reconocimiento de esos instrumentos de calidad;

23.

opina que es necesario una mayor homogeneidad en la tipología de los organismos y procedimientos de control y certificación de productos ecológicos, de forma que se pueda proporcionar la seguridad y confianza a los consumidores a través de un nuevo logotipo de la UE para la agricultura ecológica, que garantice los mismos criterios de producción, control y certificación a nivel comunitario y contribuya a resolver problemas y a promover aún más el mercado único comunitario de productos ecológicos y pueda contribuir satisfactoriamente a la mejora de la información del consumidor sobre la existencia de normas y controles comunes y efectivos para los alimentos de producción ecológica en todo el ámbito de la Unión Europea;

24.

estima que en el futuro no se deberían examinar nuevos regímenes sino apoyar los existentes en ámbitos como el bienestar animal. El Comité acogería con agrado el apoyo de la Comisión, a través de orientaciones y medidas para reforzar la credibilidad, pero considera que toda propuesta encaminada a desarrollar nuevos logotipos es innecesaria en un mercado de consumidores en el que se reconocen los logotipos existentes y sus valores como, por ejemplo, el logotipo francés «label rouge» (etiqueta roja);

25.

considera que, en vez de ello, debe establecerse un sistema de sanciones por el uso ilegal de denominaciones protegidas y designarse a personas encargadas de vigilar con atención y proponer sanciones en todos los Estados miembros de la UE;

26.

considera conveniente, con respecto a las denominaciones protegidas, introducir la obligación para todos los Estados miembros de proceder de oficio a la protección de las denominaciones de origen para evitar la usurpación o la imitación de las mismas. Propone además diferenciar las modalidades y las normas de protección de los productos con denominación protegida, distinguiendo los que se caracterizan por una notable reputación a nivel internacional y por una fuerte vocación a la exportación, así como por un elevado riesgo de falsificación y usurpación, de aquellos que se difunden principalmente en los mercados locales, que por consiguiente están menos expuestos a una utilización no conforme de las marcas originales. Para esta categoría de productos sugiere un procedimiento de reconocimiento simplificado que permita una protección de carácter nacional o regional. Con respecto a la evolución –especialmente rápida en algunos sectores– de las técnicas de producción y de las tecnologías de transformación, considera conveniente prever la posibilidad de adecuar con procedimientos simplificados los reglamentos de producción;

27.

sería conveniente promover la ampliación de las protecciones DOP e IGP también en el ámbito de la OMC. Se considera asimismo que se debe perseguir activamente la celebración de acuerdos bilaterales con los distintos países extracomunitarios para el reconocimiento mutuo de las denominaciones agroalimentarias. Ante la afluencia de nuevas demandas de IG de países terceros, se propone estudiar la creación de una agencia europea de la calidad de la producción agrícola. Tanto los productos que se exportan como los que no deberían poder beneficiarse de un reconocimiento por parte de la UE. La forma de protección internacional podrá eventualmente diferir en función del riesgo de usurpación efectiva de los productos. Podría considerarse una diferenciación en términos de alcance de la protección para los productos de alto riesgo de usurpación y que se exporten y para los cuales sea necesaria una protección internacional en la OMC. Para los productos en situación de riesgo de usurpación más moderado y de mercado a escala local, podría proponerse un procedimiento más simplificado con un reconocimiento por el Estado miembro notificado a Bruselas (comparable al nivel de la protección transitoria actual) y una protección jurídica europea. Asimismo, es fundamental prever que las IG sean protegidas dentro de la UE obligando a intervenir a los Estados miembros en sus territorios, de forma que estos tengan la obligación de acción de oficio en caso de usurpación o de imitación de denominaciones protegidas. Se propone una disposición específica en el artículo 13 del Reglamento 510/06 en este sentido. La protección de oficio debe ser defendida por la Comisión en el plano internacional y especialmente en la UE;

28.

considera necesario prohibir explícitamente el uso de organismos modificados genéticamente en todas las fases de producción DOP (Denominación de Origen Protegida), IGP (Indicación Geográfica Protegida) y ETG (Especialidades Tradicionales Garantizadas), a fin de garantizar y salvaguardar la supervivencia de los métodos tradicionales de producción y las características distintivas de los productos;

Regímenes de certificación

29.

recomienda que se fomente una participación más activa de las organizaciones de productores y que los mercados tomen la iniciativa en este ámbito. Los regímenes privados bien estructurados y gestionados por los productores son más eficaces que las normas y, por tanto, pueden reaccionar más rápidamente a las exigencias locales. Este tipo de regímenes existen, entre otros, en Suecia, Reino Unido y Alemania;

30.

opina que los regímenes de certificación existentes para los productos con un valor añadido responderían mejor a las exigencias sociales si ofrecieran una información clara y fiable sobre la situación y los métodos de cultivo y el contenido nutricional;

31.

considera que sería útil establecer unas orientaciones comunes y así mejorar la información al consumidor respecto de los requisitos mínimos exigibles para la calidad básica de los alimentos. Deberían ser elaboradas por comités independientes en los que exista consenso de todas las partes interesadas relevantes en la cadena alimentaria, independientemente de su ubicación;

32.

está convencido de que la clave del éxito de los regímenes privados es la participación de los productores. Es igualmente importante promover ampliamente las asociaciones de productores. Así se garantiza que los controles, normas y costes sean verdaderamente beneficiosos para los agricultores de la UE;

33.

destaca la necesidad de tener en cuenta los gastos financieros y administrativos de los pequeños productores que utilizan prácticas agrícolas artesanales; a este respecto, pide que se mantengan las excepciones concedidas a las producciones que, por motivos estructurales, no pueden aplicar determinadas normas;

Otros aspectos

34.

pide a la Comisión que considere la necesidad de flexibilizar y reforzar aún más su presupuesto para promoción. Es necesario revisar las prioridades del presupuesto para promoción de manera que se pueda prestar más atención a los regímenes de certificación de todo tipo;

35.

opina que los agricultores de la UE podrían obtener mayor reconocimiento y desarrollar mejores sistemas de comercialización si se flexibilizan las normas que regulan las ayudas estatales en el ámbito de la promoción de alimentos alimentos y se potencian y mejoran los sistemas de certificación de calidad públicos comunitarios (DOP, IGP, ETG, Símbolo Gráfico RUP, Producción Ecológica);

36.

pide que se establezcan facilidades de microcrédito para los pequeños campesinos y agricultores que invierten en el incremento de la producción de calidad y la seguridad alimentaria local. En este contexto, invita a reflexionar sobre la posibilidad de canalizar los recursos que se dedican en la actualidad a las medidas de intervención hacia los productores que adoptan modos de producción favorables a una agricultura equitativa y sostenible;

37.

para evitar que se genere confusión y complicaciones administrativas, no se considera conveniente favorecer la creación de nuevos sistemas comunitarios de certificación. Sin embargo, se considera que podría ser útil establecer orientaciones que garanticen los contenidos objetivos de las otras certificaciones (ISO, BIO, etc.) para productos distintos de los de las DOP y las IGP. Asimismo se considera conveniente intensificar y coordinar mejor la colaboración entre los distintos organismos de control;

38.

se propone a la Comisión la revisión de la certificación ETG (Especialidades Tradicionales Garantizadas) y la creación de una nueva certificación de calidad para las producciones de carácter tradicional/local/artesanal que, reuniendo unos mínimos parámetros de calidad, lleven asociados otros valores ligados al territorio donde se producen, a la economía local/regional, a la gestión sostenible del territorio, a la contribución al mantenimiento de la población rural, al turismo, a la calidad de vida de la población, etc. La denominación de esta certificación podría referirse entre otros a productos tradicionales, productos locales, productos regionales o similares;

39.

se pide a la Comisión que apoye financieramente tanto en el mercado único como en terceros países las actividades de información y divulgación que tengan como objetivo promocionar y explicar el significado de los distintivos europeos de calidad de los productos agrícolas, así como los amplios requisitos y normas de producción que deben cumplir los agricultores europeos en comparación con otros países (respeto del medio ambiente y del bienestar animal, altos estándares de seguridad alimentaria, etc.).

Bruselas, el 13 de febrero de 2009

El Presidente

del Comité de las Regiones

Luc VAN DEN BRANDE


28.5.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/34


Dictamen del Comité de las Regiones sobre el «libro verde — inmigración y movilidad»

2009/C 120/07

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

considera que abordar a nivel europeo los retos comunes que afrontan los sistemas educativos de los Estados miembros aportará un considerable valor añadido europeo que puede impulsar de manera significativa la configuración de la política educativa de los Estados miembros. La educación es la clave de la integración y de una participación efectiva en la vida social y profesional;

se refiere explícitamente, en este contexto, al especial papel que el Comité de las Regiones está llamado a desempeñar en el futuro, ya que en algunos Estados miembros los entes europeos regionales y locales ejercen responsabilidades en materia de educación;

destaca el papel crucial que corresponde a la educación preescolar y escolar en la integración de niños y jóvenes de origen inmigrante y, en este sentido, pone de relieve sobre todo la importancia de dominar las lenguas, o una de las lenguas, de enseñanza y vehicular del Estado de residencia;

considera que el incremento de la inmigración refuerza la diversidad no sólo cultural sino también lingüística en la Unión Europea, lo cual puede convertirse en una ventaja más en el mercado global mediante el desarrollo de los conocimientos lingüísticos existentes; por tanto, advierte de que el incremento cada vez mayor de la inmigración no debe verse sólo como una amenaza para los Estados miembros de la UE y defiende que esta tendencia debe entenderse también como una oportunidad a la vista de las tendencias demográficas de Europa;

insta a la Comisión Europea a que, en el marco de una reflexión en profundidad sobre esta cuestión a escala europea, aborde entre otros los siguientes puntos que en el Libro Verde no se tratan:

el incremento de la participación escolar de niños y jóvenes de origen inmigrante;

la motivación de los padres de origen inmigrante para que aprovechen las oportunidades educativas existentes;

la formación profesional de los niños y jóvenes de origen inmigrante (entre otros aspectos, la orientación profesional así como el fomento de la formación lingüística profesional);

Ponente

:

Ursula Männle (DE/PPE), Miembro del Parlamento de Baviera

Documento de referencia

Libro Verde «Inmigración y movilidad: retos y oportunidades de los sistemas educativos de la UE»

COM(2008) 423 final

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

1.

subraya la relevancia de la cooperación en materia de educación de la UE para el desarrollo social y económico de Europa en el marco de la Estrategia de Lisboa y, en este contexto, considera de gran importancia hacer más hincapié en el aspecto de la educación dentro del triángulo del conocimiento;

2.

recalca que la cooperación en materia de educación de la UE se basa en las disposiciones de los artículos 149 y 150 del Tratado CE y que debe cumplir las normas de subsidiariedad;

3.

acoge, pues, favorablemente el hecho de que en su Libro Verde la Comisión Europea considere que la política de educación cae plenamente dentro del ámbito de responsabilidad de los Estados miembros;

4.

en referencia al título del Libro Verde, señala que los retos y oportunidades existen sobre todo en el nivel de los sistemas educativos de los Estados miembros de la UE y que los Tratados no nos permiten hablar de sistemas educativos de la UE, dado que la configuración política de dichos sistemas educativos se realiza a escala nacional y, en algunos casos, regional y local;

5.

considera que, a pesar de esta puntualización sobre los principales niveles de referencia en materia educativa, abordar a nivel europeo los retos comunes que afrontan los sistemas educativos de los Estados miembros aportará un considerable valor añadido europeo que puede impulsar de manera significativa la configuración de la política educativa de los Estados miembros;

6.

considera que llevar a cabo un intercambio profundo de información y experiencias entre los Estados miembros aportará ventajas considerables y concede una especial importancia a la difusión por parte de la Comisión de las mejores prácticas de los Estados miembros;

7.

se refiere explícitamente, en este contexto, al especial papel que el Comité de las Regiones está llamado a desempeñar en el futuro, ya que en algunos Estados miembros los entes europeos regionales y locales ejercen responsabilidades –y en algunos casos competencias exclusivas– en materia de educación;

8.

considera muy importantes los resultados de la cooperación de los Estados miembros en el marco del programa de trabajo sobre educación y formación para 2010, y acoge favorablemente, en particular, la aplicación de medidas de aprendizaje entre iguales que posibilitan profundizar en el proceso del aprendizaje mutuo sobre una base voluntaria y, en este sentido, agradece sus actividades a los miembros del grupo de aprendizaje por pares sobre acceso e inclusión social.

9.

apoya, pues, la iniciativa de la Comisión Europea en el Año 2008 del Diálogo Intercultural de presentar un Libro Verde sobre inmigración y movilidad como contribución a la integración de niños y jóvenes de origen inmigrante en aras de preservar la cohesión social;

10.

acoge positivamente el valor a largo plazo de la campaña de relaciones públicas sobre el Año Europeo del Diálogo Intercultural haciendo mención particular al cartel del Día de Europa 2008;

11.

apoya el objetivo de la Comisión Europea de realizar una consulta para dar a conocer a un amplio espectro de la opinión pública europea la situación escolar de los niños y jóvenes de origen migrante, y espera con gran interés sus resultados;

12.

estima que el periodo de cinco meses previsto para participar en la consulta ofrece suficiente margen para elaborar una posición detallada en la materia y pide a sus miembros que apoyen la participación de los actores interesados en la consulta europea a nivel regional y local;

13.

señala, no obstante, que la Comisión presentará propuestas para establecer un nuevo marco del método de coordinación abierto en diciembre de 2008, es decir, antes de que finalice el periodo de consulta, propuestas que probablemente afectarán al intercambio político con respecto a la integración de los niños y jóvenes de origen inmigrante, y espera que la Comisión tenga debidamente en cuenta el dictamen del CDR;

14.

aprueba la amplia definición que la Comisión Europea realiza del concepto de «origen inmigrante» que, al igual que en el marco de la realización de los estudios de la OCDE sobre la evaluación internacional de los alumnos (PISA), también abarca a grupos que por nacimiento o naturalización han adquirido la nacionalidad del Estado miembro en el que residen, o a los hijos de personas pertenecientes a dichos grupos;

15.

acoge positivamente el enfoque de la Comisión Europea de centrarse prioritariamente en niños y jóvenes de origen inmigrante que padecen además una situación socioeconómica desfavorable ya que, en opinión del Comité de las Regiones, ese segmento de la población es el que presenta una mayor necesidad de intervención;

16.

estima que los desplazamientos de ciudadanos de unos Estados miembros a otros de la UE así como la afluencia de ciudadanos de terceros países requieren una actuación en los sistemas educativos a escala nacional, que se puede apoyar difundiendo los resultados del proceso de consulta así como centrándose posteriormente en el tema a nivel europeo;

17.

coincide con el punto de vista de la Comisión en cuanto a que la educación es la clave de la integración y de una participación efectiva en la vida social y profesional;

18.

destaca el papel crucial que corresponde a la educación preescolar y escolar en la integración de niños y jóvenes de origen inmigrante y, en este sentido, pone de relieve sobre todo la importancia de dominar las lenguas, o una de las lenguas, de enseñanza y vehicular del Estado de residencia;

19.

considera que el incremento de la inmigración refuerza la diversidad no sólo cultural sino también lingüística en la Unión Europea, lo cual puede convertirse en una ventaja más en el mercado global mediante el desarrollo de los conocimientos lingüísticos existentes;

20.

en este contexto considera que en general debería prestarse más atención al potencial cultural, lingüístico e intelectual de los inmigrantes y a fomentar que las personas migrantes legales actúen como mediadores del intercambio recíproco entre culturas;

21.

por tanto, advierte de que el incremento cada vez mayor de la inmigración no debe verse sólo como una amenaza para los Estados miembros de la UE y defiende que esta tendencia debe entenderse también como una oportunidad a la vista de las tendencias demográficas de Europa;

22.

subraya la importancia de la Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente y también en relación con la inclusión de los niños y jóvenes de origen inmigrante;

Respecto a la situación educativa de los niños y jóvenes de origen inmigrante

23.

toma nota con preocupación del análisis que realiza la Comisión Europea de la situación de los niños y jóvenes de origen inmigrante, y considera que su integración constituye un importante desafío político, por lo que señala la necesidad urgente de adoptar medidas;

24.

suscribe la opinión de la Comisión Europea de que el fracaso de integración escolar de niños y jóvenes de origen inmigrante puede suponer un primer eslabón en una cadena de fracasos que en último término puede desembocar, por la interrupción de la educación escolar y el desempleo causados por el bajo nivel de las cualificaciones, en un fracaso de la integración social;

25.

atribuye las diferencias de resultados de los niños y jóvenes de origen inmigrante a una concatenación de factores diversos, entre los que cabe mencionar: la falta o insuficiencia de conocimientos de la lengua de enseñanza que les incapacita para seguir las clases, con la consiguiente desmotivación; la escasa flexibilidad de los sistemas educativos para ofrecer una formación adaptada a las necesidades de los niños y jóvenes de origen inmigrante; el alejamiento de los centros escolares del lugar de residencia de los padres, la falta de dedicación y de ayuda extraescolar de los niños y jóvenes por parte de sus progenitores;

26.

comparte explícitamente la valoración realizada por la Comisión Europea en el marco de su Comunicación «Mejorar las competencias en el siglo XXI: agenda para la cooperación europea en las escuelas» de que la escuela por sí sola no puede reequilibrar las desventajas sociales del alumnado;

27.

subraya su convencimiento de que la integración positiva de las personas de origen inmigrante exige una buena dosis de voluntad, tiempo, esfuerzo y apertura por parte de todos;

28.

lamenta, por tanto, que en el Libro Verde no se haga mención de la responsabilidad personal de los padres ni, hasta cierto punto, de la responsabilidad, adecuada a la edad, de los niños y jóvenes; en efecto, a pesar de su situación específica, de ellos depende demostrar su disponibilidad de integración y tomar en el marco que se ofrece sus propias iniciativas para intentar mitigar o superar las desventajas socioeconómicas existentes, participando, por ejemplo, en ofertas educativas u obteniendo más cualificaciones;

29.

considera que la escolaridad obligatoria es una garantía irrenunciable para integrar adecuadamente a los niños y jóvenes de origen inmigrante, y se pronuncia expresamente a favor de una cooperación estrecha entre la escuela y los hogares para mantener esta obligación; esto también posibilita, en particular, la participación de los niños y jóvenes en las clases de deporte y de natación así como en las excursiones organizadas por los colegios;

30.

entiende, al igual que la Comisión Europea, que los problemas pueden resolverse principalmente mediante una cooperación reforzada con una gran diversidad de actores en el ámbito de la formación y la juventud (jardines de infancia, escuela, trabajo con jóvenes), en la que la familia, desde el punto de vista del Comité de las Regiones, desempeña un importante papel, ya que impulsa la formación de las expectativas generales de la vida y de ese modo también favorece el éxito personal en los estudios;

31.

dada la necesidad absoluta de hablar las lenguas, o una de las lenguas, del país de residencia de manera correcta y fluida para poder beneficiarse de las ventajas del sistema educativo, considera muy importante el acceso lo más temprano posible para los niños de origen inmigrante a cursos de apoyo para la primera infancia, ya que hasta la entrada en la escuela primaria es posible abordar y resolver las dificultades lingüísticas, pudiéndose crear, de ese modo, una base importante para la participación en pie de igualdad en las clases;

32.

pide, por consiguiente, a los niveles administrativos nacionales así como a los entes locales y regionales que concedan mayor importancia a la inserción de los niños y jóvenes de origen inmigrante;

33.

anima en este sentido a los entes locales y regionales en particular a que adopten las posibles medidas en la materia de conformidad con su ámbito de competencias;

Respecto a las medidas concretas propuestas que puede adoptar el nivel político para influir de manera positiva en la situación educativa de los niños y jóvenes de origen inmigrante

34.

acoge con especial satisfacción el hecho de que en la elaboración de su Libro Verde la Comisión Europea no se haya limitado a representar sin más la situación de los niños y jóvenes de origen inmigrante, sino que presenta una visión de conjunto de distintos conceptos políticos para solucionar los problemas actuales;

35.

acoge también positivamente que en el marco del documento de trabajo de la Comisión que completa al Libro Verde (SEC(2008) 2173) se haya elaborado un índice relativamente amplio de más enfoques en materia de política educativa para la integración de los niños y jóvenes de origen inmigrante, que remite en parte a la documentación disponible en Internet, y que ofrece un amplio panorama de los esfuerzos en este ámbito de los distintos Estados miembros así como de los Estados no europeos;

36.

subraya la importancia del papel de los entes locales y regionales a la hora de buscar respuestas viables para una mejor integración de niños y jóvenes de origen inmigrante;

37.

considera que el trabajo de educación en los centros educativos de primera infancia así como la clase durante los primeros años escolares son especialmente decisivos para el éxito escolar de los niños y jóvenes de origen inmigrante, ya que ese periodo de tiempo determina toda la posterior trayectoria escolar;

38.

anima en este sentido a que se prevea una cooperación reforzada entre escuelas y bibliotecas públicas para que los niños y jóvenes se familiaricen en mayor medida con el mundo de los libros y, de ese modo, se favorezca el desarrollo lingüístico pero también el sentimiento de pertenencia a la sociedad;

39.

en este contexto, se muestra favorable a que se conceda una importancia especial a los jardines de infancia y escuelas, apoyando de manera temprana a cada niño y formando su autoestima así como su autonomía con arreglo a una orientación de valores intercultural en los primeros años de la infancia, en la que sean de importancia fundamental las experiencias básicas de formación de confianza, las formas de expresión y los modos de interpretación para procesar el espectro general de las posibles experiencias, a fin de inculcar cuanto antes en los niños un sistema básico de valores y significados que les permita orientarse en un mundo complejo y saber manejar crisis, rupturas y transiciones;

40.

recomienda que en los programas de enseñanza de los jardines de infancia y de las escuelas primarias se prevea ya un objetivo de aprendizaje de «empatía» en el ámbito de la formación social, al objeto de que los niños sean capaces sin gran esfuerzo de ponerse en el lugar del universo mental y emocional de otros y de mostrar reconocimiento y actitud abierta respecto a las convicciones de los demás;

41.

anima a que se preste especial atención a la perspectiva de género;

42.

estima que para solucionar los problemas existentes de las diferencias en los resultados de las alumnas y alumnos de origen inmigrante lo mejor es aplicar un conjunto de medidas que entienda que la formación lingüística es una actividad transversal para todas las etapas educativas;

43.

recomienda también que se proyecte una imagen positiva del fenómeno de las personas de origen inmigrante como materia interdisciplinar a fin de que el alumnado acepte el origen inmigrante de su propia familia o el de sus compañeros como algo positivo y enriquecedor;

44.

subraya la necesidad de asesorar a los jóvenes que no obtienen titulación escolar y a sus padres sobre las opciones educativas y profesionales que se les ofrecen para obtener más tarde una cualificación profesional;

45.

señala el hecho de que las autoridades responsables de los niveles nacional, regional y local pueden mantener en el ámbito educativo los recursos financieros no utilizados en razón del descenso de la natalidad en los Estados miembros de la Unión Europea y utilizarlos para mejorar la calidad de la educación así como las dotaciones de los centros de enseñanza;

46.

recomienda que, con vistas a integrar a los niños, jóvenes y adultos de origen inmigrante, se lleve a cabo un trabajo de formación de opinión pública mediante la organización de campañas, en las que, por ejemplo, podría presentarse la integración positiva de personas de la vida pública de origen inmigrante;

47.

destaca el derecho de los inmigrantes a cultivar su lengua materna y recomienda que se fomente el multilingüismo;

48.

insta a los entes regionales y locales a que, en su calidad de empleadores, faciliten formación a su personal en competencias interculturales y a que aumenten, en caso necesario, el número de trabajadores de origen inmigrante, en función de su idoneidad, capacidad y rendimiento, valorando adecuadamente las competencias lingüísticas e interculturales;

Respecto al enfoque del tema a escala europea

49.

suscribe el parecer de la Comisión Europea de que responder al interés de los Estados miembros en una cooperación europea para integrar a niños y jóvenes de origen inmigrante presentando buenas prácticas de los niveles estatal, regional y municipal puede generar un valor añadido europeo;

50.

destaca, no obstante, en este sentido que los problemas relacionados con este tema no se pueden ya solucionar a nivel europeo, como afirma el Libro Verde, sino solamente debatir, dado que la decisión sobre la aplicación de las eventuales medidas políticas es competencia exclusiva de los niveles nacionales, regionales o locales;

51.

pide a los entes europeos locales y regionales que examinen en detalle en qué medida se puede recurrir a las líneas de ayuda de los programas comunitarios como el plan de acción de la formación a lo largo de toda la vida (2007-2013) o los Fondos Estructurales para integrar a los niños y jóvenes de origen inmigrante o fomentar el diálogo intercultural, o de qué manera los proyectos ya en vías de realización pueden adaptarse a las directivas de fomento para tener una posibilidad de ayuda real;

52.

llama la atención en este contexto sobre el valor del Fondo Europeo de Integración para los Nacionales de Terceros Países y pide a sus miembros que presionen a nivel regional y local para aprovechar este Fondo con vistas a la financiación de medidas de integración para niños y jóvenes de origen inmigrante;

53.

confía en que se preste la suficiente atención a la integración de los niños y jóvenes de origen inmigrante en el proyecto de la Comisión Europea de un marco estratégico para la cooperación europea en materia de educación y formación previsto para diciembre de 2008 como continuación del actual programa de trabajo sobre educación y formación para 2010;

54.

recomienda a la Comisión Europea que, en el marco de una reflexión en profundidad sobre esta cuestión a escala europea, aborde –entre otros– los siguientes puntos que en el Libro Verde no se tratan:

el incremento de la participación escolar de niños y jóvenes de origen inmigrante;

la motivación de los padres de origen inmigrante para que aprovechen las oportunidades educativas existentes;

la formación profesional de los niños y jóvenes de origen inmigrante (entre otros aspectos, la orientación profesional así como el fomento de la formación lingüística profesional);

55.

toma nota de que la Comisión Europea defiende la utilización de indicadores o niveles de referencia del rendimiento medio europeo en relación con las diferencias en cuanto a niveles educativos y matriculaciones de alumnos inmigrantes;

56.

en relación con la aprobación de los niveles de referencia del rendimiento medio europeo en educación y formación, señala que en las Conclusiones del Consejo del 5 de mayo de 2003 se puso de relieve que dichos niveles no definen objetivos nacionales ni determinan decisiones que deban adoptar los Gobiernos nacionales, aunque la actuación nacional basada en prioridades nacionales contribuirá a su realización;

57.

señala que en mayo de 2007, durante la Presidencia alemana, se aprobó un marco coherente de indicadores y «puntos de referencia» al objeto de realizar el seguimiento de los progresos en relación con los objetivos de Lisboa en materia de educación y formación; señala asimismo que los Estados miembros no han seguido la propuesta de la Comisión Europea de adoptar nuevos indicadores para las escuelas por razones de principio, pero también por los costes administrativos y financieros que acarrea la elaboración de nuevos indicadores;

58.

destaca que en el marco de la cooperación en materia de educación de la UE la fijación de los niveles de referencia del rendimiento medio europeo deberían ser una excepción y que el ámbito de aplicación no debería ampliarse más allá de los cinco niveles de referencia ya existentes, sobre todo, a la vista de que cada vez resulta más evidente que en cuatro de los cinco casos no será posible lograr los objetivos establecidos a escala europea sobre base voluntaria hasta el año 2010;

59.

subraya que la elaboración de nuevos indicadores puede causar un considerable gasto administrativo adicional para los niveles nacionales, regionales y locales, y que, dados los esfuerzos de la Comisión por reducir los trámites burocráticos, no se justificaría salvo en el caso de un análisis pormenorizado coste/beneficio positivo;

60.

aboga ante esta situación por concentrar los esfuerzos en los indicadores y los niveles de referencia del rendimiento medio europeo ya existentes;

61.

opina, por consiguiente, que el valor añadido europeo no resultará de la adopción de nuevos indicadores y niveles de referencia, sino de elaborar un inventario de procedimientos de eficacia demostrada sobre los niveles educativos y las matriculaciones de los niños y jóvenes de origen inmigrante;

62.

expresa su convicción de que este inventario puede ser un elemento fundamental para llevar a cabo un intenso intercambio de información y experiencias sobre la forma que debe asumir la futura cooperación en materia de educación en la UE y podrá proporcionar un fuerte impulso a la elaboración autónoma de políticas de integración en los niveles nacional, regional y local;

63.

por tanto, pide a la Comisión que elabore dicho inventario tras evaluar los resultados de la consulta y debate con los órganos competentes de la UE, con la participación de los entes regionales y locales y, si es necesario, con el Grupo de aprendizaje por pares sobre acceso e inclusión social, con enfoques concretos y viables para solucionar los problemas existentes en materia de niveles educativos y matriculaciones de los niños y jóvenes de origen inmigrante;

64.

opina asimismo que la Comisión debe poner a disposición de las autoridades nacionales, regionales y locales competentes este inventario, que debería incluir, en particular, procedimientos de eficacia probada sobre las siguientes áreas:

niños: admisión lo más temprana posible en actividades de formación para niños en edad preescolar y, simultáneamente, fomento de capacidades de lengua y diagnóstico de problemas lingüísticos integrados y adaptados a las necesidades individuales del niño así como participación en programas de logopedia en caso necesario;

niños y jóvenes: aplicación, durante la escolaridad obligatoria, de medidas destinadas a apoyar la adquisición de conocimientos lingüísticos en todos los niveles y, si se hace necesario, oferta temporal de clases de lengua para niños y jóvenes con déficits lingüísticos notables hasta que se subsane el retraso; creación de redes de asistentes voluntarios para apoyar a los niños y a los jóvenes en la escuela y la formación;

padres: explicaciones sistemáticas y orientadas sobre las posibilidades del sistema educativo mediante folletos informativos en varias lenguas elaborados por las autoridades educativas responsables; ampliación de las posibilidades lingüísticas para padres de origen inmigrante; dado el papel fundamental de las madres, deben crearse en particular ofertas para que las que no dominan suficientemente la lengua de escolaridad de sus hijos obtengan las correspondientes cualificaciones lingüísticas; estudiar la posibilidad de poner a disposición y cualificar a acompañantes multilingües voluntarios para los padres a fin de superar las desventajas lingüísticas, culturales y sociales;

profesorado: aplicar un tratamiento en profundidad de aspectos relevantes de la migración en la formación del profesorado (formación inicial y continua); animar a las personas de origen inmigrante a seguir estudios para hacerse profesor y, de ese modo, servir de ejemplo a los niños y jóvenes de origen inmigrante de las posibilidades que ofrece la educación;

escuelas: apoyar de manera orientada a las escuelas con un porcentaje alto de inmigrantes, en especial posibilitando un número reducido de alumnos por clase, respaldando al cuerpo docente con especialistas socioeducativos de asistencia a los jóvenes, organizando la asistencia para las tareas escolares después de clase así como creando sistemas tutoriales con alumnos y estudiantes de más edad de origen inmigrante o no; desarrollar, en su caso, perfiles escolares específicos de la interculturalidad y su representación en la vida escolar; en este proceso las lenguas de los inmigrantes podrían desempeñar un papel especial como comunidades de trabajo;

trabajadores sociales y gestores de las políticas de juventud: crear una mayor conexión con la escuela para ayudar a los niños y jóvenes de familias de origen inmigrante y al mismo tiempo desfavorecidas desde un punto de vista socioeconómico;

65.

señala la creciente importancia del aprendizaje electrónico (e-learning), que se caracteriza por la independencia con respecto al tiempo y al lugar, ofrece nuevas posibilidades de aprendizaje de idiomas y la oportunidad de conocer lenguas y culturas de regiones lejanas; a este respecto, solicita a la Comisión que difunda los ámbitos en los que podrían utilizarse métodos de aprendizaje electrónico para fomentar la integración de los niños y jóvenes de origen inmigrante;

66.

otorga gran importancia a la cooperación con organizaciones internacionales (OCDE, Unesco) y, en este sentido, pide que se refuercen las sinergias, en especial, con el Consejo de Europa;

Sobre el papel de la Directiva 77/486/CEE relativa a la escolarización de los hijos de los trabajadores migrantes

67.

señala que el ámbito de aplicación de la Directiva 77/486/CEE relativa a la escolarización de los hijos de los trabajadores migrantes se limita a los ciudadanos de la UE y que, según datos de la Comisión Europea, hasta la fecha la aplicación de la directiva se ha llevado a cabo solamente de manera parcial;

68.

ve en el hecho de que la directiva no sea aplicable a los nacionales de terceros países así como en la posibilidad de los Estados miembros de regular, a través de acuerdos bilaterales entre los distintos Estados miembros y con terceros países, aspectos particulares que les parezcan especialmente importantes para la integración de los niños y jóvenes de origen inmigrante, indicios significativos de que ni el contenido de la directiva ni el instrumento mismo de la directiva son una respuesta convincente a la evolución de la actual situación de la migración en Europa;

69.

constata que en el Libro Verde la Comisión Europea deja traslucir considerables dudas respecto a la conveniencia de mantener la directiva;

70.

recomienda, ante esta situación, a la Comisión Europea, el Parlamento Europeo así como al Comité Económico y Social Europeo que deroguen la Directiva 77/486/CEE relativa a la escolarización de los hijos de los trabajadores migrantes.

Bruselas, el 13 de febrero de 2009.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Luc VAN DEN BRANDE


28.5.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/41


Dictamen del Comité de las Regiones — El servicio universal en las comunicaciones electrónicas y las redes y la Internet del futuro

2009/C 120/08

El COMITÉ DE LAS REGIONES

señala que el requisito de un acceso funcional a Internet a un precio razonable es indispensable para el desarrollo y la inclusión de carácter económico, social y territorial en toda la UE;

observa que, como servicio comparable a otros servicios públicos, como el agua y la electricidad, la banda ancha se está perfilando cada vez más como el «cuarto servicio público»;

destaca que es necesario que la UE garantice la oferta de servicios y comunicaciones de alta calidad a precios razonables a todos los habitantes o consumidores, con independencia de su situación social o geográfica;

insiste en el papel clave y la responsabilidad que corresponden a los entes locales y regionales para garantizar un acceso a un precio razonable a la banda ancha en aquellas regiones en las que los mecanismos de mercado son insuficientes para lograrlo por sí solos, llevando a cabo proyectos piloto para salvar las desigualdades de accesibilidad electrónica y optando por un nuevo enfoque que permita centrar en el ciudadano los servicios públicos en línea;

ha analizado y debatido en varias ocasiones el abanico de soluciones que los entes locales y regionales están poniendo en marcha en toda Europa, y reconoce la imposibilidad de encontrar una solución válida para cualquier contexto; por ejemplo, algo idóneo para grandes centros urbanos puede no serlo en otras zonas, como las pequeñas regiones de montaña, con una orografía complicada y variada o una escasa población, que requiera unos esfuerzos significativos para la prestación de todo tipo de servicios.

Ponente

:

Robert Bright (UK/PSE), Miembro del Consejo municipal de Newport

Textos de referencia

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones relativa a la segunda revisión periódica del alcance del servicio universal en las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas de conformidad con el artículo 15 de la Directiva 2002/22/CE

COM(2008) 572 final

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: Comunicación sobre las redes y la Internet del futuro

COM(2008) 594 final

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES (CDR),

A.   El servicio universal en las comunicaciones electrónicas

Observaciones generales

1.

encargado de garantizar que todos aquellos que soliciten el servicio universal en las comunicaciones electrónicas (e-communications) dispongan de unos servicios esenciales para el desarrollo y la participación en la sociedad, acoge favorablemente la segunda revisión periódica del alcance del servicio universal en las redes de comunicaciones electrónicas. Éste es un paso importante en la revisión de la igualdad de acceso, la inclusión y la participación en el comercio en toda la UE. Como servicio comparable a otros servicios públicos, como el agua y la electricidad, la banda ancha se está perfilando cada vez más como el «cuarto servicio público». El CDR ha identificado a las TIC como motor para impulsar la competitividad y unos mejores servicios públicos, en el marco de la Estrategia de Lisboa renovada de la UE con los objetivos siguientes:

que las tecnologías de la información y la comunicación sustenten una sociedad de la información abierta a todos y que satisfaga las necesidades de todos lo miembros de la sociedad, incluidas las personas con discapacidad, las personas mayores y todos aquellos que corren riesgo de exclusión social;

que las comunicaciones electrónicas aborden el problema de la falta de accesibilidad para los ciudadanos que residen en estas zonas (sobre todo en las zonas rurales) y que actualmente no disponen de un acceso adecuado a las redes y servicios de información y comunicación;

que el servicio universal para las comunicaciones electrónicas, que requiere la puesta a disposición de todos los usuarios de un servicio mínimo determinado de calidad o velocidad específicas, esté en mejores condiciones para acabar con la brecha digital en el futuro;

que se actualice el servicio universal, puesto que, desde su establecimiento, su alcance ha seguido siendo prácticamente el mismo y sigue limitado a una conexión única;

que el uso de Internet pueda aumentar en el futuro, y no esté limitado en la Unión Europea por problemas como la creciente escasez de direcciones IP (Protocolo Internet) o cuestiones de seguridad. En este contexto, el CDR acoge favorablemente la consulta de la Comisión Europea sobre la «Internet de los objetos» y quiere subrayar la necesidad de transición del protocolo Internet IPv4 a la versión actualizada IPv6 que facilita la expansión de Internet, con consecuencias directas para la competitividad de la Unión Europea;

2.

apoya los cuatro elementos específicos contenidos en la Directiva relativa al servicio universal y señala que el desarrollo futuro del acceso a la banda ancha, al servicio universal y a Internet tendrá implicaciones importantes para la cohesión social, económica y territorial en los Estados miembros de la UE. Es necesario que la UE garantice la oferta de servicios y comunicaciones de alta calidad a precios razonables a todos los habitantes o consumidores, con independencia de su situación social o geográfica, y que tome en consideración con mayor claridad la dimensión regional a la hora de estudiar las consecuencias de las medidas (1);

3.

insiste en el papel clave y la responsabilidad que corresponden a los entes locales y regionales para garantizar un acceso a un precio razonable a la banda ancha en aquellas regiones en las que los mecanismos de mercado son insuficientes para lograrlo por sí solos, llevando a cabo proyectos piloto para salvar las desigualdades de accesibilidad electrónica y optando por un nuevo enfoque que permita centrar en el ciudadano los servicios públicos en línea (2);

4.

destaca la necesidad de que la política de telecomunicaciones de la UE sea, en general, flexible y de amplio alcance, a fin de que pueda adaptarse a unos cambios tecnológicos y de mercado rápidos e impredecibles, que repercuten en todos los demás sectores de la sociedad (3);

5.

subraya la necesidad de desarrollar acciones básicas que den respuesta a las prioridades horizontales y favorezcan la igualdad de oportunidades (por ejemplo, hacer accesibles a todos y sin restricciones las páginas de Internet de interés público o crear infraestructuras de banda ancha). La intervención del nivel local, regional o nacional es indispensable para garantizar que esto sea así (4);

6.

acoge favorablemente los esfuerzos de la Comisión encaminados a iniciar la reflexión sobre el papel futuro del servicio universal en la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas, en particular en lo que se refiere a la disponibilidad de un acceso más amplio a los servicios de comunicaciones electrónicas para todos los usuarios, incluidos los usuarios con discapacidad;

Acceso universal suficiente facilitado por los mercados de comunicaciones electrónicas

7.

apoya a la Comisión en su iniciativa de emprender una revisión del servicio universal en las redes de comunicaciones electrónicas de manera periódica y frecuente;

8.

señala que el requisito de un acceso funcional a Internet a un precio razonable es indispensable para el desarrollo y la inclusión de carácter económico, social y territorial en toda la UE;

9.

reconoce básicamente que existen desigualdades y diferencias de acceso, despliegue y desarrollo entre los distintos Estados miembros de la UE, que resultan más evidentes en aquellas zonas (sobre todo en las zonas rurales) donde apenas ha penetrado este acceso asequible y funcional a Internet en comparación con las zonas metropolitanas y rurales;

10.

muestra su preocupación por que se haya abierto una brecha, no sólo de carácter digital, sino también de carácter social y económico que depende cada vez más de las tecnologías digitales y del acceso a ellas;

11.

reconoce las dificultades que experimentan los mercados para proporcionar redes de banda ancha de alta velocidad asequibles en determinadas zonas geográficas, y pide a la Comisión Europea que desarrolle políticas y orientaciones que reconozcan las deficiencias del mercado y faciliten las iniciativas estatales y del sector público para desarrollar redes abiertas separadas funcionalmente de los servicios en estas zonas;

Transmisión de datos a velocidades suficientes para acceder de forma funcional a Internet

12.

señala que el acceso a la banda ancha a precios asequibles en toda la UE es un requisito previo básico para garantizar la calidad de los servicios públicos y fomentar la competitividad y la productividad. (5) Un acceso a la banda ancha de alta calidad a precios asequibles puede aumentar la accesibilidad y la calidad de los servicios prestados por los entes locales y regionales y, al mismo tiempo, brindar a las pequeñas y medianas empresas y a las microempresas la posibilidad de poner a la venta sus productos. Se espera que las regiones y comunidades remotas, en particular las ultraperiféricas, se beneficien considerablemente de un acceso más amplio y rápido a los servicios de banda ancha (6);

13.

señala que debe prestarse una atención especial a las regiones económicamente menos desarrolladas, a fin de que puedan sacar partido de las posibilidades que ofrecen las TIC para conseguir una auténtica convergencia y evitar el riesgo de exclusión (7);

14.

reitera el objetivo de Riga de que la banda ancha llegue al 90 % de la población de la UE en 2010, aunque señala que esto no es por sí solo suficiente y que debería complementarse tomando en consideración otros factores como la dispersión geográfica, la densidad de población, etc. Sigue existiendo una discrepancia importante entre los datos de los Estados miembros y el análisis de la Comisión donde se afirma que hasta ahora sólo está cubierto el 70 % de la población rural de la UE (8);

15.

insta a que los entes locales y regionales fomenten medidas que puedan servir de ejemplo como soluciones de administración en línea centradas en el usuario y destinadas a fomentar la alfabetización digital y garantizar condiciones favorables para las actividades empresariales y de investigación en el ámbito de las TIC (9);

16.

insta a la Comisión a que defina la banda ancha como servicio ininterrumpido, que permite el uso simultáneo de servicios de voz y datos con velocidades mínimas de carga y descarga suficientes para permitir un acceso funcional a Internet en todas las regiones;

Referencia a la banda ancha en la modificación del alcance de la obligación de servicio universal

17.

señala que una brecha digital duradera causa exclusión social y económica. Lograr la igualdad de oportunidades en materia de acceso digital y cualificaciones es una necesidad social; al mismo tiempo, ofrece un potencial económico que hasta ahora no se ha aprovechado. Es importante utilizar las TIC como nuevo «instrumento social», así como establecer un vínculo entre las estrategias en la materia y la política social comunitaria (10) y la política de cohesión como instrumento para el desarrollo local y regional;

18.

teme que la difusión de la banda ancha pueda tropezar con los típicos fenómenos de deficiencias del mercado cuando los operadores privados no confían en la rentabilidad de las inversiones destinadas a infraestructuras en áreas marginadas, rurales, con escasa densidad de población o con una orografía del terreno que las haga especialmente complejas y gravosas (11);

19.

propone la inclusión de mecanismos para el fomento del acceso funcional a Internet de banda ancha en las zonas rurales, las regiones con baja densidad demográfica y las regiones ultraperiféricas. En caso necesario, debería permitirse que los entes locales y regionales o, en concertación con ellos, las pequeñas y medianas empresas o las iniciativas locales promuevan la inversión en el desarrollo de TIC e infraestructuras (12);

20.

pide que se establezcan medidas específicas, tales como que los Fondos Estructurales de la UE garanticen la claridad y coherencia en la provisión del acceso funcional a Internet en todas las regiones de la UE previamente a la revisión intermedia de estos programas en 2010;

21.

reconoce la importante contribución realizada por los portales de la UE al fomento del intercambio de las mejores prácticas entre todas las partes interesadas en el diseño y desarrollo de redes de acceso abierto de banda ancha utilizando fondos comunitarios, nacionales y regionales de conformidad con las normas de la UE relativas a las ayudas públicas (por ejemplo, http://www.broadband-europe.eu);

22.

al tiempo que reconoce que la tecnología de banda ancha tiene un enorme impacto en el desarrollo ulterior del mercado único europeo en su conjunto, insta a la Comisión Europea a que reconozca, en sus políticas renovadas que se están presentando para afrontar la actual situación económica, la posibilidad de usar todos los mecanismos a su disposición para fomentar la inversión en estas infraestructuras;

23.

considera que la competitividad de la UE, el volumen y la calidad de los servicios, la productividad y, por último, la tasa de empleo en muchos otros sectores puede depender, en gran medida, de la disponibilidad de un acceso funcional a Internet de alta velocidad;

24.

en un entorno donde las autoridades nacionales, regionales y locales, así como otras instituciones, prestan cada vez más servicios a los ciudadanos a través de medios electrónicos («eGovernment», «eHealth», «eLearning», «eProcurement»), un acceso adecuado a las tecnologías de banda ancha adquiere una importancia creciente en términos de participación democrática («eInclusion») (13). La cooperación entre las autoridades locales, regionales, nacionales y europeas también puede reforzarse mejorando el acceso a la banda ancha para la administración pública, en particular a la luz de la Directiva de la UE sobre los servicios actualmente en proceso de transposición;

Flexibilidad suficiente de la obligación de servicio universal para adaptarse a la evolución del mercado en todos los Estados

25.

considera que el Comité de las Regiones ha analizado y debatido en varias ocasiones el abanico de soluciones que los entes locales y regionales están poniendo en marcha en toda Europa, y reconoce la imposibilidad de encontrar una solución válida para cualquier contexto; por ejemplo, algo idóneo para grandes centros urbanos puede no serlo en otras zonas, como las pequeñas regiones de montaña, con una orografía complicada y variada o una escasa población, que requiera unos esfuerzos significativos para la prestación de todo tipo de servicios (14);

26.

cree que la brecha en materia de competencias digitales sigue siendo considerable y afecta, en particular, a las personas mayores, las escasamente cualificadas, las que no ejercen ninguna actividad económica y las que no han adquirido los conocimientos digitales necesarios para desarrollar plenamente sus capacidades digitales en su vida laboral;

27.

subraya la importancia de la formación y de una enseñanza adaptada a las necesidades derivadas de una evolución digital continua de la sociedad en su conjunto y que atienda, sobre todo, a estos grupos desfavorecidos (15);

28.

destaca la necesidad de concentrarse en la brecha existente entre la difusión de la banda ancha y su uso real, que sigue sin agotar todas las posibilidades debido a que las competencias digitales de la población son susceptibles de mejora. Para colmar esta brecha, deberán adoptarse medidas a nivel local y a niveles superiores para eliminar los obstáculos al uso de la banda ancha, como, por ejemplo, actos de demostración de Internet, creación de puntos de acceso público, etc. (16), financiación de proyectos de formación de asociaciones de residentes y otras organizaciones no gubernamentales activas en el ámbito de las competencias digitales, y fomento de la competencia entre los prestadores de servicios de banda ancha;

B.   Las redes del futuro e Internet

Observaciones generales

29.

encargado de evaluar el desarrollo de la próxima generación de las tecnologías de Internet, agradece la oportunidad de revisar los nuevos avances tecnológicos de las futuras redes y la «Internet de los objetos»;

30.

reconoce que Internet es una de las innovaciones más espectaculares de nuestra época, cuyo potencial de desarrollo económico todavía puede generar beneficios sustanciales en cuanto a creación de nuevos servicios, creación de puestos de trabajo y de posibilidades de inversión, aumento de la productividad, reducción de los costes y mejora de la calidad de vida (17);

31.

observa que en un breve período de tiempo la Internet de alta velocidad (banda ancha) ha pasado a ser indispensable para las economías modernas. Ha cambiado nuestro modo de acceso a Internet y nuestra manera de utilizarla;

32.

acoge favorablemente, con la nueva comunicación sobre redes, que la Comisión Europea quiera allanar el camino para lo que posiblemente será la mayor revolución que jamás haya experimentado Internet, con la aparición de una «Internet de los objetos»;

Retos de la política

33.

espera que el objetivo general de la futura comunicación y la posible actualización del marco regulador sea fomentar la competencia, y reconoce el objetivo consistente en garantizar la disponibilidad de servicios de la sociedad de la información sujetos a la competencia en toda la Comunidad (18);

34.

comparte el punto de vista de la Comisión en el sentido de que la transferencia de servicios de contenidos creativos al entorno de Internet representa un cambio importante, y señala que el contenido de los nuevos servicios y de los nuevos medios digitales debe programarse no sólo tomando como base criterios económicos, sino que debe desarrollarse en función de las necesidades sociales y culturales (19);

35.

insta al CDR a que destaque la importancia de preservar la diversidad e identidad cultural en una sociedad europea pluralista en el futuro mundo digital (20);

36.

subraya la importancia de optar por un nuevo enfoque que permita centrar en el ciudadano los servicios públicos en línea e insiste en el importante papel de los entes locales y regionales responsables de elaborar tal enfoque; es una tarea que reviste un interés muy particular para las regiones periféricas, ultraperiféricas y rurales, así como para las comunidades insulares, donde los beneficios socioeconómicos del desarrollo de las TIC son indispensables para la cohesión y pueden generar un gran valor añadido (21);

37.

señala que, con el fin de evitar toda marginación en el acceso a los servicios públicos, las administraciones deberían utilizar un enfoque multicanal que permita al usuario interactuar utilizando el medio que considere más conveniente (ventanilla física, sitios web, televisión digital, telefonía móvil, etc.) (22);

38.

destaca el papel de la web interactiva (WEB 2.0), basada en comunidades de usuarios, que supone un cambio revolucionario en la comunicación entre los ciudadanos y los entes territoriales, al tiempo que garantiza la máxima transparencia posible en los procedimientos decisorios y refuerza la democracia participativa;

39.

insta a la Comisión a desarrollar nuevas orientaciones sobre la manera en que las regiones y ciudades deben cumplir las normas de la UE en materia de ayudas estatales, en particular para la adaptación a la banda ancha de nueva generación allí donde el mercado presente deficiencias para estos servicios y para la difusión de la banda ancha inalámbrica en las regiones;

40.

destaca la necesidad de diseñar la futura «Internet de los objetos» de modo que pueda afrontar los nuevos riesgos que amenazan a los niños y a los jóvenes como consecuencia de la mayor convergencia digital, del creciente acceso a la banda ancha y de la difusión entre los usuarios finales de nuevos dispositivos para conectarse a Internet (23);

41.

solicita que se otorgue especial importancia a la seguridad de las transacciones y a la lucha contra los contenidos de Internet ilícitos y nocivos (24); la sociedad es especialmente sensible a las cuestiones relativas a la protección de los consumidores y de los datos personales (25);

42.

valora positivamente la atención que la Comisión Europea presta a una mayor protección de la privacidad de los ciudadanos y de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas;

43.

solicita que se refuercen las disposiciones relativas a la seguridad y se mejoren los mecanismos para asegurar su cumplimiento, y señala a la Comisión Europea que determinadas medidas encaminadas a garantizar la seguridad de la red y la protección de los consumidores exigen una coordinación y una ejecución a nivel internacional, más que a nivel de la UE (26);

44.

espera que las nuevas actividades vayan destinadas a estimular y fomentar el desarrollo y la aplicación de soluciones técnicas para abordar los contenidos ilícitos y la conducta perjudicial en línea, así como a fomentar la cooperación y el intercambio de las mejores prácticas entre una amplia gama de partes interesadas a nivel local, regional, europeo e internacional (27);

45.

reconoce las necesidades del sector educativo en materia de recepción de servicios funcionales de banda ancha y de elaboración de material didáctico sobre las tecnologías de la información y educación sobre los medios de comunicación para garantizar un entorno en línea seguro; señala que las acciones no sólo deberían ir destinadas a proteger a los niños, sino también a lograr un dominio activo del uso seguro de Internet (empoderamiento) (28);

46.

recomienda que se coordinen las actividades de investigación en los ámbitos relevantes dentro y fuera de la UE, y que se desarrollen los conocimientos sobre las maneras en que los ciudadanos utilizan las tecnologías en línea, los riesgos asociados y los posibles efectos perjudiciales que puede tener el uso de tecnologías en línea, incluidos los problemas técnicos, psicológicos y sociales (29);

47.

considera que el éxito de la política reguladora de las telecomunicaciones no puede evaluarse de manera fiable a nivel nacional, puesto que no sólo existen diferencias en la prestación de telecomunicaciones y servicios entre las regiones de la UE, sino también dentro de las mismas regiones: por ejemplo, las ciudades con alta densidad demográfica y las zonas rurales de cada región se alejan considerablemente de las medias nacionales (30);

48.

pide a la Comisión Europea que haga un mejor seguimiento de la disponibilidad y calidad de los servicios en un nivel geográfico inferior que el que se ha tenido en cuenta hasta ahora, a fin de prestar una mayor atención a las diferencias en los mercados regionales y garantizar la inclusión (31);

Acciones específicas

49.

señala que la libre competencia en las telecomunicaciones no trae consigo la igualdad de acceso y de servicios a todas las regiones o subregiones. Es necesario revisar constantemente y de manera proactiva las disposiciones relativas al servicio universal, a fin de garantizar un auténtico acceso universal a la sociedad de la información (32);

50.

propone la inclusión de los servicios de banda ancha en el ámbito de aplicación de la directiva vigente sobre los servicios universales, y exige a los reguladores nacionales que establezcan de manera transparente la gama de medidas, tomen en consideración cómo están evolucionando las tecnologías y las velocidades, especifiquen los recursos y, en último término, las sanciones que utilizarán para ayudar a establecer una Internet funcional y abierta en los Estados miembros. El CDR recuerda a la Comisión Europea que debe velar por que no se penalice económicamente a los entes locales y regionales ni a los consumidores finales en las zonas correspondientes, ni sufran retrasos debido a que los operadores están a la espera de los resultados de las nuevas medidas sobre el servicio universal en los Estados miembros (33);

51.

propone que se defina un conjunto de parámetros claramente definidos (densidad de población, mapa, rendimiento de la red, orografía) que han de tenerse en cuenta para delimitar las zonas prioritarias que sufren los fallos del mercado;

52.

considera que, para satisfacer las necesidades de los actuales y futuros usuarios, en el futuro no debería establecerse un nivel demasiado bajo para el servicio universal requerido; deberá tomarse como referencia una conexión funcional más rápida a Internet que prevea los rápidos avances futuros en la tecnología; debería instarse a los Estados miembros a imponer requisitos más estrictos para el servicio universal a nivel nacional, de conformidad con el artículo 32 de la Directiva vigente (34);

53.

reconoce la necesidad de identificar y estudiar modelos distintos del intercambio de comunicaciones para que la banda ancha llegue a los locales mediante el uso de redes de acceso abierto del intercambio de comunicaciones;

54.

insta a las autoridades públicas, y especialmente la municipales, a que inviertan en las nuevas redes y abaraten los costes de ingeniería civil facilitando el acceso a sus conductos o coordinando las acciones de modernización con obras en vías públicas u otras infraestructuras, como la red eléctrica o el alcantarillado;

55.

solicita que las autoridades públicas y los prestadores de servicios faciliten el acceso a las infraestructuras proporcionando una conducción de acceso abierto suficiente en lugares de nueva construcción y elaborando planos de las infraestructuras existentes o haciendo públicos los planes de obras públicas, y facilitando la coordinación entre los prestadores de servicios y los propietarios de los edificios a la hora de planificar el cableado de nuevas zonas;

56.

recomienda encontrar soluciones innovadoras y flexibles para intervenir de manera eficaz en estas zonas mediante políticas de apoyo económico a las infraestructuras, decididas a nivel local y regional pero coordinadas a nivel nacional y europeo, así como directrices que permitan solventar las deficiencias del mercado, que resultan evidentes en las zonas geográficas mencionadas, sin dejar de respetar los principios comunitarios de la libre competencia (35);

57.

recomienda, asimismo, que se fomenten e intercambien las buenas prácticas (36) de las iniciativas de los entes locales y regionales que sirven para aprovechar de manera óptima los Fondos Estructurales, el Fondo de Desarrollo Rural y las ayudas estatales en la instalación y el uso de la banda ancha. El Comité de las Regiones ha demostrado en reiteradas ocasiones la necesidad y los efectos positivos de este enfoque;

58.

pide a la Comisión que utilice indicadores sobre la difusión regional y el uso de las TIC, de forma que sea posible extraer continuamente conclusiones útiles e indispensables para la adopción de medidas con vistas a la convergencia económica, social y tecnológica de las regiones (37);

59.

solicita propuestas en firme para promover los intereses de los usuarios y los consumidores en caso de que se actualice la Directiva relativa al servicio universal (38);

60.

pide a la Comisión que incentive la participación de los ciudadanos en la mejora de los resultados y los servicios de la administración mediante la creación de un servicio en línea permanente al que los usuarios puedan enviar sus observaciones y sugerencias (39).

Bruselas, el 13 de febrero de 2009.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  CDR 520/1999 fin.

(2)  CDR 5/2008 fin.

(3)  CDR 520/1999 fin.

(4)  CDR 5/2008 fin.

(5)  CDR 5/2008 fin, CDR 272/2006 fin.

(6)  CDR 252/2005 fin.

(7)  CDR 5/2008 fin.

(8)  CDR 272/2006 fin.

(9)  CDR 5/2008 fin.

(10)  CDR 5/2008 fin.

(11)  CDR 272/2006 fin.

(12)  CDR 4/2008 fin.

(13)  La función principal que el acceso a los servicios de banda ancha desempeña para otros sectores de la economía y de la administración pública también se ha destacado en anteriores dictámenes del Comité de las Regiones; véase el Dictamen del Comité de las Regiones de 13 de febrero de 2007 sobre el tema «Acortar las distancias existentes en lo que respecta al ancho de banda y Plan de acción sobre administración electrónica i2010», DO C 146, de 30 de junio de 2007, pp. 63-68, puntos 1.3 a 1.5; Dictamen del Comité de las Regiones CDR/520/1999 de 13 de abril de 2000 (nota a pie de página no 1), punto 2.3.

(14)  CDR 272/2006 fin.

(15)  CDR 5/2008 fin.

(16)  CDR 272/2006 fin.

(17)  CDR 272/2006 fin.

(18)  CDR 274/2000 fin.

(19)  CDR 252/2005 fin.

(20)  CDR 94/2008 fin.

(21)  CDR 5/2008 fin.

(22)  CDR 272/2006 fin.

(23)  IDATE, mayo de 2006: véase anexo.

(24)  CDR 252/2005 fin.

(25)  CDR 252/2005 fin.

(26)  CDR 4/2008 fin.

(27)  CDR 174/2008 fin.

(28)  CDR 174/2008 fin.

(29)  CDR 174/2008 fin.

(30)  CDR 52/2001 fin.

(31)  CDR 274/2000 fin.

(32)  CDR 520/99 fin.

(33)  CDR 272/2006 fin.

(34)  CDR 274/2000 fin.

(35)  CDR 272/2006 fin.

(36)  http://www.broadband-europe.eu.

(37)  CDR 5/2008 fin.

(38)  CDR 274/2000 fin.

(39)  CDR 272/2006 fin.


III Actos preparatorios

Comité de las Regiones

78o pleno de los días 12 y 13 de febrero de 2008

28.5.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/47


Dictamen del Comité de las Regiones «hacia un transporte más ecológico»

2009/C 120/09

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

se felicita de que por primera vez en una propuesta de nueva directiva se recoja el principio de la internalización de los costes externos y que la propuesta objeto de examen relativa a la modificación de la directiva sobre los costes de las infraestructuras viarias se base en vastos estudios que han permitido examinar el problema a fondo;

recuerda que en el Libro Blanco sobre el transporte se confirmaron los siguientes objetivos de la política europea de transportes: el establecimiento de un equilibrio entre los diferentes modos de transporte, la fiscalidad basada en principios uniformes y aplicables a todos los modos de transporte para lograr una mejor imputación de los costes del transporte, la igualdad de condiciones de competencia entre todos los modos de transporte, el fomento de la plena internalización de los costes sociales y medioambientales, la inclusión de los costes de las infraestructuras y de los costes externos asociados a los accidentes, la contaminación atmosférica, la contaminación acústica y los atascos en los costes del uso de las infraestructuras, la aplicación de estos principios a todos los modos de transporte y a todas las categorías de usuarios;

señala que uno de los principales objetivos de la política europea de transportes es el desplazamiento del transporte transfronterizo de mercancías por carretera (y, en particular, del transporte transfronterizo de vehículos pesados de transporte de mercancías) hacia el transporte ferroviario y que la UE debe garantizar la consecución de ese objetivo con medidas adecuadas si existen suficientes capacidades disponibles y trabajar por la puesta en marcha de las infraestructuras necesarias, particularmente en el marco de las redes transeuropeas de transporte ya aprobadas;

está convencido de que la tarificación de los costes externos en la red transeuropea de transportes no puede ser libre competencia de los Estados miembros. Debe existir, por el contrario, un sistema transparente con criterios pertinentes y se debe exhortar a los Estados miembros a que con distintas medidas recuperen los costes externos y utilicen esos ingresos para un fin determinado.

Ponente

:

Herwig van Staa (AT/PPE), Presidente del Parlamento de Tirol

Textos de referencia

Comunicación de la Comisión — «Hacia un transporte más ecológico».

COM(2008) 433 final

Comunicación de la Comisión — «Estrategia para la aplicación de la internalización de los costes externos»

COM(2008) 435 final

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 1999/62/CE relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras

COM(2008) 436 final

Comunicación de la Comisión — «Medidas de reducción del ruido ferroviario aplicables a la flota existente»

COM(2008) 432 final

RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

Introducción

1.

recuerda que la Comisión Europea, en su Libro Blanco «La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad», de 12.9.2001 [COM(2001) 370], se remite, con respecto al objetivo de la «verdad de los costes», al Consejo Europeo de Gotemburgo y se declara partidaria de fomentar una plena internalización de los costes sociales y medioambientales a través de una política de transportes sostenible;

2.

observa que la Comisión Europea destaca que se precisan medidas para desvincular claramente el aumento del volumen del transporte del crecimiento del PIB, transfiriendo a tal fin el transporte por carretera hacia el transporte ferroviario, la navegación interior y el transporte público de pasajeros. La Comisión Europea añade que la fiscalidad debe basarse en principios uniformes aplicables a todos los modos de transporte, para lograr una mejor imputación de los costes del transporte y, así, establecer una igualdad de condiciones de competencia entre los modos de transporte, y aclara que los costes de utilización de las infraestructuras deben abarcar los costes de las infraestructuras y los costes externos relacionados con accidentes, contaminación atmosférica, contaminación acústica y atascos;

3.

lamenta que en el balance intermedio del Libro Blanco de la Comisión Europea sobre la política de transporte (Comunicación de la Comisión de 22.6.2006 [COM (2006) 314]) sólo se recojan algunas iniciativas nuevas para determinar los costes reales del trasporte: únicamente en el capítulo de «tarificación inteligente» se anuncia un nuevo instrumento relacionado con la tarificación del uso de las carreteras para financiar las infraestructuras y optimizar el transporte, la cual podría ser progresiva en función del impacto medioambiental o de los riesgos de atasco, sobre todo en ciudades y en zonas sensibles desde el punto de vista medioambiental, en las que también se podrían utilizar otras formas de asignación de capacidad, como, por ejemplo, los intercambios comerciales de los derechos de tránsito;

4.

observa que con el paquete que presenta ahora sobre un transporte más ecológico (Greening Transport Package) y su propuesta de modificación de la Directiva sobre los costes de las infraestructuras viarias, la Comisión ha cumplido con la obligación del artículo 11 de la Directiva 2006/38/CE de presentar un modelo generalmente aplicable y transparente de evaluación de todos los costes externos que sirva de base para el futuro cálculo de los costes infraestructurales. El modelo irá acompañado de un análisis del impacto de la internalización de los costes externos en todos los modos de transporte y de una estrategia para aplicar progresivamente dicho modelo a todos los modos de transporte;

5.

recuerda que la internalización de los costes de transportes es una etapa necesaria, pero debe ir acompañada de otras medidas para hacer más atractiva la oferta del transporte, tanto para las empresas como para los particulares, que deben poder contar con infraestructuras suficientes para responder a sus propias necesidades. En este sentido, es necesario avanzar en el paquete de medidas dirigidas a crear redes ferroviarias para el transporte de mercancías, dando la preferencia en primer lugar a las redes transeuropeas de transportes, y desarrollar al máximo sistemas de intercambio ferroviario para favorecer el transporte privado entre las diferentes redes nacionales;

Directiva sobre los costes de las infraestructuras viarias

6.

se felicita de que por primera vez en una propuesta de nueva directiva se recoja el principio de la internalización de los costes externos y que la propuesta objeto de examen relativa a la modificación de la directiva sobre los costes de las infraestructuras viarias se base en vastos estudios que han permitido examinar el problema a fondo;

7.

acoge con agrado que, en aplicación del artículo 11 de la Directiva 2006/38/CE, la Comisión Europea haya encargado la elaboración de un estudio sobre procedimientos eficaces para evaluar todos los costes externos y que en 2007 haya presentado el manual sobre la evaluación de los costes externos en el sector del transporte (Handbook on estimation of external cost in the transport sector, 2007);

8.

señala que uno de los principales objetivos de la política europea de transportes es el desplazamiento del transporte transfronterizo de mercancías por carretera (y, en particular, del transporte transfronterizo de vehículos pesados de transporte de mercancías) hacia el transporte ferroviario y que la UE debe garantizar la consecución de ese objetivo con medidas adecuadas si existen suficientes capacidades disponibles y trabajar por la puesta en marcha de las infraestructuras necesarias, particularmente en el marco de las redes transeuropeas de transporte;

9.

recuerda que en el Libro Blanco sobre el transporte se confirmaron los siguientes objetivos de la política europea de transportes: el establecimiento de un equilibrio entre los diferentes modos de transporte, la fiscalidad basada en principios uniformes y aplicables a todos los modos de transporte para lograr una mejor imputación de los costes del transporte, la igualdad de condiciones de competencia entre todos los modos de transporte, el fomento de la plena internalización de los costes sociales y medioambientales, la inclusión de los costes de las infraestructuras y de los costes externos asociados a los accidentes, la contaminación atmosférica, la contaminación acústica y los atascos en los costes del uso de las infraestructuras, la aplicación de estos principios a todos los modos de transporte y a todas las categorías de usuarios;

10.

señala que, en la internalización de los costes externos para el tráfico vial, la Comisión no ha tenido en cuenta los costes derivados de los accidentes. La Comisión indica que estos costes quedan compensados a través de las primas de las compañías de seguros. El Comité de las Regiones considera que en la mayoría de los casos estas primas no ofrecen incentivos suficientes para una conducción y un comportamiento vial seguros. Las primas de seguros tampoco tienen en cuenta los costes que los accidentes de tráfico suponen para la sociedad. Por este motivo, urge que la UE establezca un marco que fije la manera en que deberán valorarse y calcularse los costes externos de los accidente de tráfico. Sobre esta base, competerá a cada Estado miembro decidir si los costes externos de los accidentes deben internalizarse a través de las primas de seguros o de otra manera;

11.

recuerda, además, que, según la Comisión Europea, conviene modificar los modelos sociales del transporte, promoviendo una mayor utilización de los distintos medios de transporte público por los ciudadanos, puesto que dichos modelos sociales no pueden ser disociados de los objetivos medioambientales y climáticos generales de la UE, y que es preciso evaluar las medidas comunitarias para fomentar la movilidad sostenible, no sólo de conformidad con lo establecido en el artículo 71 del Tratado CE, sino también de conformidad con las disposiciones de los artículos 6, 174 y siguientes y 176 del Tratado CE, puesto que la mejora de la eficiencia y de las prestaciones medioambientales es un objetivo esencial de la política común de transportes;

12.

duda, no obstante, de que la propuesta presentada sea adecuada para garantizar la consecución de los mencionados objetivos de la política europea de transportes, sobre todo porque la imputación de todos los costes externos, tal como está prevista en la Directiva 2006/38/CE, no se ha planificado, al menos por el momento, y porque la propuesta de la Comisión Europea sigue dejando a la discreción de los Estados miembros decidir si se deben cobrar peajes y en qué tramos de la red transeuropea de transportes. Es preciso tener en cuenta las normas constitucionales específicas vigentes en los países escandinavos en materia de fiscalidad del transporte de mercancías por carretera;

13.

señala que en los considerandos también se menciona como objetivo del marco jurídico la armonización del sistema fiscal, que es sólo una de las distintas maneras de evitar distorsiones de la competencia y ya se prevé una orientación más ecológica con una tarificación diferenciada de los gravámenes según la clasificación «Euro» de vehículo;

14.

espera, no obstante, que las futuras propuestas de la Comisión respondan de manera más eficaz a los problemas ocasionados por las importantes diferencias en materia de gravámenes y tasas, que ha derivado en una utilización desequilibrada de los modos de transporte y la congestión de determinadas infraestructuras, sobre todo porque el marco jurídico vigente tampoco ha podido corregir esta desigualdad de las tarificaciones;

15.

observa que los esfuerzos de la Comisión Europea encaminados a armonizar la fiscalidad sobre los carburantes no se han traducido todavía en una aproximación de los impuestos sobre los carburantes en los Estados miembros de la Unión Europea y que, por lo tanto, en Europa siguen existiendo diferencias muy importantes en los precios de los carburantes. La Comisión debería seguir haciendo esfuerzos para acabar con las importantes diferencias que existen entre los impuestos sobre los carburantes. Hasta que se armonicen los impuestos sobre los carburantes, cada Estado miembro debería tener la posibilidad de internalizar los costes externos ocasionados por la contaminación medioambiental;

16.

pide que también se reduzcan progresivamente a largo plazo las importantes diferencias que existen en el régimen fiscal del sector de los transportes (por ejemplo, los impuestos sobre los vehículos, los impuestos sobre los productos petrolíferos, etc.) y que la utilización de los fondos sea transparente;

17.

lamenta que sigan existiendo costes altos y variables de utilización de las infraestructuras en el transporte transfronterizo de mercancías, que al respecto países extracomunitarios, como, por ejemplo, Suiza; resultan incluso favorecidos frente a los Estados miembros de la UE; destaca que las evaluaciones y modificaciones de los gravámenes realizadas en los últimos años sólo han llevado a pequeños cambios, que siguen existiendo grandes diferencias entre los peajes cobrados por tramos comparables y que esa variabilidad de los peajes se traduce en un aumento del tráfico de tránsito, lo cual, a su vez, entraña una distorsión de la competencia; pide a la Comisión Europea que adopte medidas y apoye a los Estados miembros para que en la elección de los tramos del transporte de mercancías por carretera se tengan en cuenta las repercusiones en el medio ambiente, la seguridad del tráfico y el estado de las carreteras;

18.

es consciente de que el punto de partida de todas las consideraciones de la Comisión Europea sobre la política común de transportes es la garantía de las cuatro libertades fundamentales (en particular, la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios), y que la política europea de transportes debe garantizar un funcionamiento técnicamente correcto del transporte con bajos costes económicos;

19.

señala, no obstante, que precisamente en regiones sensibles particularmente afectadas por los costes externos del transporte, las repercusiones del transporte pesado en la salud de la población y en el medio ambiente son especialmente graves y que, por tanto, la libre circulación de mercancías tiene graves consecuencias para esas zonas sensibles; que, según la jurisprudencia del TJCE, es preciso tener en cuenta consideraciones medioambientales, y que la protección del medio ambiente y de la salud pública constituyen importantes desafíos para la política europea de transportes, por lo que en adelante el principal objetivo de la creación de un sistema de transportes moderno también deberá tener en cuenta, además de los aspectos económicos y sociales, los aspectos medioambientales y la protección de la salud, para garantizar un sistema sólido y sostenible;

20.

destaca, además, que la salud de los ciudadanos de Europa es un bien irrenunciable y que el derecho fundamental a la salud y a un medio ambiente sano no debe ser subordinado a un derecho ilimitado de libre circulación de mercancías y debe ser compatible con el respeto a la libre circulación de personas y de mercancías mediante la adopción de las medidas oportunas. En todo ello desempeñarán un papel esencial las políticas educativas en seguridad vial desde la escuela y desde los medios de comunicación de titularidad pública;

21.

observa que, aunque la Directiva 1999/62/CE establece como fundamento para la tarificación de los peajes los peajes medios considerados necesarios para la construcción, explotación y desarrollo de las redes de infraestructuras viarias, la propuesta examinada no recoge ninguna solución para resolver el problema de fondo de las importantes diferencias fiscales existentes en el transporte, puesto que sigue sin imponerse a los Estados miembros la obligación de cobrarlos en la red transeuropea de transportes, que sólo se han establecido umbrales máximos sin haberse establecido umbrales mínimos y que son los Estados miembros los que deciden sobre la utilización de los ingresos procedentes de los peajes recaudados por la utilización de las infraestructuras viarias, pero que no se ha establecido un objetivo específico para dichos ingresos;

22.

respalda la propuesta de la Comisión de que los ingresos procedentes de la internalización se destinen exclusivamente a la reducción de los efectos negativos del tráfico en la red transeuropea de transportes. La compensación de los costes derivados de la congestión del tráfico debería estar supeditada a la existencia de un plan de acción que muestre cómo va a afrontarse el problema de la congestión, aunque sin limitarse necesariamente al mismo tipo de transporte;

23.

duda, a la luz del vivo debate generado por la propuesta de la Comisión Europea, la gran inseguridad de los mercados financieros y los temores de recesión, de que todos los Estados miembros utilicen el sistema de tarificación de costes externos adicionales;

24.

está convencido de que la tarificación de los costes externos en la red transeuropea de transportes no puede ser libre competencia de los Estados miembros. Debe existir, por el contrario, un sistema transparente con criterios pertinentes y se debe exhortar a los Estados miembros a que con distintas medidas recuperen los costes externos y utilicen esos ingresos para un fin determinado;

25.

recuerda que en muchos Estados miembros, una parte importante de la red de carreteras es competencia de las regiones y los municipios. La introducción de peajes en una zona o tramo puede tener por consecuencia una redistribución indeseada del tráfico. Por este motivo, resulta importante que en la Directiva se especifique que todas las entidades de explotación de la red de carreteras deben participar en la decisión de introducir peajes en determinados tramos. Además, resulta importante que las entidades locales y regionales responsables de la explotación de las carreteras participen en la configuración del sistema de tarificación y en la decisión sobre el uso dado a los ingresos correspondientes.

26.

pide que se imputen todos los costes externos (como los destinados a la salud, la protección climática, el medio ambiente en general, los costes de accidentes, los costes de producción energética, la fabricación, el mantenimiento y la eliminación de vehículos, las repercusiones en los peatones y en el tráfico de bicicletas, la utilización del suelo) e insta a la Comisión Europea a que, en este contexto, revise su propuesta e incluya también un plan por etapas para la aplicación de los costes externos;

27.

lamenta que, de conformidad con la propuesta presentada, el principal objetivo de la estimación de los costes externos sea solucionar específicamente los problemas que surgen sobre todo en el ámbito de las grandes ciudades, pero que no se prevea una verdadera imputación de los costes externos en la carreteras interurbanas, de manera que, debido a la falta de internalización de los costes externos en toda la red viaria, no se producirá una transferencia del tráfico de mercancías por carretera hacia el transporte ferroviario y el impacto real de la introducción de prácticas de conducción más ecológicas será también de carácter marginal;

28.

duda de que, en el contexto de las necesidades económicas (suministros puntuales), ni siquiera los costes relativamente altos de los atascos consigan dar el impulso esperado;

29.

señala que sólo se podrán realizar los ambiciosos objetivos de la Comisión Europea (realidad de los costes, imputación uniforme de todos los modos de transporte) si se utiliza el sistema de manera generalizada y a gran escala;

30.

pide, por tanto, que se estimule y respalde la aplicación del sistema, para evitar que, dada la situación económica, sólo en las zonas muy pobladas se cumplan de manera esporádica las condiciones (atascos, contaminación atmosférica) para llevar a cabo la imputación de los costes;

31.

lamenta que no sea posible combinar la financiación cruzada y los costes externos, sobre todo porque la financiación cruzada es primordialmente un instrumento financiero y los costes externos, por principio, también pueden ser asignados a otros fines;

32.

lamenta la ausencia de una consideración global de todos los costes externos en toda la red, que sería necesaria para desplazar el transporte de mercancías por carretera hacia modos de transporte más ecológicos, con el fin de lograr también, gracias a la subida de los peajes, una transferencia sostenible del transporte de mercancías hacia el transporte por ferrocarril;

33.

señala que, debido a una fiscalidad desigual y, en particular, a la falta de obligación de imponer peajes mínimos, así como a la falta de imputación general de los costes externos, se perpetuará las desigualdad de los costes de las infraestructuras viarias en los corredores de tránsito;

34.

destaca que, en aras igualmente de la seguridad del tráfico viario, conviene evitar una utilización desproporcionada de determinadas vías de tránsito e impulsar la mejora de algunas vías y la creación de itinerarios ferroviarios o marítimos alternativos que sean medioambientalmente más aceptables; en este sentido, se deben seguir impulsando las autopistas del mar existentes y potenciando la apertura de nuevos itinerarios bajo este mismo concepto, con el fin de que tienda a disminuir la intensidad del transporte de mercancías por carretera;

35.

considera que la propuesta es un primer paso para evitar la sobrecarga de las infraestructuras viarias en general y garantizar mayores cuotas de mercado a los modos de transporte respetuosos con el medio ambiente;

36.

señala que, aunque la propuesta pretenda que la Directiva revisada solo se aplique en un principio a los vehículos pesados de transporte de mercancías de más de doce toneladas, no hay motivo, a su juicio, para que la Directiva no pueda aplicarse a todos los vehículos industriales pesados desde el momento de su entrada en vigor;

37.

destaca que, debido al aumento desproporcionado del transporte de mercancías por carretera y a los límites en vigor establecidos por las normas medioambientales europeas, la industria y las empresas apenas tienen posibilidades de desarrollo y, por tanto, además de la situación perjudicial para la salud de la población, se reducirán drásticamente sus posibilidades de desarrollo económico;

38.

señala que, en particular, el tráfico por rutas alternativas provoca cargas excesivas intolerables en determinados corredores de tránsito y, debido a las variaciones de los peajes, distorsiona de manera inadmisible la competencia en el seno de la Unión Europea;

39.

exhorta, por tanto, a las instituciones de la UE a que por propia iniciativa adopten las medidas reglamentarias que sean necesarias para garantizar la comparabilidad de los costes de las infraestructuras viarias en los correspondientes corredores de tránsito, para así reducir de manera sostenible el tráfico de tránsito, teniendo en cuenta, en el análisis del estado y de la capacidad de las diferentes vías, las necesidades del mercado y de desarrollo de las zonas afectadas;

40.

se remite a la información recogida en los gráficos del anexo sobre el transporte transalpino de mercancías, que revela claras discrepancias entre las distintas tarificaciones aplicadas en corredores importantes en Austria, Francia y Suiza.

Medidas de reducción del ruido ferroviario

41.

comparte la opinión de la Comisión de que es necesario adoptar medidas para reducir el ruido ferroviario y acoge favorablemente las medidas propuestas por la Comisión. En particular, la adaptación de la flota de vehículos de transporte de mercancías con un sistema de frenado poco ruidoso promete ser muy eficaz y comparativamente poco costosa. Recomienda que en la especificación técnica de interoperabilidad referente al ruido del sistema ferroviario (ETI «Ruido») se incluyan límites sonoros para la flota existente y un plazo para su adaptación. Pide a la Comisión que examine si es posible indicar y establecer límites para los elementos eventualmente defectuosos a causa del desgaste de los frenos, a fin de evitar los daños a largo plazo en las vías ferroviarias causados por el desgaste de los frenos. Pide a la Comisión que tenga en cuenta que, gracias a los modernos sistemas de funcionamiento y a la gestión de las infraestructuras con mayores capacidades, se puede lograr que cada vez sea menos necesario frenar los trenes con un sistema de frenado por fricción. Esto permitiría mejorar la eficiencia energética del transporte ferroviario y reducir aún más las emisiones sonoras y el desgaste.

Bruselas, 12 de febrero de 2009.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Luc VAN DEN BRANDE


28.5.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/52


Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema «Cielo Único Europeo II»

2009/C 120/10

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

destaca que el transporte aéreo reviste una gran importancia para el desarrollo económico y social, la competitividad y el bienestar, tanto a escala regional como en toda Europa;

considera que conviene tener en cuenta el entorno de actividad nacional y/o regional a la hora de establecer unos objetivos de rendimiento para toda Europa, ya que no resulta coherente fijar los mismos objetivos a las regiones de tráfico abundante que a las de tráfico escaso. Es importante mantener el control de tránsito aéreo AFIS (Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo) y no obligar a todos los aeródromos a adoptar unos servicios de ATC que supondrían un incremento de los costes para los aeródromos más pequeños. Los entes locales y regionales son los mejor situados para prestar atención a esta circunstancia;

presupone que la propuesta para financiar los proyectos comunes por medio de los cánones de transporte se detallará también por lo que respecta al uso de otras posibles financiaciones, y que se estudiará la manera de que las instancias nacionales o regionales beneficiadas por un proyecto común puedan participar en la toma de decisiones respectiva;

atendiendo al principio de subsidiariedad, recomienda que se limiten las competencias otorgadas a la AESA para que se apliquen únicamente a los aeródromos que operan con tráfico profesional por IFR (vuelo por instrumentos);

considera importante que las normas de aplicación relativas a los aeródromos se elaboren en relación con el nivel de exigencia, la calidad de las actividades y el volumen de tráfico del aeródromo, teniendo especialmente en cuenta los aeródromos de escaso tráfico y su número de trabajadores.

Ponente

:

Sra. Lea Saukkonen (FI/PPE), miembro suplente del Consejo Municipal de Helsinki

Textos de referencia

«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifican los Reglamentos (CE) no 549/2004, (CE) no 550/2004, (CE) no 551/2004 y (CE) no 552/2004 con el fin de mejorar el rendimiento y la sostenibilidad del sistema europeo de aviación» — COM(2008) 388 final — 2008/0127 (COD)

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones «Cielo Único Europeo II: Hacia una aviación más sostenible y más funcional» — COM(2008) 389 final

«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 216/2008 en lo que se refiere a aeródromos, gestión del tránsito aéreo y servicios de navegación aérea y se deroga la Directiva 06/23/CEE del Consejo» — COM(2008) 390 final — 2008/0128 (COD)

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

Introducción

1.

destaca que el transporte aéreo reviste una gran importancia para el desarrollo económico y social, la competitividad y el bienestar, tanto a escala regional como en toda Europa. Esta modalidad de transporte garantiza una conexión rápida y flexible entre las distintas regiones europeas y con el resto del mundo;

2.

se muestra convencido de que un incremento del rendimiento del sistema europeo de aviación no sólo puede reportar ventajas económicas, sino que también servirá para mejorar la flexibilidad y la seguridad de los desplazamientos, y considera que se deberán tener más en cuenta las cuestiones relacionadas con la protección medioambiental y los desafíos que plantea el cambio climático;

3.

hace hincapié en que, si bien se deben desarrollar y mejorar la capacidad y las posibilidades de cooperación entre las autoridades nacionales con vistas a su funcionamiento como una unidad eficaz en el seno de un mismo bloque funcional de espacio aéreo, esta cooperación deberá materializarse también en forma de una actividad conforme a las normas consensuadas en la Unión;

4.

reitera que los aeródromos regionales deben percibirse como un elemento ventajoso y de extrema importancia para el desarrollo de la vida económica local y regional. También se reafirma en la idea de que el transporte aéreo ha cobrado una mayor importancia social y económica a raíz de la ampliación de la Unión (1);

5.

llama la atención de la Comisión sobre las grandes diferencias que existen entre los distintos aeropuertos europeos. Los requisitos, tanto en relación con la gestión del tráfico como con la seguridad, difieren en gran medida si se comparan los aeropuertos de las grandes ciudades europeas con los aeródromos situados en regiones periféricas de escasa densidad demográfica o en archipiélagos;

Generalidades

6.

señala que la modificación que se propone en relación con el Cielo Único Europeo forma parte de un bloque más amplio, en el que se incluyen también una propuesta para ampliar las competencias de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) a los servicios de gestión del tránsito aéreo (GTA), los servicios de navegación aérea (SNA) y los aeródromos;

7.

señala que este conjunto de reglamentos pretende reforzar la actividad del tráfico aéreo para que ni las fronteras ni los límites nacionales se conviertan en un obstáculo a la hora de garantizar el uso más eficaz posible del espacio aéreo o de cualquier otra actividad;

8.

señala que esta propuesta se basa en el informe elaborado por el Grupo de Alto Nivel para el futuro marco reglamentario de la aviación y en el informe de la Comisión de Evaluación de Resultados de Eurocontrol titulado «Evaluación del impacto de la iniciativa sobre el Cielo Único Europeo en el rendimiento de la gestión del espacio aéreo»;

9.

señala que esta propuesta se inscribe en el contexto de la valoración que está llevando a cabo la Comisión para comprobar si el actual sistema de gestión del tránsito aéreo europeo está llegando al límite de su rendimiento. Las principales causas de este problema son la falta de un planteamiento en red, un mercado aún pendiente de su completa desregulación, la inexistencia de la libre circulación en el mercado laboral de los controladores de tránsito aéreo y las disposiciones institucionales en materia de gestión del tránsito aéreo;

10.

reconoce que las actividades relacionadas con el Cielo Único Europeo se verían reforzadas gracias a una regulación del rendimiento, un único marco para la seguridad, la adopción de nuevas tecnologías y la gestión de la capacidad aeroportuaria;

11.

coincide con el principio de que el desarrollo sostenible del tráfico aéreo es un componente más de la gestión del tránsito aéreo, y considera que es necesario desarrollar los servicios de navegación aérea para crear un espacio aéreo único que dé respuesta a las necesidades de los usuarios;

12.

acoge con satisfacción la sustitución de aquellas estructuras reglamentarias que se superpongan por un marco comunitario que cubra todas las fases de vuelo en la red del transporte aéreo;

13.

valora positivamente que el sistema de gestión del espacio aéreo se desarrolle con vistas a mejorar el rendimiento y tomando en consideración los aspectos relacionados con la seguridad, algo que redunda en interés de sus usuarios;

14.

considera positivo que el desarrollo del sistema de transporte aéreo tenga presentes los aspectos medioambientales, de modo que las ventajas que reporta esta modalidad de transporte para la vida económica de las regiones puedan compaginarse de manera equilibrada con las necesidades que plantea la protección del medio ambiente;

15.

acoge con agrado que se modifique la definición de bloque funcional del espacio aéreo para hacer hincapié en el rendimiento del servicio, lo cual mejora las posibilidades de que se cumplan los objetivos del Reglamento de un modo adecuado y teniendo en cuenta las necesidades de las distintas regiones;

16.

cree justificado el plan general para la gestión del tránsito aéreo —el Plan Maestro ATM—, que consistiría en un documento para dirigir las tareas de desarrollo de esta actividad, y en cuyo contexto también se podrían desarrollar las actividades de los aeropuertos regionales como parte de la red de servicios del transporte aéreo;

17.

considera que es importante introducir un sistema de regulación del rendimiento. Esta medida incluiría indicadores de rendimiento de ámbito comunitario, la supervisión periódica de las actividades de los servicios de navegación aérea y las redes, así como los procedimientos relacionados con la recogida de datos de todas las partes interesadas;

18.

destaca la importancia que revisten la elaboración y aprobación de los planes de rendimiento a nivel nacional y regional a la hora de establecer unos objetivos vinculantes en materia de rendimiento. En el ámbito comunitario, conviene presentar únicamente objetivos de carácter general, que se pormenorizarían posteriormente a escala nacional y regional;

19.

considera que es procedente exigir independencia a los órganos de control;

20.

considera aceptable exigir que los Estados miembros no puedan negarse a designar a un prestador de servicios de navegación aérea alegando requisitos relacionados con una titularidad nacional conforme a la legislación del país o por la ubicación de su lugar de actividad;

21.

aun teniendo en cuenta el gran desafío que plantea la creación, de aquí a 2012, de los bloques funcionales del espacio aéreo, considera que es una tarea factible que, sin embargo, requerirá una estrecha cooperación entre los Estados miembros, los órganos de control nacionales, los prestadores de servicios y los aeropuertos;

22.

considera que si se especifican los datos económicos de los prestadores de los servicios y se adoptan medidas para evitar el cruce de subvenciones entre los servicios de navegación aérea para el control del tráfico aéreo regional y para los aeropuertos se imprime también una mayor transparencia a los criterios que determinan los pagos;

23.

considera que la evaluación de los cánones de transporte para los próximos años forma parte de la planificación a largo plazo de las actividades de los servicios de navegación aérea. La propuesta para comprometerlos por varios años puede facilitar a los propios usuarios del espacio aéreo la planificación de sus actividades, siempre y cuando puedan hacerse una idea de los costes de los años venideros;

24.

destaca la propuesta que prevé la publicación por parte de la Comisión, a más tardar en el plazo de cuatro años, de un estudio prospectivo y, si fuera necesario, de una propuesta para aplicar los principios del mercado a los distintos servicios de navegación aérea en ámbitos como la comunicación, la navegación, la vigilancia, la meteorología y la información aeronáutica. La rentabilidad forma parte de una actividad normal, aunque también cabe señalar la imposibilidad de prestar en las regiones de tráfico escaso unos servicios de navegación aérea de una manera rentable y/o que promueva la competencia;

25.

considera apropiada la propuesta para suprimir las restricciones del bloque funcional de espacio aéreo únicamente al espacio aéreo superior. La nueva propuesta brinda mejores posibilidades para la realización del Cielo Único Europeo y para una actividad fluida del tráfico aéreo;

26.

considera válida la propuesta de crear una Región Única de Información de Vuelo Europea (EFIR) para que la Comunidad y los Estados miembros soliciten su reconocimiento por parte de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), pero no la juzga urgente puesto que no se han expuesto las ventajas concretas que reportaría dicha iniciativa;

27.

cree que es importante encontrar soluciones adecuadas a la hora de evaluar la organización de las labores de gestión de la red y otras tareas relacionadas, así como plantearse el modo de aprovechar la experiencia de Eurocontrol en la reorganización de las actividades;

28.

considera importante, con vistas a lograr un tráfico aéreo fluido y eficaz, la propuesta de implantar un sistema coherente para las franjas horarias de llegadas y salidas en los planes de aviación y en los aeropuertos y, en caso necesario, también una coordinación con las regiones vecinas;

29.

cree que es necesario garantizar un elevado nivel de seguridad aérea en Europa y se muestra favorable a la ampliación de las competencias de la AESA. Una normativa elaborada a instancias de una única agencia, con un contenido armonizado y aplicable de la manera más uniforme posible en todo el territorio de la Comunidad constituye un instrumento inmejorable para fomentar la seguridad aérea y reducir, al mismo tiempo, los problemas que la aplicación de normas distintas ocasiona a los profesionales del transporte aéreo y a la aviación;

30.

considera que el ámbito de aplicación de la propuesta para ampliar las competencias de la AESA es demasiado extenso y puede dar pie a unas exigencias desmedidas, especialmente para los pequeños aeródromos regionales, que verían así dificultadas sus actividades;

31.

considera importante que las actividades de la AESA se centren en las cuestiones de seguridad, de modo que el perfil de sus funciones se mantenga claro;

32.

considera imprescindible promover a todos los niveles la cooperación entre la aviación civil y la aviación militar para garantizar la mayor funcionalidad de la red de transporte aéreo y permitir el cumplimiento de sus objetivos de rendimiento;

II.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

33.

opina que conviene tener en cuenta el entorno de actividad nacional y/o regional a la hora de establecer unos objetivos de rendimiento para toda Europa, ya que no resulta coherente fijar los mismos objetivos a las regiones de tráfico abundante que a las de tráfico escaso. Es importante mantener el control de tránsito aéreo AFIS (Servicio de Información de Vuelo de Aeródromo) y no obligar a todos los aeródromos a adoptar unos servicios de ATC que supondrían un incremento de los costes para los aeródromos más pequeños. Los entes locales y regionales son los mejor situados para prestar atención a esta circunstancia;

34.

considera importante que la recogida de datos para la evaluación de los niveles de actividad tenga en cuenta las prácticas ya existentes en relación con la redacción de informes;

35.

a fin de garantizar la transparencia, considera relevante que la presentación desglosada de ingresos y gastos por parte de los prestadores de servicios pueda adaptarse, en caso de que dispongan de ellas, a sus prácticas contables;

36.

presupone que la propuesta para financiar los proyectos comunes por medio de los cánones de transporte se detallará también por lo que respecta al uso de otras posibles financiaciones, y que se estudiará la manera de que las instancias nacionales o regionales beneficiadas por un proyecto común puedan participar en la toma de decisiones respectiva;

37.

considera necesario aclarar las modificaciones previstas al sistema de pagos para averiguar cómo se comprometerán los cánones del transporte por varios años y cómo unos prestadores de servicios que se rigen por principios empresariales podrán prever en sus gastos salariales y operativos, como parte de la gestión de los riesgos empresariales, los cambios que tengan lugar durante el período contractual. El mejor ámbito para llevar a cabo un estudio de estas características es el nacional y/o regional;

38.

recomienda puntualizar un aspecto de gran importancia para la actividad como es la gestión de las redes y de sus correspondientes actividades, en lugar de la referencia incluida en la propuesta actual, que reviste un carácter extremadamente general. Con esta actuación se podría evaluar mejor tanto sus repercusiones como la manera de que los usuarios del espacio aéreo y los prestadores de los servicios de navegación aérea puedan participar adecuadamente en el proceso de decisiones que los afecten en lo tocante a las reformas de las estructuras administrativas;

39.

atendiendo al principio de subsidiaridad, recomienda que se limiten las competencias otorgadas a la AESA para que se apliquen únicamente a los aeródromos que operan con tráfico profesional por IFR (vuelo por instrumentos);

40.

considera importante que las normas de aplicación relativas a los aeródromos se elaboren en relación con el nivel de exigencia, la calidad de las actividades y el volumen de tráfico del aeródromo, teniendo especialmente en cuenta los aeródromos de escaso tráfico y su número de trabajadores;

41.

considera importante que, para lograr una buena regulación por lo que respecta a la propuesta para ampliar las competencias de la AESA,

se compruebe que las actividades correspondientes a los servicios de navegación aérea se corresponden con las definiciones de la OACI;

se vele por evitar repeticiones y duplicación de los procedimientos —por ejemplo en materia de licencias— entre la propuesta por la que se modifica el reglamento relativo a las competencias de la AESA y los reglamentos relacionados con el Cielo Único Europeo;

se asegure la existencia de suficientes disposiciones de transición u otros instrumentos para garantizar la continuidad de los permisos concedidos en virtud de la Directiva 2006/23/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la licencia comunitaria de controlador de tránsito aéreo —que ahora se propone derogar—, incluso después de la entrada en vigor del nuevo Reglamento;

se detalle la definición de los equipos de aeródromo que recaen en el ámbito de aplicación del Reglamento para que se limite únicamente a aquellos equipos que influyan en la seguridad de los vuelos;

se explique con mayor detalle la obligación que se propone a efectos de los explotadores de los aeródromos en el sentido de que «se elaborarán y actualizarán datos de interés en relación con el aeródromo y los servicios disponibles», para que se limite únicamente a aquellos datos que resulten esenciales para los profesionales de la aviación, y

se examine la obligación propuesta en relación con el cumplimiento de los procedimientos sobre suministro de carburante y evitar así la imposición a los operadores de los aeropuertos de tareas de vigilancia que corresponden a las autoridades.

Bruselas, 12 de febrero de 2009.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  CDR 76/2005 y CDR 63/2004.


28.5.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/56


Dictamen del Comité de las Regiones sobre el tema reforma del sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) y del sistema de etiqueta ecológica comunitaria

2009/C 120/11

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

considera que los sistemas medioambientales de las organizaciones y los etiquetados ecológicos de los productos representan un buen instrumento del mercado para promover la responsabilidad medioambiental de los distintos agentes sociales y mejorar el nivel de protección del medio ambiente;

sostiene que el sistema EMAS representa un buen instrumento para numerosas organizaciones que, gracias a su adopción, pueden beneficiarse de maneras muy diversas: menor repercusión medioambiental, ahorro de costes (en energía y residuos), seguridad en el cumplimiento de la legislación medioambiental, intensificación de sus actividades, etcétera;

considera que debería establecerse también la amplitud con la que se evalúa el comportamiento ambiental de las organizaciones pertenecientes al sistema EMAS, y definirse unos requisitos coherentes para los distintos niveles de análisis de las auditorías medioambientales: primario (producción), secundario (contratación) y terciario (otros). No todas las PYME ni las organizaciones del ámbito local y regional cuentan con las aptitudes, capacitaciones y experiencia necesarias para llevar a cabo una auditoría medioambiental, por lo que se ven obligadas a recurrir a consultorías externas;

cree que, atendiendo a la credibilidad y fiabilidad del etiquetado, es importante mantener los procedimientos de verificación. El cumplimiento del estándar ISO requiere que el organismo responsable del etiquetado compruebe, tanto a priori como a posteriori, que el producto para el que se solicita la etiqueta ecológica cumple los criterios de dicho etiquetado. La propuesta para convertir la comprobación de la solicitud en un registro y en una supervisión ex post supone una grave amenaza para la credibilidad y fiabilidad del etiquetado.

Ponente general

:

Britt Lundberg (FI/ALDE) Miembro del Consejo Regional de las Islas Åland

Documentos de referencia:

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a un sistema de etiqueta ecológica comunitaria — COM(2008) 401 final — 2008/0152 (COD)

y

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la participación voluntaria de organizaciones en un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS) — COM(2008) 402 final — 2008/0154 (COD).

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES,

Recomendaciones comunes (EMAS y etiqueta ecológica)

1.

considera que la reforma del sistema EMAS y de la etiqueta ecológica comunitaria reviste una gran necesidad y supone un enérgico respaldo a los objetivos de la UE que, con vistas a fomentar una política de producción y consumo sostenibles, se establecieron, entre otros, en el Tratado de Lisboa y en la estrategia comunitaria de desarrollo sostenible, encaminada a cumplir los objetivos de la UE en materia de política climática;

2.

considera que las reformas son muy necesarias puesto que ninguno de los dos sistemas ha alcanzado ni la popularidad ni el efecto que se habían planteado desde un principio como objetivos;

3.

considera que los sistemas medioambientales de las organizaciones y los etiquetados ecológicos de los productos representan un buen instrumento del mercado para promover la responsabilidad medioambiental de los distintos agentes sociales y mejorar el nivel de protección del medio ambiente;

4.

considera que, para que las instancias de ámbito local y regional —y las organizaciones, pequeñas y grandes, del sector público— puedan beneficiarse también, y en mayor medida, de estos sistemas, habrá que tenerlos en cuenta en los cambios legislativos y en las acciones de apoyo que prestan los Estados miembros a dichos sistemas;

5.

considera que aunque incluye normas, procedimientos y obligaciones bastante detalladas, la propuesta relativa al sistema EMAS sigue siendo conforme a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (la aplicación corresponde a los Estados miembros y a sus entes locales y regionales). El sistema de etiquetado ecológico no es excluyente, sino que puede funcionar junto con otros sistemas nacionales y regionales, siempre y cuando éstos se basen en unos criterios rigurosos;

6.

considera que ninguno de estos dos sistemas, ambos de carácter voluntario, ocasiona una carga innecesaria. La elaboración y verificación de los criterios del sistema de etiquetado ecológico tienen un carácter flexible, mientras que la propuesta relativa al sistema EMAS contempla flexibilizar la regulación;

7.

considera que las propuestas se avienen a la estrategia de la Comisión Europea para mejorar el marco regulador (simplificación del marco regulador y reducción de la carga administrativa a empresas y autoridades);

Objetivos de la modificación del Reglamento EMAS

8.

sostiene que el sistema EMAS representa un buen instrumento para numerosas organizaciones que, gracias a su adopción, pueden beneficiarse de maneras muy diversas: menor repercusión medioambiental, ahorro de costes (en energía y residuos), mejor imagen ecológica, seguridad en el cumplimiento de la legislación medioambiental, intensificación de sus actividades, etcétera;

9.

apoya el establecimiento de unos objetivos cuantitativos y mensurables para el número de organizaciones registradas en EMAS a los cinco y a los diez años a partir de la entrada en vigor del Reglamento;

10.

considera que, si los Estados miembros se fijaran unas metas propias para incrementar el número de organizaciones registradas en EMAS, sería más fácil alcanzar el objetivo establecido;

11.

cree que sería muy conveniente dar a conocer mejor, y recurriendo a todos los medios posibles, el sistema EMAS, ya que, por ejemplo, el sector público de los países nórdicos prácticamente ni lo conoce ni lo utiliza;

12.

considera que el texto del Reglamento debería tener presente en su estructura el punto de vista de aquellas organizaciones que tienen previsto incorporarse al sistema EMAS. Para estas organizaciones es fundamental la estructura del sistema EMAS, oculta en el anexo II de la propuesta. La manera más sencilla de corregir esta deficiencia sería que el anexo II pasara a ser un capítulo más del Reglamento, con el título «Estructura y requisitos del sistema EMAS»;

13.

valora positivamente la propuesta de que los sistemas ecológicos nacionales y regionales puedan obtener el distintivo EMAS —completa o parcialmente— para facilitar así la incorporación al ámbito de EMAS de organizaciones procedentes de dichos sistemas. De este modo, el sistema EMAS registraría un gran número de solicitudes de registro provenientes de organizaciones que ya están haciendo los esfuerzos necesarios para cumplir sus requisitos. Por otro lado, los sistemas locales también cobrarían mayor credibilidad, una vez que pasaran a formar parte de la familia EMAS;

14.

considera que la Comisión podría establecer los requisitos mínimos de un sistema parcialmente compatible con EMAS, con lo que se evitaría la presentación de solicitudes a elementos específicos de un sistema de gestión medioambiental que todavía no puede denominarse como tal;

15.

cree que estos requisitos mínimos podrían ser los siguientes: una política medioambiental comprometida con una mejora continua; un examen medioambiental que defina los aspectos ecológicos de la organización que entrañen un considerable impacto ambiental; el cumplimiento de las exigencias legales en materia medioambiental; unos objetivos medioambientales que engloben aspectos significativos para el medio ambiente; un programa o un plan de acción medioambiental que establezca las responsabilidades, las medidas y el calendario para el cumplimiento de los objetivos en materia medioambiental; los recursos suficientes para poner en práctica el programa medioambiental; una comunicación interna del sistema medioambiental en los distintos niveles de la organización y, por último, una auditoría externa del sistema medioambiental;

16.

considera que es necesario perfilar aún más las pautas de los informes medioambientales a que se hace referencia en el anexo IV de la propuesta. Algunos de los indicadores previstos, como la eficiencia en el consumo de los materiales, resultan imposibles de calcular, especialmente para las pequeñas y medianas empresas del sector de servicios y, por ejemplo, para los agentes locales. El número de materiales utilizados es tan elevado que, con frecuencia, la recopilación de información, incluso cuando se trata de los materiales más importantes, constituye una tarea imposible. Del mismo modo, el impacto de las organizaciones en la biodiversidad es, en el caso de la mayor parte de las PYME y de las pequeñas organizaciones del sector público, un dato de poca importancia que no debería incluirse entre los requisitos de los respectivos informes;

17.

considera que debería establecerse también la amplitud con la que se evalúa el comportamiento ambiental de las organizaciones pertenecientes al sistema EMAS, y definirse unos requisitos coherentes para los distintos niveles de análisis de las auditorías medioambientales: primario (producción), secundario (contratación) y terciario (otros). No todas las PYME ni las organizaciones del ámbito local y regional cuentan con las aptitudes, capacitaciones y experiencia necesarias para llevar a cabo una auditoría medioambiental, por lo que se ven obligadas a recurrir a consultorías externas;

18.

cuestiona los costes que implica para los entes públicos y las empresas privadas la aplicación del sistema EMAS y del sistema de etiqueta ecológica; considera que sería posible una mayor participación en ambos sistemas si se suprimieran o redujeran los cánones. Sin embargo, se debería distinguir entre EMAS, por una parte, y la etiqueta ecológica por otra, debido a la diferente estructura de costes que suponen para las organizaciones participantes;

19.

considera que deben eliminarse cargas administrativas a las empresas a la hora de implantar EMAS, pero la reducción de estas cargas en ningún caso propiciará que el sistema EMAS pierda su credibilidad frente a las administraciones públicas, los consumidores y las consumidoras y las organizaciones susceptibles de adherirse al sistema;

La etiqueta ecológica

20.

considera que los objetivos establecidos se encaminan en la dirección adecuada, especialmente al abrirse a diversas instancias la elaboración de los criterios relativos al etiquetado ecológico y al agilizarse el proceso de aprobación, ya que estas medidas pueden acelerar la incorporación de nuevos productos al ámbito del etiquetado;

21.

solicita que se añadan las siglas «UE» a la propia etiqueta para dejar claro al público general que la etiqueta ecológica es una iniciativa de la Unión Europea;

22.

acoge con satisfacción el procedimiento abreviado de elaboración de criterios para las categorías de productos aceptadas en otros sistemas de etiquetado ecológico, ya que, por ejemplo, la etiqueta «Nordic Swan» y el «Blue Angel» alemán son marcas tan conocidas en sus respectivos países que pueden servir de ayuda para dar a conocer la etiqueta medioambiental de la UE;

23.

apoya la supresión de los cánones anuales para los productos etiquetados ecológicamente, tal como se recoge en la propuesta, ya que elimina el impedimento económico que supone para numerosas PYME su incorporación al sistema;

24.

valora positivamente la propuesta de que las partes interesadas elaboren un manual destinado a las autoridades encargadas de la adjudicación de contratos públicos. Esta medida facilita a los responsables de la contratación pública la inclusión de los criterios sobre etiquetado ecológico en los concursos de adjudicación. Sería deseable dotar a las autoridades locales y regionales de un manual de apoyo a sus actividades;

25.

cree que, atendiendo a la credibilidad y fiabilidad del etiquetado, es importante mantener los procedimientos de verificación. El etiquetado ecológico europeo es un sistema de etiquetado permanente, conforme a la norma ISO 14024 y garantizado por una tercera parte. El cumplimiento del estándar ISO requiere que el organismo responsable del etiquetado compruebe, tanto a priori como a posteriori, que el producto para el que se solicita la etiqueta ecológica cumple los criterios de dicho etiquetado. La propuesta para convertir la comprobación de la solicitud en un registro y en una supervisión ex post supone una grave amenaza para la credibilidad y fiabilidad del etiquetado;

26.

no apoya la propuesta de limitar los criterios de los sistemas de etiquetado nacionales y regionales a niveles, cuando menos, igual de estrictos que los del etiquetado ecológico comunitario para aquellas categorías de productos que cumplen los criterios de las etiquetas ecológicas comunitarias ya existentes. Es necesario evaluar el rigor de los criterios de etiquetado aplicables a los distintos sistemas en cada una de las regiones respectivas y teniendo presente el medio ambiente y los mercados. Las regiones de la Unión Europea presentan una enorme diversidad de factores que resultan fundamentales para el etiquetado, como el estado, la carga y la tolerancia del medio ambiente;

27.

concede extrema importancia a las actividades que llevan a cabo los Estados miembros y la Comisión para informar y divulgar el etiquetado ecológico. A este respecto, lo más eficaz sería cooperar con el ámbito comercial ya que, para los consumidores, el comercio no sólo es el lugar donde casi siempre se adopta la decisión de comprar uno u otro producto sino que, además, puede influir enormemente en esta decisión.

28.

considera que el incremento progresivo de los productos y servicios puestos a disposición de los consumidores y las consumidoras, que respondan a los criterios requeridos para la obtención de la etiqueta ecológica europea, debe ser uno de los objetivos prioritarios. Es preciso impulsar este incremento apoyando el desarrollo de metodologías para el diseño de productos que durante todo su ciclo de vida cumplan con los criterios establecidos para los diferentes grupos de productos. Así, recomienda que las autoridades competentes establezcan programas de promoción del Ecodiseño basado, entre otros, en los criterios ecológicos de la Ecoetiqueta ya aprobados, apoyo a las empresas en este campo e impulso al desarrollo de proyectos piloto.

II.   RECOMENDACIONES DE ENMIENDA

Enmienda 1

Reglamento EMAS

Artículo 7

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 7 —

Excepción para organizaciones pequeñas

1.

Los organismos competentes, a solicitud de una organización pequeña, ampliarán para esa organización la frecuencia trienal a que se refiere el artículo 6, apartado 1, para fijarla hasta en cinco años, o la frecuencia anual prevista en el artículo 6, apartado 2, en hasta dos años, si se cumplen todas las condiciones siguientes:

a)

no hay ningún riesgo medioambiental;

b)

la organización no tiene previsto introducir cambios operativos en su sistema de gestión medioambiental; y

c)

no existe ningún problema medioambiental local significativo.

2.

Para obtener la ampliación a que se refiere el apartado 1, la organización considerada presentará una solicitud al organismo competente que haya registrado a la organización y demostrará que cumple las condiciones para acogerse a esa excepción.

3.

Las organizaciones que disfruten de la ampliación de hasta dos años a que se refiere el apartado 1, presentarán el informe no validado de su comportamiento medioambiental al organismo competente cada año en el que estén exentas de la obligación de tener un informe validado de su comportamiento medioambiental.

Artículo 7 —

Excepción para organizaciones pequeñas

1.

Los organismos competentes, a solicitud de una organización pequeña, ampliarán para esa organización la frecuencia trienal a que se refiere el artículo 6, apartado 1, para fijarla hasta en cinco años, o la frecuencia anual prevista en el artículo 6, apartado 2, en hasta dos años, si se cumplen todas las condiciones siguientes:

a)

no hay ningún riesgo medioambiental;

b)

la organización no tiene previsto introducir cambios operativos en su sistema de gestión medioambiental; y

c)

no existe ningún problema medioambiental local significativo.

2.

Para obtener la ampliación a que se refiere el apartado 1, la organización considerada presentará una solicitud al organismo competente que haya registrado a la organización y demostrará que cumple las condiciones para acogerse a esa excepción.

3.

Las organizaciones que disfruten de la ampliación de hasta dos años a que se refiere el apartado 1, presentarán el informe no validado de su comportamiento medioambiental al organismo competente cada año en el que estén exentas de la obligación de tener un informe validado de su comportamiento medioambiental.

4.

En las organizaciones que disfruten de la ampliación de hasta cinco años a que se refiere el apartado 1 del artículo 7 se adaptará consecuentemente la frecuencia de la auditoría.

Exposición de motivos

Esta disposición pone en peligro el objetivo expuesto en el Reglamento EMAS III, a saber, reducir la carga de las PYME, ya que, por una parte, se permite ampliar hasta cinco años el procedimiento de validación pero, por otra, se sigue manteniendo obligatoriamente la frecuencia trienal del procedimiento de auditoría. Es necesario coordinar ambos procesos.

Enmienda 2

Reglamento sobre el sistema de etiqueta ecológica comunitaria

Artículo 9, apartado 4

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

4.

En el plazo de dos meses tras el recibo de una solicitud de registro, el organismo competente de que se trate comprobará la documentación a que se refiere el apartado 2.

El organismo competente asignará un número de registro a cada producto siempre que la documentación esté completa.

4.

En el plazo de dos meses tras el recibo de una solicitud de registro, el organismo competente de que se trate comprobará la documentación a que se refiere el apartado 2.

El organismo competente asignará un número de registro a cada producto siempre que la documentación esté completa y haya sido comprobada por él.

Exposición de motivos

El cumplimiento de las normas ISO requiere que el organismo competente compruebe antes que el producto para el que se solicita la etiqueta ecológica cumple los requisitos necesarios a tal fin. La propuesta consistente en pasar de la evaluación al registro y a la comprobación posterior constituye una grave amenaza para la credibilidad y fiabilidad de la etiqueta (limitarse a efectuar controles aleatorios no es suficiente).

Enmienda 3

Reglamento EMAS

Artículo 43, apartado 2

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

2.

La Comisión mantendrá y pondrá a disposición del público:

a)

un registro de verificadores medioambientales y de organizaciones registradas en EMAS;

b)

una base de datos de declaraciones medioambientales y de informes sobre el comportamiento medioambiental en formato electrónico

2.

La Comisión mantendrá y pondrá a disposición del público:

a)

un registro de verificadores medioambientales y de organizaciones registradas en EMAS;

b)

una base de datos de declaraciones medioambientales y de informes sobre el comportamiento medioambiental en formato electrónico, y.

c)

una base de datos de mejores prácticas EMAS en distintos sectores medioambientales (en cuestiones relacionadas con la energía, los residuos, la contratación pública, la comunicación, etc.)

Exposición de motivos

La adopción del sistema EMAS se vería facilitada por la existencia de un manual de fácil uso donde se presentaran los logros alcanzados por las organizaciones EMAS en ámbitos de protección medioambiental (residuos, energía, contratación pública, etc.). Asimismo, la presentación de buenos ejemplos —que también entrañan un ahorro de costes— puede animar a las organizaciones a incorporarse al sistema EMAS.

Enmienda 4

Reglamento EMAS

Artículo 39, apartado 2

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

2.

Sin prejuicio de la legislación comunitaria, en particular en materia de competencia, fiscalidad y ayudas estatales, los Estados miembros adoptarán, cuando convenga, medidas que faciliten a las organizaciones la inscripción o la permanencia en el registro EMAS. Esas medidas revestirán, en particular, una de las dos formas siguientes:

a)

flexibilidad reglamentaria, de manera que una organización registrada en EMAS se considere que cumple ciertos requisitos jurídicos en materia de medio ambiente establecidos en otros instrumentos legislativos, determinados por las autoridades competentes;

b)

mejora de la legislación, por medio de la cual se modifiquen otros instrumentos legislativos para que las cargas que pesan sobre las organizaciones que participan en EMAS se supriman, reduzcan o simplifiquen con vistas a fomentar el funcionamiento eficaz de los mercados y a aumentar la competitividad.

2.

Sin prejuicio de la legislación comunitaria, en particular en materia de competencia, fiscalidad y ayudas estatales, los Estados miembros adoptarán, cuando convenga, medidas que faciliten a las organizaciones la inscripción o la permanencia en el registro EMAS. Esas medidas revestirán, en particular, una de las dos formas siguientes:

a)

flexibilidad reglamentaria, como, por ejemplo, permisos medioambientales más largos y menos requisitos para la elaboración de informes con vistas al cumplimiento de dichos permisos de manera que una organización registrada en EMAS se considere que cumple ciertos requisitos jurídicos en materia de medio ambiente establecidos en otros instrumentos legislativos, determinados por las autoridades competentes;

b)

mejora de la legislación, por medio de la cual se modifiquen otros instrumentos legislativos para que las cargas que pesan sobre las organizaciones que participan en EMAS se supriman, reduzcan o simplifiquen con vistas a fomentar el funcionamiento eficaz de los mercados y a aumentar la competitividad.

Exposición de motivos

La legislación debería dejar claro que las organizaciones del sistema EMAS han de beneficiarse de facilidades administrativas en cuestiones como, por ejemplo, los permisos medioambientales.

Enmienda 5

Reglamento EMAS

Artículo 45, apartado 1

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

1.

Estados miembros podrán presentar a la Comisión una solicitud por escrito para que se reconozcan sistemas de gestión medioambiental existentes, o partes de ellos, certificados de acuerdo con procedimientos adecuados de certificación reconocidos a nivel nacional o regional, como conformes con los requisitos correspondientes del presente Reglamento.

1.

Los Estados miembros y las organizaciones que coordinan los sistemas de gestión medioambiental podrán presentar a la Comisión una solicitud por escrito para que se reconozcan sistemas de gestión medioambiental existentes, o partes de ellos, certificados de acuerdo con procedimientos adecuados de certificación reconocidos a nivel nacional o regional, como conformes con los requisitos correspondientes del presente Reglamento.

Exposición de motivos

Es inútil restringir el derecho a presentar la propuesta contemplada en el artículo 39 a los Estados miembros, ya que las instancias que mantienen los sistemas medioambientales regionales son las que mejor conocen dichos sistemas, por lo que también se justifica que puedan presentar propuestas sobre la validez de EMAS.

Enmienda 6

Reglamento EMAS

Artículo 4, apartado 5

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

Artículo 4 —   Preparación para el registro

5.

Las organizaciones proporcionarán pruebas materiales o documentales de que cumplen todos los requisitos jurídicos aplicables en materia de medio ambiente que se hayan determinado.

Las organizaciones podrán solicitar a la autoridad o autoridades competentes en la aplicación de la legislación medioambiental una declaración de conformidad con arreglo al artículo 33, apartado 5.

Las organizaciones extracomunitarias harán también referencia a los requisitos jurídicos en materia de medio ambiente aplicables a organizaciones similares de los Estados miembros donde tienen la intención de presentar su solicitud.

Artículo 4 —   Preparación para el registro

5.

Las organizaciones proporcionarán pruebas materiales o documentales de que cumplen todos los requisitos jurídicos aplicables en materia de medio ambiente que se hayan determinado.

Las organizaciones podrán solicitar a la autoridad o autoridades competentes en la aplicación de la legislación medioambiental una declaración de conformidad con arreglo al artículo 33, apartado 5.

Las organizaciones extracomunitarias harán también referencia a los requisitos jurídicos en materia de medio ambiente aplicables a organizaciones similares de los Estados miembros donde tienen la intención de presentar su solicitud.

Exposición de motivos

La posibilidad de obtener pruebas de legalidad proporcionadas por la autoridad representa un grave «cambio de sistema» y está en contradicción con el planteamiento de EMAS como sistema de responsabilidad propia «evaluada». Además, así se contrarresta una importante ventaja de EMAS para las autoridades. EMAS no llevaría a reducir la burocracia y las cargas administrativas, sino que, por el contrario, las causaría. Ya no sería justificable favorecer a organizaciones registradas en EMAS con sustitución de reglamentaciones y tarifas reducidas y, por tanto, dejaría de existir un importante aliciente para registrarse en EMAS.

Enmienda 7

Reglamento EMAS

Artículo 7, apartado 1

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

Artículo 7 —   Excepción para organizaciones pequeñas

1.

Los organismos competentes, a solicitud de una organización pequeña, ampliarán para esa organización la frecuencia trienal a que se refiere el artículo 6, apartado 1, para fijarla hasta en cinco años, o la frecuencia anual prevista en el artículo 6, apartado 2, en hasta dos años, si se cumplen todas las condiciones siguientes:

a)

no hay ningún riesgo medioambiental;

b)

la organización no tiene previsto introducir cambios operativos en su sistema de gestión medioambiental; y

c)

no existe ningún problema medioambiental local significativo.

Artículo 7 —   Excepción para organizaciones pequeñas

1.

El verificador medioambiental Los organismos competentes, a solicitud de una organización pequeña, ampliarán para esa organización la frecuencia trienal a que se refiere el artículo 6, apartado 1, para fijarla hasta en cinco años, o la frecuencia anual prevista en el artículo 6, apartado 2, en hasta dos años, si se cumplen todas las condiciones siguientes:

a)

no hay ningún riesgo medioambiental;

b)

la organización no tiene previsto introducir cambios operativos en su sistema de gestión medioambiental; y

c)

no existe ningún problema medioambiental local significativo.

Exposición de motivos

La realización de un procedimiento formal para la ampliación del ciclo de validación por los organismos competentes lleva a una innecesaria carga burocrática y es contraproducente para las PYME. Hasta ahora, la ampliación del ciclo de validación se lleva a cabo, sin solicitud especial, por acuerdo directo entre el verificador medioambiental y la empresa. El actual procedimiento ha probado su eficacia y toma también en consideración el hecho de que el verificador medioambiental es el que mejor conoce los datos de la empresa.

Enmienda 8

Reglamento EMAS

Artículo 28, apartado 1

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda

Artículo 28

Realización de la acreditación

1.

Los organismos de acreditación designados por los Estados miembros de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 765/2008 serán responsables de la acreditación de verificadores medioambientales y de la supervisión de las actividades realizadas por los verificadores medioambientales con arreglo al presente Reglamento.

Artículo 28

Realización de la acreditación

1.

Los organismos de acreditación designados por los Estados miembros —respetando el sistema competencial existente en cada Estado miembro— de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 765/2008 serán responsables de la acreditación de verificadores medioambientales y de la supervisión de las actividades realizadas por los verificadores medioambientales con arreglo al presente Reglamento.

Exposición de motivos

El Considerando 11 del Reglamento (CE) no 765/2008 por el que se establecen los requisitos de acreditación y vigilancia del mercado relativos a la comercialización de los productos y por el que se deroga el Reglamento (CEE) no 339/93 dice:

(11)

La creación de un organismo nacional de acreditación uniforme debe realizarse sin perjuicio del reparto de funciones en el seno de los Estados miembros.

Enmienda 9

Reglamento EMAS

Artículo 12, apartado 2

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 12 —   Obligaciones relativas al procedimiento de registro

2.

Los organismos competentes establecerán y mantendrán un registro de las organizaciones registradas en su Estado miembro, incluida su declaración medioambiental o el informe sobre su comportamiento medioambiental en formato electrónico, y actualizarán cada mes ese registro.

Ese registro se pondrá a disposición pública en un sitio de Internet.

Artículo 12 —   Obligaciones relativas al procedimiento de registro

2.

Los organismos competentes establecerán y mantendrán un registro de las organizaciones registradas en su Estado miembro, incluida su declaración medioambiental o el informe sobre su comportamiento medioambiental más reciente en formato electrónico, y actualizarán cada mes ese registro.

Ese registro se pondrá a disposición pública en un sitio de Internet.

Exposición de motivos

Cuando se refieren a la declaración medioambiental o el informe sobre su comportamiento ambiental, las organizaciones deberían especificar si es su última declaración medioambiental o informe medioambiental.

Por otro lado, hay organizaciones que proporcionan acceso a la declaración medioambiental previa solicitud (lo cual queda establecido en el artículo 6.3), con el fin de llevar un registro de las personas interesadas, de modo que se muestran reticentes a que su Declaración sea pública sin una solicitud previa.

Por lo tanto, no debería obligarse a las organizaciones a que su declaración medioambiental o su informe medioambiental estén en un sitio de Internet de manera que se pueda consultar sin solicitud previa. Los organismos competentes podrían proporcionar un servicio similar en el que habría que solicitar la consulta de dichos documentos de cualquier organización, pudiendo proporcionarle a ésta dicho registro cuando lo solicitara.

Enmienda 10

Reglamento EMAS

Artículo 14, apartado 3

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 14 —   Suspensión o cancelación de la inscripción de organizaciones en el registro

3.

Se suspenderá o cancelará, según proceda, la inscripción en el registro de una organización registrada si no presenta al organismo competente, en el plazo de un mes a partir del momento en que se le haya solicitado, alguno de los documentos siguientes:

a)

las actualizaciones validadas de las declaraciones medioambientales, el informe sobre su comportamiento medioambiental o la declaración firmada a que se refiere el artículo 24, apartado 9;

b)

un formulario cumplimentado por la organización, que incluya al menos la información mínima que figura en el anexo VI.

Artículo 14 —   Suspensión o cancelación de la inscripción de organizaciones en el registro

3.

Se suspenderá o cancelará, según proceda, la inscripción en el registro de una organización registrada si no presenta al organismo competente, en el plazo de un mes tres meses a partir del momento en que se le haya solicitado, alguno de los documentos siguientes:

a)

las actualizaciones validadas de las declaraciones medioambientales, el informe sobre su comportamiento medioambiental o la declaración firmada a que se refiere el artículo 24, apartado 9;

b)

un formulario cumplimentado por la organización, que incluya al menos la información mínima que figura en el anexo VI.

Exposición de motivos

El plazo para subsanar los documentos no presentados debería aumentarse a tres meses a partir del momento de la solicitud, con el fin de dar tiempo a las organizaciones para que preparen la documentación, y que sea validada, en su caso, ya que esto también depende de la disponibilidad del verificador.

Bruselas, 12 de febrero de 2009.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Luc VAN DEN BRANDE


28.5.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 120/65


Dictamen del Comité de las Regiones «asistencia sanitaria transfronteriza»

2009/C 120/12

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

considera que la movilidad de los pacientes no puede poner en peligro económico o financiero los sistemas sanitarios de la UE,

estima que la cooperación transfronteriza en el ámbito de la salud debe respaldarse prestando una especial atención a las regiones fronterizas,

señala que es necesario encontrar un equilibrio correcto entre, por un lado, el objetivo de continuar desarrollando la cooperación europea, cuya utilidad reconocen todas las partes interesadas y, por otro, el respeto del principio de subsidiariedad,

recomienda que se tomen medidas para garantizar que las categorías de pacientes más vulnerables puedan ejercer los derechos que les reconoce la legislación comunitaria,

recomienda que los Estados miembros de afiliación dispongan del derecho incondicional de instituir un sistema general de autorización previa para la hospitalización en otro Estado miembro,

considera que cuando se constituya el comité que asistirá a la Comisión en la aplicación de la directiva, deberá contarse con el conocimiento especializado de que disponen los niveles regional y local; el Comité de las Regiones deberá participar en esta empresa.

Ponente:

:

Karsten Uno Petersen (DK/PSE), Miembro del Consejo Regional de Dinamarca del Sur

Texto de referencia

Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza.

COM(2008) 414 final

I.   RECOMENDACIONES POLÍTICAS

EL COMITÉ DE LAS REGIONES

Observaciones generales

1.

aplaude que la propuesta de directiva tenga por objeto clarificar los derechos de los pacientes en relación con las sentencias dictadas por el Tribunal de Justicia, garantizando con ello una aplicación más general y más eficaz de estos derechos;

2.

presupone que se cumple el artículo 152 del TCE, que prevé que la acción comunitaria en el ámbito de la salud pública respetará plenamente las responsabilidades de los Estados miembros; recuerda a este respecto que las competencias en materia de política sanitaria corresponden fundamentalmente a los Estados miembros;

3.

aprueba y apoya plenamente la idea de que la salud es una cuestión esencial para todo ser humano y que debe promoverse tanto a escala de la UE como a escala mundial por medio de políticas y medidas eficaces y transparentes en los Estados miembros; la Comisión en esta línea deberá garantizar que los entes regionales y locales que son responsables de los servicios sanitarios sean consultados y participen en la cooperación comunitaria en materia de prestaciones de servicios sanitarios y tratamientos médicos;

4.

señala que la libre circulación de servicios sanitarios y la salud pública son ámbitos de competencia compartida entre los Estados miembros y la Comunidad. Por ello, procede evaluar si se ha respetado el principio de subsidiariedad en las propuestas legislativas presentadas en estos ámbitos;

5.

subraya además que hay que distinguir entre la libre circulación de personas (esto es, los pacientes) y la libre circulación de servicios, sujeta a la legislación del mercado interior. Partiendo del principio de que la salud es un asunto de interés general, el CDR se opone a la subordinación de la atención sanitaria a las normas del mercado interior. Los Estados miembros y, en su caso, los entes locales y regionales deben seguir teniendo la posibilidad de reglamentar la atención sanitaria con el fin de garantizar su calidad y accesibilidad, teniendo en cuenta los límites de la capacidad financiera;

6.

señala que el equilibrio económico en la prestación de asistencia sanitaria es competencia nacional que debe mantenerse como tal; las posibles consecuencias de la propuesta de directiva son sumamente importantes, en particular a nivel local, por ejemplo en las regiones fronterizas y en los pequeños Estados miembros. La movilidad de los pacientes no puede poner en peligro los sistemas sanitarios de la UE ni desde el punto de vista económico ni financiero;

7.

pide que, al comparar la asistencia sanitaria con una prestación de servicios como hace la propuesta de directiva, la Comisión se asegure de que la asistencia sanitaria no esté impulsada por el ánimo de lucro, sino antes bien por criterios basados en la preocupación por la salud de los ciudadanos, el fomento de la salud mediante la prevención, los procedimientos de tratamiento y la calidad de vida;

8.

estima que la cooperación transfronteriza en el ámbito de la salud debe respaldarse prestando una especial atención a las regiones fronterizas. Por otra parte, reviste una importancia esencial apoyar el desarrollo de las intervenciones en el ámbito de la salud y lograr una mejora de la situación sanitaria en los países de la UE en los que las necesidades son más acuciantes, con vistas a reducir las diferencias y desigualdades en materia de salud que existen en la UE, de modo que estos países puedan incorporarse progresivamente al nivel más elevado de la UE;

9.

considera esencial asimismo que en iniciativas futuras no se vean mermadas las intervenciones y normas destinadas a establecer un alto nivel de seguridad de los pacientes por parte de los Estados, así como las normas sobre derechos de los pacientes;

10.

señala que los derechos del paciente enunciados en la propuesta de directiva se refieren primordialmente a los pacientes programados y a los pacientes que residen en zonas fronterizas, y que los derechos de estos pacientes no deben prevalecer sobre los de otras categorías de pacientes, como por ejemplo quienes necesitan un tratamiento urgente, los cuales constituyen con mucho la proporción más importante de los pacientes;

Responsabilidad de los Estados miembros

11.

constata que es necesario encontrar un equilibrio correcto entre, por un lado, el objetivo de continuar desarrollando la cooperación europea, cuya utilidad reconocen todas las partes interesadas y, por otro, el respeto del principio de subsidiariedad, siendo los Estados miembros, o en algunos casos los entes regionales y locales, los garantes del buen funcionamiento de los sistemas sanitarios. Debe señalarse que es preciso aclarar los puntos en la directiva en los que el texto impone a los Estados miembros una serie de adaptaciones de sus sistemas sanitarios nacionales y de sus regímenes de seguridad social, y que conviene clarificar también el alcance de éstos en relación con el principio de subsidiariedad;

12.

se remite a este respecto a la Red de seguimiento de la subsidiariedad (1) constituida en el Comité de las Regiones, la cual, previa consulta a sus participantes, elaboró un informe sobre la propuesta de directiva. Este informe destaca en concreto que la propuesta de directiva podría socavar los mecanismos de gestión de los entes regionales y locales con responsabilidades en materia de prestación de servicios sanitarios;

13.

considera asimismo que no se trata exclusivamente de proteger los derechos que asisten a los ciudadanos en virtud de la legislación comunitaria e informarles de ellos. Debe prestarse además mayor atención a las posibilidades de garantizar un sistema eficaz y accesible que permita a todas las categorías de pacientes estar en situación de ejercer los derechos y elegir las opciones que se les brindan. Es preciso garantizar que las categorías de pacientes más vulnerables puedan ejercer los derechos que les reconoce la legislación comunitaria. Se trata, por ejemplo, de personas de edad avanzada que carecen de conocimientos de lenguas extranjeras o bien de pacientes que no pueden desplazarse por motivos físicos o psíquicos. Incluye también un debate sobre si la institución competente del Estado miembro de afiliación debe reembolsar los costes de viaje y alojamiento durante el tratamiento; el coste total no debería exceder del coste del tratamiento en el Estado miembro de afiliación;

14.

está de acuerdo en que incumbe a los Estados miembros o, en algunos casos, a los entes regionales y locales, la responsabilidad de garantizar el bien funcionamiento de unos sistemas sanitarios que cumplan los principios de universalidad, acceso a unas prestaciones sanitarias de buena calidad, igualdad y solidaridad; también corresponde a los Estados miembros fijar estándares claros en materia de calidad y seguridad de las prestaciones de servicios sanitarios. Además, es importante:

establecer normas que garanticen el cumplimiento de los estándares y su supervisión,

garantizar que los pacientes obtienen la información pertinente (que les permita elegir con conocimiento de causa) en lo que se refiere a tratamientos y cuidados,

proporcionar mecanismos para que los pacientes puedan presentar reclamaciones,

garantizar que los profesionales de la salud dispongan de un seguro de responsabilidad civil,

garantizar un nivel elevado de protección de los datos personales,

garantizar que no se produzcan diferencias de trato a los pacientes, independientemente del Estado miembro de la UE del que sean originarios.

Aunque estos ámbitos de competencia son fundamentales para lograr el objetivo del buen funcionamiento del sistema sanitario, siguen siendo competencia de los Estados miembros o, en algunos casos, de los entes regionales y locales. La propuesta de directiva no debe servir para que se tomen medidas hacia la armonización;

Pese a que las competencias para establecer normas de calidad corresponden a los Estados miembros o, en algunos casos, a las administraciones territoriales competentes, nada impide a los órganos de la Unión Europea dictar recomendaciones tendentes a normalizar esos criterios o a fomentar la cooperación estableciendo redes y servicios de referencia;

15.

valora positivamente que la prestación de servicios sanitarios se realice de acuerdo con las normas y procedimientos del Estado de tratamiento;

Procedimientos de admisión y capacidad de los sistemas sanitarios de los Estados miembros

16.

juzga positivo que se apliquen los procedimientos administrativos vigentes en el Estado miembro de afiliación del paciente en materia de consulta previa y remisión a un colega, siempre y cuando estos procedimientos no tengan consecuencias discriminatorias y no constituyan un obstáculo para la libertad de circulación;

17.

se felicita de que la propuesta de directiva haga hincapié en que los Estados miembros pueden mantener las condiciones, los criterios de admisibilidad y las formalidades reglamentarias y administrativas de carácter general para recibir asistencia sanitaria y el reembolso de los gastos médicos incurridos en otro Estado miembro, como, por ejemplo, la posibilidad de consultar a un médico generalista antes de acudir al especialista;

18.

recomienda que al Estado miembro de afiliación del paciente se le reconozca el derecho incondicional de instituir un sistema general de autorización previa para la hospitalización en otro Estado miembro. Esto permitiría a los Estados miembros organizar el sistema sanitario de manera eficaz y gestionar el problema del flujo de salida y entrada de pacientes. Al mismo tiempo, reduciría el riesgo de que los flujos de pacientes perturben o interfieran en el equilibrio económico de los sistemas de salud de los Estados miembros o de que mermen su capacidad de planificación —en concreto, de planificar la capacidad—, de búsqueda de eficacia y de mejorar la accesibilidad. Es preciso que la directiva de la Comisión establezca un conjunto de criterios que establezcan en qué casos los Estados miembros de afiliación pueden denegar autorización. Si no se fijan criterios se corre el riesgo de restar valor a toda la directiva. Un sistema general de autorización previa facilitaría al Estado miembro de tratamiento la obtención del pago de las prestaciones sanitarias que ha proporcionado. Por último, este sistema contribuiría a centrarse en la evolución de las necesidades del paciente en lo referente, por ejemplo, a la aplicación de los procedimientos de recuperación o de rehabilitación pertinentes una vez concluido el tratamiento;

19.

señala que distinguir entre tratamiento hospitalario y asistencia sanitaria que no requiere hospitalización puede crear problemas porque los métodos de tratamiento varían de un país a otro. Por ese motivo, conviene dejar a los Estados miembros, o en su caso, a las administraciones territoriales competentes, que decidan qué prestaciones deben considerarse cuidados hospitalarios, basándose en los conocimientos y evoluciones más recientes, y en la situación local y regional;

20.

solicita que se pongan en marcha iniciativas que permitan garantizar la utilización transfronteriza de la capacidad y los cuidados sanitarios excedentarios, procurando que estas iniciativas no generen una distribución no deseable de recursos médicos y sanitarios, incluido el personal médico, tanto a nivel nacional como entre los Estados miembros, debida, por ejemplo, a diferencias entre los sistemas de remuneración;

21.

señala que el tratamiento de pacientes de otros Estados miembros no debería ir en detrimento de las posibilidades de un Estado miembro ni de la obligación que le corresponde de prestar asistencia a su propia población;

22.

reconoce en principio la necesidad de instaurar puntos centrales de contacto, cuya única función sea la de informar a los pacientes sobre sus derechos en materia de asistencia sanitaria transfronteriza, a fin de garantizar que los ciudadanos obtengan información pertinente en lo que se refiere a sus derechos. Las tareas de los puntos nacionales de contacto deberán ser llevadas a cabo exclusivamente en estructuras existentes, cuando sea el caso. Los puntos nacionales de contacto no deben operar como entidades jurídicas, sino que deben limitarse a ofrecer información a los pacientes;

Reembolso de los gastos de tratamiento

23.

está de acuerdo en que a los pacientes sólo se les reembolsen aquellas atenciones sanitarias transfronterizas que se les reembolsarían en el sistema de seguridad social de su Estado miembro de afiliación. Valora positivamente la propuesta de la Comisión en cuanto a que los pacientes no puedan obtener ventajas financieras de la asistencia sanitaria prestada en otro Estado miembro;

24.

señala que al correspondiente prestador de servicios médicos en los Estados miembros se le deberían reembolsar íntegramente los gastos en que realmente haya incurrido como consecuencia del tratamiento. El Estado miembro de afiliación sólo está obligado a reembolsar los costes del tratamiento hasta el nivel del importe que habría estado a su cargo si la prestación de cuidados idénticos o comparables hubiera tenido lugar en dicho Estado miembro, sin superar el importe de los costes efectivos que representan los cuidados recibidos. Todo lo que sobrepase ese importe debería estar a cargo del paciente;

25.

señala que en la práctica el reembolso de los costes suele plantear problemas y pide, por tanto, que los Estados miembros puedan adoptar medidas para simplificar o garantizar el pago de los costes de tratamiento. Estas podrían consistir, por ejemplo, en acuerdos entre la seguridad social y los prestadores de servicios médicos o de acuerdos entre los propios Estados miembros, o incluso de medidas para garantizar el pago por parte del paciente;

26.

pide que los derechos de los ciudadanos se clarifiquen en la propuesta de directiva de la Comisión objeto de examen así como en el Reglamento 1408/71 relativo a la aplicación de los regímenes de seguridad social;

Cooperación en el ámbito sanitario

27.

reitera que sólo deben entrar en el ámbito de aplicación del texto propuesto los ámbitos que afectan directamente a los derechos de los pacientes;

28.

señala que los medicamentos se rigen por las legislaciones nacionales y que el Derecho comunitario no puede ir en detrimento de las elevadas normas nacionales en materia de recetas y medicamentos, normas que tienen por objeto garantizar la seguridad de los pacientes. Asimismo, los esfuerzos armonizadores no pueden restringir la capacidad de los Estados miembros de regular su mercado de productos farmacéuticos a fin de lograr la máxima protección de los pacientes, garantizar el equilibrio económico y gestionar el gasto público en medicamentos;

29.

toma nota de que los Estados miembros han de facilitar el desarrollo de redes de referencia de prestadores de asistencia sanitaria, que deberán cooperar en los casos de asistencia sanitaria sumamente especializada que requiera una especial concentración de recursos. Cooperar en categorías concretas de tratamientos generará valor añadido que garantizará la innovación, la calidad y un uso eficaz de los recursos. Sin embargo, es preciso que estas redes de referencia no conviertan en una forma de armonización o de reglamentación de los tratamientos altamente especializados;

30.

señala que las iniciativas de la Comisión en materia de sistemas de información y comunicación que pueden utilizarse entre Estados miembros (interoperabilidad) no deben obstaculizar la aplicación por parte de los Estados miembros de las medidas que consideren apropiadas en este ámbito. Se congratula de que las medidas adoptadas por la Comisión reflejen el desarrollo tecnológico, respeten la protección de datos personales y determinen las normas y terminologías necesarias para garantizar la interoperabilidad;

31.

considera que una cooperación estructurada y coordinada a nivel europeo con vistas a intercambiar experiencias, compartir conocimientos e investigar para hacer progresar las tecnologías de la atención sanitaria puede generar un evidente valor añadido para los Estados miembros; no obstante, estas formas de cooperación no deberían implicar armonización o regulación;

32.

considera esencial el acceso a datos e información válida y de alta calidad. No obstante, conviene procurar que, en la medida de lo posible, la recogida de datos se efectúe a partir de los datos existentes ya compilados por los Estados miembros;

Participación de los entes regionales y locales

33.

recuerda que en numerosos Estados miembros los entes regionales y locales son los responsables de la planificación, gestión, funcionamiento y desarrollo del sector sanitario y que dichos entes se hallan cerca de las preocupaciones del ciudadano; como consecuencia de ello, son factores clave en el ámbito sanitario;

34.

insiste en que las entidades regionales y locales deben participar en las actividades e iniciativas de la Comunidad Europea en el ámbito sanitario;

35.

pide asimismo a los Estados miembros que instauren procedimientos que permitan asociar en una fase temprana a sus entes regionales y locales en el proceso legislativo europeo en el ámbito sanitario;

36.

considera que cuando se constituya el Comité que asistirá a la Comisión en la aplicación de la directiva, deberá contarse con el conocimiento especializado de que disponen los niveles regional y local; el Comité de las Regiones deberá participar en esta empresa;

II.   RECOMENDACIONES DE ENMIENDA

Enmienda 1

Primer visto — Modifíquese:

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo 95,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en particular, su artículo los artículos 152, 95 y 16,

Exposición de motivos

Tal como subraya el ponente en el punto 2 de su dictamen, y como la propia Comisión indica en el primer visto de la propuesta de Directiva, lograr un nivel elevado de protección de la salud humana, tal como se define en el artículo 152 del TCE, constituye el fundamento de la legitimidad política de esta propuesta de Directiva. Por otra parte, cabe subrayar la importancia del papel que desempeñan en materia de salud los servicios de interés económico general a los que hace referencia el artículo 16 del TCE.

Enmienda 2

Añádase un nuevo considerando después del tercero:

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

 

(3 bis)

Las disparidades existentes entre los objetivos de la política sanitaria y los objetivos del mercado interior de servicios obligan, cuando surge un conflicto, a que se dé siempre prioridad a los objetivos de política sanitaria por razones imperiosas de interés público (es decir, salud pública, objetivos de política social, mantenimiento del equilibrio financiero del sistema de seguridad social, etc.).

Enmienda 3

Considerando 10 — Modifíquese de la siguiente manera:

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

(10)

A los efectos de la presente Directiva, el concepto de «asistencia sanitaria transfronteriza» abarca las siguientes modalidades de prestación de asistencia sanitaria:

uso de asistencia sanitaria en el extranjero (es decir, cuando el paciente acude a un prestador de asistencia sanitaria en otro Estado miembro para procurarse un tratamiento); esto es lo que se denomina «movilidad de los pacientes»;

prestación transfronteriza de asistencia sanitaria (es decir, prestación de un servicio desde el territorio de un Estado miembro en el territorio de otro), como los servicios de telemedicina, el diagnóstico y la emisión de recetas remotos, y los servicios de laboratorio;

presencia permanente de un prestador de asistencia sanitaria (es decir, establecimiento de un prestador de asistencia sanitaria en otro Estado miembro); y

presencia temporal de personas (es decir, movilidad de profesionales sanitarios que, por ejemplo, se desplazan temporalmente al Estado miembro del paciente para prestar sus servicios).

(10)

A los efectos de la presente Directiva, el concepto de «asistencia sanitaria transfronteriza» abarca las siguientes modalidades de prestación de asistencia sanitaria:

uso de asistencia sanitaria en el extranjero (es decir, cuando el paciente acude a un prestador de asistencia sanitaria en otro Estado miembro para procurarse un tratamiento); esto es lo que se denomina «movilidad de los pacientes»;

prestación transfronteriza de asistencia sanitaria (es decir, prestación de un servicio desde el territorio de un Estado miembro en el territorio de otro), como los servicios de telemedicina, el diagnóstico y la emisión de recetas remotos, y los servicios de laboratorio;

presencia permanente de un prestador de asistencia sanitaria (es decir, establecimiento de un prestador de asistencia sanitaria en otro Estado miembro); y

presencia temporal de personas (es decir, movilidad de profesionales sanitarios que, por ejemplo, se desplazan temporalmente al Estado miembro del paciente para prestar sus servicios).

Exposición de motivos

El tercer guión del texto propuesto por la Comisión se refiere a una cuestión contemplada en la Directiva no 2006/123/CE del Parlamento Europeo y el Consejo de 12 de diciembre de 2006 relativa a los servicios en el mercado interior. Para evitar redundancias o incertidumbres jurídicas, proponemos pues suprimir este guión.

El cuarto guión del texto propuesto por la Comisión se refiere a una cuestión contemplada en el Reglamento 2005/36/CE de 7 de septiembre de 2005 sobre el reconocimiento de las cualificaciones profesionales. Para evitar redundancias o incertidumbres jurídicas, proponemos también suprimir este guión.

Enmienda 4

Considerando 31 — Modifíquese de la siguiente manera:

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

(31)

Los datos disponibles indican que la aplicación de los principios de la libre circulación en relación con el uso de la asistencia sanitaria en otro Estado miembro dentro de los límites de la cobertura garantizada por el sistema de seguro obligatorio de enfermedad del Estado miembro de afiliación no supondrá menoscabo alguno para los sistemas sanitarios de los Estados miembros ni para la viabilidad financiera de sus sistemas de seguridad social. No obstante, el Tribunal de Justicia ha reconocido que no puede excluirse que el posible riesgo de menoscabar gravemente el equilibrio financiero de un sistema de seguridad social o el objetivo de mantener un servicio médico y hospitalario universal equilibrado puedan constituir razones imperiosas de interés general que puedan justificar una barrera al principio de la libre prestación de servicios. El Tribunal de Justicia ha reconocido, asimismo, que debe ser posible planificar cuestiones como el número de hospitales, su distribución geográfica, la manera en que están organizados y las instalaciones de las que deban dotarse, e incluso la naturaleza de los servicios médicos que puedan ofrecer. La presente Directiva debe establecer un sistema de autorización previa para la asunción de los costes de la asistencia hospitalaria recibida en otro Estado miembro cuando se cumplan las siguientes condiciones: si el tratamiento se hubiera dispensado en su territorio, lo habría asumido su sistema de seguridad social, y el consiguiente flujo de salida de pacientes debido a la puesta en ejecución de la Directiva menoscaba o puede menoscabar seriamente el equilibrio financiero del sistema de seguridad social, o menoscaba o puede menoscabar seriamente no sólo la planificación y la racionalización llevadas a cabo en el sector hospitalario con el fin de evitar el exceso de capacidad hospitalaria, el desequilibrio en la prestación de asistencia hospitalaria y el derroche financiero y logístico, sino también el mantenimiento de un servicio médico y hospitalario universal equilibrado o el mantenimiento de la capacidad de tratamiento o la competencia médica en el territorio del Estado miembro de que se trate. Puesto que la evaluación del impacto preciso que puede tener un flujo previsto de pacientes exige unos supuestos y unos cálculos complejos, la Directiva permite el establecimiento de un sistema de autorización previa si hay razones suficientes para esperar que el sistema de seguridad social sufra un menoscabo serio. En este sentido, deben quedar incluidos los sistemas de autorización previa ya existentes que se ajusten a las condiciones establecidas en el artículo 8.

(31)

Los datos disponibles indican que la aplicación de los principios de la libre circulación en relación con el uso de la asistencia sanitaria en otro Estado miembro dentro de los límites de la cobertura garantizada por el sistema de seguro obligatorio de enfermedad del Estado miembro de afiliación no supondrá menoscabo alguno para los sistemas sanitarios de los Estados miembros ni para la viabilidad financiera de sus sistemas de seguridad social. No obstante, el Tribunal de Justicia ha reconocido que no puede excluirse que el posible riesgo de menoscabar gravemente el equilibrio financiero de un sistema de seguridad social o el objetivo de mantener un servicio médico y hospitalario universal equilibrado puedan constituir razones imperiosas de interés general que puedan justificar una barrera al principio de la libre prestación de servicios. El Tribunal de Justicia ha reconocido, asimismo, que debe ser posible planificar cuestiones como el número de hospitales, su distribución geográfica, la manera en que están organizados y las instalaciones de las que deban dotarse, e incluso la naturaleza de los servicios médicos que puedan ofrecer. La presente Directiva debe establecer un sistema de autorización previa para la asunción de los costes de la asistencia hospitalaria recibida en otro Estado miembro . cuando se cumplan las siguientes condiciones: si el tratamiento se hubiera dispensado en su territorio, lo habría asumido su sistema de seguridad social, y el consiguiente flujo de salida de pacientes debido a la puesta en ejecución de la Directiva menoscaba o puede menoscabar seriamente el equilibrio financiero del sistema de seguridad social, o menoscaba o puede menoscabar seriamente no sólo la planificación y la racionalización llevadas a cabo en el sector hospitalario con el fin de evitar el exceso de capacidad hospitalaria, el desequilibrio en la prestación de asistencia hospitalaria y el derroche financiero y logístico, sino también el mantenimiento de un servicio médico y hospitalario universal equilibrado o el mantenimiento de la capacidad de tratamiento o la competencia médica en el territorio del Estado miembro de que se trate. Puesto que la evaluación del impacto preciso que puede tener un flujo previsto de pacientes exige unos supuestos y unos cálculos complejos, la Directiva permite el establecimiento de un sistema de autorización previa si hay razones suficientes para esperar que el sistema de seguridad social sufra un menoscabo serio. En este sentido, deben quedar incluidos los sistemas de autorización previa ya existentes que se ajusten a las condiciones establecidas en el artículo 8. Es necesario un sistema de autorización previa para garantizar a los pacientes transfronterizos que recibirán asistencia sanitaria y que serán reembolsados por la seguridad social del país en el que residan. Este sistema de autorización previa es conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia. Es necesario un sistema de autorización previa para garantizar a los pacientes transfronterizos que recibirán asistencia sanitaria y que serán reembolsados por la seguridad social del país en el que residan. Este sistema de autorización previa es conforme a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia.

Exposición de motivos

1)

¿Cuáles son los «datos disponibles sobre la aplicación de los principios de la libre circulación en relación con el uso de la asistencia sanitaria en otro Estado miembro»? En todo caso, no debe darse a entender que el objetivo de la propuesta de Directiva es fomentar la libre circulación de los pacientes.

2)

La segunda parte de la enmienda se explica por sí sola.

Enmienda 5

Artículo 1 — Objetivo — Modifíquese de la siguiente manera:

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del Comité de las Regiones

La presente Directiva establece un marco general para la prestación de asistencia sanitaria transfronteriza segura, de gran calidad y eficaz.

La presente Directiva establece un marco general para la prestación de el acceso a una asistencia sanitaria transfronteriza, segura, de gran calidad y eficaz teniendo en cuenta que es responsabilidad de los Estados miembros organizar y prestar asistencia sanitaria y cuidados médicos.

Exposición de motivos

Es importante señalar claramente de entrada que la propuesta de directiva respeta el hecho de que la responsabilidad en materia de sanidad pública corresponde exclusivamente a los Estados miembros y que la intervención de la Comunidad complementará las políticas nacionales en el ámbito de la sanidad.

Enmienda 6

Artículo 2 — Ámbito de aplicación — Modifíquese así:

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 2 –   Ámbito de aplicación

La presente Directiva se aplicará a la prestación de asistencia sanitaria con independencia de la manera en que esta se organice, se suministre y se financie o de que sea pública o privada.

Artículo 2 –   Ámbito de aplicación

La presente Directiva se aplicará a la prestación de al acceso transfronterizo de pacientes individuales a la asistencia sanitaria con independencia de la manera en que esta se organice, se suministre y se financie o de que sea pública o privada.

Exposición de motivos

Se considera innecesaria.

Enmienda 7

Artículo 4 — Definiciones – letra b) — Suprímase la última parte:

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 4–   Definiciones

(b)

«asistencia sanitaria transfronteriza», la asistencia sanitaria prestada en un Estado miembro distinto de aquel en el que el paciente sea una persona asegurada, o la asistencia sanitaria prestada en un Estado miembro distinto de aquel en el que el prestador de asistencia sanitaria resida, esté registrado o esté establecido;

Artículo 4–   Definiciones

(b)

«asistencia sanitaria transfronteriza», la asistencia sanitaria prestada en un Estado miembro distinto de aquel en el que el paciente sea una persona asegurada, o la asistencia sanitaria prestada en un Estado miembro distinto de aquel en el que el prestador de asistencia sanitaria resida, esté registrado o esté establecido;

Exposición de motivos

Lo que cuenta no es el país en que esté establecido el prestador de asistencia sanitaria, sino el país de afiliación del paciente.

Enmienda 8

Artículo 4 — Definiciones – letra d) — Modifíquese de la siguiente manera:

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 4.   Definiciones

d)

«profesional sanitario», todo doctor en medicina, enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, matrona o farmacéutico a tenor de lo dispuesto en la Directiva 2005/36/CE u otro profesional que ejerza actividades en el sector de la asistencia sanitaria que estén restringidas a una profesión regulada según se define en el artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 2005/36/CE;

Artículo 4.   Definiciones

d)

«profesional sanitario», todo doctor en medicina médico, enfermero responsable de cuidados generales, odontólogo, matrona o farmacéutico a tenor de lo dispuesto en la Directiva 2005/36/CE u otro profesional que ejerza actividades en el sector de la asistencia sanitaria que estén restringidas a una profesión regulada según se define en el artículo 3, apartado 1, letra a), de la Directiva 2005/36/CE;

Exposición de motivos

Debería hablarse de «médicos», ya que en varios Estados, entre ellos España, el postgrado académico de doctor no es necesario para ejercer la medicina.

Enmienda 9

Artículo 5 — Responsabilidades de las autoridades del Estado miembro de tratamiento — Modifíquese el título:

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 5–

Responsabilidades de las autoridades del Estado miembro de tratamiento

Artículo 5–

Responsabilidades de las autoridades del Estado miembro de tratamiento de los Estados miembros

Exposición de motivos

El artículo 5 también aborda las responsabilidades de los Estados de afiliación.

Enmienda 10

Artículo 5 — Responsabilidades de las autoridades del Estado miembro de tratamiento — Modifíquese

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del Comité de las Regiones

Artículo 5–   Responsabilidades de las autoridades del Estado miembro de tratamiento

1.

Los Estados miembros de tratamiento serán responsables de la organización y la prestación de la asistencia sanitaria. En este contexto, y teniendo en cuenta los principios de universalidad, acceso a una atención de calidad, equidad y solidaridad, definirán normas de calidad y seguridad claras para la asistencia sanitaria dispensada en su territorio, y velarán por que:

a)

se disponga de mecanismos para garantizar que los prestadores de asistencia sanitaria son capaces de cumplir estas normas, teniendo en cuenta la ciencia médica internacional y las buenas prácticas médicas generalmente reconocidas;

b)

se efectúe un seguimiento regular de la aplicación de estas normas por los prestadores de asistencia sanitaria en la práctica y se tomen medidas correctivas cuando no se cumplan las normas pertinentes, teniendo en cuenta los avances en la ciencia médica y las tecnologías sanitarias;

c)

los prestadores de asistencia sanitaria proporcionen toda la información pertinente que permita a los pacientes elegir con conocimiento de causa, sobre todo en relación con la disponibilidad, los precios y los resultados de la asistencia sanitaria prestada, así como los datos relativos a la cobertura de su seguro u otros medios de protección personal o colectiva en relación con la responsabilidad profesional;

d)

los pacientes dispongan de medios para formular quejas y se les garanticen vías de recurso e indemnizaciones cuando sufran daños derivados de la asistencia sanitaria que reciban;

e)

para los tratamientos dispensados en su territorio, se disponga de sistemas de seguro de responsabilidad profesional o de mecanismos similares que sean equivalentes o esencialmente comparables en cuanto a su finalidad y adecuados a la naturaleza y el alcance del riesgo;

f)

el derecho fundamental a la privacidad con respecto al tratamiento de los datos personales quede protegido de conformidad con las medidas nacionales de aplicación de las disposiciones comunitarias relativas a la protección de los datos personales, en particular las Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE;

g)

los pacientes procedentes de otros Estados miembros recibirán el mismo trato que los nacionales del Estado miembro de tratamiento, lo que incluye la protección contra la discriminación que se establezca conforme al Derecho comunitario y a la legislación nacional vigente en el Estado miembro de tratamiento.

2.

Todas las medidas que adopten los Estados miembros en aplicación del presente artículo respetarán las disposiciones de la Directiva 2005/36/CE, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, y la Directiva 2000/31/CE, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico.

3.

En la medida en que sea necesario para facilitar la prestación de la asistencia sanitaria transfronteriza, y basándose en un elevado nivel de protección de la salud, la Comisión desarrollará, en colaboración con los Estados miembros, directrices para facilitar la aplicación del apartado 1.

Artículo 5–   Responsabilidades de las autoridades del Estado miembro de tratamiento de los Estados miembros

1.

Los Estados miembros de tratamiento serán responsables de la organización y la prestación de la asistencia sanitaria. En este contexto, y Ésta se llevará a cabo teniendo en cuenta los principios de universalidad, acceso a una atención de calidad, equidad y solidaridad, y garantizando definirán normas de calidad y seguridad claras para la asistencia sanitaria dispensada en su territorio, y velarán por que:

a)

se disponga de mecanismos para garantizar que los prestadores de asistencia sanitaria son capaces de cumplir estas normas, teniendo en cuenta la ciencia médica internacional y las buenas prácticas médicas generalmente reconocidas;

b)

se efectúe un seguimiento regular de la aplicación de estas normas por los prestadores de asistencia sanitaria en la práctica y se tomen medidas correctivas cuando no se cumplan las normas pertinentes, teniendo en cuenta los avances en la ciencia médica y las tecnologías sanitarias;

c)

los prestadores de asistencia sanitaria proporcionen toda la información pertinente que permita a los pacientes elegir con conocimiento de causa, sobre todo en relación con la disponibilidad, los precios y los resultados de la asistencia sanitaria prestada, así como los datos relativos a la cobertura de su seguro u otros medios de protección personal o colectiva en relación con la responsabilidad profesional;

d)

los pacientes dispongan de medios para formular quejas y se les garanticen vías de recurso e indemnizaciones cuando sufran daños derivados de la asistencia sanitaria que reciban;

e)

para los tratamientos dispensados en su territorio, se disponga de sistemas de seguro de responsabilidad profesional o de mecanismos similares que sean equivalentes o esencialmente comparables en cuanto a su finalidad y adecuados a la naturaleza y el alcance del riesgo;

a)

el derecho fundamental a la privacidad con respecto al tratamiento de los datos personales quede protegido de conformidad con las medidas nacionales de aplicación de las disposiciones comunitarias relativas a la protección de los datos personales, en particular las Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE;

b)

los pacientes procedentes de otros Estados miembros recibirán el mismo trato que los nacionales del Estado miembro de tratamiento, lo que incluye la protección contra la discriminación que se establezca conforme al Derecho comunitario y a la legislación nacional vigente en el Estado miembro de tratamiento.

2.

Todas las medidas que adopten los Estados miembros en aplicación del presente artículo respetarán las disposiciones de la Directiva 2005/36/CE, relativa al reconocimiento de cualificaciones profesionales, y la Directiva 2000/31/CE, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio electrónico.

3.

En la medida en que sea necesario para facilitar la prestación de la asistencia sanitaria transfronteriza, y basándose en un elevado nivel de protección de la salud, la Comisión desarrollará, en colaboración con los Estados miembros, directrices para facilitar la aplicación del apartado 1.

Exposición de motivos

El artículo 5 se refiere también a las responsabilidades del Estado miembro de afiliación.

El motivo de la propuesta de enmienda al artículo 5 es ante todo que la organización y prestación de servicios sanitarios y el tratamiento médico es responsabilidad plena de los Estados miembros (cfr. artículo 152 del TCE).

Al exigir que los sistemas nacionales de salud cumplan una serie de requisitos como, por ejemplo, la introducción de normas de calidad y mecanismos de supervisión en sistemas nacionales sanitarios, la Comisión se entromete en los sistemas nacionales de salud y hace caso omiso del artículo 152 TCE.

Enmienda 11

Artículo 6 — Apartados 1 y 2 — Modifíquese de la siguiente manera:

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 6–   Asistencia sanitaria dispensada en otro Estado miembro

1.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Directiva, en particular en sus artículos 7, 8 y 9, el Estado miembro de afiliación velará por que a las personas aseguradas que se desplacen a otro Estado miembro con el propósito de recibir allí asistencia sanitaria o que deseen recibir asistencia sanitaria dispensada en otro Estado miembro no se les impida recibir la asistencia sanitaria prestada en otro Estado miembro cuando el tratamiento en cuestión se encuentre entre las prestaciones contempladas por la legislación del Estado miembro de afiliación a las que tenga derecho la persona asegurada. El Estado miembro de afiliación reembolsará a la persona asegurada los costes que habrían sido abonados por su sistema obligatorio de seguridad social si se hubiese prestado la misma asistencia sanitaria u otra similar en su territorio. En cualquier caso, compete al Estado miembro de afiliación determinar la asistencia sanitaria que se ha de abonar con independencia del lugar en que se preste.

2.

El Estado miembro de afiliación reembolsará los costes de la asistencia sanitaria prestada en otro Estado miembro conforme a lo dispuesto en la presente Directiva hasta el nivel que se habría asumido de haberse prestado la misma asistencia sanitaria u otra similar en el propio Estado miembro de afiliación, sin rebasar los costes reales de la asistencia sanitaria recibida.

Artículo 6–   Asistencia sanitaria dispensada en otro Estado miembro

1.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Directiva, en particular en sus artículos 7, 8 y 9, el Estado miembro de afiliación velará por que a las personas aseguradas que se desplacen a otro Estado miembro con el propósito de recibir allí asistencia sanitaria o que deseen recibir asistencia sanitaria dispensada en otro Estado miembro no se les impida recibir la asistencia sanitaria prestada en otro Estado miembro cuando eEl tratamiento en cuestión se encuentre deberá encontrarse entre las prestaciones contempladas por la legislación del Estado miembro de afiliación a las que tenga derecho la persona asegurada. Por último, será requisito indispensable que el tratamiento en cuestión no pueda administrarse sin un retraso indebido en el Estado miembro de afiliación. El organismo competente del Estado miembro de afiliación reembolsará a la persona asegurada los costes que habrían sido abonados por su sistema obligatorio de seguridad social si se hubiese prestado la misma asistencia sanitaria u otra similar en su territorio. En cualquier caso, compete al Estado miembro de afiliación determinar la asistencia sanitaria que se ha de abonar con independencia del lugar en que se preste.

2.

El organismo competente del Estado miembro de afiliación reembolsará los costes de la asistencia sanitaria prestada en otro Estado miembro conforme a lo dispuesto en la presente Directiva hasta el nivel que se habría asumido de haberse prestado la misma asistencia sanitaria u otra similar en el propio Estado miembro de afiliación, sin rebasar los costes reales de la asistencia sanitaria recibida.

Exposición de motivos

La Propuesta de directiva pretende aclarar los derechos de los pacientes a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidades Europeas.

La expresión «sin un retraso indebido» figura en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (véanse las sentencias Watts e Inizan) y, por consiguiente, debe emplearse asimismo en la Propuesta de Directiva. Con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la asistencia dispensada en un Estado miembro distinto de aquel en el que está establecido el organismo de seguridad social al que está afiliado el interesado sólo podrá dispensarse en la medida en que el Estado miembro en el que reside el paciente no pueda dispensarle el tratamiento apropiado sin un retraso indebido. El concepto de retraso indebido debe interpretarse basándose en las consideraciones de carácter clínico específicas de cada caso concreto.

Mediante las demás modificaciones se precisa que los costes no los reembolsará el Estado miembro sino el o los organismos de la seguridad social competentes y que no sólo deberán reembolsarse los costes cubiertos por los regímenes obligatorios de seguridad social sino también los cubiertos por los sistemas sanitarios financiados con cargo a los fondos del Estado.

Enmienda 12

Artículo 6 — Apartados 3 y 4 — Añádanse dos apartados:

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del CDR

Artículo 6–   Asistencia sanitaria dispensada en otro Estado miembro

1.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Directiva, en particular en sus artículos 7, 8 y 9, el Estado miembro de afiliación velará por que a las personas aseguradas que se desplacen a otro Estado miembro con el propósito de recibir allí asistencia sanitaria o que deseen recibir asistencia sanitaria dispensada en otro Estado miembro no se les impida recibir la asistencia sanitaria prestada en otro Estado miembro cuando el tratamiento en cuestión se encuentre entre las prestaciones contempladas por la legislación del Estado miembro de afiliación a las que tenga derecho la persona asegurada. El Estado miembro de afiliación reembolsará a la persona asegurada los costes que habrían sido abonados por su sistema obligatorio de seguridad social si se hubiese prestado la misma asistencia sanitaria u otra similar en su territorio. En cualquier caso, compete al Estado miembro de afiliación determinar la asistencia sanitaria que se ha de abonar con independencia del lugar en que se preste.

2.

El Estado miembro de afiliación reembolsará los costes de la asistencia sanitaria prestada en otro Estado miembro conforme a lo dispuesto en la presente Directiva hasta el nivel que se habría asumido de haberse prestado la misma asistencia sanitaria u otra similar en el propio Estado miembro de afiliación, sin rebasar los costes reales de la asistencia sanitaria recibida.

3.

El Estado miembro de afiliación podrá imponer al paciente que desee procurarse asistencia sanitaria dispensada en otro Estado miembro las mismas condiciones, criterios de admisibilidad y formalidades reglamentarias y administrativas para recibir esta asistencia y para el reembolso de los costes de ella derivados que le habría impuesto de haberse dispensado la misma asistencia sanitaria u otra similar en su territorio, en la medida en que éstas no sean discriminatorias y no constituyan un obstáculo para la libre circulación de las personas.

4.

Los Estados miembros dispondrán de un mecanismo para el cálculo de los costes que el sistema obligatorio de seguridad social deberá reembolsar a la persona asegurada por la asistencia sanitaria dispensada en otro Estado miembro. Este mecanismo se basará en criterios objetivos y no discriminatorios conocidos de antemano y los costes reembolsados conforme a dicho mecanismo no serán inferiores a los que se habrían asumido de haberse dispensado la misma asistencia sanitaria u otra similar en el territorio del Estado miembro de afiliación.

5.

A los pacientes que se desplacen a otro Estado miembro con el propósito de recibir allí asistencia sanitaria o que deseen procurarse asistencia sanitaria dispensada en otro Estado miembro se les garantizará el acceso a su historial médico, de conformidad con las medidas nacionales de aplicación de las disposiciones comunitarias sobre la protección de los datos personales, en particular las Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE.

Artículo 6–   Asistencia sanitaria dispensada en otro Estado miembro

1.

Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Directiva, en particular en sus artículos 7, 8 y 9, el Estado miembro de afiliación velará por que a las personas aseguradas que se desplacen a otro Estado miembro con el propósito de recibir allí asistencia sanitaria o que deseen recibir asistencia sanitaria dispensada en otro Estado miembro no se les impida recibir la asistencia sanitaria prestada en otro Estado miembro cuando el tratamiento en cuestión se encuentre entre las prestaciones contempladas por la legislación del Estado miembro de afiliación a las que tenga derecho la persona asegurada. El Estado miembro de afiliación reembolsará a la persona asegurada los costes que habrían sido abonados por su sistema obligatorio de seguridad social si se hubiese prestado la misma asistencia sanitaria u otra similar en su territorio. En cualquier caso, compete al Estado miembro de afiliación determinar la asistencia sanitaria que se ha de abonar con independencia del lugar en que se preste.

2.

El Estado miembro de afiliación reembolsará los costes de la asistencia sanitaria prestada en otro Estado miembro conforme a lo dispuesto en la presente Directiva hasta el nivel que se habría asumido de haberse prestado la misma asistencia sanitaria u otra similar en el propio Estado miembro de afiliación, sin rebasar los costes reales de la asistencia sanitaria recibida.

3.

El organismo responsable del tratamiento será objeto del reembolso de todos los costes en que realmente se haya incurrido en relación con el tratamiento (costes totales).

4.

Los Estados miembros podrán adoptar medidas para simplificar o garantizar el pago de los costes de tratamiento.

3. 5.

El Estado miembro de afiliación podrá imponer al paciente que desee procurarse asistencia sanitaria dispensada en otro Estado miembro las mismas condiciones, criterios de admisibilidad y formalidades reglamentarias y administrativas para recibir esta asistencia y para el reembolso de los costes de ella derivados que le habría impuesto de haberse dispensado la misma asistencia sanitaria u otra similar en su territorio, en la medida en que éstas no sean discriminatorias y no constituyan un obstáculo para la libre circulación de las personas.

4. 6.

Los Estados miembros dispondrán de un mecanismo para el cálculo de los costes que el sistema obligatorio de seguridad social deberá reembolsar a la persona asegurada por la asistencia sanitaria dispensada en otro Estado miembro. Este mecanismo se basará en criterios objetivos y no discriminatorios conocidos de antemano y los costes reembolsados conforme a dicho mecanismo no serán inferiores a los que se habrían asumido de haberse dispensado la misma asistencia sanitaria u otra similar en el territorio del Estado miembro de afiliación.

5. 7.

A los pacientes que se desplacen a otro Estado miembro con el propósito de recibir allí asistencia sanitaria o que deseen procurarse asistencia sanitaria dispensada en otro Estado miembro se les garantizará el acceso a su historial médico, de conformidad con las medidas nacionales de aplicación de las disposiciones comunitarias sobre la protección de los datos personales, en particular las Directivas 95/46/CE y 2002/58/CE.

Exposición de motivos

En las disposiciones de la propuesta de Directiva no se abordan en absoluto las reglamentaciones relativas al reembolso del Estado miembro de tratamiento ni la cuestión práctica del pago. Por ello, la inserción del nuevo apartado 3 en el artículo 6 de la Directiva tiene por objeto garantizar la estabilidad financiera y seguridad de la asistencia del sistema del Estado miembro de tratamiento –es decir, que todos los costes en que se haya incurrido en relación con el tratamiento se reembolsarán a dicho Estado miembro– y plasmar en él la petición que se formula en el punto 24 del dictamen. El nuevo apartado 4 dará al Estado miembro la posibilidad de reglamentar la modalidad de pago de los costes de tratamiento o de garantizar el pago efectivo.

Enmienda 13

Artículo 8 — Asistencia hospitalaria especializada — Modifíquese

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del Comité de las Regiones

1.

A los efectos del reembolso de la asistencia sanitaria dispensada en otro Estado miembro de conformidad con la presente Directiva, por asistencia hospitalaria se entenderá:

a)

la asistencia sanitaria que requiera el ingreso del paciente en cuestión durante, como mínimo, una noche;

b)

la asistencia sanitaria, incluida en una lista específica, que no requiera el ingreso del paciente durante, como mínimo, una noche; esta lista se limitará a:

la asistencia sanitaria que requiera el uso de infraestructuras o equipos médicos sumamente especializados y costosos; o

la asistencia sanitaria que entrañe tratamientos que presenten un riesgo particular para el paciente o la población.

2.

La Comisión confeccionará y podrá actualizar regularmente dicha lista. Esas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva completándola, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 19, apartado 3.

3.

El Estado miembro de afiliación podrá establecer un sistema de autorización previa para el reembolso por parte de su sistema de seguridad social del coste de la asistencia hospitalaria prestada en otro Estado miembro cuando se cumplan las condiciones siguientes:

a)

si la asistencia sanitaria se hubiera dispensado en su territorio, habría sido asumida por el sistema de seguridad social del Estado miembro en cuestión, y

b)

el objetivo del sistema es hacer frente al consiguiente flujo de salida de pacientes debido a la puesta en ejecución del presente artículo e impedir que menoscabe o pueda menoscabar seriamente:

i)

el equilibrio financiero del sistema de seguridad social del Estado miembro,

ii)

la planificación y la racionalización llevadas a cabo en el sector hospitalario con el fin de evitar el exceso de capacidad hospitalaria, el desequilibrio en la prestación de asistencia hospitalaria y el derroche financiero y logístico, así como el mantenimiento de un servicio médico y hospitalario universal equilibrado o el mantenimiento de la capacidad de tratamiento o la competencia médica en el territorio del Estado miembro de que se trate.

4.

El sistema de autorización previa se limitará a lo que sea necesario y proporcionado para evitar este impacto y no constituirá un medio de discriminación arbitraria.

5.

El Estado miembro hará pública toda la información pertinente sobre los sistemas de autorización previa introducidos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3.

1.

A los efectos del reembolso de la asistencia sanitaria dispensada en otro Estado miembro de conformidad con la presente Directiva, por asistencia hospitalaria se entenderá:

a)

la asistencia sanitaria que requiera el ingreso del paciente en cuestión durante, como mínimo, una noche;

b)

la asistencia sanitaria, incluida en una lista específica, que no requiera el ingreso del paciente durante, como mínimo, una noche; esta lista se limitará a podrá incluir:

la asistencia sanitaria que requiera el uso de infraestructuras o equipos médicos sumamente especializados y costosos; o

la asistencia sanitaria que entrañe tratamientos que presenten un riesgo particular para el paciente o la población.

c)

otros tipos de tratamiento que sea preferible, habida cuenta de la naturaleza de la enfermedad, administrar en régimen hospitalario.

2.

Cada Estado miembro La Comisión confeccionará y podrá actualizar regularmente dicha lista. Esas medidas, destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva completándola, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 19, apartado 3. para adaptarse a los sistemas sanitarios de los Estados miembros.

3.

El Estado miembro de afiliación podrá tendrá la posibilidad de establecer un sistema general de autorización previa para el reembolso por parte de su sistema de seguridad social del coste de la asistencia hospitalaria prestada en otro Estado miembro cuando se cumplan las condiciones siguientes:

a)

si la asistencia sanitaria se hubiera dispensado en su territorio, habría sido asumida por el sistema de seguridad social del Estado miembro en cuestión, y

b)

el objetivo del sistema es hacer frente al consiguiente flujo de salida de pacientes debido a la puesta en ejecución del presente artículo e impedir que menoscabe o pueda menoscabar seriamente:

i)

el equilibrio financiero del sistema de seguridad social del Estado miembro,

ii)

la planificación y la racionalización llevadas a cabo en el sector hospitalario con el fin de evitar el exceso de capacidad hospitalaria, el desequilibrio en la prestación de asistencia hospitalaria y el derroche financiero y logístico, así como el mantenimiento de un servicio médico y hospitalario universal equilibrado o el mantenimiento de la capacidad de tratamiento o la competencia médica en el territorio del Estado miembro de que se trate.

4.

El sistema de autorización previa se limitará a lo que sea necesario y proporcionado para proteger los derechos de los pacientes y garantizar la planificación y la dotación de los cuidados hospitalarios y no constituirá un medio de discriminación arbitraria.

5.

La prestación de asistencia sanitaria planificada a pacientes de otros Estados miembros no deberá menoscabar las posibilidades ni la obligación de los Estados miembros de prestar asistencia a sus propios ciudadanos.

6.

El Estado miembro hará pública toda la información pertinente sobre los sistemas de autorización previa introducidos con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3.

Exposición de motivos

No es posible elaborar una lista exhaustiva a nivel comunitario de los tipos de cuidados que pueden calificarse de asistencia hospitalaria porque cada país organiza de manera diferente su sistema de asistencia sanitaria.

Por lo que atañe a la autorización previa (apartado 3), cabe pensar que la disposición no se ajusta al artículo 152 del TCE. De hecho, la movilidad de los pacientes entre países miembros representa sólo una pequeña parte del número total de pacientes que se benefician de prestaciones de cuidados sanitarios, pero cabe prever que, en caso de aprobación de la directiva, la movilidad de los pacientes aumente; en especial, en las zonas fronterizas y para determinados tipos de tratamiento, como las intervenciones quirúrgicas programadas sin urgencia.

Así pues, se propone crear un sistema general de autorización previa para los cuidados hospitalarios, que permita a los Estados miembros gestionar y planificar estas situaciones con relación a la organización global del sistema sanitario. Los Estados miembros donde se lleve a efecto el tratamiento tendrían así una mejor garantía de recibir el pago que se les debe para prestaciones realizadas, ya que los pacientes habrían recibido un compromiso por parte de su Estado miembro de afiliación acerca del tratamiento de que se trata.

Por último, un sistema de autorización previa contribuirá a que los pacientes reciban una atención conveniente y a que el tratamiento responda a una necesidad y se efectúe en total seguridad para el paciente. Ello contribuirá a dar confianza a los pacientes en relación con los tratamientos que recibe en otro Estado miembro de la UE brindándoles una garantía del correcto seguimiento de su tratamiento.

Finalmente, debe señalarse que es necesario dejar abierta a los Estados miembros donde se efectúa el tratamiento la posibilidad de rechazar pacientes por motivos de capacidad. Esto es imprescindible si se pretende organizar y administrar correctamente los sistemas sanitarios nacionales.

Enmienda 14

Artículo 12 — Puntos nacionales de contacto para la asistencia sanitaria transfronteriza — Modifíquese de la siguiente manera:

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del Comité de las Regiones

1.

Los Estados miembros designarán puntos nacionales de contacto para la asistencia sanitaria transfronteriza y comunicarán sus nombres y datos de contacto a la Comisión.

2.

El punto nacional de contacto en el Estado miembro de afiliación, en estrecha cooperación con otras autoridades nacionales competentes y con los puntos nacionales de contacto de otros Estados miembros, en particular del Estado miembro de tratamiento, y con la Comisión:

a)

facilitará y difundirá información a los pacientes, en particular sobre sus derechos relacionados con la asistencia sanitaria transfronteriza y las garantías de calidad y seguridad, la protección de los datos personales, los procedimientos para la presentación de reclamaciones y las vías de reparación disponibles para la asistencia sanitaria prestada en otro Estado miembro, así como sobre las condiciones aplicables;

b)

ayudará a los pacientes a proteger sus derechos y a procurarse las vías de reparación adecuadas en el caso de daños causados por el uso de asistencia sanitaria en otro Estado miembro; el punto nacional de contacto informará en particular a los pacientes sobre las opciones disponibles para la resolución de litigios, y les ayudará a determinar el mecanismo de resolución extrajudicial más adecuado para el caso específico y a efectuar el seguimiento de su litigio en caso necesario;

c)

recopilará información detallada sobre los organismos nacionales que se ocupan de la resolución extrajudicial de litigios y facilitará la cooperación con dichos organismos;

d)

facilitará el desarrollo de un sistema internacional de resolución extrajudicial de los litigios derivados de la asistencia sanitaria transfronteriza.

3.

De conformidad con el procedimiento al que se refiere el artículo 19, apartado 2, la Comisión:

a)

adoptará las medidas necesarias para la gestión de la red de los puntos nacionales de contacto contemplados en el presente artículo;

b)

determinará el carácter y el tipo de datos que deben recopilarse e intercambiarse dentro de la red;

c)

adoptará directrices relativas a la información destinada a los pacientes contemplada en el apartado 2, letra a), del presente artículo.

1.

Los Estados miembros designarán puntos nacionales de contacto para la asistencia sanitaria transfronteriza y comunicarán sus nombres y datos de contacto a la Comisión.

2.

El punto nacional de contacto en el Estado miembro de afiliación, en estrecha cooperación con otras autoridades nacionales competentes y con los puntos nacionales de contacto de otros Estados miembros, en particular del Estado miembro de tratamiento, y con la Comisión:

a)

facilitará y difundirá información a los pacientes, en particular sobre sus derechos relacionados con la asistencia sanitaria transfronteriza y las garantías de calidad y seguridad, la protección de los datos personales, los procedimientos para la presentación de reclamaciones y las vías de reparación disponibles para la asistencia sanitaria prestada en otro Estado miembro, así como sobre las condiciones aplicables;

b)

ayudará a los pacientes a proteger sus derechos y a procurarse las vías de reparación adecuadas en el caso de daños causados por el uso de asistencia sanitaria en otro Estado miembro; el punto nacional de contacto informará en particular a los pacientes sobre las opciones disponibles para la resolución de litigios, y les ayudará a determinar el mecanismo de resolución extrajudicial más adecuado para el caso específico y a efectuar el seguimiento de su litigio en caso necesario;

c)

recopilará información detallada sobre los organismos nacionales que se ocupan de la resolución extrajudicial de litigios y facilitará la cooperación con dichos organismos;

d)

facilitará el desarrollo de un sistema internacional de resolución extrajudicial de los litigios derivados de la asistencia sanitaria transfronteriza.

3.

De conformidad con el procedimiento al que se refiere el artículo 19, apartado 2, la Comisión:

a)

adoptará las medidas necesarias para la gestión de la red de los puntos nacionales de contacto contemplados en el presente artículo;

b)

determinará el carácter y el tipo de datos que deben recopilarse e intercambiarse dentro de la red;

c)

adoptará directrices relativas a la información destinada a los pacientes contemplada en el apartado 2, letra a), del presente artículo.

Exposición de motivos

Es esencial que los pacientes reciban la información necesaria sobre las posibilidades de tratamiento en otro Estado miembro de la UE. Ahora bien, la obligación de facilitar información que la propuesta de directiva encomienda a los Estados miembros se define de manera muy amplia y cabe valorar que sería muy difícil de llevar a la práctica. Por añadidura, no queda claro de qué modo los puntos de nacionales contacto tienen una obligación jurídica en la resolución de conflictos. Por ello, el papel y las competencias de los puntos nacionales de contacto deberían describirse con mayor claridad.

Enmienda 15

Artículo 15 — Redes europeas de referencia — Suprímase

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del Comité de las Regiones

Los Estados miembros facilitarán el desarrollo de las redes europeas de referencia de prestadores de asistencia sanitaria. Dichas redes estarán abiertas, en todo momento, a los nuevos prestadores de asistencia sanitaria que deseen incorporarse a ellas, siempre que cumplan todas las condiciones y los criterios requeridos.

2.

Los objetivos de las redes europeas de referencia serán los siguientes:

a)

contribuir a aprovechar el potencial de la cooperación europea en materia de asistencia sanitaria sumamente especializada para los pacientes y los sistemas de asistencia sanitaria, a partir de las innovaciones en la ciencia médica y las tecnologías sanitarias;

b)

ayudar a promover el acceso a una asistencia sanitaria de gran calidad y rentable para todos los pacientes cuya afección requiera una particular concentración de recursos o conocimientos especializados;

c)

rentabilizar al máximo los recursos concentrándolos donde sea pertinente;

d)

contribuir a la puesta en común de los conocimientos y a la oferta de formación para los profesionales sanitarios;

e)

facilitar patrones de referencia en materia de calidad y seguridad y contribuir a desarrollar y difundir las mejores prácticas dentro y fuera de la red;

f)

ayudar a los Estados miembros donde no haya un número suficiente de pacientes con una afección concreta, o que carezcan de la tecnología o los conocimientos especializados necesarios, a prestar una completa gama de servicios sumamente especializados de la máxima calidad posible.

3.

La Comisión adoptará:

a)

una lista de las condiciones y los criterios específicos que deben cumplir las redes europeas de referencia, incluidas las condiciones y los criterios exigidos a los prestadores de asistencia sanitaria que deseen ingresar en dichas redes, a fin de garantizar, en particular, que las redes europeas de referencia:

i)

disponen de las capacidades adecuadas para diagnosticar, hacer el seguimiento y gestionar a los pacientes, con pruebas que demuestren unos buenos resultados, en la medida en que esta condición sea aplicable;

ii)

disponen de la capacidad y el nivel de actividad suficientes para prestar los servicios pertinentes y mantener la calidad de los servicios prestados;

iii)

disponen de capacidad para ofrecer asesoramiento experto, emitir o confirmar un diagnóstico, elaborar directrices sobre buenas prácticas y adherirse a ellas, aplicar medidas basadas en resultados y llevar a cabo un control de calidad;

iv)

pueden demostrar que aplican un enfoque multidisciplinar;

v)

proporcionan un elevado nivel de conocimientos especializados y experiencia, documentado mediante publicaciones, becas o cargos honoríficos y actividades de docencia y formación;

vi)

contribuyen intensamente a la investigación;

vii)

participan en actividades de vigilancia epidemiológica, por ejemplo, en registros;

viii)

mantienen vínculos estrechos y colaboran con otros centros y redes de expertos nacionales e internacionales y cuentan con capacidad para trabajar en red;

ix)

mantienen vínculos estrechos y colaboran con asociaciones de pacientes en los lugares en los que existen tales asociaciones;

b)

el procedimiento para establecer las redes europeas de referencia.

4.

Las medidas a las que se refiere el apartado 3, destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva completándola, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 19, apartado 3.

Los Estados miembros facilitarán el desarrollo de las redes europeas de referencia de prestadores de asistencia sanitaria. Dichas redes estarán abiertas, en todo momento, a los nuevos prestadores de asistencia sanitaria que deseen incorporarse a ellas, siempre que cumplan todas las condiciones y los criterios requeridos.

2.

Los objetivos de las redes europeas de referencia serán los siguientes:

a)

contribuir a aprovechar el potencial de la cooperación europea en materia de asistencia sanitaria sumamente especializada para los pacientes y los sistemas de asistencia sanitaria, a partir de las innovaciones en la ciencia médica y las tecnologías sanitarias;

b)

ayudar a promover el acceso a una asistencia sanitaria de gran calidad y rentable para todos los pacientes cuya afección requiera una particular concentración de recursos o conocimientos especializados;

c)

rentabilizar al máximo los recursos concentrándolos donde sea pertinente;

d)

contribuir a la puesta en común de los conocimientos y a la oferta de formación para los profesionales sanitarios;

e)

facilitar patrones de referencia en materia de calidad y seguridad y contribuir a desarrollar y difundir las mejores prácticas dentro y fuera de la red;

f)

ayudar a los Estados miembros donde no haya un número suficiente de pacientes con una afección concreta, o que carezcan de la tecnología o los conocimientos especializados necesarios, a prestar una completa gama de servicios sumamente especializados de la máxima calidad posible.

3.

La Comisión adoptará:

a)

una lista de las condiciones y los criterios específicos que deben cumplir las redes europeas de referencia, incluidas las condiciones y los criterios exigidos a los prestadores de asistencia sanitaria que deseen ingresar en dichas redes, a fin de garantizar, en particular, que las redes europeas de referencia:

i)

disponen de las capacidades adecuadas para diagnosticar, hacer el seguimiento y gestionar a los pacientes, con pruebas que demuestren unos buenos resultados, en la medida en que esta condición sea aplicable;

ii)

disponen de la capacidad y el nivel de actividad suficientes para prestar los servicios pertinentes y mantener la calidad de los servicios prestados;

iii)

disponen de capacidad para ofrecer asesoramiento experto, emitir o confirmar un diagnóstico, elaborar directrices sobre buenas prácticas y adherirse a ellas, aplicar medidas basadas en resultados y llevar a cabo un control de calidad;

iv)

pueden demostrar que aplican un enfoque multidisciplinar;

v)

proporcionan un elevado nivel de conocimientos especializados y experiencia, documentado mediante publicaciones, becas o cargos honoríficos y actividades de docencia y formación;

vi)

contribuyen intensamente a la investigación;

vii)

participan en actividades de vigilancia epidemiológica, por ejemplo, en registros;

viii)

mantienen vínculos estrechos y colaboran con otros centros y redes de expertos nacionales e internacionales y cuentan con capacidad para trabajar en red;

ix)

mantienen vínculos estrechos y colaboran con asociaciones de pacientes en los lugares en los que existen tales asociaciones;

b)

el procedimiento para establecer las redes europeas de referencia.

4.

Las medidas a las que se refiere el apartado 3, destinadas a modificar elementos no esenciales de la presente Directiva completándola, se adoptarán con arreglo al procedimiento de reglamentación con control contemplado en el artículo 19, apartado 3.

Exposición de motivos

Merece apoyarse la idea de una cooperación transfronteriza de los Estados miembros de la UE, ya que sin duda creará para ellos un valor añadido. Sin embargo, no es preciso regular mediante directiva la cooperación en materia de tratamientos altamente especializados y la cooperación sobre la gestión de las nuevas tecnologías sanitarias, puesto que las disposiciones de este tipo implican para los Estados miembros el imperativo legal de cooperar. Por tanto, debe considerarse que esta disposición no entra en el objetivo de la directiva tal como queda definido en el artículo 1.

Enmienda 16

Artículo 17 — Cooperación en materia de gestión de nuevas tecnologías sanitarias — Suprímase

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del Comité de las Regiones

1.

Los Estados miembros facilitarán el desarrollo y el funcionamiento de una red que conecte a las autoridades o los organismos nacionales responsables de la evaluación de las tecnologías sanitarias.

2.

El objetivo de la red de evaluación de las tecnologías sanitarias será:

a)

apoyar la cooperación entre las autoridades u organismos nacionales;

b)

apoyar la comunicación de información objetiva, fiable, oportuna, transparente y transferible sobre la eficacia a corto y largo plazo de las tecnologías sanitarias y permitir un intercambio eficaz de dicha información entre las autoridades u organismos nacionales.

3.

Los Estados miembros designarán a las autoridades u organismos que participen en la red a la que se hace referencia en el apartado 1 y comunicarán a la Comisión los nombres y datos de contacto de dichas autoridades u organismos.

4.

De conformidad con el procedimiento al que se refiere el artículo 19, apartado 2, la Comisión adoptará las medidas necesarias para el establecimiento y la gestión de esta red y especificará el carácter y tipo de información que debe intercambiarse.

1.

Los Estados miembros facilitarán el desarrollo y el funcionamiento de una red que conecte a las autoridades o los organismos nacionales responsables de la evaluación de las tecnologías sanitarias.

2.

El objetivo de la red de evaluación de las tecnologías sanitarias será:

a)

apoyar la cooperación entre las autoridades u organismos nacionales;

b)

apoyar la comunicación de información objetiva, fiable, oportuna, transparente y transferible sobre la eficacia a corto y largo plazo de las tecnologías sanitarias y permitir un intercambio eficaz de dicha información entre las autoridades u organismos nacionales.

3.

Los Estados miembros designarán a las autoridades u organismos que participen en la red a la que se hace referencia en el apartado 1 y comunicarán a la Comisión los nombres y datos de contacto de dichas autoridades u organismos.

4.

De conformidad con el procedimiento al que se refiere el artículo 19, apartado 2, la Comisión adoptará las medidas necesarias para el establecimiento y la gestión de esta red y especificará el carácter y tipo de información que debe intercambiarse.

Exposición de motivos

Merece apoyarse la idea de una cooperación transfronteriza de los Estados miembros de la UE, ya que sin duda creará para ellos un valor añadido. Sin embargo, no es preciso regular mediante directiva la cooperación en materia de tratamientos altamente especializados y la cooperación sobre la gestión de las nuevas tecnologías sanitarias, puesto que las disposiciones de este tipo implican para los Estados miembros el imperativo legal de cooperar. Por tanto, debe considerarse que esta disposición no entra en el objetivo de la directiva tal como queda definido en el artículo 1.

Enmienda 17

Artículo 18 (1) — Recopilación de datos con fines estadísticos y de seguimiento — Modifíquese

Texto propuesto por la Comisión

Enmienda del Comité de las Regiones

1.

Los Estados miembros recopilarán datos estadísticos y otros datos complementarios para efectuar un seguimiento de la prestación de asistencia sanitaria transfronteriza, la atención dispensada, los prestadores y los pacientes, el coste y los resultados. Recopilarán estos datos en el marco de sus sistemas generales para la recogida de datos sobre asistencia sanitaria, de conformidad con la legislación nacional y comunitaria relativa a la elaboración de estadísticas y a la protección de los datos personales.

1.

Los Estados miembros recopilarán datos estadísticos y otros datos complementarios para efectuar un seguimiento de la prestación de asistencia sanitaria transfronteriza, la atención dispensada, los prestadores y los pacientes, el coste y los resultados. Recopilarán exclusivamente estos datos en el marco de sus sistemas generales para la recogida de datos sobre asistencia sanitaria, de conformidad con la legislación nacional y comunitaria relativa a la elaboración de estadísticas y a la protección de los datos personales.

Exposición de motivos

Se considera positiva la iniciativa recopilar datos sobre asistencia sanitaria transfronteriza, pero sólo si se trata de datos ya existentes y que es necesario reunir y divulgar. Esto se relaciona con el hecho de que la recogida de nuevos datos puede exigir recursos sumamente cuantiosos. Esta es la razón por la que, si se han de recoger nuevos datos, convendrá sopesarse la conveniencia de dedicar el tiempo requerido y la utilidad/consecuencias de allegar los datos en cuestión.

Bruselas, 12 de febrero de 2009.

El Presidente

del Comité de las Regiones

Luc VAN DEN BRANDE


(1)  Informe sobre la consulta de la red de seguimiento de la subsidiariedad sobre la propuesta de directiva relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, http://subsidiarity.cor.europa.eu