20.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 66/1

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Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de los días 8 y 9 de marzo de 2007 sobre la adopción por el Consejo Europeo de un «Plan de acción del Consejo Europeo (2007-2009) — Política energética europea» (7224/1/07),

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Vista la Comunicación de la Comisión «Una política portuaria europea» (COM(2007)0616),

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Vista la Comunicación de la Comisión «Hacia una red ferroviaria con prioridad para las mercancías» (COM(2007)0608),

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Vista la Comunicación de la Comisión «Plan de acción para la logística del transporte de mercancías» (COM(2007)0607),

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Vista la Comunicación de la Comisión «Agenda de la Unión relativa al transporte de mercancías: reforzar su eficiencia, su integración y su sostenibilidad en Europa» (COM(2007)0606),

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Visto el Libro Verde «Hacia una nueva cultura de la movilidad urbana» presentado por la Comisión (COM(2007)0551),

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Visto el Libro Verde sobre la utilización de instrumentos de mercado en la política de medio ambiente y otras políticas relacionadas, presentado por la Comisión (COM(2007)0140),

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Vista la Comunicación de la Comisión «Marco reglamentario para un sector del automóvil competitivo en el siglo XXI. Posición de la Comisión sobre el informe final del Grupo de alto nivel CARS 21. Una contribución a la estrategia de crecimiento y empleo de la UE» (COM(2007)0022),

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Vista la Comunicación de la Comisión «Resultados de la revisión de la estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 de los turismos y los vehículos industriales ligeros» (COM(2007)0019),

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Vista la Comunicación de la Comisión «Limitar el calentamiento mundial a 2 °C. Medidas necesarias hasta 2020 y después» (COM(2007)0002),

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Vista la Comunicación de la Comisión «Una política energética para Europa» (COM(2007)0001),

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Vista la Comunicación de la Comisión «Programa de trabajo de la energía renovable. Las energías renovables en el siglo XXI: construcción de un futuro más sostenible» (COM(2006)0848),

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Vista la Comunicación de la Comisión «Informe sobre los progresos realizados respecto de la utilización de biocarburantes y otros combustibles renovables en los Estados miembros de la Unión Europea» (COM(2006)0845),

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Vista la Comunicación de la Comunicación «Plan de acción para la eficiencia energética: realizar el potencial» (COM(2006)0545),

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Vista la Comunicación de la Comisión «Por una Europa en movimiento. Movilidad sostenible para nuestro continente. Revisión intermedia del Libro Blanco del transporte de la Comisión Europea de 2001» (COM(2006)0314),

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Vista su Resolución, de 24 de octubre de 2007, sobre la estrategia comunitaria para reducir las emisiones de CO2 de los turismos y los vehículos industriales ligeros (1),

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Vista su Resolución, de 5 de septiembre de 2007, sobre la logística del transporte de mercancías en Europa — la clave para la movilidad sostenible (2),

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Vista su Resolución, de 12 de julio de 2007, Por una Europa en movimiento — movilidad sostenible para nuestro continente (3),

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Vista su Posición en primera lectura, de 5 de septiembre de 2006, sobre la propuesta de Directiva del Consejo sobre los impuestos aplicables a los automóviles de turismo (4),

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Vista la Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 1999, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos pesados de transporte de mercancías por la utilización de determinadas infraestructuras (5) («Directiva sobre el distintivo europeo»),

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Visto el artículo 45 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Transportes y Turismo y la opinión de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0014/2008),

A.

Considerando que el desarrollo sostenible -objetivo transversal de la Unión Europea- pretende la mejora constante de la calidad de vida y del bienestar de nuestro planeta para las generaciones actuales y futuras,

B.

Considerando que aproximadamente un tercio del consumo total de energía en la UE-25 está relacionado con el sector de los transportes, excluyendo el sector marítimo y los oleoductos, y que el transporte por carretera, al que corresponde el 83 % del consumo, es la modalidad que absorbe la mayor cantidad de energía,

C.

Considerando que el sector de los transportes representa el 70 % de la demanda de petróleo en la UE-25; que este sector depende en un 97 % de combustibles fósiles y que sólo el 2 % restante procede de energía eléctrica (buena parte de la cual generada por centrales nucleares) y el 1 % de biocombustibles,

D.

Considerando que la eficiencia energética de los diferentes modos de transporte ha aumentado notablemente en los últimos años y que ello ha permitido reducir considerablemente las respectivas emisiones de CO2 por kilómetro; que, no obstante, las mejoras mencionadas se ven neutralizadas por los efectos de un aumento constante de la demanda en el sector de los transportes,

E.

Considerando por lo tanto que, en su conjunto, las emisiones en el sector de los transportes aumentan constantemente: sólo en 2005 el sector contribuyó en el 24,1 % al total de las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, CH4, N2O) de la UE-27 y, según las previsiones de la Comisión, de aquí a 2030 la demanda de energía en el sector aumentará como mínimo en un 30 %,

F.

Considerando que, gracias a las innovaciones tecnológicas y a los múltiples esfuerzos realizados por la industria automovilística, las emisiones nocivas producidas por el transporte por carretera han disminuido; considerando que este resultado se ha obtenido específicamente mediante la introducción de catalizadores, filtros de partículas y otras tecnologías que han contribuido a la reducción de las emisiones de NOX y de partículas contaminantes en un porcentaje comprendido entre el 30 % y el 40 % en los últimos quince años; que, a pesar de dichas mejoras, se han logrado sólo parcialmente los objetivos en términos de reducción de las emisiones de CO2 resultantes del acuerdo voluntario entre los constructores de automóviles,

G.

Considerando que el tráfico urbano genera el 40 % de las emisiones de CO2 y el 70 % de las demás emisiones contaminantes producidas por los automóviles y que la congestión viaria, concentrada principalmente en las áreas metropolitanas, le cuesta a la UE aproximadamente el 1 % del PIB,

H.

Considerando que el 70 % de los proyectos prioritarios para el transporte transeuropeo aprobados en 2004 se referían al transporte ferroviario y al transporte naval, que son los sectores del transporte reconocidos como menos contaminantes,

I.

Considerando que, en las citadas Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo, la UE se comprometió resuelta y unilateralmente a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos el 20 % para 2020, a partir de los valores de 1990,

1.

Opina que la movilidad ha sido una de las principales realizaciones y desafíos del siglo XX y que un transporte sostenible debería lograr un equilibrio justo entre intereses diferentes y a menudo opuestos, intentando conciliar al mismo tiempo el derecho fundamental de los ciudadanos a la movilidad, la importancia del sector de los transportes para la economía y el empleo, la responsabilidad respecto del medio ambiente local y mundial y el derecho de los ciudadanos a la seguridad, la calidad de vida y la salud;

2.

Destaca que también el sector del transporte debe cumplir los objetivos de la UE de reducción del consumo de petróleo y de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020 al menos en un 20 % con respecto a 1990;

3.

Destaca la importancia del sector de los transportes para el empleo, el crecimiento y la innovación y opina que una movilidad garantizada, segura y asequible constituye un requisito sine qua non de nuestro estilo de vida; por lo tanto, considera que — teniendo en cuenta la prioridad de las exigencias de una movilidad sostenible desde un punto de vista medioambiental — cabe esperar que los ciudadanos acepten medidas que garanticen su movilidad a largo plazo (6);

4.

Opina que, para lograr el objetivo de un transporte europeo sostenible desde un punto de vista energético y medioambiental, es necesario combinar varias políticas que se respalden y compensen, implicando a un número cada vez mayor de actores, representantes del sector de los transportes, la administración pública y los ciudadanos; expresa su convicción de que sólo una combinación adecuada de diferentes medidas puede mitigar los efectos negativos de las acciones individuales y fomentar su aceptación por parte de los ciudadanos;

5.

Considera que esta combinación de políticas debería abordar en particular:

6.

Destaca la importancia que reviste para la UE y los Estados miembros centrar sus esfuerzos en los sectores más determinantes del sistema, en particular:

7.

Subraya la importancia de la firma del Protocolo de transportes del Convenio de los Alpes por el Consejo en diciembre de 2006; subraya que, con la ratificación de este Protocolo, la Comisión debe adoptar inmediatamente medidas concretas de aplicación para fomentar el transporte sostenible en las zonas de montaña sensibles y en las zonas densamente pobladas;

8.

Destaca al respecto que también es importante recurrir a instrumentos de mercado para promover los vehículos de consumo y emisiones reducidos, como las exenciones fiscales, una reforma de los impuestos especiales sobre los automóviles en función de las emisiones contaminantes y de la eficacia desde el punto de vista del consumo de carburante, incentivos para sacar de la circulación los vehículos más contaminantes y en favor de la adquisición de vehículos nuevos de emisiones reducidas, medidas que considera importantes y que contribuirían también a cubrir los costes sufragados por los constructores de automóviles debido a las obligaciones impuestas por el nuevo marco legislativo;

9.

Exhorta, por consiguiente, al Consejo y a los Estados miembros a que confirmen la determinación demostrada en el Consejo Europeo de los días 8 y 9 de marzo de 2007:

10.

Hace suya la pregunta formulada por la Comisión en el citado Libro Verde sobre los instrumentos de mercado utilizados para la política medioambiental y otros fines conexos en cuanto a la posibilidad de promover y controlar más activamente las reformas de la tarifación de los transportes y de la fiscalidad del medio ambiente a nivel nacional mediante un procedimiento de coordinación, de intercambio de experiencias y de buenas prácticas; pide a la Comisión a que desarrolle iniciativas para lograrlo;

11.

Pide al Consejo y a los Estados miembros que intensifiquen las inversiones en infraestructuras y sistemas de transporte inteligentes (STI), en particular por lo que se refiere a:

12.

Insta a la Comisión a que presente a más tardar en junio de 2008 un modelo generalmente aplicable, transparente y comprensible para la evaluación de los costes externos de todos los modos de transporte, que sirva de base para el cálculo futuro de los costes del uso de las infraestructuras; señala que, de conformidad con la Directiva sobre el distintivo europeo, este modelo debe ir acompañado de un análisis del impacto de la internalización de los costes externos para todos los modos de transporte y de una estrategia para una aplicación progresiva de este modelo a todos los modos de transporte; espera que la Comisión presente, junto con dicha iniciativa, propuestas legislativas, empezando por la revisión de la Directiva sobre el distintivo europeo («euroviñeta»);

13.

Expresa su convicción de que el problema de la congestión urbana, causante del 40 % de las emisiones de CO2 y del 70 % de las demás emisiones contaminantes de los vehículos, se ha de abordar, respetando siempre el principio de subsidiariedad, de manera más ambiciosa mediante una estrategia de cooperación y de coordinación a escala europea;

14.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que analicen el modo en que las infraestructuras de transporte y las tarifas aplicables influyen en el desarrollo urbano y en la demanda futura de servicios de transporte;

15.

Considera a este respecto que una política de movilidad urbana eficaz ha de tener en cuenta tanto el transporte de personas como el de mercancías y basarse, para ello, en el enfoque más integrado posible que permita combinar las soluciones más adaptadas a cada problema; cree firmemente que las zonas urbanas ofrecen posibilidades razonables desde un punto de vista económico para nuevas medidas de transferencia modal hacia los transportes públicos, los desplazamientos a pie y en bicicleta, así como para un nuevo enfoque de la logística urbana; considera fundamental, en este contexto, invertir en la innovación tecnológica (mayor uso de los STI), en un uso más razonable de las infraestructuras existentes, en particular mediante medidas de gestión de la demanda (recurso a la tarifación por congestión y peajes), soluciones innovadoras para una óptima integración del flujo urbano de mercancías, nuevas formas de optimización del uso de los automóviles particulares, como los sistemas de vehículos compartidos o su uso en común y disposiciones que favorezcan el trabajo a domicilio;

16.

Insiste en la importancia de adoptar medidas moderadas para lograr el objetivo de un transporte más sostenible y considera importante que los ciudadanos puedan elegir con conocimiento de causa el medio de transporte y la manera de conducir; pide que se mejore la información del consumidor y que se intensifiquen las campañas educativas y de fomento de los nuevos comportamientos en favor de los medios o modelos de transporte más sostenibles;

17.

Opina que el transporte ferroviario, por su menor consumo de energía y bajas emisiones de CO2, tiene un potencial importante que se ha de desarrollar, no sólo en la logística del transporte de mercancías sino también en cuanto a los trayectos de mediano y corto recorrido de transporte de pasajeros;

18.

A este respecto, invita a la Comisión, a los Estados miembros y al sector ferroviario a que:

19.

Opina que, si bien las compañías aéreas han reducido el consumo de carburante entre un 1 y un 2 % por pasajero/kilómetro en los últimos diez años y se han disminuido considerablemente las emisiones sonoras de los aviones, el impacto global de la aviación civil en el medio ambiente ha aumentado a causa del importante crecimiento del tráfico; aboga, en consecuencia, por:

20.

Constata que la realidad de los costes del transporte aéreo y la transparencia de los precios de los billetes son muy importantes para el interés de los viajeros y la competencia leal en el sector de los transportes y expresa, por consiguiente, su apoyo a la Comisión para que adopte más iniciativas al respecto;

21.

Constata un aumento continuo de las emisiones del transporte marítimo y recomienda especialmente:

22.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que inviertan en la modernización de las infraestructuras portuarias, tanto en los puertos marítimos de la UE como en los de los cursos fluviales interiores, para permitir una transferencia rápida de mercancías y pasajeros de un modo de transporte a otro, permitiendo así la reducción del consumo de energía en el ámbito de los transportes;

23.

Considera esencial una mejora de la logística, de los factores de carga en el transporte de mercancías y de la intermodalidad; por lo tanto, respalda la plena realización del mercado interior de los transportes e invita a la Comisión a que desarrolle a la mayor celeridad el citado plan de acción para la logística del transporte de mercancías en Europa, haciendo especial hincapié en el desarrollo del concepto de los «corredores verdes»;

24.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten sustancialmente las inversiones en investigación en el ámbito de los transportes para permitir el desarrollo de unas tecnologías más eficientes desde el punto de vista del uso de energía y de la reducción de emisiones; pide a la Comisión que, en la revisión del marco financiero plurianual de 2009, incremente significativamente el esfuerzo financiero global en favor de la I+D en el ámbito del medio ambiente, la energía y los transportes;

25.

Apoya a la Comisión en sus iniciativas para vincular mejor el transporte sostenible y el turismo, como el uso de medios de transporte más respetuosos con el medio ambiente, por ejemplo, la combinación del uso del transporte público con la bicicleta;

26.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

20.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 66/6

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Visto el artículo 116 de su Reglamento,

A.

Considerando que es importante disponer de un sistema eficaz de alerta rápida de los ciudadanos en casos de emergencias graves, inminentes o actuales, para reducir el sufrimiento y la pérdida de vidas humanas,

B.

Considerando que el Parlamento ha pedido en repetidas ocasiones la creación de sistemas de alerta y de alerta rápida y que varios actos legislativos actuales y en proceso de elaboración contemplan la creación de dichos sistemas,

C.

Considerando que los sistemas de alerta rápida incluyen la alerta de las autoridades mediante redes regionales de prevención de riesgos (naturales, tecnológicas, sociales) y la alerta de los ciudadanos a través de redes de telecomunicaciones (radio, televisión, sirenas, teléfonos móviles, etc.),

D.

Considerando que la Unión Europea carece de un sistema general, plurilingüe, simplificado y eficaz para alertar a los ciudadanos de emergencias inminentes o actuales, y que la realización de dicho sistema compete a varias políticas de la UE (telecomunicaciones, medio ambiente, salud, seguridad interior y protección civil) y afecta a otras (transporte, energía y turismo),

E.

Considerando que la Unión Europea debería establecer dicho sistema, en combinación con la información adecuada y campañas de formación, para fomentar la adopción de un comportamiento que permita salvar la vida de ciudadanos amenazados,

1.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión que emprendan el proceso necesario y asignen los recursos adecuados para desarrollar un sistema eficaz de alerta rápida de los ciudadanos en caso de emergencias graves, inminentes o actuales, en toda la Unión Europea;

2.

Pide a la Comisión que presente las propuestas legislativas adecuadas en este ámbito, teniendo al mismo tiempo en cuenta todos los riesgos y las políticas implicadas;

3.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Declaración, acompañada del nombre de los firmantes, al Consejo y a la Comisión.

20.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 66/9

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Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo, de 20 de noviembre de 2007, titulada «Preparándose para el “chequeo” de la reforma de la PAC» (COM(2007)0722),

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Visto el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo, de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores (1),

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Vista su Posición, de 11 de diciembre de 2007, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CE) no 1782/2003 y el Reglamento (CE) no 1698/2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (2),

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Vista su Resolución, de 25 de octubre de 2007, sobre el aumento del precio de los piensos y productos alimenticios (3),

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Vista su Posición, de 26 de septiembre de 2007, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que establece excepciones al Reglamento (CE) no 1782/2003 en lo que atañe a la retirada de tierras en 2008 (4),

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Vista su Posición, de 14 de febrero de 2007, sobre la propuesta de Reglamento del Consejo que establece las disposiciones relativas a la modulación facultativa de los pagos directos prevista en el Reglamento (CE) no 1782/2003, y que modifica el Reglamento (CE) no 1290/2005 (5),

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Vista su Resolución, de 8 de junio de 2005, sobre los retos políticos y medios presupuestarios de la Unión ampliada 2007-2013 (6),

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Visto el Acuerdo Interinstitucional, de 17 de mayo de 2006, entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre disciplina presupuestaria y buena gestión financiera (7), y, en particular, los anexos I y III y las declaraciones 3 y 9,

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Vista el Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión (8),

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Vista la Decisión del Consejo, de 22 de marzo de 2004, sobre la adaptación del Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión Europea, después de la reforma de la política agrícola común (9),

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Visto el mandato conferido por el Consejo Europeo a la Comisión para las negociaciones en el ámbito de la agricultura en las conclusiones del Consejo Europeo, de 26 de octubre de 1999, sobre la preparación de la Tercera Conferencia Ministerial de la OMC,

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Visto el artículo 33, apartado 2, del Tratado CE que se ha incorporado sin enmiendas en el Tratado de Lisboa,

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Visto el artículo 45 de su Reglamento,

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Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y la opinión de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0047/2008),

A.

Considerando que la agricultura representa, junto con la industria de producción de alimentos asociada, uno de los mayores sectores económicos de la UE, resulta decisiva para la seguridad del abastecimiento alimentario y también contribuye cada vez más a la creación de seguridad energética de la UE,

B.

Considerando que en el futuro será también necesaria una Política Agrícola Común (PAC) de la UE conforme a un modelo agrario europeo económico, ecológico y social que garantice la sostenibilidad y la seguridad del abastecimiento alimentario, pero que debe continuarse con la eficaz vía de la reforma, incluido un mayor reforzamiento del desarrollo rural,

C.

Considerando que en el futuro la PAC debe tender a suprimir las trabas que existen hoy en día para el acceso de los jóvenes a la actividad agraria estableciendo como una de sus prioridades el relevo generacional,

D.

Considerando que la reducción de la burocracia en el sector agrario gracias a unas disposiciones transparentes, más sencillas y menos pesadas supone tanto menos costes para las empresas y los productores agrícolas como menos gastos administrativos,

E.

Considerando que la PAC debe evolucionar para abordar las grandes diferencias existentes en las estructuras regionales y agrícolas, al mismo tiempo que debe encontrar respuestas a los nuevos retos como el cambio climático, la protección de las aguas y los suelos, una mayor apertura hacia el mercado mundial o la puesta a disposición de biomasa, materias primas y energía renovable; considerando que debe ser dotada con los medios suficientes, y debe mantener los objetivos originales de la PAC, reafirmados recientemente en el Tratado de Lisboa, pudiendo quedar resumidos en la producción de alimentos sanos y de gran calidad que garanticen el abastecimiento a todos los europeos a precios razonables y permitan mantener el nivel de renta de los agricultores,

F.

Considerando que los cambios futuros que se efectúen en la PAC deben tener en cuenta la situación específica de los países en desarrollo, y más concretamente de los países menos desarrollados, y evitar poner en peligro la producción y comercialización de los productos agrícolas de estos países,

G.

Considerando que el sistema de pagos directos se ha reformado tres veces desde 1992 y que todas las organizaciones de mercado esenciales, con excepción del sector de la leche, se han reformado a fondo y ampliamente con éxito desde 2004,

H.

Considerando que todos los países desarrollados cuentan con una política agraria, y que nuevas circunstancias, como el aumento de la población mundial, el cambio climático, las crecientes necesidades de energía, la reducción del apoyo a los precios y la mayor apertura al mercado mundial están conduciendo, por una parte, a unos precios de mercado más elevados para los productos agrícolas en la UE y por otra, a unas fluctuaciones claramente mayores de las cosechas y a una mayor volatilidad de los precios, por lo que se hace más necesario que nunca el mantenimiento de una política agraria común,

I.

Considerando que la seguridad del abastecimiento alimentario (entendida en el sentido cuantitativo y cualitativo) seguirá siendo uno de los objetivos esenciales de la PAC, junto al de la conservación de los ecosistemas, sin la que no puede haber una producción sana y sostenible, y al de la valorización de los territorios del conjunto de la UE,

J.

Considerando que la UE ha realizado un esfuerzo considerable para reducir sus gastos agrícolas en relación con el presupuesto total, parte de los cuales ha disminuido pasando de casi el 80 % en el decenio de los 70 al 33 % hacia el final de las actuales perspectivas financieras, mientras que la superficie total destinada a usos agrícolas ha aumentado en un 37 % desde 2003 debido a la adhesión de nuevos Estados miembros,

K.

Considerando que los Jefes de Estado y de Gobierno asumieron en la Cumbre de Berlín una serie de compromisos sobre la garantía de los gastos totales para el primer pilar de la PAC hasta 2013,

L.

Considerando que el Acta de adhesión de 2004 prevé excepciones a la aplicación de determinadas normas de la PAC para los nuevos Estados miembros con el fin de compensar el nivel más bajo de los pagos directos,

M.

Considerando que en algunas regiones no existen alternativas para algunas formas de producción agrícola tradicionales que constituyen a menudo una actividad agrícola de importancia para estas regiones y que, por lo tanto, deben preservarse y apoyarse a toda costa por razones imperiosas de política medioambiental y regional y para mantener el tejido económico y social, especialmente a la vista del papel desempeñado por la PAC en las denominadas regiones de convergencia, en las que la agricultura y la ganadería suelen tener gran importancia como instrumento de desarrollo económico y de creación de empleo,

N.

Considerando que a los agricultores de la UE debe garantizárseles estabilidad para que sus expectativas e inversiones no se vean defraudadas, y que en determinados sectores los sistemas reguladores deben permitir una capacidad de previsión a medio y largo plazo,

O.

Considerando que el legislador de la UE debe evitar la discriminación de los agricultores y ganaderos de la UE con relación a sus competidores de terceros Estados o debe establecer, mediante instrumentos adecuados, un entorno de igualdad de oportunidades para los agricultores y ganaderos de la UE; considerando asimismo que debería aplicarse, en particular, el principio de que las normas de calidad, sanitarias, medioambientales, de bienestar animal y otras cuyo respeto se exige a los agricultores de la UE sean también respetadas por quienes exportan productos agrícolas a la UE,

P.

Considerando los objetivos de la PAC se formulan en el artículo 33 del Tratado CE y que, a condición de que se lleve a cabo la plena ratificación del Tratado de Lisboa, todas las decisiones jurídicas y presupuestarias esenciales relativas a la PAC requerirán la aprobación del Parlamento Europeo,

Q.

Considerando que garantizar la seguridad del abastecimiento alimentario para los ciudadanos de la UE es una prioridad, y que ello puede lograrse de forma óptima combinando el apoyo a la producción alimentaria de la UE y las importaciones en el marco de las disposiciones de la OMC; dicha seguridad del abastecimiento alimentario también depende de la contribución de la UE al desarrollo de las reservas mundiales (que actualmente se encuentran a un nivel muy bajo), permitiendo a la UE, no sólo protegerse a sí misma contra la escasez de alimentos, sino también asumir responsabilidades con respecto a la seguridad global del abastecimiento alimentario,

R.

Considerando que se debe realizar un análisis más profundo de la evolución de los mercados y de sus repercusiones en el mercado interior, habida cuenta de la situación internacional de los precios y de la producción de las materias primas,

1.

Insiste en la defensa del modelo de agricultura sostenible, competitiva y multifuncional que mantenga la singularidad de cada sector y zona de producción y cuyo objetivo fundamental sea el abastecimiento de la población con alimentos sanos y seguros en cantidad suficiente y a precios razonables para el consumidor;

2.

Considera que la reforma de la PAC de 2003 fue, en lo que respecta a sus partes esenciales, un gran éxito porque aumentó claramente la transparencia y la eficiencia de la PAC y la responsabilidad propia y la orientación hacia el mercado de los agricultores, y opina que este proceso debe continuar dentro del respeto del compromiso asumido por los Jefes de Estado y de Gobierno en diciembre de 2002 de mantener intactos los fondos agrícolas del primer pilar hasta el año 2013; señala que como compensación se debe seguir simplificando claramente la administración de la PAC y el gran número de directivas y reglamentos de la UE que repercuten en los agricultores para aliviar la carga que pesa sobre ellos, sin que dicha simplificación dé lugar a una renacionalización de la PAC y a un mayor recorte de las ayudas que reciben los agricultores de la UE;

3.

Considera que el abandono de toda forma de regulación en el seno de la OMC no es políticamente deseable, pues, según muestra la situación actual, las reservas europeas y mundiales se encuentran en unos niveles espectacularmente bajos, lo que repercute negativamente en el poder adquisitivo de los consumidores y la renta de los agricultores, al tiempo que se favorece la especulación; destaca asimismo que conviene disponer de instrumentos para afrontar un cambio de la coyuntura económica o los riesgos derivados de los problemas sanitarios o las catástrofes naturales cada vez más frecuentes debido a los desajustes climáticos;

4.

Acoge por ello con satisfacción los ajustes técnicos derivados de la mencionada Comunicación de la Comisión destinados a asegurar que la reforma de 2003 funciona, y pide a la Comisión que garantice el principio económico básico de estabilidad de la PAC;

5.

Pide a la Comisión que, con vistas a reformas futuras, efectúe un estudio de evaluación del coste-beneficio de la PAC en términos de seguridad del abastecimiento alimentario, autoabastecimiento y preservación de las poblaciones rurales; solicita a la Comisión que realice un análisis del coste que puede suponer para el consumidor el aumento del precio de los alimentos, como consecuencia del crecimiento de la demanda mundial, comparado con el gasto que representa hoy en día la política agrícola para el ciudadano;

6.

Considera que el desafío al que se enfrenta la UE, en lo que a las negociaciones sobre la OMC se refiere, consiste en hacer frente a las dificultades que puedan surgir en el futuro de modo que maximice su propia prosperidad; hace hincapié en que debe ser la UE la que haga el mejor uso de la flexibilidad disponible, por ejemplo en relación con los «productos sensibles»; subraya, no obstante, que la condición para la firma de cualquier tipo de acuerdo en el marco de la OMC en materia agrícola es alcanzar un acuerdo sobre la propiedad intelectual que cubra las indicaciones geográficas y el reconocimiento de los factores de interés no comercial como criterios de importación;

7.

Pide a la Comisión que, en el marco de las actuales negociaciones con la OMC, tenga en cuenta las características específicas de la producción agrícola en cuanto sector de producción alimentaria, elemento estructurador de los equilibrios territoriales, de la preservación del medio ambiente y de la salvaguardia de niveles adecuados, cuantitativa y cualitativamente, de seguridad alimentaria;

8.

Opina, no obstante, que la UE debe disponer también en el futuro de suficientes instrumentos para poder tomar las precauciones necesarias contra las crisis de mercado y de suministro en los sectores agrícola y sanitario;

9.

Hace hincapié en la necesidad de proceder al reconocimiento, de manera efectiva y mediante los medios adecuados — financieros y de otro tipo — de las funciones productiva, ambiental y rural que desempeña la agricultura;

10.

Apoya básicamente la integración en la PAC de objetivos generales, en particular los de la seguridad del abastecimiento alimentario, la coherencia territorial, la protección del consumidor, del medio ambiente, del clima, de los animales, las energías renovables y la biodiversidad; señala, no obstante, que ello debe situarse en el marco de una política de desarrollo sostenible que combine los resultados económicos, la conservación de los recursos y los entornos naturales, la valorización de los territorios y la equidad social; subraya, sin embargo, que los Jefes de Estado y de Gobierno confirmaron los objetivos de la PAC manteniendo el contenido del artículo 33 del Tratado CE en el Tratado de Lisboa firmado el 13 de diciembre de 2007;

11.

Subraya que la incorporación de los objetivos generales de la PAC no debería poner en cuestión la producción de productos agrícolas y ganaderos en las regiones montañosas, desfavorecidas, periféricas e insulares de la UE, que utilizan sistemas de producción extensivos, y que producen los productos agrícolas y ganaderos en gran medida para los mercados locales, aunque también los venden en los mercados de los Estados miembros;

12.

Considera asimismo que, si la Unión impone a los agricultores y productores de la UE unos requisitos estrictos, debe también garantizar el cumplimiento de dichos requisitos por quienes exportan sus productos al mercado de la UE, y que la Unión Europea debe insistir en las negociaciones de la OMC en la inclusión de los mencionados objetivos generales;

13.

Rechaza un recorte en el presupuesto total del primer pilar para el período hasta 2013 y señala que los agricultores necesitan urgentemente fiabilidad, seguridad y, de forma particular, el respeto de las decisiones tomadas en el año 2003, en una fase de transformaciones rápidas de los mercados agropecuarios y en la fase intermedia de las reformas en curso;

14.

Rechaza toda discriminación en función de la dimensión de la explotación y de la forma jurídica para los pagos directos, pero también reconoce que toda la redistribución de las ayudas en el marco del primer pilar se ha de basar en una evaluación holística de sus efectos sobre la cohesión social y regional, el empleo, el medio ambiente, la competitividad y la innovación;

15.

Pide que se apoye exclusivamente a los agricultores que ejerzan activamente una actividad agraria;

16.

Señala que la mencionada comunicación de la Comisión dedica escasa atención a los problemas, necesidades y retos que se enfrenta el sector agrícola de los doce nuevos Estados miembros, y exige que esta situación se tenga en cuenta en las reformas futuras y que también se prevea una financiación adicional específica para la reestructuración y la modernización;

17.

Considera también indispensables en el futuro los pagos directos en cuanto protección básica para las rentas, no sólo en caso de disfunciones del mercado sino también en relación con el suministro de bienes públicos por parte de los agricultores y como compensación por las muy estrictas normas en materia social, de protección del medio ambiente, seguridad alimentaria, trazabilidad y bienestar de los animales vigentes en Europa en comparación con las aplicadas internacionalmente;

18.

Toma nota, no obstante, de que el nivel de los pagos no parece ser siempre proporcional a los esfuerzos de los agricultores afectados para cumplir la normativa ya que los pagos siguen dependiendo en gran medida del gasto histórico;

19.

Pide, por consiguiente, a la Comisión que elabore un informe que evalúe los costes adicionales en los que deben incurrir los agricultores para cumplir las normas comunes en el ámbito del medio ambiente, el bienestar de los animales y la seguridad de los alimentos en comparación con sus principales competidores en el mercado mundial; señala que este informe debe comparar, asimismo, estos costes con el importe real de los pagos directos percibidos por los agricultores; afirma que el informe debe abordar con suficiente detalle los distintos tipos de agricultores en los diferentes Estados miembros, y que dicho informe debe publicarse antes de que se inicien los procedimientos de toma de decisiones relativos a la política agrícola común a partir de 2013;

20.

Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de conceder a los Estados miembros, con carácter voluntario, una mayor flexibilidad para optar por una desvinculación de los pagos directos con respecto a los valores de referencia históricos y por un sistema más plano, y pide a la Comisión que indique, junto con la propuesta legislativa, si, vistas las experiencias positivas registradas en los Estados miembros, también sería factible que los Estados miembros optaran, con carácter voluntario, para 2013 por una transición acelerada de los pagos disociados hacia una prima única regional o nacional en función de la superficie; señala, no obstante, que aquellos Estados miembros con una desvinculación total (o parcial) basada en pagos históricos pueden optar por abandonar el sistema en vigor hasta 2013; pide a la Comisión que elabore un estudio sobre el impacto potencial de una prima basada en la superficie, en particular en relación con explotaciones con una gran densidad de ganado en una superficie comparativamente reducida;

21.

Subraya que, cuando se opte por la transición a un modelo regional, se deberían tener en cuenta las dificultadas derivadas de la especial naturaleza de los derechos específicos en el ámbito ganadero, es decir, del hecho de que algunos ganaderos carecen de suelo agrícola o sólo tienen una pequeña superficie, y de que, en numerosas regiones de la UE, la ganadería extensiva se basa en el uso colectivo de pastizales comunes que pertenecen a municipios, agrupaciones u órganos gubernamentales;

22.

Opina que, dado el número cada vez mayor de sectores cubiertos por el régimen de pago único (RPU) y a la luz de la experiencia obtenida en la aplicación de dicho régimen, algunas decisiones y normas de aplicación parecen ser innecesariamente rígidas y complejas, por lo que parece necesaria una nueva definición de normas, del ámbito y de la gestión administrativa de su aplicación en aquellos Estados miembros y sectores que lo deseen;

23.

Opina que la disociación de pagos directos ha conducido, en general, a la satisfactoria orientación de la agricultura de la UE hacia el mercado, habida cuenta de sus mayores efectos sobre las rentas y a una mayor libertad de decisión para los agricultores así como a la simplificación de la PAC vinculada a ella; pide a la Comisión que acelere la aplicación de la política de disociación, a menos que ello entrañe considerables desventajas de carácter socioeconómico o medioambiental en determinadas regiones, en particular las menos favorecidas; señala, no obstante, que se han de preparar nuevas evaluaciones de impacto para determinar en general los efectos de la disociación en regiones específicas, en la producción y en el mercado de tierras;

24.

Considera que, en general, desvincular las ayudas directas de la producción agrícola puede contribuir a largo plazo a reducir los efectos negativos de la agricultura de la UE sobre el medio ambiente, siempre que esta medida esté acompañada de un apoyo decidido a prácticas sostenibles en materia de desarrollo rural;

25.

Señala que cualquier nueva disociación sólo debe producirse previo examen cuidadoso de los efectos potenciales, incluyendo, pero no limitándose sólo a ello, el equilibrio entre los diferentes sectores agrícolas, el creciente peligro de los monocultivos y la amenaza a los sectores agrícolas de mano de obra intensiva;

26.

Reconoce que la situación no es comparable en el caso de las primas relativas a los animales, incluida la leche, a la vista de las graves perturbaciones del mercado debidas, entre otras cosas, al aumento de los precios de los piensos, que inciden en mayor medida en determinados sistemas de producción ganadera existentes en la UE;

27.

Opina que, en algunas regiones, por ejemplo en las regiones montañosas y en otras con dificultades específicas (islas, zonas secas y húmedas, regiones ultraperiféricas, etc.), en las que no existe ninguna alternativa a la ganadería relativamente intensiva en trabajo, una disociación completa de las primas relativas a los animales puede ir acompañada de considerables desventajas sociales, económicas y medioambientales debido a unos precios de producción cambiantes, que no es posible armonizar con los objetivos del Tratado; pide que se utilicen unos datos de referencia precisos como base para autorizar los pagos si se procede a una disociación (parcial);

28.

Es consciente de la posición clave de la ganadería para la agricultura europea, especialmente en ciertos países y regiones con una ganadería a gran escala, y considera por ello justificable el mantenimiento parcial, por el momento, de las primas no disociadas relativas a los animales; reconoce el importante papel que desempeñan esas exitosas explotaciones en la economía regional; recuerda que en los artículos 47 a 50 del Reglamento (CE) no 1782/2003 se recoge una solución en caso de elevada densidad ganadera que debería examinarse en mayor medida para el periodo posterior a 2013;

29.

Considera, no obstante, que eso no será suficiente; acoge por ello con satisfacción, como primera etapa en la dirección correcta, la modificación anunciada del artículo 69 del Reglamento (CE) no 1782/2003 (en lo sucesivo, artículo 69); toma nota, sin embargo, de que este instrumento no debe utilizarse como una forma disfrazada de introducir la modulación voluntaria y un doble refuerzo del segundo pilar; opina, además, que este instrumento no debe conducir a la renacionalización de la PAC y que debe respetarse en todo lo posible la igualdad de condiciones entre Estados miembros;

30.

Exige que los recursos del artículo 69 se utilicen prioritariamente para las medidas de coherencia territorial y de refuerzo de sectores concretos, en particular para medidas que impidan el abandono de la producción agrícola y especialmente de la ganadería en zonas en las que ello tenga efectos muy perjudiciales para la naturaleza, el paisaje o el desarrollo regional (especialmente, las zonas montañosas, los humedales o las zonas afectadas por la escasez de agua, otras zonas particularmente desfavorecidas y las zonas de pastos en situaciones extremas), para medidas que favorezcan la reestructuración y el refuerzo de sectores agrícolas clave (p. ej., los sectores lácteo, bovino y ovino), y para medidas medioambientales basadas en las superficies (p. ej., la agricultura biológica), que hasta ahora no están contenidas en el segundo pilar, y para la gestión del riesgo;

31.

Considera que la dotación del artículo 69 revisado podría incluir, a reserva de los resultados de una evaluación de las repercusiones y con carácter voluntario, hasta un 12 % de los pagos directos por Estado miembro;

32.

Pide que la Comisión presente una propuesta de normas comunes para la aplicación del artículo 69 en los Estados miembros con el fin de evitar en la medida de lo posible barreras al comercio y efectos de distorsión de la competencia, y que, si es necesario, esto se lleve a cabo en el marco de la organización común de mercados; pide además que todas las medidas relacionadas con la aplicación del artículo 69 se comuniquen a la Comisión; pide, por último, a la Comisión que elabore un análisis de impacto en anexo a su propuesta legislativa;

33.

Considera que las medidas que favorecen el refuerzo de sectores concretos deberían financiarse básicamente a la larga con cargo al primer pilar; considera, por consiguiente, que la Comisión debe evaluar exhaustivamente los resultados de la aplicación del artículo 69 revisado en la preparación de una reforma para después de 2013;

34.

Pide además a la Comisión que presente un informe antes del 30 de junio de 2010 en el que se exponga detalladamente la forma en que puede garantizarse a largo plazo la preservación de la producción comunitaria de productos vegetales, así como la seguridad del abastecimiento alimentario de la ganadería en Europa teniendo en cuenta los distintos sistemas de producción dentro de la UE, la multifuncionalidad y los aspectos regionales (zonas montañosas, zonas desfavorecidas y pequeñas islas); señala que el informe debe abordar también la cuestión de en qué medida pueden alcanzarse y materializarse de manera más eficiente y sistemática los objetivos de la PAC, también desde el punto de vista de la sostenibilidad y de los aspectos sociales, mediante ayudas indirectas disociadas, por ejemplo primas para praderas y pastizales, una ayuda especial para la producción de leche y carne, primas para establos que se construyan y acondicionen de acuerdo con normas comunes de bienestar de los animales y medioambientales, o instrumentos específicos de gestión de crisis; subraya que el informe debe responder a la cuestión de si, o en qué medida, a la vista de las necesidades específicas de las regiones con explotaciones animales intensivas, todavía son necesarias después de 2013, primas asociadas a los animales o soluciones análogas a las que sugieren los artículos 47 a 50 del Reglamento (CE) no 1782/2003;

35.

Recomienda que los nuevos Estados miembros que lo deseen puedan aplicar hasta 2013 el sistema de pago único por superficie (SPUS), y pide a la Comisión que examine si la aplicación del SPUS podría seguirse simplificando con la modificación de las reglas aplicables a las superficies subvencionables;

36.

Considera que todo el ahorro y los créditos presupuestarios no utilizados destinados a la realización de la PAC deberían ser gastados en el marco de ésta;

37.

Opina que también se necesitarán pagos directos después de 2013, pero que éstos deben basarse en nuevos criterios objetivos y, en concreto, en el empleo directo generado por las explotaciones, o que deben evolucionar más claramente hacia recompensas para los agricultores por la gestión de la tierra o compensaciones por determinadas prestaciones en beneficio del bien común o por normas particulares, incluidas las normas de protección animal, debiéndose examinar también si las considerables diferencias en los pagos regionales en Europa y las diferencias en la dotación del segundo pilar son convenientes; pide a la Comisión que proponga las medidas adecuadas para garantizar que los pagos directos benefician en su totalidad a las personas y las explotaciones que ejercen efectivamente una actividad agrícola;

38.

Apoya la integración gradual, tras un adecuado período transitorio, de los sistemas de pago basados en la producción y de pequeña cuantía, y por ello de gran complejidad administrativa (forraje seco, cáñamo, lino, almidón de patata) en el sistema de la prima por superficie uniforme, a menos que ello entrañe considerables desventajas de carácter socioeconómico y medioambiental en determinadas regiones; considera que, siempre que ello sea necesario por razones de política regional, deberían preverse medidas complementarias con arreglo al artículo 69; pide a la Comisión que elabore un análisis caso por caso de su impacto económico y regional que demuestre que es la solución adecuada y establezca el calendario necesario para su aplicación; subraya que la disociación no debe poner en peligro la propia existencia de las formas de producción en cuestión;

39.

Apoya la supresión inmediata de la obligación de retirada de tierras de la producción que, en cuanto instrumento de control de las cantidades, ha perdido su sentido en un sistema de pagos directos disociados y que es además de extrema complejidad administrativa, y la conversión de los derechos de retirada en derechos normales;

40.

Opina que, en un contexto de reducción de las superficies retiradas de la producción consecutiva al aumento de la demanda de productos agrícolas, los Estados miembros pueden alcanzar mejor y de manera más específica las eventuales ventajas medioambientales vinculadas a la retirada de tierras de la producción, como por ejemplo con la polinización de los cultivos por las abejas, mediante medidas del segundo pilar y una modificación de la definición del mantenimiento de buenas condiciones agrarias y medioambientales, que faciliten el desarrollo de la biodiversidad de la fauna y de sus hábitats;

41.

Pide la supresión gradual de la prima para los cultivos energéticos en el curso de una eliminación progresiva ya que dicha prima presenta una gran complejidad administrativa y ninguna o pocas ventajas en materia de política energética en el entorno de mercado actual;

42.

Pide que los recursos no utilizados como consecuencia de la supresión de la prima para los cultivos energéticos se pongan a disposición específicamente para medidas complementarias para la organización de mercado de la leche especialmente en las zonas montañosas y en otras zonas con dificultades específicas;

43.

Pide a la Comisión que ponga a disposición los recursos no utilizados del presupuesto agrícola previstos para medidas de orientación del mercado, como la intervención, las subvenciones a la exportación o el almacenamiento, prioritariamente a través del artículo 69 para el refuerzo de la economía en las zonas rurales, en particular de las explotaciones agrícolas, en consonancia con los objetivos de desarrollo rural;

44.

Opina que los pagos directos ya no pueden justificarse sin la condicionalidad; subraya a este especto que la UE debe ayudar a los nuevos Estados miembros en la aplicación de normas de condicionalidad en el curso de un período de transición;

45.

Rechaza, en vista de la disminución de los pagos directos, una ampliación del ámbito de aplicación de la condicionalidad hasta que los Estados miembros y la Comisión no hayan obtenido progresos considerables en la simplificación y la armonización de las disposiciones en materia de control y hasta que la Comisión presente una panorámica de los costes vinculados a la condicionalidad para los agricultores; remite a ese respecto a su Posición de 11 de diciembre de 2007;

46.

Opina que la condicionalidad debería limitarse al control de las normas esenciales del modelo europeo de producción y de aquellas normas que pueden ser objeto de un control sistemático y armonizado en los distintos Estados miembros;

47.

Pide que se asegure una mayor efectividad de la condicionalidad en relación con sus objetivos y una aplicación más homogénea en los Estados miembros; pide a la Comisión que desarrolle orientaciones más claras para ayudar a los Estados miembros en la aplicación;

48.

Pide que se ponga fin a las cargas desproporcionadas para la ganadería como consecuencia de la condicionalidad, y solicita en particular un examen crítico de algunas normas de marcado e higiene (p. ej., marcas auriculares);

49.

Podría plantearse una adaptación moderada de las exigencias en materia de conservación de las buenas condiciones agrarias y medioambientales y una gestión sostenible del territorio, habida cuenta de la modificación de las condiciones en materia de producción y medio ambiente (cambio climático, biomasa), si se garantiza que estas nuevas exigencias van a aplicarse a escala europea de manera comparable;

50.

Considera que los Estados miembros que aplican el SPUS deberían disponer de la posibilidad de introducir el principio de condicionalidad de manera escalonada en el tiempo, para permitirles una adecuada preparación de los sistemas de control y también para que puedan convencer a los agricultores de la necesidad de cumplir las normas fijadas;

51.

Pide a la Comisión que siga impulsando la simplificación de la PAC y examine periódicamente la legislación desde el punto de vista de la necesidad y la eficacia de sus modalidades concretas; opina que, en este sentido, habría que proponer medidas suplementarias como, por ejemplo, unas normas de transferencia simplificadas para los pagos a los que se tiene derecho en caso de no activación, la agrupación de los pagos de escasa cuantía, la introducción de una prima única para los pequeños beneficiarios, la simplificación de las normas sobre la reserva nacional, su reducción o supresión en función de la transición a la prima única por superficie a nivel regional/nacional, la renuncia a la caducidad de los pagos en caso de que no sean exigidos, y la supresión de los registros manuales para los bovinos y otros animales del sector agrícola;

52.

Pide además a los Estados miembros que aseguren pagos a tiempo y a la Comisión que permita que se hagan prepagos a los agricultores;

53.

Pide a la Comisión que establezca los mecanismos necesarios para que las importaciones de terceros países cumplan las mismas normas que las producciones comunitarias en materia de condicionalidad, seguridad alimentaria, etc.;

54.

Opina que, en vista de que cabe esperar mayores riesgos en materia de medio ambiente, clima y plagas así como grandes variaciones de precios en los mercados agrarios, resulta indispensable una prevención suplementaria de los riesgos como red de seguridad;

55.

Señala que la producción orientada hacia el mercado, la rotación adaptada de los cultivos, la diversificación, los instrumentos financieros de mercado, los contratos de suministro en cadena y los seguros son medios importantes con los que los agricultores pueden protegerse contra los riesgos, y que la responsabilidad por una prevención adecuada de los riesgos incumbe básicamente a los agricultores;

56.

Considera que, con el fin de abordar las deficiencias del mercado, debe mantenerse el sistema de intervención y reformarse como una red de seguridad estricta para circunstancias excepcionales con normas basadas en las tendencias de los mercados mundiales;

57.

Apoya por ello la propuesta de la Comisión de reducir a cero los umbrales de intervención en el sector del mercado de los cereales y de mantener sólo para el trigo un umbral de intervención, en su caso, reducido;

58.

Opina que deben desarrollarse urgentemente sistemas privados o mixtos de prevención, como los seguros multirriesgos, en vista del aumento de los riesgos; es consciente de que ello no puede tener éxito sin una participación pública en la financiación; subraya que la introducción de estos sistemas no puede poner en peligro, bajo ninguna circunstancia, la igualdad de condiciones entre los diferentes Estados miembros; pide a la Comisión que estudie la introducción o el apoyo en el futuro a un régimen comunitario de reaseguros para hacer frente a problemas derivados de catástrofes climáticas o medioambientales;

59.

Señala que prácticamente todos los terceros Estados pertinentes disponen de sistemas de este tipo subvencionados a nivel nacional;

60.

Opina que por ello deben crearse en una primera etapa a partir de 2009 posibilidades de financiación para la financiación nacional o regional de los sistemas de prevención de riesgos para tener en cuenta los diferentes potenciales de riesgo existentes en Europa; señala que la Comisión debe examinar en qué medida las agrupaciones de productores, las asociaciones sectoriales e interprofesionales y el sector privado de los seguros pueden integrarse en tales sistemas;

61.

Considera que, en vista de las condiciones totalmente diferentes reinantes en los distintos sectores, hay que dar probablemente preferencia a las soluciones sectoriales diferenciadas (comparables a la solución adoptada en el sector de las frutas y hortalizas) frente a los enfoques horizontales;

62.

Opina que estas medidas deberían financiarse parcialmente en el marco del primer pilar sobre la base del artículo 69, puesto que se trata de medidas propias de la política de mercados;

63.

Pide a la Comisión que examine la adopción de instrumentos de gestión de crisis del mercado y de crisis climáticas destinados a las organizaciones de productores y a las cooperativas, con objeto de ayudar a sus miembros a soportar los costes derivados de una disminución de su producto principal;

64.

Considera que las medidas de gestión y prevención de los riesgos no deben conducir a una reintroducción de las medidas de fomento asociadas a la producción;

65.

Opina por ello que la Comisión debe desarrollar un marco común para el fomento de los sistemas de gestión del riesgo por los Estados miembros, respetando los sistemas actuales que se estén utilizando y que ya hayan recibido en su momento el visto bueno de la Comisión, para excluir en la medida de lo posible efectos distorsionadores del comercio y de la competencia, en su caso mediante el establecimiento de normas comunitarias en la organización única de mercados;

66.

Pide a la Comisión que, antes del 30 de junio de 2010, presente un análisis global de los sistemas de gestión del riesgo existentes y de las posibilidades para su desarrollo ulterior a escala comunitaria después de 2013;

67.

Señala que los límites de corte degresivos, la modulación y la disciplina financiera conducirían, según la aplicación propuesta por la Comisión, a la aparición de importantes efectos redistributivos en determinadas regiones;

68.

Considera que cualquier modificación de los créditos de desarrollo rural que sea incompatible con los (sub)límites del anexo III del Acuerdo Interinstitucional (IA) de 17 de mayo de 2006 debe ser acordada por las tres partes signatarias;

69.

Señala que hasta ahora no se dispone de estimaciones de las consecuencias que tendría una mayor modulación, la degresividad y los umbrales mínimos sobre el mercado laboral de las zonas rurales y la cohesión regional; considera, en consecuencia, que debe realizarse una evaluación del primer pilar;

70.

Subraya que los umbrales mínimos propuestos por la Comisión pueden tener un impacto significativo en algunos Estados miembros y pueden afectar a la distribución de los pagos de la PAC entre Estados miembros mientras que el umbral máximo implica una transferencia de 500 millones de euros del primer pilar al segundo pilar; recuerda que existen serias dudas respecto a la actual relación coste-eficacia de las medidas del segundo pilar; considera, por consiguiente, que los ahorros derivados de la posible aplicación de esta medida deben mantenerse en el primer pilar;

71.

Rechaza la propuesta de la Comisión relativa a la degresividad (hasta un 45 % de recorte) en su forma actual, ya que no hay un vínculo directo entre el tamaño y la riqueza de una explotación y no incluye la mano de obra necesaria para mantener una explotación agrícola de grandes dimensiones; opina que la propuesta de la Comisión colocaría a las explotaciones o asociaciones de gran envergadura en una situación de desventaja injustificable, conduciría a la reducción de la mano de obra y a la destrucción de estructuras acreditadas y competitivas e implicaría una subdivisión de las explotaciones como resultado de las técnicas de fomento aplicadas, lo cual causaría fracturas estructurales en algunas regiones de Europa;

72.

Opina que una degresividad y/o la fijación de límites máximos sólo es justificable sobre la base de una estimación global de sus consecuencias en materia de política regional y mercado laboral y sólo si se crea la posibilidad de tener en cuenta, con fines de reducción de la degresividad, el número de trabajadores a tiempo completo sujetos a la seguridad social o determinadas estructuras de explotación (explotaciones plurifamiliares, organizaciones cooperativas, etc.) o los costes laborales totales de la explotación en cuestión; pide a la Comisión que tenga presente que no se debe desfavorecer a las pequeñas explotaciones que crean una unión de una única persona jurídica para obtener economías de escala y ser más competitivas;

73.

Pide que los eventuales recursos resultantes de la degresividad se queden en la región o en el Estado miembro de que se trate y se utilicen, por ejemplo, para financiar medidas con arreglo al artículo 69 o al segundo pilar; pide que dichos recursos se centren directamente en los agricultores;

74.

Apoya también, habida cuenta del Informe anual de 2006 del Tribunal de Cuentas Europeo, el aumento propuesto de los umbrales mínimos, que podría fijarse en 1 hectárea o el importe correspondiente de 250 euros, combinado con la creación de una prima única o una cantidad global mínima para los pequeños beneficiarios; opina, no obstante, que, en casos debidamente justificados de grandes diferencias agroestructurales, deberá dejarse a los Estados miembros la posibilidad de fijar los umbrales mínimos;

75.

Apoya, no obstante, los esfuerzos de la Comisión en favor de una financiación adecuada de una política orientada al futuro para las zonas rurales en el segundo pilar de la PAC, aunque dicho objetivo no debería alcanzarse a expensas del primer pilar;

76.

Señala que, en vista de los radicales recortes individuales, no puede aceptarse un nuevo recorte de un 8 % de los pagos directos, sin la presentación de una estimación de las repercusiones futuras;

77.

Opina que, habida cuenta de las exigencias ampliamente extendidas de que se proceda a un recorte de los pagos mayores, parece concebible una modulación progresiva, sobre la base de los datos disponibles hasta ahora y de una evaluación de impacto en la que se tenga en cuenta la estructura de la explotación (asociaciones, etc.), la mano de obra de la misma y/o su coste, así como los tipos específicos de producción en los diversos sistemas de pagos directos (p. ej.: problemas específicos de explotaciones y regiones con una elevada densidad de ganado en zonas relativamente pequeñas);

Señala que los recursos resultantes de la modulación progresiva deben distribuirse con arreglo a las normas aplicables en general para los recursos de modulación y deben permanecer en las regiones o Estados miembros en los que se generan;

El Parlamento Europeo podría plantearse una modulación progresiva de la forma siguiente:

78.

Exige que la modulación voluntaria se sustituya por la modulación obligatoria;

79.

Opina que los recursos de modulación deberían ponerse prioritariamente a disposición en el marco del método Leader y para medidas destinadas a la lucha contra la pérdida de biodiversidad, la prevención de los riesgos, la adaptación al cambio climático, las medidas relativas a la utilización sostenible de la biomasa, las medidas complementarias en caso de reformas estructurales (p. ej., organización del mercado de la leche), el mantenimiento de la producción en las zonas montañosas o las pequeñas islas y en otras zonas desfavorecidas comparables, la garantía de la calidad, incluidas las medidas de bienestar animal, la agricultura biológica, las medidas de comercialización y la adaptación al progreso técnico; pide que estas medidas se centren directamente en los agricultores;

80.

Es consciente de que el sistema actual de cuotas lecheras no se mantendrá probablemente después de 2015, y pide a la Comisión que examine en detalle cómo podría ser la organización del mercado de la leche en el futuro; pide a la Comisión que, para después de 2015, presente un plan convincente para el sector lácteo que asegure la continuidad de la producción lechera en Europa, incluidas las regiones montañosas, las periféricas y otras regiones con dificultades especiales;

81.

Remite a la Comisión a las decisiones (10) relativas al mercado y a los fondos del sector lechero adoptadas por el Parlamento en el marco del «minipaquete» del sector lechero;

82.

Pide a todos los interesados que aprovechen el período hasta 2015 para estabilizar o reforzar las posiciones de mercado, y velar por un «aterrizaje suave» del sector lácteo europeo, preferiblemente mediante incrementos estructurales de las cuotas;

83.

Pide que la cuota lechera se adapte con arreglo al mercado en caso de modificaciones de la demanda en los mercados mundiales; considera por ello que se deberían aumentar las cuotas en un 2 % en el ejercicio lechero 2008-2009, con carácter voluntario para cada Estado miembro; pide a la Comisión que asigne este aumento a la reserva nacional; solicita que se revise la cuota cada año;

84.

Pide además una reducción sustancial de la supertasa para el ejercicio lechero 2009-2010 y posteriormente otras disminuciones en los años sucesivos para contrarrestar una subida de los precios de cuota y con vistas a una liquidación ex post a escala europea que permita un mejor aprovechamiento de las cuotas;

85.

Pide medidas complementarias especiales para impedir el abandono de la actividad lechera en las regiones montañosas y en otras regiones con especiales dificultades, cuando no existan en ellas alternativas a la actividad lechera tradicional o cuando el abandono de la agricultura conduzca a la pérdida de espacios naturales significativos;

86.

Opina que deben ponerse a disposición, prioritariamente a través del artículo 69, recursos suficientes para el mantenimiento de la industria lechera, en particular en las regiones montañosas, en las regiones ultraperiféricas (como las Azores) y en otras regiones con dificultades comparables, por ejemplo mediante complementos sobre los pagos por superficie (comparables a las medidas en el sector del azúcar) en forma de primas para las vacas lecheras y para las praderas o pastizales extensivos, de una ayuda lechera particular o de programas regionales especiales para el refuerzo o la reestructuración del sector y el fomento de productos específicos de alta calidad;

87.

Considera que un refuerzo de las asociaciones de productores y de las federaciones sectoriales e interprofesionales podría representar otro elemento del artículo 69 revisado;

88.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que examinen un aumento no lineal de las cuotas nacionales con el fin de proceder a incrementos suplementarios para los Estados miembros donde los cupos de producción son tradicionalmente deficitarios;

89.

Opina que, para la financiación de las medidas, debería constituirse un fondo específico (Fondo lechero) que podría ser financiado en parte con los ahorros procedentes de la reforma del sector;

90.

Señala que la fuerza y el futuro de la agricultura europea radican en los productos regionales, tradicionales y de otro tipo de elevada calidad y de productos con valor añadido;

91.

Pide, en ese sentido, a la Comisión que cree una «marca europea» para identificar la calidad de la producción agrícola y alimentaria de la UE en el mercado europeo y en los mercados internacionales y que determine las normas estrictas en relación con el medio ambiente, el bienestar animal y la seguridad alimentaria que se aplican a la producción;

92.

Pide pues a la Comisión que presente un plan global para mejorar, tanto en el interior como el exterior de la UE, la comercialización de los productos europeos de alta calidad, por ejemplo mediante campañas de información y de promoción, apoyo para la concepción y el desarrollo de las actividades de las organizaciones de productores u otras formas de organización sectorial y la introducción de un etiquetado específico en el que se indique, en particular, el origen de las materias primas agrícolas empleadas y que sea más claro y transparente para los consumidores;

93.

Pide a la Comisión que, en el marco de un presupuesto adecuado, aumente los créditos destinados a campañas de información y promoción en los mercados interior y exterior;

94.

Pide a la Comisión que reflexione sobre la necesidad de una auténtica política de comunicación en relación con la PAC, destinada a reducir la fractura entre el mundo agrícola y la sociedad y que no debería funcionar exclusivamente como mecanismo de promoción y publicidad;

95.

Opina que se debe reforzar y apoyar a las organizaciones de productores e interprofesionales, en particular en los Estados miembros en los que dichas organizaciones existen en número reducido, con el fin de que mejore la posición de los agricultores en el mercado en relación al comercio al por mayor y al por menor, y que, al mismo tiempo, deben fomentarse los sistemas de garantía de la calidad en la cadena de producción alimentaria, incluidas las alternativas a las prácticas de fabricación empleadas hasta ahora;

96.

Hace un llamamiento a la Comisión y a los Estados miembros para que adopten las medidas necesarias con objeto de impedir las actividades especulativas, el control del mercado de los productos alimenticios y la formación de carteles por parte de las industrias alimentarias, que explotan la falta de legislación y de control existentes, la falta de organización de los productores y de los consumidores y la falta de infraestructuras adecuadas, con el único objetivo de aumentar sus beneficios, reducir el precio para los productores e imponer precios elevados a los consumidores;

97.

Lamenta que la Comisión haya desperdiciado la oportunidad de abordar desde una perspectiva más amplia los problemas relacionados con el aumento de las importaciones de alimentos y piensos que no se corresponden con las normas de la UE, lo que, por consiguiente, podría poner en peligro los logros alcanzados por la UE en materia de medio ambiente, bienestar animal y condicionalidad de las ayudas públicas a imperativos de carácter social; pide a la Comisión que proponga medidas destinadas a subsanar esta situación lo antes posible y hacer cumplir las disposiciones comunitarias en materia de medio ambiente y salud;

98.

Pide a la Comisión que desarrolle urgentemente un plan global para la defensa de las inquietudes no comerciales europeas en las negociaciones sobre comercio a escala mundial, en particular la cuestión del reconocimiento y de la protección de las indicaciones geográficas, el bienestar animal, el estado sanitario de los productos animales y vegetales importados, etc., para evitar que los productores europeos sufran una competencia desleal e impedir que los problemas relacionados con el bienestar animal y el medio ambiente se trasladen a países terceros; pide a la Comisión que defienda activamente en las negociaciones de la OMC el concepto de acceso cualificado al mercado con el fin de promover las normas de sostenibilidad aplicables a la agricultura;

99.

Señala que tampoco en el futuro podrá mantenerse la agricultura europea sin una protección exterior conveniente, por lo que pide que se impongan los mismos requisitos en cuanto a calidad y seguridad a los productos provenientes de terceros países que a los producidos en la UE;

100.

Considera que la supresión de las ayudas a la exportación debe compensarse organizando acciones de promoción en terceros países;

101.

Recuerda que, en el contexto del cambio climático, se plantean dos desafíos principales a la agricultura: el descenso de las emisiones de gas de efecto invernadero responsables del cambio climático y la adaptación a las consecuencias del cambio climático; subraya que esta situación implica que la agricultura se enfrenta a un doble desafío: la reducción de sus propias emisiones y la adaptación a los efectos previstos del calentamiento global;

102.

Subraya que el cambio climático no es sólo un problema medioambiental sino también socioeconómico, y que, por consiguiente, las preocupaciones expresadas y los esfuerzos realizados en el ámbito medioambiental en el sector de la agricultura, uno de los más vulnerables y que depende directamente de los factores climáticos, deberían tener en cuenta la necesidad de velar por la viabilidad económica y social de las zonas rurales;

103.

Recuerda que la contribución de la agricultura al efecto invernadero (como fuente de dos poderosos gases de efecto invernadero: el metano y el oxido nitroso) es limitada y cada vez menor en la UE como consecuencia de la aplicación de las medidas ya en vigor en el marco de la PAC, tales como la condicionalidad, los sistemas agromedioambientales y otras medidas de desarrollo rural;

104.

Pide a la Comisión que examine en qué medida pueden todavía mejorarse esos resultados mediante la integración de la agricultura en los mecanismos de Kyoto;

105.

Opina que la puesta a disposición de energías renovables procedentes de la agricultura no pueden continuar unilateralmente a expensas de la ganadería y de la seguridad del abastecimiento alimentario para la población europea y del mundo, la sostenibilidad y la biodiversidad; pide por ello a la Comisión que realice una evaluación de impacto del fomento de la energía renovable en relación con la seguridad del abastecimiento alimentario y el medio ambiente; pide una dotación adecuada para la investigación y la introducción de técnicas energéticas modernas y eficaces que valoricen plenamente la biomasa (p. ej., combustibles biológicos de segunda generación); recuerda expresamente que a corto plazo las instalaciones de biogás basadas en los residuos animales son las que disponen del potencial de crecimiento mayor y más sostenible en lo que respecta a la energía suplementaria procedente de la biomasa;

106.

Subraya el estrecho vínculo existente entre la actividad agrícola y la calidad y la cantidad del agua, y destaca que la presión que la agricultura ejerce sobre el medio acuático debe gestionarse de forma sostenible; considera que la legislación medioambiental, junto con el principio de «quien contamina paga», debe ser el principio rector para lograr realmente una gestión sostenible del agua y alcanzar los objetivos medioambientales;

107.

Opina que el desarrollo del sistema de pagos agrícolas debe continuar después de 2013 y pide a la Comisión que presente antes del 30 de junio de 2010 un análisis global sobre las reorganizaciones posibles del mismo, también teniendo presente el hecho de que los agricultores europeos necesitan asegurarse una planificación a largo plazo, en particular mediante la definición de objetivos estratégicos que traduzcan el desarrollo de la agricultura europea en una perspectiva que valorice la innovación, utilice adecuadamente la tierra, garantice la calidad de la producción, mantenga los ingresos de los agricultores y preserve el medio ambiente y la seguridad del abastecimiento alimentario; pide a la Comisión que haga un análisis de una simplificación administrativa exhaustiva, en particular para los pagos anuales de primas inferiores a 20 000euros por beneficiario;

108.

Señala que la biodiversidad es creada, afectada y amenazada por la agricultura; considera que deben realizarse esfuerzos a nivel mundial, local y de la UE para proteger los valiosos servicios ecosistémicos que aporta la biodiversidad, a saber, la purificación del aire y el agua, la polinización de los cultivos y la protección frente a la erosión;

109.

Señala que, en el período actual de programación 2007-2013, el desarrollo rural (y su instrumento de financiación, el FEADER) tiene un importante impacto regional como segundo pilar de la PAC; insta a la Comisión a que explote las posibilidades de llegar a una aplicación más coherente de los programas de política regional (Fondos Estructurales) con el fin de lograr un enfoque integrado en aquellos ámbitos en los que puedan obtenerse sinergias;

110.

Opina que el desarrollo rural no es posible sin actividad agraria, siendo el objetivo garantizar la viabilidad económica de los habitantes de las zonas rurales y mejorar su calidad de vida;

111.

Insta a la Comisión a que presente una serie de propuestas coherentes para mantener y desarrollar una actividad agrícola sostenible en particular en las zonas menos favorecidas y las zonas con hándicaps naturales, que revisten una importancia fundamental en lo que se refiere a la protección de la biodiversidad y la preservación de los ecosistemas;

112.

Pide a la Comisión que intensifique las políticas de investigación y de transferencia de tecnologías, en especial para promover modos de producción más respetuosos con el medio ambiente y los ecosistemas al servicio de la agricultura sostenible;

113.

Destaca los diversos proyectos aplicados con éxito en la UE, en el marco de los cuales la cooperación a nivel local y regional entre agricultores, grupos medioambientales y autoridades ha logrado reducir el impacto medioambiental de la agricultura;

114.

Opina, en particular, que el sistema futuro debe concentrarse en mayor medida en los aspectos de la coherencia social, económica y territorial y del desarrollo integrado de las zonas rurales y también periurbanas, el refuerzo de los sectores agrícolas clave, el pago por las prestaciones y la compensación por las cargas especiales, y la gestión del riesgo; opina que para ello deben determinarse de forma totalmente nueva las relaciones entre el primer y el segundo pilar;

115.

Opina que la agricultura europea puede aportar soluciones respetuosas del medio ambiente a los problemas más urgentes de nuestra sociedad urbanizada incluso en las regiones periurbanas y, de este modo, contribuir a la consecución de los objetivos tanto de la Agenda de Lisboa como de la de Gotemburgo;

116.

Pone de relieve el destacado papel que desempeñan los agricultores en la zonas periurbanas; señala que los agricultores y los gestores del espacio periurbano pueden promover soluciones que cumplan tanto los objetivos de Lisboa (conocimiento, investigación e innovación) como de Gotemburgo (sostenibilidad).

*

**

117.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

20.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 66/23

—

Visto el Tratado constitutivo de las Comunidades Europeas y, en particular, sus artículos 3 y 13,

—

Vista la Decisión del Consejo 2006/144/CE, de 20 de febrero de 2006, sobre las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural (período de programación 2007-2013) (1),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (2),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1974/2006 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (3),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio de 2005, sobre la financiación de la política agrícola común (4),

—

Vista la Directiva 86/613/CEE del Consejo, de 11 de diciembre de 1986, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres que ejerzan una actividad autónoma, incluidas las actividades agrícolas, así como sobre la protección de la maternidad (5),

—

Vista la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (6),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1260/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se establecen disposiciones generales sobre los Fondos Estructurales (7),

—

Vista la Resolución del Consejo, de 2 de diciembre de 1996, sobre la integración del principio de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en los Fondos estructurales europeos (8),

—

Vista su Resolución, de 13 de marzo de 2003, sobre los objetivos de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en la utilización de los Fondos Estructurales (9),

—

Vistas las Conclusiones del Consejo de 22 de julio de 2003 — El empleo en las zonas rurales en el marco de la Estrategia europea de empleo (10),

—

Vista la Revisión de la Estrategia de la UE para un desarrollo sostenible (EDS UE) — Estrategia revisada (11),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo de primavera titulada «Trabajando juntos por el crecimiento y el empleo — Relanzamiento de la estrategia de Lisboa» (COM(2005)0024),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Actuar contra la diferencia de retribución entre mujeres y hombres» (COM(2007)0424),

—

Vistos la Comunicación de la Comisión titulada «El empleo en las zonas rurales: colmar el déficit de puestos de trabajo» (COM(2006)0857) y el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión adjunto a dicha Comunicación (SEC(2006)1772),

—

Vista la publicación titulada «Participación de las mujeres en el desarrollo rural — Un futuro cierto para la Europa rural» (12),

—

Visto el estudio sobre el empleo en las zonas rurales 2006 — SERA,

—

Visto el Informe 2006 sobre el desarrollo rural en la Unión Europea — Información estadística y económica,

—

Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Lisboa los días 23 y 24 de marzo de 2000 sobre la Estrategia de Lisboa para el empleo y el crecimiento,

—

Vistas las conclusiones de la segunda Conferencia Europea sobre Desarrollo Rural celebrada del 12 al 14 de noviembre de 2003 en Salzburgo bajo el lema «Plantar las semillas del futuro rural: Formulación de una política que responda a nuestras aspiraciones»,

—

Vistos los informes de la Fundación Europea para la Mejora de las Condiciones de Vida y de Trabajo (Eurofound) titulados «Primera encuesta sobre la calidad de vida: diferencias entre zonas urbanas y rurales», «Capital social y creación de empleo en la Europa rural» y «Capacidad empresarial de la mujer en las zonas rurales»,

—

Vista la Decisión del Consejo 2005/600/CE, de 12 de julio de 2005, relativa a las Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros (13),

—

Visto el Informe conjunto sobre la protección social y la inclusión social 2007 (14),

—

Visto el Pacto Europeo por la Igualdad de Género adoptado por el Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 23 y 24 de marzo de 2006,

—

Vista su Resolución de 25 de junio de 1993 sobre la evaluación del trabajo femenino no asalariado (15),

—

Vistas sus resoluciones de 3 de julio de 2003 sobre las mujeres de las zonas rurales de la Unión Europea ante la revisión intermedia de la Política Agrícola Común (16) y de 13 de marzo de 2007 sobre el Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010 (17),

—

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-0031/2008),

A.

Considerando que, desde una perspectiva europea, las zonas rurales (18) se tratan en el contexto de la Política Agrícola Común (PAC); considerando que la presente Resolución trata del segundo pilar de la PAC, es decir, el desarrollo rural, pero que también se han de tomar en consideración las políticas social y económica,

B.

Considerando que uno de los principales objetivos de la política de desarrollo rural de la Unión Europea es mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y promover la diversificación de las actividades económicas,

C.

Considerando que para aumentar el atractivo de las zonas rurales es necesario promover un crecimiento sostenible e integrado y crear nuevas oportunidades de empleo, especialmente para las mujeres y los jóvenes, así como servicios sanitarios y sociales de calidad,

D.

Considerando que los cambios económicos y sociales que se producen en las zonas rurales no afectan a todas las mujeres de la misma manera y si para algunas representan oportunidades, para otras constituyen un reto difícil y plantean problemas muy graves,

E.

Considerando que los objetivos de Lisboa consistentes en generar crecimiento y promover una economía social de mercado sólo se podrán alcanzar haciendo pleno uso del significativo potencial de las mujeres en el mercado de trabajo en las zonas rurales y urbanas,

F.

Considerando que el trabajo de la mujer a menudo se considera como un recurso natural inagotable que debe explotarse, y que la segregación injusta que prevalece en el mercado laboral se está haciendo incluso más rígida,

G.

Considerando que en las zonas rurales la tasa de empleo, tanto de hombres como de mujeres, es inferior y que, además, muchas mujeres ni siquiera participan en el mercado de trabajo y, por lo tanto, no están registradas como desempleadas ni se incluyen en las estadísticas del desempleo; considerando que la falta de oportunidades de empleo de alta calidad afecta duramente a las zonas rurales,

H.

Considerando que la aplicación de la Directiva 86/613/CEE no ha sido eficaz ni ha logrado los objetivos originarios de la Directiva, en particular el de mejorar el estatuto de los cónyuges colaboradores,

I.

Considerando que en las zonas rurales muchas mujeres tienen ocupaciones comparables a una actividad profesional, pero no reciben el reconocimiento, la protección ni la remuneración que les corresponderían,

J.

Considerando que sólo un número reducido de mujeres son propietarias de explotaciones agropecuarias, normalmente de dimensiones económicas reducidas y escasa rentabilidad, y que la mayoría de las mujeres de las zonas rurales trabajan junto con sus compañeros varones (padres, hermanos o cónyuges), que son quienes detentan la propiedad exclusiva de la explotación agrícola o ganadera,

K.

Considerando que se registra una gran variedad de situaciones en las regiones rurales, no solamente entre los distintos Estados miembros, sino también en el interior de cada uno de ellos; considerando que, en consecuencia, las regiones rurales con distinto potencial de desarrollo, así como su población, deben recibir un apoyo adecuado,

L.

Considerando que, aunque las zonas rurales pueden ofrecer una elevada calidad de vida a las familias con niños y a las personas de edad, siguen encontrándose ante una serie de retos, como la falta de infraestructuras de educación y formación a todos los niveles, unas redes inadecuadas de servicios sociales sin, por ejemplo, un número suficiente de instalaciones apropiadas para el cuidado de los niños, servicios de proximidad y atención a personas de edad, enfermos y discapacitados, y la presión que en ellas ejercen las medidas de reestructuración agrícola en curso y de protección del medio ambiente,

M.

Considerando que la significativa contribución de las mujeres al desarrollo local y de la comunidad no queda reflejada suficientemente en su participación en los correspondientes procesos de toma de decisiones,

N.

Considerando que son generalmente las mujeres quienes se ofrecen para realizar actividades de voluntariado dentro de la familia y en relación con ella, y que la familia constituye la unidad social fundamental,

O.

Considerando que las zonas rurales se ven especialmente afectadas por el envejecimiento de la población, la escasa densidad de población e incluso, en algunas regiones, por la despoblación,

P.

Considerando que el éxodo de las mujeres pertenecientes a los grupos de edad activos económicamente provoca cierto grado de «masculinización» de la población rural, con consecuencias negativas para la calidad de vida de la comunidad y las tendencias demográficas,

Q.

Considerando que las mujeres que viven en zonas rurales invierten mucho tiempo acompañando a sus hijos y otros miembros de la familia al médico, a la escuela y a practicar deporte y que los jóvenes sufren desventajas por la falta de servicios locales de transporte público, lo que les resta oportunidades para acceder a la formación profesional o encontrar trabajo,

R.

Considerando la mayor dificultad de acceso a las tecnologías de información y comunicación en las zonas rurales, especialmente para las mujeres,

S.

Considerando que las zonas rurales ofrecen oportunidades reales gracias a su potencial de crecimiento en nuevos sectores y a la oferta de turismo, artesanía y esparcimiento rural, gestionada en su mayor parte por mujeres y que constituye un importante factor económico para regiones subdesarrolladas pero de gran interés paisajístico,

T.

Considerando que se debería prestar mayor atención a la dimensión de género al elaborar los presupuestos para lograr una gestión más eficaz de los programas de desarrollo rural y, en particular, una mejor adecuación de los recursos a las necesidades específicas de las mujeres en estas regiones,

U.

Considerando que la eliminación de desigualdades y la promoción de la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres son objetivos principales del Reglamento (CE) no 1260/1999,

1.

Está convencido de que la integración de la dimensión de género en el sector rural es un elemento estratégico no solamente para promover la igualdad entre mujeres y hombres sino también para el crecimiento económico y un desarrollo rural sostenible;

2.

Pide a la Comisión que mejore los datos estadísticos y la información sobre este fenómeno y que analice las tendencias, los principales motivos y las consecuencias del éxodo rural en la Unión Europea; pide a los Estados miembros que elaboren estrategias destinadas a frenar el éxodo de mujeres de las zonas rurales, especialmente de las altamente cualificadas;

3.

Pide a los Estados miembros que, en colaboración con las autoridades regionales y locales y las empresas, creen incentivos para mejorar el nivel educativo y de formación de las mujeres y fomentar su participación de las mujeres en el mundo del trabajo, en particular mediante la eliminación de toda discriminación de la que puedan ser víctimas en el mercado laboral, con el fin de resolver el problema de la pobreza y la exclusión social en las zonas rurales; observa que la pobreza es muy generalizada en las comunidades rurales, especialmente en los nuevos Estados miembros;

4.

Pide a los Estados miembros que adopten disposiciones adecuadas para las empresarias autónomas en relación con las licencias por maternidad y enfermedad;

5.

Pide a la Comisión que facilite datos estadísticos sobre la pobreza y la exclusión social desglosados no solamente por género y edad sino también por entorno urbano y rural;

6.

Pide a los Estados miembros que apoyen la transición en las zonas rurales de una economía basada en la agricultura a una economía más diversificada;

7.

Pide a los Estados miembros que apliquen políticas para mejorar las condiciones generales de vida de las mujeres en las zonas rurales, con especial atención a las mujeres discapacitadas, las víctimas de la violencia de género, las inmigrantes, las pertenecientes a etnias minoritarias, y aquellas que sean objeto de discriminaciones varias, y preservar el futuro de dichas zonas garantizando el acceso y la disponibilidad sobre todo de servicios postales, servicios de banda ancha y nuevas tecnologías aplicadas, centros culturales e instalaciones deportivas, cuerpo de bomberos y servicios públicos generales;

8.

Pide a las instituciones de la Unión Europea, los Estados miembros y las autoridades regionales y locales que faciliten el acceso a las tecnologías de la información y comunicación en el medio rural, y que se fomente la igualdad de oportunidades en dicho acceso mediante políticas y actividades dirigidas a la mujer rural;

9.

Pide a los Estados miembros que promuevan las iniciativas empresariales de las mujeres, que apoyen las redes profesionales de mujeres mediante la coordinación/acompañamiento de esquemas o alianzas de empresarias, y emprendan iniciativas destinadas a mejorar el espíritu de empresa, las aptitudes y capacidades de las mujeres en las zonas rurales y a favorecer la incorporación de las mujeres a los órganos de dirección de empresas y asociaciones;

10.

Pide a las instituciones de la Unión Europea, los Estados miembros y las autoridades regionales y locales que apoyen proyectos de promoción y asesoramiento para la creación de empresas innovadoras de producción agraria primaria en el medio rural, que puedan proporcionar nuevos empleos ocupados mayoritariamente por mujeres, siendo los principales ámbitos de actuación la utilización de productos ociosos o subempleados, la incorporación de valor a los productos agrarios y la búsqueda de salidas comerciales para los mismos, la utilización de nuevas tecnologías, así como la contribución a la diversificación económica de la zona y la prestación de servicios que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar;

11.

Pide al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros que aumenten la financiación de medidas innovadoras destinadas a las mujeres de las zonas rurales; pide a la Comisión que elabore proyectos de conexión en red, en el marco de la iniciativa Leader, para el intercambio de experiencias y mejores prácticas;

12.

Hace hincapié en la necesidad de potenciar al máximo el trabajo de la mujer, incluido el de la mujer inmigrante que no pertenece al núcleo familiar de la explotación y representa mano de obra para los campos, la cual se ve afectada de manera especial por las dificultades relacionadas con su condición de mujer en el mundo agrícola;

13.

Hace un llamamiento a los Estados miembros y a la Comisión Europea para que tengan presente la situación del grupo considerable de cónyuges colaboradores —por lo general de sexo femenino— en la agricultura y en pequeñas y medianas empresas (PYME), quienes en muchos Estados miembros carecen de una posición jurídica adecuada, lo que acarrea problemas financieros y jurídicos específicos en cuanto al derecho a licencias por maternidad o enfermedad, a la acumulación de derechos de pensión, al acceso a la seguridad social y en caso de divorcio;

14.

Pide a los Estados miembros que desarrollen la figura jurídica de la titularidad compartida para que se reconozcan plenamente los derechos de las mujeres en el sector agrario, la correspondiente protección en materia de seguridad social y el reconocimiento de su trabajo;

15.

Pide a los Estados miembros que presten apoyo moral y financiero al trabajo honorario y voluntario; hace hincapié en la importante labor social que realizan las asociaciones de mujeres a este respecto; pide, no obstante, que se modifiquen las estructuras para que las mujeres puedan tener acceso en mayor medida a un trabajo activo remunerado;

16.

Destaca que las mujeres en las zonas rurales se ven relativamente más afectadas por el desempleo encubierto que los hombres, debido a los modelos tradicionales del papel de la mujer y a la escasez de infraestructuras convenientes en numerosos sectores, como los servicios de cuidado de niños;

17.

Pide a los Estados miembros que, en colaboración con las autoridades regionales, promuevan la creación de centros regionales de recursos para mujeres, en particular para las mujeres sin trabajo de edades comprendidas entre los 25 y los 60 años, y que les presten apoyo para que emprendan una actividad autónoma o desarrollen servicios en sus propias comunidades, a través de la consulta sobre el terreno y la evaluación de las necesidades;

18.

Pide a los Estados miembros que mejoren los centros educativos y de formación, promuevan el desarrollo de redes de servicios sociales para el cuidado de los niños, de las personas de edad, de los enfermos y de las personas discapacitadas, como medida de conciliación de la vida laboral, familiar y personal de hombres y mujeres en el mundo rural; pide, asimismo, que mejoren los servicios sanitarios y, en particular, que mejoren la accesibilidad a los cuidados sanitarios de base; pide a los Estados miembros que garanticen la prestación de servicios paramédicos y asistencia médica de urgencia en las zonas rurales;

19.

Llama la atención sobre el tabú persistente que rodea la violencia sexual y/o doméstica contra las mujeres y las jóvenes en las zonas rurales; pide a los Estados miembros que adopten las medidas convenientes con el fin de garantizar una mejor protección y un mayor apoyo para las víctimas de esta violencia y para quienes corren el riesgo de convertirse en víctimas de tal violencia;

20.

Insta a los Estados miembros a que pongan remedio a la falta de buenas infraestructuras de transporte en las zonas rurales y a que apliquen políticas positivas para mejorar el acceso de todos, y en especial de las personas con discapacidad, al transporte puesto que es un factor que frena la exclusión social y las desigualdades sociales que afectan principalmente a las mujeres;

21.

Pide a la Comisión que, en el marco de la revisión de los programas de desarrollo rural, haga un cuidadoso seguimiento de la integración de la perspectiva de género en los programas presentados por los Estados miembros;

22.

Acoge positivamente en este contexto los proyectos Equal del FSE que pretenden aclarar y mejorar la posición de la mujer en la agricultura y en las zonas rurales; hace un llamamiento a los Estados miembros y a la Comisión Europea para que promocionen tales proyectos dentro de la Unión Europea;

23.

Pide a los Estados miembros que apoyen a las empresas que invierten en las zonas rurales y ofrecen a las mujeres empleo de alta calidad;

24.

Pide a las Instituciones de la Unión Europea, los Estados miembros y las autoridades regionales y locales que promuevan la realización de foros de intercambio de conocimientos o actividades similares, tanto de ámbito nacional como internacional, que contemplen específicamente la situación de la mujer en el medio rural;

25.

Señala que las mujeres están infrarrepresentadas en las funciones oficiales de dirección, a nivel rural o regional, a pesar de la importante labor que desempeñan en la comunidad «informal», donde la mujer desempeña a menudo un papel social esencial contribuyendo a la aparición de un capital social gracias a su participación en redes locales informales (por ejemplo, en el marco del trabajo voluntario en la comunidad o en distintas asociaciones temáticas);

26.

Pide a las autoridades nacionales, regionales y locales competentes que fomenten la participación de las mujeres en los grupos de acción local y el desarrollo de asociaciones locales en el marco del programa Leader, y que garanticen una participación equilibrada de hombres y mujeres en sus consejos de administración;

27.

Lamenta que la Comisión no haya dado respuesta a la citada Resolución del Parlamento de 3 de julio de 2003 emprendiendo una revisión radical de la Directiva 86/613/CEE, a pesar de que la Comisión reconoce que la aplicación de dicha Directiva ha sido ineficaz hasta el momento y que se han hecho progresos mínimos en el reconocimiento del trabajo y en la prestación de una protección adecuada a los cónyuges colaboradores de personas que trabajan por cuenta propia o en la actividad agrícola en los Estados miembros; pide de nuevo a la Comisión que presente, antes de finales de 2008, una propuesta de directiva revisada que ofrezca derechos sociales y de pensión independientes para las mujeres colaboradoras en explotaciones agrícolas y en PYME;

28.

Lamenta profundamente, asimismo, que la Comisión no haya dado hasta ahora respuesta alguna a las anteriores resoluciones del Parlamento sobre la situación de los cónyuges colaboradores de personas que trabajan en actividades por cuenta propia, y en las que se pide:

29.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión, así como al Comité Económico y Social, al Comité de las Regiones y a los órganos electivos y ejecutivos competentes para la igualdad de oportunidades a escala local, regional y nacional de los Estados miembros.

—

Región predominantemente rural (PR): más del 50 % de la población vive en municipios rurales (con menos de 150 habitantes por Km2)

—

Región intermedia (RI): entre un 15 % y un 50 % de la población vive en unidades locales rurales

—

Región predominantemente urbana (PU): menos del 15 % de la población vive en unidades locales rurales.

20.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 66/29

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 7 de diciembre de 2005, titulada «Plan de acción sobre la biomasa» (COM(2005)0628),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 10 de enero de 2007, titulada «Programa de trabajo de la energía renovable — Las energías renovables en el siglo XXI: construcción de un futuro más sostenible» (COM(2006)0848),

—

Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de noviembre de 1997, titulada «Energía para el futuro: fuentes de energía renovables — Libro blanco para una estrategia y un plan de acción comunitarios» (COM(1997)0599),

—

Vista la Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad (1),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo, de 26 de mayo de 2004, titulada «La cuota de las energías renovables en la UE — Informe de la Comisión de conformidad con el artículo 3 de la Directiva 2001/77/CE. Evaluación de la incidencia de los instrumentos legislativos y otras políticas comunitarias en el desarrollo de la contribución de las fuentes de energía renovables en la UE y propuestas de medidas concretas» (COM(2004)0366),

—

Vista la Decisión no 1230/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, por la que se adopta un programa plurianual de acciones en el ámbito de la energía: «Energía inteligente — Europa» (2003-2006) (2) y la Comunicación de la Comisión, de 8 de febrero de 2006, titulada «Estrategia de la UE para los biocarburantes» (COM(2006)0034),

—

Vista la Directiva 2003/30/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), de 8 de mayo de 2003, relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte,

—

Visto el Reglamento (CE) no 1782/2003 del Consejo (4), de 29 de septiembre de 2003, por el que se establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores, y el Reglamento (CE) no 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) (5),

—

Vista la Decisión no 280/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa a un mecanismo para el seguimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad y para la aplicación del Protocolo de Kyoto (6),

—

Vista la Directiva 2003/96/CE del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad (7),

—

Vista su Resolución, de 29 de septiembre de 2005, sobre la cuota de las energías renovables en la UE y las propuestas de medidas concretas (8),

—

Vista su Resolución, de 23 de marzo de 2006, sobre la promoción de los cultivos vegetales con fines no alimentarios (9),

—

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—

Vistos el informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural y las opiniones de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0034/2008),

A.

Considerando que la Comunicación de la Comisión antes citada de 26 de noviembre de 1997 fija el objetivo de aumentar las energías renovables del 6 % en 1995 al 12 % en 2010,

B.

Considerando que, en la Comunicación antes citada de 7 de diciembre de 2005, la Comisión declaró que para lograr ese objetivo iba a ser necesario aumentar la cantidad de energía producida a partir de biomasa en más del doble,

C.

Considerando que la agricultura y el sector forestal han contribuido en la UE a mitigar los efectos del cambio climático, como lo demuestra el hecho de que las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la agricultura descendieron en un 10 % entre 1990 y 2004 en la UE-15 y en un 14 % en la UE-25, y considerando que se espera que, para 2010, las emisiones procedentes de la agricultura europea se sitúen un 16 % por debajo de su nivel en 1990,

D.

Considerando que existe un amplio potencial para aumentar considerablemente la producción de biogás, en particular si se tiene en cuenta la contribución potencial de las explotaciones ganaderas (estiércol), lodos, residuos y plantas inapropiadas para la alimentación humana y animal, pero que hay que tener en cuenta los efectos de la explotación energética de los efluentes de la ganadería en la estructura del suelo y en los organismos que éste aloja,

E.

Considerando que a partir del estiércol, las plantas energéticas, el lodo y los residuos orgánicos sólo se producen hasta ahora anualmente 50 PJ de biogás, mientras que sólo el potencial del estiércol es de 827 PJ,

F.

Considerando que la producción de biogás y las correspondientes instalaciones están distribuidas de manera irregular en la UE, lo que demuestra una vez más que no se aprovecha el potencial en toda su medida,

G.

Considerando que el biogás puede explotarse de muchas maneras útiles, incluida la producción de electricidad, la calefacción, la refrigeración, el carburante para vehículos, etc.,

H.

Considerando que el uso de la biomasa para la producción de electricidad puede contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero y que se considera una de las fuentes de energía para la calefacción más baratas,

I.

Considerando que el desarrollo de las instalaciones de biogás basadas en plantas energéticas se ha ralentizado considerablemente debido al rápido aumento de los precios de los cereales, el suministro de alimentos y las preocupaciones medioambientales,

J.

Considerando que las preocupaciones en relación con la conexión entre la producción de bioenergía (fundamentalmente bioetanol y biodiésel) y el aumento de los precios de los cereales y de los alimentos en el mercado mundial no tienen que ver con la producción de biogás basada en el uso de estiércol, el lodo, los residuos orgánicos y los subproductos de cultivos inapropiados para la producción de alimentos y piensos, y que el procesamiento seguro de esos materiales es en cualquier caso una tarea necesaria,

K.

Considerando que en los nuevos Estados miembro el estiércol se produce en una mezcla que lleva el 20 % o más de paja y pueden transcurrir largos lapsos de tiempo entre la producción y la retirada del mismo, lo que no se adapta a ninguna forma de fermentación,

1.

Reconoce que el biogás es un recurso energético vital que contribuye a un desarrollo económico, agrícola y rural sostenible y a la protección del medio ambiente;

2.

Destaca la contribución que el biogás puede aportar a la reducción de la dependencia energética de la Unión Europea;

3.

Subraya que la producción de biogás a partir de estiércol, lodos y residuos municipales, orgánicos y animales favorece la diversificación del sector energético y puede de ese modo, en creciente medida, no solo contribuir a la seguridad, competitividad y sostenibilidad del aprovisionamiento energético europeo, sino también ofrece, a la agricultura nuevas perspectivas de ingresos;

4.

Considera que la utilización de biogás, especialmente para la producción de calor y electricidad, podría contribuir significativamente al objetivo de que, con carácter vinculante a partir del año 2020, el 20 % de la energía consumida en la Unión Europea proceda de fuentes renovables;

5.

Subraya que, a largo plazo, las energías renovables tales como el biogás y los biocombustibles, en conjunción con la energía solar y la energía eólica y a condición de realizar mayores esfuerzos en materia de investigación, pueden lograr una más amplia independencia respecto de las fuentes energéticas fósiles y atómicas;

6.

Alienta tanto a la Unión Europea como a los Estados miembros a explotar el elevado potencial del biogás, creando un entorno favorable y manteniendo y desarrollando los regímenes de ayuda para incentivar las inversiones en plantas de biogás y el mantenimiento de las mismas;

7.

Resalta que el biogás procedente del estiércol presenta numerosas ventajas medioambientales, tales como la reducción de metano y emisiones de CO2, la reducción de emisiones de partículas y monóxidos de nitrógeno, un olor mucho menos desagradable, la higienización de los purines y una mejor capacidad de fertilización del nitrógeno en el estiércol tratado, lo que supone que se necesita menos nitrógeno para alcanzar el mismo efecto fertilizante;

8.

Subraya que la producción de agrocombustibles a partir de los residuos no debería convertirse en un objetivo en sí misma; considera que la reducción de los residuos debería continuar siendo una prioridad para la política medioambiental de la Unión Europea y para la de los Estados miembros;

9.

Pide que se utilicen en mayor medida los purines como fuente de biogás, dado que todavía ofrecen un gran potencial, y que paralelamente se refuerce el carácter descentralizado de las instalaciones de biogás productoras de energía; constata que, mediante una mayor utilización de los purines, se reducirán considerablemente las emisiones de metano en el almacenamiento de los mismos;

10.

Subraya que el estiércol, las aguas residuales municipales y los residuos agroindustriales pueden contener sustancias (bacterias, virus, parásitos, metales pesados, substancias orgánicas nocivas) que pueden suponer una amenaza para la salud pública y el medio ambiente; insta a la Comisión a garantizar que se tomen las debidas precauciones para evitar la contaminación y la difusión de esas sustancias y de las enfermedades que puedan ocasionar;

11.

Señala que el uso de lodos y residuos animales u orgánicos mejorará la eficiencia de las instalaciones de biogás; señala que los problemas de higiene en caso de utilización de residuos animales pueden controlarse en la mayor parte de los casos de manera comparativamente más fácil;

12.

Pide asimismo la utilización de productos de transformación de primer grado, tales como las peladuras de patata o la pulpa de frutos, como biomasa en las instalaciones de biogás;

13.

Subraya que se espera que el desarrollo en el campo técnico y de gestión aumente aún más en un futuro próximo, lo que incrementará las ventajas medioambientales y sanitarias de las plantas de biogás que utilizan estiércol, purines y residuos orgánicos;

14.

Cree que las instalaciones de biogás, al igual que las explotaciones con animales, han de presentar garantías de sostenibilidad y unas dimensiones adaptadas a su región, de modo que sus ventajas medioambientales puedan dar lugar a una mayor aceptación de dichas explotaciones, que se enfrentan a muchos problemas debido al aumento de las quejas de los vecinos y del público en general;

15.

Destaca que una instalación de biogás a partir del estiércol, los purines y los residuos orgánicos puede dar lugar a una mayor lixiviación de amoniaco, pero señala que este efecto colateral puede evitarse de manera relativamente fácil y las medidas preventivas pueden integrarse en la legislación nacional relativa a las instalaciones de biogás así como en las ayudas concedidas a dichas instalaciones;

16.

Pide a los Estados miembros y a la Comisión que garanticen que en las instalaciones de biogás no haya fugas de metano, dado que tales fugas podrían neutralizar los efectos positivos en materia de calentamiento climático;

17.

Subraya que toda ayuda financiera para las instalaciones de biogás debe basarse en la eficiencia, el desarrollo técnico y el balance positivo de los gases de efecto invernadero, la creación de un valor añadido en las explotaciones agrícolas y en las zonas rurales y otras ventajas económicas y medioambientales de las instalaciones; afirma que la seguridad del abastecimiento alimentario de la población no se ha de poner en peligro;

18.

Observa con profunda preocupación una creciente competencia en muchos Estados miembros entre el uso energético y el uso en la cadena alimentaria de ciertos productos agrícolas como el maíz; subraya que esta competencia ha provocado una considerable subida de los precios de los piensos;

19.

Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que, en las futuras propuestas encaminadas a la regulación del sector del biogás, no sólo examinen sus aspectos medioambientales sino también su influencia en una producción de alimentos cualitativa y sostenible;

20.

Subraya que debe darse prioridad a la producción de biogás basada en el estiércol, los lodos y los residuos animales y orgánicos, ya que la sostenibilidad y las ventajas medioambientales de ésos métodos son inequívocas;

21.

Toma nota de que las dimensiones óptimas de una planta de biogás dependen de varias circunstancias que determinan las economías de escala, y que deberían estudiarse detalladamente; considera que, además de la evaluación económica y el balance de los gases de efecto invernadero, conviene sobre todo evaluar los efectos de la dimensión de las instalaciones en el entorno paisajístico, habida cuenta de la extensión de ciertos monocultivos;

22.

Subraya que lo mejor para los operadores de plantas de biogás, tanto desde un punto de vista medioambiental como económico, sería combinar y utilizar todas las sustancias orgánicas disponibles;

23.

Considera que el joven e innovador sector del biogás debe ciertamente ser objeto de fomento al principio, pero que los sistemas para su promoción sólo deben seguir vigentes hasta que el sector sea comercialmente viable;

24.

Señala que la financiación de instalaciones de biogás basadas únicamente en vegetales debe continuarse bajo un control cuidadoso y una reorientación hacia las instalaciones y los sistemas más avanzados y eficientes, con el fin de garantizar la ventaja económica y técnica de la Unión Europea y explorar opciones para el futuro;

25.

Pide a la Comisión que informe sobre la manera de introducir criterios sobre la eficiencia y la sostenibilidad económica y medioambiental de los cultivos energéticos, para que esta técnica relativamente nueva sea más respetuosa del medio ambiente, y garantizar que se aborden convenientemente las preocupaciones relacionadas con la producción y el abastecimiento de alimentos;

26.

Pide mayores esfuerzos para investigar y fomentar nuevos procedimientos técnicos sobre el biogás, especialmente para la explotación de la biomasa (segunda generación de biogás) como biocombustible y para elevar la rentabilidad de las instalaciones de biogás, que proporcionan los mayores beneficios ambientales, ya que sólo con una tecnología innovadora, como las técnicas de reciclado del gas, se puede aumentar significativamente la eficacia de las instalaciones de biogás;

27.

Recuerda a los Estados miembros y a la Comisión que no es posible avanzar más en materia de biogás sin financiación adicional; recuerda que la financiación debe destinarse a la investigación y el desarrollo, a la promoción de resultados a partir de proyectos específicos, a las instalaciones y a una mayor ayuda para la «electricidad verde» y el «gas verde»;

28.

Recuerda que aquellos Estados miembros que están concediendo incentivos adicionales a la «energía verde» mediante subvenciones adecuadas a los precios u otras medidas son los que están teniendo más éxito en la promoción del biogás;

29.

Considera que la producción de «gas verde» debe subvencionarse de la misma manera que la «electricidad verde»;

30.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que la financiación procedente de los programas europeos y nacionales se destine a las instalaciones más eficientes y sostenibles, especialmente a las instalaciones que producen electricidad y calor o a la instalación de infraestructuras y redes para la valorización y la alimentación de la red de gas natural con biogás;

31.

Subraya en este sentido que la alimentación de las redes con electricidad, calor y gas natural debe efectuarse sin discriminaciones, y pide que el biogás se equipare al gas natural de manera que pueda desarrollar todo su potencial una vez se haya introducido en la red de gas natural;

32.

Considera que la simplificación de los procedimientos para el comercio de CO2 puede contribuir sustancialmente a la viabilidad económica y a la sostenibilidad de las plantas de biogás;

33.

Subraya que las instalaciones de biogás pueden ayudar a los agricultores que no disponen de capacidad suficiente para almacenar el estiércol a solucionar ese problema de manera económicamente viable;

34.

Pide la Comisión y a los Estados miembros que garanticen que el establecimiento de plantas de biogás así como la autorización del uso de residuos orgánicos y lodos no se vea impedido por procedimientos y reglamentaciones burocráticos innecesariamente prolijos;

35.

Destaca las grandes diferencias en duración y contenido que existen entre los procedimientos nacionales de autorización de las instalaciones de biogás y pide a los Estados miembros que velen por que los requisitos nacionales en materia de ordenación territorial y concesión de licencias y autorizaciones no constituyan obstáculos innecesarios;

36.

Pide un procedimiento de autorización simplificado para la construcción de instalaciones de biogás;

37.

Pide a la Comisión que cree una lista positiva común de productos cuyo uso esté autorizado en las instalaciones de biogás, a fin de crear unas condiciones de igualdad entre los agricultores de los diferentes Estados miembros;

38.

Alienta a los agricultores a cooperar en el establecimiento y gestión de plantas de biogás;

39.

Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen una política coherente en materia de biogás; pide a la Comisión que presente un informe especifico sobre el biogás y su promoción en Europa señalando los cambios necesarios en las legislaciones comunitaria y nacional con el fin de facilitar una mayor expansión del sector del biogás, destacando los métodos más eficientes para utilizar la financiación y los programas europeos así como ofreciendo ejemplos de buenas prácticas; pide igualmente en este marco una evaluación de las repercusiones de las diversas formas de producción de biogás para el clima, la ecología paisajística, la renta agrícola y la seguridad alimentaria a escala planetaria;

40.

Propone que el fomento del biogás se incluya en el marco de la propuesta de Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables (COM(2008)0019), con particular énfasis en los siguientes elementos

41.

Insta a la Comisión a presentar cuanto antes posible una propuesta de directiva sobre los residuos biológicos, que incluya normas de calidad; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de una directiva conjunta para el biogás y los residuos biológicos;

42.

Pide a la Comisión que presente propuestas legislativas sobre el uso de los residuos procedentes de instalaciones de biogás; pide a la Comisión que garantice que las instalaciones de biogás sólo estarán autorizadas a utilizar material orgánico que permita una explotación de los residuos que no ponga en peligro el medio ambiente; pide a la Comisión que considere la prohibición de estimulantes del crecimiento en la alimentación animal que contengan metales pesados, en caso de que se demuestre que se plantearía un problema a escala europea para el uso posterior de residuos del biogás en los campos;

43.

Pide a la Comisión que garantice que la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (10), las directivas sobre nitratos (11), la Directiva sobre lodos de depuradora (12), la Directiva marco sobre el agua (13), la Directiva sobre las aves (14), la Directiva sobre hábitats (15) y la legislación sobre metales pesados se aplican efectivamente en todos los Estados miembros y regiones, con lo que se hacen más atractivas las instalaciones de biogás a partir de estiércol y lodos;

44.

Solicita que la Comisión presente lo antes posible una estrategia para incluir las instalaciones de biogás en el mecanismo de Kyoto, por ejemplo mediante certificados verdes, primas especiales o créditos fiscales para la electricidad y la calefacción procedentes de instalaciones de biogás y otras medidas; destaca que ello mejoraría la relación coste/eficiencia de las instalaciones de biogás y al mismo tiempo haría más transparentes los esfuerzos en el ámbito de la agricultura para luchar contra el cambio climático;

45.

Pide una evaluación del uso de la Directiva sobre los nitratos cuando esté plenamente en vigor la Directiva sobre las aguas subterráneas;

46.

Vuelve a hacer hincapié en que la legislación comunitaria no debe favorecer el uso de fertilizantes artificiales por encima del uso del estiércol y de los subproductos de las instalaciones de biogás; pide con insistencia, por lo tanto, que como primer paso se revise la definición de «estiércol» incluida en la Directiva sobre los nitratos;

47.

Pide a la Comisión que promueva la alimentación de las redes de gas natural con biogás mediante recomendaciones o una directiva;

48.

Pide a la Comisión que presente lo antes posible sus propuestas para reforzar ulteriormente el uso de subproductos animales y de cultivos agrícolas para biogás, tal como se indicaba en la citada Comunicación de la Comisión de 7 de diciembre de 2005;

49.

Pide que los Estados miembros que no hayan incorporado medidas, o no hayan incorporado las suficientes, en los programas de desarrollo vigentes que incluyan el biogás en la evaluación provisional de los programas de desarrollo rural y regional existentes y propongan acciones para el futuro;

50.

Pide a la Comisión que garantice la cooperación y la coordinación entre los Estados miembros, incluidos aquellos que no posean en la actualidad plantas de biogás o posean sólo unas pocas, para que puedan aprender de las mejores prácticas y de las experiencias de los demás en este ámbito mediante la transferencia de conocimientos y de tecnología;

51.

Pide a la Comisión que presente al Parlamento Europeo, a más tardar el 15 de diciembre de 2008, un informe coherente sobre la producción de biogás de la Unión Europea y sobre sus perspectivas de futuro, incluido un estudio de impacto, que tenga en cuenta las propuestas anteriormente mencionadas y los progresos realizados;

52.

Pide a la Presidencia actual y a las Presidencias futuras del Consejo de la Unión Europea que promuevan los debates sobre la forma de fomentar una producción sostenible de biogás, señala, en este sentido, que un fomento sostenible de las instalaciones de biogás debe contemplar también la generación combinada de calor y electricidad;

*

**

53.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

20.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 66/35

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada movilización de fondos públicos y privados para favorecer el acceso mundial a servicios energéticos inocuos con el clima, asequibles y seguros: el Fondo mundial para la eficiencia energética y las energías renovables (COM(2006)0583),

—

Vistas las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas de los días 8 y 9 de marzo de 2007,

—

Vista su Resolución, de 25 de septiembre de 2007, sobre el programa de trabajo para la energía renovable en Europa (1),

—

Vista su Resolución, de 1 de junio de 2006, sobre la eficiencia energética o hacer más con menos — Libro Verde (2),

—

Vista su Resolución de 14 de diciembre de 2006 sobre una estrategia para la biomasa y los biocombustibles (3),

—

Vista su Resolución, de 29 de septiembre de 2005, sobre la cuota de las energías renovables en la UE y las propuestas de medidas concretas (4),

—

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, así como las opiniones de la Comisión de Desarrollo y la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria (A6-0006/2008),

A.

Considerando que, en el contexto de la limitación del aumento de las temperaturas medias mundiales a un máximo de 2 °C, se han de impulsar las energías renovables y la eficiencia energética de modo que, tras alcanzar su nivel máximo en 2015, disminuyan las emisiones globales,

B.

Considerando que el informe Stern sobre los aspectos económicos del cambio climático (octubre de 2006) y los informes del Grupo de expertos intergubernamental sobre el cambio climático indican que los países y las personas más pobres sufrirán antes y en mayor medida los efectos del cambio climático,

C.

Considerando que las fuentes renovables de energía y el ahorro energético son elementos clave del acceso sostenible a los servicios energéticos y contribuyen a:

D.

Considerando que en la Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible de 2002, los dirigentes mundiales se pusieron de acuerdo para reducir a la mitad el número de personas privadas de servicios energéticos básicos, que es actualmente de 1 600 millones, y que, si las tendencias actuales persisten, este objetivo nunca se alcanzará,

E.

Considerando que a través del uso cada vez mayor de fuentes energéticas renovables, así como mejoras más importantes de la eficiencia energética y el ahorro de energía, deberían alcanzarse soluciones sostenibles a los retos energéticos a los que se enfrentan los países en desarrollo,

F.

Considerando que la transparencia y la obligación de rendir cuentas ante los inversores públicos y privados revestirán la máxima importancia al evaluar y, posiblemente, aumentar en mayor medida el apoyo que ofrece el Fondo mundial para la eficiencia energética y las energías renovables; considerando asimismo que el control será intenso especialmente en los primeros años de actuación de este Fondo,

1.

Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión sobre un Fondo mundial para la eficiencia energética y las energías renovables (Geeref);

2.

Considera que el desarrollo sostenible, en particular en los países en desarrollo y en las economías emergentes, con un reducido nivel de emisiones de efecto invernadero, una atmósfera limpia y un abastecimiento energético sostenible, sólo puede conseguirse asegurando la utilización de tecnologías renovables que permitan la utilización de los recursos energéticos locales y mejorando el acceso a la energía favoreciendo las inversiones en el suministro a distancia y descentralizado;

3.

Cree que los objetivos clave del Fondo deben ser la promoción de la eficiencia energética, el ahorro de energía y las energías renovables, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y de otros riesgos, la mejora del acceso a los servicios energéticos en los países más pobres y la diversificación de las fuentes de energía en el mundo en desarrollo;

4.

Se congratula especialmente de que el Fondo se centre en la movilización de la inversión privada proporcionando el capital de riesgo que será vital a largo plazo para el desarrollo de proyectos energéticos sostenibles en el mundo en desarrollo;

5.

Pide a la Comisión que se asegure de que el apoyo a los proyectos y la elección de la tecnología estén sujetos al cumplimiento de criterios generales de sostenibilidad y a una contribución al desarrollo sostenible, así como a las características geográficas y a los recursos regionales disponibles;

6.

Insta a la Comisión a que, al ejecutar el Fondo, se centre en proyectos a escala reducida, para los que es más difícil atraer inversión del sector privado; cree que la Comisión debe seguir revisando regularmente su umbral máximo de elegibilidad de 10 millones de euros para proyectos individuales, destinando al mismo tiempo por lo menos un tercio de los fondos disponibles a proyectos de escala reducida que requieran menos de un millón de euros;

7.

Pide a la Comisión que se asegure de que el apoyo a proyectos de biomasa, incluidos proyectos de tratamiento del agua y la depuración de las aguas residuales en los países en desarrollo, esté sujeto al cumplimiento de criterios rigurosos de sostenibilidad que garanticen que sólo se apoyan las tecnologías más sostenibles, teniendo en cuenta los efectos de todo el ciclo de vida de la biomasa en las emisiones de gases de efecto invernadero, la calidad del aire, la gestión rural, las condiciones socioeconómicas y la biodiversidad, incluida la preservación de los bosques naturales y la garantía del abastecimiento alimentario para todos mediante la mejora de las mejores prácticas agrícolas locales;

8.

Insta a la Comisión a que se asegure de que el Geeref apoye proyectos fotovoltaicos y le pide que respalde el desarrollo de tecnologías de redes inteligentes; insta en particular a que se lleven a cabo inversiones adaptadas a las poblaciones rurales pobres, tales como la electrificación mediante energías renovables (en particular, la energía hidráulica, solar, eólica y la biomasa), calentadores de agua solares, pasteurizadores solares, cocinas solares, bombas eólicas y mejores fogones, y que se apoyen los sistemas de microcréditos destinados a fomentar la participación local en los proyectos energéticos;

9.

Insiste en que el Geeref no debe apoyar grandes proyectos que requieran más de 1 millón de euros para las fuentes de energía tradicionales y para la combustión combinada de biomasa en centrales eléctricas de carbón nuevas o existentes, el uso a pequeña escala de combustibles fósiles (por ejemplo en los generadores diesel) o la producción a gran escala de combustibles agrícolas; exhorta a la Comisión a que se asegure de que las inversiones de los subfondos patrocinados por el Geeref no respalden estos tipos de tecnología y de que los contratos de gestión correspondientes y los criterios de selección excluyan los proyectos de este tipo;

10.

Cree que, donde sea posible, el apoyo debe centrarse en los proyectos que combinan tecnologías energéticas renovables con una eficiencia energética mejorada, por ejemplo, los proyectos destinados a mejorar los edificios existentes, el alumbrado y la cadena de refrigeración;

11.

Pide que se establezca una coordinación plena entre el Geeref y los futuros trabajos en el marco de la Plataforma para la cooperación internacional sobre la eficiencia energética propuesta por la Comisión, con el fin de mejorar la colaboración en la investigación y el desarrollo y la evaluación comparativa;

12.

Insta a la Comisión a que garantice que el Fondo apoye el desarrollo de los mercados locales, las manufacturas y las capacidades en el mundo en desarrollo, por ejemplo, dando cobertura a las PYME locales de modo que puedan garantizar la comercialización de nuevas tecnologías en una región particular;

13.

Cree que el Fondo debe también utilizarse para que especialmente las PYME de los Estados miembros puedan contribuir con sus conocimientos técnicos de tipo práctico al desarrollo y la utilización de tecnologías energéticas sostenibles en los países en desarrollo;

14.

Pide a la Comisión que se asegure de que el Fondo sea coherente con las demás políticas de desarrollo de los Estados miembros y de la UE, así como las iniciativas energéticas dirigidas a países en desarrollo, y las complemente;

15.

Pide a la Comisión que garantice que el Fondo complemente y funcione efectivamente junto con otras muchas iniciativas y fondos internacionales que actualmente apoyan proyectos energéticos sostenibles en el mundo en desarrollo, incluidos los que dirigen el Banco Mundial y los bancos de desarrollo regionales, así como los que se pusieron en marcha en la Cumbre mundial sobre el desarrollo sostenible de 2002;

16.

Pide a la Comisión que asegure que el Fondo contribuya a reducir los obstáculos a la utilización de los mecanismos para un desarrollo limpio (MDL) que existen en algunos países, sobre todo en los menos desarrollados, y que siga fomentando aquellos proyectos de desarrollo limpio que tengan un valor añadido real, incidan positivamente en el desarrollo sostenible y cumplan los criterios «Gold Standard»;

17.

Pide a la Comisión que explore las posibilidades de ampliar el Fondo en el futuro contexto del régimen aplicable después de 2012 de conformidad con el Convenio marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, teniendo en cuenta que la energía sostenible en los países en desarrollo será esencial para alcanzar los objetivos del Convenio;

18.

Lamenta que el objetivo mínimo de financiación de 100 millones de euros propuesto —con una contribución anual de sólo 15 millones para 2007 y 2008— sea totalmente inadecuado como contribución del Geeref cuando lo que se pretende es «aumentar el número de proyectos en favor de la eficacia energética y las energías renovables y contribuir considerablemente al desarrollo sostenible»; lamenta asimismo que hasta ahora sólo algunos países hayan decidido participar financieramente en el fondo; por consiguiente, insta a la Comisión a elevar su contribución animando al mismo tiempo a los Estados miembros, así como a las instituciones financieras multilaterales, a aunar sus fuerzas para aumentar significativamente el tamaño del Fondo; hace un llamamiento para que muchos más Estados miembros proporcionen ayuda financiera;

19.

Considera que un objetivo clave en los primeros años del Geeref, que es un fondo ampliable, debe ser el desarrollo de modelos que puedan atraer nuevas contribuciones, aumentando el flujo de inversiones en energías renovables y en la eficiencia energética en los países en desarrollo y las economías en transición y evitando que caigan en la pobreza energética muchas más personas de las previstas (de uno a tres millones);

20.

Destaca que el Geeref debe conceder prioridad a las necesidades específicas de los países menos desarrollados y a las intervenciones que han demostrado haber contribuido de manera significativa a la reducción de la pobreza; señala que el Geeref debe apoyar a los subfondos regionales para el África Subsahariana, los Estados insulares del Caribe y el Pacífico, las regiones vecinas de Europa (incluidos el norte de África y la Europa del Este no perteneciente a la UE), América Latina y Asia; sin embargo, pide que se ponga un énfasis especial en la respuesta a las necesidades de los países ACP; pide a la Comisión que, al asignar los recursos, se asegure de que éstos no se destinen únicamente a uno o dos subfondos; recomienda encarecidamente que los subfondos para China y Rusia, en caso de que estén incluidos en la dotación, no absorban todos los recursos disponibles y que revistan un interés particular como proyectos piloto;

21.

Reconoce, no obstante, que, tal y como se prevé actualmente, el Geeref podría encontrar dificultades para cumplir los criterios para la Ayuda Oficial al Desarrollo establecida por el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE, puesto que las inversiones estarán más dirigidas por las perspectivas de resultados financieros que por las necesidades de desarrollo; reconoce que la reducción de la pobreza, mencionada como un objetivo específico del Geeref, corre el riesgo de convertirse en una prioridad secundaria del Fondo; por consiguiente, destaca que la Comisión, además de elaborar criterios de desarrollo claros con miras a seleccionar los proyectos subvencionables para recibir financiación del Geeref, debe aumentar significativamente la ayuda al desarrollo basada en subvenciones con el fin de prestar servicios energéticos renovables a las poblaciones más pobres;

22.

Pide a la Comisión que informe regularmente sobre los progresos en la ejecución del Fondo y los proyectos objeto de apoyo, y que presente un informe provisional anual al Parlamento;

23.

Pide a la Comisión que proponga maneras de facilitar una comunicación intensa, así como el intercambio de experiencias por lo que se refiere a los distintos proyectos, sus resultados específicos y su contribución al desarrollo sostenible;

24.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.

20.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 66/38

—

Vistos los artículos 177 a 181 del Tratado CE,

—

Visto el Acuerdo de asociación entre los Estados de África, del Caribe y del Pacífico, por una parte, y la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra, firmado en Cotonú, el 23 de junio de 2000 (1), modificado por el Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo de asociación firmado en Luxemburgo, el 25 de junio de 2005 (2),

—

Vistos la Declaración del Milenio adoptada por las Naciones Unidas en el año 2000, el Informe de las Naciones Unidas 2005 titulado «Invertir en desarrollo» y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM),

—

Vista la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda adoptada el 2 de marzo de 2005,

—

Visto el Consenso de Monterrey sobre la financiación del desarrollo de 2002,

—

Vista la Declaración conjunta del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión sobre la política de desarrollo de la Unión Europea titulada «El consenso europeo sobre desarrollo» (3),

—

Vista la Declaración conjunta del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, del Parlamento Europeo y de la Comisión «El consenso europeo sobre ayuda humanitaria» (4),

—

Vistas las conclusiones del Consejo y de los Representantes de los Gobiernos de los Estados miembros reunidos en el seno del Consejo, de 15 de mayo de 2007, sobre un Código de Conducta de la UE relativo a la división del trabajo en el ámbito de la política de desarrollo,

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Coherencia de las Políticas en favor del Desarrollo: Acelerar el avance para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio» (COM(2005)0134),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Acelerar el avance para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio — Financiación para el Desarrollo y Eficacia de la Ayuda» (COM(2005)0133),

—

Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «Ayuda de la UE: realizar más, mejor y más rápido» (COM(2006)0087), y las conclusiones del Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, de 11 de abril de 2006, basadas en ella,

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Informe anual 2006 sobre la política de desarrollo de la Comunidad Europea y la ejecución de la ayuda exterior en 2005» (COM(2006)0326),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1905/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, por el que se establece un Instrumento de Financiación de la Cooperación al Desarrollo (5) (DCI),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «La gobernanza en el consenso europeo sobre la política de desarrollo: Hacia un enfoque armonizado en la Unión Europea» (COM(2006)0421),

—

Vista la política de cooperación internacional para el desarrollo de la República Checa, que incluye el plan para la cooperación al desarrollo bilateral para 2007 y los documentos de estrategia nacionales para Angola y Zambia,

—

Vista la política de cooperación internacional para el desarrollo de Hungría,

—

Visto el programa de la política de cooperación al desarrollo de Letonia para el período 2006-2010,

—

Vista la política de cooperación al desarrollo de Lituania para el período 2006-2010,

—

Vista la estrategia en materia de cooperación al desarrollo y ayuda humanitaria de Estonia para el período 2006-2010,

—

Vistos la estrategia en materia de cooperación al desarrollo de Polonia publicada en 2003 y el programa de ayuda polaco para 2007,

—

Vista la estrategia nacional en materia de cooperación internacional para el desarrollo de Rumanía,

—

Vistos la estrategia a medio plazo 2003-2008 de la ayuda oficial al desarrollo (ODA) de Eslovaquia para el período 2003-2008 y el programa nacional de ayuda oficial de Eslovaquia para 2006,

—

Vista la cooperación al desarrollo de Eslovenia para el período 2002-2004,

—

Visto el informe para 2007 de la organización no gubernamental (ONG) «Aid Watch» titulado «Sin motivos para aplaudir. Los gobiernos de la UE se arriesgan a no cumplir con las promesas de ayuda» de la Confederación Europea de ONG de Desarrollo (Concord), que incluye la evaluación realizada por una ONG del rendimiento de cada Estado miembro en lo que se refiere a la ayuda oficial al desarrollo,

—

Vista la estrategia de la UE para Asia Central (Estrategia para una nueva asociación) para el período 2007-2013,

—

Visto el «Consenso europeo sobre desarrollo: la contribución de la educación para el desarrollo y la sensibilización», un marco estratégico elaborado por los representantes de las instituciones de la UE, los Estados miembros, la sociedad civil y otras partes interesadas, y presentado durante los Días Europeos de Desarrollo celebrados en Lisboa en noviembre de 2007,

—

Visto el Consenso Europeo sobre la Comunicación de las ONG celebrado del 7 al 9 de noviembre de 2006,

—

Vista la Resolución del Consejo de Ministros (Desarrollo), de 8 de noviembre de 2001, sobre la educación para el desarrollo y la sensibilización de la opinión pública europea en favor de la cooperación para el desarrollo,

—

Vista la Declaración de Maastricht del Congreso Europeo sobre Educación Global, celebrado del 15 al 17 de noviembre de 2002 y que reunió a representantes de parlamentarios, entidades locales y regionales y de organizaciones de la sociedad civil de los Estados miembros del Consejo de Europa, sobre un marco estratégico europeo para la mejora y el incremento de la educación global en Europa hasta el año 2015,

—

Visto el Proceso de Palermo de 2003, cuyo objeto era crear un foro informal en el que los actores pudieran debatir acontecimientos y temas importantes con respecto a la ayuda europea al desarrollo con el fin de complementar, de manera informal, los procedimientos oficiales de consulta de la Comisión,

—

Vista la Conferencia Europea sobre sensibilización y educación para el desarrollo para la solidaridad Norte-Sur, que se celebró en Bruselas los días 19 y 20 de mayo de 2005,

—

Vista la Conferencia de Helsinki sobre la Educación Europea para el Desarrollo celebrada los días 3 y 4 de julio de 2006,

—

Visto el programa de año y medio sobre política de desarrollo de las Presidencias alemana, portuguesa y eslovena de la UE,

—

Visto el artículo 49 del Tratado UE,

—

Vistas la Comunicación de la Comisión titulada «Una Europa más amplia. Relaciones con los países vecinos: un nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur de Europa» (COM(2003)0104), y la Resolución del Parlamento, de 20 de noviembre de 2003, sobre «Una Europa más amplia. Relaciones con los países vecinos: un nuevo marco para las relaciones con nuestros vecinos del Este y del Sur de Europa» (6),

—

Visto el documento «Una Europa segura en un mundo mejor — Estrategia europea de seguridad», aprobado por el Consejo Europeo en Bruselas el 12 de diciembre de 2003,

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Política europea de vecindad — Documento de estrategia» (COM(2004)0373),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Propuestas de la Comisión de planes de acción con arreglo a la Política Europea de Vecindad (PEV)» (COM(2004)0795),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Política europea de vecindad — Recomendaciones para Armenia, Azerbaiyán y Georgia y para Egipto y Líbano» (COM(2005)0072),

—

Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a la consolidación de la Política Europea de Vecindad (COM(2006)0726),

—

Visto el Plan de acción para el Cáucaso Meridional (Armenia, Azerbaiyán y Georgia) adoptado por la Comisión el 14 de noviembre de 2006,

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión que acompaña a la Comunicación de la Comisión antes mencionada relativa a la consolidación de la Política Europea de Vecindad (SEC(2006)1504),

—

Visto el documento de trabajo de los servicios de la Comisión (SEC(2007)0840) anexo a su Comunicación titulada «Informe anual 2007 sobre la Política de Desarrollo de la Comunidad Europea y la implementación de la ayuda exterior en 2006» (COM(2007)0349),

—

Vistos los informes de situación de la Política Europea de Vecindad sobre Ucrania (SEC(2006)1505) y sobre Moldova (SEC(2006)1506),

—

Vista la publicación de la Comisión, de 24 de noviembre de 2005, titulada «Política Europea de Vecindad: Un año de progresos» (IP/05/1467),

—

Vista la Comunicación enviada por la Comisaria Ferrero-Waldner al Colegio de Comisarios titulada «Aplicación y fomento de la Política Europea de Vecindad» (SEC(2005)1521),

—

Visto el Reglamento (CE) no 1638/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 2006, por el que se establecen las disposiciones generales relativas a la creación de un Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (7) (IEVA),

—

Vista la Decisión del Consejo 2006/62/CE, de 23 de enero de 2006, por la que se permite a los países a los que se aplica la política europea de vecindad y a Rusia acogerse al programa de Asistencia Técnica e Intercambio de Información (TAIEX) (8),

—

Vista la Decisión del Consejo 2005/47/CE, de 22 de diciembre de 2004, por la que se modifica la Decisión 2000/24/CE para tener en cuenta la ampliación de la Unión Europea y la política europea de vecindad (9),

—

Visto el informe titulado «Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación» Belarús/Moldova/Ucrania/Armenia/Azerbaiyán/Georgia (por separado): Documento Estratégico Nacional 2007-2013 y Programa Indicativo Nacional 2007-2010,

—

Visto el Documento Estratégico Regional CE-IEVA para Europa Oriental 2007-2013 que complementa los documentos estratégicos nacionales adoptados por la Comisión,

—

Visto el Programa Indicativo Regional IEVA para Europa Oriental 2007-2010, que define con mayor detalle el centro de intervención en el marco de la dotación regional para los países del Este del nuevo IEVA,

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «La sinergia del Mar Negro, una nueva iniciativa de cooperación regional» (COM(2007)0160),

—

Vista la Comunicación de la Comisión titulada «Enfoque general para que los países socios de la PEV puedan participar en agencias y programas comunitarios» (COM(2006)0724),

—

Visto el estudio monográfico, elaborado por la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros en junio de 2006, titulado «Política Europea de vecindad: Revisión económica de los países de la PEV»,

—

Visto el Sistema de Desarrollo de Capacidades II destinado a apoyar a los nuevos Estados miembros y países candidatos en el ámbito de la cooperación al desarrollo, puesto en marcha por la Comisión en julio de 2007,

—

Vista su Resolución, de 19 de enero de 2006, sobre la política europea de vecindad (10),

—

Vistos los Acuerdos de colaboración y cooperación,

—

Visto el artículo 45 de su Reglamento,

—

Visto el informe de la Comisión de Desarrollo (A6-0036/2008),

A.

Considerando que, en 2006, la UE aportó una ayuda oficial al desarrollo de 47 524 millones de euros, lo que representa el 57 % de la ayuda oficial al desarrollo de todo el mundo, una cifra que se espera que aumente a 78 626 millones de euros en 2010,

B.

Considerando que los nuevos Estados miembros se han comprometido a alcanzar una ayuda oficial al desarrollo del 0,17 % de la renta nacional bruta (RNB) para 2010 y del 0,33 % para 2015, con contribuciones futuras para reforzar el papel de la UE en la cooperación internacional al desarrollo,

C.

Considerando que la ayuda al desarrollo de los nuevos Estados miembros afecta a la política europea de cooperación al desarrollo y a la Política Europea de Vecindad,

D.

Considerando que los países a los que se dirige prioritariamente la cooperación al desarrollo de los nuevos Estados miembros son los países de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) y los países de los Balcanes Occidentales, así como unos pocos países que pertenecen al grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP),

E.

Considerando que el marco institucional sigue siendo uno de los principales retos para una cooperación al desarrollo eficaz para los nuevos Estados miembros,

F.

Considerando que uno de los principales retos a que se enfrentan los nuevos Estados miembros es la necesidad de crear una base de apoyo pública y política para la cooperación al desarrollo, en la que intervengan todas las partes, especialmente para asistir a los países menos desarrollados del mundo,

G.

Considerando que en la mayoría de los Estados miembros de la UE se ha de concienciar aún más sobre los temas relativos a la cooperación al desarrollo,

H.

Considerando que el derecho de los Estados miembros a seguir estrategias de desarrollo conformes a sus prioridades nacionales representa una expresión totalmente legítima de su soberanía que debería ser siempre reconocida y respetada como tal,

I.

Considerando que la mayor parte de la ayuda oficial al desarrollo bilateral de Estonia y Letonia se destina a los países de la CEI, en particular a Georgia, Moldova y Ucrania, así como a Afganistán; considerando que el gasto en ayuda oficial al desarrollo de Estonia representó en 2005 un 0,08 % y el de Letonia un 0,07 %,

J.

Considerando que la mayor parte de la ayuda oficial al desarrollo bilateral de Lituania se destina a Belarús, Ucrania, Moldova, los países del Cáucaso Meridional, Afganistán (provincia de Ghor) e Iraq, y tan sólo a un país ACP, Mauritania, y que en 2005 la ayuda oficial al desarrollo de Lituania representó un 0,06 %,

K.

Considerando que la mayor parte de la ayuda oficial al desarrollo bilateral de Polonia se destina a Belarús, Ucrania, Moldova y Georgia, y que en 2005 la ayuda oficial al desarrollo de Polonia representó un 0,07 %,

L.

Considerando que la mayor parte de la ayuda oficial al desarrollo bilateral de Hungría se destina a los Balcanes Occidentales (Montenegro, Serbia, Bosnia y Herzegovina), y que en 2005 la ayuda oficial al desarrollo de Hungría representó un 0,11 %,

M.

Considerando que la mayor parte de la ayuda oficial al desarrollo bilateral de Rumanía se destina a Moldova, Serbia y Georgia, y que en 2006 la ayuda oficial al desarrollo de Rumanía representó un 0,04 %,

N.

Considerando que la mayor parte de la ayuda oficial al desarrollo bilateral de Eslovenia se destina a los Balcanes Occidentales (Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Serbia, Antigua República Yugoslava de Macedonia y Albania) y Moldova, y que en 2005 la ayuda oficial al desarrollo de Eslovenia representó un 0,11 %,

O.

Considerando que la mayor parte de la ayuda oficial al desarrollo bilateral de Eslovaquia se destina a Serbia, Montenegro, Kirguistán, Kazajstán, Ucrania y Belarús, y que en 2005 la ayuda oficial al desarrollo de Eslovaquia representó un 0,12 %,

P.

Considerando que la mayor parte de la ayuda oficial al desarrollo bilateral de la República Checa se destina a Bosnia y Herzegovina, Moldova, Mongolia, Serbia, Montenegro y Vietnam, y que en 2005 la ayuda oficial al desarrollo de la República Checa representó un 0,11 %,

Q.

Considerando que Bulgaria no adoptó su estrategia nacional en materia de cooperación al desarrollo hasta finales de 2007 y que sus prioridades son Albania, Antigua República Yugoslava de Macedonia, Bosnia y Herzegovina, Ucrania y Moldova, y que se estima que en 2005 su gasto en materia de ayuda oficial al desarrollo representó un 0,04 % aproximadamente, lo que equivale a la contribución de Bulgaria a las instituciones multilaterales,

R.

Considerando que Estonia, Letonia y Rumanía no destinan sus ayudas a ningún país ACP en el marco de la política de cooperación al desarrollo, si bien Estonia no ha descartado la posibilidad de establecer en el futuro una cooperación bilateral con uno de los países menos desarrollados del África subsahariana,

S.

Considerando que Bulgaria tiene la intención de destinar su ayuda a países de África con los que mantuvo acuerdos bilaterales antes de 1989, como por ejemplo Ghana,

T.

Considerando que la República Checa tiene a Angola y Zambia como países beneficiarios, con un 8 % (956 000euros en 2007) y un 4 % (775 000euros en 2007) respectivamente de los fondos asignados; considerando que, además, financia programas en Angola en el sector de la agricultura y del desarrollo rural y la educación y programas transversales como la desactivación de minas, el aumento de la capacidad del sector público y el fomento de la sociedad civil y la igualdad entre hombres y mujeres, así como el medio ambiente; considerando que también financia programas en Zambia en el sector sanitario con vistas a alcanzar ODM como la reducción de la mortalidad infantil, la mejora de la salud materna y la lucha contra el VIH/sida y otras enfermedades, destinados en particular a la Provincia Occidental, donde el ambiente natural es particularmente hostil,

U.

Considerando que Hungría destina su ayuda a Etiopía, y que Polonia la destina principalmente a Angola y Tanzania,

V.

Considerando que Eslovaquia destina su ayuda a Kenia, Sudán y Mozambique, a los sectores comercial y sanitario de Kenia, y ofrece su ayuda al uso de los recursos renovables; considerando que su cooperación al desarrollo con Sudán incluye la reducción de la deuda e infraestructuras técnicas como la gestión del agua, así como el sector social, fomentando sobre todo la educación primaria y la sanidad básica,

W.

Considerando que Eslovenia tiene previsto destinar su ayuda a Madagascar, Níger, Malí, Burkina Faso, Uganda y Malawi a través de organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) eslovenas y ayudar a las comunidades locales en sectores como la infraestructura, la educación, el agua, el saneamiento y el suministro de energía sostenible,

X.

Considerando que Lituania inició en 2006 su primer proyecto bilateral en Mauritania (ayuda al desarrollo de los recursos naturales),

Y.

Considerando que en todos los nuevos Estados miembros una gran parte de la ayuda al desarrollo se encauza a través de canales multilaterales, incluida la UE, por lo que todos estos países contribuyen indirectamente al desarrollo de los países ACP,

Z.

Considerando que la PEV es una de las máximas prioridades de las relaciones exteriores de la UE, cuyo objetivo es promover la buena gobernanza y el desarrollo económico en su vecindad y, por lo tanto, reducir las diferencias políticas, económicas y sociales entre los Estados miembros y sus vecinos,

AA.

Considerando que los planes de acción de la PEV para los tres Estados del Cáucaso Meridional (Georgia, Armenia y Azerbaiyán) se publicaron el 14 de noviembre de 2006 pese a que la inclusión de los países del Cáucaso Meridional en la PEV había sido rechazada en un principio en una nota a pie de página de la Comunicación de la Comisión antes mencionada sobre una Europa más amplia,

AB.

Considerando que debe suponerse que los planes de acción han de hacerse a la medida de cada país,

AC.

Considerando que la UE ha preferido tradicionalmente un enfoque regional en sus relaciones exteriores,

AD.

Considerando que el Gobierno de Georgia ha expresado su esperanza de que se le incluya en la región del Mar Negro, junto con Ucrania y Moldova, en vez de en la región del Cáucaso Meridional, que también ha sido reconocida en el plan de acción,

AE.

Considerando que el plan de acción UE-Georgia muestra que la UE está dispuesta a ofrecer algo más de apoyo político a Georgia en el ámbito de la resolución de conflictos, lo que había sido denegado hasta ahora,

AF.

Considerando que los nuevos Estados miembros ya participaban en el desarrollo de la PEV antes de su entrada en la UE,

AG.

Considerando que los nuevos Estados miembros no ejercieron ninguna influencia en el plan de acción ni se habían visto implicados en los procedimientos decisorios antes de la adhesión,

AH.

Considerando que, antes de firmar la PEV, los países vecinos deben establecer una relación contractual, como un acuerdo de asociación y cooperación o un acuerdo de asociación; que, por lo tanto, Belarús, Libia y Siria han quedado excluidos de la PEV por no tener ninguna relación contractual en vigor,

AI.

Considerando que la UE aspira a un acercamiento bilateral y regional equilibrado con respecto a Asia central,

AJ.

Considerando que las relaciones entre Kazajstán, Kirguistán, la Federación de Rusia, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y la UE se basan en acuerdos de asociación y cooperación y marcos de cooperación como la Iniciativa Bakú, así como en una gran variedad de instrumentos de la Política Exterior y de Seguridad Común,

AK.

Considerando que todos los vecinos de la UE, con independencia del resultado de su posible integración, tienen igualdad de oportunidades para establecer relaciones privilegiadas con la UE basadas en intereses y valores comunes, de acuerdo con las respectivas aspiraciones,

AL.

Considerando que la principal ventaja del plan de acción es ayudar al país en cuestión a determinar sus prioridades y servir de guía al apoyo de la UE a sus esfuerzos,

AM.

Considerando que Bulgaria y Rumania ya están incluidos en la cooperación transfronteriza con los correspondientes asociados de la PEV,

AN.

Considerando que la participación de los nuevos Estados miembros para compartir la experiencia de transición habrá de ser guiada y contribuirá a ganar experiencia en los antiguos Estados miembros mediante el programa TAIEX y programas de hermanamiento,

AO.

Considerando que el nivel actual de gasto en la mayoría de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), destinado a la sensibilización del público en general en relación con cuestiones de desarrollo, representa aproximadamente 190 millones de euros en total, o un 0,25 % de la ayuda oficial total al desarrollo,

AP.

Considerando que todos los nuevos Estados miembros, a excepción de Polonia y Malta, opinan que la educación para el desarrollo es una prioridad para sus plataformas nacionales de ONGD,

AQ.

Considerando que ninguno de los nuevos Estados miembros tiene aún una estrategia nacional sobre educación para el desarrollo,

AR.

Considerando que sólo el 12 % de los ciudadanos de la OCDE ha oído hablar de los ODM, el 62 % de los cuales, sin embargo, desconoce su significado; que el 17 % de los ciudadanos europeos no sabe si la ayuda es realmente útil, teniendo en cuenta la corrupción y la percepción de que no beneficia a los pobres (una cifra que alcanza el 34 % en Portugal, el 24 % en Italia, el 23 % en Irlanda y el 22 % en España),

AS.

Considerando que sólo el 29 % de los ciudadanos europeos piensa que para 2015 se logrará una reducción de la pobreza extrema y del hambre, citando como obstáculos más frecuentes la falta de dinero o de recursos (18 %), la falta de voluntad (18 %) y la magnitud de la tarea que queda por hacer (14 %),

AT.

Considerando que en un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se propone que la Comisión y los Estados miembros se orienten hacia un 3 % o más de la ayuda oficial al desarrollo como objetivo mínimo de gasto destinado al fomento de la sensibilización pública y la educación para el desarrollo,

1.

Subraya que la política de desarrollo es parte integrante del acervo comunitario, y recuerda los compromisos internacionales contraídos por los nuevos Estados miembros en este ámbito; destaca que la UE debe acompañar a los nuevos Estados miembros para ayudarlos a integrar el acervo comunitario;

2.

Considera que los 10 nuevos Estados miembros suscribieron el Consenso Europeo sobre Desarrollo en el año de su adhesión y acordaron aplicar un modelo ambicioso de desarrollo y trabajar para alcanzar los ODM en el plazo establecido;

3.

Manifiesta su preocupación por el hecho de que muchos de los nuevos Estados miembros no están cumpliendo el objetivo de destinar el 0,17 % de la RNB a la ayuda oficial al desarrollo de aquí a 2010, y que alguno podría pensar que la ayuda oficial al desarrollo está sujeta a los recortes en el presupuesto general debidos a la necesidad de reducir la deuda pública;

4.

Hace hincapié en la experiencia de los nuevos Estados miembros, en particular durante el periodo de transición, y considera que la buena gobernanza y el fomento de la democracia deben ser prioridades de la UE en materia de cooperación al desarrollo; pide a las instituciones de la Unión Europea que se aprovechen de la experiencia acumulada por los nuevos Estados miembros en el ámbito de política al desarrollo para enriquecer su propia política en este ámbito;

5.

Considera que, mediante una política de cooperación activa, los nuevos Estados miembros contribuirán a promover el respeto de los derechos fundamentales y la solidaridad con las nuevas generaciones de los terceros países que participan en la PEV;

6.

Subraya los beneficios concretos para los nuevos Estados miembros que supone la participación en la política de cooperación al desarrollo, en particular en ámbitos como el desarrollo económico y el comercio;

7.

Se felicita del nuevo enfoque adoptado por la Comisión, que consiste en ir más allá de las políticas de desarrollo tradicionales y crear nuevas relaciones de asociación con los países en desarrollo;

8.

Celebra el hecho de que la comunidad internacional esté dispuesta a aceptar el principio de la responsabilidad común en caso de urgencia humanitaria;

9.

Propone que los nuevos y los antiguos Estados miembros colaboren de forma más activa en el seno de la UE para asegurarse de que la situación en particular de los países incluidos en la PEV se supervisará de una manera más oportuna, de forma que la UE pueda reaccionar con mayor flexibilidad en su política respecto a dichos países;

10.

Subraya la relación que existe entre desarrollo y migración, que constituye uno de los principales retos para muchos de los nuevos Estados miembros situados en las fronteras exteriores de la UE;

11.

Reconoce los progresos que han realizado los nuevos Estados miembros al pasar de ser países receptores de ayuda a ser países donantes, así como el reto que ello les plantea;

12.

Constata que las prioridades de los nuevos Estados miembros tras el periodo de transición están determinadas por sus relaciones históricas y afectan a sus vecinos, y que la mayor parte del presupuesto para la cooperación al desarrollo de los nuevos Estados miembros se destina a sus vecinos inmediatos y a los países de la CEI; pide a la UE que aproveche la ocasión que le brinda la adhesión de estos nuevos Estados miembros para reforzar la presencia estratégica de la Unión Europea en la Europa oriental, en Asia central y en el Cáucaso, regiones del mundo que hasta la fecha no se han visto muy afectadas por la ayuda europea y que, sin embargo, se han enfrentado a un gran número de retos en términos de desarrollo;

13.

Destaca que una acción eficaz en la promoción de la democracia y del Estado de Derecho, ámbitos de intervención privilegiada de los nuevos Estados miembros, también representa una manera de actuar a largo plazo en favor de la reducción de la pobreza, objetivo prioritario de la política de desarrollo de la UE fijado en el Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD);

14.

Recuerda la «dimensión oriental» de las relaciones exteriores de la UE, y considera que una nueva asamblea de países vecinos de la UE (similar a la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE, la Asamblea Parlamentaria Euromediterránea (Euromed) y la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat)) podría basarse en la experiencia histórica, reforzar la contribución de los nuevos Estados miembros a las políticas de la UE y contribuir a definir conjuntamente la PEV y a concienciar a los países vecinos sobre nuevos ámbitos políticos;

15.

Reconoce que la mayoría de los Estados miembros cuenta en sus Ministerios de Asuntos Exteriores con departamentos encargados específicamente de la cooperación al desarrollo, pero recomienda, no obstante, que se refuerce la coordinación, tanto dentro de sus propios ministerios como entre ellos y con los otros Estados miembros, hasta el nivel aprobado por los parlamentos nacionales y las autoridades locales en los procesos decisorios;

16.

Reconoce que la creación de las instituciones adecuadas y la ejecución de políticas requieren un largo proceso;

17.

Reconoce que los principales retos para los nuevos Estados miembros en los próximos años serán el aumento de los presupuestos y las actividades de sensibilización;

18.

Acoge con satisfacción el marco estratégico «Consenso europeo sobre desarrollo: la contribución de la educación para el desarrollo y la sensibilización» antes mencionado, y destaca que el Parlamento Europeo tiene que desempeñar un importante papel a la hora de concienciar sobre la función real y potencial de la educación para el desarrollo y la sensibilización, tanto en la educación formal como en la informal, en los nuevos Estados miembros;

19.

Considera que los proyectos a largo plazo que se dirigen a socios y sectores en los que los nuevos Estados miembros cuentan con una ventaja comparativa y pueden transferir experiencias son de la máxima utilidad en el proceso global de erradicación de la pobreza;

20.

Pide un reparto de los cometidos entre los Estados miembros en lo que se refiere al valor añadido de la aportación de cada una de las partes y con vistas a una colaboración efectiva;

21.

Opina que una gran mayoría de nuevos Estados miembros podría dar más prioridad a su política de desarrollo y garantizar, además, un enfoque de la planificación estratégica con una mayor coordinación interna, a excepción de Lituania, donde el Ministerio de Asuntos Exteriores es responsable de la planificación y la gestión de la ayuda oficial al desarrollo;

22.

Afirma que el objetivo de la UE con respecto a los nuevos Estados miembros no sólo es capitalizar su experiencia, sino también ayudarles a reforzar su papel como nuevos donantes; insta, así pues, a los antiguos y a los nuevos Estados miembros a que establezcan conjuntamente un calendario realista que prevea el acercamiento de los nuevos Estados miembros a los objetivos de ayuda al desarrollo de la UE, sin olvidar las potencialidades y los límites de la asociación entre los antiguos y los nuevos Estados miembros;

23.

Subraya que se ha de incluir sistemáticamente a los nuevos Estados miembros en el intercambio de experiencias y en la formación específica en los ámbitos relacionados con la programación, la aplicación y la evaluación de la política de cooperación al desarrollo; recuerda las diferentes experiencias en lo que se refiere al sistema de desarrollo de capacidades y pide que se siga mejorando para acabar con el movimiento de funcionarios;

24.

Recuerda la importancia de un diálogo permanente con los funcionarios responsables de los nuevos Estados miembros y de los países adherentes o candidatos; subraya la importancia de la asistencia técnica de EuropeAid en la organización de cursos de formación, seminarios, conferencias y asistencia técnica específica para responder a las necesidades manifestadas por estos países; subraya la importancia de las actividades financiadas por la Dirección General de Desarrollo de la Comisión en este sentido;

25.

Lamenta que el Grupo de trabajo especial sobre el refuerzo de las capacidades de los nuevos Estados miembros no se haya vuelto a reunir en 2007, a pesar de que las necesidades de aumento de las capacidades de los nuevos Estados miembros en el ámbito de la cooperación al desarrollo son apremiantes y de que sigue en curso el proceso de ampliación de la UE;

26.

Pide que se reactive este grupo de trabajo y que se vele, por una parte, por que también asocie a sus trabajos a una representación de la Comisión de Desarrollo del Parlamento Europeo o de su Secretaría y a una representación de Trialog, proyecto que trabaja en estrecha colaboración con las ONG europeas de desarrollo y, por otra, por que amplíe su mandato para tener en cuenta problemas específicos de los nuevos Estados miembros en el ámbito de la cooperación al desarrollo;

27.

Hace hincapié en la importancia de los proyectos de «hermanamiento» y «hermanamiento pleno o simplificado» en la formación del personal de los nuevos Estados miembros mediante una asistencia técnica de calidad, fondos que sólo han solicitado hasta ahora Hungría y Eslovaquia;

28.

Pide que se celebren reuniones interparlamentarias bianuales entre el Parlamento Europeo y los Parlamentos de los nuevos Estados miembros centradas en cuestiones sobre desarrollo y cooperación, y que se creen redes específicas en este sentido;

29.

Opina que la participación de los nuevos Estados miembros en el Comité del Fondo Europeo de Desarrollo aportaría una dimensión adicional a los debates y contribuiría a crear sus capacidades técnicas;

30.

Toma nota de la falta de reconocimiento público de las prioridades de la cooperación al desarrollo en algunos de los nuevos Estados miembros, y pide una estrategia general de comunicación y educación para solventar este déficit; destaca la importancia de sensibilizar sobre el desarrollo en los programas escolares, así como de la función de los medios de comunicación para alertar a la población y desarrollar una tradición de voluntariado internacional;

31.

Tiene una visión positiva de la importancia de un informe sobre la concienciación en la educación para el desarrollo y su función en la aplicación del «Consenso europeo sobre desarrollo», haciendo hincapié en el papel real y potencial de la educación para el desarrollo y la sensibilización en la educación formal e informal en Europa, sobre todo en los nuevos Estados miembros;

32.

Considera que los ciudadanos de los nuevos Estados miembros ya están sensibilizados sobre las cuestiones relacionadas con la ayuda humanitaria, como demuestra su importante movilización durante el tsunami de 2004, lo que sirve de punto de apoyo para sensibilizar a la población sobre la necesidad de compromisos concretos y a largo plazo en una política de desarrollo eficaz;

33.

Pide a la Comisión que lance una campaña de sensibilización específica centrada en las ventajas comparativas y el valor añadido de los nuevos Estados miembros con respecto a cuestiones de cooperación y desarrollo;

34.

Pide una mayor coordinación entre las partes interesadas nacionales pertinentes y una participación apropiada de las ONG y las autoridades locales en los procesos de definición de políticas nacionales;

35.

Pide a la Comisión que involucre activamente a los nuevos Estados miembros en la preparación y negociación de los planes de acción, así como en el control de su ejecución;

36.

Señala que, si los nuevos Estados miembros desvincularan totalmente su ayuda al desarrollo, podría ser un buen ejemplo para todos los Estados miembros;

37.

Considera que todos los Estados miembros deberían fijar plazos para desvincular su ayuda al desarrollo ya que, a la larga, la ayuda al desarrollo vinculada ni beneficia a la buena gobernanza ni a la distribución eficaz de los recursos, ni tampoco contribuye a los objetivos de la cooperación al desarrollo;

38.

Observa que los vínculos entre el sector privado y la cooperación al desarrollo constituyen un nuevo y prometedor camino para los nuevos Estados miembros, y que una participación más activa de las empresas privadas de esos países en los procedimientos de licitación pública de los Estados miembros en los proyectos de cooperación al desarrollo a nivel de la UE podría servir para sensibilizar sobre la cooperación al desarrollo;

*

**

39.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

20.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 66/48

—

Visto el apartado 4 del artículo 103 del Reglamento,

A.

Considerando que en 2008 se celebrará el décimo aniversario del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas (denominado en lo sucesivo «el Código»),

B.

Considerando que hace más de dos años, el 30 de junio de 2005, el Coreper llegó a un acuerdo, a nivel técnico, sobre el texto de una posición común como resultado de un proceso general de revisión del Código, con el objetivo de transformar el Código en un instrumento eficaz de control de las exportaciones de armas a partir del territorio de la UE y por parte de empresas comunitarias,

C.

Considerando que la adopción de esta posición común hará del Código un instrumento jurídicamente vinculante de control de las exportaciones de armas para todos los Estados miembros,

D.

Considerando que el Parlamento Europeo se ha pronunciado claramente a favor de esta posición común en varias ocasiones, entre otras en su Resolución, de 18 de enero de 2007, sobre el Séptimo y Octavo informes anuales del Consejo con arreglo a la disposición operativa no 8 del Código de Conducta de la Unión Europea en materia de exportación de armas (1),

E.

Considerando que, sin embargo, desde 2005 el Consejo no ha conseguido adoptar esta posición común a nivel político,

F.

Considerando que nunca se ha dado una explicación oficial de las razones de esta situación, aunque están relacionadas sin lugar a dudas con el deseo de algunos Estados miembros de levantar el actual embargo de la UE de exportación de armas a la República Popular China,

G.

Considerando que esta cuestión ha adquirido un nuevo tipo de urgencia debido a los siguientes hechos:

H.

Considerando que, los esfuerzos positivos realizados por el COARM (Grupo «Exportación de Armas Convencionales» del Consejo) para mejorar aún más el Código y su aplicación se ven socavados por las exportaciones de armas de los Estados miembros a países que se encuentran en situaciones de conflicto, inestabilidad o falta de respeto de los derechos humanos, y que son considerados «destinos irresponsables» en virtud del Código,

I.

Considerando que la falta de voluntad política para convertir el Código de Conducta en una posición común contradice el liderazgo de la Unión Europea y sus Estados miembros en la promoción de instrumentos jurídicos destinados a controlar las exportaciones de armas, en particular el Tratado sobre el Comercio de Armas,

1.

Lamenta el punto muerto político que se registra en la actualidad en lo que se refiere a la adopción de esta posición común, teniendo en cuenta el décimo aniversario del Código;

2.

Pide a la Presidencia eslovena de la UE que incluya permanentemente la adopción de esta posición común en el orden del día de todas las reuniones del Consejo de Asuntos Generales hasta que se llegue a una solución;

3.

Insta a los Estados miembros de la UE que son contrarios a un Código jurídicamente vinculante a que reconsideren su postura;

4.

Cree que la contribución de la UE a un Tratado sobre el Comercio de Armas vinculante a nivel internacional ganará credibilidad tan pronto como su propio régimen de control de armas pase a ser jurídicamente vinculante;

5.

Está convencido asimismo de que, junto con la posición común, se han de adoptar, entre otras, las siguientes medidas:

6.

Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.

20.3.2009   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 66/49

—

Vistos los artículos 6 y 7 del TUE y el artículo 4 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, firmada el 12 de diciembre de 2007 (1), relativos a la protección de los derechos humanos,

—

Vistos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en particular su artículo 5, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en particular su artículo 7, el Convenio Europeo de 1987 para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura) y su Protocolo facultativo por el que se establece un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de su libertad,

—

Visto el artículo 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, sus protocolos y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos,

—

Visto el Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura anteriormente citado, por el que se creó el Comité Europeo contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles o Degradantes, así como los informes de dicho Comité,

—

Vistas las Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos, de 1957, así como las declaraciones y principios adoptados en la materia por la Asamblea General de las Naciones Unidas,

—

Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989,

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Vistas las resoluciones y recomendaciones aprobadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, en particular la Resolución (73)5 sobre el conjunto de reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, la Recomendación R(87)3 sobre las normas penitenciarias europeas, y la Recomendación R(2006)2 sobre las normas penitenciarias europeas,

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Vistas las recomendaciones adoptadas por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y, en particular, la Recomendación R(2006)1747 relativa a la elaboración de una Carta Penitenciaria Europea, así como la Recomendación R(2000)1469 sobre las madres y los recién nacidos en prisión,

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Vistas sus resoluciones de 26 de mayo de 1989 sobre las mujeres y los niños encarcelados (2), de 18 de enero de 1996 sobre las malas condiciones en las cárceles de la Unión Europea (3), y de 17 de diciembre de 1998 sobre las condiciones carcelarias en la Unión Europea: reorganización y penas de sustitución (4); así como su Recomendación, de 9 de marzo de 2004, destinada al Consejo sobre los derechos de los detenidos en la Unión Europea (5),

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Visto el artículo 45 de su Reglamento,

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Visto el informe de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género (A6-0033/2008),

A.

Considerando que, en virtud de los convenios internacionales (6) y europeos, toda persona encarcelada debe recibir un trato que respete los derechos humanos y que las condiciones de detención deben ser conformes a los principios de dignidad de la persona, de no discriminación y de respeto de la vida privada y familiar, así como ser objeto de una evaluación periódica por parte de organismos independientes,

B.

Considerando que las decisiones judiciales, las legislaciones penales y las instituciones penitenciarias de los Estados miembros deben tener en cuenta las necesidades y situaciones específicas de las mujeres encarceladas,

C.

Considerando que deben aplicarse medidas concretas y adaptadas a las necesidades específicas de las mujeres, entre otras, la aplicación de penas alternativas,

D.

Considerando que las mujeres embarazadas reclusas deben poder recibir el apoyo, la información y las condiciones básicas necesarias para el buen desarrollo de su embarazo y maternidad y, en particular, una alimentación equilibrada, buenas condiciones sanitarias, aire fresco, ejercicio físico y cuidados específicos antes y después del parto,

E.

Considerando que todos los presos, hombres y mujeres, deben disfrutar de las mismas condiciones de acceso a la asistencia sanitaria pero que las políticas penitenciarias deben prestar una atención especial a la prevención, el seguimiento y el tratamiento, tanto a nivel físico como mental, de los problemas de salud específicos de las mujeres,

F.

Considerando que la salud mental y física de la madre debe estar necesariamente vinculada a la del hijo,

G.

Considerando que un número elevado de mujeres detenidas tienen o han tenido problemas de dependencia en relación con los estupefacientes u otras sustancias que pueden provocar problemas mentales y de comportamiento, para los que es necesario un tratamiento médico y un apoyo social y psicológico apropiado en el marco de una política penitenciaria de salud de carácter global,

H.

Considerando que hoy se conoce la alta prevalencia en el historial de las mujeres encarceladas de episodios de violencia, abusos sexuales, maltrato familiar y de pareja, la elevada dependencia económica y psicológica de las mujeres encarceladas y la relación directa que estos episodios han tenido en su historial delictivo y en el padecimiento de secuelas físicas y psicológicas, como por ejemplo el estrés postraumático,

I.

Considerando que el personal penitenciario debe contar con una formación adecuada y estar sensibilizado para tener en cuenta la dimensión de la igualdad entre hombres y mujeres y las necesidades y situaciones específicas de las mujeres detenidas; considerando que debería prestarse especial atención a las más vulnerables, a saber, las menores de edad y las discapacitadas,

J.

Considerando que el mantenimiento de los lazos familiares es un instrumento básico de prevención de la reincidencia y de reinserción social y un derecho de todas las personas reclusas, sus hijos y los demás miembros de la familia, así como que el ejercicio de este derecho resulta particularmente complicado para las mujeres debido a la escasez y, por ello, la lejanía geográfica de los centros penitenciarios destinados a las mujeres,

K.

Considerando que, al adoptar decisiones relativas a la separación o a la permanencia con el progenitor encarcelado, se debe tener siempre en consideración el interés superior de los menores, debiéndose garantizar, en cualquier caso, el disfrute de los derechos parentales del otro progenitor afectado y los procedimientos adecuados para mantener los lazos afectivos con el entorno familiar original (hermanos, abuelos y demás familiares),

L.

Considerando que, al firmar la Convención citada anteriormente sobre los Derechos del Niño, así como otros instrumentos internacionales, los Estados Partes se han comprometido a velar por que todos los niños, sin discriminación alguna e independientemente del estatuto jurídico de sus padres, puedan disfrutar de todos los derechos previstos en dicha Convención y, en particular, del derecho a una atención sanitaria apropiada, al ocio y a la educación, y que este compromiso debe aplicarse, asimismo, a los niños que viven con su progenitor encarcelado,

M.

Considerando que, además de la represión de un acto ilícito, el papel de los centros penitenciarios debería ser, asimismo, la reinserción social y profesional, teniendo en cuenta las situaciones de exclusión social y de pobreza que frecuentemente caracterizan el pasado de muchas de las personas detenidas, tanto hombres como mujeres,

N.

Considerando que muchas de las mujeres que ingresan en prisión se encuentran inmersas en procesos legales en curso (procedimientos de desamparo, acogida temporal o adopción de menores, divorcios o separaciones, desahucios de vivienda, etc.) que en el momento de su encierro quedan sin resolver, produciéndose una situación de indefensión que provoca en ellas un estado permanente de incertidumbre y estrés,

O.

Considerando que las personas encarceladas muchas veces carecen del conocimiento de los recursos sociales existentes, y que en muchos casos la inexistencia, pérdida o falta de vigencia de su documentación administrativa (carné de identidad, cartilla sanitaria, libro de familia, etc.) les impide, en la práctica, ejercer los derechos reconocidos a todos los nacionales de cada Estado miembro,

P.

Considerando que un acceso en igualdad de condiciones por parte de los reclusos, hombres y mujeres, al empleo, a la formación profesional y al ocio durante el período en que están detenidos resulta fundamental para su equilibrio psicológico y su reinserción en la sociedad y en el mundo laboral,

Q.

Considerando que la oferta de oportunidades educativas, formativas, laborales, de ocio y de intervención personal que las personas detenidas, tanto hombres como mujeres, tengan a su alcance, por amplia que sea, no es suficiente por sí sola, y que es preciso diseñar programas de acompañamiento que faciliten su participación en la planificación y en el desarrollo de su recorrido hacia la inserción,

R.

Considerando que las mujeres encarceladas deben poder disfrutar de un acceso indiscriminado a un empleo y a labores de voluntariado, así como a medidas de formación cívica y profesional diversificadas que favorezcan su reinserción tras cumplir la pena y adaptadas a las exigencias del mercado laboral,

S.

Considerando que el éxito de la reinserción social de las personas detenidas, tanto hombres como mujeres, así como la prevención de la reincidencia dependen de la calidad del trato otorgado durante el período de detención y, en particular, de las relaciones establecidas con las empresas y los organismos de asistencia social, así como del seguimiento y de la asistencia socio profesional ofrecidas tras el cumplimiento de la condena,

T.

Considerando que existe una importante necesidad de estadísticas y datos desglosados por género exhaustivos, claros y actualizados,

1.

Anima a los Estados miembros a que inviertan recursos suficientes en favor de la modernización y de la adaptación de sus infraestructuras penitenciarias así como a que apliquen la Recomendación R(2006)2 del Consejo de Europa citada anteriormente, con vistas a garantizar unas condiciones de detención respetuosas de la dignidad humana y de los derechos fundamentales, en particular en materia de alojamiento, salud, higiene, alimentación, ventilación e iluminación;

2.

Reitera su petición a la Comisión y al Consejo en relación con la adopción, sobre la base del artículo 6 del TUE, de una decisión marco sobre normas mínimas en materia de protección de los derechos de los reclusos, de conformidad con lo recomendado por el Consejo de Europa en su Recomendación R(2006)2 antes citada, y pide al Consejo que difunda y promueva la aplicación de las normas penitenciarias del Consejo de Europa en aras de una mayor armonización de las condiciones de detención en Europa, teniendo en cuenta, en particular, las necesidades concretas de las mujeres, así como la afirmación clara de los derechos y obligaciones de las personas detenidas, tanto hombres como mujeres;