9.10.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 257/1

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Para que la política de inclusión activa sea óptima se precisa un cuarto pilar: la participación social.

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La integración activa es el elemento más importante de la inclusión activa. La inclusión activa se basa en el principio «trabajo para poder trabajar»: todo ciudadano sin empleo debe tener la posibilidad de trabajar o de formarse.

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Se debería desarrollar y aplicar, primordialmente a nivel regional y local, una combinación coherente de políticas. La gran responsabilidad de la creación de empleo recae en las empresas y los interlocutores sociales, como agentes clave de este ámbito, en cooperación con los entes locales y regionales.

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El concepto de renta suficiente es diferente en cada país, región o comunidad local. El apoyo a la renta debería considerarse adecuado si puede combatirse la pobreza estructural. Este nivel es el que puede definirse como «suficiente». Es imposible formular una regla general para el nivel económico que constituye la suficiencia para el conjunto de la UE. Los entes nacionales, regionales y locales son conjuntamente responsables de una política que ofrezca un apoyo a la renta adecuado. En el ámbito comunitario esta cuestión debería debatirse en el marco del método abierto de coordinación.

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En el caso de las regiones y ciudades europeas con carencias sociales y económicas, la ejecución de combinaciones de políticas de inclusión activa (mejores prácticas) dirigidas a los ciudadanos más alejados del mercado laboral exige el apoyo económico de la UE. Por lo tanto, las políticas de inclusión activa deben tener un acceso directo al presupuesto del FSE destinado a los entes locales y regionales.

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El empleo social, subvencionado o protegido, las empresas y cooperativas sociales son instrumentos que pueden desempeñar un papel importante en la combinación de políticas a nivel local y regional. Estas empresas no deberían ser evaluadas según las normas sobre competencia habituales en el mercado europeo (por ejemplo, se necesitan normas menos rígidas para la contratación pública y las ayudas estatales).

Ponente

:

Sr. KOOL (NL/PSE), Teniente de alcalde de La Haya, Países Bajos

1.

En 2006 había 80 millones de personas (16 % de la población) en riesgo de pobreza en los 25 países de la Comunidad Europea. La inclusión activa y la lucha contra la pobreza dependen en gran medida de la integración de las personas más alejadas del mercado laboral. La persistencia de un gran número de personas amenazadas por la pobreza y excluidas del mercado laboral representa un desafío que el objetivo de la cohesión social consagrado en el Tratado de la Unión Europea no puede ignorar.

2.

La Comisión Europea ha presentado tres pilares para reforzar la inclusión activa de las personas más alejadas del mercado laboral: 1) un apoyo a la renta adecuado y suficiente, 2) una integración activa, y 3) servicios sociales de alta calidad.

3.

Para que la política de inclusión activa sea óptima se precisa un cuarto pilar, que tendrá un carácter transversal: la participación social.

4.

La inclusión activa exige un enfoque integrado y global de los cuatro pilares.

5.

La integración activa (segundo pilar) es el elemento más importante de la inclusión activa. La inclusión activa se basa en el principio «trabajo para poder trabajar»: todo ciudadano sin empleo debe tener la posibilidad de trabajar o de formarse. El primer pilar (apoyo a la renta adecuado y suficiente) y el tercero (servicios sociales de alta calidad) son elementos de apoyo. El cuarto pilar (participación social) es el último recurso de la política de inclusión activa. Los ciudadanos que no puedan trabajar deberían ser asistidos con ayudas económicas y otras medidas para participar en la sociedad. Coincidimos con la Comisión en que estos pilares conforman un enfoque integrado y global. Así pues, las autoridades deberían buscar el equilibrio entre bienestar social, servicios sociales, servicios comunitarios, así como incentivos económicos y extraeconómicos para trabajar.

6.

Los Estados miembros y sus entes locales y regionales son los principales responsables de la estrategia y la política de inclusión activa. Sin embargo, para estimular el desarrollo e intercambio de estas políticas se han propuesto principios comunes de conformidad con el objetivo comunitario de la cohesión social.

7.

Los actores principales a la hora de desarrollar y aplicar las políticas son los entes locales y regionales. El papel de la UE es de apoyo. Esta definición de una política de inclusión activa global es proporcional y está basada en el principio de subsidiariedad.

8.

Los cuatro pilares (apoyo a la renta, política de inclusión activa, acceso a servicios sociales de alta calidad y participación social) están interconectados y deberían reforzarse recíprocamente. Es preciso definir una combinación óptima de políticas entre estos cuatro pilares para cada región, grupo destinatario y personas afectadas. Las políticas de inclusión activa están adaptadas a las diferencias en los grupos destinatarios y los individuos. La importancia relativa de estos cuatro pilares y los instrumentos elegidos para cada uno pueden variar en los Estados miembros y entre los entes locales y regionales dependiendo del modelo económico nacional.

9.

Los entes locales y regionales son los que más claramente perciben los resultados de las políticas encaminadas a integrar a las personas más alejadas del mercado laboral. También son estas instancias las que soportan las consecuencias de los puntos débiles de esas políticas a escala local, regional, nacional o comunitaria. Por tanto, se debería desarrollar y aplicar a nivel regional y local una combinación coherente de políticas. Los entes locales y regionales están familiarizados con las circunstancias locales, las características del mercado laboral y los diferentes actores que pueden desempeñar un papel clave en la aplicación de un planteamiento global de la integración activa.

10.

Así pues, los entes locales y regionales deberían crear asociaciones eficaces con otros poderes públicos, empresas privadas, interlocutores sociales, ONG y representantes de los usuarios para aplicar una combinación coherente de políticas.

11.

Los entes locales y regionales precisan un alto grado de autonomía política para desarrollar y ejecutar esas políticas, que deberían diseñarse y ejecutarse en colaboración con otros organismos públicos y privados. Las políticas comunitarias y nacionales (fiscal, inmigración, aprendizaje, trabajo, contratación, etc.) deberían estar hechas a la medida de las necesidades de desarrollo y ejecución de las políticas locales y regionales y ser coherentes con esas necesidades.

12.

Se deberían eliminar los obstáculos y los impedimentos que se derivan de la legislación y las prácticas comunitarias, nacionales, regionales y locales.

13.

El instrumento más importante de la inclusión activa es mejorar la integración activa. Para incluir a todas las personas, es preciso establecer un planteamiento global de la integración activa. Es igualmente necesario que exista una combinación integrada de políticas para cada región, grupo destinatario y ciudadano. Los gobiernos locales y regionales son los principales actores a la hora de desarrollar y ejecutar estas combinaciones coherentes de políticas junto con sus interlocutores (gobierno nacional, empresarios, otras autoridades públicas, ONG). La esencia de una combinación global e integrada de políticas consiste en eliminar los obstáculos del camino del mayor número posible de personas, a fin de integrarlas en el mercado laboral. Puede conseguirse ofreciendo asesoramiento, orientación y formación para un empleo remunerado y creando empleo de colectivos protegidos. Empleo protegido es el que se dirige a quienes no pueden incorporarse de inmediato a un empleo normal.

14.

Una política óptima y un planteamiento global de la inclusión activa incluyen los elementos siguientes:

15.

La utilización de planes de acción muy personalizados contribuye a mejorar la integración activa.

16.

Los grupos destinatarios son un importante elemento de una combinación global e integrada de políticas. Las autoridades públicas a nivel local deberían diseñar y aplicar las políticas que sean más eficaces para incluir de forma activa a todas las personas independientemente de sus antecedentes, pero teniendo en cuenta las barreras específicas que afrontan.

17.

La principal responsabilidad de la creación de empleo recae en las empresas y los interlocutores sociales, como actores fundamentales en este ámbito, junto con los entes locales y regionales. A escala nacional y regional, el gobierno central tiene la responsabilidad de crear condiciones económicas óptimas, como una buena formación, colocación laboral efectiva, medidas fiscales y flexiguridad (seguridad social y opciones laborables flexibles). Los entes locales y regionales, los servicios sociales y las ONG son el último eslabón de la cadena, sobre todo en el caso de las personas más alejadas del mercado laboral. Naturalmente, los individuos también tienen su propia responsabilidad.

18.

Debería alentarse a los empleadores públicos, sociales y privados a mejorar los empleos existentes y a crear nuevos empleos de calidad (con unos ingresos suficientes, unas buenas condiciones de trabajo y aprendizaje y formación). Se necesitan especialmente puestos de trabajo manuales (poco cualificados). Las autoridades nacionales, locales y regionales pueden alentar a los empleadores privados a crear puestos de trabajo mejorando al máximo el clima empresarial.

19.

Los propios entes locales y regionales son empleadores. Como tales, deben aplicar también los principios que se recogen en este documento.

20.

En el caso de las personas muy alejadas del mercado laboral por motivos de discapacidad física o psíquica, también puede ser necesario crear y financiar trabajo de colectivos protegidos y trabajo subvencionado y social. Los entes locales y regionales pueden tener un importante papel en este sentido estimulando empresas sociales.

21.

La coexistencia de todos los tipos de trabajos (temporales, flexibles, a tiempo parcial y de jornada completa, así como la posibilidad del trabajo a domicilio) puede ayudar a las personas más alejadas del mercado laboral a integrarse en el mundo laboral.

22.

Todos los métodos formales e informales de aprendizaje y formación, los sistemas de formación parcial, las acciones de perfeccionamiento, el reconocimiento del aprendizaje previo y el enfoque prioritario en el aprendizaje permanente deberían ser igualmente parte del esfuerzo coordinado encaminado a mejorar las cualificaciones de las personas más alejadas del mercado laboral.

23.

Los gobiernos nacionales, regionales y locales deberían realizar más esfuerzos para mejorar la calidad de la educación en función de las necesidades del mercado laboral. Los entes locales deberían contar con una política de empleo más activa y tener más presentes las necesidades del mercado local. En los Estados miembros en los que la política del mercado laboral sea responsabilidad local, los gobiernos nacionales, con ayuda de la UE, deberían alentar a los entes locales a supervisar el mercado laboral local.

24.

Una combinación global e integrada de políticas de integración activa debería incluir incentivos para promover el espíritu empresarial de las personas más alejadas del mercado de trabajo.

25.

Las personas más alejadas del mercado laboral precisan un nivel de apoyo a la renta suficiente, así como otras ayudas, para vivir de manera digna y mantener un cierto nivel de adecuación con el fin de poder reintegrarse en el mercado laboral. Es preciso recordar que se trata de un principio fundamental de la Unión Europea.

26.

El concepto de renta suficiente es distinto en cada país, región o comunidad local. La suficiencia depende del nivel de apoyo a la renta, los precios, las características de las familias, los impuestos, la duración de la exclusión, factores culturales, sociales e históricos, etc. El apoyo a la renta debería considerarse adecuado si puede combatirse la pobreza estructural. Este nivel es el que puede definirse como «suficiente». Es imposible formular una regla general para el nivel económico que constituye la suficiencia para el conjunto de la UE. Los entes nacionales, regionales y locales son conjuntamente responsables de una política que ofrezca un apoyo a la renta adecuado. En el ámbito comunitario esta cuestión debería debatirse en el marco del método abierto de coordinación.

27.

Se debería formular un principio común a nivel de la UE según el cual la diferencia entre el salario mínimo interprofesional y el importe del apoyo a la renta debería ser suficiente para animar a los individuos y a los grupos destinatarios a trabajar. Esta diferencia es un importante incentivo económico en una combinación integral de políticas. Conseguir que el trabajo sea rentable es un principio primordial para la Comisión, muchos Estados miembros y los gobiernos locales y regionales. Por tanto, los entes nacionales, locales y regionales deben tener en cuenta el riesgo de la trampa de la pobreza cuando desarrollen y apliquen las medidas de apoyo a la renta.

28.

El apoyo a la renta sólo debería prestarse a quienes no sean capaces de obtener ingresos salariales o cuyos ingresos estén por debajo del umbral de subsistencia (por ejemplo, debido a su escasa productividad o a su necesidad de aceptar empleos mal remunerados). Las autoridades nacionales, locales y regionales no deberían entorpecer el funcionamiento del mercado laboral y deberían llevar a cabo una estrecha supervisión y una evaluación seria de las solicitudes, con una estricta selección de las personas que aspiran a conseguir apoyo a la renta. Simultáneamente, deberían existir políticas activas que cubran a todas las personas que necesitan seguridad social, apoyo a la renta y participación social.

29.

El apoyo a la renta podría asumir diversas formas y lo ideal es que esté hecho a la medida de los contextos local e individual. Algunos ejemplos de apoyo a la renta podrían ser los siguientes: apoyo a la renta a nivel de subsistencia para trabajadores que no estén empleados ni estudiando; apoyo en especie para mejorar la alimentación, el vestido, la formación, la vivienda y la asistencia sanitaria; apoyo a la renta para complementar los ingresos salariales (si dependen de la productividad); apoyo a la renta para afrontar los costes de transporte; apoyo a la renta para mejorar las cualificaciones y competencias personales; apoyo para iniciar un negocio propio.

30.

Algunas de las personas más alejadas del mercado laboral sufren diversas discapacidades personales y físicas. La integración en el mercado laboral e, incluso, en el trabajo protegido no es una opción realista para ellas. Parte del planteamiento global consiste en que los entes locales y regionales también se ocupen de estos ciudadanos. Son varios los instrumentos que deberían utilizarse para estimular su participación social.

31.

Los entes locales y regionales deberían utilizar todo tipo de instrumentos financieros y en especie para facilitar la participación social de las personas que no trabajan. Estos instrumentos favorecen las actividades sociales, culturales, deportivas, de asistencia social y de voluntariado de unas personas que, en caso contrario, corren el riesgo de aislarse socialmente.

32.

Para que el apoyo a la renta, la integración activa y la participación social sean lo más eficaces posible se deberán adoptar planes de acción personalizados. Tales planes aseguran que las medidas de apoyo necesarias para un individuo se planifican con tiempo y están garantizadas. Los entes locales y regionales han de disponer de los medios para crear una infraestructura de servicios de calidad y elaborar planes de acción personalizados.

33.

La necesidad de contar con planes de acción personalizados y sus características requieren que los entes locales y regionales dispongan de una gran diversidad de instrumentos.

34.

Los entes locales y regionales deberían estimular el uso de instrumentos y prácticas de gestión que puedan mejorar la calidad de los servicios sociales (acceso universal a Internet, servicios al público de ventanilla única, lex silentio, plazos vinculantes y apropiados para la toma de decisiones sobre el apoyo a la renta o en especie).

35.

Para que las políticas de inclusión activa rindan buenos resultados tienen que integrar políticas locales, regionales, nacionales y comunitarias. En efecto, es preciso que incluyan y combinen disposiciones sobre el salario mínimo y medidas activas del mercado laboral, educación y servicios sociales. Son muchos los obstáculos que puede impedir la aplicación de políticas globales e integradas a escala local y regional. Los gobiernos nacionales, locales y regionales deben estimular la aplicación del planteamiento global.

36.

En el caso de las regiones y ciudades europeas con carencias sociales y económicas, la ejecución de combinaciones de políticas de inclusión activa (mejores prácticas) dirigidas a los ciudadanos más alejados del mercado laboral exige el apoyo económico de la UE. Por lo tanto, las políticas de inclusión activa deben tener un acceso directo al presupuesto del FSE destinado a los entes locales y regionales. También es preciso que se apruebe un presupuesto europeo para financiar la participación social. Interreg constituye un buen ejemplo de apoyo efectivo de la Unión Europea.

37.

El empleo protegido, subvencionado o social, las empresas sociales y las cooperativas son instrumentos que pueden desempeñar un importante papel en la combinación de políticas a nivel local y regional. Estas empresas no deberían ser evaluadas según las normas sobre competencia habituales en el mercado europeo (por ejemplo, se necesitan normas menos rígidas para la contratación pública y las ayudas estatales).

38.

Los entes locales y regionales son los principales encargados de aplicar el planteamiento global a favor de sus propios habitantes. Deberían tener opciones jurídicas para destinar sus políticas de inclusión activa a esos habitantes.

39.

Los entes locales y regionales deberían desempeñar un papel protagonista en la aplicación de las medidas de las políticas de inclusión activa. De conformidad con el principio de subsidiariedad de la UE, se podría formular un principio común para la UE según el cual la legislación nacional y la comunitaria, así como las prácticas, deberían responder a las necesidades expresadas en los ámbitos local y regional (impuestos marginales, sistemas de prestaciones, estímulos para el aprendizaje permanente, incentivos económicos para los empleadores, legislación laboral, normas contra la discriminación, diferenciación de salarios mínimos, etc.)

40.

El método abierto de coordinación (MAC) ofrece un marco de coordinación política sin restricciones jurídicas. Según este método, los Estados miembros acuerdan identificar y promocionar sus políticas más eficaces en el ámbito de la inclusión activa con el fin de aprender de las experiencias recíprocas. Las siguientes recomendaciones políticas pretenden reforzar el método abierto de coordinación.

41.

Muchas políticas que tienen por objeto mejorar la inclusión activa y el apoyo a la renta de las personas más alejadas del mercado laboral no son suficientemente eficaces. Es preciso realizar estudios comparativos de alta calidad y evaluaciones de las políticas locales y regionales de inclusión activa con el fin de mejorar la eficacia de esas políticas. La Comisión Europea podría estimular la elaboración de esos estudios de alta calidad.

42.

Los exámenes inter pares entre los entes locales y regionales y una red de observadores locales y regionales (Progress) pueden reforzar los procesos de aprendizaje. Desde un primer momento debería definirse claramente la calidad de estos exámenes y de las actividades de la red de observadores locales y regionales.

43.

Las diferencias entre la oferta y la demanda de empleo, las variaciones en los salarios y en el apoyo a la renta en toda Europa pueden crear movimientos laborales que obstaculicen la inclusión activa de las personas más alejadas del mercado laboral. El MAC puede ser utilizado para debatir la influencia que tienen estos movimientos en la cuestión de la inclusión activa.

44.

Puede estimularse el desarrollo y la difusión de las mejores prácticas eligiendo todos los años al ente local o regional que mejor haya trabajado por la inclusión activa y otorgándole un premio europeo. Los ejemplos de buenas prácticas podrían sistematizarse siguiendo las líneas del trabajo llevadas a cabo por los grupos de trabajo temáticos del FSE.

9.10.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 257/6

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recuerda que, para que esta movilización en torno al tema de la pobreza y la exclusión social dé fruto, debería plantearse como un proceso prolongado y, por consiguiente, se debería subrayar la necesidad de que las acciones iniciadas en el año 2010 o anteriormente sean viables a largo plazo;

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exhorta a que se establezcan acciones estructuradas para suscitar un cambio decisivo en la lucha contra la pobreza y todas las formas de exclusión social que coartan la libertad de los individuos y perjudican a la propia sociedad y considera que sin duda resultaría útil permitir la participación en el Año Europeo no solo a los Estados miembros, sino también a los entes locales y regionales o sus agrupaciones en calidad de entidades distintas;

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destaca que es necesario prestar especial atención a la situación de la infancia, pues los niños que crecen en una situación de pobreza y exclusión se ven arrastrados por una dinámica que se transmite entre generaciones y conlleva graves consecuencias a largo plazo, dado que impide que los menores disfruten de su derecho a desarrollar plenamente su potencial y amenaza su desarrollo personal, su educación y su bienestar general;

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pide a las instituciones comunitarias que presten enorme atención a las formas complejas y multidimensionales de la pobreza y la exclusión social y creen estrategias y acciones coherentes de prevención centradas en los procesos de potenciación [empowerment] social.

Ponente

:

Sra. SERRI (IT/PSE), Concejala de Armungia (CA)

1.

contempla con gran interés la iniciativa de proclamar el año 2010 «Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social»;

2.

comparte las preocupaciones que explican la opción de proclamar un Año Europeo de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, pues la pobreza y la exclusión que sufren 78 millones de ciudadanos europeos corren a cargo principalmente de los sistemas autonómicos locales y regionales;

3.

recuerda con insistencia que, para que esta movilización en torno al tema de la pobreza y la exclusión social dé fruto, debería plantearse como un proceso prolongado y, por consiguiente, se debería subrayar la necesidad de que las acciones iniciadas en el año 2010 o anteriormente sean viables a largo plazo;

4.

afirma que los entes locales y regionales tienen un papel particular que desempeñar para reconocer a las personas en situación de pobreza o exclusión social unas condiciones de acceso efectivo a los servicios sociales, económicos y culturales, así como para favorecer dicho acceso. Los entes locales, regionales y nacionales tienen la responsabilidad fundamental de elaborar, financiar y gestionar las políticas destinadas a garantizar la integración de las personas en situación de exclusión;

5.

está de acuerdo en que, a la hora de poner en práctica la política social, las administraciones locales, regionales y nacionales tienen la responsabilidad fundamental de elaborar, financiar y gestionar las políticas destinadas a garantizar la integración de las personas más alejadas del mercado de trabajo. Los proveedores de servicios, ya sean privados, públicos o mixtos, desempeñan un papel esencial en la puesta en práctica de estas políticas a nivel local;

6.

subraya que el Año de Lucha contra la Pobreza debe reforzar la participación de las personas que viven en condiciones de pobreza y exclusión social y de las organizaciones de las que forman parte. Este Año debería reafirmar el principio de la sociedad inclusiva mediante la creación de un espacio en la esfera pública que permita llegar a las personas excluidas y valorar la contribución crucial de las organizaciones en las que participan;

7.

pide que se refuerce el intercambio de experiencias entre los Estados miembros, los entes locales y regionales y las organizaciones internacionales que trabajan para combatir la pobreza, en un proceso de aprendizaje mutuo;

8.

comparte la propuesta de reafirmar la importancia de la responsabilidad colectiva, que implica no solo a los responsables políticos a todos los niveles, sino también a los agentes públicos y privados;

9.

señala que el compromiso de combatir la pobreza y la exclusión social en todos los niveles de poder, y en particular el compromiso político para prevenir estos fenómenos, debe ser reiterado y continuado;

10.

exhorta a que se establezcan acciones estructuradas para suscitar un cambio decisivo en la lucha contra la pobreza y todas las formas de exclusión social que coartan la libertad de los individuos y perjudican a la propia sociedad;

11.

pide más determinación en la aplicación de las acciones que complementan los instrumentos y acciones comunitarios pertinentes relacionados con la inclusión social, como el programa Progress, los Fondos Estructurales y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), así como en la acción para luchar contra la discriminación y promover los derechos fundamentales y la igualdad entre hombres y mujeres y la acción en los ámbitos de la educación y la formación, la cultura y el diálogo intercultural, la juventud, la asistencia a la infancia y a las personas mayores, la ciudadanía, la inmigración y el asilo y la investigación;

12.

expresa su deseo de que se aborden todos los tipos de discriminación que favorecen el fenómeno de la pobreza y la exclusión social;

13.

considera que sin duda resultaría útil permitir la participación en el Año Europeo no solo a los Estados miembros, sino también a los entes locales y regionales o sus agrupaciones en calidad de entidades distintas;

14.

pide que se refuerce el método abierto de coordinación sobre la protección social, la inclusión social y la estrategia europea para el empleo con una participación reforzada de los niveles local y regional. Su eficacia depende, en buena medida, del compromiso de los entes locales y regionales en la preparación de planes de acción regionales de lucha contra la pobreza y la exclusión social, a fin de fomentar un enfoque más global que integre los tres grandes ejes de la inclusión activa;

15.

señala que, por lo que se refiere a la mejora del acceso a los servicios, en la mayoría de los Estados miembros los entes locales y regionales son prestatarios de servicios sociales. Por este motivo, estos niveles están más capacitados para elaborar y aplicar nuevas normas de gestión de los servicios destinados a facilitar dicho acceso;

16.

destaca que es necesario prestar especial atención a la situación de la infancia, pues los niños que crecen en una situación de pobreza y exclusión se ven arrastrados por una dinámica que se transmite entre generaciones y conlleva graves consecuencias a largo plazo, dado que impide que los menores disfruten de su derecho a desarrollar plenamente su potencial y amenaza su desarrollo personal, su educación y su bienestar general. Es necesario conceder más atención a las familias numerosas y las familias jóvenes para detectar posibles factores que supongan un riesgo de exclusión social;

17.

recuerda que la principal manera de garantizar la plena participación de las jóvenes generaciones es darles acceso a los servicios de formación. En efecto, el último informe PISA de la OCDE ha mostrado el estrecho vínculo existente entre un bajo nivel de cualificación y la exclusión social. El compromiso y la participación de los ciudadanos de la Unión es un elemento esencial para la cohesión social y el desarrollo de Europa;

18.

pide a las instituciones comunitarias que presten enorme atención a las formas complejas y multidimensionales de la pobreza y la exclusión social y creen estrategias y acciones coherentes de prevención centradas en los procesos de potenciación [empowerment] social;

19.

pide que se tengan en cuenta en mayor medida los problemas a que se enfrentan los entes locales y regionales, en particular los que se hallan en las fronteras de entrada a la UE, por lo que se refiere a la entrada de solicitantes de asilo e inmigrantes clandestinos.

9.10.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 257/15

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hace hincapié en la necesidad de aplicar de manera rápida y coherente el Reglamento en todo el territorio de la Unión, de conformidad con el espíritu europeo del nuevo instrumento;

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destaca que la AECT, al conferir una dimensión jurídica comunitaria a formas de cooperación territorial entre actores institucionales a distintos niveles pertenecientes a dos o más Estados miembros, puede desencadenar un proceso de integración europea horizontal, en aplicación de los principios de subsidiariedad y proximidad;

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subraya que la posibilidad de implicar a distintos niveles institucionales en una única estructura de cooperación abre la vía a nuevas formas de gobernanza a múltiples niveles, al permitir que las autoridades regionales y locales europeas pueden asumir un importante papel de impulso en la elaboración y aplicación de las políticas de la Unión, contribuyendo a una gobernanza europea más abierta, participativa, democrática, responsable y transparente;

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afirma su intención de desempeñar un papel fundamental de información y promoción de la AECT a través de la movilización política, las iniciativas de comunicación, la creación de redes para el intercambio de experiencias y buenas prácticas y la realización de estudios;

—

invita a la Comisión Europea a emprender una reflexión estratégica sobre la AECT en el próximo Libro Verde sobre la cohesión territorial europea.

Ponente

:

Mercedes BRESSO (IT/PSE), Presidenta de la Región de Piamonte

1.

celebra con entusiasmo la aprobación del Reglamento sobre la Agrupación europea de cooperación territorial (AECT), que constituye una respuesta eficaz a la exigencia fundamental de ahondar en el proceso de integración europea en el respeto de la diversidad regional, adaptando los actuales modelos de gobernanza a los retos que afronta la Unión Europea;

2.

observa que la Unión Europea ha de hacer frente a cambios fundamentales para su futuro: cabe señalar el nuevo Tratado de Lisboa firmado el pasado 13 de diciembre de 2007, la reciente ampliación de la zona Schengen a nueve nuevos Estados, la adopción del euro por parte de Chipre y Malta a principios de 2008 y la revisión en curso del presupuesto;

3.

celebra en principio que el nuevo Tratado de Lisboa haya introducido, en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea, la cohesión territorial entre los objetivos de la Unión y que en él se afirme que se prestará especial atención a las regiones transfronterizas; se trata del reconocimiento explícito de la necesidad de promover, en el marco de la elaboración de las políticas comunitarias, el desarrollo armonioso y equilibrado de un territorio europeo policéntrico; pide a la Comisión que presente una propuesta de las medidas y actividades a nivel europeo que en el futuro podrían incluirse en este objetivo;

4.

reconoce que el futuro de la Unión Europea y de sus territorios depende de una mayor sinergia entre las políticas de cohesión y las estrategias de promoción de la competitividad, así como del desarrollo de las políticas sectoriales que permiten afrontar, especialmente a los territorios menos favorecidos, los retos de la globalización, aplicando un enfoque transfronterizo, transnacional e interregional; señala que la cooperación transfronteriza, transnacional e interregional ya ha aportado y sigue creando valor añadido de naturaleza europea, política, institucional, económica y sociocultural;

5.

recuerda que la cohesión territorial se sitúa en el centro de la Agenda territorial de la Unión Europea, que exige que la dimensión territorial desempeñe un papel más incisivo en el futuro de la política de cohesión europea y de las otras políticas comunitarias;

6.

considera que la cohesión territorial constituye un elemento fundamental para alcanzar los objetivos de crecimiento económico y solidaridad, así como para lograr una economía social de mercado altamente competitiva, que busca el pleno empleo, el progreso social y el desarrollo sostenible;

7.

afirma que, al mismo tiempo, la cohesión territorial puede reforzar la competitividad y la sostenibilidad de las regiones de Europa, de acuerdo con los objetivos de la nueva Estrategia de Lisboa actualizada por los Estados miembros en 2008;

8.

considera que la cooperación territorial, y sobre todo la cooperación transfronteriza, constituye un elemento clave para la integración europea y una prioridad política de la UE, y recuerda la especial importancia que reviste la cooperación territorial en el caso de las regiones ultraperiféricas, las islas y las zonas de montaña;

9.

invita a la Comisión Europea a emprender una reflexión estratégica sobre la AECT en el próximo Libro Verde sobre la cohesión territorial europea;

10.

apoya la cooperación territorial como instrumento esencial de la política de cohesión para la resolución de cuestiones con fuerte dimensión territorial en sectores fundamentales desde el punto de vista económico, social, cultural y medioambiental;

11.

hace hincapié en el hecho de que la cooperación territorial constituye una respuesta adaptada a la exigencia de una distribución geográficamente más equilibrada de los fondos relativos al período de programación 2007-2013;

12.

celebra que el período de programación 2007-2013 prevea un desarrollo considerable de la cooperación territorial en el marco de la política de cohesión a través de:

13.

considera que el Reglamento (CE) 1082/2006 sobre la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT) constituye un importante instrumento jurídico para reforzar la cooperación entre los entes territoriales en Europa a través de una normativa comunitaria uniforme directamente aplicable en todos los Estados miembros;

14.

considera que su previsible potencial se refuerza, además, por entroncar directamente con el acervo comunitario, lo que le dota de un especial vigor y capacidad de integración jurídica, así como de mayor profundidad y dinamismo que los instrumentos clásicos de cooperación;

15.

señala que el anterior marco jurídico que, por otra parte, el Reglamento no pretende suprimir, ha provocado con frecuencia situaciones de incertidumbre;

16.

celebra que el Reglamento relativo a la AECT haya incorporado gran parte de las novedades que el acervo del Consejo de Europa ha introducido en materia de cooperación territorial. En efecto, en el marco del Consejo de Europa, con el Convenio marco europeo de 1980 sobre la cooperación transfronteriza de los entes territoriales y sobre los protocolos adicionales de 1995 y 1998, se ha reconocido por primera vez el derecho de los entes territoriales a cooperar más allá de las fronteras nacionales;

17.

destaca que la AECT es un instrumento que pone en marcha una estructura de cooperación europea que tiene por objeto facilitar la resolución de los tradicionales problemas jurídicos y administrativos que conlleva la aplicación y gestión de los proyectos y programas transfronterizos, transnacionales e interregionales, así como la cooperación territorial en general;

18.

destaca que la AECT contribuye a conferir estabilidad y certeza a las iniciativas de cooperación territorial, mediante la creación de grupos de cooperación dotados de personalidad jurídica, así como de las facultades y medios necesarios para la realización de proyectos y acciones, ya sea con una contribución financiera de la Comunidad o sin ella;

19.

insiste en que la AECT puede constituir una plataforma eficaz para la coordinación y aplicación de políticas europeas, nacionales y regionales en una multitud de ámbitos cruciales como las infraestructuras, la competitividad de las empresas, la investigación y la innovación, la formación, la protección del medio ambiente y la prevención de riesgos, las redes de energía y de transporte, la sanidad y la asistencia social, así como el desarrollo urbano sostenible y policéntrico;

20.

recuerda que los programas europeos como INTERREG han permitido la creación de numerosas estructuras, pactos y acuerdos destinados a concretar formas de cooperación transfronteriza e interregional entre entes territoriales en materias de interés común;

21.

considera que la AECT puede brindar una nueva oportunidad para una estructuración jurídica y un coherente desarrollo del fenómeno de las eurorregiones, que en los últimos años ha aportado una contribución decisiva a la potenciación de una cooperación real en un amplio abanico de actividades, a la mejora de las relaciones de vecindad, al acercamiento de las poblaciones, a la transferencia de conocimientos y al intercambio de buenas prácticas, a través de las iniciativas de cooperación;

22.

subraya que el Reglamento relativo a la AECT no pretende suprimir las actuales eurorregiones operativas ni constituir una estructura administrativa suplementaria, sino facilitar una opción creíble para la cooperación territorial transeuropea;

23.

señala que la AECT ofrece un instrumento sólido para llevar a cabo la cooperación descentralizada en toda la Unión Europea en una serie de ámbitos políticos sobre la base de estructuras estables capaces de movilizar la participación de los ciudadanos y de adoptar decisiones conjuntas que han de ser plenamente aplicadas, e incluso de llevar a una cooperación estratégica a largo plazo;

24.

señala que la AECT puede y debe ser un instrumento operativo de primer orden, al facilitar el acceso al mercado del crédito para costear infraestructuras o servicios de interés común a diversos territorios de la UE que, a su vez, generen los ingresos precisos para respaldar la salud financiera de esas medidas;

25.

subraya que una medida a implementar en el nivel comunitario sería estimular la utilización de la AECT como instrumento preferente de la cooperación, tanto por los significativos beneficios que se derivan de la simplificación en la gestión de políticas, planes y proyectos de cooperación, como por la generalización de mejores prácticas administrativas en toda la UE;

26.

estima que la adopción del instrumento de la AECT puede permitir que las actuales estructuras de cooperación no sólo funcionen con más coherencia y eficiencia, en una perspectiva de racionalización y concentración de los fondos, sino que también mejore la calidad de los resultados conseguidos;

27.

reitera que la AECT contribuirá de manera significativa a una asignación y gestión más eficiente de los recursos, mediante una mayor participación de las autoridades regionales y locales, así como de los agentes económicos y sociales a nivel territorial;

28.

destaca que la AECT, al conferir una dimensión jurídica comunitaria a formas de cooperación territorial entre actores institucionales a distintos niveles pertenecientes a dos o más Estados miembros, puede desencadenar un proceso de integración europea horizontal, en aplicación de los principios de subsidiariedad y proximidad;

29.

afirma que, a través del instrumento de la AECT, las autoridades regionales y locales europeas pueden asumir un importante papel de impulso en la elaboración y aplicación de las políticas de la Unión, contribuyendo a una gobernanza europea más abierta, participativa, democrática, responsable y transparente;

30.

subraya que la posibilidad de implicar a distintos niveles institucionales en una única estructura de cooperación abre la vía a nuevas formas de gobernanza a múltiples niveles en la que las partes interesadas, con las competencias que les son propias, contribuyen al éxito global del proyecto;

31.

subraya que la misma naturaleza del instrumento jurídico del Reglamento garantiza una disciplina uniforme de la cooperación territorial en todos los Estados miembros, reduciendo las disparidades debidas a la fragmentación y las normativas; por primera vez se introduciría un instrumento común con este alcance geográfico;

32.

considera que la implementación del Reglamento debe, a su vez, ser correctamente coordinada, para que las distintas piezas legales que elaboren los Estados miembros en desarrollo del Reglamento (CE) 1082/2006 puedan ser ensambladas sin generar ningún tipo de incompatibilidad u obstáculo;

33.

hace hincapié en la necesidad de aplicar de manera rápida y coherente el Reglamento en todo el territorio de la Unión, de conformidad con el espíritu europeo del nuevo instrumento;

34.

señala, de acuerdo con los procedimientos que se mencionan en el preámbulo del Reglamento sobre la AECT, la importancia de que los terceros países participen también en la aplicación del nuevo instrumento comunitario, y que ello se realice de la forma más oportuna y desde el primer momento;

35.

toma nota de que algunos Estados miembros ya han adoptado las disposiciones de aplicación del Reglamento, pero se reserva el derecho a analizar atentamente tales medidas para evaluar su conformidad con los objetivos de armonización normativa y fomento de la cooperación territorial;

36.

deplora que la mayoría de los Estados miembros aún no haya procedido a adoptar las disposiciones de aplicación del Reglamento e insta a las autoridades competentes a proceder, sin más demora y sin interponer obstáculos ni imponer cargas burocráticas, a la constitución y plena operatividad de las AECT;

37.

afirma que la AECT se ha concebido también para simplificar los procedimientos de gestión y aplicación de las iniciativas de cooperación territorial y, por tanto, apoya la máxima colaboración en todos los Estados miembros entre las distintas autoridades nacionales, regionales y locales en sus respectivas competencias;

38.

considera, pues, que es esencial la cooperación y la información recíproca entre los Estados miembros, junto a la participación directa de los entes locales y regionales;

39.

recuerda que, con el Reglamento relativo a la AECT, el Derecho comunitario crea una nueva categoría de personas jurídicas que, a pesar de las referencias importantes a las legislaciones nacionales, deben ser objeto de un tratamiento sustancialmente uniforme en los distintos Estados miembros, en virtud de los principios de aplicabilidad directa y eficacia directa;

40.

observa que el artículo 2 del Reglamento establece una jerarquía precisa en virtud de la cual no sólo la normativa comunitaria, sino también las disposiciones recogidas en los convenios y en los estatutos de las nuevas AECT prevalecen sobre el Derecho del Estado miembro en el que tiene su sede la AECT, mientras que este último sólo encuentra aplicación en caso de materias no disciplinadas o parcialmente disciplinadas por el Reglamento;

41.

subraya que las disposiciones del Reglamento que no recurren al Derecho nacional se aplican directamente a toda instancia de constitución de una AECT;

42.

considera que el Reglamento atribuye, principalmente a los miembros potenciales de la AECT situados en el territorio de al menos dos Estados, un verdadero y propio derecho, inmediatamente aplicable, a constituir una AECT de acuerdo con las disposiciones del Reglamento;

43.

recuerda que el incumplimiento por parte de los Estados miembros de su obligación de adoptar las disposiciones de aplicación pertinentes menoscaba el potencial del concepto AECT, por lo que pide a la Comisión Europea que recomiende a los Estados miembros que cumplan con sus obligaciones contraídas en esta materia;

44.

considera que la Comisión Europea puede desempeñar un papel decisivo en el logro de la plena operatividad de la AECT, según el verdadero espíritu del Reglamento;

45.

insta a la Comisión Europea a que anime a los Estados miembros a adoptar las disposiciones de aplicación necesarias, brindando a la vez un apoyo adecuado a las autoridades nacionales competentes mediante la adopción de directrices, criterios de interpretación e indicaciones técnicas. Para ello, la Comisión podría aprovechar el trabajo realizado por el Grupo de expertos sobre la AECT creado por el Comité de las Regiones;

46.

desea, en caso de situaciones de persistente incumplimiento, que la Comisión Europea considere la posibilidad de iniciar los procedimientos de infracción necesarios contra los Estados miembros que hayan faltado, de manera injustificada, a sus obligaciones en materia de aprobación de las disposiciones de aplicación del Reglamento.

47.

considera que puede promoverse la utilización de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial con acciones específicas comunitarias de comunicación, formación y toda otra medida útil, incluidos incentivos de carácter jurídico, económico y financiero;

48.

en este sentido, considera que los estímulos básicos de orden económico-financiero pueden encuadrarse en dos grandes grupos. Así, sugiere que los primeros supongan la previsión de un programa específico, dotado de financiación comunitaria, imputable al FEDER, que contribuyese a fomentar la constitución de AECT de nueva planta, o la reconversión de proyectos de cooperación en perspectiva que se gestionen mediante las viejas fórmulas convencionales;

49.

señala que el segundo grupo de estímulos económico-financieros supondría la inclusión en las convocatorias lanzadas por la Comisión de un plus de eficiencia en la valoración de los proyectos que se le presenten cuando conlleven la creación de una AECT y una previsión de perdurabilidad cuando concluya el propio proyecto. De esta forma se fomentaría la institucionalización de una cultura cooperativa a medio y largo plazo, que buscase nuevas fórmulas de financiación al margen del recurso al presupuesto comunitario;

50.

en cuanto a las medidas de naturaleza jurídica que se debieran emprender para coadyuvar al éxito de la institución en toda la UE, considera que la primera responsabilidad atañe a la Comisión, con el concurso técnico del Comité de las Regiones;

51.

propone a la Comisión Europea que intensifica la acción de información interna a sus Direcciones Generales, a fin de aumentar el conocimiento del instrumento AECT a la hora de llevar a cabo las políticas sectoriales de la Unión Europea;

52.

se declara dispuesto a cooperar con los agentes institucionales para las acciones de promoción indicadas supra;

53.

recuerda que dispone de competencias consultivas específicas en materia de cooperación transnacional, según lo dispuesto en el artículo 265 del Tratado CE:

54.

afirma su intención de desempeñar un papel fundamental de información y promoción de la AECT a través de la movilización política, las iniciativas de comunicación, la creación de redes para el intercambio de experiencias y buenas prácticas y la realización de estudios;

55.

destaca que se ha creado un grupo de expertos territoriales sobre la AECT, encargado de supervisar la adopción de las disposiciones nacionales de aplicación y favorecer el intercambio de experiencias relativas a la creación y gestión de AECT a nivel territorial;

56.

se compromete a comprobar las posibilidades que brindan las legislaciones de los Estados miembros y de los terceros países vecinos de la Unión, con el fin de optimizar las posibilidades de cooperación entre los entes territoriales de la Unión Europea y aquellos de los terceros países;

57.

intensificará su cooperación con organizaciones regionales paneuropeas con experiencia concreta y dilatada en el ámbito de la cooperación territorial transeuropea;

58.

hace hincapié en que una cooperación interinstitucional avanzada, que sea capaz de asociar a las instituciones europeas, los Gobiernos nacionales y los entes regionales y locales, constituye una condición esencial para garantizar el éxito de la AECT y de la cooperación territorial.

9.10.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 257/20

—

considera que la Unión Europea debería dotarse cuanto antes de una verdadera política europea de inmigración, respetando las competencias de los distintos niveles de gobierno, pero asumiendo las que le son propias;

—

se felicita por las iniciativas de la Comisión para establecer mecanismos que faciliten la migración laboral regular, en la medida en que existe un desequilibrio entre el desarrollo de medidas restrictivas para luchar contra la inmigración irregular y las dirigidas a promocionar la inmigración regular, y pide a la Comisión que desarrolle una política global europea en materia de migración, garantizando que las medidas adoptadas a nivel europeo ofrezcan un valor añadido, como sucede en el caso de los trabajadores altamente cualificados;

—

coincide en que el empleo ilegal es uno de los principales factores de atracción de la inmigración irregular, y en que, por lo tanto, los Estados miembros deben profundizar y mejorar sus esfuerzos para adoptar todas las medidas necesarias de lucha contra el mercado de trabajo irregular;

—

lamenta que el papel del Comité de las Regiones no se cite en ninguno de los documentos referidos, y expresa su preocupación por la falta de atención a la dimensión territorial, cuando hasta la fecha se había reconocido el papel de las autoridades locales y regionales en la gestión del fenómeno migratorio, así como el papel consultivo del Comité de las Regiones en este ámbito;

—

afirma que a la vez que se desarrollan la dimensión exterior de la política y los instrumentos europeos para la gestión de la inmigración, debe fortalecerse también la dimensión territorial, implicando a los entes locales y regionales en el desarrollo del enfoque global de la migración. En este sentido, debería asegurarse que la Comisión Europea favorezca un papel más proactivo del Comité de las Regiones en la fase inicial de la acción comunitaria;

—

felicita la iniciativa de promover la migración circular, y entiende que la misma puede significar una contribución positiva para los mercados de trabajo de los Estados miembros y para el desarrollo de los países de origen.

Ponente

:

Anna TERRÓN I CUSÍ (ES/PSE), Secretaria para la Unión Europea del Gobierno de la Generalitat de Cataluña

1.

considera que la Unión Europea debería dotarse cuanto antes de una verdadera política europea de inmigración, respetando las competencias de los distintos niveles de gobierno, pero asumiendo las que le son propias;

2.

se felicita por las iniciativas de la Comisión para establecer mecanismos que faciliten la migración laboral regular, en la medida en que existe un desequilibrio entre el desarrollo de medidas restrictivas para luchar contra la inmigración irregular y las dirigidas a promocionar la inmigración regular, y pide a la Comisión que desarrolle una política global europea en materia de migración, garantizando que las medidas adoptadas a nivel europeo ofrezcan un valor añadido, como sucede en el caso de los trabajadores altamente cualificados;

3.

coincide en que el empleo ilegal es uno de los principales factores de atracción de la inmigración irregular, y en que, por lo tanto, los Estados miembros deben profundizar y mejorar sus esfuerzos para adoptar todas las medidas necesarias de lucha contra el mercado de trabajo irregular;

4.

considera que, para luchar contra el mercado de trabajo irregular, la atención debe centrarse en primer lugar en aquellas personas, ya sean empresarios o particulares, que dan empleo a residentes irregulares en un Estado miembro. En la mayoría de los casos, los inmigrantes se encuentran en una posición muy débil, por lo que pueden ser explotados de manera inmoral e ilegal;

5.

considera que el permiso único es un buen instrumento para evitar la inmigración irregular sobrevenida y recuerda que el artículo 41 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge el derecho a una buena administración;

6.

considera que la cooperación con países terceros es básica para un enfoque global y coherente de la inmigración, tal y como reconocía el Consejo Europeo en sus conclusiones de 2005 al recordar que «las cuestiones relacionadas con la migración constituyen un elemento central de las relaciones de la UE con una extensa variedad de terceros países, que son, en particular, los de las regiones limítrofes de la Unión» (1);

7.

señala que, en la creación de las denominadas «asociaciones de movilidad», deberá darse prioridad a aquellos terceros países que estén dispuestos a adoptar medidas sustanciales para combatir la migración ilegal y el tráfico de seres humanos;

8.

se felicita por las propuestas para desarrollar una mayor colaboración con los países terceros a través de las 'asociaciones de movilidad' o la asistencia técnica y/o financiera, y anima a la Comisión a buscar nuevas formas de colaboración, desde una lógica de igualdad, con los países de origen y tránsito, creando un círculo de confianza que permita a estos países cooperar en la lucha contra la inmigración irregular y establecer mecanismos para ordenar la inmigración regular;

9.

remarca el papel clave que desempeñan las autoridades locales y regionales en las negociaciones y relaciones con países de origen y tránsito, especialmente en ámbitos como el desarrollo o la cooperación. Recuerda el notable papel que han desempeñado las autoridades locales y regionales en el correcto funcionamiento de los programas Aeneas, MEDA y TACIS entre otros, y subraya los vínculos con los países de origen y tránsito y los conocimientos adquiridos gracias a las comunidades inmigrantes;

10.

lamenta que el papel del Comité de las Regiones no se cite en ninguno de los documentos referidos, y expresa su preocupación por la falta de atención a la dimensión territorial, cuando hasta la fecha se había reconocido el papel de las autoridades locales y regionales en la gestión del fenómeno migratorio, así como el papel consultivo del Comité de las Regiones en este ámbito;

11.

afirma que a la vez que se desarrollan la dimensión exterior de la política y los instrumentos europeos para la gestión de la inmigración, debe fortalecerse también la dimensión territorial, involucrando a los entes locales y regionales en el desarrollo de un enfoque global de la migración. En este sentido, debería asegurarse que la Comisión Europea favorezca un papel más proactivo del Comité de las Regiones en la fase inicial de la acción comunitaria (2);

12.

destaca la labor de las administraciones locales y regionales en las políticas de integración de la población inmigrante, y su papel en garantizar el correcto funcionamiento de los mecanismos de acceso al mercado laboral, y señala la función que pueden desempeñar en la formación de los trabajadores inmigrantes, tanto para participar en los mercados de trabajo europeos como para incorporarse, en caso de retorno, a los mercados de trabajo de los países de origen;

13.

recuerda que los entes locales y regionales desempeñan un papel clave en la provisión de servicios públicos para los inmigrantes (regulares e irregulares), entre los que destacan las políticas de acogida, la atención sanitaria, la educación y la vivienda. Como recuerda la Declaración de la Quinta Conferencia de Parlamentos de Regiones Capitales de la Unión Europea (abril 2006), para algunas regiones y entes locales, el fenómeno de la inmigración ha tenido y está teniendo un importante coste en los servicios públicos, por lo que sería conveniente estudiar nuevas fórmulas que permitan a las administraciones locales y regionales desempeñar un mayor papel en el desarrollo de iniciativas y estrategias nacionales relacionadas con el acceso y la incorporación al mercado de trabajo;

14.

señala la preferencia por el término «inmigración irregular», puesto que en muchas de las lenguas oficiales el término «ilegal» remite claramente a actitudes delictivas, y en cualquier caso anima a desechar el uso del término «inmigrante ilegal»;

15.

toma nota de que se mencionan otras políticas de la UE que pueden afectar a los migrantes, como la política de desarrollo, la Estrategia Europea de Empleo o otras políticas relacionadas con el área social y económica, por lo que pide mayor coordinación con todas aquellas políticas que afecten a la población inmigrante;

16.

pide a la Comisión que tenga en cuenta las previsiones de los Estados miembros sobre las necesidades de mano de obra, de acuerdo con las informaciones proporcionadas por los Estados miembros a Eurostat y con los catálogos de empleos de difícil cobertura, con el fin de conocer con mayor detalle las actuaciones y previsiones de los distintos Estados Miembros, si bien, al hacerlo, debería respetar las competencias nacionales en materia de admisión de nacionales de terceros países al mercado laboral;

17.

apunta la importancia de un sistema fiable y actualizado de estadísticas que permita a los Estados el intercambio voluntario de información y experiencias sobre las políticas laborales y del mercado de trabajo, tal como recoge el Reglamento (CE) no 862/2007 sobre las estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración y la protección internacional (3);

18.

enfatiza el importante papel que las autoridades locales y regionales pueden desempeñar en la obtención de información y datos estadísticos, e insiste en la contribución que pueden ofrecer los entes locales y regionales en relación, entre otros, a un portal europeo de inmigración o a la ampliación de servicios de la red EURES. Los entes regionales y locales gestionan por su parte numerosos portales Web que pueden complementar estas iniciativas;

19.

expresa su preocupación por que no se haga mención expresa de los acuerdos internacionales que los Estados miembros han suscrito en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, y recuerda que estos deben trabajar en la línea de la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo (OIT, 1998), del Plan de Acción para los Trabajadores Migrantes (OIT, 2004) y, en general, del respeto de los derechos fundamentales de las personas, tal como recogen los convenios internacionales en vigor;

20.

considera muy importante la creación de una red de entes locales y regionales para desarrollar instrumentos estadísticos e indicadores comunes que permitan conocer en mayor grado la realidad migratoria;

21.

señala la importancia de propiciar la organización de grupos de trabajo permanentes y de foros (conferencias, seminarios ...) para el intercambio de experiencias y de buenas prácticas de acogida e integración social y laboral de las personas inmigrantes;

22.

apoya la ratificación de la Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares por parte de los Estados miembros;

23.

felicita la iniciativa de promover la migración circular, por entender que puede significar una contribución positiva para los mercados de trabajo de los Estados miembros y para el desarrollo de los países de origen;

24.

reconoce que la migración circular puede ser un vínculo positivo entre los países de origen y de destino, y que puede ser un instrumento de promoción del diálogo, la cooperación y el entendimiento mutuo;

25.

advierte que la migración circular debe funcionar correctamente para prevenir que se convierta en una vía para la inmigración irregular, estableciendo canales efectivos para garantizar el retorno del migrante y favorecer la circularidad. A su vez, entiende que la migración circular no puede significar la sustitución de la migración de carácter permanente, ni limitar las iniciativas de los Estados miembros en políticas de integración de los inmigrantes;

26.

apuesta por una mayor vinculación entre la política de inmigración y otras políticas de la UE, con el objetivo de mejorar el marco económico y social de los países de origen y «contribuir a la reducción de los incentivos para la migración irregular» (4);

27.

aplaude las asociaciones de movilidad con terceros países y reconoce la importancia de promover acuerdos de asociación con los países de origen. La propia Comisión subraya en su Comunicación que, al concertar asociaciones de movilidad, debe procurarse respetar el reparto de competencias entre la UE y los Estados miembros. Dichas asociaciones deben contemplar instrumentos para la gestión conjunta de los flujos migratorios, medidas para luchar contra la inmigración irregular y facilitar la readmisión y el retorno de los inmigrantes irregulares, así como mecanismos para favorecer el desarrollo económico de estos países;

28.

remarca la importancia de establecer acuerdos de readmisión con terceros países en el marco de sus compromisos, y señala la necesidad de agilizar las repatriaciones respetando los derechos de los inmigrantes y los derechos internacionalmente reconocidos;

29.

pide que se reconozca el papel de los entes locales y regionales en la cooperación transfronteriza internacional; y anima a que se favorezca la participación de los entes locales y regionales en la política europea de vecindad exhortando a los entes locales y regionales a cooperar con los entes territoriales de los países de origen utilizando a tal fin los programas de la Comisión Europea y, en particular, la iniciativa piloto de programación concertada para la cooperación territorial entre las regiones ultraperiféricas y los terceros países vecinos; pues recuerda que son estas administraciones las que mejor conocen el impacto económico y social de la inmigración y su vínculo con las repercusiones en las regiones de origen;

30.

recuerda que deben analizarse los efectos de la migración circular en los países de origen y estudiar el impacto de las remesas en los mismos. Anima a que, en concordancia con estos estudios, se apliquen los instrumentos necesarios para facilitar las transferencias de remesas;

31.

pide que se estudien las posibilidades de involucrar a las ciudades y a las regiones, origen y destino de los flujos migratorios, en las asociaciones de movilidad, ya que pueden facilitar la movilidad de los inmigrantes e incidir positivamente en la integración social de los inmigrantes;

32.

destaca la necesidad de impulsar aquellos mecanismos que favorezcan la movilidad dentro de la UE de los trabajadores inmigrantes que residen y trabajan regularmente en un Estado miembro;

33.

subraya que los terceros países que participan en una asociación de movilidad deberán esforzarse por fomentar, de manera eficaz, el retorno y la reintegración de los migrantes, por medio de medidas activas destinadas a fomentar el empleo productivo y unas condiciones de trabajo dignas. Las autoridades del país de acogida deberían recordar este aspecto a los países de origen con los cuales ha suscrito un partenariado de movilidad, y facilitarle asesoramiento y otras ayudas no financieras;

34.

valora positivamente la idea de unos visados de entrada múltiple de larga duración que favorezcan la migración circular y apoya aquellas iniciativas dirigidas a favorecer la participación, en los mercados de trabajo de los Estados miembros, de aquellos nacionales de países terceros admitidos anteriormente como estudiantes y aquellos que, habiendo participado en mecanismos de migración circular, han cumplido con sus obligaciones de retorno;

35.

pide a la Comisión que haga lo posible para asegurar que, tras su retorno al país de origen, los migrantes circulares puedan transferir sus derechos de pensión acumulados;

36.

valora positivamente el incremento de incentivos en la cooperación con los países terceros, en complementariedad con otras medidas y cuando propicien la participación de los entes locales y regionales en proyectos de desarrollo;

37.

apoya la idea de crear centros comunes de solicitud de visados en terceros países, y pide que esta iniciativa no se traduzca en un incremento de los trámites burocráticos, sino en una simplificación y agilización de los mismos;

38.

respalda las intenciones de la Comisión de luchar contra el trabajo ilegal realizado por personas de terceros países. La aplicación de sanciones de carácter económico, administrativo y, cuando así se considere por su gravedad, de carácter penal para garantizar el cumplimiento de la legislación europea es una competencia nacional, con excepción de las sanciones diseñadas para asegurar la eficacia de la legislación de la UE;

39.

constata la necesidad de valorar la idoneidad del término «empleador» o «empresario» para cada versión lingüística de la Directiva y considera que, cuando en el ordenamiento jurídico de un Estado miembro exista la distinción entre ambos términos, sería preferible utilizar el término «empleador» en lugar de «empresario», con el objetivo de separar la iniciativa empresarial del comportamiento delictivo y cubrir aquellas situaciones en las que se puede dar empleo regular sin tener la figura jurídica de empresario;

40.

afirma que la lucha contra el trabajo irregular debe llevarse a cabo mediante sanciones a aquellos que contratan ilegalmente, pero también incrementando la inspección laboral y mejorando las vías de contratación legal y estudiando sistemas alternativos que permitan promover buenas prácticas. Los resultados de estas inspecciones laborales deben hacerse públicos para permitir a los consumidores y a los posibles empleadores elegir con conocimiento de causa;

41.

afirma que la lucha contra el trabajo irregular, uno de los principales factores de atracción y perpetuación de los flujos de inmigración irregular, debe ser prioritaria en las medidas de la UE relativas a la política de inmigración, y considera que la base jurídica de la directiva debería centrarse en la lucha contra el trabajo irregular y, consecuentemente, en la disminución de la inmigración irregular, y no al revés;

42.

recuerda que, con arreglo a la legislación nacional, las autoridades locales y regionales pueden desempeñar un importante papel en la aplicación de las medidas de control y supervisión del mercado laboral, y que puede ser necesario incrementar los recursos humanos y materiales para aumentar el número de inspecciones;

43.

considera que, en el marco de la lucha contra el trabajo irregular, debe prestarse especial atención a la lucha contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, y denuncia el papel de las mafias y redes criminales organizadas en la pervivencia del fenómeno de la inmigración irregular en general y de la explotación laboral en particular, que se ha convertido en una actividad delictiva rentable;

44.

apoya las iniciativas dirigidas a luchar contra el trabajo irregular, y anima a promover iniciativas conjuntas entre los distintos niveles de administración (nacionales, regionales y locales) y los agentes sociales (patronal y sindicatos principalmente, pero también ONG y asociaciones pro derechos) en este ámbito. Anima a emprender iniciativas divulgativas y acciones informativas en determinados sectores laborales dirigidas a disuadir a aquellos que contratan trabajadores de manera irregular y a informarles de las ventajas que brinda el empleo legal;

45.

coincide en que no tendría sentido excluir del ámbito de aplicación de la directiva a los particulares que contraten a trabajadores en situación irregular, pero alerta de la imposibilidad de prevenir esta casuística si no se articulan respuestas de contratación regular ágiles y complementarias, para cubrir la escasez de mano de obra en el mercado de trabajo;

46.

remarca la importancia de mejorar la flexibilidad y rapidez en la contratación de carácter temporal y también de definir las vías para la inmigración de carácter estacional, tal como prevé el Plan de políticas sobre la migración legal de 2005, como elementos que pueden contribuir a evitar la continuidad de la contratación irregular;

47.

llama la atención sobre la situación de extrema vulnerabilidad laboral y personal en la que se encuentran muchas mujeres inmigrantes en la Unión Europea y anima a que se preste mayor atención a esta cuestión;

48.

respalda la decisión de no imponer sanciones a los nacionales de países terceros afectados por la propuesta, aún cuando la exigencia de una decisión de retorno o expulsión (5) puede entenderse como una penalización, y valora positivamente las sanciones económicas a los infractores, especialmente la referida al pago de los gastos de retorno, a los que se podría añadir alojamiento y manutención del inmigrante hasta que concluya el procedimiento de retorno; recalca que la Unión Europea debe garantizar la coherencia de los instrumentos legislativos que incorporen medidas relativas al retorno, y su adecuación al respeto de los derechos humanos fundamentales;

49.

anima a que se tomen las medidas necesarias para garantizar que los trabajadores retornados perciban las remuneraciones pendientes;

50.

demanda mayor protección por parte de las autoridades competentes de los Estados miembros para los trabajadores que son víctimas de abusos y pide que se considere la posibilidad de concederles la residencia de larga duración, especialmente en aquellos casos de extrema gravedad, conforme a lo que recoge la Directiva 2004/81/CE relativa a la expedición de un permiso de residencia a nacionales de terceros países que sean víctimas de la trata de seres humanos o hayan sido objeto de una acción de ayuda a la inmigración ilegal, que cooperen con las autoridades competentes;

51.

acoge favorablemente las iniciativas que aboguen por promover las vías legales de acceso para la inmigración en la UE, así como los intentos de armonizar los distintos y complejos mecanismos de acceso a los mercados laborales en los Estados miembros;

52.

considera necesario el desarrollo de medidas como la 'tarjeta azul' con el objetivo de incrementar el atractivo de la Unión Europea como destino de flujos migratorios de trabajadores cualificados y altamente cualificados, satisfacer las necesidades de los mercados de trabajo europeos y garantizar el cumplimiento de la Estrategia de Lisboa; insta, no obstante, a la Comisión a que presente una definición más clara de lo que entiende por inmigrantes «cualificados» y «altamente cualificados» y sugiere que dicha definición tenga en cuenta el nivel educativo del inmigrante, así como su experiencia laboral, su capacitación lingüística y otros factores relevantes;

53.

recuerda que no debe minimizarse la aportación de los trabajadores no cualificados o con baja cualificación en algunos de los mercados de trabajo europeos, y pide a la Comisión que, previo análisis y evaluación de las posibilidades de contratación de trabajadores no cualificados o con baja cualificación, tenga en cuenta los compromisos del Consejo sobre la aproximación de los procedimientos de admisión por razones vinculadas al empleo, tal como prevé el Plan de política en materia de migración legal;

54.

considera que la 'tarjeta azul' no sólo se debería otorgar a aquellos trabajadores cualificados que solicitan ser admitidos en el territorio de la UE, sino también a aquellos que ya residen en el territorio de algún Estado miembro;

55.

considera imprescindible la obtención de información fiable y básica sobre la necesidad de mano de obra cualificada en los mercados de trabajo de los Estados miembros, y pide a la Comisión que trabaje en un método homogéneo efectivo para la obtención y presentación de datos estadísticos en este ámbito de acuerdo con el Reglamento (CE) no 862/2007;

56.

pide a los Estados miembros que promuevan la participación de los entes locales y regionales en la determinación del volumen de admisiones de nacionales de terceros países para ofertas de trabajo altamente cualificados, y lamenta que este extremo no se recoja explícitamente en la propuesta de directiva;

57.

se pregunta si la movilidad laboral de los trabajadores altamente cualificados puede quedar afectada por la necesidad de residir, durante al menos dos años, en el primer Estado miembro, y anima a la Comisión a buscar fórmulas alternativas que garanticen la movilidad laboral y den respuesta a las necesidades de los mercados laborales nacionales;

58.

valora positivamente las condiciones de entrada de los familiares de los trabajadores altamente cualificados, un elemento que puede ser determinante en el reclutamiento de personal altamente cualificado, tal como demuestran las experiencias de otros países como Australia, Canadá y Estados Unidos;

59.

recuerda la importancia de evitar la 'fuga de cerebros' en los países en vías de desarrollo, y señala con preocupación que, según la Organización Internacional del Trabajo, los programas de admisión de trabajadores cualificados (entre los que señala las recientes iniciativas de la Comisión sobre migración circular) «tienden a agravar los problemas de la fuga de cerebros» (6);

60.

solicita que se estudie de manera fiable con datos y estadísticas la 'fuga de cerebros' y sus efectos en los países de origen, con el fin de establecer respuestas conjuntas con los países de origen para evitar, en la medida de lo posible, los riesgos y consecuencias de este fenómeno;

61.

anima a la Comisión a tomar todas las medidas oportunas para promover, como alternativa a la «fuga de cerebros», 'la circulación de cerebros', un concepto conforme al cual los migrantes regresan a sus países de origen y comparten los beneficios de las competencias adquiridas en el país de destino (7), y que permite activar y profundizar las relaciones entre comunidades de origen y de destino;

62.

expresa su satisfacción por la propuesta de solicitud única para un permiso combinado de residencia y trabajo, y anima a mejorar los canales administrativos que favorezcan la tramitación de dicho permiso;

63.

aplaude cualquier propuesta que simplifique los mecanismos de acceso a la UE por razones de trabajo, y demanda la agilización de los trámites de solicitud y aprobación de los permisos para garantizar la eficiencia en el funcionamiento del sistema;

64.

valora el permiso único como un buen instrumento para luchar contra la irregularidad sobrevenida, un problema de dimensiones notables en los países de la Unión Europea y que vulnera el derecho a una buena administración reconocido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea;

65.

expresa su satisfacción por el reconocimiento de un paquete común de derechos para todos los titulares del permiso único, y recuerda que tales derechos deben reconocerse como vinculados al marco internacional de protección laboral que garantiza la OIT;

66.

recuerda, tal como reconoce el Dictamen CDR 233/2006 (8), la importancia de mejorar los mecanismos para el reconocimiento y homologación de títulos y diplomas profesionales y, en general, de las capacidades profesionales de los inmigrantes, con el objetivo de facilitar una incorporación en el mercado de trabajo más acorde con sus capacidades;

67.

aplaude el establecimiento de garantías en el procedimiento de presentación de la solicitud única para el permiso combinado, especialmente en cuanto a la necesidad de justificar la denegación de la solicitud y la posibilidad de presentar recurso contra dicha denegación;

68.

insiste en que los Estados miembros, respetando el principio de subsidiariedad, deben contar con las autoridades locales y regionales en la elaboración de las políticas de inmigración, especialmente en aquellos puntos relativos a la integración y al mercado de trabajo, para que puedan participar en la decisión del número de extranjeros que se admitirá en su territorio, así como las características profesionales de estos.

9.10.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 257/26

—

Afirma estar convencido de que los valores de la democracia y los derechos humanos, proclamados en la Carta de los Derechos Fundamentales adjunta al Tratado de Lisboa, han constituido el pilar fundamental del proceso de integración europea y de que mejorando la protección de los derechos humanos en la UE aumentará la credibilidad de la promoción de estos valores en las relaciones exteriores de la UE.

—

Señala que la democracia y los derechos humanos son, ante todo, cuestiones de alcance mundial y constituyen bienes públicos, y que en muchas sociedades los entes locales, cuando se trata de llevar a la práctica estos derechos, son los responsables más próximos a las personas. Puesto que el instrumento se centra principalmente en la creación de instituciones públicas, podría prestar más atención a las instituciones locales y regionales.

—

Llama también la atención sobre la posibilidad de que la estrategia de observación electoral del Comité de las Regiones se integrara en el Objetivo 5 con el fin de fortalecer la creación de una democracia de base y el sentimiento de que los ciudadanos asumen como propio el proceso democrático.

—

Cree que el respaldo a la observación electoral es una parte importante del desarrollo de la democracia y está convencido de las futuras estrategias de observación electoral de la UE deberían prestar una atención particular también a la supervisión de las elecciones locales y regionales en terceros países.

—

Considera que, en su tarea de observadora en elecciones nacionales, la UE debería estar más atenta a la evaluación de impacto de la promoción de la democracia a escala local y regional.

Ponente

:

Sra. UTUNEN ZIV (FI/ALDE), Miembro del Consejo municipal de Jyväskylä

1.

Afirma estar convencido de que los valores de la democracia y los derechos humanos, proclamados en la Carta de los Derechos Fundamentales adjunta al Tratado de Lisboa, han constituido el pilar fundamental del proceso de integración europea y de que mejorando la protección de los derechos humanos en la UE aumentará la credibilidad de la promoción de estos valores en las relaciones exteriores de la UE.

2.

Considera esencial que la Unión Europea crea que la democracia y los derechos humanos son valores universales que han de promoverse incansablemente en todo el mundo, y respalda el trabajo para llevarlos a terceros países.

3.

Recuerda que la posición del Comité de las Regiones ha sido siempre que no puede haber auténtica gobernanza democrática sin una transferencia sustancial de poderes y competencias a los niveles local y regional; al cooperar para ofrecer soluciones tangibles a los problemas concretos del día a día, los entes locales y regionales pueden reforzar la confianza entre los pueblos, la confianza en la democracia local y la fe en el diálogo intercultural. Ellos pueden ofrecer más participación y crear una capacidad duradera para promover la democracia y los derechos humanos.

4.

Señala que la democracia y los derechos humanos son, ante todo, cuestiones de alcance mundial y constituyen bienes públicos, y que en muchas sociedades los entes locales, cuando se trata de llevar a la práctica estos derechos, son los responsables más próximos a las personas. Puesto que el instrumento se centra principalmente en la creación de instituciones públicas, podría prestar más atención a las instituciones locales y regionales.

5.

Reconoce la especialísima contribución del IEDDH al desarrollo y la consolidación de la democracia y del Estado de Derecho en terceros países de todo el mundo, así como su aportación para que la acción de la UE en este ámbito tenga un enfoque congruente y coherente.

6.

Considera que el IEDDH es un activo visible de Europa, pues refuerza su presencia en el ámbito de la promoción de la democracia y los derechos humanos en terceros países. El CDR subraya que la intención de la UE de promover la democracia no supone el deseo ni la capacidad para exportar un modelo ni imponerlo en terceros países. El IEDDH es una posibilidad para difundir de un modo más eficaz unos principios comunes de libertad individual. Señala que la Carta Europea de Autonomía Local ha servido en gran medida, para numerosas nuevas democracias de Europa, de fuente de inspiración y de guía para crear autonomías locales eficientes. De modo análogo, la Carta de la Democracia Regional del Congreso de los Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa (CPLRE) podría cumplir la misma función.

7.

Subraya que, teniendo en cuenta el objetivo de la estrategia de proporcionar apoyo independientemente del consentimiento de los gobiernos de terceros países, el CDR considera que los entes locales y regionales de los países en cuestión, elegidos democráticamente, deben ser definidos como socios para lograr los objetivos del IEDDH mediante su inclusión explícita en la lista de actores en el mismo nivel que las organizaciones de la sociedad civil.

8.

Recuerda que el CDR ha creado ya varios instrumentos para aplicar su política en los países con los que ha establecido contactos. En especial, la creación de tres grupos de trabajo en los Balcanes Occidentales, Turquía y Croacia, así como la organización de un ciclo de conferencias sobre la política europea de vecindad, han posibilitado el diálogo político regular y el intercambio de buenas prácticas con representantes locales y regionales de terceros países.

9.

Expresa su preferencia por adoptar un planteamiento estratégico a más largo plazo para este instrumento y sus objetivos. Las áreas prioritarias han ido cambiando durante cada período de programación, por lo que el desarrollo a largo plazo y la evaluación del programa y de sus iniciativas resulta difícil. La evaluación detallada y la información exacta de los programas concluidos contribuye a desarrollar mejor futuros programas.

10.

Subraya la necesidad de mejorar los procedimientos de aplicación de la financiación a través del IEDDH e insta a simplificar el funcionamiento concreto del programa de modo que permita que las estructuras menos organizadas se beneficien de él y que se pueda trabajar plenamente y de modo flexible con este instrumento. El IEDDH sigue siendo un instrumento de dimensiones relativamente modestas: utilizarlo de manera selectiva y estratégica es crucial para su éxito.

11.

Recomienda que la evaluación y la nueva valoración de la Estrategia se haga desde la perspectiva de los entes locales y regionales y de la subsidiariedad en terceros países. La administración del IEDDH no debe incrementar la burocracia hasta el punto de convertirla en un obstáculo, sobre todo para los proyectos, que son esenciales para los agentes locales. Debería permitirse la máxima flexibilidad para evitar la discriminación que provocarían unas estructuras pesadas.

12.

El compromiso del Comité de las Regiones con la democracia, la buena gobernanza, los valores europeos y los derechos humanos justifica su participación en la estrategia en general. Sin embargo, entre los cinco objetivos propuestos, debería recibir una atención especial en la planificación plurianual para 2010-2013 la participación de los entes locales y regionales en el Objetivo 2. El CDR llama también la atención sobre la posibilidad de que la estrategia de observación electoral del Comité de las Regiones se integrara en el Objetivo 5 con el fin de fortalecer la creación de una democracia de base y el sentimiento de que los ciudadanos asumen como propio el proceso democrático.

13.

Señala que, aunque el apoyo de este objetivo se dirige principalmente a las organizaciones no gubernamentales, es preciso reconocer que en algunos países y regiones los defensores de los derechos humanos, incluso algunos funcionarios municipales, pueden verse en un cierto riesgo por su cargo y su trabajo cotidiano. Debe trabajarse por una movilización a su favor.

14.

Defiende que la democracia local y regional participativa e incluyente es, a largo plazo, la mejor forma de crear una democracia eficaz, orientada a las necesidades de los ciudadanos, basada en la buena gobernanza y que cuente con la confianza y el respaldo de los ciudadanos.

15.

Pide que se establezcan modelos de democracia incluyente que garanticen, por ejemplo, la representación política de hombres y mujeres, de la población indígena cuando exista y de las minorías locales. Además, de cara a la participación de las minorías locales, las personas con discapacidad, la infancia y la juventud, es crucial compartir las mejores prácticas y apoyar a los entes locales en el fortalecimiento de la participación ciudadana.

16.

Observa que el elemento clave de la buena gobernanza, fundada en la representación y la participación políticas, es reconocer que las decisiones se toman mejor en el nivel más cercano posible a los ciudadanos.

17.

Subraya que los procesos democráticos de responsabilidad –partiendo del ámbito local y regional– son esenciales para garantizar la transparencia del gobierno y desempeñan un papel fundamental en la lucha contra la corrupción y la pobreza.

18.

Cree que al desarrollar el contacto interpersonal en un nivel menos formal y dar prioridad a la búsqueda de soluciones prácticas a los problemas cotidianos de los ciudadanos, los entes locales y regionales desempeñan un importante papel de refuerzo de la cooperación local entre los grupos cuyos intereses entran en conflicto.

19.

Considera que la sociedad civil, las ONG locales y las organizaciones con base en la comunidad que defienden las libertades fundamentales y los derechos humanos, junto con quienes los defienden localmente, pueden conseguir unos resultados óptimos en la aplicación de los derechos políticos, económicos y sociales en el ámbito local cuando se les reconoce el trabajo realizado y pueden trabajar protegidos de las amenazas, el hostigamiento y la inseguridad, y que el ámbito local resulta especialmente adecuado para promover los valores democráticos y la concienciación política de los ciudadanos si pueden trabajar junto a unos entes locales y regionales legítimos.

20.

Insiste en el valor añadido del enfoque local cuando se trata de la cooperación transfronteriza en distintas cuestiones, entre ellas la resolución de conflictos. Se debería subrayar, en particular, el papel positivo que desempeñan las iniciativas locales –como la «diplomacia de las ciudades» a través de la promoción del diálogo intercultural y las acciones a nivel local para fomentar la confianza– en situaciones de conflicto. Así pues, sería conveniente desarrollar más campañas globales en favor de la democracia y los derechos humanos, por ejemplo, aplicando un planteamiento transnacional que incluya también una perspectiva local y regional clara.

21.

Recuerda que, aunque el diálogo sobre los derechos humanos suele desarrollarse con las autoridades nacionales, es imprescindible tratar las cuestiones de democracia también con los agentes locales y regionales. No es posible crear ni mantener un sistema democrático eficaz si los ámbitos local y regional no participan ni se sienten parte de ese sistema, y no aportan su contribución para colaborar en su desarrollo.

22.

De la definición de Naciones Unidas de defensor de los derechos humanos –«las personas y organizaciones que se dedican a promover y defender los derechos humanos y las libertades fundamentales»– se deduce claramente el importante papel de los políticos y activistas del ámbito local.

23.

Recuerda con inquietud que, en el ámbito local, se producen numerosos casos de tortura en cárceles y comisarías de policía. Por tanto, es preciso un gran esfuerzo para aplicar la legislación nacional y los acuerdos internacionales en el ámbito local. Así pues, también debería apoyarse la formación de las autoridades y a las ONG locales que supervisan su actuación.

24.

Respalda la directriz sobre los derechos de la infancia y reconoce la importancia de los entes locales a la hora de ofrecer acceso a la formación, a una enseñanza y asistencia sanitaria adecuadas, en lo que se incluyen los derechos de salud reproductiva, especialmente para las niñas.

25.

Apoya la Comunicación de la Comisión COM(2008) 55 final, titulada «Un lugar especial para la infancia en la acción exterior de la UE», y recuerda la necesidad de fomentar la integración de los derechos y los intereses del niño en todas las acciones comunitarias en materia de relaciones exteriores.

26.

Acoge con agrado los acuerdos de cooperación ya firmados con entidades como el Consejo de Europa, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa y el Tribunal Penal Internacional, y valoraría muy positivamente que se reconociera la importancia de facilitar la democracia local y aumentar la capacidad de los entes locales y regionales para llevar a la práctica los derechos cívicos, políticos, económicos y sociales.

27.

Destaca el derecho de los niños a participar, influir y ser escuchados en función de su edad y madurez –como se establece en el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño–, principalmente cuando se adoptan decisiones sobre cuestiones de carácter local.

28.

Está convencido de que hacer avanzar activamente la democracia local y regional, fomentar la descentralización y el autogobierno en Europa y garantizar el respeto de las competencias locales y regionales establecidas por las autoridades nacionales y europeas es crucial para la promoción de la auténtica democracia y de los derechos humanos en todo el mundo.

29.

Subraya que la observación electoral se ha convertido en uno de los instrumentos eficaces de la política exterior del CDR en los dos últimos años. A este respecto, reconoce la competencia que ha mostrado el Congreso de los Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa (CPLRE) en este ámbito y las aportaciones realizadas durante años, y se congratula, como Comité de las Regiones, de haber tenido la posibilidad de participar en las tareas de dicho Congreso para promover la defensa y el fomento de la democracia local y regional.

30.

Cree que el respaldo a la observación electoral es una parte importante del desarrollo de la democracia y está convencido de las futuras estrategias de observación electoral de la UE deberían prestar una atención particular también a la supervisión de las elecciones locales y regionales en terceros países.

31.

Considera que, en su tarea de observadora en elecciones nacionales, la UE debería estar más atenta a la evaluación de impacto de la promoción de la democracia a escala local y regional.

32.

Subraya que la próxima Estrategia para el período 2010-2013 debería tener presente el papel que los entes locales y regionales podrían tener en esta iniciativa, particularmente por lo que se refiere a los procesos electorales locales y a la experiencia europea en su observación en terceros países.

9.10.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 257/30

—

subraya que en toda la Unión Europea, los entes regionales y locales tienen responsabilidades para la protección y fomento de la diversidad lingüística, y que se encuentran en una posición privilegiada para instituir una asociación constructiva con los institutos que se ocupan de formación lingüística, para definir cursos de instrucción y formación profesional diseñados en función de las necesidades y las exigencias locales específicas;

—

considera que, dada la esencial importancia que reviste la diversidad lingüística en la Unión Europea, la construcción de la sociedad multilingüe debe afrontarse con el propósito de aprovechar al máximo los efectos positivos de la diversidad y reducir al mínimo sus efectos negativos;

—

considera que todo miembro de la UE, al tiempo que mantiene la propia lengua de origen como elemento identificador de su propio bagaje cultural, debe recorrer a lo largo de toda su vida un camino que le lleve a adquirir un conocimiento activo y pasivo de una segunda lengua y una tercera lengua de adopción escogida en función de las afinidades culturales o las necesidades de movilidad social y económica a partir del país o región de origen;

—

destaca que, en la perspectiva de alcanzar el objetivo «1 lengua + 2», los entes territoriales deben desempeñar un papel protagonista, sobre todo en la elaboración de los programas educativos;

—

se propone animar a todas las regiones a crear su propio foro local sobre el multilingüismo para supervisar las tendencias locales de carácter social, económico y educativo y proponer iniciativas de sensibilización y motivación de la población para el estudio a lo largo de toda la vida de «1 lengua + 2».

Ponente

:

Roberto PELLA (IT/PPE), Consejero provincial de Biella y Teniente de Alcalde de Valdengo

1.

Celebra el gran impulso dado por la Comisión Europea al tema del multilingüismo al instituir, el 1 de enero de 2007, una verdadera cartera temática confiada al Comisario Leonard Orban. Debido a la importancia de esta cartera y el desafío que entraña, debería reforzarse con el fin de poder desarrollarse y cumplir de manera eficiente los objetivos que le han sido encomendados.

2.

Subraya el carácter prioritario que reviste la cuestión del multilingüismo en la agenda política europea, prioridad que involucra transversalmente a todos los ámbitos de intervención de la vida social, económica y cultural de Europa.

3.

Comparte la trayectoria de trabajo trazada por el Comisario Orban, al considerar que el multilingüismo permite una mayor integración europea y un mayor diálogo entre culturas.

4.

Dada la esencial importancia que reviste la diversidad lingüística en la Unión Europea, la construcción de la sociedad multilingüe debe, por consiguiente, afrontarse con el propósito de aprovechar al máximo los efectos positivos de la diversidad y reducir al mínimo sus efectos negativos en lugar de hacer un uso instrumental de la diversidad.

5.

Hace hincapié en el análisis efectuado por el Grupo de alto nivel sobre el multilingüismo constituido en 2005 y comparte las acciones propuestas en él, que pueden resumirse en la necesidad de:

6.

Subraya el resultado de la consulta en línea llevada a cabo en septiembre de 2007, que resume los siguientes puntos clave de acción en materia de multilingüismo:

7.

Subraya y comparte las propuestas formuladas por el Grupo de intelectuales para el diálogo intercultural constituido a iniciativa de la Comisión Europea y presidido por Amin Maalouf y, en particular, subraya:

8.

Reitera que la promoción y salvaguardia de la diversidad cultural y lingüística es una prioridad central. En el marco de la Unión Europea se entenderá por diversidad lingüística el conocimiento y uso de:

La Unión y sus Estados miembros deberían promocionar la diversidad lingüística en sus respectivos ámbitos de actuación.

9.

En toda la Unión Europea, los entes regionales y locales tienen responsabilidades para la protección y fomento de la diversidad lingüística. Asimismo, los entes regionales y locales son competentes en materia de instrucción, formación profesional y educación de los adultos, representa un componente de la asociación social y coordina el crecimiento y el desarrollo regional y local.

10.

En una formación profesional basada en el aprendizaje permanente, conceptos como «saber» y «aprendizaje» asumen connotaciones importantes, sobre todo porque el mundo laboral, con sus muy diversas posibilidades, requiere más competencias lingüísticas.

11.

Los entes regionales y locales se encuentran en una posición privilegiada para instituir una asociación constructiva con los institutos que se ocupan de formación lingüística, para definir cursos de instrucción y formación profesional diseñados en función de las necesidades y las exigencias locales específicas.

12.

Considera, por tanto, que los entes regionales y locales son los más preparados para satisfacer las diferentes necesidades lingüísticas locales, sin perjuicio del apoyo que puedan recibir por parte de los entes centrales /estatales.

13.

Estima que Europa debe basar su propia cohesión social y económica en la explotación de las oportunidades brindadas por la movilidad, la globalización, la cultura europea y el sentido de ciudadanía europea.

14.

Ese proceso recibiría un gran impulso si se suprimen las molestias lingüísticas que los países y los simples ciudadanos están llamados a afrontar por cuanto:

15.

Se considera necesario que la Comisión, por lo que respecta al método abierto de coordinación en el campo lingüístico, preste atención participando no sólo a nivel administrativo nacional, sino también local y regional, porque esos niveles suelen ser los principales responsables de la actuación de las diferentes medidas en el territorio.

16.

En este contexto, estima también necesario prestar atención al respeto y la dignidad de las lenguas no oficiales habladas por grupos minoritarios que representan, al igual que las lenguas oficiales, un elemento de la diversidad de la cultura territorial que debe encontrar espacio en los programas europeos de integración.

17.

Estima importante establecer en el objetivo «1 lengua + 2» la meta de las políticas multilingüísticas europeas.

18.

Todo miembro de la UE, al tiempo que mantiene la propia lengua de origen como elemento identificador de su propio bagaje cultural, debería recorrer a lo largo de toda su vida un camino que le lleve a adquirir un conocimiento activo y pasivo de una segunda lengua común y una tercera lengua de adopción escogida en función de las afinidades culturales o las necesidades de movilidad social y económica a partir del país o región de origen.

19.

Se considera que la elección de la lengua adoptiva debe realizarse no sólo entre las lenguas consideradas oficiales de la UE, sino también entre las lenguas minoritarias europeas y, sobre todo, entre las lenguas no europeas que representan oportunidades culturales, económicas y sociales de importancia para el crecimiento de la competitividad de Europa.

20.

Propone como prioritarios los siguientes mensajes clave, que cabrá adoptar en la política multilingüística europea y traducir en acciones operativas que sepan motivar a la población, preservar la diversidad y colocar a las diferentes instancias locales y regionales en el centro a la hora de elegir los programas formativos.

21.

El papel que desempeñan los entes locales y regionales es fundamental, no sólo porque muchos de ellos disponen de las competencias políticas y administrativas en materia de educación, sino porque, además, pueden controlar mejor la situación del multilingüismo ciudadano y seguir su evolución en el marco de la aplicación de las directivas y los programas comunitarios. De hecho, a nivel regional y local es donde se evalúan las competencias adquiridas y las prácticas seguidas, cuyo examen permite imprimir un fuerte impulso a la acción política europea.

22.

En la perspectiva de alcanzar el objetivo «1 lengua + 2», los entes territoriales deben desempeñar un papel protagonista, sobre todo en la elaboración de los programas educativos.

23.

Dentro de un mismo país, cada región puede tener inclinaciones históricas, cívicas, culturales, sociales y económicas diferentes.

24.

Se deberá fomentar la diversidad territorial, es decir, exhortar a cada región a ofrecer una enseñanza lingüística, como consecuencia de sus estudios, investigaciones y encuestas realizadas en los entes locales y regiones sobre las tradiciones culturales, así como en función de la voluntad popular, las necesidades y las perspectivas socioeconómicas del territorio considerado.

25.

Este enfoque permitiría, por tanto, controlar la conformidad entre las necesidades territoriales y los programas educativos en vigor y modificar, gracias al instrumento flexible de la autonomía local y regional, las iniciativas educativas que no hayan dado los resultados esperados.

26.

La lengua de adopción deberá ser libremente elegida. En el caso de que un Estado miembro tenga más de una lengua oficial de la UE, también deberá fomentarse el aprendizaje de la(s) otra(s) lengua(s).

27.

Considera que la política del multilingüismo debe comportar igualmente un capítulo exterior importante. El fomento de las lenguas europeas fuera de la Unión Europea presenta un interés a la vez cultural y económico. De manera análoga, la Unión debe mostrar una actitud abierta respecto a las lenguas de terceros países, como el chino, el árabe, el hindi, el ruso, etc.

28.

Se propone, pues, animar a todas las regiones a crear su propio foro local sobre el multilingüismo para supervisar las tendencias locales de carácter social, económico y educativo y proponer las necesarias iniciativas de sensibilización y motivación de la población para el estudio de dos lenguas extranjeras a lo largo de toda la vida según la fórmula «1 lengua + 2».

29.

También será necesario dar un fuerte respaldo a los programas de integración de los ciudadanos inmigrantes. Debe fomentarse y facilitarse el conocimiento de las lenguas que ellos y sus familias necesitan para desarrollar todo su potencial en la sociedad europea, a la vez que se garantiza el total respeto de su derecho a preservar su lengua de origen. Las lenguas que deben aprender y conocer son la lengua oficial del territorio y las lenguas cooficiales en los territorios o regiones donde viven, de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales.

30.

En síntesis, el mundo escolar deberá ser animado por las instituciones locales, regionales y nacionales a adoptar una amplia gama de lenguas en el paquete educativo. Los sistemas educativos deberían tomar en consideración una amplia gama de lenguas sobre la base de las necesidades sociales, económicas y culturales territoriales.

31.

Considera que el conocimiento de lenguas es un factor de competitividad muy importante. Diversos estudios han demostrado que, en razón de deficiencias lingüísticas, las empresas europeas pierden cuota de mercado.

32.

Invita, por consiguiente, a la Comisión a proseguir sus esfuerzos en esta materia.

33.

Por lo que se refiere a las lenguas minoritarias y las lenguas habladas por minorías, es necesario recordar que contribuyen a reforzar el valor fundamental de la cultura europea (es decir, la diversidad), y que, como tales, no sólo no deben ser discriminadas, sino que deben ser objeto especial de protección.

34.

Las denominaciones «lengua hablada por una minoría» y «lengua minoritaria» no pueden convertirse en motivo de discriminación basada en el valor de la lengua.

35.

Se sugiere que se promuevan debates con el fin de instaurar términos más adecuados que respondan mejor a las realidades existentes.

36.

Es importante, por tanto, seguir avanzando en un proceso de oficialización de las lenguas minoritarias que identifiquen tradiciones y culturas profundamente arraigadas a escala europea.

37.

Ello permitirá el reconocimiento institucional europeo que conducirá a la UE a traducir sus textos en un mayor número de lenguas que las 23 actuales y a impulsar la relación directa entre las instituciones europeas y los ciudadanos.

38.

El proceso de oficialización europea y de diversificación territorial conducirá a una mayor integración social.

39.

Acoge positivamente las Conclusiones del Consejo Europeo del 13 de Junio de 2005 que permiten el uso, en el seno de los órganos e instituciones de la UE, de otras lenguas distintas a las oficiales reconocidas por el Reglamento 1/1958.

40.

En cualquier caso, también las lenguas que no se oficialicen a nivel europeo ni a nivel local o regional deberán seguir siendo objeto de programas de protección destinados a salvaguardar su identidad.

41.

Asimismo, se plantea el problema de cómo acompañar a los ciudadanos a lo largo del proceso de aprendizaje permanente.

42.

Si bien es más fácil «encauzar» la formación lingüística en la fase escolar y acompañar a la juventud actual para que no pierda mañana la sensibilidad lingüística intercultural adquirida hoy en la escuela, el problema resulta más complejo para las generaciones excluidas desde hace tiempo de los canales de aprendizaje y que nunca han tenido la oportunidad de recibir una formación multilingüe. Es importante también garantizar la enseñanza lingüística para la generación de edad más avanzada, en la que existen muchas personas que no han entrado en contacto con lenguas extranjeras, ni por motivos privados ni profesionales. Ello aumentaría sus posibilidades de comunicación en la vejez, lo cual les permitiría desarrollar una ciudadanía europea más plena.

43.

Es necesario, por tanto, incentivar mecanismos de aprendizaje que no sólo sean económicamente asequibles (a menudo, el coste de los cursos de lenguas representa un obstáculo para la difusión de la educación entre las personas de edad avanzada), sino también pasivos, para evitar el peligro de que la imposibilidad de desplazarse sea un obstáculo, o por el compromiso activo que requiere el aprendizaje de lenguas en términos de tiempo.

44.

Considera fundamental hacer esfuerzos para aprender lo más correctamente posible una lengua extranjera, especialmente en el caso de la cada vez más creciente comunidad inmigrante.

45.

Por consiguiente, se considera importante subrayar que existen formas rápidas de aprendizaje que ofrecen al individuo la posibilidad de adquirir competencias lingüísticas elementales que le permiten expresarse y comprender. Estas formas de aprendizaje deberían ser fomentadas por las instituciones educativas nacionales, regionales y locales y financiadas por la UE para difundir las posibilidades de aprendizaje y colmar las lagunas generacionales de formación lingüística.

46.

Por otra parte, se deberían fomentar formas alternativas de aprendizaje que pasen por una mayor utilización de los sistemas multimedia, incentivando la difusión de programas de televisión en versión original con subtítulos (esto se podría aplicar a los programas de televisión, el cine, las películas, noticias), así como un mayor recurso a los cursos informatizados de idiomas y a los servicios de traducción en línea. Por consiguiente, se trataría de una especie de «autoaprendizaje permanente».

47.

Para los jóvenes y los niños, en cambio, es necesario suscitar la motivación lingüística desde el principio. El aprendizaje de la segunda lengua debe empezar lo antes posible, para que los niños puedan familiarizarse con los sonidos de una lengua extranjera, porque así se sentarán las bases para un aprendizaje lingüístico más rápido y diversificado.

48.

Deberían intensificarse los avances en el aprendizaje de lenguas en la escuela primaria y en la secundaria. El proceso educativo deberá ofrecer mayores oportunidades para dialogar en una lengua extranjera en la escuela primaria y familiarizarse con la tercera lengua de adopción en la escuela secundaria.

49.

La universidad debe brindar a los estudiantes la posibilidad de perfeccionar o ampliar sus conocimientos lingüísticos, potenciando proyectos como Erasmus y Sócrates.

50.

Pero la universidad debe abrir sus puertas no sólo a quienes desean colmar sus lagunas lingüísticas, sino también a las empresas; habrá que dar facilidades a las empresas y animarles a permitir, tanto a su personal como a los directivos, iniciar el aprendizaje de nuevas lenguas de adopción «comercial», proponiendo colaboraciones entre empresas y universidades.

51.

Es necesario, además, desarrollar cursos de traducción e interpretación capaces de integrar no sólo a las instituciones (desde los niveles municipal y regional hasta el Parlamento Europeo; el hecho de promover y recompensar a las ciudades que puedan presentar su propio sitio web y su documentación externa en distintas versiones lingüísticas constituye un buen incentivo al multilingüismo institucional local) sino también a los círculos de relaciones públicas.

52.

El multilingüismo puede ser fomentado no sólo mediante la educación y la formación, sino también a través de actividades lúdicas y recreativas.

53.

Aprender idiomas a través de las actividades culturales o deportivas, por ejemplo, es una forma de sensibilizar a un público muy variado desde la niñez hasta la edad adulta.

54.

Otro ejemplo es el de las canciones, que representan de por sí una realidad global y multilingüe: se podrían, por ejemplo, promover actos como una jornada europea de puertas abiertas dedicada a la música («EuroMusic Open Day») y centrada en los textos de las canciones.

55.

Convendrá impulsar la difusión de las obras literarias a través del programa de traducción literaria (publicación en dos lenguas: original y traducción), confiándolo no sólo a la iniciativa de cada editor, sino también a la realización de asociaciones públicas capaces de incitar a las administraciones locales y regionales a promover las iniciativas privadas en el ámbito del multilingüismo.

56.

No duda de la necesidad del plurilingüismo «institucional» dentro de la UE. Para ello, en las instituciones de la UE es imprescindible garantizar sin demora, al menos, la interpretación pasiva a partir de las lenguas oficiales de la Unión Europea, a fin de que los participantes en los debates puedan expresar sus pensamientos en su lengua materna.

57.

Está convencido de que preservar la diversidad cultural significa garantizar un sistema de traducción formal e informal hacia todas las lenguas oficiales europeas. Es absolutamente necesario para fomentar el plurilingüismo que en todos los puntos de encuentro informal se produzca una comunicación bilateral comprensible en las lenguas de los interlocutores.

58.

En los encuentros formales y para los documentos de trabajo y los documentos oficiales es necesaria una traducción en todas las lenguas oficiales de los Estados miembros. Respetando a cada Estado miembro como pilar fundamental de la UE, ésta debe ser accesible y facilitar a cada uno de los Estados miembros, de acuerdo con sus respectivas normas constitucionales, los documentos necesarios para que sus ciudadanos puedan ejercer una ciudadanía europea activa.

59.

El multilingüismo no debe limitarse a desarrollar la movilidad social y económica dentro de la UE, sino que también debe permitir a los ciudadanos europeos abrirse a los mercados y las culturas extraeuropeas.

60.

Esta apertura es importante, en particular a la luz de la actual evolución que impulsa a la UE a interactuar cada vez más con economías y culturas como las de China, Rusia y Japón.

61.

La mayor competitividad exterior de la UE pasa, por lo tanto, por una mayor profesionalización de los circuitos de formación y enseñanza de las lenguas no comunitarias.

62.

La lengua de adopción podrá ser elegida entre todas las lenguas de contacto con los países europeos, teniendo particularmente en cuenta las lenguas de los países emergentes no comunitarios, así como las características culturales de los países con los que Europa está potenciando sus relaciones comerciales.

9.10.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 257/36

—

recuerda la actitud a priori positiva del Presidente Barroso a la pregunta planteada por la Asociación Europea de Autoridades Políticas de Regiones de Montaña sobre la conveniencia de elaborar un Libro Verde «relativo a las políticas europeas en favor de los macizos montañosos» con ocasión del diálogo estructurado en el Pleno del Comité de las Regiones del 7 de diciembre de 2006;

—

indica que los macizos montañosos son, por una parte, territorios con desventajas naturales y geográficas permanentes y, por otra, regiones con recursos naturales y humanos que favorecen el crecimiento y la creación de empleo;

—

pide que la Unión Europea aplique una auténtica política europea integrada en favor del conjunto de macizos montañosos respetando su diversidad;

—

estaría dispuesto a apoyar un compromiso activo por parte de la Comisión Europea y de los Estados miembros de la UE en favor de los objetivos generales y de las Estrategias renovadas de Lisboa y Gotemburgo a través de un plan de acción europeo para la competitividad y el desarrollo sostenible de la montaña;

—

recomienda a la Comisión Europea que tome en consideración las tres temáticas principales siguientes:

Ponente

:

Sr. DURNWALDER (IT-PPE), Consejero Regional/Presidente de la Provincia Autónoma de Bolzano

1.

recuerda la actitud a priori positiva del Presidente Barroso a la pregunta planteada por la Asociación Europea de Autoridades Políticas de Regiones de Montaña sobre la conveniencia de elaborar un Libro Verde «relativo a las políticas europeas en favor de los macizos montañosos» con ocasión del diálogo estructurado en el Pleno del Comité de las Regiones del 7 de diciembre de 2006;

2.

hace hincapié en el reconocimiento de la necesidad de prestar especial atención, entre las regiones que padecen desventajas naturales o geográficas permanentes, a las regiones de montaña, de conformidad con el art. 158 del Tratado de Lisboa, con el fin de definir el objetivo de la cohesión territorial;

3.

recuerda que, en razón de sus recursos naturales, culturales, como la diversidad lingüística y sus ámbitos de experiencia, y económicos, como la agricultura, la industria y el turismo, la montaña es esencial para la vida y la actividad del conjunto de la población de la Unión Europea;

4.

señala que el conjunto de los macizos montañosos afecta a 21 Estados miembros de la Unión Europea y representa el 35,69 % de la superficie y el 17,73 % de la población europeas (1);

5.

indica que los territorios de montaña cubren el 26 % de las tierras del globo y son ocupados por el 10 % de la población mundial, y constituyen un elemento fundamental del desarrollo sostenible planetario, como ha reconocido el Capítulo 13 de la Agenda 21 de Río;

6.

constata que la accesibilidad de los macizos montañosos es un factor crucial para alcanzar un auténtico mercado único y materializar la libre circulación de personas, bienes y servicios;

7.

subraya que los territorios de montaña van más allá de su diversidad propia cuando entra en juego la coherencia de los macizos montañosos entendidos como espacios suprarregionales transfronterizos o transnacionales, que a los territorios montañosos propiamente dichos añaden los fondos de valle y las estribaciones, las zonas urbanas y las zonas rurales;

8.

confirma que el medio ambiente montañoso es extraordinariamente diverso desde el punto de vista biológico y, por ello, especialmente frágil y sensible al cambio climático frente al cual, por tanto, constituye un auténtico sistema de alerta precoz;

9.

afirma que, tradicionalmente, los territorios de montaña son territorios de experimentación de desarrollo sostenible potencialmente innovador a la hora de tratar las desventajas naturales permanentes;

10.

recuerda que los entes territoriales disponen de una experiencia considerable en materia de desarrollo sostenible de la montaña;

11.

recuerda los esfuerzos, reflejados en dictámenes y estudios, del Parlamento Europeo, del Comité de las Regiones y del Comité Económico y Social, por dar más valor a las regiones de montaña en las políticas europeas;

12.

constata que hasta la fecha no existe una política europea o de estrategia comunitaria integrada en favor de los territorios de montaña que se inspire en el modelo creado para las regiones marítimas o las zonas urbanas;

13.

observa que los entes territoriales de las zonas de montaña valoran su autonomía y el respeto del principio de subsidiariedad con un enfoque ascendente de la gobernanza europea;

14.

indica que los macizos montañosos son, por una parte, territorios con desventajas naturales y geográficas permanentes y, por otra, regiones con recursos naturales y humanos que favorecen el crecimiento y la creación de empleo;

15.

señala la necesidad de aunar las políticas europeas en torno a una estrategia integrada de desarrollo sostenible que pueda adaptarse a la diversidad de la realidad de los macizos montañosos;

16.

constata la urgencia de un trabajo equilibrado y equitativo de la UE en favor de la valorización sostenible de la diversidad de los territorios europeos urbanos, costeros, de muy baja densidad de población y montañosos;

17.

recuerda la importancia del papel y el concurso de las poblaciones de montaña en la creación de paisajes y en el equilibrio del medio ambiente montañoso;

18.

apoya las acciones de las regiones y de las autoridades locales, de las redes que las reúnen y contribuyen a intercambiar buenas prácticas dirigidas a cumplir los objetivos de Lisboa y Gotemburgo renovados y los objetivos de cohesión económica, social y territorial;

19.

recuerda la pertinencia de la Estrategia de Lisboa y de las orientaciones de la política de cohesión 2007-2013 para los territorios de montaña así como para los demás territorios, como motor de la competitividad global europea;

20.

recuerda el papel central de la dimensión transfronteriza y transnacional de las políticas europeas en la integración del espacio europeo;

21.

insiste en la necesidad de acercar la Europa política y administrativa a la vida cotidiana de los ciudadanos.

22.

hace hincapié en el valor añadido europeo del trabajo realizado a nivel de los macizos montañosos (los Alpes, los Pirineos, los Cárpatos, las sierras ibéricas, los Balcanes, las montañas mediterráneas, incluidas las insulares, las montañas nórdicas, las montañas centrales, etc.) en su dimensión transfronteriza y transnacional;

23.

destaca la importancia que tienen los territorios de montaña para los recursos naturales y culturales;

24.

recuerda la cantidad considerable de políticas integradas nacionales y regionales en favor de la montaña;

25.

toma en consideración el trabajo del Convenio para la Protección de los Alpes y del Convenio de los Cárpatos;

26.

valora positivamente el trabajo realizado por las Eurorregiones y las comunidades laborales como mediadoras y animadoras de las regiones fronterizas;

27.

desea una verdadera estrategia europea integrada en favor de la montaña a fin de completar, de manera intersectorial, los progresos previstos en el Libro Verde sobre la cohesión territorial en vías de preparación;

28.

señala que una política europea de la montaña afectaría a un buen número de políticas sectoriales ya parcialmente cubiertas por la legislación europea pero jamás coordinadas en un planteamiento integrado;

29.

enumera a continuación importantes ámbitos políticos que una política activa relativa a los macizos de montaña debe tener en cuenta:

30.

pide que la Unión Europea aplique una auténtica política europea integrada en favor del conjunto de macizos montañosos respetando su diversidad;

31.

estaría dispuesto a apoyar un compromiso activo por parte de la Comisión Europea y de los Estados miembros de la UE en favor de los objetivos generales y de las Estrategias renovadas de Lisboa y Gotemburgo a través de un plan de acción europeo para la competitividad y el desarrollo sostenible de la montaña;

32.

aconseja a las instituciones europeas que tengan en cuenta las especificidades de los territorios en el marco de su objetivo de «legislar mejor»;

33.

pide a la Comisión Europea que reconozca la contribución positiva y diversa que aportan los entes locales y regionales en el ámbito del desarrollo sostenible de los macizos montañosos y que se integre en la nueva política europea de la montaña;

34.

recomienda a la Comisión Europea que tome en consideración las tres temáticas principales siguientes:

35.

recomienda a la Comisión Europea que haga de los macizos montañosos zonas piloto en materia de innovación, de sociedad del conocimiento y de desarrollo sostenible;

36.

desea que las regiones de montaña puedan continuar desarrollando un enfoque de innovación inspirado en sus tradiciones y mejorando la competitividad de sus PYME;

37.

sugiere a la Comisión Europea y a los Estados miembros de la UE que consideren las necesidades diferenciadas de los territorios en materia de empleo y formación;

38.

recomienda a la Comisión Europea que a partir de la experiencia de los parques naturales desarrolle un método de gestión integrada de las zonas aisladas de alta montaña y de media montaña, que pueda combinar las políticas de conservación de los recursos naturales, en particular mediante los instrumentos de la red «Natura 2000», con las de valorización y desarrollo equilibrado de los territorios de montaña;

39.

consciente de la intensidad de los riesgos naturales y de las limitaciones y, por ende, de las técnicas, muy diferentes, de intervención de los servicios de protección civil y de auxilio en la montaña, aconseja a la Unión Europea integrar las particularidades territoriales en el marco de la organización europea de su seguridad civil;

40.

propone que, en el marco de la reforma de la PAC, se atienda al papel estratégico de la agricultura, del pastoreo y de la viticultura de montaña en la conservación de los paisajes, la calidad del agua y la producción de productos de gran calidad y de trazabilidad territorial acusada. Esta nueva política agrícola común, de carácter territorial más marcado, favorecería las producciones de calidad de bajo rendimiento, componentes esenciales de la agricultura europea y primordiales para el medio ambiente;

41.

pide a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Consejo de la Unión Europea que propongan un paquete equilibrado de medidas adecuadas para acompañar la supresión de las cuotas lecheras, especialmente en las zonas de montaña y de media montaña. Las medidas deberán financiarse con recursos destinados a medidas que ya no se utilicen de las organizaciones comunes de mercado, pero no con cargo a los pagos directos. Para mantener la agricultura, la cría extensiva y la producción lechera en la montaña y zonas de media montaña, se deberá desarrollar un enfoque más económico en el segundo pilar para, por ejemplo, crear posibilidades comerciales y apoyar de este modo las explotaciones que producen grandes mejoras generales para la naturaleza y el medio ambiente en zonas con desventajas naturales y geográficas;

42.

invita a las instituciones europeas a que consideren, en el ámbito de sus propias políticas, el papel estratégico de los bosques de montaña y de la gestión forestal sostenible para realizar la importante función de protección de los territorios respectivos y, sobre todo, de los asentamientos humanos, además de la contribución que aporta para mantener los recursos y la biodiversidad, contrarrestar el cambio climático, preservar la calidad del aire y del agua, conservar los paisajes y desarrollar económica y socialmente los territorios de montaña;

43.

afirma que la silvicultura constituye en la actualidad una actividad infrautilizada en Europa tanto en lo relativo a su dimensión medioambiental como a sus productos económicos (energía, construcción, materiales);

44.

invita a las instituciones europeas a que en su análisis de los territorios europeos integren los factores energéticos y las capacidades productivas de las regiones de montaña en materia de energías renovables (hidroeléctrica, solar, eólica, biomasa y a partir de la madera) y de construcción pasiva;

45.

invita a las instituciones europeas, a los bancos públicos nacionales y regionales y al Fondo Europeo del Carbono o Bluenext a que tengan en cuenta las contribuciones positivas de la calidad del medio ambiente de la montaña (bosques, praderas y pastizales de zonas altas) en términos de CO2, que podrían valorarse financieramente a través de los sistemas de certificados o de créditos carbono;

46.

recuerda que las RTE de energía y transporte y las TIC deben integrar una auténtica dimensión territorial y atender de este modo a las realidades geográficas, medioambientales y humanas de las regiones que atraviesan para convertirse en auténticas redes europeas de comunicación y de intercambio a escala continental que gozan del apoyo de las poblaciones locales;

47.

propone interesarse por los experimentos del transporte local integrado y sostenible en las ciudades de montaña en el marco de la reflexión europea sobre la movilidad urbana sostenible;

48.

insiste en la necesidad de una interconexión permanente entre las poblaciones de montaña y las grandes zonas de población para alcanzar los objetivos europeos renovados de crecimiento y empleo;

49.

pide a la Comisión Europea que haga todo lo necesario para reducir la brecha digital y permita el acceso de todos los territorios y de todos los ciudadanos europeos a las transmisiones por tierra o aire de alta velocidad y de muy alta velocidad, en especial en el marco de la iniciativa europea i2010 sobre la inclusión electrónica;

50.

recomienda integrar en la política exterior y de vecindad la dimensión de la montaña para una serie de cuestiones geopolíticas internacionales mediante aspectos esenciales como el agua y los recursos naturales, el respeto de la diversidad cultural y la educación, el desarrollo económico sostenible y los movimientos migratorios;

51.

recomienda a la Comisión Europea que territorialice su estrategia de comunicación para acercarse a la vida cotidiana de los ciudadanos europeos;

52.

aconseja integrar una dimensión territorial más acusada en las políticas europeas y en el proceso de decisión comunitario y la comitología, con vistas a mejorar la democracia europea;

53.

invita al Parlamento Europeo a determinar las repercusiones presupuestarias de la actuación de la Unión Europea en cada macizo montañoso;

54.

recomienda que la política de cohesión se coordine de manera asociativa en cada macizo montañoso a fin de evitar la dispersión y mejorar la dimensión estratégica de la acción estructural;

55.

sugiere concertar igualmente para cada macizo montañoso los programas operativos de las demás políticas comunitarias con impacto territorial al objeto de definir estrategias transversales, integradas y de asociación;

56.

respalda la decisión del Consejo de Ministros de ordenación territorial de estudiar el impacto del cambio climático en la montaña en el marco del plan de acción de la Agenda Territorial y pide a la Comisión Europea que incorpore esta cuestión en sus trabajos y propuestas legislativas;

57.

apoya el papel central de la política de cohesión en esta estrategia europea de los macizos montañosos y el papel piloto del objetivo de cohesión territorial y de los programas Interreg;

58.

solicita a los Estados miembros y a sus parlamentos que en su procedimiento de adopción del Reglamento sobre la AECT tengan en cuenta la importancia capital para los macizos montañosos de contar con un instrumento jurídico común en favor de la cooperación territorial;

59.

subraya la necesidad de que, al objeto de evitar la despoblación y valorar los elementos ventajosos, en las políticas de competencia y de mercado interior se atienda al papel crucial de los servicios de interés general y de las asociaciones público-privadas en la economía de la montaña, así como a la superación de los costes suplementarios permanentes de carácter económico y social en estos territorios con desventajas naturales permanentes;

60.

pide a la Comisión Europea que consulte a todos los interlocutores y observadores a los que afecta el Convenio para la Protección de los Alpes y el Convenio de los Cárpatos, a fin de estudiar la gobernanza en estas zonas, evaluar sus objetivos y, a partir de esta base, decidir o no la ratificación de los protocolos del primero y la firma y ratificación del segundo, y, en caso afirmativo, desempeñar un papel decisivo en estos convenios transnacionales;

61.

propone dedicar un año europeo a la montaña y que, de manera conjunta con el Comité de las Regiones, la Comisión organice cada dos años una conferencia europea de los macizos de montaña a partir del modelo de la conferencia de 2002;

62.

pide al Parlamento Europeo y al Consejo que, en las audiencias previas a su nombramiento, confíen de manera explícita las competencias relativas a la montaña a un único Comisario que, además de sus otras competencias, podría coordinar las acciones del órgano colegiado destinadas a este factor territorial transversal;

63.

pide a la Comisión Europea que formule propuestas en un Libro Verde sobre el futuro de las políticas europeas en favor de los macizos montañosos, como premisa para una estrategia europea integrada y asociada de los macizos montañoso dirigida por la Comisión Europea y los Estados miembros, las autoridades regionales y locales, acompañadas por los interlocutores socioeconómicos y medioambientales, con la participación de las asociaciones nacionales y europeas que representan a los entes territoriales de las zonas de montaña.

9.10.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 257/41

—

considera indispensable reforzar la comunicación con los ciudadanos europeos permitiéndoles participar en un diálogo permanente con el fin de entablar con ellos un debate democrático, confiado y solidario, para promover el espíritu europeo y facilitar la asunción de una ciudadanía europea activa;

—

insiste en la responsabilidad común de los representantes elegidos nacionales, regionales y locales a la hora de incorporar la dimensión europea a sus acciones; pide, por consiguiente, que se fomente la asociación entre los gobiernos nacionales, los parlamentos nacionales y los entes territoriales en materia de comunicación para promover el conocimiento de Europa por parte de sus ciudadanos y transmitirles mensajes claros y objetivos sobre las medidas adoptadas a nivel de la Unión Europea;

—

acoge favorablemente la nueva fase «Europa a debate» del Plan D, que mantiene el enfoque local y proporciona instrumentos suplementarios para llegar hasta los ciudadanos, entablar contactos y actuar en asociación, a raíz de las elecciones europeas y en el contexto de la ratificación del Tratado de Lisboa;

—

acoge favorablemente la decisión de la Comisión de cofinanciar una nueva serie de proyectos de la sociedad civil previstos en el Plan D, y está de acuerdo con la importancia concedida a las convocatorias y acciones descentralizadas en apoyo a proyectos locales; apoya decididamente el hecho de que estas convocatorias coloquen en el centro de sus objetivos la participación de los miembros del Comité de las Regiones y la facilitación del diálogo con los responsables políticos locales, pero pide a la Comisión que se asegure de que los entes locales y regionales pueden participar en estas propuestas de convocatoria;

—

sugiere que las Casas de Europa, espacios públicos destinados a atraer a los ciudadanos mediante la oferta de una amplia gama de actividades, no se limiten a la capital de cada Estado, sino que, con arreglo a un pliego de condiciones que deberá respetarse, puedan crearse a iniciativa de los entes territoriales y las ciudades; en este sentido, acoge favorablemente la intención de la Comisión de aproximarse aún más al nivel local, fomentando debates fuera de las capitales europeas con las representaciones de la Comisión y los centros «Europe direct» de segunda generación, previstos para 2009;

—

está dispuesto a contribuir y participar activamente en iniciativas emprendidas por otras instituciones, como las cumbres de ciudadanos que podrían organizar las presidencias de la UE.

Ponente

:

Sra. du GRANRUT (FR-PPE), Consejera regional de Picardía

1.

apoya la iniciativa de la Comisión Europea de elaborar una nueva estrategia de comunicación con los ciudadanos europeos, con arreglo a la voluntad del Consejo Europeo, con una mayor participación de las instituciones comunitarias y los Estados miembros y reconociendo la importancia de las acciones realizadas en los niveles regional y local;

2.

considera, en efecto, indispensable reforzar la comunicación con los ciudadanos europeos permitiéndoles participar en un diálogo permanente con el fin de entablar con ellos un debate democrático, confiado y solidario, para promover el espíritu europeo y facilitar la asunción de una ciudadanía europea activa;

3.

reitera su convicción de la necesidad imperiosa de fomentar, mediante un diálogo descentralizado, la reflexión sobre los valores comunes, los logros de la construcción europea y el impacto de las políticas comunitarias en la vida de los ciudadanos, así como sobre los desafíos futuros de la Unión Europea, pero también para favorecer un mejor conocimiento de las cuestiones europeas por parte de los ciudadanos de la Unión;

4.

insiste en la responsabilidad común de los representantes elegidos nacionales, regionales y locales a la hora de incorporar la dimensión europea a sus acciones; pide, por consiguiente, que se fomente la asociación entre los gobiernos nacionales, los parlamentos nacionales y los entes territoriales en materia de comunicación para promover el conocimiento de Europa por parte de sus ciudadanos y transmitirles mensajes claros y objetivos sobre las medidas adoptadas a nivel de la Unión Europea;

5.

pide, por lo tanto, a la Comisión Europea que ponga a disposición de los ciudadanos auténticos instrumentos de participación; destaca a este respecto el papel que desempeñan los grandes medios de comunicación, en particular Internet, como instrumento de proximidad y herramienta de comunicación fundamental, sobre todo para los entes locales y regionales;

6.

se congratula de la voluntad de la Comisión Europea de reforzar el principio de la asociación entre las instituciones de la Unión Europea y los Estados miembros; insiste enérgicamente en la necesidad de reconocer su papel fundamental, así como el de los entes regionales y locales, en esta materia; constata, en efecto, que la Comisión admite que el desconocimiento de la Unión se debe, sobre todo, al débil compromiso por parte de los Estados miembros y que, en cambio, ha reconocido los efectos positivos de la comunicación descentralizada y la necesidad de actuar a nivel local y regional;

7.

acoge favorablemente la nueva fase «Europa a debate» del Plan D, que mantiene el enfoque local y proporciona instrumentos suplementarios para llegar hasta los ciudadanos, entablar contactos y actuar en asociación, a raíz de las elecciones europeas y en el contexto de la ratificación del Tratado de Lisboa;

8.

pide a la Comisión Europea que incluya la exigencia de comunicación en la elaboración de todas las políticas europeas, en particular en lo que se refiere a las políticas que tienen un impacto directo en los territorios y, concretamente, los Fondos Estructurales; y estima que el presupuesto revisado de la UE debería incluir un capítulo relativo a la comunicación con los ciudadanos;

9.

considera conveniente aprovechar la fase de ratificación del Tratado de Lisboa y las futuras elecciones europeas para estimular un verdadero debate sobre Europa; ha creado un Grupo de trabajo específico con este fin para optimizar la capacidad de comunicación de sus miembros con los ciudadanos europeos sobre Europa.

10.

recuerda el contenido de las declaraciones de la Comisaria Wallström sobre el planteamiento territorial y el papel fundamental de los entes regionales y locales para llegar a los ciudadanos y explicarles el sentido y los efectos positivos de la acción política de la Unión sobre el desarrollo económico, la cohesión territorial, el medioambiente, la seguridad y el progreso social en cientos de actos organizados en el marco del Plan D en todo el territorio de la Unión;

11.

reitera en este sentido la voluntad de apoyarse en los términos del acuerdo de cooperación con la Comisión Europea, en particular en lo que se refiere a su adenda sobre la política de comunicación, para organizar debates y manifestaciones sobre asuntos relacionados con la vida diaria de los ciudadanos, como el empleo, la seguridad, las migraciones, los derechos fundamentales, la protección del medio ambiente o el suministro energético, demostrando así el valor añadido de la política comunitaria combinada con las competencias de los representantes elegidos más próximos;

12.

pide que las personas de contacto en cada representación de la Comisión, que fueron nombradas de conformidad con el Acuerdo de cooperación celebrado entre el CDR y la Comisión Europea y están encargadas de desarrollar a nivel regional y local los temas de las acciones de comunicación decididas por el Grupo interinstitucional de información, se conviertan en enlaces plenamente operativos entre la Comisión y los miembros del CDR. Deberían facilitar la participación de los entes locales y regionales en los actos descentralizados y en las visitas oficiales de los miembros de la Comisión a los Estados miembros;

13.

recuerda que, si bien una nueva estrategia en materia de comunicación exige una mayor interactividad de las instituciones de la Unión y de sus órganos comunitarios, también debe alimentarse de las reacciones «sobre el terreno» que sólo pueden analizar y transmitir los entes que son responsables de sus conciudadanos y al mismo tiempo están próximos a ellos, y que conocen los procesos de decisión de la Unión; destaca en este contexto los términos del Protocolo sobre la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad incluidos en el Tratado de Lisboa, que obligan a la Comisión Europea a tener en cuenta en sus propuestas legislativas y de reglamentación el impacto financiero y administrativo en los entes territoriales;

14.

constata que el compromiso de los agentes locales y regionales y la participación de los entes locales y regionales en consultas formales por parte de la Comisión Europea con anterioridad a la elaboración de toda legislación refuerza la acción de las ciudades y regiones como vectores de información y comunicación de la Unión Europea y se inscribe en el marco de la gobernanza a varios niveles (multi-level governance); esta función de información bidireccional puede ejercerse con las oficinas regionales, los entes territoriales en Bruselas y las asociaciones nacionales y europeas de representantes elegidos locales y regionales.

15.

señala la necesidad de adecuar mejor la información sobre la Unión Europea en función de los diferentes grupos de población específicos, así como su adaptación a las realidades territoriales;

16.

pide que se extraigan enseñanzas de los actos organizados en el marco del Plan D por los entes regionales y por las ciudades incluidos en los dos informes intermedios sobre la aplicación de la comunicación descentralizada por el Comité de las Regiones;

17.

acoge favorablemente la decisión de la Comisión de cofinanciar una nueva serie de proyectos de la sociedad civil previstos en el Plan D, y está de acuerdo con la importancia concedida a las convocatorias y acciones descentralizadas en apoyo a proyectos locales; apoya decididamente el hecho de que estas convocatorias coloquen en el centro de sus objetivos la participación de los miembros del Comité de las Regiones y la facilitación del diálogo con los responsables políticos locales, pero pide a la Comisión que se asegure de que los entes locales y regionales pueden participar en estas propuestas de convocatoria;

18.

destaca que, en aras de la eficiencia de la fase «Europa a debate» del Plan D en cada Estado miembro, deben lograrse mayores sinergias entre los diputados al Parlamento Europeo, los representantes elegidos locales y regionales, los portavoces de los gobiernos nacionales, los jefes de las oficinas de representación del Parlamento Europeo y la Comisión y los representantes de las asociaciones nacionales de entes locales y regionales;

19.

sugiere que las Casas de Europa, espacios públicos destinados a atraer a los ciudadanos mediante la oferta de una amplia gama de actividades, no se limiten a la capital de cada Estado, sino que, con arreglo a un pliego de condiciones que deberá respetarse, puedan crearse a iniciativa de los entes territoriales y las ciudades; en este sentido, acoge favorablemente la intención de la Comisión de aproximarse aún más al nivel local, fomentando debates fuera de las capitales europeas con las representaciones de la Comisión y los centros «Europe direct» de segunda generación, previstos para 2009;

20.

señala que la comunicación con los jóvenes debe ir encaminada a transmitirles conocimientos que les hagan sentir que para ellos reviste interés participar en la construcción de la Unión Europea;

21.

pide a todas las esferas de gobierno que velen para que, en el curso de su escolaridad, los jóvenes reciban conocimientos básicos que les permitan comprender cuáles son las facultades, el funcionamiento y las acciones de la Unión Europea, así como las oportunidades que ésta les brinda para su futuro personal y profesional frente a los desafíos del siglo XXI;

22.

recomienda que las acciones de comunicación de los Estados miembros se lleven a cabo en cooperación con los representantes elegidos nacionales y los representantes elegidos regionales y locales, especialmente mediante la organización de actos descentralizados en los territorios y, por ejemplo, una deliberación regular en las Asambleas regionales y locales sobre las políticas desarrolladas por la Unión Europea, si es posible, en presencia de un parlamentario europeo y de un representante de una de las direcciones de la Comisión Europea, como ya se viene haciendo en los parlamentos nacionales;

23.

recuerda que los representantes territoriales elegidos democráticamente pueden desempeñar un papel crucial desarrollar una comunicación bidireccional que permita informar a los ciudadanos sobre el papel y la realidad de la Unión Europea, hacerlos reaccionar sobre estas informaciones y aportar así más Europa a los territorios en donde han sido elegidos, al tiempo que se encuentran en una buena posición para transmitir las reacciones «sobre el terreno», esto es, las opiniones públicas, locales y regionales, a los responsables de preparar la acción política de la UE y de decidirla;

24.

insiste en el papel de los partidos políticos en materia de comunicación a nivel local y regional para promover el proyecto europeo, y anima a los representantes elegidos locales y regionales a formar a los jóvenes políticos de ambos sexos sobre las cuestiones europeas, para que los responsables de las decisiones de mañana puedan incluir la dimensión europea en sus acciones;

25.

considera indispensable que se presenten de manera clara y fiable los logros que representa el texto del Tratado de Lisboa, los razonamientos que respeta y las mejoras que comporta para la transparencia, la eficacia y la legitimidad de la acción de la Unión Europea y la participación de los ciudadanos en la elaboración de sus políticas;

26.

preconiza la celebración en los consejos regionales y locales de una sesión especial, abierta a los miembros del Comité de las Regiones y a los diputados al Parlamento Europeo procedentes de la misma circunscripción electoral, dedicada a los logros de la integración europea y al funcionamiento institucional de la UE (por ejemplo, el 9 de mayo, Día de Europa);

27.

anuncia las siguientes acciones prioritarias programadas por el Comité de las Regiones en materia de comunicación para el año 2008:

28.

desea cooperar estrechamente con la Comisión Europea en la elaboración de un plan de trabajo tomando como base iniciativas de comunicación en el marco de la cooperación interinstitucional, y multiplicando de manera bilateral con los Estados miembros asociaciones de gestión operativa.

29.

está dispuesto a contribuir y participar activamente en iniciativas emprendidas por otras instituciones, como las cumbres de ciudadanos que podrían organizar las presidencias de la UE;

30.

tiene el convencimiento, sin embargo, de que la existencia de un marco interinstitucional en materia de información y comunicación reforzaría el principio de la asociación entre las instituciones y órganos comunitarios, los Estados miembros y los entes regionales y locales, y de que este marco debería contar con los recursos financieros adecuados;

31.

destaca el valor añadido que aporta su participación en los trabajos del Grupo interinstitucional de información (GII), así como su intención de presentar todos los años su programa anual de comunicación descentralizada, y pide, por lo tanto, participar en la elaboración del programa anual interinstitucional en esta materia;

32.

se muestra favorable a la evaluación de las actividades del Grupo interinstitucional de información (GII), a fin de determinar si es posible aportar mejoras, y si debería crearse un grupo encargado de coordinar las acciones de aplicación de las orientaciones establecidas por el GII; en este contexto, se muestra dispuesto a participar en el mismo;

33.

se congratula de la oportunidad de poder participar en el debate anual interinstitucional sobre la comunicación y pide, por lo tanto, que se reconozca su contribución al lado de la Comisión Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo como socio clave de una estrategia de comunicación descentralizada.

34.

insiste en que, para lograr el objetivo de aumentar los conocimientos de los ciudadanos de la UE sobre la Unión Europea, se deberían multiplicar los canales modernos de comunicación, mejorar su eficacia y hacerlos más accesibles. Asimismo, recomienda desarrollar la cooperación entre las autoridades locales y regionales, por un lado, y los medios de comunicación, por otro, y utilizar las nuevas técnicas;

35.

expresa su satisfacción por el lanzamiento del proyecto de la Comisión Europea sobre las redes de información piloto en 2008, que tiene por objetivo integrar mejor a los parlamentos nacionales en el debate europeo, y pide que se le permita participar en esta iniciativa, al igual que a los parlamentarios regionales y a los representantes elegidos locales y regionales;

36.

pide a la Comisión Europea que los sitios de Internet de sus representaciones en los 27 Estados miembros estén conectados con los sitios de las asociaciones nacionales de entes locales y regionales, de las ciudades y regiones, y que la información transmitida se adapte al contexto local, en particular en lo que se refiere a la aplicación de las políticas europeas;

37.

recomienda que el sitio Europa contenga una página específica sobre el papel de los entes locales y regionales en el proceso de decisión europeo, que debería poner de relieve la necesidad de aplicar cerca del 75 % de la legislación europea en el nivel local y regional; además, esta página debería proponer un enlace con los sitios de Internet del Comité de las Regiones y de los de las asociaciones europeas y nacionales de entes locales y regionales que lo deseen;

38.

hace hincapié en la importancia de la iniciativa de la Comisión Europea «e-participation», cuyo objetivo es hacer que los ciudadanos participen en la elaboración de las políticas, en particular a nivel local y regional; y pide en este contexto a los entes locales y regionales que desarrollen los sitios de Internet de sus localidades para que los ciudadanos puedan expresarse en el marco de consultas y de la interacción en línea sobre sus expectativas con respecto a las políticas europeas;

39.

pide a la Comisión Europea que inserte los vídeos producidos por el Comité de las Regiones en el sitio «EU Tube»;

40.

pide a la Comisión Europea que ofrezca una plataforma de debate a los representantes elegidos locales y regionales en el sitio Europa, a fin de que puedan responder a las preguntas del público, por ejemplo, en el marco del foro Debate Europa; esta iniciativa podría potenciar la interacción entre sus miembros y los ciudadanos en sus respectivos Estados miembros;

41.

por último, desea subraya la importancia de la diversidad de los canales de información y comunicación para brindar a todos los ciudadanos, en un pie de igualdad, la posibilidad de adquirir conocimientos sobre la UE.

9.10.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 257/46

—

se congratula de la iniciativa de la Comisión Europea de que 2009 sea el Año Europeo de la Creatividad y la Innovación. La aplicación de los objetivos de Lisboa, que deberá hacer de Europa la sociedad basada en el conocimiento más innovadora del mundo, se fundamenta en el potencial creativo de Europa;

—

subraya que en las regiones y las ciudades europeas y en el nivel local la cultura, la creatividad y la innovación representan las fuentes fundamentales de crecimiento, inversión y nuevos empleos;

—

destaca el papel particular que desempeñan la educación preescolar y la educación primaria en el desarrollo de las competencias básicas –entendidas como conocimientos, capacidades y actitudes– que en las modernas sociedades europeas permiten que las personas vivan y trabajen con éxito y adquieran conocimientos suplementarios;

—

destaca que la iniciativa tiene un vínculo muy estrecho con el Año del Diálogo Intercultural. La vinculación entre las temáticas de diferentes Años Europeos refuerza el objetivo de que estas actividades tengan repercusiones a medio y largo plazo;

—

toma nota de que para la realización del Año Europeo no se asignan recursos presupuestarios específicos. Si la creatividad se entiende como un recurso para el desarrollo de las sociedades europeas, no conviene reducirla a la educación y la cultura. Un pensamiento que abarque múltiples disciplinas permite el surgimiento de nuevas soluciones creativas.

Ponente

:

Gerd HARMS (DE/PSE), representante del Estado federado de Brandemburgo ante el Gobierno Federal y para Asuntos Europeos, Secretario de Estado en la Cancillería

1.

se congratula de la iniciativa de la Comisión relativa al Año Europeo de la Creatividad y la Innovación 2009. La creatividad, que, tal y como se entiende acertadamente en la propuesta de la Comisión, es, en términos muy generales, la capacidad de encontrar nuevas soluciones en los diferentes ámbitos de las actividades humanas, constituye una condición imprescindible para la innovación técnica, cultural y social. La aplicación de los objetivos de Lisboa, que deberá hacer de Europa la sociedad basada en el conocimiento más innovadora del mundo, se fundamenta en el potencial creativo de Europa;

2.

respalda el análisis que la Comisión lleva a cabo de las condiciones fundamentales para el desarrollo de la creatividad y la innovación. En este contexto, destaca el papel particular que desempeñan la educación preescolar y la educación primaria en el desarrollo de las competencias básicas –entendidas como conocimientos, capacidades y actitudes– que en las modernas sociedades europeas permiten que las personas vivan y trabajen con éxito y adquieran nuevos conocimientos;

3.

manifiesta su apoyo a la afirmación de la Comisión sobre la importancia de la educación en el cultivo de la creatividad, y considera que la creatividad no debe limitarse a la educación preescolar ni a los primeros años de la escuela. No obstante, las capacidades artísticas deberían seguir siendo importantes durante todo el período de la educación escolar. La creatividad no puede reducirse a las denominadas «asignaturas creativas». La capacidad de solucionar los problemas de manera creativa y de pensar de forma innovadora debe ser un componente fundamental de todos los procesos educativos formales. En este contexto, el CDR destaca la especial importancia del multilingüismo;

4.

subraya la necesidad de garantizar, además del fomento de la excelencia y resultados de alta calidad, una buena educación y formación profesional de las personas en cada región como base del bienestar individual y social y de la capacidad de innovación de las regiones;

5.

observa que en las regiones y las ciudades europeas y en el nivel local la cultura, la creatividad y la innovación representan las fuentes fundamentales de crecimiento, inversión y nuevos empleos. El desarrollo del potencial creativo y de la capacidad innovadora de una región es una condición para su éxito en un contexto de competencia a escala europea y mundial. Los entes regionales y locales tienen por lo general competencias en lo que respecta a la organización del aprendizaje permanente, la política de mercado de trabajo activa, el desarrollo de estrategias regionales de innovación y el fomento de los sectores económicos más innovadores y creativos;

6.

hace hincapié una vez más en la gran importancia que revisten los municipios y regiones en la creación de entornos innovadores. En este contexto, son fundamentales las políticas locales de innovación, los centros tecnológicos, la incubación de empresas, los parques científicos y los fondos de capital riesgo;

7.

señala que esto no sólo es aplicable a la economía basada en la creatividad y las industrias modernas basadas en el conocimiento, sino que los desafíos sociales y económicos de las sociedades modernas exigen en todos los ámbitos soluciones creativas para los desafíos sociales, medioambientales y económicos;

8.

se congratula, en particular, de que la Comisión en su propuesta legislativa haya elogiado explícitamente el papel de los entes regionales y locales, cuando destaca:

9.

comparte esta valoración y aboga en favor de que los entes regionales y locales participen en amplia medida en el Año Europeo de la Creatividad y la Innovación;

10.

apoya los objetivos que se formulan para el Año Europeo de la Creatividad y la Innovación (artículo 2). El amplio enfoque de estos objetivos permite entender de manera general el desarrollo y la utilización de los potenciales creativos de Europa y no reducirlos a los aspectos artísticos y de sensibilidad estética. Estima necesario que durante el Año Europeo de la Creatividad y la Innovación se promuevan y se dé relieve especial a actividades de carácter transversal en las que colaboren los centros de aprendizaje permanente y las instituciones y los agentes del mundo de la cultura, la economía, la ciencia y la sociedad civil. Resulta necesario, asimismo, fomentar un aprendizaje creativo, sustentado en la búsqueda y el desarrollo del conocimiento, y no solamente en la imitación y la memoria;

11.

destaca que la iniciativa tiene un vínculo muy estrecho con el Año del Diálogo Intercultural. La vinculación entre las temáticas de diferentes Años Europeos refuerza el objetivo de que estas actividades tengan repercusiones a medio y largo plazo. Las actividades en el marco del Año del Diálogo Intercultural se centran en lograr una sociedad europea más abierta, tolerante y flexible y están íntimamente relacionadas con la creatividad y la innovación. La confrontación y el encuentro con otras formas de expresión y otras orientaciones culturales son precisamente factores que pueden estimular la creatividad y mostrar nuevas vías para abordar las cuestiones propias;

12.

toma nota de que, en su propuesta la Comisión hace referencia en particular a las peticiones formuladas por el Parlamento Europeo y el Consejo en relación con las competencias clave para el aprendizaje permanente. En su dictamen, el CDR se remite a esta Recomendación (1), cuyo significado él mismo puso de manifiesto, en particular la importancia de las competencias matemáticas y científicas. Al mismo tiempo, el CDR señaló la importancia de promover la participación de las mujeres en estos ámbitos mediante los instrumentos del aprendizaje permanente. En el futuro las sociedades europeas deberán esforzarse cada vez en mayor medida por atraer a los jóvenes, en particular a las jóvenes, hacia las formaciones y las carreras científicas y tecnológicas y las ingenierías;

13.

advierte que la interacción entre la vida laboral, la sociedad y la educación superior constituye una condición importante para la innovación y el desarrollo a nivel local y regional. Además, se necesitan infraestructuras inclusivas y no discriminatorias, que sirvan para impulsar una ciudadanía activa y una responsabilización general por parte de todos en materia de cohesión social y desarrollo sostenible;

14.

aboga por una educación y una formación mejores, que potencien al máximo el valor del mayor capital europeo: sus jóvenes. En esta educación deberá tener una especial importancia el estudio de las tecnologías, de modo que se impulse la I+D y la innovación europeas, pero también tendrá que prestarse atención a la adquisición de una formación humanística y de valores adecuada y, en especial, es importante que se otorgue la merecida atención en el sistema educativo a la enseñanza de la cultura e historia europeas;

15.

se ha referido en numerosas ocasiones a la importancia particular del fomento de la investigación, la formación de los jóvenes científicos y el apoyo a la movilidad de los científicos y la cooperación científica en el nivel europeo. El desarrollo de un entorno favorable a la investigación y el fomento de las patentes y su protección efectiva son el fundamento de los procesos innovadores en la sociedad y la ciencia;

16.

subraya la necesidad de crear normas y derechos de protección para la protección de la propiedad intelectual y la creación de una Carta europea para el uso de la propiedad intelectual;

17.

subraya en este contexto la importancia fundamental de los Fondos Estructurales, en particular del Fondo Europeo de Desarrollo Regional, para potenciar la aplicación de los conocimientos científicos en productos y procesos innovadores;

18.

lamenta que la iniciativa no haya sido presentada antes, pues organizar las actividades con tan poca antelación pone en peligro el éxito del Año Europeo. Por ello, ahora es especialmente importante que la Comisión haga todos los esfuerzos necesarios para que en el proceso participe el mayor número posible de socios;

19.

destaca el papel particular de los medios audiovisuales para el desarrollo de los entornos creativos. La relación entre el desarrollo de talentos, los centros educativos de excelencia y el sector de los medios audiovisuales ha dado lugar al establecimiento de agrupaciones de empresas (clusters) con buenos resultados económicos en muchas regiones de Europa. Estas tendencias deberían ser objeto de una mención especial en el contexto del Año Europeo de la Creatividad y la Innovación;

20.

lamenta que la propuesta de la Comisión no tenga en cuenta las numerosas posibilidades que ofrecen los programas de movilidad europeos. La movilidad en la educación y la experiencia del intercambio entre las regiones de Europa pueden contribuir considerablemente a liberar el potencial creativo e innovador de los jóvenes;

21.

lamenta también que la propuesta no contenga ningún enfoque relativo a la evaluación de la eficacia de la iniciativa ni tampoco a las condiciones necesarias para lograr los objetivos;

22.

considera que el Año Europeo de la Creatividad y la Innovación sólo podrá tener éxito si la Comisión asume estas tareas en su conjunto y aprovecha las posibilidades de todas las direcciones generales. Por lo demás, también es necesario contar con el apoyo decidido de los Estados miembros, las ciudades y regiones y los entes locales. Por esta razón, el CDR pide que, además de la política educativa, en la concepción del Año Europeo se tengan en cuenta activamente otros ámbitos políticos;

23.

llama la atención sobre el hecho de que la promoción de la creatividad y la innovación es parte integrante de muchos proyectos de desarrollo regionales y locales. En la realización del Año Europeo de la Creatividad y la Innovación debería evitarse dar la impresión de que estos recursos fueron descubiertos exclusivamente gracias a las iniciativas de la Comisión. Este Año Europeo debería aprovecharse para poner de relieve los enfoques de los municipios, las regiones y los Estados miembros que han obtenido resultados positivos y apoyar la divulgación de ejemplos de buenas prácticas. En todas las iniciativas de la Comisión deberá respetarse el principio de subsidiariedad;

24.

se remite a las diversas experiencias de los entes regionales y locales y de las organizaciones de la sociedad civil, que, por ejemplo, se ponen de manifiesto en medidas adoptadas en el marco de la política municipal y regional y en los Open Days organizados por el CDR. Estas experiencias son el reflejo de las múltiples sendas del desarrollo y el apoyo a la creatividad y la innovación que caracterizan a nuestros municipios y regiones europeos;

25.

toma nota de que para la realización del Año Europeo no se asignan recursos presupuestarios específicos. Por lo que se refiere a la financiación de las actividades, la propuesta de la Comisión se limita a remitirse explícitamente a los programas comunitarios «Aprendizaje Permanente 2007-2013» y «Cultura 2007-2013». Sin embargo, el alcance de las cuestiones relacionadas con la creatividad y la innovación supera ampliamente al de estos programas. En particular, deberían mencionarse los ámbitos de las ciencias, la cooperación entre los medios económicos y el mundo académico, el tema de la movilidad europea, la cuestión del desarrollo de las zonas rurales, la política social y otros, pues esta lista no es exhaustiva. Si la creatividad se entiende como un recurso para el desarrollo de las sociedades europeas, no conviene reducirla a la educación y la cultura. Un pensamiento que abarque múltiples disciplinas permite el surgimiento de nuevas soluciones creativas;

26.

En el punto 4.4 de su propuesta, la Comisión propugna «volver a centrar las actividades de comunicación en los temas abordados por el Año (…)». En las medidas no se describe con más detalle de qué manera va a llevarse a cabo esta reorientación. El CDR señala que es necesario coordinar estas medidas entre los niveles comunitario, nacional, regional y local;

27.

ofrece a la Comisión su apoyo y su colaboración para la realización del Año Europeo de la Creatividad y la Innovación. Las ciudades, las regiones y los entes locales son los socios naturales en todos estos proyectos y los lugares en que surgen múltiples soluciones creativas. El CDR confía en que la Comisión le permitirá participar plenamente en las actividades, y en que le informe oportuna y cabalmente sobre todas las acciones.

9.10.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 257/51

—

desea garantizar que el nuevo marco reglamentario no afecte negativamente a los objetivos de política cultural y medios de comunicación de los distintos Estados miembros y que tenga en cuenta las necesidades específicas de las zonas rurales, las regiones de baja densidad de población, las regiones ultraperiféricas y las conurbaciones, así como las de las minorías culturales o étnicas;

—

expresa su desacuerdo con las medidas de armonización en materia de gestión del espectro radioeléctrico propuestas por la Comisión Europea. Esta gestión debería seguir incumbiendo a los Estados miembros, siempre que se garantice la coherencia con los acuerdos internacionales; para ello, será necesario garantizar una gama de espectro bastante amplia a fin de que los servicios de radiodifusión puedan garantizar sus misiones en materia de contenido;

—

descarta la nueva solución propuesta consistente en la separación funcional de las empresas y el derecho de veto de la Comisión sobre algunas medidas de corrección adoptadas por las autoridades nacionales de reglamentación. Insta a estas autoridades a que tengan en cuenta las diferencias culturales y lingüísticas locales y regionales en el marco del análisis y las claúsulas de los contratos pertinentes;

—

valora positivamente los esfuerzos de la Comisión por mejorar la protección de los consumidores y los derechos de los usuarios en el sector de las comunicaciones electrónicas, en particular, ofreciendo aun más información al consumidor sobre precios y condiciones de suministro, mejorando la protección de datos y la seguridad y facilitando el acceso, entre otros, a los servicios urgentes; sin embargo, expresa su inquietud ante los efectos financieros y económicos que podrían tener estas propuestas para los operadores regionales o locales de servicios;

—

considera que la creación de una Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas que implique un traspaso sustancial de las competencias de cada Estado miembro en materia de regulación de los mercados en favor de la Comisión Europea conducirá a un desequilibrio en la distribución de los poderes entre autoridades nacionales y europeas de reglamentación; aboga, pues, por la creación de un Organismo de Entidades Reguladoras Europeas de Telecomunicaciones, que incluiría al actual Grupo de Entidades Reguladoras Europeas en el Derecho comunitario.

Ponente

:

Marc SCHAEFER (LU/PSE), Concejal de Vianden

1.

se congratula del objetivo de la Comisión de reforzar la apertura de los mercados de telecomunicaciones a la competencia y fomentar la inversión en redes de banda ancha (para todas las tecnologías: fijas, móviles y por satélite), así como el objetivo de garantizar, también en el contexto de la digitalización de los servicios audiovisuales, una gestión optimizada del espectro en el mercado interior;

2.

velará por que el nuevo marco reglamentario no contenga medidas que puedan ejercer un impacto negativo sobre los objetivos de las políticas culturales y medios de comunicación de los distintos Estados miembros;

3.

velará igualmente por que los intereses de las minorías culturales o étnicas y las necesidades regionales se tengan en cuenta a la hora de establecer nuevos mecanismos de reglamentación (especialmente en lo que se refiere a la gestión del espectro);

4.

expresa su deseo de que en el marco reglamentario propuesto se incluyan mecanismos en favor del desarrollo del acceso a Internet de banda ancha en zonas rurales o con baja densidad de población, y en las regiones ultraperiféricas; conviene tener presente en este contexto que puede ser necesario para los entes regionales y locales invertir en el desarrollo de las TIC y de las infraestructuras, especialmente en las conurbaciones;

5.

aprecia los esfuerzos de la Comisión con vistas a una mejor protección de los consumidores –especialmente en lo que se refiere a la protección de los datos y la seguridad– y un acceso más justo a los servicios de comunicaciones electrónicas y a los servicios de urgencia para todos los grupos de usuarios, incluidas las personas con discapacidad, pero expresa su inquietud en cuanto a los efectos financieros y económicos que podrían tener tales propuestas para operadores de servicios regionales o locales;

6.

aprecia los esfuerzos de la Comisión con miras al desarrollo de servicios paneuropeos, siempre que dichos servicios se desarrollen teniendo en cuenta las diferencias nacionales y regionales y las necesidades tecnológicas y económicas de los agentes más débiles económicamente;

7.

llama la atención de la Comisión sobre la diversidad geográfica de los mercados nacionales, regionales, e incluso locales, lo cual, por consiguiente, puede hacer necesarias una diferenciación y una diversidad de los mecanismos y procedimientos de reglamentación, como, por ejemplo, la segmentación geográfica;

8.

expresa su escepticismo en cuanto al valor añadido que aportarían algunas de las nuevas medidas previstas, dado que afectarían a todos los Estados miembros, independientemente de su situación geográfica específica y de los progresos realizados al nivel nacional o regional. En efecto, la idea de transferir más competencias al nivel comunitario en el contexto de la reglamentación de los mercados de telecomunicaciones y de la gestión del espectro suscita vivas inquietudes en el seno del CDR;

9.

considera que las propuestas de la Comisión abren la vía a una aplicación más coherente de las reglas de la UE, con el fin de realizar un mercado único de las comunicaciones electrónicas;

10.

se congratula de la recomendación de la Comisión de que se reduzca considerablemente el número de mercados sometidos a regulación sectorial ex ante, con el fin de conseguir que la regulación, cuando siga siendo necesaria, sea más eficaz y más simple, tanto para los operadores como para las autoridades nacionales de reglamentación;

11.

acoge favorablemente las propuestas de la Comisión destinadas a establecer mejores mecanismos de coordinación y armonización de los marcos reglamentarios de los diferentes Estados miembros, así como de los procesos de coordinación, concertación y consulta entre las diferentes autoridades nacionales de reglamentación;

12.

comparte la opinión de la Comisión de que una gestión eficaz del espectro radioeléctrico es importante para facilitar el acceso de los operadores y promover la innovación y la diversidad cultural;

13.

comparte la opinión de la Comisión en lo relativo a la necesidad de garantizar la coubicación y el uso compartido de recursos para los suministradores de redes de comunicaciones electrónicas, siempre que tal uso compartido sea técnicamente posible y que los costes de tal operación puedan atribuirse de modo equitativo;

14.

comparte el punto de vista de la Comisión sobre la importancia de la armonización de la numeración dentro de la Comunidad cuando ello promueva el funcionamiento del mercado interior o respalde el desarrollo de servicios paneuropeos. No obstante, el CDR estima que los Estados miembros están en mejores condiciones para adoptar cualquier medida con vistas a tal armonización, que puede realizarse en el marco existente del «grupo de entidades reguladoras europeas»;

15.

estima que los Estados miembros deberían seguir siendo los únicos competentes para definir las atribuciones de espectro para servicios que permitan garantizar la diversidad lingüística y cultural y la pluralidad de los medios de comunicación;

16.

estima que no procede imponer una separación funcional como medida suplementaria en favor de la liberalización de los mercados y considera que una competencia basada en la infraestructura es la más eficaz, y observa que el marco reglamentario existente permite ya medidas de separación, como, por ejemplo, la separación funcional;

17.

estima que conviene hacer o, en su caso, mantener todas las referencias a los procedimientos previstos por los acuerdos internacionales en lo relativo a la gestión del espectro radioeléctrico, ya que estos acuerdos están en vigor y constituyen un marco reglamentario más amplio que el de la Unión;

18.

apoya los esfuerzos de la Comisión para reforzar y mejorar la protección de los consumidores y los derechos de los usuarios en el sector de las comunicaciones electrónicas, en particular proporcionando a los consumidores más información sobre los precios y las condiciones de suministro, y facilitando a los usuarios con discapacidad el acceso y la utilización de las comunicaciones electrónicas, incluidos los servicios de urgencia;

19.

acoge positivamente las propuestas destinadas a aumentar la protección de la intimidad y de los datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas, en particular reforzando las disposiciones relacionadas con la seguridad y mejorando los mecanismos de aplicación;

20.

llama la atención de la Comisión sobre las necesidades de los consumidores en las regiones de economía débil, e igualmente en las rurales, de difícil acceso, en las regiones ultraperiféricas, o de baja densidad de población;

21.

llama la atención de la Comisión sobre el hecho de que determinadas medidas destinadas a garantizar la seguridad de las redes y la protección de los consumidores requieren una coordinación y una aplicación a escala internacional, más que al nivel comunitario;

22.

llama la atención de la Comisión sobre el hecho de que determinadas medidas propuestas en la directiva en cuestión necesitan inversiones considerables en las infraestructuras técnicas (por ejemplo, en lo que se refiere al acceso a un número único europeo de llamada de urgencia o la información sobre la localización del que efectúa la llamada), inversiones que parecen difícilmente soportables para operadores de servicios de débil envergadura, como, por ejemplo, operadores locales o regionales;

23.

valora los esfuerzos de la Comisión con vistas a favorecer la conservación de los números entre redes fijas y móviles;

24.

desea llamar la atención de la Comisión sobre las necesidades específicas de las regiones rurales, que a menudo están dotadas de una infraestructura muy limitada, basada en la única red existente del operador histórico, y expresa su deseo de que se adopten medidas específicas –por ejemplo, a través de los Fondos Estructurales– en favor de tales regiones. También desea llamar la atención sobre las limitaciones y extracostes estructurales que en materia de comunicaciones electrónicas asumen permanentemente las regiones ultraperiféricas, por lo que deberán contemplarse medidas específicas para situar a los ciudadanos de estos territorios en igualdad con los ciudadanos del resto del territorio del continente europeo.

25.

estima que las normas sobre obligaciones de transmisión para los servicios de radiodifusión deben hacerse extensivas a todos los servicios adicionales y revisarse periódicamente;

26.

considera que la creación de una autoridad europea de las telecomunicaciones, que se añadiría automáticamente a la actual organización institucional en lo que se refiere a la regulación de los mercados de comunicaciones electrónicas, no es compatible con los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, con lo que se corre el riesgo de añadir un nivel de complejidad, en lugar de simplificar el proceso, que es de hecho el objetivo del paquete de propuestas objeto de examen;

27.

se muestra, en consecuencia, a favor de la creación de un Organismo de Entidades Reguladoras Europeas de Telecomunicaciones. Este organismo podría asumir numerosas funciones mencionadas en la propuesta de creación de una «Autoridad Europea del Mercado de las Comunicaciones Electrónicas» (AEMCA) y compartir con la Autoridad muchos de los elementos que la propuesta de la Comisión le atribuye, sin adoptar las características de una agencia y evitar, de este modo, algunos de los posibles problemas con la AEMCA.