30.8.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 224/1

1.1

El Comité apoya decididamente las iniciativas encaminadas a desarrollar una política comunitaria de producción y consumo sostenibles, plenamente integrada en otras políticas comunitarias, con miras a:

1.2

El Comité recomienda adoptar definiciones para los conceptos de «producto/servicio ecológico» y «consumo ecológico» en el marco del desarrollo y el consumo sostenibles, que sean válidas en toda la UE y aceptadas a escala internacional, utilizando criterios e indicadores medioambientales claros y normas que dejen margen de maniobra para la innovación y la mejora.

1.3

El Comité pide a la industria europea y a los sistemas de servicios y de distribución que se comprometan de manera clara a favor de un enfoque sectorial integrado con un calendario de objetivos comprobables y debería integrar los tres pilares de la sostenibilidad: medioambiental, económico y social. Los requisitos medioambientales deberían incorporarse desde la fase de concepción del producto teniendo presente todo el «ciclo de vida», y aumentar de manera continua el nivel de los objetivos de calidad, innovación y satisfacción del cliente.

1.4

El Comité recomienda que las empresas y los organismos públicos y privados intensifiquen el uso conjunto de los instrumentos comunitarios y nacionales disponibles para optimizar la investigación de tecnologías y productos «limpios».

1.5

El Comité desea subrayar la necesidad de reforzar y acelerar la normalización técnica de los productos ecológicos y los procesos de producción.

1.6

El Comité pide seguridad de criterios y uniformidad de requisitos mínimos en el mercado interior con relación a los sistemas de etiquetado para los productos ecológicos. Con ello se pretende asegurar la igualdad de condiciones en la elección ecológica de los consumidores, los controles uniformes en la UE y el respeto del principio de libre circulación para los productos realmente ecológicos. La etiqueta ecológica europea (eco flower) debería comercializarse en mayor medida y poder coexistir con los sistemas nacionales y sectoriales de etiquetado.

1.7

El Comité considera importante reforzar la «dimensión del producto» en los sistemas de gestión medioambiental, a fin de promover la difusión a productores y distribuidores y ajustarla de manera más eficaz a los sistemas de gestión de las autoridades locales, mejorando su capacidad para irradiar sinergias con otros instrumentos destinados a fomentar el desarrollo sostenible.

1.8

El Comité opina que se debería apoyar la difusión del EMAS (sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales). Esto podría lograrse a través de medidas financieras y fiscales, la racionalización administrativa, iniciativas de fomento y mercadotecnia, el reconocimiento del EMAS como norma de excelencia, también internacionalmente, y la adopción de medidas destinadas a asesorar a las pequeñas empresas para aplicar este sistema de manera paulatina.

1.9

Es esencial que el rendimiento de un producto se evalúe en su totalidad, esto es, partiendo no sólo de criterios medioambientales, sino también de otros aspectos importantes como, por ejemplo, el rendimiento financiero para el consumidor y el productor y en relación con la seguridad, la funcionalidad y la protección de la salud, la utilización racional de los recursos y materiales, la logística, los rasgos innovadores, la mercadotecnia, la capacidad del producto para ampliar la elección del consumidor, el ciclo de vida y los aspectos sociales.

1.10

El CESE recomienda que se promueva la contratación pública verde definiendo las características técnicas de los productos «ecológicos», empezando por los que presentan el mejor impacto medioambiental, incluyendo el coste del producto o el ciclo de vida del servicio en las especificaciones, poniendo en línea una base de datos específica, actualizando las directivas de la CE sobre contratación pública mediante la incorporación de referencias a normas, sistemas de gestión medioambiental, etiquetas y diseño ecológicos, y, por último, publicando planes de acción nacionales para la adopción de la contratación verde.

1.11

El Comité desea reiterar la importancia de utilizar el artículo 153 del Tratado CE como fundamento jurídico, ya que es el más apropiado para asegurar un alto nivel de protección del consumidor y mantener su derecho a una información completa, correcta, adecuada, comprensible y disponible a tiempo.

1.12

El Comité desea alegar que, a efectos de la autorregulación, una posible vía sería la elaboración de un código de conducta, tal y como establece la Directiva 2005/29/CE, a fin de evitar el uso abusivo de reclamos ecológicos en la publicidad y evitar en todo caso la publicidad engañosa. Este código debería aplicarse paralelamente a las ecotasas y a la normativa. El CESE desea recomendar que las argumentaciones de naturaleza ecológica se basen en una etiqueta fiable y reconocida.

1.13

Junto con los procesos judiciales, que deberían ser accesibles para todos, el Comité también es partidario de nombrar órganos extrajudiciales para los consumidores de supervisión y resolución de conflictos que sean flexibles, eficientes, de bajo coste y creíbles, con el fin de asegurar que las normas medioambientales se cumplen y que los productos que se comercializan respetan los principios de sostenibilidad medioambiental.

1.14

Habida cuenta de la fragmentación legislativa tanto respecto a los requisitos de la información del consumidor como a los productos sostenibles, el Comité desea indicar la necesidad urgente de empezar a trabajar en un marco único y bien definido que adopte la forma de una «Carta europea en favor del consumo y la producción sostenibles en el mercado interior».

2.1

El objetivo del sistema comunitario de concesión de etiquetado ecológico (1) consiste en fomentar productos con impacto medioambiental mínimo y que faciliten a los consumidores una información precisa y científicamente segura. Esta forma de etiquetado no se aplica a los alimentos, las bebidas, los productos farmacéuticos y los productos sanitarios (2) ni a las sustancias o productos peligrosos o tóxicos (3).

2.1.1

El diseño, producción, distribución y consumo de productos respetuosos con el medio ambiente es una parte íntegra de la política medioambiental de la UE, tal y como se define en las prioridades y objetivos establecidos en el Sexto Programa de Acción (4) que se ha de completar antes de 2010. Este programa, sobre el que el Comité dio su parecer en repetidas ocasiones, describe detalladamente planes para medidas que deben contribuir a establecer la estrategia de desarrollo sostenible.

2.1.2

De las principales iniciativas de la Comunidad sobre el tema, la Política de Productos Integrada (5) tiene una importancia fundamental; el Comité emitió un dictamen sobre este tema (6), en el que se examinan todos los productos y servicios con un impacto medioambiental.

2.1.3

Para que la política de productos integrada sea eficaz, es necesario fomentar que los productores fabriquen productos más ecológicos y que los consumidores adquieran dichos productos. Los instrumentos que pueden usarse a este fin podrían incluir:

2.1.4

Otro paso adelante se llevó a cabo con la introducción de un nuevo marco reglamentario sobre los requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos que utilizan energía, regulado por una Directiva marco de 2005 (8).

2.1.5

En cuanto a la aplicación, con arreglo a la Directiva marco, las primeras normas entran en vigor en 2008. En la actualidad se están estudiando medidas relativas a veinte grupos de productos (incluidos el alumbrado, los sistemas informáticos y las lavadoras) y para catorce de ellos (incluidos los que se refieren al alumbrado de las calles y de las oficinas) deberían establecerse medidas antes de finales de 2008. Para las demás, como los sistemas de alumbrado doméstico, el objetivo es 2009.

2.1.6

El Sexto Programa de Acción Comunitario en materia de Medio Ambiente (9) establece cinco ámbitos prioritarios de actuación estratégica: mejorar la aplicación de la legislación vigente, integrar las exigencias medioambientales en otras políticas, cooperar con el mercado, capacitar a las personas ayudándolas a cambiar sus pautas de comportamiento favoreciendo la demanda por parte de esas personas y tener en cuenta el medio ambiente en las decisiones sobre ordenación y gestión territorial a escala regional.

2.1.7

De manera más general, la estrategia europea de desarrollo sostenible, revisada por el Consejo Europeo en 2006, define el «desarrollo y la producción sostenibles» como uno de los retos clave que hay que abordar ajustando el desarrollo social y económico a formas que sean compatibles con el ecosistema. Además, propone un nuevo plan de acción en este ámbito.

2.1.8

El Informe sobre aplicación de 2007 (10) muestra que el consumo y la producción sostenibles son difíciles de medir de manera fiable y global. Aunque, al parecer, el número de productos y servicios sostenibles presentes en el mercado aumenta rápidamente, se estima que los ahorros en la actual factura energética equivalen aproximadamente a 60 000 millones de euros, a pesar de que la cantidad de productos con etiqueta ecológica, como también las empresas registradas por el EMAS, sigue siendo demasiado reducida. Solamente diez Estados miembros han adoptado planes de contratación verde y sólo 21 han llevado a buen término la hoja de ruta para aplicar el Plan de actuación en materia de tecnología medioambiental (ETAP) (11).

2.2

Por otra parte, hace algún tiempo se adoptaron medidas en materia de normalización técnica a fin de integrar los aspectos medioambientales en las nuevas normas técnicas, creando un «marco medioambiental» para el CEN en el que sus órganos técnicos pueden abordar especificaciones medioambientales. Cuando la norma se ajusta al «nuevo planteamiento», éste rige la presunción de conformidad con los requisitos básicos de la correspondiente directiva europea. En esta materia se han emprendido más medidas, que culminaron con la adopción del sistema de certificación medioambiental ISO 14001.

2.3

El 10 de octubre de 2007, la Agencia Europea del Medio Ambiente publicó su cuarto informe sobre «El medio ambiente de Europa» (12), en el que se consagra un capítulo entero a «La producción y el consumo sostenibles».

2.4

Además, el informe anual de 2007 de la Comisión sobre la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo destaca la importancia del cambio climático, las innovaciones de carácter ecológico, la eficiencia energética, las fuentes de energía renovables y los mercados energéticos.

2.5

Por último, el Consejo Europeo de Bruselas de los días 8 y 9 de marzo de 2007 dedicó una atención especial a las áreas del medio ambiente y del cambio climático. Entretanto, el Consejo de Medio Ambiente de febrero de 2007 subrayó la complementariedad entre la estrategia de desarrollo sostenible de la UE y la Estrategia de Lisboa para el crecimiento y el empleo, así como la contribución fundamental que esta última aporta al logro del objetivo prioritario de la primera, a la vez que reitera la necesidad de integrar los aspectos medioambientales en todas las políticas. El Consejo Europeo de diciembre de 2007 ha ratificado expresamente esta orientación general (13).

2.6

Los principales objetivos del programa de trabajo de la Comisión para 2008 (14) incluyen claramente el objetivo de colocar al ciudadano en el centro del proyecto europeo, comenzando con la evaluación de la situación social paralelamente a la revisión del mercado interior, con una atención constante a la necesidad de la población europea de aprovechar al máximo el mercado único.

2.7

El CESE ha pedido a menudo que el artículo 153 del Tratado CE se utilice como fundamento jurídico (15), ya que ha sido elaborado para garantizar a los consumidores un alto nivel de protección y fomentar su derecho (16) a una información completa, correcta, clara, apropiada, comprensible y disponible a tiempo.

2.7.1

En el Derecho derivado, los derechos del consumidor a la información están regulados por la Directiva 2005/29/CE (17) relativa a «las prácticas comerciales desleales» que podrían dañar los intereses económicos de los consumidores. El anexo a esta Directiva recoge una serie de prácticas comerciales que pueden considerarse desleales sin una evaluación caso por caso, incluido, por ejemplo, el caso de «exhibir un sello de confianza o de calidad o un distintivo equivalente sin haber obtenido la necesaria autorización».

2.8

No obstante, el Comité está convencido de que existe cierta fragmentación legislativa a nivel comunitario con relación a los requisitos básicos de información al consumidor, así como a los requisitos de los productos sostenibles, y considera importante redactar una «Carta europea en favor del consumo y la producción sostenibles en el mercado interior».

2.8.1

Si los resultados de la aplicación de esta Carta –y los códigos de autorregulación que prevé la Directiva 2005/29/CE– se revelan insuficientes, el Comité considera que deben examinarse otras opciones como, por ejemplo, una armonización más completa o el establecimiento de un sistema comunitario específico que sea operativo.

3.1

El Comité desea indicar la necesidad de empezar con definiciones claras y precisas de conceptos como «producto sostenible», «diseño, producción y distribución sostenibles» y «consumo sostenible», que permitirán controlar que en todo el territorio de la UE y el Espacio Económico Europeo se cumple con cualquier marco comunitario legislativo, regulador o voluntario que se refiera a tales definiciones en los distintos niveles nacionales y regionales.

3.2

Estas definiciones, comúnmente aceptadas a escala internacional, no son estáticas sino que, por su propia naturaleza, están sujetas a mejoras continuas. En opinión del Comité, sin embargo, deben acompañarse de:

3.2.1

El Comité desea alegar que las definiciones sugeridas supra, reforzadas por normas e indicadores adecuados, son fundamentales para una política comunitaria eficaz que permita a los consumidores informados ser sostenibles en sus elecciones y pautas de comportamiento, y conformes a una producción respetuosa con el medio ambiente.

3.3

Tal y como la propia Comisión ha destacado, «la industria europea ya está bien situada para aprovechar su sólida posición en el mercado de nuevos productos, servicios y procesos basados en tecnologías medioambientales. Además, las empresas europeas son cada vez más sensibles al rendimiento medioambiental en el marco de sus enfoques de responsabilidad social corporativa» (21).

3.3.1

El Comité muestra su acuerdo sobre las tres áreas de desarrollo establecidas al respecto: impulsar el desarrollo y comercialización de tecnologías, productos y servicios con menos emisiones de carbono y eficaces desde el punto de vista energético; crear un mercado interior dinámico; desarrollar mercados globales y tecnologías, productos y servicios con menos emisiones de carbono y eficaces desde el punto de vista energético.

3.3.2

El Comité desea reiterar sus posición ya expuesta en un dictamen reciente: «Las prestaciones científicas y técnicas de alta calidad y su aplicación en una economía competitiva son condiciones decisivas para garantizar nuestro futuro, por ejemplo en lo que respecta a las cuestiones energéticas y climáticas, mantener y mejorar nuestra posición actual en el entorno internacional y desarrollar, en vez de poner en peligro, nuestro modelo social europeo» (22).

3.3.3

El Comité estima necesario un enfoque más integrado a fin de superar las dificultades y obstáculos al uso conjunto y coordinado de todos los posibles instrumentos financieros (23) a escala europea, nacional, regional y local y por parte de los operadores individuales, a fin de desarrollar tecnologías limpias y eficaces y aplicaciones innovadoras capaces de generar procesos, productos y servicios con un alto nivel de sostenibilidad.

3.3.4

El Comité considera que una iniciativa comunitaria inter DG relativa a la coordinación y la asistencia técnica es necesaria para optimizar el uso conjunto de los instrumentos comunitarios, europeos y nacionales disponibles y de ese modo maximizar los esfuerzos en el ámbito de la investigación y el desarrollo tanto en empresas como en organismos públicos y privados, a efectos de protección medioambiental, en el ámbito del Espacio Europeo de la Investigación e Innovación.

3.3.5

Como ya han afirmado en numerosas ocasiones el Comité (24), la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo, es esencial reducir la burocracia que ralentiza la actividad de las empresas (en especial, PYME) al objeto de liberar su potencial económico y social y utilizarlo en modernizar de manera sostenible la producción, el contexto y las estructuras de organización.

3.4

La UE lanzó en 1997 el sistema de etiquetado ecológico para productos a fin de impulsar la producción segura desde un punto de vista medioambiental. Más tarde, se amplió a los servicios y se ha extendido a lo largo de los años. Asimismo, incluye etiquetas públicas de criterios múltiples aplicadas a grupos de productos y servicios (25).

3.4.1

El Comité desea señalar que esta situación puede sembrar confusión entre los productores y, sobre todo, los consumidores europeos, y que la solución es un sistema simplificado de criterios comunes mínimos establecidos a escala europea, que ha de crear el registro obligatorio y la verificación para etiquetas a cargo de un organismo de certificación independiente.

3.4.2

El etiquetado a nivel europeo no debería competir, sino coexistir, con las etiquetas nacionales y sectoriales que, a veces, son más conocidas por el consumidor que el etiquetado europeo. Por otra parte, habría que establecer una coordinación a nivel internacional con las etiquetas que hayan tenido éxito, como la «Energy Star».

3.4.3

Es imperativo confiar en las etiquetas e inspirar confianza en el consumidor. Por esta razón, la fijación de normas para dichas etiquetas y el control del mercado deberían confiarse a las partes interesadas (todas ellas) a fin de reforzar su credibilidad.

3.4.4

Podría ser adecuado empezar a mirar a las etiquetas de los productos o servicios para definir su huella de carbono.

3.5

En cuanto al sistema voluntario EMAS, que permite a los que deseen demostrar que están mejorando su rendimiento medioambiental optar por una gestión medioambiental y un sistema de auditorías ecológicas, demostrando así su disposición a respetar las normas medioambientales y su compromiso de adoptar un sistema de gestión ecológica, el Comité desea puntualizar que tras la adopción de la norma ISO 14001 será posible reforzar la «dimensión del producto» de los sistemas de gestión medioambiental, a fin de facilitar una mayor difusión entre productores y distribuidores y ajustarla a los sistemas de gestión de las autoridades locales, mejorando su capacidad para lograr sinergias con los instrumentos de fomento del desarrollo sostenible.

3.5.1

En opinión del Comité, sería una buena idea apoyar la difusión del EMAS a través de medidas financieras, fiscales, de racionalización y administrativas, de iniciativas de publicidad y comercialización y reconociendo que este sistema es una «norma de excelencia» también a nivel internacional y puede ayudar a las PYME a adoptar un enfoque gradual, sobre todo en el caso de agrupaciones industriales.

3.6

El Comité considera absolutamente esencial desarrollar un «mercado ecológico» de productos y servicios, introduciendo una serie de incentivos e instrumentos creados para fomentar la innovación del lado de la oferta y del lado de la demanda para ofrecer a los consumidores información adecuada o incentivos para adquirir productos respetuosos con el medio ambiente.

3.6.1

Con vistas a un mercado interior competitivo, el rendimiento del producto debería evaluarse no sólo con arreglo a criterios medioambientales, sino también atendiendo a otros importantes aspectos como, por ejemplo, el rendimiento económico para el consumidor y el productor, la seguridad y la funcionalidad, su utilización de los recursos, la logística, la mercadotecnia, sus características en términos de salud e innovación, su capacidad para ampliar la elección del consumidor, su ciclo de vida y disponibilidad, y, por último, las consideraciones de orden social.

3.6.2

Es imperativo que exista un genuino compromiso de apoyo a la investigación, al desarrollo y la innovación en el sector de la producción y los servicios ecológicos.

3.7

En opinión del Comité, el CEN, Cenelec y ETSI deberían desempeñar un papel esencial en el desarrollo del proceso de normalización técnica cuando se trata de la sostenibilidad medioambiental de un producto (26).

3.7.1

El Comité ya ha destacado que «la promoción del uso de normativas técnicas medioambientales no debe ser objeto de decisiones de arriba abajo, sino que debe más bien realizarse a través de una aceptación más amplia de los productos ecológicos, canalizando de la mejor manera posible los intereses y necesidades de los ciudadanos y de los consumidores» (27).

3.8

En el ámbito de los contratos públicos, es importante destacar la Directiva 2004/18/CE sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios (28) y la Comunicación interpretativa de la Comisión sobre la legislación comunitaria de contratos públicos y las posibilidades de integrar los aspectos medioambientales en la contratación pública (29).

3.8.1

El Comité desea señalar que el sector de la contratación pública, que representa cerca del 16 % del PIB de la UE, tiene una importancia determinante en el fomento de la difusión de más productos ecológicos, y pide medidas para animar a las autoridades contratantes a aprovechar las posibilidades existentes en el ámbito de la contratación pública ecológica.

3.8.2

El informe final de 2006 sobre la contratación pública ecológica en Europa (30) menciona los siguientes obstáculos, entre los más importantes, para su difusión: el coste más alto de los productos ecológicos, debido, en particular a la falta de indicadores relativos a los costes del ciclo de vida; la falta de conocimientos medioambientales y la ausencia de una base de datos electrónica adecuada de fácil acceso; la falta de claridad en los criterios y especificaciones de la contratación, así como la inseguridad de las definiciones y normas de productos ecológicos; la ausencia de apoyo a nivel político y de gestión y la falta de instrumentos de información y formación.

3.8.3

Por consiguiente, el Comité recomienda lo siguiente: definir criterios sólidos para productos ecológicos, precisando todas las especificaciones medioambientales pertinentes, incluidos el coste del producto o el ciclo de vida total del servicio; lanzar una «base de datos europea sobre contratación pública verde»; (31) incorporar los requisitos de la norma ISO 14004, los sistemas de gestión medioambiental — EMS, las referencias de etiquetas y diseño ecológicos a las directivas de la CE sobre contratación pública; difundir entre la población planes de acción nacionales para adoptar contratación pública ecológica; centrarse en productos con el mayor impacto medioambiental.

3.9

El concepto de «comercio justo» también está extendido ampliamente en Europa. Durante cierto tiempo, el comercio justo y ético ha sido de gran interés para el CESE, que lo ha tratado en detalle en el Dictamen REX/196 (32). En opinión del Comité, existen claves para el éxito del consumo sostenible.

3.10

La educación es un elemento clave en el consumo sostenible y el CESE insiste en que este tipo de educación debería comenzar en la escuela. Los consumidores deberían tener un acceso inmediato a la información sobre los productos y servicios elegidos y su impacto potencial en el medio ambiente. Asimismo, es esencial que este tipo de información se facilite de manera tal que resulte interesante para el consumidor y, de este modo, sea fácil de ser asumida y comprendida.

3.11

El CESE cree que el corpus legislativo de la Comunidad sobre producción y consumo sostenibles debería consolidarse y simplificarse a fin de hacerlo más fácilmente comprensible y accesible para los consumidores y productores por igual: «El principio» legislar menos para actuar mejor «debe reflejarse en textos consolidados y coherentes de regulación medioambiental que den seguridad jurídica y transparencia al proceso de asimilación de las transformaciones industriales y vayan dirigidos a lograr una mejor protección de los recursos y el medio ambiente y la aplicación de innovaciones tecnológicas sostenibles y competitivas en el mercado global» (33).

3.12

En cuanto a los productos ecológicos, convendría reforzar las medidas comunitarias de lucha contra la publicidad engañosa ilegal y las prácticas comerciales desleales  (34): con frecuencia, los términos «eco» y «bio» se utilizan como un mero instrumento de comercialización para aumentar el volumen de ventas de los productos y servicios, aun no siendo en realidad diferentes de los demás y no ofrecer valor añadido.

3.12.1

A este respecto, el Comité estima que desarrollar códigos de conducta, tal y como se establece en la Directiva 2005/29/CE, podría ser un elemento muy importante en la autorregulación, a fin de impedir la utilización de reclamos ecológicos injustos en la publicidad, y con arreglo a los siguientes criterios:

3.12.2

El Comité estima que deberían fomentarse órganos de supervisión no judicial y arbitraje para la protección de los consumidores, que sean flexibles, eficaces y de bajo coste, y puedan actuar de manera creíble para garantizar que los productos cumplen con las normas medioambientales y que los productos sostenibles en el mercado se ajustan a los requisitos de sostenibilidad que rigen la elección del consumidor. Ahora bien, dichos órganos no deberían sustituir a los procesos judiciales, que deberían ser accesibles para todos.

3.13

El Comité concede especial importancia a una Carta europea a favor del consumo y la producción sostenibles en el mercado interior para proteger los derechos de los consumidores a consumir productos ecológicos. Una Carta de este tipo debería incluir los siguientes elementos:

3.13.1

Dada la importancia del tema, el CESE propone organizar una conferencia sobre la Carta europea en favor del consumo y la producción sostenibles en el mercado interior, en la que participen el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.

30.8.2008   

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C 224/8

1.1

El CESE saluda la propuesta de la Comisión destinada a mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través de la utilización de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). El programa Vida Cotidiana Asistida por el Entorno (AAL, en sus siglas inglesas) puede figurar entre los instrumentos que permitirán realmente y de manera efectiva y fundamental garantizar la calidad de vida no solo de las personas mayores sino de cualquier otra persona que no pueda permanecer en su domicilio por razones de salud.

1.2

El CESE está firmemente convencido de que conviene adoptar respecto a estas acciones de investigación y desarrollo en el ámbito de las TIC un enfoque que permita sobre todo identificar, comprender y satisfacer las necesidades de los beneficiarios. Es necesario por lo tanto aplicar un enfoque «ascendente», que consiste en conocer previamente las necesidades de los usuarios antes de realizar las acciones de investigación y desarrollo convenientes.

1.3

El CESE considera que, en relación con el programa AAL, una de las principales partes interesadas es el beneficiario final de esta tecnología. Por eso no es solo importante comprender las necesidades de estas personas, sino también prepararlas a utilizar este tipo de tecnología e involucrarlas en su diseño y verificación.

1.3.1

También por esta razón el CESE considera importantes las políticas europeas relativas al aprendizaje permanente y a la inclusión digital. Considera al respecto que también la Comisión Europea debería adoptar un enfoque integrado que englobe el programa AAL y dichas políticas.

1.4

El CESE considera que este programa no se percibe como un programa más de investigación y desarrollo sino más bien como un proyecto «muy humano». Se trata indudablemente de un programa de investigación, pero tiene por objeto remediar situaciones sociales que ocurren muy a menudo en una etapa delicada de la vida.

1.5

Como se precisa a continuación, el CESE considera que los cuatro principales aspectos que el programa AAL deberá tener en cuenta simultáneamente son: las necesidades de los usuarios, la seguridad de los usuarios, los organismos sociales y sanitarios (así como las asociaciones que representan a los profesionales de estos sectores) y la tecnología que debe utilizarse.

1.6

El CESE hace hincapié en que es preciso tener debidamente en cuenta los aspectos relacionados con la ética y la privacidad, en consonancia con las directrices internacionales. Por consiguiente, se felidita de que estos aspectos se integren en la propuesta de la Comisión.

2.1

La propuesta de la Comisión tiene explícitamente por objeto:

2.2

La propuesta examinada se inscribe en la prolongación de un plan de acción para envejecer mejor en la sociedad de la información lanzado por la Comisión. Se considera que este plan de acción es un elemento esencial para abordar los retos sociales y económicos que Europa ha de afrontar, debidos a los cambios demográficos. Entre 2010 y 2030 (1) se prevé un aumento del 40 % de la población europea de edad comprendida entre 65 y 80 años. Las TIC pueden representar un medio para que a esas edades se viva mejor, con más independencia y en buena salud.

2.3

La Comisión prevé poner en marcha un programa de seis años denominado Vida Cotidiana Asistida por el Entorno (AAL), complemento de las TIC para envejecer mejor dentro del Séptimo PM y del Programa para la Innovación y la Competitividad (PIC). El programa AAL tendrá para el período 2008-2013 una dotación de unos 300 millones de euros, costeados a partes iguales por la Comunidad y los Estados miembros.

2.4

El fundamento jurídico en el que se basa el programa AAL es el artículo 169 del Tratado. El artículo 169 permite que la Comunidad Europea participe en programas de investigación emprendidos conjuntamente por varios Estados miembros, incluida la participación en las estructuras creadas para la realización de programas nacionales. Para el programa AAL se ha optado por este marco jurídico específico al objeto de lograr mayor eficacia en este campo de investigación a través de la optimación de la experiencia transfronteriza, el compromiso de los Estados miembros en financiar en parte esta investigación, la garantía de un planteamiento coherente del asunto a nivel europeo y la garantía de una verdadera interoperatividad de las TIC relativas al envejecimiento en el mercado interior.

3.1

Una iniciativa anterior basada en el artículo 169 citada por la Comisión –ensayos clínicos en África, EDCTP (European and Developing Countries Clinical Trials Partnership)– puso de relieve la importancia de un compromiso claro de los Estados miembros que participaban en la financiación plurianual del proyecto. En efecto, el programa AAL contempla una contribución a partes iguales de fondos comunitarios y fondos nacionales.

3.2

Los trabajos preparatorios de este programa se han llevado a cabo en el marco de un proyecto de acción de apoyo específico para la Vida Cotidiana Asistida por el Entorno con arreglo a las prioridades TSI (Tecnologías de la Sociedad de la Información) del Sexto PM realizado entre el 1 de septiembre de 2004 y el 31 de diciembre de 2006. El consorcio estaba integrado por socios de los siguientes Estados miembros: Alemania, Austria, Bélgica, Finlandia, Francia, Italia y Suiza. Los socios eran del sector privado, del sector público y de una universidad.

3.3

El órgano jurídico del programa conjunto AAL es la Asociación AAL. Esta asociación actualmente está constituida por 21 representantes de los Estados miembros. Al tratarse de un programa con un planteamiento ascendente, se han establecido puntos de contacto en los Estados miembros que pertenecen a la Asociación.

4.1

El CESE acoge favorablemente la iniciativa AAL presentada al amparo del artículo 169. Reconoce en particular que la iniciativa tiene plenamente en cuenta las tendencias generales en la demografía europea.

4.1.1

El CESE considera que para mejorar la cohesión económica, social y territorial de los Estados miembros que no tienen suficiente infraestructura para ejecutar la presente propuesta, sería necesaria la adopción de «medidas específicas» como las que se exponen en el artículo 159 del Tratado CE con el fin de corregir los principales desequilibrios regionales dentro de la Unión Europea.

4.2

El CESE considera que esta iniciativa no debe considerarse únicamente como una oportunidad de crear sistemas-piloto destinados a demostrar la validez del concepto en sí. Para que sus efectos sean duraderos, es muy importante que esta acción reúna a un amplio abanico de actores cuya participación es necesaria.

4.2.1

Las principales partes interesadas son los beneficiarios finales del AAL. El objeto principal de este programa es prolongar la autonomía de las personas mayores y procurar que esta categoría de población pueda seguir viviendo en su domicilio mientras sea posible. Cabe pensar que, además de las personas mayores, este objetivo atañe también a toda persona que, por razones de salud, se vea temporalmente imposibilitada para vivir de manera autónoma. Esta iniciativa ha de velar por que las necesidades y las exigencias de estas personas constituyan el elemento central de las investigaciones.

4.3

Los organismos sanitarios y de asistencia social también constituyen una relevante parte interesada. La iniciativa ha de tener en cuenta sus necesidades organizativas. El CESE recomienda, para garantizar el éxito del proyecto, que estos organismos puedan destacar ante otras partes interesadas cuestiones como la integración y la interoperatividad de los sistemas.

4.4

Es altamente recomendable que los usuarios de los sistemas que se desarrollen en el marco de esta iniciativa participen como verdaderas partes interesadas en los trabajos de las etapas iniciales. El CESE recomienda que, en la medida de lo posible, los consorcios opten por métodos que sitúen a los usuarios en el centro de los trabajos como, por ejemplo, una concepción de su metodología de desarrollo de carácter participativo, sobre todo para brindar a los usuarios una mayor facilidad de uso de los dispositivos y de sus interfaces. El Comité celebra también el compromiso de tener debidamente en cuenta las cuestiones éticas y de privacidad, en consonancia con las correspondientes directrices internacionales.

4.5

El CESE toma nota del compromiso adquirido para con las PYME en la propuesta y aprueba el reconocimiento de las organizaciones profesionales como partes interesadas fundamentales que pueden apoyar modelos de empresa innovadores y orientados al mercado susceptibles de mostrar pistas claras y singulares de explotación. El CESE celebra en particular el reconocimiento de que las PYME pueden contribuir, en particular, a las investigaciones cuyas aplicaciones se comercializan más rápidamente (dos años o más).

4.5.1

El CESE desea que se reconozca la flexibilidad tecnológica que en ocasiones muestran las PYME y su capacidad para comercializar las tecnologías o modelos económicos innovadores, a veces más rápidamente que las empresas u organismos de salud y asistencia social de gran dimensión. Esta característica de las PYME encaja perfectamente en el marco de esta iniciativa. En consecuencia, la asociación concertada entre las grandes organizaciones y las PYME repercute en beneficio de ambas.

4.6

El programa AAL tiene por objeto ayudar a las personas a que vivan más tiempo en su propio domicilio. Para lograrlo, se necesita una amplia gama de sensores, dispositivos, interfaces de utilización, procesadores y equipos de comunicación que con frecuencia pueden ser suministrados por numerosas y diferentes PYME europeas.

4.7

El CESE aprueba las medidas de esta iniciativa que, considerando a las partes interesadas en su conjunto, favorecen la constitución de redes pluridisciplinarias entre técnicos, personal clínico y de otras organizaciones sanitarias y de asistencia social y, en particular, los usuarios, ya se trate de las personas que no pueden dejar su domicilio como del personal que se ocupa de ellas y de sus allegados.

4.8

En el marco de un sistema europeo de innovación, esta iniciativa permite adoptar nuevos modelos de innovación en fase con los progresos actuales en materia de innovación abierta para los usuarios, que favorecen la articulación entre la estrategia de Lisboa y un nuevo sistema europeo de innovación más orientado hacia los usuarios.

4.9

El CESE afirma que es importante velar por que el conjunto de los tipos de organizaciones de todos los Estados miembros dispongan de las mismas posibilidades de acceso a esta iniciativa.

4.10

Es más, se debería animar a los Gobiernos de todos los Estados miembros a que participen en el programa. Hasta ahora, Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Eslovenia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania y Suecia, así como Israel, Noruega y Suiza han acordado colaborar en actividades conjuntas para contribuir al programa AAL.

4.11

El CESE expresa su preocupación por el hecho de que algunos países no participan en esta iniciativa debido al coste que representa la cofinanciación de la investigación. Estos países deberían poder participar en cualquier fase del programa una vez que satisfagan los requisitos del mismo (fundamentalmente la cofinanciación).

4.12

El CESE reconoce que el programa AAL puede tener como efecto reducir el coste del sistema de asistencia social. Reafirma no obstante que su objeto no es rebajar los costes sino ofrecer un instrumento eficaz para garantizar la calidad de vida de una categoría dada de ciudadanos. La reducción de los costes es una consecuencia de la que cabe felicitarse.

5.1

El CESE está convencido de que el programa AAL debería centrarse en las particularidades de los tres elementos siguientes: el usuario, los organismos sanitarios y la tecnología utilizada.

5.2

Los beneficiarios y principales interesados serán en ocasiones las personas mayores. Es esencial que el programa se centre en las necesidades de los usuarios finales. Cometer el error de no contar con los usuarios nada más que para experimentar las investigaciones en entornos de investigación conducirá, desafortunadamente, a innovaciones mal adaptadas a las exigencias de los principales beneficiarios. Por eso es necesario tener bien presentes las necesidades de los usuarios, a saber: cambios mínimos en sus costumbres, movilidad, capacidad de elección, mejora de la calidad de vida y respeto de la vida privada.

5.3

No se debe olvidar que las personas mayores son quizá, en nuestra sociedad, las más afectadas por la exclusión digital y por ello es preciso superar esta fractura digital. Además, la conectividad es esencial y por ello deben realizarse esfuerzos para que todas las regiones, particularmente las más rurales, tengan acceso (tanto en términos materiales como financieros) a Internet.

5.3.1

Así pues, es imprescindible que:

5.3.2

El CESE está, pues, convencido de que el enfoque adoptado en el marco del programa AAL debería ser ascendente. Son las necesidades de los usuarios las que deben constituir el elemento central y de lanzamiento del conjunto del proceso, y no la tecnología en sí misma. Convendría realizar un estudio con claridad para determinar toda la gama de necesidades existentes, entre las que se pueden citar, en particular, la necesidad de estar en contacto con otras personas, principalmente a una edad avanzada (a tal efecto, los sistemas de telefonía por Internet, como SKYPE y el correo electrónico han mostrado ser instrumentos eficaces y baratos), el desinterés por ponerse al día con el cada vez más rápido cambio tecnológico, la capacidad de asimilar los cambios tecnológicos y la preparación para utilizar tales tecnologías. Asimismo, los usuarios deben implicarse en la creación, aplicación y evaluación de tales tecnologías.

5.4

Son en definitiva los organismos de salud y asistencia social, así como sus representantes, y las familias de los usuarios, quienes van a utilizar estas tecnologías para prodigar cuidados a los beneficiarios. Es esencial asociarlos a las distintas etapas de las investigaciones para garantizar que el producto final se adapta a su modus operandi. Cabe prever que será necesario proceder a cambios organizativos para utilizar las nuevas tecnologías del programa AAL, por lo que es imperativo que los organismos de asistencia social estén preparados para tales cambios y que se lleven a cabo de la manera más juiciosa posible para aprovechar al máximo el potencial de las tecnologías del programa AAL.

5.4.1

Los cuidadores constituyen un elemento importante en el conjunto del proceso destinado a mejorar el bienestar de las personas, también en el marco del programa AAL. Sería necesario, pues, un cambio de paradigma a nivel no solo de las organizaciones profesionales sino también de la figura del cuidador, para garantizar que la persona que está directamente en contacto con el beneficiario del programa AAL no solo controle esta tecnología sino que esté además convencida realmente de su utilidad y pueda así inspirar a la persona objeto de sus cuidados confianza en estos instrumentos para la mejora de la calidad de vida.

5.4.2

El CESE considera también que el sistema sanitario debería ser objeto de un examen pormenorizado para garantizar no solo su disponibilidad a nivel organizativo para el AAL sino también que los organismos de salud y asistencia social estén en condiciones de atender a un mayor número de personas a domicilio.

5.4.3

Además, con la adopción del programa AAL es más importante mejorar la cooperación y la coordinación entre los organismos sanitarios y los de asistencia social. También aquí la tecnología puede constituir un instrumento para mejorar esta cooperación, aunque lo más importante es la convicción de la necesidad y la voluntad de cooperar.

5.5

Se prevé que los dispositivos del AAL serán complejos, por lo que la interoperatividad debe ser uno de los objetivos fundamentales del programa. La innovación y la tecnología deberían ser aplicadas a gran escala, adaptadas al usuario, integradas y proactivas.

5.6

El CESE considera que la Comisión debería adoptar también un enfoque integrado para el programa AAL y otras políticas como las relativas al aprendizaje permanente. De hecho, en estas políticas en particular debería tenerse en cuenta la formación impartida a los participantes en el programa AAL, dado que la formación es un elemento esencial del éxito de esta tecnología.

30.8.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 224/11

1.1

El CESE se congratula de que la Comisión haya efectuado una refundición rigurosa de varias directivas complejas en un único documento claro, teniendo en cuenta las normas que regulan las diferentes partes objeto de la refundición. Habida cuenta de que el marco legislativo de la Unión Europea no debería centrarse exclusivamente en la política cautelar, que trata del papel que desempeña el capital en la prestación de servicios de seguro que son importantes para las empresas y los ciudadanos europeos en muchos otros aspectos, el CESE se reserva el derecho de pronunciarse a su debido tiempo sobre las nuevas características de la relación entre los consumidores y los aseguradores y reaseguradores, en concreto en el marco de las recientes iniciativas de la Comisión sobre los servicios financieros al por menor.

El CESE insta a la Comisión a que prosiga la armonización de los aspectos jurídicos de la relación entre el tomador y el asegurador, que en la actualidad son objeto de examen en el marco de los trabajos relativos al «marco común de referencia» (MCR) que se están llevando a cabo bajo la supervisión de la DG SANCO.

1.2

El CESE apoya ampliamente la Directiva marco Solvencia II propuesta por la Comisión y acoge con satisfacción la extensa consulta que ha precedido a su elaboración. El enfoque de la Comisión se ha ajustado a los principios del programa «Legislar mejor» que ella misma estableció. No obstante, las consultas sobre este tipo de reformas deberían tener en cuenta debidamente los puntos de vista de los trabajadores y los consumidores, cuyo interés en el resultado del procedimiento es evidente. El CESE invita a la Comisión a que desarrolle foros apropiados, como el FINUSE, para que estas consultas puedan llevarse a cabo.

1.3

El CESE acoge con satisfacción la adopción de un enfoque económico centrado en el riesgo para evaluar el capital de solvencia obligatorio de las empresas de seguros y de un planteamiento centrado en el total del balance, basado en una valoración económica completa de los activos y pasivos, para evaluar su situación financiera. Su objetivo es reflejar correctamente las posibles exposiciones al riesgo subyacentes, así como los instrumentos de atenuación de los riesgos de las empresas. Además de ser correcto desde el punto de vista económico, este enfoque presenta la ventaja de evitar cualquier posibilidad de arbitraje reglamentario, al tiempo que garantiza un nivel de protección jurídica idéntico y adecuado para todos los tomadores de seguros en Europa, independientemente del estatuto jurídico, el tamaño o la localización de la empresa.

1.4

El CESE valora muy positivamente la introducción del enfoque de los tres pilares con respecto a la supervisión prudencial, ya que se ajusta a los requisitos de capital establecidos por el acuerdo de Basilea II para el sector bancario y reconoce al mismo tiempo las particularidades del sector de los seguros. El CESE quisiera destacar la importancia que, para una adecuada supervisión prudencial de las compañías de seguros, revisten la adición del proceso de la revisión supervisora y los requisitos cualitativos (pilar II) y la introducción de principios para regular la información facilitada a efectos de supervisión y la publicación de información (pilar III), además de la definición de los requisitos cuantitativos de capital basados en el riesgo.

1.5

El CESE valora positivamente la introducción de un régimen de solvencia basado en dos requisitos de capital, a saber, el capital de solvencia obligatorio y el capital mínimo obligatorio, cada uno de ellos con un objetivo diferente. Si el capital de solvencia obligatorio debe representar el nivel de capital que una empresa debería tener como objetivo alcanzar en condiciones de funcionamiento normales, el capital mínimo obligatorio debe, por su parte, representar el nivel de capital por debajo del cual debería producirse en última instancia la intervención de las autoridades de supervisión. El CESE vería con buenos ojos que se adoptaran algunas medidas reglamentarias de nivel 2 a fin de aportar mayor claridad sobre las condiciones aplicables al cálculo simplificado del capital de solvencia obligatorio (artículo 108), así sobre como las circunstancias en las que se exigiría un capital de solvencia adicional.

1.6

El CESE considera que los cálculos del capital mínimo obligatorio y del capital de solvencia obligatorio deberían guardar una mayor relación entre sí y, por consiguiente, basarse ambos en un enfoque variable en función del riesgo, a fin de permitir la correcta aplicación de una escala de medidas de intervención de supervisión que garantice que tanto la compañía de seguros de que se trate como la autoridad de supervisión disponen del tiempo suficiente para adoptar las medidas apropiadas necesarias para solucionar el problema en caso de que no se hubiera respetado el capital de solvencia obligatorio.

1.7

El CESE es favorable al principio de proporcionalidad previsto en la Directiva sometida a examen, ya que permitirá que todas las empresas puedan aplicar el régimen de Solvencia II. El CESE vería con buenos ojos que se adoptaran algunas medidas reglamentarias de nivel 2 a fin de aportar mayor claridad sobre este principio general de proporcionalidad (art. 28.3), de modo que pudiera analizarse con mayor precisión la idoneidad de los requisitos y, en caso necesario, arbitrarse medidas correctoras; sin embargo, ello no debería dar lugar a una esclerosis regulatoria. El CESE recomienda que este principio se aplique de manera efectiva y coherente en todo el territorio de la Unión y que se prevean vías eficaces de recurso administrativo o, en su caso, ante los tribunales, para garantizar su aplicación.

1.8

El CESE recomienda vivamente a la Comisión que preserve la diversidad del mercado de los seguros teniendo en cuenta el papel de las pequeñas y medianas aseguradoras, así como el de las mutuas y las cooperativas de seguros. Dado que muchas de éstas operan en mercados de nicho, el CESE considera que es muy importante introducir una determinada flexibilidad en el enfoque general a fin de reconocer, por ejemplo, la utilización de datos propios más pertinentes y de metodologías generalmente aceptadas, sin por ello, no obstante, falsear la competencia entre las compañías de seguros. Es conveniente examinar y sopesar debidamente la posibilidad de que las mutuas de seguros pidan a sus miembros que refuercen su situación en materia de solvencia, tal y como ha sucedido en la práctica.

1.9

El CESE reconoce la importancia que tiene la supervisión de los grupos de seguro, ya que, pese a ser relativamente poco numerosos, representan una parte importante del mercado de los seguros en la UE. Por consiguiente, el CESE considera que la introducción de la supervisión de los grupos es una etapa importante que permitirá a todos los supervisores de grupos y a otras autoridades supervisoras interesadas comprender mejor el perfil de riesgo del grupo en su conjunto. Se recomienda la máxima armonización y transparencia de estas autoridades de supervisión y una división clara de responsabilidades entre ellas.

1.10

El CESE acoge con satisfacción la introducción de un régimen optativo que permite a los grupos facilitar la gestión de su capital en el nivel del grupo, ya que mejora la movilidad del capital dentro del grupo y proporciona un sistema práctico y transparente para que los grupos puedan beneficiarse del reconocimiento de los efectos de diversificación en el nivel del grupo sin que ello afecte al nivel de requisitos de capital de las filiales integrantes del grupo. Será necesario tener en cuenta los niveles reales de capital de las filiales del grupo, puesto que parte de ellas estarán cubiertas por declaraciones de ayuda de grupo (group support) en vez de por la liquidez disponible o los activos equivalentes. El CESE observa que los efectos de diversificación en un grupo sólo se podrán determinar si se utiliza el método de cálculo aplicable por defecto al capital de solvencia obligatorio y señala que la propuesta también debería permitir la determinación de los efectos de diversificación en el grupo sin tener que recurrir al mecanismo de la ayuda de grupo.

1.11

El Comité recomienda que se evalúen el impacto del régimen optativo propuesto sobre la competencia en el nivel local y el grado de protección del consumidor en circunstancias normales y en situaciones de crisis — que no debería ser inferior al que facilita el sistema por defecto —, y que se clarifiquen los aspectos jurídicos y prácticos, incluida la seguridad de las transferencias de fondos transfronterizas entre distintas sociedades de un mismo grupo, es decir, las posibles limitaciones legales en el nivel nacional a las transferencias de capital (ayuda de grupo) a las filiales situadas en otros Estados miembros.

1.12

El CESE expresa su esperanza de que las autoridades de nivel 2 tengan en cuenta los resultados de la cuarta fase del estudio cuantitativo de impacto (QIS4) que estaba en curso en el momento de la adopción del presente dictamen.

1.13

El CESE hace hincapié en la necesidad de aplicar la Directiva de manera armonizada, evitando la práctica del goldplating (elaboración de legislación superflua) o la aplicación de políticas divergentes mediante el recurso a opciones que pondrían en peligro el establecimiento de una política cautelar uniforme en el mercado interior.

1.14

El CESE insta a la Comisión a que garantice la previsibilidad de las prácticas prudenciales, a fin de dar a las empresas de seguros el nivel de seguridad que tienen derecho a esperar para desarrollar sus políticas de riesgo y de solvencia.

1.15

El CESE reconoce la importancia que revisten para el proyecto Solvencia II aspectos vinculados a la atenuación de los riesgos como el intercambio de datos fiables entre las aseguradoras y los consorcios de seguros. Estos elementos facilitan el acceso al mercado a los nuevos operadores y a los operadores de pequeño tamaño y les permiten aumentar la capacidad disponible, así como reducir los márgenes de incertidumbre sobre sus primas. Por lo tanto el CESE pide a la Comisión que tenga en cuenta esta correlación cuando proceda a la revisión de los reglamentos de exenciones en bloque en el sector de los seguros.

1.16

El CESE felicita a la Comisión y a los comités Lamfalussy que han intervenido por el papel de primer orden que han desempeñado en este proceso de reforma cuyo objetivo es aplicar las mejores prácticas y sensibilizar al mercado europeo en su conjunto. La Directiva propuesta constituye una verdadera referencia para muchas otras jurisdicciones y sectores de servicios financieros. Sin embargo, las consultas sobre este tipo de reformas deberían prestar la debida atención a los puntos de vista de los trabajadores y los consumidores, cuyo interés en el resultado del procedimiento es evidente. El CESE invita a la Comisión a que desarrolle foros apropiados, como el FINUSE, para que estas consultas puedan llevarse a cabo.

1.17

El CESE exhorta a la Comisión a que eleve las disposiciones en materia de solvencia aplicables a otros prestatarios de servicios financieros similares, con independencia de su naturaleza, al nivel de las de la Directiva Solvencia II, de conformidad con el principio «para los mismos riesgos, las mismas normas». Habida cuenta de la volatilidad de los mercados financieros, los consumidores o los beneficiarios deben poder contar con la misma protección elevada en materia de solvencia. Además, la existencia de unas condiciones de competencia equitativas en materia de requisitos de capital de solvencia es también fundamental para promover un entorno realmente competitivo en el mercado financiero.

1.18

Los principios del régimen de Solvencia II deberían servir de referencia para la introducción de nuevas normas de solvencia, por ejemplo, en el marco de la revisión de la Directiva sobre fondos de pensiones (2) en 2008, en particular por lo que respecta a la ampliación de los deberes de los fondos de pensiones privados en toda la Unión.

2.1

La propuesta de Directiva objeto de examen, relativa a un nuevo marco de solvencia para las empresas de seguros y de reaseguros, denominada «Solvencia II», introduce un régimen revisado cuyos objetivos son mejorar la protección de los tomadores de seguros y los beneficiarios, acrecentar la integración del mercado de seguros de la UE y elevar la competitividad internacional del sector de los seguros de la UE en su conjunto, así como de las distintas empresas de seguro y reaseguro. Al mismo tiempo, la propuesta unifica varias generaciones de directivas sobre seguros y las refunde en una única Directiva. Este nuevo marco se aplicará tanto a las empresas de seguros como a las de reaseguros.

2.2

La Comisión y los comités Lamfalussy, compuestos por reguladores y supervisores, procedieron a una consulta pormenorizada y continua con todos los interesados, y han desempeñado un papel de primer orden para establecer prácticas vanguardistas en un entorno global, en particular en el sector de los servicios financieros. Como consecuencia, puede afirmarse que la Directiva Solvencia II es una de las normas más sofisticadas del mundo en materia de solvencia en el sector de los seguros y permite a la Unión Europea tomar la delantera en este ámbito con respecto a la mayoría de las demás jurisdicciones. Sin embargo, las consultas sobre este tipo de reformas deberían prestar la debida atención a los puntos de vista de los trabajadores y los consumidores, cuyo interés en el resultado del procedimiento es evidente. El CESE invita a la Comisión a que desarrolle foros apropiados, como el FINUSE, para que estas consultas puedan llevarse a cabo.

3.1

El marco propuesto en materia de solvencia tiene por objeto mejorar la estabilidad financiera y la fiabilidad del mercado europeo de los seguros, lo que debería resultar beneficioso tanto para la competitividad del sector de los seguros de la UE en su conjunto como para las distintas empresas de seguro y reaseguro, y para los consumidores en términos de seguridad. Disponer de unos mercados de seguros fiables tiene una importancia crucial para el tejido económico y social de Unión Europea.

3.2

En primer lugar, los seguros son una herramienta de protección tanto individual como colectiva. Entre los clientes de las empresas de seguro están las familias, las pequeñas y medianas empresas, las grandes empresas, las asociaciones y las autoridades públicas. Los compromisos de las empresas de seguros se refieren tanto a los tomadores de los seguros propiamente dichos como a los miembros de su familia y otros terceros. El CESE es especialmente consciente de su impacto en la vida diaria de los ciudadanos europeos. Aparte de su importancia en los mercados de la protección en caso de muerte, el sector de los seguros se ha convertido en un proveedor importante de productos de ahorro. Las empresas de seguro participan en la gestión de los regímenes de seguridad social, por ejemplo, las jubilaciones (países nórdicos), la indemnización de los accidentes de trabajo (BE, FI, PT) y los sistemas sanitarios nacionales (IE, NL), a menudo en un marco en el que participan también los representantes de los trabajadores. El sector de los seguros es un proveedor de prestaciones para los trabajadores cuya importancia aumenta rápidamente, lo que lo convierte en un protagonista de primer orden. Ofrece asimismo protección contra nuevos riesgos, como las catástrofes naturales, los riesgos para las cosechas e incluso el terrorismo, a veces en el marco de asociaciones concluidas entre los aseguradores y reaseguradores y los gobiernos.

3.3

El mercado de los seguros desempeña un importante papel impulsor en el conjunto de la economía, en la medida en que fomenta la iniciativa y crea confianza, y por su propia naturaleza constituye un factor económico considerable que proporciona empleo a cerca de un millón de personas en Europa (3). Según las estimaciones de la Comisión, la Directiva propuesta implicará una inversión suplementaria de aproximadamente dos a tres mil millones de euros por parte de las aseguradoras y los supervisores. Se espera que una gran parte de estos fondos se invierta en capital humano, a fin de crear empleos cualificados de larga duración a escala local (en particular, gestores de riesgos, actuarios, expertos en TIC y responsables del cumplimiento). El CESE considera que estas inversiones deberían beneficiar a todas las partes interesadas, incluidos los consumidores y los beneficiarios.

3.4

Además de estos empleos directos, el sector de la distribución de seguros proporciona un millón de empleos suplementarios, gracias a los agentes e intermediarios y al personal contratado por ellos.

Debido a sus inversiones, cuyo importe supera los 6,5 billones de euros (4), las compañías de seguro y reaseguro son importantes inversores institucionales. Como tales, son responsables de la transformación de las primas individuales en conjuntos de activos financieros en una proporción adecuada a los riesgos incurridos, y de garantizar a medio y a largo plazo la seguridad de los tomadores y los beneficiarios.

3.5

Las familias, las PYME, las grandes empresas, las asociaciones y las autoridades públicas desembolsan primas que representan más de un 5 % del PIB en seguros de vida (5) y más de un 3 % en seguros distintos del de vida. Incluso en los mercados bien establecidos, el índice de crecimiento del sector de los seguros supera casi siempre al del conjunto de la economía. Las inversiones de las empresas de seguros representan más de un 50 % del PIB (6), — la mitad en valores de renta fija y préstamos (7) —, mientras que el total de sus inversiones en valores de renta variable representa aproximadamente un cuarto de la capitalización bursátil del mercado europeo (8).

3.6

Pese a las numerosas fusiones que han tenido lugar en estos últimos años en el sector de los seguros, la Unión Europea sigue contando con unas 5 000 compañías de seguros (9). Los mayores grupos financieros pueden tener diferentes filiales de seguros en varios países. Las estructuras de los grupos del sector de los seguros pueden englobar distintos tipos de actividad en este sector (reaseguro, seguro de vida/no de vida, intermediación de seguros) o en el contexto más amplio de los servicios financieros (incluidos banca, bancaseguro e hipotecas). Además, los grupos pueden estar constituidos por una empresa madre y empresas filiales, pero también incluir empresas en participación, sociedades de cartera de inversiones, etc. Los veinte grupos más grandes reciben alrededor de la mitad de los ingresos por primas europeos (10). Las mutuas y las cooperativas de seguros tienen una participación importante en el mercado. Estas últimas están a menudo intrínsecamente vinculadas a un gran número de organizaciones de la sociedad civil y representan un 30 % del total de los ingresos por primas en Europa (11).

3.7

La actual crisis financiera, desencadenada por la práctica de la concesión de hipotecas basura en los Estados Unidos, es un argumento de peso en favor de unas normas de solvencia sólidas y detalladas que permitan que las empresas de seguros cumplan sus compromisos incluso en situaciones límite. Las normas, los métodos de gestión y las pruebas de esfuerzo contribuyen a alcanzar este objetivo.

4.1

En la línea del programa «Legislar mejor», la Comisión ha elaborado la Directiva Solvencia II de manera detallada y en profundidad, teniendo en cuenta las normas que regulan las diferentes partes objeto de la refundición. Varias rondas de evaluaciones de impacto cualitativo y cuantitativo y de consultas han permitido tomar en consideración muchas de las preocupaciones del mundo de la industria y de las autoridades de supervisión. Está previsto proceder a nuevas rondas de exámenes y consultas detalladas.

4.2

La propuesta de la Comisión es una de las denominadas directivas «Lamfalussy», basadas en el método Lamfalussy en el ámbito de los servicios financieros, y se ajusta a los cuatro niveles en que éste se estructura. Las disposiciones del nivel 1 de la Directiva se basan en principios y proporcionan una base para la aprobación de las disposiciones de aplicación del nivel 2, así como las instrucciones relativas a la convergencia en materia de supervisión en el nivel 3 del procedimiento. El objetivo de este enfoque es permitir una adaptación rápida del nuevo régimen a los cambios del mercado, la evolución de la reglamentación contable y la normativa de seguros y reaseguros a nivel internacional, los avances tecnológicos, las nuevas experiencias y las metodologías innovadoras. El establecimiento de especificaciones de cálculo precisas en los artículos de la Directiva comprometería el sentido profundo de este proceso legislativo innovador. Los niveles 2 y 3 son los más indicados para hacerlo.

4.3

Al igual que ocurre con los requisitos de capital establecidos por el acuerdo de Basilea II para el sector bancario, el nuevo régimen se estructura en tres pilares que reflejan las particularidades del sector de los seguros. El pilar I (artículos 74-142) define los requisitos financieros cuantitativos; el pilar II (artículos 27-34, 36-38, 40-49 y 181-183) trata del proceso de revisión supervisora y los requisitos cualitativos; y el pilar III (artículos 35 y 50-55) se refiere a la información facilitada a efectos de supervisión y a la publicación de información. Estos tres pilares no son independientes, sino se completan entre sí con objeto de alcanzar los objetivos del sistema. Deberán tenerse debidamente en cuenta las interacciones entre las disposiciones de los distintos pilares.

4.4

La revisión del actual régimen de solvencia se ha aprovechado también para refundir trece directivas de seguros y reaseguros en una única directiva simplificada en la que se han integrado las nuevas normas de solvencia. La propuesta de Directiva contiene una serie de enmiendas no sustantivas destinadas a mejorar su redacción. Se han suprimido los artículos o las partes de artículos que habían quedado obsoletos.

5.1

En los últimos treinta años, varias generaciones de directivas europeas han creado un mercado europeo de los seguros y los reaseguros regulado por un conjunto de normas comunes, entre las que figuran los principios del reconocimiento mutuo y el control efectuado por el país de origen. Han establecido un mercado abierto para los operadores no comunitarios y han impulsado a los aseguradores de la UE a expandirse hacia los mercados de terceros países, sobre todo en América del Norte, Asia y en países con posibilidades de ser en el futuro candidatos al ingreso en la UE.

5.2

La regulación vanguardista propuesta en materia de solvencia garantiza que los aseguradores tienen una situación financiera saneada y están en condiciones de hacer frente a situaciones adversas, cumplir sus promesas contractuales con los tomadores y asegurar la estabilidad del sistema financiero. No obstante, es importante destacar que todos los consumidores de este tipo de servicios financieros merecen esta mayor protección. Una serie de operadores del mercado no están sometidos a la normativa en materia de seguros. Es el caso, por ejemplo, de los fondos de pensiones o de las entidades de ahorro e inversión.

5.3

Unas normas de solvencia armonizadas crean un clima de confianza entre los consumidores, pero también entre los supervisores. Esta confianza es un elemento determinante para lograr que el mercado europeo, caracterizado por el reconocimiento mutuo y el control efectuado por el país de origen, funcione en la práctica. Las normas actualmente vigentes en materia de solvencia (Solvencia I) están desfasadas. No tienen en cuenta los riesgos específicos en que incurre la entidad que proporciona la cobertura de seguros, por lo que dan lugar a que requisitos en materia de solvencia idénticos se apliquen a empresas que presentan perfiles de riesgo diferentes. Además, las normas de solvencia en vigor se centran principalmente en la conformidad financiera, siguiendo con ello un enfoque basado en el respeto de las normas y no en la buena gestión, y no abordan adecuadamente la supervisión del grupo. Además, el marco legislativo comunitario actualmente en vigor deja a los Estados miembros un margen excesivo para la introducción de variantes nacionales, comprometiendo con ello la eficacia de la supervisión de las operaciones multinacionales y la existencia de unas condiciones de competencia equitativas. Entretanto, debido a estas lagunas, el régimen en vigor ha sido superado por la evolución sectorial, intersectorial e internacional. En otros términos, las nuevas normas de solvencia definidas por la Directiva reflejan una tendencia ya consolidada entre los operadores y los supervisores de distintos países conscientes de los riesgos.

5.4

A diferencia del marco de Solvencia I, la reforma hace hincapié en la calidad real de la gestión del riesgo en la empresa y en principios y objetivos en vez de en normas que no tienen en cuenta los perfiles de riesgo específicos de las compañías.

Su objetivo es asimismo armonizar las prácticas de supervisión en el Espacio Económico Europeo.

5.5

Básicamente, el nuevo sistema ofrecerá a los supervisores y aseguradores instrumentos de solvencia sofisticados que les permitan hacer frente no sólo a los riesgos en términos de seguros en caso de situaciones adversas (inundaciones, tormentas o accidentes automovilísticos graves), sino también a los riesgos vinculados al mercado y al crédito y a los riesgos operativos. Contrariamente a lo que prevé la legislación actual, los aseguradores y reaseguradores deberán disponer de un capital proporcional a su riesgo global de solvencia, calculado no solo sobre la base de elementos cuantitativos, sino también de aspectos cualitativos que influyen en el perfil de riesgo de la empresa.

5.6

El nuevo régimen se basa en un enfoque en función del riesgo económico, cuyo objetivo es garantizar que se reflejan correctamente las posibles exposiciones al riesgo subyacentes, así como los planes de atenuación de los riesgos, eliminando de este modo las posibilidades de arbitraje reglamentario que pueden distorsionar y debilitar la protección de que disponen los tomadores. Esto significa también que los requisitos de capital deberían permitir una asignación óptima del capital y favorecer una mejor gestión interna de los riesgos.

5.7

Por otra parte, la Directiva Solvencia II concede aún más importancia a la gestión de las compañías de seguros para garantizar una sólida gestión del riesgo y se esfuerza en fomentar las buenas prácticas en este sector. Las compañías de seguros deberán centrarse en la identificación, medida y gestión activa de los riesgos y sopesar los efectos que evoluciones futuras, como las nuevas operaciones o las posibilidades de acontecimientos catastróficos, pueden tener en su situación financiera. Además, la reforma propuesta les obligará a evaluar sus necesidades de capital a la luz de todos los riesgos por medio de la «autoevaluación de riesgos y solvencia», mientras que el «proceso de revisión supervisora» desplazará la atención de los supervisores del cumplimiento de los requisitos legislativos y la supervisión del capital a la evaluación de los perfiles reales de riesgo de los aseguradores y la calidad de su gestión de riesgos y de los sistemas de gobernanza de sus empresas, por ejemplo, por medio de mecanismos de alerta rápida y pruebas de esfuerzo. Al mismo tiempo, la Directiva fomenta la cooperación y la convergencia en materia de supervisión, por ejemplo, mediante la ampliación del papel del Comité Europeo de Supervisores de Seguros y Pensiones de Jubilación, como un paso hacia un mayor grado de uniformidad en la supervisión de los servicios financieros, objetivo que el CESE apoya.

5.8

Un tercer aspecto importante es que la Directiva pretende mejorar la eficacia de la supervisión de los grupos de seguros mediante la figura de un «supervisor de grupo» en el país de origen. La supervisión de grupo garantizará que no se pasan por alto los riesgos que suponen una amenaza para todo el grupo y permitirá que los grupos operen más eficazmente al tiempo que se brinda un nivel de protección más elevado a todos los tomadores de seguros. El supervisor de grupo tendrá responsabilidades específicas que ejercerá en estrecha cooperación con los supervisores nacionales pertinentes, y le corresponderá asimismo la tarea de adoptar decisiones sobre un número limitado de cuestiones. Se insta a los supervisores locales a que participen activamente en el órgano colegiado de los supervisores, ya que disfrutan de un derecho de codecisión siempre y cuando pueda llegarse a un acuerdo. Esta medida implica un enfoque diferente, que conviene aplicar para poder determinar las realidades económicas y el potencial de diversificación de los riesgos de este tipo de grupos.

5.9

Por último, la Directiva Solvencia II introduce aún más transparencia y objetividad por lo que respecta tanto a la información proporcionada por las empresas sobre su situación financiera y los riesgos asociados como a los procesos de revisión supervisora. En la actualidad, la tendencia sigue siendo que las prácticas de supervisión varíen de un Estado miembro a otro, dejando el campo libre al arbitraje reglamentario. Tanto para las políticas europeas en este ámbito como para los aseguradores que deseen acceder a un nuevo mercado nacional, es importante que las prácticas de supervisión sean no solo objetivas y transparentes, sino también previsibles y bien documentadas.

6.1.1

Para la definición de los requisitos cuantitativos aplicables a las empresas de seguros, el nuevo sistema se basa en un planteamiento integral centrado en el total del balance en el que la valoración de los activos y pasivos (12) se realiza con arreglo a un enfoque coherente con el mercado y todos los riesgos asociados cuantificables se reflejan explícitamente en términos de requisitos de capital. Una valoración de los activos y pasivos que tenga en cuenta sus condiciones de transacción garantiza que estos se evalúan de manera objetiva y coherente. Es también garantía de que se asigna un valor correcto a cada una de las opcionalidades implícitas en los títulos. Una valoración realista y orientada hacia el futuro es la mejor protección contra toda posible parcialidad que pudiera poner en peligro los derechos de todos los interesados.

6.1.2

En este contexto de valoración, se concede una importancia particular al cálculo de las provisiones técnicas, es decir, las obligaciones que se asumen frente a los tomadores y otros beneficiarios. Una valoración de las provisiones técnicas coherente con el mercado podrá llevarse a cabo mediante el cálculo de la mejor estimación, que será igual a la media de los flujos de caja futuros ponderada por su probabilidad, teniendo en cuenta el valor temporal del dinero, incluido un margen de riesgo. Este enfoque debería garantizar que el valor total de las provisiones técnicas sea equivalente al importe que una tercera parte previsiblemente necesitaría para poder asumir y satisfacer las obligaciones de la cartera de seguros. A efectos del cálculo se utilizará la información facilitada por los mercados financieros y los datos generalmente disponibles sobre riesgos de seguros, información con la que el citado cálculo habrá de ser coherente.

6.1.3

Por lo que se refiere a los requisitos de capital, el nuevo régimen de solvencia se basa en dos requisitos de capital, a saber, el capital de solvencia obligatorio y el capital mínimo obligatorio, cada uno ellos con un objetivo diferente que determina el cálculo de los mismos.

6.1.4

El capital de solvencia obligatorio debe representar el nivel de capital que una empresa debería tener como objetivo alcanzar en condiciones de funcionamiento normales, por debajo del cual se intensificarán las intervenciones de supervisión. Esto permite la aplicación de una escala de medidas de intervención de supervisión antes de que el capital alcance el nivel del capital mínimo obligatorio y, por lo tanto, ofrece a los tomadores y beneficiarios de seguros una garantía razonable de que se efectuarán los pagos al vencimiento. Técnicamente, el capital de solvencia obligatorio está concebido y calibrado para definir un nivel de capital que permita a las empresas de seguros y reaseguros absorber pérdidas imprevistas significativas, basándose en una determinada probabilidad de incumplimiento de la contraparte en un determinado período de tiempo (0,5 % en un horizonte de un año).

6.1.5

De hecho, el capital mínimo obligatorio representa el nivel de capital por debajo del cual debería producirse en última instancia la intervención de las autoridades de supervisión. El cálculo del capital mínimo obligatorio debería permitir, cuando se compare con el capital de solvencia obligatorio, un margen suficiente para la aplicación de una escala razonable de medidas de intervención de supervisión por parte de la autoridad de supervisión.

6.1.6

En la práctica, un asegurador puede calcular el capital de solvencia obligatorio por medio de una fórmula general o utilizando un modelo interno aprobado por las autoridades de supervisión. La fórmula general debe incorporar las técnicas adecuadas de mitigación del riesgo y los efectos de diversificación, así como cualquier otra forma de capacidad de absorción de pérdidas de los elementos del balance que no estén incluidos en el capital disponible. El planteamiento en función del riesgo de la Directiva propuesta implica que un modelo interno (completo o parcial) puede sustituir –previa validación de las autoridades de supervisión– a la fórmula general de cálculo, siempre que refleje mejor el perfil de riesgo de la empresa. Se trata de un incentivo importante que favorece una identificación y una gestión interna sólidas de los riesgos, y la formación y la contratación de personal altamente cualificado.

6.1.7

Otro elemento cuyo objetivo es fomentar la buena gestión interna es la aplicación del «principio de prudencia» a la política de inversiones, que permite no establecer límites artificiales a las inversiones, al tiempo que exige normas de calidad elevadas y que se tenga en cuenta debidamente cualquier riesgo significativo en el cálculo de las cargas del capital.

6.1.8

Habida cuenta de la complejidad de los requisitos, es importante señalar que la propuesta presentada incluye disposiciones encaminadas a permitir una aplicación proporcionada y gestionable de los requisitos del pilar I. Esto es especialmente importante para las pequeñas y medianas empresas de seguros (PYME). Con todo, este principio de proporcionalidad hace referencia no a la escala sino a la naturaleza y la complejidad de los riesgos a los que se enfrentan las compañías. Las PYME estarán sometidas a principios prudenciales generales idénticos siempre que su perfil de riesgo sea el mismo que el de otras empresas. Sus clientes y beneficiarios se beneficiarán del mismo nivel de protección.

6.2.1

La propuesta Solvencia II de la Comisión define procesos y herramientas para actividades y revisiones de supervisión, incluida la definición de los poderes de supervisión, disposiciones para la cooperación entre los supervisores nacionales así como instrucciones relativas a la convergencia en materia de supervisión. Las disposiciones del pilar II abordan los requisitos cualitativos aplicables a las empresas de seguros, es decir, su sistema de gobernanza, incluidos un sistema eficaz de control interno, un sistema de gestión de riesgos, una función actuarial, una auditoría interna, una función de comprobación de la conformidad y normas sobre la externalización.

6.2.2

Las herramientas de supervisión tienen por objeto identificar a las entidades que presentan características financieras, organizativas o de otro tipo, susceptibles de generar un perfil de mayor riesgo, y a las que en circunstancias excepcionales podría exigírseles que mantengan un capital de solvencia más elevado que el capital de solvencia obligatorio y que adopten medidas para reducir el riesgo en que han incurrido.

6.2.3

El principio de proporcionalidad mencionado más arriba es aplicable también al proceso de revisión supervisora. Los supervisores deberán ejercer sus poderes teniendo en cuenta la naturaleza, la envergadura y la complejidad de los riesgos de la empresa de que se trate a fin de evitar una sobrecarga supervisora, en particular para las pequeñas y medianas empresas de seguros que están expuestas a un nivel de riesgo inferior.

6.2.4

Solvencia II está concebida para mejorar el análisis de los requisitos cualitativos que los supervisores realizan en relación con la situación de riesgo de la empresa. Es importante que las acciones y decisiones de los supervisores sean coherentes en los diferentes países, en las distintas empresas y a lo largo del tiempo. Vale la pena reiterar la importancia de la transparencia, la objetividad y la previsibilidad de las medidas de supervisión. Ello es especialmente pertinente en el caso de la aprobación de los modelos internos.

6.3.1

La transparencia y la divulgación de información al público (publicación de información) sobre su situación financiera y sus riesgos por parte de las empresas sirve para reforzar la disciplina del mercado. Además, las empresas de seguros deberían proporcionar a los supervisores (información facilitada a efectos de supervisión) los datos cuantitativos y cualitativos que necesitan para llevar a cabo eficazmente su labor de control y orientación.

6.3.2

La armonización de la información presentada a efectos de supervisión y la publicación de información es una parte importante del nuevo sistema, ya que en este ámbito existe una clara necesidad de convergencia a fin de que los formatos y los contenidos sean comparables en toda Europa. Ello es particularmente importante por lo que respecta a los grupos multinacionales.

6.4.1

La legislación comunitaria vigente considera la supervisión de grupo un elemento meramente complementario de la supervisión individual. La supervisión individual no tiene en cuenta si una entidad jurídica es parte de un grupo (es decir, si es una filial). Por consiguiente, la supervisión de grupo viene simplemente a añadirse a la individual con el único propósito de evaluar la repercusión de las relaciones de grupo en la empresa individual. Por consiguiente, el régimen de solvencia actual de la UE no reconoce la realidad económica de los grupos de seguros y deja de lado el hecho de que en muchos casos la gestión de riesgos se lleva a cabo en el nivel de grupo y no en el nivel individual. El objetivo de la propuesta de Solvencia II es encontrar formas más adecuadas para simplificar la supervisión de los grupos de seguros modificando la manera (bajo ciertas condiciones) en que las supervisiones de grupo y las supervisiones individuales se llevan a cabo.

6.4.2

Para cada grupo de seguros se designará una única autoridad como «supervisor de grupo» que será el principal responsable de todos los aspectos fundamentales de la supervisión del grupo (solvencia de grupo, operaciones intragrupo, concentración de riesgo, gestión de riesgos y control interno). Sin embargo, el supervisor de grupo y el supervisor individual estarán obligados a intercambiar información esencial de manera automática u otra información pertinente previa solicitud. Además, el supervisor de grupo estará obligado a consultar a las autoridades de supervisión individual pertinentes antes de adoptar una decisión importante y las autoridades de supervisión afectadas harán cuanto de ellas dependa para alcanzar una decisión conjunta, aunque en el caso de la aprobación tanto del modelo interno de grupo como de la normativa bancaria, la decisión final la adoptará el supervisor de grupo. Estas disposiciones deberían garantizar que tanto el supervisor de grupo como el supervisor individual entiendan mejor el perfil de riesgo del grupo en su conjunto y que, por lo tanto, los titulares de cada entidad del grupo disfruten de una mayor protección.

6.4.3

Además de mejorar el concepto de la supervisión de grupo, la propuesta introduce un régimen innovador de ayuda de grupo. Los grupos que deseen facilitar su gestión de capital en el nivel de grupo podrán solicitar permiso para regirse por el régimen de ayuda de grupo. Los grupos que reciban el permiso de regirse por el régimen de ayuda de grupo podrán, en determinadas condiciones, recurrir a declaraciones de ayuda de grupo para satisfacer parcialmente el capital de solvencia obligatorio (no el capital mínimo obligatorio) de sus filiales; se trata de un compromiso financiero jurídicamente vinculante por parte de la matriz de aportar capital a la filial cuando sea necesario. A fin de permitir que el régimen de ayuda de grupo funcione eficazmente, se incluyen algunas excepciones adicionales a la supervisión individual. Si se recurre a este régimen de ayuda de grupo, está previsto un procedimiento específico en caso de condiciones de tensión (incumplimiento del capital de solvencia obligatorio por parte de una empresa individual), que incluye medidas coordinadas de los supervisores individuales y de los supervisores de grupo. Este régimen debería aplicarse de manera uniforme en toda la Unión.

6.4.4

Dado que el régimen de ayuda de grupo permite que el capital de solvencia obligatorio de las filiales esté depositado en cualquier otra entidad del grupo, los grupos de seguros disponen de un sistema práctico y transparente para beneficiarse del reconocimiento de los efectos de diversificación, al tiempo que las filiales integrantes del grupo cumplen el mismo nivel de requisitos de capital que deberían cumplir si no formaran parte del grupo. Por esta razón, debería ponerse en marcha una supervisión apropiada que garantice la transferibilidad inmediata del capital cuando sea necesario. Tanto la empresa matriz como la filial correspondientes deberán hacer pública la existencia de declaraciones de ayuda de grupo, y la utilización que se haga de las mismas.

30.8.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 224/18

1.1

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) respalda los objetivos del Programa Conjunto Eurostars, pero subraya que es necesario que se tomen en consideración las distintas categorías y tamaños de las PYME, así como su pertenencia a diferentes sectores, a la hora de adoptar nuevas políticas y programas comunitarios de investigación, desarrollo e innovación adaptados y reorientados hacia las verdaderas necesidades de innovación de las PYME.

1.2

El CESE acoge positivamente la propuesta de los Estados miembros de que se adopte un Programa Conjunto Eurostars para respaldar a las denominadas «PYME que realizan actividades de I+D», y señala que dicho programa debería estar abierto a todas las PYME de los países que colaboran en él y que deseen participar en procesos de innovación.

1.3

El CESE subraya, asimismo, la necesidad de que se fijen instrumentos destinados a implicar en el programa a todos los Estados participantes en EUREKA que no están incluidos en el Programa Conjunto Eurostars.

1.4

El CESE expresa su preocupación por los criterios de selección para acceder al Programa Conjunto Eurostars (1), ya que limitan la participación en él a las PYME que realizan actividades de I+D y cuyas inversiones en actividades de investigación alcanzan como mínimo un 10 % del equivalente a tiempo completo o del volumen de negocios anual. Aun cuando estas limitaciones se aplican únicamente a la PYME con actividades de I+D que propone el proyecto (responsable de proyecto), la definición de lo que es una PYME que realiza actividades de I+D se basa en indicadores codificados, pasando por alto la gran variedad de «conocimiento no codificado» (2) y sin tener en cuenta que, con frecuencia, lo que caracteriza a los procesos fuertemente innovadores es, en gran medida, el «conocimiento tácito» (3).

1.5

Por este motivo, el CESE reafirma el principio de que, para ofrecer a las propuestas de proyectos condiciones de competencia equitativas, aquéllos deberían seleccionarse en función de la calidad de su contenido, la experiencia de gestión en materia de I+D y la coherencia con los objetivos del programa, sin excluir a un alto porcentaje de PYME innovadoras que desean presentar una solicitud para beneficiarse del programa Eurostars. Asimismo, debería permitirse la financiación de programas de formación destinados a preparar gestores especializados en la transferencia tecnológica eficaz de la investigación a los productos comercializables.

1.6

En este sentido, el CESE pide que, de conformidad con los procedimientos adecuados del Programa Conjunto Eurostars, se cree una partida presupuestaria específica para las iniciativas transnacionales dirigidas por un grupo de Estados miembros en colaboración con organizaciones de PYME que deseen fomentar una difusión más amplia entre ellas de información que les resulte de interés sobre los resultados de los proyectos Eurostars. Otra manera de hacer que las PYME interesadas en el éxito del programa Eurostars se «apropien» en mayor medida del proyecto sería que las organizaciones de PYME y los interlocutores sociales crearan e impulsaran una base de datos común y plataformas web multilingües por sectores.

1.7

El CESE señala su preocupación por lo que respecta a los criterios utilizados para fijar la contribución de las PYME a los costes totales del proyecto relacionados con actividades de I+D. Es importante clarificar que, en la actualidad, de conformidad con el Programa Conjunto Eurostars, las PYME deberían hacer una aportación conjunta equivalente, como mínimo, al 50 % de los costes del proyecto relativos a la I+D. Dado que este criterio excluirá a muchas PYME orientadas al mercado, debería considerarse la posibilidad de bajar este umbral al 25 % con ocasión de la evaluación intermedia del programa Eurostars (4).

1.8

Posteriormente, los Estados miembros interesados y las autoridades nacionales de los países de la UE deberían tomar en consideración, a lo largo de las diferentes fases de evaluación del impacto y difusión de los resultados, las preocupaciones expresadas por las organizaciones de PYME a nivel europeo y nacional y otras partes interesadas del ámbito de la investigación. El Grupo Consultivo de la UE sobre las PYME y la I+D podría realizar un control periódico que se convertiría en un instrumento permanente de consulta técnica para los Estados miembros y otras autoridades a nivel europeo y nacional. En este sentido, el Observatorio del Mercado Único del CESE, en colaboración con el Sector «PYME», podría funcionar también como un miembro asesor del Grupo Consultivo durante las fases de evaluación, aplicación y difusión.

1.9

El CESE subraya que el Programa Conjunto Eurostars debería aplicarse de manera transparente y no burocrática, de modo que resulte más fácil para las PYME recibir información, participar y, en particular, implicarse en las actividades de seguimiento junto con instituciones afines de I+D interesadas. Por consiguiente, la contribución a los proyectos debe realizarse en cantidades a tanto alzado y, en caso de que esta modalidad no sea compatible con los programas nacionales, mediante un importe fijo.

1.10

Para lograr una aplicación eficaz del programa Eurostars, deberían reforzarse las redes de innovación regional, a fin de que puedan proporcionar servicios de ventanilla única en apoyo de las PYME innovadoras, ofreciéndoles un acceso eficaz a las ayudas europeas a la I+D. Por ejemplo, deberían reforzarse, mejorándose su coordinación, los vínculos entre las redes EUREKA, otros organismos públicos o privados y las organizaciones de PYME a nivel europeo, nacional o regional, a fin de dar a conocer mejor los programas específicos de financiación destinados a las PYME con actividades de I+D. Convendría financiar una serie de actos, organizados a través de organizaciones de PYME representativas, para sensibilizar a las PYME y las organizaciones interesadas acerca de la importancia de la innovación y su papel para el futuro de la UE.

1.11

La red Eureka debería publicar en Internet los resultados de la selección de proyectos, por sectores de PYME, en el marco del programa Eurostars (5). Asimismo, debería hacerse pública una breve lista de proyectos subvencionables con un alto contenido innovador pero que no han sido seleccionados. Esta lista indicaría a los inversores nacionales, públicos o privados, si resulta necesario aumentar la financiación del programa.

1.12

Debe establecerse una eficaz coordinación entre las autoridades nacionales encargadas de las políticas en materia de PYME e I+D y EUREKA, que responda a las necesidades señaladas por las organizaciones de PYME y las partes interesadas en general (incluidos, entre otros, órganos de investigación privados y públicos). El CESE pide a las instituciones europeas interesadas, a los Estados miembros y a las Presidencias eslovena y francesa que velen por que la coordinación se lleve a cabo de conformidad con las expectativas de las PYME y los objetivos del programa.

1.13

El CESE insta a que, por lo que respecta a la participación de las PYME en los programas de financiación de la I+D y el Programa Conjunto Eurostars, se reduzca el largo periodo que va de la presentación de una propuesta a su aprobación por la UE, a fin de animar a las PYME a que presenten proyectos.

1.14

El CESE subraya que, para que las PYME aprovechen mejor, y en mayor medida, las ayudas a la I+D, la CE debe estudiar la posibilidad de traspasar los recursos, no utilizados, destinados a las PYME bajo el capítulo «Cooperación» del 7o PM (que representa el 15 % del presupuesto de las áreas temáticas del 6o PM) al Programa «Capacidades» (CRAFT, etc.), que se centra de modo más eficaz en las PYME.

1.15

El CESE pide que se preste mayor atención a la desproporcionada carga reglamentaria que pesa sobre las PYME, que puede ser hasta diez veces mayor que la que pesa sobre empresas de mayor tamaño (6). Asimismo, convendría reducir los costes de gestión y simplificar los procedimientos de solicitud de las PYME que asuman el riesgo de participar en programas de I+D junto con socios europeos e internacionales. El CESE desea que se encuentre una solución a la cuestión de los derechos de propiedad intelectual (DPI) y las patentes europeas (7), pues la situación actual supone un freno para la competitividad y la innovación en Europa. Además, el registro de patentes y unos DPI accesibles (8) pueden ser un importante factor no financiero a la hora de consolidar los vínculos entre las empresas que participan en proyectos internacionales.

2.1

En la Carta Europea de la Pequeña Empresa, aprobada por los líderes de la UE en 2000, se acordó que las pequeñas empresas deben ser consideradas generadoras fundamentales de innovación, de empleo y de integración social y local en Europa (9). Asimismo, en octubre de 2007 la CE anunció la preparación de una normativa específica («Small Business Act») para Europa (10), en la que se determinarán medidas destinadas a fomentar el espíritu de empresa, la cultura empresarial y el acceso a las competencias (11). En 2008, la Comisión examinará también una serie de iniciativas relativas a las PYME (12), a fin de incrementar su participación en los programas comunitarios.

2.2

Sobre esta base ha surgido la propuesta de elaborar un Programa Conjunto Eurostars específico. Este programa, que se basa en el artículo 169 del Tratado CE y está destinado a complementar y centrar las actividades de «Investigación en beneficio de las PYME» del 7o Programa Marco de Investigación (7o PM), es gestionado por EUREKA, y en un principio participaron en él 22 Estados miembros y otros cinco países participantes en EUREKA (Islandia, Israel, Noruega, Suiza y Turquía). En la actualidad, participan en el programa Eurostars 30 países: Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, los Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía y el Reino Unido.

2.3

El 7o PM incluye muchas de las medidas propuestas durante la revisión del 6o PM (13), con vistas a superar los desequilibrios existentes en las políticas en favor de las PYME. El 7o PM incluye una estrategia dirigida a las PYME que incorpora medidas tanto cualitativas como cuantitativas para impulsar la acción a nivel nacional y regional. Su objetivo es crear agrupaciones (clusters) y redes de empresas, mejorar la cooperación paneuropea entre pequeñas empresas por medio de las tecnologías de la información, difundir las buenas prácticas en materia de acuerdos de cooperación y respaldar la cooperación entre pequeñas empresas (14).

2.4

Los 23 millones de PYME registradas en la UE representan el 99 % del total de las empresas europeas y dos tercios del volumen de negocios en Europa, y constituyen la base en que se apoyan los agentes clave del desarrollo sostenible (15). Aun así, para ser más competitivas, es preciso racionalizar y reagrupar estas empresas, de modo que formen un conjunto coherente que alcance la masa crítica que les permita sacar provecho del desarrollo de fondos de capital riesgo específicos, parques científicos y viveros, así como de las políticas de innovación regional (16).

2.5

Asimismo, un informe del Flash Eurobarómetro subraya que el crecimiento de las PYME podría verse frenado por la naturaleza, poco dada al riesgo, de los europeos, que carecen de espíritu empresarial (17). Por consiguiente, es especialmente importante adoptar medidas que permitan valorizar la imagen profesional del empresario y –dado su papel determinante para la innovación, el progreso económico y el bienestar general– de anclarla más profundamente en la sociedad. Sólo mediante un espíritu de empresa consciente de su responsabilidad, activo y con ideas, que pueda desarrollarse de la mejor manera posible, podrán alcanzarse los objetivos de Lisboa (18).

2.6

No obstante, las medidas específicas adoptadas por los Estados miembros en favor de las PYME no siempre fomentan y respaldan la cooperación transnacional en materia de investigación ni la transferencia de tecnología. Debido a la evolución de los mercados y la internacionalización de las cadenas de valor, en la actualidad las PYME europeas deben adaptarse a una fuerte competencia global, participando en procesos de innovación permanente en un contexto internacional más amplio. El Programa Conjunto Eurostars debería recompensar a aquellas PYME, y a aquellos institutos de investigación públicos o privados que hacen esfuerzos específicos para respaldar los proyectos de I+D y difundir sus resultados, así como para transferir conocimiento y facilitar el acceso a éste. En particular, debería recompensar a los proyectos en los que están vinculados organismos, grupos o PYME que normalmente participan en menor medida o tienen dificultades para acceder a este tipo de programas. El CESE subraya la importancia de que el Programa Conjunto Eurostars se haya ampliado a todos los Estados miembros de EUREKA, en particular para aquellos que se han incorporado recientemente a la UE y pueden beneficiarse del enfoque transnacional.

2.7

El Programa Conjunto Eurostars se destina a las PYME que realizan actividades de I+D, con especial atención a los proyectos orientados al mercado y proyectos transnacionales de varios socios (al menos dos participantes independientes de diferentes Estados participantes). Un aspecto importante del programa es el planteamiento de abajo arriba que capacita a las «PYME que realizan actividades de I+D» para los derechos de propiedad y la innovación de la gestión estratégica. En este marco, las PYME controlan el proceso y pueden influir en los resultados de la investigación en curso adaptándola a las posibilidades comerciales.

3.1

La participación en programas de investigación y desarrollo de conformidad con el artículo 169 del Tratado implica que los Estados miembros de la UE participantes integran sus programas de investigación nacionales y se comprometen en un programa de investigación conjunto. La Comisión, con arreglo al fundamento jurídico del artículo 169, ha determinado cuatro iniciativas potenciales. Una de ellas es Eurostars, un programa de investigación conjunto para las PYME y sus socios.

3.2

El Programa Conjunto Eurostars engloba proyectos propuestos por una o varias PYME establecidas en los Estados participantes que realizan actividades de I+D. Los proyectos pueden desarrollarse en todos los ámbitos de la ciencia y la tecnología (pero deben tener una finalidad civil). Los proyectos deben ser en colaboración y en ellos deben intervenir al menos dos participantes de dos diferentes Estados participantes que se ocupan de diversas actividades relacionadas con la investigación, desarrollo tecnológico, demostración, formación y difusión de la información correspondiente. En línea con el carácter de las PYME, el ciclo de vida de los proyectos es corto. Un proyecto debe tener una duración máxima de tres años y, a los dos años de terminado, el producto de la investigación debe estar listo para su comercialización.

3.3

El Programa Conjunto Eurostars puede lograr un significativo efecto amplificador para los fondos comunitarios: los Estados miembros y otros cinco países participantes en EUREKA (Islandia, Israel, Noruega, Suiza y Turquía) contribuirán con 300 millones de euros. La Comunidad aportará una contribución equivalente a un tercio de la de los Estados miembros, por lo que el presupuesto del programa ascenderá a 400 millones de euros de financiación pública. Si se adopta la hipótesis de que los porcentajes de financiación de los proyectos oscilarán entre el 50 % y el 75 %, Eurostars podría movilizar de 133 a 400 millones de euros de fondos privados suplementarios a lo largo del período de ejecución del Programa (efecto amplificador). La participación prevista se calcula partiendo de la base de que el coste medio de los proyectos Eurostars ascenderá a 1,4 millones de euros. Con un porcentaje medio de financiación de un 50 %, un montante de fondos públicos de 700 000 euros por proyecto y un presupuesto global del programa de 400 millones, pueden financiarse 565 proyectos.

3.4

Por lo tanto, la contribución de la UE llena un vacío de la financiación de la fase inicial de la I+D, momento en el que las actividades innovadoras tienen un riesgo relativamente alto y pueden tener problemas para atraer exclusivamente a inversores privados (19). La intervención de la UE con inversión pública en favor del programa Eurostars animará a más PYME que realizan actividades de I+D a buscar inversión privada para desarrollar productos o servicios innovadores.

3.5

Respecto de la financiación, debería considerarse la posibilidad de conceder exenciones fiscales para las inversiones de I+D en los Estados miembros que fueran atractivas para inversores incluso en el peor de los supuestos, dado que, por lo menos, podrían beneficiarse de estas deducciones. El beneficio para las PYME es contar con una forma alternativa de financiación.

3.6

Sin embargo, existe el temor de que un gran porcentaje de PYME no pueda participar en la iniciativa de la UE en favor de la innovación competitiva. Con arreglo al programa Eurostars, los criterios de subvencionabilidad para las PYME que realizan actividades de investigación establecen que las PYME que presenten proyectos deben dedicar a las actividades de investigación como mínimo un 10 % de su volumen de negocios o del equivalente a tiempo completo. Aunque esta limitación sólo se aplica al responsable del proyecto, ello puede impedir que muchas pequeñas empresas propongan proyectos innovadores. En consecuencia, existe el riesgo de que el programa atraiga solamente a empresas de alta tecnología ya consolidadas que podrían acceder a otras formas de financiación más adecuadas.

3.7

Además, en algunos Estados miembros de la UE es muy frecuente que los costes de I+D se sumen a otros costes operativos, por lo que no pueden determinarse por separado (20). Ello explica que la definición de los indicadores de I+D utilizados por la OCDE no resulte plenamente adecuada cuando se aplica a pequeñas empresas innovadoras, dado que no se tienen en cuenta actividades que corresponden a conocimiento no codificado, muy difícil de cuantificar (21).

3.8

Asimismo, la OCDE define el «sector de alta tecnología» como el de las industrias que dedican más de un 4 % de su volumen de negocios a la I+D. Este sector, incluso en las economías muy desarrolladas, representa cerca del 3 % del PIB, lo que significa que un 97 % de la actividad económica total y la mayoría de los procesos innovadores se registran en sectores definidos por la OCDE como de «media tecnología» o de «baja tecnología» (22). Estas cifras ponen de manifiesto que una gran parte de las empresas innovadoras quedaría excluida si el acceso al programa de financiación se restringe a un umbral del 10 % de I+D, por lo que no se demostraría una actitud favorable a la innovación en la propia base de la iniciativa europea.

3.9

Por lo tanto, el CESE considera que los proyectos deberían seleccionarse en función de la excelencia y la conformidad con los objetivos del programa y que el umbral del 10 % dedicado a la I+D debería suprimirse.

3.10

Otro requisito del programa Eurostars es que las PYME participantes que realizan actividades de I+D puedan desarrollar la mayoría de los trabajos de I+D. No debería excluirse la cooperación con otros socios, como pueden ser otras PYME, agrupaciones (clusters) locales, grandes empresas que quieren compartir los objetivos del programa, centros de investigación o universidades. Asimismo, el término «agrupación» debería englobar la necesidad de instalar a las PYME que realizan actividades de I+D en los campus de las universidades o instituciones de tercer grado con el fin de reforzar la interacción entre ambas en beneficio mutuo.

3.11

En cuanto a las contribuciones respectivas que deben aportar las PYME innovadoras que participan en el programa Eurostars, es importante precisar que son las empresas que realizan actividades de I+D las que deben asumir colectivamente como mínimo un 50 % de los costes de I+D del proyecto. Sin embargo, este criterio puede seguir excluyendo a muchas PYME orientadas al mercado, por lo que debería examinarse la posibilidad de bajar este umbral al 25 % con ocasión de la evaluación intermedia del programa Eurostars (23).

3.12

Resulta necesario clarificar más la relación con otros instrumentos financieros cubiertos por el Programa Marco de Competitividad e Innovación. El programa de financiación también debe ser más flexible y adaptarse mejor a las necesidades de las PYME, además de tener en cuenta las experiencias positivas adquiridas con los fondos de garantía para la investigación y el desarrollo, con el fin de permitir que las empresas dispongan de una perspectiva de negocio a más largo plazo.

3.13

Un mejor marco reglamentario, unido a la consulta sistemática a las organizaciones representativas de las PYME y demás partes interesadas, reducirá los costes y los riesgos operativos, incrementará la rentabilidad, aumentará los flujos de capital riesgo y mejorará el funcionamiento de los mercados de capital riesgo. Ello será especialmente beneficioso para las PYME innovadoras. Esta financiación completará el apoyo público en las fases iniciales (prelanzamiento) del proceso que consiste en transformar los resultados de las investigaciones en propuesta comercial.

3.14

La Comisión se ha comprometido a presentar medidas que fomenten la inversión transfronteriza de los fondos de capital riesgo (24). En Europa, el mercado de capital riego está fragmentado y cuenta en la actualidad con 27 entornos operativos diferentes. Ello afecta de forma negativa a la captación de fondos y la inversión.

3.15

Por lo tanto, es necesario mejorar el marco de la inversión del capital riesgo y que los Estados miembros establezcan incentivos para que los inversores privados se comprometan en la colaboración internacional en materia de investigación (25) y fomenten la intervención de los servicios de apoyo a las PYME, con el fin de ayudar a las empresas que superan con éxito la fase de lanzamiento.

4.1

El programa Eurostars tiene por objeto ayudar a las PYME de todo sector tecnológico o industrial mediante el marco jurídico y de organización necesario para la cooperación europea a gran escala entre los Estados miembros en el campo de la investigación aplicada y la innovación. Por lo tanto, ello incrementará la capacidad de las PYME que realizan actividades de I+D para introducir productos, procesos y servicios nuevos y competitivos en el mercado.

4.2

La internacionalización del proyecto puede evitar la duplicación de los esfuerzos en materia de innovación y debería constituir la oportunidad para adoptar políticas comunes y aplicar acciones rápidas para reducir la carga administrativa (26). Con la ayuda del programa Eurostars, puede animarse a muchas PYME a aprovechar la colaboración internacional, siempre que estén en condiciones de proponer y gestionar directamente un proyecto. No obstante, la intervención en los proyectos integrados y en la red de excelencia debe planificarse en detalle con el fin de evitar desequilibrios en la participación.

4.3

Además del apoyo en favor de la I+D, también debe examinarse la forma en que los gobiernos pueden fomentar la innovación de manera más directa mediante infraestructuras adecuadas. Existe una gran comunidad de «instituciones» de investigación, incluidas algunas asociaciones o empresas de investigación, cuyo papel es apoyar la innovación, especialmente por medio de las PYME. También existen parques y tiendas científicas, viveros, organismos regionales y locales y organizaciones de transferencia de conocimientos. Todos ellos prestan un apoyo importante a las nuevas PYME de alta tecnología e incluso a otras más tradicionales que prevén pasar a estrategias basadas en la innovación. La actual Presidencia eslovena de la UE y la siguiente Presidencia francesa deberían supervisar la manera en que se realiza la coordinación del programa Eurostars a nivel europeo y nacional, orientarlo hacia un desarrollo óptimo y evitar toda duplicación de funciones y todo riesgo de confusión entre las agencias existentes para las PYME.

4.4

Además, el Comité ha recomendado en sucesivas ocasiones que una parte considerablemente mayor de los recursos disponibles con cargo a los Fondos Estructurales comunitarios se consagre al desarrollo de la infraestructura científica conjunta y se adapte específicamente a las PYME. Los fondos procedentes del Banco Europeo de Inversiones podrían también ser muy útiles en este contexto (27).

30.8.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 224/23

1.1

Desde 2001 la Comisión viene estudiando los efectos negativos del fracaso empresarial, haciendo especial hincapié en la necesidad de mejorar los procedimientos de quiebra. Teniendo en cuenta sus limitadas competencias en este ámbito, la Comisión ha centrado sus esfuerzos en recabar datos sobre las consecuencias jurídicas y sociales del fracaso empresarial, facilitar la identificación y difusión de las mejores prácticas y trabajar en herramientas de alerta rápida como medio para reducir el estigma del fracaso.

1.2

El CESE acoge favorablemente el énfasis puesto por la Comisión en la necesidad de superar el estigma del fracaso empresarial. Unas buenas condiciones marco nacionales a favor del espíritu empresarial son fundamentales para el pleno aprovechamiento del potencial empresarial de la UE y para la creación de empresas dinámicas. La reputación de la actividad empresarial exitosa, que es vital a este efecto, debería ir acompañada de una política que fomente una segunda oportunidad para los empresarios que hayan fracasado.

1.3

La Comisión tiene razón al afirmar que la creación de una empresa, su éxito y su fracaso son inherentes a la realidad de la economía de mercado. Asimismo, subraya correctamente que, como parte de la falta general de reconocimiento y comprensión que existe en la sociedad hacia el espíritu empresarial, los problemas de las empresas o el fracaso empresarial no son ni suficientemente comprendidos como algo normal dentro de la evolución económica ni como una oportunidad para un nuevo comienzo. La UE debe cambiar de mentalidad. Cuanto más se adhiera el estigma del fracaso a un empresario que anteriormente cayera en quiebra, mayor es el riesgo de crear una nueva empresa, y este riesgo se cierne sobre todas las partes interesadas de la empresa.

1.4

Las leyes estadounidenses pretenden equilibrar los intereses de los deudores, acreedores y sociedad como un todo. A juicio del CESE, las legislaciones de los Estados miembros deberían dirigirse a conseguir ese mismo equilibrio. La insolvencia y el impago de las deudas pueden plantear enormes dificultades a los acreedores y sumirlos, a su vez, en la insolvencia. Perdonar la deuda de una empresa para brindarle la oportunidad de volver a empezar puede ser muy injusto para los acreedores. La legislación sobre insolvencia debe aspirar a conseguir un equilibrio justo.

1.5

Desde el punto de vista de la sociedad en general, mantener operativa la empresa, en su conjunto o en parte, puede que sea la mejor solución. Si la empresa es potencialmente viable, todas las partes interesadas se beneficiarán, y si una empresa insolvente puede ser rescatada por los síndicos de la insolvencia, sus empleados mantendrán su puesto de trabajo. Si un empresario que quiebra vuelve a empezar, creará nuevo empleo. El empleo en cualquiera de estos modos sirve claramente a la sociedad en general.

1.6

Hay muchas circunstancias que pueden conducir a una empresa al fracaso, incluso contando con un empresario animado de las mejores intenciones. En la fase de creación de una empresa, puede que no sea posible establecer una empresa viable. Una vez creada, un modelo empresarial deficiente puede privar a la empresa de todo futuro. Y por otra parte, empresas potencialmente viables pueden fracasar a causa de los errores cometidos por los empresarios. Tales empresas pueden y deberían ser salvadas por síndicos que velen por la protección de la mayoría de los puestos de trabajo.

1.7

Es importante distinguir entre la empresa y sus directivos. Éstos pueden quebrar al mismo tiempo que un síndico de la quiebra está procediendo a rescatar la empresa y sus empleados. Cuando una empresa fracasa, los directivos corren el riesgo de quiebra a causa de garantías bancarias que han dado, aunque su conducta personal no haya sido fraudulenta. Pues bien, son estos empresarios que no han cometido ningún fraude los que preocupan a la Comisión. Cuando han creado una buena empresa y luego tienen la desgracia de fracasar a causa de su falta de experiencia o mala suerte, merecen una segunda oportunidad, pues la economía necesita sus competencias. Por el contrario, otros que fracasan por incompetencia y falta de visión probablemente tengan poco que ofrecer a la economía, aun cuando puedan encontrar apoyos financieros. No todos los empresarios que quiebran merecen una segunda oportunidad.

1.8

La iniciativa de la Comisión ha contribuido a emprender reformas por toda la UE. Muchos Estados miembros ya se han inspirado en las buenas prácticas y conclusiones políticas recabadas a nivel europeo. Alrededor de una tercera parte de los Estados miembros han presentado planes para reformar su legislación nacional sobre insolvencia, pero casi la mitad de los países de la UE aún tienen que dar los primeros pasos en este sentido. Aunque la Comisión tiene una limitada competencia en este ámbito político, el CESE le insta a que utilice todos los medios disponibles para incitar a la acción a los ministros de hacienda de los Estados miembros. A juicio del CESE, el avance de los Estados miembros a este respecto es, en general, insatisfactorio.

1.9

El CESE suscribe sin reservas todas las propuestas relativas a la legislación sobre insolvencia formuladas en la Comunicación –sin poder prejuzgar, claro está, los pormenores de las leyes que finalmente se promulguen–, como el reconocimiento formal de las quiebras no fraudulentas, la exención rápida de responsabilidad de las deudas y la reducción de las restricciones, inhabilitaciones y prohibiciones de tipo jurídico, en el marco de procedimientos acelerados. El objetivo a medio plazo debería ser que los procedimientos no tuvieran una duración superior a doce meses.

1.10

El CESE considera imperativo que todos los Estados miembros completen la revisión de su legislación sobre insolvencia lo antes posible. Además de los cambios en la legislación, es de vital importancia que las quiebras sean tratadas expeditivamente por los tribunales. Hay que organizar bien el proceso. Estos cambios constituyen el núcleo duro del programa de la segunda oportunidad.

1.11

El apoyo activo a las empresas en situación de riesgo constituye el segundo mensaje trasmitido en la Comunicación. No es parte del programa de la segunda oportunidad por sí mismo, sino que es un programa diseñado para evitar la quiebra y preservar las empresas y el empleo. En la sección 4 se dan algunos ejemplos de quiebras de empresas que podrían haberse evitado. A este respecto el objetivo de la Comunicación es impedir las quiebras evitables mediante mecanismos de alerta precoz, la provisión temporal de fondos y los servicios de asesores.

1.12

Este programa no es muy práctico para la mayoría de las PYME, ya que prevé pocos mecanismos para la detección precoz de empresas en situación de riesgo entre las decenas de miles de PYME existentes en cada Estado miembro. Aun así, se anima a los Estados miembros a sacar el máximo provecho posible de las posibilidades ofrecidas como, por ejemplo, el uso del IVA por las autoridades francesas para detectar precozmente los posibles problemas de efectivo de una compañía. La Comisión recomienda centrar las medidas de apoyo en la prevención de la quiebra, el asesoramiento y una actuación rápida. El problema se plantea cuando los directivos no se dan cuenta de que su empresa está en situación de riesgo. Los Gobiernos de los Estados miembros tendrán que trabajar con contables profesionales y las organizaciones de apoyo a las PYME para desarrollar las medidas anticipadoras más adecuadas para la cultura de sus PYME.

1.13

Está claro que la recomendación más importante formulada en la Comunicación se refiere a la reforma de la legislación sobre insolvencia. Ésta es una medida esencial para lanzar el programa de la segunda oportunidad.

1.14

Algunas de las recomendaciones de menor calado formuladas en la Comunicación pueden llevarse a la práctica sin introducir cambios en la legislación sobre insolvencia. Una vez se haya cambiado la legislación, podrán emprenderse las otras medidas de menor calado propuestas por la Comisión. Sin cambios en la legislación sobre insolvencia, no podrá conseguirse el principal objetivo de la Comunicación de la Comisión.

1.15

El CESE considera que cada Estado miembro debería responder a esta Comunicación incluyendo sus propuestas en su Plan nacional para la Estrategia de Lisboa (orientación 15).

2.1

Desde 2001 la Comisión viene estudiando los efectos negativos de la quiebra de empresas. En particular, ha subrayado la necesidad de mejorar los procedimientos de quiebra. Dada su limitada competencia en este ámbito, la Comisión se ha centrado en recabar datos sobre las consecuencias jurídicas y sociales de la quiebra de empresas, facilitando la identificación y divulgación de las buenas prácticas y poniendo a punto mecanismos de alerta precoz para reducir el estigma de la quiebra.

2.2

Ello ha contribuido a emprender la reforma en toda la UE. Muchos Estados miembros ya se han inspirado en las buenas prácticas y conclusiones políticas recabadas a nivel europeo. Alrededor de una tercera parte de los Estados miembros ya han presentado planes para reformar su legislación nacional sobre insolvencia, pero casi la mitad de los países de la UE aún tienen que dar los primeros pasos en este sentido. Aunque la Comisión tiene una limitada competencia en este ámbito político, el CESE le insta a que utilice todos los medios disponibles para incitar a la acción a los ministros de hacienda de los Estados miembros. A juicio del CESE, el avance de los Estados miembros a este respecto es, en general, insatisfactorio.

S

Existen medidas

(S)

Las medidas están programadas/parcialmente vigentes

N

No existen medidas

2.3

El cuadro A se ha extraído de la Comunicación. Las columnas 4 a 6 se refieren a la reforma de las legislaciones sobre insolvencia. Es obvio que los Estados miembros son muy activos en el plano legislativo, si bien, al mismo tiempo, resulta evidente que en muy pocos países han entrado en vigor las legislaciones revisadas. Si los totales de las columnas se refiriesen a la legislación vigente, no deberían ser 12, 15, 17 y 17, sino 6, 6, 5 y 10. Éste es un pobre resultado de los 27 Estados miembros. La lentitud o falta de acción está, sin duda, menoscabando la actividad empresarial en los Estados miembros, porque hasta que no se hagan los cambios necesarios, la posibilidad de quiebra constituye una importante barrera para la acción empresarial.

2.4

Otra característica del cuadro es que las seis columnas que rodean a las columnas relacionadas con la legislación están más o menos en blanco. Esto es algo sorprendente porque, aun cuando en la mayoría de los Estados miembros no se ha cambiado la legislación sobre insolvencia, podrían, sin embargo, adoptarse las otras medidas de menor calado.

2.5

A título comparativo, el CESE ha solicitado a la Comisión que facilite datos de los Estados Unidos que sean equivalentes a los reflejados en el cuadro para los Estados miembros de la UE. La inclusión de los Estados Unidos en el cuadro se debe a:

2.6

El código estadounidense presenta un planteamiento completamente diferente al que prevalece en la mayoría –si no todos– los Estados miembros. La situación jurídica actual en la mayoría de los Estados miembros en estos momentos demuestra hasta qué punto simplemente no se comprende esta cuestión. El tiempo que se emplea para cambiar la legislación sobre insolvencia revela, hablando en plata, que la UE simplemente «no comprende nada». Un cambio de mentalidad acelerará la introducción de nuevas normas. Igualmente, sin un cambio de mentalidad las medidas de menor calado nunca podrán llevarse a la práctica.

2.7

En el siglo XIX el estigma del fracaso empresarial era de tal magnitud que llevaba a los empresarios en quiebra al suicidio. Si bien en el siglo XXI hay menos suicidios por este motivo, se mantiene el estigma social. Es preciso que los ciudadanos de la UE vean a los empresarios como personas que hacen algo que vale la pena, aunque fracasen. Algún fracaso es inevitable. Casi tres cuartas partes (73,0 %) de las 931 435 empresas que se crearon en 1998 en España, Finlandia, Italia, Luxemburgo, Suecia y el Reino Unido sobrevivieron dos años. Un poco menos de la mitad (49,1 %) de esas mismas empresas sobrevivió cinco años hasta 2003.

2.8

La Comisión tiene razón al afirmar que la creación de una empresa, su éxito y su fracaso son inherentes a la realidad de la economía de mercado. Asimismo, subraya correctamente que, como parte de la falta general de reconocimiento y comprensión que existe en la sociedad hacia el espíritu empresarial, los problemas de las empresas o el fracaso empresarial no son ni suficientemente comprendidos como algo normal dentro de la evolución económica ni como una oportunidad para un nuevo comienzo. La UE debe cambiar de mentalidad. Cuanto mayor sea el estigma del fracaso para un empresario que ha quebrado, mayor será el riesgo cuando cree una nueva empresa, y ese riesgo se asociará a todas las partes interesadas de la empresa.

2.9

Las leyes estadounidenses pretenden equilibrar los intereses de los deudores, acreedores y sociedad como un todo. A juicio del CESE, las legislaciones de los Estados miembros deberían dirigirse a conseguir ese mismo equilibrio. La insolvencia y el impago de las deudas puede plantear enormes dificultades a los acreedores y sumirlos, a su vez, en la insolvencia. Perdonar la deuda de una empresa para brindarle la oportunidad de volver a empezar puede ser muy injusto para los acreedores. La legislación sobre insolvencia debe aspirar a conseguir un equilibrio justo.

2.10

Desde el punto de vista de la sociedad en general, mantener operativa toda o parte de la empresa puede que sea la mejor solución. Si la empresa es potencialmente viable, todas las partes interesadas se beneficiarán.

2.11

Los intereses de los empleados se protegen de varias maneras. En caso de insolvencia, los Estados miembros han adoptado la Directiva sobre insolvencia que prevé el pago de los salarios. Si una empresa insolvente puede ser rescatada por los síndicos de la insolvencia, sus empleados mantendrán su puesto de trabajo. Si un empresario que quiebra vuelve a empezar, creará nuevo empleo. El empleo en cualquiera de estos modos sirve claramente a la sociedad en general.

3.1.1

La primera etapa para hacer frente a los efectos negativos de la quiebra es debatir sobre ello públicamente. En la UE, el gran público percibe a menudo la quiebra como un delito, con independencia de su causa. Los medios de comunicación tienen un papel positivo para luchar contra ese equívoco. Las enseñanzas que cabe extraer son las siguientes:

3.2.1

Volver a empezar tras una quiebra puede ser complejo desde el punto de vista legal. En numerosos países, la legislación relativa a la quiebra trata todos los casos de la misma manera sin tener en cuenta si la quiebra ha sido fraudulenta o por una administración irresponsable o si no se ha debido a ninguna falta obvia del propietario o del administrador, es decir si no ha concurrido dolo y ha sido transparente.

3.2.2

Asimismo, existen numerosas normas que imponen restricciones, prohibiciones e inhabilitaciones para los empresarios que han quebrado sólo porque existen procedimientos de quiebra. Este carácter automático no tiene en cuenta los riesgos que se derivan de la vida cotidiana de las empresas y supone que el empresario que ha quebrado es alguien que ya no merece la confianza de la sociedad. Hace falta un cambio radical en el espíritu de la legislación sobre insolvencia en la UE. Los principales puntos son los siguientes:

3.3.1

El estigma del fracaso es una de las razones por las que muchas PYME con dificultades financieras ocultan sus problemas hasta que ya es demasiado tarde. Actuar a tiempo es importantísimo para evitar la quiebra y, en muchos casos, un reflotamiento es preferible a la liquidación. Las principales enseñanzas que cabe extraer son las siguientes:

3.4.1

La ayuda pública no tiene suficientemente en cuenta las principales limitaciones a que hacen frente los empresarios a la hora de crear una segunda empresa (recursos, competencia necesaria y apoyo psicológico). En general, la falta de recursos tiene efectos disuasorios a la hora de partir de cero para crear una nueva empresa, especialmente la falta de medios financieros. Las enseñanzas que cabe extraer son las siguientes:

3.5

En conclusión, unas buenas condiciones marco nacionales a favor del espíritu empresarial son fundamentales para el pleno aprovechamiento del potencial empresarial de la UE y para la creación de empresas dinámicas. La reputación de la actividad empresarial exitosa, que es vital a este efecto, debería ir acompañada de una política que fomente una segunda oportunidad para los empresarios en situación de riesgo o que hayan fracasado.

4.1

El CESE aprueba el énfasis puesto por la Comisión en la necesidad de superar el estigma del fracaso empresarial. La Comisión tiene razón al afirmar que la creación de empresas, el éxito empresarial y el fracaso empresarial son inherentes a la economía de mercado. Asimismo, subraya correctamente que, como parte de la falta general de reconocimiento y comprensión que existe en la sociedad hacia el espíritu empresarial, los problemas de las empresas o el fracaso empresarial no son suficientemente comprendidos como algo normal dentro de la evolución económica ni como una oportunidad para un nuevo comienzo.

4.2

Aun así, el CESE considera que, si bien gran parte de las recomendaciones formuladas en la Comunicación son indispensables, algunas de ellas no parecen muy creíbles. Las reservas del Comité se subrayan en varios puntos de las secciones 4 y 5 del Dictamen.

4.3

El propósito y objetivo de la actividad empresarial es crear una empresa que sea rentable, al tiempo que ofrezca perspectivas de crecimiento. Los empresarios innovan para satisfacer las necesidades de los clientes que o bien no están siendo satisfechas o no lo están siendo de la manera más eficaz.

4.4

Un empresario puede identificar una oportunidad comercial. Por ejemplo, un empresario londinense vio la oportunidad de crear una empresa de importación/exportación entre el Reino Unido y la India, satisfaciendo las necesidades de ampos países. Así llenó un vacío en el mercado. Otros empresarios llenan vacíos en el mercado abriendo, por ejemplo, restaurantes o salones de peluquería en comunidades que no contaban con bastantes establecimientos de ese tipo.

4.5

La sociedad Amazon constituye un buen ejemplo de una empresa que satisface las necesidades de una forma más eficaz. Las librerías sobreviven para complacer a los que tienen tiempo y ganas de leer. Amazon satisface las necesidades de un sector distinto del público comprador de libros.

4.6

Algunos empresarios crean una empresa para explotar los avances en ciencia y tecnología. Estas empresas suelen proceder de universidades, institutos de investigación o empresas con vocación científica. Cuatro profesores de la Universidad de Londres fundaron una empresa para prestar servicios de análisis de imagen con la ayuda de un programa informático que ellos mismos concibieron para mejorar la forma en que pueden evaluarse los efectos terapéuticos de los medicamentos en fase de desarrollo. Uno de los profesores ha sido nombrado director ejecutivo y ya averiguará si tiene o no los mimbres para ser empresario.

4.7

Para tener éxito, el empresario necesita tres cosas por encima de todo. En primer lugar, debe tener el necesario conocimiento y experiencia para evaluar correctamente la oportunidad de mercado y los conocimientos técnicos para que la propuesta de empresa sea una realidad, ya se trate de un nuevo restaurante, una agencia de viajes en línea o una aplicación científica revolucionaria. El primer paso en cualquier empresa es demostrar la viabilidad del proyecto, lo que significa desarrollar un producto o servicio hasta el punto de que haya clientes dispuestos a pagar el precio que sea necesario para que la empresa cubra sus gastos y obtenga beneficios. Muchos aspirantes a empresarios fracasan en este punto. Algunos pueden aprender de sus errores y empezar de nuevo. Otros nunca aprenderán.

4.8

El segundo requisito es la financiación. Algunas empresas nuevas son suficientemente atractivas para atraer a inversores de capital riesgo desde el principio. La mayoría de éstos no se comprometerán hasta que el empresario les haga una propuesta «real». Ahora contamos con el plan de capital riesgo propuesto por el BEI pero, de nuevo, su capacidad será limitada. Generalmente la financiación se realiza en diversas etapas. Si la primera fase de la financiación produce buenos resultados, es mucho más fácil conseguir más financiación.

4.9

Lo más frecuente es que la financiación para la fase de creación proceda de la familia o amigos. Los préstamos bancarios están disponibles, pero los bancos necesitan seguridad. Si la empresa no tiene activos, los bancos toman como garantía los bienes personales del empresario. Para el empresario, la familia y los amigos, el principal riesgo lo constituyen las garantías personales. Estas garantías superarán normalmente la fase de creación, porque las empresas privadas generalmente tendrán que confiar en el apoyo de los bancos hasta que se coticen en bolsa. Si el banco reclama sus garantías, el empresario puede perder su vivienda. En estas circunstancias, las obligaciones en materia de impuestos y seguridad social pueden empeorar aun más la situación.

4.10

En sus dictámenes sobre el tema «Incentivos fiscales a la I+D» (1), el Comité ha animado a los Estados miembros a ofrecer desgravaciones fiscales a quienes inviertan en nuevas empresas. Evidentemente, tales incentivos fiscales podrían facilitar a los empresarios la labor de capitalizar nuevas empresas.

4.11

Después de la fase inicial, el empresario depende del tercer elemento indispensable del éxito: un modelo de empresa viable. Ésta es la clave para desarrollar la empresa. El modelo depende de una serie de ratios que sintetizan la situación de la empresa. La diferencia entre las ventas y los costes de producción da un gran margen que, tras la deducción de los gastos deja un beneficio antes de impuestos suficiente para reembolsar el capital y pagar los intereses de los créditos bancarios. Cuando un modelo empresarial es disfuncional o cuando la dirección de la empresa no tiene las competencias o la experiencia para administrar las ventas, etc. y asegurar el éxito de la empresa, aquellos que hayan aportado los avales bancarios corren el peligro de verse abocados a la quiebra. Por supuesto, ese tipo de quiebra es una experiencia de la que extraer enseñanzas. Si el empresario ha aprendido los imperativos del modelo empresarial, hay posibilidades de que vuelva a empezar.

4.12

Un modelo empresarial exitoso en el pasado vive siempre bajo la amenaza de cambios vinculados al personal, los clientes, los mercados, las tecnologías y los competidores. Tras fundar con éxito una empresa, los empresarios estarán sometidos permanentemente a prueba por los cambios, sobre todo en las empresas del sector tecnológico. Los empresarios que suspendan la prueba del cambio pueden aprender de su experiencia. Otros, especialmente los propietarios de segunda o tercera generación, puede que no aprendan.

4.13

Para que el modelo empresarial funcione, es esencial el papel del empresario y su equipo. En particular, son indispensables las competencias en gestión financiera. Una buena empresa puede tener demasiado éxito y aceptar demasiados pedidos, de manera que llegue a un punto en que no pueda pagar sus facturas. En este caso, sus acreedores pueden someterla a administración judicial. Tales empresas pueden tener muchas posibilidades de volver a empezar con éxito.

4.14

Otra dificultad económica puede plantearse cuando un cliente importante incumple sus compromisos y no paga sus facturas, dejando al empresario en la imposibilidad de pagar sus facturas. El banco se ve obligado entonces a proceder al embargo. De acuerdo con las estadísticas de la Comisión, una de cada cuatro insolvencias se debe a retrasos en los pagos. En ese caso, también puede ser viable volver a empezar. La vulnerabilidad de las empresas pequeñas y nuevas es bien reconocida tanto por los Gobiernos de los Estados miembros como por la Comisión. Esta cuestión es tratada por la directiva sobre morosidad y será cubierta de nuevo por la próxima legislación sobre pequeñas empresas.

4.15

Algunas empresas fracasan no por sus propios errores, sino por razones imprevisibles, como las repercusiones del atentado del 11 de septiembre o el impacto de condiciones climáticas extremas. Aun así, con previsión, un seguro podría haber suavizado la caída. Por ello se anima a las organizaciones que apoyan a las pequeñas empresas a presentar a los empresarios los beneficios que pueden reportar los instrumentos cautelares.

4.16

En resumen, una empresa puede fracasar de muchas formas, incluso con un empresario animado por las mejores intenciones. En la fase de creación, puede que no sea posible establecer una empresa viable. Pero más allá de ese período, un modelo empresarial defectuoso puede significar que la empresa no tiene futuro. Por otra parte, las empresas potencialmente viables pueden fracasar a causa de errores cometidos por los empresarios, así como por razones ajenas a su voluntad. Tales empresas pueden y deberían ser salvadas por síndicos para proteger la mayoría de los puestos de trabajo.

4.17

Es importante distinguir ente la empresa y sus directivos. Éstos pueden quebrar al mismo tiempo que un síndico de la quiebra está procediendo a rescatar la empresa y sus empleados. Cuando una empresa fracasa, los empresarios pueden quebrar a causa de las garantías bancarias que hayan dado, aun cuando su conducta personal no sea fraudulenta. Son precisamente estos empresarios no fraudulentos los que preocupan a la Comisión. Otros que fracasan por incompetencia y falta de visión probablemente tengan poco que ofrecer a la empresa, aunque puedan encontrar apoyos financieros. No todos los empresarios que quiebran merecen una segunda oportunidad.

5.1.1

Evidentemente el mensaje más enérgico que los Gobiernos de los Estados miembros pueden transmitir al público en general dependerá de los cambios en la legislación sobre la insolvencia. Cuando la legislación fomente claramente una segunda oportunidad para los empresarios, los medios de comunicación se harán eco de ello.

5.1.2

Los Gobiernos también pueden trabajar con organizaciones e instituciones que trabajen estrechamente con las empresas. La institución más claramente implicada es la profesión de los contables, mientras que organizaciones representativas de las PYME y empresas individuales pueden desempeñar también un importante papel.

5.1.3

La Comunicación menciona la idea de un programa de premios para las empresas que vuelvan a empezar con éxito. Si las organizaciones mencionadas supra adoptaran este género de dispositivos, podrían gozar de una cobertura mediática favorable.

5.2.1

El CESE apoya sin reservas todas las propuestas formuladas en la Comunicación respecto a la legislación sobre insolvencia, sin perjuicio, por supuesto, de los detalles de las leyes que han entrado en vigor últimamente. Todas ellas se recogen en la sección 3.2 supra y se refieren al reconocimiento formal de las quiebras no fraudulentas y la exención rápida de responsabilidad de las deudas, así como la reducción de las restricciones, inhabilitaciones y prohibiciones de tipo jurídico, con procedimientos acelerados. El objetivo a medio plazo debería ser que los procedimientos no tuvieran una duración superior a doce meses.

5.2.2

El CESE considera imperativo que todos los Estados miembros completen la revisión de sus legislaciones sobre insolvencia lo antes posible. Además de los cambios en la legislación, es de vital importancia que las quiebras sean tratadas expeditivamente por los tribunales. Hay que organizar bien el proceso. Estos cambios constituyen el núcleo duro del programa de la segunda oportunidad.

5.3.1

Éste es el segundo mensaje trasmitido en la Comunicación. Pero no es parte del programa de la segunda oportunidad por sí mismo, sino que es un programa diseñado para evitar la quiebra y preservar las empresas y el empleo. A este respecto el objetivo de la Comunicación es impedir las quiebras evitables mediante mecanismos de alerta precoz, la provisión temporal de fondos y los servicios de asesores.

5.3.2

El único problema es que este programa no es muy práctico para la mayoría de las PYME, ya que hay pocos mecanismos para la identificación precoz de empresas en peligro entre las decenas de miles de PYME en cada Estado miembro. Aun así, se anima a los Estados miembros a sacar el máximo provecho posible de las posibilidades ofrecidas como, por ejemplo, el uso del IVA por las autoridades francesas para detectar precozmente los posibles problemas de efectivo de una compañía. La Comisión recomienda centrar las medidas de apoyo en la prevención de la quiebra, el asesoramiento y una actuación rápida. El problema se plantea cuando los directivos no se dan cuenta de que su empresa está en situación de riesgo. Los Gobiernos de los Estados miembros tendrán que trabajar con contables profesionales y las organizaciones de apoyo a las PYME para desarrollar las medidas anticipadoras más adecuadas para la cultura de sus PYME.

5.3.3

El CESE no subestima las dificultades que supone prestar este apoyo. La intervención del Gobierno para invertir las fuerzas del mercado podría ser contraproducente y menoscabar la disciplina de mercado.

5.3.4

Las sociedades limitadas públicas están obligadas a respetar los plazos a la hora de presentar sus cuentas, mientras que los contables y el equipo directivo deben certificar que la empresa es sólida; es decir, que puede pagar sus deudas. El respeto de estas normas por parte de todas las empresas, y especialmente el respeto de los plazos para presentar las cuentas, mejoraría el sistema de alerta precoz.

5.3.5

El CESE acoge favorablemente que en la medida de lo posible se centre la atención en las empresas en situación de riesgo, ya que así se podrá contribuir a preservar y mantener el empleo.

5.4.1

Mientras que entre doce y diecisiete Estados miembros han cambiado o están cambiado su legislación sobre insolvencia, prácticamente no se ha observado actividad por parte de ningún Estado miembro por lo que respecta a este grupo de recomendaciones de la Comisión.

5.4.2

La razón de este bajo nivel de actividad es que, una vez más, algunas propuestas pueden parecer contrarias a las fuerzas del mercado. Esto es particularmente cierto en el caso de las propuestas en el sentido de que los bancos deberían ser menos cautelosos y las autoridades competentes deberían crear redes de apoyo para los empresarios que vuelven a empezar.

5.4.3

Debería ser posible que las propuestas que son competencia de los Gobiernos de los Estados miembros –regímenes de financiación pública, acceso a créditos por parte de los empresarios que han quebrado de manera no fraudulenta y contratos públicos– se aplicaran sin demasiados problemas incluso antes de cambiar la legislación sobre insolvencia.

5.4.4

Si hay demanda, los que forman a los empresarios también deberían tener la posibilidad de ofrecer formación a los empresarios que vuelven a empezar.

5.5.1

El CESE acoge favorablemente la nueva herramienta que la Comisión ha puesto en línea para una política que ofrezca una segunda oportunidad en http://ec.europa.eu/sme2chance, pues será particularmente útil para las organizaciones encargadas de apoyar las iniciativas de los Estados miembros en este ámbito.

5.5.2

En el acto que prevé organizar en la primavera de 2009 a favor de las PYME, la Comisión hará hincapié en la creación de nuevas empresas y en cuestiones vinculadas a la segunda oportunidad. El CESE desea que esta iniciativa imprima un nuevo ímpetu a los elementos de carácter no legislativo del programa de la segunda oportunidad.

30.8.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 224/32

1.1

El CESE anima a la Comisión Europea a perseguir firmemente sus objetivos para mejorar el acceso a los mercados de contratación pública y hacer que prevalezcan los principios de transparencia e igualdad de trato, así como de responsabilidad social y ecológica.

1.2

En el marco de la renegociación del Acuerdo ACP, el CESE recomienda a la Comisión Europea que se oponga con firmeza a las prácticas proteccionistas de determinados países firmantes del acuerdo.

1.3

En cuanto a las ayudas públicas al desarrollo, el CESE está a favor de abandonar de manera progresiva y recíproca los sistemas de «ayudas supeditadas» y considera que, en dichos casos, los criterios esenciales deben ser la eficacia y la transparencia.

1.4

A escala de la Unión Europea, el CESE desea más transparencia y dispositivos más modernos de adjudicación de contratos y de publicación de licitaciones. A tal respecto, el CESE se opone a cualquier aumento de los umbrales establecidos por las directivas europeas, ya que actúan como salvaguardias en materia de transparencia. El CESE respalda la Comunicación mediante la cual la Comisión se propone fomentar la transparencia relativa a los contratos cuyo importe no alcanza los umbrales de las directivas.

1.5

El CESE no es favorable al establecimiento en la UE de un sistema de cuotas para las PYME basado en el modelo del «Small Business Act» de EE.UU., pero reconoce el interés de disponer de un «plan de trabajo europeo» en favor de las PYME, en particular de las muy pequeñas empresas (MPE), acompañado de proyectos concretos, de un calendario y de un presupuesto plurianual, así como orientado hacia la innovación y la creación de empresas, en particular en ámbitos clave como la eficacia energética o la protección del medio ambiente.

1.6

Dispositivos informativos basados en los enlaces naturales de las PYME, auténticos mecanismos de consulta transparentes y equitativos, así como instrumentos jurídicos europeos sencillos, completarían eficazmente dicho «plan de acción» y facilitarían su aplicación.

1.7

Tales proyectos concretos y dispositivos deberían basarse siempre que sea posible en el principio de «pensar primero a pequeña escala» («think small first»); véase, por ejemplo, la idea de «una vez sólo» en materia de expedición de documentos administrativos. El objetivo consiste en establecer procedimientos administrativos y técnicos adaptados al tamaño y tipología de las pequeñas empresas y que, además, respondan al objetivo de disminuir la carga que pesa sobre éstas.

2.1

Mediante escrito oficial del Secretario de Estado para Asuntos Europeos, la futura Presidencia francesa de la Unión Europea solicitó al CESE la elaboración de un dictamen exploratorio sobre el tema «Contratos públicos internacionales».

2.1.1

En dicha solicitud se hace referencia explícitamente a las negociaciones en curso en el marco de la revisión del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP) de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en las que participan doce países (1) y la Unión Europea (además de otros dieciocho países como observadores).

2.1.2

En efecto, en otoño de 2007, el Gobierno francés manifestó su preocupación con respecto a una oferta demasiado generosa de la Unión Europea, habida cuenta de que determinados países (EE.UU., Corea, Japón) aplican cláusulas restrictivas al acceso a sus contratos públicos, de manera que reservan determinados de ellos a sus pequeñas y medianas empresas nacionales.

2.2

La postura francesa, respaldada por varios Estados miembros, consistía en reclamar un mejor acceso a los contratos públicos de dichos Estados en el marco de un ACP revisado, o bien que se aplicaran en la Unión Europea restricciones similares en favor de las PYME europeas.

2.3

El ACP en vigor se refiere a umbrales de mercado similares a los aplicables a las obligaciones impuestas por las directivas internas a la Unión Europea (2), lo cual permite de facto a empresas de los otros doce Estados miembros que han suscrito el Acuerdo ACP participar en cualquier licitación dentro de la Unión Europea cuyo importe rebase dichos umbrales.

2.4

El CESE ya se ha pronunciado sobre la cuestión de la apertura de los mercados de contratación pública en la Unión Europea, lamentando en particular la escasa participación transfronteriza de las empresas en las licitaciones de la Unión Europea (3).

3.1

En el ámbito internacional, cabe considerar que los mercados de la Unión Europea están especialmente abiertos a la competencia internacional. Tal es el caso, asimismo, de un número creciente de contratos públicos financiados por la Unión Europea en el marco de la ayuda al desarrollo (la UE es el primer proveedor mundial de ayuda al desarrollo). No obstante, el CESE lamenta la existencia de prácticas en los Estados miembros consistentes en supeditar la ayuda al desarrollo a la obtención de contratos para las empresas del país donante (4).

3.2

Algunos de nuestros socios han implantado distintos y variados sistemas de protección (como el «Buy American» o el «Small Business Act» en EE.UU.), así como la generalización de los programas de ayuda «supeditada». La apertura de los mercados de contratación pública al ámbito internacional puede considerarse ventajosa para la Unión Europea, habida cuenta de que la UE cuenta con muchas empresas líderes mundiales, incluidas PYME, en sectores como la construcción, las obras públicas, las energías alternativas y la protección del medio ambiente.

3.3

El «Small Business Act», además de prever medidas para apoyar a las PYME, reserva el 25 % de los contratos públicos federales a las PYME estadounidenses.

3.4

En cuanto a la renegociación del Acuerdo sobre Contratación Pública (ACP), el CESE estima que aunque debe hacerse valer el principio de reciprocidad, no cabe adoptar medidas proteccionistas similares a las de nuestros competidores, pues ello no contribuiría a alcanzar el objetivo general que debe perseguir la Unión Europea consistente en abrir los mercados.

3.5

Además, dicho objetivo debe referirse no sólo a las partes en el Acuerdo ACP, sino también a otros países cuyos procedimientos de adjudicación de contratos públicos son especialmente poco transparentes y están, en general, vedados a las empresas europeas.

3.6

La posibilidad de excluir temporalmente del ACP, para las empresas de países que mantienen barreras proteccionistas nacionales, los contratos financiados con cargo a los fondos europeos es una idea interesante que el CESE ya propuso en dictámenes anteriores.

3.7

El CESE insiste en que las cuestiones de respeto al medio ambiente y las normas sociales mínimas recogidas en convenios de la OIT (así como los acuerdos colectivos interprofesionales, sectoriales y de empresa celebrados por los interlocutores sociales y aplicables en los países concernidos) deben tenerse en cuenta durante las negociaciones, especialmente en las relativas a los acuerdos bilaterales con países que no han ratificado el Protocolo de Kioto ni los convenios de la OIT, o con aquellos que no aplican tales tratados o bien inadecuadamente.

4.1

Basándose en el ejemplo de los EE.UU., la Comisión Europea anunció su intención de proponer una versión europea del «Small Business Act», para –sin reservar a las PYME cuotas específicas relativas a los contratos públicos– facilitar la participación de las PYME en las licitaciones y, con carácter más general, proponer acciones concretas en favor de éstas.

4.2

En efecto, en la UE no se plantea la cuestión de fijar cuotas a favor de las PYME, puesto que se calcula que (según la Comisión Europea) aproximadamente el 42 % del volumen global de contratos públicos (datos de 2005) se adjudica a empresas consideradas PYME con arreglo a la terminología de la UE (5).

4.3

En el marco de la Unión, se trata de poner de relieve la dimensión europea del mercado para emplear mejor los fondos públicos. Pese a un notable aumento en materia de adjudicación de contratos a empresas procedentes de otros países de la Unión, las empresas denuncian falta de transparencia y de información adecuada para participar en licitaciones transfronterizas. Estas quejas se refieren, en particular, a los contratos cuyo importe no alcanza los umbrales de aplicación de las directivas europeas, de manera que no les afecta la obligación de hacer publicidad a escala europea. Los empresarios lamentan, además, que la aplicación de las directivas europeas se vea complicada por procedimientos de transposición no siempre transparentes (plazos, retrasos, etc.) y que generan a menudo normativas nacionales específicas que se yuxtaponen unas a otras. El CESE comprende la razón de ser de las normativas en materia de contratos públicos, pero aboga por una mayor transparencia y seguridad jurídica.

4.4

El CESE considera que los umbrales a partir de los cuales se aplican los principios de apertura, transparencia y publicidad son la mejor garantía posible para que los agentes económicos, en particular las MPE, puedan acceder a los mercados de contratación pública. En la propia UE, son precisamente los contratos que no alcanzan los umbrales –que, sin embargo, deberían regirse por los principios de igualdad de trato y no discriminación por razón de nacionalidad– los que suscitan numerosas quejas por falta de apertura por parte de las PYME.

4.5

Aunque las federaciones europeas de empresarios no están de acuerdo con la idea de fijar cuotas como en EE.UU., reconocen la importancia de ejercer una política voluntarista de acompañamiento, en particular respecto de los contratos cuyo importe es inferior a los umbrales de las directivas europeas, así como los relativos a las nuevas tecnologías, a la eficacia energética y a la protección del medio ambiente.

4.6

El CESE respalda firmemente un «plan de trabajo» en favor de las PYME europeas que comprenda toda una serie de disposiciones precisas y vinculantes, acompañadas de un calendario y un plan de financiación. Se basaría en los veinte años de existencia de una política europea en favor de las pequeñas empresas y, en particular, en la Carta Europea de la Pequeña Empresa aprobada en el Consejo Europeo de Santa Maria da Feira, de junio de 2000, así como en las conclusiones de la Conferencia sobre la artesanía y las pequeñas empresas celebrada en Stuttgart en abril de 2007.

4.7

Entre las disposiciones posiblemente más adecuadas cabe incluir:

—

un código de conducta de los adjudicadores públicos que les anime a facilitar a las empresas más pequeñas el acceso a los mercados y a buenas prácticas en materia de simplificación y desmaterialización de los procedimientos;

—

dispositivos europeos únicos como la patente comunitaria o el estatuto europeo de las pequeñas y medianas empresas (Dictamen de iniciativa del Comité Económico y Social sobre el tema «El acceso de las PYME a un estatuto de Derecho europeo», de 21 de marzo de 2002) encaminados a simplificar el marco jurídico de la Unión Europea y afianzar la «identidad europea» de las empresas;

—

reforzar la Directiva de lucha contra la morosidad, como ya solicitó el CESE (6);

—

respaldar y desarrollar sistemas de información y mediación relativos a los contratos públicos transfronterizos, así como el establecimiento de redes de empresas empleando eficazmente la nueva «Enterprise Europe Network» (siglas en inglés, EEN) y apoyando las iniciativas locales de asociaciones de PYME;

—

respaldar proyectos piloto de adjudicación electrónica de contratos, conexión en red de las empresas, portales de información y ventanillas únicas para los contratos públicos transfronterizos basándose en las estructuras existentes y reconocidas por los agentes económicos;

—

establecer un esquema de ingeniería financiera favorable al acceso de las PYME a los mercados de contratación pública mediante fondos de garantía y caución o seguros de crédito que acudan a tal fin a los fondos estructurales europeos;

—

lanzar programas europeos de formación y demostración destinados a las PYME que fomenten la eficacia energética y la protección del medio ambiente (en particular, en el sector de la construcción). Esta nueva disposición permitiría aprovechar los fondos europeos que, al no ser empleados, revierten cada año a los Estados miembros;

—

ampliar los mecanismos para favorecer la participación de las PYME en acciones y programas de investigación de la Unión Europea (primas de viabilidad, investigación cooperativa) e incitar a los Estados miembros a establecer dispositivos idénticos en la esfera nacional, especialmente en los sectores vinculados con las nuevas tecnologías, incluidas la defensa y la salud;

—

revisar, finalmente, los procedimientos de consulta y evaluación de la Comisión Europea, que ignoran a menudo la realidad del tejido económico europeo compuesto en gran medida por PYME: consolidar las «fichas de impacto PYME», solicitar más sistemáticamente dictámenes exploratorios al CESE, apoyarse más en las organizaciones representativas de la sociedad civil;

—

reforzar el papel de la red «Enterprise Europe Network» (EEN) compuesta por más de 600 enlaces integrados en las estructuras locales reconocidos por los agentes económicos locales de la Unión Europea, así como por las organizaciones de empresas existentes para desarrollar así una auténtica red europea de alerta, mediación y respaldo a las pequeñas y medianas empresas.

30.8.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 224/35

—

«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adaptan a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, en su versión modificada por la Decisión 2006/512/CE, determinados actos sujetos al procedimiento contemplado en el artículo 251 del Tratado, en lo que se refiere al procedimiento de reglamentación con control — Primera parte»

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«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adaptan a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, en su versión modificada por la Decisión 2006/512/CE, determinados actos sujetos al procedimiento contemplado en el artículo 251 del Tratado, en lo que se refiere al procedimiento de reglamentación con control — Adaptación al procedimiento de reglamentación con control — Segunda parte»

—

«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adaptan a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, en su versión modificada por la Decisión 2006/512/CE, determinados actos sujetos al procedimiento contemplado en el artículo 251 del Tratado, en lo que se refiere al procedimiento de reglamentación con control — Adaptación al procedimiento de reglamentación con control — Tercera parte»

—

«Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se adaptan a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, en su versión modificada por la Decisión 2006/512/CE, determinados actos sujetos al procedimiento contemplado en el artículo 251 del Tratado, en lo que se refiere al procedimiento de reglamentación con control — Adaptación al procedimiento de reglamentación con control — Cuarta parte»

1.1

El Comité acoge favorablemente la introducción del procedimiento de reglamentación con control en el sistema de comitología y la aplicación de este procedimiento a los cuatro paquetes de directivas y reglamentos propuestos.

1.2

El Comité observa que la propuesta de la Comisión de modificar urgentemente una serie de actos (1) se ajusta a la Decisión 2006/512/CE y a la declaración conjunta relativa a la lista de actos que deben adaptarse cuanto antes, así como a la supresión de la limitación en el tiempo del ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión.

1.3

El Comité recomienda proceder a la adopción de los reglamentos de adaptación a la Decisión 2006/512/CE a su debido tiempo y, en cualquier caso, antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

1.4

En efecto, el Comité recuerda que el Tratado de Lisboa introduce una nueva jerarquía en la legislación, distinguiendo entre actos legislativos, actos delegados y actos de ejecución, confiriendo iguales poderes al Parlamento y al Consejo por lo que se refiere a la definición de las modalidades de control de dichos actos.

1.5

El Comité destaca la importancia de:

1.6

El Comité destaca la importancia de que los procedimientos de comité sean lo más transparentes posible y más comprensibles para las personas que residen en la UE y, en particular, para las personas directamente afectadas por estos actos.

1.7

El Comité recuerda la necesidad de aplicar plenamente el artículo 8A del Tratado de Lisboa, que prevé que las decisiones serán tomadas de la forma más próxima posible a los ciudadanos, garantizando así a los ciudadanos y la sociedad civil el pleno acceso a la información.

1.8

Por último, el Comité pide que se evalúe el impacto de la aplicación del nuevo procedimiento, presentando al Parlamento, al Consejo y al Comité un informe periódico sobre la eficacia, transparencia y difusión de la información.

2.1

El 17 de julio de 2006 (2), el Consejo modificó la Decisión que establece las modalidades del ejercicio de las competencias de ejecución conferidas a la Comisión (3), añadiendo un nuevo procedimiento, la normativa con control. Este procedimiento permitirá al legislador oponerse a la aprobación de medidas «cuasi legislativas», es decir, medidas de alcance general que «modifiquen» elementos no esenciales de un instrumento de base adoptado en codecisión, cuando considere que el proyecto supera las competencias de ejecución previstas en el instrumento básico o que es incompatible con el objetivo o el contenido de este instrumento o no respeta los principios de subsidiariedad o proporcionalidad.

2.2

Se trata de un procedimiento típico del sistema de comitología, término por el que se designan los procedimientos mediante los cuales la Comisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Tratado CE, ejerce los poderes que se le delegan para aplicar los actos comunitarios «legislativos»; es decir, los actos aprobados por el Parlamento y el Consejo, o solamente por el Consejo, según uno de los procedimientos decisorios previstos en el Tratado CE (consulta, codecisión, cooperación o dictamen conforme).

2.3

Los cinco procedimientos de comitología (consultivo, de gestión, de reglamentación, de reglamentación con control y de salvaguardia) están regulados por la Decisión no 1999/468/CE del Consejo, modificada por la Decisión 2006/512/CE, e imponen a la Comisión la obligación de presentar los proyectos de medidas de ejecución a comités compuestos por funcionarios de las administraciones nacionales.

2.4

En octubre de 2006, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión aprobaron una declaración conjunta (4) en la que se enumeran los distintos actos ya en vigor que deben ser adaptados prioritariamente al nuevo procedimiento, y se acoge favorablemente la adopción de la Decisión 2006/512/CE del Consejo, que prevé la introducción en la Decisión 1999/468/CE de un nuevo procedimiento denominado «de reglamentación con control», que permite al legislador ejercer un control sobre la adopción de las medidas «cuasi legislativas» de ejecución de un acto adoptado en codecisión.

2.5

Si se exceptúan las prerrogativas de las autoridades legislativas, el Parlamento y el Consejo reconocen que los principios de una buena legislación requieren que las competencias de ejecución se atribuyan a la Comisión sin limitación de tiempo. Sin embargo, en caso de que resulte necesario proceder a una posible adaptación, consideran que la adopción de una cláusula que imponga a la Comisión presentar una propuesta de revisión o derogación de las disposiciones relativas a la delegación de las competencias de ejecución podría reforzar el control ejercido por el legislador.

2.6

Desde su entrada en vigor, el nuevo procedimiento se aplica a las medidas «cuasi legislativas» previstas en los actos que se adopten según el procedimiento de codecisión, incluidas las previstas en los actos que se adopten en el futuro en el sector de los servicios financieros [actos «Lamfalussy» (5)].

2.7

En cambio, para que el nuevo procedimiento pueda aplicarse a los actos vigentes adoptados según el procedimiento de codecisión, éstos deberán ser adaptados, de conformidad con los procedimientos aplicables, a fin de sustituir al procedimiento previsto en el artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE por el procedimiento de reglamentación con control, cada vez que se trate de medidas que entran en su ámbito de aplicación.

2.8

En diciembre de 2006, la Comisión adoptó las 25 propuestas correspondientes (6), sobre las que el Comité pudo pronunciarse (7).

2.8.1

Cuando un acto de base adoptado según el procedimiento contemplado en el artículo 251 del Tratado prevé la adopción de medidas de alcance general, dirigidas a modificar elementos no esenciales de dicho acto, incluso suprimiendo algunos de estos elementos o mediante la adición de nuevos elementos no esenciales, estas medidas se adoptarán según el procedimiento de reglamentación con control.

2.8.2

El representante de la Comisión presenta a un Comité de Reglamentación con control, formado por representantes de los Estados miembros y presidido por el representante de la Comisión, un proyecto de las medidas que deben adoptarse.

2.8.3

Si las medidas previstas por la Comisión son conformes al dictamen del Comité, se aplicará el siguiente procedimiento:

2.8.4

Si las medidas previstas por la Comisión no son conformes al dictamen del Comité, o en ausencia de dictamen, se aplicará el siguiente procedimiento:

2.9

Las propuestas de Reglamento objeto de examen responden a la necesidad de adaptar los actos ya adoptados según el procedimiento contemplado en el artículo 251 del Tratado, de acuerdo con los procedimientos aplicables en los siguientes ámbitos: agricultura, empleo, ayuda humanitaria, política empresarial, medio ambiente, estadísticas europeas, mercado interior, salud y protección de los consumidores, energía y transportes, sociedad de la información.

3.1

Las propuestas de la Comisión tienen por objeto modificar los reglamentos y las directivas (8) sujetos al procedimiento contemplado en el artículo 251 del Tratado, para adaptarlos a los nuevos procedimientos establecidos mediante la Decisión 1999/468/CE del Consejo, modificada por la Decisión 2006/512/CE.

3.2

De acuerdo con las prioridades de la política comunitaria destinadas a legislar mejor (9), se trata, en principio, de proceder a las adaptaciones y actualizaciones necesarias para permitir una aplicación conveniente del acto en cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 del Tratado CE.

4.1

El Comité apoya sin reservas la distinción operada entre instrumentos legislativos y ejecutivos, que, en la perspectiva del Tratado de Lisboa, dará lugar a una nueva definición de los actos delegados, lo que permitirá simplificar y racionalizar los actos legislativos y reglamentarios comunitarios (10), manteniendo un sistema de control democrático parlamentario sobre las competencias de ejecución de la Comisión.

4.2

El Comité apoya, pues, la introducción del procedimiento de reglamentación con control en el sistema de comitología, que permite al Consejo y al Parlamento Europeo controlar y, en su caso, modificar los reglamentos de ejecución adoptados por la Comisión cuando el acto legislativo le reconozca la facultad de ejercer competencias de ejecución en determinados ámbitos, pero sin autorizarle a efectuar modificaciones de fondo.

4.3

De acuerdo con lo previsto en la Decisión 2006/512/CE, el Comité recomienda proceder a la adopción de los reglamentos de adaptación de los cuatro paquetes de directivas y reglamentos a su debido tiempo y, en cualquier caso, antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa.

4.4

En efecto, el Comité recuerda que el Tratado de Lisboa introduce una nueva jerarquía en la legislación, distinguiendo entre actos legislativos, actos delegados y actos de ejecución (11), aunque se mantiene la terminología actual (directivas, reglamentos y decisiones): el Parlamento y el Consejo dispondrán de los mismos poderes por lo que se refiere a la definición de las modalidades de control de los actos delegados y los actos de ejecución (comitología) (12).

4.5

El Comité destaca la importancia de:

4.6

El Comité reafirma, como ya había declarado anteriormente, que «los procedimientos de comitología, que implican únicamente a representantes de la Comisión y de los gobiernos de los Estados miembros y que están destinados, según la naturaleza del comité instituido, a la gestión, la consulta o la reglamentación que deriva del seguimiento y la aplicación de los actos legislativos, deberían ser más transparentes y más comprensibles para las personas que residen en el territorio europeo, y muy especialmente para quienes se ven afectadas por estos actos» (13).

4.7

El Comité recuerda a este respecto la necesidad de aplicar plenamente el artículo 8A del Tratado de Lisboa, que prevé que las decisiones serán tomadas de la forma más próxima posible a los ciudadanos, para garantizar a todos los ciudadanos y a la sociedad civil la máxima transparencia y accesibilidad a los actos comunitarios.

4.8

Por último, el Comité considera que es necesario evaluar el impacto de la aplicación del nuevo procedimiento, presentando al Parlamento, al Consejo y al Comité un informe periódico sobre la eficacia, transparencia y difusión de información comprensible y accesible a todos sobre los actos comunitarios delegados, a fin de permitir el control de este ejercicio, que combina reglamentación y ejecución propiamente dicha.

—

el primer nivel cubre la actividad legislativa en sentido estricto (aprobación de reglamentos o directivas según el procedimiento de codecisión). En esta fase, en relación con el sector de los valores mobiliarios, la Comisión, antes de presentar las correspondientes propuestas legislativas, consulta al Comité europeo de valores (CEV), formado por representantes de cada Estado miembro;

—

el segundo nivel corresponde a las disposiciones de ejecución aplicadas por la Comisión, sobre la base de la delegación prevista en el acto legislativo, de acuerdo con el procedimiento de reglamentación (en adelante, procedimiento de reglamentación con control). En esta fase, la Comisión elabora, sobre la base de un dictamen técnico del Comité europeo de reguladores de valores (CERV), compuesto por representantes de las autoridades nacionales de reglamentación y vigilancia del sector, un proyecto de medidas ejecutivas que presenta al Comité europeo de valores (CEV), el cual emite un dictamen;

—

el tercer nivel de decisión consiste, por lo que respecta al sector de valores mobiliarios, en coordinar de manera informal en el CERV las actividades de las autoridades nacionales de reglamentación y control de los valores mobiliarios, para garantizar una aplicación uniforme y coherente de las disposiciones adoptadas en los dos primeros niveles;

—

por último, el cuarto nivel de decisión es el de la transposición legislativa y administrativa de las disposiciones comunitarias por los Estados miembros y su control por la Comisión Europea.

30.8.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 224/39

30.8.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 224/39

1.1

El CESE considera que deben fijarse prioridades, en la política de la movilidad urbana, en especial respecto a la planificación urbana, la sociedad de la información y las tecnologías de la información y las buenas prácticas, en particular para la creación de espacios públicos destinados a peatones y a bicicletas y la introducción de un enfoque integrado de infraestructuras.

1.2

El CESE apoya a la Comisión y espera que impulse medidas comunitarias en favor de la movilidad, en especial para primar el transporte colectivo con un alto nivel de calidad y de protección de los usuarios, fomentando la utilización de la bicicleta y la marcha a pie.

1.3

Para ello hay que planificar de forma adecuada y compacta las ciudades con limitación de la demanda motorizada individualizada, en base a una ordenación territorial y planificación urbana coherente y racional.

1.4

El CESE considera que, sin perjuicio de la adopción de otro tipo de medidas, se deben modificar las Directivas 85/377/CEE y la Directiva 2001/42/CE en el sentido expresado en este dictamen.

1.5

EL CESE se declara partidario de promover la utilización de compras verdes en las adjudicaciones relacionadas con infraestructuras financiadas con programas europeos, y que se proceda a la supresión de los obstáculos existentes.

1.6

La creación de un Observatorio Europeo de la Movilidad Urbana y Sostenible aportaría un valor añadido, al recabar datos y fomentar el intercambio de experiencias existentes.

1.7

El CESE considera necesaria una norma general a nivel europeo para la armonización de los criterios de cómputo de la tarificación, así como de los datos estadísticos.

2.1

En los últimos años se ha incrementado considerablemente el volumen de tráfico general, tanto en las ciudades como en el extrarradio, y con frecuencia se ha asistido a un profundo cambio en la distribución del transporte modal: el transporte en automóvil ha ido aumentando y el transporte público ha ido disminuyendo paulatinamente, en términos absolutos o comparativamente.

2.2

En 2006, al presentar la revisión intermedia del Libro Blanco del transporte (1), la Comisión Europea anunció su intención de presentar un Libro Verde sobre el transporte urbano, y ha llevado a cabo una amplia consulta pública durante estos últimos meses, en la que el CESE también se ha pronunciado al respecto (2).

2.2.1

El CESE considera necesaria y útil la intervención comunitaria en materia de movilidad urbana y considera que el nivel comunitario (3) en la adopción de decisiones comporta un valor añadido europeo que se puede plasmar en una diversidad de medidas, vinculantes o no.

3.1

El proceso de consulta llevado a cabo por la Comisión ha confirmado unas grandes expectativas sobre la formulación de una verdadera política europea de movilidad urbana.

3.2

Un nuevo concepto de movilidad urbana supone aprovechar al máximo el uso de todos los modos de transporte y organizar la «comodalidad» entre los distintos modos de transporte colectivo (tren, tranvía, metro, autobús y taxi) y entre los diversos modos de transporte individual (automóvil, bicicleta y marcha a pie, etc.).

3.3

La movilidad urbana se considera un elemento impulsor importante del crecimiento y del empleo con un gran impacto en el desarrollo sostenible de la UE.

3.4

El valor añadido europeo podrá plasmarse de forma variada: fomentando el intercambio de buenas prácticas en todas las instancias (locales, regionales o nacionales); complementando la definición de normas comunes y la armonización de las normas en caso necesario; ofreciendo un apoyo financiero a los que más lo necesiten; estimulando la investigación cuyas aplicaciones faciliten mejoras medioambientales y de la seguridad de la movilidad; simplificando la legislación y, en algunos casos, derogando normas vigentes o introduciendo otras nuevas.

3.5

El Libro Verde, a través de 25 preguntas, aborda cómo hacer frente a las dificultades de unas ciudades con circulación fluida; unas ciudades más ecológicas; un transporte urbano más inteligente y más accesible, seguro y protegido; crear una nueva cultura de la movilidad urbana y los recursos necesarios para ello. No obstante, la Comisión no propone como sería deseable, una serie de medidas concretas de transporte urbano de carácter vertical u horizontal.

4.1.1

EL CESE considera que podría instaurarse un sistema de etiquetado que tenga en cuenta los sistemas ya existentes y que resulte compatible con los mismos.

4.1.2

A nivel comunitario, sería positivo que la Comisión procediera a objetivar los indicadores de rendimiento, planificación y desarrollo, constituyendo un marco de referencia armonizada.

4.1.3

También podrían crearse sistemas de reconocimiento, más que incentivos, que fueran de participación voluntaria, como, por ejemplo, los utilizados en el ámbito de la política turística.

4.1.4

En todo caso, los sistemas que se implanten, deben basarse en criterios objetivos y transparentes, estar sujetos a evaluación periódica y, en su caso, revisión, y tener publicidad suficiente.

4.2.1

Por su cuota de participación en la movilidad, la «marcha a pie» y la bicicleta no pueden ser considerados en general, como alternativas al uso del vehículo privado, salvo que el centro de trabajo y el domicilio estén muy cercanos, y las condiciones meteorológicas sean satisfactorias. Además, el uso de la bicicleta no es universal ya que excluye a personas con movilidad reducida, discapacitadas, menores de edad y ancianos. No obstante, en conexión con el transporte colectivo, la marcha a pie y la bicicleta pueden llegar a ser alternativas en determinadas ciudades.

4.2.2

Los municipios deberían elaborar planes de transporte urbano sostenible que incluyan «carril bici», con el objetivo vinculante de lograr una transferencia hacia medios de transporte compatibles con el medio ambiente que cumplan los requisitos mínimos europeos que todavía deben fijarse. Estos planes deben contemplar situaciones de falta de seguridad para los peatones y evitar situaciones de conflicto entre los distintos modos de transporte.

4.2.3

A tal fin deberían introducirse un objetivo cuantitativo para incrementar la cuota del transporte público de viajeros y de los desplazamientos en bicicleta y a pie en el transporte general. Si no se elaboran planes de tales características, deberían quedar excluidos de las ayudas financieras con cargo a los fondos comunitarios. También, la Comisión debería verificar los datos de dichos planes relativos a zonas verdes y a «carril bici».

4.3.1

Las variantes dependen, en gran medida, de la importancia (extensión y número de habitantes) de la ciudad, siendo relevante destacar que la contaminación es, también, un problema derivado de una deficiente planificación territorial, y no sólo del transporte.

4.3.2

Considerar el problema y sus posibles soluciones en la planificación territorial y urbanística; dotación de aparcamientos públicos seguros en el acceso de las ciudades; red arterial de carriles de uso exclusivo de transporte colectivo enlazando con los diferentes modos de transporte (aparcamientos, ferrocarril y metro) mediante la construcción de intercambiadores que favorezcan la intermodalidad, de forma que se despenalicen los transbordos, así como el incremento de la calidad de servicio para lograr que los transportes colectivos sean atractivos para los usuarios.

4.3.3

En cuanto al transporte de mercancías, la Comisión debería fomentar el intercambio de buenas prácticas en el ámbito de la logística urbana, como, por ejemplo, en la ciudad italiana de Siena, en la que se adjudica en exclusiva con carácter temporal la concesión para transportar mercancías.

4.4.1

Con el establecimiento de una política fiscal en los transportes que favorezca la adquisición, implantación y utilización de las nuevas tecnologías capaces de reducir la contaminación e incrementar el ahorro energético.

4.4.2

Mediante la recogida de «informaciones» sobre la conducta ambiental de las ciudades: cálculo de emisiones debidas al transporte/habitante y campaña de difusión anual de resultados.

4.5.1

Promoviendo la utilización de «compras verdes» en las adjudicaciones relacionadas con infraestructuras financiadas con programas europeos y suprimiendo los obstáculos existentes (4).

4.5.2

A nivel comunitario, debería procederse a una definición de normas comunes y, en caso necesario, armonizarlas.

4.6.1

El CESE considera que el acceso a estas zonas debería reducirse fuertemente. No obstante, resulta necesaria una armonización, para evitar que una divergencia normativa comporte problemas a la libertad de circulación de personas y límite de forma innecesaria la movilidad urbana.

4.7.1

La conducción ecológica debe ser objeto, con la debida extensión, de los programas de formación preceptivos referentes a la cualificación inicial y continua de los conductores, así como del establecimiento de rebajas fiscales para las empresas que implanten medios de control y medición de las características de la conducción. Podría modificarse la Directiva sobre clases de conducción para introducir estos criterios.

4.8.1

Sí, y ello respecto de la seguridad a bordo, los tiempos de espera y de destino, el comportamiento de los viajeros en situaciones de emergencia, así como sobre todas las opciones de transporte existentes y sus condiciones.

4.9.1

El grado de compatibilidad entre los diferentes SIT debe ser total para permitir el uso de las distintas tecnologías, especialmente en cuanto a los diferentes títulos de transporte, facilitando los transbordos y mejorando los tiempos de acceso al transporte, lo que redundará en un incremento de la velocidad comercial del transporte colectivo. Es importante que los SIT permitan la incorporación de los avances tecnológicos, para que así no se queden obsoletos en reducidos espacios de tiempo y puedan ser amortizados debidamente.

El CESE considera que deben utilizarse las tecnologías de la información y comunicación para mejorar el tráfico y la mejor organización del transporte.

4.10.1

Mediante la publicación de un catálogo digital de buenas prácticas en el ámbito de los SIT, que sea actualizado constantemente y que pueda ser consultado en Internet.

4.11.1

Mediante la creación de entidades de coordinación de los diferentes servicios de transporte colectivo con el establecimiento de sistemas de integración tarifaria, exigiendo el material móvil más satisfactorio (menos contaminante y adecuado a personas con movilidad reducida), incrementando el número de expediciones o frecuencias que disminuyan los tiempos de espera de los viajeros, implantando plataformas reservadas para el autobús (mayor seguridad, confort y rapidez, y menor consumo energético, lo que equivale a menor contaminación), la construcción de intercambiadores que despenalicen los transbordos, mejorando la formación de los profesionales del sector, la información y concienciación de los usuarios, provisión de infraestructuras para la adecuada distribución de tráficos de tránsito en las ciudades, construcción de aparcamientos disuasorios así como medidas que incentiven su uso, establecimiento de prioridades semafóricas para el transporte colectivo, creación de espacios adecuados para tomar y dejar viajeros con seguridad.

4.11.2

Uno de los instrumentos que resultaría a estos propósitos más eficaz es la evaluación del impacto que sobre la movilidad han de tener determinados planes, programas y proyectos.

4.11.3

En este sentido procede recordar la Sentencia del TJCE (asunto C-332/04) sobre la omisión de la evaluación ambiental de un proyecto de construcción de un centro comercial y de ocio en una zona urbana: precisamente, fue el volumen de usuarios estimados que iban a acceder en transporte privado el que determinó sus efectos sobre el medio ambiente y la necesidad de evaluación.

4.11.4

En consecuencia, podría considerarse la modificación de las directivas existentes en un triple sentido:

4.11.4.1

La Directiva 85/337/CEE, relativa a la evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente, establece en su Anexo III los criterios que los Estados miembros han de aplicar para determinar si determinados proyectos presentan un efecto significativo en el medio ambiente.

Se propone que se incorpore un nuevo guión en este apartado 1 de dicho Anexo III en el que expresamente se aluda a la afectación del mapa de movilidad (usuarios estimados de las instalaciones, lugar de residencia original, etc.).

4.11.4.2

En segundo lugar, la Directiva establece en su Anexo IV las informaciones que necesariamente habrán de consignarse en el Informe ambiental.

El CESE propone:

En definitiva, la Directiva 85/337/CEE debería modificarse en su Anexo III, apartado 1, y en su Anexo IV, apartados 4 y 5, en el sentido indicado.

4.11.4.3

En tercer lugar, respecto de la Directiva 2001/42/CE, relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, se podrían hacer incorporaciones similares (criterios de obligada observancias e informaciones necesarias en el Informe ambiental, relativos a la movilidad y los medios de transporte). En este caso, procede incluir la incidencia de los Planes en la movilidad, en el sentido indicado, específicamente en el Anexo I, apartado f) y en el Anexo II, apartado 2.

4.12.1

Sí, esta medida es imprescindible y de gran impacto en la movilidad. Carriles o plataformas reservadas es igual a más seguridad, más rapidez, menor congestión y menor consumo energético, así como mayor confort para el viajero. Esta medida contribuye a la captación de usurarios del vehículo privado.

4.13.1

Reforzar los derechos y obligaciones de los usuarios es esencial para que los modos de transporte colectivo mejoren la calidad de servicio (frecuencia, puntualidad, confort para todas las categorías de usuarios, seguridad, la política tarifaria, etc.). El Comité anima a que la implantación se lleve a cabo, pero siempre teniendo en cuenta las características de cada modo, especialmente las de aquellos que comparten las infraestructuras con otros.

4.13.2

Dada la dispersión normativa existente en diferentes textos legales y para los distintos modos de transporte, deberían reunirse todos los derechos de los usuarios de transporte colectivo en una «carta de derechos», dejando un margen para que ésta pudiera complementarse por los Estados miembros y por la autorregulación mediante códigos de conducta (5) suscritos por los operadores económicos y de la sociedad civil organizada (asociaciones de consumidores, medioambientales, empresariales, sindicatos, etc.). El CESE insiste en la importancia del diálogo entre estas asociaciones y las empresas de transporte colectivo, en especial para mejorar la calidad del servicio.

Existiría una actuación a nivel comunitario, para refundir y consolidar los derechos existentes en los diferentes textos legales, que se complementaria con la actuación de los Estados miembros y de las organizaciones de la sociedad civil. El CESE insiste en la necesidad de la existencia de mecanismos e instrumentos ágiles y simples que hagan efectivos los derechos de los usuarios.

4.14.1

Los planes de movilidad urbana en las áreas metropolitanas deberán contemplar tanto el transporte de viajeros como el de mercancías, para lograr que la logística de la distribución de mercancías pueda desarrollarse sin penalizar la movilidad de las personas.

4.14.2

Para ello es necesario un aumento del personal dedicado a la vigilancia de las plazas reservadas para carga y descarga.

4.14.3

Creación de mecanismos que faciliten y agilicen los sistemas de denuncia de infractores, de forma que se retire el vehículo infractor lo antes posible de la plaza reservada y ésta vuelva a estar operativa.

4.14.4

Creación de mecanismos efectivos de sanción a los infractores, desde la retirada del vehículo al cobro efectivo de la multa.

4.14.5

Campaña de información y sensibilización ciudadana con el objetivo de lograr la aceptación popular y la colaboración en el logro de los objetivos marcados, siendo uno de los objetivos de esta campaña el lograr la colaboración de los dueños de los locales comerciales en la vigilancia de las plazas reservadas para carga y descarga, mostrándoles que la ocupación ilegal de estas plazas puede ser perjudicial para sus negocios.

4.14.6

Limitación del tiempo de estancia permitido en las plazas reservadas para carga y descarga, más acorde con el tiempo utilizado en la mayoría de las operaciones de carga y descarga. Existiría la posibilidad de solicitar permisos especiales para aumentar el tiempo permitido, con lo que no se perjudicaría a cierto tipo de transportes, como el de mudanzas, que requiere más tiempo para realizar la carga y descarga de la mercancía. También se podrían establecer franjas horarias concretas para la carga y descarga.

a)

coordinación entre los diferentes órganos:

b)

Coordinación con los instrumentos de planificación:

4.16.1

Seguridad vial: A nivel europeo, fomentar las buenas prácticas y un diálogo más intenso y estructurado con los interesados regionales y locales y con los Estados miembros sobre las nuevas tecnologías y especialmente las SIT, al efecto de mejorar la seguridad. También incrementado el nivel de formación de los profesionales del sector en materia de conducción. Así como debería regularse el establecimiento de medidas disuasorias para evitar que queden sin sanción efectiva las infracciones de tráfico transfronterizas.

4.16.2

Protección personal: Como fomento de las buenas prácticas, se debería intensificar la presencia física policial dentro de los vehículos de transporte colectivo, fundamentalmente en horas nocturnas o en trayectos con destinos a barrios con mayor índice de conflictividad y exclusión social, y el uso de las tecnologías de la información y la información a los usuarios.

4.17.1

Concienciando a los ciudadanos mediante campañas de educación e información, especialmente, las dirigidas a los jóvenes. También mediante actividades en pro de la generalización del uso de dispositivos de cumplimiento en las ciudades para todos los usuarios viales. En general, el CESE considera especialmente relevante la adopción de medidas que tengan como finalidad potenciar el aspecto cultural y de educación cívica en todos los temas relacionados con la movilidad urbana.

4.18.1

En función de los fines que se persigan, que han de ser orientados siempre a la mejora de la movilidad y optimización de las velocidades comerciales. Fomentando las buenas prácticas para aumentar la seguridad, la utilización de los dispositivos inteligentes.

4.19.1

La implantación de sistemas de emergencia en los vehículos de transporte colectivo basados en las nuevas tecnologías, de forma que permitan avisar a los servicios de emergencia en casos de vandalismo o accidente informando de la situación del vehículo, así como de la transmisión de imágenes y voz de lo que está ocurriendo en el interior del vehículo.

4.19.2

Deben adoptarse las medidas pertinentes para evitar la intromisión en la vida privada, que es un derecho fundamental de la persona.

4.20.1

Una nueva cultura de la movilidad urbana implica la colaboración de las instituciones europeas, de las de los Estados miembros, las regiones y entidades locales, así como las organizaciones de la sociedad civil organizada.

4.20.2

Un Observatorio Europeo de la Movilidad Urbana Sostenible sería una iniciativa útil y aportaría un valor añadido, pues podría recabar datos, conocer los cambios de la demanda de transporte y fomentar el intercambio de experiencias existentes. Así como tener un mayor conocimiento de los problemas derivados de la movilidad y poder aplicar las políticas adecuadas para su solución.

A nivel europeo, debería procederse a una armonización del cálculo de las medidas unitarias de evaluación urbana, al considerar el CESE que resulta positiva la unificación de criterios en éste ámbito.

4.21.1

Estableciendo como objetivo de mejora de los Fondos la movilidad urbana y la transición paulatina hacia equipamientos de transporte colectivo limpios (bajo consumo, baja emisión) y que unitariamente por euro invertido se obtenga un mayor beneficio.

El CESE es partidario de incrementar el porcentaje de los fondos destinados a educación e investigación.

4.21.2

Pero también es necesario disminuir las aportaciones económicas con el establecimiento de baremos objetivos que permitiesen optar por la solución más rentable para la comunidad, para ofrecer al ciudadano un transporte de calidad a un coste razonable. Se debería primar la eficacia y el cumplimiento de las obligaciones de servicio público.

4.22.1

Mediante la imposición de cláusulas verdes en las adjudicaciones de equipamiento relacionadas con proyectos de infraestructuras financiados con programas europeos.

4.22.2

Otra posibilidad sería la de incorporar los criterios «Buying green. A handbook on enviromental public procurement» [SEC (2004) 1050] en un documento COM, añadiendo las compras verdes publicas del equipamiento de transporte.

El mercado tanto de los vehículos privados como de los vehículos de transporte colectivo está evolucionando hacia un mayor respeto del medio ambiente. Debería favorecerse la compra de vehículos más limpios (carburantes, motorización) y deberían reconocerse los esfuerzos financieros realizados por sus compradores mediante un tratamiento diferenciado de su vehículo en las políticas de acceso a los centros urbanos.

4.23.1

Estableciendo de forma clara la clase de proyectos que pueden obtener ayudas públicas comunitarias, y exigiendo (existencia del debido control) el cumplimiento (dentro del plazo determinado) de los objetivos de tales proyectos, de forma que en caso negativo sea viable la devolución de las ayudas obtenidas.

4.24.1

Hace falta una norma general a nivel europeo, que debería realizarse mediante la armonización de los criterios de cómputo de la tarificación y la evaluación de un umbral útil de densidad de la red de transporte colectivo.

4.24.2

No obstante, el CESE considera que los sistemas de tarificación o peaje para el acceso al centro de las ciudades se implantan en interés general y con aceptables resultados inmediatos, pero pueden resultar discriminatorios para los sectores de renta mas baja, teniendo escaso resultado disuasorio en los segmentos sociales de rentas altas.

Las autoridades locales deben adoptar medidas para paliar los eventuales efectos negativos, como, por ejemplo, fomentando la utilización del transporte colectivo, o suministrar tarjetas de utilización a bajo coste.

4.24.3

Una alternativa con «efectos horizontales» en todos los segmentos de renta seria el «peaje» en los puntos de acceso, pero no para el cobro de una cantidad de dinero sino para el «cómputo» de la cuota disponible de kilómetros urbanos que se asignaría a cada conductor. Esto es, se propugna un «racionamiento» del acceso (kilómetros/unidad de tiempo) lo que impondría «seleccionar» y administrar los trayectos urbanos a través del transporte privado, aun cuando habrá que considerar que también supone un factor discriminatorio por lugar de residencia y de origen y destino.

4.24.4

Naturalmente, esta sería una «zonificación» adicional a la ya propuesta de «zonas de baja densidad circulatoria» en la que, prácticamente, quedaría restringido el tráfico a transporte colectivo y residentes.

4.25.1

El valor añadido es inmenso y difícil de calcular si tenemos en consideración factores sanitarios o de salubridad, tanto psíquicos como físicos, así como el valor del tiempo de las personas (elemento que se altera con los considerables espacios de tiempo que son necesarios para acudir del domicilio al centro de trabajo, y viceversa, que sumados a la jornada de trabajo producen una larga serie de factores negativos).

30.8.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 224/46

1.1

El Comité acoge favorablemente el Plan de acción propuesto por la Comisión y desea que se le consulte sobre el informe intermedio previsto para 2010, con vistas a constatar los progresos realizados así como las dificultades que puedan persistir.

1.2

El CESE suscribe el punto de vista de que merece la pena realizar ejercicios específicos de análisis y evaluación comparativos de las áreas de transporte combinado, incluidos los puertos y aeropuertos, en estrecha colaboración con el sector. Con una serie de análisis y evaluaciones comparativos europeos globales que dejen margen para especificaciones ulteriores a nivel local, se puede, dadas sus diferentes características, distinguir claramente entre las terminales terrestres, los puertos marítimos, los aeropuertos y los puertos de navegación interior.

1.3

La fijación de precios según el modo de transporte no suele reflejar el impacto real que los distintos modos tienen sobre las infraestructuras, el medio ambiente o la eficacia energética ni tampoco sobre el coste social y territorial.

1.4

Así, los útiles de comparación y evaluación que se pueden emplear para efectuar los análisis comparativos deberán cotejar las cadenas de transporte utilizables en función de su sostenibilidad para facilitar el establecimiento de un mecanismo equilibrado de fijación de precios y, además, la elaboración de un sistema de regulación de manera que las decisiones logísticas recaigan sobre los modos más eficaces y sostenibles, en función de la naturaleza de las mercancías transportadas y de los modos disponibles.

1.5

Para lograr una mayor eficacia logística de transportes que respondan a las necesidades de los usuarios y del conjunto de la sociedad se requiere, de manera ineludible, poner en práctica más rápidamente las nuevas tecnologías de punta disponibles y los nuevos programas de investigación, así como realizar un esfuerzo permanente de formación y cualificación del personal con vistas a mejorar, además, sus condiciones de trabajo. Simultáneamente, conviene optimizar el empleo de las infraestructuras existentes, así como valorizar los medios humanos, materiales y financieros afectados a los transportes y a la logística. Conviene, además, fomentar la revalorización y atractivo de las distintas profesiones. Por consiguiente, resulta indispensable efectuar nuevas inversiones para acelerar la integración de los nuevos Estados miembros así como fomentar las políticas euromediterránea y de vecindad. Además, es preciso evaluar las perspectivas a largo plazo en cuanto a la evolución de la demanda para incurrir en gastos de inversión que deberán amortizarse a muy largo plazo.

1.6

Conviene reforzar la fiabilidad y la seguridad del transporte por carretera, en particular en las zonas fronterizas con terceros países.

1.7

La fachada marítima de la UE se ha ampliado y actualmente incluye el mar Báltico y el mar Negro, en conexión con el gran eje del Danubio que conviene revitalizar. Europa dispone de plataformas portuarias por las que transita el 90 % del comercio con terceros países y el 40 % del comercio entre Estados miembros de la Unión. En tal contexto, las actividades logísticas conocen un importante desarrollo. Sin embargo, muchas son las mejoras que resultan indispensables. En particular, conviene modernizar sus conexiones terrestres, con vistas a aumentar la pluralidad de modos de transportes y a recurrir más a las técnicas intermodales. Las técnicas y la organización de los transbordos también deberán mejorarse. Además, convendría afinar el equilibrio entre las distintas zonas portuarias así como la complementariedad entre éstas y las plataformas terrestres.

1.8

El Comité respalda el empleo de las nuevas tecnologías; la investigación aplicada a todos los aspectos perfeccionables de los distintos modos (infraestructuras, material de transporte y manutención, organización y condiciones de trabajo, etc.); la contribución voluntarista a la elaboración de normas técnicas y de normas de comunicación y mensajería para favorecer el desarrollo de la comodalidad y la fluidez del tráfico, así como una mejor «conexión» entre el aumento de la producción y de los intercambios, por una parte, y el de los transportes, por otra, que no harán sino desarrollarse. A este respecto, una mayor eficacia de las cadenas logísticas es un factor esencial.

1.9

Debe seguirse investigando sobre los motores y su eficacia energética, los carburantes distintos de los fósiles, tanto para los vehículos de transporte individual como colectivo, ya sean de pasajeros o de mercancías.

1.10

La logística del transporte urbano requiere medidas urgentes y esfuerzos más denodados para evitar el ahogo paulatino de la economía de las grandes ciudades y las considerables pérdidas de eficacia derivadas del tiempo transcurrido en las congestiones, de manera improductiva y contaminante, tanto para los ciudadanos como para las empresas. En el ámbito urbano hay que adoptar un enfoque global que tenga en cuenta las necesidades de transporte individual y colectivo de personas y mercancías para lograr compartir mejor las vías públicas e invertir la tendencia de los habitantes y de muchas empresas a desplazarse a una periferia tentacular o a áreas residenciales alejadas.

1.11

La sostenibilidad y eficacia energética así como la intermodalidad forman el núcleo esencial de este plan; el calendario previsto pone de relieve la urgencia de la política que ha de seguirse. Las propuestas de la Comisión privilegian la cooperación y el diálogo frente a la imposición. Es preciso demostrar que dicha opción será operativa. Su éxito dependerá de los agentes del sector del transporte y de su capacidad de adaptación a las exigencias que la sociedad civil hace valer con insistencia.

2.1.1

El 28 de junio de 2006, la Comisión publicó una Comunicación titulada: «La logística del transporte de mercancías en Europa — La clave para la movilidad sostenible» (1). En su Comunicación mostró el papel que desempeña la logística para garantizar una movilidad más sostenible, menos contaminante y realmente respetuosa del medio ambiente. Tenía previsto acompañarla de consultas encaminadas a presentar un Plan europeo de acción para la logística del transporte de mercancías (2), que finalmente publicó el 18 de octubre de 2007.

2.1.2

La Comisión tenía previsto integrar la logística en la política de transportes de la Unión Europea, para reducir los puntos recurrentes de estrangulamiento, reducir el consumo energético, aprovechar mejor la comodalidad y la multimodalidad de las infraestructuras y medios de transporte, proteger el medio ambiente así como limitar la contaminación e impulsar la formación permanente del personal.

2.1.3

Se ha pedido al Comité que se pronuncie sobre este Plan, que incluye objetivos a alcanzar y un calendario de realizaciones, fomentando el empleo de nuevas tecnologías de la información destinadas a reforzar la eficacia logística del transporte de mercancías (objetos individualizados, paquetes, contenedores). Se plantea, además, la posibilidad de implantar un sistema de certificación voluntario para profesionales logísticos así como las cualificaciones y formación indispensables para el ejercicio de su profesión y facilitar su movilidad.

2.1.4

Ya en 2006 la Comisión insistió en la dificultad de hacerse una idea del mercado logístico europeo por carecerse de estadísticas adecuadas. Se calcula, generalmente, que la logística representa entre un 10 y un 15 % de los costes de transporte.

2.1.5

En su Comunicación, la Comisión propuso la creación de un marco europeo para la logística del transporte de mercancías y actuar, en particular, en determinados ámbitos. El Plan de acción puntualiza la situación y fija plazos de realización comprendidos entre 2008 y 2012, es decir, muy breves:

2.1.6

El Plan de acción publicado en 2007 consiste en desglosar las referidas acciones mediante un programa dotado de objetivos más precisos, acompañado de un calendario de realizaciones.

2.1.7

En su Comunicación «Por una Europa en movimiento. Movilidad sostenible para nuestro continente» (4), que contiene una evaluación intermedia y además una revisión del Libro Blanco del transporte de la Comisión Europea de 2001 (5), la Comisión había insistido en el concepto de «movilidad inteligente», que abarca la logística de los transportes y los sistemas de transporte inteligente (STI) tema que, por otra parte, menciona en el Plan de acción.

2.2.1

El empleo generalizado de las TIC –de las hoy disponibles y de las que puedan surgir en el futuro– puede contribuir considerablemente a mejorar la logística del transporte de mercancías, pero plantea también una serie de obstáculos, como por ejemplo la normalización, las competencias de los usuarios, las trabas reglamentarias o de otro tipo a la desmaterialización de los documentos, la seguridad de los datos y la protección de la vida privada.

2.2.2

El concepto de «flete electrónico» desembocará, en el futuro, en un «Internet de las mercancías» (mercancías en sentido de objetos identificables, paquetes y contenedores, pudiéndose individualizar, denominar e identificar cada uno de los componentes mediante un «etiquetado comunicativo» activo o pasivo, gestionado mediante un lector por radiofrecuencia — RF); este nuevo Internet de los objetos permitirá automatizar y simplificar la transferencia de datos relativos a las mercancías (localización geográfica; información sobre la naturaleza y el volumen, así como las comunicaciones, los datos aduaneros, etc.). Conviene emplear los sistemas existentes con vistas a concretar esta nueva rama de Internet basada en la identificación de los objetos.

2.2.3

Para 2008, la Comisión ha programado un gran proyecto de investigación basado en un plan de trabajo para la implantación de los STI y de las tecnologías relativas a logística del transporte.

2.3.1

Mediante el fomento de la eficiencia, el Plan pretende ayudar a resolver dificultades como la congestión, la contaminación y el ruido, las emisiones de CO2 y la dependencia de los combustibles fósiles. Estas medidas deben ir acompañadas de trabajos sobre una perspectiva a largo plazo, emprendidos conjuntamente con los Estados miembros, con el fin de establecer una base común para las inversiones en futuros sistemas de transporte de mercancías.

2.3.2

La Comisión Europea elaborará en 2010 un informe sobre los progresos registrados en la aplicación del Plan de acción.

3.1

La ampliación de la UE, la mundialización creciente de los intercambios, la emergencia de nuevas potencias económicas (no sólo China) y los procesos de deslocalización son potentes factores de desarrollo de los intercambios. Estos crecen más deprisa que la producción. En su Libro Blanco de 2001, la Comisión propuso la d«esconexión» entre el crecimiento del transporte y el económico. Urge retomar la reflexión al respecto por lo menos para reestablecer una «conexión», un «paralelismo». Al asociar los distintos modos y agentes (organizadores de flujos, transportistas, usuarios así como autoridades nacionales, comunitarias e internacionales) y al apoyarse en las nuevas tecnologías de la información, del acondicionamiento y de la manutención, la logística puede, en el marco del denominado Libro Blanco revisado de 2006 (6), ser un factor decisivo de racionalización o refuerzo de la eficacia de los intercambios y del transporte de mercancías.

3.2

Las cadenas logísticas de ámbito mundial requieren llegar a integrar completamente las conexiones, tanto físicas como electrónicas, entre los sistemas modales para emplear el modo o la combinación de modos más eficaz y de mejorar la logística, atribuyéndoles como objetivos alcanzar «simultáneamente» una «triple» eficacia: económica, social y medioambiental (incluso en cuanto a la reducción de los gastos energéticos).

3.3

La planificación de los transportes requiere, en la mayoría de los casos, largos lapsos de tiempo y la intervención de muchos elementos colaboradores. Las inversiones en infraestructuras de transporte y en plataformas logísticas se efectúan a muy largo plazo y son muy costosas, en particular los puertos marítimos y de navegación interior o los aeropuertos, pero también los «puertos secos» o áreas de transporte combinado. Ahora bien, se trata de las plataformas que más dificultades plantean y para las que hay que encontrar soluciones rápidas, fiables y duraderas. Por consiguiente, el Comité considera conveniente optimizar, en primer lugar, la utilización de las infraestructuras existentes para lo cual puede resultar muy útil compartir información y experiencias. Pero la valorización de lo existente y el recurso a las tecnologías avanzadas no basta. Una «programación» a medio y largo plazo es indispensable para efectuar nuevas inversiones.

3.4

La creación de nuevas infraestructuras, de larga duración, debe llevarse a cabo en función de necesidades calculadas a muy largo plazo y cuando no exista ninguna alternativa de comodalidad, por ejemplo, con otras infraestructuras disponibles. Tal es el caso del transporte combinado ferrocarril/carretera que puede ser una alternativa a la ampliación de la red de carreteras existente o a la creación de nuevas carreteras. Su programación requiere implicar a todos los agentes de las cadenas logísticas: autoridades comunitarias, responsables públicos nacionales y regionales, productores, distribuidores y otros cargadores, profesionales logísticos y transportistas, así como los interlocutores sociales. Los colectivos afectados deben participar en los debates previos y consultas diversas sobre estas cuestiones y sus puntos de vista deberán tenerse muy en cuenta.

3.5

Esta programación debe desembocar en asociaciones con vocación de permanencia que permitan dotar a las infraestructuras de una visibilidad sostenible (tanto económica y medio ambiental como social). Debería inscribirse en el Esquema de Desarrollo del Espacio Comunitario y ayudar a estructurar mejor, coordinar y perpetuar las inversiones en transporte con las actividades industriales y comerciales, así como los programas de ordenación territorial rural y urbana (especialmente para evitar la dispersión de las plataformas logísticas y las deslocalizaciones apresuradas y costosas); la congestión de determinados ejes y zonas -por una parte– y el declive y enclavamiento de otras áreas por la falta o el carácter deficiente de algunas conexiones, por otra).

3.6

En cuanto a las nuevas normas que se prevé imponer a las unidades de carga, resulta evidente que deben facilitar los posibles transbordos en cuanto a los pesos máximos referidos al manejo y dimensiones. No obstante, habida cuenta de las dificultades derivadas del empleo casi exclusivo del transporte por carreteras para las mercancías, debe velarse por que estas normas no den lugar a sobrecargas que puedan degradar las infraestructuras y reducir aún más la seguridad del transporte por carretera. Deben favorecer la comodalidad.

3.7

Respecto a la propuesta de 2003 relativa a una nueva unidad de carga intermodal voluntaria, el Comité repite de manera resumida que la existencia de dos unidades de carga distintas supone una pesadilla desde un punto de vista logístico. Los dos obstáculos mencionados (las dimensiones de las guías celulares fijas y la incertidumbre de quién va a correr con los gastos de este sistema) hacen temer desde ahora que el sistema no se utilizará.

4.1

El Comité desea encarecidamente que se le consulte acerca del informe que la Comisión elaborará en 2010 sobre el estado del Plan y las dificultades que hayan surgido con ocasión de su puesta en práctica.

4.2

El Internet de los objetos contribuirá sin duda a mejorar la eficacia logística de los transportes así como de los servicios prestados a los clientes. No obstante, basándose en la experiencia del Internet de los nombres, el Comité se pregunta cuáles son los procedimientos e instrumentos de control que han de instaurarse para proceder a las «denominaciones». Por razones históricas, el control final sobre el Internet de los nombres incumbe al Ministerio Federal de Comercio de los EE.UU. (USDoC). El Comité apoya la opción de una gobernanza europea en materia de denominación y de gestión de las bases de datos, así como de establecimiento de normas técnicas.

4.2.1

El Comité se congratula de que la Comisión integre el desarrollo de la logística en la agenda renovada de Lisboa para el crecimiento y el empleo. Por consiguiente, apoyándose en su experiencia, invita a la Comisión a poner término rápidamente a los retrasos acumulados en la aplicación de las nuevas tecnologías, en particular en cuanto a Galileo.

4.3

El Comité considera que el Internet de los objetos, dada su trascendencia económica, y habida cuenta del carácter primordialmente intrarregional de los intercambios, instituciones regionales y subregionales de denominación, por ejemplo) y no quedar supeditado en última instancia al control de una autoridad única exterior además a la UE.

4.4

Por otra parte, deben plantearse claramente las cuestiones relativas a la protección de la vida privada y de confidencialidad de los negocios derivadas de la diversificación de los instrumentos de información creados para conocer el contenido de las mercancías con el fin, en particular, de evitar la divulgación de información hacia organizaciones delictivas, principalmente de terceros países (consideración de las implicaciones aduaneras y de seguros), al seguimiento de las mercancías así como a la identificación de sus expedidores, intermediarios y destinatarios en el marco del fomento de los sistemas de transporte inteligente (STI) y de las tecnologías de la información asociadas.

4.5

Ello será especialmente pertinente respecto de la logística individualizada, vinculada con el comercio electrónico.

4.6

El Comité acoge con satisfacción la intención de la Comisión de «modernizar» las profesiones logísticas mediante un sistema de «definición» y «certificación» de los operadores, confiando en que este sistema aporte un gran valor añadido.

4.7

Además, el Comité se congratula de que la Comisión proponga trabajar, con los interlocutores sociales, para establecer exigencias de cualificación y de formación. En este sentido, el Comité confía en que las cualificaciones y formaciones exigidas se desarrollen a lo largo de toda la vida activa, e integren así paulatinamente los nuevos conocimientos y tecnologías. Además, el Comité se congratula del objetivo de la Comisión de establecer el reconocimiento mutuo de estas cualificaciones facultativas.

4.8

Resulta indispensable mejorar el rendimiento logístico recurriendo en mayor medida a las nuevas tecnologías, mediante determinadas simplificaciones administrativas, el intercambio de experiencias, el desarrollo de las cualificaciones y de la formación así como la «comodalidad». Sin embargo, el Comité insiste en que dichos progresos solo podrán desplegar plenamente sus aspectos positivos si, como preconizó la Comisión en su Libro Blanco de 2001, el sector del transporte y de la logística alcanza un equilibrio entre el transporte inter e intramodal y se somete a una «competencia regulada», lo cual implica la revalorización relativa de los precios de los transportes y una auténtica armonización de las condiciones de competencia intramodales e intermodales dentro de la propia UE.