1.4.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 82/1

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(1)

En la primavera de 2007, el Consejo Europeo pidió a los Estados miembros y a las instituciones de la UE que siguieran actuando para desarrollar una política climática y energética europea sostenible e integrada. El Consejo entre otras cosas declaró: «Habida cuenta de que la producción y la utilización de energía son las fuentes principales de emisión de gases de efecto invernadero, para lograr este objetivo se requiere un enfoque integrado de las políticas en el ámbito climático y energético. La integración debe llevarse a cabo de forma que ambas políticas se potencien recíprocamente. Así pues, la Política Energética para Europa perseguirá los tres objetivos siguientes, respetando plenamente la opción tomada por los Estados miembros en relación con la combinación energética y la soberanía sobre las fuentes de energía primaria, y sobre la base de un espíritu de solidaridad entre los Estados miembros:

(2)

El Consejo Europeo adoptó un Plan de Acción global en el ámbito de la energía para el período 2007-2009, lo que marcó un hito importante en la creación de esta Política Energética para Europa, e invitó en particular a la Comisión a presentar lo más rápidamente posible las propuestas en él contempladas, una de las cuales se refiere a la revisión de las Directrices Comunitarias sobre Ayudas Estatales en Favor del Medio Ambiente.

(3)

En nombre de la UE, el Consejo Europeo se comprometió, de forma firme e independiente, a alcanzar una reducción no inferior al 20 % de las emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2020 con respecto a 1990. Insistió asimismo en la necesidad de incrementar la eficiencia energética en la UE y lograr un ahorro del 20 % en el consumo energético total de la UE en relación con los valores proyectados para 2020. También aprobó dos objetivos vinculantes: un porcentaje del 20 % de energías renovables en el consumo total de energía de la UE en 2020, y un porcentaje mínimo del 10 %, que deberán respetar todos los Estados miembros, en lo tocante al consumo de biocombustibles sobre el total de combustibles de transporte (gasóleo y gasolina) consumidos en la UE en 2020.

(4)

Las nuevas Directrices presentes constituyen uno de los instrumentos para ejecutar el Plan de Acción y los aspectos ambientales de los objetivos relacionados con la energía y el cambio climático adoptados por el Consejo Europeo.

(5)

En el «Plan de Acción de Ayudas Estatales — Menos ayudas estatales con unos objetivos mejor definidos: programa de trabajo para la reforma de las ayudas estatales 2005-2009» (1) (en lo sucesivo, el «Plan de Acción de Ayudas Estatales») la Comisión señalaba que las ayudas estatales pueden contribuir eficazmente a la consecución de objetivos de interés común. En determinadas condiciones, estas ayudas pueden corregir fallos de mercado, mejorando así el funcionamiento de los mercados e incrementando la competitividad. También pueden contribuir a promover el desarrollo sostenible, independientemente de que corrijan o no tales fallos (2). En el Plan de Acción de Ayudas Estatales se subrayaba asimismo que la protección del medio ambiente puede ofrecer posibilidades para la innovación, crear nuevos mercados y propiciar un aumento de la competitividad mediante la mayor eficacia en el uso de los recursos y las nuevas oportunidades de inversión. En determinadas circunstancias, las ayudas estatales pueden propiciar el logro de estos objetivos y contribuir así a la consecución del fin último de la Estrategia de Lisboa: aumentar de manera sostenible el crecimiento y el empleo. La Decisión no 1600/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de julio de 2002, por la que se establece el Sexto Programa de Acción Comunitario en Materia de Medio Ambiente (3) (en lo sucesivo denominado el «Sexto Programa de Acción en materia de Medio Ambiente») determina los ámbitos prioritarios de las acciones destinadas a proteger el medio ambiente (4).

(6)

El principal objetivo del control de las ayudas estatales en el ámbito de la protección del medio ambiente es garantizar que las medidas de ayuda redunden en niveles de protección ambiental superiores a los que se alcanzarían sin las ayudas, y que los efectos positivos de éstas sean superiores a sus efectos negativos en lo tocante a la distorsión de la competencia, habida cuenta del principio de que «quien contamina paga» (en lo sucesivo denominado «QCP» establecido por el artículo 174 del Tratado CE).

(7)

Las actividades económicas pueden deteriorar el medio ambiente, en gran parte a causa de la contaminación. En algunos casos, en ausencia de intervención pública, las empresas pueden evitar tener que asumir todos los costes del daño ambiental derivado de sus actividades. Como consecuencia, el mercado no asigna los recursos de manera eficiente, dado que los efectos externos (negativos) de la producción no son tenidos en cuenta por los productores, sino que son soportados por el conjunto de la sociedad.

(8)

De acuerdo con el principio QCP es posible hacer frente a esas externalidades negativas y asegurar que quien causa la contaminación paga por ella, mediante la plena internalización de los costes ambientales por el contaminador. El objetivo es garantizar que los costes privados (soportados por la empresa) reflejen los costes sociales reales de la actividad económica. Si se aplicase plenamente este principio se corregiría el fallo de mercado. El principio QCP se puede aplicar mediante normas ambientales obligatorias o a través de instrumentos basados en el mercado (5), algunos de los cuales conllevan la concesión de ayudas estatales a todas o algunas de las empresas sujetos a ellos.

(9)

Aunque en la actualidad existen límites a la aplicación del principio QCP, esta deficiencia reguladora no debería ser óbice para que los Estados miembros impongan requisitos de protección ambiental que superen las exigencias comunitarias y reduzcan en la mayor medida posible las externalidades negativas.

(10)

En aras del aumento del nivel de protección del medio ambiente, los Estados miembros pueden desear utilizar ayudas estatales para crear incentivos individuales (al nivel de las empresas) destinados a lograr un nivel de protección superior al requerido por las normas comunitarias o a lograr un nivel de protección ambiental en ausencia de normas comunitarias. Asimismo, pueden establecer normas nacionales o tasas ambientales más elevadas que las exigidas por la legislación comunitaria, o pueden establecer tasas ambientales para aplicar unilateralmente el principio QCP en ausencia de aquélla.

(11)

En opinión de la Comisión, procede revisar las directrices sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente con el fin de cumplir los objetivos establecidos en el Plan de Acción de Ayudas Estatales, en particular para garantizar que la ayuda esté mejor orientada, tenga una justificación económica más sólida y se base en procedimientos más eficaces. Por otra parte, la Comisión considera necesario tener en cuenta la evolución de la política ambiental y de las tecnologías del medio ambiente, así como la necesidad de adaptar la normativa en función de la experiencia adquirida.

(12)

La Comisión aplicará las presentes Directrices se establecen las disposiciones que aplicará la Comisión a efectos de la evaluación de las ayudas en favor del medio ambiente, mejorando así la seguridad jurídica y la transparencia de su toma de decisiones. Las ayudas en favor del medio ambiente se justificarán principalmente sobre la base del artículo 87, apartado 3, letra c) del Tratado CE. Estas Directrices sustituyen a las Directrices Comunitarias sobre Ayudas Estatales en Favor del Medio Ambiente (6) que entraron en vigor en 2001.

(13)

Las presentes Directrices se destinan a dos tipos de evaluación: una evaluación normalizada de las medidas de ayuda de importe inferior a un umbral determinado o ayudas concedidas a instalaciones con una capacidad de producción inferior a un determinado umbral (Capítulo 3), y una evaluación pormenorizada de las medidas de ayuda de importe superior a ese umbral o ayudas concedidas a instalaciones con una capacidad de producción superior a un determinado umbral, así como de la ayuda concedida a las nuevas plantas que producen energía renovable cuando el importe de la ayuda se base en el cálculo de los costes externos evitados (Capítulo 5).

(14)

Las presentes Directrices se aplicarán a todas las medidas notificadas a la Comisión, ya sea porque la medida no esté amparada por un Reglamento de exención por categorías (en lo sucesivo denominado «REC»), o debido a una obligación de notificación individual de las ayudas en virtud de un REC), o porque el Estado miembro interesado decide notificar una medida que en principio estaría amparada por un REC), o para la evaluación de cualquier ayuda no notificada tras la notificación de las presentes Directrices.

(15)

En el Plan de Acción de Ayudas Estatales, la Comisión anunció que «para contribuir mejor a la Estrategia de Lisboa de crecimiento y empleo, la Comisión aplicará al análisis de las ayudas estatales, cuando proceda, un enfoque más económico. El planteamiento económico es un instrumento destinado a garantizar una mejor focalización y mayor especificidad en determinadas medidas de ayuda estatal con respecto a los objetivos de la Estrategia renovada de Lisboa».

(16)

Para evaluar si una medida de ayuda puede considerarse compatible con el mercado común, la Comisión sopesa la incidencia positiva de la medida de ayuda de cara a un objetivo de interés común y sus potenciales efectos secundarios negativos, por ejemplo la distorsión del comercio y la competencia. A partir de prácticas ya vigentes, el Plan de Acción de Ayudas Estatales formaliza este análisis en la denominada «prueba de sopesamiento» (7). Esta prueba consta de tres fases: las dos primeras se centran en los efectos positivos de la ayuda, mientras que la tercera aborda los efectos negativos y el balance de unos y otros. La prueba de sopesamiento se articula en torno a tres preguntas:

(17)

Esta prueba de sopesamiento puede aplicarse tanto a la elaboración de las normas sobre ayudas estatales como para la evaluación de casos concretos.

(18)

De acuerdo con el primer guión del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, el desarrollo sostenible — que se basaría en la prosperidad económica, la cohesión social y un nivel elevado de protección del medio ambiente — constituye uno de los objetivos en la Unión Europea. Así pues, fomentar la protección del medio ambiente constituye un objetivo importante de interés común. Además, el artículo 6 del Tratado CE menciona la necesidad de integrar la protección del medio ambiente en todas las políticas comunitarias, y su artículo 174, apartado 2, establece que la política en el ámbito del medio ambiente se basará en los principios de cautela, prevención y corrección de la contaminación (8) en la fuente misma, así como en el principio de que «quien contamina paga».

(19)

En las presentes Directrices se establecen las condiciones para autorizar la concesión de ayudas estatales destinadas a hacer frente a los fallos de mercado que dan lugar a un nivel de protección del medio ambiente inferior al que sería óptimo.

(20)

El fallo de mercado más habitual en el ámbito de la protección del medio ambiente guarda relación con las externalidades negativas. Las empresas que actúan en su propio interés carecen de incentivos para tener en cuenta las externalidades negativas derivadas de la producción, tanto al decidir sobre una tecnología particular de producción como al decidir sobre el nivel de producción. En otras palabras, los costes de producción que son percibidos por las empresas son menores que los costes soportados por la sociedad. Por ello, las empresas carecen de incentivos para reducir su nivel de contaminación o para tomar medidas individuales destinadas a proteger el medio ambiente.

(21)

Los gobiernos que se enfrentan a este fallo de mercado tienden a utilizar la reglamentación para garantizar que se contabilicen las externalidades derivadas de la producción. Mediante la introducción de normas, impuestos, instrumentos económicos y regulaciones de otro tipo, se obliga a las empresas contaminadoras a pagar por los costes que ocasiona la contaminación a la sociedad, de conformidad con el principio QCP. En consecuencia, la internalización de estas externalidades negativas incrementará los costes privados percibidos por la empresa, por lo que serán un lastre para sus ingresos. Por otra parte, dado que la generación de contaminación se distribuye de forma irregular entre las distintas industrias y empresas, los costes de cualquier reglamentación en favor del respeto del medio ambiente tienden también a ser distintos, no sólo entre empresas sino también entre Estados miembros. Estos pueden igualmente tener una percepción distinta de la necesidad de introducir objetivos rigurosos de protección ambiental.

(22)

En ausencia de normas comunitarias e instrumentos basados en el mercado que reflejen plenamente el nivel de aplicación del principio QCP (fallo reglamentario), los Estados miembros pueden decidir unilateralmente imponer un nivel superior de protección del medio ambiente, lo que a su vez puede originar costes adicionales para las empresas que operen en su territorio. Por ello, además de la reglamentación, los Estados miembros pueden utilizar las ayudas estatales como incentivo positivo para alcanzar niveles más altos de protección del medio ambiente. Pueden hacerlo de dos formas:

(23)

La intervención pública tiene un papel que desempeñar para garantizar una protección del medio ambiente más adecuada. La reglamentación y los instrumentos basados en el mercado constituyen las herramientas más importantes para lograr los objetivos de protección del medio ambiente. También pueden ser útiles instrumentos flexibles como los programas voluntarios de etiquetado ecológico y la diseminación de tecnologías respetuosas del medio ambiente. No obstante, a pesar de lo complicado que puede resultar hallar la combinación óptima de instrumentos estratégicos, la existencia de fallos de mercado u objetivos políticos no justifica automáticamente la utilización de ayudas estatales.

(24)

Según el principio QCP, el contaminador debería pagar todos los costes de su contaminación, incluidos los costes indirectos soportados por la sociedad. A tal efecto, la reglamentación ambiental puede ser un instrumento útil para aumentar la carga que soporta el contaminador. En teoría, el respeto del principio QCP garantiza la rectificación del fallo de mercado relacionado con las externalidades negativas. Así pues, si se aplicase plenamente este principio, resultaría superflua una intervención pública adicional para garantizar un resultado eficiente en el mercado. La aplicación del principio QCP sigue siendo la norma principal; las ayudas estatales constituyen, de hecho, la segunda mejor opción. La utilización de las ayudas estatales en el contexto del principio QCP liberaría al contaminador de la carga de pagar los costes de su contaminación. Por lo tanto, las ayudas estatales pueden no ser un instrumento adecuado en tales casos.

(25)

No obstante, sobre todo debido a la aplicación insuficiente del principio QCP, a menudo no se considera satisfactorio el nivel actual de protección del medio ambiente por las razones siguientes:

(26)

Las ayudas estatales, aunque no resuelven todos los problemas anteriormente mencionados, en el contexto de un nivel de protección insatisfactorio sí pueden ofrecer incentivos positivos para que las empresas (incentivos individuales) desarrollen actividades o realicen inversiones que no son obligatorias y que, de otro modo, no harían unas empresas con fines lucrativos. Por otra parte, las ayudas estatales pueden constituir un instrumento adecuado para permitir a los Estados miembros adoptar una normativa ambiental nacional que supere las normas comunitarias, reduciendo la carga de las empresas más afectadas por esta normativa y haciendo así posible dicha normativa.

(27)

La ayuda estatal en favor del medio ambiente debe dar lugar a que el beneficiario cambie su comportamiento de modo que el nivel de protección ambiental sea superior que si no se le hubiera concedido la ayuda. No obstante, las inversiones que incrementan el nivel de protección ambiental pueden al mismo tiempo incrementar los ingresos (9) y/o reducir los costes (10), con lo que resultan económicamente atractivas en sí mismas. Por ello, hay que comprobar si las inversiones en cuestión no se habrían realizado sin ayudas estatales.

(28)

El objetivo es asegurarse de que, sin la ayuda, las empresas no habrían desarrollado en cualquier caso el mismo nivel de actividad debido a sus beneficios intrínsecos. El efecto incentivador se determina mediante un análisis comparativo de los niveles de actividad que se registrarían con y sin la ayuda. La determinación correcta de la hipótesis de contraste es crucial para determinar si la ayuda estatal surte o no un efecto incentivador. Es también esencial a efectos del cálculo de las inversiones o los costes de producción adicionales necesarios para lograr un mayor nivel de protección ambiental.

(29)

Puede ser necesario realizar inversiones para ajustarse a normas comunitarias obligatorias. Puesto que la empresa tendría que ajustarse a esas normas en cualquier caso, la concesión de ayudas estatales para satisfacer normas de obligado cumplimiento que ya estén en vigor no está justificada.

(30)

Sólo se considera que la ayuda es proporcional si no se podría haber logrado el mismo resultado con una ayuda menor. La proporcionalidad puede también depender del grado de selectividad de una medida.

(31)

En particular, el montante de la ayuda debe limitarse al mínimo necesario para alcanzar la protección deseada del medio ambiente. Por lo tanto, los costes elegibles para ayuda a la inversión se basan en la noción de los costes adicionales (netos) necesarios para lograr los objetivos ambientales. Este concepto implica que todos los beneficios económicos que la inversión proporcione a la empresa deberán en principio deducirse de los costes de inversión adicionales a fin de determinar cuánta ayuda puede concederse.

(32)

No obstante, es difícil tener plenamente en cuenta todos los beneficios económicos que se derivarán para una empresa de una inversión adicional. Por ejemplo, con arreglo a la metodología para calcular los costes elegibles establecida en los puntos 80 a 84, los beneficios de explotación no son tenidos en cuenta pasado cierto período inicial que sigue a la inversión. Del mismo modo, ciertos tipos de beneficios que no son siempre fáciles de medir, como la mejora de la «imagen verde» gracias a una inversión ambiental, tampoco son tenidos en cuenta en este contexto. En consecuencia, para que la ayuda sea proporcionada, la Comisión considera que el montante de la ayuda debe ser normalmente inferior a los costes de inversión elegibles, véase Anexo. Sólo en los casos en los que se conceda una ayuda a la inversión en un proceso de ofertas genuinamente competitivas sobre la base de criterios claros, transparentes y no discriminatorios, garantizando de manera efectiva que la ayuda se limite al mínimo necesario para conseguir el beneficio ambiental, el montante de la ayuda puede alcanzar el 100 % del coste de inversión elegible. Ello se debe a que en dichas circunstancias cabe suponer que las respectivas ofertas reflejan todos los posibles beneficios que pueden derivarse de la inversión adicional.

(33)

Por otra parte, en el caso de determinadas medidas no es posible calcular el montante de la ayuda sobre la base de los costes adicionales, en concreto cuando las ayudas adoptan la forma de exenciones o reducciones de impuestos ambientales o regímenes de permisos negociables. En tales casos, la proporcionalidad se ha de asegurar mediante condiciones y criterios para la concesión de las exenciones y reducciones que garanticen que el beneficiario no recibe ventajas excesivas y que el carácter selectivo de la medida se limita al mínimo estricto.

(34)

A menudo, el coste de lograr la protección del medio ambiente es más elevado para las pequeñas y medianas empresas (en lo sucesivo, «PYME») en términos relativos si se compara con el tamaño de sus actividades. Además, las imperfecciones del mercado de capital limitan con frecuencia la capacidad de las PYME para soportar tales costes. Por ello, y habida cuenta del menor riesgo de distorsiones graves de la competencia cuando la ayuda se destina a una PYME, en determinados tipos de ayuda puede estar justificada una prima para las PYME.

(35)

Por otra parte, se anima a los Estados miembros a asegurarse de la buena relación entre el coste de sus medidas de ayuda y los beneficios sobre el medio ambiente, por ejemplo seleccionando medidas con las que se eviten costes externos significativos con respecto al importe de la ayuda. No obstante, como no existe ninguna relación directa entre los costes externos que se evitan y los costes en que incurre la empresa, sólo en casos excepcionales podrán utilizarse los costes externos evitados como base para determinar el importe de la ayuda estatal. En general, si se desea garantizar que el incentivo dado a la empresa para que cambie su comportamiento es adecuado, el montante de la ayuda debe estar directamente relacionado con el coste soportado por la empresa.

(36)

Si las medidas de ayuda estatal en favor del medio ambiente están bien enfocadas y compensan únicamente los costes adicionales realmente relacionados con un nivel superior de protección ambiental, el riesgo de que la ayuda distorsione indebidamente la competencia es normalmente bastante limitado. Así pues, es crucial que las medidas de ayuda estatal estén bien enfocadas. En los casos en que la ayuda no es necesaria o proporcionada para alcanzar el objetivo deseado, dañará la competencia. Es lo que ocurre, en particular, si la ayuda da lugar a:

(37)

En ocasiones la finalidad de la medida es intervenir en el funcionamiento del mercado con vistas a favorecer, en beneficio global del medio ambiente, ciertas producciones respetuosas del medio ambiente, a expensas de las más contaminantes. Como consecuencia de dichas medidas, los productores de los productos respetuosos del medio ambiente afectados podrán mejorar su posición en el mercado respecto de los competidores que ofrezcan unos productos menos beneficiosos para el medio ambiente. En dichos casos, la Comisión tendrá en cuenta el efecto ambiental global de la medida al observar su impacto negativo en la posición en el mercado, y con ello los beneficios de las empresas sin ayuda. Cuanto menor sea el efecto ambiental previsto de la medida considerada, más importante será la verificación de sus efectos sobre las cuotas de mercado y los beneficios de las tecnologías enfrentadas.

(38)

Sin perjuicio de los artículos 4 a 7 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (11), las suposiciones jurídicas aplicadas por la Comisión varían en función del tipo de medida de ayuda estatal notificada.

(39)

En el Capítulo 3 de las presentes Directrices, la Comisión ha identificado una serie de medidas respecto a las cuales considera a priori que la ayuda estatal está destinada a hacer frente a un fallo de mercado que supone un lastre para la protección del medio ambiente o a mejorar el nivel de protección ambiental. La Comisión también establece una serie de condiciones y parámetros para asegurar que dichas ayudas tengan realmente un efecto incentivador, sean proporcionales y sus efectos negativos sobre la competencia y el comercio sean limitados. Así pues, el Capítulo 3 contiene parámetros relacionados con la actividad apoyada, la intensidad de la ayuda y las condiciones a las que se supedita su compatibilidad.

(40)

Sin embargo, en el caso de montantes de ayuda superiores a determinados umbrales y en el de determinadas situaciones específicas, es necesario realizar un examen adicional, ya que los riesgos de distorsión de la competencia y el comercio son mayores. El examen adicional consistirá generalmente en un análisis factual ulterior y más detallado de la medida, con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo 4. Estas medidas serán declaradas compatibles si la prueba de sopesamiento establecida en el Capítulo 4 ofrece una evaluación global positiva. Al realizar este análisis, en principio no se dará por supuesto el cumplimiento de ninguno de los criterios de compatibilidad. La exención fiscal y las reducciones de los impuestos ambientales sólo estarán sujetos a la evaluación establecida en el Capítulo 4 (12).

(41)

Como resultado de esta evaluación detallada, la Comisión podrá aprobar la ayuda, declararla incompatible con el mercado común o adoptar una decisión de compatibilidad sujeta a determinadas condiciones.

(42)

La Comisión ha identificado una serie de medidas respecto a las cuales las ayudas estatales podrán, bajo condiciones específicas, ser compatibles con el artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE:

(43)

Estas ayudas ofrecen incentivos individuales a las empresas para lograr una mayor protección del medio ambiente. Normalmente, una empresa no tiene ningún incentivo para rebasar las normas obligatorias si el coste correspondiente es superior al beneficio que puede extraer. En tales casos, se puede conceder una ayuda estatal que incite a las empresas a mejorar la protección ambiental. De conformidad con el objetivo comunitario de apoyar la innovación ecológica, se puede admitir un trato más favorable para los proyectos de ecoinnovación que hagan frente al doble fallo de mercado asociado a los mayores riesgos de la innovación y el aspecto ambiental del proyecto. Así pues, las ayudas a la ecoinnovación tendrán por objeto acelerar la difusión de tales innovaciones en el mercado.

(44)

El transporte es responsable de gran parte (aproximadamente, el 30 %) del total de las emisiones de gases de efecto invernadero, así como de la contaminación local por polvo, partículas, NOx y SOx. Así pues, es importante fomentar medios de transporte no contaminantes, tanto para luchar contra el cambio climático como para reducir la contaminación local, sobre todo en las ciudades. En este contexto es vital promover la adquisición de vehículos de transporte no contaminantes (incluidos los buques no contaminantes).

(45)

Las presentes Directrices prohíben las ayudas destinadas a ayudar a las empresas a respetar normas comunitarias ya en vigor, puesto que tales ayudas no entrañarían un mayor nivel de protección del medio ambiente. Sin embargo, la ayuda estatal puede propiciar una aplicación notablemente más rápida de las normas comunitarias aprobadas recientemente y contribuir así a reducir la contaminación a un ritmo más rápido que si no existiera la ayuda. En tales situaciones, las ayudas estatales pueden dar a las empresas incentivos individuales para contrarrestar los efectos de las externalidades negativas relacionadas con la contaminación.

(46)

Las ayudas a las empresas destinadas a estudios sobre las inversiones destinadas alcanzar un nivel de protección ambiental superior a las normas comunitarias o a incrementar el nivel de protección ambiental en ausencia de normas comunitarias, así como a estudios sobre el ahorro de energía y la producción de energía renovable hacen frente al fallo del mercado vinculado a la información asimétrica. Las empresas infravaloran a menudo las posibilidades y beneficios relacionados con el ahorro de energía y la energía renovable, lo que lleva a la infrainversión.

(47)

Este tipo de ayuda hace frente al fallo de mercado vinculado a las externalidades negativas mediante la creación de incentivos individuales para lograr objetivos ambientales de ahorro energético y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. A escala comunitaria, en la Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo: Una Política Energética para Europa (13) se ha fijado el objetivo de lograr en 2020 una reducción de los gases de efecto invernadero de al menos el 20 % con respecto a 1990, de conformidad con lo acordado en el Consejo Europeo de 8 y 9 de marzo de 2007. Por otra parte, los Estados miembros están obligados a adoptar y tratar de alcanzar un objetivo indicativo del 9 % de ahorro energético nacional global en nueve años, de conformidad con la Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2006, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que se deroga la Directiva 93/76/CEE del Consejo (14). Las ayudas estatales pueden ser apropiadas cuando las inversiones que propician el ahorro de energía no son obligatorias en virtud de las normas comunitarias aplicables, y también cuando no producen beneficios, es decir, cuando el coste del ahorro energético es superior al beneficio económico privado derivado del mismo. En el caso de las pequeñas y medianas empresas puede ser necesario un marco de apoyo más favorable, para tener en cuenta que con frecuencia las PYME infravaloran los beneficios derivados del ahorro de energía a largo plazo, por lo que no invierten bastante en medidas de ahorro de energía.

(48)

Estas ayudas hacen frente al fallo de mercado relacionado con las externalidades negativas mediante la creación de incentivos individuales para aumentar el porcentaje de las fuentes de energía renovables en la producción total de energía. El incremento de la utilización de las fuentes renovables de energía es una de las prioridades de la Comunidad en materia de medio ambiente, amén de una prioridad económica y energética. Debería contribuir significativamente a alcanzar los objetivos en materia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. A escala comunitaria, en la Comunicación de la Comisión al Consejo Europeo y al Parlamento Europeo — Una política energética para Europa se ha fijado el objetivo de lograr en 2020 una participación de las fuentes de energía renovables del 20 % en el consumo total de energía de la UE. Las ayudas estatales pueden estar justificadas si el coste de producir energía a partir de fuentes renovables es superior al coste de producción a partir de fuentes menos respetuosas del medio ambiente y si no existe ninguna norma comunitaria obligatoria para las empresas individuales relativa al porcentaje de energía que debe proceder de fuentes renovables. El elevado coste de la producción de algunos tipos de energía renovable impide a las empresas aplicar precios competitivos en el mercado, lo que crea un obstáculo de acceso al mercado para dicha energía. No obstante, los avances tecnológicos en el ámbito de las fuentes renovables de energía, y la cada vez mayor internalización gradual de las externalidades ambientales (como resultado, por ejemplo, de la Directiva 2008/1/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de enero de 2008, relativa a la prevención y al control integrados de la contaminación (15), la legislación sobre la calidad del aire y el régimen de comercio de derechos de emisión) hacen que, en los últimos años, la diferencia de coste registre una tendencia a disminuir, con lo que se reduce la necesidad de ayudas.

(49)

Por otra parte, como se subraya en el Informe sobre la situación de los biocombustibles (16), el fomento de este tipo de combustibles debería redundar en beneficio, tanto de la seguridad del abastecimiento como de la política de lucha contra el cambio climático de manera sostenible. Por consiguiente, las ayudas estatales sólo podrán ser un instrumento adecuado en el caso de los usos de las fuentes de energía renovables en los que el beneficio y la sostenibilidad ambientales son evidentes. Más concretamente, los biocombustibles que no cumplen los criterios de sostenibilidad establecidos en el artículo 15, de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la promoción del uso de la energía de fuentes renovables (17) no pueden acceder a las ayudas estatales. Al designar sus sistemas de apoyo, los Estados miembros pueden estimular el uso de biocombustibles que proporcionan beneficios adicionales, incluidos los beneficios de la diversificación ofrecidos por los biocombustibles hechos a base de desechos, residuos y materias celulósicas y lignocelulósicas, teniendo debidamente en cuenta los diferentes costes de la producción de energía a partir de los biocombustibles tradicionales, por una parte, y de los biocombustibles que proporcionan beneficios adicionales, por otra.

(50)

Por lo que respecta a las instalaciones hidroeléctricas, debe tenerse en cuenta que su impacto ambiental puede ser doble. En términos de bajas emisiones de gases de efecto invernadero ciertamente suministran potencial. Por ello, pueden desempeñar un papel importante en la estructura energética global. Por otra parte, dichas instalaciones pueden tener también un impacto negativo, por ejemplo en los sistemas hídricos y la biodiversidad (18).

(51)

Estas ayudas hacen frente al fallo de mercado vinculado a externalidades negativas mediante la creación de incentivos individuales para cumplir objetivos ambientales en materia de ahorro energético. La cogeneración de calor y electricidad es la forma más eficaz de producir calor y electricidad simultáneamente. Al generar conjuntamente calor y electricidad se minimizan las pérdidas de energía. La estrategia comunitaria se resume en la estrategia de cogeneración de la Comisión de 1997, donde se establece el objetivo indicativo global de duplicar el porcentaje de la cogeneración en la producción de electricidad hasta alcanzar un 18 % antes de 2010. Posteriormente, la importancia de la cogeneración de calor y electricidad para la estrategia energética de la UE se ha subrayado mediante la aprobación de la Directiva 2004/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, relativa al fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía y por la que se modifica la Directiva 92/42/CEE (19) y la inclusión de un capítulo sobre cogeneración en el Plan de acción para la eficiencia energética: Realizar el potencial, de la Comisión (20). En este último documento se señala también el potencial del calor residual (por ejemplo el de la industria o los servicios públicos) para aplicaciones útiles, por ejemplo la calefacción urbana. A este respecto, la calefacción urbana puede tener una eficacia energética superior a la de la calefacción individual y propiciar una mejora significativa de la calidad del aire en las ciudades. Por lo tanto, si se demuestra que la calefacción urbana es menos contaminante y energéticamente más eficaz en el proceso de generación y distribución del calor pero más costosa que la calefacción individual, se podrán conceder ayudas estatales para proporcionar incentivos destinados a lograr objetivos ambientales. No obstante cabe esperar que, como en el caso de las energías renovables, la internalización progresiva de las externalidades ambientales en los costes de otras tecnologías reduzca la necesidad de ayudas, al impulsar la convergencia gradual de estos costes con los de la cogeneración y la calefacción urbana.

(52)

Este tipo de ayudas tiene por objeto proporcionar incentivos individuales para alcanzar objetivos ambientales relacionados con la gestión de residuos (21). En el Sexto Programa de Acción en Materia de Medio Ambiente se identifica la prevención y la gestión de los residuos como una de las cuatro prioridades principales. Su objetivo principal es disociar la generación de residuos de las actividades económicas, de modo que el crecimiento de la UE no origine un incremento constante de los residuos. En este contexto, se podrán conceder ayudas estatales a los productores de los residuos (apartado 3.1.1.) y a las empresas que gestionan o reciclan los residuos procedentes de otras empresas (apartado 3.1.9.). No obstante, se deberán garantizar los efectos positivos sobre el medio ambiente, no se deberá eludir el principio QCP y no se deberá distorsionar el funcionamiento normal de los mercados de materiales secundarios.

(53)

Este tipo de ayudas tiene por objeto crear un incentivo individual para contrarrestar los efectos de externalidades negativas, cuando no es posible identificar al contaminador y exigirle el pago de la reparación del daño ambiental por él causado. En tales casos, las ayudas estatales podrán estar justificadas si el coste de la recuperación del solar es superior al consiguiente incremento de su valor.

(54)

Este tipo de inversión tiene por objeto crear incentivos individuales para reducir las externalidades negativas mediante la relocalización de empresas muy contaminantes y su traslado a zonas donde tal contaminación tendrá efectos menos dañinos, es decir, costes externos menores. Conforme al principio de cautela, las presentes Directrices introducen la posibilidad de conceder ayudas para la relocalización de establecimientos de alto riesgo con arreglo a la Directiva 96/82/CE del Consejo de 9 de diciembre de 1996, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas (22) (en lo sucesivo, «Directiva Seveso II»). Los últimos accidentes han demostrado que la ubicación de los establecimientos que abarca dicha Directiva es de importancia primordial tanto por lo que se refiere a la prevención de los accidentes como a la limitación de sus consecuencias sobre las personas y el medio ambiente. Por lo tanto, la concesión de ayudas estatales puede estar justificada si la relocalización se efectúa por razones ambientales. Para evitar la concesión de ayudas de relocalización con otros fines, será necesario que una decisión administrativa o judicial de la autoridad pública competente o un acuerdo entre la autoridad pública competente y la empresa avale la relocalización de la empresa interesada. El calculo de los costes elegibles deberá reflejar cualquier ventaja que la empresa pueda obtener debido a su relocalización.

(55)

Los regímenes de permisos negociables pueden conllevar ayudas estatales de diversas maneras, por ejemplo cuando los Estados miembros conceden permisos y autorizaciones por debajo de su valor de mercado y ello es imputable a los Estados miembros. Estas ayudas pueden utilizarse para contrarrestar las externalidades negativas mediante la introducción de instrumentos de mercado centrados en objetivos ambientales. Si el número total de permisos concedidos por los Estados miembros es inferior a las necesidades globales previstas de las empresas, el efecto global sobre el nivel de protección ambiental será positivo. A escala individual, si los permisos otorgados no cubren todas las necesidades previstas de una empresa, ésta deberá, o bien disminuir su contaminación, contribuyendo así a la mejora del nivel de protección del medio ambiente o bien adquirir permisos adicionales en el mercado, pagando así una compensación por la contaminación que causa. Con el fin de limitar la distorsión de la competencia, no se podrá justificar ninguna concesión de permisos superior a las necesidades y se deberán tomar medidas para evitar las barreras de entrada indebidas.

(56)

Los criterios establecidos en el punto 55 constituyen la base de la evaluación por la Comisión de las situaciones derivadas del período de comercio que finalizará el 31 de diciembre de 2012. Con respecto a las situaciones derivadas del período de comercio posterior a esa fecha, la Comisión evaluará las medidas con arreglo al hecho de si son tanto necesarias como proporcionales. Finalmente, dichos criterios informarán la revisión de las presentes Directrices, teniendo particularmente en cuenta la nueva Directiva sobre el régimen comunitario de comercio de emisiones de CO2 para el período de comercio posterior al 31 de diciembre de 2012.

(57)

Las reducciones y exenciones de los impuestos ambientales relativos a determinados sectores o categorías de empresas pueden hacer factible la adopción de impuestos más elevados para otras empresas, provocando así una mejora global de la internalización de los costes y creando nuevos incentivos para mejorar la protección ambiental. En consecuencia, este tipo de ayudas puede ser necesario para centrarse indirectamente en las externalidades negativas facilitando la introducción o el mantenimiento de una fiscalidad ambiental nacional relativamente alta. Para que las ayudas sean compatibles, debe hacerse constar que las exenciones o reducciones son necesarias para todas las categorías sugeridas de beneficiarios, y que son proporcionales en sus dimensiones. Se supone que éste es el caso si los beneficiarios pagan al menos el nivel mínimo de impuestos establecido por la Directiva aplicable, de haberla. En caso contrario, la necesidad dependerá de la medida en que la fiscalidad nacional repercuta en los costes de producción, así como de la posibilidad de repercutir el impuesto en los consumidores y reducir los márgenes de beneficio. La proporcionalidad dependerá de la medida en que los beneficiarios puedan seguir reducir aún más su consumo o su emisión, pagar una parte de la fiscalidad nacional o llegar a acuerdos ambientales para reducir la contaminación (23).

(58)

Las presentes Directrices son aplicables a las ayudas estatales destinadas a la protección del medio ambiente. Se aplicarán de conformidad con las demás políticas comunitarias en materia de ayudas estatales, las restantes disposiciones del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y del Tratado de la Unión Europea y la legislación adoptada en virtud de los mismos.

(59)

Estas Directrices son aplicables a las ayudas (24) en favor de la protección del medio ambiente en todos los sectores que se rigen por el Tratado CE. Son también de aplicación a aquellos sectores sujetos a normas comunitarias específicas en materia de ayudas estatales (siderurgia, industria naval y de automoción, fibras sintéticas, transporte, carbón, agricultura y pesca) a menos que dichas normas específicas dispongan otra cosa.

(60)

Quedan fuera del ámbito de aplicación de las presentes Directrices el diseño y la fabricación de productos ecológicos, de máquinas o medios de transporte diseñados para funcionar con menos recursos naturales y las medidas adoptadas en fábricas u otras unidades de producción para mejorar la seguridad o la higiene.

(61)

En materia de agricultura y pesca, las presentes Directrices son aplicables a las ayudas para la protección del medio ambiente destinadas a empresas de transformación y comercialización. En el caso de las empresas dedicadas a la transformación y comercialización de productos de la pesca, si las ayudas se refieren a gastos elegibles al amparo del Reglamento (CE) no 1198/2006 del Consejo, de 27 de julio de 2006, relativo al Fondo Europeo de Pesca (25), el porcentaje de ayuda máximo será, o bien el porcentaje de ayuda contemplado en las presentes Directrices, o bien el porcentaje de ayuda previsto en ese Reglamento, cualquiera sea mayor. En cuanto a la producción primaria de productos agrícolas, las presentes Directrices únicamente se aplicarán a las medidas que todavía no se rijan por las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en el sector agrícola y forestal 2007-2013 (26). En el ámbito de la producción primaria de productos de la pesca y la acuicultura, serán de aplicación sólo cuando no existan disposiciones específicas en materia de ayudas ambientales.

(62)

La financiación de medidas de protección del medio ambiente relacionadas con las infraestructuras de transporte aéreo, viario, ferroviario, marítimo y por vías navegables interiores, incluidos todos los proyectos de interés común mencionados en la Decisión no 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de julio de 1996 sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte (27) queda fuera del ámbito de aplicación de las presentes Directrices.

(63)

Las ayudas estatales a la investigación, el desarrollo y la innovación en el ámbito del medio ambiente están sujetas a las normas establecidas en el marco comunitario en materia de ayudas estatales a la investigación, el desarrollo y la innovación (28). Sin embargo, la fase de difusión comercial de las ecoinnovaciones (adquisición de un bien de ecoinnovación) sí entra dentro del ámbito de las presentes Directrices.

(64)

Las características de la ayuda a las actividades de formación en cuestiones de medio ambiente no justifican la existencia de normas independientes de las relativas a la ayuda para las actividades de formación en general, por lo que la Comisión examinará tales ayudas con arreglo al Reglamento (CE) no 68/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas a la formación (29).

(65)

Los servicios de consultoría pueden ayudar en gran medida a las PYME a avanzar en la protección del entorno. En particular, los pueden utilizar para realizar auditorías ambientales o para evaluar los beneficios económicos que les aportaría una inversión con efectos favorables sobre el medio ambiente, por lo que las incentivan a realizar inversiones de tales características. Las ayudas a las PYME en concepto de servicios de asesoría/consultoría en materia de medio ambiente podrán concederse con arreglo al Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001, relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas (30).

(66)

Estas Directrices no se aplicarán a los costes de transición a la competencia, tal como se definen en la Comunicación de la Comisión relativa a la metodología de análisis de las ayudas estatales vinculadas a costes de transición a la competencia (31).

(67)

Por otra parte, en la medida en que no sean aplicables las disposiciones relativas al ahorro de energía establecidas en la sección 3.1.5, estas Directrices no se aplicarán a las ayudas estatales a las inversiones en infraestructura relacionadas con la calefacción urbana, que serán evaluadas con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE.

(68)

En algunos Estados miembros, las empresas podrán estar sujetas a impuestos ambientales y, al mismo tiempo, participar en regímenes de permisos negociables. La Comisión no ha adquirido suficiente experiencia de cara a evaluar la compatibilidad de las reducciones de los impuestos ambientales en dichas situaciones. En vez de ello, la evaluación de dichos casos, en la medida en que constituyan ayudas estatales a efectos del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, tendrá lugar sobre la base del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE.

(69)

Finalmente, algunos de los mecanismos previstos por los Estados miembros para dar apoyo a las centrales eléctricas alimentadas con combustibles fósiles y otras instalaciones industriales equipadas con dispositivos de captura, transporte y almacenamiento de CO2, o elementos individuales de esta cadena de captura de carbono, podrían constituir ayudas estatales; pero, vista la falta de experiencia, todavía es demasiado pronto para establecer las directrices de autorización de tales ayudas. Teniendo en cuenta la importancia estratégica de esa tecnología para la Comunidad por lo que respecta a la seguridad energética, la reducción de las emisiones de efecto invernadero, el logro del objetivo acordado de limitar el cambio climático a un aumento de 2 a C. por encima de los niveles preindustriales y el apoyo expreso de ola Comisión a la construcción de grandes instalaciones de demostración de aquí a 2015, siempre que sean ambientalmente seguros y contribuyan a la protección ambiental, la Comisión adoptará por lo general una actitud positiva hacia las ayudas estatales para tales proyectos (32). Los proyectos podrían examinarse al amparo del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE, o ser elegibles como proyectos importantes de interés común europeo, con arreglo a las condiciones expuestas en el artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado y en el apartado 147 de las presentes Directrices.

(70)

A efectos de las presentes Directrices se entenderá por:

(71)

Las ayudas estatales para la protección del medio ambiente son compatibles con el mercado común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE cuando, sobre la base de la prueba de sopesamiento, permitan incrementar las actividades de protección ambiental sin afectar de forma adversa las condiciones de los intercambios comerciales en grado contrario al interés común. En este contexto, la duración de los regímenes de ayudas deberá estar sujeta a plazos razonables, sin perjuicio de la posibilidad de que un Estado miembro vuelva a notificar una medida después de transcurrido el plazo establecido por la Comisión. Las notificaciones de medidas de ayuda podrán ser apoyadas por los Estados miembros mediante evaluaciones rigurosas de medidas previas de ayuda similares que demuestren el efecto incentivador de la ayuda.

(72)

Las medidas descritas en los puntos 73 a 146 podrán considerarse compatibles con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE.

(73)

Las ayudas a la inversión que permitan a las empresas superar las normas comunitarias o incrementar el nivel de protección ambiental en ausencia de normas comunitarias se considerarán compatibles con el mercado común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE cuando se cumplan las condiciones establecidas en los puntos 74 a 84 y en la Sección 3.2.

(74)

La inversión objeto de la ayuda deberá cumplir una de las dos condiciones siguientes:

(75)

No podrán concederse ayudas cuando las mejoras permitan a las empresas ajustarse a normas comunitarias ya adoptadas pero que todavía no están en vigor (40).

(76)

La intensidad de la ayuda no podrá superar el 50 % del coste de la inversión elegible según se define en los puntos 80 a 84.

(77)

Cuando la ayuda a la inversión se conceda en un proceso de ofertas genuinamente competitivas sobre la base de criterios claros, transparentes y no discriminatorios, garantizando de manera efectiva que la ayuda se limite al mínimo necesario para conseguir el beneficio ambiental, el montante de la ayuda podrá alcanzar el 100 % del coste de inversión elegible, tal como se define en los puntos 80 a 84. Dicho proceso de ofertas deberá ser no discriminatorio y prever la participación de un número suficiente de empresas. Por otra parte, el presupuesto relativo al proceso de ofertas deberá constituir una limitación estricta, en el sentido de que no todos los participantes podrán recibir ayuda. Por último, la ayuda deberá ser concedida sobre la base de la oferta inicial presentada por el licitador, excluyendo así subsiguientes negociaciones.

(78)

Cuando la inversión concierna la adquisición de un activo de ecoinnovación o la puesta en marcha de un proyecto de ecoinnovación, la intensidad de la ayuda podrá aumentarse en 10 puntos porcentuales, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

(79)

Cuando la ayuda a la inversión para empresas que superan las normas comunitarias, o incrementan el nivel de protección ambiental en ausencia de tales normas comunitarias, esté destinada a PYME, la intensidad de la ayuda podrá aumentarse en 10 puntos porcentuales en el caso de las empresas medianas y en 20 puntos porcentuales en el caso de las pequeñas empresas.

(80)

Los costes elegibles deberán limitarse a los costes de inversión adicionales necesarios para lograr un nivel de protección ambiental superior al exigido por las normas comunitarias, y se calcularán en dos fases. En primer lugar, el coste de la inversión relacionada directamente con la protección ambiental se establecerá por referencia a la hipótesis de contraste, cuando así proceda. En segundo lugar, se deducirán los beneficios de explotación y se añadirán los costes de explotación.

(81)

Determinación de la parte de la inversión relacionada directamente con la protección ambiental:

(82)

Determinación de los costes/beneficios de explotación: Los costes elegibles deberán calcularse, salvo disposición en contrario en el presente capítulo, tras deducir cualesquiera beneficios de explotación o costes de explotación relacionados con la inversión adicional para la protección ambiental generados durante los cinco primeros años de vida de dicha inversión. Ello implica que dichos beneficios de explotación deberán ser deducidos y que dichos costes de explotación podrán ser añadidos a los costes de inversión adicionales.

(83)

Las inversiones elegibles podrán adoptar la forma de inversiones en bienes tangibles y/o en bienes intangibles.

(84)

En caso de inversiones cuyo objetivo sea obtener un nivel de protección ambiental superior a las normas comunitarias, la hipótesis de contraste deberá elegirse del modo siguiente:

(85)

Las normas generales establecidas en los puntos 73 a 84 serán de aplicación en relación con las ayudas concedidas a empresas que superen las normas comunitarias o mejoren el nivel de protección ambiental en ausencia de normas comunitarias en el sector del transporte. Sin perjuicio del punto 75, las ayudas para la adquisición de vehículos nuevos de transporte viario, ferroviario, marítimo y por vías navegables interiores, que se ajusten a las normas comunitarias adoptadas, estarán autorizadas siempre que tal adquisición haya tenido lugar antes de la entrada en vigor de dichas normas y que las nuevas normas comunitarias, una vez que su cumplimiento sea obligatorio, no se apliquen retroactivamente a vehículos ya adquiridos.

(86)

En casos de operaciones de retroadaptación cuya finalidad sea la protección ambiental en el sector del transporte, los costes elegibles serán los costes totales netos adicionales de la operación, conforme a la metodología para calcular los costes elegibles establecida en los puntos 80 a 84, si los medios de transporte existentes son objeto de mejoras con el fin de cumplir normas ambientales que todavía no estaban en vigor cuando entraron en funcionamiento o si los medios de transporte no están sujetos a ninguna norma ambiental.

(87)

La ayuda para cumplir con nuevas normas comunitarias destinadas a mejorar la protección ambiental, que todavía no hayan entrado en vigor, se considerará compatible con el mercado común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE si dichas normas comunitarias ya han sido adoptadas, a condición de que la inversión se realice y finalice al menos un año antes de la entrada en vigor de la norma.

(88)

La intensidad máxima de la ayuda será del 25 % para las pequeñas empresas, del 20 % para las empresas medianas y del 15 % para las grandes empresas si el proyecto se realiza y finaliza al menos tres años antes de la fecha de transposición obligatoria o de la fecha de entrada en vigor. La intensidad de la ayuda será del 20 % para las pequeñas empresas, del 15 % para las empresas medianas y del 10 % para las grandes empresas si el proyecto se realiza y finaliza entre uno y tres años antes de dicha fecha o de la fecha de entrada en vigor.

(89)

Los costes elegibles se limitarán a los costes de inversión adicionales necesarios para lograr el nivel de protección ambiental exigido por la norma comunitaria en comparación con el nivel de protección ambiental exigido antes de la entrada en vigor de esa norma.

(90)

Los costes de inversión elegibles deberán calcularse tras deducir cualesquiera beneficios y costes de explotación vinculados a la inversión adicional y producidos durante los cinco primeros años de vida de la inversión, con arreglo a lo establecido en los puntos 81, 82 y 83.

(91)

La ayuda a las empresas para estudios directamente vinculados a las inversiones destinadas a cumplir las normas con arreglo a las condiciones establecidas en la sección 3.1.1, a conseguir un ahorro de energía con arreglo a las condiciones establecidas en la sección 3.1.5, y a producir energía renovable con arreglo a las condiciones establecidas en la sección 3.1.6 se considerarán compatibles con el mercado común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE, si se cumplen las condiciones establecidas en el presente capítulo. Ello también se aplicará en los casos en que, como consecuencia de las conclusiones de un estudio preparatorio, no se lleve a cabo finalmente la inversión objeto de la investigación.

(92)

La intensidad de la ayuda no sobrepasará el 50 % de los costes del estudio.

(93)

Cuando el estudio se emprenda en nombre de una PYME, la intensidad de la ayuda podrá incrementarse en 10 puntos porcentuales para empresas medianas y en 20 puntos porcentuales para pequeñas empresas, tal como se establece en el cuadro.

(94)

Las ayudas a la inversión y/o las ayudas a la explotación que permitan a las empresas lograr ahorros de energía se considerarán compatibles con el mercado común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c) del Tratado CE, si se cumplen las siguientes condiciones:

(95)

La intensidad de la ayuda no podrá ser superior al 60 % de los costes de inversión elegibles.

(96)

Cuando las ayudas a la inversión para el ahorro energético se destinen a PYME, la intensidad de la ayuda podrá incrementarse en 10 puntos porcentuales para las empresas medianas o en 20 puntos porcentuales para las pequeñas empresas, como se indica en el cuadro siguiente.

(97)

Cuando la ayuda a la inversión se conceda en un proceso de ofertas genuinamente competitivas sobre la base de criterios claros, transparentes y no discriminatorios, garantizando de manera efectiva que la ayuda se limite al mínimo necesario para conseguir el máximo ahorro energético, el montante de la ayuda podrá alcanzar el 100 % del coste de inversión elegible, tal como se define en el punto 98. Dicho proceso de ofertas deberá ser no discriminatorio y prever la participación de un número suficiente de empresas. Por otra parte, el presupuesto relativo al proceso de ofertas deberá constituir una limitación estricta, en el sentido de que no todos los participantes podrán recibir ayuda. Por último, la ayuda deberá ser concedida sobre la base de la oferta inicial presentada por el licitador, excluyendo así subsiguientes negociaciones.

(98)

Los costes elegibles deberán limitarse a los costes de inversión adicionales necesarios para lograr un ahorro energético superior al nivel exigido por las normas comunitarias.

Para el cálculo de los costes adicionales deberán respetarse las siguientes normas:

(99)

Sólo se podrán otorgar ayudas a la explotación a efectos del ahorro de energía si se cumplen las condiciones siguientes:

(100)

En el caso de las ayudas que se vayan reduciendo gradualmente, la intensidad de la ayuda no podrá rebasar el 100 % de los costes adicionales en el primer año, pero se deberá ir reduciendo linealmente hasta llegar a cero al final del quinto año. En el caso de las ayudas que no disminuyan gradualmente, su intensidad no podrá rebasar el 50 % de los costes adicionales.

(101)

Las ayudas a la inversión en favor del medio ambiente y/o las ayudas a la explotación para fomentar la energía procedente de fuentes renovables se considerarán compatibles con el Mercado Común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c) del Tratado CE, si se cumplen las condiciones de los puntos 102 a 111. La ayuda estatal puede justificarse si no existe ninguna norma comunitaria obligatoria relativa a la proporción de energía procedente de fuentes renovables para las empresas individuales. La ayuda para la inversión y/o la ayuda de explotación para la producción de biocombustibles sólo se autorizará por lo que respecta a los biocombustibles sostenibles.

(102)

La intensidad de la ayuda no podrá ser superior al 60 % de los costes de inversión elegibles.

(103)

Si las ayudas a la inversión para fuentes de energía renovables se destinan a PYME, la intensidad de la ayuda podrá incrementarse en 10 puntos porcentuales en el caso de las empresas medianas y 20 puntos porcentuales en el caso de las pequeñas empresas, como se indica en el cuadro siguiente.

(104)

Cuando la ayuda a la inversión se conceda en un proceso de ofertas genuinamente competitivas sobre la base de criterios claros, transparentes y no discriminatorios, garantizando de manera efectiva que la ayuda se limite al mínimo necesario para conseguir la máxima energía renovable, el montante de la ayuda podrá alcanzar el 100 % del coste de inversión elegible, tal como se define en los puntos 105 y 106. Dicho proceso de ofertas deberá ser no discriminatorio y prever la participación de un número suficiente de empresas. Por otra parte, el presupuesto relativo al proceso de ofertas deberá constituir una limitación estricta, en el sentido de que no todos los participantes podrán recibir ayuda. Por último, la ayuda deberá ser concedida sobre la base de la oferta inicial presentada por el licitador, excluyendo así subsiguientes negociaciones.

(105)

Con respecto a las energías renovables, los costes de inversión elegibles deberán limitarse a los costes de inversión adicionales soportados por el beneficiario de la ayuda en comparación con los de una central eléctrica o un sistema de calefacción convencionales con la misma capacidad en términos de producción efectiva de energía.

(106)

Los costes elegibles deberán calcularse tras deducir cualesquiera beneficios o costes de explotación relacionados con la inversión adicional para fuentes de energía renovables generados durante los cinco primeros años de vida de dicha inversión, tal como se establece en los puntos 81, 82 y 83.

(107)

Las ayudas a la explotación para la producción de energía renovable podrán justificarse cuando tengan por objeto cubrir la diferencia entre el coste de producir energía a partir de fuentes renovables y el precio de mercado de la forma de energía de que se trate. Ello se aplica a la producción de energía renovable a efectos de venderla posteriormente en el mercado, así como a efectos del propio consumo de la empresa.

(108)

Los Estados miembros podrán conceder ayudas a las fuentes de energía renovable con arreglo a las siguientes opciones:

(109)

Opción 1

(110)

Opción 2

(111)

Opción 3

Por otra parte, los Estados miembros podrán conceder ayuda a la explotación de conformidad con lo dispuesto en el punto 100.

(112)

La ayuda a la inversión en favor del medio ambiente y/o la ayuda a la explotación para la cogeneración será compatible con el mercado común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE, a condición de que la unidad de cogeneración se ajuste a la definición de cogeneración de alta eficacia contemplada en el punto 70, definición no 11, y que, por lo que respecta a la ayuda a la inversión:

(113)

Toda cogeneración existente deberá cumplir tanto la definición de cogeneración de alta eficacia establecida en el punto 70(11) como el requisito de que se produzcan ahorros globales de energía primaria en comparación con la producción separada tal como se define en la Directiva 2004/8/CE y la Decisión 2007/7/74.

(114)

La intensidad de la ayuda no podrá superar el 60 % de los costes de inversión elegibles.

(115)

Cuando las ayudas a la inversión para la cogeneración se destinen a PYME, la intensidad máxima de ayuda podrá incrementarse en 10 puntos porcentuales en el caso de las medianas empresas y en 20 puntos porcentuales en el caso de las pequeñas empresas.

(116)

Cuando la ayuda a la inversión se conceda en un proceso de ofertas genuinamente competitivas sobre la base de criterios claros, transparentes y no discriminatorios, garantizando de manera efectiva que la ayuda se limite al mínimo necesario para conseguir la máxima energía renovable, el montante de la ayuda podrá alcanzar el 100 % del coste de inversión elegible, tal como se define en los puntos 117 y 118. Dicho proceso de ofertas deberá ser no discriminatorio y prever la participación de un número suficiente de empresas. Por otra parte, el presupuesto relativo al proceso de ofertas deberá constituir una limitación estricta, en el sentido de que no todos los participantes podrán recibir ayuda. Por último, la ayuda deberá ser concedida sobre la base de la oferta inicial presentada por el licitador, excluyendo así subsiguientes negociaciones.

(117)

Los costes elegibles deberán limitarse a los costes de inversión adicionales necesarios para lograr una instalación de cogeneración de alta eficacia en comparación con la inversión de referencia.

(118)

Los costes elegibles deberán calcularse tras deducir cualesquiera beneficios o costes de explotación relacionados con la inversión adicional generados durante los cinco primeros años de vida de dicha inversión, tal como se establece en los puntos 81 a 83.

(119)

Las ayudas a la explotación para la cogeneración de alta eficacia podrán otorgarse con arreglo a las normas relativas a las ayudas a la explotación para energías renovables establecidas en la sección 3.1.6.2:

(120)

La ayuda a la inversión en instalaciones de calefacción urbana energéticamente eficiente (44) se considerará compatible con el mercado común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE, siempre que propicie un ahorro de energía primaria, que la instalación de calefacción urbana beneficiaria se ajuste a la definición de calefacción urbana energéticamente eficiente contemplada en el punto 70(13), y que:

(121)

La intensidad de la ayuda para instalaciones de calefacción urbana no podrá superar el 50 % de los costes de inversión elegibles. Si la ayuda está destinada exclusivamente a la parte de generación de una instalación de calefacción urbana, las instalaciones de calefacción urbana energéticamente eficiente que utilicen fuentes renovables de energía o recurran a la cogeneración estarán amparadas por las normas contempladas en las secciones 3.1.6 y 3.1.7, respectivamente.

(122)

Cuando la ayuda a la inversión para calefacción urbana energéticamente eficiente esté destinada a PYME, la intensidad de la ayuda podrá aumentarse en 10 puntos porcentuales en el caso de las empresas medianas y en 20 puntos porcentuales en el caso de las pequeñas empresas, como se expone en el cuadro siguiente.

(123)

Cuando la ayuda a la inversión se conceda en un proceso de ofertas genuinamente competitivas sobre la base de criterios claros, transparentes y no discriminatorios, garantizando de manera efectiva que la ayuda se limite al mínimo necesario para conseguir la máxima energía renovable, el montante de la ayuda podrá alcanzar el 100 % del coste de inversión elegible, tal como se define en los puntos 124 y 125. Dicho proceso de ofertas deberá ser no discriminatorio y prever la participación de un número suficiente de empresas. Por otra parte, el presupuesto relativo al proceso de ofertas deberá constituir una limitación estricta, en el sentido de que no todos los participantes podrán recibir ayuda. Por último, la ayuda deberá ser concedida sobre la base de la oferta inicial presentada por el licitador, excluyendo así subsiguientes negociaciones.

(124)

Los costes elegibles deberán limitarse a los costes de inversión adicionales necesarios para alcanzar un nivel de inversión con el que se vaya a conseguir una calefacción urbana energéticamente eficiente en comparación con la inversión de referencia.

(125)

Los costes elegibles deberán calcularse tras deducir cualesquiera beneficios o costes de explotación relacionados con la inversión adicional generados durante los cinco primeros años de vida de dicha inversión, tal como se establece en los puntos 81 a 83.

(126)

La ayuda a la inversión en favor del medio ambiente para la gestión de residuos de otras empresas, incluidas las actividades de reutilización, reciclaje y recuperación, se considerará compatible con el mercado común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE, a condición de que dicha gestión de residuos se ajuste a la clasificación jerárquica de los principios aplicables a la gestión de residuos (45) y respete las condiciones establecidas en el punto 127.

(127)

Sólo se podrán conceder ayudas a la inversión para la gestión de residuos si se cumplen todas las condiciones siguientes:

(128)

La intensidad de la ayuda no podrá superar el 50 % de los costes de inversión elegibles.

(129)

Cuando las ayudas a la inversión para la gestión de residuos se destinen a PYME, la intensidad de ayuda podrá incrementarse en 10 puntos porcentuales en el caso de las medianas empresas y en 20 puntos porcentuales en el caso de las pequeñas empresas.

(130)

Los costes elegibles se limitarán a los costes de inversión adicionales necesarios en que incurra el beneficiario para la realización de una inversión que contemple la gestión de los residuos, en comparación con la inversión de referencia, es decir, los costes de una producción convencional de la misma capacidad sin gestión de residuos. El coste de tal inversión de referencia deberá deducirse del coste elegible.

(131)

Los costes elegibles deberán calcularse tras deducir cualesquiera beneficios o costes de explotación relacionados con la inversión adicional para la gestión de residuos generados durante los cinco primeros años de vida de dicha inversión (47), tal como se establece en los puntos 81 a 83.

(132)

Las ayudas a la inversión otorgadas a empresas que reparen deterioros del medio ambiente saneando solares contaminados se considerarán compatibles con el mercado común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE (48), a condición de que estén destinadas a la mejora de la protección ambiental. El deterioro ambiental en cuestión incluye el deterioro de la calidad del suelo o de las aguas superficiales o subterráneas.

Cuando se identifique con claridad al contaminador, éste deberá sufragar el saneamiento con arreglo al principio de que «quien contamina paga» y no se podrá conceder ninguna ayuda estatal. En este contexto, por «contaminador» se entenderá la persona responsable con arreglo a la legislación en vigor en cada Estado miembro, sin perjuicio de la adopción de normas comunitarias en la materia.

(133)

La ayuda destinada al saneamiento de solares contaminados podrá ascender hasta el 100 % de los costes elegibles.

El montante total de la ayuda no podrá, en ningún caso, ser superior a los gastos reales en que haya incurrido la empresa.

(134)

Los costes elegibles serán iguales a los costes de las tareas de saneamiento menos el aumento de valor del terreno. Para el saneamiento de lugares contaminados, se consideran inversiones el conjunto de gastos en que incurra la empresa para sanear su terreno, independientemente de que en el balance figuren o no como inmovilizado.

(135)

La ayuda a la inversión para la relocalización de empresas en nuevos emplazamientos por razones de protección ambiental se considerará compatible con el mercado común, a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE, a condición de que se cumplan las condiciones siguientes:

(136)

Podrán acogerse a esta ayuda:

(137)

La intensidad de la ayuda no rebasará el 50 % de los costes de inversión elegibles. La intensidad de la ayuda podrá incrementarse en 10 puntos porcentuales en el caso de las empresas medianas y en 20 puntos porcentuales en el caso de las pequeñas empresas, como figura en el cuadro siguiente.

(138)

Para determinar el montante de los costes elegibles en los casos de ayuda a la relocalización, la Comisión tendrá en cuenta, en particular:

(139)

Los regímenes de permisos negociables pueden conllevar una ayuda estatal de diversas maneras, por ejemplo cuando los permisos y las autorizaciones se conceden a un precio inferior a su valor de mercado, y dicha concesión es atribuible a los Estados miembros.

(140)

La ayuda estatal correspondiente a regímenes de permisos negociables podrá ser declarada compatible con el mercado común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE, siempre y cuando se cumplan las condiciones a) a d) del presente punto y del punto 141. No obstante lo dispuesto, el punto 141 no se aplicará al período de comercio que finaliza el 31 de diciembre de 2012 para los regímenes de permisos negociables, de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 3003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE (50) del Consejo (en lo sucesivo denominada, Régimen de Comercio de Emisiones «RCE de la UE») (51):

(141)

La Comisión evaluará la necesidad y la proporcionalidad de las ayudas estatales correspondientes a un régimen de permisos negociables con arreglo a los siguientes criterios:

(142)

La ayuda estatal deberá tener un efecto incentivador, es decir, propiciar un cambio de comportamiento del beneficiario de manera que aumente el nivel de protección del medio ambiente.

(143)

La Comisión considera que las ayudas nunca tienen un efecto incentivador sobre el beneficiario cuando éste presenta la solicitud de ayuda a las autoridades nacionales con posterioridad al inicio del proyecto.

(144)

Si el proyecto objeto de la ayuda no ha sido iniciado con anterioridad a la solicitud, se considera que todas las categorías de ayuda concedidas a PYME cumplen con el requisito incentivador deseado, excepto en los casos en que la ayuda deba ser evaluada con arreglo a la evaluación detallada del capítulo 5.

(145)

En el caso de todos los demás proyectos que reciben ayuda, la Comisión exigirá que el Estado miembro notificante demuestre el efecto incentivador.

(146)

Para demostrar el efecto incentivador, el Estado miembro interesado deberá probar que sin la ayuda, es decir, en la hipótesis de contraste, no se habría elegido la alternativa más respetuosa del medio ambiente. A este efecto, el Estado miembro en cuestión suministrará información que demuestre que:

(147)

Las ayudas para fomentar la ejecución de proyectos importantes de interés común europeo que constituyen una prioridad ambiental podrán considerarse compatibles con el mercado común con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado CE, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

(148)

Para que la Comisión pueda evaluar adecuadamente tales proyectos, el interés común europeo del proyecto deberá demostrarse en la práctica: por ejemplo, se demostrará que permite lograr avances notables en pos de objetivos ambientales específicos de la Comunidad.

(149)

La Comisión considerará más favorablemente los proyectos notificados que incluyan una contribución propia significativa al proyecto por parte del beneficiario. También considerará más favorablemente aquellos proyectos notificados en los que participen empresas de gran número de Estados miembros.

(150)

Cuando la ayuda se considere compatible con el mercado común con arreglo al artículo 87, apartado 3, letra b), del Tratado CE, la Comisión podrá autorizar porcentajes de ayuda superiores a los establecidos en las presentes Directrices.

(151)

La ayuda en forma de reducciones o exenciones de los impuestos ambientales será considerada compatible con el mercado común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE, siempre que contribuya, al menos indirectamente, a una mejora del nivel de protección ambiental, y que las reducciones y exenciones fiscales no minen el objetivo general que se persigue.

(152)

Para ser aprobadas con arreglo al artículo 87 del Tratado CE, las reducciones o exenciones de los impuestos armonizados, en particular de los armonizados mediante la Directiva 2003/96/CE, serán compatibles con la legislación comunitaria aplicable y se ajustarán a los límites y condiciones en ella establecidos.

(153)

La ayuda en forma de reducciones y exenciones fiscales de los impuestos ambientales armonizados se considerará compatible con el mercado común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE por un período de 10 años, siempre que los beneficiarios paguen como mínimo el nivel mínimo de impuesto comunitario establecido por la correspondiente Directiva (52).

(154)

La ayuda en forma de reducciones o exenciones de los impuestos ambientales distintos de los mencionados en el punto 153 (53) se considerará compatible con el mercado común a efectos del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE por un período de 10 años, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en los puntos 155 a 159.

(155)

Al analizar los regímenes fiscales que incluyen elementos de ayuda estatal en forma de reducciones o exenciones de dichos impuestos, la Comisión analizará en particular la necesidad y proporcionalidad de la ayuda y sus efectos a nivel de los sectores económicos en cuestión.

(156)

A este efecto, la Comisión se basará en la información suministrada por los Estados miembros. La información deberá incluir, por una parte, los respectivos sectores o categorías de beneficiarios contemplados por las exenciones y reducciones y, por otra, la situación de los principales beneficiarios de cada sector afectado y el modo en que la fiscalidad puede contribuir a la protección ambiental. Los sectores exentos deberán ser descritos adecuadamente y deberá suministrarse una lista de los principales beneficiarios de cada sector (considerando en particular el volumen de negocios, las cuotas de mercado y la dimensión de la base imponible). Para cada sector deberá suministrarse información sobre las técnicas más eficaces del EEE por lo que respecta a la reducción del daño ambiental perseguida por el impuesto.

(157)

Por otra parte, la ayuda en forma de reducciones o exenciones de los impuestos ambientales deberá ser necesaria y proporcional.

(158)

La Comisión considerará que la ayuda es necesaria si se cumplen las siguientes condiciones acumulativas:

(159)

La Comisión considerará que la ayuda es proporcional si se cumple una de las siguientes condiciones:

(160)

Para que la Comisión pueda proceder a una evaluación más detallada de cualquier ayuda de importe sustancial concedida con arreglo a regímenes autorizados y decidir sobre su compatibilidad con el mercado común, los Estados miembros deberán notificarla con anterioridad a cualquier caso individual de ayuda a la inversión o a la explotación, otorgada en virtud de un régimen autorizado o a título individual, cuando la ayuda satisfaga las condiciones siguientes (58):

(161)

Los Estados miembros podrán conceder ayudas a la explotación para nuevas centrales productoras de energía renovable, en función de los costes externos evitados. Cuando este método se utilice para determinar el montante de la ayuda, la medida será notificada y estará sujeta a evaluación detallada, independientemente de los umbrales del punto 160, letra b), inciso iii). Los costes externos evitados representan una cuantificación monetaria del daño socioambiental adicional que la sociedad tendría que experimentar si se produjera la misma cantidad de energía en una central que funcionase con fuentes de energía convencionales. Se calcularán sobre la base de la diferencia entre, por una parte, los costes externos producidos y no abonados por los productores de energía renovable y, por otra, los costes externos producidos y no abonados por los productores de energía no renovable. Para realizar estos cálculos, el Estado miembro deberá utilizar un método de cálculo internacionalmente reconocido y que haya sido validado por la Comisión. Entre otras cosas, el Estado miembro deberá presentar un análisis comparativo de costes, razonado y cuantificado, así como una evaluación de los costes externos de los productores de energía competidores, con el fin de demostrar que la ayuda constituye verdaderamente una compensación por los costes externos que se evitan.

(162)

En cualquier caso, la diferencia entre el montante de ayuda concedida a los productores de energía y el montante de ayuda que resultaría de aplicar la opción 1 (tal como se dispone en el punto 109 de las ayudas a la explotación para fuentes de energía renovables, deberá ser reinvertido por las empresas en fuentes de energía renovables, de conformidad con la sección 3.1.6.1.

(163)

Siempre y cuando los Estados miembros ofrezcan una plena cooperación y faciliten información adecuada oportunamente, la Comisión hará todo lo posible por realizar la investigación con diligencia. Se insta a los Estados miembros a facilitar todos los datos que consideren útiles para la evaluación del asunto. Los Estados miembros pueden, en especial, basarse en evaluaciones de regímenes o medidas de ayuda estatal anteriores, evaluaciones del impacto realizadas por la autoridad que concede las ayudas y otros estudios relacionados con la protección del medio ambiente.

(164)

La evaluación detallada será proporcional y dependerá del potencial de distorsión de la medida. En consecuencia, el hecho de que se realice una evaluación de esas características no significa necesariamente que se deba abrir un procedimiento formal de investigación, aunque ello pueda ocurrir en el caso de ciertas medidas.

(165)

La evaluación detallada se llevará a cabo sobre la base de los aspectos positivos y negativos especificados en las secciones 5.2.1 y 5.2.2, que se utilizarán además de los criterios recogidos en el Capítulo 3. Las intensidades de ayuda que allí figuran no se deberán rebasar en ningún caso. Por otra parte, la evaluación detallada se realizará sobre la base de los aspectos positivos y negativos específicos cuando sean pertinentes para el tipo o la forma de la ayuda.

(166)

El hecho de que la ayuda induzca a las empresas a adoptar medidas de protección del medio ambiente, que en ausencia de la ayuda no habrían adoptado, constituye el principal aspecto positivo que se deberá tener en cuenta al evaluar la compatibilidad de la ayuda.

(167)

La Comisión en general no cuestionará si existen o no externalidades negativas relacionadas con determinados tipos de conducta o la utilización de determinados bienes con efectos nocivos sobre el medio ambiente. No obstante, la Comisión verificará si la ayuda estatal se ha centrado en este fallo de mercado, produciendo un impacto sustancial en la protección ambiental. En este contexto, la Comisión prestará especial atención a la contribución prevista de la medida a la protección del medio ambiente (en términos cuantificables) y al nivel de protección ambiental que se persigue, en comparación con las normas comunitarias existentes y/o con las normas de otros Estados miembros.

(168)

La Comisión examinará también las cuestiones que pudieran justificar la concesión de ayuda a efectos de la adaptación a normas nacionales más estrictas que las normas comunitarias. Sobre todo, la Comisión tendrá en cuenta la naturaleza, el tipo y la localización de los principales competidores del beneficiario de la ayuda, el coste que le supondría al beneficiario la aplicación de la normativa nacional (regímenes de permisos negociables, respectivamente) en ausencia de ayuda y los costes comparativos de estas normas para los principales competidores del beneficiario de la ayuda.

(169)

Se tendrá en cuenta si la ayuda estatal es un instrumento adecuado para alcanzar el objetivo de protección del medio ambiente, dado que otros instrumentos menos distorsionadores pudieran lograr idénticos resultados y que la ayuda estatal pudiera vulnerar el principio QCP.

(170)

En su análisis de la compatibilidad de las ayudas, la Comisión tendrá en cuenta, en especial, toda evaluación del impacto de la medida propuesta que pudiera haber realizado el Estado miembro interesado, incluidas las consideraciones relativas a la utilización de estrategias distintas de la ayuda estatal, así como las pruebas del respeto del principio QCP.

(171)

Las ayudas estatales deberán tener siempre un efecto incentivador, cuando se suministren con objetivos ambientales; es decir, propiciar un cambio en el comportamiento del beneficiario que incremente el nivel de protección del medio ambiente. Las ayudas no podrán ser consideradas necesarias solamente porque se aumenta el nivel de protección del medio ambiente. Normalmente, las ventajas de nuevas inversiones o métodos de producción no se limitan a sus efectos sobre el medio ambiente.

(172)

Además del cálculo de costes adicionales expuesto en el Capítulo 3, la Comisión tendrá en cuenta en su análisis los aspectos siguientes:

(173)

Cuando la empresa se esté adaptando a una norma nacional que sobrepase las normas comunitarias o que sea adoptada en ausencia de normas comunitarias, la Comisión verificará si el beneficiario de la ayuda se hubiera visto afectado sustancialmente en términos de incremento de costes y no hubiera podido soportar los costes inherentes a la aplicación inmediata de normas nacionales.

(174)

El Estado miembro deberá proporcionar pruebas de que la ayuda es necesaria, su cuantía se mantiene en el mínimo necesario y el proceso de selección es proporcional. En su análisis, la Comisión atenderá a los aspectos siguientes:

(175)

Al evaluar los efectos negativos de la medida de ayuda, la Comisión centrará su análisis de las distorsiones de la competencia en la incidencia previsible de la ayuda en favor del medio ambiente sobre la competencia entre las empresas que operan en los mercados de los productos de que se trate (60).

(176)

Si la ayuda es proporcional, especialmente si el cálculo de los costes de inversión o explotación adicionales ha tenido en cuenta todas las ventajas para la empresa, es probable que su impacto negativo sea limitado. No obstante, tal como se menciona en la sección 1.3.6, incluso cuando la ayuda es necesaria y proporcionada para que una empresa concreta incremente la protección ambiental, la ayuda puede provocar un cambio de comportamiento del beneficiario que distorsione la competencia. Una empresa con fines de lucro normalmente sólo aumentará el nivel de protección ambiental por encima de los requisitos obligatorios si considera que ello le reportará al menos marginalmente algún tipo de ventaja.

(177)

Como punto de partida, la Comisión evaluará la probabilidad de que el beneficiario sea capaz de incrementar o de mantener las ventas como resultado de la ayuda. La Comisión considerará en particular los siguientes elementos:

(178)

Las ayudas estatales en favor de la protección del medio ambiente pueden ser utilizadas estratégicamente para promover tecnologías innovadoras y respetuosas del medio ambiente con objeto de dar a los productores nacionales la ventaja de ser los primeros en actuar. En consecuencia, la ayuda podría distorsionar los incentivos dinámicos y excluir las inversiones en una tecnología concreta en otros Estados miembros, llevando a una concentración de dicha tecnología en un Estado miembro. Este efecto es tanto mayor cuanto más reduzcan los competidores su esfuerzo innovador, en comparación con la situación de carencia de ayuda.

(179)

En su análisis, la Comisión atenderá a los aspectos siguientes:

(180)

Las ayudas estatales en favor de la protección del medio ambiente pueden justificarse como mecanismo de transición para avanzar hacia la plena asignación de las externalidades negativas por lo que respecta al medio ambiente. No deberán utilizarse para apoyar innecesariamente a empresas que no son capaces de adaptarse a normas y tecnologías más respetuosas del medio ambiente a causa de su bajo nivel de eficiencia. En su análisis, la Comisión atenderá a los aspectos siguientes:

(181)

La ayuda para la protección ambiental dada a un beneficiario podrá ser utilizada para reforzar o mantener su poder de mercado en un mercado de productos concreto. La Comisión evaluará el poder de mercado del beneficiario antes de la concesión de la ayuda, así como la variación probable de dicho poder a consecuencia de la ayuda. Las ayudas en favor de la protección del medio ambiente que se conceden a un beneficiario con un poder de mercado sustancial pueden ser utilizadas por éste para mantener o reforzar su poder de mercado, diferenciando más sus productos o excluyendo a rivales. Es improbable que la Comisión observe problemas de competencia relativos al poder de mercado cuando cada beneficiario de ayuda posea una cuota de mercado inferior al 25 %, o en mercados con una concentración inferior a 2 000 puntos según el índice Herfindahl-Hirschman (HHI).

(182)

En su análisis, la Comisión atenderá a los aspectos siguientes:

(183)

Gracias a las ayudas estatales en favor de la protección del medio ambiente, en algunos territorios se pueden registrar condiciones de producción más favorables, sobre todo cuando permiten obtener costes de producción comparativamente inferiores o niveles de producción superiores. Este fenómeno puede impulsar el traslado de empresas a los territorios donde se otorgan las ayudas o un desplazamiento de los flujos comerciales hacia la zona en cuestión.

(184)

En consecuencia, la ayuda reorientará los beneficios hacia el Estado miembro en el mercado de productos afectado por la ayuda así como en los mercados de insumos.

(185)

En su análisis, la Comisión considerará si hay pruebas de que el beneficiario haya considerado otras localizaciones para su inversión, en cuyo caso será más probable que la ayuda distorsione considerablemente la competencia.

(186)

Tomando en consideración los aspectos anteriormente mencionados, tanto positivos como negativos, la Comisión sopesará los efectos de la medida y determinará si las distorsiones resultantes alteran las condiciones de los intercambios en forma contraria al interés común. Teóricamente, los efectos positivos y negativos deberán expresarse utilizando la misma referencia (por ejemplo, el coste externo evitado frente a la pérdida de beneficios del competidor en unidades monetarias).

(187)

En general, cuanto mayor sea el beneficio ambiental y cuanto más claramente se establezca que el montante de la ayuda se limita al mínimo necesario, tanto más probable será que se produzca una evaluación positiva. Por otra parte, cuanto más clara sea la indicación de que la ayuda distorsionará considerablemente la competencia, tanto menos probable será que se produzca una evaluación positiva. Si los efectos positivos esperados son amplios y es probable que las distorsiones sean muy considerables, la evaluación dependerá de la medida en que se considere que los efectos positivos han superado a los efectos negativos.

(188)

La Comisión podrá no plantear objeciones a la medida de ayuda notificada sin incoar el procedimiento formal de investigación o, tras el procedimiento formal de investigación contemplado en el artículo 6 del Reglamento (CE) no 659/1999, decidir darlo por concluido mediante una decisión conforme al artículo 7 de dicho Reglamento. Cuando adopte una decisión condicional a efectos del artículo 7, apartado 4, del citado Reglamento, podrá, por ejemplo, acompañar su decisión de las condiciones mencionadas a continuación, que deberán mitigar las distorsiones o los efectos sobre el comercio resultantes y ser proporcionadas:

(189)

Los umbrales de las ayudas establecidos en las presentes Directrices se aplicarán con independencia de que el apoyo otorgado al proyecto objeto de la ayuda se financie íntegramente con recursos del Estado o sea financiado en parte por la Comunidad.

(190)

Las ayudas autorizadas de conformidad con las presentes Directrices no podrán combinarse con otras ayudas estatales a efectos del artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, ni con otras formas de financiación de la Comunidad si tal acumulación tiene como consecuencia una intensidad de ayuda superior a la contemplada en las presentes Directrices. No obstante, cuando los gastos elegibles en el marco de un régimen de ayudas en favor del medio ambiente puedan acogerse, total o parcialmente, a ayudas otorgadas con otra finalidad, la parte común estará sujeta al límite más favorable según la normativa aplicable.

(191)

Las ayudas a la protección del medio ambiente no se acumularán con ayudas de minimis relativas a los mismos costes elegibles si tal acumulación diera lugar a una intensidad de ayuda superior a la fijada en las presentes Directrices.

(192)

De conformidad con los requisitos contemplados en el Reglamento (CE) no 659/1999 y en el Reglamento (CE) no 794/2004 de la Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del Tratado CE (63), los Estados miembros deberán presentar informes anuales a la Comisión.

(193)

Además de cumplir los requisitos establecidos en dichas disposiciones, los informes anuales sobre las medidas de ayuda en favor del medio ambiente contendrán, para cada régimen autorizado, los datos siguientes por lo que respecta a las grandes empresas:

(194)

En el caso de las exenciones o reducciones fiscales, el Estado miembro sólo deberá presentar el texto o los textos legislativos y/o reglamentarios que instituyen la ayuda, precisar las categorías de empresas que se pueden acoger a las reducciones o exenciones fiscales y los sectores de la economía más afectados por ellas.

(195)

Los informes anuales se publicarán en el sitio Internet de la Comisión.

(196)

A juicio de la Comisión, se necesitan medidas suplementarias con objeto de mejorar la transparencia de las ayudas estatales en la Comunidad. En particular, es necesario asegurar que los Estados miembros, los operadores económicos, las partes interesadas y la propia Comisión puedan acceder sin dificultades al texto completo de todos los regímenes de ayudas en vigor en favor del medio ambiente.

(197)

Este objetivo se lograría fácilmente mediante la creación de sitios de Internet interconectados. Por ello, al examinar los regímenes de ayuda en favor del medio ambiente, la Comisión exigirá sistemáticamente al Estado miembro interesado que publique en Internet el texto completo de todos los regímenes de ayuda finales y que envíe a la Comisión la dirección electrónica de publicación. El régimen no deberá aplicarse antes de que la información se publique en Internet.

(198)

Los Estados miembros velarán por que se mantenga un registro detallado sobre la concesión de ayudas en el marco de todas las medidas en favor del medio ambiente. Dicho registro, que deberá recoger toda la información necesaria a fin de comprobar que se han respetado los costes elegibles y los límites máximos de intensidad de ayuda, se mantendrá durante diez años a partir de la fecha de concesión de la ayuda y se proporcionará a la Comisión previa petición.

(199)

La Comisión pedirá a los Estados miembros que proporcionen esta información para llevar a cabo una evaluación de las presentes Directrices cuatro años después de su publicación (64).

(200)

La Comisión propone a los Estados miembros, con arreglo al artículo 88, apartado 1, del Tratado CE, las siguientes medidas apropiadas en relación con sus respectivos regímenes vigentes de ayudas en favor del medio ambiente.

Los Estados miembros modificarán, cuando proceda, los regímenes de ayuda para conformarlos a dichas Directrices en un plazo de 18 meses a partir de su publicación, con las excepciones siguientes:

(201)

Se invita a los Estados miembros a manifestar su acuerdo incondicional explícito con las medidas apropiadas propuestas en un plazo de dos meses a partir de la fecha de publicación de las presentes Directrices en el Diario Oficial de la Unión Europea. A falta de respuesta, la Comisión dará por supuesto que el Estado miembro en cuestión no está de acuerdo con las medidas propuestas.

(202)

Las Directrices aquí expuestas se aplicarán a partir del primer día siguiente a su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y sustituirán a las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente de 3 de febrero de 2001 (65).

(203)

Las presentes Directrices serán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2014. La Comisión, previa consulta de los Estados miembros, podrá modificarlas antes de esa fecha, cuando así lo justifiquen razones de peso relacionadas con la política de competencia o de medio ambiente, o para tener en cuenta otras políticas comunitarias o compromisos internacionales. Estas modificaciones podrían ser especialmente necesarias a la luz de futuros acuerdos internacionales y de la futura normativa europea en materia de cambio climático. Cuatro años después de su publicación, la Comisión emprenderá una evaluación de las Directrices basada en informaciones fehacientes y en el resultado de amplias consultas realizadas por la Comisión sobre la base, en particular, de los datos proporcionados por los Estados miembros. Los resultados de la evaluación se pondrán a disposición del Parlamento Europeo, del Comité de las Regiones, del Comité Económico y Social Europeo y de los Estados miembros.

(204)

La Comisión aplicará las presentes Directrices a todas las medidas de ayuda notificadas sobre los que se pronuncie una vez hayan sido publicadas en el Diario Oficial, incluso cuando hayan sido notificadas con anterioridad a dicha publicación. Esta disposición incluye las ayudas individuales concedidas con cargo a regímenes de ayuda aprobados y notificados a la Comisión en cumplimiento de la obligación de notificar esas ayudas individualmente.

(205)

De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre la determinación de las normas aplicables a la evaluación de las ayudas estatales ilegales (66), la Comisión aplicará, en el caso de las ayudas no notificadas: