19.1.2008   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 14/1

1.

La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas comunes relativas a las condiciones que han de cumplirse para ejercer la profesión de transportista por carretera (en lo sucesivo «la propuesta») fue remitida por la Comisión al Supervisor Europeo de Protección de Datos (SEPD) para su consulta, de acuerdo con el artículo 28.2 del Reglamento (CE) no 45/2001, y fue recibida por el SEPD el 29 de mayo de 2007. El 6 de julio de 2007 se recibió un versión revisada de la propuesta. El SEPD se congratula de que, tal como lo había propuesto la Comisión, en el preámbulo del Reglamento se mencione la consulta al mismo.

2.

El objetivo de la propuesta es sustituir a la Directiva 96/26/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, relativa al acceso a la profesión de transportista de mercancías y de transportista de viajeros por carretera, así como al reconocimiento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos destinados a favorecer el ejercicio de la libertad de establecimiento de estos transportistas en el sector de los transportes nacionales e internacionales (3), con vistas a subsanar las deficiencias de dicha Directiva. La Directiva establece las condiciones mínimas que la compañías deben cumplir en lo que se refiere a la honorabilidad, a la capacidad financiera y a la competencia profesional. Tal como se señala en la exposición de motivos de la propuesta, la Directiva 96/26/CE forma parte de un marco legislativo que configura el mercado interior del transporte por carretera. También se señala que la Directiva se ha aplicado mal o de manera desigual, debido a que algunas de sus disposiciones son ambiguas, están incompletas o han dejado de estar adaptadas a la evolución del sector. Por consiguiente, se considera que ello va en detrimento de una competencia leal. Para el buen funcionamiento del mercado interior en el sector del transporte por carretera es necesario contar con nuevas normas.

3.

La propuesta recoge varias disposiciones de la Directiva 96/26/CE y contiene algunos nuevos elementos que se enumeran en el apartado 3.1 de la exposición de motivos. El SEPD, desempeñando su función de asesorar a las instituciones y órganos comunitarios sobre todas las cuestiones relativas al tratamiento de datos personales, no tratará todos los elementos antes mencionados, sino que se centrará en los elementos de la propuesta especialmente relevantes para la protección de dichos datos. En particular, la propuesta introduce registros electrónicos interconectados entre todos los Estados miembros para el intercambio de información entre ellos. Asimismo, la propuesta establece para las autoridades la obligación de advertir a un transportista cuando se compruebe que éste ha dejado de cumplir las condiciones de honorabilidad, capacidad financiera o competencia profesional. Esta obligación es una de las normas destinadas a garantizar que se cumplen dichas condiciones.

4.

Así, pues, la propuesta incluye elementos que requieren el tratamiento de datos personales. Los registros mencionados contienen datos personales (artículo 15 de la propuesta). En este contexto debe destacarse que la propuesta establece derechos y obligaciones tanto para las empresas como para los gestores de transporte. De la definición recogida en el artículo 1.2, letra d) se deduce que no sólo los gestores de transporte pueden ser personas físicas, sino también las empresas. En estos casos, el tratamiento de datos relativos a las empresas también entra dentro del ámbito de aplicación de la legislación relativa a la protección de datos.

5.

En su dictamen, el SEPD aborda los siguientes artículos de la propuesta:

6.

El artículo 6 establece las condiciones relativas al requisito de honorabilidad. Uno de los requisitos, recogido en el artículo 6.1, letra b), afecta por definición al comportamiento de las personas físicas y entra dentro del campo de aplicación de la legislación comunitaria relativa al tratamiento de datos personales. Los otros requisitos, que se enumeran en el artículo 6.1, letras a) y c), pueden afectar al comportamiento de la personas físicas.

7.

En el artículo 6.1, letra b) se requiere que el gestor de transporte no haya sido objeto de condenas o sanciones en ninguno de los Estados miembros por infracciones graves o reiteración de infracciones leves. No obstante, la propuesta no establece claramente la diferencia entre las infracciones graves y las leves. Una indicación de esta diferencia puede encontrarse en el considerando 8, en donde se mencionan «condenas penales graves o (…) sanciones graves, concretamente por incumplimiento de la normativa comunitaria en el ámbito del transporte por carretera». Sin embargo, esta indicación no aporta una aclaración suficiente. Así, por ejemplo, una condena en relación con la normativa comunitaria sobre el tiempo de conducción ¿es grave o no?, o ¿con arreglo a qué condiciones son «graves» las condenas que no guardan relación con la normativa sobre el transporte por carretera?

8.

Esta cuestión quedará aclarada en un reglamento de aplicación elaborado por la Comisión (asistida por un comité de reglamentación con control compuesto por representantes de los Estados miembros) que contiene una lista de categorías, tipos y nivel de gravedad de las infracciones, así como la indicación de la frecuencia más allá de la cual las infracciones leves reiteradas harán perder la honorabilidad (artículo 6.2). El SEPD destaca la importancia de dicho reglamento de aplicación. En el apartado 4.2.4 de la exposición de motivos se indica con toda razón que la lista antes indicada es una condición previa a todo intercambio organizado de información entre Estados miembros y a la definición de umbrales comunes a partir de los cuales debe retirarse una autorización (4). Además, el SEPD considera que se trata de un instrumento necesario para garantizar la aplicación de los principios relativos a la calidad de los datos (5), como, por ejemplo, los principios que exigen que los datos personales sean adecuados, pertinentes y no excesivos respecto de la finalidad para la que fueron recogidos, y que sean fiables y estén actualizados. La lista es también necesaria para la seguridad jurídica de las personas afectadas. Por último ha de tenerse presente que los datos relativos a las infracciones son fundamentales para evaluar la idoneidad de las personas para ejercer la función de gestor de transporte y que el tratamiento de dichos datos entraña también riesgos claros desde la perspectiva de la protección de la vida privada. Esto último es incluso más importante, ya que los datos determinarán el contenido de los registros electrónicos nacionales contemplados en el artículo 15 de la propuesta.

9.

En opinión del SEPD, el reglamento de aplicación contendrá elementos fundamentales del sistema para la admisión a la profesión de transportista por carretera y al ejercicio de dicha profesión, materia que, según el artículo 1, constituye el objeto de la propuesta. Por ello, hubiera sido preferible establecer al menos los principales elementos de la lista mencionada en el artículo 6.2 en la propia propuesta, a ser posible en un anexo, de manera más precisa que lo establecido en el artículo 6.2, letras a) a c). EL SEPD propone que se modifique la propuesta en el sentido indicado, lo cual permitiría también estar en sintonía con los principios relativos a la calidad de los datos. El SEPD no está de acuerdo con cualquier sugerencia que se derive del artículo 6.2 en el sentido de que la lista contenga únicamente elementos no esenciales.

10.

El SEPD también desea referirse al artículo 6.1, letra a) de la propuesta, donde se establece que los Estados miembros velarán por que las empresas cumplan el requisito de que no haya ningún motivo importante que cuestione su honorabilidad. Ni la propuesta ni la exposición de motivos indican la manera en que los Estados miembros deben especificar esta imprecisa norma, la cual, aparentemente, cubre aquellas situaciones en las que la empresa o el gestor de transporte no hayan sido objeto de condena o sanción, pero en las que esté en juego la honorabilidad. EL SEPD sugiere que el legislador comunitario especifique las situaciones que esta disposición pretende cubrir, especialmente teniendo en cuenta el objetivo de la propuesta de mejorar el buen funcionamiento del mercado interior del transporte por carretera. Desde la perspectiva de la protección de los datos, ello reviste aún mayor importancia, toda vez que las empresas puedan ser personas físicas y podrá aplicarse la legislación sobre protección de datos en relación con las mismas.

11.

Los artículos 9-14, relativos a la autorización y vigilancia, definen el cometido central que las autoridades competentes de los Estados miembros desempeñan en la aplicación del sistema. El artículo 9 fija los cometidos de las autoridades competentes, que incluyen la tramitación de las solicitudes presentadas por las empresas de transporte, la concesión, suspensión y retirada de autorizaciones, las declaraciones de inhabilitación relativas al gestor de transporte y la realización de controles.

12.

El SEPD acoge favorablemente este cometido central de las autoridades competentes, que también les confiere responsabilidades en lo tocante al tratamiento de datos personales, como un elemento necesario de sus actividades. En este contexto, el SEPD ha observado algunas ambigüedades en la propuesta, que podrían resolverse fácilmente sin realizar ningún cambio en el propio sistema. En primer lugar, el artículo 10, de acuerdo con su título, trata del registro de solicitudes. No obstante, el artículo 10.2, que trata del registro, parece referirse al registro de autorizaciones. Sin embargo, si se considera que el legislador comunitario debe registrar también las solicitudes (incluido el nombre del gestor de transporte), ello debería quedar explícito. En segundo lugar, a las autoridades competentes les corresponden cometidos relativos a la actividad de registrar en los registros electrónicos nacionales, pero no se las hace directamente responsables de dichos registros (véase el apartado 17 del presente dictamen).

13.

Una cuestión aparte dentro del capítulo relativo a la autorización y vigilancia la constituyen las medidas de rehabilitación. Según el artículo 6.3, la rehabilitación o cualquier otra medida de efecto equivalente es necesaria para restaurar la honorabilidad. En el artículo 14.1 se señala que las medidas de rehabilitación deberán quedar especificadas en las decisiones adoptadas por los Estados miembros en relación con la admisión a la profesión de gestor de transporte por carretera, la retirada o suspensión de dicha admisión y la declaración de inhabilitación. No obstante, la propuesta deja totalmente a la discreción de los Estados miembros la indicación de los motivos y la sustancia de la rehabilitación, así como la fijación del período en que debe tener lugar. Hubiera sido preferible limitar la facultad discrecional de los Estados miembros, contribuyendo así al buen funcionamiento del mercado interior del transporte por carretera y a la aplicación de los principios de la calidad de los datos y la seguridad jurídica de las personas afectadas.

14.

El artículo 15.1 estipula que cada Estado miembro llevará un registro nacional de los transportistas por carretera autorizados. También recoge los datos enumerados en la segunda parte del apartado, que incluyen los datos personales. Algunos de los datos personales que figuran en los registros presentan riesgos específicos para el titular de dichos datos, por ejemplo los nombres de las personas declaradas inhábiles para dirigir la actividad de transporte de una empresa (6).

15.

EL SEPD se congratula de que el acceso a dichos registros se limite claramente a las autoridades nacionales dotadas de competencias en el ámbito cubierto por la propuesta. Asimismo, la finalidad de los registros se limita claramente a la aplicación de la reglamentación establecida en los artículos 10-13 de la propuesta, así como al objetivo mencionado en su artículo 26, a saber, los informes que deben elaborarse sobre el funcionamiento de dicha reglamentación.

16.

El artículo 15.2 establece un período de mantenimiento de dos años para los datos relativos a las suspensiones y retiradas de autorizaciones a las personas declaradas inhábiles para la profesión. El SEPD se congratula de que el período de mantenimiento se limite a un período fijo de dos años. No obstante, el texto debería garantizar también que los datos relativos a las personas declaradas inhábiles para la profesión sean retirados del registro inmediatamente después de haberse tomado una medida de rehabilitación con arreglo al artículo 6.3. En este contexto puede hacerse referencia al artículo 6.1, letra e) de la Directiva 95/46/CE (7).

17.

Por otra parte, en el texto del Reglamento debe aclararse la responsabilidad del mantenimiento del registro y del tratamiento de los datos dentro del registro. Según la terminología empleada en la Directiva 95/46/CE, ¿qué entidad puede calificarse como responsable del tratamiento (8)? Parece lógico que la autoridad competente deba ser considerada como responsable del tratamiento, pero la propuesta no lo indica. El SEPD sugiere que en la propuesta se aclare esta cuestión. Incluso hay más motivos para esta aclaración, ya que el Reglamento prevé la interconexión de los registros electrónicos nacionales para finales de 2010, así como la designación de un punto de contacto para el intercambio de información entre los Estados miembros. No obstante, no todas las autoridades competentes serán puntos de contacto. Habrá un punto de contacto en cada Estado miembro, pero podrá haber más de una autoridad competente.

18.

Esto lleva a hacer una observación sobre la interconexión de los registros electrónicos nacionales. El artículo 15.4 establece que la interconexión se realizará de forma que una autoridad competente de cualquier Estado miembro pueda interrogar el registro electrónico de todos los Estados miembros. En otras palabras, la propuesta prevé un sistema de acceso directo. En su dictamen sobre la propuesta de Decisión marco del Consejo relativa al intercambio de información en virtud del principio de disponibilidad (9), el SEPD señalaba que el acceso directo supondrá automáticamente que un número creciente de personas tenga acceso a las bases de datos, lo cual implica un aumento del riesgo de que se utilicen indebidamente. Tratándose del acceso directo por parte de una autoridad competente de otro Estado miembro, las autoridades del Estado miembro de origen no tendrán control alguno sobre el acceso y posterior utilización de los datos. Por ejemplo, ¿cómo puede garantizar la autoridad competente del Estado miembro de origen que una autoridad de otro Estado miembro esté informada de los cambios introducidos en el registro después de que esta última haya accedido a los datos?

19.

Este tipo de cuestiones deberían tratarse en las decisiones de la Comisión relativas a las interconexiones, tal como se prevé en el artículo 15.5 y 6 de la propuesta. El SEPD acoge con particular satisfacción las disposiciones comunes relativas al formato y a los procedimientos técnicos en relación con la consulta automática, que deberá adoptar la Comisión. En cualquier caso, no debería haber ninguna duda en lo que se refiere a las responsabilidades para el acceso a los datos y su ulterior utilización. El SEPD sugiere añadir una frase al artículo 15.5 en los siguientes términos: «Estas disposiciones comunes determinarán qué autoridad es responsable del acceso a los datos y de su ulterior utilización y actualización, y, a tal efecto, deberán incluir normas sobre el registro y la supervisión de los datos».

20.

El artículo 16 trata de la protección de datos personales. En la primera parte de este artículo se confirma que la Directiva 95/46/CE es plenamente aplicable a los datos personales incluidos en los registros. Esta primera parte, en la que se que destaca la importancia de la protección de datos, puede considerarse como una introducción a las disposiciones del artículo 16, letras a) a d).

21.

El SEPD considera que las disposiciones de carácter más específico del artículo 16 no ofrecen ningún valor añadido. Estas disposiciones recuerdan los derechos del titular de los datos, tal como se recogen en los artículo 12 y 14 de la Directiva 95/46/CE, de forma simplificada y sin hacer ninguna especificación (aparte de los elementos mencionados en el apartado 23 del presente dictamen). Además, la simplificación de los derechos del titular de los datos lleva a la inseguridad jurídica y podría, por tanto, reducir la protección de dicha persona. El artículo 16 de la propuesta es ambiguo en lo que se refiere a la cuestión de si las disposiciones de carácter más específico de la Directiva 95/46/CE se aplican plenamente o no a las solicitudes de los titulares de datos en relación con la información que les afecta dentro del ámbito de aplicación de la propuesta. El artículo 16 de la propuesta, que constituye una lex specialis respecto de los artículos 12 y 14 de la Directiva 95/46/CE, establece que, en particular, quedan garantizados los elementos enumerados en el artículo 16, letras a) a d). En opinión del SEPD, ello no debería significar que no quedan garantizados los demás elementos, pero el texto no es totalmente claro al respecto.

22.

Como alternativa, el artículo 16 podría ofrecer un valor añadido si especificara los derechos recogidos en la Directiva. Por ejemplo, el artículo 16 podría:

23.

El artículo 16, letra b) incluye una limitación del derecho de acceso con arreglo al artículo 12 de la Directiva 95/46/CE, que no es compatible con la Directiva. En la propuesta se estipula que el acceso no deberá tener limitación alguna y deberá poder ejercerse a intervalos razonables y sin retrasos ni gastos excesivos para la autoridad responsable del tratamiento de los datos o para el solicitante. El artículo 12 de la Directiva 95/46/CE, sin embargo, tiene como objetivo proteger al titular de los datos cuando éste requiera acceder libremente a ellos, sin restricciones y sin retrasos ni gastos excesivos. El SEPD sugiere que se modifique el artículo 16, letra b) y se le haga compatible con la Directiva 95/46/CE mediante la supresión de las palabras «para la autoridad responsable del tratamiento de los datos». Si los gastos derivados de las solicitudes de acceso plantean un problema, debe señalarse que la noción de «gastos excesivos» que figura en el artículo 12 de la Directiva no impide a los responsables del tratamiento pedir un importe reducido (suficientemente reducido para no disuadir al titular de los datos del ejercicio de su derecho). Además, con arreglo a la legislación nacional, las autoridades tendrán normalmente la posibilidad legal de evitar que determinados titulares de los datos abusen de sus derechos.

24.

El SEPD sugiere que se vuelva a redactar el artículo 16 teniendo en cuenta los apartados precedentes del presente dictamen.

25.

Por último, la Directiva 95/46/CE, y más concretamente el artículo 16, se aplican también a la cooperación administrativa entre los Estados miembros, que constituye el objeto del artículo 17, toda vez que la comunicación entre los Estados miembros de la información relativa a las infracciones y sanciones correspondientes a las personas físicas puede considerarse como tratamiento de datos personales. Ello implica, entre otras cosas, que los titulares de los datos deben ser informados con arreglo a la Directiva 95/46/CE y al artículo 16, letra a) del Reglamento.

26.

EL SEPD sugiere que el legislador comunitario especifique las situaciones que el artículo 6.1 pretender cubrir, teniendo en cuenta asimismo el objetivo de la propuesta de mejorar el buen funcionamiento del mercado interior del transporte por carretera. También sugiere que se modifique la propuesta para incluir en ella al menos los principales elementos de la lista mencionada en el artículo 6.2, a ser posible en un anexo, de manera más precisa que lo establecido en el artículo 6.2, letra a) a c).

27.

El SEPD acoge favorablemente el cometido central de las autoridades competentes, que también les confiere responsabilidades en lo tocante al tratamiento de datos personales, como un elemento necesario de sus actividades. En este contexto, el SEPD ha observado algunas ambigüedades en la propuesta, que podrían resolverse fácilmente sin introducir ningún cambio en el propio sistema.

28.

El SEPD se congratula de que se haya limitado claramente el acceso a los registros electrónicos nacionales y la finalidad de los mismos. También se congratula de que el período de mantenimiento se limite a un período fijo de dos años. No obstante, el texto debería garantizar también que los datos relativos a las personas declaradas inhábiles para la profesión sean retirados del registro inmediatamente después de haberse tomado una medida de rehabilitación con arreglo al artículo 6.3.

29.

En el texto del Reglamento debe aclararse la responsabilidad del mantenimiento del registro electrónico y del tratamiento de los datos dentro del registro. Por lo que se refiere a la interconexión de los registros electrónicos nacionales, debería añadirse la siguiente frase al artículo 5.5: «Estas disposiciones comunes determinarán qué autoridad es responsable del acceso a los datos y de su ulterior utilización y actualización y, a tal efecto, deberán incluir normas sobre el registro y la supervisión de los datos».

30.

El SEPD sugiere que se vuelva a redactar el artículo 16, relativo a la protección de datos, teniendo en cuenta la necesidad de:

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C 14/6

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No soluciona el problema de la falta de datos financieros en los nuevos Estados miembros y añade nuevos parámetros difícilmente accesibles.

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Este método estándar podría favorecer a las empresas grandes en detrimento de las PYME para las que o no se dispone de calificación, o ésta es menos ventajosa (en especial a causa de la asimetría de la información para el prestamista); podría plantear numerosos conflictos en torno a los métodos de cálculo de la prima que debe aplicarse con arreglo a la solvencia y del nivel de garantías.

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No simplifica la tarea de los Estados miembros, en especial en lo que se refiere a los cálculos para comprobar el cumplimiento de la norma de minimis y de los reglamentos de exención por categorías.

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El método avanzado podría ser problemático si se aplica a los regímenes de ayuda; la volatilidad de los tipos de mercado puede hacer que la diferencia entre el tipo subyacente de un régimen de préstamo y el tipo de referencia válido en ese momento sea tan beneficiosa para el prestatario que algunas medidas llegarían a ser incompatibles con las normas sobre ayudas estatales.

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Un ajuste trimestral de los tipos complicaría la tramitación de los asuntos pues los importes de ayuda estimados pueden variar considerablemente entre el principio de la fase de evaluación y la fecha de la decisión final adoptada por la Comisión.

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Estas medidas parecen demasiado complicadas y cabe la posibilidad de que no garanticen un trato justo en todos los Estados miembros.

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sea fácil de aplicar (en especial para los Estados miembros a la hora de tramitar las medidas incluidas en el ámbito de las normas de minimis o de los reglamentos de exención por categorías),

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garantice un trato equitativo en todos los Estados miembros con desviaciones mínimas de la práctica actual y facilite la aplicación de los tipos de referencia a los nuevos Estados miembros,

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use criterios simplificados que tengan en cuenta la solvencia crediticia de las empresas en lugar de su tamaño, lo que parece un criterio demasiado simplista.

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Base de cálculo: IBOR a 1 año

El tipo de base se basa en los tipos del mercado monetario a 1 año, disponibles en casi todos los Estados miembros, si bien la Comisión se reserva el derecho a aplicar vencimientos más cortos o más largos adaptados a determinados casos.

Cuando no se disponga de esos tipos se utilizará el tipo del mercado monetario a 3 meses.

En caso de que no se cuente con datos fiables o equivalentes o en circunstancias excepcionales, la Comisión, en estrecha cooperación con el Estado o Estados miembros de que se trate y en principio basándose en los datos del Banco Central de dicho(s) Estado(s) miembro(s), puede establecer otra base de cálculo.

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Márgenes (5)

Se han de aplicar los márgenes siguientes, en principio, dependiendo de la calificación de la empresa de que se trate y las garantías (6) ofrecidas.

Se suele añadir 100 puntos básicos a este tipo de base. Ello supone: i) préstamos a empresas con calificación satisfactoria y elevada colateralización, o ii) préstamos a empresas con calificación buena y colateralización normal.

Para los prestatarios que no tengan una historia crediticia o una calificación basada en un enfoque de balance de situación, tales como determinadas empresas constituidas con un objetivo específico o las empresas de nueva creación, se deberá incrementar el tipo de base en al menos 400 puntos básicos (en función de las garantías disponibles) y el margen nunca puede ser inferior al que sería aplicable a la empresa matriz.

No es imprescindible obtener las calificaciones de las agencias específicas. También se aceptan los sistemas nacionales de calificación o los que emplean los bancos para reflejar las tasas de morosidad (8).

Los márgenes anteriores pueden ser revisados de vez en cuando para adaptarse a la situación de mercado.

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Actualización

El tipo de referencia se actualizará cada año. Así pues, el tipo de base se calculará sobre la base del tipo IBOR a 1 año registrado en septiembre, octubre y noviembre del año anterior. El tipo de base fijado de este modo estará en vigor a partir del 1 de enero. Para el período del 1 de julio de 2008 al 31 de diciembre de 2008, el tipo de referencia se calculará excepcionalmente sobre la base del IBOR a 1 año registrado en febrero, marzo y abril de 2008, sin perjuicio de la aplicación del párrafo siguiente.

Además, para tener en cuenta las variaciones significativas y súbitas, se hará una actualización cada vez que el tipo medio, calculado sobre los tres meses anteriores, se desvíe más de un 10 % del tipo en vigor. Este nuevo tipo entrará en vigor el primer día del segundo mes siguiente a los meses utilizados para el cálculo.

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Tipo de actualización: Cálculo del valor neto actual

El tipo de referencia también se ha de emplear como tipo de actualización para el cálculo de los valores actuales. A tal efecto, se utilizará, en principio, el tipo de base incrementado en un margen fijo de 100 puntos básicos.

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El presente método entrará en vigor el 1 de julio de 2008.

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C 14/14

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C 14/18

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C 14/20

—

en el sitio web de la DG Competencia del servidor Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Este sitio web proporciona diversos métodos de búsqueda de las decisiones sobre concentraciones, en particular por nombre de la empresa, número de asunto, fecha de la decisión e índices sectoriales,

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en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex por número de documento 32008M4886. CELEX es el sistema de acceso informático a la legislación comunitaria (http://eur-lex.europa.eu).

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C 14/21

(1)

Mediante su Decisión de 18 de septiembre de 2006 (2), el Consejo nombró a los miembros del Consejo de Dirección del Centro europeo para el desarrollo de la formación profesional, para el período comprendido entre el 18 de septiembre de 2006 y el 17 de septiembre de 2009.

(2)

Un puesto de miembro en el Consejo de Dirección del Centro en la categoría de representantes de los Gobiernos ha quedado vacante a raíz de la dimisión de Pauline CHARLES.

(3)

El miembro del Reino Unido para el Consejo de Dirección del Centro deberá ser nombrado para lo que queda por transcurrir del mandato actual, que expira el 17 de septiembre de 2009.

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C 14/22

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C 14/23

a)

establecer una cooperación entre los Estados miembros, las otras partes enumeradas en el artículo 3, apartado 2, letra b) y la Comisión sobre las distintas cuestiones relativas a la trata de seres humanos;

b)

ayudar a la Comisión, emitiendo dictámenes relacionados con la trata de seres humanos y garantizando un enfoque coherente en la materia;

c)

ayudar a la Comisión a evaluar la evolución de las políticas en el ámbito de la trata de seres humanos a nivel nacional, europeo e internacional;

d)

ayudar a la Comisión a identificar y definir las posibles medidas y acciones pertinentes, a nivel europeo, entre las distintas políticas de lucha contra la trata de seres humanos;

e)

el Grupo de expertos presentará dictámenes o informes a la Comisión, a petición de ésta o por iniciativa propia, teniendo debidamente en cuenta la aplicación y ulterior desarrollo a escala comunitaria del Plan de la UE sobre mejores prácticas, normas y procedimientos para luchar contra la trata de seres humanos y prevenirla (4), y las formas de explotación vinculadas a ésta. Tendrá asimismo en cuenta las cuestiones de igualdad entre hombres y mujeres.

a)

las Administraciones de los Estados miembros (11 miembros como máximo);

b)

organizaciones intergubernamentales, internacionales y no gubernamentales activas a nivel europeo (5 miembros como máximo);

c)

los interlocutores sociales y las asociaciones patronales que operan a nivel europeo (4 miembros como máximo);

d)

Europol (1 miembro);

e)

personas que posean una experiencia adquirida mediante actividades de investigación científica para universidades o centro públicos o privados en los Estados miembros (2 miembros como máximo).

—

cualificaciones y conocimientos adecuados correspondientes a los sectores de actividades a los que se les pueda pedir que contribuyan,

—

un alto nivel de logros profesionales en el ámbito de la lucha contra la trata, y al menos 5 años de experiencia laboral pertinente,

—

conocimientos lingüísticos adecuados, incluida una capacidad demostrable de trabajar en inglés.

Comisión Europea

Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad

Secretaría de la Unidad D2

LX 46 3/131

B-1049 Bruselas

JLS-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu

—

competencia y experiencia confirmadas incluso a nivel europeo y/o internacional en los ámbitos pertinentes para la lucha contra la trata de seres humanos,

—

la necesidad de lograr un equilibrio razonable en el grupo de expertos en términos de representatividad de los candidatos, sexo y origen geográfico,

—

la necesidad de alcanzar un equilibrio razonable de conocimientos sobre distintas formas de trata, incluida la trata para el trabajo y la explotación sexual, en diversos aspectos tales como la prevención, el procesamiento y la ayuda a las víctimas, así como en el ámbito de los derechos humanos, los derechos de los menores, el Derecho penal, el trabajo y la migración,

—

la necesidad de favorecer la continuidad del trabajo del anterior Grupo de expertos en la trata de seres humanos (creado por la Decisión de la Comisión de 25 de marzo de 2003),

—

los miembros del Grupo de expertos deberán ser nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea o, en su caso, de un país adherente o de un país del Espacio Económico Europeo.

a)

cuando dimitan;

b)

cuando ya no puedan contribuir de manera efectiva a las deliberaciones del grupo;

c)

cuando no cumplan lo dispuesto en el artículo 287 del Tratado;

d)

cuando no hayan informado a la Comisión a su debido tiempo de la existencia de un conflicto de intereses.

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C 14/27

a)

establecer una cooperación entre los Estados miembros, las otras partes enumeradas en el artículo 3, apartado 2, letra b), y la Comisión, sobre las distintas cuestiones relativas a la trata de seres humanos;

b)

ayudar a la Comisión, emitiendo dictámenes relacionados con la trata de seres humanos y garantizando un enfoque coherente en la materia;

c)

ayudar a la Comisión a evaluar la evolución de las políticas en el ámbito de la trata de seres humanos a nivel nacional, europeo e internacional;

d)

ayudar a la Comisión a identificar y definir las posibles medidas y acciones pertinentes, a nivel europeo, entre las distintas políticas de lucha contra la trata de seres humanos;

e)

el Grupo de expertos presentará dictámenes o informes a la Comisión, a petición de ésta o por iniciativa propia, teniendo debidamente en cuenta la aplicación y ulterior desarrollo a escala comunitaria del Plan de la UE sobre mejores prácticas, normas y procedimientos para luchar contra la trata de seres humanos y prevenirla (2), y las formas de explotación vinculadas a ésta. Tendrá asimismo en cuenta las cuestiones de igualdad entre hombres y mujeres.

1.

El Grupo de expertos estará compuesto por 21 miembros designados a título personal, y de conformidad con el artículo 3 de dicha Decisión, serán personas cualificadas seleccionadas por la Comisión.

Los expertos en cuestión deberán tener o haber tenido un puesto en una organización pertinente que figure en la Decisión de la Comisión en cuestión. Deberán contar con:

Lo anterior se evaluará sobre la base de lo alegado en el CV y en el formulario de candidatura.

2.

Al evaluar las candidaturas, la Comisión aplicará los siguientes criterios:

Las solicitudes sólo podrán presentarse rellenando el formulario de candidatura (anexo 1) y el modelo de CV (anexo 2). Los candidatos deberán declarar claramente en su candidatura el ámbito de la trata de seres humanos en que posean particular experiencia.

Teniendo en cuenta la política de transparencia de las Instituciones europeas y la necesidad de informar al público acerca de la identidad y las cualificaciones de los expertos que asesoran a la institución, los datos personales generales se harán públicos (3), de conformidad con las disposiciones del Reglamento (CE) no 45/2001 (4), en el Registro de Grupos de expertos, mientras se mantenga la calidad de miembro y/o hasta la eventual solicitud de retirada del registro público.

3.

Las candidaturas debidamente firmadas deberán enviarse antes del 15 de febrero de 2008 a más tardar, por correo electrónico o por carta, a la siguiente dirección:

4.

La Comisión seleccionará a los miembros a título personal por un período renovable de 3 años. Estos miembros asesorarán a la Comisión sin atender a instrucción exterior alguna y cumplirán las condiciones de confidencialidad contempladas en el artículo 4 de la Decisión de la Comisión por la que se crea el Grupo de expertos.

5.

La Comisión reembolsará los gastos de desplazamiento y estancia correspondientes a las actividades del Grupo de expertos de conformidad con las disposiciones vigentes en la Comisión. Los miembros no recibirán remuneración alguna por el desempeño de sus tareas.

6.

La lista de miembros del Grupo se publicará en el sitio de Internet de la Dirección General JLS y en el Diario Oficial de la Unión Europea. La recogida, tratamiento y publicación de los nombres de los miembros se efectuará con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 45/2001.

7.

Para cualquier otra información, contáctese con la Sra. Enikő FELFÖLDI [tel. (32-2) 295 49 33, fax (32-2) 296 76 33, e-mail: eniko.felfoldi@ec.europa.eu].

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C 14/35

1.

Con fecha 11 de enero de 2008 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1) la Comisión recibió notificación de un proyecto de concentración por el que la empresa Henkel KGaA («Henkel», Alemania) adquiere el control, a efectos de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b) del citado Reglamento, de la totalidad del negocio de adhesivos y materiales electrónicos (Adhesives and Electronic Materials Business, «A & E Business») que Akzo Nobel NV («Akzo», Países Bajos) recientemente adquiriera a Imperial Chemical Industries PLC («ICI», Reino Unido), a través de una adquisición de acciones. El negocio de adhesivos y materiales electrónicos actualmente forma parte de la empresa National Starch and Chemical Company, dentro de ICI.

2.

Ámbito de actividad de las empresas afectadas:

3.

Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la transacción notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva la posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto.

4.

La Comisión insta a terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con respecto a la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación. Las observaciones pueden ser enviadas a la Comisión por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, referencia COMP/M.4941 — Henkel/Adhesives and Electronic Materials Business a la siguiente dirección:

19.1.2008   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 14/36

1.

El 10 de enero de 2008, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual la empresa REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH («REWE International», Alemania), perteneciente al grupo REWE («REWE», Alemania) adquiere el control, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b) del citado Reglamento, de la totalidad de UAB Palink (Lituania) mediante la adquisición de sus acciones.

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (2), este asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado establecido en dicha Comunicación.

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en el plazo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.5003 — REWE/UAB Palink, a la siguiente dirección:

19.1.2008   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 14/37

1.

El 15 de enero de 2008, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual la empresa Cookson plc («Cookson», Reino Unido) adquiere el control, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b) del citado Reglamento, de Foseco plc («Foseco», Reino Unido) mediante oferta pública anunciada el 11 de octubre de 2007.

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto.

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en el plazo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.4961 — Cookson/Foseco, a la siguiente dirección:

19.1.2008   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 14/38

1.

El 7 de enero de 2008, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual las empresas Reitan Servicehandel AS («Reitan», perteneciente al grupo Reitan, Noruega), SAS AB («SAS», Suecia), Norges Statsbaner AS («NSB», Noruega), Marked AS («Marked», Noruega) y Vizz AS («Vizz», Noruega) adquieren el control conjunto, a tenor de lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, letra b) del citado Reglamento, de Travel AS («Travel», Noruega) mediante la adquisición de sus acciones y otras modalidades.

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (2), este asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado establecido en dicha Comunicación.

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en el plazo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.4968 — Reitan/SAS/NSB/Marked/Vizz/Travel, a la siguiente dirección: