15.12.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 305/1

—

señala que los entes locales y regionales contribuyen de manera decisiva al éxito de las iniciativas europeas. El Derecho europeo se aplica a nivel local y regional e incumbe a los responsables locales, así como a los ciudadanos, influir con su comportamiento en el consumo de energía de modo eficaz y sostenible;

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considera que la política energética y la política climática están en estrecha conexión y deben decidirse de común acuerdo, dado que el 80 % de las emisiones de CO2 en Europa procede de la producción de energía. También considera esencial que las medidas propuestas en el marco de la política climática se integren en el ámbito de la energía, y viceversa. Una política energética eficiente y respetuosa del medio ambiente es también al mismo tiempo una política climática;

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apoya los esfuerzos de la Comisión para combatir o, en su caso, eliminar sin demora los obstáculos administrativos, las condiciones desleales de acceso a la red y los procedimientos complejos (por ejemplo, la discriminación de los proveedores de energías renovables);

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pide a la Comisión que tome las medidas apropiadas para evitar la concentración de mercados y fomentar la diversidad de operadores del mercado;

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apoya el objetivo de ahorrar un 20 % de la energía en la UE de aquí a 2020 gracias al incremento de la eficiencia energética; a este respecto el Comité acogería favorablemente que el objetivo fuera obligatorio;

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insiste en que la eficiencia energética constituye el núcleo de la política energética europea y en que debe concedérsele la máxima prioridad en todas las reflexiones;

—

expresa sus dudas de que las tecnologías de captura y almacenamiento del CO2 (CAC) puedan considerarse soluciones a largo plazo, ya que hacen disminuir masivamente el nivel de rendimiento de las centrales y, además, desde un punto de vista económico no son especialmente eficientes en la perspectiva actual. Desde un punto de vista global, no obstante, la estrategia CAC puede representar una solución transitoria.

Ponente

:

Bernd VÖGERLE, Alcalde de Gerasdorf, Viena (AT/PSE)

1.

subraya la importancia de la energía como pilar esencial de la vida moderna, razón por la cual las interrupciones y las dificultades de abastecimiento tienen consecuencias de gran alcance y provocan importantes daños económicos. Por consiguiente, desde el punto de vista de los entes regionales y locales, la política energética europea — con sus objetivos de seguridad del abastecimiento, sostenibilidad y competitividad — adquiere suma importancia. Para alcanzar estos objetivos es necesaria una combinación energética equilibrada;

2.

señala que los entes locales y regionales contribuyen de manera decisiva al éxito de las iniciativas europeas. El Derecho europeo se aplica a nivel local y regional e incumbe a los responsables locales, así como a los ciudadanos, influir con su comportamiento en el consumo de energía de modo eficaz y sostenible;

3.

pide, por tanto, a las instituciones europeas competentes, y especialmente a la Comisión, que tengan debidamente en cuenta el papel decisivo que desempeñan los entes locales y regionales en la aplicación concreta del «paquete energético» en el marco de la política energética europea;

4.

considera que la política energética y la política climática están en estrecha conexión y deben decidirse de común acuerdo, dado que el 80 % de las emisiones de CO2 en Europa procede de la producción de energía. También considera esencial que las medidas propuestas en el marco de la política climática se integren en el ámbito de la energía, y viceversa. Una política energética eficiente y respetuosa del medio ambiente es también al mismo tiempo una política climática;

5.

señala que los consumidores responsables contribuyen decisivamente a la puesta en práctica de los objetivos europeos, y por ello conviene situar a los consumidores en el centro de todas las reflexiones. Subraya que las capas sociales más vulnerables de la población se ven más duramente afectadas con cada aumento de los precios de la energía. Por consiguiente, las ayudas que ofrece el Estado deberían invertirse, en aras de la sostenibilidad y una política climática coherente, en medidas en favor de la eficiencia energética y la sensibilización, en lugar de limitarse a un mero apoyo financiero;

6.

recuerda que no en todos los Estados miembros se han visto satisfechas las expectativas acerca de la liberalización de los mercados de la electricidad y del gas, en concreto con respecto a la reducción de los precios y el desmantelamiento de los monopolios de suministro energético. Asimismo, considera que la seguridad del abastecimiento se ve amenazada por la falta de inversiones en las centrales y redes de aprovisionamiento energético, en particular en las redes y suministro de energía renovable a escala local. Si se mantiene la actual evolución, cabe prever restricciones de abastecimiento;

7.

pide, por tanto, a la Comisión que establezca incentivos para que los productores y los operadores de redes inviertan (como antes de la liberalización) en la construcción de centrales de producción y en la creación de infraestructuras para las redes. Una posible vía en esta dirección podría ser el establecimiento de planes de producción energética a escala regional y local, basados en información procedente de estos niveles;

8.

apoya los esfuerzos de la Comisión para combatir o, en su caso, eliminar sin demora los obstáculos administrativos, las condiciones desleales de acceso a la red y los procedimientos complejos (por ejemplo, la discriminación de los proveedores de energías renovables);

9.

se pronuncia a favor de una separación de actividades (unbundling), en la que una separación concebida según el Derecho de sociedades — apoyada por un regulador poderoso — puede considerarse suficiente;

10.

pide a la Comisión que tome las medidas apropiadas para evitar la concentración de mercados y fomentar la diversidad de operadores del mercado (incluidos los servicios municipales);

11.

considera que el refuerzo de las redes transnacionales mejora la capacidad de actuación de los niveles local y regional (por ejemplo, en lo que respecta a la adquisición de energía);

12.

rechaza la implantación de nuevas estructuras administrativas, como, por ejemplo, la de un «organismo de reglamentación de la energía» europeo, ya que las autoridades reguladoras nacionales se hallan en situación de alcanzar las metas propuestas por la Comisión y aprobadas por el Consejo Europeo;

13.

pide a la Comisión que configure el mecanismo de comercio de derechos de emisión de tal manera que las centrales eléctricas, en el marco de los planes de concesión de licencias, sólo obtengan un número de certificados de emisión en correspondencia con la producción de electricidad y calor prevista para una central térmica de ciclo combinado de gas que utilice la cogeneración. Con ello se daría una señal clara en favor del objetivo del aumento de la eficiencia energética en la producción eléctrica;

14.

apoya el objetivo de ahorrar un 20 % de la energía en la UE de aquí a 2020 gracias al incremento de la eficiencia energética; a este respecto el Comité acogería favorablemente que el objetivo fuera obligatorio;

15.

insiste en que la eficiencia energética constituye el núcleo de la política energética europea y en que debe concedérsele la máxima prioridad en todas las reflexiones;

16.

pide a las instituciones europeas competentes, y en especial a la Comisión, que velen por la creación de un marco apropiado en, entre otros, los ámbitos siguientes:

17.

subraya que se han puesto en marcha muchas acciones a nivel local y regional que contribuyen al éxito de la iniciativa europea:

18.

pide que se pongan a disposición más recursos de la UE para los intercambios de buenas prácticas a nivel local y regional, por ejemplo en el marco del programa «Energía inteligente — Europa» (EIE);

19.

pide a la Comisión que fije el objetivo de eficiencia energética a escala total (esto es, la intensidad energética de toda la economía). Así, los Estados miembros y las regiones dispondrían de flexibilidad para alcanzar el objetivo aplicando medidas más variadas, incluidas las orientadas al consumo energético de los aparatos y la estructura industrial de la economía (regional);

20.

apoya el objetivo obligatorio de garantizar que el 20 % del consumo total de energía de aquí a 2020 proceda de energías renovables;

21.

destaca la importancia de las fuentes de energía locales desde el punto de vista socioeconómico y también para la seguridad del suministro y la eficacia de la transmisión, y llama la atención sobre el hecho de que el fomento de las energías renovables debe configurarse en función de las condiciones geográficas, climáticas y económicas respectivas. En este sentido, subraya el papel esencial que los entes locales y regionales pueden tener a la hora de promover y facilitar fuentes locales de energías renovables;

22.

aboga por planificar objetivos obligatorios en el ámbito de las energías renovables, incluyendo en particular el sector de la generación de calor y de frío; en este orden de cosas, debe prestarse especial atención a la producción combinada de electricidad y de calor/frío;

23.

observa que en todas las medidas deberá primar la sostenibilidad. En la actualidad, los países que utilizan desde hace tiempo la biomasa como fuente de energía cubren con ella una parte considerable de sus necesidades energéticas. En este contexto se plantea a menudo el problema de que las necesidades no pueden cubrirse exclusivamente con energías disponibles a escala regional (por ejemplo, madera) y los biocarburantes deben ser transportados desde grandes distancias hasta el lugar de destino. Cuando esto ocurre, es obvio que la alternativa se hace menos sostenible. Por consiguiente, es necesario tener en cuenta otras modalidades de transporte menos exigentes desde el punto de vista energético;

24.

considera que debería ofrecerse a los Estados miembros con posibilidades limitadas de producir energía a partir de fuentes renovables la opción de alcanzar el objetivo de uso de energías renovables a través del comercio, ya sea en el marco de un sistema de certificados de energías limpias de ámbito comunitario, o bien mediante contratos bilaterales con otros países que dispongan de más energías renovables. El propósito es reducir los costes globales que entraña cumplir los objetivos sobre las energías renovables;

25.

pide a la Comisión y a los Estados miembros que, a la hora de elaborar planes de acción nacionales en favor de las fuentes de energía renovables, se prevea una consulta obligatoria de los entes locales y regionales;

26.

apoya el objetivo obligatorio de garantizar que el 10 % del consumo total de carburantes de aquí a 2020 proceda de biocarburantes, siempre que la producción sea sostenible;

27.

subraya cuán importantes serán la diversificación de las fuentes de energía y de tipos de biomasa;

28.

considera importante que la política del clima se enfoque desde una perspectiva internacional y que se fomenten los diferentes biocombustibles en función de su rendimiento ecológico y sus repercusiones para el clima durante todo su ciclo de vida, teniendo en cuenta los métodos de producción, el transporte, etc. Aun cuando se incentive una producción autóctona europea eficaz, las importaciones de terceros países pueden resultar necesarias. Deberían fomentarse prácticas de producción sostenibles y eficaces desde el punto de vista energético en el sector de los biocarburantes, independientemente del tipo de biocombustible y del tipo de plantas utilizadas;

29.

observa que el fomento de la producción de biocarburantes en los terceros países va en contra de los objetivos de reducción de la dependencia de las importaciones en el ámbito de la energía y genera nuevas dependencias; subraya, por tanto, que las importaciones procedentes de Estados no pertenecientes a la UE deben tener una importancia secundaria. En las importaciones se deben tener en cuenta la sostenibilidad y la eficiencia energética atendiendo al ciclo de vida de los distintos biocarburantes;

30.

señala la importancia de producir biocarburantes de modo sostenible a fin de evitar la pérdida de biodiversidad. Hay que impedir que unos grandes monocultivos (amplias superficies dedicadas a un solo cultivo) afecten excesivamente al ecosistema local;

31.

destaca que en las importaciones de materias primas bioenergéticas es preciso respetar un código de sostenibilidad. La UE podría contribuir a ello pidiendo a sus socios comerciales que apoyen medidas económicas respetuosas del medio ambiente, que tengan en cuenta los aspectos sociales y que eviten la pérdida de hábitats importantes. Convendría comenzar cuanto antes un proceso de debate internacional, así como la elaboración de la normativa correspondiente;

32.

expresa sus dudas de que las tecnologías de captura y almacenamiento del CO2 (CAC) puedan considerarse soluciones a largo plazo, ya que hacen disminuir masivamente el nivel de rendimiento de las centrales y, además, desde un punto de vista económico no son especialmente eficientes en la perspectiva actual. Desde un punto de vista global, no obstante, la estrategia CAC puede representar una solución transitoria;

33.

estima que la investigación y desarrollo de la tecnología CAC deben fomentarse en mayor medida;

34.

pide que se tenga en cuenta la tecnología CAC, en cuanto sea comercialmente posible; al autorizar nuevas centrales eléctricas de carbón;

35.

subraya que los esfuerzos actuales en el sector de las tecnologías de la energía no son suficientes. Además, el sistema es muy lento, de manera que con frecuencia la implantación de nuevas tecnologías dura decenios;

36.

pide que se aumenten los fondos destinados a las tecnologías de la energía en el programa marco de investigación, tecnología y demostración y en el programa «Energía inteligente — Europa». La demostración de nuevas tecnologías en el nivel regional y local contribuye especialmente a sensibilizar a los ciudadanos y a que la mano de obra desarrolle el grado de cualificación adecuado. Es importante que tanto los agentes comerciales privados de menor tamaño como los agentes públicos puedan tener acceso a ayudas a la investigación y el desarrollo;

37.

señala que el desarrollo de tecnologías más avanzadas también crea la base de nuevas oportunidades de exportación, que a su vez harán posible la creación de muchos empleos;

38.

considera que sólo una cooperación transfronteriza amplia y de gran alcance, acompañada de una política energética y de acuerdos sobre el cambio climático para lograr un medio ambiente sostenible, una mayor eficiencia energética y una utilización moderada de la energía, reportará buenos resultados a corto y largo plazo y beneficiará a las generaciones presentes y futuras, tanto dentro como fuera de la UE;

39.

pide que de ningún modo se preste un apoyo técnico a terceros países en el que los productos y los modos de producción que hayan quedado obsoletos o estén prohibidos en la UE se exporten a dichos países (con retribución o sin retribución). Para ello habrá que velar por que en todos los niveles (europeo, nacional, regional o local) e instituciones (incluido el BEI) se apliquen los mismos criterios;

40.

pide a la Comisión que intensifique sus esfuerzos para garantizar que en la UE se utilizan las mejores prácticas internacionales en materia de eficiencia energética y que, junto con los esfuerzos comunitarios y las mejores prácticas, se difunden iniciativas europeas también en el exterior de la UE;

41.

señala que los entes locales y regionales sólo pueden influir en la estructura de los precios de la energía de manera muy limitada y únicamente en algunos sectores. Hay posibilidades de hacerlo cuando pueden utilizarse recursos energéticos propios en grandes proporciones y cuando los costes son competitivos en el mercado liberalizado con relación a otras materias primas energéticas. Por otra parte, se puede intentar organizar campañas con el fin de sensibilizar a los ciudadanos para que asuman los costes más elevados que entraña la utilización de energías renovables. El Comité cuestiona la perpetuación de las ayudas económicas (ayudas para financiar los costes de la energía y la calefacción), porque, por regla general, no provocan cambios de comportamiento en los consumidores. En lugar de ello, el Comité se pronuncia a favor de financiar medidas de eficiencia energética que conduzcan tanto a ahorrar costes como a mejorar la calidad de vida. Esta financiación debería incluir el acceso de los ciudadanos a la información sobre el uso de la energía (contadores inteligentes) y sobre el uso de energía local, para que los entes locales y regionales establezcan medidas de eficacia y financiación destinadas a evitar dificultades económicas a quienes tienen unos ingresos limitados (pobreza causada por los precios del combustible);

42.

observa con preocupación las consecuencias del aumento de la demanda de materias primas energéticas, que puede dar lugar a un aumento excesivo de los precios de los alimentos. Por ello, considera necesario emprender un estudio detallado del mercado de la energía y de la demanda previsible de materias primas bioenergéticas, en particular para poder evaluar sus consecuencias en el mercado alimentario hasta el nivel de las pequeñas regiones.

15.12.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 305/6

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«El informe anual de los seis coordinadores europeos de la RTE-T»

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«Las redes transeuropeas: Hacia un enfoque integrado»

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«La ampliación de los principales ejes de transporte transeuropeos»

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recuerda, en primer lugar, la importancia de las RTE-T, que contribuyen de manera significativa a los objetivos de Lisboa;

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insiste también en el papel clave que pueden desempeñar los coordinadores para que los Estados miembros se pongan de acuerdo acerca de unos parámetros coherentes para los distintos ramales nacionales de cada eje RTE-T; y para refrendarlo, solicita a la Comisión que convierta dicho acuerdo en un requisito previo para obtener el respaldo financiero comunitario;

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considera asimismo que la Comisión Europea podría animar a los agentes locales y regionales afectados por los proyectos prioritarios de las RTE-T a organizarse en una red, en particular por medio de un foro anual. Además, expresa su interés y su disponibilidad para cooperar con la Comisión en este sentido;

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lamenta una vez más la flagrante incoherencia entre los retos esenciales que representan las redes RTE para la Unión, como se indica de nuevo en esta Comunicación, el papel determinante que puede tener un estímulo financiero de parte de la Unión, y el muy ajustado presupuesto asignado, aun cuando se concentre en las secciones transfronterizas y los cuellos de botella; insiste, por consiguiente, en la imprescindible sinergia entre todas las fuentes de financiación disponibles a nivel de la Unión;

—

subraya la importancia de la ampliación de los ejes de transporte más allá de las fronteras de la Unión a fin de fomentar los intercambios de bienes y la circulación de las personas, no solo con los países vecinos, sino también con el resto del mundo.

Ponente

:

Bernard SOULAGE (Vicepresidente primero del Consejo Regional de Ródano-Alpes, FR/PSE)

1.

recuerda, en primer lugar, la importancia de las RTE-T, que contribuyen de manera significativa a los objetivos de Lisboa. Las RTE-T refuerzan la cohesión territorial y la competitividad de las regiones, facilitando así el comercio de bienes y la movilidad de las personas. Los ciudadanos europeos que viven en estas regiones percibirán las repercusiones de las RTE-T en su vida cotidiana, lo que tendrá sin duda efectos positivos para la legitimidad de la UE.

2.

expresa su agradecimiento muy especialmente a los coordinadores por su eficaz labor destinada a impulsar la realización de los proyectos prioritarios de la RTE-T, lo que confirma la utilidad de su misión;

3.

valora el hecho de que este trabajo, y la información que sobre él ofrece la Comisión, facilita enormemente la transparencia en torno a estos proyectos y a su ejecución, y desea por consiguiente que se mantenga este diálogo entre el Comité de las Regiones y la Comisión de manera activa, ya que muchas regiones están directamente interesadas en estas inversiones en su territorio;

4.

destaca en particular los puntos fuertes de la acción de los coordinadores, que han hecho posible:

5.

constata que estas misiones también han contribuido a facilitar la coordinación entre ministerios de un mismo país, al someterlos a la supervisión de un observador exterior;

6.

suscribe el punto de vista de la Comisión de que es necesario aportar una contribución suficiente (masa crítica, que los coordinadores suelen considerar que se sitúa en el máximo permitido por el Reglamento) a los proyectos transfronterizos, para desbloquearlos y sacar un máximo rendimiento de su efecto palanca, así como del efecto de arrastre para los accesos a las redes nacionales;

7.

insiste en la cuestión esencial de la interoperabilidad, que condiciona en gran medida la valorización económica de las inversiones, y subraya en particular la decisión adoptada para el despliegue del sistema ERMTS de centrarse en seis corredores prioritarios para el transporte de mercancías, lo que facilitará el buen uso y el atractivo de las inversiones en nuevas infraestructuras en estos ejes;

8.

insiste también en el papel clave que pueden desempeñar los coordinadores para que los Estados miembros se pongan de acuerdo acerca de unos parámetros coherentes para los distintos ramales nacionales de cada eje RTE-T; y para refrendarlo, el Comité de las Regiones solicita a la Comisión que convierta dicho acuerdo en un requisito previo para obtener el respaldo financiero comunitario;

9.

subraya, como han hecho la mayoría de los ponentes, que es necesario que los Estados adopten medidas para sacar el máximo partido de estas inversiones: transferencia modal, gestión adecuada de las prioridades en cuanto al uso de las infraestructuras, optimización de la programación durante el periodo de inversión en un eje;

10.

propone que los coordinadores también intervengan en los intercambios entre proyectos a fin de asegurar, si no ya prácticas coherentes, al menos un intercambio de reflexiones y buenas prácticas en lo relativo a los estudios, la elaboración y la financiación de los proyectos. Asimismo, la Comisión Europea podría animar a los agentes locales y regionales afectados por los proyectos prioritarios de las RTE-T a organizarse en una red, en particular por medio de un foro anual. Además, el Comité de las Regiones expresa su interés y su disponibilidad para cooperar con la Comisión en este sentido;

11.

expresa su deseo de que, en vista de las experiencias positivas desarrolladas hasta ahora, simultáneamente a esta ampliación de la misión de los coordinadores actuales puedan designarse otros coordinadores para proyectos prioritarios financiados por la Unión en materia de transportes, en particular en los ámbitos que requieren un fuerte impulso, con frecuencia político, para superar las dificultades que pueden surgir en las fases de planificación y construcción, así como para proyectos prioritarios; en cualquier caso, el Comité de las Regiones señala que hasta ahora sólo se han nombrado coordinadores para seis proyectos que se encuentran en fases avanzadas de preparación mientras que otros ejes prioritarios están más necesitados de dicho respaldo puesto que en su preparación intervienen más Estados miembros (por ejemplo, el proyecto no 22 que cubre ocho Estados miembros);

12.

constata que los diferentes informes de los coordinadores, que datan ya de julio de 2006, señalan qué avances son necesarios y urgentes para dar credibilidad a los proyectos, así como los compromisos que deben asumir los Estados para optimizar la inversión principal;

13.

pide, por consiguiente, que se haga un balance del grado de realización efectiva de estos avances y compromisos a día de hoy, con el fin de arrojar luz sobre las próximas decisiones relativas a la asignación de créditos RTE-T para el período 2007-2013. Los análisis y las recomendaciones de los coordinadores deberían tener un peso determinante en la decisión sobre la concesión de subvenciones, en particular las subvenciones en el marco del programa plurianual RTE;

14.

constata que la incertidumbre en cuanto a la financiación comunitaria a partir de 2013 puede frenar proyectos que requerirían pocos gastos durante el periodo presupuestario en curso, y pide por tanto que se prevean mecanismos que permitan reducir este obstáculo;

15.

insiste en que el hecho de que la Comisión disponga de información más precisa, detallada y compleja acerca del estado de elaboración de los proyectos prioritarios respaldados por los coordinadores no debe impedir el trato equitativo de todos los proyectos;

16.

lamenta no obstante que no se haya llevado a cabo un análisis cruzado de estos proyectos, su evolución y las sinergias desarrolladas entre ellos y recomienda que la Comisión elabore los futuros análisis tomando como base los datos estadísticos más actuales y relevantes que se hayan recogido de forma adecuada en los Estados miembros. Aun cuando la Comunicación hace hincapié en la necesidad de coordinar al máximo los proyectos, a fin de conseguir, con el tiempo, una realización óptima de la red RTE-T, no se ha llevado a cabo todavía ningún análisis en este sentido, pero podría hacerse en el seno del grupo director de las RTE. Un análisis de esta índole podría ofrecer un elemento suplementario para clarificar la asignación, muy restringida, de las ayudas europeas para el periodo 2007-2013.

17.

respalda a la Comisión en cuanto a la conveniencia de garantizar la sinergia entre proyectos RTE de un mismo eje, y a los beneficios que pueden derivarse tanto por lo que se refiere a las inversiones (reducción de gastos, impacto limitado sobre el territorio) como a la eficacia de las obras propiamente dichas;

18.

desea, a la vista de las dificultades observadas para combinar proyectos de naturaleza muy diferente (túnel ferroviario y línea de alta tensión, por ejemplo) que, además de integrarse en el manual de buenas prácticas anunciado, este objetivo de sinergia se tenga en cuenta en la misión de los coordinadores;

19.

lamenta una vez más la flagrante incoherencia entre los retos esenciales que representan las redes RTE para la Unión, como se indica de nuevo en esta Comunicación, el papel determinante que puede tener un estímulo financiero de parte de la Unión, y el muy ajustado presupuesto asignado, aun cuando se concentre en las secciones transfronterizas y los cuellos de botella; insiste, por consiguiente, en la imprescindible sinergia entre todas las fuentes de financiación disponibles a nivel de la Unión. Asimismo, la Comisión Europea debería examinar qué nuevas fuentes de financiación podrían utilizarse en el futuro. En este sentido, parece necesario revisar, a medio plazo, la Directiva «Euroviñeta», a fin de tener más en cuenta los gastos externos;

20.

constata que la realización de los treinta ejes prioritarios solo limitará el incremento de las emisiones de CO2 generadas por el transporte en un 4 %, un resultado muy modesto, y por este motivo desea que, en el contexto de la revisión de la actual Directiva «Euroviñeta», se tomen en consideración los costes externos para, de este modo, poder adoptar medidas de transferencia modal sobre todo, pero no exclusivamente, en las zonas y territorios sensibles, para los que también deberían preverse medidas más directas y proactivas. A ello puede contribuir la explotación de las nuevas tecnologías de la información, como se propone en la Comunicación, así como el desarrollo de sistemas de transporte inteligentes, materia en la que los países de Asia, por ejemplo, están bastante más avanzados que Europa;

21.

respalda el deseado desarrollo de las CPP, en particular garantizando la mejora de la seguridad jurídica y creando instrumentos financieros innovadores en el BEI. No obstante, conviene confrontar las innegables ventajas de estos mecanismos con los costes adicionales iniciales que pueden conllevar, y precisar bien las transferencias de riesgos;

22.

subraya que, si en el ámbito de las telecomunicaciones se reconocen sin problemas las ventajas de la libre competencia, estos efectos beneficiosos deberían verse también en el ámbito del transporte ferroviario. Aun cuando no resulte realista esperar que la financiación privada de las inversiones ferroviarias se sitúe al nivel de la de las telecomunicaciones, el paso a la libre competencia en el sector ferroviario debería permitir, al menos, que se valoricen en mayor medida las inversiones públicas;

23.

pide que las normas de desconsolidación (en el sentido de los criterios de convergencia de Maastricht) de los préstamos contraídos para estos proyectos se precisen y eventualmente, para las inversiones RTE, se dulcifiquen. Esta cuestión debería plantearse, sin duda alguna, para todas las inversiones estratégicas para el desarrollo de la Unión.

24.

subraya la importancia de la ampliación de los ejes de transporte más allá de las fronteras de la Unión a fin de fomentar los intercambios de bienes y la circulación de las personas, no solo con los países vecinos, sino también con el resto del mundo;

25.

añade que la mejora de las conexiones con los países vecinos de la Unión reforzará también la eficacia de las importantes inversiones realizadas en la red RTE-T;

26.

reconoce que el desarrollo controlado y la integración del sector de los transportes entre la UE y los países vecinos contribuyen plenamente a la realización de la agenda de Lisboa, al impulsar el comercio y el crecimiento sostenible, así como la cohesión social;

27.

constata que estas ampliaciones estabilizan la democracia y la economía en los países vecinos y constituyen también una contribución a la política europea de vecindad y a la difusión de los logros comunitarios, por lo que facilitan la cooperación con los países de la Unión en todos los sentidos e incluso, en algunos casos, sirven de preparación para una posible futura integración.

28.

insiste, en primer lugar, en la excelente calidad del informe del grupo de alto nivel, presidido por la Sra. Loyola de Palacio, cuya memoria honramos;

29.

valora el proceso de consulta, que ha permitido validar y enriquecer el trabajo del grupo de alto nivel;

30.

desea que este informe muy prolijo y detallado sirva de base para determinar de manera precisa las acciones que se pondrán en marcha a corto y medio plazo;

31.

subraya la pertinencia de los ejes transnacionales definidos:

32.

acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de poner en marcha una acción para la identificación y la resolución de los cuellos de botella en la logística del transporte de mercancías;

33.

constata que el informe propone plazos voluntaristas que no se mencionan en la Comunicación: examen y actualización de los principales ejes y proyectos y medidas horizontales para 2010, con una evaluación intermedia en 2008.

34.

aprueba la recomendación al Consejo y al Parlamento de que acepten la propuesta de revisión del concepto de áreas y corredores paneuropeos de conformidad con las orientaciones del informe;

35.

lamenta no obstante que, aun cuando se califique a los ejes de «multimodales», no se presente ninguna orientación general sobre las modalidades de transporte a las que debe otorgarse preferencia, excepto en el caso de las autopistas del mar, lo que el Comité de las Regiones considera pertinente; una orientación general de este tipo permitiría, en particular, fomentar la transferencia modal hacia modos de transportes más respetuosos con el medioambiente;

36.

recuerda en este contexto algunos de los puntos esenciales de su dictamen de 14 de febrero de 2007 sobre la evaluación intermedia del Libro Blanco sobre la política de transporte:

37.

pide por consiguiente, de acuerdo con las preocupaciones expresadas en las consultas públicas, que se haga hincapié en los aspectos medioambientales y se establezca como principio que las decisiones adoptadas en relación con la modalidad sean coherentes con los compromisos de Kyoto y los objetivos de desarrollo sostenible;

38.

subraya la importancia y la urgencia de las medidas horizontales para fomentar la interoperabilidad, medidas que están incluidas en la Comunicación, que enumera también los principios para establecer planes de acción;

39.

aprueba la estructura institucional propuesta, que comprende tres niveles:

y solicita, además, para el futuro:

40.

lamenta que en la Comunicación se observe cierto comedimiento por lo que se refiere a las acciones, tanto en relación con las inversiones como con la puesta en práctica de las propuestas institucionales;

41.

solicita, por consiguiente, que se lleven a cabo sin demora las negociaciones, calificadas de «exploratorias», con los países vecinos, al mismo tiempo que se ponen en funcionamiento los comités de dirección regionales, con el objetivo de determinar las medidas que deberán adoptarse a corto y medio plazo;

42.

pide que, ya desde el inicio de este proceso, se validen los aspectos financieros en juego, que están especificados en el informe del grupo de alto nivel pero no se mencionan en la Comunicación;

43.

solicita asimismo que los niveles regionales y locales de gobierno implicados participen ampliamente en la definición y la puesta en práctica de las medidas, a fin de lograr una buena sinergia con los avances a escala local, tanto en el ámbito económico como en el de la ordenación del territorio.

15.12.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 305/11

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Se requiere una cierta reglamentación, que debería ser ágil, para entrar en juego cuando la normativa nacional no resulte eficaz (principio de subsidiariedad). Las características fundamentales deberían ser la transparencia en el proceso de consulta y un procedimiento de recurso europeo;

—

El umbral de un millón de pasajeros parece arbitrario y posiblemente sea innecesario, ya que supeditará 150 aeropuertos a la reglamentación, muchos de los cuales son pequeños aeropuertos regionales incapaces de hacer frente a la burocracia. La Directiva debería por lo tanto aplicarse sólo a los aeropuertos que tengan más del 1 % del total del mercado aéreo de pasajeros de la UE;

—

La autoridad reguladora nacional independiente debería también tener la facultad de conceder exenciones, para poder incluir aeropuertos que se encuentren por debajo del umbral, si considera que tienen un poder de mercado importante. Toda prueba de mercado llevada a cabo por las autoridades reguladoras nacionales será objeto de control por parte de la Comisión Europea para garantizar un trato uniforme en toda la Unión Europea (por consiguiente, el artículo 1.2 del COM(2006) 820 final debería modificarse);

—

La Directiva debería ser neutra con respecto al principio de la «caja única»;

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El acceso a los aeropuertos por diversos medios de transporte constituye un componente esencial de la «capacidad», necesario para aprovechar plenamente la capacidad actual de los aeropuertos regionales;

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Los aeropuertos regionales son fundamentales para la prosperidad de las regiones y pueden desempeñar un notable papel en la reducción de la congestión de los aeropuertos «hub» más importantes. Por otro lado, los aeropuertos regionales pueden dirigir su actividad a la aviación general y a una serie de servicios potenciales que, según parece, tendrán menos espacio en los grandes aeropuertos a causa del aumento del tráfico comercial.

Ponente

:

Canciller Gordon KEYMER, Miembro del Consejo del Distrito de Tandridge

1.

Se requiere una cierta reglamentación, la cual debería ser ágil, para entrar en juego cuando la normativa nacional no resulte eficaz (principio de subsidiariedad). Las características fundamentales deberían ser la transparencia en el proceso de consulta y un procedimiento de recurso europeo.

2.

El umbral de un millón de pasajeros parece arbitrario y posiblemente sea innecesario, ya que supeditará 150 aeropuertos a la reglamentación, muchos de los cuales son pequeños aeropuertos regionales incapaces de hacer frente a la burocracia. Se recomienda que los organismos reguladores nacionales realicen pruebas de mercado que podrían ser objeto de control por parte de la UE para garantizar un trato uniforme en toda la Unión Europea.

3.

La Directiva sólo se aplicará a los aeropuertos que tengan más del 1 % del total del mercado aéreo de pasajeros de la UE.

4.

La autoridad reguladora nacional independiente tendrá la facultad de conceder exenciones, ya sea sobre la base de un análisis del grado de competencia que admite el mercado o cuando se trate de aeropuertos cuya cuota de mercado sea inferior al 20 % de la cuota nacional. También tendrá la facultad de incluir aeropuertos que se encuentren por debajo del umbral, si considera que tienen un poder de mercado importante.

5.

Toda prueba de mercado llevada a cabo por las autoridades reguladoras nacionales será objeto de control por parte de la Comisión Europea para garantizar un trato uniforme en toda la Unión Europea.

6.

La Directiva debería ser neutra con respecto al principio de la «caja única» (una caja dual puede funcionar bien).

7.

Los aeropuertos deben poder aplicar una tarificación diferenciada, para así fomentar las «compañías aéreas de referencia» y permitir la creación de terminales de bajo coste en los aeropuertos.

8.

Las autoridades reguladoras nacionales han de ser verdaderamente independientes, tanto desde el punto de vista operativo como financiero.

9.

Europa precisa una mejora del uso de la capacidad aeroportuaria existente e inversiones en nuevas capacidades.

10.

La accesibilidad ilimitada a los aeropuertos mediante diferentes nuevos medios de transporte constituye un componente esencial de la «capacidad», necesario para aprovechar plenamente la capacidad actual de los aeropuertos regionales. En particular, se requieren conexiones a los aeropuertos desde los centros urbanos y las redes ferroviarias de alta velocidad, así como una red de conexiones ferroviarias de alta velocidad más densa con el fin de reducir el tráfico de corto recorrido y liberar capacidad.

11.

La aviación general desempeña un papel importante en la Europa ampliada al permitir desplazamientos rápidos y flexibles desde unos aeropuertos regionales a otros. Por consiguiente deberían mantenerse las capacidades que permiten los movimientos de la aviación general.

12.

La Directiva de 1996 ha aportado beneficios en términos de una mayor eficacia, costes más bajos y nuevos puestos de trabajo. Podría mejorarse la aplicación de la Directiva vigente, pero no se requiere una nueva normativa.

13.

Al reconocer la correlación entre la conectividad y el crecimiento regional, el CDR considera que los aeropuertos regionales son fundamentales para la prosperidad de las regiones y pueden desempeñar un importante papel en la reducción de la congestión de los aeropuertos «hub» más importantes. Por otro lado, los aeropuertos regionales pueden dirigir su actividad a la aviación general y a una serie de servicios potenciales que, según parece, tendrán menos espacio en los grandes aeropuertos a causa del aumento del tráfico comercial.

14.

Los entes regionales y locales deben comprometerse con el sector de la aviación de un modo diferente, en particular a corto plazo y más dinámicamente.

15.

El crecimiento futuro de los aeropuertos ha de tenerse más en cuenta en la ordenación a largo plazo del territorio a nivel local y regional (viviendas, redes de transporte, planificación de puntos de venta al por menor, etc.).

15.12.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 305/15

—

insta a la Comisión a redoblar sus esfuerzos al más alto nivel político para impulsar la coalición internacional contra el cambio climático, pues éste sólo puede resolverse con la contribución de todos los (principales) países;

—

considera que debería ofrecerse a los Estados miembros con posibilidades limitadas de producir energía a partir de fuentes renovables la opción de alcanzar el objetivo de uso de energías renovables a través del comercio, sea en el marco de un sistema de certificados de energías limpias de ámbito comunitario, sea mediante contratos bilaterales con otros países que dispongan de más energías renovables, con el objetivo de reducir los costes generales que supone alcanzar los objetivos en materia de energía renovable;

—

recomienda la previsión de más recursos y medidas, además de la utilización de los Fondos Estructurales Europeos, como medios útiles para ayudar a la adaptación con medidas dirigidas a la mitigación, como el ahorro de energía y la utilización de energías renovables, a fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero;

—

subraya la importancia de la flexibilidad regional para lograr los objetivos de eficiencia y energías renovables, dado que reduce el coste global de la política climática. Sin embargo, estos objetivos deberían ser obligatorios en el ámbito de la UE;

—

coincide con la Comisión en que la aviación debería estar incluida en el RCE, porque este sector es una fuente de gases de efecto invernadero en rápido crecimiento, e insta a la Comisión a tener en cuenta toda la influencia de este sector en el cambio climático;

—

fomentará el desarrollo de una red permanente de entes regionales y locales deseosos de aumentar el intercambio de información y crear una plataforma para el desarrollo de nuevas ideas que reduzcan de forma rentable las emisiones de gases de efecto invernadero.

Ponente

:

Sra. DWARSHUIS-VAN DE BEEK, Miembro del Consejo Ejecutivo de la Provincia de Holanda Meridional (NL/ALDE)

1.

considera que un medio ambiente seguro es un requisito básico para la actividad humana y cree, en consecuencia, que proteger el medio ambiente es de vital importancia para el bienestar del ser humano;

2.

cree que una política medioambiental y climática bien diseñada contribuye en cualquier caso al desarrollo económico.

3.

es de la opinión de que la amenaza del cambio climático ya avanzado, provocado por la emisión de gases de efecto invernadero, es un problema acuciante que debería ser, en primer lugar, resuelto con la máxima determinación por la generación actual;

4.

coincide con la idea de que el cambio climático tendrá grandes repercusiones en el bienestar del ser humano: víctimas de olas de calor, problemas de salud, daños a la biodiversidad, reducción de la producción agrícola en distintas zonas, menos oportunidades para el turismo y daños provocados por la subida del nivel del mar y unas condiciones climáticas extremas que puedan provocar migraciones masivas de carácter medioambiental hacia las regiones desarrolladas más cercanas;

5.

cree que la política climática también tendrá numerosos efectos positivos, puesto que mejorará la calidad del aire (al reducirse las emisiones de SO2, PM y NOx), la seguridad del suministro energético (al reducirse la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles) y la fertilidad del suelo (al reducirse la pérdida de materia orgánica);

6.

coincide plenamente con la Comisión en que el coste de las medidas políticas para reducir el cambio climático será mucho menor que el coste previsto del cambio climático y, por tanto, la política climática es sumamente eficaz;

7.

respalda las declaraciones contenidas en el Protocolo de Kioto respecto a la importancia de las tierras de cultivo como reservas de carbono. En efecto, el aumento del contenido de carbono orgánico y la conservación de la sustancia orgánica en el suelo contribuyen a mejorar considerablemente el balance de CO2 de los países. Gracias a una explotación orientada a proteger el suelo también se pueden reducir las emisiones de otros gases con incidencia en el clima, como el óxido nitroso, el metano y otros. Se trata al respecto no sólo de conservar la capacidad de almacenamiento, sino, sobre todo, de utilizar dicha capacidad. El suelo debe desempeñar su función actual de reserva de carbono, con el fin de influir positivamente en el balance de CO2, además de aportar otras ventajas, como el aumento de la fertilidad de las tierras y una mejor capacidad de almacenamiento de las aguas. La gestión del humus como aspecto de la explotación agraria y el reciclado regional de las sustancias orgánicas mediante el compost y los residuos de cosecha constituyen importantes objetivos para mejorar el balance de CO2.

8.

insta a la Comisión a redoblar sus esfuerzos al más alto nivel político para impulsar la coalición internacional contra el cambio climático, pues éste sólo puede resolverse con la contribución de todos los (principales) países;

9.

pide a la Comisión que presente una hoja de ruta con las iniciativas pertinentes para hacer frente al cambio climático y una clara estrategia para asociar a los entes regionales y locales, que deberá ponerse en práctica antes de la Cumbre sobre el Clima de las Naciones Unidas que tendrá lugar en 2009 en Copenhague.

10.

reconoce que la vulnerabilidad de las regiones europeas al cambio climático varía enormemente, sobre todo por las diferencias de condiciones naturales y densidad demográfica;

11.

reconoce, asimismo, que las opciones rentables para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero difieren considerablemente de una región a otra, sobre todo por las diferencias de condiciones naturales y estructura económica;

12.

lamenta, en consecuencia, que la Comisión no preste más atención a la distribución regional de los costes de la inacción y los beneficios de la acción, e insta a la Comisión a realizar un análisis exhaustivo de la dimensión regional de los costes y beneficios del cambio climático y la política climática;

13.

recomienda la previsión de más recursos y medidas, además de la utilización de los Fondos Estructurales Europeos, como medios útiles para ayudar a la adaptación con medidas dirigidas a la mitigación, como el ahorro de energía y la utilización de energías renovables, a fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero;

14.

pide a la Comisión que asigne más medios financieros a las medidas de mitigación en la revisión intermedia del presupuesto para 2008, puesto que los ambiciosos objetivos climáticos fijados sólo podrán alcanzarse con más dinero público.

15.

coincide con la Comisión Europea, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo en que la Unión Europea debería fijarse unos ambiciosos objetivos unilaterales, dado que es necesario un liderazgo para crear una coalición global contra el cambio climático. Así pues, acoge con satisfacción el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea al menos un 20 % antes de 2020 con respecto a los niveles de 1990, con independencia de la política de otras regiones;

16.

insta a la Comisión a establecer también objetivos intermedios para las emisiones de CO2, por ejemplo para los años 2013 o 2015, a fin de progresar en la aplicación de las medidas de mitigación, así como examinar y supervisar la misma;

17.

respalda los objetivos de aumentar la eficiencia energética al menos un 20 % antes de 2020 y de aumentar la cuota de energías renovables hasta al menos el 20 % en esa misma fecha. Estos objetivos podrían ser instrumentos eficaces en los esfuerzos para alcanzar el objetivo global de reducción de las emisiones. Dichos objetivos no se pueden alcanzar tan sólo mediante la evolución tecnológica, sino que también requieren un cambio de mentalidad, tanto por parte de los productores (por ejemplo, a través de la concepción de diseños energéticamente eficientes y, al mismo tiempo, atractivos para los consumidores) como de los consumidores;

18.

subraya la importancia de la flexibilidad regional para lograr los objetivos de eficiencia y energías renovables, dado que reduce el coste global de la política climática. Sin embargo, estos objetivos deberían ser obligatorios en el ámbito de la UE.

19.

está de acuerdo con la Comisión en que el régimen europeo de comercio de emisiones (RCE) debería desempeñar un papel esencial, puesto que, potencialmente, es un instrumento rentable para mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero;

20.

insta a la Comisión a gestionar efectivamente el número de permisos otorgados, puesto que el RCE sólo tendrá efecto si el límite máximo (es decir, el total de permisos de emisión) es significativamente inferior al nivel de emisiones de gases de efecto invernadero;

21.

subraya que el número total de permisos que se otorguen en el marco del RCE debe reducirse en línea con los objetivos de emisiones establecidos por la Comisión para 2020, a fin de no presionar en exceso, respecto de la reducción de emisiones, a sectores que no participan en el RCE, como los hogares y otros pequeños usuarios de energía;

22.

está a favor de subastar una parte de los permisos, especialmente los de las industrias protegidas, porque así se ofrecerán más incentivos para reducir las emisiones y, por tanto, se aumentará también la eficacia del RCE. Este enfoque, además, está más en línea con el principio de que «el que contamina, paga». También supondría una menor carga económica para las empresas participantes que si se subastaran todos los permisos;

23.

opina que la subasta y la asignación (de referencia) gratuita de la otra parte (principal) de los permisos de emisión podría corresponder a los Estados miembros, siempre que esté armonizado el procedimiento de asignación en la UE, a fin de evitar los falseamientos de la competencia entre los Estados miembros y aumentar la eficacia del sistema; en un futuro sistema de comercio se podría pensar en la posibilidad, para sectores especiales con referencias europeas comparables, de asignar permisos o fijar un objetivo a escala comunitaria independientemente del objetivo nacional de reducción, en el que se prevea una asignación de permisos de emisión por unidad de producción idéntica para todos los participantes en el mercado;

24.

solicita a la Comisión que considere la posibilidad de utilizar los medios apropiados, como los Fondos Estructurales, para compensar a las regiones ultraperiféricas si se ven muy afectadas por la inclusión de la aviación en el RCE;

25.

acoge favorablemente todos los esfuerzos por coordinar el sistema europeo de comercio de emisiones con planteamientos similares en terceros países. Se deben impedir los falseamientos de la competencia a favor de productores que operan en países que no disponen de un sistema comparable de comercio de emisiones, adoptando medidas apropiadas como, por ejemplo, mecanismos impositivos compensatorios;

26.

acoge con satisfacción la propuesta de ampliar el RCE a otros gases y otros sectores, pues ello aumentará la eficacia y la eficiencia del sistema;

27.

pide a la Comisión que valore cuidadosamente la opción de abrir el RCE a los emisores pequeños pero con gran consumo de energía, ya que esto reduciría probablemente sus costes de reducción;

28.

coincide con la Comisión en que la aviación debería estar incluida en el RCE, porque este sector es una fuente de gases de efecto invernadero en rápido crecimiento, e insta a la Comisión a tener en cuenta toda la influencia de este sector en el cambio climático;

29.

pide a la Comisión que tenga en cuenta las características específicas del sector de la aviación a la hora de conceder permisos, en particular para considerar que las emisiones de la aviación (tanto de carbono como de hidrógeno) tienen un mayor impacto en el cambio climático que las actividades terrestres;

30.

se opone decididamente a la propuesta de una exención para los vuelos oficiales, ya que los gobiernos deben dar ejemplo para fomentar el respaldo público a la política;

31.

considera que la captura y almacenamiento de carbono (CAC) sólo debería incluirse en el RCE si se acompaña de medidas estrictas de seguridad y seguimiento. Antes de ello, debe verificarse mediante centrales de demostración en qué medida o con qué costes estas tecnologías pueden contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

32.

pide a la Comisión que desarrolle sistemas a través de los cuales los Estados miembros y las regiones puedan cumplir los objetivos de uso de energías renovables y eficiencia energética de un modo rentable;

33.

considera que debería ofrecerse a los Estados miembros con posibilidades limitadas de producir energía a partir de fuentes renovables la opción de alcanzar el objetivo de uso de energías renovables a través del comercio, sea en el marco de un sistema de certificados de energías limpias de ámbito comunitario, sea mediante contratos bilaterales con otros países que dispongan de más energías renovables, con el objetivo de reducir los costes generales que supone alcanzar los objetivos en materia de energía renovable;

34.

pide a la Comisión que fije el objetivo de eficiencia energética a escala total (esto es, la intensidad energética de toda la economía), teniendo en cuenta las diferencias regionales en la estructura sectorial. Así los Estados miembros y las regiones dispondrían de flexibilidad para alcanzar el objetivo aplicando medidas más variadas, incluidas las orientadas al consumo energético de los aparatos y la estructura industrial de la economía (regional);

35.

acoge favorablemente la intención de la Comisión de reducir para 2012 a 120 g el promedio de las emisiones de CO2 por kilómetro de los vehículos nuevos vendidos en la UE, y solicita a la Comisión que haga todo lo posible, por ejemplo, apoyando la investigación en este campo, para conseguir el objetivo de 95 g de emisiones de CO2 por kilómetro ante de 2020;

36.

pide a la Comisión que considere cuidadosamente el principio de subsidiariedad a la hora de crear nuevos instrumentos políticos. Los entes locales y regionales están en una posición adecuada para tomar medidas efectivas en el ámbito del transporte público, las infraestructuras para el tráfico y la energía, la política de ordenación del territorio, las medidas de eficiencia energética y de comunicación a los ciudadanos.

37.

está convencido de que las medidas locales y regionales son indispensables para una política climática europea eficaz;

38.

cree que los entes regionales y locales también tienen un importante papel que cumplir en la adaptación al cambio climático. El CDR elaborará oportunamente un dictamen al respecto;

39.

señala que los entes locales y regionales ya están contribuyendo a la política climática europea de distintas formas. Por ejemplo:

40.

asumirá su responsabilidad alentando con empeño la aplicación de esta clase de medidas a escala local y regional mediante tres tipos de acción:

41.

pide a la Comisión que organice una conferencia sobre la política climática local y regional para dar a conocer las mejores prácticas a las regiones europeas y estudiar cómo puede la Comisión respaldar de modo efectivo las políticas climáticas locales y regionales;

42.

fomentará el desarrollo de una red permanente de entes regionales y locales deseosos de aumentar el intercambio de información y crear una plataforma para el desarrollo de nuevas ideas que reduzcan de forma rentable las emisiones de gases de efecto invernadero;

43.

se ofrece a participar activamente en el proceso ulterior de diseñar la política climática europea.

15.12.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 305/20

—

señala que, tras los acontecimientos que condujeron a la revolución naranja a finales de 2004, Ucrania ha llevado a cabo un programa de ambiciosas reformas para arraigar firmemente la democracia y la economía de mercado en el país y acercar Ucrania a la UE; observa, sin embargo, que estas reformas aún se encuentran en un momento frágil de su desarrollo;

—

acoge favorablemente que la UE y Ucrania hayan entablado negociaciones sobre el nuevo acuerdo ampliado en marzo de 2007;

—

espera con interés que se aplique la próxima fase del Plan de Reforma Administrativa de Ucrania, con un énfasis particular en las competencias de los entes locales y regionales, la descentralización fiscal y la reforma territorial;

—

se felicita por la propuesta de establecer una plataforma institucional para facilitar la consulta de los agentes de la sociedad civil en la UE y Ucrania, en el marco de las negociaciones en curso sobre el nuevo acuerdo ampliado; lamenta, sin embargo, que en la actualidad no se haya adoptado ninguna disposición para garantizar el mismo grado de consulta de los agentes de cooperación transfronteriza y regional, y, por tanto, pide a la Comisión Europea que establezca un comité-plataforma institucional similar para los representantes de los entes locales y regionales de la UE y Ucrania;

—

recomienda elaborar, con la asistencia práctica de la Comisión Europea, y de conformidad con el Acuerdo de Asociación y Cooperación firmado por la UE y Ucrania, un acuerdo marco en cooperación con los entes locales y regionales de Ucrania y los Estados miembros de la UE; dicho acuerdo podría ser el fundamento de la cooperación entre los entes locales y regionales en los Estados miembros de la UE y sus homólogos en Ucrania;

—

recuerda que la asignación de fondos para la cooperación transfronteriza en la frontera este de la UE sólo representa un 5 % del IEVA (Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación); opina que la asignación de fondos para todo el IEVA es insuficiente y pide que al menos un 10 % de los fondos del IEVA se dediquen a apoyar los programas de cooperación transfronteriza.

Ponente

:

Sr. SÉRTŐ-RADICS (HU/ALDE), Alcalde de Uszka, vicepresidente de la Comisión RELEX

1.

desea que este dictamen de iniciativa contribuya a la promoción de la democracia local y regional en Ucrania y que fomente y dé un nuevo impulso a los esfuerzos concretos en cuanto a la colaboración estratégica y el Plan de acción de Vecindad UE-Ucrania, en el marco de la nueva Política Europea de Vecindad (PEV) actualmente en marcha. Por ello, el presente dictamen de iniciativa debe centrarse más concretamente en las oportunidades para resolver problemas comunes mediante una mayor cooperación transfronteriza e interregional entre los entes locales y regionales de la UE y de Ucrania;

2.

opina que la UE tiene un importante interés estratégico en la estabilidad política y el desarrollo económico de Ucrania, pero que, tras la ampliación y adhesión de dos nuevos Estados miembros que tienen fronteras terrestres o marítimas con Ucrania, existen más argumentos en favor de establecer unas relaciones más estrechas entre ambas partes. El desarrollo de Ucrania debería verse reforzado en todos los sentidos por el hecho de que este país está destinado a consolidarse como mercado próspero para las exportaciones e inversiones de la UE y también como socio estable, previsible y colaborador para la paz y la seguridad de Europa. Todos estos factores tendrán una influencia decisiva en la estabilidad, la seguridad y la prosperidad de la UE;

3.

recuerda que Ucrania vive en estos momentos una reforma de su autogobierno, de modo que agradecerá los ejemplos prácticos y modelos que propongan los Estados miembros de la UE. Sin embargo, hay un paso importante que debe darse: comprobar en qué medida se está aplicando la legislación de un modo coherente y con transparencia. Esto incluye la creación de capacidad institucional, necesaria para garantizar el desarrollo de la democracia, así como una buena gobernanza y el respeto de los principios europeos de subsidiaridad, proximidad y cooperación. Estos conceptos son cruciales para el desarrollo económico sostenible, que es el objetivo no sólo de Ucrania, sino también de la UE;

4.

recuerda que ahora que las fronteras comunes de la UE se están ampliando de forma considerable, Ucrania, como otros NEI, se convertirá en un vecino aún más importante y estratégico de la UE; la UE debe entablar unas relaciones buenas y equilibradas con Ucrania (su segundo mayor vecino) y, por lo tanto, ha de fomentar la buena gobernanza y la democracia en ese país no sólo a escala nacional, sino también regional y local. Deben tomarse medidas prácticas y palpables para hacer frente a los cambios dinámicos y a los nuevos retos que plantea la adhesión de los diez (más dos) nuevos Estados miembros a la UE, lo cual tendrá probablemente importantes consecuencias para las relaciones entre la UE y Ucrania;

5.

destaca que las repercusiones de la ampliación de la UE no sólo afectan a las relaciones de Ucrania con los Estados miembros actuales, sino también a las que Ucrania mantiene con otros NEI y con Rusia. Por esta razón, es preciso evaluar de nuevo la situación de las estructuras de cooperación y demás redes actuales, y mejorarlas de forma que no se obstaculice, sino que se posibilite, sobre todo, un avance más concreto en términos de estabilización democrática, verdadera descentralización y cohesión territorial. Además, es importante señalar que, con la adhesión de los nuevos Estados miembros, se producirá un cambio radical en las posibilidades de la zona del Mar Negro. Es preciso responder a estos nuevos retos desde un punto de vista político y económico;

6.

destaca que la UE en el pasado ha contribuido al desarrollo de la democracia local y a la consecución de una administración local eficaz en los países de Europa Central y Oriental. Algunos ejemplos son los programas marco Tacis y de hermanamiento. No obstante, la coordinación entre los distintos programas ha sido insuficiente, por lo que el CDR apoya un enfoque más eficiente para la gestión de los nuevos programas comunitarios en materia de ayuda exterior, con los nuevos IEVA (Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación) y Fondo de Inversiones de Vecindad. Es necesario aclarar, desde la perspectiva de los entes locales y regionales, las relaciones entre las políticas nuevas y las viejas y, en especial, entre los programas e instrumentos financieros vinculados a ellas;

7.

recuerda que los hermanamientos entre entes locales y regionales tienen un reconocimiento especial en la UE y han demostrado ser una forma útil de incrementar la eficacia administrativa y los contactos interpersonales. Así pues, el CDR desea que se mantengan estos sistemas de colaboración y, posiblemente, que se amplíen para responder a las necesidades particulares de la creación de instituciones locales y regionales en Ucrania y en su área geográfica. Además, la democracia local y regional es un instrumento clave para fomentar aún más el desarrollo de instituciones democráticas y para la adquisición de capacidades en Ucrania, y debería representar una señal de reconocimiento de todo lo dispuesto en la Carta Europea de Autonomía Local del 15 de octubre de 1985. Por ello, en el debate han de participar todas las partes, incluidas las organizaciones locales y regionales, así como las entidades subnacionales;

8.

opina que una asociación creíble debe asentarse en una estrategia y en una agenda práctica basada en intereses comunes, con el fin de perseguir los objetivos políticos que se hayan establecido. Con este fin, se deberán aprobar medidas prácticas específicas que sean capaces de responder a los cambios y nuevos desafíos que surjan en las relaciones entre la UE, recientemente ampliada, y Ucrania. A nivel local y regional, es fundamental que se garantice el crecimiento ya que es el fundamento de la futura prosperidad; también será preciso adaptar las evoluciones a las distintas funciones de los entes locales y regionales. Los principales aspectos del desarrollo regional que pueden impulsar el crecimiento en Ucrania y la UE, y producir una cooperación más estrecha entre los entes locales y regionales, son la educación, la protección medioambiental, el transporte, el desarrollo empresarial basado en la cooperación público-privada, los servicios sociales y la asistencia sanitaria;

9.

recomienda que la UE también preste mayor atención a las regiones que tienen necesidades específicas en materia de crecimiento y desarrollo; por ejemplo, el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación debe ser utilizado para ayudar a las zonas que se estén quedando rezagadas en las regiones ucranianas económicamente deprimidas. También es importante dirigir todos los esfuerzos a adaptar los principios de la política europea estructural y de cohesión a las condiciones locales, teniendo en cuenta que es necesario mejorar las condiciones de vida, el desarrollo sostenible y la competitividad regional;

10.

recuerda que su objetivo es dar prioridad a los ámbitos que formen parte de las competencias locales y regionales. Las autoridades nacionales son responsables de cuestiones que afectan a la sociedad en su conjunto, mientras que las entidades locales y regionales centran sus actividades en ámbitos que son importantes para determinados sectores de la sociedad y están muy próximas a la vida cotidiana de los ciudadanos;

11.

señala que mediante una estrecha cooperación en los proyectos individuales, la UE puede contribuir a garantizar que las reformas de la administración y los servicios públicos se inicien de manera equilibrada a escala nacional, regional y local. Así, en lo que concierne a los proyectos, la UE puede contribuir a reforzar el capital humano gracias a ciertos avances en sectores individuales. La UE debe continuar desarrollando relaciones personales en este ámbito, en particular, a través de asociaciones forjadas en el sector de la educación.

12.

señala que, tras los acontecimientos que condujeron a la revolución naranja a finales de 2004, Ucrania ha llevado a cabo un programa de ambiciosas reformas para arraigar firmemente la democracia y la economía de mercado en el país y acercar Ucrania a la UE; observa, sin embargo, que estas reformas aún se encuentran en un momento frágil de su desarrollo;

13.

señala que los objetivos en materia de políticas definidos en el Acuerdo de Asociación y Cooperación (AAC) de abril de 1998 y el Plan de acción UE-Ucrania de febrero de 2005 siguen constituyendo una base importante para el desarrollo de la cooperación entre la UE y Ucrania. El acuerdo instaura un marco para la cooperación bilateral y establece los principales foros y órganos decisorios, para garantizar que en todos los niveles se abordan las cuestiones de interés común, que se intercambia información y que se resuelven los conflictos;

14.

acoge favorablemente que la UE y Ucrania hayan entablado negociaciones sobre el nuevo acuerdo ampliado en marzo de 2007. El principal objetivo del nuevo acuerdo ampliado, que refleja la importancia estratégica del desarrollo de las relaciones entre la UE y Ucrania, es acercar ésta última a la UE, intensificar la cooperación política, aumentar el comercio y las inversiones y, por consiguiente, contribuir al desarrollo económico y a la prosperidad de Ucrania;

15.

se felicita por la propuesta de establecer una plataforma institucional para facilitar la consulta de los agentes de la sociedad civil en la UE y Ucrania, en el marco de las negociaciones en curso sobre el nuevo acuerdo ampliado; lamenta, sin embargo, que en la actualidad no se haya adoptado ninguna disposición para garantizar el mismo grado de consulta de los agentes de cooperación transfronteriza y regional, y, por tanto, pide a la Comisión Europea que establezca un comité-plataforma institucional similar para los representantes de los entes locales y regionales de la UE y Ucrania;

16.

destaca que, a su modo de ver, la cooperación definida por la nueva política europea de vecindad (PEV) es algo distinto del proceso de adhesión a la UE; es decir, que la cooperación en sí misma no predetermina la adhesión a la UE; no obstante, una cooperación más estrecha en el marco de la nueva PEV puede fomentar el proceso de reforma en Ucrania y establecer una futura estrategia de relaciones a largo plazo, lo que a su vez posiblemente facilitará su aproximación a la UE;

17.

está dispuesto a participar de manera constructiva en la identificación y desarrollo de un espacio común, incluido un espacio económico común, un espacio común de libertad, seguridad y justicia, así como la cooperación en los ámbitos de la seguridad exterior, la investigación, la educación y la cultura, tal y como se acordó en las cumbres UE-Ucrania celebradas en diciembre de 2005 y octubre de 2006;

18.

estima que los entes locales y regionales desempeñan un papel legítimo en muchos aspectos de los espacios comunes y propone que el CDR participe directamente en el trabajo encaminado a desarrollar espacios comunes en cuestiones que entren dentro de su marco de competencias y también en cuestiones sujetas al método abierto de coordinación;

19.

espera con interés que se aplique la próxima fase del Plan de Reforma Administrativa de Ucrania, con un énfasis particular en las competencias de los entes locales y regionales, la descentralización fiscal y la reforma territorial; además, espera que evolucionen las posibilidades de cooperación entre los entes locales y regionales UE y de Ucrania;

20.

confía en que también se incluyan los principios de la Carta Europea de Autonomía Local de octubre de 1985 en las próximas propuestas legislativas;

21.

expresa su satisfacción por la atención prestada a la cooperación entre entes locales y regionales en la UE y en Ucrania, puesto que eso significa que se priorizan soluciones a problemas comunes que preocupan de cerca a los ciudadanos, a escala de los entes locales y regionales;

22.

considera que los intercambios de información y mejores prácticas a escala local y regional favorecen la democracia y el desarrollo económico y social;

23.

constata con satisfacción que los resultados positivos de los proyectos aplicados conjuntamente por los entes locales y regionales de la UE y de Ucrania han reforzado el deseo de continuar la cooperación en condiciones favorables y hace hincapié en que la cooperación duradera entre los entes locales y regionales es un importante y necesario requisito previo para reforzar el papel que desempeñan esos proyectos conjuntos de desarrollo.

24.

hace un firme llamamiento a los entes locales y regionales en la UE y en Ucrania para que cooperen en ámbitos de interés común, puesto que existen posibilidades de cooperación en muchos ámbitos, por ejemplo, la cultura, los asuntos sociales, las economías regionales, la protección del medio ambiente, el transporte, la agricultura y las iniciativas específicas para fomentar la investigación y el desarrollo en el sector privado. Se trata de ámbitos que son particularmente importantes para las competencias territoriales con fines de desarrollo regional;

25.

estima que la salud y, en mayor medida, la asistencia sanitaria son los principales elementos del potencial de crecimiento de la sociedad, por lo que son importantes sectores dentro de las competencias de los entes locales y regionales que están relacionadas con las cuestiones sociales y también tienen un impacto directo o indirecto en otros sectores; así pues, tienen que convertirse en elementos fundamentales para otros sectores, y contribuir a fomentar y mantener la estabilidad social;

26.

recomienda elaborar, con la asistencia práctica de la Comisión Europea, y de conformidad con el Acuerdo de Asociación y Cooperación firmado por la UE y Ucrania, un acuerdo marco en cooperación con los entes locales y regionales de Ucrania y los Estados miembros de la UE; dicho acuerdo podría ser el fundamento de la cooperación entre los entes locales y regionales en los Estados miembros de la UE y sus homólogos en Ucrania;

27.

respalda la promoción del intercambio de información y la difusión de las mejores prácticas en los ámbitos de acción, siempre y cuando se haga en condiciones que sean favorables para la sociedad en su conjunto; estaría dispuesto a prestar asistencia en la organización de debates periódicos sobre Ucrania para facilitar la evaluación de la cooperación y las relaciones entre la UE y Ucrania; esos debates constituirán una contribución especial para ámbitos que forman parte de las competencias de los entes locales y regionales;

28.

opina que el intercambio de experiencias e información con el Comité Económico y Social Europeo podría contribuir a mejorar el entendimiento entre la UE y Ucrania en ámbitos de interés común; también ofrecería nuevas oportunidades en forma de iniciativas específicas para Ucrania como talleres, seminarios, reuniones y conferencias conjuntas, puesto que ambos socios están interesados y quieren contribuir a estrechar la cooperación entre la UE y Ucrania.

29.

señala que la segunda fase del nuevo programa de vecindad deberá aplicarse durante el período 2007-2013, y que posiblemente permita entablar una cooperación transfronteriza más estrecha y eficaz, con resultados específicos;

30.

coincide en la necesidad de un mayor apoyo técnico y político para garantizar una cooperación transfronteriza e interregional permanente entre la UE y los países vecinos al otro lado de las fronteras comunes durante el período de 2007-2013, y en que se debería utilizar el nuevo Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) para respaldar con firmeza los objetivos de cooperación territorial;

31.

acoge con satisfacción el informe estratégico sobre Ucrania (IEP) para 2007-2013 del IEVA de la Comisión Europea, en el que se recuerda que la cooperación transfronteriza se considera como un elemento clave para la colaboración entre territorios vecinos; insiste en que esta forma de cooperación es el mejor modo de superar los recelos con respecto a la introducción de la frontera Schengen, y también aporta grandes beneficios a las regiones fronterizas de ambos lados, independientemente del actual nivel de desarrollo de la región fronteriza al este de la UE;

32.

recuerda que la asignación de fondos para la cooperación transfronteriza en la frontera este de la UE sólo representa un 5 % del IEVA; opina que la asignación de fondos para todo el IEVA es insuficiente y pide que al menos un 10 % de los fondos del IEVA se dediquen a apoyar los programas de cooperación transfronteriza;

33.

considera, en este contexto, que han de definirse con mucha precaución las prioridades para la cooperación transfronteriza a fin de maximizar las sinergias y evitar una dispersión infructuosa de los fondos; una suma tan reducida de dinero no debería emplearse para apoyar programas de desarrollo económico y social generales en las regiones fronterizas; asimismo, resulta poco realista esperar que esta pequeña asignación de dinero cubra otros objetivos prioritarios de la UE, como la provisión eficaz y segura de fronteras, tema que ha de ser objeto de otras políticas comunitarias;

34.

recomienda que se refuercen las tres prioridades de la cooperación transfronteriza, a saber: a) la resolución de problemas fronterizos comunes, incluida la infraestructura local común y el desarrollo regional integrado; b) el establecimiento de contactos entre las personas; y c) el desarrollo de los recursos humanos y el apoyo a la educación, la ciencia y la investigación en las regiones fronterizas;

35.

señala que es ventajoso estimular y desarrollar un interés en la cooperación (especialmente en los ámbitos de la cultura y la educación), basado en tradiciones y actividades culturales características de las culturas locales y regionales autóctonas;

36.

espera con interés el papel que podría desempeñar en el futuro, en los ámbitos mencionados anteriormente, el instrumento jurídico de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial (AECT), especialmente en los ámbitos de la salud pública, el transporte público, la prevención de desastres o la creación de estructuras transnacionales para el turismo. Además, la AECT podrá servir de instrumento adicional para aplicar estrategias de colaboración público-privada; así pues, pide a las autoridades nacionales competentes, de Ucrania y de los Estados miembros de la UE colindantes, que tomen las medidas apropiadas para permitir que participen los socios ucranianos en las futuras AECT, tal como está previsto en el Reglamento (CE) no 1082/2006;

37.

considera importante para la UE reforzar la cooperación financiera con Ucrania, en particular, a través del IEVA y de la activación de nuevos instrumentos como el Fondo de Inversiones de Vecindad, que las instituciones de los Estados miembros que aportan ayudas al desarrollo podrán utilizar para estimular las inversiones en los países cubiertos por la PEV; también propone que Ucrania contribuya a la firma de un acuerdo de cofinanciación, que será aplicado por una fundación conjunta;

38.

subraya la importancia que revisten los programas de hermanamiento de ciudades para contribuir al intercambio de información en ámbitos de acción específicos;

39.

acoge favorablemente que la Comisión Europea insista en la importancia de la apropiación local, al tiempo que se garantiza un apoyo a nivel nacional; sin embargo, en lo que se refiere al establecimiento de una mejor cooperación, sugiere que también se tenga en cuenta la aplicación de programas bilaterales en el marco del Plan de acción de Vecindad UE-Ucrania.

40.

destaca que las regiones ucranianas directamente colindantes con la UE son las más afectadas por las relaciones internacionales entre la UE y Ucrania; por tanto, respalda una cooperación más estrecha en estas regiones mediante relaciones y asociaciones interregionales entre entidades locales;

41.

insta a que se proceda rápidamente a la conclusión de acuerdos bilaterales entre Ucrania y los Estados miembros que lindan con ella, aplicando el régimen de tráfico fronterizo local establecido mediante el Reglamento no 1931/2006/CE;

42.

destaca que es importante ayudar a recuperarse a las regiones deprimidas y económicamente atrasadas, y opina que para ello será necesario que Ucrania adopte una estrategia estatal que sea coherente con los principios de la política regional europea y desarrolle un sistema de instrumentos e instituciones; las regiones de los Estados miembros podrían contribuir a esta labor mediante la transmisión de conocimientos, con la oferta de oportunidades para todas las partes interesadas de participar en proyectos específicos, cooperar en ámbitos particulares previstos en el Plan de acción de Vecindad UE-Ucrania y contribuir a la difusión de las mejores prácticas. Es sumamente importante prever recursos financieros para poder aplicar el contenido específico del Plan de acción de Vecindad UE-Ucrania; dichos recursos tienen que ser fácilmente accesibles;

43.

en las regiones multiculturales, destaca que los contactos entre las personas son importantes, en particular, en los ámbitos de la cultura y la educación, y también la cooperación con los jóvenes. Es precisamente la puesta en común de experiencias y conocimientos lo que puede constituir el principal acicate para la cooperación transfronteriza, contribuyendo a que Ucrania lleve a cabo reformas indispensables.

15.12.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 305/25

—

subraya que la creación de un espacio europeo de investigación tiene que intensificarse si se pretende alcanzar el objetivo de una Europa con la sociedad del conocimiento y la economía más dinámicas del mundo; las regiones, en el marco de sus políticas de investigación, contribuyen de modo importante, mediante condiciones marco de apoyo (programáticas, estructurales y legislativas), a crear un espacio europeo de investigación lleno de vida;

—

comparte la idea de que es necesario coordinar y concertar programas y prioridades de investigación a escala regional, nacional y de la UE. Remitiéndose, no obstante, al principio de subsidiariedad, destaca la responsabilidad de los Estados miembros y de los entres regionales y locales en los ámbitos de la ciencia e investigación y sigue expresando su rechazo a una investigación centralizada y planificada al nivel europeo;

—

considera especialmente importante para el desarrollo de un espacio europeo de investigación que se registren progresos en materia de movilidad de los científicos, incluidas las necesarias adaptaciones legislativas en los ámbitos del derecho de establecimiento y de las pensiones, así como medidas complementarias de apoyo a las familias;

—

subraya la necesidad de crear normas y derechos de protección para la protección de la propiedad intelectual; la creación de una Carta europea para el uso de la propiedad intelectual procedente de instituciones académicas y de investigación puede contribuir sensiblemente a la organización del espacio europeo de investigación y al fomento de redes de cooperación;

—

recomienda a las universidades e instituciones de investigación que exploren nuevas vías de cooperación entre instituciones públicas y el sector privado, por ejemplo en el marco de fondos comunes de innovación. Las universidades e instituciones de investigación deben ser percibidas y apoyadas como impulsoras de la innovación en sus regiones.

Ponente

:

Michael SCHROEREN (DE/PPE) — Miembro del Parlamento de Renania del Norte-Westfalia

1.

subraya la gran importancia que reviste la creación de un espacio europeo de investigación para el desarrollo económico y social y la capacidad de innovación de Europa, la consecución del objetivo de Lisboa, el crecimiento sostenible y equilibrado y el éxito de las regiones europeas, e igualmente para la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos;

2.

se declara de acuerdo con la Comisión cuando afirma que «desde que el Consejo Europeo de Lisboa reunido en marzo de 2000 hizo suyo el objetivo de crear un Espacio Europeo de Investigación (EEI), se han puesto en marcha muchas iniciativas para su realización»; este proceso, no obstante, tiene que intensificarse si se pretende alcanzar el objetivo de que Europa siga avanzando en dirección hacia la sociedad del conocimiento y la economía más dinámicas del mundo;

3.

se congratula, por tanto, de la iniciativa de la Comisión, que con su Libro Verde inicia un inventario de los progresos, éxitos y fracasos registrados en el camino hacia el espacio europeo de investigación, desde su creación en 2000, y en el que examina y describe nuevas ideas a la luz de los nuevos desarrollos;

4.

considera especialmente importante para el desarrollo de un espacio europeo de investigación que se registren progresos en materia de movilidad de los científicos, incluidas las necesarias adaptaciones legislativas en los ámbitos del derecho de establecimiento y de las pensiones, así como medidas complementarias de apoyo a las familias. Por otra parte, la intensificación de la coordinación y cooperación entre los Estados miembros y las regiones en lo relativo a los programas de investigación puede tener efectos de sinergia y, consecuentemente, representar un valor añadido para el espacio europeo de investigación, fortaleciendo así la competitividad de Europa en el mercado mundial del conocimiento. Es indispensable en este contexto reforzar la transferencia de conocimientos, con inclusión también de la cooperación en forma de «agrupaciones de innovación». En consecuencia, convendría ampliar y adaptar específicamente los programas de ayuda de la UE, en particular el Octavo Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración, que debería armonizarse de modo aún más eficaz con los Fondos Estructurales europeos;

5.

destaca la importancia de las regiones, que en el marco de sus políticas de investigación contribuyen de modo importante, mediante condiciones marco de apoyo (programáticas, estructurales y legislativas), a crear un valor añadido europeo en el ámbito de la investigación y configurar el espacio europeo de investigación e insuflarle vida. Las condiciones marco legislativas de la UE deberían establecerse únicamente cuando se estimen indispensables para la creación de un espacio europeo de investigación y cuando las medidas de coordinación, incluidas también las que se adopten en el marco del método abierto de coordinación, no sean suficientes. El CDR sigue manifestando su rechazo a planificaciones centralizadoras al nivel europeo que transciendan dicho marco;

6.

hace hincapié en la gran importancia que revisten las ciudades y regiones en la creación de entornos innovadores. Su política tiene una gran influencia, tanto en la realización del Espacio Europeo de Investigación a través de la movilidad de los científicos — atraídos exclusivamente por entornos de diversidad, tolerancia e innovación — como a la hora de desarrollar las infraestructuras de la investigación. En este contexto, cabe mencionar las políticas regionales de innovación, los centros tecnológicos, la incubación de empresas, los parques científicos y los fondos de capital riesgo;

7.

lamenta que en el Libro Verde sobre el Espacio Europeo de Investigación se olvide que una estrecha colaboración entre la investigación financiada con fondos públicos y los demás agentes de la sociedad incumbe también a los entes locales y regionales, y no sólo a la industria, como se sostiene en algunos casos. En muchos Estados miembros, los entes locales y regionales son los responsables de importantes ámbitos de los servicios de interés general. Se debe ampliar la cooperación entre las instituciones académicas y los agentes públicos, ya que existe una gran necesidad de «innovaciones sociales», sobre todo para afrontar también los grandes retos sociales y contribuir así a cumplir la Estrategia de Lisboa;

8.

suscribe la opinión de que la movilidad temática, geográfica e institucional de los científicos reviste gran importancia para el perfeccionamiento y la transmisión de conocimientos, y que, por consiguiente, debería ser un componente natural de las carreras y biografías profesionales actuales;

9.

comparte la opinión de que una movilidad de los científicos así entendida sigue viéndose a menudo dificultada por insuficientes condiciones marco legislativas e institucionales y malas condiciones de trabajo y obstáculos a las carreras;

10.

destaca la importancia que reviste la formación de los científicos en las distintas regiones de Europa, incluidos los nuevos Estados miembros. Esta formación brinda también en todas las regiones de la Unión una mayor igualdad de oportunidades en el acceso de los científicos, garantizándose así que el talento europeo despliega todo su potencial de la mejor manera posible y lo pone al servicio de toda la Unión. Este punto de vista pone de manifiesto la importancia que entraña la financiación de los centros de enseñanza superior y de investigación por medio de instrumentos nacionales y comunitarios de financiación y por acciones de los entes locales y regionales;

11.

exhorta a los entes locales y regionales a que, en el marco de sus competencias, adopten las medidas pertinentes para mejorar la movilidad en todos los ámbitos, incluido también el de la relación entre la ciencia y la industria. Reviste igualmente gran importancia en este contexto una estrecha cooperación a escala europea entre empresas, universidades e instituciones de investigación en la que también participen los responsables políticos y administraciones al nivel local, regional y nacional. Es necesario incrementar con efecto perdurable el porcentaje de mujeres en las carreras científicas. En este contexto es importante disponer de reglamentaciones flexibles sobre carreras y ordenación del tiempo de trabajo, sobre transferencia de derechos de pensión, e igualmente servicios de atención infantil acordes a las necesidades y demás medidas complementarias de apoyo a las familias (por ejemplo, ayudas al acceso a la profesión para cónyuges o parejas de hecho);

12.

destaca la necesidad de contratar a científicos con nivel de excelencia procedentes de terceros países y, por tanto, subraya la importancia de programas de movilidad de la UE, tales como el programa Marie-Curie, y se congratula de las medidas de apoyo que se han adoptado en algunas regiones con programas de retorno destinados a los científicos;

13.

apoya en principio en este contexto la necesidad de una mayor apertura de los programas regionales y nacionales de I+D, pero considera necesario aclarar la organización concreta que deba adoptarse;

14.

reafirma su apoyo al papel de la UE en el uso del método abierto de coordinación, impulsando la transparencia y la presentación de ejemplos de mejores prácticas procedentes de las regiones y favoreciendo a tal fin entre los organismos regionales y nacionales una mejor coordinación de las acciones de fomento de la movilidad;

15.

reafirma su posición en favor de la necesidad de que se cree una infraestructura de investigación europea, moderna y eficaz, y en especial también la creación de redes y bancos de datos científicos, modernos y virtuales, y suscribe la opinión de que para ello es preciso contar con recursos regionales, nacionales y privados, además de los europeos. En este contexto reviste importancia esencial alcanzar el objetivo del 3 % del PIB con dos tercios procedentes del sector privado;

16.

se reafirma en su opinión de que, con vistas a salvaguardar la competitividad internacional del espacio europeo de investigación, es necesario impulsar la conexión en red y el desarrollo de las instituciones de investigación actuales. Los Fondos Estructurales europeos pueden aportar una contribución esencial a la financiación y creación de nuevas infraestructuras de investigación. Además, convendría establecer una conexión más estrecha con el Programa Marco de Investigación. En el Libro Verde se presta muy poca atención a este aspecto o al papel de los Fondos Estructurales en la creación de un espacio europeo de investigación;

17.

propone en este contexto debatir también la cuestión de la aplicación y financiación de la «hoja de ruta» europea presentada por el Foro Estratégico Europeo sobre Infraestructuras de Investigación (ESFRI), considerando que se trata de un hito importante para la creación de un espacio europeo de investigación. Revisten importancia al respecto procedimientos de decisión claros y transparentes y el criterio de la excelencia;

18.

se congratula, por consiguiente, de los esfuerzos realizados por diversas regiones para facilitar una mayor intervención privada, reforzando a tal fin la autonomía de las universidades, y les pide encarecidamente que exploren nuevas vías de cooperación entre instituciones públicas y el sector privado, por ejemplo en el marco de fondos comunes de innovación, que puedan ser también ejemplares para la utilización y protección a largo plazo de los recursos públicos. Las instituciones académicas deben ser percibidas y apoyadas como impulsoras de la innovación en sus regiones y deben integrarse en mayor medida, al nivel regional, nacional y europeo en los correspondientes procesos de debate;

19.

suscribe la opinión de que es necesaria una mayor coordinación de las actividades públicas y privadas y de las actividades de I+D entre los Estados miembros de la UE y considera que el método abierto de coordinación es un instrumento idóneo para conseguir en este campo efectos de sinergias;

20.

destaca la importancia que las instituciones académicas y los centros de investigación no universitarios revisten para la investigación fundamental y la investigación aplicada como motores del desarrollo económico, cultural y del conjunto de la sociedad, en las regiones y en las relaciones interregionales, y en este sentido se pronuncia a favor de una amplia interpretación del concepto de innovación, cuya trascendencia es mayor que la significación meramente económica;

21.

subraya la importancia de la cooperación transfronteriza de instituciones académicas y de investigación con socios no universitarios en el mundo industrial y empresarial, administración, cultura y demás grupos sociales;

22.

subraya la importancia de que se creen también centros de competencia virtuales y destaca en este contexto los esfuerzos de las regiones para fomentar la cooperación de los interesados en «agrupaciones» (clusters), con inclusión de las agrupaciones virtuales;

23.

se congratula de las actividades de la UE encaminadas a fortalecer tales medidas con programas idóneos o líneas de ayuda adecuadas concebidas como componentes de los programas generales — por ejemplo, en el marco del Séptimo Programa Marco de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración — y, en aras de una mejor cooperación de las instituciones y responsables arriba mencionados y con vistas a la obtención de la masa crítica necesaria y la creación de agrupaciones visibles a escala internacional, exhorta a seguir desarrollando específicamente los programas correspondientes;

24.

señala que, en el intento de lograr una masa crítica al nivel de los centros de investigación, no debe perderse de vista que ésta depende del ámbito de actuación, del campo de investigación y de los participantes. No se debería aplicar una «solución estándar» a todos los campos ni a todas las modalidades de investigación;

25.

acoge con satisfacción el objetivo establecido en el Libro Verde de encontrar un buen equilibrio entre la financiación institucional de las instituciones de investigación y la conseguida en régimen de competencia. Remitiéndose a sus posiciones anteriores, el Comité aboga por continuar el debate con miras a alcanzar un adecuado equilibrio entre ambas modalidades de financiación. La manera en la que quede establecido este equilibrio será muy importante para la dinámica del sistema;

26.

recomienda, en referencia también a anteriores tomas de posición, que sean los propios científicos y sus comunidades los que elijan los campos de investigación que les resulten de mayor interés y provecho (enfoque de abajo arriba), y que sean ellos mismos quienes voluntariamente establezcan sus redes de actuación, en lugar de dar la prioridad a procesos dirigidos desde arriba y a la cooperación ritual que estos suponen;

27.

subraya al mismo tiempo la necesidad de garantizar, además del fomento de la excelencia y resultados de alta calidad, una buena educación y formación profesional de las personas en cada región como base del bienestar individual y social y de la capacidad de innovación de las regiones;

28.

suscribe lo expuesto por la Comisión sobre la gran importancia que tienen los medios de comunicación digitales para una difusión del conocimiento y competencias científicas democrática, transfronteriza y orientada a grupos específicos, incluido el asesoramiento político, y recomienda que la difusión de tales conocimientos se haga también por medio de su integración en redes internacionales;

29.

subraya, en el contexto precisamente de la cooperación internacional, la necesidad de la creación de normas y derechos de protección con miras a la protección de la propiedad intelectual, sin la cual se dificultaría considerablemente una cooperación basada en la plena confianza en el ámbito de las relaciones interinstitucionales y transnacionales, como, por ejemplo, en agrupaciones y centros de excelencia;

30.

se reafirma en su opinión de que a tal fin se debería fomentar el desarrollo y utilización sistemáticos de normas europeas e internacionales y apoyarlas con la publicación de ejemplos de mejores prácticas, especialmente la transferencia de conocimientos entre industria e investigación pública. La creación de una Carta europea para el uso de la propiedad intelectual procedente de instituciones académicas y de investigación puede contribuir sensiblemente en este contexto a la organización del espacio europeo de investigación y al fomento de redes de cooperación;

31.

señala expresamente que también en el caso de importantes proyectos de cooperación al nivel de la UE — como, por ejemplo, el Instituto Europeo de Tecnología — es necesario garantizar la integración y posibilidades de participación de las regiones y de las PYME;

32.

comparte la idea de que es necesario coordinar y concertar programas y prioridades de investigación regionales y nacionales, con miras a un espacio y mercado de investigación europeos y al objetivo de mejor concertación de las actividades nacionales de investigación, así como de mejor orientación de los esfuerzos en pos del objetivo común de creación del espacio europeo de investigación. Remitiéndose, no obstante, al principio de subsidiariedad, destaca la responsabilidad de los Estados miembros y de los entres regionales y locales en los ámbitos de la ciencia e investigación y sigue expresando su rechazo a una investigación centralizada y planificada al nivel europeo;

33.

se reafirma en su opinión de que la creación de un espacio europeo de investigación, y de una investigación que también esté coordinada desde el punto de vista de sus contenidos, puede fomentarse de manera importante garantizando a los entes locales y regionales buenas condiciones marco para la investigación. Tal objetivo se consigue con programas comunitarios de ayuda, como el Séptimo Programa Marco de Investigación, pero también se puede impulsar decisivamente con programas de los Fondos Estructurales, pertinentemente coordinados y orientados, que propicien sinergias entre ayudas estructurales y ayudas a la investigación;

34.

reconoce al respecto que en las distintas regiones no se pueden «copiar» simplemente modelos de investigación e innovación y transferirlos a otras regiones o entidades políticas. No obstante, sin perjuicio de las respectivas condiciones estructurales, sociales y culturales, pueden tener un valor ejemplarizante para el desarrollo de modelos adaptados en otras regiones, incluidas las desfavorecidas;

35.

comparte la opinión de que el plan ERA-NET — programa para la coordinación de los programas regionales y europeos de investigación — ha acreditado su eficacia y convendría seguir desarrollándolo;

36.

observa que una evaluación comparativa de los resultados impulsada por la UE sólo gozará de aceptación en las regiones si en ella se incluyen las condiciones, fases y necesidades de desarrollo de dichas regiones. Por ello, para que tal tipo de evaluación tenga éxito en las regiones deberán elaborarse indicadores y métodos de investigación adecuados que permitan realmente una comparación de las regiones y conduzcan a resultados viables. La integración de las regiones en ese proceso de desarrollo es indispensable para el éxito futuro de una evaluación comparativa de los resultados;

37.

lamenta que en el Libro Verde sobre el Espacio Europeo de Investigación no se mencionen las denominadas «plataformas sociales». Éstas ofrecen un enfoque innovador cuando se trata de formular y aplicar agendas estratégicas de investigación para abordar grandes retos sociales, como son el medio ambiente, el envejecimiento de la población y la integración. El Comité acoge favorablemente que, en el programa de trabajo de diciembre de 2006, en la parte «cooperación» sobre ciencias sociales y humanidades, se mencionen las plataformas sociales para las ciudades y la cohesión social. La Comisión, no obstante, debería seguir desarrollando esta innovadora vía en la definición de futuros temas de investigación, lo que puede llevarse a cabo, por ejemplo, en diálogos con científicos, agentes públicos, empresas y la sociedad civil;

38.

suscribe la opinión de una dimensión cada vez más mundial de ciencia e investigación y subraya la necesidad de una cooperación que también trascienda las fronteras de la UE, así como del intercambio de conocimientos y científicos;

39.

acoge favorablemente las actividades de los Estados miembros destinadas a reforzar dicha cooperación internacional, creando a tal fin condiciones marco favorables — como, por ejemplo, modificando en consecuencia la legislación en materia de inmigración — y propone una estrecha cooperación de los Estados miembros en tales ámbitos;

40.

acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión de poner en marcha un amplio proceso de debate público, con participación del Comité de las Regiones, en cuyo transcurso se concretarán y se seguirán desarrollando los temas y medidas propuestos para la creación de un espacio europeo de investigación, en el respeto del principio de subsidiariedad, aplicable en el ámbito de la investigación.

15.12.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 305/30

—

Es importante reconocer que el proceso de reestructuración en las ciudades y regiones es un fenómeno permanente de nuestra vida social y económica. La reestructuración debe considerarse una oportunidad para solucionar los problemas económicos actuales y futuros.

—

El CDR recomienda que se realice un seguimiento continuo de esos procesos en todo el territorio de la Unión Europea, realizado por organismos independientes de todos los actores implicados en el mismo. La Unión Europea y los Estados miembros deben alentar la creación de asociaciones locales y regionales entre las autoridades administrativas, las empresas y los interlocutores sociales para, así, fomentar la cooperación en materia de desarrollo local en un mundo globalizado, en particular en las zonas periféricas, donde existe el riesgo de pérdida de valores culturales.

—

Las reestructuraciones en el contexto local y regional deben garantizar la realización de los objetivos con arreglo a las políticas de la UE, manteniendo al mismo tiempo una elevada tasa de empleo que garantice un nivel adecuado de calidad de vida. El actual proceso de reestructuración deber ser también un primer paso en el proceso de modernización encaminado a instaurar una economía orientada hacia el futuro, basada en el conocimiento y la innovación. No se podrá alcanzar este objetivo si no se incrementa la inversión en capital humano.

—

Un enfoque integrado de reestructuración de las zonas rurales garantiza (o por lo menos debería garantizar) un nivel mínimo de acceso a servicios económicos de interés general, con el fin de atraer a las empresas y trabajadores cualificados y de restringir el éxodo de la población. Asimismo, un objetivo importante es que los recursos procedentes del FEDER, el FSE y el FEADER se destinen a las medidas innovadoras y no a aquellas con efectos inmovilistas. El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización es un importante instrumento para hacer frente a los problemas inmediatos que pueda provocar la reestructuración.

Ponente

:

Sr. KROCHMAL, Alcalde de Wołów (PL/UEN-AE)

1.

El 16 de octubre de 2006, la Comisión Europea pidió al Comité de las Regiones que elaborase un dictamen prospectivo sobre las estrategias eficaces de reestructuración en las ciudades y regiones de Europa. La Comisión opina que el dictamen del Comité será una contribución fundamental para elaborar su enfoque sobre los indispensables procesos de reestructuración de la economía europea.

2.

En efecto, en este momento la Unión Europea se encuentra en un periodo de profundos cambios económicos que implican la reestructuración de todo el sistema económico de las ciudades y las regiones. Como consecuencia de ello, los entes locales y regionales afrontan nuevos desafíos que deben resolver para preservar las condiciones de equilibrio social, económico y medioambiental.

3.

La reestructuración debería considerarse como una oportunidad para solucionar los problemas económicos actuales y futuros y para atenuar y eliminar sus consecuencias negativas. El ámbito local y regional, por su proximidad a la realidad y su capacidad de dar respuestas adaptadas, ágiles y flexibles, puede ser el ámbito más eficaz para implementar políticas de reestructuración, de forma especial cuando estos procesos no responden a problemas estructurales.

4.

Las reestructuraciones en el contexto local y regional deben garantizar la realización de los objetivos con arreglo a las políticas de la UE, es decir, garantizar la competitividad y la innovación, manteniendo al mismo tiempo una elevada tasa de empleo que garantice un nivel adecuado de calidad de vida a los ciudadanos de la UE.

5.

Estos desafíos afectan de manera particular a las regiones y las ciudades, es decir, los entes locales, que disponen de amplias posibilidades a la hora de transponer las orientaciones estratégicas en medidas concretas y movilizar a los interlocutores sociales y económicos locales para que participen en esas medidas.

6.

El objetivo de este dictamen es aportar nuevos elementos al debate sobre los actuales procesos de reestructuración en el contexto local y regional, que se han convertido en un proceso continuo e inevitable que acompaña constantemente nuestra vida económica y social.

7.

Los principales factores que explican el proceso de reestructuración que los entes locales, regionales o nacionales deben afrontar y, a ser posible, prever y anticipar, son los siguientes:

8.

Los procesos de reestructuración se pueden llevar a cabo en distintos niveles y en distintos ámbitos:

9.

Independientemente del enfoque que se adopte por rama o por sector, los procesos de reestructuración se llevan principalmente a cabo en el nivel local. La razón es que las comunidades locales y regionales son las más afectadas por las consecuencias de esos procesos.

10.

Habida cuenta del ritmo de los acontecimientos que obligan a las reestructuraciones, estos procesos frecuentemente adoptan la forma de medidas repentinas y forzadas adoptadas por las empresas para adaptarse a las exigencias de la economía global y a los cambios del mercado de consumidores.

11.

Como consecuencia de esta economía cada vez más globalizada, están teniendo cada vez más importancia las crisis o el déficit de competitividad empresarial o sectorial de carácter coyuntural, que son poco previsibles y que, en forma de goteo permanente, pueden llegar a afectar gravemente al tejido económico de una región.

12.

Por la misma razón estamos asistiendo cada vez con más frecuencia a fenómenos de deslocalización entendidos como el traslado abrupto de una actividad económica de una región a otra. Estas decisiones imprevistas están basadas en criterios estratégicos y financieros, y en otros como el coste de los factores de producción, pero, en algunos casos, vienen favorecidas por incentivos regionales y por políticas de atracción de inversiones.

13.

Este tipo de reestructuraciones no consiguen resultados satisfactorios, y eso pese a la existencia de sólidos instrumentos jurídicos y equipos humanos profesionales en muchos países. Estos procesos no pueden impedir profundos cambios sociales y regionales negativos, y además llevan a privilegiar soluciones a corto plazo en detrimento de soluciones más duraderas y estables. Estos cambios frecuentemente entrañan serios problemas sociales y regionales. Los beneficios que reportan las deslocalizaciones para las empresas entrañan a menudo consecuencias graves para las regiones que las pierden.

14.

El reto no es frenar las inevitables reestructuraciones, sino más bien aceptarlas de modo que, en la medida de lo posible, permitan compensar a las regiones, los municipios y las personas e incluso les permitan valorar las posibilidades que abren a largo plazo.

15.

Las reestructuraciones determinantes afectaron en particular a los países que se incorporaron a la UE en 2004 y 2007. Esto se debió, en gran parte, al diferente nivel de desarrollo económico y de evolución en el terreno de las nuevas tecnologías y de la innovación en los países de la UE-27. En muchos casos, se han logrado los resultados económicos previstos, pero a costa de consecuencias sociales negativas derivadas principalmente de la celeridad con que se pusieron en marcha los procesos.

16.

Si suponemos que los procesos de reestructuración se suceden sin solución de continuidad, será imprescindible analizar casos de reestructuración en los países de la antigua UE-15 utilizando el método de anticipación como mecanismo para reconocer por adelantado las dificultades inminentes, eliminando así en parte o atenuando las repercusiones negativas de las reestructuraciones.

17.

El éxito de los procesos de reestructuración, y sobre todo su anticipación, depende en gran medida del diálogo entre empresas, el tercer sector, trabajadores y organizaciones de trabajadores (por ejemplo, sindicatos), entes locales y regionales, centros de estudios superiores, institutos de investigación e instituciones del ámbito administrativo tales como las agencias de desarrollo regional. Muy frecuentemente los resultados y el éxito de los procesos de reestructuración dependen de la calidad de ese diálogo.

18.

Los entes locales y regionales desempeñan un papel particular en este proceso. Ante la proximidad de una reestructuración, podemos diferenciar tres tipos de acciones:

Tanto estas intervenciones como los procesos de reestructuración precisan datos estadísticos apropiados, recursos adecuados en el ámbito de la información y una estrategia especial para agruparlos y compartirlos con todos los participantes en el proceso de reestructuración.

19.

La política informativa debería tener particularmente en cuenta a las PYME que, debido a su carácter específico, pueden tener dificultades para acceder a los recursos informativos que permiten anticipar los cambios en el mercado.

20.

El sector de las PYME merece una protección especial tanto a lo largo del proceso de reestructuración como en el periodo de cambio previsto. En efecto, es sobre todo en estas fases cuando debe intervenirse para reforzar y desarrollar las competencias y las capacidades de gestión, organización y estrategia que permitan respaldar el crecimiento de las PYME, abandonando el modelo centrado tradicionalmente en las familias fundadoras e instaurando un sistema de control y de dirección acorde con el grado de competencia mundial. Los ejemplos analizados muestran que la estrategia de subcontratación es el método más eficaz, pero solo en aquellos casos en los que se consiguió ir más allá de los intercambios normales de mercado y se estableció una cooperación entre empresas asociadas o una cooperación entre empresas integradas en una red, sobre todo a nivel regional.

21.

Los procesos de reestructuración analizados muestran que no existe un único enfoque para esos procesos, y que depende en gran medida del tipo de ente concernido (región, ciudad o municipio), del sector económico, del tipo de territorio desde el punto de vista de su localización (zonas periféricas) y de su uso (agrícola, industria ligera o pesada), así como del nivel de desarrollo económico del país en el que se encuentre la zona que será objeto de reestructuración.

22.

Simultáneamente, el proceso actual de reestructuración debería abrir el camino a un proceso de modernización encaminado a instaurar una economía orientada hacia el futuro, basada en el conocimiento y la innovación. No se podrá alcanzar este objetivo si no se incrementa la inversión en capital humano, a través de una mejora de la educación y de las cualificaciones. Para ello será indispensable que se realicen inversiones eficaces y productivas en el mercado de trabajo local o regional, que entonces podrá responder anticipadamente a los desafíos derivados del rápido proceso de reestructuración económica y social.

23.

La expansión y el aumento de la inversión en capital humano, y la adaptación de la educación y la formación a las nuevas exigencias de cualificación resultantes del proceso de reestructuración llevado a cabo, implican costes suplementarios que, gracias a unos mecanismos adaptados, podrían repartirse entre las empresas, los órganos públicos y las personas físicas. Convendría respaldar sobre todo las estrategias globales de formación que permitirán obtener las cualificaciones que necesita una economía basada en el conocimiento y la innovación. Para llevar a cabo estos procesos de manera eficaz es imprescindible que las ciudades y las regiones intercambien experiencias y establezcan asociaciones en el ámbito de la educación y la formación.

24.

Como muestran los ejemplos anteriores, las medidas en el ámbito de la inversión en capital humano son extremadamente importantes para los procesos de reestructuración y de reactivación de las zonas urbanas y rurales. Esas medidas constituyen la misión fundamental de las instituciones encargadas de llevar a cabo los procesos de reestructuración a escala local. Las cuestiones en el ámbito de la movilidad profesional y económica, así como la adaptación de la oferta y la demanda en el mercado de trabajo a escala local, influencian de manera decisiva la eficacia de los procesos de reestructuración llevados a cabo. El fomento de la movilidad de las personas que buscan trabajo y de las personas amenazadas por el desempleo, en particular de los trabajadores poco cualificados, debería hacerse a través de servicios individuales de búsqueda de empleo, prácticas profesionales o formaciones para adaptar las competencias de las personas que buscan trabajo y de las personas amenazadas por el desempleo a las necesidades del mercado local de trabajo. Esta observación afecta sobre todo a los jóvenes, para los que es más difícil acceder al mercado de trabajo.

25.

Las medidas que, inspirándose en los principios del programa europeo para la juventud, cubren los ámbitos de la orientación profesional, las ayudas para la formación complementaria y el acceso a una formación adecuada, pueden facilitar una transición gradual de la enseñanza al trabajo en las zonas sometidas a procesos de reestructuración.

26.

Estas medidas deberían contribuir a contrarrestar las evoluciones erróneas en las zonas urbanas y rurales, como, por ejemplo, la despoblación rural. La despoblación es una amenaza, no solo porque puede privar a las zonas rurales locales de su capacidad de funcionar como comunidades, lo que entrañaría una pérdida de valores culturales, tradiciones y características locales, sino también por el riesgo de una pérdida del equilibrio hidrográfico y geológico. La manera más eficaz y operativa de frenar este proceso es a través de medidas que utilicen el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), el Fondo Social Europeo (FSE) y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Un enfoque integrado de reestructuración de las zonas rurales garantiza (o por lo menos debería garantizar) un nivel mínimo de acceso a servicios económicos de interés general, con el fin de atraer a las empresas y trabajadores cualificados y de restringir el éxodo de la población. Asimismo, un objetivo importante es que los recursos procedentes del FEDER, el FSE y el FEADER se destinen a las medidas innovadoras y no a aquellas con efectos inmovilistas.

27.

El Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización es un importante instrumento para hacer frente a los problemas inmediatos que pueda provocar la reestructuración. Dicho Fondo ofrece asistencia a corto plazo a regiones afectadas por la deslocalización de la actividad económica causada por la globalización. El Comité de las Regiones ha acogido con satisfacción la creación de este instrumento y ha recomendado aumentar su cuantía a 1 000 millones de euros al año. El Comité de las Regiones espera el primer informe anual sobre los resultados del Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización para 2007 (que se publicará en 2008) para analizar pormenorizadamente si los criterios de intervención que figuran en el artículo 2 del Reglamento (CE) no 1927/2006 permiten ejecutar adecuadamente el Fondo, y se ofrece para contribuir a cualquier futuro debate sobre una eventual revisión de dichos criterios.

28.

Como consecuencia de los procesos de reestructuración, muchas zonas dependen cada vez más del turismo. En estos casos, el enfoque integrado para la explotación de los recursos naturales y el patrimonio cultural debe centrarse en la calidad y tener como objetivo fundamental la satisfacción de los consumidores. El éxito de estos procesos depende en gran medida del desarrollo de las comunicaciones, con la conexión de las zonas reestructuradas a las principales redes nacionales y europeas y con la explotación de las nuevas tecnologías, incluido el acceso a Internet de banda ancha, para la comunicación en sentido amplio, así como medidas adecuadas de educación y formación.

29.

La riqueza cultural y los recursos naturales deberían convertirse en los principales instrumentos para esos procesos. En ocasiones, son los principales activos de los procesos de reestructuración, en particular en las zonas periféricas poco pobladas. Permiten dinamizar el desarrollo turístico, que se convierte así en la palanca del desarrollo local.

30.

Cerca de un 60 % de la población de la UE habita en zonas urbanas que cuentan con más de 50 000 habitantes. La mayor parte de los empleos, empresas, centros de enseñanza superior y otras instituciones de nuestra vida económica y social están situadas en las ciudades y zonas urbanas. Son zonas que concentran oportunidades, pero igualmente riesgos. Los procesos de reestructuración llevados a cabo en ciudades europeas entrañan igualmente otras medidas, aparte de las estrictamente económicas, en términos de una amplia concepción de la rehabilitación urbana.

31.

Como muestran los ejemplos, las únicas soluciones a los problemas económicos, sociales y de ordenación territorial que podrán satisfacer las expectativas de los habitantes, los entes locales y la UE serán las soluciones globales. En las zonas urbanas es más fácil encontrar socios para los procesos de reestructuración, pero solo con el mantenimiento de la asociación entre los sectores público, privado y el tercer sector, y con la utilización de diversos recursos financieros, se ha podido llevar a cabo satisfactoriamente el proceso.

32.

Las ciudades que tienen una posición dominante en sus regiones, por ejemplo debido a su tamaño o su historia, han adoptado una estrategia de renovación como motor de la región. Actualmente su posición les permite respaldar los procesos de reestructuración en toda la región a través de asociaciones directas y de organizaciones ubicadas en esas ciudades.

33.

Las medidas para reforzar la competitividad, el fomento del espíritu empresarial, el impulso a la innovación y el desarrollo de los servicios han permitido conservar y atraer a mano de obra muy cualificada. Esto se ha traducido en una mejora significativa del nivel y del alcance de los servicios ofrecidos a la población. La planificación, diseño y conservación adecuados de los espacios urbanos han contribuido a reducir la delincuencia en las ciudades, lo que ha aumentado el atractivo de las calles, parques y zonas de juego. Un entorno urbano de elevada calidad es un elemento indispensable para un proceso eficaz de reestructuración, ya que garantiza un lugar atractivo para trabajar, vivir e invertir.

34.

Como muestra la experiencia, las ciudades que han emprendido iniciativas principalmente encaminadas a crear agrupaciones de producción («clusters») han aumentado considerablemente su competitividad. Las relaciones entre las zonas urbanas y rurales deberían mantenerse en un nivel adecuado estableciendo una igualdad de oportunidades en las condiciones de desarrollo que permita reducir las diferencias entre las zonas urbanas y rurales.

35.

La aplicación de un enfoque diferenciado de los procesos de reestructuración desde el punto de vista territorial debería ser controlada por una red que agrupe zonas con tipos similares de reestructuración (red de regiones periféricas, red de regiones mineras).

36.

También es importante que las empresas que intervienen en el proceso de reestructuración tengan un mayor acceso a las fuentes de financiación. Además de las subvenciones y fondos europeos disponibles, estas fuentes de financiación podrían adoptar igualmente la forma de garantías bancarias, garantías conjuntas, préstamos y microcréditos. Aquí deberán desempeñar un importante papel el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones.

37.

No existe ningún modelo de reestructuración que garantice un éxito definitivo. A pesar de la heterogeneidad de los procesos de reestructuración, se pueden identificar algunas características que son específicas de los procesos que tienen éxito:

38.

Es fundamental que la Comisión Europea reconozca que los procesos de reestructuración en las ciudades y regiones son un fenómeno permanente de nuestra vida social y económica.

39.

Insta a los entes locales y regionales a que desarrollen en sus territorios auténticas acciones de anticipación que tengan en cuenta el seguimiento, el apoyo de la economía existente y la inclusión en las estrategias regionales de medidas locales en este ámbito, en base a proyectos de ciudad-región amplios y compartidos.

40.

En este contexto, recomienda que se realice un seguimiento continuo de esos procesos en todo el territorio de la Unión Europea, realizado por organismos independientes de todos los actores implicados en el mismo, que incluiría la representación por zonas geográficas y por sectores de las empresas, los interlocutores sociales y las comunidades locales y regionales. El sistema debería tener en cuenta los análisis de los cambios sociales y económicos a nivel local, regional y nacional, incluidas las zonas rurales, periféricas y de montaña, y un análisis de las futuras tendencias económicas del mercado de trabajo.

41.

Recomienda que se publiquen las buenas prácticas en el ámbito de la reestructuración con el objetivo de que otras ciudades y regiones de la Unión Europea puedan beneficiarse de ellas. Esta publicación debería estar clasificada por territorios con tipos similares de reestructuración (regiones agrícolas, regiones periféricas, regiones con industrias pesadas o regiones mineras y regiones con industrias ligeras o con industrias textiles, zonas urbanas).

42.

La Unión Europea y los Estados miembros deben alentar, con la utilización de instrumentos financieros, la creación de asociaciones a nivel local y regional entre las autoridades administrativas, las empresas y los interlocutores sociales para, así, fomentar la cooperación en materia de desarrollo local en un mundo globalizado. De esta manera se facilitará significativamente la anticipación de los procesos de reestructuración.

43.

Insta a la Comisión Europea y a los Estados miembros a prestar especial atención a la flexibilidad de los mecanismos de financiación comunitaria, especialmente el FSE, para asegurarse de que se dispone de fondos para reaccionar rápidamente ante situaciones que surjan repentinamente y sin previo aviso. En tales casos, la necesidad de fondos para viveros de empresas, contratación de personal, apoyo y asesoramiento para nuevas empresas y formación específica es inmediata. Durante tres meses, quienes pierden su empleo a raíz de una reestructuración tienen más posibilidades de encontrar otro nuevo, disminuyendo éstas sensiblemente a continuación. Los mecanismos para acogerse a los distintos instrumentos comunitarios deberían tener en cuenta esta necesidad de reacción. Las medidas de respuesta acelerada ante las dificultades derivadas de las reestructuraciones deberían incluir también una asistencia inmediata para cubrir las necesidades sociales de los particulares afectados (alojamiento, atención sanitaria, asesoramiento, etc.). Las personas afectadas por una reestructuración necesitan respaldo social para poder emprender nuevas actividades y adaptarse a la reestructuración.

44.

Recomienda que se aproveche la situación transfronteriza de algunas ciudades y regiones en los procesos de reestructuración y pide que se supriman todas las barreras procedimentales que bloquean la libre circulación de mano de obra y de capitales, y que además dificultan los procesos de reestructuración.

45.

Recomienda a la Comisión Europea que, en el marco de las posibilidades que ofrecen los Fondos Estructurales de la UE, adopte un enfoque integrado para financiar los procesos de reestructuración con fondos europeos que pueden contribuir a solucionar tanto problemas económicos como problemas sociales, aplicando simultáneamente las políticas de la Unión.

46.

Insta a los Estados miembros a suprimir los obstáculos jurídicos y otras barreras a la creación de asociaciones público-privadas (APP), que favorecen de manera activa y eficaz los procesos de reestructuración.

47.

Insta a la Comisión Europea y a las demás instituciones que cofinancian los procesos de reestructuración a que refuercen la supervisión de la eficacia de los recursos asignados, en particular en materia de proyectos «blandos» financiados por el FSE.

48.

Insta a la Unión Europea a que tenga en cuenta aspectos relacionados con los procesos de reestructuración en las actuales políticas en la Unión Europea y en la elaboración de nuevas políticas, desde la fase de anticipación hasta su realización completa.

49.

Insta a los Estados miembros a que apliquen instrumentos fiscales compatibles con la legislación comunitaria a las empresas afectadas por el proceso de reestructuración, en particular en las zonas periféricas, en las que realmente existe el riesgo de pérdida del patrimonio cultural o de la identidad local y territorial, y allí donde la reestructuración afecte al sector de las PYME, para el que este proceso resulta especialmente difícil.

50.

Confía en ser consultado por la Comisión en 2007 o 2008, cuando haya que revisar las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, que expirarán en octubre de 2009.

51.

Con una atención particular, recomienda a los Estados miembros y a todas las empresas que participen en el proceso de reestructuración que se esfuercen en preservar las tradiciones y culturas locales, que también pueden ser un valor para las actuales o futuras fases de reestructuración.

52.

Recomienda que se utilice la nueva iniciativa de la Comisión Europea «Las regiones, por el cambio económico» y las redes de ciudades y regiones creadas en el marco de esta iniciativa, cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), mientras se siguen anticipando los procesos de reestructuración y fomentando las mejores prácticas para ayudar a las ciudades y las regiones a adaptarse a los cambios asociados a la globalización.

53.

Recomienda a la Comisión una especial vigilancia respecto a la aplicación de los incentivos regionales en los procesos de deslocalización.

15.12.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 305/38

—

considera imprescindible reforzar la actuación de la Unión Europea, de los Estados miembros y de los entes regionales y locales mediante el establecimiento de una auténtica colaboración, para que aquella resulte más eficiente a la hora de hacer frente a los retos económicos, sociales, medioambientales y democráticos que tiene Europa, todo ello con arreglo a las competencias atribuidas a los distintos niveles de poder;

—

considera que, para promover una verdadera gobernanza a diversos niveles en el seno de la Unión Europea, resulta prioritario mejorar el marco legislativo, simplificar el acervo comunitario, velar por la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, así como reforzar los métodos de consulta y evaluación de impacto;

—

lamenta las escasas referencias a la dimensión local y regional que figuran en el Paquete «Legislar mejor», cuando en el Libro Blanco sobre la gobernanza europea, publicado en 2001, se destacaba la necesidad de construir una mejor asociación entre los distintos niveles de poder, y cuando son en gran medida los entes locales y regionales los encargados de aplicar — e incluso, en función de sus competencias, incorporar — la legislación comunitaria;

—

desea que la solución institucional a que se llegue en el marco de la actual CIG preserve las disposiciones del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa relativas a los entes locales y regionales y al Comité de las Regiones y, más concretamente, las que versan sobre la definición, la aplicación y el control de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

—

se pronuncia a favor de que la Comisión, así como los parlamentos nacionales y regionales, establezcan cuanto antes un mecanismo de seguimiento del principio de subsidiariedad que permita presentar las propuestas legislativas de la UE en una fase muy precoz del proceso legislativo;

—

ofrece a la Comisión Europea sus conocimientos para contribuir a efectuar los análisis de impacto relativos a cualquier nueva propuesta legislativa de gran impacto territorial, a la vez que aboga por reforzar la participación del Comité de las Regiones en la evaluación del impacto territorial de las grandes políticas comunitarias;

—

expresa su deseo de que la iniciativa «Legislar mejor» vaya acompañada de medidas adecuadas de información y comunicación destinadas a los protagonistas de la aplicación de la legislación comunitaria — y especialmente, en la gran mayoría de los casos, los entes locales y regionales —, así como a los destinatarios de la legislación comunitaria, en particular los ciudadanos europeos.

Ponente

:

Sr. VAN DEN BRANDE, Miembro del Parlamento flamenco (BE-PPE)

1.

considera imprescindible reforzar la actuación de la Unión Europea, de los Estados miembros y de los entes regionales y locales mediante el establecimiento de una auténtica colaboración, para que aquella resulte más eficiente a la hora de hacer frente a los retos económicos, sociales, medioambientales y democráticos que tiene Europa, todo ello con arreglo a las competencias atribuidas a los distintos niveles de poder;

2.

considera que, para promover una verdadera gobernanza a diversos niveles en el seno de la Unión Europea, resulta prioritario mejorar el marco legislativo, simplificar el acervo comunitario, velar por la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, así como reforzar los métodos de consulta y evaluación de impacto;

3.

destaca, en el contexto del esfuerzo de codificación y refundición de las propuestas legislativas emprendido por la Comisión, que «legislar mejor» no debe significar exclusivamente «legislar menos», ya que, antes de retirar cualquier acto legislativo, la Comisión debe justificar su propuesta legislativa mediante una evaluación de su plusvalía europea efectiva; pide encarecidamente a la Comisión Europea que ejerza plenamente su función de motor central del proceso de integración europea y recuerda que disponer de una visión política coherente a largo plazo que se plasme en una acción política concreta constituye una condición previa para «legislar mejor» y «regular mejor»;

4.

respalda a la Comisión Europea en los esfuerzos que realiza por «legislar mejor», retirando a tal fin — cada vez que se hacía necesario desde el punto de vista del respeto del principio de subsidiariedad — propuestas legislativas en curso, y la exhorta a seguir por esta vía;

5.

lamenta las escasas referencias a la dimensión local y regional que figuran en el Paquete «Legislar mejor», cuando en el Libro Blanco sobre la gobernanza europea publicado en 2001 se destacaba la necesidad de construir una mejor asociación entre los distintos niveles de poder, y cuando son en gran medida los entes locales y regionales los encargados de aplicar — e incluso, en función de sus competencias, incorporar — la legislación comunitaria; por tanto, deberían tener mayor participación en toda la iniciativa «legislar mejor», en particular a través de la participación del Comité en los distintos grupos de coordinación interinstitucional;

6.

desea que los entes locales, los parlamentos regionales y las asambleas regionales participen, con arreglo a sus competencias, en la elaboración y formulación legislativa comunitaria, con el fin de reforzar la legitimidad democrática del proceso decisorio;

7.

respalda la prioridad enunciada por la Comisión Europea en su Programa de trabajo para 2007 consistente en mejorar el marco normativo, con el fin, entre otros, de alcanzar los objetivos de competitividad, crecimiento, empleo y desarrollo sostenible de la Estrategia de Lisboa y, en consecuencia, reforzar la calidad de vida de los ciudadanos europeos;

8.

acoge favorablemente el Informe «Legislar mejor 2006», en el que se tienen en cuenta sus expectativas con respecto a su consulta y participación en la fase prelegislativa, especialmente en cuanto al respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en el marco de los análisis de impacto; insiste, no obstante, en la necesidad de intensificar en adelante estos esfuerzos a la hora de coordinar los diferentes niveles de poder, la comunicación sobre el proceso decisorio comunitario y el alcance de la intervención legislativa comunitaria, e igualmente en su impacto financiero y administrativo en los entes locales y regionales.

9.

renueva su compromiso en favor de la dimensión constitucional de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y destaca la importancia para los entes regionales y locales — así como para el Comité de las Regiones — de garantizar, cuanto antes y pese a no estar en vigor el Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, la aplicación de los Protocolos, o de su contenido, relativos al papel de los parlamentos nacionales en la UE y a la aplicación de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad;

10.

desea que la solución institucional a que se llegue en el marco de la actual CIG preserve las disposiciones del Tratado por el que se establece una Constitución para Europa relativas a los entes locales y regionales y al Comité de las Regiones y, más concretamente, las que versan sobre la definición, la aplicación y el control de los dos referidos principios;

11.

destaca que, con arreglo a la versión actual del Tratado, los principios de subsidiariedad y proporcionalidad surten un efecto de palanca en relación con la gobernanza a varios niveles; ello implica una responsabilidad compartida en cuanto a la aplicación de dichos principios, lo que requiere la instauración de una verdadera cultura de la subsidiariedad en la Unión Europea;

12.

acoge favorablemente la Declaración de Berlín, de 25 de marzo de 2007, con motivo del 50o aniversario de la firma del Tratado de Roma, en la que se destaca la necesidad de repartir las tareas que han llevarse a cabo entre la Unión Europea, los Estados miembros y sus entes regionales y locales, y en la que, por tanto, se reconoce la gobernanza a diversos niveles;

13.

pide a las demás instituciones europeas que tengan en cuenta de manera periódica y sistemática la dimensión local y regional de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad en las distintas etapas del proceso legislativo;

14.

ofrece para ello sus conocimientos, en particular mediante la red de seguimiento de la subsidiariedad, con arreglo a las conclusiones y evaluaciones correspondientes a las dos pruebas piloto efectuadas hasta la fecha;

15.

pide encarecidamente a los parlamentos regionales que constituyan comisiones parlamentarias encargadas de garantizar el control de la aplicación del principio de subsidiariedad, las cuales, por tanto, serían interlocutores privilegiados de la red arriba mencionada;

16.

acoge favorablemente la iniciativa de la Comisión Europea de transmitir toda nueva propuesta legislativa o documento de consulta directamente a los parlamentos nacionales y pedir a estos que le comuniquen sus reacciones con vistas a mejorar el proceso de elaboración de las políticas, especialmente en lo referente a los principios de subsidiariedad y proporcionalidad y al propio contenido de la propuesta, y pide que esta práctica se haga extensible, con arreglo al reparto de competencias vigente en cada Estado miembro, a los órganos legislativos subnacionales;

17.

aboga por que en los Estados miembros en los que existe un reparto de competencias entre el nivel nacional y regional, se suscriba un acuerdo interno de carácter vinculante que regule el procedimiento a seguir en el marco del mecanismo de alerta precoz relativo al control del respeto del principio de subsidiariedad;

18.

pide, por tanto, a la Comisión Europea que instaure un sistema informatizado que permita a los entes locales y regionales acceder a la información pertinente en cualquiera de las etapas del proceso legislativo;

19.

se pronuncia a favor de que la Comisión, así como los parlamentos nacionales y regionales, establezcan cuanto antes un mecanismo de seguimiento del principio de subsidiariedad que permita someter las propuestas legislativas de la UE, en una fase muy precoz del proceso legislativo, a un meticuloso análisis; hace hincapié en la necesidad de que, para aprovechar las sinergias existentes, se prevean modalidades de cooperación con el Comité con vistas a instaurar dicho mecanismo, y señala que está dispuesto a compartir la experiencia adquirida gracias a su red de seguimiento de la subsidiariedad.

20.

destaca la importancia de la consulta que se le hace en el marco del proceso legislativo en su calidad de representante institucional de los entes locales y regionales de la Unión Europea y de interlocutor institucional de la Comisión Europea; cualquier refuerzo de dicha consulta hará que el proceso decisorio resulte más abierto, incluyente, operativo y democrático, trasladando la toma de decisión al nivel más cercano posible a los ciudadanos europeos;

21.

reitera los compromisos contraídos en el marco del protocolo de cooperación suscrito en noviembre de 2005 con la Comisión Europea, en el que se estipula que «de conformidad con el principio de buen gobierno, el Comité deberá desempeñar plenamente un papel de mediador en el diálogo con las asociaciones de los entes territoriales. La Comisión velará por que el Comité se integre plenamente en la preparación política de las reuniones organizadas en común», y se congratula de que nueve miembros del órgano colegiado de la Comisión Europea y cerca de ochenta asociaciones europeas y nacionales que representan a los entes regionales y locales participen desde 2004 en un diálogo estructurado;

22.

considera que el diálogo estructurado con las asociaciones de entidades territoriales es un instrumento que debe utilizarse, especialmente en la fase de preparación del programa de trabajo legislativo de la Comisión Europea;

23.

presenta algunas propuestas para proseguir el debate con los interlocutores del diálogo estructurado, encaminadas a mejorar sus modalidades y garantizar la consecución de sus objetivos iniciales, así como el papel político e institucional del Comité de las Regiones:

24.

expresa, por otra parte, el deseo de que el diálogo estructurado se organice en mayor medida bajo los auspicios del CDR y se establezca una mayor transparencia respecto a este proceso;

25.

reitera las recomendaciones que formuló en su Dictamen sobre el informe anual «Legislar mejor 2004» en cuanto a la sistematización de la consulta de los entes locales y regionales en una fase precoz de la elaboración de la legislación europea; considera indispensable garantizar la eficacia y subsiguiente consideración de dicha consulta.

26.

recuerda que los entes locales y regionales son mayoritariamente dependientes de la buena o mala incorporación de la legislación comunitaria al ordenamiento jurídico nacional; hace hincapié en la importancia de establecer una mejor coordinación entre el nivel nacional y los entes territoriales;

27.

reitera la necesidad de aplicar concretamente el principio de colaboración, en las fases tanto de elaboración como de aplicación de la legislación y de las políticas comunitarias;

28.

recuerda que la Comisión Europea inició y desarrolló la idea de los contratos y convenios tripartitos por objetivos, reitera su propuesta de revisar dichos instrumentos y, basándose en las enseñanzas de la fase experimental iniciada por la Comisión Europea en relación con los convenios tripartitos, propone suscribir pactos territoriales europeos;

29.

destaca que los pactos territoriales europeos, tal como ocurre con las agrupaciones europeas de cooperación transfronteriza, permitirían aumentar, gracias a una colaboración estructurada entre los distintos niveles de gobernanza, la coherencia territorial y la flexibilidad de las políticas de gran impacto local con vistas a dotarse de objetivos definidos conjuntamente entre los niveles local, regional, nacional y europeo; propone que el recurso a tal instrumento siga siendo voluntario;

30.

hace hincapié en que no cabe establecer una verdadera colaboración sin que cada una de las partes aporte una contribución financiera; propone orientar la reflexión sobre la financiación de los pactos territoriales europeos hacia las posibles sinergias entre, por parte del nivel europeo, las líneas presupuestarias disponibles en los ámbitos de que se trate y los Fondos Estructurales y, por parte de los entes locales regionales y nacionales, sus propias dotaciones; considera que todo ello ha de hacerse sin establecer ningún instrumento financiero complementario en materia de política regional comunitaria ni solicitar recursos financieros adicionales a tal fin;

31.

considera conveniente intensificar la concertación entre la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y el Comité de las Regiones en cuanto a la definición y aplicación de los pactos territoriales europeos;

32.

comunica a la Comisión Europea su voluntad de desempeñar un papel proactivo para estimular la conclusión de los pactos territoriales europeos y ser un socio fiable para todos los protagonistas interesados;

33.

pide, no obstante, un mayor apoyo por parte de la Comisión Europea en lo referente a las iniciativas de los entes locales y regionales; por otro lado, hace hincapié en la necesidad de prestar mayor atención a los proyectos existentes, que no pueden abandonarse al término de su fase piloto.

34.

acoge favorablemente la propuesta de la Comisión Europea de crear un comité de análisis de impacto independiente bajo la supervisión de su Presidente con el fin de reforzar su control, de acuerdo con una de las recomendaciones formuladas en su Dictamen «Legislar mejor» de 2004;

35.

aboga por reforzar la participación del Comité de las Regiones en la evaluación del impacto territorial de las grandes políticas comunitarias; por otra parte, insiste en el papel determinante que pueden desempeñar los entes regionales y locales, siempre que participen adecuadamente en la elaboración, incorporación al ordenamiento interno y aplicación de los actos legislativos;

36.

apoya la búsqueda de un método común para efectuar los análisis de impacto, así como para evaluar los costes administrativos generados por la legislación europea; sugiere que dicha metodología se adapte a los niveles local y regional con vistas a evaluar del mejor modo posible las cargas financieras y administrativas que gravan los entes locales y regionales; expresa, además, su deseo de asociarse plenamente a la cooperación interinstitucional existente en este ámbito;

37.

acoge favorablemente el Programa de Acción de la Comisión para la Reducción de las Cargas Administrativas en la Unión Europea, así como el objetivo propuesto en el Consejo Europeo de los días 8 y 9 de marzo de 2007 de que la Unión Europea y los Estados miembros reduzcan conjuntamente las cargas en un 25 % para 2012; recuerda, no obstante, la necesidad de tener en cuenta la dimensión local y regional, así como el papel de los entes locales y regionales a la hora de materializar este objetivo;

38.

ofrece a la Comisión Europea, ajustándose al espíritu del acuerdo de cooperación de noviembre de 2005, sus conocimientos para contribuir a efectuar los análisis de impacto relativos a cualquier nueva propuesta legislativa de gran impacto territorial;

39.

se compromete a efectuar al respecto una experiencia piloto en el marco de la Plataforma de Seguimiento de la Estrategia de Lisboa del Comité de las Regiones, para contribuir, por una parte, a la sistematización de la consulta de los entes locales y regionales sobre la legislación europea en fase de elaboración y, por otra parte, a la búsqueda de un método común para el análisis del impacto de dicha legislación en los entes locales y regionales; por tanto, considera conveniente y coherente con el compromiso que ha suscrito en favor de la consecución de los objetivos de Lisboa estar representado en el Consejo Europeo de primavera.

40.

reitera su solicitud de incorporar la dimensión regional a los planes nacionales de acción para la simplificación de la legislación;

41.

se congratula de la iniciativa de la Comisión destinada a promover la transparencia y recuerda al respecto que, si la UE desea realmente aumentar su legitimidad democrática, debe esforzarse también en mejorar la participación de los protagonistas locales y regionales en sus procesos legislativos y decisorios; lamenta, por tanto, que en dicha iniciativa no se aluda a la dimensión local y regional e insta a la Comisión a tenerla más en cuenta;

42.

expresa su deseo de que la iniciativa «Legislar mejor» vaya acompañada de medidas adecuadas de información y comunicación destinadas a los protagonistas de la aplicación de la legislación comunitaria — y especialmente, en la gran mayoría de los casos, los entes locales y regionales —, así como a los destinatarios de la legislación comunitaria, en particular los ciudadanos europeos; en efecto, la legislación comunitaria no puede aplicarse correctamente si los interesados no alcanzan a entenderla; de ahí que sea necesario realizar un esfuerzo no sólo de integración en el proceso prelegislativo, sino también de información y comunicación;

43.

advierte por ello a la Comisión Europea de la necesidad de asegurarse de que, antes de que se inicie oficialmente la fase legislativa comunitaria — incluida la consulta al Comité de las Regiones —, las propuestas legislativas aprobadas por ella se traduzcan a todas las lenguas oficiales de la Unión Europea;

44.

destaca el potencial que presenta su red de seguimiento de la subsidiariedad con vistas a convertirse en un instrumento de información y comunicación eficaz en el marco del proceso legislativo comunitario.

15.12.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 305/43

—

considera que la política europea en materia de migración y la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea son responsabilidad, respectivamente, de la Unión Europea y de los distintos Estados miembros, los cuales deberían cooperar de manera solidaria y basándose en la confianza mutua, en el pleno respeto de los derechos humanos y de la política europea de migración;

—

cree que los entes regionales y locales están a la cabeza en la política de inmigración, tanto por lo que se refiere a los problemas causados por la inmigración ilegal (acogida y gestión de las llegadas, trabajo ilegal, delincuencia y seguridad urbana) como a los servicios que los entes locales deben facilitar a los residentes (vivienda, atención sanitaria, educación, etc.);

—

recomienda que se actúe de inmediato para armonizar la legislación y así poner fin al tráfico de seres humanos y a las organizaciones criminales que lo llevan a cabo;

—

señala que los entes locales y regionales tienen un importante papel en la promoción de la cooperación y los programas de hermanamiento con sus homólogos, y recuerda que estos entes aportan conocimientos técnicos y experiencia a la cooperación descentralizada. Esto debe incluirse sistemáticamente en el desarrollo de la política europea en materia de migración;

—

pide a la Comisión que fomente y contribuya a la definición de soluciones prácticas para reforzar la gestión de las fronteras exteriores marítimas meridionales y mejorar la capacidad de la Comunidad, sus Estados miembros y sus entes locales y regionales para responder a situaciones críticas, como la llegada masiva de inmigrantes ilegales;

—

al propio tiempo, alienta a los agentes locales y regionales a utilizar en sus proyectos los fondos existentes e insiste en que deberían emplearse inmediatamente;

—

recomienda que los entes locales y regionales, y en especial sus asociaciones nacionales, colaboren más en los países candidatos, y también en los países asociados, en acciones de la UE como la formación y el hermanamiento de funcionarios policiales, la cooperación con Frontex, la protección social y la formación de funcionarios para cuestiones laborales, la rehabilitación de víctimas del tráfico de seres humanos, la recogida de datos y la supervisión de los flujos migratorios.

Ponente

:

Sr. MICALLEF (MT/PPE), miembro del Consejo local de Gzira

1.

considera que la política europea en materia de migración y la gestión de las fronteras exteriores de la Unión Europea son responsabilidad, respectivamente, de la Unión Europea y de los distintos Estados miembros, los cuales deberían cooperar de manera solidaria y basándose en la confianza recíproca, en el pleno respeto de los derechos humanos y de la política europea de migración;

2.

respalda los esfuerzos de la Unión Europea, que desde 1999 ha emprendido una serie de iniciativas para lograr una política global europea en materia de migración y anima a la Comisión Europea a continuar en la misma dirección y así sentar las bases para una mejor cooperación y coordinación entre la UE y terceros países; también acoge favorablemente, en particular, la confirmación del objetivo común de esta política contenido en las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 21 y 22 de junio de 2007;

3.

cree que los entes regionales y locales están a la cabeza en la política de inmigración, tanto por lo que se refiere a los problemas causados por la inmigración ilegal (acogida y gestión de las llegadas, trabajo ilegal, delincuencia y seguridad urbana) como a los servicios que los entes locales deben facilitar a los residentes (vivienda, atención sanitaria, educación, etc.);

4.

subraya el papel crucial de los entes locales y regionales, por la experiencia que han acumulado en sus relaciones con los países de origen y las medidas que han tomado para integrar a los inmigrantes, sobre todo en los ámbitos de la atención sanitaria, la vivienda, la educación y el empleo;

5.

invita a la Comisión a que organice, con la cooperación de los entes nacionales, regionales y locales, campañas de sensibilización e información sobre las políticas de inmigración legal y sus efectos positivos, sobre todo para disipar la inquietud de los ciudadanos. De forma paralela, pide a la Comisión que ayude a los países de origen a poner en marcha campañas diseñadas para aumentar la sensibilización y el conocimiento sobre las posibilidades legales para la migración, así como para poner de relieve los riesgos de la inmigración ilegal;

6.

insta a la Comisión Europea a proponer mecanismos que aseguren que las futuras regularizaciones de inmigrantes ilegales se hagan de forma coordinada, como parte de un régimen común de inmigración y asilo; por consiguiente, acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de publicar en 2007 un estudio sobre las prácticas de regularización y sus efectos en los Estados miembros y sobre los entes locales y regionales;

7.

apoya la propuesta de la Comisión que prevé que cuando los Estados miembros de la región afronten una situación crítica, como una llegada masiva de inmigrantes, debería reforzarse la capacidad de la futura red de patrullas costeras;

8.

acoge con satisfacción la decisión del Parlamento Europeo de aumentar sustancialmente el presupuesto asignado a Frontex y el hecho de que haya aprobado el presupuesto para los equipos de intervención rápida en las fronteras; recomienda que en estos equipos se contemple la coordinación entre los Estados miembros y las demás partes, incluidas las comunicaciones con los propuestos centros regionales de mando en las fronteras marítimas meridionales (1) y aquellas administraciones regionales más afectadas por la afluencia de emigrantes;

9.

apoya la propuesta de crear un grupo de expertos de las administraciones de los Estados miembros que puedan acudir rápidamente a otros países de la UE con dificultades concretas de acogida, para ayudarles a evaluar rápidamente cada caso ya en los puntos de llegada para, por ejemplo, identificar a los inmigrantes, determinar los que pueden ser devueltos al país de origen o de tránsito, con una gestión posterior eficaz de los distintos casos, incluida la evaluación de las condiciones de salud de los inmigrantes y refugiados, así como cualquier problema epidemiológico, además de abordar la situación especial de los menores no acompañados y otros colectivos vulnerables;

10.

recomienda que el grupo de expertos de las administraciones de los Estados miembros esté lo más cercano posible de las necesidades de los entes locales y regionales, así como de las de los representantes de las administraciones locales y regionales de las zonas en cuestión o de las asociaciones nacionales o regionales de los entes locales cuando lo soliciten, y que se contemple la posibilidad de que éstas soliciten la intervención de los expertos en su territorio, puesto que la llegada de inmigrantes ilegales a cualquier Estado miembro tiene consecuencias inmediatas en la localidad o región a la que llegan;

11.

está de acuerdo con la propuesta del Consejo de Justicia e Interior, según la cual los acuerdos de cooperación para la migración y el desarrollo obligan a los países firmantes a reconocer los principios de la democracia y el Estado de Derecho, así como la protección de los derechos humanos;

12.

recomienda que se actúe de inmediato para armonizar la legislación y así poner fin al tráfico de seres humanos y a las organizaciones criminales que lo llevan a cabo;

13.

coincide con la petición de la Comisión a los Estados miembros para que redoblen sus esfuerzos con el fin de garantizar una aplicación rápida de las medidas ya acordadas y completar la acción de la UE con sus propias iniciativas;

14.

insiste en que los gobiernos locales y regionales han de ser considerados parte interesada y participar en todas las iniciativas de diálogo incluso con los países de origen y de tránsito, en especial a través del Comité de las Regiones;

15.

subraya la importancia y también su deseo de participar activamente en futuras conferencias similares a la titulada «Integrando ciudades: políticas europeas y prácticas locales», organizada en 2006 para intercambiar las mejores prácticas y reforzar la cooperación entre regiones, y recomienda a la UE que aproveche el potencial de las regiones que constituyen su frontera marítima como plataforma para desarrollar relaciones mutuamente beneficiosas con terceros países;

16.

señala que los entes locales y regionales tienen un importante papel en la promoción de la cooperación y los programas de hermanamiento con sus homólogos, y recuerda que estos entes aportan conocimientos técnicos y experiencia a la cooperación descentralizada en virtud de sus actuaciones en servicios públicos de salud y educación, servicios urbanos y desarrollo económico territorial, junto con la prestación de apoyo institucional a la gestión local y su experiencia en democracia local y regional e instituciones democráticas eficaces. Esto debe incluirse sistemáticamente en el desarrollo de la política europea en materia de migración;

17.

pide a la Comisión que fomente y contribuya a la definición de soluciones prácticas para reforzar la gestión de las fronteras exteriores marítimas meridionales y mejorar la capacidad de la Comunidad, sus Estados miembros y sus entes locales y regionales para responder a situaciones críticas, como la llegada masiva de inmigrantes ilegales;

18.

insiste en su petición unánime de febrero de 2007 (CDR 258/2006) (2) de que se cree una agencia específicamente responsable del problema de la migración ilegal y las solicitudes de asilo de ciudadanos de terceros países, y considera que tal agencia debería radicar en Malta;

19.

pide que se preste una atención especial a las regiones de la Unión Europea de las zonas mediterránea y atlántica que registran una afluencia especialmente grande de inmigrantes irregulares y carecen de los medios para atender a un importante número de inmigrantes con la debida dignidad humana, lo cual exige una acción inmediata y decisiva a escala local, regional, nacional y europea para evitar nuevas tragedias entres los emigrantes irregulares, muchos de los cuales mueren en el intento de alcanzar las costas de la Unión Europea, y para hacer frente a las consecuencias en la seguridad y la cohesión en toda la UE; por lo tanto, subraya la necesidad de una política a corto plazo que resuelva rápida y efectivamente los problemas derivados de la llegada de inmigrantes irregulares, y solicita que se cree urgentemente un instrumento financiero dirigido específicamente a las regiones con los niveles de inmigración más altos y a las zonas de tránsito con una alta afluencia de emigrantes irregulares;

20.

subraya la necesidad de que los Estados miembros demuestren su solidaridad en la práctica adoptando medidas concretas para aliviar las presiones que sufren los países y las regiones que se encuentran en primera línea debido a las oleadas continuas y masivas de emigrantes y permitiendo el traslado a sus territorios y acogida, hasta que se tome una decisión definitiva sobre su situación jurídica;

21.

al propio tiempo, alienta a los agentes locales y regionales a utilizar en sus proyectos los fondos existentes (como el Fondo para las fronteras exteriores, el Fondo para el retorno, el Fondo Europeo para los Refugiados y el Fondo para la integración), recuerda que estos fondos deberían emplearse inmediatamente y observa con preocupación que deberían haberse puesto en marcha en enero de 2007, si bien el Fondo para el retorno no estará listo hasta 2008 como muy pronto;

22.

pide a los Estados miembros que, respetando el principio de subsidiariedad, integren a los entes locales y regionales en la elaboración de políticas de emigración y en la creación de planes nacionales para la integración y el empleo, determinando también el número de trabajadores extranjeros que admitirán en su territorio; considera, además, que los análisis, estadísticas e informes que sirven para configurar las políticas europeas de inmigración deben tener en cuenta la dimensión regional y local;

23.

respalda la idea de intensificar el diálogo y la cooperación con África en cuestiones de migración, a fin de cubrir todas sus vertientes, desde la migración legal e ilegal hasta el refuerzo de la protección a los refugiados y un mejor aprovechamiento de los vínculos entre la política de migración y la de desarrollo;

24.

recuerda que, por lo que se refiere a los países del norte de África, se buscará avanzar de modo que se fomente e incremente el número de protocolos bilaterales a nivel regional en el marco de la Política Europea de Vecindad (PEV) y de la Política de Gran Vecindad entre las Regiones Ultraperiféricas (RUP) y los países vecinos del África subsahariana, que tiene en cuenta las cuestiones de la migración, aunque también se debería seguir trabajando en el contexto de EUROMED y aumentar la cooperación bilateral con los socios mediterráneos, incorporando en este marco a los entes locales y regionales;

25.

insiste en que, en este marco de cooperación bilateral, es fundamental aprovechar la experiencia constatada de algunas regiones, como las RUP, que por su peculiar enclave geográfico y su demostrada experiencia, dotan a la UE de una plataforma privilegiada de cooperación con los países vecinos;

26.

apoya la cooperación de la UE con África que se define en la estrategia europea para África, que pretende principalmente conseguir los objetivos de desarrollo del milenio de promoción del desarrollo sostenible, seguridad y buena gobernanza a través del diálogo continuo con los países ACP, tomando como base el contenido del artículo 13 del acuerdo de Cotonú;

27.

recuerda que el artículo 13 del acuerdo de Cotonú establece que «cada uno de los Estados ACP readmitirá y aceptará el retorno de cualquiera de sus propios nacionales que resida ilegalmente en el territorio de un Estado miembro de la Unión Europea, a petición de este último y sin mediar más trámites. Los Estados miembros y los Estados ACP proporcionarán a sus nacionales documentos de identidad apropiados a tal efecto»;

28.

subraya que la UE debería promover la aplicación de este artículo y aumentar sustancialmente sus esfuerzos para obligar a los países de origen a readmitir a los inmigrantes que no tengan derecho a asilo o que hayan optado por la vía de la entrada ilegal;

29.

toma nota de la propuesta de crear plataformas sobre migración y desarrollo que reúnan a los países africanos, los Estados miembros de la UE y las organizaciones internacionales en un esfuerzo por gestionar la migración de manera más eficaz en interés de todos; considera que los entes regionales y locales, especialmente los directamente afectados, deberían participar, posiblemente mediante sus asociaciones nacionales y regionales, en estas plataformas de cooperación y en el diálogo con los países ACP, dado que esta participación redundará en beneficio de todas las partes interesadas;

30.

respalda la iniciativa de la Comisión de promover inversiones en sectores con un elevado uso de mano de obra en regiones africanas con mucha emigración y de invitar a los Estados miembros a que completen esta contribución, sin olvidar que no es posible la promoción de estas inversiones sin una correcta participación de la empresa privada, para lo cual habría que articular los instrumentos que faciliten dicha inversión;

31.

secunda la propuesta de la Comisión de crear un perfil de migración para cada país en desarrollo que esté interesado, así como equipos de apoyo a la migración (EAM) compuestos por expertos de los Estados miembros que podrían facilitar la asistencia necesaria a los países africanos que lo solicitaran, junto con las iniciativas de la Comisión para estimular la creación de una red panafricana de «observatorios» o institutos de investigación de la migración, si bien insiste en que los entes locales y regionales deben contar con la experiencia precisa, y subraya que los expertos de las regiones y ciudades pueden, sin duda, aportar un valor añadido a estos equipos;

32.

subraya que las administraciones locales y regionales pueden contribuir a recabar la información presentada en el Portal de la Inmigración, el Portal Europeo de la Movilidad en el Trabajo, la red EURES y el Portal Europeo para la Movilidad de los Investigadores que, como se ha señalado antes, proporcionarían a los países africanos información sobre las posibilidades legales de trabajar en Europa, también mediante campañas de información específicas, y a facilitar la gestión de los temporeros, los intercambios de estudiantes e investigadores y otras formas de circulación legal de personas;

33.

respalda la propuesta de que se elabore una nueva legislación para imponer sanciones a quienes empleen a inmigrantes ilegales y también las iniciativas por las que Europol dedicará especial atención a perseguir a quienes facilitan la inmigración ilegal y trafican con seres humanos;

34.

subraya también la necesidad de procurar la adopción de todas las medidas necesarias para terminar con el tráfico de seres humanos y con las personas o las organizaciones criminales que lo realizan, así como con la economía sumergida que genera este tipo de actividades;

35.

apoya a la Comisión en la tarea de reforzar sus actividades en el ámbito de las medidas de integración, por las que se desarrollarán instrumentos que permitan una mayor participación de las distintas partes interesadas, incluidos los propios emigrantes, para así contribuir a la promoción de una estrategia de integración eficaz; cree que los gobiernos locales y regionales deben considerarse parte interesada y participar en todas estas iniciativas de diálogo;

36.

toma nota de que los instrumentos incluirán a) la creación de una plataforma de integración en la que los socios pertinentes puedan intercambiar puntos de vista con regularidad; b) la consolidación del papel de los entes locales; y c) la creación de una página en Internet sobre temas de integración y nuevas ediciones del Manual de integración y del Informe anual sobre migración e integración;

37.

recomienda la aplicación del artículo 7 del Reglamento (CE) no 2007/2004, por el que se creó Frontex, pues constituye una importante medida de solidaridad entre los Estados miembros al reunir éstos de forma voluntaria sus equipos técnicos bajo la gestión de esta agencia, que estaría a disposición de los Estados miembros que lo solicitaran tras una evaluación de necesidades y riesgos llevada a cabo por Frontex;

38.

recuerda que, para que Frontex pueda elaborar un análisis de riesgos específicos y generales para prevenir y gestionar situaciones críticas, debería tener acceso a la información recogida por los funcionarios de enlace de inmigración de los Estados miembros;

39.

respalda la propuesta de la Comisión de modificar el Reglamento (CE) no 377/2004, relativo a la creación de la Red de funcionarios de enlace de inmigración, para facilitar el acceso de Frontex a la información y su participación en las reuniones organizadas en el marco de esta Red, puesto que tal información debería ser un recurso útil y, en consecuencia, debe facilitarse el acceso;

40.

señala que la Comisión garantiza que las patrullas de las fronteras marítimas de Frontex, sobre todo en las Islas Canarias y la zona del Mediterráneo central, trabajarán durante toda la temporada de mar en calma, especialmente desde mediados de la primavera hasta principios de otoño, a fin de evitar nuevos movimientos migratorios hacia los Estados miembros de la UE;

41.

alienta a la Comisión a proponer incentivos para que los Estados del norte de África colaboren en la lucha contra el tráfico de personas en las costas mediterráneas de Europa. Sin embargo, para lograr una solución a largo plazo, la mejor herramienta consiste en aplicar políticas para fomentar el desarrollo en los países de origen de los emigrantes;

42.

señala que el objetivo esencial de la aplicación del planteamiento global a las regiones orientales y sudorientales vecinas de la UE es la necesidad de mantener una coherencia política y garantizar la complementariedad con el diálogo continuo y las iniciativas de cooperación sobre migración y ámbitos afines que ya están desarrollándose en el contexto general de la política de relaciones exteriores de la UE;

43.

coincide con la opinión de la Comisión de que el diálogo con las autoridades de los países candidatos y asociados debería incluir la cuestión de cómo el impacto de la migración en el desarrollo puede contribuir a reforzar la estabilidad y a fomentar el crecimiento en la región, incluida la promoción de políticas que eviten la fuga de cerebros y apoyen la inversión en formación y creación de capacidades para mejorar las condiciones de trabajo y aumentar las oportunidades de empleo;

44.

propone colaborar más estrechamente con el Congreso de Poderes Locales y Regionales del Consejo de Europa en lo que atañe a los países miembros del Consejo, de forma que se mejore la capacidad de los países asociados para ocuparse de los emigrantes ilegales respetando las normas internacionales y las necesidades de las víctimas del tráfico de seres humanos y otros colectivos vulnerables;

45.

recomienda que los entes locales y regionales, y en especial sus asociaciones nacionales, colaboren más en los países candidatos, y también en los países asociados, en acciones de la UE como la formación y el hermanamiento de funcionarios policiales, la cooperación con Frontex, la protección social y la formación de funcionarios para cuestiones laborales, la rehabilitación de víctimas del tráfico de seres humanos, la recogida de datos y la supervisión de los flujos migratorios;

46.

acoge favorablemente la propuesta de que Frontex tenga también un papel de más peso en el desarrollo de la cooperación con Rusia, Ucrania, Moldova, Georgia, los Balcanes Occidentales y los países de Asia, si bien subraya que esta agencia primero debería reforzar sus operaciones actuales y el análisis de riesgo, puesto que comenzaron ya avanzado el año y se suspendieron durante el verano, estación en que la zona meridional de Europa recibe un número extremadamente elevado de inmigrantes ilegales;

47.

apoya la propuesta de profundizar en un diálogo global con Rusia respecto de todas las cuestiones relacionadas con la emigración, incluidas la solicitud de asilo, la protección de las personas desplazadas dentro de un mismo país según las normas internacionales, la lucha contra la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos, la inmigración laboral y todos los aspectos sociales relevantes de la migración;

48.

pide de nuevo a aquellos países que han dudado de la eficacia de estas patrullas conjuntas que muestren más voluntad de asignar recursos a Frontex, no sólo por un deseo de distribuir las cargas, sino también animados por su propio interés, ya que la inmigración ilegal es un problema de toda Europa y no sólo afecta a los países que bordean el Mediterráneo.

15.12.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 305/48

—

destaca que una integración óptima de las mujeres y de los hombres migrantes, teniendo en cuenta su papel de educadores, representa un elemento clave, esencial también para la efectiva inclusión de la segunda y tercera generaciones de personas con familias de origen extranjero, habida cuenta del papel que desempeña la mujer en el desarrollo de la sociedad;

—

subraya que la integración significa compartir y respetar los derechos fundamentales y los deberes de los individuos, que son parte del acervo jurídico europeo;

—

destaca el papel esencial que desempeñan en la práctica los servicios públicos, en particular los de dimensión local y regional, y su capacidad para crear redes entre servicios y con las comunidades locales, las asociaciones de mujeres migrantes y el voluntariado;

—

expresa su preocupación por los elevados índices de fracaso y dispersión escolar entre las jóvenes de origen extranjero, que se ven penalizadas en sus opciones formativas y profesionales y a veces se ven condicionadas por sus familias y por prejuicios culturales o difíciles condiciones económicas. A su juicio, para garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo de las niñas (y los niños) de las familias inmigrantes, es fundamental que los padres se familiaricen con el sistema educativo y, por lo tanto, sean capaces de tomar decisiones bien fundadas sobre las posibilidades educativas de sus hijos, y sobre todo de sus hijas, y que tengan en cuenta su potencial individual y sus aspiraciones más allá de los estereotipos de género. Y, por otra parte, considera que son necesarias acciones de sensibilización y participación dirigidas a todas las partes interesadas, al objeto de favorecer una real igualdad de oportunidades.

Ponente

:

Sonia MASINI (IT/PSE), Presidenta del la Provincia de Reggio Emilia

1.

celebra que la Comisión haya solicitado este dictamen prospectivo, en referencia también al Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos y a 2008 como Año europeo del diálogo intercultural;

2.

insiste en la necesidad de una política orgánica europea de la inmigración que prevea instrumentos coordinados entre los Estados y los entes locales y regionales, así como acciones coherentes en relación con la inmigración legal, tanto para favorecer la integración de los inmigrantes que respetan las leyes de los países de acogida como para potenciar la lucha contra la inmigración clandestina y las situaciones de irregularidad;

3.

recuerda que la Comunicación de la Comisión Programa Común para la Integración señala que cada acción debe integrar una perspectiva de género y prestar una atención específica a los jóvenes y niños;

4.

destaca que una integración óptima de las mujeres y de los hombres migrantes, teniendo en cuenta su papel de educadores, representa un elemento clave, esencial también para la efectiva inclusión de la segunda y tercera generaciones de las personas con familias de origen extranjero, habida cuenta del papel que desempeña la mujer en el desarrollo de la sociedad;

5.

recuerda que ya señaló, en su Dictamen sobre el Plan de política en materia de migración legal, la preocupación de los entes locales y regionales por la dimensión de género, en la medida en que es necesario tener en cuenta las discriminaciones de que pueden ser objeto las mujeres por razones de género, origen étnico, procedencia geográfica y otras causas de discriminación indicadas en el artículo 13 del Tratado CE;

6.

recuerda la necesidad de garantizar una protección jurídica eficaz contra la discriminación, prever acciones futuras que completen el actual marco legislativo, integrar los principios de la no discriminación y de igualdad de oportunidades en las políticas de la Unión, promover la innovación y las buenas prácticas, mejorar la sensibilización de las partes interesadas y de la población de acogida y la cooperación con ellas y afrontar la discriminación y la exclusión social de que son objeto muchas minorías étnicas;

7.

insiste en que la integración es un proceso de doble sentido, dado que afecta a las comunidades de acogida y a las propias mujeres migrantes, tanto individualmente como en su calidad de pertenecientes a comunidades nacionales, y en que la concienciación es necesaria tanto para la comunidad inmigrante como para la de acogida;

8.

destaca que la integración implica la aceptación y el respeto de los deberes y derechos fundamentales de la persona, que forman parte del patrimonio jurídico europeo, tal como se reconoce en el Convenio europeo para la protección de los derechos humanos, en las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en la Declaración universal de los derechos humanos;

9.

observa que, en relación sobre todo con las mujeres inmigrantes, pueden presentarse situaciones de conflicto entre diversas categorías de derechos individuales y el derecho a la identidad cultural y religiosa, y afirma que este último debe protegerse a condición de que los comportamientos que se consideren expresión de dicha identidad no violen derechos fundamentales y sean, pues, fruto de una elección libre y consciente por parte de las mujeres y no impuestos por la red familiar o la comunidad de pertenencia o de origen;

10.

observa que los entes regionales y locales cuentan con una considerable experiencia en políticas de acogida, mediación, acceso al mercado de trabajo y bienestar en relación con las mujeres inmigrantes y en la lucha contra las diversas formas de explotación y violencia, experiencia que puede ser de utilidad para la elaboración de nuevas estrategias y programas europeos, y que la participación de las asociaciones de mujeres migrantes y otras representantes de los grupos de mujeres inmigrantes afectadas en un diálogo permanente con los entes locales y regionales, así como la representación de estos grupos en la administración, es indispensable para poder desarrollar estrategias y programas eficaces;

11.

insta, por consiguiente, en consonancia con el Parlamento Europeo, a los Estados miembros y la Unión Europea a que se respalden estos esfuerzos tanto en el plano financiero como con recursos humanos a través de un intercambio de información y de buenas prácticas;

12.

acoge con verdadera satisfacción la aprobación del Programa general de solidaridad y gestión de los flujos migratorios y, en particular, la previsión de un Fondo para la integración, cuyas disposiciones deberán tener en cuenta la dimensión de género y la integración óptima de las mujeres de todas las edades, de los jóvenes y de los hijos de los inmigrantes;

13.

insiste en su deseo, expresado en su Dictamen sobre el Plan de política en materia de migración legal, de que la gestión del Fondo para la integración tenga en cuenta las exigencias de los entes locales y regionales y que estos últimos participen de forma activa y constructiva en la negociación de los programas nacionales y los planes operativos;

14.

pone de relieve la contribución fundamental de las comunidades organizadas de mujeres migrantes y de las ONG;

15.

destaca la importancia, para la promoción de los derechos de las mujeres, de que se tomen medidas comunes con los países de origen, e insta a la Comisión y a los Estados miembros a que respalden las acciones que los entes regionales y locales lleven a cabo en colaboración con dichos países y sus respectivas autoridades regionales y locales al objeto de establecer indicadores apropiados;

16.

subraya la gran importancia que tiene utilizar un lenguaje respetuoso con la cuestión de género;

17.

pone de relieve la ausencia de datos estadísticos precisos sobre la inmigración en la Unión Europea y, en particular, sobre la inmigración ilegal y todas las condiciones de irregularidad en el trabajo;

18.

considera esencial que el proceso de recogida de datos incluya la variable no vinculante de género y que se elaboren indicadores de la desigualdad de género;

19.

destaca las posibilidades de análisis que ofrecen los datos elaborados a nivel regional y local, indispensables para aplicar políticas descentralizadas y para garantizar un enfoque cualitativo del fenómeno migratorio;

20.

observa que el acceso a los servicios sociales y sanitarios representa con frecuencia el primer contacto de la mujer inmigrante con el mundo de los servicios públicos y las normas de la sociedad de acogida, y considera indispensable superar las discriminaciones que de hecho se producen, al objeto de eliminar las «desigualdades sanitarias»;

21.

destaca la necesidad de que toda la población migrante sea objeto de las actividades de control y prevención sanitaria llevadas a cabo por los servicios pertinentes y, además, subraya la necesidad de elaborar y financiar programas sociales sanitarios específicos que, sobre la base de estudios objetivos sobre problemas específicos de salud, puedan identificar las patologías recurrentes entre la población migrante;

22.

destaca la necesidad de fortalecer las actividades apropiadas de información y concienciación sanitaria dirigidas a las personas de origen extranjero y, en particular, a las mujeres, y considera importante organizar de forma estructurada una observación más atenta de las especificidades individuales y culturales, utilizando para ello instrumentos como la mediación lingüística y el diálogo, no sólo a nivel individual y por grupos, sino también con las asociaciones. El respeto de la diversidad de las culturas debe basarse en el derecho fundamental de las mujeres a la salud y la autodeterminación, principalmente en materia sanitaria y sexual;

23.

respalda, por consiguiente, la aplicación de medidas específicas de información, prevención, apoyo y sensibilización para combatir toda práctica o tradición discriminatoria o humillante y valorizar instrumentos eficaces y de calidad, utilizados en los diversos Estados europeos y a nivel regional y local, de carácter preventivo y promocional, de puente o diálogo multidisciplinar y transcultural (por ejemplo, intervenciones de mediación lingüística o cultural, cursos de preparación para el parto, iniciativas de integración social para las mujeres inmigrantes, fórmulas de consulta transcultural, etc.);

24.

destaca el papel esencial que desempeñan en la práctica los servicios públicos, en particular los de dimensión local y regional (en ámbitos como el asesoramiento familiar), y su capacidad de crear redes territoriales de servicios con las comunidades, las asociaciones de mujeres migrantes y de voluntariado y la sociedad civil en general;

25.

considera importante intensificar la difusión de buenas prácticas en materia social y sanitaria, creando un verdadero y auténtico registro europeo en el que se puedan consultar las distintas políticas de excelencia y buenas prácticas llevadas a cabo en este ámbito de intervención;

26.

destaca que las jóvenes generaciones representan la apuesta decisiva para cimentar una perspectiva de integración, teniendo en cuenta también su papel fundamental de mediación entre la sociedad de crecimiento y la familia de pertenencia;

27.

insiste en la necesidad de acciones específicas y apropiadas que permitan la plena integración de los inmigrantes en el sistema educativo de acogida (y, en primer lugar, la formación lingüística), especialmente en el período inicial de su estancia;

28.

reitera la exigencia de elaborar programas escolares que reflejen la diversidad;

29.

recuerda lo que ya señaló en su Dictamen sobre el Plan de política en materia de migración legal en relación con el elevado índice de fracaso escolar de los jóvenes de origen extranjero en muchos países de la UE y la propuesta de crear instrumentos financieros y políticas específicas para abordar tales problemas. Destaca, en particular, la necesidad de obrar de manera que todos los jóvenes puedan lograr sus aspiraciones y desarrollar su potencial, y señala que es preciso prestar particular atención al rendimiento escolar y las oportunidades de formación de las niñas. Además, contactos más estrechos entre los profesores y los padres, y una información más completa sobre el sistema educativo, garantizarían que se reconoce el potencial personal de las niñas y que será fomentado en función de sus aspiraciones y necesidades;

30.

destaca la particular situación de las mujeres migrantes de todas las edades, pero en especial la de las jóvenes de origen extranjero, que a veces se encuentran divididas entre la identidad cultural transmitida por sus familias y la atracción por las identidades propias de las sociedades en las que crecen, subrayando que merecen una atención específica dado que pueden ser una de las fuerzas vivas en que podrá basarse la nueva Europa;

31.

expresa su preocupación por los elevados índices de fracaso y dispersión escolar entre las jóvenes de origen extranjero, que se ven penalizadas en sus opciones formativas y profesionales y a veces se ven condicionadas por sus familias y por prejuicios culturales o difíciles condiciones económicas. A su juicio, para garantizar la igualdad de oportunidades en el sistema educativo de las niñas (y los niños) de las familias inmigrantes, es fundamental que los padres se familiaricen con el sistema educativo y, por lo tanto, sean capaces de tomar decisiones bien fundadas sobre las posibilidades educativas de sus hijos, y sobre todo de sus hijas, y que tengan en cuenta su potencial individual y sus aspiraciones más allá de los estereotipos de género. Y, por otra parte, considera que son necesarias acciones de sensibilización y participación dirigidas a todas las partes interesadas, al objeto de favorecer una real igualdad de oportunidades;

32.

respalda la exhortación, contenida en la resolución del Parlamento sobre la inmigración femenina, a promover el acceso de las jóvenes inmigrantes al programa integrado de acción (2007-2013) relativo al aprendizaje permanente;

33.

considera que en la elaboración de las políticas para la juventud es necesario desarrollar acciones que incluyan la diversidad cultural y de género de los jóvenes de origen extranjero, valorizar la presencia de estos últimos como recurso de mediación intercultural y favorecer la creación de espacios dedicados al encuentro cultural y al desarrollo del asociacionismo femenino;

34.

destaca que el desarrollo de la comunicación, especialmente a través de los medios de comunicación, desempeña un papel decisivo en la integración de las mujeres migrantes y pide que se promuevan acciones en relación con los medios de comunicación para valorizar su potencial, subsanar la falta de información, ya sea entre la población inmigrante o de acogida, y superar estereotipos y prejuicios negativos;

35.

reitera en este sentido su interés, ya expresado en su Dictamen sobre la Comunicación relativa al Programa Común para la Integración, en formas diversas de cooperación con los medios de comunicación (mediante la promoción de códigos de conducta de carácter voluntario para los periodistas);

36.

insiste en la necesidad de promover el acceso de las mujeres migrantes al empleo y a la formación profesional, a través también de acciones positivas encaminadas a contrarrestar las discriminaciones y eliminar los obstáculos que siguen impidiendo la consecución de la igualdad de oportunidades;

37.

señala que con frecuencia las mujeres migrantes trabajan en empleos temporales, de poca cualificación y con salarios bajos, en sectores de la economía sumergida o en actividades ilegales; por consiguiente, pide a la Comisión que realice un estudio para examinar este problema y formule recomendaciones para resolverlo de la mejor manera posible;

38.

destaca la importancia de las acciones encaminadas al reconocimiento de las competencias y conocimientos profesionales y de los diplomas obtenidos por las mujeres en sus países de origen;

39.

confirma su apoyo al objetivo de la Comisión de elaborar una directiva marco general sobre los derechos de los ciudadanos de terceros países con un empleo legal en un Estado miembro y abordar en dicho contexto el problema del reconocimiento de diplomas y cualificaciones profesionales;

40.

observa que, especialmente en algunos Estados miembros, las mujeres inmigrantes trabajan en general en labores de cuidados y asistencia doméstica, lo que está modificando las condiciones del bienestar europeo, y pide a la Comisión que estudie este fenómeno y considere la elaboración de instrumentos específicos al respecto;

41.

destaca especialmente que se ha de favorecer también en el ámbito económico la autonomía y el espíritu empresarial de las mujeres, tanto en los Estados de origen como en los países de acogida, a través de medidas específicas como, por ejemplo, el microcrédito;

42.

acoge favorablemente la atención prestada en la segunda edición del manual para la integración a las acciones de apoyo a la capacidad empresarial de los inmigrantes, considera esencial este tipo de acciones para contribuir a la independencia real de las mujeres e insta a la Comisión a que respalde iniciativas en este sentido, como la formación profesional y lingüística en los países de origen;

43.

pone de relieve los problemas particulares que deben afrontar las trabajadoras inmigrantes con hijos y la consiguiente necesidad de acciones que favorezcan la conciliación de la vida laboral y familiar, destaca que ya se han llevado a cabo importantes iniciativas en este sentido a nivel regional y local, a veces en colaboración con asociaciones femeninas o de voluntariado, e insta a la Comisión a que respalde este tipo de iniciativas;

44.

observa que en muchos casos el ejercicio real de los derechos de las mujeres se ve entorpecido por las graves dificultades con que tropiezan en materia de transportes y de movilidad, a lo que se añaden también condicionamientos culturales de sus comunidades de origen, por lo que insta a la Comisión y a los Estados miembros a que respalden medidas que promuevan la independencia en relación con los transportes (por ejemplo, cursos para la obtención del permiso de conducir);

45.

considera que el trabajo no declarado favorece la explotación de las mujeres y respalda las acciones encaminadas a combatirlo y regularlo;

46.

destaca la exigencia de prever intervenciones adecuadas para combatir el trabajo ilegal, con un tratamiento equitativo para las víctimas de tales situaciones, y toma nota de la reciente propuesta de la Comisión de una directiva para imponer sanciones homogéneas a los empresarios que den trabajo a inmigrantes en situación ilegal o que contraten de manera irregular a inmigrantes en situación regular;

47.

reitera, en consonancia con su Dictamen sobre el Plan de política en materia de migración legal, la exhortación a la Comisión y a los Estados miembros a que adopten medidas que faciliten las remesas de los inmigrantes e incentiven su utilización en inversiones productivas en los países de origen;

48.

considera que algunas mujeres inmigrantes pueden verse particularmente expuestas a diversas formas de explotación, violación de los derechos fundamentales y constricción física y psicológica, y está de acuerdo con el Parlamento en que tales prácticas no pueden justificarse de ningún modo ni ser toleradas por motivos culturales o religiosos;

49.

suscribe, por consiguiente, la exhortación formulada por el Parlamento Europeo a los Estados miembros para afrontar y combatir inmediatamente y con eficacia toda forma de violencia contra las mujeres, de conformidad con las legislaciones nacionales y las normas internacionales y de la Unión Europea, y considera fundamental que se facilite información completa sobre estas normas y disposiciones, para que los hombres y mujeres migrantes también las conozcan;

50.

insta a la Comisión a respaldar tales medidas, así como los esfuerzos realizados por los entes regionales y locales;

51.

toma nota de la particular difusión del fenómeno de la violencia doméstica e insta a la Comisión a que prepare acciones eficaces de prevención y lucha contra este fenómeno y que presente esas acciones con carácter de urgencia para que sea posible incorporarlas a la legislación de la UE. Los «delitos de honor» son una forma particular de violencia familiar a los que es preciso prestar una atención especial;

52.

destaca que los matrimonios (o uniones de hecho) entre personas de distinta nacionalidad son un derecho de los ciudadanos y representan una vía de integración positiva entre culturas, sensibilidades, religiones y leyes diferentes, al tiempo que subraya que garantizar los derechos fundamentales de las mujeres y de los hijos menores debe prescindir de la presencia de reciprocidad legislativa;

53.

considera que los reagrupamientos familiares constituyen una realidad cada vez más consistente y positiva para mejorar los procesos de integración, esenciales para la protección del derecho a la vida familiar, y está de acuerdo con el Parlamento Europeo en que la Directiva 2003/86/CE todavía no se ha aplicado de manera satisfactoria en todos los Estados miembros;

54.

señala que los reagrupamientos familiares deben respetar los derechos individuales de todos los componentes del núcleo familiar y garantizar la libre elección por parte de las mujeres;

55.

condena los matrimonios forzados y toda práctica que no respete la legislación europea (por ejemplo: la infibulación y la poligamia) y pide a los Estados miembros que actúen de forma inmediata y apropiada para garantizar la plena aplicación de las leyes que prohíben tales prácticas;

56.

reitera la recomendación, ya formulada en su Dictamen sobre la lucha contra la inmigración ilegal, de adoptar, con carácter prioritario, todas las medidas necesarias para poner fin al tráfico de seres humanos, del que son víctimas principalmente las mujeres, y para desmantelar las organizaciones que lo practican y suprimir toda forma de esclavitud, incluida la de niños y adolescentes, adoptando para ello las normas que se consideren oportunas, así como programas de acción específicos; pide, asimismo, que, aunque algunas de esas víctimas sean inmigrantes ilegales, se les considere casos especiales y, se reconozca que, en determinadas circunstancias, la deportación puede suponer una violencia extrema contra ellos, incluso la muerte, si se ven obligados a volver a su país de origen;

57.

respalda la exhortación formulada por el Parlamento Europeo en la Resolución sobre la inmigración femenina en el sentido de que se procure mostrar una sensibilidad particular en relación con la participación de las mujeres migrantes en la vida social y política, de conformidad con las legislaciones nacionales.

15.12.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 305/53

—

El deporte puede usarse para combatir la discriminación y desigualdad, tanto en su propio entorno como en la sociedad en general, y promover valores sociales como el espíritu de equipo, el juego limpio, la cooperación, la tolerancia y la solidaridad;

—

Las autoridades locales y regionales deberían planificar, desarrollar y promover la igualdad a través de su oferta de deporte y servicios;

—

Determinados grupos sociales tienden a practicar menos deporte, están escasamente representados en los ámbitos decisorios y, por una serie de razones, están excluidos de ciertas instalaciones deportivas; en muchos países, la administración deportiva no refleja la diversidad de la comunidad a la que sirve;

—

Los entes locales y regionales deberían animar a los participantes y espectadores de todas las procedencias a los acontecimientos deportivos y protegerles de todo maltrato y acoso; facilitarles sin discriminación instalaciones deportivas que posean, gestionen, financien directa o indirectamente o que tengan cedidas para la actividad deportiva; animar a personas de todos los grupos a participar en todos los sectores de la dirección, la gestión y el entrenamiento deportivos; estas funciones deberían convertirse en indicador de los resultados globales de los entes locales y regionales;

—

Los entes locales y regionales deberían aprender de las experiencias de otros entes en Europa y en todo el mundo, y promover las buenas prácticas en el ámbito local y regional;

—

La UE debería establecer una norma para que los entes locales y regionales promuevan la igualdad de oportunidades en el deporte y en la oferta deportiva. En este sentido, el CDR presenta una Carta para la igualdad en el deporte.

Ponente

:

Peter MOORE, Concejal del Ayuntamiento de Sheffield (UK/ALDE)

1.

Considera que el deporte, como otros ámbitos de la vida social, puede unir o dividir a una sociedad.

2.

Cree que en el deporte existen discriminación y desigualdad, pero que puede usarse para luchar contra estas lacras, tanto en su propio entorno como en la sociedad en general, y promover valores sociales como el espíritu de equipo, el juego limpio, la cooperación, la tolerancia y la solidaridad.

3.

La mejor forma de conseguir la igualdad de oportunidades para todos los grupos sociales, dentro del deporte y a través de éste, es mediante esfuerzos conjuntos y complementarios de todas las esferas de la gobernanza: los entes locales y regionales resultan esenciales en este sentido.

4.

Acoge con agrado que se haya elegido 2007 como Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos. Lamenta que el CDR y algunos Estados miembros no hayan participado todo lo posible, pero cree que el presente dictamen representa una contribución a este Año europeo.

5.

Recuerda la Declaración del Consejo Europeo de Niza de 2000, en la que se pedía a la UE que tuviera presentes las características específicas y la función social, educativa y cultural del deporte. Recuerda que la importancia social del deporte es el asunto de la Declaración no 29 del Tratado de Ámsterdam. Acoge favorablemente el Libro Blanco sobre el deporte publicado por la Comisión Europea el 11 de julio de 2007, y pide a la Comisión que aborde la cuestión de la igualdad de oportunidades que en él se trata.

6.

Apoya la definición del deporte ofrecida por el Consejo de Europa como «cualquier forma de actividad física que, a través de participación organizada o no, tiene por objeto la expresión o mejoría de la condición física y psíquica, el desarrollo de las relaciones sociales o la obtención de resultados en competición a todos los niveles».

7.

Cree que la búsqueda de la igualdad no supone sólo abordar la discriminación ilegal donde exista, sino que también consiste en trabajar activamente para cambiar ideas y actitudes, acabar con la ignorancia y los prejuicios y sacar todo el partido posible al talento de nuestras comunidades y lograr que cada cual materialice todo su potencial.

8.

Reconoce que la discriminación se da de muchas formas: directa e indirecta, institucional e individual, abierta y sutil, y que influye reduciendo (o aumentando) el acceso, las oportunidades y las ocasiones vitales de los distintos sectores de la sociedad en la vida social, política y económica.

9.

Reconoce que determinados grupos sociales tienden a practicar menos deporte, están escasamente representados en los ámbitos decisorios y, por una serie de razones, están excluidos de ciertas instalaciones deportivas. Reconoce que, en consecuencia, estas comunidades tienen una prevalencia desproporcionadamente elevada de enfermedades asociadas a la vida sedentaria.

10.

Reconoce que el nivel directivo del deporte está formado en buena parte por personas de mediana edad, no discapacitadas, blancas, heterosexuales y hombres en su mayoría, que la discriminación está poco reconocida, hay pocos registros oficiales de esta cuestión y pocos esfuerzos por afrontarla. Señala que, en muchos casos, estos directivos son empleados de los entes locales y regionales o dependen de su ayuda financiera.

11.

Recuerda el trabajo del Observatorio Europeo del Racismo y la Xenofobia en colaboración con la asociación Fútbol contra el Racismo en Europa y la UEFA en el ámbito de la lucha contra el racismo en el fútbol. Acoge con agrado la creación de la Agencia Europea de Derechos Fundamentales, que supone la oportunidad de ampliar su campo de trabajo. Pide que entre sus competencias se incluya la cuestión de la igualdad de oportunidades y el deporte. Solicita que informe anualmente al CDR sobre este asunto.

12.

Pide a los organizadores de grandes eventos deportivos internacionales que a) planteen la cuestión de la igualdad de oportunidades en sus respectivos deportes; b) organicen seminarios coincidiendo con los eventos deportivos para hablar de la igualdad en el deporte y que incluyan la dimensión local y regional.

13.

Reconoce que la práctica del deporte se reduce notablemente a medida que las personas envejecen, aunque el deporte aumente la longevidad y la calidad de vida de las personas de más edad.

14.

Cree que el deporte supone para las personas de edad una oportunidad de aprendizaje continuo, mediante el desarrollo de capacidades y competencias como participantes y, de forma más general, con una práctica durante toda la vida que incluye capacitación como entrenador, responsable deportivo y directivo.

15.

Pide a los entes locales y regionales que apliquen una política deportiva bien equilibrada entre todos los grupos de edad y que valoren en la misma medida también los deportes menos físicos y no competitivos, más al alcance de las personas de edad.

16.

Reconoce que la práctica del deporte es mucho menor entre las personas con discapacidad. Es preciso tomar medidas para garantizar que las personas de ambos sexos con discapacidad puedan ejercer plenamente su derecho a practicar cualquier deporte.

17.

Pide que la política y la oferta deportiva de los entes locales y regionales tenga en cuenta a las personas con discapacidad y que valoren en la misma medida también los deportes menos físicos y no competitivos, más al alcance de las personas con discapacidad. Pide una especial consideración a la hora de ofrecer actividades e instalaciones deportivas para las personas de más edad, incluido un asesoramiento adecuado respecto de su salud física y mental.

18.

Pide a los entes locales y regionales que supervisen la contratación de personas con discapacidad como directivos deportivos y entrenadores.

19.

Reconoce que entre hombres y mujeres existen diferencias de grado y forma en cuanto a la práctica del deporte, aunque hay pruebas de que estas diferencias se van reduciendo.

20.

Pide a los entes locales y regionales que, fundamentalmente a través de sus políticas de formación y de educación, eviten los estereotipos y no orienten a las niñas hacia determinados deportes y las alejen de otros. Pide que niños y niñas tengan las mismas posibilidades de practicar cualquier tipo de deporte que les parezca interesante. Los entes locales y regionales deberían utilizar la técnica del «gender budgeting» o inclusión de la dimensión de género en la elaboración presupuestaria.

21.

Pide a los entes locales y regionales que estén atentos a la paridad entre los sexos a la hora de contratar a directivos deportivos y entrenadores.

22.

Pide que los entes locales y regionales presten una atención particular a la provisión de actividades e instalaciones deportivas para mujeres embarazadas y mujeres jóvenes, con un asesoramiento adecuado respecto a su situación, la oferta de centros de atención infantil en todos los centros y actos deportivos y de un transporte público seguro, cómodo y asequible para acceder a los centros y actos deportivos.

23.

Reconoce que, aunque hay deportes como el baloncesto, el béisbol, el atletismo de carreras, el tenis y el voleibol que exigen una «bionergética» similar, los deportistas negros de ambos sexos sólo predominan en los tres primeros, lo cual sugiere una explicación más social que física para la diversidad de resultados por etnia, nacionalidad y zona.

24.

Señala la importancia del acceso sin discriminaciones a todo tipo de actividades deportivas para todos los sectores de la población.

25.

Recibe con agrado la Resolución del Parlamento Europeo sobre el fútbol y el racismo (14 de marzo de 2006), en la que se insta a todas las partes interesadas a luchar contra el racismo en el deporte.

26.

Considera que el grado relativamente elevado de diversidad racial en el deporte de élite, especialmente el fútbol, no se repite en otros niveles de la actividad deportiva. La presencia de algunas personas no blancas en el máximo nivel de algunos deportes puede producir la impresión de que se ha erradicado el racismo. En realidad, el deporte profesional pocas veces permite superar las desventajas sociales. También puede darse racismo cuando se asignan papeles estereotipados a jugadores no blancos.

27.

Insta a combatir cualquier estereotipo racial que pueda existir entre enseñantes y entrenadores, ya que ello puede contribuir a que se canalice a ciertas minorías étnicas hacia determinados deportes y se les aleje de otros.

28.

Pide a los entes locales y regionales que estén atentos a la paridad étnica a la hora de contratar a directivos deportivos y entrenadores.

29.

Reconoce que todas las religiones y grupos de fe tienen hábitos (como los baños segregados) y prácticas (como el ritual, el horario y la frecuencia de la oración) que pueden dar lugar a una exclusión involuntaria del deporte. Por ejemplo, la prohibición de llevar el velo islámico (hiyab) crea una barrera potencial a la plena participación de las mujeres musulmanas en el fútbol. Considera que la exclusión de ciertos grupos también puede deberse a la islamofobia, el antisemitismo y otras fobias o formas de odio, y pide a la UE que se ocupe de esta forma de discriminación igual que del racismo y la xenofobia. En este contexto, la UE debería estimular y alentar el deporte lúdico y espontáneo como una actividad donde se refleje la igualdad de oportunidades para todos, tanto a efectos de los Estados, regiones y municipios — en cuanto proveedores de las infraestructuras — como de los ciudadanos y las organizaciones deportivas, que son sus usuarios.

30.

Pide a los entes locales y regionales que promuevan el diálogo entre estos grupos y los organizadores deportivos para lograr que ambas partes comprendan los problemas y busquen formas de adaptar ciertas prácticas y hábitos con tolerancia y de forma constructiva, al tiempo que reconoce que en algunos casos tal vez no haya solución viable.

31.

Considera que el tratamiento de gays y lesbianas en el deporte es causa de especial preocupación. A menudo afrontan el tremendo dilema de ocultar su sexualidad o crear clubes y actos deportivos exclusivamente para gays y lesbianas. Reconoce que, aunque una parte significativa de la población europea es homosexual, ningún futbolista profesional de los actuales es gay declarado. Ocultar y segregar no puede ser una solución a largo plazo: el objetivo ha de ser que todos los hombres y todas las mujeres puedan acudir a todos los clubes deportivos, con independencia de su orientación sexual.

32.

Pide a los entes locales y regionales que colaboren con los grupos locales y regionales de lesbianas, gays, bisexuales y transexuales para encontrar formas de remediar estos problemas.

33.

Acoge con satisfacción los cinco puntos de la guía FARE 2006 para luchar contra la homofobia en el fútbol.

34.

Pide a los entes locales y regionales que denuncien y eliminen la discriminación en el deporte y en la oferta deportiva.

35.

Cree que debería investigarse más la situación de las minorías en el deporte. Debería prestarse atención a todas las formas de discriminación, que pueden variar entre países, regiones e incluso entre deportes.

36.

Pide a los órganos deportivos de ámbito comunitario, en especial a la UEFA, que impongan sanciones ejemplares y eficaces en los casos de discriminación racial o de otra índole en los acontecimientos que correspondan a su jurisdicción. En particular pide a la UEFA que rectifique esta situación y que informe al CDR tras la Eurocopa de 2008.

37.

Pide a los entes locales y regionales que animen y reciban a deportistas y espectadores de todas las procedencias a los acontecimientos deportivos, estén o no organizados por ellos, y que los protejan del maltrato y el acoso.

38.

Pide a los entes locales y regionales que ofrezcan de forma no discriminatoria las instalaciones deportivas que posean, gestionen, financien directa o indirectamente o que tengan cedidas para la actividad deportiva.

39.

Pide a los entes locales y regionales que alienten a personas de todos los grupos a participar en todos los sectores de la dirección, la gestión y el entrenamiento deportivos.

40.

Pide a los entes locales y regionales que utilicen el deporte para promover la tolerancia y el entendimiento en el contexto de la inclusión social y la lucha contra la discriminación.

41.

Pide a los entes locales y regionales que participen más activamente en la oferta deportiva.

42.

Pide a las autoridades responsables de la educación que animen a los niños no sólo a practicar deporte, sino también a valorar la dimensión social y cultural del deporte en toda su diversidad.

43.

Pide que se anime a las redes europeas de organizadores, entrenadores y directivos del mundo del deporte a considerar y promocionar el aspecto igualitario de su trabajo.

44.

Insta a los entes locales y regionales, organizaciones y clubes a que impartan a sus plantillas y entrenadores formación en multiculturalismo, no discriminación y tolerancia.

45.

Cree que la función esencial de los entes locales y regionales es ofrecer servicios deportivos, de ocio y culturales. Estos servicios han de reconocerse como instrumentos clave en la promoción de la inclusión social y la lucha contra la discriminación.

46.

Considera que los entes locales y regionales deben planificar, desarrollar y promover la igualdad a través de su oferta de deporte y servicios, mediante la inclusión de la dimensión de género en la elaboración presupuestaria (gender budgeting).

47.

Considera que la oferta deportiva y la igualdad de oportunidades dentro de dicha oferta debe convertirse en indicador de los resultados globales de los entes locales y regionales.

48.

Pide a los entes locales y regionales que, a la hora de proporcionar a los ciudadanos un servicio adecuado, reconozcan y combatan la discriminación institucionalizada por motivos de edad, discapacidad, sexo, raza u origen étnico, religión, creencias u orientación sexual, algo que puede verse y detectarse en procesos, actitudes y conductas que indican prejuicios infundados, ignorancia, irreflexión e ideas estereotipadas, todo lo cual perjudica a esos grupos sociales.

49.

Pide a los entes locales y regionales que se centren en tres ámbitos de acción principales:

50.

Pide a los entes locales y regionales que trabajen con la sociedad civil, asociaciones colaboradoras, organizaciones deportivas, clubes deportivos locales y organizaciones no gubernamentales para conseguir sus objetivos respectivos en este ámbito y ejercer el liderazgo político.

51.

Recomienda a los entes locales y regionales desarrollar una estrategia en los medios de comunicación para dar a conocer las oportunidades de practicar deporte a grupos concretos, con vistas a aumentar su participación y divulgar sus actividades y logros. Los entes locales y regionales deben trabajar para eliminar los estereotipos, la discriminación y el racismo en el deporte, también con publicaciones que ellos mismos preparen o financien; por ejemplo, tratando el fútbol femenino como algo habitual y no como una novedad.

52.

Pide a los entes locales y regionales que intercambien experiencias con otros entes de Europa y de todo el mundo, que aprendan de ellas y promuevan las buenas prácticas en los ámbitos local y regional. Pide a las instituciones de la UE que faciliten estos intercambios de buenas prácticas. En particular, el CDR y las asociaciones europeas de gobiernos locales (CMRE, ARE, Eurocities, etc.) deben estudiar el modo de facilitar la creación de redes de ciudades, entes locales y regiones con una experiencia especial en estas actividades.

53.

Pide a la UE que establezca una norma para que los entes locales y regionales promuevan la igualdad de oportunidades en el deporte y en la oferta deportiva. En este sentido, el CDR presenta una Carta para la igualdad en el deporte:

—

denunciar y eliminar la discriminación en el deporte,

—

animar a las personas de todas las comunidades a practicar deporte,

—

acoger a empleados y espectadores de todas las comunidades y protegerlos del trato discriminatorio y el acoso,

—

alentar a las personas capacitadas y con talento de todas las comunidades a participar en todos los ámbitos de la administración, gestión y entrenamiento deportivos,

—

desarrollar las mejores políticas y prácticas de igualdad posibles, con revisiones y actualizaciones periódicas,

—

celebrar la diversidad en el deporte.»

54.

Pide a los entes locales y regionales que firmen esta Carta y que corrijan su enfoque actual a la vista del texto que antecede.

55.

Se compromete a crear un premio anual del CDR para los entes locales y regionales que mejor apliquen la Carta.