ISSN 1725-244X

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 162

European flag  

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

50o año
14 de julio de 2007


Número de información

Sumario

Página

 

I   Resoluciones, recomendaciones, orientaciones y dictámenes

 

RESOLUCIONES

 

Consejo

2007/C 162/01

Resolución del Consejo, de 31 de mayo de 2007, sobre la estrategia comunitaria en materia de política de los consumidores 2007-2013

1

 

II   Comunicaciones

 

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

 

Comisión

2007/C 162/02

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones ( 1 )

4

 

IV   Informaciones

 

INFORMACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

 

Comisión

2007/C 162/03

Tipo de cambio del euro

5

 

INFORMACIONES PROCEDENTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

2007/C 162/04

Información resumida comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) no 1/2004 de la Comisión, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios

6

2007/C 162/05

Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas

10

2007/C 162/06

Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los instrumentos de medida ( 1 )

13

 

V   Dictámenes

 

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

 

Comisión

2007/C 162/07

Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.4652 — National Grid/TenneT/BritNed JV) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado ( 1 )

15

2007/C 162/08

Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.4773 — 3i/Eltel) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado ( 1 )

16

2007/C 162/09

Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.4682 — INEOS/Lanxess' engineering thermoplastic resins business) ( 1 )

17

2007/C 162/10

Notificación previa de una operación de concentración (Asunto COMP/M.4768 — CRH/Cementbouw) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado ( 1 )

18

2007/C 162/11

Ayudas estatales — Austria — Ayuda estatal C 16/07 (ex NN 55/06) — Ayuda pública a Postbus en el distrito de Lienz — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE ( 1 )

19

 


 

(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

ES

 


I Resoluciones, recomendaciones, orientaciones y dictámenes

RESOLUCIONES

Consejo

14.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 162/1


RESOLUCIÓN DEL CONSEJO

de 31 de mayo de 2007

sobre la estrategia comunitaria en materia de política de los consumidores 2007-2013

(2007/C 162/01)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA

RECUERDA que, con arreglo al artículo 153 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea:

a)

la Comunidad contribuirá a proteger la salud, la seguridad y los intereses económicos de los consumidores, así como a impulsar su derecho a la información, la educación y a organizarse para salvaguardar sus intereses;

b)

las exigencias de la protección de los consumidores deberán tomarse en cuenta al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones comunitarias.

RECONOCE el importante papel de la política de los consumidores en la formación del mercado interior y su sinergia con políticas de mercado interior. La confianza de consumidores y empresas constituye un requisito previo para el buen funcionamiento del mercado interior al impulsar la competencia, la innovación y el desarrollo económico. Consumidores informados y capacitados, con derechos efectivos y confianza en ellos constituyen una fuerza motriz del éxito económico y del cambio.

RECONOCE el potencial que ofrece el mercado interior minorista, que sigue aún ampliamente fragmentado por países, para el beneficio de consumidores y empresas mediante la eliminación de barreras, lo cual ampliará las oportunidades para consumidores y minoristas.

RECONOCE las oportunidades ofrecidas por las nuevas tecnologías, en particular el entorno digital y la innovación al responder a las preferencias de los consumidores y aumentar el acceso a nuevos mercados, así como los retos para asegurar que los derechos de los consumidores sean adecuados, claros, transparentes y garantizados, y que se desarrollen con más profundidad mecanismos para el consumo sostenible y la comprensión del comportamiento de los consumidores.

SUBRAYA, teniendo presente asimismo el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la importancia del Derecho comunitario para garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores y la necesidad de mecanismos eficaces para hacer cumplir la ley, incluso en lo que se refiere a las transacciones transfronterizas de los consumidores.

ACUERDA que los intereses de los consumidores deben incluirse en todos los ámbitos de las políticas comunitarias. Se trata de un requisito previo para una política de consumidores eficaz y una buena base para alcanzar los objetivos de Lisboa. Las inquietudes relativas a los intereses económicos de los consumidores y la información de estos últimos, en particular, se relacionan con muchas políticas especializadas. La inclusión de los intereses de los consumidores en políticas de otros ámbitos, incluidos los servicios de interés general, representa una tarea conjunta que deberán llevar a cabo todas las instituciones de la UE y los Estados miembros.

I.

ACOGE CON AGRADO el desarrollo de la estrategia comunitaria en materia de política de los consumidores de la Comisión para los años 2007-2013 (1), que se centra en llevar al máximo la posibilidad de elegir y la confianza del consumidor capacitándolo al mismo tiempo que protegiéndolo, impulsando empleos y crecimiento y ampliando los mercados competitivos, al tiempo que tiene por objeto lograr un mercado interior minorista más integrado y eficaz.

II.

INSTA A LA COMISIÓN a que aplique su estrategia con sus tres objetivos principales y a que, al hacerlo, en particular:

1)

prosiga con su política de los consumidores adaptada a la transparencia de los mercados y el refuerzo de la capacidad del mercado interior para satisfacer las expectativas de los consumidores. Una política de los consumidores que se esfuerce por lograr mercados eficaces contribuye al crecimiento y al empleo y mejora el bienestar de los consumidores;

2)

dé prioridad a un alto nivel de protección de los consumidores, sus opciones y el acceso dentro de la Comunidad y garantice de este modo la confianza de los consumidores en las adquisiciones o contratos transfronterizos, y que preste particular atención al desarrollo de la política de los consumidores y de las medidas de protección de los mismos relativas a los servicios;

3)

garantice la coherencia de los objetivos operativos respecto de los de la Decisión no 1926/2006/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 por la que se establece un programa de acción comunitaria en el ámbito de la política de los consumidores (2007-2013) (2);

4)

impulse y salvaguarde los intereses de los consumidores en un mundo cada vez más globalizado y los promueva en el contexto de las relaciones internacionales y mediante acuerdos internacionales;

5)

revise el acervo comunitario en materia de protección de los consumidores con vistas a la simplificación, una mejor reglamentación, eliminando las incoherencias existentes y respetando las exigencias de las nuevas tecnologías, con el debido respeto por el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea; y que presente, según corresponda y tomando en consideración el resultado de las consultas relativas al Libro Verde sobre la revisión del acervo en materia de consumidores, propuestas para una pertinente adaptación del acervo siempre que los derechos y obligaciones afectados garanticen un alto nivel de protección de los consumidores y mejore el funcionamiento del mercado interior;

6)

estudie en qué ámbitos los mecanismos autorreguladores y de corregulación pueden complementar las disposiciones legislativas vigentes;

7)

apoye una investigación global orientada a los consumidores que evalúe el funcionamiento de los mercados, las expectativas de los consumidores y el comportamiento de éstos, para establecer, a efectos de guiar y evaluar la política de los consumidores, mecanismos de supervisión orientados a los consumidores, y para desarrollar indicadores adecuados sobre la base de los conocimientos científicos pertinentes;

8)

apoye la cooperación entre instituciones para hacer cumplir las leyes y legislación en materia de consumidores que rigen la seguridad de los productos, promueva sus actividades en la red, desarrolle ulteriormente sistemas de información, y amplíe los acuerdos internacionales sobre mutua cooperación administrativa entre la UE y terceros países;

9)

supervise continuamente la eficacia de las recomendaciones vigentes que contienen garantías mínimas específicas para los procedimientos alternativos de solución de contenciosos, y trabaje en pos de una aplicación y refuerzo más amplios de los principios en ellos reglamentados, así como que garantice una mejor interconexión entre los mecanismos alternativos de solución de contenciosos existentes y una mejor comunicación sobre los instrumentos de información existentes;

10)

considere con particular atención los mecanismos de recurso colectivos y presente los resultados de los estudios pertinentes en curso, con vistas a cualquier posible propuesta o acción;

11)

preste particular atención a las exigencias en materia de protección, posibilidad de elección y conveniencia de los consumidores en la realización del mercado interior de servicios financieros a la luz de la fundamental importancia que revisten para los consumidores las decisiones sobre productos financieros, por ej., los ahorros para la vejez o la financiación inmobiliaria;

12)

dé mayor importancia a evaluaciones completas de impacto en todas las políticas que afecten a los intereses a largo plazo de los consumidores;

13)

implique más a las partes interesadas pertinentes en lo relativo a política de consumidores en consultas organizadas en el marco de otras políticas comunitarias sobre propuestas con una repercusión importante para los consumidores;

III.

INSTA A LA COMISIÓN Y A LOS ESTADOS MIEMBROS a que:

14)

continúen defendiendo una mejor coordinación con las inquietudes y prioridades de cada uno de los ámbitos políticos y vinculen más sus políticas de consumidores con otras políticas especializadas, en particular con las de economía, transporte, medio ambiente, energía y telecomunicaciones;

15)

trabajen en pos de una protección y educación efectivas de los consumidores en todos los Estados miembros, garantizando de este modo consumidores igualmente activos y capacitados en todo el mercado interior, incluida la educación relativa al consumo sostenible;

16)

refuercen mas aún los sistemas de los Estados miembros destinados a hacer cumplir la ley y la cooperación entre estos últimos en el ámbito de la protección de los consumidores, impulsando al mismo tiempo la cooperación en la aplicación de la legislación en materia de protección de los consumidores;

17)

continúen protegiendo los intereses de los consumidores respecto de los servicios de interés general y refuercen adecuadamente a los consumidores en sus derechos;

18)

tomen en cuenta los intereses de los consumidores en los esquemas de normalización y etiquetado tanto a escala europea como nacional, y se esfuercen por salvaguardar los intereses de los consumidores a escala internacional;

19)

reconozcan la gran importancia que revisten las asociaciones de consumidores eficaces y representativas, de modo que puedan representar de forma independiente los intereses de los consumidores a nivel comunitario y en los Estados miembros;

20)

proporcionen constante apoyo a la Red de centros europeos de los consumidores (Red CEC) y garanticen puntos de contacto en todos los Estados miembros a efectos de ayudar a los consumidores en una resolución eficaz de los contenciosos transfronterizos.

IV.

INSTA A LOS ESTADOS MIEMBROS a que garanticen que los objetivos de la Estrategia en materia de política de los consumidores se tomen asimismo en consideración en sus políticas nacionales.

V.

INSTA a la Comisión a que:

a)

consulte periódicamente a los Estados miembros para evaluar la ejecución de la Estrategia y, en su caso, introducir ajustes o modificaciones en una segunda fase y a que

b)

informe sobre los progresos realizados en materia de política de los consumidores y, además, presente en marzo de 2011 un informe intermedio sobre la ejecución de la Estrategia en materia de política de los consumidores y un informe de evaluación 'ex post' en diciembre de 2013.


(1)  Doc. 7503/07.

(2)  DO L 404 de 30.12.2006, p. 39.


II Comunicaciones

COMUNICACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión

14.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 162/4


Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE

Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2007/C 162/02)

Fecha de adopción de la decisión

30.4.2007

Ayuda no

N 28/07

Estado miembro

Italia

Región

Molise

Denominación (y/o nombre del beneficiario)

Cantieri Navali di Termoli SpA

Base jurídica

Deliberazione della giunta regionale del 18.9.2006 n. 1358 — regolamento che disciplina la concessione dei finanziamenti per il salvataggio delle imprese in difficoltà

Tipo de medida

Ayuda individual

Objetivo

Salvamento de empresas en crisis

Forma de la ayuda

Crédito blando

Presupuesto

Importe total de la ayuda prevista: 3 millones de EUR

Intensidad

Duración

6 meses

Sector económico

Construcción naval

Nombre y dirección de la autoridad que concede las ayudas

Regione Molise — Italia

Información adicional

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/


IV Informaciones

INFORMACIONES PROCEDENTES DE INSTITUCIONES Y ÓRGANOS DE LA UNIÓN EUROPEA

Comisión

14.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 162/5


Tipo de cambio del euro (1)

13 de julio de 2007

(2007/C 162/03)

1 euro=

 

Moneda

Tipo de cambio

USD

dólar estadounidense

1,3782

JPY

yen japonés

168,68

DKK

corona danesa

7,4416

GBP

libra esterlina

0,67795

SEK

corona sueca

9,1560

CHF

franco suizo

1,6579

ISK

corona islandesa

82,92

NOK

corona noruega

7,9130

BGN

lev búlgaro

1,9558

CYP

libra chipriota

0,5842

CZK

corona checa

28,318

EEK

corona estonia

15,6466

HUF

forint húngaro

245,70

LTL

litas lituana

3,4528

LVL

lats letón

0,6969

MTL

lira maltesa

0,4293

PLN

zloty polaco

3,7487

RON

leu rumano

3,1340

SKK

corona eslovaca

33,238

TRY

lira turca

1,7540

AUD

dólar australiano

1,5879

CAD

dólar canadiense

1,4414

HKD

dólar de Hong Kong

10,7756

NZD

dólar neozelandés

1,7531

SGD

dólar de Singapur

2,0877

KRW

won de Corea del Sur

1 263,74

ZAR

rand sudafricano

9,5926

CNY

yuan renminbi

10,4323

HRK

kuna croata

7,2900

IDR

rupia indonesia

12 434,81

MYR

ringgit malayo

4,7479

PHP

peso filipino

62,915

RUB

rublo ruso

35,0920

THB

baht tailandés

41,996


(1)  

Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.


INFORMACIONES PROCEDENTES DE LOS ESTADOS MIEMBROS

14.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 162/6


Información resumida comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) no 1/2004 de la Comisión, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios

(2007/C 162/04)

Ayuda no: XA 120/06

Estado miembro: Italia

Región: Piamonte

Denominación del régimen de ayuda o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual: Contributi agli agricoltori e allevatori che attuano la riconversione del metodo di produzione.

Base jurídica: Deliberazione della Giunta regionale n. 28 — 4172 del 30.10.2006. Legge 7 marzo 2003, n. 38 art. 3 comma 1 lettera b.

Gasto anual previsto en virtud del régimen: 250 000 EUR.

Intensidad máxima de la ayuda: La subvención máxima por explotación asciende al 80 % de los gastos de los dos primeros años de sujeción al régimen de control a que se refiere el Reglamento (CEE) no 2092/91 del Consejo (1), con un máximo de 800 EUR por explotación (bienio 2005-2006).

Fecha de aplicación: 15 de diciembre de 2006. La primera subvención se concederá no obstante cuando se conozca el número de identificación atribuido por la Comisión una vez que ésta haya recibido la información resumida.

Duración del régimen: 30 de junio de 2007.

Objetivo de la ayuda: Incentivar a los agricultores y ganaderos para que pasen del método de producción convencional al ecológico, subvencionándoles una parte de los gastos acarreados por los controles de los métodos de producción realizados conforme al Reglamento (CEE) no 2002/91.

Los gastos subvencionables son los correspondientes a los años 2005 y 2006.

Artículos del Reglamento (CE) no 1/2004 de la Comisión (2) utilizados: artículo 13, apartado 2, letra g).

Sector o sectores afectados: Explotaciones agropecuarias.

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

Regione Piemonte

Assessorato Agricoltura, Tutela della Flora e della Fauna

Direzione Sviluppo dell'Agricoltura

Corso Stati Uniti, 21

I-10128 Torino

Dirección web: www.regione.piemonte.it/agri

Otros datos: La subvención se concede a aquellas explotaciones agropecuarias que, en el momento de presentar la solicitud, se hallen sujetas a un sistema de controles conforme al Reglamento (CE) no 2092/1991, cuyas instalaciones y terrenos se encuentren, en su mayor parte, en la región de Piamonte, y que inicien o hayan iniciado una reconversión para pasar de un sistema de producción convencional al sistema ecológico en el período comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2006.

Las subvenciones se conceden según el orden de prioridad siguiente:

Ayuda no: XA 121/06

Estado miembro: Italia

Región: Las Marcas

Denominación del régimen de ayuda: Contributi alle cooperative agricole e alle cooperative sociali che operano nel settore agricolo e forestale al fine di ridurre i costi di produzione, a migliorare e diversificare le attività di produzione, a migliorare la qualità dei prodotti, a tutelare e migliorare l'ambiente naturale e le condizioni di igiene e benessere degli animali.

Base jurídica:

1.

Art. 4 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 », «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale» .

Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global de la ayuda individual concedida a la empresa: El gasto máximo previsto para 2006 asciende a 150 000 EUR. En los siguientes años de aplicación del régimen de ayuda, el gasto máximo se fijará conforme a la correspondiente ley presupuestaria, si bien no superará 1 000 000 de EUR al año.

Intensidad máxima de la ayuda: La ayuda tendrá una intensidad bruta máxima del 30 % de los gastos subvencionables (40 % en las zonas desfavorecidas).

La inversión máxima subvencionable asciende a 60 000 EUR

La inversión deberá estar encaminada a reducir los costes de producción, mejorar y diversificar las actividades productivas, mejorar la calidad de los productos, y proteger y mejorar el entorno así como las condiciones de higiene y bienestar de los animales.

Los conceptos subvencionables son los siguientes:

Fecha de aplicación: Al menos diez días hábiles después el envío del presente formulario, conforme a lo dispuesto en el artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1/2004.

Duración del régimen o de la ayuda individual: El régimen tiene una duración indeterminada que dependerá de las dotaciones presupuestarias anuales aprobadas por la región de Las Marcas y del período de validez del Reglamento de exención (Reglamento (CE) no 1/2004).

Objetivo de la ayuda: Mejorar los ingresos y las condiciones de vida y laborales de las cooperativas agrarias y de economía social que operan en el sector agrario y forestal para reducir los costes de producción, mejorar y diversificar las actividades productivas, mejorar la calidad de los productos, y proteger y mejorar el entorno así como las condiciones de higiene y bienestar de los animales.

Beneficiarios:

1)

Cooperativas de economía social de tipo B inscritas en el registro de cooperativas de economía social creado mediante la Ley regional no 34 de 18 de diciembre de 2001 que operan en el sector agrario y forestal.

2)

Cooperativas agrarias y agrupaciones de cooperativas agrarias que tengan el estatuto de productor agrícola profesional.

Sectores afectados: Sector agrario.

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Dirección Web:

1.

www.agri-marche.it

2.

www.regione.marche.it

Otros datos: Las subvenciones se concederán exclusivamente para inversiones en el sector agrario y los beneficiarios se seleccionarán mediante concursos públicos.

Ayuda no: XA 122/06

Estado miembro: Italia

Región: Las Marcas

Denominación del régimen de ayuda: Contributi a cooperative o consorzi di cooperative che svolgono attività nel settore agricolo e forestale, nel settore agro-industriale e agroalimentare per il finanziamento di progetti di fattibilità finalizzati ad attivare processi di fusione di cooperative esistenti, allargamento della base sociale, aggregazione di nuove imprese in forma cooperativa con l'obiettivo di aumentare la competitività della struttura cooperativa, consentire alle società cooperative di trovare nuovi sbocchi commerciali, concentrare e riorganizzare l'offerta dei prodotti agricoli e forestali.

Base jurídica:

1.

Art. 6 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7 — «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale»;

2.

Deliberazione di Giunta regionale n. 1222 del 23.10.2006 avente ad oggetto «Programma annuale 2006 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 7», «Promozione della cooperazione per lo sviluppo rurale».

Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía anual global de la ayuda individual concedida a la empresa: El gasto máximo previsto para el año 2006 es de 350 000 EUR. En los siguientes años de aplicación del régimen de ayuda, el gasto máximo se establecerá a través de las correspondientes leyes presupuestarias, aunque no podrá ser superior a 1 000 000 de EUR al año.

Intensidad máxima de la ayuda: No podrán optar a la ayuda los gastos inferiores a 30 000 EUR.

La ayuda no podrá rebasar el 75 % del gasto y no superará los 100 000 EUR por beneficiario en un mismo período de tres años, tal como establece el artículo 14 del Reglamento (CE) no 1/2004

Fecha de aplicación: Como mínimo, 10 días hábiles después del envío del presente impreso, tal como establece el artículo 19, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1/2004.

Duración del régimen o de la ayuda individual: La duración es indeterminada, y está vinculada a las asignaciones presupuestarias anuales decididas por la Región de La Marcas y al periodo de vigencia del Reglamento de exención [Reglamento (CE) no 1/2004].

Objetivo de la ayuda: Favorecer los procesos de fusión de las cooperativas existentes, la ampliación de la base social y la incorporación de nuevas empresas de tipo cooperativo, a fin de aumentar la competitividad de las estructuras cooperativas, permitir que las empresas cooperativas encuentren nuevas salidas comerciales, así como concentrar y reorganizar la oferta de los productos agrícolas y forestales.

Beneficiarios: Cooperativas o consorcios de cooperativas que desarrollan su actividad en el sector agrícola y forestal y en el sector agroindustrial y agroalimentario cuya sede oficial se encuentre en el territorio de la región y estén inscritas en el registro estatal de empresas cooperativas, establecido mediante decreto del «Ministero delle attività produttive» de 23 de junio de 2004.

Sector o sectores afectados: No afecta a sectores específicos.

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

Regione Marche

Servizio Agricoltura, Forestazione e Pesca

Posizione di Funzione Sviluppo della impresa agricola e del sistema agroalimentare

Via Tiziano n. 44

I-60100 Ancona

Dirección web:

3.

www.agri-marche.it

4.

www.regione.marche.it

Otros datos: Las ayudas se concederán exclusivamente a proyectos que se refieran al sector agrario y los beneficiarios serán seleccionados mediante licitación.

Las ayudas a las cooperativas forestales se concederán según las mismas modalidades en cumplimiento de las normas de minimis sobre productos no agrícolas a que se refiere el Reglamento (CE) no 69/2001 de la Comisión, de 12 de enero de 2001 (3).

Ayuda no: XA 123/06

Estado miembro: Países Bajos

Región: Provincie Limburg

Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual: Verplaatsing melkveehouderij Snijders in Zuid- Limburg (Traslado de la explotación lechera Snijders en el sur de la provincia de Limburgo.)

Base jurídica: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global de la ayuda individual concedida a la empresa: Contribución provincial total y única de 100 000 EUR por traslado.

Intensidad máxima de la ayuda: La ayuda máxima a los ganaderos asciende al 40 % de los gastos de traslado, con un másimo de 100 000 EUR. El montante de la ayuda equivale a la cantidad permitida como ayuda a los agricultores cuando su traslado por interés público le aporta instalaciones más modernas que suponen un aumento de su capacidad de producción. Con arreglo al artículo 6, apartados 3 y 4, del Reglamento (CE) no 1/2004, cuando se incrementa el valor de las instalaciones en cuestión y aumenta la capacidad de producción, la contribución del agricultor debe equivaler como mínimo al 60 % del incremento del valor de las instalaciones en cuestión o de los gastos relacionados con dicho aumento. El ganadero aporta un mínimo del 60 %. Melkveehouderij Snijders: presupuesto de 1 524 792,00 EUR.

Fecha de aplicación: La decisión sobre la concesión de la subvención se enviará tras el acuse de recibo de la UE de la presente notificación.

Duración del régimen o de la ayuda individual: De diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2008.

Objetivo de la ayuda: La ayuda está vinculada con el traslado por interés público de explotacines lecheras con perspectivas de futuro de zonas marcadas por limitaciones sobre todo en la gestión territorial pero donde la presencia de estas explotaciones resulta crucial para la preservación de la calidad medioambiental y paisajística. De acuerdo con los objectivos provinciales, el traslado de las explotaciones lecheras debe responder a razones de calidad medioambiental y paisajística y de sostenibilidad.

Sector o sectores afectados: Las explotaciones que pueden optar al régimen de ayudas deben ser explotaciones lecheras intensivas (pequeñas y medianas empresas), tener una extensión de 75 NGE (unidades de superficie holandesas) y estar situadas en zonas con una inclinación de más del 2 % en el sur de la provincia de Limburgo.

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Dirección web: www.limburg.nl

Ayuda no: XA 124/06

Estado miembro: Países Bajos

Región: Provincie Limburg

Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual: Verplaatsing melkveehouderij Mingels in Zuid- Limburg (Traslado de la explotación lechera Mingels en el sur de la provincia de Limburgo).

Base jurídica: Algemene Subsidieverordening 2004

Subsidieregels voorbereidingskosten verplaatsing melkveehouderijen Zuid-Limburg

Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global de la ayuda individual concedida a la empresa: Contribución provincial total y única de 100 000 EUR por traslado.

Intensidad máxima de la ayuda: La ayuda máxima a los ganaderos asciende al 40 % de los gastos de traslado, con un másimo de 100 000 EUR. El montante de la ayuda equivale a la cantidad permitida como ayuda a los agricultores cuando su traslado por interés público le aporta instalaciones más modernas que suponen un aumento de su capacidad de producción. Con arreglo al artículo 6, apartados 3 y 4, del Reglamento (CE) no 1/2004, cuando se incrementa el valor de las instalaciones en cuestión y aumenta la capacidad de producción, la contribución del agricultor debe equivaler como mínimo al 60 % del incremento del valor de las instalaciones en cuestión o de los gastos relacionados con dicho aumento. El ganadero aporta un mínimo del 60 %. Melkveehouderij Mingels: presupuesto de 1 874 970 EUR.

Fecha de aplicación: La decisión sobre la concesión de la subvención se enviará tras el acuse de recibo de la UE de la presente notificación.

Duración del régimen o de la ayuda individual: De diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2008.

Objetivo de la ayuda: La ayuda está vinculada con el traslado por interés público de explotacines lecheras con perspectivas de futuro de zonas marcadas por limitaciones sobre todo en la gestión territorial pero donde la presencia de estas explotaciones resulta crucial para la preservación de la calidad medioambiental y paisajística. De acuerdo con los objectivos provinciales, el traslado de las explotaciones lecheras debe responder a razones de calidad medioambiental y paisajística y de sostenibilidad.

Sector o sectores afectados: Las explotaciones que pueden optar al régimen de ayudas deben ser explotaciones lecheras intensivas (pequeñas y medianas empresas), tener una extensión de 75 NGE (unidades de superficie holandesas) y estar situadas en zonas con una inclinación de más del 2 % en el sur de la provincia de Limburgo.

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Dirección web: www.limburg.nl


(1)  DO L 198 de 22.7.1991, p. 1.

(2)  DO L 1 de 3.1.2004, p. 1.

(3)  DO L 10 de 13.1.2001, p. 30.


14.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 162/10


Información comunicada por los Estados miembros con relación a la ayuda concedida en virtud del Reglamento (CE) no 70/2001 de la Comisión relativo a la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales a las pequeñas y medianas empresas

(2007/C 162/05)

Ayuda no

XA 7005/07

Estado miembro

República Checa

Región a la que se aplica el régimen (NUTS II)

Jihovýchod

Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual suplementaria

Podpora investic v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh

Base jurídica

1.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

3.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

4.

Program rozvoje kraje Vysočina

5.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 07/06

Gasto anual previsto en virtud del régimen

Importe total anua: 5 000 000 CZK (es decir, 0,181 millones de EUR)

Intensidad máxima de la ayuda

Con arreglo al artículo 4 de la Directiva

Hasta un 50 % de los gastos de inversión subvencionables en los sectores de la construcción y la tecnología

Fecha de aplicación

A partir del 1.3.2007

Duración del régimen o de la ayuda individual

Hasta el 31.12.2013

Sector o sectores económicos afectados

Todos los sectores pueden recibir ayuda destinada a inversiones regionales

No

Ayuda limitada a ciertos sectores:

transformación y comercialización de los productos agrícolas recogidos en el anexo I del Tratado CE, con excepción de los sucedáneos o sustitutos de la leche o los productos lácteos.

Indíquese el código correspondiente de la NACE Rev. 1.1  (1)15

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda

Vysočina

Žižkova 57

CZ-587 33 Jihlava

Tél. (420) 564 60 22 08

brom.m@kr-vysocina.cz

www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/zasady-7-2006.pdf


Ayuda no

XA 7006/07

Estado miembro

República Checa

Región

Vysočina

Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual suplementaria

Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství

Base jurídica

1.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

3.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

4.

Program rozvoje kraje Vysočina

5.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 07/06

Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global de la ayuda individual concedida a la empresa

Gasto anual máximo de 600 000 CZK

Intensidad máxima de la ayuda

Importe de la ayuda: hasta un 50 % de los gastos subvencionables.

Los gastos subvencionables por los que se puede conceder una contribución financiera oscilan entre 5 000 CZK y 250 000 CZK por proyecto.

El importe máximo de la ayuda financiera por beneficiario de la misma/gestor de proyecto puede ascender a 1 750 000 CZK a lo largo del periodo 2007–2013.

Fecha de aplicación

A partir del 1.3.2007

Duración del régimen o de la ayuda individual

Hasta el 31.12.2013

Objetivo de la ayuda

La ayuda se destina a aumentar el nivel de competencia de los profesionales que se dedican a actividades relacionadas con la producción primaria de los productos agrícolas recogidos en el anexo I del Tratado CE a fin de incrementar la eficacia y productividad de su trabajo.

Esta ayuda se ajusta a las disposiciones generales vigentes en la República Checa, a los objetivos y prioridades del Programa de desarrollo de la región de Vysoèina y a los Principios del Consejo Regional de Vysoèina, relativos a la concesión de ayuda financiera al sector agrario de la región de Vysoèina durante el periodo 2007–2013 con cargo al presupuesto de la región y con arreglo a las modalidades de control de la utilización de esos recursos. La ayuda se rige asimismo por lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 70/2001.

Se consideran gastos subvencionables los correspondientes a la celebración y organización de concursos y ferias relacionados con la producción primaria de productos agrícolas del anexo I del Tratado CE, incluida la contribución a los gastos de participación de los expositores en tales eventos, los gastos de celebración y organización de actividades de formación relativas a la producción primaria de productos agrícolas del anexo I del Tratado CE (en forma de cursos, seminarios o talleres) y los gastos de asesoría tecnológica y económica a empresarios agrícolas.

Sector o sectores económicos afectados

Todos los sectores

 

o

 

Minería de carbón

 

Todos los sectores fabriles

 

o

 

Siderurgia

 

Construcción naval

 

Fibras sintéticas

 

Vehículos de motor

 

Otras industrias fabriles

 

Transformación y comercialización de productos agrícolas

Todos los servicios

 

o

 

Servicios de transportes

 

Servicios financieros

 

Otros servicios

 

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda

Vysočina

Žižkova 57

CZ-587 33 Jihlava

Otros datos

La región de Vysoèina declara que se cumplirán las condiciones establecidas en el Reglamento (CE) no 70/2001, es decir, que la ayuda se destinará a las pequeñas y medianas empresas, y que se respetarán los límites financieros establecidos en dicho Reglamento.


No de ayuda

XA 7008/07

Estado miembro

Austria

Región en la que se aplica el régimen (NUTS II)

Todas las regiones de conformidad con el mapa aprobado de zonas que pueden recibir ayudas regionales en Austria en el periodo 2007-2013; N 492/06

Denominación del régimen de ayudas

ERP-Landwirtschaftsprogramm

Nachfolgeregelung des ERP-Landwirtschafts-programms, N 519/00

Base jurídica

Richtlinien für das ERP-Landwirtschaftsprogramm

Allgemeine Bestimmungen für die ERP-Programme der Sektoren Tourismus, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Verkehr

Gasto anual previsto en virtud del régimen de ayudas

Importe total anual del régimen de ayudas:

Hasta unos 5 millones de EUR en créditos

= aproximadamente 0,6 millones de EUR de equivalente en subvención bruta.

Intensidad máxima de la ayuda

Conforme con el artículo 4 del Reglamento

Fecha de ejecución

Desde el 1.1.2007

Duración del régimen

Hasta el 31.12.2013

Sectores económicos afectados

Todos los sectores en los que se pueden conceder ayudas regionales a la inversión

No

La ayuda se limita a determinados sectores económicos

Sector de la transformación y comercialización de productos agrícolas

Nombre y dirección de la entidad que concede la ayuda

ERP-Fonds

Ungargasse 37

A-1030 Wien

Tel. (43-1) 501-75 DW 466

e.kober@awsg.at

www.awsg.at/2007plus www.erp-fonds.at


(1)  NACE Rev. 1.1 es la clasificación estadística de las actividades económicas de las Comunidades Europeas.


14.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 162/13


Comunicación de la Comisión en el marco de la aplicación de la Directiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los instrumentos de medida

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(Publicación de títulos y referencias de normas armonizadas conforme a la directiva)

(2007/C 162/06)

OEN (1)

Referencia y título de la norma

(documento de referencia)

Referencia de la norma retirada y sustituida

Fecha límitepara obtener presuncíon de conformidad respecto a la norma sustituida

Nota 1

CEN

EN 1359:1998

Contadores de gas. Contadores de volumen de gas de membranas deformables.

 

EN 1359:1998/A1:2006

 

 

CEN

EN 1434-1:2007

Contadores de energía térmica. Parte 1: Requisitos generales.

 

CEN

EN 1434-2:2007

Contadores de energía térmica. Parte 2: Requisitos de construcción

 

CEN

EN 1434-4:2007

Contadores de energía térmica. Parte 4: Ensayos de aprobación de modelo.

 

CEN

EN 1434-5:2007

Contadores de energía térmica. Parte 5: Ensayos de verificación primitiva.

 

CEN

EN 12261:2002

Contadores de gas. Contadores de gas de turbina.

 

EN 12261:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 12405-1:2005

Contadores de gas. Dispositivos de conversión. Parte 1: Conversión de volumen.

 

EN 12405-1:2005/A1:2006

 

 

CEN

EN 12480:2002

Contadores de gas de desplazamiento rotativo.

 

EN 12480:2002/A1:2006

 

 

CEN

EN 14154-1:2005+A1:2007

Contadores de agua. Parte 1: Requisitos Generales.

 

CEN

EN 14154-2:2005+A1:2007

Contadores de agua. Parte 2: Instalación y condiciones de uso.

 

CEN

EN 14154-3:2005+A1:2007

Contadores de agua. Parte 3: Equipos y métodos de ensayo.

 

CEN

EN 14236:2007

Contadores de gas domésticos ultrasónicos

 

Nota 1

Generalmente la fecha límite para obtener presunción de conformidad será la fecha de la retirada («dow»), indicada por el organismo europeo de normalización, pero se llama la atención de los usuarios de estas normas sobre el hecho de que en ciertas ocasiones excepcionales pudiera ser otro el caso.

Nota 3

En caso de modificaciones, la norma referenciada es la norma EN CCCCC:YYYY, sus modificaciones previas, si las hubiera, y esta nueva modificación; la norma retirada y sustituida (columna 4), por lo tanto, consiste en la norma EN CCCCC:YYYY y sus modificaciones previas, si las hubiera, pero sin la nueva modificación

Aviso:

Todas las informaciones sobre la disponibilidad de las normas pueden obtenerse o en los organismos europeos de normalización o en los organismos nacionales de normalización, podrán encontrar una lista que figura en anexo de la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 98/34/CE (2) modificada por la Directiva 98/48/CE (3).

La publicación de las referencias en el Diario Oficial de la Unión Europea no implica que las normas estén disponibles en todos los idiomas comunitarios.

Esta lista reemplaza las listas anteriores publicadas en el Diario Oficial de la Unión Europea. La Comisión garantiza la puesta al día de la presente lista.

Para obtener más información consulte la dirección siguiente:

http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/standardization/harmstds/


(1)  OEN: Organismo europeo de normalización:

CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 550 08 11; fax (32-2) 550 08 19 (http://www.cen.eu)

CENELEC: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels, Tel. (32-2) 519 68 71; fax (32-2) 519 69 19 (http://www.cenelec.org)

ETSI: 650, route des Lucioles, F-06921 Sophia Antipolis, Tel. (33) 492 94 42 00; fax (33) 493 65 47 16 (http://www.etsi.org)

(2)  DO L 204 de 21.7.1998, p. 37.

(3)  DO L 217 de 5.8.1998, p. 18.


V Dictámenes

PROCEDIMIENTOS RELATIVOS A LA APLICACIÓN DE LA POLÍTICA DE COMPETENCIA

Comisión

14.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 162/15


Notificación previa de una operación de concentración

(Asunto COMP/M.4652 — National Grid/TenneT/BritNed JV)

Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2007/C 162/07)

1.

El 6 de julio de 2007, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual las empresas National Grid plc («National Grid», Reino Unido) y TenneT Holding B.V. («TenneT»; Países Bajos) adquieren el control conjunto, a tenor de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de BritNed Development Ltd («BritNed», Reino Unido) mediante la adquisición de acciones de una empresa a riesgo compartido de nueva creación.

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

National Grid: Explotación del sistema de transmisión eléctrica de alta tensión del Reino Unido; explotación de sistemas de transmisión de gas en el Reino Unido,

TenneT: Explotación del sistema de transmisión eléctrica de alta tensión de los Países Bajos,

BritNed: Construcción y explotación de un interconector de alta tensión entre el Reino Unido y los Países Bajos.

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (2), este asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado establecido en dicha Comunicación.

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en el plazo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.4652 — National Grid/TenneT/BritNed JV, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Concentraciones

J-70

B-1049 Bruselas


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.

(2)  DO C 56 de 5.3.2005, p. 32.


14.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 162/16


Notificación previa de una operación de concentración

(Asunto COMP/M.4773 — 3i/Eltel)

Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2007/C 162/08)

1.

El 6 de julio de 2007, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual la empresa 3i Group Plc («3i», Reino Unido) adquiere el control exclusivo, a tenor de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de Eltel Group Corporation («Eltel», Finlandia) mediante la adquisición de sus acciones.

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

3i: inversiones en capital privado,

Eltel: construcción y mantenimiento de infraestructuras de telecomunicaciones y electricidad.

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (2), este asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado establecido en dicha Comunicación.

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en el plazo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44)] o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.4773 — 3i/Eltel, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Concentraciones

J-70

B-1049 Bruselas


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.

(2)  DO C 56 de 5.3.2005, p. 32.


14.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 162/17


Notificación previa de una operación de concentración

(Asunto COMP/M.4682 — INEOS/Lanxess' engineering thermoplastic resins business)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2007/C 162/09)

1.

Con fecha 6 de julio de 2007 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1) la Comisión recibió notificación de un proyecto de concentración por el que la empresa INEOS («INEOS», Reino Unido) adquiere el control, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de la totalidad de la actividad de ingeniería de resinas termoplásticos actualmente pertenecientes a la empresa Lanxess («Lanxess Business», Alemania) a través de una adquisición de acciones.

2.

Ámbito de actividad de las empresas afectadas:

INEOS: fabricación de productos químicos especiales e intermedios,

Lanxess: ingeniería mundial de resinas termoplásticos y en particular de copolímeros basados en estirenos.

3.

Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la transacción notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva la posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto.

4.

La Comisión insta a terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con respecto a la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación. Las observaciones pueden ser enviadas a la Comisión por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, referencia COMP/M.4682 — INEOS/Lanxess' engineering thermoplastic resins business a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de operaciones de concentración

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.


14.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 162/18


Notificación previa de una operación de concentración

(Asunto COMP/M.4768 — CRH/Cementbouw)

Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2007/C 162/10)

1.

El 10 de julio de 2007, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual la empresa CRH Nederland B.V. («CRH», Países Bajos), perteneciente al grupo CRH plc («CRH plc», Irlanda), adquiere el control, a tenor de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de la totalidad de Cementbouw B.V. («Cementbouw», Países Bajos), mediante la adquisición de sus acciones.

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

CRH: producción y distribución de materiales de construcción (como cemento, áridos, materiales de revestimiento, hormigón preamasado) y productos para la industria de la construcción (como productos de hormigón prefabricado, ladrillos y tejas),

CRH plc: producción y distribución de materiales y productos para la industria de la construcción,

Cementbouw: comercio al por mayor de cemento y otros agentes aglutinantes y producción de hormigón preamasado.

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (2), este asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado establecido en dicha Comunicación.

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en el plazo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.4768 — CRH/Cementbouw, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Concentraciones

J-70

B-1049 Bruselas


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.

(2)  DO C 56 de 5.3.2005, p. 32.


14.7.2007   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 162/19


AYUDAS ESTATALES — AUSTRIA

Ayuda estatal C 16/07 (ex NN 55/06) — Ayuda pública a Postbus en el distrito de Lienz

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2007/C 162/11)

Mediante carta de 30 de mayo de 2007 reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas que aparecen tras el presente resumen, la Comisión notificó a la República Federal de Austria su decisión de incoar el procedimiento establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE referente a la medida mencionada anteriormente.

Las partes interesadas pueden presentar sus observaciones sobre las medidas respecto a las cuales la Comisión incoa el procedimiento en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta que le sigue en la dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Energía y Transportes

Dirección A. Asuntos Generales

B-1049 Bruselas

Fax: (32-2) 296 41 04

Dichas observaciones se comunicarán a la República Federal de Austria. Los interesados que presenten observaciones podrán solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada de forma confidencial.

TEXTO DEL RESUMEN

PROCEDIMIENTOS

Mediante cartas recibidas por la Comisión el 2 y el 23 de agosto de 2002, una empresa austriaca de transporte en autobús presentó una denuncia relativa a las supuestas ayudas estatales concedidas en 2002 por el organismo público de transporte tirolés (Verkehrsverbund Tirol GmbH) a la empresa Postbus AG (denominada en lo sucesivo Postbus), que presta sus servicios en el distrito de Lienz (Tirol). Mediante carta de 14 de julio de 2005, la Comisión pidió información complementaria al Gobierno austriaco sobre esa financiación. La respuesta del mismo se recibió por correo el 3 de octubre de 2005.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA/AYUDA RESPECTO A LA CUAL SE INCOA EL PROCEDIMIENTO

El 16 de abril de 1997 y el 20 de junio de 1997, el Estado federal, el estado federado (Land) del Tirol (Tirol), Postbus y otras empresas de transporte en autobús celebraron un «contrato de suministro para Verkehrsverbund Tirol» cuyo objeto era la creación de Verkehrsverbund Tirol tomando como base una compensación a las empresas de transporte en autobús según la Alteinnahmegarantie. Verkehrsverbund Tirol GmbH, denominado en lo sucesivo VVT, es un ente de derecho privado encargado de la planificación y la coordinación de los transportes en autobús en la región del Tirol oriental. De conformidad con la Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs, el Estado federal abona anualmente a VVT un pago por la organización del transporte público en la región.

Puesto que el artículo 19, apartado 1, de la ÖPNRV-G obliga a las Verkehrsverbundgesellschaften a sustituir el sistema de Alteinnahmegarantie en el plazo de cinco años a partir de 1999 por un sistema de contratos de servicio público, VVT y Postbus abrieron negociaciones con vistas, entre otras cosas, a un contrato de este tipo en el distrito de Lienz.

El 12 de julio de 2002, VVT celebró con la empresa Postbus un contrato de servicio público con vistas al transporte público de pasajeros en las líneas de autobús 5002, 5008, 5010, 5012, 5014, 5050 y 5052 en el distrito tirolés de Lienz. En la fecha de la celebración del contrato, Postbus ya era titular de licencias de explotación de esas líneas.

Puesto que Postbus había solicitado una licencia para la explotación de estas líneas por iniciativa propia, la legislación austríaca considera que estas líneas se explotan «eigenwirtschaftlich». Por lo tanto, el contrato en cuestión no fue objeto de un concurso, porque el Derecho austriaco no prevé esa obligación en el caso de las líneas explotadas «eigenwirtschaftlich».

Postbus fue elegida sobre todo porque era la única empresa que tenía la concesión necesaria para prestar ese servicio de transporte en la región de Lienz.

EVALUACIÓN DE LA MEDIDA/AYUDA

Existencia de ayudas: Como el contrato es de servicio público, procede aplicar la jurisprudencia Altmark del Tribunal de Justicia (1). El examen de la Comisión ha demostrado que se cumple el criterio 1 de la jurisprudencia Altmark, es decir, la atribución a Postbus de la ejecución de obligaciones de servicio público definidas claramente, ya que el contrato de servicio público define con claridad las obligaciones de servicio público de Postbus. En cambio, la Comisión ha llegado a la conclusión de que el criterio 2 de la jurisprudencia Altmark no se cumple en este caso, porque los parámetros en los que se basa el cálculo de la compensación no se han fijado con anterioridad de forma objetiva y transparente. Como se cumplen los demás criterios contemplados en el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE, la Comisión cree que las medidas consideradas son constitutivas de ayuda.

Fundamento jurídico a efectos de la evaluación de la compatibilidad: La Comisión considera que una posible ayuda podría ser, en parte o en su totalidad, compatible con el mercado común con arreglo al artículo 14 del Reglamento (CEE) no 1191/69 del Consejo, pero la Comisión duda del cumplimiento de las condiciones del artículo 14 de dicho Reglamento en lo que respecta a la inexistencia de una compensación excesiva.

De la información remitida por el Gobierno austriaco se desprende, por una parte, que el coste de la prestación de servicios por Postbus asciende a 2 217 000 EUR en total, lo que equivale a un precio medio de 1,92 EUR por kilómetro, y, por otra parte, que el precio pagado por VTT por dicha prestación es de 2 217 000 EUR en total, esto es, 1,92 EUR por kilómetro. En principio, las compensaciones recibidas por Postbus coinciden exactamente con los costes.

Las autoridades austriacas han informado a la Comisión de que VVT comprobó los costes de Postbus en concepto de la ejecución del contrato mediante tres métodos diferentes antes de la celebración de dicho contrato. Estos tres métodos estudian los costes por kilómetro (Prüfung nach Kilometersätzen), de referencia (Prüfung nach Kostensätzen) y según las distintas categorías (Prüfung nach Einzelkostenpositionen).

La Comisión cree que las autoridades austriacas han proporcionado datos que pueden demostrar que el importe de la compensación de Postbus no excede de lo necesario para cubrir los costes ocasionados por el cumplimiento de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de dichas obligaciones. Por consiguiente, los pagos que recibe Postbus en virtud del contrato de servicio público celebrado con VVT y que constituyen ayudas estatales podrían ser compatibles con el mercado común con arreglo al artículo 14 del Reglamento (CEE) no 1191/69.

Sin embargo, la Comisión considera que, puesto que no ha habido concurso y que un competidor directo de Postbus afirma que Postbus recibe una compensación excesiva, resulta conveniente en este asunto dar a este competidor y a cualquier tercero interesado la oportunidad de pronunciarse sobre los métodos austriacos de comprobación de los costes antes de poder concluir con certeza que Postbus no recibe una compensación excesiva. Por lo tanto, la Comisión en este momento abriga dudas sobre si dicha empresa recibe o no una compensación excesiva por sus servicios de transporte.

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, toda ayuda ilegal puede ser reclamada a los beneficiarios.

TEXTO DE LA CARTA

«Die Europäische Kommission (nachfolgend ‚die Kommission‘) teilt Österreich mit, dass sie nach Prüfung der von den österreichischen Behörden über die vorerwähnte Maßnahme übermittelten Angaben beschlossen hat, das Verfahren nach Artikel 88 Absatz 2 des EG-Vertrags einzuleiten.

1.   VERFAHREN

1.

Mit Schreiben vom 2.8.2002 und 23.8.2002, registriert unter den Nummern TREN (2002) A/63803 und TREN (2002) A/68846, hat ein österreichisches Busunternehmen bei der Kommission Beschwerde wegen mutmaßlicher staatlicher Beihilfen eingereicht, die das öffentliche Beförderungsunternehmen Verkehrsverbund Tirol GmbH 2002 dem im Bezirk Lienz (Tirol) tätigen Unternehmen Postbus AG (nachstehend Postbus) gewährt haben soll.

2.

In der Zwischenzeit wurde das Unternehmen Postbus AG durch ÖBB-Postbus ersetzt, das dessen sämtliche rechtliche Verpflichtungen, einschließlich des in diesem Beschluss behandelten öffentlichen Dienstleistungsvertrags, übernommen hat.

3.

Mit Schreiben vom 14.7.2005, registriert unter der Nummer TREN (2005) D/113701, forderte die Kommission von der österreichischen Regierung ergänzende Informationen an. Die Antwort ging am 3.10.2005 bei der Kommission ein und wurde unter der Nummer TREN (2006) A/15295 registriert.

2.   AUSFÜHRLICHE BESCHREIBUNG DER MASSNAHMEN

2.1.   Österreichische Rechtsvorschriften zur Organisation des öffentlichen Busnahverkehrs

4.

In Österreich ist der öffentliche Busnahverkehr im Wesentlichen in drei Gesetzen geregelt, dem Kraftfahrliniengesetz (KflG) (2), dem Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs (ÖPNRV-G) (3) und dem Familienlastenausgleichsgesetz (FLAG) (4).

Kraftfahrliniengesetz

5.

Im Kraftfahrliniengesetz (KflG) sind die Bedingungen festgelegt, die für die Erteilung von Konzessionen zum Betrieb einer Busverbindung gelten. Die Konzessionen werden von der zuständigen Aufsichtsbehörde erteilt, die zu prüfen hat, ob das antragstellende Unternehmen die gesetzlich vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt, insbesondere in Bezug auf die Sicherheit und finanzielle Leistungsfähigkeit.

6.

Beantragt ein Unternehmen von sich aus eine Konzession für eine Strecke und erfolgt deren Bedienung aufgrund dieser Konzession, so wird die Strecke definitionsgemäß ‚eigenwirtschaftlich‘ bedient.

7.

Bei der Konzessionserteilung muss die Aufsichtsbehörde, d. h. der Landeshauptmann, außerdem die Konzessionen berücksichtigen, die in der betreffenden Region bereits erteilt wurden. Wenn durch die Erteilung einer neuen Konzession die wirtschaftliche Tragfähigkeit einer bereits erteilten Konzession gefährdet werden könnte, kann die Aufsichtsbehörde die Konzession verweigern (vgl. § 7 KflG).

8.

In der Regel beträgt die Konzessionsdauer 10 Jahre (§ 15 KflG).

9.

Die Unternehmen, denen eine Konzession erteilt wird, sind verpflichtet, die betreffende Strecke während der gesamten Konzessionsdauer zu bedienen. Sie müssen die vom österreichischen Gesetzgeber vorgesehenen Tarife einhalten, insbesondere für Schüler, Lehrlinge und kinderreiche Familien.

10.

Für die Erteilung der Konzessionen sind keine Ausschreibungen notwendig. Laut Gesetz sind allerdings Ausschreibungen vorgesehen, wenn die Verkehrsverbundorganisationsgesellschaft einen Busdienst auf einer Strecke anzubieten beabsichtigt, für die kein Unternehmen eine Konzession beantragt hat (§ 23(2) KflG). Eine solche Strecke wird dann ‚gemeinwirtschaftlich‘ betrieben.

Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs

11.

Das Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs (ÖPNRV-G) legt die Organisation und Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs im ländlichen Raum Österreichs fest (6 1 ÖPNRV-G).

12.

Die Finanzierungsstrukturen des öffentlichen Nahverkehrs in Österreich gemäß § 20 Abs. 3 und 4 des Finanzausgleichsgesetzes 1997 werden vom ÖPNRV-G nicht berührt (§ 6 ÖPNRV-G). Diese Bestimmungen sehen vor, dass Verluste im öffentlichen Nahverkehr vom Bund abgedeckt werden.

13.

Gemäß § 10(1) ÖPNRV-G werden Forderungen zur Abdeckung von Verlusten im Eigentum des Bundes befindlicher Kraftfahrlinienunternehmen, z. B. Postbus, sofern sie bis zum 1. Juni 1999 geltend gemacht wurden, durch den Bund abgedeckt (Alteinnahmegarantie).

14.

Für die Zeit nach dem 1. Juni 1999 überweist der Bund einen Betrag, der dem Betrag entspricht, der gemäß der Alteinnahmegarantie jährlich an die für die Organisation des öffentlichen Nahverkehrs zuständigen Regionalorgane, die Verkehrsverbundgesellschaften, gezahlt wird. Diese verwenden die Mittel für die Bestellung von Verkehrsdiensten bei Busunternehmen. Vor Bestellung dieser Verkehrsdienste müssen die Verkehrsverbundgesellschaften die Verkehrsleistungen in ihrer Region gemäß §§ 11, 20 und 31 ÖPNRV-G planen (§ 10(2) ÖPNRV-G). Diese Paragraphen enthalten betriebswirtschaftliche und qualitätsbezogene Kriterien, die im öffentlichen Nahverkehr zu erfüllen sind.

15.

Ab dem Jahr 2001 werden die Zahlungen des Bundes an die Verkehrsverbundgesellschaften jährlich um ein Fünftel reduziert (§ 10(3) ÖPNRV-G).

16.

In den §§ 14 ff ÖPNRV-G sind die Bedingungen für die Bildung und Organisation der Verkehrsverbundgesellschaften festgelegt. Die Verkehrsverbundgesellschaften sind laut § 19(1) ÖPNRV-G verpflichtet, das System der Alteinnahmengarantie innerhalb einer Frist von fünf Jahren ab 1999 durch ein neues System öffentlicher Dienstleistungsverträge zu ersetzen.

Familienlastenausgleichsgesetz

17.

Gemäß §§ 30 f und 30 j FLAG ist das Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend ermächtigt, mit Verkehrsunternehmen des öffentlichen Verkehrs Verträge abzuschließen, wonach der Bund den Verkehrsunternehmen einen entsprechenden Ausgleich leistet, wenn die Unternehmen Schüler und Lehrlinge zu einem ermäßigten Fahrpreis oder unentgeltlich befördern.

18.

Aufgrund dieser Bestimmungen hat das Ministerium am 11. Juni 1979, am 8. Februar 1980 und am 22. Oktober 1993 mit Postbus Verträge geschlossen, in denen die an Postbus geleisteten Ausgleichszahlungen genau geregelt sind.

2.2.   Organisation des öffentlichen Nahverkehrs im Bezirk Lienz

19.

Am 16.4.1997 und 20.6.1997 haben der Bund, das Land Tirol, Postbus sowie weitere Busunternehmen einen Vertrag über die Erbringung von Verkehrsdiensten für den Verkehrsverbund Tirol geschlossen. Gegenstand dieses Vertrags war die Bildung des Verkehrsverbunds Tirol auf der Grundlage von Ausgleichsleistungen, die den Busunternehmen gemäß der Alteinnahmegarantie gezahlt werden. Der Verkehrsverbund Tirol GmbH (VVT) ist eine privatrechtliche Einrichtung, die für die Planung und Organisation des Busverkehrs in Osttirol zuständig ist. Wie oben im Abschnitt Bundesgesetz über die Ordnung des öffentlichen Personennah- und Regionalverkehrs erläutert, erhält der VVT vom Bund jährliche Zahlungen für die Organisation des Nahverkehrs in seiner Region.

20.

Da die Verkehrsverbundgesellschaften gemäß § 19(1) ÖPNRV-G verpflichtet sind, das System der Alteinnahmengarantie innerhalb einer Frist von fünf Jahren ab 1999 durch ein System öffentlicher Dienstleistungsverträge zu ersetzen, haben der VVT und Postbus entsprechende Vertragsverhandlungen für den Bezirk Lienz aufgenommen.

21.

Am 12.7.2002 hat der VVT mit Postbus für die Buslinien 5002, 5008, 5010, 5012, 5014, 5050 und 5052 im Tiroler Bezirk Lienz einen öffentlichen Dienstleistungsvertrag für die Personenbeförderung geschlossen. Zu jenem Zeitpunkt verfügte Postbus bereits über eine Konzession für diese Linien.

22.

Da Postbus die Konzession für diese Strecken aus eigenem Antrieb beantragt hatte, wird nach österreichischem Recht davon ausgegangen, dass die Strecken ‚eigenwirtschaftlich‘ bedient werden. Demzufolge wurde besagter Vertrag ohne Ausschreibung geschlossen, da dies nach österreichischem Recht für ‚eigenwirtschaftlich‘ bediente Strecken nicht vorgeschrieben ist.

23.

Das Unternehmen Postbus wurde auch deshalb ausgewählt, weil es als einziges über die erforderliche Konzession für den betreffenden Verkehrsdienst im Bezirk Lienz verfügte.

24.

Mit Schreiben vom 22.5.2002 hat ein konkurrierendes Busunternehmen sein Interesse an der Bedienung der fraglichen Strecken bekundet. Mit Schreiben vom 28.5.2002 stellte der VVT unter Bezugnahme auf Artikel 23(1) KflG fest, dass eine Ausschreibung nicht notwendig ist, da laut diesem Artikel jene Unternehmen Vorrang besitzen, die bereits über eine Konzession für die betreffenden Strecken verfügen.

25.

Mit Schreiben vom 3.10.2005 teilten die österreichischen Behörden der Kommission ferner mit, dass es sich nach ihrer Ansicht um kein ernsthaftes Interesse des Mitbewerbers handelte, da er weder über die nötige Konzession noch über das erforderliche Material verfügte. Angesichts der langen Verfahrensdauer zur Erlangung einer Berechtigung und der Dringlichkeit, einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr zu gewährleisten, halten die österreichischen Behörden eine direkten Vertragsabschluss mit Postbus für gerechtfertigt.

26.

Gegenstand des Vertrags ist die Erbringung öffentlicher Busverkehrsdienste durch Postbus gegen Entgelt. Er trat am 1. Januar 2002 rückwirkend in Kraft und gilt auf unbestimmte Dauer. Die Parteien können den Vertrag unter Einhaltung einer sechsmonatigen Kündigungsfrist erstmals zum Dezember 2006 kündigen.

Bestimmung des Begriffs öffentlicher Busverkehrsdienste durch Postbus

27.

In dem Vertrag (Teil IV) verpflichtet sich Postbus, auf den vorerwähnten Strecken, für die es eine Konzession besitzt, Busverkehrsdienste zu erbringen. Für das Jahr 2002 verpflichtet sich Postbus zur Erbringung von Verkehrsdiensten auf nachstehenden Strecken (Teil IV Nummer (2)):

KFL

Strecke

Fahrplan km

5002

Lienz — Nußdorf Debant — Zell am See

79 356

5008

Lienz — Huben i.O. — Kals — Taurer

167 811

5010

Lienz — Matrei i.O. — Kitzbühel

148 769

5012

Lienz Bf. — Matrei i.O. — Ströden

312 436

5014

Lienz Bf. — Huben i..O. — Stallersattel

199 982

5050

Sillian — Maria Luggau — Mauthen

112 054

5052/5004

Lienz Bf. — Oberdrauburg — Nöbling/Lavant Peggetz — Lienz Bf. — Peggetz — Nußdorf Ort

137 160

 

Gesamtkilometer

1 157 568

28.

Für die Folgejahre wird in dem Vertrag zwischen Bestellleistungen und Bestandsleistungen unterschieden. Diese Unterscheidung ist zum für die Vergütung von Bedeutung (siehe unten), und zum anderen für die Bedingungen einer Änderung der Dienstleistung (siehe folgende Absätze). Bestellleistungen sind laut Vertrag ein bestimmter Umfang an Busverkehrsdiensten, der von dem Unternehmen nicht verändert werden darf. Unter Bestandsleistungen werden Dienstleistungen verstanden, deren Umfang das Unternehmen unter bestimmten Bedingungen verändern kann.

29.

Bestellleistungen: Laut Teil IV(3) des Vertrags bestehen 204 807 km aus Bestellleistungen. Gemäß Teil IV(4) ist es Postbus untersagt, die im Rahmen der Bestellleistungen erbrachten Kilometer ohne vorherige schriftliche Genehmigung des VVT zu verringern. Daher muss Postbus ab 2003 auf den 7 Strecken, die Gegenstand des Vertrags sind, mindestens 204 807 km erbringen.

30.

Bestandsleistungen: Laut Teil IV(3) des Vertrags bestehen 952 761 km aus Bestandsleistungen. Gemäß Teil IV(4) ist es Postbus erlaubt, die im Rahmen der Bestandsleistungen erbrachten Kilometer ohne vorherige Zustimmung des VVT zu verringern. Allerdings muss Postbus den VVT mindestens drei Monate vorher über die Verringerung des Angebots in Kenntnis setzen.

31.

In Teil V ist die Qualität der zu erbringenden Verkehrsdienste festgelegt. Danach muss Postbus für die Verkehrsdienste über 25 Busse mit einem Durchschnittsalter von höchstens 6 Jahren verfügen, von denen jährlich rund 10 % durch neue Busse zu ersetzen sind. Ferner müssen die Fahrer über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, um sich mit den Kunden angemessen verständigen zu können.

32.

In Teil V(2) wird die Qualität neu angeschaffter Busse genau geregelt. Die Fahrzeuge müssen demnach über eine Klimaanlage, bequeme Sitze, eine Funkverbindung mit der Betriebszentrale und einen Fahrscheinautomat verfügen. Ferner muss es sich bei einem Teil der Fahrzeuge um Niederflurbusse handeln.

33.

Im Fall der Nichterfüllung der Qualitätskriterien sind Vertragsstrafen vorgesehen.

Berechnung der an Postbus gezahlten Vergütung

34.

Für die Berechnung der Vergütung wird in dem Vertrag zwischen Bestellleistungen und Bestandsleistungen unterschieden.

35.

Bestellleistungen: In Teil XIII(1) des Vertrags ist vorgesehen, dass Postbus jährlich 527 000 EUR zuzüglich Umsatzsteuer erhält. Gemäß Nummer (2) werden die Zahlungen in zwölf über das Jahr verteilte Raten geleistet.

36.

In Teil XIII(3) ist vorgesehen, dass die Parteien für die Zeit ab 2007 ein Übereinkommen treffen.

37.

Bestandsleistungen: Die Teile X bis XII betreffen die Berechnung des Preises für die Bestandsleistungen.

38.

In Teil X(2) wird die Vergütung für die Bestandsleistungen des Jahres 2002 auf 1 690 000 EUR festgelegt. Gemäß Teil X(3) setzt sich diese Vergütung aus folgenden Beträgen zusammen:

der Verbundabgeltung, deren Höhe jedes Jahr für jede Strecke entsprechend dem Fahrgastaufkommen festgesetzt wird;

den Erträgen aus dem Fahrscheinverkauf ohne Umsatzsteuer;

den Zahlungen des Bundesministeriums für Gesundheit, Familie und Jugend, die als Ausgleich für die Schülern und Lehrlingen gemäß § 29 ÖPNRV-G gewährten Fahrpreisermäßigungen sowie aufgrund der nach §§ 30 f und 30 j FLAG zwischen dem Ministerium und Postbus geschlossenen Verträge geleistet werden.

39.

Für das erste Vertragsjahr wurde festgelegt, dass die Verbundabgeltung 1 690 000 EUR abzüglich der Erträge aus dem Fahrscheinverkauf und den für die Erfüllung der Tarifpflichten geleisteten Ausgleichszahlungen beträgt. Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses war den Parteien weder die Höhe der Erträge aus dem Fahrscheinverkauf noch die der Ausgleichszahlungen bekannt. Der Gesamtbetrag der Verbundabgeltung ist somit im Vertrag nicht festgelegt.

40.

Die österreichische Regierung teilte der Kommission mit, dass im Jahr 2002 die Erträge aus dem Fahrscheinverkauf sich auf 386 961,85 EUR beliefen und die für die Erfüllung der Tarifpflichten geleisteten Ausgleichszahlungen auf 914 216,82 EUR. Die Verbundabgeltung wurde somit auf 388 821,33 EUR festgesetzt.

41.

In den Folgejahren setzen sich die Zahlungen aus den jeweiligen Erträgen aus dem Fahrscheinverkauf, dem für die Erfüllung der Tarifpflichten geleisteten Ausgleich und der Verbundabgeltung zusammen, deren Höhe gemäß den Bestimmungen in Teil XI des Vertrags angepasst wird.

42.

In Teil XI(2) des Vertrags heißt es zunächst, dass die für 2002 berechnete Verbundabgeltung anteilig zu den auf den einzelnen Strecken erzielten Erträgen aus dem Fahrscheinverkauf hinzugerechnet wird.

43.

Für 2003 und die Jahre danach wird die Verbundabgeltung einzeln für jede Strecke berechnet. Ist in einem Jahr der Dienstleistungsumfang genauso groß oder noch größer als 2002, so wird für die betreffende Strecke dieselbe Verbundabgeltung geleistet wie 2002.

44.

Wird der Dienstleistungsumfang verringert, so wird die Verbundabgeltung in demselben Maße verringert wie die Dienste. Sollte Postbus anschließend die Zahl der Fahrten wieder erhöhen, so bleibt die Verbundabgeltung unverändert auf dem niedrigeren Stand.

45.

Aufgrund dieses Berechnungsverfahrens beläuft sich somit der vom VVT an Postbus zu zahlende Gesamtbetrag auf 2 217 000 EUR.

3.   RECHTLICHE WÜRDIGUNG

3.1.   Position des Beschwerdeführers

46.

Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, dass der zwischen Postbus und dem VVT geschlossene Vertrag Gegenstand einer Ausschreibung hätte sein müssen, da der Vertrag einen unter die Richtlinie 92/50/EG fallenden Verkehrsvertrag darstelle.

47.

Der Beschwerdeführer ist auch der Auffassung, dass die vertraglich vorgesehene jährliche Zahlung eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags darstelle, die Österreich der Kommission vorab hätte melden müssen und erst nach Genehmigung durch die Kommission hätte gewähren dürfen.

48.

Der Beschwerdeführer führt insbesondere aus, dass der Vertrag einen Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes im Sinne von Artikel 1 Absatz 4 der Verordnung 1191/69/EG und nicht eine Auferlegung von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes im Sinne von Artikel 1 Absatz 5 der Verordnung 1191/69/EG darstelle. Folglich seien die vertraglich vereinbarten Zahlungen nicht von der in Artikel 16 der Verordnung 1191/69/EG vorgesehenen Befreiung von der Anmeldepflicht abgedeckt.

49.

Der Beschwerdeführer ist der Auffassung, dass die vertraglich vorgesehenen Zahlungen eine Überkompensation für Postbus umfassten, da sie nicht Ergebnis einer Ausschreibung gewesen seien.

3.2.   Position der österreichischen Regierung

50.

Die österreichische Regierung ist der Auffassung, dass der fragliche Vertrag ein Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes sei, der von der Verordnung 1191/69/EG erfasst werde, und folglich Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags auf diesen Vertrag keine Anwendung finde.

3.3.   Rechtliche Würdigung durch die Kommission

51.

Die Kommission weist als erstes das Argument der österreichischen Regierung zurück, wonach Artikel 87 Absatz 1 nicht auf einen Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes anwendbar sei, der von der Verordnung 1191/69/EG erfasst wird.

52.

Bei der Verordnung 1191/69/EG handelt es sich um eine Verordnung, die es unter anderem erlaubt, bestimmte Beihilfen für mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu erklären, die von den Mitgliedstaaten in Form eines Ausgleichs für die Auferlegung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen gewährt werden, was die Mitgliedstaaten von der in Artikel 88 Absatz 3 vorgesehenen Pflicht zur Anmeldung der Beihilfen vor ihrer Gewährung bei der Kommission befreit.

53.

Die in der Verordnung 1191/69/EG festgelegten Regeln für staatliche Beihilfen gelten jedoch ausschließlich für Maßnahmen, die eine staatliche Beihilfe im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags darstellen. Mit anderen Worten handelt es sich bei der Verordnung 1191/69/EG um eine Verordnung zur Vereinbarkeit.

54.

Es ist daher an erster Stelle zu prüfen, ob die im Vertrag zwischen Postbus und dem VVT vorgesehenen Zahlungen staatliche Beihilfen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags darstellen. Ist dies der Fall, muss anschließend geprüft werden, ob sie mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind.

3.3.1.   Vorliegen einer staatlichen Beihilfe

55.

Gemäß Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags sind, ‚soweit in diesem Vertrag nicht etwas anderes bestimmt ist, staatliche oder aus staatlichen Mitteln gewährte Beihilfen gleich welcher Art, die durch die Begünstigung bestimmter Unternehmen oder Produktionszweige den Wettbewerb verfälschen oder zu verfälschen drohen, mit dem Gemeinsamen Markt unvereinbar, soweit sie den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigen‘.

56.

Postbus erhält die Beihilfen vom VTT, der durch das Land Tirol und den Bund finanziert wird. Die Zahlung erfolgt also aus staatlichen Mitteln.

57.

Die Busbetreiber üben eine wirtschaftliche Tätigkeit aus: die Personenbeförderung gegen Entgelt; sie sind demnach Unternehmen im Sinne von Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags.

58.

Des Weiteren stellt sich die Frage, ob die Busbetreiber einen wirtschaftlichen Vorteil erlangen. Der Gerichtshof hat die Kriterien, anhand deren beurteilt wird, ob es sich um einen gerechten Ausgleich für eine öffentliche Dienstleistung handelt, in seinem Urteil ‚Altmark Trans‘  (5) dargelegt:

Öffentliche Zuschüsse, die den Betrieb von Liniendiensten im Stadt-, Vorort- und Regionalverkehr ermöglichen sollen, fallen jedoch nicht unter diese Bestimmung, soweit sie als Ausgleich anzusehen sind, der die Gegenleistung für Leistungen darstellt, die von den begünstigten Unternehmen zur Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen erbracht werden. […]:

59.

Dies ist dem EuGH zufolge dann der Fall, wenn folgende vier Kriterien erfüllt sind:

erstens ist das begünstigte Unternehmen tatsächlich mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betraut worden, und diese Verpflichtungen sind klar definiert worden,

zweitens sind die Parameter, anhand deren der Ausgleich berechnet wird, zuvor objektiv und transparent aufgestellt worden,

drittens geht der Ausgleich nicht über das hinaus, was erforderlich ist, um die Kosten der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und eines angemessenen Gewinns aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen ganz oder teilweise zu decken,

viertens ist die Höhe des erforderlichen Ausgleichs, wenn die Wahl des Unternehmens, das mit der Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betraut werden soll, nicht im Rahmen eines Verfahrens zur Vergabe öffentlicher Aufträge erfolgt, auf der Grundlage einer Analyse der Kosten bestimmt worden, die ein durchschnittliches, gut geführtes Unternehmen, das so angemessen mit Transportmitteln ausgestattet ist, dass es den gestellten gemeinwirtschaftlichen Anforderungen genügen kann, bei der Erfüllung der betreffenden Verpflichtungen hätte, wobei die dabei erzielten Einnahmen und ein angemessener Gewinn aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen zu berücksichtigen sind.

3.3.1.1.   Tatsächlich mit der Erfüllung klar definierter gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen betrautes Unternehmen

60.

In Anhang 1 des Weißbuches zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (6) werden gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen wie folgt definiert: ‚Besondere Anforderungen staatlicher Behörden an den Anbieter des betreffenden Dienstes, mit denen sichergestellt werden soll, dass bestimmte Gemeinwohlinteressen erfüllt werden […]‘.

61.

Die zwischen Postbus und dem Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend geschlossenen Verträge schreiben die unentgeltliche Beförderung von Schülern und Lehrlingen vor und entsprechen insofern einem Ziel der öffentlichen Ordnung, als solche Verträge mit sämtlichen Unternehmen des öffentlichen Personenverkehrs der Republik Österreich bestehen.

62.

Die zwischen Postbus und dem VVT geschlossenen Verträge enthalten für den Dienstleister spezifische Anforderungen, um angesichts des ländlichen Charakters, der geringen Bevölkerungsdichte und der geografischen Gegebenheiten der bedienten Gebiete für die Schaffung eines ausgewogenen Beförderungsnetzes zu sorgen. Diese Faktoren bilden für die Unternehmen keinen Anreiz, diese Dienste auf rein kommerzieller Basis anzubieten. Das Unternehmen Postbus muss diese Dienste und Fahrzeiten anbieten, und die entsprechenden Strecken sind, wie in Nummer 2 dieses Beschlusses erläutert, vertraglich festgelegt.

63.

Somit ist Postbus aufgrund dieser öffentlichen Dienstleistungsverträge mit der Erbringung eines öffentlichen Verkehrsdienstes im Bezirk Lienz beauftragt. Das erste Altmark-Kriterium ist daher erfüllt.

3.3.1.2.   Zuvor objektiv und transparent aufgestellte Parameter, anhand deren der Ausgleich berechnet wird

64.

Zweitens sollte festgestellt werden, ob zuvor die Parameter zur Berechnung des Ausgleichs objektiv und transparent aufgestellt worden sind.

65.

Im Vertrag wird zwischen Zahlungen für Bestellleistungen und Zahlungen für Bestandsleistungen differenziert.

66.

Für die Bestellleistungen sieht der Vertrag einen Pauschalpreis von 527 000 EUR vor. Daher ist davon auszugehen, dass dieser Preis im Voraus festgelegt worden ist.

67.

Anschließend stellt sich die Frage, ob die Festlegung objektiv und transparent erfolgte. Der Vertrag enthält keinerlei Bestimmung, aus der sich erschließen ließe, wie die Parteien diesen Preis ermittelt haben. Die Kommission ist daher der Auffassung, dass die Parameter zur Berechnung des Ausgleichs für die Bestellleistungen zwar im Voraus, jedoch nicht objektiv und transparent aufgestellt worden sind. Damit ist nach Ansicht der Kommission das zweite Altmark-Kriterium nicht erfüllt.

68.

Für die Bestandsleistungen ist im Vertrag für 2002 eine Gesamtvergütung von 1 690 000 EUR für 952 761 Kilometer vorgesehen. Ferner legt der Vertrag die drei Bestandteile der Vergütung fest, nämlich die Erträge aus dem Fahrscheinverkauf, die Ausgleichszahlungen des Bundes für die unentgeltliche Beförderung von Schülern und Lehrlingen sowie die Verbundabgeltung, die dem Differenzbetrag zwischen 1 690 000 EUR und der Summe der beiden ersten Bestandteile entspricht.

69.

Zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses war den Parteien allerdings weder die Höhe der Erträge aus dem Fahrscheinverkauf noch die der Ausgleichszahlungen des Bundes bekannt. Somit wurden die drei Bestandteile, aus denen sich der Ausgleich zusammensetzt, nicht vor dem Abschluss des Vertrags festgelegt. Damit ist auch für die Bestandsleistungen das zweite Altmark-Kriterium nicht erfüllt.

70.

Die Kommission ist daher der Ansicht, dass im vorliegenden Fall das zweite Altmark-Kriterium nicht erfüllt ist.

71.

Da es sich um vier kumulative Kriterien handelt und eines dieser Kriterien nicht erfüllt ist, gelangt die Kommission unmittelbar zu dem Schluss, dass die betreffenden Zahlungen für das Unternehmen Postbus als ein wirtschaftlicher Vorteil anzusehen sind.

3.3.1.3.   Wettbewerbsverfälschungen und Auswirkungen auf den Handel

72.

Das Unternehmen ÖBB Postbus ist auf dem Markt für Verkehrsleistungen mit Kraftomnibussen in ganz Österreich tätig und verfügt über einen großen Marktanteil. Die Gewährung eines wirtschaftlichen Vorteils zugunsten dieses Unternehmens kann daher zu Wettbewerbsverfälschungen führen.

73.

Im vorliegenden Fall können sich Wettbewerbsverfälschungen insbesondere dadurch ergeben, dass die öffentliche Finanzierung dem Unternehmen gewährt wird, das die Genehmigung für den Busverkehr in dem betreffenden Bezirk innehat. Diese öffentliche Finanzierung kann daher möglicherweise andere Unternehmen daran hindern, Betriebsgenehmigungen für Nahverkehrslinien zu erhalten, da sie die Stellung der begünstigten Unternehmen stärkt und es ihnen ermöglicht, zum Zeitpunkt der Erneuerung der Genehmigungen attraktivere kommerzielle Bedingungen zu bieten.

74.

Was die Möglichkeit angeht, dass die verfahrensgegenständliche Maßnahme den Handel zwischen Mitgliedstaaten beeinträchtigt, stellt die Kommission als erstes fest, dass der Markt für Beförderungsleistungen im örtlichen oder regionalen öffentlichen Verkehr in Österreich und anderen Mitgliedstaaten dem Wettbewerb offen steht, da kein nationales Monopol für ein oder mehrere Unternehmen auf diesem Markt besteht.

75.

In diesem Zusammenhang weist die Kommission Österreich auf die Randnummern 77 ff. des Urteils in der Rechtssache Altmark Trans hin, in denen der Gerichtshof Folgendes befunden hat:

 

Es ist keineswegs ausgeschlossen, dass sich ein öffentlicher Zuschuss, der einem Unternehmen gewährt wird, das ausschließlich örtliche oder regionale Verkehrsdienste und keine Verkehrsdienste außerhalb seines Heimatstaats leistet, gleichwohl auf den Handel zwischen Mitgliedstaaten auswirken kann.

 

Gewährt nämlich ein Mitgliedstaat einem Unternehmen einen öffentlichen Zuschuss, so kann dadurch die Erbringung von Verkehrsdiensten durch dieses Unternehmen beibehalten oder ausgeweitet werden, so dass sich die Chancen der in anderen Mitgliedstaaten niedergelassenen Unternehmen, ihre Verkehrsdienste auf dem Markt dieses Staates zu erbringen, verringern (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 13. Juli 1988 in der Rechtssache 102/87, Frankreich/Kommission, Slg. 1988, 4067, Randnr. 19, vom 21. März 1991 in der Rechtssache C-305/89, Italien/Kommission, Slg. 1991, I-1603, Randnr. 26, und Spanien/Kommission, Randnr. 40).

 

Im vorliegenden Fall ist diese Feststellung nicht nur hypothetischer Natur; wie sich insbesondere aus den Erklärungen der Kommission ergibt, haben nämlich mehrere Mitgliedstaaten bereits 1995 begonnen, einzelne Verkehrsmärkte dem Wettbewerb durch in anderen Mitgliedstaaten ansässige Unternehmen zu öffnen, so dass mehrere Unternehmen bereits ihre Stadt-, Vorort- oder Regionalverkehrsdienste in anderen Mitgliedstaaten als ihrem Heimatstaat anbieten.

 

Sodann gilt die Mitteilung der Kommission vom 6. März 1996 über ‚De minimis‘-Beihilfen (ABl. C 68, S. 9) nicht für den Verkehrssektor, wie sich aus ihrem vierten Absatz ergibt. Auch die Verordnung (EG) Nr. 69/2001 der Kommission vom 12. Januar 2001 über die Anwendung der Artikel 87 und 88 des EG-Vertrags auf ‚De-minimis‘-Beihilfen (ABl. L 10, S. 30) gilt nach ihrer dritten Begründungserwägung und ihrem Artikel 1 Buchstabe a nicht für diesen Sektor.

 

Schließlich gibt es nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes keine Schwelle und keinen Prozentsatz, bis zu der oder dem man davon ausgehen könnte, dass der Handel zwischen Mitgliedstaaten nicht beeinträchtigt wäre. Weder der verhältnismäßig geringe Umfang einer Beihilfe noch die verhältnismäßig geringe Größe des begünstigten Unternehmens schließt nämlich von vornherein die Möglichkeit einer Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten aus (Urteile Tubemeuse, Randnr. 43, und Spanien/Kommission, Randnr. 42).

 

Die zweite Anwendungsvoraussetzung von Artikel 92 Absatz 1 des EG-Vertrags, wonach die Beihilfe geeignet sein muss, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen, hängt daher nicht ab vom örtlichen oder regionalen Charakter der erbrachten Verkehrsdienste oder von der Größe des betreffenden Tätigkeitsgebiets.

76.

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass die Chancen in anderen Mitgliedstaaten niedergelassener Unternehmen, Verkehrsdienste auf dem österreichischen Markt zu erbringen, durch die fragliche Maßnahme verringert werden.

77.

Folglich birgt die öffentliche Finanzierung zugunsten von Postbus durch den VVT die Gefahr der Schaffung von Wettbewerbsverfälschungen und Beeinträchtigungen des Handels zwischen Mitgliedstaaten.

3.3.1.4.   Schlussfolgerung

78.

Da das zweite Altmark-Kriterium nicht erfüllt wird und alle anderen Bedingungen von Artikel 87 Absatz 1 erfüllt sind, ist die Kommission der Auffassung, dass die fraglichen Zahlungen eine staatliche Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 des EG-Vertrags darstellen. Es ist daher zu prüfen, ob diese Beihilfe als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt werden kann.

3.3.2.   Vereinbarkeit der Beihilfe mit dem Gemeinsamen Markt

79.

Artikel 73 des EG-Vertrags sieht für den Landverkehr vor: ‚Mit diesem Vertrag vereinbar sind Beihilfen, die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen.

3.3.2.1.   Die Rechtsprechung in der Rechtssache Altmark zur Anwendbarkeit von Artikel 73

80.

Dem Gerichtshof zufolge sind ‚nach Artikel 77 (nunmehr Artikel 73) des EG-Vertrags (…) Beihilfen, die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen, mit dem des EG-Vertrags vereinbar. […] Nach dem Erlass der Verordnung Nr. 1107/70 über Beihilfen im Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehr sind die Mitgliedstaaten nicht mehr befugt, sich außerhalb der im abgeleiteten Gemeinschaftsrecht genannten Fälle auf Artikel 77 des EG-Vertrags zu berufen, wonach Beihilfen, die den Erfordernissen der Koordinierung des Verkehrs oder der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen, mit dem EG-Vertrag vereinbar sind. Soweit die Verordnung Nr. 1191/69 über das Vorgehen der Mitgliedstaaten bei mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes verbundenen Verpflichtungen auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs im vorliegenden Fall nicht anwendbar ist und die im Ausgangsverfahren fraglichen Zuschüsse unter Artikel 92 Absatz 1 (nach der Änderung Artikel 87 Absatz 1 des EG-Vertrags fallen, legt die Verordnung Nr. 1107/70 infolgedessen abschließend fest, unter welchen Voraussetzungen die Behörden der Mitgliedstaaten Beihilfen im Sinne von Artikel 77 des EG-Vertrags gewähren können.‘  (7)

81.

Es stellt sich somit die Frage, ob die Verordnung Nr. 1191/69/EG oder die Verordnung Nr. 1107/70/EG Regeln über die Vereinbarkeit staatlicher Beihilfen enthält, die im vorliegenden Fall anwendbar sind.

3.3.2.2.   Vereinbarkeit auf der Grundlage der Verordnung 1191/69/EG

Anwendungsbereich der Verordnung 1191/69/EG

82.

Der Anwendungsbereich der Verordnung 1191/69/EG ist in Artikel 1 Absatz 1 und 2 wie folgt bestimmt:

1.

Diese Verordnung gilt für Verkehrsunternehmen, die Verkehrsdienste auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs betreiben. Die Mitgliedstaaten können die Unternehmen, deren Tätigkeit ausschließlich auf den Betrieb von Stadt-, Vorort- und Regionalverkehrsdiensten beschränkt ist, vom Anwendungsbereich dieser Verordnung ausnehmen.

2.

Im Sinne dieser Verordnung bedeutet:

‚Stadt- und Vorortverkehrsdienste‘ den Betrieb von Verkehrsdiensten, die die Verkehrsbedürfnisse sowohl in einem Stadtgebiet oder einem Ballungsraum als auch zwischen einem Stadtgebiet oder einem Ballungsraum und seinem Umland befriedigen,

‚Regionalverkehrsdienste‘ den Betrieb von Verkehrsdiensten, um die Verkehrsbedürfnisse in einer Region zu befriedigen.

83.

Österreich hat von der Möglichkeit Gebrauch gemacht, bestimmte Unternehmen aus dem Anwendungsbereich der Verordnung auszunehmen: Nach Artikel 2 des Privatbahnunterstützungsgesetzes 1998  (8) sind Unternehmen vom Anwendungsbereich der Verordnung 1191/69/EG ausgenommen, die ausschließlich Dienste im Stadt- und Vorortverkehr betreiben.

84.

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den fraglichen Diensten jedoch um regionale Dienste. Folglich findet die Verordnung 1191/69/EG Anwendung.

Von Österreich gewählte Regelung

85.

In Artikel 1 Absatz 3 bis 5 der Verordnung 1191/69/EG sind die beiden unterschiedlichen Regelungen beschrieben, nämlich die Auferlegung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen und die Vertragsvergabe, zwischen denen die Mitgliedstaaten bei der Organisation und Finanzierung des öffentlichen Verkehrs wählen können.

(3)

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten heben die auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehrs auferlegten, in dieser Verordnung definierten Verpflichtungen auf, die mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes verbunden sind.

(4)

Um insbesondere unter Berücksichtigung sozialer, umweltpolitischer und landesplanerischer Faktoren eine ausreichende Verkehrsbedienung sicherzustellen oder um Sondertarife für bestimmte Gruppen von Reisenden anzubieten, können die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten mit einem Verkehrsunternehmen Verträge über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes abschließen. Die Bedingungen und Einzelheiten dieser Verträge sind in Abschnitt V festgelegt.

(5)

Die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten können jedoch im Stadt-, Vorort- und Regionalpersonenverkehr Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes im Sinne des Artikels 2 beibehalten oder auferlegen. Die diesbezüglichen Bedingungen und Einzelheiten, einschließlich der Ausgleichsmethoden, sind in den Abschnitten II, III und IV festgelegt. Ist ein Verkehrsunternehmen außer auf dem Gebiet der Verkehrsdienste, für die Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes gelten, noch in anderen Bereichen tätig, so sind die Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes in einem gesonderten Unternehmensbereich zu erbringen, der mindestens folgende Anforderungen erfüllt:

a)

getrennte Rechnungsführung für jeden dieser Tätigkeitsbereiche und entsprechende Zuordnung der Aktiva nach den geltenden Buchungsregeln;

b)

Ausgleich der Ausgaben durch die Betriebseinnahmen und durch die Zahlungen der öffentlichen Hand ohne die Möglichkeit von Transfers von oder zu anderen Unternehmensbereichen.

(6)

Ferner haben die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats die Möglichkeit, im Bereich der Personenbeförderung die Absätze 3 und 4 nicht auf die im Interesse einer oder mehrerer besonderer sozialer Gruppen festgelegten Beförderungstarife und -bedingungen anzuwenden.

86.

Österreich hat sich für die Vertragsvergabe entschieden. So sieht § 19 ÖPNRV-G vor, dass die Verkehrsverbünde das System der Alteinnahmegarantie innerhalb von fünf Jahren durch ein Vertragssystem ersetzen (siehe die obige Darlegung). Folglich sind für die in Frage stehenden Maßnahmen die Regeln in Abschnitt V der Verordnung 1191/69/EG anwendbar.

Anwendung von Abschnitt V der Verordnung 1191/69/EG

87.

Abschnitt V der Verordnung 1191/69/EG umfasst einen einzigen Artikel, Artikel 14, mit folgendem Wortlaut:

(1)

Ein ‚Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes‘ ist ein Vertrag, der zwischen den zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats und einem Verkehrsunternehmen abgeschlossen wird, um der Allgemeinheit ausreichende Verkehrsdienste zu bieten.

Ein Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes kann insbesondere folgendes umfassen:

Verkehrsdienste, die bestimmten Anforderungen an die Kontinuität, Regelmäßigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität genügen;

zusätzliche Verkehrsdienste;

Verkehrsdienste zu besonderen Tarifen und Bedingungen, vor allem für bestimmte Personengruppen oder auf bestimmten Verkehrsverbindungen;

eine Anpassung der Dienste an den tatsächlichen Bedarf.

(2)

In einem Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes werden unter anderem folgende Punkte geregelt:

a)

die Einzelheiten des Verkehrsdienstes, vor allem die Anforderungen an Kontinuität, Regelmäßigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität;

b)

der Preis für die vertraglich vereinbarten Dienstleistungen, der die Tarifeinnahmen ergänzt oder die Einnahmen miteinschließt, sowie die Einzelheiten der finanziellen Beziehungen zwischen den beiden Parteien;

c)

Vertragszusätze und Vertragsänderungen, um insbesondere unvorhersehbare Veränderungen zu berücksichtigen;

d)

die Geltungsdauer des Vertrages;

e)

die Sanktionen bei Nichterfüllung des Vertrages.

(3)

Das Sachanlagevermögen, das für die Erbringung von Verkehrsdiensten eingesetzt wird, die Gegenstand eines Vertrages über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes sind, kann sich im Besitz des Unternehmens befinden oder ihm zur Verfügung gestellt werden.

(4)

Ein Unternehmen, das einen Verkehrsdienst, den es der Allgemeinheit kontinuierlich und regelmäßig bietet und der nicht unter die Vertragsregelung oder das System der Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes fällt, einstellen oder wesentlich ändern möchte, teilt dies den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von mindestens drei Monaten mit. Die zuständigen Behörden können darauf verzichten, unterrichtet zu werden. Durch diese Bestimmung bleiben die einschlägigen anderen einzelstaatlichen Verfahren betreffend das Recht auf Einstellung oder Änderung von Verkehrsdiensten unberührt.

(5)

Nach Eingang der Mitteilung nach Absatz 4 können die zuständigen Behörden vorschreiben, dass der betreffende Verkehrsdienst noch höchstens ein Jahr lang, gerechnet vom Zeitpunkt der Kündigung an, aufrechterhalten wird; sie teilen diese Entscheidung dem Unternehmen mindestens einen Monat vor Ablauf der Kündigungsfrist mit. Die Behörden können ferner von sich aus die Einrichtung oder die Änderung eines solchen Verkehrsdienstes aushandeln.

(6)

Für die Kosten, die den Verkehrsunternehmen aus den Verpflichtungen im Sinne des Absatzes 5 erwachsen, erhalten diese einen Ausgleich nach den in den Abschnitten II, III und IV genannten gemeinsamen Methoden.

88.

Der zwischen Postbus und dem VVT geschlossene Vertrag ist ein Vertrag zwischen der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaats und einem Verkehrsunternehmen mit dem Zweck, der Allgemeinheit ausreichende Verkehrsdienste zu bieten.

89.

Der Vertrag umfasst insbesondere Folgendes: Verkehrsdienste, die bestimmten Anforderungen an die Kontinuität, Regelmäßigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität genügen; Verkehrsdienste zu besonderen Tarifen und Bedingungen, vor allem für bestimmte Personengruppen; eine Anpassung der Dienste an den tatsächlichen Bedarf.

90.

Der Vertrag kann somit als Vertrag über Verkehrsdienste aufgrund von Verpflichtungen des öffentlichen Dienstes im Sinne von Artikel 14 der Verordnung 1191/69/EG angesehen werden.

91.

Die Kommission stellt fest, dass sowohl der Zweck (‚der Allgemeinheit ausreichende Verkehrsdienste zu bieten‘) als auch der Inhalt der öffentlichen Dienstleistungsverträge (‚Anforderungen an Kontinuität, Regelmäßigkeit, Leistungsfähigkeit und Qualität‘, Festlegung der Tarife und Bedingungen ‚für bestimmte Personengruppen oder auf bestimmten Verkehrsverbindungen‘, ‚Anpassung der Dienste an den tatsächlichen Bedarf‘ usw.) nicht von denen abweichen, die Gegenstand gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen, die vom Staat oder seinen Körperschaften auferlegt werden, sein können. Andererseits ist nicht auszuschließen, dass der im Vertrag festgelegte Preis für solche Leistungen nicht dem Marktpreis entspricht und somit als staatliche Beihilfe zugunsten des Vertragspartners angesehen werden kann.

92.

Diesbezüglich stellt die Kommission als erstes fest, dass der Gesetzgeber mit der Annahme der Verordnung 1191/69 festzulegen bezweckte, unter welchen Bedingungen ‚Beihilfen, die […] der Abgeltung bestimmter, mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängender Leistungen entsprechen‘, die in Artikel 73 des EG-Vertrags genannt werden, mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar sind. Die Anwendung von Artikel 73, somit auch die Anwendung der Verordnung 1191/69, setzt jedoch das Vorliegen einer staatlichen Beihilfe im Sinne des Artikels 87 Absatz 1 des EG-Vertrags voraus. Wenn der Inhalt des Vertrags durch den Begriff des Artikels 73, ‚mit dem Begriff des öffentlichen Dienstes zusammenhängende Leistungen‘, erfasst werden kann, sollte die Form des Instruments, ein Vertrag statt einseitig auferlegter Verpflichtungen, für sich genommen kein Hindernis dafür sein, möglicherweise im Preis enthaltene Beihilfen als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklären zu können. Der für die Bewertung einer Leistung, sei sie vom Staat auferlegt oder von den Parteien in einem Vertrag vereinbart, als gemeinwirtschaftliche Verpflichtung ausschlaggebende Faktor ergibt sich aus der Substanz der Leistung und nicht aus der Form, die ihrer Entstehung zugrunde liegt (9). Die Kommission schließt daraus, dass rechtlich nichts dagegen spricht, dass eine Beihilfe, die im Preis von Leistungen enthalten ist, der in einem öffentlichen Dienstleistungsvertrag vorgesehen ist, von der Kommission als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar erklärt werden kann.

93.

In Ermangelung genauer Bedingungen für die Vereinbarkeit in der Verordnung 1191/69 ist die Kommission der Auffassung, dass die sich aus dem EG-Vertrag, der Rechtsprechung und der Entscheidungspraxis der Kommission in anderen Bereichen ergebenden allgemeinen Grundsätze zur Beurteilung der Vereinbarkeit solcher Beihilfen herangezogen werden können.

94.

Diese Grundsätze wurden von der Kommission im Gemeinschaftsrahmen für staatliche Beihilfen, die als Ausgleich für die Erbringung öffentlicher Dienstleistungen gewährt werden (10), allgemein zusammengefasst. Bezüglich der Vereinbarkeit von Beihilfen, die in dem Preis enthalten sind, den eine öffentliche Stelle einem Erbringer einer öffentlichen Dienstleistung zahlt, sieht dieser Gemeinschaftsrahmen folgendes vor:

Die Höhe des Ausgleichs darf nicht über das hinausgehen, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der Gemeinwohlverpflichtung verursachten Kosten unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen abzudecken. Darin enthalten sind sämtliche vom Staat oder aus staatlichen Mittel in jedweder Form gewährten Vorteile. Die angemessene Rendite kann ganz oder teilweise die Produktivitätsgewinne mit einschließen, die von den betreffenden Unternehmen über einen ganz bestimmten, zuvor festgelegten Zeitraum ohne Reduzierung der vom Staat vorgegebenen Qualität erzielt wurden.

95.

Die Zahlungen des VVT an Postbus sind daher als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar zu erklären, falls die ‚Höhe des Ausgleichs […] nicht über das hinausgeht, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der Gemeinwohlverpflichtung verursachten Kosten unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen abzudecken‘.

96.

Aus den von der österreichischen Regierung übermittelten Informationen ergibt sich, dass sich die Kosten der Leistungen von Postbus auf insgesamt 2 217 000 EUR belaufen, was einem Durchschnittspreis von 1,92 EUR/km entspricht. Zum anderen geht aus den Informationen hervor, dass der vom VVT für die erbrachten Leistungen gezahlte Preis insgesamt 2 217 000 EUR oder 1,92 EUR/km beträgt.. Die Postbus gewährten Ausgleichszahlungen entsprechen somit genau den Kosten.

97.

Die österreichischen Behörden haben der Kommission mitgeteilt, dass die Postbus bei der Erfüllung des Vertrags entstehenden Kosten vor Vertragsschluss vom VVT mit drei unterschiedlichen Methoden überprüft wurden. Bei diesen drei Methoden handelt es sich um die Prüfung nach Kilometersätzen, die Prüfung nach Kostensätzen und die Prüfung nach Einzelkostenpositionen.

98.

Prüfung nach Kilometersätzen. Der an Postbus gezahlte Kilometersatz beträgt 1,92 EUR. Die österreichischen Behörden sehen einen solchen Satz als verhältnismäßig niedrig an, insbesondere angesichts der Tatsache, dass es sich beim Bezirk Lienz um eine Gebirgsregion handelt, was im Vergleich zu einer durchschnittlichen Region besonders im Winter höhere Kosten pro Kilometer zur Folge hat.

99.

Für vollkommen annehmbar halten die österreichischen Behörden einen solchen Kilometersatz auch im Lichte des Vorschlags der Kommission für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über Maßnahmen der Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit Anforderungen des öffentlichen Dienstes und der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge für den Personenverkehr auf der Schiene, der Straße und auf Binnenschifffahrtswegen vom 26. Juli 2000 (11). In diesem Verordnungsvorschlag wird in Ziffer 2.2.3 der Begründung Bezug genommen auf eine Isotope-Studie von 1997, wonach die durchschnittlichen Kosten pro Kilometer für den Kraftomnibusverkehr in Märkten mit geregeltem Wettbewerb 2,26 EUR betragen.

100.

Prüfung nach Kostensätzen. Für die Prüfung nach Kostensätzen hat Österreich Standardparameter für Personalkosten, Sachkosten ohne Fahrzeugkosten, Fahrzeugkosten (Abschreibungen) und Verwaltungskosten verwendet. Die Kosten für Leistungen, die den von Postbus erbrachten vergleichbar sind, belaufen sich nach dieser Methode auf 2 425 495,16 EUR. Bei einer zu erbringenden Kilometerleistung von 1 157 568 km ergeben sich mit dieser Methode somit Kosten von 2,09 EUR/km.

101.

Prüfung nach Einzelpositionen. Zur Prüfung nach Einzelpositionen hat Österreich Standardparameter für Personalkosten, Fahrzeugkosten, Kosten für Kraftstoffe, Reifen und Instandhaltung der Busse, Versicherungskosten und Verwaltungskosten verwendet. Nach dieser Methode entstünden Postbus Kosten von insgesamt 2 207 000 EUR oder 1,90 EUR/km.

102.

Die Kommission ist der Auffassung, dass die österreichischen Behörden somit Informationen vorgelegt haben, mit denen belegt werden kann, dass die Höhe des an Postbus gezahlten Ausgleichs nicht über das hinausgeht, was erforderlich ist, um die durch die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen verursachten Kosten unter Berücksichtigung der dabei erzielten Einnahmen und einer angemessenen Rendite aus der Erfüllung dieser Verpflichtungen abzudecken. Folglich könnten die Zahlungen, die Postbus aufgrund des öffentlichen Dienstleistungsvertrags mit dem VVT erhält und die staatliche Beihilfen darstellen, auf der Grundlage von Artikel 14 der Verordnung 1191/69/EG als mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar angesehen werden.

103.

Angesichts der Tatsache, dass keine Ausschreibung stattgefunden hat und ein unmittelbarer Wettbewerber von Postbus behauptet, Postbus habe eine Überkompensation erhalten, ist die Kommission jedoch der Auffassung, dass es im vorliegenden Fall angezeigt ist, diesem Wettbewerber sowie allen betroffenen Dritten die Möglichkeit zu geben, sich zu den Methoden der von Österreich vorgenommenen Kostenprüfung zu äußern, bevor mit Sicherheit geschlossen werden kann, dass Postbus keine Überkompensation erhält. Die Kommission äußert daher zum gegenwärtigen Stadium Zweifel, ob Postbus nicht eine Überkompensation für Verkehrsleistungen erhält.

4.   BESCHLUSS

104.

Aus den dargelegten Gründen fordert die Kommission daher Österreich im Rahmen des Verfahrens nach Artikel 88 Absatz 2 des EG-Vertrags auf, sich innerhalb eines Monats nach Eingang dieses Schreibens zu dem Sachverhalt zu äußern und alle für die Beurteilung der betreffenden Maßnahmen sachdienlichen Informationen zu übermitteln. Sie bittet die österreichischen Behörden, dem Empfänger der etwaigen Beihilfe unmittelbar eine Kopie dieses Schreibens zuzuleiten.

105.

Die Kommission teilt Österreich mit, dass sie die Beteiligten durch die Veröffentlichung des vorliegenden Schreibens und einer Zusammenfassung dieses Schreibens im Amtsblatt der Europäischen Union in Kenntnis setzen wird. Außerdem wird sie die Beteiligten in den EFTA-Staaten, die das EWR-Abkommen unterzeichnet haben, durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung in der EWR-Beilage zum Amtsblatt und die EFTA-Überwachungsbehörde durch Übermittlung einer Kopie dieses Schreibens von dem Vorgang in Kenntnis setzen. Alle vorerwähnten Beteiligten werden aufgefordert, innerhalb eines Monats nach dem Datum dieser Veröffentlichung ihre Stellungnahme abzugeben.»


(1)  Sentencia del Tribunal de 24.3.2003, asunto C-280/00, Altmark Trans: 2003, p. I-7747.

(2)  Bundesgesetzblatt I 1999/203 in der Fassung Bundesgesetzblatt I 2002/77, 2003/62 und 2004/151.

(3)  Bundesgesetzblatt I 2002/32.

(4)  Bundesgesetzblatt I 1972/284.

(5)  Urteil des EuGH vom 24. Juli 2003, Altmark Trans, Rechtssache C-280/00.

(6)  Mitteilung der Kommission vom 12. Mai 2004 an das Europäische Parlament, den Rat, den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss und den Ausschuss der Regionen — Weißbuch zu Dienstleistungen von allgemeinem Interesse, KOM(2004) 374 endg.

(7)  Urteil des Gerichtshofs vom 24. Juli 2003, Rechtsache C-280/00, Altmark Trans, Randnrn. 101, 106, 107.

(8)  Bundesgesetzblatt I 1994/519.

(9)  Vgl. in diesem Sinne das Urteil des Gerichtshofs vom 24. Juli 2003, Rs. C-280/00, Altmark Trans, das einen deutschen öffentlichen Dienstleistungsvertrag betraf. Dies hat den Gerichtshof nicht daran gehindert zu beurteilen, ob es sich um eine Beihilfe handelt oder nicht, und sich dabei auf den Inhalt und nicht die Form des Instruments zu stützen. Vgl. Artikel 4 der Entscheidung der Kommission vom 28. November 2005 über die Anwendung von Artikel 86 Absatz 2 EG-Vertrag auf staatliche Beihilfen, die bestimmten mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betrauten Unternehmen als Ausgleich gewährt werden (ABl. L 312 vom 29.11.2005, S. 67), in der ebenfalls von der Form des Instruments abgesehen wird.

(10)  ABl. C 297 vom 29.11.2005, S. 4.

(11)  KOM(2000) 7 endg.