ISSN 1725-244X

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 318

European flag  

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

49o año
23 de diciembre de 2006


Número de información

Sumario

Página

 

II   Actos jurídicos preparatorios

 

Comité Económico y Social Europeo

 

429o Pleno, celebrado los días 13 y 14 de septiembre de 2006

2006/C 318/1

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema El desarrollo sostenible, motor de las transformaciones industriales

1

2006/C 318/2

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema La gobernanza territorial de las transformaciones industriales: el papel de los interlocutores sociales y la contribución del programa marco para la innovación y la competitividad

12

2006/C 318/3

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema La contribución del aprendizaje permanente asistido por las TI a la competitividad, las transformaciones industriales y el desarrollo de capital social en Europa

20

2006/C 318/4

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Las interacciones entre los servicios y la industria manufacturera europea y su impacto en el empleo, la competitividad y la productividad

26

2006/C 318/5

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la GlobalizaciónCOM(2006) 91 final — 2006/0033 (COD)

38

2006/C 318/6

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el ejercicio de los derechos de voto por parte de los accionistas de sociedades que tengan su sede social en un Estado miembro y cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado, por la que se modifica la Directiva 2004/109/CECOM(2005) 685 final — 2005/0265 (COD)

42

2006/C 318/7

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que establece reglas comunes para el suministro de información básica sobre las Paridades de Poder Adquisitivo, y para su cálculo y difusiónCOM(2006) 135 final — 2006/0042 (COD)

45

2006/C 318/8

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un entorno sin soporte papel en las aduanas y el comercioCOM(2005) 609 final — 2005/0247 (COD)

47

2006/C 318/9

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Aplicación del programa comunitario sobre la estrategia de Lisboa: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2000/12/CE y 2002/65/CECOM(2005) 603 final — 2005/0245 (COD)

51

2006/C 318/0

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I)COM(2005) 650 final — 2005/0261 (COD)

56

2006/C 318/1

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones y sobre el acceso a la información relativa a la reparación de los vehículos, y por la que se modifican las Directivas 72/306/CEE y …/…/CECOM(2005) 683 final — 2005/0282 (COD)

62

2006/C 318/2

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Turismo social en Europa

67

2006/C 318/3

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las estadísticas estructurales de las empresasCOM(2006) 66 final — 2006/0020 (COD)

78

2006/C 318/4

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/477/CEE del Consejo sobre el control de la adquisición y tenencia de armasCOM(2006) 93 final — 2006/0031 (COD)

83

2006/C 318/5

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre una Estrategia temática para el medio ambiente urbanoCOM(2005) 718 final — SEC(2006) 16

86

2006/C 318/6

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Las perspectivas de futuro de la agricultura en zonas con desventajas naturales específicas (regiones de montaña, insulares y ultraperiféricas)

93

2006/C 318/7

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Responder a los retos del cambio climático: el papel de la sociedad civil

102

2006/C 318/8

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Eliminación de cadáveres de animales y utilización de subproductos animales

109

2006/C 318/9

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se prevén medidas especiales para favorecer la cría de gusanos de seda (versión codificada) COM(2006) 4 final — 2006/0003 (CNS)

114

2006/C 318/0

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 76/769/CEE del Consejo en lo relativo a las restricciones a la comercialización de determinados aparatos de medición que contienen mercurioCOM(2006) 69 final — 2006/0018 (COD)

115

2006/C 318/1

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la mejora de la situación económica del sector pesqueroCOM(2006) 103 final

117

2006/C 318/2

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la glucosa y la lactosa (versión codificada)COM(2006) 116 final — 2006/0038 (CNS)

122

2006/C 318/3

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la La sociedad civil en Belarús

123

2006/C 318/4

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre La inmigración en la UE y las políticas de integración: colaboración entre los gobiernos regionales y locales y las organizaciones de la sociedad civil

128

2006/C 318/5

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Los comités de empresa europeos: un nuevo papel para promover la integración europea

137

2006/C 318/6

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre La participación de la sociedad civil en la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo

147

2006/C 318/7

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Calidad de la vida profesional, productividad y empleo en el contexto de la globalización y los cambios demográficos

157

2006/C 318/8

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema La ciudadanía europea y los modos de hacerla a la vez visible y efectiva

163

2006/C 318/9

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-2010COM(2006) 92 final

173

2006/C 318/0

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Los corredores paneuropeos de transporte 2004-2006

180

2006/C 318/1

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema El aprovisionamiento energético de la UE: estrategia para una combinación energética óptima

185

2006/C 318/2

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre las — Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el cumplimiento de las obligaciones del Estado de abanderamiento — COM(2005) 586 final — 2005/0236 (COD) — Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre reglas y normas comunes para las organizaciones de inspección y reconocimiento de buques y para las actividades correspondientes de las administraciones marítimas — COM(2005) 587 final — 2005/0237 (COD) — Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el control de los buques por el Estado rector del puerto — COM(2005) 588 final — 2005/0238 (COD) — Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 2002/59/CE relativa al establecimiento de un sistema comunitario de seguimiento y de información sobre el tráfico marítimo — COM(2005) 589 final — 2005/0239 (COD) — Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establecen los principios fundamentales que rigen la investigación de accidentes en el sector del transporte marítimo y se modifican las Directivas 1999/35/CE y 2002/59/CE — COM(2005) 590 final — 2005/0240 (COD) — Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la responsabilidad de los transportistas de pasajeros por mar o vías navegables en caso de accidente — COM(2005) 592 final — 2005/0241 (COD) — Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la responsabilidad civil y las garantías financieras de los propietarios de buques — COM(2005) 593 final — 2005/0242 (COD)

195

2006/C 318/3

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisivaCOM(2005) 646 final — 2005/0260 (COD)

202

2006/C 318/4

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Programa Galileo: llevar a buen término la creación de la Autoridad de Vigilancia Europea

210

2006/C 318/5

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión sobre el fomento del transporte por vías navegables NAIADES — Programa de Acción Europeo Integrado para el Transporte por Vías Navegables COM(2006) 6 final

218

2006/C 318/6

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Superar los desequilibrios en la banda anchaCOM(2006) 129 final

222

2006/C 318/7

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Reglamento (CE) no 417/2002 relativo a la introducción acelerada de normas en materia de doble casco o de diseño equivalente para petroleros de casco único, y por el que se deroga el Reglamento (CE) no 2978/94 del ConsejoCOM(2006) 111 final — 2006/0046 (COD)

229

ES

 


II Actos jurídicos preparatorios

Comité Económico y Social Europeo

429o Pleno, celebrado los días 13 y 14 de septiembre de 2006

23.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/1


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «El desarrollo sostenible, motor de las transformaciones industriales»

(2006/C 318/01)

El 14 de julio de 2005, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen sobre el tema «El desarrollo sostenible, motor de las transformaciones industriales».

La Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 31 de agosto de 2006 (ponente: Sr. SIECKER; coponente: Sr. ČINČERA).

En su 429o Pleno de los días 13 y 14 de septiembre de 2006 (sesión del 14 de septiembre), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 98 votos a favor, 11 en contra y 11 abstenciones el presente Dictamen.

Parte 1: Resumen de las conclusiones y recomendaciones del CESE

A.

En enero de 2003 el CESE aprobó un Dictamen de iniciativa titulado «Transformaciones industriales en Europa: balance y perspectivas — Enfoque global». El objetivo del Dictamen era no sólo ofrecer una visión general de los asuntos más urgentes relativos a las transformaciones industriales, sino también destacar el papel de la CCMI y su trabajo futuro. Entre los ámbitos de responsabilidad encomendados a la CCMI en este contexto estaban los siguientes:

«analizar las transformaciones industriales y sus causas desde el punto de vista económico, social, territorial y medioambiental, y valorar su impacto en los sectores, las empresas, la mano de obra, los territorios y el medio ambiente;

buscar planteamientos comunes que favorezcan un desarrollo sostenible […].»

El Dictamen también subrayaba la necesidad de «hacer compatible el desarrollo sostenible y la cohesión social y territorial con la competitividad» de conformidad con la Estrategia de Lisboa. Además, proponía un concepto de trabajo de «transformación industrial» que englobaba tanto los cambios que afectan a las empresas como la interacción de éstas con su entorno.

Hasta la fecha, la CCMI se ha centrado prioritariamente en valorar el impacto de estas transformaciones industriales en los sectores, las empresas, los trabajadores, los territorios y el medio ambiente. La finalidad del presente dictamen de iniciativa es examinar de qué modo el desarrollo sostenible puede ser un catalizador para las transformaciones industriales.

B.

En el mismo Dictamen se concluía que las transformaciones en el sector industrial europeo se han abordado a menudo desde el punto de vista de la reestructuración, pero, en realidad, se trata de un concepto mucho más dinámico. El mundo empresarial está estrechamente vinculado al entorno político y social europeo en el que evoluciona, el cual, a su vez, influye también en los procesos de transformaciones industriales. Los cambios industriales se realizan fundamentalmente de dos maneras: mediante la acción drástica y a través de la adaptación evolutiva. Precisamente la finalidad del presente dictamen de iniciativa es examinar de qué modo el desarrollo sostenible tal como se define en el Informe Brundtland (como un desarrollo que satisface las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades) puede ser un catalizador de una transformación industrial gradual y proactiva.

C.

El Dictamen aporta, sobre todo, ejemplos relativos al sector de la energía y a otros afines, pero los mismos procesos descritos en él pueden aplicarse a otros. Esto se explica por las siguientes consideraciones:

la definición Brundtland del desarrollo sostenible implica la necesidad de recurrir en mayor medida a los recursos naturales renovables;

la energía es un asunto intersectorial;

las lecciones que pueden aprenderse de la introducción de nuevas tecnologías en este ámbito pueden extrapolarse a otros sectores;

los 25 Estados miembros importan en la actualidad aproximadamente el 50 % del petróleo y el gas que necesitan; este porcentaje podría aumentar a 70 % en 2030, momento en el que la Comisión predice que la mayor parte de los proveedores procederán de «zonas geopolíticamente inestables».

D.

El momento en que una tecnología cualquiera está disponible viene determinado por la investigación y el desarrollo. Sin embargo, el momento en que la tecnología se aplica realmente viene determinado por el mercado. El tiempo que transcurre entre ambos momentos puede también estar influido por la política. Gracias a una combinación equilibrada de medidas políticas adoptadas por los entes públicos –subvenciones, fomento, medidas fiscales–, el sector de la industria en Suecia y en Japón inició en una fase temprana el desarrollo tecnológico de bombas de calor y colectores solares, respectivamente. Esto ha contribuido también a que dichos países hayan conseguido conquistar una posición de mercado dominante.

E.

El CESE reitera que los tres pilares de la Estrategia de Lisboa tienen la misma importancia. No obstante, a menudo se insiste en que sólo cabe hablar de intereses medioambientales y sociales cuando la economía es sana, boyante. Se trata de una explicación demasiado simplista de la estrategia, ya que también ocurre lo contrario. En un medio ambiente deteriorado, o en una sociedad caracterizada por el desacuerdo social, no cabe hablar de economía sana ni boyante. El Comité valora positivamente las medidas que se han adoptado en este ámbito y que se describen en el Anexo 2 de la Comunicación de la Comisión relativa a la revisión de la Estrategia para un desarrollo sostenible — Plataforma de acción (1).

F.

La sostenibilidad no es sólo una de las opciones de una lista, sino que constituye la única manera posible de actuar para garantizar un futuro viable. El concepto de sostenibilidad tiene un alcance global y, por lo tanto, no se restringe al medio ambiente, sino que abarca también cuestiones relativas a la sostenibilidad económica y social. La continuidad de una empresa es una forma de sostenibilidad económica que puede garantizarse del mejor modo manteniendo el nivel de rentabilidad. Europa puede contribuir a ello mediante el refuerzo de la competitividad por medio de la innovación y el fomento de la investigación y el desarrollo con una política activa y una combinación de medidas específicas (véanse los ejemplos de Suecia y Japón).

G.

La sostenibilidad social significa hacer que los ciudadanos tengan una vida sana y que generen una renta al tiempo que se garantiza un nivel razonable de seguridad social para los que no son capaces de lograrlo. El CESE sostiene que Europa puede contribuir a ello haciendo lo necesario para lograr una sociedad que permita que las personas mantengan sus cualificaciones profesionales, ofreciéndoles un buen puesto de trabajo en un entorno laboral seguro e higiénico y en un entorno en el que se dé cabida a los derechos de los trabajadores y a un diálogo social fructífero.

H.

La ecoindustria ofrece muchas oportunidades de crecimiento económico. Europa disfruta de una posición destacada en una serie de sectores de esta industria. A fin de mantener y reforzar sus puntos fuertes y lograr una posición similar en otros sectores, el CESE considera que Europa tiene que hacer gala de una mayor ambición.

I.

Una política industrial centrada en el desarrollo sostenible puede contribuir a la competitividad de toda la economía europea, incluidos no sólo los nuevos sectores en auge, sino también los sectores industriales tradicionales. El CESE expresa su deseo de que la Comisión Europea apoye esta política. Los ejemplos que se citan en el presente Dictamen demuestra que un sistema de ayuda bien concebido y bien aplicado (combinación de imposición, tarifas de alimentación garantizadas, fomento y regulación) durante el período de introducción de nuevas tecnologías ambientales puede contribuir a crear un mercado para estas tecnologías que puede desarrollarse ulteriormente sin ningún tipo de ayuda. Está claro que todo mecanismo de ayuda debe ser regresivo, dado que el coste de la ayuda de Estado no debería limitar la competitividad internacional de otras industrias.

J.

El CESE toma nota de que las subvenciones y los incentivos no siempre son eficientes y si se utilizan de forma inadecuada pueden dar lugar a grandes costes financieros y tener muy poco efecto económico. Las subvenciones y las regulaciones deberían ayudar a crear y desarrollar el mercado inicialmente hasta que la tecnología esté madura para permitir su supervivencia sin ningún tipo de apoyo. Los factores clave para el éxito de las ayudas son los siguientes:

duración adecuada

especificación adecuada;

decrecientes en el tiempo;

anunciadas con la suficiente antelación;

cooperación entre el Gobierno y el sector privado.

K.

El desarrollo sostenible no debe limitarse a un contexto europeo, dado que tiene una dimensión mundial. La política de sostenibilidad europea debería ir acompañada de instrumentos para impedir la deslocalización de los puestos de trabajo a otras regiones. A fin de garantizar una igualdad de condiciones se necesita un enfoque dual: interno a la UE, por un lado, y externo a la UE, por el otro. Por lo que respecta al primero, deberían introducirse instrumentos adecuados para garantizar la internalización en el precio de los productos de los costes sociales y medioambientales derivados de métodos de producción no sostenibles dentro de la Unión Europea para alcanzar el principal objetivo del informe elaborado por la Comisión Mundial de la OIT sobre la Dimensión Social de la Globalización, a saber, fomentar la coherencia política entre la OIT, la OMC, el FMI y el Banco Mundial (véase CESE 252/2005). Por lo que respecta al segundo, la UE debería hacer todos los esfuerzos posibles en los foros internacionales relevantes (en particular en la OMC) para incluir las preocupaciones no comerciales, como las normas sociales y medioambientales fundamentales, en los acuerdos internacionales de comercio a fin de permitir un aumento del nivel de la política de sostenibilidad de los competidores de Europa. Países como Estados Unidos, India y China tienen una ventaja económica desleal, en comparación con Europa, dado que no están vinculados a los objetivos de reducción de CO2 por el Protocolo de Kioto. Estos acuerdos deberían aplicarse a escala mundial dado que el comercio sólo puede ser realmente libre cuando es también leal.

Parte 2: Motivación del Dictamen

1.   Panorama general

1.1

En la actualidad, nuestra economía se basa en la disponibilidad de energía barata y materias primas baratas. Estas reservas son finitas y por ello son también cada vez mucho más caras. Es necesario llevar a cabo las transformaciones estructurales y tecnológicas que sean posible y Europa tiene que contribuir a este cambio, así como ayudar a la industria europea a hacer frente a este reto. Los sectores que implican elevados niveles de consumo de energía y materias primas deberán pasar a una producción más sostenible en el futuro a fin de reducir el desgaste de los recursos naturales. En efecto, estos sectores seguirán siendo necesarios en el futuro dado que la producción de materias primas y materiales semielaborados constituye la base del valor industrial.

1.2

Las industrias europeas que utilizan mucha energía, producen de forma sostenible y compiten a escala internacional no deben ser expulsadas del mercado por competidores de fuera de la UE que utilicen métodos de producción menos sostenibles. Para evitar que esto suceda debe establecerse una igualdad de condiciones en estos sectores, en cooperación con la sociedad civil y los Gobiernos.

1.3

El mayor desafío que tenemos planteado es el desarrollo de una sociedad sostenible que pueda mantener el nivel de bienestar actual y que al mismo tiempo esté en condiciones de neutralizar los efectos negativos secundarios de los modelos de consumo actuales. Para ello, una de las principales condiciones es que empecemos a satisfacer nuestras necesidades energéticas de otra manera y nos adaptemos a otra forma de producción y consumo.

1.4

La necesidad de una transición gradual a un modelo más sostenible de sociedad es indiscutible. Hay varias razones que justifican esta exigencia. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre el período de tiempo en que podrá disponerse de combustibles fósiles por un precio razonable, pero todos coinciden en que serán cada vez más escasos y caros. Además, y debido a nuestro comportamiento de consumo, nos vemos abocados a una de las mayores amenazas de nuestra época: el cambio climático.

1.5

Teóricamente, la mejor manera de frenar estos procesos sería dejar de utilizar combustibles fósiles en el grado en que se utilizan hoy en día. Sin embargo, esta solución es a corto plazo inviable, tanto política como económicamente. Esto significa que debemos optar por otras soluciones, porque hacer, hay que hacer algo. Si no tan rápidamente como sería deseable, al menos sí lo más rápidamente posible.

1.6

Aplicando el modelo de «tríada energética» (2), con el que se fomenta una utilización más eficiente de la energía en tres etapas, se puede empezar a corto plazo con una producción y consumo más sostenibles. Las etapas son:

reducir la demanda de energía mediante un consumo más eficiente

utilizar un máximo de fuentes energéticas sostenibles renovables

aplicar tecnologías eficientes que permitan una utilización más limpia de los combustibles fósiles restantes.

1.7

Es necesario un paquete de medidas para realizar estos tres objetivos y propiciar el cambio hacia una producción industrial más sostenible. Estas medidas deberán basarse en una consideración económica y estratégica. Al entrar en tales consideraciones se llegará inevitablemente a momentos en que se tendrá que elegir entre intereses opuestos. No deben evitarse los conflictos. Existen naturalmente situaciones ventajosas para ambas partes y las políticas deberían siempre centrarse en crearlas, aunque en la práctica ello pueda resultar muy difícil. En tales casos, deberá elegirse entre oportunidades de desarrollo sostenible y la protección de los intereses existentes, teniendo en cuenta el auge y el declive naturales de cualquier sector respecto de otros. Tales intereses, en conflicto, deberían exponerse de forma transparente y abordarse.

1.8

El concepto de sostenibilidad implica que los aspectos económicos, ambientales y sociales del desarrollo de la sociedad europea son igualmente importantes. El presente Dictamen:

se centrará en las fuentes de energía renovables y la búsqueda de la eficiencia de las materias primas (partes 2 y 3);

examinará las oportunidades de desarrollo sostenible en una serie de sectores (parte 4);

abordará una serie de aspectos sociales (parte 5).

2.   Fuentes de energía renovables

2.1   Introducción

2.1.1

La Tierra recibe del sol cada año tres millones de exajulios de energía. La reserva total de combustibles fósiles asciende a 300 000 exajulios, 10 % de la radiación solar anual. El consumo energético total es cada año de 400 exajulios. La irradiación de tres millones de exajulios se encuentra disponible en forma de 90 exajulios de energía hidráulica, 630 exajulios de energía eólica y 1 250 exajulios de biomasa. El resto está disponible en forma de energía solar (3). De hecho, pues, existen fuentes energéticas suficientes para satisfacer nuestras necesidades. El problema es su explotación.

2.1.2

Ya que las fuentes de energía renovables no pueden responder a corto plazo –por razones de costes y falta de tecnología adecuada– a la creciente demanda energética, se necesitan también otras fuentes de energía. El combustible fósil se puede utilizar potencialmente también de manera limpia, por ejemplo, si se extrae y posteriormente se almacena el CO2, de modo que éste no se expanda en la atmósfera. La tecnología para captar y almacenar el CO2 está en pleno desarrollo: una docena de instalaciones piloto ya están en construcción o en la fase de inicio en Europa, América del Norte y China. A partir de 2015/2020 cabe esperar un balance económico positivo para esta tecnología.

2.1.3

Que los sistemas de ayuda para la energía renovable tengan una cierta duración es fundamental, ya que su retirada prematura puede poner en peligro la nueva industria y, por otro lado, una ayuda prolongada no es eficiente. Por lo general, la ayuda puede ser retirada progresivamente a medida que la I+D y las economías de escala vayan generando una reducción del precio de la tecnología. Es de suma importancia efectuar una especificación adecuada del sistema de ayuda. Para terminar, es importante que los sistemas de ayuda se divulguen con la suficiente antelación para que las empresas tengan tiempo de prepararse para las nuevas condiciones del mercado.

2.1.4

El debate sobre la energía nuclear está adquiriendo cada vez mayor importancia, tal como lo demuestra el «Libro Verde — Estrategia europea para una energía sostenible, competitiva y segura» (4) y las Conclusiones del Consejo Europeo de marzo de 2006 sobre este asunto. En algunos países la mayoría de la población está a favor de la energía nuclear, en otros la mayoría está en contra, en particular por el problema de los residuos (5). A pesar de ello, la energía nuclear puede seguir siendo indispensable durante probablemente bastante tiempo para poder seguir satisfaciendo la demanda energética en rápido crecimiento, porque es una fuente energética libre de emisiones y porque el volumen de residuos es proporcionalmente pequeño desde el punto de vista de la cantidad de energía producida. Es posible que la fusión nuclear pueda aportar a largo plazo una solución para los inconvenientes inherentes a la fisión nuclear.

2.1.5

Debe señalarse que las fuentes de energía hidroeléctrica no son objeto de un apartado separado, dado que esta tecnología (aparte de la energía mareomotriz) se considera plenamente desarrollada y operativa. Este factor no debería considerarse en ningún modo como algo que le resta importancia en el contexto de la sostenibilidad.

2.2   Biomasa

2.2.1

La biomasa es todo el material orgánico procedente de plantas y árboles cultivados especialmente con fines energéticos. A tal fin se utilizan la madera y las plantas de crecimiento rápido que producen un alto rendimiento por hectárea. Los subproductos de la agricultura –cuya actividad principal es la producción de alimentos– se utilizan también como aporte adicional de biomasa. Es el caso, por ejemplo, de la paja y los residuos de remolacha azucarera. Existen también aportes de biomasa procedentes de residuos de producción, como los que se originan por el mantenimiento de las plantaciones y los desechos domésticos, así como de empresas e industria. Se trata, por ejemplo, de residuos de verduras, frutas y jardín, madera de recuperación, estiércol, lodo, serrín y vainas de los granos de cacao.

2.2.2

La biomasa se puede utilizar para sustituir (parcialmente) a los combustibles fósiles. En la actualidad, la utilización mundial de energía basada en combustibles fósiles es de 400 exajulios. La disponibilidad anual de energía procedente de biomasa es de 1.250 exajulios. Esto no significa que la reconversión sea posible directamente. Sobre la base de la tecnología disponible es posible actualmente producir energía procedente de biomasa para un consumo de 120 exajulios. En la actualidad, la utilización mundial de energía procedente de biomasa es de 50 exajulios (6). Por consiguiente, un crecimiento limitado del recurso a la biomasa para combustibles es directamente posible, pero se requieren avances tecnológicos para explotar el potencial.

2.2.3

Existen ya iniciativas que han conducido a resultados prometedores. En Austria se habla de un aumento del recurso a la biomasa para calefacción urbana que se ha multiplicado por seis y en Suecia por ocho en los últimos diez años. En los Estados Unidos más de 8 000 MWe de la capacidad de producción instalada procede de la utilización de biomasa. En Francia, un 5 % del calor utilizado para la calefacción de locales se produce a partir de biomasa. En Finlandia, la bioenergía representa ya un 18 % del total de energía producida y el objetivo es seguir aumentando la producción hasta llegar a 28 % en 2025. En Brasil se produce etanol a gran escala como combustible para automóviles: En Brasil se produce etanol a gran escala como combustible para vehículos, y en la actualidad el etanol supone el 40 % de los combustibles no diesel del país (7).

2.2.4

El desarrollo de la biomasa es también importante desde diversos puntos de vista:

a.

Política medioambiental: el ciclo de vida de la biomasa como materia renovable tiene un efecto neutro en las emisiones de CO2 y SO2. También puede utilizarse biomasa a gran escala para cerrar el ciclo de los minerales y del nitrógeno.

b.

Política agraria: en Europa se han retirado de la producción superficies agrarias. Según estimaciones, 200 millones de hectáreas de tierras agrarias y entre diez y veinte millones de hectáreas de tierra con posibilidades de rendimiento marginal pueden utilizarse para producción de biomasa como fuente para materiales, materias primas y energía. Deberán tenerse en cuenta la necesidad de una producción agraria más extensiva con el fin de preservar la riqueza paisajística de Europa y el objetivo de la UE de frenar la pérdida de biodiversidad, así como las zonas imprescindibles para la protección de la naturaleza. Debería tenerse en cuenta de forma suficiente la consecución de un equilibrio en todas estas zonas.

c.

Política social: en líneas generales, por cada megavatio de capacidad de producción instalada se crean once nuevos puestos de trabajo. Si la utilización de la biomasa en Europa como fuente de energía sube desde el 4 % de las necesidades energéticas en 2003 hasta un 10 % en 2010 (8), se pueden obtener 160 000 nuevos puestos de trabajo.

d.

Política regional: La biomasa puede utilizarse como fuente de energía descentralizada en la que la conversión se realiza cerca de la producción por medio de pequeñas centrales energéticas. Esto puede aportar estabilidad social al nivel regional, especialmente en zonas con retraso económico.

e.

Obligación de producir electricidad ecológica: una directiva europea impone, en efecto, a los productores europeos de electricidad producir un cierto porcentaje de electricidad a partir de energía renovable, porcentaje que varía según los países, pero cuya tasa aumenta regularmente. En caso de incumplimiento de los porcentajes establecidos se ha previsto la imposición de penalidades (o supresión de subsidios). Está claro que la producción de electricidad a partir de biomasa sola o –junto con carbón– en combustión combinada, contribuirá considerablemente a conseguir el objetivo de una electricidad ecológica

2.3   Energía eólica

2.3.1

A escala mundial, el potencial teórico de la energía eólica es más de dos veces superior a las necesidades de electricidad previsibles para 2020. Este potencial y la mejora constante de la posición competitiva resultante de los avances de la tecnología hacen de la energía eólica un sustituto esencial de los combustibles fósiles. Debido a su oferta fluctuante, la energía eólica no podrá nunca satisfacer por completo las necesidades.

2.3.2

La capacidad eólica instalada ha tenido un aumento espectacular en los últimos decenios. La capacidad de las turbinas comerciales ha crecido desde 10 kilovatios (cinco metros de diámetro del rotor) a más de 4 500 kilovatios (más de 120 metros de diámetro del rotor) (9). En los últimos ocho años, la capacidad eólica instalada tuvo un crecimiento anual de más del 30 % (10). Según pronósticos de la Asociación Europea de la Energía Eólica (EWEA), la capacidad eólica total a escala mundial en 2020 será suficiente para responder al 12 % de las necesidades de electricidad. Esto significa un aumento de la capacidad eólica de 31 gigavatios a finales de 2002 a 1 260 gigavatios en 2020, es decir, un crecimiento anual del 23 %. Son líderes del mercado y principales exportadores el Reino Unido, Dinamarca y Alemania, y los principales mercados de exportación son China, India y Brasil. La situación cambiará rápidamente en China, en donde la industria de maquinaria de energía eólica está experimentando un rápido crecimiento. En relación con 2004, el número de productores en China ha aumentado en un 60 % en 2005. Esto implica que la industria de maquinaria de energía cólica europeo puede encontrarse en la misma situación que la industria de colectores solares y perder una gran parte del mercado en provecho de sus competidores chinos.

2.3.3

El sector de la energía eólica depende aún en parte de diversas medidas de ayuda. La principal es la tarifa que los productores pueden obtener si venden energía a la red en combinación con la seguridad de un nivel de precios garantizado para los próximos diez a veinte años. Gracias a tales medidas, en algunos Estados miembros la energía eólica es un sector en rápido crecimiento. El inconveniente es que dichas medidas llevan a la creación de grandes parques eólicos centralizados que permiten obtener elevados beneficios, en lugar de una densa red de pequeñas centrales eólicas descentralizadas. La opinión pública se opone cada vez más a este desarrollo a gran escala. Es obvio que en definitiva la energía cólica tendrá que ser también capaz de sobrevivir por sus propias fuerzas sin subvenciones ni tarifas de alimentación garantizadas.

2.3.4

Para seguir reforzando la posición competitiva de la energía eólica es necesario redoblar los esfuerzos en I+D. También se debe prestar constante atención a las reglamentaciones jurídicas y los objetivos políticos. Son importantes desafíos, por ejemplo, la habilitación de nuevas implantaciones para parques eólicos marinos y la eliminación de las dudas que se oponen a la instalación de la energía eólica.

2.3.5

El desarrollo de la energía cólica es también importante desde diversos puntos de vista:

a.

Política medioambiental: la energía eólica es una forma limpia de energía sin emisión de CO2 ni de ninguna otra sustancia nociva. La oferta de energía eólica es fluctuante, pero enorme.

b.

Política social: en 2002, la energía eólica aportó una contribución al empleo de veinte puestos de trabajo por megavatio de capacidad instalada. Sin embargo, debido a efectos de aprendizaje en diseño, fabricación e instalación de las turbinas, el empleo no aumentará proporcionalmente, sino que, según las expectativas, bajará en 2020 hasta 9,8 puestos de trabajo por megavatio de capacidad instalada. Por tanto, el incremento en el empleo en la industria eólica pasará de unos 114 000 puestos de trabajo en 2001 a 1,47 millones aproximadamente de puestos de trabajo en 2020 (11).

c.

Política regional: debido a las medidas de apoyo la energía eólica se desarrollará en grandes parques eólicos centralizados. Debido a su rentabilidad, son muy atractivos para los inversores. La opinión pública se está rebelando contra esta evolución y es favorable a una densa red de pequeñas centrales eólicas descentralizadas.

2.4   Energía solar

2.4.1

Existen dos maneras de utilizar la energía solar: como energía solar térmica para la calefacción de locales y de agua y como corriente solar para la producción de electricidad (12). Los sistemas de energía solar térmica son relativamente sencillos y baratos y se utilizan ya en muchos países para fines de calefacción.

2.4.2

La razón principal de fijarse el objetivo de utilizar a gran escala la energía solar es que se trata de una fuente inagotable de energía renovable. Tiene a escala mundial un enorme potencial y las instalaciones son, si se diseñan y construyen adecuadamente, muy respetuosas con el medio ambiente.

2.4.3

La energía solar es explotable en casi todos los lugares de la Tierra y se puede utilizar de muchas maneras: desde pequeños sistemas en lugares apartados con instalación en los tejados de las casas hasta grandes centrales solares.

2.4.4

Los sistemas de energía solar térmica están ampliamente difundidos. El principal mercado para estos sistemas es China, sobre todo porque en las zonas rurales se carece de infraestructura para el suministro del gas y electricidad. En estos casos, los sistemas de energía solar térmica son la solución más eficaz. Otro gran mercado es Turquía. Entre 2001 y 2004, la venta de colectores solares tuvo a escala mundial un crecimiento anual de entre 10 y 15 %. China adquirió el 78 % de la producción total mundial, Turquía un 5,5 %.

2.4.5

En Europa son mercados importantes para los sistemas de energía solar térmica Alemania, Austria, España y Grecia. Los Gobiernos de Alemania y Austria apoyan financieramente la instalación de tales sistemas. En España, la instalación de tales sistemas en nuevos edificios es obligatoria en una serie de regiones. Gracias a las medidas de apoyo, Alemania y Austria son con diferencia los principales productores de sistemas de energía solar térmica en Europa y representan el 75 % de la producción europea. No obstante, la producción no puede ni compararse con la de esta clase de sistemas en China. Europa produjo 0,8 millones de m2, China 12 millones de m2. La causa principal de ello es que el Gobierno de China percibió ya en una fase temprana la importancia de la energía solar térmica y fomentó la producción de estos sistemas con toda clase de medidas en planes económicos quinquenales.

2.4.6

Pese a su carácter inagotable, la corriente solar cubre sólo por el momento una parte muy pequeña de nuestras necesidades. La razón estriba en que los costes de producción de corriente solar son aún mucho más elevados que los de la corriente procedente de centrales de gas o carbón. Para salir del círculo vicioso de baja cifra de negocios y precios altos, la energía solar debería utilizarse tanto como sea posible, porque así se originan ventajas de escala importantes en la producción e instalación. Sólo así se podrá seguir renovando y mejorando también la tecnología.

2.4.7

Además, la generación de energía con ayuda de muchas unidades relativamente pequeñas de rendimiento oscilante (en función del sol) requiere un planteamiento de los problemas energéticos distinto del que conocemos. El paso a la energía solar es un proceso a medio plazo, pero es indudablemente de suma importancia fomentar intensamente el desarrollo de este sector.

2.4.8

Aunque el mercado de la energía fotovoltaica crece rápidamente, sólo existen realmente tres grandes mercados: Japón, Alemania y California. En estos tres Estados se concentra 80 % de la producción mundial de sistemas de energía solar. La fomentan con importantes subvenciones y pagando a los particulares un buen precio por la electricidad producida de esta manera. A escala mundial, la capacidad producida en 2004 con células solares fue de 1 150 MW. Sumados a los 3 000 MW ya instalados a finales de 2003, la capacidad total en 2005 aumentó a 4 500 MW aproximadamente.

2.4.9

El mercado japonés se creó en 1994 a través de un programa de fomento con un 50 % de ayuda. Ésta se ha ido reduciendo en un 5 % cada año, hasta el 5 % final de 2004 correspondiente al último año del programa. La gran demanda suscitada por el programa ha tenido por efecto ventajas de escala de las que se ha beneficiado la economía japonesa: los precios retrocedían un 5 % cada año, por lo que el precio de consumo permanecía estable. Pese a la ausencia actual de ayuda, el mercado sigue teniendo un crecimiento anual de un 20 %. La estabilidad de la demanda ha permitido a las empresas japonesas invertir en I+D y en nuevas técnicas de producción. De este modo, Japón tiene en sus manos actualmente un 53 % del mercado mundial.

2.4.10

Alemania ha tenido aproximadamente el mismo desarrollo, pues comenzó en 1999, pero lleva un retraso de cinco años. La combinación de préstamos con intereses bajos, subvenciones y precios estables con vistas al aprovisionamiento de la red de electricidad tuvo por efecto un rápido crecimiento del mercado de la energía fotovoltaica. Ya en 2001 Alemania superó a Estados Unidos en capacidad instalada. Los productores locales pudieron desarrollarse y actualmente la mitad de la producción europea (13 % de la producción mundial) es alemana. El inicio de un nuevo programa de ayuda en 2004 con precios de venta estables para los próximos veinte años ha reimpulsado el sector: el mercado alemán es ahora el de más rápido crecimiento en el mundo con un porcentaje del 40 % en 2004 y 2005. Esta demanda interior hace que las empresas alemanas puedan desarrollar su producción y después les brindará posibilidades de exportar cuando el mercado alemán esté saturado.

2.4.11

El desarrollo de la energía solar es también importante desde diversos puntos de vista:

a.

Política medioambiental: la energía solar es una forma limpia de energía sin emisión de CO2 ni de ninguna otra sustancia nociva. Su potencial es enorme: la Tierra recibe del sol cada año tres millones de exajulios de energía. Para comparar, la reserva total de combustibles fósiles asciende a 300 000 exajulios.

b.

Política social: el desarrollo de la energía solar creará empleos en los sectores del diseño, la mejora, la producción y la instalación de sistemas de energía solar. Por otro lado, se perderán empleos dado que serán necesarias menos grandes centrales eléctricas centralizadas.

c.

Política regional: la energía térmica solar puede utilizarse en regiones distantes y menos desarrolladas en las que no existen infraestructuras de distribución de la energía. Es una solución barata para la calefacción y para el suministro de agua caliente.

2.5   Energía geotérmica

2.5.1

La energía geotérmica puede utilizarse por medio de bombas de calor para la calefacción y la refrigeración de edificios. Estas bombas de calor usan sólo una fracción de la cantidad de gas o electricidad utilizada por los sistemas de climatización convencionales. La energía para calentar (o enfriar) se toma del entorno (aire, agua o tierra) (13).

2.5.2

Los principales mercados de bombas de calor son Estados Unidos, Japón y Suecia, que cubren un 76 % de la capacidad instalada total. Siguen a continuación China, Francia, Alemania, Suiza y Austria. El mercado europeo aumentó de 40 000 unidades en 1997 a 123 000 unidades en 2004. La totalidad del mercado creció un 18 % en 2004. La producción y la instalación de bombas de calor tienen lugar sobre todo en países en que los entes públicos las fomentan de manera importante, tanto desde el punto de vista financiero como con otro tipo de medidas.

2.5.3

Suecia es un buen ejemplo de tal tipo de enfoque. Desde los años noventa del pasado siglo, el Gobierno sueco ha fomentado la utilización de bombas de calor con una serie de medidas tales como ayudas financieras directas, ventajas fiscales y acciones de promoción. Por otra parte, la existencia de nueva legislación en el sector de la construcción -en la que se describe con precisión el grado máximo de temperatura que se puede alcanzar en un sistema de calefacción- ha contribuido en buena medida al aumento de la utilización de bombas de calor.

2.5.4

Se creó así un mercado que ha permitido desarrollar en Suecia la producción de bombas de calor. Suecia tiene ahora una industria completamente desarrollada de bombas de calor con tres operadores importantes en el mercado internacional y cubre más del 50 % de la demanda europea. El mercado sueco de bombas de calor puede seguir funcionando con sus propias fuerzas. El número de bombas de calor también crece ahora continuamente sin medidas de ayuda pública. Más del 90 % de los nuevos edificios en Suecia está equipado actualmente de modo estándar con una bomba de calor.

2.5.5

Una evolución semejante tuvo lugar en Austria, país en que los entes regionales subvencionaron hasta el 30 % de los costes de adquisición e instalación de bombas de calor. Austria tiene ahora siete productores de bombas de calor. En ambos países, la combinación de ayuda financiera directa, normativas específicas sobre construcción y campañas de promoción ha hecho posible que la industria de bombas de calor haya podido desarrollarse de tal modo que el sector está ahora en condiciones de seguir adelante valiéndose de las propias fuerzas y sin ayuda pública.

2.5.6

El desarrollo de la energía geotérmica es también importante desde diversos puntos de vista:

a.

Política medioambiental: la energía geotérmica es una fuente de energía inagotable, limpia y que permite ahorrar energía. Su potencial es enorme, ya que los seis kilómetros más externos de la corteza terrestre almacenan una energía que equivale a 50.000 veces todas las reservas de petróleo y gas conocidas en el mundo (14).

b.

Política social: el desarrollo de la energía geotérmica creará empleos en los sectores del diseño, la mejora, la producción y la instalación de sistemas de energía solar. Por otro lado se perderán empleos, ya que se necesitarán menos centrales eléctricas centralizadas de gran tamaño.

c.

Política regional: la energía geotérmica constituye para los habitantes de regiones distantes en las que no existen infraestructuras de distribución de la energía una solución barata para sus necesidades de calefacción y de agua caliente. Para explotar la energía geotérmica se necesita electricidad, pero mucha menos de la que es necesaria para la calefacción y el suministro de agua caliente.

3.   Eficiencia de las materias primas

3.1

Si la cantidad de energía que puede ser producida a partir de combustibles fósiles es limitada, las materias primas utilizadas en la producción industrial (metales, minerales y biológicas) también son finitas (15). Su utilización en el mundo industrial es considerable: Un 20 % de la población mundial consume más de un 80 % del total de las materias primas.

3.2

Este modelo de consumo no es conciliable con una utilización sostenible de los recursos naturales de que disponemos. Asumiendo que estas reservas de materias primas constituyen nuestra herencia común y que el acceso actual y futuro a ellas es un derecho universal e inalienable, Europa deberá reducir su explotación de estos recursos cuatro veces de aquí a 2050 y diez veces antes de 2080 (16). El CESE valora positivamente las iniciativas en este ámbito, como la desmaterialización y el Plan de actuación en materia de tecnología medioambiental (ETAP).

3.3

A fin de cuentas, todo producto implica un daño para el medio ambiente: en su etapa de producción, durante su utilización o cuando se convierte en residuo al final de su ciclo de vida. El ciclo de vida de un producto consta de varias fases: extracción de la materia prima, concepción, producción, montaje, comercialización, distribución, venta, utilización y conversión en residuo. En cada fase intervienen protagonistas diferentes: diseñadores, productores, operadores comerciales, consumidores, etc. La política integrada de los productos intenta mejorar la coordinación de estas distintas fases (por ejemplo teniendo en cuenta en la fase de concepción la mejor manera de reciclar un producto) a fin de disminuir el impacto ambiental del producto durante todo su ciclo de vida.

3.4

Dada la cantidad diferente de productos y la diversidad de interesados que intervienen, no es posible adoptar una única medida uniforme que resuelva todos los problemas. Se requiere un arsenal completo de instrumentos políticos, tanto vinculantes como voluntarios. Estos instrumentos deben aplicarse en estrecha cooperación con los sectores público y privado y con la sociedad civil.

3.5

Las organizaciones de consumidores también deberían desempeñar un papel más estimulante y de apoyo en comparación con su papel tradicional. Hasta ahora, muchas de estas organizaciones velaban sobre todo por obtener la mejor calidad posible a los precios más bajos posibles. Ahora bien, en la práctica esto implica que la producción no se lleva a cabo de la manera más sostenible.

3.6   Cogeneración

3.6.1

El uso del calor que se libera en la producción de electricidad significa una considerable mejora en la eficiencia de la utilización de la energía, pese a las limitaciones técnicas resultantes de la gran distancia entre el lugar en que se produce el calor (zona industrial) y el lugar en que se consume (zona habitada), lo cual hace que se pierda mucha energía. Las microunidades de cogeneración pueden utilizarse primordialmente para satisfacer las necesidades de calefacción de un edificio y, como producto secundario, suministran electricidad. También pueden instalarse productos alternativos para satisfacer primero la demanda de electricidad, con producción de calor como producto secundario. Hasta la fecha, la mayor parte de las ventas han sido microunidades de cogeneración para fines de calefacción, aunque para satisfacer la demanda de electricidad se instalan sobre todo pilas de combustible.

3.6.2

La tecnología de la cogeneración puede evitar tal limitación y plantea al mismo tiempo a la industria europea un desafío económico. La cogeneración se utiliza sobre todo para calefacción de bloques de viviendas y tiendas y suministra como producto secundario electricidad. En 2004 se habían instalado aproximadamente 24 000 unidades. La tecnología de la cogeneración puede adaptarse a diversas fuentes de energía. La más prometedora parece ser la cogeneración que utiliza la tecnología del hidrógeno (pila de combustible), aunque es necesario seguir desarrollándola.

3.6.3

Gracias a las subvenciones dirigidas a los usuarios finales de instalaciones de cogeneración, Japón es el país más avanzado en el desarrollo de esta tecnología, debido también a que en él la industria del automóvil fomentó considerablemente la tecnología de la pila de combustible. El Gobierno japonés pretende adquirir, al igual que con la corriente solar, una posición líder para la industria japonesa en el desarrollo de la tecnología de la pila de combustible. Lo hace fomentando y financiando la investigación y el desarrollo y subvencionando la adquisición por el usuario final en un estadio temprano del desarrollo del mercado.

3.6.4

El desarrollo de la cogeneración es también importante desde diversos puntos de vista:

a.

Política medioambiental: es una fuente de energía barata que permite ahorrar energía. Además es muy limpia, ya que el agua caliente y la electricidad producidas por cogeneración producen un 20 % menos de emisiones de CO2.

b.

Política social: el desarrollo de la cogeneración creará empleos en los sectores del diseño, la mejora, la producción y la instalación de sistemas de cogeneración. Por otro lado se perderán empleos, ya que se necesitarán menos centrales eléctricas centralizadas de gran tamaño.

4.   Implicaciones de la sostenibilidad para una serie de sectores

El crecimiento de los sectores que se ocupan de la investigación y el desarrollo de tecnologías en el ámbito de las energías renovables revela que el desarrollo sostenible brinda sólidas perspectivas económicas. Tales oportunidades existen no sólo en los sectores en que se desarrollan directamente tecnologías sostenibles, sino también en aquellos en que se deben aplicar las nuevas tecnologías.

4.1   Transporte

4.1.1

El sector del transporte es uno de los principales usuarios de combustibles fósiles. En este sector existen buenas oportunidades para el uso sostenible de la energía, tal como se pone de manifiesto en las numerosas y útiles recomendaciones del informe final CARS 21 (17). Por otro lado, una mejor planificación del desarrollo urbano y de las infraestructuras y una utilización más intensiva de las TIC abre perspectivas para mejorar la eficiencia del transporte. Junto con los progresos de la tecnología de motores de combustión, dará lugar a un ahorro de energía sustancial. A corto plazo existen buenas oportunidades para, en parte, pasar a otros combustibles como el gas natural o el combustible procedente de biomasa (BTL). A largo plazo, la economía del hidrógeno parece brindar en este campo buenas oportunidades. La tecnología híbrida, como la que se desarrolla actualmente, es una forma de transición óptima.

4.1.2

La cuota de mercado potencial máxima para combustible producido a partir de biomasa se estima en el 15 %, El objetivo que la UE se ha fijado para 2010 es una cuota de mercado de 6 %. En la actualidad está en marcha un primer proyecto piloto para producir grandes cantidades de combustible a partir de biomasa.

4.1.3

El gas natural tiene menos emisiones de CO2 que la gasolina (-16 %) o el gasóleo (-13 %) y puede lograr una mayor cuota de mercado con un entorno fiscal favorable. Así se podrá crear un mercado estable para productores y usuarios: la tecnología está disponible. Las posibilidades parecen muy favorables sobre todo en el transporte público en zonas urbanas, porque las estaciones de recarga de gas podrán utilizarse entonces de modo óptimo. En principio, es posible llegar a una cuota de mercado del 10 % en 2020 (18).

4.1.4

Los ejemplos de otros países (sobre todo Brasil) ponen de relieve que tal cuota de mercado se conseguirá no sólo procurando que exista disponibilidad de biocombustible. Se necesitan medidas de acompañamiento por ejemplo, ventajas fiscales, legislación y reglamentación específicas y promoción, que inciten al consumidor a dar el paso.

4.1.5

El otro lado de la moneda es que una mayor utilización de biocombustibles procedentes de zonas vulnerables desde el punto de vista ambiental (como por ejemplo el aceite de palma del Sudeste asiático) puede llevar a una destrucción a gran escala de los bosques tropicales, ya que son reemplazados por plantaciones de aceite de palma. El mundo tiene 23 grandes ecosistemas, 15 de los cuales están agotados o gravemente contaminados, según un estudio reciente de Naciones Unidas.

4.2   Construcción

4.2.1

En la construcción –especialmente la de viviendas– existen enormes posibilidades para unas técnicas más sostenibles. Ya es posible, con costes suplementarios de poca monta, construir viviendas sin gastos para la energía, sobre todo teniendo en cuenta que los costes adicionales se amortizan rápidamente porque no hay costes energéticos. Este tipo de construcción tiene por término medio un coste adicional de 8 % con respecto a la construcción tradicional, porcentaje que puede reducirse hasta un 4 % al cabo de diez años si se construye a gran escala. Norman Foster, uno de los arquitectos más famosos del mundo, declaró una vez que si se considera el coste total de un edificio a lo largo de un período de 25 años, el coste real de la construcción es sólo del 5,5 %. El coste de ocupar el edificio (energía, mantenimiento a gran y pequeña escala, tipo de interés hipotecario o enfitéutico) supone más del 86 % durante el mismo período. Por consiguiente, construir de forma sostenible puede salir ligeramente más caro a corto plazo, pero es considerablemente más barato a medio y largo plazo.

4.2.2

En Alemania y Austria, la construcción según principios de ahorro energético crece de un modo comparativamente más rápido que en el resto de Europa. El «Passivhaus Institut», en Alemania, ha hecho construir viviendas que utilizan muy poca energía, recurriendo a tal fin a la energía solar en combinación con un aislamiento hermético y eficiente. Se han construido entretanto más de 4 000 viviendas de esta clase en Alemania y más de 1 000 en Austria. También en la construcción industrial se aplica cada vez más este principio.

4.2.3

La ciudad de Friburgo, en Alemania, ha fijado nuevas normas para una construcción con ahorro energético. Estas normas son un componente fijo de todos los contratos de alquiler y venta que el municipio suscribe con constructores y diseñadores de proyectos. El municipio utiliza así óptimamente sus competencias legales para hacer algo a gran escala en materia de gestión energética. En los contratos se establece que en los solares comprados o arrendados por el municipio se debe construir con arreglo a directrices de ahorro energético, los edificios deben diseñarse de tal modo que pueda hacerse una utilización máxima de la energía solar y los tejados adecuarse a la instalación de placas solares. En los barrios en que se construye de este modo se consigue un ahorro del 40 % en el uso del agua caliente.

4.3   Industria

4.3.1

El Comité acoge con satisfacción el enfoque de la Comisión sobre la política industrial porque tiene en cuenta las preocupaciones relativas a la sostenibilidad, tal como expone en su Comunicación «Implementación del programa comunitario de Lisboa: un marco político para fortalecer la industria manufacturera de la UE — Hacia un enfoque más integrado de política industrial» (19). La realización de los objetivos de Lisboa requiere una industria europea competitiva. Por consiguiente, el CESE acoge con satisfacción la creación del Grupo de alto nivel sobre competitividad, energía y medio ambiente, una de las siete iniciativas políticas intersectoriales importantes anunciadas para reforzar las sinergias entre los diferentes ámbitos políticos, teniendo en cuenta los aspectos relacionados con la competitividad. El Comité también valora positivamente los esfuerzos realizados por la propia industria europea en este campo.

4.3.2

En la actualidad la industria sigue siendo muy dependiente de los combustibles fósiles. Sin embargo, en muchos lugares la elección del proceso eléctrico permite la utilización de todos los tipos de fuentes de energía primarias y, en la mayor parte de los casos, se logra al mismo tiempo ahorrar energía (20). Existen también posibilidades de intercambio de energía residual entre complejos industriales y otros sectores o complejos de viviendas. Así, por ejemplo, el calor residual del complejo industrial de Europoort (Rotterdam) se utiliza para la calefacción del principal complejo de invernaderos del Noroeste de Europa, situado a veinte kilómetros, en Westland.

4.3.3

El petróleo es la base de la industria química, pero esta materia prima estará menos disponible en el futuro. La alternativa se presenta en forma de biosíntesis, la producción de sustancias químicas a partir de la biomasa con ayuda de bacterias, un campo muy complejo, aunque también con grandes perspectivas. En los últimos años se han registrado muchos progresos en el conocimiento de la genética de microorganismos tales como las bacterias. Existen nuevas técnicas que posibilitan la modificación genética de estos organismos de tal manera que convierten el material de partida en sustancias específicas. Las bacterias se convierten así en una especie de minirreactores programables.

4.3.4

Por el momento utilizan sobre todo la tecnología de los microorganismos la industria de la alimentación y la industria farmacéutica, por ejemplo para la producción de queso, cerveza y penicilina. Las posibilidades de bioconversión son también grandes en estos sectores, pero entre tanto la industria química empieza también a interesarse por esta tecnología. Hay toda una serie de etapas de reacción que son necesarias para obtener y refinar las sustancias a partir del petróleo. La tecnología debe desarrollarse aún mucho más, pero teóricamente es posible pasar a la conversión directa, desde la biomasa a productos químicos básicos y otros productos. Esto significa un ahorro en el uso del petróleo sin renunciar a todos los demás beneficios que son importantes desde el punto de vista económico y medioambiental: reducción de emisiones, culminación de los circuitos y gestión de la cadena de producción.

4.3.5

Los sectores con uso intensivo de energía pueden encontrar problemas especiales para garantizar una transición gradual a las fuentes de energía renovables. El nivel de sostenibilidad de la producción es directamente proporcional al nivel de tecnología utilizado y en un futuro próximo no es de esperar ninguna mejora notable en este ámbito. Por ejemplo, los sectores europeos del acero y el aluminio están obteniendo buenos resultados en este ámbito. Mientras que la industria de acero está invirtiendo mucho en nuevas tecnologías para una producción más sostenible, especialmente a través del proyecto ULCOS (Ultra Low CO2 Steel Making, el mayor proyecto europeo sobre acero de la historia), y espera que sus emisiones de CO2 se reduzcan a la mitad de aquí a 2040, la producción de aluminio de primera fusión en Europa se caracteriza por una utilización notablemente elevada de energía renovable (44,7 %). Dado que la energía utilizada para producir aluminio de segunda fusión a partir de chatarras de aluminio representa sólo el 10 % de la energía necesaria para la producción de aluminio de primera fusión, existe un mayor potencial de ahorro energético en este sector. Sin embargo, la chatarra de aluminio en el mercado europeo está siendo adquirida en su mayor parte por China gracias a los incentivos gubernamentales para fomentar el ahorro de energía.

4.3.6

Los resultados de la industria europea del acero son también buenos en materia de utilización eficaz de las materias primas y del reciclaje. La mitad de la producción mundial de acero se obtiene a partir de chatarra. Se optimiza también la reutilización de los residuos. En la planta de Corus, en IJmuiden, un 99 % de los residuos se reutilizan en la propia factoría o externamente.

4.3.7

Aunque en un futuro próximo la utilización de fuentes de energía fósil como materia prima para la producción industrial será en gran medida inevitable, el uso de materiales innovadores contribuirá a ahorrar energía en el sector de las aplicaciones, por ejemplo, mediante la reducción del peso de los vehículos en la industria automovilística. A fin de fomentar este tipo de innovación, la industria europea tiene que mantener su competitividad internacional, empezando por las industrias extractivas, ya que es en ellas donde comienza la cadena de creación de valor.

5.   Aspectos sociales

5.1

La necesidad de una transición gradual a una producción sostenible es inevitable e indiscutible. La desindustrialización, la deslocalización de la producción hacia otras regiones y la competencia creciente de economías en vías de desarrollo han creado inseguridad y temores. En este clima se ha extendido la opinión de que pasar a una producción más sostenible afecta negativamente a la competitividad de Europa, frena el crecimiento de la industria, destruye puestos de trabajo y es malo para la economía y el empleo.

5.2

Ha habido efectos negativos para el empleo en Europa. En Alemania, hay estudios que predicen la pérdida de 27 600 empleos para 2010 debido al Régimen Comunitario único de Comercio de Derechos de Emisión (RCCDE), pérdida que se elevará a 34 300 en 2020 (21). Además, otros 6 100 empleos se habrán perdido en Alemania en 2010 debido a la aplicación de la nueva ley sobre las energías renovables (22). Finalmente, para 2010 está previsto que la aplicación de los acuerdos del Protocolo de Kioto destruyan otros 318 000 empleos en Alemania (23). Estas cifras, que deben compararse con el número de puestos de trabajo creados, muestran que, en efecto, una política orientada a la lucha contra los cambios climáticos se traduce en una «transformación industrial»: por ejemplo, los 16,4 miles de millones de euros aportados por las energías renovables en Alemania en 2005, o los 170 000 empleos creados hasta ahora en este sector (24). Con un volumen de producción de 55 000 millones de euros (2004), la protección del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático proporcionan actualmente en Alemania un millón y medio de puestos de trabajo, y su participación en las exportaciones alemanas (31 000 millones de euros en 2003) supone otros muchos puestos de trabajo más (25).

5.3

Sin embargo, las repercusiones no son solo negativas. Un estudio sobre la pérdida de puestos de trabajo en Europa ha puesto de manifiesto que menos del 5 % de los puestos de trabajo que se pierden desaparecen por razones achacables a la deslocalización de la producción a otras regiones (26). Pese a las limitaciones metodológicas que se derivan de las técnicas de recopilación de datos, este estudio sigue siendo una fuente útil de información, en particular si se tiene en cuenta en paralelo con otros indicadores pertinentes. Sólo un pequeño porcentaje de esta pérdida de empleos se debe a la legislación ambiental.

5.4

También ha habido un aumento del empleo. La ecoindustria, que se ocupa de investigar y desarrollar tecnologías sostenibles, es un sector dinámico con un crecimiento de empleo de 5 % anual. El sector es actualmente, con dos millones de puestos de trabajo directos a tiempo completo, una fuente de empleo tan importante en Europa como la industria farmacéutica y la de la investigación espacial (27).

5.5

Una investigación de la OCDE (28) revela que la producción sostenible no conduce por definición a un aumento de los costes. A largo plazo, puede incluso en cierto modo reducirlos. Además, los rendimientos de la producción sostenible compensan los gastos. La legislación y la reglamentación secundaria en el ámbito del medio ambiente llevan a invertir en la innovación sostenible y propician así una utilización más eficiente de las materias primas, un refuerzo de las marcas, una mejora de la imagen de la empresa y, por último, una mayor rentabilidad y más empleo. Para que este proceso tenga éxito se necesita un enfoque común basado en la responsabilidad compartida de las empresas, los sindicatos y los Gobiernos.

5.6

Lo que debe evitarse a toda costa es que las industrias que utilizan mucha energía se hallen en una situación de desventaja competitiva en relación con regiones de fuera de la UE, debido al aumento de los costes de la energía que se derivan de la legislación y la reglamentación en el ámbito del medio ambiente. Si Europa fija normas de producción sostenible para su propia industria es inaceptable y carente de sentido que, al mismo tiempo, permita a productores de fuera de la región que introduzcan en su mercado productos no elaborados de conformidad con esas normas. A fin de fomentar una producción sostenible se necesita un enfoque dual: interno a la UE, por un lado, y externo a la UE, por el otro.

5.6.1

Por lo que respecta al primero, deberían introducirse instrumentos adecuados para garantizar la internalización en el precio de los productos de los costes sociales y medioambientales derivados de métodos de producción no sostenibles dentro de la Unión Europea a fin de impulsar el principal objetivo del informe elaborado por la Comisión Mundial de la OIT sobre la Dimensión Social de la Globalización con el objeto de fomentar la coherencia de las políticas entre la OIT, la OMC, el FMI y el Banco Mundial, tal y como se señala en el Dictamen del CESE sobre el tema «La dimensión social de la globalización».

5.6.2

Por lo que respecta al segundo, la UE debería hacer todos los esfuerzos posibles en los foros internacionales relevantes (en particular en la OMC) para incluir las preocupaciones no comerciales, como las normas sociales y medioambientales fundamentales, en los acuerdos internacionales de comercio a fin de permitir un aumento del nivel de la política de sostenibilidad de los competidores de Europa. Países como Estados Unidos, India y China tienen una ventaja económica desleal, en comparación con Europa, dado que no están vinculados a los objetivos de reducción de CO2 por el Protocolo de Kioto. Estos acuerdos deberían aplicarse a nivel mundial dado que el comercio sólo puede ser realmente libre cuando es también leal.

5.7

La ecoindustria europea representa una tercera parte aproximadamente del mercado mundial y arroja un excedente comercial de más de 600 millones de euros. La exportación creció un 8 % en 2004 y es un mercado en expansión, porque en el futuro todos los países –también China e India– deberán pasar en medida cada vez mayor a productos y procesos de producción sostenibles.

5.8

La sociedad sostenible, innovadora, a la que debemos tender tiene necesidad de una campaña de información exhaustiva destinada a aumentar la sensibilización de ciudadanos y consumidores y a crear una amplia base social. También necesita trabajadores con buena cualificación. En el pasado reciente, Europa prestó poca atención a ello. En la versión inglesa de diez directivas elaboradas por Europa en los últimos años en este ámbito (sostenibilidad, innovación) se ha hecho una búsqueda de los términos «training», «learning», «skilling» y «education», y sólo la primera palabra aparece una vez en una directiva.

5.9

En una serie de comunicaciones de la Comisión previas a dichas directivas sí se hace amplia referencia a la necesidad de formación. Sin embargo, en las directivas desapareció por completo tal observación. Las «Comunicaciones» son cosas que se dicen, las «Directivas» cosas que se hacen. La política no es lo que se dice, sino lo que se hace. El CESE acoge con satisfacción el hecho de que se esté prestando una gran atención a la importancia de la educación en la nueva política industrial de la UE e insta a la Comisión a que continúe sus esfuerzos en esta dirección.

5.10

La Estrategia de Lisboa tiene por ambición hacer de Europa en 2010 la economía basada en el conocimiento más competitiva del mundo, con más y mejores empleos y con una gran cohesión social. Se necesita una población activa bien cualificada para alcanzar y mantener tal sociedad. Si no se invierte suficientemente en el ámbito de la formación de los trabajadores, no sólo no se alcanzarán los objetivos de Lisboa en 2010: no se alcanzarán nunca.

Bruselas, 14 de septiembre de 2006.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  COM(2005) 658 final de 13.12.2005.

(2)  Tríada energética — Un modelo para la utilización sostenible de la energía desarrollado por la Universidad Técnica de Delft.

(3)  Fuente: Energie Centrum Nederland, www.ecn.nl.

(4)  COM(2006) 105 final de 8.3.2006.

(5)  Eurobarómetro nos 227 (Energía nuclear y residuos) junio de 2005 y 247 (Actitudes hacia la energía) enero de 2006.

(6)  Fuente: Energie Centrum Nederland, www.ecn.nl.

(7)  Fuente: www.worldwatch.org.

(8)  Plan de acción sobre la biomasa, Comunicación de la Comisión (SEC(2005) 1573).

(9)  Fuente: Energie Centrum Nederland, www.ecn.nl.

(10)  Fuentes: www.ewea.org y www.wind-energie.de.

(11)  Fuente: Energie Centrum Nederland, www.ecn.nl.

(12)  Véase anexo I.

(13)  Véase anexo II.

(14)  Fuente: Informatiecentrum Duurzame Energie.

(15)  Véase el Dictamen del CESE sobre el tema «Riesgos y problemas relacionados con el suministro de materias primas a la industria europea».

(16)  Revisión de la Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible.

(17)  CARSE 21:Grupo de alto nivel — Sistema regulador para un sector del automóvil competitivo en el siglo XXI.

(18)  Fuente: COM(2001) 547 final, Directiva 2003/30/CE relativa al fomento del uso de biocarburantes u otros combustibles renovables en el transporte, Informe sobre combustibles alternativos del Grupo de contacto sobre combustibles alternativos, diciembre de 2003.

(19)  COM(2005) 474 final, punto 4.1.

(20)  Véase Electricity for more efficiency — Electric technologies and their energy savings potential (Julio de 2004):

http://www.uie.org/library/REPORT_FINAL_July_2004.pdf.

(21)  Fuente:«Zertifikatehandel für CO 2 -Emissionen auf dem Prüfstand», 2002, Arbeitsgemeinschaft für Energie- und Systemplanung (AGEP)/Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI).

(22)  «Gesamtwirtschaftliche, sektorale und ökologische Auswirkungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)», 2004, Energiewirtschaftliches Institut an der Universität zu Köln (EWI, Köln), Institut für Energetik und Umwelt (IE, Leipzig), Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung (RWI, Essen).

(23)  Fuente: «Das Kyoto-Protokoll und die Folgen für Deutschland 2005», Institut für politische Analysen und Strategie (ipas) in cooperation with the International Council for Capital Formation (ICCF).

(24)  Comunicado de prensa 179/2006 del Ministerio Alemán del Medio Ambiente de 10 de julio de 2006.

(25)  Comunicado de prensa 81/2006 del Ministerio Alemán del Medio Ambiente de 20 de abril de 2006.

(26)  Fuente: www.emcc.eurofound.eu.int/erm/.

(27)  Fuente: «Umweltschutz und Beschäftigung» («Protección del medio ambiente y empleo»), Umweltbundesamt, abril de 2004.

(28)  www.oecd.org/dataoecd/34/39/35042829.


23.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/12


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La gobernanza territorial de las transformaciones industriales: el papel de los interlocutores sociales y la contribución del programa marco para la innovación y la competitividad»

(2006/C 318/02)

El 19 de enero de 2006, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen sobre «La gobernanza territorial de las transformaciones industriales: el papel de los interlocutores sociales y la contribución del programa marco para la innovación y la competitividad».

La Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 31 de agosto de 2006 (ponente: Sr. PEZZINI; coponente: Sr. GIBELLIERI).

En su 429o Pleno de los días 13 y 14 de septiembre de 2006 (sesión del 13 de septiembre de 2006), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 181 votos a favor, 12 en contra y 8 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

Ante los nuevos retos que plantea la globalización, el Consejo Europeo de marzo de 2006 abordó la reactivación de la Estrategia de Lisboa centrándose, por una parte, en el crecimiento y el empleo y, por otra, en un enfoque integrado de la gobernanza.

1.2

La UE debe hacer todo lo posible para garantizar a sus ciudadanos un desarrollo innovador, competitivo y sostenible y lograr una mayor cohesión económica y social en su territorio mediante la creación y el desarrollo de nuevas empresas, nuevos perfiles profesionales y más y mejor empleo, manteniendo al mismo tiempo el modelo social europeo, orientado hacia la economía del conocimiento.

1.2.1

El Comité se muestra firmemente convencido de que sin «un nuevo ciclo de gobernanza basado en la asociación y la implicación (1)», todos los esfuerzos para la reactivación de la competitividad y el empleo en Europa serán vanos y de que es necesario adoptar y aplicar de manera rápida y generalizada nuevos paradigmas de gobernanza.

1.2.2

En opinión del Comité, tanto el Séptimo programa marco de IDTD como el nuevo PIC siguen presentando una excesiva orientación «de arriba abajo» y no ofrecen todavía ni una integración adecuada ni una respuesta a la necesidad de que los agentes públicos y privados participen de manera responsable en el desarrollo a escala local y regional, optimizando el papel fundamental que desempeñan los interlocutores sociales de cara a un crecimiento sostenible y duradero.

1.3

La Unión Europea debería incentivar, recurriendo también a los dos instrumentos mencionados anteriormente, este nuevo tipo de asociación de ámbito local con las autoridades y los agentes económicos y, en especial, con los interlocutores sociales, favoreciendo una nueva generación de «pactos territoriales para el desarrollo de la globalización» (2).

1.4

El CESE está convencido de que no existen sistemas de gobernanza que puedan ser válidos para todos. Corresponde a cada nivel regional y local la búsqueda de fórmulas que respondan mejor a las exigencias de gobernabilidad territorial y que sean compatibles con el marco nacional, europeo e internacional de referencia.

1.5

Con todo, el Comité considera que es posible señalar algunos criterios comunes a estas fórmulas:

presencia de un diálogo civil y social estructurado;

evaluación (regular y pública) de la calidad y el impacto de las acciones realizadas;

formación de agentes e integradores del desarrollo;

pasarelas estructuradas entre el mundo académico, la industria y el gobierno;

estructuras de calidad para la educación y la formación;

inserción en redes de centros de excelencia científica y tecnológica;

creación y consolidación de estructuras de reagrupación avanzadas (distritos industriales, parques de alta tecnología, conglomerados de empresas de producción y sociedades financieras, etc.);

territorios con equipamientos adecuados, sostenibles, atractivos e informatizados;

estructuras de consenso y decisión que sean eficaces y bien aceptadas, basadas en la participación de los ciudadanos.

1.5.1

Por último, es absolutamente necesario que el diálogo social estructurado forme parte de esta política integrada del territorio, incluso mediante la valorización de los actuales consejos económicos y sociales territoriales, con los interlocutores sociales y los representantes de la sociedad civil organizada, y la creación de modalidades eficaces de asociación económica y social (3).

1.5.2

A este respecto, debe proseguirse la vía indicada por el CESE, con la participación de los consejos económicos y sociales, u otros organismos afines, de cada Estado europeo en un diálogo estructurado con el CESE.

1.6

El éxito de la nueva gobernanza dependerá cada vez más de la capacidad para determinar el nivel de proximidad más eficaz para gestionar los problemas y las soluciones, de conformidad con el principio de subsidiariedad, pero preservando al mismo tiempo un marco de coherencia y de visión común con los demás niveles de intervención (4).

1.7

El Comité está convencido de que la práctica de explorar las posibilidades a medio y largo plazo de actividades, acciones e intervenciones con una perspectiva común mediante ejercicios de prospectivas participativas no sólo puede aportar una contribución válida «de abajo arriba» para el desarrollo cultural de la sociedad y contribuir a enriquecer las opciones de los responsables políticos y administrativos, sino también, y sobre todo, servirá para generar y reforzar en el territorio una interacción entre aquellos sectores tecnológicos, económicos, sociales, políticos y culturales que resulten fundamentales para la gobernanza de un desarrollo sostenible y competitivo.

1.8

Esto exige, ante todo, la participación de los interlocutores sociales y de los representantes de la sociedad civil organizada, al objeto de distinguir claramente los puntos fuertes y débiles del sistema y poder así determinar nuevas posiciones en los mercados nacional e internacional.

1.9

Si, por una parte, la globalización ejerce una presión competitiva para modernizar, innovar e impulsar hacia arriba la cadena de valores, y permite producir y distribuir bienes y servicios de la manera más eficaz y económica, por otra, se corre el riesgo de que, si no se actúa a tiempo, esta misma globalización genere nuevas segmentaciones y fragmentaciones del tejido económico y social, en particular a nivel territorial.

1.9.1

De aquí la necesidad, para el Comité, de proceder cuanto antes a la creación de nuevas competencias que puedan orientar a los ciudadanos hacia el cambio. Se están organizando acciones de formación conjunta destinadas a los gestores de los distritos industriales y a los responsables de las empresas y de los sistemas financieros y de crédito, que habría que llevar a cabo con los responsables políticos y del sector público, así como con los cuadros de los entes locales y territoriales.

1.10

En opinión del Comité, sólo con un enfoque territorial integrado y participativo se logrará que los conocimientos acumulados gracias a la inversión en investigación y desarrollo, innovación y educación puedan generar una capacidad para la innovación y unas ventajas competitivas para la base industrial europea capaces de atraer capital humano y financiero al territorio.

1.10.1

En este contexto, es esencial estudiar nuevas modalidades que atraigan al territorio capital humano, por ejemplo mediante un mayor equilibrio entre los horarios laborales y la vida privada, la introducción de incentivos, en particular para las profesiones intelectuales y altamente cualificadas como directivos, investigadores o profesionales de la industria, que permitan obtener a los interesados, durante su vida profesional, unas ventajas suficientemente atractivas.

1.11

El Comité sostiene que el nuevo Programa Marco PIC 2007-2013 no puede disociarse del resto de las políticas y programas de intervención comunitaria en el territorio, ya que con él se pretende abordar estas cuestiones a través de tres líneas de acción: el programa para la innovación y el espíritu de empresa, el programa de apoyo a las tecnologías de la comunicación y la información, y el programa para la energía inteligente.

1.12

Desde esta óptica, el Comité sostiene que es necesario coordinar estrechamente el PIC tanto con las actuaciones en materia de política regional, de cohesión y de cooperación transfronteriza, transnacional e interregional, como con el Séptimo programa marco para actividades de IDTD, que dedica también una parte importante de su programa «Capacidades» al desarrollo de la investigación para las PYME, a las «regiones del conocimiento», al respaldo de la innovación y a los servicios innovadores destinados a las empresas, así como a las necesarias relaciones entre el mundo de la formación y el mundo empresarial.

1.13

En opinión del Comité, además de garantizar un elevado grado de coordinación para asegurar sinergias y evitar solapamientos e incoherencias, es indispensable reformular estas iniciativas y depararles la adecuada acogida en el territorio, en un marco prioritario de asociación común para el desarrollo local.

1.14

Por último, el Comité reitera lo ya expresado en recientes dictámenes sobre la política industrial moderna: «Lo que falta es un vínculo claro entre los esfuerzos a nivel de la UE y la necesaria participación de los gobiernos, la industria y las partes interesadas a nivel nacional y regional».

2.   Definiciones

El dictamen hace referencia a algunos conceptos cuyo significado figura a continuación:

2.1

Gobernanza: la literatura antropológica distingue tres tipos de gobernanza (5). La gobernanza que parte de la base, que prevé una coordinación de todos los actores, a nivel local, y que se caracteriza por un marcado interés por todas las actividades tecnológicas. La gobernanza en red, basada en una fuerte coordinación en red de todos los actores y, en particular, de las empresas, de los centros de investigación y de los organismos financieros. Por último, la gobernanza intervencionista, que se basa en un elevado grado de coordinación y en una gestión centralizada de muchos de los aspectos especialmente importantes, como son la financiación y las competencias en materia de investigación.

2.2   Territorio socialmente responsable  (6):

Un territorio puede definirse como socialmente responsable cuando orienta su propio desarrollo hacia las cuestiones de sostenibilidad; es decir, cuando integra en su propio desarrollo la dimensión económica, social y medioambiental. Un territorio puede definirse como socialmente responsable si consigue:

integrar en sus decisiones económicas consideraciones sociales y medioambientales;

compartir un modelo de valores y un método participativo en los procesos de toma de decisiones;

favorecer las buenas prácticas y una interacción permanente entre las partes interesadas, con el fin de fomentar la innovación y la competitividad.

Para poder proyectar un territorio socialmente responsable es necesario:

identificar la comunidad que vive en el territorio;

determinar los valores que la guían.

2.3   Capital social de un territorio

El capital social puede adoptar distintas formas: cultura de cooperación o competencia; consenso asociativo o grupos de intereses polarizados; modalidades de aprendizaje. Las tradiciones culturales y el tipo de organización pueden ejercer una influencia considerable en los obstáculos que pueden encontrarse para la realización de un territorio socialmente responsable. Un examen más profundo de los recursos sociales disponibles en un territorio (capital social) nos induce a hacer una clara distinción entre el capital institucional, el capital cultural, el capital simbólico, el capital psicosocial y el capital cognoscitivo.

Capital institucional: es la capacidad de las instituciones formales de un territorio para concentrarse en la solución de los problemas, su capacidad de acción, la rapidez del proceso decisorio, el grado de información de las organizaciones y su flexibilidad y, por último, el tipo de relación existente entre las distintas organizaciones.

Capital cultural: es el patrimonio conjunto de las tradiciones del territorio, sus valores y convicciones, la riqueza de su lengua y, por último, sus relaciones sociales y modalidades de comportamiento (7).

Capital simbólico: es la capacidad de que dispone un territorio para movilizar las energías necesarias con vistas a garantizar tanto su propia evolución como sus posibilidades de servir de modelo de referencia a las empresas activas en dicho territorio.

Capital psicosocial: este tipo de capital se basa esencialmente en el concepto de confianza y en la convicción de que existe realmente una comunidad y de que ésta ofrece un potencial de desarrollo, así como en la conciencia de que es posible establecer una cooperación entre los distintos grupos y asociaciones.

Capital cognoscitivo: son los conocimientos técnicos colectivos, que no hay que confundir con el capital humano de cada individuo. Este capital se va configurando en las organizaciones que constituyen las infraestructuras del conocimiento, como universidades, centros de investigación, organizaciones culturales y profesionales, así como empresas y organismos destinados a desarrollar el diálogo social (8).

2.4   La prospectiva («Foresight») (9): el futuro como construcción social

El futuro ha de construirse. Son las personas quienes, con sus acciones voluntarias y las consecuencias a veces inesperadas de éstas, construyen el futuro. Por lo tanto, no sólo se ha de prever el futuro, sino que debe construirse socialmente. Una reflexión sistemática sobre los acontecimientos probables o posibles puede contribuir a esta construcción. Como ámbito de investigación, el estudio sistemático del futuro constituye un instrumento para intentar construir un día de mañana más acorde a nuestros deseos. Así pues, la prospectiva no tiene por objeto predecir el futuro, sino imaginar un futuro distinto del presente, posible gracias a factores como los cambios en la tecnología, los estilos de vida y trabajo, la reglamentación, la geopolítica mundial, etc.

2.4.1

Con el fin de respaldar las orientaciones establecidas por el Consejo Europeo de Lisboa, la Comisión creó las condiciones para organizar el Espacio europeo de la investigación (EEI) (10) cuya financiación se inscribía en el Sexto programa marco, con una atención especial a la prospectiva territorial (11). Posteriormente, en 2001, la Comisión creó la Unidad «Prospectiva científica y tecnológica, relaciones con el IPTS (12)» al objeto de garantizar la difusión de la prospectiva como modelo de innovación.

2.5   Democracia de proximidad

2.5.1

Entre las tendencias de los últimos años, además de la afirmación de la subsidiariedad, ha adquirido importancia la cuestión de la proximidad, esto es, la actitud cultural a través de la cual el ciudadano expresa su deseo de sentirse protagonista en las decisiones que afectan a la esfera social. Gracias a las nuevas tecnologías, los conocimientos se propagan a una velocidad y con una amplitud que no hace mucho eran impensables.

3.   Exposición de motivos

3.1

Al comienzo del tercer milenio, la UE se halla ante profundos cambios estructurales que han revolucionado, en pocos años, el entorno mundial en el que se desenvuelve y compite la economía europea. Entre estos cambios cabe citar, en particular, los siguientes:

la mano de obra presente en el mercado libre se ha duplicado con la llegada de más de dos mil millones de personas a la zona de economía de mercado regulada por la OMC;

la revolución económica, inducida por la globalización, ha modificado el equilibrio entre la demanda y la oferta al transformar modelos económicos bien enraizados;

la aparición de nuevos competidores económicos, agrupados entre sí, que se han añadido al conjunto de actores tradicionales del mercado;

la empresa se concibe cada vez más como un sujeto integrado en un sistema que garantiza redes de conocimiento integradas;

el éxito de una empresa viene determinado cada vez más por la nueva gobernanza pública del territorio, que debe obrar con una visión estratégica compartida;

las nuevas gobernanzas, públicas y privadas, aplicadas en los distintos territorios, coexisten en un contexto mundial que presenta grandes disparidades demográficas y económicas;

al nuevo mercado global liberalizado se han incorporado con fuerza nuevas estrategias agresivas de penetración económica y comercial, con concepciones que buscan, en particular, los puntos débiles de los mercados extranjeros para obtener ventajas competitivas.

3.2

El informe Aho (13) reiteró la necesidad de nuevos modelos de gobernanza para lograr una Europa competitiva y consciente de los retos que los cambios estructurales están planteando al sistema.

3.2.1

La adopción de este nuevo modelo de gobernanza requiere:

un cambio neto para concretar la unicidad del mercado europeo, favorecer la innovación y comercializar nuevos productos y servicios, en contraposición a una fragmentación, que constituye el principal obstáculo a las inversiones, las empresas y el empleo;

una revisión de los sistemas de movilidad en la UE que, centrada en los recursos humanos, deberá prever canales de intercambio y movilidad tanto entre los medios científicos, industriales y gubernamentales como entre los distintos Estados, así como nuevos instrumentos de diálogo que propicien la aparición de nuevas generaciones de distritos del conocimiento, nuevos parques tecnológicos e industriales, polos de excelencia, plataformas tecnológicas y agrupaciones de empresas;

una nueva visión estratégica común, con instrumentos de prospectiva participativa para afrontar los retos sociales internos y los desafíos económicos externos y para llenar el vacío existente entre las propuestas políticas y las necesidades concretas de participación de todas las regiones que desean entrar en la economía del conocimiento;

el desarrollo territorial de la función de «integrador de desarrollo» (14), con un alto grado de profesionalidad;

el respaldo a la creación de un Instituto Europeo de Tecnología (15) para evitar la fuga de cerebros y atraer su llegada desde otras partes del mundo, al objeto de desarrollar e impulsar la investigación y la innovación en el territorio de la Unión;

una vigorosa acción europea de apoyo a la recualificación profesional y a la formación de perfiles multidisciplinares útiles.

3.3

La investigación y el desarrollo, el diseño, los métodos de fabricación, los sistemas logísticos (16), la comercialización y los servicios a la clientela son funciones cada vez más integradas que obran conjuntamente como una entidad única que pone en contacto a clientes y promotores de nuevos productos.

3.4

La nueva estructura empresarial depende cada vez menos de la disponibilidad de equipamientos materiales y más de la propiedad de bienes intangibles. Necesita un «territorio equipado», dotado de estructuras de gobernanza territorial que estén en condiciones de apoyar las capacidades de producción y distribución de bienes y servicios y de garantizar, en las mejores condiciones, los servicios postventa.

3.5

El desarrollo de una identidad territorial clara, que se manifiesta en el capital social, parece fundamental, no sólo para evitar riesgos de deslocalización, sino también porque las nuevas implantaciones requieren características específicas y normas exigentes de calidad de los servicios en el territorio. El cumplimiento de estas normas puede obtenerse sólo con un personal preparado y sensibilizado a esta problemática.

3.6

La conciencia de la identidad regional y local entre los ciudadanos, los responsables políticos y los interlocutores sociales permite un enfoque integrado de sostenibilidad medioambiental y social, que representa un factor suplementario de atracción de nuevas inversiones.

3.7

La valorización de la identidad territorial se fundamenta en una mezcla de adhesión, reconocimiento y empatía con un conjunto de valores comunes en un contexto de visión prospectiva compartida. La promoción de la identidad territorial se basa en:

modelos de gobernanza participativos y transparentes, aplicados conforme a un reparto de poderes entre los distintos actores y centros decisorios públicos y privados; a acciones de refuerzo de las capacidades encaminadas a garantizar una optimización de la estructura organizativa, de gestión y explotación, así como a una utilización sostenible de los recursos territoriales entre los que figuran los transportes, los servicios sanitarios, los recursos físicos, las infraestructuras y los servicios en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC);

construcción de una imagen «agradable» del territorio;

análisis SWOT (17);

ejercicios participativos de prospectiva para tomar conciencia de las concepciones y vías comunes;

trabajo en red e intercambio de las mejores prácticas entre las identidades territoriales;

ejercicios de evaluación comparativa (benchmarking) para garantizar ventajas territoriales comparadas.

4.   El enfoque territorial integrado (ETI) y los sistemas de prospectiva para la innovación y la investigación en el territorio

4.1   El ETI y los recursos humanos locales

4.1.1

Son varios los ámbitos de intervención prioritaria para la valorización del patrimonio de recursos humanos presentes en el territorio:

una visión estratégica común y compartida (foresight) de las prospectivas de desarrollo del territorio, a medio y largo plazo, en materia de tecnología e innovación;

un diálogo social estructurado a nivel territorial. A este respecto, es esencial que los instrumentos jurídicos disponibles para la información y la consulta se respeten plenamente (18);

la prestación de formación con estructuras de calidad, destinadas a mejorar la cualificación de los recursos humanos de manera permanente en función de los perfiles profesionales necesarios para las nuevas perspectivas de desarrollo regional, en el marco de una competencia global;

la utilización de los numerosos instrumentos sociales establecidos para los recursos humanos que son víctimas bien de los cambios bruscos del mercado que los excluyen de las posibilidades de desarrollo, bien de la decadencia territorial en zonas en crisis;

una política de inclusión social y respeto de las minorías étnicas;

una gestión inteligente y responsable de la flexibilidad con vistas a una mayor posibilidad de realización profesional (la «flexiguridad» (19));

la plena implicación de los ciudadanos.

4.2   El ETI y el desarrollo de un nuevo y más sólido espíritu empresarial

4.2.1

Un enfoque territorial integrado puede fomentar y promover la creación y el desarrollo de empresas, en particular de PYME, mediante la instauración de un entorno favorable en términos de:

simplificación de las cargas administrativas y supresión de los obstáculos burocráticos a la creación y el desarrollo -del tamaño también- de las empresas;

estructuras de educación, formación profesional, aprendizaje en la modalidad formación-trabajo, formación permanente a lo largo de la vida activa de cuya gestión se encarguen los interlocutores sociales mediante órganos bilaterales que actúen en proyectos volcados al futuro;

redes integradas entre universidades, empresas y centros de investigación, con programas de trabajo y metodologías de acción y estructuras homogéneas destinadas a la transferencia de tecnologías;

creación y reactivación de los nuevos distritos industriales y tecnológicos del conocimiento y de las plataformas industriales integradas; en éstas, los actores de los sectores tecnológicos se desarrollan para absorber nuevos centros de elaboración de conocimientos y de investigación aplicada y, superando el concepto de pertenencia territorial, elaboran sistemas de producción y distribución basados en valores y estrategias comunes de comunidades de aprendizaje;

creación, también a través de agencias de desarrollo regional, de parques industriales y tecnológicos en red, al objeto de desarrollar zonas territoriales dotadas de equipamientos adecuados y servicios de asistencia para el desarrollo de nuevas empresas;

mejora del acceso a las fuentes de financiación y de crédito, a través también de la puesta en marcha en toda la UE de mecanismos como los previstos por la iniciativa JEREMIE (Joint European Resources for Micro-to-medium Enterprises) para las pequeñas empresas y microempresas;

desarrollo y difusión de los mecanismos de responsabilidad social de la empresa;

promoción y refuerzo de los sistemas de cooperación entre los interlocutores sociales y los actores económicos y sociales locales, mediante un fomento de sus capacidades institucionales y el diálogo social;

modernización del sistema digital local de comunicación entre todos los actores políticos, económicos y sociales presentes en el territorio, y las autoridades e instituciones públicas y privadas pertinentes. Será necesario concentrarse, en particular, en instrumentos como la administración en línea, el comercio electrónico, el trabajo a domicilio (teletrabajo), así como en las redes de comunicación de banda ancha y elevado potencial, como la red de transmisión de datos GEANT (20) y los sistemas GRID (21);

fortalecimiento de los valores apoyados por el programa JESSICA, destinado a la integración de las zonas metropolitanas periféricas;

contextos de seguridad física, económica y social del ciudadano, del mundo de la empresa y del trabajo;

sostenibilidad del enfoque territorial integrado de la política industrial regional y local, optimizando la protección del medio ambiente en los cambios económicos e industriales.

4.3   El ETI, el PIC y el Séptimo programa marco, y la coherencia con otras políticas comunitarias

En 2005, los Jefes de Estado y de Gobierno imprimieron un impulso político adicional a la estrategia renovada de Lisboa, en particular destacando la manera en que los valores europeos pueden servir de inspiración a la modernización de la economía y la sociedad en un mundo globalizado.

4.3.1

El Consejo Europeo de marzo de 2006 indicó las prioridades que deben seguirse en el contexto de la asociación renovada para el crecimiento y el empleo:

invertir aún más en el conocimiento y la innovación;

liberar el potencial de las empresas, en particular el de las PYME;

aumentar las nuevas y duraderas oportunidades de empleo destinadas a las categorías prioritarias, en particular los jóvenes (22), las mujeres, los trabajadores de edad avanzada, las personas discapacitadas, los inmigrantes legales y las minorías.

4.4

Es principalmente el programa PIC, consagrado a la innovación y al espíritu empresarial, el que aúna en un marco coherente muchas de las actividades dirigidas a abordar las problemáticas esenciales para la competitividad y la innovación del tejido económico y social de la UE, orientando el desarrollo hacia acciones innovadoras y productivas que respetan el medio ambiente y procurando, a la vez, que la utilización de los recursos sea eficaz y aceptable desde el punto de vista social.

4.5

Por su parte, el programa específico «Capacidades» del Séptimo programa marco, citado anteriormente, pretende reforzar las capacidades en materia de investigación e innovación, en particular:

respondiendo a las exigencias de las PYME que tienen necesidad de externalizar sus actividades de investigación;

apoyando a las redes transnacionales de las «regiones del conocimiento», con el fin de facilitar el nacimiento de conglomerados de empresas (clusters), metadistritos y parques tecnológicos e industriales, agrupando a universidades, centros de investigación, empresas y autoridades regionales;

liberando el potencial de investigación e innovación de las regiones ultraperiféricas y de la convergencia, en sinergia con las intervenciones de los Fondos Estructurales y de Cohesión.

4.5.1

Debe proseguirse también la optimización de la participación de las PYME en las actividades de investigación e innovación en los otros programas específicos del Séptimo programa marco, a saber, Cooperación, Ideas y Personas.

4.5.2

Otra característica esencial, común a todos los programas, es la obligación de promover la valorización de los resultados de la investigación, algo que se concreta, en gran parte, a nivel territorial. Desde esta óptica, el CESE considera indispensable un elevado grado de coordinación, coherencia y sinergia con las intervenciones comunitarias en materia de política regional y de cohesión, y con los demás instrumentos comunitarios de apoyo a la cooperación territorial, la educación y la formación.

4.5.3

Por otra parte, es necesario coordinar las acciones descritas anteriormente con las políticas regionales basadas en los Fondos Estructurales europeos reformados.

4.6

Para ser bien acogidas en el territorio, además de un elevado grado de coordinación para garantizar sinergias y evitar solapamientos o incongruencias, estas iniciativas exigen prioritariamente:

un entorno de utilización receptivo y que disponga del equipamiento adecuado, de manera que creen sinergias con los programas regionales y locales pertinentes, capaz de desarrollar redes internacionales para la colaboración en el ámbito de la investigación; se trata de suscribir los criterios de carácter transnacional de los proyectos europeos y traducir los resultados de la investigación en un crecimiento real en términos de competitividad y empleo, y que pueda así ser aplicada directamente en los procesos de cambio industrial en curso por medio de redes territoriales permanentes de interacción entre las universidades, la industria y los centros de investigación;

estructuras avanzadas de educación y formación, orientadas a dar respuestas funcionales a las exigencias del desarrollo económico e industrial basado en el conocimiento; estas estructuras deberán basarse en programas de formación orientados hacia los nuevos modelos de tecnología y producción, de distribución y consumo, así como en sistemas de formación permanente que permitan anticipar respuestas a los cambios industriales y del mercado;

acciones de refuerzo de las capacidades institucionales y asociativas y de diálogo social, para administrar eficazmente los proyectos y optimizar las actividades de investigación y la transferencia tecnológica. Todo esto deberá tener lugar en un marco conceptual compartido por todos los agentes económicos y sociales implicados en primera persona en el territorio, que deberán perseguir el objetivo de aprovechar las nuevas oportunidades empresariales y formativas, las cualificaciones avanzadas y los nuevos perfiles profesionales en el ámbito de los recursos humanos;

una política del territorio integrada, que esté en condiciones de valorizar el potencial de desarrollo local y refuerce las capacidades de adaptación y de anticipación de la innovación, con el fin de sacar provecho de las ventajas que ofrecen los nuevos flujos de bienes y servicios, de los recursos humanos y de los capitales generados por la globalización;

un diálogo social consolidado a nivel regional y local, como instrumento esencial para aumentar las ventajas que puede reportar la anticipación de los cambios industriales en los mercados, así como los flujos en materia de instrucción y formación de los recursos humanos; además, un diálogo capaz de garantizar una nueva seguridad a las carreras profesionales y una nueva flexibilidad a la organización de la producción, la distribución y los servicios.

4.6.1

En opinión del Comité, tanto el Séptimo programa marco de IDTD como el nuevo PIC (sobre los que el CESE ya ha podido pronunciarse) siguen presentando una excesiva orientación «de arriba abajo» y no permiten todavía afrontar, como cabría desear, ni la integración adecuada ni la necesidad de que los agentes públicos y privados participen de manera responsable en el desarrollo local y regional. Este enfoque no confiere sustancialmente a los agentes locales el papel que les corresponde como corresponsables de la gobernanza europea.

4.6.2

La Unión Europea debería fomentar, también a través de estos dos instrumentos, este nuevo tipo de asociación a nivel local con las autoridades y agentes económicos, en particular con los interlocutores sociales, favoreciendo una nueva generación de pactos territoriales para el desarrollo de la globalización (23). Todas las partes interesadas en el desarrollo de la economía y el empleo deberían suscribir estos pactos, al objeto de dar una respuesta adecuada a los retos de los mercados y de la competitividad, superando el «localismo» que representa cada vez más un límite peligroso ante realidades globales interconectadas entre sí.

4.7   El ETI, la gobernanza participativa, los interlocutores sociales y la sociedad civil

4.7.1

Una parte significativa de las acciones para una competitividad sostenible es competencia del nivel local y regional; para estas acciones son prioritarios los sistemas de gobernanza y la cooperación entre los diversos entes locales y regionales, las diferentes autoridades e instituciones, los interlocutores sociales, las empresas y los agentes económicos y sociales de la sociedad civil que interactúan en el territorio.

4.7.2

Por lo que respecta al concepto de gobernanza, cabe remitirse a lo ya expresado por el Comité a este respecto; es decir, que las partes interesadas del sector privado deben actuar y asumir su responsabilidad a través de contribuciones y acciones reales, y que el diálogo social y el civil son herramientas importantes (24).

4.7.3

Por lo que se refiere a la intensificación del diálogo social, «el Comité está de acuerdo (…) en que los interlocutores sociales, habida cuenta de su conocimiento de los sectores, pueden desempeñar un papel particular de alerta».

4.7.4

Según el Comité, se trata de poner en marcha sistemas de ingeniería social y de toma de decisiones basados en la participación, que sean flexibles, proactivos y reactivos, y estén en condiciones de garantizar un elevado nivel cualitativo de democracia política, económica y social sin sobrecargar ni retrasar el desarrollo de las acciones e iniciativas.

4.7.5

El desarrollo de una visión común a medio y largo plazo resulta esencial, al igual que la determinación y distribución de responsabilidades en torno a objetivos intermedios comunes, así como el recurso a instrumentos avanzados que hayan dado buenos resultados a nivel regional, como las actividades de prospectiva.

4.8

El ETI y una estrategia de gobernanza para un desarrollo territorial socialmente responsable

4.8.1

En un contexto como el nuestro, abierto a la competencia mundial, una estrategia de gobernanza para un desarrollo territorial socialmente responsable debe garantizar dinámicas duraderas de desarrollo económico y de alta calidad desde el punto de vista social. Una estrategia de estas características deberá actuar, en particular, mediante:

mejoras constantes de la calidad y de las capacidades cognitivas e innovadoras del sistema productivo territorial, mediante la elaboración de análisis sistemáticos y de previsiones comunes del desarrollo social, económico y tecnológico;

el desarrollo de redes globales de referencia para el sector público y el sector privado, que garanticen flujos biunívocos constantes de interacción con el mercado global;

niveles elevados de sostenibilidad medioambiental y social del desarrollo, tanto en el plano de la producción como en el del consumo;

circuitos eficaces y consolidados de creación, difusión y circulación de los conocimientos, de la información y de la formación permanente de operadores tecnológicos, usuarios y consumidores finales;

la elaboración de «balances sociales territoriales» en condiciones de medir, controlar y evaluar las dinámicas útiles para la consecución de objetivos cualitativos y cuantitativos, sobre la base de normas y metodologías comunes, a nivel europeo.

Bruselas, 13 de septiembre de 2006.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Véase el punto 4 de las conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de los días 23 y 24 de marzo de 2006 .

(2)  Véase el «Pacte Industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona» ( http://www.pacteind.org/esp/actividades/), donde se afirma que «la competitividad del territorio está en la calidad de las empresas y de sus trabajadores».

(3)  Véanse las directrices de la Comisión Europea en materia de política de cohesión: Una activa asociación horizontal (interlocutores sociales, sociedad civil organizada, administradores); Una eficaz asociación vertical (Comisión Europea, gobiernos nacionales, administraciones regionales y locales), véanse Reg. CE/1260/1999 y COM(2002) 598 final de 7 de noviembre de 2002.

(4)  Véase «La democrazia di prossimità».

(5)  P. Cooke y otros autores, 1998, Regional Innovation System-The role of governance in a globalised world.

(6)  Este concepto es la base del nuevo programa JESSICA, puesto en marcha por la DG Regio, financiado por el BEI y destinado, en particular, a la rehabilitación de las zonas urbanas especialmente deterioradas.

(7)  En su acepción antropológica, la cultura consta de 'modalidades de comportamiento adquiridas y transmitidas a través de símbolos, señales, actos y obras del espíritu' (Alberoni, «Consumi e società»).

(8)  F. Alburquerque y otros autores, Learning to innovate, seminario OCDE 30.9-1.10.1999, Málaga, España.

(9)  Definición de Foresight: proceso sistemático y participativo, que incluye la recogida de información y la elaboración de una visión de futuro, a medio y largo plazo, para orientar las decisiones y movilizar los medios necesarios para acciones conjuntas.

(10)  COM(2002) 565 final de 16.10.2002.

(11)  http://www.cordis.lu/rtd2002/foresight.main.htm.

http://www.cordis.lu/rtd2002/foresight/seminar.htm.

http://www.regional-foresight.de/.

http://prospectiva2002.jrc.es/.

(12)  Instituto de prospectiva tecnológica. Es uno de los siete institutos que dependen del CCI (Centro Común de Investigación).

(13)  «Crear una Europa innovadora», informe del grupo de expertos independientes europeos sobre I+D, Presidente: Sr. Esko Aho, enero de 2006.

(14)  Se trata de personas preparadas desde el punto de vista social y tecnológico que, con la ayuda de los polos tecnológicos, están en condiciones de ayudar a las microempresas y pequeñas empresas en los procesos de innovación.

(15)  Véanse las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 15 y 16 de junio de 2006.

(16)  Véase el Dictamen «Política europea en materia de logística».

(17)  El acrónimo inglés SWOT significa Strenghts, weaknesses, opportunities and threats; es decir, análisis de los puntos fuertes y débiles, de las oportunidades y amenazas.

(18)  Véase el documento de la CES (Confederación Europea de Sindicatos), «Reestructuraciones: anticipar y acompañar las reestructuraciones para desarrollar el empleo: el papel de la Unión Europea». Comité ejecutivo de la CES, Bruselas, 14 y 15 de junio de 2005.

(19)  «Flexiguridad: El caso de Dinamarca», ECO/167, ponente Sra. Vium.

(20)  GEANT: este proyecto nació de la colaboración de 26 redes nacionales de investigación y educación que representaban 30 Estados de toda Europa, la Comisión Europea y el proyecto DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe). Su objetivo principal consistía en desarrollar la red GEANT, una red paneuropea de comunicación de datos de varios Gigabites reservada específicamente a la investigación y a la educación.

(21)  GRID: sistema que integra y coordina recursos y usuarios en ámbitos diferentes como, por ejemplo, el ordenador de oficina de los usuarios y el servidor central, diversas unidades administrativas de una misma empresa o de distintas empresas; este sistema aborda los problemas que surgen en estas configuraciones como la política de seguridad, los pagos, la pertenencia, etc.

(22)  Véase, por ejemplo, el «Pacto para la juventud» concebido por el Gobierno francés.

(23)  Véase «Pacte industrial de la Regió Metropolitana de Barcelona» ( http://www.pacteind.org/esp/actividades/) donde se señala que «la competitividad del territorio está en la calidad de las empresas y de sus trabajadores».

(24)  Véase «El camino hacia la sociedad europea del conocimiento — La contribución de la sociedad civil organizada a la Estrategia de Lisboa (dictamen exploratorio)», ponentes: Sr. Olsson, Sra. Belabed y Sr. Van Iersel.


23.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/20


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «La contribución del aprendizaje permanente asistido por las TI a la competitividad, las transformaciones industriales y el desarrollo de capital social en Europa»

(2006/C 318/03)

El 19 de enero de 2006, de conformidad con el artículo 29.2 del Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen sobre el tema: «La contribución del aprendizaje permanente asistido por las TI a la competitividad, las transformaciones industriales y el desarrollo de capital social en Europa».

La Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 31 de agosto de 2006 (ponente: Marian KRZAKLEWSKI, coponente: András SZÜCS)

En su 429o Pleno de los días 13 y 14 de septiembre de 2006 (sesión del 13 de septiembre de 2006), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 181 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

El Comité Económico y Social Europeo está firmemente convencido de que la utilización de recursos electrónicos en el sector de la educación y la formación (aprendizaje electrónico) (1) podría ayudar a la Unión Europea a aumentar la eficacia y la calidad de la educación, incluido el aprendizaje y la formación en el lugar de trabajo. Esta medida, junto con otras, reducirá los costes de formación de los trabajadores, y por consiguiente mejorará definitivamente la competitividad de las empresas, y en particular la competitividad de las PYME.

1.2

El Comité estima que la implantación del aprendizaje y de la formación asistidos por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) todavía presenta disparidades en el seno de la UE. El motivo es la diversidad lingüística y cultural, así como la insuficiente madurez de los mercados correspondientes.

1.2.1

Para cambiar esta situación, será necesario favorecer la apertura de las instituciones en todos los sectores de la educación, incluido el aprendizaje permanente (LL- Lifelong learning) (2), para que verdaderamente se utilicen nuevas formas de aprendizaje y para que cada vez se apliquen de manera más generalizada y, así, contribuir a integrar los conocimientos y la experiencia en el objetivo de obtener una sinergia con el desarrollo tecnológico y económico previsto.

1.2.2

El Comité estima que la Comisión Europea es la institución más adecuada para establecer la nueva orientación que se debe adoptar en este contexto. Además, la comunicación y la coordinación son particularmente importantes para los servicios de la Comisión, en particular en los ámbitos de la educación y de la sociedad de la información.

1.2.3

Ha llegado el momento de reconocer que el aprendizaje electrónico está cada vez más extendido y que en este ámbito se ha consolidado un conocimiento profesional que garantiza la aplicación de enfoques coherentes y contribuye a crear valores añadidos.

1.3

El CESE está convencido de que es necesario mejorar la concienciación de los ciudadanos europeos sobre las TIC, en particular respecto a la manera en que estas tecnologías pueden respaldar la formación en el ámbito empresarial y en el aprendizaje permanente, incluidos:

una gran parte de la formación ofrecida en el lugar de trabajo, orientada a resolver problemas que se presentan normalmente en un determinado contexto;

los métodos y enfoques que reconocen los conocimientos adquiridos anteriormente, incluidos los obtenidos en el trabajo y en la práctica, y que incitan a una participación activa en las actividades de formación tanto individuales como colectivas.

1.4

El CESE pide a las instituciones de la Unión Europea y a los Estados miembros que cuando apliquen programas de desarrollo relacionados con la creación de una sociedad de la información, recuerden que esos procesos no deben conducir a ningún tipo de exclusión, y que además no se pueden imponer restricciones sociales, económicas o regionales al acceso a infraestructuras electrónicas como instrumentos de aprendizaje.

1.4.1

El Comité señala que la aplicación de las TIC al aprendizaje permanente, en particular en las zonas rurales y en los pequeños municipios de la Comunidad, depende sobre todo de que la UE y los gobiernos de los Estados miembros respalden la creación de conexiones de banda ancha a Internet (3) que permitan acceder a los sistemas de aprendizaje por vía electrónica. En los nuevos Estados miembros la situación en estas zonas es particularmente difícil. Lo cual, a su vez, corrobora la idea de que no se puede aceptar ningún tipo de barreras al acceso a la conexión de banda ancha.

1.4.2

En este contexto, el CESE pide a la Comisión Europea que la cuestión del acceso a la conexión de banda ancha sea reconocida como un elemento de una estrategia más amplia encaminada a considerar el acceso electrónico como un servicio de utilidad pública.

1.5

En el ámbito del aprendizaje y de la educación electrónica a distancia, el Comité estima que es necesario tener especialmente en cuenta el riesgo de que se produzca una brecha generacional, en particular puesto que cada vez es más elevado el número de actividades destinadas a adultos en el ámbito del aprendizaje permanente que se llevan a cabo mediante las TIC.

1.6

El CESE también señala que se debería configurar el aprendizaje electrónico de manera más «compatible para los invidentes». Puesto que las aplicaciones técnicas que se pueden utilizar en este ámbito son muy conocidas, los autores de manuales relativos al aprendizaje electrónico deberían basarse en el compendio de reglas elaboradas por las organizaciones que representan a las asociaciones de personas invidentes.

1.7

El CESE está convencido de que el aprendizaje asistido por la TIC (aprendizaje electrónico) podría ser un instrumento eficaz para mejorar la competitividad empresarial y aumentar su potencial económico, y en particular el potencial de las PYME, que pueden desempeñar un papel clave en la generación de crecimiento económico y en la creación de puestos de trabajo.

1.8

El Comité estima que la extensión en la UE del ámbito en el que se aplican las TIC al aprendizaje permanente contribuirá de manera decisiva a aumentar tanto la competitividad empresarial como el capital social de sus trabajadores, lo cual debería traducirse en un aumento del valor del capital de las empresas europeas.

1.9

El CESE constata que es urgente definir la nueva función que desempeñan la sociedad civil y el diálogo con los interlocutores sociales en el fomento y la aplicación del aprendizaje permanente asistido por medios electrónicos en los mercados de trabajo de la UE. La preparación de todas las sociedades europeas para el aprendizaje permanente asistido por las TIC contribuirá a crear un Espacio Europeo del Conocimiento y una sociedad basada en el conocimiento (4).

1.10

El Comité señala que la integración de las TIC en el aprendizaje y en la consolidación profesional del aprendizaje electrónico no se ha realizado en la medida esperada. Por lo tanto, pide a las autoridades competentes a nivel comunitario y nacional que adopten medidas que contribuyan de modo significativo a incorporar eficazmente el aprendizaje electrónico. Este avance podría contribuir a aumentar de manera importante la competitividad y la productividad industrial.

1.11

El CESE pide a las instituciones de la UE que presten una atención particular a las necesidades de las PYME, a sus redes y a las organizaciones que las representan, con el objetivo de garantizar que las PYME puedan utilizar efectivamente todo el potencial de las tecnologías de la información y la comunicación en la formación.

1.12

El Comité considera que con la ayuda de programas globales y de incentivos se debe respaldar permanente y sistemáticamente a los futuros docentes del ámbito de las nuevas tecnologías y metodologías (pedagogía informática).

1.13

El CESE destaca igualmente que la Comisión Europea debe prestar una atención particular a la cuestión de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito del aprendizaje electrónico.

1.14

Por último, dentro del capítulo de conclusiones y recomendaciones, el Comité propone que de conformidad con la terminología propia de la UE, con expresiones como «e-Europa», «e-Learning» o «e-skills» (competencias electrónicas), entre otras, se adopte el término «e-LL» («e-Lifelong Learning», o aprendizaje electrónico permanente) para designar el aprendizaje permanente asistido por las TIC; así como que se destaque el papel que desempeña este tipo de formación en el plan de acción e-Europa (y la iniciativa i2010 subsiguiente), y la necesidad de desarrollarla y difundirla.

2.   Introducción y motivación del dictamen

2.1

El objeto del dictamen es examinar la contribución del aprendizaje permanente asistido por las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) a la competitividad, a las transformaciones industriales y al desarrollo de capital social en la Unión Europea.

2.2

En el contexto de la aplicación de la Estrategia de Lisboa, el aprendizaje permanente se está convirtiendo en uno de los conceptos más importantes de la política de educación y de los nuevos programas de enseñanza europeos para los años 2007-2013 (5). Los métodos flexibles y abiertos de formación, y el aprendizaje asistido por las TIC desempeñarán con toda certitud un papel fundamental en el desarrollo de la economía basada en el conocimiento.

2.3

De conformidad con el programa superior e-Europa y las medidas encaminadas a aplicar el aprendizaje permanente (e-learning), que ya se han traducido en resultados prometedores, conviene determinar la manera de aprovechar esos logros en el ámbito de las transformaciones industriales, así como la manera de desarrollar las posibilidades que brindan esos logros y esbozar las perspectivas para el futuro.

3.   Observaciones generales

3.1

El Parlamento Europeo y el Consejo de la UE (6) reconocieron la importancia que tienen las tecnologías de la información en el proceso de desarrollo de los recursos humanos, y aprobaron un programa plurianual (2004-2006) para la integración efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación en los sistemas de educación en Europa. El principal objetivo del programa es aprovechar las TIC para que la calidad de la educación y la formación sea superior en el contexto del aprendizaje permanente.

3.2

Durante la última década, junto al aprendizaje electrónico, predominó la formación a distancia, abierta y flexible, que actualmente está siendo reconsiderada en un contexto más amplio. El aprendizaje asistido por las TIC, o aprendizaje electrónico (e-learning), flexibiliza nuestras vidas, nuestra formación y el trabajo, y está considerado como uno de los principales instrumentos para alcanzar los objetivos estratégicos de Lisboa. Cada vez son más importantes el aprendizaje no formal (7) e informal (8) y la formación en el lugar de trabajo.

3.3

En el Dictamen sobre el tema «Mejorar la aplicación de la estrategia de Lisboa» (9) aprobado en 2004, el CESE destacó la necesidad de examinar las nuevas posibilidades que ofrece la economía basada en el conocimiento y la importancia de la expansión de las tecnologías informáticas y de los procesos innovadores.

3.3.1

Asimismo, ese dictamen llamó la atención sobre las carencias de los sistemas educativos y destacó la necesidad de mejorar la integración de la dimensión social.

3.4

Algunas iniciativas comunitarias aprobadas durante la última década en el ámbito del aprendizaje asistido por las TIC han producido excelentes resultados, pero otras han revelado una cierta incoherencia y no han aportado los frutos previstos en términos cuantitativos y cualitativos.

3.4.1

Centrados en los individuos, los modelos aplicados inicialmente en el ámbito del aprendizaje que incluían la utilización de recursos electrónicos (e-learning) estaban encaminados a transmitir unos ciertos conocimientos desde arriba y prácticamente carecían de respaldo pedagógico y de apoyo de los evaluadores, de manera que parcialmente decepcionaron a las personas que intentaron apresuradamente adaptarse a este tipo de aprendizaje.

3.4.2

El impetuoso avance tecnológico, la creciente presión económica y el diferente ritmo de las medidas políticas adoptadas por los gobiernos durante los últimos años, en los que se debían integrar las TIC en la educación y formación, no contribuyeron de manera satisfactoria a consolidar el desarrollo profesional.

3.5

Entre los indicadores que la UE ha establecido para 2010 figura una tasa de participación del 12,5 % de adultos con edades comprendidas entre 25 y 64 años en diversas modalidades de aprendizaje permanente, en contraste con la media actual del 10 % (10). La única manera de alcanzar los objetivos previstos es intensificar las medidas en el ámbito de la educación y formación con la asistencia de las TIC.

3.5.1

Respecto al hecho de que las previsiones para los próximos cinco años anuncien que solo el 15 % de los nuevos puestos de trabajo estará destinados a personas con escasas cualificaciones mientras que el 50 % requerirá trabajadores altamente cualificados (11), los programas educativos y de formación de los Estados miembros de la UE afrontan un enorme desafío a la hora de responder a exigencias tan elevadas.

3.6

La iniciativa «e-Inclusion» es la nueva iniciativa adoptada por la UE en relación con la Comunicación de la Comisión «i2010» (12) y aborda tanto la integración de las TIC como la utilización de las TIC con fines de integración (13). El objetivo de la política de inclusión electrónica es superar las barreras que se oponen a la utilización de las TIC y fomentar su utilización para combatir la exclusión y para mejorar la productividad económica y las posibilidades en materia de empleo.

3.6.1

En «e-Inclusion» es importante la cuestión de la formación a distancia asistida por las tecnologías de la información y la comunicación con el fin de atenuar o evitar la marginación social de aquellos grupos profesionales que tienen un acceso limitado a las modalidades tradicionales de educación debido a su situación geográfica, su situación social o a necesidades educativas especiales.

3.6.2

Las ventajas de la formación a distancia son: la independencia del lugar de formación, la posibilidad de adaptar el ritmo de aprendizaje a las necesidades individuales de los alumnos, la utilización de tecnologías informáticas modernas, la posibilidad de formación de personas pertenecientes a grupos desfavorecidos, etc.

3.6.3

En un dictamen reciente (14), el CESE pidió a los representantes de los gobiernos y de la industria que elaborasen y respaldasen la aplicación de medidas en materia de educación y formación en el ámbito de las TIC en el seno de diversos grupos sociales amenazados por la «exclusión electrónica» (15).

3.6.4

La realización de programa europeo e-Inclusion está igualmente asociada al fomento de la alfabetización digital (16), que se ha convertido en un sinónimo de la sociedad moderna basada en el conocimiento. Reconocer lo antes posible, como hizo recientemente entre otros el CESE en un dictamen (17), que la alfabetización digital es una de las principales competencias del aprendizaje permanente, no solo es una necesidad sino que resulta evidente.

3.7

La promoción de las competencias electrónicas (e-skills) (18) ejercerá una influencia importante en diversos aspectos de las transformaciones industriales. La expresión «competencias electrónicas» incluye aptitudes de experto de las TIC, de usuario de las TIC y de negocio electrónico. La Comisión, en el marco de la promoción del amplio calendario de e-skills, propuso recientemente un amplio abanico de medidas de las que un elevado número corresponden a la industria y a la promoción de las competencias electrónicas en el mercado laboral, así como al desarrollo de nuevas aptitudes de este tipo y su popularización (19).

3.7.1

En las actividades relativas tanto a las competencias electrónicas como a todas las cuestiones asociadas a la introducción del aprendizaje permanente asistido por las TIC, desempeña un papel fundamental la participación de los representantes de las partes interesadas, que incluye a:

los sindicatos,

los representantes de las empresas (como usuarios de las TIC) que dependen de una mano de obra cualificada,

los representantes de distintos sectores industriales, que son responsables de aplicar las nuevas tecnologías y están mejor informados sobre el tipo de cualificaciones que son necesarias,

los representantes del sector de las TIC,

los investigadores en el ámbito de las TIC y los programadores de ese sector,

los investigadores que estudian los aspectos cuantitativos y cualitativos de las competencias electrónicas,

Los responsables políticos en el ámbito de la educación, investigación, de la empresa, de la innovación y de la sociedad de la información,

los especialistas en prospectiva que tienen una perspectiva más amplia de los cambios que afectan a la sociedad y de la interacción entre la sociedad y la tecnología.

3.8

Para realizar los objetivos recogidos en la estrategia i2010, y en particular los objetivos de los proyectos relativos a la «e-inclusion», tiene una importancia particular la expansión del acceso a Internet de banda ancha, que no debe estar exclusivamente restringido a las grandes ciudades, sino que debe estar igualmente disponible para los habitantes de regiones menos desarrolladas (20).

3.8.1

Conviene tener en cuenta que en las zonas urbanas de la UE-15, cerca del 90 % de las empresas y hogares tiene acceso a conexión de banda ancha, mientras que en las zonas rurales y remotas solo un 60 % tiene este tipo de conexión; estas diferencias se acentúan aún más en los nuevos Estados miembros.

3.8.2

La conexión de servicios informáticos y de telecomunicación de banda ancha no solo tiene una importancia esencial para el aumento de la competitividad de las empresas y para el desarrollo económico de las regiones, sino que además desempeñan un papel fundamental en los sectores de la educación y la formación, en particular en el caso de las actividades de ese ámbito que utilizan el aprendizaje electrónico para la aplicación de programas educativos.

3.9

Actualmente convendría que el discurso político abordase esta cuestión con el fin de perfeccionar la práctica del aprendizaje permanente asistido por las TIC y, así, lograr que este tipo de formación fuese más eficaz. Precisamente en este contexto, la UE se encuentra en mejor posición para imprimir una nueva dirección a esta política.

3.9.1

Las orientaciones actuales de la política en la materia otorgan de hecho una prioridad absoluta a la introducción de las TIC en las instituciones de educación formal, en particular los colegios y las universidades. En el caso de la formación permanente, no formal o informal de los adultos, acuerdan una atención claramente inferior a las TIC y los medios que prevén para fomentar su utilización son sensiblemente más modestos.

4.   Observaciones particulares

La contribución del aprendizaje permanente asistido por las TI a la competitividad y productividad de Europa

4.1

De conformidad con el contenido de la Comunicación de la Comisión publicada en 2002 (21) y del dictamen del CESE sobre el tema «Formación y productividad», se puede afirmar que la productividad es la clave para aumentar la competitividad de las empresas y de las economías europeas, así como para aumentar el crecimiento económico. La mejora de la productividad depende en gran medida de los avances logrados en la aplicación de las TIC en las empresas, así como de la capacidad de adaptación de la mano de obra a las exigencias de una industria modernizada.

4.1.1

Si bien es cierto que las tecnologías informáticas, a pesar de la atronadora publicidad que recibieron, no han respondido a las expectativas generales en sus primeras fases de desarrollo, también es cierto que los sectores de la sociedad y de la economía concentrados a su alrededor muestran un desarrollo sin precedentes y presentan un potencial considerable.

4.1.2

En este contexto, la Comisión Europea señala y aprecia justificadamente la importancia que tienen las modernas TIC como motores de la competitividad y la innovación, así como su contribución a una economía basada en el conocimiento, en particular en el caso de las PYME.

4.2

Para mejorar la competitividad de la economía europea es necesario un sistema de formación profesional que se base en programas y formaciones asistidos mediante TIC. La creación de sistemas educativos y de formación coherentes, móviles y flexibles para las personas que buscan empleo, las personas que se preparan para trabajar y, también, para los trabajadores de la industria aumentará el ritmo de adquisición de conocimientos y facilitará importantes innovaciones y cambios tecnológicos en las empresas de producción, aumentando, por consiguiente, su competitividad.

4.2.1

En este contexto, la introducción del aprendizaje permanente asistido por las TIC en el seno de las empresas y en su entorno debería aumentar su competitividad y contribuir al crecimiento del capital social que representan las personas que trabajan en esas empresas, de manera que todo ello se traduzca en un aumento del valor del capital de las empresas europeas.

4.3

En torno a 1994 se produjo un avance decisivo en la aplicación progresiva real y en el uso del aprendizaje electrónico cuando la industria, sobre todo las grandes empresas, empezaron a recurrir de manera general a este método para las formaciones que ofrecían en el seno de la empresa y para el desarrollo de los recursos humanos. Esta fue una señal de que el aprendizaje electrónico había madurado: fue entonces cuando demostró su capacidad para aportar soluciones consolidadas y sostenibles, y superó el periodo anterior de promoción simplista y mensajes de mercadotecnia. Simultáneamente y por diversas razones, las PYME constituyen un grupo prácticamente desfavorecido de usuarios del aprendizaje electrónico, que aplica poco este método de formación (y, con frecuencia, también utiliza poco las TIC), corriendo la mayoría de sus trabajadores el riesgo de quedar excluidos de la oportunidad de continuar su formación. Una utilización creciente del aprendizaje electrónico podría constituir un factor potencialmente importante de mejora de la competitividad y de la eficacia en el seno de las PYME. Las autoridades competentes, tanto a nivel nacional como comunitario, deberían concienciar a la opinión pública sobre este tema y adoptar medidas para fomentar el uso de las TIC con fines de formación en el sector de las PYME.

Contribución del aprendizaje permanente asistido por las TI al desarrollo del capital social

4.4

El capital social abarca las competencias, las informaciones, la cultura, los conocimientos y la creatividad de las personas, así como las relaciones entre las personas y las organizaciones. En este contexto, conviene analizar el papel que desempeñan estos aspectos en el desarrollo económico y las transformaciones industriales que le acompañan, desde el punto de vista de la interdependencia que existe entre su formación, su difusión y su utilización, por un lado, y la creación de un valor añadido sobre las bases así establecidas, por otro lado.

4.4.1

Un nivel elevado de capital social determina de manera directa la capacidad de formación de una sociedad basada en el conocimiento: creativa, innovadora, receptiva a los cambios y capaz de crear vínculos sociales y económicos sostenibles. Uno de los fundamentos de la construcción de una sociedad semejante son las inversiones en instrucción, educación y formación.

4.4.2

En todos los programas y las acciones relativas a la educación y a la formación asistidas por las TIC, y en particular los relativos al aprendizaje permanente, la capacidad de actuar conjuntamente que se expresa mediante la asociación de las partes interesadas contribuye a aumentar el capital social (véase el punto 3.7.1).

Contribución del aprendizaje permanente asistido por las TI a las transformaciones industriales, en particular a la inversión en las competencias de los trabajadores, en el desarrollo de los recursos humanos y en la lucha contra el desempleo.

4.5

La educación y la formación a distancia asistidas por las TIC permiten una transferencia sistemática, rápida y poco costosa de conocimientos, que tiene una importancia particular en la industria puesto que es un importante elemento de su capital humano y que facilita la transmisión de conocimientos de los centros de investigación a la industria.

4.5.1

Un personal directivo bien formado y en proceso continuo de perfeccionamiento de sus cualificaciones es un importante factor para determinar el valor de una empresa o industria en particular. Estos recursos facilitan los cambios en la tecnología de la producción, su perfil y su adaptación a las necesidades del mercado de trabajo.

4.6

La Comisión Europea señala (22) que el rápido desarrollo tecnológico y las condiciones económicas cambiantes hacen que sea indispensable invertir a largo plazo en el desarrollo de los recursos humanos con la participación de los particulares, las empresas, los interlocutores sociales y los poderes públicos. Desgraciadamente, en los Estados miembros de la UE todavía no existe una tendencia clara a aumentar el gasto público en materia de educación, cuya media alcanza cerca del 5 % del PIB, con importantes diferencias, a veces incluso drásticas, entre los distintos Estados miembros.

4.7

La inversión en el desarrollo de los recursos humanos tiene una influencia directa en el crecimiento de la productividad, además de ser una modalidad interesante de inversión a nivel microeconómico y social. Los estudios (23) muestran que cada año la educación hace aumentar directamente el crecimiento económico en un 5 % a corto plazo y en un 2,5 % a largo plazo. Así lo confirman las propuestas del Consejo Europeo (24), en las que se destacó que las inversiones en materia de formación y educación conllevan enormes ventajas que superan claramente los costes que llevan asociados.

4.8

El rápido desarrollo tecnológico conduce al desarrollo de modernos equipos de producción que frecuentemente tienen sistemas informáticos que solo pueden ser operados por trabajadores con competencias en el ámbito de las TIC. No siempre es posible encontrar de inmediato personas con semejantes competencias pero evidentemente sería más fácil encontrarlas en el mercado de trabajo si se aplicasen a gran escala las TIC al ámbito de la educación y la formación, y en particular en el marco del aprendizaje permanente.

4.9

En este contexto y en el contexto de las actuales transformaciones industriales, conviene adoptar medidas de manera intensiva que permitan aplicar rápidamente las TIC al ámbito del aprendizaje permanente. Estas medidas deberían acelerar el proceso de adquisición de nuevos conocimientos y competencias de los trabajadores de empresas de producción europeas y de los desempleados en proceso de formación. Precisamente, debería permitirse que los desempleados en particular accedan a formaciones en el ámbito de las TIC subvencionadas con fondos públicos (25).

4.9.1

La motivación que tienen los desempleados para la formación autodidacta es escasa puesto que apenas tienen oportunidades para aplicar los conocimientos adquiridos. La mejor motivación es ofrecerles la posibilidad concreta de encontrar un nuevo empleo como resultado de una formación o de un curso de perfeccionamiento, que en una situación ideal, ofrecerá la empresa que proponga el puesto en cuestión.

4.9.2

Esta situación podría favorecer la implantación del aprendizaje permanente asistido por las TIC, pero en las zonas en las que estaría particularmente indicado (es decir, las zonas agrícolas en las que se han cerrado empresas de producción, que es la situación típica de los nuevos Estados miembros) no existen infraestructuras suficientes.

4.9.3

En esas zonas, es necesario que el Estado y la Unión Europea contribuyan a mejorar las infraestructuras, porque las empresas del sector de las TI no están dispuestas a financiar los gastos de conexión a Internet en esos territorios pobres (pequeños municipios y zonas rurales).

Bruselas, 13 de septiembre de 2006.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  El aprendizaje electrónico (e-learning) es la utilización de las nuevas tecnologías multimedia y de Internet para mejorar la calidad de la enseñanza con el fin de facilitar el acceso a materiales y servicios, así como facilitar la comunicación y la cooperación a distancia.

(2)  El aprendizaje permanente (Lifelong Learning) es la expresión utilizada para señalar que la adquisición de nuevos conocimientos forma parte de un proceso continuo que no termina con la finalización de los estudios secundarios o superiores, sino que continúa sin interrupción a lo largo de toda la vida profesional de cada persona, incluso después de su jubilación. Engloba todas las etapas de la existencia y a todos los grupos sociales, en gran parte gracias a las posibilidades que ofrece el aprendizaje a través de recursos de comunicación electrónica (fuente: www.elearningeuropa.info).

(3)  El acceso de banda ancha a Internet es un canal de comunicación de gran capacidad que permite un acceso rápido y simple a la información y a los sistemas de aprendizaje por medios electrónicos (fuente: www.elearningeuropa.info).

(4)  La sociedad basada en el conocimiento es una sociedad cuyos «procesos y prácticas se basan en la producción, la distribución y el uso del conocimiento», desde el punto de vista de una adquisición permanente de competencias y de pleno compromiso con la vida familiar, social y profesional. COM (2001) 678 final.

(5)  «Un programa integrado de acción en el ámbito del aprendizaje permanente», COM(2004) 474 final, de 14 de julio de 2004.

(6)  Decisión no 2318/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de diciembre de 2003, por la que se adopta un programa plurianual (2004-2006) para la integración efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los sistemas de educación y formación en Europa (programa e-learning).

(7)  El aprendizaje no formal: se produce de manera paralela a la enseñanza dispensada en el marco de los sistemas generales de educación y formación públicos, pero generalmente no conduce a la obtención de certificados oficiales. Este aprendizaje se puede organizar en el lugar de trabajo o en grupos y organizaciones de ciudadanos (organizaciones juveniles, sindicatos y partidos políticos, entre otros). Puede adoptar la forma de cursos o de servicios configurados para completar los sistemas oficiales de enseñanza.

(8)  Comisión UE, SEC(2000) 1832.

El aprendizaje informal es el resultado de las experiencias cotidianas en el trabajo, la familia o el ocio. Este tipo de aprendizaje no está organizado ni institucionalizado (en términos de definición de objetivos, de duración o de recursos). Desde el punto de vista de la persona que aprende, el aprendizaje informal tiene un carácter involuntario (sin intencionalidad). Normalmente no conduce a la obtención de un certificado. Comisión UE, SEC(2000) 1832.

(9)  «Mejorar la aplicación de la estrategia de Lisboa».

(10)  Comunicación de la Comisión: «Modernizar la educación y la formación: una contribución esencial a la prosperidad y a la cohesión social en Europa». COM(2005) 549 final de 30 de noviembre de 2005.

(11)  Conclusiones del Consejo de Educación, Juventud y Cultura del 21 de febrero de 2005.

(12)  COM(2005) 229 final.

(13)  Conferencia Ministerial ICT for an inclusive society (TIC para una sociedad incluyente), Riga, 11.6.2006.

(14)  «Accesibilidad electrónica».

(15)  La exclusión electrónica (e-exclusion) es la exclusión de la participación en la comunicación electrónica.

(16)  La alfabetización digital es una de las cualificaciones básicas que son necesarias para participar de manera activa en la sociedad de la información y la nueva cultura de los medios de comunicación. Se concentra en la adquisición de cualificaciones y aptitudes en el ámbito de las nuevas tecnologías, que cada vez son más imprescindibles en la vida cotidiana., «Programa para la integración efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los sistemas de educación y formación en Europa (programa e-learning), de 5 de diciembre de 2003».

(17)  Dictamen sobre el tema «Competencias clave para el aprendizaje permanente».

(18)  Informe RAND Europa, La oferta y la demanda de competencias electrónicas en Europa («The supply and demand of e-skills in Europe»), septiembre de 2005.

(19)  Las competencias electrónicas designan las cualificaciones personales en el ámbito de las TIC, así como las aptitudes y conocimientos relacionados con la utilización de las TIC que permiten realizar tareas profesionales del nivel correspondiente.

(20)  Comunicación de la Comisión Europea titulada «Superar los desequilibrios en la banda ancha», de 21 de marzo de 2006.

(21)  COM(2002) 262 final.

(22)  Comunicación de la Comisión «Invertir eficazmente en educación y formación: un imperativo para Europa» COM(2002) 779 de 10 de enero de 2003 (doc. 5269/2003).

(23)  De la Fuente y Ciccone, «El capital humano en una economía mundial basada en el conocimiento», informe final para la DG Empleo y Asuntos Sociales, Comisión Europea, 2002.

(24)  Conclusiones de la Presidencia, Consejo Europeo de los días 23 y 24 de marzo de 2006 (doc. 7775/2006).

(25)  Dictamen sobre el tema «i2010 — Una sociedad de la información para el crecimiento y el empleo».


23.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/26


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Las interacciones entre los servicios y la industria manufacturera europea y su impacto en el empleo, la competitividad y la productividad»

(2006/C 318/04)

El 19 de enero de 2006, de conformidad con el artículo 29(2) de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen sobre «Las interacciones entre los servicios y la industria manufacturera europea y su impacto en el empleo, la competitividad y la productividad».

La Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 31 de agosto de 2006 (ponente: Sr. CALLEJA; coponente: Sr. ROHDE).

En su 429o Pleno de los días 13 y 14 de septiembre de 2006 (sesión del 13 de septiembre de 2006), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 183 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones el presente Dictamen.

Conclusiones y recomendaciones

En el presente dictamen se defiende lo siguiente:

Declaración general

Debe reconocerse la importancia de los servicios a las empresas para los niveles de crecimiento, competitividad y empleo de la industria manufacturera europea y de los servicios. Debería fomentarse el uso de servicios competitivos a las empresas mediante un conjunto de acciones políticas coherentes a nivel europeo. El proyecto de plan de acción 2005 del Fórum europeo sobre los servicios relacionados con las empresas (BRSF) constituye una plataforma adecuada para un posterior debate.

Objetivos políticos y seguimiento

Debería apoyarse el papel positivo que desempeñan los servicios prestados a las empresas en el desarrollo de las industrias manufactureras y de servicios públicas y privadas. Esto puede lograrse con diversos medios. A nivel europeo, el CESE recomienda de forma decidida las siguientes acciones:

acciones directas y complementarias para completar el mercado interior de los servicios prestados a las empresas y, en particular, la supresión de obstáculos al buen funcionamiento del sector (barreras que impiden la integración de los mercados, la movilidad laboral y el crecimiento económico);

reconocimiento urgente de los servicios prestados a las empresas como parte integral de toda política industrial; la Comisión Europea debería tener esto en cuenta y actuar para ampliar el alcance de la política industrial europea mediante la integración de los servicios a las empresas;

creación de un Observatorio Europeo de Servicios a las Empresas para recabar información, fomentar la investigación, estimular el debate y sugerir y supervisar la aplicación de recomendaciones en materia de política;

refuerzo del diálogo social para seguir y evaluar los cambios en las condiciones laborales y las oportunidades de empleo resultantes de las transformaciones estructurales subyacentes a la nueva economía de servicios a las empresas.

De forma más general, deben adoptarse otras medidas destinadas a los mercados con el apoyo de las administraciones públicas, a saber:

fomento de los servicios a las empresas como medio para mejorar los resultados de las empresas e industrias y para lograr ventajas competitivas con países de bajo coste y otros países competidores en el mercado global;

fomento de un uso más extenso y efectivo de los servicios a las empresas por parte de las PYME;

fomento del empleo y mejora de las condiciones de trabajo en los servicios a las empresas como medio de mejorar la productividad, la calidad de los servicios y los niveles de vida;

programas específicos de formación y reciclaje para reforzar la adaptabilidad y mejorar la empleabilidad de los trabajadores afectados por las transformaciones estructurales.

I + D, innovación y prestaciones digitales

Los programas de I + D con financiación pública, a nivel nacional y comunitario, deberían prestar especial atención a las acciones y proyectos destinados a impulsar la producción y el uso de servicios innovadores a las empresas.

Debería prestarse atención a proyectos específicos en el ámbito de los servicios con alta intensidad de conocimiento en la industria, que tienen como resultado la innovación y una productividad y perspectivas de crecimiento elevadas (como, por ejemplo, los servicios de TCI e I + D).

Los servicios a las empresas son una fuente de innovación en la economía del conocimiento. Debería fomentarse la investigación para seguir desarrollando la «ciencia de los servicios» y, en particular, los conocimientos prácticos metodológicos que deberán aplicarse en los procesos empresariales.

Deberían reforzarse los derechos de propiedad intelectual (DPI) y otros mecanismos de protección mediante el cumplimiento de la legislación pendiente sobre patentes a fin de animar a las empresas a invertir más en I + D e innovación.

El papel de las TCI en la innovación de los servicios ha de reconocerse y fomentarse con objetivos tales como garantizar la prestación de los servicios, en particular en las PYME, mediante acceso a Internet de banda ancha y alta velocidad en toda Europa, esforzándose al mismo tiempo por resolver los problemas de seguridad y privacidad relacionados con las redes de comercio electrónico digitales. La iniciativa de la Comisión Europea «i2010» desempeña un papel importante en este contexto.

Ingeniería de servicios y normas

La ingeniería de servicios es una nueva disciplina útil como base para mejorar la calidad de los resultados de los servicios a las empresas mediante una planificación sistemática mejorada. Este enfoque innovador merece desarrollarse como especialidad para la investigación y la educación en las universidades, escuelas de negocios y otros organismos de formación.

Las normas pueden desempeñar un papel útil para lograr unos servicios de mayor calidad y unos mercados de la UE más integrados. Con este fin, debería fomentarse una normalización voluntaria de los servicios en general, y de los servicios prestados a las empresas en particular.

Mejorar el conocimiento y el empleo en los servicios europeos a las empresas

Encontrando soluciones para reforzar el capital humano en la UE e invertir la creciente fuga de cerebros de las actividades de investigación de la UE.

Introduciendo nuevos incentivos para el sector privado a fin de aumentar su cuota de actividades de I + D siguiendo la línea de la Estrategia de Lisboa.

Perfeccionando los datos y la información sobre los servicios a las empresas y sobre los servicios prestados por las empresas industriales.

Mejorando la transparencia de los mercados de prestadores de servicios a las empresas.

Previendo más recursos para mejorar la educación, la formación, el aprendizaje electrónico y las destrezas lingüísticas para permitir el desarrollo de servicios transfronterizos a las empresas.

Motivos

1.   Introducción

1.1

El presente dictamen estudia el impacto de los servicios a las empresas en el empleo, la competitividad y la productividad en la industria manufacturera europea y la manera en que este sector puede seguir desarrollándose, siguiendo la línea del programa de Lisboa. Se presta atención a la evolución de la nueva disciplina conocida como «ingeniería de servicios» y al impacto de la externalización/subcontratación de servicios a las empresas.

1.2

Existe preocupación sobre las perspectivas de la economía europea y la manera en que esta última afrontará el surgimiento de una competencia fuerte por parte de las economías de bajo coste. En Europa, tanto la industria manufacturera como los servicios han perdido muchos puestos de trabajo en beneficio de otros países que disfrutan de una ventaja comparativa en términos de costes y cualificaciones (como, por ejemplo, China, en lo que se refiere a la industria manufacturera, y la India, en lo que se refiere a los servicios a las empresas). A pesar de esta evolución, la industria manufacturera sigue desempeñando un papel clave en la economía europea. Según las últimas estadísticas disponibles para 2004, la UE es el mayor exportador de mercancías, por un valor superior a 1 200 millardos (1) de dólares de Estados Unidos.

1.3

Se considera que la industria manufacturera sigue siendo la fuente principal de cambio tecnológico y de innovación en la UE, pero también cabe señalar que no ha logrado incrementar sus actividades en los ámbitos de la tecnología punta y del alto valor añadido en la última década. El crecimiento vinculado a los servicios a las empresas, en particular mediante el uso de servicios con gran intensidad de conocimientos, constituye un canal complementario para el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas oportunidades de empleo y la adquisición de nuevas ventajas competitivas. Los servicios a las empresas también proporcionan fuentes de innovación no tecnológica (por ejemplo, organizativa), que mejoran los activos intangibles de las empresas y los conocimientos prácticos de los trabajadores.

1.4

El extraordinario cambio en el consumo en favor de los servicios en las economías altamente desarrolladas no indica una tendencia a la desindustrialización, como a veces se asume. Esta evolución puede considerarse como un reflejo estadístico de una creciente división del trabajo en las economías desarrolladas y una disgregación de cadenas de valor verticales previamente integradas. Los prestadores de servicios especializados ofrecen actualmente servicios que antes se prestaban de manera internalizada por las empresas manufactureras. Han evolucionado nuevas empresas de servicios, que están apoyando el esfuerzo de la industria europea por aumentar la eficiencia y absorber nuevas tecnologías que generarán nuevos productos de mayor valor añadido.

1.5

La investigación reciente demuestra que el tipo de economía que se está desarrollando es un modelo donde los servicios y la industria manufacturera están integrados y tienen un carácter complementario. La demanda de servicios existe dondequiera que haya una economía industrial fuerte, y se desarrolla como consecuencia de esta última. No representan una alternativa exclusiva (2).

1.6

El presente Dictamen no defiende un fomento especial de los servicios a costa de descuidar la industria manufacturera, sino que destaca la interdependencia entre la industria y el sector de los servicios (3). Destaca el potencial positivo de mejora y expansión de los servicios a las empresas. El CESE hace hincapié en la contribución positiva de los servicios a las empresas para aumentar la productividad y la competitividad del sector industrial europeo. Al mismo tiempo, el sector de los servicios a las empresas mejora su propia productividad mediante la innovación, incluida la rápida adopción de nuevas tecnologías, atrayendo a un mayor número de empleados altamente cualificados y mejorando las condiciones de trabajo (4).

1.7

La externalización/subcontratación de servicios a prestadores de servicios especializados que pueden aprovechar las economías de escala y la innovación continua de los procesos tiene una repercusión positiva en los costes y la productividad. No obstante, la utilización de conocimientos y servicios innovadores a las empresas por parte de las PYME no parece todavía suficiente. También ha de facilitarse mediante programas adecuados de reciclaje la capacidad de los trabajadores para pasar de la industria manufacturera a los servicios a las empresas.

1.8

En la actualidad, la mayoría de los servicios a las empresas los prestan proveedores nacionales. No obstante, no está garantizado que vaya a seguir siendo así en el futuro. Una serie de servicios a las empresas pueden prestarse desde el extranjero a un nivel europeo más amplio, incluidos los nuevos Estados miembros y países candidatos, o incluso global, en función de los costes y la oportunidad (externalización «near-shoring» y «offshore»). Las últimas cifras muestran que en 2004 la UE-25 presentaba un balance positivo de 42,8 millardos de euros en el comercio de servicios (un aumento de 5,8 millardos de euros con respecto a 2003) (5).

1.9

Es necesario efectuar un análisis permanente y en profundidad de las estructuras y los procesos de las empresas, para identificar aquellas funciones que pueden comprarse a prestadores especializados de servicios a las empresas o redes de empresas (servicios compartidos) que pueden desempeñar estas funciones más eficazmente al operar a una escala mayor y poniendo en común su experiencia. Aunque esto podría repercutir en el empleo en la industria manufacturera, en ocasiones puede ayudar a contrarrestar los posibles efectos negativos de la externalización «offshore», mantener la industria manufacturera en Europa y aumentar la demanda de empleo en los servicios a las empresas. El refuerzo de los puestos de trabajo de servicios cualificados en las empresas proporciona nuevas ventajas competitivas.

2.   Desafíos para la industria europea: un reto para los servicios a las empresas

2.1

Todos los sectores de la economía europea sienten los efectos de la globalización y la necesidad de cambio para adaptarse a nuevas circunstancias. La política industrial puede desempeñar un papel positivo en este contexto. En su Comunicación Acompañar los cambios estructurales: Una política industrial para la Europa ampliada  (6), la Comisión Europea señaló que tiene intención de desarrollar una política industrial adecuada para acompañar las transformaciones industriales:

la industria europea afronta un proceso de cambios estructurales que es, en general, beneficioso y que debe incentivarse, en particular, mediante políticas que faciliten la creación y la utilización del conocimiento;

la internacionalización de la economía ofrece oportunidades a la industria europea, a condición de que la política industrial apoye las evoluciones necesarias, y unas políticas activas del mercado de trabajo y sociales eviten una repercusión negativa sobre los trabajadores;

la ampliación de la UE ha ofrecido, no solamente la ampliación del mercado interior, sino también la posibilidad de reorganizar sus cadenas de valor a escala del continente, sacando partido de las ventajas competitivas de los nuevos Estados miembros;

la transición hacia la economía del conocimiento será crucial, y se impone una cierta prudencia en términos de normativa para evitar que pese de manera excesiva sobre la competitividad industrial de los nuevos Estados miembros.

El CESE defiende progresos más rápidos en cuanto a logros concretos de la política industrial de la UE y la inclusión en el marco de la misma de los servicios a las empresas

2.2

Más recientemente, la Comisión Europea publicó una Comunicación sobre Implementación del programa comunitario de Lisboa: Un marco político para fortalecer la industria manufacturera de la UEhacia un enfoque más integrado de política industrial  (7). Dentro de este marco para la política industrial, la Comisión identificó siete principales iniciativas políticas intersectoriales:

una iniciativa en materia de derechos de propiedad intelectual (DPI) y falsificación;

un grupo de alto nivel sobre competitividad, energía y medio ambiente;

aspectos exteriores de competitividad y acceso a los mercados;

un nuevo programa de simplificación legislativa;

mejora de las cualificaciones sectoriales identificando los requisitos sectoriales actuales en materia de cualificación y la falta de personal cualificado;

gestión del cambio estructural en la industria manufacturera;

un enfoque europeo integrado en materia de investigación e innovación industriales.

El descuido de los servicios en general y de los servicios a las empresas en particular es un grave defecto de esta Comunicación. El CESE pide que los servicios a las empresas formen parte integrante de toda política industrial e insta a la Comisión Europea a ampliar el alcance de los futuros planteamientos en materia de política industrial mediante la integración de los servicios a las empresas. Una política industrial eficaz también deberá tomar en consideración las implicaciones sociales y en materia de empleo de las transformaciones industriales. Esto significa hacer mayor hincapié en la formación permanente y un mayor apoyo para facilitar la movilidad de los trabajadores.

2.3

Europa debe adoptar más ampliamente y con mayor intensidad las tecnologías de la información y comunicación (TIC). La intensificación de las TIC y su integración en la industria es tan importante como en los servicios a las empresas. En lo que se refiere a la adopción de las TI, Europa está por detrás de sus competidores principales. El gasto per cápita en TI en 2004 fue de 732 euros para Europa Occidental, 1 161 euros para los Estados Unidos y 1 012 euros para Japón. El gasto en TI en términos de porcentaje del PIB fue del 3,08 % para Europa Occidental, 4,55 % para los Estados Unidos y 3,59 % para Japón (8). El Grupo de reflexión («task force») de la Comisión sobre competitividad de las TIC desempeña un papel importante en este contexto.

2.4

La diferencia de productividad de los industriales europeos se achaca, a menudo, a la falta de asimilación de tecnología y a un aprovechamiento insuficiente del potencial de las TIC, en particular por las PYME. La causa de este problema no parece ser el coste de los equipos (hardware), sino la falta de conocimientos y experiencia de las PYME en materia de TIC, lo que les dificulta adaptarse a los rápidos cambios, y a la creciente complejidad, de las TIC. Existe una «brecha digital» que separa a las pequeñas de las medianas empresas, teniendo como consecuencia que todavía no se hayan explotado todas las posibilidades de las TIC y de los modelos de comercio electrónico (e-business) (9). Los servicios a las empresas desempeñan un papel importante para hacer eficaz el sector de las TIC y obtener así aumentos de productividad sostenibles.

2.5

El mercado interior de los servicios en general, y de los servicios prestados a las empresas en particular, no está completo y existen numerosos obstáculos que impiden la eficiencia, la competitividad y la creación de nuevas oportunidades de empleo. En el «Informe presentado en el marco de la primera fase de la estrategia para el mercado interior de servicios» (10) se reconoció la existencia de numerosos obstáculos, pero se han realizado algunos progresos mediante la aplicación de la Estrategia de Lisboa. Además de los aspectos reguladores de los mercados de servicios a las empresas, son necesarias políticas complementarias como las señaladas en el presente documento para garantizar la necesaria competitividad de la UE en el mercado global, así como el progreso social y económico.

3.   La importancia de los servicios prestados a las empresas y su interacción con la industria

3.1   Definición de servicios prestados a las empresas

Los servicios prestados a las empresas se definen tradicionalmente como un subgrupo (NACE 70-74) de los servicios relacionados con la empresa (esto es, servicios prestados a las empresas más servicios de transporte, comunicaciones, comercio de distribución y servicios financieros) (11). El criterio para la definición de ambos conceptos es el de la clientela a la que van dirigidos los servicios. No son servicios dirigidos principalmente a los consumidores finales, sino más bien a las empresas. Son actividades reales que influyen primero en la competitividad de las empresas (no son incompatibles con la prestación de servicios a los consumidores) mediante su uso como insumos intermedios en la cadena de valor, así como a través de los beneficios en materia de calidad e innovación resultantes de la interacción entre el proveedor y el cliente y el servicio. Los servicios a las empresas tienen las características particulares de que en su mayoría pueden prestarse de manera internalizada o subcontratarse (externalizarse) a una empresa especializada externa.

3.2

Los servicios a las empresas constituyen un grupo de actividades muy heterogéneas que van desde los servicios profesionales (como, por ejemplo, la ingeniería, la contabilidad y los servicios jurídicos) hasta servicios de alto valor añadido (como, por ejemplo, servicios de TIC y consultoría de gestión), servicios de personal (como, por ejemplo, selección de personal, colocación de empleados en otras empresas y trabajo temporal) y servicios de apoyo a la actividad de la empresa, ya sean de escaso valor añadido (limpieza, seguridad y restauración) o de valor creciente (gestión de la energía, suministro y tratamiento de las aguas y otros fluidos, tratamiento del aire y de los residuos). En estos grupos de actividades, merecen especial atención las condiciones laborales y sociales.

Recuadro 1.   Principales servicios necesarios para el funcionamiento de las empresas (enfoque funcional) (12)

Funciones en las empresas

Principales servicios relacionados con la empresa

 

Funciones en las empresas

Principales servicios relacionados con la empresa

Administración

Asesoramiento en materia de gestión

Servicios jurídicos

Auditoría y contabilidad

 

Gestión de la información

Servicios informáticos

Telecomunicaciones

Recursos humanos

Trabajo temporal

Selección y colocación de personal

Formación profesional

 

Comercializa-ción y ventas

Publicidad

Comercio

Relaciones públicas

Ferias y exposiciones

Servicios posventa

Intermediación financiera

Banca

Seguros

Leasing y renting

 

Transporte y logística

Logística

Servicios de transporte

Servicio de correo urgente

Producción y funciones técnicas

Servicios de ingeniería y servicios técnicos

Ensayos y control de calidad

Servicios de I+D

Diseño industrial

Mantenimiento y reparación de equipos

 

Gestión de instalaciones

Servicios de seguridad

Servicios de limpieza

Provisión de comidas preparadas

Servicios medioambientales/

eliminación de residuos

Producción y distribución de agua y energía

Actividades inmobiliarias (almacenes)

3.3   El papel de los servicios prestados a las empresas en la economía

Los servicios prestados a las empresas constituyen un elemento importante de la economía de mercado europea. No obstante, la característica más importante de los servicios a las empresas es que están presentes, e integrados, en todas las fases de la cadena de valor. El crecimiento de los servicios a las empresas se explica habitualmente por la transferencia de empleo de la industria manufacturera a los servicios debido a la externalización de las funciones de servicios, pero los motivos del crecimiento son múltiples: cambios en los sistemas de producción, mayor flexibilidad, mayor competencia en los mercados internacionales, el papel creciente de las TIC y el conocimiento y la aparición de nuevos tipos de servicios son otros factores importantes. «Según las estadísticas estructurales de las empresas (SBS), el sector de los servicios relacionados con la empresa (excluidos los servicios financieros) representaba un 53 % del empleo total de la economía de mercado de la UE en 2001, mientras que la parte de la industria era del 29 % (es decir, alrededor de 29 millones de empleos) … Por término medio, el valor añadido total creado por los servicios relacionados con la empresa representaba en 2001 un 54 %, frente a un 34 % para la industria» (13).

3.4

Actualmente cada vez más empresas manufactureras se están introduciendo en el sector de los servicios. No sólo ofrecen servicios postventa, sino que cada vez más descubren el valor añadido vendiendo su experiencia en ingeniería, diseño o innovación de procesos a otras empresas como parte de su negocio. Está surgiendo un nuevo modelo híbrido de empresa que incluye a empresas con actividades industriales/de servicios. Los clientes buscan cada vez más «soluciones» en vez de simplemente productos, y a menudo es la capacidad para prestar servicios adicionales lo que proporciona a una empresa manufacturera su ventaja competitiva.

3.5

Falta de datos estadísticos específicos sobre los servicios a las empresas  (14). Existe una falta de información estadística sobre la demanda de servicios. La interrelación entre los distintos sectores no está suficientemente documentada. La información sobre las actividades de servicios y su contribución a las economías de los Estados miembros de la UE se mejorará posiblemente con una revisión del sistema de clasificación NACE, prevista para 2007. La clasificación revisada proporcionará una mejor idea de la estructura y el desarrollo del sector de los servicios (15). También falta información sobre hasta qué punto las empresas industriales prestan servicios.

3.6

Fragmentación y escasez de información y análisis en relación con los servicios a las empresas. El CESE considera que es necesario que un Observatorio Europeo de Servicios a las Empresas recabe información, fomente la investigación, estimule el debate y sugiera y supervise la aplicación de las recomendaciones políticas. Un observatorio o una acción similar conduciría a una mejor comprensión de la nueva y veloz evolución del sector y serviría de punto de encuentro entre los responsables políticos y las partes interesadas.

3.7

Normalización de los servicios. La mayor aceleración de la normalización voluntaria de los servicios basándose en las necesidades del mercado y en pruebas sólidas incluye aumentar la seguridad de base, la calidad y los resultados y fomentar la competencia y la innovación en la prestación de servicios. Este reto deberán afrontarlo el CEN, la ISO y los organismos nacionales de normalización. El desarrollo de normas voluntarias en el sector de los servicios estimularía, sin duda, el comercio de servicios a través de las fronteras y ayudaría a impulsar el mercado interior de los servicios.

4.   Cómo los servicios prestados a las empresas mejoran la competitividad industrial (16)

4.1

Los servicios prestados a las empresas tienen una gran importancia a la hora de ayudar al sector de las PYME a realizar su contribución potencial a la innovación y el crecimiento. Está comprobado que las PYME más dinámicas utilizan ampliamente los servicios a las empresas. Frente a las presiones de la internacionalización, debe fomentarse una mayor utilización de estos servicios por una gama más amplia de PYME.

4.2

Capacidad nacional de innovación.

La capacidad de una nación para producir nuevas ideas y comercializar un flujo de tecnologías innovadoras a largo plazo se ve influida por una serie de factores (17):

la infraestructura general de innovación;

condiciones marco esenciales/políticas de acompañamiento;

interconexión del sistema general de innovación;

sistema general de educación.

4.3

El 85 % de la investigación de la UE se concentra en la industria (Estados Unidos 66 %), y no existen cifras fiables para un desglose de las actividades de I + D en el sector de los servicios. Del total de I + D en la industria, el 87,5 % se realiza en ocho ámbitos específicos (productos químicos, ingeniería mecánica, maquinaria de oficinas, maquinaria eléctrica, comunicaciones con semiconductores, instrumentos, vehículos de motor y aeronáutica y vehículos espaciales).

4.4

En términos de gasto absoluto, la UE no ha logrado superar la distancia que le separa de los Estados Unidos en I + D; en realidad, esta distancia ha aumentado en la última década.

4.5

Una mayor atención a la financiación de I + D en servicios de alta tecnología e intensidad de conocimiento (de margen elevado) reviste una importancia fundamental para la competitividad de la industria europea. El «objetivo del 3 %» (18) sería más fácil de alcanzar si los gobiernos aumentasen sus compromisos de financiación y si se animase y ayudase al sector privado a invertir más en este ámbito, incluidos los servicios a las empresas.

4.6

Un Instituto Europeo de Tecnología, como propone la Comisión Europea en una reciente Comunicación de la Comisión (19), resulta útil, pero la tecnología ha de ir acompañada de estrategias de negocios y organizativas eficaces.

4.7

En el recuadro que figura a continuación, se refleja el impacto de las funciones innovadoras de los servicios prestados a las empresas:

Recuadro 2.   Funciones innovadoras de los servicios a las empresas (20)

Funciones innovadoras

Elementos principales de la innovación

Servicios a las empresas (algunos sectores representativos)

Innovación tecnológica

Mayor integración de la tecnología

Uso de la tecnología existente

Adaptación de la tecnología a las necesidades de las empresas

Eficiencia en los procesos avanzados de información y comunicación

Automatización de los procesos rutinarios

Flexibilización de las estructuras productivas

Mejora de la calidad

Servicios TI

Servicios de ingeniería

Servicios de diseño

Servicios de telecomunicaciones

Servicios de comunicación electrónica en línea

Servicios de control de la calidad

Innovación organizativa

Eficiencia de la organización interna

Articulación de los procesos de control y coordinación

Mejora de la selección, formación y utilización del factor humano

Mejoras en las distintas especializaciones funcionales

Consultoría de gestión y gestión

Auditorías y servicios jurídicos

Servicios de recursos humanos (selección, formación y empleo temporal).

Innovación estratégica

Flexibilidad para entornos dinámicos

Posicionamiento en mercados complejos

Información estratégica sobre alianzas

Información sobre adaptación de los productos

Información sobre localización y mercados

Defensa en un entorno jurídico conflictivo

Servicios de gestión

Servicios en línea

Servicios de auditoría

Servicios jurídicos

Servicios de ferias y exposiciones

Servicios de «marketing»

Innovación comercial

Diseño competitivo de productos

Comercialización innovadora

Aprovechamiento de las oportunidades

Búsqueda y relaciones con el cliente

Comercialización innovadora

Preocupación por la imagen

Servicios de diseño

Ferias y exposiciones

Publicidad

Comercialización directa

Relaciones públicas

Servicios postventa

Innovación operativa

División funcional del trabajo

Concentración en tareas clave

Preocupación por la capacidad operativa

Preocupación por la imagen

Servicios lingüísticos

Servicios de mensajería

Servicios de seguridad

Servicios operativos

Fuente: Rubalcaba (1999) Business services in European Industry; Comisión Europea, Bruselas.

4.8

Algunas de las empresas más innovadoras de Europa se encuentran en los servicios a las empresas, pero el nivel general de I + D en el sector de los servicios es demasiado bajo y está desestructurado. Con frecuencia surgen nuevos modelos de servicios y de empresas a partir de las costosas y largas tentativas y fracasos de distintas empresas. Es necesario que la UE apoye la investigación en ámbitos escogidos a fin de actualizar los conocimientos prácticos de las empresas en tecnologías punta globales de vanguardia.

4.9

Es importante encontrar maneras de mejorar el acceso de las PYME a los resultados de la investigación y apoyarlas en el desarrollo de productos a corto plazo.

4.10

Si se quiere que las empresas inviertan más en innovación e I + D, la Comisión Europea ha de garantizar la protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual, y ha de actuarse para aplicar la propuesta pendiente sobre las patentes de invenciones aplicadas por ordenador.

4.11

Hace falta una mejor legislación y regulación.

5.   El sistema de creación de conocimiento de la UE

5.1

Es necesaria una revisión radical del sistema de creación de conocimiento de la UE, incluidas las siguientes medidas:

reorientar las actividades de I + D hacia las empresas productoras de TIC de alta tecnología;

detener la fuga de cerebros de la UE a los Estados Unidos (el número de investigadores de la UE que se trasladan a trabajar a los Estados Unidos es dos veces superior al de investigadores que hacen el recorrido inverso; el 40 % de la I + D de los Estados Unidos es realizada por científicos formados en la UE);

aumentar el gasto total en investigación para alcanzar el objetivo de la Estrategia de Lisboa del 3 % del PIB;

las destrezas de los usuarios de TIC, la alfabetización digital y las destrezas en el comercio electrónico han de considerarse competencias clave; los currículos deben incluir las destrezas relativas a las TIC en una edad temprana;

la banda ancha fija y móvil avanzada será la infraestructura de la economía basada en el conocimiento en el presente siglo. La iniciativa i2010 lanzada por la DG Sociedad de la Información en 2005 desempeña un papel importante en este contexto.

6.   El papel de la «ingeniería de servicios»

6.1

La innovación en los servicios ha sido objeto de intenso debate y estudio, sobre todo en Alemania desde mediados de los años 90. La ingeniería de servicios generó gran parte del impulso de los trabajos tanto académicos como prácticos en este ámbito. Se ha transformado en una disciplina técnica preocupada por el desarrollo y diseño sistemáticos de productos de servicios utilizando modelos, métodos e instrumentos adecuados. Aunque la ingeniería de servicios también incluye aspectos de la gestión del funcionamiento de los servicios, el desarrollo de nuevos productos de servicios es un elemento clave. Al mismo tiempo, la ingeniería de los servicios también se ocupa del diseño de sistemas de desarrollo; en otras palabras, de cuestiones de la gestión general de la I + D y de la innovación relacionadas con los servicios.

6.2

La investigación básica en nuevos modelos, métodos e instrumentos empresariales imprimirá un valioso impulso a la ingeniería de los servicios. Los enfoques integrados para desarrollar conjuntamente bienes físicos, «software» y servicios pasarán a ser una característica arraigada. Por último, la creciente armonización de las normas en materia de servicios fomentará la especificación y el desarrollo eficaz de nuevos servicios (21).

6.3

La ingeniería de servicios es uno de los pocos ámbitos del sector de los servicios que ha sido configurado de manera importante por la investigación europea. Una integración más estrecha en redes internacionales y el desarrollo sistemático de una comunidad independiente de ingeniería de servicios son fundamentales para mantener un liderazgo en el futuro en este ámbito (22).

7.   La importancia de la prestación digital de servicios

7.1

Hacia la intensificación de las prestaciones en línea. Se está prestando una atención cada vez mayor al crecimiento y al impacto de la obtención internacional de servicios de tecnología de la información y de servicios de proceso empresarial que permiten las TIC. Se están reorientando los servicios a las empresas mediante la aplicación de las TIC y una mayor intensificación de las prestaciones en línea, sobre todo en ámbitos como los servicios de «software», servicios de I + D y de ensayos técnicos, servicios de consultoría y servicios de desarrollo de recursos humanos y de suministro de mano de obra. Todo ello está impulsado, sobre todo, por el mercado debido a:

nuevas exigencias y expectativas de los clientes;

la presión para aumentar el alcance de los mercados y la expansión de los mismos;

mejoras en la calidad y profundidad de las relaciones con los consumidores;

mejoras en la eficiencia de las operaciones y economías de escala;

reducción de costes mediante la mejora y la expansión de las opciones de producción y prestación a bajo coste.

7.2

Explorar los beneficios potenciales de la extraterritorialización (offshoring) para la economía de la UE. Están aumentando los desafíos globales en la progresiva prestación de servicios externalizados desde cualquier punto del mundo. Por lo tanto, Europa debería estar preparada para prestar y exportar servicios de alta calidad al resto del mundo. Las prestaciones digitales y el consiguiente apoyo al comercio electrónico están destinados a aumentar. La extraterritorialización internacional de los servicios relacionados con la empresa se concentra actualmente en funciones burocráticas (como, por ejemplo, servicios de IT, servicios financieros y de contabilidad, funciones de atención telefónica al cliente). En los servicios de mayor valor añadido, como la ingeniería, investigación y análisis de TI, la UE todavía mantiene su posición. No obstante, el desarrollo tecnológico, la disponibilidad de cualificaciones y costes relacionados en el mercado global van inevitablemente a afectar a las decisiones de las empresas europeas en mayor medida en el futuro. Constituye un desafío para el mercado laboral europeo proporcionar oportunidades de empleo que requieran mayores cualificaciones y evitar el desempleo (23).

7.3

Obstáculos para la prestación digital generalizada de servicios. Existen obstáculos para el desarrollo de las prestaciones digitales que deberían estudiarse a fondo, y debería encontrarse soluciones para que las empresas europeas de servicios puedan ser más agresivas y expandirse más en el exterior de la UE. Entre estos obstáculos se encuentran la falta de normas y de interoperabilidad, de seguridad y confianza en el comercio electrónico, la ausencia de inversiones en infraestructuras de banda ancha fijas y móviles y la todavía demasiado lenta adaptación a las TIC por las PYME.

8.   El potencial de empleo en los servicios prestados a las empresas

8.1

El empleo en los servicios prestados a las empresas ha aumentado de forma impresionante en las últimas décadas. Los niveles de crecimiento anual entre 1979 y 2002 fueron del orden del 4,5 %, muy por encima de los niveles de cualquier otro sector económico. El porcentaje de empleo de los servicios a las empresas en relación con el empleo total fue del 9 % en 2003 en la UE-15 y del 8,6 % en la UE-25. El sector de los servicios en general, y los servicios a las empresas en particular, desempeñarán un papel clave a la hora de proporcionar nuevos empleos en el futuro y compensar la disminución del empleo en la industria manufacturera.

8.2

El recuadro 3 que figura a continuación muestra cómo el empleo en los servicios a las empresas aumentó hasta 2002 en comparación con el conjunto de la economía.

Recuadro 3.   Tasas de crecimiento anual del empleo en los servicios a las empresas, 1979-2002 (24)

País

Conjunto de la economía

Servicios a las empresas

Servicios inmobiliarios

«Renting»

Servicios profesionales

I+D contractual

Servicios CI

Servicios operativos

LU

2,6

7,6

5,2

4,4

7,5

6,5

12,4

7,4

PT

0,4

6,9

6,5

5,5

6,7

7,7

8,1

7,0

IE

2,0

6,4

5,3

4,6

6,0

0,8

10,5

6,5

IT

0,5

6,4

4,4

8,0

6,1

4,1

6,5

6,7

DE

0,6

5,3

4,2

3,4

4,5

2,9

6,5

5,8

FI

0,1

5,4

1,0

1,6

4,3

3,3

8,5

6,0

ES

1,1

5,4

3,7

6,0

4,9

3,2

7,4

5,8

NL

1,6

4,7

3,7

5,3

4,1

3,4

8,1

4,7

AT

0,3

4,8

1,4

2,6

4,3

4,0

9,6

4,8

SE

0,2

4,7

1,2

2,7

4,3

4,2

6,1

4,7

EL

0,8

4,6

5,9

3,4

4,2

4,0

8,1

4,8

UK

0,4

3,3

4,8

2,2

2,8

-0,4

6,9

3,5

FR

0,5

3,2

1,3

4,1

2,5

1,7

4,7

3,8

DK

0,3

3,1

1,5

2,8

1,8

-0,8

5,8

4,3

BE

0,3

3,6

3,9

0,9

3,2

-1,7

5,0

4,0

UE15

0,6

4,4

3,3

3,3

3,9

1,7

6,4

4,7

EE UU

1,4

4,7

1,6

3,5

3,5

2,9

8,8

5,3

8.3

El crecimiento dinámico del empleo en los servicios, y en particular en los servicios a las empresas que requieren alta intensidad de conocimiento, es una característica de las economías modernas. Aunque las tasas de empleo en los servicios a las empresas y las tasas de crecimiento varían en Europa de un país a otro, puede afirmarse que «no hay ningún país pobre con muchos servicios a las empresas ni ningún país rico donde los servicios a las empresas sean escasos» (25).

8.4

Cabe esperar que el crecimiento del empleo en los servicios y, en particular, en los servicios a las empresas que requieren alta intensidad de conocimiento continúe, aunque a un ritmo algo más moderado. No obstante, con arreglo al recuadro 4, será superior al previsto en otras actividades económicas. Se espera que los niveles de crecimiento sean bastante superiores en los nuevos Estados miembros, donde el desarrollo de los servicios parte de unos niveles absolutos muy inferiores.

Recuadro 4.   Tendencias del empleo en los distintos sectores en Europa Occidental

Image

Nota: Se define a Europa Occidental como la UE15 + Noruega + Suiza.

Fuente: Cambridge Econometrics Press Release, What has happened to the Lisbon agenda, noviembre de 2005.

8.5

Una característica especial del empleo en los servicios a las empresas es el alto nivel académico. Como muestra la encuesta de población activa de la UE, en 2003 el porcentaje de empleo correspondiente a puestos de trabajo «de alta cualificación» era del 41 %, frente al 38 % de 1998. El porcentaje de mano de obra escasamente cualificada era del 17 %, frente al 25 % en 1998. El hecho de que la mayoría de los puestos de trabajo en los servicios a las empresas requieren cualificaciones de nivel medio y alto también plantea un desafío a los sistemas educativos europeos (y, en particular, a las políticas de aprendizaje permanente), ya que las transformaciones estructurales de las industrias europeas exigirán que un mayor número de trabajadores pasen de otros sectores de empleo a los servicios a las empresas. En este contexto, será importantísima una aplicación rigurosa de la agenda educativa de Lisboa para 2010. En el recuadro 5 se muestra el nivel educativo en distintos sectores.

Recuadro 5.   Nivel educativo en los principales sectores de actividad económica y en los servicios a las empresas, UE15, 2003 (26)

Image

Bruselas, 13 de septiembre de 2006.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Estadísticas comerciales de la OMC, 2004.

(2)  Business Services in European Industry, Luis Rubalcaba-Bermejo — Comisión Europea, 1999.

(3)  Síntesis del informe final: «The significance of competitive manufacturing industries for the development of the services sectors», Kalmbach et al., Universidad de Bremen, diciembre de 2003.

(4)  Véase el Dictamen del CESE sobre el tema «La competitividad de las empresas europeas», donde se destaca la importancia de garantizar unas condiciones sociales adecuadas al tiempo que se intenta aumentar la productividad y la competitividad. Véanse, en particular, los puntos 2.5 a 2.5.3; por ejemplo, en el punto 2.5.2, el CESE señala que «urge reforzar la competitividad de Europa frente a sus competidores, en condiciones tales que se garantice su desarrollo económico y social, cohesión, empleo y medio ambiente».

(5)  Comunicado de prensa de Eurostat 17/2006, de 13.2.2006.

(6)  COM(2004) 274 final. Dictamen del CESE aprobado el 15 de diciembre de 2004 (ponente: Sr. van Iersel, coponente: Sr. Legelius), DO C 157 de 28.6.2005, pp. 75 y siguientes.

(7)  COM(2005) 474 final. Dictamen del CESE aprobado el 20 de abril de 2006 (ponente: Sr. Ehnmark), DO C 185 de 8.8.2006, pp. 80 y siguientes. Véase también el Dictamen complementario de la CCMI (ponente: Sr. Pezzini).

(8)  EITO 2005, p. 263.

(9)  E-Business Report, 2005.

(10)  COM(2002) 441 final, 30 de julio de 2002.

(11)  Véase la Comunicación de la Comisión Europea titulada «La competitividad de los servicios relacionados con la empresa y su contribución al buen funcionamiento de las empresas europeas» (COM(2003) 747 final, 4 de diciembre de 2003), que puede consultarse en

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2003/com2003_0747es01.pdf (véanse, en particular, el apdo. I.2 y el recuadro 1).

(12)  Fuente: La competitividad de los servicios relacionados con la empresa y su contribución al buen funcionamiento de las empresas europeas (COM(2003) 747 final), Anexo I («Clasificaciones de los servicios y gráficos suplementarios»), que puede consultarse en

http://europa.eu.int/eur-lex/es/com/cnc/2003/com2003_0747es01.pdf.

(13)  COM(2003) 747 final, § II.2, p. 11.

(14)  Véase «A sectoral survey of relocation: a factual background» (en especial, las páginas 107 y 177-179), encargado por la CCMI y utilizado como referencia para su Documento informativo sobre el tema «Estudio sectorial de las deslocalizaciones» (ponente: Sr. van Iersel, coponente: Sr. Calvet Chambon).

(15)  Informe del «EU Business-Related Service Forum», junio de 2005.

(16)  Véanse COM(1998) 534 final y COM(2003) 747 final.

(17)  Stern, Furman, Porter, 2002.

(18)  Véase el Dictamen del CESE sobre el «Séptimo Programa IDT»: Con arreglo a la Estrategia de Lisboa, «en la primavera de 2002, el Consejo Europeo de Barcelona definió los objetivos del apoyo a la investigación de manera cuantitativa: el gasto total en la UE debería aumentar hasta 2010 a un 3 % del PIB, dos tercios de los cuales debían proceder del sector privado (objetivo del 3 %). El Comité, no obstante, señala que este objetivo, debido a la competición mundial en materia de inversiones, es un objetivo móvil; el que no lo alcance a tiempo quedará siempre rezagado» (punto 2.5).

(19)  COM(2006) 77 final.

(20)  Extraído de la publicación titulada The Contribution of Business Services to European Employment, Innovation and Productivity, de Luis Rubalcaba y Henk Kox, que publicará próximamente Palgrave-Macmillan.

(21)  Service engineeringmethodical development of new service products, de Hans-Jorg Bullinger, Klaus-Peter Fahnrich, Thomas Meiren.

(22)  Thomas Meiren, Fraunhofer Institute for Industrial Engineering, Stuttgart, Alemania.

(23)  European Forum on Business Related Services, Informe 2005.

(24)  «The Contribution of Business Services to European Employment, Innovation and Productivity», de Luis Rubalcaba y Henk Kox (que publicará en 2006 Palgrave-Macmillan).

(25)  Rubalcaba, Kox, 2006, p. 42.

(26)  Fuente: Rubalcaba y Kox (2006), tomando como base los datos de Eurostat, Encuesta de población activa, 2004.


23.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/38


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización»

COM(2006) 91 final — 2006/0033 (COD)

(2006/C 318/05)

El 27 de marzo de 2006, de conformidad con el apartado 3 del artículo 159 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su Dictamen el 31 de agosto de 2006 (ponente: Sr. VAN IERSEL; coponente: Sr. GIBELLIERI).

En su 429o Pleno de los días 13 y 14 de septiembre de 2006 (sesión del 13 de septiembre de 2006), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 170 votos a favor, 10 en contra y 15 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Resumen

1.1

El CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión Europea relativa a la creación de un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (en lo sucesivo, el «FEAG»). El CESE manifiesta su acuerdo con el objetivo de que las intervenciones del FEAG tengan lugar en caso de que, a resultas de perturbaciones económicas graves e imprevisibles, surjan problemas sociales inmediatos y de envergadura para los trabajadores.

1.2

El CESE reconoce que la responsabilidad primera recae en los Estados miembros y que el FEAG sólo debería intervenir a instancias de un Estado miembro y tras la decisión correspondiente de la autoridad presupuestaria. Las normas deben ser claras.

1.3

En ocasiones de perturbaciones graves, es fundamental que las partes interesadas –empresas, interlocutores sociales, Gobierno, entes regionales y otros– lleven a cabo una política anticipatoria, tengan un espíritu empresarial dinámico y la responsabilidad regional, adopten las medidas oportunas a su debido tiempo y sean cooperativos. Como instrumento de la solidaridad de la UE, el FEAG tiene una función complementaria. Para que el Fondo sea creíble las expectativas no deben llevarse demasiado lejos.

1.4

Las acciones específicas financiadas por el FEAG deben ajustarse a la planificación general de todas las partes interesadas afectadas. El FEAG no debería intervenir en ámbitos para los que los Estados miembros tienen la competencia exclusiva. Debería quedar claro que el Fondo se destina a oportunidades de empleo para personas que se hallan en circunstancias económicas muy difíciles.

1.5

El CESE exhorta a la Comisión a garantizar la participación activa de los interlocutores sociales en procesos orientados a crear empleo para los trabajadores despedidos. Lograr el objetivo de una «reinserción rápida» de los trabajadores despedidos en el mercado laboral suele ser una tarea ardua. Los hechos muestran que tales procesos requieren mucho tiempo.

1.6

Al objeto de aumentar la eficacia y la coherencia, se debería garantizar una coordinación precisa entre los diferentes instrumentos existentes, en particular entre el FEAG y los Fondos Estructurales.

2.   La propuesta de la Comisión

2.1

En marzo de 2006 la Comisión presentó una propuesta para la creación de un Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (1), con el objeto de conceder ayudas únicas y específicas destinadas a facilitar la reinserción laboral de los trabajadores en regiones o sectores damnificados por perturbaciones económicas graves.

2.2

Las perturbaciones económicas graves pueden implicar deslocalizaciones a terceros países, un incremento masivo de las importaciones o la disminución progresiva de la cuota de mercado de la UE en un determinado sector. El criterio más importante para el FEAG es el caso del despido de más de mil trabajadores de una empresa o grupo de empresas en regiones en las que el desempleo sea más elevado que la media.

2.3

Las acciones subvencionables por el FEAG deberían crear las condiciones para una rápida reinserción en el mercado laboral de las personas que han perdido su empleo. Con este tipo de ayuda se complementan las normativas nacionales y los programas específicamente regionales. Las medidas incluidas son: la formación, la asistencia a la relocalización, las ayudas a las empresas nacientes y las prestaciones de renta suplementarias.

2.4

El FEAG intervendrá únicamente a instancias de un Estado miembro. El importe pagado por la UE no podrá sobrepasar el 50 % del coste total estimado del conjunto de medidas previstas por dicho Estado miembro.

2.5

No existe una disposición financiera específica en las perspectivas financieras para el Fondo, que se financiará mediante fondos infrautilizados y desafectados. La autoridad presupuestaria decidirá cada intervención del Fondo, lo que implica la plena responsabilidad del Consejo y el PE.

2.6

Se prevé un procedimiento presupuestario detallado. Los Estados miembros serán responsables de la gestión de las acciones respaldadas por el FEAG. La Comisión desempeñará un papel de supervisión. En caso de que el importe sea inferior al coste de la acción tendrá lugar un reembolso.

2.7

La Comisión llevará a cabo una evaluación continua de los resultados, criterios y eficacia del Reglamento, así como una evaluación ex-post. A partir de 2008, la Comisión presentará un informe anual sobre la aplicación del Fondo, con las correspondientes evaluaciones.

3.   Contexto del FEAG

3.1

La propuesta, destinada a mostrar la solidaridad de la UE con los trabajadores despedidos a resultas de cambios repentinos en los patrones del comercio mundial, se basa en las conclusiones del Consejo Europeo de diciembre de 2005. Como solución de compromiso, forma parte integrante del acuerdo sobre las perspectivas financieras. Se ha llevado a cabo una evaluación del impacto (2) con información pertinente sobre el contenido y el ámbito de aplicación del FEAG.

3.2

El FEAG está separado de los Fondos Estructurales y será uno de los instrumentos de la UE necesarios para seguir adaptando la economía europea y aumentar su competitividad (3).

3.3

Los Fondos Estructurales se destinan a medidas anticipatorias a largo plazo con un enfoque plurianual, mientras que el FEAG no se orienta a lograr objetivos de reestructuración. De manera específica, se dirige a las personas de las regiones afectadas por fuertes cambios en los patrones del comercio mundial. Estas situaciones, infrecuentes pero dramáticas, pueden requerir ayudas únicas individualizadas y limitadas en el tiempo. Los Fondos Estructurales no cubren algunos de los objetivos del FEAG.

3.4

Hasta cierto punto, el programa de 1962 de la Trade Adjustment Assistance («ayuda a los ajustes comerciales») (TAA) de los EE UU ha servido de ejemplo. La TAA tenía por objeto corregir la asimetría entre las repercusiones negativas de la apertura de los mercados y la liberalización internacional de regiones o casos específicos e individuales y sus beneficios globales. No obstante, no es fácil comparar la TAA y el FEAG, debido a las diferencias culturales entre los EE UU y la UE y a los distintos criterios utilizados.

3.5

El FEAG debería funcionar de conformidad con las mejores prácticas definidas por la OCDE, que establece la necesidad de que se determinen claramente los grupos de trabajadores damnificados por los cambios estructurales de los mercados y se preste ayuda durante periodos limitados con arreglo a los principios de rentabilidad, transparencia y responsabilidad.

3.6

El FEAG pretende contribuir a desarrollar el enfoque de la «flexiguridad» en la Unión, un equilibrio entre flexibilidad y seguridad del empleo, y completará las políticas y prioridades estratégicas plurianuales de los Fondos Estructurales.

4.   Observaciones generales

4.1

En principio, el Reglamento se refiere al efecto positivo general de la globalización en el crecimiento y el empleo de la UE. No obstante, el CESE señala que es muy probable que, al mismo tiempo, se produzcan efectos negativos visibles a nivel sectorial y regional. El FEAG será un instrumento específico con vistas a reforzar las oportunidades de reinserción laboral para los trabajadores afectados por graves perturbaciones económicas. Es una lástima que en la evaluación del impacto (4) no se haya llevado a cabo un análisis de casos concretos.

4.2

Dado que el cuarto considerando del Reglamento requiere que las actividades del FEAG sean «coherentes y compatibles con las demás políticas de la Comunidad, y conformes a su acervo», las propuestas deberían ser objeto de un examen pormenorizado por parte de una serie de responsables políticos de la Comisión, en especial de la DG de Competencia, a fin de evitar una asignación injustificada de subsidios estatales.

4.3

El FEAG representa un paso adelante concreto por parte de la Unión Europea para afrontar las consecuencias de graves cambios en el comercio exterior y el mercado internacional. En el futuro, se podría considerar la posibilidad de un instrumento similar para mitigar los efectos negativos del comercio interno y del mercado interior de la UE (por ejemplo, la deslocalización dentro de la UE o la política fiscal).

4.4   Criterios de intervención

4.4.1

Se requieren unos criterios estrictos de intervención. No obstante, el criterio mencionado en el artículo 1: «prestar ayuda a los trabajadores despedidos como consecuencia de grandes cambios estructurales en los patrones del comercio mundial, cuando dichos despidos tengan una incidencia negativa importante en la economía regional o local», constituye una formulación bastante imprecisa. Los Estados miembros tienen la responsabilidad primera de presentar solicitudes de intervención del Fondo. La Comisión debería garantizar una aplicación equitativa de los criterios en todos los casos y a todos los Estados miembros.

4.4.2

La carga de la prueba en lo relativo a las solicitudes recae en los Estados miembros. La Comisión examinará y controlará rigurosamente las solicitudes, lo que incluirá la utilización de orientaciones y respaldo financiero sobre una base de caso por caso. Esto implicará un proceso de aprendizaje de actuación y experiencia práctica para la Comisión, los Estados miembros y la autoridad presupuestaria por igual. Deben evitarse las ambigüedades: los mismos enfoques y normas deben ser válidos y aplicarse en toda la Unión.

4.4.3

En lo que respecta al nivel mínimo de despidos en regiones específicas, los criterios de intervención establecidos en el artículo 2 son inequívocos. El criterio de «mil trabajadores» no se limita a una empresa, sino que incluye el conjunto de los asalariados en todos los procesos de un sector.

4.4.4

En general, las razones para reducir el número de trabajadores se basan en una serie de factores, como la modernización, la racionalización, el cambio de los métodos de producción, y, ciertamente, los patrones del comercio internacional. Es infrecuente que un factor específico predomine de manera total.

4.4.5

Se ha tomado como ejemplo la TAA estadounidense. Sin embargo, en la descripción que la Comisión hace del funcionamiento de la TAA, el vínculo entre los patrones cambiantes del comercio y las acciones gubernamentales orientadas a neutralizar su efecto en los despidos es bastante difuso. Además, los criterios y el historial de la aplicación de la TAA son muy distintos de lo que la UE tiene previsto.

4.4.6

Se buscará una financiación del FEAG en el caso de cambios económicos bruscos y circunstancias imprevisibles. No obstante, las tendencias al cambio son, por lo general, visibles antes de que se sienta el impacto real del cambio en cuestión. La buena gestión empresarial implica la adopción a su debido tiempo de medidas preventivas.

4.4.7

Esto significa que cualquier medida de apoyo que se planifique a escala nacional y de la UE deberá tener en cuenta la manera en que las empresas y los propios interlocutores sociales han previsto el cambio. Por ejemplo, ¿qué grado de importancia tienen las medidas de apoyo, si los interlocutores sociales y las empresas han omitido determinar a su debido tiempo la evolución que podría amenazar los mercados y el empleo?

4.5   La definición de las acciones subvencionables

4.5.1

La diferencia entre los Fondos Estructurales y el FEAG es triple: a) diferencia en dimensiones: 44 000 millones de euros frente a 500 millones de euros anuales, para el próximo periodo de programación 2007-2013; b) diferencia en el enfoque: a largo plazo y anticipatorio, para amplias cuestiones de modernización, frente a enfoque a corto plazo para conseguir la rápida reinserción de trabajadores en el mercado laboral, y c) en razón de su volumen y alcance, los Fondos Estructurales tienden a ser burocráticos, mientras que el FEAG pretende seguir un planteamiento no burocrático.

4.5.2

Se debe asegurar una distinción rigurosa entre los Fondos Estructurales y el FEAG. El FEAG es, por definición, un fondo a corto plazo, tiene duración limitada y se centra en casos concretos. A más largo plazo se pueden prever compromisos adicionales de los Fondos Estructurales en el marco de un contexto regional más amplio. En caso de que las acciones sean complementarias, se deben respetar las distintas filosofía y estructura de cada Fondo.

4.5.3

No será fácil crear las condiciones para una «rápida» reinserción de trabajadores despedidos en el mercado laboral, si el contexto y las circunstancias no son favorables, como en el caso de las regiones en las que predomina una única actividad industrial, regiones atrasadas, o en las que faltan mecanismos que faciliten la formación y el reciclaje profesional sobre el terreno, etc. Se debería prestar una atención especial a la gestión de trabajadores de edad mediana y avanzada a fin de evitar la fuga de cerebros. En estos casos específicos probablemente se requiera una combinación de FEAG y Fondos Estructurales, así como la mejor utilización posible de la red EURES para fomentar las oportunidades de movilidad en Europa. La ausencia de una coordinación eficaz podría plantear problemas. A este respecto, el tercer apartado del artículo 5 requiere una atención especial.

4.5.4

Las acciones subvencionables que contempla el artículo 3 deben considerarse conjuntamente con las disposiciones de los artículos 5 y 6, en especial en lo que se refiere a la interrelación e interacción entre acciones regionales, nacionales y de la UE. En la medida en que las acciones de la UE son complementarias a las medidas regionales y nacionales, la experiencia adquirida en el pasado en la UE –como las relativas a los programas Resider, Rechar y Retext– y en otras situaciones podría ser útil, si se tiene en cuenta que al FEAG no se le ha confiado ningún papel de reestructuración.

4.5.5

En casos específicos podría ser útil seguir el enfoque sectorial utilizado en la moderna política industrial para examinar los análisis y definir el uso de los instrumentos.

4.5.6

Para una serie de Estados miembros es especialmente importante que las políticas del mercado de trabajo y las relacionadas con la renta sigan siendo una responsabilidad nacional y que se prohíba a la Comisión injerirse en las competencias nacionales. En consecuencia, en el conjunto completo de medidas elaboradas por un Estado miembro para tratar una crisis específica, la contribución de la UE debe centrarse de manera explícita en las personas y en alentar la reinserción de los trabajadores despedidos en el mercado de trabajo. A este respecto, el CESE se remite a los criterios de aplicación del antiguo capítulo social del Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, que podría contribuir a evitar solapamientos institucionales y conflictos.

4.6

La autoridad presupuestaria debe desempeñar un papel crucial. El CESE acoge positivamente el hecho de que el Reglamento prescribe debidamente y en detalle los procedimientos financieros que han de seguirse.

4.7

El Reglamento se ha redactado para casos de emergencia concretos, que, como norma general, precisan una acción rápida y eficaz. Esto significa que en la aplicación de las normas la burocracia debe, naturalmente, minimizarse, a pesar de que al mismo tiempo se requiere la debida precaución. El objetivo debería seguir siendo la prestación de una ayuda eficaz en un periodo de tiempo lo más breve posible.

4.8

En el pasado (reciente), se llevó a cabo una reestructuración exitosa en una serie de casos, incluso en los complicados. A pesar de que los casos concretos son siempre únicos, el amplio espectro de la reestructuración indica que los esfuerzos regionales concentrados de todas las partes interesadas, que a menudo gozan del respaldo de sus gobiernos, con un claro interés en la creación de las condiciones necesarias para la constitución y desarrollo de empresas nuevas o consolidadas del sector industrial o relacionadas con los servicios, han favorecido el éxito.

4.9

En la mayoría de los casos, los planes económicos y sociales se han elaborado en estrecha cooperación entre el Gobierno nacional, los entes regionales y los interlocutores sociales, que, en general, han organizado mesas redondas y han hecho participar a todas las partes interesadas de la región.

4.10

En cuanto al FEAG, es necesario prever y aplicar procedimientos semejantes con vistas a que el Fondo sea un éxito. A este fin, los representantes de la Comisión tendrán que participar de manera directa en las reuniones y encuentros mencionados a nivel regional y local.

5.   Observaciones específicas

5.1

Aunque la Comisión estableció la asignación presupuestaria de 500 millones de euros para el FEAG mediante simulaciones estadísticas basadas en casos concretos, la cantidad debería evaluarse y probablemente ajustarse anualmente en función de la evolución de la situación y de la información obtenida a partir de la aplicación del Fondo.

5.2

En el artículo 2 se especifica que una grave perturbación económica justifica la intervención del FEAG. El CESE invita al Consejo a que, antes de que este Reglamento entre en vigor, estudie las definiciones de los fenómenos mencionados en el párrafo introductorio de dicho artículo. Las definiciones de demasiado alcance podrían, en una fase posterior, obstaculizar el proceso decisorio eficaz por parte de la autoridad presupuestaria. Las definiciones demasiado restrictivas podrían tener el mismo efecto. Un debate del Consejo podría contribuir a clarificar el dilema y hallar un punto de equilibrio, así como constituir una valiosa contribución con vistas a la elaboración de las directrices de la Comisión.

5.3

Se debe dar cuenta con claridad de todas las intervenciones. Deberían tenerse en cuenta las medidas anticipatorias que lleven a cabo las propias empresas, así como los interlocutores sociales y las demás partes interesadas. Este aspecto podría incluirse en las directrices de la Comisión.

5.4

Como parte de la evaluación anual, y con vistas a una posible modificación en virtud del artículo 20, debería considerarse la posibilidad de una evaluación de los criterios de intervención establecidos en el artículo 2 (número de trabajadores afectados, dimensión territorial e indicadores de empleo) para poder asegurar que los criterios de intervención también son lo suficientemente flexibles para adaptarse a la diversidad de las regiones específicas, en particular en los países pequeños con predominio de pequeñas y medianas empresas.

5.5

En las letras a) y b) del artículo 3 se establecen las acciones subvencionables para una intervención financiera del FEAG. El CESE observa que las cuestiones relacionadas con la renta como los derechos de jubilación y los beneficios sociales son una competencia exclusiva de los Estados miembros. El FEAG debería limitarse a financiar diversos tipos de medios de educación y formación, así como las condiciones marco. En circunstancias específicas esto podría incluir ayudas salariales para personas que tienen o buscan un empleo.

5.6

En el apartado 1 del artículo 10 se establece la contribución máxima del FEAG en el 50 % del conjunto total de medidas previstas por cada Estado miembro. El CESE no desea cuestionar este porcentaje, pero señala que existe una relación entre el nivel de la contribución financiera del FEAG y el número e importancia de los casos que deben tratarse.

5.7

En lo que respecta al artículo 12, el CESE propone que la letra b) del primer apartado se reformule como sigue: «elementos que acrediten el cumplimiento de los criterios previstos en el artículo 2 y de los requisitos del artículo 6».

5.8

El CESE considera que los interlocutores sociales y las otras partes interesadas de las regiones deben participar en cada fase del procedimiento del FEAG. La Comisión también debería informar al CESE y al Comité de las Regiones.

5.9

A partir de 2008 la Comisión presentará informes anuales sobre el FEAG. Una evaluación ex-post podría ser objeto de debate en el Consejo. El artículo 20 prevé una revisión formal del Reglamento a más tardar en diciembre de 2013. El CESE recomienda que la Comisión también incluya una evaluación del FEAG en su Libro Blanco que ha de publicarse en 2009 ante la perspectiva del debate intermedio sobre el presupuesto de la UE.

Bruselas, 13 de septiembre de 2006.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización, COM(2006) 91 final, 2006/0033 (COD).

(2)  Evaluación de impacto del Reglamento mencionado, SEC(2006) 274/2.

(3)  «EU Competitiveness and Industrial Location», Bureau of European Policy Advisors to the Commission, BEPA (2005), 26 de octubre de 2005.

(4)  SEC(2006) 274.


23.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/42


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el ejercicio de los derechos de voto por parte de los accionistas de sociedades que tengan su sede social en un Estado miembro y cuyas acciones estén admitidas a negociación en un mercado regulado, por la que se modifica la Directiva 2004/109/CE»

COM(2005) 685 final — 2005/0265 (COD)

(2006/C 318/06)

El 31 de enero de 2006, de conformidad con el artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 20 de julio de 2006 (ponente: Sr. CASSIDY).

En su 429o Pleno de los días 13 y 14 de septiembre de 2006 (sesión del 13 de septiembre de 2006), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 83 votos a favor, 9 en contra y 18 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones del CESE

1.1

El CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión porque los obstáculos a la votación transfronteriza distorsionan el mercado único.

1.2

El bloqueo de acciones, es decir, la obligación de depositar o bloquear acciones varios días antes de una junta general para poder votar, todavía existe en varios Estados miembros de la UE. De hecho, esta práctica es obligatoria en algunos países. Se trata de una práctica costosa que disuade a los accionistas de negociar sus acciones antes de la junta general. La mayoría de los inversores institucionales considera esta medida como uno de los principales obstáculos a la votación. El artículo 7 de la propuesta de Directiva suprime todo tipo de bloqueo de acciones mediante depósito u otros medios en una entidad de crédito o de otro tipo antes de que se celebre la junta general. El CESE considera que se trata de un avance positivo, aun sabiendo que el número de países donde todavía se permite el bloqueo de acciones es reducido.

1.3

El CESE estima que la Directiva debería reconocer los esfuerzos llevados a cabo a favor de una mejor legislación y, en particular, recuerda el punto 34 del Acuerdo Interinstitucional «Legislar mejor», firmado en diciembre de 2003, según el cual el Consejo alentará a los Estados miembros «a establecer, en su propio interés y en el de la Comunidad, sus propios cuadros, que muestren, en la medida de lo posible, la concordancia entre las directivas y las medidas de transposición, y a hacerlos públicos».

1.4

El CESE aboga por una mayor utilización del voto electrónico para mejorar la transparencia y estimular la participación de los accionistas, pero considera que es una cuestión que incumbe a las empresas afectadas. No obstante, espera que los Estados miembros no impongan trabas a que se generalice la participación electrónica en las juntas generales.

1.5

Consecuentemente con el punto precedente, el CESE es partidario de una mayor utilización de la votación segura por Internet, que podría ser incluso mediante SMS. Se deberían estimular estos mecanismos, pero sin ser impuestos por una Directiva CE.

1.6

En particular, el CESE se congratula de las propuestas relativas al voto mediante representación establecido en el artículo 10. Además, considera especialmente oportuno que se supriman las trabas al voto mediante representación, ya que algunos Estados miembros restringen esa posibilidad de representación a los familiares de los accionistas.

1.7

El CESE respalda que los Estados miembros puedan establecer una fecha única, que corresponda a un número específico de días antes de la junta general, y que las empresas no tengan la obligación de responder a preguntas presentadas con posterioridad a esa fecha.

1.8

El CESE recomienda que se refuerce el artículo 5 relativo a la transmisión de información a los accionistas antes de una junta general.

2.   La propuesta de la Comisión

Examina los obstáculos que afrontan los accionistas con motivo de la votación transfronteriza.

2.1

Debido a la reciente avalancha de escándalos asociados a la mala gestión empresarial en la UE y en Estados Unidos, es necesario animar a los accionistas a participar de manera más activa mediante la votación en las juntas generales. El objetivo de la propuesta examinada es proteger los derechos de los accionistas, no solo en la UE sino en todo el mundo.

2.2

El objetivo de esta propuesta es mejorar la gobernanza empresarial de las sociedades de la UE con cotización en bolsa a través de la mejora de los derechos que los accionistas pueden ejercer en las juntas de la sociedad. En particular, pretende garantizar que los accionistas de sociedades con sede social y cotización en bolsa en otro Estado miembro puedan votar sin problemas en las juntas de la sociedad.

2.3

La propuesta de Directiva examina cuatro cuestiones muy importantes:

(a)

la supresión del «bloqueo de las acciones»;

(b)

la convocatoria de todas las juntas con suficiente antelación (incluida la exigencia de que se notifique la convocatoria de todas las juntas generales de accionistas con una antelación mínima de 30 días);

(c)

la supresión de todos los obstáculos legales para la participación electrónica;

(d)

la posibilidad de que los accionistas puedan votar sin tener que asistir a la junta.

2.4

Esta propuesta es una de las medidas a corto plazo anunciadas en la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo de 21 de mayo de 2003 (1), titulada «Modernización del Derecho de sociedades y mejora de la gobernanza empresarial en la Unión Europea — Un plan para avanzar».

2.5

La Comisión señala que el proceso de votación en las juntas generales de las empresas varía mucho de unos Estados miembros a otros y que, frecuentemente, es un proceso complejo que se complica aún más cuando las acciones son transfronterizas.

2.6

La Comisión estima que la legislación comunitaria en vigor no contempla suficientemente el problema de la votación transfronteriza. Actualmente, el artículo 17 de la «Directiva sobre la transparencia» (Directiva 2004/109/CE) exige que las empresas faciliten determinada información para las juntas generales. Pero la Directiva sobre la transparencia no aborda el proceso de votación de los accionistas.

2.7

La votación puede ser un proceso complejo. Frecuentemente son intermediarios quienes tienen las acciones en nombre de los inversores. Cuando éste es el caso, la votación puede implicar una cadena de intervenciones en la que participan sociedades, registros, bancos depositarios, gestores de inversión, depositarios de valores centrales y agencias de voto mediante representación.

3.   Opciones

3.1

No hay garantías de que el mercado sea capaz de reaccionar de manera suficientemente rápida para reforzar los derechos de los accionistas ni de que todos los Estados miembros tengan previsto modificar su legislación de manera adecuada para afrontar el problema de la complejidad del proceso de votación.

3.2

Si la Comisión optara por una recomendación, que no es jurídicamente vinculante, ofrecería a los Estados miembros la posibilidad de integrarla en sus sistemas nacionales sobre la base de las orientaciones de la Comisión.

Una recomendación no garantizaría la adopción de unas normas mínimas en ámbitos esenciales que son la causa de los problemas en el proceso de votación transfronteriza y que aumentan los costes, como es el caso del bloqueo de las acciones, donde lo que disuade a los inversores es la posibilidad de que ese requisito exista en la legislación nacional.

3.3

Un reglamento introduciría una norma uniforme, independientemente de la legislación vigente en los distintos Estados miembros. También podría garantizar la adopción de un marco común riguroso sobre cuestiones transfronterizas. Además, tendría la ventaja adicional de evitar que los Estados miembros «sobrerregulen» (gold plating) una directiva.

La Comisión opina que los costes asociados a un reglamento podrían ser considerables, puesto que impediría aplicar una cierta flexibilidad a las diferencias que caracterizan a las tradiciones jurídicas de los Estados miembros de la UE.

3.4

Una directiva permitiría diferentes prácticas en los distintos Estados miembros, evitaría un desequilibrio entre distintas categorías de acciones y accionistas, y favorecería normas básicas mínimas.

4.   Costes y beneficios

4.1   Beneficios

4.1.1

Los principales beneficiarios de la propuesta serán, a corto plazo, los inversores institucionales que actualmente tienen en sus carteras acciones transfronterizas. La existencia de costes adicionales, asociados a los obstáculos que presenta la votación transfronteriza, implica que los inversores no pueden participar en la gobernanza de las sociedades de una manera tan activa como podrían querer.

4.1.2

A largo plazo, la propuesta podría alentar a aumentar sus cuotas de dichas acciones a los pequeños inversores, que actualmente no tienen ninguna motivación para adquirir acciones transfronterizas debido a los elevados costes asociados a la votación. De esta manera podrían diversificar aún más sus carteras y reducir así el riesgo. En general, a largo plazo la propuesta aumentará la liquidez en los mercados europeos de capital.

4.1.3

Actualmente existe una serie de obstáculos a la votación transfronteriza. El bloqueo de acciones sigue siendo un problema en algunos países y muchos inversores consideran que es un obstáculo importante a la votación. En este sentido constituye un obstáculo al funcionamiento eficaz de los mercados transfronterizos de capital. Además, existe confusión entre los inversores sobre la naturaleza exacta de los acuerdos de bloqueo entre los Estados de la UE. Esto conlleva igualmente un elevado coste para los inversores, que la propuesta de Directiva podría reducir.

4.1.4

Respecto a la información que reciben los accionistas con motivo de la junta general existe una distinción injustificada entre los accionistas nacionales y los accionistas transfronterizos en detrimento estos últimos. La propuesta de la Comisión garantiza que la información será pertinente y estará disponible en su debido momento en todos los mercados, por lo que debería contribuir a mitigar el problema.

4.1.5

La jurisprudencia del Tribuna de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) destaca que los Estados miembros tienen que evitar los abusos cometidos por una categoría de accionistas en detrimento de otras categorías.

4.1.6

El voto mediante representación y los requisitos de nuevo registro suelen ser caros y existen algunos indicios basados en la evaluación de impacto de la Comisión que sugieren que el importe de estos costes disuade efectivamente a los pequeños accionistas de votar. La propuesta de la Comisión simplificará el proceso de designación de representantes, aclarará quién puede ser designado como representante y reforzará los derechos de los representantes en algunos países.

4.1.7

En aquellos casos en los que el presidente de la junta represente a algunos accionistas, tendrá la obligación de emitir esos votos estrictamente de conformidad con la voluntad de esos accionistas.

4.2   Costes

4.2.1

La fijación de un plazo de notificación uniforme, como propone la Comisión, privará de flexibilidad a aquellos Estados miembros que solo exigen un periodo de notificación de catorce días para convocar una asamblea general extraordinaria.

4.2.2

La exigencia de responder por escrito a las preguntas de los accionistas es fundamental.

4.2.3

Los artículos 5 y 7 de la propuesta de Directiva establecen un plazo de 30 días entre la fecha de notificación y la fecha de la reunión, con el fin de que los accionistas puedan votar sus acciones.

5.   Observaciones específicas

5.1

El CESE acoge favorablemente la propuesta de la Comisión porque los obstáculos a la votación transfronteriza distorsionan el mercado único.

5.2

Habida cuenta de que el sector financiero tiene una gran influencia en el crecimiento económico y del empleo, se debería desalentar todo elemento que inhiba la participación de los accionistas. Ese es el objetivo de la propuesta de la Comisión.

5.3

Actualmente la votación transfronteriza es, en principio, más costosa para los accionistas no residentes que para los residentes en el país en el que la empresa en cuestión tenga sus acciones, lo cual constituye un ejemplo de distorsión del mercado.

5.4

El Comité opina que actualmente existen demasiados obstáculos que entorpecen indebidamente la votación por representación en algunos Estados miembros.

5.5

El bloqueo de acciones, es decir, la obligación de depositar o bloquear acciones varios días antes de una junta general para poder votar, todavía existe en diversos Estados miembros de la UE. De hecho, esta práctica es obligatoria en algunos países. Se trata de una práctica costosa que disuade a los accionistas de negociar sus acciones durante unas semanas antes de la junta general. La mayoría de los inversores institucionales considera esta medida como uno de los principales obstáculos a la votación.

5.6

El CESE está de acuerdo con la Comisión en que la transmisión postergada de información importante para una junta general, la transmisión de información incompleta, las resoluciones en forma de sumario o los plazos cortos de notificación son algunos de los principales obstáculos que afrontan los accionistas no nacionales cuando quieren ejercitar sus derechos como accionistas. Todos los documentos relevantes, incluidos los informes de los auditores, las respuestas a las preguntas de los accionistas y las notificaciones de juntas generales, y las mociones que hayan de ser presentadas en esas reuniones deberán estar disponibles tanto de manera electrónica como física.

5.7

El artículo 8 establece la participación en la junta general por medios electrónicos. Puesto que la tecnología evoluciona a gran velocidad, la propuesta de la Comisión es que «los Estados miembros no prohibirán la participación de accionistas en la junta general por medios electrónicos».

5.8

El texto de la Comisión no aborda de manera específica el problema de las «acciones al portador», cuya notificación se hace actualmente en buena medida a través de anuncios en los periódicos. El CESE opina que la notificación electrónica es más moderna, rápida y barata.

5.9

El artículo 10 aclara los mecanismos para el voto mediante representación y deroga las disposiciones que permiten a ciertas empresas imponer restricciones sobre la persona que puede tener una representación.

5.10

El CESE desaconseja que se escoja la opción de actuar por pasiva, es decir, dejar la situación actual tal y como está. Los obstáculos hacen que la votación transfronteriza sea excesivamente costosa para los pequeños accionistas y muy costosa para los inversores institucionales.

Bruselas, 13 de septiembre de 2006.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  COM(2003) 284 final, «Modernización del Derecho de sociedades y mejora de la gobernanza empresarial en la Unión Europea — Un plan para avanzar».


23.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/45


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que establece reglas comunes para el suministro de información básica sobre las Paridades de Poder Adquisitivo, y para su cálculo y difusión»

COM(2006) 135 final — 2006/0042 (COD)

(2006/C 318/07)

El 20 de julio de 2006, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Unión Económica y Monetaria y Cohesión Económica y Social, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 20 de julio de 2006 (ponente: Sr. SANTILLÁN).

En su 429o Pleno de los días 13 y 14 de septiembre de 2006 (sesión del 13 de septiembre de 2006) el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 182 votos a favor, 3 en contra y 12 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

El CESE acoge favorablemente la propuesta de reglamento que establece bases jurídicas para el establecimiento de las paridades de poder adquisitivo (PPA), lo que deberá mejorar la transparencia, oportunidad y calidad de todo el proceso de elaboración de PPA, tanto a nivel comunitario como nacional.

1.2

Dada la trascendencia de la materia sobre la que versa esta propuesta de reglamento y la necesidad de contar con normas vinculantes que delimiten las competencias de la Comisión y de los Estados miembros a la vez que establecen bases homogéneas de cálculo y transmisión de datos en materia de PPA, el Comité recomienda la pronta aprobación del proyecto de reglamento.

1.3

El CESE señala, sin embargo que, debido a razones de coste, en la actualidad, la Comisión (Eurostat) calcula las PPA por países, no por regiones (1). Sin embargo, estos cálculos se utilizan, entre otras cosas, para evaluar el rendimiento económico de las regiones. Los datos existentes ponen de manifiesto que –dentro de los Estados miembros– existen diferencias regionales en los precios de bienes y servicios que, en algunos casos, son considerables. Aunque los institutos estadísticos que recogen las informaciones básicas aplican correctores espaciales, es imprescindible que tales correctores sean adecuados para evitar distorsiones en el cálculo de las PPA. Cabe recomendar, por lo tanto, que los Estados miembros realicen el mayor esfuerzo que esté económica y técnicamente a su alcance para que los coeficientes correctores espaciales reflejen con la mayor precisión posible las diferencias geográficas en materia de precios.

1.4

Por las razones indicadas en el punto anterior, el plazo mínimo de seis años para la revisión de los coeficientes espaciales parece excesivo y, por lo tanto, resulta aconsejable su reducción. Asimismo, dado que la frecuencia para el suministro de informaciones de base tiene, según el proyecto de reglamento, el carácter de mínima (2), resulta conveniente que la información sobre precios se realice, si es posible, cada dos años (3) (el proyecto fija un mínimo de tres años).

1.5

Con carácter general, debe resaltarse la necesidad de que se haga un esfuerzo para aumentar la eficacia del aparato estadístico de la UE, tanto en lo que se refiere a su dotación técnica y humana como a la coordinación entre Eurostat y los institutos estadísticos nacionales, que tienen importantes responsabilidades para el cálculo de las PPA.

2.   Las paridades de poder adquisitivo (PPA)

2.1

El Programa-OECD PPA se creó a comienzos de los años ochenta con objeto de comparar de manera regular y puntual, el PIB de los Estados miembros de Unión Europea y de la OCDE (4). Por lo tanto, las PPA son tipos de conversión de monedas que transforman los indicadores económicos expresados en monedas nacionales nominales en una moneda común artificial, denominada Estándar de Poder Adquisitivo (EPA), que iguala el poder adquisitivo de las distintas monedas nacionales.

2.2

Los agregados de volumen económico en EPA se obtienen dividiendo su valor original en monedas nacionales por la correspondiente PPA. Utilizando PPA como factores de conversión es posible comparar el volumen puro del PIB de los países expresado en EPA, al haberse eliminado el componente del nivel de precios.

2.3

Las PPA son, a la vez, deflactores de precios y conversores de monedas. Con la implantación del euro en los Estados miembros de la zona euro, por primera vez se pueden comparar directamente los precios entre dichos países, que tienen diferente poder adquisitivo en función de los niveles de precios nacionales. Por consiguiente, para los países que no pertenecen a la zona euro, las PPA son conversores de monedas y eliminan los efectos de los distintos niveles de precios, mientras que para los países de la zona euro sólo cumplen la segunda función de deflactores de precios.

2.4

Las PPA se calculan sobre una cesta de bienes y servicios comparables, seleccionados tomando como base sistemas como la classification of individual consumption by purpose (COICOP (5)) y la classification of products by activity (CPA), entre otros. El trabajo de campo se realiza en una o varias ciudades dentro del territorio económico (generalmente sólo en las capitales de los Estados miembros). La mayoría de los Estados miembros aplica correctores espaciales para tener en cuenta las diferencias regionales aunque existe algún Estado miembro que sólo toma en consideración los datos de la capital en cuanto considera que, dada la reducida extensión geográfica, no se registran tales diferencias.

3.   PPA y Producto Interior Bruto (PIB)

3.1

El PIB refleja el resultado del conjunto de actividades de los operadores económicos de un territorio económico en un periodo determinado, generalmente un año. El PIB se calcula conforme a un sistema de cuentas nacionales, que en el caso de la UE es el sistema europeo de cuentas económicas integradas 1995 (SEC-95). El PIB se puede medir desde el punto de vista de la producción, el gasto o la renta. A efectos de las PPA, medir el gasto reviste una especial importancia, ya que revela en qué medida los bienes y servicios producidos (o importados) por la economía de un país se usan para el consumo privado, el consumo público, la formación de capital o la exportación.

3.2

Para poder hacer una comparación real es necesario utilizar factores de conversión (deflactores espaciales) que reflejen las diferencias de nivel de precios entre países. No pueden utilizarse los tipos de cambio porque éstos suelen reflejar otros elementos además de las diferencias de precios.

3.3

Por lo tanto, se han elaborado PPA específicas entre las monedas de diversos países para que se puedan utilizar adecuadamente como factores espaciales de conversión.

4.   ¿Para qué se utilizan las PPA?

4.1

En un comienzo, los mayores usuarios fueron organizaciones internacionales como Eurostat, el FMI, la OCDE, el Banco Mundial y las Naciones Unidas. Pero con el tiempo el uso de estadísticas en términos de PPA se ha extendido y actualmente existen múltiples usuarios: agencias gubernamentales, universidades e institutos de investigación, así como empresas públicas y privadas. Los bancos utilizan las PPA para sus análisis económicos y para el seguimiento de los tipos de cambio, y los individuos particulares y sus empleadores las utilizan para establecer las retribuciones cuando se trasladan de un país a otro.

Debe añadirse la posibilidad de que las PPA se empleen en la negociación colectiva transnacional para los aspectos salariales.

4.2.

Las PPA son indicadores vitales para la UE tanto desde el punto de vista económico como político. Por una parte, la normativa establece su aplicación en lo relativo a los Fondos Estructurales (6). Por otro, son la referencia obligada para el Fondo de Cohesión (7). Corresponde señalar, sin embargo, que, mientras en el primer caso (Fondos Estructurales) el cálculo se basa en el Producto Interior Bruto (PIB) per cápita, en el segundo (Fondo de Cohesión), se toma en cuenta el Producto Nacional Bruto (PNB) per cápita. El proyecto de Reglamento al que se refiere este dictamen considera únicamente el PIB (8).

4.3.

Además, las PPA se utilizan para elaborar los coeficientes correctores aplicados a las remuneraciones y pensiones de los funcionarios y demás agentes de las Comunidades Europeas (9).

5.   La propuesta de reglamento

5.1

La propuesta de reglamento tiene el propósito de cubrir un vacío legal estableciendo un marco jurídico para el cálculo de las PPA. Se pretende mejorar la transparencia y la calidad de los datos que aportan los Estados miembros mediante reglas comunes para el suministro de información (art. 1). El objetivo perseguido, por lo tanto, afecta favorablemente no sólo a Eurostat como coordinador de los resultados, sino también a los institutos estadísticos de cada país.

5.2

Delimitación de responsabilidades y competencias. A la Comisión le corresponderá, a través de Eurostat, coordinar la información de base, calcular y publicar las PPA y ajustar la metodología en concertación con los Estados miembros (art. 4.1.), mientras que será función de éstos aportar la información básica, certificar «por escrito» los resultados de las encuestas y velar por la fiabilidad de los datos (art. 4.2).

5.3

Los institutos estadísticos de los Estados miembros transmitirán a Eurostat la información básica elaborada según parámetros comunes y de conformidad con un formato técnico idéntico (Art. 5 y anexo I).

5.4

Las unidades estadísticas son las que están definidas en el Reglamento (CEE) no 696/1993 u otras que se establezcan en el futuro (art. 6) y habrá un sistema de control de calidad establecido entre la Comisión y los Estados miembros (art. 7).

5.5

Eurostat calculará las PPA una vez por año (art. 8) y será la encargada de su difusión a un nivel agregado por cada Estado miembro (art. 9).

5.6

El proyecto de reglamento no obliga a los Estados miembros a realizar encuestas con el solo objetivo de determinar los coeficientes correctores aplicables a remuneraciones y pensiones de funcionarios y otros agentes de las Comunidades Europeas (Art. 10).

5.7

Coeficientes de ajuste temporal y espacial. El cálculo de las PPA se obtiene a partir de precios nacionales medios anuales (art. 2.2). Dado que «la recogida de datos podrá limitarse a una o más zonas geográficas dentro del territorio económico» y, asimismo, «a un período de tiempo específico», los Estados miembros deben aplicar un coeficiente de ajuste temporal (cuya antigüedad no será superior a un año) y un coeficiente de ajuste espacial (cuya antigüedad no será superior a seis años) (Anexo I. Metodología, números 2 a 4).

Bruselas, 13 de septiembre de 2006.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Existen 254 regiones NUTS 2. Reglamento (CE) no 1059/2003, Anexo I.

(2)  Anexo 1. Metodología, 2.1.

(3)  Se refiere a «precios de los bienes y servicios de consumo e indicadores de representatividad correspondientes», «precios de los bienes de equipo» y «precios de los proyectos de construcción».

(4)  Sin embargo, los orígenes de las comparaciones internacionales de precios y volumen del PIB se remontan a las comparaciones experimentales llevadas a cabo por la Organización para la Cooperación Económica Europea (OCEE) en los años cincuenta.

(5)  Sistema utilizado por organismos internacionales (Naciones Unidas, FMI, etc.).

(6)  Según el Reglamento no 1260/99 del Consejo, los Fondos Estructurales se aplican a las regiones cuyo PIB per cápita, medido en PPA, sea inferior al 75 % de la media comunitaria. Esto rige también para los países que se incorporaron a la UE posteriormente (Anexo II al Acta de Adhesión de 2003).

(7)  Respecto del fondo de Cohesión, esta exigencia está contenida en el artículo 2, apartado 1, Reglamento (CE) no 1164/94 del Consejo, de 25 de mayo de 1994, según el cual se aplica a «… los Estados miembros cuyo PNB per cápita sea inferior al 90 % de la media comunitaria».

(8)  En el art. 3 se incluye la siguiente definición: «a) “Paridades de Poder Adquisitivo (PPA)”: deflactores espaciales y conversores de monedas, que eliminan los efectos de las diferencias de niveles de precios entre países, lo que permite comparaciones de volumen de los componentes del PIB y comparaciones de niveles de precios».

(9)  Estatuto de los funcionarios, Anexo XI, art. 1 («las paridades económicas se calcularán de modo que cada componente básico pueda (…) verificarse mediante encuesta directa al menos una vez cada cinco años») y régimen aplicable a los otros agentes de las Comunidades Europeas.


23.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/47


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a un entorno sin soporte papel en las aduanas y el comercio»

COM(2005) 609 final — 2005/0247 (COD)

(2006/C 318/08)

El 17 de enero de 2006, de conformidad con el artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 12 de julio de 2006 (ponente: Sr. BURANI).

En su 429o Pleno de los días 13 y 14 de septiembre de 2006 (sesión del 13 de septiembre de 2006), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado, por 190 votos a favor y 3 abstenciones, el presente Dictamen.

1.   Introducción

1.1

La propuesta de la Comisión se refiere a un nuevo proyecto de informatización aduanera que, a largo plazo, deberá automatizar totalmente el sistema aduanero europeo, haciéndolo interoperativo, seguro, accesible y enteramente electrónico, sin soporte papel. Constituye el complemento necesario para la aplicación del nuevo Código Aduanero Comunitario propuesto por la Comisión (1), que ha sido objeto de otro dictamen del CESE.

1.2

La adopción del sistema de informatización propuesto supone esfuerzos conjuntos y coordinados de todos los Estados miembros, en lo que se refiere no sólo a las aduanas, sino también a los organismos responsables de las fronteras distintos de los aduaneros propiamente dichos, que deben desempeñar la tarea de llevar a la práctica los conceptos de interfaz única y ventanilla única: estos dos objetivos permitirán a los operadores un funcionamiento simplificado, más rápido y más económico de las operaciones aduaneras, y a las aduanas un control más eficaz de la gestión de los riesgos.

1.3

Los Estados miembros ya han realizado inversiones notables para la aplicación de sistemas aduaneros informatizados: existen sin embargo entre estos últimos diferencias importantes, tanto en términos de nivel de sofisticación como en lo que se refiere a la normativa y a la utilización de los datos. La armonización lograda hasta ahora es pues insuficiente, a lo que cabe añadir un problema más importante aún, pendiente de solución: la falta de interoperatividad de los sistemas.

1.4

La interoperatividad permitirá el intercambio de información entre las administraciones de los distintos países; como prueba de atención al ciudadano, el proyecto prevé también la posibilidad de proporcionar interfaces con los operadores comerciales, no sólo para permitir la aplicación del principio de la ventanilla única, sino también para garantizar el intercambio de información. Cuando sea plenamente operativo, el nuevo sistema informatizado representará un avance decisivo -al menos desde el punto de vista puramente aduanero- hacia la realización de un mercado interior unificado, cuyas únicas fronteras serán las exteriores. Por otra parte, se ha de tener presente que la dimensión global de los mercados exige tener en cuenta las relaciones con terceros países, aspecto éste que no se menciona en el documento de la Comisión.

2.   Observaciones generales

2.1

La Comisión destaca que los objetivos de la informatización basada en sistemas aduaneros interoperativos también habrían podido alcanzarse a través de un sistema aduanero centralizado; precisa, no obstante, que esta solución no es posible, por distintas razones, entre los cuales la dificultad de transferir las responsabilidades operativas de los Estados miembros a la propia Comisión sin incumplir los principios de proporcionalidad y subsidiariedad. Probablemente, el verdadero motivo de esta imposibilidad reside no obstante en la reticencia de los Estados miembros a abandonar sus prerrogativas, aún a sabiendas de que una parte de los ingresos aduaneros es competencia directa del presupuesto comunitario. Ahora bien, el CESE considera que la gestión comunitaria de las aduanas debería figurar entre los objetivos a largo plazo de la Unión: este tipo de gestión presenta ventajas desde el punto de vista de la simplicidad, de la fiabilidad y de los costes, así como de las posibilidades de interconexión con otros sistemas de la UE y de terceros países. Con los posibles retrasos en la aplicación de los sistemas básicos creados por cada uno de los 25 Estados miembros, conviene estudiar si no sería preferible aplicar sistemas totalmente automatizados, como los sistemas automatizados de importación y de exportación conectados entre sí por un punto de acceso europeo único.

2.2

La iniciativa de la Comisión corresponde en primer lugar a un «deber de acción», en la medida en que la aplicación del nuevo Código Aduanero exige que los procedimientos sean coherentes con las nuevas normas. Además, se inscribe en el marco de una serie de iniciativas adoptadas en otros sectores en los ámbitos de la eEuropa y la Administración electrónica (2). Más específicamente, constituye la prolongación de los compromisos asumidos en 2003 a raíz de la Comunicación de la Comisión al Consejo «Un entorno simplificado y sin soporte de papel para el comercio y las aduanas» (3). Por otra parte, estos compromisos ya se habían esbozado –al menos en lo que se refiere a la parte relativa a la supresión del soporte papel– en el programa «Aduana 2007» (4) y se repitieron con motivo de la modificación realizada en 2004 en el Reglamento sobre el Código Aduanero (5).

2.3

El CESE no puede sino aprobar las principales innovaciones introducidas por el sistema propuesto por la Comisión: la interconexión de los sistemas nacionales, la creación de una interfaz para los operadores por medio de la ventanilla única, la posibilidad de introducir por vía electrónica las solicitudes para tramitar los aranceles aduaneros y la gestión integrada de los riesgos constituyen sin duda fundamentos de progreso, a condición de que la colectividad y los operadores puedan soportar los correspondientes costes. En este sentido, sería oportuno considerar las consecuencias de estos cambios para el personal de las aduanas (medios, formaciones, carreras profesionales, adaptación, etc.).

2.4

No obstante, el CESE debe formular algunas observaciones sobre la integración de los sistemas informáticos y su complementariedad. La Comisión pretende llegar a la plena interoperatividad de los sistemas aduaneros: es decir, las administraciones aduaneras deberán poder intercambiar información entre ellas así como con «otras autoridades involucradas en la circulación internacional de mercancías». Es evidente que en esta definición no están incluidas las administraciones encargadas de la recaudación del IVA. En este sentido, una conexión orgánica entre las aduanas y las administraciones del IVA podría ser útil para controlar, al menos en algunos casos y para algunas mercancías, la falsificación de las marcas de origen. No cabe duda de que este fenómeno no es nuevo, pero está en continua expansión: a menudo sucede que mercancías importadas de terceros países se ponen en circulación (pagando el IVA) dentro de la Comunidad con marcas de origen europeo o marcas «europeas» falsificadas.

2.5

El CESE desea además llamar la atención sobre el segundo considerando de la propuesta de decisión: «La iniciativa de Administración electrónica a escala paneuropea … exige la adopción de medidas tendentes a lograr una organización más eficazla lucha contra el fraude, la delincuencia organizada y el terrorismo, …». La intención es clara; lo que no queda tan claro es saber cómo las disposiciones contenidas en la propuesta pueden permitir alcanzar este objetivo. En efecto, la recogida de datos con fines aduaneros no puede servir para otros objetivos sin que el sistema se preste a la interoperabilidad con otros sistemas.

2.5.1

En diciembre de 2004, basándose en una evaluación de la Comisión (6) y una recomendación del PE de 14 de octubre de 2004, el Consejo aprobó el«programa de La Haya». Este programa definía una serie de medidas y acciones para reforzar la seguridad en la UE y, en particular, establecer una«cooperación policial, aduanera y judicial». En un documento posterior, de 10 de junio de 2005, se elaboraba un plan de acción para la aplicación del programa de La Haya, el cual hacía referencia a una Resolución del Consejo JAI (justicia y asuntos interiores) de 30 de marzo de 2004 en materia de cooperación aduanera, así como a una Comunicación sobre la lucha contra el tráfico transfronterizo de mercancías prohibidas o reguladas. En un documento más reciente (7), se citaba de nuevo la cooperación aduanera entre las prioridades. Todos los proyectos previstos en los documentos antes citados se basan en la disponibilidad de información en materia de represión, elemento que figura también en el programa de La Haya. Considerando el conjunto de la materia y la naturaleza de los proyectos en curso, es evidente para el CESE que si se prevé un sistema aduanero informatizado -destinado a durar– es necesario prever que en el momento de su aplicación, o posteriormente, el banco de datos aduanero funcione en interacción con otros sistemas y en particular con los que se ocupan de la seguridad interior, tanto europeos como de terceros países. Por supuesto, los imperativos esenciales siguen siendo el respeto de la vida privada, el secreto profesional y la protección de datos.

2.5.2

El documento de la Comisión no se hace eco de esta preocupación, al margen de la cita señalada en el punto 2.5.1. Y tampoco en la exposición de motivos se hace referencia alguna al programa de La Haya. En efecto, bajo el título «Coherencia con otras políticas y objetivos de la Unión», se citan únicamente la estrategia de Lisboa y las iniciativas en el ámbito eEuropa y eAdministración. Incluso teniendo en cuenta el artículo 3(d) –al que se hace referencia más adelante–, una omisión de esta magnitud no puede ser casual, y la Comisión debería explicar claramente las razones de aquella; en cualquier caso, no sería aceptable un simple aplazamiento de una iniciativa que ya tendría que haber sido adoptada.

2.5.3

En la fase preparatoria del documento, la Comisión organizó seis seminarios a lo largo de un período de dos años, consultó a los usuarios y celebró debates en el marco del Comité del código aduanero, el Grupo de política aduanera, el Grupo Aduana 2007 y el Grupo de contacto con los operadores; en cambio, no se hace mención alguna a contactos con Europol, la OLAF u otras direcciones generales de la Comisión. Un sistema no puede proyectarse únicamente en función de las exigencias de sus usuarios directos; si ha de estructurarse de modo que pueda conectarse a otros sistemas, es preciso conocer las características y las necesidades de éstos. El CESE considera que se ven confirmadas así las reservas que manifestó en su dictamen sobre el Código Aduanero Comunitario sobre la ausencia de una verdadera toma de conciencia de la interdependencia de las distintas administraciones públicas en la lucha contra la criminalidad.

2.5.4

Tal vez resulte difícil proceder a una modificación completa del enfoque adoptado en el sentido indicado en el punto anterior debido a la brevedad de los plazos de aplicación impuestos por el programa; en cambio, no parece imposible prever a partir de ahora medidas de seguridad para las «mercancías sensibles» (armas, explosivos, materiales nucleares, máquinas y equipamientos para la industria química, la industria nuclear y la industria de defensa, estupefacientes, alcohol, tabaco). Estas medidas podrían traducirse en una recogida de datos para su transmisión, de manera automática o tras la correspondiente solicitud, a las autoridades competentes en cada uno de estos ámbitos.

2.6

Los costes financiados por el presupuesto comunitario son, de acuerdo con el principio de subsidiariedad, los necesarios para garantizar la interoperatividad de los sistemas, la interfaz única y los portales de información aduanera. Se han estimado estos costes en aproximadamente 180 millones de euros, distribuidos en dotaciones anuales de importe creciente, desde 4 millones en 2006 hasta 111 millones a partir de 2011. El CESE está de acuerdo con esta financiación, pero manifiesta su perplejidad por la decisión de imputar al presupuesto comunitario los gastos relativos a los portales nacionales: si bien es cierto que éstos están en principio a disposición de todos los operadores, tanto nacionales como de otros países de la Unión, cabe prever que en su gran mayoría serán utilizados por los operadores nacionales. Por consiguiente, resultaría más indicado que el coste de los portales fuese sufragado por cada Estado miembro y no por la Comunidad. Naturalmente, las condiciones serían distintas si la Comisión hiciera referencia a los portales europeos, de los cuales no se habla de una manera explícita.

2.7

En cuanto a los plazos de aplicación, la Comisión ha elaborado un calendario obligatorio para todos los Estados miembros en el que los plazos se calculan a partir de la fecha de publicación de la decisión en el Diario Oficial: tres años para adoptar sistemas de tramitación aduanera automatizados e interoperativos, sistemas de registro de los agentes económicos y portales de información; cinco años para la constitución de una red de puntos de acceso únicos y de un marco arancelario conforme a las normas comunitarias; seis años para garantizar servicios de interfaz única. El CESE considera que estos plazos, sobre todo el primero, se han establecido con un cierto optimismo: tres años no son muchos si se tiene en cuenta el hecho de que deben incluir varios meses de prueba de los programas y de intercambios con los demás participantes. Además, no todos los Estados miembros poseen el mismo nivel de informatización y de disponibilidad de recursos financieros y humanos. Sería perjudicial para el funcionamiento del sistema, y más aún para su credibilidad, que el incumplimiento de los plazos por algún Estado miembro obligara a la Comisión a conceder prórrogas. Por lo tanto, el actual plan estratégico plurianual (MASP) precisa una revisión en la que se tengan en cuenta:

la necesidad de que todos los Estados miembros hayan aplicado plenamente el sistema antes de que entre en vigor; y

la necesidad de que las empresas cuenten con un plazo mínimo de doce meses para preparar los sistemas tras haber recibido los condiciones de la aduana de su Estado miembro. No debería ser obligatorio que la industria y el comercio presentasen las declaraciones sumarias de importación y exportación antes de la plena aplicación de sistemas homogéneos.

3.   Observaciones particulares

3.1

Artículo 2: objetivos. Entre los objetivos de la propuesta figura la búsqueda de un enfoque común en lo que se refiere al control de las mercancías y a la interceptación de las mercancías peligrosas e ilegales; habida cuenta de lo señalado por el CESE en el punto 2.4.4, este objetivo debería formularse de una forma diferente.

3.2

Artículo 3: intercambio de datos. El punto (d) de este artículo prevé que los sistemas aduaneros deben permitir los intercambios de datos con «otras Administraciones u órganos que intervienen en la circulación internacional de mercancías». El CESE ha ilustrado ampliamente su punto de vista sobre el carácter limitado de esta definición (véanse puntos 2.4. y siguientes). Si se acepta la sugerencia de incluir el programa de La Haya en el capítulo «Coherencia con otras políticas de la Unión», la formulación de este apartado debería modificarse en consecuencia. En cualquier caso, debe aclararse la redacción del texto, que permite una interpretación alternativa: o se habla de «Administraciones… que intervienen en la circulación internacional de mercancías», como alternativa a las «agencias», o se habla de «administraciones» en general, en cuyo caso habría que aclarar que con tal dicción la Comisión ha querido señalar una apertura coherente con el programa de La Haya. La formulación, que resulta un tanto vaga, y, por consiguiente, su interpretación, dejan un amplio margen de incertitud.

3.3

Artículo 4: sistemas, servicios y calendario. Tal como se indica en el punto 2.7, los plazos de aplicación del sistema parecen demasiado optimistas: la Comisión debería ahondar más en este punto, a nivel técnico, con los Estados miembros y con sus servicios directamente interesados, para lograr que todos puedan garantizar explícitamente que están en condiciones de respetar los compromisos adquiridos en los plazos establecidos.

3.4

Artículo 9: recursos. El artículo 9 distribuye entre la Comisión y los Estados miembros los recursos humanos, presupuestarios y técnicos necesarios: la Comisión es responsable de los componentes comunitarios y los Estados miembros de los componentes nacionales. La formulación de este artículo es correcta, pero está vinculada al contenido del artículo 10 en lo que se refiere al sentido y al contenido de los conceptos de «componentes comunitarios» y «componentes nacionales».

3.5

Artículo 10: disposiciones financieras. Este artículo tampoco se presta a críticas en lo que a su formulación se refiere, pero presenta riesgos en cuanto a su interpretación. El apartado 3 establece que los Estados miembros sufragarán los gastos de los componentes nacionales, «incluidas las interfaces con otros órganos de la Administración y con los operadores económicos». Cabría suponer que los portales –que en general funcionan en la lengua nacional correspondiente y se realizan según las necesidades del operador del país– han de considerarse como componentes nacionales. No obstante, en la exposición de motivos se explica (véase punto 2.6) que éstos se han incluido entre los componentes comunitarios, interpretación que escaparía a quien leyera únicamente el texto del artículo. El CESE considera que debe revisarse este apartado: su contenido, en caso de que se acepten sus observaciones, o al menos la forma, en caso contrario, para que se respete el principio de transparencia.

3.6

Artículo 12: informes. A más tardar el 31 de diciembre de cada año, los Estados miembros deberán entregar a la Comisión un informe sobre la marcha de los trabajos y los resultados obtenidos; por su parte, la Comisión enviará a los Estados miembros, a más tardar el 31 de marzo de cada año, un informe consolidado que podrá contener los resultados de eventuales visitas de seguimiento y otros controles. En principio no hay nada que objetar, pero cabe preguntarse cuáles serían las implicaciones de estas «visitas de seguimiento» y si sus resultados deberían hacerse públicos.

3.7

Artículo 13: consulta a los operadores económicos. Se prevé que la Comisión y los Estados miembros realicen «consultas periódicas» a los operadores económicos en todas las fases de la preparación, el desarrollo y la instauración de los sistemas y servicios. La consulta se llevaría a cabo a través de un mecanismo que reúna periódicamente a una selección representativa de operadores económicos. El CESE considera que este tipo de mecanismos es coherente con la práctica normal comunitaria y respeta los principios de la consulta y la transparencia; por otra parte, es necesario, a la luz de la experiencia, que la consulta no deje entrever demasiadas exigencias dispares y tendencias opuestas que puedan crear obstáculos cuya superación acarree plazos prolongados y compromisos no racionales. Por consiguiente, es necesario que la fase consultiva sea suficientemente exhaustiva para que sea compatible con la exigencia de una decisión rápida.

3.8

Artículo 14: países en vías de adhesión y países candidatos. El artículo prevé que la Comisión informe a dichos países de las iniciativas tomadas y de los progresos realizados en las distintas fases, permitiéndoles participar en éstas. La formulación es vaga: no se precisa si estos países pueden participar como miembros activos o solamente como observadores, ni si se les autoriza a crear sistemas aduaneros paralelos con vistas a su adhesión, ni si, en tal caso, pueden o no beneficiarse de contribuciones del presupuesto comunitario. El CESE pide que esta disposición se formule de una forma más transparente.

Bruselas, 13 de septiembre de 2006.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  COM(2005) 608 final.

(2)  Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, COM(2003) 567 final, de 26.9.2003.

(3)  COM(2003) 452 final, de 24.7.2003, citado en el dictamen sobre el Código Aduanero.

(4)  COM(2002) 26 final, de 21.3.2002, dictamen CESE: DO C 241 de 7.10.2002.

(5)  COM(2003) 452 final, de 4.8.2003, dictamen CESE: DO C 110 de 30.4.2004.

(6)  COM(2004) 401 final.

(7)  COM(2005) 184 final.


23.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/51


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Aplicación del programa comunitario sobre la estrategia de Lisboa: Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre servicios de pago en el mercado interior y por la que se modifican las Directivas 97/7/CE, 2000/12/CE y 2002/65/CE»

COM(2005) 603 final — 2005/0245 (COD)

(2006/C 318/09)

El 18 de enero de 2006, de conformidad con los artículos 47.2 y 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 12 de julio de 2006 (ponente: Sr. FRANK VON FÜRSTENWERTH).

En su 429o Pleno, celebrado los días 13 y 14 de septiembre de 2006 (sesión del 13 de septiembre de 2006), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 191 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones el presente Dictamen:

1.   Síntesis del dictamen

1.1

El Comité Económico y Social Europeo (CESE) comparte la opinión de la Comisión Europea, según la cual para la realización del mercado interior es fundamental que desaparezcan todas las fronteras interiores de la Comunidad, a fin de permitir la libre circulación de bienes, personas, servicios y capitales. Para ello es vital el correcto funcionamiento del mercado único de los servicios de pago. Sin embargo, en la actualidad no se da tal circunstancia. El CESE recomienda que, tras el éxito conseguido con la introducción del euro, se cree ahora una zona única de pago en euros (Single Euro Payments Area, SEPA).

1.2

El CESE apoya los esfuerzos realizados por la Comisión Europea con vistas a crear las condiciones jurídicas necesarias para el funcionamiento de la zona única de pago en euros y entiende la propuesta de Directiva como un paso en la dirección adecuada.

1.3

El Comité acoge con satisfacción las iniciativas ya adoptadas por la Comisión Europea y las entidades de crédito europeas para crear una zona única de pago en euros, cuyo objetivo –muy ambicioso– consiste en permitir que los pagos transfronterizos en euros en el mercado interior se efectúen de manera sencilla, cómoda, segura y asequible.

1.4

El Comité, no obstante, considera que la Comisión Europea ha elegido con su propuesta de Directiva un enfoque reglamentario muy amplio, que rebasa claramente el marco jurídico necesario para la regulación de los servicios de pago transfronterizos. Al CESE le preocupa, pues, que –habida cuenta igualmente de los correspondientes plazos de aplicación para los Estados miembros y los proveedores y usuarios de los servicios de pago– no se pueda lograr el objetivo de creación de la zona única de pago en euros en 2008, debido a que el marco jurídico llegue a sobrecargarse y supere los límites convenientes. El Comité propone que se tengan más en cuenta los instrumentos de la autorregulación y corregulación.

1.5

Con vistas a la consecución del objetivo previsto por la Comisión Europea de que la zona única de pago en euros comience a funcionar en 2008, solo sería preciso establecer el fundamento jurídico necesario para el funcionamiento del adeudo transfronterizo, así como revisar las disposiciones jurídicas correspondientes del título II (Proveedores de servicios de pago) y del título IV (Derechos y obligaciones en relación con la prestación y utilización de servicios de pago) de la propuesta de Directiva (relativas, entre otras cuestiones, a la autorización, la revocabilidad y los reembolsos de operaciones de pago del título IV). De este modo sería posible cumplir el plazo previsto para el inicio de la zona única de pago en euros a partir de 2008.

1.6

El CESE opina que, a la luz también de los actos legislativos adoptados hasta la fecha, concentrarse en los ámbitos en que existe verdadera necesidad de regulación es el único modo de responder al principio de «legislar mejor». En ese sentido, el motivo principal de la propuesta de Directiva debería consistir en fomentar y facilitar los pagos en interés de los usuarios y los proveedores de servicios de pago, y no dificultarlos con medidas burocráticas de resultas de las cuales se produzca un aumento de los costes del sistema y, con ello, disminuya el grado de aceptación de los usuarios.

1.7

El CESE señala que en relación con la creación de un mercado interior de servicios de pago se plantean cuestiones adicionales que no podían aclararse en el presente dictamen. Entre éstas cabe citar la cuestión de la seguridad de los pagos electrónicos y las cuestiones asociadas a esos pagos. Por otra parte, no obstante, cabe señalar también que las cuestiones relativas a la práctica imposibilidad de acceder a una cuenta corriente si no se participa en la vida económica representan un tema de importancia cada vez mayor para los Estados miembros.

1.8

El CESE recomienda, en particular, una serie de ajustes en la propuesta de Directiva.

2.   Contenido de la propuesta de Directiva

2.1

Mediante la propuesta de Directiva se pretende crear un marco jurídico único para la SEPA que facilite sobre todo los pagos transfronterizos. El objetivo de la propuesta de Directiva consiste en armonizar las diversas legislaciones de los Estados miembros para, de este modo:

aumentar la competencia entre los mercados nacionales mediante la creación de unas mismas condiciones iniciales;

aumentar la transparencia del mercado para los proveedores y los usuarios de los servicios de pago, y

unificar los derechos y las obligaciones de los proveedores y los usuarios de los servicios de pago.

La propuesta de Directiva contiene, básicamente, las siguientes disposiciones:

2.2   Derecho a prestar al público servicios de pago (título II)

2.2.1

Con la armonización de los requisitos sobre acceso al mercado aplicables a los proveedores de servicios de pago distintos de las entidades de crédito se pretende garantizar la igualdad de condiciones, estimular la competencia en los mercados nacionales y reflejar la evolución del mercado en los últimos años, lo que facilitará la entrada en el mismo de una nueva generación de proveedores, las entidades de pago.

2.3   Transparencia y requisitos en material de información (título III)

2.3.1

La Comisión considera que unas normas claras, coherentes y transparentes en materia de servicios de pago redundarán en beneficio de la competencia y la capacidad de elección de los consumidores y aumentarán su protección. La Comisión Europea propone unas obligaciones en materia de información que sustituirán a las normativas nacionales.

2.4   Derechos y obligaciones de los usuarios y proveedores de servicios de pago (título IV)

2.4.1

La propuesta de Directiva define los derechos y obligaciones fundamentales de los usuarios y proveedores de servicios de pago. Las disposiciones en cuestión tienen por finalidad fomentar la confianza de los usuarios en los sistemas de pago electrónicos y, con ello, garantizar la eficiencia y la aceptación de los mismos.

3.   Observaciones generales

3.1

El Comité Económico y Social Europeo apoya el objetivo de la propuesta de Directiva de crear una zona única de pago en euros, sobre todo para los servicios de pago transfronterizos. Hace tiempo que se debería haber procedido a la creación de un mercado interior de servicios de pago. Éste debería realizarse –según lo previsto– en 2008.

3.2

El planteamiento legislativo elegido por la Comisión es muy amplio. En parte, las disposiciones previstas rebasan el marco jurídico necesario para la creación de una zona única de pago en euros. En efecto, existe ya una legislación armonizada en materia de transferencias, con la Directiva 97/5/CE relativa a las transferencias transfronterizas, la Directiva 2002/65/CE relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los consumidores y la Directiva 2000/46/CE sobre el acceso a la actividad de las entidades de dinero electrónico y su ejercicio así como la supervisión cautelar de dichas entidades.

3.3

El mantenimiento de procedimientos acreditados, de coste razonable y eficaces no supone un obstáculo para la creación de una zona única de pago en euros. Por el contrario, sobre tal base es posible acometer planteamientos de normalización que, por una parte, garanticen la conservación del nivel de seguridad y eficacia alcanzado y, por otra, permitan que la zona única de pago en euros, mediante una gestión inteligente de los puntos de conexión, se convierta en una realidad de un elevado nivel de calidad. El CESE, con las miras puestas en el principio de «legislar mejor», se pronuncia a favor de limitar las disposiciones previstas a cuanto sea necesario para lograr la mejora de los pagos en el mercado interior europeo y propone que se tengan más en cuenta los instrumentos de la autorregulación y corregulación.

3.4

El CESE considera que la zona europea única de pago en euros es condición importante para un desarrollo transparente a escala europea en el marco de la libre competencia de los proveedores de servicios de pago en beneficio de los clientes. El CESE, además, estima esencial que el consumidor siga conservando la actual libertad de elección de los instrumentos de pago, de modo que puedan tenerse en cuenta las preferencias del cliente.

3.5

El acceso a las entidades de pago que no dispongan de licencia bancaria para los sistemas de pago es problemático. Al respecto será necesario contar con un nivel homogéneo en materia de requisitos prudenciales como condición previa para una competencia leal. De lo contrario existe el riesgo de que se produzca un falseamiento de la competencia y de que se vean comprometidas la operabilidad y la seguridad de los pagos, e igualmente de que se perjudique a los proveedores de servicios de pago (por ejemplo, en casos de insolvencia).

3.6

El Comité Económico y Social Europeo recomienda limitarse a establecer las disposiciones necesarias para la creación de un futuro procedimiento de adeudo directo europeo, incluidas en el título II (Proveedores de servicios de pago) y el título IV (Derechos y obligaciones en relación con la prestación y utilización de servicios de pago) de la propuesta de Directiva (relativas, entre otras cuestiones, a la autorización, la revocabilidad y los reembolsos de operaciones de pago). Tanto la aprobación de la Directiva como su transposición al Derecho nacional serían, en tal caso, posibles según el calendario previsto, de manera que la zona única de pago en euros con condiciones generales únicas para proveedores de servicios de pago y un sistema de adeudo directo («SEPA Direct Debit») comenzaría a funcionar, dentro del plazo fijado, en 2008.

3.7

El Comité Económico y Social Europeo se congratula de que en la propuesta de Directiva (artículo 79) se prevea que, a más tardar dos años después de la adopción de la Directiva, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo y al Comité Económico y Social Europeo un informe sobre su aplicación.

4.   Observaciones particulares

4.1

Cabe observar lo siguiente en relación con la propuesta de Directiva:

4.2   Artículo 2, apartado 1: exclusión de asuntos referidos a terceros países

4.2.1

La inclusión prevista en el artículo 2, apartado 1, de la ejecución de operaciones de pago en y desde países extracomunitarios y no pertenecientes al Espacio Económico Europeo (terceros países) en el ámbito de aplicación geográfico de la Directiva excede claramente el objetivo de crear unas condiciones jurídicas marco en el mercado interior europeo. Asimismo, la competencia del legislador europeo podría verse superada por dicha disposición, lo que es también problemático. En efecto, el legislador europeo no puede garantizar que terceros países promulgarán las disposiciones correspondientes. Por tanto, sería completamente inapropiado, por ejemplo, supeditar la estricta responsabilidad (artículo 67) de los proveedores de servicios de pago del ordenante a la ejecución correcta de una operación de pago en un tercer país sin que existan allí las correspondientes disposiciones.

4.2.2

El CESE recomienda limitar el ámbito de aplicación de la Directiva a los servicios de pago prestados dentro del mercado interior europeo.

4.3   Artículo 5 y ss.: nivel homogéneo de legislación en materia de requisitos prudenciales como condición necesaria para una competencia leal

4.3.1

Los requisitos prudenciales para el acceso al mercado de las entidades de pago sin licencia bancaria (artículos 5 y ss.) sólo deberían diferir de los requisitos prudenciales aplicables a los bancos en los puntos en los que una entidad de pago no sea enteramente comparable a una entidad de crédito que disponga de una licencia bancaria plena. De otro modo, podría producirse un falseamiento de la competencia a costa de las entidades de crédito y podría ponerse en peligro la operabilidad del sistema de pagos. Además, el acceso forzoso de las entidades de pago sin licencia bancaria al sistema de pagos podría poner en tela de juicio la integridad y la funcionalidad de un sistema de adeudo directo europeo que se halla en fase de preparación en caso de que no se cumplieran los mismos requisitos que se aplican a las entidades de crédito: capital de riesgo, idoneidad y profesionalidad de los directivos, plan de negocios y organización del funcionamiento de la empresa, así como supervisión corriente del negocio con inclusión de las posibilidades de sanción necesarias. Pero sobre todo la confianza de los usuarios en la SEPA sufriría un menoscabo permanente si no se garantizara un nivel de requisitos prudenciales adecuado. Esto rige también para el aspecto de la protección frente a la insolvencia y las precauciones necesarias para mantener separados los fondos de los clientes.

4.3.2

El CESE, pues, estima indispensable que todas las entidades de pago cumplan los mismos requisitos prudenciales bancarios en términos de los riegos y peligros que entrañan los pagos y que las correspondientes autoridades encargadas de la supervisión tengan las competencias necesarias.

4.4   Artículo 30 y ss.: evitar un exceso de formalidades en lo que respecta a las obligaciones de información

4.4.1

El CESE coincide con la Comisión en que unas normas claras y coherentes en materia de transparencia son fundamentales para los usuarios y para la aceptación de la SEPA. La información debe ser clara, comprensible y legible. Una excesiva variedad y la abundancia de información pueden convertir dicha información en lo contrario de lo que se pretende y generar más opacidad que transparencia. Por otra parte, el usuario privado de la SEPA necesita información distinta de la del vendedor que se sirve de aquélla. El hecho de que la Comisión prevea unos requisitos distintos en materia de transparencia en circunstancias similares resulta asimismo equívoco y costoso. En este caso cabe remitirse, en particular, a los requisitos en materia de transparencia de la Directiva relativa a la comercialización a distancia de servicios financieros.

4.4.2

Desde el punto de vista del consumidor cabe señalar que, en lo que a su protección respecta, el enfoque de armonización elegido, que prevé una armonización completa y el reconocimiento mutuo, puede resultar en extremo problemático. Así, por ejemplo, no cabe descartar que en determinados Estados miembros no se llegue a alcanzar el nivel vigente de protección del consumidor.

4.4.3

Se deberían simplificar las disposiciones sobre el modo de procurar la información con arreglo al artículo 30. Sobre todo, al comunicar las modificaciones de las condiciones contractuales a los usuarios (artículo 33), la información relativa a la ejecución de una operación de pago (artículo 36) y la información que debe facilitarse al beneficiario tras la recepción de los fondos (artículo 37), se debería mantener la práctica actual, asequible para el usuario, con arreglo a la cual éste puede acceder –allí donde sea usual y así se haya acordado– a la información correspondiente a través de extractos bancarios o de servicios bancarios en línea. Debería existir asimismo la posibilidad de que se conozcan las obligaciones en materia de información a través de un anuncio o de una publicación en Internet. Convendría expresar con mayor claridad (artículos 31 y 37) que los precios de los distintos elementos del servicio incluidos en un importe global sólo deben presentarse desglosados al cliente si para los distintos elementos del servicio existen productos separados u otros grupos de productos.

4.4.4

Para el usuario es importante que, al recibir o efectuar pagos, se proporcionen, junto a una información clara sobre el ordenante y el beneficiario, todos los datos de referencia en el concepto de pago. Sólo de tal modo se podrá automatizar plenamente la asignación a partidas abiertas o a créditos.

4.5   Artículo 41, párrafo segundo: permitir todo tipo de autorizaciones

4.5.1

El CESE comparte la postura de la Comisión, con arreglo a la cual las operaciones de pago únicamente se considerarán autorizadas cuando el ordenante haya dado su consentimiento. En el artículo 41, párrafo segundo, se supedita el consentimiento del ordenante a una autorización «expresa» de «una operación o una serie de operaciones de pago». Dicha formulación no es clara. Exigir una autorización expresa para todas las operaciones de adeudo directo en el marco de una relación contractual supondría una considerable restricción del sistema de adeudo directo, que se caracteriza por ser eficaz y barato.

4.5.2

Con el fin de poder seguir utilizando procedimientos eficaces y rentables que también redunden en beneficio del consumidor –como, por ejemplo, el de domiciliación bancaria–, convendría orientar la directiva hacia una coordinación mínima, en lugar de una plena armonización sin excepciones.

4.6   Artículo 48, apartados 2 y 3: desequilibrio en el reparto de la carga de la prueba en caso de impugnación de la autorización de operaciones de pago

4.6.1

Los usuarios no aceptarán la SEPA si la impugnación de una autorización entraña unas dificultades insuperables en materia de presentación de pruebas. El CESE comparte la postura de la Comisión de aliviar la carga de la prueba que corresponde a los usuarios.

4.6.2

No obstante, tal enfoque no puede tener por resultado que el proveedor de servicios de pago no pueda presentar pruebas contrarias en casos de abuso grave. El artículo 48, apartado 2, impide precisamente que los proveedores de servicios de pago puedan demostrar la conducta negligente o, incluso, dolosa por parte del usuario. Sin embargo, el que no se pueda probar la conducta negligente o dolosa del usuario de los servicios de pago constituye una invitación a que se dejen de tomar todas las precauciones habituales en este tipo de operaciones o, incluso, a que se cometan abusos. Asimismo, dicha disposición tiene como resultado que la oferta de determinadas operaciones de pago electrónico se vea muy limitada.

4.6.3

El CESE se pronuncia a favor de una distribución equitativa (es más jurídicamente correcto) de la carga de la prueba. Con arreglo a ese principio, el proveedor de servicios de pago tendrá que probar que el titular de instrumentos de verificación de pagos ha efectuado personalmente la operación de pago. En caso de que el pago se haya caracterizado por la presencia de elementos de seguridad específicos que se reconozcan como fraudulentos, se debe probar prima facie que el usuario de los servicios de pago ha autorizado personalmente el pago o que, al menos, ha cometido una negligencia grave. Por otra parte, los tribunales nacionales no deberían limitar indebidamente la valoración de los elementos de prueba, máxime en vista de que las normas del procedimiento civil no están armonizadas en los Estados miembros.

4.7   Artículo 49: garantía de seguridad jurídica en caso de operaciones de pago no autorizadas mediante el establecimiento de un plazo de caducidad del reembolso

4.7.1

La Comisión Europea señala, en la exposición de motivos de la propuesta de Directiva, que en la Comunidad se efectúan 231 000 millones de operaciones al año en el marco de los servicios de pago. Ello permite ya ver con claridad que, en un momento determinado, ha de existir seguridad jurídica sobre la autorización de una operación. Con vistas a la existencia de un nivel de seguridad jurídica adecuado, convendría limitar temporalmente el derecho de reembolso del usuario de servicios de pago en caso de operaciones de pago no autorizadas. El plazo correspondiente debe ser equitativo. El CESE considera que un plazo de un año sería adecuado.

4.7.2

Con arreglo al artículo 45, los usuarios de servicios de pago están con razón obligados a controlar regularmente los pagos efectuados a partir de su cuenta y a notificar de inmediato la realización de operaciones de pago no autorizadas. Es, por tanto, coherente y equilibrado limitar a un año el plazo del derecho de reembolso del ordenante en relación con operaciones de pago no autorizadas. De este modo se garantizaría el nivel necesario de seguridad jurídica, tanto para los proveedores de servicios de pago como para los ordenantes, y, vencido dicho plazo, la operación de pago sería definitiva. Además, el plazo de un año correspondería a la obligación de mantenimiento de registros establecida en el artículo 44.

4.8   Artículos 49 y 50: reflexión sobre el reparto de responsabilidades

4.8.1

El CESE opina que es preciso establecer un reparto de responsabilidades adecuado entre el proveedor de servicios de pago y el usuario de los mismos. Sólo así el usuario de dichos servicios de pago podrá beneficiarse de la prestación de los mismos y sólo así los proveedores ofrecerán tales servicios de pago a un precio adecuado.

4.8.2

La responsabilidad sin limitación económica del proveedor de servicios de pago propuesta en el artículo 49 en relación con las operaciones de pago no autorizadas es, a juicio del CESE, acertada si el usuario utiliza su instrumento de verificación de pagos con precaución y de conformidad con lo estipulado en el contrato.

4.8.3

El CESE considera que la limitación de la responsabilidad del usuario a 150 euros prevista en el artículo 50 es adecuada si, pese a haber utilizado con precaución su instrumento de verificación de pagos, no repara en que lo ha extraviado, pero denuncia su pérdida de inmediato. Si el usuario no denuncia la pérdida de inmediato, a pesar de estar obligado a ello conforme al artículo 46, y el proveedor de servicios de pago no tiene tampoco posibilidad alguna de evitar o limitar los daños que dicha conducta acarree, no se debería beneficiar ese usuario en perjuicio del usuario que actúe con la debida precaución.

4.9   Artículo 53: fijación inequívoca del plazo de reembolso

4.9.1

La reivindicación del derecho de reembolso en el sistema de adeudo directo europeo es una característica fundamental de este procedimiento de pago. Es esencial al respecto que el final del plazo de la reivindicación del derecho de reembolso relativa a operaciones de pago autorizadas pueda determinarse de manera inequívoca en relación con todas las personas que participan en la operación de pago. Ello no se garantiza mediante la conexión prevista en el artículo 53, apartado 1, frase 1, entre el comienzo del plazo y la notificación del ordenante, ya que ni el beneficiario del pago ni el proveedor de servicios de pago tienen conocimiento del momento en que el proveedor de servicios de pago del ordenante ha notificado a éste realmente la ejecución de la operación de pago en su cuenta.

4.9.2

La causa estriba en que la frecuencia de notificación de información relativa a extractos de la cuenta es, en la práctica, muy diversa. En algunos casos, la información sobre los movimientos de la cuenta sólo se notifica con frecuencia trimestral, en otros casos con frecuencia semanal y, en algunos, incluso a diario. Se trata de una cuestión ligada a las preferencias del usuario y a los costes. En función de la frecuencia de la información, el plazo de reembolso equivaldría, en los ejemplos expuestos, a «tres meses más cuatro semanas», «una semana más cuatro semanas» o incluso a «un día más cuatro semanas». Resulta, pues, complicado definir de este modo el carácter definitivo de la operación de pago, lo que representa un problema de muy difícil solución para el sistema de adeudo directo europeo, que se halla en fase de preparación, y pone en peligro la realización del mismo.

4.9.3

El CESE, por consiguiente, propone que, en consonancia con el artículo 53, apartado 1, el plazo de cuatro semanas comience a contar a partir de la notificación al cliente y que, en cualquier caso, concluya ocho semanas después de que se asiente el cargo en la cuenta del ordenante.

4.10   Artículos 60, 61 y 67: clara delimitación de las obligaciones de los proveedores de servicios de pago que participan en la ejecución

4.10.1

En los artículos 60, 61 y 67 se vincula el registro de la ejecución de la orden de pago al abono en la cuenta del beneficiario del pago. Ello representa, sin que exista una causa aparente que lo justifique, una ruptura con la legislación europea vigente hasta la fecha en materia de transferencias. Se mezclan así las obligaciones contractuales del proveedor de servicios de pago del ordenante y del beneficiario. El proveedor de servicios de pago del ordenante debería de este modo cumplir una obligación que corresponde exclusivamente al ámbito de obligaciones del proveedor de servicios de pago del beneficiario y sobre la que el primero no puede ejercer control alguno.

4.10.2

El CESE, por consiguiente, propone que dicha cuestión se siga sometiendo al principio recogido en la legislación en materia de pagos, aplicable hasta la fecha de modo uniforme en todos los Estados miembros de la Unión y cuyo fundamento es la Directiva relativa a las transferencias. Con arreglo al mismo, el proveedor de servicios de pagos del ordenante es responsable de la transacción hasta el momento en que llega al proveedor de servicios de pago del beneficiario. El proveedor de servicios de pago del beneficiario es responsable de la transacción hasta el abono del importe en la cuenta del beneficiario.

4.11   Artículos 60, 61 y 67: fijación de unos plazos de ejecución aplicables

4.11.1

El CESE considera fundamental que los plazos de ejecución se fijen de tal modo que, por una parte, se mejore claramente la situación actual y, por otra, las cuestiones técnicas ligadas a la aplicación no entrañen unos costes desproporcionadamente elevados, lo que podría suponer un aumento del precio de los servicios de pago.

4.11.2

Los plazos de ejecución de un día laborable (primer día laborable posterior al momento de aceptación) previstos en los artículos 60 y 61 podrían resultar en ocasiones excesivamente ambiciosos en la situación actual. En la actualidad, de conformidad con la Directiva relativa a las transferencias, el plazo regular aplicable a los pagos transfronterizos corresponden a seis días laborables (cinco días laborables a partir del día de la aceptación más un día para el abono = cinco días de plazo para que el proveedor de servicios de pago del ordenante efectúe el pago al proveedor de servicios de pago del beneficiario, más un día de plazo para que el proveedor de servicios de pago del beneficiario efectúe el pago a éste), con respecto a los cuales, no obstante, se permite cierta flexibilidad. Numerosos proveedores de servicios de pago regionales y pequeños proveedores de tales servicios alegan que no pueden respetar tal requisito. El plazo de ejecución (máximo) previsto (un día para que el proveedor de servicios de pago del ordenante efectúe el abono al beneficiario) representaría una sexta parte del plazo permitido hasta la fecha. Según han declarado los proveedores de servicios de pago, la aplicación técnica de tal plazo entrañaría también unos costes desproporcionadamente elevados que depararían, innegablemente, un aumento del precio de las operaciones de pago. El sector europeo de las entidades de crédito se ha impuesto una obligación (a través del convenio Credeuro) relativa a los pagos en euros, con arreglo a la cual el plazo de ejecución máximo de los pagos en dicha moneda ascendería a tres días laborables, mientras que, en relación con otras monedas europeas, se prevé asimismo un plazo indicativo de tres días laborables.

4.11.3

El CESE recomienda que, en caso de que se produzcan desventajas competitivas para proveedores de servicios de pago regionales y pequeños proveedores de servicios de pago, se parta de un período transitorio adecuado con un plazo de ejecución de tres días, sin perjuicio de la autorización de plazos de ejecución más breves referidos a las operaciones de pago exclusivamente nacionales (artículo 64).

Bruselas, 13 de septiembre de 2006.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


23.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/56


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I)»

COM(2005) 650 final — 2005/0261 (COD)

(2006/C 318/10)

El 24 de febrero de 2006, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 26 de julio de 2006 (ponente: Sr. FRANK VON FÜRSTENWERTH).

En su 429o Pleno, celebrado los días 13 y 14 de septiembre de 2006 (sesión del 13 de septiembre de 2006) el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 191 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones, el presente Dictamen:

1.   Síntesis de las conclusiones y recomendación

1.1

El Comité Económico y Social Europeo acoge favorablemente la propuesta de la Comisión destinada a regular, en forma de reglamento europeo, las normas de conflicto de leyes en el ámbito de las obligaciones contractuales. Se desarrollan así de manera coherente tales normas de conflicto de leyes al nivel europeo y se colma una laguna en el actual sistema jurídico comunitario. El Reglamento será útil y necesario para desarrollar un espacio de justicia europeo uniforme, puesto que el Convenio de Roma sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, de 1980 (1), precisa una modernización que, debido a su carácter de convenio multilateral, no es seguro pueda lograrse y que, en caso de lograrse, requeriría prolongadas negociaciones.

1.2

El Comité anima y, al mismo tiempo, exhorta a la Comisión a que, teniendo en cuenta las propuestas abajo formuladas, finalice sus trabajos lo más rápidamente posible a fin de que el Reglamento pueda entrar en vigor.

1.3

El Comité acoge favorablemente los esfuerzos realizados por la Comisión para subsanar, mediante la plena armonización, el déficit jurídico actual sobre normas de conflicto de leyes en el ámbito de las obligaciones contractuales debido a la falta de un acto legislativo europeo en vigor para los Estados miembros. Esto entrañará importantes simplificaciones para el usuario del Derecho. A partir de ahora podrá basarse en un conjunto de normas que, por ser el Reglamento un acto de aplicación directa, serán idénticas en todos los Estados miembros. El Reglamento representa un necesario complemento a la propuesta de Reglamento Roma II (2), que se halla en una fase bastante avanzada del proceso legislativo. En combinación con este último permitirá que la Unión disponga por vez primera de un régimen de normas de conflicto de leyes (en gran medida) cerrado en lo que respecta al Derecho de obligaciones.

1.4

El Comité propone que los órganos legislativos de la Comunidad adopten las siguientes modificaciones:

convertir la tercera frase del artículo 3.1 en una norma de interpretación;

completar el artículo 3.3 de modo tal que, en los contratos de consumo, una elección posterior de la ley aplicable sólo sea posible una vez surgido un litigio;

para casos excepcionales, examinar la posibilidad de aplicar una norma menos rígida que la prevista en el artículo 4.1;

examinar si en el marco del artículo 5 también se puede conceder –y en qué condiciones– libertad de elección de la ley aplicable en los casos en que el empresario haya operado en el país del usuario o haya dirigido sus actividades a éste;

suprimir el artículo 22, letra c).

Los trabajos de elaboración del reglamento deberían concluirse cuanto antes al objeto de permitir su entrada en vigor.

1.5

El Comité toma nota con satisfacción de que Irlanda ha manifestado su deseo de adherirse voluntariamente al reglamento. El Comité lamenta que no entre en vigor en el Reino Unido y Dinamarca, porque así los efectos de la armonización no serán tan amplios. El Comité pide a la Comisión que haga cuanto esté en su poder para que el reglamento entre en vigor o se adopte en ambos países.

2.   Observaciones generales

2.1   Exposición de motivos de la iniciativa

2.1.1

Con el Reglamento objeto de examen, la Comisión crea un conjunto uniforme de normas de conflicto de leyes en el ámbito de las obligaciones contractuales para toda la Unión Europea. De hecho, dichas normas de conflicto de leyes existen hasta cierto punto desde 1980, fecha en que la mayoría de los Estados europeos occidentales decidió suscribir el Convenio de Roma. Otros Estados se adhirieron posteriormente al Convenio. En aquel momento se eligió como forma jurídica un acuerdo multilateral, porque, entonces, el Tratado CEE no proporcionaba ningún fundamento jurídico para la adopción de un instrumento jurídico apropiado de ámbito comunitario. Tras más de un cuarto de siglo de aplicación del Convenio de Roma, se ha acabado reconociendo que éste representó un auténtico avance y que las soluciones que proponía siguen siendo en líneas generales aplicables hoy en día. No obstante, es conveniente llevar a cabo un proceso de revisión y modernización mediante el cual se supriman los puntos débiles identificados. Habida cuenta del carácter multilateral del Convenio, ello sólo sería posible a través de una larga renegociación, cuyos resultados no se podrían prever y que ya no es necesaria, toda vez que el TCE proporciona el fundamento jurídico para la adopción de un instrumento jurídico apropiado de ámbito de comunitario (artículos 61, letra c) y 65, letra b) del TCE). La legislación debería ser a partir de ahora idéntica en todos los Estados miembros de la Unión, con objeto de facilitar su aplicación. En ese sentido, el único instrumento jurídico apropiado es el reglamento.

2.1.2

En 2004, la Comisión organizó una audiencia pública basada en su Libro Verde de 2003 (3). Una amplia mayoría de los participantes en la misma se pronunció a favor de la adopción del Reglamento. El CESE (4) y el PE (5) se manifestaron también a favor de la conversión del Convenio de Roma en un reglamento comunitario y de su modernización.

2.2   El contexto legislativo

2.2.1

El Reglamento debe analizarse en el contexto de la gama de actividades de la Comisión en el ámbito del Derecho civil y del Derecho procesal civil encaminadas a la creación de un espacio de justicia europeo uniforme y a la facilitación del acceso de los ciudadanos a la justicia. El Comité ya se ha pronunciado en diversas ocasiones sobre diferentes propuestas de la Comisión (6):

2.2.2

La propuesta está estrechamente relacionada con los trabajos de la Comisión en el ámbito del Derecho material de las normas de conflicto de leyes, en concreto con la propuesta de Reglamento Roma II de la Comisión. Éste es complementario del Reglamento Roma I y constituye su prolongación natural.

2.3   Fundamento jurídico — Proporcionalidad — Subsidiariedad — Forma Jurídica

2.3.1

El objetivo del Reglamento es armonizar las normas de conflicto de leyes en el ámbito de las obligaciones contractuales. La armonización se basa en el artículo 61, letra c) en conexión con el artículo 65, letra b) del TCE. De conformidad con ello, la Comisión está facultada para actuar en la medida necesaria para el buen funcionamiento del mercado interior. A juicio del Comité, el fundamento jurídico es adecuado, puesto que la armonización de las normas en cuestión contribuirá a garantizar la igualdad de trato de los operadores económicos en la Comunidad en los casos transfronterizos, aumentar la seguridad jurídica, simplificar la aplicación de la ley y, en consecuencia, fomentar la disposición a efectuar transacciones transfronterizas. Se promoverá el reconocimiento mutuo de los actos jurídicos de los Estados miembros, porque los ciudadanos de otros Estados miembros han de poder determinar de inmediato su corrección jurídica.

2.3.2

Tales objetivos no se pueden lograr mediante la adopción de medidas nacionales por parte de los Estados miembros, sino que exigen la actuación de la Unión. Así, quedan satisfechos los principios de subsidiariedad y proporcionalidad (artículo 5 del TCE).

2.4

La Comisión ha elegido con razón la forma del reglamento, puesto que de este modo los Estados miembros no gozan de la discrecionalidad que les brinda una directiva. Ésta habría generado una inseguridad jurídica que debe evitarse.

3.   Observaciones específicas

3.1   Ámbito de aplicación material — Aplicación de la ley de un país tercero (artículos 1 y 2)

3.1.1

El Reglamento se aplicará, en las situaciones que impliquen un conflicto de leyes, a las obligaciones contractuales en materia civil y mercantil (artículo 1.1). El legislador puede remitirse en esa medida a la terminología empleada en el Reglamento (CE) no 44/2001 (artículo 1), que también se halla en la propuesta del Reglamento Roma II, ya que su contenido está claramente definido. La exclusión de las materias fiscales, aduaneras y administrativas se desprende de la definición. Su mención, por tanto, es superflua, pero no tiene mayor trascendencia.

3.1.2

El Reglamento no pretende regular la totalidad de las normas de conflicto de leyes en materia civil, y tampoco se destina a la posibilidad de aplicarlas en un caso concreto con vistas a apreciar un asunto relacionado con las obligaciones contractuales. El legislador actúa con buen criterio no apuntando demasiado alto para no poner en peligro la aplicabilidad del proyecto. Por ello, está justificada la exclusión de las obligaciones contractuales relativas al estado civil (y a la capacidad de las personas físicas: artículo 1.2, letra a)). Dadas sus implicaciones sociales, estos aspectos se tratan tradicionalmente en el ámbito de las normas de conflicto de leyes por medio de instrumentos separados (hasta la fecha, casi exclusivamente convenios multilaterales (7)). La exclusión de las obligaciones derivadas de relaciones de familia, obligaciones de alimentos, regímenes matrimoniales, testamentos y sucesiones (artículo 1.2, letras b) y c)) se impone por razones comparables, o bien se regularán en instrumentos jurídicos independientes.

3.1.3

La exclusión de las obligaciones derivadas de letras de cambio, cheques y pagarés (artículo 1.2, letra d)) se debe en definitiva a que estos aspectos se regulan adecuadamente en acuerdos específicos (8), cuyo ámbito de aplicación se extiende más allá de la Comunidad y cuya permanencia no debe comprometerse.

3.1.4

La exclusión de los conflictos relativos a convenios de arbitraje y de elección de foro (artículo 1.2, letra e)) se debe a su pertenencia al Derecho procesal civil, en cuyo contexto específico pueden regularse mejor, y, en parte, a que también se regulan en virtud de acuerdos cuyo ámbito de aplicación se extiende más allá del alcance de la Comunidad. Lo mismo cabe decir de los conflictos referidos a la prueba y al procedimiento (artículo 1.2, letra h)).

3.1.5

La exclusión de los conflictos relativos al Derecho de sociedades, asociaciones y personas jurídicas en el artículo 1.2, letra f) es inevitable, dado que las cuestiones a que se hace referencia están tan estrechamente asociadas al estatuto de la sociedad que sería preciso adoptar una reglamentación en este contexto específico. Los contratos fiduciarios («trust») son una materia especial del Derecho angloamericano que ya se excluyó del Convenio de Roma (artículo 1.2, letra g)). El Reglamento aplica correctamente el mismo principio (artículo 1.2, letra g)).

3.1.6

La exclusión de las obligaciones precontractuales (artículo 1.2, letra i)) se refiere a las obligaciones delictuales. Se incluirán de manera sistemática en el ámbito de aplicación del Reglamento Roma II propuesto y, por tanto, se excluyen justificadamente.

3.1.7

El Comité toma nota con satisfacción de que Irlanda ha manifestado su deseo de adherirse voluntariamente al reglamento. El Comité lamenta que el Reino Unido no haya adoptado una medida similar. En Dinamarca no entrará en vigor el Reglamento (artículo 1.3) mientras no se celebre un acuerdo en tal sentido entre Dinamarca y la Comunidad en el que se estipule su entrada en vigor o se prevea que dicho país transpone sobre una base voluntaria a su ordenamiento jurídico nacional las normas del reglamento. El Comité pide a la Comisión que haga cuanto esté en su poder para que el reglamento entre en vigor o se adopte en ambos países. El objetivo perseguido por el Reglamento de lograr una unificación europea de las normas de conflicto de leyes se vería socavado por la no participación de algunos Estados miembros. Sería lamentable que, en relación con tales países, hubiera que seguir remitiéndose al Convenio de Roma, puesto que los contenidos de éste y del Reglamento Roma I acabarán siendo distintos. En ese sentido, si un asunto se lleva ante los tribunales –contingencia que, pese a la aplicación del Reglamento (CE) no 44/2001, del Convenio de Bruselas y del Convenio de Lugano, puede darse hasta cierto punto– podría suceder que hubiese que pronunciarse de manera distinta en relación con el mismo asunto en función de la situación geográfica. Ello constituiría una situación difícilmente aceptable para la Comunidad.

3.1.8

El Reglamento regula la ley aplicable con independencia de que sea la ley de un Estado miembro o de un país tercero (artículo 2). Con ello se respeta una norma generalmente reconocida en el ámbito del conflicto de leyes, que prohíbe la discriminación de otros ordenamientos jurídicos, de lo cual el Comité se congratula. Si las circunstancias de un caso requieren que se aplique un determinado ordenamiento jurídico, no puede haber diferencia por el hecho de que éste sea comunitario o no.

3.2   Normas de vinculación generales (artículos 3 y 4)

3.2.1

El artículo 3.1 establece como ley aplicable la que hayan elegido las partes. El Comité acoge con satisfacción dicha norma, puesto que tiene en cuenta el principio de la libertad de contrato dominante en el ámbito de las obligaciones contractuales y observa las normas en materia de Derecho internacional privado comúnmente reconocidas. La propuesta se adecua en gran medida a lo que dispone el artículo 3.1 del Convenio de Roma, que cuenta con un beneplácito generalizado. El Comité acoge favorablemente esta decisión, pero percibe el peligro que entraña que los tribunales, al aplicar la norma en la práctica, traten de determinar la hipotética voluntad de las partes sin contar con un fundamento suficiente. Dicha circunstancia debería evitarse. Convendría aclarar este extremo en los considerandos (considerando 7). El artículo 3.3 incide en la libertad de elección hasta tal punto que las partes pueden elegir una nueva ley aplicable en cualquier momento. El Comité suscribe en principio dicha disposición, pero señala un posible peligro para la protección del consumidor, que quizá no pueda apreciar el alcance de tal norma. El Comité propone que –paralelamente a los convenios de elección de foro (artículo 17.1 del Reglamento (CE) no 44/2001)– sólo se permita, tras la celebración del contrato, la elección de una nueva ley aplicable en los contratos de consumo una vez surgido el litigio, dado que el consumidor estará entonces prevenido y podrá actuar con mayor precaución.

3.2.2

La tercera frase del artículo 3.1 establece que (en caso de que no se haya elegido expresamente una ley) si las partes han convenido la elección de un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, se presumirá que tienen la intención de elegir la ley de dicho Estado miembro. Dicha disposición corresponde al esfuerzo por hacer coincidir el foro y la ley. Tal coincidencia suele dar lugar a una simplificación de los procedimientos judiciales. No obstante, el Comité alberga la duda de si las partes no se verán forzadas por una formulación tan estricta de la norma. Sería más adecuado atenuarla y formularla únicamente como un elemento incluido en la segunda frase que facilite la interpretación, de un modo semejante al siguiente:

«En ese sentido, se prestará especial atención a la elección de foro de las partes».

3.2.3

El Comité desearía prestar mayor atención a un punto de vista que reviste extraordinaria importancia para el futuro del espacio europeo de justicia, a saber, la posible creación de un instrumento opcional o 26o régimen por parte de la Comunidad Europea. Éste consistiría en un régimen de Derecho civil comunitario cuya creación se está debatiendo en la actualidad, que las partes podrían elegir y que podría representar un escalón previo al marco común de referencia (MCR) que se halla en fase de desarrollo. El artículo 3.2 contiene una cláusula de apertura que permite a las partes elegir un régimen supranacional de esta índole. Se trata de una cuestión que no resulta obvia en el Derecho internacional privado y que el Comité acoge con expresa satisfacción. Las partes contratantes podrían servirse en adelante de un modelo de contrato verdaderamente uniforme para toda Europa, lo que representaría un gran avance en la realización del mercado interior (9).

3.2.4

El artículo 4.1 contiene normas de vinculación relativas a un gran número de obligaciones, que desde el punto de vista de su contenido completan la disposición del artículo 4.2 del Reglamento, tomada del Convenio de Roma. En aplicación del Convenio de Roma, dichas normas de vinculación se desprenderían únicamente de la interpretación del artículo 4.2 de dicho convenio. Aunque cabe considerar que la disposición propuesta por la Comisión supone una mejora de la seguridad jurídica, ésta se ha logrado a costa de la adopción de una norma rigurosa e inflexible que no permite desviación alguna, ni aun en casos concretos que lo requiriesen. El Comité teme que dicho retroceso frente al Convenio de Roma tenga repercusiones negativas, porque cabe imaginar casos en que, excepcionalmente, los rígidos criterios previstos por el reglamento no conduzcan a una solución adecuada. Cabría suponer que brindar al juez en tales casos excepcionales la posibilidad de aplicar una norma más ajustada a los hechos puede conducir a una solución más satisfactoria. Naturalmente, tal desviación de la norma no ha de conducir en ningún caso a una determinación arbitraria de la ley aplicable y, por consiguiente, su ponderación deberá ser muy cuidadosa y el fallo judicial habrá de estar suficientemente motivado con el fin de lograr el objetivo perseguido de mayor seguridad jurídica y previsibilidad en cuanto a la ley aplicable. El Comité propone que en relación con estas últimas consideraciones se examine la conveniencia de modificar la reglamentación.

3.2.5

El Comité puede comprender el objetivo perseguido por la Comisión en su artículo 4.1, letra f). Señala, no obstante, que, en virtud del fundamento en que se basan, numerosos derechos de protección industrial son transferibles en condiciones distintas a las previstas por la ley del país donde el titular tenga su residencia habitual. Como en el artículo 4.1 no se fija como ley aplicable al contraer la relación jurídica la del país de residencia habitual, un cambio de estatuto debido al traslado de la residencia habitual del titular podría producir, en tales casos, problemas relativos al fundamento jurídico de los derechos de protección. El Comité recomienda a la Comisión que estudie dicho problema y proponga una solución adecuada.

3.3   Normas de vinculación especiales (artículos 5 a 17)

3.3.1

El artículo 5 constituye una revisión sustancial de las disposiciones del Convenio de Roma relativas a los contratos de consumo, a cuya dificultad de comprensión y necesidad de revisión se ha aludido en multitud de ocasiones. El Comité considera que la Comisión avanza en la dirección adecuada, puesto que en el futuro deberá evitarse la compleja aplicación de dos sistemas jurídicos distintos a un mismo asunto, a la que el artículo 5 del Convenio de Roma obliga. Sin lugar a dudas, el consumidor que celebre un contrato con una empresa necesita también protección en materia de normas de conflicto de leyes. Ésta queda garantizada en principio a través de la aplicación de la ley del Estado miembro en que el consumidor tenga su residencia habitual (artículo 5.1), puesto que se trata del sistema jurídico que (en el mejor de los casos) el consumidor conoce, cuya lengua domina y en el que más sencillamente le resultará obtener asesoramiento profesional. El texto propuesto exige, además, que la actividad empresarial se dirija al país de residencia habitual del consumidor o que se haya emprendido en aquél. Ello conviene (conforme al Convenio de Roma) a los intereses del profesional, que tiende a celebrar contratos según la ley de su país de origen, puesto que le resulta más cómodo al permitírsele tal posibilidad en los casos restantes. El Comité se pregunta, no obstante, si, a efectos del apartado 2, es verdaderamente necesario privar a las partes en el ámbito de los contratos de consumo de la posibilidad de elegir la ley aplicable. Por el contrario, el Comité considera probable que el consumidor –al menos si se adoptan ciertas medidas de protección de las que, como parte menos experimentada y más débil, sin duda precisará– se beneficiaría también de la posibilidad de elegir la ley aplicable. Así pues, el Comité recomienda a la Comisión que revise tal disposición en el sentido indicado.

3.3.2

La norma relativa a los contratos de trabajo (artículo 6) se deriva de la especial necesidad de protección del trabajador. Dicha norma procede del artículo 6 del Convenio de Roma y se ha complementado mediante disposiciones que tienen en cuenta de manera adecuada la evolución del trabajo por cuenta ajena. Se ha añadido el término de «país a partir del cual» con objeto de tener en cuenta la jurisprudencia del TJCE en el marco del artículo 18 del Reglamento «Bruselas I». El Comité se pregunta, en cambio, a falta de una definición verdaderamente autorizada en el propio Reglamento o de explicaciones al respecto en la motivación del mismo, qué cabe entender por realización «temporal» del trabajo en otro país (artículo 6.2, letra a)). Es indispensable subsanar dicha carencia, puesto que la circunstancia de que el trabajo se realice «con carácter temporal» tiene una importancia fundamental como criterio de elección. Dicha carencia tampoco puede solucionarse recurriendo al artículo 2 de la Directiva sobre el desplazamiento de trabajadores (10), dado que ésta tampoco contiene una definición precisa. Por otra parte, el Comité comprende difícilmente la necesidad de una norma referida a espacios «no sujetos a una soberanía nacional» (artículo 6.2 letra b)). Posiblemente se aluda a las plataformas de perforación situadas en aguas internacionales. No obstante, se debería ofrecer una explicación al respecto al menos en la exposición de motivos.

3.3.3

El artículo 7 versa sobre los contratos celebrados por un intermediario, tema que el Convenio de Roma sólo regula parcialmente, ya que, en efecto, se omite la relación jurídica entre el intermediario y el tercero. El Comité estima oportuno colmar dicha laguna (artículo 7.2). Es difícil responder a la pregunta de qué ley debería aplicarse en este caso, puesto que están en juego tanto los intereses del intermediario como los del tercero. Por lo general, un tercero precisará mayor protección en caso de que se excedan los poderes otorgados o se obre sin estar autorizado. El texto propuesto trata de tener en cuenta los intereses de las dos partes, por lo que merece la aprobación del Comité.

3.3.4

Las leyes de policía son una materia delicada: en efecto, los resultados de la elección de la ley aplicable por las partes no deberían restringirse más de lo absolutamente necesario y, en lo posible, la aplicación de la ley no debería verse dificultada por la aplicación de normas que no corresponden al estatuto contractual. Básicamente, el artículo 8 corresponde al artículo 7.2, del Convenio de Roma. El Reglamento presenta, teniendo en cuenta la jurisprudencia relacionada del TJCE (11), una definición jurídica de las leyes de policía a las que dota de efecto. Para el usuario del Derecho, tales asuntos están ligados a la dificultad que entraña la ausencia de uniformidad para el examen en un caso determinado o, en determinadas circunstancias, la aplicación de normas no armonizadas o contradictorias, lo que tiene como resultado la necesidad de proceder a su armonización. Ello requiere tiempo, es complicado desde el punto de vista jurídico-técnico e incrementa la inseguridad jurídica. El Comité, sin embargo, en vista del estado de aproximación de las leyes nacionales, considera que no existe ninguna otra posibilidad de prescindir de ello, máxime en vista de que los especialistas se pronuncian de manera predominante a favor de la aplicación de tales normas en los casos de conflicto de leyes.

3.3.5

El Comité considera que los artículos 10 a 17 plantean escasos problemas y no precisan comentarios detallados, sobre todo las disposiciones que no son sino transposiciones de las normas establecidas en el Convenio de Roma.

3.3.6

El artículo 10 (validez formal del contrato) satisface, en vista del incremento del número de contratos celebrados a distancia, una necesidad de simplificación de las normas referidas a la validez formal de los contratos o actos unilaterales, introduciendo criterios de selección complementarios.

3.3.7

La cesión de créditos y la subrogación convencional entre el acreedor y un tercero que satisface una obligación, conocida en diversos sistemas jurídicos, ejercen una función económica similar (12). Por ello es adecuado tratarlas conjuntamente en el artículo 13. En el apartado 3 se introduce una nueva norma de conflicto que regula la cuestión de qué ley regirá la oponibilidad de la cesión o la subrogación frente a terceros. Tal norma se inspira, acertadamente, en el modelo de la «Convención de las Naciones Unidas sobre la cesión de créditos en el comercio internacional», de 12 de diciembre de 2001.

3.3.8

El artículo 14 contiene una norma de conflicto de leyes relativa a la subrogación legal. Dicho concepto es conocido en la mayoría de los sistemas jurídicos, por lo que la correspondiente norma de conflicto es necesaria. El artículo 15 complementa el 14 introduciendo una norma de conflicto relativa a la responsabilidad solidaria de una pluralidad de deudores en caso de subrogación legal. Habría sido acertado, aunque no obligatorio, unir tal disposición a la del artículo 14.

3.4   Otras disposiciones — Disposiciones finales (artículos 18 a 24)

3.4.1

Los temas tratados en los capítulos III y IV del Reglamento se refieren fundamentalmente a las disposiciones técnicas correspondientes a la normativa común en el ámbito del conflicto de leyes y no precisan comentarios detallados. Cabe aplicar lo expuesto, en particular, al artículo 19 (exclusión del reenvío), que corresponde al artículo 15 del Convenio de Roma, al artículo 21 (sistemas no unificados), que corresponde al artículo 19 de Convenio de Roma, al artículo 20 (orden público), que corresponde al artículo 16 del Convenio de Roma, y al artículo 23 (relación con los convenios internacionales existentes), que corresponde al artículo 21 del Convenio de Roma.

3.4.2

La residencia habitual (artículo 18) de una persona desempeña en el Derecho internacional privado actual una función básica en la elección de la ley aplicable. En tanto que la disposición relativa a la residencia habitual de las personas físicas no plantea problemas, sí pueden surgir dudas referidas a las personas jurídicas. El Reglamento las elimina adecuadamente estableciendo que la residencia habitual estará donde esté sita la administración central. No habría sido acertado adoptar la disposición establecida en el artículo 60 del Reglamento (CE) no 44/2001, puesto que éste se refiere habitualmente al domicilio y no a la residencia habitual. Además, la triple solución que se ofrece en tal disposición habría redundado en detrimento de la seguridad jurídica.

3.4.3

El artículo 22, letra c) resulta difícil de comprender. Parece querer disponer que, en caso de que los actos legislativos de la Comunidad que se adopten posteriormente contengan sus propias normas de conflicto de leyes, éstas primarán sobre las del Reglamento. No obstante, la uniformidad alcanzada en materia de Derecho internacional privado debería preservarse también en el futuro. Es preciso evitar una fragmentación en diversas fuentes de Derecho con disposiciones de contenido divergente. En caso de que, en el futuro, surja la necesidad de adoptar normas especiales, éstas deberían integrarse en el Reglamento.

El Comité recomienda suprimir la letra c).

3.5   Anexo I

3.5.1

El anexo contiene, en sus guiones 3 y 4, una referencia a la «Segunda Directiva sobre seguros distintos del seguro de vida» y a la «Segunda Directiva sobre seguros de vida», respectivamente. Aparte de que la última fue derogada y que se podría haber hecho mención de la Directiva sobre el seguro de vida que la sustituye (13), ambos guiones se estiman problemáticos. El Comité no se propone pedir la supresión de ambos. Sí desearía, no obstante, señalar expresamente a la Comisión los grandes problemas que ocasionará tal propuesta. Se estaría desperdiciando una gran oportunidad para simplificar y unificar las normas de conflicto de leyes y resolver los problemas del sector en cuestión. En combinación con el artículo 22, letra a), los guiones 3 y 4 del anexo I harían que el Reglamento no se pudiera aplicar a las normas en materia de conflicto de leyes de los contratos de seguro (directo) (14) con cobertura de riesgo intracomunitaria, puesto que dicha cuestión la regulan las Directivas mencionadas.

3.5.2

En cambio, el Reglamento se aplica adecuadamente a las normas de conflicto de leyes de los contratos de seguro con cobertura de riesgo fuera de la Unión, las relativas a los contratos con cobertura de riesgo dentro de la Unión (si bien únicamente en caso de que el contrato se haya celebrado con un asegurador extracomunitario) y las referidas a los contratos de reaseguro. De este modo se perpetuaría una situación que, hasta la fecha, ha provocado el desconcierto del usuario del Derecho (15). Las normas de conflicto de leyes de los contratos de seguro se regulan, desde la adopción de las Directivas sobre seguros, de un modo distinto, en lo que respecta al contenido, a las normas en materia de conflicto de leyes referidas a las obligaciones contractuales (artículo 1.3 del Convenio de Roma), pese a que los contratos de seguros son obligaciones contractuales. No existe causa objetiva alguna que justifique tal situación, sino que, en la fecha en que se adoptó el Convenio de Roma, los trabajos relativos a las Directivas sobre seguro de segunda generación no habían comenzado aún y se decidió aguardar, antes de adoptar disposiciones en materia de conflicto de leyes, hasta que se hubiera definido el marco prudencial (16). Se trata de una circunstancia obsoleta.

3.5.3

Las normas en materia de Derecho internacional privado representan un elemento extraño en las Directivas que incorporan cuestiones prudenciales. Un usuario del Derecho neófito no lo sospecharía. La división en diversas fuentes horizontales y sectoriales ha complicado el Derecho internacional privado en materia de seguros. Desde el punto de la sistematización jurídica, sería deseable lograr su reunificación a través de la supresión de las normas especiales.

3.5.4

La incorporación sin modificaciones de contenido de las Directivas en materia de Derecho internacional privado en el Reglamento Roma I no es razonable, porque se seguirían aplicando, sin causa objetiva que lo justifique, regímenes normativos distintos a los contratos de seguro con cobertura de riesgo dentro y fuera de la Unión. Tal proceder no se puede justificar aludiendo al derecho de control: el control de los aseguradores se efectúa con arreglo al principio del país de domicilio y suele entrañar, en el caso de las transacciones transfronterizas, la disociación del control y la cobertura de riesgos. Tal circunstancia no varía en los contratos de seguros con cobertura de riesgo dentro o fuera de la UE. Es razonable incluir los contratos de seguro con cobertura de riesgos intracomunitaria dentro del régimen general del Reglamento. Cabe esperar que la vinculación del Reglamento con la ley elegida depare en el futuro un aumento de las posibilidades de elección, de lo cual se congratularán las aseguradoras y sus clientes del segmento de los no consumidores. Sobre la base de un régimen de elección sensato, sería posible, desde la perspectiva del Derecho contractual, ofrecer productos idénticos en toda Europa, de modo que desaparezca la ingente necesidad de desarrollo de productos. En el pasado, tal necesidad ha provocado que las empresas de seguros apenas hagan uso de la libertad de prestación de servicios de que gozan en el ámbito de los grandes riesgos. En lo que respecta a la elección, los usuarios de los seguros también precisan un elevado nivel de protección. El grupo de los profesionales y autónomos, que goza, en comparación con el grupo anterior, de un menor grado de protección y que, sin embargo, no disfruta de una plena libertad de elección, tampoco precisa una protección especial. Sus integrantes disponen de suficiente experiencia en materia comercial como para comprender a lo que se exponen al someterse a un sistema jurídico distinto del de su país o para reconocer que necesitan asesoramiento jurídico.

Bruselas, 13 de septiembre de 2006.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Convenio de Roma de 19 de junio de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales. Versión actual: DO C 27 de 26.1.1998, pp. 34-46.

(2)  Documento COM(2006) 83 final 2003/0168 (COD).

(3)  Documento COM(2002) 654 final.

(4)  Dictamen del CESE sobre el Libro Verde sobre la transformación del Convenio de Roma de 1980 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales en instrumento comunitario y sobre su actualización. INT/176, de 29.1.2004.

(5)  Resolución del Parlamento Europeo sobre las perspectivas para la aproximación del Derecho procesal civil en la Unión Europea (COM(2002) 654 — COM(2002) 746 — C5-0201/2003 — 2003/2087(INI)), A5-0041/2004.

(6)  Cabe mencionar, por ejemplo:

 

La transformación del Convenio de Bruselas de 1968 en Reglamento: Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, DO L 12 de 16.1.2001, p. 1. Véase al respecto el Dictamen del CESE en DO C 117 de 26.4.2000, p. 6 (ponente: Sr. Malosse).

 

El Reglamento por el que se establece un Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados: Reglamento (CE) no 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, DO L 143 de 30.4.2004, p. 15. Véase al respecto el Dictamen del CESE en DO C 85 de 8.4.2003, p. 1 (ponente: Sr. Ravoet).

 

El Reglamento relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil: Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, DO L 160 de 30.6.2000, p. 37. Véase al respecto el Dictamen del CESE en DO C 368 de 20.12.1999, p. 47 (ponente: Sr. Hernández Bataller).

 

El Reglamento del Consejo relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil: Reglamento (CE) no 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, DO L 174 de 27.6.2001, p. 1. Véase al respecto el Dictamen del CESE en DO C 139 de 11.5.2001, p. 10 (ponente: Sr. Hernández Bataller).

 

El Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia: Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, DO L 160 de 30.6.2000, p. 1. Véase al respecto el Dictamen del CESE en DO C 75 de 15.3.2000, p. 1 (ponente: Sr. Ravoet).

 

La Directiva sobre las disposiciones en materia de crédito al consumo (COM(2002) 443 final de 11.9.2002). Véase al respecto el Dictamen del CESE en DO C 234 de 30.9.2003, p. 1 (ponente: Sr. Pegado Liz).

 

La Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores: DO L 95 de 21.4.1993, p. 29. Véase al respecto el Dictamen del CESE en DO C 159 de 17.6.1991, p. 35 (ponente: Sr. Hilkens).

 

El Libro Verde sobre el proceso monitorio europeo y las medidas para simplificar y acelerar los litigios de escasa cuantía (COM(2002) 746 final). Véase al respecto el Dictamen del CESE en DO C 220 de 16.9.2003, p. 5 (ponente: Sr. von Fürstenwerth).

 

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un proceso monitorio europeo. Véase al respecto el Dictamen del CESE en DO C 221 de 8.9.2006 (ponente: Sr. Pegado Liz).

(7)  Véanse los distintos Convenios de la Haya, a saber, el relativo a la regulación de los conflictos de leyes en materia de matrimonio, de 12 de junio de 1902, el relativo a la ley aplicable a las obligaciones alimentarias con los hijos, de 24 de octubre de 1956, el relativo a la ley aplicable a las obligaciones alimentarias, de 2 de octubre de 1973, etc.

(8)  Convenio de Ginebra sobre las disposiciones de Derecho internacional privado en materia de letras de cambio, de 7 de junio de 1930, y Convenio de Ginebra sobre las disposiciones de Derecho internacional privado en materia de cheques, de 19 de marzo de 1931.

(9)  Si algún día se creara un instrumento opcional o 26o régimen, se reivindicaría como el mejor de todos los derechos civiles imaginables. Por consiguiente, en su aplicación, fruto del acuerdo, ya no sería necesario tener en cuenta –a diferencia de cuando se recurre a una ley nacional– disposiciones imperativas y armonizaciones requeridas por leyes de policía (o por razones de orden público — artículo 20) de Estados nacionales. Por el contrario: la elección del instrumento opcional conduciría a la aplicación sin limitación alguna de tal complejo de normas, ya que sería la expresión de un sistema mutuamente reconocido en la Unión Europea. Como en el artículo 3, apartado 2 se establece ya la posibilidad de principio de elegir una ley aplicable de tal naturaleza, lógicamente se deberían crear también en tal caso las condiciones necesarias que permitieran beneficiarse de las ventajas del instrumento opcional. Convendría prever expresamente que lo dispuesto en el artículo 8 (e igualmente en el artículo 20 sobre orden público) quedará sin efecto en caso de aplicación de un ordenamiento jurídico supranacional.

(10)  Directiva 96/71/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de diciembre de 1996 sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una prestación de servicios, DO L 18 de 21.1.1997, p. 1.

(11)  Asuntos C-369/96 y C-374/96 de 23.11.1999.

(12)  Observación: Tal conclusión se extrae de la versión francesa de la propuesta, puesto que no se traduce en la versión alemana por no existir dicha noción jurídica en el derecho alemán. Por razones de precisión, no obstante, debería mencionarse al menos en forma de paráfrasis.

(13)  Directiva 2002/83/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, sobre el seguro de vida, DO L 345 de 19.12.2002, p. 1.

(14)  En contraste con el contrato de reaseguro.

(15)  En la actualidad la situación es la siguiente: Con arreglo al artículo 1, apartado 3, del Convenio de Roma, los contratos de seguro están exentos de la aplicación en tanto se trate de contratos de seguro directo, si bien únicamente si el riesgo está cubierto en la UE. Si sucede así, no se aplica el Convenio de Roma sino las Directivas sobre seguros. De tratarse de un contrato de reaseguro o en caso de que el riesgo sí esté cubierto fuera de la UE, se aplica el Convenio de Roma.

(16)  Giuliano/Lagarde, Informe relativo al convenio sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, DO C 282 de 31.10.1980, p. 13.


23.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/62


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones y sobre el acceso a la información relativa a la reparación de los vehículos, y por la que se modifican las Directivas 72/306/CEE y …/…/CE»

COM(2005) 683 final — 2005/0282 (COD)

(2006/C 318/11)

El 31 de enero de 2006, de conformidad con el artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 12 de julio de 2006 (ponente: Sr. RANOCCHIARI).

En su 429o Pleno de los días 13 y 14 de septiembre de 2006 (sesión del 13 de septiembre), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 180 votos a favor, 3 en contra y 11 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Conclusiones y recomendaciones

1.1

El CESE reconoce la necesidad de fomentar la mejora constante de los límites de las emisiones de los turismos mediante actos legislativos que establecen objetivos cada vez más ambiciosos. Por lo tanto, acoge de manera positiva la propuesta de la Comisión, que constituye un paso adicional en esta dirección.

1.2

El CESE también aprueba la decisión de la Comisión de optar por un reglamento en vez de una directiva, así como el procedimiento legislativo que incluye la adopción de un reglamento mediante el procedimiento de codecisión que debe completarse, para los aspectos más técnicos, con un reglamento elaborado con el apoyo de un Comité de adaptación (propuesta de «comitología»).

1.3

No obstante, el CESE debe señalar que la propuesta de Reglamento, en su redacción actual, plantea problemas importantes a la industria y a las administraciones de los Estados miembros encargadas de la homologación y matriculación de los vehículos.

1.3.1

En especial, el CESE recomienda revisar las fechas de entrada en vigor de las nuevas disposiciones de la propuesta analizada y fijarlas, respectivamente, en el 1 de enero de 2010 (para la homologación de nuevos tipos de vehículos) y el 1 de enero de 2011 (para las nuevas matriculaciones) o, como alternativa, 36 y 48 meses después de la publicación de los nuevos Reglamentos en el Diario Oficial de la UE. Asimismo, el CESE recomienda mantener el período adicional de un año para los vehículos N1  (1) de las clases II y III.

1.3.2

El CESE está de acuerdo con los límites propuestos para los vehículos con motor diésel. En cambio, plantea dudas sobre la necesidad real de reducir más los límites para los vehículos con motores de gasolina o de combustibles gaseosos.

1.3.3

El CESE considera adecuado mantener la excepción que permite la homologación de tipo de determinados vehículos destinados al transporte de pasajeros, vehículos M1  (2) que tienen una función específica o son un medio de trabajo (por ejemplo, los microbuses), con arreglo a los límites previstos para los vehículos comerciales ligeros (N1). Por lo tanto, pide a la Comisión que establezca una definición de estos vehículos más precisa y restringida que la que figura en la Directiva vigente.

1.3.4

El CESE recomienda evitar que la propuesta de Reglamento incluya disposiciones que están cubiertas de manera más adecuada por otros reglamentos o directivas vigentes.

1.3.5

Por último, el CESE pide a la Comisión que revise los puntos del texto de la propuesta que pueden generar incertidumbre de tipo administrativo, solicitando para tal fin la ayuda de los expertos nacionales que gestionan diariamente los problemas relacionados con la homologación de tipo y la matriculación de los vehículos.

2.   Motivación y marco jurídico

2.1

Hasta ahora, las emisiones de los turismos (vehículos de la categoría M1) y vehículos comerciales ligeros (categoría N1) se rigen por la Directiva 70/220/CEE y sus modificaciones posteriores. Las actualizaciones más recientes, que se conocen en general como Euro 4 (3), entraron en vigor el 1 de enero de 2005 (nuevos tipos de vehículos) y el 1 de enero de 2006 (nuevas matriculaciones).

2.2

La propuesta analizada prevé hacer más estrictas las disposiciones legislativas sobre las emisiones de los vehículos de motor mediante la aprobación de un reglamento en sustitución de la Directiva vigente. La elección de este instrumento jurídico se justifica porque es directamente aplicable en los Estados miembros, al igual que los objetivos que establece, y porque no hace falta proceder a su transposición en la legislación nacional, como ocurre con una directiva. Al mismo tiempo, el nuevo Reglamento deroga las directivas vigentes.

2.3

La Comisión propone adoptar un procedimiento legislativo con dos vías paralelas:

a)

un reglamento que establece los principios generales, propuesto como Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, y que debe adoptarse de acuerdo con el procedimiento de codecisión (propuesta de codecisión);

b)

un reglamento que establece los requisitos técnicos aplicables, que la Comisión adoptará con la ayuda del Comité de adaptación al progreso técnico (propuesta de «comitología»).

2.4

El documento se completa con la publicación de la evaluación del impacto económico de la propuesta de Reglamento y, por lo tanto, la estimación del coste de las medidas que deben aplicarse a los vehículos para que cumplan la reducción de las emisiones fijada.

3.   Contenido de la propuesta

3.1

La propuesta de Reglamento, conocida en la jerga comunitaria con el nombre de «Euro 5», se aplica a los turismos y a los vehículos comerciales ligeros que funcionan con gasolina, gas natural, gas licuado de petróleo y diésel y fija los valores límite para las emisiones de contaminantes que la Comisión ya había considerado como prioritarios, a saber, las emisiones de partículas, óxidos de nitrógeno (NOx), monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos (HC).

3.2

En concreto, la propuesta impone límites para las emisiones del tubo de escape de los motores de encendido por chispa (gasolina y combustibles gaseosos) y motor diésel, con arreglo al siguiente esquema:

si funcionan con gasolina y gas, se propone una reducción del 25 % de los NOx y los HC;

si funcionan con diésel, se propone una reducción del 80 % de las emisiones de partículas, lo que requiere la instalación en los vehículos de filtros de partículas diésel. También se prevé una reducción del 20 % de las emisiones de NOx;

asimismo, la Comisión completa las propuestas sobre los límites de las emisiones del tubo de escape con normas relativas a la duración de los sistemas de control de las emisiones, la verificación de la conformidad de los vehículos en circulación, el diagnóstico a bordo (DAB), las emisiones de evaporación, las emisiones al ralentí, las emisiones del cárter, la opacidad de los humos y la medición del consumo de carburante.

3.3

Por último, la Comisión prevé medidas para la puesta a disposición de la información relativa a la reparación de los vehículos al margen del circuito de los talleres de reparación autorizados. De acuerdo con la propuesta, esta información deberá facilitarse en sitios web y en el formato estandarizado que ha diseñado un comité técnico internacional (norma OASIS (4)).

3.4

La Comisión propone que el Reglamento se aplique a:

turismos y vehículos comerciales ligeros de clase I, respectivamente, dieciocho meses después de la publicación del Reglamento en el Diario Oficial de la UE para los nuevos modelos y 36 meses después para todas las nuevas matriculaciones;

vehículos comerciales ligeros de clase II y III, 30 meses después para los nuevos modelos y 48 meses después para todas las nuevas matriculaciones;

para los turismos, ello podría suponer una posible introducción de las normas propuestas a partir de la primera mitad de 2008.

4.   Observaciones generales

4.1

El CESE acoge favorablemente la decisión de la Comisión de optar por un reglamento en vez de una directiva ya que, de esta forma, no será necesario el procedimiento de incorporación a la legislación nacional y el Reglamento podrá aplicarse de manera inmediata y simultánea en todos los Estados miembros.

4.2

El CESE apoya el nuevo procedimiento legislativo con dos vías paralelas, pero también llama la atención sobre la necesidad de que ambos Reglamentos, uno con arreglo al procedimiento de codecisión y otro con arreglo al procedimiento de «comitología», se publiquen de manera simultánea en el Diario Oficial. El sector necesita estos dos actos para completar la ingeniería de las soluciones técnicas que debe adoptar con el fin de cumplir las nuevas disposiciones.

4.3

El CESE considera positiva la intención de establecer límites más estrictos para las emisiones de los motores diésel.

4.4

El CESE reconoce que las tecnologías destinadas a la reducción de las emisiones de partículas de los vehículos con motor diésel ya están disponibles y que los valores límite que se proponen requieren su uso generalizado.

4.5

En cambio, el CESE se muestra perplejo respecto de la evaluación del impacto económico de la propuesta de Reglamento:

en primer lugar y frente a las normas de trabajo del Programa «Aire puro para Europa» (CAFE, Clean Air for Europe) (5), no se ha facilitado ninguno de los resultados obtenidos con los modelos utilizados para evaluar la relación coste-eficacia de las medidas aplicables en los distintos sectores que originan la contaminación atmosférica, como sugiere el grupo CARS 21 (6);

la evaluación del impacto económico sólo indica los costes adicionales derivados de la entrada en vigor de los nuevos límites de emisiones de los turismos y la reducción correspondiente de los contaminantes emitidos calculada en toneladas/año. Por lo tanto, no permite una comparación de la relación coste-eficacia de medidas aplicables en otros sectores, de acuerdo con los modelos del programa CAFE;

respecto de la medida Euro 5 que se propone en el Reglamento, las cifras calculadas por el grupo de expertos independientes (7) elegido por la DG Empresa e Industria con tal fin se reducen en un 33 % para tener en cuenta la economía de escala derivada del aumento del volumen de producción, sin que se aporte ninguna justificación sobre el origen de este porcentaje (8);

en especial, la estimación del grupo de expertos independientes respecto de los costes de las modificaciones que deben realizarse en los vehículos para que cumplan las distintas hipótesis de reducción de las emisiones ya incluye una reducción del 30 % del precio de los metales preciosos. Los metales preciosos constituyen uno de los elementos esenciales de los sistemas de postratamiento de los gases de escape y su cotización en el mercado repercute de manera considerable en el coste de dichos sistemas. El hecho de que en los últimos cinco años se haya registrado un aumento continuo de la cotización del platino no justifica la hipótesis mencionada.

4.6

El CESE también manifiesta dudas sobre las fechas de aplicación del Reglamento:

el período de dieciocho meses a partir de la entrada en vigor del nuevo Reglamento es insuficiente, dado que la incorporación al proceso de producción de una tecnología conocida pero aún no aplicada a modelos específicos requiere un mínimo de tres años;

la propuesta de Reglamento debería confirmar el 1 de enero de 2010 como fecha de entrada en vigor de las nuevas condiciones para la homologación de nuevos tipos de vehículos o establecer un período de 36 meses a partir de la fecha de publicación del Reglamento, tras aclarar los valores límite y los protocolo de ensayo;

la industria, con el acuerdo de sus proveedores, ha planificado la introducción de las normas Euro 5 para el período 2010-2011, con arreglo a lo que se exponía de forma clara en la Comunicación de la Comisión sobre incentivos fiscales de enero de 2005 (9). Ya se han programado las modificaciones de los distintos modelos y los procesos de producción correspondientes, por lo que no es posible acortar los plazos, máxime dado el corto intervalo de tiempo existente para la introducción de las normas Euro 5.

4.7

Por último, de acuerdo con el apartado 4 del artículo 5, la Comisión establece requisitos específicos para la homologación, aunque sin prever directrices o instrucciones adicionales. El CESE manifiesta su preocupación al respecto, ya que sin estas instrucciones no es posible evaluar el impacto real de la propuesta en la ingeniería del vehículo y el medio ambiente.

5.   Observaciones específicas

5.1

El cuadro 1 del anexo 1 de la propuesta de Reglamento recoge los valores límite de las emisiones Euro 5 de HC y NOx establecidas para los vehículos de gasolina con encendido por chispa: se trata de una reducción del 25 %, que deja los HC en 75 mg/km y los NOx en 60 mg/km. Ahora bien, esta reducción de los valores límite respecto de los establecido en las normas Euro 4 no está justificada por los resultados obtenidos en el programa Auto Oil II sobre la calidad del aire; además, tampoco se prevé ningún supuesto de reducción de los niveles de NOx y de HC de estos vehículos en el análisis del CAFE ni en la Comunicación «Estrategia temática sobre la contaminación atmosférica» (10).

5.2

El CESE, ateniéndose a los resultados del programa CAFE, debe señalar que no existen razones evidentes en cuanto a beneficios para la calidad del aire que justifiquen las medidas recogidas en la propuesta de que se trata, por los siguientes motivos:

valores límite de NOx : la reducción propuesta representaría un obstáculo adicional para la disminución del consumo de combustible y, por lo tanto, de las emisiones de CO2 de los vehículos con motor de gasolina, que constituye precisamente el reto más importante que afronta la industria en la actualidad. A su vez, las ventajas para el medio ambiente serían nimias dado que, según los datos del programa CAFE, los vehículos de gasolina sólo producen el 4 % de las emisiones totales de NOx debidas al tráfico por carretera (11);

valores límite de HC: el nuevo límite propuesto constituiría un obstáculo insuperable para los vehículos de gas natural que, sin embargo, ofrecen ventajas considerables desde el punto de vista del medio ambiente. En efecto, las emisiones de HC están compuestas en un 90 % de metano, que es un gas muy estable y no contaminante que tampoco tiene hidrocarburos aromáticos; además, las emisiones de CO2 de estos vehículos son un 20-25 % inferiores a las de los vehículos de gasolina. Si se confirma la reducción del 25 % de los hidrocarburos no quemados que establece este Reglamento, ya no sería posible producir y comercializar vehículos de gas natural, lo que repercutiría de forma negativa en las emisiones de CO2. Asimismo, existiría una contradicción con los objetivos de sustitución que fija la Comisión en la Comunicación sobre los combustibles alternativos (12).

5.3

La propuesta de la Comisión suprime la excepción que permite la homologación de tipo de vehículos destinados al transporte de pasajeros, categoría M1 con una masa superior a 2 500 kg pero inferior a 3 500, con arreglo a los límites previstos para los vehículos comerciales ligeros (N1).

5.3.1

El CESE considera necesario distinguir los vehículos pesados diseñados para responder a necesidades profesionales específicas de los que se suelen comprar para seguir las modas y subir a las aceras de las grandes ciudades. Dentro del primer tipo figuran:

los vehículos diseñados para llevar a siete o más pasajeros. Se trata de vehículos destinados al transporte local (por ejemplo, microbús, autobuses, autocaravanas y vehículos para usos especiales como las ambulancias). El transporte de un elevado número de pasajeros y la mayor capacidad de carga exigen el diseño de un vehículo más pesado, alto y amplio, con caja de cambios específica y, por lo tanto, con emisiones ligeramente superiores;

los vehículos todoterreno con una masa máxima superior a 2,5 toneladas. Estos vehículos constituyen un instrumento de trabajo esencial para las comunidades rurales, así como los servicios de emergencia y los organismos de servicio público, además de para numerosos fines importantes como los militares. Por este motivo, sus necesidades específicas se tienen en cuenta en muchas normativas y deberían seguir beneficiándose de este tratamiento;

los volúmenes de producción de estos dos segmentos de mercado son bastante reducidos y las emisiones que causan son insignificantes respecto del computo total de las emisiones de los vehículos. Por lo tanto, su impacto en la calidad del aire es poco significativo siempre que se les apliquen las normas vigentes para los vehículos comerciales ligeros.

5.3.2

El CESE no puede apoyar la posición de la Comisión de que ya no está justificada la homologación de los vehículos M1 con una masa superior a 2 500 kg de acuerdo con las condiciones previstas para los vehículos comerciales ligeros. A su vez, el CESE reconoce la necesidad de determinar con más precisión los vehículos que pueden beneficiarse de esta excepción.

5.3.3

Por último, la supresión absoluta de esta excepción para todos los vehículos pesados M1 supondría el paso a motores de gasolina con el consiguiente aumento del consumo de combustible y, por lo tanto, de las emisiones de CO2.

5.4

El CESE está de acuerdo con la Comisión en que para facilitar la libre circulación de vehículos en el mercado interior es necesario contar con la información relativa a la reparación de los vehículos y con una competencia efectiva en el mercado de servicios de reparación e información. Ello ha sido confirmado en el Reglamento (CE) no 1400/2002 relativo a la aplicación del apartado 3 del artículo 81 del Tratado CE a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas en el sector de los vehículos de motor, así como en las Directivas 98/69/CE y 2002/80/CE.

5.4.1

No obstante, el CESE desea llamar la atención sobre la necesidad de garantizar un acceso sin restricciones y estandarizado a la información relativa a la reparación de los vehículos, habida cuenta de que, en la práctica, los fabricantes de vehículos tienden a difundir dicha información a través de distintos tipos de documentos y medios de comunicación. Ello perjudica notablemente a los operadores postventa plurimarca e independientes, especialmente a las pequeñas empresas que predominan en el mercado comunitario de los servicios independientes de reparación. Por consiguiente, el CESE respalda la propuesta de la Comisión de incluir en el Reglamento el requisito de proporcionar información sobre la reparación de los vehículos en sitios web y en un formato estandarizado.

6.   Valoraciones y recomendaciones específicas

6.1

En el texto de la propuesta de Reglamento se hace referencia varias veces a la futura directiva xxxx/xx/CE. Dado que esta directiva modificará la Directiva marco sobre la homologación, ya se debería indicar de forma clara que se hace referencia a la Directiva marco 70/156/CEE sobre la homologación de tipo de los vehículos modificada por la Directiva xxxx/xx/CE.

6.2

El considerando 13 justifica la necesidad de un método estandarizado de medición del consumo de carburante y de que los clientes y usuarios reciban una información objetiva y precisa. De todas formas, estas condiciones ya son obligatorias (Directiva 1999/94/CE), por lo que resulta completamente superfluo volver a destacar estos aspectos.

6.3

El CESE señala que el texto del artículo 2, apartado 1, del artículo 4, apartado 1, y del artículo 5 de la propuesta de Reglamento analizada no queda claro. En concreto:

6.3.1

El artículo 2, apartado 1, especifica los vehículos de motor a los que se aplica el Reglamento. Por su parte, el artículo 4, apartado 1, y el artículo 5 parecen imponer a todos los modelos de vehículos cubiertos por el Reglamento (es decir, los enumerados en el artículo 2) la obligación de cumplir la siguiente larga lista de requisitos: emisiones del tubo de escape, emisiones en baja temperatura ambiente, emisiones de evaporación, funcionamiento de los sistemas de diagnóstico a bordo, durabilidad de los dispositivos anticontaminación, emisiones al ralentí, emisiones del cárter, emisiones de CO2 y consumo de combustible, así como opacidad de los humos.

6.3.2

Los requisitos enumerados supondrían un aumento injustificado de los ensayos que deben realizarse para la homologación de los modelos. A título de ejemplo, medir las emisiones al ralentí o las emisiones de evaporación de un vehículo diésel es completamente inútil. Habría sido más conveniente y menos ambiguo utilizar el cuadro propuesto en el gráfico I.5.2. del anexo I de la Directiva 70/220/CEE (13).

6.4

Además, el CESE señala la escasa claridad de la definición del ámbito de aplicación respecto de los vehículos de categoría M (vehículos de transporte de pasajeros) con motores de encendido por chispa, excepto los motores de gas natural y de gas licuado de petróleo. En efecto, el texto del Reglamento (artículos 4 y 5) parece ampliar el conjunto de los requisitos a los vehículos de categoría M2 y M3, mientras que antes los vehículos de categoría M de masa superior a 3,5 toneladas (que, por lo demás, son muy raros en Europa) debían cumplir únicamente los requisitos de las emisiones al ralentí y del cárter.

6.5

El artículo 4, apartado 3, destaca la obligación del fabricante de facilitar al comprador los datos técnicos sobre las emisiones y el consumo del vehículo. Dado que esta obligación ya se establece en la Directiva 1999/94/CE, modificada por la Directiva 2003/77/CE, este apartado es superfluo.

6.6

El artículo 10 trata de la homologación de los componentes de recambio no originales. En concreto, se prohíbe la venta y la instalación de convertidores catalíticos de recambio si no son de un tipo homologado con arreglo al Reglamento analizado. No queda claro si la Comisión quiere restringir la utilización de estos convertidores catalíticos a los vehículos matriculados antes de 1992 (en consecuencia, a los vehículos pre-DAB) y excluir a los vehículos más recientes. Además, la necesidad de homologación debería aplicarse a otros posibles componentes no originales del sistema de control de las emisiones, como los filtros de partículas.

6.7

El artículo 11, apartado 2, permite a los Estados miembros introducir incentivos financieros para instalar sistemas de montaje retroactivo (retrofit  (14)) que adecuen las emisiones del tubo de escape de los vehículos en circulación a los límites fijados en el Reglamento. No obstante, la Comisión no precisa qué procedimientos permiten demostrar la conformidad de estos sistemas ni especifica si estos procedimientos ya están disponibles.

6.8

El artículo 17 recoge una lista de directivas (15) que quedarán derogadas dieciocho meses después de la fecha de entrada en vigor del Reglamento. A este respecto, cabe señalar lo siguiente:

si la intención de la Comisión era incluir todas las directivas que modifican la Directiva 70/220/CEE sobre las emisiones de los vehículos de motor y la Directiva 80/1268/CEE sobre el consumo de combustible de los vehículos de motor, la lista es incompleta (por ejemplo, la Directiva 70/220/CEE fue objeto de dieciocho modificaciones, pero sólo se mencionan seis). Por lo tanto, un enfoque más simple consistiría en recurrir a una expresión del siguiente tipo: «La Directiva 70220/CEE, cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/76/CE, y la Directiva 80/1268/CEE, cuya última modificación la constituye la Directiva 2004/3/CE, quedan derogadas con efectos a partir de…»

6.8.1

La derogación de las Directivas mencionadas sobre las emisiones de los vehículos de motor y el consumo de combustible dieciocho meses después de la fecha de entrada en vigor del propio Reglamento plantea graves problemas.

6.8.2

Esta fecha coincidiría con la de entrada en vigor de los requisitos para la homologación, aunque sólo para los nuevos modelos de categoría M1 que comercialice un fabricante. De hecho, los modelos M1 homologados antes de esa fecha pueden matricularse durante un período adicional de dieciocho meses, sin que sea necesaria una nueva homologación. Condiciones similares se aplican a los vehículos de categoría N1 de las clases II y III: los nuevos modelos se benefician de un período adicional de doce meses para ser homologados, mientras que los vehículos previamente homologados y que deben matricularse disponen de un período suplementario de 30 meses.

6.8.3

El problema consiste en entender cómo se puede emitir un certificado de conformidad necesario para la matriculación cuando este certificado sólo puede hacer referencia a una directiva derogada.

Bruselas, 13 de septiembre de 2006.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Los vehículos de categoría N son los que tienen como mínimo cuatro ruedas y se destinan al transporte de mercancías. Se subdividen en tres clases, N1, N2 y N3, en función de la masa máxima: N1 < 3 500 kg; N2 < 12 000 kg; N3> 12 000 kg. A su vez, la clase N1 se subdivide en tres subclases denominadas NI, NII y NIII que se determinan siempre en función de la masa.

(2)  Los vehículos de categoría M son los que tienen como mínimo cuatro ruedas y se destinan al transporte de pasajeros. Se subdividen en tres clases (M1, M2, M3) en función del número de plazas y de la masa máxima: M1 < 9 plazas; M2 > 9 plazas y < 5 000 kg; M3 > 9 plazas y > 5 000 kg.

(3)  DO L 350 de 28.12.98, Directiva 1998/69/CE.

(4)  OASIS, Organization for the Advancement of Structured Information Standards.

(5)  CAFE, Clean Air for Europe. Se trata de un programa que se inició mediante la Comunicación COM(2001) 245 y que tiene por objeto desarrollar una estrategia de análisis para evaluar las directivas relativas a la calidad del aire y la eficacia de los programas aplicados en los Estados miembros, un control permanente de la calidad del aire y la divulgación de la información al público, el examen y la actualización de los límites de emisión, así como el desarrollo de nuevos sistemas de recogida de información y modelización.

(6)  CARS 21, Competitive Automotive Regulatory System for the 21st Century. Se trata de un grupo de expertos constituido por representantes de la Comisión, Parlamento Europeo, Estados miembros, industria, sindicatos, ONG y consumidores. Su función es formular recomendaciones para mejorar la competitividad de la industria europea del automóvil, teniendo en cuenta los aspectos sociales y medioambientales correspondientes.

(7)  Con motivo de la reunión del Grupo sobre emisiones de los vehículos de motor (Motor Vehicle Emisiones Group) (diciembre de 2005), la DG Empresa distribuyó el documento elaborado por el grupo de expertos independientes en el que se exponen los resultados del análisis efectuado sobre la relación tecnologías-costes correspondientes a los vehículos que cumplen la norma Euro 5.

(8)  SEC(2005) 1745, Evaluación de impacto de la propuesta de Reglamento analizada; punto 6.2: Scenarios of the Regulatory Approach, Table 1Scenario G, p. 17.

(9)  SEC(2005) 43, Commission Staff Working Paper, Fiscal incentives for motor vehicles in advance of Euro 5.

(10)  COM(2005) 446 final.

(11)  Información disponible en el sito web del International Institute for Applied Systems Analysis (IISA).

(12)  COM(2001) 547 final, en que se fija el objetivo de sustituir los combustibles tradicionales por gas natural en un 5 % para 2015 y en un 10 % para 2020.

(13)  En el cuadro se determinan los ensayos que deben efectuarse en función del tipo de vehículo.

(14)  Con el término retrofit se hace referencia a un dispositivo que debe instalarse en un vehículo ya en uso con el fin de reducir más las emisiones.

(15)  Directivas 70/220/CEE, 80/1268/CEE, 89/458/CEE, 91/441/CEE, 93/59/CEE, 94/12/CE, 96/69/CE y 2004/3/CE.


23.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 318/67


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «Turismo social en Europa»

(2006/C 318/12)

El 19 de enero de 2006, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 del Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen sobre «Turismo social en Europa».

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 26 de julio de 2006 (ponente: Sr. MENDOZA CASTRO).

En su 429o Pleno de los días 13 y 14 de septiembre de 2006 (sesión del 14 de septiembre), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 138 votos a favor, 2 en contra y 4 abstenciones el presente Dictamen.

A.   PARTE PRIMERA: ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL

1.   Introducción

1.1

El Comité Económico y Social Europeo, en el marco de los diversos dictámenes que viene elaborando como aportación al diseño de una política turística en el ámbito europeo, ha querido elaborar un dictamen sobre el llamado turismo social, analizando sus orígenes, su presencia y realidad actual en Europa, las diferentes experiencias de los diversos Estados miembros y los valores comprometidos en él, y, de forma especial, quiere presentar recomendaciones a las diversas instituciones públicas o privadas para la mayor efectividad, universalización y mejora del turismo social europeo. El presente Dictamen es además, una aportación al actual debate de la política turística europea a través del estudio del turismo social como elemento integrante del modelo turístico europeo.

1.2

El turismo en Europa: situación actual y retos de futuro. En diversos estudios, informes y dictámenes se ha planteado, por una parte, la situación actual del turismo desde muy diversos puntos de vista: económicos, sociales y medioambientales; su elevada importancia en la actividad económica de Europa, en general, y de diversos países, en particular; su evolución positiva como contribución a la riqueza y el empleo de Europa, rasgos todos ellos que configuran una situación de gran potencia, estabilidad y crecimiento. Por otra parte, se han tenido en cuenta las diversas realidades y amenazas internas y externas a corto, medio y largo plazo que el turismo lleva en su seno con referencia a la estacionalidad, a la utilización, a veces abusiva, de los recursos naturales, a la escasa valoración del patrimonio cultural y del entorno local y a la preocupación por el terrorismo que condiciona la seguridad de las poblaciones y de los turistas. Ambas realidades obligan a considerar que el turismo presenta unos retos de gran importancia si queremos que esa actividad siga la senda del desarrollo sostenible. Sólo a título enunciativo cabe decir que entre esos retos figuran la accesibilidad efectiva para todos los ciudadanos al turismo, su contribución efectiva al desarrollo de numerosos países del mundo no desarrollado, la sostenibilidad medioambiental, el respeto al Código Ético Mundial para el Turismo, la estabilidad y calidad en el empleo y contribución a la paz mundial. Todos esos retos y otros muchos son, para una industria estratégica para Europa como es el turismo, la necesaria contribución a una mejor calidad de vida para todos.

1.3

La política turística en la Unión Europea. El Comité Económico y Social Europeo ya aprobó el 6 de abril de 2005 un Dictamen sobre «La política turística en la Unión Europea ampliada» donde de forma más extensa se analizaba tanto la actual política turística a la luz del Tratado de la Constitución Europea como la repercusión de la ampliación presente y futura. En dicho Dictamen se valoraba positivamente el papel del turismo en las actuaciones de apoyo, coordinación y complemento del resto de las políticas de ámbito europeo. Así, por ejemplo, el turismo tiene mucho que decir respecto a la política de empleo y social, respecto a la mejora de la calidad, respecto a la investigación y desarrollo tecnológico, respecto de la protección de los consumidores, respecto a la política medioambiental y otras muy diversas políticas. Cabe citar de forma especial que en el interior de esa política de empleo y social indicada anteriormente, el presente Dictamen busca concretar y analizar cuál es la contribución del turismo social a esas políticas. El CESE, en el marco de diversos dictámenes relacionados con el turismo, está promoviendo el establecimiento de políticas europeas en torno al eje que configure un modelo turístico europeo, basado no necesariamente en normas sino en valores. Se considera que el turismo social y los valores asociados a él pueden ser elemento constitutivo importante de ese modelo y contribuir a su implantación y difusión.

1.4

El reto de la Agenda de Lisboa y el turismo social. De forma especial hay que referirse al reto que supone la Agenda de Lisboa para el turismo y específicamente para el turismo social. Si el objetivo estratégico de la Agenda es «Convertir a Europa en la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social» , tendremos que analizar si el turismo social contribuye de forma eficaz y positiva a alcanzar ese objetivo, cómo lo hace y cómo puede aún contribuir de forma más poderosa. Vaya de entrada que creemos que esa contribución realmente existe, como veremos en el desarrollo del presente Dictamen, pero que puede potenciarse y a tal efecto se propondrán medidas a los diversos agentes que intervienen en el turismo social.

1.5

Antecedentes del presente Dictamen. Son muy variados los antecedentes del presente Dictamen, tanto desde el punto de vista teórico de estudios, informes, jornadas, como del práctico de las diversas actuaciones y realidades del turismo social en Europa. Tales numerosas contribuciones han surgido de variadas Instituciones públicas y privadas, pero consideramos que en el caso del CESE merece citarse tanto el Dictamen aprobado el 29 de octubre de 2003 «Por un turismo accesible a todas las personas y socialmente sostenible», que en su punto 5.5.2 ya incluía el turismo social como una de las 100 iniciativas, y el Dictamen aprobado el 6 de abril de 2005 sobre «La política turística en la UE ampliada», que incluía el Proyecto de turismo social europeo como posible proyecto piloto de cooperación institucional europea.

2.   El concepto de turismo social

2.1

El derecho al turismo como fundamento del turismo social. Toda persona tiene derecho al descanso en sus diversas temporalidades: diario, semanal o anual, al tiempo de ocio que le permita desarrollarse plenamente en las diversas facetas de su personalidad y de su integración social. Y en definitiva todas las personas tenemos derecho a ejercer en la práctica ese derecho general al desarrollo personal. El derecho al turismo es sin duda alguna una concreción de ese derecho general y el deseo de universalizarlo y hacerlo accesible a todos en la realidad es lo que fundamenta el turismo social. Por lo tanto el turismo social no es una actividad marginal ni extraña al conjunto de la actividad general del turismo que configura una potente industria en el mundo, en Europa en su conjunto y en particular en varios países de la UE, sino que es una forma de concretar ese derecho de todos a realizar turismo, a viajar, a conocer otras regiones, países, base de la actividad turística. De forma especial cabe resaltar que este derecho viene recogido en el artículo 7 del Código Ético Mundial para el Turismo aprobado en la Organización Mundial del Turismo (OMT) en Santiago de Chile el 1 de octubre de 1999 y adoptado como propio por Naciones Unidas en fecha 21 de diciembre de 2001.

2.2

Definición del turismo social. Dada la variedad de concepciones de lo que es o se considera turismo social, no es fácil definir con exactitud el concepto de turismo social, por lo que las diversas instituciones que han abordado el tema emplean fórmulas bien diferentes como: identificación de contenido, de resultados esperados, de conjunto de intenciones, ideas y convicciones, pero se basan siempre en una realidad: todas las personas, incluso las menos favorecidas, precisan y tienen derecho a conseguir descanso, ocio y a tiempo reparador del trabajo con periodificación diaria, semanal y anual. Así, para el BITS, el turismo social es «El conjunto de referencias y fenómenos resultantes de la participación en el Turismo de capas sociales de ingresos modestos, participación que se ha hecho posible por medidas de un carácter social bien definido». En la actualidad, el BITS está revisando esta definición, ampliándola a actividades de turismo bajo las condiciones de contribución al desarrollo y la solidaridad.

2.2.1

Para la Comisión Europea (1) «El turismo social está organizado en algunos países por asociaciones, cooperativas y sindicatos y está destinado a hacer el viaje efectivamente accesible al mayor númerode personas y de forma especial a las capas más desfavorecidas de la población». Esta definición ya lejana en el tiempo está en revisión tras las reuniones técnicas mantenidas en los últimos años. No creemos que ninguno de los dos intentos de definición sea suficientemente preciso, pero como sucede frecuentemente en el ámbito de las ciencias sociales no es tan importante su exacta definición como la identificación de sus manifestaciones concretas.

2.2.2

Por ello, y sin ánimo de definir exactamente qué es turismo social y si partimos de la premisa que el turismo es derecho genérico que cabe tratar de concretar en cada persona, podemos decir que existe una actividad de turismo social siempre que se den tres condiciones:

Que se detecte una situación real de incapacidad total o parcial de ejercer plenamente el derecho al turismo. Ello puede provenir tanto de condiciones económicas, de discapacidades físicas o mentales, de condiciones de aislamiento personal o familiar, de movilidad reducida, de dificultades geográficas y de una gran variedad de causas que en definitiva suponen un obstáculo real.

Que alguien, ya sea institución pública o privada, empresa, sindicato o simplemente un grupo organizado de personas, se proponga actuar y actúe en el sentido de vencer o reducir ese obstáculo que impide a una persona ejercer su derecho al turismo.

Que esa actuación tenga efectividad real y contribuya a que un grupo de personas haga turismo en las condiciones y bajo los valores de sostenibilidad, accesibilidad y solidaridad.

2.2.3

En definitiva, de igual manera que el turismo en general es una actividad integrada por diversos sectores, ramas de actividad y ámbitos de desarrollo, el turismo social suma el conjunto de iniciativas que hacen accesible el turismo a las personas con especiales dificultades, al mismo tiempo que de ello se derivan efectos positivos de carácter social y económico, también en diversos sectores, actividades, colectivos y ámbitos.

2.3

Historia del turismo social

No es clara la aparición de las actividades de turismo social tal y como las entendemos hoy; tal vez el origen pueda establecerse en las organizaciones especializadas para la realización de vacaciones basadas en el ejercicio físico en la montaña que aparecieron a principios del siglo XX, así como las colonias de vacaciones destinadas a niños de familias desfavorecidas que se desarrollaron en Suiza y Francia.

El comienzo de la intervención de los poderes públicos en las primeras formas de turismo social se puede fijar en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, intervención ligada a los movimientos obreros, en que algunos países europeos (Francia, Italia, Portugal y España) organizan actividades de turismo social, frente a otros (Reino Unido, Países Bajos) que sencillamente se distinguen por una actitud no intervencionista en ese tema.

Es a partir de los años 50 y 60 cuando se desarrollan amplios esfuerzos por promover el turismo social y surgen diversas organizaciones, con voluntad asociativa, coordinadora y organizadora, entre ellas el Bureau International du Tourisme Social (BITS) con sede en Bruselas, que ha marcado una actividad promotora y representativa de gran amplitud hasta nuestros días.

2.4

Fundamentos del turismo social. El turismo social se fundamenta, según indica el BITS, en cinco criterios de valor:

2.4.1

El derecho al disfrute turístico para la mayor cantidad de personas. Es posiblemente la voluntad de hacer realidad este derecho lo que justifica y fundamenta de forma más potente las muy diversas acciones del turismo social. Evidentemente la base social que en nuestros días disfruta de un período de vacaciones ha crecido de forma muy importante a través de la socialización del fenómeno turístico, pero aún quedan numerosos colectivos que por muy diversos motivos no pueden acceder a unas vacaciones. Posiblemente la carencia de recursos económicos suficientes sea la causa más común que impide la universalización efectiva de ese derecho. La duda surge ante la posibilidad y la exigencia de que los poderes públicos garanticen con fondos públicos ese derecho a hacer turismo, a salir de vacaciones. La realidad de respuesta de los diversos países es bien diversa, unos más comprometidos por criterios sociales, otros menos beligerantes ante una realidad que impide a todos realizar vacaciones. Importante es resaltar que en modo alguno puede o debe identificarse el turismo social con turismo de inferior calidad o categoría; al contrario, las actividades de turismo social deben caracterizarse por un exquisito cuidado de la calidad total, tanto en instalaciones como en servicio del personal.

2.4.2

La contribución del turismo social a la socialización. El turismo es un potente instrumento de socialización, de ponernos en contacto con otras realidades culturales, geográficas y costumbristas, pero sobre todo pone en contacto a las personas de una forma que sin viajes, sin vacaciones, sin turismo, sería imposible que se encontraran, dialogaran y se reconocieran como iguales en lo esencial pero distintos en lo cultural. Ese intercambio cultural, ese disfrute del tiempo de ocio es un importante medio de desarrollo personal tanto para los turistas como para los que los reciben en su entorno local. De forma particular ese intercambio cultural que produce el turismo es de especial valor para los jóvenes, tanto para su formación intelectual como para obtener una visión más rica del mundo. En el caso de la Unión Europea, el turismo social puede ser una muy buena contribución a la creación de la Europa de los Ciudadanos. Es importante resaltar que es general la opinión de que los circuitos de turismo social no deben diferenciarse de los generales del turismo, sino que deben servir para la integración social. Son los diversos colectivos de turismo social los que deben encontrar en los circuitos turísticos generales las condiciones idóneas para su disfrute, y no al revés. Evidentemente ello supone no sólo un esfuerzo en las condiciones materiales sino también en el tipo de servicio y por lo tanto en la formación especializada que los profesionales del sector deben recibir.

2.4.3

La creación de estructuras de turismo sostenible en el territorio. La realidad de las infraestructuras de los territorios y destinos turísticos no siempre puede calificarse de sostenible, más bien parece que el desarrollo turístico se ha realizado muy frecuentemente bajo criterios de beneficio a corto plazo, de utilización abusiva de los recursos naturales, de la ocupación de los mejores territorios y entre ellos de forma especial las costas y las altas montañas. El turismo social, con su visión más centrada en las condiciones sociales que en las económicas, puede contribuir a la construcción o recuperación de los destinos turísticos bajo criterios de sostenibilidad económica, social y medioambiental. La forma en que se gestione el turismo social en sus diversas manifestaciones es la piedra angular de su mejor contribución a hacer los territorios y destinos turísticos más sostenibles. Si la sostenibilidad es fundamentalmente equilibrio entre diversas facetas de la actividad humana, el turismo social es un claro instrumento de actividad de desarrollo sostenible para muy diversos países actualmente subdesarrollados que ven en el turismo una fuente de actividad económica que les puede sacar de la pobreza.

2.4.4

La contribución al empleo y al desarrollo económico. El turismo en su conjunto posiblemente sea hoy y lo será en el futuro la industria más potente a nivel mundial, una de las que más contribuye al empleo, al desarrollo, a la riqueza y calidad de vida de los habitantes de los destinos. El turismo social participa plenamente de esa importancia económica pero aún no ha tomado suficiente conciencia de su propia fuerza, de su relevancia económica, en definitiva de su poder para imponer condiciones de sostenibilidad en la elección de los destinos. Las empresas y organismos gestores de turismo social deben considerar criterios no exclusivamente económicos en el desarrollo de sus actividades. Uno de los criterios a emplear es el de la creación de empleo, empleo estable y de calidad, pieza clave para un desarrollo sostenible de un destino turístico. De forma especial la mayor o menor contribución del turismo social a la lucha contra la estacionalidad es un criterio básico de actuación ligado al objetivo de la calidad y estabilidad del empleo. Criterio básico que debe insertarse como parte integrante del Modelo de Turismo Europeo. El partenariado público-privado en la gestión del turismo social puede ser un buen instrumento e indicador del cumplimiento de ese criterio.

2.4.5

La contribución del turismo social al desarrollo mundial. Ya se ha citado anteriormente que el turismo y en especial el turismo social puede significar para muchos pueblos una puerta a la salida del subdesarrollo o a una situación decrisis industrial y abandono de actividad minera, industrial o agraria. Hay una total coincidencia de criterios entre las condiciones en que debe desarrollarse el turismo social y las condiciones para que un territorio y sus habitantes encuentren en la actividad turística el motor de su desarrollo. En la medida en que los pueblos puedan obtener su sustento de la actividad turística, se estará afianzando la economía local y el arraigo social. Tal y como han recomendado numerosos organismos internacionales, la actividad turística es un buen antídoto contra las guerras y sus desastres de todo tipo. El turismo significa acogida, intercambio, valoración de lo local, amistad y comunicación entre las personas frente a la guerra que significa agresión, invasión, destrucción de la naturaleza. Si sólo se ama lo que se conoce, el turismo es instrumento de acercamiento, de conocimiento de los pueblos y por lo tanto instrumento de paz, concordia y desarrollo. Por su parte el turismo social puede y debe reafirmarse y actuar en favor de la construcción en todo el mundo de condiciones de igualdad, justicia, democracia y bienestar que hagan posible el desarrollo solidario de todos los pueblos del mundo.

2.5

Principios y condiciones del turismo social y su gestión. Es importante analizar los elementos y criterios que conforman las actividades del turismo social y su forma de gestión y ello para poder diferenciar qué se puede conceptualizar como tal y qué no merece el apelativo de social. Siguiendo la referencia del BITS podemos indicar algunos de estos criterios que cualifican el concepto general del turismo.

Tener como finalidad fundacional básica la de ampliar la accesibilidad a la actividad turística a todos los colectivos con alguna dificultad para hacer turismo o a alguno de ellos.

Estar abierto a muy diversos colectivos y ámbitos de usuarios. Igualmente estar abierto a diversas fórmulas de gestión y a diversos agentes activos en el turismo social.

Definir correctamente los colectivos a los que se dirigen las actividades: clases sociales, diferentes tramos de edad, personas con discapacidad y siempre bajo el criterio de no discriminación por razón de raza, cultura o situación social.

Integrar actuaciones y objetivos de carácter humanista, pedagógico, cultural y en general de desarrollo personal.

Ser transparente en el régimen económico de la actividad donde el beneficio se reduce al necesario para el cumplimiento de los objetivos sociales.

Integrar en el producto turístico un valor añadido no monetario.

Manifestar una clara voluntad de integración de la actividad turística en el entorno del destino, en forma sostenible.

Realizar una gestión del personal valorizadora, integradora, basada en la calidad del empleo de los propios empleados de las organizaciones dedicadas al turismo social.

Estos y otros criterios similares pueden servir de guía de actuación para los gestores del turismo social y para la identificación de esa actividad.

2.6

La rentabilidad de las empresas y el turismo social. El turismo social debe ser y es una actividad económica, cierto que no sólo económica, pero como tal actividad debe regirse por los principios básicos de rentabilidad de las inversiones, de beneficio necesario para seguir y conseguir sus objetivos fundacionales. Sólo las empresas competitivas y rentables en sentido amplio pueden actuar con calidad, con seguridad y con garantías para los consumidores. La variada realidad del turismo social hoy indica que las empresas y organizaciones que se dedican a esa actividad la ejercen con rentabilidad ya que tienen su estructura consolidada, un mercado adecuado y unos precios acordes a ese mercado. De forma especial cabe citar la creación de empleo que las organizaciones de turismo social inducen, tanto durante todo el año como durante períodos de baja ocupación, paliando así el desempleo de los trabajadores afectados.

2.7

La rentabilidad social del turismo. Pero si el turismo social es una actividad económica, también es una clara actividad social, con beneficios en ese ámbito. El usuario obtiene beneficios en sus vacaciones, los trabajadores del turismo obtienen beneficios en su empleo, la sociedad en su conjunto obtiene beneficios sociales. En el caso de Europa, el turismo social está, y seguro podrá ampliarse su influencia, en la construcción de la Europa de los Ciudadanos. Los viajes del mayor número posible de ciudadanos en el interior de Europa sin duda significarán mayor conocimiento, mayor comprensión, mayor tolerancia.

2.8

Diversas concepciones y visiones del turismo social en Europa. Son diversas las concepciones de lo que se entiende hoy por turismo social en los diversos Estados de la Unión que desarrollan programas de turismo social, pero podemos considerar que son tres los elementos comunes:

la capacidad real de tener un tiempo libre para hacer vacaciones,

la capacidad monetaria de poder desplazarse y viajar,

que exista un cauce, estructura o instrumento que haga accesibles esos derechos en la práctica.

2.8.1

Así son concebidos como turismo social el conjunto de los viajes y actividades organizados por sindicatos, el familiar, el de inspiración religiosa, el organizado por empresas para sus trabajadores, el organizado por Instituciones públicas, el de personas con discapacidad, el de jóvenes o mayores y otras varias realidades.

2.9

Los organismos de turismo social. Son también varios los organismos que intervienen en la realidad y gestión del turismo social en toda Europa. Se distinguen:

Federaciones o consorcios nacionales,

Establecimientos públicos: enfocados al turismo social o sólo con actividad de turismo social,

Asociaciones: de turismo social, deportiva, cultural,

Organismos de cooperación,

Sindicatos,

Organismos de gestión mixta o paritaria.

3.   Los agentes que intervienen en el turismo social y sus roles

3.1

Las Instituciones europeas. Las diversas Instituciones europeas están mostrando un interés creciente por la actividad del turismo social como demuestran los diversos estudios, dictámenes, informes, conferencias, que tanto el Parlamento como la Comisión y el CESE están realizando, promoviendo o coordinando. Fundamentalmente su actividad está centrada en la obtención, catalogación y difusión del amplio abanico de experiencias presentes en los diversos países europeos. De forma especial la Comisión está ejerciendo un papel de promotor de nuevas experiencias a nivel de cada país y de puesta en contacto a los responsables de los países con voluntad de cooperar en experiencias transnacionales. No parece que la Comisión asuma en la actualidad el posible rol de coordinar de forma global experiencias de turismo social a nivel de toda la Unión. Merece especial valoración la encuesta realizada recientemente por la Unidad de Turismo de la Dirección General Empresa respecto a la participación de los ciudadanos de los países en la actividad de vacaciones y los motivos que fundamentan la no participación de alrededor del 40 % de los ciudadanos europeos en actividades turísticas. No parece fuera de lugar que la Comisión pudiera asumir en el futuro el rol de coordinador e integrador de una plataforma de turismo social a nivel Europeo. Parece que ese rol no debiera significar necesariamente aportaciones financieras de las Instituciones europeas para el desarrollo de dicha plataforma común y de transnacionalidad.

3.2

Los gobiernos de los Estados miembros. Tal y como se ha indicado anteriormente, la presencia de los gobiernos de los Estados de la Unión Europea en las actividades de turismo social es muy variada, dependiendo su grado de implicación de razones históricas, ideológicas y de configuración social. En algunos países, el Gobierno, tanto del Estado, de las regiones o de las administraciones locales, toman a su cargo ayudas financieras importantes. Con frecuencia esas ayudas están segmentadas a diversos colectivos: jóvenes, seniors, personas con discapacidad, personas desfavorecidas, etc. En la actualidad se están dando pasos por parte de los Gobiernos para traspasar los límites nacionales de sus programas de turismo social bajo formas de intercambio transnacional.

3.3

Los empresarios. Es importante considerar que existen experiencias, como el Cheque Vacaciones, en que los empresarios contribuyen económicamente a facilitar las vacaciones de sus empleados. Por otra, hay que tener en cuenta que, tal y como se ha dicho, el turismo social es una actividad económica de gran relevancia y potencia y como tal atrae a empresarios del sector turístico que ven en esa realidad un incremento de su actividad de prestación de servicios o de intermediación. Merece citarse el caso de la empresa Mundo Senior en España que reúne a varias grandes empresas turísticas unidas en su origen para gestionar el programa de turismo social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y que en la actualidad ha ampliado su objeto social y su actividad ofreciendo productos de turismo especializados para personas mayores. Es evidente que la condición de competitividad no está enfrentada al carácter social de la actividad. Parece claro que en el futuro se pueden y deben producir experiencias de partenariado público-privado para desarrollar programas rentables de turismo social tanto a nivel interno de los países de la Unión como entre diferentes países.

3.4

Los trabajadores. Las organizaciones de defensa de los trabajadores, los sindicatos, han tenido desde el origen del turismo social una muy importante presencia en la actividad turística, como forma de obtener beneficios para sus afiliados. Esa presencia se manifiesta tanto con el soporte de infraestructuras materiales, ciudades de vacaciones, residencias, etc. como de simple servicio especializado. Las experiencias en los diversos países son diferentes, unas más comprometidas que otras, pero en casi todos los países está presente la actividad de turismo social de origen sindical. Especial mención merecen las organizaciones sindicales de los países recién incorporados a la Unión, que buscan un modelo válido de turismo social y relaciones con experiencias más consolidadas. Merece también citarse en este punto el interesante estudio realizado por el BITS en mayo de 2005 acerca de las actividades de los diversos sindicatos en materia turística para los trabajadores donde se repasa una por una las actividades actualmente existentes en los actuales 25 países de Europa. Es sin duda un buen instrumento de conocimiento y análisis de la realidad en este tema.

3.5

Las asociaciones especializadas. Entre ellas merece citarse el caso de las cooperativas de consumo que disponen en algunos países (Italia y Reino Unido) de amplias redes de agencias para canalizar el turismo social. Merecen citarse las organizaciones juveniles y las medioambientales que actúan en ese ámbito. En este apartado merecen también citarse los organismos de carácter asociativo de las propias organizaciones dedicadas al turismo social. Tal es el caso del BITS, que realiza una tarea de vital importancia de soporte, coordinación e impulso.

3.6

Los colectivos implicados directa e indirectamente como sujetos del turismo social. Es evidente que los usuarios son los auténticos protagonistas de los diversos programas y actividades de turismo social. Son ellos quienes se benefician, en primer lugar, de unas ventajas económicas que les permiten disfrutar de su tiempo de ocio, de unas vacaciones practicando aquellas actividades deportivas, culturales que les agradan. En segundo lugar son ellos quienes se benefician de un turismo respetuoso con los recursos territoriales, patrimoniales y medioambientales y de la relación entre los propios usuarios y con los habitantes de los puntos de destino, actividades todas ellas que sirven para conseguir mutuo conocimiento, descanso y equilibrio personal. También las comunidades locales receptoras de turismo social se benefician en forma de empleo, actividad económica y desarrollo.

4.   La realidad del turismo social en Europa hoy

4.1

En el marco teórico, normativo y programático. No es muy abundante el marco teórico, normativo y programático del turismo social en la Europa de hoy, sí en cambio son relativamente abundantes los estudios e investigaciones que tratan de inventariar y analizar de forma comparativa las diversas realidades de turismo social existentes en Europa. Algunas de ellas se relacionan en el apartado D del presente Dictamen como referencias documentales y técnicas.

4.2

Diversas experiencias prácticas en Europa. Tal y como se ha indicado anteriormente, durante el transcurso del estudio por el grupo de trabajo, durante la Audición celebrada en la Ciudad de Barcelona los días 4 y 5 de mayo de 2006 y por medio de las experiencias expresadas en la Conferencia organizada por el BITS y la Comisión «Turismo para todos», se han podido detectar y conocer numerosas experiencias prácticas en Europa que se pueden calificar de claramente exitosas. No corresponde a este Dictamen el estudio pormenorizado de dichas experiencias, pero sí se cree oportuno citar algunas de las más significativas que sin duda contribuirán a valorar de forma muy positiva el turismo social y podrán orientar esfuerzos de otros agentes de turismo social o de aquellos estados o ámbitos territoriales que por diversos motivos no tengan programas en ese ámbito.

4.2.1

La Agencia Nacional de Cheques Vacaciones (ANCV), que en Francia despliega un muy importante volumen de actividad económica estimada para el año 2005 en unos 1 000 millones de euros. Se articula a través de un establecimiento público de carácter industrial y comercial, creado en 1982 y que, tras más de 23 años de actividad, sigue siendo un instrumento útil de políticas sociales para el turismo.

4.2.1.1

Sus objetivos se articulan en tres ejes:

Favorecer la salida real de vacaciones al mayor número posible de personas y de forma especial las personas de menores ingresos;

Ofrecer libertad de utilización por medio de una amplia red de profesionales del turismo, capaz de responder con calidad a todas las demandas;

Colaborar en el desarrollo turístico, participando en un mejor reparto territorial de la actividad turística.

4.2.1.2

Merece citar que el Cheque Vacaciones es percibido anualmente por unos 2,5 millones de personas y que beneficia a unos 7 millones de viajeros. Son más de 21 000 los organismos prescriptores y que participan en su financiación, y unos 135 000 profesionales del turismo y del ocio están implicados en su prestación.

4.2.1.3

El programa permite además favorecer la salida de vacaciones de colectivos especialmente desfavorecidos, colectivos de personas con discapacidad, jóvenes etc. mediante bolsas de viaje por valor de unos 4,5 millones de euros. Importante es también la actividad inversora de la Agencia en la modernización de las instalaciones de turismo social.

4.2.1.4

En conjunto parece que el programa tiene asegurada su continuidad y rentabilidad; sin duda los estudios económicos revalidan que la recuperación financiera a través del impacto en la actividad económica es real.

4.2.1.5

Los objetivos de la Agencia para los próximos años son seguir la extensión y difusión entre los usuarios y entre los profesionales del turismo. Tal vez entre estos objetivos se podría insertar el carácter transnacional del programa mediante conciertos con otros países de Europa; sin duda que los beneficios serían mutuos, ejemplarizantes y de gran calado económico y social.

4.2.2

El programa de turismo social del IMSERSO en España, que responde a objetivos similares pero con una formulación e instrumentalización diferentes. En este caso son más de 1 millón de personas las que anualmente se benefician de viajes organizados, en grupos, en temporada turística baja y con especial destinatarios en las personas maduras o seniors. El estado español invierte anualmente en el programa unos 75 millones de euros pero a través de diversos mecanismos impositivos (IVA, IAE, beneficios de empresas y renta de personas físicas), a través de los mayores ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social y a través de ahorro en prestaciones de desempleo, ingresa y obtiene unos 125 millones de euros, con gran rentabilidad económica.

4.2.2.1

Está clara la rentabilidad social y económica del programa ya que si bien por una parte ha permitido a amplias capas de la población senior viajar por primera vez, conocer otras ciudades y realidades, ampliar relaciones sociales en igualdad, mejorar estado físico, todo ello bajo parámetros razonables de calidad y aceptación de los usuarios, por otra se produce un efecto de recuperación en una relación de 1,7 euros por cada 1 euro invertido en el programa.

4.2.2.2

Merece citarse el efecto que sobre el empleo ejerce este programa, evaluado en unos 10 000 trabajadores directos que no deben pasar al desempleo en la temporada baja ya que los hoteles y otros establecimientos y negocios están abiertos.

4.2.2.3

El programa está en constante crecimiento y evolución, buscando nuevas fórmulas de turismo social con mayor valor cultural, de salud y social asociados, caso de las estancias en balnearios, de indudable éxito, o caso de los circuitos y acontecimientos culturales.

4.2.2.4

Al igual que el caso de Francia, las posibilidades de crecimiento del programa son muy amplias, no sólo en el interior del país sino a través de la transnacionalidad del programa. En la actualidad el IMSERSO español ya convenía con su homólogo portugués para intercambio de turistas y estudia hacerlo con Francia lo que puede ser un modelo exportable de gran valor para el resto de Europa.

4.2.3

Otras experiencias: Además de estos dos importantes programas de turismo social en Europa existen otros buenos ejemplos, tal vez más limitados, más segmentados a unos usuarios mejor definidos pero no por ello son menos valiosos. Tal es el caso del ejemplo, analizado en la Audición de Barcelona, de la Plataforma Representativa Estatal de Discapacitados Físicos (PREDIF) que se centra en un colectivo bien concreto pero que gestiona de forma relevante un programa de vacaciones para ese colectivo.

4.2.3.1

Bajo otro enfoque muy interesante merece citarse la experiencia compartida de tres organizaciones, una del Reino Unido, Family Holiday Association, otra de Bélgica, Toerisme Vlaanderen, y otra de Francia, Vacances Ouvertes, que se coordinan para facilitar el «Turismo para Todos» en los tres países.

4.2.3.2

En diversos países europeos existen también actividades de turismo social; tal es el caso, entre otros, de Portugal, Polonia, Hungría, con un papel importante de los sindicatos, o en Italia el Programa promovido por las cooperativas de consumo. En definitiva se puede afirmar que la variedad de experiencias, la cantidad de usuarios y la diversidad se está consolidando y ampliando en todos los países de Europa.

4.2.3.3

De forma similar debe constatarse que algunas regiones y municipios están desarrollando, de una forma u otra, experiencias de turismo social como es el caso de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares con su Plan OCI 60.

4.2.3.4

Así mismo, en el ámbito regional, el Gobierno de Andalucía (España) desarrolla el programa de Residencias de Tiempo Libre y, también como iniciativa andaluza, el programa «Conoce tu Costa», referente de cooperación entre la Administración regional y ayuntamientos para favorecer el turismo de personas mayores dentro de la Comunidad Autónoma.

4.2.3.5

Merece citarse asimismo la presencia del turismo social en el portal turístico de la Unión Europea, www.visiteurope.com que está previsto sea lugar de consulta de toda la actividad turística europea, y entre ella la del turismo social.

4.3

Valoración global del turismo social. Los valores que incorpora el turismo social y que aporta a la sociedad de Europa son muy numerosos; podemos citar algunos:

Satisfacción de los usuarios, no sólo por la actividad directa de vacaciones en sí misma sino por la forma «especial» en que se desarrolla esa actividad de ocio.

La dimensión y los valores humanos de la actividad.

Mejora del equilibrio y desarrollo personal de usuarios y comunidad receptora.

Rentabilidad y beneficios económicos en la industria turística, en especial por el alargamiento de la temporada alta.

Beneficios sobre la creación de empleo, estable y de calidad durante todo el año.

Mantenimiento de condiciones de sostenibilidad en los destinos receptores.

Valoración del entorno local, de sus recursos naturales, sociales, culturales y patrimoniales.

Potenciación del conocimiento e intercambio entre los diversos países de la Unión.

4.3.1

Todo ese conjunto de valores, junto con las realidades exitosas de turismo social existentes, junto con las perspectivas de crecimiento de la actividad y junto con la investigación e implantación de nuevos productos, hacen que la valoración global del turismo social en Europa sea altamente positiva desde todos los puntos de vista.

4.3.2

Tal valoración positiva en todos los aspectos y desde todos los ángulos es lo que nos permite calificar coloquialmente de «milagro» la actividad de turismo social: Todos los agentes y usuarios obtienen todo tipo de beneficios: económicos, sociales, de salud, de empleo, de ciudadanía europea… nadie puede sentirse perjudicado por esta actividad… en definitiva es difícil encontrar una actividad humana y económica que obtenga reconocimiento y respaldos tan unánimes.

4.3.3

No es difícil bajo esa perspectiva que el presente Dictamen recomiende vivamente propuestas y fórmulas que permitan por una parte consolidar y mejorar los programas existentes, y por otra ampliar sus beneficiosos efectos a más amplias capas de la población.

B.   PARTE SEGUNDA: PROPUESTAS

5.   Hacia una Plataforma Europea de turismo social

5.1

Condicionantes previos. Se ha podido constatar en los puntos precedentes que con independencia de cómo se defina el turismo social, de cómo se financie, y de cómo se gestione, es una realidad económica y social potente, rentable y estable, que cumple sus objetivos con un alto nivel de satisfacción por parte de los usuarios, que contribuye al empleo, a la desestacionalización de la actividad turística, en definitiva que es una actividad de gran valor en todo el mundo y de forma especial en nuestra Europa. Se trata pues de ver cómo se puede ampliar y generalizar el beneficioso efecto que el turismo social tiene en la actualidad sobre las personas, sobre las empresas y sobre toda la sociedad.

5.1.1

No es fácil conceptualizar bajo un solo nombre una actividad de ámbito europeo de turismo social; se puede hablar de plataforma, de proyecto, de programa, de iniciativa… y aunque esos conceptos no signifiquen necesariamente lo mismo, todos ellos hacen alusión a una actividad organizada, con unos objetivos claros, de ámbito supranacional europeo. En este Dictamen y dado su carácter de propuesta general, se emplean esos nombres de forma indiferente, a la espera de lo que la realidad de esa plataforma futura marque como idóneo.

5.1.2

Por otra parte se puede constatar que la realidad del turismo a nivel europeo presenta diversas deficiencias actuales y amenazas a medio plazo:

Profunda y grave situación creciente de estacionalidad en la industria turística, tanto en el norte de Europa como en el centro y en el litoral mediterráneo: zonas desiertas en temporada baja, falta de infraestructuras adecuadas para todo el año.

Infrautilización de recursos humanos laborales en temporada baja y media.

Importante incremento de la población activa por la emigración que obliga a ampliar la actividad económica para al menos mantener el mismo nivel de vida.

Dificultades para que la industria turística mantenga niveles adecuados de precio y ocupación media durante todo el año que aseguren en el medio plazo su rentabilidad.

Existencia de límites objetivos en el número de plazas de uso turístico que se pueden incorporar a su explotación.

El desarrollo sostenible de la industria turística exige necesariamente incrementar el valor añadido de cada plaza turística a lo largo del año: incrementando la calidad y en consecuencia el precio o incrementando la ocupación media anual mediante la ampliación de la temporada de apertura de los establecimientos turísticos.

La emergencia de numerosos destinos turísticos en todo el mundo que ofrecen productos y servicios innovadores competitivos. Esa nueva competencia debe ser ante todo un nuevo estímulo para mejorar en calidad y competitividad.

5.1.3

Pero también existen elementos que representan claras oportunidades para la viabilidad de una posible Plataforma o Proyecto de Turismo Social Europeo:

Incremento gradual, en términos absolutos y relativos, en Europa de ciudadanos no activos pero con pensiones y nivel de vida adecuado.

Aumento progresivo de la esperanza de vida de los europeos.

Incremento del tiempo medio de ocio que una persona posee a lo largo de su vida y de forma especial en la edad madura.

Abaratamiento del coste del transporte por la irrupción de las compañías de bajo coste, que juega a favor de la movilidad y el turismo.

Nivel cultural creciente que propicia la actividad turística responsable y sostenible.

Buenas y exitosas experiencias en toda Europa de Programas de turismo social.

Incorporación de países a la Unión Europea que agranda el mercado y las posibilidades y oportunidades de viajar.

5.2

Varios son los objetivos que pueden plantearse ante una posible Plataforma de turismo social Europeo:

Generalizar y ampliar los actuales programas y número de usuarios de turismo social de los diversos países de Europa hasta conseguir que todos los países tengan su programa.

Incorporar la transnacionalidad de los programas ya existentes mediante convenios bilaterales o plurilaterales de cooperación.

Crear las condiciones para el diseño y la puesta en marcha de una Plataforma de Turismo Social de ámbito europeo en que los posibles beneficiarios sean todos los ciudadanos europeos que puedan visitar otros países de forma asequible y sostenible. En ese sentido sería interesante conocer el número de ciudadanos europeos que nunca ha viajado a otro país de Europa; ese colectivo sería sin duda bastante numeroso y base y fundamento para el programa indicado.

Promover la progresiva implantación de una actividad de turismo social de ámbito europeo en el que participen el mayor número posible de Estados.

5.3

Los agentes y colectivos implicados en la Plataforma de turismo social Europeo. Como posibles colectivos o agentes implicados podríamos citar:

Las actuales organizaciones que gestionan programas de turismo social en los diversos países.

Las organizaciones sindicales y cooperativas interesados en el desarrollo del programa.

Los empresarios del sector turístico en su sentido más amplio, interesados en mejorar la rentabilidad sostenible de sus establecimientos.

Los gobiernos nacionales, regionales y locales interesados en actuar en el ámbito turístico y en su mejora y en el desarrollo personal y social de sus ciudadanos.

La Unión Europea y sus instituciones, interesadas en ampliar y promover el empleo, la actividad económica y la ciudadanía europea. Dada la dimensión supranacional de la Plataforma, las instituciones de la Unión Europea debieran tener además un rol de coordinación y seguimiento de las condiciones en que se desarrolla el programa e incluso de liderazgo de su implantación.

Las organizaciones de turismo social, especialmente el BITS.

5.4

Elementos esenciales del turismo social europeo. Para que una Plataforma de Turismo Social Europeo sea viable social y económicamente debiera incorporar los siguientes elementos:

Estar dirigida a los colectivos más desfavorecidos económica, territorial o socialmente. De forma especial a las personas con discapacidad física o psíquica o con dificultades para viajar surgidas de la realidad geográfica en que viven como por ejemplo las islas de Europa. Ello supone asumir la financiación parcial, justa e igualitaria independiente de la duración del viaje y de las estancias como forma de compensar esa realidad de desfavorecidos entendido en un sentido muy amplio.

Ser en su conjunto rentable económica y socialmente, a corto, medio y largo plazo, tanto a nivel privado como público.

Crear empleo estable y de calidad durante todo el año. Una gestión centralizada y la búsqueda de la maximización de las estancias en establecimientos turísticos sería necesaria para conseguir el objetivo del empleo.

Desarrollarse en períodos de baja ocupación turística.

Desarrollarse bajo condiciones de sostenibilidad y enriquecimiento personal y social tanto para los usuarios como para las comunidades que los acojan.

Mantener un alto nivel de calidad de prestaciones adecuado a los objetivos.

Desarrollarse en forma de cooperación público-privada.

Si se cumplen esas condiciones, el turismo social será sin duda un elemento fundamental integrante del Modelo de Turismo Europeo.

5.5

La cooperación público-privada en el proyecto. Posiblemente la viabilidad del Programa venga ampliamente condicionada pero también favorecida por la efectiva cooperación público-privada en su concepción, diseño y gestión. Parece al menos posible si no fácil que pueda encontrarse en Europa organizaciones y empresas dispuestas a emprender el desarrollo de una Plataforma de turismo social Europeo.

6.   Efectos y resultados de una Plataforma de Turismo Social Europeo

6.1

Sobre el crecimiento y el empleo. Caso de que esta Plataforma, en sus diversas fases, se pusiera en marcha, los efectos sobre el crecimiento y empleo serían de una gran potencia y contribuirían sin duda al cumplimiento del objetivo de la Cumbre de Lisboa. La experiencia, entre otras, del programa del IMSERSO de España certifica de forma clara la repercusión positiva del turismo social en el mantenimiento y creación de empleo durante la temporada baja.

6.2

Sobre el derecho efectivo al acceso al turismo. Si en la actualidad, y de acuerdo con las estadísticas disponibles, aproximadamente el 40 % de los ciudadanos no disfruta de vacaciones, la Plataforma de Turismo Social Europeo tendría como objetivo y sin duda contribuiría a reducir sustancialmente ese porcentaje y a hacer efectivo el derecho a un turismo para todos y ampliar el conocimiento mutuo de los pueblos de Europa.