16.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 309/1

1.1

La libre competencia supone un beneficio para todos los que concurren en el mercado, especialmente para los consumidores. No obstante, el incumplimiento de las disposiciones legales establecidas al efecto ha tenido especial incidencia en los empresarios competidores, y de hecho las reglas tienen una finalidad sancionadora, que atenúa los efectos económicos de la falta de competencia entre ellos.

1.2

Los consumidores no han dispuesto de instrumentos jurídicos apropiados, derivados de las normas de competencia, que les permitieran intervenir o reclamar por los daños ocasionados en el mercado por las prácticas prohibidas de la competencia. Solo a partir de los grandes cambios que se producen en el mercado interior, especialmente el de la liberalización de sectores económicos de interés general, se comienza a debatir la necesidad de instrumentos que permitan a los consumidores participar en la política de la competencia.

1.3

El primer paso se dio con el nombramiento, dentro de la DG Competencia, de un funcionario de enlace con los consumidores cuya misión era canalizar, entre esta DG y las organizaciones de consumidores, aquellos asuntos de competencia en los que su opinión fuese pertinente. Hoy día, tres años más tarde, su efectividad se ha visto limitada por la falta de medios apropiados para ejecutar esta tarea.

1.4

Mientras tanto, en los sectores liberalizados más importantes se ha ido produciendo una verdadera limitación de la libre competencia, con efectos excluyentes para los competidores, y con una clara limitación de los derechos económicos de los consumidores. Una de las razones de este efecto negativo es la dimensión nacional que adoptaron en la liberalización la mayoría de los Estados miembros, con una vuelta al proteccionismo nacional de las empresas. La Comisión debe contar con los medios necesarios para que estos efectos se terminen.

1.5

El artículo 153.2 TCE facilita a la Comisión la base legislativa para el establecimiento de una acción horizontal de protección de los consumidores en las políticas comunitarias, y en especial la de la competencia, de forma que las normas de desarrollo de los artículos 81 y 82 TCE recojan los intereses de aquéllos, junto a los de los empresarios competidores afectados por el incumplimiento de las normas de competencia. A su vez, los Estados miembros deberán dar a sus normas nacionales esa misma finalidad.

1.6

En este sentido, se deberán establecer acciones que garanticen el resarcimiento por los daños y perjuicios que pueda ocasionar la realización de prácticas prohibidas, especialmente en sus derechos económicos.

1.7

Además, es necesario que se refuercen los sistemas de información y consulta de los consumidores. Si la DG Competencia mantiene al funcionario de enlace, debe dotarle de los medios necesarios para su trabajo, y la DG SANCO debe movilizar a los organismos con los que cuenta para intervenir mejor en los asuntos de competencia que estén directamente relacionados con los intereses de los consumidores. En este sentido entendemos que la Red Europea de la Competencia puede adaptar su actividad para dar cabida a las informaciones y observaciones que las organizaciones de consumidores nacionales o comunitarias deseen aportar para hacer más eficiente la política de competencia en los mercados y ver reconocidos sus derechos económicos.

2.1

La libre competencia es un principio básico de la economía de mercado, que tiene como presupuesto la libertad de iniciativa de los agentes económicos, y en general de todos los particulares que acceden al mismo. La necesidad de reglas que compaginen la libre competencia en el mercado y los derechos de todos los sujetos que forman parte del mismo dio lugar a las normas del Tratado que han servido para su regulación. La Comisión Europea manifestó (1), en plena época de las liberalizaciones, la necesidad de equilibrio entre los intereses de las empresas y de los consumidores, al considerar nuevas situaciones económicas no previstas en las normas de competencia. Así mismo se pronunció a favor de hacer eficaces los instrumentos voluntarios, así como de promover el diálogo entre consumidores y empresas, de forma que se aumentara la confianza de los consumidores en el mercado, ya que la competencia no es un instrumento suficiente para su logro.

2.2

La situación actual incorpora algunas novedades, tal y como aparecen recogidas en el Informe de la Comisión sobre la política de competencia 2004 (2) y en la intervención de la Comisaria Kroes (3). En ambos se destaca la necesidad de centrar la acción en los sectores esenciales para el mercado interior y de la competitividad según la Agenda de Lisboa, pero muy especialmente en la consideración de los intereses de los consumidores y sobre todo de los efectos que producen en sus derechos los cárteles y monopolios. Se puede considerar esta posición como un primer paso hacia la incorporación de la protección de los consumidores como medida en la regulación del mercado desde la perspectiva de la demanda, y no sólo de la oferta, como ha ocurrido hasta hoy.

2.3

Hay que señalar que la política de competencia corresponde fijarla a la UE, en colaboración con los Estados miembros, no sólo por ser aplicable al mercado único y en consecuencia a operaciones transfronterizas, sino porque su finalidad es armonizar las normas nacionales a fin de que no se apliquen políticas nacionales de carácter proteccionista para favorecer sus respectivos mercados, discriminando a los competidores. En este sentido es básico el papel que juegan las autoridades comunitarias, especialmente la Comisión, que no sólo es competente en la formulación de propuestas legislativas reguladoras de la competencia, sino también en el control de las concentraciones y de las ayudas estatales, en las que prevalece el interés general frente al particular de cada Estado.

2.4

La liberalización de sectores de interés general y la regulación de los servicios financieros ha hecho que se busque una relación entre la política de competencia y otras políticas de la Comisión, en especial la de los consumidores. De hecho, en el último Informe de la Competencia 2004 se menciona como un objetivo de la aplicación rigurosa de esta política el refuerzo de los intereses y de la confianza de los consumidores en el mercado interior.

2.5

No obstante esta declaración de principios, en el análisis de las diferentes disposiciones en que se plasma la política europea de la competencia hay poca concreción; de hecho, la posición es idéntica a la mantenida en etapas anteriores. En 2003, y con ocasión del Día Europeo de la Competencia (4), se anuncia el nombramiento de un «funcionario de enlace con los consumidores» dentro de la DG Competencia, con una línea de actuación en cada uno de los apartados en que se divide esta política, a fin de velar por los intereses de los consumidores. Además, se están publicando folletos informativos (5), que orientan e informan a los consumidores acerca del contenido de la política de competencia y de cómo ésta puede afectar a sus intereses.

2.6

Entre las funciones que deberá desarrollar el funcionario de enlace con los consumidores (6) hay que destacar:

2.7

Esta orientación de la política de competencia hacia la consideración, también, de los intereses de los consumidores, tendría que realizarse de forma horizontal de manera que no se mantuviera la estricta compartimentación de competencias entre las DG COMP y SANCO. Para ello sería necesaria una permanente coordinación entre las diferentes políticas, y no sólo entre las europeas, sino también entre éstas y las nacionales, para conseguir una libre competencia de mercado que favorezca a los agentes económicos y sociales y a los consumidores.

3.1

Se puede decir que la política de competencia en su última etapa ha sufrido una importante evolución, y no sólo por la fuerte incidencia de la llamada globalización económica, sino por la necesaria compatibilización de la liberalización de sectores de los servicios con otros objetivos de interés público, tales como asegurar el pluralismo y la fiabilidad de los prestatarios de dichos servicios. La política de competencia se ha comprometido a desempeñar un papel importante de cara a los objetivos de competitividad tal y como se definieron en la Agenda de Lisboa, que se centran en el buen funcionamiento de la economía de mercado, y sobre todo de las concentraciones económicas, fundamentales para el éxito de la economía europea frente a nuestros competidores internacionales, sin que por ello se vean reducidos los derechos entre los competidores y especialmente de los consumidores europeos.

3.2

La necesidad de concretar la política de competencia que afecta a los consumidores hace necesario el examen de los apartados en que se regula esta, es decir, los correspondientes a los artículos del Tratado así como a sus normas de desarrollo. Estas últimas han sido objeto de reciente modificación, en algunos casos, y están pendientes de aprobación en otros.

3.3.1

Los acuerdos entre empresas forman parte de las relaciones del mercado que sirven para facilitar el funcionamiento integral del mismo. Esto sin embargo no siempre se utiliza con fines competitivos, sino todo lo contrario, y ya en el momento de la creación del mercado común se consideró la necesidad de su prohibición cuando el contenido del acuerdo tuviera por finalidad impedir, limitar o falsear la libre competencia. Lo mismo ocurre con las asociaciones de empresas, cuya figura más significativa es la de cárteles que funcionan a modo de uniones entre empresas, sin una coordinación aparente entre ellas. Cuando el contenido de su actividad limite o impida la libre competencia quedará bajo los efectos de la prohibición.

3.3.2

La base jurídica tanto de los acuerdos como de las decisiones entre empresas es de origen contractual que origina obligaciones entre las partes. En ambos casos su validez viene delimitada por el cumplimiento de las disposiciones legales aplicables. El problema aquí considerado es el de los efectos que producen a terceros, y muy especialmente sobre las reglas que rigen la competencia en el mercado.

3.3.3

La finalidad de la norma es en definitiva prohibir los resultados, la limitación de la competencia; pero va más allá, ya que declara nulos de pleno derecho todos los acuerdos o decisiones, con los efectos prácticos que esto conlleva en relación con el resarcimiento de los daños causados a los competidores y a la economía en general a través de la distorsión del funcionamiento de los mercados.

3.3.4

La complejidad de las situaciones planteadas en aplicación de las normas del artículo 81 del Tratado, tanto en los mercados nacionales como en el mercado interior europeo, hizo que la Comisión emprendiera lo que se ha llamado el paquete de modernización (8), que permite adecuar las normas del Tratado a la doctrina jurisprudencial de los tribunales y al elevado número de situaciones planteadas a lo largo de su aplicación.

3.3.5

También han sido objeto de modernización las normas sobre exención por categorías (9). Este Reglamento presenta nuevas normas de exención de acuerdo con las actuales necesidades del mercado y muy especialmente en relación con los acuerdos de transferencia de tecnología. La necesidad de una norma clara que permita facilitar acuerdos entre empresas, sin incurrir en la prohibición, exige fijar los límites en que estos se conciertan, y sobre todo garantizar que en ningún caso los perjudicados por estas exenciones sean los consumidores.

3.4.1

El artículo 82 del Tratado prohíbe la explotación abusiva, por parte de una o más empresas, de una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo. Nos encontramos con una disposición que no impide la posición de dominio (es más, la tendencia ha sido a favorecer las concentraciones económicas que permitan a las empresas europeas competir con el resto a nivel mundial), sino que pretende impedir que la preponderancia adquirida permita imponer a los demás competidores sus propias condiciones, eliminando la competencia. En este caso la disposición contenida en este artículo no se preocupa del origen de esta situación de dominio, al contrario de lo que ocurre en el artículo 81, que sí se interesa por el origen del acuerdo o de las decisiones para declararlos nulos.

3.4.2

La posición de dominio tiene unos efectos diferentes de los de las prácticas concertadas, ya que no parece que tenga efectos en la competencia, en tanto en cuanto ésta puede ya estar limitada por la propia situación, es decir, la no existencia de competidores, o hacer insignificante el papel de estos en el mercado. Sin embargo, sí parece, y así se establece, que se interviene a favor del consumidor, que será víctima de las imposiciones que efectúe el empresario de que se trate (10).

3.4.3

En este sentido la Comisión ha venido interviniendo en los sectores más importantes, que por razones de su tardía liberalización gozaban de una posición de dominio en la mayoría de los países de la UE, como es el caso del sector de telecomunicaciones (11), o que, por tratarse de una importante innovación tecnológica no gozaban de competencia efectiva de sus competidores, como es el ejemplo de Microsoft (12). En ambos casos se determinó un abuso de posición de dominio. En el primer caso, por abuso en la fijación de precios en el suministro de servicios de telecomunicaciones (13); además, la decisión fue significativa ya que afectaba a un sector económico sujeto a una regulación a priori por el Estado, y en este sentido la Comisión entendió que debía actuar aun cuando los precios estén sujetos a una regulación sectorial.

3.4.4

En el segundo supuesto, el de Microsoft, el tema era más complicado, al ser una empresa norteamericana con casi monopolio en la utilización de sus sistemas informáticos. No obstante, la Comisión decidió que se había vulnerado el artículo 82 por abuso de la posición de dominio en el mercado de los sistemas de explotación de PC, al negarse a dar información respecto a la interoperabilidad y sobre todo con la venta conjunta obligatoria del Windows Media Player y de Windows. La Comisión no sólo impuso fuertes multas por infracción muy grave, sino que exigió una serie de medidas consistentes en la divulgación de los sistemas operativos y en la venta por separado de los distintos componentes del sistema de explotación del Windows PC.

3.5.1

El TCE no estableció ningún artículo concreto en el que regulara la normativa aplicable a las concentraciones de empresas, en un primer momento por la ausencia de este tipo de operación económica, y más tarde porque las mismas autoridades de los Estados miembros apoyaron los procesos de concentración empresarial, con el objetivo de hacer competitivas sus empresas nacionales. Sin embargo, cuando el resultado de estas concentraciones producía situaciones de dominio, se aplicaban tanto el artículo 81 como el 82, pero con una salvedad, y es que no se ejercía un control a priori de estas concentraciones, sino únicamente cuando se producía un abuso de posición dominante.

3.5.2

Para resolver este vacío y hacer posible un control efectivo, el Consejo, sobre la base de los artículos 83 y 308 TCE, que permiten dotarse de los poderes adicionales para lograr sus objetivos, en este caso la libre competencia, se adoptaron diversos reglamentos, hasta llegar al actual Reglamento 139/2004 (14), que modificaba y mejoraba el Reglamento CE/1310/97 (15) y sobre todo incorporaba la jurisprudencia derivada de la Sentencia Gencor/Comisión (16).

3.5.3

Entre otras cosas el nuevo Reglamento modifica aspectos competenciales, con la remisión a las autoridades nacionales de aquellos asuntos considerados como tales por la Comisión, o al menos por tres Estados miembros, de forma que se descongestiona en gran medida el trabajo de las autoridades comunitarias de la competencia. Sin embargo, entendemos que sólo se podría remitir si no afecta a una parte sustancial del mercado común, ya que en este caso la limitación de la competencia y los efectos en las partes interesadas, especialmente los consumidores, serían más fáciles de proteger.

3.5.4

En las modificaciones de aspectos sustantivos hay que señalar que se delimitan de una forma más clara no sólo los umbrales cuantitativos del artículo 1, sino los conceptuales del artículo 2, de forma que quede aclarado en qué situación se produce la posición dominante y sobre todo la disminución sustancial de la competencia.

3.5.5

Otro de los aspectos modificados, no menos importantes que los anteriores, son los procedimentales. En este caso, la modificación –importante– consiste en la ampliación de los plazos para la remisión de los expedientes a los Estados miembros, lo que permite una mejor intervención de las partes interesadas, siempre dependiendo de lo establecido en las normas nacionales. Lo mismo ocurre con los plazos de las partes solicitantes, en este caso podría entenderse que demasiado rígido, 15 días laborables, muy al comienzo del procedimiento, lo que les haría desconocedoras de las alegaciones que pudiera recibir la Comisión a la operación notificada. En todo caso hay que señalar que, en toda la fase del procedimiento, no existe norma alguna que establezca una posible intervención de los consumidores; es más: ha desaparecido del texto legal la consideración de los intereses de los trabajadores de esas empresas, así como la del empleo, entre los aspectos de evaluación de las concentraciones.

3.6.1

Tanto en el artículo 81 como en el 82 el legislador comunitario ha realizado una enumeración no exhaustiva de lo que entiende por prácticas prohibidas; en el primero de ellos, provenientes de las prácticas colusorias, y en el segundo, de abuso de posición de dominio. De entrada es preciso aclarar que no se trata de listas cerradas, sino de una muestra de prácticas frecuentes en que se plasman ambas conductas, lo que significa que pueden detectarse otras que tengan los mismos efectos y en consecuencia la misma prohibición.

3.6.2

La enumeración de tipos es muy similar en ambos artículos:

3.6.3

El conjunto de las conductas tipificadas se pueden clasificar en dos tipos, que se adaptan más a la situación de la que parten:

3.6.4

Uno de los tipos más frecuentes es la fijación de precios, interpretado este concepto de manera amplia, como los descuentos, márgenes, condiciones de pago o rebajas. También estarían incluidas aquí prácticas como la de no elaborar presupuestos previos, no ajustarse a la lista de precios y no vender a precios que no sean los ofertados. En todos estos supuestos se ven afectados los consumidores, que, a pesar de las normas específicas que les protegen en sus derechos, se encuentran en situación de inferioridad frente a las empresas que están en posición de dominio en el mercado, con la característica de ser muchas veces el único oferente para ese mercado.

3.7.1.1

En estos últimos años se ha producido un gran avance en la liberalización del sector energético europeo (electricidad y gas), que hasta tiempos recientes formaba parte de sector público y como tal estaba intervenido en cuanto a las condiciones y precios de suministro. La Comisión había previsto que todos los clientes no domésticos tuvieran un mercado libre antes de julio del 2004, y los domésticos a partir de julio del 2007. La primera previsión no se ha cumplido en su totalidad, y tal y como están las cosas actualmente se hace impracticable para el consumo doméstico la total liberalización.

3.7.1.2

La situación es complicada, e incluso con un rendimiento defectuoso en los casos de las redes privatizadas, en especial las eléctricas, que mantienen un mantenimiento de bajo coste de sus redes con fuerte incidencia en los usuarios, y con frecuentes cortes en los suministros.

3.7.1.3

No obstante, el actual Reglamento de la electricidad (17), que fomenta el comercio transfronterizo de electricidad, puede servir para aumentar la competencia en el mercado interior, a través de un mecanismo de compensación a favor de los operadores de los sistemas de transporte, y mediante el establecimiento de tarifas no discriminatorias, transparentes e independientes de las distancias.

3.7.1.4

Con posterioridad la Comisión ha establecido un subgrupo encargado de la energía, dentro de la Red europea de la competencia, con la finalidad de discutir y elaborar un acuerdo relativo a la aplicación de las normas comunitarias de competencia a los mercados de la energía.

3.7.2.1

El sector de las telecomunicaciones sufrió una renovación legislativa en el 2002 (18), debido, en gran medida, a la modernización del conjunto de normas sobre comunicaciones electrónicas, para adaptar la utilización de las redes a las nuevas tecnologías. Los resultados de la adaptación por parte de los Estados miembros fue desigual. De hecho, el 9o Informe (19) sobre la aplicación del conjunto de medidas reguladoras de las telecomunicaciones en la Unión, se centró en el proceso de incorporación de éstas a los Derechos nacionales, así como en las tareas que corresponden a las autoridades nacionales de regulación (ANR).

3.7.2.2

Del 9o Informe se desprende que el número de operadores se ha mantenido, aunque alguno de ellos ha quedado únicamente en su mercado de origen; por otra parte, la presión competitiva entre los operadores ha pasado de los mercados internacionales y las llamadas a larga distancia al sector de llamadas locales, con una disminución progresiva en estos de los operadores tradicionales, lo que ha beneficiado a los consumidores en el precio de sus llamadas, no así en determinados abusos de su posición inicial a la hora de celebrar nuevos contratos.

3.7.2.3

La vigilancia en los mercados de telecomunicaciones para determinar el estado de competencia permite controlar, en cierta medida, a los operadores con posiciones de dominio, con el fin de imponerles obligaciones específicas que impidan un abuso en la imposición de condiciones y precios a los consumidores. En todo caso la Comisión ha hecho un amplio seguimiento de la aplicación de la Directiva 2002/77/CE en cada uno de los Estados miembros (20) con el fin de corregir los defectos detectados, que no sólo limitaban la competencia sino que afectaban los intereses de los consumidores.

3.7.3.1.1

En el año 2003 la Comisión entabló una acción de dialogo con el sector de la aviación civil con el fin de elaborar una posición común para aplicar la política de la competencia en las alianzas y fusiones que se estaban realizando en dicho sector. De hecho en este mismo año se puso de manifiesto la necesidad de modificar el Reglamento (CE) 1/2003 a fin de completar el transporte aéreo entre la Unión y terceros países, con la finalidad de crear un «cielo abierto» que permitiese intervenir en las alianzas entre compañías europeas y de países terceros, en especial con EE UU. Dentro de este periodo la Comisión examinó varios acuerdos entre empresas, y algunos de ellos serán incompatibles con las normas de competencia (21) y en otros se modificó su contenido así como su periodo de duración.

3.7.3.1.2

En este mismo periodo se ha aprobado el Reglamento que contiene los derechos de los pasajeros (22).

3.7.3.2.1

El Reglamento 1/2003 otorga a las autoridades nacionales de competencia la facultad de aplicar las normas de defensa de la competencia en el sector ferroviario. A partir de este momento las autoridades, tanto comunitarias como nacionales, deben determinar los temas de interés común dada la liberalización ferroviaria, en colaboración con la DG Transporte y Energía.

3.7.3.2.2

El primer paquete ferroviario de directivas para su liberalización estaba dirigido a lograr la libre circulación del transporte transfronterizo de mercancías por ferrocarril y crear un marco de referencia para el acceso tanto a los servicios de carga, como de pasajeros, asignándose trayectos, tarifas, etc.

3.7.3.2.3

En el segundo paquete se incluye la liberalización de los mercados nacionales de carga, así como la liberalización del mercado nacional e internacional de pasajeros.

3.7.3.2.4

El objetivo global sería alcanzar un planteamiento común para la aplicación de la legislación de la competencia al sector ferroviario a fin de evitar que se produzcan decisiones contradictorias entre las autoridades nacionales y la Comisión.

3.7.3.3.1

El sector marítimo es uno de los que tienen más exenciones por categorías, especialmente referidas a las conferencias y consorcios marítimos, que se ajustan al contenido del Reglamento (CE) 823/2000, actualmente en revisión (23), y que tratan de desarrollar el artículo 81.3 TCE, ya que a través de él se permite a los consorcios y conferencias marítimas superar el límite previsto en la norma, siempre que, notificada la Comisión, se obtenga la autorización por el procedimiento de oposición.

3.7.3.3.2

En la práctica algunos consorcios han utilizado estos para realizar prácticas no contempladas por la exención, como es el caso de fijación de precios, que llevó a intervenir a la Comisión (24) a fin de limitar el contenido de los acuerdos. En parecidos términos se ha pronunciado el Tribunal de Primera Instancia (TPICE) (25) sobre un acuerdo entre compañías de transporte marítimo para no conceder descuentos a sus clientes con respecto a las tarifas publicadas por gastos y recargos.

3.8.1

Los procedimientos en que se ha efectuado la liberalización de los sectores mencionados anteriormente, al haberse realizado a escala nacional, han tenido un efecto negativo, desde la perspectiva del mercado interior. La creación de oligopolios que han privado a los consumidores de una competencia efectiva que ayudara a rebajar precios y a favorecer la competitividad empresarial. La Comisión debería estudiar, además, los efectos que hasta el momento han producido las concentraciones en sectores liberalizados, especialmente en relación con los consumidores.

3.8.2

En términos generales, la falta de transparencia, las elevadas e injustificadas tarifas que soportan los clientes industriales y los consumidores y la integración vertical de las empresas no han incidido en la competencia efectiva de los mercados liberalizados, sino al contrario, las condiciones de los contratos para los consumidores han incumplido en muchos casos las normas de la contratación establecido para los contratos tipos de masas.

3.8.3

El problema se plantea en relación con los instrumentos de que disponen los consumidores para hacer efectivos sus derechos frente a estas empresas, en especial mediante acciones jurídicas derivadas de las normas de la competencia, especialmente de los artículos 81 y 82 del Tratado. Las reclamaciones ante las autoridades de la competencia, Comisión y autoridades nacionales, son preponderantemente realizadas por empresarios, y el TJCE no ha resuelto ninguna reclamación de particulares.

3.8.4

La presentación por la Comisión del Libro Verde sobre «Reparación de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia» (26) debe determinar un instrumento para los consumidores, que concretaremos en el dictamen que el CESE hará al respecto.

4.1

Es evidente que los consumidores tienen un cuerpo jurídico específico en el que se desarrollan sus derechos y obligaciones (27). El artículo 153 TCE, en su apartado 2, establece que: «al definirse y ejecutarse otras políticas y acciones comunitarias, se tendrán en cuenta las exigencias de la protección de los consumidores». Se trata de una política de carácter horizontal y como tal debe insertar el contenido de todas aquellas que afectan a los consumidores. En el supuesto de la política de la competencia, no cabe ninguna duda: el mercado al que se dirige tiene como parte a los consumidores, representando a la demanda dentro de este.

4.1.1

En este apartado se trata de destacar, de los derechos reconocidos a los consumidores, cuáles y de qué manera se ven afectados por la política de competencia, especialmente por los efectos del incumplimiento de estas normas en el mercado interior, e incluso de considerar como parte interesada en esta política a los consumidores, a fin de contemplar sus intereses cuando la Comisión tiene que intervenir en casos concretos para establecer las reglas del mercado.

4.2.1

El concepto de derechos económicos de los consumidores se remite a la ausencia de cualquier perjuicio valorable económicamente, que impida al consumidor o usuario del uso y disfrute de los bienes y servicios adquiridos en los términos pactados con el empresario. El principio básico que regula toda esta materia es el de buena fe y justo equilibrio, entre partes, de forma que todo acto o cláusula contraria al mismo supone la posibilidad de considerarlas como abusivas o contrarias al interés del consumidor.

4.2.2

La relación entre la política de defensa de la competencia y la libertad de elección del consumidor ha sido una de las principales preocupaciones de la norma comunitaria; así se reconoce tanto en el antiguo artículo 85.3 como en el actual artículo 81 TCE, al establecer que sólo se podrán autorizar acuerdos colusorios cuando, a pesar de que limiten la competencia, reporten una ventaja a los consumidores. Uno de los ejemplos típicos son los repartos de áreas geográficas entre competidores, a fin de cubrir todo el mercado, aunque en algunas áreas no sea rentable.

4.2.3

La tutela del mercado, desde el punto de vista de la protección del consumidor, se efectúa vigilando la posible existencia de acuerdos horizontales en materias tales como acuerdos voluntarios, cárteles de precios, centrales de compras, reparto de mercado, etc., tanto como acuerdos verticales, tipos de contratos reguladores de las relaciones entre productores, importadores, etc. También se controla el abuso de posición de dominio con prácticas que dificultan o impiden la entrada de competidores, así como la fijación de precios demasiado elevados o bajos, precios excluyentes o practicando ventajas discriminatorias de unos clientes frente a otros.

4.2.4

La Comisión, de forma sistemática, presenta cada año en el Informe anual un elevado número de decisiones tanto sobre supuestos de prácticas concertadas como de abuso de posición dominante, y algunas sentencias del TJCE, que marcan, en muchos casos, cambios de interpretación de las normas e incluso obligan a modificar la legislación.

4.2.5

Durante los últimos años los asuntos tratados por la Comisión han ido disminuyendo, en gran parte debido a la firme actuación de las autoridades nacionales de la competencia en sus mercados, y muy especialmente por la supresión final del sistema de notificación. En el ámbito de la DG Competencia se resolvieron 24 asuntos, mediante decisión formal, un número mínimo si se compara con el control de concentraciones, que supuso un elevado número de decisiones formales (231) (28), y que correspondían al sistema del modificado Reglamento; en la nueva etapa serán menos, al hacerse competentes las autoridades nacionales, en la mayoría de estas.

4.2.6

De los asuntos tratados, varios afectaban directamente a los consumidores o tenían un especial interés para ellos. En las decisiones individuales se trataron los sectores de telefonía móvil, de la radiodifusión y de las líneas aéreas (29), y en las iniciativas sectoriales se intervino en los sectores de transporte, las profesiones liberales, los vehículos a motor y los medios de comunicación (30). Tanto en unas como en otras los supuestos analizados hacían referencia a abusos en los precios, con la aplicación del artículo 82 por la aplicación de precios excluyentes y abusivos al suministro (31).

4.3.1

La eficacia de la política de los consumidores debe basarse en la participación en las políticas que les afectan, de forma que se hace necesario su integración en todas las políticas que hasta ahora han vetado su intervención. En la Estrategia en materia de política de consumidores (32) ya se preveía, entre otros, el objetivo de participación adecuada de las organizaciones de los consumidores en las políticas comunitarias. De hecho un año después se nombra al funcionario de enlace con los consumidores en la DG Competencia.

4.3.2

Las organizaciones de los consumidores disponen de un foro, el Comité de los Consumidores, que es el mecanismo de intervención en la política específica de los consumidores, pero falta un desarrollo más amplio para participar en otras políticas. El reto actual es tener la posibilidad y capacidad de aportar su contribución a las iniciativas comunitarias, en todas las fases del proceso de decisión de la UE. Se tendrán que buscar unos requisitos mínimos que permitan su participación en los organismos consultivos, tal y como ocurre ahora en agricultura, y especialmente en los de nueva creación, como el de transporte, energía, telecomunicaciones, o cualquier otro que se constituya.

4.3.3

Por lo que respecta al tema que nos ocupa, no existe formalmente ninguna forma de participación, los consumidores ni siquiera son consultados en los temas que el Tratado considera que son de su interés. Nos referimos a las exenciones de prácticas concertadas, artículo 81.3, así como las prácticas abusivas que limiten la producción, el mercado o el desarrollo técnico en perjuicio de los consumidores, artículo 82.b). Corresponde pues tanto a la DG Competencia como a las organizaciones de los consumidores establecer los mecanismos de participación y consulta, a través de normas acordadas en común, tal y como se establecía en el Libro Blanco sobre la gobernanza europea (33), que tendrán un impacto sobre el mercado interior.

4.3.4

Igual responsabilidad debe asumir la DG SANCO, mediante el grupo consultativo permanente, podría intervenir en aquellos asuntos de la competencia que afecten a los derechos de los consumidores.

4.3.5

Por lo que respecta al derecho a la información de los consumidores en materia de competencia, se ha visto reforzado con el nombramiento del funcionario de enlace encargado del contacto con ellos. Las organizaciones europeas de consumidores son informadas de manera habitual, y las organizaciones nacionales y los consumidores particulares disponen de una página web (34) en la que incluso se incluye un modelo de reclamación (35) por los perjuicios que les puedan ocasionar las empresas en actuaciones contrarias a la competencia.

5.1.1

Las organizaciones de consumidores están reguladas por sus normas nacionales que exigen unos requisitos mínimos para su reconocimiento y legitimación, de forma que quedan legitimadas para ejercer sus derechos como consumidores en cuanto estos se vean afectados por cualquier práctica prohibida.

5.1.2

A nivel europeo se reconocen a todos los efectos aquellas organizaciones que están registradas en la DG SANCO, y que son las que son objeto de información y consulta, a la vez que participan en todos los asuntos que hasta el momento se consideraban de su competencia.

5.1.3

El problema se puede plantear en la aplicación de esta legitimidad, un tanto excluyente, cuando se trate de temas de competencia, en tanto en cuanto suele tratarse de conculcación de derechos concretos de los consumidores, e incluso limitados territorial y temáticamente. Sería preciso discutir ampliamente el concepto de legitimación para poder intervenir en esta materia.

5.2.1

El Reglamento 1/2003 CE (36) así como el llamado paquete de modernización establecieron los medios de cooperación entre la Comisión y las autoridades de la competencia en la Red Europea de Competencia (REC) (37). Esta ha comenzado a actuar en 2003, a través de un grupo de trabajo que estudió las cuestiones más generales, tales como su funcionamiento y el sistema de comunicación entre ellos. En estos momentos es plenamente operativa, y está constituida en 14 subgrupos que se ocupan de problemas sectoriales (38).

5.2.2

El Reglamento 1/2003 otorga a la REC medios para asistencia mutual y actuar según las instrucciones de la autoridad competente, y de forma más general de reunir toda la información necesaria a fin de posibilitar la solución de los asuntos. También se encargan de las inspecciones solicitadas por las autoridades nacionales, cuyos resultados se transmiten conforme al procedimiento establecido, a fin de que todas las partes concernidas puedan tener acceso a éstos.

5.2.3

De gran importancia es la intervención de la REC en el programa de clemencia, ya que los Estados miembros han firmado una declaración en la que se comprometen a respetar el contenido de las reglas fijadas en la Comunicación citada. De esta forma sirve como instrumento práctico a los tribunales nacionales competentes en materia de la competencia, a la vez que se encargan de tener al día la jurisprudencia del Tribunal de Justicia CE (39).

5.2.4

La comunicación que debe darse entre la REC, las autoridades de la competencia y los tribunales de justicia permite conocer las demandas relativas a acuerdos y abuso de posición dominante, así como el procedimiento aplicable; de esta forma, la decisión de quién debe realizar la instrucción de la reclamación se adopta en menos tiempo que hasta hace poco.

5.2.5

También sirve la actuación de la REC para detectar infracciones, de forma que la actuación casi preventiva reduce los efectos negativos sobre los competidores y los consumidores. Función importante a resaltar es la intervención en los procedimientos de exención, donde debe valorarse si el resultado de éste es favorable para los consumidores, e incluso si una parte del acuerdo debe estar referido a los beneficios concretos que se esperan para estos.

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C 309/10

1.1

Con su Comunicación, la Comisión desea presentar un enfoque común  (1) para la investigación y la innovación en el marco de la aplicación del programa de Lisboa. Dicha aplicación se inscribe en las decisiones adoptadas por el Consejo Europeo de Lisboa en marzo de 2000, el cual estableció el objetivo de que la UE se convirtiera en 2010 en «la economía basada en el conocimiento más competitiva y dinámica del mundo, capaz de un crecimiento económico sostenible, con más y mejores empleos y mayor cohesión social». Dicho Consejo confirmó igualmente el proyecto propuesto por la Comisión en su Comunicación «Hacia un espacio europeo de investigación» (2).

1.2

Mientras que el Consejo Europeo de Barcelona, en su Resolución de marzo de 2002, establecía el objetivo de incrementar la inversión de la UE en investigación y desarrollo (I+D) para llegar al 3 % en 2010 y de aumentar la proporción de la financiación privada hasta 2/3, el Consejo Europeo de Bruselas de marzo de 2003 pedía acciones concretas.

1.3

En su Comunicación del 30 de abril de 2003«Invertir en investigación: un plan de acción para Europa», la Comisión establece acciones para los niveles nacional y europeo, de conformidad con una primera Comunicación de septiembre de 2002 («Más investigación para Europa — Objetivo: 3 % del PIB» (3)). Las primeras cifras oficiales sobre I+D muestran que en 2003 el uso intensivo de I+D estaba prácticamente estancado en un 1,93 % del PIB de la UE-25. Sólo Finlandia y Suecia alcanzaron el objetivo.

1.4

El Consejo Europeo emprendió los trabajos de revisión de la Estrategia de Lisboa (4) en marzo de 2005. Esta voluntad política común se consolidaría en octubre de 2005 en Hampton Court, en la reunión informal de Jefes de Estado y de Gobierno europeos, para responder a la considerable necesidad de más competitividad frente a una competencia globalizada.

1.5

La Comisión lanza su primera iniciativa desde su alineamiento con la Estrategia de Lisboa renovada en torno al tema de la sociedad de la información europea 2010 (5), que insta a los Estados miembros a definir las prioridades nacionales de la sociedad de la información en sus programas nacionales de reforma para mediados de octubre de 2005 con el fin de contribuir a los objetivos enunciados en la Comunicación sobre i2010.

1.6

La justificación de las opciones y acciones propuestas proviene del contraste entre el contexto externo y el interno: por una parte, tenemos una encarnizada competencia mundial y, por otra, la rigidez y fragmentación de los mercados nacionales frente a la necesidad de construir un espacio único europeo y de movilidad de trabajadores altamente cualificados. Mediante el reconocimiento de la limitación de sus competencias en la materia, la Comisión trata, sobre todo, de asumir un papel de «catalizador».

1.7

La Comunicación desea reforzar los vínculos entre la investigación y la innovación a través de una política de investigación específica dirigida a la creación de nuevos conocimientos y sus aplicaciones, así como a instaurar el marco de la investigación y de una política de innovación que se centre en la conversión del conocimiento en valor económico y éxito comercial. De acuerdo con el enfoque para una mejor regulación, cualquier medida que tenga un impacto potencial en la competitividad estaría sometida a una evaluación de impacto.

1.8

La evaluación que acompaña a la Comunicación considera tres opciones de política y opta por la última (6):

1.9

El Plan de acción propuesto por la Comunicación consta de cuatro partes:

1.10

Diecinueve acciones se dividen en tres ámbitos de acción principales: política pública y regulación, finanzas y fiscalidad (7) y el papel del sector privado (8).

1.11

Si bien parece que esta Comunicación ha seguido la vía de la anterior de 2003, la Comisión añade que los programas nacionales de reforma abrazan decididamente la investigación y la innovación. Estos programas nacionales de reforma contarán con el apoyo de la financiación comunitaria, que irá dirigida específicamente a actividades de interés europeo, de consejos para un desarrollo coordinado de políticas y de mejores plataformas para el aprendizaje mutuo en todas las regiones donde la cooperación transnacional ofrezca un gran valor añadido. En el Pacto de Estabilidad se reconocen los esfuerzos invertidos en I+D: se autorizan gastos superiores al 3 % del déficit.

1.12

El CESE tiene igualmente en cuenta el Informe Esko Aho (aunque éste no constituye el objeto de nuestra consulta), puesto que, en el punto 3.1 «Mayor inversión en conocimientos e innovación» de la Comunicación al Consejo Europeo de primavera de 2006, la Comisión no menciona el documento COM(2005) 488 final, sino el informe Esko Aho. El CESE lamenta que este último no haya sido objeto de consulta ni de evaluación previa y, por ello, lo incluye en el presente debate.

1.13

En octubre de 2005, en Hampton Court, se designó a un grupo de cuatro personas coordinado por el Sr. Aho. El informe de enero de 2006 que presentaron ante la Comisión Europea con vistas al Consejo Europeo de primavera de 2006 formula una serie de recomendaciones con el fin de acelerar la aplicación de las iniciativas organizadas a los niveles europeo y nacional para la investigación y la innovación. Este informe se basa en la Comunicación sometida a examen, pero propone una mayor integración (opción 2, SEC(2005) 1289). El informe se presentó en marzo de 2006 ante el Consejo de Competitividad y el Consejo Europeo de Bruselas. Este último subrayó la importancia del informe Aho e instó a la Comisión a evaluarlo para septiembre de 2006 (9).

2.1

El CESE acoge con satisfacción la Comunicación sometida a examen, cuyo punto de partida es la asociación para el crecimiento y el empleo, ya que trata de cubrir el conjunto de las actividades en materia de investigación e innovación, incluida la innovación no tecnológica. Ésta bosqueja acciones que superarían el 3 % de Barcelona (10) y describe en términos generales los compromisos contraídos por la Comunidad detallando las medidas de apoyo a la investigación y a la innovación que se están adoptando o que se adoptarán en el futuro (11).

2.2

Como menciona la Comunicación, la competencia mundial para atraer inversiones hacia la investigación y la innovación crece constantemente, incluso en los países emergentes, como China, la India y Brasil. «La diferencia en la inversión en investigación entre la Unión Europea y los Estados Unidos ya supera los 120 millardos al año y va en rápido aumento» (12) . En el caso de Europa, el grado de competencia es tan elevado que ningún Estado miembro puede triunfar aisladamente. Las sinergias transnacionales constituyen la única vía para fomentar la investigación y la innovación y transformar estas últimas en crecimiento y trabajo. Además, la investigación y la innovación son necesarias para aumentar la sostenibilidad de la economía de la UE con soluciones que favorezcan el crecimiento económico, el desarrollo social y la protección medioambiental.

2.3

Gracias al Plan de acción, la mayoría de los Estados miembros ha empezado a adoptar medidas nacionales para estimular la I+D en el sector privado y a fijar objetivos para alcanzar el 2,6 % del PIB en inversión en investigación para 2010. Las ventajas fiscales adquieren en este sentido una importancia particular (13). No obstante, la intensidad de la investigación en la UE se encuentra más o menos estancada, incluso en el sector privado: la situación es preocupante.

2.4

La justificación de las acciones abre el debate sobre las comparaciones de productividad entre los Estados miembros de la UE y otros países.

2.4.1

En primer lugar, existen diversas definiciones de «productividad» (relación entre la cantidad producida de un bien o servicio y el número de unidades de un factor de producción empleado). La medida más utilizada es monofactorial –el trabajo– y el indicador que se emplea es la producción de un trabajador por hora en el sector industrial. Se trata de un parámetro que resulta más fácil de obtener, aunque sea parcial. En este caso, el capital se considera un elemento exógeno al proceso de producción.

2.4.2

En segundo lugar, no debemos caer en la generalización cuando comparamos Europa con los Estados Unidos, sino distinguir las diferencias importantes por sector y Estado, incluso dentro de un país como Estados Unidos. En Europa hay sectores y países competitivos en los que se registran importantes progresiones en cuanto a productividad. Según el informe de O'Mahony y van Ark (2003), los cálculos de los costes por unidad de trabajo en el sector manufacturero reflejan que la UE no es competitiva frente a los Estados Unidos en los sectores de alta tecnología, aunque sí lo es en otros. Sin embargo, la competencia principal en las industrias tradicionales la constituyen los bajos salarios de terceros países y no los Estados Unidos. Esta situación ejerce una presión difícil de soportar para la UE. La visión de Dosi, Llerena y Labini (2005) es más crítica: consideran la necesidad de una política industrial europea que no sea tabú.

2.4.3

En tercer lugar, la productividad global de los factores o total factor productivity (TFP) constituiría la mejor medida –obtenida adaptando el PIB para tener en cuenta las diferencias en todos los inputs empleados (Calderón, 2001)– y permitiría una mejor comparación entre países. Con el fin de explicar las diferencias de productividad entre países, en diversos estudios empíricos se ha procedido a clasificar en tres grupos los factores de aumento de la productividad de la mano de obra o el factor total. No obstante, dada la interdependencia entre Estados, Calderón afirma que las diferencias de TFP entre países parecen deberse a la velocidad de la difusión tecnológica (mediante el comercio, la inversión directa extranjera o la inmigración) (14).

2.4.4

Si el asegurar la rapidez de la difusión es lo que marca la diferencia, las PYME innovadoras son, pues, indispensables para la difusión a través de la creación de nuevos mercados. Del mismo modo, la elección de prioridades estratégicas para la investigación y la innovación podría favorecer una difusión más rápida de los conocimientos.

2.4.5

Por último, la garantía de personal cualificado y la localización de las inversiones empresariales constituye una preocupación tanto en los Estados Unidos como en Europa, sobre todo frente a China, que afronta un déficit de 75 000 trabajadores muy cualificados que le impide pasar a una economía de servicios.

2.5

Dicho esto, habría dos visiones «macro» que marcarían las elecciones de política. Por una parte, existirían necesidades urgentes de innovación organizativa, condición previa para la innovación técnica (Lam 2005 y OCDE 2005), válida también para las instituciones europeas (Sachwald 2005, Sapir et al 2003, Esko Aho 2006). Por otra parte, la razón de que las empresas no inviertan lo suficiente en I+D e innovación en Europa sería la ausencia de un mercado «innovation-friendly» (en favor de la innovación) en el cual lanzar nuevos productos y servicios (Esko Aho 2006). El CESE señala, no obstante, que el espíritu empresarial y la asunción de riesgos siguen siendo indispensables.

2.6

Las deficiencias del mercado como creador de innovación son ampliamente conocidas en la literatura a partir de los estudios de Arrow (1962) y de Dasgupta y Stiglitz (1980). Los programas marco de la Comisión se han basado, en gran medida, en la racionalidad de un apoyo activo de nivel «micro» a la I+D de las empresas, mediante una combinación de apoyo a la I+D y de promoción de la cooperación para superar los obstáculos más desalentadores (facilitación de la búsqueda de socios y fomento de dinámicas conjuntas que produzcan, entre otras cosas, ventajas en términos de incorporación al mercado, de downstreaming y de economías de escala). Sin embargo, estas iniciativas no han bastado para instaurar una dinámica sostenible de innovación en el conjunto de la UE.

2.7

Por lo tanto, el CESE acoge con satisfacción que la Comisión insista en los niveles «meso», sectorial y transfronterizo. Los instrumentos de asociaciones, redes, clusters (agrupaciones), aglomeraciones, foros y diálogos demuestran la importancia de los vínculos, externalidades y spillovers (repercusiones negativas) entre empresas y organizaciones, así como geográficos, para facilitar la innovación. En estos espacios de coordinación se podrán identificar más fácilmente los factores de impacto en el nivel de inversión en innovación y de bottleneck (puntos de congestión).

2.8

No obstante, el enfoque y las acciones propuestas no vienen acompañados de indicaciones presupuestarias, aunque para llevarlos a cabo se requieren recursos y capacidades de coordinación importantes. Además, en la misma página en que la Comisión realiza la única mención de la presente Comunicación en su Comunicación al Consejo de Primavera de 2006, recuerda que «las propuestas legislativas sólo producirán efectos prácticos una vez que las hayan adoptado el Consejo y el Parlamento. Además, muchas de las acciones financieras dependen de la finalización y la realización de las perspectivas financieras de 2007-2013». Incluso las acciones propuestas son solamente a título indicativo.

2.9

El CESE insta a la Comisión a aportar lo antes posible indicaciones presupuestarias que incluyan un sistema claro de seguimiento y evaluación de esta comunicación con una fecha precisa, por ejemplo, 2008. Además, el CESE estima necesario que la Comisión elabore un informe que comprenda todos los informes de los grupos de expertos directamente relacionados con la comunicación y una evaluación de las recomendaciones formuladas. Tales indicaciones deberían ser coherentes con la opción y las acciones elegidas. Por último, en el marco de los esfuerzos por superar la fragmentación existente, sería conveniente tener un esquema de las personas responsables de la coordinación de las acciones propuestas en el documento COM(2005) 488 a todos los niveles (regiones, Estados miembros e instituciones europeas). La Comisión ha realizado grandes esfuerzos en los Trendcharts (gráficos de tendencias) por país, en los que se describen las instituciones de investigación e innovación, lo que podría utilizarse como base para realizar dicho esquema. También sería interesante reflexionar acerca de las experiencias de «virtual agency» (agencia virtual) en los Estados Unidos en el campo de la investigación y la innovación.

2.10

El CESE observa, además, que en la Comunicación no se definen los conceptos principales (investigación, innovación, conocimiento y tecnología). Ahora bien, la Comisión ha apoyado la investigación transeuropea para lograr dichas definiciones; Eurostat y la OCDE han definido la innovación. En el último Cuadro europeo de indicadores de la innovación («European Innovation Scoreboard») sobre la relación entre los inputs y los resultados o outputs de innovación, se crea el concepto de «innovation efficiency» (eficiencia de la innovación) y se considera la I+D como una input de la innovación. Asimismo, sería necesario que se estableciera una mejor distinción entre las acciones destinadas a la investigación y la innovación como tales y las políticas de promoción de condiciones para generar innovación (por ejemplo: formación, recepción y gestión de recursos humanos móviles, y ayuda a las PYME y a las regiones más desfavorecidas en un uptake (consumo) de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) donde los costes sean proporcionalmente más altos que para otros agentes); es decir, distinguir entre la innovación entendida como nuevos productos y servicios en el mercado y la innovación como proceso. La primera es una condición necesaria, aunque insuficiente, para un crecimiento endógeno dinámico.

2.11

El seguimiento del CESE en la materia es muy activo: ha elaborado diversos dictámenes sobre el amplio ámbito que abarca el documento COM(2005) 488. Por falta de espacio, el CESE se limita a recordar brevemente sus dictámenes, entre los que cabe destacar el Dictamen sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones — Hacia un espacio europeo de investigación» (CESE 595/2000), en el que figuran todos los temas del documento COM(2005) 488, en particular en los puntos 7 «Investigación e innovación técnica» y 8 «Intercambio de personal entre institutos de investigación e industria».

2.12

En el Dictamen CESE 724/2001 sobre ciencia y sociedad se señala el papel de la investigación básica en la mayoría de las grandes invenciones. En el punto 2.5 del Dictamen del CESE sobre la investigación fundamental en Europa (15) y su correlación con la investigación aplicada se subraya la cuestión de las patentes: el CESE señala la urgencia de crear un sistema de patente europea que, como en los Estados Unidos, conceda un periodo de gracia entre la publicación científica de una invención y la patente de utilización de dicha invención. El CESE declara que la obtención de esta patente comunitaria debe ser rápida y poco costosa, y lamenta su retraso debido a cuestiones lingüísticas.

2.13

El Dictamen del CESE sobre los investigadores en el espacio europeo de la investigación respalda la «Carta europea del investigador» (16) y, en el punto 5.4, subraya la necesidad de intercambios entre el mundo universitario y el empresarial. Por otro lado, recomienda una mayor valorización de los expertos con años de experiencia, previendo la compatibilidad y el reconocimiento de varios componentes de la seguridad social y de alojamiento garantizando, al mismo tiempo, «la cohesión familiar» (punto 5.5.5). En su Dictamen sobre la ciencia y la tecnología (17), el CESE (18) subraya la importancia, la financiación y la organización en subprogramas y en nueve ámbitos de investigación del Séptimo Programa Marco de Investigación (PM7), sobre los que el Comité ha emitido dictámenes específicos (19).

2.14

En su Dictamen sobre el programa marco para la innovación y la competitividad (2007-2013) (20), el CESE señala la importancia de la participación de las PYME y de los interlocutores sociales en la innovación (21). A su juicio, éstos deben participar plenamente para que la innovación tenga éxito. En su dictamen en curso sobre el marco político para reforzar la industria manufacturera de la UE, acoge con satisfacción el enfoque sectorial; no obstante, recuerda que la coordinación precisa recursos, pero que no se dispone de presupuesto para ello. Por otro lado, espera que las cualificaciones de los trabajadores –que sigue siendo un tema sectorial– reciban la atención necesaria. Esta política industrial con más grado de integración reviste suma importancia: «da empleo a más de 34 millones de personas, que representan más del 80 % del gasto en I+D del sector privado de la UE».

3.1

El CESE aprueba, en particular, los esfuerzos de la Comisión en favor de un sistema competitivo europeo de la propiedad intelectual y en cuanto a las normas de difusión de los resultados de la investigación (2007-2013). Además, recomienda que se preste una atención especial a la gestión de las patentes de innovación, tanto dentro como a través de los instrumentos mencionados en el punto 2.7.

3.2

Un mejor sistema de difusión de conocimientos resulta esencial para la competitividad. Cabe señalar la iniciativa de los Centros de Enlace de la Innovación y la idea de la Comisión de utilizar bonos para las PYME en el PIC (programa marco de competitividad e innovación) para servicios de consultoría en sus estrategias de innovación. Los clusters transfronterizos facilitarían esta difusión; su importancia se reconocerá en una próxima comunicación sobre los clusters en Europa. En 2006 se empezará a crear una base de datos sobre los clusters.

3.3

El CESE insiste en la importancia de la dimensión social de la innovación y de la valorización del capital humano y social como generador de investigación e innovación, y espera que la próxima versión del Manual de Oslo (OCDE-Eurostat) incluya estadísticas para tenerlo en cuenta con indicadores para el capital humano cualificado y para otros espacios fuentes de innovación, como las universidades y otros institutos de educación y las plataformas mixtas industria/organismos del Estado/universidades.

3.4

Por lo que se refiere a las ayudas de Estado para la innovación, que supondrían un impulso importante para los gastos en investigación de las empresas, el CESE se congratula por la atención prestada a las PYME e insta a la Comisión a considerar la creación de empleo como inversión en investigación e innovación, si los puestos de trabajo tienen como finalidad precisa estas últimas. Asimismo, el CESE subraya la necesidad de fomentar la creación de PYME innovadoras con instrumentos como el capital riesgo y garantizando la implicación del Fondo Europeo de Inversiones.

3.5

Unos recursos humanos adaptados a todos los niveles constituyen un importante factor para la innovación, dada la competencia global mencionada en el punto 2.4.5. La Comunicación se centra en los recursos científicos. Ahora bien, convendría tratar también el tema del empleo cualificado no científico. Por otro lado, convendría hallar un equilibrio entre la oferta y la demanda de competencias y conocimientos específicos según las necesidades de cada sector. La participación de todos los agentes sociales y partes interesadas sería de gran ayuda a la hora de encontrar soluciones eficaces y rápidas. El CESE pide a la Comisión que abra el debate sobre el tema.

3.6

Del mismo modo, en aras de la movilidad, sería conveniente avanzar en lo que se refiere a las cartas de competencias comunes europeas, necesarias en cada sector y ámbito, sin olvidar la dimensión cualitativa de la educación (valores e igualdad de oportunidades). Como las DG Empleo y Educación y Cultura se ocupan también del tema de los recursos humanos, sería importante que se integraran sus iniciativas sobre investigación e innovación en esta Comunicación con el fin de cubrir todo el abanico.

3.7

El CESE invita a la Comisión a promover la investigación y la innovación en todos los sectores posibles: no solamente existen problemas de competitividad en el sector de la alta tecnología. La gestión estratégica de los cambios que acompaña a un uptake o consumo masivo de nuevas tecnologías en las PYME podría incluirse entre las acciones propuestas. En este sentido, la participación de los agentes sociales y otras partes interesadas sería vital.

3.8

El CESE está de acuerdo con el informe Esko Aho en cuanto a que las empresas de más de 250 trabajadores no reciben toda la atención necesaria: una de las posibles razones residiría en el carácter excesivamente restringido de la definición de las PYME con respecto a la de los Estados Unidos y Japón. El CESE considera necesario que se preste atención a la financiación de las PYME innovadoras con vistas a crear una economía europea de la innovación en la que haya cohesión social. No resulta sorprendente que la región de Emilia-Romaña, que forma parte de la red Paxis (Pilot action of excellence on innovative start-ups) sea una de las más activas en este sentido, aunque otros indicadores de innovación en Italia sean menos favorables. Del mismo modo, los servicios de ayuda a las empresas deben especializarse para responder a las especificidades de las PYME en sus diversas formas (cooperativas, otras empresas de economía social, etc.).

3.9

El CESE desearía que la Comisión mencionara las acciones de investigación e innovación con otras regiones del mundo. La Comisión ya ha adoptado un enfoque internacional en los TrendCharts y en diversas iniciativas. Tras la Comunicación 346 de 25 de junio de 2001 sobre la dimensión internacional del espacio europeo de la investigación (EEI), el programa INCO del Sexto Programa Marco ha favorecido la participación de terceros países, y seguirá haciéndolo con el Séptimo Programa Marco. Estas acciones podrían valorizarse dedicándoles un capítulo específico del abanico propuesto. Asimismo, el papel del medio urbano y metropolitano en la innovación merece ser objeto de más estudios.

3.10

El CESE recomienda a la Comisión que evalúe el calendario relativo a la inversión tecnológica, la liberalización y la reestructuración, dado que las empresas y, sobre todo, las de mayor dimensión, tendrán que hacer frente a los cambios de dirección al tiempo que a las necesidades de inversión en investigación e innovación (por ejemplo, en el ámbito de la energía, transportes e industrias de red).

3.11

Por otro lado, el CESE estima que podría ser necesario encontrar un término medio entre la promoción de la innovación en materia de marketing y licensing (conjuntamente) para nuevos productos y servicios, y el derecho sobre competencia.

3.12

El CESE considera la innovación como un input para una economía competitiva en la que exista cohesión social y no como un resultado final en sí mismo. Teniendo en cuenta que constituye todo un reto, el CESE pide a la Comisión que realice estadísticas y promueva estudios con el fin de medir mejor los vínculos entre la innovación, la competitividad y la cohesión social, con objeto de evaluar sus resultados de forma clara y eficaz y comunicarlos a los ciudadanos europeos de manera convincente. Según el informe de Dosi, Llerena y Labini, es necesario que se realicen acciones ambiciosas y misiones tecnológicamente audaces que se justifiquen por su valor intrínseco social y político (Dosi et al, 2005).

3.13

Además, considerando la innovación como sistema, el CESE insta a la Comisión a coordinarse con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) con el fin de asegurar sinergias entre los programas de este último Séptimo Programa Marco de Investigación y el Programa marco para la innovación y la competitividad (PIC), de modo que la innovación se conforme como un sistema dinámico y bien estructurado.

16.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 309/15

1.1

Se acoge favorablemente esta propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medicamentos de terapia avanzada, por el que se modifican la Directiva 2001/93/CE y el Reglamento (CE) no 726/2004.

1.2

En efecto, en un contexto en el que se aceleran los progresos científicos, especialmente en el ámbito de las biotecnologías, es importante aportar aclaraciones, rigor y competencia.

1.3

Los objetivos de esta propuesta son varios: permitir la constitución de un conjunto coherente en el ámbito de las terapias avanzadas, colmar el vacío reglamentario actual y reforzar la evaluación específica de la Agencia Europea de Medicamentos en estos campos nuevos. De esta forma, se podrá:

1.4

Para tener en cuenta las particularidades de los medicamentos de terapia avanzada, el marco jurídico elegido debe ser exhaustivo, sólido y aplicable en todos los Estados miembros.

1.5

Se ha optado por la fórmula del reglamento, que, en el presente caso, parece ser el instrumento jurídico más adecuado, sobre todo si se tiene en cuenta que hasta que no se adopte un régimen legislativo específico no podrán resolverse los problemas de salud pública que siguen planteándose actualmente en la Unión Europea en relación con los medicamentos de terapia avanzada.

1.6

No obstante, esta propuesta de Reglamento presenta determinados aspectos que pueden plantear dificultades de aplicación debido a la definición establecida respecto de la propuesta de Directiva sobre los productos sanitarios, por lo que es necesario garantizar que en el texto definitivo se aclaran varios interrogantes y eventuales dudas:

2.1

El examen de la propuesta de Reglamento, artículo por artículo, da lugar a una serie de observaciones, interrogantes y recomendaciones. En lo referente al artículo 2 «Definiciones» (1):

2.2

Las definiciones relativas a los medicamentos genoterápicos y a la terapia celular somática no suelen plantear problemas, sobre todo porque con el tiempo y la experiencia se han alcanzado consensos al respecto; estos productos ya están clasificados como medicamentos y regulados como tales en la Comunidad.

2.2.1

La definición de un producto obtenido mediante la ingeniería tisular resulta más compleja. La versión actual del artículo 2.1.b), al indicar en el primer guión que un producto de ingeniería tisular «consiste en células o tejidos genomanipulados, o los contiene» sin especificar «como parte integrante», engloba de hecho dentro de los medicamentos innovadores a los productos sanitarios que incorporan con «una acción accesoria» productos de la ingeniería tisular, vaciando de sentido lo dispuesto en la propuesta de Directiva sobre productos sanitarios que se debate actualmente.

2.2.2

La redacción del segundo guión del artículo 2.1.b) también puede generar problemas de aplicación y, en concreto, de superposición con la Directiva sobre productos sanitarios: dado que los productos de la ingeniería tisular se engloban dentro de la normativa sobre los productos farmacéuticos, sería aconsejable hacer referencia a su función primaria de tratamiento o prevención de las enfermedades o de modificación de las funciones fisiológicas con una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, y no limitarse a las propiedades de «regenerar, restaurar o reemplazar un tejido humano», que también caracterizan a determinados tipos de productos sanitarios.

2.3

Cabe destacar el esfuerzo que se ha realizado para definir con la mayor exactitud posible lo que se entiende por «producto de ingeniería tisular». A pesar de ello, no se desprende claramente la diferencia con respecto a la terapia celular (trasplantes de médula, trasplantes de citoblastos, trasplantes de sangre de cordón umbilical, citoblastos adultos o embrionarios, etc.).

2.4

Para tratar de clarificar esta definición, el Comité propone emplear como pistas de reflexión ejemplos de productos actualmente considerados como de ingeniería tisular. Se podría así mejorar la comprensión, tanto más cuanto que nadie ignora la existencia de un debate y de controversias al respecto, sobre todo en lo referente a los citoblastos embrionarios.

2.5

Los aspectos éticos no plantean ya ningún problema, salvo en el caso de los citoblastos embrionarios humanos (HESC).

2.6

La controversia más importante se refiere al modo de producción de estos citoblastos. En particular, la producción de citoblastos mediante transferencia nuclear (es decir, clonación) plantea graves cuestiones éticas y, hasta la fecha, no se ha conseguido llegar a un verdadero consenso al respecto en la Unión Europea. Las reticencias más frecuentes son el riesgo de clonación reproductiva, de tráfico de ovocitos y de comercialización de partes del cuerpo humano.

2.7

En efecto, tanto el Convenio europeo sobre bioética (Convenio de Oviedo, 1998) como el Comité Internacional de Bioética (Unesco, 1997) condenan explícitamente estas prácticas.

2.8

A falta de consenso entre los Estados miembros de la Unión Europea, el uso de los citoblastos embrionarios humanos es, por tanto, una responsabilidad nacional.

2.9

Es pues esencial la precisión de los considerandos (2), porque tiene claramente en cuenta la realidad del debate y recuerda que este texto que regula los medicamentos de terapia avanzada a escala comunitaria no tiene por objeto «interferir con las decisiones de los Estados miembros para permitir o no el uso de cualquier tipo específico de células humanas (como los citoblastos embrionarios) o animales».

2.10

Este texto tampoco debe «afectar a la aplicación de la legislación nacional que prohíbe o restringe la venta, el suministro o el uso de medicamentos que consistan en dichas células, las contengan o deriven de ellas».

3.1

La armonización de los principios con respecto a los demás medicamentos biotecnológicos modernos actualmente regulados a escala comunitaria requiere un procedimiento centralizado de autorización, es decir, una evaluación científica única de la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos de terapia avanzada.

3.2

Sin embargo, por su propia naturaleza, estas terapias avanzadas requieren unos procedimientos preclínicos y clínicos específicos con respecto a los tratamientos médicos clásicos, especialmente en lo que atañe a los conocimientos, el plan de gestión de riesgos y la farmacovigilancia posterior a la autorización de comercialización.

3.3

La propuesta de Reglamento objeto de examen destaca, con razón, la necesidad de desarrollar en las comisiones de evaluación de los productos de medicina humana (CHMP (3)) unos conocimientos específicos para evaluar este tipo de productos, por ejemplo, mediante la participación de asociaciones de pacientes en los grupos de evaluación.

3.4

Es determinante, a este respecto, la propuesta de creación de un Comité de terapias avanzadas (CAT (4)), al que el Comité de medicamentos de uso humano de la Agencia Europea de Medicamentos deberá consultar sobre todo lo relacionado con la evaluación de datos relativos a los medicamentos de terapia avanzada, antes de emitir su dictamen científico final.

3.5

En efecto, la creación de este Comité de terapias avanzadas permitirá reunir, en el conocido contexto de escasez, a los mejores expertos actualmente disponibles a nivel comunitario en el campo de los medicamentos de terapia avanzada, así como a representantes seleccionados de las partes interesadas.

3.6

Esta creación se justifica plenamente porque permitirá definir, además de los procedimientos científicos, las normas de buenas prácticas clínicas y de buenas prácticas de fabricación, y acompañar su evaluación hasta la autorización de comercialización e incluso más allá de esta autorización.

3.7

Es importante recordar el principio según el cual «las células o los tejidos que contengan los medicamentos de terapia avanzada deben obtenerse mediante donación voluntaria y no remunerada». Se contribuye de esta forma a responder a la voluntad permanente de aumentar las normas de seguridad de los tejidos y las células, a evitar los riesgos de comercialización de partes del cuerpo humano y, por ende, a proteger la salud humana.

3.8

Se confirma la función de asesoramiento de la Agencia Europea de Medicamentos, que será determinante en todos los niveles: desde la producción de medicamentos de terapia innovadora, las buenas prácticas de fabricación o las normas relativas al resumen de características del producto, etiquetado, prospecto y especificidades técnicas de los medicamentos, hasta la determinación de las zonas limítrofes con otros sectores (como los de los cosméticos o los productos sanitarios), que pueden ir surgiendo con el desarrollo de la ciencia.

3.8.1

Hay quien señala que los procedimientos utilizados pueden conllevar costes elevados, cuando las autorizaciones nacionales son menos costosas, y plantean el problema de los períodos de transición más largos a nivel nacional (cinco años) que a nivel de la Unión Europea (sólo dos años). Este riesgo político de procedimiento nacional descentralizado podría obstaculizar su acceso a los medicamentos de terapia avanzada. En efecto, algunos Estados miembros disponen de este acceso, mientras que otros no.

3.9

Por último, la propuesta examina adecuadamente el aspecto económico de la cuestión (5). Es esencial que en el ámbito de la industria sanitaria la Unión Europea ocupe el lugar que le corresponde en la competencia mundial, tanto a nivel del mercado interior como del mercado extracomunitario.

3.10

Los avatares de la situación económica debidos a la incertidumbre o a la rápida evolución del sector científico, así como el coste considerable de los estudios, provocan grandes retrasos a la hora de realizar inversiones importantes y sostenibles en el sector de los medicamentos y, en particular, los medicamentos de terapia avanzada.

3.11

Además, suelen ser pequeñas y medianas empresas las que llevan a cabo los estudios necesarios para demostrar la calidad e inocuidad no clínica de los medicamentos de terapia avanzada, que con frecuencia no se basan en experiencias anteriores en el ámbito farmacéutico (se trata en general de «spin-off» (empresas derivadas) de laboratorios de biotecnología o de productores de productos sanitarios).

3.12

Como apoyo e incentivo a la realización de estos estudios, parece pertinente la propuesta de crear «un sistema de evaluación y certificación por la Agencia de los datos resultantes, independientemente de cualquier solicitud de autorización de comercialización».

3.12.1

Sin embargo, la ingeniería de tejidos permite obtener productos elaborados por PYME, empresas de nueva creación o empresas derivadas, es decir empresas que no forman parte de la industria farmacéutica. Se imponen pues varias observaciones:

3.13

Se debe apoyar, e incluso alentar, el objetivo de facilitar la evaluación de cualquier futura solicitud de autorización de comercialización que se base en los mismos datos.

3.14

No obstante, convendrá estar alerta y, si fuera necesario, adaptar dicha disposición, a fin de tener en cuenta la rápida evolución de los datos científicos (por ejemplo, duración de validez de los datos, o condiciones de su tenencia), proteger en permanencia la salud de los pacientes y, de forma más general, conformarse a las normas éticas.

3.15

El informe previsto sobre «la aplicación del presente Reglamento una vez que se tenga experiencia al respecto» podría brindar la oportunidad de entablar un debate en los órganos interesados (en particular, el Comité de terapias avanzadas (CAT) y el Comité de medicamentos de uso humano (CHMP)).

3.15.1

No obstante, la dependencia del CAT con respecto al CHMP –el CAT constituye un mecanismo original de expertos a las órdenes del CHMP– entorpece bastante los procedimientos y podría provocar inútiles discordancias.

3.16

De forma más general, la publicación de este informe (capítulo 8, artículo 25) podría incluir, además de «información integral sobre los distintos tipos de medicamentos de terapia avanzada autorizados de conformidad con el presente Reglamento», información y resultados relativos a los incentivos previstos en el capítulo 6 (artículos 17, 18 y 19): «Asesoramiento científico», «Recomendación científica sobre la clasificación de terapia avanzada» y «Certificación de calidad y de datos no clínicos».

4.1

En resumen, se puede afirmar que esta propuesta de Reglamento es pertinente y útil. Está al servicio de los pacientes, permite acompañar la evolución científica y fijar las definiciones y condiciones de utilización de los medicamentos de terapia avanzada.

4.1.1

Aunque los pacientes tienen depositadas grandes esperanzas en estas nuevas tecnologías para eliminar el sufrimiento y responder a legítimas expectativas –en particular, en el ámbito de la medicina regenerativa–, la vigilancia de estas investigaciones debe realizarse mediante pruebas esenciales cuyos protocolos deben garantizar una seguridad absoluta para los pacientes; todo ello sin perder de vista la cuestión de los residuos, aspecto éste importante desde el punto de vista del medio ambiente. En este contexto, un objetivo principal (punto 2.1 de la exposición de motivos), además del elevado nivel de protección de la salud, también debería ser que se garantice la calidad médica.

4.2

Este texto es importante, especialmente para los ámbitos de la genoterapia y la terapia celular somática. Las precauciones que se toman, tanto desde el punto de vista de las definiciones como de la utilización de los productos derivados de la ingeniería tisular, ponen claramente de manifiesto el hecho de que, al no estar cerrado el debate ético, ya que en el fondo se trata de diversos modos de entender el humanismo, la propuesta de Reglamento examinada no ambiciona zanjar el debate o alimentarlo más allá de las consideraciones propias de cada Estado.

4.2.1

Esta propuesta de Reglamento establece las condiciones necesarias para colmar la laguna reglamentaria que existe tanto en la propuesta de Directiva relativa a los productos sanitarios como en la propuesta de Reglamento objeto de examen. El principio general de evaluación del riesgo se aplica tanto a los medicamentos de terapia avanzada como a los productos sanitarios. Los productos combinados (a saber, productos sanitarios que integran elementos de ingeniería tisular) pueden complicar la situación: en tal caso, conviene garantizar tanto la calidad como la seguridad y la evaluación también debe incluir la eficacia de uso de un medicamento innovador en el producto sanitario específico.

4.3

En consecuencia, el Comité se pronuncia favorablemente sobre esta propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre medicamentos de terapia avanzada, y por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE y el Reglamento (CE) no 726/2004, indicando los aspectos críticos que requieren una solución clara para garantizar la aplicación correcta de la Directiva.

16.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 309/18

1.1

El presente dictamen responde a una consulta efectuada por la Comisión y es consecuencia de su Comunicación de marzo de 2005 Legislar mejor para potenciar el crecimiento y el empleo en la Unión Europea  (1).

1.2

La simplificación debería tener como resultado un marco regulador de alta calidad, de más fácil comprensión y que tome más en consideración a los usuarios.

1.3

La simplificación debería aumentar el respeto de la legislación de la UE y, al mismo tiempo, reforzar su legitimidad.

1.4

El Comité considera que los Estados miembros tienen una gran responsabilidad a la hora de garantizar la correcta transposición de las medidas comunitarias a sus legislaciones nacionales y su cumplimiento. El Comité reconoce que el Acuerdo Interinstitucional — «Legislar mejor» (2) proporciona un «código de conducta» para los Estados miembros a fin de transponer y aplicar mejor las directivas comunitarias. Lo importante es que el marco regulador resultante a nivel nacional sea lo más equilibrado posible en su contenido y, al mismo tiempo, lo más sencillo posible para las empresas, los trabajadores, los consumidores y todos los agentes de la sociedad civil.

1.5

El Comité desea que los agentes socioprofesionales participen en los procedimientos de «comitología» de simplificación y regulación, siguiendo un modelo similar al de los comités SLIM, pero de manera más sistemática y en una fase temprana de esta regulación, y no a posteriori, como sucedió con los experimentos de SLIM.

1.6

El Comité querría ver una mayor consulta entre la Comisión y las partes interesadas, similar a la que ha conducido a la Comunicación que se examina. Considera que esto supondría una ayuda material a la «corregulación» (3) a que se hace referencia en el apartado 3 d de la Comunicación. Lamenta, no obstante, la falta absoluta de referencias a la «autorregulación» (4), algo que el CESE lleva solicitando desde hace algún tiempo (5).

1.6.1

En relación con la autorregulación, el Comité también reconoce, sin embargo, el peligro de no encontrar unas normas vinculantes para los agentes participantes, y de que los propios agentes alcancen acuerdos voluntarios que puedan decidir respetar o no.

1.7

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas desempeña un papel cada vez mayor en la interpretación de las directivas comunitarias y ha tenido que interpretar el enunciado a veces ambiguo de directivas que emanan del procedimiento de «codecisión». Al TJCE también se le exige cada vez más que oriente a los tribunales nacionales cuando sus actividades sean complementarias. El Comité observa los progresos realizados por el TJCE al reducir en un 12 % el número de asuntos pendientes relativos a la falta de notificación por los Estados miembros, aplicación incorrecta y no conformidad con las directivas comunitarias.

1.8

El Comité reconoce la importancia de esta Comunicación de la Comisión para aplicar el programa de Lisboa, donde los progresos han sido por desgracia lentos debido a que los Gobiernos de los Estados miembros se han mostrado reacios a cumplir los compromisos que adquirieron en Lisboa.

1.9

El CESE acoge con especial satisfacción el compromiso adquirido por la Comisión de hacer un uso más amplio de las tecnologías de la información y espera que la Comisión garantice que, cualesquiera que sean las medidas adoptadas para mejorar las TI, estas últimas sean compatibles con las medidas nacionales (¡o que las medidas nacionales sean compatibles con las de la UE!).

1.10

El CESE ha apoyado siempre la Declaración Conjunta de las seis Presidencias sobre los avances en la reforma de la regulación en Europa de 7 de diciembre de 2004 (6), y espera que las Presidencias siguientes apoyen la misma Declaración (7).

1.11

El CESE tiene conocimiento de los informes del Parlamento Europeo sobre legislar mejor y, en particular, del informe Gargani sobre «una estrategia para la simplificación del marco regulador»  (8).

1.12

El Comité reconoce que la actual Comisión está haciendo un esfuerzo decidido para trabajar sobre la base de las iniciativas sectoriales SLIM y BEST. La acción marco (febrero de 2003-diciembre de 2004) tuvo como resultado el análisis de unos 40 sectores de política y la adopción por la Comisión de alrededor de 40 propuestas de simplificación. Actualmente siguen estando pendientes nueve propuestas de simplificación relacionadas con ese programa.

1.13

El Comité reconoce que la ampliación de la Unión Europea a 25 Estados miembros también ha hecho aumentar la carga reguladora tanto sobre los servicios de la Comisión como sobre las burocracias de los nuevos Estados miembros.

1.14

La simplificación y legislar mejor son actividades complementarias en las que participan el Consejo y el Parlamento, además de la Comisión, con el asesoramiento del CESE y del CDR en caso de que sea necesario.

1.15

El Comité reitera su apoyo, expresado con frecuencia en anteriores dictámenes, a la importancia de aligerar las cargas reguladoras y financieras sobre las empresas, en particular las PYME.

2.1

El Comité ha emitido una serie de dictámenes sobre la simplificación a raíz de una solicitud formulada por el Consejo Europeo en 1995, cuando se creó un grupo de trabajo para estudiar maneras de simplificar las normas de la UE.

En esta serie de dictámenes, el CESE ha llegado a las siguientes conclusiones:

2.2

Es necesaria la interacción entre la simplificación y una mejor aplicación y cumplimiento. La actual Comunicación de la Comisión parece haber tomado en consideración algunas de las conclusiones de informes anteriores del CESE donde se reconoce que «la simplificación no es algo nuevo». La serie de Comunicaciones de la Comisión se remonta a 1997, esto es, dos años después que el CESE solicitase por vez primera la simplificación.

3.1

En la Comunicación se reconoce que la simplificación debe, no sólo a nivel comunitario, sino también nacional, facilitar las cosas a los ciudadanos y a los operadores con una mejor relación coste-eficacia.

3.2

Parte importante de la nueva estrategia de simplificación a nivel comunitario es la revisión del acervo. Establece un ambicioso programa permanente de tres años, de 2005 a 2008, ligado a la experiencia práctica de las partes interesadas, con un planteamiento basado en una evaluación sectorial continua en profundidad.

3.3

El planteamiento de la Comisión en relación con la simplificación se basa en cinco instrumentos (10):

3.4

La Comunicación de la Comisión reconoce que sólo puede tener éxito con el apoyo de otras instituciones de la UE y, especialmente, de los Estados miembros. El reconocimiento por parte de estos últimos de la necesidad de mantener la aplicación de la legislación comunitaria lo más próxima posible a las directivas originales adoptadas mediante el procedimiento de codecisión, sin añadidos («gold-plate»), sería un elemento importante.

3.5

En la Comunicación se toman en consideración los resultados del amplio proceso de consulta realizado con los Estados miembros y las partes interesadas. Las conclusiones derivadas de este proceso consisten en que las propuestas de la UE deberían:

Esta última es probablemente la mayor preocupación de las partes interesadas.

La Comunicación de la Comisión incluye en su anexo 2 una lista de 222 medidas de simplificación. El programa de simplificación de la Comisión abarca el período comprendido entre 2005 y 2008.

3.6

La primera Directiva sobre legislación en materia de sociedades (68/151/EEC) se simplificó, actualizó y modernizó en 2003 para aprovechar al máximo las modernas herramientas y tecnologías de la información y fomentar la transparencia en lo que se refiere a las sociedades anónimas. No obstante, la Directiva modificada podría muy bien incluirse en un posible ejercicio de refundición o codificación. Se inició una consulta pública a finales del pasado año a fin de recabar los puntos de vista de las partes interesadas sobre estas opciones.

4.1

La «simplificación» no debe confundirse con un medio para lograr la desregulación «por la puerta trasera». La simplificación administrativa no debe conducir a infiltrar y erosionar las normas sociales vigentes, en particular en materia de protección de los trabajadores, de los consumidores y del medio ambiente.

4.2

El Comité acoge favorablemente la Comunicación y apoya a la Comisión al señalar que el éxito de la simplificación del marco regulador depende tanto de los Estados miembros y de sus agencias reguladoras como de las Instituciones europeas.

4.2.1

Sería útil elaborar un código de conducta, como ya se sugirió en otros dictámenes del CESE (13) (véase asimismo el anexo I).

4.2.2

El CESE recuerda que el éxito del programa de simplificación no dependerá exclusivamente de la capacidad de la Comisión para obtener resultados, sino también de la capacidad de los colegisladores para adoptar en un plazo razonable las propuestas de simplificación presentadas por la Comisión.

4.2.3

Debería recordarse que el Acuerdo interinstitucional «Legislar mejor» dispone en su apartado 36 que «Dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente Acuerdo, el Parlamento Europeo y el Consejo, a quienes corresponde como autoridad legislativa la aprobación final de las propuestas de actos simplificados, deberán, por su parte, modificar sus métodos de trabajo, instaurando, por ejemplo, estructuras ad hoc específicamente encargadas de la simplificación legislativa».

4.3

En la Comunicación se reconoce la importancia de la iniciativa de simplificación para las PYME y los consumidores. Una legislación nacional o comunitaria mal redactada deja a los consumidores con incertidumbre sobre sus derechos y sus posibilidades de obtener reparación.

4.4

El Comité también acoge favorablemente el compromiso adquirido por la Comisión de mejorar el proceso de elaboración de evaluaciones de impacto, no sólo en el contexto de las cargas impuestas a las empresas, sino también en cuanto a su repercusión sobre los consumidores, los grupos desfavorecidos (como las personas con discapacidad) y el medio ambiente. En el contexto del objetivo declarado en el marco del Proceso de Lisboa de estimular el «crecimiento y el empleo», deberían acogerse muy favorablemente las evaluaciones de impacto para los trabajadores y también sobre el empleo en general. Cabe acoger con especial satisfacción la sugerencia de que deberían utilizarse más las «ventanillas únicas» y la referencia en algunas directivas a los ensayos «virtuales» o «autoensayos» en el contexto de los vehículos de motor.

4.5

Sería útil que la Comisión elaborase una evaluación de impacto para justificar la retirada de propuestas, tal y como está haciendo actualmente para las nuevas propuestas.

5.1

La Comunicación implica que el proceso de adaptación de las directivas a los progresos técnicos («comitología») ha de hacerse más transparente –algo que ha solicitado con frecuencia el Parlamento Europeo. No obstante, los Estados miembros tienen responsabilidad en este asunto. El trabajo de comitología lo desempeñan «expertos nacionales» y existen indicios importantes que sugieren que estos «expertos» no toman en consideración los puntos de vista de sus gobiernos en sus actividades de comitología (un ejemplo de ello es la Directiva de 1979 sobre las aves, a la que los «expertos» añadieron anexos técnicos después de que los ministros hubiesen dado su aprobación a la propia directiva en el Consejo).

5.2

Debería destacarse la importancia de la simplificación para los consumidores, los interlocutores sociales y otras «partes interesadas». Los conflictos existentes entre los actos legislativos nacionales de aplicación y las directivas comunitarias originales en las que estos se basan representan una importante carga de trabajo adicional para el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), cuya función es la «interpretación», pero que está teniendo cada vez más que añadir detalles que parecen haber sido pasados por alto o para los cuales el requisito de unanimidad en el Consejo ha hecho que no se obtenga un texto satisfactorio, como, por ejemplo, en las cuestiones relativas a la fiscalidad. Resulta, sin embargo, problemático que el TJCE asuma de manera creciente el papel de los responsables políticos, ya que carece de fundamentos políticos claros para ello y además excede de su mandato. Por lo tanto, adopta decisiones que en realidad deberían ser adoptadas por autoridades democráticamente elegidas.

5.3

El CESE reconoce que la propia Comisión ha hecho un esfuerzo y que se han producido varios cientos de rechazos y declaraciones de obsolescencia, que deberían haber contribuido de manera importante a reducir el volumen del acervo, aunque no necesariamente a reducir las cargas impuestas a las empresas, a los trabajadores, a los consumidores u a otras «partes interesadas». El Comité reconoce que siguen existiendo ámbitos en los que es necesaria una mayor legislación a nivel comunitario para defender el medio ambiente y los derechos de los trabajadores, los consumidores y los grupos desfavorecidos (como las personas con discapacidades u otras minorías), y garantizar que todos ellos puedan acceder plenamente a los beneficios del mercado único.

5.3.1

Por otra parte, el sistema más utilizado hasta ahora es el de la actualización. Si bien permite la introducción de algunas modificaciones necesarias para actualizar las normas, el objetivo de la simplificación no siempre se consigue; en efecto, por el contrario, a veces se superponen medidas para que sigan existiendo simultáneamente normas antiguas y nuevas en algunos Estados miembros que causan confusión a las partes interesadas. Los responsables de su aplicación en los Estados miembros pueden tener dudas sobre si están o no actuando de acuerdo con sus instituciones jurídicas.

5.3.2

Las características simplificadoras de cada propuesta de simplificación del programa evolutivo deberían explicarse claramente en el correspondiente memorando exploratorio y, si es relevante, en la evaluación de impacto adjunta. Los servicios de la Comisión deberían supervisar cuidadosamente estas propuestas en el curso de su proceso de decisión interinstitucional, a fin de garantizar que se preserva la dimensión correspondiente a la simplificación, como exigen los Acuerdos interinstitucionales (sobre la «técnica de codificación» (14), sobre la «técnica de refundición» (15) y sobre «Legislar mejor» (16)).

5.4

El Comité se remite una vez más a su larga serie de dictámenes sobre la necesidad de legislar mejor y de simplificación, y, en particular, a su dictamen más reciente sobre «Legislar mejor»  (17) en respuesta a una solicitud de dictamen exploratorio de la Presidencia británica.

5.5

El Comité reitera su deseo expresado reiteradamente de que el proceso de legislar mejor y de simplificación continúe siguiendo la Declaración de las seis Presidencias (18).

16.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 309/22

1.1

El programa de acción para las aduanas de la Comunidad (Aduana 2007), que el Consejo aprobó en 2002, incluía entre las acciones principales una revisión radical del Código aduanero comunitario vigente (Reglamento del Consejo (CEE) no 2913/92), que se había quedado obsoleto por la evolución registrada en los mercados y la tecnología, la adopción de diversos Tratados y, sobre todo, las ampliaciones sucesivas de la Unión Europea.

1.2

La idea de proponer un Código totalmente renovado se basa en la consideración de que el antiguo Código, todavía vigente, «no se ha adecuado a los cambios radicales experimentados por el entorno en el que se desarrolla el comercio internacional, (...) ni tampoco a la orientación cambiante de las actividades aduaneras». La propuesta analizada es coherente con las políticas comunitarias –en especial, con los principios del mercado único y de la protección de los consumidores, así como con la Estrategia de Lisboa– y constituye la base para medidas posteriores de racionalización de los regímenes y procedimientos aduaneros, así como de la adecuación de las disposiciones en función del establecimiento de normas comunes entre los sistemas informáticos de los Estados miembros.

1.2.1

A juicio de la Comisión, este conjunto de medidas permitirá aplicar las orientaciones del Consejo sobre la administración electrónica y la Iniciativa «Legislar mejor», además de realizar una serie de objetivos concretos como aumentar la seguridad de las fronteras exteriores, reducir el riesgo de fraude e incrementar la coherencia con las demás políticas comunitarias y, especialmente, la política fiscal.

1.3

El nuevo Código se ha elaborado en el marco de la Estrategia de Lisboa, que se propone hacer de Europa «un lugar más atractivo para invertir y trabajar»; asimismo, es coherente con las propuestas que presentó la Comisión, y aprobó el Consejo en diciembre de 2003, con vistas a crear un entorno simplificado y sin papeles. Por lo demás, la orientación del Consejo también se ve materializada en la propuesta paralela de Decisión «relativa a un entorno sin soporte papel en las aduanas y el comercio» (COM(2005) 609 final de 30 de noviembre de 2005), sobre la que el Comité emitirá otro dictamen.

1.4

Las innovaciones del nuevo Código no se limitan a la forma o a una mera actualización, ya que los cambios que se introducen en las orientaciones de la política aduanera tienen gran calado. En los últimos veinte años, las aduanas han registrado una reducción progresiva de su función de percepción de los derechos de aduanas en paralelo a un aumento significativo de las responsabilidades en la aplicación de medidas no arancelarias sobre seguridad, control de la inmigración clandestina, lucha contra la falsificación, el blanqueo de dinero y el tráfico de drogas, higiene, salud, medio ambiente y protección de los consumidores, además del cobro del IVA y de los impuestos especiales. No obstante, el documento de la Comisión no menciona de manera explícita, respecto del término «seguridad», una función concomitante que seguramente asumirán las aduanas; a saber, una valiosa ayuda para el control del tráfico de armas y la lucha contra el terrorismo. Esta omisión tiene relación con una carencia en la concepción de los sistemas de información, aspecto que se analiza en el punto 3.1.3.1.

1.5

Otra innovación es la adopción de procedimientos informatizados. En el Código vigente ya se prevén estos procedimientos, y se usan de forma generalizada en casi todos los Estados miembros, pero siguen siendo facultativos para las aduanas nacionales y los usuarios. En cambio, el nuevo Código establece su obligatoriedad, paso indispensable para suprimir a largo plazo el soporte papel, que es el objetivo de la iniciativa paralela mencionada en el punto 1.3.

1.6

La elaboración del nuevo Código se ajusta a las políticas de la Comisión y respeta los procedimientos establecidos sobre viabilidad, transparencia y evaluación de impacto. El CESE celebra que se haya consultado a los sectores de la sociedad civil interesados y de que sus opiniones hayan sido ampliamente favorables. Asimismo, apoya a la Comisión en el cumplimiento de los fundamentos jurídicos y de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad, pero se reserva la posibilidad de formular más adelante algunas observaciones relativas a la evaluación de impacto.

1.7

La Comisión consideró cuatro enfoques diferentes y optó, al final, por una solución que prevé una colaboración reforzada entre los sistemas informáticos aduaneros nacionales. La Comisión justifica esta decisión por la necesidad de respetar el principio de subsidiariedad y la comprobación de que los Estados miembros no estaban muy dispuestos a aceptar una solución basada en un sistema europeo centralizado. El CESE toma nota de esta decisión obligada, pero destaca que esta última opción habría sido más fiable y simple y menos gravosa para los usuarios. Respecto del principio de subsidiariedad, su aplicación habría tendido más hacia el nivel europeo que nacional.

2.1

El CESE analizó en febrero del pasado año una «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el Reglamento (CEE) no 2913/92, por el que se aprueba el Código aduanero comunitario» (1) que ya proponía innovaciones en materia de eliminación del soporte papel y la gestión integrada de las fronteras exteriores. El Comité señala con satisfacción que los principios enumerados en dicha propuesta, y que consideró ampliamente positivos, se han mantenido en la propuesta que se analiza y han dado pie a disposiciones concretas sobre las que, de nuevo, se pronuncia favorablemente.

2.2

El conjunto de las nuevas disposiciones presta una atención más pronunciada a los derechos y exigencias de los operadores, lo que se traduce, sobre todo, en una serie de disposiciones que tienen en cuenta, en su caso, los posibles perjuicios derivados de los procedimientos. Esta sensibilidad se registra tanto en la simplificación de la legislación como en la fusión de los regímenes aduaneros que se reducen de los trece actuales a tres: de importación, de exportación y regímenes especiales. Asimismo, merced a la labor de redacción, dos tercios de los artículos del Código vigente se han modificado, integrado o transferido a las disposiciones de aplicación, pasando de 258 a 200 artículos.

2.2.1

El CESE reconoce que la Comisión ha realizado un trabajo delicado y laborioso, respetando los principios generales del mercado único y prestando especial atención a los derechos y necesidades de los operadores. No obstante, señala que la falta de un reglamento de aplicación, cuya redacción es competencia de la propia Comisión, deja por el momento algunas incertidumbres sobre distintas normas. Por lo tanto, el CESE desea que se elabore y apruebe rápidamente un nuevo reglamento de aplicación.

3.1.1

En el artículo 3 se enumeran los territorios nacionales que componen el territorio aduanero de la Comunidad. El artículo no plantea observaciones especiales, salvo por la duda que surge en el apartado 3, en el que se afirma que «Se podrán aplicar disposiciones de la normativa aduanera fuera del territorio aduanero de la Comunidad cuando así se prevea en normas específicas o en convenios internacionales». La seguridad jurídica excluye que una ley pueda hablar de «disposiciones» en general sin precisar, en el propio texto o en un anexo, de qué disposiciones se trata. Por razones jurídicas y también de transparencia, es imprescindible indicar de manera explícita y detallada a qué territorios y normativas se hace referencia. Es frecuente que las exenciones y excepciones concedidas en distintas ocasiones y de distintas formas escapen al conocimiento de los ciudadanos, e incluso de los expertos: estas exenciones y excepciones constituyen a menudo un verdadero falseamiento de la competencia y no siempre temporal.

3.1.2

En general, el intercambio y la protección de datos e información (artículos 5, 6 y 7) no suscitan observaciones específicas, dado que la legislación propuesta se atiene a la protección normal que las Administraciones públicas aplican a la vida privada de los ciudadanos y la confidencialidad empresarial. El CESE considera muy positivas las disposiciones del artículo 8 al establecer que las autoridades aduaneras deben proporcionar información sobre la aplicación de la normativa aduanera, así como promover la transparencia poniendo a disposición de los operadores económicos, gratuitamente y por Internet, las disposiciones legislativas y administrativas y los formularios de solicitud.

3.1.2.1

En cambio, el primer apartado del artículo 5, que impone la adopción de medios electrónicos para todo intercambio de datos, documentos, decisiones y notificaciones entre las autoridades aduaneras y los operadores económicos, requiere una reflexión específica. Esta disposición, totalmente aceptable cuando se trata de empresas u operadores profesionales, puede plantear dificultades si el importador (o, más rara vez, el exportador), es un particular y no necesariamente un «operador económico». Este problema no puede considerarse secundario justo cuando el volumen de las compras de productos por Internet o por correspondencia en terceros países está aumentando de manera exponencial. El CESE toma nota de que el asunto se está examinando con arreglo al procedimiento de la comitología y sugiere que se incluya de forma explícita a los particulares entre los que están habilitados, con arreglo al artículo 93, para presentar una declaración sumaria. Asimismo, deberían modificarse las disposiciones del artículo 94 que establece que las autoridades aduaneras pueden aceptar declaraciones sumarias de importación en papel, pero sólo en circunstancias excepcionales. Como alternativa o de forma complementaria, se podría analizar la posibilidad de ampliar a los particulares la declaración simplificada ocasional (en soporte papel) que se establece en el artículo 127.

3.1.2.2

De forma más general, aunque sin abandonar el ámbito de los medios electrónicos, el CESE llama la atención sobre los elevados costes del nuevo procedimiento informático integrado. Estos costes deben sufragarse a corto plazo, mientras que una parte considerable de los beneficios (especialmente los de carácter cualitativo) sólo serán perceptibles a medio y largo plazo. Parece que algunos Estados miembros ya están preocupados por las cargas que deben asumir y por la obligación de respetar los plazos de puesta en funcionamiento de los nuevos sistemas. Otros, en especial los más avanzados en materia de informatización, consideran que resulta gravoso cambiar un sistema que acaban de instaurar para adecuarse al sistema común. El CESE se hace eco de esta perplejidad, que la Comisión deberá tener en cuenta, pero opina que el interés de Europa por tener un sistema aduanero eficiente y moderno merece algunos sacrificios individuales, con posibles ayudas en cuanto a recursos que deberían limitarse a casos precisos y debidamente justificados.

3.1.3

En el artículo 10 se dispone que los «Estados miembros cooperarán con la Comisión en el desarrollo, mantenimiento y utilización de un sistema electrónico para el registro y conservación común de la información» referente a todos los operadores y las autorizaciones concedidas. Las dudas que se plantean sobre la naturaleza y el funcionamiento del sistema se disipan en el artículo 194: cada Estado miembro dispone de su propio sistema de información y garantiza la interoperabilidad con los sistemas de los demás Estados miembros de acuerdo con las reglas y normas que establezca la Comisión, asistida por el Comité del Código Aduanero. La fecha de entrada en vigor del sistema será el 30 de junio de 2009. El CESE considera que un sistema compuesto de bases de datos nacionales que se intercambian de forma recíproca, una vez garantizada la interoperabilidad, información y actualizaciones puede llegar a ser muy difícil de gestionar y, además, costoso. Por añadidura, es casi imposible que tal sistema pueda estar en funcionamiento en la fecha prevista. En la evaluación del impacto, la Comisión considera que el coste adicional de la aplicación del sistema será de 40 a 50 millones de euros anuales, una cifra optimista a juicio de diversos expertos.

3.1.3.1

Además, existe una laguna evidente y esencial en el proyecto de este sistema o, al menos, en su formulación. En efecto, no se hace ninguna referencia a una posibilidad estructurada de acceso a los sistemas informáticos de las autoridades encargadas de luchar contra el terrorismo y la delincuencia organizada, por supuesto, con pleno respeto de las normas sobre protección de la vida privada y de las actividades económicas. El CESE ha destacado este aspecto en repetidas ocasiones. El Consejo señala desde hace muchos años la necesidad de colaboración entre las distintas autoridades, es decir, la policía judicial y financiera, las aduanas, los servicios secretos, la OLAF y Europol, pero lamentablemente sin grandes avances hasta ahora.

3.1.4

El artículo 11 referido al representante aduanero suscita un interés especial; establece que este representante puede encargarse «de ejecutar los actos y formalidades dispuestos en la normativa aduanera» con el mandato de un operador, en nombre y por cuenta de él (representante directo) o por cuenta propia (representante indirecto). En su apartado 2 se dispone que los representantes aduaneros deberán hallarse establecidos en el territorio aduanero de la Comunidad, sin más precisiones. No obstante, el CESE señala que la Comisión afirma en la exposición de motivos que se «han cambiado las normas sobre los representantes y se han suprimido las antiguas restricciones, al no ser compatibles con un entorno electrónico y con los principios del mercado único». Cabe deducir que el representante aduanero dispone de una autorización única (pasaporte comunitario) que le habilita para actuar en todo el territorio de la Comunidad y en nombre de cualquier operador, independientemente del lugar en el que esté establecido. Sería conveniente volver a redactar este artículo de manera más explícita, quizá haciendo referencia a una reglamentación distinta que trate de las normas de creación de un registro, lista u otro medio, a imagen de lo dispuesto para el operador económico autorizado, que se aborda a continuación.

3.1.5

Otro caso interesante es el del operador económico autorizado (artículos 4 y 13 a 16) que, en la práctica, es una empresa (rara vez una sola persona) que ofrece tales garantías especiales de seriedad, solvencia y profesionalidad que las autoridades aduaneras de los Estados miembros le conceden el derecho a una serie de facilidades sobre controles y procedimientos aduaneros. La Comisión se reserva la competencia de precisar, con arreglo al artículo 196 citado, las normas de concesión del estatuto de operador económico autorizado. El CESE toma nota de estas disposiciones encaminadas a facilitar el comercio internacional y la creación de un entorno favorable a los intercambios, pero señala que las condiciones de concesión del estatuto y las normas destinadas a evitar posibles abusos serán esenciales al respecto. Además, tampoco está claro si a un operador económico autorizado se le concederá o no el «pasaporte europeo».

3.1.6

Las disposiciones del artículo 22 representan un paso decisivo hacia la armonización de los regímenes aduaneros al obligar a los Estados miembros, aunque sea de forma más bien flexible, a imponer sanciones administrativas y penales en caso de incumplimiento de la normativa aduanera comunitaria. El CESE reconoce la necesidad de tener una reglamentación armonizada en esta materia delicada, pero tiene dudas sobre la acogida que los Estados miembros dispensarán a los intentos de imponer normas o directrices de carácter penal, ámbito en el que cabe esperar resistencias o, como mínimo, reservas.

3.1.7

Los artículos 24, 25 y 26 tratan de los recursos por la vía administrativa (el artículo 23 excluye el ámbito penal) para los que se establece un procedimiento en dos fases: la primera ante las autoridades aduaneras y la segunda ante una instancia superior, que puede ser una autoridad judicial o un organismo equivalente. En caso de sanción, se aplica el principio general «solve et repete», excepto cuando las autoridades aduaneras consideren que la medida impuesta podría causar «daños irreparables» a la persona que interpuso el recurso. El CESE acoge con satisfacción esta disposición que supone una atención a los intereses de los ciudadanos.

3.1.8

El artículo 27 brinda a las autoridades aduaneras la posibilidad evidente de efectuar todo tipo de control físico, administrativo, contable o estadístico. Asimismo, se establece la instauración de un sistema electrónico para la gestión de los riesgos que «permita identificar y evaluar los riesgos y desarrollar las medidas necesarias para afrontarlos». Este sistema, que los Estados miembros deberían aplicar en colaboración con la Comisión el 30 de junio de 2009 como muy tarde, también se regirá por las normas que la Comisión apruebe en virtud del artículo 196. El CESE celebra esta iniciativa y espera que la Comisión se haya informado sobre la voluntad de todos los Estados miembros para aplicar un sistema que será probablemente costoso y difícil de gestionar.

3.1.9

El artículo 30 establece que no se sujetarán a formalidades ni controles aduaneros el equipaje facturado y de mano de las personas que realicen viajes aéreos o marítimos intracomunitarios, sin perjuicio de los controles de seguridad y los controles enmarcados en prohibiciones o restricciones impuestas por los Estados miembros. Ello quiere decir que la excepción sólo se aplica en los países que no han establecido prohibiciones o restricciones. Dado que limitaciones hay siempre y en todas partes, aunque sólo sea para las mercancías sujetas a impuestos especiales, la norma general carece de sentido en la práctica y las aduanas siguen pudiendo controlar en todo momento el equipaje facturado y de mano.

4.1

Los Títulos II a VIII tratan de las formalidades y procedimientos aduaneros, recuperando en gran parte el contenido del Código vigente. El CESE no quiere efectuar un examen detallado de estos aspectos que ya se debatieron ampliamente en la consulta de las partes interesadas previa a la elaboración del texto. Por lo tanto, se limitará a comentar algunos artículos de especial interés.

4.2

El artículo 55 establece que la deuda aduanera nace incluso en caso de contrabando o tráfico ilegal (definidos como importación o exportación de «mercancías sujetas a medidas de prohibición o restricción de importación o de exportación de cualquier tipo»). Por lo tanto, los derechos de aduana deben abonarse siempre, sin perjuicio de la aplicación de otras medidas penales o administrativas. En cambio, quedan exentas de la deuda aduanera las monedas falsificadas y los narcóticos que no entren por los circuitos autorizados. De forma evidente, estos tráficos se consideran únicamente desde el punto de vista penal, excepto cuando la legislación de un Estado miembro prevea que los derechos de aduana deben servir de base para fijar sanciones pecuniarias. A pesar del dictamen en contra del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, el CESE no cree que las administraciones aduaneras deban perder un ingreso legítimo renunciando a fijar una deuda aduanera –independientemente de las sanciones administrativas y penales–, al menos respecto de los narcóticos, determinando su valor a precio de mercado. El hecho de que una importación de droga sea un acto delictivo no altera el que sigue siendo una importación (ilegal). En otras palabras, se entiende la excepción sobre las monedas falsificadas pero no respecto de los narcóticos.

4.3

De acuerdo con el artículo 61, las autoridades aduaneras pueden autorizar al operador a constituir una garantía global para cubrir su deuda aduanera. A continuación, el artículo 64 establece que una de las formas autorizadas para constituir la garantía es la fianza y el artículo 66 precisa que puede ser «un banco u otra institución financiera oficialmente reconocida y acreditada en la Comunidad». Esta disposición es importante ya que reconoce que todo banco o institución financiera de cualquier Estado miembro puede constituir una fianza válida para las autoridades aduaneras de otro Estado miembro. Se trata de un principio esencial que está ya en vigor, pero que las aduanas de los distintos Estados miembros no suelen facilitar. No obstante, falta por comprender el significado de la expresión «oficialmente reconocida y acreditada en la Comunidad» que, a juicio del CESE, es un pleonasmo que se presta a confusión: los bancos e instituciones financieras establecidas en la Comunidad ya disponen del «pasaporte europeo» y no se requieren precisiones adicionales.

4.4

Respecto de la fianza, el artículo 83 dispone que la Comisión puede, de acuerdo con el procedimiento contemplado en el artículo 196, adoptar un «régimen especial» para garantizar el pago de los fiadores. Sin embargo, el texto no da ninguna indicación sobre el contenido y el alcance de este régimen especial. Si se hace referencia a la solicitud de excusión del fiador a primera demanda, no se trata de nada nuevo, dado que este tipo de garantía ya existe y se prevé en otras normativas (por ejemplo, el Reglamento financiero de la UE). En cambio, si se piensa en otras fórmulas, sería útil precisarlas, ya que el coste de una fianza varía en función del riesgo y las formas de ejecución por parte del fiador.

4.5

Asimismo, el artículo 83 dispone que se percibirán intereses de demora sobre el importe de los derechos de aduana por el tiempo transcurrido entre la fecha en que expire el plazo establecido y la fecha del pago. En el artículo 84 se contempla el caso contrario: cuando las autoridades aduaneras tienen que devolver dinero al importador o al exportador. En este supuesto, se dispone de manera expresa que no se pagará ningún interés durante los tres primeros meses. El CESE destaca la diferencia de trato manifiesta e inadmisible entre la autoridad pública y los ciudadanos.

5.1

Las disposiciones de este Título son fundamentales para comprender la estructura del Código y su alcance. La clave es el artículo 196 que establece que, para la aplicación de la normativa, la «Comisión estará asistida por el Comité del Código Aduanero» (en la forma abreviada, «el Comité») que actúa con arreglo a los «artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8». En la práctica, ello significa que la Comisión puede regular, aunque sea con la asistencia del Comité, todas las materias que cubre el Código Aduanero, lo que se ajusta al procedimiento comunitario normal. El CESE no tiene nada que objetar a este respecto, aunque desea que las normas que se aprueben satisfagan las necesidades de los usuarios y sean suficientemente flexibles para adaptarse rápidamente a la evolución de la técnica, la tecnología y las prácticas comerciales.

5.2

Con arreglo a las competencias asignadas en el artículo 196, la Comisión (artículo 194) puede adoptar medidas para establecer:

5.2.1

En definitiva, las competencias de la Comisión son más bien amplias e incluyen la facultad de determinar por sí sola (véase el segundo guión) los casos y las condiciones en que puede obligar a los Estados miembros a revocar o modificar una de sus decisiones. El CESE señala que, en los aspectos previstos en el primer y tercer guiones, la Comisión ejerce su función institucional de coordinación y ejecución de las decisiones adoptadas o respaldadas por el Consejo; sin embargo, en el supuesto del segundo guión ejerce una competencia inusual, aunque en definitiva esté justificado por las circunstancias y, de todas formas, no suscita ninguna crítica por parte del CESE.

5.2.2

De manera general, el CESE destaca que la decisión de controlar todo tipo de operaciones que realizan los ciudadanos, incluidas las operaciones comerciales y aduaneras, repercute en el libre intercambio y se deriva de decisiones políticas repartidas, en función de los ámbitos de competencia, entre la UE y los Estados miembros. Evidentemente la Comisión es la encargada de ejecutarlas.

5.2.3

El CESE espera que la reforma emprendida en el ámbito aduanero no ponga en peligro el equilibrio necesario entre la libertad de comercio y la seguridad de los usuarios y consumidores finales, con pleno respeto de la profesionalidad del personal de aduanas y de quienes trabajan para los importadores y exportadores.

16.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 309/26

1.1

El CESE está de acuerdo con la propuesta de la Comisión de dedicar el próximo período de cinco años a la «consolidación dinámica» de la industria de los servicios financieros, aplicando y reforzando la legislación vigente y evitando al mismo tiempo la superposición de un número excesivo de medidas normativas ( goldplating ), en el respeto de la Estrategia de Lisboa y de las particularidades del modelo social europeo.

1.2

El CESE considera también que es esencial valorar atentamente el papel y la actividad de las autoridades de control, fomentando la mejor coordinación posible, de acuerdo con lo previsto por los Comités de nivel 3 del proceso Lamfalussy.

1.2.1

El CESE considera prematuro, en la situación actual, establecer una sola autoridad europea de control, que en el futuro podría contribuir a favorecer la integración de los mercados, pero considera que actualmente sería útil sugerir a las autoridades europeas que se estableciera una autoridad principal de control, la del país de la sede central, a la cual se encomendaría también la tarea de supervisar las actividades de las filiales y sociedades controladas en los demás Estados de la Unión. Las ventajas para las empresas que tienen una dimensión europea y para los consumidores serían evidentes.

1.3

La mayor eficacia de las transacciones financieras constituye el elemento fundamental del peso cada vez más importante que tienen las actividades financieras en la economía (se trata de la llamada «financiarización» de la economía). Si bien la financiarización de la economía se traduce en un interesante potencial de desarrollo económico y del empleo en el sector financiero, puede también tener consecuencias negativas en el conjunto de la economía. El apremio de los mercados bursátiles, animados por la búsqueda de beneficios para los accionistas (shareholder value), puede también ir en contra de las estrategias industriales. La financiarización de la economía genera también un mercado de control ajeno a las empresas mediante las OPA, cuyos especialistas reconocen que entre un tercio y la mitad de estas operaciones conducen a corto plazo a una destrucción de riqueza.

1.3.1

Además, no hay que olvidar que debido a los procesos de consolidación, se está observando, al menos a medio y corto plazo, una disminución del empleo en la industria financiera que genera un sentimiento creciente de inseguridad entre los empleados del sector. El CESE destaca la necesidad de tener en cuenta las repercusiones sociales de los procesos de consolidación y desea que los Estados miembros adopten sistemas adecuados de amortiguación social y respalden planes de formación y recualificación profesional, que son indispensables para lograr los objetivos previstos en la estrategia de Lisboa.

1.4

El CESE está de acuerdo con los objetivos de simplificación, codificación y voluntad de claridad para realizar la «mejor normativa» posible y, a este respecto, celebra el compromiso de la Comisión de proceder a consultas organizadas de manera continua, frecuente y abierta con el conjunto de los interesados y de que toda propuesta esté precedida de una evaluación de impacto rigurosa que tenga en cuenta también la dimensión social y medioambiental y los factores externos en el conjunto del sistema económico.

1.4.1

El CESE pide que los trabajos en torno al PASF sean objeto de una mayor visibilidad y de debates que trasciendan los círculos de expertos.

1.5

El CESE suscribe la iniciativa propuesta por la Comisión de publicar una comunicación/recomendación sobre los OICVM para tratar de superar los obstáculos con que tropieza actualmente la libre circulación de estos instrumentos financieros.

1.6

Será esencial reforzar la información, la cultura financiera y la toma de conciencia de los consumidores. La intención de la Comisión de iniciar acciones específicas con las asociaciones europeas de consumidores es loable, pero la Comisión debería ser más activa ante los Estados miembros para incitarles a aplicar modalidades más exigentes de implicación de las partes interesadas a nivel nacional. El CESE está dispuesto a colaborar en estas iniciativas interviniendo de manera específica ante los consejos de consumidores y los consejos económicos y sociales nacionales.

1.7

Las normas de control actuales, que son diferentes según los Estados miembros, acarrean para las empresas obligaciones importantes de elaboración de balances e información sobre las sociedades. La adopción de las normas internacionales de información financiera (siglas IFRS en inglés) puede representar la ocasión adecuada para uniformar estas obligaciones de información a nivel europeo. El CESE observa que el IASB, órgano de normalización internacional privado, no refleja enteramente la realidad económica mundial y desea que se abra a la cooperación internacional con otros actores como, por ejemplo, la Comisión Europea.

1.8

En cuanto a las directivas propuestas para el mercado de los servicios a los particulares, el CESE se reserva su opinión específica sobre la directiva relativa a los créditos al consumo, que debería aprobarse sin demora, y sobre la relativa a los servicios de pago, que es objeto actualmente de uno de sus dictámenes en curso de elaboración. En cambio, por lo que se refiere a la directiva sobre los préstamos hipotecarios, el CESE, al tiempo que suscribe los objetivos que persigue, expresa su perplejidad ante la escasa posibilidad real de crear a corto plazo un mercado integrado de los préstamos. Por último, en cuanto a los sistemas de regulación y compensación, el CESE consideraría oportuna la aprobación de una directiva marco.

1.9

La Comisión ha manifestado su perplejidad en relación con la adopción del llamado «26o régimen» en el ámbito de los servicios financieros. El CESE toma nota de ello y se declara dispuesto a evaluar, cuando se propongan, las condiciones para su aplicación efectiva, en la que habrá que tener siempre en cuenta los intereses y las ventajas reales para los consumidores.

1.10

Por lo que se refiere a las iniciativas futuras, el CESE destaca:

1.11

El CESE está convencido de que la calidad de las normas europeas en materia de regulación de los servicios financieros es muy elevada y de que la UE puede aspirar a convertirse en una referencia para los demás países. Europa debería establecer un diálogo no sólo con los países de reciente industrialización (por ejemplo, la India, Brasil y China), tal como lo propone la Comisión, sino también con los que se encuentran en vías de desarrollo, que necesitan una ayuda considerable para desarrollar el mercado de sus servicios financieros.

1.12

El CESE respalda a todas las instituciones europeas y nacionales en la lucha contra la criminalidad y el terrorismo. Y también en este contexto, en el que la Comisión destaca la exigencia de que el sistema financiero brinde una cooperación plena y continua con las autoridades competentes, el CESE apoya y reitera este llamamiento a las instituciones financieras así como a las autoridades competentes, que deberían dar a conocer el curso que se da a la información recibida de los intermediarios financieros.

2.1

A partir del principio de que un mercado financiero eficaz constituye un elemento esencial para proseguir una estrategia de desarrollo y crecimiento económico, el Libro blanco sobre la política de servicios financieros 2005-2010 define varios objetivos que deben realizarse con el fin de favorecer la consolidación dinámica de la industria de los servicios financieros. «Consolidación dinámica» es el leitmotiv del Libro blanco, que establece el objetivo de eliminar los obstáculos que todavía subsisten a la libre circulación de servicios financieros y capitales, a pesar de los significativos resultados ya obtenidos gracias al PASF (Plan de acción para los servicios financieros) 1999-2005.

2.2

El papel esencial que desempeña la reglamentación en el funcionamiento de los mercados financieros justifica la atención y el hincapié del Libro blanco en la necesidad de aplicar y de fortalecer la legislación actual, evitando al mismo tiempo la superposición de un excesivo número de medidas normativas, en particular por la acción de los Estados miembros (lo que ha dado en llamarse goldplating).

2.3

El análisis del marco reglamentario no puede hacer abstracción de una reflexión sobre los límites, las tareas y las responsabilidades en materia de coordinación de las autoridades de control en la UE: en la situación actual, el mantenimiento de una estructura con base nacional destinada a las actividades de control puede aún constituir la mejor forma de proteger y defender a los consumidores y a los inversores, pero no se han de descuidar dos cuestiones importantes que plantea esta concepción básica.

2.3.1

La práctica de un control no integrado a nivel supranacional limita notablemente la integración de los mercados: conviene, por lo tanto, estimular y consolidar una estrecha cooperación entre las autoridades de los Estados miembros. En efecto, la gestión de los riesgos en los grandes bancos europeos, activos en varios Estados miembros, se efectúa en grupo, sobre una base consolidada. Es preciso que las autoridades de control estén en condiciones de evaluar correctamente el perfil de riesgo de estos grandes grupos europeos.

2.3.2

El mantenimiento de amplias prerrogativas en materia de control a nivel nacional no debe ser la ocasión para crear obstáculos a la «consolidación dinámica» en la UE, para los cuales el Libro blanco desea su eliminación progresiva.

3.1

El CESE formuló en un reciente dictamen (1) sus observaciones acerca del Libro verde sobre la política para los servicios financieros (2005-2010). En la medida en que el Libro blanco incorpora numerosas propuestas presentadas en el Libro verde, el CESE reitera en el presente dictamen, de manera sintética, sus anteriores observaciones.

3.1.1

El Libro blanco destaca el potencial de crecimiento económico y del empleo en el sector de los servicios financieros. El Comité, sin embargo, considera que se debe llevar a cabo una reflexión profunda y realista sobre esta hipótesis fundamental del documento, teniendo en cuenta numerosos hechos que actualmente ya están bien documentados.

3.2

El proceso de consolidación de este sector puede favorecer un refuerzo de la eficacia y las economías de escala que podrán, en definitiva, beneficiar a los titulares de cuotas de capital riesgo de los intermediarios (por medio de un aumento de la rentabilidad del capital invertido) y a los usuarios de los servicios financieros (mediante la reducción del coste de estos servicios).

3.3

Al mismo tiempo, una extensa gama de datos empíricos revela que los procesos de consolidación acarrean una reducción del empleo en la industria de los servicios financieros que genera un sentimiento de inseguridad creciente entre los empleados de este sector. No se puede omitir el hecho de que los planes industriales que se presentan con motivo de fusiones y adquisiciones hacen hincapié sobre todo en la reducción de costes, derivada de una disminución de los gastos de personal. Por ahora, los procesos de consolidación se traducen en una pérdida neta de empleos; es necesario sin embargo reconocer que abren posibilidades de desarrollar servicios y ámbitos de actividades innovadores que, a su vez, tendrán un impacto positivo en el empleo. La reducción de los obstáculos que impiden a los prestatarios de servicios financieros explotar plenamente las sinergias de las fusiones transfronterizas daría a los bancos la posibilidad de prestar sus servicios a menor coste, permitiendo la instauración de políticas de precios más favorables a los clientes, lo que favorecería un aumento de la demanda. Esta dinámica suscitaría un refuerzo de las inversiones por los intermediarios financieros, con repercusiones positivas también en términos de empleo. Estos nuevos empleos, a excepción de sectores específicos como los call center (centros de llamadas) y los back office (servicios administrativos), atraen en general perfiles profesionales más cualificados y mejor remunerados.

3.4

Por consiguiente, admitiendo incluso que la consolidación de este sector no tenga repercusiones netas negativas sobre el empleo, el Comité hace especialmente hincapié en el hecho de que no se puede obviar el período de tiempo y el desnivel en términos de cualificaciones profesionales que se dan entre la pérdida del empleo existente y la creación de nuevos puestos. A partir del momento en que el énfasis ya no se pone en la protección del empleo sino más bien en la posibilidad de encontrar un trabajo, los Estados miembros deberían hacer hincapié prioritariamente no sólo en la necesidad de poder contar con amortiguadores sociales adecuados, sino también en el apoyo brindado a los planes de formación y de recualificación profesional.

3.5

Si los trabajadores se dan cuenta de que sus cualificaciones y competencias son fácilmente utilizables incluso en un contexto económico que evoluciona rápidamente, aceptarán de mejor grado la menor estabilidad de su empleo que implica la «consolidación dinámica» del sector. Esta constatación debe llevar a entender la formación profesional no sólo como un instrumento que permite limitar la inestabilidad social, sino también como un elemento esencial e imprescindible para garantizar un éxito de larga duración al plan de «consolidación dinámica» y, de una manera más general, a la estrategia de Lisboa, que pretende transformar la economía europea en la más importante «economía del conocimiento» del mundo. Conviene por otra parte crear una red de protección social adecuada que contribuya a mitigar los efectos, a menudo graves, de estas fases de transición.

4.1.1

Los tres principios directores del proceso de mejora de la normativa se definen del siguiente modo: simplificación, codificación y voluntad de claridad. Es importante seguir esta vía con el fin de garantizar la necesaria coherencia entre las medidas, la simplicidad de su aplicación y la uniformidad de su transposición.

4.1.2

El CESE aprueba las propuestas de la Comisión relativas a una «mejor reglamentación», en particular el compromiso de celebrar consultas amplias y frecuentes con todas las partes interesadas y de que cada propuesta esté precedida por una evaluación de impacto, centrada en la relación costes/beneficios económicos en sentido amplio, es decir, que abarque la dimensión social y medioambiental y los factores externos en el conjunto del sistema económico. Igualmente significativo es el compromiso de colaborar con el Consejo y el Parlamento para la mejora de la calidad de la legislación.

4.1.3

El CESE comparte la posición de la Comisión sobre el reto que constituye tanto la transposición correcta y en los plazos previstos de la legislación europea, como, posteriormente, su correcta aplicación por los 25 Estados miembros, habida cuenta también de las próximas ampliaciones; suscribe también la exigencia de oponerse a la práctica del goldplating , consistente en adoptar de manera unilateral normas suplementarias incumpliendo así el principio del mercado único. De hecho, la injustificada diversidad de normativas nacionales de protección de los consumidores constituye uno de los principales obstáculos a la integración de los servicios financieros en la UE.

4.1.4

El CESE considera también que es esencial proceder a una evaluación a posteriori para saber si las normas han dado realmente los resultados previstos y si, al menos para los sectores incluidos en el llamado «proceso Lamfalussy», la evolución de los mercados es conforme a las previsiones de éste.

4.1.5

La comprobación de la coherencia entre las normativas comunitaria y nacionales debe comenzar por los sectores más relevantes o por aquellos que puedan verse más afectados por la armonización y la consolidación normativa, como es el caso de la distribución y publicidad de los OICVM (organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios). El aumento de la competencia y la eficacia en este sector exige también márgenes de maniobra más importantes para las actividades comerciales y de distribución, que se ven seriamente obstaculizadas por un marco reglamentario todavía no bien definido. La iniciativa de la Comisión de elaborar una comunicación/recomendación para 2006 y un libro blanco en noviembre sobre la gestión de activos es por lo tanto particularmente oportuna.

4.1.6

La Comisión propondrá resumir en una única directiva las dieciséis directivas existentes en el sector del seguro. El CESE es favorable a esta propuesta de codificación y considera que constituye un óptimo ejemplo que debe seguirse también en otros ámbitos, procediendo a la aprobación de textos legislativos que sinteticen, simplifiquen y reorganicen las distintas materias abordadas en varias directivas.

4.1.7

El CESE considera que el recurso a procedimientos de infracción, cuando se observe una transposición o aplicación incorrecta de las normas europeas, es también útil, aunque señala que últimamente la Comisión se ha visto muy condicionada por el Consejo y ha optado menos por estos procedimientos.

4.1.8

La mejora y la racionalización del sector de los servicios financieros individuales no pueden soslayar el problema de la información, la educación y la toma de conciencia de los consumidores: se trata en efecto de elementos esenciales para garantizar la eficacia de todo marco normativo. Por consiguiente, es muy oportuna la intención de poner en marcha acciones específicas a nivel europeo con las asociaciones que representan a los consumidores y con los representantes de la industria financiera, pero la Comisión debería comprometerse aún más para que esta práctica sea obligatoria o al menos vivamente recomendada a nivel nacional. El boletín europeo para los consumidores constituye a priori una excelente iniciativa, pero es necesario no obstante tener presente que los instrumentos de información deben acercarse realmente al consumidor. El CESE pide a la Comisión que inste al Consejo y al Parlamento a buscar conjuntamente formas más vinculantes de implicación de las partes interesadas a nivel nacional, a semejanza de los proyectos previstos a nivel europeo. El desarrollo de la red FIN-NET, instrumento que actualmente desconoce la gran mayoría de los consumidores, va en la buena dirección. De cara a la revisión del papel de este instrumento, el CESE recomienda la participación de las organizaciones de consumidores y de la sociedad civil, así como de los actores sociales, y declara estar dispuesto a respaldar la iniciativa mediante, por ejemplo, una intervención específica ante los consejos nacionales de consumidores y los consejos económicos y sociales nacionales.

4.1.9

En un momento en que la Comisión hace hincapié en la importancia de la difusión de la información, sobre todo entre los consumidores, los inversores y el personal de la industria de los servicios financieros, el CESE considera que no se puede subestimar el problema de la lengua en la cual se redactan los documentos. Es preciso que la Comisión aborde este problema y que realice todos los esfuerzos necesarios para que, al menos los documentos esenciales, estén disponibles en el mayor número posible de lenguas.

4.1.10

El CESE aprecia la atención prestada a los consumidores y al personal de las entidades bancarias y financieras, así como la intención de consultarles regularmente sobre temas importantes. El valor añadido que aporta la integración de los mercados reside en la satisfacción del consumidor, sin por ello perder de vista el impacto social de las decisiones adoptadas. Sin embargo, las directivas financieras no siempre han adoptado este enfoque en el pasado. Las observaciones formuladas en el apartado «Observaciones generales» pretenden reiterar con fuerza esta perspectiva de análisis.

4.1.11

Por lo que se refiere a la interacción con otros ámbitos de la política económica europea, el CESE ya destacó que el régimen del IVA puede constituir para los grandes grupos europeos (2) un obstáculo al refuerzo de los servicios financieros y celebra que la Comisión haya señalado su intención de presentar una propuesta legislativa al respecto. No obstante, será conveniente evaluar con particular atención el impacto económico, social y medioambiental que pueda tener un proceso -aunque sea deseable- de armonización del IVA. En cualquier caso, el CESE ya señaló que la situación actual podría representar un obstáculo a la plena integración y total desarrollo del mercado financiero. Por otra parte, el CESE desea insistir en el problema de la externalización ( outsourcing ), que podría verse notablemente fomentada en un marco fiscal no homogéneo, lo que tendría repercusiones negativas en el empleo, la calidad de los servicios y la fiabilidad global del sistema. El CESE desea que se proceda a una reflexión profunda sobre este asunto, habida cuenta además de los resultados a menudo insatisfactorios que da la práctica de la externalización.

4.2.1

El objetivo de lograr una mayor coordinación entre las autoridades de control de los mercados es sin duda interesante. Este objetivo podría facilitarse haciendo progresivamente más incisivo el papel de los Comités de nivel 3, armonizando las competencias de sus miembros, en el marco del «proceso Lamfalussy», para completar el marco normativo europeo. Esto permitiría reducir el trabajo de la Comisión y disminuir el riesgo de goldplating por parte de los Estados miembros o de las autoridades de control.

4.2.2

El CESE considera que actualmente es prematuro prever una autoridad única de control europea a la que asignar la responsabilidad de la coordinación de las actividades de control. No obstante, opina que las autoridades de control nacionales deben cooperar de manera activa y continua, procurando establecer protocolos comunes de comportamiento e intervención. La mayor confianza mutua resultante constituiría un primer paso para el lanzamiento de un proceso que llevaría en el futuro a la constitución de una autoridad europea de supervisión para los grandes grupos financieros, bancarios y de seguros activos en varios Estados miembros. Una primera decisión importante debería ser el establecimiento de una autoridad principal de control, en el Estado donde tenga la sede la empresa matriz, a la cual se asignaría la responsabilidad de la vigilancia de las filiales y sociedades por ella controladas presentes en los demás países europeos. Las multinacionales y las autoridades de control podrían sacar realmente provecho del mercado único, evitando así tener que multiplicar la presentación de balances y documentos de información y la obligación de tener en cuenta las diversas normativas nacionales.

4.2.3

Debe fomentarse el método utilizado, por ejemplo, en la Directiva sobre los abusos de mercado. El hecho de haber presentado un proyecto de directiva muy detallado permitió transposiciones muy homogéneas, dejando al mismo tiempo en manos de los reguladores una responsabilidad importante que además se compartió a nivel europeo, estableciendo qué actividades específicas debían transferirse a las distintas autoridades de control.

4.2.4

La adopción de las normas internacionales de información financiera (IFRS) ha constituido una ocasión importante para uniformar y hacer converger la representación contable de la gestión de las empresas hacia normas modernas. Puede también brindar una buena oportunidad para uniformar a nivel europeo los tipos de datos que los intermediarios deben proporcionar a sus respectivas autoridades de control. El CESE considera que la adopción de las IFRS no permite seguir rechazando o aplazando la realización de dicho objetivo, que constituye una condición previa esencial para una coordinación y una cooperación eficientes de la actividad de control a nivel europeo. Por otra parte, este objetivo debería alinearse con los objetivos correspondientes del proyecto europeo «Solvency II». En cualquier caso, las empresas que todavía no han procedido a la armonización de sus balances y balances consolidados con las normas IFRS no deberían ser penalizadas con relación a las empresas para las cuales existe esta obligación.

4.3.1.1

Los servicios bancarios destinados a los particulares van a verse afectados por tres iniciativas muy importantes. Por lo que se refiere a la de los préstamos hipotecarios, el CESE (3) ya ha expresado sus dudas legítimas sobre la posibilidad real de proceder a la integración del mercado, habida cuenta de las implicaciones jurídicas y las dificultades sustanciales que señaló en un reciente dictamen. El CESE está a la espera de las orientaciones de la Comisión y de las respuestas que dé a las objeciones formuladas.

4.3.1.2

Las enmiendas propuestas por la Comisión a la Directiva sobre los créditos al consumo, actualmente examinadas en el Parlamento, mejoran la anterior propuesta, aunque no satisfacen plenamente a los consumidores. El CESE está a la espera de conocer el resultado de este proceso y desea que la Directiva se apruebe sin demora.

4.3.1.3

También la Directiva sobre los servicios de pago asume un papel importante. Una zona de sombra persiste aún en lo que se refiere a los servicios de pago transfronterizos. El sistema financiero debería someterse a las normas de competencia, transparencia y comparabilidad, formuladas por la DG COMPETENCIA. El establecimiento, de aquí al 2010, de una zona única de pago en euros (SEPA) es un objetivo ambicioso y loable que hará los pagos transfronterizos más eficaces y protegerá a los consumidores. No obstante, será necesario tener en cuenta que ya existen sistemas operativos eficaces y poco costosos (por ejemplo, el sistema de adeudo directo) en algunos Estados miembros. Cuando la SEPA se ponga en marcha, será necesario tener en cuenta los intereses de los usuarios y ofrecer un valor añadido. El CESE está elaborando un dictamen sobre los servicios de pago en el que se pondrán cumplidamente de relieve las valoraciones del Comité.

4.3.1.4

La revisión del concepto de participación cualificada, en la medida en que afecta al artículo 16 de la Directiva sobre la banca y al artículo 15 de la Directiva sobre los seguros, constituye una iniciativa esencial para impedir que algunas autoridades de control obstaculicen el desarrollo equilibrado del mercado interior alegando como pretexto la gestión cautelar de los sistemas financieros. El CESE considera que la mejor garantía para la estabilidad de un sistema consiste en mejorar su eficacia y no en imponer limitaciones a la transferencia de las actividades de control de las empresas.

4.3.1.5

Por lo que se refiere a los sistemas de regulación y compensación, cabe señalar que la ausencia de un marco normativo de referencia ha contribuido al mantenimiento de situaciones de pérdidas económicas importantes y verdaderos abusos. Las compensaciones y regulaciones transfronterizas son más costosas y menos eficaces que sus equivalentes a nivel nacional. El CESE vería con buenos ojos la aprobación de una directiva marco que tuviera por objeto aumentar la competitividad de los operadores europeos en términos absolutos y también respecto de sus competidores internacionales. Un mercado eficaz y bien organizado resulta atractivo para las inversiones y Europa tiene necesidad de atraer inversiones si desea perseguir de manera concreta los objetivos de crecimiento económico y del empleo.

4.3.2.1

El CESE está de acuerdo con la valoración que hace la Comisión de los obstáculos no justificados a la plena libertad de circulación de capitales y de las inversiones transfronterizas.

4.3.2.2

La Comisión ha manifestado su perplejidad en relación con el llamado «26o régimen» en el ámbito de los servicios financieros. Por otra parte, el principio de la armonización mínima ha acarreado demasiadas divergencias. El principio del país de origen ha representado un formidable instrumento de liberalización y competencia en la UE. De hecho, este principio resultará tanto más plenamente aceptado por los Estados miembros cuanto más sólida sea la confianza mutua en relación con la calidad de la legislación interna vigente en los Estados miembros. En este sentido, el objetivo de la plena armonización normativa representa un elemento de gran importancia que alimenta y refuerza la relación de confianza mencionada anteriormente y que es la base de la instauración progresiva de una cultura común. Esto debería conducir a la armonización de las cláusulas esenciales de los contratos de servicios financieros. El CESE, por otra parte, señala que hasta ahora no se ha aportado ninguna prueba de la aplicabilidad (real) del 26o régimen y que, en cualquier caso, la Comisión debería proceder a un examen profundo en relación con su aplicación. En un reciente dictamen, el CESE afirmaba que «... (el 26o régimen) podría constituir una verdadera opción cuando se haya comprobado, mediante un estudio pormenorizado de las legislaciones y los contratos de los veinticinco Estados miembros, que el instrumento “paralelo” no contraviene las reglamentaciones y las legislaciones de ninguno de ellos. En cualquier caso, es necesario que las reglas de normalización no obstaculicen la oferta de nuevos productos y se conviertan así en un freno a la innovación» (4).

4.3.3.1

En uno de sus recientes dictámenes sobre el Libro verde de julio de 2005, el CESE hizo hincapié en la utilidad de una intervención sobre los OICVM  (5). «Los fondos de inversión compiten con productos financieros como las pólizas ligadas a fondos de inversión ( unit-linked ), consideradas por los inversores al mismo nivel a pesar de que su marco normativo es bastante distinto. Esta situación puede provocar distorsiones en las elecciones de los inversores y consecuencias negativas en los costes y los riesgos de las inversiones efectuadas. El Comité considera que no se puede afrontar este problema con una competencia a la baja o flexibilizando las restricciones y las garantías impuestas a los fondos de inversión. Por el contrario, sería aconsejable un ajuste al alza de las normas que permitiera someter los productos financieros, percibidos como una alternativa directa a los fondos de inversión, a unos requisitos normativos equiparables a los que se aplican a los fondos de inversión.» La asimetría en materia de obligaciones entre los fondos y las pólizas unit-linked, el desarrollo solamente parcial del pasaporte europeo debido a los obstáculos que algunas autoridades de control siguen interponiendo, la insuficiente transparencia sobre los gastos, en particular los de salida, el fraccionamiento del mercado y los costes relativamente elevados son algunos de los problemas observados. En cualquier caso, el CESE observa con inquietud el desarrollo en algunos Estados miembros de fondos de capital garantizado que no conllevan para las sociedades de gestión ninguna obligación paralela de depósito de fondos propios, lo que supone que, en caso de una evolución particularmente desfavorable del mercado, la protección de los consumidores podría ser insuficiente. El CESE pide a la Comisión que ponga remedio a esta deficiencia, estableciendo obligaciones apropiadas de fondos propios para las sociedades que proponen fondos de capital garantizado y un nivel específico y adecuado de control. El CESE percibe de manera especial los esfuerzos que tienden a una mejor eficacia de los OICVM, habida cuenta también de que, como componente significativo de la estructura de los fondos de pensión, pueden aportar una contribución importante para solucionar el problema –que acertadamente se recuerda al principio del Libro blanco– de la financiación del considerable déficit de los sistemas de pensión que afecta a la mayoría de las economías europeas.

4.3.3.2

El CESE está de acuerdo con la Comisión sobre la importancia, no solamente económica, del acceso a una cuenta bancaria. En la economía moderna, el hecho de ser titular de una cuenta bancaria confiere de hecho a cada individuo una especie de ciudadanía económica. En algunos países de la Unión este derecho de ciudadanía está legalmente reconocido, y obliga al sistema financiero a garantizar la utilización de servicios de base con un coste de acceso mínimo. En otros Estados las empresas se muestran cada vez más receptivas ante esta cuestión, y ofrecen por unos euros al mes un «paquete» de servicios vinculados a la cuenta corriente.

4.3.3.3

La intención de eliminar los obstáculos a la movilidad de las cuentas transfronterizas es apreciable y podría contribuir a disminuir los precios practicados por los bancos. Habida cuenta de la posibilidad de abrir cuentas en línea, este proyecto podría facilitar verdaderamente la realización del objetivo de garantizar la movilidad intraeuropea de las cuentas corrientes. No obstante, hay que tener en cuenta que no todos los consumidores pueden utilizar las tecnologías informáticas. La Comisión debería prever una solución que sea satisfactoria también para estos usuarios, que generalmente pertenecen a las clases sociales más desfavorecidas. Conviene destacar que sólo a través de una colaboración real y constructiva entre las autoridades de control se podrá lograr la materialización de esta hipótesis. La Comisión, el 16 de mayo de 2006 (6), decidió encomendar a un grupo de expertos la tarea de analizar el tema de la movilidad de los clientes en relación con las cuentas bancarias, dando curso así a las propuestas contenidas en el Libro Blanco.

4.4.1

El ambicioso objetivo que persigue la Comisión de lograr que Europa tenga un papel pionero en la fijación de normas a escala mundial es sin duda loable. De acuerdo con las recomendaciones de la Ronda Doha, el CESE desea que Europa incite a los países más evolucionados a que se comprometan a proporcionar a los países menos desarrollados una asistencia técnica y financiera adecuada, tanto en materia normativa como en la aplicación de los acuerdos y normas adoptados. La progresión de la integración internacional debe tener en cuenta también las exigencias de las economías más débiles, que tienen necesidad de inversiones. El CESE espera que la Comisión tenga debidamente en cuenta estas exigencias en la negociación y en el diálogo con las otras economías más avanzadas.

4.4.2

El CESE respalda activamente la lucha contra la utilización criminal de los sistemas financieros; apoya a la Comisión y a las demás instituciones europeas en el combate contra todas las manifestaciones de la criminalidad, que a menudo está vinculada además con el terrorismo internacional. La criminalidad económica se manifiesta de varias maneras: fraudes de las empresas y estafas comerciales, blanqueo de capitales, evasión fiscal, corrupción. Utiliza frecuentemente los circuitos de los servicios financieros para llevar a término una operación criminal. El CESE hace un llamamiento a las instituciones financieras para que ofrezcan resueltamente su ayuda a las autoridades competentes. Por su parte, éstas deberían responder justamente a las informaciones recibidas de las instituciones financieras. En efecto, si estas últimas reciben información suficiente del curso dado a las indicaciones transmitidas a las autoridades a propósito de transacciones sospechosas, se verán más motivadas para seguir y aumentar los esfuerzos necesarios.

16.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 309/33

2.1

El objetivo de estas propuestas es crear un vínculo entre el sistema comunitario de registro de dibujos y modelos y el sistema de La Haya relativo al registro internacional de dibujos y modelos industriales, mediante la adhesión de la CE al Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya. La primera propuesta se refiere a la adhesión al Acta. La segunda tiene por objeto modificar los correspondientes reglamentos para que esta adhesión pueda hacerse realidad.

2.2

El sistema de La Haya se basa en el Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales. Dicho Arreglo está constituido por tres Actas distintas: el Acta de Londres de 1934, el Acta de La Haya de 1960 y al Acta de Ginebra de 1999. Las tres Actas son autónomas y sus respectivas disposiciones sustantivas coexisten. Las Partes Contratantes pueden decidir ser parte de una sola, de dos o de las tres Actas. Automáticamente pasan a ser miembros de la Unión de La Haya, que tiene actualmente 42 Estados contratantes, entre ellos doce Estados miembros de la UE (1).

2.3

La adhesión permitiría a los autores europeos de dibujos o modelos nuevos y originales protegerlos, mediante una única solicitud internacional, en todos los territorios del Acta de Ginebra. Vendría a completar los instrumentos de que disponen los solicitantes para proteger sus dibujos o modelos, al ofrecerles una protección a nivel nacional, comunitario a través del sistema comunitario de registro, e internacional gracias al sistema de La Haya.

2.4

Se obtendría así un sistema más sencillo, más eficiente desde el punto de vista económico y más rentable. Con arreglo al sistema de La Haya, los solicitantes no están obligados a facilitar la traducción de los documentos, ni deben pagar tasas a las oficinas y los agentes de los diferentes países, ni tampoco vigilar los diferentes plazos para la renovación de las solicitudes nacionales. En cambio, se presenta una solicitud única en un solo lugar y se paga una tasa única, lo que otorga al solicitante derechos múltiples sobre los dibujos y modelos en todos los países firmantes del Acta de Ginebra.

2.5

El sistema comunitario de dibujos y modelos permite a los autores proteger dibujos o modelos nuevos y originales, caracterizados por su aspecto, mediante la concesión de monopolios individuales sobre los dibujos y modelos registrados, que son unitarios y válidos en todo el territorio de la Unión Europea. El registro de los derechos sobre los dibujos y modelos también existe en cada uno de los Estados miembros, pero el registro comunitario es una forma poco costosa y práctica de obtener una protección uniforme en toda la Comunidad para todas las empresas que operan en el mercado europeo.

2.6

El Arreglo de La Haya relativo al Registro Internacional de Dibujos y Modelos Industriales establece un sistema, gestionado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), que permite, gracias a la presentación de una solicitud única y al pago de una tasa única, obtener el registro de un dibujo o modelo en todos los Estados contratantes designados. Podrá beneficiarse del sistema de la Haya toda persona residente o nacional de un Estado que sea parte del Arreglo y toda empresa que esté establecida en uno de estos Estados. En la actualidad, la OMPI no recibe las solicitudes presentadas a través de las oficinas nacionales. El hecho de presentar directamente las solicitudes a la OMPI evita confusiones, solapamientos y el riesgo de que la tasa se pague erróneamente a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI).

2.7

Una de las ventajas del sistema de La Haya es que facilita la modificación de la protección del dibujo o modelo, así como su renovación en el momento de la expiración.

2.8

El Acta de Ginebra del Arreglo de La Haya entró en vigor el 23 de diciembre de 2003. Una de las modificaciones que se aportaron para facilitar el acceso al sistema de La Haya es autorizar el acceso de organizaciones intergubernamentales, como la UE. Actualmente, diecinueve países son parte del Acta de Ginebra, entre ellos Suiza, Singapur y Turquía. Varios Estados miembros aún no han firmado o ratificado dicha Acta.

2.9

El Acta de Ginebra permite presentar solicitudes en sólo uno de los dos idiomas oficiales: inglés y francés.

2.10

La adhesión de los Estados Unidos al Acta está prevista para noviembre de 2006 y, unida a la de la UE, debería estimular la de otros grandes socios comerciales (China, Japón y Corea) y permitir así el registro en varios países importantes.

2.11

La propuesta crea un vínculo entre la UE, que se considera como un único país a los efectos del Acta, y el sistema de La Haya, incrementando así su utilidad.

3.1

La propuesta de Decisión del Consejo COM(2005) 687 final permite a la UE actuar como un único país en la Unión de La Haya con respecto al sistema de dibujos y modelos comunitarios. La modificación del Reglamento (CE) no 6/2002 sobre los dibujos y modelos comunitarios permite que surta efecto la adhesión al Acta de Ginebra.

3.2

La modificación del Reglamento (CE) no 40/94 sobre la marca comunitaria permite a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de Alicante aceptar tasas abonadas para el registro de dibujos o modelos con arreglo al Acta de Ginebra.

3.3

El fundamento jurídico de la propuesta por la que se modifican estos dos reglamentos comunitarios es el artículo 308 del Tratado CE.

3.4

Se consulta al Parlamento Europeo. Ninguna de las dos propuestas es objeto del procedimiento de codecisión.

3.5

Se requiere la votación por unanimidad en el Consejo.

4.1

No se prevé que la adopción de esta propuesta conlleve gastos adicionales, ya que se trata de modificar unos reglamentos que se aplicarán directamente en los Estados miembros.

4.2

Actualmente, el registro de dibujos o modelos está sujeto al pago de tasas de registro y de renovación en el país en el que se ha presentado la solicitud. Por lo general, el importe de las tasas de registro nacionales suele ser inferior a 100 euros, pero también hay que tener en cuenta el coste y los inconvenientes ligados a la conversión de divisas cuando la solicitud de registro se realiza a nivel internacional.

16.12.2006   

ES

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C 309/35

1.1

La propuesta de la Comisión incluye los requisitos, normas y procedimientos que permitirán a cualquier empresa, universidad, centro de investigación o entidad jurídica de otro tipo acogerse a las ayudas ofrecidas por el Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración.

1.2

El Comité acoge con satisfacción la mayor parte del marco reglamentario propuesto por considerar que introduce mejoras y tiene capacidad para simplificar realmente los procedimientos administrativos. Por lo que se refiere a las normas de aplicación internas de la Comisión, que todavía no se han presentado, el Comité recomienda que, con vistas a alcanzar el objetivo de la simplificación, también en éstas se procure introducir una mayor armonización y una aplicación coherente, por ejemplo de los criterios que vayan a utilizarse.

1.3

No obstante, como la Comisión aún no ha publicado tales normas de aplicación internas, en la actualidad resulta imposible valorar algunas de las repercusiones específicas que pudiera tener la normativa propuesta. En estos casos (por ejemplo, el reembolso de los costes adicionales), el Comité recomienda que al menos de momento se mantenga la normativa actual a fin de evitar un posible empeoramiento de la situación de los beneficiarios de las subvenciones afectados.

1.4

El Comité valora positivamente los nuevos límites de las ayudas previstos para las actuales acciones temáticas y los actuales beneficiarios de las subvenciones. Asimismo, se congratula en particular de que esto sirva para mejorar el apoyo a las PYME.

1.5

El Comité recomienda la equiparación de todas las instituciones de investigación cuya financiación proceda fundamentalmente de fondos públicos, independientemente de su forma jurídica respectiva.

1.6

El Comité recomienda que se conceda a los futuros participantes más libertad por lo que respecta a las modalidades de los acuerdos, e igualmente en la elección de los instrumentos. Esto se refiere sobre todo a los derechos de acceso a conocimientos previos («background») y adquiridos («foreground») de los participantes. En este ámbito, los derechos de acceso gratuitos deberían ofrecerse como opción, pero no deberían prescribirse sin excepción, tal como se propone para determinados casos.

1.7

En el punto 4 figura una exposición más detallada sobre este respecto.

2.1

En su propuesta del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007-2013) (1) (abreviado: 7o PM), la Comisión expone los objetivos, contenidos, temas y marco presupuestario de las subvenciones previstas para las acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración durante ese periodo. Sobre este programa, así como sobre la propuestas preparatorias y complementarias de la Comisión, en particular sobre los denominados programas específicos (2), el Comité ya ha elaborado diferentes dictámenes (3).

2.2

La propuesta de la Comisión sometida a examen contiene ahora los requisitos, normas y procedimientos que permitirán a cualquier empresa, universidad, centro de investigación o entidad jurídica de otro tipo acogerse a las ayudas ofrecidas por el Séptimo Programa Marco de IDT.

2.3

Un elemento fundamental es el propósito de la Comisión de simplificar los procedimientos administrativos inherentes a las ayudas a la investigación. En los dictámenes emitidos hasta la fecha, el Comité ha apoyado y respaldado este propósito; por su parte, ha recomendado de forma reiterada que se simplifiquen los procedimientos administrativos y se reduzcan las cargas asociadas a los mismos, para que, de esta manera, aumente la eficiencia de los programas de investigación europeos. «Las cargas actuales, en términos de trabajo y de costes, inherentes a los procedimientos de solicitud y autorización son muy elevadas y problemáticas para los usuarios de la ciencia y la industria. La participación en el programa de investigación europeo –incluido el riesgo asociado a la presentación de la candidatura– debería compensar a los participantes. Este se aplica también en particular a participantes pequeños, como las PYME, o pequeños grupos de investigación de universidades y centros de investigación  (4) .» Por consiguiente, las normas de participación propuestas deben contribuir también expresamente a la simplificación que se pretende lograr.

2.4

La propuesta de la Comisión sometida a examen, por lo tanto, describe el marco normativo determinante para el objetivo de utilizar de la manera más efectiva, eficaz y adecuada posible los fondos asignados por la Comunidad al ámbito de la investigación y el desarrollo (7o PM).

2.5

Las normas propuestas para la participación de empresas, centros de investigación y universidades deberán garantizar un marco coherente y transparente que asegure una ejecución eficiente del programa y un acceso fácil a todos los participantes en el Séptimo Programa Marco. Con ello se promoverá la participación de una amplia gama de empresas, centros de investigación y universidades, así como la participación de ejecutantes de las regiones ultraperiféricas de la Comunidad.

3.1

La normas de participación en el Séptimo Programa Marco propuestas por la Comisión constituyen el medio para poner en práctica muchos aspectos de esa simplificación y seguir avanzando a partir de los principios establecidos en el Sexto Programa Marco (6o PM). En este apartado se exponen de manera resumida algunos puntos importantes.

3.2

La propuesta de la Comisión consta de los siguientes apartados: disposiciones preliminares, condiciones mínimas para participar en las acciones indirectas y aspectos de procedimiento, contribución financiera de la Comunidad, normas de difusión y aprovechamiento de resultados y derechos de acceso a los conocimientos previos y adquiridos y Banco Europeo de Inversiones.

3.3.1

En las acciones indirectas deberán participar al menos tres entidades jurídicas, cada una de ellas establecida en un Estado miembro o Estado asociado diferente, es decir, en ningún caso podrán dos de estas entidades estar establecidas en un mismo Estado miembro o Estado asociado.

3.3.2

Para las acciones de coordinación y apoyo, y las acciones a favor de la formación y el desarrollo de las carreras de los investigadores, la condición mínima será la participación de una entidad jurídica.

3.3.3

En el caso de las acciones indirectas de apoyo a los proyectos «en las fronteras del conocimiento» que se financian en el marco del Consejo Europeo de Investigación (CEI), la condición mínima será la participación de una entidad jurídica establecida en un Estado miembro o un país asociado.

3.4.1

Para las actividades de investigación y desarrollo tecnológico, la contribución financiera comunitaria podrá llegar a un máximo del 50 % de los costes subvencionables totales.

3.4.1.1

En el caso de los organismos públicos, los centros de educación secundaria y superior, las organizaciones de investigación (5) y las PYME, la contribución financiera comunitaria podrá alcanzar un máximo del 75 % de los costes subvencionables totales.

3.4.2

Para las actividades de demostración, la contribución financiera comunitaria podrá llegar a un máximo del 50 % de los costes subvencionables totales.

3.4.3

Para las actividades relacionadas con la investigación en las fronteras del conocimiento, las acciones de apoyo y coordinación, y las acciones para la formación y el desarrollo de las carreras de los investigadores, la contribución financiera comunitaria podrá llegar a un máximo del 100 % de los costes subvencionables totales.

3.4.4

Para los costes de gestión y los certificados de auditoría, y otras actividades no cubiertas en los apartados 1, 2 y 3 del artículo 33, la contribución financiera comunitaria podrá llegar a un máximo del 100 % de los costes subvencionables totales.

3.4.5

Para las redes de excelencia se propone una cantidad a tanto alzado especial. Según las normas de participación, la cantidad a tanto alzado adoptará la forma de una cantidad fija calculada en función del número de investigadores participantes en la red de excelencia y de la duración de la acción.

—

Las normas precisan los procedimientos para lanzar convocatorias de propuestas, así como el procedimiento para la presentación, evaluación y selección de propuestas y la adjudicación de contratos.

—

El proceso de evaluación desarrollado en anteriores programas marco se mantendrá sin cambios sustanciales. La Comisión preparará un modelo de acuerdo de subvención que establecerá los derechos y las obligaciones de los participantes con respecto a la Comunidad y entre ellos.

—

Se proponen tres formas de subvención: el reembolso de los costes subvencionables, pagos a tanto alzado y financiación a un tipo fijo. Para las acciones en las fronteras del conocimiento, el Consejo Científico del Consejo Europeo de Investigación propondrá los sistemas de financiación oportunos.

3.6

Con respecto a la difusión y el aprovechamiento, y los derechos de acceso (propiedad, protección, publicación, difusión y aprovechamiento, y derechos de acceso a conocimientos previos y adquiridos), se garantizará, en todo lo posible, la continuidad. Estos cambios deben proporcionar más flexibilidad a los participantes a medida que sus proyectos avanzan. Se mantiene la posibilidad de excluir conocimientos previos y definir condiciones distintas de las establecidas por las normas de participación. Se ha mejorado la coherencia de los requisitos sobre difusión y publicación.

3.7

Como sucedía en el 6o Programa Marco (6o PM), los participantes en un consorcio serán totalmente responsables de la completa ejecución del trabajo encomendado, aunque alguno de los participantes incumpla las tareas asignadas. No obstante, el principio de responsabilidad financiera colectiva establecido en el 6o PM para la mayoría de las acciones se abandona. En función de una evaluación de los riesgos para el presupuesto comunitario inherentes a la financiación de la investigación europea, podrá introducirse un mecanismo que cubra el riesgo financiero de que algún participante no reembolse cantidades adeudadas a la Comunidad. Por consiguiente, sólo se solicitarán garantías bancarias en el caso raro de que la prefinanciación represente más del 80 % de la subvención.

4.1

Simplificación El Comité apoya el crucial objetivo de una simplificación de todos los procedimientos aplicados hasta la fecha por la Comisión o que la Comisión exige a los ejecutantes de la IDT. El Comité entiende las observaciones que siguen como una contribución constructiva y es consciente de que, habida cuenta de las disposiciones presupuestarias generales y de la exigencia de transparencia que también suscribe el Comité, la realización de este objetivo no es una tarea fácil. Sería especialmente conveniente que se siguieran probando nuevos procedimientos administrativos simplificados en proyectos piloto seleccionados en el marco de las posibilidades jurídicas; la experiencia adquirida de este modo podría servir de ayuda a la hora de tomar decisiones sobre medidas futuras.

4.1.1

Mejoras. El Comité reconoce los esfuerzos de la Comisión para alcanzar este objetivo y garantizar el mejor apoyo posible a la investigación comunitaria. Por consiguiente, el Comité ve claras mejoras respecto de los procedimientos actuales en muchos puntos de las propuestas presentadas, como, por ejemplo, en el reembolso de los costes (artículos 30 y 31), los tipos de subvenciones o también los acuerdos de subvención, los contratos y las cartas de nombramiento (artículos 18 y 19); en estos últimos, no obstante, sólo si también se simplifican las modalidades de pago y, sobre todo, las modalidades de presentación de informes. En este contexto, el Comité se remite a sus recomendaciones anteriores sobre la simplificación (6) en las que también se hace referencia a la coordinación de los contenidos o de los plazos de los procedimientos exigidos por la Comisión con los de otros donantes u organismos supervisores (7).

4.1.2

Armonización. En línea con el objetivo de la simplificación está también el propósito de armonizar en mayor medida los procedimientos aplicados o exigidos por la Comisión (por ejemplo, el reembolso de los costes o la evaluación de la solvencia). El Comité apoya plenamente este propósito, con vistas al mercado interior comunitario y también por considerar que introduce una mayor seguridad jurídica (8). Por desgracia, no podrá llevarse a cabo una armonización plena hasta que los diversos receptores de las subvenciones en los distintos Estados miembros, por ejemplo las universidades, no empiecen a aplicar por su parte un mismo sistema de contabilidad o uno similar.

4.2

Otras normas y medidas. Sin embargo, la simplificación y la armonización requieren además otras medidas por parte de la Comisión, que se anuncian por primera vez en la propuesta presentada, por ejemplo en el apartado 4 del artículo 16, en el que se afirma que «La Comisión adoptará y publicará normas que aseguren una verificación coherente de la existencia y el régimen jurídico de los participantes en las acciones indirectas, así como de su capacidad financiera.» Dado que todavía no se han publicado estas nuevas normas, denominadas en lo que sigue con la expresión «normas de aplicación internas de la Comisión», de momento no se puede evaluar cómo repercutirán en algunos casos las propuestas de la Comisión que dependen de ellas.

4.2.1

Interpretación uniforme de normas y criterios. El Comité expresa además su confianza en que todos los servicios de la Comisión interesados garanticen una interpretación informe de las normas de aplicación internas de la Comisión, en particular las disposiciones jurídicas y financieras relativas a los proyectos, de modo que estas normas constituyan un nuevo paso importante hacia la simplificación y la armonización y no den lugar a un empeoramiento de la situación de los ejecutantes de IDT respecto de los procedimientos actuales. Por lo general, el Comité recomienda que, a fin de garantizar la seguridad jurídica, los puntos en los que la propuesta actual de la Comisión deje todavía margen a la interpretación se precisen mediante normas de aplicación internas de la Comisión.

4.2.2

Acciones de apoyo. Los servicios de asistencia («helpdesks») y los centros de intercambio de información («clearing houses») propuestos o que ya ofrece la Comisión deberán garantizar que la información facilitada por la Comisión sea coherente y uniforme. A juicio del Comité, se trata de una medida importante y útil. Sin embargo también debería velarse por que en los procedimientos internos de la Comisión y en los correspondientes requisitos y decisiones del funcionario responsable de la Comisión se garanticen unos procedimientos uniformes.

4.2.3

Elaboración de informes. Del mismo modo, también debe evitarse que, aparte de excepciones justificadas, el funcionario responsable solicite informes intermedios adicionales a los informes ya previstos en la normativa o que haya que facilitar la misma información en varios informes y cada vez de forma distinta (9). Por consiguiente, también es fundamental la armonización de los informes; se trata sobre todo de los contenidos y no de cuestiones formales.

4.2.4

Evaluación intermedia (midterm-assessment) . El Comité, no obstante, recomienda que, dado que el Séptimo Programa Marco tiene una duración prevista de siete años, una vez transcurrida la mitad de este período se lleve a cabo una evaluación intermedia, tanto del programa como de las normas de participación, a fin de poder efectuar, llegado el caso, las adaptaciones necesarias.

4.2.5

Funcionarios responsables de la Comisión. Una condición importante para lograr la simplificación, la armonización y, en general, la eficiencia en los procedimientos administrativos es, además, que los funcionarios responsables de la Comisión posean una experiencia especializada destacada y un conocimiento de los participantes, también en beneficio de la necesaria continuidad (véase el siguiente punto); no sería suficiente que los funcionarios responsables de la Comisión se limitaran a ejercer funciones meramente administrativas sin disponer de un conocimiento profundo de la materia y del medio. El Comité se remite a sus reiteradas recomendaciones (10) al respecto (11).

4.3

Continuidad. Habida cuenta de que cada nueva normativa supone una interrupción de la continuidad, con las correspondientes «pérdidas por fricción», debe sopesarse cuidadosamente si los cambios propuestos por la Comisión permitirán obtener realmente claras mejoras que permitan compensar estas pérdidas o, por el contrario, deben mantenerse las disposiciones actuales. El Comité reconoce que en la propuesta de la Comisión deben mantenerse muchas de las normas que han demostrado su eficacia. No obstante, no está claro que algunas propuestas de modificación permitan introducir mejoras reales en relación con la normativa actual. A este respecto, el Comité recomienda obrar en favor de la continuidad.

4.4

Contribución financiera de la Comunidad — Condiciones para obtener financiación y formas de subvención. Sin perjuicio de una aclaración satisfactoria de las cuestiones que siguen pendientes (véase por ejemplo el punto 4.5), el Comité reconoce que en las propuestas correspondientes de la Comisión hay algunas mejoras, que apoya plenamente.

4.4.1

PYME. El Comité se congratula en particular de que en la segunda frase del apartado 1 del artículo 33 se afirme que en el caso de las PYME (12) la contribución financiera comunitaria podrá aumentar del 50 % a un máximo del 75 %. Considera que esto es también una prueba del éxito de sus recomendaciones anteriores de crear más y mejores incentivos para fomentar la participación de las PYME en el Séptimo Programa Marco de IDT y de lograr una cooperación reforzada entre las PYME y los centros de investigación (13).

4.4.2

Universidades, etc. Asimismo, el Comité valora positivamente que la contribución financiera máxima en el caso de los organismos públicos, los centros de educación secundaria y superior y las organizaciones de investigación pueda elevarse al 75 % (véase también la segunda frase del apartado 1 del artículo 33). A este respecto, recomienda que se reformule más claramente el artículo 33, a fin de poder distinguir mejor entre los participantes cuya actividad tenga fines lucrativos y los participantes que representen intereses generales.

4.4.3

Costes de personal medios. A juicio del Comité, la posibilidad de que, a los efectos de la letra (a) del apartado 3 del artículo 31, los participantes puedan utilizar los costes de personal medios es una ventaja por lo que respecta a la simplificación.

4.4.4

Costes de gestión. Asimismo, el Comité valora positivamente, también por lo que respecta a la necesaria continuidad, que se mantenga el reembolso del 100 % de los costes de gestión. No obstante, la propuesta de suprimir por completo el límite máximo actual del 7 % para este tipo de costes plantea problemas en caso de que no se impongan por otra vía criterios más rigurosos a los costes de gestión necesarios en cada ocasión. Es cierto que el límite actual del 7 % –precisamente en razón de los elevados gastos de administración, coordinación, etc., que eran necesarios hasta ahora– es demasiado bajo y, por lo tanto, debería aumentarse. Sin embargo, por otro lado, debería evitarse que un reembolso ilimitado de todos los costes de administración lleve a un incremento desproporcionado de los gastos de gestión, en vez de a su reducción.

4.5

Costes adicionales en las universidades. De acuerdo con la propuesta de la Comisión, se eliminará la posibilidad existente hasta la fecha de que las universidades y otros centros de investigación similares puedan imputar el 100 % de los denominados costes adicionales (additional cost) (14). Pese a que, en lugar de éste, se ofrecen otros modelos de costes, el Comité considera problemática la propuesta de suprimirlo. Por lo general, estas instituciones no disponen de una contabilidad analítica apropiada para determinar los costes totales (full cost) (15). Además, por lo que respecta al «tipo fijo» que propone la Comisión como posible alternativa, todavía no puede valorarse si se traducirá en un claro empeoramiento de la situación, ya que todavía no se han fijado las normas de aplicación internas de la Comisión (véase más arriba). El Comité, por consiguiente, recomienda que por lo que se refiere a estas instituciones, hasta que no dispongan de una contabilidad de costes totales, se mantenga la normativa actual de la imputación del 100 % de los costes adicionales, al menos hasta que se haya garantizado que otros modelos de contabilidad (16) no supondrán un empeoramiento de la situación respecto de la normativa en vigor.

4.6

Forma jurídica y organizaciones de investigación. A juicio del Comité, las organizaciones de investigación cuya principal fuente de financiación sea el Estado, independientemente de cuál sea su forma jurídica, deben ser tratadas equitativamente en todos los respectos (y ello debe reflejarse en todos los artículos, por ejemplo, en el apartado 1 del artículo 33 y en el apartado 2 del artículo 38). Esto significa, por ejemplo, que también las organizaciones de investigación o los centros de investigación de utilidad pública creados en virtud del Derecho privado, cuya financiación procede del Estado (17), deben equipararse a las organizaciones creadas en virtud del Derecho público. Finalmente, la elección, por parte de los Estados miembros, de la forma jurídica más apropiada para este tipo de instituciones de investigación es competencia exclusiva de los Estados miembros y en ningún caso debería dar lugar a una diferenciación por lo que respecta a las ayudas comunitarias a la investigación.

4.7

Derechos de propiedad intelectual. En la normativa propuesta (artículos 39 a 43) debería garantizarse que los derechos de propiedad intelectual que se basan en los resultados de la investigación financiada con fondos públicos de la UE no puedan ser transferidos sin control a empresas de países fuera de Europa.

4.7.1

Software de fuente abierta. En la actualidad, el software que se desarrolle en el marco de proyectos de investigación financiados por la Comunidad tiene sólo la posibilidad de seguir divulgándose y utilizándose –y, por tanto, el potencial para crear versiones o servicios comerciales basados en él– si se ofrece como «software de fuente abierta». A tal efecto, debería concederse al consorcio el mayor margen de maniobra posible en la determinación de las condiciones de la licencia.

4.8

Derechos de acceso. Los derechos de acceso (artículos 48 a 52) (18) a conocimientos previos («background») y adquiridos («foreground») de los participantes no se refieren a derechos de acceso a todos los conocimientos de un participante (por ejemplo, universidad o centro de investigación), sino únicamente a aquellos conocimientos que se basen en los trabajos o en el trabajo preparatorio de las organizaciones o grupos que participen en un determinado proyecto conjunto y que sean necesarios para que otros participantes desempeñen sus cometidos en el marco de las acciones indirectas. Por consiguiente, el Comité valora positivamente el artículo 48, porque permite aclarar la situación en cada proyecto y que los participantes delimiten los conocimientos mediante una lista de inclusión o de exclusión  (19). Además, con la lista de inclusión se evita hacer pública la existencia de «conocimientos previos» cuya confidencialidad deba garantizarse. No obstante, para no retrasar innecesariamente la puesta en marcha del proyecto sería razonable permitir que esta delimitación de los conocimientos pudiera llevarse a cabo en un plazo por ejemplo de hasta seis meses después del inicio del proyecto.

4.9

Derechos de acceso gratuitos a conocimientos previos y adquiridos. El Comité expresa sus reservas sobre las normas encaminadas a conceder sin excepciones un derecho de acceso gratuito a conocimientos previos y adquiridos. El Comité recomienda que, por lo general, se otorgue a los participantes en el proyecto un margen de maniobra lo más amplio posible para que lleguen a los acuerdos más apropiados en cada caso. Así, por ejemplo, puede ser razonable conceder también a los ejecutantes de la IDT derechos de acceso gratuitos.

4.9.1

Conocimientos previos para la ejecución de una acción. El Comité valora en principio positivamente la propuesta de que los ejecutantes de la IDT concedan siempre gratuitamente derechos de acceso a los conocimientos previos si ello es necesario para la ejecución de una acción indirecta. No obstante, en casos muy determinados, una norma exclusiva de estas características puede poner en dificultades a los ejecutantes afectados. Por ello, el Comité recomienda que se modifique la última frase del apartado 2 del artículo 50 (20).

4.9.2

Conocimientos previos necesarios para el aprovechamiento de los conocimientos adquiridos. La propuesta de que los ejecutantes de la IDT concedan gratuitamente derechos de acceso a los conocimientos previos siempre que sea necesario para el aprovechamiento de los conocimientos adquiridos es muy problemática. Los conocimientos previos fueron adquiridos con recursos propios de los ejecutantes de la IDT o con recursos de donantes anteriores, o con fondos públicos de cada uno de los Estados miembros respectivos, y, por consiguiente, están sujetos a los compromisos y las obligaciones correspondientes (21). En caso de que la norma propuesta por la Comisión comenzara a aplicarse, existiría el peligro de que los ejecutantes de la IDT que en la actualidad ocupan una posición destacada y los que poseen un elevado potencial de conocimientos técnicos no puedan o no quieran participar y que, de este modo, queden excluidos de la participación. Por ello, el Comité recomienda que se suprima o se modifique el apartado 5 del artículo 51 (22).

4.9.3

Investigación en las fronteras del conocimiento. Aunque la investigación en las fronteras del conocimiento abordará prioritariamente los trabajos de I+D en el ámbito de la investigación fundamental, el Comité ha señalado en repetidas ocasiones que en muchos casos (23) los límites entre la investigación fundamental y su aplicación son difusos. De ahí que también en este ámbito sea de temer que se produzcan las mismas repercusiones negativas citadas arriba. Ello debería evitarse a cualquier precio y, por consiguiente, debería tenerse en cuenta en el marco reglamentario. Por ello, el Comité recomienda que se suprima o se modifique en este sentido el apartado 1 del artículo 52 (24).

4.9.4

Grupos específicos. En la propuesta de la Comisión falta una definición de las acciones en beneficio de grupos específicos. Las afirmaciones sobre este punto no deberían en ningún caso confundirse o equipararse con las relativas a la investigación en las fronteras del conocimiento.

4.10

Libre elección de los instrumentos. El Comité repite su recomendación (25) de que los proyectos no deben estar vinculados anticipadamente a la utilización de instrumentos determinados, sino que «los solicitantes deben tener la posibilidad de adaptar los instrumentos en función de la estructura óptima necesaria para cada una de las tareas y de la talla de los proyectos. Sólo de este modo será posible evitar que surjan proyectos cuyo tamaño y estructura se orienten en función de los instrumentos prescritos, y no en función de los requisitos científicos y técnicos óptimos. Los instrumentos deben estar al servicio de las condiciones de trabajo y de los objetivos de la investigación, y no a la inversa.» En este sentido, también debería seguir existiendo la posibilidad de recurrir a los «proyectos específicos focalizados de investigación» (STREPs), ya que estos son sobre todo especialmente indicados para la participación de las PYME y de grupos de investigación más pequeños.

4.11

Abandono del principio de responsabilidad financiera colectiva. El Comité valora positivamente el abandono del principio de responsabilidad financiera colectiva. Recuerda al respecto que en sus recomendaciones (26) sobre el Sexto Programa Marco ya se refirió al problema que plantea la responsabilidad financiera colectiva.

4.11.1

Fondo para la cobertura de riesgos. Por consiguiente, el Comité también apoya la constitución de un fondo que garantice la cobertura de posibles riesgos mediante (véase apartado 1 del artículo 38) la retención de un pequeño porcentaje de la contribución financiera a cada participante en una acción indirecta. No obstante, sería recomendable que la Comisión diera a conocer los márgenes previstos del porcentaje, que deberán fijarse en función de la evaluación del riesgo en la convocatoria del concurso. El Comité acoge también con satisfacción la decisión de que toda suma que supere las cantidades necesarias para cubrir los riesgos pendientes sea devuelta al Programa Marco y constituya un ingreso asignado.

4.11.2

Exención. No obstante, el Comité recomienda que todas las instituciones de investigación cuya principal fuente de financiación sea el Estado (27) queden exentas de esta norma (de conformidad con el apartado 2 del artículo 38), independientemente de cual sea su forma jurídica.

4.11.3

Suspensión del proyecto. El Comité hace referencia también a la responsabilidad colectiva técnica que incumbe a los participantes en un proyecto (tal como se propone en el apartado 4 del artículo 18). A juicio del Comité, también debe otorgarse a un consorcio la posibilidad de adoptar una decisión sobre una posible suspensión del proyecto en los casos en que la continuación del mismo ya no tenga sentido o no sea razonable por razones técnicas y científicas o por cargas financieras desmedidas. Por consiguiente, deberían modificarse los apartados 4 y 5 del artículo 18.

4.12

Los comités de programa. De conformidad con la propuesta de la Comisión, los comités de programa quedarán liberados de la tarea de aprobar los proyectos que solicitan financiación. A juicio del Comité, esto sólo debería ser así cuando en la selección de proyectos la Comisión se ajuste al dictamen de los evaluadores. En los demás casos, al igual que en la aprobación de los programas de trabajo y la distribución del presupuesto, los comités de programa competentes deberían seguir dando su aprobación. Una solución de compromiso podría ser que, una vez concluida la evaluación, se presentara al comité de programa un «plan de ejecución de las convocatorias», para que éste deliberara y adoptara una decisión formal al respecto. Esto no ocasionaría ningún tipo de retraso, ya que el comité del programa no tendría que tomar una decisión sobre cada uno de los proyectos.

4.13

Acuerdo de subvención. En el apartado 8 del artículo 19, texto pertinente sobre esta cuestión, se hace referencia a la «Carta Europea del Investigador» y al «Código de conducta para la contratación de investigadores». El Comité señala que dicha Carta tiene únicamente carácter de recomendación y que, por esta razón, no se puede exigir ningún tipo de vinculación por tal vía. El Comité recuerda que, pese a valorar positivamente muchos elementos de la Carta, ha recomendado al mismo tiempo la revisión de esta normativa por considerar que la legislación propuesta es excesivamente amplia en algunos puntos y que algunos criterios no son comprensibles (28).

4.14

Banco Europeo de Inversiones. El Comité acoge con satisfacción la propuesta (y las normas propuestas al respecto) de que pueda concederse una subvención al Banco Europeo de Inversiones con objeto de cubrir el riesgo de los préstamos destinados a apoyar los objetivos de investigación fijados en el Séptimo Programa Marco. Estos préstamos deberían utilizarse sobre todo para acciones de demostración (por ejemplo, en el ámbito de la investigación sobre la energía o la seguridad).

16.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 309/41

1.1

El CESE acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión respecto de las nuevas normas para la participación de empresas, centros de investigación y universidades en la aplicación del Séptimo Programa Marco de investigación, desarrollo y formación en materia nuclear y para la difusión de sus resultados, durante el quinquenio de 2007 a 2011.

1.2

Las propuestas tienen por objeto simplificar y racionalizar los procedimientos y métodos para llevar a la práctica la Estrategia de Lisboa, tal como fue revisada por el Consejo Europeo de 2005 y de marzo de 2006, y responder a las necesidades de los distintos agentes del ámbito de la investigación y de los usuarios finales. No obstante, el juicio final sobre el éxito de estas medidas sólo podrá emitirse una vez se hayan acordado las normas de aplicación.

1.3

Hasta el capítulo III incluido, las propuestas de la Comisión son prácticamente iguales a las presentadas en el Séptimo Programa Marco de acciones de investigación, desarrollo y formación en materia no nuclear (1), pero con numeración diferente. (2) El Comité se remite, por lo tanto, al dictamen adoptado sobre el tema, recordando y reiterando las observaciones que en él se formulan (3), que también son válidas para la propuesta que nos ocupa hasta el capítulo III incluido.

1.4

El Comité destaca, en especial, que el programa europeo de fusión nuclear constituye un modelo de integración real de los esfuerzos comunitarios y de plena coordinación de la acción, en el marco del Acuerdo Europeo para el Desarrollo de la Fusión (European Fusion Development Agreement (EFDA)) y de los contratos de asociación.

1.4.1

Este programa representa un papel básico para la UE en el campo de la investigación de la energía de fusión, supone un apoyo comunitario constante en forma de recursos financieros y capital humano y atesora una elevada sostenibilidad medioambiental, merced a las actividades del proyecto ITER/DEMO (4).

1.5

El Comité se muestra convencido de que la energía nuclear (5), que representa aproximadamente un tercio de la energía eléctrica que se produce actualmente en la Unión Europea (6), contribuye a la independencia y la seguridad del abastecimiento energético (7) y a la sostenibilidad del desarrollo económico europeo, con arreglo a los Acuerdos de Kioto. Ello es válido siempre que se apliquen normas cada vez mejores, más eficientes y seguras de gestión de los residuos, y que se pueda desarrollar una investigación y una industria europea competitiva en el ámbito de la tecnología nuclear y de los servicios.

1.6

El Comité considera adecuados los porcentajes de financiación comunitaria para las actividades de investigación, formación y demostración, coordinación y apoyo, además de las redes de excelencia, así como para el régimen financiero previsto para la investigación sobre la energía de fusión.

1.6.1

El CESE destaca la necesidad de fomentar la investigación y la aplicación de tecnologías limpias y seguras, con arreglo a las exigencias y características de cada Estado miembro, y recomienda que se respete la decisión adoptada por algunos Estados miembros que consideran que la energía nuclear no es la solución adecuada para cubrir sus futuras necesidades de energía y así lo reflejan en los programas de investigación.

1.7

El CESE destaca el papel de las acciones de formación y de los itinerarios elaborados para el desarrollo de la carrera de los investigadores, y subraya que estas acciones revisten especial importancia para el sector privado, la sociedad civil y los ciudadanos.

1.8

El CESE considera fundamental garantizar que las normas de participación en el 7o PM Euratom y sus programas específicos forman un marco simple, legible, comprensible, claro y transparente, y que, sobre todo, dé seguridad a los participantes potenciales, especialmente a los de menor tamaño, sobre los principios y criterios relativos al acceso, la evaluación y la selección, así como la elaboración de los contratos y la gestión de los proyectos.

1.8.1

El CESE lamenta que esto no se refleje siempre en la propuesta de reglamento y considera que la eficacia de estas normas debe ser objeto de una supervisión por parte de expertos independientes tras un periodo de tiempo apropiado y que el informe de supervisión ha de transmitirse al Consejo y al Comité.

1.9

El Comité estima que es esencial el aprovechamiento y la difusión de los resultados de la investigación para lograr una buena relación calidad-precio con vistas a los contribuyentes europeos. A este respecto, señala que siempre debe lograrse un equilibrio justo entre, por una parte, la protección de los intereses comunitarios, la preocupación de los Estados miembros, especialmente en el ámbito de la defensa, y los derechos de propiedad intelectual e industrial y, por otra, los riesgos igualmente importantes derivados de una difusión escasa de la información científica y técnica dentro del sector.

1.9.1

Por último, el Comité considera indispensable que se refuerce el servicio de asistencia sobre derechos de propiedad intelectual en aras de una asistencia puntual y proactiva dirigida a los potenciales participantes en los contratos de subvención, y a favor de las acciones indirectas en apoyo a la formación y el desarrollo de investigadores, así como durante la fase de preparación y firma de los acuerdos de consorcio.

2.1

El CESE celebra que se le haya remitido la consulta a su debido tiempo y es plenamente consciente de sus competencias exclusivas, de tipo consultivo, respecto del Tratado Euratom. El CESE concede enorme importancia a estas competencias, debido al carácter extremadamente sensible de la energía nuclear para la sociedad y a la necesidad de una información y una consulta adecuadas.

2.2

De hecho, la energía nuclear plantea una cuestión muy difícil, en cuanto a la participación de los ciudadanos, habida cuenta de los importantes riesgos y de los problemas de tratamiento de los residuos que implica.

2.2.1

El CESE defiende que se destaque el interés por reforzar los modelos de evaluación de los resultados y de la seguridad y fiabilidad en este sector, mediante el establecimiento de mecanismos permanentes de información, consulta y formación.

2.2.2

Se trata de organizar mejor el proceso de gobernanza con el fin de determinar las opciones estratégicas más adecuadas y responder a las preocupaciones de los ciudadanos sobre la energía nuclear y sus consecuencias a largo plazo.

2.3

El Comité ya se ha pronunciado (8) sobre las soluciones presentadas por la Comisión para simplificar (9) los procedimientos administrativos y reducir las cargas correspondientes en el ámbito de las propuestas de decisión relativas al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea y de Euratom, respectivamente, adoptadas el 6 de abril de 2005.

2.3.1

La Comisión ha indicado diez medidas fundamentales que deben ejecutarse, como «factor crítico de éxito», para simplificar los procedimientos de acceso, participación y gestión del 7o PM. A este respecto, el CESE destacó que «las cargas actuales, en términos de trabajo y de costes, inherentes a los procedimientos de solicitud y autorización son muy elevadas y problemáticas para los usuarios de la ciencia y la industria. La participación en el programa de investigación europeo –incluido el riesgo asociado a la presentación de la candidatura– debería compensar a los participantes» (10).

2.3.2

Asimismo, el CESE reiteró la importancia de «reforzar la participación de las PYME en el proceso de investigación, desarrollo e innovación» y destacó que «las perspectivas de éxito de las PYME especialmente creadas para desarrollar y comercializar nuevos productos de alta tecnología dependerán sobre todo de que tengan un capital inicial y un» capital-riesgo «suficiente (...)». No obstante, para lograrlo «será necesario que los procedimientos no superen cierto umbral aceptable y adaptado a las PYME» (11).

2.3.3

Los puntos que destacan los servicios de la Comisión para la simplificación de los procedimientos reglamentarios son:

2.4

Asimismo, la propuesta de reglamento analizada incluye varios cambios respecto del Reglamento anterior (12), en especial por lo que se refiere a: objetivo de la propuesta; definiciones; confidencialidad; evaluación, selección y asignación de las propuestas; formas de subvención; reembolso de costes subvencionables; límite de la contribución financiera comunitaria; riesgos del consorcio; difusión, aprovechamiento y derechos de acceso; normas específicas sobre el Acuerdo Europeo para el Desarrollo de la Fusión; y acuerdo sobre movilidad del personal.

2.4.1

El Comité, respecto de las partes de la propuesta analizada que son comunes a la propuesta análoga sobre el Séptimo Programa Marco CE (Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establecen las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades en las acciones del Séptimo Programa Marco, y las normas de difusión de los resultados de la investigación (2007-2013)) (13), remite a su dictamen sobre esta última que se encuentra en fase de elaboración (14).

2.5

El Comité está de acuerdo con los límites fijados para la financiación de la investigación nuclear y la formación. En especial, se felicita de que, para las PYME, los organismos públicos, los centros de educación secundaria y superior y las organizaciones de investigación (15), el límite máximo de contribución pueda pasar del 50 % al 75 %, y de que las acciones de coordinación, apoyo, formación y desarrollo de las carreras de los investigadores puedan recibir el 100 % de los costes subvencionables totales.

2.5.1

Asimismo, el Comité recomienda que se recojan en un cuadro adjunto a la propuestas los diversos tipos de actividad y el correspondiente porcentaje máximo de contribución previsto, junto con las posibilidades eventuales de acumularlas, especialmente en el caso de las infraestructuras de investigación, con otros tipos de ayuda comunitaria (Fondos Estructurales, etc.).

3.1

El CESE considera fundamental garantizar que las normas de participación en el 7o PM Euratom y sus programas específicos forman un marco simple, legible, comprensible, claro y transparente, disponible en todas las lenguas comunitarias. En concreto, este marco debería ofrecer seguridad a los participantes potenciales, especialmente a los de menor tamaño, sobre los principios y criterios relativos a la disponibilidad, condiciones de participación, presentación y evaluación de propuestas de proyectos, clasificación y obligaciones contractuales, porcentajes y sistemas de distribución de la cofinanciación comunitaria, protección de la propiedad industrial e intelectual y aprovechamiento y difusión de los conocimientos adquiridos, sin perjuicio de las disposiciones específicas sobre la prioridad temática referida a la energía de fusión.

3.1.1

El Comité recomienda, entre otras cosas, que se reintroduzcan de forma explícita los criterios de selección y adjudicación de las acciones indirectas mencionadas en el artículo 14, con excepción de eventuales criterios específicos particulares. Dichos criterios generales son los siguientes:

3.2

El Comité ya se ha pronunciado sobre los temas generales de la simplificación y racionalización de los programas marco para la investigación nuclear comunitaria en los dictámenes sobre el 7o PM Euratom y sus dos programas específicos que tratan, respectivamente, de la energía nuclear, con especial referencia a la investigación sobre la energía de fusión, y las actividades de investigación nuclear del Centro Común de Investigación. El Comité también está elaborando un dictamen sobre la propuesta de normas de participación relativas al 7o PM de investigación comunitaria no nuclear (16).

3.3

Respecto de las normas aplicables al programa Euratom, el Comité insiste especialmente en la necesidad de una simplificación más radical de los trámites para presentar los expedientes.

3.3.1

Asimismo, el Comité se felicita de que la responsabilidad colectiva, establecida en el 6o PM Euratom, que podía constituir un obstáculo considerable para la participación de agentes de pequeño y mediano tamaño (empresas, universidades, etc.), se haya eliminado en la propuesta analizada sustituyéndola por una suma aún por definir que debería equivaler aproximadamente al 1 % de la contribución comunitaria (17) como garantía contra el riesgo de falta de cobertura en consorcios (artículo 37). En efecto, una parte importante de las actividades de investigación en el sector de Euratom puede confiarse a agentes de pequeño y mediano tamaño cuya participación podría haberse visto seriamente obstaculizada con esta norma.

3.4

El CESE emite ciertas reservas sobre el gran número de posibles excepciones a las normas de participación establecidas en los más de 50 artículos propuestos, así como sobre las amplias posibilidades de los distintos criterios y normativas que deberían establecerse en los programas de trabajo anuales, los programas específicos y las convocatorias de propuestas. Estas excepciones se refieren especialmente al número de participantes y las condiciones suplementarias de acceso (artículo 11); los principios de evaluación, selección y adjudicación (artículo 14.1); las excepciones a la publicación de una convocatoria de concurso (artículo 13); los criterios de evaluación con la posibilidad de establecer criterios específicos adicionales (artículo 14.2); y la contribución financiera comunitaria a las redes de excelencia (artículo 34, apartados 1 y 3).

3.4.1

En particular, en lo que respecta a las redes de excelencia, el Comité manifiesta su preocupación por que se determine la contribución a tanto alzado, ya que podría resultar ficticia y no basarse en la realidad. Dicha situación podría perjudicar al desarrollo de redes de excelencia, necesarias para conseguir los objetivos concretos del programa.

3.5

El Comité destaca que la flexibilidad imprescindible de gestión y de determinación de las necesidades de las acciones concretas no debe lograrse a costa de la claridad, seguridad y transparencia de los requisitos de participación, los criterios preestablecidos de evaluación y selección, así como de un marco seguro para la financiación y cofinanciación propuestas.

3.6

El Comité considera que, cuando el acuerdo de subvención permita al consorcio de investigación la posibilidad de convocar concursos para realizar determinados trabajos o ampliar algunas actividades, estos concursos deberán organizarse con arreglo a las normas establecidas por la Comisión para garantizar la máxima transparencia y accesibilidad de la información.

3.7

El CESE subraya la importancia de las disposiciones sobre supervisión y control de los programas y las acciones indirectas de investigación, demostración, coordinación y formación en el ámbito nuclear. Asimismo, sugiere que se establezca para estas funciones y las de gestión de las convocatorias de concursos, evaluación, selección y seguimiento contractual y auditoría de los proyectos financiados un límite máximo de gasto que no debería superar, como coste total, un importe de entre el 7 % y el 10 % de los recursos comunitarios globales del 7o PM Euratom. Se trata de dedicar la mayor parte de los recursos a auténticas actividades primarias de investigación, demostración y formación, así como a la obtención de resultados concretos que puedan convertirse en aplicaciones comercializables, que es el objetivo final de un programa marco comunitario de la investigación.

3.7.1

En este sentido, el CESE recomienda que la recopilación, archivo y gestión de los datos de dicha supervisión se incluyan en una base de datos integrada, en el marco de la IDABC (18).

3.8

El Comité acoge de forma positiva las propuestas de la Comisión sobre las formas de subvención propuestas para el reembolso de los costes subvencionables: pagos a tanto alzado y financiación a un tipo fijo. Sin embargo, sugiere que se especifique la metodología más conveniente, incluso respecto de la simplificación de costes subvencionables, y que se añada a la propuesta de reglamento una lista de las distintas opciones, con el fin de facilitar la comprensión a los usuarios potenciales.

3.9

El Comité recomienda que se recojan las diversas formas de contribución financiera comunitaria, que se establecen en los artículos 32 y 34, en un cuadro adjunto a la propuesta, junto con el límite máximo de financiación correspondiente y toda posibilidad de acumulación –sobre todo para las infraestructuras de investigación– con ayudas procedentes de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión, el Banco Europeo de Inversiones y el Fondo Europeo de Inversiones, sin dejar de lado las disposiciones de la iniciativa JEREMIE (19) que debería facilitar la participación de entidades de pequeño tamaño en el 7o PM Euratom.

3.10

Respecto de las normas propuestas para la difusión, aprovechamiento y derechos de acceso a los conocimientos, al margen de la distinción entre conocimientos previos y adquiridos y de las excepciones en los ámbitos militar y de la seguridad, el Comité considera indispensable reforzar el servicio de asistencia sobre derechos de propiedad intelectual para ofrecer ayuda concreta y proactiva a los participantes potenciales en acuerdos de subvención (véanse el artículo 18, apartados 5 y 6, y los artículos 19 y 21) y sobre las medidas indirectas de apoyo a la formación y el desarrollo de la carrera de los investigadores, así como para la preparación y firma de los acuerdos de consorcio, que establecen normas complementarias (artículo 23) referidas a la difusión y aprovechamiento de los resultados y los derechos de propiedad intelectual.

3.11

Por último, en cuanto al campo temático «investigación sobre la energía de fusión», el Comité destacó de forma amplia, en los dos dictámenes citados, la importancia de la investigación en el ámbito de la fusión termonuclear controlada, del proyecto ITER, del programa preparatorio DEMO y de los estudios sobre la cofinanciación (20).

3.11.1

El CESE señala que el porcentaje anual de base propuesto para la contribución financiera de la Comunidad en este campo temático no debería superar el 20 % durante toda la duración del 7o PM Euratom. El Comité considera este porcentaje como el impulso necesario para una contribución esencial de los Estados miembros a un programa comunitario correctamente coordinado (véase el punto 1.4) que proporcione las bases, el punto de referencia y la aportación indispensables para la empresa común ITER/DEMO. Si bien este porcentaje puede resultar adecuado para empezar, cabe la duda de que sea suficiente para toda la duración del programa como incentivo para una contribución financiera satisfactoria y necesaria por parte de los Estados miembros. Por lo tanto, el Comité recomienda que, como medida de precaución, este porcentaje se incremente hasta el 25 %, que todavía sería solamente la mitad o un tercio (con respecto al apartado 1 del artículo 32) de la cantidad con la que contribuiría la Comunidad. Además, el Comité estima que, por regla general, también deberían aplicarse estos límites máximos de financiación.

3.11.2

Por lo que se refiere al tipo máximo de contribución del 40 % propuesto para proyectos cooperativos específicos en el marco de los contratos de asociación, con un apoyo prioritario a las acciones de interés para la ITER/DEMO y para las acciones referidas al acuerdo sobre movilidad del personal, el Comité duda de que, a largo plazo, este tipo sea suficiente para que los proyectos y acciones deseadas puedan desencadenar la contribución requerida de los Estados miembros. El Comité se remite al apartado 2 del artículo 52.

4.1

El Comité se pregunta por qué se ha suprimido en la Subsección 1 «Convocatorias de propuestas» la disposición relativa a la posibilidad de que estas convocatorias vayan precedidas de convocatorias de manifestaciones de interés para detectar y evaluar con precisión los objetivos y las necesidades de las medidas, así como para evitar gastos administrativos inútiles tanto para la preparación de propuestas que no puedan tenerse en cuenta como para la selección y evaluación de tales propuestas por parte de la Comisión y de los evaluadores independientes.

4.2

Las convocatorias de manifestaciones de interés podrían completarse con la organización de jornadas informativas de quienes realizan propuestas, con el fin de que los posibles usuarios científicos e industriales estén más informados y participen en la elaboración de las medidas comunitarias de investigación nuclear.

4.3

El CESE destaca los peligros derivados de una difusión escasa de la información científica y técnica dentro del sector. Aunque reconoce que es necesario emitir algunas reservas al respecto, considera que no debe excluirse ninguna posibilidad. Ello podría materializarse en la elaboración de un protocolo técnico muy preciso respecto del contenido y las formas de difusión, que tenga en cuenta los requisitos de seguridad y fiabilidad pero garantice al máximo la transparencia.

4.4

El CESE considera importante que se facilite amplia información y difusión de las normas que rigen, por una parte, la verificación de que se dan las condiciones necesarias y, por otra, el estatuto jurídico de los participantes. Del mismo modo, deberían elaborarse unas normas claras y comprensibles para todos los agentes del ámbito de la investigación sobre los procedimientos simplificados previstos para la presentación, en dos fases, de las propuestas, los criterios y los requisitos de los dos niveles de evaluación.

4.4.1

Estas normas deberían ponerse a disposición no sólo de los expertos evaluadores, sino también de los que presentan propuestas, con arreglo a criterios y ponderaciones inequívocos y uniformes.

4.5

El CESE también desea destacar la conveniencia de organizar actividades de formación e información sobre la seguridad y fiabilidad de la energía nuclear no sólo para investigadores, sino también para representantes de la sociedad civil y los ciudadanos en general, así como de reforzar los instrumentos y procedimientos de desarrollo de modelos válidos e irrefutables para evaluar la fiabilidad y seguridad de la energía nuclear.

4.6

En cuanto al aprovechamiento de los resultados de la investigación, su difusión y la protección de los derechos de propiedad intelectual e industrial, el Comité considera que, aparte de las normas y salvaguardias previstas en esta propuesta de reglamento, los acuerdos de subvención, los acuerdos de consorcio, el artículo 24 y las demás disposiciones del Tratado Euratom  (21) , los contratos de asociación, el Acuerdo Europeo para el Desarrollo de la Fusión, la Empresa Común Europea para el ITER y los acuerdos internacionales correspondientes, además de acuerdos multilaterales como el acuerdo sobre movilidad del personal, debe darse la máxima difusión posible a una guía para solicitantes en el marco de los derechos de propiedad intelectual y Euratom, actualizada, que resuma de forma clara y transparente las obligaciones y beneficios de los participantes potenciales en las actividades de investigación, demostración, formación y desarrollo del 7o PM Euratom.

16.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 309/46

1.1

En lo que respecta al cabotaje y a los servicios de tramp, el CESE apoya la propuesta de que las normas de procedimiento en materia de competencia del Reglamento no 1/2003 (1) se extiendan a estos sectores. Valora positivamente el diálogo que han entablado la Comisión y el sector del transporte marítimo acerca de la aplicación de los artículos 81 y 82 a los servicios de tramp. Dada la falta de quejas y de precedentes legales en el sector del tramp, se necesita más información sobre su funcionamiento y sus acuerdos. Por consiguiente, el CESE acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de emprender un estudio sobre las características económicas y jurídicas de dicho sector. En aras de la seguridad jurídica, el CESE solicita a la Comisión que proporcione directrices (antes de que se levante la exclusión al Reglamento n 1/2003) para una autoevaluación de la compatibilidad con la legislación comunitaria en materia de competencia en lo que se refiere a las distintas modalidades de acuerdo de cooperación presentes en el sector del tramp.

1.2

Por lo que respecta al sector de las líneas marítimas, el CESE toma nota de la propuesta de la Comisión de derogar en las normas de competencia del Tratado CE la exención por categorías aplicable a las conferencias marítimas de línea, sobre la base de que ya no se cumplen las cuatro condiciones acumulativas del artículo 81.3 del Tratado CE. La Comisión considera que esta derogación se traducirá en una reducción de los costes de transporte que no menoscabará la fiabilidad de los servicios en todas las rutas e impulsará la competitividad de la industria europea. El CESE se reserva su opinión hasta que pueda comprobar si la derogación propuesta ha surtido un efecto sostenible.

1.3

El CESE recomienda a la Comisión que, a la hora de derogar la exención por categorías a las conferencias marítimas de línea, tenga presentes los aspectos relacionados con la seguridad (la pérdida de la calidad del transporte marítimo como consecuencia del uso de pabellones de terceros países), y no sólo los factores meramente competitivos.

1.4

El CESE recomienda a la Comisión que, a la hora de derogar la exención por categorías a las conferencias marítimas de línea, tenga presentes no sólo los factores meramente competitivos, sino también los aspectos relacionados con los recursos humanos (su repercusión en la situación de empleo de los trabajadores del mar europeos).

1.5

EL CESE toma nota de la intención de la Comisión de adoptar directrices apropiadas en relación con la competencia en el sector marítimo para ayudar a facilitar la transición hacia un régimen plenamente competitivo. La Comisión tiene previsto promulgar las directrices antes de que finalice 2007. Previamente a su promulgación, y como paso intermedio en la preparación de las directrices, la Comisión publicará en septiembre de 2006 un documento de discusión sobre el sector de las conferencias marítimas de línea. El CESE solicita a la Comisión que elabore estas directrices en estrecho contacto con las partes interesadas y que informe en consecuencia a las instituciones competentes de la UE.

1.6

La propuesta de la Comisión es el resultado de un proceso de revisión, emprendido en 2003, en el que se han implicado todas las instituciones comunitarias competentes y las partes interesadas. Asimismo, la Comisión encargó a consultores independientes tres estudios que examinasen las consecuencias de una derogación de la exención por categorías para las conferencias de transporte marítimo de línea. Las conclusiones de estos estudios se pueden consultar en el sitio web de la Dirección General de Competencia.

1.7

Además, el CESE ha podido constatar que la propuesta de la Comisión de derogar la exención por categorías aplicable a las conferencias de transporte marítimo de línea se basa exclusivamente en el artículo 83 (normas sobre competencia), mientras que el fundamento jurídico del Reglamento no 4056/86 era el artículo 83 (normas sobre competencia) en combinación con el artículo 80.2 (política de transporte) del Tratado CE. El CESE valoraría positivamente que servicios jurídicos del Parlamento Europeo informaran sobre si los aspectos del transporte son accesorios a los aspectos de competencia y si estos servicios mantienen su postura sobre el doble fundamento jurídico, de acuerdo con lo expresado en su informe precedente (2).

1.8

Para anticiparse a los posibles conflictos legales que pudieran derivarse en el futuro de los instrumentos jurídicos de otras jurisdicciones, el CESE insta a la Comisión a que introduzca en las directrices una disposición que permita afrontar estos problemas. Una disposición de este tipo en las consultas reducirá al mínimo las fricciones y contribuirá a la búsqueda de soluciones aceptables para todos en el plano internacional.

1.9

Según observa el CESE, la Comisión reconoce que el derecho de competencia no se aplica de la misma manera en todas las jurisdicciones del mundo y que existen divergencias. Asimismo, la Comisión reconoce la importancia cada vez mayor de la cooperación internacional entre autoridades encargadas de la aplicación del derecho de competencia.

1.10

El CESE acoge con satisfacción que la Comisión persiga una doble política, por una parte, desarrollando la cooperación bilateral reforzada con los principales socios comerciales de la UE y, por otra, examinando la forma de extender la cooperación multilateral en el ámbito de la competencia. Así pues, el CESE anima a la Comisión a que redoble sus esfuerzos para garantizar que esta cooperación y este diálogo contribuirán a determinar los problemas que pudieren derivarse de una derogación del Reglamento no 4056/86 en la UE, así como para resolver dichos problemas de un modo constructivo y respetando las particularidades de los sistemas jurídicos de los demás. Efectivamente, la coherencia en el tratamiento que los distintos países deparen a los servicios de línea resulta vital para el comercio internacional.

1.11

El CESE pide a la Comisión que tenga en cuenta los resultados de su diálogo y cooperación con sus principales socios comerciales en la elaboración de las directrices sobre competencia en el sector marítimo.

1.12

El CESE valora positivamente que en la exposición de motivos de la propuesta de la Comisión se recojan los siguientes aspectos, y mantiene que éstos deben ser tomados en consideración a la hora de redactar las directrices sobre competencia en el sector marítimo.

1.13

El CESE considera que, a la hora de derogar el Reglamento no 4056/86, la Comisión deberá tener en cuenta también los intereses de la pequeña y mediana empresa. Las PYME constituyen la columna vertebral de la economía de la UE y desempeñan un importante papel ante una revisión de la Estrategia de Lisboa. Los mercados deben seguir abiertos a la competencia actual y futura, incluida la de los operadores marítimos pequeños y medianos.

1.14

El CESE mantiene que, aunque la consolidación podría tener efectos positivos para la industria de la UE (aumento de la eficiencia, economías de escala, ahorro de costes), es preciso actuar con precaución para evitar que esta consolidación –que podría derivarse de la derogación del Reglamento no 4056/86– se traduzca en un menor número de operadores en los respectivos mercados, esto es, en una menor competencia.

1.15

Con la llegada de un nuevo régimen, el CESE insta a las dos partes interesadas en el ámbito europeo –cargadores y transportistas– a que entablen un debate sobre cuestiones de interés y relevancia mutuos.

2.1.1

Los servicios de transporte marítimo son esenciales para el desarrollo de la economía de la UE, dado que el transporte marítimo vehicula el 90 % del comercio exterior y el 43 % del comercio interno de la UE. El transporte marítimo ha sido una actividad internacional y globalizada desde la antigüedad. Concretamente, en el sector se prestan dos tipos de servicios: el transporte marítimo de línea y los servicios de tramp, cuyas prestaciones son equiparables respectivamente a las de autobuses y taxis marítimos. La flota de pabellón comunitario representa el 25 % del total mundial, mientras que los armadores de la UE controlan el 40 % de los fletes mundiales. Otro 40 % de los fletes mundiales corresponde a los países del Pacífico. El sector del transporte marítimo de la UE y sus clientes (fletadores y cargadores) operan en un entorno extremadamente competitivo, tanto en el mercado internacional como en el europeo.

2.1.2

El Reglamento no 4056/86 determina las modalidades de aplicación de las normas de competencia (artículos 81 y 82 del Tratado) a los servicios de transporte marítimo de línea desde y hacia los puertos comunitarios. Sin embargo, los servicios de tramp quedaron excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento no 4056/86. Originalmente, el Reglamento tenía dos funciones. Contenía disposiciones de procedimiento para la aplicación de las normas comunitarias sobre competencia al sector del transporte marítimo. Esta función ha pasado a ser redundante después del 1 de mayo de 2004, cuando el transporte marítimo de línea quedó incluido en el ámbito de aplicación de las normas generales sobre competencia del Reglamento no 1/2003. No obstante, este Reglamento no se aplica a los servicios internacionales de tramp ni a los servicios de cabotaje. En segundo lugar, el Reglamento 4056/86 establecía ciertas disposiciones de competencia sustantivas específicas para el sector marítimo y, especialmente, una exención por categorías para las conferencias de transporte marítimo de línea que les permiten, en ciertas condiciones, fijar precios y regular la capacidad.

2.2.1

El mercado del transporte marítimo de línea ha evolucionado considerablemente desde que se aprobó el Reglamento no 4056/86. La continua tendencia a la utilización de contenedores ha llevado a un aumento del número y el tamaño de los portacontenedores celulares y al desarrollo de redes de rutas mundiales, como respuesta a los cambios que han sufrido los modelos de comercio mundial. Ello ha contribuido a su vez a que se popularicen nuevas disposiciones operativas, a que disminuya la importancia de las conferencias marítimas de línea y a que proliferen los operadores externos poderosos. Esta circunstancia también se ha dado en otras partes del mundo, como es el caso de los EE.UU, donde la introducción de la «Ocean Shipping Reform Act» (Ley de reforma del tráfico marítimo oceánico) en 1999 transformó las normas que rigen las conferencias marítimas de que se sirve la actividad comercial estadounidense, permitiendo los contratos de servicios confidenciales. En la actualidad, los transportistas marítimos de línea de ámbito mundial operan principalmente tanto las rutas comerciales este-oeste como las rutas norte-sur, mientras que los transportistas medianos y pequeños cubren mayormente las rutas norte-sur y los transportes europeos de corta distancia.

2.2.2

El Código de conducta de la CNUCYD para las conferencias marítimas de línea fue concebido originalmente para regular este sistema de conferencias en la actividad comercial entre los países desarrollados y los países en desarrollo (3). Trece Estados miembros de la UE, además de Noruega, han ratificado, aprobado o suscrito este Código de conducta, mientras que Malta lo ha firmado pero no lo ha ratificado. A él se remiten diversos acuerdos suscritos por la UE con terceros países y el acervo comunitario (Reglamentos nos 954/79, 4055/86, 4056/86 y 4058/86) (4). A pesar de haberse convertido en un mecanismo prácticamente superfluo para las travesías comerciales de alta mar, el Código de conducta de la CNUCYD sigue siendo válido desde un punto de vista jurídico.

2.2.3

Los usuarios (cargadores y transitarios) han cuestionado reiteradamente el sistema de conferencias que, según ellos, no presta unos servicios adecuados, eficientes ni fiables con arreglo a sus necesidades. En particular, el CEE (5) considera que el levantamiento de la exención por categorías de las conferencias permitirá mejorar la colaboración entre operadores y clientes, y orientarse hacia soluciones de carácter logístico que ayuden a las empresas comunitarias a competir en el plano internacional. Del mismo modo, los consumidores se verán beneficiados por una ligera reducción de los precios, una vez que caigan las tarifas que se aplican a los productos destinados a la UE. Por el contrario, los armadores consideran que las conferencias marítimas de línea han contribuido a la estabilidad del servicio y que el sistema de conferencias les ha permitido, tanto a escala mundial como regional, hacer frente a los desequilibrios que, ya sea por motivos estacionales, geográficos o climáticos, existen en la mayoría de los sectores comerciales. Entretanto, los transportistas de envergadura mundial (reunidos en la ELAA (6)) y el CEE han entablado un diálogo con la Comisión para desarrollar un sistema alternativo compatible con las normas comunitarias de competencia.

2.2.4

La Comisión emprendió en 2003 una revisión del Reglamento no 4056/86 a fin de determinar si se podían prestar servicios marítimos regulares fiables empleando medios menos restrictivos que la fijación horizontal de precios y la regulación de capacidades. Con esta finalidad, la Comisión publicó en marzo de 2003 un documento de consulta y organizó en diciembre de 2003 una audiencia pública con las partes interesadas. Además, la Comisión publicó en junio y en octubre de 2004 un documento de trabajo y un Libro Blanco respectivamente, a los que siguió una extensa serie de consultas con las partes interesadas. El Parlamento Europeo y el CESE han emitido una opinión y un dictamen, el 1 de diciembre de 2005 y el 16 de diciembre de 2004 respectivamente, acerca de este Libro Blanco, y ambas instituciones han coincidido en preferir, como base de actuación, una revisión a una derogación. Finalmente, la Comisión publicó en diciembre de 2005 una propuesta de Reglamento por el que se deroga el Reglamento 4056/86.

2.3.1

Pese a que aproximadamente el 80 % del transporte marítimo mundial a granel o en «break-bulk» se efectúa mediante servicios de tramp, este amplio sector constituye por lo general una terra incognita. Los servicios de tramp se caracterizan esencialmente por un mercado sometido a la competencia mundial, un modelo de competencia casi perfecta, una demanda volátil e impredecible, muchas empresas pequeñas, unos modelos comerciales mundiales, facilidad de acceso y salida del mercado, una elevadísima rentabilidad y una adecuación al desarrollo de los mercados y necesidades de los cargadores. El mercado de servicios de tramp está muy fragmentado y, en general, satisface las necesidades de los fletadores y cargadores sin plantear ningún conflicto trascendente con las normas de competencia, ni en el plano internacional, ni dentro de la UE. La ausencia de quejas relativas a este sector es una prueba más de su carácter altamente satisfactorio y competitivo. Por todo ello, el Reglamento no 4056/86 excluye los servicios de tramp de su ámbito de aplicación. En cambio, los artículos 81 y 82 del Tratado CE son directamente aplicables a este sector. Además, los servicios internacionales de tramp –y los servicios de cabotaje– no recaen en el ámbito de aplicación del Reglamento no 1/2003 (normas de procedimiento en materia de competencia).

2.4.1

Habida cuenta de los cambios introducidos en la estructura de los mercados y del sector desde 1986, la Comisión Europea ha llegado a la conclusión de que ya no se cumplen las cuatro condiciones acumulativas, establecidas en el artículo 81.3 del Tratado CE, para conceder una exención por categorías a las conferencias marítimas de línea. Por este motivo, la Comisión ha propuesto que se derogue el Reglamento no 4056/86 en su totalidad y, en particular, la exención por categorías concedida a las conferencias marítimas (artículos 3 a 8, 13 y 26). Pretende también derogar ciertas disposiciones consideradas redundantes en consonancia con la política global comunitaria de reducir la legislación comunitaria (artículos 2 y 9). La Comisión considera que esta derogación se traducirá en una reducción de los costes del transporte, sin dejar de mantener la fiabilidad de los servicios en todas las rutas ni de impulsar la competitividad de la industria europea.

2.4.2

Antes de derogar la exención por categorías para las conferencias marítimas de línea, la Comisión pretende adoptar directrices relativas a la competencia en el sector marítimo para contribuir a facilitar la transición a un régimen plenamente competitivo. La Comisión tiene previsto promulgar estas directrices antes de que finalice 2007. Previamente a su promulgación, y como paso intermedio en la preparación de las directrices, la Comisión publicará en septiembre de 2006 un documento de discusión sobre el sector de las conferencias marítimas de línea.

2.4.3

La propuesta de la Comisión de derogar el Reglamento no 4056/86 también incluye una propuesta para modificar el Reglamento no 1/2003 con vistas a incluir los servicios internacionales de tramp y los servicios de cabotaje en el ámbito de aplicación de este Reglamento.

3.1

El CESE considera que esta cuestión merece un enfoque equilibrado que tenga en cuenta los siguientes factores: las ventajas de la competencia de cara a la competitividad de la industria de la UE, unos modelos de comercio mundial en constante transformación y sus repercusiones en la prestación de los servicios de transporte, las implicaciones del transporte internacional tanto para los principales socios comerciales de la UE como para los países en desarrollo y, por último, los puntos de vista de los transportistas y los cargadores de pequeña y mediana envergadura.

3.2.1

El sector de los servicios de tramp actúa en un mercado de ámbito mundial sujeto a condiciones de competencia perfecta. Tanto los profesionales y académicos del sector como la propia Unión Europea, a través de su Reglamento no 4056/86, confirman la realidad de tan singular característica. El CESE reconoce la necesidad de que este sector quede sujeto a las normas de procedimiento en materia de competencia que figuran en el Reglamento no 1/2003 y, por consiguiente, respalda el enfoque propuesto. El CESE acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de emprender un estudio sobre las características económicas y jurídicas de dicho sector. En aras de la seguridad jurídica, el CESE solicita a la Comisión que proporcione directrices (antes de que se levante la exclusión al Reglamento 1/2003) para una autoevaluación de la compatibilidad con la legislación comunitaria en materia de competencia por lo que respecta a las distintas modalidades de acuerdo de cooperación presentes en el sector del tramp. La ausencia de quejas y de precedentes jurídicos en relación con este sector es una prueba de que opera en condiciones de competencia perfecta. A fin de facilitar criterios que permitan proceder a su autoevaluación de conformidad con las normas comunitarias en materia de competencia, será necesaria una mayor información acerca de su funcionamiento y sus acuerdos. El CESE también valora positivamente el diálogo que han entablado la Comisión y el sector del transporte marítimo acerca de la aplicación de los artículos 81 y 82 a los servicios de tramp.

3.2.2

En lo referente al cabotaje marítimo, el CESE respalda el contenido de la propuesta, es decir, que el cabotaje esté sujeto a las normas de procedimiento que figuran en el Reglamento no 1/2003. En principio, la gran mayoría de los acuerdos suscritos en este sector no afectaría al comercio intracomunitario ni restringiría la competencia.

3.2.3

A la luz de lo ya expuesto, el CESE apoya la orientación de la Comisión en cuanto al trato que tiene previsto deparar en el futuro a los sectores de tramp y de cabotaje.

3.3.1

Por lo que se refiere al sector de las líneas marítimas, el CESE toma nota de la propuesta de la Comisión de derogar en las normas de competencia del Tratado CE la exención por categorías aplicable a las conferencias marítimas de línea, basándose en que ya no se cumplen las cuatro condiciones acumulativas del artículo 81.3 del Tratado CE. La Comisión considera que esta derogación se traducirá en una reducción de los costes del transporte que no menoscabará la fiabilidad de los servicios en todas las rutas e impulsará la competitividad de la industria europea. El CESE se reserva su opinión hasta que pueda comprobar si la derogación propuesta ha surtido un efecto sostenible.

3.3.2

EL CESE toma nota de la intención de la Comisión de adoptar directrices apropiadas en materia de competencia en el sector marítimo para ayudar a facilitar la transición a un régimen plenamente competitivo. El CESE solicita a la Comisión que elabore estas directrices en estrecho contacto con las partes interesadas y que informe en consecuencia a las instituciones competentes de la UE.

3.3.3

La propuesta de la Comisión es el resultado de un proceso de revisión, emprendido en 2003, en el que se han implicado todas las instituciones comunitarias competentes y las partes interesadas. Asimismo, la Comisión encargó a consultores independientes tres estudios que examinasen las consecuencias de una derogación de la exención por categorías aplicable a las conferencias. Las conclusiones de estos estudios se pueden consultar en el sitio web de la Dirección General de Competencia.

3.3.4

Además, el CESE ha podido constatar que la propuesta de la Comisión de derogar la exención por categorías aplicable a las conferencias de transporte marítimo de línea se basa exclusivamente en el artículo 83 (normas sobre competencia), mientras que el fundamento jurídico del Reglamento no 4056/86 era el artículo 83 (normas sobre competencia) en combinación con el artículo 80.2 (política de transporte) del Tratado CE.

3.3.5

Según observa el CESE, la Comisión reconoce que el derecho de competencia no se aplica de la misma manera en todas las jurisdicciones del mundo y que existen divergencias. Asimismo, la Comisión reconoce la importancia cada vez mayor de la cooperación internacional entre autoridades encargadas de la aplicación del derecho de competencia.

3.3.6

El CESE acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión persigue una doble política, por una parte, desarrollando una mayor cooperación bilateral con los principales socios comerciales de la UE y, por otra, examinando la forma de extender la cooperación multilateral en el ámbito de la competencia. Así pues, el CESE anima a la Comisión a que redoble sus esfuerzos para garantizar que la cooperación y el diálogo contribuirán a determinar los problemas que pudieren derivarse de una derogación del Reglamento no 4056/86 en la UE, así como a resolver dichos problemas de un modo constructivo y respetando las particularidades de los sistemas o jurisdicciones de los demás. Efectivamente, la coherencia en el tratamiento que los distintos países deparen a los servicios de línea resulta vital para el comercio internacional.

3.3.7

El CESE pide a la Comisión que tenga en cuenta los resultados del diálogo o la cooperación con sus principales socios comerciales en la elaboración de las directrices sobre competencia en el sector marítimo.

3.3.8

El CESE valora positivamente que en la exposición de motivos de la propuesta de la Comisión se recojan los siguientes aspectos, y mantiene que éstos deben ser tomados en consideración a la hora de redactar las directrices sobre competencia en el sector marítimo.

3.3.9

El CESE recomienda a la Comisión que, a la hora de derogar la exención por categorías a las conferencias marítimas de línea, tenga presentes no sólo los factores meramente competitivos, sino también el elemento humano (su repercusión en la situación de empleo de los marinos europeos). Además, el CESE solicita a la Comisión que evalúe las dimensiones de esta repercusión, especialmente a través de consultas con el Comité sectorial para el diálogo social sobre transporte marítimo.

3.3.10

El CESE recomienda a la Comisión que, a la hora de derogar la exención por categorías a las conferencias marítimas de línea, tenga presentes los aspectos relacionados con la seguridad (la pérdida de la calidad del transporte marítimo como consecuencia del uso de pabellones de terceros países), y no sólo los factores meramente competitivos.

3.3.11

El CESE considera que, a la hora de derogar el Reglamento no 4056/86, la Comisión deberá tener en cuenta también los intereses de la pequeña y mediana empresa. Las PYME constituyen la columna vertebral de la economía de la UE y desempeñan un importante papel ante una revisión de la Estrategia de Lisboa. Los mercados deben seguir abiertos a la competencia real e hipotética, incluida la de los operadores y cargadores marítimos pequeños y medianos.

3.3.12

El CESE mantiene que, aunque la consolidación podría tener efectos positivos para la industria de la UE (aumento de la eficiencia, economías de escala, ahorro en los costes), es preciso actuar con precaución para evitar que esta consolidación –que podría derivarse de la derogación del Reglamento no 4056/86– se traduzca en un menor número de operadores en los respectivos mercados, esto es, en una menor competencia.

3.3.13

Con la llegada de un nuevo régimen, el CESE insta a las dos partes interesadas en el ámbito europeo –cargadores y transportistas– a que entablen un debate sobre cuestiones de interés y relevancia mutuos.

4.1.1

El CESE señala que el Reglamento no 4056/86 presenta un doble fundamento jurídico (el artículo 80(2) y los artículos 81, 82 y 83, relativos a las políticas en materia transporte y a la competencia, respectivamente, mientras que la propuesta propugna sólo una (artículos 81 y 82). Asimismo, el CESE observa que los servicios jurídicos del Consejo han mantenido ese doble fundamento jurídico. El CESE valoraría positivamente que los servicios jurídicos del Parlamento Europeo dieran a conocer si los aspectos del transporte son accesorios a los aspectos de competencia, y si estos servicios mantienen su postura sobre el doble fundamento jurídico, de acuerdo con lo expresado en su informe precedente (diciembre de 2005).

4.2.1

La Comisión propone suprimir el artículo 9 del Reglamento no 4056/86 basándose en el argumento de que no cree que una derogación de la exención por categorías de las conferencias marítimas de línea pueda crear un conflicto entre leyes internacionales. Según el razonamiento de la Comisión, sólo se produciría un conflicto legal de estas características en caso de que una jurisdicción prohibiera algo exigido por otra jurisdicción. La Comisión no tiene conocimiento de que ninguna jurisdicción imponga esta obligación a los operadores de transporte marítimo de línea.

4.2.2

Para anticiparse a los posibles conflictos legales que pudieran derivarse en el futuro de los instrumentos jurídicos de otras jurisdicciones, el CESE insta a la Comisión a que introduzca en las directrices una disposición que permita afrontar estos problemas. Una disposición de este tipo en las consultas reducirá al mínimo las fricciones y contribuirá a la búsqueda de soluciones aceptables para todos en el plano internacional.

16.12.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 309/51

1.1

El personal de cabina debería contar con una certificación o licencia emitida por una autoridad competente a fin de garantizar un buen conocimiento de sus funciones (seguridad, aspectos médicos, asistencia a los pasajeros, etc.), así como sus cualificaciones técnicas para cada tipo de aeronave en que deba trabajar.

1.2

La Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) deberá llevar a cabo un estudio detallado antes de conceder autonomía a los suministradores de equipos para que aprueben el diseño de componentes sin recurrir previamente ni a la propia AESA ni a los fabricantes aeronáuticos.

1.3

Las compañías aéreas no europeas deberían contar con la aprobación de la AESA para poder penetrar en el espacio aéreo de la UE o sobrevolarlo.

1.4

Sólo debería existir una autoridad reguladora y ésta debe ser la AESA. Esto permitiría la armonización futura de la normativa sobre aeródromos y, en la medida de lo posible, debería evitar el falseamiento de la competencia entre los aeropuertos de la UE y los aeropuertos fuera del territorio de la UE. La AESA debería reforzarse y deberían dársele más poderes, como los que posee la Conferencia Europea de la Aviación Civil (CEAC).

1.5

La AESA debería examinar cuales la mejor manera de que la industria controle la seguridad e integridad de las comunicaciones, el intercambio de datos y los sistemas aéreos a bordo como las bolsas de vuelo electrónicas (EFB) contra secuestros aéreos.

1.6

La EASA debe asegurarse de que se regulan los desarrollos futuros de la aviación, por ejemplo, el reactor privado ligero (Light Business Jets (LBJ)), a fin de garantizar que los propietarios y los pilotos tienen suficientes horas de vuelo antes de ser autorizados a comenzar las operaciones de vuelo. Los LBJ podrán alcanzar altitudes máximas de vuelo iguales o superiores a 7 620 metros y debería exigírseles que cumplan las mismas normas operativas y de mantenimiento de los reactores comerciales de mayor tamaño.

1.7

Es preciso que la EASA haya puesto en marcha los protocolos necesarios antes de que se examine la aprobación de los vuelos de vehículos aéreos no tripulados (UAV — unmanned aerial vehicle) fuera del espacio aéreo segregado.

1.8

Deberían practicarse pruebas aleatorias de alcoholemia y de consumo de drogas en las tripulaciones de vuelo y en el personal de cabina.

1.9

La EASA debería garantizar también que los reguladores locales disponen de la cualificación adecuada para realizar su trabajo y que disponen también de recursos humanos y financieros suficientes.

1.10

La EASA debería llevar a cabo un estudio científico detallado sobre los efectos de la fatiga, el estrés y la trombosis venosa profunda sobre la tripulación de vuelo y la tripulación de cabina.

1.11

Debería revisar también la política y los procedimientos para conceder licencias de piloto de aviación generales y la certificación de las aeronaves de la aviación general.

1.12

La EASA debería garantizar que la introducción de una licencia de aviación general europea, con las habilitaciones o anotaciones asociadas, es pertinente para el tipo de aeronave que va a pilotarse.

1.13

La seguridad de la tripulación, de los pasajeros y de los residentes de las zonas afectadas por los pasillos aéreos debe estar por encima de las consideraciones políticas a la hora de prohibir a determinadas aerolíneas la utilización del espacio aéreo europeo.

2.1

Con la cooperación de los Estados miembros y sus expertos, se ha publicado una lista negra de 96 compañías aéreas. 93 de ellas están sujetas a una prohibición total y tres a restricciones operativas. Por su parte, Francia está considerando la posibilidad de implantar un nuevo sistema de etiquetas de seguridad que podría ser utilizado en la publicidad.

2.2

Europa ha estado sometida a presiones para mejorar su legislación sobre seguridad aérea desde principios de 2004, cuando una aeronave de vuelos chárter propiedad de Flash Airlines se precipitó en el Mar Rojo, causando la muerte de 148 personas, en su mayor parte turistas franceses. El accidente puso de manifiesto la descoordinación entre los gobiernos para compartir información sobre seguridad, puesto que en esos momentos salió a la luz que Flash había sido prohibida por las autoridades aeronáuticas suizas.

2.3

Si se quiere que la lista negra tenga los efectos deseados, es fundamental que exista coherencia y armonización entre los Estados miembros en relación con las normas de funcionamiento exigidas a las aerolíneas. Los Estados miembros deben evitar las situaciones en las que por motivos económicos y sociales un Estado decida que una de las compañías aéreas de la lista es «parcialmente aceptable» para que opere en sus aeropuertos mientras que otros Estados miembros consideran que las normas de la aerolínea son inaceptables.

2.4

No obstante, se ha pedido a Bruselas que interviniera en algunas disputas, en concreto, cuando Turquía protestó por la decisión de algunos Gobiernos europeos, capitaneados por los Países Bajos, de retirar temporalmente por motivos de seguridad los derechos de aterrizaje a Onur Air, línea aérea de bajo presupuesto turca. Por su lado, se está instando a Grecia a que avance en su investigación sobre el accidente del aparato de Helios Airways que volaba desde Larnaca, Chipre.

2.5

Los ámbitos que suscitan preocupación son las normas de mantenimiento generales, la formación de los pilotos, las horas de vuelo y los periodos de descanso de los pilotos, las prácticas de ahorro de combustible, el compromiso sobre el ruido y también el control del tráfico aéreo.

2.6

El aumento de la competencia en el sector de la aviación y la precaria posición financiera de muchas aerolíneas han aumentado la presión sobre las tripulaciones para que despeguen en condiciones en las que normalmente no volarían y también para volar con aeronaves que no reúnen todas las condiciones de navegabilidad. Se presiona cada vez más a las tripulaciones para despegar porque las compañías aéreas sometidas a la legislación comunitaria están obligadas a proporcionar alojamiento a los pasajeros por una noche o a compensarlos por los retrasos. Todo ello pone en peligro la seguridad. Existe también el problema añadido de que muchas autoridades de aviación nacionales tienden a hacer la vista gorda ante el incumplimiento de muchas formativas, cuando se trata de la compañía aérea nacional.

2.7

Pese a estar prohibida en una serie de países europeos por problemas relacionados con la seguridad, cierta aerolínea sigue volando a Bruselas y París. Suiza, con su inflexible fijación cultural con la confidencialidad de los asuntos comerciales, ha prohibido a 23 aerolíneas la utilización de su espacio aéreo, aunque los nombres, e incluso el número de compañías, siguen siendo información reservada.

3.1

Durante años numerosos accidentes de aviación se han achacado a la fatiga, problema continuo al que deben hacer frente las tripulaciones que vuelan en aviones de todos los tamaños. Sin embargo, ¿cómo puede un piloto reconocer cuando está demasiado cansado para volar? ¿Qué papel desempeñan los ciclos del sueño, la deshidratación, la nutrición y la enfermedad para detectar y responder a la fatiga?

3.2

Los pilotos que atraviesan diferentes zonas horarias tienen por fuerza que experimentar fatiga y una merma de sus facultades. Se supone que pueden tomarse períodos de descanso en los vuelos de larga duración, pero para ello necesitan disponer de las instalaciones adecuadas que deberían incluir camas planas, etc.

3.3

Hay muchas pruebas que demuestran que la fatiga es un factor de la seguridad. En un informe reciente de la National Transportation Safety Board (NTSB — Oficina Nacional de la Seguridad en los Transportes) sobre el fatal accidente de Kirksville (Missouri) el 19 de octubre de 2004, la NTSB afirmaba que «habida cuenta del tiempo de descanso nocturno de que se disponía, menor del que sería deseable, la hora temprana de presentación en el servicio, la duración de las jornadas de servicio, el número de vuelos, las situaciones difíciles (aproximaciones de no precisión llevadas a cabo manualmente en condiciones de baja altura y visibilidad reducida), a las que debe hacerse frente durante los largos días de servicio, es probable que la fatiga contribuyera al deterioro de las prestaciones de los pilotos y a mermar sus facultades de decisión.»

3.4

Sea esto cierto o no, ningún piloto con un poco de experiencia podrá negar que en ocasiones ha tenido que luchar contra la fatiga o que ésta ha afectado de algún modo a su rendimiento. La calidad del sueño durante los periodos de descanso es muy importante.

3.5

La dieta y la nutrición también desempeñan un papel importante. Por ejemplo, cualquier piloto, desde un estudiante novato hasta un comandante a punto de retirarse, afirmará que la bebida preferida de los pilotos es el café. Sin embargo, aunque el café es un estimulante y produce un aumento temporal del nivel de alerta, la fatiga reaparece cuando pasa el efecto. Además, el café es un diurético que hace que el cuerpo libere más líquido del que está absorbiendo, lo que da lugar a una deshidratación que a su vez puede producir fatiga.

3.6

El aburrimiento es un problema importante, junto con el cansancio, en los vuelos de larga distancia, cuando las aeronaves funcionan casi completamente en posición automática. Para mantener a la tripulación alerta, algunas aerolíneas, en particular en los vuelos que atraviesan Siberia, insisten en que el piloto automático debe reprogramarse cada hora.

3.7

Muchos de los accidentes de aviación se deben a un error del piloto, y la fatiga es una de las causas principales de estos errores.

3.8

Está previsto que la AESA se haga cargo del procedimiento de expedición de licencias y sustituya a las Autoridades Aeronáuticas Conjuntas (JAA) en este ámbito, aunque la utilización de licencias de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) obtenidas en los Estados Unidos y utilizadas por los pilotos en Europa puede no verse afectada por este cambio.

4.1

Todas las mejoras relativas a los requisitos de descanso para la tripulación de vuelo deberían ser, en la medida de lo posible, también aplicables para la tripulación de cabina, que debe mantenerse completamente alerta para evitar la aparición de problemas de seguridad y en caso de emergencia.

4.2

La tripulación de cabina debería recibir una formación adecuada en reanimación de urgencia y debería dominar siempre su lengua materna y al menos el nivel cuatro de inglés de la OACI y ser capaz de facilitar la comunicación con los pasajeros en una situación de emergencia.

5.1

El CESE ha expresado ya su posición sobre el control del tráfico aéreo y problemas conexos (1). Una vez que se introduzca, si es que se introduce, el sistema SESAR propuesto debería mejorar la seguridad. Aunque este tema es objeto de otro dictamen del CESE (2), ello no impide señalar que Europa necesita un sistema de control de tráfico aéreo uniforme que supere las fronteras de todos los países y en el que se reconozca a Eurocontrol el papel de «regulador federal», semejante por ejemplo al de la Administración Federal de Aviación (FAA) estadounidense. Se valora positivamente la concesión del primer contrato dentro del programa TMA2010+ de Eurocontrol.

5.2

En interés de la seguridad, es muy necesario introducir una normalización y sistemas integrados en toda Europa.

5.3

Es conveniente también introducir la certificación al personal de electrónica para la seguridad del tránsito aéreo (ATSEP).

6.1

Parece que algunos Estados miembros tienen dificultades para adaptar sus normas nacionales a las normas europeas Part 66. Las licencias de mantenimiento emitidas por los Estados se basan en los requisitos establecidos por las Autoridades Conjuntas de Aviación (JAA en sus siglas en inglés) que fueron incluidos en la legislación nacional para darles estatuto legal. Sin embargo, con el sistema de la AESA las normas sobre licencias estarán sujetas a la legislación de la Unión Europea. Parece que su puesta en vigor será un proceso lento y susceptible de recurso.

6.2

En 2005 los 25 Estados miembros de la UE se acogieron a una disposición de excepción en virtud de la que se les concedía hasta septiembre de 2005 para ajustarse a las normas Part 66. Deben respetarse los plazos establecidos por la AESA para que los Estados cumplan las normas de seguridad o, al menos, deben acordarse fechas con todas las partes para evitar la necesidad de prever una ampliación de plazos o períodos transitorios.

6.3

El CESE se pregunta si existe una disposición para que la AESA controle, si es necesario, la subcontratación del mantenimiento por parte de las aerolíneas de bajo coste (LCC) a instalaciones de mantenimiento en terceros países.

6.4

Es preciso conceder tiempo suficiente para las inspecciones en tierra, sobre todo en caso de que la aeronave tenga que emprender inmediatamente el viaje de vuelta. Es obvio que los veinticinco minutos de media en los vuelos de corta distancia no pueden considerarse suficientes para todos los casos.

6.5

También habrá que asignar recursos suficientes y personal cualificado que utilicen únicamente componentes certificados para llevar a cabo el mantenimiento.

6.6

Las autoridades de aviación nacionales deberían realizar inspecciones y auditorías aleatorias para comprobar que se respetan las normas.

7.1

Las compañías aéreas deberán tener una situación financiera saneada y contar con una financiación apropiada antes de que se les conceda una licencia de funcionamiento; asimismo debe exigirse a los Estados que controlen los resultados financieros de forma regular para garantizar que no se han introducido «recortes».

7.2

Deberán tener experiencia y contar con un equipo de gestión competente.

8.1

El propósito actual de la Comisión Europea es seguir ampliando las competencias de la AESA en el ámbito de la regulación (incluidas la seguridad y la interoperabilidad) de los aeropuertos, la gestión del tráfico aéreo y los servicios de navegación aérea.

8.2

Apoyamos a la AESA, tal y como fue creada por el Reglamento 1592/200/CE, y consideramos que un marco europeo de procedimientos y de autorizaciones para las aeronaves y los equipos aeronáuticos establecido por una autoridad única mejorará sin lugar a dudas la seguridad y la eficiencia de la aviación en Europa.

8.3

La AESA tiene la oportunidad de abordar el tema de las Normas y Prácticas Recomendadas (Standards and Recommended Practices (SARPS)) y las anomalías originadas por las «prácticas recomendadas» y las «normas tipo» que figuran en la documentación del anexo de la OACI.

9.1

Debería exigirse que las licencias concedidas por la FAA a pilotos privados que trabajan en el espacio aéreo europeo sean avaladas por la AESA.

9.2

Todas las aeronaves de la aviación general deberán cumplir con las normas europeas establecidas por la AESA antes de ser autorizadas a volar en el espacio aéreo europeo.

10.1

La AESA debería elaborar directrices y normas para proteger equipos o redes específicos contra «actos de interferencia ilícita» tal como los define la OACI.

10.2

Además de la extensión del uso de Ethernet (LAN) e IP, otros ámbitos vulnerables serían los siguientes:

11.1

Se deberá otorgar a la AESA las competencias necesarias para regular este ramo de la industria, no sólo desde el punto de vista de la navegabilidad aérea y el diseño, sino también por lo que respecta a la certificación de los operadores de tierra, los sistemas de lanzamiento, etc.

11.2

Todas las normativas aplicables a las aeronaves convencionales deberán ser consideradas obligatorias para los vehículos aéreos no tripulados y todos los usuarios del espacio aéreo deberían ser consultados sobre si este tipo de actividad podría afectarlos.

12.1

La AESA es el regulador general de la UE. Establece los principios y reglas relativos a la seguridad aérea en la UE. No dispone de la suficiente financiación ni de suficiente personal y carece de competencias para hacer cumplir la normativa.

12.2

Depende de los distintos reguladores nacionales para hacer cumplir las normas y las reglamentaciones.

12.3

Esto equivale a un sistema de autorregulación. No es probable que un regulador nacional suprima una aerolínea de su jurisdicción a menos que se produzca un problema extremadamente grave.

12.4

Los reguladores nacionales son también responsables de todas las aeronaves registradas en su país, cuya compañía tenga las oficinas situadas en el mismo país. Con frecuencia la base de operaciones de estas aeronaves y sus tripulaciones está situada fuera de otros países de la UE, lo que hace más problemática una correcta regulación.

12.5

El hecho de que la EASA tenga que solicitar a los reguladores nacionales que apliquen sus decisiones podría llevar a una aplicación desigual de las normas y reglamentaciones en la UE, debido a las diferencias de interpretación. Ello podría dar lugar a la aparición en el sector aéreo de pabellones de conveniencia cuando parezca que un país interpreta las regulaciones de forma más laxa que otros.

12.6

Entretanto, la autoridad reguladora de la seguridad en los aeropuertos, la CEAC, tiene competencias para inspeccionar el grado local de cumplimiento. Esta competencia debería atribuirse a la AESA.

12.7

En la actualidad, la AESA se financia con los ingresos procedentes de sus actividades de certificación, lo que está previsto que en 2006 dé lugar a un déficit de 15 millones de euros; para garantizar el futuro de la AESA es fundamental que los Gobiernos centrales aporten la suficiente financiación.