ISSN 1725-244X

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 210

European flag  

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

49o año
1 de septiembre de 2006


Número de información

Sumario

Página

 

I   Comunicaciones

 

Comisión

2006/C 210/1

Tipo de cambio del euro

1

2006/C 210/2

Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1/2003 ( 1 )

2

2006/C 210/3

Ayuda de Estado — Bélgica — Ayuda de Estado C 14/2006 (ex N 624/2005) — Ayuda de formación para General Motors Bélgica — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE ( 1 )

6

2006/C 210/4

Ayuda estatal — Francia — Ayuda estatal C 88/97 — Crédit Mutuel (Livret bleu) — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE ( 1 )

12

2006/C 210/5

Información resumida comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) no 1/2004 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios

33

2006/C 210/6

Ayuda de Estado — Italia — Ayuda de Estado C 16/2006 (ex NN34/2006) — Nuova Mineraria Silius — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE ( 1 )

39

2006/C 210/7

Notificación previa de una operación de concentración (Asunto no COMP/M.4380 — EST/Dalmine) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado ( 1 )

43

2006/C 210/8

Notificación previa de una operación de concentración (Asunto no COMP/M.4358 — REOF/Borletti/Printemps) — Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado ( 1 )

44

2006/C 210/9

No oposición a una concentración notificada (Asunto no COMP/M.4305 — Nokia Corporation/Giesecke & Devrient JV) ( 1 )

45

2006/C 210/0

No oposición a una concentración notificada (Asunto no COMP/M.4173 — Nippon Sheet Glas/Pilkington) ( 1 )

45

2006/C 210/1

No oposición a una concentración notificada (Asunto no COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport) ( 1 )

46

2006/C 210/2

No oposición a una concentración notificada (Asunto no COMP/M.4303 — Macquarie/South East London & Kent Bus Company/East London Bus & Coach Company) ( 1 )

46

 

III   Informaciones

 

Comisión

2006/C 210/3

Convocatoria de manifestaciones de interés para un puesto de miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

47

 


 

(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

ES

 


I Comunicaciones

Comisión

1.9.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/1


Tipo de cambio del euro (1)

31 de agosto de 2006

(2006/C 210/01)

1 euro=

 

Moneda

Tipo de cambio

USD

dólar estadounidense

1,2851

JPY

yen japonés

150,56

DKK

corona danesa

7,4594

GBP

libra esterlina

0,67410

SEK

corona sueca

9,2667

CHF

franco suizo

1,5751

ISK

corona islandesa

88,92

NOK

corona noruega

8,0795

BGN

lev búlgaro

1,9558

CYP

libra chipriota

0,5763

CZK

corona checa

28,214

EEK

corona estonia

15,6466

HUF

forint húngaro

274,65

LTL

litas lituana

3,4528

LVL

lats letón

0,6960

MTL

lira maltesa

0,4293

PLN

zloty polaco

3,9378

RON

leu rumano

3,5297

SIT

tólar esloveno

239,57

SKK

corona eslovaca

37,650

TRY

lira turca

1,8710

AUD

dólar australiano

1,6810

CAD

dólar canadiense

1,4230

HKD

dólar de Hong Kong

9,9945

NZD

dólar neozelandés

1,9720

SGD

dólar de Singapur

2,0204

KRW

won de Corea del Sur

1 235,37

ZAR

rand sudafricano

9,1438

CNY

yuan renminbi

10,2200

HRK

kuna croata

7,3408

IDR

rupia indonesia

11 690,55

MYR

ringgit malayo

4,7305

PHP

peso filipino

65,283

RUB

rublo ruso

34,3360

THB

baht tailandés

48,241


(1)  

Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.


1.9.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/2


Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1/2003

(2006/C 210/02)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

INTRODUCCIÓN

1.

En aplicación del artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1/2003 (1), la Comisión podrá, mediante decisión, imponer multas a las empresas y asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada o por negligencia, infrinjan las disposiciones del artículo 81 o del artículo 82 del Tratado.

2.

En el ejercicio de esta competencia sancionadora, la Comisión dispone de una amplia facultad de apreciación (2), dentro de los límites previstos por el Reglamento (CE) no 1/2003. En primer lugar, la Comisión debe tener en cuenta la duración y la gravedad de la infracción. Además, la multa impuesta no debe superar los límites que se indican en el artículo 23, apartado 2, párrafos segundo y tercero, del Reglamento (CE) no 1/2003.

3.

Con el fin de garantizar la transparencia y la objetividad de sus decisiones, la Comisión publicó, el 14 de enero de 1998, las Directrices para el cálculo de las multas (3). Después de más de ocho años de aplicación, la Comisión ha adquirido experiencia suficiente para desarrollar y precisar su política en materia de multas.

4.

La facultad de la Comisión de imponer multas a las empresas y asociaciones de empresas cuando, de forma deliberada o por negligencia, infrinjan las disposiciones del artículo 81 o del artículo 82 del Tratado constituye uno de los medios de que dispone la Comisión para poder cumplir la misión de vigilancia que le confiere el Tratado. Esta misión no comprende únicamente la tarea de proceder a la instrucción y de reprimir las infracciones individuales, sino que incluye también el deber de proseguir una política general dirigida a aplicar en materia de competencia los principios fijados por el Tratado y a orientar en este sentido el comportamiento de las empresas (4). A tal efecto, la Comisión debe velar por el carácter disuasorio de su actuación (5). Por lo tanto, cuando la Comisión constata una infracción de las disposiciones de los artículos 81 u 82 del Tratado, puede ser necesario imponer una multa a los que han vulnerado las normas jurídicas. Procede fijar las multas en un nivel suficientemente disuasorio, no sólo para sancionar a las empresas en cuestión (efecto disuasorio específico), sino también para disuadir a otras empresas de adoptar o mantener conductas contrarias a los artículos 81 y 82 del Tratado (efecto disuasorio general).

5.

Con el fin de alcanzar estos objetivos, conviene que, como base para la determinación de las multas, la Comisión se remita al valor de las ventas de bienes o servicios a que se refiere la infracción. La duración de la infracción también debería desempeñar un papel significativo a la hora de determinar el importe adecuado de la multa. La duración de la infracción incide necesariamente en las posibles consecuencias de la infracción en el mercado. Así pues, se considera importante que la multa refleje también el número de años durante los cuales la empresa ha participado en la infracción.

6.

En efecto, la combinación del valor de las ventas en relación con la infracción y de la duración se considera un valor sustitutivo adecuado para reflejar la importancia económica de la infracción y el peso relativo de cada empresa que participa en la misma. La referencia a estos indicadores proporciona una buena indicación del orden de magnitud de la multa y no debería entenderse como base de un método de cálculo automático y aritmético.

7.

Asimismo, se considera conveniente incluir en la multa un importe específico, independiente de la duración de la infracción, con el fin de disuadir a las empresas de iniciar siquiera conductas ilícitas.

8.

Las secciones siguientes detallan los principios que guiarán a la Comisión en la determinación de las multas impuestas en aplicación de artículo 23, apartado 2, letra a), del Reglamento (CE) no 1/2003.

MÉTODO PARA LA FIJACIÓN DE LAS MULTAS

9.

Sin perjuicio del punto 37, la Comisión utilizará la metodología siguiente, en dos etapas, para fijar las multas a las empresas o asociaciones de empresas.

10.

En primer lugar, la Comisión determinará un importe de base para cada empresa o asociación de empresas (véase el apartado 1 infra).

11.

En segundo lugar, podrá ajustar este importe de base, al alza o a la baja (véase el apartado 2 infra).

1)   Importe de base de la multa

12.

El importe de base se fijará por referencia al valor de las ventas según la metodología siguiente.

A.   Determinación del valor de las ventas

13.

Con el fin de determinar el importe de base de la multa, la Comisión utilizará el valor de las ventas de bienes o servicios realizadas por la empresa, en relación directa o indirecta (6) con la infracción, en el sector geográfico correspondiente dentro del territorio del Espacio Económico Europeo («EEE»). La Comisión utilizará normalmente las ventas de la empresa durante el último ejercicio social completo de su participación en la infracción (en lo sucesivo, «el valor de las ventas»).

14.

Cuando la infracción de una asociación de empresas se refiera a las actividades de sus miembros, el valor de las ventas corresponderá en general a la suma del valor de las ventas de sus miembros.

15.

Con el fin de determinar el valor de las ventas de una empresa, la Comisión utilizará los mejores datos disponibles de esta empresa.

16.

Cuando los datos facilitados por una empresa sean incompletos o poco fidedignos, la Comisión podrá determinar el valor de las ventas de esta empresa sobre la base de datos parciales que haya obtenido y/o de cualquier otra información que considere pertinente o adecuada.

17.

El valor de las ventas se determinará antes de la aplicación del IVA y otros impuestos directamente vinculados a las ventas.

18.

Cuando la dimensión geográfica de una infracción sobrepasa el territorio del EEE (por ejemplo en el caso de carteles mundiales), las ventas de la empresa dentro del EEE pueden no reflejar debidamente el peso de cada empresa en la infracción. Es lo que puede ocurrir en el caso de acuerdos mundiales de reparto de mercados.

En tales circunstancias, para reflejar al mismo tiempo el volumen agregado de las ventas correspondientes en el EEE y el peso relativo de cada empresa en la infracción, la Comisión podrá calcular el valor total de las ventas de bienes o servicios en relación con la infracción en el sector geográfico (más extenso que el EEE) en cuestión, determinar la parte de las ventas de cada empresa que participa en la infracción en este mercado y aplicar esta parte a las ventas agregadas de dichas empresas dentro del EEE. El resultado se utilizará como valor de las ventas a efectos de la determinación del importe de base de la multa.

B.   Determinación del importe de base de la multa

19.

El importe de base de la multa se vinculará a una proporción del valor de las ventas, determinada en función del grado de gravedad de la infracción, multiplicada por el número de años de infracción.

20.

La valoración de la gravedad se hará caso por caso para cada tipo de infracción, considerando todas las circunstancias pertinentes.

21.

Por regla general, la proporción del valor de las ventas que se tendrá en cuenta se fijará en un nivel que podrá alcanzar hasta el 30 %.

22.

Con el fin de decidir si la proporción del valor de las ventas considerada en un determinado caso debería situarse en la parte inferior o superior de esta escala, la Comisión tendrá en cuenta una serie de factores, como la naturaleza de la infracción, la cuota de mercado combinada de todas las partes interesadas, la dimensión geográfica de la infracción, y la aplicación efectiva o no de las prácticas delictivas.

23.

Los acuerdos (7) horizontales de fijación de precios, de reparto de mercados y de limitación de la producción, que suelen ser secretos, se cuentan, por su propia naturaleza, entre los casos más graves de restricción de la competencia. En el marco de la política de competencia, deben ser sancionados con severidad. Por tanto, la proporción de las ventas considerada para este tipo de infracciones se situará generalmente en el extremo superior de la escala.

24.

Con el fin de tener plenamente en cuenta la duración de la participación de cada empresa en la infracción, el importe determinado en función del valor de las ventas (véanse los puntos 20 a 23 supra) se multiplicará por el número de años de participación en la infracción. Los períodos inferiores a un semestre se contarán como medio año; los períodos de más de seis meses pero de menos de un año se contarán como un año completo.

25.

Además, independientemente de la duración de la participación de una empresa en la infracción, la Comisión incluirá en el importe de base una suma comprendida entre el 15 % y el 25 % del valor de las ventas, tal y como se define en la sección A anterior con el fin de disuadir a las empresas incluso de participar en acuerdos horizontales de fijación de precios, de reparto de mercados y de limitación de la producción. La Comisión podrá aplicar también este importe adicional en el caso de otras infracciones. Para decidir la proporción del valor de las ventas que debe tenerse en cuenta en un caso determinado, la Comisión considerará una serie de factores, en particular los que se mencionan en el punto 22.

26.

Cuando el valor de las ventas de empresas que participan en una infracción sea similar, pero no idéntico, la Comisión podrá fijar un mismo importe de base para cada una de estas empresas. Además, al determinar el importe de base de la multa, la Comisión utilizará cifras redondeadas.

2)   Ajustes del importe de base

27.

En la determinación de la multa, la Comisión podrá tener en cuenta circunstancias que conduzcan a un incremento o a una reducción del importe de base, tal como queda determinado en la sección 1 anterior. Para ello se basará en una evaluación global que tendrá en cuenta todas las circunstancias pertinentes.

A.   Circunstancias agravantes

28.

El importe de base de la multa podrá incrementarse cuando la Comisión constate la existencia de circunstancias agravantes, por ejemplo:

persistencia o reincidencia en una infracción idéntica o similar tras haber constatado la Comisión o una autoridad nacional de competencia que la empresa ha vulnerado las disposiciones del artículo 81 o del artículo 82; el importe de base se incrementará hasta en un 100 % por infracción probada;

negativa a cooperar u obstrucción en la investigación;

función de responsable o de instigador de la infracción. La Comisión prestará también especial atención a toda medida adoptada con el fin de obligar a otras empresas a participar en la infracción y/o a toda medida de represalia adoptada contra otras empresas con el fin de hacer respetar las prácticas ilícitas.

B.   Circunstancias atenuantes

29.

El importe de base de la multa podrá reducirse cuando la Comisión constate la existencia de circunstancias atenuantes, por ejemplo:

cuando la empresa en cuestión aporte la prueba de que ha puesto fin a la infracción tras las primeras intervenciones de la Comisión; esto no se aplicará a los acuerdos o prácticas de carácter secreto (en particular, los carteles);

cuando la empresa en cuestión aporte la prueba de que la infracción se cometió por negligencia;

cuando la empresa en cuestión aporte la prueba de que su participación en la infracción es sustancialmente limitada y demuestre por tanto que, durante el tiempo en que se adhirió a los acuerdos ilícitos, dicha empresa eludió efectivamente la aplicación de los mismos adoptando un comportamiento competitivo en el mercado; el mero hecho de que una empresa haya participado en una infracción durante un período de tiempo más breve que las demás no se considerará circunstancia atenuante, puesto que esta circunstancia ya se refleja en el importe de base;

cuando la empresa en cuestión coopere efectivamente con la Comisión, fuera del ámbito de aplicación de la Comunicación sobre la clemencia, y más allá de sus obligaciones jurídicas de cooperar;

cuando el comportamiento anticompetitivo haya sido autorizado o fomentado por las autoridades públicas o la normativa (8).

C.   Incremento específico para garantizar un efecto disuasorio

30.

La Comisión prestará especial atención a la necesidad de garantizar que las multas presenten un efecto suficientemente disuasorio; con este fin, podrá aumentar la multa impuesta a aquellas empresas que tengan un volumen de negocios particularmente importante mas allá de las ventas de bienes y servicios a que se refiere la infracción.

31.

Asimismo, la Comisión tendrá en cuenta la necesidad de incrementar la sanción para superar el importe de las ganancias ilícitas obtenidas gracias a la infracción, cuando sea posible proceder a este cálculo.

D.   Límite máximo legal

32.

Por cada empresa o asociación de empresas que participen en la infracción, la multa no podrá superar el 10 % del volumen de negocios total realizado durante el ejercicio social anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1/2003.

33.

Cuando la infracción de una asociación esté relacionada con las actividades de sus miembros, la multa no podrá ser superior al 10 % del importe global del volumen de negocios total de cada uno de los miembros que opere en el mercado cuyas actividades se vean afectadas por la infracción de la asociación.

E.   Comunicación sobre la clemencia

34.

La Comisión aplicará las normas relativas a la clemencia de acuerdo con las condiciones expuestas en la Comunicación aplicable.

F.   Capacidad contributiva

35.

En circunstancias excepcionales, la Comisión podrá, previa solicitud, tener en cuenta la incapacidad contributiva de una empresa en un contexto económico y social particular. La Comisión no concederá por este concepto ninguna reducción de la multa por la mera constatación de una situación financiera desfavorable o deficitaria. La reducción sólo podrá concederse sobre la base de pruebas objetivas de que la imposición de una multa, en las condiciones fijadas por las presentes Directrices, pondría irremediablemente en peligro la viabilidad económica de la empresa en cuestión y conduciría a privar a sus activos de todo valor.

CONSIDERACIONES FINALES

36.

En determinados casos, la Comisión podrá imponer una multa simbólica. La justificación de la misma deberá figurar en el texto de la decisión.

37.

Aunque las presentes Directrices exponen la metodología general para la fijación de las multas, las características específicas de un determinado asunto o la necesidad de alcanzar un nivel disuasorio en un caso particular podrán justificar que la Comisión se aparte de esta metodología o de los límites fijados en el punto 21.

38.

Las presentes Directrices se aplicarán a todos los asuntos en los que se haya notificado un pliego de cargos después de su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea, con independencia de que la multa se imponga en aplicación del artículo 23, apartado 2, del Reglamento (CE) no 1/2003 o del artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17 (9).


(1)  Reglamento del Consejo de 16 de diciembre de 2002 relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado, DO L 1 de 4.1.2003, p. 1.

(2)  Véase, por ejemplo, la sentencia del Tribunal de 28 de junio de 2005, en el asunto Dansk Rørindustri A/S y otros/Comisión, C-189/02 P C-202/02 P, C-205/02 P a C-208/02 P y C-213/02 P, Rec. 2005, p. I-5425, apartado 172.

(3)  Directrices para el cálculo de las multas impuestas en aplicación del apartado 2 del artículo 15 del Reglamento no 17 y del apartado 5 del artículo 65 del Tratado CECA (DO C 9 de 14.1.1998, p. 3).

(4)  Véase, por ejemplo, la sentencia Dansk Rørindustri A/S y otros /Comisión, antes citada, apartado 170.

(5)  Véase la sentencia del Tribunal de 7 de junio de 1983, en el asunto Musique Diffusión française y otros/Comisión, 100/80 a 103/80, Rec. 1983, p. 1825, apartado 106.

(6)  Este sería el caso por ejemplo de acuerdos horizontales por los que se fija el precio de un determinado producto, cuando ese precio es utilizado como base para la determinación del precio de otros productos de menor o mayor calidad.

(7)  Se incluyen los acuerdos, prácticas concertadas y decisiones de asociaciones de empresas, según lo dispuesto en el artículo 81 del Tratado.

(8)  Sin perjuicio de las acciones pertinentes que puedan ser tomadas contra el Estado Miembro de que se trate.

(9)  Artículo 15, apartado 2, del Reglamento no 17 de 6 de febrero de 1962, primer Reglamento de aplicación de los artículos 85 y 86 [81 y 82 actuales] del Tratado (DO 13 de 21.2.1962, p. 204).


1.9.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/6


AYUDA DE ESTADO — BÉLGICA

Ayuda de Estado C 14/2006 (ex N 624/2005) — Ayuda de formación para General Motors Bélgica

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

(2006/C 210/03)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 26 de abril de 2006, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Bélgica su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta que figura a continuación, enviándolas a:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Ayudas Estatales

Rue de la Loi, 200

B-1049 Bruselas

Fax no: (32-2) 296 12 42

Dichas observaciones serán comunicadas a Bélgica. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

TEXTO DEL RESUMEN

PROCEDIMIENTO

La ayuda a la formación prevista para General Motors Bélgica en Amberes se notificó a la Comisión por carta de 8 de diciembre de 2005. La Comisión pidió más información el 4 de enero y el 15 de febrero de 2006 y Bélgica contestó respectivamente por cartas de 7 de febrero y 2 de marzo de 2006.

DESCRIPCIÓN

El beneficiario de la ayuda sería General Motors Bélgica en Amberes, que forma parte de General Motors Corporation («GMC»). La empresa, por una parte, produce piezas de automóvil para uso interno y para otras filiales de GMC y, por otra, ensambla coches. En 2004 produjo 231 000 coches, de los cuales el 96 %se exportó a 44 países. La empresa de empleo actualmente a 5 400 trabajadores.

General Motors Bélgica ha anunciado un plan de inversión de 127 millones de EUR durante el período 2005-2007, que incluye la producción de una nueva versión del modelo Astra con techo rígido retráctil («cabrio») y la duplicación de la capacidad del taller de prensado. Se ha creado un programa de formación relacionado con estas actividades adicionales que abarca el período 2005-2007. Los costes subvencionables ascienden a 19,9 millones de EUR, y la ayuda específica notificada por la región flamenca (Vlaamse Gemeenschap) supone un importe de 5,3 millones de EUR.

EVALUACIÓN

En la presente fase, la Comisión duda de que la medida de ayuda pueda considerarse compatible con el mercado común de conformidad con artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE, por las siguientes razones: parece dudoso que la ayuda sea necesaria para que el beneficiario emprenda las actividades de formación en cuestión. La ayuda a la formación no parece incentivar a la empresa a emprender actividades «adicionales» de formación más allá de las ya realizadas con arreglo a las fuerzas del mercado. Parece cubrir un gasto de funcionamiento costeado normalmente por la empresa, y por lo tanto constituir ayuda de funcionamiento que puede falsear la competencia. Así pues, en esta fase la Comisión no puede excluir que la ayuda haya creado un falseamiento significativo del comercio entre los Estados miembros.

CONCLUSIÓN

Ante las dudas mencionadas anteriormente, la Comisión ha decidido incoar el procedimiento establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE.

TEXTO DE LA CARTA

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la Belgique qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

PROCÉDURE

(1)

Le projet d'aide à la formation en faveur de General Motors Belgium à Anvers a été notifié à la Commission par une lettre datée du 8 décembre 2005 et enregistrée le 14 décembre 2005. La Commission a demandé des renseignements complémentaires le 4 janvier 2006, demande à laquelle la Belgique a répondu par lettre datée du 7 février 2006 et enregistrée le 10 février 2006. Le 15 février 2006, la Commission a demandé de nouveaux éclaircissements qui lui ont été fournis par lettre datée du 2 mars 2006 et enregistrée le 8 mars 2006.

DESCRIPTION DU PROJET

(2)

Le bénéficiaire de l'aide serait la société General Motors Belgium établie à Anvers, qui fait partie de General Motors Corporation (“GMC”). La société, qui a été créée en 1924, produit des pièces détachées pour son propre usage ainsi que pour celui d'autres filiales de GMC, et assure le montage de véhicules automobiles. En 2004, elle a produit 231 000 voitures, dont 96 % ont été exportées vers 44 pays. L'usine assure actuellement le montage du modèle Opel Astra, qui se situe sur un segment particulièrement concurrentiel du marché automobile. La société emploie actuellement 5 400 salariés.

(3)

General Motors Belgium a annoncé un programme d'investissement de 127 millions EUR pour la période 2005-2007 comprenant:

a)

la production d'une nouvelle version du modèle Astra: en plus des trois versions déjà produites, l'usine fabriquera l'Astra TwinTop avec toit rigide escamotable (le “cabrio”). Jusqu'à présent, la version “cabrio” n'était pas produite par GM Europe, mais sous-traitée à la société italienne Bertoné;

b)

le doublement de la capacité de l'atelier d'emboutissage: le développement de l'activité d'emboutissage s'inscrit dans le cadre de la stratégie de GM Europe visant à mieux répondre aux besoins locaux. L'amélioration de l'auto-approvisionnement en pièces de carrosserie et de l'efficacité de la logistique entre les différentes filiales du groupe permet de réduire le transport de pièces entre les usines.

(4)

Ces deux activités supplémentaires permettent de limiter la réduction des effectifs à Anvers et d'assurer l'avenir de l'usine. Elles supposent la mise en place de nouvelles machines, de nouvelles composantes, de nouvelles techniques de montage et de nouvelles méthodes de travail. C'est pourquoi un programme de formation lié à ces activités supplémentaires a été organisé sur la période 2005-2007. Les coûts admissibles s'élèvent à 19,9 millions EUR, tandis que l'aide notifiée se chiffre à 5,3 millions EUR. Anvers se situant dans une région non assistée, l'intensité maximale de l'aide est de 50 % pour la formation générale et de 25 % pour la formation spécifique. L'aide doit être accordée sous la forme d'une aide “ad hoc” par la région flamande (Vlaamse Gemeenschap).

(5)

D'après les renseignements fournis par la Belgique, le programme comprend une partie “formation générale”, dont le coût s'élève à 5,43 millions EUR et qui couvrira les activités liées aux postes suivants:

formation technique (1): 2,63 millions EUR;

formation de base (2): 0,79 million EUR;

coordination générale: 0,89 million EUR;

environnement de travail simulé (3): 1,89 million EUR.

(6)

Les coûts de la “formation spécifique” s'élèvent à 10,47 millions EUR et couvrent les activités liées aux postes suivants:

formation dans l'entreprise: 4,54 millions EUR;

formation technique spécifique liée à l'activité d'emboutissage: 4,35 millions EUR;

formation technique spécifique liée à la production du nouveau modèle: 4,82 millions EUR.

APPRÉCIATION DE L'AIDE

Existence d'une aide

(7)

À ce stade, la Commission estime que la mesure en cause constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE: elle est en effet attribuée sous la forme d'une subvention du gouvernement flamand et est donc financée par des ressources d'État. La mesure est en outre sélective puisqu'elle ne concerne que General Motors Belgium et elle est donc susceptible de fausser la concurrence en conférant à cette entreprise un avantage sur d'autres concurrents qui ne bénéficient pas de l'aide. Enfin, le marché automobile se caractérise par des échanges intensifs entre les États membres. En outre, la Commission note que les usines de GM en Europe sont situées dans des États membres différents. L'aide pourrait donc fausser la concurrence et affecter les échanges entre les États membres. Compte tenu de ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que la mesure notifiée constitue une aide d'État. Au stade actuel de la procédure, la Belgique ne conteste pas cette conclusion.

Base juridique de l'appréciation

(8)

La Belgique demande que l'aide soit approuvée sur la base du règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (4) (ci-après dénommé “le règlement”). L'aide est en effet liée à un programme de formation.

(9)

Conformément à l'article 5 du règlement, si le montant de l'aide accordée à une même entreprise pour un projet individuel de formation est supérieur à 1 million EUR, l'aide n'est pas exemptée de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité. La Commission note qu'en l'espèce, l'aide prévue s'élève à 5,338 millions EUR, qu'elle doit être accordée à une seule entreprise et que le projet de formation est un projet individuel. Elle considère donc que l'obligation de notification s'applique à l'aide en cause et qu'elle a été respectée par la Belgique.

(10)

Le considérant 16 du règlement explique pourquoi ce type d'aide ne peut être automatiquement exempté: “Les aides d'un montant élevé doivent continuer à être évaluées individuellement par la Commission avant d'être attribuées”.

(11)

La mesure n'étant pas exemptée en vertu du règlement, elle doit être appréciée directement sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), qui dispose que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun “les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun”. Lorsqu'elle apprécie une aide individuelle à la formation qui, en raison de son montant, ne bénéficie pas de l'exemption prévue par le règlement et qui doit donc être évaluée directement sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), la Commission recours néanmoins, par analogie, aux mêmes principes directeurs que ceux figurant dans le règlement. Cela se traduit notamment par la vérification du respect des autres conditions formelles d'exemption visées dans le règlement, même si la Commission ne se contente pas de vérifier le respect de ces conditions.

Compatibilité avec le marché commun

(12)

La Commission considère à ce stade que le projet notifié remplit les conditions formelles d'exemption prévues à l'article 4 du règlement. Premièrement, les coûts admissibles notifiés semblent conformes à l'article 4, paragraphe 7, du règlement. En particulier, les coûts de personnel des participants au projet de formation qui sont couverts par l'aide semblent avoir été limités au total des autres coûts admissibles. Deuxièmement, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article susmentionné, l'intensité de l'aide a été limitée à 25 % pour la formation spécifique et à 50 % pour la formation générale. GM Belgium est en effet une grande entreprise située dans une région non assistée et la formation n'est pas destinée à des travailleurs défavorisés.

(13)

Toutefois, après avoir analysé les informations disponibles, la Commission doute que la mesure puisse être jugée compatible avec le marché commun en application de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. En effet, elle doute que l'aide soit nécessaire pour que le bénéficiaire puisse entreprendre les activités de formation concernées.

(14)

La Commission note que la nécessité de l'aide est un critère de compatibilité général. En effet, lorsque l'aide ne se traduit pas par la réalisation d'activités supplémentaires par le bénéficiaire, elle ne saurait être considérée comme ayant un effet favorable. Elle est alors considérée comme ayant pour seul effet de fausser la concurrence et ne peut par conséquent être autorisée. S'agissant de la compatibilité au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, l'aide ne “facilite” pas le développement d'activités économiques dès lors que l'entreprise aurait entrepris les activités subventionnées de toute façon et notamment en l'absence d'aide.

(15)

Dans le contexte de l'aide à la formation, le considérant 10 du règlement dispose que “La formation a généralement des effets externes positifs pour la société dans son ensemble, dans la mesure où elle augmente le vivier de travailleurs qualifiés dans lequel d'autres entreprises peuvent puiser, où elle améliore la compétitivité de l'industrie communautaire et où elle joue un rôle important dans les stratégies pour l'emploi. Étant donné que les entreprises de la Communauté sous-investissent généralement dans la formation de leurs travailleurs, les aides d'État pourraient contribuer à corriger cette imperfection du marché et peuvent donc être considérées, sous certaines conditions, comme compatibles avec le marché commun et, par conséquent, être exemptées de l'obligation de notification préalable.” Le considérant 11 ajoute qu'il convient de veiller à ce que “les aides d'État soient limitées au minimum nécessaire pour réaliser l'objectif communautaire que les forces du marché ne permettraient pas, à elles seules, d'atteindre […]”.

(16)

À cet égard, l'imperfection du marché reconnue par le règlement est que les entreprises “sous-investissent dans la formation de leurs travailleurs” par rapport à ce qui serait optimal pour le bien-être général de la Communauté. En effet, lorsqu'elle prévoit de nouvelles activités de formation, une entreprise compare généralement le coût de ces activités aux bénéfices qu'elle peut en retirer (tels qu'une hausse de la productivité ou la capacité de produire de nouveaux produits). Il est rare qu'elle tienne compte des bénéfices pour la société dans son ensemble qu'elle ne peut obtenir pour elle-même. Elle examinera également les solutions de rechange (moins onéreuses) à la formation, telles que le recrutement d'une main-d'œuvre déjà qualifiée (au détriment éventuellement des salariés en place). C'est pourquoi l'aide à la formation remédie utilement dans certains cas à une défaillance spécifique du marché. Dans ces circonstances, l'aide est “nécessaire pour réaliser l'objectif communautaire que les forces du marché ne permettraient pas, à elles seules, d'atteindre”.

(17)

En ce qui concerne les activités de formation liées au lancement du nouveau modèle, on peut douter de l'effet d'incitation de l'aide notifiée par la Belgique. En effet, une fois que GM Europe a pris la décision de produire ce modèle en interne, il devient indispensable d'engager des frais de formation pour mettre en œuvre cette décision commerciale. La Commission note que dans l'industrie automobile, la production d'un nouveau modèle est un facteur normal et régulier, nécessaire au maintien de la compétitivité. Les frais de formation associés au lancement d'un nouveau modèle sont donc généralement supportés par les constructeurs automobiles sur la seule base de l'incitation commerciale. De fait, afin de produire de nouveaux modèles, les constructeurs automobiles doivent former leur main-d'œuvre aux nouvelles techniques à adopter. Il est par conséquent plus que probable que GM aurait entrepris les activités de formation en question de toute façon et notamment en l'absence d'aide. Ce comportement semble être celui de la plupart des concurrents du secteur. L'aide à la formation ne semble donc pas nécessaire dans ce contexte. Elle n'encourage pas l'entreprise à entreprendre des activités de formation “supplémentaires”, en plus de celles déjà réalisées sur la base des forces du marché. Elle semble couvrir des dépenses de fonctionnement normalement supportées par l'entreprise et constituer de ce fait une aide au fonctionnement qui fausse la concurrence.

(18)

L'effet d'incitation de l'aide en faveur du développement de l'activité d'emboutissage peut également être mis en doute: les frais de formation liés à cette activité sont nécessaires pour (augmenter) la production de pièces détachées, qui constitue une activité normale dans l'industrie automobile. Les pièces détachées constituent des moyens de production importants et indispensables pour l'usine de montage et représentent une part significative du coût des voitures. Les forces du marché devraient donc suffire, à elles seules, à inciter la société à supporter les frais de formation correspondants. Il est par conséquent probable que les activités de formation couvertes auraient été entreprises de toute façon et notamment en l'absence d'aide. L'aide ne semble pas déboucher sur une formation supplémentaire, mais couvrir des dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, réduisant ainsi ses coûts normaux et faussant la concurrence.

(19)

La Commission demande donc à la Belgique d'expliquer pourquoi en l'espèce, et contrairement à ce que l'on peut observer chez la plupart des constructeurs automobiles dans la Communauté, elle estime que le bénéficiaire n'aurait pas la capacité (ou la volonté) de couvrir les coûts attendus des activités de formation par les bénéfices (par exemple la capacité de produire un nouveau modèle et/ou l'augmentation de la productivité du personnel formé) qu'il peut en retirer. À ce stade, la Belgique n'a pas fourni d'informations sur l'existence d'éventuels obstacles permettant à la Commission de conclure que les forces du marché ne suffisent pas, à elles seules, à inciter le bénéficiaire à entreprendre le programme de formation envisagé.

DÉCISION

(20)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission a décidé d'engager la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et enjoint à la Belgique de lui fournir, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente, tous les documents, informations et données nécessaires pour apprécier la compatibilité de l'aide. Elle invite la Belgique à transmettre immédiatement copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide.

(21)

La Commission tient à rappeler à la Belgique l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, qui stipule que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

(22)

Par la présente, la Commission avise la Belgique qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE, en lui envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.»

«Hierbij stelt de Commissie België ervan in kennis dat zij, na de door uw autoriteiten over de bovenvermelde steunmaatregel verstrekte inlichtingen te hebben onderzocht, heeft besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden.

PROCEDURE

(1)

De voorgenomen opleidingssteun voor General Motors Belgium in Antwerpen is bij de Commissie aangemeld bij brief van 8 december 2005, die op 14 december 2005 is geregistreerd. De Commissie heeft op 4 januari 2006 om nadere informatie verzocht, waarop België heeft gereageerd bij brief van 7 februari 2006, die op 10 februari 2006 is geregistreerd. De Commissie heeft op 15 februari 2006 om verdere toelichtingen gevraagd, die zijn verstrekt bij brief van 2 maart 2006, die op 8 maart 2006 is geregistreerd.

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

(2)

De begunstigde van de steun is General Motors Belgium in Antwerpen, dat onderdeel is van de General Motors Corporation („GMC”). Het bedrijf, dat in 1924 werd geopend, produceert auto-onderdelen voor intern gebruik en voor andere dochtermaatschappijen van GMC enerzijds, en assembleert auto's anderzijds. In 2004 produceerde het 231 000 auto's, waarvan 96 % werd geëxporteerd naar 44 landen. In het bedrijf wordt momenteel het model Opel Astra geassembleerd, dat zich bevindt in een segment van de automobielmarkt waar de concurrentie bijzonder intens is. Het bedrijf heeft momenteel 5 400 mensen in dienst.

(3)

General Motors Belgium heeft voor de periode 2005-2007 een investeringsprogramma ter waarde van 127 miljoen EUR aangekondigd dat de volgende elementen omvat:

a)

De productie van een nieuwe versie van het model Astra: naast de 3 reeds bestaande versies zal het bedrijf nu ook de Astra TwinTop met inklapbaar hardtopdak („cabrio”) gaan maken. Tot dusver werd de „cabrio”-versie niet door GM Europe gebouwd, maar werd de productie van dit model uitbesteed aan het Italiaanse bedrijf Bertone;

b)

Verdubbeling van de capaciteit van de perserij: de uitbreiding van deze activiteit is een onderdeel van de strategie van GM Europe om beter op de lokale behoeften te kunnen inspelen. Door een hogere zelfvoorzieningsgraad voor carrosseriedelen en een efficiëntere logistiek tussen verschillende dochtermaatschappijen van de groep zullen de kosten voor het transport van onderdelen tussen fabrieken kunnen worden teruggedrongen.

(4)

Dankzij deze twee nieuwe activiteiten kan de inkrimping van het personeelsbestand in Antwerpen worden beperkt en de toekomst van de fabriek worden veiliggesteld. Het opzetten van deze activiteiten gaat gepaard met het installeren van nieuwe machines, het gebruik van nieuwe componenten en de invoering van nieuwe werkmethodes. Daarom is voorzien in een opleidingsprogramma voor de periode 2005-2007. De in aanmerking komende kosten bedragen 19,9 miljoen EUR en de aangemelde steun 5,3 miljoen EUR. Aangezien Antwerpen geen steungebied is, bedraagt de maximale steunintensiteit 50 % voor algemene en 25 % voor specifieke opleidingen. De voorgenomen steun wordt toegekend in de vorm van ad-hocsteun van de Vlaamse Gemeenschap.

(5)

Volgens de door België verstrekte informatie omvat het programma elementen van „algemene opleiding” ten belope van 5,43 miljoen EUR. De investeringen voor algemene opleiding hebben betrekking op activiteiten in verband met:

Technische trainingen (5): 2,63 miljoen EUR;

Algemeen vormingsaanbod (6): 0,79 miljoen EUR;

Algemene coördinatie: 0,89 miljoen EUR;

Gesimuleerde werkomgeving (7): 1,89 miljoen EUR.

(6)

De uitgaven voor „specifieke opleiding” bedragen 10,47 miljoen EUR en hebben betrekking op activiteiten in verband met:

On the job training: 4,54 miljoen EUR;

Specifieke technische trainingen met betrekking tot de perserij-activiteiten: 4,35 miljoen EUR;

Specifieke technische trainingen met betrekking tot de productie van het nieuwe model: 4,82 miljoen EUR.

BEOORDELING VAN DE STEUNMAATREGEL

De vraag of er sprake is van steun

(7)

In dit stadium is de Commissie van oordeel dat de betrokken maatregel staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag vormt: de steun bestaat uit een subsidie van de Vlaamse overheid en wordt dus bekostigd uit staatsmiddelen. De maatregel is selectief aangezien hij alleen ten goede komt aan General Motors Belgium. Van deze selectieve subsidie kan worden verwacht dat zij de mededinging zal vervalsen, doordat aan General Motors Belgium een voordeel wordt verschaft ten opzichte van concurrenten die geen steun ontvangen. Ten slotte is het zo dat de markt voor motorvoertuigen gekenmerkt wordt door een intensief handelsverkeer tussen lidstaten. Voorts merkt de Commissie op dat de fabrieken van GM Europe in verschillende lidstaten zijn gevestigd. De steun kan dus mededingingvervalsend werken en het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloeden. Gezien het bovenstaande concludeert de Commissie dat de aangemelde maatregel staatssteun inhoudt. In dit stadium bestrijdt België deze conclusie niet.

Rechtsgrondslag voor de beoordeling

(8)

België vraagt de steun goed te keuren op grond van Verordening (EG) nr. 68/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op opleidingssteun (8) („de verordening”). De steunmaatregel heeft inderdaad betrekking op een opleidingsprogramma.

(9)

Volgens artikel 5 van de verordening geldt de vrijstelling van de in artikel 88, lid 3, van het Verdrag bedoelde aanmeldingsverplichting niet, wanneer het bedrag dat voor één enkel opleidingsproject aan één onderneming wordt verleend meer dan 1 miljoen EUR bedraagt. De Commissie merkt op dat de voorgenomen steun in deze zaak 5,338 miljoen EUR bedraagt, dat de steun aan één enkele onderneming wordt uitgekeerd, en dat het opleidingsproject één enkel project is. Bijgevolg concludeert de Commissie dat de aanmeldingsverplichting geldt voor de voorgenomen steun en dat België deze verplichting in acht heeft genomen.

(10)

In overweging 16 van de verordening wordt uitgelegd waarom dergelijke steun niet automatisch kan worden vrijgesteld: „Er dient te worden bepaald dat, wanneer met steunmaatregelen aanzienlijke bedragen gemoeid zijn, deze maatregelen door de Commissie individueel moeten worden beoordeeld alvorens zij ten uitvoer worden gelegd.”

(11)

Aangezien de maatregel niet krachtens de verordening is vrijgesteld, moet deze rechtstreeks worden beoordeeld op basis van artikel 87, lid 3, onder c), waarin is bepaald dat „steunmaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken, mits de voorwaarden waaronder het handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het gemeenschappelijk belang wordt geschaad” als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kunnen worden beschouwd. Bij de beoordeling van een individuele opleidingssteunmaatregel die, wegens de omvang daarvan, niet in aanmerking komt voor de vrijstelling waarin de verordening voorziet, en bijgevolg rechtstreeks op basis van artikel 87, lid 3, onder c), moet worden beoordeeld, past de Commissie evenwel naar analogie hetzelfde leidende principe als bedoeld in de verordening toe. Dit houdt met name in dat wordt nagegaan of wordt voldaan aan de overige formele criteria voor vrijstelling waarin de verordening voorziet. De Commissie hoeft zich echter niet te beperken tot louter controle op de naleving van deze criteria.

Verenigbaarheid met de gemeenschappelijke markt

(12)

Wat betreft de in artikel 4 van de verordening vastgestelde formele criteria voor vrijstelling, is de Commissie in dit stadium van oordeel dat het aangemelde project daaraan voldoet. In de eerste plaats lijken de opgegeven in aanmerking komende kosten te voldoen aan artikel 4, lid 7, van de verordening. Met name lijken de door de steun gedekte loonkosten voor de cursisten beperkt tot het totaalbedrag van de overige in aanmerking komende kosten. Ten tweede is overeenkomstig de leden 2 en 3 van genoemd artikel de steunintensiteit beperkt tot 25 % voor specifieke opleiding en 50 % voor algemene opleiding. GM Belgium is namelijk een grote onderneming in een niet-steungebied en de opleiding wordt niet aan benadeelde werknemers gegeven.

(13)

Op basis van een analyse van de beschikbare informatie twijfelt de Commissie er echter aan dat de maatregel als verenigbaar met de gemeenschappelijke markt kan worden verklaard overeenkomstig artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag. Het lijkt namelijk twijfelachtig dat de steun noodzakelijk is voor de begunstigde om de betrokken opleidingen te organiseren.

(14)

De Commissie merkt op dat de noodzaak van de steun een algemeen verenigbaarheidscriterium is. Wanneer de steun er niet toe leidt dat de begunstigde extra activiteiten onderneemt, kan de steun namelijk niet geacht worden enig gunstig effect te hebben. Hij wordt dan alleen als mededingingvervalsend beschouwd en kan dus niet worden toegestaan. Wat betreft de eventuele verenigbaarheid van de steun op grond van artikel 87, lid 3, onder c), van het EG-Verdrag, kan niet worden gesteld dat de steun de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid „vergemakkelijkt” wanneer de onderneming de ondersteunde activiteiten hoe dan ook zou hebben ondernomen, dus ook zonder steun.

(15)

Met betrekking tot opleidingssteun wordt in overweging 10 van de verordening het volgende gesteld: „Opleiding heeft over het algemeen positieve externe effecten voor de samenleving als geheel, omdat zij het aanbod van geschoolde arbeidskrachten waaruit andere ondernemingen kunnen putten verhoogt, het concurrentievermogen van de communautaire industrie verbetert en een belangrijke rol in de werkgelegenheidsstrategie speelt. Gelet op het feit dat de ondernemingen in de Gemeenschap over het algemeen te weinig in de opleiding van hun werknemers investeren, kan staatssteun helpen deze onvolkomenheid van de markt te corrigeren, zodat dergelijke steun onder bepaalde voorwaarden als met de gemeenschappelijke markt verenigbaar kan worden beschouwd en bijgevolg van voorafgaande aanmelding kan worden vrijgesteld.” In overweging 11 is voorts vermeld dat het nodig is „ervoor te zorgen dat de staatssteun beperkt blijft tot wat strikt noodzakelijk is voor het bereiken van de, door de marktkrachten alleen niet verwezenlijkbare, doelstelling van de Gemeenschap […]”.

(16)

In dit verband bestaat de door de verordening gesignaleerde onvolkomenheid van de markt erin dat ondernemingen „te weinig in de opleiding van hun werknemers investeren”, vergeleken met hetgeen optimaal zou zijn voor de algehele welvaart van de Gemeenschap. Bij het plannen van nieuwe opleidingsactiviteiten zetten ondernemingen meestal de daaraan verbonden kosten af tegen de verwachte baten (zoals productiviteitsstijging of de mogelijkheid nieuwe producten te vervaardigen). Over het algemeen houdt de onderneming geen rekening met de baten voor de samenleving als geheel waar zij zelf niet direct profijt van kan trekken. Ook zal zij kijken of er (goedkopere) alternatieven zijn voor opleiding, zoals het in dienst nemen van reeds geschoolde arbeidskrachten (mogelijk ten koste van het huidige personeel). Bijgevolg wordt met opleidingssteun in bepaalde gevallen daadwerkelijk een specifieke onvolkomenheid van de markt gecorrigeerd. In die situatie is steun „noodzakelijk voor het bereiken van de, door de marktkrachten alleen niet verwezenlijkbare, doelstelling van de Gemeenschap”.

(17)

Wat betreft de opleidingsactiviteiten in verband met het lanceren van een nieuw model, moet het stimulerende effect van de door België aangemelde steun in twijfel worden getrokken. Zodra GM Europe heeft besloten dit model intern te gaan produceren, worden de opleidingskosten namelijk noodzakelijk voor de uitvoering van dat bedrijfsvoeringsbesluit. De Commissie merkt op dat in de automobielindustrie het in productie nemen van een nieuw model een normale en regelmatig voorkomende gebeurtenis is, die nodig is om het concurrentievermogen op peil te houden. De aan de lancering van een nieuw model verbonden opleidingskosten zijn bijgevolg normale, door de autofabrikanten onder druk van de markt gemaakte kosten. Om nieuwe modellen te kunnen bouwen moeten de fabrikanten hun personeel namelijk vertrouwd maken met de nieuwe technieken die daartoe moeten worden ingevoerd. Bijgevolg is het zeer waarschijnlijk dat GM de opleidingsactiviteiten in kwestie in ieder geval, en dus ook zonder steun, zou hebben ondernomen. De meeste concurrenten in de sector lijken een vergelijkbare aanpak te volgen. Bijgevolg lijkt opleidingssteun in dit verband niet noodzakelijk. De steun zet het bedrijf er niet toe aan extra activiteiten te ontplooien naast die welke reeds onder druk van de marktkrachten worden ondernomen. Hij lijkt integendeel te zullen worden gebruikt om bedrijfskosten te dekken die normaal door de onderneming worden gedragen, en lijkt dus neer te komen op mededingingvervalsende exploitatiesteun.

(18)

Even kritisch moet worden gekeken naar het stimulerende effect van de steun voor uitbreiding van de perserij-activiteiten: kosten voor opleidingen op dit gebied zijn noodzakelijke voor (uitbreiding van) de productie van auto-onderdelen, een normale activiteit in de automobielindustrie. Onderdelen vormen een belangrijke en zelfs onmisbare input voor de assemblagefabriek, en vertegenwoordigen een belangrijk aandeel van de kostprijs van de auto's. Het lijkt er dus op dat de marktkrachten op zich een voldoende krachtige impuls voor de onderneming zijn om het nodige geld voor opleidingen uit te geven. Bijgevolg zouden de gesubsidieerde opleidingsactiviteiten waarschijnlijk toch wel zijn ondernomen, ook zonder steun. De steun lijkt er niet toe te leiden dat meer opleidingen worden gegeven, maar lijkt alleen maar normale exploitatiekosten van de onderneming te dekken, waardoor deze goedkoper kan werken en de mededinging wordt vervalst.

(19)

Daarom verzoekt de Commissie België toe te lichten waarom het, in tegenspraak met wat bij de meeste autofabrikanten in de Gemeenschap wordt geconstateerd, in dit bepaalde geval van mening is dat de begunstigde niet in staat (of bereid) zou zijn om de opleidingskosten te financieren uit de verwachte baten (bij voorbeeld de mogelijkheid een nieuw model te produceren en/of een grotere productiviteit van het personeel door de opleiding). Tot dusver heeft België nog geen informatie verstrekt over eventuele belemmeringen waaruit de Commissie zou kunnen opmaken dat de marktkrachten alleen een onvoldoende stimulans vormen om het voorgenomen opleidingsprogramma te ondernemen.

BESLUIT

(20)

Gelet op de bovenstaande overwegingen, heeft de Commissie besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden en maant zij België aan, haar binnen één maand na de datum van ontvangst van dit schrijven, alle bescheiden, inlichtingen en gegevens te verstrekken die noodzakelijk zijn om de verenigbaarheid van de steunmaatregel te beoordelen. Zij verzoekt België onverwijld een afschrift van dit schrijven aan de potentiële begunstigde van de steunmaatregel te doen toekomen.

(21)

De Commissie wijst België op de schorsende werking van artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag. Zij verwijst ook naar artikel 14 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad, waarin wordt gesteld dat elke onrechtmatige steun van de begunstigden kan worden teruggevorderd.

(22)

Voorts deelt de Commissie België mee, dat zij de belanghebbenden door de bekendmaking van dit schrijven en van een samenvatting ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie in kennis zal stellen. Tevens zal zij de belanghebbenden in de lidstaten van de EVA die partij zijn bij de EER-Overeenkomst door de bekendmaking van een mededeling in het EER-Supplement van het Publicatieblad in kennis stellen, alsmede de Toezichthoudende Autoriteit van de EVA door haar een afschrift van dit schrijven toe te zenden. Alle bovengenoemde belanghebbenden zal worden verzocht hun opmerkingen te maken binnen één maand vanaf de datum van deze bekendmaking.»


(1)  Formation dans le domaine du soudage manuel, du soudage de l'aluminium, de la robotique, etc.

(2)  Formation informatique (excel, access, word, power point, etc.), aptitudes sociales (présentation, communication, gestion d'une équipe, etc.) et amélioration des connaissances de base (finance pour les non-financiers, ISO, etc.).

(3)  Formation, destinée à l'ensemble des salariés, sur les principes d'une production mondialisée mis en oeuvre dans un environnement de travail complexe. Dans un environnement de travail simulé, explication des concepts suivants et démonstration de leur importance croissante: organisation du lieu de travail, normalisation, gestion visuelle, économies de coûts, améliorations permanentes, etc.

(4)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 20.

(5)  Manueel lassen, aluminium lassen, robotica, enz.

(6)  PC-trainingen (excel, access, word, power point, enz.), sociale vaardigheden (presenteren, communiceren, leiden van een team, enz.) en upgrade van basiskennis (Finance for non Finance, ISO, enz.).

(7)  Opfrissingscursus voor alle medewerkers over de globale productieprincipes die worden toegepast in een complexe werkomgeving. In een gesimuleerde werkomgeving, uitleg van concepten en aantonen van toenemend belang van: werkplaatsorganisatie, standardisatie, visueel management, kostenbesparing, permanente verbetering, enz.

(8)  PB L 121 van 13.1.2001, blz. 20.


1.9.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/12


AYUDA ESTATAL — FRANCIA

Ayuda estatal C 88/97 — Crédit Mutuel («Livret bleu»)

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE

(2006/C 210/04)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 7 de junio de 2006, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Francia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE en relación con la financiación de la cuenta de ahorro «Livret bleu» del Crédit Mutuel.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la medida respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

SPA 3-6/05

B-1049 Bruselas

Fax no: (32-2) 296 12 42

Dichas observaciones serán comunicadas a Francia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

TEXTO DEL RESUMEN

PROCEDIMIENTO

Por carta de 6 de febrero de 1998, la Comisión incoó un procedimiento de investigación formal en relación con las eventuales medidas de ayudas contenidas en el mecanismo de ahorro del «Livret bleu». Mediante Decisión de 15 de enero de 2002 (1), la Comisión declaró incompatible con el mercado común la ayuda estatal ejecutada por la República francesa en favor del Crédit Mutuel y ordenó el reembolso de la ayuda. La Decisión de 15 de enero de 2002 fue anulada por una sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 18 de enero de 2005 por falta de motivación. La Comisión no recurrió la sentencia del Tribunal de Primera Instancia. Con el fin de responder a los distintos puntos planteados en dicha sentencia, la Comisión amplia, por medio de la presente comunicación, el ámbito de aplicación del procedimiento previsto en el artículo88, apartado 2, del Tratado.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA RESPECTO DE LA CUAL SE INCOA EL PROCEDIMIENTO:

La cartilla «Livret bleu» es un producto de ahorro creado por el Crédit Mutuel. La desgravación parcial de esta cartilla se aprobó mediante una ley de 27 de diciembre de 1975, cuyas disposiciones de aplicación se definieron en distintos textos, en particular el Decreto de 27 de septiembre de 1991, que se encuentra en el origen del mecanismo tal como existe hoy en día.

El sistema actual tiene por objeto captar fondos para transferirlos a continuación íntegramente a la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) con el fin de financiar la vivienda de protección oficial. En paralelo, el sistema también pretende fomentar el ahorro de los particulares. Desde la entrada en vigor del Decreto antes citado, y como contrapartida de la transferencia a la CDC de la totalidad de los fondos depositados en la cartilla «Livret bleu», el Estado abona al Crédit Mutuel a través de la CDC:

i)

el tipo de interés bruto de las sumas ahorradas (2,2 %), del cual un 2 % se paga a los ahorradores en concepto de remuneración neta de sus ahorros y un 0,2 % se paga, directamente al Estado, a través del Crédit Mutuel, en concepto de exacción liberatoria sobre un tercio del impuesto restante debido. Dos tercios de los intereses percibidos por las sumas depositadas en la cartilla «Livret bleu» se benefician de una exención fiscal;

ii)

una comisión de intermediación correspondiente al 1,1 % del importe de las sumas recogidas.

EVALUACIÓN DE LA MEDIDA

La Comisión considera que sólo la comisión de intermediación puede constituir una medida de ayuda.

La CDC paga directamente la comisión de intermediación al Crédit Mutuel. Ahora bien, la CDC es una empresa pública que actúa, en este caso, por cuenta del Estado, que es el que fija el importe de la comisión de intermediación para compensar las obligaciones de servicio público. Así pues, se cumple el criterio relativo a los recursos estatales.

En tanto en cuanto no se cumplen los criterios de la jurisprudencia Altmark y la comisión de intermediación se concede exclusivamente al Crédit Mutuel, esta medida proporciona una ventaja selectiva a su beneficiario. En efecto, el Crédit Mutuel no percibiría ninguna comisión de intermediación en condiciones normales de mercado, es decir, fuera del sistema de la cartilla «Livret bleu» creado por el Estado. Por consiguiente, también se cumple la condición relativa a la ventaja selectiva.

La ventaja concedida al Crédit Mutuel, puede falsear la competencia y afectar a los intercambios intracomunitarios. En efecto, la Comisión tiene en cuenta que el Crédit Mutuel desarrolla sus actividades en el sector de la banca, que es un mercado competitivo en el que se efectúan intercambios intracomunitarios.

El efecto sobre los intercambios de las ayudas concedidas a las instituciones bancarias es extremadamente sensible, fundamentalmente porque cualquiera de estas instituciones puede llevar a cabo actividades bancarias en otros Estados miembros por medio de sucursales (cuya apertura ya no esta sujeta a autorización) y porque la libre prestación de servicios transfronterizos es una absoluta realidad.'

La Comisión acepta que el sistema en cuestión tenga por misión, calificada como de interés económico general, la captación de depósitos con objeto de financiar la vivienda de protección oficial en alquiler, por lo que analizará la compatibilidad de esta medida a la luz de lo dispuesto en el artículo 86, apartado 2, del Tratado. A tal efecto, la Comisión basará su análisis de una eventual compensación excesiva de los costes generados por la prestación del servicio de interés económico general en el informe pericial utilizado en la Decisión de 2002 antes citada así como en los datos que se comuniquen a la Comisión durante el presente procedimiento.

De conformidad con el artículo 14 del Reglamento (CE) no 659/1999 del Consejo, toda ayuda concedida ilegalmente podrá ser reclamada a su beneficiario.

TEXTO DE LA CARTA

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la République française qu'après avoir examiné les informations en sa possession suite à l'annulation de la décision de la Commission du 15 janvier 2002 concernant l'aide d'État mise à exécution par la République française en faveur de Crédit Mutuel par un arrêt du Tribunal de Première Instance en date du 18 janvier 2005 (affaire T-93/02), elle a décidé dans les termes qui suivent d'étendre la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

I.   PROCÉDURE

1)

Par lettre du 6 février 1998, la Commission a informé les autorités françaises de sa décision d'ouvrir la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité concernant les mesures d'aides potentielles contenues dans le mécanisme d'épargne du Livret Bleu.

2)

Par une décision en date du 15 janvier 2002 (2), la Commission a déclaré incompatible avec le marché commun l'aide d'État mise à exécution par la République française en faveur du Crédit Mutuel.

3)

La décision du 15 janvier 2002 a été annulée par un arrêt du Tribunal de Première Instance (“TPICE”) en date du 18 janvier 2005 (3).

4)

La Commission n'a pas interjeté appel de l'arrêt du TPICE. Conformément à l'article 233, paragraphe 1, du traité la Commission est tenue de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de Justice. En matière d'aide État cela signifie que suite à l'annulation de la décision susmentionnée la procédure est renvoyée au stade de l'investigation formelle. Conformément à l'article 13 du règlement de procédure (4), la procédure doit être en conséquence clôturée par voie de décision.

5)

Afin de répondre aux différents points soulevés par cet arrêt, la Commission procède par la présente communication à une extension du champ d'application de la procédure prévue par l'article 88, paragraphe 2, du traité. Préalablement à l'adoption d'une nouvelle décision, elle considère en effet souhaitable d'entendre les autorités françaises et les parties intéressées sur les nouveaux éléments pertinents résultant de ses investigations, en s'attachant plus particulièrement à clarifier l'étendue du contrôle à exercer sur les mesures en cause. La présente décision reflète l'état actuel de la réflexion de la Commission sur ce dossier. En conséquence, pour des raisons de clarté, de lisibilité et de bonne administration, elle reprend à la fois les éléments toujours pertinents de la décision du 6 février 1998 et les nouveaux éléments qui résultent en particulier des procédures administratives et juridictionnelles intervenues depuis lors et inclut donc tous les doutes que la Commission formule en l'état actuel du dossier.

6)

Pour ce qui concerne la mesure qui lui paraît potentiellement contenir des éléments d'aide, à savoir la commission d'intermédiation versée par la CDC au Crédit Mutuel au titre de la rémunération du service rendu, la Commission demande aux autorités françaises de lui fournir les données actualisées couvrant la période 1999 à aujourd'hui. Concernant la période 1991-1998, la Commission se base sur les chiffres arrêtés à l'issue de la procédure contradictoire qui a suivi l'ouverture de procédure de 1998.

7)

La présente décision s'appuie sur l'ensemble des arguments des autorités françaises, des plaignants et des tiers intéressés qui lui ont été communiqués à ce jour dans le cadre de la décision d'ouverture de procédure de 1998, de l'adoption de la décision finale susmentionnée et de la procédure devant le TPICE pour autant qu'ils présentent un intérêt pour la présente analyse.

8)

La présente décision traite des aides d'État potentielles octroyées au Crédit Mutuel en relation avec le Livret Bleu à travers la rémunération octroyée par la CDC, depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté du 27 septembre 1991. Dans la décision du 15 janvier 2002, qui n'a pas été annulée sur ce point, la Commission avait conclu qu'en raison de la carence de données comptables, il existait une impossibilité pratique de quantifier les éventuelles aides antérieures et qu'il était donc superflu de s'appesantir sur celles-ci (5).

II.   FAITS

Description du Crédit Mutuel

9)

Le Crédit Mutuel est un groupe bancaire décentralisé constitué d'un réseau national de caisses ayant le statut de sociétés coopératives à capital variable. Le Crédit Mutuel est régi par la loi du 10 septembre 1947 qui a posé les principes de la coopération. Il est organisé en trois degrés: local, régional et national.

10)

Les 1 900 caisses locales doivent adhérer à une fédération régionale et chaque fédération à la Confédération nationale du Crédit Mutuel, “organe central” du réseau aux termes de la loi bancaire du 24 janvier 1984. Les Caisses de Crédit Mutuel sont détenues par 6,5 millions de sociétaires. Les Caisses locales sont actionnaires des Caisses fédérales et ces dernières le sont de la Caisse centrale du Crédit Mutuel, qui est l'organisme financier national assurant la liquidité financière des groupes régionaux.

11)

Le Crédit Mutuel est par ailleurs un groupe doté d'une direction unique poursuivant une politique globale. Il maintient une solidarité financière interne au niveau de la confédération qui assure la liquidité des fédérations régionales. Le groupe dispose de fonds propres importants qui facilitent son accès aux marchés des capitaux. Il est acquis que le Crédit Mutuel est une entreprise pouvant réallouer en son sein des aides versées à telle ou telle autre entité interne du groupe. Le groupe présente les caractéristiques d'une entreprise unique au regard du droit de la concurrence, puisqu'il présente un centre de décision unique au niveau central.

12)

Les chiffres ci-dessous ont été fournis sur la base du rapport financier du groupe établi sur le périmètre Crédit Mutuel-CIC (6), incluant l'ensemble des filiales bancaires et d'assurance détenues par les Fédérations et banques régionales. Ce rapport financier est établi par la Confédération Nationale du Crédit Mutuel, organe central du groupe. Il respecte les dispositions du règlement 99-07 du Comité de la Réglementation Comptable (CRC) relatif aux règles de consolidation des entreprises relevant du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière, modifié par le règlement du CRC 2000-04 relatif aux états de synthèse.

13)

Le Crédit Mutuel est une importante banque de détail en France (13,8 millions de clients), avec un réseau d'environ 4 900 points de vente. Le groupe Crédit Mutuel-CIC (7) avait fin 2004 un effectif de 56 760 salariés, un bilan consolidé de 388 Md EUR (milliards d'euros) et dégageait pour l'exercice 2004 un résultat net part du groupe de 1,5 Md EUR. Les marges financières élevées du groupe s'expliquent notamment par un coefficient d'exploitation (le ratio entre les frais généraux et le produit net bancaire) relativement bas (65,9 % en 2004), ce qui situe le Crédit Mutuel parmi les banques françaises ayant les charges les moins élevées. Ce niveau demeure toutefois sensiblement supérieur à celui des banques européennes les plus rentables (8). Le montant de ses fonds propres part du groupe a augmenté de 37 % au cours des trois derniers années (2002/2004) pour atteindre 18 Md EUR en 2004. Son coefficient de solvabilité était de 12,4 % en 2004, soit un niveau très supérieur au minimum réglementaire (9) de 8 %, et supérieur à celui de ses principaux concurrents.

Description du Livret Bleu

14)

Le Livret Bleu est un produit d'épargne créé par le Crédit Mutuel dont il détient la distribution exclusive (10). La défiscalisation partielle de ce livret a été établie par une loi du 27 décembre 1975 (11), dont les modalités d'application ont été définies par différents textes, en particulier l'arrêté du 27 septembre 1991 (12), qui est à l'origine du mécanisme tel qu'il existe aujourd'hui.

15)

Le système actuel vise à collecter des fonds pour les transférer ensuite intégralement à la Caisse des Dépôts et Consignations [“CDC” (13)] afin de financer le logement social (14). Parallèlement, le système vise également à encourager l'épargne des particuliers.

16)

Depuis l'entrée en vigueur dudit arrêté, en contrepartie du transfert, à la CDC, de l'ensemble des fonds collectés sur le Livret Bleu, l'État, par l'intermédiaire de la CDC, verse au Crédit Mutuel:

i)

le taux d'intérêt brut sur les sommes épargnées (2,2 %) dont 2 % sont versés aux épargnants au titre de la rémunération nette de leur épargne et 0,2 % sont re-transférés, au titre du prélèvement libératoire, directement par le Crédit Mutuel à l'État pour le tiers de l'impôt restant dû (15);

ii)

une commission d'intermédiation correspondant à 1,1 % du montant des sommes collectées (16).

17)

Les intérêts perçus sur les sommes déposées sur le Livret Bleu bénéficient d'une exemption fiscale à hauteur des deux tiers. Cela étant, la rémunération des dépôts sur le Livret Bleu est de facto intégralement exemptée pour l'épargnant. Ainsi, l'État — qui fixe le taux d'intérêt rémunérateur du Livret Bleu — a fixé le taux brut de manière à ce que suite au paiement du tiers de l'impôt restant par l'épargnant (17), le taux d'intérêt net soit identique au taux d'intérêt net applicable au Livret A, qui est entièrement exempté de par la loi (18).

18)

Le montant maximum des sommes qui peuvent être versées par les particuliers sur leur Livret Bleu est actuellement de 15 300 EUR. L'encours du Livret Bleu s'élève à 16,4 Md EUR (2004), avec une progression de 5,7 % par rapport à l'année précédente.

19)

De 1975 à 1991, le système était différent. Le Crédit Mutuel ne percevait pas de commission d'intermédiation et devait investir une partie de l'encours dans des “emplois d'intérêt général” (principalement des prêts aux collectivités locales et des souscriptions de valeurs émises par l'État et ses établissements publics) à hauteur de 50 % dans un premier temps pour atteindre progressivement 80 % en 1991. Le reste de l'encours pouvait être utilisé librement par le Crédit Mutuel (19).

20)

Lorsque le système a changé en 1991, une période transitoire a été nécessaire pour passer au système actuel. La centralisation a été entièrement accomplie au premier trimestre 1999.

En milliards de francs et en %

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

Encours moyens annuels

[…] (20)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

 

 

 

 

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Emplois centralisés CDC

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Autres emplois d'intérêt général

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Réserves obligatoires/liquidité

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Total emplois réglementés

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Total emplois libres

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Données: Crédit Mutuel, Arthur Andersen.

IV.   APPRÉCIATION PRÉLIMINAIRE DE LA MESURE AU REGARD DE LA JURISPRUDENCE ALTMARK

21)

En l'espèce, les autorités françaises ont invoqué l'existence d'un service d'intérêt économique général lié au mécanisme du Livret Bleu pour justifier l'octroi de la commission d'intermédiation. Cet aspect est abordé ci-après.

22)

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que les compensations de service public ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87 paragraphe 1 du traité, si elles remplissent certaines conditions. La Cour a fixé les conditions suivantes dans son arrêt Altmark du 24 juillet 2003 (21):

premièrement, l'entreprise bénéficiaire a effectivement été chargée de l'exécution d'obligations de service public et ces obligations ont été clairement définies et ressortent distinctement de la législation nationale et/ou des licences en cause;

deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation ont préalablement été établis de façon objective et transparente;

troisièmement, la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y afférent ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations;

quatrièmement, lorsque le choix de l'entreprise en charge de l'exécution d'obligations de service public n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public, le niveau de la compensation nécessaire a été déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée afin de pouvoir satisfaire aux exigences de service public requises, aurait encourus pour exécuter ces obligations, en tenant compte des recettes y afférent ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations.

Qualification préliminaire du Livret Bleu comme service d'intérêt économique général

23)

Selon les autorités françaises, conformément à la Loi de 1975 susmentionnée et ses décrets d'application, le service d'intérêt économique général confié à Crédit Mutuel consiste en trois missions distinctes: i) incitation à l'épargne populaire; ii) collecte de dépôts destinés au logement locatif social; et iii) maintien de guichets dans certaines zones pour des objectifs d'aménagement du territoire.

24)

En ce qui concerne la mission mentionnée sous i) ci-dessus, ni les autorités françaises ni le Crédit Mutuel n'ont argué de coûts spécifiques qui lui soient imputables. À ce stade, la Commission n'a non plus identifié aucun coût spécifique afférent à cette mission. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur la qualification de cette mission en tant que service d'intérêt économique général au sens de l'article 86 CE.

25)

En ce qui concerne la mission mentionnée sous ii) ci-dessus elle peut être considérée, prise dans sa globalité, comme une mission d'intérêt économique général impartie par l'État au sens de l'article 86 CE. La Commission note à cet égard que les États membres disposent d'un large pouvoir d'appréciation quant à la nature des services susceptibles d'être qualifiés d'intérêt économique général et que, dans ce contexte, les autorités françaises n'ont pas procédé à une erreur manifeste d'appréciation.

26)

En ce qui concerne la mission mentionnée sous iii) ci-dessus, et pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 25 ci-dessus, la Commission reconnaît que le maintien de guichets dans certaines zones pour des objectifs d'aménagement du territoire puisse être considéré, par un État membre, comme étant un service d'intérêt économique général au sens de l'article 86 CE.

Application préliminaire des conditions de la jurisprudence Altmark

27)

En ce qui concerne la première condition d'Altmark (cf. point 22 premier tiret ci-dessus) La Commission considère que, les dispositions de l'article 9 de la loi de 1975 susmentionnée et ses décrets d'application dont notamment l'arrêté du 27 septembre 1991 susmentionné qui a trait à la collecte de fonds en vue du financement du logement social (tel que défini aux articles R323-10 et R331 du Code de la Construction et de l'Habitation), confient clairement au Crédit Mutuel la mission mentionnée au point 23 sous ii) ci-dessus.

28)

La Commission estime que la loi relative à l'ouverture et à la fermeture des agences bancaires abrogée en 1987 et le règlement no 2986 du Comité de la Réglementation Bancaire n'ont pas imposé de contraintes spécifiques d'implantation au Crédit Mutuel en ce qu'ils s'appliquaient au secteur bancaire dans son ensemble. En ce qui concerne le régime de contrôle qui aurait été maintenu pour le Crédit Mutuel de 1987 à 1991, la Commission considère à ce stade que ces actes restent beaucoup trop vagues pour conférer, au Crédit Mutuel, la mission mentionnée au point 23 sous iii) ci-dessus au sens de l'article 86 CE. Il n'apparaît pas comme ayant été appliqué dans le cadre d'un plan précis d'aménagement du territoire imposant à la banque un cahier des charges ou d'autres obligations en terme de couverture géographique par les agences. Ni l'État ni le Crédit Mutuel n'ont produit de document prouvant que le régime instauré a contrarié les projets de reconstruction ou de redéploiement du réseau de la banque (par exemple sous la forme du refus de la fermeture d'une agence par le Comité des Établissements de Crédit).

29)

Il résulte de ce qui précède que postérieurement à 1991, aucun acte n'existe sur la base duquel le Crédit Mutuel aurait été investi, au sens de l'article 86 CE, de la mission mentionnée au point 23 sous iii) ci-dessus. Pour la période couvrant la période 1987-1991, et pour les raisons mentionnées ci-dessus, la Commission a des doutes que les actes invoqués, et d'ailleurs non communiqués à ce jour, puissent être considérés comme ayant conféré au Crédit Mutuel, en liaison ou non avec la distribution du Livret Bleu, au sens de l'article 86 CE, la mission mentionnée au point 23 sous iii) ci-dessus.

30)

En ce qui concerne la seconde condition d'Altmark (cf. point 22 deuxième tiret ci-dessus). La Commission comprend que la commission d'intermédiation a été fixée ex ante par une convention entre l'État et le Crédit Mutuel. À ce stade, dans la mesure où elle n'a pas encore eu connaissance du contenu de cette convention, la Commission ne peut s'assurer que son taux ait été fixé de manière objective et transparente et que des paramètres de calcul, de contrôle et de révision ont été fixés. Les autorités françaises n'ont pas fait état des dispositions en la matière.

31)

En ce qui concerne le troisième critère d'Altmark (cf. point 22 troisième tiret ci-dessus). La Commission est d'avis qu'il pourrait ne pas être rempli. Il ne peut être en effet établi que la compensation annuelle n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts du Crédit Mutuel inhérents à la mission de service public telle que définie au point 23 sous ii) ci-dessus. En effet, d'après le rapport du consultant, il existerait une surcompensation d'un montant de […],[…],[…] et […] MF pour les années 1991, 1992, 1993 et 1998, respectivement.

32)

En ce qui concerne le quatrième critère d'Altmark (cf. point 22 quatrième tiret ci-dessus). Il y a lieu de noter que l'État n'a pas assigné cette mission au mieux disant par une procédure d'appel d'offres, mais directement par négociation avec le Crédit Mutuel, ce qui ne donne a priori aucune garantie quant au niveau approprié ou non de la rémunération. Les autorités françaises n'ont en outre pas démontré à ce stade que le niveau de compensation ait été déterminé par référence aux coûts d'une entreprise moyenne bien gérée opérant dans le secteur bancaire. En effet, il ne suffit pas aux autorités françaises de souligner que le Crédit Mutuel est une entreprise bien gérée pour établir que le niveau de compensation a été déterminé sur la base d'une analyse des coûts que supporterait une entreprise bien gérée au sens de l'arrêt Altmark.

33)

Il résulte de ce qui précède que la mesure en cause paraît ne pas satisfaire à la jurisprudence Altmark et que, en conséquence, elle pourrait constituer une aide d'État.

V.   APPRÉCIATION DE LA MESURE AU REGARD DE L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ

34)

L'Article 87, paragraphe 1, du traité prévoit que sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent le commerce entre État membre, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que se soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

35)

Le mécanisme du Livret Bleu tel qu'il résulte de l'arrêté du 27 septembre 1991 précité peut être ainsi décomposé:

A.

Le Crédit Mutuel rémunère l'épargne collectée sur le Livret Bleu à un taux imposé par l'État;

B.

Le Crédit Mutuel transfère l'épargne collectée à la CDC au même taux;

C.

En rémunération pour cette activité, le Crédit Mutuel perçoit de la CDC une commission d'intermédiation.

36)

L'opération A n'implique aucune ressource d'État et ne saurait donc contenir une aide au sens de l'article 87 CE. Le taux payé par la CDC au Crédit Mutuel étant le même que celui payé par le Crédit Mutuel aux épargnants, l'opération B ne confère aucun avantage au Crédit Mutuel ce qui exclut également la présence d'aide au sens de l'article 87 CE. Seule l'opération C (commission d'intermédiation) sera donc analysée ci-après.

La Commission d'intermédiation

Critère relatif aux ressources d'État

37)

La commission d'intermédiation est versée directement par la CDC au Crédit Mutuel. Or, la CDC (22) est une entreprise publique qui agit en l'occurrence pour le compte de l'État et le montant de la commission d'intermédiation est fixé par l'État pour compenser des obligations de service public. Le critère relatif aux ressources d'État est donc rempli.

Critère relatif à l'avantage sélectif

38)

Étant donné qu'elle constitue un transfert de ressources d'État en faveur de Crédit Mutuel, la commission d'intermédiation améliore la situation économique de cette banque. Dans la mesure où les critères de la jurisprudence Altmark ne sont pas remplis, et la commission d'intermédiation est octroyée exclusivement au Crédit Mutuel, cette mesure comporte un avantage sélectif pour son bénéficiaire.

Critères selon lesquels l'aide devrait fausser ou menacer de fausser la concurrence et affecter les échanges entre États membres

39)

L'avantage octroyé au Crédit Mutuel, est de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges intracommunautaires. En effet, la Commission note que le Crédit Mutuel est actif dans le secteur bancaire, qui est un marché concurrentiel faisant l'objet d'échanges intracommunautaires. Ainsi, “lorsqu'une aide financière accordée par l'État renforce la position d'une entreprise par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intracommunautaires, ces derniers doivent être considérés comme influencés par l'aide” (23).

40)

L'effet sur les échanges d'aides accordées à un établissement bancaire est notamment sensible (24) parce qu'un établissement peut exercer des activités bancaires dans les autres États membres par l'intermédiaire de succursales (dont l'ouverture n'est plus soumise à agrément) et parce que la libre prestation de services transfrontalière a été parachevée.

41)

La Commission a en outre examiné les arguments présentés par le Crédit Mutuel sur la compétence territoriale limitée des caisses locales de Crédit Mutuel et de l'absence d'impact sur les échanges résultant d'un tel mécanisme. Toutefois, lorsqu'un État membre consent une aide à une entreprise active sur les marchés des services et de la distribution, il n'est pas nécessaire que son bénéficiaire ait des activités en dehors de son État membre pour que le commerce entre États membres soit affecté (25). En l'espèce, l'activité en cause fait bien l'objet d'échanges intra-communautaires.

42)

Il y a lieu de mentionner que pour autant que cette mesure soit une aide, cette aide est illégale car elle n'a pas été notifiée à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, CE.

VI.   COMPATIBILITÉ DE L'AIDE ÉVENTUELLE AVEC LE MARCHÉ COMMUN

43)

Dans la mesure où elle contient des éléments d'aide d'État, la Commission doit analyser la compatibilité de ladite mesure avec le marché commun.

44)

Ainsi que décrit ci-dessus, la Commission a accepté que le système en cause ait comme mission qualifiée de service d'intérêt économique général la collecte de dépôts destinés au logement locatif social. En conséquence elle analyse la compatibilité éventuelle de la mesure en cause avec l'article 86, paragraphe 2, du traité. Il y a lieu de mentionner qu'à ce stade aucune autre dérogation telle que mentionnée aux paragraphes 2 et 3 de l'article 87 ne paraît applicable.

45)

Dans sa communication sur les services d'intérêt général en Europe (26), la Commission souligne au point 26 que pour que l'article 86, paragraphe 2, du traité s'applique, toutes les conditions prévues par cette disposition doivent être remplies et en particulier, que la rémunération ne soit pas supérieure aux coûts nets supplémentaires générés par la mission confiée à l'entreprise concernée.

46)

Le montant de la compensation ne peut dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'entreprise du fait de l'exécution des obligations de service public en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations. Le montant de la compensation comprend tous les avantages accordés par l'État ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit.

47)

Une compensation excédant ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts supportés par l'entreprise concernée ne serait pas indispensable à la gestion du service d'intérêt économique général et ne respecterait donc pas le principe de proportionnalité.

48)

En l'espèce, si la compensation reçue de l'État par le Crédit Mutuel au titre de la mission de service public, excédait les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable pour l'exécution de ces obligations, le principe de proportionnalité ne serait pas respecté et la mesure ne pourrait être déclarée compatible au titre de l'article 86, paragraphe 2, du traité.

Identification des résultats du système

49)

Une étude globale des résultats a été faite par un consultant recruté par la Commission comprenant tant la mesure contenant potentiellement des aides d'État que les revenus du système (27).

50)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne vise dans la présente procédure comme mesure pouvant éventuellement contenir des éléments d'aide que la commission d'intermédiation. Elle considère comme revenus du système les produits résiduels (28) tirés des emplois d'intérêt général et des emplois libres. Les éventuels bénéfices indirects liés au droit exclusif de distribution du Livret Bleu devraient également normalement être pris en compte dans l'analyse comme revenus du système pour autant qu'ils puissent être précisément identifiés et quantifiés.

51)

Si les emplois libres correspondent à la partie non règlementée du système du Livret Bleu et par là même non assignée à une quelconque obligation de service public, il n'en reste pas moins que ces emplois sont, en comptabilité analytique, adossés à une ressource spécifique, les dépôts collectés grâce à la distribution du Livret Bleu. Dans des conditions de marché concurrentielles, le Crédit Mutuel n'aurait peut-être pas été en mesure de se procurer cette ressource au même coût, de sorte que ces emplois et ressources correspondantes doivent être pris en compte dans l'économie globale du système Livret Bleu. En outre, selon le Crédit Mutuel, les emplois libres sont de facto contraints par la nécessité d'équilibrer par des emplois de court terme les emplois d'intérêt général qui sont investis à long terme, de manière à pouvoir faire face aux retraits des épargnants. On peut donc considérer, que les choix d'investissement réalisés pour les emplois libres et les emplois d'intérêt général sont intrinsèquement liés. En tout état de cause, le taux d'intérêt brut pour les fonds destinés aux emplois libres étant imposé par l'État, il n'est pas possible de considérer ces emplois comme totalement autonomes par rapport au reste du système Livret Bleu.

52)

S'agissant d'autres revenus éventuels du système, on constate que la distribution du Livret bleu n'apporte en l'espèce aucun autre revenu direct que la commission d'intermédiation au Crédit Mutuel, dans la mesure où l'encours collecté est intégralement centralisé auprès de la CDC et où le Livret Bleu ne fait pas l'objet d'une vente ou de facturation aux clients particuliers. Il n'en demeure pas moins qu'il ne peut être exclu à ce stade que le système puisse engendrer des revenus indirects liés à la vente d'autres produits. Du point de vue de l'épargnant, le Livret Bleu serait attractif principalement en raison de sa défiscalisation. Ce produit présente aussi d'autres caractéristiques attractives telles que sa liquidité et son absence de risque.

53)

Pour le Crédit Mutuel, le fait de distribuer un tel produit pourrait favoriser une attraction et une fidélisation (29) de la clientèle à moindre coût. Dans une telle hypothèse, l'avantage octroyé au Crédit Mutuel serait donc un avantage indirect qui pourrait être défini comme une réduction de coût de distribution et/ou de production d'autres produits bancaires (30) mais qui reste à quantifier.

54)

En définitive, les résultats à prendre en considération doivent inclure tous les résultats tirés du service d'intérêt économique général, c'est-à-dire, tous les produits associés aux droits spéciaux ou exclusifs accordés au Crédit Mutuel ou liés à l'exécution des services d'intérêt économique général dont le Crédit Mutuel est chargé. Cela doit être reflété dans la comptabilité de Crédit Mutuel conformément à la Directive 80/723/CEE du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (31).

Paramètres de calcul d'une potentielle surcompensation

55)

En ce qui concerne les données pour la période 1991-1998, la Commission souligne à titre préalable que, dans le cadre de la marge d'appréciation qui lui a été reconnue par la jurisprudence communautaire dans l'appréciation de faits économiques complexes dans le domaine notamment de la concurrence (32), elle a apprécié la valeur probante du rapport de son consultant lors de l'adoption de la décision du 15 janvier 2002 et est parvenue à la conclusion que son contenu était suffisamment objectif et étayé pour servir de base à son analyse du système du Livret Bleu au regard des règles sur les aides d'État. La Commission reprend en Annexe I les raisons l'ayant conduite à réfuter les commentaires de l'expert du Crédit Mutuel (Arthur Andersen) sur les quelques points de divergences subsistants entre ce dernier et son consultant.

56)

La Commission note par ailleurs sur ce point que dans l'arrêt annulant la décision relative au Crédit Mutuel de 2002, le Tribunal n'a pas contesté l'exactitude matérielle des faits et n'a pas retenu d'erreur manifeste d'appréciation. Aucun élément nouveau n'ayant été identifié à ce jour, elle n'estime pas nécessaire de réévaluer les données couvrant la période 1991-1998.

57)

Avant de reprendre les résultats de l'analyse menée par son consultant, une remarque méthodologique s'impose. Les travaux d'estimation du consultant se sont heurtés à l'absence d'une véritable comptabilité analytique du Livret Bleu et d'un traitement homogène de la comptabilité de chaque fédération du Crédit Mutuel. La reconstruction comptable du coût par activité est donc fondée sur la structure comptable d'une année (1996), les autres années ayant été extrapolées à partir de cette structure. Elle est fondée sur un échantillon de fédérations, dont les ratios de gestion sont ensuite extrapolés au produit net bancaire de la confédération. C'est la meilleure estimation dont la Commission peut disposer à l'issue des quatre expertises effectuées par son consultant ou par le Crédit Mutuel.

58)

Le consultant tient compte des différents coûts et produits du mécanisme pour le Crédit Mutuel, en séparant l'analyse en trois parties, selon l'affectation des ressources collectées: les ressources centralisées à la CDC, celles affectées aux emplois d'intérêt général ou celles affectées aux emplois libres (33). La méthode permet aussi de prendre en compte une rémunération normale des fonds propres.

59)

Il convient dans un premier temps de décrire succinctement le cadre méthodologique de construction de la comptabilité analytique du Crédit Mutuel. L'ensemble des activités du Crédit Mutuel est découpé en six métiers:

i)

l'épargne (à l'intérieur duquel on distingue trois activités: la collecte de dépôts sur Livret Bleu, la collecte des autres dépôts et les autres formes d'épargne);

ii)

le crédit;

iii)

l'assurance (IARD);

iv)

la gestion des moyens de paiement;

v)

la gestion de la trésorerie et des opérations sur titre;

vi)

le fonds de roulement.

60)

La construction de la comptabilité analytique revient à évaluer la part des produits, et la part des frais généraux, que l'on peut affecter à chacun de ces métiers. Toute la construction est donc très sensible à des hypothèses relevant des choix d'affectation des résultats et des coûts de la banque. Dans ce cadre, le rôle du consultant et de la Commission s'est limité dans une large mesure à contrôler les incohérences internes de la construction proposée ou des correctifs ajoutés a posteriori à cette construction.

61)

Suite à la première évaluation du résultat de comptabilité analytique du Livret Bleu fournie par le Crédit Mutuel (et certifiée par les auditeurs de Mazars et Guérard), une nouvelle estimation a été effectuée par le consultant. Le Crédit Mutuel a sollicité les services des auditeurs d'Arthur Andersen pour une revue complète de la méthodologie et des données comptables permettant d'établir le compte d'exploitation du Livret Bleu. Arthur Andersen a retenu la même construction du compte d'exploitation du Livret Bleu. En revanche, deux modifications relatives au traitement et aux données utilisées ont été introduites par rapport aux études précédentes ainsi que trois correctifs ad hoc:

i)

l'extension de l'échantillon d'origine utilisé par le Crédit Mutuel à deux nouvelles fédérations, le Crédit Mutuel […] et le Crédit Mutuel […];

ii)

l'affinement des clefs d'affectation des frais (généraux) de relation commerciale après-vente;

iii)

les correctifs ad hoc relatifs à la méthode de correction de la surpondération de l'activité IARD dans l'échantillon, la méthode de calcul du coût des fonds propres et l'introduction d'un coût de couverture de la responsabilité des sociétaires.

62)

Le consultant avait déjà utilisé pour son évaluation un échantillon élargi au Crédit Mutuel […]. Il a par conséquent contrôlé les modalités d'incorporation des nouvelles données du Crédit Mutuel […] et a validé l'utilisation des données de l'échantillon élargi. Si l'échantillon constitué à l'origine par le Crédit Mutuel représentait […] % des frais généraux du groupe, après intégration des deux plus importantes fédérations régionales du Crédit Mutuel, l'échantillon représentait désormais […] % des frais généraux du groupe.

63)

Un point de désaccord entre l'évaluation initiale du Crédit Mutuel et celle du consultant portait sur l'imputation des frais généraux au titre de la relation clientèle après-vente. Après certaines améliorations apportées par Arthur Andersen, le Crédit Mutuel et le consultant se sont accordés sur une méthode commune d'imputation des frais généraux.

64)

Au stade de la constitution de l'échantillon, du choix des données comptables et leur traitement dans le compte d'exploitation du Livret Bleu, l'évaluation d'Arthur Andersen et celle du consultant se sont révélées concordantes. Les seuls points de désaccord concernaient les correctifs ad hoc susmentionnés retenus par Arthur Andersen.

65)

Sur ce dernier point, la mission d'examen par le consultant des travaux d'Arthur Andersen n'ayant pas pu aboutir à un accord entre le consultant et le Crédit Mutuel, il appartient à la Commission de trancher entre les propositions de son consultant et celles des auditeurs d'Arthur Andersen mandatés par le Crédit Mutuel. Les principaux éléments retraçant les raisons ayant conduit à se reposer sur l'analyse du consultant sont repris en Annexe I de la présente décision.

Evaluation d'une potentielle surcompensation

66)

Les résultats des différentes expertises intermédiaires effectuées avant l'évaluation finale du consultant qui a été retenue par la Commission seront repris ci-après pour information.

67)

Par souci de clarté, en ce qui concerne les résultats, seront examinés successivement les résultats sur les emplois centralisés auprès de la CDC puis ceux résultant des produits résiduels. Les éventuels résultats liés à la distribution exclusive du Livret Bleu n'ont pu être quantifiés. Il incombe le cas échéant aux Autorités françaises de fournir les éléments nécessaires à une telle quantification.

Emplois centralisés auprès de la CDC

68)

Les travaux du consultant montrent que sur la période 1991-98 cette partie de l'encours a généré des revenus bruts de plus de […]MdF. Après déduction des coûts y afférents, le consultant conclut que le bilan de cette activité est redevenu bénéficiaire en 1998 de 26 MF après des pertes tout au long des années 90.

Tableau 4

Résultats nets du Livret bleu sur les emplois centralisés auprès de la cdc pour la periode 1991-98 (marge nette en MF)

Marge (en MF)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Est. initiale Crédit Mutuel

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Est. initiale du consultant

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Contre-expertise AA

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Estimation Commission

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sources: Arthur Andersen, Littlejohn Frazer. L'estimation Commission est fondée sur le travail final de Littlejohn Frazer après les corrections apportées suite à la contre-expertise d'Arthur Andersen.

69)

Cette estimation incluant la commission d'intermédiation qui doit être considérée comme une compensation étatique, il y a lieu de la déduire afin d'obtenir une estimation des résultats hors compensation.

Tableau 4 bis

 

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Estimation (Tableau 4)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Commission d'intermédiation (compensation)

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Résultats hors compensation

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

70)

La Commission procèdera, dans le cadre de l'extension de la présente procédure, à l'analyse des données concernant la période 1999-2005. À ce stade, elle note que le Crédit Mutuel a pu, au cours de cette période, profiter de gains de productivité sur la gestion du Livret Bleu.

71)

Ainsi, une étude de la Banque Centrale Européenne (34), conclut que les développements technologiques offrent aux banques des opportunités de réduction des coûts des transactions bancaires qui peuvent être significatives et que ces mêmes développements accéléreront ce processus de manière significative.

72)

À cet égard le fait que le coût de gestion du Livret Bleu ait diminué chaque année de 1993 à 1998 est très révélateur. Le graphique ci-dessous (35), qui compare le coût de gestion du Livret Bleu pour Crédit Mutuel avec la commission de collecte perçue, pour la période 1991/1998, peut faire supposer la poursuite de gains de productivité pour les années postérieures à 1998.

Image

Les emplois d'intérêt général (EIG) résiduels

73)

Les emplois d'intérêt général ont dégagé des produits bruts de près de […] MdF sur la période 1991-98. Après déduction des coûts y afférents, la marge résiduelle pour le Crédit Mutuel avoisine […] MdF. Il est à noter que l'évaluation initiale du Crédit Mutuel était très supérieure.

Tableau 5

Résultats nets du Livret bleu sur les emplois d'intérêt général pour la periode 1991-98 (marge nette en MF et pourcentage)

Marge (en MF)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Est. initiale Crédit Mutuel

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Est. initiale du consultant

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Contre-expertise AA

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Estimation Commission

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sources: Arthur Andersen, Littlejohn Frazer.

74)

Ce niveau élevé s'explique par le fait qu'il s'agit d'emplois à long terme octroyés à des taux nominaux élevés et fixes qui ont bénéficié de la chute des taux d'intérêts dans les années 1990. Un second facteur explicatif non négligeable tient au fait qu'il s'agit d'emplois sans risque puisque bénéficiant de la garantie de l'État. La rentabilité de ces emplois n'était donc pas affectée par un éventuel besoin de provisionnement lié à l'insolvabilité des bénéficiaires. Le Crédit Mutuel s'oppose à la prise en compte de ces bénéfices dans la mesure où ils résulteraient de produits sur des prêts effectués ou obligations achetées avant 1991. La Commission considère au contraire qu'eu égard aux importants bénéfices réalisés à partir de 1991 sur ces emplois, l'État aurait dû en tenir compte pour fixer le niveau de la commission d'intermédiation.

Les emplois libres résiduels

75)

Les emplois libres ont généré des marges négatives pour le Crédit Mutuel. Le consultant a obtenu un résultat allant dans le même sens, même s'il a estimé un résultat négatif inférieur en valeur absolue à celui déclaré par le Crédit Mutuel. Cette situation est en principe due au fait que les emplois ont dégagé un taux de rentabilité insuffisant par rapport au taux de rémunération et aux frais de gestion du Livret Bleu. La Commission considère que ces données illustrent à nouveau le caractère extrêmement prudent de l'estimation du Consultant, qui en intégrant certaines corrections proposées par Arthur Andersen, parvient à l'estimation d'une perte plus forte que celle évaluée initialement par le Crédit Mutuel.

Tableau 6

Compte d'exploitation du Livret bleu sur les emplois libres pour la periode 1991-98 (marge nette en MF et en pourcentage)

Marge (en MF)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Est. initiale Crédit Mutuel

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Est. initiale du consultant

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Contre-expertise AA

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Estimation Commission

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Sources: Arthur Andersen, Littlejohn Frazer.

Synthèse: le résultat global du compte d'exploitation (hors compensation)

76)

La synthèse des évaluations par métier donne l'évaluation finale suivante du compte d'exploitation du Livret Bleu.

Tableau 7

Compte d'exploitation du Livret bleu par emplois pour la periode 1991-98 (marge nette en MF et en pourcentage)

(en MF)

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Encours centralisé CDC

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

EIG

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Emplois libres

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Marge totale av. impôt

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

77)

Dans la mesure où pour une année donnée, le montant de la compensation, définie comme la somme de tous les avantages accordés par l'État ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit excède les coûts engagés par le Crédit Mutuel pour la gestion de la collecte et des encours, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable, il existe une surcompensation pour l'année en question.

78)

La Commission retient une base annuelle pour son évaluation d'une potentielle surcompensation car les coûts du service public au titre des coûts de collecte et de gestion de l'épargne réglementée sous le mécanisme du “Livret Bleu” sont des coûts comptabilisés sur base annuelle par le Crédit Mutuel et sont compensés sur la même base annuelle par les autorités françaises (36).

79)

Il résulte du tableau suivant que la compensation est injustifiable pour les années 1991, 1992, 1993 puisque le système conduit à des bénéfices allant au delà d'une rémunération normale des fonds propres (voir point 73). En 1998, une surcompensation de 20M FF est observable.

année

coût net en tenant compte des recettes

compensation (commission d'intermédiation)

surcompensation

1991

[…]

[…]

10

1992

[…]

[…]

60

1993

[…]

[…]

110

1994

[…]

[…]

0

1995

[…]

[…]

0

1996

[…]

[…]

0

1997

[…]

[…]

0

1998

[…]

[…]

20

TOTAL

[…]

[…]

200

80)

Dans la mesure où elle ne satisfait pas aux conditions susmentionnées de l'article 86 paragraphe 2 du traité, la surcompensation ne saurait être justifiée et devrait être recouvrée au titre d'aide incompatible avec l'article 87, paragraphe 1, du traité.

81)

La Commission souligne que cette analyse provisoire demande en outre à être complétée par les années restant à couvrir et ceci jusqu'à la fin du système actuel.

VII.   PRINCIPE DE CONFIANCE LÉGITIME

82)

La Commission considère que ni Crédit Mutuel ni les autorités françaises ne peuvent invoquer une quelconque confiance légitime au regard de la conformité des mesures en question avec les règles sur les aides d'État. Des échanges continus de correspondance dans le courant de l'instruction à partir de 1991, de nombreuses expertises menées à partir de l'ouverture de procédure, excluent de reconnaître toute confiance légitime dans le cas d'espèce à partir du dépôt de la plainte. Ces échanges montrent à l'évidence que les autorités françaises et le Crédit Mutuel étaient pleinement informés de l'existence d'un problème de compatibilité avec les règles de la concurrence dès 1991.

VIII.   CONCLUSION

83)

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission ne peut à ce stade, au vu des informations disponibles jusqu'en 1998 et compte tenu du fait qu'elle ne dispose plus d'information relative au mécanisme du Livret Bleu après cette date, préjuger de l'applicabilité de l'exemption prévue à l'article 86, paragraphe 2, du traité. Étant donné que la commission d'intermédiation est susceptible de contenir des éléments d'aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il est décidé d'étendre la procédure formelle d'examen selon l'article 88, paragraphe 2, du traité. La Commission invite dès lors la République française, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du Traité, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation des mesures en question dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente lettre. Notamment, la Commission invite la République française à répondre aux questions suivantes:

En ce qui concerne l'actualisation des données concernant la comptabilité analytique du Livret bleu:

84)

Fournir, sur une base annuelle pour la période 1999 à aujourd'hui, les coûts encourus par le Crédit Mutuel pour distribuer le Livret bleu, ainsi que les revenus provenant de la commission d'intermédiation versée par la CDC.

85)

D'après la Directive 80/723/CEE (37) du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises, le Crédit Mutuel est une “entreprise soumise à l'obligation de tenir des comptes séparés” et le Livret Bleu est une activité différenciée. Par conséquent, la Commission requiert aux autorités de la République française la communication des données relatives à la structure financière et organisationnelle visée à l'article 1er, paragraphe 2, de la dite Directive, pour les années 1999 à 2005, conformément à l'article 5 de la Directive. Veuillez indiquer si ces comptes séparés suivent la méthodologie et respectent les hypothèses du rapport du consultant de la Commission du 23 juillet 2001. Le cas échéant, veuillez indiquer quelles sont les hypothèses considérées par le Crédit Mutuel pour autant qu'elles différent de celles du consultant de la Commission, ainsi que des éventuelles différences de méthodologie utilisées lors de l'établissement des comptes séparés.

En ce qui concerne la commission d'intermédiation:

86)

Expliquer les raisons des baisses récentes de la commission d'intermédiation sur le Livret Bleu (passage de 1,3 à 1,2 puis 1,1 % de l'encours). Merci de fournir tout document ayant éclairé cette prise de décision (rapport administratif, note interne…).

87)

Préciser le moyen juridique utilisé (arrêté…) pour diminuer la commission d'intermédiation.

88)

Un mécanisme de correction des sous ou surcompensation existe-t-il ou est-il prévu? La commission d'intermédiation versée annuellement est-elle acquise au Crédit Mutuel ou peut-elle être révisée en fonction de l'évaluation des coûts réels encourus?

89)

Fournir le montant des commissions versées au Crédit Mutuel de 1999 à 2005 en euro, sur base annuelle, ainsi que le montant des encours collectés et centralisés à la CDC.

En ce qui concerne le Livret Bleu:

90)

Veuillez fournir un exemplaire actualisé de contrat “Livret Bleu”.

91)

Le Crédit Mutuel supporte-t-il une obligation d'ouvrir un Livret Bleu à toute personne qui en fait la demande? Si oui, merci de fournir le texte lui imposant cette obligation.

92)

Décrire le service offert aux clients pour le Livret Bleu (gratuité des opérations, gestion à distance, ordres par téléphone, dématérialisation des livrets, possibilité ou non d'encaisser des chèques sur le compte et/ou de payer moyennant un chèque débité sur le livret bleu directement, possibilité d'avoir une carte de crédit/débit liée au livret bleu, possibilité de domicilier des factures sur un Livret Bleu…).

En ce qui concerne les caractéristiques des titulaires de Livrets Bleu (38):

93)

Préciser si vos autorités considèrent que les détenteurs du livret bleu présentent des caractéristiques distinctes de la moyenne de la population.

94)

Fournir une décomposition par décile des détenteurs de Livrets bleu en fonction du montant en compte (10 % des détenteurs ont un encours inférieur à X EUR, les 10 % suivants…).

95)

Fournir sur une base annuelle, pour la période 2003-2005, la proportion de clients du Crédit Mutuel âgés de plus de 18 ans (i) seulement détenteurs d'un livret bleu (seul produit détenu auprès de Crédit Mutuel), (ii) détenant également un autre livret à taux réglementé, (iii) détenant également un autre compte d'épargne.

En ce qui concerne l'utilisation des fonds collectés sur le Livret Bleu:

96)

Expliquer l'impact financier entre le Crédit Mutuel et la Caisse des Dépôts et Consignations d'un retrait net par les épargnants sur leur livret bleu (qui supporte le risque d'illiquidité?). Expliquer le mécanisme en cause et indiquer sa périodicité (ajustements journaliers/mensuels/autres?).

97)

Détailler les investissements réalisés par le Crédit Mutuel concernant les emplois d'intérêt général et les emplois libres qui ont continué à courir jusqu'en 1999. Détailler dans quelle mesure les investissements dans les emplois d'intérêt général étaient ou non réservés au Crédit Mutuel avant que n'intervienne la déréglementation. Expliquer la méthode utilisée pour déterminer les profits/pertes de ces investissements. Indiquer si le fait d'utiliser les emplois d'intérêt général pour des investissements de long terme impliquait nécessairement pour le Crédit Mutuel une marge de manœuvre plus limitée sur ses choix d'investissement pour les emplois libres (par exemple investissements de court terme pour compenser les emplois de long terme réalisés sur les emplois d'intérêt général).

98)

Détailler l'utilisation que fait la CDC des fonds collectés sur les livrets bleu pour les années 1991 à 2005 (taux d'utilisation des fonds pour le logement social, autres destinations, le cas échéant raisons de l'absence d'utilisation exclusive à destination du logement social).

En ce qui concerne les ratios de solvabilité du Crédit Mutuel:

99)

Indiquer si les sommes récoltées par le Crédit Mutuel sur les Livrets Bleu (et transférées à la CDC) sont prises en compte en tant que risques pondérés pour le calcul du besoin de fonds propres nécessaires à la marge de solvabilité. Le cas échéant préciser le pourcentage de pondération.

100)

Indiquer les pourcentages de pondération du risque pour les besoins de fonds propres nécessaires à la marge de solvabilité appliqués aux investissements effectués avec les sommes récoltées via les autres produits d'épargne.

Demande de documentation:

101)

Veuillez confirmer si, dans le cadre de la présente procédure, la Commission peut avoir accès aux données que Crédit Mutuel aurait éventuellement communiqué à la Commission lors de l'enquête dans le secteur de la banque de détail en ce qui concerne la fourniture de produits et services bancaires dans la Communauté.

102)

Merci de bien vouloir fournir le rapport de l'inspection des finances, dit rapport “Lépine”, sur le livret A.

103)

Merci de bien vouloir fournir tout document ou extrait de document détaillant les relations entre le Crédit Mutuel et l'État concernant le Livret Bleu.

104)

Merci de bien vouloir fournir tout document ou extrait de document détaillant les relations entre le Crédit Mutuel et la CDC concernant le livret bleu.

105)

Merci de bien vouloir fournir tout document de stratégie ou de marketing du Crédit Mutuel se référant au livret bleu (business plan, analyse marketing interne…).

106)

Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre à Crédit Mutuel.

107)

La Commission rappelle à la République française l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.

108)

Par la présente, la Commission avise la République française qu'elle informera les intéressés par la publication de la présente lettre et d'un résumé de celle-ci au Journal officiel de l'Union européenne. Elle informera également les intéressés dans les pays de l'AELE signataires de l'accord EEE par la publication d'une communication dans le supplément EEE du Journal Officiel, ainsi que l'autorité de surveillance de l'AELE en leur envoyant une copie de la présente. Tous les intéressés susmentionnés seront invités à présenter leurs observations dans un délai d'un mois à compter de la date de cette publication.

ANNEXE 1

Explicitations des points de désaccord entre la Commission et Crédit Mutuel sur la comptabilité du Livret Bleu

1.   La méthode de correction de la surpondération de l'activité IARD dans l'échantillon

109)

La Commission estime que le constat d'un biais de surreprésentation du métier IARD dans l'échantillon ne signifie nullement que les frais de gestion alloués au métier épargne sont insuffisants. Crédit Mutuel fait valoir qu'une telle surreprésentation ne peut demeurer sans traitement alors que tous les autres métiers apparaissent correctement représentés dans l'échantillon. Crédit Mutuel reproche à la Commission de refuser tout correctif en invoquant son désaccord avec la méthode de correction proposée par Arthur Andersen. Crédit Mutuel rappelle que le Consultant s'est refusé à rechercher une autre méthode au prétexte que son mandat se limitait à la vérification de la méthode employée par Arthur Andersen. Crédit Mutuel est d'avis que la Commission avait le devoir, en application du principe de bonne administration et d'impartialité, de permettre au Consultant de rechercher une solution au problème qu'il avait lui-même identifié.

110)

La Commission considère que la méthodologie employée par Arthur Andersen n'est pas valide d'un point de vue statistique. Crédit Mutuel affirme au contraire que la “reventilation” de l'excès de frais affectés à l'IARD sur tous les autres métiers est incontournable, dès lors que, pour chacun des trois autres métiers significatifs en termes de frais, la corrélation entre la proportion de l'échantillon dans les frais généraux et dans l'activité totale était identique ou voisine de celle constatée pour le métier “épargne”. Selon Crédit Mutuel, la Commission commet un vice de raisonnement majeur en refusant de voir qu'il s'agit d'un problème de “vases communicants” et que ce qui doit être enlevé à l'un ne peut que se retrouver réparti entre tous les autres, dès lors qu'aucune raison valable ne permet d'exclure de cette réaffectation l'un ou l'autre des autres métiers.

111)

Crédit Mutuel souligne que la méthodologie appliquée est valide en faisant valoir que Arthur Andersen a consulté deux spécialistes indépendants, compétents en matière de statistiques, à savoir les professeurs M. Tillé et Mme Dussaix, dont les avis sont convergents et concluent à la validité des méthodes correctives proposées (39).

112)

Crédit Mutuel soutient que la correction qu'elle souhaite n'engendre aucune réallocation arbitraire de frais de gestion au métier “épargne”. Elle rappelle que la Commission admet que la corrélation entre la part de l'échantillon dans les frais généraux totaux du groupe Crédit Mutuel et la part de l'échantillon dans l'activité totale, métier par métier, était acceptable puisque les écarts étaient suffisamment faibles pour être considérés comme statistiquement admissibles. Crédit Mutuel en déduit que la réaffectation de frais se retrouvant dans l'échantillon sous le métier IARD, devient une nécessité pour conduire la comptabilité analytique à se rapprocher au mieux de la répartition réelle sur 100 % des frais généraux du Crédit Mutuel.

113)

Crédit Mutuel conclut que le refus de la Commission d'admettre quelque réallocation que ce soit d'une partie des frais IARD sur le métier épargne procède d'une erreur manifeste de raisonnement et d'appréciation, qui est à attribuer à une méconnaissance des règles statistiques et logiques.

114)

En réponse aux remarques de Crédit Mutuel, la Commission expose qu'elle n'a pas été en mesure de retenir la correction proposée parce que celle-ci aurait pour effet de fausser le calcul du solde comptable de l'activité “épargne”. La réallocation à l'épargne de charges auparavant allouées à l'IARD, sans correction des produits, aurait eu pour effet d'augmenter les charges affectées à l'activité “épargne” sans augmenter les produits, alors même qu'Arthur Andersen avait constaté que charges et produits pour l'activité “épargne” avaient été correctement pondérés dans l'échantillon avant correction. La Commission est d'avis que le résultat de la correction souhaitée serait de biaiser l'estimation du solde comptable de l'activité “épargne”. Elle souligne que l'objet de son évaluation est le solde comptable du Livret bleu à l'intérieur de l'activité “épargne”, et non celui de l'IARD.

115)

La Commission est d'opinion que l'adoption d'un correctif supplémentaire aurait nécessité de revoir les clefs de répartition des charges pour toutes les activités, ce qui n'était l'avis ni du Consultant ni du Crédit Mutuel. La Commission ajoute que la correction revendiquée par le Crédit Mutuel vise à majorer les frais alloués au métier “épargne” et à réduire le résultat du Livret bleu par rapport à celui qui résultait de la méthode d'extrapolation agréée initialement par toutes les parties. La Commission estime qu'il n'est pas approprié de corriger la part des frais généraux alloués aux autres activités et d'augmenter ainsi la part des frais alloués au métier “épargne” parce que la part des frais généraux alloués à l'activité “épargne” est d'ores et déjà trop importante.

116)

La Commission rappelle que la répartition des frais généraux est la suivante: […] % sont affectés aux fédérations couvertes par l'échantillon établi, le reste — c'est-à-dire […] % — est affecté aux autres fédérations du Crédit Mutuel. En revanche, des frais généraux de la seule activité “épargne”, […] % sont alloués “dans l'échantillon” et […] % sont alloués “hors échantillon”. La Commission fait valoir que, si une conclusion doit être tirée de cette statistique (en suivant exactement le raisonnement tenu par Arthur Andersen au sujet de l'activité IARD), c'est que la part des frais généraux de l'activité “épargne” dans l'échantillon est trop forte ([…] %) par rapport à l'ensemble des fédérations du Crédit Mutuel ([…] %), soit un écart de […] points. La Commission est toutefois d'avis qu'il s'agit là d'une approximation intrinsèque à la technique de sondage et une telle approximation est acceptable. Cependant, la Commission soutient que, si une correction devait être appliquée, elle devrait diminuer et non augmenter, la part des frais généraux alloués à l'activité “épargne” dans l'échantillon.

117)

La Commission est d'opinion qu'il n'y a pas de raison de corriger la disparité de l'activité IARD, alors que le problème est d'évaluer correctement les frais alloués à l'activité “épargne”. Elle partage le point de vue exprimé par le Professeur Tillé, selon lequel la répartition des frais généraux est un jeu à somme nulle. Si la proportion de frais alloués à l'activité “épargne” est légèrement trop élevée (comme le montre la statistique d'Arthur Andersen), la réallocation à l'activité “épargne” de frais auparavant alloués à l'IARD accentue, selon elle, le caractère trop élevé de la proportion des frais alloués à cette activité “épargne”. La Commission souligne que si l'allocation des charges est correcte pour l'activité “épargne” avant correction, elle ne peut plus l'être après correction, et si elle est trop élevée avant correction (ce qui est le cas selon la statistique proposée par Arthur Andersen), le déséquilibre se trouverait accentué par la correction souhaitée.

118)

Dès lors, le Consultant a indiqué à juste titre que de telles discussions n'avaient aucun rapport avec le mandat qui lui avait été imparti. La Commission expose qu'elle a préféré utiliser l'estimation disponible plutôt que de procéder à une correction dont le seul effet possible aurait été d'aggraver le montant de l'aide potentielle étant donné que la diminution de la part des frais généraux de l'activité “épargne” aurait pour effet d'augmenter le solde bénéficiaire de la comptabilité analytique de l'activité “épargne” et celui du Livret bleu qui en fait partie.

119)

Quant à la “reventilation” des frais sur tous les métiers, la Commission rappelle que, selon Arthur Andersen, trop de frais généraux ont été alloués aussi bien à l'IARD qu'à l'épargne dans l'échantillon.

120)

La Commission est d'avis que la méthode suivie par Arthur Andersen n'est pas correcte. Quant à la validation, par les deux experts consultés, de cette méthodologie, la Commission rappelle que la question posée aux experts avait visé le point de savoir si le correctif proposé était convenable pour redresser (améliorer) l'estimation des frais généraux alloués à l'IARD sur la base de l'échantillon. Selon elle, cette question est sensiblement différente de la question au centre du débat, qui est celle de savoir si le correctif convient pour redresser l'estimation du compte de résultat de l'épargne.

121)

La Commission conteste également la thèse de la requérante selon laquelle l'écart observé pour l'activité IARD serait statistiquement inacceptable alors que l'écart pour d'autres activités, par exemple l'activité “crédit” serait admissible. En effet, un écart en pourcentage important pour l'activité IARD (marginale dans le bilan du Crédit Mutuel à cette époque) peut être équivalent en valeur à un écart plus petit en pourcentage sur une activité importante au bilan.

122)

La Commission conteste qu'une correction au niveau des frais sans correction correspondante au niveau des produits fausserait le solde comptable. Elle souligne que ce qui est important est que la correction refusée aboutirait à surévaluer d'une manière non justifiée les charges affectées à l'activité “épargne”, déjà surreprésentée dans l'échantillon. La Commission rappelle que la part des différentes activités dans l'échantillon semble être mesurée à l'aide de critères hétérogènes, tels que la part des encours ou la part des commissions reçues. L'allocation des produits aux différentes activités n'est donc pas aussi évidente et “objective” que le Crédit mutuel laisse entendre.

2.   La méthode de calcul de la rentabilité des fonds propres

123)

Crédit Mutuel est d'avis que la Commission n'a pas correctement déterminé la marge de rentabilité sur l'activité du Livret bleu en retenant un “coût des fonds propres” de […] % et non le “taux de retour sur fonds propres” préconisé par Arthur Andersen.

124)

Crédit Mutuel a précisé qu'il est nécessaire de construire la comptabilité analytique de tout produit bancaire, afin d'intégrer un “coût de fonds propres” qui est la traduction de l'obligation réglementaire de respecter un ratio de solvabilité en mobilisant des fonds propres pour les emplois, conformément à la réglementation européenne. Selon Crédit Mutuel, ce coût se détermine en deux étapes dont la première est constituée par le calcul du montant des fonds propres alloués à un emploi et la deuxième étape est constituée par application d'un taux de rémunération au montant des fonds propres ainsi calculé.

125)

Selon Crédit Mutuel, les paramètres de calcul de ce coût des fonds propres réglementaires ne sont pas valides pour calculer une marge de rentabilité normale, tant en ce qui concerne l'assiette des fonds propres à prendre en considération que le taux de leur rémunération.

126)

En ce qui concerne l'assiette, Crédit Mutuel indique que le calcul du coût des fonds propres n'est fondé que sur la prise en considération des emplois qui présentent un risque, au sens du ratio de solvabilité prescrit par le droit communautaire. Ce ratio dépend des emplois et varie selon la nature de ces derniers. Crédit Mutuel est d'avis que, compte tenu de la nature des emplois du Livret bleu, l'allocation des fonds propres à ces emplois ne peut constituer une base de calcul représentative d'une marge normale. Elle fait notamment valoir qu'aucun fonds propre n'est mobilisé pour les encours centralisés auprès de la CDC, étant donné que celle-ci est assimilée à une administration centrale et que le ratio de solvabilité y afférent est de 0 %. Crédit Mutuel expose que, pendant la période de 1991 à 2000, les différents emplois du Livret bleu ont disparu progressivement au profit de la centralisation à la CDC, de sorte que le montant des fonds propres réglementaires correspondant aux encours du Livret bleu a diminué pour disparaître totalement en 1999, à partir de la centralisation totale des encours. Selon Crédit Mutuel, en raison de la disparition progressive de l'assiette, la marge normale est sous-estimée de façon croissante au fil des années et est nulle à partir de 1999. Elle est d'avis que, du fait de la disparition progressive de son assiette, le coût des fonds propres ne peut, en aucun cas, correspondre à la rentabilité visée par le Crédit mutuel pour ses autres activités concurrentielles.

127)

En ce qui concerne le taux de rémunération de […] %, Crédit Mutuel relève que le coût des fonds propres qui avait été intégré dans son compte de résultat de 1998 était basé sur le taux de rémunération versé aux sociétaires. Selon lui, ce taux, dont la prise en considération est justifiée lorsqu'il s'agit du coût des fonds propres réglementaires, ne reflète pas la rentabilité normale de ses activités, puisqu'il n'en constitue que la fraction distribuée aux sociétaires et en raison de son caractère fluctuant et étroitement dépendant des décisions politiques de l'entreprise. Il fait valoir que Arthur Andersen avait considéré que ce taux n'était pas représentatif des usages bancaires et qu'il était nettement inférieur à celui constaté chez les concurrents du Crédit Mutuel. Il est d'avis que la Commission ne saurait déduire de la différence entre la forme sociale du Crédit Mutuel et celle des autres banques qu'un moindre retour sur fonds propres est justifié.

128)

Selon Crédit Mutuel, la Commission aurait dû prendre en considération la rentabilité finale de ses activités, hors charges et produits de nature exceptionnelle. A cet égard, il rappelle qu'Arthur Andersen avait préconisé de retenir le taux de retour sur fonds propres et que ce taux (calculé cependant après impôts) a été utilisé par la Commission dans sa décision relative aux aides accordées au Crédit Agricole (40). Elle indique que la moyenne de ce taux pour la France, pendant la période 1990-1997, a été de 6 % après impôts (soit près de 9 % avant impôts).

129)

Crédit Mutuel souligne que l'indicateur retenu par la Commission aboutit à priver le Crédit Mutuel de toute marge normale sur le Livret bleu. Selon lui, toute banque, même sur un emploi centralisé n'ayant aucun coût de fonds propres au sens réglementaire étroit du ratio de solvabilité, doit pouvoir réaliser une marge normale, sauf si il fonctionne dans des conditions non économiques. Il reproche à la Commission de refuser la prise en compte d'une réalité pourtant manifeste au travers du compte d'exploitation. A son avis, ceci constitue une erreur majeure.

130)

En réponse aux remarques du Crédit Mutuel, la Commission souligne la différence entre la détermination de la marge normale sur l'activité et la question des fonds propres réglementaires. Elle rappelle qu'elle a suivi, à l'égard de la détermination de la marge normale sur l'activité, la position d'origine du Crédit Mutuel.

131)

En ce qui concerne l'assiette des dépôts retenue pour le calcul du coût des fonds propres, la Commission relève que sa propre position et celle du Consultant sont identiques à celle d'Arthur Andersen au regard de l'inclusion des fonds centralisés. Selon la Commission, il n'y a aucun sens d'inclure dans cette assiette les dépôts “centralisés” auprès de la CDC; ces dépôts sont en effet neutralisés au bilan par une double écriture (au passif: dépôt de l'épargnant, à l'actif: dépôt du Crédit Mutuel à la CDC) et n'ont aucun coût en fond propres.

S'agissant du taux de rémunération:

132)

La Commission est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'affecter au métier “épargne” un autre coût des fonds propres que le coût réel observé au cours de la période sous examen. Elle rappelle que ce coût, qui a l'avantage d'être parfaitement objectif, avait initialement été retenu par le Crédit Mutuel.

133)

La Commission est d'avis que Crédit Mutuel ne saurait invoquer les taux de rendement supérieurs d'autres banques pour justifier une modification du taux de retour sur fonds propres retenu par le Crédit Mutuel lui-même dans sa comptabilité analytique. Elle souligne que le Crédit Mutuel n'a pas la même forme sociale que les autres banques avec lesquelles une comparaison est faite, ces dernières étant incitées à dégager un retour sur fonds propres attractif car elles font appel à l'actionnariat public. Selon la Commission, tel n'est pas le cas du Crédit Mutuel qui sert les intérêts de ses sociétaires par d'autres moyens que la rémunération des parts sociales. Elle est d'avis que le niveau de rémunération de […] % aussi modeste puisse-t-il paraître en comparaison avec d'autres banques, trouve une explication logique et raisonnable dans le fait — non contesté — que la banque a un statut mutualiste et restitue à ses sociétaires les bénéfices d'exploitation réalisés sous d'autres formes (notamment des tarifs plus avantageux) de sorte que ceux-ci n'ont pas de raison d'exiger la même rentabilité que des actionnaires.

134)

La Commission rappelle que le taux de […] % correspond au taux de rentabilité préconisé par le Crédit Mutuel pour l'ensemble de ses activités, parmi lesquelles figurent également des activités beaucoup plus risquées que la collecte de l'épargne sur le Livret bleu. Selon la Commission, il aurait été anormal de prendre en compte une marge plus élevée pour le métier “épargne” que pour ces autres activités.

135)

La Commission rappelle que le coût des fonds propres est en fait un coût (économique) d'opportunité dont la fixation revêt un caractère politique pour la direction d'une banque. La Commission en déduit qu'il existe une marge d'appréciation importante dans la détermination de ce taux. Elle est cependant d'avis d'avoir retenu une position conservatrice favorable au Crédit Mutuel, et estime qu'il est paradoxal de lui reprocher d'avoir retenu le taux que le Crédit Mutuel avait lui-même explicitement utilisé dans sa comptabilité analytique.

136)

La Commission relève que la nouvelle méthode de calcul proposée par Arthur Andersen dans son rapport de septembre 2001 avait pour effet de majorer de […] millions de FRF le coût des fonds propres par rapport à l'évaluation initiale du Crédit mutuel. Selon elle, l'approche d'Arthur Andersen, qui se réfère à “la pratique de la majorité des grandes banques” reflète une attitude contradictoire en retenant, d'une part, qu'il n'y aurait pas de spécificité du Crédit mutuel (société mutualiste) par rapport à des grandes banques (sociétés anonymes) pour le calcul du coût des fonds propres et en affirmant, d'autre part qu'il y aurait une spécificité qui justifierait d'introduire un modèle de couverture de la responsabilité des sociétaires. La Commission est d'avis qu'il est justifié de retenir un taux correspondant à la logique et à la pratique de fonctionnement de cette banque mutualiste.

3.   Refus de prendre en considération les coûts de la couverture de la responsabilité des sociétaires

137)

Crédit Mutuel expose que, conformément à la réglementation nationale applicable, les sociétaires des caisses locales du Crédit Mutuel sont, au-delà de leur apport, personnellement responsables des pertes de ces sociétés coopératives à hauteur d'un multiple du montant de leur part sociale (variable, selon les caisses locales, entre […] et […] fois) et, collectivement, à la hauteur d'au moins […] % du montant des dépôts. Il reproche à la Commission d'avoir refusé de tenir compte, lors de l'établissement du bilan global du Livret bleu, des charges qui résultent de la couverture de ce risque par le Crédit Mutuel.

138)

Il conteste que les coûts allégués de la couverture de la responsabilité des sociétaires sont purement fictifs et ne peuvent être retenus, à savoir, d'une part, l'absence d'obligation juridique dans le chef du Crédit mutuel de couvrir les risques assumés par ses sociétaires, et, d'autre part, l'absence d'éléments comptables qui prouveraient la mise en place d'une telle couverture.

139)

Crédit Mutuel fait valoir que les articles L 511-30 à L 511-32 du code monétaire et financier obligent les réseaux mutualistes comme le Crédit Mutuel à mettre en œuvre des mécanismes qui évitent la mise en jeu de la responsabilité des sociétaires en cas de défaillance d'un établissement faisant partie du réseau en organisant une solidarité obligatoire entre ces différentes entités. Selon lui, le risque assumé par les sociétaires a été transféré, par cette loi, à la charge de l'entité bancaire mutualiste à la hauteur de ses fonds propres.

140)

Crédit Mutuel estime que l'obligation de couvrir ce risque, variable selon les années, résulte de la loi et qu'il ne serait pas nécessaire qu'elle se reflète dans les statuts du Crédit Mutuel. Il ajoute néanmoins que l'article 2 desdits statuts dispose que la Confédération Nationale du Crédit mutuel a pour objet (…) de prendre “toutes les mesures nécessaires, notamment pour garantir la liquidité et la solvabilité de chacune des caisses du Crédit mutuel et de chacune des caisses de Crédit Mutuel Agricole et Rural comme de l'ensemble du réseau”.

141)

Il fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un risque fictif et que la mise en jeu de la responsabilité des sociétaires ne présuppose pas la défaillance complète du réseau, la défaillance d'une entité régionale étant suffisante à mettre en jeu la responsabilité des sociétaires et l'intervention de la banque en lieu et place de ces derniers. Il relève à cet égard qu'entre 1991 et 1998, plus de […] milliards de FRF ont été prélevés par le Crédit mutuel sur ses résultats et ses fonds propres pour couvrir les défaillances de Caisses locales et régionales.

142)

Crédit Mutuel affirme que l'obligation de couvrir les pertes des sociétaires a une traduction comptable, dès lors qu'une perte est couverte. Elle relève qu'il s'agit d'événements par définition exceptionnels, qui sont repris en comptabilité analytique sous forme de provisions.

143)

Selon lui, le refus d'admettre l'inclusion des charges qui résultent de la couverture de ce risque dans le cadre du bilan du Livret bleu constitue une erreur manifeste d'appréciation.

144)

En réponse aux commentaires du Crédit Mutuel, la Commission souligne qu'elle ne conteste pas que les sociétaires du Crédit Mutuel puissent en théorie être juridiquement appelés en responsabilité en cas de pertes très importantes. Elle est toutefois d'avis qu'il n'y a pas d'obligation juridique pour le Crédit Mutuel de couvrir la responsabilité de sociétaires. Ceci est logique dès lors que les statuts affirment la responsabilité des sociétaires sans prévoir la responsabilité du Crédit Mutuel à couvrir tout engagement des sociétaires et sans mettre en place de mécanisme de couverture. La Commission ajoute qu'il n'est pas non plus normal, sur le plan économique, qu'une entreprise assure ses sociétaires contre son propre risque économique. Elle estime que ceci vaut également pour les entreprises mutuelles.

145)

Selon la Commission, une obligation du Crédit Mutuel de couvrir la responsabilité de ses sociétaires ne résulte pas non plus des textes législatifs invoqués par Crédit Mutuel qui concernent l'obligation de prendre en charge la défaillance éventuelle d'une des fédérations régionales. Elle souligne que toute banque a l'obligation de couvrir par péréquation les pertes de ses filiales ou entités régionales, mais que ce n'est pas parce qu'une banque couvre obligatoirement les pertes d'une succursale en région, que l'on considère que la société anonyme a obligation de couvrir le risque de perte de ses actionnaires. La Commission relève, en outre, que, pour la période étudiée, les pertes mutualisées ont déjà été prises en compte dans la comptabilité analytique du Livret bleu. La Commission est d'opinion que le correctif souhaité par Crédit Mutuel aurait donc conduit à comptabiliser des pertes additionnelles fictives en plus des pertes déjà comptabilisées.

146)

La Commission fait valoir que le modèle présenté par Arthur Andersen pour démontrer les conséquences de la couverture de la responsabilité des sociétaires sur le plan comptable avait calculé la valeur de cette garantie sur la base des fonds propres fictivement mobilisés à cette fin, sans qu'aucun moyen probant n'ait cependant été présenté pour permettre d'identifier en comptabilité les fonds propres en question. Elle soutient que le seul argument apporté pour montrer que ce modèle correspondrait à une réalité concrète fait référence au niveau relativement élevé de fonds propres; toutefois, un tel niveau de fonds propres peut répondre à des objectifs très divers, totalement étrangers à l'objectif invoqué.

147)

La Commission est d'avis que la responsabilité des sociétaires est la contrepartie des avantages perçus sous d'autres formes et ne voit rien d'anormal à ce qu'ils assument de plein gré ce risque juridique.

148)

Après examen de ces trois points de désaccord entre le Consultant et le Crédit Mutuel, la Commission considère qu'il convient de retenir l'évaluation effectuée par le Consultant pour l'accomplissement de la mission d'évaluation de la comptabilité analytique du Livret Bleu.

»

(1)  Decisión de la Comisión de 15 de enero de 2002, relativa a la ayuda estatal concedida por la República francesa en favor del banco Crédit Mutuel

(2)  Décision 2003/216/CE de la Commission du 15 janvier 2002 concernant l'aide d'État mise à exécution par la République française en faveur du Crédit Mutuel (JO L 88 du 4.4.2003, p. 39).

(3)  Arrêt du TPICE du 18 janvier 2005 dans l'affaire T-93/02, Confédération nationale du Crédit Mutuel contre Commission, non encore publié au recueil.

(4)  Règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (JO L 83 du 27.3.1999, p. 1).

(5)  Paragraphe 130 de la décision du 15 janvier 2002.

(6)  Depuis l'exercice 2003, le rapport financier du groupe est établi sur le périmètre Crédit Mutuel-CIC, incluant l'ensemble des filiales bancaires et d'assurances détenues par les Fédérations et banques régionales. Ces comptes ne font pas l'objet d'une certification par un commissaire aux comptes. En revanche, les comptes de chacune des entités faisant partie de la globalisation nationale sont certifiés.

(7)  Le groupe bancaire Crédit Industriel et Commercial (CIC) a été acquis en avril 1998 par le Crédit Mutuel, dans le cadre de sa privatisation.

(8)  “[…] les coefficients d'exploitation se sont encore améliorés, la France demeurant légèrement au-dessus de la moyenne européenne.[…]”Revue de la stabilité financière de la Banque de France No 6 — Juin 2005.

(9)  Ce niveau réglementaire a été fixé par la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (JO L 126 26.5.2000, p. 1).

(10)  Le Crédit Mutuel détient un droit exclusif sur la distribution du Livret Bleu. Toutefois, il peut être considéré que ce droit de distribution est un droit spécial en raison du fait que le Livret Bleu est identique au Livret A, lequel est distribué par la Poste et les Caisses d'Epargne.

(11)  Article 9 de la loi no 75-1242 du 27 décembre 1975 de finances rectificative pour 1975; JORF du 28 décembre 1975.

(12)  Arrêté du 27 septembre 1991 définissant les emplois d'intérêt général du Crédit Mutuel; JORF du 26 novembre 1991.

(13)  CDC est une institution de crédit spécifique contrôlée par l'État.

(14)  “La totalité des sommes inscrites aux comptes spéciaux sur livrets ouverts à leurs déposants par les caisses de crédit mutuel (…) sont affectées aux emplois d'intérêt général” (art. 1er de l'arrêté du 27 septembre 1991). “Les emplois d'intérêt général visés à l'article 1er sont : 1. Pour une part déterminée par le Crédit Mutuel, des prêts visés (…) au Code de la construction et de l'habitation [logement social]; 2. Pour le solde, une affectation en compte auprès de la CDC” (art. 2 de l'arrêté du 27 septembre 1991). En pratique, selon les informations à la disposition de la Commission, l'intégralité des fonds est centralisée à la CDC pour le financement du logement social.

(15)  Les taux mentionnés au point 17 sont les taux actuels. Ces taux ont naturellement varié depuis la mise en œuvre du système.

(16)  La Commission d'intermédiation est restée stable et est passée récemment de 1,3 % à 1,1 %.

(17)  Système obligatoire du prélèvement libératoire à la source, effectué par le Crédit Mutuel pour le compte de l'épargnant.

(18)  Ce système est en vigueur depuis le 13 janvier 2000. Auparavant, le Crédit Mutuel versait à l'État le tiers de la fiscalité normalement due par les épargnants. Le montant de cet impôt n'était, en tout état de cause, pas répercuté sur l'épargnant et était supporté par le Crédit Mutuel. Cette charge pour le Crédit Mutuel était neutralisée par un remboursement effectué par l'État au Crédit Mutuel conformément au Décret de 1991. Ce système a été déclaré illégal, par un arrêt du Conseil d'État en date du 5 janvier 2000, au regard des règles fiscales nationales relatives au prélèvement libératoire.

(19)  Ci-après “les emplois libres”.

(20)  Secret d'affaires.

Données: Crédit Mutuel, Arthur Andersen.

(21)  Arrêt du 23 juillet 2003, C-28/00, Altmark Trans, Rec. I-7747.

(22)  “En ce qui concerne la Caisse [des Dépôts et des Consignations], il convient de rappeler qu' elle a été instituée par la loi sur les finances de 1816 en tant qu' “établissement spécial” placé “sous la surveillance et la garantie de l'autorité législative”, que ses missions comportant notamment l'administration de fonds publics et privés constitués par des dépôts obligatoires sont réglées par des dispositions légales et réglementaires et que son directeur général est nommé par le président de la République, la nomination de ses autres dirigeants s'effectuant au sein du gouvernement. Ces éléments suffisent pour justifier que la Caisse soit considérée comme relevant du secteur public. Elle est certes rattachée à la seule “autorité législative”. Cependant, le pouvoir législatif est l'un des pouvoirs constitutionnels d'un État, de sorte que son comportement est nécessairement imputable à celui-ci”. Arrêt du Tribunal de Première Instance du 12 décembre 1996, affaire T-358/94 Air France, Rec. 1996, page II-2109, par. 58 et 59.

(23)  Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, point 11 — Philip Morris Holland BV contre Commission des Communautés européennes. — Aide à un fabricant de cigarettes. — Affaire 730/79. Rec 80-02671.

(24)  Voir, entre autres, les décisions de la Commission relatives au Crédit Lyonnais 98/490/CE du 20 mai 1998 (JO L 221 du 8.8.1998, p. 28), Banco di Sicilia, 2000/600/CE du 10 novembre 1999 (JO L 256 du 10.10.2000, p. 21), à la Société marseillaise de crédit 1999/508/CE du 14 octobre 1998 (JO L 198 du 30.7.1999, p. 1) et affaires T-228/99 et T-233/99 du 6 mars 2003 Westdeutsche Landesbank, Rec II-03 435.

(25)  Affaire C-310/99 Italie/Commission du 7 mars 2002, Rec. 2002 page I-02289. Voir également en ce qui concerne l'affectation des échanges des aides dans le secteur bancaire les arrêts de la Cour du 15 décembre 2005 dans les affaires C-66/02 (Italie/Commission), point 111 et suiv. et C-148/04 (Unicredito Italiano Spa C/Agenzia delle Entrate, Ufficio Genova 1) — points 53 et suiv.

(26)  JO C 17 du 19.1.2001, p. 4.

(27)  La Commission a recruté, par appel d'offre, le cabinet Littlejohn Frazer pour effectuer un rapport d'audit sur la comptabilité du Livret Bleu.

(28)  Il s'agit des produits qui résultent des placements faits dans le contexte du système antérieur à l'arrêté de 1991. Ces deux mesures sont considérés comme des résultats du système et non comme pouvant potentiellement contenir des éléments d'aide. Ainsi, les emplois libres n'engageraient pas de ressources d'État conformément à la jurisprudence Preussen Elektra (Arrêt C-379/98 du 3 mars 2001, Rec. 2001 I-02099). En effet ils proviennent des épargnants et sont investis librement sur les marchés financiers par Crédit Mutuel. Pareillement, les emplois d'intérêt général ne seraient pas constitutifs d'une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, CE. Il s'agit d'une activité commerciale limitée à un secteur donné de l'économie au travers de laquelle le Crédit Mutuel était confronté à de multiples emprunteurs publics et se trouvait d'ailleurs en concurrence avec d'autres investisseurs.

(29)  Deux rapports du Cabinet Glais (août et décembre 2000), transmis par les plaignants, font une analyse statistique de l'évolution de l'activité de Crédit Mutuel par rapport à ses concurrents et conclut que la clientèle du Crédit Mutuel est mieux fidélisée grâce au Livret Bleu.

(30)  Rapport du Sénat par Alain Lambert dans lequel il est indiqué: “commercialement il ne fait pas de doutes que ces produits (Livrets A et bleu) constituent des produits d'appel permettant la distribution de produits plus sophistiqués (SICAV par exemple) sur lesquels les marges sont plus importantes (page 72)”.

(31)  Directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 195 du 29.7.1980, p. 35) modifiée par la Directive 85/413/CEE de la Commission du 24 juillet 1985 (JO L 229 du 28.8.1985, p. 20), Directive 93/84/CEE de la Commission du 30 septembre 1993 (JO L 254 du 12.10.1993, p. 16), Directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 75) et Directive 2005/81/CE de la Commission du 28 novembre 2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 47).

(32)  Arrêts de la Cour du 14 février 1990, France/Commission, C-301/87, Rec. p. I-307, point 49, du 21 mars 1990, Belgique/Commission, C-142/87, Rec. p. I-959, point 56, et du 21 mars 1991, Italie/Commission, C-303/88, Rec. p. I-1433, point 34).

(33)  La méthode retenue par le consultant permet également de répondre à l'argument du Crédit Mutuel, selon lequel le système comporte une charge pour le Crédit Mutuel dans la mesure où il doit verser à l'État des prélèvements fiscaux. Le Crédit Mutuel a ainsi contribué, entre 1975 et 1996, au budget de l'État au titre de la prise en charge pour le compte des épargnants de la fiscalisation partielle du Livret bleu à hauteur, selon lui, de […] MdF.

(34)  “The effects of technology on the EU banking systems” (July 1999).

(35)  La courbe relative au coût de gestion constitue un élément confidentiel.

(36)  Au point 2.2.b) de sa réponse aux questions soulevées par le TPICE, du 21 juillet 2004, les parties requérante et intervenante soutiennent aussi que le calcul de l'aide doit être effectué année par année. Cette solution est par ailleurs conforme à l'encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensation de service public précité: “Lorsque le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10 % du montant de la compensation annuelle, il peut être reporté sur l'année suivante. Certains SIEG peuvent connaître des coûts avec une variabilité annuelle importante, notamment en ce qui concerne des investissements spécifiques. […]”.

(37)  Directive 80/723/CEE du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (JO L 195 du 29.7.1980, p. 35), modifiée par la Directive 85/413/CEE de la Commission du 24 juillet 1985 (JO L 229 du 28.8.1985, p. 20), Directive 93/84/CEE de la Commission du 30 septembre 1993 (JO L 254 du 12.10.1993, p. 16), Directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000 (JO L 193 du 29.7.2000, p. 75) et Directive 2005/81/CE de la Commission du 28 novembre 2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 47).

(38)  Au cas où le Crédit Mutuel ne pourrait fournir de données agrégées, il est demandé de bien vouloir les fournir pour la région la plus représentative de l'activité du Crédit Mutuel, en justifiant le choix de la région concernée. Cette remarque vaut pour l'ensemble des questions posées.

(39)  Crédit Mutuel souligne que contrairement à ce que soutient la Commission ces avis n'ont pas été demandés sur une question limitée relative à la structure de l'échantillon pour l'IARD et que les experts, dont la compétence n'a pas été mise en doute par la Commission, connaissaient l'objet du désaccord ainsi que les données du débat.

(40)  Décision 2000/480/CE de la Commission du 8 juillet 1999 concernant les aides accordées par la France au groupe Crédit agricole au titre de la collecte et de la conservation des dépôts des notaires dans les communes rurales (JO L 193 du 29.7.2000, p. 79).


1.9.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/33


Información resumida comunicada por los Estados miembros acerca de las ayudas estatales concedidas de conformidad con el Reglamento (CE) no 1/2004 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios

(2006/C 210/05)

Ayuda no: XA 43-06

Estado miembro: Países Bajos

Región: Provincia de Limburgo

Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual: Melkveehouder (productor lácteo) H.J.W.M. Bruls

Base jurídica: Algemene subsidieverordening 2004

Nadere subsidieregels ontwikkeling landelijk gebied

Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global de la ayuda individual concedida a la empresa: Contribución provincial única de 245 000 EUR. Puede adelantarse un máximo del 80 %. La liquidación de cuentas debe realizarse, a más tardar, en 2008

Intensidad máxima de la ayuda: El coste total de la renovación asciende a 382 000 EUR. El porcentaje de la subvención equivale al 64,1 %. La citada cantidad de 245 000 EUR no supera la ayuda permitida del 100 % de los costes reales realizados en inversiones u obras importantes destinadas a la conservación de aspectos patrimoniales no productivos de las explotaciones agrarias, tales como características arqueológicas o históricas, en aplicación del artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1/2004.

La cantidad tampoco supera el porcentaje de ayuda permitido del 40 % de los gastos subvencionables cuando se produzca un aumento de la capacidad de producción y en las obras pertinentes se utilicen materiales contemporáneos. Además, en virtud del artículo 5, apartados 2 y 3, del Reglamento (CE) no 1/2004, pueden concederse ayudas complementarias que cubran hasta el 100 % de los gastos suplementarios que se produzcan por utilizar los materiales tradicionales necesarios para mantener las características patrimoniales del edificio

Fecha de aplicación: La decisión sobre la concesión de la subvención se enviará en el plazo de cuatro semanas a partir del acuse de recibo de la UE de la presente notificación

Duración del régimen o de la ayuda individual: De junio de 2006 al 1 de diciembre de 2008

Objetivo de la ayuda: Con arreglo al artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1/2004, la ayuda contribuye a aliviar el déficit financiero de los costes de renovación de la granja-monumento (monumento nacional) Bovenste Hoeve Printhagen, como parte del restablecimiento de este centro de producción láctea. Dado que en la renovación y restauración de los edificios de la granja-monumento se utilizarán materiales recuperados y tradicionales, pueden concederse ayudas complementarias que cubran hasta el 100 % de los gastos suplementarios que se produzcan por utilizar los materiales tradicionales necesarios para mantener las características patrimoniales del edificio.

Otra razón que justifica la subvención de estos costes de renovación es que, además de la restauración y el restablecimiento de las funciones de la granja monumento, se realizarán otras labores de orden natural y ecológico, y la recuperación del arbolado de la vía de acceso

Sector o sectores afectados: La ayuda se destina a una empresa del sector de la producción, dedicada a los productos lácteos

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

Provincie Limburg

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

Nederland

Dirección web: www.limburg.nl

Ayuda no: XA 45/2006

Estado miembro: Países Bajos

Región: Provincia de Frisia

Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual: (Familia) Oevering

Base jurídica: Algemene wet bestuursrecht, titel 4.2

Algemene Subsidieverordening Provincie Fryslân 1998

Provinciewet artikel 145

Verordening met betrekking tot het verlenen van subsidies ten behoeve van het plattelandsbeleid voor de jaren 2005-2008

Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global de la ayuda individual concedida a la empresa: La contribución máxima será de 55 000 EUR. Según las previsiones, un 80 % (44 000 EUR) se abonará en 2006, mientras que el saldo se abonará en 2007 o a más tardar en 2008

Intensidad máxima de la ayuda: La intensidad máxima es del 40 % de los gastos subvencionables. El importe máximo de la ayuda es de 55 000 EUR

Fecha de aplicación: La decisión sobre la concesión de la ayuda se publicará cuatro semanas tras el acuse de recibo por la UE de esta comunicación

Duración del régimen o de la ayuda individual: La fecha límite para el pago del saldo se establece en 30 meses tras la adopción de esta decisión, es decir, a más tardar a finales de 2008. Se prevé que el proyecto ya haya concluido en 2007

Objetivo de la ayuda: El objetivo del proyecto es la conservación de una granja histórica en su paisaje, tras una adaptación que permita unas prácticas agrícolas modernas.

Se aplica el artículo 5, apartado 3, del Reglamento (CE) no 1/2004

Sector(es) afectado(s): Producción lechera

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

Provincie Fryslân

Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden

Nederland

Dirección Web: www.fryslan.nl

Ayuda no: XA 46/06

Estado miembro: Letonia

Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa beneficiaria de la ayuda: Ayudas a la inversión en favor de las zonas de invernadero

Base jurídica: Ministru kabineta 2006. gada 3. janvāra noteikumi Nr. 21 “Noteikumi par valsts atbalstu lauksaimniecībai 2006. gadā un tā piešķiršanas kārtību” 3. pielikuma VI. nodaļa

Gastos anuales previstos en el marco del régimen de ayudas o importe total de la ayuda concedida a la empresa beneficiaria: Importe total del régimen de ayudas en 2006: 292 657 LVL

Intensidad máxima de la ayuda: Las ayudas a la inversión que prevé este régimen se conceden en virtud del Reglamento (CE) no 1/2004 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios. Las ayudas se otorgan a los solicitantes con arreglo a las condiciones siguientes:

Fecha de aplicación:

Duración del régimen de ayudas o de las ayudas individuales: Hasta el 30 de diciembre de 2006

Objetivo de la ayuda: Incentivar las inversiones en la agricultura con el fin de aumentar el valor añadido de la producción, así como la calidad de los productos agrícolas

Sector(es) beneficiario(s): Pequeñas y medianas empresas que ejerzan actividades agrarias.

Nombre y dirección del organismo que concede las ayudas:

Zemkopības ministrija

Rīga 31.5.2006.

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

LV-1981 Rīga

Dirección electrónica: www.zm.gov.lv

Otros datos: Las ayudas a la inversión en el sector agrario previstas en este régimen se conceden en virtud del Reglamento (CE) no 1/2004 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2003, sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios

Ayuda no: XA 49/06

Estado miembro: España

Región: Comunidad Valenciana

Denominación del régimen de ayudas: Traslado de granjas por motivo de interés público

Fundamento jurídico:

Orden de 12 de diciembre de 2005 de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se establecen ayudas al Traslado de granjas por motivos de interés público.

Resolución de 18 de abril de 2006, de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se convocan para el ejercicio 2006 determinadas subvenciones gestionadas por la Dirección General de Investigación, Desarrollo e Innovación Agropecuaria y se establecen modificaciones puntuales para el presente ejercicio

Gasto anual previsto en virtud del régimen: 980 000 EUR (2006)

Intensidad máxima de la ayuda: El porcentaje de ayuda pública será el siguiente:

En los casos en los que el traslado consista sencillamente en desmantelar, trasladar propiamente y erigir de nuevo las instalaciones existentes en la nueva ubicación: el 90 % de los costes reales de traslado.

En los casos en los que el traslado de lugar a que el agricultor disfrute de una modernización de las instalaciones o de un incremento de la capacidad de producción:

El 90 % de los costes reales del traslado de las instalaciones conforme al punto anterior.

El 40 % de los proyectos de nueva inversión, o el 50 % cuando la nueva explotación se sitúe en zonas desfavorecidas.

Entendemos por proyectos de nueva inversión los correspondientes al aumento del valor de las instalaciones en cuestión después del traslado o el aumento de la capacidad de producción.

Estos porcentajes se incrementarán en 5 puntos porcentuales en el caso de que las inversiones estén promovidas por jóvenes agricultores

Fecha de aplicación: El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será el 23 de junio de 2006

Duración del régimen: Diciembre 2006

Objetivo de la ayuda: Conforme al art. 6 del Reglamento (CE) no 1/2004 de la Comisión, el traslado de las instalaciones dedicadas al alojamiento y albergue de los animales y los equipos alojados en ellas, que sean aprovechables, a otros lugares de asentamiento dentro del territorio de la Comunidad Valenciana, por motivos de interés público, entendiéndose como tal el cumplimiento de las condiciones establecidas en el artículo 53 de la Ley de Ganadería y el traslado de una explotación ganadera desde una zona no desfavorecida hasta una zona desfavorecida.

Los costes subvencionables serán los gastos reales de desmantelar y trasladar propiamente y erigir las instalaciones existentes, con los límites del articulo 6 del Reglamento (CE) no 1/2004

Sector afectado: Explotaciones ganaderas de la Comunidad Valenciana

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación

Amadeo de Saboya, 2

E-46010 Valencia

Dirección web: Orden de 12 de diciembre de 2005, de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación: http://www.gva.es/cidaj/pdf/5160.pdf

http://www.pre.gva.es/DIARIOCGI/BASIS/DIARIO/WEB/INSERCION_DOGV_C/DDW?W%3DCODIGO_INSERCION%3D%272005/13913%27

Resolución de 18 de abril de 2006, de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación:

http://www.gva.es/cidaj/pdf/5261.pdf

http://www.pre.gva.es/DIARIOCGI/BASIS/DIARIO/WEB/INSERCION_DOGV_C/DDW?W%3DCODIGO_INSERCION%3D%272006/5546 %27

Ayuda no: XA 50/06

Estado miembro: España

Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual: Régimen de ayudas para subvencionar proyectos que tengan como finalidad la promoción de las mujeres rurales

Fundamento jurídico: Orden, pendiente de publicación, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones destinadas a la promoción de las mujeres del medio rural

Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global de la ayuda individual concedida a la empresa: El gasto público total presupuestado a conceder al conjunto de los beneficiarios será de hasta 300 000 EUR en el año 2006

Intensidad máxima de la ayuda: La cuantía máxima de la ayuda será hasta el 80 por cien del importe de cada proyecto, sin superar por asociación beneficiaria el 30 por cien del gasto público total y respetando el límite por beneficiario establecido en el artículo 14.3 del Reglamento (CE) no 1/2004

Fecha de aplicación: A partir de la fecha de publicación de la convocatoria de las subvenciones en el Boletín Oficial del Estado

Duración del Régimen o de la ayuda individual: Hasta el 31 de diciembre de 2006, prorrogándose anualmente mediante la correspondiente convocatoria

Objetivo de la ayuda:

Estas ayudas están enmarcadas, fundamentalmente en el artículo 14 del Reglamento (CE) no 1/2004 de la Comisión de 23 de diciembre de 2003 sobre la aplicación de los artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas estatales para las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción, transformación y comercialización de productos agrarios (publicado en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 3 de enero de 2004).

Dentro del citado artículo, las ayudas cubrirán gastos subvencionables contemplados en los apartados, 2.a).i); 2.a).ii); 2.c) y 2.d).

Objetivo principal: Desarrollo de proyectos a realizar por asociaciones, fundaciones, federaciones y otras agrupaciones de mujeres rurales, de ámbito estatal, dirigidos a la promoción de las mujeres en el medio rural.

Objetivos secundarios: Promoción y asesoramiento para creación de empresas; búsqueda de nuevos canales de comercialización y distribución para productos elaborados por mujeres; realización de estudios con enfoque de género; asistencia a congresos o actividades similares para temas sobre mujer rural.

Gastos subvencionables: Personal, equipos, materiales de oficina, instalaciones, viajes, dietas y otros similares

Sector o sectores afectados: El sector afectado es el agrícola, con proyección a otras actividades de diversificación del medio rural

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Desarrollo Rural

Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

Dirección web: http://www.mapa.es/

Otros datos: Las actividades subvencionadas están dirigidas a la promoción de la mujer rural y a apoyar proyectos emprendidos por las mismas en el citado medio, mediante asesoría, asistencia a eventos que les proporcionen información, y estudios sobre la situación sociolaboral. Además se impulsa la diversificación de las actividades que se pueden llevar a cabo por las beneficiarias

Ayuda no: XA 51/2006

Estado miembro: Reino Unido

Región: Cheshire

Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual: Sandstone Ridge ECOnet Partnership Conservation Programme

Base jurídica: s. 39 1981 Wildlife and Countryside Act

Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global de la ayuda individual concedida a la empresa: Conservación de paisajes tradicionales:

2006/2007 — 255 700 GBP

2007/2008 — 272 050 GBP

2008/2009 — 120 000 GBP

Asesoramiento técnico:

2006/2007 — 3 000 GBP

2007/2008 — 3 000 GBP

2008/2009 — 3 000 GBP

El presupuesto no utilizado se transferirá al ejercicio siguiente

Intensidad máxima de la ayuda: Hasta el 100 % para las obras importantes destinadas a la conservación de características patrimoniales no productivas; el 60 % para los aspectos con finalidad productiva que no entrañen un aumento de la capacidad de producción y el 40 % para las obras importantes en aspectos con finalidad productiva que entrañen un aumento de la capacidad de producción. Cuando resulte necesario recurrir a materiales tradicionales, se concederán ayudas de hasta el 100 % de los costes suplementarios incurridos. Se sufragará el 100 % del asesoramiento técnico

Fecha de aplicación:

Duración del régimen o de la ayuda individual: El plazo de solicitudes expirará el 31 de enero de cada año. Todas las obras deberán estar terminadas y presentados los recibos para el 15 de marzo de cada año. No se efectuará ningún pago después del 31 de marzo de 2009

Objetivo de la ayuda: Conservación del patrimonio: conservar los paisajes y características tradicionales de la zona de Sandstone Ridge (Cheshire). Los costes subvencionables serán los costes reales incurridos en relación con inversiones u obras importantes destinadas a la conservación de características patrimoniales en explotaciones agrarias conforme a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1/2004, así como los costes de organizar programas de formación y servicios de asesoramiento conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento (CE) no 1/2004

Sector o sectores beneficiarios: Las destinatarias del régimen de ayuda serán las empresas dedicadas exclusivamente a la producción de productos agrarios. Todos los subsectores podrán acogerse a la ayuda

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

Cheshire County Council

Environmental Planning, Backford Hall, Backford, Chester, Cheshire, CH1 6PZ, UK

Dirección electrónica: http://www.cheshire.gov.uk/SREP/Srep_sate_aid_guidence_download_page.htm

También puede obtenerse información en la página central del Reino Unido sobre las ayudas estatales a la agricultura exentas: www.defra.gov.uk/farm/state-aid/setup/exist-exempt.htm. Pinche en «Sandstone Ridge ECOnet Partnership Conservation Programme»

Otros datos: El régimen tiene por objeto la conservación del patrimonio paisajístico. Es posible que se concedan ayudas en virtud del régimen a tierras propiedad de empresas no pertenecientes al sector agrario, en cuyo caso la ayuda se ajustará a lo dispuesto en el Reglamento (CE) no 69/2001 sobre las ayudas de minimis o en cualquier Reglamento que lo sustituya.

Los beneficiarios no podrán elegir al prestatario del servicio. Cuando el Concejo del Condado de Cheshire no preste el servicio, lo harán otros prestatarios seleccionados y remunerados conforme a principios de mercado

Ayuda no: XA 55/2006

Estado miembro: España

Región: Navarra

Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual: Ayudas al fomento de iniciativas de promoción para la mejora de la comercialización de productos agrarios de calidad

Fundamento jurídico: Orden foral del Consejero de agricultura, ganadería y alimentación, por la que se aprueba la convocatoria de ayudas al fomento de iniciativas de promoción para la mejora de la comercialización de productos agrarios de calidad para el año 2006

Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global de la ayuda individual concedida a la empresa: 275 000 EUR para el ejercicio 2006

Intensidad máxima de la ayuda: 50 % del valor de los gastos elegibles del conjunto de acciones subvencionables previstas den el plan de actuaciones, con un tope maximo de 60 000 EUR por solicitante

Fecha de aplicación: Agosto de 2006

Duración del régimen o de la ayuda individual: Podran concederse ayudas hasta diciembre de 2006

Objetivo de la ayuda: Las presentes ayudas tienen por objeto fomentar en el ambito de las pymes actividades e iniciativas de promoción para la mejora de la comercialización de productos agrarios de calidad, tales como la divulgación de conocimientos científicos entre el público, la organización de ferias y exposiciones, la participación en las mismas, y cualquier otra actividad similar de relaciones públicas, así como las encuestas y estudios de mercado.

Articulo 13: «ayudas para fomentar la producción y comercialización de productos agrarios de calidad» y articulo 14: «apoyo tecnico al sector agrario».

No es objeto de esta ayuda la publicidad, es decir las actividades efectuadas a través de medios de comunicación destinadas a inducir al consumidor a comprar determinados productos agrarios de calidad y cualquier material distribuido directamente a los consumidores con el mismo fin, incluidas las actividades publicitarias destinadas a los consumidores en el punto de venta.

Se considerarán gastos subvencionables:

los gastos de los servicios de asesoría: los honorarios correspondientes a los servicios de promoción que no representen una actividad continua o periódica ni estén relacionados con los gastos de funcionamiento habituales del beneficiario.

la organización de competiciones, exposiciones y ferias y participación en ellas: los derechos de participación, los gastos de viaje, el coste de las publicaciones y el alquiler de las instalaciones donde se realice la exposición.

los costes de los estudios de mercado

Sector o sectores afectados: El sector afectado es la comercialización. los subsectores afectados pueden ser cualquiera siempre que se trate de productos agrarios de calidad conforme a la definición que de los mismos efectua el Reglamento (CE) no 1/2004, de 23 de diciembre de 2003

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

Gobierno de Navarra, Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación

Tudela, 20

E-31003 Pamplona

Dirección web: www.navarra.es

Ayuda no: XA 56/2006

Estado miembro: República Eslovaca

Región: Eslovaquia occidental

Denominación del régimen de ayudas o nombre de la empresa que recibe la ayuda individual: Združenie Stupavských vlastníkov pôdy, a.s.

F. Kostku 55, SK-900 31 Stupava

Base jurídica: Ustanovenie § 240 ods. 3 a § 241 ods. 3 v spojení s ustanovením § 277 a zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 721/2004 Z. z.

Ustanovenie § 5 ods. 2 písm. b) zákona 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci

Metodické usmernenie Sociálnej poisťovne č. 30/2005

Nariadenie Komisie (ES) č. 1/2004, čl. 4, ods. 3, písm. c) a d)

Gasto anual previsto en virtud del régimen o cuantía global de la ayuda individual concedida a la empresa: 719 725 SKK, equivalente a 19 105,03282 EUR

Intensidad máxima de la ayuda: 39,6 %

Fecha de aplicación: 2006

Duración del régimen o de la ayuda individual: Julio de 2006

Objetivo de la ayuda: PYME — Sector agrario

Sector o sectores afectados: Sector agrario

Nombre y dirección del organismo que concede la ayuda:

Sociálna poisťovňa

pobočka Bratislava-okolie

Lazaretská 25

SK-814 99 Bratislava

Dirección web: www.socpoist.sk


1.9.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/39


AYUDA DE ESTADO — ITALIA

Ayuda de Estado C 16/2006 (ex NN34/2006) — Nuova Mineraria Silius

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

(2006/C 210/06)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 26 de abril de 2006, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Ayudas Estatales

Rue de la Loi, 200

B-1049 Bruselas

Fax no: (32-2) 296 12 42

Dichas observaciones se comunicarán a Italia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

TEXTO DEL RESUMEN

PROCEDIMIENTO

Mediante carta de 30 de noviembre de 2005 se notificó a la Comisión el proyecto de ayuda financiera a Nuova Mineraria Silius. El 21 de diciembre de 2005 la Comisión solicitó información adicional e Italia respondió mediante carta registrada el 7 de febrero de 2006.

DESCRIPCIÓN

El beneficiario de la ayuda sería Nuova Mineraria Silius S.p.A. («NMS»), una empresa mediana que pertenece en su totalidad a la región autónoma de Cerdeña (Regione Autonoma Sardegna, «RAS»). NMS explota un yacimiento de fluorita situado en el término municipal de Silius, Cerdeña. En 2004 (última fecha que se conoce) la empresa tuvo un volumen de negocios de 4,960 millones de EUR y contaba con 163 empleados.

Ante el fracaso de la privatización de la empresa, Italia notificó a la Comisión su proyecto de inyectar capital por un importe de unos 24 millones de EUR, con el fin de facilitar inversiones de la misma cantidad. Además de la medida notificada, parece que en los últimos tiempos, desde el año 2001, NMS estuvo recibiendo de manera continuada transferencias de fondos de su único accionista RAS, con el objetivo de cubrir sus constantes pérdidas, hasta un total de 55,97 millones de EUR. Por otra parte, las autoridades italianas confirmaron que NMS recibió también ayuda pública al amparo de la Ley 488/92 (7,66 millones de EUR) y de la Ley 752/82 (1,869 millones de EUR).

EVALUACIÓN

En esta fase, la Comisión considera que las medidas controvertidas constituyen ayuda estatal. En particular, el proyecto de inversión y la cobertura de pérdidas antes mencionados no parecen ajustarse al comportamiento de un acreedor privado en condiciones normales de mercado. Aunque la empresa parece reunir las condiciones para acogerse a ayudas, de conformidad con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, en esta fase la Comisión considera que no se han respetado los criterios de compatibilidad de la ayuda establecidos en las Directrices.

CONCLUSIÓN

Ante las dudas mencionadas anteriormente, la Comisión ha decidido incoar el procedimiento establecido en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE.

TEXTO DE LA CARTA

«La Commissione ha l'onore di informare il governo italiano che, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane in merito alla misura in oggetto, ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

PROCEDURA

1)

Il progetto di aiuto finanziario a favore di Nuova Mineraria Silius è stato notificato alla Commissione con lettera del 30 novembre 2005. La Commissione ha inviato una richiesta di informazioni complementari il 21 dicembre 2005, cui l'Italia ha risposto con lettera raccomandata del 7 febbraio 2006.

DESCRIZIONE DEL BENEFICIARIO E DELLE MISURE DI AIUTO

2)

Il beneficiario dell'aiuto finanziario sarebbe Nuova Mineraria Silius SpA (“NMS”), società di medie dimensioni interamente partecipata dalla Regione autonoma della Sardegna (“RAS”) (1). NMS gestisce un deposito di fluorite (2) nel comune di Silius (Sardegna). Nel 2004 (ultimo anno disponibile) la società ha realizzato un fatturato di 4,96 milioni di EUR con un organico di 163 unità.

3)

NMS è stata creata nel 1992 da RAS e da Minmet Financing Company. RAS ne ha successivamente assegnato la proprietà (il 97,5 % nel 1996 e attualmente il 100 %) all'“Ente Minerario Sardo” (“EMSA”). Nel 1998 EMSA è stato posto in liquidazione. Il commissario liquidatore aveva ricevuto il mandato di privatizzare le attività nella misura del possibile e, altrimenti, di procedere alla loro chiusura. Tuttavia, quando i tentativi esperiti per privatizzare NMS sono falliti ed EMSA ha cessato le attività (giugno 2002), NMS non è stata liquidata.

4)

In seguito alla mancata privatizzazione, l'Italia ha ora notificato alla Commissione un progetto di nuovi conferimenti di capitale a favore della società per un importo di circa 24 milioni di EUR. Il nuovo capitale dovrebbe permettere la realizzazione di investimenti consistenti nella preparazione dello sfruttamento di nuovi giacimenti più profondi, che si prevede aumentino il contenuto di fluorite dei minerali estratti e la produzione globale della miniera.

5)

L'Italia sostiene che la misura proposta non comporta aiuti di Stato e che quindi la notifica è effettuata unicamente per ragioni di certezza giuridica, dato che:

1)

non vi è alcuna incidenza sugli scambi intracomunitari, in quanto la fornitura comunitaria di fluorite copre appena il 30 % della domanda. Il progetto avrebbe quindi come unico probabile risultato la limitazione delle importazioni da paesi terzi e il contenimento degli aumenti di prezzo;

2)

RAS si comporta alla stregua di un investitore operante in economia di mercato dal momento che: i) le esportazioni di fluorite dalla Cina, che rappresentano circa il 50 % della produzione mondiale, attualmente diminuiscono a causa dell'accresciuto consumo interno e ciò, verosimilmente, avrà un impatto positivo sui prezzi della fluorite; ii) la società ha preparato un nuovo piano industriale per i prossimi 8 anni, che prevede il pieno recupero degli investimenti e la realizzazione di utili a partire dal quarto anno perfino nelle attuali condizioni di mercato; iii) l'azionista, nell'assicurare la continuazione produttiva, evita di disperdere gli investimenti precedentemente effettuati realizzati nella società e, verosimilmente, un certo numero di vertenze legali con i clienti.

Alternativamente, qualora la Commissione dovesse ravvisare la presenza di elementi di aiuto di Stato nella misura proposta, l'Italia sostiene che l'elemento di aiuto dovrebbe limitarsi all'importo eccedentario degli utili rivenienti dal progetto d'investimento. Secondo i calcoli dell'Italia, tale eccedenza non dovrebbe essere superiore al 26 % dell'investimento che rientra nella soglia degli aiuti regionali autorizzata nella regione (3).

6)

In aggiunta alla misura notificata, le informazioni fornite dalle autorità italiane mostrano che NMS ha beneficiato negli ultimi anni di continui trasferimenti di fondi pubblici effettuati dal suo unico azionista RAS (4) al fine di coprire perdite costanti nell'ambito della gestione preliquidatoria. Tali trasferimenti, a partire dal 2001, sono ammontati a circa 55,97 milioni di EUR (ossia circa 11 milioni di EUR all'anno; la Commissione non dispone in questa fase di informazioni sufficienti riguardanti altri trasferimenti anteriori al 2001). I trasferimenti figurano nel bilancio della società come “RAS c/copertura perdite future” e “EMSA c/copertura perdite future”.

7)

Inoltre, le autorità italiane hanno anche confermato che NMS ha beneficiato dei seguenti sostegni pubblici:

in seguito all'adozione del decreto ministeriale del 9 maggio 2002, alla società è stato concesso un contributo di 7,66 milioni di EUR ex legge n. 488/92 (5), a fronte di investimenti riconosciuti ammissibili di 14,31 milioni di EUR,

con decreto ministeriale del 28 dicembre 2000 (6), alla società è stato concesso un contributo di 1,869 milioni di EUR in virtù dell'articolo 9 della legge n. 752/82, al fine di finanziare il 60 % delle attività di ricerca per i giacimenti più profondi della miniera. Tuttavia, secondo le autorità italiane, tali fondi non sono ancora stati versati.

VALUTAZIONE DELLA MISURA

1.   Esistenza di aiuto di Stato

8)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Il progetto di investimento e la copertura delle spese

9)

La Commissione osserva che le misure di cui ai punti 4 e 5 comportano l'assegnazione di risorse statali. Giacché l'aiuto pubblico è destinato ad una società individuale, è soddisfatto il criterio della selettività. Inoltre, dato che NMS è attiva nel mercato della fluorite, settore in cui esistono scambi tra Stati membri, è inoltre soddisfatto il criterio dell'incidenza dell'aiuto sugli scambi intracomunitari. In particolare, la tesi svolta dalle autorità italiane, secondo cui non vi sarebbe alcuna incidenza sul commercio intracomunitario, deve essere respinta, in quanto secondo costante giurisprudenza, allorché un aiuto finanziario concesso dallo Stato rafforza la posizione di un'impresa nei confronti di altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, questi sono da considerarsi influenzati dall'aiuto (7).

10)

In merito alla tesi, secondo la quale RAS si comporterebbe alla stregua di un investitore operante in economia di mercato, la Commissione osserva che visti i risultati ottenuti negli ultimi anni e l'andamento dei suoi dati finanziari (8), NMS deve essere considerata come “un'impresa in difficoltà” ai sensi della sezione 2.1 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà (9).

11)

In quest'ottica e tenuto conto del costante fabbisogno di fondi della società per ripianare le perdite subite in questi ultimi anni, senza alcun segno di miglioramento della situazione finanziaria, sembra quanto meno improbabile che un investitore operante in economia di mercato sarebbe disposto ad impegnare fondi ammontanti a 24 milioni di EUR in un progetto che, finora, non è risultato redditizio. Tale conclusione è inoltre corroborata dal fatto che tutti i tentativi esperiti per privatizzare la società, a partire dal 1998 fino al 2002, sono falliti.

12)

Inoltre, finora la RAS non ha mostrato alcun interesse a ponderare i costi che dovrebbe sostenere in caso di liquidazione di NMS rispetto ai costi connessi alla prosecuzione delle attività dell'impresa. Al contrario, la liquidazione è stata espressamente evitata nel giugno 2002, quando era evidente che i tentativi di privatizzazione erano falliti.

13)

Inoltre, dalla notifica si evince che, in larga misura la RAS sostiene NMS in base a considerazioni di ordine sociale, giacché si tratta di una delle poche imprese industriali che sopravvivono nella regione. Tuttavia, argomenti del genere non sono rilevanti per un investitore operante in economia di mercato.

14)

In considerazione di quanto sopra, la Commissione conclude che i nuovi investimenti in questione, unitamente a tutti i precedenti contributi dell'azionista a copertura di perdite (inclusi eventuali trasferimenti effettuati a tal fine prima del 2001), costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, per un importo totale — per quanto è noto finora — di circa 80 milioni di EUR. Quest'ultimo aiuto (a copertura di perdite) è illegittimo, in quanto è stato concesso in virtù dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Quanto alla misura notificata, le autorità italiane hanno confermato che parte dei fondi sono già stati concessi al beneficiario “al fine di realizzare alcune opere urgenti e indifferibili”. Pertanto, anche questa parte dell'aiuto di importo non noto in questa fase, è stata concessa illegalmente.

Fondi accordati in base alle leggi nn. 4888/92 e 752/82

15)

Quanto alle misure citate al punto 6 precedente, in questa fase non si contesta che costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Tuttavia, l'Italia ha dichiarato che finora non è stato erogato alcun aiuto in virtù della legge n. 752/82.

2.   Deroghe in virtù dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE

16)

L'obiettivo primario delle misure di cui ai punti 4 e 5 sembra consistere nell'aiutare una società in difficoltà. In siffatti casi, si può applicare unicamente la deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), in base alla quale possono considerarsi compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, purché siano soddisfatte le condizioni richieste.

17)

Gli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione a favore di imprese in difficoltà attualmente sono disciplinati dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (“i nuovi orientamenti” oppure “gli orientamenti”), che sostituiscono il testo precedente adottato nel 1999 (10) (“gli orientamenti del 1999”).

18)

Le disposizioni transitorie dei nuovi orientamenti prevedono che i nuovi orientamenti si applicheranno alla valutazione di qualsiasi aiuto per il salvataggio o per la ristrutturazione che sia stato concesso senza l'autorizzazione della Commissione (aiuto illegittimo), qualora l'aiuto o una parte di esso sia stato concesso dopo il 1o ottobre 2004, giorno della pubblicazione dei nuovi orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (punto 104, primo capoverso). Di conseguenza, nel caso di specie, si applicano i nuovi orientamenti dato che le misure proposte sono state notificate nel 2005 e visto che un aiuto pubblico di almeno 11 milioni di EUR è stato concesso dopo l'entrata in vigore dei nuovi orientamenti.

19)

Quanto agli aiuti concessi in base alla legge n. 488/92 ed eventualmente in base alla legge n. 752/82, in questa fase sembra che anche la loro compatibilità debba essere valutata alla luce degli orientamenti dato che, secondo il punto 20 degli stessi, la Commissione ritiene che gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà possano contribuire allo sviluppo di attività economiche, senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse, solo quando siano rispettate le condizioni fissate negli orientamenti. In particolare, le imprese in difficoltà sono espressamente escluse dal campo di applicazione della legge n. 488/92. Pertanto, non è certo che NMS potesse beneficiare di aiuto regionale in virtù della legge n. 488/92, in quanto sembra che la società fosse già in difficoltà all'epoca in cui è stato accordato l'aiuto (maggio 2002) (11).

20)

Per la stessa ragione, l'altra tesi svolta dalle autorità italiane secondo cui l'aiuto, ammesso che vi sia stato, deve essere considerato inferiore alla soglia stabilita per gli aiuti regionali in Sardegna, è da respingersi.

21)

In tali circostanze, è possibile che NMS sia ammissibile ad aiuti alla ristrutturazione. Tuttavia, in questa fase, la Commissione ritiene che non siano soddisfatti i criteri richiesti per la compatibilità dell'aiuto. In particolare:

i successivi aiuti versati a copertura di perdite hanno artificiosamente mantenuto in attività un'impresa che altrimenti sarebbe stata posta in liquidazione; apparentemente, non è stata effettuata alcuna ristrutturazione; le misure devono quindi essere considerate come aiuto al funzionamento,

né il ripianamento delle perdite in passato né la misura notificata possono essere considerati aiuti al salvataggio, in quanto hanno riguardato un periodo di vari anni, erano (o saranno) accordati sotto una forma non ammissibile e non è previsto entro un periodo di sei mesi alcun rimborso/piano di ristrutturazione/liquidazione della società,

il piano industriale presentato alla Commissione si limita unicamente ad un'analisi delle prospettive di redditività del nuovo progetto d'investimento senza indicare misure di ristrutturazione né condizioni circa la concessione dell'aiuto pubblico,

in assenza di un piano di ristrutturazione, la Commissione non può valutare se l'aiuto proposto sia atto a ripristinare la redditività nel lungo periodo, se si limiti al minimo necessario e se siano evitate indebite distorsioni di concorrenza [in particolare visto il continuo ripianamento di debiti osservato negli ultimi anni, che potrebbe sollevare difficoltà in base alla giurisprudenza Deggendorf (12)].

22)

Ciò premesso e secondo le informazioni disponibili in questa fase, la Commissione dubita che le misure contestate, comprendenti sia la misura notificata che tutti gli aiuti illegittimi concessi in passato come indicato ai punti 6 e 7, siano compatibili con il mercato comune a titolo di aiuto alla ristrutturazione. Né sembra ad esse applicabile alcuna deroga del trattato CE.

DECISIONE

23)

In base alle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, ed invita l'Italia, entro un mese dalla ricezione della presente lettera, ad inviarle qualsiasi documento, informazione e dati necessari per valutare la compatibilità dell'aiuto. Essa invita altresì l'Italia a trasmettere senza indugio copia della presente lettera al beneficiario potenziale dell'aiuto.

24)

La Commissione desidera richiamare all'attenzione del governo italiano che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE ha effetto sospensivo e che in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare ogni aiuto illegale dal beneficiario.

25)

Con la presente la Commissione comunica all'Italia che informerà gli interessati attraverso la pubblicazione della presente lettera ed una sintesi della stessa nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Informerà inoltre gli interessati nei paesi EFTA, firmatari dell'accordo SEE, attraverso la pubblicazione di un avviso nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale, e informerà infine l'Autorità di vigilanza EFTA inviandole copia della presente. Tutti gli interessati anzidetti saranno invitati a presentare osservazioni entro un mese dalla data di detta pubblicazione.»


(1)  Conformemente alla raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

(2)  La fluorite è utilizzata nella sintesi di molecole organiche per la produzione di materiali plastici, tra cui teflon, resine, aerosol e lubrificanti.

(3)  

NB: Il comune di Silius è situato nella regione NUTS3 di Cagliari (Sardegna) ed è ammesso ad aiuti per l'intero periodo 2000-2006, in virtù dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), con un'intensità di aiuto del 35 % ESN. Per le PMI vi è una maggiorazione del 15 % ESL.

(4)  Incluso fondi conferiti fino al 2003 attraverso la holding pubblica sarda EMSA.

(5)  La legge n. 488/92 concerne un regime di aiuti regionali approvato dalla Commissione con decisione del 10.7.2000 nel caso N 715/99. Il regime scade il 31.12.2006.

(6)  Prorogato ulteriormente dal decreto del 20.12.2002, con scadenza nel dicembre 2004. Il bilancio della società per il 2004 mostra 1,41 milioni di EUR a tale fine. Indica altresì che era prevista la richiesta di una nuova proroga oltre il 2004.

(7)  Causa 730/79 Philip Morris/Commissione, Racc. 1980, pag. 2671, punto 11, e causa C-156/98 Germania/Commissione, Racc. 2000, pag. I-6857, punto 33.

(8)  In particolare, il bilancio annuo del 2004 indica perdite ammontanti a 10,46 milioni di EUR, che corrispondono al 101 % del capitale sottoscritto all'epoca (10,33 milioni di EUR). Le perdite nel 2003 erano ammontate a 9,61 milioni di EUR. Inoltre, anche il fatturato indica una tendenza decrescente, passando da 7,31 milioni di EUR nel 2003 a 4,96 milioni di EUR nel 2004.

(9)  GU C 244 dell'1.10.2004, pag. 2.

(10)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(11)  Secondo il punto 56 degli orientamenti, il fatto che la società si trovi in una zona assistita ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), è importante soltanto per quanto riguarda l'attuazione delle misure compensative e l'entità del contributo del beneficiario.

(12)  Causa C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf/Commissione e altri, Racc. 1997, pag. I-2549.


1.9.2006   

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Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/43


Notificación previa de una operación de concentración

(Asunto no COMP/M.4380 — EST/Dalmine)

Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado

(2006/C 210/07)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

1.

El 25 de agosto de 2006, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual la empresa E.ON Sales & Trading GmbH («EST», Alemania) controlada por E.ON AG («E.ON», Alemania) adquiere el control exclusivo, a tenor de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de Dalmine Energie S.p.A. («Dalmine», Italia) mediante la adquisición de sus acciones.

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

EST: actividades relacionadas con el suministro de gas y electricidad;

Dalmine: Suministro al por mayor de gas y al por menor de electricidad y gas a clientes industriales y comerciales en Italia.

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (2), este asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado establecido en dicha Comunicación.

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en el plazo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.4380 — EST/Dalmine, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Concentraciones

J-70

B-1049 Bruselas


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.

(2)  DO C 56 de 5.3.2005, p. 32.


1.9.2006   

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C 210/44


Notificación previa de una operación de concentración

(Asunto no COMP/M.4358 — REOF/Borletti/Printemps)

Asunto que podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado

(2006/C 210/08)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

1.

El 24 de agosto de 2006, la Comisión recibió la notificación, de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1), de un proyecto de concentración por el cual las empresas RREEF Fund II («REOF», EE.UU.), controlada por Deutsche Bank AG («Deutsche Bank», Alemania) y Mr. Borletti («Borletti», Italia, Reino Unido) adquieren el control conjunto, a tenor de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de France Printemps SA («Printemps», Francia) mediante la adquisición de sus acciones.

2.

Las actividades comerciales de las empresas en cuestión son las siguientes:

REOF: fondo de inversiones con cartera de inversiones en activos inmobiliarios en Europa, Asia Pacífico y las Américas;

Deutsche Bank: banco comercial con operaciones inversoras, financieras y productos y servicios relacionados con ellas, a nivel mundial;

Borletti: participaciones en inversiones de tipo turístico, gestión hotelera, agricultura y sector inmobiliario;

Printemps: almacenes de venta al por menor de productos no alimenticios y de deportes especializados.

3.

Tras un examen preliminar, la Comisión considera que la operación notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva su decisión definitiva al respecto. En virtud de la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (2), este asunto podría ser tramitado conforme al procedimiento simplificado establecido en dicha Comunicación.

4.

La Comisión invita a los interesados a que le presenten sus posibles observaciones sobre el proyecto de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en el plazo de diez días a partir de la fecha de la presente publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, con indicación del número de referencia COMP/M.4358 — REOF/Borletti/Printemps, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Concentraciones

J-70

B-1049 Bruselas


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.

(2)  DO C 56 de 5.3.2005, p. 32.


1.9.2006   

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C 210/45


No oposición a una concentración notificada

(Asunto no COMP/M.4305 — Nokia Corporation/Giesecke & Devrient JV)

(2006/C 210/09)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

El 23 de agosto de 2006, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada citada en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta Decisión se basa en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la Decisión solamente está disponible en inglés y se hará público una vez suprimidos los secretos comerciales que pueda contener. Estará disponible:

en el sitio web de la DG Competencia del servidor Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Este sitio web proporciona diversos métodos de búsqueda de las decisiones sobre concentraciones, en particular por nombre de la empresa, número de asunto, fecha de la decisión e índices sectoriales,

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex por número de documento 32006M4305. CELEX es el sistema de acceso informático a la legislación comunitaria. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


1.9.2006   

ES

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C 210/45


No oposición a una concentración notificada

(Asunto no COMP/M.4173 — Nippon Sheet Glas/Pilkington)

(2006/C 210/10)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

El 7 de junio de 2006, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada citada en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta Decisión se basa en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la Decisión solamente está disponible en inglés y se hará público una vez suprimidos los secretos comerciales que pueda contener. Estará disponible:

en el sitio web de la DG Competencia del servidor Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Este sitio web proporciona diversos métodos de búsqueda de las decisiones sobre concentraciones, en particular por nombre de la empresa, número de asunto, fecha de la decisión e índices sectoriales,

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex por número de documento 32006M4173. CELEX es el sistema de acceso informático a la legislación comunitaria. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


1.9.2006   

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C 210/46


No oposición a una concentración notificada

(Asunto no COMP/M.4324 — Blackstone/Travelport)

(2006/C 210/11)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

El 22 de agosto de 2006, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada citada en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta Decisión se basa en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la Decisión solamente está disponible en inglés y se hará público una vez suprimidos los secretos comerciales que pueda contener. Estará disponible:

en el sitio web de la DG Competencia del servidor Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Este sitio web proporciona diversos métodos de búsqueda de las decisiones sobre concentraciones, en particular por nombre de la empresa, número de asunto, fecha de la decisión e índices sectoriales,

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex por número de documento 32006M4324. CELEX es el sistema de acceso informático a la legislación comunitaria. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


1.9.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 210/46


No oposición a una concentración notificada

(Asunto no COMP/M.4303 — Macquarie/South East London & Kent Bus Company/East London Bus & Coach Company)

(2006/C 210/12)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

El 23 de agosto de 2006, la Comisión decidió no oponerse a la concentración notificada citada en el encabezamiento y declararla compatible con el mercado común. Esta Decisión se basa en la letra b) del apartado 1 del artículo 6 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo. El texto íntegro de la Decisión solamente está disponible en inglés y se hará público una vez suprimidos los secretos comerciales que pueda contener. Estará disponible:

en el sitio web de la DG Competencia del servidor Europa (http://ec.europa.eu/comm/competition/mergers/cases/). Este sitio web proporciona diversos métodos de búsqueda de las decisiones sobre concentraciones, en particular por nombre de la empresa, número de asunto, fecha de la decisión e índices sectoriales,

en formato electrónico en el sitio web EUR-Lex por número de documento 32006M4303. CELEX es el sistema de acceso informático a la legislación comunitaria. (http://ec.europa.eu/eur-lex/lex)


III Informaciones

Comisión

1.9.2006   

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C 210/47


Convocatoria de manifestaciones de interés para un puesto de miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

(2006/C 210/13)

Se buscan candidatos para un puesto de la Junta Directiva de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo, «la EFSA» o «la Autoridad»), creada por el Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (1). La sede de la Autoridad se encuentra en Parma, Italia.

Uno de los miembros de la Junta Directiva de la EFSA, nombrado hasta el 30 de junio de 2008, ha presentado su dimisión y debe ser sustituido hasta que finalice su mandato, es decir, hasta el 30 de junio de 2008.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) es la piedra angular de la evaluación del riesgo en la Unión Europea en lo que respecta a la seguridad de los alimentos y los piensos. La Autoridad se ha creado mediante el Reglamento (CE) no 178/2002 para facilitar asesoramiento y apoyo científicos en relación con la legislación y las políticas comunitarias en todos aquellos ámbitos que, directa o indirectamente, pueden tener alguna repercusión sobre la seguridad de los alimentos y los piensos, así como las cuestiones estrechamente relacionadas en el campo de la salud y el bienestar de los animales y las cuestiones fitosanitarias. La Autoridad facilita información independiente acerca de estos temas e interviene en el proceso de comunicación sobre los riesgos. Dentro de su cometido se encuentra también el proporcionar asesoramiento científico sobre nutrición, especialmente en relación con la legislación comunitaria, y sobre los OMG, incluidas asimismo las nuevas tecnologías alimentarias. La Autoridad se ha ganado rápidamente una reputación entre todas las partes interesadas como punto de referencia reconocido en virtud de su independencia, de la calidad científica de sus dictámenes y de su información al público, de la transparencia de sus procedimientos y de la diligencia en la ejecución de sus funciones. Además de contar con su propio personal especializado, la Autoridad está apoyada por redes de organizaciones competentes de la Unión Europea.

Marco jurídico

De conformidad con el artículo 25 del Reglamento mencionado «los miembros de la Junta Directiva serán designados de forma que garantice el máximo nivel de competencia, una amplia gama de conocimientos especializados pertinentes y, en consonancia con estos criterios, la distribución geográfica más amplia posible dentro de la Unión». Además, cuatro de los miembros «contarán con historial en organizaciones representativas de los consumidores y otras partes interesadas en la cadena alimentaria».

Por añadidura, en el Considerando no 40 del Reglamento en cuestión se estipula que «la cooperación con los Estados miembros resulta asimismo indispensable» y en el Considerando no 41 se establece que «debe nombrarse a la Junta Directiva de tal modo que se garantice el más alto nivel de competencia, una amplia gama de conocimientos pertinentes, por ejemplo en gestión y administración pública, y el mayor reparto geográfico posible dentro de la Unión. Para facilitar lo anterior, debe procederse a una rotación de los diferentes países de origen de los miembros de la Junta Directiva, sin reservar ningún puesto para los nacionales de un Estado miembro específico».

Papel y funcionamiento de la Junta Directiva

Entre las responsabilidades de la Junta Directiva cabe citar, en particular, las siguientes:

efectuar la supervisión general de la Autoridad para garantizar que cumple su cometido y lleva a cabo las funciones que le han sido asignadas de acuerdo con su mandato y de manera siempre independiente y transparente;

el nombramiento del Director ejecutivo a partir de la lista confeccionada por la Comisión y, si es necesario, su destitución;

el nombramiento de los miembros del Comité científico y las comisiones técnicas científicas, que serán los encargados de proporcionar a la Autoridad sus dictámenes científicos;

la adopción de los programas de trabajo anuales y plurianuales de la Autoridad y del informe general de actividades anuales;

la adopción de los estatutos de la Autoridad y de su reglamento financiero.

La Junta opera mediante reuniones oficiales, sesiones privadas, contactos informales entre miembros y correspondencia. Los documentos de la EFSA y la correspondencia de la Junta se redactan en inglés, y las sesiones privadas o informales se celebran en esta misma lengua. Las sesiones oficiales incluyen interpretación cuando los Miembros lo necesitan. Normalmente, la Junta se reúne cinco veces al año, principalmente en Parma, pero también en otros lugares de la Unión Europea cuando resulta necesario.

Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva está compuesta por catorce miembros nombrados por el Consejo, en consulta con el Parlamento Europeo, y un representante de la Comisión. De los catorce miembros nombrados el 15 de julio de 2002 mediante una Decisión del Consejo (2), siete tienen un mandato hasta el 30 de junio de 2008. El mandato de los otros siete miembros finalizaba el 30 de junio de 2006 y el Consejo ha nombrado siete miembros mediante decisión de 19 de junio de 2006 con un mandato hasta el 30 de junio de 2010 (3).

Puede consultarse la composición de la Junta en el sitio web de la EFSA http://www.efsa.europa.eu/en/mboard/members.html.

La presente publicación tiene por objeto la sustitución de un miembro de la Junta Directiva de la EFSA que ha dimitido, y el mandato del puesto que debe cubrirse finaliza el 30 de junio de 2008 (finalización del mandato del miembro que ha dimitido). La presente convocatoria también podrá utilizarse para sustituir a otros miembros que no pudieran acabar su mandato.

Cualificaciones requeridas para el puesto

Los miembros de la Junta Directiva tendrán que contar colectivamente con la competencia y los conocimientos técnicos necesarios para orientar a la Autoridad en las cuestiones relacionadas con su cometido y garantizar así, en particular:

1.

la formulación de dictámenes científicos pertinentes y un apoyo científico eficaz que respondan a las necesidades de la Comunidad Europea en relación con su legislación, sus políticas y sus actividades de interés general;

2.

la aplicación de principios de gestión y administración pública válidos;

3.

un funcionamiento guiado por los principios de integridad, independencia, transparencia, prácticas conforme a la ética y elevada calidad científica a la vez que se mantiene la indispensable cooperación con los Estados miembros;

4.

la comunicación y la información al público con respecto a cuestiones científicas;

5.

la creación y el mantenimiento de una reputación de alto nivel de excelencia, objetividad y fiabilidad entre las partes interesadas;

6.

el fomento de la necesaria coherencia entre las funciones de determinación del riesgo, gestión del riesgo y comunicación sobre el riesgo.

Los candidatos deberán demostrar que pueden aportar una contribución efectiva a uno o varios de los ámbitos enumerados más arriba. Deberán poseer un mínimo de 15 años de experiencia en uno o varios de estos ámbitos, y durante cinco de esos años, como mínimo, deberán haber ocupado un alto cargo. Además, deberán tener al menos cinco años de experiencia adquirida en actividades relacionadas con la seguridad de los alimentos y los piensos u otros ámbitos conexos con el cometido de la Autoridad, en particular en el ámbito de la salud y el bienestar de los animales, la protección del medio ambiente (4), las cuestiones fitosanitarias y la nutrición. Los candidatos deberán demostrar una experiencia considerable y la capacidad de actuar en un entorno multilingüe, multicultural y pluridisciplinar. La selección de los candidatos se efectuará comparando sus méritos con respecto a los criterios citados anteriormente y, de forma coherente con esto, con arreglo a la distribución geográfica más amplia posible dentro de la Unión.

Independencia y declaraciones de compromiso e intereses

Los miembros de la Junta Directiva serán nombrados por méritos propios. Deberán hacer una declaración comprometiéndose a actuar con independencia en pro del interés público, así como una declaración de los intereses que pudiera considerarse que van en detrimento de su independencia. Por lo tanto, en consonancia con el principio de independencia por el que ha de regirse el funcionamiento de la Junta, se ruega a los solicitantes que indiquen en el formulario de solicitud cualquier relación directa o indirecta que consideren que puede interferir con el cometido de la Autoridad.

Participación en las reuniones de la Junta

Los miembros deberán comprometerse firme y formalmente a participar en las reuniones de la Junta Directiva. Se ruega que indiquen en el formulario de solicitud su disponibilidad para participar activamente en la Junta Directiva. Se estima que la Junta Directiva se reunirá de cuatro a seis veces al año. Los miembros de la Junta no percibirán remuneración alguna, pero sí obtendrán el reembolso de sus gastos normales de viaje y manutención. Asimismo, recibirán dietas por cada día de reunión de conformidad con el artículo 15 del Reglamento interno de la Junta Directiva de la EFSA, que establece que «los miembros de la Junta Directiva, a excepción del representante de la Comisión y las personas empleadas por una institución u organismo público nacional, recibirán una dieta diaria de 300 euros por cada reunión de la Junta a la que asistan».

Miembros de la Junta Directiva procedentes de organizaciones que representen a los consumidores y a otras partes interesadas dentro de la cadena alimentaria

Se ruega a los candidatos que indiquen si su solicitud podría también considerarse una manifestación de interés relacionada con este grupo de miembros de la Junta y, de ser así, que proporcionen detalles sobre su historial en organizaciones de representación de los consumidores y otros intereses en la cadena alimentaria.

Mandato que debe cubrirse

A excepción del representante de la Comisión, que es nombrado por ésta, los miembros de la Junta Directiva son nombrados por el Consejo, en consulta con el Parlamento Europeo, a partir de la lista confeccionada por la Comisión sobre la base de una convocatoria de manifestaciones de interés. El mandato del puesto objeto de la presente publicación se extiende hasta el 30 de junio de 2008, fecha de finalización del mandato del miembro que ha dimitido, y es renovable. Téngase en cuenta que la lista confeccionada por la Comisión se hará pública. Podrá invitarse a las personas que figuren en esa lista y no hayan sido nombradas a constituir una lista de reserva que se utilizará en caso de que sea necesario sustituir a otros miembros de la Junta Directiva de la EFSA que no pudieran concluir su mandato.

La Comisión, en lugar de basarse en la precedente convocatoria de manifestaciones de interés, ha decidido realizar una nueva convocatoria a fin de garantizar mejor el objetivo de «la distribución geográfica más amplia posible» facilitada por «una rotación de los diferentes países de origen de los miembros».

Debe señalarse que los seis miembros cuyo mandato finaliza el 30 de junio de 2008 son de nacionalidad finlandesa, alemana, irlandesa, italiana, portuguesa y británica y que los miembros nombrados hasta el 30 de junio de 2010 son de nacionalidad húngara, belga, danesa, griega, neerlandesa, francesa y sueca. Hasta la fecha, la Junta Directiva nunca ha tenido miembros de nacionalidad chipriota, checa, estonia, letona, lituana, luxemburguesa, maltesa, polaca, eslovaca ni eslovena.

Además, en su composición actual, la Junta Directiva únicamente cuenta con un miembro que haya demostrado que posee competencias y experiencia en relación con las organizaciones de consumidores, mientras que varios otros miembros han adquirido sus competencias y su experiencia en organizaciones vinculadas con otros intereses de la cadena alimentaria.

Esta situación se debe a la inexistencia de un número suficiente de candidatos que respondan a los criterios requeridos de competencia y de experiencia y que procedan de organizaciones activas en el ámbito de la protección de los consumidores.

Por tanto, se promueve la presentación de candidaturas que permitan mejorar la representatividad de la Junta Directiva.

La presente convocatoria está abierta a nacionales de cualquier Estado miembro de la UE. Los solicitantes deberán ser nacionales de un Estado miembro de la Unión Europea.

Igualdad de oportunidades

La Unión Europea procura evitar cualquier forma de discriminación y fomenta activamente las candidaturas de mujeres.

Procedimiento de solicitud y fecha límite

Las solicitudes deberán cumplir los siguientes requisitos; en caso contrario no se tendrán en cuenta:

(1)

Los interesados deberán utilizar el formulario, que puede descargarse en el sitio web de la Dirección General de Sanidad y Protección de los Consumidores en la siguiente dirección: http://europa.eu.int/comm/food/efsa/efsa_ board_en.htm

(2)

La candidatura deberá ser completa. Deberá incluir la solicitud, tal como se menciona en el apartado 3 siguiente;

(3)

La solicitud incluirá:

a)

una carta en la que expongan sus motivaciones (firmada);

b)

un formulario de solicitud debidamente cumplimentado (firmado);

c)

un CV de un mínimo de 1,5 páginas.

(4)

La carta en la que expongan las motivaciones, el formulario de solicitud, el CV y los documentos justificativos deberán estar redactados en una lengua oficial de la Comunidad Europea. No obstante, sería deseable incluir un resumen de la experiencia y otras informaciones pertinentes en inglés a fin de facilitar el procedimiento de selección. Todas las solicitudes se tratarán de forma confidencial. En una fase posterior deberán presentarse los documentos justificativos que les sean solicitados.

(5)

El plazo final para la presentación de candidaturas es el 15.10.2006

(6)

La solicitud completa deberá enviarse por correo, preferiblemente por correo certificado, a más tardar el 15.10.2006, de lo cual dará fe el matasellos de correos, a:

European Commission

Health and Consumer Protection Directorate-General

Unit 03 — Science and Stakeholder relations

For the attention of Mr R. Vanhoorde («Application for the Management Board»)

F-101 04/168

B-1049 Bruxelles

(7)

Al presentar una candidatura, se considera que los solicitantes aceptan el procedimiento y las condiciones descritas en la presente convocatoria y en la documentación a la que ésta hace referencia. A la hora de cumplimentar su solicitud, los solicitantes no podrán en ningún caso hacer referencia a ningún documento de ningún tipo presentado en solicitudes anteriores. Cualquier falsedad a la hora de presentar la información solicitada podrá dar lugar a la exclusión de la presente convocatoria.


(1)  DO L 31/1 de 1.2.2002. Modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 575/2006 (DO L 100 de 8.4.2006, p. 3).

(2)  DO C 179 de 27.7.2002, p. 9.

(3)  DO L 189 de 12.7.2006, p. 7.

(4)  Ecología y protección de la biodiversidad.