ISSN 1725-244X

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 65

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Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

49o año
17 de marzo de 2006


Número de información

Sumario

Página

 

II   Actos jurídicos preparatorios

 

Comité Económico y Social Europeo

 

422o Pleno de los días 14 y 15 de diciembre de 2005

2006/C 065/1

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Plan de acción de ayudas estatales — Menos ayudas estatales con unos objetivos mejor definidos: programa de trabajo para la reforma de las ayudas estatales 2005–2009COM(2005) 107 final — [SEC(2005) 795]

1

2006/C 065/2

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007 a 2013) y la Propuesta de Decisión del Consejo relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) de Acciones de Investigación y Formación en Materia Nuclear (2007 a 2011)COM(2005) 119 final — 2005/0043 (COD) — 2005/0044 (CNS)

9

2006/C 065/3

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa marco para la innovación y la competitividad (2007-2013)COM(2005) 121 final – 2005/0050 (COD)

22

2006/C 065/4

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso al Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) por los servicios de los Estados miembros responsables de la expedición de los certificados de matriculación de vehículosCOM(2005) 237 final – 2005/0104 (COD)

27

2006/C 065/5

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 69/169/CEE en lo que respecta a la restricción cuantitativa temporal de las importaciones de cerveza a FinlandiaCOM(2005) 427 final — 2005/0175 (CNS)

29

2006/C 065/6

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre La protección en los medios de transporte

30

2006/C 065/7

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas financieras comunitarias para la aplicación de la política pesquera común y el Derecho del MarCOM(2005) 117 final – 2005/0045(CNS)

38

2006/C 065/8

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Mejora del mecanismo comunitario de protección civilCOM(2005) 137 final

41

2006/C 065/9

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Sociedades mixtas del sector pesquero comunitario. situación actual y futuro

46

2006/C 065/0

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el modelo comunitario de clasificación de las canales de vacuno pesado (versión codificada) COM(2005) 402 final — 2005/0171 (CNS)

50

2006/C 065/1

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre El papel de los parques tecnológicos en la transformación industrial de los nuevos Estados miembros

51

2006/C 065/2

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión — Reestructuraciones y empleo — Anticipar y acompañar las reestructuraciones para desarrollar el empleo: el papel de la Unión EuropeaCOM(2005) 120 final

58

2006/C 065/3

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece el programa específico de Prevención, preparación y gestión de las consecuencias del terrorismo, para el periodo 2007-2013 — Programa general de seguridad y defensa de las libertadesCOM(2005) 124 final — 2005/0034 (CNS)

63

2006/C 065/4

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos (2007) — Hacia una sociedad justaCOM(2005) 225 final — 2005/0107 (COD)

70

2006/C 065/5

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Integrar los aspectos sociales en las negociaciones de los acuerdos de asociación económica

73

2006/C 065/6

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión — Documento de consulta sobre ayuda estatal a la innovaciónCOM(2005) 436 final

86

2006/C 065/7

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Contribución de la Comisión al período de reflexión y más allá: Plan D de democracia, diálogo y debateCOM(2005) 494 final

92

2006/C 065/8

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema El camino hacia la sociedad europea del conocimiento – La contribución de la sociedad civil organizada a la Estrategia de Lisboa

94

2006/C 065/9

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 77/388/CEE en lo relativo a determinadas medidas de simplificación del procedimiento de aplicación del impuesto sobre el valor añadido y de contribución a la lucha contra la evasión y el fraude fiscales y por la que se derogan determinadas Decisiones destinadas a la concesión de excepcionesCOM(2005) 89 final — 2005/0019 (CNS)

103

2006/C 065/0

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Las energías renovables

105

2006/C 065/1

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Libro Verde — El crédito hipotecario en la UECOM(2005) 327 final

113

2006/C 065/2

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Programa de La Haya: Diez prioridades para los próximos cinco años — Una asociación para la renovación europea en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justiciaCOM(2005) 184 final

120

2006/C 065/3

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre las propuestas siguientes:

131

2006/C 065/4

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Libro Verde sobre la política para los servicios financieros (2005-2010)COM(2005) 177 final

134

2006/C 065/5

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre Normas de higiene y empresas artesanales de transformación

141

ES

 


II Actos jurídicos preparatorios

Comité Económico y Social Europeo

422o Pleno de los días 14 y 15 de diciembre de 2005

17.3.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 65/1


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Plan de acción de ayudas estatales — Menos ayudas estatales con unos objetivos mejor definidos: programa de trabajo para la reforma de las ayudas estatales 2005–2009»

COM(2005) 107 final — [SEC(2005) 795]

(2006/C 65/01)

El 8 de junio de 2005, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre el documento de consulta mencionado.

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 11 de noviembre de 2005 (ponente: Sr. PEZZINI).

En su 422o Pleno de los días 14 y 15 de diciembre de 2005 (sesión del 14 de diciembre), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 117 votos a favor, 2 en contra y 5 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Introducción

1.1

El Comité Económico y Social Europeo ha reiterado en diversas ocasiones la importancia de controlar las ayudas públicas dado que son un elemento fundamental para:

una política de competencia adecuada entendida como un instrumento de convergencia entre las economías de los Estados miembros,

el refuerzo de la innovación y la competitividad de la Unión Europea,

la cohesión y el crecimiento sostenible de toda la zona comunitaria.

1.2

La normativa sobre las ayudas estatales se basa en los textos fundacionales de la Comunidad, esto es, en las disposiciones de los Tratados CECA y CEE. No obstante, a diferencia del Tratado CECA que ya ha expirado, el Tratado CE no establece una prohibición absoluta de las ayudas estatales: en efecto, junto al enunciado de la prohibición se prevén excepciones (1) y determinadas exenciones (2) que confieren a la Comisión, y en contadas ocasiones al Consejo, amplias competencias discrecionales para autorizar ayudas que no se atengan a la norma general.

1.3

Por lo demás, los artículos 87, 88 y 89, por los que se rige este ámbito complejo, se incluyen en la Sección II del Título VI relativo a las normas comunes sobre competencia, fiscalidad y aproximación de las legislaciones, con el fin de destacar que el asunto de las ayudas estatales debe tenerse en cuenta debido a sus efectos sobre la competencia.

1.3.1

A este respecto, el Comité ya ha tenido la ocasión de subrayar que todo nuevo plan de acción sobre las ayudas estatales debe incluirse en el marco que establece el artículo 2 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea para garantizar, entre otros aspectos, un buen funcionamiento del mercado único, la aplicación de normas no discriminatorias, un desarrollo armonioso, equilibrado y sostenible de las actividades económicas, un crecimiento sostenible y no inflacionista, un alto grado de competitividad y de convergencia, la mejora de la calidad de vida, así como la cohesión económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros.

1.4

De hecho, por ayuda estatal se entiende, como indica la propia Comisión, una forma de intervención estatal utilizada para fomentar una actividad económica determinada. Por lo tanto, la concesión de este tipo de ayuda supone que determinados sectores o actividades económicas reciben un trato más favorable que otros y ello falsea la competencia al generar una discriminación entre las empresas que reciben asistencia y las demás (3).

1.4.1

Con arreglo al artículo 87, apartado 1, del Tratado, el concepto de ayuda estatal engloba no sólo todas las ayudas concedidas por las autoridades públicas y financiadas con fondos públicos, sino también todas las intervenciones destinadas a reducir las cargas que, en general, gravan el balance de una empresa.

1.5

El Consejo Europeo de marzo de 2005 reiteró el objetivo de seguir reduciendo el nivel general de las ayudas públicas, aunque concediendo exenciones para paliar las posibles deficiencias de los mercados. Esta posición se atiene a las deliberaciones de las cumbres de Lisboa de 2000 y de Estocolmo de 2001 y responde a la necesidad de orientar las ayudas hacia objetivos horizontales de interés común, incluidos los de la cohesión.

1.5.1

Asimismo, la Comisión, en su reciente Comunicación sobre la revisión intermedia de la Estrategia de Lisboa, ha asumido este objetivo de reducir las ayudas estatales, orientarlas para paliar las deficiencias de los mercados –sobre todo, en sectores con un enorme potencial de crecimiento–, y fomentar la innovación (4).

1.6

También el Parlamento Europeo se pronunció recientemente sobre las ayudas estatales (5), destacando que deben concederse de un modo responsable y rentable, habida cuenta de que:

representan más del 50 % del presupuesto anual de la Unión Europea,

tienen repercusiones en la Hacienda pública, en la competencia y en la capacidad de las empresas privadas para invertir en un contexto económico globalizado,

son financiadas por los contribuyentes europeos.

1.6.1

Asimismo, el Parlamento Europeo (PE) aprobó el 12 de mayo de 2005 una resolución titulada «Reforzar la competitividad europea: consecuencias de las transformaciones industriales en la política y en el papel de las PYME» (6) en la que defiende, entre otros, el objetivo de reducción del volumen global de las ayudas a las empresas, pero recuerda la utilidad de estas ayudas para atenuar algunas carencias del mercado, como las ayudas a la I+D, a la formación y al asesoramiento de las empresas.

1.6.2

El PE, tras señalar la importancia de las ayudas estatales para las PYME en los Estados miembros, pide a la Comisión que mantenga en los Fondos Estructurales el conjunto de los instrumentos de ayuda a la reconversión económica y socioeconómica para las regiones que han sufrido deslocalizaciones industriales, e insiste en que deben tomarse más en consideración las necesidades de las pequeñas empresas y las microempresas (7) en estas regiones y, de manera más general, en el conjunto de las políticas de cohesión.

1.6.3

El PE propone que, en el ámbito de la reforma de los regímenes de ayudas estatales, se establezca una línea de acción clara en favor de la innovación, que cubra transversalmente todos los sectores, en el marco de los objetivos de Lisboa.

1.7

Por su parte, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado en muchas ocasiones a lo largo de los años sobre las ayudas estatales, elaborando una auténtica legislación basada en casos concretos y estableciendo una jurisprudencia con directrices coherentes y muy detalladas: las últimas son la sentencia sobre los servicios de interés general y la sentencia Altmark de 24 de julio de 2003 (8).

1.8

La Comisión, en su informe sobre el marcador de las ayudas estatales, de abril de 2005 (9), ofrece una visión positiva de la reacción de los Estados miembros a la estrategia que se puso en marcha en Lisboa, haciendo hincapié en una ligera reducción del nivel de ayudas respecto del PIB y en las respuestas aún más positivas sobre la reorientación de las ayudas de acuerdo con las sugerencias de los Consejos Europeos; no obstante, todavía queda mucho por hacer.

1.8.1

La Comisión, como base de debate para una estrategia destinada a reducir el nivel general de las ayudas estatales y a reorientarlas hacia objetivos horizontales, elaboró en 2001 una lista de las ayudas estatales y el cuadro de evaluación correspondiente, que procedió a desarrollar en 2002. El Comité ya manifestó su reconocimiento por el compromiso de la Comisión para lograr una mayor transparencia en este ámbito, que resulta especialmente importante respecto de los nuevos Estados miembros.

1.9

El Comité señala con satisfacción que en 2003 el total anual de ayudas públicas disminuyó un 3,6 % respecto de 1999 y casi un 30 % respecto de 1996; no obstante, destaca que el importe actual – 53 000 millones de euros (10), del que más de un 60 % se destina a la industria manufacturera y los servicios– sigue siendo elevado. Asimismo, el Comité reitera su preocupación por el falseamiento de la competencia que podrían generar las divergencias existentes sobre ayudas públicas entre los distintos Estados miembros y, dentro de ellos, entre las regiones.

1.9.1

El Comité (11) acogió favorablemente en su momento el trabajo sistemático de la Comisión para clarificar y precisar las normas, con especial atención al reglamento de exención por categorías y a las ayudas en favor del empleo destinadas a facilitar la creación de puestos de trabajo por los Estados miembros.

1.9.2

El Comité coincide plenamente con la Comisión en que las normas sobre ayudas estatales deben ser objeto de ajustes con el paso del tiempo, para tener en cuenta la evolución registrada a nivel político, económico y jurídico. Por este motivo, los instrumentos de evaluación de las ayudas estatales están sujetos a revisiones periódicas y, por lo tanto, tienen una duración limitada (12).

1.10

El Comité se felicita de que la Comisión haya presentado propuestas para elaborar una reforma general de este ámbito (13) basada en un enfoque integrado que tenga muy en cuenta las «deficiencias del mercado».

1.10.1

El Comité señala que la adopción de un nuevo marco que tenga debidamente en cuenta el equilibrio necesario entre la política de ayudas y la necesidad de desarrollo debe estar subordinada a una revisión que incluya una simplificación y una evaluación exhaustiva de su repercusión.

1.10.2

Esta revisión deberá basarse en objetivos claros, una amplia consulta y datos completos; asimismo, el nuevo marco debe garantizar, además de un sistema claro de control, la coherencia entre las políticas, la concentración de las acciones y, por último, una mayor simplificación, transparencia y seguridad jurídica.

1.10.3

El marco propuesto debería incluir:

los imperativos de enfoque integrado de la competitividad, fijados por el Consejo Europeo de noviembre de 2004, para dar un nuevo impulso a la agenda de Lisboa, desde el punto de vista del desarrollo económico, crecimiento del empleo y refuerzo de las empresas;

los requisitos de simplificación de la política comunitaria sobre ayudas estatales, ya que las fases sucesivas han generado una complejidad cada vez mayor y un incremento de las cargas administrativas tanto para los Estados miembros como para los receptores;

la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la transparencia administrativa, con normas claras, simples y fijadas de antemano, que las empresas y sus asesores puedan comprender y utilizar con facilidad;

el principio de la validez económica de las ayudas destinadas a corregir las deficiencias del mercado, reduciendo la inseguridad y garantizando un grado suficiente de previsión a los operadores;

mecanismos y procedimientos de detección y notificación de las medidas que no son compatibles con el mercado único de la UE-25; éstos deben ofrecer posibilidades concretas de participación activa de los agentes interesados, la judicatura, el mundo académico, las empresas y la sociedad civil.

1.10.4

Hay otros aspectos que también requieren suma atención:

el tamaño y la localización de los beneficiarios de las ayudas, así como la importancia de la propia ayuda (véase el Reglamento de minimis),

la compatibilidad del nuevo marco con la política comunitaria de medio ambiente (nuevas normas sobre el régimen de comercio de los derechos de emisión),

la política de innovación (Vademécum de noviembre de 2004 y nueva Comunicación de 2005), investigación y desarrollo tecnológico (nuevo marco de ayudas I+D 2006),

la política industrial sectorial,

la política de cohesión (revisión de las directrices sobre ayudas de finalidad regional 2006),

la política empresarial (Reglamento de minimis y revisión de la normativa sobre el capital riesgo),

la sensibilidad de los consumidores y los beneficios para los ciudadanos europeos.

1.11

No obstante, a juicio del Comité, la cuestión más importante que debe abordarse al establecer un marco común para las ayudas estatales es impulsar una política moderna que cuente con el consenso unánime de todos los Estados miembros, habida cuenta de que la globalización impone procesos de transición y reestructuración a todas las economías de la Unión.

1.12

Las empresas, en la medida en que son competidoras y destinatarias últimas de los regímenes de ayudas, ocupan un lugar privilegiado para evaluar la eficacia de los instrumentos aplicados. Por lo tanto, pueden contribuir de manera concreta al seguimiento de soluciones adecuadas para una moderna política europea de ayudas estatales y hacer sugerencias útiles sobre el contenido de nuevas directrices.

1.12.1

Además, las empresas son las primeras que padecen la inseguridad jurídica y la lentitud de los plazos de aprobación de los regímenes de ayudas, así como las graves consecuencias derivadas de la recuperación de las ayudas declaradas ilegales. Por lo tanto, se encuentran entre los agentes más interesados en que se difunda un conocimiento unívoco de la normativa comunitaria y en que se superen las dificultades y divergencias de interpretación y aplicación que plantea.

2.   Hacia un marco equilibrado de reforma de las ayudas estatales

2.1

El Comité se muestra convencido de que las propuestas de reforma de la Comisión representan un oportunidad valiosa para unir en una síntesis equilibrada:

las exigencias de desarrollo de todos los Estados miembros desde el punto de vista de una economía sostenible basada en el conocimiento, más y mejores empleos y un alto nivel de calidad de vida,

las ramificaciones de la globalización, incluido el pleno respeto de las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC),

la igualdad de condiciones, dentro del gran mercado común de la Europa ampliada, para empresas, consumidores, contribuyentes y la sociedad civil en su conjunto.

2.2

El Comité comparte plenamente el principio rector de la reforma, «menos ayudas estatales con unos objetivos mejor definidos», que tiene por objeto reforzar la competitividad de las empresas en los mercados interiores e internacionales y crear las condiciones necesarias para recompensar a las empresas más eficaces.

2.3

El Comité apoya sin reservas la línea fijada por la Comisión para simplificar las normas con el fin de ofrecer mayor seguridad a los operadores y reducir las cargas administrativas de los Estados miembros. En efecto, el Comité está convencido de que la incertidumbre respecto de si una ayuda es legal o ilegal puede poner en duda la legitimidad del control mismo de las ayudas estatales que realiza la Comisión.

2.4

A juicio del Comité, el proyecto de reforma de la legislación comunitaria sobre estas ayudas debería permitir esencialmente:

mayor participación institucional de los distintos agentes interesados, comenzando por las empresas, en los procesos de decisión y aplicación de las políticas;

adaptación de las normas vigentes a los nuevos retos, para respaldar los objetivos de la Estrategia de Lisboa e incrementar los beneficios que reciben los ciudadanos;

creación de instrumentos específicos para fomentar el aumento de tamaño de las empresas, autorizando incentivos adecuados;

adopción de nuevas normas para las ayudas estatales a la innovación e I+D;

condiciones más claras para la concesión de ayudas fiscales, revisando los marcos de las medidas de ayuda a través de una «fiscalidad ventajosa», para garantizar condiciones equitativas a las zonas desfavorecidas mediante un instrumento atractivo, simple y con repercusiones limitadas en la competencia;

establecimiento de mecanismos de evaluación a posteriori y de un seguimiento sobre la eficacia económica de las medidas, que analicen su validez en relación con el funcionamiento del mercado único;

mayor cooperación internacional para poder coordinar la política comunitaria con la de terceros países, especialmente aquellos cuya legislación no establece ningún límite respecto de las ayudas estatales.

2.5

La política sobre ayudas estatales es parte integrante de la política de competencia y, por lo tanto, una de las políticas comunitarias que ejerce mayor influencia en la marcha de la economía. Por lo tanto, el Comité opina que debe utilizarse de manera más concreta para alcanzar la calidad del desarrollo y la coherencia con los objetivos del proceso de Lisboa, de forma que pueda desempeñar un papel impulsor que garantice una evolución sana del desarrollo de la economía y el empleo.

2.6

La competitividad mide la capacidad del mercado para crear de manera eficaz bienes y servicios que tengan valor en un mundo globalizado, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la sociedad y alcanzar un nivel elevado de empleo. No obstante, hay que reconocer que no se ha logrado fomentar el crecimiento de las empresas europeas y de los recursos humanos hacia niveles más elevados de investigación tecnológica, innovación, formación e internacionalización, tal como se preveía en la Estrategia de Lisboa.

3.   La reforma y la Estrategia de Lisboa (menos ayudas estatales con unos objetivos mejor definidos)

3.1

El Comité apoya un nuevo marco general comunitario de las ayudas estatales que responda a una política de ayudas:

más concentrada y selectiva,

coherente y perfectamente integrada en la Estrategia de Lisboa, la realización del mercado único y las demás políticas comunitarias,

basada en la simplificación, transparencia y seguridad jurídica de los procedimientos y normas,

caracterizada por una mayor participación institucional de las empresas y del mundo laboral en los procesos de decisión y aplicación, así como en las fases de evaluación y control de la eficacia,

basada en el reparto de responsabilidades mediante la creación de niveles nacionales de coordinación,

vinculada a las políticas de los órganos internacionales y a los principales socios europeos en los mercados mundiales,

respetuosa con las normas del mercado único,

que garantice la compatibilidad de las ayudas públicas de la Unión Europea.

3.2

En consecuencia, el Comité considera que la política comunitaria de ayudas estatales debe contribuir activamente a mejorar el atractivo de Europa para las inversiones y el empleo, reforzar la competitividad de las empresas y la cohesión social, estimular la inclinación hacia la investigación y la innovación, así como fomentar la creación y difusión de nuevos conocimientos y la formación de los recursos humanos.

3.3

El Comité también defiende que el marco comunitario de exención relativo a las ayudas a la formación y el empleo se amplíe y simplifique mediante un Reglamento general de exención por categorías, dando prioridad a las medidas de ayuda más transparentes y centradas en objetivos precisos; estas medidas deben determinarse en estrecha consulta con las empresas y los interlocutores sociales que, como destinatarios de los regímenes de ayuda, son idóneos para evaluar la eficacia de los instrumentos propuestos.

3.4

Respecto de las ayudas de finalidad regional dentro del nuevo programa marco para 2007-2013, el Comité apoya la voluntad de volver a impulsar el desarrollo de las regiones desfavorecidas (regiones NUTS II «de efecto estadístico», regiones NUTS II «de crecimiento económico» y regiones NUTS III «con baja densidad de población»), las islas y las zonas de montaña caracterizadas por una marginalidad territorial, superando el enfoque de asistencia, reduciendo los porcentajes máximos de concentración de ayudas, limitando al 10 % el diferencial entre las clases extremas de las regiones menos desarrolladas y verificando las posibles deslocalizaciones motivadas por diferencias desproporcionadas en las ayudas (que no superan el 20 % para las regiones NUTS III) entre las regiones transfronterizas.

3.4.1

El Comité comparte el enfoque de la Comisión sobre la intensidad de las ayudas de finalidad regional para distintos tipos de empresas, pero considera que debe evitarse el riesgo de frenar el aumento de tamaño de las pequeñas empresas estableciendo un único aumento (del 20 %) tanto para las pequeñas como para las medianas. Los límites propuestos para apoyar las inversiones de las grandes empresas en las regiones cubiertas por las nuevas excepciones deberían tener en cuenta la nueva clasificación de las empresas, prevista en la recomendación de la Comisión de 2003 (14).

3.5

Por lo que se refiere precisamente a las ayudas de escasa cuantía, el Comité es favorable a un aumento del límite máximo previsto para las ayudas de minimis con el fin de lograr una mayor concentración y simplificación de la acción comunitaria.

3.6

El Comité considera que la Comisión debería centrarse en el examen de ayudas estatales que tienen una repercusión significativa en los intercambios, sin dispersar sus recursos examinando una multiplicidad de casos con un interés predominantemente local, aclarando el significado y la interpretación del concepto de alcance local.

3.7

El Comité señala que el control de las ayudas estatales debe ser proporcional y eficaz, evitando procedimientos complejos de notificación en los casos con una importancia económica marginal para la competencia comunitaria.

3.8

El Comité apoya firmemente la propuesta sobre las ayudas estatales de escasa cuantía que presentó la Comisión en su momento (febrero de 2004), con vistas a garantizar a los Estados miembros mayor flexibilidad y procedimientos más simples, así como suficiente margen de maniobra para las medidas de ayuda destinadas a realizar los objetivos de la Estrategia de Lisboa, sin perjuicio de que la Comisión siga manteniendo posibilidades de control adecuadas.

3.9

Respecto de las ayudas sectoriales, siguiendo las indicaciones de la Comisión para las exenciones por categoría en conjunto, debe velarse por la coherencia entre las políticas comunitarias sectoriales y los regímenes de ayuda en los sectores de transportes, energía, información y comunicación. Además, la Estrategia de Lisboa fijó objetivos precisos para los sectores cultural, audiovisual, cinematográfico y de deportes, con un gran potencial de innovación, crecimiento y nuevos empleos.

3.10

Respecto de las ayudas medioambientales, el marco comunitario de ayudas estatales para la protección del medio ambiente seguirá vigente hasta 2007. También en este ámbito deben perseguirse los objetivos de la Estrategia de Lisboa, facilitando la realización del régimen de comercio de los derechos de emisión de CO2 (Planes Nacionales de Asignación de emisiones) dentro de los objetivos del Protocolo de Kioto.

3.11

Ayudas a la innovación (con arreglo a la definición del Libro Verde (15)). El Comité considera que debería ampliarse el marco actual a tipos de ayudas destinadas a actividades innovadoras que las directrices vigentes no cubran, y establecer criterios claros y generales de compatibilidad que concedan a los Estados un mayor grado de intervención, sin obligación de notificación.

3.11.1

El Comité, con el fin de lograr mejoras en este ámbito, pide a la Comisión que precise mejor, con ayuda de Eurostat, las actividades de producción y servicios que pueden englobarse dentro de las que se consideran actualmente como actividades innovadoras. En efecto, sería muy útil contar con directrices en este sector sensible.

3.11.2

A este respecto, el Comité se felicita por la presentación el 21 de septiembre de 2005 de la Comunicación sobre el sistema de ayudas estatales a la innovación, destinada a dotar de un marco comunitario a este sector esencial y a determinar, por una parte, las situaciones más claras de deficiencia del mercado y, por otra parte, las intervenciones coyunturales aplicables cuando se pueden aportar soluciones concretas.

3.12

Asimismo, deben fijarse con claridad criterios preestablecidos capaces de indicar las deficiencias del mercado que pueden obstaculizar la optimización de las medidas e instrumentos innovadores en la aplicación de la Estrategia de Lisboa; no obstante, también deberá dejarse a los Estados miembros y a sus regiones un margen de maniobra suficiente para graduar intervenciones proporcionadas y eficaces, que puedan transformar la investigación precompetitiva en innovación comercial y de mercado.

3.13

Respecto de las ayudas para incentivar las inversiones en proyectos innovadores por parte de las PYME, también deben destinarse a fomentar la expansión de las empresas e incluir en especial:

apoyo a las redes de innovación regionales y transregionales,

fomento de la política de distritos y parques tecnológicos industriales,

establecimiento de inversores privados no institucionales (business angels) y de intermediarios de servicios, como proveedores de tecnología empresarial (venture technologists), agentes intermediarios (brokers) y asesores en el ámbito de las patentes,

creación de centros de transferencia de tecnología y de capital riesgo,

formación y contratación de personal técnico cualificado.

3.14

El Comité propone que el nuevo sistema marco tenga en cuenta todos los factores relativos al medio ambiente, que influyen en el proceso de innovación, como:

la cultura empresarial en favor de la innovación,

el sistema de vínculos e interrelaciones con otras empresas, organismos y entes públicos, fundamentales para la creación y difusión del conocimiento y la innovación,

el marco legislativo y reglamentario de referencia, especialmente sobre propiedad intelectual,

el acceso al mercado de capitales, en particular respecto del capital riesgo y nuevas empresas (revisión de la Comunicación sobre capital riesgo),

los servicios de educación y formación y las relaciones entre el mundo académico y científico y la empresa,

las estructuras de apoyo (como incubadoras, redes de distritos, parques industriales y tecnológicos) y de intermediación para la innovación.

3.14.1

De manera más general, el Comité estima que, en el proceso de revisión de las orientaciones sobre ayudas horizontales a la investigación, innovación, medio ambiente y capital humano, sería útil:

incrementar la intensidad de las medidas horizontales prevista actualmente,

mantener las bonificaciones territoriales para las intervenciones en zonas menos desarrolladas,

establecer en las zonas no admisibles, o que dejan de serlo de conformidad con el artículo 83, letra c, una bonificación de cohesión para intervenciones cofinanciadas por los Fondos Estructurales.

3.15

Respecto del régimen de ayudas en el sector de los servicios de interés económico general, debe destacarse que estos servicios constituyen un elemento esencial de la cohesión social y territorial; por lo tanto, es necesario aclarar, de acuerdo con los criterios fijados en la sentencia sobre el asunto Altmark (16) y la decisión correspondiente de la Comisión de 13 de julio de 2005, la referencia al concepto de «empresa media, bien gestionada», y garantizar la seguridad jurídica respecto de las compensaciones concedidas en concepto de función de servicio público, que constituyen ayudas estatales compatibles con el Tratado.

3.16

El Comité considera que la legislación futura debería tener en cuenta que corresponde a las instituciones que tienen legitimidad democrática sobre el asunto, a nivel nacional, regional y local, la responsabilidad de determinar los servicios de interés económico general (17).

4.   Simplificación y transparencia de los procedimientos

4.1

El Comité considera que pueden realizarse avances importantes hacia una mayor simplificación y transparencia reforzando la labor de la Comisión para que la política comunitaria de ayudas esté más centrada en los aspectos que pueden generar falseamientos significativos de la competencia.

4.2

Asimismo, debe solucionarse la lentitud de gestión de los expedientes, mejorando y agilizando las prácticas administrativas y ejerciendo la responsabilidad de los Estados miembros con el fin de garantizar transparencia y eficacia.

4.3

El Comité también defiende la elaboración de códigos de buenas prácticas con plena participación de todos los agentes interesados, especialmente las empresas como destinatarias de las medidas de ayuda.

5.   La reforma y la Europa de los 25

5.1

La nueva situación derivada de la ampliación exige adaptaciones de la política de ayudas estatales para permitir a todas las regiones europeas atraer en igualdad de condiciones nuevas instalaciones e inversiones, y garantizar una competencia leal entre regiones limítrofes.

5.2

En la actualidad, los diez nuevos Estados miembros de la Unión destinan a las empresas en concepto de ayudas estatales importes claramente superiores, en porcentaje de su PIB, que los que se conceden en la EU-15, aunque esta relación evoluciona hacia un equilibrio progresivo. En el período 2000-2003, las ayudas estatales en los nuevos Estados miembros representaron por término medio un 1,42 % del PIB frente a una media del 0,4 % en la UE-15.

5.3

La Estrategia de Lisboa prevé la utilización de las ayudas para alcanzar objetivos horizontales. En 2002 representaban un 73 % de las ayudas de la UE-15 frente al 22 % en los nuevos Estados miembros (18).

5.4

Por lo demás, debe reconocerse que los nuevos Estados miembros han sabido adaptarse perfectamente a la economía de mercado, aunque la Europa ampliada todavía debe dar pasos importantes para reducir el nivel general de las ayudas y favorecer la competitividad, el desarrollo sostenible y coherente y la nueva economía europea del conocimiento.

6.   Participación de los agentes interesados: empresas y sociedad civil

6.1

El Comité considera que es necesario mejorar la gobernanza de las prácticas y procedimientos en el ámbito de las ayudas estatales con una mayor participación de los agentes directamente interesados. Entre ellos, cabe citar en primer lugar a las empresas y la sociedad civil que están expuestas, en primera persona, a la inseguridad jurídica y la lentitud de los plazos de aprobación comunitaria de los regímenes de ayuda, así como a las graves consecuencias derivadas de la recuperación de ayudas declaradas incompatibles o ilegales.

6.2

Las empresas, como destinatarias de los regímenes de ayuda y a la vez competidoras, tienen una posición privilegiada para:

valorar, merced a sus conocimientos y experiencia directa, la eficacia de los instrumentos aplicados, efectuar un seguimiento de las soluciones adoptadas y determinar las mejores prácticas posibles;

favorecer una mejor difusión de la legislación comunitaria de forma clara, transparente y directamente accesible para los usuarios, ya sean adjudicadores o beneficiarios de las ayudas;

contribuir a superar las dificultades y dudas de interpretación y aplicación, que pueden llegar a poner en peligro la legitimidad del control de las ayudas estatales;

establecer formas de aplicación de la normativa a instancia de los particulares (private enforcement), facilitando el cumplimiento y la plena aplicación de la legislación europea.

6.3

Por consiguiente, el Comité considera necesario:

una mayor participación institucional de las empresas en los procesos decisorios y de realización de las políticas;

el establecimiento de mecanismos de evaluación a posteriori y de un seguimiento de la eficacia económica de las medidas;

un acceso completo, en Internet, a las decisiones de la Comisión en la lengua del Estado miembro interesado y en una de las lenguas de trabajo de la Comisión;

una información periódica a las empresas sobre los procesos de notificación en curso, para que puedan verificar que las normas de simplificación aprobadas a escala nacional o local son conformes con las disposiciones sustanciales y los procedimientos de la UE sobre las ayudas, así como intervenir ante las autoridades públicas, en los diferentes niveles, para lograr una mejor aplicación de la política comunitaria relativa a las ayudas;

un control proactivo de la aplicación reglamentaria, con participación del mundo empresarial y de los representantes de la sociedad civil en el análisis económico de las deficiencias del mercado y del escaso rendimiento de un sector o industria;

la aplicación de mecanismos sistemáticos y compartidos, basados en criterios definidos y transparentes, de detección de las deficiencias del mercado (market failure watch) y de las medidas de ayuda que no tienen repercusiones significativas en la competencia dentro del mercado único, de conformidad con la Estrategia de Lisboa.

7.   En aras de una política de ayudas estatales concebida como instrumento de crecimiento, con arreglo a una visión común del desarrollo económico integrado y coherente para 25 a 27 Estados miembros, generador de nuevos empleos y nuevas empresas

7.1

El Comité opina que debe exponerse de forma clara el valor añadido que representan las ayudas estatales para el futuro de la Unión Europea, dentro de los objetivos de un desarrollo competitivo, sostenible y coherente de los Estados miembros que se decidieron en Lisboa y que se han confirmado repetidamente en varias de las cumbres europeas celebradas desde 2000.

7.1.1

Los sectores clave incluidos dentro de esta Estrategia requieren esfuerzos financieros considerables y específicos, que deben recibir total apoyo mediante las políticas presupuestarias y estructurales de los Estados miembros; este conjunto debe inscribirse en un marco coherente y compatible de las políticas, definido previamente, al que deben hacer referencia y adecuarse todos los componentes, también la política comunitaria de competencia.

7.2

El Comité considera que la plena realización del mercado único europeo, que sea capaz de competir en pie de igualdad con los demás socios del mercado mundial, requiere una gran modernización tanto de los comportamientos como de la concepción de las políticas europeas del ámbito económico y, especialmente, de ayudas estatales; ello es imprescindible además para posibilitar la realización de las grandes infraestructuras y las grandes inversiones inmateriales necesarias para el funcionamiento de un mercado eficaz, tecnológicamente avanzado y competitivo.

7.3

A juicio del Comité, es preciso animar a los Estados miembros y a las regiones, mediante la definición de criterios de compatibilidad general, a aplicar políticas de apoyo que persigan el objetivo de una economía competitiva y sujeta a las normas de la libre competencia.

7.4

Si el mercado no consigue que las empresas europeas sean competitivas ni que refuercen sus capacidades de innovación tecnológica, formación e internacionalización, la política europea de ayudas estatales debe facilitar y no obstaculizar las políticas e intervenciones encaminadas a estimular el crecimiento de las empresas y a incrementar su capacidad para atraer a Europa nuevas inversiones, cerebros y capitales.

8.   Recomendaciones finales

8.1

El Comité apoya la modernización de la política europea de ayudas estatales basada en un nuevo enfoque proactivo y un nuevo marco comunitario general. A este respecto, recomienda lo siguiente:

una política capaz de ofrecer respuestas adecuadas y de solucionar o eliminar las deficiencias del mercado;

una política que contribuya de manera decidida a la plena realización del mercado único, sin generar un falseamiento de la competencia;

una política más coherente e integrada que impulse la aplicación de los distintos aspectos de la Estrategia de Lisboa, para hacer más competitivos y perfeccionados en general el nivel de desarrollo de las empresas así como la calidad del trabajo y de la vida de los ciudadanos;

el refuerzo del tejido industrial y de los servicios, mediante el crecimiento de las empresas y la adecuación del mundo industrial y laboral a los nuevos objetivos de la política industrial y a las nuevas exigencias derivadas de la globalización;

un apoyo fuerte a la innovación, en todos sus aspectos, de productos y de procesos (19);

un enfoque proactivo que incremente el atractivo de Europa para las inversiones y la capacidad de crear empleo, refuerce la dimensión competitiva de las empresas, estimule la inclinación hacia la investigación y la innovación, así como fomente la creación y difusión de nuevos conocimientos y la formación de los recursos humanos;

una mayor atención a los factores que realmente falsean la competencia en los mercados interior e internacional, sin perderse en gestiones burocráticas inútiles y costosas sobre asuntos limitados, locales y sin efectos significativos de distorsión;

un enfoque basado en la simplificación, transparencia y seguridad de procedimientos y normas, junto con una intervención de acuerdo con criterios inequívocos, nada discrecionales y compatibles con la agenda de Lisboa, sobre desarrollo armonioso, coherente y competitivo a escala mundial;

una mayor participación institucional de las empresas en los procesos decisorios y de realización de las políticas, así como en las fases de evaluación y supervisión de la eficacia y del cumplimiento de la aplicación normativa;

una relación más estrecha de las reglamentaciones y normativas europeas con las de organismos internacionales, como la OMC, y de los principales socios europeos en los mercados mundiales;

la determinación de una visión común, mediante un ejercicio de previsión participativa con intervención de todos los agentes, órganos políticos y decisorios y medios económicos y sociales, que permita verificar previamente la compatibilidad real del desarrollo y las intervenciones.

Bruselas, 14 de diciembre de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Artículo 87, apartado 2.

(2)  Artículo 87, apartado 3.

(3)  COM(2005) 147 final de 20.4.2005.

(4)  No siempre es fácil comprender la sociedad del conocimiento. En esta sociedad, los productos contienen un alto porcentaje de inteligencia. Debe fomentarse y apoyarse la capacidad de producir bienes y servicios cada vez más innovadores e inteligentes, incluso con ayudas estatales.

(5)  Resolución del PE no P6_TA(2005)0033, de 22.2.2005.

(6)  Resolución del PE no A6-0148/2005, de 12.5.2005.

(7)  Véase la Recomendación 2003/361/CE (DO L 124 de 20.5.2003).

(8)  Asunto C-280/00, Altmark Trans GmbH y Regierungspräsidium Magdeburg contra Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (2003) TJCE I-7747.

(9)  Véase la nota 3.

(10)  En toda la UE.

(11)  DO C 108 de 30.4.2004.

(12)  SEC(2005) 795 de 7.6.2005.

(13)  COM(2004) 293 final de 20.4.2004.

(14)  DO L 124 de 20.5.2003.

(15)  COM(1995) 688.

(16)  Asunto C-280/00, Altmark Trans GmbH y Regierungspräsidium Magdeburg contra Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH (2003) TJCE I-7747.

(17)  La exención de las compensaciones por servicio público, con arreglo al artículo 86, apartado 2, debería ser bastante elevada para lograr suficiente flexibilidad, una dinámica adecuada y cargas administrativas mínimas.

(18)  A escala de la UE, alrededor del 73 % del total de la ayuda (excluidos la agricultura, la pesca y el transporte) se concedió en 2002 a objetivos horizontales, que incluyen investigación y desarrollo, pequeñas y medianas empresas, medio ambiente y desarrollo económico regional. El 27 % restante era ayuda dirigida a sectores específicos (fundamentalmente la industria, el carbón y los servicios financieros) incluida la ayuda de salvamento y reestructuración. La proporción de las ayudas concedidas para objetivos horizontales se incrementó en 7 puntos porcentuales en el periodo 1998-2000 a 2000-2002. Ello se debió en gran medida a los significativos incrementos de la ayuda para el medio ambiente (+7 puntos) e investigación y desarrollo (+4 puntos). Esta tendencia al alza pudo observarse, en grados distintos, en la mayoría de los Estados miembros. En efecto, en varios Estados miembros –Bélgica, Dinamarca, Grecia, Italia, Países Bajos, Austria y Finlandia– casi toda la ayuda concedida en 2002 estuvo destinada a objetivos horizontales (COM(2004) 256 final).

(19)  Tal como se indica en el Libro Verde sobre la innovación (1995).


17.3.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 65/9


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007 a 2013)» y la «Propuesta de Decisión del Consejo relativa al Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) de Acciones de Investigación y Formación en Materia Nuclear (2007 a 2011)»

COM(2005) 119 final — 2005/0043 (COD) — 2005/0044 (CNS)

(2006/C 65/02)

El 25 de abril de 2005, de conformidad con el artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 11 de noviembre de 2005 (ponente: Sr. WOLF, coponente: Sr. PEZZINI).

En su 422o Pleno de los días 14 y 15 de diciembre de 2005 (sesión del 14 de diciembre de 2005), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 123 votos a favor y 4 abstenciones el presente Dictamen.

Contenido

1.

Síntesis y recomendaciones

2.

Introducción

3.

Contenido de la propuesta de la Comisión

4.

Observaciones generales

5.

Observaciones particulares

6.

Programa Euratom

1.   Síntesis y recomendaciones

1.1

Los objetivos de Lisboa atañen a la posición de Europa en la competencia global (1). Su característica esencial es la carrera mundial en pos de inversiones cada vez más importantes en investigación y desarrollo (I+D), tanto por parte de las naciones industriales tradicionales (por ejemplo, EE.UU, UE y Japón), como por parte de las nuevas potencias económicas en rápida expansión (por ejemplo, China, India, Brasil, Corea) con una mano de obra mucho menos onerosa.

1.2

Una investigación y un desarrollo eficaces, de excelencia y con suficientes recursos son, en efecto, los requisitos previos y el fundamento decisivo para la innovación, la competitividad y el bienestar, y, por tanto, también para el desarrollo cultural y las prestaciones sociales. Las inversiones en I+D contribuyen –con un considerable efecto multiplicador– a elevar el potencial económico. En correspondencia con ello está también el objetivo del 3 % definido en Barcelona (2), el cual, no obstante, frente a la carrera global sólo constituye un «objetivo móvil».

1.3

La investigación y el desarrollo fomentados por la Comunidad Europea crean un importante valor añadido europeo. Crean potenciales que sobrepasan claramente las capacidades de los distintos Estados miembros y ya han permitido que los avances europeos gocen de un prestigio internacional. Tienen un decisivo y estimulador efecto de motor e integración en los programas nacionales de investigación de los Estados miembros, necesarios y más amplios, lo cual tiene también por efecto una puesta en común de recursos. Establecen un puente entre las elites europeas de la investigación, la industria europea y los poderes ejecutivos europeos. Son un catalizador de la integración, cohesión e identidad europeas. Son el elemento principal del Espacio Europeo de Investigación.

1.4

La propuesta de la Comisión de aumentar sus gastos actuales y dedicar ahora a tales objetivos un poco menos del 8 % del presupuesto comunitario total es un primer paso, encomiable y absolutamente necesario, en la buena dirección. Es una aportación mínima, que aún será preciso aumentar a largo plazo, no sólo para no poner en juego la posición de Europa, cuna de la ciencia y la tecnología modernas, sino también para mantenerla y reforzarla. Este es uno de los principales elementos de la Estrategia de Lisboa y del Espacio Europeo de Investigación. Sin tal aportación, los objetivos de Lisboa no se podrán alcanzar ni siquiera a largo plazo.

1.5

Es preciso reconocer que la capacidad de rendimiento técnico y científico determina no sólo la competitividad de las economías, sino también la influencia y el prestigio cultural y político, así como su potencial para atraer a inversores, científicos e ingenieros (fuga de cerebros). La UE deberá mantener su posición de socio competente y solicitado y conservar su prestigio político mundial en el sistema global.

1.6

Por ello, el Comité pide al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y, en particular, a los Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno de los Estados miembros que aprueben en su totalidad las inversiones, indispensables, propuestas por la Comisión en materia de I+D y no permitan que se conviertan en moneda de cambio o en víctima de las negociaciones sobre el futuro presupuesto general de la UE. Esta decisión será un criterio decisivo de la capacidad de la política europea para establecer las orientaciones con vistas al futuro.

1.7

El Comité, por otra parte, hace un llamamiento a los Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno de los Estados miembros y a la industria europea para que por parte de los programas nacionales de investigación y de las acciones de investigación de la industria se contribuya también a alcanzar lo antes posible el objetivo del 3 %.

1.8

El Comité suscribe el enfoque conceptual básico de ambos programas marco propuestos por la Comisión (PM7 y PM7-Euratom), no sólo en lo que se refiere al contenido temático y a su estructura, sino sobre todo al equilibrio entre los objetivos y los elementos de cada programa.

1.9

El Comité acoge con satisfacción que se incluyan los subprogramas «Energía», «Seguridad» y «Sector Espacial». Garantizar un suministro de energía suficiente, rentable y sostenible en la UE se ha convertido en uno de los problemas principales y prioritarios del equilibrio de intereses entre sostenibilidad, compatibilidad medioambiental y competitividad, y su solución radica en una investigación y desarrollo suficientes. Los despreciables ataques terroristas que se han producido recientemente han puesto claramente de relieve la enorme importancia que tiene el tema de la seguridad.

1.10

Muchos de los problemas por resolver son ámbitos transversales que afectan a varios subprogramas (incluidas las ciencias humanas y económicas). En tales casos, el Comité recomienda que se establezca para cada problema una coordinación global y los vínculos transversales necesarios. Así se podría ejercer todavía una influencia en la actual asignación presupuestaria de los distintos subprogramas y, en particular, en la parte presupuestaria prevista para los estudios económicos, que podría ser insuficiente.

1.11

El Comité se congratula de la intención de la Comisión de simplificar los procedimientos administrativos, reducir las cargas asociadas a los mismos y, de esta manera, aumentar la eficacia de los programas de investigación europeos. Las cargas actuales, en términos de trabajo y de costes, inherentes a los procedimientos de solicitud y autorización son muy elevadas y problemáticas para los usuarios de la ciencia y la industria. La participación en el programa de investigación europeo –incluido el riesgo asociado a la presentación de la candidatura– debería compensar a los participantes. Este se aplica también en particular a participantes pequeños, como las PYME, o pequeños grupos de investigación de universidades y centros de investigación.

1.12

Es esencial a tal fin garantizar una continuidad suficiente de las modalidades de solicitud y de ayuda, así como de las estructuras de cooperación y las formas de organización (instrumentos). La introducción de instrumentos nuevos, como las iniciativas tecnológicas comunes, debería ir acompañada de grandes precauciones y a título de prueba en un primer momento.

1.13

Habida cuenta del papel determinante que desempeñan las PYME en el Proceso de Lisboa, el Comité acoge con satisfacción el proyecto de la Comisión de reforzar la participación de las PYME en el proceso de investigación, desarrollo e innovación. Por tanto, recomienda que en caso necesario, se aumente el presupuesto previsto si los recursos destinados al programa marco para la competitividad y la innovación (2007-2013) –que aquí no se examina y al que incumbe un importante papel de apoyo y de mediación– no fuesen suficientes.

1.14

Las perspectivas de éxito de las PYME especialmente creadas para desarrollar y comercializar nuevos productos de alta tecnología dependerán sobre todo de que tengan un capital inicial y un «capital-riesgo» suficientes para poder superar con éxito los primeros cinco a diez años de funcionamiento.

1.15

El Comité respalda el papel asignado al Centro Común de Investigación y su amplia gama de objetivos en muchos ámbitos, incluido el análisis de futuras tendencias en los ámbitos científico, tecnológico, económico y social, así como su importancia en términos de asesoramiento político.

1.16

El Comité se remite a los capítulos 2, 4 y 5 del presente dictamen para otras observaciones y recomendaciones más detalladas.

2.   Introducción

2.1

El futuro científico, social y cultural de Europa. La evolución futura de Europa y su posición en las relaciones de fuerza internacionales están determinadas sobre todo por la competencia en el mercado mundial, con los cambios que se están produciendo en el sector industrial, la estructura económica, el mercado de trabajo y la situación de las materias primas. En este contexto, el crecimiento, el éxito y los resultados económicos (así como la capacidad derivada de estos factores para garantizar las prestaciones sociales y el florecimiento de la cultura) dependen de forma determinante del conocimiento disponible y de las inversiones en I+D tecnológico; las inversiones en I+D contribuyen considerablemente a elevar el potencial económico.

2.2

La situación mundial de la competencia. En este contexto, Europa compite por un lado con países de industrialización relativamente tradicional, como Estados Unidos, Japón y Rusia, siendo necesario tener particularmente en cuenta que las inversiones de Estados Unidos (3) en todos los sectores asociados a la investigación y al desarrollo son claramente superiores a las comunitarias, por lo que la brecha ya existente se hace cada vez más profunda. Y por otro lado, Europa compite igualmente con potencias económicas que experimentan una rápida expansión como China, India, Brasil, Corea, etc.

2.3

La carrera mundial de la investigación. Estos últimos países no solo tienen frente a la UE una mano de obra mucho más barata, sino que además se caracterizan por sus rápidos progresos al nivel científico y tecnológico, y por efectuar importantes inversiones en formación, I+D. Por tanto, cada vez es más difícil para la UE proteger sus elevados costes salariales (en comparación con los países mencionados) y sus exigentes normas sociales y medioambientales mediante un liderazgo científico y tecnológico que se traduzca en productos y procedimientos consecuentemente superiores. Así pues, Europa tiene que poner en marcha todos sus motores para no perder esta carrera mundial, decisiva para su futuro, consistente en incrementar las inversiones en I+D.

2.4

Valores y atractivo generales – Cooperación internacional. Es preciso reconocer que la capacidad de rendimiento técnico y científico determina no sólo la competitividad de las economías y su potencial para atraer a inversores, científicos e ingenieros (fuga de cerebros), sino también la influencia y el prestigio cultural y político. La UE deberá mantener su posición de socio competente y solicitado, y conservar su prestigio político mundial en el sistema global.

2.5

La Estrategia de Lisboa. Por estos motivos, el Consejo Europeo de Lisboa (marzo de 2000) decidió hacer de la Unión Europea la economía del conocimiento más competitiva y más dinámica del mundo (4). Desde entonces, la realización de la Estrategia de Lisboa, que incluye la creación de un importante espacio de investigación europeo, constituye una pieza clave de la política comunitaria. En la primavera de 2002, el Consejo Europeo de Barcelona definió los objetivos del apoyo a la investigación de manera cuantitativa: el gasto total en la UE debería aumentar hasta 2010 a un 3 % del PIB, dos tercios de los cuales debían proceder del sector privado (objetivo del 3 %). El Comité, no obstante, señala que este objetivo, debido a la competición mundial en materia de inversiones, es un objetivo móvil; el que no lo alcance a tiempo quedará siempre rezagado.

2.6

La necesidad de un sólido programa de investigación comunitario. La investigación y el desarrollo fomentados por la Comunidad Europea no solo complementan los programas de investigación de los Estados miembros, sino que además se traducen en un importante valor añadido europeo. Crean potenciales que sobrepasan claramente las capacidades de los distintos Estados miembros y ya han conseguido que los avances europeos gocen de un prestigio internacional (5). Tienen un decisivo y estimulador efecto de motor e integración en los programas nacionales de investigación de los Estados miembros, necesarios y más amplios. Responden al carácter internacional de la ciencia, la investigación y la producción y al mercado de trabajo internacional necesario para esos fines.

2.7

Catalizador de la integración y cohesión europeas. La investigación y el desarrollo europeos tienden un puente entre las elites europeas de la investigación, la industria europea y los poderes ejecutivos europeos. Son un catalizador fundamental de la integración, cohesión e identidad europeas.

2.8

Las propuestas de la Comisión. La Comisión presenta propuestas con medidas financieras y de contenido que la UE necesita urgentemente para fomentar la investigación y el desarrollo, y así poder realizar los objetivos de la Estrategia de Lisboa. Estas medidas, pese a su aumento, siguen abarcando sólo un porcentaje relativamente bajo, es decir, actualmente apenas un 8 % del presupuesto global de la UE para el período 2007-2013.

2.9

Además, las propuestas de la Comisión están vinculadas a la propuesta por la que se establece un programa marco para la innovación y la competitividad (2007-2013), que no se examina en el presente dictamen. En particular, este programa también podría servir de intermediario entre el programa marco examinado y las innovaciones que muchas PYME necesitan.

2.10

El criterio para la fijación de prioridades. Por lo tanto, el hecho de que el Parlamento Europeo, el Consejo y –en particular respecto a las perspectivas financieras– los Estados miembros aprueben y concedan la prioridad necesaria a las medidas propuestas constituirá una prueba definitiva de la seriedad, la eficacia y la credibilidad de la política comunitaria (véanse igualmente los puntos 4.2 a 4.6).

3.   Contenido de las propuestas de la Comisión

3.1

El Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de Acciones de Investigación, Desarrollo Tecnológico y Demostración (2007 a 2013), en lo sucesivo PM7, se diferencia de su antecesor gracias a tres nuevas características:

Desde el principio se aplica a la UE-25.

Su período de programación se amplía en dos años más.

Prevé un incremento significativo del presupuesto total y del presupuesto anual.

Ofrece una estructura clara y comprensible de los programas y subprogramas propuestos.

Incluye explícitamente como nuevos subprogramas la investigación en los ámbitos de la energía, la seguridad y el espacio.

3.2

En cambio, el período de aplicación del Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea de la Energía Atómica (Euratom) de Acciones de Investigación y Formación en Materia Nuclear (2007 a 2011), en lo sucesivo PM7-Euratom, se mantiene, aunque naturalmente abarca a la UE-25.

3.3

El PM7 se articula en cuatro programas específicos, que corresponden a cuatro objetivos fundamentales de la política de investigación europea:

Cooperación

Este subprograma forma la parte fundamental del PM7, con un 61 % aproximadamente de los recursos presupuestarios. Prevé el fomento de la cooperación transfronteriza en materia de actividades de investigación, incluida la cooperación entre la UE y terceros países.

Ideas

En la competencia europea se fomentará, mediante un Consejo Europeo de Investigación autónomo, la «investigación en las fronteras del conocimiento». Esta investigación podrá incluir todos los ámbitos científicos (incluidas las ciencias humanas) y tecnológicos.

Personas

Se intensificará y reforzará el fomento de actividades de apoyo al desarrollo de las carreras y la formación de los investigadores, conocidas por acciones «Marie Curie», incluido el fortalecimiento de la relación con los sistemas nacionales.

Capacidades

En esta parte del programa se fomentarán aspectos de la capacidad innovadora y de la investigación europea: el desarrollo y la creación de infraestructuras de investigación; la investigación en beneficio de las PYME; las agrupaciones regionales al servicio de la investigación; el pleno despliegue del potencial investigador de las regiones comunitarias de «convergencia»; las cuestiones de «ciencia y sociedad»; y las actividades «horizontales» de cooperación internacional.

Centro Común de Investigación (CCI)

Además, habrá un programa específico para las acciones no nucleares del Centro Común de Investigación.

3.4

El importe global propuesto de la participación financiera de la Comunidad en el Séptimo Programa Marco ascenderá a 72 726 millones de euros. Esta cantidad se distribuirá entre las actividades y acciones mencionadas en los apartados 2 a 6 del artículo 2 (en millones de euros) de la siguiente manera:

Cooperación

61,1 %

Ideas

16,3 %

Personas

9,8 %

Capacidades

10,3 %

Acciones no nucleares del Centro Común de Investigación

2,5 %

3.5

El programa «Cooperación», con un presupuesto global previsto de 44 432 millones de euros se estructura en subprogramas temáticos prioritarios. De esta manera se garantizará cierta homogeneidad entre los subprogramas y se permitirá la adopción de enfoques multitemáticos. El programa abarca los nueve ámbitos de investigación siguientes, que habrán de ser llevados a cabo en la UE sobre la base de la cooperación transnacional. Se indica también la asignación presupuestaria porcentual propuesta.

Salud

18,7 %

Alimentos, agricultura y biotecnología

5,5 %

Tecnologías de la información y la comunicación

28,5 %

Nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción

10,9 %

Energía

6,6 %

Medio ambiente (incluido el cambio climático)

5,7 %

Transporte (incluida la aeronáutica)

13,3 %

Ciencias socioeconómicas y humanidades

1,8 %

La seguridad y el espacio

8,9 %

3.6

El Programa Marco EURATOM se articula en dos programas específicos.

3.6.1

Uno de ellos cubre dos campos:

Investigación sobre la energía de fusión: desarrollo de la tecnología necesaria para lograr una fuente de energía segura, sostenible, respetuosa del medio ambiente y económicamente viable.

Fisión nuclear y protección contra las radiaciones: promoción de la utilización y explotación seguras de la fisión nuclear y otros usos de la radiación en la industria y la medicina.

3.6.2

El otro programa cubre las actividades del Centro Común de Investigación en el campo de la energía nuclear.

3.6.3

El importe global destinado a la ejecución del PM7-Euratom para el período 2007 a 2011 será de 3 092 millones de euros. Este importe se reparte de la siguiente manera (en porcentajes):

(a)

Investigación sobre la Energía de Fusión

69,8 %

(b)

Fisión Nuclear y Protección contra las Radiaciones

12,8 %

(c)

Actividades nucleares del Centro Común de Investigación

17,4 %

3.7

Además, se incluye una descripción y una explicación detallada sobre los principios e instrumentos de ayuda propuestos, que ya se anunciaban en una Comunicación anterior de la Comisión (6), sobre la que el Comité ya emitió un dictamen detallado (7).

4.   Observaciones generales

4.1

La propuesta de la Comisión objeto de examen es un documento muy extenso que recoge un programa muy ambicioso de I+D, con numerosos detalles, aspectos y vínculos con otras medidas. Por este motivo no será posible presentar explícitamente ni comentar en el presente dictamen todos los elementos y procedimientos propuestos en el programa. Así pues, las observaciones específicas solo afectan a ciertos aspectos que el Comité abordará con particular detenimiento. Al mismo tiempo se remite a sus recomendaciones anteriores (8) sobre cuestiones específicas importantes y destaca que siguen siendo plenamente válidas para el PM7. En futuros dictámenes del Comité sobre las comunicaciones de la Comisión relativas a los «programas específico» (9) o las normas de acceso (10) se recogerán consideraciones más amplias.

4.2

El Comité estima que los dos presupuestos propuestos constituyen una aportación mínima, que aún será preciso aumentar a largo plazo, no sólo para no poner en juego la posición de Europa, cuna de la ciencia y la tecnología modernas, sino también para mantenerla y reforzarla. Considera que se trata de un primer paso, encomiable y absolutamente necesario, para que la Comunidad se acerque al menos al objetivo político del 3 %  (11) definido por los Jefes de Estado y de Gobierno en el Consejo Europeo de Barcelona.

4.3

Sin una dotación financiera adecuada, los programas PM7 y PM7-Euratom no podrán cumplir su misión encaminada a realizar la Estrategia de Lisboa. Se corre incluso el riesgo de que en la carrera global Europa siga rezagada. La investigación y el desarrollo constituyen el punto de partida y el motor del proceso de innovación para la obtención de productos y tecnologías competitivos. Con ambos se puede desencadenar un proceso que repercuta también en la dinámica del crecimiento económico y en la situación del empleo.

4.4

La propuesta de la Comisión, por otra parte, es una señal clara en dirección a los Estados miembros para que por su parte sigan el ejemplo y hagan todo lo necesario con el fin de que también en el presupuesto nacional destinado a la investigación se alcance cuanto antes el objetivo del 3 %.

4.5

El Comité, por consiguiente, considera que el importe global de los dos presupuestos pendientes de aprobación es una prueba crucial de la política europea, su credibilidad y su capacidad de actuar. Así se podrá comprobar si la política europea establece efectivamente las prioridades necesarias y las orientaciones correctas para evitar un empeoramiento de la situación de la UE en la competencial global y para cumplir las promesas de los objetivos de Lisboa.

4.6

Llamamiento. El Comité, por consiguiente, pide al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo y, en particular, a los Jefes de Gobierno de los Estados miembros que aprueben las inversiones, indispensables, propuestas por la Comisión en materia de I+D, de manera que no se conviertan en moneda de cambio de las negociaciones sobre el futuro presupuesto comunitario o resulten sacrificadas durantes dichas negociaciones. De lo contrario, no solo se producirían grandes desventajas, sino que además no se realizarían los objetivos de la Estrategia de Lisboa y se perjudicaría la imagen y la credibilidad de la política europea.

4.7

El Comité, por otra parte, hace un llamamiento a los Jefes de Estado y Presidentes de Gobierno de los Estados miembros y a la industria europea para que en los programas nacionales de investigación y las acciones de investigación de la industria se contribuya también a alcanzar lo antes posible el objetivo del 3 %.

4.8

El Comité suscribe la concepción básica de ambos programas marco propuestos por la Comisión (PM7 y PM7-Euratom). Esto es aplicable tanto a su contenido temático y a su estructura como, en la mayoría de los casos, al equilibrio general entre los objetivos individuales y los elementos del programa.

4.9

El Comité se felicita de que la propuesta de la Comisión incorpore o conceda particular importancia a un gran número de sus recomendaciones. En el contexto de los temas de investigación del programa específico «Cooperación», esto afecta por ejemplo a sus dictámenes sobre las nanotecnologías  (12), biotecnologías  (13), investigación sobre la salud  (14), tecnologías de la información  (15) , investigación energética  (16) (incluida la investigación sobre la fusión (17)), sector espacial  (18) y seguridad  (19). El Comité insiste nuevamente en que concede gran importancia a estos temas y hace un enérgico llamamiento para que reciban la consideración debida. El Comité abordará posteriormente las lagunas y otros aspectos particulares posibles.

4.10

En lo relativo al sector espacial y la investigación en materia de seguridad, el Comité había recomendado (y justificado) que su financiación y desarrollo no estuviesen regulados por el PM7. No obstante, el Comité estima que su regulación por el PM7 también tendría ciertas ventajas, como, por ejemplo, una administración simplificada y una mejor coherencia y sinergia con otros subprogramas. Así pues, propone que se intente integrar, en un primer momento, estos subprogramas en el PM7, para extraer las consecuencias pertinentes, llegado el caso en el marco de la evaluación intermedia o del PM8, de las experiencias obtenidas.

4.10.1

Dentro del subprograma sector espacial, el tema titulado «Aplicaciones espaciales al servicio de la sociedad europea» está vinculado como típico tema transversal (véase el punto 5) con los temas relativos a la seguridad, medio ambiente y tecnologías de la información.

4.10.2

En la investigación en el ámbito de las humanidades y ciencias socioeconómicas se deberían completar los temas (desgraciadamente muy actuales) de la investigación sobre la seguridad, tales como «Protección contra el terrorismo y la delincuencia», «Seguridad de las infraestructuras y empresas de servicios públicos», «Protección exterior», «Seguridad y sociedad», etc., con temas como «Investigación de los conflictos y de la paz» e «Investigación sobre la cultura», con el fin de recabar mayor información sobre las causas de los conflictos y las posibilidades de evitarlos o prevenirlos. Se debería prestar atención muy particular a la lucha contra el terrorismo, así como al control de armas de destrucción masiva (véase igualmente el punto 6.4.3).

4.11

El Comité se felicita de que también en el ámbito del programa específico «Ideas» se hayan incorporado sus recomendaciones (20). Estas recomendaciones hacían referencia sobre todo a la gestión autónoma del programa mediante un Consejo europeo de investigación, que estará formado por eminentes científicos internacionalmente reconocidos. El Comité reitera su recomendación de que se integre igualmente a destacados científicos de la investigación industrial. Por este motivo, recomienda especialmente al Parlamento Europeo y al Consejo que aprueben esta nueva modalidad de apoyo a la investigación, que debería aplicarse de manera análoga, por ejemplo al «Medical Research Council» (UK) o a la «Deutsche Forschungsgemeinschaft» (DE).

4.11.1

Este programa, basado en la promoción de la excelencia en todos los ámbitos científicos y tecnológicos, conducirá a un valor añadido europeo y contribuirá a reforzar la competitividad de la UE en el mercado mundial. El Comité destaca en particular que (21) solo una investigación fundamental basada en la libertad y la independencia, y sin condicionantes (aunque con ciertos límites) podrá suministrar la materia prima fundamental para el bienestar futuro, es decir, los nuevos conocimientos. La industria (22) también reconoce la importancia que tiene la investigación fundamental y las medidas de apoyo en su favor.

4.11.2

Este enfoque responde igualmente a la reiterada recomendación del Comité de conceder, en el seno del triángulo de la innovación (la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo (de productos y procesamientos)), la importancia que corresponda a estos tres pilares indispensables para crear las condiciones óptimas que garanticen un éxito total. Desde otro punto de vista, este enfoque se impone igualmente para la multidisciplinariedad propuesta por la Comisión. Además, el Comité señala nuevamente que las fronteras entre los conceptos de investigación fundamental, investigación aplicada y desarrollo siempre han sido fluctuantes y arbitrarias, por lo que no deben ser resaltadas artificialmente bajo ningún concepto mediante medidas administrativas.

4.12

Asimismo, el Comité acoge con satisfacción el refuerzo de las medidas en el ámbito de «personas» y en el programa Marie Curie incluido en ese ámbito. Este programa ha demostrado ser hasta el momento un instrumento excepcionalmente eficaz e importante para la formación y apoyo de la «comunidad científica europea», así como para reforzar el poder de atracción del espacio europeo de investigación para los investigadores de todo el mundo. El Comité insiste en que los investigadores no solo son los creadores de nuevos conocimientos, sino que además son los principales responsables o transmisores de dichos conocimientos entre países y continentes, así como entre organismos de investigación e industria, y, por tanto, entre la investigación y aplicación de sus resultados.

4.12.1

Dentro de este programa conviene igualmente destacar los objetivos de formación «a lo largo de toda la vida» y el desarrollo de las carreras, y de pasarelas y asociaciones entre la industria y la universidad. Mientras que el primer objetivo está encaminado a que los jóvenes investigadores adquieran cualificaciones y, en particular, prosigan su desarrollo profesional (incluido el desarrollo profesional de investigadores ya experimentados (véase también el siguiente punto)), el segundo objetivo persigue la creación y el fomento a largo plazo de programas de cooperación entre centros de estudios superiores y la industria, en particular las PYME, es decir, para respaldar el triangulo de innovación arriba mencionado. Por este motivo en particular es importante fomentar la movilidad entre el sector público y el privado. Esto debería incluir la movilidad y las asociaciones con, por ejemplo, instituciones agrarias o políticas.

4.12.2

El Comité menciona igualmente la función clave que desempeñan las universidades como instituciones de investigación y formación. Con el fin de garantizar su misión, las universidades tienen que disponer de una dotación en material y equipos, recursos presupuestarios para el personal y una organización estructural que respondan a este objetivo (véase igualmente el punto 4.15.4). Existe un grave déficit en este ámbito, en particular en comparación con las principales universidades, como en Estados Unidos. Por lo tanto, el Comité considera oportuno que la Comisión consagre a esta importante cuestión una comunicación específica, sobre la cual el Comité elaborará un dictamen. Por el momento, sólo cabe observar que es necesario adaptar los instrumentos de ayuda en función de la envergadura habitual de los proyectos acometidos por los grupos universitarios de investigación

4.13

El Comité, por otra parte, celebra los esfuerzos realizados por la Comisión para crear una imagen coherente de la profesión de «investigador europeo», desarrollar a tal efecto una trayectoria profesional segura y adaptar en consecuencia las normas del mercado. El Comité ya ha apuntado en anteriores ocasiones (23) que el recurso más sensible y valioso en el ámbito de la investigación y el desarrollo es el capital humano, y que apoya los esfuerzos de la Comisión por crear y preservar los recursos humanos. El Comité comparte el punto de vista de la Comisión de que la necesidad de introducir mejoras afecta tanto a la situación contractual de los investigadores como a la adaptación y transferibilidad de todos los elementos de la seguridad social, como pueden ser los seguros y las pensiones.

4.13.1

Si no se puede ofrecer a científicos jóvenes y capacitados una carrera profesional atractiva y programable (Estados Unidos: tenure-track), esos científicos investigarán fuera de Europa o se dedicarán a otras tareas. La movilidad de los científicos no sólo es necesaria y estimulante dentro de la UE, sino también entre la UE y otros países. No obstante, esto no debe conducir a una pérdida absoluta de los investigadores más brillantes (fuga de cerebros). A este respecto, un aspecto particular de la importante cohesión familiar es la opción de «parejas con doble carrera».

4.13.2

En este contexto, el Comité se remite a la Recomendación de la Comisión de 11 de marzo de 2005 relativa a la Carta Europea del Investigador  (24) y al Código de conducta para la contratación de investigadores, cuya misión es realizar los objetivos anteriormente mencionados. Se declara absolutamente de acuerdo con los objetivos expresados en ese contexto y con buena parte de las disposiciones específicas aprobadas a esos efectos. Por este motivo lamenta que la legislación recomendada sea excesivamente amplia en algunos puntos, lo cual dificulta la aceptación de la normativa en cuestión y su debida integración en la comunidad científica. Considera incluso que algunas de las fórmulas y recomendaciones escogidas son confusas o, por lo menos, poco claras o ambiguas (25). Esto puede dificultar la simplificación de los procedimientos (véase el siguiente punto) o conducir a decisiones erróneas. Por lo tanto, el Comité recomienda que cuando proceda se revise esa importante normativa.

4.14

En este contexto, el Comité expresa igualmente su satisfacción por la intención manifiesta de la Comisión de aligerar, bajo el nombre de «Simplificación», numerosas medidas y disposiciones de los procedimientos de solicitud y decisión, y así facilitar considerablemente los trámites a los solicitantes. En efecto, las excesivas cargas actuales, en términos de trabajo y de costes, inherentes a los procedimientos de solicitud y autorización constituyen unos de los principales obstáculos para los usuarios de la ciencia y la industria. Esto último rige en particular para las PYME y su considerable potencial innovador, así como para pequeños grupos de investigadores en universidades. Métodos de investigación más sencillos aumentarían considerablemente la eficacia de las medidas comunitarias de apoyo a la investigación y contribuirían a mejorar la «imagen de Bruselas» (que desgraciadamente está marcada por los conceptos predominantes de «burocracia» y «reglamentación excesiva») ante los ciudadanos europeos. El Comité recuerda al respecto sus anteriores recomendaciones y su apoyo al Informe Marimon (26). A pesar del riesgo y de los gastos asociados a la presentación de la candidatura, la participación en el programa de investigación europeo debería compensar a los participantes.

4.14.1

El Comité es consciente de que este objetivo debe llevarse a cabo teniendo en cuenta el conflicto de intereses entre la transparencia necesaria, las normas del Tribunal de Cuentas Europeo y el margen técnico de maniobra de las instancias decisorias. Esto puede y debe conducir a una mayor responsabilidad individual de los actores implicados (para lo cual será necesario revisar igualmente el riesgo asociado a su responsabilidad personal) por parte de la Comisión o de las agencias que actúen en su nombre. En lo relativo a sus conocimientos específicos, estos actores deberán responder también a exigencias muy elevadas. Por lo tanto, el Comité reitera su recomendación de que en este ámbito se recurra a expertos específicos con mucha experiencia. El Comité se remite a este respecto a sus anteriores recomendaciones (27).

4.14.2

Con el fin de estimular la innovación y la excelencia, es particularmente importante estar dispuestos a aceptar la incertidumbre y el riesgo del fracaso. Los avances en los nuevos ámbitos científico-tecnológicos y en la investigación de lo desconocido no pueden ser planificados ni presentados de manera que se garantice su éxito. Por el contrario, si se sabe todo con antelación, no se pueden adquirir nuevos conocimientos. Así pues, no se debe considerar el «fracaso» como tal sino como una información útil en el proceso de ensayos y errores. Las oportunidades y los riesgos son dos caras de la misma medalla.

4.14.3

El Comité sólo recomienda la creación de agencias externas en aquellos casos en los que se garantice una clara mejora de los procedimientos de administración y se demuestre su rentabilidad económica. Es importante que los posibles costes administrativos suplementarios o externos no reduzcan el presupuesto realmente asignado a la investigación.

4.15

El Comité acoge con particular interés el subprograma integrado en el programa específico «capacidades» que agrupa los siguientes aspectos: infraestructuras de investigación, investigación en beneficio de las PYME, regiones del conocimiento, potencial de investigación, ciencia y sociedad, y medidas para la cooperación internacional.

4.15.1

Cabe destacar el importante objetivo encaminado a reforzar la participación de las PYME en los procesos de investigación e innovación, y crear las condiciones marco y los instrumentos necesarios para ello.

4.15.2

La ayuda a través del programa de innovación puede convertirse en un excelente instrumento para el fomento de las PYME  (28); No obstante, será necesario que los procedimientos no superen cierto umbral aceptable y adaptado a las PYME. En función del éxito que tenga el programa de innovación, el Comité estima que convendrá prever un aumento suplementario de las ayudas reservadas a las PYME, que se elevan actualmente al 15 %, en particular según las necesidades de los nuevos Estados miembros. El Comité recuerda al respecto sus anteriores observaciones en el sentido de que las perspectivas de éxito de las PYME especialmente creadas para desarrollar y comercializar nuevos productos de alta tecnología dependerán sobre todo de que tengan un capital inicial y un «capital-riesgo» suficiente para poder superar con éxito los primeros cinco a diez años de funcionamiento. A este ámbito pueden contribuir notablemente la investigación económica y la política económica.

4.15.3

Igualmente importantes son los objetivos encaminados a optimizar y desarrollar las infraestructuras de investigación, apoyar el desarrollo de las agrupaciones regionales impulsadas por la investigación y respaldar y dar libre curso al potencial investigador de las regiones comunitarias de convergencia y ultraperiféricas. La consolidación y la creación de nuevas infraestructuras de investigación favorecerán y estimularán la formación de agrupaciones regionales impulsadas por la investigación. Pero también en este caso se precisa una dotación suficiente de «capital riesgo», algo decisivo para el éxito de esas medidas.

4.15.4

El Comité destaca sobre todo que es importante adoptar medidas de infraestructuras suficientes con el fin de garantizar el refuerzo de la posición de las universidades (véase igualmente el punto 4.12.2). En este contexto, el Comité señala que en diversos lugares de la UE ya se han creado muy buenas agrupaciones de empresas de alta tecnología en torno a ciertas universidades y centros de investigación que transmiten crecimiento e innovación en el espacio económico circundante (polos de crecimiento económico). A este respecto véase el punto 4.16.2.

4.15.5

Entre las medidas de infraestructura importantes más adelante se examinará nuevamente la relevancia de los centros de cálculo europeos de rendimiento máximo (véase punto 5.8).

4.15.6

Por otro lado, el Comité recomienda que se extraiga el tema «ciencia y sociedad» (29), integrado en el programa «capacidades», para integrarlo en el subprograma prioritario «ciencias socioeconómicas y humanidades» cubierto por el programa «cooperación», siempre y cuando tenga participación en el programa «ideas». De esta manera se podrían aprovechar mejor las sinergias potenciales dentro de estos temas y se podrían establecer las relaciones transversales necesarias entre las diferentes medidas. Además, con ello se podría ver claramente que el presupuesto global de estos temas entrecruzados constituye un 3 % de los programas temáticos y prioritarios.

4.15.7

Una cooperación internacional de calidad y fructuosa en el ámbito de la investigación y la formación es un elemento fundamental de la cooperación global y responde a la naturaleza de la investigación y el desarrollo científicos. Las medidas de cooperación internacional  (30) recogidas en el subprograma «Capacidades» tienen por misión (véase el punto 4.13.1) establecer una cooperación con los países candidatos, los países vecinos de la UE, los países en desarrollo y las economías emergentes. El Comité considera adecuado que los subprogramas «cooperación» o «personas» posibiliten una cooperación igualmente importante con países particularmente avanzados en el ámbito científico y tecnológico, como Estados Unidos y Japón, que en algunos casos incluso se institucionaliza mediante acuerdos bilaterales especiales. El Comité reconoce que esta cooperación debe superar el marco de las necesidades asociadas a un ámbito determinado; no obstante, recomienda que se resalten y se hagan más visibles estos importantes hechos.

4.16

Continuidad e instrumentos de apoyo a la investigación (regímenes de financiación). En su dictamen anterior, el Comité ya presentó recomendaciones respecto a ambos aspectos, que reitera nuevamente. Ante lo indispensable de una mayor continuidad, señala nuevamente que es importante conservar aquellos instrumentos que hayan demostrado su valía y que se debería conceder a los solicitantes cierta flexibilidad en la elección de los instrumentos. Por otro lado, no se debería sancionar la elección de un instrumento (que no esté favorecido por la Comisión) en un procedimiento de inspección ni se deberían establecer jerarquías de los instrumentos en el marco de esos procedimientos. El Comité estima que la prolongación del período de programación del PM7 contribuirá a reforzar la continuidad, siempre y cuando se prevean los recursos presupuestarios necesarios.

4.16.1

Algunos instrumentos han cambiado de denominación o son absolutamente nuevos. En este punto, el Comité reitera su recomendación general encaminada, por un lado, a extremar la prudencia en la introducción de nuevos instrumentos (y también en su cambio de denominación, en aras de la continuidad necesaria) y, por otro lado, a dejar claro durante los ensayos necesarios de nuevos instrumentos que puede tratarse, en primer lugar, solamente de una fase de ensayo.

4.16.2

Además de las plataformas tecnológicas ya mencionadas, las iniciativas tecnológicas comunes constituyen un nuevo instrumento capaz de establecer asociaciones público-privadas durante un plazo más largo. Aunque el Comité lamenta que la Comisión no se haya pronunciado de manera más clara al respecto –señalando, por ejemplo, la diferencia respecto a las plataformas tecnológicas–, la industria y en particular las PYME tienen depositadas grandes esperanzas en esas iniciativas. Pueden conducir, entre otras cosas, a que se creen redes cooperativas entre grandes empresas y PYME, o con universidades y centros de investigación, así como a que, en general, el sector privado invierta más en I+D. (Véase también el punto 4.15.4). Por este motivo, no solo se deberían resaltar más claramente las condiciones marco y las modalidades de funcionamiento de las mencionadas iniciativas tecnológicas comunes, sino que además, tras cierto período de tiempo, se debería examinar si estos instrumentos responden a las expectativas asociadas a ellos.

4.16.3

La Comisión, en la introducción de nuevos instrumentos, debería evitar repetir los mismos errores que ya cometió con la introducción de las «redes de excelencia» (en PM6). En aquella ocasión, una política de información errónea se tradujo en confusión e interpretaciones divergentes por parte de todos los participantes, incluso en el seno de la Comisión. El Comité parte de la base de que más adelante podrá reexaminar algunos aspectos de este tema en otro dictamen. El Comité acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de incluir los artículos 169 y 171 del Tratado CE en los regímenes de financiación.

5.   Observaciones particulares

5.1

Las observaciones particulares afectan principalmente a los subprogramas temáticos del programa «cooperación», que constituyen el núcleo del programa marco. Cabe señalar que el Comité aprueba la totalidad de las propuestas de la Comisión y recomienda que se apliquen.

5.2

Para empezar, el Comité examina la importante cuestión de los temas horizontales multidisciplinarios, que por su naturaleza precisan una coordinación o dirección general y que frecuentemente también incluyen el subprograma ciencias socioeconómicas y humanidades (véase también el punto 5.8). Por lo tanto, a pesar de la microestructura de los subprogramas, inevitable por razones administrativas, se deberían encaminar los esfuerzos a reconocer, examinar y utilizar el vínculo general de buen número de problemas pendientes de solución. Así pues, el Comité recomienda que se establezca para cada problema una coordinación general y los vínculos transversales necesarios.

5.2.1

En el capítulo 4 del presente dictamen ya se ha examinado la cuestión de la investigación en el ámbito de la seguridad y de la lucha contra el terrorismo, que forma parte de los temas horizontales.

5.2.2

Otro ejemplo digno de mención es el del desarrollo demográfico  (31). La investigación en este ámbito incluye el censo de datos, tendencias y factores demográficos, la cuestión inquietante de la baja tasa de natalidad en numerosos Estados miembros, y las consecuencias de una esperanza de vida media cada vez más larga. Este último aspecto plantea la cuestión de la necesidad de desarrollar las investigaciones y las técnicas de cuidados en el ámbito de la geriatría y la medicina (32). Un aspecto particularmente importante son las cuestiones socioeconómicas asociadas a la compleja problemática total.

5.2.3

También el tema de la salud (véase el punto 5.9) es, en definitiva, un tema horizontal, ya que la salud está influida por el modo de vida, las condiciones de trabajo, los factores medioambientales, una nutrición sana, vacunas, adicciones, etc.

5.3

Pero algunos subprogramas también presentan por ello mismo un carácter eminentemente horizontal. En efecto, sus resultados no solo mejoran directamente el rendimiento de la industria europea, sino que además benefician a otros subprogramas debido a los vínculos temáticos. (A este respecto véase nuevamente el punto 5.2).

5.4

Este es el caso en particular de los subprogramas de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), las biotecnologías, las nanociencias, nanotecnologías, materiales y nuevas tecnologías de producción. Asimismo, el subprograma energía está íntimamente ligado a los subprogramas medio ambiente y transporte. Por lo tanto, en el mejor de los casos, solo se podrá realizar una evaluación cualitativa del equilibrio entre los distintos subprogramas. Así pues, es preciso examinar las siguientes observaciones a la luz de esta restricción.

5.5

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son tecnologías clave para todos los sectores de la industria, economía, servicios, ciencias y tecnología, incluida la seguridad y la defensa. Son un elemento determinante de la competencia mundial. Europa acusa igualmente un retraso claro, en particular frente a Japón y Estados Unidos, en el ámbito de la utilización de ordenadores de máximo rendimiento, esenciales para diversas cuestiones (investigación climática, investigación en materia de seguridad, investigación de materiales o para la síntesis de nuevos principios activos en el ámbito médico). Esto afecta tanto a la creación de los centros de cálculo europeos de rendimiento máximo (lo cual es más bien una misión del programa «capacidades» o del programa «infraestructura») como al desarrollo autónomo al nivel europeo de los correspondientes equipos y programas informáticos.

5.5.1

No obstante, llama nuevamente la atención que, como ya ocurrió con el PM6, la parte más grande del presupuesto se haya destinado al subprograma TIC. Teniendo en cuenta la importancia (incluso económica) de otros temas, como, en particular, la energía o la salud, cabe preguntarse si no sería posible o conveniente, en interés general de los subprogramas, llevar a cabo ciertos desplazamientos de las prioridades. La respuesta a esta pregunta depende, entre otras cosas, de la medida en que el programa TIC contribuya a los demás programas, como, por ejemplo, investigación en materia de seguridad o la investigación espacial.

5.5.2

Este ejemplo conduce al Comité a recomendar en general que para la gestión del PM7 se haga gala de suficiente flexibilidad en la asignación presupuestaria de los distintos subprogramas o que se aproveche la coherencia prevista entre programas, por ejemplo mediante licitaciones públicas comunes para varios subprogramas. Esta observación relativa a las TIC puede aplicarse de manera análoga a los subprogramas transportes y sector espacial (por ejemplo, aeronáutica).

5.5.3

El Comité reitera su satisfacción por el inicio del Proyecto Galileo, que es un modelo de la aplicación del principio de subsidiariedad. El Comité estima que esta tecnología y, sobre todo, su utilización presentan características típicas de un proyecto horizontal multidisciplinario, que además tiene un elevado potencial de innovación tecnológica.

5.6

El Comité reafirma su satisfacción por la creación del importante subprograma energía en el seno del PM7, como ya había recomendado en diversas ocasiones. No obstante y aunque el PM7-Euratom esté claramente centrado en la investigación energética, considera que se debería conceder aún mayor importancia a este tema crucial y extremadamente actual. La energía es el «alimento básico» de una economía competitiva: no sólo la enorme dependencia de la importación que tiene la UE es una fuente particularmente importante de inquietud, sino también la disminución de los recursos totales prevista a medio plazo. La investigación y el desarrollo constituyen la clave para solucionar el problema energético.

5.6.1

El Comité, por lo tanto, celebra la clara importancia concedida al desarrollo de las fuentes renovables de energía. Desempeñan un papel determinante en el conjunto de los problemas energéticos y medioambientales (calentamiento global). El Comité se remite al respecto a sus numerosos dictámenes (33), que abarcan todo el espectro de las necesidades de investigación para las fuentes renovables de energía: desde la geotermia hasta las técnicas de almacenamiento, pasando por la biomasa, la energía solar y la energía eólica. Con las ayudas del PM7, las fuentes de energía renovable obtendrán un respaldo adicional importante y complementario al ofrecido por las distintas medidas de apoyo a la comercialización (por ejemplo, las leyes en materia de alimentación de corriente eléctrica), las cuales a su vez están encaminadas a desarrollar productos comerciales. El Comité recomienda que se realicen estudios en los que se examine con mayor exactitud el balance energético de los sistemas de energía renovable, puesto que se han expresado dudas, por ejemplo, respecto al balance energético positivo de algunos biocarburantes (34).

5.6.2

El Comité, no obstante, también señala en particular que la utilización de los combustibles fósiles «clásicos», es decir el carbón, el petróleo y el gas natural  (35), seguirá siendo todavía durante algunas décadas la espina dorsal del suministro de energía europeo y mundial. Así pues, las medidas de I+D encaminadas a incrementar la eficacia de la extracción, transporte y explotación de estas fuentes de energía, y por lo tanto a la reducción directa o indirecta de las emisiones de gas con efecto de invernadero, tienen la máxima importancia económica y medioambiental. Si bien es cierto que estos aspectos están recogidos en el subprograma energía consagrado a la reducción de CO2 (incluido el secuestro y almacenamiento de CO2) y de mejora de la eficiencia, convendría velar por que les sean asignados los recursos necesarios. Además, estos aspectos presentan un vínculo sinergético con los subprogramas «materiales» y «transportes». El Comité expresa igualmente su satisfacción por el programa de investigación Carbón y Acero (36), estrechamente ligado al programa en examen.

5.6.3

Por lo tanto, el Comité recomienda que, paralelamente a las medidas de I+D en el ámbito de las fuentes de energía renovables, se conceda también a las tecnologías energéticas que utilicen combustibles fósiles una importancia acorde con su relevancia. Sobre todo, teniendo en cuenta que durante los dos próximas decenios una gran parte de las centrales eléctricas que funcionan mediante combustión de energías fósiles serán sustituidas y será preciso construir nuevas centrales suplementarias (varios centenares en la UE). Desde un punto de vista económico y medioambiental, es fundamental utilizar las tecnologías más modernas. Por último, y sobre todo, se plantea una cuestión asociada a los elevados precios del petróleo, a saber, a partir de cuándo las tecnologías de extracción de carburantes a partir del carbón ofrecerán una alternativa económicamente competitiva.

5.6.4

Para información más detallada, el Comité se remite a sus anteriores y actuales dictámenes sobre investigación en el ámbito de la energía y el problema energético (37).

5.7

Finalmente, la mejora de las tecnologías energéticas forma también parte de las medidas más importantes para hacer frente a los cambios climáticos y a otras repercusiones medioambientales no previstas (38).

5.7.1

Así pues, convendría aprovechar el vínculo temático que tienen ambos programas para optimizar su eficacia. Mientras que el principal objetivo de los trabajos de investigación del subprograma Medio Ambiente (incluidos los cambios climáticos) es elaborar diagnósticos, el objetivo particular del subprograma Energía es la terapia.

5.7.2

Pero incluso dentro del subprograma Medio Ambiente se deberían crear y explotar importantes vínculos horizontales y sinergias entre el análisis y diagnóstico (por ejemplo «geología de los fondos marinos») y las posibles terapias (por ejemplo, «protección de los fondos marinos»).

5.8

Asimismo, el subprograma ciencias socioeconómicas y humanidades, completado mediante la asignación recomendada en el punto 4.15.5 del programa «Ciencia y sociedad», debería estar concebido como un tema horizontal. El Comité se remite también a su anterior recomendación encaminada a establecer un vínculo más sólido entre las ciencias naturales y las humanidades (incluidas las ciencias sociales), entre sus actores y también entre sus métodos y criterios (39). Las ciencias sociales y las humanidades deberían participar igualmente en las cuestiones esenciales de la investigación en materia de seguridad.

5.8.1

En este contexto, el Comité destaca en particular la enorme importancia que tienen los estudios económicos para desarrollar, a la luz de la competencia mundial y de otras repercusiones de la globalización, los mejores procedimientos para el mercado único y la Estrategia de Lisboa. El Comité insiste en que es indispensable elaborar estudios y entablar consultas políticas (véase igualmente el programa del Centro Común de Investigación, punto 5.10.1) sobre las causas del desempleo, los puntos fuertes y débiles de los distintos sistemas económicos y las causas, repercusiones y posibles cambios de orientación del desarrollo demográfico. Por último, y sobre todo, el Comité señala que es necesario elaborar estudios detallados sobre la correlación existente entre investigación, innovación y prosperidad.

5.8.2

Este aspecto no solo afecta a las ciencias jurídicas, sino también a los fundamentos científicos de todos los ámbitos políticos de la UE, como, por ejemplo, la política social, la política jurídica, la política económica (política monetaria, fiscal, de innovación, etc.) y la política en materia de seguridad. En particular, afecta a las cuestiones políticas, económicas y jurídicas del desarrollo interno de la UE, incluido el mercado único, la cohesión, la integración y la gobernanza.

5.8.3

Además, el Comité destaca la cuestión actual de la identidad política y cultural de la Unión Europea y de la concepción que tiene de sus fronteras. A estos efectos, convendría resaltar los elementos comunes de la «cultura europea» en el arte, la ciencia, la arquitectura, la tecnología y la moda, pero también en la historia ideológica, en los sistemas jurídicos, en la jerarquía de valores y en el gobierno de los Estados. La idea moderna de Estado surgió en Europa (y se realizó por primera vez en los Estados Unidos). Para ello se precisarán estudios más detallados sobre el concepto de cultura, sus facetas, sus imprecisiones, sus escalas de valores y los malentendidos que conlleva.

5.8.4

Debido a la variedad de cuestiones importantes, el presupuesto asignado al subprograma Ciencias socioeconómicas y humanidades podría ser insuficiente, a pesar de la integración prevista del presupuesto «Ciencia y sociedad». Con el fin de proceder a una evaluación definitiva en la materia, será necesario tener en cuenta todas las misiones de las humanidades previstas en los demás subprogramas, como, por ejemplo, la energía.

5.8.5

El Comité insiste muy especialmente en todas las cuestiones éticas que se presentan en ese cruce entre la ciencia, la investigación y aplicación, y entre los riesgos y oportunidades. Una cuestión importante, también para la Estrategia de Lisboa, es la relativa a las relaciones y los contrastes existentes entre las posturas dogmáticas/ideológicas, la apertura al riesgo y el progreso.

5.8.6

Este aspecto presenta nuevamente implicaciones con el tema Ciencia y sociedad. El Comité ya elaboró un extenso dictamen sobre este asunto (40). En el sentido igualmente de ese dictamen, el Comité también suscribe el conjunto de temas propuestos por la Comisión. Entre ellos se puede destacar el objetivo de aproximar al ciudadano la investigación y los conocimientos científicos, reforzar la comprensión mutua y orientar, en particular a los jóvenes, hacia carreras científicas. Sería conveniente crear un foro en el que los ciudadanos y consumidores puedan entrar en contacto con la ciencia y la investigación, y en el que puedan expresar su opinión.

5.8.6.1

En este contexto, el Comité considera particularmente importantes las medidas encaminadas a favorecer contactos directos o incluso «colaboraciones»: buenos museos tecnológicos, laboratorios especiales, «jornadas de iniciación sobre el terreno», etc. Sobre todo será preciso que, dentro de los programas escolares, se vuelva a conceder una importancia suficiente a la enseñanza práctica y de calidad de las ciencias naturales. Esto suscitará en particular el interés y la comprensión de las ciencias naturales y de la técnica. Sin conocimientos suficientes no se puede juzgar.

5.8.6.2

Los conocimientos de las ciencias naturales son igualmente imprescindibles para enseñar a reflexionar y para forjar una imagen clara del mundo.

5.8.6.3

Pero una mayor integración de los investigadores y de sus puntos de vista en los debates y procesos de decisión es también importante para este programa.

5.9

Otro subprograma particularmente importante es el tema de la salud, que ya ha sido examinado ampliamente y en numerosas ocasiones por el Comité. Esta tema incluye todos los trabajos de I+D relativos al diagnóstico, a las terapias, al alivio y a la prevención de enfermedades.

5.9.1

Para ello, se debería conceder prioridad en primer lugar al tratamiento y la prevención de las enfermedades que se caractericen por una elevada tasa de mortalidad y morbilidad –en niños, adultos y personas de edad avanzada–, o que, como consecuencia de epidemias incontrolables, puedan tener una tasa particularmente elevada de mortalidad.

5.9.2

El aumento continuo de la esperanza media de vida es atribuible tanto a los éxitos de los avances médicos como a una oferta alimentaria cada vez más sana y de mejor calidad. Por otro lado, es cierto que se presentan cada vez más enfermedades asociadas al estilo de vida (por ejemplo, obesidad (41), tabaquismo), así como enfermedades profesionales y dolencias asociadas a la edad. Ya se ha mencionado arriba (42) la importancia que tiene este tema, puesto que no solo plantea importantes problemas médicos y humanos, sino también económicos (debido a la capacidad para trabajar o a los costes de la asistencia sanitaria); es también importante para todo lo relativo a la organización y financiación del sistema sanitario y la aplicación del progreso médico. Lo mismo se puede decir de los trabajos de investigación encaminados a atenuar discapacidades, es decir, a elevar la calidad de vida de los discapacitados y a facilitar su posible integración en la vida laboral.

5.9.3

No obstante, los problemas planteados por las discapacidades y los que plantea la salud no coinciden. Por este motivo, se deberían considerar las discapacidades en todos los sectores importantes del programa.

5.9.4

Asimismo, el Comité destaca la dimensión internacional del tema de la salud: por un lado, en lo relativo a la cooperación entre los países que llevan a cabo una investigación intensa y fructífera, y por otro lado, en lo relativo a los aspectos de la ayuda al desarrollo en el ámbito de la salud. Así pues, es particularmente importante la cooperación con la OMS (Organización Mundial de la Salud).

5.9.5

La propagación mundial de nuevos gérmenes es también un tema internacional, motivo por el que es igualmente muy importante colaborar con la OMS.

5.9.6

Por otro lado, la cooperación internacional permite realizar estudios clínicos minuciosos de la población, no solo en términos generales, sino también en función de la edad: niños, adultos, personas de edad.

5.9.7

Las importantes actividades de I+D ejercidas por el sector privado (industria farmacéutica y fabricantes de equipos) en el ámbito de la salud constituyen un excelente ejemplo de la aplicación del artículo 169 sobre las asociaciones entre la investigación del sector privado y la investigación financiada por fondos públicos (también por parte de los Estados miembros).

5.10

El Centro Común de Investigación (excluidas las actividades nucleares)

5.10.1

El Centro Común de Investigación (CCI) trabaja en ámbitos cuya finalidad es respaldar científica y tecnológicamente a las políticas comunitarias. Entre esos ámbitos cabe destacar el desarrollo sostenible, la prevención del cambio climático, los alimentos, la energía, el transporte, los productos químicos, los métodos alternativos a los experimentos con animales, la política de investigación, las tecnologías de la información, los procedimientos y materiales de referencia, los riesgos, peligros e incidencias socioeconómicas de la biotecnología y las técnicas de modelización y análisis econométrico. Otra misión del CCI consiste en desarrollar datos de referencia técnico-científicos para diversos ámbitos de la protección del medio ambiente y del seguimiento de los datos alimenticios. Así hace una valiosa contribución a la elaboración de normas comunitarias.

5.10.2

El Comité considera que otra misión comunitaria es la coordinación, basada en el reparto de tareas, de los organismos nacionales responsables de metrología y tipificación con una participación simultánea en sus programas. En interés del mercado único y, en general, de la integración europea convendría plantearse la creación de una «Agencia Europea de Normas», en cooperación con los correspondientes organismos nacionales, las industrias interesadas y el CCI. La multiplicidad actual de organismos ofrece la posibilidad de experimentar métodos paralelos, comparar métodos y desarrollar métodos nuevos sobre la base de equipos y coordinación particularmente fiables.

5.10.3

El Comité toma nota con satisfacción de que las actividades del CCI se integran en las de la comunidad científica internacional. No obstante, considera dicha integración igualmente importante respecto a las ciencias socioeconómicas y humanidades mencionadas en el punto 5.8.

6.   El VII Programa marco EURATOM (PM7-Euratom)

6.1

La fusión termonuclear controlada. El Comité reitera la opinión que ya expresó en su reciente Dictamen sobre «la energía de fusión» (43), en el sentido de que la utilización con fines pacíficos de la energía de fusión podría contribuir de manera importante a resolver a largo plazo el problema del suministro de energía, en términos de sostenibilidad, compatibilidad con el medio ambiente y competitividad. Al igual que la fisión nuclear, la fusión nuclear no emitiría gases de efecto invernadero y además presentaría otras ventajas importantes.

6.1.1

El Comité felicita a la Comisión y a los demás responsables afectados por el éxito de sus negociaciones, igualmente respaldadas por el Comité, gracias a las cuales se ha decidido instalar en Europa el importante proyecto internacional ITER. ITER  (44) constituye un paso decisivo hacia el futuro reactor de prueba DEMO. Esta decisión implica igualmente la obligación de financiar contractualmente ITER y los programas preparatorios y de seguimiento necesarios, así como los programas preparatorios para DEMO.

6.1.2

A este respecto, el Comité pide también a los Estados miembros que participen de manera clara en los programas europeos de fusión y respalden consecuentemente a aquellos laboratorios que estén asociados con dicho programa. El Comité es consciente de que el programa fusión entrará de esta manera en una fase cuya realización exigirá igualmente un presupuesto consecuente y más elevado respecto a los presupuestos pasados. No obstante, habida cuenta del potencial que tiene esta fuente de energía y de la gravedad del problema energético, el Comité considera que el esfuerzo está justificado.

6.1.3

Para información más detallada, el Comité se remite a su anterior dictamen sobre este asunto (45). En ese dictamen expone los trabajos preparatorios para el desarrollo de DEMO (elaboración de materiales, generación en la envoltura, concepto del sistema, etc.) así como las investigaciones realizadas para mejorar los conceptos de confinamiento.

6.2

Fisión Nuclear y Protección contra las Radiaciones. La energía nuclear es la fuente más importante disponible actualmente de electricidad de base sin emisión de dióxido de carbono. No obstante, a una parte de la población le preocupan los riesgos asociados a su funcionamiento y al secuestro seguro de los combustibles nucleares irradiados. El Comité se remite a sus dictámenes sobre energía nuclear (46) (fisión nuclear) y sobre el llamado paquete nuclear (47). En este último dictamen, el Comité señaló que «apoya el proyecto de la Comisión de seguir fomentando con determinación la investigación en el ámbito de la seguridad de las instalaciones nucleares y la eliminación de los residuos radiactivos y coordinarla a nivel comunitario». Las medidas propuestas por la Comisión tienen dicho objetivo y el Comité considera su contenido satisfactorio.

6.2.1

Sistemas de reactores. Se trata de trabajos de investigación que, por una parte, presten apoyo a la seguridad continua del funcionamiento de los actuales sistemas de reactores (incluidas las instalaciones del ciclo del combustible), y que, por otra parte, sirvan para evaluar el potencial y los aspectos de seguridad de los futuros sistemas de reactores.

6.2.1.1

El Comité considera particularmente importante este último objetivo, que debería conducir al desarrollo de sistemas de reactores innovadores. La historia de la tecnología muestra que los avances más importantes se pueden lograr gracias al desarrollo innovador y a la sucesión de generaciones de sistemas y conceptos. Habida cuenta de la importancia que tiene la energía nuclear para la política energética, convendría explotar y aprovechar los potenciales aún existentes: refuerzo de la seguridad, reducción de residuos radiactivos (particularmente duraderos), utilización moderada de los recursos y explotación de otros recursos.

6.2.2

Protección contra las radiaciones. El objetivo consiste en profundizar la base científica de la protección de la población frente a las radiaciones ionizantes asociadas a la utilización de la radiactividad o de otras fuentes de radiación en la medicina, investigación e industria (incluida la producción de energía nuclear). Un objeto de estudio particularmente importante es el efecto que tiene la exposición a radiaciones de escasa intensidad, por ser muy difícil de determinar estadísticamente y por ser objeto de continuas controversias.

6.2.3

Las investigaciones encaminadas a mejorar el control y seguimiento técnico de las medidas de no proliferación de armas nucleares o de tecnologías para su producción son igualmente importantes.

6.3

Tanto para el desarrollo de centrales eléctricas de fusión nuclear como para la seguridad de funcionamiento y la mejora de los reactores de fisión nuclear es indispensable formar a una nueva generación de investigadores altamente cualificados y numerosos, y entrenarlos en las instalaciones de experimentación adecuadas. A tal fin, es fundamental que se refuerce la importancia de la energía nuclear en Europa y que, por consiguiente, se incremente el interés de los jóvenes científicos. De conformidad con las normas acreditadas, convendrá establecer una simbiosis entre la investigación y la formación.

6.3.1

Para información más detallada, el Comité se remite a su anterior dictamen sobre este asunto (48).

6.4   El Centro Común de Investigación – Programa Euratom

6.4.1

El Comité se felicita de que el Centro Común de Investigación (CCI) respalde la adopción de decisiones en el plano político en el ámbito nuclear, incluida la aplicación y control de las estrategias existentes y de las reacciones frente a los nuevos desafíos.

6.4.2

El Comité considera también lógico que el programa «nuclear» del CCI se concentre en los temas principales de la gestión de residuos, la seguridad y el seguimiento, puesto que estos son precisamente los temas que preocupan a los ciudadanos y precisan soluciones fiables. El Comité parte del principio de que estas actividades se vincularán y coordinarán con las de los Estados miembros.

6.4.3

El Comité opina igualmente que es importante desarrollar procedimientos que permitan controlar aún mejor la no proliferación de armas nucleares o de las técnicas para su fabricación (véase igualmente el punto 4.10.2).

Bruselas, 14 de diciembre de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Esto es válido igualmente para los objetivos de la Estrategia de Lisboa reactivada (Consejo Europeo de 23 de marzo de 2005).

(2)  Los gastos totales de I+D en la UE se incrementarán hasta alcanzar un 3 % del PIB en 2010, con una proporción de dos tercios para el sector privado. Véase también DO C 95 de 23.4.2003.

(3)  A ello contribuyen, en particular, los gastos en I+D previstos por el presupuesto de defensa de los Estados Unidos (Ministerio de Defensa), que son elevados y no se restringen a la investigación militar.

(4)  En marzo de 2005, el Consejo Europeo de Bruselas confirmó expresamente y precisó este objetivo en su Decisión sobre la reactivación de la Estrategia de Lisboa.

(5)  Algunos ejemplos de buena cooperación europea: ARIANE, AIRBUS, CERN, ESO, GALILEO, JET/ITER.

(6)  La ciencia y la tecnología, claves del futuro de Europa – Orientaciones para la política de apoyo a la investigación de la Unión. COM(2004) 353 final.

(7)  DO C 157 de 28.6.2005.

(8)  Véanse las notas 14 a 21.

(9)  COM(2005) 440–445 final.

(10)  Se publicará en fecha próxima.

(11)  DO C 95 de 23.4.2003.

(12)  DO C 157 de 28.6.2005.

(13)  DO C 234 de 30.9.2003; DO C 61 de 14.3.2003; DO C 94 de 18.4.2002.

(14)  DO C 74 de 23.3.2005. DO C 133 de 6.6.2003.

(15)  DO C 302 de 7.12.2004.

(16)  DO C 241 de 7.10.2002.

(17)  DO C 302 de 7.12.2004.

(18)  DO C 220 de 16.9.2003. DO C 112 de 30.4.2004.

(19)  DO C 157 de 28.6.2005.

(20)  DO C 110 de 30.4.2004.

(21)  Extracto del discurso de Gerhard Schröder, entonces canciller alemán, con motivo de la inauguración del Año Einstein 2005. En el citado discurso se señala igualmente que la investigación fundamental también necesita tener la certeza de poder existir sin la presión de una explotación inmediata y sin la obligación de demostrar continuamente su utilidad.

(22)  Véase The Economic Returns to Basic Research and the Benefits of University-Industry Relationships. A literature review and update of findings. Report for the UK Office of Science and Technology* by SPRU - Science and Technology Policy Research. Alister Scott, Grové Steyn, Aldo Geuna*, Stefano Brusoni, Ed Steinmueller, 2002.

(23)  A este respecto véase DO C 110 de 30.4.2004.

(24)  DO L 75/67 de 22.3.2005.

(25)  Es el caso, por ejemplo, del desconocimiento (a) del hecho de que la principal misión de la investigación es aportar nuevos conocimientos, mientras que la cuestión de saber lo que es útil para la humanidad o lo que es importante para la sociedad no es un criterio adecuado para los casos específicos (véase el DO C 221 de 7.8.2001 capítulos 4 y 6 (por ejemplo, el punto 6.7.1), así como la nota 14); o (b) el caso de la importancia que tiene la duplicación de los trabajos de investigación no sólo para la consolidación de nuevos conocimientos, sino también para su difusión, profundización y ampliación (véase, por ejemplo, DO C 221 de 7.8.2001, puntos 4.7.5 y 4.7.6). Una investigación de calidad no puede estar restringida por normas estrictas, puesto que precisa un margen de maniobra.

Si se aspira a investigar nuevos territorios y a obtener resultados satisfactorios, lo más eficaz será colocar a los investigadores más brillantes y experimentados en los puestos de dirección, así como atraer y respaldar a los mejores científicos y ofrecer un equipo suficiente y fiable en herramientas de investigación y en recursos (masa crítica). Véase también el DO C 204 de 18.7.2000, así como el DO C 110 de 30.4.2004. No es posible cuantificar ni objetivar las cualificaciones de un investigador. Eso sólo lo podrán hacer sus colegas experimentados.

(26)  Informe del grupo de expertos presidido por el Profesor Marimon, 21 de junio de 2004, VI Programa marco.

(27)  DO C 204 de 18.7.2000 (CES 595/2000, punto 9.8.4).

(28)  COM(2005) 121 final — 2005/0050 (COD).

(29)  Esta recomendación afecta sólo a los estudios, predominantemente sociológicos, sobre el tema «ciencia y sociedad». En cambio, la parte del presupuesto para medidas (exposiciones, museos, jornadas) destinadas a difundir los conocimientos científicos («Communicating Science»), es decir, sus resultados y sistema de funcionamiento, debería seguir reservándose al programa específico «capacidades».

(30)  Véase también COM RTD info Special INCO issue July 2005.

(31)  CESE 818/2005 fin.

(32)  DO C 74 de 23.3.2005.

(33)  Por ejemplo: DO C 241 de 7.10.2002; DO C 221 de 8.9.2005; DO C 286 de 17.11.2005.

(34)  David Pimentel y Ted. W. Patzek, Natural Resources Research Vol. 14, No 1, 2005.

(35)  DO C 120 de 20.5.2005.

(36)  DO C 294 de 25.11.2005.

(37)  DO C 241 de 7.10.2002, DO C 133 de 6.6.2003; DO C 108 de 30.4.2004; DO C 110 de 30.4.2004; DO C 302 de 7.12.2004; DO C 286 de 17.11.2005; DO C 120 de 20.5.2005.

(38)  Véase también al respecto: Deutsche Physikalische Gesellscahft Sept. 2005 «Klimaschutz und Energieversorgung in Deutschland» [Prevención del cambio climático y aprovisionamiento energético en Alemania] 1990 – 2020.

(39)  Se trata de una cuestión muy compleja, que el DO C 221 de 7.8.2001, punto 3.9 y capítulo 6, ya había abordado.

(40)  DO C 221 de 7.8.2001.

(41)  DO C 24 de 31.1.2006.

(42)  Véanse las notas del punto 5.2.2.

(43)  DO C 302 de 7.12.2004.

(44)  ITER producirá 500 MW de energía de fusión. Es una fase entre los experimentos actuales de la plasmafísica, como JET, y de las centrales eléctricas de producción de electricidad DEMO. Se trata de un proyecto internacional con participación de China, la UE, Suiza, Japón, Corea, Rusia y Estados Unidos, con sede en Cadarache (Francia).

(45)  Véase la nota 43.

(46)  DO C 110 de 30.4.2004.

(47)  DO C 133 de 6.6.2003.

(48)  Véanse las notas anteriores.


17.3.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 65/22


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa marco para la innovación y la competitividad (2007-2013)»

COM(2005) 121 final – 2005/0050 (COD)

(2006/C 65/03)

El 25 de abril de 2005, de conformidad con los artículos 56, 157.3 y 175.1 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 20 de octubre de 2005 (ponente: Sr. WELSCHKE, coponente: Sra. FUSCO).

En su 422o Pleno de los días 14 y 15 de diciembre de 2005 (sesión del 14 de diciembre de 2005), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 125 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención el presente Dictamen.

1.   Observaciones preliminares

1.1

Muchos indicadores del crecimiento, el empleo y la innovación muestran que en los últimos años la Unión Europea se ha quedado rezagada en lo que respecta a la competencia mundial y que esta tendencia persiste. El principal reto económico y social que así se plantea a la UE es la lucha contra el desempleo, la creación de nuevos puestos de trabajo y, a tal fin, el fomento del crecimiento económico sobre una base sostenible.

1.2

Para las empresas es sumamente importante que se haga frente a estos retos. El 98 % de las empresas europeas son pequeñas y medianas empresas (PYME). Representan el 55 % de los puestos de trabajo en el sector privado. El potencial de innovación de las PYME en lo que respecta a procesos de producción, productos y servicios es considerable.

1.3

Muchas empresas se benefician de las ventajas que ofrece el mercado interior europeo. Sin embargo, a menudo no pueden aprovechar completamente este potencial debido a los obstáculos que persisten, a la limitación de su capacidad financiera y de personal y a la falta de información. Para remediar estas carencias puede recurrirse a una aplicación consecuente de la Estrategia de Lisboa, al perfeccionamiento del mercado interior y a una mayor apertura del mercado, a la mejora de la legislación y a programas de ayuda que creen valor añadido europeo.

1.4

También unas administraciones modernizadas y unos servicios públicos que funcionen con eficiencia pueden contribuir significativamente a fomentar la innovación y la competitividad en Europa. Los hermanamientos transfronterizos en todos los niveles pueden servir para mejorar la cooperación administrativa, cada vez más necesaria, facilitar el intercambio de información y mostrar ejemplos de mejores prácticas a todos los interesados.

2.   Síntesis de la propuesta de la Comisión

2.1

El objetivo del «Programa marco para la innovación y la competitividad» (en adelante denominado «Programa marco») es contribuir, en el periodo de 2007 a 2013, a aplicar la Estrategia de Lisboa con su nuevo centro de atención, así como la Estrategia comunitaria para el desarrollo sostenible.

2.2

El Programa marco es la continuación de varios programas de ayuda comunitarios actualmente existentes en distintos ámbitos, y los agrupa en torno a un fundamento jurídico coherente. La Comisión propone un marco financiero de referencia de 4 212,6 millones de euros.

2.3

El Programa marco se dirige a todos los Estados miembros de la UE, a los países candidatos a la adhesión, a los países del Espacio Económico Europeo (EEE) y a los países de los Balcanes occidentales. Podrán participar también otros terceros países si los acuerdos bilaterales así lo prevén.

2.4

El objetivo del Programa marco es fomentar la competitividad de las empresas, en particular de las PYME, impulsar las innovaciones y su comercialización, acelerar el desarrollo de la sociedad de la información y promover la eficiencia energética y la utilización de fuentes de energía nuevas y renovables.

2.5

De conformidad con los artículos 156, 157.3 y 175.1 del TCE, se creará un fundamento jurídico global y coherente para algunos programas de ayuda específicos comunitarios y para los apartados correspondientes de otros programas de la Unión orientados hacia ámbitos esenciales, con vistas a reforzar la productividad, la innovación y el crecimiento sostenible en Europa. Al mismo tiempo se abordarán aspectos medioambientales complementarios. El Programa marco consta de tres subprogramas específicos.

2.6

El «Programa para la iniciativa empresarial y la innovación» tiene por objetivo establecer el marco de las medidas destinadas a fomentar la iniciativa empresarial, la innovación y la competitividad. Está dirigido a las PYME de todos los sectores de la economía, desde los tecnológicamente avanzados a los tradicionales. El objetivo es mejorar la financiación de las PYME en sus fases iniciales y de expansión. Entre otras prioridades figuran también la cooperación entre empresas, la ayuda a la innovación y la promoción de las tecnologías del medio ambiente. Está prevista una financiación de 2 631 millones de euros.

2.7

El «Programa de ayuda a las tecnologías de la información y la comunicación» tendrá por objeto fomentar la adopción de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en las empresas, las administraciones y los servicios del sector público. Las medidas propuestas concretan y complementan la nueva iniciativa comunitaria «i2010» que en los próximos años proporcionará un marco para desarrollar un espacio europeo único de la información y reforzar el mercado interior de los productos y servicios de información. El programa está dotado con 801,6 millones de euros.

2.8

El objetivo del «Programa Energía inteligente – Europa» es apoyar el desarrollo sostenible en el ámbito de la energía, aumentar la seguridad del abastecimiento y la eficiencia energética, reducir la dependencia de las energías importadas y aumentar a un 12 % la cuota de energías renovables en el consumo interior bruto. Se hará hincapié en los proyectos de promoción y difusión de las tecnologías energéticas sostenibles, en la mejora de las estructuras administrativas y en la intensificación de las redes, así como en la sensibilización general a favor del uso sostenible de la energía. La «Agencia ejecutiva de energía inteligente» fundada por la Comisión proseguirá sus actividades. Para este programa se han previsto 780 millones de euros.

2.9

La aplicación del Programa marco se efectuará sobre la base de programas de trabajo anuales, cuya aplicación garantizará la Comisión. Se crearán comités de gestión que velarán por el seguimiento de las medidas en los Estados miembros y la coherencia con las actividades nacionales.

3.   Observaciones generales

3.1

La propuesta relativa al Programa marco es amplia y cubre múltiples políticas y programas.Las observaciones se limitarán a aspectos a los que el Comité atribuye una importancia especial o en los que el Comité desea se tengan en cuenta otros puntos de vista.

3.2

El Comité acoge con satisfacción el Programa marco por considerarlo un paso importante hacia el establecimiento de sinergias que permitan fomentar la competitividad y la capacidad de innovación de las empresas y un desarrollo sostenible. Las acciones y los instrumentos propuestos pueden contribuir considerablemente a reforzar la cohesión social, fomentar un desarrollo sostenible de la economía y alcanzar los objetivos de crecimiento y de empleo de la Estrategia de Lisboa. En su programa comunitario sobre la redinamización de la Estrategia de Lisboa (COM(2005) 330 final), la Comisión destaca también, lógicamente, el Programa marco como un elemento fundamental de la política comunitaria.

3.3

El Informe Kok de 2004 señaló las principales condiciones decisivas para la competitividad de la economía europea. Recomendó con razón seguir desarrollando la sociedad del conocimiento, completar el mercado interior, mejorar el entorno económico, modernizar el mercado de trabajo –también mediante estrategias de «aprendizaje permanente» y «envejecimiento activo»– y fomentar la sostenibilidad medioambiental. El Comité considera que los Estados miembros están particularmente obligados a hacer todo lo posible para aumentar la capacidad competitiva de las empresas mediante las condiciones marco adecuadas. Considera que, a este fin, los programas de ayuda de la UE son un complemento importante y eficaz. Además del Programa marco, cabe citar como especialmente relevantes el Programa marco de investigación, la Estrategia de aprendizaje permanente y los Fondos Estructurales.

3.4

Las empresas incrementan su potencial de innovación no sólo mediante el recurso a los adelantos tecnológicos. A la innovación contribuyen también una mayor vinculación del mundo empresarial con la sociedad y la cultura de cada país, un mayor conocimiento de las técnicas de gestión, una gestión empresarial responsable y el desarrollo de actividades transfronterizas. En los objetivos del Programa marco habría sido un error dar una definición demasiado estricta del concepto de innovación, desperdiciando de ese modo la oportunidad de consolidar el crecimiento, el empleo y la cohesión social. Las empresas son actores principales en el proceso de innovación, en cuya aplicación deben participar de manera apropiada los interlocutores sociales.

3.5

La innovación surge de la mente de los seres humanos. Un mayor nivel de educación y de formación profesional es la condición previa para que aumente de forma constante el potencial de innovación en la Unión Europea. Los empresarios, los trabajadores, los gobiernos, las instituciones académicas y los centros de enseñanza, así como el resto de las instancias pertinentes, tienen en igual medida la obligación de seguir aumentando el potencial de innovación de nuestras sociedades. Los proyectos transfronterizos son apropiados para complementar los esfuerzos nacionales orientados a impulsar la sociedad de la información. El Comité acoge con satisfacción que la UE promueva de forma específica la educación y la formación en el marco, entre otros, de los programas Sócrates (educación general), Tempus (educación superior) y Leonardo da Vinci (formación profesional). El Programa de acción integrado de educación, formación y aprendizaje permanente para el período 2007-2013 puede contribuir también de forma importante a aumentar el potencial de innovación de las empresas y al éxito del Programa marco.

3.6

El Comité se congratula del propósito de la Comisión de reforzar el potencial de innovación y la competitividad de las empresas mediante la introducción de mejoras en la legislación y una revisión sistemática del ordenamiento jurídico vigente para detectar cargas desproporcionadas. Es especialmente importante llevar a cabo una evaluación de impacto eficaz de nuevas normativas. En la evaluación de impacto, la Comisión debería trabajar en estrecho contacto con el Consejo de Competitividad y con el Parlamento Europeo.

3.7

El Comité comparte la opinión de la Comisión de que las acciones horizontales y medidas de coordinación por parte de la UE pueden crear un mayor valor añadido. Será muy importante garantizar que las empresas dispongan de la información más práctica posible y permitirles un fácil acceso a las acciones e instrumentos del Programa marco.

3.8

El Comité respalda el objetivo de la Comisión de que el Programa marco apoye no sólo a los sectores muy desarrollados tecnológicamente, sino también a los sectores económicos tradicionales. Son precisamente estos los que, si se les ofrecen las condiciones para desarrollar su potencial competitivo y de innovación, pueden contribuir aún en mayor medida a luchar contra el desempleo y aumentar la cohesión social. También en los sectores de servicios y de logística existe un potencial de innovación considerable.

3.9

El Comité pide a la Comisión que no defina de manera demasiado estricta los grupos destinatarios del Programa marco, con objeto de que se cree el máximo valor añadido posible en todos los sectores y regiones. También las cooperativas, empresas asociadas y mutualidades, así como empresas de nueva creación y microempresas innovadoras, pueden contribuir a aumentar la competitividad y el potencial de innovación en la UE. De este modo podrán aprovecharse ahorros de escala derivados –por ejemplo– de cooperativas, los cuales repercutirán positivamente en el acceso al mercado (incluida la participación en licitaciones públicas de gran volumen), en la posición de mercado, en el desarrollo de la capacidad del personal directivo, en la formación continua y en la capacidad investigadora. Para acceder a los proyectos del Programa marco debería ser determinante en qué medida los grupos destinatarios desarrollan conceptos sostenibles que contribuyan a la competitividad y la innovación y justifiquen el apoyo. Las fundaciones, las asociaciones y las cámaras de comercio e industria desempeñan un papel importante en la difusión del programa marco.

3.10

Habida cuenta de las restricciones presupuestarias en los Estados miembros y en la Unión se han puesto límites a la dotación económica del Programa marco. El Comité confía en que en el marco del debate aún abierto sobre las perspectivas financieras futuras se asignen fondos suficientes para el Programa. Al mismo tiempo hay que garantizar que los fondos se utilizarán en beneficio de los grupos destinatarios de la manera más específica, eficiente y centrada en la obtención de resultados. La Comisión debería evaluar en qué medida los recursos que ya están previstos para la gestión del Programa pueden ser utilizados para los proyectos.

3.11

El Comité celebra la intención de la Comisión de aprovechar su experiencia con los programas en curso, a fin de corregir posibles deficiencias y basar la aplicación del Programa marco en prácticas contrastadas. Una evaluación comparativa y un seguimiento verificables por todas las partes interesadas favorecerán el éxito del Programa marco. En la planificación anual del trabajo deberían tenerse en cuenta oportunamente los conocimientos que contribuyan a optimizar el Programa marco. La Comisión y las instancias responsables de la ejecución del Programa deberían valorar con sentido crítico si el balance intermedio proporciona indicios de la necesidad de realizar adaptaciones. Para ello deberían tenerse en cuenta las experiencias de las empresas y de los demás grupos destinatarios. No obstante, en ningún momento podrá ponerse en peligro la seguridad de planificación de todos los participantes en el proyecto.

3.12

El Comité considera de la mayor importancia que los Estados miembros tengan en cuenta el concepto de «adicionalidad». Les pide encarecidamente que, independientemente de la financiación complementaria de la UE, mantengan las acciones de fomento nacionales en el volumen previsto. El Comité considera que los Estados miembros están vinculados al objetivo acordado de destinar el tres por ciento del producto interior bruto a la investigación y el desarrollo. La aplicación del Programa marco no puede llevar en ningún caso a que los Estados miembros cejen en sus esfuerzos para alcanzar este objetivo.

3.13

La Comisión destaca con toda razón la necesidad de vincular estrechamente los instrumentos y las acciones del Programa marco con otros programas e iniciativas de la UE. Existen conexiones especialmente relevantes con el Séptimo Programa marco de investigación, con la estrategia de aprendizaje permanente y con los programas de la política estructural. La Comisión debería velar por que todas las direcciones generales implicadas se pongan de acuerdo sobre los objetivos. Deberá garantizarse la transparencia de las actividades y decisiones de todos los grupos interesados relevantes. Las sinergias horizontales y verticales entre la UE y los Estados miembros y entre el sector económico, científico y administrativo sólo se lograrán plenamente si las prioridades en cuanto a contenidos y organización de estos programas han sido objeto de buena coordinación.

4.   Observaciones particulares

4.1

En la aplicación del Programa marco los grupos destinatarios deberán poder acceder fácilmente a los programas propuestos. En el pasado eso no siempre estuvo garantizado de manera suficiente. La financiación deberá realizarse de manera eficiente, pragmática y con el mínimo de trámites burocráticos (sobre todo en lo que respecta a la presentación de informes y documentación).

4.2

La Comisión debería gestionar el Programa marco con un planteamiento coherente, eficiente y fácil de utilizar para los interesados. Todos los que participen en la aplicación del Programa marco deberán estar obligados al respeto de la seguridad de planificación y de la transparencia. Recurrir a una agencia externa a la que se encomiende la gestión administrativa de los programas sería razonable si ello permitiera simplificar considerablemente los procedimientos administrativos y reducir los costes.

4.3

El Observatorio de las PYME de la Comisión debería efectuar un seguimiento aún más intensivo de la aplicación del Programa marco. Ello podrá mejorar aún más el intercambio de información y de experiencia entre los Estados miembros, entre las empresas y entre los sectores económicos, científicos y administrativos. Los informes del Observatorio deberían ser examinados desde un punto de vista pragmático y próximo al de los grupos destinatarios. Sería de gran ayuda que el ámbito de competencias del Observatorio se definiera de manera que quedaran claras las contribuciones de todos los grupos destinatarios (en el sentido del punto 3.9).

4.4   «Programa para la iniciativa empresarial y la innovación»

4.4.1

El acceso al capital sigue estando muy limitado tanto para las PYME como para las microempresas innovadoras, aunque este problema se conoce desde hace años. En esta cuestión debe actuarse sin demora. Los instrumentos de financiación previstos en este Programa tienen una importancia decisiva para el éxito de la política europea en materia de empresa. El Comité estima que ello puede dar lugar a un efecto multiplicador y un efecto palanca considerables.

4.4.2

El Comité recomienda que los recursos se asignen a intermediarios financieros adecuados, con objeto de rebajar los costes de financiación (incluidos los costes de personal y de administración), así como de reducir los riesgos de financiación. El mecanismo de ayuda financiera a las PYME innovadoras y de rápido crecimiento (MIC), el mecanismo de garantía PYME y el sistema de desarrollo de capacidades deberían contribuir a facilitar a las empresas la financiación a través de préstamos y el acceso al capital-riesgo. La concesión de créditos a PYME y microempresas innovadoras, en particular en sus fases iniciales y de expansión, aumentará su capacidad de crecimiento y de empleo. También deberían concederse pequeños créditos y microcréditos para proyectos apropiados.

4.4.3

El Comité recomienda que el desarrollo y la intensificación de actividades transfronterizas se consideren parte integrante de la política europea, así como una estrategia importante de las PYME para aumentar su capacidad competitiva y de innovación. Todos los instrumentos y acciones previstos en el Programa deberían incorporar este objetivo. La Comisión debería acompañar activamente a las empresas en este camino por medio de asociaciones de cooperación, información práctica y otras medias apropiadas.

4.4.4

Dada la complejidad del entramado de las ayudas europeas y del marco legislativo, es necesario que las empresas y el resto de los grupos destinatarios cuenten con información específica y asesoramiento. Lo mejor es que estos servicios se presten a través de una red de medios de información extendida por toda Europa que coopere de forma eficiente. Ello facilitará la transmisión del valor añadido de los programas y de los proyectos europeos a los ciudadanos y las empresas, lo que también va en el sentido de la nueva estrategia de comunicación de la UE.

4.4.5

El Comité considera importante que la convocatoria de ayudas prevista para los «miembros de redes que presten servicios de apoyo a la innovación y a las empresas» se haga con arreglo a normas transparentes y esté abierta a la participación de todas las organizaciones regionales y sectoriales cuya estructura y oferta de servicios pueda satisfacer de forma inmediata la demanda de las empresas. El Comité recomienda a la Comisión que examine caso por caso las credenciales de los actuales Centros Europeos de Información, los Centros de Difusión de Innovaciones y los Centros Europeos de Empresas e Innovación (CEEI).

4.5   «Programa de ayuda a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)»

4.5.1

El Comité acoge con satisfacción la orientación del programa de ayuda a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Este sector actúa como motor del aumento necesario de la productividad en todos los sectores económicos. Las acciones propuestas permiten esperar un aumento considerable del valor añadido europeo.

4.5.2

El fomento de la sociedad de la información europea contribuirá a impulsar el desarrollo sostenible de la economía, fortalecer la integración social de Europa y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En la aplicación de este programa deberá velarse especialmente por que todas las empresas tengan acceso al mismo, incluidas las pertenecientes a sectores económicos tradicionales.

4.5.3

Los proyectos específicos, las acciones integradas, así como el desarrollo y la intensificación de redes y agrupamientos transfronterizos pueden impulsar la transferencia de tecnología y la introducción de soluciones TIC innovadoras y próximas al mercado. EL Comité acoge con satisfacción que se elaboren especificaciones técnicas y planes de acción comunes, a fin de facilitar la contratación pública en este ámbito.

4.5.4

La estructura y la planificación del Programa de ayuda a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) deberían coordinarse estrechamente con la iniciativa denominada «i2010 – Una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo» (COM(2005) 229). En la actualidad el Comité está preparando un dictamen sobre esta iniciativa «i2010».

4.6   «Programa Energía inteligente – Europa»

4.6.1

El Comité acoge con satisfacción el objetivo del programa propuesto. La eficiencia energética, la promoción de las energías renovables y la diversificación del abastecimiento energético son fundamentales para el desarrollo económico sostenible y la protección del medio ambiente en Europa. El Programa debería contribuir a liberar todo el potencial innovador del sector de la energía, incluidos la ingeniería de sistemas y la transformación.

4.6.2

Unas tecnologías adaptadas al mercado y unos productos competitivos serán determinantes para que puedan alcanzarse los objetivos del programa. Por consiguiente, el Comité acoge con satisfacción que se fomenten proyectos que faciliten la aplicación de la innovación en productos que puedan comercializarse. No obstante, este tipo de actividades sólo tiene razón de ser en una fase temprana del proceso de innovación. En principio, únicamente en condiciones de competencia pueden desarrollarse las mejores tecnologías y unos productos y servicios competitivos.

4.6.3

El Comité acoge con satisfacción la intención de la Comisión de hacer publicidad sobre el uso eficiente de las fuentes de energía y divulgar la información correspondiente. Tales actividades no deberían destinarse únicamente a los medios profesionales, sino también a la opinión pública. La actual campaña «Energía sostenible para Europa» supone una contribución importante en este sentido. Servirá para difundir buenas prácticas y sensibilizar en mayor medida a los ciudadanos sobre la eficiencia energética y la protección del medio ambiente. El Comité supone que la campaña y el Programa «Energía inteligente–Europa» se complementarán útilmente.

5.   Recomendaciones finales

5.1

El Comité pide a la Comisión que exponga de manera aún más transparente los objetivos y la estructura del Programa marco. Ejemplar en este sentido es la lista de las medidas de aplicación previstas en el artículo 6 del Programa marco. El mismo carácter sistemático podría emplearse para presentar cada uno de los programas e instrumentos. Ello ayudaría a divulgar mejor el Programa marco entre los grupos destinatarios. Convendría incluir también a las organizaciones de la sociedad civil.

5.2

El Comité confía en que la agrupación de una serie de programas y acciones específicos permita obtener un mayor valor añadido. Esto sólo se logrará si se garantizan una coordinación óptima, la coherencia de las acciones específicas y su armonización con otros programas europeos pertinentes. Esto es tarea sobre todo de la Comisión y de las instancias de gestión.

5.3

El Comité acoge con satisfacción que el Programa marco se centre en los principales objetivos económicos, sociales, medioambientales y energéticos de la UE. Su aplicación dependerá de que los programas de trabajo anuales se configuren con criterios pragmáticos y tengan una pertinencia clara para los grupos destinatarios, sobre todo para las empresas innovadoras. Ello sólo podrá garantizarse si los grupos de destinatarios participan adecuadamente desde la fase de planificación.

5.4

Con vistas a mejorar la aplicación y continuidad de las políticas, el Comité pide a la Comisión que aclare el vínculo entre el Programa marco para la innovación y la competitividad y las demás iniciativas existentes o previstas en este ámbito, en particular la Carta Europea de la Pequeña Empresa de 2000, el plan de acción sobre el espíritu empresarial en Europa de 2003 y la futura Comunicación sobre la política en favor de las PYME. Todo ello resultará especialmente útil para los representantes de las empresas y los responsables políticos de ámbito nacional, regional y local.

5.5

El Comité hará un seguimiento atento de la aplicación del Programa marco. Se reserva el derecho de presentar nuevas recomendaciones en función de la experiencia adquirida o en el momento del balance intermedio.

Bruselas, 14 de diciembre de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


17.3.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 65/27


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso al Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II) por los servicios de los Estados miembros responsables de la expedición de los certificados de matriculación de vehículos»

COM(2005) 237 final – 2005/0104 (COD)

(2006/C 65/04)

El 16 de septiembre de 2005, de conformidad con el artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 20 de octubre de 2005 (ponente: Sr. RANOCCHIARI).

En su 422o Pleno del 14 de diciembre de 2005, el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 123 votos a favor y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Introducción

1.1

El Convenio de Schengen, pensado para permitir la libre circulación de personas y bienes, se firmó en 1990 y fue operativo en 1995. El Convenio de Schengen establece qué autoridades tienen acceso al Sistema de Información de Schengen (SIS) y los fines para los cuales pueden utilizarse dichos datos. Este primer texto del Convenio no permitía a las autoridades responsables de la matriculación de vehículos acceder al SIS.

1.2

El 21 de agosto de 2003, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento por el que se modifica el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen en lo que se refiere al acceso al Sistema de Información de Schengen (SIS) de los servicios de los Estados miembros responsables de la expedición de certificados de matriculación de vehículos (1). Su objetivo era permitir el acceso a los datos del SIS relativos a los vehículos y remolques robados, así como a los documentos oficiales en blanco y documentos de identidad expedidos sustraídos (pasaportes, documentos de identidad, permisos de conducción) con el fin de comprobar que los vehículos cuya segunda matriculación se solicita no han sido robados, sustraídos u ocultados fraudulentamente, así como de averiguar si las personas que solicitan un certificado de matriculación están utilizando documentos de identidad o documentos de matriculación de vehículos robados con este fin.

1.3

El Comité Económico y Social Europeo emitió su dictamen sobre esta propuesta el 25 de febrero de 2004 (2). El CESE acordó con la Comisión que el acceso al SIS debería ampliarse para incluir a las autoridades nacionales responsables de la emisión y el control de los certificados de matriculación de vehículos. El CESE también apreció que, teniendo en cuenta el hecho de que algunos Estados miembros tienen servicios privados responsables de la matriculación de vehículos, la propuesta sugiera que estos servicios privados puedan obtener la información necesaria para desempeñar adecuadamente su trabajo de manera indirecta, a través de una autoridad pública con acceso al SIS, siempre que se garantice la protección de los datos.

1.4

Con posterioridad, tras la ampliación, quedó claro que el desarrollo de una segunda generación de SIS (esto es, SIS II) resultaba indispensable para que los nuevos Estados miembros pudiesen conectarse al sistema y la zona Schengen pudiese extenderse al territorio de estos Estados miembros.

1.5

Dado que el SIS II requiere un marco jurídico adecuado y habida cuenta de las distintas políticas afectadas, la Comisión Europea hubo de presentar tres propuestas: la primera de ellas está relacionada con la libre circulación de personas, la segunda con la cooperación policial y judicial en asuntos penales, y la tercera complementa a las otras dos propuestas y tiene por objetivo facilitar a las autoridades responsables de la matriculación de vehículos el acceso al SIS II.

1.6

Al CESE se le consulta ahora sobre esta tercera propuesta, que representa la continuación necesaria del Reglamento precedente, antes mencionado (3), recientemente adoptado por el Consejo el 6 de julio de 2005.

2.   Observaciones generales

2.1

La nueva propuesta de la Comisión tiene por objetivo garantizar la coherencia con los nuevos instrumentos legales para el establecimiento, funcionamiento y utilización del Sistema de Información de Schengen de segunda generación (SIS II). La Comisión afirma que el objetivo principal de la propuesta es el mismo que se presentó en agosto de 2003, es decir, reforzar la cooperación entre los Estados miembros basada en el intercambio eficaz de información para combatir el fraude y el comercio ilegal de vehículos robados. La Comisión señala además que el objetivo es garantizar que los servicios responsables de la expedición de los certificados de matriculación de vehículos tendrán acceso, en el nuevo marco legal del SIS II, a los mismos datos SIS a los que han tenido acceso desde junio de 2005, cuando entró en vigor la propuesta de Reglamento de 2003.

2.2

Este asunto sigue siendo importante, ya que todos los años son robados alrededor de 1,3 millones de vehículos en la Unión Europea y aproximadamente 500 000 vehículos desaparecen definitivamente (4). Los delitos relacionados con los vehículos también guardan relación con otros delitos como los tráficos ilegales, el contrabando y el terrorismo (atentados con coches bomba).

2.3

El CESE reitera su acuerdo con la Comisión en que el acceso al SIS II debería ampliarse para incluir a las autoridades nacionales responsables de la emisión y el control de los citados documentos (véase el punto 1.2). Además, los servicios privados responsables de la matriculación de vehículos deberían obtener la información indirectamente a través de una autoridad pública con acceso al SIS II, siempre que se garantice la protección de los datos. Es especialmente importante garantizar la existencia de mecanismos para limitar el acceso a otras informaciones del sistema, que está reservado a las autoridades a que hace referencia el artículo 101 del Convenio de Schengen.

2.4

Deberían seguir considerándose las observaciones generales y otras observaciones que el CESE formuló en el dictamen de 25 de febrero de 2004. Algunas observaciones pueden reiterarse. Por ejemplo, el CESE considera que la propuesta favorecería la seguridad y agilizaría los procedimientos judiciales. También servirá de incentivo para que los Estados miembros permitan una mayor libertad de circulación de vehículos dentro de la Unión. Sin embargo, es importante que la propuesta sea compatible con las disposiciones legales internas de los Estados. También es importante facilitar el acceso a los Estados miembros que no son signatarios del Convenio de Schengen y aumentar la cooperación con Interpol y Europol a fin de luchar contra el tráfico de vehículos robados o sustraídos fuera de los países que pueden acceder al SIS II. El CESE señala asimismo la importancia de recopilar, procesar y publicar datos estadísticos sobre este tipo de delitos para impulsar la manera de resolver este problema.

3.   Observaciones particulares

3.1

La propuesta de la Comisión sigue la línea de la Decisión del Consejo, de 22 de diciembre de 2004, relativa a la lucha contra la delincuencia de dimensión transfronteriza relacionada con vehículos (2004/919/CE) (5). En esta Decisión se afirma que «es importante, sobre todo, la cooperación entre los servicios policiales, las autoridades aduaneras y las autoridades de matriculación de vehículos, así como la facilitación de información a las partes pertinentes». En el artículo 7 de la Decisión se señala que las autoridades nacionales de matriculación de vehículos deberán recibir información de las autoridades policiales y judiciales referente a si un vehículo en trámite de matriculación está identificado como vehículo robado. El acceso a las bases de datos para tal fin se efectuará respetando debidamente las disposiciones del Derecho comunitario. El CESE se muestra satisfecho de que las ideas expresadas en la Decisión del Consejo se incorporen ahora a la propuesta de la Comisión.

3.2

Aunque la propuesta de la Comisión sólo se refiere al acceso por parte de las autoridades responsables de la matriculación a determinada información contenida en el SIS II, el CESE desea señalar la necesidad de una mayor cooperación para luchar contra los delitos relacionados con los vehículos. Como se afirma en el artículo 4 de la Decisión del Consejo «los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, cuando proceda, se celebren consultas periódicas entre las autoridades nacionales competentes, de conformidad con el Derecho nacional, en las que podrán participar representantes del sector privado (por ejemplo, las entidades que mantienen registros de vehículos desaparecidos, las compañías de seguros y el sector del automóvil) a fin de coordinar los flujos de información y los trabajos de todos los que participan en este campo». El CESE considera que la Comisión debe tomar en consideración estas ideas en sus trabajos futuros para luchar contra los delitos relacionados con los vehículos.

3.3

Como ejemplo de estas ideas, el CESE desea mencionar el antiguo proyecto de Interpol Stop Register Stolen Cars (StoreSto Car, denominado posteriormente Vehicle Identification, Research and Analysis, VIRA 17). El objetivo de este proyecto era reunir toda la información existente sobre vehículos en una base de datos, la información proporcionada por el número de identificación del vehículo (VIN) si el vehículo figuraba como robado, matriculado, exportado o importado, fabricado o desguazado. Esta base de datos constituye el fundamento para la cooperación entre las autoridades policiales y judiciales, las autoridades responsables de la matriculación, las autoridades aduaneras, los fabricantes de vehículos y las compañías de seguros.

3.4

En lo que se refiere a la actual propuesta, el CESE también desea señalar que existen, por lo general, escasas posibilidades de examinar físicamente un vehículo a fin de determinar su identidad y averiguar si se ha denunciado su robo. En muchos países, la matriculación de un vehículo va acompañada de una inspección. Así, cuando se matricula un vehículo surge la oportunidad de comprobar si ha sido robado. Por lo tanto, es importante proporcionar a las autoridades responsables de la matriculación este medio para detectar vehículos robados, sustraídos u ocultados fraudulentamente.

3.5

Como se señaló en el punto 3.2, es necesaria una mayor cooperación para luchar contra los delitos relacionados con los vehículos. Otra oportunidad para examinar físicamente un vehículo se presenta cuando éste es exportado o importado. El CESE recomienda que las autoridades aduaneras controlen los mismos datos del SIS II que las autoridades responsables de la matriculación, tanto cuando se importe como cuando se exporte un vehículo.

3.6

Cuando se controle un vehículo para determinar si se ha denunciado su robo, también deberá ser posible establecer la identidad del vehículo. La identidad del vehículo suele establecerse mediante su número de identificación de vehículo (VIN). No es inusual la falsificación o clonación de la identidad de un vehículo. El CESE señala que es importante en el futuro aumentar las posibilidades de identificar un vehículo. Deben estudiarse y evaluarse cuidadosamente propuestas como la identificación electrónica de vehículos (EVI) o un mejor marcado de los repuestos.

3.7

Por último, el CESE sugiere que se adopten nuevas medidas en un futuro próximo a fin de extender el alcance de este Reglamento. De hecho, la actual propuesta de la Comisión, destinada a controlar si los vehículos han sido robados, sustraídos u ocultados fraudulentamente debería combinarse con la posibilidad de repatriar los vehículos. Esta posibilidad varía considerablemente entre los Estados miembros y depende de las distintas disposiciones nacionales relativas a la «buena fe». En algunos países es posible obtener la propiedad de un vehículo robado cuando el vehículo se ha recibido «de buena fe», mientras que en otros no lo es. Además, deberán explorarse y evaluarse en el futuro las posibilidades de repatriar los vehículos cuya sustracción se haya comprobado.

Bruselas, 14 de diciembre de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  COM(2003) 510 final - 2003/0198 (COD).

(2)  DO C 110 de 30.4.2004.

(3)  Véase la nota 1 a pie de página.

(4)  Fuente: Estadísticas de Europol, La Haya, 27 de junio de 2005.

(5)  DO L 389 de 30.12.2004.


17.3.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 65/29


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 69/169/CEE en lo que respecta a la restricción cuantitativa temporal de las importaciones de cerveza a Finlandia»

COM(2005) 427 final — 2005/0175 (CNS)

(2006/C 65/05)

El 30 de septiembre de 2005, de conformidad con el artículo 93 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 11 de noviembre de 2005 (ponente: Sr. BYRNE).

En su 422o Pleno de los días 14 y 15 de diciembre de 2005 (sesión del 14 de diciembre de 2005) el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 115 votos a favor, 3 en contra y 14 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Resumen

1.1

Finlandia ha solicitado una prórroga de la actual restricción de las importaciones de cerveza por parte de viajeros procedentes de terceros países, a partir del 1 de enero de 2006. El objeto de esta solicitud es hacer frente a una serie de problemas fiscales, económicos, sociales y de salud y orden público.

1.2

La modificación propuesta autoriza a Finlandia a prolongar la restricción hasta el 31 de diciembre de 2006. No obstante, se aumentará el límite máximo de seis a dieciséis litros, que es de hecho el límite que Finlandia aplica en la actualidad.

1.3

El CESE respalda la modificación propuesta.

2.   Antecedentes

2.1

En 2000 se concedió a Finlandia una excepción hasta el 31 de diciembre de 2005, con el fin de limitar las importaciones personales de cerveza por parte de viajeros procedentes de terceros países a un máximo de seis litros. Finlandia es limítrofe con Rusia, país donde el alcohol es mucho más barato, de modo que, si se aplicaran los límites monetarios habituales, una persona podría importar alrededor de 200 litros de cerveza.

2.2

Debido a la enorme diferencia de precios, la supresión de las restricciones a la importación tendría serias repercusiones para los minoristas finlandeses y los ingresos fiscales, al tiempo que generaría importantes problemas sociales y de salud.

2.3

No obstante, Finlandia redujo ya considerablemente las tasas en 2004 y, además, ha aplicado un límite máximo de dieciséis litros en vez de seis, lo que significa que ya está tomando medidas para encontrar una solución a largo plazo.

3.   Observaciones generales

3.1

El Comité toma nota de las medidas ya adoptadas por Finlandia para afrontar este problema, y considera por ello adecuado que se le conceda una prórroga de la excepción hasta el 31 de diciembre de 2006.

Bruselas, 14 de diciembre de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


17.3.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 65/30


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «La protección en los medios de transporte»

(2006/C 65/06)

Mediante carta de fecha 2 de junio de 2005, la Comisión pidió al Comité Económico y Social Europeo, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, que elaborara un Dictamen sobre «La protección en los medios de transporte»

La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 24 de noviembre de 2005 (ponente: Sr. SIMONS).

En su 422o Pleno de los días 14 y 15 de diciembre de 2005 (sesión del 14 de diciembre de 2005), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 124 votos a favor y 4 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Introducción

1.1

El interés por el tema de la protección ha aumentado considerablemente tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 (Nueva York), noviembre de 2003 (Estambul), 11 de marzo de 2004 (Madrid), 7 de julio de 2005 (Londres), y todos los demás atentados perpetrados en otros lugares. En todas partes se toman medidas para proteger de la mejor manera posible a las personas, los medios de transporte y los bienes, a título tanto preventivo como operativo. Al nivel político, la protección se ha convertido en un tema de candente actualidad.

1.2

En este sentido, se entiende por «protección» (1) el conjunto de medidas que se adoptan para prevenir tanto los ataques terroristas como la delincuencia, en particular los robos.

1.3

Por su parte, el Comité tampoco quedó de brazos cruzados. Aprobó varios dictámenes sobre el asunto, entre los cuales el Dictamen exploratorio del 24 de octubre de 2002 (2), elaborado por la ponente, Sra. Bredima-Savopoulou, que reviste especial importancia, porque en él se examina de manera muy detallada la protección en la navegación y la aviación civil.

1.4

El 23 de diciembre de 2003, la Comisión Europea publicó un documento de consulta sobre la protección en el transporte de mercancías, en el que solicitaba la opinión de las partes interesadas en relación con el tema de la protección. Más adelante, la Comisión, en una Comunicación al Consejo (3), presentó un Programa marco de seguridad y, el 12 de agosto de 2005, se publicó en el Diario Oficial (4) un Plan de acción en el ámbito de la seguridad para combatir el terrorismo. Varios de los elementos contenidos en estas publicaciones han resultado muy útiles para elaborar este Dictamen exploratorio.

1.5

El presente Dictamen exploratorio tiene por objetivo principal determinar claramente el papel y la responsabilidad de las diferentes partes, tanto al nivel nacional como internacional, en el ámbito de la protección de:

las personas (los pasajeros y los trabajadores de la cadena de transporte);

los medios de transporte, los bienes y las infraestructuras, con el objetivo final de mejorar la seguridad de las personas, los bienes, los medios de transporte y las infraestructuras.

1.6

El Dictamen se refiere exclusivamente a la protección de los medios de transporte y no a su seguridad operacional. Sin embargo, el hecho de que en varios países de la Unión Europea no exista distinción lingüística entre ambos conceptos es un factor que complica esta cuestión.

1.7

Con respecto a la protección de las infraestructuras utilizadas para el transporte terrestre, conviene establecer una distinción entre los corredores de las redes transeuropeas (RTE), incluidos los puntos de tránsito, y las infraestructuras nacionales. Además, no siempre es fácil determinar dónde empieza y dónde termina la subsidiariedad en el ámbito de los medios de transporte terrestre.

En lo referente a las medidas de protección aplicables a los medios de transporte terrestre, hay que tener presente que existe una gran interdependencia entre todos los medios de transporte de la cadena logística, y no solamente entre los de transporte terrestre, y que esto requiere un grado elevado de coordinación sobre las medidas que deben adoptarse. Por otra parte, también habrá que adoptar un enfoque intermodal, con el fin de evitar distorsiones de competencia entre los distintos medios de transporte, ya que los costes en el ámbito de la protección pueden variar considerablemente entre los distintos medios.

Asimismo, convendrá hacer hincapié en los aspectos directamente relacionados con el aumento de las medidas de protección. Se pueden citar, a modo de ejemplo, las siguientes cuestiones:

¿Cuál es el impacto de las medidas de protección sobre los trabajadores?

¿Deben incluir los programas de formación en técnicas de gestión una parte relativa a la «gestión de las crisis»?

¿Quién tendrá que sufragar los costes de las medidas de protección?

¿Cuál es el papel de las compañías de seguros?

Dada la extensión del tema, conviene proceder de manera ordenada y explicar la estructura del presente Dictamen exploratorio. El punto 2 (Observaciones generales) se dedicará a las cuestiones generales relativas al tema de la protección. Se tratarán, en particular, cuestiones como el reparto de responsabilidades y competencias entre la Unión Europea, las autoridades nacionales, los medios de transporte, los pasajeros, el personal y los responsables de las empresas. A continuación se desarrollarán los aspectos legislativos. El punto 3 (Observaciones particulares) comenzará por una reseña de las iniciativas adoptadas en distintos niveles con el fin de mejorar la protección. A continuación se detallará la cuestión de la protección de los medios de transporte propiamente dichos. El punto 4 tratará de los costes vinculados a la protección y examinará la cuestión de quién tendría que sufragar dichos costes. También se estudiará en este punto el papel que corresponde a las compañías de seguros. Por último, el punto 5 presentará un resumen de los capítulos anteriores así como las conclusiones finales.

2.   Observaciones generales

2.1   Observaciones generales sobre la protección

2.1.1

La protección de las personas y de los bienes en los medios de transporte se ha convertido en una de las prioridades para los responsables políticos y las empresas. Se entiende por protección la adopción de medidas de protección dirigidas a luchar contra el terrorismo y la delincuencia. Sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer para lograr un enfoque coordinado, cuando precisamente este enfoque es el que se necesita urgentemente, ya que en una cadena el eslabón más débil es el que determina la fuerza del conjunto.

2.1.2

Cabe observar también que la protección de los medios de transporte, por su complejidad, no es una cuestión que se pueda definir fácilmente ni de manera unívoca. La cuestión de la subsidiariedad se plantea aquí de manera acuciante. Se trata, además del reparto de competencias entre la Unión y las autoridades nacionales en lo referente a las medidas que se deben adoptar, de la financiación de dichas medidas. Pero este concepto también engloba las responsabilidades y competencias de los medios de transporte: las de los pasajeros, los trabajadores y los dirigentes.

2.2   La protección en los sectores del transporte marítimo y aéreo

2.2.1

Desde el 11 de septiembre de 2001 se ha hablado mucho de los progresos que deben realizarse en materia de protección en el ámbito del transporte marítimo y aéreo. El Consejo Europeo adoptó una serie de medidas basándose, en particular, en el dictamen del CESE de 24 de octubre de 2002, cuyas propuestas en materia de seguridad se referían esencialmente a los sectores de la navegación y la aviación. Cabe citar, en particular, el Reglamento (CE) no 2320/2002 por el que se establecen normas comunes para la seguridad de la aviación civil, el Reglamento (CE) no 725/2004 relativo a la mejora de la protección de los buques y las instalaciones portuarias y la propuesta de Directiva de mejora de la protección portuaria (COM(2004) 76 final). Todas estas medidas prevén disposiciones por las que se establecen inspecciones comunitarias que incluyen pruebas de calidad en dichos sectores. En cuanto a las normas relativas al transporte marítimo, quedan recogidas en la Directiva que se aprobó el 10 de mayo de 2005.

2.3   La protección en los medios de transporte terrestre

2.3.1

La situación en los medios de transporte terrestre de la UE es muy diferente según los Estados miembros. Grandes ciudades como Madrid y Londres, pero también París, han adoptado medidas de protección, en parte como consecuencia de los ataques terroristas perpetrados en los transportes públicos de estas ciudades. En otras ciudades y países aún no es el caso, aunque sí se ha empezado a tomar conciencia de la importancia de las medidas de protección a raíz de los recientes atentados (5).

2.3.2

La primera pregunta que se plantea es la de saber quién es competente a la hora de adoptar medidas de protección aplicables a más de un medio de transporte terrestre: ¿la Unión Europea o las autoridades nacionales? Si son las autoridades nacionales, ¿qué papel desempeña entonces la Unión Europea?

2.3.3

El Comité considera que la «protección» es una responsabilidad compartida entre los Estados miembros y la Unión Europea y que corresponde a los propios Estados miembros cuidar de que los diferentes medios de transporte terrestre adopten medidas de protección. A tal efecto, deberán establecer un marco con una serie de normas mínimas que los medios de transporte terrestre deberán tomar en consideración como límite para las medidas que deban adoptar. Por tanto, no se podrán interpretar libremente las medidas. En lo referente a la armonización de las medidas que se deban adoptar en los diferentes los medios de transporte terrestre, las autoridades nacionales deberían crear un órgano especializado, encargado de coordinar las medidas que adopten los medios de transporte terrestre y las autoridades locales. Esta instancia también debería velar por la aplicación efectiva de las medidas adoptadas.

2.3.4

Para el Comité, el papel de la Unión Europea consiste esencialmente en coordinar las medidas que se tomen a escala internacional. La Unión también debería alentar a los Estados miembros a definir un enfoque común. Teniendo en cuenta el carácter transfronterizo propio del transporte de personas y de mercancías, y la necesidad de coordinar las medidas adoptadas al nivel nacional, es imprescindible entablar una estrecha colaboración entre las autoridades nacionales y la Unión Europea.

2.3.5

Las autoridades nacionales deben tomar conciencia de que aún queda mucho por hacer en el sector de los medios de transporte terrestre. Debería ganar terreno la idea de urgencia. Las autoridades nacionales deberán incitar a los distintos medios de transporte a contemplar medidas de protección y a ponerlas en práctica. A tal fin, se podría empezar estableciendo al nivel europeo normas mínimas en el ámbito de la protección, que sentarían las bases para los medios de transporte terrestre. Cada medio de transporte deberá tomar conciencia de su extrema vulnerabilidad a falta de medidas de protección.

2.3.6

También hay que ser conscientes de la necesidad de que todos los medios de transporte cooperen. Convendría uniformar, por ejemplo, las medidas adoptadas para los ferrocarriles, los metros y las empresas de autobuses, así como las acciones de información destinadas a los pasajeros y al personal sobre los comportamientos que se deben adoptar en caso de catástrofe.

2.3.7

En lo referente al transporte de mercancías, convendrá prestar gran atención a los puntos de intersección vulnerables, como las terminales y las estaciones de clasificación. Deberán cooperar a tal fin las autoridades nacionales y locales, los distintos medios de transporte y los gestores de los nodos de transbordo y las terminales.

2.4   El papel de las diferentes partes

2.4.1

El Comité considera que la protección de las infraestructuras físicas incumbe a las autoridades nacionales, regionales o municipales.

2.4.2

Corresponderá al órgano especializado mencionado en el punto 2.3.3 actuar como órgano de coordinación. Esta instancia debería, por una parte, evitar toda fragmentación al nivel nacional y, por otra, difundir la política al nivel internacional, con el fin de facilitar la coordinación en la UE.

2.4.3

Junto a la labor de coordinación que incumbe a la UE, el Comité observa con satisfacción que al nivel comunitario se ha puesto a disposición, en el marco del VI Programa Marco, una cantidad de 3,5 millones de euros para la adopción de medidas de protección en los sectores del transporte de personas, mercancías y energía.

2.4.4

Dado que los medios de transporte son un concepto abstracto cuyo funcionamiento depende de las personas que los emplean (pasajeros, clientes) o que trabajan en ellos (trabajadores), es imprescindible dirigir las acciones hacia estos grupos. En lo que respecta a los pasajeros y clientes, estas acciones deberán consistir esencialmente en una información continua. Deberán dejar de ser usuarios pasivos de los medios de transporte y, en adelante, adoptar una actitud alerta y consciente. En cuanto a los trabajadores de estos medios, desempeñan un papel esencial en la elaboración y aplicación de las medidas de protección. El Comité considera que, para que puedan desempeñar su función de manera óptima, es muy importante que se les imparta una formación específica centrada en su misión en el ámbito de la protección.

2.4.5

El papel de los dirigentes empresariales consiste a su vez en integrar las ideas de protección en la filosofía y la cultura de sus empresas. Por otra parte, los dirigentes deberán brindar a sus colaboradores la posibilidad de seguir formaciones específicas en este ámbito. En cuanto a la formación para la gestión que se imparte a los dirigentes, el Comité opina que debería incluir una parte relativa a la «gestión de las crisis», para que puedan estar a la altura de la situación en caso de catástrofe.

2.5   Forma que deberán adoptar las medidas de protección

2.5.1

A la pregunta de si las medidas de protección en los medios de transporte terrestre deberían tener carácter voluntario y adoptar la forma de –por ejemplo– certificaciones o sellos de calidad, o ser objeto de un enfoque más bien vinculante, por ejemplo por vía legislativa, el Comité responde que se trata de un tema demasiado importante para ser tratado de manera informal.

2.5.2

En cualquier caso, el Comité considera que se deberán establecer normas al nivel nacional en el ámbito de la protección, y recomendar que se vaya más allá de las mismas. También habrá que imponer la obligación de intercambiar información sobre las medidas adoptadas o previstas. Al nivel internacional, los países tendrán la obligación de armonizar las medidas y de informar a las instituciones internacionales de coordinación.

3.   Observaciones particulares

3.1

Antes de examinar si se deberían tomar medidas de protección en los diferentes medios de transporte terrestre, y, en ese caso, qué tipo de medidas, convendría hacer un inventario de las medidas que ya se han adoptado al nivel internacional en las organizaciones de coordinación.

3.1.1

La Organización Marítima Internacional (OMI)

Se cita la OMI porque se ha tomado ya una serie de medidas en el sector del transporte marítimo que podrían servir de ejemplo para los medios de transporte terrestre.

a)

La Organización Marítima Internacional (OMI) ha adoptado el código ISPS (International Ship and Port Facility Security – Código internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias). Este código proporciona un marco internacional de cooperación entre las autoridades nacionales, las administraciones locales, las compañías navieras y las autoridades portuarias con el fin de determinar los riesgos para la seguridad y adoptar las medidas oportunas. Se trata de requisitos relacionados con la protección de los buques y de las instalaciones portuarias. Este Código entró en vigor el 1 de julio de 2004.

b)

Las modificaciones aportadas al Convenio SOLAS (Safety of Life at Sea Convention – Convenio para la seguridad de la vida humana en el mar) han conducido a modificar también el Código IMDG (International Maritime Dangerous Goods – Código marítimo internacional para el transporte de mercancías peligrosas), que contiene recomendaciones detalladas relativas a los envases, el etiquetado y el almacenamiento de sustancias peligrosas.

Estas modificaciones entraron en vigor el 1 de enero de 2004.

3.1.2

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

Desde 1971 se han ido adoptando acuerdos vinculantes al nivel internacional en el sector del transporte aéreo para combatir la delincuencia y el terrorismo. A raíz de una serie de secuestros de aviones perpetrados a finales de los años sesenta, la OACI decidió desarrollar el convenio de base que regula el transporte aéreo. Por ejemplo, el anexo 17 del Convenio de Chicago dispone que todos los pasajeros de vuelos civiles comerciales deberán ser objeto de un registro sistemático. Esta medida se aplica ya desde 1972, y ahora resulta difícil imaginar que haya podido ser un día de otra manera. Tras el atentado contra las Torres Gemelas de 2001, el anexo 17 fue objeto de profunda adaptación. Se adoptaron nuevas normas obligatorias, por ejemplo en relación con el refuerzo y bloqueo de las puertas de las cabinas de pilotaje y el transporte aéreo de mercancías. También se elaboraron unas normas más estrictas en el ámbito de la formación y calidad en relación con los controles.

3.1.3

Conferencia Europea de la Aviación Civil (CEAC)

Al nivel europeo, también se elaboró y se desarrolló una política de protección del sector del transporte aéreo, en el marco de la Conferencia Europea de la Aviación Civil (CEAC). Naturalmente, esta política se inspira en las normas internacionales adoptadas, entre otros, por la OACI. Se redactó, en particular, un manual europeo de protección del transporte aéreo, denominado «documento 30». Este manual contiene normas de protección que marcaron pautas, pero que, lamentablemente, no son vinculantes, habida cuenta del estatuto de la CEAC. Ésta es la razón por la que el Consejo Europeo decidió, el 14 de septiembre de 2001, es decir, tres días después de los atentados del 11 de septiembre, que la UE sería competente en el ámbito de la protección del transporte aéreo. Esta decisión condujo a la adopción del Reglamento no 2320/2002 «por el que se establecen normas comunes para la seguridad de la aviación civil», que entró en vigor el 19 de enero de 2003. En el mismo Consejo de Ministros del 14 de septiembre de 2001 se acordó que, en adelante, la Comisión tendría la posibilidad de efectuar directamente controles de calidad en los Estados miembros.

3.1.4

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Se trata de la revisión del Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar. El objetivo de este Convenio revisado es mejorar la protección de la identificación de la gente de mar, para, a su vez, proteger mejor a los pasajeros y a la tripulación y aumentar la seguridad en los buques. No se reduce, sin embargo, la libertad de movimiento de la gente de mar, por lo que podrán seguir desembarcando sin obstáculos. Este Convenio revisado contiene esencialmente orientaciones relativas a la composición y emisión de los documentos de identidad de la gente de mar. Se han mencionado aquí la OIT y este Convenio porque podrían servir de ejemplos para las modalidades de transporte terrestre.

3.1.5

La Organización Mundial de Aduanas (OMA)

a.

Convenio de Kioto revisado de la OMA

En junio de 1999, el Consejo de la OMA aprobó una revisión del Convenio de la OMA de 1974, conocido como Convenio de Kioto, dirigida a simplificar y armonizar los regímenes aduaneros. Uno de los aspectos importantes del Convenio revisado es la mayor atención prestada a la transparencia y previsibilidad en la cadena. Los principales elementos del Convenio revisado son los siguientes:

utilizar la información disponible antes de la llegada de la mercancía para poder operar selecciones desde ese momento;

emplear técnicas de gestión de riesgos;

utilizar al máximo los sistemas automatizados;

prever intervenciones coordinadas con otros órganos;

garantizar un acceso permanente a la información relativa a los requisitos aduaneros y a la legislación, y

elaborar directrices.

b.

El modelo de datos aduaneros de la OMA

Este modelo contiene un conjunto de datos internacionales normalizados que responde a los requisitos establecidos por las autoridades públicas en el ámbito del transporte internacional. Representa un paso adelante hacia la armonización de la información aduanera con fines de protección. Este modelo se ha creado para funcionar en un entorno totalmente automatizado.

c.

La referencia única del envío de la OMA

La ventaja de este sistema es que se asigna a cada envío un número único, con el fin de simplificar su identificación y la búsqueda de datos relativos al mismo.

d.

Las directrices del sistema de información anticipada sobre las mercancías (ACIS – Advanced Cargo Information System), elaboradas de conformidad con el Convenio de Kioto revisado, tienen por objeto recabar datos en materia de protección y ayudar a las autoridades aduaneras a proceder a una rápida recogida de los mismos.

e.

El Convenio aduanero relativo a los contenedores contiene especificaciones técnicas para los contenedores utilizados en el transporte internacional y precintados en aduana, así como procedimientos para la aprobación de este tipo de contenedores. Este Convenio, firmado en 1972, se está revisando actualmente, a la luz del mayor interés que se presta ahora a la protección.

Esta información sobre la Organización Mundial de Aduanas podría ser aprovechada para los medios de transporte terrestre. Es importante a tal fin explotar los elementos que puedan aplicarse a los medios de transporte terrestre.

3.1.6

Organización Internacional de Normalización (ISO)

Esta Organización adoptó en 2003 una serie de directrices en las que se establecen prescripciones relativas al sellado mecánico de los contenedores destinados al transporte de mercancías.

Elaboró asimismo una norma aplicable al uso de etiquetas de identificación por radiofrecuencia de los contenedores destinados al transporte de mercancías, así como un protocolo de comunicación para el sellado digital.

3.1.7

La Unión Europea (UE)

a)

Las iniciativas adoptadas por la UE se refieren esencialmente a la protección del transporte marítimo, los puertos y el transporte aéreo. En el punto 2.3 se han dado ya algunos ejemplos de estas iniciativas.

En el ámbito del transporte intermodal, la Comisión Europea publicó en 2003 un documento de consulta sobre la protección del transporte de mercancías, en el que se detallan las posibles amenazas y se presentan las medidas que podrían tomarse para proteger la cadena de transporte.

En dicho documento, la Comisión indica que todas las medidas propuestas deberían ser objeto de una evaluación de su perfil de riesgo, realizado tanto para cada medio de transporte como para el conjunto de la cadena de transporte.

Las medidas que se proponen en dicho documento de consulta son las siguientes:

proteger las infraestructuras de interés europeo gracias a una serie de medidas adoptadas por los Estados miembros (elaborar un plan de protección que se adaptará cada año, identificar los riesgos, designar un punto de contacto, nombrar a personas responsables de la protección de las infraestructuras y encargar a un órgano público la realización de una auditoría del conjunto de estas acciones);

elaborar normas de seguridad aplicables a los proveedores de servicios (al nivel comunitario, elaborar normas mínimas de seguridad aplicables a los proveedores de servicios internacionales, introducir las figuras de «agente autorizado» y «cargador conocido» en la cadena de transporte terrestre);

aplicar el concepto de «información anticipada» en formato electrónico; independientemente del análisis de riesgo, este concepto podría ser de obligado cumplimiento para determinados itinerarios o envíos;

para los envíos de alto riesgo y sensibles desde el punto de vista de la protección, aplicar medidas especiales de sellado y cierre;

velar por que los Estados miembros no introduzcan normas diferentes que dificulten el buen funcionamiento del mercado. La Comisión propone una serie de medidas en este sentido en su documento.

b)

La Comunicación de la Comisión de 24 de julio de 2003, y la propuesta de Reglamento de la misma fecha por el que la Comisión propone adaptar el Código aduanero comunitario. Esta propuesta tiene por objeto adaptar el papel desempeñado por las autoridades aduaneras en las fronteras exteriores de la UE, con el fin de responder al aumento de las medidas de protección a la importación y la exportación.

3.1.8

Comisión Económica para Europa de Naciones Unidas (CEPE-NU)

El Grupo de trabajo de asuntos aduaneros encargado de los transportes y el Comité administrativo del Transporte Internacional por Carretera (TIR) decidieron en febrero de 2003 proceder gradualmente a la informatización del procedimiento TIR, que en la actualidad sólo existe en papel. Al amparo de un cuaderno TIR, el transporte internacional de mercancías hacia terceros países podrá realizarse con una pérdida de tiempo mínima en las fronteras, ya que este documento aduanero goza de reconocimiento al nivel internacional.

Tal información se refiere a la protección en el sector del transporte de mercancías por carretera. El Comité recomienda que se examine la posibilidad de extender este tipo de medidas a los demás medios de transporte.

3.1.9

Las medidas adoptadas por los Estados Unidos

Huelga decir que, tras los ataques del 11 de septiembre de 2001, los Estados Unidos se sitúan a la cabeza de la adopción de medidas de protección. En 2002, por ejemplo, entró en vigor la Ley sobre Bioterrorismo (Bioterrorism Act), que establece la obligación de notificar una serie de datos relativos a la importación de productos alimenticios antes de su llegada al país. Por otra parte, los productores de productos alimenticios y las instalaciones de almacenamiento deben inscribirse en el Organismo para el Control de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration – FDA) y designar a un representante local en los Estados Unidos.

3.1.10

En aras de la legibilidad del presente Dictamen exploratorio, se cita a continuación una serie de medidas sin profundizar en ellas.

A la hora de tomar medidas en Europa, conviene naturalmente conocer y tener en cuenta la experiencia adquirida en los Estados Unidos. Cabe mencionar, en particular:

a.

la Iniciativa sobre la Seguridad de los Contenedores (Container Security Initiative –CSI),

b.

la Asociación Aduanas-Comercio contra el Terrorismo (Customs-Trade Partnership against terrorism – C-TPAT),

c.

el Manifiesto con 24 horas de Anticipación (24 Hour Advance Manifest),

d.

la Ley sobre Bioterrorismo (Bioterrorism Act).

3.2

Iniciativas adoptadas por la industria a título individual o conjuntamente con las autoridades públicas

a.

la Coalición Empresarial Anticontrabando (Business Anti Smuggling Coalition- BASC),

b.

el Memorándum de Entendimiento sobre el Comercio Electrónico (Memorandum of Understanding on Electronic Business),

c.

la Resolución de la Unión Internacional de Transportes por Carretera (International Road Transport Union – IRU) sobre la protección del transporte por carretera,

d.

las directrices de la IRU sobre la protección del transporte por carretera,

e.

el Plan Normalizado de Seguridad (Standard Security Plan) de la IRU,

f.

el programa «Operación Comercio Seguro» (Operation Safe Commerce –OSC),

g.

la iniciativa Rutas Comerciales Inteligentes y Seguras (Smart and Secure Tradelanes - SST).

3.3

Las iniciativas anteriormente citadas se refieren en su mayoría a medidas de protección en los medios de transporte de mercancías en general y de contenedores en particular. El Comité considera que estas medidas también podrían aplicarse en parte al transporte de pasajeros.

3.4

Las medidas de protección adoptadas para cada medio de transporte son muy dispares. Como se ha recordado ya, los sectores del transporte marítimo –incluidos los puertos– y del transporte aéreo son los que más han avanzado en la aplicación de estas normas. El Dictamen del Comité de 24 de octubre de 2002 (6), elaborado por la ponente, Sra. BREDIMA-SAVOPOULOU, expuso esta situación de modo excelente, por lo que el presente Dictamen exploratorio no ahondará en el análisis de dichos medios de transporte.

3.5

No obstante, las terminales interiores y los puntos de transbordo merecen atención especial, debido a su vulnerabilidad. Las canalizaciones también podrían considerarse como un medio de transporte específico. Pese a que los propietarios de las terminales dedican mucha energía a proteger dichas zonas, el Comité tiene la sensación de que no aún no se ha tomado suficientemente conciencia de la gran vulnerabilidad de esos puntos y de la absoluta necesidad de establecer una cooperación con los medios de transporte que utilizan dichas instalaciones de transbordo.

3.6

El Comité considera asimismo que está poco desarrollada la sensación de urgencia frente a los peligros que pueden entrañar el transporte y el transbordo por canalizaciones. El Comité destaca la importancia de que esta toma de conciencia se realice rápidamente y la necesidad para las autoridades competentes de adoptar medidas de protección, tanto para el personal como para las infraestructuras.

3.7

El sector del transporte ferroviario siempre ha concedido una gran importancia a la seguridad, tanto del personal como de los viajeros y del material. Cabe esperar que este mismo enfoque prevalezca en el ámbito de la protección, y permita alcanzar un nivel igualmente elevado. Es necesario dedicar mayor atención a las zonas vulnerables, como las estaciones y las estaciones de clasificación. La Unión Internacional de Ferrocarriles debería formular recomendaciones al respecto, en aras de la necesaria coordinación al nivel internacional.

Las empresas ferroviarias nacionales deberían elaborar material informativo para que los pasajeros y el personal sepan lo que tienen que hacer en caso de catástrofe. En el caso de los trabajadores, esta información debería formar parte integrante de su formación.

3.8

El sector de la navegación interior realiza la mayor parte de sus operaciones de carga y descarga en los puertos marítimos. En estos casos, también se aplica a este sector el Código Internacional para la protección de los buques y de las instalaciones portuarias (International Ship and Port Facility Security - ISPS). A juicio del Comité, hay que evitar que una aplicación demasiado rígida de este Código perturbe la cadena logística. Incumbe a los puertos, a las compañías navieras y a los servicios de inspección velar por el cumplimiento del Código ISPS. En cuanto al personal que trabaja en los buques de navegación interior, el Comité también considera que la protección debería formar parte integrante de su formación.

3.9

El sector del transporte público tomó conciencia de su vulnerabilidad a raíz de los ataques terroristas de Madrid y Londres. Se adoptaron entonces medidas de vigilancia y control que aumentaron sensiblemente el nivel de protección y el sentimiento de seguridad de los pasajeros y del personal.

3.10

Por su parte, el sector del transporte profesional por carretera es sumamente vulnerable, habida cuenta del gran número de empresas de autocares y de transporte de mercancías existentes: hay cientos de miles de empresas, que son además extremadamente móviles. Hace ya tiempo que este sector se enfrenta con problemas de delincuencia. Son muy frecuentes los robos de camiones, con carga o sin ella, que a menudo entrañan consecuencias psicológicas para los conductores. La Unión Internacional de Transportes por Carretera (IRU) hace todo lo que está en su mano para sensibilizar tanto a las autoridades como a los agentes del mercado e incitarles a que tomen medidas de protección. Por ejemplo, hizo un llamamiento para que se incrementara el número de plazas de aparcamiento vigiladas. Dado el alto nivel de riesgo que existe en este sector, la Unión Internacional de Transportes por Carretera, como ya se ha dicho en el punto 3.2, ha elaborado una serie de directrices en el ámbito de la protección que contienen recomendaciones para los dirigentes, los conductores y los cargadores. También se ha establecido un marco para la celebración, sobre una base voluntaria, de contratos de cooperación con las autoridades aduaneras.

3.11

Los puntos de partida para la elaboración de las directrices mencionadas en el punto 3.10 (directrices en el ámbito de la protección) son los siguientes:

las medidas de protección no deben ser demasiado estrictas, para no entorpecer el buen funcionamiento de las empresas;

las nuevas medidas de protección que se adopten deben guardar proporción con el objetivo que persiguen, con los costes que entrañan y con las consecuencias que suponen para el tráfico;

no son aceptables medidas adoptadas unilateralmente por los Estados;

las medidas de protección deben ser comprensibles y aceptables;

dado el carácter internacional de los transportes, las medidas que se adopten deberían aplicarse de manera uniforme, proporcionada y sin discriminaciones, con el fin de no obstaculizar, o hacerlo en la menor medida posible, la eficacia de los flujos comerciales.

En términos generales es necesario que, antes de adoptar medidas de protección, el grupo destinatario sea consciente de la necesidad de las mismas. Por tanto, no se debería poder aplicar este tipo de medidas sin haber informado previamente al grupo destinatario. El Comité, por consiguiente, pide encarecidamente que esta información se facilite en tiempo oportuno.

3.12

En lo referente al transporte privado, el Comité recomienda que, cualquiera que sea el medio de transporte, el responsable de la empresa adopte las medidas de protección adecuadas para el personal, los medios de transporte y las infraestructuras.

3.13

El Comité toma nota de la creciente toma de conciencia, tanto por parte de las autoridades públicas como del sector de los medios de transporte terrestre, de la necesidad de integrar las medidas de protección en su actividad diaria, aunque aún falta mucho para que se pueda hablar de un enfoque coherente. Si se examinan los medios de transporte por separado, se observan los importantes progresos realizados en el transporte marítimo y aéreo, debido a su carácter internacional. En el sector del transporte público ha aumentado mucho la sensibilización, pero en el del transporte de mercancías la mayor parte de las medidas adoptadas se limita al propio medio de transporte. Aún no se han tomado medidas aplicables al conjunto de la cadena logística, cuando precisamente es mayor la vulnerabilidad en los puntos de transbordo entre los diferentes medios. El Comité, por consiguiente, recomienda a las autoridades que establezcan una instancia de coordinación nacional encargada de cubrir el conjunto de la cadena logística.

4.   El coste de las medidas de protección

4.1

Todo el mundo coincide en la necesidad de adoptar medidas para proteger a los pasajeros, el personal, los medios de transporte y las cargas como consecuencia del aumento de la delincuencia y del terrorismo. Lo que no está tan claro, sin embargo, es quién tiene que sufragar los gastos ligados a la adopción de las medidas de protección, los cuales, como es sabido, son elevados. A título de ejemplo, el coste de las medidas de protección para el transporte marítimo de un contenedor se estima entre 30 y 40 dólares.

4.2

Con objeto de determinar claramente quién tendrá que sufragar estos gastos, conviene examinar las diferentes categorías de gastos. Del inventario de las mismas se deduce que el siguiente reparto es pertinente:

a.

los costes inherentes a la elaboración de la reglamentación y al control de su aplicación;

b.

los costes inherentes al inventario y al análisis del grado de inseguridad y los gastos de asistencia a terceros países, para que estos países puedan adoptar un nivel de protección tan elevado como el que existe en la UE;

c.

los costes asimilables a los gastos de inversión, como, por ejemplo, los gastos de selección y formación de personal en el ámbito de la protección y de adquisición de material necesario para la protección;

d.

los gastos corrientes relacionados con la protección, como los gastos del personal encargado de la protección, los gastos de mantenimiento del material de protección, los gastos de información en el ámbito de la protección, el coste de los seguros relacionados con la protección, el coste de las medidas de orden público que deben contribuir a crear una situación en la que la legislación se cumpla de manera aceptable.

También hay que tener en cuenta los gastos relacionados con las medidas que se adopten antes o después de un acontecimiento extraordinario, como un atentado terrorista. La imputación de estos gastos debería obedecer a un planteamiento distinto. El Comité considera que, en un primer momento, deberían correr a cargo de las entidades públicas.

4.3

A la pregunta de a quién o a qué instancias se deben imputar primero los costes, parece lógico responder, para las dos primeras categorías (a y b), a las autoridades nacionales o subnacionales, mientras que para las categorías c y d habría que pensar más bien en las empresas.

4.4

Desde el punto de vista económico, los costes deben ser sufragados en última instancia por la actividad que los genera, para poder así ser incluidos en el precio (del billete en el caso del transporte público o de la tarifa para el transporte de mercancías). En efecto, el precio de los bienes y servicios debe incluir en la medida de lo posible los costes sociales marginales, incluido el coste de las medidas de protección. Sin embargo, en algunos casos puede ocurrir que las medidas que haya que adoptar sean de tal interés general que los costes que generen deban ser sufragados por el conjunto de la comunidad.

4.5

Si se tiene en cuenta este matiz, el coste de la protección recaería finalmente en los consumidores, que lo pagarían en forma de un precio más alto del producto final, o en los ciudadanos, que en su calidad de contribuyentes sufragarían los gastos públicos derivados de la financiación de medidas de protección de interés general por las autoridades públicas.

4.6

El Comité considera que en este ámbito las compañías aseguradoras deben desempeñar un papel secundario. En efecto, siempre y cuando los actos terroristas no queden excluidos de las pólizas de seguros, las posibles prestaciones siempre se imputarán a los asegurados, en forma de primas más elevadas. Naturalmente, existe una relación causal entre el grado de protección y el importe de las primas. Cuanto más elevado sea el nivel de las medidas de protección, menor deberá ser el importe de las primas.

4.7

Teniendo en cuenta las funciones y competencias que le incumben, la Unión Europea sólo puede desempeñar un papel de coordinación y control. Como máximo, se podrán asignar recursos financieros destinados a campañas de información y comunicación. Por ejemplo, se han destinado 3,5 millones de euros para medidas de protección en el marco del VI Programa Marco.

5.   Resumen y recomendaciones

5.1

El Comité observa que a raíz de los ataques terroristas de los últimos años ha aumentado sensiblemente la atención que se presta al tema de la protección.

5.2

Se han tomado ya las medidas necesarias, plasmadas en la legislación internacional, esencialmente en los sectores del transporte marítimo y aéreo. Su aplicación se lleva a cabo mediante inspecciones realizadas por la UE.

5.3

En lo referente a la protección de los medios de transporte terrestre, el Comité considera que aún faltan por tomar las medidas necesarias, teniendo en cuenta sobre todo la gran interdependencia existente entre todos los medios de transporte y la vulnerabilidad de los puntos de transbordo intermodales. Se necesita urgentemente un enfoque coordinado, ya que en una cadena el eslabón más débil es el que determina la fuerza del conjunto.

5.4

El Comité señala que la distinción entre los conceptos de «protección» y «seguridad» no existe en todas las lenguas de la Unión Europea. Como ello se puede prestar a confusión, recomienda emplear una terminología unívoca.

5.5

El Comité considera que la responsabilidad de la adopción de medidas de protección incumbe a los Estados miembros, que deberán establecer un marco con una serie de normas mínimas para los diferentes medios de transporte. En cuanto a la armonización de las medidas que se adopten, las autoridades deberían crear una instancia especial encargada de garantizar su aplicación.

5.6

A juicio del Comité, el papel de la Unión Europea consiste esencialmente en coordinar las medidas adoptadas al nivel comunitario e internacional, mientras que el de las autoridades nacionales y locales consiste más bien en adoptar medidas concretas, controlar su aplicación e informar y sensibilizar a los ciudadanos sobre el terrorismo y la delincuencia en todos los niveles. Las autoridades nacionales y locales deberán asimismo fomentar la cooperación entre los diferentes medios de transporte, y el Comité considera que la protección de las infraestructuras físicas también debería ser de su competencia.

5.7

Los usuarios de los medios de transporte desempeñan un papel esencial en el ámbito de la protección. Se debería alentar a los pasajeros y clientes, a través de campañas de información, a adoptar una actitud más alerta y activa. Por su parte, el personal de los medios de transporte terrestre debería recibir una formación específica, adaptada al papel que le corresponde en la protección del medio de transporte para el que trabaja. En cuanto a los dirigentes empresariales, el Comité considera que les incumben esencialmente las tareas de integrar las ideas relacionadas con la protección en la filosofía y la cultura de la empresa, brindar a sus trabajadores la posibilidad de seguir formaciones en este ámbito e integrar en las formaciones para la gestión una parte relativa a la gestión de las crisis.

5.8

El Comité estima que la situación en los diferentes medios de transporte terrestre es muy dispar. Aunque toma nota de la creciente toma de conciencia –tanto por parte las autoridades como del sector de los medios de transporte– de la necesidad de integrar las medidas de protección en su actividad diaria, reconoce, sin embargo, que aún falta mucho para que se pueda hablar de un enfoque coherente. A este respecto, la situación en el sector del transporte público es mejor que la del sector del transporte de mercancías, en el que las iniciativas adoptadas hasta ahora se limitan a cada medio de transporte. El Comité, por consiguiente, recomienda a las autoridades que establezcan una instancia de coordinación encargada de cubrir el conjunto de la cadena logística.

5.9

En lo que respecta al transporte privado, el Comité recomienda que, cualquiera que sea el medio de transporte, el responsable de la empresa adopte las medidas de protección adecuadas para el personal, los medios de transporte y las infraestructuras.

5.10

El Comité opina que el coste de la protección debe reflejarse en el precio del producto final pagado por el consumidor o, en el caso de que las medidas hayan sido tomadas por las autoridades, en el presupuesto público, lo que significa que el coste recaerá finalmente en los ciudadanos en forma de impuestos.

5.11

Para el Comité, el papel desempeñado por las compañías de seguro es secundario. En última instancia, las posibles prestaciones se imputarán a los asegurados, que deberán pagar primas más elevadas. Cuanto más elevado sea el nivel de las medidas de protección, menor deberá ser el importe de las primas. Se deberá cuidar de que el nivel de las primas refleje los riesgos del mercado.

5.12

Desde el punto de vista financiero, el papel de la Unión Europea deberá centrarse esencialmente en la financiación de programas de investigación, información y sensibilización en este ámbito.

Bruselas, 14 de diciembre de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  En el presente documento se establece una distinción entre seguridad frente a accidentes, incendios, etc. y protección frente a actos malévolos deliberados.

(2)  DO C 61 de 14.3.2003, p. 174.

(3)  COM(2005) 124 final, de 6 de abril de 2005.

(4)  DO C 198 de 12.8.2005, p. 1.

(5)  El tema de la protección en los medios de transporte público de las grandes ciudades ha sido objeto de un Dictamen prospectivo circunstanciado del Comité de las Regiones titulado «La seguridad en los diferentes modos de transporte, incluida la cuestión de la financiación», elaborado por el ponente Robert Neill, Miembro de la Asamblea de Londres (CDR 209/2005).

(6)  DO C 61 de 14.3.2003, p. 174.


17.3.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 65/38


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas financieras comunitarias para la aplicación de la política pesquera común y el Derecho del Mar»

COM(2005) 117 final – 2005/0045(CNS)

(2006/C 65/07)

El 19 de mayo de 2005, de conformidad con el artículo 37 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 9 de noviembre de 2005 (ponente: Sr. SARRÓ IPARRAGUIRRE).

En su 422o Pleno de los días 14 y 15 de diciembre de 2005 (sesión del 14 de diciembre de 2005), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 122 votos a favor, ninguno en contra y 4 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Introducción

1.1

La Comisión Europea ha solicitado al CESE un dictamen sobre la propuesta de Reglamento que establece el marco de las intervenciones financieras necesarias para la aplicación de la política pesquera común (PPC) dotado con 2 583 millones de euros, la cual complementa la propuesta de Reglamento del Consejo sobre el Fondo Europeo de la Pesca (1) (FEP), con un presupuesto de 4 963 millones de euros.

1.2

Uno de los objetivos de la PPC es lograr una intervención financiera más eficaz. El objetivo de esta propuesta de Reglamento es contribuir a mejorar las condiciones de aplicación de las intervenciones financieras en ámbitos concretos fijando objetivos específicos para cada uno de ellos.

1.3

En el momento actual, el Comité desea manifestar su honda preocupación ante la falta de decisión sobre la aprobación del presupuesto para el período 2007-2013. Considera que la Unión Europea se enfrenta a una situación muy grave que requiere un máximo esfuerzo político para su resolución. La financiación de la PCP no se podría acometer si no se mantienen los presupuestos para la presente propuesta de Reglamento y para la del Fondo Europeo de la Pesca. El Comité insta al Consejo a adoptar decisiones políticas que no afecten a la financiación de la PCP, es decir, que garanticen una explotación sostenible de los recursos acuáticos vivos que facilite unas condiciones económicas, medioambientales y sociales sostenibles. En este sentido, el CESE también lamenta que, hasta la fecha, el Consejo no haya adoptado ninguna decisión sobre la propuesta de Reglamento sobre el Fondo Europeo de la Pesca.

1.4

La propuesta de Reglamento contempla cuatro ámbitos de actuación en los que se aplicarán las medidas financieras comunitarias:

control y observancia de las normas de la PPC;

medidas de conservación, recopilación de datos y mejora del asesoramiento científico relativos a la gestión sostenible de los recursos pesqueros conforme prevé la PPC;

gobernanza de la PPC;

relaciones internacionales en el ámbito de la PPC y el Derecho del Mar.

1.5

El Comité considera necesaria esta propuesta de Reglamento y se muestra conforme con los ámbitos de aplicación que en ella se contemplan.

2.   Medidas financieras comunitarias en cada uno de los cuatro ámbitos de aplicación

2.1   Control y observancia de las normas de la PPC

2.1.1

Las medidas financieras que se aplicarán al control y observancia de la PPC serán para mejorar el control de las actividades pesqueras emprendidas por los Estados miembros y las de evaluación y control por parte de los servicios de la Comisión. Podrán optar a medidas financieras comunitarias los gastos de los Estados miembros relacionados con nuevas tecnologías de control, con programas de formación, con programas piloto de inspección y observación, con auditorias y con seminarios de información.

2.1.2

Así mismo, se financiarán los gastos de la Comisión relacionados con acuerdos administrativos con el Centro Común de Investigación, con el funcionamiento de la inspección por parte de la Comisión y con los generados por la Agencia Comunitaria de Control de la Pesca.

2.1.3

El Comité está conforme con las medidas propuestas en el ámbito del control y la observancia.

2.2   Medidas de conservación, recopilación de datos y mejora del asesoramiento científico relativos a la gestión sostenible de los recursos pesqueros dentro del ámbito de aplicación de la PPC

2.2.1

La propuesta de Reglamento contempla en su segundo ámbito de aplicación la ayuda financiera a los Estados miembros para que con objeto de evaluar el estado de los recursos, el nivel de pesca y el impacto de la pesca en los recursos y en el ecosistema marino, así como el rendimiento de la industria pesquera, todo ello dentro y fuera de las aguas comunitarias, establezcan conjuntos de datos plurianuales, globales y científicos en los que se recoja información biológica, técnica, medioambiental y económica.

2.2.2

Esta información se obtendrá mediante la recopilación de datos básicos por parte de los Estados miembros y de datos complementarios por parte de la Comisión.

2.2.3

Teniendo en cuenta que la gestión de la pesca depende de la existencia de datos sobre el estado biológico de las poblaciones de peces y del impacto de la actividad de las flotas pesqueras, el CESE aprueba las medidas financieras propuestas relacionadas con la recopilación de datos básicos por parte de los Estados miembros. Asimismo, muestra su conformidad con la financiación de la recopilación de datos complementarios, por parte de la Comisión, teniendo en cuenta que estos últimos lo que hacen es optimizar y normalizar la recogida de datos básicos de los Estados miembros. No obstante, el Comité considera que, para mejorar la gestión de la pesca, se deberían poder financiar también, a través de los Estados miembros, los gastos en los que incurra el sector pesquero comunitario en la realización de los estudios necesarios para evaluar los efectos de las actividades pesqueras en el medio ambiente y para evaluar la situación socioeconómica en el sector.

2.2.4

La reforma de la PPC ha dado lugar a nuevas demandas de asesoramiento científico, en particular con respecto a la adopción de un planteamiento basado en los ecosistemas y la gestión de pesquerías mixtas. Por ello, el Comité considera adecuados los gastos que podrán optar a medidas financieras comunitarias en el ámbito del asesoramiento científico.

2.2.5

No obstante, el CESE reitera que, conforme a lo solicitado en su Dictamen sobre el Fondo Europeo de la Pesca (2), las ayudas financieras deberían cubrir también el asesoramiento científico al sector pesquero. El esfuerzo económico en este ámbito es primordial para el correcto cumplimiento de las normas de la PPC.

2.3   Gobernanza de la PPC

2.3.1

Con relación a este tercer ámbito de aplicación, las medidas financieras van encaminadas a hacer participar a los interesados en todas las fases de la PPC, así como a mantenerles informados de los objetivos de la PPC y medidas afines. La canalización de estas ayudas financieras se efectuará a través del Comité Consultivo de Pesca y Acuicultura de la UE, de los Consejos Consultivos Regionales y de la organización por parte de la Comisión Europea de seminarios informativos y de formación.

2.3.2

El Comité da su conformidad a estas medidas, estimando que, con relación a los Consejos Consultivos Regionales, tal y como se sugiere en el punto 5.3 de la «Declaración financiera legislativa» anexa a la propuesta de Reglamento, la Comisión debería contemplar la posibilidad de ampliar el período de financiación de los costes de funcionamiento de estos Consejos Consultivos Regionales.

2.4   Relaciones internacionales en el ámbito de la PPC y el Derecho del Mar

2.4.1

En el ámbito de las relaciones internacionales, las medidas financieras cubrirán los gastos derivados de los acuerdos pesqueros, incluidos los acuerdos de cooperación pesquera, así como la participación de la Comunidad Europea en organizaciones internacionales. El CESE considera que, entre los objetivos específicos en el marco de las relaciones internacionales, son primordiales la contribución a la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en aguas de países terceros y en aguas internacionales y el mantenimiento del empleo en las regiones dependientes de la pesca.

2.4.2

El Comité considera fundamental para el conjunto de políticas comunitarias, la presencia de la Unión Europea en todas las organizaciones internacionales relacionadas con la actividad pesquera de las flotas y con el Derecho del Mar, ya que el futuro de los recursos pesqueros internacionales está basado en una gestión responsable de las organizaciones internacionales. Por ello da su aprobación a las medidas financieras comunitarias previstas en este ámbito de relaciones internacionales.

2.4.3

El CESE estima que la presencia de representantes del sector pesquero en reuniones de organizaciones internacionales, a instancia de los Estados miembros o de la Comisión, deberían también estar cubiertas por las medidas financieras previstas en este ámbito.

2.5   Asistencia técnica

2.5.1

El Comité da su conformidad a las medidas financieras comunitarias destinadas a los gastos de preparación, vigilancia, seguimiento, auditoría y evaluación necesarias para la consecución de los objetivos de la presente propuesta de Reglamento.

3.   Porcentajes de cofinanciación, procedimientos de financiación, asignación de fondos y control y evaluación

3.1

La propuesta de Reglamento establece los porcentajes de cofinanciación con los Estados miembros de las medidas financieras aplicables a los diferentes gastos en cada uno de los ámbitos de aplicación. El CESE no tiene nada que objetar a los porcentajes previstos.

3.2

La propuesta de Reglamento prohíbe la acumulación de ayuda comunitaria, estableciendo que las actuaciones financiadas al amparo de este Reglamento no podrán recibir ayudas de otros instrumentos financieros comunitarios. El Comité considera que los instrumentos financieros de otras políticas comunitarias, como la de desarrollo, investigación, comercio exterior y medioambiente, deberían también contribuir a las actuaciones del ámbito de relaciones internacionales previstas en esta propuesta de Reglamento. Es la propia Comisión Europea la que, en su «Comunicación sobre el marco integrado para la celebración de Acuerdos de asociación pesquera con terceros países», indica claramente que el objetivo principal de la Unión Europea es el de contribuir a la pesca sostenible a través de la PPC y de los objetivos de otras políticas comunitarias como la política europea de desarrollo, de investigación, de comercio exterior y de medio ambiente.

3.3

Finalmente, la propuesta de Reglamento articula los procedimientos de financiación en cada uno de los ámbitos de aplicación. Detalla cómo y cuándo deben dirigirse por parte de los Estados miembros a la Comisión las solicitudes de medidas financieras comunitarias así como la decisión de la Comisión sobre estas solicitudes, fijando el importe global, el porcentaje de contribución financiera con el Estado miembro y cualquier condición que se aplique a esta contribución. Teniendo en cuenta que el Reglamento prevé, asimismo, la protección de los intereses financieros comunitarios mediante medidas preventivas contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal, así como inspecciones, controles y auditorias de las ayudas financieras otorgadas, el Comité considera adecuado el sistema de financiación y control previsto por el Reglamento.

4.   Conclusiones

4.1

El CESE aprueba la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen medidas financieras comunitarias para la aplicación de la política pesquera común y el Derecho del Mar, solicitando a la Comisión que tenga en cuenta las siguientes observaciones:

4.2

El Comité considera necesaria la presente propuesta de Reglamento por el que se establecen las medidas financieras comunitarias para la aplicación de la PPC y el Derecho del Mar, ya que complementa la propuesta de Reglamento del Consejo sobre el Fondo Europeo de la Pesca (FEP).

4.3

El Comité lamenta profundamente que, en el momento de redactar el presente dictamen, no se haya producido todavía la decisión de adopción de los presupuestos para el período 2007-2013, período de plena aplicación de las medidas financieras previstas en el presente dictamen, así como que el Consejo no haya adoptado ninguna decisión sobre la propuesta de Reglamento sobre el Fondo Europeo de la Pesca.

4.4

El CESE solicita a la Comisión que cualquier variación el presupuesto, en el marco de las perspectivas financieras, no afecte porcentualmente al presupuesto de la PPC puesto que, si no, sería imposible alcanzar los objetivos marcados en la reforma de la PPC.

4.5

Los ámbitos de aplicación previstos son necesarios y suficientes ya que la propuesta de Reglamento dota a los Estados miembros y a la Comisión de los medios adecuados para una intervención financiera más eficaz de la PPC.

4.6

De entre los ámbitos de aplicación previstos en el Reglamento, el CESE desea resaltar a la Comisión la importancia esencial que tiene el de la mejora del asesoramiento científico. El desarrollo sostenible de los recursos pesqueros y, consecuentemente, el éxito de la PPC, depende del conocimiento científico profundo, veraz y actualizado del estado de las diferentes especies pesqueras. El enorme esfuerzo que están realizando tanto las administraciones pesqueras, comunitarias y de los Estados miembros, así como el sector pesquero, obliga a que la Unión Europea posea el mejor asesoramiento científico sobre sus propios recursos y los de aguas internacionales.

4.7

En este sentido, y para mejorar el asesoramiento científico, el Comité considera que se deberían poder financiar, a través de los Estados miembros, los gastos en los que incurra el sector pesquero comunitario en la realización de estudios para evaluar los efectos de las actividades pesqueras en el medio ambiente y para evaluar la situación socioeconómica en el sector. Así mismo, estima que las ayudas financieras deberían cubrir también el asesoramiento científico al sector pesquero.

4.8

El Comité muestra su conformidad con las medidas financieras previstas en el ámbito de la gobernanza de la PPC, ya que contribuirán al objetivo de hacer participar a los interesados en todas las fases de la misma, así como al de mantenerles informados de la consecución de sus objetivos.

4.9

En relación con los Consejos Consultivos Regionales (CCR), el Comité considera que debería ampliarse el período de financiación de sus costes de funcionamiento.

4.10

La presencia de la Unión Europea en las organizaciones internacionales relacionadas con la actividad pesquera de las flotas y con el Derecho del Mar es considerada de suma importancia por el CESE, por lo que está de acuerdo con las ayudas financieras previstas para estos conceptos así como para los acuerdos pesqueros, incluidos los acuerdos de cooperación pesquera con terceros países ya que son primordiales para la contribución a la conservación y la explotación sostenible de los recursos pesqueros en aguas de terceros países y en aguas internacionales y para el mantenimiento del empleo en las regiones dependientes de la pesca.

4.11

No obstante, el Comité estima que la presencia de representantes del sector pesquero en reuniones de organizaciones internacionales, a instancia de los Estados miembros, o de la Comisión, deberían también estar cubiertas por las medidas financieras previstas en el ámbito de relaciones internacionales.

4.12

Finalmente, el CESE considera que los instrumentos financieros de otras políticas comunitarias, como la de desarrollo, investigación, comercio exterior y medio ambiente, deberían también contribuir a las actuaciones en el ámbito de relaciones internacionales de la PPC.

Bruselas, 14 de diciembre de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  DO C 267 de 27.10.2005.

(2)  Idem 1, punto 3.5.3.6.


17.3.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 65/41


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones – Mejora del mecanismo comunitario de protección civil»

COM(2005) 137 final

(2006/C 65/08)

El 3 de junio de 2005, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 9 de noviembre de 2005 (ponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL).

En su 422o Pleno de los días 14 y 15 de diciembre de 2005 (sesión del 14 de diciembre de 2005), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 133 votos a favor y 1 en contra el presente Dictamen.

1.   Introducción

1.1

Cada vez con más frecuencia se están produciendo catástrofes en el territorio que comprende la UE y en general en todo el mundo; una parte se debe a fenómenos naturales: inundaciones, terremotos, incendios, sequías, huracanes, etc., y otra a acciones terroristas que expanden el terror entre la población inocente. Se puede decir que en cualquiera de ellas la actuación humana es la causante, en mayor o menor grado, aunque la intencionalidad no sea comparable. La UE se ha comprometido a realizar acciones preventivas frente al cambio climático y no solo mediante el compromiso asumido en el Protocolo de Kioto, sino a través de múltiples disposiciones que inciden en las medidas de preservación de la tierra, el agua y el aire. Este es un empeño con efectos preventivos, que puede servir para mantener y regenerar el estado de nuestro territorio, nuestros mares y nuestra atmósfera y, a la vez, contribuir a que se generalice en todo el planeta. Por otro lado, el esfuerzo frente a las acciones terroristas (1) ha originado múltiples instrumentos de coordinación, tanto a nivel policial como de justicia, que han permitido mejorar las relaciones de cooperación entre los Estados miembros.

1.2

La UE, no obstante lo anterior, ha tenido que crear un sistema comunitario de prestación de ayuda cuando en su territorio se producía una catástrofe de cualquier género. Este sistema no es otro que el de protección civil, que apoya y facilita la movilización de ayuda vital para cubrir las necesidades inmediatas de los territorios afectados por las catástrofes, extendiéndose incluso a los no comunitarios. La presente Comunicación tiene como fin mejorar el mecanismo de protección civil que se creó en el 2001 (2), así como complementar el Programa de acción a favor de la protección civil (3) mediante una propuesta de Reglamento del Consejo por el que se crea un instrumento de preparación y de reacción rápida ante las catástrofes (4).

1.3

Conviene señalar la necesidad de definir qué se entiende por protección civil, al estar muchas veces solapada con la ayuda humanitaria. En este sentido, la Comisión separa nítidamente el contenido de una y otra, ya que su finalidad es coincidente «salvar vidas y paliar los efectos de una catástrofe durante los primeros días». Para ello, establece cuáles son las diferencias y así, en primer lugar, la protección civil puede paliar las consecuencias de las catástrofes en el medio ambiente y no sólo en la población; en segundo lugar, se presta con medios y equipos de los Estados miembros y no a través de instituciones humanitarias u ONG y en tercer lugar, se puede actuar tanto fuera como dentro de la UE, aunque los procedimientos sean distintos cuando se actúe en terceros países (5).

1.4

La función específica del mecanismo es de actuación en el ámbito comunitario y siempre a petición del Estado miembro en el que se produzca la catástrofe. No obstante, hay que señalar que su actuación se extiende a escala internacional, en coordinación con otros organismos de carácter internacional, especialmente la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) de las Naciones Unidas, con la que tiene establecido unos procedimientos operativos, y apoyándose en la Cruz Roja, así como en las ONG que operan in situ.

1.5

La toma de posición por la UE ante las catástrofes sucedidas que, desgraciadamente, parecen no tener fin, lleva al Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores, en la reunión extraordinaria del 7 de enero del 2005, a proponer la mejora del mecanismo comunitario y a desarrollar los medios para una reacción rápida en la ayuda. Pocos días más tarde, el 13 de enero, el Parlamento Europeo realiza una «Resolución sobre la reciente catástrofe causada por el tsunami en el Océano Índico», en la que efectúa un llamamiento para que se creen las medidas tanto humanas, materiales y de formación que puedan estar disponibles en caso de cualquier tipo de catástrofe.

1.6

El marco que regula en la actualidad la actuación en el ámbito de la protección civil consta de los dos instrumentos mencionados, el mecanismo comunitario de protección civil y el programa de acción en favor de la protección civil; es el primero de ellos el que es objeto de esta Comunicación, cuyo núcleo operativo es el Centro de Control e información que tiene su sede en la Comisión Europea, y que es operativo las 24 horas del día. Dispone de una base de datos con los servicios de protección civil de cada Estado, así como los datos provenientes de la base de datos militar.

2.   Contenido de la Propuesta de la Comisión

2.1

Mejora del mecanismo comunitario de protección civil. Los últimos acontecimientos han puesto de manifiesto la necesidad de mejora del mecanismo de protección civil, así como la necesidad de una mejor coordinación entre los Estados miembros y también con los otros organismos que intervienen en estos hechos. La Comunicación propone cuatro intervenciones dirigidas a su mejora, consistentes en:

2.1.1

Mayor preparación a través de la formación de los equipos, así como de la realización de ejercicios de preparación para lo cual se debe, en primer lugar, evaluar los recursos actualmente existentes; en segundo lugar, establecer un plan modular que determine una serie de módulos de rápida movilidad y, por ultimo, llevar a cabo cursos de formación y ejercicios conjuntos que contribuyan a aumentar su operatividad y crear una cultura común de intervención.

2.1.2

Análisis y evaluación de las necesidades mediante un sistema de alerta que utilice los medios del Centro de Control e Información y centralice todas las informaciones que le permitan intervenir coordinadamente con los otros órganos, especialmente con la ONU. La mejora de la evaluación de las necesidades sobre el terreno de una catástrofe permite determinar las necesidades en cada caso, de forma que sea más efectiva la intervención. Se propone la ampliación del grupo de personas que compone el Centro de Control, así como la revisión de las normas y métodos de evaluación.

2.1.3

Mayor coordinación: es una de las mejoras de mayor amplitud. Se trata de coordinar mejor la contribución de los Estados miembros, que permita una asistencia europea coordinada así como una mayor complementariedad y coordinación con la ONU, con las demás organizaciones que intervienen en la ayuda humanitaria y con el personal militar. Esta coordinación debe mejorar la capacidad de planificación operativa sobre el terreno, incluyendo los distintos servicios de la Comisión.

2.1.4

Mayor asistencia a los ciudadanos. Como se puso de manifiesto en el tsunami, la protección de los ciudadanos europeos se logra a través de la cooperación entre protección civil y las autoridades consulares de los países involucrados, debiendo reforzarse la cooperación entre los países que han sufrido la catástrofe y los Estados miembros.

2.2

Estas medidas de mejora que se propone la Comisión deben estar acompañadas de una ampliación de los recursos de que dispone protección civil. Por ello, el Consejo ha pedido que se hagan propuestas para desarrollar los recursos actuales. En el Plan de acción de la UE, de 31 de enero del 2005, ya se señalaron los aspectos más importantes sobre los que había que actuar.

2.2.1

En primer lugar, se propone una puesta en común de los recursos de protección civil, de forma que cuando los recursos y competencias nacionales no cubran las necesidades, se puedan tomar medidas a escala europea para conseguir más eficacia en la actuación.

2.2.2

El refuerzo de la capacidad analítica del Centro de Control supone un planteamiento más dinámico del mismo, especialmente en la tarea de informar a terceros países. De ahí que se haga necesaria una relación fluida que permita utilizar de forma ágil los recursos disponibles para actuar, a través de la petición del país afectado.

2.2.3

Los módulos de reserva cumplen una función importante de cara a intervenir en catástrofes de gran magnitud o siempre que se solicite por otro Estado miembro o por un tercer país. De ahí la importancia de implementar el sistema propuesto en esta Comunicación, ya que se podría contar en cada país con módulos fundamentales permanentemente preparados para actuar en las intervenciones europeas o en otros países.

2.2.4

La consolidación de la base logística así como los recursos suficientes que permitan al Centro de Control actuar rápida y eficientemente. La financiación de los costes del alquiler de los equipos de intervención va a contar con recursos europeos (6), debiendo estudiarse la sinergia en este campo con la ONU cuando se actúe en terceros países.

2.2.5

Por último, la coordinación internacional es uno de los elementos fundamentales para dar una respuesta rápida a las catástrofes. El mecanismo comunitario dispone de recursos que, coordinados con los de otros organismos, producen una mejor respuesta. Deben tenerse en cuenta tanto los organismos de las Naciones Unidas como las diversas organizaciones que prestan ayuda humanitaria.

3.   Observaciones generales

3.1

El CESE acoge de forma positiva el contenido de la propuesta de mejora del mecanismo comunitario de protección civil, dada la necesidad de reforzar y mejorar todos los medios con que se cuenta para actuar en caso de siniestro dentro y fuera del territorio de la UE. La experiencia acumulada a lo largo de estos años pone de manifiesto que el funcionamiento de protección civil a nivel comunitario tiene muchos puntos mejorables y, en este sentido, entendemos que hay que realizar algunas observaciones previas para que se realice la efectividad de las medidas propuestas para mejorar el mecanismo comunitario.

3.2

En primer lugar, es necesario potenciar la capacidad de respuesta de la UE basándose en los sistemas nacionales de protección civil, en varios aspectos:

3.2.1   Sistemas de información y comunicación territoriales

3.2.1.1

Convendría potenciar el sistema CECIS (7), pasando a una estructura basada en conexiones satelitales con capacidad de vídeo, voz, datos, segura y conectada a través del MIC (8) con estructuras o centros de conocimientos específicos para poder disponer de datos, expertos y modelos (por ejemplo, sobre las consecuencias previsibles) adecuados a las circunstancias de la emergencia específica. Algunos ejemplos simples son la Agencia Espacial Europea y el Centro Común de Investigación para cartografía actualizada de terceros países y evaluación de daños o cartografía puesta al día tras una catástrofe (por ejemplo, terremotos e inundaciones) que pueden inutilizar una red de infraestructuras para el encaminamiento de la ayuda. Dicha red se basaría en los puntos de contactos de cada Estado miembro, los cuales podrían aportar su contribución a la solución de la emergencia.

3.2.1.2

El flujo de información entre las unidades de asistencia de la UE y el MIC debe ser constante, seguro y libre de interferencias:

las comunicaciones con las zonas afectadas por las catástrofes suelen ser muy deficientes, bien por la destrucción de la infraestructura (redes convencionales y móviles) bien por saturación de las mismas;

por otro lado, no se pueden descartar intervenciones de gobiernos que tiendan a controlar las informaciones que, sobre una catástrofe situada en su territorio nacional, salgan del mismo, de la misma forma en que se controlan los desplazamientos de las unidades de asistencia.

3.2.1.3

La respuesta aparentemente evidente es el uso de las comunicaciones vía satélite. Efectivamente, la experiencia muestra que:

son bastantes inmunes a las destrucciones del entorno (basta una maleta y la capacidad de generación eléctrica autónoma para poder emitir);

son fiables frente a los controles informativos y al seguimiento de la información por parte de terceros.

3.2.1.4

Sin embargo, también tienen una capacidad de transmisión de datos limitada y, en casos determinados, se ven saturadas por otras necesidades o usuarios (entre otros, los medios de comunicación). Por ello, es conveniente asegurar, vía satélite, unos anchos de banda dedicados, es decir permanentes, que permitan comunicaciones satisfactorias entre la zona o las zonas afectada(s) y el MIC y, asimismo, entre las diferentes áreas de actuación.

3.2.1.5

En cuanto a la cobertura, podría pensarse que bastaría limitarla a un área geográfica discreta (la UE y zonas próximas), pero la realidad es que habría de buscarse una cobertura a nivel mundial. El caso del reciente tsunami muestra claramente que esta solución es deficiente; se tuvieron que cubrir no sólo las comunicaciones con el MIC, sino entre zonas operativas tan distantes como Maldivas, Sri Lanka, Tailandia e Indonesia.

3.2.1.6

Es, por tanto, necesario que, en aras de unas comunicaciones eficaces, la UE se dote de un sistema de transmisiones satelital, dedicado (es decir, exclusivo), seguro (no interferible), fiable y de alcance global. Dicho sistema deberá poder aceptar comunicaciones de voz, datos (faxes, correos, así como imágenes de gran definición) y videoconferencia.

3.2.1.7

El Centro Común de Investigación, la Agencia Espacial Europea, la Comisión (Dirección General de la Sociedad de la Información) cuentan con las capacidades suficientes para atender a las necesidades expresadas por el Comité de Gestión del Plan de Acción y del Mecanismo que depende de la Dirección General encargada de la protección civil (DG Medio Ambiente).

3.2.2   Exigencia de medios mínimos de actuación

3.2.2.1

En las intervenciones de equipos de asistencia:

los equipos de intervención son equipados por los Estados miembros con medios que les permiten una autonomía suficiente y unos sistemas de comunicaciones sobre el terreno adecuados;

dichos equipos son coordinados por un coordinador de la Unión Europea que tiene, entre otras, las siguientes tareas: coordinación de los diferentes equipos enviados por los Estados miembros, interfase con las autoridades del país afectado, coordinación con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, etc.;

hasta ahora, la Unión no ha dotado de medios al coordinador, que sólo dispone de algún equipo de comunicación. La UE deberá dotarse de los medios y equipos adecuados para poder facilitar la tarea del coordinador y su equipo de apoyo, medios que van desde equipos de comunicaciones hasta tiendas de campaña, tanto para la coordinación con otros equipos y autoridades del país afectado, como para asegurar el trabajo efectivo del coordinador en condiciones a veces difíciles;

por otra parte, estos equipos y medios, que deberán estar claramente identificados con los símbolos de la UE, servirán para indicar claramente la presencia y el compromiso de la UE con la población afectada. Si en el territorio de la Unión esto transmite el mensaje de la solidaridad interterritorial, fuera de ella reafirma la posición de la UE en el plano internacional.

3.2.2.2

En el apoyo a los Estados miembros en caso de emergencia:

en determinados casos los Estados miembros no pueden prestar el apoyo necesario, bien porque los que estén en posesión de los medios y equipos necesarios los necesitan para hacer frente a una emergencia previsible o declarada o bien porque se usen en ciertos casos excepcionales que no justifican su adquisición;

los incendios forestales son un ejemplo paradigmático del primer caso, ya que los Estados equipados con medios aéreos están en la misma situación en el mismo periodo de tiempo, y normalmente es delicado –por las circunstancias de peligro en el propio territorio– enviar medios a otro país. La solidaridad entre los países mediterráneos de la Unión es muy grande y en casos muy graves se suelen desplazar puntualmente medios de una zona a otra;

el caso de las inundaciones graves, donde se necesitan bombas de gran caudal, es un ejemplo del segundo caso, ya que generalmente dichas bombas no forman parte de las dotaciones de los equipos de intervención de la mayoría de los países de la Unión;

en otro tipo de situaciones, relacionadas con el terrorismo de nueva forma, cabe también demandar unos medios y equipos que permitan atender ciertos casos que, por excepcionales, no dejan de ser potencialmente graves;

por todo lo presentado, la Unión deberá ser capaz de proveerse de medios y equipos en propiedad o por medio de contratos que le permitan apoyar las capacidades de reacción de los Estados miembros.

3.2.3   Centralización de las bases operativas:

3.2.3.1

Las estructuras actuales del mecanismo se basan en la puesta a disposición, a nivel global de la UE, de ciertos equipos de intervención, de medios y equipos de evaluación. Ello ha representado un avance frente al vacío existente anteriormente, pero no significa que sea plenamente satisfactorio.

3.2.3.2

La propia extensión geográfica de la Unión y la diversidad de riesgos a los que se enfrenta abren la posibilidad de considerar, dentro del propio mecanismo, estructuras de apoyo a nivel regional donde se situarían ciertos equipos y medios que estarían así más rápidamente disponibles y más adaptados a la especificidad de los riesgos a escala regional dentro de la Unión.

3.2.3.3

Dichos medios podrían ser estacionales (caso de aviones de lucha contra incendios forestales) o permanentes.

3.2.3.4

Otra de las posibles mejoras sería la distribución del acopio de recursos de los países vecinos para ponerlos a disposición del conjunto de los países de la región. Así, podría pensarse en que la Unión potencie la adquisición de recursos compartidos entre países de tamaño medio o que se enfrentan a un riesgo común (inundaciones en una cierta cuenca, terremotos, etc.).

3.2.4   Dotación de un cuerpo técnico centralizado de actuación 24 horas

3.2.4.1

En la actualidad, el MIC, a pesar de estar alerta las 24 horas, carece de una dotación suficiente, tanto de personas como de medios técnicos, tal y como están funcionando los centros de emergencia en la mayoría de los Estados miembros. La Comisión se debe comprometer a cambiar esta situación.

3.2.4.2

Sin embargo, el enfoque actual adoptado por la Comisión se limita a la consecución de unos recursos determinados en función de la emergencia de que se trate. Cabe preguntarse si este enfoque es todo lo ambicioso que la situación requiere.

3.2.4.3

El MIC, por definición, no es un centro de decisión ni de coordinación operativa en una emergencia; esto no se cuestiona. Sin embargo, a la hora de ayudar a tomar determinadas decisiones o plantear una asistencia, es necesario evitar improvisaciones y tener un procedimiento de actuación determinado, que, además, variará según las circunstancias de la emergencia. No se actúa de la misma manera frente a una inundación, a un corrimiento de terrenos, un seísmo o una erupción volcánica. Los medios también son diferentes.

3.2.4.4

Por ello, es necesario que el MIC, además de disponer de los datos más fiables en caso de emergencia –para lo que la Comisión prevé contactos con los organismos especializados dentro y fuera de la Unión–, tenga planes de asistencia predefinidos en los cuales, en función del tipo de emergencia, de su gravedad, del país donde se produzca, etc., se busque dar una respuesta efectiva y rápida. Indudablemente, aquí deberían integrarse los módulos movilizables disponibles en cada país.

3.2.4.5

El planteamiento debería ser el de preguntarse si el MIC, además de ser un centro de seguimiento, podría adquirir funciones de coordinación de los organismos nacionales, de las organizaciones especializadas en ayuda humanitaria y, muy especialmente, del voluntariado que acude en ayuda ante cualquier catástrofe. La coordinación es una función necesaria a realizar por los organismos que disponen de toda la información y de los medios precisos para realizarla.

3.2.5   Formación de los equipos de intervención

3.2.5.1

Indudablemente, los equipos de intervención preseleccionados por los Estados miembros saben cómo actuar frente a emergencias. El programa actual de formación está dando buenos resultados en lo que se refiere a la capacidad de actuar en común. Debe aumentarse el número de cursos e intentar organizarlos en otros idiomas distintos del inglés, ya que, por ejemplo, puede pensarse en actuaciones en países culturalmente próximos a otras lenguas, como el francés o el castellano.

3.2.5.2

Los planes previos de asistencia, una vez definidos, deberán ser conocidos por los equipos de intervención por lo que habría que incluirlos en los programas de formación.

3.2.5.3

Debe considerarse la posibilidad de utilizar las nuevas técnicas de formación a distancia para impartir estos nuevos cursos.

4.   Observaciones particulares a la propuesta de la Comisión

4.1

La propuesta es, sin duda, positiva, pero puede mejorarse teniendo en cuenta que el mecanismo es fundamentalmente un instrumento para uso dentro de la UE y, por tanto, es en la actualidad un instrumento (por no decir el instrumento) de solidaridad interterritorial de la UE.

4.2

Por ello, la Unión no debe escatimar medios para asegurar una respuesta lo más rápida y eficaz frente a los diferentes tipos de emergencias. Para ello es fundamental establecer procedimientos predefinidos de actuación o planes de asistencia que deben ser puestos a prueba en simulacros y modificados en función de la experiencia obtenida en ellos o en intervenciones reales.

4.3

Los planes deberán disponer de comunicaciones, cartografía al día y medios adecuados para lograr una coordinación satisfactoria. Dichos medios deberán ser de titularidad de la Unión. Los planes europeos de intervención marcarán una pauta a escala internacional que potenciarán la imagen y la influencia de la Unión a nivel internacional.

4.4

Por otra parte, los equipos de evaluación y los coordinadores de la Unión deberán ser oídos en lo que se refiere a la recuperación de la zona afectada y sobre los posibles planes de actuación posteriores.

4.5

El CESE considera que todas las actuaciones que realice el mecanismo comunitario deben estar suficientemente dotadas a nivel presupuestario, que permitan no solo la disponibilidad de técnicos suficientes, sino de medios propios que mejoren la intervención europea y su visibilidad, sobre todo en las catástrofes exteriores. Entre los medios propios habría que hacer especial hincapié en los transportes, de forma que la dotación de una flota disponible permitiría una acción rápida que minimizara las consecuencias de las catástrofes.

4.6

En el caso de intervención en terceros países, es necesario que se consideren las intervenciones del mecanismo como parte integrante de la política exterior de la Unión y que se les dé la importancia que merecen como muestra de la solidaridad inmediata de la Unión frente a países afectados por tragedias.

5.   Conclusiones

5.1

El CESE apoya el contenido de la Comunicación sobre la mejora del mecanismo comunitario de protección civil. No obstante, entiende que es mejorable en algunos aspectos concretos y, sobre todo, considera que algunas de nuestras observaciones son el resultado de la valoración hecha por los representantes de la sociedad civil organizada que forman parte de este Comité.

5.2

Como punto de partida y teniendo en cuenta la necesidad de dotar de un carácter obligatorio al cumplimiento de las medidas propuestas, se debería utilizar un instrumento jurídico adecuado. De este modo, pensamos que el reglamento (9) es el instrumento que cumple una función armonizadora y coercitiva en todos los Estados miembros de la UE.

5.3

Otro tema que cabe destacar es la dotación presupuestaria correspondiente al mecanismo, que deberá contar con fondos suficientes que cubran la ampliación de personal y la compra de medios propios. Por otro lado, a pesar de que en la Comunicación no se especifica la ayuda financiera concedida a los Estados miembros, deberían tenerse en cuenta e incluirse en la nueva propuesta del Fondo de Solidaridad (10) todas las catástrofes naturales, incluyendo la sequía.

5.4

Respecto a las mejoras que el CESE propone para el mecanismo, recogidas en el presente Dictamen, habría que destacar:

La creación de un sistema de comunicación satelital

Dotación de equipos de asistencia propios del mecanismo

Identificación de las personas y equipos de la UE, especialmente en el trabajo exterior

Regionalización de las bases operativas y la coordinación entre ellas

Formación técnica de los equipos, sin perder de vista los idiomas.

5.5

El CESE, como representante de la sociedad civil, quiere hacer público su apoyo al voluntariado que interviene en las catástrofes. Su trabajo no remunerado y en muchos casos permanente no es sólo una muestra de solidaridad sino una acción necesaria para intervenir activamente en la solución de los daños, tanto a las personas como a los bienes de las zonas afectadas por las catástrofes.

Bruselas, 14 de diciembre de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  La Comisión ha presentado, COM(2005) 124 final (6.4.2005), los siguientes instrumentos: Comunicación por la que se establece un Programa marco de seguridad y defensa de las libertades para el periodo 2007-2013; Decisión del Consejo por la que se establece el Programa específico de prevención, preparación y gestión de las consecuencias del terrorismo, para el periodo 2007-2013; Decisión del Consejo – Programa general de seguridad y defensa de las libertades (SEC(2005) 436).

(2)  Decisión 2001/792/CE, Euratom, del Consejo.

(3)  Decisión del Consejo, 1999/847/CE, de 9 de diciembre.

(4)  COM(2005) 113 final - 2005/0052 (CNS) de 6.4.2005.

(5)  Decisión 2001/792/CE, citada, art. 6.

(6)  Propuesta de Reglamento del Consejo, ya citada, de 6.4.2005.

(7)  Sistema común de comunicación e información de emergencia [Common emergency communication and information center].

(8)  Centro de Seguimiento del Mecanismo.

(9)  Por ejemplo, se ha presentado una Propuesta de Reglamento por el que se establece un Instrumento de preparación y respuesta rápida a emergencias graves, COM(2005) 113 final, de 6.4.2005.

(10)  Adoptado el 6 de abril de 2005, COM(2005) 108 final.


17.3.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 65/46


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Sociedades mixtas del sector pesquero comunitario. situación actual y futuro»

(2006/C 65/09)

El 14 de julio de 2005, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen sobre el tema «Sociedades mixtas del sector pesquero comunitario. Situación actual y futuro».

La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 9 de noviembre de 2005 (ponente: Sr. SARRÓ IPARRAGUIRRE).

En su 422o Pleno de los días 14 y 15 de diciembre de 2005 (sesión del 14 de diciembre de 2005), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 122 votos a favor, ninguno en contra y 10 abstenciones el presente dictamen.

1.   Introducción

1.1

La política pesquera común (PPC) contempló por primera vez las sociedades mixtas como un instrumento de política estructural en el Reglamento 3944/90, definiéndolas como una «sociedad de Derecho privado constituida por uno o varios armadores comunitarios y uno o más socios de un tercer país con el que la Comunidad mantenga relaciones, vinculados por un contrato de sociedad mixta, con el fin de exportar y, en su caso, aprovechar los recursos haliéuticos situados en aguas bajo la soberanía y/o jurisdicción de estos terceros países, en la perspectiva de un abastecimiento prioritario del mercado de la Comunidad» (1). En la década de los años noventa la PPC experimentó un desarrollo importante con respecto a la época anterior, generalizándose el uso del término «Europa Azul», que hoy en día vuelve a la actualidad con una visión incluso más amplia de la mano de los debates abiertos para el establecimiento de una política marítima común.

1.2

Al evolucionar la PPC, no se revisó el antedicho concepto de sociedades mixtas, que, por lo tanto, quedaron encuadradas exclusivamente como un instrumento de política de estructuras pesqueras alternativo al desguace del buque o su simple exportación definitiva, como puede observarse en los artículos relevantes de los Reglamentos que se citan más adelante en el apartado 2.1.2. del presente dictamen. Por lo tanto, la normativa aplicable tenía un carácter de control meramente financiero.

1.3

Sin embargo, las sociedades mixtas pesqueras son mucho más que un instrumento de política de estructuras pesquera; son un vehículo que permite la conclusión de una serie de objetivos claramente recogidos en los diversos documentos y normas existentes en la Unión Europea, desde el abastecimiento de los mercados hasta la política de cooperación, pasando por las políticas de empleo y desarrollo regional, la promoción de la pesca responsable, la intervención de la Unión Europea en las distintas organizaciones regionales de pesca (ORP) y, en general, la presencia de capital y trabajadores cualificados de los Estados miembros en proyectos de inversión sostenible en países y mercados diversos.

1.4

Es cierto que la concepción de las mismas como instrumento de política de estructuras ha quedado definitivamente superada con la reforma de la PPC, pero, como se verá, es también cierto que ello ha llevado a que se produzca en la actualidad una ausencia prácticamente total de regulación que dote de un marco específico a las sociedades mixtas en el seno de las competencias propias y políticas de la Unión Europea.

1.5

También es cierto que este Comité ha mantenido siempre, en los dictámenes solicitados por la Comisión, que es necesario adecuar las sociedades mixtas pesqueras a la nueva política pesquera común. Lo hizo durante la tramitación de la misma en el Dictamen que el CESE emitió sobre la propuesta de Reglamento del Consejo sobre la implementación de la reforma de la PPC (2). Lo reiteró en su Dictamen sobre el Fondo Europeo de la Pesca (3) relativo a la propuesta de Reglamento del Consejo sobre dicho Fondo (4), y se le comunicó públicamente al Comisario de Pesca durante su visita a la Sección NAT del CESE el 16 de junio de 2005, siendo acogida por el Comisario la comunicación para consideración.

1.6

El objetivo del presente dictamen es profundizar en la línea establecida por el Comité Económico y Social Europeo, aportando los elementos de juicio necesarios para promover un cambio de concepto sobre la razón de ser de las sociedades mixtas pesqueras y, por lo tanto, del contenido de las normas que las rigen, a partir de los documentos oficiales y de los hechos contrastados por los mismos.

1.7

Es de esperar que la aceptación, en su caso, del cambio conceptual propuesto suponga el esfuerzo necesario para dotar de una carta de naturaleza amplia y propia a este tipo de sociedades, que constituyen una realidad peculiar y única en el campo del comercio internacional y que abren a la Unión Europea una línea de actuación específica en sus relaciones internacionales.

2.   Observaciones generales

2.1   Implantación de las sociedades mixtas en la normativa de la Unión Europea

2.1.1

Las sociedades mixtas pesqueras se incorporaron al Derecho comunitario por obra del Reglamento 3944/90 del Consejo, que modificó el Reglamento 4028/86 del Consejo, como un instrumento apto para la reducción de la capacidad pesquera de la flota comunitaria unido a un compromiso de abastecimiento del mercado comunitario, tomando en cuenta la escasez de recursos en aguas comunitarias y la prohibición de acceso a las zonas económicas exclusivas de terceros Estados. Se trata de una lógica de cuatro puntos: eliminación de sobrecapacidad, garantía de aprovisionamiento, mantenimiento parcial del empleo y materialización de los acuerdos políticos y comerciales con terceros países (5). Para implementar las medidas de dichos Reglamentos se aprobó el Reglamento 1956/1991 de la Comisión (6).

2.1.2

Con la adopción de los Reglamentos (CEE) 2080/93 (7) y 3699/93 (8) del Consejo, la gestión y financiación de las sociedades mixtas pesqueras quedó integrada en el Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (IFOP). De acuerdo con el principio de subsidiariedad, los Estados miembros eran responsables de la selección de proyectos, su gestión y control, así como del pago de las subvenciones. Estas subvenciones eran inicialmente iguales a las de desguace o exportación y finalmente consistentes en el ochenta por ciento (80 %) de la prima que correspondería en caso de desguace del buque. Por tanto, el armador comunitario podía legítimamente considerar que la diferencia de subvención entre la prima de desguace y la correspondiente a exportación a sociedades mixtas, se debe al mantenimiento de un vínculo favorable entre la nueva sociedad mixta a la que aporta su buque, o buques, y la Unión Europea. Estos principios siguieron vigentes en el Reglamento 2468/98 del Consejo de 3 de noviembre de 1998 (9) que derogó el Reglamento 3699/93, así como en el Reglamento 2792/1999 del Consejo de 17 de diciembre de 1999 (10), si bien es de destacar que este último introdujo un concepto más simple de sociedad mixta al definirla como «toda sociedad comercial con uno o varios socios nacionales del tercer país en el que esté registrado el buque» (11).

2.2   Antecedentes inmediatos

2.2.1

El «Libro Verde sobre el futuro de la política pesquera común» (12) reconoció, por un lado, el exceso de capacidad de flota de la Unión Europea y, por otro, la mundialización del sector pesquero y la legítima aspiración de muchos países en vías de desarrollo a ampliar su propia industria pesquera. Estas tres ideas, unidas a la intensa capitalización necesaria en las inversiones pesqueras (flota, puertos, frigoríficos, fábricas, etc.) que el propio Libro Verde igualmente reconoce, hubieran debido generar un debate específico sobre la importancia de las sociedades mixtas pesqueras de mayor alcance al que se refleja en los documentos oficiales (13) de aquel momento.

2.2.1.1

Las sociedades mixtas pesqueras son un vehículo de presencia e inversión de la Unión Europea en el desarrollo del sector pesquero en países en vías de desarrollo que permite la formación o crecimiento de un sector económico completo. La aportación de buques pesqueros a dichas sociedades representa el aspecto extractivo de la pesca, pero también se fomentan diversos sectores como el portuario, de servicios diversos (reparaciones, ingeniería, avituallamiento, consignación, transbordo, carga y descarga, atención a las tripulaciones, viajes, etc.), de mantenimiento real de las cadenas de frío (exigido por las propias normas de seguridad alimentaria de la Unión Europea, a través de inversiones en costosas instalaciones frigoríficas), cumplimiento de normas sanitarias en materia de productos alimentarios y, finalmente, implantación de industrias de transformación.

2.2.1.1.1

Dicho vehículo permite, a la par del mantenimiento de empleo europeo de calidad en las oficialidades y mandos medios de muchos buques, la creación de numerosos puestos de trabajo en los buques y en las empresas de servicios que nacen alrededor de los mismos. Dicho empleo puede ofrecer una salida digna en cuanto a condiciones de trabajo e ingresos a los pescadores locales que, de otro modo, tienen como única salida el empleo tradicional en una pesca artesanal en muchos casos ineficiente y perjudicial para los propios recursos, debido a la inexistencia o escasez de mecanismos de control, conservación, comercialización, etc.

2.2.1.2

La creación de riqueza local y la exportación de las capturas, con o sin transformación previa local, permite, a su vez, crear cadenas de valor internacionales en las que el reparto del mismo se produce de un modo más equitativo, e incrementar exponencialmente el producto interior bruto y la renta per cápita atribuibles al sector en el país en cuestión, creando progresivamente un sector pesquero industrializado donde antes existía sólo una pesca meramente costera, sin condiciones sanitarias ni comerciales suficientes.

2.2.1.3

Las empresas mixtas pesqueras han estado obligadas a suscribir un compromiso de abastecimiento prioritario a los mercados europeos que garantiza la realidad y mantenimiento de las inversiones realizadas por los armadores e industriales pesqueros, los Estados miembros y la propia Unión Europea (vía subvenciones) y permite el abastecimiento de un mercado comunitario deficitario, en el que se incrementa el consumo de pescado siguiendo las recomendaciones de mantenimiento de una dieta sana y variada que se hacen reiteradamente a la población europea tanto desde las instancias científicas como las públicas. Además, este abastecimiento debe respetar estrictamente la normativa alimentaria de la Unión Europea.

2.2.1.4

La actividad de las empresas mixtas, en las zonas que dependen de la pesca dentro de la propia Unión Europea, permite el mantenimiento de niveles de empleo en la propia industria, al mantenerse operativas las oficinas centrales, técnicas y comerciales de las empresas en Europa y los empleos que genera la industria auxiliar, ya sea directamente, en las ocasiones en que los grandes buques regresan a sus puertos de base europeos para las reparaciones cuatrienales, ya indirectamente, al crearse cadenas de servicios de «know how» con las industrias de servicios locales a las que antes nos hemos referido.

2.2.1.5

Las empresas mixtas pesqueras hacen posible que la Unión Europea disponga de datos eficaces de seguimiento y control de las capturas en aguas de terceros países e internacionales al mantener un vínculo jurídico con las sociedades pesqueras radicadas en las zonas de origen. Esto permite que la Unión Europea ejerza un liderazgo efectivo en su actuación en las Organizaciones Regionales de Pesca competentes, constituidas o amparadas bajo los auspicios de la FAO, organización de Naciones Unidas competente en la materia (14). Esto es así porque, a los oportunos efectos de control financiero por la Comisión, los Estados miembros y el Tribunal de Cuentas, las empresas mixtas deben remitir a los Estados miembros datos semestrales de sus capturas.

2.2.1.6

Permiten, asimismo, mantener una presencia pesquera de los intereses de la Unión Europea en aguas y caladeros internacionales, de calidad garantizada por el nivel de exigencia en materia de pesca responsable, conservación y gestión de los recursos, seguridad a bordo de los buques, control, seguridad de la cadena alimentaria, etc., de los Reglamentos comunitarios. De esta forma se evitaría o minimizaría el efecto pernicioso de flotas pesqueras extranjeras que ni favorecen el desarrollo pesquero e industrial del país tercero ni garantizan la calidad de la pesca de productos cuyo destino final sería la Unión Europea ni permiten un adecuado control responsable de los recursos.

2.2.1.7

Mediante ellas, finalmente, la Unión Europea puede contribuir, de modo efectivo y duradero, al desarrollo de una industria pesquera local en los países con los que ha suscrito acuerdos pesqueros y en los que operan sociedades mixtas pesqueras o sociedades de dichos terceros países en los que el control es de empresarios europeos. Dicha industria pesquera ha generado beneficios tanto en los terceros países como en la Unión Europea en general, al permitir el abastecimiento continuado de productos del mar.

2.2.2

Nada de cuanto antecede se reflejó, ni siquiera de un modo indirecto, ni en el apartado 3.9. del reiteradamente citado «Libro Verde» sobre «La dimensión internacional de la PPC» (15) ni en su punto 5.8. sobre las «Relaciones exteriores» (16). Ni una sola vez se mencionan las sociedades mixtas pesqueras como instrumento válido de actuación de los principios de política pesquera que el propio «Libro Verde» propugna, que, sin embargo, sí habían sido avaladas hasta el año 2002 por la extensa reglamentación comunitaria al respecto, conforme queda indicado ampliamente en el presente dictamen.

2.2.3

La prácticamente total supresión de las sociedades mixtas pesqueras en la nueva PPC queda demostrada por el hecho de que el último informe reencargado por la Comisión con datos exhaustivos sobre el particular data del año 2001 y en él no se distinguen los buques adscritos a sociedades mixtas (17). Anteriormente a éste se encuentra disponible otro informe específico titulado «Etude de bilan des sociétés mixtes dans le contexte des interventions structurelles dans le domaine de la pêche», que data del 16 de junio de 2000. Dichos documentos apuntan a la existencia en la actualidad de unas 300 empresas mixtas que agrupan a más de 600 buques. Dichas empresas han quedado fuera del marco de regulación pesquera comunitaria, en una situación de vacío legal, convirtiéndose exclusivamente en empresas extranjeras participadas por socios comunitarios que tienen con la Unión Europea una obligación de abastecimiento prioritario y una obligación de remisión de información periódica sin otra protección que la que, en su caso, puedan brindar los tratados bilaterales de protección recíproca de inversiones entre el Estado miembro de origen y el tercer país de destino.

2.3   Situación actual

2.3.1

A la par que se realizaban los trabajos que condujeron a la definitiva redacción del antecitado Libro Verde, se produjo la aprobación de los Reglamentos: Reglamento (CE) no 1263/1999 del Consejo, de 21 de junio de 1999, relativo al Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca (18) y el Reglamento (CE) no 2792/1999 del Consejo, de 17 de diciembre de 1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones con finalidad estructural en el sector de la pesca (19). Estos Reglamentos continuaban dando vigencia, dentro del IFOP, a las sociedades mixtas pesqueras hasta la finalización de su periodo de vigencia, es decir, el 31 de diciembre de 2006.

2.3.2

Sin embargo, desde el 31 de diciembre de 2004 las empresas mixtas han quedado prácticamente eliminadas de la política de estructuras pesqueras de la Unión Europea por obra del Reglamento (CE) 2369/2002 del Consejo, de 20 de diciembre de 2002, que modifica el Reglamento 2792/1999, por el que se definen las modalidades y condiciones de las intervenciones comunitarias con finalidad estructural en el sector de la pesca (20). Las empresas mixtas siguen formando parte del acervo comunitario en cuanto deben cumplir las normas aplicables en el momento de su constitución, pero carecen de una regulación específica a medio y largo plazo.

2.3.3

El principio en el que se basó la supresión de las ayudas a las empresas mixtas pesqueras y, con ello, a casi toda referencia legislativa a las mismas se contiene en el considerando (5) de dicho último Reglamento según el cual conviene que el IFOP se concentre en la reducción de capacidades a través del desguace de buques. La mera reducción de la capacidad de pesca es sólo uno de los muchos objetivos de las políticas comunitarias a los que han servido y pueden seguir sirviendo de vehículo adecuado las sociedades mixtas, como se explica más adelante.

3.   Observaciones particulares

3.1

Conveniencia de mantener una política específica para las sociedades mixtas del sector pesquero en el seno de la PPC

3.1.1

En contra de su supresión en la normativa en vigor, las sociedades mixtas pesqueras se asientan en una lógica económica especialmente adecuada para una economía globalizada, consistente, por un lado, en el ahorro de costes por el habitual menor impacto de los existentes en el país de destino si se comparan con los del Estado miembro de origen y, por otro, en la transferencia de tecnologías, la creación y reparto de valor añadido, el acceso a los recursos y el abastecimiento de los mercados.

3.1.2

Las sociedades mixtas pesqueras permiten, a la par, el mantenimiento parcial del empleo, tanto en la mar como en tierra, en las zonas dependientes de la pesca de la Unión Europea y el desarrollo de nuevos empleos, de mayor cualificación, en los terceros Estados que las acogen, incluyendo la formación y cualificación de los trabajadores en el país de destino.

3.1.3

Las sociedades mixtas pesqueras fueron incorporadas al ordenamiento comunitario en el seno de la política de estructuras pesqueras en 1990; hace, por tanto, quince años y han sido un instrumento útil durante todo dicho periodo de tiempo. La inadecuada supresión de la que han sido objeto, al desaparecer de la nueva PPC promovida por la Comisión y su desaparición de la reglamentación vigente desde el 1 de enero de 2005, supone la pérdida de apoyo comunitario a un instrumento válido de cooperación económica de la Unión Europea en terceros países, normalmente en vías de desarrollo, además de poder constituir una quiebra del principio de confianza legítima que debe presidir las relaciones entre los operadores europeos y las instituciones de la Unión.

3.1.4

Las sociedades mixtas pesqueras pueden y deben ser contempladas como un capítulo específico de los tratados multilaterales o bilaterales de cooperación con terceros países, estableciéndose normas concretas que contemplen sus especificidades tanto desde el punto de vista propiamente pesquero, como de fomento y protección de las inversiones europeas en el exterior, aduanero, laboral, fiscal, etc.

3.1.5

Si bien es cierto que, en la normativa vigente, las sociedades mixtas pesqueras pudieran tener un encaje en los denominados «acuerdos de asociación», hasta el momento no se observan resultados prácticos de importancia, por lo que se hace preciso que una norma coordine las competencias dispersas en el seno de la Comisión (Direcciones Generales de Desarrollo, Cooperación y Pesca) y clarifique a los empresarios y otros actores del sector cómo deben actuar en el marco de tales acuerdos y de cualesquiera otros instrumentos existentes, para conseguir los resultados prácticos de los que se ha venido hablando.

4.   Conclusión

4.1

El Comité estima recomendable que, en el seno de los trabajos iniciados para la revisión de la política pesquera común y conforme se reflejó ya en las conclusiones del Consejo de 19 de julio de 2004 (21), se considere que las empresas mixtas pesqueras, que han dejado de ser un elemento de regulación estructural de las capacidades de flota, sustitutivo del desguace de buques pesqueros, pasen a ser definidas como un vehículo de abastecimiento de mercados y de acción sectorial integral del que dispone la Unión Europea en el marco de sus competencias propias y compromisos globales y regionales y de sus Tratados bilaterales, para una correcta ejecución de las políticas pesqueras de la Unión Europea en consonancia con los principios de la FAO y de la OMC, siempre con la debida atención a que no se produzca un incremento de las capacidades de pesca que pueda llevar a la sobreexplotación de los recursos.

4.2

El Comité considera necesario que:

4.2.1

La Comisión realice un estudio de balance detallado y actualizado de la realidad y potencialidad de las sociedades mixtas pesqueras y facilite sus conclusiones a las restantes Instituciones de la Unión y a los sectores interesados.

4.2.2

Se introduzcan en la legislación comunitaria vigente las normas y mecanismos necesarios para dotar a las empresas mixtas pesqueras de seguridad jurídica en un marco de actuación específico en el seno de los acuerdos bilaterales o multilaterales con terceros Estados, a largo plazo estable y propio, que tenga en cuenta las singularidades de esta actividad y sus efectos beneficiosos desde el punto de vista de la gestión de los recursos pesqueros, el abastecimiento de los mercados, la creación de empleo en zonas dependientes de la pesca, la creación de valor añadido, la cooperación y el intercambio internacional.

Bruselas, 14 de diciembre de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Art. 21 bis del Reglamento 3944/90.

(2)  DO C 85 de 8.4.2003.

(3)  JO C 267 due 27.10.2005 (párrafos 3.5.1.1.2.1. y 5.5 guión segundo).

(4)  COM(2004) 497 final — 2004/0169 (CNS).

(5)  Etude de bilan des sociétés mixtes dans le contexte des interventions structurelles dans le domaine de la pêche, COFREPECHE 16.6.2000 (http://europa.eu.int/comm/fisheries/doc_et_publ/liste_publi/bilansm.pdf).

(6)  Reglamento (CEE) no 1956/91 de la Comisión de 21 de junio de 1991 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 4028/86 del Consejo en lo relativo a las medidas de apoyo a la constitución de sociedades mixtas - Diario Oficial L 181 de 8.7.1991 p. 0001 – 0028.

(7)  DO L 193 de 31.7.1993, p. 1.

(8)  DO L 346 de 31.12.1993, p. 1.

(9)  DO L 312 de 20.11.1998, p. 19.

(10)  DO L 337 de 30.12.1999, p. 10.

(11)  art. 8.1, párrafo segundo del Reglamento 2792/1999 del Consejo de 17 de diciembre de 1999.

(12)  COM(2001) 135 final, de 20.3.2001.

(13)  Cfr. la «Comunicación de la Comisión sobre el marco integrado para la celebración de acuerdos de asociación pesqueros con terceros países», COM(2002) 637 final de 23.12.2002, página 7 y nota a pie de página no 15 en la misma.

(14)  http://www.fao.org/fi/inicio.asp.

(15)  P. 19.

(16)  Pp. 38 a 42.

(17)  «European Distant Water Fishing Fleet» - Some principles and some data, abril de 2001, disponible en francés y en inglés en la página electrónica de la Dirección General de Pesca de la Comisión.

(18)  DO L 161 de 26.6.1999.

(19)  DO L 337 30.12.1999, p. 10.

(20)  DO L 258 de 31.12.2002, p. 49.

(21)  Vid el documento 11234/2/04 Rev. 2 (presse 221) disponible en www.consilium.eu.int.


17.3.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 65/50


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establece el modelo comunitario de clasificación de las canales de vacuno pesado» (versión codificada)

COM(2005) 402 final — 2005/0171 (CNS)

(2006/C 65/10)

El 7 de octubre de 2005, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 9 de noviembre de 2005 (ponente: Sr. ALLEN).

En su 422o Pleno de los días 14 y 15 de diciembre de 2005 (sesión del 14 de diciembre de 2005), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 127 votos a favor y 5 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Introducción

1.1

El objeto de la presente propuesta es proceder a la codificación del Reglamento (CEE) no 1208/81 del Consejo, de 28 de abril de 1981, por el que se establece el modelo comunitario de clasificación de las canales de vacuno pesado (1). El nuevo Reglamento sustituirá a los que son objeto de la operación de codificación (2). La propuesta respeta en su totalidad el contenido de los textos codificados y se limita, por tanto, a reagruparlos realizando en ellos únicamente las modificaciones formales que la propia operación de codificación requiere.

2.   Observaciones generales

2.1

El Comité considera muy útil que todos los textos estén integrados en un único Reglamento. En el contexto de la Europa de los ciudadanos, el Comité, al igual que la Comisión, concede gran importancia a la simplificación y claridad del Derecho comunitario, que de esta forma resulta más accesible y comprensible para el ciudadano, brindándole nuevas posibilidades y reconociéndole derechos concretos que puede invocar.

2.2

Se ha garantizado que esta compilación de disposiciones no contiene ninguna modificación sustantiva y tiene como único objetivo presentar el Derecho comunitario de forma clara y transparente. El Comité se muestra plenamente de acuerdo con este objetivo y, a la luz de estas garantías, acoge favorablemente la propuesta.

Bruselas, 14 de diciembre de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Realizada en virtud de la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo — Codificación del acervo comunitario, COM(2001) 645 final.

(2)  Véase anexo III de la propuesta.


17.3.2006   

ES

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C 65/51


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre «El papel de los parques tecnológicos en la transformación industrial de los nuevos Estados miembros»

(2006/C 65/11)

El 10 de febrero de 2005, de conformidad con el artículo 29.2 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un Dictamen sobre «El papel de los parques tecnológicos en la transformación industrial de los nuevos Estados miembros de la UE».

La Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 23 de noviembre de 2005 (ponente: Sr. TÓTH, coponente: Sr. KUBÍČEK).

En su 422o Pleno de los días 14 y 15 de diciembre de 2005 (sesión del 14 de diciembre de 2005), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 127 votos a favor, ningún voto en contra y 6 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Introducción

1.1

En su reunión de marzo de 2005, el Consejo Europeo decidió relanzar la Estrategia de Lisboa volviendo a centrarla en el crecimiento y el empleo.

1.2

En su Recomendación no 10667/05 de junio de 2005, el Consejo formuló sugerencias en el marco de las directrices integradas relativas a las orientaciones generales de política económica (OGPE) para el período 2005-2008.

1.3

La octava orientación de las OGPE se refiere a la necesidad de facilitar todas las formas de innovación en los Estados miembros. Entre los medios propuestos a tal fin, el CESE desea subrayar que los parques –objeto del presente dictamen– satisfacen todas las condiciones determinadas por el Consejo y pueden ser considerados como los «polos de innovación» que el Consejo indica como segunda categoría de fomento de la innovación. En efecto, parece que, en el conjunto de los Estados miembros, estos parques conectan las universidades y los demás institutos de investigación, por una parte, y las empresas, por otra, integran los niveles regional y local y contribuyen así a suprimir las diferencias tecnológicas existentes entre las regiones.

1.4

El CESE señala asimismo que los parques –objeto del presente dictamen– contribuyen ya en gran medida a la realización del objetivo de la décima orientación de las OGPE. En efecto, dotan de sus elementos constitutivos el tejido industrial, que el Consejo considera indispensable en el territorio europeo, y refuerzan por su competitividad excepcional la base industrial de la Unión.

1.5

Los parques de los nuevos Estados miembros de la UE se estructuran con arreglo a principios análogos a los de instituciones del mismo tipo situadas en la Europa de los quince o en numerosos lugares del globo. Aunque las denominaciones difieren, los términos que se utilizan con mayor frecuencia en la terminología y las formulaciones jurídicas son «parque industrial», «parque científico», «parque tecnológico», «polo tecnológico», «parque de investigación», «parque comercial», «centro de innovación» e «incubadora tecnológica». No obstante, la finalidad es la misma en todas partes. El parque es el lugar donde se produce la interacción entre el mundo científico y tecnológico, por una parte, y el desarrollo económico, por otra. Concentra las sinergias derivadas de la colaboración entre instituciones y empresas destinadas a simplificar el acceso al mercado y centraliza los servicios especializados de alto nivel facilitando su explotación, otorgando una atención especial a la incubación de empresas, a las actividades de reagrupación empresarial y a la creación de redes de relaciones.

1.6

Bulgaria y Rumanía, los dos futuros Estados miembros que han iniciado las negociaciones de adhesión con la UE, han legislado en materia de parques industriales y tecnológicos.

1.7

Los parques proporcionan un marco que facilita la innovación y fomentan el desarrollo territorial. Sus actividades incluyen normalmente la creación de nuevas empresas, el fomento de la transferencia de tecnologías y los programas en favor de los inversores informales («business angels»). Brindan, además, una ocasión única para preparar y ejecutar las transacciones de capital de riesgo. Los parques contribuyen de manera visible a la creación, adopción y aplicación de programas comunitarios con objetivos idénticos o similares. Constituyen socios eficaces, capaces de funcionar en red.

1.8

La creación y el desarrollo de los parques en los diez nuevos Estados miembros se han visto por lo general acompañados de una transposición en la práctica de los principios de respeto del medio ambiente. En el caso de los nuevos parques, esta transposición ha quedado garantizada de entrada por las normas medioambientales estrictas que entraron en vigor a raíz de la armonización, la cual constituía una condición previa a la adhesión. En el marco de la instalación de parques como resultado de una reorganización o de transformaciones industriales, el lanzamiento del parque constituye con frecuencia el primer paso hacia la introducción de soluciones respetuosas del medio ambiente.

1.9

Los parques son el producto de la incidencia conjunta de varias tendencias de desarrollo. Constituyen una respuesta regional (local) a la mundialización, responden a la necesidad de superar los distintos problemas culturales, nacionales y étnicos, así como a la urgencia de corregir las importantes divergencias en materia de desarrollo económico.

1.10

Las soluciones aportadas por los parques han tenido una incidencia claramente favorable en el empleo, creando numerosos puestos de trabajo (en Hungría, por ejemplo, se han creado más de 140 000 nuevos puestos de trabajo desde 1997). El desarrollo de los parques también ha ejercido una influencia positiva en la implantación de empresas en las regiones afectadas y ha permitido evitar la desindustrialización (desde 1997, más de 2 500 empresas se han instalado en los parques industriales húngaros). Los puestos de trabajo así creados están por lo general vinculados a las tecnologías de alto nivel y exigen conocimientos especializados muy elevados para responder a los desafíos de la reestructuración industrial.

1.11

En los países europeos más desarrollados y, en particular, en el caso de la Europa de los quince, el sistema institucional, jurídico y financiero de la regionalización se ha ido desarrollando durante decenios. Lo mismo ha sucedido con las estructuras de desarrollo industrial y con las designaciones que mejor corresponden a las condiciones cambiantes del crecimiento económico y del sistema de ayudas nacionales y comunitarias. En los nuevos Estados miembros, los esfuerzos se centraron sobre todo en los progresos que se debían realizar para superar el retraso acumulado en estos ámbitos y alcanzar al resto de la Unión. En el marco de tales esfuerzos, los parques industriales se han beneficiado, y siguen beneficiándose, de una atención especial. Contribuyen, en efecto, a mejorar la competitividad, a reducir las diferencias de desarrollo territorial y a aportar soluciones a los problemas de empleo. Esta situación tiene la particularidad de que las relaciones económicas y sociales que prevalecían antes de la adhesión a la Unión siguen presentando cierta dualidad: los elementos institucionales, de dirección y de financiación tradicionales siguen teniendo vigencia –aunque en gran parte, están en fase de declive– y coexisten con los del sistema de gestión y de administración, cada vez más decisivos, que se viene desarrollando desde hace poco tiempo.

En los países en fase de adhesión, los parques industriales han surgido como expresión de las nuevas ambiciones en materia de política económica e industrial y de desarrollo territorial.

1.12

El presente dictamen de iniciativa tiene por finalidad destacar, en la perspectiva de los misiones que corresponden a la Unión, las potencialidades de los parques industriales y los elementos que los conectan entre ellos. En efecto, estas infraestructuras que favorecen la cohesión económica y social merecen atención especial en lo que se refiere a las transformaciones industriales. Conviene señalar que es precisamente la formación del sistema normativo interno de la UE la que ha reforzado el papel de los parques industriales en los países de la Unión. Por otra parte, hace ya varios años que algunos nuevos Estados miembros, y los países que están en fase de negociación para su adhesión, reaccionaron ante esta evolución. Además, estas estrategias de política económica -que, en su complejidad, toman en consideración las potencialidades de los parques industriales e indican una orientación a seguir teniendo en cuenta las exigencias en materia de integración internacional- no se han formulado por doquier.

1.13

En el documento IP/05/1252 de la Comisión, el Comisario europeo responsable de Empresa e Industria afirma, conjuntamente con el Comisario europeo responsable de Ciencia e Investigación, que la innovación y la investigación forman parte del núcleo de la empresa. Aluden al respecto a la importancia de los polos de innovación y agrupaciones industriales centrados en la investigación: el punto 3.2 del plan de acción de promoción de la investigación e innovación reclama la promoción de tales polos y agrupaciones y pide a los Estados miembros que utilicen plenamente las posibilidades que brindan los Fondos Estructurales (MEMO/05/366).

1.14

Los parques industriales, tecnológicos, científicos y otras estructuras con denominación comparable, desempeñan la función de polo de innovación y contribuyen así a la realización de las prioridades propias de la fase actual de la aplicación de las OGPE 2005-2008 y de la Estrategia de Lisboa. Con el presente dictamen de iniciativa, el Comité Económico y Social Europeo desea favorecer la cooperación entre las estructuras del mismo tipo en la Europa de los quince, por una parte, y en los diez nuevos Estados miembros, por otra, así como su desarrollo. Además, el Comité pretende el objetivo de que se refuerce la accesibilidad de las ayudas concedidas por la Comisión Europea y la de las condiciones de financiación propuestas por las demás instituciones de la Unión para los parques industriales, tecnológicos, científicos y similares de todos los Estados miembros de la UE.

2.   El parque industrial como polo de innovación: los tipos de parques y su desarrollo en el mundo

2.1   Los tipos de parques

La experiencia internacional nos enseña –y las fuentes arriba citadas van en el mismo sentido– que no existen dos parques industriales idénticos propiamente dichos. Por otra parte, es normal que un mismo parque experimente cambios constantes. Las redes en desarrollo muestran bien esta diversidad, así como la capacidad de adaptación de los parques a necesidades cambiantes. Por tanto, se ha optado en lo que sigue por una interpretación global del concepto de «polo de innovación» que va más allá de las actividades desarrolladas en los parques y corresponde en sentido estricto a la innovación en los sectores industrial, tecnológico, científico y similares para abarcar la amplia gama de actividades innovadoras que generan valor.

Este planteamiento está en armonía con los términos empleados por la Comisión Europea para designar los polos de competitividad e innovación. Según la definición de la Comisión, los polos están determinados por la estrecha colaboración existente entre las empresas, los centros de formación y los institutos de investigación públicos o privados dentro de un territorio geográfico delimitado. El polo pone en marcha proyectos comunes, de dimensión innovadora, creando sinergias entre los distintos agentes locales. Estas colaboraciones se concentran en ámbitos tecnológicos o científicos determinados y deben aportar una masa crítica con miras a garantizar la competitividad y la transparencia internacional.

2.2

Entre los tipos de parques clasificables según las funciones (la misión) figuran los siguientes:

los parques científicos,

los parques tecnológicos,

los centros de innovación y

los parques comerciales.

Se caracterizan por una estructura organizativa global:

la tecnópolis,

el polo tecnológico,

el distrito tecnológico,

la zona de empresas y el metadistrito.

En lo que se refiere a las características de implantación, pueden mencionarse fundamentalmente dos tipos de parques que se distinguen de manera especial:

los parques industriales de tipo «greenfield» y

los parques implantados en zonas en fase de rehabilitación.

2.3

Los parques evolucionan de manera continua, por fases de desarrollo. Las infraestructuras industriales monumentales tienden a desaparecer en beneficio de establecimientos capaces de generar un valor añadido más sofisticado e importante, en los que las TIC y la amplia gama innovadora de servicios ofrecidos por el administrador del parque a las empresas que en él se implantan desempeñan un papel cada vez más importante.

3.   Situación en los nuevos Estados miembros de la Unión

3.1

De manera general, en los diez nuevos Estados miembros que forman parte de la Unión desde el 1 de mayo de 2004 se encuentran parques industriales correspondientes a ciertos tipos de infraestructura, descritos detalladamente en el punto 2.1. Chipre dispone de varias estructuras denominadas «viveros de empresas». Financiadas en parte por el Gobierno, estas entidades privadas gestionan diversos proyectos concretos.

3.2

En la República Checa se han creado 82 zonas industriales por medio de CzehInvest, la agencia gubernamental para la inversión y el desarrollo de las empresas, en el marco del programa gubernamental destinado a promover el desarrollo de las zonas industriales. En 2001 se completó el programa con nuevos subprogramas, denominados, por ejemplo, «Regeneración de las zonas industriales», «Construcción y regeneración de los bienes de arrendamiento financiero» y «Acreditación de las zonas industriales».

3.3

Estonia conoce varios tipos de parques industriales con características y apelaciones diversas. En lo que a una parte de ellos se refiere, se pudieron crear gracias al apoyo de los entes locales y de otras organizaciones. Se ocupan esencialmente de investigación y desarrollo y colaboran con las grandes universidades. El país cuenta actualmente con dos parques de este tipo: el de Tartu y el de Tallinn. En cuanto a los parques industriales creados sobre la base de iniciativas privadas, están constituidos por empresas con fines lucrativos, que ejercen sus actividades principalmente en los sectores logístico, comercial, industrial y de servicios.

3.4

En Polonia, los «parques industriales» se han creado en su mayoría durante los últimos años. Si su importancia económica es actualmente insignificante, la razón estriba principalmente en el hecho de que, en la actualidad, son esencialmente las catorce «zonas económicas especiales» (ZES) las que atraen a los inversores, y particularmente los inversores extranjeros. Estas zonas se crearon entre 1995 y 1997, por una duración de veinte años, mediante decretos gubernamentales adoptados sobre la base de disposiciones legales. Con vistas a promover el desarrollo regional, se implantaron en regiones industrialmente poco desarrolladas o necesitadas de reestructuración industrial. En su origen, los inversores se beneficiaron de la garantía de una exoneración del impuesto sobre las sociedades de hasta el 100 % durante los diez primeros años y de 50 % durante los diez siguientes, así como de una exoneración total del impuesto sobre las propiedades inmuebles. El 1 de enero de 2001 se procedió a establecer la conformidad del sistema preferencial con las normas comunitarias. Como el estatus particular de las ZES debe terminar antes de diciembre de 2017, es de suponer que en adelante será cada vez mayor la importancia, el número y la superficie de los parques industriales.

3.5

En Letonia, los parques se denominan «parques comerciales». Las empresas eligen establecerse en ellos debido a las infraestructuras y demás condiciones administrativas ventajosas de que pueden beneficiarse. En Letonia, el programa de I+D nacional se rige por la Ley sobre la innovación.

3.6

En Lituania, los decididos esfuerzos realizados por el Gobierno con vistas a promover el desarrollo de las industrias con elevada intensidad de mano de obra y valor añadido relativamente importante (la industria electrónica y electrónica del automóvil) o el de los sectores industriales y de servicios que requieren un elevado capital intelectual (las biotecnologías, tecnologías de la información, técnicas del láser) han contribuido a la constitución de la estructura industrial del país. Adoptado en la segunda mitad de los años noventa, el programa de desarrollo «parque industrial», dotado de una infraestructura sólida e implantación en el extrarradio urbano, constituye uno de los instrumentos del desarrollo económico de Lituania. La proximidad de la mano de obra cualificada hace que los esfuerzos de realización del desarrollo industrial se concentren en la vecindad inmediata de las grandes ciudades.

3.7

En Hungría, el Gobierno lanzó en 1997 un sistema de desarrollo de los parques industriales. Los planes de desarrollo a largo plazo relativos a cada proyecto de parque industrial deben presentarse para evaluación al Ministerio de Economía. Si son de un nivel suficientemente elevado, estas estructuras obtienen el derecho de beneficiarse del título de parque industrial. Los objetivos de los parques industriales son el aumento de la competitividad, la creación de puestos de trabajo y el establecimiento de condiciones que permitan una actividad industrial, logística y de servicios conforme a las normas comunitarias y respetuosas del medio ambiente. Los parques industriales húngaros cuentan aproximadamente con 2 500 empresas multinacionales extranjeras y PYME húngaras que dan empleo a más de 140 000 personas.

3.8

En Malta, las estadísticas del último año indican el peso relativamente importante de la producción industrial en la economía. Malta Enterprise, la agencia de promoción de la inversión, creó un «Centro de creación de nuevas empresas» destinado a favorecer el desarrollo de proyectos de carácter innovador, especialmente en los sectores de las tecnologías de la información y telecomunicación, concepción en los ámbitos de la mecánica y la ingeniería técnica, diseño industrial, energías renovables y biotecnologías. El centro de creación pone a disposición de las empresas que ejercen su actividad en los sectores mencionados las posibilidades de inversión y financiación, así como las infraestructuras variadas necesarias para su funcionamiento.

3.9

En Eslovaquia, las ayudas a los parques industriales se rigen por la Ley sobre los parques industriales (193/2001), modificada en 2003 y en 2004. En virtud de dicha Ley, se consideran parques industriales las zonas delimitadas en un plan de ordenación del territorio en cuyo perímetro desarrollan una producción industrial una o varias empresas. Los entes regionales y locales pueden establecer un parque industrial en un terreno que les pertenezca. Por lo demás, la ley garantiza la posibilidad para dos o varios municipios de crear en común un parque industrial sobre una base contractual.

3.10

En Eslovenia, los parques industriales se denominan «parques tecnológicos». Su objetivo es estimular la emergencia y favorecer el desarrollo de proyectos empresariales que requieran el recurso a tecnologías avanzadas y una preparación científica importante. Estos parques tecnológicos, por otra parte, crean las infraestructuras físicas intelectuales necesarias para la puesta en marcha de tales iniciativas prestando particular atención a las necesidades de las PYME. Sirven también de vínculo entre las empresas y los centros de enseñanza superior. En documentos procedentes del Ministerio de Economía se indica que un parque tecnológico es una persona jurídica que también asiste en la ejecución de los proyectos, contrariamente a un vivero empresarial, que, sin dejar de ser persona jurídica, se limita a crear las condiciones necesarias para la adopción de los proyectos.

4.   Objetivos estratégicos, modelos

4.1

Los parques –cualesquiera que sean sus diferencias– forman progresivamente una red que, al tiempo que se integran en la política económica, industrial y de innovación de un país determinado, se articula en un conjunto de fines públicos. Si se analizan las prioridades de los entes públicos, se pueden distinguir políticas «centradas en las misiones» (temáticas y concentradas en los recursos públicos) y políticas «centradas en la difusión» (que sitúan en primer plano los impactos y las sinergias), o bien una combinación de ambas.

4.2

Los dos modelos definidos según sus objetivos globales no se diferencian entre sí de manera rígida, en la medida en que –por ejemplo– proporcionar un apoyo financiero a las tecnologías avanzadas de una región por medio de los parques industriales no sólo mejora la situación de la región, sino que también sirve para que progrese la innovación de manera global. No es más que una cuestión de definición de prioridades.

5.   El proceso de Lisboa y los parques industriales

5.1

El proceso de Lisboa distingue como tareas especialmente importantes el desarrollo de la innovación como medio de estimular el crecimiento, el empleo y la sostenibilidad, la promoción de la difusión tecnológica, así como la explotación y el desarrollo comercial de los resultados de I+D. Entre sus condiciones organizativas, financieras y jurídicas, los parques industriales y sus estructuras conexas desempeñan un papel cada vez más importante.

5.2

Los parques industriales se caracterizan por el papel clave que desempeñan en la promoción de la innovación. Por eso, en la formación de la red de los parques industriales no basta con preocuparse de los aspectos relativos a la industria en sentido estricto y a la agricultura: la contribución de una base intelectual académica y universitaria se vuelve cada vez más indispensable para la realización de los desafíos a los cuales se enfrenta la economía. Mejorar la competitividad, llegar a una mayor flexibilidad económica, explotar los activos de los recursos humanos: estos objetivos sólo pueden alcanzarse aportando una base intelectual y promoviendo la innovación económica.

6.   Transferencia de conocimientos, innovación

6.1   Centros de innovación, agencias de transferencia

6.1.1

Estas instituciones tienen un radio de acción que no se reduce a un ámbito claramente delimitado: en efecto, tienden puentes entre la ciencia y la economía por medio de los servicios que prestan (sin ánimo de lucro o sobre una base comercial) a las empresas de una región, de un país. La diferencia principal existente entre las distintas categorías reside en la forma en que estas instituciones funcionan: como organismo de prestación de servicio («donante») o como empresa «beneficiaria». Los centros y las agencias estimulan a las empresas y les ayudan a sacar partido de los resultados de la investigación, desempeñando casi en estos procesos un papel de intermediario. En cambio, los organismos que prestan servicios de I+D incluyen en su seno institutos de investigación, que en algunos casos se funden en una misma unidad junto con la empresa beneficiaria.

6.1.2

Los principales servicios que prestan los centros y las agencias son el asesoramiento, la mediación tecnológica, la gestión de una base de datos de información comercial, la organización de encuentros comerciales y ferias, la contratación de especialistas, el suministro de la infraestructura necesaria para la experimentación, el apoyo a las actividades de reagrupación empresarial, la relación con inversores privados y la conexión en red.

6.1.3

Estos organismos ejercen sobre todo actividades de asesoramiento a las empresas. Por ejemplo, los centros de innovación en los Países Bajos, la red de I+D en Noruega desempeñan un papel de mediación. Su actividad de servicios empresariales consiste en dar a conocer los resultados de la investigación y favorecer su asimilación. En Alemania, los centros de transferencia y las agencias efectúan la transferencia tecnológica de manera más directa, suministrando servicios de este tipo de la misma forma que los centros de servicios de la industria de transformación que existen en los Estados Unidos. Entre sus servicios se cuentan los préstamos de investigación financiados en el marco de los programas públicos: prestan a las empresas un apoyo financiero para que éstas puedan emplear a universitarios y proporcionar una parte de la remuneración de estos últimos.

6.1.4

Las agencias de este tipo se crean en general a partir de iniciativas públicas (o, en su caso, por medio de cámaras de comercio, como en Alemania), a partir de la toma de conciencia de que, para los beneficiarios de tales programas, el desarrollo tecnológico sólo puede hacerse eficaz –y, por tanto, beneficioso a largo plazo para la economía– si se dan las condiciones de una ayuda exterior (generalmente pública). Al nivel de la financiación, se observan situaciones dispares: los centros neerlandeses, por ejemplo, tienen un presupuesto financiado por el Ministerio neerlandés de Economía, y sus servicios son en parte gratuitos (las dieciséis primeras horas de asesoramiento). En Noruega, la actividad de los servicios de I+D se financia también con cargo a fondos públicos. En cambio, en Alemania y los Estados Unidos los centros obtienen un apoyo financiero que procede de un fondo específico, y en proporciones que van disminuyendo (en Alemania a lo largo de tres años, en los Estados Unidos a partir de un 50 % y a lo largo de seis años), y prestan sus servicios en parte de manera no lucrativa, en parte sobre base comercial.

6.2   Los organismos de prestación de servicios de I+D

6.2.1

Lo que caracteriza a las instituciones mejor organizadas y con un vínculo más estrecho entre ciencia e industria es que ponen en red las investigaciones, en particular industriales, los institutos de desarrollo y las empresas, e igualmente que, con un apoyo financiero público, prestan servicios de I+D principalmente a pequeñas y medianas empresas sobre la base de contratos con misiones precisas. Aunque sus actividades están muy vinculadas a las de las universidades, conviene tratarlas aparte y diferenciarlas de las agencias universitarias y parques universitarios.

6.2.2

Estos organismos se crean también a partir de iniciativas públicas, y funcionan en parte dentro de un marco público. En el marco de su funcionamiento, difunden los resultados de la investigación científica por encargo en parte del sector privado (industrial) y en parte del sector público (ministerios). No obstante, entre ellos se observan diferencias importantes en materia de financiación. Ésta puede variar del 10 % al 100 % en algunos casos.

6.3   Tipos de cooperación en forma de parques en la relación universidad–industria

6.3.1

Estos parques están establecidos en su mayoría cerca de instituciones productoras de conocimientos (esencialmente universidades y centros de investigación), con las cuales están en relación contractual o de las cuales forman parte (como, en Hungría, el InfoPark, o también INNOTECH, el parque de innovación de la universidad técnica de Budapest). No obstante, las condiciones materiales de su funcionamiento se garantizan con recursos públicos (al nivel nacional o local). Estos parques aportan de manera cada vez más completa las condiciones necesarias para la innovación a través de infraestructuras técnicas de alto nivel. Con ayuda de la transferencia tecnológica se cubre un número cada vez mayor de fases del proceso de innovación y la actividad de los distintos parques puede ampliarse hasta la comercialización de un producto, su fabricación en masa o incluso la implantación de nuevos sectores industriales.

6.3.2

Numerosos parques de investigación y parques científicos se han creado en espacios en los que se ha impulsado la prosperidad y una multiplicidad de oportunidades científicas. Existen espacios de esa naturaleza en Francia (por ejemplo, Lyon). En cuanto a los demás parques franceses, conceden también una enorme importancia al modelo de la tecnópolis, entendida como un concepto totalmente nuevo de la ciudad. Así nacieron –con la diferencia de que su creación tuvo lugar en el marco de un programa– los primeros parques japoneses, los cuales siguen el modelo de la tecnópolis, emparentada con el modelo francés. El más conocido de estos parques japoneses es el de Tsukala, una inversión de tipo «greenfield» que dio lugar a la creación de una nueva ciudad enteramente consagrada a la ciencia. Actualmente, los polos tecnológicos se fundan a partir de iniciativas locales. En los Estados Unidos es también en espacios de este tipo en los que se fundaron los primeros parques de innovación (como, por ejemplo, el Silicon Valley, o los alrededores de la «Route 128», en Boston).

6.3.3

En la actualidad existen parques de innovación en todos los países de la Unión Europea, de Lisboa a Atenas. Los parques examinados hasta aquí son, de entre los organismos orientados hacia la innovación, los más complejos y los que presentan el mayor potencial de organización, ya que en materia de innovación ofrecen todas las ventajas arriba expuestas.

7.   Recomendaciones

7.1

El CESE considera necesario que la Unión Europea desempeñe un papel activo en la promoción del establecimiento y desarrollo de los parques industriales y tecnológicos como polos de innovación en los Estados miembros y sus distintas regiones. Se trata de garantizar la integración completa de los antiguos y de los nuevos Estados miembros en el mercado interior ampliado, que es uno de los elementos esenciales de la nueva asociación para el crecimiento y el desarrollo prevista en el marco de la Estrategia de Lisboa redinamizada. Este planteamiento tiene por objetivo:

reforzar la competitividad de los nuevos Estados miembros y garantizar mejores resultados para la economía europea en su conjunto reduciendo las desigualdades territoriales;

responder al desafío que representa el desarrollo de la competitividad a nivel local y regional, garantizando una gestión más eficaz de las reestructuraciones industriales, de la reutilización de los recursos naturales, financieros y humanos, y de una estrategia capaz de regular las posibilidades y las obligaciones económicas y tecnológicas que se derivan de la integración europea y del mercado mundializado;

garantizar la explotación íntegra de las posibilidades que se derivan de la realización del mercado interior de la Europa ampliada, en caso necesario por medio de una conexión de los parques industriales al nivel transregional sobre la base de sus objetivos globales;

aumentar el nivel general de la investigación y la innovación y velar por que sus resultados sean mejores y se adapten de modo más completo al mercado y a la comercialización, en particular estableciendo relaciones aún más estrechas entre el sector de las PYME, el mundo científico y la investigación, garantizando la formación de recursos humanos altamente cualificados, tanto a nivel operativo como organizativo, modernizando la administración pública y el marco regulador correspondiente y desarrollando las capacidades de todos los responsables que participan en el proceso de toma de decisiones en los parques, y, para que la Unión Europea se convierta en la economía más dinámica del mundo, dedicar un 3 % de su PIB a la innovación;

mejorar, por medio de las redes europeas de parques tecnológicos e industriales, la interacción entre la industria, el sector de los servicios y el sector financiero, así como las relaciones tecnológicas y la capacidad de difusión y recepción de los nuevos conocimientos, con el fin de aumentar la competencia innovadora y la competitividad, y garantizar la compatibilidad de los distintos objetivos –crecimiento, competitividad, empleo, desarrollo sostenible e igualdad de oportunidades–, en particular recurriendo a la interacción y al consenso;

controlar y evaluar regularmente los resultados de los parques industriales y tecnológicos, sus capacidades técnicas efectivas, los resultados reales y otros efectos beneficiosos que producen, basándose en particular en criterios estandarizados y predeterminados;

garantizar la conformidad con las normas europeas, incluso las relativas a la competencia y a las financiaciones públicas, teniendo en cuenta simultáneamente la evolución de estas normas.

7.2.1

El CESE considera que conviene establecer a tres niveles –europeo, nacional y regional/local– una política europea de fomento eficaz de la red de parques industriales y tecnológicos, siempre en el respeto del principio de subsidiariedad establecido en los Tratados y de las normativas europeas, en particular las relativas a la competencia.

7.2.2

El Comité recomienda adoptar un enfoque global e integrado que englobe el séptimo programa marco europeo para actividades de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, los recursos financieros del Fondo Europeo de Inversiones (FEI) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), la iniciativa para el crecimiento, los Fondos Estructurales, el programa plurianual de la empresa y el espíritu empresarial, los medios previstos en el marco de la nueva política de asociación, el programa marco para la innovación y la competitividad (PIC), así como los programas de enseñanza y formación comunitarios, teniendo en cuenta al mismo tiempo las directrices de las OGPE 2005-2008. Eso permitirá garantizar una mayor flexibilidad en la elección de los instrumentos, así como la coordinación, la coherencia y una mayor simplificación, y, por tanto, facilitará el acceso a los programas y la posibilidad de que una misma propuesta se aplique desde distintos puntos de vista. El objetivo pretendido es sostener a nivel interregional y transregional los programas de cooperación integrados entre los parques industriales y tecnológicos y los distritos industriales con vistas al desarrollo de redes paneuropeas.

7.2.3

Por lo que se refiere a los mecanismos del nuevo programa marco para la innovación y la competitividad (véase INT/270, grupo de estudio), el CESE recomienda que el programa para la innovación y el espíritu empresarial y el programa de apoyo estratégico en materia de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) hagan explícitamente referencia al desarrollo de la red de los parques industriales y tecnológicos y de los distritos industriales, sobre todo en lo relativo a su financiación en el período inicial, su extensión por medio de un acceso más fácil al capital de riesgo y las medidas destinadas a estimular la introducción y la utilización más eficaz de las TIC por medio de las iniciativas «e-Europe» e «i2010». Es importante que los nuevos mecanismos del PIC prevean el apoyo a la red de los parques y distritos industriales y tecnológicos, y también con el fin de favorecer la participación de las PYME en el séptimo programa marco europeo para actividades de investigación, desarrollo tecnológico y demostración.

7.2.4

Por lo que se refiere a los programas individuales previstos por el séptimo programa marco, y en particular los programas «Capacidades», «Personal» y «CCI» (Centro Común de Investigación), el CESE recomienda:

reforzar las medidas de apoyo a las PYME, principalmente en lo relativo a la investigación y las organizaciones y reagrupaciones de empresas. Conviene reconocer la plena legitimidad de la red paneuropea de los parques industriales y tecnológicos y de las agrupaciones industriales o distritos industriales en materia de presentación de propuestas de investigación;

reforzar las medidas destinadas a garantizar la explotación íntegra del potencial de conocimientos e investigación de las regiones europeas, promover el desarrollo de los parques industriales y tecnológicos y de las agrupaciones industriales, así como la extensión de sus redes europeas y paneuropeas, y financiar los ejercicios de prospectiva tecnológica participativa, con el fin de permitir el desarrollo de proyectos y estrategias a medio y largo plazo paralelamente a las actividades (prospectivas) vinculadas al ámbito temático «Ciencias socioeconómicas y humanas» en el marco del programa específico «Cooperación»;

garantizar la puesta a disposición de recursos financieros y humanos suficientes para las actividades de asociación e intercambio entre las empresas y las universidades en el marco del programa específico «Personal», con el fin de responder a las necesidades de los parques industriales y tecnológicos y de las agrupaciones industriales. Es importante que los investigadores afectados conozcan las necesidades específicas propias de desarrollo de las PYME;

velar por que la experiencia profesional acumulada por el CCI sea plenamente accesible a los parques industriales y tecnológicos y a las agrupaciones industriales, en particular financiando su participación en actividades indirectas de creación de redes de relaciones, estímulo de la formación y la movilidad y construcción de plataformas tecnológicas, explotando el alto valor añadido europeo acumulado por el CCI y sus instituciones, principalmente el IPTS de Sevilla.

7.2.5

En lo que se refiere al FEI, el BEI, la iniciativa para el crecimiento y los Fondos Estructurales y de Cohesión conviene –de acuerdo con las decisiones adoptadas en el Consejo Europeo de marzo de 2005– aumentar y mejorar las sinergias en los ámbitos de la investigación y la innovación entre los fondos comunitarios, el FEI y el BEI. Al mismo tiempo, el Consejo Europeo destacó la importancia de que los responsables regionales y locales apliquen de modo más óptimo la Estrategia de Lisboa en sus tres dimensiones (económica, social y medioambiental). El CESE recomienda una intensificación de los esfuerzos en la revisión de la política de cohesión –encaminada a garantizar la convergencia, la competitividad y la cooperación territorial–, un aumento de los recursos asignados a la innovación y al desarrollo de la sociedad del conocimiento, para anticipar y estimular los cambios económicos que contribuyen a aumentar la competitividad y las ventajas competitivas, y el refuerzo de las cualificaciones profesionales de la mano de obra, sobre todo en los nuevos Estados miembros. Conviene a tal fin desarrollar la actividad de los parques industriales y tecnológicos y de las agrupaciones industriales, así como sus redes, esencialmente acentuando la cooperación territorial europea y la colaboración entre agentes públicos y privados (asociaciones público–privadas: APP), así como en el marco de programas de financiación del tipo de la iniciativa «Innovación 2010» del FEI.

7.2.6

El quinto programa plurianual de la empresa y el espíritu empresarial y la Carta Europea de la Pequeña Empresa mencionan como acciones importantes el desarrollo de la enseñanza y la formación de los empresarios, la concepción de medidas que permitan una creación de empresas menos costosa y más rápida, la modernización del marco jurídico y reglamentario, la formación de más mano de obra cualificada, la simplificación del acceso a los servicios en línea, la mejora de las condiciones financieras y fiscales, el refuerzo de las capacidades tecnológicas de las PYME y, por último, la mejora de la accesibilidad de los modelos y prácticas acreditadas de los servicios de negocio electrónico («e-business»). El Comité ha apoyado siempre vigorosamente las acciones comunitarias consideradas especialmente cruciales desde el punto de vista de los parques industriales y tecnológicos y de las agrupaciones industriales.

7.2.7

El CESE considera deseable que la nueva política europea de vecindad –sobre todo en lo que se refiere a la parte cubierta anteriormente por los ámbitos de acción 2 y 3 del programa Interreg– en las actividades financiadas de apoyo a las redes interregionales, transregionales, europeas y paneuropeas integre también las acciones que se refieren a los parques industriales y tecnológicos y a las agrupaciones industriales.

7.2.8

El Comité considera deseable una cooperación, al nivel de los Estados miembros con las agencias para el empleo, y a nivel europeo con todo responsable del sistema institucional afectado por la creación de empleo, para que los parques propicien la creación de nuevos puestos de trabajo, utilizando las posibilidades que se derivan de un funcionamiento en red. Es necesario garantizar que las empresas, las organizaciones representativas de los trabajadores, las entidades locales y las ONG participarán plenamente en la creación de empleos de alto nivel y que representen un conocimiento adicional (tácito) importante. Es preciso garantizar que las personas que trabajan en los parques podrán participar de manera continua en las acciones de formación, formación permanente y reconversión profesional que les permitan adaptarse a la reestructuración industrial. Como se expresa en el Dictamen del CESE 1073/2005, aprobado en el Pleno de los días 28 y 29 de septiembre de 2005 (CCMI/019), conviene destacar que el diálogo social y la participación de los trabajadores son esenciales para anticipar y gestionar las transformaciones industriales.

7.2.9

El Comité hace hincapié en las medidas destinadas a mejorar los sistemas europeos de enseñanza y formación y a apoyar el desarrollo de nuevos paradigmas de producción y consumo respetuoso del medio ambiente, en particular realizando acciones de enseñanza y formación que contemplen el desarrollo de las redes de parques industriales y tecnológicos y de agrupaciones industriales. La realización de nuevos programas de formación y enseñanza en estos parques y agrupaciones industriales podrá contribuir a hacer más atractivas para la juventud europea las carreras industriales y tecnológicas que requieren elevadas calificaciones.

7.2.10

En línea con sus posiciones anteriores sobre el asunto –principalmente su Dictamen 374/2005, de 12 de abril de 2005, sobre los distritos industriales europeos–, el CESE destaca la importancia de crear una plataforma europea de parques y distritos industriales entendidos como polos de innovación (plataforma europea de polos de innovación), con el fin de concebir posiciones estratégicas comunes y acciones comunes de desarrollo de la capacidad y hacer posible el desarrollo cultural de los sindicatos de trabajadores y organizaciones profesionales de la industria, en colaboración con los responsables competentes de la sociedad civil organizada. En este marco, conviene esforzarse en explotar todos los instrumentos adecuados de la transferencia de conocimientos y la innovación: intercambio de prácticas acreditadas, determinación de exigencias básicas armonizadas en materia de definición y adopción de medidas de formación comunes, acceso directo a los conocimientos profesionales del CCI, desarrollo de una terminología y de clasificaciones comunes, explotación de las sinergias posibles entre los parques y las agrupaciones industriales de los distintos países y, por último, la incitación a explotar las sinergias ofreciendo a dichas estructuras la posibilidad de participar directamente en los programas e iniciativas comunitarios. Al mismo tiempo, conviene desarrollar los sistemas comunes de evaluación, seguimiento y comparación de los resultados de los parques industriales y tecnológicos y de los distritos industriales europeos.

Bruselas, 14 de diciembre de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


17.3.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 65/58


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión — Reestructuraciones y empleo — Anticipar y acompañar las reestructuraciones para desarrollar el empleo: el papel de la Unión Europea»

COM(2005) 120 final

(2006/C 65/12)

El 28 de abril de 2005, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 23 de noviembre de 2005 (ponente: Sr. ZÖHRER, coponente: Sr. SOURY-LAVERGNE).

En su 422o Pleno de los días 14 y 15 de diciembre de 2005 (sesión del 14 de diciembre de 2005), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 121 votos a favor, 1 en contra y 9 abstenciones el presente Dictamen.

Resumen

El Comité acoge con satisfacción el planteamiento global intersectorial escogido por la Comisión. En la Comunicación, la Comisión reexamina una cuestión igualmente importante para las empresas y para los trabajadores. Las transformaciones industriales y la capacidad de preparación de las empresas para hacer frente a dichas evoluciones constituyen un factor fundamental de la competitividad. No obstante, el éxito depende de que se logre gestionar socialmente las repercusiones de las transformaciones.

El Comité está básicamente de acuerdo con el análisis del fenómeno descrito por la Comisión; no obstante, acogería con satisfacción que se realizase un análisis más minucioso.

Las reestructuraciones siempre van asociadas al temor, sobre todo por parte de los trabajadores, de sus repercusiones negativas. Sin embargo, las reestructuraciones bien gestionadas también pueden traducirse en nuevos desafíos y oportunidades. En principio, todo depende de la manera en que la empresa aborde la situación, de cómo gestione las distintas fases y de que las distintas partes interesadas colaboren y desarrollen un espíritu común que permita aprovechar las oportunidades.

El Comité está de acuerdo en que las respuestas al fenómeno de las reestructuraciones se inscriben en el marco más general de la estrategia de crecimiento y empleo.

El Comité acoge con satisfacción el objetivo de una mayor coordinación dentro de la Comisión, así como de creación de un grupo de trabajo interno y desarrollo de un diálogo regular con el Parlamento Europeo y el Consejo.

El Comité se declara básicamente de acuerdo con las prioridades establecidas por la Comisión en la revisión de la Estrategia europea para el empleo. La estrategia para el empleo no puede separarse de la toma en consideración del contexto macroeconómico y de la política industrial.

En lo relativo a la revisión de los instrumentos financieros, el Comité acepta que estén orientados en mayor medida hacia la anticipación y gestión de las reestructuraciones.

En materia de política industrial, el Comité estima que ahora hay que profundizar sobre todo en un enfoque sectorial que permita encontrar planteamientos adaptados a los distintos sectores. Un punto fundamental, que habrá que examinar y precisar igualmente, es la mejora de la normativa vigente para las empresas.

El Comité considera que las iniciativas tecnológicas, en particular las plataformas tecnológicas, son uno de los métodos principales para mejorar la situación. Para ello será preciso crear un entorno favorable a la innovación.

En el caso de la política sobre competencia se plantea la cuestión de si los recursos existentes serán suficientes. Respecto a las subvenciones estatales, el Comité destaca que será preciso prestar mayor atención a la relación existente entre las ayudas estatales, las reestructuraciones y las deslocalizaciones de la producción.

El Comité opina igualmente que el Observatorio Europeo del Cambio, con sede en Dublín, deberá desempeñar un papel fundamental.

La intensificación del diálogo social sectorial merece atención aparte. El Comité está de acuerdo con la Comisión en que los interlocutores sociales, habida cuenta de su conocimiento de los sectores, pueden desempeñar un papel particular de alerta. No obstante, este instrumento no debería limitarse a examinar las situaciones de crisis.

El Comité espera con interés la anunciada Comunicación sobre la responsabilidad social de las empresas.

El Comité se felicita en principio de la creación de un Foro «Reestructuraciones», cuyo objetivo será elaborar una presentación de las mejores prácticas y analizar los obstáculos locales (reglamentación) que se oponen a su armonización.

Además de las acciones de modernización y simplificación de la normativa ya previstas en el programa de acción de Lisboa, y que el Comité acoge muy favorablemente, la Comisión anuncia igualmente un Libro Verde sobre la evolución del Derecho del trabajo. Precisamente en el contexto de las reestructuraciones, el objetivo de la evolución del Derecho del trabajo debe ser una relación equilibrada entre flexibilidad y seguridad.

En lo relativo a la promoción de la movilidad de los trabajadores en el seno de la Unión, la única propuesta de Directiva mencionada, esto es, la relativa a la mejora de la transferibilidad de los derechos a pensión complementaria, parece un poco insuficiente. Convendrá examinar la posibilidad de ofrecer un paquete de incentivos, por ejemplo en materia de cualificaciones, mercado laboral o legislación social o fiscal, incluida la eliminación de los obstáculos administrativos a la libre circulación de los trabajadores, para facilitar la movilidad.

El Comité celebraría que los interlocutores sociales continuasen y concretasen sus trabajos en materia de reestructuraciones.

Los comités de empresa europeos desempeñan una importante función en las reestructuraciones industriales. Por lo tanto, la fase de consulta sobre la revisión de la Directiva relativa a los comités de empresa europeos habrá de considerarse atendiendo a las reestructuraciones, pero deberá realizarse en un contexto más amplio.

El Comité comparte la opinión de la Comisión de que las reestructuraciones no deben ser un sinónimo de retrocesos sociales y pérdidas económicas.

Es imposible evitar todas las consecuencias negativas para los trabajadores. Por lo tanto, además del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Comisión, el objetivo de las medidas que habrá de adoptar la Unión Europea se centrará también en garantizar una protección adecuada de los trabajadores en la fase transitoria.

1.   Introducción

1.1

En la agenda social adoptada por la Comisión el 9 de febrero de 2005 se prevé –al igual que en la Comunicación sobre la revisión de la estrategia de desarrollo sostenible (1)– que la Comisión desarrollará una estrategia en materia de gestión de las reestructuraciones con miras a una mejor interacción de las políticas europeas pertinentes, una mayor participación de los interlocutores sociales, una sinergia más importante entre políticas e instrumentos financieros y la adaptación de los marcos jurídicos convencionales.

1.2

En la Comunicación «Reestructuraciones y empleo» (2), presentada por la Comisión el 31 de marzo de 2005, se presentan las medidas que la Unión Europea tendrá que adoptar o reforzar para movilizar el potencial de que dispone. Para ello se adopta una perspectiva tanto horizontal como sectorial y se propone una serie de medidas en distintos ámbitos de la política comunitaria.

1.3

Por tratarse de una Comunicación de la Comisión destinada a todos los públicos, el texto recoge consideraciones generales, en particular sobre la existencia del fenómeno de la «reestructuración» en las fases que pueden atravesar todas las empresas cuando se ven abocadas a la necesidad de adaptarse.

2.   Síntesis del documento de la Comisión

2.1

La Comisión tiene la convicción de que las reestructuraciones no tienen por qué ser sinónimo de retroceso social y pérdida de sustancia económica. Pueden, por el contrario, ser garantes de progreso económico y social, pero con la condición de que se anticipen debidamente, que las empresas puedan administrarlas con eficacia y rapidez y que la acción pública contribuya a acompañarlas en buenas condiciones.

2.2

Las reestructuraciones de empresas suponen a menudo costes que pueden ser muy elevados, no sólo para los trabajadores afectados, sino también para la economía local o regional. Mantener la cohesión social característica del modelo social europeo exige aplicar políticas de acompañamiento para minimizar los costes sociales y promover la búsqueda de fuentes alternativas de empleos y de ingresos.

2.3

Por ello, las respuestas que deben darse a escala comunitaria deben articularse en torno a cuatro exigencias:

una exigencia de coherencia entre las políticas afectadas, para que el crecimiento y las reestructuraciones que supone no impliquen una destrucción de capital humano;

una exigencia a largo plazo, en la cual deben inscribirse las distintas políticas comunitarias; para actuar, los agentes económicos y sociales necesitan previsión;

una exigencia de participación de todas las partes interesadas, en primer lugar los interlocutores sociales;

la toma en consideración de la dimensión territorial, ya que es en el nivel local donde la anticipación del cambio es más eficaz. Desde ese punto de vista, la política regional y de cohesión de la Unión Europea debe desempeñar el papel de catalizador.

2.4

La Comunicación enuncia las acciones que deben desarrollarse o reforzarse en torno a los distintos medios que la Unión puede movilizar a este respecto, desde un punto de vista tanto horizontal como sectorial. Al aplicar estas acciones, es necesario limitar al máximo las cargas impuestas a las empresas, garantizando al mismo tiempo una mejora de la anticipación y gestión de las reestructuraciones.

2.5

En concreto, el Anexo 1 de la Comunicación propone una serie de doce medidas entre las cuales cabe destacar:

revisión de la Estrategia europea para el empleo;

reforma de los instrumentos financieros y creación de un fondo de ajuste al crecimiento;

creación de un foro «Reestructuraciones»;

seguimiento reforzado de los sectores que pueden experimentar a corto plazo reestructuraciones.

3.   Observaciones generales

3.1

El Comité acoge con satisfacción el planteamiento global intersectorial escogido por la Comisión. En la Comunicación la Comisión reexamina una cuestión igualmente importante para las empresas y para los trabajadores. El Comité ya se ha pronunciado en diversos dictámenes sobre este asunto. Las transformaciones industriales y la capacidad de preparación de las empresas para hacer frente a dichas evoluciones constituyen un factor fundamental de la competitividad. No obstante, el éxito depende de que se logre gestionar socialmente las repercusiones de las transformaciones.

3.2

Cuando la Comisión habla en su Comunicación sobre las reestructuraciones, se plantea naturalmente la cuestión de definir ese concepto. En diversos dictámenes, el CESE ha diferenciado entre «transformaciones industriales», como un proceso continuo de evolución de una empresa o de un sector, y «reestructuraciones», como una forma particular de transformación industrial, que constituye normalmente un proceso específico de adaptación (a menudo impuesto) a las condiciones del entorno empresarial, con el fin de recuperar la competitividad.

3.2.1

Aunque la Comisión no diferencie estos dos conceptos, para facilitar su comprensión el Comité recomienda que se adopte un punto de vista más matizado. La anticipación y la configuración proactiva de las transformaciones son sin duda elementos clave para llevar a cabo con éxito las transformaciones. No obstante, las reestructuraciones industriales constituyen un desafío cada vez mayor y diferenciado en un entorno globalizado. Ambos tipos de evolución precisan métodos y medidas diferentes.

3.2.2

El fomento de las transformaciones no puede constituir en sí mismo un objetivo. Una política industrial claramente definida a largo plazo y orientada hacia el futuro puede influir positivamente en esas transformaciones y mitigar sus consecuencias de manera tal que se transformen en nuevas oportunidades. El Comité examinará la nueva Comunicación de la Comisión sobre una nueva política industrial (COM(2005)...) de conformidad con este criterio.

3.3

El Comité está básicamente de acuerdo con el análisis del fenómeno descrito por la Comisión, la cual enumera cuatro motivos principales de las reestructuraciones:

la evolución del mercado único europeo y la apertura internacional de las economías;

la innovación tecnológica;

la evolución del marco reglamentario, y

los cambios fundamentales de la demanda de los consumidores.

3.3.1

De esta manera la Comisión se restringe en sus análisis a los factores generales que todo el mundo conoce ampliamente. Sin embargo, es igualmente importante saber si las reestructuraciones se planifican a largo plazo para anticipar ciertas evoluciones o si están ocasionadas por presiones exteriores o son consecuencia de una ausencia de anticipación por fallos en la gestión. Un ejemplo en tal sentido podría ser la evolución de la relación existente entre el potencial del mercado y las capacidades de producción. Si esto no se tiene en cuenta, se producen sobrecapacidades, que a su vez, antes o después, darán lugar a reestructuraciones. El Comité acogería con satisfacción un análisis más profundo, ya que el enfoque será diferente en función de la situación.

3.3.2

Las reestructuraciones siempre van asociadas al temor, sobre todo por parte de los trabajadores, de repercusiones negativas. Sin embargo, las reestructuraciones bien gestionadas también pueden traducirse en nuevos desafíos y oportunidades. Existen muchos ejemplos de reestructuraciones llevadas a cabo con éxito y de reestructuraciones llevadas a cabo con menos éxito. En principio, todo depende de la manera en que la empresa aborde la situación, de cómo gestione las distintas fases y de que las distintas partes interesadas colaboren y desarrollen un espíritu común que permita aprovechar las oportunidades.

3.4

La Comunicación propone pocas medidas concretas, y algunas de ellas sólo se mencionan. El Comité es consciente de que la Comisión no puede ir mucho más lejos habida cuenta de la situación actual. No obstante, considera que la Comunicación constituye una buena base para desarrollar la política comunitaria en este asunto, política que requiere una coordinación de las direcciones generales afectadas y de los Estados miembros.

4.   Observaciones particulares

4.1

El Comité está de acuerdo en que las respuestas al fenómeno de las reestructuraciones se inscriben en el marco más general de la estrategia de crecimiento y empleo. La gestión de las transformaciones puede contribuir de manera significativa al logro de los objetivos de la Estrategia de Lisboa.

4.1.1

En este contexto, la UE debe preguntarse por la contribución que, además de las medidas adoptadas al nivel local, regional y nacional, puede aportar. La UE puede desempeñar un papel fundamental impulsando el proceso de debate en los Estados miembros y contribuyendo a sensibilizar a los ciudadanos al respecto. Asimismo, puede recurrir a todos los instrumentos en su poder para anticipar el cambio y acompañar las transformaciones.

4.2   La movilización de las políticas comunitarias horizontales

4.2.1

El Comité acoge con satisfacción el objetivo de una mayor coordinación dentro de la Comisión, mediante la creación de un grupo de trabajo interno y desarrollo de un diálogo regular con el Parlamento Europeo y el Consejo. La participación de todas las direcciones generales afectadas podría contribuir a desarrollar sinergias entre los distintos ámbitos de acción cuyo objetivo común es anticipar y gestionar las transformaciones. El Comité opina que, no obstante, es preciso garantizar que el grupo de trabajo interno se concentre en su función de coordinación y que la Comisión mantenga un reparto claro de competencias en materia de legislación y aplicación de la normativa comunitaria.

4.2.2

El Comité se declara básicamente de acuerdo con las prioridades establecidas por la Comisión en la revisión de la Estrategia europea para el empleo. A este respecto se deberá prestar particular atención a la formación, el aprendizaje permanente y la calidad de la organización del trabajo, incluida una buena gestión de los recursos humanos. La estrategia para el empleo no puede separarse de la toma en consideración del contexto macroeconómico y de la política industrial. La coordinación de las políticas económicas con la política industrial y la estrategia del empleo deberían facilitar una mejor gestión de las transformaciones.

La creación de un marco macroeconómico estable, previsible y coherente en Europa es la condición básica para la gestión óptima de las medidas de reestructuración.

Las condiciones locales en las que se presenten las reestructuraciones son decisivas y precisan ser integradas en una política global.

4.2.3

En lo relativo a la revisión de los instrumentos financieros, el Comité acepta que estén orientados en mayor medida hacia la anticipación y gestión de las reestructuraciones, pero señala que es preciso preservar los objetivos generales de los fondos existentes.

4.2.4

Por el momento, los instrumentos financieros propuestos por la Comisión con el nombre de «capacidad de intervención comunitaria en caso de crisis» han sido acogidos con escepticismo por el Consejo. A juicio del Comité, no convendría, sin embargo, renunciar a un debate de fondo sobre las posibilidades de intervención financiera, con vistas a facilitar las transiciones cuando se produzcan acontecimientos imprevistos que tengan serias repercusiones a escala regional, sectorial y social. Por lo tanto, el Comité respalda las medidas de la Comisión encaminadas a crear tales instrumentos.

4.2.5

El Comité ya examinó el tema de la política industrial en un dictamen de diciembre de 2004 (3). El Comité estima que ahora hay que profundizar sobre todo en un enfoque sectorial que permita encontrar planteamientos adaptados a los distintos sectores. Para ello, no se deberían examinar exclusivamente aquellos ámbitos económicos que se encuentran en crisis, sino que convendría analizar todos los sectores posibles que sean relevantes para Europa, con el fin de afrontar precozmente las transformaciones y gestionarlas de manera proactiva. El diálogo social desempeñará un papel fundamental en este proceso.

Un punto fundamental, que habrá que examinar y precisar igualmente, es la mejora de la normativa vigente para las empresas. Dicha mejora debería conducir a una reducción de las cargas para las empresas, sin que ello suponga una rebaja de las normas sociales y medioambientales.

4.2.6

El Comité considera que las iniciativas tecnológicas, en particular las plataformas tecnológicas, son uno de los métodos principales para mejorar la situación. Las innovaciones tecnológicas permiten superar situaciones aparentemente congeladas, en particular en materia de energía, emisiones de residuos y reciclaje de productos. A su vez, estas innovaciones fomentarían avances tecnológicos que aumentarían la competitividad de los sectores industriales afectados.

4.2.6.1

En tal contexto será preciso crear un entorno favorable a la innovación. Los incentivos fiscales y la protección de la propiedad intelectual son condiciones básicas para ello. No obstante, en la gestión de las reestructuraciones convendría tener en cuenta la necesidad de una innovación organizativa y social.

4.2.7

En el caso de la política sobre competencia se plantea la cuestión de si los instrumentos existentes serán suficientes. Existen cada vez más factores de competitividad que la política de competencia no examina y que son fundamentales; como, por ejemplo, la imposición de las empresas.

En lo relativo a las ayudas estatales, todavía queda mucho camino por recorrer antes de que se anuncie una reforma encaminada a reorientar dichas ayudas a los ámbitos que más contribuyen al crecimiento y al empleo. En este contexto, el Comité destaca que será preciso prestar mayor atención a la relación existente entre las ayudas estatales, las reestructuraciones y las deslocalizaciones de la producción. Es preciso que las normativas en materia de ayudas estatales sigan siendo no discriminatorias y que se continúe fomentando la cohesión social. En este contexto, el Comité señala que hay que prestar particular atención a las prácticas en vigor fuera de la Unión Europea.

4.2.8

El Comité ya se ha pronunciado sobre la política exterior en diversos dictámenes.

4.2.9

El Comité comparte la opinión de que el Observatorio Europeo del Cambio, con sede en Dublín, debe desempeñar un papel fundamental en el desarrollo de las herramientas necesarias para el análisis y seguimiento de las reestructuraciones. La CCMI debería reforzar aún más su cooperación con el Observatorio.

4.3   El refuerzo de la asociación para el cambio

4.3.1

La intensificación del diálogo social sectorial merece atención aparte. El Comité está de acuerdo con la Comisión en que los interlocutores sociales, habida cuenta de su conocimiento de los sectores, pueden desempeñar un papel particular de alerta. No obstante, este instrumento no debería limitarse a examinar las situaciones de crisis, sino que debería analizar todas las situaciones que los interlocutores sociales consideren necesarias, y no sólo cuando observen «una evolución preocupante». Esto estaría más en la línea de los objetivos encaminados a anticipar y acompañar los procesos de reestructuración.

4.3.2

El Comité espera con interés la anunciada Comunicación sobre la responsabilidad social de las empresas, que tendrá por objeto en particular las iniciativas positivas que toman las empresas en relación con las partes afectadas en caso de reestructuración. Efectivamente, el objetivo es, además de seguir perfeccionando los fundamentos jurídicos, difundir y fomentar las buenas prácticas en materia de gestión de las transformaciones. Ante todo, el Comité señala que en los procesos de reestructuración será preciso tener en cuenta igualmente a las distintas empresas afectadas de manera indirecta (por ejemplo, los proveedores, los prestadores de servicios, etc.).

Por lo demás, el Comité ya se pronunció sobre la responsabilidad social de las empresas en un dictamen anterior.

4.3.3

El Comité se felicita en principio de la creación de un Foro «Reestructuraciones». El objetivo del foro debe ser elaborar una presentación de las mejores prácticas y analizar los obstáculos locales (reglamentación) que se oponen a su armonización. Todavía es muy pronto para evaluar los resultados. No obstante, el Comité está dispuesto a aportar sus conocimientos al foro y colaborar para que se traduzca en un valor añadido para la política europea. La condición fundamental para lograrlo será utilizar un método de trabajo que funcione sin crear nuevas burocracias y se concentre en aquellas cuestiones a las que hasta ahora no se ha dedicado suficiente atención. Las organizaciones afectadas de la sociedad civil deben tener la posibilidad de participar en los trabajos.

4.4   La adaptación del marco reglamentario y convencional

4.4.1

Además de las acciones de modernización y simplificación de la normativa ya previstas en el programa de acción de Lisboa, y que el Comité acoge muy favorablemente, la Comisión anuncia igualmente un Libro Verde sobre la evolución del Derecho del trabajo. Precisamente en el contexto de las reestructuraciones, el objetivo de la evolución del Derecho del trabajo debe ser una relación equilibrada entre flexibilidad y seguridad.

4.4.2

En lo relativo a la promoción de la movilidad de los trabajadores en el seno de la Unión, la única propuesta de Directiva mencionada, esto es, la relativa a la mejora de la transferibilidad de los derechos a pensión complementaria, parece un poco insuficiente. La movilidad de los trabajadores en el contexto de las reestructuraciones es una cuestión fundamental muy compleja. La movilidad transfronteriza solo constituye un pequeño aspecto de todo el problema. Los trabajadores tienen que ser capaces de adaptarse a las nuevas condiciones resultantes de las reestructuraciones. A lo sumo, esto implicará una nueva orientación profesional o la búsqueda de un nuevo empleo. Por lo tanto, es conveniente examinar las medidas a escala comunitaria y a escala nacional o regional que será preciso adoptar para facilitar a los trabajadores esta fase transitoria. Será necesario examinar la posibilidad de ofrecer un paquete de incentivos, por ejemplo en el ámbito de las cualificaciones, del mercado laboral y de las normas sociales y fiscales, incluida la eliminación de los obstáculos administrativos a la libre circulación de los trabajadores, para facilitar la movilidad.

4.5   La segunda fase de consulta de los interlocutores sociales europeos sobre las reestructuraciones de empresas y los comités de empresa europeos

4.5.1

Por primera vez, la Comisión inicia, en una Comunicación dirigida al público en general, una fase de consultas con los interlocutores sociales sobre dos temas diferentes. Este método no deja de plantear problemas y será preciso comprobar que se escoge el procedimiento adecuado para consultar a los interlocutores sociales.

4.5.2

Independientemente de estas cuestiones formales, el Comité celebraría que los interlocutores sociales continuasen y concretasen sus trabajos en materia de reestructuraciones.

4.5.3

Los comités de empresa europeos desempeñan una importante función en las reestructuraciones industriales. Por lo tanto, la fase de consulta sobre la revisión de la Directiva relativa a los comités de empresa europeos habrá de ser considerada atendiendo a las reestructuraciones, pero deberá realizarse en un contexto más amplio. El derecho de información y consulta de los trabajadores establecido en la Directiva sobre los comités de empresa europeos no se restringe exclusivamente a las reestructuraciones.

4.6   Conclusiones de la Comisión

4.6.1

El Comité comparte la opinión de la Comisión de que las reestructuraciones no deben ser un sinónimo de retrocesos sociales y pérdidas económicas.. Las reestructuraciones pueden contribuir de manera esencial a la evolución económica y social. No obstante, tal y como la Comisión señala con acierto, las condiciones en las que se llevan a cabo las reestructuraciones desempeñan un papel fundamental.

4.6.2

Es imposible, no obstante, evitar todas las consecuencias negativas para los trabajadores. Por lo tanto, además del cumplimiento de los requisitos establecidos por la Comisión, el objetivo de las medidas que habrá de adoptar la Unión Europea se centrará también en garantizar una protección adecuada de los trabajadores en la fase transitoria.

Bruselas, 14 de diciembre de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo - Revisión en 2005 de la Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible: Primer balance y orientaciones futuras, (COM(2005) 37 final) de 9.2.2005.

(2)  COM(2005) 120 final.

(3)  DO C 157 de 28.6.2005 — Comunicación de la Comisión - Acompañar los cambios estructurales: Una política industrial para la Europa ampliada (COM(2004) 274 final).


17.3.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 65/63


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece el programa específico de “Prevención, preparación y gestión de las consecuencias del terrorismo”, para el periodo 2007-2013 — “Programa general de seguridad y defensa de las libertades”»

COM(2005) 124 final — 2005/0034 (CNS)

(2006/C 65/13)

El 25 de julio de 2005, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 14 de noviembre de 2005 (ponente: Sr. CABRA DE LUNA).

En su 422o Pleno de los días 14 y 15 de diciembre de 2005 (sesión del 14 de diciembre de 2005), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 126 votos a favor y 10 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Introducción

1.1

La Comisión comunica al Consejo y al Parlamento Europeo su propuesta de Decisión del Consejo para un Programa marco de seguridad y defensa de las libertades, consistente en dos instrumentos: un programa marco de Prevención, preparación y gestión de las consecuencias del terrorismo, y otro sobre Prevención y lucha contra la delincuencia, ambos para el periodo 2007-2013. Ambos programas marco responden a la intención de la Comisión de apoyar el desarrollo del espacio de libertad, seguridad y justicia bajo las perspectivas financieras de 2007-2013, ampliando la definición a «Ciudadanía, libertad, seguridad y justicia» y ampliando por consiguiente el concepto tradicional de Justicia y Asuntos de Interior (JAI) a un contexto más amplio que incorpora a la ciudadanía, en consonancia con los nuevos planteamientos de las Naciones Unidas sobre Seguridad humana y Un concepto más amplio de seguridad. (1) Este detalle innovador es de sumo interés y representa un avance importante hacia el establecimiento de un concepto de seguridad compartido por todos los agentes de la sociedad. El valor añadido de este programa marco reside en su dimensión europea, lo cual le permite generar sinergias entre el ámbito de acción europeo y el nacional.

1.2

La Comisión afirma que en el espacio europeo los elementos de ciudadanía, libertad, seguridad y justicia han de desarrollarse en paralelo y con igual intensidad, con un equilibrio entre los principios de democracia, respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho. La Unión está aumentando progresivamente sus acciones en esta área; empezando con el Plan de acción de Viena (2) y siguiendo las líneas de acción del Consejo Europeo de Tampere de 1999, la Unión ha ido articulando respuestas de entidad legislativa y programas de apoyo financiero. Además, las citadas líneas de acción se han ido aclarando en el Tratado de la Unión y mediante el Programa de la Haya, establecido por el Consejo Europeo de noviembre de 2004. La política europea de seguridad y defensa y el Plan de acción de la UE contra el terrorismo también iluminan el camino de la lucha antiterrorista en el ámbito de la Unión.

1.3

Desde la óptica de la salvaguardia y garantía de las libertades en relación con las políticas que han sido propuestas y adoptadas en la UE, es necesaria una mayor participación del Parlamento Europeo y el Tribunal de Luxemburgo en todos estos temas.

1.4

Sin embargo, hasta ahora el enfoque de la Unión en el desarrollo del espacio de libertad, seguridad y justicia se ha centrado en la acción legislativa con un nivel de financiación relativamente pequeño, por lo que es ahora cuando los esfuerzos de la Unión han de centrarse en los aspectos operacionales, especialmente en relación con la lucha contra el terrorismo como una expresión de criminalidad especialmente insidiosa y que plantea imperativos de urgencia (3).

1.5

El terrorismo, como expresión de criminalidad, constituye una de las mayores amenazas que afronta la ciudadanía actualmente. La premisa del programa marco es que los actos criminales amenazan a las libertades y derechos de los individuos, a las sociedades democráticas y al Estado de Derecho, por lo que la libertad sólo es posible dentro de un marco de seguridad y garantías legales. Los organismos públicos y la sociedad civil han de dotarse de la capacidad para seguir el ritmo creciente de sofisticación de los métodos de los terroristas y los criminales que operan de forma organizada y transnacional, por lo cual será posible cofinanciar proyectos bilaterales y nacionales con el fin de estimular la innovación y trasladar así las experiencias resultantes al nivel transnacional o de la UE.

1.6

El crimen organizado representa una amenaza significativa para la UE. Según Europol, aproximadamente la mitad de los grupos del crimen organizado de la Unión están formados por ciudadanos de los Estados miembros, y muchos de ellos tienen vínculos con países fuera de la Unión relacionados con una variedad de delitos, como por ejemplo el narcotráfico, la inmigración ilegal y el tráfico de seres humanos, los delitos financieros, el contrabando y diferentes tipos de delitos contra la propiedad.

1.7

La lucha contra el terrorismo y el crimen organizado no debe cuestionar, sino al contrario preservar, las libertades individuales y el Estado de Derecho. La constitución democrática, la evolución del concepto de libertades individuales y la presunción de inocencia no pueden perder vigencia, ni ser puestas en duda por las políticas de lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.

1.8

El hecho de que la cooperación transfronteriza entre estos grupos vaya en aumento es motivo de preocupación, no sólo porque les proporciona más oportunidades criminales, sino porque también dificulta la acción de los cuerpos policiales y judiciales. No se puede luchar contra el crimen transfronterizo si los cuerpos policiales no pueden llegar más allá de las fronteras de sus respectivos Estados. El crimen organizado explota esta debilidad residiendo en Estados miembros diferentes a los Estados donde operan. La libertad de movimiento de bienes, personas, capital y servicios tuvo muchos aspectos positivos, pero el crimen organizado supo capitalizar las libertades que ofrecía y la flexibilidad de un espacio jurídico inadecuado para frenar sus acciones.

1.9

Actualmente, según Europol, hay unos 3 000 grupos del crimen organizado operando activamente en el territorio de la Unión, en cuyo seno se han identificado a unas 30 000 personas. Estas cifras, basadas en los datos facilitados por los Estados miembros, tan sólo son meramente ilustrativas, pero la realidad ofrece cifras mucho mayores. El tamaño, estructura, organización y otras características difieren tanto dentro de los Estados miembros como entre ellos. Las organizaciones del crimen organizado en la UE realizan todo tipo de actividades criminales, especialmente tráfico de drogas, inmigración ilegal, tráfico de personas, contrabando, robo de obras de arte en museos e iglesias, fraude y crímenes financieros.

1.10

El CESE se pronunció con anterioridad en relación con esta materia a través del Dictamen (4) sobre el «Documento de trabajo de la Comisión – Relación entre salvaguardia de la seguridad interior y cumplimiento de las obligaciones e instrumentos internacionales en materia de protección»  (5). Entre las conclusiones del citado Dictamen cabe destacar las siguientes:

a.

El Comité, que apoya plenamente la acción coordinada contra el terrorismo a escala comunitaria, y apoya el método abierto de coordinación recomendado por la Comisión, invita, no obstante, a la máxima prudencia y a una honda reflexión en lo que se refiere a los métodos de lucha preventiva y de represión, al margen de la profunda y legítima emoción que supusieron los odiosos atentados del 11 de septiembre de 2001 perpetrados en los Estados Unidos de América y los demás crímenes terroristas cometidos en distintos países europeos y terceros países.

b.

Al tiempo que reafirma el predominio del respeto de los derechos humanos y de los instrumentos internacionales de protección sobre cualquier otra consideración, el Comité es consciente de que conviene mejorar la política común de seguridad interior y lucha contra el terrorismo, sin por ello poner en entredicho estos principios y esta ética política y humanista, garantizando la protección real de las personas y los bienes, para lo cual es necesario buscar un equilibrio entre las diversas exigencias que plantea la defensa de los distintos derechos y libertades.

2.   Síntesis de la propuesta de la Comisión

Gestionar mejor los riesgos de seguridad que afectan a la ciudadanía de la Unión, garantizando sus derechos y libertades,

1)

promover y desarrollar la coordinación, cooperación y comprensión mutua entre cuerpos policiales, autoridades nacionales y otros cuerpos relevantes,

2)

estimular, promover y desarrollar métodos y herramientas horizontales para crear estrategias de lucha contra el terrorismo y el crimen, como asociaciones entre lo público y lo privado, códigos de conducta y buenas prácticas, estadísticas comparativas, técnicas criminológicas, y

3)

intercambiar información, conocimiento y estándares para la protección de infraestructuras críticas y la gestión de las consecuencias del terrorismo y el crimen, tanto en la protección civil como en la protección de víctimas del terrorismo y la protección de testigos.

2.1   Tipos de acción propuestos

Proyectos de entidad europea iniciados y gestionados por la Comisión, mecanismos de coordinación y redes, inter alia, actividades analíticas tales como estudios y actividades que sirvan para generar soluciones vinculadas a políticas concretas, formación, intercambio de personal;

Proyectos transnacionales iniciados y gestionados por, al menos, dos Estados miembros (o un Estado miembro y un país solicitante);

Proyectos nacionales con Estados miembros;

Subvenciones a organizaciones no gubernamentales que desarrollen misiones de entidad europea.

2.2   En especial se apoyarán:

Acciones sobre cooperación operativa y coordinación (reforzamiento de networking–vínculos y relaciones, confianza y entendimiento mutuo, intercambio y diseminación de información, experiencia y mejores prácticas);

Acciones analíticas de seguimiento y de evaluación;

Desarrollo y transferencia de tecnología y metodología;

Formación, intercambio de personal y expertos, y

Actividades de divulgación y conocimiento.

2.3   Respeto de los principios de subsidiariedad y proporcionalidad

En cuanto al principio de subsidiariedad, el programa marco no pretende intervenir en las áreas que están cubiertas por programas gestionados por las autoridades nacionales de cada Estado miembro, sino que se concentra en áreas donde se puede generar valor añadido en el nivel europeo. En este sentido complementa los programas nacionales y maximiza las sinergias de acciones bilaterales o multilaterales.

En cuanto al principio de proporcionalidad, se da a las acciones las definiciones más genéricas posibles y se simplifican al máximo los requisitos administrativos y financieros que se aplicarán a su implementación.

2.4   Simplificación y racionalización

Se pretende simplificar la articulación legal y la gestión de los instrumentos propuestos, racionalizando la financiación, flexibilizando la asignación de prioridades de acción y aumentando la transparencia. Los beneficiarios potenciales podrán realizar sus solicitudes mediante un sistema estándar.

2.5   Dotación presupuestaria

La propuesta de programa marco lleva una dotación total de € 735 millones, de los que € 137,4 serían para el instrumento de «Prevención, preparación y gestión de las consecuencias del terrorismo» y € 597,6 para el instrumento de «Prevención y lucha contra la delincuencia».

2.6   Tipos de intervención y métodos de implementación

Subvenciones tras una solicitud de propuestas,

Contratos públicos de provisión de servicios.

3.   Observaciones generales – Dimensiones del crimen y del terrorismo como amenazas al bienestar de los ciudadanos en la UE

3.1

Según Europol, las organizaciones del crimen organizado utilizan la inestabilidad política y económica en los países de fuera de la Unión para facilitar sus acciones ilegales, especialmente en países de origen y de tránsito. A través de la corrupción y de la promesa de un futuro mejor, la gente puede ir introduciéndose en el crimen, activamente o como sujetos pasivos. Este enriquecimiento criminal perpetuará algunas de las deficiencias estructurales que facilitaron las oportunidades iniciales para la acción criminal, por ejemplo, retrasando la implantación de reformas democráticas o económicas.

3.2

Por su parte, el terrorismo atenta directamente contra la dignidad humana y los principios más elementales del derecho internacional, es una amenaza para todos los Estados y todos los pueblos, puede materializarse en cualquier momento y en cualquier lugar, y ataca directamente los valores básicos de las sociedades que conforman la UE y otras organizaciones internacionales (6): el estado de derecho, la seguridad de los ciudadanos, el respeto y la tolerancia. Los crímenes terroristas son crímenes contra la humanidad, la democracia y los derechos humanos; crean odio y temor, y alimentan las divisiones entre grupos religiosos, ideológicos y étnicos.

3.3

Este fenómeno lleva décadas azotando a ciudadanos del todo el mundo, ya que ciudades de todos los continentes son puntos de la geografía mundial marcados por ataques de diversa magnitud que persiguen un mismo objetivo: asesinar o causar el mayor daño físico posible deliberadamente a seres humanos, destruir bienes e infraestructuras, arruinar negocios y economías para intimidar a la población o a un grupo de personas y violentar la voluntad de los gobiernos u organizaciones internacionales.

3.4

El derrumbe del World Trade Center de Nueva York en septiembre de 2001 culminó una nueva expresión de terrorismo planetario que comenzó con la tentativa de voladura que sufrieron los mismos edificios en 1993. El terrorismo al que nos enfrentamos actualmente es inédito en su alcance y capacidad para impulsar un conflicto grave (7), y en su determinación para emplear medios de asesinato indiscriminado y masivo contra la población civil. La aviación civil, las infraestructuras críticas y los sistemas de gestión electrónica que rigen la mayoría de los procesos que dotan de normalidad y modernidad a nuestra vida son blancos vulnerables a los actos de grupos terroristas, guiados por una determinación total de infligir el mayor daño posible a nuestras sociedades por el flanco más vulnerable: la ciudadanía.

3.5

Europa ha sufrido duros ataques terroristas, incluyendo la más reciente expresión de la campaña de terror global, en Londres el 21 de julio de 2005. La posibilidad de que se produzcan nuevos ataques es real y constante, por lo que debemos estar preparados. Primeramente, para evitarlos, y en segundo lugar para tratar las consecuencias de los ataques que no seamos capaces de evitar, en todas sus vertientes. Nos vamos acostumbrando a atentados con explosivos que causan decenas o centenares de muertos y caos urbano; sin embargo, grupos terroristas responsables de estos atentados tienen la determinación, la paciencia y los recursos necesarios para llevar a cabo acciones de gran magnitud, como derribar aviones comerciales o disipar agentes químicos, bacteriológicos o radiológicos en zonas densamente pobladas.

3.6

Lo anteriormente descrito no ha de entrar en conflicto con la integridad del Estado de Derecho y las garantías constitucionales inherentes a toda persona. Las autoridades, siempre sometidas a la tutela y sanción judicial, en modo alguno pueden extralimitarse en su acción de prevención y represión del terrorismo.

3.7

Las medidas de política social y económica pueden contribuir a paliar la exclusión y el impacto negativo de los cambios socioeconómicos rápidos que propician el rencor, elemento explotado con frecuencia por los terroristas. Por ello es conveniente:

La adopción de políticas comerciales, de subvenciones y de inversión a largo plazo que contribuyan a integrar a grupos marginales y a fomentar su participación.

Nuevos esfuerzos para reducir las desigualdades estructurales en las sociedades eliminando la discriminación de determinados grupos.

Impulsar programas centrados en promover la educación de los niños y de la mujer, el empleo y la representatividad de los excluidos.

Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio para el año 2015.

3.8

La prevención de los ataques terroristas ocupa un lugar preeminente en el área de las políticas de libertad, seguridad y justicia de la UE; de acuerdo con el Eurobarómetro, 8 de cada 10 ciudadanos europeos temen al terrorismo y un 83 % de la población de la Unión cree en el valor añadido de la acción de la UE contra el terrorismo y la demanda, por consiguiente. El documento central que recoge el ideario antiterrorista de la UE es el «Plan de acción de la UE para combatir el terrorismo» (8). Sus principales líneas de acción son:

1.

Profundizar en el consenso internacional y potenciar los esfuerzos internacionales para luchar contra el terrorismo;

2.

Emprender acciones en la política exterior de la UE hacia terceros países prioritarios donde sea necesario potenciar las capacidades antiterroristas o el compromiso para luchar contra el terrorismo;

3.

Tratar los factores que contribuyen a apoyar el fenómeno y a reclutar terroristas;

4.

Reducir el acceso de los terroristas a los recursos financieros y económicos;

5.

Maximizar la capacidad de los cuerpos de la UE y de los Estados miembros para detectar, investigar, perseguir y evitar los ataques terroristas;

6.

Proteger la seguridad del transporte internacional y garantizar la existencia de sistemas efectivos de control fronterizo;

7.

Potenciar la capacidad de la UE y de los Estados miembros para gestionar las consecuencias de un ataque terrorista.

3.9

Como fenómeno global, la respuesta al terrorismo ha de ser también global, no sólo en el sentido de que es esencial la cooperación internacional, entre Estados y organizaciones y cuerpos internacionales, sino en cuanto a que debe implicar a todos los sectores de las sociedades: sociedad civil organizada (incluyendo los agentes económicos y sociales, así como a las organizaciones de interés general o actividades diversas), a instituciones de gobierno de todo tipo, y a la ciudadanía en general. Un proceso de diálogo político y civil en esta materia debe establecerse en el marco general de seguridad y defensa de las libertades.

3.10

A tal efecto, la sociedad civil organizada tiene la capacidad y la responsabilidad especial de desempeñar un papel central en la respuesta integrada al desafío terrorista. El hecho de que la sociedad civil organizada tenga su fundamento en la ciudadanía activa le confiere un posicionamiento más flexible, creativo y diverso para desarrollar tareas de prevención más efectivas que las administraciones públicas. La sociedad civil organizada puede impulsar conocimiento y comprensión horizontalmente y de abajo hacia arriba, ya que es indispensable para construir sociedades inclusivas que permitan la participación de todos a través de la colaboración cívica, la actividad económica y la educación.

Asimismo, las propuestas de la sociedad civil organizada sobre el necesario equilibrio entre las medidas de seguridad y las correspondientes a la salvaguardia de las libertades deberían ser tenidas en cuenta por las autoridades públicas competentes.

3.11

Los actores no estatales en toda su diversidad de movimientos y agentes económicos y sociales, medios de comunicación, organizaciones de intereses diversos, comunidad académica, líderes religiosos, el mundo del arte y la cultura, la opinión pública global – todos pueden y han de jugar un papel más activo en esta materia.

3.12

Una sociedad civil dinámica puede desarrollar un papel estratégico en la protección de las comunidades locales, haciendo frente a las ideologías extremistas y tratando la cuestión de la violencia política. La sociedad civil es un espacio libre en el cual los ciudadanos pueden ocuparse de su propio destino, una forma de resistencia y lucha, una fuente de conocimiento, debate público y reflexión social, y un mecanismo de mediación, reconciliación y compromiso. La sociedad civil le da voz a los diferentes grupos y causas de vocación social, proporciona un canal de expresión a las minorías y a los que disienten, y promueve –por su propia diversidad– una cultura de tolerancia y pluralismo. La sociedad civil incluye a los radicales y a los moderados, a los que están fuera y los que están dentro, los que ofrecen resistencia y los que negocian.

3.13

La sociedad civil puede jugar un papel crítico en la reconstrucción de una nueva perspectiva de acción global y coordinada, hasta ahora dificultada por las actitudes unilateralistas y por los desacuerdos políticos internacionales en el pasado más reciente. A lo largo de las últimas décadas, diferentes representantes de la sociedad civil han articulado alianzas transnacionales dinámicas –involucrando a gente y grupos de todo el mundo– en el avance de causas globales, tales como cuestiones de igualdad de género, paz y derechos humanos, la lucha contra el SIDA, el medio ambiente, los movimientos para el comercio justo y la justicia global, etc.

3.14

Existe una convicción cada vez más compartida de que, en la lucha contra el terrorismo la acción de los Estados no es suficiente si no va de la mano con un compromiso activo de la sociedad civil y de sus actores. Como foro de la sociedad civil organizada, el Comité tiene ante sí la oportunidad y la responsabilidad de actuar en los ámbitos que le son propios en el marco de las acciones contra el terrorismo que se están impulsando en el seno de la UE y en otros foros relevantes. Asimismo, los esfuerzos en este sentido deberían permitir de forma natural que el Comité, en su rol preventivo de cooperación y de diálogo, contribuya a conformar las políticas antiterroristas que afectan su ámbito de acción. La propuesta de Decisión del Consejo por la que se establece el Programa específico de prevención, preparación y gestión de las consecuencias del terrorismo y de prevención de la delincuencia ofrece un marco amplio y flexible para acomodar todo tipo de iniciativas.

3.15

En esencia, procede hacer las siguientes consideraciones generales:

3.15.1

El CESE condena firmemente cualquier tipo de terrorismo y toma posición en esta materia.

3.15.2

El CESE apoya firmemente la lucha contra el crimen y el terrorismo, y destaca el valor positivo del nombramiento del Coordinador de la UE de la lucha contra el terrorismo, el Sr. Gijs de Vries.

3.15.3

Debe proseguir el avance en el proceso de consolidación de la lucha antiterrorista y contra el crimen en el seno de la UE.

3.15.4

Asimismo, debe alcanzarse un nivel de cooperación y coordinación verdaderamente eficaz entre Estados miembros en material policial y de inteligencia (destacando el principio de disponibilidad de la información pertinente), y judicial, así como un nivel de cooperación eficaz y permanente con terceros países.

3.15.5

También son muy importantes las asociaciones estratégicas entre el sector público y privado en el marco de la propuesta de la Comisión.

3.16

El papel de la sociedad civil organizada se puede estructurar en dos niveles: en la prevención de los ataques y en la gestión de las consecuencias de los mismos, ya sean de entidad física, psicológica o económica. Conforme a los tipos de acciones definidos en la propuesta, y en aprovechamiento de lo genérico de las definiciones, el Comité puede impulsar varios tipos de iniciativas en el ámbito de sus competencias, que, también de forma genérica y somera, podrían empezar a configurarse alrededor de las mismas áreas que han centrado el debate de la Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad clausurada en Madrid el 11 de marzo de 2005. En este encuentro se estableció un plan de acción conocido como la Agenda de Madrid, que prefigura un marco de aplicación de recomendaciones heterogéneas (9).

4.   Observaciones particulares

4.1

Propuesta de Decisión del Consejo 2005/0034 (CNS) sobre un Programa específico de prevención, preparación y gestión de las consecuencias del terrorismo para el periodo 2007-2013.

4.1.1

El CESE comparte los criterios de la Comisión en los objetivos generales del Programa recogidos en los Artículos 3 y 4 de la propuesta.

4.1.2

En el marco de las acciones subvencionables detalladas en el Artículo 5 de la propuesta, el CESE considera que debe prestarse especial atención a:

4.1.2.1

«Actividades de análisis, seguimiento, evaluación, auditoria y control» [Artículo 5.2 (b)], sin perjuicio de que la investigación básica en este campo se canalizará a través del 7o programa marco de investigación, el cual destina, según la actual propuesta de la Comisión, € 1 000 millones para este propósito, este programa debe fomentar la investigación aplicada relacionadas con el debate y la difusión del conocimiento que se desarrolla en think tanks, instituciones académicas y diversos foros y organizaciones que sirven como centros de pensamiento y de propuestas de políticas que refuercen los vínculos formales e informales entre investigadores, analistas e intelectuales, por un lado, y decisores, por otro.

4.1.2.2

«Actividades de formación e intercambio de personal y expertos» [4.2(d)], relacionadas con lo anterior pero, sobre todo, con aquellas que permitan el inicio, desarrollo y mantenimiento sostenido de programas de calidad de formación y especialización de lingüistas, traductores e intérpretes en lenguas en las cuales actualmente hay pocos expertos y que sirven como vehículo de transmisión de mensajes relacionados con la comisión de crímenes, actos terroristas y la propaganda que los justifica y atrae a nuevos adeptos.

4.1.2.3

«Actividades de sensibilización y difusión» [5.2(e)], incluyendo lo mencionado en el punto 4.2.2.1, pero concediendo un especial relieve al papel de los medios de comunicación, los cuales pueden ser un instrumento de deslegitimación de la violencia, pero que en ocasiones permiten la difusión sin impedimento alguno de la propaganda de reconocidos grupos terroristas y criminales, mezclando el inalienable derecho a la transmisión de la noticia con una irrestricta facilitación de contenido, con el efecto perverso de servir de altavoz a la intención terrorista de los grupos criminales: divulgar imágenes de atentados, secuestros y asesinatos en vivo de personas cautivas y aterrorizadas.

4.1.3

En el Artículo 6 sería deseable que se precisara con mayor claridad y detalle quién puede acceder a la convocatoria, como ocurre en el artículo 5 del siguiente Programa que se informa. Dado que su acción se efectúa en ámbitos especialmente delicados, la Comisión publicará la lista de los beneficiarios de las subvenciones con carácter anual.

4.1.4

El Artículo 14.3 establece que la Comisión presentará al Parlamento y al Consejo informes de evaluación intermedia y una comunicación sobre la implementación del Programa. El CESE también deberá ser tenido en cuenta como parte relevante a lo largo del proceso de evaluación.

4.2

Propuesta de Decisión del Consejo 2005/0035 (CNS) sobre un programa específico de prevención y lucha contra la delincuencia para el período 2007-2013.

4.2.1

El CESE comparte los objetivos generales y específicos del programa [Artículos 2 y 3].

4.2.2

Sin perjuicio de que la asistencia social y jurídica a las víctimas está contemplada en el programa de derechos fundamentales. El CESE otorga un especial interés a los aspectos de protección de víctimas y testigos y la promoción y el desarrollo de mejores prácticas en materia de protección de los mismos desde la perspectiva de los servicios policiales [Artículos (3.1(c) y 3.2(c)], así como a los aspectos relacionados con la criminología aplicada a la prevención de la delincuencia y el desarrollo de métodos y herramientas horizontales para estrategias de prevención y lucha contra la delincuencia [Artículos 3.1(b) y 3.2(b)]. A estos efectos el CESE respalda los trabajos de la Comisión sobre los proyectos piloto de lucha contra el terrorismo, el tráfico de personas y de apoyo financiero a las víctimas del terrorismo. Sobre la base de la evaluación de estos proyectos piloto, una vez que sean puestos en marcha, el CESE estima que sería deseable que los mismos condujeran a un fondo de compensación permanente para víctimas del terrorismo.

4.2.2.1

Sobre la protección a las víctimas del terrorismo y sus familiares y dependientes, en todas sus vertientes: La «dimensión humana» en la lucha contra el terrorismo, centrada en la promoción y protección del papel de las víctimas y de la sociedad civil, debe ser incorporada como una parte integral de toda Estrategia de lucha contra el terrorismo. Las víctimas sufren en su propia carne una violencia que va dirigida contra la sociedad en su conjunto, y contra los valores que ésta representa y que, por tanto, exige un reconocimiento y una respuesta por parte de ésta, como deber moral y político, con la obligación de todo Estado de proteger los derechos y libertades de sus ciudadanos y garantizar su libre disfrute, empezando por el derecho a la vida y a vivir libre de todo miedo, frente a toda amenaza. Las víctimas representan la verdadera cara y realidad del terrorismo, y son la primera voz y la primera línea de la sociedad frente al terrorismo. Las víctimas son el testimonio más sólido para concienciar y generar el necesario compromiso de la sociedad frente al terrorismo y para articular una respuesta cívica. Son la más sólida vía de deslegitimación y aislamiento político y moral del terrorismo. Y por ello es necesario:

el reconocimiento y solidaridad por parte de la comunidad internacional, enviando un claro mensaje de la centralidad del respeto de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo;

medidas y mecanismos internacionales de protección y asistencia para las víctimas del terrorismo;

el debate sobre las víctimas tiene un amplio calado en el debate sobre los derechos humanos y exige ampliar el debate sobre el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos en la lucha contra el terrorismo, que concilie y aúne como dos dimensiones complementarias la obligación de los Estados de respetar los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo, y la obligación de los Estados de adoptar todas las medidas necesarias para proteger los derechos humanos de los individuos frente al terrorismo. Desafortunadamente, en el documento de la Comisión aquí examinado no está presente este debate;

fomentar medidas para promocionar el compromiso de la sociedad civil en la lucha contra el terrorismo, a través de los cuales se exprese la voz y la participación activa de los actores civiles y, en particular, las víctimas, en la escena internacional.

4.2.2.2

Sobre la prevención de la delincuencia: El narcotráfico es el mayor problema de crimen transnacional de la UE. Grupos criminales bien establecidos en todos los Estados miembros garantizan la distribución a gran escala por toda la Unión. Además, la tendencia al tráfico en más de una sustancia continúa en aumento.

El tráfico de seres humanos es un problema creciente en la Unión. Los beneficios económicos de esta actividad son exorbitantes. La UE ha de potenciar su capacidad operativa para iniciar y apoyar investigaciones sobre el tráfico de seres humanos y todas sus vertientes asociadas, como la explotación sexual de niños y la prostitución en un sentido más amplio. A tal efecto, el CESE considera muy necesarias iniciativas como la «Propuesta de Directiva del Consejo relativa a la expedición de un permiso de residencia de corta duración a las víctimas de la ayuda a la inmigración ilegal o de la trata de seres humanos que cooperen con las autoridades competentes» (10), la cual consiste en reforzar los instrumentos de lucha contra la inmigración ilegal, creando un permiso de residencia destinado a las víctimas de la ayuda a la inmigración ilegal y la trata de seres humanos (11).

La corrupción, el blanqueo de capitales, los delitos financieros y la falsificación de dinero también son motivos de preocupación para la Unión. El blanqueo de capitales es una actividad central de los grupos de crimen organizado que operan en la Unión, ya que sirve como fuente de financiación. La convergencia de todo lo antedicho (diferentes expresiones de criminalidad y financiación del terrorismo) no hace más que reforzar de manera sinérgica la explotación y el abuso de personas (12). Es especialmente necesario:

fomentar la cooperación y las alianzas estratégicas entre el sector público y el privado, en especial en lo concerniente al desarrollo de mejores prácticas, así como en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y en el cumplimiento de estándares de transparencia e integridad profesional en el sector financiero y de las organizaciones sin ánimo de lucro, en consonancia con las recomendaciones del GAFI (13) (el principal organismo internacional encargado de proteger el sistema financiero internacional contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo) y el Plan de Acción de la UE (14);

fomentar marcos comparativos de estadística y criminología aplicada, así como su aplicación a medidas y políticas reales.

4.3

En relación con el Artículo 4.2 (tipo de actividades que serán financiadas)

4.3.1

Debería hacerse una mención específica al diálogo interreligioso e intergeneracional para identificar planteamientos integristas, poniendo en valor buenas prácticas que refuercen la comprensión mutua, la moderación y la tolerancia democrática, limitando así la radicalización y el reclutamiento de adeptos. La lucha contra el terrorismo requiere privar al fenómeno de su legitimación moral, y esto sólo se puede lograr desde el diálogo y la comprensión del otro. Han de fomentarse las acciones que permitan a los grupos que profesan diferentes confesiones y sus respectivos líderes tender puentes de comprensión y entendimiento que ahonden en la concordia y la tolerancia y que contribuyan a crear un cuerpo de conocimiento que permita saber qué es lo que fomenta el odio y cómo se puede desactivar. Las diferentes comunidades religiosas han de conocerse mejor y nada mejor para ello que medidas que permitan la articulación de redes entre sus miembros.

4.3.2

Sin perjuicio de la intervención del programa de flujos migratorios en materia de integración social y laboral de personas pertenecientes a grupos minoritarios de carácter étnico, religioso, cultural o migratorio, especialmente respecto de los jóvenes, este programa debería desarrollar también buenas prácticas sobre metodologías exitosas en este campo, especialmente en lo relativo a las actividades de formación e intercambio de personal y expertos, (Artículo 4.2).

4.3.3

En cuanto a las organizaciones de la sociedad civil, es necesario formular una observación negativa sobre la reciente propuesta preliminar de la Comisión Europea relativa a un código de conducta para promover la transparencia y la responsabilidad financiera de las organizaciones sin ánimo de lucro. Se trata de una propuesta que corre el peligro de producir efectos negativos para el conjunto de las ONG europeas y de desacreditar al conjunto de estas organizaciones, minando su capital social más valioso: la confianza de la opinión pública así como la de las instituciones locales, nacionales y europeas.

El CESE comprende la preocupación por prevenir la posible utilización de las organizaciones sin ánimo de lucro para la financiación del terrorismo y otras actividades criminales. Sin embargo, todo esto ha de hacerse con los instrumentos ordinarios de prevención y de represión de las autoridades de los diferentes Estados miembros. Pero, sobre todo, sería deseable continuar el trabajo, desafortunadamente interrumpido, sobre la adopción de los Estatutos de la Asociación Europea y de la Mutualidad Europea.

4.3.4

Se reitera lo expresado en los puntos 4.1.2.2 y 4.1.2.3 anteriores respecto de «actividades de formación e intercambio de personal y expertos» y sobre «actividades de sensibilización y difusión».

4.3.5

El arte y la cultura deben ocupar también un lugar preeminente en la articulación de un entramado de respuesta cívica al crimen y el terrorismo, pero también como medio de expresión y de comprensión de lo que representan otros puntos de vista que no forman parte de la concepción dominante en nuestros países.

4.4

En relación con el artículo 14 (Evaluación) se reitera lo expresado en el punto 4.1.4 anterior.

5.   Conclusión

5.1

El CESE considera que las dos propuestas de este Programa marco son necesarias, por lo que debe reforzarse económicamente más adelante, si en el proceso de evaluación intermedia se determina que se está avanzando en la buena dirección.

5.2

Asimismo, es necesario que el CESE, en el ámbito de las competencias que le son propias, forme parte del proceso de interlocución con la Comisión y el Parlamento Europeo en el marco de la concreción de los planes anuales del Programa, así como en los procesos de evaluación correspondientes.

5.3

Por otra parte, el CESE desea recordar que los recursos utilizados en los programas europeos en curso para la defensa de las libertades y la seguridad deberían estar en justo equilibrio con la defensa de las libertades, de acuerdo con lo expresado en el Dictamen «Programa de La Haya: Diez prioridades para los próximos cinco años – Una asociación para la renovación europea en el ámbito de la libertad, la seguridad y la justicia» (COM(2005) 184 final) (SOC/209).

5.4

La protección de los derechos fundamentales, de las libertades y de la seguridad es responsabilidad de todos. Debe empezar con la enseñanza de los valores comunes desde la escuela primaria, y debe conseguirse mediante una búsqueda constante del equilibrio entre los tres pilares: libertades, democracia y seguridad.

Bruselas, 14 de diciembre de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Informe Human Security Now, Naciones Unidas. http://www.humansecurity-chs.org.

(2)  DO C 19 de 23.1.1999, p. 1.

(3)  http://www.europol.eu.int/index.asp?page=publar2004#INTRODUCTION.

(4)  Dictamen del CESE de 24 de abril de 2002 (ponente único: Sr. RETUREAU) (DO C 149 de 21.6.2002).

(5)  En relación con el Documento de trabajo de la Comisión «Relación entre salvaguardia de seguridad interior y cumplimiento de las obligaciones e instrumentos internacionales en materia de protección» (COM(2001) 743 final).

(6)  Discurso del Secretario General de las Naciones Unidas en la Cumbre sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad del Club de Madrid, Madrid, España, 11 de marzo de 2005. http://www.safe-democracy.org.

(7)  Rohan Gunaratna. Al Qaeda, viaje al interior del terrorismo islamista. p. 27. Editorial Servi Doc., Barcelona, 2003.

(8)  Note to the European Council, 16-17 June 2005, submitted by the Presidency and the EU Counter-Terrorism Coordinator:

http://www.consilium.eu.int/uedocs/cmsUpload/newWEBre01.en05.pdf.

(9)  http://cumbre.clubmadrid.org/agenda/la-agenda-de-madrid.html .

(10)  Dictamen del CESE de 29.5.2002 (ponente: Sr. PARIZA CASTAÑOS) (DO C 221 de 17.9.2002).

(11)  COM(2002) 71 final del 11.2.2002.

(12)  http://www.europol.eu.int/index.asp?page=publar2004#INTRODUCTION.

(13)  http://www.fatf-gafi.org/document/28/0,2340,en_32250379_32236930_33658140_1_1_1_1,00.html#Introduction.

(14)  Note to the European Council, 16-17 June 2005, submitted by the Presidency and the EU Counter-Terrorism Coordinator:

http://www.consilium.eu.int/uedocs/cmsUpload/newWEBre01.en05.pdf.


17.3.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 65/70


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos (2007) — Hacia una sociedad justa»

COM(2005) 225 final — 2005/0107 (COD)

(2006/C 65/14)

El 27 de octubre de 2005, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Empleo, Asuntos Sociales y Ciudadanía, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 8 de diciembre de 2005 (ponente: Sra. HERCZOG)

En su 422o Pleno de los días 14 y 15 de diciembre de 2005 (sesión del 14 de diciembre de 2005), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 123 votos a favor, ningún voto en contra y 7 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Síntesis de la posición del CESE

1.1

El Comité Económico y Social Europeo reitera su pleno apoyo al programa del Año Europeo de la igualdad de oportunidades para todos (2007), y se compromete a defender la causa de la igualdad de oportunidades, de la cohesión social en Europa y de los derechos fundamentales para todos.

1.2

En todos sus dictámenes anteriores sobre este tema, el Comité Económico y Social Europeo destacó que era preciso lograr avances más concretos que los realizados hasta el momento para eliminar toda forma de discriminación, de conformidad con el artículo 13 (1). Es preciso reconocer que se han adoptado muchas medidas correctoras de la desigualdad, pero todavía hay cuestiones que es preciso resolver sin dilación alguna. En este sentido, el Año Europeo de la igualdad de oportunidades para todos (2007) puede ser una buena oportunidad para identificar y tomar en consideración a los grupos de personas mencionados.

1.3

El CESE considera que todas la personas residentes en la UE deben tener la garantía de que no serán discriminadas y de que tendrán igualdad de oportunidades para disfrutar de todos los derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Por lo tanto, el Año europeo debería utilizarse para avanzar hacia la supresión de todas las formas de discriminación. Aunque se preste especial atención a los motivos cubiertos por el artículo 13, el Año europeo debería verse como una oportunidad para aumentar la sensibilización sobre la discriminación que sufren grupos concretos que no suelen tenerse en cuenta, como los niños, y sobre los aspectos relacionados con la discriminación que todavía no se han abordado.

1.4

El CESE acoge favorablemente la Agenda Social para 2005-2010 que, al elaborar una estrategia de acción en los ámbitos de la igualdad de oportunidades y la cohesión social, se centra en estos dos ámbitos. Sin perjuicio de incorporar las aportaciones y modificaciones propuestas a continuación, el CESE acepta y respalda los objetivos del Año Europeo de la igualdad de oportunidades para todos (2007) que se articulan en torno a los derechos, la representación, el reconocimiento, el respeto y la tolerancia, así como la integración de las cuestiones más importantes.

2.   Exposición de motivos del dictamen y observaciones

2.1   Síntesis del documento de la Comisión

2.1.1

La Comunicación de la Comisión sobre la Agenda social para el período 2005-2010 puso énfasis en la importancia de promover la igualdad de oportunidades para todos a fin de dar más cohesión a la sociedad. En ella se anuncia la intención de la Comisión de desarrollar una nueva estrategia marco contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades para todos (que se establece en la Comunicación que acompaña la propuesta examinada (2)). Una de las principales iniciativas anunciadas en la Comunicación es la de proponer que 2007 sea designado Año europeo de la igualdad de oportunidades para todos. El objetivo general del Año será aumentar la conciencia de las ventajas de una sociedad justa y cohesionada en la que todos tengan iguales oportunidades. Para que así sea, es necesario luchar contra los obstáculos que impiden la participación en la sociedad y promover un clima en el que la diversidad de Europa se considere una fuente de vitalidad social y cultural. Los objetivos específicos del Año europeo serán los siguientes:

Derechos: sensibilizar a la opinión pública sobre el derecho a la igualdad y a no ser discriminados

Representación: estimular un debate sobre los medios para aumentar la participación civil, política, económica, social y cultural de la sociedad

Reconocimiento: apreciar y acoger la diversidad

Respeto y tolerancia: fomentar una sociedad más solidaria.

La propuesta examinada contiene disposiciones relativas al Año Europeo de la igualdad de oportunidades para todos y establece el presupuesto para esta medida. La propuesta se basa en el artículo 13 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea (3).

2.2   Observaciones generales y concretas

2.2.1

La igualdad de oportunidades es y deberá seguir siendo una prioridad política para la UE. Aunque se hayan producido importantes cambios legislativos a nivel europeo y nacional en el ámbito de la lucha contra la discriminación, en particular contra las discriminaciones mencionadas en el artículo 13 del Tratado CE, todavía es necesario adoptar otras medidas para garantizar una práctica más coherente de la igualdad de oportunidades y la ausencia de discriminación. Aunque se puedan constatar las formas indirectas de discriminación en el momento en que se producen, éstas son difíciles de demostrar. El programa de 2007 deberá tener en cuenta este aspecto.

2.2.2

Otro aspecto que merece atención son las diferencias, en términos de nivel y alcance, que presenta la protección frente a los diferentes tipos de discriminación. El CESE recomienda encarecidamente que se prohíba cada una de las discriminaciones específicas –por razones de género, raza u origen étnico, religión o creencias, discapacidad, edad y orientación sexual– en los ámbitos del empleo, la formación profesional, la educación, la protección social, las ventajas sociales y el acceso a bienes y servicios. De lo contrario, se corre el riesgo de crear una jerarquía entre los grupos.

2.2.3

Desde la elaboración de la Carta Europea de los Derechos Fundamentales, no se puede seguir considerando a la UE como una asociación interestatal basada en la racionalidad económica. Por consiguiente, es necesario prestar la debida atención a los grupos sociales que, como consecuencia de los diversos tipos de exclusión, no pueden acceder al mercado de trabajo ni integrarse en la vida económica, o viven en la pobreza aunque estén activos en el mercado de trabajo.

2.2.4

Distintos argumentos sociales y económicos justifican que se quiera garantizar la igualdad de oportunidades para todas las personas y, en particular, para las personas discriminadas o desfavorecidas debido a circunstancias sociales, económicas, culturales, geográficas o de otra índole. Si se presta a esas personas el apoyo adecuado podrán participar plenamente en la sociedad y aportar su contribución social y económica.

2.2.5

El CESE considera que el Año Europeo de la igualdad de oportunidades para todos (2007) constituye una oportunidad para destacar los grupos que pueden pasar desapercibidos, como los jóvenes y los niños que sean objeto de discriminación por razones de edad, las personas que sufran discriminación múltiple de diferentes tipos y los residentes en regiones o municipios alejados y poco poblados que puedan no tener acceso a los servicios pertinentes.

2.2.6

El Comité considera que el Año europeo también debe permitir que se analicen más a fondo retos clave como el tema de la discriminación múltiple que se ejerce a menudo contra determinados grupos (por ejemplo, niños con discapacidad, emigrantes de edad avanzada y mujeres gitanas). Por último, debe tenerse en cuenta, en todas las iniciativas de lucha contra la discriminación, el carácter variado y heterogéneo de los grupos que sufren más discriminación.

2.2.7

El Año europeo debería brindar la oportunidad de mejorar la situación de otros grupos. Para indicar la dirección que debe seguirse, debería prestarse especial atención a la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada por todos los Estados miembros de la UE y que, por lo tanto, puede ser considerada como parte de los principios reconocidos por los Estados miembros; así se eleva, en el futuro, la aplicación de los derechos del niño al rango de una exigencia internacional de la máxima importancia.

2.2.8

Todavía es un poco pronto para evaluar las principales repercusiones del Año Europeo de las personas con discapacidad (2003), encaminado a mejorar la igualdad de oportunidades de los discapacitados en el marco del plan de acción (2004-2010) (4) aprobado en 2003. Sin embargo, se puede constatar claramente (5) que ese grupo de personas, merced a la repercusión del Año Europeo, ha recibido mayor atención en los Estados miembros y que los ciudadanos de la Unión Europea están ahora mejor informados sobre sus conciudadanos con discapacidad. No obstante, para lograr cambios reales son esenciales una evaluación adecuada de los avances logrados hasta la fecha y el seguimiento de los resultados de los Años europeos. El CESE está elaborando un dictamen sobre la evaluación y el seguimiento del Año Europeo de las personas con discapacidad.

2.2.9

Con vistas a las repercusiones indirectas del año 2007, será necesario que en el capítulo de la legislación que regule el seguimiento no se establezca exclusivamente el criterio del porcentaje de población europea que ha obtenido más información sobre los grupos de personas que sistemáticamente sufren discriminaciones. En efecto, será igualmente importante examinar los cambios concretos que se hayan producido en la vida cotidiana y en la práctica administrativa.

2.2.10

La integración de los diferentes motivos de discriminación en todas las políticas e iniciativas de la UE, así como la consideración de los requisitos concretos de un motivo específico al desarrollar acciones relacionadas con otras formas de discriminación (por ejemplo, tener en cuenta los aspectos de la discapacidad cuando se analizan los demás motivos), constituyen la clave para avanzar hacia la supresión de la discriminación y el fomento de la igualdad de oportunidades. La experiencia adquirida al respecto en ámbitos como la igualdad entre hombres y mujeres podría aplicarse al tratamiento de otros motivos de discriminación.

2.2.11

Además del carácter inaceptable de la discriminación, la xenofobia y el racismo, será fundamental destacar los valores de una Europa multicultural y la importancia que tiene la aplicación de directivas aprobadas en el pasado en el ámbito de la política comunitaria de lucha contra la discriminación.

2.2.12

El CESE ya ha resaltado en diversos dictámenes la enorme importancia que otorga a la participación de las ONG (6), de los grupos minoritarios mencionados supra, de los empresarios públicos y privados, de los actores de la economía social, de los trabajadores y de los representantes regionales. Asimismo, es preciso implicar en todos los niveles y en todas las fases de realización a las personas víctimas de la discriminación y a los grupos y organismos que les representan. En las fases de programación, aplicación y control de las ayudas será necesario comprobar de manera más eficaz (y, si fuese necesario, mediante informes de otras fuentes) si existe, por ejemplo, una comunicación real y adecuada con las ONG.

2.2.13

Cabe conceder una atención y un reconocimiento especial al papel de las ONG y de las organizaciones representativas de los grupos que sufren discriminación. Debe garantizarse que su participación en el Año europeo se realizará en todos los niveles (local, regional, nacional y europeo) y en todas las fases (programación global, aplicación, cumplimiento, evaluación y seguimiento). En concreto, debe destacarse y tenerse en cuenta el papel de empresas y organizaciones de la economía social (cooperativas, asociaciones, fundaciones y fondos mutuos) en la lucha contra la discriminación.

2.2.14

El CESE celebra que la Comisión reconozca la importancia de colaborar con los empresarios y trabajadores con el fin de fomentar y respaldar la lucha contra la discriminación en el lugar de trabajo y la aplicación de las políticas de diversidad. El CESE recomienda que el Año Europeo se utilice con el fin de:

determinar y promover los intercambios de información y ejemplos de buenas prácticas;

potenciar la concienciación de las empresas sobre el valor añadido que ofrece el respeto y la integración de la igualdad de oportunidades en el marco de sus políticas de contratación y de progresión de carrera;

crear asociaciones y redes sostenibles entre empresarios y otras partes interesadas, como las ONG y las organizaciones que trabajan con grupos que sean objeto de discriminación;

ponerlo en relación y utilizarlo como adelanto del Plan de la Comisión en materia de responsabilidad social de las empresas (que se publicará en enero de 2006).

2.2.15

El Año Europeo de la Igualdad de oportunidad debe ser objeto de una preparación cuidadosa, sobre la base de las experiencias anteriores. Es necesario facilitar información en una lengua y un lenguaje que todo el mundo comprenda, garantizar oportunidades de educación y formación, y asegurar que los medios de comunicación prestan la debida atención, que se coordina con otras políticas y que se presta la ayuda técnica necesaria. Conviene utilizar, difundir y adaptar aún más los resultados actuales de las investigaciones, las buenas prácticas y los programas que han demostrado su eficacia.

2.2.16

El CESE estima que el presupuesto previsto es muy limitado respecto a los objetivos y las necesidades. Por lo tanto, sería necesario revisar la asignación de los recursos disponibles con el fin de garantizar que las personas destinatarias en un principio tengan acceso a esos recursos.

2.2.17

Asimismo, con motivo del Año Europeo de la igualdad de oportunidades para todos, conviene destacar que es importante garantizar que todo el mundo en los países de la Unión Europea (y no sólo los grupos mencionados en el artículo 13 del Tratado CE y en el presente dictamen) tenga la oportunidad de desarrollar mejor sus capacidades y sus posibilidades, sobre todo gracias a la integración social y la educación.

Bruselas, 14 de diciembre de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Dictamen del CESE sobre el tema «Las mujeres y la pobreza en la Unión Europea» (ponente: Brenda King) — DO C 24 de 31.1.2006; Dictamen del CESE sobre la «Comunicación de la Comisión – La Agenda Social» (ponente: Ursula Engelen-Kefer) — DO C 294 du 25.11.2005; Dictamen del CESE sobre el «Fondo Social Europeo» (ponente: Ursula Engelen-Kefer) — DO C 234 de 22.9.2005; Dictamen del CESE sobre la «Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa comunitario de fomento del empleo y la solidaridad social — PROGRESS» (ponente: Wolfgang Greif). DO C 234 du 22.3.2006; SOC/167; Dictamen del CESE sobre «EQUAL» (ponente: Sukhdev Sharma) — DO C 241 de 28.9.2004; Dictamen del CESE sobre el tema «el Año europeo de las personas con discapacidad» (ponente: Miguel Ángel Cabra de Luna), DO C 110 de 30.4.2004.

(2)  Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la «Estrategia marco contra la discriminación y por la igualdad de oportunidades para todos» (COM(2005) 224).

(3)  Artículo 13 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea: 1) Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Tratado y dentro de los límites de las competencias atribuidas a la Comunidad por el mismo, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 2) No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando el Consejo adopte medidas comunitarias de estímulo, con exclusión de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros, para apoyar las acciones de los Estados miembros emprendidas con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos enunciados en el apartado 1, decidirá de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 251.

(4)  Véase el Dictamen del CESE SOC/163 — DO C 110 de 30.4.2004.

(5)  Véase el Eurobarómetro.

(6)  Véase SOC/189 — DO C 234 de 22.9.2005.


17.3.2006   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 65/73


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Integrar los aspectos sociales en las negociaciones de los acuerdos de asociación económica»

(2006/C 65/15)

La Comisión, mediante carta de la Comisaria Loyola de PALACIO con fecha de 2 de julio de 2004, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, solicitó al Comité Económico y Social Europeo que elaborara un dictamen exploratorio sobre el tema: «Integrar los aspectos sociales en las negociaciones de los acuerdos de asociación económica»

La Sección Especializada de Relaciones Exteriores, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 10 de noviembre de 2005 (ponente: Sr. PEZZINI; coponente: Sr. DANTIN).

En su 422o Pleno de los días 14 y 15 de diciembre de 2005 (sesión del 14 de diciembre de 2005), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 125 votos a favor, 2 en contra y 7 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Introducción

1.1   Contexto del dictamen

1.1.1

El presente dictamen responde a una petición de Loyola de Palacio, antigua miembro de la Comisión. En la carta que envió para realizar la consulta, con fecha de 2 de julio de 2004, tras señalar que la Comisión valoraba positivamente el papel activo del Comité Económico y Social Europeo en el fomento de un diálogo abierto entre los agentes no estatales de los países ACP y la Unión Europea, pedía al Comité que elaborase un dictamen exploratorio sobre la forma de integrar los aspectos sociales en las negociaciones de los acuerdos de asociación económica, centrándose especialmente en el empleo, las normas laborales, la seguridad social y los aspectos relativos a la igualdad entre hombres y mujeres.

1.1.2

Los acuerdos de asociación económica (AAE) se rigen por el artículo 37 del Acuerdo de Cotonú. Deben celebrarse antes del 31 de diciembre de 2007 y tienen por objeto «promover la integración progresiva y armoniosa de los Estados ACP en la economía mundial, en cumplimiento de sus elecciones políticas y sus prioridades de desarrollo, fomentando así su desarrollo sostenible y contribuyendo a la erradicación de la pobreza en los países ACP» (apartado 1 del artículo 34). De manera más general, forman parte de la aplicación de la «estrategia de desarrollo» que se recoge en los artículos 19 a 27 del Título I del Acuerdo de Cotonú.

1.1.3

La carta de consulta de la Comisión se basa en el artículo 37 y en el Título I del Acuerdo de Cotonú, que determina el marco en el que se inscribe el presente dictamen exploratorio.

1.2

Esta consulta demuestra la importancia que concede la Comisión a la inclusión de los aspectos sociales en las negociaciones de los acuerdos de asociación económica.

1.2.1

El Comité celebra el interés y el planteamiento de la Comisión.

1.2.2

En efecto, no puede lograrse un desarrollo económico óptimo sin ir acompañado de forma paralela por un desarrollo social. Ambos conceptos deben ir unidos si se quiere que los avances económicos sean plenamente eficaces y, por lo tanto, mejoren la forma de vida y el bienestar de las poblaciones.

1.2.3

Por lo demás, la aplicación de los AAE acarreará de manera ineluctable reformas estructurales necesarias, alterando muchas facetas de la vida actual de las poblaciones de los países ACP. Estas reformas estructurales, que a menudo se recibirán con dificultades, deberán acompañarse en paralelo de avances sociales si no se quiere que las poblaciones rechacen los acuerdos de asociación económica.

1.2.4

Desde este punto de vista, es esencial la participación de la sociedad civil en las distintas fases del proceso subyacente a los acuerdos de asociación económica.

1.3

En general, el Acuerdo de Cotonú establece la supresión progresiva de los obstáculos vinculados a los intercambios entre ambas partes y considera que el período de negociación es útil y adecuado para desarrollar la capacidad de los sectores público y privado.

1.3.1

Los objetivos básicos de las negociaciones sobre los AAE –que forman parte de la aplicación del Acuerdo de Cotonú– se refieren esencialmente a los siguientes aspectos: erradicación de la pobreza, desarrollo sostenible, participación real de las mujeres, participación de los agentes no estatales y compromiso de mantener un nivel suficiente de recursos públicos en los sectores sociales (1).

1.3.2

El Acuerdo de Cotonú dispone que los AAE cubrirán una amplia variedad de sectores: política de competencia (2); derechos de propiedad intelectual (3); medidas sanitarias y fitosanitarias (4); consideraciones comerciales y medioambientales (5); normas comerciales y laborales (6); protección de los consumidores (7); seguridad alimentaria (8); e inversiones (9).

1.4

Los AAE, cuyo marco incluye varios aspectos (véase el anexo II), se consideran acuerdos recíprocos de libre comercio, que deben ser negociados de forma bilateral entre la UE y los países o regiones ACP. A este respecto hay que destacar el principio de que los AAE deben respetar las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

1.4.1

Con tal fin, los países ACP y la UE están convencidos de que debe instaurarse, en el marco de la OMC, un sistema comercial multilateral más equilibrado y justo, basado en un vínculo claro entre comercio y desarrollo que permita un tratamiento realmente diferenciado de los países en desarrollo –sobre todo, los PMA y los pequeños países insulares– y que, además, se caracterice por la transparencia y la integración real en el proceso decisorio.

1.5

Las negociaciones entabladas hasta el momento (véase el anexo II) han puesto de relieve que existen importantes divergencias entre los países ACP y la Unión Europea, como destacó la Asamblea Parlamentaria Paritaria ACP-UE.

1.5.1

No debe olvidarse que la deuda exterior constituye un obstáculo insuperable para el desarrollo económico y social de muchos países ACP (10). Además, éste es uno de los motivos por los que la primera fase de negociación de los AAE no culminó en un acuerdo marco vinculante, tal como deseaban los países ACP.

2.   Observaciones generales

2.1

Numerosos países ACP, en especial los de África Austral, consideran que los efectos de una integración regional serán, inicialmente, una pérdida de ingresos debido a la reducción de los aranceles aduaneros. Por lo tanto, resulta necesario prever durante este período un mayor compromiso financiero en función de los distintos niveles de contribución. Posteriormente, dado que, en muchos países ACP, los ingresos arancelarios constituyen una proporción importante de los ingresos públicos, convendría instaurar lo antes posible un sistema fiscal que pueda generar ingresos para compensar estas pérdidas. Estos países necesitan asesoramiento en el establecimiento de sistemas fiscales eficaces. Además, los países ACP sólo han registrado avances mínimos hacia formas concretas de cooperación comercial regional. Los acuerdos vigentes o a punto de concluirse, aparte de limitarse a determinadas regiones, no han alcanzado en general el objetivo de incrementar los intercambios interregionales. De hecho, muy pocas de las zonas de integración ya existentes registran un volumen significativo de intercambios comerciales infrarregionales.

2.1.1

Las negociaciones actuales en las seis zonas regionales son largas y complejas. Probablemente no se respetará el plazo fijado de 2007. El período de transición será más largo y durará bastante más allá de 2008. Las mayores dificultades se plantean esencialmente en África Oriental y Austral. En efecto, los países africanos muestran mucho más interés por los problemas de infraestructuras (carreteras, hospitales, centros de formación, desarrollo agrario, etc.) que por los aspectos relativos a la sociedad civil (11).

2.1.2

Cada región cuenta con grupos de trabajo que efectúan un seguimiento permanente de las negociaciones comerciales (12). Estos grupos de trabajo deben consultar obligatoriamente a las organizaciones que representan a la sociedad civil para escuchar sus análisis, así como sus propuestas sobre los aspectos sociales y, de manera más general, sobre el conjunto de problemas relacionados con el desarrollo. Con tal fin, los representantes de la sociedad civil deben establecer estructuras a nivel regional y contar con una organización que les permita elaborar las posiciones de manera colectiva. La Unión Europea debe contribuir financiera y técnicamente a la instauración operativa de este planteamiento.

2.1.3

El Comité ya se ha pronunciado a favor de una participación clara de la sociedad civil (13), habida cuenta de que las disposiciones del Acuerdo de Cotonú relativas a la participación de los agentes no estatales ocupan más de treinta artículos, así como una declaración final y el anexo IV relativo a los procedimientos de ejecución y gestión. Las frases que mejor ilustran este enfoque figuran en el artículo 2, «Principios fundamentales», y en el capítulo 2, dedicado en su totalidad a «Los participantes en la asociación».

2.1.4

El CESE considera que es importante trasladar a las regiones ACP las experiencias puestas en práctica en Europa, especialmente en las regiones del objetivo no 1, con la utilización de los Fondos Estructurales (14).

2.2

La sociedad civil, esto es, su participación en la realización de los acuerdos de asociación económica, es una de las condiciones esenciales para obtener buenos resultados.

2.2.1

En el artículo 6 del Acuerdo de Cotonú se definen como «participantes no oficiales» el sector privado, los interlocutores sociales y económicos incluidas las organizaciones sindicales, así como la sociedad civil en todas sus formas y con arreglo a las características nacionales (15).

2.2.2

A lo largo del Acuerdo abundan las referencias a la sociedad civil (16) y, en concreto, el artículo 4 establece la forma en que debe participar (17).

2.2.3

La sociedad civil está poco organizada en la mayoría de los países ACP. Por lo tanto, la negociación de los acuerdos de asociación económica representa una oportunidad para que aumente su organización y, en consecuencia, su capacidad de formular propuestas. Sólo cumpliendo esta condición podrá desempeñar un papel esencial, sobre el terreno, en la aplicación de las orientaciones adoptadas y contribuir así a impulsar el crecimiento mediante el incremento de la competitividad y la mejora de los aspectos sociales.

2.2.4

A este respecto, es importante establecer determinados criterios vinculantes aplicables al conjunto de los países ACP y que incluyan, aparte de una integración lógica en la economía mundial, el desarrollo del comercio acompañado de los derechos sociales correspondientes, la reducción de la pobreza y el respeto de los derechos de los trabajadores  (18). Estos criterios deberían guiar las negociaciones regionales.

2.2.5

Debe destacarse que numerosos aspectos vinculados al empleo, la seguridad social y la igualdad entre hombres y mujeres, así como el estrecho vínculo existente entre el desarrollo del comercio y las normas laborales se recogen exclusivamente y de manera más bien genérica en el preámbulo del mandato de negociación sobre los AAE otorgado a la Comisión.

2.2.6

Los documentos que ha elaborado la Comisión sobre los resultados de la primera fase de negociaciones entre la UE y las distintas regiones ACP abordan de manera superficial el desarrollo de los aspectos sociales y los problemas de la igualdad entre hombres y mujeres.

2.2.7

Ello es contrario al principio de que los AAE representan la dimensión económica del Acuerdo de Cotonú y, por lo tanto, los valores referentes a la persona en todas sus dimensiones, que ocupan un lugar destacado en el Acuerdo, también deberían figurar y defenderse en las negociaciones sobre la asociación económica.

2.3

Si se quiere que los acuerdos de asociación económica tenga resultados positivos en materia social, conviene establecer un marco para los agentes económicos y sociales que genere una unidad de lugar y de tiempo.

2.3.1

Con el fin de que tanto las negociaciones como la aplicación de sus contenidos ofrezcan resultados satisfactorios, este marco deberá favorecer la elaboración de una metodología participativa verdadera que incluya a los agentes económicos y sociales desde la fase de elaboración de las intervenciones.

2.3.2

No obstante, por el momento las negociaciones iniciadas se basan en desigualdades graves y crecientes entre ambas partes, tanto respecto del nivel de desarrollo, la calidad de vida y los derechos sociales como de las condiciones de los intercambios, y más aún de la capacidad autónoma de propuesta, gestión y control. Estas desigualdades y desequilibrios hacen que las negociaciones sobre los AAE sean muy complejas y delicadas. No obstante, esta complejidad no debe impedir la inclusión imprescindible de los aspectos sociales en las negociaciones, de forma directa o como resultado seguro y claro de las opciones económicas y comerciales elegidas. Debe hacerse hincapié específicamente en el empleo y el espíritu empresarial, las normas laborales, la seguridad social y los aspectos de la igualdad entre hombres y mujeres (19).

2.3.3

A escala regional, algunas hojas de ruta prevén la presencia de la sociedad civil en las distintas fases de negociación y en los comités nacionales y regionales. Sin embargo, todavía no se conocen los niveles de participación ni el grado de satisfacción de los representantes de la sociedad civil respecto del proceso de asociación.

2.3.4

No obstante, el CESE, mediante las reuniones periódicas con los representantes económicos y sociales de los países ACP, puede evaluar su grado de participación en las distintas fases del proceso.

3.   Participación de la sociedad civil

3.1

La sociedad civil suele estar poco o nada organizada en la mayoría de los países ACP. Por lo tanto, la negociación de los acuerdos de asociación económica puede representar una oportunidad para que aumente su organización y, en consecuencia, su capacidad de formular propuestas. Ésta es una de las condiciones necesarias para desempeñar después un papel esencial, sobre el terreno, en la aplicación de las orientaciones adoptadas y contribuir a impulsar el crecimiento mediante el incremento de la competitividad y el desarrollo de los aspectos sociales. La organización de la sociedad civil y, por lo tanto, su capacidad de actuación no podrán mejorarse sin la determinación de la Comisión y la voluntad de los países interesados.

3.1.1

Una evaluación regular y permanente de la participación de los agentes económicos y sociales en todas las fases propias de la realización de los AAE podrá crear una dinámica positiva hacia una mejora constante. Esta evaluación debería corresponder a los negociadores institucionales.

3.1.2

La consulta y la participación de los distintos sectores de la sociedad civil durante las distintas fases del proceso permitiría dar relevancia y concreción al trabajo efectuado que, por medio de los AAE y de acuerdo con los principios adoptados en Cotonú, tiene por objeto mejorar de la calidad de vida de toda la población.

Los ejemplos de buenas prácticas deberían traducirse a las lenguas locales y difundirse de manera amplia.

3.2

Con el fin de aplicar y valorizar una metodología participativa eficaz, requisito indispensable de la eficacia y calidad de la contribución de la sociedad civil, es necesario que se den las condiciones para que los participantes no oficiales puedan reunirse, entablar debates, elaborar objetivos de manera colectiva, proponerlos en las negociaciones sobre los AAE, seguir su evolución y, sobre todo, garantizar y seguir sobre el terreno su aplicación, así como evaluar su impacto.

3.2.1

El cumplimiento de estas condiciones demuestra la necesidad de crear un espacio para los agentes económicos y sociales que garantice tanto una unidad de tiempo como de lugar.

3.2.2

A tal efecto, el Comité Económico y Social Europeo, como indicó en su declaración final de la 24a reunión de los medios económicos y sociales ACP-UE celebrada a finales de junio en Bruselas, propone la creación de comités regionales para el diálogo social que reunirían a los agentes socioprofesionales para contribuir a elaborar, proponer y garantizar el seguimiento y la aplicación de programas de desarrollo social.

3.2.3

De manera general, el mandato de estos comités regionales para el diálogo social debería referirse esencialmente a:

la aplicación y el control de los convenios de la OIT relativos a los derechos sociales fundamentales;

el fomento del empleo digno y del desarrollo social;

el impacto económico y social a escala regional de los AAE, así como las repercusiones de la integración regional.

3.2.3.1

De forma más concreta, los comités regionales podrían hacer hincapié, eventualmente con ayuda de grupos especializados, en la elaboración de propuestas sobre:

fomento del empleo (objetivos y métodos) y dignidad del empleo (remuneraciones, condiciones de trabajo, etc.),

educación,

formación profesional y continua,

mecanismos de protección social,

evolución negociada de los sectores informales,

igualdad entre hombres y mujeres,

desarrollo sostenible, con especial atención al medio ambiente,

infraestructuras e inversiones.

3.2.4

La OIT podría colaborar, desde el punto de vista de la metodología de organización y funcionamiento, en la instauración de los comités regionales para el diálogo social. En efecto, la OIT ha adquirido enorme experiencia con su programa PRODIAF (Programa Regional de Promoción del Diálogo Social en los Países Africanos de Habla Francesa), que podría aprovecharse para incrementar la eficacia de los comités.

3.2.5

Respecto de la composición del comité regional, los criterios de selección aplicables podrían inspirarse en el acuerdo entre los Estados ACP y el Consejo de la Unión Europea sobre el acceso a los recursos del Fondo Europeo de Desarrollo (FED).

3.2.6

Cuando regiones homogéneas ya organizadas (Caribe, etc.) cuenten con plataformas, foros u otras agrupaciones estructuradas de agentes no estatales –creados para responder a las necesidades derivadas de la elaboración de los programas indicativos nacionales y regionales-, convendría examinar las modificaciones que requieren con el fin de responder a la realización de los objetivos asignados a los comités regionales para el diálogo social.

3.2.7

En aras de la eficacia, los comités regionales para el diálogo social podrían intervenir, en casos concretos, en la labor de los grupos de trabajo de preparación regional (en inglés, RPTF). En efecto, los RPTF desempeñan un papel determinante al garantizar que la programación de la ayuda satisfará las necesidades expresadas durante las fases de negociación.

3.2.7.1

La participación de estos comités permitiría a la sociedad civil organizada desempeñar un papel más importante y supervisar el desarrollo sostenible durante las negociaciones y en las intervenciones concretas a nivel regional.

3.2.7.2

Como se ha repetido en varias ocasiones, los problemas vinculados a la agricultura y los distintos aspectos medioambientales tienen una relevancia especial en los países ACP y es importante que se tengan siempre presentes durante las fases de negociación a través de la experiencia directa de los representantes locales del sector.

3.2.7.3

Los comités regionales para el diálogo social podrán tener una función más concreta y de iniciativa, una vez aclarados los problemas de disponibilidad económica y de organización, en la medida en que puedan mantener contactos con el Comité de seguimiento ACP/UE y aprovechar el intercambio de experiencias con el Comité Económico y Social Europeo.

4.   Desarrollo del empleo

4.1

El empleo digno es el instrumento esencial para luchar contra la pobreza dado que:

genera rentas que suponen poder adquisitivo que, a su vez, crea mercados;

libera a las personas y grupos de depender de la asistencia;

produce bienes y servicios accesibles a las poblaciones y necesarios para satisfacer sus necesidades;

contribuye a financiar los aspectos sociales: educación y formación, pensiones, subsidios de desempleo y asistencia sanitaria; en sustancia, lo que se define como «seguridad social».

4.1.1

Las políticas en favor del empleo deben generar dinamismo y combinar la aportación de los sectores público y privado con las realizaciones de la economía social y solidaria.

4.1.2

Los programas de desarrollo del empleo deberían prever una integración progresiva y negociada de la economía informal en los sectores público o privado mediante la promoción de las normas internacionales sobre el trabajo (en concreto, los derechos fundamentales), así como el compromiso de las empresas beneficiarias de fondos procedentes de licitaciones públicas (inversiones y obras) de cumplir estas normas internacionales sobre el trabajo y las normas de defensa del medio ambiente (clima, biodiversidad, Protocolo de Kioto, protección de los bosques, etc.). Todo ello pertenece, en parte, al ámbito de la responsabilidad social de las empresas.

4.1.3

Por lo demás, estos programas deberían esbozar las orientaciones relativas a las reformas económicas, fiscales y administrativas necesarias, la lucha contra la corrupción, la instauración, por ejemplo, de créditos fiscales y otros servicios destinados principalmente a las PYME y la artesanía.

4.1.4

Es notorio que la asociación tiene por objeto fomentar y acelerar el desarrollo económico, cultural y social de los países ACP. Su fin principal es la reducción y, finalmente, la erradicación de la pobreza. Los AAE deberían potenciar la asociación, facilitando que las economías se abran, sobre todo respecto de la dimensión Sur-Sur, y alcancen una mayor liberalización, con normas claras y atractivas para los inversores nacionales y extranjeros.

4.1.5

Es necesario un enorme esfuerzo para lograr que los países ACP sean más abiertos desde un punto de vista cultural y económico. Por lo tanto, debe aprovecharse la ocasión que ofrecen los AAE para crear una unión aduanera que beneficie a todas las partes y favorezca la integración regional.

4.2

Sin embargo, al principio de las negociaciones no se realizó ningún estudio de impacto sobre el empleo para tener una imagen fidedigna de la situación de partida. Este estudio habría permitido evaluar mejor los progresos realizados.

4.2.1

La cooperación tiene por objeto apoyar las reformas y las políticas económicas e institucionales necesarias para crear un entorno propicio a la inversión y al desarrollo de un sector privado dinámico, eficiente y competitivo. De forma paralela, también debe reforzarse el sector público en especial, entre otras cosas con inversiones en educación, sanidad y servicios sociales que sirvan, a su vez, de respaldo al sector privado.

4.2.2

Asimismo, la cooperación debe respaldar:

el fomento del diálogo entre los sectores público y privado;

el desarrollo de la capacidad empresarial y de una cultura económica;

la superación de las actividades informales, respetando el Estado de derecho.

4.2.3

Aunque las intervenciones efectuadas durante los acuerdos anteriores (20) dieron algunos resultados, es evidente que no se logró todo lo que se esperaba, sobre todo respecto del fomento del sector privado y de su papel de estímulo del crecimiento y diversificación de la economía.

4.2.4

Los agentes económicos y sociales, durante la elaboración del programa de desarrollo, deberían realizar análisis específicos de las dificultades para fomentar, proteger y apoyar las intervenciones destinadas a las pequeñas y medianas empresas.

4.3

Las opciones fundamentales del desarrollo, sobre todo en África, se basan en la agricultura. Por lo tanto, ésta seguirá siendo durante bastante tiempo la principal línea de actuación para organizar las intervenciones, que pueden centrarse en:

la evolución y eficacia de las prácticas agrarias tradicionales,

la realización de infraestructuras y servicios sociales generalizados,

el desarrollo de actividades artesanales y empresariales a pequeña escala, a menudo en el sector agroalimentario.

4.3.1

Para que el sector agrario pueda desarrollarse y consolidarse, es necesario que el comercio entre los países ACP y la UE, sobre todo durante los próximos años, cuente con normas flexibles que permitan asimilar las disposiciones sanitarias y fitosanitarias y faciliten la creación, refuerzo y diversificación de pequeñas empresas nuevas, mediante la protección de cláusulas de salvaguardia adecuadas.

4.3.2

Tras un período adecuado, las intervenciones en el sector agrario deberían permitir:

desarrollar normas de seguridad agroalimentaria para lograr mercados de exportación;

mejorar el acceso al mercado agrario mediante la mercadotecnia;