ISSN 1725-244X

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 233

European flag  

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

48o año
22 de septiembre de 2005


Número de información

Sumario

Página

 

I   Comunicaciones

 

Comisión

2005/C 233/1

Tipo de cambio del euro

1

2005/C 233/2

Acuse de recibo de la denuncia no 2005/4313 — SG(2005)A/1204

2

2005/C 233/3

Notificación previa de una operación de concentración (Caso no COMP/M.3784 — Tridonicatco/Toyoda Gosei/LED JV) — Caso susceptible de ser tratado por procedimiento simplificado ( 1 )

3

2005/C 233/4

Notificación previa de una operación de concentración (Caso no COMP/M.3868 — DONG/Elsam/Energi E2) ( 1 )

4

2005/C 233/5

Ayudas estatales — Italia — Ayuda de Estado C 27/2005 (ex NN 69/2004) — Ayuda para la compra de forraje en la región de Friul-Venecia Julia (artículo 6 de la ley regional no 14 de 20 de agosto de 2003 y convocatoria de manifestaciones de interés establecida por la cámara de comercio de Trieste) — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

5

2005/C 233/6

Publicación de una solicitud de registro con arreglo al apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen

9

2005/C 233/7

Anuncio de inicio de una reconsideración por expiración de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de soluciones de urea y nitrato de amonio originarias de Argelia, Belarús, Rusia y Ucrania

14

2005/C 233/8

Comunicación publicada de conformidad con el apartado 4 del artículo 27 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo en el Asunto COMP/37.749 — Acuerdo de Cooperación entre Austrian Airlines y SAS ( 1 )

18

2005/C 233/9

Ayudas estatales — Francia — Ayuda de Estado C 27/2005 (ex NN 69/2004) — Planes de campaña en el sector de las frutas y hortalizas — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

21

2005/C 233/0

Ayudas estatales — Dinamarca — Ayuda estatal C 10/2005 (ex NN 127/2000) — Road Combus A/S passenger transport — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE ( 1 )

28

2005/C 233/1

Ayuda estatal — Eslovaquia — Ayuda estatal no C 25/2005 (ex NN 21/2005) — Medida en favor de Frucona Košice — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE ( 1 )

47

 

III   Informaciones

 

Comisión

2005/C 233/2

Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación — Campo temático prioritario: Sistemas de energía sostenibles — Referencia de la convocatoria: FP6-2005-Energy-4

53

 


 

(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

ES

 


I Comunicaciones

Comisión

22.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 233/1


Tipo de cambio del euro (1)

21 de septiembre de 2005

(2005/C 233/01)

1 euro=

 

Moneda

Tipo de cambio

USD

dólar estadounidense

1,2225

JPY

yen japonés

135,95

DKK

corona danesa

7,4591

GBP

libra esterlina

0,67505

SEK

corona sueca

9,3345

CHF

franco suizo

1,5519

ISK

corona islandesa

75,08

NOK

corona noruega

7,7925

BGN

lev búlgaro

1,9557

CYP

libra chipriota

0,5730

CZK

corona checa

29,393

EEK

corona estonia

15,6466

HUF

forint húngaro

246,29

LTL

litas lituana

3,4528

LVL

lats letón

0,6960

MTL

lira maltesa

0,4293

PLN

zloty polaco

3,8954

RON

leu rumano

3,4873

SIT

tólar esloveno

239,48

SKK

corona eslovaca

38,445

TRY

lira turca

1,6340

AUD

dólar australiano

1,5834

CAD

dólar canadiense

1,4264

HKD

dólar de Hong Kong

9,4884

NZD

dólar neozelandés

1,7449

SGD

dólar de Singapur

2,0526

KRW

won de Corea del Sur

1 257,95

ZAR

rand sudafricano

7,7809

CNY

yuan renminbi

9,8914

HRK

kuna croata

7,4435

IDR

rupia indonesia

12 487,84

MYR

ringgit malayo

4,608

PHP

peso filipino

68,796

RUB

rublo ruso

34,6640

THB

baht tailandés

50,171


(1)  

Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.


22.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 233/2


Acuse de recibo de la denuncia no 2005/4313 — SG(2005)A/1204

(2005/C 233/02)

1.

La Comisión Europea ha inscrito con el número 2005/4313 en el registro correspondiente una denuncia en el sentido de que en la zona de «Höhenstrasse» en Frankfurt del Meno, Alemania, se habría sobrepasado durante más de 35 días en 2005 el límite máximo de emisión en 24 horas de partículas (PM10) de 50 μg/m3.

2.

La Comisión ha recibido más de 30 copias de esta denuncia. Por lo tanto, en aras de una respuesta y una información rápidas a los afectados y, al mismo tiempo, de utilizar de la forma más adecuada sus recursos administrativos, publica el presente acuse de recibo en el Diario Oficial de la Unión Europea y en la siguiente dirección de internet:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

3.

La denuncia será examinada por la Comisión habida cuenta de la legislación comunitaria aplicable. Se mantendrá informados a los denunciantes por todos los medios, incluyendo la publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y en internet, de los resultados de este examen y de cualquier medida de seguimiento que la Comisión pudiera adoptar.

4.

La Comisión intentará adoptar una decisión sobre el fondo del asunto (incoación del procedimiento por infracción o archivo) en el plazo de 12 meses desde la fecha de registro de la denuncia en la Secretaría General.

5.

En caso de que la Comisión necesite ponerse en contacto con las autoridades alemanas, lo hará sin mencionar la identidad de los denunciantes con el fin de proteger los derechos de éstos. Sin embargo, los denunciantes podrán autorizar a la Comisión a revelar su identidad en los contactos que ésta mantenga con las autoridades alemanas.


22.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 233/3


Notificación previa de una operación de concentración

(Caso no COMP/M.3784 — Tridonicatco/Toyoda Gosei/LED JV)

Caso susceptible de ser tratado por procedimiento simplificado

(2005/C 233/03)

(Texto pertinente a los fines del EEE)

1.

Con fecha 14 de septiembre de 2005 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1) la Comisión recibió notificación de un proyecto de concentración por el que las empresas TridonicAtco Gmbh & Co KG («Tridonic», Austria), perteneciente al grupo Zumtobel y controlada por KKR, y Toyoda Gosei (Japón), parte de la compañía Toyota Motor Company, adquieren el control conjunto, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de una empresa común de nueva creación (ENC).

2.

Ámbito de actividad de las empresas afectadas:

Tridonic: compenentes de alumbrado,

Zumtobel: compenentes de alumbrado,

KKR: inversión de participaciones privadas,

Toyoda Gosei: fabricación y venta de piezas de automoción y optoelectrónica,

Toyota Motor Company: fabricación de automóviles,

ENC: desarrollo, fabricación y venta de diodos de emission de luz brillante.

3.

Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la transacción notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva la posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto. De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (2) se hace notar que este caso es susceptible de ser tratado por el procedimiento establecido en dicha Comunicación.

4.

La Comisión insta a terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con respecto a la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación. Las observaciones pueden ser enviadas a la Comisión por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, referencia no COMP/M.3784 — Tridonicatco/Toyoda Gosei/LED JV, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de operaciones de concentración

J-70

B-1049 Bruselas


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.

(2)  DO C 56 de 5.3.2005, p. 32.


22.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 233/4


Notificación previa de una operación de concentración

(Caso no COMP/M.3868 — DONG/Elsam/Energi E2)

(2005/C 233/04)

(Texto pertinente a los fines del EEE)

1.

Con fecha 13 de septiembre de 2005 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1) la Comisión recibió notificación de un proyecto de concentración por el que la empresa DONG A/S («DONG», Dinamarca, adquiere el control, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de la totalidad de las empresas Elsam A/S («Elsam», Dinamarca), Energi E2 («E2», Dinamarca), Københavns Energi Holding A/S («KE», Dinamarca) y Frederiksberg Elnet A/S («FE», Dinamarca), a través de la adquisición de acciones y bienes.

2.

Ámbito de actividad de las empresas afectadas:

DONG: exploración, producción, transporte off-shore y venta de petróleo y gas natural, almacenamiento y distribución de gas natural, uso de energías renovables para la producción de electricidad y energía calorífica y venta de electricidad,

Elsam: producción y comercialización de electricidad (financiera y física) en el mercado mayorista y a consumidores; producción de y energía calorífica,

E2: producción y comercialización de electricidad (financiera y física); producción de y energía calorífica,

KE: suministro de electricidad a hogares y a empresas,

FE: suministro de electricidad a hogares y a empresas.

3.

Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la transacción notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva la posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto.

4.

La Comisión insta a terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con respecto a la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación. Las observaciones pueden ser enviadas a la Comisión por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, referencia no COMP/M.3868 — DONG/Elsam/Energi E2, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de operaciones de concentración

J-70

B-1049 Bruselas


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.


22.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 233/5


AYUDAS ESTATALES — ITALIA

Ayuda de Estado C 27/2005 (ex NN 69/2004) — Ayuda para la compra de forraje en la región de Friul-Venecia Julia (artículo 6 de la ley regional no 14 de 20 de agosto de 2003 y convocatoria de manifestaciones de interés establecida por la cámara de comercio de Trieste)

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

(2005/C 233/05)

Por carta de 20.7.2005, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Italia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural

Dirección H. Legislación Agraria

Unidad: H.2. Competencia

Despacho: Loi 130 5/128

B-1049 Bruselas

Fax: (32-2) 296 76 72.

Dichas observaciones serán comunicadas a Italia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

La medida en cuestión se propone conceder una ayuda compensatoria a los agricultores de la región de Friul-Venecia Julia que sufrieron pérdidas en su producción de forraje de resultas de la sequía de 2003 y tuvieron que comprar forraje en el mercado para alimentar a su ganado.

Evaluación

En la fase en que nos encontramos, y habida cuenta de la información de que dispone, la Comisión duda de que las ayudas sean compatibles con el mercado común, ya que ni el método de cálculo de las pérdidas mínimas que dan derecho a percibir la ayuda ni el método de cálculo de la ayuda se corresponden con los prescritos en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales al sector agrario, motivo por el cual no puede excluirse que las indemnizaciones por las pérdidas sufridas hayan sido excesivas.

TEXTO DE LA CARTA

«1.

Con la presente, ho l'onore di informarLa che la Commissione, dopo aver esaminato le informazioni fornite dalle autorità italiane, ha deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, nei confronti della misura in oggetto.

Procedimento

2.

Con lettera del 2 aprile 2004, i servizi della Commissione, avendo appreso che la legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 della Regione Friuli-Venezia Giulia conterrebbe disposizioni per la concessione di fondi alle Camere di commercio di Trieste e Gorizia per far fronte al fabbisogno di foraggio degli allevamenti colpiti dalla siccità del 2003, hanno chiesto alle autorità italiane una serie di delucidazioni al riguardo.

3.

Non essendo pervenuta alcuna risposta nel termine di quattro settimane concesso alle autorità italiane per comunicare le informazioni richieste, con lettera del 26 maggio 2004 i servizi della Commissione hanno inviato loro un sollecito.

4.

Con lettera del 10 giugno 2004, protocollata il 15 giugno 2004, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso ai servizi della Commissione una lettera delle autorità italiane nella quale queste ultime affermano di aver inviato alle Camere di commercio di Trieste e di Gorizia due note, datate rispettivamente 30 settembre 2003 e 12 marzo 2004, per richiamare la loro attenzione sulla necessità di pubblicare un invito a manifestare interesse per gli aiuti previsti dall'articolo 6 della summenzionata legge e di notificarlo alla Commissione.

5.

In base a tali informazioni, con lettera del 28 giugno 2004, i servizi della Commissione hanno chiesto alle autorità italiane, di comunicare loro i testi delle note specificate e degli inviti a manifestare interesse preparati dalle due Camere di commercio. Inoltre, essi hanno chiesto se fossero stati concessi aiuti e, in caso affermativo, di specificare gli importi e le modalità di concessione.

6.

Con lettera del 27 settembre 2004, protocollata il 29 settembre 2004, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha comunicato alla Commissione i testi e le informazioni richiesti nella lettera del 28 giugno 2004.

7.

Poiché risultava chiaramente dalle suddette informazioni che l'invito a manifestare interesse della Camera di commercio di Trieste era già stato pubblicato e seguito da effetti e che, inoltre, gli aiuti che le Camere di commercio potevano versare o che avevano versato non erano contemplati dalle disposizioni del regime generale degli aiuti delle Camere di commercio, approvato dalla Commissione nell'ambito del fascicolo di aiuto N 241/01, i servizi della Commissione hanno deciso di aprire un fascicolo di aiuto non notificato con il numero NN 69/04.

8.

Con lettera del 12 novembre 2004, i servizi della Commissione hanno chiesto informazioni complementari sugli aiuti in oggetto alle autorità italiane.

9.

Lo stesso giorno, la Commissione ha ricevuto una lettera delle autorità italiane contenente informazioni che completavano quelle chieste nella lettera del 28 giugno 2004 (cfr. punto 5).

10.

Con lettera del 6 gennaio 2005, protocollata l'11 gennaio 2005, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane nella quale queste ultime chiedevano una proroga del termine che era stato loro concesso per fornire informazioni complementari sugli aiuti in oggetto, allo scopo di riesaminare la normativa regionale in materia.

11.

Con lettera del 25 gennaio 2005 i servizi della Commissione hanno concesso una proroga di un mese.

12.

Con lettera del 21 febbraio 2005, protocollata il 22 febbraio 2005, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione una lettera delle autorità italiane nella quale queste ultime precisavano che la Camera di commercio di Gorizia non aveva dato attuazione agli aiuti previsti e rinunciava a farlo (questa lettera è accompagnata da una delibera della stessa Camera di commercio che conferma tale informazione).

13.

Con lettere del 28 febbraio 2005, protocollata il 1o marzo 2005, e del 30 marzo 2005, protocollata il 31 marzo 2005, la Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea ha trasmesso alla Commissione informazioni complementari in merito agli aiuti concessi dalla Camera di commercio di Trieste.

14.

Tenuto conto di quanto figura al punto 12, la decisione riguarderà unicamente gli aiuti concessi dalla Camera di commercio di Trieste.

Descrizione

15.

L'articolo 6 della legge regionale del Friuli-Venezia Giulia 20 agosto 2003, n. 14, stabilisce che l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 170 000 EUR alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste e di 80 000 EUR alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, per far fronte alle eccezionali esigenze connesse all'alimentazione del bestiame delle aziende con allevamenti zootecnici colpite dalla siccità del 2003 e ricadenti in aree non servite da sistemi irrigui consortili.

16.

L'invito a manifestare interesse pubblicato dalla Camera di commercio di Trieste prevede un sostegno finanziario agli allevamenti della provincia di Trieste che sono stati colpiti dalla siccità del 2003 e che, non avendo potuto irrigare le loro superfici non servite da un sistema di irrigazione consortile, hanno subito una perdita di produzione di almeno il 20 % (nelle zone svantaggiate) o del 30 % (nelle altre zone). Tale sostegno si traduce in un aiuto all'acquisto di foraggi necessari all'alimentazione del bestiame.

17.

L'aiuto è versato dietro presentazione delle fatture relative agli acquisti di foraggi effettuati fra il 1o maggio e il 20 novembre 2003 e copre il quantitativo di foraggio necessario a soddisfare il fabbisogno nutrizionale calcolato per unità di bestiame (UB) presente nell'azienda e appartenente al conduttore. Le UB rappresentano i bovini, ovini, caprini ed equini da macello o utilizzati per il lavoro; nel caso degli animali da macello, sono interessati solo quelli allevati da conduttori a titolo principale o da coltivatori diretti iscritti presso la previdenza sociale dell'INPS (Istituto nazionale per la previdenza sociale) per il settore agricolo. Il termine “foraggio” designa qualsiasi tipo di fieno essiccato.

18.

Gli aiuti possono essere versati fino ad esaurimento del fondo creato a questo scopo e concessi a qualsiasi azienda ne faccia richiesta stabilita nella provincia di Trieste.

19.

Il quantitativo massimo di foraggio rimborsabile per UB è fissato a 15 quintali. Il prezzo di riferimento utilizzato per il calcolo dell'aiuto è fissato a 20 EUR, IVA esclusa. Qualora il numero di domande superi le previsioni, l'aiuto individuale sarà ridotto proporzionalmente per UB.

20.

Nel caso in cui gli allevamenti beneficiari chiedano e ottengano altri aiuti per le perdite dovute alla siccità del 2003, l'importo dell'aiuto previsto nell'invito a manifestare interesse sarà ridotto di conseguenza.

Valutazione

21.

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza. In questa fase, gli aiuti previsti dalla legge regionale in oggetto sembrano corrispondere a questa definizione nel senso che favoriscono talune produzioni (le produzioni animali, in quanto l'aiuto all'acquisto di foraggi serve a permettere l'alimentazione degli animali) e possono incidere sugli scambi grazie alla posizione dell'Italia nelle suddette produzioni (a titolo di esempio, nel 2003 l'Italia ha realizzato il 15,3 % della produzione comunitaria di carne bovina, risultando così il terzo produttore di carne bovina dell'Unione).

22.

Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato, alcune misure possono, in via derogatoria, essere considerate compatibili con il mercato comune.

23.

Nella fattispecie, tenendo conto della natura degli aiuti sopra descritti, l'unica deroga che potrebbe essere invocata è quella prevista dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in base alla quale possono essere ritenuti compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse (1).

24.

Perché questa deroga sia applicabile, la misura oggetto di esame, conseguente alla siccità del 2003, deve essere conforme alle disposizioni del punto 11.3 degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (in appresso “gli orientamenti”) (2), relativo agli aiuti destinati ad indennizzare gli agricoltori delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche.

25.

Per quanto riguarda il rispetto delle suddette disposizioni (riprodotte in corsivo nel testo), la Commissione osserva quanto segue:

La Commissione autorizza la concessione di indennizzi quando il danno raggiunge una determinata soglia, fissata al 20 % della produzione normale nelle zone svantaggiate e al 30 % nelle altre zone. Qualora siano state danneggiate le colture annuali, la soglia di perdita pertinente va determinata sulla base del confronto tra la produzione lorda della coltura di cui trattasi nell'anno in questione e la produzione lorda media nelle tre campagne precedenti, escludendo gli anni in cui è stato pagato un compenso in seguito ad avverse condizioni atmosferiche (punto 11.3.2 degli orientamenti).

26.

Alla luce delle disposizioni del punto 16 supra, la Commissione constata che l'invito a manifestare interesse pubblicato dalla Camera di commercio di Trieste limita l'ambito dei potenziali beneficiari a quanti hanno subito una perdita di almeno il 20 % nelle zone svantaggiate e del 30 % nelle altre zone. Tuttavia, nel suddetto invito non figura alcun elemento che indichi su quale base le soglie di perdita in questione siano state calcolate.

27.

In questa fase e sulla base delle informazioni disponibili, la Commissione non può ritenere che le soglie di perdita siano state stabilite nel rigoroso rispetto delle disposizioni del punto 11.3 degli orientamenti e non può quindi escludere che siano stati ammessi al beneficio dell'aiuto alcuni agricoltori che non avrebbero potuto esserlo se le soglie di perdita fossero state calcolate come indicato al suddetto punto. Per il momento, quindi, essa non può che esprimere dei dubbi circa l'ammissibilità del metodo di determinazione delle soglie di perdita per la definizione dell'ambito dei beneficiari (a questo proposito, cfr. anche il punto 31).

Per evitare compensazioni eccessive, l'importo dell'aiuto pagabile non deve superare il livello medio della produzione durante il periodo normale moltiplicato per il prezzo medio nello stesso periodo, da cui si sottrae la produzione effettiva nell'anno in cui si è verificato l'evento moltiplicata per il prezzo medio in quell'anno. Dall'importo dell'aiuto vanno inoltre detratti eventuali pagamenti diretti (punto 11.3.2. degli orientamenti).

28.

In questa fase e alla luce delle disposizioni dei punti 17 e 19 supra, la Commissione constata che il metodo di calcolo dell'aiuto descritto nell'invito a manifestare interesse, pubblicato dalla Camera di commercio di Trieste, non corrisponde affatto a quello preconizzato dal punto 11.3 degli orientamenti, in quanto esso si basa semplicemente su un parametro di prezzi per unità di peso acquistato. Sulla base delle informazioni di cui può disporre, essa non è nemmeno in grado di stabilire se gli importi ottenuti attraverso l'applicazione del suddetto parametro sarebbero stati inferiori o superiori a quelli che avrebbe comportato l'applicazione della formula indicata al punto 11.3 degli orientamenti.

29.

In tali circostanze, la Commissione non può che dubitare, per il momento, dell'adeguatezza del metodo utilizzato per il calcolo dell'aiuto.

30.

Un secondo elemento che rafforza i dubbi espressi dalla Commissione risiede nella circostanza che l'invito a manifestare interesse indica che l'aiuto sarà versato sulla base delle fatture di acquisto del foraggio, ma non precisa che gli acquisti devono limitarsi al quantitativo di foraggio effettivamente perso a causa della siccità (esso specifica semplicemente che sarà preso in considerazione il fabbisogno alimentare per unità di bestiame mentre il quantitativo massimo di foraggio ammesso al rimborso viene indicato senza stabilire alcun nesso con il suddetto fabbisogno, elemento che consentirebbe di impedire che un allevatore possa approfittare della misura per acquistare quantitativi eccessivi di foraggio sapendo che, in ogni caso, verrebbe rimborsato).

31.

Un terzo elemento che rafforza i dubbi espressi dalla Commissione risiede nella circostanza che, nella lettera del 28 febbraio 2005, le autorità italiane hanno fornito una tabella contenente un elenco degli importi di aiuto che sono stati versati ad ogni beneficiario, nonché un elenco degli importi che avrebbero potuto essere versati a ciascuno di essi se fossero state applicate le disposizioni della legge italiana sulle calamità naturali (legge 185/92, che era ancora in vigore al momento in cui è stata adottata la misura d'aiuto). Oltre al fatto che la Commissione non dispone di alcuna indicazione precisa sui calcoli che sono stati effettuati sulla base della legge n. 185/92, da un raffronto fra i due elenchi in questione risulta chiaramente che alcuni agricoltori hanno ricevuto aiuti eccessivi e che altri non avrebbero potuto nemmeno essere ammessi all'aiuto. Quest'ultimo punto conferma i dubbi della Commissione non solo sul metodo di calcolo, ma anche per quanto riguarda il metodo seguito per determinare le soglie di perdita.

32.

È inoltre interessante osservare che la tabella summenzionata contiene una colonna che riporta l'importo che ciascun agricoltore potrebbe ricevere ai sensi del regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell'agricoltura e della pesca (3) e che, pur tenendo conto di tale importo, alcuni agricoltori avrebbero sempre ricevuto aiuti eccessivi.

33.

Infine, per quanto riguarda la detrazione di eventuali aiuti diretti, la Commissione non ha ricevuto alcuna informazione in materia da parte delle autorità italiane (il punto 20 menziona gli altri aiuti eventualmente ottenuti in seguito alla siccità, ma non eventuali aiuti ottenuti nell'ambito della PAC). Essa non può quindi escludere, ancora una volta, che gli aiuti versati siano stati eccessivi.

Al fine di evitare compensazioni eccessive, vanno detratte dall'importo dell'aiuto eventuali somme percepite a titolo di regimi assicurativi. Occorre inoltre tener conto delle spese ordinarie non sostenute dall'agricoltore, come nel caso in cui non sia necessario effettuare il raccolto.

34.

La Commissione osserva che il punto 20 non fa alcun riferimento né a eventuali interventi di compagnie assicuratrici, né alle spese per il raccolto eventualmente non sostenute. Essa non può quindi che dubitare, in questa fase, dell'assenza di rischi di compensazione eccessiva delle perdite subite.

35.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Commissione, in questa fase, non è in grado di ritenere che i contributi versati agli agricoltori del Friuli, colpiti dalla siccità nel 2003, possano beneficiare della deroga prevista all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o regioni economiche senza alterare gli scambi in misura contraria al comune interesse.

36.

Per questa ragione, la Commissione ha quindi deciso, a questo riguardo, di avviare il procedimento previsto dall'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.

37.

Nell'ambito di tale procedimento la Commissione invita l'Italia a presentare le proprie osservazioni e a fornire ogni altro complemento d'informazione utile per la valutazione degli aiuti in oggetto nel termine di un mese a decorrere dalla data di ricevimento della presente. Essa invita inoltre le autorità italiane a trasmettere immediatamente copia della presente lettera ai beneficiari potenziali dell'aiuto.

38.

La Commissione desidera richiamare l'attenzione dell'Italia sul fatto che l'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, ha effetto sospensivo e che, in forza dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, essa può imporre allo Stato membro interessato di recuperare presso il beneficiario eventuali aiuti illegalmente concessi.»


(1)  La deroga prevista dall'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), riguarda le vere calamità naturali e non gli eventi assimilabili ad esse (la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo precisa che la Commissione ha sempre considerato che la siccità non poteva essere considerata in quanto tale una calamità naturale ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato).

(2)  GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

(3)  GU L 325 del 28.10.2004, pag. 4.


22.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 233/9


Publicación de una solicitud de registro con arreglo al apartado 2 del artículo 6 del Reglamento (CEE) no 2081/92 del Consejo, relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las denominaciones de origen

(2005/C 233/06)

Esta publicación otorga un derecho de oposición con arreglo a los artículos 7 y 12 quinquies del citado Reglamento. Cualquier oposición a esta solicitud debe enviarse por mediación de la autoridad competente de un Estado miembro, de un miembro de la OMC o de un tercer país reconocido según el procedimiento del apartado 3 del artículo 12 en un plazo de seis meses a partir de la presente publicación. La publicación está motivada por los elementos que se enumeran a continuación, principalmente el punto 4.6, según los cuales se considera que la solicitud está justificada en virtud del Reglamento (CEE) no 2081/92.

FICHA RESUMEN

REGLAMENTO (CEE) No 2081/92 DEL CONSEJO

«HUILE D'OLIVE DE CORSE» O «HUILE D'OLIVE DE CORSE — OLIU DI CORSICA»

No CE: FR/00428/11.11.2004

DOP (X) IGP ( )

Esta ficha constituye una síntesis de carácter informativo. Para más información, en especial sobre los productores de la DOP o la IGP correspondiente, los interesados pueden consultar la versión completa del pliego de condiciones dirigiéndose a los servicios nacionales o a los servicios competentes de la Comisión Europea (1).

1.   Servicio competente del Estado miembro

Nombre:

Institut National des Appellations d'Origine

Dirección:

138, Avenue des Champs-Elysées — F-75008 Paris

A partir del 1 de enero de 2005: 51 rue d'Anjou F-75008 Paris

Tel.:

01 53 89 80 00

Fax:

01 42 25 57 97

2.   Agrupación

2.1.   Nombre: Syndicat AOC Oliu di Corsica — Huile d'olive de Corse

2.2   Dirección:

Cutaghjolu. 20240 GHISONACCIA

Tel.: 04.95.56.64.97.

Correo electrónico: oliudicorsica@free.fr

2.3   Composición: productores/transformadores (X) Otros ( )

3.   Tipo de producto

Clase 1-5 Aceite de oliva

4.   Descripción del pliego de condiciones

(resumen de las condiciones del artículo 4, apartado 2)

4.1   Nombre: «Huile d'olive de Corse» o «Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica»

4.2   Descripción: El aceite de oliva «Huile d'olive de Corse» o «Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica» se caracteriza en la cata por su suavidad y por estar prácticamente ausentes el picor y la amargura. Los aromas son finos y recuerdan los frutos secos, la repostería y el matorral.

El color del aceite varía de amarillo paja a amarillo claro y puede contener reflejos verdes.

4.3   Zona geográfica: La zona geográfica abarca el territorio de 297 municipios

Departamento de Córcega del Sur Afa; Ajaccio; Alata; Albitreccia; Altagene; Ambiegna; Appietto; Arbellara; Arbori; Argiusta-Moriccio; Arro; Azilone-Ampaza; Azzana; Balogna; Bastelicaccia; Belvedere-Campomoro; Bilia; Bonifacio; Calcatoggio; Campo; Cannelle; Carbini; Carbuccia; Cardo-Torgia; Cargese; Cargiaca; Casaglione; Casalabriva; Cauro; Coggia; Cognocoli-Monticchi; Conca; Corrano; Coti-Chiavari; Cuttoli-Corticchiato; Eccica-Suarella; Figari; Foce; Forciolo; Fozzano; Frasseto; Giuncheto; Granace; Grossa; Grosseto-Prugna; Guarguale; Lecci; Letia; Levie; Lopigna; Loreto-Di-Tallano; Marignana; Mela; Moca-Croce; Monacia-D'aullene; Murzo; Ocana; Olivese; Olmeto; Olmiccia; Osani; Ota; Partinello; Peri; Petreto-Bicchisano; Piana; Pianottoli-Caldarello; Pietrosella; Pila-Canale; Porto-Vecchio; Propriano; Rosazia; Salice; Sari-Solenzara; Sari-D'orcino; Sarrola-Carcopino; Sartene; Serra-Di-Ferro; Serra-Di-Scopamene; Serriera; Sollacaro; Sorbollano; Sotta; Sant'andrea-D'orcino; San-Gavino-Di-Carbini; Sainte-Lucie-De-Tallano; Santa-Maria-Figaniella; Santa-Maria-Siche; Tavaco; Ucciani; Urbalacone; Valle-Di-Mezzana; Vero; Vico; Viggianello; Villanova; Ze rubia; Zevaco; Zigliara; Zonza; Zoza.

Departamento de Alta Córcega Aghione; Aland; Aleria; Algajola; Altiani; Ampriani; Antisanti; Aregno; Avapessa; Barbaggio; Barrettali; Bastia; Belgodere; Bigorno; Biguglia; Bisinchi; Borgo; Brando; Cagnano; Calenzana; Calvi; Campi; Campile; Campitello; Canale-Di-Verde; Canari; Canavaggia; Casabianca; Casalta; Casevecchie; Castellare-di-Casinca; Castellare-di-Mercurio; Castello-di-Rostino; Castifao; Castiglione; Castineta; Castirla; Cateri; Centuri; Cervione; Chiatra; Chisa; Corbara; Costa; Croce; Crocicchia; Erbajolo; Ersa; Farinole; Favalello; Feliceto; Ficaja; Focicchia; Furiani; Galeria; Gavignano; Ghisonaccia; Giocatojo; Giuncaggio; Ile-Rousse; Isolaccio-Di-Fiumorbo; Lama; Lavatoggio; Lento; Linguizzetta; Loreto-Di-Casinca; Lucciana; Lugo-Di-Nazza; Lumio; Luri; Manso; Matra; Meria; Moita; Moltifao; Monacia-D'orezza; Moncale; Monte; Montegrosso; Monticello; Morosaglia; Morsiglia; Murato; Muro; Nessa; Nocario; Noceta; Nonza; Novella; Occhiatana; Ogliastro; Olcani; Oletta; Olmeta-Di-Capocorso; Olmeta-Di-Tuda; Olmo; Omessa; Ortiporio; Palasca; Pancheraccia; Parata; Patrimonio; Penta-Acquatella; Penta-Di-Casinca; Pero-Casevecchie; Piano; Piazzole; Piedicorte-Di-Gaggio; Piedicroce; Piedigriggio; Pietralba; Pietracorbara; Pietra-Di-Verde; Pietraserena; Pietroso; Pieve; Pigna; Pino; Poggio-Di-Nazza; Poggio-Di-Venaco; Poggio-D'oletta; Poggio-Marinaccio; Poggio-Mezzana; Polveroso; Popolasca; Porri; Porta; Prato-Di-Giovellina; Prunelli-Di-Casacconi; Prunelli-Di-Fiumorbo; Pruno; Quercitello; Rapaggio; Rapale; Riventosa; Rogliano; Rospigliani; Rutali; Scata; Scolca; Sermano; Serra-Di-Fiumorbo; Silvareccio; Sisco; Solaro; Sorbo-Ocagnano; Sorio; Soveria; Speloncato; Stazzona; Sant'andrea-Di-Bozio; Sant'andrea-Di-Cotone; Sant'antonino; San-Damiano; Saint-Florent; San-Gavino-D'ampugnani; San-Gavino-Di-Fiumorbo; San-Gavino-Di-Tenda; San-Giovanni-Di-Moriani; San-Giuliano; San-Martino-Di-Lota; Santa-Lucia-Di-Mercurio; Santa-Lucia-Di-Moriani; Santa-Maria-Di-Lota; Santa-Maria-Poggio; San-Nicolao; Santo-Pietro-Di-Tenda; Santo-Pietro-Di-Venaco; Santa-Reparata-Di-Balagna; Santa-Reparata-Di-Moriani; Taglio-Isolaccio; Talasani; Tallone; Tomino; Tox; Tralonca; Urtaca; Vallecalle; Valle-Di-Campoloro; Valle-Di-Rostino; Valle-D'orezza; Velone-Orneto; Ventiseri; Venzolasca; Verdese; Vescovato; Vezzani; Vignale; Ville-Di-Paraso; Ville-Di-Pietrabugno; Volpajola; Zalana; Zilia; Zuani.

Municipios incluidos en parte: Corte; Venaco.

Esta zona consta de muchas cuencas de producción aisladas por el relieve muy accidentado de una isla que cuenta pocas regiones llanas y tiene parte del territorio a más de 1 000 metros de altitud, con unos ejes de comunicación complejos.

La geología, constituida principalmente de pizarra y granito y algunas cavidades calcáreas, ha dibujado un paisaje de fuertes pendientes.

Los suelos en que se implantan los olivares proceden sobre todo del deterioro de las dos rocas principales. Se obtienen suelos cuyas características comunes son un horizonte de superficie poco profundo, por lo que suelen ser pobres y áridos.

El clima de Córcega es mediterráneo y se caracteriza por una sequía estival de unos cinco meses, temperaturas que favorecen al olivo (inviernos suaves, veranos calurosos, heladas prácticamente ausentes en las zonas de implantación de los olivos), una fuerte insolación e influencias marinas que garantizan una higrometría importante.

4.4   Prueba del origen: Los aceites de oliva sólo pueden comercializarse bajo la denominación de origen controlada «Huile d'olive de Corse» o «Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica» tras haber obtenido un certificado de conformidad expedido por el Institut national des appellations d'origine, de acuerdo con las condiciones determinadas por la reglamentación nacional relativa a la autorización de productos de la oleicultura que se acogen a una denominación de origen controlada.

Todas las operaciones relacionadas con la producción de la materia prima y la elaboración deben llevarse a cabo en la zona geográfica delimitada.

Respecto a la producción de la materia prima, el procedimiento establece lo siguiente:

identificación de las parcelas, que supone la elaboración de una lista de las parcelas que aptas para la producción de la denominación «Huile d'olive de Corse» o «Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica», que se ajustan a los criterios de la zona de implantación y a las normas de producción (variedad, labores del olivar),

declaración de recolección redactada anualmente por el oleicultor, que declara la superficie de producción, la cantidad de aceituna producida de acuerdo con el rendimiento fijado y el destino que se da a la aceituna (almazara, lugar de elaboración).

Respecto a la elaboración, el procedimiento establece lo siguiente:

declaración de fabricación redactada por el fabricante, que declara anualmente la cantidad total de producto elaborada,

solicitud de certificado de conformidad que permite identificar el lugar donde están almacenados los productos, así como los recipientes que contienen los productos reivindicados.

El procedimiento se complementa con un examen analítico y organoléptico que permite comprobar el cumplimiento de las normas de calidad y la tipicidad de los productos.

Además, los operadores que hayan obtenido un certificado de conformidad deberán redactar anualmente una declaración de existencias.

4.5   Método de obtención: Las aceitunas deberán producirse y transformarse en la zona de producción definida en el punto 4.3.

Variedades

El aceite procede de aceitunas de las siguientes variedades: Sabine (denominada asimismo Aliva Bianca, Biancaghja), Ghjermana, Capannace, Raspulada, Zinzala, Aliva Néra (también denominada Ghjermanane du Sud), Curtinese.

Ahora bien, los olivares plantados antes de la fecha de publicación del texto reglamentario nacional en el que se define la denominación y que no cumplan las disposiciones sobre las variedades seguirán acogiéndose al derecho de adoptar la denominación «Huile d'olive de Corse» o «Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica», siempre que las explotaciones afectadas suscriban ante el Institut national des appellations d'origine un calendario individual de reconversión de la explotación. Dicho calendario deberá prever que los olivos procedentes de las variedades indicadas anteriormente representen al menos un 30 % de los olivares de la explotación en el año 2010, un 40 % en el 2015, un 50 % en el 2020 y un 70 % en el 2025. A partir de la recolección de 2010, se admitirá la utilización de aceitunas procedentes de estos olivares para la elaboración de aceite de oliva con denominación, siempre que las aceitunas procedentes de dichos olivares se asocien al menos a una de las variedades indicadas.

Dentro de cada olivar se permite la implantación de olivos de variedades polinizadoras, siempre que estén dispuestos de forma armoniosa y sin que su número supere el 5 % del número de pies del olivar. La utilización de aceitunas de estas variedades sólo se admitirá para la producción de aceite de oliva si la proporción de las mismas no supera el 5 % de la masa de aceitunas empleada.

Prácticas en cuanto a labores del olivar

Cada pie debe disponer de una superficie mínima de 24 metros cuadrados y la distancia mínima entre los árboles deberá ser al menos de 4 metros.

La poda consiste en reducir el árbol mediante la eliminación de la madera vieja.

Los olivares deberán mantenerse mediante trabajos de cultivo, siembra de hierba y siega o pastoreo anual.

El riego se autoriza durante el periodo de vegetación del olivo hasta el envero.

La producción de los olivares no debe superar ocho toneladas de aceitunas por hectárea. Ahora bien, en determinados casos concretos, a raíz de una situación climática excepcional, podrá aumentarse o reducirse el rendimiento. En ningún caso podrá superar 10 toneladas de aceitunas por hectárea.

Los aceites de oliva sólo se elaborarán con aceitunas procedentes de árboles de al menos cinco años.

Recolección

La fecha del inicio de la recolección de las aceitunas se fija mediante orden prefectoral, a propuesta de los servicios del Institut national des appellations d'origine. No obstante, en caso de condiciones climáticas excepcionales, estos servicios podrán adoptar medidas de excepción.

Los aceites proceden de la recolección de aceitunas bien maduradas. El conjunto de las entregas a la almazara por campaña oleícola debe ser, para cada explotación, de un máximo de 20 % de aceitunas verdes y un mínimo de 50 % de aceitunas negras.

La aceituna debe recogerse directamente del árbol, sin producto de abscisión, o cosecharse mediante vareo tradicional o vareo mecánico, recogiéndose los frutos en redes u otros receptáculos colocados bajo los árboles.

Las aceitunas que se recojan en el suelo o las que caigan de forma natural y procedan del primer o del último vaciado de las redes o receptáculos deben conservarse separadas de las aceitunas que puedan acogerse a la denominación.

Las aceitunas deben almacenarse y transportarse en cajas o cajones paleta de tablillas separadas.

Condiciones de elaboración

La conservación de las aceitunas entre la recolección y la elaboración no puede superar 9 días, con un máximo de dos días entre la entrega a la almazara y la trituración.

En el procedimiento de extracción sólo intervienen procedimientos mecánicos en los que no puede calentarse la pasta por encima de un máximo de 27° C.

Los únicos tratamientos autorizados son el lavado, la decantación, el centrifugado y el filtrado. Salvo el agua, está prohibido el empleo de coadyuvantes que faciliten la extracción del aceite.

El aceite obtenido debe ser aceite virgen cuya acidez libre, expresada en ácido oleico, no supere los 1,5 gramos por cada 100.

4.6   Vínculo: La historia del olivo en esta isla es antigua y constituye la base de la cultura oleícola insular.

El olivo silvestre u oleastro es indígena en Córcega y su cultura fue desarrollada probablemente por las civilizaciones griegas y romanas.

La presencia de numerosos olivos centenarios en los matorrales da fe de un pasado oleícola importante, cuyo apogeo se sitúa a finales del siglo XIX, como consecuencia de un contexto climático y pedológico especialmente favorable a ese cultivo. El clima, de tipo mediterráneo, es clemente (sin heladas) en los sectores tradicionales oleícolas, que excluyen las zonas montañosas superiores a los 800 metros de altura. La originalidad de la oleicultura corsa radica asimismo en la diversidad de las variedades antiguas y endémicas, destinadas exclusivamente a la producción de aceite. Al margen de las características consustanciales de las distintas variedades, los árboles se someten a prácticas de labor comunes adaptadas a las condiciones climáticas y pedológicas: caída natural de las aceitunas en redes, por el gran tamaño de los árboles, recolección tardía por no producirse heladas y evolución lenta de la materia prima.

Los métodos de elaboración se caracterizan por una trituración de las aceitunas maduras que confiere al aceite de oliva de Córcega su tipicidad, marcada por una gran suavidad.

En la actualidad, los mejores resultados de este método de recolección y de las almazaras permiten aumentar la calidad de los aceites sin menoscabo de su tipicidad.

Así pues, la interdependencia de factores naturales y humanos, locales y específicos confiere al aceite de oliva con denominación «Huile d'olive de Corse» o «Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica» unas características originales comunes a la producción oleícola de toda la isla.

4.7   Estructura de control:

Nombre:

I.N.A.O.

Dirección:

138, Avenue des Champs-Elysées F-75008 Paris

A partir del 1 de enero de 2005: 51, rue d'Anjou — F-75008 Paris

Nombre:

D.G.C.C.R.F.

Dirección:

59, Bd. V. Auriol F-75703 Paris Cedex 13

4.8   Etiquetado: Además de las indicaciones obligatorias que establece la normativa sobre etiquetado y presentación de los productos alimentarios, en el etiquetado del aceite de la denominación de origen controlada «Huile d'olive de Corse» o «Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica» deberán figurar las indicaciones siguientes:

el nombre de la denominación «Huile d'olive de Corse» o «Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica»

la indicación «appellation d'origine contrôlée» o «AOC»; si en el etiquetado figura, independientemente de la dirección, el nombre de una explotación o de una marca, el nombre de la denominación se deberá repetir entre las palabras «appellation» y «contrôlée».

Estas indicaciones deberán agruparse en el mismo campo visual y en la misma etiqueta.

Deberán ir en caracteres visibles, legibles e indelebles y de una dimensión que permita distinguirlas claramente de otras indicaciones escritas o de otras ilustraciones.

4.9   Requisitos nacionales: Decreto relativo a la denominación de origen controlada «Huile d'olive de Corse» o «Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica».


(1)  Comisión Europea — Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural – Unidad de Política de calidad de los productos agrícolas — B-1049 Bruselas.


22.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 233/14


Anuncio de inicio de una reconsideración por expiración de las medidas antidumping aplicables a las importaciones de soluciones de urea y nitrato de amonio originarias de Argelia, Belarús, Rusia y Ucrania

(2005/C 233/07)

A raíz de la publicación de un anuncio de próxima expiración (1) de las medidas antidumping en vigor sobre las importaciones de soluciones de urea y nitrato de amonio originarias de Argelia, Belarús, Rusia y Ucrania («los países afectados»), la Comisión ha recibido una solicitud de reconsideración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento (CE) no 384/96 del Consejo, relativo a la defensa contra las importaciones que sean objeto de dumping por parte de países no miembros de la Comunidad Europea («el Reglamento de base») (2).

1.   Solicitud de reconsideración

La solicitud fue presentada por la Asociación Europea de Fabricantes de Fertilizantes (EFMA) (en lo sucesivo, «el solicitante») en nombre de una serie de productores que representan una proporción importante, en este caso más del 50 %, del total de la producción comunitaria de soluciones de urea y nitrato de amonio.

2.   Producto

El producto objeto de reconsideración son mezclas de urea y nitrato de amonio en disolución acuosa o amoniacal originarias de Argelia, Belarús, Rusia y Ucrania («el producto afectado»), actualmente clasificadas en el código NC 3102 80 00. Este código NC se indica solamente a título informativo.

3.   Medidas existentes

Las medidas actualmente en vigor consisten en un derecho antidumping definitivo establecido por el Reglamento (CE) no 1995/2000 del Consejo (3), modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 1675/2003 del Consejo (4).

4.   Razones para la reconsideración

La solicitud se basa en el argumento de que la expiración de las medidas acarrearía probablemente una continuación o reaparición del dumping y del perjuicio para la industria de la Comunidad.

La alegación de continuación del dumping respecto de Argelia se basa en una comparación entre el valor normal calculado y los precios de venta del producto afectado para su exportación a la Comunidad.

El margen de dumping así calculado es significativo.

Para demostrar la probabilidad de reaparición del dumping por parte de Belarús, Ucrania y Rusia, y debido a la ausencia total de un volumen significativo de importaciones de estos países a la CE, el solicitante ha utilizado los precios de exportación a los Estados Unidos de América.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 7, del Reglamento de base, el solicitante determinó el valor normal para Belarús y para Ucrania sobre la base del precio en un tercer país de economía de mercado apropiado, mencionado en el punto 5.1 d) del presente anuncio.

La alegación de reaparición del dumping por parte de Belarús y de Ucrania se basa en la comparación del valor normal a que se refiere el párrafo anterior con los precios de venta del producto afectado de estos dos países para su exportación a los Estados Unidos de América.

La alegación de reaparición del dumping respecto de Rusia se basa en la comparación entre el valor normal calculado y los precios de venta del producto afectado para su exportación a los Estados Unidos de América.

Sobre la base de las comparaciones anteriores entre valores normales y precios a la exportación que indican dumping por parte de Belarús, Ucrania y Rusia, el solicitante alega la probabilidad de reaparición de dumping.

El solicitante alega, además, la probabilidad de que continúe el dumping. A este respecto, el solicitante aporta pruebas de que, si se permite que expiren las medidas, es probable que el nivel actual de importaciones del producto afectado aumente debido a la existencia de capacidad inutilizada y al potencial de las instalaciones de fabricación de los productores exportadores de los países afectados para pasar de la fabricación de otros productos a la fabricación del producto afectado.

Además, el solicitante alega que la desaparición del perjuicio se debe principalmente a la existencia de medidas y que, si se autoriza la expiración de las medidas, la reaparición de importaciones de los países afectados en cantidades importantes y a precios objeto de dumping llevaría seguramente a una reaparición del perjuicio ocasionado a la industria de la Comunidad.

5.   Procedimiento

Habiendo decidido, previa consulta al Comité consultivo, que existen suficientes pruebas para justificar el inicio de una reconsideración por expiración, la Comisión abre una investigación de conformidad con el artículo 11, apartado 2 del Reglamento de base.

5.1.   Procedimiento para la determinación de la probabilidad del dumping y del perjuicio

La investigación determinará si la expiración de las medidas podría ocasionar o no la continuación o la reaparición del dumping y del perjuicio.

a)   Muestreo

Habida cuenta del gran número de partes implicadas en el presente procedimiento, la Comisión podrá decidir la aplicación de un método de muestreo, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base.

i)   Muestreo de importadores

Para que la Comisión pueda decidir si es necesario el muestreo y, en caso afirmativo, seleccionar una muestra, se ruega a todos los importadores, o a los representantes que actúen en su nombre, que se den a conocer a la Comisión y proporcionen la siguiente información sobre su empresa o empresas en el plazo fijado en el punto 6 b) i), del presente anuncio y en el formato indicados en el punto 7:

nombre, dirección, dirección de correo electrónico, número de teléfono y de fax y persona de contacto,

volumen de negocios total en euros de la empresa entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005;

número total de empleados,

actividades exactas de la empresa en relación con el producto afectado,

volumen en toneladas y valor en euros de las importaciones y reventas del producto importado afectado originario de Argelia, Belarús, Rusia y Ucrania efectuadas en el mercado comunitario durante el período comprendido entre el 1 de julio del 2004 y el 30 de junio de 2005,

nombres y actividades exactas de todas las empresas vinculadas (5) implicadas en la producción o venta del producto afectado,

cualquier otra información pertinente que ayude a la Comisión a seleccionar la muestra;

al facilitar la información mencionada, la empresa manifiesta su acuerdo con su posible inclusión en la muestra. Si la empresa es elegida para formar parte de la muestra, deberá contestar a un cuestionario y aceptar una investigación in situ de sus respuestas. Si la empresa indica su desacuerdo con su posible inclusión en la muestra, se considerará que no ha cooperado en la investigación. Las consecuencias de la ausencia de cooperación se establecen en el punto 8 siguiente.

A fin de obtener la información que considere necesaria para la selección de la muestra de importadores, la Comisión se pondrá asimismo en contacto con toda asociación de importadores conocida.

ii)   Muestreo de los productores comunitarios

Habida cuenta del gran número de productores comunitarios que apoyan la solicitud, la Comisión tiene la intención de investigar el perjuicio a la industria de la Comunidad mediante muestreo.

A fin de que la Comisión pueda seleccionar una muestra, se ruega a todos los productores comunitarios que proporcionen la siguiente información sobre su empresa o empresas dentro del plazo fijado en el punto 6 b) i):

nombre, dirección, dirección de correo electrónico, y número de teléfono y de fax y persona de contacto,

volumen de negocios total en euros de la empresa entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005;

actividades precisas de la empresa en relación con la fabricación del producto afectado y volumen en toneladas del producto afectado durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005;

valor en euros de las ventas del producto afectado realizadas en el mercado comunitario durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005;

volumen de ventas en toneladas del producto afectado efectuadas en el mercado comunitario durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005;

volumen de la producción en toneladas del producto afectado durante el período comprendido entre el 1 de julio de 2004 y el 30 de junio de 2005;

nombres y actividades exactas de todas las empresas vinculadas (5) implicadas en la producción o venta del producto afectado,

cualquier otra información pertinente que ayude a la Comisión a seleccionar la muestra;

al facilitar la información mencionada, la empresa manifiesta su acuerdo con su posible inclusión en la muestra; si la empresa es elegida para formar parte de la muestra, deberá contestar a un cuestionario y aceptar una investigación in situ de sus respuestas. Si la empresa indica su desacuerdo con su posible inclusión en la muestra, se considerará que no ha cooperado en la investigación. Las consecuencias de la ausencia de cooperación se establecen en el punto 8 siguiente.

iii)   Selección final de muestras

Todas las partes interesadas que deseen presentar cualquier información pertinente relativa a la selección de las muestras deberán hacerlo en el plazo establecido en el punto 6 b) ii).

La Comisión tiene previsto llevar a cabo la selección final de las muestras tras haber consultado a las partes interesadas que hayan mostrado su disposición a ser incluidas en la muestra.

Las empresas incluidas en las muestras deberán responder a un cuestionario en el plazo establecido en el punto 6 b) iii), del presente anuncio y cooperar en la investigación.

Si la cooperación no fuera suficiente, la Comisión, de conformidad con el artículo 17, apartado 4 y el artículo 18 del Reglamento de base, podrá formular sus conclusiones basándose en los datos disponibles. Una conclusión basada en los datos disponibles puede ser menos ventajosa para la parte afectada, según se explica en el punto 8 del presente anuncio.

b)   Cuestionarios

A fin de obtener la información que considere necesaria para su investigación, la Comisión enviará cuestionarios a la industria de la Comunidad incluida en la muestra y a las asociaciones de productores comunitarios, a los productores exportadores de Argelia, Belarús, Rusia y Ucrania, a todas las asociaciones de productores exportadores, a los importadores incluidos en la muestra, a las asociaciones de importadores citadas en la solicitud o que cooperaron en la investigación que dio lugar a las medidas objeto de la presente reconsideración, así como a las autoridades de los países exportadores afectados.

c)   Recopilación de la información y celebración de audiencias

Se invita a todas las partes interesadas a dar a conocer sus puntos de vista, a facilitar información adicional a la incluida en las respuestas que figuran en el cuestionario y a proporcionar pruebas materiales. Esta información y las pruebas correspondientes deberán llegar a la Comisión en el plazo establecido en el punto 6 a) ii), del presente anuncio.

Además, la Comisión podrá oír a las partes interesadas, siempre que lo soliciten y demuestren que existen razones particulares para ello. Esta solicitud se formulará en el plazo fijado en el punto 6 a) iii), del presente anuncio.

d)   Selección del país de economía de mercado

En la investigación anterior se utilizó Lituania como país de economía de mercado apropiado a efectos de determinar el valor normal respecto a Belarús y Ucrania. Ahora el solicitante ha propuesto que se utilice los Estados Unidos con este fin. Por el presente anuncio, se invita a las partes interesadas a que formulen sus observaciones respecto a la conveniencia de esta opción en el plazo específico establecido en el punto 6 c) del presente anuncio.

5.2.   Procedimiento de evaluación del interés de la Comunidad

En el caso de que se confirme la probabilidad de continuación o reaparición del dumping y del perjuicio, se determinará, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 del Reglamento de base, si el mantenimiento o la derogación de las medidas antidumping perjudicaría el interés de la Comunidad. Por esta razón, la industria de la Comunidad, los importadores, las asociaciones que los representan, los usuarios representativos y las organizaciones de consumidores representativas podrán darse a conocer y facilitar información a la Comisión en el plazo general fijado en el punto 6 a) ii), siempre que demuestren que existe un vínculo objetivo entre su actividad y el producto afectado. Las partes que hayan actuado de conformidad con la frase anterior podrán solicitar una audiencia exponiendo las razones particulares por las que deberían ser oídas en el plazo fijado en el punto 6 a) iii). Cabe señalar que la información facilitada de conformidad con el artículo 21 sólo se tomará en consideración si va acompañada de pruebas materiales en el momento de la presentación.

6.   Plazos

a)   Plazo general

i)   Para las partes que soliciten un cuestionario

Todas las partes interesadas que no cooperaron en la investigación que dio lugar a las medidas objeto de la actual reconsideración deberán solicitar un cuestionario cuanto antes, y, a más tardar, 15 días después de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

ii)   Para que las partes se den a conocer, presenten sus respuestas al cuestionario y cualquier otra información

Para que las observaciones de las partes interesadas puedan ser tomadas en consideración durante la investigación, éstas deberán darse a conocer poniéndose en contacto con la Comisión, presentar sus puntos de vista y sus respuestas al cuestionario o cualquier otra información en el plazo de 40 días a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, salvo que se indique lo contrario. Debe señalarse que el ejercicio de la mayor parte de los derechos relativos al procedimiento establecidos en el Reglamento de base depende de que las partes se den a conocer en el plazo antes mencionado.

iii)   Audiencias

Todas las partes interesadas podrán solicitar asimismo ser oídas por la Comisión en ese mismo plazo de cuarenta días.

b)   Plazo específico para el muestreo

i)

Toda la información especificada en los puntos 5.1 a) i) y 5.1 a) ii) deberá llegar a la Comisión en el plazo de 15 días a partir de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, ya que la Comisión tiene intención de consultar a las partes interesadas que hayan manifestado su interés en ser incluidas en la selección final de la muestra dentro de los 21 días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

ii)

Cualquier otra información pertinente para la selección de la muestra, tal como se menciona en el punto 5.1 a) iii), deberá llegar a la Comisión dentro de los 21 días siguientes a la fecha de la publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

iii)

Las respuestas al cuestionario de las partes incluidas en la muestra deberán obrar en poder de la Comisión dentro de los 37 días siguientes a la fecha de notificación de su inclusión en la muestra.

c)   Plazo específico para la selección del país de economía de mercado

Las partes en la investigación podrán presentar sus observaciones sobre la idoneidad de los Estados Unidos de América que, según se menciona en el apartado 5,1 d) del presente anuncio, está previsto considerar como país de economía de mercado para determinar el valor normal respecto a Belarús y Ucrania. Estas observaciones deberán obrar en poder de la Comisión dentro de los 10 días siguientes a la fecha de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.

7.   Observaciones por escrito, respuestas al cuestionario y correspondencia

Todas las observaciones y solicitudes de las partes interesadas deberán presentarse por escrito (y no en formato electrónico, salvo que se especifique lo contrario) y en ellas deberán indicarse el nombre, la dirección, la dirección de correo electrónico y el número de teléfono y de de fax de la parte interesada. Todas las observaciones por escrito, incluidas la información que se solicita en el presente anuncio, las respuestas al cuestionario y la correspondencia que aporten las partes interesadas y que tenga carácter confidencial, deberán llevar la indicación «Difusión restringida» (6) y, de conformidad con el artículo 19 apartado 2 del Reglamento de base, deberá incluirse asimismo una versión no confidencial, que llevará la indicación «PARA INSPECCIÓN POR LAS PARTES INTERESADAS».

Dirección de la Comisión para la correspondencia:

Comisión Europea

Dirección General de Comercio

Dirección B

Despacho: J-79 5/16

B-1049 Bruselas.

Fax (32-2) 295 65 05

8.   Falta de cooperación

Cuando una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria, no la facilite en los plazos oportunos u obstaculice de forma significativa la investigación, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base podrán formularse conclusiones provisionales o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los datos disponibles.

Si se comprueba que una parte interesada ha suministrado información falsa o engañosa, se hará caso omiso de dicha información y podrán utilizarse los datos de que se disponga. Cuando una parte no coopere o sólo lo haga parcialmente y, como consecuencia de ello, según prevé el artículo 18 del Reglamento de base, sólo se haga uso de los datos disponibles, las conclusiones podrán resultarle menos favorables que si hubiese prestado su cooperación.

9.   Calendario de la investigación

De conformidad con el artículo 11, apartado 5, del Reglamento de base, la investigación deberá concluirse en el plazo de 15 meses a partir de la fecha de publicación del presente anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea.


(1)  DO C 312 de 17.12.2004, p. 5.

(2)  DO L 56 de 6.3.1996, p. 1. Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 461/2004 del Consejo (DO L 77 de 13.3.2004, p. 12).

(3)  DO L 238 de 22.9.2000, p. 15.

(4)  DO L 238 de 25.9.2003, p. 4.

(5)  Sobre el significado de empresas vinculadas, véase el artículo 143 del Reglamento (CEE) no 2454/93 de la Comisión, por el que se fijan determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CEE) no 2913/92 del Consejo por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (DO L 253 de 11.10.1993, p. 1).

(6)  Ello significa que el documento sirve exclusivamente para uso interno. Estará protegido de conformidad con el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1049/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al acceso del público a los documentos del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión (DO L 145 de 31.5.2001, p. 43). Es un documento confidencial de conformidad con el artículo 19 del Reglamento de base y con el artículo 6 del Acuerdo de la OMC sobre la aplicación del artículo VI del GATT 1994 (Acuerdo antidumping).


22.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 233/18


Comunicación publicada de conformidad con el apartado 4 del artículo 27 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo en el Asunto COMP/37.749 — Acuerdo de Cooperación entre Austrian Airlines y SAS

(2005/C 233/08)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

1.   Introducción

Con arreglo al artículo 9 del Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo (1), cuando la Comisión se disponga a adoptar una decisión que ordene la cesación de la infracción y las empresas afectadas propongan compromisos que respondan a las inquietudes que les haya manifestado la Comisión en su análisis preliminar, la Comisión podrá convertir dichos compromisos en obligatorios para las empresas. La decisión podrá adoptarse por un período de tiempo determinado y en ella constará que ya no hay motivos para la intervención de la Comisión. Con arreglo al apartado 4 del artículo 27 del mismo Reglamento, la Comisión publicará un breve resumen del asunto y el contenido fundamental de los compromisos. Los terceros interesados podrán presentar sus observaciones en el plazo fijado por la Comisión.

2.   Resumen del asunto

El 30 de diciembre de 1999 Scandinavian Airlines System (SAS) y Austrian Airlines notificaron a la Comisión un acuerdo de cooperación con objeto de obtener una exención individual de conformidad con el apartado 1 del artículo 5 del Reglamento (CE) no 3975/87, del apartado 3 del artículo 81 y del apartado 3 del artículo 53 del Acuerdo EEE. En virtud de dicho acuerdo, las partes cooperarían en todas sus rutas mundiales a través de la planificación conjunta de horarios, la coordinación de sus políticas de precios, los programas de rutas y la distribución de capacidad. La cooperación más estrecha afectaba al tráfico entre Austria y los países nórdicos (Noruega, Suecia y Dinamarca), donde un sistema conjunto de tráfico (JTS) se aplicaría a todos los servicios de transporte aéreo exclusivamente y cuyos costes e ingresos serían compartidos por las partes. De conformidad con el apartado 3 del artículo 5 del Reglamento (CEE) no 3975/87, el 11 de julio de 2000 la Comisión publicó una Comunicación invitando a terceros a presentar sus observaciones con respecto al acuerdo.

El 4 de octubre de 2000 la Comisión remitió una carta en la que planteaba dudas fundadas sobre el impacto del acuerdo en la competencia afirmando que, en especial, era probable que el sistema conjunto de tráfico eliminara la competencia en una parte sustancial del mercado del transporte aéreo entre los países nórdicos y Austria y que por ello podría hacer inaplicable el apartado 3 del artículo 81 del tratado CE, especialmente en las rutas Viena-Copenhague y Viena-Estocolmo.

Como consecuencia de esta carta, el 31 de diciembre de 2001 las partes decidieron disipar las preocupaciones de la Comisión en lo tocante al tráfico bilateral modificando el acuerdo de cooperación y sustituyéndolo por un «acuerdo de cooperación limitado» así como por un acuerdo de mercadotecnia y ventas. El nuevo acuerdo refundía toda la cooperación relativa a tráfico bilateral entre Austria y los países nórdicos y así solventaba las inquietudes principales suscitadas en el ámbito de la competencia y citadas en la susodicha carta. Sin embargo, en la práctica esta solución no pudo aplicarse.

Como resultado de nuevas discusiones con los servicios de la Comisión, las partes abandonaron la refundición del acuerdo y concluyeron el «acuerdo de cooperación modificado» de 24 de octubre de 2002. El ámbito del nuevo acuerdo vuelve a contemplar una cooperación en el tráfico bilateral entre Austria y los países nórdicos. En contraste con el acuerdo de cooperación notificado originalmente, el nuevo «acuerdo de cooperación modificado» no instituye una empresa a riesgo compartido para el tráfico bilateral. Los principales elementos de este acuerdo son:

a.   Normas de servicio generalmente aplicables

Los servicios a pasajeros de vuelos operados en código compartido se prestan en igualdad de condiciones.

b.   Códigos compartidos y cooperación de redes

El acuerdo de códigos compartidos cubre todos los vuelos internacionales que las partes elijan conjuntamente. Las partes se esforzarán por coordinar unas mejores conexiones y la capacidad de sus redes respectivas para desarrollar mejores conexiones en sus mercados interiores y fuera de ellos y minimizar los tiempos de conexión de los pasajeros para los servicios prestados en sus redes combinadas. Podrán establecerse principios y normas sobre transferencia de tráfico de ámbito más amplio que el de las bases operativas de las partes.

c.   Coordinación de precios y reparto proporcional

Las partes desarrollarán una política de precios armonizada y coordinarán sus programas de rutas y sus capacidades. Las tarifas de los billetes se calcularán y repartirán entre las partes según se establezca en un acuerdo de ejecución.

d.   Mercadotecnia y ventas

La coordinación de ventas será asumida por el respectivo transportista nacional y se basará en una política armonizada de ventas y mercadotecnia. Las partes acuerdan una integración mutua de sus programas de ventas en el mercado nacional de la parte respectiva. Asimismo, las partes se esforzarán por ofrecer servicios de atención telefónica centralizada a la otra parte.

e.   Programas de puntos para viajeros asiduos

Las partes han firmado un acuerdo relativo a sus programas de puntos para viajeros asiduos que permite a los miembros del programa de una de las partes obtener y utilizar sus puntos al viajar con la otra parte.

Según las partes, el acuerdo de cooperación modificado permitiría obtener mejoras importantes en la prestación y distribución de sus servicios, con importantes reducciones de costes. Las partes también alegan que debido a las mejoras de la eficacia, las tarifas aéreas entre Copenhague y Viena han bajado en el período 2002-2004. El consumidor también se beneficiaría de los horarios coordinados de vuelos, del mayor número de vuelos directos y de conexiones, de mejoras en la facturación y de otras ventajas derivadas de la existencia de la alianza.

A pesar de que la empresa a riesgo compartido original fue reemplazada por un acuerdo de cooperación muy intenso, el acuerdo de cooperación modificado aún suscita las mismas inquietudes con respecto a la competencia por lo que se refiere a las rutas Viena-Copenhague y Viena-Estocolmo. Dado que una considerable parte de los viajeros debe utilizar vuelos directos y que no hay alternativas a los vuelos entre Austria y los países nórdicos, la cooperación entre Austrian y SAS puede continuar restringiendo la competencia, en especial en detrimento de pasajeros que conceden gran importancia al factor tiempo. Viena-Copenhague es la única ruta en la que ambas partes volaban antes de la cooperación, por lo que la cooperación ha eliminado la competencia real entre ellas. En las restantes, la cooperación elimina solamente una competencia potencial. Asimismo, la prueba preliminar de mercado no ha mostrado que exista ningún otro operador que estaría interesado en volar entre ambas ciudades.

3.   Principales elementos de los compromisos ofrecidos

Las partes sujetas al procedimiento se han comprometido a disipar las preocupaciones de la Comisión en lo concerniente a la competencia. Este compromiso puede resumirse del siguiente modo.

—   Compromisos sobre franjas horarias:

Las partes pondrán a disposición de otra aerolínea las siguientes franjas horarias para despegues y aterrizajes:

para la ruta entre Viena y Copenhague: hasta dos (2) frecuencias diarias;

para la ruta entre Viena y Estocolmo: hasta dos (2) frecuencias diarias.

—   Compromisos sobre acuerdos entre aerolíneas:

Las partes aceptan firmar un acuerdo IATA del tipo MITA (acuerdo multilateral de tráfico entre aerolíneas) con una nueva aerolínea (en caso de que aún no exista tal acuerdo) que se basaría en los principios establecidos por la IATA.

—   Acuerdo especial sobre reparto proporcional:

En caso de que así se solicite, las partes firmarán un acuerdo especial sobre reparto proporcional con la nueva aerolínea siempre que parte del viaje incluya una de las rutas afectadas. Las condiciones para dicha ruta serán comparables a las aplicadas en caso de acuerdos entre aerolíneas no pertenecientes a la alianza de la que las partes son miembros o con aerolíneas pertenecientes a otras alianzas aéreas.

—   Compromisos relativos al programa de puntos para viajeros asiduos:

En caso de que así se solicite, las partes permitirán a la nueva aerolínea participar en uno de sus programas de puntos para viajeros asiduos.

—   Reducción de frecuencias:

Las partes están dispuestas a congelar sus frecuencias diarias durante un plazo limitado.

—   Compromiso de facilitar servicios intermodales de transporte de pasajeros

A petición de una empresa ferroviaria o de otra empresa de transporte de superficie que efectúe viajes entre Austria y Dinamarca/Suecia/Noruega, las partes firmarán un acuerdo intermodal por el que prestarán transporte aéreo de pasajeros entre cualquier par europeo de ciudades como parte de un itinerario que incluya el transporte de superficie por parte de la empresa dedicada al servicio intermodal.

4.   Invitación a presentar comentarios

A reserva de la prueba de mercado, la Comisión tiene intención de adoptar una decisión con arreglo al apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CE) no 1/2003 por la que se declaren vinculantes los compromisos que se acaban de resumir y que se han publicado en su integridad en la página Internet de la Dirección General de Competencia. De conformidad con el apartado 4 del artículo 27 del Reglamento (CE) no 1/2003, la Comisión invita a los terceros interesados a presentar sus observaciones con respecto a los compromisos propuestos en el plazo de 1 mes a partir de la fecha de publicación de la presente Comunicación.

Las observaciones podrán remitirse por correo electrónico (Maria-Jose.Bicho@cec.eu.int o Fabrizia.Benini@cec.eu.int), fax [(32-2) 296 29 11] o correo ordinario (con la referencia COMP/37.749 — Austrian Airlines/SAS co-operation agreement) a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia,

Registro de Acuerdos y Prácticas Restrictivas

J-70

B-1049 Bruselas

En el curso del procedimiento podría ser necesario o apropiado poner a disposición de las partes que ofrecen los compromisos un resumen de los comentarios presentados tras la publicación del documento de prueba de mercado. Por ello les rogamos que indiquen cualquier dato o secreto comercial confidencial con el fin de poder respetar las peticiones justificadas.


(1)  Reglamento (CE) no 1/2003 del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicación de las normas sobre competencia previstas en los artículos 81 y 82 del Tratado (DO L 1 de 4.1.2003, pp. 1-25).


22.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 233/21


AYUDAS ESTATALES — FRANCIA

Ayuda de Estado C 27/2005 (ex NN 69/2004) — Planes de campaña en el sector de las frutas y hortalizas

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

(2005/C 233/09)

Por carta de 20 de julio de 2005, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Francia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la ayuda respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural

Dirección H. Legislación agraria

Unidad: H.2. Competencia

Despacho: Loi 130 5/128

B-1049 Bruselas

Fax: (32-2) 296 76 72

Dichas observaciones serán comunicadas a Francia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

La Comisión ha tenido conocimiento de la existencia en Francia de ayudas estatales concedidas durante años en el sector de las frutas y hortalizas. Estas ayudas, cuyo importe ascendió a entre 15 y 50 millones de euros anuales, fueron abonadas hasta el año 2002.

Las medidas financiadas, que tenían por objetivo atenuar, en caso de crisis, los efectos de los excedentes de oferta en relación con la demanda, actuaban a tres niveles: mercados externos, mercado interno y transformación.

En los mercados externos, el propósito era reducir los precios de exportación (subvenciones a la exportación) para mantener las cuotas de mercado de los productos franceses.

En el mercado interno, se trataba de reducir los precios de venta, de almacenar temporalmente (o destruir incluso) una parte de la cosecha o de fomentar la transformación.

Evaluación

En la fase en que nos encontramos, la Comisión duda de que estas ayudas sean compatibles con el mercado común, pues no parece que puedan justificarse por ninguna disposición de la normativa comunitaria en materia de ayudas estatales en el sector agrario y, por consiguiente, podrían constituir meras ayudas al funcionamiento que, además, podrían interferir con los mecanismos de la organización común de mercados en el sector de las frutas y hortalizas.

TEXTO DE LA CARTA

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur la mesure citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE.

I.   PROCÉDURE

(1)

Suite à une plainte, la Commission a adressé, le 31 juillet 2002, une lettre à la France pour demander des renseignements sur des aides nationales non notifiées dans le secteur des fruits et légumes que la France serait en train de payer depuis plusieurs années dans le contexte de dispositifs dénommés “plans de campagne”, “plans stratégiques” ou “plans conjoncturels”.

(2)

Une réunion a eu lieu entre les autorités françaises et les services de la Commission le 21 octobre 2002.

(3)

Par lettre du 26 décembre 2002, enregistrée le 2 janvier 2003, la France a fourni des informations confirmant que de telles aides avaient été octroyées jusqu'à l'année 2002.

(4)

Par lettre du 16 avril 2003, la Commission a demandé à la France de lui fournir un inventaire complet des aides octroyées au titre des plans de campagne, ventilé par mesure et par production, comprenant le montant d'aide destinée à chaque mesure et la durée précise des régimes.

(5)

Par lettre du 30 avril 2003, les autorités françaises ont demandé une extension du délai de réponse à la demande de renseignements de la Commission.

(6)

Par lettre du 22 juillet 2003, enregistrée le 25 juillet 2003, la France a transmis des informations concernant la nature des actions financées ainsi que des tableaux reprenant la répartition des crédits publiques affectés aux différentes productions pour la période 1998-2002.

(7)

La mesure a ensuite été incluse dans le registre des aides non notifiées sous le numéro NN 57/05.

II.   DESCRIPTION

(8)

Suite à une plainte anonyme, la Commission est entrée en possession de nombreux documents attestant de l'existence d'aides étatiques octroyées dans le secteur des fruits et légumes. Les fonds publics auraient été attribués aux Comités Économiques Agricoles pour la réalisation d'actions de soutien du marché des fruits et légumes.

II.1.   Les Comités Économiques Agricoles — composition, mission et financement

(9)

La loi française (1) fait obligation aux groupements de producteurs agricoles d'adhérer aux Comités Économiques Agricoles, organisations régies par les dispositions de l'article 552-1 et suivants du Code Rurale. La mission des Comités Économiques est d'édicter des règles communes à leurs membres afin d'harmoniser les disciplines de production, de commercialisation, de prix et de mise sur le marché des produits (2). Les règles édictées ne sont applicables qu'après approbation du ministre de l'agriculture.

(10)

Les comités économiques agrées sont habilités à percevoir, auprès de chacun de leurs membres (les groupements de producteurs), un droit d'inscription et, à titre de cotisation, une fraction des cotisations perçues par les groupements eux-mêmes (3). Ces cotisations sont rendues obligatoires par les pouvoirs publics.

(11)

Sur la base des documents en possession de la Commission, huit Comités Économiques Agricoles (Rhône-Méditerranée, Grand Sud-Ouest, Corse, Val de Loire, Nord, Nord-Est, Bretagne et Normandie) auraient bénéficié pendant de nombreuses années de fonds publics, fournis notamment par l'Office National Interprofessionnel des Fruits, des Légumes et de l'Horticulture (ONIFLHOR). Ces fonds publics apparaissent dans les comptes des Comités sous la dénomination de “Fonds de développement”, à côté des cotisations obligatoires, dénommées “Parts professionnelles”. Selon les plaignants, avant la réforme de l'OCM fruits et légumes en 1996 (4), de fonds publics alimentaient déjà une caisse nationale gérée par l'Association Française des Comités Économiques Agricoles Fruits et Légumes, basée sur les mêmes principes de fonctionnement.

II.2.   Les plans de campagne

(12)

Les fonds à la disposition des Comités Économiques ont été utilisés pour le financement de “plans de campagne”, comportant des actions sur les marchés intra- et extra-communautaires visant à faciliter la commercialisation de produits agricoles récoltés en France. Selon les informations fournies par la France, depuis le 1er janvier 2003, aucune action n'a été financée dans le cadre de ces dispositifs.

(13)

En ce qui concerne la nature exacte des actions, dans leur lettre du 26 décembre 2002, les autorités françaises ont expliqué qu'elles visaient à prévenir ou, en cas de crises, à atténuer les effets d'excédents momentanés de l'offre par rapport à la demande en agissant à trois niveaux: marchés extérieurs, marché intérieur et transformation.

(14)

Sur les marchés extérieurs, l'objectif était de maintenir les parts de marché des produits français en permettant aux exportateurs de se positionner sur les marchés stratégiques et de faire face à la concurrence sur les prix. Sur le marché intérieur, les actions financées visaient à dégager le marché soit en proposant des prix plus attractifs, soit en détruisant une partie de la récolte en surnombre ou en l'orientant vers la transformation. Les autorités françaises mentionnent aussi des actions de stockage temporaire de produits en cas de saturation du marché, ainsi qu'un soutien permettant aux entreprises de transformation d'assainir le marché du frais.

(15)

La lettre des autorités françaises du 22 juillet 2003 fournit des tableaux chiffrés qui indiquent les montants affectés aux mesures de “transformation”, “dégagement”, “qualité”, “contractualisation”, “marchés extérieurs”, “stockage”.

(16)

Les documents et informations dont la Commission dispose fournissent des indications plus précises, quoique limitées à certains produits, sur la nature des actions susceptibles d'avoir été financées dans le cadre des plans de campagne.

(17)

Par exemple, pour ce qui est de la production de pommes, une lettre parvenue à la Commission en avril 2002 fait référence à un soutien à l'exportation en dehors de la Communauté qui aurait été octroyé sous couvert d'une aide à la promotion. La mesure consisterait en réalité en l'octroi de rabais à l'acheteur, payés par les autorités françaises par caisse de pommes achetée.

(18)

De plus, d'après d'autres documents, le Comité Économique fruits et légumes du bassin Rhône Méditerranée (BRM) aurait financé en 2000 des actions telles que “coûts de production”, “prix de vente”, “politique de transformation”, “export structurel”, “valorisation export”, “export lors d'un pic de production”, “marchés émergents”, “valorisation marché intérieur”. Dans les secteurs de la pêche et de la nectarine, ces aides semblent avoir été accordées sur base de la quantité produite.

(19)

Certains documents en possession de la Commission indiquent que les autorités françaises étaient informées de la nature douteuse de ces actions au regard du droit communautaire. Elles mêmes qualifiaient ces actions de “largement anti-communautaires” et signalaient la “menace d'une obligation de faire rembourser par les producteurs les sommes indûment versées” (5). Un compte-rendu du BRM rappelle aussi “le caractère confidentiel des plans stratégiques et le besoin de discrétion nécessaire compte tenu du principe anti-communautaire de ceux-ci” (6).

II.3.   Montant des aides

(20)

Dans leur lettre du 26 décembre 2002 les autorités françaises ont expliqué que le financement des actions a été assuré par les secteurs concernés en raison de 30 % ou 50 %, la part restante étant financée par les pouvoirs publics. Dans leur lettre du 22 juillet 2003, les autorités françaises ont transmis des tableaux indiquant la répartition des crédits versés au titre de plans de campagne de 1998 à 2002 pour les différents produits et actions. Le tableau ci-dessous reprend les chiffres plus significatifs fournis. Toutefois, il ne ressort pas clairement des informations transmises si les montants indiqués intègrent les cotisations obligatoires des membres des Comités Économiques, ou s'ils se réfèrent uniquement aux fonds ONIFLHOR.

(21)

Pour les plans de campagne antérieurs à 1998, les autorités françaises n'ont pas fourni de chiffres.

Montants affectés aux plans au titre des campagnes 1998-2002, ventilés par action

 

Transformation

Dégagement

Qualité

Contractualisation

Marchés extérieurs

Stockage

Total

(EUR)

1998

5 108 340

10 714 420

3 225 580

235 250

8 060 840

221 905

27 566 400

1999

13 025 110

11 885 470

5 496 140

193 160

18 580 900

1 211 970

50 392 880

2000

9 472 910

8 748 330

5 601 920

648 250

11 496 650

787 110

36 755 100

2001

7 889 590

0

6 557 590

1 121 840

3 254 140

287 500

19 110 680

2002

6 023 660

0

5 294 320

0

3 283 770

731 630

15 333 390

III.   APPRÉCIATION

III.1.   Présence d'aide au titre de l'article 87, paragraphe 1, du Traité

(22)

Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, sauf dérogations prévues par ce traité, sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(23)

L'article 43 du règlement (CEE) no 2200 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (7) (OCM), applicable au moment de l'octroi des aides, prévoyait que, sauf dispositions contraires dudit règlement, les articles 92, 93 et 94 du traité (devenus les articles 87, 88 et 89) étaient applicables à la production et au commerce des fruits et légumes.

(24)

Pour que une mesure tombe dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du Traité, les quatre conditions suivantes doivent être cumulativement remplies: (1) la mesure doit être financée par l'État ou par le biais de ressources d'État, (2) elle doit concerner de façon sélective certaines entreprises ou secteurs de production, (3) elle doit comporter un avantage économique pour les entreprises bénéficiaires, (4) elle doit affecter les échanges intra-communautaires et fausser ou menacer de fausser la concurrence.

(25)

À ce stade, les conditions de l'article 87, paragraphe 1, du Traité semblent être réunies.

(26)

En premier lieu, le critère du financement par le biais de ressources d'État est rempli. Les aides sont financées en partie par de ressources tirées du budget général d'État, versées sur le compte de l'ONIFLHOR et distribuées par celui-ci aux différents Comités Économiques, et en partie par des contributions professionnelles rendues obligatoires, perçues par les Comités Économiques.

(27)

En ce qui concerne les contributions professionnelles, elles semblent constituer aussi, prima facie, et à ce stade, des ressources d'État, à la lumière de la jurisprudence récente de la Cour, notamment l'arrêt Pearle (8). Il ressort de cet arrêt que, pour que une mesure financée par des cotisations professionnelles transitant par un organisme public ne tombe pas dans le champ d'application de l'articles 87, paragraphe 1, les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies:

(a)

Les cotisations doivent être affectées obligatoirement au financement de la mesure;

(b)

L'organisme public ne doit avoir eu, à aucun moment, le pouvoir de disposer librement de ces ressources;

(c)

La mesure doit être imputable exclusivement aux membres de l'organisme professionnel en objet, et non pas faire partie d'une politique étatique.

(d)

Les coûts encourus par l'organisme en question doivent être compensés pleinement par les contributions imposées aux entreprises bénéficiaires (absence d'avantage).

(28)

Dans les documents en possession de la Commission, rien ne semble indiquer, que les contributions étaient affectées obligatoirement aux plans de campagne, ni que les Comités Économiques n'avaient eu, à moment donné, la possibilité de disposer librement de ces ressources. Par contre, le fait que l'État ait apporté une contribution de 50 %, voire de 70 % au financement des plans de campagne semble indiquer clairement que ces dispositifs faisaient partie d'une politique étatique, et dès lors, que les ressources y affectées étaient, dans leur totalité, imputables à l'État. Au vu de ce qui précède, les contributions professionnelles rendues obligatoires doivent aussi, à ce stade, être considérées comme des ressources d'État au sens de l'article 87 du Traite CE.

(29)

En deuxième lieu, les mesures bénéficient exclusivement aux producteurs de fruits et légumes des départements concernés, et sont donc sélectives.

(30)

En troisième lieu, les producteurs en question reçoivent un avantage économique sous forme de financement de différentes actions de soutien au marché (voir paragraphes 13-18 de la décision supra). Cet avantage améliore leur position concurrentielle. Selon une jurisprudence établie de la Cour de justice, l'amélioration de la position concurrentielle d'une entreprise résultante d'une aide d'État indique, en règle générale, une distorsion de concurrence vis-à-vis d'autres entreprises qui ne reçoivent pas le même soutien (arrêt 730/79 du 17 septembre 1980, Philipe Morris/Commission, Réc. 1980, p. 2671, paragraphes 11 et 12).

(31)

Il convient de rappeler que, compte tenu de l'interdépendance entre les marchés sur lesquels opèrent les opérateurs communautaires, il n' est pas exclu qu' une aide puisse fausser la concurrence intracommunautaire par renforcement de la position concurrentielle des opérateurs (Arrêt de la Cour du 10 décembre 1969. — Commission/République française, Affaires jointes 6 et 11-69, paragraphe 20), même si l'aide bénéficie des produits pour l'exportation en dehors de la Communauté (Arrêt de la Cour du 21 mars 1990, affaire C-142/87 — Belgique/Commission, paragraphe 35)

(32)

En quatrième lieu, le secteur des fruits et légumes est pleinement ouvert à la concurrence intra-communautaire. Par exemple, en 2003 les échanges intra-communautaires de légumes s'élevaient à 8 373 000 tonnes, ceux de fruits à 6 560 000 tonnes. La France est un pays producteur de fruits et légumes parmi les plus importants de l'UE, avec 4 159 000 tonnes de fruits et 6 007 000 tonnes de légumes produits en 2003 (9). L'existence d'une OCM dans le secteur souligne d'ailleurs l'importance des échanges intracommunautaires et la sensibilité du marché à toute mesure en faveur de la production dans l'un ou l'autre État membre.

(33)

À ce stade, les actions réalisées dans le cadre des “plans de campagne” semblent, dès lors, constituer des aides d'État au terme de l'article 87, paragraphe 1, du Traité, d'un montant global qui inclut les ressources transférées par l'ONIFHLOR, plus les cotisations obligatoires.

(34)

Ces aides ne peuvent être déclarées compatibles avec le marché commun que si elles peuvent bénéficier d'une des dérogations prévues par ledit traité.

III.2.   Compatibilité de l'aide

(35)

D'après les informations dont dispose la Commission, les plans de campagne prévoyaient des mesures destinées à faire face à de crises causées par un excès d'offre de produits français sur le marché communautaire, notamment par le biais d'un subventionnement des prix de vente, de subventions pour le stockage ou la destruction d'une partie de la récolte, ainsi que d'incitations financières à la transformation du produit frais. Sur les marchés hors Union Européenne, de subventions à l'exportation auraient également contribué à l'écoulement des produits français excédentaires et pouvait renforcer la position concurrentielle des opérateurs. Ces aides semblent avoir été octroyées sur la base du prix et de la quantité produite.

(36)

À ce stade, la Commission nourrit des sérieuses doutes quant à la compatibilité de ces aides avec le marché commun et estime qu'elle constituent de pures aides au fonctionnement. Comme l'a jugé la Cour de Justice et le Tribunal de Première Instance, les aides au fonctionnement, c'est-à dire les aides qui visent à soulager les entreprises de coûts qu'elles devraient normalement assumer dans la gestion ordinaire de leurs activités, faussent, en principe, la concurrence dans la mesure ou d' une part, elles ne facilitent le “développement” d'aucun secteur économique et, d'autre part, elles procurent au bénéficiaire un support financier artificiel qui fausse de façon durable le jeu de la concurrence et affecte les échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. (Arrêt du Tribunal du 8 juin 1995, affaire T-459/93, Siemens/Commission, Recueil II-1675, paragraphes 48 et 77).

(37)

Il convient aussi de rappeler que les marchés agricoles dans l'Union Européenne sont réglementés de façon exhaustive par le biais d'organisations communes de marché (OCM). Les OCM ont pour tâche, inter alia, d'assurer une concurrence loyale entre les opérateurs du secteur concerné à l'intérieur de l'Union Européenne. Des mesures de soutien au marché telles que celles introduites et financées par la France, basées sur les prix et les quantités produites, semblent être en contradiction avec les buts de l'OCM des fruits et légumes, et de nature à interférer gravement avec son fonctionnement.

(38)

Tel que la Cour de Justice l'a souligné à maintes reprises (voir, par exemple, “Pigs marketing board” — affaire 83/78 du 29 novembre 1978, Recueil 1978, p. 02347, paragraphe 60) toute intervention d'un État membre dans les mécanismes de marché, à l'exclusion de celles qui sont spécifiquement prévues par un règlement communautaire, risquent d'interférer avec le fonctionnement des organisations communes de marché et de créer des avantages injustifiés pour certains groupes économiques dans la Communauté.

(39)

En particulier, dans sa jurisprudence récente, (voir arrêt C-283/03 Kuipers du 26 mai 2005, paragraphes 42, 49 et 53) la Cour a encore une fois rappelé que, dans les domaines couverts par une organisation commune, à plus forte raison lorsque cette organisation est fondée sur un régime commun des prix, les États membres ne peuvent plus intervenir, par des dispositions nationales prises unilatéralement, dans le mécanisme de la formation des prix régis, au même stade de production, par l'organisation commune.

(40)

Au cas où les mesures en question constitueraient des aides a l'exportation dans les échanges intracommunautaires, la Commission rappelle que celles-ci faussent directement les jeu de la concurrence et que la Commission les a toujours condamnées fermement (10).

(41)

À la lumière des considérations exposées ci-dessus, la Commission considère, à ce stade, que les mesures d'aides décrites risquent de ne pas pouvoir bénéficier d'aucune dérogation prévue par le traité, en ce qu'elles semblent fausser la concurrence et ne pas être justifiées au regard de l'intérêt commun.

IV.   CONCLUSION

La Commission, après avoir examiné les informations fournies par les autorités françaises, a dès lors décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE en ce qui concerne l'existence et la compatibilité des aides traitées dans la présente décision.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation des mesures en question dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente.

En particulier, la Commission invite la France à bien vouloir lui fournir:

(a)

une description détaillée et chiffrée de toutes les mesures financées dans le cadre des plans de campagne, ventilées par départements, à partir de l'année 1992;

(b)

une description, le cas échéant, d'autres mesures qui auraient pu être financées par le biais des contributions professionnelles perçues par les Comités Économiques pendant la même période 1992-2002.

Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre aux bénéficiaires des aides.

La Commission rappelle à la France l'effet suspensif de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE et se réfère à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil qui prévoit que toute aide illégale pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire.»


(1)  Notamment la loi du 6 octobre 1982, puis la loi no 2001-6 du 4 janvier 2001.

(2)  Loi no 99-574 du 9 juillet 1999 art. 59 III, IV Journal Officiel du 10 juillet 1999.

(3)  Décret no 90-879 du 28 septembre 1990, art. 4 Journal Officiel du 30 septembre 1990.

(4)  Règlement (CE) no 220/96.

(5)  Compte-rendu de la réunion Fruits et Légumes du 11 avril 2001, éléments de langage du Ministre de l'Agriculture, pièce annexe no 19.

(6)  Compte-rendu de l'Assemblée Générale de l'OP Pêches du 31 août 2000 à Nîmes, Pièce annexe no 20.

(7)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1-28.

(8)  Le dispositif de l'arrêt “Pearle” (Affaire C-345/02, arrêt du 15 juillet 2004) est le suivant: Les articles 92, paragraphe 1, du traité CE et 93, paragraphe 2, du traité CE (devenus 87, paragraphe 1 et 88, paragraphe 3) doivent être interprétés en ce sens que des règlements adoptés par un organisme professionnel de droit public aux fins du financement d'une campagne publicitaire organisée en faveur de ses membre et décidée par eux, au moyen de ressources prélevées auprès desdits membres et affectées obligatoirement au financement de ladite campagne, ne constituent pas une partie intégrante d'une mesure d'aide au sens de ces dispositions et n'avaient pas à être notifiés préalablement à la Commission dès lors qu'il est établi que ce financement a été réalisé au moyen de ressources dont cet organisme professionnel de droit public n'a eu, à aucun moment, le pouvoir de disposer librement.

(9)  Source: Eurostat.

(10)  Cinquième rapport sur les aides d'État dans la Communauté européenne, 1997, p. 20.


22.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 233/28


AYUDAS ESTATALES — DINAMARCA

Ayuda estatal C 10/2005 (ex NN 127/2000) — Road Combus A/S passenger transport

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE

(2005/C 233/10)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 2.5.2005, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Dinamarca su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE en relación con una parte de la ayuda/medida antes citada.

La Comisión decidió no plantear objeciones a otras ayudas/medidas, descritas en la carta que sigue al presente resumen.

Las partes interesadas pueden presentar sus observaciones sobre las ayudas/medidas respecto de las cuales la Comisión ha incoado el procedimiento en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta que figura a continuación, enviándolas a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Energía y Transportes

Dirección A — Asuntos Generales y Recursos

Edificio DM 28, Despacho 6/100

B-1049 Bruselas

Fax: (32-2) 29 64 104

Esas observaciones serán comunicadas a Dinamarca. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

TEXTO DEL RESUMEN

1.

Procedimientos

Mediante Decisión SG(2001) D/287297 de 28 de marzo de 2001 (en lo sucesivo: la decisión inicial), la Comisión decidió no plantear objeciones a las medidas. Mediante sentencia de 16 de marzo de 2004, el Tribunal de Primera Instancia anuló la decisión inicial «en la medida en que declara compatibles con el mercado común las ayudas concedidas por las autoridades danesas a Combus A/S en forma de aportaciones de capital […]» (1).

2.

Descripción de la medida respecto de la cual se incoa el procedimiento

—   Fundamento jurídico nacional: ley danesa no 1046 de 23 de diciembre de 1998.

—   Autoridad del Estado miembro que concede la ayuda: Gobierno danés.

—   Forma de la ayuda: aumento de capital, concesión de un préstamo y diversas garantías.

—   Duración: indeterminada.

—   Beneficiario(s): Sociedad Combus SA.

—   Objetivo/finalidad: ayuda a la reestructuración como paso previo a la privatización.

—   Presupuesto, origen de los recursos utilizados para financiar las ayudas e importes (por años): medidas ad hoc concedidas en dos tramos: 300 millones de coronas danesas en 1999 y 240 millones de coronas danesas en 2001; garantías incluidas en el contrato de venta de un importe máximo de 51 millones de coronas danesas.

3.

Evaluación de la medida

Combus recibió una ayuda financiera del Estado danés en 1999 y 2001, durante el proceso de privatización. Por tanto, cabe preguntarse si esas dos aportaciones constituyen o no una ayuda estatal y si forman parte de una única medida o bien constituyen dos medidas diferentes. Según el Tribunal de Primera Instancia (TPI), los elementos pertinentes para evaluar esta cuestión son, en particular, la cronología de las aportaciones de capital en cuestión, su finalidad y la situación de la filial en el momento en que se tomaron las decisiones de efectuar cada una de las aportaciones (2). Los datos de que dispone la Comisión no le permiten establecer si los dos pagos constituyen o no dos fases de una única financiación.

Esas aportaciones no constituyen ayudas según lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1, del Tratado CE si el Estado danés hubiera actuado como un inversor privado en una economía de mercado. El Gobierno danés considera que el principio del inversor racional en una economía de mercado se aplica también a situaciones en que la aportación de nuevo capital se basa en consideraciones relacionadas con la protección de la credibilidad del Gobierno (empresa matriz) en el mercado (véase la sentencia de 21 de marzo de 1991, asunto C-303/88, Italia contra Comisión, Rec. 1991 I, página 1433, apartado 21) y que la quiebra de Combus, que hubiera sido ineluctable si no se hubieran realizado los pagos, hubiera perjudicado la reputación del Estado danés como inversor profesional. El Gobierno danés dedujo de ello que un inversor privado, en su lugar, hubiera actuado de la misma manera.

La Comisión duda de que un inversor privado hubiera actuado de esa forma en una situación idéntica. Llama la atención de las autoridades danesas sobre el hecho de que el Tribunal sólo acepta la preocupación por la reputación del Estado como justificación para una aportación de capital si existe al mismo tiempo una perspectiva de viabilidad y rentabilidad de la empresa, al menos a largo plazo, lo que no ha quedado demostrado de forma convincente. Por tanto, la Comisión no puede descartar que al menos uno de los dos pagos, incluso los dos, tanto si forman parte de una medida como si son dos medidas diferentes, constituyan una ayuda estatal a tenor de lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1.

Tal ayuda podría ser compatible con el mercado común en virtud del Reglamento (CEE) no 1191/69, o en virtud del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE, como se especifica en las directrices para las ayudas de salvamento y reestructuración de empresas (3).

1.   Compatibilidad en virtud del Reglamento (CEE) no 1191/69

El Reglamento (CEE) no 1191/69 proporciona a los Estados miembros la posibilidad de elegir entre dos métodos para organizar el servicio público en el sector de los transportes:

bien recurren a contratos de servicio público, como se define en el artículo 1, apartado 4, y en la sección V del Reglamento,

bien imponen obligaciones de servicio público a las empresas de transporte, régimen definido en el artículo 1, apartado 5 y en las secciones II, III y IV del Reglamento.

Dinamarca optó por los contratos de servicio público para el sector del transporte por autobús.

Según el TPI, la celebración de un contrato de servicio público excluye el recurso a compensaciones en caso de imposición de una obligación de servicio público (4).

Si se comprueba que el precio acordado entre las dos partes en un contrato de servicio público es demasiado bajo, la empresa encargada del contrato tiene la posibilidad, según el artículo 14, apartados 4 a 6, del Reglamento (CEE) no 1191/69, de anular el contrato con un preaviso de tres meses. Las autoridades competentes pueden obligar a la empresa a mantener la ejecución del contrato durante un año a cambio de una remuneración calculada según los métodos establecidos en las secciones II, III y IV del Reglamento. Sólo en ese caso puede haber una compensación por la imposición de una obligación de servicio público sujeta al régimen de contratos de servicio público. Combus no ha anulado sus contratos de servicio público; por consiguiente, no se puede aplicar lo dispuesto en las secciones II, III y IV del Reglamento (CEE) no 1191/69 a fin de considerar la financiación recibida por Combus compatible con el mercado común.

La Comisión excluye, por tanto, el hecho de que la financiación sea compatible con el mercado común con arreglo al Reglamento (CEE) no 1191/69.

2.   Compatibilidad en virtud del artículo 87, apartado 3, letra c), del Tratado CE, como se especifica en las directrices para las ayudas de salvamento y reestructuración de empresas

El punto 3.2 de las directrices establece las condiciones siguientes para la autorización de una ayuda a la reestructuración:

La empresa debe poder considerarse en crisis (a),

El plan de reestructuración debe permitir restablecer, en un plazo razonable, la viabilidad a largo plazo de la empresa (b),

Se han de adoptar medidas que mitiguen en lo posible las consecuencias negativas que la ayuda puede acarrear para los competidores (c),

La ayuda debe limitarse a lo estrictamente necesario para permitir llevar a cabo la reestructuración (d),

Es esencial que la Comisión pueda garantizar la correcta ejecución del plan de reestructuración mediante informes periódicos y detallados (e),

Las ayudas de reestructuración sólo deben concederse una vez (f).

Combus es una empresa en crisis según la definición de las Directrices (a). El Gobierno danés presentó un plan de reestructuración para Combus.

Según el TPI, «El razonamiento de la Comisión [en su decisión inicial], por el contrario, debe considerarse expresión de una seria duda acerca de la viabilidad de Combus en el sentido del [artículo 87 del Tratado CE] y de las Directrices, duda que la Comisión no se consideraba sin embargo obligada a aclarar puesto que el artículo 73 CE le parecía base jurídica suficiente para autorizar la ayuda de que se trata. Ahora bien, al no poderse invocar a tal efecto esta última disposición […], el pago de los [X] DKK no encuentra ya autorización válida en la Decisión impugnada. […] Por consiguiente, no puede considerarse en ningún caso que la viabilidad de Combus sea un hecho»  (5). Teniendo en cuenta la conclusión del TPI, la Comisión sólo puede confirmar que alberga dudas en cuanto a la viabilidad económica de Combus tras la reestructuración prevista (b)

En el caso que nos ocupa, las autoridades danesas consideran que, excepcionalmente, no se requerían medidas para contrarrestar en lo posible los efectos adversos sobre los competidores, dado que los contratos de Combus expiraban gradualmente (a finales de 2003, había expirado alrededor del 50 % de los contratos; el último contrato termina en 2006) y dado que Arriva, la empresa que compró Combus tras la reestructuración, no tenía previsto mantener una parte de mercado correspondiente a la suma de las partes de mercado de Arriva y de Combus en el momento de la compra (alrededor del 50 %). La Comisión expresa sus dudas en cuanto a si las circunstancias específicas del caso permiten renunciar a la adopción de medidas para contrarrestar, en lo posible, los efectos adversos sobre los competidores, teniendo en cuenta, en particular, el hecho de que los competidores de Combus, representados por la Danske Busvognmaend, decidieron impugnar la decisión de la Comisión que autorizaba la ayuda (c).

La Comisión alberga dudas también sobre si la medida o medidas se limitan al mínimo estrictamente necesario para permitir la reestructuración. Según las autoridades danesas, gracias a la ayuda, Arriva podrá obtener hasta un 10 % de rentabilidad del capital invertido, lo que sería el mínimo aceptable para ese tipo de inversión. La Comisión observa que, en estos momentos, no dispone de la información necesaria para comprobar si las contribuciones públicas se limitan al mínimo estrictamente necesario para que pueda llevarse a cabo la reestructuración de Combus (d).

El Gobierno danés aceptó remitir a la Comisión un informe anual para que esta pudiera evaluar si el plan de reestructuración se aplicaba con arreglo a los compromisos asumidos por las autoridades danesas. La Comisión recibió los informes correspondientes a 2001 y 2002, que muestran el cumplimiento del plan de reestructuración (e).

Combus no había recibido ninguna ayuda a la reestructuración anteriormente. Si los dos pagos constituyen dos tramos de una misma ayuda o si, en el momento del primero o del segundo pago, el Estado danés actuó como un inversor privado en una economía de mercado, la Comisión observa que se respetó el principio de la ayuda única («One time, last time»). Si los dos pagos deben considerarse dos medidas distintas, y si el Estado danés no actuó como un inversor privado en una economía de mercado, ni en el momento del primer pago ni en el del segundo pago, no se respetó el principio de la ayuda única (f).

TEXTO DE LA CARTA

»Kommissionen skal herved meddele Danmark, at den efter at have undersøgt de oplysninger, som myndighederne har fremsendt om den omhandlede støtte/foranstaltning, har besluttet at indlede proceduren efter EF-traktatens artikel 88, stk. 2.

1.   SAGSFORLØB

1.

de havde til hensigt at yde økonomisk støtte til det statsejede busselskab Combus A/S i forbindelse med Arriva Danmarks overtagelse af det. Som anført i brevet og drøftet på et uformelt møde den 30. juni 1999 havde den danske stat allerede i 1999 foretaget en ikke anmeldt kapitaltilførsel til Combus A/S.

2.

Forud for denne meddelelse havde Kommissionen modtaget et brev af 25. juni 1999 og en klage af 11. november 1999 fra brancheorganisationen Danske Busvognmænd (6), hvori den rejste indsigelse mod den økonomiske støtte, som Combus havde fået tidligere, og en økonomisk støtte, som muligvis ville blive ydet i nær fremtid.

3.

Kommissionen anmodede om yderligere oplysninger ved brev af 15. december 2000, og fik svar fra de danske myndigheder den 18. december 2000. Myndighederne fremsendte flere oplysninger ved brev af 8. januar 2001. Kommissionen anmodede om yderligere oplysninger den 9. januar 2001 og fik svar fra myndighederne samme dag. De danske myndigheder fremsendte flere oplysninger ved brev af 23. januar 2001 og 26. februar 2001. Den danske Konkurrencestyrelse fremsendte også oplysninger ved brev af 20. december 2000.

4.

De danske myndigheder og Kommissionens tjenestegrene afholdt møder i Bruxelles den 23. november og 19. december 2000 og i København den 4. og 15. januar 2001.

5.

Ved beslutning SG(2001) D/287297 af 28. marts 2001, i det følgende benævnt “den oprindelige beslutning”, besluttede Kommissionen efter en indledende undersøgelse ikke at gøre indsigelse mod de anmeldte foranstaltninger, fordi den mente,

at der ikke var tale om statsstøtte (godtgørelse for udgifter til pensionsbidrag), eller

at de var forenelige med fællesmarkedet enten i henhold til EF-traktatens artikel 73 eller i henhold til artikel 87, stk. 3, litra c), kombineret med Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder, i det følgende benævnte “rammebestemmelserne”, eller (7)

at de var forenelige med fællesmarkedet i henhold forordning (EØF) nr. 1191/69.

6.

Beslutningen blev offentliggjort i EF-Tidende den 5. maj 2001 (8). Ved brev af 8. maj 2001, modtaget den 15. maj 2001, underrettede Kommissionen Danske Busvognmænd om beslutningen.

7.

Ved brev af 6. november 2002, modtaget af Kommissionen den 12. november 2002, og brev af 19. januar 2004, modtaget af Kommissionen den 20. januar 2004, underrettede de danske myndigheder Kommissionen om, hvordan omstruktureringsplanen for Combus var gennemført.

8.

Den 11. juli 2001 anlagde Danske Busvognmænd sag ved Retten i Første Instans med påstand om annullering af Kommissionens beslutning af 28. marts 2001. Ved dom af 16. marts 2004 annullerede Retten i Første Instans den oprindelige beslutning, “i det omfang den fastslår, at den støtte, som de danske myndigheder ydede Combus A/S i form af kapitalindskud på 300 mio. DKK og 240 mio. DKK, er forenelig med fællesmarkedet (9).

9.

Hvad angår kapitalindskuddet på 300 mio. DKK, fandt Retten, at den oprindelige beslutning “er behæftet med en fejl, i det omfang det antages, at udbetalingen af beløbet på 300 mio. DKK udgør en kompensation for forpligtelser til offentlig tjeneste i den forstand, hvori dette udtryk anvendes i artikel 2 og artikel 10-13 i forordning nr. 1191/69. […] Den anfægtede beslutning må derfor annulleres, i det omfang den godkender, at der udbetales et beløb på 300 mio. DKK på grundlag af denne forordning, uden at det er nødvendigt at tage stilling til de øvrige anbringender, som er fremført vedrørende dette punkt.” (10).

10.

Hvad angår kapitalindskuddet på 300 mio. DKK, fandt Retten for så vidt angår artikel 73, at “medlemsstaterne ikke længere er berettiget til at påberåbe sig artikel 73 EF uden for de tilfælde, som er omhandlet i den afledte fællesskabsret. For så vidt forordning nr. 1191/69 ikke finder anvendelse, og udbetalingen af beløbet på 300 mio. DKK er omfattet af artikel 87, stk. 1, EF, er det således Rådets forordning (EØF) nr. 1107/70 af 4. juni 1970 om støtte, som ydes inden for sektoren for transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje (EFT 1970 II, s. 309), der udtømmende opregner de betingelser, hvorunder medlemsstaternes myndigheder kan tildele støtte i henhold til artikel 73 EF  (11) . Herefter må nærværende anbringende tages til følge, i det omfang det er rettet imod Kommissionens godkendelse af udbetalingen af 300 mio. DKK på grundlag af artikel 73 EF (12).

11.

Hvad angår anvendelsen af EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), kombineret med rammebestemmelserne, fandt Retten, “at den anfægtede beslutning ikke kan fortolkes således, at Kommissionens medlemmer som kollegium har givet en klar, ubetinget og endelig godkendelse af betalingen af beløbet på 240 mio. DKK i henhold til artikel 87, stk. 3, litra c), EF og rammebestemmelserne. Kommissionens argumentation må derimod forstås som udtryk for en alvorlig tvivl om, hvorvidt Combus var rentabel ifølge nævnte traktatbestemmelse og rammebestemmelserne, hvilken tvivl Kommissionen imidlertid ikke anså sig for forpligtet til at afklare, når den fandt, at artikel 73 EF udgjorde et tilstrækkeligt retsgrundlag til at godkende støtten. Da den sidstnævnte bestemmelse imidlertid ikke kan påberåbes i denne forbindelse (jf. ovenfor i præmis 100 og 101), indeholder den anfægtede beslutning ikke noget gyldigt grundlag for at godkende udbetalingen af beløbet på 300 mio. DKK. Af det anførte følger, at godkendelsen af betalingen på 240 mio. DKK i det hele må annulleres, uden at det er nødvendigt at tage stilling til de øvrige anbringender, der er fremført på dette punkt (13).

12.

Den 11. januar 2005 mødtes Kommissionens tjenestegrene med de danske myndigheder for at få yderligere oplysninger om udviklingen i Arriva/Combus-sagen, siden den oprindelige beslutning blev vedtaget.

2.   BESKRIVELSE AF STØTTEN

2.1.   Det danske busmarked

13.

Det danske marked for kollektiv bustransport er opdelt i to områder, hovedstadsområdet og resten af landet uden for hovedstadsområdet.

14.

I hovedstadsområdet har Hovedstadens Udviklingsråd, hvori amtsrådene og Københavns og Frederiksbergs Kommunalbestyrelser alle er repræsenteret, ansvaret for at forestå ruteplanlægning, fastlægge kørselsomfang, linjeføring, køreplanlægning, busterminaler, busmateriel og sørge for udførelsen af den kollektive personbefordring. Buskørslen udbydes normalt i licitation. Alternativt kan Hovedstadens Udviklingsråd beslutte at lade den udføre med egne busser.

15.

Uden for hovedstadsområdet varetages busdriften af amtsrådene og kommunalbestyrelserne. I nogle tilfælde har de oprettet amts- eller fælleskommunale trafikvirksomheder, som har pligt til at sørge for, at buskørslen bliver udført i overensstemmelse med planen. Disse transportvirksomheder eller også de respektive amtsråd og kommunalbestyrelser overlader efter udbud normalt busdriften til private og offentlige busvirksomheder. Alternativt kan de beslutte at udføre kørslen med egne busser.

16.

De lokale myndigheder har udliciteret hovedparten af den regionale bustrafik. Liberaliseringen af busmarkedet indledtes i 1990 for Hovedstadsområdet (HT) og i 1994 for resten af landet. Tabel 1 viser, hvor stor en procentdel af markedet, der var udliciteret i de enkelte amter i 1999, som var det år, hvor den danske stat iværksatte første del af de finansielle foranstaltninger til fordel for Combus.

Tabel 1. Udlicitering af amternes bustrafik (i procent) og antal operatører pr. amt i 1999

Amt/Trafikselskab

Udliciteret

Antal operatører

Hovedstadsområdet (HT)

96

8

Nordjylland

100

27

Fyn

100

1

Viborg

21

5

Bornholm

100

6

Ringkøbing

100

10

Storstrøm

100

6

Vestsjælland

100

7

Vejle

100

9

Ribe

35

1

Århus

100

15

Sønderjylland

100

13

Kilde: Konkurrencestyrelsen.

Bustrafik, som visse kommuner udfører inhouse, er ikke medtaget i beregningen.

17.

Det danske busmarked er præget af nogle få store selskaber og mange små lokale selskaber. Da de foranstaltninger, der er omhandlet i denne beslutning, blev gennemført, var Combus det eneste landsdækkende busselskab. Arriva Danmark var det næststørste selskab. Skønt det kun er repræsenteret i nogle få amter, er det den største operatør i Hovedstadsområdet, hvilket forklarer dets store markedsandel.

18.

Som det fremgår af tabel 2, havde Combus i 2000 en markedsandel på 33 % mod 40 % i 1999 (målt i procent af et selskabs antal køreplantimer), mens Arrivas markedsandel i 2000 var på 23 % (14).

Tabel 2. Markedsandele i Danmark i 2000 målt i procent af antal køreplantimer

Operatør

Markedsandel

Combus

33 %

Arriva Danmark A/S

23 %

Connex A/S

13 %

City Trafik A/S

8 %

Andre operatører

23 %

Kilde: Trafikministeriet.

Alle andre operatører har en markedsandel på under 5 %.

19.

Kontrakterne løber normalt i en periode på op til fem år, efter at busdriften er indledt. Amterne kan kræve nogle af kontrakterne forlænget med op til 3 år på samme vilkår. Der er derfor en ganske hurtig udskiftning af operatører, og der er mulighed for regelmæssige ændringer af markedsandele.

20.

Ifølge kontrakterne fastsætter de lokale myndigheder taksterne og modtager provenuet fra billetsalget. Operatørerne får udbetalt et fast beløb pr. køretime, som er identisk for alle kontakter, plus et tillæg, som er forskelligt for de enkelte kontrakter, og som fastsættes ved udbud. I 1999 og 2000 androg provenuet fra billetsalget lidt over 50 % af det beløb, som amtsrådene skulle betale busselskaberne som vederlag for busdriften. De lokale myndigheder finansierer differencen over skatterne.

21.

Det gennemsnitlige tillæg, som de lokale myndigheder udbetalte pr. køretime, faldt betydeligt i perioden 1994-2000. I gennemsnit faldt det med 18 %. Derfor faldt prisen pr. køretime (dvs. summen af grundbeløbet og tillægget) fra 383 DKK til 315 DKK (i 1994-priser), jf. tabel 3.

Tabel 3. Licitationer og gennemsnitspriser 1994-2000

År

Gennemsnitlig timebetaling til busoperatøren

(DKK)

Antal ruter — hele markedet

(Danmark)

Antal udliciterede ruter pr. år

1994

383

2 791

345

1995

368

2 786

448

1996

352

2 799

761

1997

337

2 777

237

1998

322

2 803

792

1999

322

2 799

718

2000

315

2 800

839

22.

Diagram 1 viser udviklingen i udbudspriserne (i DKK) fra 1997 til 2002 (seneste foreliggende data), som var stabil fra 2000 til 2002 efter privatiseringen af Combus.

Diagram 1: Gennemsnitlige udbudspriser i det storkøbenhavnske område og i resten af landet i 1997-2002

Image

Den øverste linje viser priserne i det storkøbenhavnske område, og den nederste linje viser priserne i resten af landet. Kilde: Trafikministeriet.

2.2.   Selskaberne

2.2.1.   Arriva plc

23.

ARRIVA PLC ER ET PRIVAT SELSKAB INDEN FOR BUSTRANSPORT, SOM HAR SÆDE I DET FORENEDE KONGERIGE OG ER BØRSNOTERET I LONDON. I 1999 HAVDE ARRIVA PLC EN ÅRSOMSÆTNING PÅ 1,5 MIA. GBP OG KNAP 31 000 ANSATTE. HOVEDAKTIVITETEN ER BUSTRAFIK I OG MELLEM BYER, LOKALTRANSPORT I LANDDISTRIKTER, EFTERSPØRGSELSBESTEMT TRANSITKØRSEL, NÆRTRAFIK SAMT EKSPRESBUSKØRSEL I ENGLAND, SKOTLAND OG WALES. DESUDEN HAR VIRKSOMHEDEN RUTEBUS-, TURISTBUS- OG EFTERSPØRGSELSBESTEMT BUSDRIFT OG HANDICAPTRANSPORT I DANMARK, NEDERLANDENE, SPANIEN OG SVERIGE. AKTIVITETERNE UDEN FOR DET FORENEDE KONGERIGE TEGNER SIG FOR 30 % AF OMSÆTNINGEN FRA BUSDRIFT, OG ARRIVA PLC ER EUROPAS TREDJESTØRSTE PRIVATE BUSOPERATØR. DERUDOVER HAR ARRIVA PLC BETYDELIGE AKTIVITETER INDEN FOR BILUDLEJNING I DET FORENEDE KONGERIGE MED 38 UDLEJNINGSSTEDER OG EN UDLEJNINGSBILPARK PÅ CA. 8 500 KØRETØJER.

24.

Med købet af Unibus i 1997 kom Arriva plc ind på det danske marked. Unibus havde da en markedsandel på ca. 8 % af de udliciterede busruter i København og var desuden den største private leverandør af specialiseret handicaptransport i København. Endvidere havde Unibus aktiviteter på Sjælland og i Jylland.

25.

I marts 1999 købte Arriva plc Bus Danmark, som blev fusioneret med Unibus og fik navnet Arriva Danmark, i det følgende benævnt “Arriva”. Arriva deltager også i et joint venture om drift af Københavns metro, som blev sat i drift i oktober 2002.

2.2.2.   Combus A/S

26.

Combus A/S, i det følgende benævnt “Combus”, var et 100 % statsejet aktieselskab, indtil det blev købt af Arriva plc i 2000. Selskabet drev en række regionale og lokale busruter i Danmark og var oprindeligt en del af DSB. Ved lov nr. 232 af 4. april 1995 (“Lov om DSB Busser A/S”) (15) blev det oprettet som aktieselskab med DSB som ejer. Det nye selskab fik navnet DSB Busser A/S. Selskabets startkapital var på 65 mio. DKK, som blev tegnet ved, at DSB Busser A/S overtog DSB's busvirksomhed omfattende DSB's busmateriel og alle andre DSB-aktiver, der alene anvendtes i forbindelse med buskørsel.

27.

DSB ejede alle selskabets aktier indtil udgangen af 1996, hvor det ved en lov blev overdraget til Trafikministeriet (16). I 1997 ændrede selskabet navn til Combus A/S. I 1998 vedtog Folketinget en lov om bemyndigelse af staten til at afhænde alle sine aktier i Combus med henblik på privatisering.

28.

Pr. 31. december 1999 havde Combus en buspark på 1 270 busser mod 810 i 1995. Det gennemsnitlige antal ansatte voksede fra 1 932 i 1995 til 3 132 i 1999. I starten af 2001 havde Combus 41 kontrakter med amtsrådene om at udføre buskørsel. De fleste af disse kontakter udløber efter 2002, jf. tabel 4.

Tabel 4. Combus' kontrakter i starten af 2001

Udløbsdato

Antal kontrakter

Antal busser i kontrakterne

Gennemsnitlig kontraktpris

(løbende priser)

Samlet kontraktværdi

(i mio. DKK)

2001

4

127

344

117,9

2002

14

308

354

694,2

2003

5

128

374

542,3

2004

10

154

345

592,8,

2005

3

82

326

414,1

2006

5

104

375

628,0

I alt

41

903

2 989,2

29.

Combus har en række datterselskaber:

Combus Ejendomme ApS, som har ansvaret for ejendommene

9 selskaber med ansvar for intern leasing.

2.3.   Den danske stats økonomiske støtte til Combus

30.

Formålet med den økonomiske støtte til Combus var at løse to forskellige problemer. For det første havde Combus fra sin tid som en del af DSB overtaget et stort antal ansatte, der havde tjenestemandsstatus (2.3.1.). For det andet begyndte Combus at lide store tab mod slutningen af 1990'erne, primært på grund af en dårligt ledet ekspandering af selskabets ruter. De statslige myndigheder besluttede at løse det andet problem ved at omstrukturere selskabet med henblik på i sidste ende at sælge det til en privat investor (2.3.2).

2.3.1.   Støtte til dækning af øgede driftsomkostninger som følge af forpligtelsen til at beskæftige tjenestemænd

31.

De fleste Combus-chauffører var tidligere DSB-ansatte med tjenestemandsstatus. Ifølge dansk lov indebærer det en god pensionsordning og ret til løn i 3 år i tilfælde af opsigelse. Disse betingelser var meget mere fordelagtige end betingelserne i overenskomsterne mellem chaufførernes fagforeninger og Danske Busvognmænd. Det var derfor meget dyrere for Combus at beskæftige chauffører med tjenestemandsstatus end overenskomstansatte chauffører.

32.

Da Combus blev oprettet i 1995, havde det 1 600 ansatte, hvoraf 750 var overenskomstansatte og 850 tjenestemænd. Da det var dyrere at have de pågældende beskæftiget som tjenestemænd end som overenskomstansatte, udviste Combus' åbningsbalance et beløb på 140 mio. DKK, som blev hensat af den danske stat til dækning af selskabets merudgifter til de tjenestemandsansatte.

33.

Ved lov nr. 1046 af 23. december 1998, der bemyndigede staten til at sælge sine aktier i Combus, fik staten også hjemmel til at afholde udgiften til et engangsvederlag til de tjenestemænd, som var ansat hos Combus, og som ville opgive deres tjenestemandsrettigheder og overgå til overenskomstansættelse i selskabet. I september 1998 indgik staten en aftale med Dansk Jernbaneforbund om vilkårene for overgangen fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse. Ifølge aftalen fik tjenestemændene valget mellem at overgå til overenskomstansættelse i Combus pr. 1. april 1999 eller at vende tilbage til anden passende ansættelse i DSB. Tjenestemændene ville som kompensation for at fraskrive sig deres tjenestemandsrettigheder modtage et engangsvederlag. Ca. 550 af tjenestemændene valgte at tage mod dette tilbud, og den danske stat udbetalte 100 mio. DKK som kompensation i april 1999.

2.3.2.   Økonomisk støtte til Combus med henblik på privatisering

34.

Efter at Combus var blevet adskilt fra DSB, indledte selskabet en aggressiv ekspansionspolitik. I løbet af tre år øgedes omsætningen med over 40 % (jf. tabel 5). De kontrakter, som selskabet havde vundet ved udbud i de år, og som dannede grundlaget for ekspansionspolitikken, viste sig dog at være urentable og resulterede i store underskud. I 1998 fik selskabet et underskud på 141 mio. DKK, og i 1999 blev situationen forværret yderligere, jf. tabel 5.

Tabel 5. Overskud/underskud: Combus A/S 1995 — 2000

Mio. DKK

1995

1996

1997

1998

1999

2000

(skøn)

Omsætning

625

686

763

1 050

1 098

1 089 (17)

Overskud/underskud

32

30

5

– 141

– 175

– 118 (17)

35.

Som en reaktion på Combus' økonomiske problemer besluttede den danske stat at sælge selskabet til en privat investor. I betragtning af Combus' alvorlige økonomiske situation var Folketinget og regeringen klar over, at Combus måtte omstruktureres, før det kunne sælges, hvilket krævede, at staten tilførte Combus økonomisk støtte.

36.

Som et første skridt på vej mod denne omstrukturering og privatisering vedtog Folketinget i december 1998 en lov, der bemyndigede staten til at sælge alle sine aktier i Combus. (18). De statslige myndigheder begyndte i starten af 1999 at udarbejde en omstruktureringsplan for Combus og begyndte samtidig at se sig om efter potentielle investorer.

2.3.2.1.   Salget til Arriva

37.

Med henblik på efter omstruktureringen af Combus at sælge selskabet til en privat investor udpegede myndighederne Alfred Berg Corporate Finance (København), et datterselskab af den hollandske bank ABN AMRO Bank NV, til sin rådgiver i forbindelse med salget af hele statens aktiepost i Combus på de bedst mulige vilkår. Der blev foretaget en screening af markedet efter potentielle købere ud fra følgende fem kriterier: en eventuel køber skulle

have aktiviteter inden for offentlig transport

have en stærk økonomisk stilling

have en vis størrelse (fastsat som mere end 1 000 busser i drift)

have en betydelig omsætning (fastsat til over 1 mia. DKK)

have aktiviteter på tilsvarende markeder.

38.

Ved screeningen fandt man frem til 14 mulige købere, og disse blev opfordret til at undersøge muligheden for et eventuelt køb. Syv udviste interesse og deltog i bestyrelsens præsentationer af Combus, hvor de fik udleveret et brev, der beskrev det videre forløb. I brevet anførtes det, at de potentielle købere ville få adgang til oplysninger om selskabet samt yderligere møder med bestyrelsen, hvis de indsendte en interessetilkendegivelse inden starten af september 2000.

39.

To selskaber, Arriva og Metroline, fremsendte en sådan interessetilkendegivelse, og et konsortium af to andre selskaber, VIA GTI/Connexxion, meddelte en mere forbeholden interesse. Alle de interesserede selskaber meddelte, da de havde undersøgt Combus' situation nærmere, at en kontraktunderskrivelse ville være betinget af, at staten tilførte selskabet yderligere kapital.

40.

Ifølge et memo fra ABN AMRO Alfred Berg til de danske myndigheder var Arrivas tilbud, som gik ud på at købe Combus for den symbolske sum af 100 DKK, efter at selskabets gæld var nedskrevet med 340 mio. DKK, bedre end det eneste andet tilbud, der blev modtaget fra Metroline, som var parat til at erhverve Combus mod et vederlag på 500 mio. DKK. Efter råd fra ABN AMRO Alfred Berg konkluderede de danske myndigheder, at Arriva tilbød de bedste vilkår for at købe Combus. I november 2000 blev der indgået en hensigtserklæring om salg af Combus til Arriva Danmark mellem Trafikministeriet som sælger og Arriva Danmark som køber og Combus' kreditorer. Aftalens vilkår var som følger:

41.

Hvad angår Combus' gæld, så påtog den danske stat og Combus' kreditorer sig følgende forpligtelser:

Det ansvarlige statslån på 100 mio. DKK fra 1999 blev eftergivet.

Combus' nettogæld blev nedskrevet med yderligere 240 mio. DKK, og med henblik herpå accepterede selskabets lånekreditorer at eftergive gæld på 100 mio. DKK, og den danske stat skulle dermed indskyde yderligere 140 mio. DKK.

Den danske stat garanterede at ville betale eventuelle miljøudgifter (dog maksimalt 22,5 mio. DKK), der måtte opstå i fremtiden, men som vedrørte perioden inden salget.

Den danske stat gav ubegrænsede garantier for perioden inden salget for eventuelle tab eller krav fra tidligere tjenestemænd, skattekrav og eventuelle omkostninger i forbindelse med de forskellige kulegravninger af selskabet.

Den danske stat garanterede at ville dække de forventede tab på op til 8 mio. DKK i forbindelse med frasalg af Combus International.

42.

Endvidere skulle staten justere købesummen (dog maksimalt 35 mio. DKK), hvis selskabets balance pr. 31. december 2000 viste, at kapitalreserverne udgjorde under 31,8 mio. DKK. Det svarer til bestyrelsens forventning, da hensigtserklæringen mellem staten og Arriva blev underskrevet. Det viste sig, at selskabets kapitalreserver pr. 31. december 2000 kun udgjorde ca. 10.3 mio. DKK, hvilket indebar en ekstra udbetaling under garantien på 20,5 mio. DKK.

43.

Arriva Danmark overtog Combus' resterende gældsforpligtelser, som androg 460 mio. DKK. Arriva Danmark tilbagebetalte denne gæld umiddelbart efter købet af Combus.

44.

Ifølge salgsaftalen skulle Combus først være datterselskab af Arriva Danmark. Arriva Danmark havde dog ladet forstå, at man ville fusionere Combus og Arriva Danmark A/S med virkning fra den 1. januar 2001, og Arriva Danmark A/S blev den fortsættende juridiske person. Fusionen skulle gennemføres senest den 30. juni 2001, og Combus ville derefter ophøre med at eksistere som juridisk person.

45.

Aftalen afhang imidlertid af, at Kommissionen godkendte statsstøtten. Den 28. marts 2001 besluttede Kommissionen ikke at rejse indsigelse mod den meddelte støtte. Den 2. april 2001 underskrev parterne kontrakten, som blev indgået med tilbagevirkende kraft den 1. januar 2001.

2.3.2.2.   Omstruktureringen af Combus

46.

Efter at Folketinget i december 1998 havde besluttet at omstrukturere Combus for at sælge det til en privat investor, begyndte myndighederne at forberede omstruktureringen. De udpegede en ny bestyrelse, som begyndte at indføre omkostningsbesparende foranstaltninger.

47.

Til trods for disse foranstaltninger blev den danske stat i maj 1999 nødt til at indskyde kapital i Combus A/S, for at selskabet kunne fortsætte driften efter at have lidt alvorlige tab. Kapitaltilførslen var på 200 mio. DKK i aktiekapital og 100 mio. DKK som ansvarligt lån, dvs. i alt 300 mio. DKK.

48.

På grundlag af omstruktureringsplanen og kapitaltilførslen forventede Combus' bestyrelse, at selskabet ville få et lille underskud på ca. 25 mio. DKK i 1999 og et nulresultat i 2000. Combus kunne dog ikke leve op til budgettet for 1999. Årsregnskabet for 1999 udviste et underskud på 175 mio. DKK i stedet for som forventet 25 mio. DKK (jf. tabel 5).

49.

Der blev aftalt yderligere omstruktureringsforanstaltninger mellem Combus' fremtidige ejer, Arriva Danmark, og de danske myndigheder. Den omstruktureringsplan, som Arriva og de danske myndigheder fremlagde, indeholder følgende elementer:

a)

en markedsanalyse

b)

en beskrivelse af de omstændigheder, der førte til virksomhedens vanskeligheder, hvilket giver mulighed for at vurdere, om de foreslåede foranstaltninger kan gøre virksomheden rentabel igen

c)

en beskrivelse af de planlagte ændringer, der skal til, for at virksomheden efter omstruktureringen kan dække alle omkostninger, herunder afskrivninger og finansieringsomkostninger, og kan klare sig i konkurrencen ved egen hjælp.

50.

Markedsanalysen (a) viser, at det danske marked for kollektiv bustransport efter liberaliseringen har stabiliseret sig på ca. 2800 busruter, hvoraf ca. 88 % blev udliciteret i 2000. Markedet bliver fuldstændig liberaliseret i 2002. De priser, der blev opnået i forbindelse med udbud, faldt til stadighed fra 1990 til 1997, hvorefter de begyndte at stige lidt. I begyndelsen af 2001 forventede markedsanalytikerne en prisstigning på 5-10 % indtil 2003. Markedet domineres af fire store operatører, der tilsammen tegner sig for to tredjedele af kontrakterne (19).

51.

Ifølge en analyse fra Konkurrencestyrelsen fra 2000 er markedet ikke præget af overkapacitet. Da de regionale og lokale myndigheders tilskud til busruterne udgør 50 %, tilbyder en operatør kun at udføre buskørsel, hvis vedkommende vinder et udbud. Operatøren indgår derfor først aftaler om de busser og chauffører, der er nødvendige for at busdriften, efter at have vundet den pågældende kontrakt. Under disse forhold er der ikke stor risiko for, at der bliver overkapacitet. Derfor mener de danske myndigheder ikke, at omstruktureringen af Combus vil få negative følger for Combus' konkurrenter.

52.

Ifølge samme analyse er barriererne for markedsadgang meget lave, fordi kontrakterne udliciteres hvert femte år og busser og arbejdskraft let kan findes til konkurrencedygtige priser på markedet. Derfor mener Konkurrencestyrelsen, at køberne af busdrift har en stærk position, hvilket prisudviklingen efter liberaliseringen af markedet vidner om (kraftigt fald fra 1990-1997, derefter let stigende priser).

53.

Af beskrivelsen af de omstændigheder, der førte til Combus' vanskeligheder (b), fremgår det, at selskabets økonomiske problemer i det væsentlige skyldes en aggressiv ekspansionspolitik, hvor der blev givet meget lave tilbud i forbindelse med licitationer. Med ét stod Combus med et meget stort antal underskudsgivende busruter. Retten i Første Instans er i sin dom i Combus-sagen enig i denne analyse (20).

54.

I beskrivelsen af de planlagte ændringer (c) nævnes seks foranstaltninger, der vil kunne reducere Combus' omkostninger efter Arrivas køb af selskabet. Samtidig forventes der ifølge omstruktureringsplanen også øgede vedligeholdelses- og brændstofomkostninger samt ekstraordinære omkostninger i forbindelse med gennemførelsen af omstruktureringen.

55.

Der kan skelnes mellem ændringer i driftsomkostningerne, ændringer i finansieringsomkostningerne og ændringer i de ekstraordinære omkostninger i forbindelse med omstruktureringen. Tabel 6 indeholder en oversigt over forventede stigninger og fald i driftsomkostningerne .

Tabel 6: Forventede stigninger og fald i driftsomkostningerne (i DKK om året)

 

mio. DKK

Øgede omkostninger

Busvedligeholdelse

– 28,0

Brændstof

– 3,0

 

– 31,0

Lavere omkostninger

Sygefravær

3,5

Skader

7,0

Forsikring

2,0

Nedlæggelse af garageanlæg

3,0

Sammenlægning af hovedkontorer

39,0

 

+ 54,5

Nettoeffekt pr. år

+ 23,5

Kilde: Arriva

56.

Faldet i driftsomkostningerne opnås ved et faldende sygefravær hos de ansatte, lavere omkostninger i forbindelse med skader på busser, lavere forsikringsomkostninger, lavere administrationsomkostninger og salg af overflødig infrastruktur.

57.

Ifølge omstruktureringsplanen er Combus' ansatte hyppigere syge end Arrivas. Ved at indføre Arrivas metoder, hvor der sættes ind over for ansatte med højt sygefravær, regner Arriva med at opnå besparelser på 3,5 mio. DKK om året.

58.

For at reducere skades- og forsikringsomkostningerne regner Arriva også med at indføre sine egne metoder og forsikringskontrakter. Der forventes besparelser på 2 mio. DKK til forsikring af de ansatte og på 7 mio. DKK til forsikring af køretøjer.

59.

Sammenlægningen af de to virksomheders hovedkontorer vil ifølge Arrivas skøn medføre, at administrationsomkostningerne falder med 39 mio. DKK fra 2002.

60.

Endelig påtænker Arriva at sælge fire garageanlæg, der bliver overflødige på grund af fusionen, hvorved de årlige omkostninger kan reduceres med 3 mio. DKK. Omkostningerne forventes altså nedbragt med i alt 23,5 mio. DKK om året.

61.

Arriva forventer en stigning i vedligeholdelsesomkostningerne, der ifølge Combus' oplysninger var på 70 000 DKK pr. bus i 2000. Arriva forventer, at omkostningerne bliver på 120 000 DKK pr. bybus og på 80 000 DKK pr. regionalbus, hvilket svarer til en samlet omkostningsstigning på 28 mio. DKK. Endvidere forventer Arriva, at brændstofomkostningerne stiger med 3 mio. DKK om året.

62.

Hvad angår nedbringelsen af finansieringsomkostningerne , så har Arriva i kontrakten om køb af Combus forpligtet sig til at afvikle og refinansiere hele Combus' gæld. Da den danske stat og de private banker ifølge købekontrakten eftergiver en del af Combus' gæld, reduceres de årlige renteudgifter med 13,5 mio. DKK.

63.

Arriva anslår de ekstraordinære omstruktureringsomkostninger til 35,6 mio. DKK for perioden 2001/02. Heraf vedrører ca. 15 mio. DKK de afskedigelser, som er nødvendige for at reducere de indirekte omkostninger. Resten skal gå til integration af de to selskabers IT-systemer (5 mio. DKK), køb af nye chaufføruniformer (7,2 mio. DKK), juridisk og økonomisk rådgivning i forbindelse med fusionen og omstruktureringen (7 mio. DKK) og til dækning af andre mindre udgifter (2,5 mio. DKK).

64.

Arriva agter også at reducere omkostningerne, efterhånden som Combus' underskudsgivende kontrakter udløber. Arriva har endvidere til hensigt at foretage hensættelser med henblik på, at kontrakterne i København og Ålborg udløber, da der er risiko for, at disse bybusser ikke vil kunne anvendes på andre ruter bagefter, fordi de er forældede (for København en hensættelse på 45 mio. DKK) eller for specielle til at kunne anvendes i en anden by (for Ålborg en hensættelse på 18 mio. DKK).

65.

Ifølge omstruktureringsplanen skulle Combus blive rentabel igen fra 2006. Tabel 10 indeholder et overslag over Combus' omsætning og overskud/underskud for perioden 2000-2007.

Tabel 7. Overslag over omsætning og overskud/underskud for perioden 2000-2007

Mio. DKK

2000

2001

2002

2001

2004

2005

2006

2007

Omsætning

1 089

1 055

934

824

696

440

206

60

Overskud/underskud

– 118

– 66

– 59

– 53

– 43

– 21

+ 6

+ 2

2.4.   Arrivas/Combus' udvikling efter privatiseringen

66.

Kontrakten om salget af Combus blev underskrevet af de involverede parter, dvs. Arriva, den danske stat og Combus' private långivere, den 2. april 2001. Den blev indgået med tilbagevirkende kraft den 1. januar 2001. Arriva integrerede hurtigt Combus i sit skandinaviske datterselskab. I maj 2001 solgte Arriva ca. halvdelen af Combus' ruter og busser til Connex, der er den næststørste private operatør på det danske busmarked, for 223 mio. DKK.

67.

Arriva og Connex har drevet ruterne og busserne siden da. I 2004 havde de hver en markedsandel på omkring 33 % af det danske busmarked. De underskudsgivende kontrakter, som de overtog fra Combus, viste sig at give de underskud, som man havde forventet ved privatiseringen.

2.5.   Oversigt over den danske stats støtte til Combus

68.

Tabel 8 indeholder en oversigt over den danske stats støtte til Combus.

Støttetype

År

Beløb

Hensættelse i åbningsbalancen til tjenestemænd

1995

140 mio. DKK

Engangsvederlag til tjenestemænd for at overgå til overenskomstansættelse

1999

100 mio. DKK

Kapitalforhøjelse

1999

200 mio. DKK

Ansvarligt lån

1999

100 mio. DKK

Eftergivelse af ansvarligt lån

2001

100 mio. DKK

Kapitalforhøjelse

2001

140 mio. DKK

Garanti for kapitalreserve

2001

20,5 mio. DKK

Garanti for miljøomkostninger

2001 og følgende år

Indtil 22,5 mio. DKK

Garanti for salg af Combus International

2001 og følgende år

Indtil 8 mio. DKK

3.   RETLIG VURDERING

69.

Ifølge traktatens artikel 87, stk. 1 “er statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, uforenelig med fællesmarkedet i det omfang, den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne”.

70.

Ved den retlige vurdering skal der skelnes mellem den støtte, som Combus fik udbetalt som godtgørelse for selskabets øgede driftsomkostninger som følge af forpligtelsen til at beskæftige buschauffører med tjenestemandsstatus, og den støtte, der blev udbetalt til omstrukturering af Combus i forbindelse med privatiseringen. Hvad angår den førstnævnte, noterer Kommissionen sig, at Retten i Første Instans ikke annullerede den oprindelige beslutning fra 2001 for så vidt angår denne del af støtten. Den retlige vurdering begrænser sig derfor til den sidstnævnte.

3.1.   Finansiering til omstrukturering af Combus med henblik på privatisering

71.

Som led i privatiseringen modtog Combus som allerede nævnt økonomisk støtte fra den danske stat i 1999 (21) og i 2001 (22). Spørgsmålet er nu, om de to betalinger skal betragtes som én finansiering eller som to forskellige finansieringer.

72.

Retten finder, at der blandt de elementer, der har relevans for bedømmelsen af, om to betalinger skal betragtes som to selvstændige investeringer eller som to trancher af samme investering, kan nævnes “bl.a. den tidsmæssige rækkefølge af kapitalindskuddene (a), disses formål (b) samt datterselskabets situation på det tidspunkt, hvor beslutningerne om de enkelte indskud blev truffet (c. (23).

73.

Hvad angår den tidsmæssige rækkefølge (a), kan det på grundlag af oplysningerne fra den danske stat ikke afgøres, om de to finansieringer blev givet som led i et samlet forløb, eller om de derimod skal betragtes som to finansieringer, der ikke hænger tidsmæssigt sammen.

74.

Hvad angår formålet (b) kan det på grundlag af oplysningerne fra den danske stat ikke afgøres, om der var en fælles logisk baggrund for de to finansieringer, eller om der var forskellige formål med dem.

75.

Hvad angår Combus' situation på det tidspunkt, hvor den danske stat besluttede at udbetale første og anden tranche (c), må det fastslås, at virksomheden i 1999 og 2001 var i alvorlige økonomiske vanskeligheder, som hovedsagelig skyldtes, at den årene forinden havde indgået underskudsgivende kontrakter om bustransport.

76.

Konklusionen er, at Kommissionen ikke mener at have de nødvendige oplysninger til med sikkerhed at kunne afgøre, om de to betalinger skal betragtes som to trancher, der indgår i samme omstruktureringsforanstaltning, eller om de skal betragtes som to separate betalinger.

77.

Det er nu nødvendigt først at analysere, om disse betalinger skal betragtes som støtte. I bekræftende fald må det dernæst undersøges, om den er forenelig med fællesmarkedet.

3.1.1.   Er der tale om støtte efter EF-traktatens artikel 87, stk. 1?

78.

I det foreliggende tilfælde har den danske stat tilført finansiering i form af en kapitalforhøjelse (i 1999 og 2001), et ansvarligt lån (i 1999), eftergivelse af gæld (i 2001) og garantier til køberen (i 2001). Da der er virksomheder med sæde i andre medlemsstater, som er aktive på det danske bustransportmarked, påvirker støtten samhandelen mellem medlemsstaterne.

79.

Det skal undersøges, om finansieringen begunstiger Combus. I den forbindelse er to forhold af betydning. For det første betragtes finansieringen ikke som en fordel, hvis formålet kun er at kompensere Combus for forpligtelserne til offentlig tjeneste. For det andet, hvis støtten ikke skal kompensere Combus for forpligtelserne til offentlig tjeneste, betragtes støtten heller ikke som en fordel for Combus i forhold til konkurrenterne, hvis den danske stat har opført sig som en privat markedsøkonomisk investor.

3.1.1.1.   Kompensation for forpligtelser til offentlig tjeneste

80.

Domstolen fandt i Altmark-dommen, at offentlige tilskud, som har til formål at muliggøre virksomhed med rutetransport i byer, forstæder eller regioner, dog ikke falder ind under denne bestemmelse [EF-traktatens artikel 87], for så vidt som sådanne tilskud skal anses for at være en kompensation, der er et vederlag for de af de begunstigede virksomheder leverede ydelser til opfyldelse af forpligtelser til offentlig tjeneste  (24). Domstolen opstillede dernæst fire betingelser, som alle skal være opfyldt, for at et offentligt tilskud kan betragtes som vederlag for udførelse af offentlig tjeneste.

81.

I Combus-dommen fandt Retten i Første Instans, at mindst to af disse betingelser ikke var opfyldt. Der var ikke pålagt Combus nogen forpligtelser til offentlig tjeneste, og grundlaget for beregningen af den omtvistede kompensation blev ikke fastlagt på forhånd og var ikke objektiv og gennemsigtig (25). Den danske stats støtte til Combus må derfor nødvendigvis betegnes som statsstøtte i henhold til “Altmark”-dommen.

3.1.1.2.   Overholdelse af det markedsøkonomiske investorprincip

82.

I to meddelelser fra 1984 (26) og 1993 (27) har Kommissionen redegjort for, hvordan den anvender det markedsøkonomiske investorprincip. Ifølge Domstolens retspraksis skal der “foretages en vurdering af, om en privat investor af en størrelse, der kan sammenlignes med organer, som forestår forvaltningen af den offentlige sektor, under tilsvarende omstændigheder kunne tænkes at ville have indskudt en kapital af den omhandlede størrelse, navnlig under hensyn til de oplysninger, som var tilgængelige, og den forventede udvikling på datoen for kapitalindskudde.” (28). Stadig ifølge Domstolens retspraksis “kan en privat virksomhed rimeligvis fremskaffe den nødvendige kapital til at sikre sig, at en virksomhed, der er kommet i forbigående vanskeligheder, kan overleve og på ny kan blive rentabel, efter omstændighederne efter en rekonstruktion (29). Domstolen præciserede endvidere, “at der vel skal foretages en sammenligning mellem de indgreb, som iværksættes af en offentlig investor, når denne forfølger visse formål mht. økonomisk politik, og den fremgangsmåde, der følges af en privat investor, men denne sidste behøver ikke nødvendigvis være en almindelig investor, som placerer kapital til forrentning på kortere eller længere sigt, men skal dog i det mindste være et privat holdingselskab eller en privat koncern af virksomheder, som følger en global eller sektorbestemt strukturpolitik, og som lader sig lede af mere langsigtede rentablilitetsudsigter. (30).

83.

På baggrund af de to meddelelser og Domstolens retspraksis skal det undersøges, om en privat investor, der er ejer af en virksomhed, som kan sammenlignes med Combus, ville have handlet på samme måde som den danske stat, da den tilførte finansiering i 1999 og 2001.

84.

Hvad angår finansieringen i 1999, er de danske myndigheder af den opfattelse, at “the principle of the rational market investor would lead to the result that the capital injection was a proper commercial decision”. Til støtte for den analyse bemærker de danske myndigheder, at Combus' bestyrelse forventede et underskud på 25 mio. DKK i 1999, balancerende regnskaber i 2000 og overskud fra 2001.

85.

Kommissionen noterer sig, at bestyrelsens forventninger forekom optimistiske i betragtning af de underskud, Combus havde haft siden 1997, og betingelserne i de kontrakter, som var indgået siden da med de regionale og lokale myndigheder. En privat investor ville ikke have baseret sin beslutning om at investere udelukkende på bestyrelsens forventninger. De oplysninger, som de danske myndigheder har udleveret, indeholder ikke andre elementer, der dokumenterer, at en privat investor ville have handlet på samme måde som de danske myndigheder. Kommissionen tvivler derfor på, at de danske myndigheder opførte sig som en privat markedsøkonomisk investor.

86.

Hvad angår finansieringen i 1999 og i 2001 mener de danske myndigheder endvidere, at “the principle of the rational market investor also applies to a situation, where injection of fresh capital is based upon considerations of protecting the credibility of the Government (parent company) in the market, cf. judgement of March 21, 1991 in case C-303/88, Italy v. Commission, Rep. 1991 I, page 1433, para. 21.” I den dom, som de danske myndigheder nævner, anerkender Domstolen, at en privat markedsøkonomisk investors beslutning kan “være begrundet ikke blot i muligheden for herved at opnå en indirekte økonomisk gevinst, men også i andre overvejelser, f.eks. ønsket om at bevare koncernens image eller omlægge dens virksomhed.” Men Domstolen præciserer dernæst: “når en offentlig investors kapitalindskud foretages uden skelen overhovedet til selv langsigtede rentabilitetsmuligheder, må der imidlertid antages at være tale om støtte efter betydningen i traktatens artikel 92.”

87.

De danske myndigheder forklarer i deres anmeldelse, at Combus' konkurs ikke kunne have været afværget uden finansieringen, hvilket ville have skadet statens omdømme som markedsinvestor. Ifølge myndighederne ville et moderselskab ikke acceptere, at et datterselskab, der havde lidt store tab, blev erklæret for konkurs, især ikke hvis datterselskabet allerede var blevet omorganiseret flere gange og kreditorerne var gået med til at reducere deres fordringer. De konkluderer derfor, at en privat investor i deres sted ville have opført sig på samme måde.

88.

Kommissionen har sine tvivl med hensyn til, om en privat investor ville have opført sig på den måde i en tilsvarende situation. Den gør de danske myndigheder opmærksom på, at Domstolen kun accepterer hensynet til statens omdømme som begrundelse for en kapitaltilførsel, hvis der samtidig er udsigt til, at virksomheden bliver rentabel nok til at overbevise en privat investor i samme situation om at påtage sig risikoen ved forehavendet, hvilket der indtil nu overhovedet ikke er blevet fremlagt dokumentation for.

89.

Kommissionen mener dog, at en privat investor kunne have opført sig som den danske stat gjorde, hvis det viste sig, at det ville være mindre bekosteligt at omstrukturere virksomheden med henblik på salg end at lade den gå konkurs. Denne beregning skal foretages udelukkende med udgangspunkt i, at virksomheden er statsejet, og i omkostningerne og fordelene i forbindelse med de to scenarier — det vil altså sige uden at medregne omkostningerne forbundet med det offentliges forpligtelser — som ville skulle afholdes af staten, også selv om virksomheden var privat. De danske myndigheder har imidlertid endnu ikke givet tilstrækkelige oplysninger til, at dette kan påvises.

90.

Kommissionen har således sine tvivl med hensyn til, om den danske stat opførte sig som en fornuftig investor i forbindelse med kapitalindskuddene i 1999 og/eller 2001. Kommissionen kan derfor ikke udelukke, at den danske stats finansieringer af Combus helt eller delvis må betragtes som statsstøtte efter artikel 87, stk. 1.

3.1.2.   Er støtten forenelig med fællesmarkedet?

91.

Hvis den danske stats finansieringer skal betragtes som statsstøtte efter artikel 87, stk. 1, vil støtten kunne være forenelig med fællesmarkedet i henhold til forordning (EØF) nr. 1191/69 eller i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), som specificeret i rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.

3.1.2.1.   Er støtten forenelig i henhold til EF-traktatens artikel 73 som specificeret i forordning (EØF) nr. 1191/69?

92.

I henhold til EF-traktatens artikel 73 “er støtteforanstaltninger, som modsvarer behovet for en samordning af transportvæsenet, eller som udgør godtgørelse for visse forpligtelser, der har sammenhæng med begrebet offentlig tjenesteydelse, forenelige med denne traktat.”

93.

I “Altmark”-dommen fastslog Domstolen, “at medlemsstaterne ikke længere er berettigede til at påberåbe sig traktatens artikel 77 [nu artikel 73] uden for de tilfælde, som omhandles i den afledte fællesskabsret (31). Retten i Første Instans bekræftede denne argumentation i Combus-dommen. På grundlag af EF-traktatens artikel 73 vedtog Rådet forordning (EØF) nr. 1191/69, 1192/69 og 1107/70. Forordning (EØF) nr. 1191/69 giver medlemsstaternes myndigheder mulighed for inden for området for transport med jernbane, ad landeveje og sejlbare vandveje at vedtage alle de foranstaltninger, der er omfattet af forordningen, herunder de hertil nødvendige finansieringsforanstaltninger.

94.

I henhold forordning (EØF) nr. 1191/69 kan medlemsstaterne vælge mellem to metoder til at organisere offentlig tjeneste på transportområdet: enten kan de indgå kontrakter om offentlig tjeneste, jf. forordningens artikel 1, stk. 4, og afdeling V, eller de kan pålægge transportvirksomheder forpligtelser til offentlig tjeneste, jf. forordningens artikel 1, stk. 5, og afdeling II, III og IV. Ifølge Retten indeholder de nævnte bestemmelser “en sektorbestemt undtagelse fra det principielle forbud mod statsstøtte […] og overlader ikke Kommissionen noget skøn med hensyn til godkendelse af de støtteforanstaltninger, som omfattes af denne undtagelse (32).

95.

De danske myndigheder har på bustransportområdet valgt at indgå kontrakter om offentlig tjeneste. Ifølge Retten i Første Instans “medfører de kontraktlige forbindelser, der opstår mellem transportvirksomheden og den kompetente myndighed efter en licitation, i medfør af artikel 14, stk. 1 og 2, i forordning nr. 1191/69 en særlig finansieringsordning, som ikke giver plads for nogen kompensation efter de i forordningens afdeling II, III og IV fastsatte metoder (33) Indgåelsen af en kontrakt om offentlig tjeneste udelukker altså muligheden for at yde kompensation for pålæggelsen af en forpligtelse til offentlig tjeneste.

96.

Viser det sig, at den pris, der er aftalt mellem de to parter i en kontrakt om offentlig tjeneste, er for lav, har den virksomhed, der har indgået kontrakten, i henhold til artikel 14, stk. 4-6, i forordning (EØF) nr. 1191/69 mulighed for at afbryde kontrakten. Myndighederne kan pålægge virksomheden at opretholde den pågældende tjenesteydelse i endnu et år mod et vederlag, som beregnes efter de metoder, som er fastsat i forordningens afdeling II, III og IV. Kun i denne situation må der ydes kompensation for, at der pålægges en forpligtelse til offentlig tjeneste under kontraktordningen.

97.

Combus afbrød ikke kontrakterne om offentlig tjeneste, som selskabet havde indgået med de forskellige regionale og lokale myndigheder. Derfor kan artikel 73 ikke anvendes sammen med afdeling II, III og IV i forordning (EØF) nr. 1191/69 til at erklære støtten til Combus forenelig med fællesmarkedet.

3.1.2.2.   Er støtten forenelig i henhold til EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), som specificeret i rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder?

98.

I EF-traktatens artikel 87, stk. 3, litra c), hedder det: “Som forenelig med fællesmarkedet kan betragtes støtte til fremme af udviklingen af visse erhvervsgrene eller økonomiske regioner, når den ikke ændrer samfundsvilkårene på en måde, der strider mod den fælles interesse.” Med henblik på anvendelsen af denne artikel har Kommissionen bl.a. vedtaget rammebestemmelserne for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder.

99.

Kommissionen vedtog en første udgave af disse rammebestemmelser i 1994 (34) De blev afløst første gang i 1999 (35) og anden gang i 2004 af nye rammebestemmelser på området (36). Med hensyn til, hvornår disse rammebestemmelser skal anvendes, er der fastsat følgende i punkt 103 og 104 i rammebestemmelserne fra 2004:

Hvad angår anmeldt støtte: “Anmeldelser, der indgår til Kommissionen før den 10. oktober 2004, vil blive vurderet på grundlag af de på anmeldelsestidspunktet gældende kriterier.

Hvad angår ikke anmeldt støtte: “Kommissionen vil undersøge, om rednings- eller omstruktureringsstøtte, der er ydet uden Kommissionens forudgående godkendelse og derfor er i strid med traktatens artikel 88, stk. 3, er i overensstemmelse med fællesmarkedet på grundlag af disse rammebestemmelser, hvis al støtten eller en del heraf er blevet ydet efter rammebestemmelsernes offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende. I alle andre tilfælde vil den foretage undersøgelsen på grundlag af de rammebestemmelser, der anvendes på det tidspunkt, hvor støtten blev ydet.

Punkt 100 og 101 i rammebestemmelserne fra 1999 er affattet på samme måde.

100.

Støtten til Combus må betragtes som ikke anmeldte foranstaltninger, fordi den første finansiering blev givet i maj 1999 uden Kommissionens forudgående godkendelse. Hele finansieringen kom til udbetaling, før rammebestemmelserne fra 2004 trådte i kraft. Da den anden finansiering først kom til udbetaling, efter at rammebestemmelserne fra 1999 var trådt i kraft, nemlig i 2001, er det rammebestemmelserne fra 1999, der skal anvendes og ikke dem fra 1994. Hvis de to betalinger skal betragtes som to separate trancher, skal rammebestemmelserne fra 1994 anvendes på den første tranche, mens rammebestemmelserne fra 1999 skal anvendes på den anden tranche.

101.

I afsnit 3.2 i rammebestemmelserne fra 1999 fastsættes følgende betingelser for, at en omstruktureringsstøtte kan godkendes:

Virksomheden skal kunne anses for at være kriseramt.

Omstruktureringsplanen skal inden for en rimelig tidshorisont kunne gøre virksomheden rentabel på længere sigt.

Der bør træffes foranstaltninger for mest muligt at afbøde støttens skadelige virkninger for konkurrenterne.

Støtten skal begrænses til det strengt nødvendige minimum, så omstruktureringen kan gennemføres.

Kommissionen skal på grundlag af regelmæssige og detaljerede rapporter være i stand til at sikre sig, at omstruktureringsplanen gennemføres tilfredsstillende.

Der må kun ydes omstruktureringsstøtte én gang.

102.

Hvad den første betingelse angår, så findes der ingen fællesskabsdefinition på en kriseramt virksomhed . Ifølge punkt 5 i rammebestemmelserne betragtes et selskab med begrænset ansvar, hvilket Combus er, under alle omstændigheder som kriseramt, når over halvdelen af den tegnede kapital er forsvundet og over en fjerdedel af denne kapital er gået tabt i løbet af de sidste 12 måneder. Ifølge årsregnskabet for 1997 var den tegnede kapital på 65 mio. DKK og aktiekapitalen på 186 mio. DKK. Ifølge årsregnskabet for 1998 var den tegnede kapital på 65 mio. DKK og aktiekapitalen på 47 mio. DKK. I 1999 havde Combus et månedligt underskud på 14 mio. DKK. Derfor var aktiekapitalen forsvundet, da de danske myndigheder i maj 1999 besluttede at tilføre ny kapital i form af en kapitalforhøjelse på 200 mio. DKK og et ansvarligt lån på 100 mio. DKK. Eftersom over halvdelen af den tegnede kapital var forsvundet, da den første støttetranche til omstrukturering blev udbetalt, og over en fjerdedel af denne kapital var gået tabt i løbet af de sidste 12 måneder, må Combus betragtes som en kriseramt virksomhed efter rammebestemmelserne.

103.

For at der kan ydes omstruktureringsstøtte, skal der iværksættes en omstruktureringsplan , der inden for en rimelig tidshorisont og på basis af en realistisk vurdering skal kunne gøre virksomheden rentabel på længere sigt.

104.

Punkt 32-34 i rammebestemmelserne indeholder minimumsbetingelserne for, at Kommissionen kan godkende en omstruktureringsplan. Planen skal bl.a. indeholde følgende elementer:

en markedsanalyse

en beskrivelse af de omstændigheder, der førte til virksomhedens vanskeligheder, hvilket giver mulighed for at vurdere, om de foreslåede foranstaltninger kan gøre virksomheden rentabel igen

en beskrivelse af de planlagte ændringer, der skal til, for at virksomheden efter omstruktureringen kan dække alle omkostninger, herunder afskrivninger og finansieringsomkostninger, og kan klare sig i konkurrencen ved egen hjælp.

105.

De danske myndigheder fremlagde en omstruktureringsplan for Combus, der indeholder disse elementer, som er beskrevet i afsnit 2 i denne beslutning.

106.

Hvad angår Combus' rentabilitet fastslog Retten i Første Instans i Combus-dommen, at “Kommissionens argumentation [i den oprindelige beslutning] må forstås som udtryk for en alvorlig tvivl om, hvorvidt Combus var rentabel ifølge [EF-traktatens artikel 87] og rammebestemmelserne, hvilken tvivl Kommissionen imidlertid ikke anså sig for forpligtet til at afklare, når den fandt, at artikel 73 EF udgjorde et tilstrækkeligt retsgrundlag til at godkende støtten. Da den sidstnævnte bestemmelse imidlertid ikke kan påberåbes i denne forbindelse […], indeholder den anfægtede beslutning ikke noget gyldigt grundlag for at godkende udbetalingen af beløbet på 300 mio. DKK. Det kan derfor ikke under nogen omstændigheder anses for godtgjort, at Combus var rentabel (37).

107.

Kommissionen noterer sig, at de kontrakter om offentlig tjeneste, som Combus vandt i forbindelse med licitationer, samtidig var hovedårsagen til selskabets økonomiske vanskeligheder på grund af de unormalt lave tilbud. Det ville altså have været en udvej at afbryde disse kontrakter for at gøre virksomheden rentabel igen. De danske myndigheder forklarer i den forbindelse, at der ifølge dansk lovgivning ikke var mulighed herfor. Kommissionen gør dog de danske myndigheder opmærksom på, at der ifølge artikel 14 i forordning (EØF) nr. 1191/69, som gælder umiddelbart og har forrang for national lovgivning, er mulighed herfor.

108.

Endelig bemærker Kommissionen, at Combus ifølge de danske myndigheders skøn (jf. tabel 7) uden støtte vil få et akkumuleret underskud på 360 mio. DKK i perioden 2000-2005, mens støtten i 2001 kun var på 291 mio. DKK.

Tabel 7. Overslag over overskud/underskud på Combus-ruter for perioden 2000-2007

Mio. DKK

2000

2001

2002

2001

2004

2005

2006

2007

Omsætning

1089

1055

934

824

696

440

206

60

Overskud/underskud uden statsstøtte

– 118

– 66

– 59

– 53

– 43

– 21

+ 6

+ 2

Kilde: De danske myndigheder.

109.

På grundlag af ovenstående kan Kommissionen kun bekræfte, at den nærer tvivl om, hvorvidt Combus bliver rentabelt efter omstruktureringen.

110.

Hvad angår den tredje betingelse, som går ud på, at der skal træffes foranstaltninger for mest muligt at afbøde støttens skadelige virkninger for konkurrenterne , så mener de danske myndigheder, at det i det foreliggende tilfælde undtagelsesvis ikke er nødvendigt med sådanne foranstaltninger af følgende to årsager:

Combus' kontrakter udløber efterhånden: Ved udgangen af 2003 udløber ca. 50 % af kontrakterne, målt i kontraktværdi. Den sidste kontrakt udløber i 2006.

Arriva regner ikke med at bevare en markedsandel svarende til Arriva Danmarks og Combus' markedsandele tilsammen på købstidspunktet (ca. 50 %), men påtænker at sælge en del af Combus til Connex.

111.

Ifølge Kommissionen ville det have været mest logisk at afbryde alle eller i hvert fald en stor del af de underskudsgivende kontrakter om offentlig tjeneste, som Combus havde indgået, for at reducere støttens skadelige virkninger for konkurrenterne. I så fald ville de øvrige busselskaber have kunnet overtage Combus' markedsandele, hvilket ville være sket, hvis Combus var gået konkurs.

112.

Kommissionen bemærker, at Combus ikke afbrød kontrakterne om offentlig tjeneste, som selskabet havde indgået med de forskellige regionale og lokale myndigheder. De danske myndigheder forklarer i den forbindelse, at der ifølge dansk lovgivning ikke var mulighed herfor. Kommissionen gør dog de danske myndigheder opmærksom på, at der ifølge artikel 14 i forordning (EØF) nr. 1191/69, som gælder umiddelbart og har forrang for national lovgivning, er mulighed herfor.

113.

Kommissionen bemærker endvidere, at det planlagte salg af en del af Combus til Connex fandt sted i maj 2001. Ifølge de oplysninger, som Kommissionen ligger inde med, drejede det sig om salg af aktiver, herunder kontrakter om offentlig tjeneste, ansatte, busser og infrastrukturer, til en positiv pris, der naturligvis tilfaldt Combus. Endvidere blev salgsaftalen indgået direkte med Connex, og konkurrenterne havde derfor ikke mulighed for at byde. På grundlag af de foreliggende oplysninger kan Kommissionen på nuværende tidspunkt ikke se, hvordan dette salg kan betragtes som en modydelse, der skal begrænse de skadelige virkninger for Combus'/Arrivas konkurrenter.

114.

Endelig synes det i forbindelse med argumentet om, at kontrakterne udløber efterhånden, at være blevet overset, at det er situationen på tidspunktet for støttens indførelse, som er afgørende. Man ville endvidere kunne forstille sig salg af et antal kontrakter svarende til dem, som støttemodtageren har for øjeblikket.

115.

Derfor tvivler Kommissionen på, om de danske myndigheder med udgangspunkt i sagens særlige omstændigheder havde grundlag for at undlade at træffe foranstaltninger for mest muligt at afbøde støttens skadelige virkninger for konkurrenterne, således som det ellers kræves i rammebestemmelserne.

116.

Hvad angår den fjerde betingelse, som går ud på, at støtten skal begrænses til det strengt nødvendige minimum , vil støtten ifølge de danske myndigheders omstruktureringsplan give Arriva mulighed for at opnå et afkast af den investerede kapital på 10 %. Ifølge Arriva er dette det absolutte minimum for en sådan investering.

117.

På grundlag af de oplysninger, som de danske myndigheder har givet, kan Kommissionen ikke på nuværende tidspunkt kontrollere, om støtten er begrænset til det strengt nødvendige minimum, og udtrykker derfor sin tvivl på dette område.

118.

Kommissionen bemærker, at Combus blev solgt til Arriva efter en forhåndsudvælgelse og forhandlinger om omstrukturering, hvilket ville kunne have bidraget til at dokumentere, at støtten blev begrænset til et minimum, hvis forhåndsudvælgelsen havde været transparent og åben for alle konkurrenterne, således at der mellem den danske stat og Arriva kunne havet været aftalt en pris, som afspejlede Combus' reelle markedsværdi. For øjeblikket har Kommissionen ikke tilstrækkelige oplysninger herom. For at kunne analysere udbuddet har Kommissionen især brug for følgende oplysninger:

De selskaber, der tilkendegav at være interesseret i at byde på Combus, hvilke betingelser fik de helt præcist oplyst, og hvor stor en offentlig støtte fik de helt præcist lovning på?

Hvordan så Arrivas og Metrolines tilbud ud i detaljer?

Hvilke former for offentlig støtte blev der forhandlet alene med Arriva?

Kommissionen bemærker i øvrigt, at en vigtig forudsætning for at kunne vurdere, om den pris, som Arriva betalte, var markedsprisen, er at vide, hvad salgsaftalen, der blev indgået mellem Arriva og Connex, helt præcist indeholder. Dette salg, der fandt sted i maj 2001, omfattede 50 % af Combus' aktiver som allerede nævnt. Salgsprisen var på 223 mio. DKK, mens Arriva, hvis man medregner de finansielle forpligtelser, som den danske stat påtog sig, da Combus blev solgt til Arriva, betalte en negativ pris på 291 mio. DKK for Combus. I den forbindelse bemærker Kommissionen også, at salgsaftalen medfører salg af halvdelen af Combus' kontrakter om offentlig tjeneste. Kommissionen undrer sig over, at dette salg er tilladt i henhold til dansk lovgivning, når lovgivningen ifølge de danske myndigheder ikke tillader, at kontrakterne ophæves.

119.

Kommissionen henleder de danske myndigheders opmærksomhed på, at støttemodtagerne ifølge punkt 40 i rammebestemmelserne selv skal yde et bidrag til omstruktureringsplanen. Den bemærker, at Arriva overtog en del af Combus' gæld. Den opfordrer de danske myndigheder til at oplyse, hvilke andre bidrag Combus og/eller Arriva eventuelt har ydet.

120.

Hvad angår den femte betingelse, har de danske myndigheder indvilliget i at udarbejde en årlig rapport til Kommissionen, så den kan vurdere, om omstruktureringsplanen gennemføres i overensstemmelse med de danske myndigheders tilsagn. Kommissionen har modtaget en sådan rapport for 2001 og 2002, der viser, at omstruktureringsplanen er blevet overholdt.

121.

Endelig hvad den sjette betingelse angår, skal det kontrolleres, om omstruktureringsstøtten overholder princippet om “ engangsstøtte ” (“one time, last time”). Ifølge de oplysninger, som de danske myndigheder har givet, har Combus ikke tidligere modtaget omstruktureringsstøtte. For at kunne kontrollere, om denne betingelse er overholdt, er det nødvendigt at undersøge (jf. punkt 72 til 78), om de foranstaltninger, der blev truffet til fordel for Combus i 1999 og 2001, skal betragtes som separate foranstaltninger eller kun én foranstaltning, og om foranstaltningerne skal betragtes som støtte eller investering.

3.2.   Opsummering af de forhold, med hensyn til hvilke Kommissionen nærer tvivl

122.

Af ovennævnte årsager nærer Kommissionen alvorlig tvivl med hensyn til følgende forhold:

(a)

den danske stats overholdelse af det markedsøkonomiske investorprincip i betragtning af Combus' økonomiske situation og udsigter på det tidspunkt, hvor støtten blev ydet,

(b)

muligheden for at gøre Combus rentabel igen på længere sigt

(c)

begrundelsen for at undlade at træffe foranstaltninger for mest muligt at afbøde støttens skadelige virkninger for konkurrenterne

(d)

begrænsningen af støtten til et minimum

(e)

overholdelsen af “engangsstøtte”-princippet.

123.

På baggrund af ovenstående opfordrer Kommissionen efter proceduren i EF-traktatens artikel 88, stk. 2, Danmark til senest en måned efter modtagelsen af dette brev at fremsætte sine bemærkninger og fremlægge alle de oplysninger, der er nødvendige for at vurdere støttens/foranstaltningens forenelighed med fællesmarkedet. Kommissionen opfordrer de danske myndigheder til straks at fremsende kopi af dette brev til den potentielle støttemodtager.

124.

Kommissionen meddeler herved Danmark, at interesserede parter vil blive underrettet ved offentliggørelse af dette brev og et fyldestgørende resumé heraf i Den Europæiske Unions Tidende. Kommissionen underretter ligeledes interesserede parter i de EFTA-lande, der har undertegnet EØS-aftalen, ved offentliggørelse af en meddelelse i EØS-tillægget i Den Europæiske Unions Tidende, samt EFTA-Tilsynsmyndigheden ved fremsendelse af kopi af nærværende brev. Alle interesserede parter vil blive opfordret til at fremsætte deres bemærkninger senest en måned efter datoen for offentliggørelsen.«


(1)  Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 16 de marzo de 2004, Danske Busvognmaend, asunto T-157/01, considerando 119 (en lo sucesivo: sentencia Combus).

(2)  Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de setiembre de 1998, asunto T-11/95 «BP Chemicals Limited contra Comisión de las Comunidades Europeas», Rec.1998 II-3235; considerando 171.

(3)  DO C 288 de 9.10.1999, p. 2. En ese caso se aplica la versión de 1999 en virtud de las disposiciones transitorias de las directrices de 2004, DO C 244 de 1.10.2004, p. 1, apartados 103 y 104.

(4)  Sentencia «Combus», antes citada, considerando 79.

(5)  Sentencia «Combus», antes citada, considerandos 114 y 115.

(6)  Denne brancheorganisation repræsenterer over 90 % af det antal virksomheder, der udfører regional kollektiv bustransport i Danmark.

(7)  EFT C 288 af 9.10.1999, s. 2.

(8)  EFT C 133 af 5.5.2001, s. 21.

(9)  Dom af 16. marts 2004 afsagt af Retten i Første Instans, Danske Busvognmænd, sag T-157/01, dommens konklusion (i det følgende benævnt “Combus-dommen”).

(10)  Combus-dommen, præmis 83 og 99.

(11)  Dom i sagen Altmark Trans mod Regierungspräsidium Magdeburg, præmis 107 og 108.

(12)  Combus-dommen, præmis 100 og 101.

(13)  Combus-dommen, præmis 114 ff.

(14)  I 2004 efter salget af Combus til Arriva og det efterfølgende salg af en del af Combus til Connex havde både Connex og Arriva hver en markedsandel på ca. 33 % afdet danske busmarked, mens ca. 100 offentlige og private små operatører måtte deles om de resterende 34 %.

(15)  Lov nr. 232 af 4. april 1995.

(16)  Lov nr. 1232 af 27. december 1996.

(17)  Arrivas skøn.

(18)  Lov nr. 1046 af 23. december 1998.

(19)  Combus 28 %, Arriva 25 %, City-Trafik 7 %, Linjebus 10 %.

(20)  Dommens præmis 87.

(21)  Støtten bestod som allerede nævnt i en kapitalforhøjelse på 200 mio. DKK og et ansvarligt lån på 100 mio. DKK.

(22)  Støtten bestod som allerede nævnt i en eftergivelse af det ansvarlige lån på 100 mio. DKK og en kapitalforhøjelse på 140 mio. DKK og i garantier i aftalen om salg af selskabet for mindst 51 mio. DKK.

(23)  Dom af 15. september 1998 afsagt af Retten i Første Instans i sag T-11/95 “BP Chemicals Ltd mod Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber,” offentliggjort i Sml. 1998 II, s. 3235; præmis 171.

(24)  Domstolens dom C-280/00, præmis 95.

(25)  Dommens præmis 98.

(26)  Anvendelse af EØF-traktatens artikel 92 og 93 på offentlige andele, EF-Bulletin 91984.

(27)  Meddelelse til medlemsstaterne fra Kommissionen, EFT C 307 af 13. november 1993, s. 3.

(28)  Domstolens dom af 16. maj 2002, C-482/99, præmis 56.

(29)  Domstolens dom af 10. juli 1986, 40/85, Belgien mod Kommissionen, præmis 14.

(30)  Domstolens dom af 21. marts 1991, C-305/89, Italien mod Kommissionen, “Alfa Romeo”-sagen, præmis 20.

(31)  Dom C-280/00, præmis 107.

(32)  Combus-dommen, præmis 85.

(33)  Combus-dommen, præmis 79.

(34)  EFT C 368 af 23.12.1994, s. 12.

(35)  EFT C 288 af 9.10.1999, s. 2.

(36)  EFT C 244 af 1.10.2004, s. 2.

(37)  Combus-dommen, præmis 114 og 115.


22.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 233/47


AYUDA ESTATAL — ESLOVAQUIA

Ayuda estatal no C 25/2005 (ex NN 21/2005) — Medida en favor de Frucona Košice

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del artículo 88, apartado 2, del Tratado CE

(2005/C 233/11)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 5.7.2005, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Eslovaquia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE en relación con la medida antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la medida respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta que figura a continuación, enviándolas a:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de Ayudas Estatales

SPA 3, 6/5

B-1049 Bruselas

Fax: +(32-2) 296 12 42

Dichas observaciones serán comunicadas a Eslovaquia. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

TEXTO DEL RESUMEN

PROCEDIMIENTO

Mediante carta de 15 de octubre de 2004, la Comisión recibió una denuncia referente a una supuesta ayuda estatal ilegal en favor de Frucona Košice, a.s., Eslovaquia. Mediante carta de 4 de enero de 2005, registrada el 17 de enero, Eslovaquia informó a la Comisión de esta posible ayuda estatal ilegal y pidió su aprobación como ayuda de salvamento de una empresa en crisis financiera.

DESCRIPCIÓN DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LAS MEDIDAS DE AYUDA

El beneficiario de la medida es Frucona Košice, a.s., empresa que produce bebidas alcohólicas, bebidas sin alcohol, fruta y vegetales en conserva, y vinagre. Se trata de una PYME.

La medida consiste en una amortización de deuda tributaria por Hacienda en el marco del conocido como «acuerdo con los acreedores» regido por la Ley 328/91 sobre Quiebra y Acuerdo con Acreedores. Se trata de una forma de procedimiento colectivo de insolvencia supervisado por un tribunal y consiste en un acuerdo entre la empresa endeudada y sus acreedores mediante el cual éstos son reembolsados parcialmente por el deudor y renuncian al resto de lo que les es debido.

En el marco de un procedimiento de este tipo iniciado por Frucona en marzo de 2004, Hacienda aceptó condonar el 65 % del importe exigible. El importe debido ascendía a 640 793 831 SKK (unos 16 millones de euros), y el importe condonado fue de 416 515 990 SKK (10,4 millones de euros). Los acreedores privados participantes en el procedimiento aceptaron renunciar a los importes debidos en un porcentaje igual. El tribunal supervisor confirmó el acuerdo mediante decisión de 14 de julio de 2004.

El denunciante sostiene que Hacienda tenía posibilidades de ser reembolsada en un porcentaje superior al 35 % que aceptó en el procedimiento. Subraya en especial que Hacienda habría perdido menos mediante un procedimiento de ejecución fiscal y un procedimiento de quiebra. En esta línea, el denunciante sostiene que Hacienda no respetó el principio del acreedor privado y que por ello la condonación representa una ayuda estatal ilegal e incompatible con el Tratado CE.

Eslovaquia no contesta la conclusión de que la medida constituye una ayuda estatal sino que pide que sea aprobada como ayuda de salvamento de una empresa en crisis.

EVALUACIÓN

Ayuda estatal

La Comisión observa que Hacienda y los acreedores privados aceptaron el acuerdo con Frucona en iguales condiciones. Sin embargo, la Comisión también observa que Hacienda disponía de otros instrumentos jurídicos mediante los cuales podría haber ejercido su derecho como acreedora, mediante la incoación de un procedimiento de ejecución fiscal o un procedimiento de quiebra. En el procedimiento de quiebra, al asegurarse el cobro Hacienda habría tenido una posición de acreedor separado. Los ingresos obtenidos por la venta de los activos asegurados en el procedimiento de quiebra se utilizarían exclusivamente para cubrir lo debido a Hacienda. Como acreedor separado que votó en un grupo separado, Hacienda tenía posibilidades de vetar la propuesta de acuerdo de Frucona y de incoar la ejecución fiscal o el procedimiento de quiebra.

Sobre la base de la información disponible en esta fase, la Comisión tiene dudas sobre si Hacienda actuó como acreedor privado. Por lo tanto, la Comisión considera que la medida podría haber distorsionado la competencia al conferir una ventaja que Frucona no podría obtener en el mercado privado y que la medida podría constituir ayuda estatal.

Derogación al amparo del artículo 87, apartados 2 y 3, del Tratado CE

La Comisión ha evaluado la medida como ayuda a una empresa en crisis en aplicación de las Directrices comunitarias de 1999 sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis (DO C 288 de 9.10.1999, p. 2). La Comisión tiene dudas de que la medida sea compatible como ayuda de salvamento, puesto que no es temporal sino una subvención a fondo perdido. Además, la Comisión duda de que la medida sea compatible como ayuda de reestructuración, ya que no está claro que Frucona presentara un plan de reestructuración capaz de restaurar la viabilidad de la empresa a largo plazo, y de que la ayuda se limite al mínimo necesario.

TEXTO DE LA CARTA

«Komisia oznamuje Slovensku, že po preskúmaní informácií poskytnutých vašimi orgánmi o vyššie uvedenom opatrení sa rozhodla začať konanie stanovené v článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES.

I.   KONANIE

1)

Listom z 15. októbra 2004 zaevidovanom 25. októbra 2004 dostala Komisia sťažnosť týkajúcu sa údajnej nezákonnej štátnej pomoci v prospech Frucony Košice, a. s.. Sťažovateľ zaslal dodatočné informácie 3. februára 2005. Stretnutie so sťažovateľom sa konalo 24. mája 2005.

2)

Komisia na základe informácií poskytnutých sťažovateľom požiadala Slovensko listom zo 6. decembra 2004, aby ju informovalo o spornom opatrení. Slovensko odpovedalo listom zo 4. januára 2005 zaevidovaným 17. januára 2005, v ktorom informovalo Komisiu o možnej nezákonnej pomoci poskytnutej Frucone a požiadalo Komisiu o schválenie pomoci ako pomoci na záchranu pre spoločnosť vo finančných ťažkostiach. Slovensko predložilo dodatočné informácie listom z 24. januára 2005 zaevidovaným 28. januára 2005.

3)

Komisia požiadala o doplňujúce informácie listom z 9. februára 2005, na ktorý dostala odpovede listom zo 4. marca 2005 zaevidovaným 10. marca 2005.

4)

Stretnutie so slovenskými orgánmi sa konalo 12. mája 2005.

II.   OPIS

1.   Príslušný podnik

5)

Príjemcom finančnej pomoci je Frucona Košice, a. s., ktorá pôsobí vo výrobe alkoholu, nápojov na báze liehu, nealkoholických nápojov, konzervovaného ovocia a zeleniny a octu. Spoločnosť sa nachádza v regióne oprávnenom na regionálnu pomoc podľa článku 87 ods. 3 písm. a) Zmluvy o ES.

6)

Frucona zamestnáva [menej než 200] (1) osôb a v roku 2003 dosiahla obrat 360 miliónov Sk (9 miliónov EUR) a v roku 2004 720 miliónov Sk (18 miliónov EUR). Obrat v rôznych segmentoch výroby Frucony je uvedený v tabuľke č. 1. Podľa slovenských orgánov Frucona spĺňa kritériá malého a stredného podniku.

Tab. 1: Obrat v rôznych segmentoch výroby [v tisícoch Sk]

 

2002

2003

2004

Zelenina

 61 869

53 287

29 000

Nealkoholické nápoje

 63 702

65 134

44 994

Alkoholické nápoje

167 852

203 610

72 645

Jablčné víno

1 224

90

0

Ostatné produkty/služby

39 080

37 856

572 938

Spolu

333 727

359 977

719 577

2.   Uplatňované vnútroštátne právne predpisy

7)

Sporným opatrením je odpísanie daňového dlhu príslušným Daňovým úradom Košice IV (ďalej len “daňový úrad”) v rámci tzv. vyrovnania s veriteľmi. Tento postup upravuje zákon č. 328/91 o konkurze a vyrovnaní (ďalej len “zákon o konkurze”).

8)

Vyrovnanie s veriteľmi (ďalej “vyrovnacie konanie”) je konanie, ktoré spolu s konkurzným konaním má za cieľ usporiadať finančnú situáciu spoločností v úpadku. Spoločnosť je v úpadku vtedy, keď má niekoľkých veriteľov a nie je schopná vyrovnať svoje záväzky do 30 dní od dátumu splatnosti. V konkurznom konaní spoločnosť zanikne a jej aktíva sa buď predajú novému majiteľovi, alebo sa spoločnosť zlikviduje. Oproti tomu vo vyrovnacom konaní spoločnosť v úpadku pokračuje v činnosti bezo zmeny majiteľa. Súd uznesením povolí vyrovnanie, ak sú splnené všetky procesné a materiálne predpoklady. Zároveň súd vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v predpísanej lehote.

9)

Na základe dohody medzi veriteľmi a spoločnosťou v úpadku (ďalej len “vyrovnanie”) potvrdenej súdom zaplatí spoločnosť časť svojho dlhu a zvyšok sa odpíše.

10)

Tzv. oddelení veritelia, ktorých pohľadávky sú zabezpečené, a to napríklad záložným právom, majú privilegované postavenie v hlasovaní o návrhu spoločnosti v úpadku na vyrovnanie. Podľa zákona o konkurze, na prijatie návrhu vyrovnania musia všetci oddelení veritelia hlasovať v jeho prospech, zatiaľ čo hlas ostatných veriteľov sa pokladá za rozhodujúci, ak súhlasí kvalifikovaná väčšina veriteľov. Oddelení veritelia hlasujú zvlášť v prvej skupine veriteľov a majú právo vetovať návrh.

11)

Z dostupných informácií vyplýva, že keď vyrovnanie nadobudne právoplatnosť, nasleduje realizačná fáza, v ktorej dlžník musí zaplatiť časť dlhu tak, ako sa dohodol s veriteľmi, a prípadní verejní veritelia musia podniknúť ďalšie procesné kroky na uskutočnenie odpisov.

12)

Tak isto sa ukazuje, že spoločnosť musí v návrhu na vyrovnanie opísať opatrenia určené na jej reorganizáciu a na zabezpečenie plynulého financovania jej činnosti po vyrovnaní.

13)

Dostupné informácie naznačujú, že oddelení veritelia majú privilegované postavenie aj v konkurznom konaní. Výnosy z predaja zabezpečených aktív v konkurznom konaní by sa mali použiť výhradne na splatenie pohľadávok oddelených veriteľov. Ak z tohto predaja nemožno pokryť všetky pohľadávky oddeleného veriteľa, tieto sa spoja v druhej skupine s pohľadávkami ostatných veriteľov. V druhej skupine sa veritelia uspokojujú pomerne.

14)

Podľa zákona č. 511/92 o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov (ďalej len “zákon o správe daní”) má spoločnosť možnosť požiadať daňové orgány o odklad platenia daní. Na odloženú sumu sa účtuje úrok a odložený dlh musí byť zabezpečený.

15)

Zákon o správe daní upravuje daňové exekučné konanie, účelom ktorého je vymôcť daňové pohľadávky štátu prostredníctvom napríklad predaja nehnuteľnosti, hnuteľných aktív alebo podniku ako celku.

3.   Sporné opatrenie

16)

Frucona v roku 2003 využila inštitút odkladu platenia spotrebnej dane z alkoholu v zmysle zákona o správe daní.

17)

Podľa informácií poskytnutých slovenskými orgánmi odsúhlasil daňový úrad rôznymi správnymi rozhodnutiami odklad platby dane splatnej mesačne za obdobie od novembra 2002 do novembra 2003. Celkový odložený dlh predstavoval 477 015 759 Sk (11 miliónov EUR). Pred odsúhlasením odkladu týchto platieb daňový úrad v súlade so zákonom zabezpečil každú zo svojich pohľadávok záložným právom v celkovej výške 397 476 726 Sk (10 miliónov EUR).

18)

Keď Frucona nezaplatila spotrebnú daň za mesiac január 2004 splatnú 25. februára 2004, prišla v dôsledku toho o licenciu na výrobu a spracovanie liehu.

19)

Frucona 8. marca 2004 podala na príslušný krajský súd návrh na vyrovnanie. Krajský súd povolil vyrovnacie konanie uznesením z 29. apríla 2004, keďže všetky potrebné právne požiadavky boli splnené. Veritelia hlasovali v prospech návrhu na vyrovnanie predloženého Fruconou na pojednávaní dňa 9. júla 2004. Vyrovnanie bolo potvrdené 14. júla 2004 uznesením dohliadajúceho krajského súdu.

20)

Daňový úrad napadol toto potvrdzujúce uznesenie súdu. Najvyšší súd uznesením z 25. októbra 2004 rozhodol, že odvolanie nebolo prípustné, a vyhlásil, že uznesenie súdu potvrdzujúce vyrovnanie sa stalo právoplatným a vykonateľným 23. júla 2004.

Veritelia sa s Fruconou dohodli na tomto vyrovnaní: 35 % dlhu splatí Frucona do jedného mesiaca od nadobudnutia právoplatnosti vyrovnania a zvyšných 65 % dlhu jej veritelia odpustia. Všetci veritelia boli teda uspokojení za rovnakých podmienok. Daňový úrad ako jediný verejný veriteľ súhlasil s odpísaním 416 515 900 Sk (10,6 miliónov EUR). Konkrétne sumy pre jednotlivých veriteľov sú uvedené v nasledujúcej tabuľke.

Tab. 2: Stav dlhov Frucony Košice pred a po vyrovnacom konaní [v Sk]

Veriteľ

Dlh pred vyrovnaním

Dlh po vyrovnaní (2)

Odpísaná suma

Verejný

Daňový úrad

640 793 831

224 277 841

416 515 990

Súkromný

Tetra Pak, a. s.

[…] (2)

[…]

[…]

MTM-obaly, s.r.o.

[…]

[…]

[…]

Merkant družstvo

[…]

[…]

[…]

Vetropack, s.r.o.

[…]

[…]

[…]

SPOLU

 

644 591 511

225 607 029

418 984 482

21)

Vo vyrovnacom konaní vystupoval daňový úrad ako oddelený veriteľ a ako taký hlasoval v prospech vyrovnania zvlášť. Daňový úrad mal privilegované postavenie vďaka skutočnosti, že jeho pohľadávky boli zabezpečené v súvislosti s odkladom daňového dlhu Frucony v roku 2003 (pozri odsek 17). Všetci ostatní veritelia hlasovali v prospech navrhovaného vyrovnania. Ich pohľadávky boli bežné obchodné pohľadávky nezabezpečené žiadnym spôsobom.

22)

Frucona vo svojom návrhu na vyrovnanie v súlade s požiadavkami zákona o konkurze opísala reorganizačné opatrenia týkajúce sa výroby, distribúcie a personálu (vrátane prepúšťania). V organizačnej a personálnej oblasti Frucona plánovala nasledujúce opatrenia: vytvorenie univerzálnej výrobnej skupiny pre všetky výrobné činnosti, reorganizácia svojich dopravných zariadení vylúčením vozidiel s najnižšou zostatkovou hodnotou a reorganizácia obchodných činností. Tieto opatrenia malo sprevádzať prepustenie [do 50] (3) zamestnancov od marca do mája 2004. Ďalších 50 zamestnancov malo v tomto období pracovať na 60 %.

23)

Vo výrobnej a technickej oblasti sa v návrhu Frucony uvádzalo, že keďže spoločnosť prišla o licenciu na výrobu liehu, príslušné výrobné zariadenia sa od apríla 2004 prenajmú. Spoločnosť plánuje znížiť resp. zrušiť výrobu niektorých nerentabilných nealkoholických nápojov a akémukoľvek zavedeniu nového produktu v tejto kategórii bude predchádzať analýza ziskovosti tejto výroby.

24)

Frucona navyše spomína nasledujúce opatrenia: reštrukturalizácia nákladov, ktorá by mala vyplývať z nižších výrobných nákladov po zrušení výroby liehu a zo zrušenia časti vlastnej dopravy spoločnosti; predaj starého zariadenia do šrotu. Frucona plánovala predať aj administratívnu budovu, obchod a rekreačné zariadenie za 8 miliónov Sk (200 000 EUR) a spomenula možnosť predať alebo prenajať zariadenie na výrobu octu.

25)

Frucona plánovala intenzívny predaj svojich zásob hotových produktov (4).

26)

Podľa návrhu na vyrovnanie mala Frucona dostať od súkromnej banky pôžičku na financovanie časti dlhu, ktorý navrhla splatiť veriteľom vo vyrovnacom konaní. Celková výška vlastných prostriedkov spoločnosti na financovanie vyrovnania predstavovala 210 miliónov Sk (5,25 miliónov EUR).

III.   ARGUMENTY STRÁN

1.   Sťažovateľ

27)

Sťažovateľ tvrdí, že správanie daňového úradu v tomto prípade, mimo i v rámci vyrovnacieho konania, nezodpovedá správaniu súkromného veriteľa, a preto odpis daňovej pohľadávky predstavuje štátnu pomoc, ktorá nie je kompatibilná so spoločným trhom, a to ani ako pomoc na záchranu, ani ako pomoc na reštrukturalizáciu.

28)

Sťažovateľ informoval Komisiu o rôznych právnych nástrojoch, ktoré podľa jeho názoru mohol daňový úrad využiť s cieľom dosiahnuť čo najvyššie uspokojenie svojich pohľadávok, ale tak neurobil. Sťažovateľ tvrdí, že predtým ako Frucona navrhla vyrovnanie, daňový úrad mohol začať konkurzné konanie, v ktorom by boli jeho pohľadávky uspokojené osobitne a prednostne z predaja zabezpečených aktív (privilégium oddeleného veriteľa). Alternatívne mohol daňový úrad začať daňové exekučné konanie, ktoré by mu umožnilo predať aktíva Frucony.

29)

Okrem toho mohol daňový úrad podľa sťažovateľa odmietnuť navrhované vyrovnanie. Keďže mal právo samostatného hlasu, jeho postavenie bolo teda rozhodujúce. Ak by daňový úrad nesúhlasil s návrhom Frucony, vyrovnacie konanie by sa ukončilo a daňový úrad by mohol iniciovať konkurz alebo daňovú exekúciu.

2.   Slovenské orgány

30)

Slovensko nepopiera, že sporné opatrenie predstavuje štátnu pomoc, a žiada jeho schválenie ako pomoc na záchranu pre spoločnosť vo finančných ťažkostiach.

31)

Slovenské orgány však objasnili, že daňový úrad podnikol úvodné procesné kroky podľa zákona o správe daní s cieľom začať daňové exekučné konanie. Podanie návrhu na vyrovnanie na krajský súd 8. marca 2004 však začatiu exekučného konania zabránilo.

IV.   HODNOTENIE

1.   Štátna pomoc v zmysle článku 87 ods. 1 Zmluvy o ES

32)

Článok 87 ods. 1 Zmluvy o ES vyhlasuje akúkoľvek pomoc poskytnutú členským štátom alebo zo štátnych prostriedkov v akejkoľvek forme, ktorá narušuje alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých tovarov za nezlúčiteľnú so spoločným trhom, pokiaľ ovplyvňuje obchod medzi členskými štátmi.

33)

Odpis verejného dlhu predstavuje použitie štátnych prostriedkov. Spoločnosť je činná hlavne v oblasti výroby nápojov, v ktorej sa medzi členskými štátmi obchoduje.

34)

Zostáva určiť, či sporné opatrenie narúša hospodársku súťaž tým, že príjemcovi poskytuje podporu, ktorú by na súkromnom trhu nedostal. Inými slovami, Komisia musí určiť, či sa štát vo vyrovnacom konaní správal ako súkromný veriteľ.

35)

V tomto kontexte Komisia poznamenáva, že Slovensko nepopiera, že predmetné opatrenie predstavuje štátnu pomoc.

36)

Z dostupných informácií je jasné, že predmetné vyrovnanie obsahuje rovnaké podmienky vyrovnania pre súkromných veriteľov i daňový úrad: 35 % pohľadávok sa má splatiť veriteľom do jedného mesiaca a 65 % pohľadávok sa odpíše.

37)

Zdá sa však, že právna situácia daňového úradu a ostatných veriteľov nebola rovnaká. Po prvé, daňový úrad mal na rozdiel od súkromných veriteľov právo na vlastný návrh začať špeciálne daňové exekučné konanie, a tým uspokojiť svoje pohľadávky v maximálnom rozsahu prostredníctvom, napríklad, predaja nehnuteľnosti, strojného zariadenia, alebo predaja podniku ako celku. V tejto súvislosti Komisia poznamenáva, že hodnota zabezpečených aktív predstavovala 397 476 726 Sk (10 miliónov EUR), pričom daňový úrad vyrovnal svoje pohľadávky vo výške 224 277 841 Sk (5,6 milióna EUR).

38)

Po druhé, pohľadávky daňového úradu za obdobie od novembra 2002 do novembra 2003 boli zabezpečené záložným právom na aktívach Frucony vytvoreným v súvislosti s odkladom platby dlhu Frucony na toto obdobie. Výnos z predaja zabezpečených aktív v konkurznom konaní by sa použil výlučne na splatenie pohľadávok daňového úradu ako jediného oddeleného veriteľa. Pohľadávky daňového úradu nepokryté v prvej skupine by sa zaplatili spolu s pohľadávkami súkromných veriteľov z toho, čo by zostalo z aktív spoločnosti po predaji zabezpečených aktív. Veritelia v druhej skupine sú uspokojení pomerne. V tejto súvislosti Komisia pozoruje, že zatiaľ čo pohľadávky daňového úradu predstavovali 640 miliónov Sk (16 miliónov EUR), súhrn pohľadávok štyroch súkromných veriteľov predstavoval 3,8 milióna Sk (95 000 EUR), čo zodpovedá 0,6 % celkových pohľadávok. Vzhľadom na tento pomer sa zdá, že keďže výnosy z ďalšieho predaja by sa rozdelili pomerne, daňový úrad by profitoval najviac aj v druhej skupine. Uspokojenie súkromných veriteľov v druhej skupine by bolo minimálne.

39)

Po tretie, daňový úrad po začatí vyrovnacieho konania mohol zabrániť vyrovnaniu odmietnutím hlasovať v jeho prospech.

40)

Z uvedeného sa zdá, že zatiaľ čo súkromní veritelia mali záujem hlasovať pre navrhované vyrovnanie, lebo im zabezpečovalo vyšší výnos (pokrytie 35 % ich pohľadávok), daňový úrad by dosiahol vyšší výnos, ak by použil konkurzné konanie alebo daňovú exekúciu.

41)

Na základe informácií dostupných v tomto štádiu Komisia pochybuje, že daňový úrad konal ako súkromný veriteľ. Komisia preto pochybuje, že sporné opatrenie nenarušilo hospodársku súťaž, a to udelením výhody, ktorú by Frucona nemohla získať na trhu.

2.   Výnimka podľa článku 87 ods. 2 a ods. 3 Zmluvy o ES

42)

Primárnym cieľom sporného opatrenia je pomôcť spoločnosti v ťažkostiach. V takýchto prípadoch možno uplatniť výnimku článku 87 ods. 3 písm. c) Zmluvy o ES, ktorá umožňuje povoliť štátnu pomoc na podporu rozvoja niektorých hospodárskych sektorov, ak táto pomoc negatívne neovplyvňuje podmienky obchodovania do takej miery, ktorá by bola v rozpore so spoločným záujmom, a ak sú splnené príslušné podmienky.

43)

Vzhľadom na výrobné portfólio príjemcu Komisia hodnotila, či sa v tomto prípade uplatňujú špeciálne pravidlá vzťahujúce sa na sektor poľnohospodárstva. Po porovnaní obratu spoločnosti za roky 2002 – 2004 v rôznych segmentoch jej výrobného sortimentu (pozri tab. 1) Komisia došla k záveru, že väčšina produktov Frucony nie sú produkty spadajúce pod prílohu I Zmluvy o ES. Preto sa uplatňujú všeobecné pravidlá štátnej pomoci.

44)

Pomoc na záchranu a reštrukturalizáciu spoločností v ťažkostiach sa v súčasnosti upravuje usmernením Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (5) (ďalej len “nové usmernenie”), ktoré nahrádza predchádzajúce znenie prijaté v roku 1999 (6) (ďalej len “usmernenie z roku 1999”).

45)

Prechodné ustanovenia nového usmernenia stanovujú, že nové usmernenie sa uplatňuje na hodnotenie akejkoľvek pomoci na záchranu alebo reštrukturalizáciu poskytnutej bez povolenia Komisie (nezákonná pomoc), ak je niektorá časť pomoci alebo celá pomoc poskytnutá po 1. októbri 2004, teda po dni uverejnenia nového usmernenia v Úradnom vestníku Európskej únie (bod 104, prvý pododsek). Ak však bola pomoc nezákonne poskytnutá pred 1. októbrom 2004, zisťovanie sa vedie na základe usmernenia platného v čase, keď bola pomoc poskytnutá (bod 104, druhý pododsek).

46)

Komisia poznamenáva, že schválenie vyrovnania daňovým úradom nadobudlo právoplatnosť 23. júla 2004 (7). Pomoc bola teda nezákonne poskytnutá pred 1. októbrom 2004. Preto sa uplatňuje usmernenie z roku 1999, ktoré platilo v čase poskytnutia pomoci.

2.1.   Oprávnenosť podniku

47)

Podľa bodu 5 písm. c) usmernenia z roku 1999 sa podnik pokladá za podnik v ťažkostiach, ak podľa domáceho práva spĺňa kritériá na to, aby sa stal predmetom konania vo veci kolektívnej platobnej neschopnosti.

48)

Frucona bola predmetom vyrovnacieho konania, ktoré je prístupné platobne neschopným spoločnostiam v súlade s definíciou zákona o konkurze. Frucona je preto oprávnená na pomoc na záchranu alebo reštrukturalizáciu.

2.2.   Pomoc na záchranu

49)

Pomoc na záchranu je svojím charakterom dočasná pomoc, ktorá by mala umožniť udržať podnik v ťažkostiach nad vodou na čas potrebný na vypracovanie plánu reštrukturalizácie alebo likvidácie. Tato pomoc pozostáva z podpory likvidity vo forme úverových záruk alebo pôžičiek (bod 23 písm. a) usmernenia z roku 1999). Komisia poznamenáva, že sporným opatrením je v tomto prípade odpísanie dlhu, čo zodpovedá nenávratnému grantu.

50)

Podľa bodu 23 písm. d) sa k pomoci musí najneskôr šesť mesiacov od povolenia opatrenia na záchranu priložiť plán reštrukturalizácie alebo plán likvidácie, alebo dôkaz, že celá pomoc bola splatená.

51)

Komisia poznamenáva, že Frucona vo svojom návrhu na vyrovnanie adresovanom krajskému súdu opísala niektoré opatrenia, ktoré plánuje vykonať na svoju reorganizáciu a na zabezpečenie plynulého financovania svojej činnosti po vyrovnaní. Tieto opatrenia sú opísané v odseku 23 a nasl.

52)

Komisia má pochybnosti, či tieto opatrenia možno pokladať za plán reštrukturalizácie, a to z nižšie uvedených dôvodov.

53)

Na základe uvedeného Komisia pochybuje, či sporné opatrenie je zlučiteľné so spoločným trhom ako pomoc na záchranu.

2.3.   Pomoc na reštrukturalizáciu

Životaschopný plán reštrukturalizácie

54)

Ako je uvedené vyššie, Frucona by bola oprávnená aj na pomoc na reštrukturalizáciu. Podľa bodu 31 usmernenia z roku 1999 je takáto pomoc podmienená realizáciou plánu reštrukturalizácie, ktorý Komisia musí schváliť v prípade všetkých opatrení individuálnej pomoci.

55)

Zdá sa, že opis reorganizačných opatrení je zákonnou požiadavkou pre začatie vyrovnacieho konania súdom. Komisia má však pochybnosti, či schválenie vyrovnania daňovým úradom bolo podmienené realizáciou opatrení navrhovaných Fruconou. Inými slovami, nič v spise nenaznačuje existenciu príčinného spojenia medzi poskytnutím pomoci daňovým úradom a opatreniami navrhovanými príjemcom.

56)

Navyše sú navrhované opatrenia formulované len veľmi všeobecne a žiadnym spôsobom neanalyzujú okolnosti, ktoré doviedli spoločnosť do ťažkostí, ani finančnú situáciu spoločnosti a jej finančné perspektívy. Niektoré opatrenia nie sú skutočné reštrukturalizačné opatrenia, lebo súvisia len s tým, že spoločnosť musela po strate potrebnej výrobnej licencie prestať vyrábať lieh a súvisiace produkty (predaj zásob, prenájom výrobných zariadení tretej osobe). Iné opatrenia predstavujú skôr činnosti súvisiace s normálnym chodom podniku než racionalizačné opatrenia (predaj starého zariadenia). Štrukturálne opatrenia ako predaj nehnuteľností alebo ukončenie niektorých neziskových činností sú opísané len veľmi stručne, bez akéhokoľvek náznaku časového harmonogramu.

57)

Slovenské orgány netvrdia, že tieto opatrenia predstavujú plán reštrukturalizácie. Listom z 20. októbra 2004 informoval daňový úrad Fruconu, že daňový odpis sa pokladá za formu štátnej pomoci, a požiadal Fruconu o predloženie “investičného projektu”. Frucona odmietla poskytnúť taký plán s odôvodnením, že požiadala o vyrovnanie so svojimi veriteľmi a nie o štátnu pomoc. Je preto sporné, že daňový úrad v čase, keď súhlasil s navrhovaným vyrovnaním (9. júla 2004), pokladal opatrenia navrhnuté Fruconou za plán reštrukturalizácie, ktorého realizácia by bola nevyhnutnou podmienkou poskytnutia pomoci.

58)

Podľa bodu 11 usmernenia z roku 1999 finančná reštrukturalizácia musí zvyčajne sprevádzať fyzickú reštrukturalizáciu. Reštrukturalizácia sa však nemôže obmedzovať na úhradu dlhu alebo pokrytie minulých strát. Jediným konkrétnym opatrením, ktoré Frucona navrhuje, je reštrukturalizácia dlhu.

59)

Komisia pochybuje, že opatrenia opísané v návrhu Frucony na vyrovnanie predstavujú skutočné reštrukturalizačné opatrenia, ktoré v primeranej lehote a na základe reálnych predpokladov týkajúcich sa budúcich prevádzkových podmienok povedú k dlhodobej životaschopnosti spoločnosti.

Pomoc obmedzená na minimum

60)

Podľa bodu 40 usmernení z roku 1999 musí byť výška a intenzita pomoci prísne obmedzená na minimum potrebné na uskutočnenie plánovanej reštrukturalizácie. Od príjemcov sa očakáva značný príspevok na reštrukturalizáciu z vlastných zdrojov.

61)

Keďže Komisia nemá žiadne iné informácie, je toho názoru, že celkové náklady na reštrukturalizáciu predstavujú 644 591 511 Sk (16 miliónov EUR), čo je celková suma dlhu Frucony. Komisia poznamenáva, že Frucona navrhuje pokryť 35 % svojho dlhu, čo činí 225 607 029 Sk (5,6 milióna EUR), z vlastných prostriedkov a z pôžičky od súkromnej banky, spolu vo výške 210 miliónov Sk (5,25 miliónov EUR). Rozdiel medzi potrebami a vlastnými prostriedkami financovania budú musieť slovenské orgány vysvetliť.

62)

Komisia má pochybnosti, či je vlastný príspevok príjemcu na reštrukturalizačné náklady značný.

2.4.   Záver

63)

Na základe uvedeného a informácií dostupných v toto štádiu Komisia pochybuje, či je sporné opatrenie zlučiteľné so spoločným trhom ako pomoc na záchranu alebo reštrukturalizáciu. Okrem toho sa zdá, že nie je možné uplatniť žiadnu inú výnimku predpokladanú Zmluvou o ES.

V.   ROZHODNUTIE

64)

Vzhľadom na uvedené sa Komisia rozhodla začať konanie podľa článku 88 ods. 2 Zmluvy o ES vo veci sporného opatrenia z dôvodu pochybností, či predstavuje štátnu pomoc, a ak áno, či je kompatibilné so spoločným trhom.

65)

Vzhľadom na uvedené dôvody Komisia v rámci konania stanoveného v článku 88 ods. 2 Zmluvy o založení ES vyzýva Slovensko, aby v lehote jedného mesiaca odo dňa prijatia tohto listu predložila svoje pripomienky a poskytla všetky informácie, ktoré sú potrebné na zhodnotenie pomoci. Žiada tiež Vaše úrady, aby čo najrýchlejšie doručili kópiu tohto listu potenciálnemu príjemcovi pomoci.

66)

Komisia pripomína Slovensku, že článok 88 ods. 3 Zmluvy o ES má odkladný účinok a odkazuje na článok 14 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999, ktorý stanovuje, že vo všetkých prípadoch protiprávnej pomoci môže byť táto od príjemcu vymáhaná. V tejto súvislosti Komisia žiada Slovensko, aby sa zdržalo výkonu ďalších procesných krokov, ktoré by boli právne potrebné podľa vnútroštátnych právnych predpisov na zrealizovanie odpisu (pozri odsek 11).»


(1)  Dôverná informácia.

(2)  Suma, ktorú je Frucona Košice povinná splatiť svojim veriteľom.

(3)  Dôverná informácia.

(4)  Vzhľadom na stratu licencie na výrobu liehu a nápojov na báze liehu a podľa informácií poskytnutých sťažovateľom sa tento predaj zrejme týkal hlavne liehu.

(5)  Ú. v. EÚ C 244, 1.10.2004, s. 2.

(6)  Ú. v. ES C 288, 9.10.1999, s. 2.

(7)  Posledný dátum, kedy možno pomoc pokladať za poskytnutú. Možné sú aj iné skoršie dátumy (pozri odsek 19).


III Informaciones

Comisión

22.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 233/53


Convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT dentro del programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración «Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación»

Campo temático prioritario: «Sistemas de energía sostenibles»

Referencia de la convocatoria: FP6-2005-Energy-4

(2005/C 233/12)

1.

Con arreglo a la Decisión no 1513/2002/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 2002, relativa al sexto programa marco de la Comunidad Europea para acciones de investigación, desarrollo tecnológico y demostración, destinado a contribuir a la creación del Espacio Europeo de la Investigación y a la innovación (2002-2006) (1), el Consejo aprobó el 30 de septiembre de 2002 el programa específico de investigación, desarrollo tecnológico y demostración «Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación» (2002-2006) (2) (en lo sucesivo denominado «programa específico»).

Con arreglo al artículo 5, apartado 1, del programa específico, la Comisión de las Comunidades Europeas (en lo sucesivo denominada «la Comisión») aprobó el 9 de diciembre de 2002 un programa de trabajo (3) (en lo sucesivo denominado «el programa de trabajo») en el que se presentaban de manera detallada los objetivos y las prioridades científicas y tecnológicas de dicho programa específico, así como su calendario de ejecución.

De conformidad con el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativo a las normas de participación de empresas, centros de investigación y universidades, y a las normas de difusión de los resultados de la investigación para la ejecución del Sexto Programa Marco de la Comunidad Europea (2002-2006) (4) (en lo sucesivo denominadas «normas de participación»), las propuestas de acción indirecta de IDT se presentarán en el marco de convocatorias de propuestas.

2.

La presente convocatoria de propuestas de acciones indirectas de IDT (en lo sucesivo denominada «la convocatoria») consta de la presente parte general y de las condiciones particulares descritas en el anexo. En éste se indican, en particular, la fecha de cierre del plazo de presentación de propuestas de acciones indirectas de IDT, una fecha indicativa para la terminación de las evaluaciones, el presupuesto indicativo, los instrumentos y los campos correspondientes, los criterios de evaluación de las propuestas de acciones indirectas de IDT, el número mínimo de participantes y las posibles restricciones.

3.

Se invita a las personas físicas o jurídicas que cumplan las condiciones establecidas en las normas de participación y a las que no sean aplicables los criterios de exclusión previstos en el artículo 114, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (5) (en lo sucesivo denominadas «los proponentes»), a que presenten a la Comisión sus propuestas de acción indirecta de IDT, con supeditación a las condiciones que se establecen en las normas de participación y en la convocatoria correspondiente.

Las condiciones de participación aplicables a los proponentes se comprobarán durante la negociación de la propuesta de acción indirecta de IDT. Previamente, los proponentes deberán haber firmado una declaración según la cual no se encuentran incursos en ninguno de los supuestos indicados en el artículo 93, apartado 1, del Reglamento financiero. Asimismo, tendrán que haber remitido a la Comisión la información indicada en el artículo 173, apartado 2, del Reglamento (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Comisión, de 23 de diciembre de 2002, sobre normas de desarrollo del Reglamento (CE, Euratom) no 1605/2002 del Consejo, de 25 de junio de 2002, por el que se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (6).

La Comunidad Europea ha adoptado una política de igualdad de oportunidades en virtud de la cual se anima especialmente a las mujeres a presentar propuestas de acción indirecta de IDT o bien a participar en la presentación de estas propuestas.

4.

La Comisión facilita unas guías del proponente acerca de la convocatoria, en las que se proporciona información sobre la preparación y presentación de propuestas de acciones indirectas de IDT. También facilita unas «Directrices sobre los procedimientos de evaluación y selección de propuestas» (7). Estas guías y directrices, así como el programa de trabajo y demás información acerca de la convocatoria, pueden obtenerse en la siguiente dirección de la Comisión:

European Commission

The FP6 Information Desk

Directorate General RTD

B-1049 Brussels, Belgium

Dirección de Internet: www.cordis.lu/fp6

5.

Las propuestas de acciones indirectas de IDT sólo pueden presentarse como propuestas electrónicas a través del sistema electrónico de presentación de propuestas (EPSS) en la red (8). No obstante, en casos excepcionales, el coordinador podrá solicitar a la Comisión que se le autorice a presentar su propuesta en papel dentro del plazo establecido. Para obtener esta autorización, deberá solicitarla por escrito a una de las direcciones siguientes:

European Commission

The Priority 6.1.ii Information Desk

Directorate General RTD

CDMA 5/186

B-1049 Brussels, Belgium

Dirección de correo electrónico: rtd-energy@cec.eu.int

La solicitud de autorización debe ir acompañada de una explicación de las razones que la justifiquen. Los proponentes que deseen presentar sus propuestas en papel serán responsables de que las solicitudes de autorización y los procedimientos consiguientes concluyan a tiempo para poder cumplir los plazos de la convocatoria.

Toda propuesta de acción indirecta de IDT debe constar obligatoriamente de dos partes: los formularios (parte A) y su contenido (parte B).

Las propuestas de acción indirecta de IDT se podrán preparar fuera de línea o en línea, pero deberán presentarse en línea. La Parte B de una propuesta de acción indirecta de IDT solo podrá presentarse en PDF («portable document format», compatible con Adobe Versión 3 o superior con caracteres incrustados («fuentes incrustadas»). No se admitirán los archivos comprimidos («zipped»).

La herramienta de software EPSS (para su uso en línea o fuera de línea) puede obtenerse en el sitio web de Cordis www.cordis.lu.

Las propuestas de acciones indirectas de IDT que se presenten en línea y que sean incompletas, ilegibles o contengan virus quedarán excluidas.

Tampoco se tomarán en consideración las propuestas de acción indirecta de IDT que se presenten en un soporte electrónico extraíble (como CD-ROM o disquete), por correo electrónico o por fax.

Quedará excluida toda propuesta de acción indirecta de IDT cuya presentación en papel haya sido autorizada y que sea incompleta.

En el anexo J de las «Directrices sobre los procedimientos de evaluación y selección de propuestas» se da más información sobre los diversos procedimientos de presentación de propuestas.

6.

Las propuestas de acción indirecta de IDT deberán llegar a la Comisión, a más tardar, el día de la fecha de cierre y a la hora especificada en la convocatoria. No se tomarán en consideración las propuestas de acción indirecta de IDT recibidas después de esa fecha y hora.

Asimismo, quedarán excluidas las propuestas que no reúnan las condiciones sobre el número mínimo de participantes indicado en la convocatoria.

Lo mismo se aplicará con respecto a cualquier otro criterio de admisión adicional especificado en el programa de trabajo.

7.

Cuando se presenten versiones sucesivas de una misma propuesta de acción indirecta de IDT, la Comisión examinará la última versión recibida antes de la fecha y la hora de cierre especificadas en la convocatoria.

8.

Si así lo prevé la convocatoria pertinente, las propuestas de acción indirecta de IDT podrían evaluarse en una futura evaluación.

9.

Se ruega a los proponentes que citen la referencia de la convocatoria en toda la correspondencia relacionada con ésta (por ejemplo: al solicitar información o presentar una propuesta de acción indirecta de IDT).


(1)  DO L 232, de 29.8.2002, p. 1.

(2)  DO L 294 de 29.10.2002, p. 1.

(3)  Decisión de la Comisión C(2002)4789, modificada por C(2003)577, C(2003)955, C(2003)1952, C(2003)3543, C(2003)3555, C(2003)4609, C(2003)5183, C(2004)433, C(2004)2002, C(2004)3324, C(2004)4178, C(2004)5286, C(2005)27, C(2005)961, C(2005)2076, C(2005) C(2005)2747, C (2005) 3244 y C (2005) 3390 ninguna de ellas publicada.

(4)  DO L 355 de 30.12.2002, p. 23.

(5)  DO L 248 de 16.9.2002, p. 1.

(6)  DO L 357 de 31.12.2002, p. 1.

(7)  C (2003)883 de 27.3.2003, cuya última modificación la constituye C(2004)1855 de 18/5/2004.

(8)  EPSS es una herramienta concebida para asistir a los proponentes en la preparación y presentación electrónica de sus propuestas.


ANEXO

1)   Programa específico: «Integración y fortalecimiento del Espacio Europeo de la Investigación».

2)   Prioridad/ámbito temático: Campo temático prioritario de investigación «Desarrollo sostenible, cambio planetario y ecosistemas, 1) Sistemas de energía sostenibles, ii) Actividades de investigación con efectos a medio y largo plazo».

3)   Título: Convocatoria temática en el campo «Desarrollo sostenible, cambio planetario y ecosistemas, 1) Sistemas de energía sostenibles, ii) Actividades de investigación con efectos a medio y largo plazo».

4)   Referencia de la convocatoria: FP6-2005-Energy-4

5)   Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2005.

6)   Fecha de cierre: 10 de enero de 2006 a las 17.00 horas (hora local de Bruselas).

7)   Presupuesto indicativo total: 20 millones de euros.

Téngase en cuenta que habrá competencia entre propuestas tanto dentro de los campos temáticos de investigación como entre ellos, lo que puede dar lugar a que no se financien algunos temas. Aunque la calidad será el factor determinante en la selección de propuestas, se prevé que el presupuesto se reparta por igual entre el campo «Tecnologías de las energías renovables» y el resto del programa sobre sistemas de energía sostenibles a medio y largo plazo.

8)   Campos objeto de la convocatoria e instrumentos:

Sección del programa de trabajo

Instrumento (1)

Para más información sobre los temas y campos de la presente convocatoria, véase la sección 6.1.3.2.6 del programa de trabajo.

PI, PEIF, AC y AAE, según lo especificado en la sección 6.1.3.2.6 del programa de trabajo.

9)   Número mínimo de participantes (2):

Instrumento

Número mínimo de participantes

PI, PEIF y AC

Tres entidades jurídicas independientes de tres EM o EA diferentes, con al menos dos EM o PCA

AAE

Una entidad jurídica de un EM o de un EA

10)   Restricciones a la participación: Ninguna.

11)   Acuerdos de consorcio:

Los participantes en PI están obligados a celebrar un acuerdo de consorcio.

Se recomienda, pero no es obligatorio, que los participantes en PEIF, AC y AAE celebren un acuerdo de consorcio.

12)   Procedimiento de evaluación:

La evaluación se realizará según un procedimiento de una sola fase.

En esta convocatoria podrá recurrirse a la evaluación a distancia.

La evaluación de las propuestas no tendrá carácter anónimo.

13)   Criterios de evaluación: El anexo B del programa de trabajo proporciona los criterios aplicables (incluidos la ponderación y el mínimo de cada criterio, y el mínimo total) según el instrumento y detalla su aplicación.

14)   Calendario indicativo de la evaluación y los contratos:

Resultados de la evaluación: se prevé que estén disponibles en un plazo aproximado de 4 meses a partir de la fecha de cierre.

Celebración de los primeros contratos: se prevé que los contratos relacionados con la presente convocatoria entren en vigor antes de finales de 2006.


(1)  PI = proyectos integrados; PEIF = proyectos específicos de investigación focalizados; AC = acciones de coordinación; AAE = acciones de apoyo específicas.

(2)  EM = Estados miembros de la UE; EA (incluidos los PCA) = Estados asociados; PCA = países candidatos asociados.

Toda entidad jurídica establecida en un Estado miembro o un Estado asociado y que cuente con el número de participantes exigido puede ser participante único en una acción indirecta.