20.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 231/1

1)

Considerando que el criterio fundamental de las valoraciones que hace el Comité de las Regiones sigue siendo el objetivo establecido en el artículo 158 del Tratado CE; es decir, el refuerzo de la cohesión económica y social para promover el desarrollo armonioso del conjunto de la Comunidad y reducir las diferencias en los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las áreas más desfavorecidas, lo que constituirá una importante contribución a la consolidación del papel de los entes regionales y locales en la Unión Europea y al cumplimiento de los objetivos de Lisboa y Gotemburgo;

2)

Considerando que el artículo III-220 del proyecto de Tratado por el que se establece una Constitución para Europa consolida el objetivo de la cohesión introduciendo su dimensión territorial: «a fin de promover un desarrollo armonioso del conjunto de la Unión, ésta desarrollará y proseguirá su acción encaminada a reforzar su cohesión económica, social y territorial»;

3)

Considerando que la ampliación ha supuesto demandas adicionales de cohesión en Europa que requerirán esfuerzos persistentes y a largo plazo,

1.

Defiende que, con arreglo al artículo 158 del Tratado CE, la dimensión regional de la política de cohesión es esencial y debe reforzarse tras la ampliación para fomentar el desarrollo armonioso de la Unión Europea.

2.

Considera positivos los resultados conseguidos en los últimos años en términos de cohesión y el impacto de la política regional de la Unión Europea con respecto al refuerzo de la cohesión económica y social del conjunto de la Comunidad, al tiempo que reitera que la política de cohesión avalada por los Tratados es el instrumento más poderoso, visible e importante utilizado para aplicar los principios de solidaridad y cooperación, representando así uno de los principales elementos de la integración entre los pueblos y territorios de la Unión;

3.

Acepta las propuestas financieras de la Comisión Europea en las que se asignan 336 100 millones de euros a la política de cohesión junto con el reparto de dicho montante entre los tres objetivos, y considera suficiente la propuesta de financiación de la Comisión para seguir subvencionando a las regiones de la «antigua» UE y, al mismo tiempo, ayudar en pie de igualdad a los nuevos Estados miembros, si los recursos se distribuyen equitativamente y se concentran en resolver los problemas más graves. Ahora bien, esta propuesta se acepta de momento con la condición expresa de que la Comisión y los nuevos Estados miembros procuren asegurar un aumento razonable en vista de las nuevas necesidades que supone la ampliación.

4.

Estima que toda reducción del presupuesto, sea cual sea la modalidad propuesta por la Comisión Europea, pondrá en peligro los principios básicos de la política de cohesión y, consecuentemente, socavará el principio de solidaridad que, después de todo, constituye un elemento distintivo y fundamental de la identidad de la integración europea.

5.

Rechaza por lo tanto cualquier intento de ajuste presupuestario de las cantidades propuestas por la Comisión por lo que se refiere a la distribución de fondos entre objetivos.

6.

Vuelve a hacer hincapié en el vínculo indisociable que existe entre una política regional eficaz a nivel europeo y la aplicación de la agenda de Lisboa y Gotemburgo. La continuación de la política regional de la UE, más que su renacionalización, favorecerá el crecimiento y la competitividad futuros de la UE en todas las zonas de Europa. La competitividad de la UE depende de la competitividad de cada región.

7.

Advierte que los retrasos al comienzo del nuevo período de programación debidos a la excesiva prolongación de las negociaciones sobre las perspectivas financieras provocarán trastornos financieros e inestabilidad en los entes locales y regionales de la UE.

8.

Aprueba la concentración de recursos y prioridades de los tres objetivos (convergencia, empleo y competitividad regional y cooperación territorial), ya que aumentará la coherencia interna en términos de coordinación entre los Fondos Estructurales a nivel comunitario, así como la coordinación con políticas sectoriales específicas europeas y la coherencia externa en términos de vínculos entre los diferentes niveles de acción (local, regional, nacional y europeo).

9.

Acoge favorablemente el hecho de que el Fondo de Cohesión se aplique a los Estados miembros cuyo PNB sea inferior al 90 % de la media comunitaria. Y debería buscarse una solución política para los Estados miembros que no serán elegibles en el futuro como consecuencia de la ampliación.

10.

Acoge con satisfacción la propuesta de que el apoyo de los Fondos Estructurales bajo el «objetivo de la convergencia» se centre en el desarrollo económico regional y local sostenible.

11.

Acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de encontrar una solución a las regiones afectadas por el llamado efecto estadístico en el nuevo objetivo de la convergencia. No obstante, la actual formulación de esta norma en la propuesta de reglamento no es suficiente, ya que no ofrece la seguridad de planificación necesaria en lo que se refiere al alcance del apoyo y el tratamiento del régimen de ayudas.

12.

Aprueba la propuesta de la Comisión de crear un objetivo de «competitividad y empleo» para todas las regiones que no reúnan los requisitos del objetivo de la convergencia. Se podría prestar especial atención a regiones con problemas socioeconómicos importantes y con una importante necesidad de adaptación estructural, que habrán de definirse con arreglo a criterios únicos. Aprueba que este nuevo objetivo se aplique al nivel regional como un todo.

13.

Está de acuerdo en que las regiones cubiertas en su totalidad por el Objetivo 1 en 2006 y que no sean elegibles en el marco del Objetivo de la convergencia reciban una ayuda temporal de «inclusión gradual» y sigan beneficiándose de los Fondos Estructurales de manera que puedan perseguir el objetivo de competitividad regional y de empleo en condiciones justas y equitativas.

14.

Acoge favorablemente la creación de un «objetivo de cooperación territorial», así como la cooperación transnacional, transfronteriza y en red, pero pide también que la cooperación interregional se integre en un nuevo objetivo como un componente independiente. Este objetivo debe hacer un especial hincapié en la diseminación de la innovación y las mejores prácticas para promover la competitividad en la UE.

15.

Está de acuerdo en que el apoyo de los Fondos tenga en cuenta la dimensión territorial de Europa, con un especial hincapié en la revigorización de las zonas urbanas, las regiones dependientes de la pesca, las regiones que presenten particulares desventajas geográficas y naturales (islas, zonas con baja densidad de población, zonas de montaña o regiones fronterizas) y las regiones ultraperiféricas.

16.

Acoge favorablemente el recientemente propuesto instrumento de vecindad como un instrumento que potencia la visión de una casa común europea, e invita a la Comisión Europea a formular propuestas claras para la coordinación entre este instrumento y el objetivo de la cooperación territorial, a fin de maximizar las sinergias mutuas.

17.

Señala que es necesario volver a considerar determinados espacios transnacionales para tener en cuenta la nueva geografía política de Europa de cara a la futura ampliación y propone el mantenimiento de aquellas zonas de cooperación transnacional del periodo actual 2000-2006 que hayan cumplido con las exigencias comunitarias de coherencia y eficacia, y que hayan servido para desarrollar intereses y oportunidades comunes de las regiones integradas en esas zonas.

18.

Acoge favorablemente la integración de la perspectiva de género durante todas las fases de la programación, aplicación y evaluación de los Fondos.

19.

Valora los esfuerzos realizados para simplificar la administración, aumentar la transparencia y mejorar la gestión de los fondos regidos por el Reglamento general y desea que las modalidades que adopte la Comisión para la aplicación de estos últimos sigan esa misma línea.

20.

Apoya las propuestas de reforzar la asociación y cooperación entre las autoridades locales, regionales, nacionales y comunitarias, así como con los agentes privados y sociales, en todo el proceso de programación, aplicación y evaluación de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión.

21.

Se manifiesta a favor de la introducción del enfoque estratégico en el sistema de programación porque conduce a un nuevo proceso político que tendrá la capacidad de aumentar tanto la calidad de la planificación como la eficacia y eficiencia de la gestión. Al mismo tiempo, brinda la oportunidad de una mejor coordinación entre las estrategias nacionales y los objetivos estratégicos de la política de cohesión.

22.

Considera que la introducción de los programas nacionales de referencia estratégica transferirá las responsabilidades de gestión a las autoridades encargadas de los programas operativos y, por lo tanto, estima que puede reforzarse más el papel de los entes regionales y locales en todas las fases de la política de cohesión.

23.

Reconoce que la adición de nuevas excepciones para la aplicación de la norma N+2 aumenta la flexibilidad y ayuda a las regiones, especialmente a las de los nuevos Estados miembros, a absorber de forma oportuna y ordenada los fondos de la política de cohesión, aunque considera que la Comisión debería hacer más esfuerzos para alcanzar una mayor flexibilidad.

24.

Señala que la simplificación no es sólo una cuestión de descentralización, sino también de mayor responsabilidad del conjunto del sistema. El Comité de las Regiones subraya la importancia del principio de asociación y la participación de los representantes elegidos de los entes locales y regionales, e insta a la Comisión a que anime a los Estados miembros a hacer uso de la posibilidad de celebrar acuerdos tripartitos cuando sea necesario.

25.

Apoya los esfuerzos de la Comisión por potenciar el principio de subsidiariedad. Por consiguiente, por lo que respecta a los esfuerzos en aras de la simplificación, el Comité de las Regiones desearía subrayar la importancia de no aumentar la centralización a nivel estatal. Es importante asegurar el proceso de subsidiariedad también a nivel local y regional. El objetivo no debe consistir sólo en transferir la responsabilidad a los Estados miembros, sino en comprometer a los agentes pertinentes en la fase adecuada de la aplicación de los objetivos de la política de cohesión. Por consiguiente, aspira a que, además de aplicarse el principio de subsidiariedad entre los Estados miembros y la Unión Europea, dicho principio se aplique igualmente en los Estados miembros.

26.

Considera que una mayor participación de los entes locales y regionales en todas las fases del próximo periodo de programación contribuirá positivamente a solucionar los problemas de absorción que se produjeron durante el periodo de programación en curso.

27.

Insta a la Comisión Europea a establecer un marco de apoyo para la diferenciación territorial en las normas y reglamentos relativos a las ayudas estatales, a fin de permitir una inversión pública puntual, sobre todo cuando dicha ayuda pueda corregir verdaderos fallos del mercado para alcanzar el objetivo de la cohesión territorial.

28.

Propone que algunas regiones muy escasamente pobladas sean tratadas como un caso especial con la debida atención a la gravedad de sus condiciones, tal como se establece en los Tratados de Adhesión de Suecia y Finlandia.

29.

Considera que la propuesta sobre la aplicación del objetivo de cooperación territorial europea debe redactarse de forma más clara. No obstante, sobre todo en los programas de apoyo con administración transfronteriza deberían realizarse esfuerzos considerables de simplificación administrativa, ya que hasta ahora las disposiciones jurídicas y administrativas sumamente complicadas de la Unión Europea representan un obstáculo importante para la cooperación transfronteriza.

30.

Valora positivamente la inclusión de las fronteras marítimas para la cooperación territorial y solicita que el límite de los 150 kilómetros sea interpretado de manera flexible para permitir una cooperación significativa entre las regiones con fronteras marítimas comunes.

31.

Sugiere que, para mejorar la eficacia y eficiencia de la cooperación interregional, los programas regionales cubran un mayor abanico de temas estratégicos que aporten valor añadido al nivel europeo y suficientes recursos financieros.

32.

Acoge favorablemente la atención prestada por la Comisión al refuerzo de la inclusión social y solicita más medidas adecuadas para responder a las necesidades de las personas con discapacidad.

33.

Considera que debería prestarse una mayor atención a los problemas relacionados con el envejecimiento de la población, que es uno de los mayores desafíos que afrontará Europa en las próximas décadas.

34.

Recomienda encarecidamente que los futuros programas financiados por los Fondos Estructurales cubran aspectos como la regeneración urbana, la penuria social, la reestructuración económica y el transporte público, elementos todos ellos que tienden a concentrarse en las regiones metropolitanas. Los Fondos Estructurales deberán respaldar el desarrollo sostenible en las grandes ciudades.

35.

Manifiesta su preocupación por el establecimiento de la proporción de la cofinanciación comunitaria en relación con el gasto público total, ya que podría desanimar la participación del sector privado en los programas. Por consiguiente, propone calcular la contribución de los Fondos en relación con el gasto nacional total, como un instrumento esencial para reforzar la asociación entre el sector público y el privado.

36.

Solicita que el Comité de las Regiones sea consultado activamente mediante la participación en el examen anual de las agendas de competitividad y cohesión del Consejo Europeo de primavera, ya que brindará a los entes locales y regionales la oportunidad de plantear cuestiones y aportar buenas prácticas como requiere la mejora del funcionamiento del método abierto de coordinación en la aplicación de las agendas de Lisboa y Gotemburgo.

37.

Manifiesta que el marco de referencia estratégico nacional debería ser un documento estratégico conciso que dejara suficiente margen para que los programas operativos dirigidos por las regiones puedan determinar las acciones y objetivos específicos para cada región. Además, conviene evitar que este documento ocasione retrasos en el proceso de aprobación de los programas operativos y que acarree obligaciones suplementarias para la puesta en práctica de estos últimos.

38.

Solicita a la Comisión que mantenga el actual sistema para la reserva de eficacia.

39.

Propone considerar un sistema de en el que únicamente el IVA reembolsable no pueda acogerse a una contribución dentro del FEDER, de forma similar a lo que la Comisión ya ha propuesto para el FSE. En la actualidad, esto supone costes concretos para acciones locales y regionales. Si el IVA supone un ingreso para el Estado, debería concebirse un modelo para eliminar el impacto negativo en el nivel local y regional.

40.

Considera que la norma N+2 sigue teniendo un impacto negativo al principio del período de programación, especialmente en el caso del objetivo de la cooperación territorial, así como en significativos proyectos de inversión que no alcanzan el importe de los proyectos importantes. Este impacto podría atenuarse de manera sensible si se incrementara el porcentaje del anticipo no sujeto a la liberación automática.

41.

Solicita que las medidas, prioridades y programas operativos hagan clara referencia a compromisos medioambientales vinculantes.

42.

Mantiene que la política de cohesión debería promover una política de desarrollo espacial que sea capaz de tener en cuenta las estructuras de cooperación transeuropea existentes y las perspectivas de cooperación con características territoriales comunes.

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1)

el aumento de los desequilibrios regionales de la Unión Europea a raíz de la última ampliación de la UE en mayo de 2004 requiere un compromiso renovado y mayor ante los retos de convergencia, competitividad y empleo, y cooperación territorial europea, mediante los instrumentos destinados específicamente a las políticas de cohesión, que responden a los nuevos objetivos de la política de cohesión para 2007-2013, y la conjunción de todos los fondos comunitarios disponibles, empezando por los de la PAC y la PPC;

2)

el planteamiento y la aplicación de dichas políticas de cohesión para el período 2007-2013 deberán dirigirse de forma coherente y de acuerdo con las estrategias de Lisboa y Gotemburgo con el objetivo de hacer de Europa una economía basada en el conocimiento en el marco del desarrollo sostenible. La responsabilidad de estas estrategias recae en los Estados miembros y, por este motivo, todavía no se han incluido sistemáticamente en los procesos de desarrollo integrado de las otras políticas de la Unión;

3)

para dicho fin, tanto el marco estratégico nacional como los programas operativos deberán ser coherentes con las orientaciones estratégicas para la cohesión aprobadas por el Consejo con objeto de garantizar la adecuada consideración de las prioridades comunitarias;

4)

las exigencias evidentes de simplificación han conducido a la previsión exclusivamente de programas financiados por un único fondo, exceptuando algunas categorías de acción para las que se prevé la contribución del FEDER y del Fondo de Cohesión a un mismo programa;

5)

la exigencia, tanto de integración entre cada uno de los programas y fondos, como de coordinación entre la política de cohesión y las demás políticas de la UE, se confirma e incluso se refuerza;

6)

de acuerdo con esta estructuración, que se deriva del Reglamento general, el papel del FEDER puede adquirir más importancia como vínculo de unión entre las diversas políticas y programas de la Unión en la consecución de los citados objetivos de convergencia, competitividad y empleo y cooperación territorial;

7)

dicha estructura, tal y como se extrae de la propuesta de Reglamento general y de la propuesta relativa al FEDER, requiere que sean los Estados miembros quienes garanticen dichos vínculos e integraciones y, si lo prevé su constitución nacional, las regiones;

8)

las propuestas de la Comisión conceden una mayor importancia a los entes locales, especialmente a los urbanos, aunque sea dentro del ámbito de los programas operativos regionales. La posibilidad de asignarles el instrumento de subvención general se incluye explícitamente, habiéndose ya experimentado con éxito a través de la iniciativa comunitaria Urban, tal y como queda estipulado en el artículo 41 y en la letra b) del apartado 4 del artículo 36 de la propuesta de Reglamento que recoge las disposiciones generales de los fondos;

9)

la adecuación y el mantenimiento de estos múltiples objetivos (adaptación de las políticas europeas regionales de los Estados miembros a las estrategias europeas, subsidiariedad, simplificación, optimización de los recursos financieros, etc.) constituyen la mayor movilización de todos los agentes institucionales -desde la Comisión Europea hasta los entes locales- en un contexto cada vez más orientado a la gobernanza a diferentes niveles. Además, conlleva la adopción de medidas dirigidas a promover y garantizar, de forma fundamentalmente preventiva, tanto el refuerzo de la capacidad de visión de programación como la de gestión y control de todos los agentes institucionales que intervienen, de forma proporcional a sus funciones y fomentando, al mismo tiempo, la participación activa de los interlocutores sociales en la propuesta y supervisión;

10)

resulta, por consiguiente, indispensable que el paquete de reglamentos que regula la política de cohesión para el periodo 2007-2013, en particular en lo que se refiere al FEDER, no contenga partes que puedan malinterpretarse o que presenten lagunas. Por el contrario, debe diferenciar explícita y claramente el papel de los agentes públicos, hallando un equilibrio entre la referencia a la legislación de los Estados miembros y al principio de neutralidad que debe respetar cada agente institucional -a partir de la Comisión- con respecto a los que se sitúan sucesivamente en la cadena institucional;

1.1

expresa, ante todo, su gran contrariedad con respecto a los intentos residuales de renacionalizar la política regional europea dado el valor añadido que aportan los programas comunitarios de cohesión a la consecución de los objetivos del Tratado;

1.2

reitera su opinión de que la propuesta de financiación de la Comisión del 0,41 % de la Renta Nacional Bruta (0,46 % de la RNB si se incluyen las intervenciones estructurales para el desarrollo rural y la pesca,) sería un compromiso aceptable para la futura política de cohesión;

1.3

acoge con satisfacción la coherente decisión de confirmar la prioridad del desarrollo de las regiones menos prósperas de la Unión ampliada aumentando de forma razonable el nivel de concentración de las ayudas para las operaciones en tales sectores;

1.4

insta a los Estados miembros a adoptar, para las regiones del «phasing in», medidas dirigidas a apoyar eficazmente el reto de la competitividad y la supervisión del proceso de convergencia en el ámbito del marco estratégico nacional y con los recursos adecuados;

1.5

aprueba los esfuerzos dirigidos a simplificar la administración y la gestión de los fondos, si bien emite ciertas reservas con respecto a su alcance efectivo;

1.6

acoge con satisfacción tanto la nueva estructura, que eleva la promoción de la cooperación territorial al rango de tercer objetivo de la política de cohesión -lo que conlleva considerables recursos financieros-, como el contenido de las acciones que cabe financiar en el marco del proyecto de Reglamento del FEDER, cuyos temas están relacionados con las estrategias de Lisboa y Gotemburgo. En este sentido destaca, en particular, la pertinencia de las acciones propuestas:

1.7

lamenta que la cooperación interregional –al igual que se recomienda también en el informe del Parlamento Europeo sobre el Informe de Cohesión– no siga siendo un capítulo específico de financiación en el objetivo de la cooperación territorial;

1.8

destaca la apertura de espíritu de la Comisión Europea con respecto a la dimensión territorial de la cohesión que se ocupa explícitamente, caso por caso, de los problemas específicos de ciertos territorios (zonas urbanas, zonas rurales, islas y zonas de montaña, zonas que dependen de la pesca, regiones ultraperiféricas, zonas con baja densidad de población, regiones limítrofes con los nuevos Estados miembros y con las nuevas fronteras exteriores y zonas nórdicas con una muy baja densidad demográfica). Se muestra especialmente satisfecho de que la cohesión económica y social de los territorios europeos se haya considerado indispensable para el crecimiento sostenible alegando que no se puede programar el futuro de Europa mientras sigan existiendo zonas con relativo retraso en su desarrollo o zonas excluidas de las posibilidades del mercado interior por razones geomorfológicas o demográficas. Para estas regiones, al igual que para la regiones ultraperiféricas, con arreglo a lo estipulado en el Tratado, el CDR aprueba que se prevean ayudas apropiadas para compensar las dificultades específicas que obstaculizan su desarrollo y su pleno acceso al mercado interior. Sin embargo, lamenta que no se preste una mayor atención a los problemas relacionados con el envejecimiento de la población, que es uno de los mayores desafíos que afrontará Europa en las próximas décadas;

1.9

constata, no obstante, que los considerandos 1 y 10 de la propuesta objeto de estudio reconocen la situación desfavorable de «determinadas islas», a diferencia de lo especificado en la Declaración no 30 anexa al Tratado de Ámsterdam y reiterado en el artículo III-220 del proyecto de Tratado Constitucional. Considera que es necesario garantizar una mayor coherencia normativa e interpretativa de los citados considerandos (1-10), teniendo en cuenta lo precisado en el primer párrafo del primer apartado del artículo 52 de la propuesta de Reglamento general. También deben realizarse valoraciones adecuadas en lo relativo a las regiones de montaña y a las regiones limítrofes a la luz del artículo III-116 del texto del proyecto de Constitución Europea o del artículo 52 de la propuesta de Reglamento general;

1.10

constata que, según el nuevo planteamiento de la política comunitaria, se reconoce que las regiones y los entes locales constituyen, para las políticas regionales y de cohesión, el nivel de decisión más adecuado, así como el más eficaz, para ejecutar las acciones, tal y como lo expresaran las asociaciones europeas de las regiones y entes locales en la Conferencia de Leipzig de mayo de 2003. Efectivamente, una mayor participación de los niveles más próximos de poder es indispensable para que los ciudadanos puedan comprender mejor las acciones comunitarias y para garantizar una mayor eficacia y simplificación de la intervención de la UE;

1.11

sin embargo, considera necesario reforzar la asociación entre los entes regionales y locales, en particular los urbanos, en la consecución de objetivos comunes, así como profundizar de forma adecuada en dicha asociación en el marco de las normas nacionales y de las prácticas en vigor;

1.12

valora positivamente que se inviertan más fondos en acciones específicas y de calidad en beneficio de las zonas urbanas –donde hay más posibilidades de innovación y de inclusión social– dentro del marco de los programas operativos, que los entes locales desean que se gestionen también mediante un sistema de subdelegaciones, tal y como se prevé en la letra b) del apartado 4 del artículo 36 de la propuesta de Reglamento general sobre los Fondos Estructurales;

1.13

recomienda que el procedimiento de aprobación del paquete de los Fondos Estructurales se dé por concluido rápidamente con el fin de permitir que, antes del 1 de enero de 2007, los agentes institucionales propuestos por los Estados miembros puedan disponer de tiempo suficiente para la fase de preparación de los nuevos programas operativos, al tiempo que las estructuras de la Comisión dedicadas a tal efecto puedan verificar la capacidad de gestión de tales agentes.

2.1

añadir en el segundo párrafo del artículo 1 las zonas con dificultades demográficas;

2.2

indicar en el artículo 3 los tipos de inversiones en bienes culturales (también en línea con lo previsto en el apartado 2 del artículo 8) y en instalaciones y edificios destinados a actividades de formación y de política activa de empleo, así como los tipos de gastos de funcionamiento para el desarrollo de dichas actividades en la medida en que cuenten con financiación del FEDER;

2.3

aumentar la coherencia entre los objetivos de la política regional y las disposiciones específicas para algunos tipos de territorio;

2.4

Añadir en la introducción del artículo 5 que dentro del objetivo «competitividad regional y empleo», la intervención del FEDER debe permitir una mayor flexibilidad en la fijación de prioridades para las regiones del llamado «phasing in»;

2.5

añadir a la letra a) del apartado 3 del artículo 5, el cabotaje y las rutas aéreas transversales entre aeropuertos de primera y segunda clase, aparte de las vías navegables internas regionales, interregionales y locales, así como las rutas marítimas que comunican con las islas, y especialmente con las islas pequeñas;

2.6

citar la cooperación entre regiones marítimas en los puntos 1 y 2 del artículo 6, previendo en ambos casos que la cooperación marítima de que se trate pueda ser bilateral o multilateral;

2.7

añadir en las catástrofes naturales enumeradas en la letra c) del apartado 2 del artículo 6 las erupciones volcánicas y los incendios forestales, así como la deforestación provocada por éstos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 33 de la propuesta de Reglamento del Consejo por el que se establecen las disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo y al Fondo de Cohesión (COM(2004) 492 final);

2.8

incluir la tipología del punto 3 del artículo 4 entre las prioridades indicadas en el artículo 6;

2.9

sustituir el término «IVA» que aparece en la letra a) del artículo 7 por «IVA reembolsable», como se prevé en el artículo 11 de la propuesta de Reglamento del FSE y en el régimen que regula la fase de programación actual;

2.10

sustituir en la letra d) del artículo 7 el término «vivienda» por «la vivienda, a excepción –limitada a la prioridad de convergencia– de ciertos tipos de acciones de interés social, como las residencias especiales para las personas protegidas y las viviendas temporales para los inmigrantes no comunitarios»;

2.11

con respecto al último párrafo del artículo 9, incluir en el cuadro de referencia nacional indicado en el artículo 25 de la propuesta de Reglamento las directrices generales y los criterios mediante los que los Estados miembros y las regiones deban asegurar la complementariedad y la coherencia entre las acciones cofinanciadas por el FEDER, por un lado, y por el FSE, el FEADER y el FEP, por otro, y garantizar su supervisión tanto durante como después;

2.12

considerar con atención las repercusiones en las ventajas sociales y la promoción de acciones en favor de categorías desfavorecidas (discapacitados, personas que corren el riesgo de ser excluidas, etc.) del marco reglamentario del FEDER dentro del ámbito más general de las propuestas de reforma de los reglamentos sobre los Fondos Estructurales;

2.13

subrayar la capacidad de integración de los Fondos Estructurales en las zonas multiculturales y multilingües.

3.1

aprueba la inclusión de la cooperación territorial europea entre las prioridades de la política de cohesión comunitaria;

3.2

acoge favorablemente el reconocimiento de las fronteras marítimas en el marco de la cooperación transfronteriza, tal y como recomendaba claramente el CDR en su Dictamen 120/2004 fin, y subraya, en particular, la importancia de dicha cooperación para las regiones ultraperiféricas con vistas a una inserción realista en sus entornos geográficos;

3.3

señala que, dado que la agrupación europea de cooperación transfronteriza (AECT) (COM(2004) 496 final) no se ocupa solamente de los programas de cooperación transfronteriza, sino también de los de cooperación transnacional, el nombre de este instrumento debería modificarse del siguiente modo a fin de reflejar su carácter general: «agrupación europea de cooperación transeuropea».

4.1

valorizar las experiencias de las redes de regiones, ciudades y entes locales ya emprendidas y que han obtenido resultados positivos y apoyar las de reciente formación en el ámbito de la cooperación interregional o territorial europea;

4.2

definir las competencias, los procedimientos y los plazos para la preparación de los programas, especialmente los de cooperación transfronteriza y transnacional, y para su presentación ante la Comisión Europea;

4.3

prever que el objetivo 3 también se considere en el marco estratégico nacional para insistir en el compromiso de los Estados miembros de apoyar los programas de cooperación territorial con procedimientos adecuados que aseguren la cofinanciación nacional, así como una mayor coherencia entre las acciones dirigidas en este ámbito y:

4.4

estudiar cómo se puede reforzar el papel activo de las comunidades locales y las regiones en el desarrollo y aplicación de los programas de conformidad con las directrices de la prioridad de cooperación territorial, tal como se definen en los respectivos marcos de referencia de estrategias nacionales establecidos en el artículo 25 de la propuesta de Reglamento del FEDER;

4.5

definir según qué procedimientos, criterios y plazos distribuirá la Comisión los recursos y aprobará los programas;

4.6

precisar no solamente la identificación del beneficiario (artículos 16 y 21) y sus condiciones, competencias y obligaciones, sino también el estatus y las funciones de la autoridad responsable de la certificación;

4.7

prever que las actividades contempladas en el artículo 19 puedan llevarse a cabo en determinadas ocasiones en un solo Estado miembro siempre que se ajusten, como mínimo, a dos de las cuatro modalidades indicadas.

20.9.2005   

ES

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C 231/35

1.1.

acoge favorablemente la propuesta marco de la Comisión Europea relativa a los reglamentos sobre los Fondos Estructurales para el periodo 2007–2013;

1.2.

está convencido de que, teniendo en cuenta la ampliación de la Unión a 25 Estados miembros y posteriormente a 27, la propuesta financiera de la Comisión de asignar el 0,41 % de la renta nacional bruta (que podría llegar hasta el 0,46 % si se incluyen las intervenciones para el desarrollo rural y la pesca) con 336 300 millones de euros para la financiación de los tres objetivos (78 % para el «objetivo de convergencia», 18 % para el «objetivo de competitividad regional y empleo» y el 4 % para la «cooperación territorial») representa el compromiso mínimo para la futura política de cohesión;

1.3.

acoge con satisfacción que el ámbito de intervención del Fondo de Cohesión tenga en cuenta el apoyo a proyectos que presenten una clara dimensión ambiental, como la eficacia energética y las energías renovables y, por cuanto se refiere a los transportes que no formen parte de las redes transeuropeas, el ferrocarril, el transporte fluvial y marítimo, los servicios intermodales de transporte y su interoperabilidad, el control del volumen de tráfico aéreo y por carretera, el transporte urbano limpio y los medios de transporte colectivos;

1.4.

acoge favorablemente el hecho de que el Fondo de Cohesión se aplique a los Estados miembros cuyo PNB sea inferior al 90 % de la media comunitaria. Y debería buscarse una solución política para los Estados miembros que no serán elegibles en el futuro como consecuencia de la ampliación;

1.5.

considera que cuando se produzca la situación contemplada en el apartado 6 del artículo 104 del Tratado y se declare que existe un déficit público excesivo en un Estado miembro, éste no debería ser penalizado, si es beneficiario del Fondo de Cohesión, con la suspensión de la ayuda financiera correspondiente a dicho Fondo;

1.6.

confía en que la Comisión Europea aclare si la suspensión, en su caso, se aplica únicamente a los nuevos proyectos que deberán ser aprobados después del 1 de enero del año siguiente a la decisión;

1.7.

está convencido de que la Comisión Europea debe analizar las ventajas e inconvenientes de considerar las mismas disposiciones generales para el FEDER, el FSE y el Fondo de Cohesión. La exposición de motivos presentada no aclara este punto de la propuesta de la Comisión. El CDR considera que debería presentarse un análisis de la relación costes-beneficios que supondría este cambio en los reglamentos relativos al Fondo de Cohesión;

1.8.

confía en que la Comisión Europea tenga una razón para pasar de un análisis por proyectos (apartado 3 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1164/94 por el que se crea el Fondo de Cohesión) a un análisis por programas (último párrafo del punto 5.2. de la exposición de motivos del documento COM (2004) 492 final — Reglamento sobre los Fondos Estructurales) de las propuestas de los Estados miembros beneficiarios del Fondo de Cohesión. Este método va a ser completamente distinto del que se utiliza actualmente. La Comisión Europea debería justificar este cambio de acuerdo con los resultados de una evaluación, que debería llevarse a cabo, del actual Fondo de Cohesión;

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1)

que la liberalización del sector de los transportes constituye, en particular desde la aprobación de la agenda de Lisboa en el año 2000, uno de los objetivos centrales de la Unión Europea y de sus Estados miembros;

2)

que, en particular, la política de transportes representa una prioridad para la Comisión de Política de Cohesión Territorial, así como para del Comité de las Regiones en su conjunto, como demuestran numerosos dictámenes — en particular, el elaborado por el Sr. Lamberti sobre la primera propuesta de Directiva relativa a los servicios portuarios. El Comité destaca la contribución fundamental de la política europea de transportes para crear cohesión en una Europa ampliada y todavía diversa;

3)

la Unión Europea afrontará en los próximos años un importante crecimiento de la demanda de servicios de transporte. Este aumento, que se justifica, entre otras cosas, por el crecimiento económico, la ampliación de la Unión y la intensificación de las relaciones comerciales, afectará además en gran medida al transporte de mercancías;

4)

en vista de la sobrecarga que cabe esperar, sobre todo de las infraestructuras de carreteras, es necesario realizar importantes esfuerzos para controlar los flujos de transporte y desarrollar las infraestructuras correspondientes. En este contexto, corresponde al transporte marítimo, respetuoso con el medio ambiente, desempeñar un papel central, debido a su capacidad potencial para reemplazar al transporte de bienes y mercancías por carretera y de contribuir al desarrollo sostenible de los transportes. El desarrollo y la construcción de una red intermodal de transporte eficaz repercutirá de manera importante en las regiones costeras, portuarias y en sus zonas de influencia, así como en el sector portuario y en las empresas relacionadas con el transporte marítimo allí establecidas. Cabe esperar que esta evolución positiva para el conjunto del mercado interior se haga sentir, entre otros lugares, de manera importante en la cuenca del mar Báltico;

5)

un sistema de transportes eficaz es un requisito para la competitividad internacional de Europa. Deberán crearse condiciones de confianza a fin de generar incentivos para intensificar las inversiones en el sector de los transportes. Para ello, el Derecho comunitario deberá satisfacer los principios de una competencia efectiva y del libre acceso a los mercados, así como las exigencias en materia de seguridad de las inversiones, disposiciones de seguridad adecuadas, condiciones de trabajo compatibles con los derechos sociales y normas medioambientales exigentes;

6)

habida cuenta de la importante diferencia existente en los costes de trasbordo en los puertos comunitarios, inferiores en comparación con Norteamérica y Asia, es indispensable debatir las medidas que puedan contribuir a mejorar la competencia y la eficacia en los puertos, basándose en un análisis de los déficit de statu quo. Por el momento, aún no se dispone de este análisis;

7)

cabe, además, señalar que en las últimas décadas se han desarrollado estructuras de funcionamiento complejas sobre todo en los puertos, pero también en el sector del transporte marítimo. Esto ha contribuido a que muchas de las empresas establecidas o que operan en la Unión Europea y en sus puertos ya se encuentren entre las más rentables y competitivas a escala mundial. Por lo tanto, las modificaciones del marco jurídico deberían tener en cuenta adecuadamente las repercusiones para la interdependencia dentro de las estructuras del sector de los transportes y entre estas últimas y el resto de la economía. La Comisión también reconoce la complejidad de estas estructuras, al prever un importante gasto financiero para la creación de sistemas de transporte eficaces y competitivos como el transporte marítimo de corta distancia («short sea shipping») y las autopistas del mar («motorways of the sea»);

8)

la sin duda necesaria desregulación del transporte marítimo y de los servicios portuarios deberá realizarse con cuidado. En las normas transitorias correspondientes –también por motivos de política de empleo– se debería hacer lo posible por evitar perjudicar aunque sea de manera transitoria a las empresas establecidas o que operan en Europa frente a otros operadores del mercado mundial y provocar rechazos dentro de la Unión Europea;

9)

puede señalarse que, en el contexto mundial, existen condiciones de política de competencia y derecho de la competencia muy diferentes tanto para el transporte marítimo como para los servicios portuarios. Por lo tanto, en la cuestión relativa al grado, alcance y rapidez de una liberalización de los mercados dentro de la Unión Europea también juegan un papel las consideraciones de política industrial, que hasta ahora no se han tenido en cuenta en absoluto. Además, deberían establecerse medidas complementarias en materia de política de empleo a fin de minimizar las posibles repercusiones negativas a corto plazo de la liberalización;

1.1

valora positivamente que la Comisión quiera crear un marco comunitario especial para los servicios portuarios, tanto más cuanto que 20 de los actuales 25 Estados miembros gestionan puertos;

1.2

acoge con satisfacción los objetivos básicos de la Comisión enumerados en el marco de la propuesta de Directiva, consistentes en garantizar la competencia y la eficacia en el sector portuario. En la medida en que existe ineficacia, los instrumentos de liberalización, libre acceso a los mercados y transparencia pueden contribuir a lograr estos objetivos;

1.3

está de acuerdo con la Comisión en que, además de la aplicación de la directiva sobre la transparencia a las empresas portuarias, es necesario adoptar unas directrices más claras y transparentes, y también más flexibles, en materia de ayudas para las inversiones en los puertos, a fin de desarrollar en adelante la competencia en el sector portuario de manera justa y eficaz;

1.4

valora positivamente que la Comisión abra la posibilidad de que puertos de titularidad pública puedan ofrecer servicios con el fin de fomentar una verdadera competencia;

1.5

lamenta, no obstante, que la Comisión ya haya presentado poco después de un primer intento fracasado, sin haber realizado los análisis necesarios, un proyecto más estricto en importantes ámbitos de reglamentación que contiene numerosas modificaciones, que, en su mayor parte, se basan en la primera propuesta rechazada por el Consejo y el Parlamento Europeo y en parte están por debajo de los resultados del procedimiento de conciliación;

1.6

echa en falta una toma en consideración suficiente de la estructura de mercado preponderante en los puertos y servicios portuarios europeos. Existe de hecho una mayor competencia entre los distintos puertos europeos, que conduce a que sólo puedan mantenerse en la competencia europea los puertos más eficaces y más baratos;

1.7

llega a la conclusión de que, debido a la intensa competencia entre los puertos, sólo pueden mantenerse aquellos servicios que utilizan métodos de producción eficaces y con bajo coste. Puesto que los proveedores ineficaces de servicios portuarios contribuyen negativamente al rendimiento del puerto en su conjunto, se ven obligados por la competitividad entre los puertos a aumentar su productividad;

1.8

lamenta que no se tome en consideración de manera suficiente la circunstancia de que la competencia no se limita a las actividades en un puerto, sino que cadenas de transporte enteras compiten entre sí. La intervención en una parte de estas cadenas –concretamente en los puertos– tiene repercusiones en toda la cadena logística del transporte en la zona de influencia. Por lo tanto, la nueva propuesta regula de hecho mucho más que el mero acceso a los servicios portuarios. Las consecuencias de esta normativa no son previsibles para el sector logístico;

1.9

teme que se reduzca el número de proveedores de servicios portuarios que operan en Europa en caso de que se incorpore la propuesta de Directiva en su forma actual. No puede excluirse que unos pocos prestadores de servicios de puertos de terceros países que obtengan una rentabilidad elevada en sus mercados nacionales, donde disfrutan de un monopolio, presionen con mayor fuerza en los principales puertos de Europa y se impongan en procedimientos de selección con importantes ofertas financieras, sobre todo si el importe de la oferta representa el único criterio de selección o el criterio decisivo. Con ello se pondrían en grave peligro las actuales estructuras del sector portuario europeo, que se caracterizan por un alto número de operadores de terminales públicos y privados. En caso de que unos pocos operadores privados de terminales puedan concentrar en sus manos una cuota importante de mercado del trasbordo portuario, surgirán también en Europa estructuras monopolísticas que no son compatibles con el objetivo de una mayor competencia;

1.10

teme asimismo que se reduzcan las inversiones de los proveedores de servicios portuarios. Con la Directiva se crean incertidumbres sobre la duración de los contratos y las indemnizaciones, que conducen a una importante reducción de los ingresos de amortización que cabe esperar. Además, estas incertidumbres darían lugar a unos costes de refinanciación de las inversiones más elevados, puesto que el sector bancario tendría más en cuenta los riesgos correspondientes derivados de las exigencias de Basilea II. Estas dos consecuencias de la Directiva tienen por sí solas como resultado una reducción importante de los incentivos para la inversión;

1.11

observa que se vulnera el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado CE, así como el principio de proporcionalidad, puesto que la Directiva sólo toma en consideración de manera insuficiente la circunstancia de que a nivel de los Estados miembros ya existe una competencia liberalizada entre los puertos europeos. Por lo tanto, las normas propuestas con la Directiva no son necesarias en su forma y alcance actuales;

1.12

muestra, por lo tanto, su preocupación por que con las medidas propuestas en la Directiva no se alcancen los objetivos de la Comisión, que cabe acoger con expresa satisfacción, y manifiesta su temor por que la tendencia actual hacia un aumento importante del crecimiento y de la eficacia de los puertos y servicios portuarios europeos pueda verse, por el contrario, perjudicada;

1.13

considera acertado que la posibilidad de proporcionar servicios portuarios no se limite a situaciones específicas sino que exista de modo general. Para ello deberá garantizarse la existencia de condiciones de competencia justas y transparentes, cuando la propia administración portuaria compita con otros licitadores — privados — en procedimientos de adjudicación;

1.14

quiere señalar, además, que existen diferencias cualitativas en las distintas versiones lingüísticas que dificultan la valoración de la propuesta de Directiva.

1.15

teme un enorme gasto burocrático para las administraciones portuarias en contradicción con los objetivos de una directiva de «liberalización» como resultado de los requisitos previstos en el marco de la obligación de autorización. La propuesta prevé que todos los servicios portuarios que abarca la Directiva (servicios técnicos náuticos de practicaje, remolque y amarre, todas las operaciones de manipulación de la carga y servicios de pasajeros) requieran una autorización en el futuro. Esto afecta también a servicios portuarios que hasta ahora se han prestado sin autorización. Las administraciones portuarias deberán en el futuro conceder más autorizaciones que hasta ahora, ya que, por ejemplo, también los propietarios de terrenos que presten servicios portuarios en los terrenos de su propiedad requerirán una autorización. También los servicios de autoasistencia requerirán una autorización, que podrá concederse con carácter ilimitado, pero que sólo será válida mientras el prestador de servicios de autoasistencia satisfaga los criterios para su concesión. La administración portuaria estaría así también obligada a controlar las autorizaciones. Además del cumplimiento de los criterios de concesión, deberían, por ejemplo, también controlarse las disposiciones en materia de empleo y sociales, que, en principio, son un cometido de los agentes sociales. Estas obligaciones también podrían exceder en su conjunto las capacidades de una administración portuaria en determinados casos;

1.16

considera que la obligación de autorización prevista para los propietarios de terrenos puede vulnerar los derechos de propiedad y ser incompatible con el artículo 295 del TCE, en virtud del cual no se prejuzga en modo alguno el régimen de la propiedad en los Estados miembros. En caso de que un propietario no obtenga la concesión para sus propias instalaciones portuarias en el marco de un procedimiento de adjudicación, sino que el contrato se adjudique a una tercera persona, el propietario no podría seguir prestando servicios portuarios en los terrenos de su propiedad. Por otra parte, la administración portuaria, al no ser propietaria, no tiene acceso a la superficie portuaria y, por este motivo, no puede celebrar con una tercera persona ningún contrato de alquiler o arrendamiento sin el acuerdo del propietario. En particular, tampoco puede obligar al propietario a celebrar, por su parte, un contrato con una tercera persona que haya obtenido la concesión. Por lo tanto, la autorización concedida quedaría sin efecto;

1.17

pide que se tenga en cuenta que en el marco del procedimiento de adjudicación previsto podrían surgir complicaciones. En caso de imponerse limitaciones, en virtud de la propuesta de Directiva sólo tendrán validez aquellas autorizaciones que se hayan concedido en un procedimiento de adjudicación. Por el contrario, todas las autorizaciones que se hayan concedido todavía en virtud de la situación jurídica actual perderán su validez. Debido a esta retroactividad del nuevo acto jurídico, las administraciones portuarias se verían obligadas a conceder de nuevo todas las autorizaciones, incluidas las ya existentes, tras la entrada en vigor de la Directiva en el marco de un procedimiento de adjudicación;

1.18

considera que atribuir una competencia exclusiva a los Estados miembros para que fijen los principios aplicables al cálculo de las indemnizaciones correspondientes al valor residual de una empresa comporta un riesgo de falsear la competencia. Por ejemplo, para el cálculo de una indemnización podría ser posible tener en cuenta las reducciones ulteriores (ocultas) sobre el alquiler del terreno. El principio fijado en el proyecto de Directiva de que las indemnizaciones se otorguen de acuerdo con normas claras y establecidas de antemano no especifica suficientemente los requisitos aplicables a las normas de cálculo nacionales. Por otra parte, toda normativa comunitaria debe tener en cuenta las diferencias entre los regímenes de amortización y los sistemas fiscales de los Estados miembros, con el fin de no falsear por su parte la competencia. En base a estos principios, una normativa europea podría, por ejemplo, prescribir la aplicación obligatoria de las normas nacionales de amortización en vigor. Las divergencias sólo se permitirían por motivos debidamente justificados. Además, las normas de cálculo deben ser públicas, o al menos comunicarse a la Comisión, en aras de la transparencia;

1.19

teme que, como consecuencia de distintas disposiciones de la Directiva se reduzcan las inversiones:

1.20

observa, debido a la ausencia de disposiciones transitorias, una importante incertidumbre jurídica para los proveedores de servicios portuarios que ya operan en la actualidad. Las empresas que ya ejercen una actividad en el mercado no pueden confiar en seguir operando en el futuro como hasta ahora. Si un nuevo prestador de servicios portuarios desea operar en el futuro y existe una limitación, los prestadores de servicios portuarios que ya operan deberán participar en un procedimiento de adjudicación, con el riesgo de perder la autorización. De esta manera se hace perder la confianza en los contratos vigentes, por una parte, y, por otra, la incertidumbre sobre la continuidad de las autorizaciones lleva a reducir de manera importante la disposición a realizar inversiones. En caso de incumplimiento unilateral de los contratos vigentes existe además el peligro de que puedan exigirse indemnizaciones importantes;

1.21

pronostica que los puertos europeos resultarán menos atractivos para los buques de crucero debido a las limitaciones en la autoasistencia. En la propuesta de Directiva se prevé que sólo se permitirá la autoasistencia con personal de a bordo propio para el transporte marítimo de corta distancia y las autopistas del mar. Por lo tanto los buques de crucero internacionales dejarían de tener derecho a realizar controles a bordo con su propia tripulación;

1.22

expresa su temor por que, con la posibilidad prevista de disponer de personal de tierra propio, se produzca dumping social, se reduzca la calidad y la productividad de los servicios portuarios y surjan conflictos con los requisitos de seguridad técnicos y políticos (PBIB). Además, el sistema de licitación previsto por la Comisión no tendría efecto sí, por ejemplo, aunque las empresas de trasbordo obtengan una autorización para operaciones de carga, de hecho no pueden utilizarla porque las compañías navieras hacen uso de la autoasistencia;

1.23

acoge favorablemente la flexibilidad de la disposición relativa al servicio de practicaje, que ofrece a los Estados miembros la posibilidad de establecer los requisitos de autorización nacionales y la selección de los prestadores de servicios con arreglo a criterios adecuados. No obstante, el Comité se pregunta si es conveniente la obligación de comunicación por parte de los Estados miembros con miras a mejorar la eficacia del servicio de practicaje, puesto que para este servicio — como también se señala en la propuesta de Directiva — son decisivos los criterios de seguridad marítima y pericia personal.

2.1

considera que no se debe aprobar la Directiva en su formulación actual, ya que, en lugar de fomentar la competencia en el ámbito portuario, crea normas en parte innecesarias o inadecuadas que perjudican en particular los intereses de los pequeños y medianos proveedores de servicios portuarios, favoreciendo la práctica del dumping social, y menoscaba así la eficacia y las oportunidades de competencia leal de los puertos. Con esta Directiva no se alcanzan los objetivos establecidos por la Comisión;

2.2

considera indispensable, antes de una nueva consulta, realizar un análisis diferenciado de la situación actual del mercado de los servicios portuarios. El peligro de un exceso de reglamentación del mercado de servicios portuarios, con la consiguiente reducción de la competencia y de la eficacia, sólo puede contrarrestarse de manera eficaz mediante un conocimiento detallado de las deficiencias principales en los principales subsectores del mercado portuario europeo;

2.3

está convencido de que, para reducir la falta de seguridad jurídica y para proteger la confianza, es necesario garantizar la existencia de las empresas que ya operan en el mercado. Para ello, debería eximirse a estas empresas de la obligación de autorización durante el período de vigencia de los actuales contratos y autorizaciones o mantener la validez de las autorizaciones existentes hasta la fecha límite establecida en la Directiva. No obstante, los períodos transitorios deberían ser por lo menos adecuados, esto es, ampliarse en función de las necesidades objetivas de las empresas afectadas;

2.4

considera que deben establecerse normas de indemnización a nivel de los Estados miembros adecuadas también, al finalizar el período regular de una autorización, a las distintas normativas de amortización nacionales y que, al mismo tiempo, tengan en cuenta el valor actual de la empresa en caso de una posible aceptación de la prolongación de la autorización. Esta normativa tendría en cuenta tanto los gastos de las empresas con carácter de inversión en organización, personal y posicionamiento en la cadena de transporte, así como las distintas condiciones institucionales;

2.5

considera que el Derecho comunitario debe fijar qué elementos conviene o es necesario incluir en las normas para el cálculo de las indemnizaciones. No obstante, las normas correspondientes deben tener en cuenta las diferencias entre los diversos regímenes de amortización y fiscales nacionales;

2.6

aboga por que el período de validez de las autorizaciones se ajuste a la duración de las inversiones realizadas. Además, deberían abrirse opciones de prolongación en caso de inversiones a largo plazo realizadas durante el período de validez de una autorización. El Comité recomienda que al menos se acepten las disposiciones en materia de plazos contenidas en la propuesta del Comité de Conciliación del Parlamento Europeo y del Consejo relativa al «Paquete portuario I»;

2.7

propone que se sustituya la obligación generalizada de autorización por una obligación de autorización sólo en caso de existir una limitación. Esto llevaría a un ahorro importante de recursos;

2.8

considera necesario limitar absolutamente la autoasistencia al personal de a bordo propio. A fin de evitar el dumping social y por motivos de seguridad, los Estados miembros deberían limitar la autoasistencia a los usuarios de los puertos cuyos buques naveguen bajo pabellón de un Estado miembro;

2.9

considera que la validez territorial de la Directiva debería hacerse extensiva a las vías navegables de acceso al puerto. Además, deberían incluirse en la Directiva los ríos y canales accesibles para el transporte marítimo, aun cuando no representen una vía de acceso exclusiva a los puertos. No obstante, esta propuesta se hace con la reserva expresa de que se apliquen las demás recomendaciones del Comité de las Regiones. La extensión del ámbito de aplicación territorial sin tomar en consideración las demás recomendaciones agravaría, por el contrario, los problemas descritos;

2.10

apoya enérgicamente el punto de vista de la Comisión consistente en establecer directrices transparentes en materia de ayudas a los puertos;

2.11

sostiene la opinión de que el aumento del rendimiento de los puertos de la UE y la intensificación de la competencia sólo podrán lograrse si se toman en consideración las recomendaciones del Comité.

3.1

acoge favorablemente los esfuerzos de la Comisión por emprender una revisión del Reglamento (CEE) no 4056/86 del Consejo por el que se determinan las modalidades de aplicación de las disposiciones comunitarias sobre la competencia a los transportes marítimos y además por querer aprovechar y contar ampliamente con la experiencia de las empresas de transporte marítimo y sus organizaciones;

3.2

está de acuerdo con la Comisión en que todo futuro reglamento, tras un período transitorio, deberá satisfacer en cualquier caso plenamente y sin excepciones los requisitos establecidos en el apartado 3 del artículo 81 del TCE;

3.3

coincide plenamente con la Comisión en que deben suprimirse por completo las excepciones para los acuerdos en materia de fijación de precios y cantidades, así como para otros acuerdos que limiten la competencia;

3.4

3.5

se congratula de que el Libro Blanco presentado por la Comisión aborde en profundidad la compatibilidad de la reglamentación existente con la legislación europea sobre la competencia; no obstante, el Comité tiene la impresión de que, aunque existen claros indicios de que la reglamentación actual ya no es compatible con el apartado 3 del artículo 81 del TCE, podría ser conveniente fundamentar las conclusiones de la Comisión a este respecto en unos datos todavía más sólidos. De este modo, la Comisión podría contrarrestar las dudas expresadas por las empresas de transporte marítimo, así como satisfacer los requisitos del artículo 253 del TCE;

3.6

considera que todavía no se dispone de un análisis amplio de las consecuencias, por lo que el Comité confía en que estas reflexiones jueguen posteriormente un papel importante a la hora de formular propuestas de reglamentación concretas; al mismo tiempo, deberían tomarse más en consideración sobre todo las repercusiones en los flujos comerciales, las inversiones, las cuotas de mercado y los precios al consumo. La objeción de que así se dificultaría un análisis, de que debido a la existencia durante muchos años de conferencias marítimas precisamente se carece de datos sobre un mercado en condiciones de competencia sólo es aceptable con reservas, ya que así se aborda una problemática a la que deberá enfrentarse toda liberalización de un sector que hasta entonces haya estado muy reglamentado;

3.7

se pregunta, en particular si las posibles modificaciones no deberían distinguir mejor también los aspectos de la política de empleo, ya que, después de todo, en opinión de la Comisión también cabe esperar una mayor concentración en el mercado y el consiguiente impulso a la innovación. Debería apoyarse esta evolución desde los puntos de vista de la investigación y de la política industrial, aunque podría tener consecuencias negativas para el empleo en las empresas;

3.8

considera que la propuesta de la European Liners Affairs Association (asociación europea de líneas marítimas regulares, ELAA) de hacer posible en adelante el intercambio a posteriori y no discriminatorio de ciertas informaciones con carácter anónimo merece una consideración favorable. Al fin y al cabo, las informaciones relativas al mercado libremente disponibles conducen a una mayor transparencia y así también son provechosas para la competencia. Un índice de precios accesible para todos los operadores del mercado sería un elemento indispensable del sistema para asumir la función de valor indicativo de las actuales tarifas de las conferencias. Para ello debería garantizarse, no obstante, un control eficaz y que se limite necesariamente a un mero intercambio de información;

3.9

quiere señalar que –junto a la cuestión de la permanencia de ciertas reglamentaciones, eventualmente modificadas– es importante en primer lugar satisfacer las necesidades de las empresas establecidas y operativas en el mercado europeo mediante criterios de transición adecuados y diferenciados, que deberían orientarse sobre todo a los resultados de un análisis general de las consecuencias. En este contexto, el Comité también quiere señalar que el Reglamento 4056/86 ha representado desde un principio una excepción absoluta al régimen comunitario de la competencia con validez exclusiva para la navegación marítima; por lo tanto, este sector siempre ha tenido que contar con que en un momento posterior el Reglamento sería objeto de una revisión. La pretensión de mantener la reglamentación vigente o de establecer medidas de transición no puede, por lo tanto, fundamentarse exclusivamente en motivos de seguridad jurídica y de protección de la confianza. No obstante, los legisladores deberán tener en cuenta que el sistema de conferencias existe desde hace muchas décadas, que las prácticas están muy arraigadas y que las relaciones comerciales se han organizado en torno a las conferencias;

3.10

no comparte la opinión de que deberían derogarse de hecho las normas contenidas en el artículo 2 del Reglamento 4056/86, sobre la admisibilidad de los acuerdos técnicos. Las objeciones de la Comisión consistentes en que la norma es exclusivamente declarativa, crea confusión y ha sido interpretada por los armadores de manera demasiado amplia, no desaparecerían, sino que se verían reforzadas con su supresión, ya que los acuerdos técnicos también serían lícitos sin una normativa legal. Antes bien, sin la existencia de una norma expresa surgirían nuevas dificultades de delimitación. El Comité considera por lo tanto que una norma que defina en adelante expresamente los acuerdos lícitos puede ganar seguridad jurídica y ofrecer ayuda en materia de orientación. Esto además presupone la adecuación del artículo 2, o de las disposiciones futuras que le correspondan, en la medida en que las normas vigentes hasta ahora carecerán de objeto, debido a que el régimen de la competencia se habrá articulado de diferente modo. La disposición futura podría ser integrada en la exención de categorías contemplada para consorcios (Reglamento 823/2000);

3.11

considera que, por motivos de política de competencia así como de política industrial, parece deseable una unificación a nivel mundial de las condiciones jurídicas marco, tanto más cuanto que el mercado europeo deberá liberalizarse en adelante y otras naciones marítimas están reglamentando actualmente la competencia en sus mercados de manera algo más amplia que la legislación comunitaria vigente con miras al mercado europeo;

3.12

señala que el Libro Blanco no se ha ocupado hasta ahora de manera suficiente de las repercusiones de una derogación o modificación del Reglamento 4056/86 sobre el Derecho internacional vigente ni de resolver los posibles conflictos jurídicos;

3.13

considera que debe revisarse la proyectada derogación del artículo 9 del Reglamento 4056/86, en virtud del cual deberían poder entablarse negociaciones cuando la aplicación del Reglamento implique un conflicto con el Derecho de un tercer país. Aunque hasta ahora no se ha invocado esta disposición, la situación podría cambiar sin embargo precisamente cuando la legislación vigente sobre la competencia para la navegación marítima sufra una revisión en profundidad, como está previsto. Además, la necesidad de negociación no puede surgir exclusivamente cuando un régimen jurídico exija algo que está prohibido por otro régimen, sino ya en caso de que un régimen jurídico permita algo que está prohibido por otro régimen jurídico.

4.1

pide a las empresas y a las organizaciones de la navegación marítima que no se cierren a las ventajas económicas que pueden lograrse para el interés general mediante un aumento de la competencia;

4.2

aboga por que se establezcan procedimientos en cuanto al contenido y a los plazos de modo que puedan abordarse de manera eficaz los temores de las compañías de navegación marítima y sus organizaciones. Debería explicarse detalladamente en qué medida pueden tomarse en consideración o desestimarse estos temores. Sólo así podrá crearse un régimen de competencia para la navegación marítima eficaz, que garantice la seguridad jurídica y aceptado por todas las partes posibles;

4.3

se muestra favorable, en la medida de lo posible, a realizar un análisis general de impacto que investigue más de cerca las repercusiones sobre los flujos comerciales, las inversiones, las cuotas de mercado y los precios al consumidor. El Comité recomienda que se tomen en especial consideración los aspectos relacionados con el empleo y la política social a la hora de examinar las repercusiones de una liberalización;

4.4

parte de la base de que la propuesta de la ELAA representa una base sólida para un futuro reglamento; en este contexto, el Comité considera indispensable para garantizar un control efectivo que la Comisión participe en la organización y el personal del órgano previsto por la ELAA para facilitar información, garantizar su carácter anónimo y su transmisión. Además, el Comité considera que debería preverse la transmisión de todos los flujos de información también a través de la Comisión o de uno de los observadores por ella designados, o incluso establecer el órgano directamente en la Comisión. Esto permitiría a la Comisión analizar de manera eficaz las repercusiones del intercambio de información sobre el mercado y sobre la competencia que impera en el mismo. Puesto que sólo cabe esperar resultados fiables al cabo de un largo período de tiempo, se recomienda la adopción de un reglamento limitado en el tiempo y con carácter de prueba con la opción de prolongarlo;

4.5

aboga por que se examine si las normas transitorias podrían ajustarse a los períodos de amortización o de cuánto tiempo deberían disponer previsiblemente los armadores afectados para adaptarse a las nuevas condiciones relativas a las modificaciones de sus carteras en los buques adquiridos o alquilados a largo o corto plazo;

4.6

sugiere que se examine si podría regularse la duración de los períodos transitorios en ciertas circunstancias también desde un punto de vista geográfico, esto es, adaptarlos a las condiciones imperantes en un mercado regional. Así, el período transitorio para la cuenca del mar Báltico sería más bien breve, puesto que en esta zona sólo existen unas pocas conferencias marítimas, y, por el contrario, sería más largo para las rutas transatlánticas, puesto que en estas últimas dominan las conferencias marítimas;

4.7

quiere señalar que la implantación y la duración de los períodos transitorios también podrían estar en función de los umbrales de cuotas de mercado («market share thresholds»);

4.8

pide que no se aproveche la incertidumbre existente en relación con el artículo 2 del Reglamento 4056/86 para derogar la norma contenida en él, sino que más bien se aproveche para examinar su contenido en el marco de los reglamentos 4056/86 y 823/2000: Por una parte, debería garantizarse la compatibilidad con el apartado 3 del artículo 81 del TCE y hacer que sea coherente con el futuro régimen de la competencia, y, por otra, sería conveniente concretar esta norma en aquellos ámbitos sobre los que la Comisión haya expresado sus temores de que las compañías marítimas la interpretan de manera demasiado amplia o ya lo haya comprobado. A las empresas interesadas que deseen que las normas contenidas en el artículo 2 se mantengan en vigor se les debería aconsejar que presenten propuestas al respecto;

4.9

considera por lo demás que, tanto a nivel bilateral y multilateral como en el marco de la colaboración en las organizaciones internacionales existentes, podrían realizarse nuevos esfuerzos para lograr una aplicación uniforme a escala mundial y, de este modo, unas condiciones de competencia más justas. En este contexto también debería examinarse si las reglamentaciones de otros Estados podrían servir de modelo a la Unión Europea y, en qué medida;

4.10

recomienda mantener el artículo 9 del Reglamento 4056/86, al menos sobre la base de una reglamentación válida durante varios años y con una opción de prolongación prevista.

20.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 231/46

1.1

acoge positivamente el primer informe anual sobre migración e integración pues constituye una base importante para el desarrollo de una estrategia global de integración de los inmigrantes en la nueva Unión Europea ampliada;

1.2.

reconoce el valor y la amplitud de la migración en el mundo, así como su importancia para la diversidad y el desarrollo, en particular a nivel local. El Comité está totalmente de acuerdo en que es importante coordinar la política de inmigración, asilo e integración en la Unión Europea, algo aún más importante en la Unión ampliada;

1.3

subraya que compete al nivel nacional la aplicación de la legislación, mientras que la tarea de facilitar la acogida, instalación e integración de los inmigrantes corresponde a los niveles regional y local; por este motivo, hace hincapié en el importante papel que desempeñan los entes locales y regionales, ya que su función en materia de planificación, vivienda, educación y empleo, entre otras cosas, tiene efectos directos sobre la integración y puede fomentar la cohesión y la integración sociales y el desarrollo de comunidades sostenibles;

1.4

señala que el informe se centra en el desarrollo de la política de inmigración desde el punto de vista nacional y de la Unión. Una de las causas del fracaso de la integración en la Unión Europea reside en el hecho de que los entes locales y regionales no han estado asociados a la elaboración de esta política. A pesar de que el nivel regional y local constituye el nivel de responsabilidad más cercano a los ciudadanos, las consecuencias de la aplicación de la política a nivel local frecuentemente se han pasado por alto o no se han tenido en cuenta;

1.5

lamenta la ausencia de consultas a los entes locales y regionales para la elaboración del informe, tanto en la fase de recogida de datos como en el trabajo de análisis. Los Estados miembros han adoptado distintas medidas para afrontar la diversidad creciente de nuestras sociedades. Las experiencias adquiridas, ya sean positivas o negativas, revisten ahora especial importancia, en un momento en que los flujos migratorios están cada vez más diversificados y son más globales y los Estados miembros deben acoger a inmigrantes y refugiados procedentes de un mayor número de países, que ya no son solo aquellos con los que han mantenido relaciones comerciales o a los que les unen lazos históricos o culturales;

1.6

recuerda que, para lograr la cohesión social, las cuestiones de integración deben estar presentes en todas las políticas. La política comunitaria de inmigración e integración debe estar en la línea de los objetivos globales de la UE en los ámbitos de la política social, la política económica y la política exterior y de desarrollo, y en consonancia con valores fundamentales en Europa como pueden ser la igualdad de oportunidades, los derechos humanos, la dignidad humana, la tolerancia, el respeto de la diversidad, la lucha contra la discriminación y el fomento de la participación ciudadana;

1.7

subraya que la integración es responsabilidad del conjunto de la sociedad, y que para lograr una cohesión social y un desarrollo sostenibles se requieren esfuerzos por parte de los inmigrantes y de las poblaciones locales;

1.8

lamenta la falta de datos en este informe sobre la integración y la aplicación de la política de inmigración, y subraya que la Comisión debería fomentar en mayor medida el intercambio de información y experiencias; el manual sobre integración destinado a responsables políticos y profesionales publicado por la Comisión Europea (Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad) en noviembre de 2004 es un primer paso alentador en esta dirección, ya que facilita información concreta sobre las mejores prácticas en el ámbito de la integración y sus resultados.

1.9

reconoce que las cuestiones relativas al mercado de trabajo son esenciales para la integración de los inmigrantes, pero señala que deben considerarse en su contexto, pues el grado de integración depende también de otros factores, como el entorno social, la formación, los conocimientos lingüísticos y la participación en la vida social. El éxito de la integración de los inmigrantes constituye un paso hacia una sociedad en la que todos tienen una función que cumplir, por el bien no solo individual y de la comunidad en la que viven sino también de la sociedad en general;

1.10

acoge con satisfacción el reconocimiento creciente de la creatividad y la iniciativa empresarial de los inmigrantes en la Unión. La aparición de nuevos empresarios y la creación de empresas es esencial para que el proceso de integración se lleve a cabo con éxito, además de contribuir de manera importante a la realización de la Estrategia de Lisboa;

1.11

señala que en el informe predominan los razonamientos en torno a la necesidad de acoger inmigrantes como mano de obra, al mismo tiempo que se constata que la mayoría de las admisiones se hacen por motivos de reunificación familiar o de protección humanitaria. Tanto por razones económicas como políticas, es preciso adoptar urgentemente estrategias para el importante grupo de inmigrantes que se encuentran fuera del mercado de trabajo. Además, el papel de las mujeres para el éxito de la integración no puede subestimarse, ya que con frecuencia el vínculo con los hijos pasa directamente por ellas;

1.12

lamenta que el informe ni siquiera mencione la situación del casi medio millón de solicitantes de asilo en la Unión Europea que se halla a la espera de una decisión sobre el permiso de residencia o similar, la mayoría de los cuales se encuentran fuera del mercado de trabajo legal;

1.13

subraya que la afirmación de que los ciudadanos de la Unión han alcanzado un nivel muy elevado de empleo debe precisarse, ya que las diferencias locales y regionales en este sentido son enormes. Es posible hablar de una tasa elevada de empleo en la Unión, pero hay que reconocer que las cifras varían según los municipios y las regiones;

1.14

señala que el contraste entre el enfoque nacional, que se centra en la necesidad de acoger inmigrantes como mano de obra, y los esfuerzos a nivel local para combatir la exclusión, la marginalización y la xenofobia hacen aún más necesarios el diálogo y la colaboración entre todos los niveles implicados;

1.15

hace hincapié en que el debate sobre la política de inmigración e integración varía de manera esencial en los distintos niveles de la sociedad, lo que da lugar a diferentes visiones y dificulta la eficacia de las medidas. Esto también da pie a que cunda cierta desconfianza hacia la sociedad, desconfianza que puede dar lugar a un desprecio del sistema político. Esta desconfianza y este desprecio pueden servir de caldo de cultivo a los movimientos extremistas;

1.16

constata que la distancia y la ausencia de diálogo entre los niveles políticos en parte contribuyen a la aparición de partidos en cuyos programas se incluyen el aislacionismo y la xenofobia. Muchos partidos contrarios a la UE y xenófobos se han desarrollado a partir de una base local;

1.17

acoge positivamente la inclusión de la perspectiva de género en el informe, aunque lamenta que falte una descripción de las medidas de integración destinadas a fomentar la igualdad entre hombres y mujeres. Las medidas para aprovechar las capacidades de las inmigrantes pueden tener efectos valiosos de carácter social y económico, así como para la democracia;

1.18

considera que el derecho formal de voto, que contribuirá a aumentar la participación de los inmigrantes en la vida democrática, constituye una norma mínima que aún no se ha alcanzado en todos los Estados miembros. Sin embargo, es necesario también integrar mejor a los nuevos ciudadanos, pues cuando el sentimiento de exclusión es fuerte se tiende a dejar de lado este derecho. El derecho y la posibilidad de influir para introducir cambios en la sociedad carecen de valor cuando no se tiene trabajo ni posición alguna en la sociedad;

1.19

subraya que en la estrategia de empleo y de integración social sólo se incluyen directrices para satisfacer la necesidad de mano de obra, pero no se dice nada sobre la mayoría de los inmigrantes que llegan a Europa para reagruparse con su familia o en busca de protección humanitaria. Sin directrices relativas a este importante grupo, la estrategia de integración social está incompleta;

1.20

señala que, aunque el informe describe actividades realizadas a escala local, la información es deficiente, pues faltan datos sobre las prácticas de aplicación y los resultados. Además, es difícil saber cómo se utilizan los recursos económicos en el trabajo de integración, ya que el informe no tiene en cuenta los niveles local y regional;

1.21

hace hincapié en que en muchos países de la Unión los ingresos fiscales se recaudan a nivel estatal, mientras que los costes correspondientes a la exclusión con raíces en la inmigración son una carga para el nivel regional. La ausencia de consultas a los diferentes niveles dificulta un uso óptimo de los recursos económicos.

2.1

insta a la Comisión a que aproveche los conocimientos prácticos que los entes locales y regionales han ido adquiriendo a lo largo de decenios de trabajo concreto en materia de aplicación de la política de inmigración e integración. Para facilitar y mejorar el intercambio de información, ideas y experiencias sobre integración entre los Estados miembros, se debería instar a los puntos de contacto nacionales a que consulten a los entes locales y regionales y a las grandes ciudades con el fin de beneficiarse de su experiencia;

2.2

invita también a la Comisión a que mantenga contactos continuados con el Comité de las Regiones durante la elaboración de los informes anuales, con el fin de estudiar la mejor manera de utilizar las experiencias locales y regionales del trabajo de integración;

2.3

destaca que los entes locales y regionales deberán fijar objetivos claros y que puedan ser objeto de un seguimiento –así como evaluar su aplicación– para poder desarrollar el trabajo de integración; además, las autoridades estatales y regionales deberían evaluar su propia actividad. Recuerda a la Comisión que es necesario evaluar las diferentes estrategias de integración utilizadas actualmente;

2.4

hace hincapié en que, para que las ayudas económicas a una política de inmigración común sean eficaces, se deben reconocer las diferencias regionales. Estas ayudas deben respaldar las soluciones flexibles y se debe dejar a los niveles local y regional la libertad de elegir su propio método de trabajo;

2.5

pide a la Comisión que, en el debate sobre la futura política europea de cohesión, tenga en cuenta las acciones llevadas a cabo en algunas regiones para las que se reducirán las ayudas estructurales y donde la población de inmigrantes ha aumentado considerablemente durante los últimos años, en particular en las grandes ciudades;

2.6

subraya que un diálogo con las organizaciones de inmigrantes que solo tenga lugar a nivel nacional y comunitario resulta insuficiente. La política de integración, las cuestiones religiosas y culturales son un asunto que se trata esencialmente de modo cotidiano a nivel local. No debe subestimarse la importancia del diálogo local entre comunidades para reforzar la solidaridad más allá de las diferencias étnicas, religiosas o culturales;

2.7

solicita que se ofrezca a los entes locales y regionales la posibilidad de contribuir a la elaboración de planes de acción nacionales para la integración y el empleo. De esta manera resultaría más fácil comparar métodos de trabajo, establecer buenas prácticas y analizar las consecuencias reales y los resultados de las estrategias de los Estados miembros;

2.8

hace hincapié en que el informe se centra en el nivel horizontal y nacional. Sin embargo, las medidas que se debaten se ponen en práctica a nivel local. Es obvio que se necesita aplicar una perspectiva vertical. Para cumplir el objetivo de realizar un análisis correcto y objetivo es necesario describir las tendencias en todos los niveles, incluso en los de aplicación de las políticas. Los puntos de contacto nacionales para la integración necesitan un equivalente local y regional como complemento;

2.9

subraya que a largo plazo la inmigración no será suficiente para cubrir la falta de mano de obra en la UE, y hace referencia a su dictamen sobre la contribución de las personas en edad avanzada al mercado de trabajo;

2.10

recuerda la importancia de que los inmigrantes, y en particular las mujeres, sean considerados como un recurso y una valiosa aportación al mercado de trabajo, y que la composición de la mano de obra sea variada. La vida laboral debe respetar ante todo el principio de igualdad de trato;

2.11

hace hincapié en que la suma de las diferencias locales y regionales ofrece una imagen más adecuada del nivel de empleo que las medias nacionales. Los análisis basados en promedios nacionales ofrecen una base insuficiente para la preparación de medidas que deberán adaptarse a las diferencias regionales. Para que las estrategias funcionen, deben construirse desde las bases;

2.12

pide que se aborden los aspectos relacionados con el gran número de trabajadores inmigrantes ilegales. Deben establecerse mecanismos que hagan posible que los inmigrantes en situación ilegal puedan legalizar su situación sin demora cuando resulte adecuado, aunque conviene vincular esta acción a la capacidad de acoger a estas personas de manera digna;

2.13

valora el hecho de que se reconozca la necesidad de integrar los aspectos ligados a la inmigración en todas las políticas y de incrementar la cooperación entre las autoridades nacionales, los entes locales y regionales y la sociedad civil. El debate sobre el reparto de los recursos debe tratarse también en el marco del diálogo vertical;

2.14

echa en falta una referencia a la salud de los inmigrantes y subraya la importancia de la cooperación entre los servicios sanitarios locales (atención primaria) y los demás agentes que trabajan por una buena integración;

2.15

destaca la importancia de que se pongan en marcha instrumentos financieros destinados a la cooperación descentralizada en materia de inmigración y de que se siga respaldando el trabajo realizado a nivel local y regional para fomentar la integración por medio de los fondos estructurales de la UE y de iniciativas como Equal y Urban. En este contexto, debe prestarse especial atención al trabajo realizado en el marco del nuevo proyecto piloto INTI, que está destinado a fomentar el diálogo, las redes y la cooperación en materia de integración a nivel europeo;

2.16

subraya que la necesidad de cada inmigrante de trabajar y mantenerse a sí mismo debe reconocerse y respaldarse. Aparte de los aspectos económicos, el espíritu empresarial y la creación de pequeñas empresas contribuye a un desarrollo social positivo. La posibilidad de poseer y dirigir una empresa tiene un efecto positivo en la integración, por lo que debe contar con un mayor respaldo social;

2.17

recuerda que las mujeres sufren discriminaciones tanto por motivo de sexo como de procedencia étnica. La labor para mejorar la integración de los inmigrantes estará más centrada y resultará más eficaz si se tiene en cuenta la dimensión de género;

2.18

subraya que para el éxito de la política de integración se necesita tener también en cuenta otros aspectos distintos de los económicos. La inmigración implica una nueva perspectiva, que puede enriquecer la vida de cada ciudadano y ofrecer a la Unión competencias valiosas en el contexto mundial.

2.19

subraya la importancia del trabajo de las organizaciones no gubernamentales en estrecha colaboración con los entes locales y regionales y apoya sus programas encaminados a acelerar la integración de los inmigrantes en la vida política y social del país de acogida (mediante la adquisición de conocimientos lingüísticos, la familiarización con la cultura del país y con los principios democráticos, la formación política y social, la preservación de la identidad nacional de los inmigrantes, etc.). Corresponderá siempre a los Estados miembros la plena responsabilidad a nivel nacional de fomentar su adecuada integración en la sociedad, en estrecha colaboración con los entes locales y regionales, y de entablar un diálogo con las organizaciones no gubernamentales.

20.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 231/50

1)

Considerando que el estudio llega a la conclusión de que «existe un vínculo entre la migración legal e ilegal, pero la relación es compleja y ciertamente no es directa»;

2)

Considerando que el estudio esboza una serie de iniciativas políticas para la creación de una política común de inmigración;

3)

Considerando que el estudio hace hincapié en la necesidad de disponer de estadísticas más fiables y comparables en el ámbito de la UE;

4)

Considerando que el envejecimiento de la población y la reducción de la población en edad de trabajar se traducirán en una carencia de trabajadores cualificados en el mercado laboral de la UE y harán necesario un continuo flujo de inmigración en la UE;

5)

Considerando que el Programa de La Haya decidido por el Consejo Europeo en noviembre de 2004 esboza un programa de trabajo para la creación de una política común de inmigración;

1.1

Acoge con satisfacción el estudio de la Comisión Europea sobre los vínculos entre la migración legal e ilegal y considera que constituye una valiosa contribución con vistas a desarrollar una política de inmigración de la UE y, en especial, a esbozar las iniciativas políticas contempladas en dicho estudio.

1.2

Muestra un gran interés en este estudio habida cuenta del papel fundamental que desempeñan los entes locales y regionales en la acogida, establecimiento e integración de los inmigrantes. Los entes locales y regionales desempeñan un papel primordial en la prestación de servicios públicos a los inmigrantes, incluidos los relacionados con la vivienda, la educación, la salud y el empleo.

1.3

Desea enmarcar este estudio en el desarrollo de una política comunitaria de asilo y migración, con especial hincapié en las tareas establecidas en el Consejo Europeo de Tampere en octubre de 1999 y en la aprobación del Programa de La Haya por parte del Consejo Europeo de noviembre de 2004, en el que se destaca la importancia que reviste la política de migración.

1.4

Muestra su preocupación por la lentitud con la que el Consejo Europeo está desarrollando la política de migración de la UE sobre la base de las conclusiones acordadas en el Consejo de Tampere.

1.5

Señala que el estudio llega a la conclusión de que «existe un vínculo entre la migración legal e ilegal, pero la relación es compleja y ciertamente no es directa, puesto que hay que tener en cuenta diversos factores». No obstante, destaca que la inmigración ilegal constituye una grave preocupación en la UE, ya que puede menoscabar las políticas que se han ideado para fomentar la inmigración regular y ser un foco de hostilidad en las comunidades de acogida. Por este motivo, una prevención eficaz de la inmigración ilegal resulta esencial para la seguridad en el interior de la UE. Además, los inmigrantes ilegales pueden correr peligro en sus personas y ser víctimas de la explotación. Teniendo presentes estas circunstancias, es fundamental establecer una política equilibrada que contemple tanto acciones que garanticen unos niveles equitativos de inmigración regular como medidas para disuadir a los inmigrantes ilegales.

1.6

Subraya su preocupación por el uso del término «inmigración ilegal», especialmente cuando muchos inmigrantes de esta categoría no están sujetos a un procedimiento criminal, por lo que preferiríamos utilizar el término «inmigración irregular» cuando proceda.

1.7

Indica que el estudio expone un importante número de deficiencias en el ámbito de la investigación y solicita a la Comisión Europea que elabore un programa de investigación para colmar estas lagunas y, de esta manera, influir en la toma de decisiones políticas.

1.8

Apunta que este estudio incluye referencias a otras políticas comunitarias que también afectan a los inmigrantes como son la política de desarrollo y la Estrategia Europea de Empleo. Además, es consciente de que existe un amplio abanico de políticas comunitarias que influyen en la política de migración, especialmente en ámbitos de la política social y de empleo, y solicita que se constituya en la Comisión Europea un grupo a nivel de dirección general para coordinar aquellas actividades que afecten a los inmigrantes.

1.9

Coincide con las conclusiones del estudio en que «existe una falta de datos fiables y comparables en la UE» y considera que el plan de acción de la Comisión para la recogida y el análisis de estadísticas comunitarias en el ámbito de la migración (COM(2003) 179 final) y el primer informe anual sobre la migración y la integración (COM(2004) 508 final) constituyen un primer paso para abordar esta cuestión.

1.10

Hace hincapié en el importante papel que desempeñan los entes locales y regionales en la recogida de datos y estadísticas, y solicita la plena participación de dichos entes en las consultas encaminadas a la introducción de datos fiables y comparables en toda la UE una vez que se haya recopilado la información comparable.

1.11

Respalda el llamamiento que se hace en el estudio para llevar a cabo «un uso más intensivo y específico del intercambio de consultas e información» y valora positivamente la constitución de un grupo de expertos –conocido como el «Comité sobre inmigración y asilo»– y de una red de puntos de contacto nacionales para la integración.

1.12

Se muestra de acuerdo con la creación de una Red Europea de Migración y un Observatorio, y considera que los entes locales y regionales han de desempeñar un importante papel en esta red ya que pueden contribuir con su experiencia concreta y directa y con sus mejores prácticas.

1.13

Estima que se deben brindar más oportunidades para intercambiar experiencias y buenas prácticas, y otras actividades como la revisión de grupo inter pares en el ámbito de la política de inmigración, señala que esto es posible mediante la aprobación del método abierto de coordinación a la hora de crear una política de inmigración de la UE y pide al Consejo Europeo que apruebe las propuestas de la Comisión Europea al respecto.

1.14

Respalda el punto de vista de la Comisión Europea cuando afirma que, debido al efecto del declive demográfico y del envejecimiento de la población, es probable que continúe y aumente en la UE la contratación de nacionales de terceros países y la inmigración. Esta cuestión también se menciona en el informe Kok en el sentido de que el envejecimiento incrementará las exigencias en materia de pensiones y asistencia sanitaria a la vez que reducirá el número de personas en edad laboral capaces de producir la riqueza necesaria (6). Además, Kok recuerda las estimaciones de la Comisión Europea, de acuerdo con las cuales el mero impacto del envejecimiento demográfico reducirá los índices de crecimiento potencial de la UE desde la tasa actual, que oscila entre un 2 y un 2,25 %, hasta alrededor del 1,2 % en 2040 (7). Convendría destacar, además, otras externalidades positivas de carácter económico y social en el contexto de la migración como, por ejemplo, el nuevo capital humano, la especialización y el enriquecimiento humano.

1.15

Hace hincapié en que la dimensión regional reviste un carácter fundamental en las políticas de inmigración e integración de la UE, y considera que se trata de un tema de debate de gran importancia. La dimensión regional es fundamental ya que, mientras algunas regiones de la UE pierden población y sufren una grave carencia de trabajadores cualificados, otras registran un rápido crecimiento demográfico, con la consiguiente presión que ello supone para los servicios locales y el precio de la vivienda. Estima que aún queda mucho por hacer para desarrollar la dimensión local y regional de la inmigración, en particular en el ámbito de la integración. En la actualidad, este trabajo se lleva a cabo bajo el Programa INTI. En 2004, a este programa se le asignaron 6 millones de euros, pero se recibieron 158 solicitudes de becas cuya suma total ascendía a 42,58 millones de euros. Solicita un incremento sustancial de la financiación de este programa para el periodo 2007–2013.

1.16

Valora positivamente la intención de la Comisión Europea de emprender un amplio proceso de consultas sobre la admisión de los migrantes laborales. El Libro Verde «El planteamiento de la UE sobre la gestión de la inmigración económica» (COM(2004) 811 final) se publicó en 2005. Considera que su participación será muy importante habida cuenta de los posibles efectos que tiene la migración en los mercados laborales regionales y en los servicios que prestan los entes regionales y locales.

1.17

Coincide con el estudio cuando afirma que «el refuerzo de la integración de los nacionales de terceros países que residen legalmente en los Estados miembros es un objetivo esencial para la política de inmigración de la UE», lo que se alcanza mediante la integración en el mercado laboral, las facilidades para la movilidad de los nacionales de terceros países en la UE y el reconocimiento de las cualificaciones de nacionales de terceros países.

1.18

Acoge con satisfacción el principio de movilidad establecido en la Directiva sobre la situación de los residentes a largo plazo (noviembre de 2003). En esta Directiva se introducen derechos para la movilidad de quienes hayan residido en la UE más de cinco años, y se facilita la movilidad de los nacionales de terceros países mediante una ampliación del Reglamento 1408/71. Se muestra de acuerdo con la concesión de un cierto grado de movilidad en las propuestas de la Comisión relativas a la admisión de estudiantes e investigadores extranjeros.

1.19

Recalca la necesidad de contratar a un mayor número de investigadores en la UE para poder cumplir los objetivos de Lisboa. El Comité considera que este ámbito de contratación constituirá un test importante de cara al desarrollo de una política de migración de la UE y de su capacidad para resolver la carencia de trabajadores cualificados. En su Comunicación al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a la admisión de nacionales de terceros países a efectos de investigación científica (COM(2004) 178 final), la Comisión Europea calculaba que se necesitarán 700 000 investigadores más antes de 2010 si la UE pretende cumplir sus objetivos de Lisboa.

1.20

Señala que el Consejo de Justicia e Interior decidió en noviembre de 2004 aplicar un enfoque global a esta Directiva. Si bien este enfoque incluye el reconocimiento de las cualificaciones y las condiciones laborales y fiscales, no parece contemplar una mitigación de las condiciones de admisión para las familias de los investigadores con contratos de duración limitada. El Comité considera que se trata de un factor clave para atraer a los investigadores, y situaría a los Estados miembros de la UE al mismo nivel de otros países, como Estados Unidos y Canadá.

1.21

Hace hincapié en la importante función que desempeñan la Estrategia Europea de Empleo y el Fondo Social Europeo a la hora de proporcionar unas competencias en materia de formación y empleo que resultan cruciales para integrar a los inmigrantes más recientes. La integración en el mercado laboral de los grupos desfavorecidos ha sido un tema central de la Estrategia Europea de Empleo al objeto de mantener la oferta de mano de obra, maximizar la adaptabilidad y responder a la escasez de mano de obra de carácter sectorial y regional. El objetivo de las nuevas directrices de empleo de la UE estriba en reducir las diferencias existentes a este respecto entre los nacionales de la UE y los nacionales de terceros países, que se cifraban en un 11,7 % en 2002. En el estudio no se hace ninguna mención de las actividades del Fondo Social Europeo encaminadas a fomentar la integración de los inmigrantes en el mercado de trabajo y la labor innovadora que llevan a cabo los entes locales y regionales en este ámbito.

1.22

Toma nota de las conclusiones que arroja el estudio sobre la eficacia de las medidas de regularización, tanto desde el punto de vista de los inmigrantes como del de los Estados miembros, y considera que las medidas de regularización a gran escala no suelen ser el medio más apropiado para resolver los problemas de la inmigración irregular. Ahora bien, la regularización individual caso por caso puede ser un instrumento útil cuando se tengan que abordar muchos ejemplos de inmigración irregular.

1.23

Está de acuerdo con las conclusiones del estudio al declarar que se «justifica que las regularizaciones no deberían considerarse una manera de gestionar los flujos de migración, puesto que, en realidad, a menudo parecen la consecuencia negativa de la política de migración», pero, una vez que los inmigrantes han arraigado en las comunidades locales, la regularización podría ser necesaria –previo examen individual de cada caso– para sacar a estas personas de la economía sumergida, incrementar los ingresos fiscales y promover la cohesión social. A este respecto revisten gran interés las observaciones recogidas en un informe de la Cámara de los Lores (8).

1.24

Coincide con el informe de la Cámara de los Lores cuando afirma que es inevitable algún tipo de regularización a largo plazo de los inmigrantes ilegales si se desea evitar la aparición de una subclase, cada vez mayor, de personas en situación irregular y vulnerables a la explotación. El informe de la Cámara de los Lores hace hincapié en la necesidad de reducir al mínimo los factores «de presión» que implica una regularización y sugiere que, en cierta medida, esto es posible llevando a cabo un examen individualizado de cada caso en lugar de recurrir a un indulto a gran escala. Por último, la Cámara de los Lores opina que los indultos pueden «ofrecer una oportunidad poco común para obtener datos fiables sobre las dimensiones y las particularidades de la población inmigrante ilegal» (9).

1.25

Constata las numerosas modalidades de inmigración ilegal y las dificultades que plantea la elaboración de estudios en este ámbito. No obstante, considera que es necesario investigar más los distintos perfiles del inmigrante ilegal para permitir una formulación más eficaz de las políticas. A este respecto, es importante hacer una distinción entre:

1.26

Coincide con el estudio en que el desarrollo de una política comunitaria de repatriación, el establecimiento de importantes acuerdos de cooperación con los países de origen y la transformación del trabajo no declarado en empleo regular constituyen cuestiones fundamentales en la lucha contra la inmigración irregular.

1.27

Valora positivamente las propuestas recogidas en el estudio por lo que respecta al desarrollo de una política comunitaria de repatriación. El Consejo Europeo llegó a un acuerdo en noviembre de 2002 sobre una propuesta de Programa de Acción sobre el Retorno, por lo que es necesario acelerar los esfuerzos encaminados a su aplicación.

1.28

Se muestra de acuerdo con el estudio cuando afirma que «la cooperación de los terceros países es vital para reducir los flujos de migración ilegal» y coincide con las recientes conclusiones de los Consejos Europeos en las que se ha subrayado «la necesidad de un enfoque global de la migración, abordando los derechos humanos y las cuestiones políticas y de desarrollo en los países de origen y tránsito».

1.29

Apoya el efecto sinérgico que, como se señala en el estudio, existe entre la migración y las políticas de desarrollo, y considera que la política de desarrollo puede mejorar las condiciones económicas y sociales en los terceros países, con lo que se reducirían los factores «de presión» que llevan a emigrar a la UE.

1.30

Hace hincapié en la necesidad de que la Unión Europea promueva activamente iniciativas conjuntas con los países vecinos mediante programas como el nuevo instrumento de vecindad, TACIS, MEDA, ENCAS e Interreg. Es importante crear un «círculo de amistades» para llevar la paz y la solidaridad a los nuevos países fronterizos de la UE tras la reciente ampliación. La Unión Europea debe trabajar conjuntamente con estos países para mejorar su situación económica y social y reducir factores «de presión» como un elevado índice de desempleo, un bajo nivel salarial, la falta de democracia o la delincuencia organizada. Uno de los ámbitos prioritarios de cooperación será la gestión de la migración. Algunos países vecinos han desarrollado planes de acción dirigidos específicamente a la migración irregular, y la UE se muestra dispuesta a apoyar su aplicación, así como las acciones contra la inmigración irregular de aquellos países que preparen tales planes.

1.31

Resalta el papel fundamental que desempeñan los entes locales y regionales en programas como TACIS, MEDA, ENCAS e Interreg, y recuerda a la Comisión y a los Estados miembros que estos mismos entes también deberán desempeñar un papel crucial en el desarrollo de los programas sucesivos.

1.32

Valora muy positivamente las propuestas relativas al nuevo instrumento de vecindad, aunque le produce decepción el hecho de que este instrumento (que es objeto de un dictamen específico del Comité de las Regiones) no contemple un papel más importante de los gobiernos locales y regionales, sobre todo si se tiene en cuenta que muchos de los ámbitos políticos incluidos en dicho instrumento se corresponden con competencias asumidas por los entes locales y regionales.

1.33

Se muestra de acuerdo con el estudio cuando resalta la necesidad de atajar el mercado laboral no regulado y la economía sumergida, señalando que «en la UE, se calcula que a la economía sumergida corresponde entre el 7 y el 16 % del PIB de la UE, aunque esta cifra no se debe en su totalidad a los migrantes ilegales». Es necesario transformar el trabajo no declarado en empleo regular, objetivo que se ha incluido entre las diez prioridades de las directrices de empleo de 2003. Algunos Estados miembros han esbozado medidas especiales para los trabajadores extranjeros y los migrantes en situación irrregular en sus planes de acción nacionales en materia de empleo para 2003, y el Comité acoge positivamente que el Programa de La Haya inste a los Estados miembros a cumplir los objetivos de reducción del mercado ilegal de trabajo establecidos en la Estrategia Europea de Empleo.

1.34

Destaca la necesidad de ayudar más a las regiones fronterizas ya que en comparación con las demás regiones, se ven afectadas en mayor medida por la entrada irregular y apoya la creación de un cuerpo europeo de fronteras y de un sistema de detección precoz, con vistas al logro de una gestión común eficaz de las fronteras exteriores de la Unión; señala, además, que deberían promoverse en mayor medida la cooperación judicial y la cooperación entre los cuerpos de policía tanto a nivel central como a nivel regional y local.

2.1

Recuerda a las instituciones de la UE la importante función que desempeñan los entes locales y regionales en la integración de los inmigrantes y, habida cuenta de esta circunstancia, resalta el papel fundamental que desempeñan dichos entes en algunas de las iniciativas incluidas en el estudio. Entre estas iniciativas cabe mencionar el intercambio de experiencias sobre medidas relacionadas con la integración, el desarrollo de programas como el nuevo instrumento de vecindad y los programas que sucedan, entre otros, a TACIS e Interreg, por lo que recomienda la plena participación de los entes locales y regionales en estos programas.

2.2

Estima que se debe brindar más oportunidades para intercambiar experiencias y buenas prácticas e impulsar otras actividades como la revisión del grupo inter pares en el ámbito de la política de inmigración, señala que esto es posible mediante la aprobación del método abierto de coordinación en el desarrollo de una política de inmigración de la UE y pide al Consejo Europeo que apruebe las propuestas de la Comisión Europea al respecto.

2.3

Solicita a la Comisión Europea que instituya un grupo compuesto por personal de aquellas direcciones generales cuyas políticas y acciones afecten a los nacionales de terceros países para permitir una integración y coordinación efectivas de las actividades ya existentes.

2.4

Pide que se publique un programa de investigación de la Comisión Europea para colmar las lagunas que se señalan en el estudio por lo que respecta a la investigación.

2.5

Solicita un incremento sustancial de los recursos del programa INTI, de modo que los entes locales y regionales puedan participar en un mayor número de proyectos transnacionales relacionados con la integración de los inmigrantes y financiados por la UE.

2.6

Hace hincapié en el importante papel que reviste la inmigración con vistas a solventar la carencia de trabajadores cualificados y solicita al Consejo Europeo que desarrolle iniciativas políticas eficaces a este respecto, incluida la contratación de nacionales de terceros países a efectos de investigación científica.

2.7

Subraya la posibilidad de fomentar adecuadas políticas de desarrollo en terceros países, y considera importante que los estudios sobre migraciones tengan en cuenta las nuevas características de los flujos migratorios, como su feminización, siendo de gran importancia para la formulación y aplicación de políticas en materia de inmigración.

2.8

Solicita la plena participación de los entes locales y regionales en el desarrollo de unos datos fiables y comparables en la UE.

2.9

Acoge con satisfacción la intención de la Comisión Europea de emprender un amplio proceso de consultas sobre el Libro Verde «El planteamiento de la UE sobre la gestión de la inmigración económica» (COM(2004) 811 final) y recuerda a la Comisión que todo el proceso deberá someterse a consulta del CDR y de los entes locales y regionales.

2.10

Considera que es necesario emprender urgentemente medidas para un mayor desarrollo de la Red Europea de Inmigración y el Observatorio, contando, también en este caso, con la plena participación de los entes locales y regionales.

2.11

Muestra su preocupación por la lentitud que muestra el Consejo Europeo en la creación de una política de la UE en materia de inmigración y en la aplicación de las acciones derivadas del Consejo Europeo de Tampere de 1999. Habida cuenta de estas inquietudes, recalca la necesidad de adoptar rápidamente una decisión sobre las diversas cuestiones recogidas en el Programa de la Haya

20.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 231/55

1)

considerando que, para encontrar soluciones duraderas, se debe mejorar el reparto de competencias entre los Estados miembros en materia de entrada organizada en la UE de personas necesitadas de protección internacional e incrementar la capacidad de protección de los países de origen con vistas a definir y aplicar en todos los Estados miembros una política común en materia de refugiados,

2)

considerando que, para alcanzar dicho objetivo, los Estados miembros y las regiones concernidas –incluidos los países o regiones de origen y de tránsito– deben recibir los fondos necesarios, teniendo especialmente en cuenta la ampliación de la UE y las necesidades que experimentan los nuevos Estados miembros,

1.1

respalda la propuesta de la Comisión Europea sobre la entrada organizada en la UE de personas necesitadas de protección internacional y el incremento de la capacidad de protección de las regiones de origen — Mejora del acceso a soluciones durables y, en particular, los programas comunitarios de protección regional, que mejoran la capacidad de protección de los países de las regiones de origen (países vecinos y de tránsito),

1.2

señala la necesidad de seguir las recomendaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en cuanto a la persecución por motivo de género como una de las causas para el reconocimiento de la condición de refugiado,

1.3

acoge favorablemente la intención de la Comisión Europea de hacer que los países de tránsito participen en su enfoque de acercamiento a las personas necesitadas de protección internacional, pero considera que se debe prestar más atención a dichos países de tránsito en lo que se refiere al cometido de las regiones y a la prestación de la asistencia que necesitan,

1.4

insiste en que los efectos de la acogida de personas necesitadas de protección internacional resultan más evidentes en el ámbito local, concretamente en las comunidades a las que llegan. En consecuencia, resulta esencial que los entes locales y regionales participen en la toma de decisiones relativas a la acogida e integración de los solicitantes de asilo y refugiados,

1.5

hace especial hincapié en el cometido esencial que desempeñan los entes locales y regionales en el ejercicio de su responsabilidad en materia de acogida de personas necesitadas de protección internacional y de acciones para fomentar la integración. En consecuencia, lamenta que en su propuesta la Comisión Europea no prevea realizar consultas suficientemente amplias a los entes locales y regionales con vistas a planificar la ejecución del programa y a adoptar las decisiones relativas a su financiación. La propuesta no garantiza suficientemente que los interlocutores locales y regionales puedan participar en el desarrollo de buenas prácticas en relación con las acciones comunitarias,

1.6

considera importante, en este sentido, garantizar una mayor coherencia e integración entre los objetivos, los instrumentos y los procedimientos de las políticas internas y externas, en particular por lo que respecta a los problemas de carácter transfronterizo;

1.7

llama la atención sobre la circunstancia de que la cooperación y la acción conjunta de los entes locales y regionales de que se trate –incluidos los entes locales y regionales de los Estados miembros de acogida, los países de origen y los países de tránsito– pueden contribuir notablemente a respaldar a las personas necesitadas de protección internacional,

1.8

considera necesario analizar y estudiar más detenidamente el programa comunitario de reasentamiento a la luz de su posible impacto social en las zonas menos desarrolladas de los Estados miembros o regiones de que se trate y que acusan una alta tasa de desempleo, en particular en lo que respecta a sus mercados laborales,

1.9

reconoce la importancia de la política comunitaria de apoyo a las poblaciones de las regiones y los países pobres menos desarrollados, pero, por otra parte, hace hincapié en la importancia de un tratamiento equitativo para todos los ciudadanos de la UE a fin de que las medidas adoptadas en el marco del programa de reasentamiento cuenten con un mayor apoyo por parte de los ciudadanos,

1.10

propone que la Comisión Europea, en colaboración con las ONG y otras partes interesadas, emprendan un estudio más detallado sobre las cuestiones jurídicas que ello plantea, con vistas a establecer criterios objetivos y uniformes que permitan determinar los casos de las personas necesitadas de protección internacional para su reasentamiento y, en consecuencia, garantizar la salvaguarda de los derechos humanos y la no discriminación, así como la asistencia jurídica que necesitan los países y regiones de acogida. También considera importante garantizar la integración en el mercado laboral de aquellos refugiados que lleguen a los Estados miembros en el marco de un programa de reasentamiento para que gocen de los mismos derechos que todos los ciudadanos de la UE.

2.1

acoge favorablemente la Comunicación de la Comisión como base adecuada para futuras evaluaciones, pero considera que es necesario llevar a cabo análisis y estudios adicionales, en particular por lo que se refiere al programa comunitario de reasentamiento, y, por tanto, recomienda ampliar el plazo para presentar al Consejo la propuesta de programa de reasentamiento con vistas a preparar el documento con mayor detenimiento,

2.2

pide una mayor participación de los entes locales y regionales en la elaboración y la puesta en marcha de las políticas de inmigración y de asilo, para lo que deberán contar con el apoyo financiero necesario,

2.3

propone que se analice la posibilidad de ampliar la financiación que se concede en el marco de la política de cooperación regional y de la política de nueva vecindad, que corresponde al tercer objetivo de los Fondos Estructurales para el período 2007-2013, de manera que cubra las referidas tareas, y aboga por una coordinación eficaz entre los programas multilaterales conjuntos realizados en el marco de este objetivo y los planes de acción bilaterales que se pondrán en marcha en virtud de la política de vecindad,

2.4

dada la relevancia del fenómeno migratorio en la zona mediterránea, se propone que en futuras convocatorias de programas destinados a la regulación de los flujos migratorios, como el Programa AENEAS, se sigan considerando prioritarios los proyectos encaminados a la intervención en esta área,

2.5

pide que, a la hora de aplicar el programa comunitario de reasentamiento, se garantice la igualdad de trato entre los refugiados que se reinstalen en los Estados miembros y todos los ciudadanos de la UE,

2.6

se muestra a favor de la aplicación de las Conclusiones de la Presidencia sobre el Programa de La Haya y considera oportuno invitar a los entes locales y regionales a participar en el proyectado diálogo intercultural entre todos los miembros de la sociedad mediante foros y actividades comunes destinados a mejorar la comprensión mutua con respecto a todos los ámbitos políticos relacionados con la integración.

20.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 231/58

1)

Considerando que, a la luz de la política europea de vecindad, el CDR debe intentar ampliar sus actividades de relaciones exteriores, con arreglo a sus recursos y cometido institucional, no sólo a los Estados en vías de adhesión, sino también, aunque no de manera exclusiva, a los países que figuran en la política europea de vecindad;

2)

Considerando que la prioridad del CDR respecto de las relaciones exteriores debe seguir centrándose en los entes regionales y locales de los países solicitantes actuales;

3)

Considerando que el CDR debe asimismo dar alta prioridad, en el marco de la política de vecindad, al diálogo y la cooperación con todos los países situados en las fronteras septentrionales, orientales y meridionales de la UE;

1.1.1

acoge con satisfacción este documento importante y necesario de la Comisión Europea, dado que ofrece una posibilidad real y genuina de determinar y mejorar las relaciones entre la Unión Europea y los países vecinos;

1.1.2

reconoce que, tras la reciente ampliación de la Unión Europea y los consiguientes cambios en sus fronteras exteriores, esta política constituye un paso oportuno y positivo destinado a compartir los beneficios de la ampliación de la UE con los países vecinos mediante el refuerzo de la estabilidad, la seguridad y el bienestar de todas las partes afectadas;

1.1.3

comparte la opinión de que la política europea de vecindad ayudará a reforzar las relaciones entre la UE y los países vecinos y evitar la aparición de nuevas líneas divisorias entre ellos;

1.1.4

subraya que la política europea de vecindad permite mejorar la relación entre la UE y sus países vecinos, pero es distinta del proceso de ampliación y debe considerarse desde este punto de vista;

1.1.5

destaca la importancia de la función que los entes regionales y locales tienen que desempeñar en este proceso y manifiesta su preocupación por la falta de toda mención importante y de un papel concreto de dichos entes dentro de esta política;

1.1.6

comparte la opinión de que esta política animará a los países vecinos a participar en diversas actividades de la UE gracias a una mayor cooperación en los ámbitos de la política, la seguridad, la economía y la cultura;

1.1.7

considera que la política europea de vecindad aspira a respaldar los esfuerzos por un mayor respeto de los derechos humanos, la consolidación de la sociedad civil y el desarrollo de la buena gobernanza en estos países;

1.1.8

valora positivamente, en este contexto, los últimos acontecimientos políticos en Ucrania y Georgia. La política europea de vecindad debe apoyar activamente a esos países en su camino hacia una mayor democracia y una economía de mercado;

1.1.9

acepta que la política europea de vecindad intenta mejorar las relaciones comerciales y el desarrollo económico entre la UE y los países vecinos;

1.1.10

reconoce la importancia de la política europea de vecindad para fomentar una cooperación más estrecha entre los países destinatarios y la UE para luchar contra el terrorismo, la inmigración ilegal y la delincuencia transfronteriza, incluidos el tráfico de estupefacientes y de seres humanos;

1.1.11

apoya los esfuerzos, en los países de la política europea de vecindad con distintas minorías étnicas, para encontrar soluciones innovadoras que fomenten la coexistencia y el respeto de los principios fundamentales universalmente reconocidos.

1.2.1

destaca que los entes regionales y locales de los países de la política europea de vecindad deben desempeñar, siempre que sea posible, un papel más importante en el proceso de democratización y de descentralización;

1.2.2

subraya que, de conformidad con uno de los principios fundamentales de la Unión, como es el de subsidiariedad, que permite optar por el nivel más adecuado de gestión, los entes regionales y locales desempeñan un papel esencial y único en este ámbito ya que pueden lograr unas relaciones duraderas y correctamente orientadas;

1.2.3

señala que el planteamiento de abajo arriba es eficaz para impulsar el proceso de democratización;

1.2.4

añade que los entes regionales y locales constituyen en la práctica un buen aprendizaje democrático para los ciudadanos y, por lo tanto, desempeñan un papel importante para garantizar el funcionamiento correcto de las democracias;

1.2.5

resalta la importancia de desarrollar y consolidar los entes locales mediante la cooperación transfronteriza y un mayor uso de los intercambios y conocimientos compartidos con las eurorregiones existentes, como una de las formas de lograr los objetivos establecidos en el plan de acción de cada país;

1.2.6

pone de relieve las dificultades que experimentan los entes regionales y locales de los países englobados en la política europea de vecindad a la hora de tomar las medidas necesarias para adaptar sus estructuras administrativas a las estructuras europeas;

1.2.7

desea compartir con los países enumerados en la política europea de vecindad la experiencia adquirida por sus miembros en sus contactos con los entes regionales y locales de los países candidatos durante el proceso de ampliación;

1.2.8

considera que los entes regionales y locales constituyen el nivel más adecuado para la cooperación descentralizada con los países socios;

1.2.9

recuerda los ámbitos en los que la experiencia de los entes regionales y locales puede ofrecer una contribución más valiosa a estos países:

1.2.10

recuerda que los entes regionales y locales disponen de un margen de actuación que completa y supera los límites tradicionales de la cooperación entre los gobiernos centrales. De hecho, la política europea de vecindad que propone la Comisión puede ser realmente eficaz en este nivel;

1.2.11

destaca que las prácticas de cooperación descentralizada que se han desarrollado en los últimos años han puesto de relieve la responsabilidad que asumen los entes locales en su papel de catalizador de nuevos procesos de cooperación.

1.3.1

señala que los países englobados en la política europea de vecindad presentan un desarrollo económico, social y político diferente y, además, no ocupan la misma posición de partida en sus relaciones con la UE;

1.3.2

considera que son necesarios entes locales y regionales fuertes elegidos por sufragio universal y responsables ante los ciudadanos para lograr sociedades verdaderamente democráticas y espera que la entrada en vigor, en 2006, de la legislación federal sobre las competencias de los entes locales y regionales rusos constituirá un paso positivo hacia la posible cooperación entre los entes descentralizados de la UE y Rusia, sobre todo porque delimitará el reparto de competencias en materia de cooperación transfronteriza;

1.3.3

manifiesta su preocupación por la falta de referencias directas en la política europea de vecindad a los problemas actuales de Kaliningrado, aunque reconoce que el asunto se aborda de forma adecuada en otros documentos y actividades de la Comisión;

1.3.4

acoge favorablemente la decisión de incluir el Cáucaso meridional, formado por Armenia, Azerbaiyán y Georgia, en la política europea de vecindad;

1.3.5

acoge con satisfacción, asimismo, el compromiso de la UE de «apoyar los esfuerzos creíbles, concretos y sostenidos, particularmente en los ámbitos prioritarios que acaban de mencionarse, con la aportación de medios de asistencia adicionales» (4).

1.4.1

respalda la idea de que un plan de acción global acordado de forma conjunta entre los países socios y la UE es la manera más eficaz de lograr los objetivos de la política europea de vecindad;

1.4.2

se muestra de acuerdo en que la ambición y el ritmo de desarrollo de la relación de la UE con cada país socio dependerán de su grado de compromiso con los valores comunes, así como de su voluntad y capacidad para aplicar las prioridades acordadas en el plan de acción;

1.4.3

pone de relieve la importancia de centrar enormes esfuerzos en la reducción de la pobreza y de abordar la corrupción considerada como un obstáculo significativo para las reformas en muchos países destinatarios de la política europea de vecindad;

1.4.4

considera que habría sido beneficioso que cada plan de acción incluyera un capítulo específico sobre el papel de los entes regionales y locales en el país socio correspondiente, en el que se señalaran objetivos precisos sobre la función de los entes locales y sobre la forma en que cada país socio pretende realizar la descentralización de competencias y reforzar a los entes regionales y locales. Esta aspiración debe enviarse a la Comisión con el fin de que dicho capítulo específico se incluya en la próxima serie de planes de acción;

1.4.5

considera que sus miembros deben desempeñar una función importante en el análisis y debate de los fondos concedidos a cada país socio, especialmente a la luz de la afirmación que se recoge en el Documento de estrategia sobre esta política: «La Comisión ha propuesto que los fondos actuales o futuros aumenten de manera significativa en el contexto de las nuevas perspectivas financieras, de conformidad con la prioridad concedida a la política europea de vecindad por parte de la UE». Además, el nuevo mecanismo simplificado de financiación, que se prevé adoptar en 2007, hace que este análisis y debate sea una prioridad.

1.5.1

apoya el nuevo sistema simplificado de financiación que se propone: el Instrumento Europeo de Vecindad;

1.5.2

considera que la Comisión debe facilitar de forma prioritaria más información y detalles técnicos sobre el funcionamiento práctico del Instrumento, su gestión y su supervisión.

2.1

estima que la experiencia de sus miembros puede ser útil para impulsar la democracia regional y local, indispensable para la estabilidad política de los países afectados;

2.2

recomienda que, con el fin de superar las dificultades que afrontan los entes regionales y locales en los países de la política europea de vecindad, el CDR desarrolle mecanismos adecuados para fomentar el diálogo y la transmisión de información de forma directa;

2.3

recomienda que todo país que realice las reformas necesarias para situarse en la senda de la democracia y la celebración de elecciones libres y justas debe beneficiarse plenamente de la política europea de vecindad;

2.4

recomienda que la política europea de vecindad ofrezca la perspectiva de nuevos acuerdos contractuales con los países socios que podrían adoptar la forma de Acuerdos Europeos de Vecindad. Su alcance se definiría a la luz de los avances en el cumplimiento de las prioridades fijadas en los planes de acción;

2.5

propone que se supervisen los planes de acción mediante las estructuras existentes dentro de los diversos Acuerdos de Colaboración y Cooperación o de Asociación, con la presentación de informes intermedios formales entre dos y cinco años después de la adopción de los planes de acción;

2.6

recomienda a la Comisión Europea que, al igual que en la ampliación, sus miembros ejerzan un papel esencial en la evaluación de los avances de los planes de acción y se centren, sobre todo, en las medidas para capacitar y modernizar a los entes regionales y locales;

2.7

recomienda que en la próxima serie de planes de acción para cada país vecino se incluya un capítulo específico sobre el papel de sus entes regionales y locales en el que se señalen objetivos precisos sobre la función de los entes locales y sobre la forma en que cada país socio pretende realizar la descentralización de competencias, junto con un calendario claro y transparente para alcanzarlos;

2.8

considera que todo plan de acción debe basarse en una implicación conjunta, de forma que las prioridades se basen en incentivos económicos claros y creíbles para fomentar un cambio positivo que facilite la especificación de la asistencia técnica;

2.9

cree que es urgente y fundamental mejorar y modernizar los entes regionales y locales de los países englobados en la política europea de vecindad, incluida una mejora radical respecto de la celebración de elecciones libres y justas, los valores democráticos y las libertades políticas a escala local, por lo que recomienda que la Comisión ponga en marcha un programa específico dentro del plan de acción de cada país vecino para lograr dicho objetivo (véase el anexo);

2.10

recomienda que en el nuevo sistema simplificado de financiación propuesto, el Instrumento Europeo de Vecindad, se considere de manera especial un instrumento financiero específico que se adapte a la cooperación descentralizada y se destine a los entes regionales y locales para ayudarles a modernizar y reformar sus funciones en los países vecinos;

2.11

recomienda que la Comisión Europea brinde al Comité y sus miembros la posibilidad de ejercer un papel esencial y activo en la evaluación y debate de los nuevos instrumentos europeos de vecindad;

2.12

recomienda que, con el fin de facilitar este proceso, se celebre una conferencia en 2006 con la participación de representantes de los entes regionales y locales de todos los países que figuran en la política europea de vecindad, sin excluir la posibilidad de organizar cuatro conferencias independientes destinadas a la región mediterránea, la región del Báltico y los demás países de Europa Oriental y de Oriente Medio por separado.

20.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 231/67

1)

Considerando que la propuesta de Reglamento depende de un acuerdo entre los Estados miembros sobre las perspectivas financieras (véase supra);

1.1

acoge favorablemente este Instrumento como respuesta a las solicitudes de mayor flexibilidad y sencillez en el sistema de ayuda a la preadhesión y como una herramienta mejorada para reducir las distancias entre preadhesión y adhesión;

1.2

reconoce la experiencia adquirida gracias a anteriores instrumentos de adhesión y, por tanto, acoge favorablemente la creación de un marco único de ayuda a la preadhesión para los países candidatos y los países candidatos potenciales como medio para racionalizar la ayuda y mejorar la coordinación entre los distintos componentes de la ayuda;

1.3

reconoce que las ayudas a la preadhesión y la tradicional ayuda al desarrollo se diferencian en que la ayuda a la preadhesión (a) tiene por objeto la adhesión a corto o a medio plazo y (b) pretende preparar a los países para el período posterior a la adhesión. El objetivo global de la ayuda a la preadhesión es una alineación progresiva con las normas y las políticas de la Unión Europea;

1.4

acoge favorablemente la decisión de prestar ayuda a la preadhesión tanto a los países candidatos como a los países candidatos potenciales. Ambos grupos tendrán acceso a los siguientes componentes:

Los países candidatos tendrán acceso, además, a los siguientes componentes:

1.5

acoge favorablemente la reducción del número de líneas presupuestarias que cubren la ayuda de preadhesión, puesto que permitirá una mayor flexibilidad para responder a las necesidades de los países candidatos y los candidatos potenciales;

1.6

considera equilibrada la propuesta según la cual la gestión de la ayuda a los países candidatos puede incluir la gestión descentralizada, mientras que la ayuda a los países candidatos potenciales seguirá gestionándose de forma centralizada;

1.7

acoge favorablemente la fusión de las líneas presupuestarias asignadas por la DG Política Regional y la DG Ampliación para la cooperación transfronteriza, que permitirá un sistema más flexible con una única autoridad de gestión;

1.8

acoge con satisfacción la agilización y mejor coordinación de la ayuda a la preadhesión para los países candidatos y los países candidatos potenciales y a las instituciones democráticas de esos países, incluidos los entes locales y regionales.

2.1

subraya que el alcance de la ayuda propuesta incluye numerosos ámbitos en los que los entes locales y regionales tienen experiencia y, por tanto, pueden desempeñar una importante función, como:

2.2

recomienda que los entes locales y regionales de la Unión Europea ofrezcan una amplia gama de conocimientos técnicos en los ámbitos de ayuda enumerados en el punto 1.4 supra que podrían aplicarse, por ejemplo, mediante el intercambio de información, los programas de asistencia técnica o la colaboración en conferencias con el fin de familiarizar con el acervo comunitario a los entes locales y regionales de los países candidatos y los países candidatos potenciales;

2.3

insta a los entes locales y regionales a aprovechar la oportunidad brindada en el artículo 16 de participar en las licitaciones y los contratos para la puesta en marcha de los programas de ayuda de conformidad con este Instrumento;

2.4

sugiere que la Comisión Europea realice un seguimiento y una evaluación periódicos del IPA. Cuando se aborden asuntos regionales y locales deberá realizarse con la colaboración del Comité de las Regiones. Ello mejoraría la gestión de los proyectos a fin de cubrir las necesidades reales de ambas partes, esto es, la UE y los países candidatos o los países candidatos potenciales.

20.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 231/69

1.1

acoge positivamente la iniciativa de la Comisión de modificar la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo en este momento, ya que se necesita urgentemente resolver una serie de cuestiones relacionadas con su interpretación y aplicación en los Estados miembros;

1.2

recuerda a la Comisión, al Parlamento y al Consejo que los entes locales y regionales de la Unión Europea son empleadores importantes que desempeñan una función de primer orden en la gestión de servicios públicos como la asistencia social, los servicios sanitarios y la protección civil;

1.3

expresa su preocupación por el hecho de que, de no encontrarse una solución satisfactoria, se agudizarán los problemas actuales de escasez de mano de obra cualificada en los sectores de asistencia social y sanitaria de toda la UE, lo que a corto plazo provocará un incremento de la migración económica desde los nuevos Estados miembros y los países más pobres hacia los Estados miembros más antiguos para trabajar en estos sectores, y ello en detrimento, a corto y largo plazo, de los sectores de asistencia social y sanitaria en los nuevos Estados miembros y en terceros países de rentas más bajas;

1.4

considera que, aun reconociendo los aspectos técnicos que plantea la regulación del tiempo de trabajo, ésta también tiene implicaciones para el tipo de sociedad en que anhela convertirse Europa, y estima que, ahora que se persigue en Europa impulsar el carácter empresarial, la creatividad y una ciudadanía activa sin dejar de ofrecer a las personas un mejor equilibrio entre la vida laboral y la personal, la regulación del tiempo de trabajo influye en todas estas aspiraciones y, por consiguiente, deberá considerarse también en este contexto;

1.5

reconoce que la propuesta de la Comisión relativa a la definición del tiempo de trabajo supone un esfuerzo por acabar con la incertidumbre jurídica ocasionada por las sentencias del TJCE en los asuntos Jaeger y SIMAP. La legislación europea debe poder garantizar que el tiempo de atención continuada siga siendo un factor determinante en la capacidad de proveer servicios residenciales continuados y de calidad, incluidos los destinados a los adultos y niños vulnerables;

1.6

reconoce que la vuelta a la situación previa a las sentencias SIMAP y Jaeger tiene un posible efecto negativo, pues podría haber modelos de organización del trabajo en los que los trabajadores se vieran obligados a pasar en su lugar de trabajo períodos prolongados de atención continuada lo que, si no se gestiona correctamente, podría tener repercusiones para la salud y la seguridad de estos trabajadores e incluso para las de otras personas (clientes, público), y dificultar las posibilidades de aquellos de conciliar vida laboral y vida familiar;

1.7

señala no obstante que la Directiva relativa a la ordenación del tiempo de trabajo es una medida de protección de la salud y la seguridad destinada a establecer límites en el horario laboral, con el fin de lograr un equilibrio entre trabajo y descanso; no se trata de una medida destinada a establecer nuevas condiciones en materia de empleo, como ocurre con los acuerdos destinados a fijar unas determinadas pautas horarias o las compensaciones financieras correspondientes. Estas medidas deben acordarse de forma individual o colectiva, de conformidad con las prácticas y los procedimientos de los distintos Estados miembros o los sectores laborales según convenga. Por otra parte, independientemente del ritmo de trabajo previsto, el empleador es responsable de la salud y la seguridad de los trabajadores y deberá adoptar las medidas necesarias para garantizar que su salud y su seguridad no se vean perjudicadas;

1.8

supone que, actualmente, la extensión del período de referencia utilizado para el cálculo del promedio semanal de horas laborales solo es posible en un número limitado de lugares de trabajo en los que existen excepciones o si puede celebrarse un convenio colectivo a tal fin. Por ello, el Comité se pronuncia en favor de que se adopte con celeridad un enfoque anual de las horas de trabajo, especialmente en los sectores sujetos a grandes variaciones estacionales de la demanda de sus productos o servicios. Ello sería una contribución importante a la mejora de la competitividad;

1.9

constata que la norma aplicable para el cálculo del tiempo de trabajo medio de los trabajadores con contratos de corta duración es la misma que la aplicada en la actualidad a los trabajadores que trabajan periodos inferiores al periodo de referencia normal de cuatro meses;

1.10

señala que la propuesta sobre la disposición relativa al descanso compensatorio suprime la obligación impuesta por la sentencia del TJCE en el asunto Jaeger de que los períodos de descanso compensatorio se concedan de forma inmediata, lo que resuelve la confusión creada a raíz de dicha sentencia. En la mayoría de los casos, se considera razonable un plazo de 72 horas para conceder el descanso compensatorio;

1.11

observa que la propuesta de la Comisión mantendría el derecho de los trabajadores a firmar un acuerdo de no aplicación del tiempo máximo de 48 horas semanales de promedio en los Estados miembros que conserven esta posibilidad, pero que en algunos lugares de trabajo esta opción dependería de los acuerdos colectivos. En caso de que este aspecto de la propuesta siga adelante, convendría clarificarlo ya que, de acuerdo con esta disposición, en los lugares de trabajo no sujetos a un acuerdo colectivo un trabajador también podría optar por firmar un contrato de no aplicación. Por consiguiente, no está suficientemente claro en qué circunstancias exactas se ofrece esta posibilidad. A título de ejemplo, podría destinarse exclusivamente a los pequeños empresarios de los Estados miembros que tradicionalmente no disponen de amplias estructuras de negociación colectiva, como el Reino Unido. No obstante, también puede resultar relevante para los nuevos Estados miembros que no disponen de unos procesos de diálogo social ampliamente desarrollados, acuerdos colectivos incluidos;

1.12

coincide en que la decisión de firmar un acuerdo de no aplicación del tiempo máximo de 48 horas semanales de promedio es una elección personal de cada trabajador, que no debe sentirse presionado por su empleador. Es necesario que existan garantías adecuadas para que esto no ocurra, además de medidas destinadas a asegurar la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores que optan por firmar un acuerdo de no aplicación;

1.13

señala que muchos de los requisitos que se van a aplicar a la excepción a la norma de un máximo de 48 horas semanas de trabajo ya se aplican a la firma individual de un contrato de no aplicación en su fórmula actual, si bien algunos de esos requisitos no ofrecen a los trabajadores ninguna protección adicional clara, por lo que deben ser suprimidos o reservados a los Estados miembros;

1.14

señala que la petición de que el acuerdo de no aplicación se limite a un año y que posteriormente deba renovarse da la falsa impresión de que se ha fijado en un año la duración del acuerdo, cuando lo cierto es que el trabajador es libre de rescindir el acuerdo de no aplicación en cualquier momento;

1.15

reconoce que la disposición según la cual todo consentimiento firmado en el momento de la firma del contrato de trabajo se considerará nulo y sin efecto proporcionará cierta protección a los trabajadores que, de otro modo, podrían sentirse presionados a dar su consentimiento. Sin embargo, no hay que descartar que, al comienzo de su vida laboral con un nuevo empleador, un trabajador desee prolongar su horario para ganar más, por lo que debe clarificarse en qué momento el empleado tiene derecho a optar por la no aplicación del tiempo máximo. Este asunto reviste una especial importancia cuando los trabajadores son contratados por periodos de corta duración para hacer frente a un aumento estacional de la carga de trabajo. Dado que no hay un consenso general sobre cómo definir un período de prueba, el hecho de que un empleado no pueda firmar un contrato de no aplicación del tiempo máximo durante su período de prueba no sólo ocasionará problemas de interpretación, sino que negará al empleado la posibilidad de tener un ingreso adicional;

1.16

señala la anomalía creada por la nueva propuesta de que un empleado que firma un contrato de no aplicación, cuando haya un acuerdo colectivo que lo permita, no pueda en ningún caso exceder las 65 horas de trabajo en el transcurso de una semana, al mismo tiempo que se reconoce que se trata de un número de horas inusualmente elevado que en ningún caso constituiría la norma; esta propuesta implicaría que, mientras que un empleado que opta por la no aplicación no puede trabajar más de 65 horas en una semana, un empleado que no hace uso de esta opción, y por lo tanto está sujeto a la media máxima de 48 horas semanales, sí puede. Además, la propuesta incita a creer que el empleado de un lugar de trabajo que no cuente con acuerdo colectivo ni representación sindical y que firme un acuerdo de no aplicación a título individual no estaría sujeto al límite máximo de 65 horas de trabajo en el transcurso de una misma semana;

1.17

considera que el requisito adicional de que se lleven registros pormenorizados de las horas trabajadas por los trabajadores que han optado por la no aplicación del período máximo incrementaría la burocracia, y sería preferible que la Directiva dejase a la autoridad competente de cada Estado miembro la responsabilidad de determinar las obligaciones del empleador; dichas autoridades podrían integrar estos requisitos en la estrategia global de cada Estado miembro en materia de seguridad y salud y fijar las obligaciones de los empleadores.

2.1

que la Comisión, al Parlamento Europeo y al Consejo intenten concluir las propuestas sin demora, de modo que la Directiva sobre la ordenación del tiempo de trabajo pueda aplicarse con claridad y confianza;

2.2

que se acepte la nueva definición de tiempo de trabajo por la que se distinguen dos nuevas categorías de tiempo de trabajo: el «tiempo de atención continuada» y el «período inactivo del tiempo de atención continuada». Según esta distinción, los períodos de inactividad durante el tiempo de atención continuada (período durante el cual el trabajador debe estar disponible en su lugar de trabajo a fin de intervenir, a petición del empresario, para ejercer su actividad o sus funciones) no se considerará tiempo de trabajo, a menos que los Estados miembros decidan en otro sentido o un convenio colectivo disponga de otro modo. Los períodos durante el tiempo de atención continuada en los que los trabajadores ejerzan efectivamente su trabajo se considerarán tiempo de trabajo;

2.3

que se acepte la propuesta de la Comisión de que los Estados miembros puedan, si así lo desean, establecer un período de referencia «normal» de hasta doce meses aplicable a todos los trabajadores aunque respetando siempre que, por consideración a los trabajadores con contratos de duración determinada, cuando la duración del contrato sea inferior a un año el período de referencia no sea superior a la duración del contrato de trabajo;

2.4

que, si bien la propuesta de la Comisión –en cuanto a que cuando se deniegue a los trabajadores su derecho al descanso diario o semanal se les debe conceder períodos equivalentes de descanso compensatorio en un plazo razonable que no sea superior a 72 horas–, constituye una mejora significativa respecto de la situación actual resultante de la sentencia del TJCE en el asunto Jaeger, se tome en consideración la posibilidad de extender este plazo en el cual pueda concederse un descanso compensatorio, con el fin de tener en cuenta el amplio abanico de sectores y prácticas laborales. Asimismo, el artículo 17 debería prever la posibilidad de que ampliar el plazo cuando así lo autoricen la legislación o los convenios colectivos;