ISSN 1725-244X

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 228

European flag  

Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

48o año
17 de septiembre de 2005


Número de información

Sumario

Página

 

I   Comunicaciones

 

Consejo

2005/C 228/1

Dictamen del Consejo, de 12 de julio de 2005, en relación con el programa de estabilidad actualizado de Portugal (2005-2009)

1

 

Comisión

2005/C 228/2

Tipo de cambio del euro

5

2005/C 228/3

Anuncio de inicio de un procedimiento de investigación relativo a los obstáculos al comercio, tal como se definen en el Reglamento (CE) no 3286/94 del Consejo, que representan las medidas y las prácticas impuestas por la India al comercio de vinos y bebidas espirituosas

6

2005/C 228/4

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones ( 1 )

9

2005/C 228/5

Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones

11

2005/C 228/6

Ayuda de Estado — Francia — Ayuda de Estado C 23/2005 (ex NN 8/2004, ex N515/2003) — Ayudas en el sector de la extracción de grasas animales en 2003 — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

13

2005/C 228/7

Notificación previa de una operación de concentración (Caso no COMP/M.3884 — ADM Poland/Cefetra/BTZ) — Caso susceptible de ser tratado por procedimiento simplificado ( 1 )

20

 


 

(1)   Texto pertinente a efectos del EEE

ES

 


I Comunicaciones

Consejo

17.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/1


DICTAMEN DEL CONSEJO

de 12 de julio de 2005

en relación con el programa de estabilidad actualizado de Portugal (2005-2009)

(2005/C 228/01)

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,

Visto el Reglamento (CE) no 1466/97 del Consejo, de 7 de julio de 1997, relativo al refuerzo de la supervisión de las estrategias presupuestarias y a la supervisión y coordinación de las políticas económicas (1), y en particular su artículo 5, apartado 3,

Vista la Recomendación de la Comisión,

Previa consulta al Comité Económico y Financiero,

HA EMITIDO EL PRESENTE DICTAMEN:

(1)

El 12 de julio de 2005, el Consejo examinó el programa de estabilidad actualizado de Portugal, que abarca el período 2005-2009. El programa cumple con las exigencias en materia de datos del Código de conducta relativo al contenido y el formato de los programas de estabilidad y de convergencia (2). Sin embargo, el programa no presenta previsiones relativas a la viabilidad a largo plazo de la hacienda pública. Por consiguiente, se invita a Portugal a cumplir plenamente las exigencias en materia de datos del Código de conducta.

(2)

La actualización del programa de estabilidad se basa en la necesidad de corregir un déficit público muy superior al valor de referencia del 3 % del PIB (previsión de un déficit del 6,2 % del PIB para 2005). Esta cifra sigue a un déficit del 2,9 % del PIB en los años de 2002 a 2004 (3), como han informado recientemente las autoridades portuguesas tras los debates con Eurostat, y es mucho peor que el objetivo del 2,2 % del PIB previsto para 2005 en la anterior actualización del programa. Este deterioro se explica por un crecimiento inferior al previsto, una reevaluación del aumento de los gastos, desvíos respecto de los objetivos presupuestarios y la no introducción de las medidas excepcionales previstas en el programa anterior, así como por un conjunto de medidas correctoras equivalentes al 0,6 % del PIB adoptadas por el nuevo Gobierno en junio de 2005. Para la reducción del déficit, la actualización presenta una estrategia centrada en la aplicación de medidas estructurales en lugar de basarse ampliamente en medidas excepcionales y temporales, lo que indica un cambio con respecto a la estrategia presupuestaria presentada en anteriores actualizaciones. Aunque se espera que mejorará continuamente en los próximos años, el déficit público rebasaría el valor de referencia del 3 % del PIB hasta el año 2007.

(3)

Según el escenario macroeconómico presentado en el programa, el crecimiento del PIB real aumentaría del 0,8 % en 2005 al 3,0 % en 2009, con unas tasas del 1,4 %, el 2,2 % y el 2,6 %, respectivamente, para los años intermedios. Partiendo de la información disponible, las previsiones de crecimiento para la primera parte del período que abarca el programa son verosímiles, mientras que las previsiones relativas a los últimos años del programa encierran más riesgos. Unas medidas estructurales encaminadas a mejorar la productividad y la competitividad y restablecer la confianza son fundamentales si se pretende seguir la senda de crecimiento prevista.

(4)

El programa se propone alcanzar un déficit público inferior al valor de referencia del 3 % del PIB en 2008 a más tardar. Se espera que el ratio de déficit público disminuya del 6,2 % del PIB en 2005 al 4,8 % en 2006, el 3,9 % en 2007, el 2,8 % en 2008 y el 1,6 % en 2009. Según los cálculos efectuados por los servicios de la Comisión aplicando la metodología común a los datos del programa, el déficit ajustado en función del ciclo, tras aumentar hasta el 5,3 % del PIB en 2005, disminuirá gradualmente hasta el 1,4 % del PIB en 2009. El esfuerzo de saneamiento se desarrollará a lo largo de todo el período del programa, aunque será más intenso al principio, ya que en 2006 se realizará un saneamiento substancial. En los primeros años del período cubierto por el programa, el saneamiento se basaría principalmente en unos ingresos crecientes, derivados de unos mayores tipos impositivos (especialmente un aumento del tipo normal del IVA, del 19 % al 21 %), unos menores descuentos impositivos y una mejora de la recaudación tributaria, que compensarían parcialmente la desaparición de los ingresos excepcionales. En los últimos años del programa, la contribución creciente de la limitación de los gastos se prevé que provenga de medidas de carácter permanente, tales como la reforma de la administración pública (en particular, control de la masa salarial y modificaciones de los regímenes de jubilación de la seguridad social), cuyos efectos presupuestarios serán significativos principalmente a medio plazo. Durante el período del programa, se prevé únicamente una ligera disminución de la proporción que representa la inversión en el gasto público total.

(5)

Los resultados presupuestarios podrían ser peores que los previstos en el programa. En primer lugar, la aceleración de la actividad económica podría ser inferior a la prevista, como consecuencia de las repercusiones efectivas de las medidas de saneamiento fiscal y del aumento previsto de la competencia internacional en los mercados de exportación portugueses. En segundo lugar, las medidas de fomento de los ingresos y limitación del gasto podrían ser menos eficaces de lo previsto o tardar más de lo previsto en producir los resultados deseados. Los mayores tipos impositivos aumentan el riesgo de evasión fiscal, no obstante las importantes medidas adoptadas para reforzar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con inclusión de una más estrecha cooperación administrativa centrada en el fraude transfronterizo de IVA. Además, la mayor parte de la limitación del gasto anunciada aún no se ha plasmado en disposiciones legislativas. A la luz de la presente evaluación, podría instarse al Gobierno a cumplir su compromiso de adoptar medidas adicionales con el fin de evitar que el déficit rebase el 3 % del PIB durante más tiempo del previsto. Por otra parte, incluso aunque se siga la senda planeada, la orientación presupuestaria del programa no proporciona un margen de seguridad suficiente para evitar que se rebase el límite máximo de déficit en caso de fluctuaciones macroeconómicas normales hasta al menos 2009. También es insuficiente para garantizar el logro del objetivo a medio plazo del Pacto de estabilidad y crecimiento de una situación presupuestaria próxima al equilibrio dentro del período que abarca el programa, a pesar de la reducción del déficit estructural de 2005 a 2009 de alrededor de 4 puntos porcentuales del PIB. Un análisis de sensibilidad muestra que en 2009 el déficit aún se situaría en el 3 %, o en un nivel muy próximo a éste, en caso de una evolución macroeconómica desfavorable.

(6)

El ratio deuda/PIB rebasó el valor referencia del Tratado del 60 % del PIB en 2003, pasando al 61,9 % en 2004. Según la actualización, tras alcanzar el 66,5 % del PIB en 2005, este ratio llegará al 67,8 % del PIB, para disminuir a continuación al 64,5 % en 2009. La evolución de la deuda bruta podría resultar menos favorable que la prevista, teniendo en cuenta los riesgos que pesan sobre la actividad económica y sobre los objetivos de déficit público y la probabilidad de que, al igual que en el pasado, se produzcan ajustes de flujos-fondos que aumenten la deuda, especialmente, la acumulación de activos financieros.

(7)

En cuanto a la sostenibilidad a largo plazo de la hacienda pública, Portugal parece afrontar ciertos riesgos como consecuencia de los costes presupuestarios que implicará el envejecimiento de la población. Las medidas de reforma estructural aplicadas hasta la fecha, en particular, en los sectores de pensiones y asistencia sanitaria, deberán atenuar las repercusiones del envejecimiento de la población sobre el presupuesto. No obstante, estas reformas no parecen suficientes para garantizar la sostenibilidad. Si se aplican completamente, las reformas presentadas en el programa, particularmente en lo que se refiere al régimen de jubilación de los funcionarios públicos, podrían contribuir a este fin. El Gobierno ha encargado un informe con objeto de evaluar la viabilidad a largo plazo del sistema de seguridad social.

(8)

Las políticas económicas presentadas en la actualización se ajustan en parte a las orientaciones generales de política económica específicas para Portugal en el área de la hacienda pública. Según lo recomendado, el programa prevé que el saneamiento de la hacienda pública se produzca en gran medida por el lado de los gastos, no basándose en medidas excepcionales o temporales. Asimismo, si se cumplen las previsiones tendrá lugar una mejora del saldo primario ajustado en función del ciclo (excluidas las medidas excepcionales y temporales) superior al 0,5 % del PIB cada año. No obstante, el programa no prevé reducir el déficit por debajo del 3 % del PIB antes de 2008, y la limitación prevista de los gastos no bastará para alcanzar el objetivo a medio plazo del Pacto de estabilidad y crecimiento de una posición presupuestaria próxima al equilibrio dentro del período cubierto por el programa.

(9)

A la luz de las cifras de déficit y deuda para 2005 y años posteriores presentadas en el programa de estabilidad actualizado, la Comisión inició la aplicación del procedimiento de déficit excesivo a Portugal el 22 de junio. El Consejo, al decidir sobre la existencia de un déficit excesivo en Portugal, también formulará una recomendación para la corrección del mismo; dicha recomendación incluirá, entre otros elementos, un plazo para la corrección del déficit excesivo.

Teniendo en cuenta la anterior evaluación, el Consejo estima que Portugal deberá:

i)

Limitar el deterioro de su situación presupuestaria en 2005 garantizando una aplicación rigurosa de las medidas correctoras anunciadas.

ii)

Lograr una corrección sostenida del déficit excesivo lo más pronto posible, con una reducción sustancial en 2006 y una disminución anual significativa en los años siguientes y una aplicación decidida de las medidas previstas a fin de reducir el gasto público; aprovechar cualquier oportunidad que se le presente para acelerar la reducción del déficit presupuestario, particularmente, para crear márgenes que permitan hacer frente a las repercusiones que un crecimiento inferior al previsto tendría sobre el presupuesto.

iii)

Situar el ratio de deuda bruta en una firme senda decreciente, garantizando que la evolución de la deuda refleje los avances en la reducción del déficit y evitando operaciones financieras que aumenten el nivel de deuda.

iv)

Controlar la evolución del gasto, por ejemplo, mediante el anuncio de límites máximos vinculantes para determinadas categorías de gasto, en el marco de un programa de reforma global que mejore la calidad y garantice la viabilidad a largo plazo de la hacienda pública.

v)

Seguir mejorando el tratamiento de los datos de las administraciones públicas.

Comparación de las principales previsiones macroeconómicas y presupuestarias

 

2004

2005

2006

2007

2008

2009

PIB real

(% variación)

PE junio 2005

1,0

0,8

1,4

2,2

2,6

3,0

COM abril 2005

1,0

1,1

1,7

PE enero 2004

1,0

2,5

2,8

3,0

Inflación IPCA

(%)

PE junio 2005

2,5

2,5

2,9

2,5

2,5

2,4

COM abril 2005

2,5

2,3

2,1

PE enero 2004

2,0

2,0

2,0

2,0

Saldo de las administraciones públicas

(% del PIB)

PE junio 2005

– 2,9

– 6,2

– 4,8

– 3,9

– 2,8

– 1,6

COM abril 2005

– 2,9

– 4,9

– 4,7

PE enero 2004 (5)

– 2,8

– 2,2

– 1,6

– 1,1

Saldo primario

(% del PIB)

PE junio 2005

– 0,1

– 3,3

– 1,6

– 0,5

0,7

1,8

COM abril 2005

– 0,1

– 2,0

– 1,6

PE enero 2004

0,1

0,9

1,5

2,0

Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo

(% del PIB)

PE junio 2005 (4)

– 2,2

– 5,3

– 3,8

– 3,1

– 2,3

– 1,4

COM abril 2005

– 2,0

– 3,9

– 3,7

PE enero 2004 (4)

– 1,7

– 1,3

– 0,9

– 0,7

Medidas excepcionales

(% del PIB)

PE junio 2005

2,3

0,2

0

0

0

0

COM abril 2005

2,3

0,3

0

Saldo presupuestario ajustado en función del ciclo excluidas las medidas excepcionales

(% del PIB)

PE junio 2005 (4)

– 4,5

– 5,5

– 3,8

– 3,1

– 2,3

– 1,4

COM abril 2005

– 4,3

– 4,2

– 3,7

Deuda pública bruta

(% del PIB)

PE junio 2005

61,9

66,5

67,5

67,8

66,8

64,5

COM abril 2005

61,9

66,2

68,5

PE enero 2004 (5)

60,0

59,7

58,6

57,0

Fuente:

Programas de estabilidad (PE); previsiones económicas de los servicios de la Comisión (COM) de la primavera de 2005; cálculos de los servicios de la Comisión.


(1)  DO L 209 de 2.8.1997, pág. 1.

(2)  Las autoridades portuguesas habían presentado un programa actualizado en diciembre de 2004, cumpliendo así el plazo establecido. Sin embargo, teniendo en cuenta la celebración prevista de elecciones generales en Portugal, se decidió no evaluar el programa entonces y esperar a la actualización que presentaría el nuevo Gobierno.

(3)  Los déficit eran 4,1 %, 5,4 % y 5,2 % del PIB, respectivamente en 2002, 2003 y 2004, excluyendo importantes medidas excepcionales y temporales.

(4)  Cálculos de los servicios de la Comisión basados en los datos del programa.

(5)  Incluidas las medidas excepcionales y temporales.

Fuente:

Programas de estabilidad (PE); previsiones económicas de los servicios de la Comisión (COM) de la primavera de 2005; cálculos de los servicios de la Comisión.


Comisión

17.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/5


Tipo de cambio del euro (1)

16 de septiembre de6 2005

(2005/C 228/02)

1 euro=

 

Moneda

Tipo de cambio

USD

dólar estadounidense

1,2243

JPY

yen japonés

135,78

DKK

corona danesa

7,4574

GBP

libra esterlina

0,67650

SEK

corona sueca

9,3305

CHF

franco suizo

1,5510

ISK

corona islandesa

75,83

NOK

corona noruega

7,7945

BGN

lev búlgaro

1,9558

CYP

libra chipriota

0,5729

CZK

corona checa

29,073

EEK

corona estonia

15,6466

HUF

forint húngaro

245,32

LTL

litas lituana

3,4528

LVL

lats letón

0,6960

MTL

lira maltesa

0,4293

PLN

zloty polaco

3,8827

RON

leu rumano

3,4754

SIT

tólar esloveno

239,46

SKK

corona eslovaca

38,347

TRY

lira turca

1,6420

AUD

dólar australiano

1,5933

CAD

dólar canadiense

1,4487

HKD

dólar de Hong Kong

9,5008

NZD

dólar neozelandés

1,7347

SGD

dólar de Singapur

2,0553

KRW

won de Corea del Sur

1 257,97

ZAR

rand sudafricano

7,7981

CNY

yuan renminbi

9,9010

HRK

kuna croata

7,4345

IDR

rupia indonesia

12 426,65

MYR

ringgit malayo

4,615

PHP

peso filipino

68,775

RUB

rublo ruso

34,6980

THB

baht tailandés

50,178


(1)  

Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.


17.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/6


Anuncio de inicio de un procedimiento de investigación relativo a los obstáculos al comercio, tal como se definen en el Reglamento (CE) no 3286/94 del Consejo, que representan las medidas y las prácticas impuestas por la India al comercio de vinos y bebidas espirituosas

(2005/C 228/03)

El 20 de julio de 2005, la Comisión recibió una denuncia basada en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 3286/94 (1) del Consejo (denominado en lo sucesivo «el Reglamento»).

1.   Denunciantes

La denuncia fue presentada conjuntamente por el CEEV (Comité Europeo de Empresas Vinícolas) y por la CEPS (Confédération européenne des producteurs de spiritueux/Confederación Europea de Productores de Bebidas Espirituosas).

La CEPS es la organización representativa en la UE de los productores de bebidas espirituosas y está compuesta por 38 asociaciones nacionales que representan a la industria en 21 Estados miembros de la UE. El CEEV es la organización representativa en la UE de las asociaciones comerciales nacionales de los Estados miembros de la CE que representan a la industria y/o el comercio de vinos, vinos aromatizados, vinos espumosos, vinos de licor y otros productos de la vid y está compuesta por 12 asociaciones nacionales más Suiza.

El CEEV y la CEPS son asociaciones que actúan en nombre de una o más empresas comunitarias en la acepción del artículo 4, apartado 1, y el artículo 2, apartado 6, del Reglamento.

2.   Producto

Los productos de la UE afectados por las medidas indias en cuestión son los vinos, los vermuts, los vinos aromatizados y las bebidas espirituosas clasificados en las partidas del SA 2204, 2205, 2206 y 2208. Incluyen los vinos espumosos y no espumosos, los vermuts y otros vinos encabezados como el vino de Oporto, el vino de Jerez y bebidas espirituosas destiladas de materias primas de origen agrícola como el brandy y el aguardiente de vino, el whisky, la ginebra, el vodka, el ron y los licores.

No obstante, el procedimiento de investigación iniciado por la Comisión puede abarcar también otros productos, en especial aquellos que los interesados que se den a conocer en los plazos indicados más adelante (véase el punto 8) puedan demostrar que se ven afectados por las prácticas denunciadas.

3.   Asunto

La denuncia se centra en tres aspectos distintos del régimen jurídico indio aplicable a los vinos y las bebidas espirituosas importados:

(a)   Derecho adicional

Conforme al Derecho indio, es de la competencia de los Gobiernos de los 26 Estados indios recaudar los impuestos especiales sobre las bebidas alcohólicas. En principio, sólo se aplica un impuesto especial a los productos que han sufrido un proceso de transformación en la India. Por consiguiente, no se aplican impuestos especiales a las importaciones de vinos y bebidas espirituosas embotellados; solamente se gravan la producción nacional y las importaciones a granel embotelladas en la India (los tipos impositivos varían considerablemente entre los 26 Estados).

En ese contexto, el 1 de abril de 2001, mediante la Notificación no 37/2001 y en el marco de la sección 3 de la Ley de Aranceles Aduaneros, la India estableció un derecho federal adicional sobre los vinos y las bebidas espirituosas importados con objeto de compensar los impuestos especiales pagados o pagaderos a nivel de cada Estado indio respecto a los productos fabricados en el país. De conformidad con lo dispuesto en la sección 3 anteriormente mencionada, el derecho federal adicional debe ser «igual» al impuesto especial aplicado a los productos nacionales. El derecho adicional es un derecho ad valorem con diferentes tipos impositivos. Con arreglo a la Notificación Aduanera no 32/2003 de 1 de marzo de 2003, los tipos actuales del derecho adicional aplicables al vino importado son, según el valor de los productos importados, del 75 %, el 50 % y el 20 %, y los aplicables a las bebidas espirituosas importadas, del 150 %, el 100 %, el 50 % y el 25 %, asimismo según el valor de los productos importados.

(b)   Impuestos especiales y otros impuestos a nivel de Estado federado

Como se ha dicho, no es de la competencia de los Estados indios recaudar impuestos especiales sobre los vinos y las bebidas espirituosas embotellados importados. Los denunciantes alegan que, a pesar de ello, varios Estados indios aplican impuestos especiales o impuestos similares — con distintos nombres y tipos impositivos — a la venta de vinos y bebidas espirituosas importados. Además, según los denunciantes, algunos de estos impuestos, ya sean especiales o de otro tipo, se aplican sólo a los productos importados o se aplican con mayores tipos impositivos a los productos importados que a los nacionales.

(c)   Restricciones de importación a nivel de Estado federado

Los denunciantes sostienen que siete Estados indios aplican de facto una política de prohibición de la importación de vinos y bebidas espirituosas.

4.   Alegaciones en relación con los obstáculos al comercio

Los denunciantes consideran que las medidas y prácticas descritas en el punto 3 constituyen obstáculos al comercio según se definen en el artículo 2, apartado 1, del Reglamento.

(a)   Derecho adicional

En primer lugar, los denunciantes afirman que el derecho federal adicional debe considerarse un derecho de importación (u otro impuesto o gravamen) que infringe las obligaciones de la India con arreglo al artículo II del GATT de 1994 leído en relación con su lista de compromisos aduaneros. En este contexto, en la denuncia se señala que, según las consolidaciones arancelarias de la India en la OMC, ese país está comprometido a aplicar un tipo máximo del 150 % de derechos y gravámenes sobre el vino y las bebidas espirituosas. Todos los vinos y las bebidas espirituosas importados están sujetos a un derecho de aduana básico, que es del 150 % en el caso de las bebidas espirituosas y del 100 % en el del vino. El derecho federal adicional se suma a esos derechos. Por lo tanto, dado que el derecho federal adicional debe considerarse un derecho de importación (u otro impuesto o gravamen), el tipo total del impuesto sobrepasa el tipo del derecho consolidado del 150 % en el caso de todas las bebidas espirituosas y todos los vinos (excepto los más caros (2)). Además, los denunciantes aducen que el derecho federal adicional no debe considerarse «equivalente a un impuesto interno» a efectos del artículo II.2.a) y que, por ello, no puede justificarse basándose en esa disposición.

En segundo lugar, los denunciantes sostienen que, por la aplicación del derecho federal adicional a los vinos y bebidas espirituosas importados, el trato que les dispensa es claramente menos favorable que el aplicado a los productos de origen nacional «similares» (o «directamente competidores o sustitutivos»), con lo que se infringe lo dispuesto en el artículo III, apartado 2, del GATT de 1994. A este respecto, los denunciantes señalan que, si bien las bebidas espirituosas importadas no están sujetas en general a la aplicación de impuestos especiales a nivel de Estado federado, el tipo del derecho federal adicional supera ampliamente el del impuesto especial aplicado a la venta de bebidas espirituosas nacionales en la mayoría de Estados indios.

En opinión de los denunciantes, la imposición excesiva de los vinos y las bebidas espirituosas importados también se observa si se compara el tipo del derecho federal adicional más los impuestos indirectos aplicados a nivel de cada Estado a la venta de vinos y bebidas espirituosas importados con el impuesto especial más los impuestos indirectos aplicados a nivel de cada Estado a los vinos y bebidas espirituosas nacionales.

(b)   Impuestos especiales y otros impuestos a nivel de Estado federado

Los denunciantes afirman que, a pesar de que no es de la competencia de los Estados indios recaudar impuestos especiales sobre los vinos y las bebidas espirituosas embotellados importados, varios Estados aplican impuestos especiales o impuestos similares — con distintos nombres y tipos impositivos — a la venta de vinos y bebidas espirituosas importados. Los denunciantes sostienen que al menos trece Estados indios aplican bien impuestos especiales o bien otro tipo de impuestos que podrían considerarse un medio alternativo de obtener ingresos respecto a los productos importados, ya que dichos Estados no tienen derecho a aplicar impuestos especiales sobre los mismos. Según los denunciantes, algunos de estos impuestos, ya sean especiales o de otro tipo, se aplican sólo a los productos importados o se aplican con mayores tipos impositivos a los productos importados que a los nacionales, con lo que se infringe lo establecido en el artículo III, apartado 2, del GATT de 1994.

(c)   Restricciones de importación a nivel de Estado federado

Los denunciantes afirman que siete Estados indios aplican de facto una política de prohibición de la importación de vinos y bebidas espirituosas, lo cual es contrario a lo dispuesto en el artículo III, apartado 4, o el artículo XI, apartado 1, del GATT de 1994.

Vistos los datos de que se dispone y las pruebas aportadas, la Comisión considera que la denuncia contiene suficientes elementos de prueba de la existencia de obstáculos al comercio, en la acepción del artículo 2, apartado 1, del Reglamento.

5.   Alegación en relación con los efectos comerciales adversos

La sociedad «International Wine & Spirits Record» (IWSR) ha calculado que el consumo de bebidas espirituosas de marca y tipo occidentales en la India en 2004 fue de 87 millones de cajas de nueve litros, lo que convierte al mercado de ese país en uno de los mayores mercados de bebidas espirituosas del mundo. Esta estimación incluye unas 550 000 cajas de bebidas espirituosas importadas, siendo el resto (99,4 %) «Indian Made Foreing Liquor» (bebidas alcohólicas extranjeras fabricadas localmente). En 2004, la UE exportó a la India bebidas espirituosas por un valor de 23 211 000 euros.

En el último decenio, el mercado indio del vino ha ido en constante, aunque lento, aumento. En 2004, según las estimaciones, dicho mercado era de 667 000 cajas de nueve litros, de las cuales 96 000 (un 14 %) eran de importación. En 2004, la UE exportó a la India vinos por un valor de 4 167 000 euros.

Los denunciantes alegan que las prácticas denunciadas obstaculizan un acceso significativo al mercado indio, colocan los vinos y las bebidas espirituosas importados en una situación de desventaja comparativa respecto a los productos de fabricación nacional e impiden que el consumo de vinos y bebidas espirituosas importadas crezca con normalidad en la India.

A este respecto, los denunciantes llaman la atención sobre el hecho de que, tras la eliminación en 2001 de las restricciones cuantitativas federales a la importación y su sustitución por las medidas denunciadas, las importaciones de bebidas espirituosas experimentaron una disminución de entre el 60 % y el 70 % durante el período de abril a agosto de 2001 respecto al mismo período del año anterior, debido a que las mercancías destinadas al comercio en el ámbito del turismo tuvieron que soportar una carga fiscal que, en la práctica, las excluyó del mercado por motivos de precio. Los denunciantes señalan asimismo que, en los casos en que posteriormente se efectuaron reducciones fiscales para mercancías vendidas en determinados tipos de hoteles y restaurantes, el volumen de vinos y bebidas espirituosas importados aumentó considerablemente, de lo que se deduce que las medidas fiscales denunciadas están impidiendo a los vinos y las bebidas espirituosas de la UE conseguir una mayor penetración en el mercado indio.

Por otra parte, los denunciantes se refieren a los índices de penetración del mercado alcanzados habitualmente por las importaciones de bebidas espirituosas en otros países en desarrollo globalmente similares a la India; esos índices dan a entender que los obstáculos al comercio ante los que se halla el sector de las bebidas espirituosas de la UE en ese país son especialmente problemáticos.

La Comisión considera que la denuncia contiene elementos de prueba suficientes de la existencia de efectos comerciales adversos, según lo definido en el artículo 2, apartado 4, del Reglamento.

6.   Interés de la Comunidad

El sector de las bebidas espirituosas de la UE, representado por la CEPS, exporta anualmente mercancías por un valor estimado superior a los 5 000 millones de euros a más de 150 países. Dicho sector da trabajo directamente a unas 50 000 personas e indirectamente a 250 000 más. Se calcula que el valor de las exportaciones de vino de la UE a los terceros países es de 4 500 millones de euros, lo que representa un volumen de 12 500 millones de hectolitros (hl).

La Comisión estima que es esencial velar por que los sectores de exportación de la UE gocen de condiciones equitativas en los mercados de terceros países, en particular por lo que atañe a los impuestos internos. La protección arancelaria no debe sustituirse por otros obstáculos proteccionistas que infringen los compromisos internacionales. Ello es especialmente importante en el caso de las bebidas alcohólicas, pues normalmente están sujetas a una imposición elevada, debido a la combinación de los impuestos especiales y los impuestos sobre el valor añadido.

Por todo ello, se considera que es favorable al interés de la Comunidad iniciar un procedimiento de investigación.

7.   Procedimiento

Habiendo decidido, previa consulta al Comité Consultivo creado por el Reglamento, que se dispone de suficientes pruebas para justificar el inicio de un procedimiento de investigación con el fin de examinar los elementos de hecho y de derecho y que ello va en interés de la Comunidad, la Comisión ha iniciado una investigación de conformidad con el artículo 8 del Reglamento.

Las partes interesadas podrán darse a conocer y comunicar por escrito su opinión sobre los problemas específicos planteados en la denuncia, facilitando pruebas.

Por otra parte, la Comisión oirá a las partes que lo soliciten por escrito cuando se den a conocer, siempre que se encuentren directamente afectadas por el resultado del procedimiento.

El presente anuncio se publica de conformidad con el artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento.

8.   Plazos

Toda información sobre este asunto y solicitud de audiencia deberá obrar en poder de la Comisión a más tardar 30 días después de la fecha de publicación del presente anuncio, debiendo enviarse por escrito a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Comercio

D. Jean-François Brakeland, DG TRADE F.2

CHAR 9/74

B-1049 Bruselas

Fax: (32-2) 299 32 64


(1)  Reglamento (CE) no 3286/94, de 22 diciembre de 1994, por el que se establecen procedimientos comunitarios en el ámbito de la política comercial común con objeto de asegurar el ejercicio de los derechos de la Comunidad en virtud de las normas comerciales internacionales, particularmente las establecidas bajo los auspicios de la Organización Mundial del Comercio (OMC) (DO L 349 de 31.12.1994, p. 71); Reglamento modificado en último lugar por el Reglamento (CE) no 356/95 (DO L 41 de 23.2.1995, p. 3).

(2)  Es el caso de los vinos importados a precios CIF superiores a 100 USD por caja (12 botellas), a los que se aplica el tipo más bajo del derecho adicional (el 20 % ad valorem).


17.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/9


Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE

Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones

(2005/C 228/04)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Fecha de la decisión:

Denominación: Empresas exentas de Gibraltar

Objetivo: Offshore

Fundamento jurídico: Companies (Taxation and Concessions) Ordinance, 1967

Duración: Ilimitada

Otros datos: De conformidad con el apartado 1 del artículo 88 del Tratado CE, la Comisión ha decidido proponer medidas apropiadas por lo que se refiere al régimen de ayudas no E 7/2002 — Reino Unido: Empresas exentas de Gibraltar.

Las medidas apropiadas fueron aceptadas el 18.2.2005

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Fecha de la decisión:

Estado miembro: Polonia (Todo el territorio de Polonia al nivel NUTS 2)

Ayuda número: N 20/2005

Denominación: Régimen de ayudas regional y horizontal que tiene por objetivo reducir las emisiones procedentes del quemado de combustibles

Objetivo: Ayuda regional y medioambiental. Comentarios: Ayuda para nuevas inversiones. Ayuda para inversiones distintas de las inversiones iniciales

Base jurídica: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju, Art. 31 ust. 3, Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1206;

Projekt rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie udzielania pomocy na wspieranie inwestycji służących redukcji emisji ze źródeł spalania paliw

Presupuesto: 489,8 millones de PLZ con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 163,3 millones de PZL de contribución nacional

102,3 millones de EUR con cargo al Fondo Europeo de Desarrollo Regional y 34,1 millones de EUR de contribución nacional

Intensidad o importe de la ayuda: Ayuda para inversión inicial: hasta el 50 % ESN de los costes subvencionables más la prima del 15 % bruto para las PYME;

Otras inversiones: ayuda máxima igual que en el caso de la inversión inicial más un 10 % ESN (prima del 15 % bruto para lasPYME); hasta el 50 % ESN de los costes subvencionables o hasta el 40 % ESN (más 10 %) y 10 % lbruto de prima para las PYME

Duración: Desde 2005 hasta el 31.12.2006

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Fecha de la decisión:

Estado miembro: Países Bajos

Ayuda no: N 85/2005

Denominación: «Rehabilitación de solares industriales contaminados».

Prolongación y modificación del régimen de ayudas existente N 520/2001

Objetivo: Subvencionar la rehabilitación de solares industriales contaminados

Fundamento jurídico: «Besluit financiële bepalingen bodemsanering»

Presupuesto: EUR 1 130 millones en subvenciones

Intensidad o importe de la ayuda: del 15 % al 60 % (70 % en el caso de las PYME)

Duración: Hasta el 31.12.2007

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Fecha de la decision:

Estado miembro: España

Ayuda no: N 252/2004

Denominación: Programa para la promoción de los recursos humanos en I+D

Objetivo: Investigación y desarrollo tecnológico (todos los sectores)

Fundamento jurídico: Orden ministerial del Ministerio de Educación y Ciencia: «Orden CTE XXX, por la que se establecen las bases y se hace pública la convocatoria del Programa Torres Quevedo para facilitar la incorporación de personal de I+D (doctores y tecnólogos) a empresas, centros tecnológicos y asociaciones empresariales»

Presupuesto: 33 600 000 EUR

Intensidad o importe de la ayuda: Para investigación industrial, la intensidad bruta máxima de la ayuda es del 50 %. Para actividades de desarrollo precompetitivo, la intensidad bruta máxima de la ayuda es del 25 %. Las PYMES recibirán una prima extraordinaria del 10 %. Para estudios de viabilidad previos a la investigación industrial y a las actividades de desarrollo precompetitivo, la intensidad bruta máxima de la ayuda será, respectivamente, del 75 % y del 50 %. Las regiones Artículo 87(3)(a) del Tratado CE recibirán una bonificación extraordinaria del 10 %

Duración: Desde e1 1.7.2004 hasta el 31.12.2007

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Fecha de la decisión:

Estado miembro: Países Bajos

Ayuda no: N 253/2005

Denominación: Decisión de ausencia de ayuda. Garantía

Objetivo: Construcción naval

Fundamento jurídico: Besluit houdende regels inzake de verstrekking van borgstellingen ter zake van kredieten voor scheepsnieuwbouw (gebaseerd op Kaderwet EZ subsidies)

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Fecha de la decision:

Estado miembro: Reino Unido — Escocia

Ayuda no: N 317/2002

Denominación: Scottish Property Support — Bespoke Development Scheme

Objetivo: apoyar el desarrollo por el sector privado de locales y edificios con fines comerciales

Fundamento jurídico: Enterprise and New Towns (Scotland) Act 1990, as amended on 1 April 2001 by Scottish Statutory Instrument 2001 No 126. Local Government Act 1973. Section 171 of Local Government Act etc (Scotland) Act 1994

Presupuesto: GBP 20-23 millones anuales

Intensidad o importe de la ayuda: intensidad máxima de conformidad con el Reglamento (CE) No70/2001

Duración: hasta el 31.12.2006

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Fecha de la decisión:

Estado miembro: Francia

Ayuda no: N 359/2004

Denominación: Modificación de la ayuda «Martinica 2000-2006: Bonificación de intereses»

Fundamento jurídico: DOCUP 2000-2006 Martinique

Objetivo: El objetivo de la ayuda consiste en mejorar la rentabilidad de las PYME locales reduciendo las cargas financieras vinculadas a los proyectos de inversión

Presupuesto: EUR 3 260 000

Duración: hasta finales de 2006

Otros datos: la modificación consiste en ampliar el régimen a todos los sectores excepto a los sectores sensibles, los sectores de la pesca y la agricultura (Anexo I) y la reducción del presupuesto

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17.9.2005   

ES

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C 228/11


Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 del Tratado CE

Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones

(2005/C 228/05)

Fecha de la decisión:

Estado miembro: Polonia (Łódzkie)

Ayuda no: N 90/2005

Denominación: Régimen de ayudas regionales a favor de los empresarios concedidas por la Ciudad de Łódź

Base jurídica: Art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.; Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r., Dz.U. z 2002 r. nr 9, poz. 84 z późn. zm.; Program pomocy regionalnej dla przedsiębiorców udzielanej w mieście Łodzi

Objetivo: Ayuda regional.

Comentario: Ayuda regional para nuevas inversiones y para la creación de puestos de trabajo por tales inversiones

Presupuesto: 6 000 000 PLZ (1 500 000 EUR)

Intensidad o importe de la ayuda: 50 % bruto.

Comentario: Prima del 15 % para las PYME. 30 % de 50 % para inversiones en el sector de los vehículos de motor si la inversión es superior a 5 millones de EUR

Duración: Desde 2005 hasta el 31.12.2006

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Fecha de adopción de la decisión:

Estado miembro: Hungría

Ayuda no: N 92/2005

Denominación: Plan de reestructuración de la industria húngara del carbón (2004-2010)

Objetivo: Seguridad del abastecimiento energético gracias a la producción de carbón

Fundamento jurídico: A Kormány 2002. március 26-i 1028/2002. (III. 26.) Korm. határozata, és a 2002. december 29-i 56/2002. (XII. 29.) GKM rendelet

Presupuesto: 64 300 millones de forint (255 millones de EUR)

Intensidad o importe de la ayuda: 64 300 millones de forint (255 millones de EUR)

Duración: 7 años

Otros datos: notificación anual de 2007 a 2010 e informe anual. Plazo del informe de 2004: 31 de diciembre de 2005

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Fecha de adopción de la decisión:

Estado miembro: Eslovaquia

Ayuda no: N 168/2005

Denominación: Ayuda estatal Hornonitrianske bane Prievidza

Objetivo: Cargas heredadas en el sector del carbón

Fundamento jurídico: Zákon SR č. 523/2004; smernica MH SR č. 10/2003; zákon SR č. 231/1999; výnos č. 1/2005 MH SR

Presupuesto: 24 000 000 SKK (630 651 EUR)

Intensidad o importe de la ayuda: 24 000 000 SKK (630 651 EUR)

Duración: Año 2004

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Fecha de adopción de la Decisión:

Estado miembro: Alemania

Ayuda no: N 320/2004

Denominación: Plan de reestructuración de la industria del carbón alemana 2006-2010

Objetivo: Seguridad del abastecimiento de energía gracias a la producción de carbón

Fundamento jurídico: Haushaltsgesetz 2004; Gesetz über die Bergmannsprämie von 1956

Presupuesto: 12 000 millones EUR

Intensidad o importe de la ayuda: 12 000 millones EUR

Duración: 5 años

Otros datos: Notificación e informe anuales

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Fecha de adopción de la Decisión:

Estado miembro: Italia (Friuli-Venecia-Julia)

Ayuda no: N 433/2004

Denominación: Apoyo a las empresas para la protección del medio ambiente

Objetivo: Este régimen tiene por objeto mejorar la protección del medio ambiente mediante la reducción de las emisiones contaminantes y sonoras y la reducción de los residuos industriales mediante su reutilización en el ciclo de producción

Base jurídica: Deliberazione della Giunta regionale n. 1002 del 22 aprile 2004. «L.R. 18/2003, art.1. Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi finalizzati alla tutela dell'ambiente»

Presupuesto: 761 000 EUR

Intensidad o importe de la ayuda: 15 % de los costes admisibles en favor de las PYME para ajustarse a nuevas normas comunitarias obligatorias en el plazo de tres años después de su adopción.

30 % de los costes admisibles para las inversiones que superen las normas comunitarias (+ 5 % en zonas 87(3)(c) o + 10 % para las PYME)

Fecha:

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Fecha de la decisión:

Estado miembro: Austria

Ayuda no: N 622/2003

Denominación: Fondo de digitalización

Objetivo: Apoyar y facilitar la introducción de las tecnologías de transmisión digital de la radio, así como el paso de la televisión analógica a la digital en Austria

Fundamento jurídico: KommAustria-Gesetz (KOG) BgBl. I, Nr.32/2001 idF BgBl. I, Nr. 71/2003, §§ 9a — 9e und Richtlinien über die Förderung von Projekten durch den Digitalisierungsfonds (Fassung vom 2.9.2004) in Verbindung mit § 21 Privatfernsehgesetz (PrTV-G). Die letzten Änderungen wurden durch das Bundesgesetz, mit dem das Privatradiogesetz, das Privatfernsehgesetz (PrTV-G), das KommAustria-Gesetz und das ORF-Gesetz geändert werden sowie das Fernsehsignalgesetz aufgehoben wird (veröffentlicht am 30.7.2004 unter BgBl. I Nr. 97/2004 und in Kraft getreten am 1.8.2004) eingeführt

Presupuesto: EUR 7,5 millones por año

Intensidad o importe de la ayuda: 50 %

Duración: no determinada, revisión a los 2 años, financiación de proyectos limitados de facto en el tiempo

Otros datos: Forma de la ayuda: Subvenciones.

Los presupuestos e importes de ayuda definitivos dependen del resultado de la convocatoria de propuestas y de los fondos estatales disponibles

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/


17.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/13


AYUDA DE ESTADO — FRANCIA

Ayuda de Estado C 23/2005 (ex NN 8/2004, ex N515/2003) — Ayudas en el sector de la extracción de grasas animales en 2003

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

(2005/C 228/06)

Mediante la carta de 5 de julio de 2005 que se reproduce a continuación en la lengua auténtica, la Comisión comunicó a Francia su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88, apartado 2, del Tratado CE con respecto a la ayuda antes indicada.

Por la presente, la Comisión invita a los interesados a presentarle sus observaciones sobre dicha ayuda en un plazo de un mes a partir de la fecha del presente resumen y de la carta que lo acompaña, enviándolas a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural

Dirección H2

Despacho: Loi 130 5/128

B-1049 Bruselas

Fax: (32-2) 296 76 72.

Dichas observaciones serán comunicadas a Francia. Quienes presenten observaciones podrán solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

La Ley francesa no 96-1139 de 26 de diciembre de 1996, sobre recogida e eliminación de los cadáveres animales y los residuos de matadero, exime a las empresas de venta de carne al por menor cuyo volumen de negocios anual sea inferior a 5 millones de FRF (1) del pago del impuesto de recogida y eliminación de residuos animales. Para aplicar esta exención no se contabiliza el volumen de negocios realizado con ventas de carne sino el volumen de negocios general. Según la información de que dispone la Comisión, esta exención seguía aplicándose en 2003 y a ella obedece la presente decisión de incoar el procedimiento forma de examen.

Valoración

En la fase actual, existen dudas sobre la compatibilidad de las ayudas con el mercado común por los motivos siguientes:

La exención del pago del impuesto de recogida y eliminación de residuos animales puede considerarse, en la fase actual, una pérdida de recursos para el Estado que no parece estar justificada ni por la naturaleza ni por la economía del sistema fiscal. Según los datos que tiene la Comisión, la exención no se basa en el volumen de negocios realizado con las ventas de carne sino en el volumen general de ventas y en ese sentido, parece una ventaja constitutiva de ayuda estatal en la acepción del artículo 87, apartado 1, del Tratado.

La citada exención no conlleva a simple vista incentivos ni exige contrapartidas a los beneficiarios. Así pues, a no ser que las Directrices agrícolas o la legislación comunitaria prevean excepciones expresas, las ayudas estatales unilaterales cuyo objetivo sea simplemente mejorar la situación financiera del productor, sin contribuir en modo alguno al desarrollo del sector, y especialmente las que se otorgan tomando como base para su concesión únicamente el precio, la cantidad, la unidad de producción o la unidad de los medios de producción, deben considerarse ayudas de funcionamiento incompatibles con el mercado común.

TEXTO DE LA CARTA

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la France qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur les mesures citées en objet, elle a décidé de ne pas soulever d'objections à l'encontre des mesures d'aide concernant l'enlèvement et destruction des animaux trouvés morts, ainsi que le stockage et la destruction des farines animale et des déchet d'abattoir et d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, pour la partie concernant l'exonération du payement de la taxe d'équarrissage.

I.   PROCÉDURE

1.

Par lettre du 7 novembre 2003, la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission, au titre de l'article 88, paragraphe 3, la mesure citée en objet.

2.

La notification originale concernait, d'un côté, des aides octroyées en 2003 et, d'un autre côté, des aides envisagées à partir de 2004. Du fait qu'une partie des aides avait déjà été octroyée, la Commission a décidé à l'époque de scinder le dossier. Ainsi, seule l'aide concernant l'année 2003 fait l'objet d'examen dans le cadre de la présente décision.

3.

La taxe d'équarrissage a été supprimée à partir du 1er janvier 2004. Le financement du SPE est désormais garanti par le fruit d'une “taxe d'abattage”, vis-à-vis laquelle la Commission n'a pas soulevé d'objection (2).

4.

Dans le cadre de l'instruction de ce dossier, les autorités françaises ont envoyé à la Commission des informations relevantes aussi pour le cas d'espèce, notamment par lettre du 29 décembre 2003.

5.

Aucune aide en faveur des entreprises d'équarrissage réalisant le service public de l'équarrissage en France n'a été notifiée. La Commission n'examine pas, dans le cadre de la présente décision, les éventuelles aides qui pourraient exister en faveur des entreprises d'équarrissage

6.

Par lettre du 18 janvier 2002, les autorités françaises avaient notifié un régime d'aides d'État concernant le financement des déchets animaux, lequel a été enregistré sous le no d'aide N 16/2002, devenue par la suite NN 44/2002. Des informations actualisées sur ce régime d'aides ont été inclues dans la présente notification. Toutefois, ce régime fera l'objet d'un examen dans le cadre d'une autre décision.

7.

Par lettre du 7 avril 2005, enregistrée le 12 avril 2005, les autorités françaises ont soumis des informations complémentaires, demandées par la Commission par lettre du 4 mars 2005.

II.   DESCRIPTION

8.

Il s'agit du financement, pour l'année 2003, du service public de l'équarrissage (SPE) et de la destruction des farines de viande et d'os qui n'ont plus d'utilisation commerciale.

9.

Le SPE était financé par la taxe d'équarrissage, instituée par l'article 302 bis ZD du Code général des impôts français, issu de l'article 1er de la Loi française no 96-1139 du 26 décembre 1996, relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs (par après: Loi de 1996).

10.

La taxe d'équarrissage porte sur les achats de viande et d'autres produits spécifiés par toute personne qui réalise des ventes au détail de ces produits La taxe est en principe due par toute personne qui réalise des ventes au détail. Son assiette est constituée par la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des achats de toute provenance:

de viandes et abats, frais ou cuits, réfrigérés ou congelés, de volaille, de lapin, de gibier ou d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et des espèces chevaline, asine et de leurs croisements;

de salaisons, produits de charcuterie, saindoux, conserves de viandes et abats transformés;

d'aliments pour animaux à base de viandes et d'abats.

11.

Les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente est inférieur à 2 500 000 francs français (FRF) (3) (381 122 euros) hors TVA sont exonérées de la taxe. Les taux d'imposition de la taxe sont fixés, par tranche d'achats mensuels hors TVA, à 0,5 % jusqu'à 125 000 FRF (19 056 euros) et à 0,9 % au-delà de 125 000 FRF. L'article 35 de la loi de finances rectificative pour 2000 (loi no 2000-1353 du 30 décembre 2000) a apporté certaines modifications au mécanisme de la taxe d'équarrissage, entrées en vigueur le 1er janvier 2001. Ces modifications viseraient à contrecarrer les effets de la crise de l'ESB, et les surcoûts qui en dérivent. Dès lors, l'assiette de la taxe a été aussi élargie aux “autres produits à base de viande”. Le taux de la taxe a été désormais fixé à 2,1 % pour la tranche d'achats mensuels jusqu'à 125 000 FRF (19 056 euros) et à 3,9 % au-delà de 125 000 FRF. En outre, toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente était inférieur à 5 000 000 FRF (762 245 euros) hors TVA ont été désormais exonérées de la taxe.

12.

Initialement, c'est à dire, à partir du 1er janvier 1997, le produit de la taxe a été affecté à un fonds spécialement créé à cet effet, ayant pour objet de financer le service de collecte et d'élimination des cadavres d'animaux et de saisies d'abattoirs reconnus impropres à la consommation humaine et animale, c'est à dire les activités définies comme mission de service public par l'article 264 du Code rural mentionné plus haut. Le fonds était géré par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA).

13.

Depuis le 1er janvier 2001, le produit de la taxe d'équarrissage est directement affecté au budget général de l'État, et plus au fond créé à cet effet. Pour l'année 2003, les crédits ont été ouverts au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales par le décret no 2002-1580 du 30 décembre 2002 portant application de la loi de finances pour 2003. Ils sont inscrits en tant que dépenses ordinaires de ce ministère, au titre IV, Interventions publiques, 4ème partie, actions économique, encouragements et interventions. Pour l'année 2003, le produit de cette taxe a été évalué à 550 millions d'euros.

14.

La notification de 2003 prévoit des aides pour le stockage et la destruction des farines animales, ainsi que des aides pour le transport et la destruction d'animaux trouvés morts et des déchets d'abattoir. En plus, la loi de 1996 prévoit l'exonération des entreprises vendant de la viande au détail dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 5 millions FRF (4). Cette exonération, selon les informations à disposition de la Commission, a continué à opérer en 2003; elle sera donc analysée dans le cadre de la présente décision.

II.a)   Farines animales et déchets d'abattoir

15.

Concernant les farines animales, l'indemnisation des entreprises productrices et destructrices de farines d'origine animale s'effectue en 2003 selon les modalités suivantes:

pour les entreprises expédiant de la farine d'origine animale à destination d'une entreprise autorisée pour l'incinération des déchets animaux: à compter du 1er janvier 2003, 185 EUR/tonne de farine; à compter du 1er mars 2003, 100 EUR; et à compter du 1er septembre 2003, jusqu'au 31 décembre 2003: 40 EUR;

pour les entreprises expédiant de la farine d'origine animale vers un lieu de stockage public (avec l'accord de l'État): à compter du 1er janvier 2003, 145 EUR/tonne de farine; du 1er mars au 31 août 2003, jusqu'au 31 décembre 2003: 60 EUR;

pour les entreprises détruisant les déchets sans produire de farines (incinération des déchets): à compter du 1er janvier 2003, jusqu'au 31 décembre 2003: 46 EUR/tonne de déchets et sous-produits;

pour les entreprises d'incinération de farines: à compter du 1er janvier 2003, 77 EUR/tonne de farine.

16.

Concernant les déchets d'abattoir, les coûts de stockage de ces déchets se sont élevés à 40,5 millions d'euros jusqu'à 2003. Ces dépenses incluent la location des entrepôts contenant des farines depuis la fin de l'année 2000. Elles ont fait l'objet de marchés publics ou de réquisitions, au niveau des départements. Ces coûts ont été pris en charge à 100 % par l'État.

17.

En 2003, les coûts totale de collecte, de transformation et d'incinération des déchets d'abattoirs se sont élevés à 359,5 millions d'euros. La prise en charge par l'État s'est élevée à 147,5 millions d'euros et la prise en charge par la filière à 212 millions d'euros, comme détaillé ci-dessous.

Part de l'État

Part des entreprises

service public de l'équarrissage (réquisitions)

74 millions EUR

sous-produits de catégories 1 et 2 du règlement (CE) no 1774/2002, non pris en charge dans le cadre du SPE, facturation directe: 210 000 tonnes × 180 EUR/t

38 millions EUR

farines bas risque produites et éliminées en 2003

66,5 millions EUR

élimination des déchets de catégorie 3 non valorisés (part prise en charge par les entreprises du fait de la dégressivité des indemnisations réduites à 0 en 2004)

150 millions EUR

farines bas risque produites et entreposées en 2003 éliminées ultérieurement

7 millions EUR

déchets d'abattoirs relevant du SPE pour le dernier trimestre 2003, non pris en charge par l'État en 2003 mais payé par la filière en 2004 selon le nouveau dispositif mis en place

24 millions EUR

Total Etat

147,5 millions EUR

Total entreprises

212 millions EUR

18.

Ces mesures sont financées par des crédits ouverts au ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au titre des dépenses ordinaires du budget de ce ministère.

19.

Il a été mis fin au versement de ces aides au plus tard à compter du 1er janvier 2004.

20.

Les autorités françaises ne versent pas d'aides à la prise en charge des tests ESB et EST qui sont assumés par les professionnels de la filière.

II.b)   Animaux trouvés morts

21.

Les sous-produits qui présentent les risques sanitaires les plus importants, particulièrement ceux qui relèvent de la catégorie 1 du règlement (CE) no 1774/2000, notamment les cadavres d'animaux et les déchets d'abattoirs, sont col- lectés et éliminés dans le cadre du service public de l'équarrissage (SPE) institué par la loi de 1996 (5).

22.

S'agissant des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles, le coût total de leur élimination s'est élevé à 137 millions d'euros en 2003. Il ne fait pas l'objet de facturation directe mais est pris en charge à 100 % par les pouvoirs publics dans le cadre du service public de l'équarrissage (SPE).

23.

Les autorités françaises ont précisé que certaines données chiffrées mentionnées dans leur lettre de réponse (concernant les déchets d'abattoir et les animaux trouvés morts) sont encore susceptibles d'être ajustées dans des proportions minimes qui ne remettront pas en cause les masses globales concernées.

II.c)   Aide pour le commerce exonéré du paiement de la taxe d'équarrissage

24.

La loi de 1996 prévoit l'exonération des entreprises vendant de la viande au détail dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur à 2,5 millions FRF (ce seuil a ensuite été augmenté à 5 millions FRF en 2001). Cette exonération ne se réfère pas au chiffre d'affaires réalisé avec des ventes de viande, mais au chiffre global des ventes.

25.

D'après les informations en possession de la Commission, cette exonération du payement de la taxe d'équarrissage a continué à opérer encore en 2003.

III.   APPRÉCIATION

III.1.   Existence de l'aide

26.

Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, sauf dérogations prévues par ce traité, sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

27.

Il apparaît que les aides pour l'enlèvement et destruction des animaux trouvés morts, ainsi que pour la collecte et destruction des farines animales et des déchets d'abattoir ont été financé par le budget de l'État (comme spécifié au point III.2 c), elles apportent des bénéfices à certaines entreprises agricole qui auraient dû disposer de ces déchets et faussent au menace de fausser la concurrence. Ces aides sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres dans la mesure où elles favorisent la production nationale au détriment de la production des autres États membres. En effet, le secteur concerné est ouvert à la concurrence au niveau communautaire et, pourtant, sensible à toute mesure en faveur de la production dans l'un ou l'autre État membre. En 2003, en France on élevait 19 200 400 bovins, 15 250 700 porcs, 8 962 500 ovins et 1 228 800 caprins (6).

28.

Il s'agit donc des mesures qui relèvent de l'article 87, paragraphe 1, du traité (7).

29.

Les articles 87 à 89 du traité sont rendus applicables dans le secteur de la viande de porc par l'article 21 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil (8) portant organisation commune des marchés pour ces produits. Ils sont rendus applicables dans le secteur de la viande bovine par l'article 40 du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil (9) portant organisation commune des marchés pour ces produits. Avant l'adoption de ce dernier, ils étaient rendus applica- bles dans le même secteur par l'article 24 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil (10). Ils sont rendus applicables dans le secteur de la viande de volaille par l'article 19 du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil (11) portant organisation commune des marchés pour ces produits.

30.

L'exonération du payement de la taxe d'équarrissage semble, à ce stade, impliquer une perte de ressources pour l'État et ne semble pas, à ce stade, justifiée par la nature et l'économie du système fiscal qui a comme objectif d'assurer les recettes de l'État. En effet, selon les informations dont dispose la Commission, l'exonération ne se réfère pas au chiffre d'affaires réalisé avec des ventes de viande, mais au chiffre global des ventes.

31.

Comme la taxe d'équarrissage est calculée sur la valeur des produits sur base de viande, il ne semble pas justifié d'exonérer du paiement de la taxe une entreprise avec un chiffre d'affaires plus élevé en termes de ventes de viande, tandis que son concurrent, qui réaliserait un chiffre d'affaires inférieur avec les produits à base de viande, serait soumis à la taxe.

32.

En conséquence, ladite exonération semble, à ce stade, constituer un avantage sélectif. Il s'agirait ainsi d'une aide en faveur des vendeurs exonérés qui trouvent leur charge fiscale allégée. Sur base des chiffres concernant le commerce de viande donnés ci-dessous, la Commission conclut, à ce stade, que l'exemption en 2003 de la taxe en faveur des commerçants réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions FRF est un avantage susceptible de constituer une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

33.

À ce stade, la Commission ne peut pas exclure un impact de l'exonération de la taxe sur les échanges entre États membres, notamment dans des zones frontalières.

34.

L'exemption de la taxe des commerçants réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions FRF semble donc constituer une aide d'État aux termes de l'article 87.1 du traité.

III.2.   Compatibilité de l'aide

35.

L'article 87, paragraphe 3, point c), prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

36.

La Commission, doit signaler, au préalable, que les aides d'État en question pour l'année 2003 ont été mises en exécution avant que la Commission ait pu se prononcer sur leur compatibilité avec les règles de concurrence applicables. Du fait que les mesures mises en exécution par la France contiennent des éléments d'aide d'État, il s'ensuit qu'il s'agit d'aides nouvelles, non notifiées à la Commission et, de ce fait, illégales au sens du traité.

37.

D'après le point 23.3 des lignes directrices agricoles (12), toute aide illégale au sens de l'article 1er (f), du règlement (CE) no 659/1999 doit être évaluée conformément aux règles et aux lignes directrices en vigueur au moment où l'aide est accordée.

38.

Les mesures financées par les autorités françaises sont: le stockage et élimination des farines animales, l'élimination des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles et la collecte, la transformation et l'élimination des déchets d'abattoir. En plus, l'exemption de la taxe des commerçants réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 5 millions FRF doit, elle aussi, être évaluée à la lumière des règles sur les aides d'État dans le secteur agricole.

39.

La Commission a adopté, en 2002, les Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État liées aux tests EST, aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs (13) (ci-après les lignes directrices EST). Ces lignes directrices sont applicables depuis le 1er janvier 2003. Les farines animales produites ainsi que les déchets d'abattoir et les animaux trouvés morts concernent l'année 2003. Le stockage des farines animales peut concerner aussi les coûts des farines accumulées depuis 2001. Au point 44 des lignes directrices EST il est prévu que, en dehors des cas relatifs notamment aux animaux trouvés morts et aux déchets d'abattoirs, les aides illégales au sens de l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 seront examinées conformément aux règles et lignes directrices EST applicables au moment où l'aide a été octroyée. Donc, pour ces types d'aide, ces lignes directrices et les lignes directrices pour les aides d'État dans le secteur agricole constituent l'encadrement à l'égard duquel les aides notifiées doivent être examinées.

40.

S'agissant des mesures partiellement financées au moyen d'une taxe parafiscale, tant la nature des aides que le financement de celles-ci doit, le cas échéant, être examiné.

III.2 a)   Animaux trouvés morts

41.

En France, les animaux trouvés morts entrent dans le champ d'application des dispositions relatives au service public de l'équarrissage. Ainsi qu'il a été indiqué précédemment, le coût total de l'élimination des animaux trouvés morts dans les exploitations agricoles s'élèvera, pour 2003, à 137 millions d'euros.

42.

Le point 28 et suivants des lignes directrices EST prévoit que, jusqu'au 31 décembre 2003, les États membres peuvent accorder des aides d'État pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts d'enlèvement (collecte et transport) et de destruction (stockage, transformation, destruction et élimination finale) des animaux trouvés morts.

43.

Il se dégage des informations fournies que l'élimination d'animaux morts a été financée à un taux maximum de 100 % par l'État en 2003.

44.

Les autorités françaises ont spécifié que l'aide a été octroyée uniquement aux producteurs et que la définition d'animaux trouvés morts correspond à celle prévue au point 17 des Lignes directrices EST.

45.

En plus, aux termes des points 33 et 34 des Lignes directrices EST, en vue de faciliter l'administration de ces aides d'État, l'aide peut être versée aux opérateurs économiques travaillant en aval de l'agriculteur et offrant des services liés à l'enlèvement et/ou à la destruction des animaux trouvés morts, à la condition qu'il puisse être prouvé que le montant intégral de l'aide d'État versée est remis à l'agriculteur. À moins qu'il ne soit démontré que, par nature ou en application d'une disposition juridique concernant un service donné, un seul fournisseur est possible, lorsque le choix du fournisseur de ces services n'est pas laissé à l'agriculteur, ce fournisseur doit être choisi et rémunéré conformément aux principes du marché, de manière non discriminatoire, en ayant le cas échéant recours à une procédure d'appel d'offres conforme à la législation communautaire, et en toute hypothèse en recourant à un degré de publicité suffisant pour assurer au marché de services concerné une libre concurrence et pour permettre le contrôle de l'impartialité des règles d'appel d'offres.

46.

Dans ce cas, il résulte du décret no 96-1229 du 27 décembre 1996 modifié par le décret no 97-1005 du 30 octobre 1997 que le service public de l'équarrissage est soumis aux procédures de passation des marchés publics dans les conditions qui suivent. Le préfet est l'autorité chargée, dans chaque département, de l'exécution du service public de l'équarrissage. Il passe, à cet effet, les marchés nécessaires selon les procédures définies par le Code des marchés publics. Par dérogation, certains peuvent être passés à l'échelon national lorsque des considérations d'ordre technique ou économique justifient une coordination à un tel niveau.

47.

Pour l'année 2003, les procédures de marchés publics n'ont cependant pas permis d'assurer les prestations indispensables à la bonne marche du SPE. En effet, les appels d'offres lancés par les préfets de région sur les périodes 2002-2004 et 2005-2011 sont restés infructueux du fait soit de l'absence de réponse, soit de réponses incomplètes ou assorties de réserves contraires au cahier des clauses exigées. Dans ces conditions, les marchés ont été déclarés sans suite.

48.

En conséquence, les autorités françaises ont dû procéder à des réquisitions pour des motifs d'urgence, de salubrité et d'ordre public. Ces réquisitions ont été effectuées sur la base de l'ordonnance no 59-63 du 6 janvier 1959 relative aux réquisitions de biens et de services et du décret d'application no 62-367 du 26 mars 1962.

49.

Ces dispositions prévoient notamment que la rémunération des prestations requises est versée sous forme d'indemnités qui ne doivent compenser que la perte matérielle, directe et certaine que la réquisition a imposée au prestataire. Ces indemnités tiennent compte exclusivement de toutes les dépenses exposées d'une façon effective et nécessaire par le prestataire de la rémunération du travail, de l'amortissement et de la rémunération du capital, appréciées sur des bases normales. En revanche, aucune indemnisation n'est due pour la privation du profit qu'aurait pu procurer au prestataire la libre disposition du bien requis ou la poursuite en toute liberté de son activité professionnelle.

50.

En vue des spécifications fournies par les autorités françaises, la Commission considère que les conditions prévues dans les lignes directrices EST sont respectées et que, de ce fait, les aides en question sont compatibles avec le marché commun, sur la base de l'article 87. 3 c) du traité.

III.2 b)   Farines animales et déchets d'abattoir

51.

En ce qui concerne les déchets d'abattoir, le point 39 et suivants des lignes directrices ETS prévoient que la Commission autorisera des aides d'État pouvant aller jusqu'à 50 % des coûts générés par l'élimination sûre des matériels à risque spécifiés et des farines de viande et d'os qui n'ont plus d'utilisation commerciale et produits en 2003. La Commission autorise aussi des aides d'État pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts liés à l'élimination des matériels à risque spécifiés et des farines de viande et d'os qui n'ont plus d'utilisations commerciales et produites avant la date de mise en application des présentes lignes directrices.

52.

En plus, et en vue de réduire le risque de stockage peu sûr de tels matériels, la Commission autorise des aides d'État pouvant aller jusqu'à 100 % des coûts liés au stockage sûr et approprié de matériels à risque spécifiés et de farines de viande et d'os en attente d'une élimination sûre, jusqu'à la fin 2004.

53.

Il se dégage des informations fournies, que les coûts de stockage de farines de viande ont été pris en charge depuis 2000 à un taux maximal de 100 % par l'État français et que cela était aussi le cas en 2003. Ces déchets ne feront plus l'objet d'une aide à compter du 1er janvier 2004. Les coûts de stockage des déchets d'abattoir ont été pris en charge à 100 % par l'État en 2003. Ils sont évalués à 40,5 millions d'euros incluant la location des entrepôts contenant des farines depuis la fin de l'année 2000. S'agissant des farines bas risque, les autorités françaises précisent qu'elles concernent les farines de viandes et d'os qui n'ont plus d'utilisation commerciale à la suite de la suspension de l'utilisation de ces sous-produits dans l'alimentation pour les animaux.

54.

Concernant les coûts de collecte, transformation et incinération des déchets d'abattoir la prise en charge par l'État s'est élevée à 147,5 millions d'euros et la prise en charge par la filière à 212 millions d'euros. Il en découle que les charges directement supportées par les entreprises productrices de déchets carnés sont supérieures à la moitié du coût d'élimination des déchets d'abattoirs en 2003.

55.

Sur base des faits exposés plus haut, la Commission est donc en mesure de conclure que les aides en l'espèce octroyées en France en 2003 répondent aux conditions des lignes directrices TSE.

III.2 c)   Le financement des aides sous a) et b)

56.

En France, tant l'aide à l'élimination des farines d'os et de viandes non commercialisables que le SPE sont financés sur le budget de l'État depuis le 1er janvier 2001.

57.

Comme déjà affirmé dans le cadre de la décision C 49/02 concernant la taxe sur les achats de viande (taxe d'équarrissage) (14), la Commission considère qu'en général, l'introduction du produit d'une taxe dans le système budgétaire national ne rendrait plus possible de retracer le lien entre ladite taxe et le financement d'un service déterminé fourni et financé par l'État. De ce fait, il ne serait plus possible d'affirmer qu'une taxe frappant aussi la viande des autres États membres revêt un caractère discriminatoire vis-à-vis les produits desdits États membres, parce que le produit de la taxe se confondrait avec le reste des revenus de l'État, sans que le financement des aides puisse lui être directement attribué.

58.

Dans ce cas, comme spécifié par les autorités françaises, depuis le 1er janvier 2001, il n'existe plus de fonds servant à financer le SPE et les crédits affectés au SPE sont inscrits au budget du ministère chargé de l'agriculture au même titre que d'autres dépenses. En outre, les montants afférents au produit de la taxe et au coût du SPE ne sont pas équivalents.

59.

La Commission a déjà conclut, dans le cadre de la Décision précitée, qu'il existe une déconnexion entre la taxe d'équarrissage et le financement du SPE depuis le 1er janvier 2001.

60.

En plus, sur la base de la récente jurisprudence communautaire (15) pour que l'on puisse considérer une taxe, ou une partie d'une taxe, comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit nécessairement exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe est nécessairement affecté au financement de l'aide. Si un tel lien existe, le produit de la taxe influence directement l'importance de l'aide et, par voie de conséquence, l'appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché commun.

61.

Les mesures prises en 2003 et dont est question dans la présente décision, ont été financées par le budget de l'État, dans les mêmes conditions qu'en 2001 et 2002, comme indiqué dans la description. Le mode de financement n'a été modifié qu'à compter du 1er janvier 2004, date à partir de laquelle une taxe dite d'abattage a été instituée (16).

62.

Pour l'année 2003, le produit de la taxe d'équarrissage, qui a été évalué à 550 millions d'euros dans la loi no 2002-1575 du 30 décembre 2002, loi de finances pour 2003, est d'ailleurs, d'après les autorités françaises, sans commune mesure avec le crédit ouvert auprès du ministère compétent pour assurer le financement du coût de l'équarrissage.

63.

Dans le cas d'espèce, il n'existe donc aucun lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente et le produit de la taxe n'est pas affecté au financement de l'aide. De ce fait, aucun examen complémentaire concernant le financement des aides n'est requis, notamment à la lumière de l'article 90 du traité UE.

64.

La Commission n'a pas reçu des plaintes concernant les aides en cause, accordées en 2003. Or, le type de financement de l'aide en cause a fait l'objet des plaintes en ce qui concerne les années antérieures. La Commission s'est déjà exprimé sur la séparation entre taxe d'équarrissage et financement des aides en 2001 et 2002 dans le cadre de la Décision C 49/2002. Il s'agit du même dispositif pour l'année 2003.

III.2 d)   Exonération du payement de la taxe d'équarrissage

65.

S'agissant d'entreprises de commercialisation des produits agricoles, du fait que la Commission, à ce stade, considère que les échanges intra-communautaires sont affectés, la Commission considère, à ce stade, que l'aide tombe dans le champ d'application du point 3.5 des lignes directrices pour les aides d'État dans le secteur agricole. Celui-ci prévoit que, pour être considérée comme compatible avec le marché commun, toute mesure d'aide doit avoir un certain élément incitatif ou exiger une contrepartie du bénéficiaire. Ainsi, sauf exceptions expressément prévues dans la législation communautaire ou dans ces lignes directrices, les aides d'État unilatérales simplement destinées à améliorer la situation financière des producteurs, mais qui ne contribuent en aucune manière au développement du secteur, et notamment celles accordées sur la seule base du prix, de la quantité, de l'unité de production ou de l'unité de moyens de production sont assimilées à des aides au fonctionnement, incompatibles avec le marché commun.

66.

L'exonération en l'espèce semble consister en un allégement des charges dépourvues de tout élément incitatif et de toute contrepartie des bénéficiaires dont la compatibilité avec les règles de concurrence n'est pas, à ce stade, prouvée.

67.

Pour le commerce exonéré du payement de la taxe d'équarrissage la Commission ne saurait, donc, exclure que l'on soit en présence d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité et qu'il s'agisse d'une aide au fonctionnement, sur laquelle la Commission a des doutes quant à sa compatibilité avec le marché commun.

IV.   CONCLUSION

68.

La Commission regrette que la France ait mis à exécution les mesures d'aide décrites plus haut en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

69.

Vu tout ce qui précède, la Commission conclut que les mesures d'aide concernant l'enlèvement et destruction des animaux trouvés morts, ainsi que le stockage et la destruction des farines animale et des déchet d'abattoir ne risquent pas d'affecter les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Elles peuvent donc bénéficier de la dérogation de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité en tant que mesure pouvant contribuer au développement du secteur.

70.

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission considère à ce stade qu'en ce qui concerne les mesures en faveur du commerce exonéré du payement de la taxe d'équarrissage, elle ne saurait exclure que l'on soit en présence d'une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

71.

La Commission, après avoir examiné les informations fournies par les autorités françaises, a dès lors décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE en ce qui concerne l'existence et la compatibilité des aides en faveur du commerce exonéré du payement de la taxe d'équarrissage.

72.

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission invite la France, dans le cadre de la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE, à présenter ses observations et à fournir toute information utile pour l'évaluation des mesures en question dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la présente. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre aux bénéficiaires potentiels de l'aide.»


(1)  Este límite era inicialmente de 2,5 millones de FRF y se incrementó a 5 millones en 2001.

(2)  Aide d'État no N 515/2003, lettre aux autorités françaises no C(2004) 936 fin du 30 mars 2004.

(3)  Sur la base de 1 FRF = 0,15 euro.

(4)  Ce seuil, originairement de 2,5 millions FRF, a été augmenté à 5 millions FRF en 2001.

(5)  En effet, en application de l'article L.226-1 du code rural, “la collecte et l'élimination des cadavres d'animaux, celles des viandes, abats et sous-produits animaux saisis à l'abattoir reconnus impropres à la consommation humaine et animale, ainsi que celles des matériels présentant un risque spécifique au regard des encéphalopathies spongiformes subaiguës transmissibles, dénommés matériels à risque spécifié et dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'État”.

(6)  Source Eurostat.

(7)  La Cour de justice a déjà eu à trancher sur le service public de l'équarrissage français dans le cadre de l'affaire GEMO.

(8)  JO L 282 du 1.11.1975.

(9)  JO L 160 du 26.6.1999.

(10)  JO L 148 du 28.6.1968.

(11)  JO L 282 du 1.11.1975.

(12)  JO C 232 du 12.8.2000, p. 17.

(13)  JO C 324 du 24.12.2002.

(14)  Décision SG D 2004 205908 du 17.12.2004.

(15)  Affaire CJE C-174/02, Streekgewest Westelijk Noord-Brabant — Staatssecretaris van Financiën, du 13.1.2005.

(16)  Cf.: Décision de la Commission N 515/A/2003 SG D 2004 201428 du 1.4.2004.


17.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 228/20


Notificación previa de una operación de concentración

(Caso no COMP/M.3884 — ADM Poland/Cefetra/BTZ)

Caso susceptible de ser tratado por procedimiento simplificado

(2005/C 228/07)

(Texto pertinente a los fines del EEE)

1.

Con fecha 9 de septiembre de 2005 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (1) la Comisión recibió notificación de un proyecto de concentración por el que la empresa Wielkopolskie Zakłady Tłuszczowe ADM Szamotuły Sp. z.o.o. («ADM Polonia», Polonia) perteneciente al grupo ADM y Cefetra B.V. («Cefetra», Holanda) adquieren el control conjunto, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de la empresa Bałtycki Terminal Zbożowy sp. z.o.o. («BTZ», Polonia), en la actualidad controlada por la autoridad del puerto de Gdynia, a través de adquisición de acciones.

2.

Ámbito de actividad de las empresas afectadas:

ADM Polonia: activa en la producción de aceites, en particular de aceite de colza,

Cefetra: activa en la comercialización de materias primas para piensos compuestos,

BTZ: terminal proveedor de servicios, incluyendo carga, descarga y almacenamiento de productos agrícolas en el puerto de Gdynia en Polonia.

3.

Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la transacción notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) no 139/2004. No obstante, se reserva la posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto. De conformidad con la Comunicación de la Comisión sobre el procedimiento simplificado para tramitar determinadas operaciones de concentración con arreglo al Reglamento (CE) no 139/2004 del Consejo (2) se hace notar que este caso es susceptible de ser tratado por el procedimiento establecido en dicha Comunicación.

4.

La Comisión insta a terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con respecto a la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación. Las observaciones pueden ser enviadas a la Comisión por fax [(32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o por correo, referencia no COMP/M.3884 — ADM Poland/Cefetra/BTZ, a la siguiente dirección:

Comisión Europea

Dirección General de Competencia

Registro de operaciones de concentración

J-70

B-1049 Bruselas


(1)  DO L 24 de 29.1.2004, p. 1.

(2)  DO C 56 de 5.3.2005, p. 32.