ISSN 1725-244X

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 221

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Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

48o año
8 de septiembre de 2005


Número de información

Sumario

Página

 

II   Actos jurídicos preparatorios

 

Comité Económico y Social Europeo

 

414o Pleno de los días 9 y 10 de febrero de 2005

2005/C 221/1

Dictamen del Comité Económico y Social sobre el XXXIII Informe sobre la política de competencia — 2003(SEC(2004) 658 final)

1

2005/C 221/2

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros internacionales de ferrocarril(COM(2004) 143 final — 2004/0049 (COD))

8

2005/C 221/3

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las indemnizaciones por incumplimiento de los requisitos contractuales de calidad en los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril(COM(2004) 144 final — 2004/0050 (COD))

13

2005/C 221/4

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Libro Blanco sobre los servicios de interés general(COM(2004) 374 final)

17

2005/C 221/5

Dictamen de la Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Informacióndel Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Utilización de la energía geotérmica: el calor del interior de la Tierra

22

2005/C 221/6

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ejecución de las fases de despliegue y de explotación del programa europeo de radionavegación por satéliteCOM(2004) 477 final — 2004/0156 (COD)

28

2005/C 221/7

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad (INSPIRE)(COM(2004) 516 final — 2004/0175 (COD))

33

2005/C 221/8

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Gestión de los riesgos de inundación — Prevención, protección y mitigación de las inundaciones(COM(2004) 472 final)

35

2005/C 221/9

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la financiación de la política agrícola común(COM(2004) 489 final — 2004/0164 (CNS))

40

2005/C 221/0

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CEE) no 2759/75, el Reglamento (CEE) no 2771/75, el Reglamento (CEE) no 2777/75, el Reglamento (CEE) no 1254/1999, el Reglamento (CEE) no 1255/1999 y el Reglamento (CEE) no 2529/2001 en lo relativo a las medidas excepcionales de apoyo al mercadoCOM(2004) 712 final — 2004/0254 (CNS)

44

2005/C 221/1

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Pekín +10: Evaluación de los progresos logrados en el campo de la igualdad entre los géneros en Europa y en los países en desarrollo

46

2005/C 221/2

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el Libro Verde — Los contratos públicos de defensa(COM(2004) 608 final)

52

2005/C 221/3

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/440/CEE del Consejo sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios(COM(2004) 139 final — 2004/0047 (COD))

56

2005/C 221/4

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la certificación del personal conductor de locomotoras y trenes en la red ferroviaria de la Comunidad(COM(2004) 142 final — 2004/0048 (COD))

64

2005/C 221/5

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la aplicación de un sistema de preferencias arancelarias generalizadasCOM(2004) 699 final — ref. 2004/0242 (CNS)

71

2005/C 221/6

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un proceso monitorio europeo(COM(2004) 173 final/3 — 2004/0055 (COD))

77

2005/C 221/7

Dictamen del Comité Económico y social Europeo sobre la Propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y al derecho de réplica en relación con la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información(COM(2004) 341 final — 2004/0117 (COD))

87

2005/C 221/8

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Política de empleo: papel del CESE tras la ampliación y en la perspectiva del proceso de Lisboa

94

2005/C 221/9

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo: Financiación de Natura 2000(COM(2004) 431 final)

108

2005/C 221/0

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los servicios en el mercado interior(COM(2004) 2 final — 2004/0001 (COD))

113

2005/C 221/1

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo — Compensación y liquidación en la Unión Europea — El camino a seguir(COM(2004) 312 final)

126

2005/C 221/2

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa integrado de acción en el ámbito del aprendizaje permanente(COM(2004) 474 final — 2004/0153 (COD))

134

2005/C 221/3

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema Cómo garantizar una mejor integración de las regiones con desventajas naturales y estructurales permanentes

141

2005/C 221/4

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre La política de los consumidores tras la ampliación de la Unión Europea

153

ES

 


II Actos jurídicos preparatorios

Comité Económico y Social Europeo

414o Pleno de los días 9 y 10 de febrero de 2005

8.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 221/1


Dictamen del Comité Económico y Social sobre el «XXXIII Informe sobre la política de competencia — 2003»

(SEC(2004) 658 final)

(2005/C 221/01)

El 4 de junio de 2004, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre el «XXXIII Informe sobre la política de competencia — 2003»

La Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 11 de enero de 2005 (ponente: Sr. CHIRIACO).

En su 414o Pleno de los días 9 y 10 de febrero de 2005 (sesión del 9 de febrero), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 75 votos a favor y 1 abstención el presente Dictamen.

1.   Preámbulo

1.1

El Informe de 2003 sobre la política de competencia refleja los cambios introducidos en la organización interna del sector y en los métodos de trabajo de la Comisión, a la vez que documenta la forma en que la Comisión garantiza la coherencia de la estructura de la gobernanza económica europea.

1.2

La política de competencia de la UE desempeña un papel importante de cara a alcanzar los objetivos de competitividad de la agenda de Lisboa. Esta política no sólo abarca las normas de defensa de la competencia y sobre las concentraciones, sino también la aplicación de una disciplina eficiente y firme en materia de ayudas estatales.

1.3

A fin de permitir el ingreso sin repercusiones negativas de los diez nuevos Estados miembros, la Comisión ha elaborado un sistema de normas de competencia comunes a todos los Estados miembros, a fin de alcanzar una aplicación equitativa de las normas en materia de ayudas estatales y ha puesto de manifiesto asimismo la importancia de hacer frente a las intervenciones estatales que falsean la competencia, con la misma energía con que se aplican las normas relativas a las empresas.

1.4

En 2003, el número total de nuevos casos de violación de las normas de la competencia fue de 815, y, entre otras medidas, se instituyó la figura del «funcionario de enlace», con el objetivo de garantizar un diálogo permanente con los consumidores europeos. El bienestar de éstos constituye de hecho la primera misión de la política de competencia, pero su voz no tiene suficiente eco cuando se tramitan asuntos concretos o se debaten aspectos políticos. Las competencias del citado «funcionario de enlace» no se limitan al control de las concentraciones, sino que incluyen también las prácticas restrictivas de la competencia –carteles y abusos de posición dominante– así como otros asuntos y aspectos del sector.

1.5

En octubre de 2003, la Comisión publicó un proyecto de normas y directrices relativas a los acuerdos de transferencia de tecnología sobre el que el CESE emitió un Dictamen (1). La propuesta de reforma, teniendo en cuenta la evolución que ha experimentado esta tipología de acuerdos en los últimos años, persigue el objetivo de simplificar y ampliar el ámbito de aplicación del Reglamento comunitario de exención. Las nuevas normas presentan las siguientes ventajas:

el Reglamento de exención por categorías solamente tendrá una lista negra: lo que no esté explícitamente excluido de la exención por categorías ésta exento,

las nuevas normas diferenciarán claramente las licencias concedidas entre competidores de las concedidas entre no competidores,

está prevista la adopción de un «paquete de modernización».

1.6

La Comisión nombró también un Economista jefe especializado en competencia, por un período de tres años a partir del 1 de septiembre de 2003. Al mismo tiempo, reforzó positivamente el papel de consejero auditor. El Economista jefe tiene tres funciones principales:

el asesoramiento sobre economía y econometría para la aplicación de las normas de competencia de la UE. Esto puede incluir la contribución al desarrollo de instrumentos de política general;

el asesoramiento general en las fases iniciales de asuntos concretos de competencia, y

el asesoramiento detallado en los asuntos de competencia más importantes que susciten cuestiones económicas complejas y, en particular, que requieran análisis cuantitativos avanzados.

1.7

Por su parte, el consejero auditor goza de mayores poderes e independencia en su papel de garante del derecho a la defensa en determinados procedimientos en materia de competencia. Dicho consejero depende directamente del comisario responsable y no recibe instrucciones de la DG Competencia. Puede intervenir siempre que surjan asuntos legítimos de derecho a la defensa; organiza y conduce objetivamente las audiencias orales, decide sobre el derecho de terceros interesados en que se les escuche y también sobre si se debe admitir la presentación de nuevos documentos. De todo ello informa al comisario competente.

2.   Resumen de las actividades de lucha contra los carteles — Art. 81 y 82 del Tratado.

2.1

En octubre de 2003 la Comisión inició la fase final del proceso de reforma del sistema de las normas en materia de restricciones de la competencia (llamado paquete de modernización), con el fin de facilitar la puesta en práctica de los poderes de aplicación de los poderes atribuidos a las autoridades de competencia y desarrollar los mecanismos de cooperación con las autoridades nacionales de competencia (ANC) y los tribunales nacionales establecidos en el Reglamento 1/2003.

2.2

Concretamente, el paquete de modernización consta de un nuevo Reglamento de aplicación, que se refiere principalmente a las modalidades de la audiencia de las partes afectadas, así como a otros varios aspectos de procedimiento, tales como el acceso al expediente y el tratamiento de la información confidencial. Los seis proyectos de Comunicación se refieren entre otros a los mecanismos de cooperación entre los diversos órganos de aplicación de las normas de competencia de la UE y entre la Comisión y los tribunales nacionales, el concepto de impacto en los intercambios entre Estados miembros, la tramitación de las denuncias y las orientaciones destinadas a las empresas para ayudarlas a la evaluación de asuntos nuevos o no resueltos. Para el paquete de modernización en su conjunto, véase el Dictamen del CESE. (1)

2.3

Durante 2003, la Comisión adoptó cinco decisiones contra acuerdos horizontales ilegales: carnes de vacuno francesas, sorbatos, productos eléctricos y mecánicos de carbono y grafito, peróxidos orgánicos y tubos de cobre industriales. La suma de las multas impuestas en estas decisiones ascendió a 400 millones de euros, importe que debería garantizar un efecto disuasorio. Las investigaciones implican la realización de inspecciones en las empresas. Se ofrece una total inmunidad frente a las multas a la primera empresa que revele la existencia de un entendimiento y que facilite las pruebas suficientes para que la Comisión ordene una inspección. Se prevé a cambio que la Comisión emita un dictamen favorable cuando los acuerdos entre las empresas no limiten la competencia en los mercados interesados y los consumidores saquen provecho de dicha cooperación. En ese mismo año 2003, la Comisión se pronunció en relación con tres casos de violación del artículo 82 relativos a:

la estrategia de precios de Deutsche Telecom AG (DT) aplicada al acceso local a la red fija de telefonía;

la estrategia de precios aplicada por Wanadoo a sus servicios ADSL; y

el abuso de posición dominante de Ferrovie dello Stato S.p.A (FS) en el mercado del acceso a la infraestructura ferroviaria, la tracción y el transporte de pasajeros.

3.   Evolución de la competencia por sectores

3.1

En el año 2003 se registraron progresos significativos, aunque no totalmente satisfactorios, en el proceso de liberalización del sector de la energía (electricidad y gas). En junio se adoptó el paquete legislativo que garantiza que todos los consumidores europeos de electricidad y gas puedan elegir su proveedor a más tardar el 1 de julio de 2007. Estas medidas legislativas fueron acompañadas por una actividad permanente de la Comisión en asuntos de competencia.

3.2

No obstante, los consumidores y empresarios de diversos países de la Unión abrigan sentimientos difusos de insatisfacción por los niveles de precios, todavía elevados, y la eficacia relativa de estos servicios. En los nuevos Estados miembros, además, los interlocutores sociales y las organizaciones de consumidores afirman la exigencia de que se respete plenamente la independencia de las autoridades nacionales garantes de la competencia y de las autoridades reguladoras de los servicios de utilidad pública.

3.2.1

Cuando existe una legislación adecuada y completa en materia de competencia, en particular en los nuevos Estados miembros, a menudo se observa una falta de voluntad de garantizar que las agencias encargadas del control y la aplicación cumplen su función de forma adecuada, por lo que en numerosas ocasiones estas disposiciones no han sido capaces de defender los intereses de los consumidores o de mejorar la eficacia de los mercados. El Comité apoya el reconocimiento formal del carácter complementario de la política de competencia y la política de consumidores. El consumidor –capaz de aportar un valor añadido gracias a los medios de que dispone para presentar quejas y recurrir en caso necesario– es esencial para aprovechar la competitividad y fomentarla en mayor medida. Un movimiento de consumidores más organizado y dotado de más recursos contribuirá también al proceso de toma de decisiones de los gobiernos y aportará información sobre los mercados y las prácticas contrarias a la libre competencia.

3.3

En el ámbito de los servicios postales, la Directiva adoptada en 2002 abre un camino hacia la realización del mercado interior, en especial mediante una reducción progresiva del área reservada y la liberalización del correo transfronterizo de salida. Además, la Comisión, basándose en un acuerdo adoptado en el Consejo Europeo, realizará durante 2006 un estudio para evaluar el impacto del servicio universal en cada uno de los Estados miembros. Basándose en los resultados de este estudio, la Comisión adoptará una propuesta de apertura total del mercado postal a partir de 2009 o cualquier otra medida que permita garantizar la naturaleza del servicio universal.

3.4

En materia de comunicaciones electrónicas, en julio de 2004 finalizó el plazo para la presentación del nuevo marco normativo del sector. En su informe de referencia, la Comisión ha señalado en particular los siguientes principios: los mercados deben analizarse a la luz de los principios utilizados en derecho de competencia y en la práctica de su defensa; únicamente deberán someterse a regulación los operadores que ocupen posiciones dominantes; todos los servicios y las redes de comunicación electrónica quedarán sujetas a las mismas normas de manera no discriminatoria (neutralidad tecnológica). El desarrollo de las comunicaciones electrónicas y el acceso generalizado a las mismas no pueden garantizar por sí solos el relanzamiento del crecimiento económico. Para alcanzar este resultado es fundamental potenciar el nivel de conocimientos y competencias de todos aquellos que utilicen las tecnologías de la información y la comunicación.

3.5

En el sector del transporte aéreo, en 2003 la Comisión decidió entablar un diálogo exhaustivo de alcance sectorial, no limitado a asuntos concretos, con objeto de elaborar orientaciones transparentes de protección de la competencia en el ámbito de las alianzas y las fusiones entre compañías aéreas.

3.5.1

Además, se ha desarrollado la tarea de definir y llevar a la práctica orientaciones comunes para la aplicación de la normativa de defensa de la competencia en el sector ferroviario en todo lo relativo tanto al transporte de mercancías como al de pasajeros.

3.5.2

El diálogo sectorial se ha desarrollado también en el sector de los transportes marítimos, de la distribución de vehículos de motor y de los seguros, con el fin de revisar o adoptar normas apropiadas de exención por categorías.

3.5.3

El citado diálogo sectorial deberá tener en cuenta asimismo formas de tratamiento fiscal comparables.

3.6

Medios de comunicación: La Comisión considera que el pluralismo de los medios de comunicación es un objetivo fundamental para el desarrollo tanto de la Unión Europea como de la identidad cultural de los Estados miembros, pero insiste en que la responsabilidad del control de la concentración de los medios informativos corresponde fundamentalmente a los Estados miembros. La aplicación de los instrumentos de la política de competencia se limita al mercado interesado al impacto económico del comportamiento de las empresas de los medios y al control de las ayudas estatales. Dichos instrumentos no pueden reemplazar los controles nacionales sobre la concentración de los medios y las medidas internas destinadas a asegurar el pluralismo de éstos. La aplicación de las normas de competencia se limita a resolver los problemas suscitados por la creación o el fortalecimiento de posiciones dominantes en los mercados respectivos y al control de la exclusión de competidores de estos mercados.

3.6.1

Más adelante observaremos que esta postura de la Comisión, aunque formalmente correcta, no ha logrado impedir o contrastar, en particular en algunos países, posiciones dominantes y prácticas contrarias a la libre competencia. Los mercados afectados son diferentes y en ellos hay un factor –el mercado publicitario por televisión– que tiene cada vez más un peso determinante a efectos de protección del pluralismo y que no ha sido adecuadamente investigado hasta ahora.

3.6.2

Además, en las actividades de control no se han tenido en cuenta los métodos que determinados grupos de sociedades que operan en el sector de los medios de comunicación utilizan para reforzar su posición dominante, en particular por medio de medidas defensivas destinadas a desalentar las escaladas hostiles, mediante el endeudamiento de la empresa blanco o la atribución de derechos de voto múltiples que facilitan el control de la sociedad por parte de los accionistas minoritarios.

3.6.3

La Comisión, por lo tanto, deberá mantenerse excepcionalmente en alerta en la aplicación de las normas y prácticas sobre competencia.

3.7

Profesiones liberales: La Comisión Europea puso a disposición pública el estudio realizado para la Comisión por el Instituto para Estudios Avanzados (IHS) de Viena, que muestra la existencia de niveles distintos de regulación de los servicios prestados por los profesionales liberales entre los Estados miembros, así como entre las diferentes profesiones. El informe saca la conclusión de en los países en que la regulación es más limitada y la libertad en el ejercicio de las profesiones es mayor es posible, globalmente, crear más riqueza.

3.7.1

Además, durante la Conferencia sobre la regulación de servicios profesionales celebrada en Bruselas en octubre de 2003, que reunió a 260 representantes de las profesiones, se debatieron los efectos de las normativas y reglamentaciones en la estructura de las empresas y la protección del consumidor.

3.7.2

El Comisario Monti anunció la intención de la Comisión de elaborar en 2004 un informe sobre la competencia en los servicios profesionales. Dicho informe, que contiene orientaciones y directrices de bastante importancia, se publicó el 9 de febrero de 2004.

4.   Reforma del control de las concentraciones

4.1

El 27 de noviembre de 2003, el Consejo llegó a un acuerdo político sobre una refundición del Reglamento sobre control de las concentraciones, que en buena medida incorpora las reformas propuestas por la Comisión en diciembre de 2002. Dicha reforma incluía medidas de carácter no legislativo a fin de simplificar el proceso decisorio y, en particular, perfeccionar el análisis económico y el respeto de los derechos de defensa. Además, la Comisión nombró un Economista jefe especializado en competencia e instituyó un panel para garantizar conclusiones totalmente independientes. Véase el Dictamen del CESE sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las fusiones transfronterizas de las sociedades de capitales»  (2) por lo que se refiere a la evaluación de las fusiones.

4.2

Objetivo: Garantizar que el criterio sustantivo del Reglamento sobre control de las concentraciones (criterio de posición dominante) permita efectivamente contemplar todas las concentraciones contrarias a la competencia y mantener al mismo tiempo la seguridad jurídica. El criterio de valoración sustantiva se compara con el de «reducción sustancial de la competencia» («substantial lessening of competition»), llegándose al final a la siguiente formulación: «Es posible que las eficiencias derivadas de la concentración contrarresten los efectos sobre la competencia y, en particular, el perjuicio potencial para los consumidores que en caso contrario podría resultar de la concentración, y que, como consecuencia de ello, ésta no obstaculice de forma significativa la competencia efectiva, particularmente a consecuencia de la creación o el refuerzo de una posición dominante en el mercado común o en una parte sustancial del mismo».

4.2.1

En su formulación citada, el nuevo texto deja entrever una potencial ampliación del ámbito de aplicación de la prohibición a ámbitos ya no vinculados estrechamente al requisito de posición dominante. No obstante, esta norma deberá interpretarse y aplicarse a la luz de lo contenido en la declaración conjunta del Consejo y de la Comisión sobre el artículo 2 con referencia al considerando no 25 del Reglamento (3), en el que se afirma que «el concepto de obstaculización significativa de la competencia efectiva establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 2 debe ser interpretado haciéndolo extensivo, más allá del concepto de posición de dominio, sólo a los efectos anticompetitivos de una concentración que resulten de un comportamiento no coordinado entre empresas que no tengan una posición dominante en el mercado relevante».

4.3

Directrices sobre la evaluación de concentraciones horizontales: Se trata de las concentraciones entre empresas competidoras o potencialmente competidoras Dichas concentraciones únicamente serán ilegales si refuerzan el poder de mercado de las empresas, de manera tal que pueda tener consecuencias perjudiciales para los consumidores, en particular en forma de precios más elevados, productos de menor calidad o menor número de opciones. Todo ello con independencia de que los efectos anticompetitivos sean resultado de la creación o del refuerzo de un operador dominante único o bien resultado de un oligopolio. No obstante, el efecto de la concentración se evaluará en relación con lo que habría podido suceder en el mercado en cuestión a falta de la propia concentración. Podría darse, por ejemplo, que la adquisición de una empresa que se halle al borde de la quiebra no justificara la intervención de la Comisión.

4.4

Nuevas directrices sobre buenas prácticas: Dentro del conjunto de reformas de 2002, la Comisión inició una consulta pública, que concluyó en febrero de 2003, con el objetivo de proporcionar orientaciones a las partes interesadas en materia de la gestión ordinaria de procedimientos relativos al control de las concentraciones en la UE.

5.   Cooperación internacional

5.1

La Comisión ha participado activamente en el grupo de trabajo de la Red Internacional de Competencia (RIC) sobre control de las concentraciones por varias jurisdicciones. Las actividades de este grupo de trabajo se han organizado en tres subgrupos diferentes:

notificación y procedimientos,

técnicas de investigación, y

marco analítico.

5.1.1

La Comisión participa activamente en los tres subgrupos. Su objetivo principal es mejorar el entendimiento mutuo entre jurisdicciones diferentes a fin de mejorar la eficacia de la actividad de control de las concentraciones.

5.1.2

En un sentido más general, la RIC tiene una configuración de red virtual entre varias autoridades de protección de la competencia, con el objetivo de facilitar la cooperación internacional y formular propuestas destinadas a reducir los costes reglamentarios y favorecer la convergencia de procedimientos y sustancial.

5.1.3

Con ocasión de la Segunda conferencia de la RIC, celebrada en junio de 2003 en Mérida (México), se puso en evidencia particularmente la necesidad de adoptar en materia de protección de la competencia un lenguaje claro y fácilmente accesible, y además se insistió en el carácter estratégico de la actividad de promoción de la competencia en el ámbito de los sectores regulados, reduciendo así los costes de reglamentación y superando los obstáculos para el entendimiento mutuo entre jurisdicciones por lo que respecta, en particular, a las políticas en materia de concentraciones.

6.   Ayudas estatales

6.1

El control de las ayudas estatales se centra en los efectos que las ayudas que el Estado otorga a las empresas puedan tener sobre la competencia. Objetivo: garantizar que las intervenciones públicas no interfieran con el buen funcionamiento del mercado interior, que promuevan la competencia y los mercados competitivos, y que refuercen las reformas estructurales. Debe garantizarse en particular que los efectos positivos de la liberalización no resulten perjudicados por las ayudas estatales. En el Consejo Europeo de Estocolmo se estableció que los Estados miembros deberán reducir el nivel general de las ayudas y reorientar éstas hacia objetivos horizontales de interés comunitario (reforzamiento de la cohesión económica y social, empleo, preservación del medio ambiente, promoción de la investigación y desarrollo de las PYME). La Comisión considera prioritaria la recuperación de las ayudas ilegales concedidas por los Estados miembros.

6.1.1

En este sentido hay que lamentar, en una serie de Estados miembros, la fallida apertura de la contratación pública a la competencia de los candidatos provenientes de otros Estados miembros. En la UE, el sector de la contratación pública tiene una facturación anual de más de 1 500 millardos de euros. La práctica de algunos Estados miembros de favorecer a sus empresas nacionales perjudica la competencia y aumenta la carga fiscal de los consumidores.

6.2

Ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis: Las orientaciones, que expiraron en octubre de 2004, preveían que únicamente podrán considerarse legítimas estas ayudas si satisfacen rigurosamente determinadas condiciones. Dichas orientaciones están siendo revisadas a propósito de algunas cuestiones clave:

asegurarse de que las ayudas de salvamento sean ayudas financieras reversibles, transitorias y limitadas estrictamente al tiempo necesario para ejecutar un plan de reestructuración completo,

centrar el control de las ayudas estatales en las grandes empresas que comercian dentro de la UE,

reforzar, especialmente en el caso de las grandes empresas, el principio de que el beneficiario de la ayuda tiene la obligación de financiar por sí mismo una elevada proporción de los costes de reestructuración sin ayuda del Estado,

aplicación del principio de «primera y última vez».

6.3

Marco multisectorial para grandes proyectos de inversión: El Marco establece normas estrictas para los sectores con problemas estructurales. Estaba previsto que para finales de 2003 se hubiese elaborado una lista de estos sectores, pero, a la vista de las dificultades metodológicas y técnicas surgidas, la Comisión decidió posponer la adopción de la lista las normas transitorias aplicables a los grandes proyectos de inversión en los sectores «sensibles» hasta diciembre de 2006.

6.4

Ayudas de I+D para las PYME: Las ayudas de investigación y desarrollo pueden contribuir al crecimiento económico, al refuerzo de la competitividad y al fomento del empleo. Las ayudas a la investigación y desarrollo de las PYME son especialmente importantes.

6.5

Ayudas para la protección del medio ambiente, ayudas a la I+D, ayudas a la formación y ayudas fiscales: En el ámbito de las ayudas fiscales, se han examinado en particular los métodos tributarios alternativos, como el método «cost plus» (se calcula aplicando un porcentaje fijo al importe de los gastos generales y de funcionamiento). En el ámbito de las ayudas sectoriales (en particular la aplicación del mecanismo defensivo temporal (MDT)) se han tomado en consideración los siguientes sectores: siderurgia, telecomunicaciones, carbón, transporte ferroviario, transporte combinado, transporte por carretera, transporte marítimo y transporte aéreo.

6.6

Agricultura: El 23 de diciembre de 2003 la Comisión adoptó un nuevo Reglamento por el que se establece un régimen de exención por categorías de determinados tipos de ayudas estatales, en virtud del cual los Estados miembros ya no tienen que notificar las ayudas previamente a la Comisión con vistas a su aprobación. El nuevo Reglamento será de aplicación hasta finales de 2006 y tiene por objeto las ayudas estatales a las PYME del sector agrario. Dada la definición de PYME (250 empleados como máximo, 40 millones de euros de volumen de negocios o un balance de 27 millones de euros), casi todas las explotaciones y empresas del sector agrario entran dentro del ámbito de aplicación de estas disposiciones. La Comisión, por último, introduce una nueva norma en materia de transparencia: se publicará en Internet una síntesis de todas las ayudas estatales otorgadas por los Estados miembros cinco días antes de que se empiecen a pagar las ayudas, con lo que se garantizará a todas las partes interesadas todas las informaciones útiles.

7.   Valoraciones de carácter general

7.1

Después de haber resumido y en parte comentado el «XXXIII Informe sobre la política de competencia — 2003» es preciso formular algunas valoraciones de carácter general sobre el conjunto del Informe y en particular sobre algunos de sus aspectos más significativos y de prospectiva.

7.2   Relación entre la política de competencia y la política económica de desarrollo

7.2.1

La política de competencia de la Unión Europea se ha hecho más eficaz y más abierta a una relación positiva con las empresas y los consumidores gracias a la introducción de los nuevos procedimientos de aplicación de las normas de competencia, a la revisión del Reglamento sobre las concentraciones y, por último, a las nuevas disposiciones organizativas internas de la Comisión.

7.2.2

Gracias a la política de competencia, la UE ha dado pasos sustanciales en el proceso de liberalización, restituyendo a la lógica y la dinámica del mercado sectores económicos enteros, contribuyendo así concretamente a la creación de un mercado único europeo. La política de competencia es pues esencial y su plena autonomía debe seguir estando protegida.

7.2.3

No obstante, la política de competencia no puede satisfacer por sí sola la necesidad, particularmente aguda hoy en día en toda la UE, de una recuperación general del crecimiento y de una política económica de desarrollo sostenible basada en la innovación y el diálogo social. Las transformaciones estructurales que han tenido lugar en la producción y el comercio mundial, a partir de las inducidas por el nuevo sistema tecnológico, exigen que la Comisión active y coordine otros instrumentos de política económica con el fin de salvaguardar y relanzar la competitividad de la economía europea y de reforzar la cohesión económica y social, el empleo, la protección del medio ambiente, así como la promoción de amplios y comprometidos de investigación y desarrollo. La posición de la Comisión en su Comunicación «Acompañar los cambios estructurales: Una política industrial para la Europa ampliada» y el Dictamen al respecto emitido por el CESE (4) van en esta dirección. La agenda de Lisboa establece con claridad estratégica la vía a seguir. Sin embargo, es preciso hacer posible e incluso acelerar su aplicación, tanto a escala general como sectorial.

7.2.3.1

A escala sectorial, el CESE, confirmando las consideraciones contenidas en su Dictamen de 30 de junio de 2004 sobre «LeaderSHIP 2015 — Definir el futuro de la industria europea de la construcción naval y la reparación de buques — Competitividad a través de la excelencia» (5), insiste en la necesidad de desarrollar un nuevo enfoque plenamente integrado, definido en el Consejo de Competencia de noviembre de 2003, con el fin de reforzar la competitividad industrial y estimular en todos los sectores la investigación, el desarrollo y la innovación.

7.3   Ayudas estatales y servicios de interés general

7.3.1

El proceso de reforma, que pretende racionalizar y simplificar los procedimientos relativos al control de las ayudas estatales, ha avanzado significativamente en la dirección de los objetivos fijados por el Consejo Europeo de Estocolmo de reducir el nivel de las ayudas de Estado y reorientarlas hacia objetivos horizontales de interés comunitario, entre otros los objetivos de la cohesión. Deben entenderse también en este sentido diversas medidas adoptadas por la Comisión, como una cierta ampliación del ámbito de aplicación de las ayudas a la I+D; así como las líneas directrices sobre los acuerdos de transferencia de tecnología, sobre la reestructuración de las empresas en dificultades y sobre las ayudas para la formación y la protección del medio ambiente; además de la disciplina multisectorial en el caso de los grandes proyectos de inversión.

7.3.2

En su sentencia Altmark, de julio de 2003, el Tribunal de Justicia confirmó, sujeta a determinadas condiciones, la exclusión de las ayudas de Estado en cuestión de las compensaciones concedidas a las empresas encargadas del suministro de servicios de interés general. No obstante, siguen pendientes de resolución algunos problemas relativos, sobre todo, a la relación óptima que debe establecerse entre las ayudas de Estado y los servicios de interés general. Sin embargo, la naturaleza de las condiciones que impone el Tribunal plantea, de hecho, la exigencia de mejorar la certeza jurídica, sobre todo en materia de evaluación de los costes, de definición de la financiación de los servicios (4) y de descripción de las obligaciones de servicio público objeto de compensación. Por otra parte, en el Libro Verde sobre los servicios de interés general, publicado en mayo de 2003, se reconocía ya la necesidad de valorar si los principios que rigen los servicios de interés general deben consolidarse ulteriormente en un marco comunitario general, y también la necesidad de precisar la regulación óptima de dichos servicios y las medidas que permitan potenciar la certeza jurídica de todos los operadores.

7.3.3

Las obligaciones de servicio universal, de hecho, cuando no se definan y financien correctamente podrán provocar en las empresas sujetas a dicha obligación pérdidas crecientes debidas a la posible entrada de los competidores en los segmentos de actividad más provechosos.

7.3.4

Por consiguiente, el CESE insiste en la necesidad ya expresada en su Dictamen (1) sobre el Libro Verde presentado por la Comisión, de adoptar una normativa clara en materia de servicios de interés general, con el fin de garantizar un acceso eficiente y equitativo de todos los usuarios a unos servicios de calidad que respondan a sus exigencias. Además, en particular en lo relativo a la reorganización y el funcionamiento de los servicios sociales, recomienda que se entable un diálogo lo más amplio posible con los interlocutores sociales y las ONG.

7.4   Profesiones liberales.

7.4.1

Las tareas de análisis exhaustivo que desarrolla la Comisión en relación con la normativa de los servicios profesionales en los Estados miembros ha sido muy útil por cuanto ha permitido sustanciar con gran eficacia el mensaje de la necesidad de revisar, aunque con ponderación, las normativas restrictivas en este ámbito y hacerlas más productivas y competitivas ante recursos de cultura de conocimientos que existen en el mundo profesional; todo ello se traduce, obviamente, en una gran ventaja tanto para los propios profesionales como para las empresas y los consumidores.

7.4.2

Forma parte ya de la sabiduría convencional –además de ser un principio reiteradamente afirmado por el Tribunal de Justicia– la noción de que también la oferta de servicios profesionales debe respetar las normativas de defensa de la competencia. Si bien es totalmente cierto que el criterio económico no puede ser el único parámetro de valoración de una prestación profesional, –por cuanto ésta no es una simple prestación técnica de aplicación y repetitiva, sino una prestación que enfrenta a un saber y un problema– es también cierto que su ejercicio constituye una actividad económica que, cuando se desarrolla en el respeto de la normativa en materia de competencia, produce más bienestar y puede hacer una contribución importante a la agenda de Lisboa.

7.4.2.1

En este sentido, es significativo el contenido de la Comunicación de la Comisión sobre el «Informe sobre la competencia en los servicios profesionales» (6). En la misma se subraya, por una parte, el importante papel que pueden desempeñar los servicios profesionales para mejorar la competitividad de la economía europea, por cuanto representan aportaciones esenciales para las empresas y las familias. Por otra parte, se cuestionan, basándose también en pruebas empíricas, los efectos negativos que las normativas restrictivas excesivas o superadas –como por ejemplo las existentes en materia de precios, publicidad, solicitud de acceso y derechos exclusivos, así como sobre la estructura empresarial– pueden haber tenido sobre los consumidores.

7.4.3

Es preciso por consiguiente llevar a la práctica y acelerar el proceso de reforma. Con este fin, el CESE solicita a la Comisión que mantenga su compromiso de publicación en 2005 un nuevo informe sobre los progresos alcanzados en la supresión de las normas restrictivas e injustificadas, ya antes citado. Asimismo, el CESE recuerda que en este mismo marco, la Comisión se ha comprometido también en profundizar la relación existente entre el nivel de regulación, los resultados económicos (precios y calidad) y la satisfacción de los consumidores,

7.4.4

Al mismo tiempo, el CESE llama la atención sobre la importancia de la sentencia del Tribunal de Justicia de 9 de octubre de 2003, en la causa Consorzio Industria Fiammiferi, la cual autoriza a las autoridades nacionales a dejar de aplicar toda normativa nacional que obligue a las empresas a mantener un comportamiento contrario al artículo 81 del Tratado CE.

7.4.5

Por último, se considera necesario promover una mayor y más consciente participación de los sectores interesados en el proceso de reforma.

7.5   Pluralidad de la información y derecho de la competencia

7.5.1

En su XXXIII Informe sobre la política de competencia, la Comisión sostiene, por una parte, que el mantenimiento y desarrollo del pluralismo de los medios de información y la libertad de facilitar y recibir información son objetivos fundamentales de la Unión Europea, en tanto que valores constitutivos del proceso democrático, y, por otra parte, que el control sobre la concentración de los medios de comunicación incumbe en primer lugar a los Estados miembros. La aplicación de los instrumentos de la política de competencia al sector de los medios de comunicación, añade, va dirigida únicamente a resolver los problemas que suscita la creación y el reforzamiento de posiciones dominantes en los mercados respectivos y la exclusión de competidores en dichos mercados. En opinión del CESE, esta distinción entre las obligaciones de la UE y las de los Estados miembros por una parte parece poco clara, y por otra deja pendientes algunos problemas importantes:

es preciso recordar que en los diferentes Estados miembros existen reglamentaciones y enfoques diferentes, que exigen una armonización: la Comisión inició su intervención en este sentido en 1989, prosiguiéndola más tarde en 1997 por medio de su Directiva «Televisión sin fronteras», en la que se indican no solo objetivos de eficiencia económica sino también el respeto de la diversidad cultura, la protección de los menores, el derecho de réplica, etc.;

es necesario también hacer la distinción, en el ámbito de los medios de comunicación, entre las normativas generales de defensa de la competencia y las normativas específicas orientadas a defender el pluralismo de la información. El funcionamiento de las normas de competencia es condición necesaria pero no suficiente para garantizar el pluralismo. A diferencia de un régimen de la competencia en el que el poder de mercado de cada una de las empresas deba enfrentarse a la iniciativa y las actividades de las empresas competidoras, la promoción y defensa del pluralismo exige, en cambio, el reconocimiento explícito del derecho de los ciudadanos de disponer de manera efectiva de fuentes libres de información y de una información alternativa y potencialmente diferente que debe protegerse a todos los niveles;

por último, el proceso de convergencia progresiva entre las telecomunicaciones, la informática, la radiotelevisión y la industria editorial hace difícil establecer disposiciones estructurales que los diversos mercados tiendan a asumir. Si no se tiene una correcta comprensión de este proceso se corre el riesgo de llegar tanto a una pérdida de eficacia de las normas de competencia como a una debilitación del principio del pluralismo.

7.5.2

La nueva Constitución Europea ampliará en buena medida el mandato de la Comisión. El CESE está convencido de que, en el nuevo marco jurídico, la Comisión podrá ejercer con más vigor las medidas que adopte de dirección y de intervención directa en la defensa y el desarrollo de la libertad y del pluralismo de la información.

Bruselas, 9 de febrero de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  DO C 80 de 30.3.2004.

(2)  DO C 117 de 30.4.2004.

(3)  Reglamento 139/2004 del Consejo, de 20.1.2004.

(4)  DO C 157 de 28.6.2005.

(5)  DO C 302 de 7.12.2004.

(6)  COM(2004) 83 final. de 9.2.2004.


8.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 221/8


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros internacionales de ferrocarril»

(COM(2004) 143 final — 2004/0049 (COD))

(2005/C 221/02)

El 28 de abril de 2004, de conformidad con el artículo 71 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 17 de enero de 2005 (ponente: Sr. CHAGAS).

En su 414o Pleno de los días 9 y 10 de febrero de 2005 (sesión del 9 de febrero de 2005), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 119 votos a favor, 1 en contra y 4 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Introducción

1.1

La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros internacionales de ferrocarril (en adelante «Reglamento de calidad sobre el transporte de pasajeros») forma parte del denominado tercer paquete ferroviario que fue aprobado por la Comisión Europea el 3 de marzo de 2004. Otros elementos de éste son los siguientes:

la modificación de la Directiva 91/440/CEE: Liberalización de los servicios internacionales de transporte de viajeros por ferrocarril (COM(2004) 139 final);

la Propuesta de Directiva sobre la certificación del personal conductor de locomotoras y trenes en la red ferroviaria de la Comunidad (COM(2004) 142 final), y

la Propuesta de Reglamento relativo a las indemnizaciones por incumplimiento de los requisitos contractuales de calidad en los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril (COM(2004) 144 final),

así como

la Comunicación de la Comisión — Proseguir la integración del sistema ferroviario europeo: el tercer paquete ferroviario (COM(2004) 140 final);

y el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la apertura gradual a la competencia de los servicios internacionales de transporte de viajeros por ferrocarril (SEC(2004) 236).

1.2

El denominado primer paquete ferroviario (también llamado paquete de medidas de infraestructura) entró en vigor el 15 de marzo de 2001 y su transposición al Derecho nacional estaba prevista para el 15 de marzo de 2003. Contiene los siguientes elementos:

la modificación de la Directiva 91/440/CEE: entre otras medidas, el libre acceso al mercado para el transporte internacional de mercancías en la Red Transeuropea de Transporte Ferroviario de Mercancías antes del 15 de marzo de 2003 y la liberalización del transporte internacional de mercancías por ferrocarril antes del 15 de marzo de 2008 (1);

la ampliación del ámbito de validez de una licencia europea para las empresas ferroviarias (modificación de la Directiva 95/18/CE) (2);

la armonización de las disposiciones relativas a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, la aplicación de cánones por su utilización y la reglamentación de la certificación de la seguridad (sustitución de la Directiva 95/19/CE) (3).

1.3

En octubre de 2003 la Comisión Europea presentó ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas una demanda contra nueve Estados miembros por no haber notificado la transposición al Derecho nacional del primer paquete ferroviario. En mayo de 2004, aún faltaba la notificación de cinco Estados miembros, y dos Estados miembros habían aplicado sólo parcialmente las disposiciones en el Derecho nacional.

1.4

El denominado segundo paquete ferroviario fue publicado el 30 de abril de 2004 en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y su transposición al Derecho nacional deberá llevarse a cabo antes del 30 de abril de 2006. Contiene los siguientes elementos:

la modificación de la Directiva 91/440/CEE: Extensión del libre acceso a los servicios internacionales de transporte ferroviario de mercancías a la totalidad de la red a partir del 1 de enero de 2006 y la liberalización del transporte ferroviario de mercancías nacional, incluido el cabotaje, a partir del 1 de enero de 2007 (4);

la Directiva sobre seguridad ferroviaria en la Comunidad (5);

el Reglamento por el que se crea una Agencia Ferroviaria Europea (6);

la modificación de las Directivas relativas a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad (Directiva 96/48/CE) y a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional (Directiva 2001/16/CE) (7);

1.5

Con el primer y el segundo paquetes ferroviarios se sentaron los fundamentos jurídicos para establecer un mercado interior del transporte de mercancías por ferrocarril. Las medidas se refieren al acceso al mercado, la concesión de licencias y la certificación de seguridad de las empresas ferroviarias, el acceso a las infraestructuras y la aplicación de cánones por su utilización, la creación de un marco jurídico para la seguridad ferroviaria, así como la adopción de medidas para establecer la interoperabilidad técnica del sistema ferroviario.

1.6

Este marco jurídico creado con el primer y segundo paquetes ferroviarios exige, como el CESE señaló en su Dictamen sobre el segundo paquete ferroviario (8), una plena reestructuración organizativa del sector, así como el establecimiento de nuevas autoridades y un nuevo reparto de competencias.

1.7

En la propuesta objeto de examen la Comisión propone la aprobación de disposiciones jurídicas para proteger a los viajeros del transporte internacional por ferrocarril, como ya es el caso en el transporte aéreo, en el que se ha mejorado la protección de los derechos de los viajeros en caso de denegación de embarque o de retrasos.

2.   Propuesta de la Comisión

2.1   Responsabilidad e indemnización

2.1.1

La propuesta de Reglamento regula la responsabilidad de las empresas ferroviarias en los casos de muerte o lesiones personales de los viajeros, así como de daños o extravío del equipaje.

2.1.2

Se fijan indemnizaciones mínimas por causa de retraso (en el anexo III) que los viajeros podrán solicitar sin por ello renunciar a su derecho al transporte.

Anexo III

Tipo de servicio

Duración del servicio

Indemnización del 50% en caso de

Indemnización del 100% en caso de

Viajes internacionales en servicios regulares (parcialmente) de alta velocidad

Hasta 2 horas

Retraso de 30-60 minutos

Más de 60 minutos de retraso

Más de 2 horas

Retraso de 60-120 minutos

Más de 120 minutos de retraso

Viajes internacionales en servicios regulares no de alta velocidad

Hasta 4 horas

Retraso de 60-120 minutos

Más de 120 minutos de retraso

Más de 4 horas

Retraso de 120-240 minutos

Más de 240 minutos de retraso

2.1.3

La propuesta de Reglamento regula de forma general los derechos de los viajeros en caso de pérdida de un enlace o de cancelación de un servicio, así como la asistencia a los clientes en caso de retrasos y de pérdidas de enlaces.

2.2   Información y venta de billetes

2.2.1

En el anexo I se recoge la información mínima que deben facilitar las empresas ferroviarias antes, durante y después del viaje. En el anexo II se establece la información mínima que debe constar en el billete.

2.2.2

Las empresas ferroviarias deberán ofrecer billetes o billetes directos entre las estaciones de ferrocarril principales, así como para las zonas circundantes. Para asegurar la venta de billetes directos, deberán cooperar y establecer acuerdos varias empresas ferroviarias. Estos billetes deberán ofrecerse en las taquillas, en las taquillas automáticas, por teléfono o por internet. En caso de que se hallen cerradas las taquillas o averiadas las taquillas automáticas, deberá ofrecerse la posibilidad de comprar los billetes para los viajes internacionales a bordo del tren. Los proveedores de sistemas deberán ofrecer a todas las empresas ferroviarias la posibilidad de distribuir información o vender billetes.

2.2.3

Cuando proyecten interrumpir algún servicio internacional, las empresas ferroviarias deberán informar al público de ese extremo.

2.3   Personas de movilidad reducida

2.3.1

En la propuesta de Reglamento se regula la asistencia a las personas de movilidad reducida en la estación de ferrocarril y en el tren, así como para embarcar, transbordar o desembarcar. La necesidad de asistencia deberá notificarse 24 horas antes de que vaya a requerirse.

2.4   Normas de calidad del servicio y procedimientos de presentación de reclamaciones

2.4.1

Las empresas ferroviarias estarán obligadas a establecer normas de calidad del servicio (definidas en el anexo IV) y a implantar un sistema de gestión de la calidad. Cada año, junto con su informe anual, publicarán un informe sobre sus prestaciones en materia de calidad del servicio.

2.4.2

Deberá establecerse un procedimiento de presentación de reclamaciones, por el que deberá responderse a los clientes en la misma lengua en la que se presente la reclamación. Las reclamaciones podrán presentarse en una de las lenguas de los países por cuyo territorio se haya efectuado el viaje. En cualquier caso podrán presentarse en inglés, francés o alemán. Lo mismo vale para la presentación de reclamaciones en los puntos de venta.

3.   Evaluación de la propuesta

3.1   Observaciones generales

3.1.1

En la propuesta de la Comisión se regulan dos ámbitos al mismo tiempo. Las propuesta relativas a la responsabilidad de las empresas y las indemnizaciones en caso de retrasos, cancelaciones de servicios, daños personales y materiales, así como la asistencia a las personas de movilidad reducida corresponden aproximadamente al ámbito de aplicación del Reglamento por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos (9). En la propuesta se regulan a escala europea los derechos de los viajeros en un segundo sector de transportes, el sector ferroviario.

3.1.2

El segundo ámbito se refiere a un conjunto diferente de elementos. Se obliga a las empresas a cooperar para garantizar la información sobre horarios y precios de los billetes y la venta de billetes «en taquillas únicas» en un sistema de competencia. Ello incluye tanto las conexiones entre las denominadas estaciones de ferrocarril principales como las estaciones de ferrocarril ubicadas en una zona cuyo centro sea la estación de ferrocarril más cercana. Esta propuesta debe examinarse en estrecha relación con la propuesta de modificación de la Directiva 91/440/CEE y la liberalización del transporte internacional de viajeros.

3.1.3

En las condiciones actuales en las que se prestan los servicios internacionales de transporte de viajeros por ferrocarril mediante acuerdos de cooperación entre empresas ferroviarias o mediante agrupaciones internacionales se cumplen las normas relativas a la información sobre horarios y precios, y, con pocas excepciones (por ejemplo, Thalys, Eurostar), las relativas a la expedición de billetes. En el marco de un sistema de empresas que compiten entre sí, es necesario mantener estas disposiciones y mejorarlas mediante normativas o legislación.

3.2   Ámbito de aplicación

3.2.1

El ámbito de aplicación son los servicios internacionales de transporte de viajeros por ferrocarril. Sin embargo, las disposiciones incluyen también las conexiones entre las estaciones de ferrocarril principales y las estaciones de ferrocarril ubicadas en una zona cuyo centro sea la estación de ferrocarril más cercana.

3.2.2

El CESE llama la atención sobre el hecho de que los enlaces de acceso pueden afectar a servicios que están sujetos a contratos de servicio público.

3.2.3

No obstante, el ámbito de aplicación queda delimitado con la definición de empresa ferroviaria incluida en el Reglamento (artículo 2, 1). En concreto sólo se trata de las empresas cuya actividad principal sea prestar servicios ferroviarios de transporte de viajeros. De ello podría deducirse que las empresas ferroviarias que se dedican también al transporte de mercancías quedan excluidas de las disposiciones del Reglamento. Esto no es de recibo.

3.3   Responsabilidad e indemnización

3.3.1

En principio el CESE acoge con satisfacción la introducción de disposiciones jurídicas europeas sobre la indemnización de los viajeros en caso de no prestación o de prestación no satisfactoria de un servicio y sobre el régimen de responsabilidad de las empresas ferroviarias.

3.3.2

No obstante, debe garantizarse que en las disposiciones jurídicas vinculantes exista una igualdad de trato entre los diferentes operadores de transporte que compiten entre sí.

3.3.3

Llama la atención que la entrada en vigor de las indemnizaciones en el sector del transporte ferroviario internacional se produzca antes que en el transporte aéreo y ello a pesar de que en el tráfico ferroviario se realizan con frecuencia trayectos más largos y, por ello, las posibilidades de que sufra interrupciones son más elevadas. Por ejemplo, en el tráfico aéreo la devolución del precio del billete sólo se hace efectiva cuando hay un retraso de más de cinco horas.

3.3.4

En caso de retrasos del servicio ferroviario la asistencia gratuita a los viajeros debe prestarse en una medida adecuada al tiempo de espera. En el transporte aéreo, el límite está en dos horas de espera o más.

3.3.5

En caso de cancelación de vuelo, no deberá pagarse una indemnización compensatoria si la cancelación se ha producido como resultado de circunstancias excepcionales. Esta cláusula de exención de responsabilidad no existe para el transporte de viajeros por ferrocarril.

3.3.6

El Reglamento sobre el transporte aéreo tampoco incluye un derecho a indemnización por los daños consecuentes al retraso o la cancelación de los servicios, mientras que éste sí está estipulado para el transporte por ferrocarril. Además, la propuesta de Reglamento no prevé un límite económico para los daños consecuentes.

3.3.7

El límite económico de la responsabilidad se fija en una cuantía diferente para el equipaje de mano y el resto del equipaje: 1 800 euros para el equipaje de mano y 1 300 euros para el resto del equipaje. De la exposición de motivos se entiende que en este punto la Comisión se ha acogido a acuerdos comparables pero diferentes (CIV para el sector ferroviario y Convenio de Montreal para el sector aéreo). Desde el punto de vista de los viajeros esta diferencia no es justificable.

3.3.8

La propuesta de Reglamento contiene disposiciones diferentes sobre la responsabilidad con culpa y la responsabilidad objetiva de la empresa para con los clientes. De este modo, la empresa ferroviaria sólo será responsable del extravío o los daños del equipaje de mano del viajero cuando sean imputables a la empresa ferroviaria. En otros casos, la empresa será responsable de manera objetiva.

3.3.9

La empresa ferroviaria no será responsable de los retrasos que se deban a condiciones meteorológicas excepcionales, catástrofes naturales y actos de guerra o terrorismo. De los retrasos debidos a otras circunstancias la empresa será también responsable sin culpa.

3.3.10

El CESE defiende en principio la responsabilidad objetiva en caso de retrasos para todos los sectores del transporte. No se trata de una indemnización por daños en el sentido estricto, sino de una compensación por la no prestación de un servicio. Desde el punto de vista del consumidor/cliente no tiene mucha importancia si ello es imputable o no a la empresa. Las limitaciones establecidas en este punto son apropiadas.

3.3.11

De la propuesta de Reglamento no se deduce claramente que un viajero pueda renunciar a la realización de un viaje en razón de un retraso ni que tenga derecho a la devolución del importe del billete sin deducciones. Precisamente en los viajes de negocios, un retraso puede hacer inútil el desplazamiento.

3.4   Asistencia a las personas de movilidad reducida y a otros viajeros

3.4.1

El CESE acoge con satisfacción las normas relativas a la asistencia a las personas de movilidad reducida.

3.4.2

Las empresas ferroviarias deberían facilitar información accesible a todos los viajeros -incluidas las personas con movilidad reducida tal como se definen en el apartado 21 del artículo 2-, ubicando las ventanillas y los puestos de información a una altura adecuada, así como escribiendo los textos con caracteres más grandes y fácilmente legibles.

3.5   Información de los viajeros y billetes

3.5.1

El CESE acoge con satisfacción las disposiciones relativas a la información que deben facilitar las empresas ferroviarias antes, durante y después del viaje (anexo I). En particular, la falta de información antes y durante el viaje en caso de retrasos es regularmente motivo de una indignación considerable de los clientes.

3.5.2

Por lo que se refiere a la información mínima que debe constar en el billete (anexo II), debe indicarse si y en qué circunstancias puede anularse el billete con devolución del importe del viaje. Debido a la existencia de diferentes sistemas de venta de billetes el viajero no puede a menudo cerciorarse de este extremo.

3.5.3

En el Reglamento se dispone (artículos 3, 5 y 6) lo siguiente:

las empresas ferroviarias o los operadores de viajes facilitarán a los viajeros información sobre horarios, precios de billetes, condiciones de acceso para bicicletas, etc. de todas las empresas ferroviarias que ofrezcan el viaje en todos los sistemas de venta (taquillas, teléfono, internet o sistemas futuros);

las empresa deberán cooperar para vender a los clientes billetes directos en todos los sistemas de venta.

3.5.4

El CESE considera en principio deseable que se ofrezca a los viajeros sistemas de venta e información de ventanilla única para todas las ofertas de transporte por ferrocarril y los servicios que vayan asociados a ellas.

3.5.5

No obstante, llama la atención sobre las particularidades del transporte por ferrocarril:

la conexión en red, la interdependencia entre el tráfico internacional, nacional y de cercanías, incluidos los servicios sometidos a contratos de servicio público que están sujetos a otras obligaciones;

las ventajas de la venta de billetes a corto plazo (viajes no planificados), las posibilidades de embarcar durante el trayecto y, a menudo, la ausencia de obligación de reserva de asiento;

la existencia de billetes de carácter no personal.

3.5.6

Un reglamento de aplicación directa no puede tener en cuenta de manera adecuada la complejidad que se deriva de la conexión de los servicios internaciones de transporte de viajeros por ferrocarril con los servicios regionales en un sistema en red, incluida la integración de los ofertantes de líneas que compiten entre sí. El número de estaciones afectadas (estaciones de ferrocarril principales y estaciones de ferrocarril ubicadas en una zona cuyo centro sea la estación de ferrocarril más cercana) es, por ejemplo, considerable.

3.5.7

El Comité subraya que en la actualidad estas normas para los servicios internacionales de viajeros por ferrocarril se cumplen en gran medida. No obstante, en el marco de un sistema de empresas que compiten entre sí, es necesario mantener estas disposiciones y mejorarlas mediante la legislación adecuada.

3.6   Repercusiones del Reglamento para los trabajadores

3.6.1

En el artículo 21 se establece que la empresa ferroviaria será responsable por su personal. Por el contrario, en el artículo 22 se habla de la posibilidad de acumular las reclamaciones, incluidas también las reclamaciones contra el personal. Debe establecerse claramente que el personal de la empresa ferroviaria no estará expuesto a reclamaciones por responsabilidad por parte de los pasajeros o terceras partes, sino que el empresario seguirá siendo responsable.

3.6.2

Las indemnizaciones elevadas por retrasos no deben, por tanto, llevar a que las empresas ferroviarias acepten más riesgos en cuanto al nivel de seguridad para evitar las reclamaciones de indemnización. Es decir, debe quedar excluido que las empresas ferroviarias ejerzan una presión excesiva sobre sus trabajadores con el riesgo de que se produzcan descuidos en los períodos de trabajo, de conducción y de descanso. Además, debe garantizarse que se dispone de suficiente personal bien formado para satisfacer los requisitos de calidad.

3.6.3

Por consiguiente, el anexo IV sobre las normas mínimas de calidad del servicio debe incluir la cualificación del personal correspondiente. Ello vale tanto para el personal a bordo del tren como para el personal de la estación y el personal que tramita las reclamaciones.

4.   Conclusiones

4.1

El CESE acoge favorablemente la presentación de un Reglamento sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros internacionales de ferrocarril. En él se amplían a otros modos de transporte las disposiciones de protección de los consumidores que hasta ahora sólo eran válidas para el sector aéreo.

4.2

Sin embargo, el CESE es contrario a la desigualdad de trato entre los modos de transporte que compiten entre sí. Las disposiciones aplicables al sector del ferrocarril no deben ser más estrictas que las disposiciones aplicables al sector aéreo.

4.3

El CESE considera que es necesario mejorar el Reglamento por lo que respecta a las disposiciones específicas sobre la responsabilidad en caso de daños consecuentes, la definición de límites económicos de la responsabilidad y las cláusulas de exención de responsabilidad en caso de cancelación de servicios.

4.4

En principio, el CESE se pronuncia a favor de la devolución del importe del billete sin imputación de culpa para cualquier servicio que no se haya prestado o se haya prestado de forma insuficiente, siempre que ésta sea aplicable a todos los modos de transporte.

4.5

El CESE se declara partidario del concepto de sistemas de información y ventas de ventanilla única que garanticen una buena calidad de servicio para los viajeros. Sin embargo, expresa sus reservas de que este conjunto de factores pueda abordarse en el marco del mismo reglamento sobre disposiciones relativas a las indemnizaciones y la responsabilidad.

4.6

El CESE señala que el establecimiento de sistemas de información y ventas de ventanilla única en un sistema interconectado compuesto por ofertantes de redes de transporte internacional, nacional, regional y de servicio público, sumado a la existencia de ofertantes de líneas que compiten entre sí, es considerablemente complejo, sobre todo si este sistema debe ofrecerse en todos los sistemas de venta.

4.7

Y por último, señala que el establecimiento de disposiciones jurídicas sobre la información que debe facilitarse a los viajeros y la expedición de billetes en el transporte internacional de viajeros por ferrocarril debe considerarse en estrecha relación con la modificación de la Directiva 91/440/CEE para la liberalización de los servicios internacionales de transporte de viajeros por ferrocarril.

Bruselas, 9 de febrero de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Directiva 2001/12/CE — DO L 75 de 15.3.2001, p. 1 — Dictamen del CESE — DO C 209 de 22.7.1999, p. 22.

(2)  Directiva 2001/13/CE — DO L 75 de 15.3.2001, p. 26 — Dictamen del CESE — DO C 209 de 22.7.1999, p. 22.

(3)  Directiva 2001/14/CE — DO L 75 de 15.3.2001, p. 29 — Dictamen del CESE — DO C 209 de 22.7.1999, p. 22.

(4)  Directiva 2004/51/CE — DO L 164 de 30.4.2004, p. 164 — Dictamen del CESE — DO C 61 de 14.3.2003, p. 131.

(5)  Directiva 2004/49/CE — DO L 164 de 30.4.2004, p. 44 — Dictamen del CESE — DO C 61 de 14.3.2003, p. 131.

(6)  Directiva 2004/881/CE — DO L 164 de 30.4.2004, p. 1 — Dictamen del CESE — DO C 61 de 14.3.2003, p. 131.

(7)  Directiva 2004/50/CE — DO L 164 de 30.4.2004, p. 114 — Dictamen del CESE — DO C 61 de 14.3.2003, p. 131.

(8)  DO C 61 de 14.3.2003, p. 131.

(9)  Reglamento (CE) no 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) no 295/91.


8.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 221/13


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las indemnizaciones por incumplimiento de los requisitos contractuales de calidad en los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril»

(COM(2004) 144 final — 2004/0050 (COD))

(2005/C 221/03)

El 28 de abril de 2004, de conformidad con el artículo 71 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 17 de enero de 2005 (ponente: Sr. CHAGAS).

En su 414o Pleno de los días 9 y 10 de febrero de 2005 (sesión del 9 de febrero de 2005), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 130 votos a favor y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Introducción

1.1

La propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las indemnizaciones por incumplimiento de los requisitos contractuales de calidad en los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril (en adelante «Reglamento sobre la calidad en el transporte de mercancías») forma parte del denominado tercer paquete ferroviario que fue aprobado por la Comisión Europea el 3 de marzo de 2004. Otros elementos de éste son los siguientes:

la modificación de la Directiva 91/440/CEE: apertura a la competencia de los servicios internacionales de transporte de viajeros por ferrocarril (COM(2004) 139) final);

la Propuesta de Directiva sobre la certificación del personal conductor de locomotoras y trenes (COM(2004) 142 final);

la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros internacionales de ferrocarril (COM(2004) 143 final);

la Propuesta de Reglamento relativo a las indemnizaciones por incumplimiento de los requisitos contractuales de calidad en los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril (COM(2004) 144 final);

así como

la Comunicación de la Comisión — Proseguir la integración del sistema ferroviario europeo (COM(2004) 140 final), y

el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la apertura gradual a la competencia de los servicios internacionales de transporte de viajeros por ferrocarril (SEC(2004) 236).

1.2

El denominado primer paquete ferroviario (también llamado paquete de medidas de infraestructura) entró en vigor el 15 de marzo de 2001 y su transposición al Derecho nacional estaba prevista para el 15 de marzo de 2003. Contiene los siguientes elementos:

la modificación de la Directiva 91/440/CEE: entre otras medidas, el libre acceso al mercado para el transporte internacional de mercancías en la Red Transeuropea de Transporte Ferroviario de Mercancías antes del 15 de marzo de 2003 y la apertura a la competencia del transporte internacional de mercancías por ferrocarril antes del 15 de marzo de 2008 (1);

la ampliación del ámbito de validez de una licencia europea para las empresas ferroviarias (modificación de la Directiva 95/18/CE) (2);

la armonización de las disposiciones relativas a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, la aplicación de cánones por su utilización y la reglamentación de la certificación de la seguridad (sustitución de la Directiva 95/19/CE) (3).

1.3

En octubre de 2003, la Comisión Europea presentó ante el Tribunal de Justicia Europeo una demanda contra nueve Estados miembros por no haber notificado la transposición al Derecho nacional del primer paquete ferroviario. En mayo de 2004 faltaba aún la notificación de cinco Estados miembros y dos Estados miembros habían incorporado sólo parcialmente las disposiciones al Derecho nacional.

1.4

El denominado segundo paquete ferroviario fue publicado el 30 de abril de 2004 en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y su transposición al Derecho nacional deberá llevarse a cabo antes del 30 de abril de 2006. Contiene los siguientes elementos:

la modificación de la Directiva 91/440/CEE: extensión a la totalidad de la red, a partir del 1 de enero de 2006, del libre acceso a los servicios internacionales de transporte ferroviario de mercancías y apertura a la competencia del transporte ferroviario de mercancías nacional, incluido el cabotaje, a partir del 1 de enero de 2007 (4);

la Directiva sobre seguridad ferroviaria en la Comunidad (5);

el Reglamento por el que se crea una Agencia Ferroviaria Europea (6);

la modificación de las Directivas relativas a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad (Directiva 96/48/CE) y a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional (Directiva 2001/16/CE) (7).

1.5

Con el primer y el segundo paquetes ferroviarios se sentaron los fundamentos jurídicos para establecer un mercado interior del transporte de mercancías por ferrocarril. Las medidas se refieren al acceso al mercado, la concesión de licencias y la certificación de seguridad de las empresas ferroviarias, el acceso a las infraestructuras y la aplicación de cánones por su utilización, la creación de un marco jurídico para la seguridad ferroviaria, así como medidas para establecer la interoperabilidad técnica del sistema ferroviario.

1.6

La propuesta objeto de examen complementa el marco jurídico creado para la liberalización del mercado con la adopción de una serie de medidas sobre la mejora de la calidad en el transporte de mercancías.

2.   Propuesta de la Comisión

2.1

La propuesta de Reglamento sobre la calidad en el transporte de mercancías tiene como fin mejorar la calidad del transporte de mercancías por ferrocarril mediante la celebración de acuerdos contractuales en materia de indemnizaciones entre las empresas ferroviarias y los clientes del transporte. La Comisión considera que la causa principal de la escasa participación de los ferrocarriles en el aumento del volumen del transporte de mercancías y su decreciente cuota de mercado con respecto a otros modos de transporte se debe a la falta de calidad y de fiabilidad de que adolece el transporte de mercancías por ferrocarril.

2.2

La Comisión espera que la aplicación de un sistema de indemnizaciones incite a las empresas ferroviarias a mejorar la eficacia de los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril. Parte de la base de que con el tiempo la competencia ejercerá una mayor presión en favor de la mejora de la calidad, aunque a juicio de la Comisión la apertura real del mercado en este sector no es lo suficientemente rápida. Las empresas nuevas representan tan sólo el 3 o 4 % del mercado, y en varios Estados miembros no existe competencia.

2.3

La propuesta de reglamento obliga a las empresas ferroviarias y a los clientes a establecer requisitos de calidad en los contratos de transporte de mercancías y a fijar indemnizaciones en caso de incumplimiento. Las partes contratantes están obligadas a acordar al menos los siguientes requisitos de calidad:

horas acordadas para la entrega de las mercancías, de los vagones o de los trenes;

hora de llegada e indemnización en caso de retraso;

indemnización en caso de pérdida o daño de la mercancía;

indemnización en caso de cancelación de un tren por la empresa ferroviaria o por el cliente del transporte;

establecimiento de un sistema de control de la calidad.

2.4

La propuesta de reglamento establece unos importes mínimos y máximos para las indemnizaciones por pérdida, deterioro, retraso, falta de información sobre el retraso, pérdida o daño de la mercancía a causa del retraso. Por ejemplo: en caso de deterioro, el importe máximo de la indemnización se establece en 75 euros por kilogramo de masa bruta perjudicada. En caso de retraso de los trenes bloque, la indemnización se fija en un porcentaje mínimo del 5 % y un porcentaje máximo del 25 % del precio del transporte. En caso de falta de información sobre el retraso, la indemnización asciende a un 5 % como mínimo del precio del transporte.

2.5

Las partes contratantes están obligadas a establecer indemnizaciones en caso de cancelación de un tren por parte de la empresa ferroviaria o por parte del cliente del transporte. Pueden fijar de común acuerdo las indemnizaciones en caso de declaración del valor de la mercancía o de interés en la entrega.

2.6

Hay exención de responsabilidad en caso de conducta culposa de una de las partes contratantes, conducta culposa o cualquier otra intervención de una tercera parte, causas de fuerza mayor o circunstancias que no se pudieran evitar y cuyas consecuencias no se pudieran impedir. En caso de que la indemnización se haya producido por causa del administrador de la infraestructura, la empresa ferroviaria deberá pagar la indemnización y reclamar a éste su reembolso.

2.7

En caso de que participen en el transporte varias empresas existe una «responsabilidad solidaria» de todas las empresas participantes, independientemente de cuál sea la causante del retraso o el daño.

3.   Observaciones sobre la propuesta de la Comisión

3.1

Con vistas a establecer un sistema de transporte sostenible y unas relaciones equilibradas entre los diferentes modos de transporte, tal como se expone en el «Libro Blanco sobre la política europea de transportes de cara al 2010», uno de los objetivos comunitarios es aumentar la cuota de mercado del transporte de mercancías por ferrocarril. Para ello, uno de los múltiples enfoques –que en principio cabe acoger favorablemente– es el objetivo de mejorar la calidad de los servicios en el transporte de mercancías por ferrocarril.

3.2

La Comisión propone un sistema de incentivos cuyo fin es aumentar la calidad y, en particular, la puntualidad para evitar el pago de indemnizaciones. Por lo general, los agentes del mercado reaccionan ante el riesgo financiero que implica el posible pago de indemnizaciones con un aumento de los precios.

3.3

Se plantea la cuestión de si el instrumento propuesto por la Comisión constituye un enfoque adecuado.

3.4

El ámbito de aplicación incluye el transporte internacional y el transporte nacional de mercancías. La Comisión afirma en la exposición de motivos de la propuesta de reglamento que hoy en día ya existen requisitos contractuales en materia de calidad, sobre todo en el transporte nacional. Menos en el transporte internacional. En otro lugar afirma que los problemas surgen principalmente cuando participan distintas empresas ferroviarias, cosa que sucede muy a menudo en el transporte internacional.

3.5

Se plantea la cuestión de si, dado que se trata de intervenir en contratos entre socios comerciales –no se trata de protección de los consumidores–, no sería más apropiado que el ámbito de aplicación quedara restringido al transporte de mercancías internacional.

3.6

Por otra parte, convendría examinar de qué incentivos positivos se dispone en lugar del pago de indemnizaciones, por medio de un reglamento comunitario que sería único para el sector ferroviario y que complementaría el convenio ya existente relativo a los transportes internacionales ferroviarios COTIF (CIM). Por ejemplo, el artículo 11 de la Directiva 2001/14/CE prevé la concesión de primas para los costes de las infraestructuras si las empresas contribuyen a reducir al mínimo las perturbaciones y a mejorar el funcionamiento de la red ferroviaria.

3.7

Con vistas a fomentar el transporte de mercancías por ferrocarril, es imperativo evitar que se produzca un trato desigual de los distintos modos de transporte en competencia.

3.8

Así, por ejemplo, se plantea la cuestión de si conviene adaptarse a otros reglamentos comunitarios comparables en el sector del transporte de mercancías por vía aérea y por carretera. Los acuerdos internacionales sobre las indemnizaciones por daños o pérdidas prevén importes claramente inferiores (Acuerdo de Montreal relativo al transporte aéreo: un tercio del límite máximo total previsto en el reglamento; CMR relativo al contrato de transporte internacional de mercancías por carretera: un sexto del límite máximo total).

3.9

Está poco claro qué relación existe entre el sistema de control de calidad que deben adoptar de común acuerdo las partes contratantes y las disposiciones relativas a la telemática aplicada al transporte de mercancías. La cuestión de la vigilancia electrónica en tiempo real de los movimientos de mercancías por ferrocarril a escala europea se trata en la ETI (especificación técnica de interoperabilidad) relativa a la telemática aplicada al transporte de mercancías. Esta disposición define los requisitos técnicos armonizados y las condiciones relativas a la comunicación. No obstante, su aplicación y transposición requieren inversiones elevadas y necesitarán muchos años de desarrollo.

3.10

La propuesta estipula que la empresa ferroviaria podrá reclamar al administrador de la infraestructura las indemnizaciones pagadas si éste ha sido el causante del retraso.

3.11

También en este caso cabe prever que las empresas harán frente al riesgo financiero que ello supone aumentando los precios por trayecto (cobertura del riesgo) e introduciendo mecanismos para amortiguar los retrasos en la planificación horaria. Dadas las escasas capacidades de infraestructura, esta sería una reacción poco deseable. En el sector aeronáutico, esto ya se ha puesto de relieve tras la entrada en vigor de la directiva sobre indemnizaciones de los pasajeros. El cálculo del riesgo es considerablemente complicado para el administrador de la infraestructura, porque no conoce y no puede influir en el valor de los flujos de mercancías y en las indemnizaciones derivadas.

3.12

Hay que tener en cuenta asimismo que las infraestructuras en los nuevos Estados miembros de Europa Central y Oriental están en peor estado, con mayor necesidad de inversiones, y que las obligaciones de indemnización que establece el reglamento pueden provocar problemas considerables.

3.13

La propuesta supone un gasto considerable en lo que respecta a la determinación de las responsabilidades y a las reclamaciones al administrador de la infraestructura por parte de la empresa ferroviaria. Del mismo modo, también resulta costosa la atribución de responsabilidades cuando están implicadas varias empresas ferroviarias.

3.14

La perspectiva de tener que abonar indemnizaciones elevadas no deberá traer como consecuencia que las empresas ferroviarias comprometan la seguridad a fin de cumplir los plazos de entrega. También deberá quedar excluido que las empresas ejerzan una presión excesiva sobre sus empleados, con el riesgo de que estos descuiden los periodos de conducción y descanso en este sector.

3.15

En su dictamen sobre el segundo paquete ferroviario, el CESE ya señalaba cómo las disposiciones sociales existentes en el transporte por carretera representan una desventaja competitiva para el transporte de mercancías por ferrocarril. Pero la consecuencia no puede ser que las condiciones de trabajo en el transporte ferroviario se adapten a las del transporte por carretera y se incite a las empresas a incumplir las normas y a ejercer presión sobre el empleo.

4.   Conclusiones

4.1

El CESE suscribe en principio las medidas relativas a la mejora de la calidad del transporte de mercancías por ferrocarril.

4.2

A su juicio, debería darse preferencia a incentivos positivos en lugar de establecer normas de indemnización estrictas que pueden provocar reacciones de defensa y crear un complicado sistema de reembolso. Esto afecta en particular a la función del administrador de la infraestructura.

4.3

Las medidas para la mejora de la calidad del transporte de mercancías no han de producir discriminaciones con respecto a otros modos de transporte.

4.4

El CESE pide a la Comisión que examine las repercusiones de las medidas en las empresas ferroviarias y en los administradores de las infraestructuras de los nuevos Estados miembros.

4.5

El CESE insiste en que no conviene que las medidas relativas a la mejora de la calidad en el transporte de mercancías conduzcan a reacciones de defensa por parte de las empresas en lo que respecta al nivel de concienciación en materia de seguridad y condiciones de trabajo.

Bruselas, 9 de febrero de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Directiva 2001/12/CE — DO L 75 de 15.3.2001, p. 1 — Dictamen del CESE — DO C 209 de 22.7.1999, p. 22.

(2)  Directiva 2001/13/CE — DO L 75 de 15.3.2001, p. 26 — Dictamen del CESE — DO C 209 de 22.7.1999, p. 22.

(3)  Directiva 2001/14/CE — DO L 75 de 15.3.2001, p. 29 — Dictamen del CESE — DO C 209 de 22.7.1999, p. 22.

(4)  Directiva 2004/51/CE — DO L 164 de 30.4.2004, p. 164 — Dictamen del CESE — DO C 61 de 14.3.2003, p. 131.

(5)  Directiva 2004/49/CE — DO L 164 de 30.4.2004, p. 114 — Dictamen del CESE — DO C 61 de 14.3.2003, p. 131.

(6)  Reglamento 2004/881/CE — DO L 164 de 30.4.2004, p. 114 — Dictamen del CESE — DO C 61 de 14.3.2003, p. 131.

(7)  Directiva 2004/50/CE — DO L 164 de 30.4.2004, p. 114 — Dictamen del CESE — DO C 61 de 14.3.2003, p. 131.


8.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 221/17


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Libro Blanco sobre los servicios de interés general»

(COM(2004) 374 final)

(2005/C 221/04)

El 13 de mayo de 2004, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación mencionada.

La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 17 de enero de 2005 (ponente: Sr. HENCKS; coponente: Sr. HERNÁNDEZ BATALLER).

En su 414o Pleno celebrado los días 9 y 10 de febrero de 2005 (sesión del 9 de febrero), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 131 votos a favor, 5 votos en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Introducción

1.1

Los servicios de interés general (SIG) constituyen actualmente una cuestión de sociedad estrechamente vinculada a la construcción europea.

1.2

Con arreglo a los Tratados en vigor, los servicios de interés económico general (SIEG) forman parte de los valores comunes de la Unión y contribuyen a su cohesión social y territorial (artículo 16); la Carta de los Derechos Fundamentales (capítulo IV, artículos 34 a 36) consagra el acceso a los SIEG y los derechos relativos a determinados componentes específicos de los servicios de interés general (seguridad social y ayuda social, protección de la salud y del medio ambiente, etc.).

1.3

Los SIG no sólo son esenciales para la competitividad y constituyen un elemento importante para la consecución de los objetivos de Lisboa, sino que también forman parte del modelo social europeo. Contribuyen a salvaguardar los derechos fundamentales de la persona, son factores de la economía del conocimiento y de la cohesión social, económica y territorial, y constituyen elementos integrantes del desarrollo sostenible.

1.4

Pese a que se ha denegado la solicitud del CESE de que el fomento de los servicios de interés general figure como objetivo en el articulo 3 del Tratado Constitucional, dicho Tratado supone no obstante un cierto avance en lo que se refiere a los servicios de interés general: con arreglo a su artículo III-122, en materia de servicios de interés económico general la UE puede legislar de manera transversal sobre los principios y condiciones de prestación de dichos servicios. Reconoce el principio de libre administración por parte de los entes locales y eleva al rango de principio constitucional la posibilidad de que ellos mismos presten servicios de interés económico general, aplicando así el principio de subsidiariedad al ámbito concreto de las competencias respectivas de la Unión y sus Estados miembros en materia de servicios de interés general.

1.5

Sin embargo, la mayor parte del Derecho derivado sigue acusando un desequilibrio general entre, por una parte, el Derecho de competencia, corpus comunitario detallado y dotado de efecto directo, y, por otra, los objetivos de interés general que corresponden a excepciones a dicho Derecho.

1.6

La Unión Europea sigue experimentando dificultades para superar la contradicción existente entre construir un mercado empleando como único instrumento la competencia y la necesidad de garantizar el control público de procesos que no pueden depender únicamente de los mecanismos económicos. Los servicios de interés general no son técnicas ni instrumentos, sino que garantizan los derechos de la persona y actúan como vínculo social, de inclusión y de integración.

1.7

Además, no puede hacerse caso omiso de que estamos asistiendo a un aumento de la incomprensión, las críticas y el rechazo por parte de los ciudadanos europeos frente a las políticas aparentemente encaminadas hacia una integración europea que parece cada vez más lejana respecto de sus preocupaciones, acentúa la fractura social, pone en peligro la cohesión social y debilita el modelo social.

1.8

La construcción europea deberá terminar por combinar armoniosamente determinados mecanismos de mercado y misiones de interés general en los ámbitos en los que dicha complementariedad resulte compatible con los objetivos de los servicios de interés general y pueda aportar una plusvalía al usuario o al consumidor. Esto significa que, sin perjuicio de las condiciones previstas en el apartado 2 del artículo 86 del Tratado CE, en caso de conflicto, el cumplimiento efectivo de un cometido de interés general prevalece sobre la aplicación de las normas establecidas en materia de competencia, de conformidad con la jurisprudencia comunitaria.

1.9

La cuestión de los servicios de interés general remite a la voluntad política de controlar la gestión de los intereses colectivos, satisfacer las necesidades y salvaguardar los derechos fundamentales en el marco del modelo de sociedad europeo. Éste consiste en asegurarse de que cada persona, de cualquier edad o estatus social e independientemente de la región en la que habite, no sólo goce de una cobertura social adecuada, sino que además pueda acceder fácilmente, con garantía de calidad y a precios asequibles a bienes esenciales como los alimentos, la vivienda, el agua, los transportes, las comunicaciones, etc. Por lo tanto, los servicios de interés general se sitúan claramente en el ámbito de la economía social de mercado que no puede garantizarse únicamente mediante la acción de la competencia. Sin una adecuada intervención por parte de las autoridades públicas, la Unión se desarrollaría a dos velocidades, acentuándose las divergencias en materia de desarrollo, las desigualdades y la exclusión social.

1.10

Numerosos ciudadanos europeos tendrán que pronunciarse próximamente en el marco de un referéndum sobre la ratificación del Tratado Constitucional. La Europa política no se puede alcanzar sin el respaldo de las opiniones públicas. Y las opiniones públicas no se mostrarán favorables si la Unión no puede garantizar la salvaguardia y el desarrollo del modelo europeo de sociedad y del modelo social europeo.

1.11

El Libro Blanco sobre los servicios de interés general, en la medida en que sienta las bases para garantizar la prestación de servicios de interés general de calidad, accesibles y asequibles, constituye al respecto una etapa importante (entre otras) para promocionar Europa entre sus ciudadanos y para evitar que una respuesta negativa por parte de éstos rompa la dinámica de la construcción europea.

1.12

El proceso de reflexión lanzado por el Libro Blanco y sus consecuencias son indisociables de las reflexiones sobre la cooperación entre los sectores público y privado, el mercado de los servicios, sobre todo los servicios sociales, las ayudas de Estado, el informe sobre el agua (en curso de elaboración), la revisión de la estrategia de Lisboa y los informes de evaluación.

2.   Libro Blanco sobre los servicios de interés general

2.1

En el Libro Blanco aprobado el 12 de mayo de 2004 por la Comisión Europea se hace balance del importante debate entablado en la Unión Europea a raíz del Libro Verde de 2003 y de las numerosas contribuciones que suscitó, en particular por parte de las instituciones europeas y de la sociedad civil. Propone determinadas orientaciones estratégicas para los próximos años.

2.2

El debate sobre el Libro Verde puso de manifiesto importantes diferencias de opinión y de perspectivas. No obstante, se ha llegado a un consenso en cuanto a la necesidad de garantizar una combinación armoniosa de mecanismos de mercado y misiones de servicio público.

2.3

Aun cuando la prestación de servicios de interés general puede gestionarse en concertación con el sector privado o encomendarse a empresas privadas o públicas, comerciales o no comerciales, la definición de las obligaciones o misiones de servicio público sigue siendo competencia de las autoridades públicas al nivel que corresponda. Compete también a las autoridades públicas regular los mercados y garantizar que los operadores, públicos o privados, cumplan las misiones de servicio público que les hayan sido confiadas.

2.4   El planteamiento de la Comisión Europea se basa en nueve principios:

2.4.1

Permitir una actuación de las autoridades públicas próxima a los ciudadanos: conviene organizar y regular los servicios de interés general a un nivel lo más próximo posible a los ciudadanos y respetar escrupulosamente el principio de subsidiariedad.

2.4.2

Alcanzar objetivos de servicio público en el marco de mercados abiertos y competitivos: la Comisión sigue considerando que la existencia de un mercado interior abierto y competitivo y el desarrollo de servicios de interés general accesibles, asequibles y de calidad representan objetivos compatibles: con arreglo al Tratado CE y en las condiciones previstas en el apartado 2 del artículo 86, en caso de conflicto, el cumplimiento efectivo de un cometido de interés general prevalece sobre la aplicación de las normas del Tratado.

2.4.3

Asegurar la cohesión y el acceso universal: para favorecer la cohesión social y territorial en la Unión Europea es imprescindible permitir a todos los ciudadanos y empresas el acceso a servicios de interés general asequibles y de calidad en todo el territorio de los Estados miembros. En este contexto, el servicio universal constituye un concepto clave, desarrollado por la Comunidad con vistas a garantizar la accesibilidad efectiva a los servicios esenciales.

2.4.4

Mantener un alto nivel de calidad, fiabilidad y seguridad: por otra parte, la fiabilidad de la prestación de los servicios, y en particular la garantía de suministro, constituye un requisito esencial que ha de tenerse presente a la hora de definir las misiones de servicio público. Además, las condiciones en las que se prestan los servicios deben ofrecer a los operadores incentivos suficientes para mantener un nivel adecuado de inversiones a largo plazo.

2.4.5

Garantizar los derechos de los consumidores y usuarios: entre tales derechos se cuentan, en particular, el acceso a los servicios –incluidos los de carácter transfronterizo– en todo el territorio de la Unión y por parte de todos los grupos de población, la asequibilidad de los servicios -con regímenes especiales en favor de las personas de baja renta-, la integridad física, la seguridad y la fiabilidad, la continuidad, el elevado nivel de calidad, la variedad de la oferta, la transparencia y el acceso a la información proporcionada por los proveedores y las autoridades reguladoras. La aplicación de estos principios exige, por lo general, la existencia de autoridades reguladoras independientes, con funciones y competencias claramente definidas. Éstas incluyen la capacidad para sancionar (medios de controlar la incorporación y vigilar el cumplimiento de las disposiciones de servicio universal) y deberían dar lugar asimismo a disposiciones que prevean la representación y participación activa de los consumidores y usuarios en la definición y la evaluación de los servicios, la instauración de vías de recurso y mecanismos apropiados de compensación y la existencia de una cláusula evolutiva que permita adaptar las exigencias en función de las necesidades e inquietudes cambiantes de los consumidores y usuarios y de la variación del entorno económico y tecnológico.

2.4.6

Controlar y evaluar el funcionamiento de los servicios: de acuerdo con la opinión expresada mayoritariamente en la consulta pública, la Comisión considera que toda evaluación ha de ser pluridimensional y abarcar todos los aspectos jurídicos, económicos, sociales y ambientales pertinentes.

2.4.7

Respetar la diversidad de servicios y de situaciones: toda política comunitaria en materia de servicios de interés general debe atender debidamente a la diversidad de dichos servicios y de las situaciones en que se prestan. Ello no significa, no obstante, que no sea necesario asegurar la coherencia del planteamiento comunitario en los distintos sectores, ni que carezca de utilidad el desarrollo de conceptos comunes aplicables a varios de ellos.

2.4.8

Aumentar la transparencia: este principio debería aplicarse a todos los aspectos del proceso de prestación de servicios y hacerse extensivo a la definición de las misiones de servicio público, la organización, financiación y regulación de los servicios, así como su ejecución y evaluación, y a los mecanismos de tramitación de reclamaciones.

2.4.9

Proporcionar seguridad jurídica: la Comisión, consciente de los complejos problemas que podría plantear la aplicación del Derecho comunitario a los servicios de interés general, se esforzará permanentemente por mejorar la seguridad jurídica a ese respecto, sin perjuicio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y del Tribunal de Primera Instancia.

2.5   Basándose en lo antedicho, el Libro Blanco propone ocho nuevas orientaciones:

2.5.1

Respetar la diversidad en un marco coherente: la Comisión volverá a examinar la viabilidad y la necesidad de adoptar una norma marco en relación con los servicios de interés general cuando entre en vigor el Tratado Constitucional; efectuará una revisión de la situación de los servicios de interés general y presentará un informe antes del final de 2005.

2.5.2

Clarificar y simplificar el marco legal referente a la compensación de las obligaciones de servicio público: la Comisión adoptará, antes de julio de 2005, una Decisión sobre la aplicación del artículo 86 del Tratado a las ayudas estatales consistentes en la concesión de compensaciones por servicio público a determinadas empresas a las que se haya confiado la gestión de servicios de interés económico general; adoptará, antes de julio de 2005, un marco comunitario sobre las ayudas estatales en forma de compensaciones por servicio público; aprobará, antes de julio de 2005, una modificación de la Directiva 80/723/CEE relativa a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados Miembros y las empresas públicas; precisará mejor, antes de julio de 2005, las condiciones en las que las compensaciones por servicio público pueden constituir ayuda estatal con arreglo a lo dispuesto en el artículo 87, apartado 1.

2.5.3

Establecer un marco claro y transparente para la selección de las empresas encargadas de prestar un servicio de interés general: la Comisión realizará una consulta pública en torno al Libro Verde sobre los aspectos de las asociaciones público-privadas referentes a los contratos públicos; presentará, si procede, propuestas basadas en los resultados de la consulta pública.

2.5.4

Reconocer plenamente el interés general en los servicios sociales y sanitarios: la Comisión presentará en el transcurso de 2005 una Comunicación sobre servicios sociales de interés general, incluidos los servicios sanitarios; facilitará la cooperación en materia de servicios sanitarios y atención médica entre los Estados miembros, al objeto de contribuir a garantizar un elevado nivel de protección de la salud en todo el territorio de la Unión.

2.5.5

Analizar los resultados y evaluar el funcionamiento de los servicios: la Comisión presentó en 2004 la primera evaluación horizontal de los servicios de interés general basada en su metodología de evaluación; en 2006 revisará sus mecanismos de evaluación.

2.5.6

Revisar las políticas sectoriales: la Comisión alentará la cooperación de las autoridades reguladoras nacionales a través de las redes de organismos reguladores; tomará en consideración los resultados de la consulta sobre el Libro Verde en las revisiones ya previstas de los distintos sectores: la revisión del alcance del servicio universal en las comunicaciones electrónicas, antes de julio de 2005; la revisión del paquete de medidas sobre las comunicaciones electrónicas, antes de julio de 2006; la revisión de la Directiva sobre servicios postales, antes de que finalice 2006; la revisión del mercado interior de la electricidad, antes de el 1 de enero de 2006; la revisión de la Directiva «Televisión sin fronteras», a principios de 2005; la evaluación del sector del agua, actualmente en curso.

2.5.7

Garantizar que nuestra política comercial internacional sea el reflejo de nuestras políticas internas: la Comisión seguirá garantizando que las posiciones defendidas por la Comunidad en las negociaciones comerciales internacionales sean plenamente coherentes con el marco normativo interno de la UE referente a los servicios de interés general.

2.5.8

Promover servicios de interés general en la cooperación para el desarrollo: la Comisión colaborará con los países en desarrollo en la implantación de un marco normativo e institucional sólido en los países en desarrollo, como condición previa esencial para favorecer la inversión en servicios básicos de interés general y la obtención de fondos para su financiación.

3.   Observaciones generales

3.1

El CESE acoge con satisfacción la publicación del Libro Blanco y toma nota de los nueve principios y las ocho nuevas orientaciones que propone la Comisión para consolidar la existencia de los servicios de interés general. Lamenta sin embargo que todavía no se hayan aceptado las solicitudes que ha formulado reiteradamente durante los últimos años (1) para que se adopte una directiva marco o una ley marco que asegure la prestación de los SIG, la libertad de definición y organización por parte de los Estados miembros, la libre elección de los modos de gestión, su financiación a largo plazo, la evaluación de sus resultados, los derechos de los consumidores, etc., aunque la Comisión se haya comprometido a publicar un informe al respecto antes de finales de 2005.

3.2

El CESE se congratula especialmente por el hecho de que el Libro Blanco fije un calendario preciso relativo a las propuestas y medidas que la Comisión Europea se compromete a adoptar para aplicar dichos principios y orientaciones durante los próximos años.

3.3

El CESE seguirá atentamente el cumplimiento de dichos compromisos, y se muestra dispuesto a hacer aportaciones para reforzar su eficacia.

4.   Observaciones específicas

4.1

El primer principio, «permitir una actuación de las autoridades públicas próxima a los ciudadanos», implica la conveniencia de organizar y regular los servicios de interés general a un nivel lo más próximo posible a los ciudadanos y «la necesidad de respetar escrupulosamente el principio de subsidiariedad». Sin embargo, la nota 30 a pie de página remite al Proyecto de Reglamento sobre el transporte terrestre local, por el que «se obligaría a los Estados miembros a recurrir a concesiones de servicio público» y por consiguiente a convocar sistemáticamente licitaciones. Si los entes pierden la capacidad de elegir libremente el modo de gestionar los servicios de interés general que les incumben deja de aplicarse el principio de subsidiariedad.

4.2

El tercer principio, «asegurar la cohesión y el acceso universal», lleva a la Comisión a subrayar que el «servicio universal constituye un concepto clave, desarrollado por la Comunidad con vistas a garantizar la accesibilidad efectiva de los servicios esenciales». Ello implica permitir «adaptar las exigencias en función de las necesidades e inquietudes cambiantes de los consumidores y usuarios y de la variación del entorno económico y tecnológico». En este orden de ideas y en el marco del plan e-Europa, que preconiza la generalización de la utilización de la banda ancha para las comunicaciones electrónicas, el CESE recuerda que en la Europa de los Quince el 20 % de la población europea está actualmente excluida del acceso a estos servicios. Ahora bien, la banda ancha es un servicio de interés general que mejora las condiciones de vida, reduciendo las distancias y facilitando el acceso a los cuidados sanitarios, la educación y los servicios públicos tanto de los ciudadanos aislados geográficamente como de los más desfavorecidos. De ello se deduce que si no se amplía el servicio universal en materia de telecomunicaciones, a un precio asequible, al acceso de banda ancha y a la telefonía móvil, seguirá aumentando el retraso acumulado por la Unión Europea en materia de implantación y uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y de la sociedad del conocimiento, a la vez que se acentuará la brecha digital, en particular en los nuevos Estados miembros.

4.3

El sexto principio, «controlar y evaluar el funcionamiento de los servicios», responde también a la insistencia del CESE, así como de otras instancias, de que se desarrolle una dinámica progresiva en materia de evaluación de los servicios de interés general para contribuir a mejorar su eficacia, igualdad de acceso y adaptación a la evolución de las necesidades de los consumidores, los ciudadanos y la sociedad, así como para ayudar a revisar las normas. El Libro Blanco subraya acertadamente que la evaluación ha de ser «pluridimensional y abarcar todos los aspectos jurídicos, económicos, sociales y ambientales pertinentes»; en este contexto el CESE desea que la evaluación examine precisamente las cuestiones relativas al empleo. El CESE insiste en que el cometido de la Unión Europea consiste en determinar una metodología común y criterios comunes, en particular de calidad, e impulsar una dinámica de evaluación objetiva e independiente, que debe llevarse a cabo ateniéndose al principio de subsidiariedad. El CESE considera que las propuestas del Libro Blanco de revisar las políticas sectoriales (véase punto 2.5.6) deben ir acompañadas por informes de evaluación sobre los efectos de las medidas anteriores. El CESE reitera su propuesta de contribuir a controlar la evaluación, habida cuenta de que reúne en su seno a todas las partes interesadas. El CESE analizará la conveniencia de crear, en el contexto de esta perspectiva, un grupo de estudio permanente sobre los SIG.

4.4

El séptimo principio, «respetar la diversidad de servicios y de situaciones», «no significa, no obstante, que no sea necesario asegurar la coherencia del planteamiento comunitario en los distintos sectores, ni que carezca de utilidad el desarrollo de conceptos comunes aplicables a varios de ellos». La propuesta de orientación consiste en que la Comisión vuelva a examinar la viabilidad y la necesidad de adoptar una norma marco en relación con los servicios de interés general cuando entre en vigor el Tratado Constitucional y que presente un informe antes de finales de 2005. Por consiguiente, en el Libro Blanco no se recoge la solicitud de una directiva marco formulada por el CESE y por otros muchos agentes europeos (véase el Dictamen del CESE sobre el Libro verde sobre los servicios de interés general, DO C 80 de 30 de marzo de 2004). No obstante, resulta urgente consolidar la situación de los SIG en su conjunto, incluidos los servicios sociales y los servicios sanitarios de interés general habida cuenta de sus especificidades, en lo que respecta al Derecho de competencia, a la cuestión de la financiación, a la aplicación del principio de subsidiariedad y a su lugar en la integración europea.

4.5

En virtud del noveno principio, «proporcionar seguridad jurídica», la Comisión velará por ello «permanentemente», sin perjuicio de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. A dicho principio corresponden dos propuestas de orientación:

4.5.1

«Clarificar y simplificar el marco legal referente a la compensación de las obligaciones de servicio público» antes de julio de 2005, lo cual debería permitir garantizar, ateniéndose a los principios de transparencia, no discriminación y proporcionalidad, la seguridad de financiación a largo plazo por una parte de las inversiones necesarias para la continuidad y durabilidad de los servicios y, por otra, de la compensación de las obligaciones de servicio público o de servicio universal; hay que reconocer que las formas que pueden asumir estas compensaciones son muy diversas y han de permitir adaptarse a los objetivos definidos: subvenciones públicas, perecuaciones internas que permitan financiar los costes en los que se incurra mediante los beneficios que generen las actividades rentables, reforzadas o no por la concesión de derechos exclusivos, fondos de compensación entre operadores, exenciones fiscales y otras excepciones, asociaciones público-privadas, ayudas para la prestación de servicios a los usuarios, etc.

4.5.2

«Establecer un marco claro y transparente para la selección de las empresas encargadas de prestar un servicio de interés general» basándose en una consulta pública en torno al Libro Verde sobre los aspectos de las asociaciones público-privadas. A juicio del CESE, ello implica el reconocimiento de la necesaria diversidad de modos de gestión de los servicios de interés general y de la libertad de elección de que goza cada ente: ya sea mediante la gestión directa por parte de la propia autoridad pública (servicio), mediante una gestión confiada a una empresa pública o mixta, sobre la que la autoridad pública ejerce un control equivalente a sus propios servicios, o a una empresa perteneciente a la economía social o cooperativista o bien a una asociación sin ánimo de lucro, o mediante la delegación a una empresa por un período de tiempo determinado (concesión tras ponerla en competencia con otras empresas interesadas), sin olvidar la posibilidad de revertir de un modo de gestión al otro.

5.   Conclusiones

5.1

El Libro Blanco sobre los servicios de interés general supone un avance en el proceso de toma en consideración de dichos servicios en el ámbito de la Unión. Constituye una buena base para desarrollar elementos conceptuales con vistas a la adopción de una política europea en materia de servicios de interés general que permita asegurar la prestación a las empresas europeas y a cada ciudadano de servicios públicos accesibles, asequibles, eficaces y vanguardistas en lo referente al progreso tecnológico.

5.2

Los servicios de interés general no sólo son esenciales para la competitividad económica sino que constituyen además un elemento clave en los ámbitos social y medioambiental. Completan el tríptico (economía, asuntos sociales y medio ambiente) de la estrategia de Lisboa, en la que representan una baza importante e indispensables para hacer de la Unión Europea la sociedad basada en el conocimiento más competitiva y dinámica, mediante un crecimiento económico sostenible, una mejora cuantitativa y cualitativa del empleo y una cohesión social reforzada. Los servicios de interés general, dadas sus especificidades, trascienden el mercado único y constituyen un requisito previo para el bienestar económico y social de los ciudadanos y las empresas.

5.3

En consecuencia, el objetivo consiste en lograr combinar armoniosamente los mecanismos del mercado y las misiones encomendadas a los servicios públicos en los ámbitos en los que dicha complementariedad resulte compatible con los objetivos de los servicios de interés general y pueda aportar una plusvalía en materia de mejora de la calidad de vida de los ciudadanos europeos dentro de una lógica de crecimiento económico, creación de empleo y bienestar sostenible.

5.4

Los derechos de los ciudadanos a beneficiarse de unos servicios de interés general accesibles, asequibles y eficientes deben salvaguardarse y consolidarse en nombre de la solidaridad y de la cohesión económica y social, reconocidas por los principios fundamentales del Tratado. Un proceso de liberalización de los servicios de interés general decidido por un Estado miembro debe hacerse cumpliendo los criterios expuestos. Por ello, conviene elaborar un corpus de principios universales para servicios heterogéneos, cuyas modalidades de prestación varían de un Estado miembro a otro, respetando plenamente al mismo tiempo el principio de subsidiariedad.

Bruselas, 9 de febrero de 2005.

El Presidente

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie Sigmund


(1)  Dictámenes del CESE sobre «Los servicios de interés general» (DO C 241 de 7.10.2002) y sobre el «Libro Verde sobre los servicios de interés general» (DO C 80 de 30.3.2004).


8.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 221/22


Dictamen de la Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Informacióndel Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Utilización de la energía geotérmica: el calor del interior de la Tierra»

(2005/C 221/05)

El 1 de julio de 2004, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen sobre el tema «Utilización de la energía geotérmica: el calor del interior de la Tierra».

La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 17 de enero de 2005 (ponente: Sr. WOLF).

En su 414o Pleno de los días 9 y 10 de febrero de 2005 (sesión del 9 de febrero de 2005), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 132 votos a favor y 2 abstenciones el presente Dictamen.

El presente Dictamen se complementa con otros dictámenes anteriores del Comité sobre la política energética y de investigación. Trata del desarrollo y la utilización de la geotermia (calor del interior de la Tierra) como fuente de energía que, por la magnitud de los recursos, podría cumplir el criterio de sostenibilidad, que en el proceso de utilización no emite cantidades de CO2 relevantes para el clima y que, por tanto, puede considerarse una fuente de energía renovable. Se exponen y se evalúan brevemente la situación del desarrollo y la utilización de la geotermia, su posible potencial y los problemas que plantea su comercialización. El análisis tiene como telón de fondo el problema mundial de la energía.

Sumario:

1.

La cuestión de la energía

2.

Geotermia

3.

Situación actual

4.

Evolución futura y recomendaciones

5.

Resumen

1.   La cuestión de la energía

1.1

El modo de vida y la cultura actuales se basan en la energía utilizable (1). El camino hacia los niveles de vida actuales se inició precisamente en el momento en que se dispuso de suficiente energía: la esperanza de vida, el suministro de alimentos, el bienestar general y la libertad personal han alcanzado en los grandes países industrializados y en los emergentes un nivel sin parangón en la historia. Un suministro insuficiente de energía pondría en gran peligro todos estos logros.

1.2

La necesidad de contar con un suministro seguro de energía útil, a precios razonables, no perjudicial para el medio ambiente y sostenible ocupa un lugar central en los objetivos de Lisboa, Gotemburgo y Barcelona. Con su política energética la Unión Europea persigue tres objetivos estrechamente relacionados entre sí e igual de importantes, a saber: proteger y mejorar 1) la competitividad, 2) la seguridad de suministro y 3) el medio ambiente, todo ello dentro de un desarrollo sostenible.

1.3

El Comité ha señalado en varios dictámenes (2) que la producción y la utilización de energía generan contaminación ambiental, y otros riesgos, provocan el agotamiento de los recursos, dependencias de terceros y factores imponderables (véase por ejemplo el precio del petróleo actual) y que la principal medida para reducir los riesgos –los vinculados al suministro, a las crisis económicas y otros– consiste en una utilización lo más diversificada y equilibrada posible de los distintos tipos y formas de energía y un esfuerzo máximo por el ahorro y por la gestión racional.

1.4

Ninguna de las opciones y técnicas que pueden contribuir al futuro abastecimiento energético es técnicamente perfecta, ni está absolutamente libre de perturbaciones para el medio ambiente, ni es suficiente para cubrir todas las necesidades ni tampoco previsible a un plazo suficientemente largo. Por lo demás, la tendencia actual y la evolución de los costes tanto de las fuentes de energía tradicionales, como de las formas alternativas de energía, muestran que en el futuro no se podrá disponer de energía a unos precios tan bajos como los existentes hasta ahora con la combustión de fuentes de energía fósiles, como petróleo, carbón y gas natural (3).

1.5

De ahí que una política energética europea previsora y responsable no pueda partir de la hipótesis de que es posible garantizar un abastecimiento energético (orientado en función de los objetivos mencionados más arriba) con la única utilización de un número reducido de fuentes energéticas.

1.6

Ni en Europa ni a escala mundial está garantizado un suministro de energía a largo plazo que respete el medio ambiente y que sea económicamente viable (4). La clave para posibles soluciones sólo puede venir de una actividad intensiva y continua de investigación y desarrollo. Ello debe incluir también la construcción de instalaciones piloto, su puesta a prueba desde el punto de vista técnico y económico y, finalmente, su introducción paulatina en el mercado.

1.7

Además, el Comité ha señalado que el estudio del problema de la energía debería tener un enfoque más mundial y abarcar un periodo bastante más largo: si, por un lado, los cambios en el sector de la energía son lentos, la emisión de gases de efecto invernadero constituye un problema, no regional, sino mundial. Finalmente, es de prever que el problema se agudice aún más en la segunda mitad del siglo.

1.8

Las limitaciones relativas a los recursos y el problema de las emisiones se ven agravadas además por otro factor: el pronóstico de que las necesidades mundiales de energía se multiplicarán probablemente por dos o incluso por tres de aquí a 2060, debido al crecimiento demográfico y a la necesidad de los países menos desarrollados de recuperar terreno. Con arreglo al estado actual de los conocimientos, esta demanda adicional tan considerable no podrá compensarse únicamente mediante el aumento de la eficiencia y el ahorro de energía.

1.9

Las estrategias (5) y las perspectivas de desarrollo deben, por tanto, ir más allá de ese horizonte de 2060.

1.10

Como el Comité ha señalado ya, en la percepción del problema por parte de los ciudadanos y en el debate público se registra una amplia gama de opiniones que oscila entre quienes restan importancia a los riesgos y posibilidades y quienes las exageran.

1.11

No existe por tanto aún una política energética mundial suficientemente armonizada. Este hecho dificulta además la necesaria igualdad de oportunidades de la UE en la competencia económica mundial.

1.12

Incluso en los diversos Estados miembros de la UE se manifiestan diferencias de actitud hacia el problema de la energía. No obstante, tanto en los Estados miembros como en el nivel de la UE existe un amplio consenso de que es preciso desarrollar o seguir desarrollando todas las opciones (con excepción, en varios Estados miembros, de la energía nuclear). Con este propósito tanto los Estados miembros como la UE han puesto en marcha gran número de programas de I+D específicos y otros programas de fomento, en parte acumulativos.

1.13

La UE se ha impuesto como objetivo específico incrementar la utilización de fuentes de energía renovables de medio a largo plazo, lo que también serviría para luchar contra el cambio climático. En este contexto, la geotermia desempeña un papel importante.

2.   La geotermia (el calor del interior de la Tierra)

2.1

Por producción de energía geotérmica se entienden las técnicas mediante las que se extraen y se aprovechan los flujos térmicos que fluyen desde la zona interior, más caliente, de la Tierra hacia la superficie terrestre. Como medio para la transmisión del calor se utiliza el agua (líquida o en forma de vapor).

2.1.1

Con todo, la densidad del flujo térmico es muy baja. Las temperaturas reinantes bajo la superficie terrestre sólo se incrementan muy lentamente conforme aumenta la profundidad: el valor medio general es de un aumento de temperatura de 3° C por cada 100 metros de profundidad. Las zonas geológicas en las que se producen aumentos de temperatura más elevados en función de la profundidad se conocen como anomalías geotérmicas.

2.1.2

El balance térmico de las capas terrestres cercanas a la superficie puede también verse afectado por la irradiación solar; no obstante, posteriormente ésta pasa a formar parte del calor del interior de la Tierra.

2.2

Se distinguen dos formas de utilización de la geotermia.

2.2.1

Por un lado, está la utilización de la geotermia para calefacción. En la actualidad, en la UE para calefacción es necesario utilizar aproximadamente el 40 % del abastecimiento energético total y, para ello, bastan por lo general temperaturas (del agua) relativamente bajas (por ejemplo, < 100° C).

2.2.1.1

Para fines de calefacción solamente se utilizan, entre otras cosas, las denominadas sondas geotérmicas, en las que se inyecta agua a contracorriente en un tubo coaxial enterrado por su extremo inferior en el subsuelo (a una profundidad de 2,5 a 3 km) y de ese modo logra obtenerse un rendimiento térmico de aproximadamente 500 kWth.

2.2.1.2

Un tipo particular de utilización de la energía geotérmica cercana a la superficie terrestre es el uso de bombas de calor geotérmicas (máquinas frigoríficas con inversión de uso); para la calefacción de los edificios (de aproximadamente 2 kWth a 2 MWth); además se utiliza también un refrigerante (6). En este ámbito existen diversas variantes que, en función de la técnica empleada, alcanzan una profundidad que va de un metro a varios cientos de metros.

2.2.2

Por otro lado, está la producción de energía eléctrica para la que son necesarias temperaturas (del agua) más elevadas (por ejemplo > 120° C); por regla general, el agua que debe calentarse es conducida a través de dos perforaciones realizadas a mayor distancia en el subsuelo y en las que se inyecta agua a contracorriente. De este modo pueden obtenerse mayores rendimiento térmicos, en concreto de 5 hasta 30 MWth.

2.2.2.1

Sin embargo, también estas temperaturas (del agua) siguen siendo bajas habida cuenta del rendimiento termodinámico conveniente (para la utilización de la energía térmica en la energía eléctrica) y de la temperatura de ebullición que se precisa para el ciclo de las turbinas.

2.2.2.2

Por ello, para el ciclo de las turbinas se utilizan preferentemente fluidos de trabajo con una temperatura de ebullición inferior a la del agua (por ejemplo, el perfluoropentano C5F12). Para ello, se han desarrollado ciclos de turbina específicos como el proceso ORC (Organic Rankine Cycle) o el proceso «Proceso Kalina».

2.2.3

Resulta especialmente ventajoso combinar las dos formas de aplicación (electricidad y calor) y aprovechar el calor no utilizado durante la producción de electricidad o para la producción de electricidad para la calefacción: la producción simultánea de energía eléctrica y de calor para calefacción

2.3

Con todo, para suministrar energía técnicamente utilizable sobre todo para la producción de electricidad por lo general sólo son apropiados los depósitos situados a una profundidad suficiente –varios kilómetros– por debajo la superficie terrestre. Esto exige realizar costosas perforaciones de profundidad.

2.3.1

Es cierto que los costes de explotación y funcionamiento de tales instalaciones aumentan considerablemente con la profundidad. De ahí que se deba buscar, en función del tipo de uso previsto, un término medio entre profundidad de la perforación, eficacia y rendimiento térmico.

2.4

Por ello, en primer lugar se buscan depósitos térmicos útiles sobre todo en las zonas geológicas en las que predominan las anomalías geotérmicas.

2.4.1

Las anomalías geotérmicas más marcadas (los denominados yacimientos de alta entalpía (7)) se encuentran sobre todo en regiones con una elevada actividad volcánica (Islandia, Italia, Grecia, Turquía). Los yacimientos de alta entalpía se utilizaban ya en la antigüedad como balnearios y desde hace cien años se emplean también para la producción de electricidad (Larderello, Italia, 1904).

2.4.2

Por el contrario, las anomalías geotérmicas leves (los denominados yacimientos hidrotermales de baja entalpía), es decir, aquellas en las que se producen aumentos muy leves de temperatura en función de la profundidad, se hallan en regiones de actividad tectónica (la llanura del Alto Rin, Mar Tirreno, Mar Egeo, etc.) y se extienden por los sedimentos acuíferos (las llanuras de la antigua Panonia en Hungría y Rumania y las llanuras del norte de Alemania y de Polonia).

2.5

Sin embargo, debido a la limitación de las zonas con anomalías geotérmicas, desde mediados de los años ochenta se han incrementado los esfuerzos para liberar el calor almacenado también en las formaciones geológicas «normales» a fin de poder satisfacer la creciente demanda de energía útil y adaptar mejor la oferta de calor o de energía a la demanda regional correspondiente.

2.5.1

De este modo, los yacimientos sin anomalías geotérmicas empezaron a ser utilizados para la producción de energía en los años noventa, predominantemente en los países de habla alemana. En los últimos cuatro años se ha logrado producir energía eléctrica en Altheim y Bad Blumau (Austria) y en Neustadt-Glewe (Alemania).

2.5.2

Para ello hay que efectuar prospecciones de al menos dos kilómetros y medio, pero aún mejor de cuatro o cinco kilómetros, por debajo del suelo, realizándose perforaciones a gran profundidad.

2.6

Las ventajas de estos procedimientos son las siguientes:

la utilización de la energía geotérmica no depende, como en el caso de la energía eólica o la energía solar, de las condiciones climáticas ni de los ciclos diarios o anuales, de modo que podría servir para el abastecimiento básico;

en ellos sólo debe transportarse a la superficie el calor disponible en los depósitos situados a una profundidad de varios kilómetros; de esta manera se suprimen los procesos de producción primaria de calor (como por ejemplo la combustión o los procesos nucleares) que, de otro modo, serían necesarios, así como los costes y la contaminación ambiental asociados a ellos;

se trata de depósitos de calor renovables casi inagotables cuya explotación podría aportar teóricamente una contribución considerable al suministro de energía.

2.7

Con todo, existen también inconvenientes:

las temperaturas existentes son relativamente bajas para alcanzar un rendimiento termodinámico satisfactorio que permita la producción de electricidad;

debido a la corriente de calor que hay que introducir en los depósitos subterráneos y a la transmisión de calor que debe efectuarse desde esos depósitos, deben explotarse y utilizarse volúmenes muy grandes, a fin de que en caso de que se extraiga mucho calor no se produzcan síntomas de agotamiento que podrían obligar a abandonar el depósito (antes de lo previsto en los planes de utilización iniciales);

en la utilización de los depósitos deben evitarse los posibles efectos o la posible liberación de sustancias perjudiciales para el medio ambiente o corrosivas (entre otras, CO2, CH4, H2S y sales) y debe controlarse la corrosión de los componentes de la instalación;

los costes y los imponderables económicos (entre otros, las posibilidades de explotación y el riesgo de agotamiento de los recursos) del aprovechamiento y la utilización de los yacimientos geotérmicos siguen siendo comparativamente elevados.

3.   Situación actual

3.1

Fundamentalmente en la geotermia de profundidad utilizan tres técnicas de explotación y utilización –para las que habitualmente es necesario realizar dos perforaciones (doblete) (8)– u otras variantes, en concreto:

los yacimientos hidrotermales de los que surge agua caliente subterránea y no artesiana (es decir, que no está sometida a una presión elevada) que es transportada a la superficie y hasta ahora es utilizada sobre todo para calefacción. En la actualidad este procedimiento se está extendiendo también a los yacimientos de agua muy caliente con temperaturas más elevadas para producir energía eléctrica; el medio transmisor del calor son las aguas profundas existentes;

el sistema de «rocas calientes y secas» (HDR, Hot-Dry-Rock) (formaciones rocosas calientes y secas) mediante el que se explotan las formaciones rocosas adecuadas mediante perforaciones y una actividad de estimulación masiva. El calor se extrae mediante la introducción de agua superficial, es decir, mediante el enfriamiento de las superficies de intercambio térmico producidas artificialmente en las rocas profundas mediante estimulación;

los depósitos de agua caliente que están bajo presión, en los que puede aplicarse una mezcla de agua y de vapor a una temperatura superior a 250° C (tan caliente, sólo en casos raros y especiales) para la producción de energía eléctrica o para la utilización del calor de proceso.

De forma complementaria, se están desarrollando otras técnicas (9) que deberán permitir mejorar la transmisión y la utilización del calor.

3.2

En estos momentos la capacidad de producción de electricidad en instalaciones geotérmicas de la UE, fundamentalmente por el aprovechamiento de anomalías geotérmicas, es de 1 GWel, (gigavatios eléctricos), es decir aproximadamente un 2‰ de la potencia eléctrica total instalada en la UE, en su mayor parte en Italia. En la actualidad hay instalada una capacidad de cuatro GWth (gigavatios térmicos) de utilización de calor inmediata para calefacción. La proyección de las tendencias para el año 2010 permite esperar que ascienda a ocho o más GWth.(gigavatios térmicos).

3.3

Por tanto, hasta la fecha los dos tipos de utilización no aportan una contribución cuantitativa digna de tener en cuenta al suministro de energía en la UE, e incluso la parte que suponen en la utilización de fuentes de energía renovables sigue siendo ínfima.

3.4

Con todo, en los últimos años la utilización de energía geotérmica ha registrado un claro crecimiento, sobre todo gracias a las medidas de fomento tanto en los Estados miembros como por parte de la UE. Siempre que en el ámbito del rendimiento la geotermia se trate de algunos o de algunas decenas de MWth la geotermia aporta también una contribución a la descentralización del abastecimiento de energía.

3.5

A juicio del Comité, ello está totalmente justificado y merece todo el apoyo. También en este caso en su mayor parte se trata de instalaciones experimentales en las que se experimentan diferentes métodos y que deben seguir desarrollándose.

3.6

Excepto en las zonas con anomalías geotérmicas, en la actualidad los costes por kWhel de energía eléctrica siguen siendo aproximadamente la mitad de los costes de la energía solar y el doble de los costes de la energía eólica; e incluso ello exige en la mayoría de los casos que se pueda producir simultáneamente calor y electricidad.

3.6.1

No obstante (véase más arriba), la oferta energética geotérmica puede orientarse ampliamente en función de la demanda lo que para una parte cada vez mayor de las energías renovables resultará cada vez más ventajoso en el mercado energético. Asimismo, las oscilaciones en el rendimiento de la energía solar y eólica requerirán cada vez más medidas de regulación y de relevo; es de prever que en último término éstas no puedan aplicarse sin recurrir a medios de almacenamiento costosos y consumidores de energía como el hidrógeno.

4.   Evolución futura y recomendaciones

4.1

En caso de que pueda desaparecer la limitación a las zonas de anomalías geotérmicas (véanse también los puntos 2.4 y 2.5), la utilización de energía geotérmica posee un gran potencial para contribuir de forma considerable a un abastecimiento energético sostenible que respete el medio ambiente (véase también el punto 4.13).

4.2

A fin de explotar y desarrollar ese potencial, si se desea producir electricidad de manera rentable, es necesario realizar perforaciones de cuatro a cinco kilómetros de profundidad a fin de poder explotar los estratos (rocosos) que registran las temperaturas mínimas necesarias, es decir unos 150° C. Además, es preciso preparar (estimular) las rocas de modo que permitan un intercambio térmico suficiente entre las rocas calientes y el agua disponible en estado natural o inyectada, así como una corriente de agua suficiente.

4.2.1.

Sin embargo, para un aprovechamiento calórico (calefacción) bastan perforaciones menos profundas, por ejemplo: de 2 o 3 kms. (véase punto 2.2.1.1.).

4.3

En varios lugares de Europa con formaciones geológicas diferentes (por ejemplo, Soultz-sous-Forêts, Groß Schönebeck) se están desarrollando y experimentando en la actualidad las correspondientes aplicaciones tecnológicas. Las posibilidades de crecimiento dependerán del desarrollo de tecnologías de utilización lo más independientes de esa localización concreta y, por lo tanto, exportables a otros lugares. No obstante, para alcanzar este objetivo son todavía necesarios considerables esfuerzos de I+D.

4.4

Por un lado, se trata de seguir desarrollando las diferentes técnicas que se hallan en fase de experimentación hasta su pleno funcionamiento y de verificar las condiciones señaladas más arriba para una explotación sostenible de la energía geotérmica.

4.4.1

Una cuestión especialmente importante es si en un depósito estimulado pueden cumplirse en realidad las condiciones hidráulicas y termodinámicas de sostenibilidad.

4.5

Por otro lado, habrá que mejorar y racionalizar sucesivamente cada una de las etapas del procedimiento de modo que los costes de utilización de esta energía sean competitivos (véase más abajo). Además deberán también realizarse los correspondientes esfuerzos en I+D (véase el punto 1.6), pero también esfuerzos para preparar el mercado a fin de lograr un ahorro de los costes vinculados a la producción.

4.6

Por competitividad a medio plazo deberá entenderse que la utilización de la energía geotérmica pueda competir en costes con la utilización de la energía eólica. Cabe esperar que se dé esta evolución, habida cuenta de los inconvenientes cada vez más notorios de la energía eólica. Estos son una oferta muy inestable –que, como se sabe, da lugar a costes secundarios y también a emisiones, por otro lado, a molestias para los habitantes y a un deterioro del paisaje, pero también a una necesidad cada vez mayor de reparaciones y de mantenimiento. En la valoración total deberán incluirse además las cargas financieras soportadas por los usuarios o el sector público.

4.7

Considerado a largo plazo, y teniendo en cuenta la probabilidad de que sigan aumentando los precios del petróleo y el gas natural (y su posible escasez), se plantea la cuestión de la competitividad general de la energía geotérmica producida. Es decir, si también esta energía, teniendo en cuenta los costes externos de todas las técnicas de cambio de energía, puede ser competitiva a largo plazo sin subvenciones o tratos preferenciales que falsean el mercado, y en ese caso, cuándo.

4.8

No obstante, para llegar a ese punto, es necesario (10)

que tanto los Estados miembros como la UE sigan fomentando el desarrollo técnico-económico mediante programas de I+D específicos hasta que puedan desarrollarse y ponerse a prueba las diferentes técnicas y etapas del proceso en un número suficiente de instalaciones experimentales, y

que se prevean asimismo, para sostener inicialmente su comercialización, normativas (por ejemplo, leyes sobre incorporación a la red eléctrica de la energía procedente de esta fuente, normas sobre calefacción y climatización de edificios) que sirvan de estímulo a la inversión privada, con carácter decreciente, que hagan atractiva la venta de este tipo de energía durante la fase de introducción en el mercado, con el fin de poner a prueba, mejorar y evaluar sus posibilidades económicas. Esto vale de forma especial también para los modelos de contratación de las empresas energéticas con los consumidores;

que se prevean garantías contra los riesgos asociados a la prospección y explotación de los yacimientos geotérmicos, como el riesgo de realizar hallazgos inesperados o el riesgo de perforación.

4.9

El Comité reconoce con satisfacción que en este ámbito se han hecho grandes avances. Apoya plenamente los proyectos de I+D en curso o convocados por la Comisión y también la intención de la Comisión de intensificar claramente los esfuerzos en este ámbito en el próximo programa marco de I+D. Respalda asimismo los programas de I+D de los Estados miembros, así como sus esfuerzos para facilitar e incentivar la comercialización experimental mediante medidas de fomento.

4.10

En este contexto, el Comité reitera su recomendación anterior de que se aprovechen las posibilidades del espacio europeo de la investigación mediante una estrategia de investigación en el sector de la energía, global, coordinada, transparente y apoyada por todas las partes interesadas y de que ésta se convierta en un elemento fundamental del VII Programa marco de I+D y del programa Euratom.

4.11

Dicha estrategia debería incluir las medidas de I+D necesarias para desarrollar la geotermia y darles la posición adecuada hasta que puedan estimarse y evaluarse con más precisión la evolución de los costes a largo plazo y el potencial alcanzable en realidad por esta tecnología en un mercado en constante evolución.

4.12

Además, el Comité recomienda que, siguiendo el método abierta de coordinación, todos los programas de I+D sobre geotermia se agrupen en lo posible en un programa de investigación europeo, incluidos lo que hasta ahora se financiaban exclusivamente en el ámbito nacional a fin de favorecer también de este modo la cooperación europea.

4.13

En este contexto, el Comité ve también una oportunidad en la participación de los nuevos Estados miembros en el programa marco de I+D de la UE. La renovación de los sistemas de energía actuales que está pendiente en estos países debería aprovecharse para construir también allí las instalaciones piloto y de demostración correspondientes.

4.14

El Comité recomienda además que la Comisión se esfuerce por armonizar las medidas de fomento de la comercialización eficaces (por ejemplo, con una ley sobre incorporación a la red eléctrica de la energía que provenga de esta fuente) dentro de la UE para que al menos en el ámbito de la geotermia sea posible una competencia más justa entre técnicas del mismo tipo en la Comunidad.

4.15

Dado que la geotermia ofrece posibilidades y es especialmente adecuada para la producción simultánea de calor y de electricidad, el Comité insta a la Comisión a que adopte las medidas necesarias para desarrollar redes térmicas adecuadas y aprovechar la energía calórica.

5.   Resumen

5.1

Por producción de energía geotérmica se entienden las técnicas mediante las que se extraen los flujos térmicos que fluyen desde la zona interior, más caliente, de la Tierra hacia la superficie terrestre.

5.2

Esto se refiere en primer lugar al suministro de calor para calefacción, pero también a la producción de electricidad o a la producción simultánea de ambas formas de energía.

5.3

La producción de energía geotérmica ya se realiza en la actualidad en las zonas con anomalías geotérmicas. Sin embargo, su contribución relativa al suministro de energía total es muy pequeña.

5.4

Con la aplicación de tecnologías que permitan explotar también zonas sin anomalías geotérmicas, la producción de energía geotérmica podrá desarrollar su potencial para contribuir de forma significativa a un abastecimiento de energías sostenible, y ello, sobre todo en el ámbito del abastecimiento básico. No obstante, esta tecnología requiere perforaciones de profundidad de aproximadamente cuatro a cinco kilómetros y «medidas de estimulación» adicionales.

5.5

Sin duda alguna, la utilización de la energía geotérmica «no profunda» con bombas de calor geotérmicas para la calefacción y la climatización de edificios tiene también un potencial de desarrollo muy prometedor.

5.6

Su potencial para el abastecimiento básico distingue a la geotermia de los procedimientos con una oferta muy inestable (como la energía eólica y la energía solar) que, por lo general, están o estarán subordinados a técnicas de almacenamiento y de relevo y que, debido a su necesidad de espacio y a sus efectos sobre el paisaje, suscitan oposición entre la población.

5.7

El Comité reitera su recomendación de que se aprovechen las posibilidades del espacio europeo de la investigación mediante una estrategia de investigación en el sector de la energía.

5.8

Ésta debería incluir también las medidas de I+D necesarias para desarrollar la geotermia, continuando y reforzando de modo apropiado los programas correspondientes que se han aplicado hasta la fecha.

5.9

El Comité recomienda que, siguiendo el método abierto de coordinación, los programas de I+D sobre geotermia –incluidos lo que hasta ahora se financiaban exclusivamente en el ámbito nacional– se agrupen en un programa de investigación europeo y en las medidas de integración asociadas a él.

5.10

El Comité recomienda que en todos los Estados miembros se aprueben en una primera fase incentivos decrecientes y normas para su comercialización (por ejemplo, una ley sobre incorporación a la red eléctrica de la energía procedente de esta fuente), así como estímulos a la inversión privada por un plazo limitado que hagan atractivas la explotación y la venta de la energía subvencionada a fin de contribuir de ese modo a sondear, mejorar y evaluar el potencial económico de esa fuente de energía.

5.11

El Comité recomienda que se armonice este tipo de medidas dentro de la UE para que en el sector de la geotermia sea posible una competencia más justa en todo el territorio de la Comunidad.

Bruselas, 9 de febrero de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  La energía no se consume, únicamente se transforma para su utilización. La energía se transforma mediante los procedimientos adecuados, como por ejemplo la combustión de carbón, la transformación de la energía eólica en electricidad o la fisión nuclear (conservación de la energía; E = mc2). En ese contexto se habla también de «suministro de energía», «producción de energía» o «consumo de energía».

(2)  «Medios de acción e instrumentos financieros para promover las energías renovables»; «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre el fomento de la cogeneración sobre la base de la demanda de calor útil en el mercado interior de la energía»; «Propuesta de Directiva (Euratom) del Consejo por la que se establecen las obligaciones básicas y los principios generales aplicables en el ámbito de la seguridad de las instalaciones nucleares» y «Propuesta de Directiva (Euratom) del Consejo relativa a la gestión del combustible nuclear irradiado y de los residuos radiactivos»; «Los desafíos de la energía nuclear en la producción de electricidad». La energía de fusión.

(3)  Que, en el futuro, deberá restringirse cada vez más no sólo por el carácter finito de los recursos, sino también por las emisiones de CO2 (Kioto).

(4)  Signos precursores de toda esta problemática fueron las crisis petroleras (por ejemplo, las de 1973 y 1979), la actual subida del precio del petróleo, así como la controversia actual sobre la asignación de los certificados de emisión que caracteriza la tensión entre economía y ecología.

(5)  Véanse, no obstante, los puntos 2.2.1.2 y 2.2.2.2.

(6)  En el futuro, por ejemplo, CO2

(7)  Por entalpía (concepto utilizado en termodinámica) se entiende la suma de energía interna más energía de expansión (trabajo de expansión).

(8)  No obstante, véase el punto 2.2.1.1, las sondas geotérmicas enterradas y el punto 2.2.1.2, las bombas geotérmicas.

(9)  Véase el punto 2.2.2.2 acerca del ciclo de las turbinas.

(10)  «Medios de acción e instrumentos financieros para promover las energías renovables».


8.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 221/28


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la ejecución de las fases de despliegue y de explotación del programa europeo de radionavegación por satélite»

COM(2004) 477 final — 2004/0156 (COD)

(2005/C 221/06)

El 16 de noviembre de 2004, de conformidad con el artículo 156 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Transporte, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 17 de enero de 2005 (ponente: SrRANOCCHIARI).

En su 414o Pleno de los días 9 y 10 de febrero de 2005 (sesión del 9 de febrero), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 134 votos a favor y 3 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Introducción

1.1

El CESE ha seguido desde un principio el nacimiento y desarrollo del Programa europeo Galileo de radionavegación y posicionamiento vía satélite y reconoce su fundamental papel estratégico para la competitividad del sistema europeo, tanto por las repercusiones innovadoras en términos económicos, de empleo y sociales que se derivan, como por la mejora de la calidad de vida para la sociedad civil que Galileo puede aportar (1). El CESE ha señalado asimismo la necesidad de incorporar, desde los inicios de la Empresa Común Galileo (2), el componente privado al desarrollo y la explotación del sistema, garantizando un respaldo continuo durante las fases de desarrollo y despliegue (3).

1.2

El CESE subrayaba en su Dictamen más reciente sobre este asunto (4) que «el Programa Galileo entró finalmente en una fase de puesta en marcha efectiva de sus actividades tras el acuerdo alcanzado el 26 de mayo de 2003 en el marco del Consejo de la AEE sobre las respectivas contribuciones financieras de sus miembros». También señalaba que «el Programa Galileo constituye un desafío de gran envergadura para la Unión Europea, su independencia, su capacidad tecnológica y científica, su economía y, ante todo, su sector espacial».

2.   Situación actual y avances previstos

2.1

Conviene recordar que el Programa Galileo consta de cuatro fases:

la fase de definición, iniciada en 1999 y concluida en 2001, durante la cual se diseñó la arquitectura de todo el sistema y se definieron los cinco tipos de servicios ofrecidos, servicios que se enumeran a continuación. Esta fase se financió principalmente a través del quinto programa marco de la Comunidad Europea para acciones de IDT+D 1998-2002;

la fase de desarrollo y validación, iniciada en 2002 y que terminará en 2005. Prevé el desarrollo de los satélites y de los componentes terrestres, así como la validación «en órbita» del sistema. La dotación presupuestaria de la UE/AEE es de 1,2 millardos de euros, más 100 millones de euros del sexto programa marco de IDT+D 2002-2006;

la fase de despliegue, que previsiblemente durará de 2006 a 2007 y comprende la construcción y el lanzamiento de los satélites –los dos primeros se lanzarán a finales de 2005– y la instalación de toda la parte terrestre. La dotación presupuestaria global es de 2,1 millardos de euros, de los que una tercera parte (unos 700 millones de euros) correrán a cargo del presupuesto comunitario y el resto (alrededor de 1,4 millardos de euros) a cargo del consorcio que sea seleccionado;

la fase de explotación comercial, que comenzará en 2008 y para la que se prevén unos costes operativos y de mantenimiento de unos 220 millones de euros anuales, exclusivamente por cuenta del sector privado, con excepción de una aportación pública extraordinaria de la UE que rondará los 500 millones de euros para los primeros años de esta fase, en el marco de las decisiones que se tomen sobre las perspectivas financieras del presupuesto comunitario 2007-2013.

2.2

Tras la fase de definición, en mayo de 2002 se creó la Empresa Común Galileo para un período de cuatro años, con el objetivo de garantizar la unidad en la gestión y el control financiero del proyecto de investigación, desarrollo y demostración del Programa Galileo utilizando para ello los fondos asignados a este programa.

2.3

Por otra parte, en virtud del Reglamento 1321/2004 (5), por el que se crea el órgano de vigilancia europeo del GNSS (siglas en inglés de «sistema global de radionavegación por satélite)» y de la actuación conjunta 2004/552/PESC (6), ambos del 12 de julio de 2004, se crearon las estructuras operativas del sistema, destinadas a gestionar los intereses públicos inherentes al programa y a garantizar la seguridad y la protección del sistema Galileo.

2.4

En el ámbito internacional, tras cuatro años de negociaciones, la Unión Europea y los Estados Unidos de América firmaron el 26 de junio de 2004 un acuerdo de la máxima importancia sobre el Programa Galileo y el GPS (7) para la promoción, el suministro y la utilización de los servicios de los dos sistemas de navegación y posicionamiento por satélite y la plena compatibilidad e interoperabilidad de las aplicaciones afines. Los dos sistemas funcionarán de forma paralela, sin interferencia entre sus respectivas señales. Ello permitirá a Galileo, en el ámbito de los sistemas mundiales de navegación por satélite GNSS, convertirse en la norma mundial de las señales abiertas para uso civil y comercial (el GPS está gestionado por los militares) y ser accesible y atractivo también para los usuarios actuales del GPS a través de un receptor único.

2.5

Siempre dentro de la cooperación internacional, el 13 de julio de 2004 se firmó un Acuerdo de Cooperación con Israel que siguió al firmado con China el 30 de octubre de 2003. Desde hace tiempo se mantienen negociaciones para conseguir la interoperatividad con el sistema ruso Glonass  (8). Estas negociaciones están muy avanzadas, particularmente en cuanto a la adquisición de las frecuencias y la utilización de los vehículos lanzadera rusos. También se encuentran en una fase avanzada de negociación los Acuerdos de Cooperación con la propia Federación Rusa, Ucrania e India. Asimismo se mantienen contactos con Australia, Brasil, México y Corea del Sur. También Suiza, Noruega y Canadá estudian una posible participación financiera.

2.6

En la cuenca del Mediterráneo se ha puesto en marcha un Plan de acción de la Conferencia Euromediterránea de Ministros de Asuntos Exteriores celebrada en Valencia en abril de 2002. En este plan figura la cooperación mediterránea en el ámbito de la radionavegación y el posicionamiento por satélite. Más recientemente, en El Cairo, la Empresa Común Galileo lanzó un proyecto Euromed GNSS de demostración, formación y coordinación del plan GNSS regional, a fin de verificar, en colaboración con los socios de MEDA, el impacto de EGNOS  (9), el satélite geoestacionario precursor de Galileo.

2.7

Cuando sea operativo, el sistema Galileo proporcionará cinco tipos de servicios:

un servicio de base abierto para las aplicaciones destinadas al público en general y a servicios de interés general;

un servicio comercial que permitirá desarrollar aplicaciones con fines profesionales y que, por ello, ofrecerá prestaciones superiores a las del servicio de base, en particular en lo que se refiere a la garantía del servicio;

un servicio de seguridad de la vida humana integrado y de gran calidad para aplicaciones en las que está en juego la vida humana, como, por ejemplo, la navegación aérea o marítima;

un servicio de búsqueda y salvamento para mejorar en gran medida los sistemas de ayuda existentes para situaciones de peligro y salvamento;

un servicio público regulado («Public Regulated Service», PRS), cifrado y protegido contra las perturbaciones e interferencias y destinado principalmente a satisfacer las necesidades de las instituciones públicas de protección civil, seguridad nacional y respeto de la ley que exigen una protección total (10).

2.8

Dadas las características de uso y gestión civil y el predominio de las aplicaciones comerciales y profesionales en el sistema Galileo, su mercado potencial, según la Comisión, puede ser en 2 010 de unos tres millardos de receptores, con una recuperación de la inversión de unos 250 millardos de euros anuales y la creación de nuevas empresas y de centenares de miles de puestos de trabajo, de ellos más de 150 000 en Europa.

2.9

La Empresa Común Galileo cerró en septiembre de 2004 la fase de negociación competitiva y recibió la propuesta definitiva de dos consorcios candidatos a la concesión (Eurely (11) e Inavsat (12)), propuesta que sometió a la evaluación final aplicando tres criterios: capacidad empresarial y financiera, capacidad técnica y aspectos legales y contractuales.

2.10

De conformidad con su mandato, la Empresa Común, tras haber presentado un informe al respecto a la Comisión y cuando ésta haya dirigido al Parlamento y al Consejo (13) una Comunicación sobre el paso a las fases de despliegue y explotación, podrá obtener las directrices políticas necesarias sobre la financiación pública de las siguientes fases del programa y las misiones de servicio público, en particular la definición de los servicios y, por tanto, presentar una propuesta de garantía para la firma del contrato por parte del órgano de vigilancia, que, de hecho, es la autoridad signataria responsable de la ejecución del contrato en los términos que recoge el citado Reglamento CE 1321/2004.

2.11

El Comité se pregunta si tal procedimiento no corre el riesgo de resultar excesivamente complejo, con solapamientos y dobles controles que no parecen sencillos ni claros.

2.12

Por otra parte, la propuesta de Reglamento objeto del presente Dictamen menciona el órgano de vigilancia, al que define como agencia comunitaria para la gestión de los intereses públicos de los programas de radionavegación por satélite, en virtud del Reglamento CE 1321/2004, pero este órgano no será una realidad hasta 2005.

3.   Propuesta de la Comisión Europea

3.1

La propuesta de que se ocupa este Dictamen responde a la necesidad de disponer de un instrumento jurídico específico que, al tiempo que garantiza al programa una línea presupuestaria independiente, permita una gestión y un control más eficaces de las fases de despliegue y explotación del Programa Galileo desde el punto de vista financiero, también respecto al concesionario.

3.2

La propuesta de Reglamento que nos ocupa, en consecuencia, trata de establecer la modalidad de la contribución financiera de la Comunidad para las fases de despliegue y explotación y se centra en:

3.2.1

la necesidad de la intervención comunitaria a fin de garantizar la congruencia del marco financiero entre los recursos de la propia Comunidad y los que corresponden al concesionario:

por el suministro de los distintos servicios del Programa Galileo;

por las licencias y derechos de propiedad intelectual sobre los componentes del sistema que concede gratuitamente el órgano de vigilancia;

por los préstamos a largo plazo que concederá el BEI;

3.2.2

la adecuación del plan institucional de gestión y control del órgano de vigilancia.

4.   Observaciones generales

4.1

El CESE considera que existe la necesidad inmediata de estudiar a fondo los aspectos técnicos de la prestación de los distintos tipos de servicios, a fin de garantizar unas normas abiertas que permitan el acceso a posteriores proveedores de servicios y a tipos de servicios innovadores, evitando barreras artificiales o impuestos excesivos para los recién llegados, especialmente si no son grandes proveedores.

4.2

En cuanto a la congruencia del marco financiero de referencia, el CESE espera que las nuevas perspectivas financieras del presupuesto comunitario se aprueben lo antes posible, y apoya la solicitud de la Comisión de obtener para el Programa Galileo la cantidad de un millardo de euros, a través de una línea presupuestaria específica e independiente de las demás. El Comité también recomienda que dicha suma se incremente del modo adecuado a fin de garantizar el desarrollo y la integración de EGNOS en el Programa Galileo. El CESE considera asimismo oportuno que las actividades de investigación sobre el sistema de radioposicionamiento por satélite GNSS se incluyan en el séptimo programa marco de IDT+D y que se financien a través de éste.

4.3

El CESE se pregunta, por otra parte, cómo se integrarán en este marco las eventuales aportaciones públicas de organismos de terceros países que ya han señalado su intención de participar económicamente en el Programa Galileo.

4.4

El CESE observa que en el marco financiero se prevén unos beneficios para el concesionario derivados de su función como proveedor de servicios y titular de licencias y derechos de propiedad intelectual. En este sentido el CESE no puede por menos de señalar su preocupación por la posible creación de una posición dominante o de monopolio del concesionario, con la consiguiente distorsión de la competencia y restricciones al libre mercado.

4.5

Por lo que se refiere a la adecuación del marco institucional de gestión y control, derivado a una agencia europea (el órgano de vigilancia europeo del sistema global de radionavegación por satélite), el Comité destaca lo siguiente:

4.5.1

El consejo de administración del órgano de vigilancia europeo del GNSS no contempla la representación de la Agencia Espacial Europea, que sin embargo forma parte del actual consejo de administración de la Empresa Común.

4.5.2

Las responsabilidades de gestión y control se trasladan de la Empresa Común al órgano de vigilancia europeo del GNSS, que gestiona los fondos para el Programa Galileo, actúa como autoridad en la adjudicación de contratos de concesión, supervisa el cumplimiento de las obligaciones contractuales, cede al concesionario los derechos de utilización de los bienes durante el período de validez del contrato, gestiona el acuerdo con el operador de EGNOS, coordina las iniciativas de los Estados Miembros respecto a las frecuencias necesarias para el funcionamiento del sistema, garantiza la conformidad de las certificaciones de los componentes y hace cumplir las disposiciones sobre seguridad, incluidas las que se derivan de la actuación conjunta 2004/552/PESC.

4.5.3

El CESE desea subrayar su preocupación por la delicadísima fase de traslado de responsabilidades entre la Empresa Común, que desaparecerá en mayo de 2006, y el nuevo órgano de vigilancia europeo del GNSS, que deberá iniciar sus actividades en el primer semestre de 2005.

4.5.4

En consecuencia, el Comité recomienda a la Comisión y al Consejo que supervisen esta fase de transición y de coexistencia de la Empresa Común y el órgano de vigilancia.

4.5.5

Las disposiciones de la actuación conjunta 2004/552/PESC y del Reglamento por el que se instituye el órgano de vigilancia europeo del GNSS, que prevén un Comité para la seguridad y la protección del sistema, regulan las cuestiones relativas a la seguridad interna de Galileo.

En opinión del CESE es preciso reforzar las relaciones del sistema Galileo con las otras iniciativas europeas existentes, como son el sistema de observación de la Tierra para la vigilancia del medio ambiente y la seguridad (sistema GMES), el sistema Cospas-Sarsat (14) de búsqueda y salvamento, las redes de justicia y asuntos interiores, las redes multimedia GRID, etc.

4.5.6

El CESE recuerda la necesidad, que ya señaló en dictámenes anteriores (15), de afrontar, paralelamente a la regulación de los problemas de seguridad, los relativos a la protección de la intimidad y de los datos personales en colaboración, siempre que sea posible, con la Agencia Europea de Derechos Fundamentales  (16) o mediante la creación de un organismo consultivo adecuado. No parece suficiente la referencia al Reglamento CE 45/2001 que se recoge en el artículo 19 del Reglamento ya citado por el que se instituye el órgano de vigilancia europeo del GNSS. En opinión del Comité, garantizar explícitamente la protección adecuada de la intimidad y de los datos personales tiene igual importancia que la seguridad si se pretende lograr el éxito del sistema Galileo con el pleno respaldo de la sociedad civil.

4.5.7

También en referencia a la participación de la sociedad civil, el CESE señala que una iniciativa tan importante para Europa como el Programa Galileo es aún prácticamente desconocida por la mayoría de los ciudadanos europeos. En este sentido el CESE recomienda que las instituciones comunitarias, en colaboración con los gobiernos nacionales, lleven a cabo lo antes posible una campaña de información y sensibilización que además de servir para que los ciudadanos europeos conozcan y valoren este magnífico producto de la investigación y de la industria europeas, les garantice el respeto y la protección de su derecho a la intimidad.

5.   Observaciones específicas

5.1

En relación con todo lo expuesto, el CESE recomienda que en los considerandos de la propuesta de Reglamento se incluyan las siguientes observaciones:

5.1.1

nuevo considerando 3 bis: Debido al impacto que el programa puede tener sobre la vida de los ciudadanos europeos, la Comisión deberá garantizar que se confíe a la Agencia Europea de Derechos Fundamentales o a un órgano consultivo ad hoc la tutela de la intimidad y de los datos personales en la implantación de los servicios de Galileo, a fin de asegurar el desarrollo transparente y el diálogo constante con los usuarios potenciales y con la sociedad civil;

5.1.2

añadir al considerando 12 lo siguiente:«garantizar nuevos recursos comunitarios de la misma línea presupuestaria para el desarrollo y la integración de EGNOS en Galileo y prever un ámbito y unos recursos apropiados en el marco del séptimo programa de IDT+D para radionavegación por satélite y la integración en las redes existentes»;

5.1.3

nuevo considerando 13 bis:«la Comisión y el Consejo garantizarán que el proceso de transición entre la Empresa Común Galileo y el nuevo órgano de vigilancia europeo de GNSS se lleve a cabo con absoluta transparencia para evitar posibles solapamientos, retrasos operativos y restricciones al mercado, lo cual sería más grave»;

5.1.4

nuevo considerando 14 bis:«la Comisión velará por que las posibles aportaciones y la participación financiera de organismos de terceros países a los fondos del órgano de vigilancia europeo del GNSS se realicen respetando sus respectivos intereses y los equilibrios existentes, para lo cual se establecerán los oportunos acuerdos, que se someterán al Consejo y al Parlamento Europeo».

6.   Conclusiones

6.1

El CESE reitera decididamente su pleno respaldo al Programa Galileo y a la reducción de los plazos para la realización de las dos últimas fases de desarrollo, a fin de que sea plenamente operativo a todos los efectos en 2008.

6.2

El CESE pide a la Comisión que continúe la evaluación ex ante de los beneficios adicionales para el concesionario que se derivan de la prestación de servicios y de los derechos de propiedad intelectual, y que para ello ofrezca una información clara y puntual sobre los resultados de dicha evaluación.

6.3

El CESE considera que se han dado pasos importantísimos para crear una infraestructura a escala mundial, en particular con el Acuerdo de Cooperación UE/EE.UU., que garantiza la plena compatibilidad e interoperabilidad entre los sistemas de radionavegación y posicionamiento por satélite existentes en todo el mundo.

6.4

El CESE subraya la importancia de la cooperación internacional con China e Israel, y considera que debe trabajarse con todo empeño para alcanzar acuerdos de interés mutuo con Suiza y Noruega, la Federación Rusa, Ucrania, India, Australia, México, Brasil y Corea del Sur. El Comité cree que la cuenca del Mediterráneo se convertirá en área privilegiada, puesto que ya puede utilizar los servicios de EGNOS y representa una zona estratégica para la paz, la estabilidad y el desarrollo sostenible de Europa.

6.5

En este sentido el CESE está firmemente convencido de que la apertura a terceros países constituye una importante aportación a la dimensión exterior de la política de la Unión Europea.

6.6

El CESE desea que la Comisión Europea actúe como factor de equilibrio a través de una campaña de información y sensibilización que además de servir para que los ciudadanos europeos conozcan y valoren este magnífico producto de la investigación y de la industria europeas, les garantice el respeto y la protección de su derecho a la intimidad.

6.7

Asimismo, el CESE confía en que se atiendan sus observaciones y sugerencias sobre los considerandos de la propuesta de Reglamento (protección de la intimidad, incremento de los recursos financieros, período de transición y aportación de terceros países formuladas más arriba). Tales sugerencias pretenden contribuir a una mayor claridad y transparencia de la iniciativa, así como a garantizar los recursos adecuados en interés de las instituciones europeas y de la sociedad civil.

Bruselas, 9 de febrero de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  DO C 311 de 17.11.2001, p. 19.

(2)  Empresa Común Galileo: creada de conformidad del artículo 171 del Tratado CE y el Reglamento CE 876/2002 de 21 de mayo de 2002. Garantiza la gestión de la fase de desarrollo del Programa Galileo y prepara la gestión de las fases de despliegue y explotación del programa. Tiene su sede en Bruselas y sus miembros fundadores son la Comunidad Europea, representada por la Comisión, y la Agencia Espacial Europea.

(3)  DO C 48 de 21.2.2002, p. 42.

(4)  Dictamen del CESE sobre la «Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo: situación del programa de investigación GALILEO a principios de 2004», DO C 302 de 7.12.2004.

(5)  Reglamento del Consejo relativo a la estructura de gestión del programa europeo de radionavegación por satélite (DO L 246 de 20.7.2004).

(6)  Véase el DO L 246 de 20. 7.2004.

(7)  US GPS: United States Global Positioning System, gestionado por los militares.

(8)  Glonass: global navigation satellite system.

(9)  EGNOS: European Geostationary Navigation Overlay Service: sistema basado en la corrección de la señal GPS a través de una red de estaciones terrestres y satélites geoestacionarios. EGNOS, que se lanzó en 1996 ya como precursor de Galileo, debe ahora integrarse con éste también en lo relativo al plan común de concesión.

(10)  Véase el contrato de concesión de las fases de despliegue y de explotación del Programa Galileo — 2003/S 200-179789 publicado el 17 de octubre de 2003.

(11)  Eurely: consorcio creado por Alcatel, Finmeccanica y Vinci.

(12)  INAVSAT: creado por EADS Space, Inmarsat Ventures y The Thales Group.

(13)  COM(2004) 636 final de 6 de octubre de 2004.

(14)  COSPAS (acrónimo ruso «Cosmicheskaya Sistyema Poiska Avariynich Sudov,» es decir, «Sistema espacial para la búsqueda de barcos en dificultades») y SARSAT («Search and Rescue Satellite-Aided Tracking», es decir, búsqueda y salvamento por satélite). Se trata de un sistema internacional de búsqueda, identificación y salvamento por satélite con fines humanitarios que en el período 1982-2003 permitió salvar la vida de más de 15 000 personas en todo el mundo.

(15)  Véase el Dictamen del CESE sobre la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la constitución de la Empresa Común Galileo, punto 3.5, DO C 48 de 21.2.2002.

(16)  Véase COM(2004) 693 de 25.10.2004, Comunicación de la Comisión por la que se propone la creación de la Agencia en 2005. Se plantea que la Agencia se ocupe también de la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de los datos personales.


8.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 221/33


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece una infraestructura de información espacial en la Comunidad (INSPIRE)»

(COM(2004) 516 final — 2004/0175 (COD))

(2005/C 221/07)

El 13 de septiembre de 2004, de conformidad con el artículo 175 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 13 de enero de 2005 (ponente: Sr. RETUREAU).

En su 414o Pleno de los días 9 y 10 de febrero de 2005 (sesión del 9 de febrero de 2005), el Comité Económico y Social Europeo aprobó por 140 votos a favor y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Resumen del dictamen del Comité

1.1

El Comité considera que la creación de una infraestructura de información espacial a nivel comunitario (Inspire) propuesta por la Comisión resulta apropiada, deseable y conforme al principio de proporcionalidad. Esta infraestructura coordinará y hará interoperables y accesibles los datos espaciales recogidos a nivel nacional por los Estados miembros, con el fin de documentar mejor, sobre una base científica, las decisiones y el seguimiento en materia de medio ambiente, así como los informes que deben elaborarse en el marco de algunas directivas. El Comité considera que el fundamento jurídico (artículo 175 TCE) es apropiado.

1.2

Esta iniciativa puede servir para reducir las duplicaciones, lagunas e insuficiencias, así como para favorecer la coordinación y la pertinencia en la recogida y el tratamiento de datos; para ello se necesita una acción comunitaria; esta iniciativa podrá también favorecer una mayor eficacia en el uso que puedan hacer de los datos las administraciones y los servicios interesados, así como en su explotación, por parte de operadores públicos y privados, bajo diversas formas, por ejemplo en los servicios de valor añadido (mapas o bases de datos especializados, etc.).

1.3

La Directiva propuesta crea el marco jurídico y técnico indispensable para lograr todo lo anterior, estableciendo un comité técnico y obligando a los Estados miembros a que autoricen el acceso a sus datos geográficos. La Comisión se encargará del seguimiento, para lo que se prevé la elaboración de informes periódicos.

1.4

Por todo ello, el Comité aprueba la propuesta objeto de la consulta, ya que tiene un valor añadido comunitario innegable, ofrece un marco de referencia armonizado y fomenta un avance en cuanto a la calidad y la naturaleza de los datos espaciales recogidos que resulta indispensable como fundamento de la política medioambiental e incluso de otras políticas nacionales y europeas, así como para respaldar los procesos decisorios.

1.5

El Comité desea insistir en la necesidad de emplear protocolos y formatos de fichero abiertos o estándares de uso universal que puedan leerse con programas de lectura gratuitos; asimismo, insiste en que es necesario garantizar que la información incluida y disponible en el marco de Inspire sea de dominio público, ya que se trata de datos científicos indispensables tanto para los responsables de las políticas medioambientales como para los estudiantes e investigadores. Por último, el Comité subraya que esta operación debe realizarse sin causar perjuicio a la confidencialidad de determinados datos, ya sea porque son de carácter privado o por motivos de interés general o de seguridad.

2.   La propuesta de la Comisión

2.1

Se ha elegido como fundamento jurídico el apartado 1 del artículo 175 del TCE que, por remisión al artículo 174, permite proponer medidas en el ámbito del medio ambiente y la protección de la salud, sobre la base de datos técnicos y científicos.

2.2

Los fenómenos naturales, al igual que los provocados por la actividad humana, tienen efectos sobre la calidad del medio ambiente y la salud, lo que justifica una acción comunitaria de información y coordinación en el respeto de los principios de proporcionalidad, subsidiariedad y cautela.

2.3

Se propone una directiva marco, con el fin de dejar un amplio margen de subsidiariedad que permita adaptar las disposiciones a las diferentes realidades nacionales y regionales.

2.4

Los metadatos recogidos procederán principalmente de fuentes públicas nacionales, pero no se excluye la utilización de otras fuentes. Gracias a un portal comunitario podrá accederse a las bases de datos nacionales en forma electrónica.

2.4.1

Los Estados miembros no están obligados a recoger los datos mencionados en los anexos. La iniciativa Inspire completa otras iniciativas, como GMES y Galileo, que sirven para recoger datos específicos o complementarios.

2.4.2

El carácter horizontal de Inspire resulta esencial: al ser intersectorial se detectarán posibles lagunas y podrá contribuir a que se colmen.

2.4.3

La legislación medioambiental establece la naturaleza, la calidad y la notificación de los datos pertinentes para los diferentes textos sectoriales (por ejemplo, la directiva sobre la calidad del agua).

2.4.4

El hecho de compartir los datos debería permitir determinar cuáles son las dificultades o lagunas que puedan tener los Estados miembros y encontrar soluciones de manera progresiva.

2.5

Se trata de recoger y coordinar los datos espaciales (geográficos) que se especifican, a manera de ejemplo, en los anexos I, II y III y de garantizar la interoperabilidad de los diferentes sistemas nacionales de recogida y tratamiento de estos datos, con el fin de ponerlos a disposición de los responsables de la toma de decisiones, los servicios administrativos, las estructuras de investigación y, en general, el público interesado.

2.6

Los Estados miembros ponen en red los datos armonizados, y estos datos y servicios de fácil acceso podrán servir de fundamento técnico y científico a las políticas europeas, nacionales o infranacionales en numerosos ámbitos.

2.7

Al compartir y combinar la información y los conocimientos adquiridos en los diferentes países y sectores, será posible evitar las duplicaciones y tener en cuenta los imperativos medioambientales en todas las políticas comunitarias.

2.8

La Comisión ejercerá las competencias de ejecución que le fueron atribuidas en la Decisión del Consejo de 22 de junio de 1998; varios servicios de la Comisión, entre los que se contarán Eurostat y el Centro Común de Investigación, participarán activamente en la aplicación de la Directiva y contarán con la asistencia de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Cada Estado miembro designará la autoridad pública nacional responsable de los contactos con la Comisión. Para la gestión técnica de Inspire se recurrirá a un procedimiento de comitología, que reunirá a los expertos gubernamentales, las agencias europeas y las DG implicadas.

3.   Observaciones generales

3.1

El Comité aprueba y respalda el proyecto de Directiva por la que se crea una infraestructura de datos geográficos comunitarios, y considera pertinente la elección del artículo 175 TCE como fundamento jurídico.

3.2

Al actuar en sinergia con otras fuentes de información, Inspire servirá para respaldar las decisiones en el ámbito de las políticas medioambientales y sanitarias, así como en muchos otros ámbitos.

3.3

El Comité considera que la relación coste/beneficio habla en favor del proyecto, pues este permitirá evitar las duplicaciones, afinar las políticas comunitarias y mejorar la información al público.

3.4

En opinión del Comité, la infraestructura comunitaria y los datos y servicios a los que ofrece acceso deben ser del dominio público, pues se trata esencialmente de datos científicos y de bases de conocimiento cuyo uso es de interés general (prevención de los riesgos naturales o industriales, salud, etc.). Deben evitarse las trabas que supondría establecer derechos demasiado restrictivos a la utilización de los conjuntos y servicios de datos.

3.5

No obstante, puede considerarse la posibilidad de establecer asociaciones entre el sector público y el privado y permitir el uso de los datos por parte de organismos o entidades privadas para establecer servicios de valor añadido o crear bases de datos geográficos especializadas con fines comerciales.

3.6

La interoperabilidad de los conjuntos y servicios resulta absolutamente esencial para que la infraestructura Inspire sea un éxito, y el Comité respalda la propuesta de que las normas de aplicación se fijen en colaboración con los proveedores y usuarios, así como con los organismos de normalización. Es cierto que hay una necesidad urgente de armonización, pero se trata de un ámbito complejo. No obstante, el Comité aprueba los plazos previstos para la aplicación y la presentación de informes.

3.7

El Comité considera que los protocolos y formatos de fichero utilizados a nivel nacional y comunitario deberían estar abiertos o ser de libre acceso y no estar sujetos a derechos de propiedad intelectual, y que los datos deberían poder leerse con todos los programas habituales de acceso a internet, con el fin de evitar la discriminación en el acceso y el uso de los datos en función de los programas o del material utilizados.

3.8

Aun aprobando la lista de excepciones propuesta por la Comisión, el Comité desea por último recordar su preocupación constante por la protección de los datos personales y la vida privada. En relación con la naturaleza y la precisión de los datos de libre acceso, debe añadirse esta protección a la necesidad de velar por intereses nacionales esenciales y a los imperativos de seguridad pública.

4.   Observaciones específicas

4.1

En el marco de los informes periódicos previstos en el proyecto de Directiva, el Comité desea contarse entre los destinatarios de dichos informes.

Bruselas, 9 de febrero de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


8.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 221/35


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones — Gestión de los riesgos de inundación — Prevención, protección y mitigación de las inundaciones»

(COM(2004) 472 final)

(2005/C 221/08)

El 12 de julio de 2004, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la comunicación mencionada.

La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 13 de enero de 2005 (ponente: Sra. SÁNCHEZ MIGUEL).

En su 414o Pleno celebrado los días 9 y 10 de febrero de 2005 (sesión del 9 de febrero de 2005), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 132 votos a favor, sin votos en contra y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Introducción

1.1

Se puede decir que la aprobación de la Directiva Marco del Agua (DMA) (1) supuso, para la Unión Europea, un cambio sustancial en la política del agua, y no solo por su contenido armonizador de las distintas situaciones en las que se encuentran nuestras aguas continentales y marítimas, sino porque se estableció un efectivo método de evaluación de la calidad de éstas y un sistema organizativo centralizado que permite actuar de manera uniforme sobre cada cuenca hidrográfica, con independencia de la coexistencia de las distintas competencias establecidas para cada tramo de la misma. Además, la Comisión ha ido completando y desarrollando el contenido de la DMA mediante disposiciones de rango legislativo (2) y de otro rango (3), de forma que la política de aguas de la UE tuviera un desarrollo de protección de nuestros ríos y mares.

1.2

No obstante, de forma incomprensible, algunos aspectos de gran importancia para la calidad de nuestras cuencas hidrográficas quedaron fuera de la DMA, como es el tema de las inundaciones. Las inundaciones son en sí mismas fenómenos completamente naturales cuyas consecuencias, no obstante, se agravan a veces en grado sumo por la acción humana. Hay que decir que muchos de sus efectos catastróficos podrían minimizarse con una política correcta del uso y de la protección de los cauces y riberas y, muy especialmente, exigiendo que en la construcción de infraestructuras hidráulicas se tenga en cuenta –realmente, y no solo de una manera formal– el impacto ambiental, a fin de no alterar las dinámicas naturales y desvirtuar el objetivo del buen uso de los recursos hídricos.

1.3

Los riesgos de inundación se están viendo incrementados en el territorio de la UE fundamentalmente por dos factores: el primer factor sería la efectividad del cambio climático, con un posible aumento de la frecuencia de las lluvias torrenciales y el potencial aumento del nivel del mar, consecuencia del calentamiento de la atmósfera; y el segundo factor, el impacto de las actividades humanas, como las construcciones en cauces y obras hidráulicas de desviación y canalización de los ríos, o la construcción de puertos sin medidas de evaluación y de corrección de su impacto ambiental. También habría que incluir como factor humano la mayor desertización de nuestro continente, sometido a talas masivas de árboles, incendios y otras actividades contrarias a la naturaleza. En definitiva, los riesgos de inundación se incrementan como consecuencia del desarrollo insostenible. Puede decirse, por tanto, que la adopción de modelos sostenibles de desarrollo económico, social y medioambiental minimizan y reducen estos riesgos.

1.3.1

La inundación de terrenos que alberguen industrias, actividades agrícolas y ganaderas intensivas y también zonas edificadas supone la difusión de sustancias y productos cuyo uso, en condiciones normales, no representan un riesgo para la calidad de las aguas, pero que, como consecuencia de un episodio de inundación, se convierten en peligrosos contaminantes de la misma, con efectos potenciales sobre la salud de los ciudadanos y sobre los ecosistemas afectados.

1.4

El CESE recuerda que, entre 1998 y 2002, Europa sufrió más de cien inundaciones graves, entre ellas los catastróficos desbordamientos de los ríos Danubio y Elba de 2002. Desde 1998, las inundaciones han causado cerca de 700 muertes, el desplazamiento de aproximadamente medio millón de personas y al menos 25 000 millones de euros de pérdidas en bienes asegurados (4).

1.5

La Comisión, consciente de esta situación, presentó al Consejo de Medio Ambiente de julio del 2004 una propuesta de actuación para la protección contra las inundaciones a escala europea, tendente a la gestión de una acción concertada en materia de los riesgos de inundación, cuya finalidad sea mejorar la protección contra este tipo de catástrofes. Los Estados miembros deberán cooperar para elaborar mapas de riesgo y aplicar planes de gestión de riesgos de inundación en cada cuenca fluvial y en las zonas costeras, siendo la Comisión la que facilite la coordinación de la información entre todos los Estados, así como la promoción de las mejores prácticas a tal efecto.

1.6

Por último conviene añadir que, si bien se trata de una actuación en el marco de la política de aguas comunitaria, el problema afecta a otras políticas europeas, como son la agrícola, la medioambiental, la de protección civil, la de transporte, etc. Además, debajo de todas estas políticas hay un problema jurídico de gran envergadura relacionado con la gestión de las zonas inundables: la delimitación y definición del dominio público que debe protegerse con relación a las riberas de ríos y mares, de forma que no puedan ser objeto de modificaciones sustanciales exclusivamente por decisión política de las autoridades, cuando afectan a otras competencias en la gestión de las aguas y en la ordenación de los riesgos de inundación. De esta forma, el deslinde de las zonas protegidas facilitaría la actuación preventiva contra los efectos de las inundaciones.

2.   Resumen del contenido de la propuesta

2.1

El contenido de la Comunicación se puede dividir en tres apartados:

gestión de los riesgos de inundación,

medidas actuales e iniciativas,

programa de acción concertada de la UE.

2.2

Respecto a la propuesta de gestión de riesgos de inundación hay que señalar que tiene un objetivo: la reducción de la probabilidad e impacto de las inundaciones. Para ello, propone que se incluyan en los programas los siguientes elementos:

prevención,

protección,

preparación,

planes de emergencia,

recuperación y aprovechamiento de la experiencia.

2.3

En cuanto a las medidas actuales e iniciativas contra los efectos de las inundaciones se proponen tres niveles de actuación.

2.3.1

A nivel europeo, las medidas van dirigidas a utilizar los medios y políticas ya existentes en el terreno de la prevención y minimización de las inundaciones. Desde la política de investigación, se trata de utilizar los proyectos de investigación como FLOODsite, que contribuye a la mejora de los métodos integrados de análisis y gestión de los riesgos de inundación. En cuanto a la utilización de los Fondos Estructurales, especialmente el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, pueden contribuir a mejorar la investigación y desarrollo tecnológico de las infraestructuras (5). Así, el proyecto IRMA (actividades de Interreg en el Rin y el Mosa) ha servido como proyecto transfronterizo contra las inundaciones.

2.3.1.1

También a nivel europeo, se propone utilizar la PAC para establecer zonas de protección contra las inundaciones a través de la silvicultura y otras actividades agrícolas como sistema de protección del suelo. En el mismo sentido se pretende aplicar la política medioambiental, en el marco de la DMA, mediante la integración de la gestión de los riesgos de inundación en los planes integrados de cuenca. Además, el Fondo de Solidaridad, creado en el 2002 a raíz de las graves inundaciones en Europa central, se mantiene para situaciones de emergencia.

2.3.2

Respecto a la función de los Estados miembros, hay que destacar que se han tomado medidas contra los efectos de las inundaciones mediante directrices oficiales y judiciales, especialmente en los Estados que más las padecen. Se trata de planes y estrategias de protección contra este tipo de catástrofes, e incluso se han elaborado mapas de riesgo en las regiones con mayor frecuencia de inundaciones.

2.3.3

En tercer lugar, se establecen medidas para la cooperación internacional en los ríos transfronterizos, especialmente en Europa central, mediante la creación de organismos que se ocupan del planteamiento coordinado de la gestión de las cuencas hidrográficas.

2.4

El programa de acción concertada de la UE posee ciertas características que son esenciales para crear medidas de prevención y mitigación de las inundaciones. Las más destacables son la mejora de la coordinación entre las autoridades, a través del plan de cuencas hidrológicas y zonas costeras, y la elaboración de mapas de riesgo de inundaciones como forma de planificación, todo ello utilizando la información de las buenas prácticas.

2.4.1

Para llevar a cabo este plan es primordial la colaboración de los Estados miembros, la Comisión y otras partes interesadas, de forma que se hagan responsables de una buena actuación en el campo de la prevención de los riesgos de inundación, en los términos establecidos.

2.4.2

Los costes esperados de esta acción concertada son difíciles de cuantificar. En todo caso, los beneficios que reporta a los ciudadanos europeos, a sus bienes, a las personas y al territorio la minimización de los efectos de las inundaciones superan cualitativamente los costes, cualesquiera que sean éstos.

2.5

La propuesta de la Comisión incluye un anexo que es de gran importancia para la elaboración y aplicación de los planes de gestión de los riesgos de inundación y de los mapas de riesgo, pues su objetivo es permitir una cierta armonización de todos ellos sobre la base de los objetivos fijados.

3.   Consideraciones generales

3.1

El CESE considera positivo el contenido de la Comunicación presentada por la Comisión con el fin de mejorar y armonizar los sistemas de prevención establecidos en muchos de los Estados miembros para paliar los efectos de las inundaciones. No obstante, el Comité considera que habría que realizar, en primer lugar, un diagnóstico más profundo del problema, para poder decidir las medidas adecuadas, especialmente las dirigidas a conseguir las acciones de prevención más eficaces, lo que evitaría muchos de los daños que ocasionan las inundaciones. En segundo lugar, habría que definir algunos conceptos básicos que no se recogen en la propuesta, para poder confluir así, de la manera más armonizada posible, en las medidas que se propongan en los planes de gestión y mapas de riesgos.

3.2

Las inundaciones son fenómenos naturales asociados al normal funcionamiento de los sistemas fluviales y costeros, entendiendo bajo este concepto el hecho de que la escala de tiempo geológico es muy superior a la escala que habitualmente se emplea en la gestión, por ejemplo la de la planificación económica, urbanística, etc. Así, el período de «retorno» significa que:

cuando llegue la avenida de los 100 o 500 años, el río ocupará la superficie que corresponda;

esas avenidas se producirán con total seguridad;

cualquiera de ellas puede producirse en cualquier momento.

De hecho, en la planificación hidrológica se incluyen básicamente conceptos de este tipo:

álveo, o cauce natural de una corriente continua o discontinua, es el terreno que queda cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias;

zonas inundables son las delimitadas por los niveles teóricos que alcanzarían las aguas en las avenidas, cuyo periodo estadístico de retorno puede ser de 100 o 500 años. Estas zonas no intervienen en el carácter de los terrenos (público o privado) y la autoridad competente puede establecer limitaciones en el uso para garantizar la seguridad de personas y bienes;

las características habituales de las áreas inundables, en general, incluyen humedales, llanuras forestales inundables y otras llanuras de inundación, conos de deyección de torrentes en las áreas de montaña, marjales, albuferas y numerosos elementos (muchos de ellos asociados a ecosistemas de gran valor ecológico) que señalan los límites de crecida que alcanzan estos fenómenos, que, como ya se ha dicho, son acontecimientos consustanciales con el régimen fluvial y la dinámica costera.

3.3

La gravedad de las inundaciones está relacionada con la ocupación y el uso de los terrenos inundables por los seres humanos para actividades que intervienen en el normal funcionamiento de estos sistemas hídricos, alterando de forma sustancial las condiciones del entorno fluvial y costero. Se incrementa de esta manera el riesgo de un funcionamiento anormal y extremadamente dañino para los seres humanos y para los bienes. El CESE entiende que deberían contemplarse como causas que incrementan la gravedad e importancia de las inundaciones las siguientes:

una inadecuada planificación del uso del suelo a lo largo de, a veces, amplios periodos de tiempo, fruto del desconocimiento o de falta de atención al conocimiento científico y técnico (hoy inaceptable),

una gestión del riesgo de inundaciones basada en supuestos ajenos a ese conocimiento (corrección de cauces, canalización de avenidas, construcción de embalses y presas, separación de áreas de protección por medio de diques próximos al curso de un río), medidas que en muchas ocasiones han resultado insuficientes o bien, a veces, contraproducentes desde un punto de vista global, sobre todo en el curso inferior de los ríos.

3.4

La tendencia hacia un incremento del riesgo de inundaciones como consecuencia de la evolución de los factores naturales, en especial como consecuencia del cambio climático, requiere un importante esfuerzo investigador en este campo con el fin de determinar la forma en que las transformaciones pueden afectar a la dinámica fluvial y costera y, con ello, a las zonas inundables y a los periodos de retorno, entre otras variables.

3.5

La tendencia a un incremento del riesgo como consecuencia de factores humanos (el uso de estos terrenos y el número de personas establecidas en ellos) puede y debe corregirse por medio de la inclusión de políticas activas de planificación dirigidas a conseguir un uso sostenible de las áreas inundables y la minimización de los riesgos.

4.   Observaciones particulares

4.1

El CESE está de acuerdo en que el objeto de la gestión de los riesgos es reducir la probabilidad y el impacto de las inundaciones por medio, habitualmente, de un proceso que integre los objetivos de prevención, protección, información, etc., tal y como lo señala la Comisión. No obstante, es conveniente establecer una clasificación de las actuaciones y medidas que pueden tomarse y de los criterios para realizar la elección adecuada en cada caso. De forma orientativa se puede hablar de medidas preventivas, tales como:

actuaciones de protección natural contra las inundaciones, como, por ejemplo, la mejora o el restablecimiento de la percolación natural mediante reducción de la concentración del subsuelo o saneamiento de zonas forestales de montaña; la recuperación de (antiguas) áreas de protección natural contra las inundaciones; el frenado de la velocidad de caudales y velocidad de propagación de las crecidas reconstruyendo las rectificaciones de los cursos de agua; la mejora de la percolación de las precipitaciones en zonas de asentamiento humano;

actuaciones que modifican la susceptibilidad de la zona inundable frente a los daños potenciales (sistemas de previsión y alerta, ordenación y restricción de usos de zonas inundables, etc.);

actuaciones sobre la avenida (medidas hidrológicas o hidráulicas). Pueden ser estructurales (embalses de laminación, encauzamiento, diques, etc.) o no estructurales (restricciones del uso urbanístico, programas de aseguramiento y garantía de bienes, etc.).

4.2

El CESE propone a la Comisión que en los planes de gestión se incluyan, como principios y como medidas no estructurales para su elaboración, los siguientes:

la adecuación al funcionamiento natural de los sistemas hídricos fluviales y costeros, fomentando la recuperación de los espacios y elementos naturales de autorregulación de la cuenca (reforestación de áreas de montaña afectadas, protección de los humedales y ecosistemas asociados, líneas de control de la erosión y sedimentación de los cauces, programas de sustitución de usos y recuperación de los terrenos de alto riesgo, etc.);

el principio de alcanzar un desarrollo sostenible de las áreas inundables, por medio de:

i.

la estimación del potencial económico explotable de los usos de las mismas compatible con el régimen natural de inundaciones;

ii.

la planificación de la transición hacia esos modelos en los distintos ámbitos de la planificación, en particular urbanística.

Es en este marco en el que debe entenderse el principio del «Planteamiento estratégico a largo plazo». No se trata solo de incluir la evolución prevista, tal y como se indica en la Comunicación de la Comisión, sino fundamentalmente de corregirla, en aquellos casos en que sea razonable pensar que se mantenga o incremente el riesgo actual.

4.3

Para elegir las medidas adecuadas de mejora de la protección contra las inundaciones convendría elaborar directrices y criterios adecuados:

la mejora de la protección contra las inundaciones no ha de significar un empeoramiento de la situación hidráulica en otro lugar (por ejemplo: un aumento del caudal de desagüe, del nivel del agua o una aceleración de las crecidas en el curso inferior de un río);

en la medida de lo posible y en el sentido de un desarrollo sostenible, frente a la construcción de instalaciones de protección técnica se debe dar preferencia a medidas de saneamiento de las cuencas hidrográficas y actuaciones naturales que permitan reforzar el mantenimiento en superficie de la inundación con el menor daño posible (estancamiento en lugar de inundación);

de ser posible, se debe dar preferencia a actuaciones que permitan pronosticar efectos positivos de sinergia con otros objetivos de desarrollo sostenible (por ejemplo: objetivos de la Directiva Marco del Agua en relación con la calidad de las aguas y las aguas subterráneas, objetivos de la directivas europeas de protección de la naturaleza.

4.4

Las experiencias de gestión de riesgos de inundación que se han realizado en diversas partes del mundo, particularmente desde los años setenta, han puesto de manifiesto que las principales dificultades para la aplicación de las medidas preventivas no son técnicas y no se resuelven sólo con mapas de riesgo o de peligrosidad. En EE UU, por ejemplo, el Army Corps of Engineers tiene cartografiados más de 20 000 mapas de riesgo, pero muy pocas autoridades los tienen en cuenta y, cuando lo hacen, se deciden por un tipo de actuaciones estructurales (encauzamientos, presas y diques, etc.) que con frecuencia no han sido capaces de controlar adecuadamente las inundaciones y son responsables de muchos daños evitables que se han producido finalmente al haber generado entre las autoridades y la población una falsa sensación de seguridad.

4.5

Es conveniente destacar que en la UE las actuaciones concebidas –fundamentalmente la construcción de infraestructuras de contención o canalización, de utilidad limitada– son precisamente las financiadas por los Fondos Estructurales (FEDER y Fondo de Cohesión). Las medidas de carácter preventivo, estructurales o no, están en general menos dotadas de recursos. Por tanto, el CESE considera que habría que evaluar la necesidad de establecer una línea de financiación específica para este programa de acción o, en su defecto, elaborar unas orientaciones para incluir las actuaciones en otros programas financiados por la Comisión.

4.6

En todo caso estas medidas estructurales no son suficientes para prevenir las inundaciones o proteger las zonas inundables. Sólo tienen sentido dentro de una perspectiva más amplia en la que la planificación urbanística, la planificación de las líneas de transporte (carreteras, ferrocarriles, etc.), el mantenimiento de los canales de desagüe y evacuación y la protección de las zonas y ecosistemas que regulan la escorrentía natural sean también tenidos en cuenta. En este sentido, sería conveniente desarrollar en el futuro con un mayor nivel de concreción las directrices que figuran en el anexo de la Comunicación, introduciendo, entre otros elementos, principios metodológicos o buenas prácticas para la elaboración de estos planes.

4.7

La incorporación de los planes de gestión de inundación en los planes de gestión de la Directiva Marco del Agua es fundamental para garantizar que exista la planificación necesaria para actuar en toda la extensión de la cuenca hidrográfica, compatibilizando las medidas y actuaciones eficaces en los distintos ámbitos (local, estatal, transnacional, ...) y la necesaria coordinación de todas las autoridades competentes involucradas. No obstante, es necesario establecer criterios y formulaciones para conseguir una adecuada integración de estos dos marcos de planificación compatibles pero diferentes, a través de una directiva que la facilite. Estos elementos serían un capítulo más a desarrollar en la propuesta de ampliación de las directrices anexas.

4.8

La integración de la gestión de inundación en el marco de la DMA se fundamenta en:

una definición de «inundación» como suceso normalizado en el régimen fluvial y en la dinámica costera que puede incidir en la calidad del agua y en los ecosistemas de forma excepcional y periódica;

una definición de «zona inundable» relacionada íntimamente con el ámbito territorial de actuación de la DMA (usos del suelo, contaminación potencial, ecosistemas asociados a la calidad del agua ...);

una definición del riesgo de inundación que está relacionada con los riesgos y daños a las masas de agua objeto de la DMA;

una gestión específica de riesgos que afecta a la gestión del agua tal y como se contiene en la DMA (usos del agua en la cuenca, recuperación de costes, planes de medidas, establecimiento de zonas protegidas).

4.9

Los elementos más significativos de la gestión del riesgo de inundación que están relacionados con la planificación derivada de la DMA son:

1)

Definición y gestión de riesgo:

riesgos hidrológicos, calidad del agua y ecosistemas,

riesgos geológicos asociados, deslizamientos de laderas, aludes,

gestión y restauración del dominio público hidráulico y marítimo,

criterios ecológicos para la gestión de inundaciones,

criterios urbanísticos.

2)

Alertas y emergencias:

zonificación territorial,

sistemas de información hidrológica y sistema de prevención de emergencias,

protección civil,

marco normativo de regulación en cada Estado miembro de los aspectos anteriores,

educación ciudadana,

coordinación entre las autoridades competentes.

3)

Otros aspectos:

investigación y coordinación multidisciplinar,

cobertura de riesgos mediante seguros,

seguridad en la construcción de infraestructura.

5.   Conclusiones

5.1

El CESE considera que cualquier actuación sobre la prevención, protección y mitigación de las inundaciones tiene que integrarse con la metodología e instrumentos creados por la DMA, en especial en el plan de cuenca, que permite regular todas las materias referidas a la gestión de las aguas continentales y de las zonas costeras adscritas a dichas cuencas. Para ello, el Comité considera como instrumento necesario la incorporación, tanto del contenido de esta Comunicación como de las observaciones aquí efectuadas, a una directiva comunitaria que facilite la adecuación de los planes de gestión de riesgos a las características de cada plan de cuenca, adaptándose de esta forma a las condiciones particulares de nuestros ríos y costas.

5.2

Para la efectividad de esta integración hay que:

definir de forma precisa los conceptos básicos sobre los que hay que actuar, especialmente los que se mencionan en el punto 4.7 del Dictamen;

hacer un diagnóstico profundo de cuál es la situación actual en cada una de las cuencas y zonas costeras europeas, especialmente en las zonas de alto riesgo a consecuencia del cambio climático y de las actuaciones humanas;

insistir en las acciones preventivas contra los efectos dañinos de las inundaciones, desarrollando e incluyendo todas las medidas dirigidas a la población, a través de la educación e información necesaria.

5.3

Los planes de gestión de riesgo y mapas de riesgo, tal y como se recogen en los anexos de la Propuesta de Comunicación, tienen que ser ampliados mediante el establecimiento y clarificación de una clasificación de actuaciones y medidas, teniendo en cuenta las más prioritarias y adecuadas a la financiación obtenida, así como los criterios a emplear con el fin de minimizar los costes e incrementar los beneficios para la población y los bienes. El objetivo más importante consiste en adecuar el funcionamiento natural de los sistemas hidrológicos y costeros al desarrollo humano, en definitiva, conseguir un desarrollo sostenible integrado en las zonas inundables.

5.4

Por último, el CESE considera que los elementos más significativos de la gestión del riesgo de inundaciones, que están relacionados con la planificación derivada de la DMA, corresponden a la definición del riesgo, de las alertas y emergencias para cuando se produzcan esos fenómenos. Además no pueden perderse de vista otras actuaciones comunitarias dirigidas a la investigación y coordinación multidisciplinar, destinadas específicamente a paliar los daños de las inundaciones, así como la concreción en las coberturas por los seguros de los daños, que minimicen las pérdidas económicas de los afectados, y, sobre todo, la necesidad de vigilancia y control de la seguridad en las construcciones de las infraestructuras que afectan al sistema hidrológico y costero.

Bruselas, 9 de febrero de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  DO L 327 de 22.12.2000. p. 72.

(2)  Dictamen del CESE sobre la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la protección de las aguas subterráneas (COM(2003) 550 final) — DO C 112 del 30 de abril de 2004, pp. 40-43.

(3)  Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece la lista de sustancias prioritarias en el ámbito de la política de aguas. COM(2000) 47 final; Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité Económico y social sobre «Política de tarificación y uso sostenible de los recursos hídricos» COM(2000) 477 final; Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «Hacia una estrategia de protección y conservación del medio ambiente marino» COM(2002) 539 final.

(4)  Fuente: COM(2004)472 final.

(5)  Un ejemplo interesante es el que presentó a la Sección de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente del CESE Sándor Tóth, representante del Departamento de Medio Ambiente y Gestión de Aguas de Hungría, en relación con el programa de gestión de inundaciones y desarrollo regional a largo plazo en el valle del Tisza.


8.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 221/40


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Consejo sobre la financiación de la política agrícola común»

(COM(2004) 489 final — 2004/0164 (CNS))

(2005/C 221/09)

El 29 de octubre de 2004, de conformidad con el artículo 37.2 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos del Comité en este asunto, aprobó su dictamen el 13 de enero de 2005 (ponente: Sr. KIENLE).

En su 414o Pleno celebrado los días 9 y 10 de febrero de 2005 (sesión del 9 de febrero de 2005), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 133 votos a favor y 6 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Introducción

El 1 de enero de 2005 comenzó la aplicación de una profunda reforma de la política agrícola. El núcleo de dicha reforma es la ayuda única por explotación disociada de la producción y una mayor concentración en la ayuda al desarrollo rural. El fundamento financiero de la Política Agrícola Común está constituido por las Conclusiones del Consejo Europeo de octubre de 2002, con arreglo a las cuales se establece un límite máximo para los gastos agrícolas del primer pilar que no puede sobrepasar para la UE–25 en 2013 el nivel de ayuda efectiva alcanzado en 2006. En las perspectivas financieras de la UE para el período 2007–2013, que regulan la financiación total de la UE, se aceptaron dichas conclusiones para el sector agrario. Por tanto, los gastos destinados a la Política Agrícola Común, incluida la ayuda al desarrollo rural (para la UE–27), ascenderán en 2007 a 57 180 millones de euros con un aumento anual del 1,1 % hasta 2013 (expresado en precios de 2004).

Sin embargo, el objeto de la propuesta objeto de examen sobre la financiación de la política agrícola común no es –como el título hace suponer– el origen y utilización de los créditos para la PAC. En la propuesta, por el contrario, se examinan los aspectos presupuestarios de la ayuda a la agricultura y a las zonas rurales.

2.   Síntesis de la propuesta de la Comisión

El objetivo de la propuesta de la Comisión Europea es sentar las bases presupuestarias de la Política Agrícola Común de la UE, con inclusión de la política de desarrollo rural, para el período 2007–2013. En un único acto jurídico se regulará la financiación de la política agrícola común. La propuesta debe examinarse en relación con la Propuesta de Reglamento sobre la ayuda al desarrollo rural. La Comisión se propone al respecto una simplificación y una mayor eficacia. Tales objetivos se alcanzarán con un sistema más estricto de seguimiento, evaluación e información.

2.1   Estructura del fondo de financiación

2.1.1   Hasta la fecha: el Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA)

El Fondo Europeo de Orientación y de Garantía Agrícola (FEOGA) que hasta la fecha ha servido para financiar la política agrícola común está dividido en la sección Garantía y en la sección Orientación. Con cargo al FEOGA-Garantía se financian las organizaciones comunes de los mercados (pagos directos, restituciones a la exportación, compras de intervención), determinados gastos en los ámbitos veterinario y fitosanitario, así como medidas de información y evaluación de la Política Agrícola Común. Además, el FEOGA-Garantía financia en todo el territorio determinadas medidas para las zonas rurales (medidas agroambientales, ayudas compensatorias para zonas desfavorecidas, reforestación, jubilación anticipada) y medidas de inversión en las regiones no incluidas en el objetivo no 1.

El FEOGA-Orientación financia los demás gastos de inversión en el desarrollo rural que no son asumidos por el FEOGA-Garantía, es decir, las medidas para las regiones del objetivo no 1 y la iniciativa Leader+.

2.1.2   Características de los futuros fondos para la Política Agrícola Común

La estructura de los nuevos fondos será similar a la del FEOGA. La gestión de los fondos estará en manos de un comité compuesto por representantes de los Estados miembros y de la Comisión (artículo 41, Comité de los fondos). Todas las medidas que se financien con cargo a los nuevos fondos estarán sujetas al procedimiento de liquidación de cuentas. Hasta ahora sólo era así en el caso de las medidas del FEOGA-Garantía. La revisión de las medidas financiadas con cargo al FEOGA-Orientación se hacía hasta la fecha en el marco de los programas de apoyo plurianuales (de conformidad con el Reglamento de los Fondos Estructurales 1260/1999).

2.1.3   El nuevo Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA)

El FEAGA es similar al actual FEOGA-Garantía y, como ocurre hasta la fecha, se utilizará para financiar medidas de intervención, restitución a la exportación, pagos directos, información y promoción de la comercialización de productos agrarios. Las actuales medidas de apoyo al desarrollo rural dejarán de financiarse con cargo al FEAGA. Pasarán a financiarse con cargo al FEADER.

2.1.4   El nuevo Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

En el futuro, todas las medidas de desarrollo rural se financiarán con cargo a este nuevo Fondo, con lo que se simplificará la financiación del segundo pilar. El Fondo englobará los recursos procedentes del FEOGA-Orientación y los recursos destinados al desarrollo rural del FEOGA-Garantía. Según las estimaciones de la Comisión Europea, con los recursos de modulación del primer pilar, que se obtendrán del porcentaje de reducción de conformidad con el artículo 10 del Reglamento (CE) 1782/2003, en 2013 los recursos presupuestarios destinados al desarrollo rural ascenderán en su conjunto a 14 200 millones de euros (UE-27, sobre la base de los precios de 2004).

2.2   Ejecución de los pagos y control

2.2.1   Organismos pagadores

De conformidad con la propuesta de la Comisión, la tramitación de los pagos seguirá estando a cargo de los organismos pagadores competentes establecidos por los Estados miembros. Estos organismos pagadores serán oficinas autorizadas u organismos de los Estados miembros que tendrán como tareas comprobar que las solicitudes cumplen los requisitos, registrar los pagos realizados y presentar la documentación correspondiente a la Comisión.

2.2.2   Sistema de pago y créditos de compromiso

Los pagos con cargo al FEAGA se efectuarán mensualmente y los pagos con cargo al FEADER tendrán un carácter trimestral. Con arreglo a la propuesta, los créditos de compromiso del FEADER se asignarán separadamente en función de los programas y sobre una base plurianual, divididos en tramos anuales. Se aplicará la norma «N+2», así como la liberación automática de los créditos de compromiso tras este período. La norma «N+2» significa que los créditos consignados en el marco de un programa deben gastarse antes de que termine el segundo año siguiente al de su inscripción («N» = año de la consignación).

2.2.3   Transmisión de información a la Comisión

Los Estados miembros deberán presentar a la Comisión declaraciones de gastos y, tras la conclusión del ejercicio presupuestario, las cuentas anuales, así como un certificado relativo a la integralidad, exactitud y veracidad de las cuentas presentadas. Una novedad adicional es la declaración de fiabilidad del director del organismo pagador. Por lo que se refiere a los gastos del FEADER, el organismo pagador deberá llevar además, de conformidad con la propuesta de la Comisión, cuentas anuales separadas por cada programa.

2.2.4   Liquidación de cuentas, liquidación de conformidad e informe financiero

De acuerdo con la propuesta, la Comisión concederá la aprobación de la liquidación de cuentas de los organismos pagadores antes del 30 de abril. La decisión sobre la liquidación de cuentas se tomará teniendo en cuenta la integralidad, exactitud y veracidad de las cuentas presentadas. De manera análoga al procedimiento aplicado en la actualidad, la Comisión examinará qué importes deben excluirse de la financiación comunitaria (liquidación de conformidad). Una novedad es la prolongación de los plazos de corrección financiera de 24 a 36 meses. Cada año, antes del 1 de septiembre (en la actualidad, antes del 1 de julio), la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe financiero sobre la administración de los fondos.

3.   Observaciones generales

3.1   La ayuda debe ser aceptable y comprensible para la sociedad

El CESE es consciente de que los recursos financieros destinados a la PAC representan una parte importante –aunque en relativo decrecimiento temporal– del presupuesto general de las Comunidades Europeas. Con tanta mayor razón considera el CESE indispensable que la ayuda a la agricultura y a las zonas rurales sea aceptable y comprensible para la sociedad. El CESE estima que al respecto han de cumplirse dos condiciones:

Los pagos deben llegar a los beneficiarios finales con la menor reducción posible.

El abuso debe prevenirse con un control eficaz.

3.2   Enfoques innovadores para simplificar la gestión

El CESE considera que en la propuesta objeto de examen existen diversos enfoques muy innovadores con vistas a una mejor gestión y simplificación presupuestaria. A juicio del CESE, la aplicación a través de la creación de dos fondos con una clara separación de contenidos es acertada y razonable. Con el reglamento se registrarán claros progresos en materia de simplificación. En un único fundamento jurídico se regulará la financiación de la Política Agrícola Común. Se creará un sistema de control en lugar de los dos sistemas de control actuales. Se simplifican los distintos sistemas de gestión financiera para medidas de desarrollo rural. Seguirá existiendo, no obstante, un segundo sistema de gestión financiera para medidas del FEAGA. En cambio, la propuesta de Reglamento sobre la ayuda al desarrollo rural reduce los cinco sistemas de programación a un único sistema de programación y restringe el número de programas. El CESE suscribe estas simplificaciones, que son especialmente perceptibles para la administración de Bruselas.

3.3   La simplificación deberá tener efectos perceptibles en los beneficiarios

El CESE, no obstante, estima necesario que la simplificación sea perceptible en todos los niveles. Debe ser provechosa tanto para la UE como para los Estados miembros y los beneficiarios finales. El CESE considera especialmente importante que la simplificación de los trámites burocráticos llegue hasta el final de la cadena administrativa: los agricultores. La situación actual de los agricultores europeos está marcada por altas dosis de burocracia, acompañada por frecuentes retrasos en el pago de las ayudas. Un ejemplo extremo de ello era, por ejemplo, SAPARD (Programa Especial de Adhesión para la Agricultura y el Desarrollo Rural en los países candidatos), algo también recientemente criticado por el Tribunal de Cuentas Europeo. Pero es muy bajo el riesgo de que sumas indebidamente pagadas a agricultores no se puedan recuperar. Por ello y con vistas a los beneficiarios finales, el CESE considera indispensable una ayuda rápida y lo menos complicada posible.

3.4   Las cargas administrativas pueden reducirse

El objetivo de simplificación se alcanza en grado suficiente para la Comisión, pero no para los Estados miembros. Existen partes del Reglamento que son incluso contradictorias con el objetivo de simplificación y suponen un aumento de las cargas administrativas. El CESE lamenta que los organismos pagadores tengan que seguir administrando dos sistemas de gestión financiera debido a la existencia de diferentes sistemas de pago y créditos de compromiso. Por ello, es indispensable poner cuidado en la «racionalización» de ambos sistemas, con el fin de que las cargas sean lo más bajas posible. En este sentido, otras adaptaciones son necesarias, especialmente en el Reglamento sobre la ayuda al desarrollo rural. La preparación de documentación adicional supone un gasto suplementario para los Estados miembros.

3.5   Exigencias mayores para los Estados miembros

La propuesta que la Comisión ha presentado implica una mayor corresponsabilidad financiera para los Estados miembros, ya que se prolonga el período de imputación y se endurecen las disposiciones relativas al cumplimiento de los plazos de pago y a la recuperación de importes indebidamente pagados por parte de la Comisión. El CESE acoge en principio favorablemente que las normas relativas a la recuperación de importes indebidamente pagados hagan recaer la responsabilidad por las sumas no sólo en la UE, sino también en los Estados miembros. En aras de una utilización más eficaz y transparente de los créditos, los fondos indebidamente pagados han de poder recobrarse, incluso tras un largo período de tiempo. Consciente de las críticas de muchos Estados miembros frente al aumento de la corresponsabilidad, el CESE cuidará muy atentamente de que dichos Estados miembros no pierdan el interés por los programas en detrimento de los beneficiarios finales. El objetivo con los plazos más estrictos que se imponen a los pagos es también una mayor disciplina de los Estados miembros. El CESE se congratula de que se ponga límites a los plazos de pago, pero considera excesivo que los plazos sean tan cortos y, por ello, pide a la Comisión que reconsidere nuevamente los plazos previstos.

3.6   Las «ayudas indirectas» deben tener carácter excepcional

El CESE considera que la ampliación de la asistencia técnica absorberá recursos destinados a los fines propios de los fondos: el fomento de la agricultura y del desarrollo rural. Este tipo de «ayudas indirectas», es decir, la asistencia a los organismos y estructuras responsables de gestionar las ayudas propiamente dichas, no debería aumentar en exceso, sino que debería limitarse a lo estrictamente necesario. En este contexto, el CESE critica en particular que la Comunidad apoye la instalación o el desarrollo de estructuras de gestión y de control por parte de un Estado miembro. Ésta es sin duda alguna una obligación de los Estados miembros. El CESE propone que tal ampliación de la asistencia técnica sólo tenga lugar en pocos casos excepcionales y su duración sea limitada. El CESE pide en tal caso una información por parte de la Comisión, al objeto de poder mantener un seguimiento estricto de tal tipo de ayudas.

4.   Observaciones particulares

4.1   Denominación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

El nuevo Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) tiene en la versión alemana del Reglamento relativo a la ayuda al desarrollo rural una denominación diferente. El CESE pide que se evite tal divergencia y se uniformice la denominación del fondo en los textos reglamentarios.

4.2   Cargas administrativas

4.2.1   Extensión del procedimiento de certificación (artículo 7)

La extensión del procedimiento de certificación a los sistemas de seguimiento (artículo 7) dará lugar a cargas administrativas adicionales. Hasta ahora el organismo de certificación comprobaba la integralidad, exactitud y veracidad de las cuentas anuales presentadas a la Comisión. De ahora en adelante, el organismo de certificación será «responsable de la certificación de los sistemas de gestión, seguimiento y control establecidos por los organismos pagadores autorizados y de las cuentas anuales de estos últimos». El CESE pide una aclaración con respecto a la necesidad de una certificación de estas características. El objetivo debería ser concentrar de modo uniforme el trabajo de los organismos de certificación en la validación de los pagos efectuados por los organismos pagadores.

4.2.2   Estructura de las cuentas anuales (artículo 8)

Deberán presentarse cuentas anuales de los pagos del nuevo FEADER, aunque el sistema de financiación (créditos comprometidos, prefinanciaciones, pagos intermedios, pagos del saldo) esté organizado en función del tiempo de duración total del programa. El CESE teme que los organismos pagadores tengan que registrar sus gastos tanto en las cuentas anuales como en la liquidación general de un programa, lo que implicará un aumento de las cargas. Los balances anuales deberán aceptarse caso por caso.

Los organismos pagadores deberán presentar además cuentas anuales separadas con los gastos de cada uno de los programas del FEADER. También los organismos de certificación, que hasta ahora habían presentado informes en el marco de las cuentas anuales, deberán elaborar varios informes anuales separados. El CESE lamenta que la Comisión no haya logrado una simplificación mayor, aunque considera que las cargas administrativas son justificables.

4.2.3   Documentación adicional (artículo 8)

Además de las cuentas anuales, el director del organismo pagador deberá presentar una declaración de fiabilidad. El CESE no la considera necesaria. Ya existe un sistema de control instalado en la estructura del organismo pagador y del organismo certificador. A juicio del CESE, bastaría también con que el director del organismo pagador diera fe de la exactitud de los datos.

4.3   Financiación

4.3.1   Ampliación de la financiación de la asistencia técnica (artículo 5)

La financiación de la asistencia técnica se ampliará al análisis, gestión, seguimiento y aplicación de la Política Agrícola Común, así como a la instalación de los sistemas de control y de asistencia técnica y administrativa. Una novedad la constituye también la financiación de agencias ejecutivas de conformidad con el Reglamento (CE) no 58/2003 y la financiación de medidas de divulgación y motivación, así como medidas de fomento de la cooperación e intercambio de experiencias en la Comunidad, efectuadas en el ámbito del desarrollo rural (incluida la interconexión en red de los participantes). Ello deberá llevarse a cabo en el marco de la administración central de fondos. El CESE valora de forma sumamente crítica que se apoye con fondos comunitarios a la administración de un Estado miembro.

En cambio, es razonable que el apoyo a la interconexión en red sea competencia de la Comisión.

4.3.2   Recuperación de importes indebidamente pagados (artículos 32, 33 y 35)

Se establecen normas más rígidas sobre la participación de los Estados miembros en las repercusiones financieras en caso de no recuperación de importes indebidamente pagados. De conformidad con la propuesta, la Comisión puede imputar al Estado miembro los importes indebidamente pagados que deben recuperarse si éste no ha incoado todos los procedimientos administrativos o judiciales para proceder a su recuperación (para los pagos con cargo al FEAGA: en el año siguiente al primer acto de comprobación administrativa o judicial de la irregularidad). Esto no es actualmente posible. Si no se logran recuperar los importes indebidamente pagados en el plazo de cuatro años (cuando la recuperación sea objeto de una acción ante los órganos jurisdiccionales nacionales, el plazo será de seis años), el Estado miembro tendrá que asumir el 50 % de las repercusiones financieras. Actualmente, es sólo la Comunidad la que soporta las consecuencias financieras. El CESE se congratula en líneas generales de que no sólo la Comisión, sino también los Estados miembros asuman la responsabilidad de los pagos. Así se podría lograr que los Estados miembros organicen con mayor cuidado sus estructuras de ayuda y el correspondiente control de ésta. No obstante, un aumento de la corresponsabilidad financiera no ha de tener por efecto que los Estados miembros pierdan el interés por los programas. Dado que la duración de los procedimientos puede exceder de los cuatro o, en su caso, seis años, el CESE propone que se reconsideren los plazos y porcentajes de participación de los Estados miembros.

4.3.3   Limitación de la prefinanciación al 7 % (artículo 25)

De conformidad con el artículo 25, la prefinanciación que la Comisión paga, previa autorización, al organismo pagador designado por el Estado miembro estará limitada al 7 % de la participación del FEADER. El CESE considera aceptable este límite, puesto que estas limitaciones ya existen y no hay por qué temer que se conviertan en un inconveniente para la liquidez de la oficina pagadora.

4.4   Cumplimiento de los plazos de pago (artículo 16)

En el artículo 16 se prevé un límite temporal definitivo para los retrasos en los pagos por parte de los Estados miembros al 15 de octubre del ejercicio presupuestario correspondiente. En cierta medida, no es posible evitar pagos a posteriori (por ejemplo, en caso de sentencias judiciales). En particular, la adaptación al nuevo sistema de ayuda por explotación (disociada) requiere que las administraciones dispongan de mayor margen de acción temporal. Por ello, el CESE considera poco oportuno el plazo del 15 de octubre.

4.5   Plazo de denegación de la financiación (artículo 31)

Con arreglo al artículo 31 (liquidación de conformidad), la Comisión puede denegar la financiación bajo determinadas circunstancias (cuando no se ha efectuado con arreglo al procedimiento comunitario; esfuerzos para llegar a un acuerdo con el Estado miembro). Esto no es aplicable a los gastos efectuados con anterioridad a los treinta y seis meses que hayan precedido a la comunicación escrita de la Comisión de los resultados de las comprobaciones al Estado miembro correspondiente. En la actualidad, este «plazo de prescripción» es de veinticuatro meses. Por consiguiente, la modificación amplía las posibilidades de la Comisión de evitar pagos no conformes con la legislación comunitaria. El CESE, no obstante, estima oportuna cierta premura de tiempo para proceder a la comprobación de tal conformidad, como es el caso de la normativa actual. Una intervención precoz de la UE sirve también a los fines de prevención y es un modo de disciplinar a los Estados miembros.

4.6   Reducción de los pagos por parte de la Comisión (artículo 17)

En el artículo 17, la Comisión se concede a sí misma la opción de reducir o suspender los pagos mensuales a los Estados miembros. Además de la posibilidad de que la Comisión, en el marco de la liquidación de cuentas, reclame o no abone determinados pagos, en adelante tendrá la posibilidad de reducir inmediatamente las subvenciones en caso de utilización abusiva manifiesta de los recursos comunitarios. En la actualidad ya se aplica un procedimiento semejante. A juicio del CESE, cabe apoyar el correspondiente fundamento jurídico.

Bruselas, 9 de febrero de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


8.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 221/44


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Consejo por el que se modifican el Reglamento (CEE) no 2759/75, el Reglamento (CEE) no 2771/75, el Reglamento (CEE) no 2777/75, el Reglamento (CEE) no 1254/1999, el Reglamento (CEE) no 1255/1999 y el Reglamento (CEE) no 2529/2001 en lo relativo a las medidas excepcionales de apoyo al mercado»

COM(2004) 712 final — 2004/0254 (CNS)

(2005/C 221/10)

El 3 de diciembre de 2004, de conformidad con el artículo 37 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada,

La Sección Especializada de Agricultura, Desarrollo Rural y Medio Ambiente, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 13 de enero de 2005 (ponente: Sr. Leif E. NIELSEN).

En su 414o Pleno de los días 9 y 10 de febrero de 2005 (sesión del 9 de febrero), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 135 votos a favor y 6 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Antecedentes

1.1

El brote de enfermedades infecciosas tan graves como la encefalopatía espongiforme bovina (EEB), la fiebre aftosa, la peste porcina clásica (PPC) y la enfermedad de Newcastle ha producido repetidas crisis en los mercados de productos animales en la UE. Cuando aparecen tales epizootias se adoptan sobre todo medidas como el sacrificio de animales y las restricciones de los intercambios a fin de evitar la propagación de la enfermedad. Como norma general, los costes de la erradicación de estas epizootias corren a cargo del Fondo veterinario, al que los Estados miembros aportan un 50 %.

1.2

Además, a resultas sobre todo de la prohibición de venta y de la creación de áreas restringidas, la situación del mercado para estos productos se agrava. Por esta razón, las organizaciones de mercado de la carne de porcino, huevos, carne de aves de corral, carne de vacuno, leche y productos lácteos, y de carne de ovino y caprino prevén la posibilidad de medidas de apoyo al mercado en este tipo de situaciones. Un requisito esencial para la aplicación de estas medidas excepcionales es que los Estados miembros hayan previamente incorporado las medidas veterinarias necesarias para frenar las epizootias. Además, las medidas encaminadas a paliar la situación del mercado sólo se aplican en la medida y por el periodo en que el apoyo al mercado sea estrictamente necesario.

1.3

Las medidas excepcionales adoptadas por la Comisión con arreglo al procedimiento de comité de gestión se aplicaron en un principio con una financiación íntegramente comunitaria. Este fue el caso de la PPC a finales de los años ochenta y principios de los noventa. En 1992, la cofinanciación nacional se utilizó por primera vez en un brote de PPC. Dado que no quedaba claro cuál debía ser el porcentaje de participación, en 1994 la Comisión introdujo disposiciones que lo fijaban en un 70 % para la financiación de la Comunidad y para un número máximo de animales. Más tarde, en la lucha contra la EEB y la fiebre aftosa se aplicó idéntico porcentaje a la carne de vacuno. Desde 2001, el porcentaje nacional de cofinanciación ha sido del 50 %, conforme a la exigencia formulada por el Tribunal de Cuentas de que existiera un paralelismo entre la cofinanciación de las medidas veterinarias y de las medidas de apoyo al mercado.

1.4

A resultas de una petición de Alemania, el Tribunal de Justicia (TJCE) estipuló en 2003 que la Comisión no tenía el derecho de establecer una cofinanciación nacional del 30 %; la sentencia se refería a un caso sobre la reglamentación relativa a la compra de carne de vacuno en relación con la EEB (1). Con arreglo a esta resolución, la Comisión no está facultada jurídicamente para continuar sus actuales prácticas, y por eso propone para el futuro una cofinanciación del 50 % mediante una modificación de las organizaciones de mercado de la carne de porcino, huevos, carne de aves de corral, carne de vacuno, leche y carne ovino y caprino, ya se trate de medidas referentes a intercambios intracomunitarios o a las exportaciones a terceros países.

2.   Observaciones generales

2.1

Cabe lamentar que desde 1992 la Comisión y los Estados miembros no hayan respetado el hasta entonces principio general vigente de la financiación íntegramente a cargo de la Comunidad de las medidas del llamado «primer pilar» de la política agrícola común, entre las que se cuentan las medidas aplicadas en el marco de las organizaciones comunes de mercado. Entra dentro de la naturaleza de la cuestión que, al aprobar el Consejo la actual propuesta, puede no observar este principio que él mismo ha introducido. Sin embargo, conforme a la decisión del TJCE en la materia, la Comisión no puede apartarse de las decisiones del Consejo sin una autorización expresa, aun cuando actúe en colaboración con los Estados miembros en los comités de gestión respectivos.

2.2

En función del alcance y la duración de las epizootias, las diferentes medidas pueden comportar gastos considerables, que en su mayor parte deben financiarse con recursos públicos. La cuestión del reparto de los gastos entre la UE y los Estados miembros se halla estrechamente vinculada a la cuestión de la solidaridad financiera entre los Estados miembros. En el caso de cofinanciación nacional, algunos Estados miembros podrían presentar una mayor disponibilidad –o contar con más posibilidades– que otros para cubrir estos gastos. Ciertos Estados miembros podrían transferir los gastos de manera directa o indirecta a las empresas. Como quedó claro en la crisis de la EEB, esto puede falsear considerablemente la competencia.

2.3

La Comisión considera que los Estados miembros se comprometerán en mayor medida en la lucha y prevención de las enfermedades animales cuando participen en la cofinanciación. Aunque el Comité Económico y Social Europeo puede comprender este argumento, no excluye que esta exigencia retarde o dificulte la adopción de decisiones, lo que contrarrestaría la eficacia de la lucha.

2.4

Asimismo, el CESE comprende los argumentos de la Comisión, en cuanto a que la propuesta equivale a una continuación de la práctica existente desde 1992 y garantiza un paralelismo entre las medidas relativas al Fondo veterinario y las referentes a la organización de mercados.

2.5

No obstante, el Comité estima que los costes de las medidas excepcionales relativas a las organizaciones de mercados que originariamente fija el Consejo, deben considerarse en el marco general de la responsabilidad común y la solidaridad financiera. En opinión del CESE, la quiebra de este principio llevaría aparejado el riesgo de que en los Estados miembros existieran procedimientos divergentes en la lucha contra las epizootias; a pesar de controles efectivos y de métodos de prevención de epidemias, las epizootias pueden brotar en cualquier momento y de manera inesperada. En efecto, las repercusiones en el mercado afectan también a los demás Estados miembros. Además, la cofinanciación nacional en este ámbito presenta el riesgo de una erosión en otros ámbitos, y por ello de una mayor renacionalización de la política agrícola común.

2.6

Si, a pesar de estas razones, la propuesta de la Comisión encontrara respaldo, sería administrativamente enojoso y técnicamente injustificable que la contribución financiera prevista en esta propuesta de Reglamento se tratara con arreglo a las disposiciones del acuerdo sobre ayudas estatales. Por consiguiente, la propuesta de la Comisión de una dispensa del procedimiento de notificación debería haber tenido validez ya desde el principio.

3.   Conclusión

3.1

El CESE se pronuncia a favor de que se aplique el principio de la plena solidaridad comunitaria para las medidas excepcionales en el marco de las organizaciones de mercados, y, en consecuencia, rechaza la propuesta de la Comisión consistente en una cofinanciación del 50 % a cargo de los Estados miembros.

Bruselas, 9 de febrero de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Sentencia del 30 de septiembre de 2003 en el asunto C-239/01, recopilación de las resoluciones 2003 I-10333.


8.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 221/46


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el tema «Pekín +10: Evaluación de los progresos logrados en el campo de la igualdad entre los géneros en Europa y en los países en desarrollo»

(2005/C 221/11)

El 16 de diciembre de 2004, de conformidad con el apartado 2 del artículo 29 de su Reglamento Interno, el Comité Económico y Social Europeo decidió elaborar un dictamen de iniciativa sobre el tema: «Pekín +10: Evaluación de los progresos logrados en el campo de la igualdad entre los géneros en Europa y en los países en desarrollo».

La Sección Especializada de Relaciones Exteriores, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 12 de enero de 2005 (ponente: Sra. FLORIO).

En su 414o Pleno de los días 9 y 10 de febrero de 2005 (sesión del 9 de febrero), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 135 votos a favor, 1 voto en contra y 6 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Introducción

1.1

Del 28 de febrero al 11 de marzo de 2005, la 49a sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas se dedicará a la evaluación de la aplicación de la Plataforma de Acción y de la Declaración de Beijing, aprobadas en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, 1995), y de los Documentos finales aprobados durante la 23a Sesión Especial de la Asamblea General «Mujeres 2000: Igualdad de género, desarrollo y paz para el siglo XXI» (Nueva York, 2000), en la que se llevó a cabo un primer seguimiento de los avances logrados y de los obstáculos existentes en la senda hacia la igualdad entre hombres y mujeres.

1.2

En dicha ocasión, la Asamblea General aprobó una resolución sobre «Nuevas medidas e iniciativas para la aplicación de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing», así como una Declaración Política en la que los Estados miembros se comprometieron a reunirse, diez años después de la aprobación de la Plataforma de Acción, para evaluar el progreso alcanzado y examinar nuevas iniciativas.

1.3

Tal como se prevé en el programa de trabajo plurianual de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, los trabajos de la 49a Sesión se centrarán en los progresos realizados en las doce áreas concretas de la Plataforma de Acción y en la determinación de los retos actuales y las estrategias de futuro para fomentar el desarrollo y la capacitación de las mujeres y las niñas. Para favorecer el diálogo en esta ocasión, la reunión estará abierta a una amplia participación de las delegaciones de los Estados miembros, la sociedad civil y las organizaciones internacionales.

1.4

El compromiso de Naciones Unidas ha sido fundamental para dar una dimensión internacional al problema de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres: en 1975 se convoca la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer en la que se proclama el inicio de la Década de la Mujer (Ciudad de México); en la Segunda Conferencia (de mitad de decenio — Copenhague, 1980), los gobiernos comienzan a firmar (57) la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW, 1979), que constituye una de las piedras angulares del difícil camino hacia la igualdad entre hombres y mujeres; en la Tercera Conferencia (Nairobi, 1985) se aprueba el plan de acción «Estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer», mediante el que gobiernos y organizaciones internacionales proclaman el objetivo de la paridad.

1.5

Otro paso adicional en el proceso de reconocimiento de la especificidad femenina y del papel de las mujeres viene dado con la Resolución 1325 de 2000 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre las mujeres, la paz y la seguridad (mediante la que se reconoce que la repercusión de la guerra en las mujeres es diferente y se confirma la necesidad de reforzar su papel en los procesos decisorios de prevención y solución de conflictos); no obstante, de forma general, hace más de una década que el tema del avance de las mujeres figura en las conclusiones de todas las conferencias importantes y las reuniones internacionales que promueve Naciones Unidas (1).

1.6

Otro momento importante es la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas, celebrada en septiembre de 2000 y en la que los Estados miembros fijaron ocho objetivos claros y cuantificables (Objetivos de desarrollo para el Milenio) con el fin de reducir de forma significativa la pobreza, el hambre, las enfermedades y el deterioro del medio ambiente antes de 2015. La Declaración del Milenio también está motivada por la necesidad de elaborar una lista coherente de las prioridades subrayadas durante la década precedente en las diversas conferencias y cumbres celebradas a nivel internacional. Dentro de los objetivos, el tercero se dedica al fomento de la igualdad entre hombres y mujeres y a la capacitación de las mujeres, que está íntimamente ligado a la educación y la formación; por lo demás, en el quinto se aborda la salud en materia de procreación. En definitiva, la dimensión de la igualdad entre hombres y mujeres es transversal a los ocho puntos.

2.   Observaciones generales

2.1

Aunque el sistema de Naciones Unidas haya fijado un marco jurídico importante para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, a veces existe una falta de coherencia entre las intenciones sobre el papel y la aplicación práctica de los principios dentro de los países, así como en sus políticas comercial y de desarrollo. De hecho, la plena realización de los derechos civiles, económicos, sociales y políticos de las mujeres suele verse minada por políticas macroeconómicas y acuerdos comerciales basados en el neoliberalismo que no tienen en cuenta ningún aspecto de la igualdad entre sexos.

2.2

Asimismo, es indudable que la compleja situación internacional no constituye una base propicia para mejorar la situación de las mujeres y que, incluso, existe el riesgo de una constante erosión de los logros de años anteriores.

2.3

Los conflictos actuales están debilitando y agravando cada vez más la situación de las mujeres.

2.4

La violencia doméstica es una lacra que sigue existiendo en todo el mundo y afecta a todas las mujeres independientemente de su edad, clase social o credo religioso.

2.5

Por consiguiente, es importante consolidar la igualdad entre hombres y mujeres y la defensa de los derechos de la mujer como objetivo prioritario y medio para alcanzar un desarrollo equitativo y una mejor redistribución de la riqueza, lograr un crecimiento económico sostenible y reforzar los sistemas de protección de las capas más débiles de la población.

3.   Papel del Comité Económico y Social Europeo

3.1

Es importante que el Comité Económico y Social Europeo intervenga mediante un documento propio en la evaluación actual de los progresos que ha realizado la Unión Europea en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres.

3.2

Cabe recordar a este respecto que el Comité siempre ha seguido con enorme atención las actividades destinadas a mejorar las condiciones de la mujer dentro de la sociedad, tanto mediante la publicación de numerosos dictámenes como asumiendo por sí mismo del fomento de diversas iniciativas. En concreto, respecto de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Pekín, 1995) y de su seguimiento (Pekín +5), el Comité ha contribuido con dos dictámenes (EXT/131 y REX/033) en los que se defiende, entre otros aspectos, la importancia de la participación de una delegación del Comité en los trabajos de Naciones Unidas.

3.3

Además, en el marco de la colaboración con las instituciones europeas –sobre todo el Consejo, el Parlamento Europeo y la Comisión–, el Comité ha asumido un papel importante de supervisión de la multitud de iniciativas de la Unión Europea destinadas a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, con las que se ha intentado en los últimos años superar los desafíos y los obstáculos determinados en Pekín.

3.4

A este respecto, a partir de un examen de los progresos realizados y los obstáculos hallados desde la Cuarta Conferencia hasta hoy, el Comité podría aportar una contribución significativa para lograr la integración sistemática de las cuestiones vinculadas a las mujeres en un número cada vez mayor de sectores de la política y la sociedad europea.

3.5

Además, habida cuenta de que la Unión Europea debe asumir un papel de liderazgo a escala internacional y de las importantes responsabilidades que ello implica, el Comité aspira con el presente dictamen a esbozar cómo puede contribuir la UE a mejorar las condiciones de vida y la situación de la mujer en el mundo mediante sus políticas comercial, de cooperación y desarrollo.

4.   La Unión Europea

4.1

En la Unión Europea, el principio de la igualdad entre hombres y mujeres, que ya se mencionaba en el Tratado, quedó codificado por el Tratado de Amsterdam, en el que se adopta un enfoque dual que consiste en, por una parte, la integración del principio de igualdad entre sexos en todas las políticas comunitarias y, por otra parte, la aplicación de medidas específicas en favor de la mujer. No obstante, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ya se había incluido en la política de cohesión económica y social de la Comunidad y constituyó, a partir de 1994, uno de los principales objetivos de los Fondos Estructurales.

4.2

La UE ha adoptado un enfoque integrado que establece una distinción entre los instrumentos legislativos y financieros y la aplicación del método abierto de coordinación a las políticas sociales. Entre los instrumentos más recientes que ha adoptado la UE para alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres figuran la estrategia marco sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005), con los correspondientes programas de trabajo anuales, y los Fondos Estructurales.

4.3

La estrategia marco sobre la igualdad entre hombres y mujeres (2001-2005) tiene por objeto coordinar las actividades y los programas que antes se desarrollaban de forma sectorial, aplicando la óptica del enfoque dual establecido en Amsterdam, para garantizar una mayor coherencia por medio del establecimiento de indicadores fiables y de un sistema de supervisión, evaluación y difusión de los resultados obtenidos.

4.4

En esencia, la estrategia marco sobre la igualdad entre hombres y mujeres determina cinco ámbitos de intervención u objetivos que están interrelacionados: vida económica (objetivo vinculado a la estrategia en favor del empleo y a los Fondos Estructurales, así como a la integración de la igualdad en todas las políticas que tengan repercusiones en la situación de la mujer en la economía); participación y representación (referido a los procesos decisorios); derechos sociales (relativo a la vida diaria y a las disparidades existentes en los sistemas de protección social); vida civil (objetivo vinculado a los derechos humanos y a las libertades fundamentales que destaca la violencia sexista y la trata de seres humanos con fines de explotación sexual); cambio de los roles y estereotipos (respecto del sistema cultural y los medios de comunicación).

4.5

Las políticas en favor de la igualdad entre hombres y mujeres también se han reforzado mediante los Fondos Estructurales. El Reglamento de los Fondos para el período de 2000 a 2006 se basa en un detenido análisis crítico de las medidas favorables a la igualdad de oportunidades y de sus puntos débiles e incluye el enfoque dual establecido en el Tratado de Amsterdam. Por lo demás, los Fondos Estructurales, y especialmente el Fondo Social Europeo, siempre han sido el instrumento principal de la Estrategia Europea de Empleo; asimismo, en las nuevas Directrices para las políticas de empleo, aprobadas en julio de 2003, se prevé que la igualdad entre hombres y mujeres sea una dimensión horizontal de todos los objetivos y se dedica una directriz específica a la igualdad entre hombres y mujeres.

4.6

Se han realizado avances considerables dentro del Fondo Social Europeo (FSE), vinculado esencialmente a las políticas de empleo y formación. Los esfuerzos en este ámbito se han centrado sobre todo en mejorar el acceso, la participación y la situación de la mujer en el mercado laboral (eje E) y en la posibilidad de conciliar vida profesional y vida familiar, ámbito en el que ya existe un conjunto alentador de ejemplos positivos. A este respecto, el FSE ha asumido como propio el objetivo cuantitativo que adoptó el Consejo Europeo de Lisboa de 2000, a saber, que de aquí a 2010 el porcentaje de mujeres ocupadas debe pasar del 51 % (en 2000) al 60 %; y el que estableció el Consejo Europeo de Barcelona de 2002, por el que deben garantizarse estructuras de acogida preescolar para el 90 % de los niños entre tres años y la edad de la escolarización obligatoria y para al menos el 33 % de los niños menores de tres años.

4.7

No obstante, todavía parecen esporádicas las medidas destinadas a mejorar la calidad del trabajo y las perspectivas de carrera, promover el espíritu emprendedor de la mujer, reducir las diferencias salariales e incrementar su presencia en el sector de las nuevas tecnologías. Respecto de la conciliación entre la vida privada y la vida laboral, se han adoptado muchas medidas sobre las estructuras de acogida de niños, pero muy pocas destinadas de manera explícita a las personas de edad avanzada o a los miembros de la familia dependientes.

4.8

En cambio, la consideración de la igualdad entre hombres y mujeres sigue siendo escasa en los demás Fondos, especialmente en los relativos a la agricultura y la pesca, sectores en los que las mujeres siempre han estado infrarrepresentadas aunque participan activamente en su desarrollo. Por lo tanto, subsisten desigualdades enormes en estos sectores, en los que se subestima la contribución de las mujeres a la comunidad, incluso respecto de una mayor protección del medio ambiente.

4.9

Las políticas comunitarias han sido llevadas a la práctica con distintas iniciativas y programas de financiación específicos, por ejemplo: NOW (sobre empleo) en el mercado laboral, ALTO para reforzar la cooperación en la lucha contra el tráfico de mujeres y niños, DAPHNE con el fin de mejorar la información y la protección de las víctimas de la violencia, así como «Mujeres y ciencia» (dentro del Programa marco de investigación y desarrollo) en el sector de las nuevas tecnologías. Asimismo, la estrategia marco quiere reforzar la integración de la igualdad en distintas iniciativas comunitarias como Equal, Interreg, Urban, Leader y, en el sector cultural, Leonardo, Sócrates, Juventud, Cultura, etc.

4.10

El informe de la Comisión sobre la igualdad entre mujeres y hombres (COM(2004) 115) destaca que la Unión Europea ya dispone de una legislación sobre el asunto bastante desarrollada (2), que también está reforzada por una amplia jurisprudencia. Además, se está elaborando un proyecto de directiva sobre la aplicación del principio de igualdad de oportunidades y de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de empleo y actividad profesional que debería unificar y sistematizar la legislación vigente en este ámbito.

4.11

El Consejo de Ministros de Empleo y Asuntos Sociales celebrado durante la Presidencia neerlandesa también abundó recientemente en este sentido al indicar que una directiva única sobre la igualdad de trato debía referirse sobre todo a ámbitos como la igualdad de remuneración, la igualdad de oportunidades para acceder al empleo, la igualdad de trato respecto de los sistemas de protección social, la formación y las perspectivas de carrera, así como la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo.

4.12

Por su parte, el CESE (3) (véase el dictamen correspondiente) analizó la Propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre mujeres y hombres al acceso a bienes y servicios y su suministro (2003/0265(CNS)) y señaló lagunas importantes que deberán subsanarse en el futuro.

4.13

Además, tras la adopción de la Plataforma de Acción de Pekín y el Consejo Europeo de Lisboa, en los últimos años se ha elaborado un mayor número de estadísticas sobre la igualdad entre las mujeres y los hombres en las que se han establecido nuevos indicadores (por ejemplo, sobre los procesos decisorios, el mercado laboral o la violencia doméstica), con el fin de contar con un análisis real de los problemas y una supervisión del impacto de las políticas y medidas aplicadas. Por lo tanto, se han logrado avances evidentes en el ámbito estadístico, aunque todavía queda mucho por hacer para efectuar una supervisión seria de los distintos sectores. En efecto, la amplitud exacta de los avances conseguidos sólo se conocerá cuando sea posible estudiar y analizar los fenómenos y procesos en curso de manera cuantitativa y cualitativa.

4.14

En cambio, siguen siendo prácticamente desconocidos a nivel europeo y nacional los presupuestos sobre la igualdad entre hombres y mujeres entendidos como la aplicación del principio de integración de la igualdad en los procedimientos presupuestarios. Introducir la perspectiva de la igualdad entre hombres y mujeres en todos los niveles del proceso de elaboración presupuestaria equivale a reconocer que las decisiones de los administradores no son neutras sino que tienen repercusiones diferentes en los hombres y las mujeres. En este sentido, la asignación presupuestaria desde el punto de vista de la igualdad (gender budgeting) también constituye un instrumento de evaluación del impacto de las políticas, la financiación y la carga impositiva en los hombres y las mujeres.

4.15

Por desgracia, aunque se hayan reforzado las políticas comunitarias en favor de la mujer, siguen siendo necesarias medidas positivas y el máximo compromiso posible de los Estados miembros para alcanzar de manera efectiva los objetivos establecidos, dado que son los principales responsables de la aplicación de estas políticas.

4.16

Aunque es cierto que la tasa de desempleo femenino en Europa ha descendido hasta el 55,6 %, el objetivo fijado en el Consejo de Lisboa parece aún lejano en varios Estados miembros. De hecho, las mujeres han engrosado las capas de los trabajadores más débiles, esto es, en condiciones precarias y muchas veces carentes de todo sistema de protección social. Asimismo, en muchos países subsisten o aumentan las discriminaciones salariales entre hombres y mujeres, y la segregación vertical y horizontal de las mujeres sigue siendo una deplorable realidad. Como ya se ha señalado, especialmente respecto de la conciliación de la vida privada y la vida laboral, las medidas parecen concentrarse exclusivamente en la atención de los hijos, mientras que apenas existen medidas sobre los demás familiares dependientes. Además, muy pocos Estados miembros han adoptado medidas para fomentar el permiso parental destinado a los padres que trabajan.

4.17

Las disparidades también siguen siendo importantes en el ámbito de los procesos decisorios: basta señalar que, en la UE, los miembros de la Comisión Europea son veintidós hombres y siete mujeres (sólo un 24 % de los miembros) y que el Parlamento tiene 510 diputados y 222 diputadas (sólo un 30 % de los escaños). A escala nacional, la situación no es mucho mejor: la media de presencia femenina en los parlamentos nacionales es inferior al 25 % y apenas supera el 20 % en los gobiernos (4). Por su parte, las mujeres están infrarrepresentadas en el CESE: de un total de 317 consejeros, sólo 79 son mujeres (únicamente el 25 %).

5.   La Unión Europea y los terceros países: cooperación y comercio internacional en favor de las mujeres

5.1

La cuestión de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres ya se ha incorporado con pleno derecho en las políticas de cooperación y desarrollo de la Unión Europea. La Comunicación de la Comisión (COM(95) 423 final de 18 de septiembre de 1995) y la Resolución del Consejo del 20 de diciembre de 1995 sobre la integración de las cuestiones de género en la cooperación para el desarrollo sirvieron de base para la aprobación de un primer Reglamento en 1998 (Reglamento (CE) no 2836/98 del Consejo, de 22 de diciembre de 1998), que se renovó para el período de 2004 a 2006. El nuevo texto (Reglamento CE no 806/2004) refuerza los objetivos existentes –apoyar la integración de la igualdad y adoptar medidas positivas para fomentar la igualdad de oportunidades como contribución esencial a la reducción de la pobreza en el mundo– y da prioridad al control de los recursos y servicios destinados a las mujeres, sobre todo en los ámbitos de la educación, el empleo y la participación en los procesos decisorios. Asimismo, se reitera el apoyo a las actividades públicas y privadas que tienen por objeto promover la igualdad entre hombres y mujeres.

5.2

El Programa de acción para la integración del factor género en la cooperación de la Comunidad al desarrollo (2001-2006) (5) quiere contribuir a reducir la divergencia entre los principios enunciados y la práctica mediante la elaboración de una estrategia concreta y la definición de ámbitos prioritarios: apoyo a las políticas macroeconómicas de reducción de la pobreza y programas de desarrollo social en el ámbito de la salud y la educación; seguridad alimentaria y estrategias de desarrollo rural sostenibles; transporte; fortalecimiento institucional y buena gobernanza; comercio y desarrollo; integración y cooperación regional; consolidación de la integración del factor género en proyectos y programas a nivel regional y nacional; así como facilitar instrumentos y una formación que tenga en cuenta el factor género al personal de la Comisión Europea.

5.3

El documento de programación relativo a la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres en la política de cooperación para el período de 2005 a 2006 establece como ámbitos prioritarios de intervención el fomento de actitudes positivas en el comportamiento de los adolescentes para combatir la violencia contra las mujeres y las niñas, así como la necesidad de ofrecer formación y apoyo metodológico a los principales agentes interesados de los países socios.

5.4

La Comisión Europea apoya acciones y proyectos destinados a mejorar la igualdad entre hombres y mujeres por medio de la cooperación bilateral y regional con los Balcanes Occidentales, Europa del Este y Asia Central, la cuenca del Mediterráneo, África, Caribe y los países del Pacífico y América Latina. También se conceden otras ayudas financieras con criterios temáticos y no geográficos.

5.5

El Comité considera que mediante el Acuerdo de Cotonú, firmado el 23 de junio de 2000 con los países de África, Caribe y Pacífico (ACP), se franqueó una etapa importante en la evolución de las relaciones de la UE con los terceros países. Este acuerdo, que hace hincapié en el vínculo existente entre política, comercio y desarrollo, introduce una dimensión social al promover la plena participación de los agentes no estatales, incluida la sociedad civil, en las estrategias de desarrollo; también establece que la igualdad entre hombres y mujeres constituye uno de los asuntos de carácter transversal del Acuerdo y, por lo tanto, debe tenerse en cuenta de manera sistemática (artículos 8 y 31). Es sumamente alentador que el acuerdo instaure la participación de los agentes no estatales en las distintas fases de la programación de los documentos estratégicos nacionales y cabe esperar que se dedique especial atención a la inclusión de las asociaciones de mujeres.

Además, el Acuerdo confiere una mandato explícito al Comité para consultar a los medios económicos y sociales, institucionalizando su papel de interlocutor privilegiado.

5.6

No cabe duda de que la incorporación plena y la participación activa de la mujer en las políticas de desarrollo es un proceso difícil y a largo plazo, pero el Comité considera importante que todas las instituciones europeas sigan ejerciendo la máxima vigilancia para que los principios enunciados sobre el papel se conviertan en medidas concretas.

5.7

De acuerdo con ello, resulta esencial que las políticas comunitarias de cohesión económica y social constituyan un modelo exportable al resto del mundo y que la UE se comprometa a fomentar y aplicar sus principios a nivel internacional en el marco de las relaciones con los terceros países.

5.8

La inclusión de cláusulas específicas en los acuerdos comerciales y de cooperación puede ser un instrumento útil, así como la adopción de medidas positivas respecto de los países que respetan los derechos de la mujer.

5.9

Aunque es cierto que la liberalización del comercio favoreció el empleo femenino dentro de los países en desarrollo, también es verdad que a menudo se han visto relegadas al grupo de trabajadores en situación precaria, menos cualificados, peor pagados y sin ningún sistema de protección social. Además, la liberalización del comercio suele ir acompañada de políticas de ajuste estructural, recomendadas o impuestas por los organismos internacionales, que ante la falta de mecanismos de protección social adecuados son difícilmente soportables por las capas sociales más desfavorecidas, en las que las mujeres son con frecuencia mayoritarias.

5.10

A pesar de lo anterior, parece que estas políticas, especialmente la comercial, todavía no prestan suficiente atención a las cuestiones de la igualdad entre hombres y mujeres. Dado que no son nada neutras, sino que suelen tener repercusiones negativas en la situación de la mujer, y que el desarrollo económico de un país no puede ir en detrimento de la justicia social, sería útil que estas políticas se negociaran teniendo en cuenta la integración de la igualdad y que se establecieran sistemas de supervisión de los resultados a nivel macro y microeconómico.

6.   Conclusiones y propuestas de trabajo

La buena colaboración que han mantenido hasta ahora las instituciones europeas ha dado importantes resultados mediante la determinación de políticas activas en favor de la mujer y programas y proyectos específicos que han contribuido a su incorporación al mercado laboral, la defensa de sus derechos y la mejora de sus condiciones de vida. No obstante, el CESE considera que sigue habiendo muchos ámbitos en los que se debe actuar, entre otros:

la participación de las mujeres en los procesos decisorios y su representación son aún escasas tanto en las instituciones europeas como en la mayoría de los Estados miembros –a escala nacional, regional y local–, por lo que se debería incentivar en todos los niveles y realizar una reflexión sobre el sistema de cuotas;

deberían realizarse acciones de formación para difundir la integración de la igualdad en las instituciones y los Estados miembros, desde los centros de decisión hasta los lugares en los que se aplican las políticas y estrategias;

es indispensable efectuar estudios y análisis sobre la igualdad entre sexos, así como estadísticas e indicadores específicos, para determinar los temas y mejorar las políticas y las estrategias de intervención, así como para evaluar realmente su impacto; es necesario continuar elaborando estadísticas desglosadas y establecer nuevos indicadores;

convendría cuantificar los recursos destinados a las medidas positivas en favor de las mujeres en todos los fondos e instrumentos de financiación de la UE, así como en los Estados miembros, sobre todo mediante el fomento y la difusión de la asignación presupuestaria desde el punto de vista de la igualdad (gender budgeting);

la condición esencial es la defensa de la igualdad de oportunidades de las mujeres respecto del derecho de acceso a la educación y a la formación, como se prevé en el tercer punto de los Objetivos de desarrollo para el milenio;

respecto de los Fondos Estructurales, se deberían reforzar las acciones destinadas a la mujer en los sectores agrarios (FEOGA) y pesquero (IFOP), estableciendo una relación con la protección del medio ambiente, otro ámbito en el que las políticas comunitarias vinculadas a la igualdad son bastante débiles;

debería darse un nuevo impulso a las políticas para impulsar el espíritu emprendedor de la mujer e incrementar su presencia en el sector de las nuevas tecnologías;

deben intensificarse las acciones de formación en el sector de la sociedad de la información para que no se convierta en un motivo adicional de discriminación y exclusión de las mujeres que, por lo demás, pueden contribuir en gran medida a la realización de los objetivos fijados por la estrategia de Lisboa;

de manera más general y respecto del mercado laboral, es necesario seguir adoptando medidas para luchar contra la segregación de tipo vertical y horizontal y eliminar todos los obstáculos que impiden conseguir realmente la igualdad de oportunidades. Con tal fin, los Estados miembros, de acuerdo con los interlocutores sociales, deberían fijar objetivos y destinatarios específicos y cuantificables. En concreto y respecto de la discriminación salarial, los Estados miembros deberían comenzar a aplicar el planteamiento pluridimensional establecido en las Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros (6), que engloba la formación y la educación, la clasificación de los tipos de empleo, los sistemas de remuneración y los estereotipos culturales como componentes fundamentales del problema;

entre las medidas destinadas a conciliar la vida laboral y familiar, debe prestarse mayor atención a la atención de los familiares de edad avanzada, habida cuenta del envejecimiento de la población, pero sin que ello suponga ningún menoscabo para el sector de la infancia;

para favorecer la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, hay que fomentar y mejorar las inversiones en los servicios públicos, especialmente en los sectores de la enseñanza escolar y universitaria, la sanidad y la asistencia;

también hay que reforzar dentro de los Estados miembros las políticas de inmigración y de integración de las mujeres inmigrantes, las políticas de asilo y las medidas destinadas a las mujeres que son víctimas de la guerra, la discriminación y la violencia en los países de origen;

debe lucharse contra la trata de mujeres y niños;

en cuanto a las políticas comercial y de desarrollo, es necesario seguir reforzando el enfoque participativo de la sociedad en general y del papel de la mujer en particular mediante la plena participación de las asociaciones que las representan en la elaboración de las políticas de desarrollo y los documentos de estrategia nacional de los distintos países así como, sobre todo, el incremento de las ayudas específicas para las mujeres con el fin de consolidar su posición a nivel económico y social;

supervisar las repercusiones de acuerdos comerciales y políticas de desarrollo, también a nivel microeconómico, estableciendo la realización de análisis específicos de su impacto en las condiciones de vida de las capas sociales más desfavorecidas y teniendo en cuenta las diferencias entre los sexos;

valorizar el papel de la Comisión y las delegaciones con el fin de que puedan ejercer una influencia concreta para defender el respeto de los derechos humanos y, por lo tanto, los de las mujeres donde se infrinjan;

debería conferirse a las delegaciones una responsabilidad específica para fomentar la integración de la igualdad;

la Unión Europea debería ejercer toda su influencia para que el mayor número posible de Estados ratifique y aplique todos los Tratados internacionales que repercuten de forma positiva en la condición de la mujer, en especial la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo adicional, y para que los Estados signatarios retiren las reservas emitidas.

El Comité se compromete a profundizar en el asunto de la situación de las mujeres en los nuevos Estados miembros de la Unión Europea.

Por último, habida cuenta del cometido del Comité, de sus funciones respecto de la sociedad civil, de sus objetivos y de la experiencia adquirida merced al seguimiento constante de los temas relativos a la igualdad entre hombres y mujeres, sería útil que una representación suya formara parte de la delegación de la Comisión Europea en la 49a sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer de Naciones Unidas.

Bruselas, 9 de febrero de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992), Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos (Viena, 1993), Sesión Especial de la Asamblea General de NU sobre el SIDA (Nueva York, 2001), Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (El Cairo, 1994), Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995), Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Durban, 2001), Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo (Monterrey, 2002), Segunda Asamblea Mundial sobre el Envejecimiento (Madrid, 2002) y Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible (Johannesburgo, 2002), Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (Ginebra, 2003 — Túnez, 2005).

(2)  Directivas relativas a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere a la igualdad de retribución (Directiva 75/117/CEE); al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo (Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Directiva 76/207/CEE); en materia de seguridad social (Directiva 79/7/CEE) y en los regímenes profesionales de seguridad social (Directiva 86/378/CEE); para los trabajadores autónomos (Directiva 86/613/CEE); así como la Directiva relativa a la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada (Directiva 92/85/CEE), la Directiva 93/104/CE relativa a determinados aspectos de la ordenación del tiempo de trabajo (Directiva 93/104/CE), la Directiva sobre el permiso parental (Directiva 96/34/CE), la Directiva relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo (Directiva 97/80/CE) y la Directiva sobre el trabajo a tiempo parcial (Directiva 97/81/CE).

(3)  DO C 241 de 28.9.2004.

(4)  Datos de la DG Empleo y Asuntos Sociales de la Comisión Europea actualizados el 29 de septiembre de 2004.

(5)  COM(2001) 295 final.

(6)  Decisión del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativa a las Directrices para las políticas de empleo de los Estados miembros (DO L 197/13 de 5.8.2003).


8.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 221/52


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro Verde — Los contratos públicos de defensa»

(COM(2004) 608 final)

(2005/C 221/12)

El 23 de septiembre de 2004, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, la Comisión Europea decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre el «Libro Verde — Los contratos públicos de defensa».

El Comité Económico y Social Europeo encargó a la Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo la preparación de los trabajos del Comité en este asunto.

Dada la urgencia de los trabajos, en su 414o Pleno, celebrado los días 9 y 10 de febrero de 2005 (sesión del 9 de febrero de 2005), el Comité Económico y Social Europeo ha nombrado ponente general al Sr. WILKINSON. En el mismo Pleno, el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 96 votos a favor y 9 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Introducción

1.1.

El Libro Verde sobre los contratos públicos de defensa (COM(2004) 608 final) constituye una de las medidas previstas en la Comunicación «Hacia una política de la UE en materia de equipo de defensa», adoptada en marzo de 2003 y sobre la cual ya se pronunció el Comité en septiembre de 2003 (1).

1.2.

El «mercado europeo de equipo de defensa», en realidad, no es más que una parte del mercado interior que incluye un sector específico. El Libro Verde pretende contribuir a la creación, con el paso del tiempo, de un mercado interior en la UE para los equipos de defensa más abierto y transparente, respetándose en todo momento la especificidad del sector. Este objetivo se traduciría en un sector de defensa más potente y competitivo y una mayor efectividad de los costes, al tiempo que apoyaría el desarrollo de las capacidades militares de la UE en el ámbito de la Política Europea de Seguridad y Defensa (PESD), en el marco de la Política exterior y de seguridad común (PESC).

1.3.

El 12 de julio de 2004 el Consejo acordó la creación de una Agencia Europea de Defensa (AED), para «apoyar a los Estados miembros en sus esfuerzos por mejorar las capacidades defensivas europeas en el ámbito de la gestión de crisis y respaldar la PESD en su momento actual y su evolución futura». La Agencia ya ha comenzado sus actividades. Todas las funciones de la AED (2) van encaminadas a mejorar la defensa europea fomentando la coherencia en lugar de la actual fragmentación.

1.4.

El «rendimiento de la defensa» implica garantizar que se dispone de las capacidades necesarias para cumplir las tareas previstas, así como los principios para llevarlas a cabo de un modo rentable. Esto incluye garantizar la mayor interoperabilidad posible. En la actualidad, los veinticinco Estados miembros gastan cada año en torno a 160 000 millones de euros en defensa, de los cuales un 20 % se utiliza en el procedimiento de contratación de equipo (incluida la investigación y el desarrollo, la adquisición y la asistencia) (3).

2.   Observaciones generales

2.1.

Los temas que abarca este Libro Verde se refieren a cómo mejorar el sistema de adquisición de equipos de defensa en los 25 Estados miembros. No será posible realizar avances significativos en este ámbito hasta que no se definan con claridad los restantes elementos del «rendimiento de la defensa» (véase el punto 1.4 supra) (4). Una preocupación especial de la industria es la necesidad de que haya orientaciones muy claras, requisitos armonizados y continuidad. No obstante, el Comité acoge favorablemente la iniciativa, pues puede considerarse como una parte inicial del proceso de establecimiento de una PESD más viable en un mercado caracterizado por la transparencia y la competitividad.

2.2.

El Comité acoge favorablemente el papel preponderante previsto para la AED. Será necesario aclarar el papel respectivo de la AED y otros implicados actualmente en el sector de los equipos de defensa (5), y el CESE espera que sus respectivas funciones independientes se reduzcan a medida que lo permitan los avances realizados. Sin embargo, antes de realizar cambios, convendría examinar la experiencia de la agencia OCCAR (6) (que se ocupa de la gestión de proyectos concretos, incluida la cuestión clave del Derecho contractual).

2.3.

El Comité valora positivamente que se reconozca que los Estados miembros presentan puntos de partida (y procedimientos) muy distintos en el proceso de adquisición de equipos de defensa y que es probable que los cambios se realicen a diversas velocidades. Está de acuerdo en que será útil establecer una base común más similar para los contratos de defensa y que esto puede hacerse con relativa rapidez, en vista del acuerdo y la cooperación de todos los Estados miembros.

2.4.

El CESE está de acuerdo en que es necesario reducir la fragmentación del mercado de equipos de defensa e incrementar su competitividad y transparencia como requisitos previos para mantener y consolidar una industria de defensa viable en la UE y para contribuir a una mayor rentabilidad en la contratación y gestión de capacidades de defensa adecuadas.

2.5.

El análisis de las especificidades del mercado de equipos de defensa que figura en el apartado 2 del Libro Verde es una buena base para examinar el mercado e indica algunas de las dificultades encontradas.

2.6.

No obstante, el CESE subraya que toda reestructuración de la industria de defensa debe incumbir primordialmente a las industrias afectadas y debe tener en cuenta las realidades del mercado (7). Una buena razón para ello es que la mayor parte de las empresas importantes son transnacionales, aunque sus clientes sean nacionales. Además, los Estados miembros tienen diversas estrategias industriales, de las cuales las industrias de defensa constituyen sólo una parte.

2.7.

La industria (tanto en el sector de defensa como en cualquier otro) tiene que evitar un número excesivo de procedimientos reguladores si quiere funcionar con eficacia y proporcionar resultados rentables y económicos.

3.   Observaciones específicas

3.1

Es necesario aclarar exactamente qué partes del proceso de adquisición de equipos de defensa estarán cubiertas por la normativa prevista. Además de la adquisición de los equipos, también hay que tener en cuenta los aspectos de investigación y desarrollo, mantenimiento, reparación, modificaciones y formación, que se incluyen en el coste que entraña la «propiedad» y que, en general, son mucho más costosos con el tiempo que la propia adquisición.

3.2   Artículo 296

3.2.1

El CESE reconoce que el régimen de excepción comunitario en materia de contratación pública establecido en virtud del artículo 296 del Tratado de la UE seguirá siendo necesario a fin de permitir a los Estados miembros que establezcan exenciones para garantizar la protección de sus intereses esenciales de seguridad.

3.2.2

La Comisión debería indicar el valor de los equipos para los cuales se han establecido exenciones durante un periodo de cinco años (y mostrar qué porcentaje representa del importe total empleado en equipos de defensa en la UE). Así se dispondría de una referencia para ayudar a evaluar los progresos.

3.2.3

El problema es que el recurso a estas exenciones, para algunos Estados miembros, se ha convertido prácticamente en la norma en lugar de la excepción, lo que claramente es incompatible con el mercado único. El CESE coincide con la Comisión en que esto debe cambiar. El reto será utilizar el artículo 296 conforme a las decisiones adoptadas en casos anteriores (8), manteniendo al mismo tiempo la posibilidad de utilizarlo como excepción de las normas estándar de contratación pública. Los Estados miembros deben estar preparados para justificar (legalmente en caso necesario) las excepciones que establezcan. En el debate deben subrayarse las ventajas de una mayor competencia y transparencia.

3.2.4

La lista de productos elaborada en 1958 con arreglo al artículo 296.2 que sugiere el ámbito de aplicación del artículo 296.1 no está funcionando y es probable que siga sin tener ningún valor real como modo eficaz de asegurar el uso apropiado de las exenciones por motivos de seguridad. Debe continuar tratándose cada caso de modo separado, ya que incluso el equipo básico (9) entrará en el ámbito de aplicación de las exenciones en algunos casos. Además, no es probable que las listas mantengan el ritmo de los progresos que se realicen.

3.2.5

Así pues, no hay ninguna solución fácil para definir qué equipos y qué servicios relacionados con ellos podrían entrar en al ámbito de aplicación del artículo 296. Como primer paso es necesario aclarar el actual marco jurídico de la UE a través de una «comunicación interpretativa» que permita mejorar la comprensión y facilitar una aplicación mejor y más coherente.

3.2.6

Al igual que los contratos públicos, este tipo de comunicación tendrá repercusiones en otros aspectos, como las ayudas estatales y (posiblemente) los servicios de interés general, que es necesario tener en cuenta.

3.2.7

El Comité considera que el «procedimiento negociado» con notificación previa sería conveniente para las necesidades específicas de los equipos de defensa, puesto que el método «abierto» y el método «restringido» no son convenientes. No obstante, puede que sea necesario reconsiderar esta postura después de la experiencia adquirida en la aplicación de la «comunicación interpretativa».

3.2.8

Existe la idea de que la comunicación debe ser únicamente una medida provisional hasta que se haya adoptado una directiva específica (u otro instrumento jurídico específico). En opinión del CESE, una vez se haya elaborado y acordado una «comunicación interpretativa», su efecto permitirá tomar en consideración la necesidad de un instrumento legislativo. El CESE desearía que se actuara con rapidez para presentar la comunicación.

3.2.9

Hay otra posibilidad, no mencionada en el Libro Verde, de establecer un «código de conducta» que los Estados miembros participantes utilizarían como medio de establecer «mercados europeos de equipos de defensa». Dado que este sector es responsabilidad de los Estados miembros, podría considerarse esta posibilidad, quizá utilizando la AED como intermediaria. Sería difícil controlar y hacer cumplir este código y, además, habría que incluir los aspectos relativos al mercado interior.

3.3   Publicación de licitaciones

3.3.1

No parece necesario seguir examinando el sistema y el formato de las licitaciones. Si los equipos de defensa, en principio, deben tratarse como cualquier otro sector del mercado interior (aunque se establezcan más posibilidades de exenciones), las licitaciones deberán tratarse de la misma manera que las demás. Esto implica que habrá diversos sistemas y problemas, tales como la lengua, al igual que en otras licitaciones. Los argumentos en favor de un sistema de publicación centralizado son poco convincentes.

3.3.2

Los ámbitos potencialmente problemáticos son la confidencialidad y las «contrapartidas», puesto que estos problemas podrían surgir con más probabilidad con los equipos de defensa que con otros equipos y servicios, al igual que la seguridad del suministro, dado que es difícil cambiar de proveedores o de contratistas una vez que se ha suscrito un contrato. Todos estos ámbitos deben ser responsabilidad de los Estados miembros afectados, aunque una cierta orientación general por parte de la Comisión pueda ser útil.

3.4   Doble uso

3.4.1

En la industria de hoy en día a menudo es difícil clasificar a las empresas como «fabricantes de equipos de defensa». Muchos equipos actualmente son de «doble uso» y el porcentaje está aumentando. Esto se valora positivamente desde distintos puntos de vista; por ejemplo, las economías de escala pueden llevar a una fijación de precios más competitivos y la seguridad del suministro puede ser más fácil de garantizar.

3.4.2

También los esfuerzos dedicados a la IDT con respecto a estos equipos tienen valor para otros fines (civiles). Por tanto, es importante que los recursos dedicados a la IDT en materia de defensa no estén sujetos a un régimen demasiado inflexible.

3.4.3

El Comité sigue preocupado porque hay mucho por hacer para maximizar el valor de la coordinación y la definición necesarias en el ámbito de los equipos de defensa, como señaló en su documento anterior sobre este tema (10).

3.5   Agencia Europea de Defensa (AED)

3.5.1

El Comité acoge con satisfacción el establecimiento de la AED y reconoce que puede desempeñar un papel principal en el ámbito de los equipos de defensa. Asimismo, señala que aún está en proceso de reunir los recursos necesarios para desempeñar el papel que se le ha atribuido.

3.5.2

Será importante que la AED garantice que la doctrina y las capacidades de la UE tengan plenamente en cuenta el papel, la doctrina y las capacidades de la OTAN maximizando la interoperabilidad y minimizando cualquier diferencia. En esta fase todavía no está claro cómo la AED podría aportar valor añadido interviniendo directamente en la adquisición, pero su experiencia en el sector de los equipos de defensa en principio la sitúa en una buena posición para sugerir cómo pueden armonizarse mejor las normas nacionales.

3.5.3

También será muy útil para alcanzar acuerdos, en caso necesario, sobre los aspectos financieros de la cooperación en materia de equipos. Un aspecto significativo de las dificultades potenciales es el reparto de los costes y los beneficios de la IDT en áreas relacionadas con la defensa y, en dicho reparto, la distinción entre los aspectos generales y de defensa.

3.5.4

La AED también debería contribuir a potenciar la aproximación de los sistemas nacionales de autorización cuando se transfieren equipos de defensa entre Estados miembros. Actualmente los procedimientos nacionales son distintos y burocráticos. También podría ayudar a alcanzar acuerdos sobre el modo en que se gestionan las «contrapartidas», puesto que seguirán siendo una característica de los contratos en el futuro.

3.5.5

La AED podría considerar la posibilidad de alcanzar un cierto consenso sobre las políticas industriales nacionales en lo que respecta a los equipos de defensa y definir los elementos que constituyen «equipos estratégicos» que la UE desearía poder proporcionar para reducir la dependencia respecto de terceros países, aspecto que sería sumamente valioso.

3.5.6

La AED también puede animar a los Estados miembros a considerar métodos de adquisición innovadores, como el «pooling», el arrendamiento y la especialización para responder a las necesidades de capacidad.

3.5.7

Puesto que la PESD solamente será efectiva si los Estados miembros muestran la voluntad política sólida necesaria de proporcionar y mantener las capacidades necesarias para hacer frente a las tareas acordadas en la UE, la AED también debería encargarse de animar a los Estados miembros a que lo hagan.

4.   Conclusiones

4.1

El equipo de defensa es solamente un requisito para un «rendimiento de defensa» viable. Para que la industria desempeñe plenamente su papel necesitará una orientación clara, requisitos armonizados y continuidad. Debe también tener responsabilidad preponderante para llevar a cabo la reestructuración necesaria. La industria también necesita evitar pesados procedimientos burocráticos.

4.2

Debe quedar muy claro qué partes del proceso de adquisición de equipos de defensa estarán cubiertas por las normas acordadas.

4.3

Será preciso seguir recurriendo al artículo 296 del Tratado. Para asegurar que se evita un recurso excesivo, la Comisión necesita establecer una referencia examinando el rendimiento actual. No es viable mantener una lista de equipos y procedimientos a los que es aplicable el artículo 296.

4.4

Como primer paso, la Comisión debería presentar cuanto antes una «comunicación interpretativa» sobre el artículo 296. Sólo tras la experiencia adquirida con dicha comunicación será posible decidir si también se requiere un instrumento jurídico.

4.5

El equipo de «doble uso» es cada vez más común y se acoge favorablemente esta tendencia, especialmente a causa del potencial de la IDT que se aplica al equipo militar de uso civil.

4.6

Se acoge favorablemente el papel preponderante atribuido a la Agencia Europea de Defensa (AED); deberá quedar claro qué papel deben desempeñar todos los organismos implicados.

4.7

Entre las funciones importantes de la AED en este ámbito cabe destacar:

Garantizar la coordinación con los requisitos de la OTAN

Contribuir a negociar todos los aspectos financieros necesarios

Contribuir a armonizar los actuales procedimientos nacionales

Sugerir formas innovadoras de proporcionar las capacidades necesarias

Fomentar el mantenimiento de la voluntad política necesaria.

Bruselas, 9 de febrero de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne Marie SIGMUND


(1)  DO C 10/1 de 14.1.2004.

(2)  La AED tiene cuatro funciones: el desarrollo de las capacidades de defensa, la cooperación armamentística, la base tecnológica e industrial de defensa europea y el mercado de equipos de defensa y, por último, la investigación y la tecnología.

(3)  Como ya observamos en nuestro Dictamen sobre el documento COM(2003) 113 final, el gasto combinado en defensa de la UE equivale al 40 % del de Estados Unidos, mientras que su capacidad operativa sólo corresponde aproximadamente al 10 %.

(4)  Por ejemplo, el Comité señala la reciente declaración (septiembre de 2004) realizada por el director de la AED en el sentido de que las fuerzas de la UE no están bien adaptadas al mundo moderno, con sus conflictos y amenazas; se refirió a la necesidad de adquirir más equipos de alta tecnología.

(5)  Como la agencia OCCAR, el Grupo de Armamentos de Europa Occidental (GAEO) y los países de la Carta de Intenciones (Letter of Intent).

(6)  La agencia OCCAR es una organización conjunta de cooperación en materia de armamento a la que actualmente pertenecen cinco Estados miembros.

(7)  No obstante, debido a la naturaleza específica de los mercados de defensa y dada la necesidad de gestionar los pagos como parte de los acuerdos financieros nacionales, los Estados miembros inevitablemente contribuirán a facilitar el desarrollo de los equipos de defensa.

(8)  Las decisiones adoptadas en el asunto Bremen (1999/763/63 — DO L 301/8 de 24 de noviembre de 1999) y en el asunto «Koninklijke Schelde Groep» (DO L 14/56 de 21 de enero de 2003) son ejemplos de la actual falta de claridad.

(9)  Cabría señalar que incluso equipos aparentemente sencillos como la ropa pueden utilizar tecnologías avanzadas.

(10)  Véase el punto 5 del dictamen mencionado en la nota 1.


8.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 221/56


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/440/CEE del Consejo sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios»

(COM(2004) 139 final — 2004/0047 (COD))

(2005/C 221/13)

El 28 de abril de 2004, de conformidad con el artículo 71 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 17 de enero de 2005 (ponente: Sr. CHAGAS).

En su 414o Pleno de los días 9 y 10 de febrero de 2005 (sesión del 9 de febrero de 2005), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 122 votos a favor, 53 en contra y 12 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Introducción

1.1

La Propuesta de Directiva por la que se modifica la Directiva 91/440/CEE sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios forma parte del denominado tercer paquete ferroviario que fue aprobado por la Comisión Europea el 3 de marzo de 2004. Otros elementos de éste son los siguientes:

la Propuesta de Directiva sobre la certificación del personal conductor de locomotoras y trenes en la red ferroviaria de la Comunidad (COM(2004) 142 final);

la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros internacionales de ferrocarril (COM(2004) 143 final), y

la Propuesta de Reglamento relativo a las indemnizaciones por incumplimiento de los requisitos contractuales de calidad en los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril (COM(2004) 144 final),

así como

la Comunicación de la Comisión — Proseguir la integración del sistema ferroviario europeo: el tercer paquete ferroviario (COM(2004) 140 final);

y el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la apertura gradual a la competencia de los servicios internacionales de transporte de viajeros por ferrocarril (SEC(2004) 236).

1.2

El denominado primer paquete ferroviario (también llamado paquete de medidas de infraestructura) entró en vigor el 15 de marzo de 2001 y su transposición al Derecho nacional estaba prevista para el 15 de marzo de 2003. Contiene los siguientes elementos:

la modificación de la Directiva 91/440/CEE: entre otras medidas, el libre acceso al mercado para el transporte internacional de mercancías en la Red Transeuropea de Transporte Ferroviario de Mercancías antes del 15 de marzo de 2003 y la liberalización del transporte internacional de mercancías por ferrocarril antes del 15 de marzo de 2008 (1);

la ampliación del ámbito de la validez de una licencia europea para las empresas ferroviarias (modificación de la Directiva 95/18/CE) (2);

la armonización de las disposiciones relativas a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, la aplicación de cánones por su utilización y la reglamentación de la certificación de la seguridad (sustitución de la Directiva 95/19/CE) (3).

1.3

En octubre de 2003 la Comisión Europea presentó ante el Tribunal de Justicia Europeo una demanda contra nueve Estados miembros por no haber notificado la transposición al Derecho nacional del primer paquete ferroviario. En mayo de 2004 aún faltaba la notificación de cinco Estados miembros, y dos Estados miembros habían aplicado sólo parcialmente las disposiciones en el Derecho nacional.

1.4

El denominado segundo paquete ferroviario fue publicado el 30 de abril de 2004 en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y su transposición al Derecho nacional deberá llevarse a cabo antes del 30 de abril de 2006. Contiene los siguientes elementos:

la modificación de la Directiva 91/440/CEE: Extensión del libre acceso a los servicios internacionales de transporte ferroviario de mercancías a la totalidad de la red a partir del 1 de enero de 2006 y la liberalización del transporte ferroviario de mercancías nacional, incluido el cabotaje, a partir del 1 de enero de 2007 (4);

la Directiva sobre seguridad ferroviaria en la Comunidad (5);

el Reglamento por el que se crea una Agencia Ferroviaria Europea (6);

la modificación de las Directivas relativas a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad (Directiva 96/48/CE) y a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional (Directiva 2001/16/CE) (7).

1.5

Con el primer y el segundo paquetes ferroviarios se sentaron los fundamentos jurídicos para establecer un mercado interior del transporte de mercancías por ferrocarril. Las medidas se refieren al acceso al mercado, la concesión de licencias y la certificación de seguridad de las empresas ferroviarias, el acceso a las infraestructuras y la aplicación de cánones por su utilización, la creación de un marco jurídico para la seguridad ferroviaria, así como la adopción de medidas para establecer la interoperabilidad técnica del sistema ferroviario.

1.6

Este nuevo marco jurídico hace necesarios, como el CESE señaló en su Dictamen sobre el segundo paquete ferroviario (8), la plena reestructuración del sector, así como el establecimiento de nuevas autoridades y un nuevo reparto de competencias.

1.7

En el mismo dictamen, el CESE señaló también la necesidad de adoptar disposiciones sociales europeas. Entretanto, el 17 de enero de 2004 los interlocutores sociales europeos del sector ferroviario, la Comunidad Europea de Ferrocarriles (CER) y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (FETT) firmaron dos acuerdos europeos:

1)

La introducción de una licencia europea para maquinistas de transporte internacional, y

2)

un Acuerdo sobre determinados aspectos de las condiciones de contratación del personal ferroviario móvil en el transporte internacional.

1.8

En el marco de este tercer paquete ferroviario la Comisión presentó una propuesta de Directiva sobre la certificación del personal conductor de locomotoras y trenes en la red ferroviaria de la Comunidad que entrará en vigor en 2010 o en 2015.

1.9

Con la presentación de una nueva modificación de la Directiva 91/440/CEE la Comisión sigue persiguiendo el objetivo de una liberalización gradual del sector ferroviario.

2.   La propuesta de la Comisión Europea

2.1

La Comisión propone liberalizar el acceso al mercado para el transporte internacional de viajeros por ferrocarril a partir del 1 de enero de 2010. La propuesta incluye el cabotaje; es decir, la posibilidad de dejar y tomar viajeros en las estaciones de todo el recorrido. Al mismo tiempo, se suprimirá la disposición sobre libre acceso al mercado para las agrupaciones internacionales.

2.2

En la UE-25 el ferrocarril transporta aproximadamente seis mil millones de viajeros al año. La mayor parte utiliza los servicios de transporte ferroviario de cercanías y los servicios regionales. De acuerdo con los datos sobre la venta de billetes, aproximadamente un 10 % utiliza el transporte ferroviario internacional. Éste incluye el transporte regional transfronterizo, el internacional de gran distancia y el de alta velocidad.

2.3

La Comisión reconoce que la liberalización del transporte internacional de viajeros, incluido el cabotaje, podrá eventualmente tener efectos negativos en los resultados económicos del transporte de viajeros sujeto a contratos de servicio público. Se propone autorizar excepciones al libre acceso al mercado si para el mismo trayecto existen contratos de servicio público de conformidad con el Reglamento (CEE) no 1191/69 o si la liberalización del transporte internacional pone en peligro el equilibrio de estos servicios. Estas excepciones sólo podrán autorizarse en caso de resultar estrictamente necesarias para mantener el servicio definido en un contrato de servicio público y previo dictamen favorable del organismo regulador a que se refiere el artículo 30 de la Directiva 2001/14/CE. Deberá ser posible someter este asunto a un control judicial.

2.4

La Comisión deberá presentar antes del 31 de diciembre de 2012 un informe sobre la aplicación de las disposiciones.

3.   Evaluación de la propuesta

3.1   Condiciones para la revitalización del sector ferroviario

3.1.1

A la propuesta de liberalización del transporte internacional de viajeros subyace la idea de que la competencia en el transporte internacional tendrá una o más de las siguientes consecuencias: un aumento del número de usuarios, una transferencia de los usuarios de otros modos de transporte (en particular, del transporte aéreo) al ferrocarril, una mejora de la calidad del servicio prestado a los clientes y tarifas más bajas.

3.1.2

En su Dictamen sobre el segundo paquete ferroviario (9), el CESE señaló cuáles eran las condiciones principales para la revitalización del sistema ferroviario:

financiación de la ampliación de la red y mejora de las infraestructuras,

establecimiento de la interoperabilidad técnica y su financiación,

establecimiento de una igualdad de condiciones de competencia con los otros modos de transporte, en particular:

el estricto cumplimiento de las disposiciones sociales en el sector del transporte por carretera, y

la exigencia de precios justos por el uso de infraestructuras para todos los modos de transporte.

3.1.3

Hasta la fecha no se ha presentado la propuesta de un marco que establezca precios justos por el uso de las infraestructuras para todos los modos de transporte que se anunciaba en el Libro Blanco titulado «La política europea de transportes de cara al 2010: la hora de la verdad».

3.1.4

La supervisión y apropiada aplicación de la legislación social en el transporte por carretera sigue siendo un serio problema.

3.1.5

A ello se añade la necesidad de encontrar soluciones al endeudamiento de muchas compañías de ferrocarril. En particular las empresas ferroviarias de los nuevos Estados miembros de la UE no podrán competir si no solucionan su elevado endeudamiento.

3.1.6

El CESE hacía también referencia a que las autoridades que deberían crearse con el primer y segundo paquetes ferroviarios (organismos de control, organismos de tarifación, organismos de adjudicación, organismo notificado, autoridades responsables de la seguridad, organismos de investigación sobre las causas del accidente) harían necesaria una reestructuración a corto plazo del sector ferroviario, para cuyo funcionamiento fluido se requiere una serie de años y de experiencias prácticas. El CESE se pronunció a favor de otorgar prioridad a la seguridad de la red de ferrocarril. Ello incluye la adopción de disposiciones sociales europeas para el sector ferroviario.

3.2   Análisis a posteriori de la liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril

3.2.1

En el tiempo transcurrido desde entonces se adoptaron las decisiones para la liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril. No obstante, todavía deben llevarse a cabo más experiencias sobre los efectos de estas decisiones.

3.2.2

El 1 de enero de 2006 a más tardar la Comisión presentará un informe que abordará los aspectos siguientes (10):

aplicación de la Directiva 91/440/CE en los Estados miembros y funcionamiento efectivo de los distintos organismos interesados;

desarrollo del mercado, en particular tendencias del tráfico internacional, actividad y participación en el mercado de todos los agentes, incluidos los nuevos operadores;

repercusión en el sector del transporte en general, en particular en lo relativo al cambio modal;

repercusión en el nivel de seguridad en cada Estado miembro;

condiciones de trabajo en el sector para cada Estado miembro.

3.2.3

El CESE cree conveniente aguardar la publicación de este informe y recabar datos sobre el desarrollo de las medidas decididas hasta la fecha antes de dar nuevos pasos hacia la apertura del mercado a la competencia, al tiempo que pide a la Comisión que facilite dicho informe a tiempo.

3.3   Análisis a priori de la liberalización del transporte internacional de viajeros por ferrocarril

3.3.1

Antes de presentar el tercer paquete ferroviario, la Comisión encomendó un estudio para analizar la liberalización del transporte de viajeros. Se pedía que en el estudio se analizaran diferentes modelos de liberalización y se formularan recomendaciones sobre un modelo. Los modelos eran los siguientes:

Transporte internacional sin cabotaje

Transporte internacional con cabotaje

Transporte nacional e internacional de viajeros por ferrocarril.

3.3.2

De entre los tres modelos preestablecidos, el estudio acababa recomendando la liberalización del transporte internacional de viajeros por ferrocarril con cabotaje (11).

3.3.3

El CESE lamenta que este análisis a priori no se haya utilizado para examinar cuestiones importantes en profundidad. Dichas cuestiones serían las repercusiones de una liberalización del transporte de viajeros para

el transporte regional y el transporte por ferrocarril sujeto a contratos de servicio público, en particular en los Estados miembros de pequeño y mediano tamaño,

la calidad del servicio para los clientes,

el empleo y las condiciones de trabajo en el sector del transporte de viajeros por ferrocarril, y

las empresas ferroviarias de los nuevos Estados miembros de Europa Central y Oriental.

3.3.4

El estudio contiene algunas afirmaciones sobre algunos de los ámbitos citados (incluida la importancia del precio de los billetes y los cánones por la utilización de franjas ferroviarias) a las que se llegó para dos trayectos sobre la base de cuatro estudios de casos (Suecia, Alemania, España y Hungría) y un modelo de simulación. Asimismo, se desaconsejaba la liberalización del transporte nacional de pasajeros por ferrocarril. Sin embargo, en el estudio se pedía explícitamente que se formulara una recomendación sobre uno de los tres modelos.

3.4   Repercusiones de la apertura del mercado a la competencia para el transporte regional y el transporte sujeto a contratos de servicio público

3.4.1

En la propuesta de liberalización del transporte internacional de pasajeros, el cabotaje introduce un elemento de apertura del mercado para una parte del transporte nacional de pasajeros.

3.4.2

El transporte nacional de pasajeros suele ser un transporte en red en el que las ganancias de los trayectos muy frecuentados compensan las pérdidas de los trayectos menos frecuentados y permiten de este modo una mayor oferta. Esto se refiere no sólo a los transportes sujetos a contratos de servicio público que se realizan con derechos de exclusividad o con subvenciones, para los que, de conformidad con la propuesta de la Comisión, es posible autorizar excepciones si se cumplen unas condiciones estrictas.

3.4.3

En particular, en los Estados miembros de pequeño y mediano tamaño ese elemento puede dar lugar a distorsiones del transporte de pasajeros por ferrocarril que no funciona con contratos de derechos de exclusividad.

3.4.4

En algunos Estados miembros los contratos sobre obligaciones de servicio público que se han concluido no son contratos para un trayecto específico, sino que son válidos para toda la red. Por esta razón, es muy difícil demostrar que está amenazado el equilibrio del transporte sujeto a contratos de servicio público.

3.4.5

La posibilidad de autorizar excepciones propuesta por la Comisión implica procedimientos de demostración complicados y se corre el riesgo de que estos deriven en litigios legales.

3.4.6

En julio de 2000, la Comisión propuso el COM(2000) 7 final a fin de sustituir por un nuevo reglamento el Reglamento (CEE) no 1191/69 relativo a las obligaciones inherentes a la noción de servicio público en el sector de los transportes de pasajeros, que establece las normas para la concesión de compensaciones y derechos exclusivos al transporte de pasajeros por carretera.

3.4.7

La propuesta de modificación del Reglamento (CEE) no 1191/69 está bloqueada en el Consejo de Ministros de Transporte desde hace varios años. Existen divergencias fundamentales entre la propuesta de la Comisión y la posición del Parlamento Europeo que podrían tener una influencia considerable en las repercusiones de la propuesta en el marco de la liberalización del transporte de pasajeros por ferrocarril. Además, la Comisión tiene previsto presentar todavía durante este año una nueva propuesta.

3.4.8

Ello constituye una razón más para esperar la publicación de este texto jurídico relevante antes de presentar propuestas para proteger el equilibrio del transporte sujeto a contratos de servicio público en el marco de la liberalización.

3.5   Repercusiones para la calidad del servicio prestado a los clientes

3.5.1

De conformidad con el estudio citado, debido a los elevados costes y al hecho de que tradicionalmente el precio de los trayectos se fijaba en un nivel bajo, apenas cabe admitir el presupuesto de que la liberalización del transporte internacional de pasajeros se traducirá en una nueva reducción de los precios para los clientes.

3.5.2

Una mayor oferta de diferentes empresas ferroviarias que compiten entre sí en el mismo trayecto podría tener al mismo tiempo la consecuencia de que no se garanticen las condiciones que existen en la actualidad: horarios, billetes e información en una ventanilla única. Se producirá una mayor compartimentación de la información.

3.5.3

A este problema la Comisión ha reaccionado con la propuesta de disposiciones jurídicas que obliguen a las empresas que compiten entre sí a cooperar para mantener el nivel de información garantizado hasta la fecha.

3.5.4

El CESE analizará esta propuesta en un dictamen aparte. Sin embargo, quisiera señalar que la obligación de que las empresas que compiten entre sí colaboren para informar a los clientes sólo será necesaria cuando se produzca la liberalización del mercado del transporte de pasajeros.

3.6   Repercusiones para el empleo

3.6.1

La Comisión parte de la base de que la liberalización del transporte internacional de pasajeros dará lugar a una reducción de plantilla a corto plazo, pero que a medio plazo se crearán nuevos empleos debido a la multiplicación de los servicios de transporte. Por ejemplo, se pasan por alto los posibles efectos negativos para el empleo que se derivarán de las repercusiones sobre el transporte regional y el transporte sujeto a contratos de servicio público. Por lo que respecta al apartado 7 del artículo 1 de la Directiva propuesta, los efectos dependerán de la decisión de cada Estado miembro para financiar el transporte regional de viajeros.

3.6.2

En la última década el número de trabajadores del sector ferroviario se ha reducido a la mitad. No obstante, tanto las empresas ferroviarias de los nuevos Estados miembros como las compañías de ferrocarril de Europa occidental siguen anunciando cifras elevadas de supresión de puestos de trabajo. Si la liberalización del transporte internacional de pasajeros llevara a que las empresas ferroviarias de los Estados miembros de la UE de pequeño y mediano tamaño sufrieran también presiones en el transporte nacional de larga distancia, apenas cabría hablar de efectos positivos para el empleo.

3.6.3

El ferrocarril es tradicionalmente un medio de transporte utilizado por todas las capas de la población. El transporte aéreo, de ser un medio de transporte de lujo, ha pasado a ser un medio de transporte de masas. Los efectos para el empleo que han ido unidos a esta transformación no se repetirán en la misma medida en el transporte internacional de viajeros por ferrocarril.

3.6.4

Al mismo tiempo hay que señalar que en el sector aéreo los puestos de trabajo buenos que existían en las compañías aéreas nacionales de antaño han sido sustituidos por puestos de trabajo de peor calidad en otros segmentos de la industria de la aviación civil.

3.6.5

El CESE considera muy preocupante la elevada pérdida de empleos en el sector ferroviario. La gran reducción de empleos dará lugar a considerables problemas sociales, en particular en los nuevos Estados miembros que padecen una elevada tasa de desempleo y cuentan con un sistema social débil. Es urgente adoptar medidas adicionales de carácter social. El CESE se pronuncia en contra de las medidas que se traduzcan en nuevas reducciones de empleo en este sector tan castigado y en un empeoramiento de la calidad del empleo en el sector ferroviario.

3.7   Repercusiones para las empresas ferroviarias de los nuevos Estados miembros

3.7.1

En el mencionado estudio de Steer Davies Gleave se señala que el mal estado de las infraestructuras en los nuevos Estados miembros, la mala situación financiera de las empresas ferroviarias y el precio de los billetes que, por lo general, se mantiene por debajo de los costes a largo plazo constituyen importantes obstáculos adicionales para aumentar la competencia.

3.7.2

Además, las empresas ferroviarias no disponen de material rodante de calidad a fin de poder hacer frente a la competencia.

3.7.3

En los nuevos Estados miembros el transporte regional desempeña un papel todavía más importante que en la UE-15 hasta la fecha. Si la liberalización del transporte internacional de pasajeros tiene efectos negativos en la oferta regional, la repercusiones serán mayores para los nuevos Estados miembros y ello acelerará el retroceso del comparativamente alto porcentaje de transporte de pasajeros por ferrocarril que se da en estos países.

4.   Conclusiones

4.1

En sus dictámenes el CESE se ha pronunciado siempre a favor de una revitalización de los ferrocarriles en Europa y para ello ha hecho referencia a unas importantes condiciones necesarias:

Desarrollo de infraestructuras y eliminación de puntos de estrangulamiento,

establecimiento de la interoperabilidad del sistema ferroviario,

establecimiento de una igualdad de condiciones de competencia con los otros modos de transporte,

garantía de la seguridad del ferrocarril y de las disposiciones de carácter social.

4.2

El CESE pide a la Comisión y a los Estados miembros que aporten su contribución para hacer realidad estas condiciones con la mayor rapidez posible.

4.3

El CESE subraya la importancia del transporte de pasajeros por ferrocarril para satisfacer las necesidades de movilidad de los ciudadanos y su papel como prestador de servicios públicos.

4.4

El CESE reconoce la gran utilidad de un prestador de servicios de red y de su integración con otros medios de transporte público para facilitar la movilidad de la población. Este servicio no puede ser puesto en peligro.

4.5

El CESE considera que cualquier decisión sobre la liberalización del transporte internacional de pasajeros se basará en un conocimiento amplio y claro de los efectos globales del transporte de pasajeros por ferrocarril y el impacto de las medidas adoptadas en el marco del primer y segundo paquete ferroviario.

4.6

Por consiguiente, el Comité insta a la Comisión a que efectúe un análisis a priori de las ventajas y los inconvenientes de una liberalización del transporte de pasajeros. Este análisis debe centrarse en las repercusiones de una liberalización para

el transporte regional y el transporte por ferrocarril sujeto a contratos de servicio público, en particular en los Estados miembros de pequeño y mediano tamaño,

la calidad del servicio prestado a los clientes,

el empleo y las condiciones de trabajo en el sector del transporte de viajeros por ferrocarril, y

las empresas ferroviarias de los nuevos Estados miembros de Europa Central y Oriental.

4.7

El CESE pide a la Comisión que presente en primer lugar el informe que se exige en la Directiva 91/440/CEE (modificada por la Directiva 2004/51/CE) sobre la realización de la liberalización del mercado del transporte de mercancías por ferrocarril.

4.8

El CESE señala que la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la intervención de los Estados miembros en materia de requisitos y adjudicación de contratos de servicio público en el transporte de viajeros por ferrocarril, carretera y vía navegable (COM(2002) 7 final, propuesta modificada en el COM(2002) 107 final) sigue estancada en el Consejo. La forma definitiva de este Reglamento puede tener repercusiones para las disposiciones encaminadas a proteger el transporte sujeto a contratos de servicio público en el marco de una liberalización de los servicios internacionales de transporte de viajeros por ferrocarril.

4.9

La mejora de la calidad del servicio en el transporte de pasajeros por ferrocarril contribuye a hacer más atractivo este modo de transporte y puede ayudar a alcanzar los objetivos de la política europea de transportes para un sistema de transporte sostenible. A las empresas ferroviarias incumbe a este respecto la responsabilidad principal. Sin embargo, el CESE mantiene sus reservas sobre las medidas que pueden poner en peligro el nivel actual de calidad de los servicios. Asimismo, apreciaría las medidas encaminadas a mejorar la calidad de los mismos.

4.10

El CESE considera que la promoción de una mejor cooperación entre empresas ferroviarias será la medida apropiada para mejorar la calidad del servicio prestado a los viajeros en el transporte internacional de pasajeros por ferrocarril, especialmente en el transporte regional e internacional de pasajeros.

4.11

El CESE acogería con satisfacción que la Comisión entablara un diálogo con los interlocutores sociales europeos sobre las repercusiones de la liberalización del transporte por ferrocarril y, en particular, sobre sus efectos cuantitativos y cualitativos para el empleo.

4.12

En los nuevos Estados miembros el porcentaje del transporte de viajeros por ferrocarril en el conjunto del transporte de pasajeros es considerablemente más alto que en los países de la UE-15. El CESE considera necesario que se preste una atención especial al desarrollo del transporte de viajeros por ferrocarril en los nuevos Estados miembros y a las repercusiones de una liberalización para estos países. Mantener este porcentaje alto del transporte de pasajeros por ferrocarril es algo que interesa a toda la Comunidad y se corresponde con los objetivos establecidos en el Libro Blanco sobre la política europea de transportes.

Bruselas, 9 de febrero de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Directiva 2001/12/CE — DO L 75 de 15.3.2001, p. 1 — Dictamen del CESE — DO C 209 de 22.7.1999, p. 22.

(2)  Directiva 2001/13/CE — DO L 75 de 15.3.2001, p. 26 — Dictamen del CESE — DO C 209 de 22.7.1999, p. 22.

(3)  Directiva 2001/14/CE — DO L 75 de 15.3.2001, p. 29 — Dictamen del CESE — DO C 209 de 22.7.1999, p. 22.

(4)  Directiva 2004/51/CE — DO L 164 de 30.4.2004, p. 164 — Dictamen del CESE — DO C 61 de 14.3.2003, p. 131.

(5)  Directiva 2004/49/CE — DO L 164 de 30.4.2004, p. 44 — Dictamen del CESE — DO C 61 de 14.3.2003, p. 131.

(6)  Reglamento 2004/881/CE — DO L 164 de 30.4.2004, p. 1 — Dictamen del CESE — DO C 61 de 14.3.2003, p. 131.

(7)  Directiva 2004/50/CE — DO L 164 de 30.4.2004, p. 114 — Dictamen del CESE — DO C 61 de 14.3.2003, p. 131.

(8)  DO C 61 de 14.3.2003, p. 131.

(9)  Véase la nota 8.

(10)  Letra d) del artículo 2 de la Propuesta de Directiva 2004/51/CE del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se modifica la Directiva 91/440/CEE del Consejo sobre el desarrollo de los ferrocarriles comunitarios.

(11)  EU Rail Passenger Liberalisation: Extended impact assessment, febrero de 2004, por Steer Davies Gleave, London.


ANEXO

al Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (de acuerdo con el apartado 3 del artículo 54 del Reglamento Interno)

Las propuestas de enmienda siguientes, que obtuvieron más de un cuarto de los votos emitidos, fueron rechazadas en el transcurso de los debates.

Punto 3.1.4

Suprímase.

Exposición de motivos

Nada tiene que ver este punto con la liberalización del ferrocarril. Se mezclan dos sectores en un Dictamen que trata de la modificación y desarrollo de los ferrocarriles en Europa. No se puede afirmar que el control de la legislación social en el transporte por carretera sea un serio problema, cuando existe numerosa legislación que regula los tiempos de conducción y descanso y la jornada de trabajo del personal en movimiento. Toda esta legislación se controla con el tacógrafo. Además, en agosto de este año entra en vigor un nuevo dispositivo de control, el tacógrafo digital, que llevará de manera más precisa el control de la jornada de trabajo de los conductores.

Resultado de la votación

Votos a favor: 58

Votos en contra: 80

Abstenciones: 7

Punto 3.1.6

Suprímase la última frase:

«Ello incluye la adopción de disposiciones sociales europeas para el sector ferroviario».

Exposición de motivos

La seguridad ferroviaria en la UE ha quedado regulada en la Directiva 2004/49 CE.

Resultado de la votación

Votos a favor: 52

Votos en contra: 93

Abstenciones: 5

Punto 3.2.3

Sustitúyase por el siguiente texto:

«A juicio del CESE, convendría analizar el contenido de este informe una vez se publique para determinar si la propuesta de directiva debe enmendarse o modificarse.»

Exposición de motivos

La redacción actual aboga por bloquear el proceso legislativo, lo que entraña una forma de incertidumbre jurídica perjudicial para todos: empresas, trabajadores y clientes.

Parece más positivo y constructivo manifestar claramente la voluntad de tener en cuenta las conclusiones para, en caso necesario, enmendar o modificar la propuesta de directiva.

De esta manera el dictamen se inscribe en un proceso dinámico y abierto.

Resultado de la votación

Votos a favor: 54

Votos en contra: 92

Abstenciones: 9

Puntos 3.4.7 y 3.4.8

Sustitúyanse ambos puntos por el texto siguiente como punto 3.4.7:

«Cuando la nueva propuesta de Reglamento (CEE) no 119/69 se someta al Consejo de Ministros y al Parlamento Europeo, convendrá examinar las consecuencias que dicho reglamento podría tener para la liberalización del transporte ferroviario de viajeros y el equilibrio del servicio público.»

Exposición de motivos

La redacción actual hace referencia a una situación desfasada. La Comisión ha redactado un nuevo texto que podría someter al Consejo de Transportes del mes de junio. No es posible juzgar de antemano la acogida que le dispensarán tanto el Consejo de Ministros como el Parlamento Europeo.

La redacción propuesta se inscribe en una dinámica más constructiva.

Resultado de la votación

Votos a favor: 68

Votos en contra: 90

Abstenciones: 8

Punto 3.6

Suprímase.

Exposición de motivos

No se puede afirmar que la liberalización del ferrocarril traerá una pérdida de puestos de trabajo y que lo nuevos que se creen serán de peor calidad, cuando en el resto de modos de transporte, la liberalización ha traído como una de sus consecuencias el aumento del número de puestos de trabajo. Hay que recordar que el ferrocarril es el único modo que está sin liberalizar.

Resultado de la votación

Votos a favor: 66

Votos en contra: 102

Abstenciones: 6


8.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 221/64


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la certificación del personal conductor de locomotoras y trenes en la red ferroviaria de la Comunidad»

(COM(2004) 142 final — 2004/0048 (COD))

(2005/C 221/14)

El 28 de abril de 2004, de conformidad con el artículo 71 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 17 de enero de 2005 (ponente: Sr. CHAGAS).

En su 414o Pleno (sesión del 9 de febrero de 2005), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 127 votos a favor, 25 votos en contra y 26 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Introducción

1.1

La propuesta de Directiva para la certificación del personal ferroviario forma parte del denominado Tercer paquete ferroviario, que fue aprobado por la Comisión el 3 de marzo de 2004. Otros elementos de este paquete son los siguientes:

la modificación de la Directiva 91/440/CEE: apertura a la competencia de los servicios internacionales de transporte de viajeros por ferrocarril (COM(2004) 139) final);

la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros internacionales de ferrocarril (COM(2004) 143 final);

la Propuesta de Reglamento relativo a las indemnizaciones por incumplimiento de los requisitos contractuales de calidad en los servicios de transporte de mercancías por ferrocarril (COM(2004) 144 final);

así como

la Comunicación de la Comisión — Proseguir la integración del sistema ferroviario europeo: el tercer paquete ferroviario (COM(2004) 140 final), y

el Documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre la apertura gradual a la competencia de los servicios internacionales de transporte de viajeros por ferrocarril (SEC(2004) 236).

1.2

El denominado primer paquete ferroviario (también llamado paquete de medidas de infraestructura) entró en vigor el 15 de marzo de 2001 y su transposición al Derecho nacional estaba prevista para el 15 de marzo de 2003. Contiene los siguientes elementos:

la modificación de la Directiva 91/440/CEE: entre otras medidas, el libre acceso al mercado para el transporte internacional de mercancías en la Red Transeuropea de Transporte Ferroviario de Mercancías antes del 15 de marzo de 2003 y la apertura a la competencia del transporte internacional de mercancías por ferrocarril antes del 15 de marzo de 2008 (1);

la ampliación del ámbito de validez de una licencia europea para las empresas ferroviarias (modificación de la Directiva 95/18/CE) (2);

la armonización de las disposiciones relativas a la adjudicación de la capacidad de infraestructura ferroviaria, la aplicación de cánones por su utilización y la reglamentación de la certificación de la seguridad (sustitución de la Directiva 95/19/CE) (3).

1.3

En octubre de 2003, la Comisión Europea presentó ante el Tribunal de Justicia Europeo una demanda contra nueve Estados miembros por no haber notificado la transposición al Derecho nacional del primer paquete ferroviario. En mayo de 2004 faltaba aún la notificación de cinco Estados miembros y dos Estados miembros habían incorporado sólo parcialmente las disposiciones al Derecho nacional.

1.4

El denominado segundo paquete ferroviario fue publicado el 30 de abril de 2004 en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas y su transposición al Derecho nacional deberá llevarse a cabo antes del 30 de abril de 2006. Contiene los siguientes elementos:

la modificación de la Directiva 91/440/CEE: extensión a la totalidad de la red, a partir del 1 de enero de 2006, del libre acceso a los servicios internacionales de transporte ferroviario de mercancías y apertura a la competencia del transporte ferroviario de mercancías nacional, incluido el cabotaje, a partir del 1 de enero de 2007 (4);

la Directiva sobre seguridad ferroviaria en la Comunidad (5);

el Reglamento por el que se crea una Agencia Ferroviaria Europea (6);

la modificación de las Directivas relativas a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo de alta velocidad (Directiva 96/48/CE) y a la interoperabilidad del sistema ferroviario transeuropeo convencional (Directiva 2001/16/CE) (7).

1.5

Con el primer y el segundo paquetes ferroviarios se sentaron los fundamentos jurídicos para establecer un mercado interior del transporte de mercancías por ferrocarril. Las medidas se refieren al acceso al mercado, la concesión de licencias y la certificación de seguridad de las empresas ferroviarias, el acceso a las infraestructuras y la aplicación de cánones por su utilización, la creación de un marco jurídico para la seguridad ferroviaria, así como medidas para establecer la interoperabilidad técnica del sistema ferroviario.

1.6

Este nuevo marco reglamentario requiere, como ya ha señalado el CESE en su Dictamen sobre el segundo paquete ferroviario (8), una reorganización total del sector, incluido el establecimiento de nuevas autoridades y competencias.

1.7

En este marco reglamentario, las disposiciones sociales relativas a la cualificación del personal responsable de la seguridad y las relativas a las condiciones para su actuación son insuficientes o ni siquiera se contemplan.

1.8

El 17 de enero de 2004, los interlocutores sociales europeos del sector ferroviario, a saber, la Comunidad Europea del Ferrocarril (CER) y la Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF), firmaron dos acuerdos europeos:

1)

Creación de una licencia europea para maquinistas que efectúan un servicio de interoperabilidad transfronteriza;

2)

Acuerdo sobre determinados aspectos de las condiciones de prestación de servicio de trabajadores móviles que lleven a cabo servicios de interoperabilidad transfronteriza.

1.9

La propuesta de Directiva objeto de examen sobre la certificación del personal ferroviario recoge en parte el acuerdo de los interlocutores sociales sobre la creación de una licencia europea para maquinistas.

1.10

La Comisión ha informado al CESE de que, en relación con el acuerdo sobre las condiciones de trabajo (periodos de descanso y a bordo del tren), los interlocutores sociales europeos han solicitado formalmente que la aplicación del acuerdo se haga mediante una decisión del Consejo. Esta petición está siendo examinada por la Comisión.

2.   Propuesta de la Comisión

2.1

La Comisión basa la presentación de la propuesta de Directiva en la necesidad de mejorar la interoperabilidad y la gestión del personal. Ello facilitará la certificación de las empresas ferroviarias, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de seguridad y garantizando las condiciones de libre circulación de trabajadores.

2.2

La Comisión hace referencia también a los objetivos de los interlocutores sociales europeos, entre otros:

garantizar un nivel elevado de las cualificaciones del personal que permita mantener el nivel de seguridad, e incluso acrecentarlo,

reducir los riesgos de dumping social.

2.3

La Comisión propone que la certificación de maquinistas se establezca sobre la base de unos requisitos europeos mínimos. En una primera fase, hasta 2010, deberán obtener esta certificación los maquinistas que operan en el tráfico transfronterizo, y antes de 2015, todos los maquinistas del tráfico nacional.

2.4

Según los datos de la Comisión, la primera fase afectará a unos 10 000 maquinistas, y la segunda a unos 200 000.

2.5

Además, la Comisión propone una certificación del personal ferroviario que participa de manera indirecta en la conducción. Sin embargo, la propuesta de Directiva no contiene ninguna disposición específica, y en particular ninguna disposición sobre el nivel de cualificación del personal de trenes. Se tendrán en cuenta los principios de la Directiva. La definición de las normas de cualificación deberá establecerse en una fase posterior, a través de la Agencia Ferroviaria Europea o en el marco de las Especificaciones Técnicas de Interoperabilidad.

2.6

La propuesta de Directiva prevé una certificación con dos elementos diferenciados:

1)

la licencia europea, atribuida por las autoridades competentes, reconocida a nivel comunitario y propiedad del maquinista, y que acredita determinadas cualificaciones y el cumplimiento de ciertos requisitos básicos;

2)

un certificado complementario armonizado, expedido por la compañía ferroviaria, que es propiedad de la empresa y acredita competencias específicas relativas a la empresa en cuestión, por ejemplo competencias relacionadas con las infraestructuras.

2.7

Las autoridades competentes y las compañías ferroviarias deberán gestionar registros que recojan las cualificaciones correspondientes y su puesta al día, así como la retirada y las modificaciones de las licencias y los certificados complementarios armonizados.

2.8

La Comisión propone una división en tres categorías de maquinistas: (A) locomotoras de maniobra y trenes de trabajos; (B) transportes de personas y (C) transportes de mercancías.

2.9

La edad mínima se fija en veinte años, con la posibilidad de que se fije en dieciocho años dentro del territorio nacional.

2.10

La propuesta incluye disposiciones sobre la modificación y renovación de las licencias y los certificados complementarios armonizados, así como sobre los controles periódicos del cumplimiento de los requisitos, la retirada de las licencias y los certificados y las posibilidades de recurso. Asimismo, incluye disposiciones sobre controles y sanciones.

2.11

Además, la propuesta contiene disposiciones sobre el acceso a la formación, los exámenes y la evaluación de la calidad del sistema de formación y del procedimiento.

2.12

El anexo I describe el modelo comunitario, tanto de licencia como de certificado complementario. En los anexo II a VII se fijan las tareas del maquinista, los requisitos médicos y psicológicos que debe cumplir y las cualificaciones profesionales necesarias.

2.13

Por último, se encarga a la Agencia Ferroviaria Europea que a finales de 2010 presente un balance, y que en este informe examine la posibilidad de recurrir a tarjetas inteligentes.

3.   Evaluación de las propuestas de la Comisión

3.1   Consideraciones generales

3.1.1

El CESE acoge positivamente en sus líneas generales la propuesta de Directiva sobre la certificación del personal de trenes.

3.1.2

Los maquinistas y el personal de trenes con funciones relevantes en materia de seguridad tienen una responsabilidad importante en relación con la seguridad del tráfico, el personal, los pasajeros y las mercancías. Una liberalización del mercado ferroviario debe ir acompañada de garantías de un elevado nivel de cualificación por medio de disposiciones comunes.

3.1.3

Además, unas normas mínimas armonizadas facilitan el trabajo transfronterizo del personal ferroviario (9). Convendría hacer hincapié, no obstante, en que las diferencias en los sistemas de explotación y en las disposiciones de seguridad de los Estados miembros constituyen el principal obstáculo para que los maquinistas puedan realizar su trabajo mas allá de la frontera, un obstáculo que persistirá aún durante muchos años. Los diferentes sistemas y la variedad de lenguas suponen importantes exigencias suplementarias para la cualificación del personal.

3.1.4

El CESE señala también que un nivel de cualificación elevado y la certificación correspondiente sirven para mantener el reconocimiento social y el poder de atracción de una profesión con horarios incómodos y que registra una pérdida creciente de seguridad laboral como consecuencia de la aparición de las agencias de trabajo temporal. En los sectores del transporte por carretera y de las vías navegables, las empresas se quejan ya de tener dificultades considerables para encontrar personal. El objetivo de esta Directiva no puede ser reducir el tiempo de formación.

3.1.5

Las compañías ferroviarias tradicionales que practican la autorregulación han asumido la responsabilidad de la formación y el nivel de cualificación de su personal, así como de una explotación del tráfico con garantías de seguridad. Así se ha conseguido un alto nivel de cualificación y se ha logrado que el tráfico ferroviario sea uno de los medios de transporte más seguros.

3.1.6

Se deberá velar por que los objetivos conexos de la Directiva de aumentar la movilidad laboral de los maquinistas y ofrecer un acceso no discriminatorio a las instituciones de formación no den lugar a un empeoramiento global de la calidad de la formación y a que los costes de formación recaigan sobre el trabajador.

3.2   Disposiciones específicas

3.2.1   Ámbito de aplicación y creación de la certificación

3.2.1.1

El CESE respalda la introducción gradual de la certificación para el tráfico internacional y nacional. Ello permite a las empresas introducir las modificaciones necesarias de manera progresiva.

3.2.1.2

No obstante, el plazo de 2008-2010 para el tráfico internacional y de 2010-2015 para los maquinistas del tráfico nacional (artículo 34) resulta sorprendente. Teniendo en cuenta la liberalización del tráfico internacional de mercancías, efectuada ya desde 2003 o a partir de 2006, según los casos, así como la del tráfico nacional de mercancías, que será realidad a partir de 2007, convendría adelantar la creación de la certificación para maquinistas a una fecha anterior.

3.2.1.3

El CESE acoge también positivamente la certificación del personal de trenes. El personal que cumple funciones de seguridad desempeña un importante papel en el sistema de seguridad del tráfico ferroviario. Sin embargo, la definición propuesta resulta incomprensible: «Todo agente distinto del maquinista, presente en la locomotora o el tren y que participe indirectamente en la conducción...» (artículo 25). Sería preferible hablar de personal de trenes que cumplen tareas relacionadas con la seguridad. El CESE considera más conveniente que las funciones de esta categoría del personal y las cualificaciones necesarias quedasen reguladas en un anexo de la Directiva.

3.2.2   Categorías de maquinistas

3.2.2.1

Se proponen tres «tipos de permiso», para la conducción en los servicios de maniobra, el transporte de personas y el transporte de mercancías (artículo 4.2). La diferenciación entre transporte de personas y de mercancías no resulta práctica, y no está fundamentada. No existen diferencias ni en la formación ni en el ejercicio concreto de la profesión. El conocimiento de las locomotoras en cuestión se certifica por separado, y a menudo se utilizan las mismas locomotoras. Sería suficiente con dos categorías, en función de los requisitos de seguridad: circulación de locomotoras en itinerarios cerrados (estaciones de maniobras, obras) o en trayectos abiertos (conductores de línea).

3.2.2.2

Además, el CESE considera más conveniente que la categoría del maquinista figure en la licencia, en vez de en el certificado complementario armonizado.

3.2.3   Edad mínima y experiencia profesional

3.2.3.1

La propuesta de Directiva fija una edad mínima de veinte años, pero ofrece la posibilidad de reducirla a dieciocho años, aunque en este caso la licencia quedará circunscrita al territorio del Estado miembro emisor (artículo 8). En algunos Estados miembros (10), la edad mínima se fija en 21 años. La Directiva tendría por consecuencia una reducción de la edad mínima, al menos para el tráfico internacional.

3.2.3.2

El CESE considera que la edad mínima debería fijarse en 21 años, pues precisamente para el tráfico internacional se exigen más requisitos y se requiere una mayor cualificación. Ello no excluye la posibilidad de fijar una edad mínima inferior a nivel nacional.

3.2.3.3

El CESE consideraría incluso oportuno que para contratar a los maquinistas del tráfico internacional se les exija una experiencia profesional previa de tres años como maquinista de una línea principal nacional. El artículo 10 contempla ya una disposición en este sentido para el tráfico nacional. Los conductores de las compañías ferroviarias que únicamente ofrecen servicios de transporte ferroviario internacional podrían obtener la experiencia necesaria gracias a la cooperación con otras compañías ferroviarias que suministran servicios nacionales.

3.2.4   Estructura de la certificación

3.2.4.1

La Comisión propone una certificación en dos partes: una licencia europea, expedida por las autoridades competentes y reconocida en toda Europa, y un certificado armonizado, expedido por las empresas. La Comisión justifica esta separación explicando que el establecimiento del sistema de tarjeta inteligente previsto en un principio para una licencia única resulta demasiado complicado y costoso.

3.2.4.2

El CESE respalda en principio la estructura propuesta por la Comisión. Sin embargo, el hecho de que las cualificaciones certificadas se repartan entre los dos documentos supone cierta imprecisión, en particular por lo que se refiere al conocimiento de las infraestructuras. En este sentido, debería hacerse una distinción clara entre, por una parte, el conocimiento de las disposiciones relativas a la explotación y la seguridad de una infraestructura específica y, por otra, el conocimiento de las líneas y la geografía local. Mientras que el conocimiento de las disposiciones sobre la explotación de una o varias redes de infraestructuras debería quedar atestado en la licencia del maquinista, los conocimientos sobre las líneas y la geografía local, que deben renovarse periódicamente, habían de figurar en el certificado complementario armonizado.

3.2.4.3

Esta estructura doble de la certificación es aceptable para un periodo de transición. No obstante, no se debería perder de vista el objetivo de un documento único en forma de tarjeta inteligente que certifique tanto los conocimientos básicos como los específicos de la empresa.

3.2.5   Acreditación de exámenes y de centros de formación

3.2.5.1

Se ha encargado a la Agencia Ferroviaria Europea que establezca criterios para la acreditación de los examinadores, los exámenes y los centros de formación. El CESE respalda este procedimiento, pero considera que la Directiva es poco clara. No se regula de manera inequívoca qué exámenes deben ser efectuados por un examinador acreditado y qué cualificaciones pueden ser atestadas por la compañía ferroviaria, sin recurrir a un examinador acreditado. Tampoco se fija de manera clara que el examen de los conocimientos sobre el sistema de explotación y de seguridad de una infraestructura específica debe realizarlo un examinador acreditado por el Estado miembro en cuestión.

3.2.6   Cualificaciones técnicas y requisitos médicos y psicológicos

3.2.6.1

En los anexos de la propuesta de Directiva se enumeran los cometidos de los maquinistas, los requisitos de base y las cualificaciones técnicas específicas, así como las condiciones médicas y psicológicas. La propuesta de la Comisión se basa en buena medida en el acuerdo de los interlocutores sociales sobre la creación de una licencia europea para maquinistas.

3.2.6.2

El CESE expresa su satisfacción por el hecho de que la Comisión se haya orientado por las condiciones técnicas, médicas y psicológicas definidas por los interlocutores sociales, pues lo considera una garantía de un alto nivel de cualificación, en beneficio de la seguridad del tráfico. El CESE considera en principio que las cualificaciones y condiciones necesarias para la certificación de los maquinistas deben regularse en la Directiva.

3.2.6.3

Los anexos podrán ser modificados por el Comité de representantes de los Estados miembros, que también es competente para emitir las especificaciones técnicas de interoperabilidad. La Directiva de interoperabilidad establece que se consulte a los interlocutores sociales sobre la cuestión de las cualificaciones y de la protección laboral y de la salud. Lógicamente, dado que los anexos de la Directiva sobre la certificación del personal ferroviario se basan en las definiciones establecidas por los interlocutores sociales, estos deberían participar en el proceso de modificación de los anexos. El CESE insiste en la conveniencia de que se introduzca en la Directiva una disposición en este sentido.

3.2.7   Revisiones periódicas

3.2.7.1

Para conservar la licencia o el certificado complementario armonizado será necesario someterse a un control periódico de determinados conocimientos.

3.2.7.2

En lo tocante a los controles médicos periódicos, la Comisión se ha orientado por el acuerdo de los interlocutores sociales europeos.

3.2.7.3

En este contexto, el CESE señala la necesidad de ofrecer asistencia psicológica tras los accidentes ferroviarios con víctimas (frecuentemente, casos de suicidio en las vías férreas), un aspecto que no se trata en la Directiva (ni en el artículo 14 ni en el correspondiente anexo III).

3.2.7.4

Por lo que se refiere a la renovación periódica de los conocimientos sobre las líneas, la propuesta resulta demasiado imprecisa. Debería especificarse claramente que, cuando un trayecto no se recorre durante un año, los conocimientos certificados sobre dicho trayecto se pierden.

3.2.7.5

La Directiva no incluye disposición alguna para la formación continuada periódica de los maquinistas en materia de conocimientos generales, como sí se hace en el acuerdo de los interlocutores sociales europeos. El CESE recomienda que, de conformidad con dicho acuerdo, se establezca en la Directiva que las aptitudes básicas deberán desarrollarse y actualizarse cada año.

3.2.8   Retirada de la licencia

3.2.8.1

La Directiva exige que, cuando los maquinistas ya no cumplan los requisitos necesarios para el ejercicio de sus funciones, lo comuniquen a las autoridades competentes. Esto equivale a una autodenuncia, y no puede pretenderse que los maquinistas lo hagan. Adoptar una decisión de este tipo corresponde sólo a un médico laboral acreditado, que informará posteriormente a la empresa. Esta, a su vez, deberá informar a las autoridades competentes.

3.2.8.2

La Directiva tampoco determina el procedimiento a seguir para recuperar una licencia que haya sido retirada.

4.   La propuesta de Directiva para la certificación del personal de trenes y el Acuerdo de los interlocutores sociales europeos para la creación de una licencia europea para maquinistas

4.1

El CESE celebra que los interlocutores sociales europeos CER (Comunidad Europea del Ferrocarril) y ETF (Federación Europea de Trabajadores del Transporte) ya hayan tomado la iniciativa de establecer una certificación para los maquinistas que prestan servicios de interoperabilidad transfronteriza.

4.2

El acuerdo presenta la ventaja de garantizar, para los empleados de las compañías que son miembros del CER, un nivel de cualificación elevado antes de tiempo, y no sólo a partir de 2010. Estas empresas no deben verse perjudicadas respecto de las empresas que no se ajustan al acuerdo.

4.3

El CESE opina que es necesario tener plenamente en cuenta el acuerdo firmado por los interlocutores sociales en los sectores que quedarán cubiertos por la Directiva.

4.4

El acuerdo de los interlocutores sociales europeos parte de la base de que los maquinistas afectados están en posesión de una certificación nacional de algún tipo, por lo que no aborda este ámbito. Esto se basa en la larga experiencia de las compañías ferroviarias tradicionales que cooperan entre ellas para la prestación de servicios de transporte.

4.5

La licencia europea para maquinistas creada según el acuerdo de los interlocutores sociales es una certificación complementaria, que atesta conocimientos complementarios que son necesarios para realizar el trabajo en la infraestructura de otro país. Las expiden las empresas y están en su propiedad.

4.6

El certificado complementario armonizado que se propone en la Directiva coincide a grandes rasgos con el sistema de la licencia europea para maquinistas.

4.7

El CESE pide a la Comisión que examine en qué medida la licencia europea para maquinistas emitida según el acuerdo de los interlocutores sociales puede reconocerse, durante un periodo transitorio, como equivalente del certificado complementario armonizado, con el fin de respaldar a las empresas que ya han empezado a tomar medidas para su aplicación. La Directiva debería contener una disposición al respecto.

4.8

El CESE considera que hay un punto que discrimina a las empresas que se han adscrito al acuerdo de los interlocutores sociales respecto de las empresas que expidan sus certificaciones de conformidad con la Directiva. El acuerdo prevé una sesión anual de formación continuada en materia de conocimientos técnicos generales. Esta disposición no ha sido recogida en la propuesta de Directiva, a pesar de que resulta imprescindible para conservar el nivel de cualificación.

5.   Conclusiones

5.1

El CESE acoge positivamente la propuesta de Directiva sobre la certificación del personal ferroviario. Lamenta, sin embargo, que estas medidas sociales se presenten como el último eslabón de una serie de disposiciones legales comunitarias para la liberalización del transporte de mercancías por ferrocarril.

5.2

Los maquinistas y el personal de trenes cumplen importantes funciones de seguridad. Por ello, la certificación de este tipo de personal debe garantizar una alto nivel de cualificación.

5.3

El CESE expresa su preocupación por el prolongado periodo de tiempo que separa la fecha de apertura completa del mercado del transporte ferroviario de mercancías y los plazos fijados para la entrada en vigor de la certificación, y pide a la Comisión que adopte todas las medidas necesarias para acortar este intervalo.

5.4

El CESE, por consiguiente, pide al Consejo y al Parlamento Europeo que retiren del «Tercer paquete» la propuesta de Directiva para la certificación del personal ferroviario y la traten por separado, de modo que se eviten nuevos retrasos. El Parlamento Europeo y el Consejo deberían examinar esta Directiva de manera prioritaria y aprobarla rápidamente.

5.5

En este contexto, convendría tener plenamente en cuenta las observaciones del CESE, incluidas las modificaciones propuestas.

5.6

El CESE acoge favorablemente el Acuerdo de los interlocutores sociales europeos sobre determinados aspectos de las condiciones de prestación de servicio de trabajadores móviles que lleven a cabo servicios de interoperabilidad transfronteriza, pide a la Comisión que lo presente al Consejo para su aprobación y recomienda al Consejo que apruebe la propuesta.

Bruselas, 9 de febrero de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  Directiva 2001/12/CE — DO L 75 de 15.3.2001, p. 1 — Dictamen del CESE — DO C 209 de 22.7.1999, p. 22.

(2)  Directiva 2001/13/CE — DO L 75 de 15.3.2001, p. 26 — Dictamen del CESE — DO C 209 de 22.7.1999, p. 22.

(3)  Directiva 2001/14/CE — DO L 75 de 15.3.2001, p. 29 — Dictamen del CESE — DO C 209 de 22.7.1999, p. 22.

(4)  Directiva 2004/51/CE — DO L 164 de 30.4.2004, p. 164 — Dictamen del CESE — DO C 61 de 14.3.2003, p. 131.

(5)  Directiva 2004/49/CE — DO L 164 de 30.4.2004, p. 44 — Dictamen del CESE — DO C 61 de 14.3.2003, p. 131.

(6)  Reglamento 2004/881/CE — DO L 164 de 30.4.2004, p. 1 — Dictamen del CESE — DO C 61 de 14.3.2003, p. 131.

(7)  Directiva 2004/50/CE — DO L 164 de 30.4.2004, p. 114 — Dictamen del CESE — DO C 61 de 14.3.2003, p. 131.

(8)  DO C 61 de 14.3.2003, p. 131.

(9)  No obstante, conviene subrayar que el cambio de maquinista y personal en la frontera sólo lleva unos minutos (por ejemplo, ocho minutos en Brennero). Por lo que se refiere al tráfico de mercancías, las paradas en la frontera están justificadas en mayor medida por otros factores, como los controles de documentos, vagones, etc.

(10)  Por ejemplo: en Austria, Dinamarca, Países Bajos, Alemania y Noruega.


ANEXO

al Dictamen del Comité Económico y Social Europeo (de conformidad con el apartado 3 del artículo 54 del Reglamento Interno)

La siguiente propuesta de enmienda, que obtuvo el respaldo de más de un cuarto de los votos emitidos, fue rechazada en el curso del debate.

Punto 3.2.3.3

Suprímase el punto.

Exposición de motivos

La propuesta de Directiva prevé la concesión de una certificación en dos fases:

el establecimiento de una licencia europea para maquinistas, reconocida en toda Europa

la expedición de un certificado complementario armonizado que acredita las competencias específicas de la empresa y las cualificaciones propias de cada infraestructura.

La Directiva prevé igualmente disposiciones sobre la modificación y renovación de la licencia de los maquinistas y del certificado complementario armonizado, así como un control periódico del cumplimiento de los requisitos mínimos.

El objetivo del certificado complementario armonizado es verificar la aptitud de los maquinistas y su conocimiento de las líneas en cuestión.

Así pues, no se comprende cómo se justifica la exigencia un período de prueba de tres años para el tráfico internacional: según se desprende de la redacción actual de este punto, tal período se añadiría a los dos años que se establecerían, en el caso del tráfico nacional, para pasar de la categoría de conductor de locomotora de maniobras a la de conductor de línea (transporte de pasajeros o de mercancías).

Esta exigencia, que supondría un período de prueba de cinco años, menoscabaría la importancia del certificado complementario armonizado y sería contraria a la voluntad de favorecer la interoperabilidad transfronteriza. El resultado sería bloquear el desarrollo y la mejora de las relaciones transfronterizas a través del ferrocarril.

Por último, tampoco se entiende por qué habría exigencias distintas según que el tren circule por la red nacional o por la red internacional, puesto que el certificado complementario armonizado ya garantiza las competencias y el conocimiento de la red.

Por estas razones, el punto 3.2.3.3 no está debidamente fundamentado y debería ser suprimido.

Resultado de la votación

Votos a favor: 59

Votos en contra: 100

Abstenciones: 11


8.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 221/71


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la aplicación de un sistema de preferencias arancelarias generalizadas»

COM(2004) 699 final — ref. 2004/0242 (CNS)

(2005/C 221/15)

El 10 de noviembre de 2004, de conformidad con el artículo 262 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Relaciones Exteriores, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 12 de enero de 2005 (ponente: Sr. PEZZINI).

En su 414o Pleno de los días 9 y 10 de febrero de 2005 (sesión del 9 de febrero de 2005) el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 132 votos a favor, 1 en contra y 3 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Introducción

1.1

El Reglamento (CE) no 2501/2001 del Consejo, de 10 de diciembre de 2001 (1), relativo a la aplicación de un sistema plurianual de preferencias arancelarias generalizadas (SPG), expirará el 31 de diciembre de 2005. En julio de 2004, la Comisión aprobó las directrices (2) relativas a la función del SPG durante el próximo período de diez años, desde el 1 de enero de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2015. Recientemente ha publicado su propuesta (3) para el correspondiente reglamento de aplicación.

1.1.1

En 1994, las directrices anteriores (4) para el período de diez años 1994-2005 y su reglamento de aplicación introdujeron varios cambios importantes, como la modulación arancelaria según la sensibilidad del producto, la graduación y los regímenes especiales de estímulo. En 2001 se introdujo una disposición especial para los países menos desarrollados (PMD), «Everything but Arms» (EBA) (todo menos armas), para un período ilimitado de tiempo. La experiencia ha mostrado que algunas de estas medidas funcionan bien en la práctica y deberían mantenerse, mientras que otras precisan algún ajuste habida cuenta de la experiencia adquirida.

1.1.2

La Comunidad ha concedido preferencias comerciales a los países en vías de desarrollo dentro del marco de su SPG desde 1971. La política comercial desempeña un papel clave en las relaciones de la UE con el resto del mundo. El sistema SPG forma parte de esa política y debe ser coherente con la política de desarrollo y consolidar sus objetivos. A tal fin, debe cumplir con los requisitos de la OMC y, en especial, con la cláusula de habilitación del GATT de 1979. Debe también ser compatible con la Agenda para el Desarrollo de Doha. Una prioridad clave es ayudar a los países en vías de desarrollo a que se beneficien de la globalización, en especial vinculando el comercio al desarrollo sostenible. En este contexto, se considera que el desarrollo sostenible abarca una gran variedad de aspectos, como el respeto de los derechos fundamentales y laborales del ser humano, la buena gobernanza y la protección del medio ambiente. Además, la lucha contra la droga es una responsabilidad compartida por todos los países.

1.2

La Comisión ha realizado muchas consultas sobre sus directrices para el próximo período de diez años desde que se publicaron. Sin embargo, a causa de las estadísticas especiales necesarias, se han llevado a cabo evaluaciones de impacto desde un punto de vista interno. La Comisión llevará a cabo una evaluación del impacto en las regiones más periféricas de la UE una vez que el Reglamento haya entrado en vigor.

1.3

No se prevé que los cambios presentados en la propuesta impliquen un cambio significativo en la pérdida anual de ingresos arancelarios con respecto a la situación actual.

2.   La propuesta de la Comisión

2.1

La propuesta constituye una simplificación del actual sistema dado que reduce el número de regímenes de cinco a tres; esto se ha logrado con la introducción de un régimen único de incentivos para reemplazar a los tres de incentivos especiales actualmente en vigor para la protección de los derechos laborales, la protección del medio ambiente y la lucha contra la producción y el tráfico de drogas. Así pues, el sistema propuesto consiste en:

Un régimen general;

Un régimen especial de estímulo (REE) del desarrollo sostenible; y

Un régimen especial (EBA) para los países menos desarrollados.

2.2

Otra simplificación se podría lograr retirando de la lista de beneficiarios a los países que disfrutan actualmente de un acceso preferente al mercado comunitario en virtud de acuerdos bilaterales, regionales u otros acuerdos de libre cambio (ALC). La Comunidad procurará no perjudicar a ningún país como consecuencia de este cambio, ya que en el ALC se mantendrán las ventajas que otorgaba el SPG a cada producto incluido en el mismo.

2.3

Las preferencias seguirán variando según la sensibilidad de los productos. Seguirán siendo nulos los derechos del Arancel Aduanero Común (AAC) para productos considerados como no sensibles, a excepción de los artículos agrarios, y se mantendrá la actual reducción global de 3,5 puntos porcentuales para los productos sensibles.

2.4

El régimen general quedará abierto a todos los países excepto a los que hayan sido clasificados por el Banco Mundial durante un período de tres años consecutivos como países con ingresos elevados y en que las cinco secciones más significativas de sus exportaciones a la Comunidad acogidas al SPG representen menos del 75 % del total de sus exportaciones a la Comunidad acogidas al SPG. A estos países que actualmente son beneficiarios del sistema SPG se les retiraría del mismo al entrar en vigor el Reglamento propuesto. Los países beneficiarios que estén acogidos a un acuerdo comercial con la Comunidad que abarque al menos todas las preferencias establecidas para ellos en el sistema actual quedarán también excluidos de la lista de países beneficiarios.

2.5

El régimen especial de estímulo del desarrollo sostenible se ha concebido para los países en vías de desarrollo con mayores necesidades. Las preferencias adicionales se concederán inmediatamente (tras presentación de la correspondiente solicitud) a los países en vías de desarrollo que hayan ratificado y aplicado efectivamente los dieciséis convenios básicos sobre derechos humanos y laborales que figuran en el anexo I y al menos siete de los convenios relativos a la buena gobernanza y la protección del medio ambiente que figuran en el anexo II. Al mismo tiempo, se pedirá a los países beneficiarios que se comprometan a ratificar y aplicar efectivamente los convenios internacionales que todavía no hayan ratificado. Se fijará el 31 de diciembre de 2008 como fecha límite para la realización de este proceso.

2.5.1

Los convenios elegidos son los que tienen mecanismos que pueden ser utilizados por las organizaciones internacionales competentes para evaluar regularmente la manera en que se han puesto en práctica. La Comisión tendrá en cuenta estas evaluaciones antes de decidir qué países solicitantes podrán seleccionarse como beneficiarios del REE. Sobre la base de las solicitudes de los países en vías de desarrollo, la Comisión presentará posteriormente una lista de los beneficiarios de este régimen.

2.5.2

Los países que deseen ser beneficiarios del REE deberán presentar una solicitud al respecto dentro de los tres meses siguientes a la fecha de publicación del Reglamento.

2.5.3

Otro requisito es que los países solicitantes deberán ser países vulnerables. En este sentido, se considerará que un país es vulnerable cuando el Banco Mundial no lo haya clasificado como país con ingresos elevados o sus exportaciones a la Comunidad acogidas al SPG representen menos del 1 % del total de las exportaciones a la Comunidad acogidas al SPG.

2.6

La propuesta incluye medidas para reducir el impacto que en una nación beneficiaria tendría su retirada de la lista de países menos desarrollados por parte de las Naciones Unidas. En este caso, se establecería un período de transición para la retirada gradual de ese país del régimen EBA. Actualmente, un país así retirado perdería automática e inmediatamente todas las ventajas del SPG de que haya disfrutado como perteneciente al grupo de países menos desarrollados. El nuevo mecanismo permite que este proceso tenga lugar durante un período transitorio.

2.7

El mecanismo de graduación se ha mantenido pero se ha modificado para que su funcionamiento sea más sencillo. Como se hace actualmente, la graduación se aplicará a determinados grupos de productos de países que, siendo competitivos en el mercado comunitario, ya no necesiten el SPG para impulsar sus exportaciones, pero los criterios actuales (participación en las importaciones preferenciales, grado de desarrollo y grado de especialización de las exportaciones) se sustituyen por un criterio único y simple: la cuota del mercado comunitario, expresada por la cuota de las importaciones preferenciales. Los grupos de productos se definen mediante la referencia a las «secciones» de la Nomenclatura Combinada. Como la graduación sólo se aplica a los países que son competitivos para todos los productos de una sección, no se aplicará a los pequeños países beneficiarios sólo por unos pocos productos competitivos de una sección.

2.7.1

La graduación se aplicará a un país beneficiario, por lo que se refiere a los productos de una sección, cuando, durante tres años consecutivos, la media de las importaciones en la Comunidad procedentes de ese país de productos incluidos en la sección afectada exceda un 15 % de las importaciones en la Comunidad de los mismos productos procedentes de todos los países. Para ciertos productos textiles, el umbral se reduce al 12,5 %.

2.8

Los derechos se suspenderán totalmente en caso de que la aplicación del Reglamento dé lugar a derechos ad valorem iguales o inferiores al 1 % o a derechos específicos iguales o inferiores a 2 euros.

2.9

La propuesta incluye disposiciones para la retirada temporal de los regímenes preferenciales de todos o algunos productos de un país en determinadas circunstancias específicas. Esto no representa una pérdida significativa del statu quo. La Comisión ha indicado que estas disposiciones se utilizarán solamente en circunstancias excepcionales.

2.9.1

Cuando un producto originario de un país beneficiario se importe en condiciones tales que se cause o pueda causarse un perjuicio grave a los productores comunitarios de productos similares o directamente competidores, podrán restablecerse en cualquier momento los derechos normales del AAC para ese producto a petición de un Estado miembro o por iniciativa de la Comisión.

2.10

Para la aplicación del Reglamento propuesto la Comisión estará asistida por un Comité de preferencias generalizadas integrado por representantes de los Estados miembros y presidido por la Comisión. El Comité recibirá informes de la Comisión sobre el funcionamiento del sistema y podrá examinar cualquier asunto relacionado con el mismo pero, en especial, participará en la resolución de cuestiones como la elegibilidad de un país que solicite acceder al REE para el desarrollo sostenible, la retirada temporal de beneficios, el restablecimiento de los derechos del AAC en caso de que surjan dificultades para algún productor comunitario y el establecimiento de períodos transitorios en caso de supresión de los beneficios EBA a los países retirados de la lista de PMD de las Naciones Unidas.

3.   Observaciones generales

3.1

El SPG es un elemento importante de la política de comercio exterior de la UE que tiene repercusiones de gran envergadura; ejerce una considerable influencia en la actividad de los países en desarrollo, afecta al presupuesto de la UE, influye en las relaciones con los socios comerciales de la UE en organizaciones como la OMC y tiene consecuencias significativas en la industria europea, particularmente en la industria de manufacturación. Es uno de los pocos asuntos que se gestiona a nivel europeo de una manera más federal que no federal; la Comisión tiene competencias exclusivas en este ámbito. La globalización ha aumentado la importancia del SPG; la UE ha utilizado este sistema para ayudar a los países en vías de desarrollo a beneficiarse del proceso de globalización. Al mismo tiempo, ha permitido que la UE promueva la práctica del desarrollo sostenible ofreciendo condiciones preferenciales de acceso al mercado europeo a los países que respetan los principios fundamentales de los derechos humanos.

3.2

Cuando la Comisión publicó las directrices (5) que constituyen la base de la actual propuesta, el CESE emitió un dictamen (6) con observaciones detalladas sobre las cuestiones planteadas. En ese dictamen señaló que la simplificación del sistema debía ser un objetivo primordial. Por lo tanto, acoge con satisfacción las medidas contenidas en la propuesta de la Comisión dirigidas a la simplificación de la estructura del sistema. En especial, considera que la reducción del número de regímenes de cinco a tres facilitará considerablemente la obtención de este objetivo.

3.3

El CESE también pidió que se redujera el número de naciones participantes (7) y propuso, entre otras cosas, la exclusión de los países que actualmente disfrutan de un acceso preferencial a la Comunidad en virtud de un ALC, con la salvaguardia de que las preferencias de las que se beneficien con el sistema actual de SPG deben incluirse en el acuerdo bilateral correspondiente. Al Comité le complace observar que se ha adoptado esta recomendación.

3.4

El CESE expresó la preocupación (7) de que la mayor parte de la ayuda comunitaria iba a los países beneficiarios más ricos y no a los más necesitados. Acoge pues con satisfacción el hecho de que la Comisión haya abordado este problema pero se pregunta si la propuesta ahonda suficientemente en este sentido.

3.5

El CESE recomendó (7) que se mantuviera el mecanismo de graduación, pero simplificándolo y haciéndolo más transparente. Aprueba las propuestas de la Comisión en este ámbito y considera que lograrán avances significativos en ambos aspectos. En especial, la substitución por un criterio único y claro de los múltiples criterios existentes permitirá simplificar el proceso y aumentar su transparencia.

3.6

El CESE exhortó (7) a que se aprovechara esta oportunidad para armonizar, unificar y modernizar todas las normas y procedimientos del sistema SPG. Considera que la actual propuesta va en gran medida en pos de este objetivo.

3.7

El CESE pidió (7) que con la propuesta de la Comisión se publicara una evaluación de impacto detallada. Expresa su decepción por su ausencia y señala que llevar a cabo una evaluación de impacto en las regiones exteriores de la UE a posteriori constituye un ejercicio insustancial a menos que se pretenda modificar el sistema a raíz de la misma, lo que contraviene el requisito de que los reglamentos deben ser estables en el tiempo. Un contexto así de incertidumbre puede menoscabar el funcionamiento correcto del sistema SPG.

3.8

El CESE aprueba el principio de incorporar en la definición de «desarrollo sostenible» el respeto de los derechos humanos, la protección de los derechos laborales, la protección del medio ambiente, la buena gobernanza y la lucha contra la producción y el tráfico de drogas.

3.9

El CESE señaló (7) que los regímenes especiales de estímulo existentes han sido totalmente ineficaces para alcanzar sus objetivos principales. Únicamente dos países han sido merecedores del régimen especial de estímulo para la protección de los derechos laborales y ninguno del incentivo especial para la protección del medio ambiente; al mismo tiempo, doce naciones se han beneficiado del régimen especial para combatir la producción y el tráfico de drogas, pero sin ningún efecto perceptible en la práctica de estas actividades.

3.9.1

El CESE considera improbable que la nueva propuesta, aunque introduce una medida favorable a la simplificación del proceso, sea más eficaz. No se ha aumentado la magnitud del estímulo y no hay ninguna razón para suponer que los nuevos regímenes inducirán en mayor medida a los países beneficiarios a que adopten los principios y la práctica del desarrollo sostenible. Ante la exigencia de tener que suscribir veintisiete convenios internacionales pueden muy bien decantarse por seguir con sus propios preceptos y renunciar a las ventajas que se les ofrecen.

3.9.2

Dada la dificultad de ofrecer un estímulo atractivo en un contexto de disminución constante de las barreras arancelarias, podría considerarse la posibilidad de vincular la aplicación de estos convenios a la concesión de ayudas al desarrollo.

3.10

El CESE observa que todos los convenios que deben suscribir los países solicitantes son los que tienen mecanismos que las «organizaciones internacionales competentes» pueden utilizar regularmente para evaluar la manera en que han sido realmente aplicados. El CESE considera que los interlocutores sociales deberían participar en esta evaluación.

3.11

El CESE observa que las condiciones para la retirada temporal de los beneficios cambian poco respecto de las del régimen actual. Dado que sólo se han invocado en el caso de un país (Myanmar), que representa un ejemplo extremo de burla de los convenios internacionales, cabe poner en entredicho su utilidad para promover el desarrollo sostenible. Una sanción que se aplica únicamente en circunstancias tan especiales no puede tener un gran efecto disuasivo. El CESE habría preferido una aplicación más amplia de este mecanismo a fin de potenciar el REE para promover el desarrollo sostenible, que teme caiga en desuso.

3.12

El CESE se pregunta si el nuevo sistema ofrece realmente elementos de disuasión más eficaces contra el fraude que el anterior. Habría preferido un planteamiento más dinámico de este problema. En especial, habría celebrado la creación de mecanismos de colaboración más estrecha entre los órganos de la UE y sus homólogos en los países beneficiarios. Es difícil no llegar a la conclusión de que, en este ámbito, la Comisión ha adoptado una política de festina lente.

3.13

El CESE acoge con satisfacción el hecho de que la Comisión haya realizado un amplio trabajo de consulta, tanto en la UE como en los países beneficiarios, antes de formular esta propuesta.

3.14

El CESE observa que la Comisión continuará contando con la asistencia, para la administración del sistema SPG, de un Comité de preferencias generalizadas, que actuará en el marco del procedimiento del «Comité de Reglamentación».

4.   Observaciones específicas

4.1

El CESE observa que los países que deben excluirse del régimen general se limitarán a los que hayan sido clasificados por el Banco Mundial como países con ingresos elevados y sus exportaciones no sean suficientemente diversificadas. Considera que el número de países que satisfagan estos criterios será limitado. En su día propuso (7) que las nuevas directrices excluyan, entre otros, a los países con programas de armamento nuclear y a los que funcionan como paraísos fiscales. Lamenta que muchos de estos países, al parecer, siguen siendo elegibles para su inclusión en la lista de beneficiarios.

4.2

Uno de los criterios para la inclusión en el REE que promueve el desarrollo sostenible es que debe tratarse de un «país vulnerable». El apartado 2 del artículo 9 establece que un país se considera vulnerable cuando no se ha excluido del régimen general con arreglo a las condiciones que figuran en el punto 4.1. que precede o cuyas exportaciones a la Comunidad acogidas al SPG representen menos del 1 % del total de las exportaciones a la Comunidad acogidas al SPG. El CESE considera que este artículo debe reformularse para sustituir la palabra «o» por «y»; de lo contrario, el artículo tendrá un efecto que no es seguramente el que se había previsto.

4.3

El CESE señaló (7) que, con el sistema existente, el punto de graduación está demasiado alejado del período de referencia. Por lo tanto, acoge con satisfacción el hecho de que, en el futuro, la graduación tenga lugar en el año que sigue al tercer año consecutivo que constituye el período de referencia para cualquier país y sector.

4.4

El CESE apoya la propuesta de la Comisión Europea de mantener la acumulación regional, en el sentido del Reglamento (CEE) no 2454/93, cuando un producto utilizado en un proceso de fabricación en un país que pertenece a un grupo regional procede de otro país de este grupo que no se beneficia de los regímenes que se aplican al producto final, a condición de que ambos países se beneficien de la acumulación regional para ese grupo. Señala que, en el pasado, estas disposiciones han dado origen a un considerable número de maniobras fraudulentas.

4.5

El CESE reitera su opinión (7) de que las normas de origen preferenciales deberían simplificarse, y reducirse en consecuencia los correspondientes trámites para los importadores de la UE, alineándolas con las normas actuales de origen sobre importaciones no preferenciales.

4.6

El CESE reitera su llamamiento (8) al diálogo entre la UE y los PMD a fin de mejorar las normas de aplicación para los regímenes especiales para los PMD en ciertos casos específicos, especialmente adaptando el período transitorio.

4.7

El CESE acoge con satisfacción la propuesta de eliminar los derechos cuando el trato preferente dé lugar a derechos ad valorem iguales o inferiores al 1 % o a derechos específicos iguales o inferiores a 2 euros. Considera que esto constituirá una medida apreciable de simplificación.

4.8

El CESE observa que la retirada temporal de beneficios se limita a un período de tres meses, renovable una vez más. La Comisión puede ampliar este período en virtud de los artículos 3 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, como ya se ha hecho en el caso de Myanmar. El CESE habría preferido una disposición por la que la retirada temporal de beneficios, una vez aplicada, se mantuviera hasta que el país de que se trate haya eliminado la causa de la retirada poniendo remedio a la contravención de los convenios internacionales que hubiera dado lugar a la retirada inicial.

4.9

El CESE considera que la exigencia a los países o territorios que deseen beneficiarse del REE para el desarrollo sostenible de presentar una solicitud a tal efecto en un plazo de tres meses desde la fecha de entrada en vigor del Reglamento es un tanto onerosa y probablemente resulte contraproducente porque limita el grado de captación. Podría muy bien darse el caso de que en ese momento algunos países no cumplan los criterios exigidos y, por lo tanto, consideren que no tiene sentido presentar una solicitud. Tras la expiración del plazo de tres meses, esos países no tendrían ningún incentivo para ratificar y aplicar efectivamente los convenios internacionales que figuran en los anexos 1 y 2. El CESE considera que es preferible dejar la puerta abierta a la admisión de estos países en una fecha posterior a condición de que entonces cumplan los criterios correspondientes.

4.10

El CESE destacó (7) que el SPG constituye un elemento de la política comercial de la UE y que, como tal, debe ser compatible con los demás elementos de dicha política. Para lograr una política comercial coherente es esencial que participen en el proceso otras Direcciones Generales de la Comisión. En especial, debería haber una cooperación estrecha, continua y efectiva entre las Direcciones Generales de Comercio y Empresa.

4.11

El CESE considera conveniente que, en caso de perturbación grave de los mercados en lo que se refiere a los productos contemplados en el anexo I del Tratado, la aplicación de la cláusula de salvaguardia pueda también hacerse a petición de un Estado miembro a la Comisión, que entonces procedería a consultar al Comité de gestión pertinente.

4.12

De acuerdo con la propuesta de la Comisión, en el SPG debería integrarse la disposición especial para los países menos desarrollados (PMD), mientras que las otras disposiciones (incluidas las relativas al azúcar) deben incorporarse en virtud del Reglamento 416/2001. Están justificados los temores de los PMD de que, tras una reforma del régimen comunitario del azúcar, con una reducción masiva de los precios a raíz de la plena apertura del mercado de la UE (prevista a partir del 1 de julio de 2009 para dichos países), las desventajas para ellos serán muy superiores a las ventajas. A este respecto el Comité se remite a su Dictamen, de 15 de diciembre de 2004 (9), sobre la propuesta de reforma de la OCM del azúcar. En él se pide a la Comisión que, en respuesta al deseo expresado por los PMD, negocie cuotas de importación preferenciales del azúcar para el período posterior a 2009, con verificaciones periódicas que tengan en cuenta la relación entre la reforma del sistema del mercado comunitario del azúcar y los objetivos de desarrollo de los países menos desarrollados (PMD). El CESE se pronuncia a favor de la prohibición de los denominados acuerdos SWAP (comercio triangular).

4.13

En términos generales, el CESE estima que, para los productos considerados, la aplicación del apartado 1 del artículo 12 debería definirse claramente en el marco de las organizaciones comunes de mercado correspondientes.

5.   Conclusiones

5.1

El CESE considera que el actual sistema debe simplificarse y hacerse más transparente y que debe aprovecharse esta oportunidad para armonizar, unificar y modernizar todas las normas y procedimientos del SPG. Considera que el sistema propuesto constituye una mejora material al respecto y en este sentido aprueba las propuestas de la Comisión.

5.2

El CESE aprueba el hecho de que el número de países beneficiarios se reducirá pero teme que la reducción pueda ser insuficiente.

5.2.1

El CESE considera que el sistema de preferencias generalizadas debería reservarse para los países menos desarrollados y los países más desfavorecidos a fin de que puedan ser los principales beneficiarios de su nuevo régimen. Por ello convendría reducir al 10 % el límite máximo de graduación para los productos textiles y de confección (10).

5.3

El CESE considera que el nuevo REE para promover el desarrollo sostenible tendrá poco más impacto en el comportamiento de las naciones beneficiarias que el actual.

5.4

El CESE lamenta que el problema del fraude en el sistema actual no parece abordarse de manera eficaz y considera que se podía haber hecho más a este respecto.

5.5

El CESE expresa su decepción por el hecho de que las evaluaciones de impacto detalladas de esta propuesta no se han publicado o, al parecer, en algunos casos, no se han llevado a cabo.

Bruselas, 9 de febrero de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  DO L 346 de 31.12.2001.

(2)  COM (2004) 461 final.

(3)  COM (2004) 699 final.

(4)  COM (1994) 212 final.

(5)  Op. cit.

(6)  Dictamen del CESE de 25.2.2004 — DO C 110 de 30.4.2004.

(7)  Ibídem.

(8)  CESE 1646/2004 — «Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo — Implantación de un modelo de agricultura sostenible en Europa a través de la PAC reformada — La reforma del sector del azúcar» — COM(2004) 499 final.

(9)  CESE 1646/2004 — «Comisión de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo — Implantación de un modelo de agricultura sostenible en Europa a través de la PAC reformada — la reforma del sector del azúcar» — COM(2004) 499 final.

(10)  Artículo 13 de la propuesta de Reglamento del Consejo (COM(2004) 699 final).


ANEXO I

Principales convenios de las Naciones Unidas y la OIT referentes a los derechos humanos y laborales fundamentales

1.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

2.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

3.

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial

4.

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer

5.

Convenio para la prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes

6.

Convención sobre los Derechos del Niño

7.

Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio

8.

Edad mínima de admisión al empleo (no 138)

9.

Prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación (no 182)

10.

Convenio sobre la abolición del trabajo forzoso (no 105)

11.

Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio (no 29)

12.

Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor (no 100)

13.

Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación (no 111)

14.

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación (no 87)

15.

Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva (no 98).

16.

Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid.


ANEXO II

Convenios referentes al medio ambiente y los principios de gobernanza

17.

Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono

18.

Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los desechos peligrosos y su eliminación

19.

Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes

20.

Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres

21.

Convenio sobre la Diversidad Biológica

22.

Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología

23.

Protocolo de Kioto de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático

24.

Convención única de las Naciones Unidas sobre estupefacientes (1961)

25.

Convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas (1971)

26.

Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas (1988)

27.

Convención de México de las Naciones Unidas contra la corrupción.


8.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 221/77


Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la «Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un proceso monitorio europeo»

(COM(2004) 173 final/3 — 2004/0055 (COD))

(2005/C 221/16)

El 6 de abril de 2004, de conformidad con el artículo 95 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Mesa del Comité Económico y Social Europeo decidió encargar a la Sección Especializada de Mercado Único, Producción y Consumo la preparación de los trabajos en este asunto.

Dada la urgencia de los trabajos, el Comité Económico y Social Europeo, en su 414o Pleno de los días 9 y 10 de febrero de 2005 (sesión del 9 de febrero), ha nombrado ponente general al Sr. PEGADO LIZ y ha aprobado por 73 votos a favor y 2 abstenciones el presente Dictamen.

1.   Objeto de la Propuesta

1.1.

Con la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un proceso monitorio europeo (1), la Comisión da curso a una serie de iniciativas con miras a la gradual realización y desarrollo de un espacio de libertad, seguridad y justicia, eliminando los obstáculos al buen funcionamiento de los procedimientos civiles en un espacio judicial europeo, como definió en su Plan de acción aprobado por el Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de 3 de diciembre de 1998 (2).

1.2.

Esta Propuesta cumple uno de los objetivos centrales del Libro Verde de 20 de diciembre de 2002 (3), y el otro objetivo de creación de un procedimiento europeo para simplificar y acelerar los litigios de pequeña cuantía está siendo objeto de tratamiento separado por parte de la Comisión.

1.3.

En lo que se refiere a la creación de un proceso monitorio europeo, la Comisión, tras haber tenido en cuenta los comentarios y recomendaciones que sobre el citado Libro Verde emitieron el Parlamento Europeo y este Comité Económico y Social, presenta ahora un proyecto de Reglamento con el objetivo de establecer un proceso monitorio único en todo el espacio de la Unión Europea.

1.4.

Su justificación para esta iniciativa está basada en las diferencias de legislación procesal civil de los Estados miembros, en los altos costes resultantes de esta circunstancia y en los retrasos ocasionados por los litigios transfronterizos, que asumen proporciones exageradas, en especial en los procesos de cobro de créditos no impugnados.

1.5.

La Comisión ha querido ampliar la aplicación del proceso monitorio único a los litigios internos, por razones de igualdad entre los sujetos de Derecho y de no distorsión de la competencia entre los operadores económicos, siguiendo en esta orientación el Dictamen del CESE sobre el Libro Verde, aunque garantizando su compatibilidad con los principios de proporcionalidad y subsidiariedad.

1.6.

El carácter facultativo del proceso monitorio queda bien enunciado en los artículos, siguiendo, aquí también, la opinión expresada por el CESE, según la cual el acreedor podrá optar por otro procedimiento, más formal, establecido en el Derecho nacional.

1.7.

En la formulación de los mecanismos procesales contemplados, la Comisión se ha orientado por los siguientes principios fundamentales:

a)

máxima simplicidad del proceso, con la utilización de formularios normalizados;

b)

no apreciación del fundamento;

c)

ausencia de necesidad de presentación de una prueba;

d)

garantías suficientes de defensa del deudor;

e)

ausencia de recursos;

f)

fuerza ejecutiva;

g)

no obligatoriedad de representación por un abogado.

1.8.

La Comisión garantiza asimismo la información recíproca de los órganos jurisdiccionales competentes para la expedición del requerimiento europeo de pago en los distintos Estados miembros, información que se actualizará periódicamente.

1.9.

El Comité se congratula de que el Reino Unido e Irlanda estén considerando la posibilidad de adherirse a esta iniciativa, a semejanza de lo sucedido en iniciativas similares; por contra, el Comité habría valorado que, para un mejor funcionamiento del sistema ahora propuesto, Dinamarca no se excluyese totalmente de la aplicación del Reglamento y espera que, en el futuro, se superen las limitaciones que dificultan su plena adhesión a un espacio judicial único europeo.

1.10.

El ámbito de aplicación territorial de la propuesta podrá ocasionar dificultades en el momento de su aplicación. Para evitarlas, deberían tomarse en consideración las especificidades de determinados territorios reflejadas en el artículo 299 del Tratado CE y las responsabilidades que algunos Estados miembros asumirán al respecto. En este sentido, es necesario precisar que, con independencia del ejercicio concreto del proceso monitorio, la designación de los respectivos organismos competentes deberá efectuarla la autoridad nacional que asuma la responsabilidad externa del Estado, avalando, por lo tanto, la legitimidad de dichos organismos.

2.   Antecedentes e iniciativas paralelas

2.1.

Hace ya mucho tiempo que se venía reflejando la preocupación por la uniformización y simplificación procesal civil como medio para garantizar la aplicación rápida y eficaz de la justicia en distintos documentos de las instituciones comunitarias, desde el Parlamento Europeo (4) a este Comité Económico y Social (5).

2.2.

También la Comisión, haciéndose eco de estas preocupaciones, generalmente transmitidas por los operadores económicos, profesionales y por los consumidores, hace tiempo que venía reflexionando sobre las mejores vías a seguir, resultando especialmente interesantes los progresos realizados en el ámbito pionero del Derecho de los consumidores (6).

2.3.

Pero fue claramente con el «Libro Verde sobre el proceso monitorio europeo y las medidas para simplificar y acelerar los litigios de escasa cuantía» cuando se planteó esta cuestión en términos de una posible iniciativa legislativa.

2.4.

Esta iniciativa se inscribe, sin embargo, en un conjunto de medidas de especial relevancia que se han venido tomando sucesivamente a nivel de la cooperación judicial en materia civil a lo largo de los últimos años (7).

2.5.

Cabe destacar, en particular, el Reglamento CE/805/2004, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un Título Ejecutivo Europeo para créditos no impugnados (8), texto que, además, no puede dejar de estar presente en la evaluación que se haga de la actual Propuesta de la Comisión, en la medida en que ambos constituyen dos caras de una misma moneda: la necesidad de simplificar y hacer eficaz la aplicación de la justicia civil en un espacio judicial único.

3.   Instrumento legal y fundamento jurídico

3.1.

De manera similar a las iniciativas adoptadas en este ámbito, la Comisión ha decidido proponer la utilización de un Reglamento y ha fundamentado su propuesta en la letra c) del artículo 61 y en el artículo 65 del Tratado.

3.2.

En su Dictamen, el CESE se había pronunciado abierta y frontalmente a favor de la adopción de un Reglamento, por lo que no puede dejar de apoyar la opción escogida por la Comisión.

3.3.

También considera el CESE que el fundamento jurídico es plenamente correcto, y corresponde a una interpretación no meramente formalista de los preceptos legales citados, única conforme al objetivo de la creación de un espacio judicial único en la UE.

4.   Observaciones generales

4.1.

El CESE acoge favorablemente la presentación de la propuesta de Reglamento, que, como ya ha mencionado, incluye la mayoría de las observaciones efectuadas por este Comité en su Dictamen sobre el «Libro Verde sobre el proceso monitorio europeo y las medidas para simplificar y acelerar los litigios de escasa cuantía» e intenta acertadamente dar cumplimiento al derecho consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.

4.2.

El CESE exhorta a la Comisión a que considere la posibilidad de hacer extensiva esta propuesta de Reglamento al Espacio Económico Europeo.

4.3.

La necesidad de crear un procedimiento europeo para el cobro rápido de créditos no impugnados está bien documentada en las respuestas de los distintos Estados miembros al citado Libro Verde, así como la preocupación por garantizar a los presuntos deudores los derechos de defensa adecuados.

4.3.1.

El CESE entiende, sin embargo, que la propuesta de la Comisión saldría ganando si fuese debidamente documentada con elementos estadísticos relativos a la previsión de los casos de litigios, ya sean transfronterizos o nacionales, que serán objeto del nuevo instrumento ahora propuesto, así como con un análisis de los costes/beneficios que supondrá su aplicación, lo que se omite en la exposición de motivos de la propuesta de la Comisión.

4.4.

En su dictamen sobre el Libro Verde, el CESE señala, en particular que «la concepción de un proceso europeo de escasa cuantía dependerá sobre todo de que se encuentren las medidas apropiadas para acelerar los pleitos por demandas de escasa cuantía, sin poner en entredicho al mismo tiempo las garantías legales de las partes».

4.5.

No obstante, el CESE considera que la propuesta de Reglamento, aunque debe ser objeto de una revisión atenta y cuidadosa para adecuarla mejor a sus objetivos, contempla de manera equilibrada estas dos necesidades: rapidez en el cobro y garantía de los derechos de defensa.

4.6.

A pesar de eso, el CESE señala que es importante tener en cuenta que el requerimiento de pago no puede ser una forma de encubrir procedimientos menos correctos por parte de determinadas empresas, en particular, como forma de presión o de cobro de créditos sin respetar las normas de protección de los consumidores; del mismo modo, es importante garantizar que, con el modelo adoptado, no se propicien situaciones de colusión entre empresas situadas en Estados miembros diferentes que, simulando requerimientos de pago no impugnados, realicen transferencias pecuniarias de dudoso origen o incluso delictivas, utilizando un medio legal para el blanqueo de dinero.

4.7.

El CESE alerta, por otra parte, sobre el hecho de que un número significativo de procedimientos de cobro que colapsan los tribunales, eventualmente incluso no impugnados, puedan estar relacionados con la publicidad agresiva o engañosa que fomenta sus productos convenciendo al consumidor de que su compra y su uso o consumo no conllevan mayores gastos o, si lo hacen, no son relevantes para los presupuestos familiares.

4.8.

Por ese motivo, el CESE considera que la propuesta de Reglamento tan sólo representa un aspecto de un problema más amplio y complejo. Así, insta una vez más a la Comisión a que presente una propuesta legislativa que defina la responsabilidad de los proveedores, en la medida en que puedan contribuir con ciertos comportamientos menos leales al endeudamiento excesivo de las familias (9).

4.9.

La Comisión considera que el proceso monitorio europeo ahora propuesto podrá coexistir con otros procedimientos de idéntica naturaleza y objetivo, incluidos en los Derechos nacionales de los Estados miembros.

4.9.1.

No obstante, el CESE considera que sólo deberá existir un proceso monitorio: el que está previsto y regulado por la propuesta de Reglamento que se examina, el cual, por definición, no podrá dejar de ser considerado como el más adecuado a las situaciones a las que se aplica, so pena de perder legitimidad. Por esta razón, con la adopción del Reglamento, deberán desaparecer los procesos monitorios previstos en algunas legislaciones nacionales de los Estados miembros.

4.9.2.

El carácter facultativo de este proceso monitorio deberá verificarse en relación con otros procesos comunes, y no con los procesos monitorios de la misma naturaleza y finalidad.

4.9.3.

Por los motivos expuestos, o bien la exposición de motivos o bien el considerando 8 deberán volverse a formular para prever claramente la complementariedad del proceso monitorio europeo con otros procesos comunes, sumarios u ordinarios, y no con procesos monitorios nacionales de la misma naturaleza.

4.10.

La propuesta de Reglamento utiliza a menudo la expresión «deudor» para referirse al destinatario del proceso monitorio europeo. El CESE considera que esta denominación es incorrecta, ya que transmite la idea de que el destinatario de este procedimiento es un deudor, cuando hasta que no tenga fuerza ejecutiva el requerimiento de pago todavía no existe un deudor propiamente dicho, que puede incluso nunca llegar a existir.

4.10.1.

Así, el CESE considera que el término «deudor» debe sustituirse por «demandado» en todos los artículos donde figura, uniformizándose de este modo esta denominación en la propuesta de Reglamento.

4.11.

Todos los plazos que figuran en la propuesta de Reglamento deben contarse en días, y no en semanas, deben definirse con precisión las normas para contarlos y para su suspensión o interrupción (por ejemplo, vacaciones judiciales, festivos, sábados y domingos, etc.), por razones obvias de seguridad jurídica, sugiriéndose que se adopten a este efecto las normas que figuran en los artículos 80 y siguientes del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia.

4.12.

En el Derecho procesal son conceptos distintos el proceso común y el ordinario. En varios Estados miembros la distinción básica se hace entre el proceso común y el especial. Es especial cuando se prevé en la ley un proceso específico para determinados litigios, y común en todas las demás situaciones. A su vez, el proceso común puede ser ordinario, sumario o sumarísimo, en función del valor de la causa.

4.12.1.

La propuesta de Reglamento utiliza la expresión «proceso ordinario» sin el rigor citado. En el apartado 2 del artículo 2 se hace referencia al proceso ordinario por oposición al proceso sumario. En el apartado 5 del artículo 6, y en los artículos 8 y 12 se hace referencia al proceso ordinario en su acepción de proceso común.

4.12.2.

Así, las referencias al proceso ordinario que figuran en el apartado 5 del artículo 6 y en los artículos 8 y 12 de la propuesta de Reglamento deben sustituirse por «proceso común».

5.   Observaciones particulares

5.1   Artículo 2 — Proceso monitorio europeo

5.1.1.

La expresión «deudas dinerarias no impugnadas de cantidad determinada vencidas» debe sustituirse por la expresión «deudas dinerarias no impugnadas de cantidad fijada, líquida y vencida».

5.1.2.

En efecto, para que un crédito determinado sea ejecutable, es fundamental que esté determinado, sea líquido y haya vencido. Este tipo de concepto es muy preciso en los distintos ordenamientos jurídicos, por lo que deberá mantenerse en aras de una mayor seguridad jurídica en la aplicación del Derecho.

5.2.   Artículo 4 — Requisitos para la expedición de un requerimiento europeo de pago

5.2.1.

En el apartado 1, la frase «...si se cumplen los requisitos contemplados en los artículos 1, 2 y 3 ...» deberá modificarse, ya que los artículos 1 y 2 no se refieren a requisitos propiamente dichos. El artículo 1 define el ámbito de aplicación del Reglamento, y el artículo 2 identifica el procedimiento establecido por el Reglamento.

5.2.1.1.

Así, el CESE sugiere la siguiente redacción: «... si se cumplen las condiciones y los requisitos contemplados en los artículos 1, 2 y 3, respectivamente.»

5.2.2.

El apartado 2 de este artículo otorga al órgano jurisdiccional la facultad de ofrecer al demandante la oportunidad de completar o rectificar su petición.

5.2.2.1.

El CESE pide a la Comisión que analice las ventajas de transformar esta facultad en una obligación, al menos para los casos evidentes de errores importantes consistentes en completar de manera incompleta o deficiente los formularios, en aras de una mayor seguridad jurídica y economía procesal.

5.2.2.2.

Por otra parte, la propuesta de Reglamento debería prever un plazo definido, necesariamente corto, para que el demandante responda a la solicitud del órgano jurisdiccional. Expirado ese plazo sin que el demandante haya perfeccionado la petición, ésta sería de entrada desestimada.

5.3.   Artículo 5 — Desestimación de la petición

5.3.1.

Desde el punto de vista procesal, en términos generales, la decisión de desestimar el requerimiento de pago podría contestarse por impugnación o por recurso. No obstante, lo que se pretende con el apartado 2 del artículo 5 es que esta decisión no sea oponible, con independencia del medio utilizado.

5.3.2.

Así, habida cuenta de la manera en que se concibió este procedimiento y su carácter facultativo, que, por este motivo, no impide la utilización de otros medios jurídicos, el recurso resulta innecesario.

5.3.3.

En estos términos, debe añadirse al final del apartado 2 de este artículo la siguiente expresión: «o recurso», para hacer compatible lo dispuesto en el artículo 5 con lo que consta en la exposición de motivos.

5.4.   Artículo 6 — Aviso europeo de pago

5.4.1.

Al final del apartado 2 de este artículo se prevé que no se admitirán métodos de notificación sin acuse de recibo personal del demandado (como se ha dicho anteriormente, la expresión «deudor» deberá sustituirse por «demandado») cuando no se conozca con seguridad la dirección del demandado.

5.4.1.1.

El CESE señala a la Comisión que la expresión «conocer con seguridad la dirección del demandado» es demasiado imprecisa y puede crear situaciones de gran incertidumbre jurídica con consecuencias graves para los demandados.

5.4.1.2.

Existe en varios Estados miembros la norma del domicilio convenido, en virtud de la cual, si la citación o notificación fuese enviada al domicilio convenido por las partes contratantes, se considera recibida, eximiendo así del acuse de recibo. ¿El domicilio convenido será suficiente para cumplir el requisito del conocimiento con certeza? El CESE considera que no lo es.

5.4.1.3.

Si unimos esta norma, esto es, la dispensa de citación o notificación con acuse de recibo exigido al embargo de los bienes en la sede de ejecución, antes de la propia citación o notificación de los embargados, puede llegarse fácilmente a una situación en que el demandado sólo tenga conocimiento del requerimiento cuando se le embarguen los bienes, en la sede de ejecución.

5.4.1.4.

El CESE considera que debe evitarse esta situación, grave y penosa para aquellos que ven cómo se embargan sus bienes sin haber tenido la oportunidad de oponerse (10). Así, el CESE propone, en la línea de lo que ha señalado con insistencia en el Dictamen sobre el Libro Verde ya citado, que no sea posible utilizar modos de citación y notificación que no contemplen el acuse de recibo del propio deudor, suprimiéndose, por este motivo, la expresión «cuando no se conozca con seguridad la dirección del demandado.» al final del apartado 2 del artículo 6.

5.4.2.

El plazo de tres semanas al que se refiere la letra b) del apartado 3 del artículo 6 debe modificarse por el número de días equivalente, facilitando así la contabilidad de los plazos.

5.4.3.

Es necesario especificar la naturaleza del plazo a que se refiere el apartado 5 de este artículo 6. Así, el CESE propone que se añada a continuación de «plazo» la expresión «de prescripción», al menos en la versión portuguesa y en las que no la contengan.

5.4.4.

En el Dictamen sobre el Libro Verde antes citado, el CESE recomendó a la Comisión la necesidad de que «en el instrumento legislativo se incluya una norma sobre las consecuencias de la omisión de la obligación de informar».

5.4.4.1.

En la presente propuesta no se hace ninguna referencia a este efecto, por lo que el CESE insta a la Comisión a que prevea estas normas.

5.5.   Artículo 8 — Efectos del escrito de contestación

5.5.1.

El CESE considera que en la propuesta de Reglamento que se examina no está claro que a partir del momento en que se presente un escrito de contestación el proceso se vaya a resolver con arreglo a las normas del procedimiento civil de cada Estado miembro, sin que sea necesario ningún otro impulso procesal de las partes.

5.5.2.

Así, en el apartado 1 del artículo 8, a continuación de «el proceso se resolverá», debe añadirse la frase «automáticamente y sin necesidad de un nuevo impulso procesal».

5.6.   Artículo 9 — Requerimiento europeo de pago

5.6.1.

Igual que sucede en el artículo 6, en la parte final del apartado 2 de este artículo se afirma que no se admitirán métodos de notificación sin acuse de recibo personal del demandado cuando no se conozca con seguridad la dirección del demandado (como ha dicho anteriormente, la expresión «deudor» deberá sustituirse por «demandado»).

5.6.2.

El CESE advierte a la Comisión de que la expresión «conocer con seguridad la dirección del demandado» es lo suficientemente imprecisa como para crear situaciones de gran incertidumbre jurídica con consecuencias graves para los demandados.

5.6.3.

Por ese motivo, el CESE entiende que debe seguirse en este apartado exactamente lo mismo que se propuso para el artículo 6, esto es, que no sea posible utilizar métodos de citación y notificación sin acuse de recibo del propio deudor, suprimiéndose por este motivo la expresión «cuando no se conozca con seguridad la dirección del demandado» al final del apartado 2 del artículo 9.

5.7.   Artículo 11 — Oposición al requerimiento europeo de pago

5.7.1

Si la Comisión acepta la sugerencia del CESE de que no se admitan métodos de citación o notificación sin acuse de recibo del propio demandado, deberá, en consecuencia, suprimirse el subapartado i) de la letra a) del apartado 4 de este artículo 11.

5.7.2

La expresión «actuara con prontitud» que figura al final del apartado 4 del artículo 11 es muy imprecisa y podría interpretarse de formas muy diversas.

5.7.2.1.

Así, para reforzar la certidumbre y la seguridad jurídicas, el CESE sugiere que la Comisión defina un plazo límite para el ejercicio de los derechos previstos en el apartado 4 del artículo 11.

5.8   Artículo 12 — Efectos de la presentación de un escrito de oposición

5.8.1

Como se ha dicho para el artículo 8, no está claro en la propuesta de Reglamento que, a partir del momento en que se presente un escrito de oposición, el proceso se vaya a resolver con arreglo a las normas del procedimiento civil ordinario de cada Estado miembro sin que sea necesario ningún otro impulso procesal de las partes.

5.8.2

Así, en el apartado 1 del artículo 12, a continuación de «el proceso se resolverá» debe añadirse la frase «automáticamente y sin necesidad de un nuevo impulso procesal».

5.9   Artículo 13 — Representación legal

5.9.1

El CESE considera que la dispensa de representación por un abogado u otro profesional del Derecho puede admitirse cuando el valor del litigio sea lo suficientemente pequeño para que esté justificado, desde un punto de vista económico, la contratación de estos profesionales.

5.9.2

No obstante, la propuesta de Reglamento no define importes máximos (al contrario que algunas legislaciones de los Estados miembros) para este proceso monitorio, por lo que podrá utilizarse para cobrar importes elevados que, por ejemplo, de conformidad con la legislación de distintos Estados miembros y en caso de existir contestación, obligue a seguir un proceso ordinario.

5.9.3

En estas situaciones no tiene sentido que la intervención del profesional del Derecho se produzca sólo en el momento de la transición al proceso civil ordinario. En efecto, al demandado, en el momento de completar el formulario de respuesta propuesto, no sólo se le exige que diga si reconoce o no la deuda, sino también si presenta un escrito de oposición en relación con la totalidad de la deuda o sólo con el crédito principal, los intereses o los gastos. Ahora bien, al completar este formulario, el demandado puede estar perjudicando inadvertidamente la defensa que seguiría el abogado en caso de intervenir desde el inicio del proceso monitorio.

5.9.4

Por otra parte, la dispensa de representación por profesionales del Derecho puede representar una desventaja cuando estén en causa partes con estructuras muy desiguales (consumidores frente a profesionales, grandes empresas frente a pequeñas empresas o empresas familiares).

5.9.5

Por lo anteriormente expuesto, el CESE aconseja a la Comisión que considere si dispensa o no de la representación por abogado u otro profesional del Derecho a partir de un determinado importe (por ejemplo, 2 500 euros).

5.10   Artículo 14 — Costas

5.10.1

El CESE considera que debería añadirse un apartado 2 a este artículo con el texto siguiente: «El proceso monitorio europeo no tendrá costas si no existe escrito de contestación o de oposición».

5.10.2

Dada la naturaleza extrajudicial del proceso monitorio no contestado, se sugiere fijar antes una tasa única inicial, de importe reducido, con independencia de los valores reclamados.

5.10.3.

Cuando esto no se entienda así, deberá quedar claro en el Reglamento que son aplicables a este procedimiento las disposiciones por las que, en el Derecho interno de cada Estado miembro, se haya procedido a la transposición de la Directiva 2003/8/CE de 27 de enero de 2003, destinada a mejorar el acceso a la justicia en los litigios transfronterizos mediante el establecimiento de reglas mínimas comunes relativas a la justicia gratuita para dichos litigios. (11)

5.11.   Formularios anexos

5.11.1.

Todo el sistema ahora propuesto se basa en la utilización de formularios, que constituyen los anexos 1 a 3 de la propuesta de Reglamento objeto de estudio (12). El funcionamiento eficaz de los procedimientos propuestos pasa así por la correcta adecuación de los formularios a las funciones a las que se destinan.

5.11.2.

En la aplicación de los formularios en los conflictos transfronterizos, el CESE tiene dudas justificadas en cuanto a su eficacia y viabilidad.

5.11.3.

Considérese el ejemplo siguiente: una empresa italiana presenta un requerimiento de pago a un tribunal italiano contra un consumidor polaco. ¿En qué lengua va a recibir el consumidor polaco el aviso europeo de pago? ¿En italiano? ¿En polaco? En la primera hipótesis, ¿Cómo se garantiza que el consumidor haya entendido el contenido de la notificación para poder decidir si presenta una declaración de defensa? En la última hipótesis, ¿quién es responsable de traducir la notificación?

5.11.4.

Resulta además que los formularios en cuestión presuponen que el demandante no sólo ha de señalar los campos predeterminados, sino que también ha de escribir texto. ¿Quién es responsable de la traducción de ese texto? ¿Quién certifica su conformidad?

5.11.5.

El Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil, no resuelve las preocupaciones mencionadas anteriormente, dado el carácter poco formal y rápido del proceso monitorio europeo que se examina en el presente documento.

5.11.6.

En efecto, aun cuando el hipotético consumidor polaco ya mencionado reciba el aviso europeo de pago en su lengua materna, ¿en qué lengua debe responder?, ¿quién va a traducir del polaco al italiano? Por otra parte, si no la recibe en polaco, la recusará legalmente. Ahora bien, en cualquiera de estas situaciones, se crean obstáculos que ponen en tela de juicio la rapidez del proceso monitorio europeo.

5.11.7.

Así, el CESE insta a la Comisión a que reflexione sobre la manera más eficaz de garantizar que los objetivos de rapidez en el cobro de deudas y garantía de defensa del demandado no se vean perjudicados en la utilización de los formularios en conflictos transfronterizos.

5.11.8.

El CESE entiende, asimismo, que, con la excepción de los formularios de respuesta, todos los demás son demasiado complejos para ser completados por personas que carezcan de formación jurídica.

5.11.9.

En efecto, conceptos como «tipo de interés legal»; «% por encima del tipo base del BCE»; «la deuda se refiere a»; «requerimiento de pago»; «fuerza ejecutiva», no son fáciles de comprender por legos en la materia y, puesto que la Comisión propone la no obligatoriedad de representación por un abogado (en opinión del CESE sólo hasta un determinado valor reclamado) en este procedimiento, se hace necesario velar por que los verdaderos usuarios comprendan y sepan completar los formularios en cuestión.

5.11.10.

Por otra parte, al menos en Portugal, son distintos conceptos el arrendamiento y el alquiler; se arriendan inmuebles y se alquilan muebles. Así, al menos en la versión portuguesa, los puntos 8.2. de la Petición de requerimiento europeo de pago y 9.3. del Aviso europeo de pago y del Requerimiento europeo de pago deberán modificarse en lo relativo al «Contrato de arrendamiento — mueble». Deberá tenerse idéntico cuidado en cuanto a la corrección jurídica de la terminología utilizada en las distintas versiones lingüísticas de la Propuesta, con arreglo a los conceptos del Derecho Civil de cada Estado miembro.

5.11.11.

Por último, los puntos 11 de la Petición de requerimiento europeo de pago y 12 del Aviso europeo de pago y del Requerimiento europeo de pago resultan muy difíciles de completar para alguien que carezca de formación jurídica. El CESE sugiere que el tribunal analice esta cuestión teniendo en cuenta los domicilios del demandante y demandado.

Bruselas, 9 de febrero de 2005.

La Presidenta

del Comité Económico y Social Europeo

Anne-Marie SIGMUND


(1)  COM(2004) 173 final, de 19.3.2004.

(2)  DO C 19, de 23.1.1999.

(3)  COM(2002) 746 final, de 20.12.2002, sobre el que se emitió el Dictamen, del que fue ponente el Sr. VON FUSTENWERTH (DO C 220, de 16.9.2003).

(4)  Véanse las resoluciones del PE A2-152/86 de 13.3.1987, A3-0212/94 de 22.4.1994 y A-0355/96 de 14.11.1996.

(5)  Se recuerdan a este efecto, en particular, los dictámenes sobre el «Libro Verde — Acceso de los consumidores a la justicia y solución de litigios en materia de consumo» (ponente: Sr. ATAIDE FERREIRA) (DO C 295 de 22.10.1994) sobre «Mercado Único y protección de los consumidores: oportunidades y obstáculos en el gran mercado» (ponente: Sr. CEBALLO HERRERO) (DO C 39, de 12.2.1996).

(6)  Véanse a este efecto los documentos siguientes:

Memorándum de la Comisión sobre el acceso de los consumidores a la Justicia (COM(84) 692 final de 12.12.1984) y Comunicación complementaria (COM(87) 210 final de 7.5.1987) en Suplemento del Boletín de las Comunidades Europeas 2/85.

Comunicación de la Comisión sobre el Nuevo impulso a la política de los consumidores (COM(85) 314 final de 23.7.1985), en DO C 160 de 1.7.1985. Título provisional.

Plan de acción de la Comisión de 14 de febrero de 1996 (COM(96) 13 final).

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo «Hacia una mayor eficacia en la obtención y la ejecución de las resoluciones judiciales en la Unión Europea» (COM(97) 609 final, de 22.12.1997, DO C 33 de 31.1.1998).

Libro Verde — Acceso de los consumidores a la Justicia y solución de litigios en materia de consumo en el mercado único, (COM(93) 576 final).

Libro Verde sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos en el ámbito del derecho civil y mercantil (COM(2002) 196 final de 19.4.2002.

(7)  Entre las que destacan las siguientes:

Recomendación de la Comisión, de 12 de mayo de 1995, relativa a los plazos de pago en las transacciones comerciales, DO L 200, de 8.8.2000 y la Comunicación de la Comisión correspondiente DO L 127 de 10.6.1995 y DO C 144, de 10.6.1995.

Directiva 98/27/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 1998 relativa a las acciones de cesación en materia de protección de los intereses de los consumidores (DO L 166/51, de 11.6.1998).

Directiva 2000/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de junio de 2000, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, DO L 200, de 8.8.2000.

Reglamento (CE) no 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Bruselas I), DO L 12 de 16.1.2001. El Dictamen del CESE sobre este asunto fue elaborado por el Consejero MALOSSE, DO C 117, de 26.4.2000.

Reglamento (CE) no 1206/2001 del Consejo, de 28 de mayo de 2001, relativo a la cooperación entre los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros en el ámbito de la obtención de pruebas en materia civil o mercantil, DO L 174 de 27.6.2001. El Dictamen del CESE sobre este asunto fue elaborado por el Consejero H. BATALLER, DO C 139, de 11.5.2001.

Programa de medidas para la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO C 12, de 15.1.2001).

Reglamento (CE) no 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, DO L 160, de 30.6.2000. El Dictamen del CESE sobre este asunto fue elaborado por el Consejero RAVOET, DO C 75, de 15.3.2000.

Reglamento (CE) no 1347/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental sobre los hijos comunes, Ibidem. El Dictamen del CESE sobre este asunto fue elaborado por el Consejero BRAGHIN, DO C 368, de 20.12.1999.

Reglamento (CE) no 1348/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, relativo a la notificación y al traslado en los Estados miembros de documentos judiciales y extrajudiciales en materia civil o mercantil; Ibidem. El Dictamen del CESE sobre este asunto fue elaborado por el Consejero H. BATALLER, DO C 368, de 20.12.1999.

Decisión del Consejo, de 28 de mayo de 2001, por la que se crea una Red Judicial Europea en materia civil y mercantil, DO L 174, de 27.6.2001. El Dictamen del CESE sobre este asunto fue elaborado por el Consejero RETUREAU, DO C 139, de 11.5.2001.

Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo relativa a un nuevo marco jurídico para los pagos en el mercado interior (COM(2003) 718 final, de 2.12.2003). El Dictamen del CESE sobre este asunto fue elaborado por el Consejero RAVOET, DO C 302, de 7.12.2004).

(8)  COM(2002) 159 final, DO C 203 de 27.8.2002. El Dictamen del CESE sobre este asunto fue elaborado por el Consejero RAVOE, DO C 85, de 8.4.2003.

(9)  Véanse documento informativo y Dictamen del CESE sobre el endeudamiento de los hogares, del que fue ponente el Consejero Sr. Ataíde Ferreira, DO C 149, de 21.6.2002.

(10)  El Reglamento (CE) no 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, por el que se establece un título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, prevé en su artículo 14 la posibilidad de citación o notificación sin acuse de recibo por el demandado, y no la considera admisible si no se conoce con seguridad el domicilio del demandado. De las distintas situaciones previstas, sólo las previstas en las letras c), d) y e) justifican las objeciones formuladas por el CESE, tanto en el presente dictamen como en el dictamen sobre el Libro Verde correspondiente.

(11)  DO L 26/41, de 31.1.2003.

(12)  El anexo 1 se refiere a la Petición de requerimiento europeo de pago a que hace referencia el artículo 3 de la propuesta de Reglamento. El anexo 2 se refiere al Aviso europeo de pago a que hace referencia el artículo 6 de la propuesta de Reglamento y al Formulario de respuesta – Aviso europeo de pago a que se refiere el artículo 7 de la propuesta de Reglamento. El anexo 3 se refiere al requerimiento europeo de pago mencionado en el artículo 9 de la propuesta de Reglamento y al Formulario de respuesta – Requerimiento europeo de pago mencionado en el artículo 11 de la propuesta de Reglamento.


8.9.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 221/87


Dictamen del Comité Económico y social Europeo sobre la «Propuesta de Recomendación del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y al derecho de réplica en relación con la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información»

(COM(2004) 341 final — 2004/0117 (COD))

(2005/C 221/17)

El 14 de mayo de 2004, de conformidad con el artículo 157 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, el Consejo decidió consultar al Comité Económico y Social Europeo sobre la propuesta mencionada.

La Sección Especializada de Transportes, Energía, Infraestructuras y Sociedad de la Información, encargada de preparar los trabajos en este asunto, aprobó su dictamen el 17 de enero de 2005 (ponente: Sr. PEGADO LIZ ).

En su 414o Pleno de los días 9 y 10 de febrero de 2005 (sesión del 9 de febrero de 2005), el Comité Económico y Social Europeo ha aprobado por 73 votos a favor y 2 en contra el presente Dictamen.

1.   Resumen de la propuesta de Recomendación

1.1

Con esta propuesta de Recomendación (1) sobre el contenido de los servicios audiovisuales y de información, que abarca todas las formas de difusión, desde la radiodifusión hasta Internet, la Comisión pretende dar curso al segundo informe de evaluación, de 12 de diciembre de 2003, sobre la aplicación de la Recomendación del Consejo de 24 de septiembre de 1998 relativa al desarrollo de la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información, mediante la promoción de marcos nacionales dirigidos a la realización de un nivel comparable y eficaz de protección de menores y de la dignidad humana (2).

1.2

Las razones principales esgrimidas para justificar esta recomendación adicional son, por una parte, los desafíos planteados por los recientes progresos tecnológicos, entre los que destacan el aumento de la potencia y de la capacidad de almacenamiento de los ordenadores y el hecho de que las tecnologías de banda ancha permiten la distribución de contenidos como vídeos en los teléfonos móviles de tercera generación (3) y, por otra, la proliferación de contenidos y comportamientos ilegales, dañinos e indeseables en todas las formas de teledifusión, desde la radiodifusión hasta Internet, lo que representa una preocupación para los ciudadanos en general y en especial para los padres y educadores, la industria y los órganos reguladores.

1.3

Aunque la Comisión tenga sus propias competencias para formular recomendaciones en este ámbito, ajeno al de la armonización legislativa, y como siempre que lo considera necesario para garantizar el funcionamiento y el desarrollo del mercado común, en este caso ha decidido implicar directamente al Consejo y al Parlamento Europeo en la elaboración y aprobación de este documento.

Como quiera que uno de los objetivos de la Recomendación es aumentar la competitividad de la industria audiovisual y de la información europea a través de la promoción de un marco nacional dirigido a la realización de un nivel comparable y eficaz de protección de menores y de la dignidad humana, la Comisión cree que el debate público ampliado con la intervención del Parlamento Europeo, por una parte, y el empeño de los Estados miembros reunidos en el Consejo, por otra, son garantía de que el objetivo indicado será más fácil de alcanzar. Para ello, la Comisión propone que se utilice como fundamento jurídico para adoptar la Recomendación el artículo 157 del Tratado.

1.4

Con la propuesta de Recomendación la Comisión espera que el Parlamento Europeo y el Consejo recomienden a los Estados miembros que creen las condiciones legales u otras necesarias para propiciar un clima de cooperación que promueva el desarrollo de los servicios audiovisuales y de información.

A tal fin, destaca cuatro tipos de medidas, con objeto de:

a)