28.6.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 157/1

1.1

Los principios fundamentales que rigen la celebración y validez de un contrato de seguro son diferentes en los diversos ordenamientos jurídicos nacionales de los Estados miembros de la UE, a pesar de sus orígenes comunes y de la considerable similitud en su estructura.

1.2

Dado que el contrato de seguro es un elemento esencial para el funcionamiento del mercado interior, debido al incremento de seguridad que aporta a las relaciones comerciales entre profesionales y consumidores, las diferencias de reglamentación entre los diversos ordenamientos jurídicos nacionales por lo que respecta a los aspectos esenciales del contrato de seguro pueden erigir barreras a la realización del mercado interior y obstaculizar la comercialización transfronteriza de este instrumento financiero.

1.3

El objetivo del presente dictamen de iniciativa es, por tanto realizar una llamada de atención a las entidades competentes, a escala nacional y comunitaria, sobre la necesidad y oportunidad de:

1.4

Desde el inicio de los trabajos preparatorios del presente dictamen de iniciativa, se consideró fundamental poder contar con la colaboración y participación de miembros del Grupo encargado del «Restatement of European Insurance Contract Law», liderado y coordinado por el profesor Fritz Reichert-Facilides, de la Universidad de Innsbruck, y del que forman parte eminentes juristas y especialistas en Derecho de seguros de quince países europeos.

1.4.1

Para nuestra satisfacción, el profesor Reichert-Facilides respondió de inmediato a la solicitud que se le dirigió ofreciéndose a asumir el papel de experto del ponente, y preparó en este sentido una primera contribución (Position Paper I)

1.4.2

Sin embargo, cabe señalar que, inesperadamente y ya durante la elaboración del presente dictamen, el profesor Reichert-Facilides falleció.

1.4.3

El interés manifestado por el profesor Reichert-Facilides a lo largo de toda una vida de intensa labor académica por el tema de los seguros y su proyecto de «restatement» justifican ampliamente la que se hace en el presente Dictamen y una mención especial de agradecimiento por su destacado empeño, como testimonio de nuestro dolor por su pérdida y contribución sincera a su memoria.

1.4.4

Esta es la razón que explica y motiva la cita incluida en el presente documento de una parte sustancial de su «Position Paper I», que había preparado como introducción a los trabajos del grupo de estudio y que debe de haber sido uno de sus últimos escritos.

1.5

Para preparar el presente dictamen se celebraron varias reuniones de trabajo con representantes de la Comisión Europea vinculados al sector de los seguros y a la realización del mercado interior, y del Comité Europeo de Seguros y de la Organización Europea de Uniones de Consumidores (OEUC), con vistas a recoger impresiones, reacciones y sugerencias sobre el tema.

1.6

Asimismo se decidió elaborar un cuestionario dirigido a una larga lista de entidades públicas y privadas, nacionales y comunitarias que representan los principales intereses en cuestión y, al mismo tiempo, celebrar una audiencia con los principales representantes de las partes interesadas (aseguradores, industriales y otros profesionales y consumidores), así como con juristas especializados, académicos y profesionales del Derecho de diferentes países, con ordenamientos jurídicos diversos.

1.7.

El presente Dictamen recoge, de forma resumida, el contenido de las respuestas recibidas al mencionado cuestionario, así como las reacciones y sugerencias aportadas en la audiencia celebrada el 16 de abril de 2004.

2.1

La cuestión suscitada no es nueva en el ámbito del CESE. Ya en el dictamen de iniciativa del CESE sobre «Los consumidores en el mercado de los seguros»  (1) se llamaba la atención sobre la «Propuesta de Directiva del Consejo sobre la coordinación de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que regulan los contratos de seguro»  (2), que tenía por objeto armonizar, en lo esencial, algunas normas fundamentales del Derecho del contrato de seguro y que lamentaba que, en aquel momento, «la Comisión no tuviese la intención de volver a abordar el asunto,» a pesar de que entre los operadores de seguros y las organizaciones de consumidores existe la opinión generalizada de que la falta de una normativa comunitaria sobre los contratos de seguros (armonización mínima del Derecho sustantivo) acarrea toda una serie de obstáculos y dificultades para la realización efectiva del mercado único en este ámbito  (3).

2.1.1

Más adelante, el Comité destacaba como primer obstáculo, de carácter general y reconocido como tal, a la efectiva realización del mercado único de los seguros «la inexistencia de armonización del Derecho sustantivo, es decir, de una reglamentación mínima sobre el Derecho del contrato de seguro en la Unión Europea»  (4).

2.1.2

Por otro lado, el Comité llamaba la atención sobre el hecho de no que no exista «a nivel comunitario ningún marco jurídico que defina reglas de transparencia mínimas en la contratación de seguros en general, principalmente en los seguros distintos del de vida, ni que tipifique en especial cláusulas contractuales generales abusivas en materia de seguros, o que defina principios generales de buena fe o de equilibrio contractual en el ámbito específico de los seguros»  (5).

2.1.3

Y, concretando, afirmaba: «El modo diverso en que los Estados miembros han regulado estas materias, o, en los casos en que no lo han hecho, la propia ausencia de reglamentación (descuidando completamente un mercado en el que la competencia está lejos de ser perfecta y los agentes de una de las partes tienden a concertarse en detrimento de la otra parte) y lo azaroso de muchas situaciones acarrean una gran multiplicidad de soluciones para situaciones similares en el espacio del mercado único, con particular relevancia en las transacciones transfronterizas, facilitadas cada vez más con la llegada de la 'sociedad de la información'»  (6).

2.1.4

Y, después de proceder a un análisis de las materias que, en su opinión, podrían o deberían ser objeto de armonización, el citado dictamen concluía llamando la atención de la Comisión y de los Estados miembros sobre la «oportunidad de revisar la propuesta de Directiva de la Comisión relativa a la armonización mínima en el ámbito de los seguros de 1979 a la luz del principio de subsidiariedad»  (7) e instaba a la Comisión a realizar todos los esfuerzos que condujesen a la definición, a escala comunitaria, de requisitos mínimos comunes aplicables a los contratos de seguro (propuesta de Directiva) (8).

2.2

Por otro lado, desde hace mucho tiempo, tanto las organizaciones de consumidores como las asociaciones de profesionales de seguros vienen denunciando la necesidad de una mayor armonización del Derecho en materia de contratos de seguro.

2.2.1

Ya en 1986, el European Consumer Law Group llamaba la atención sobre la necesidad de que exista cierto grado de armonización entre las legislaciones de los Estados miembros relativas a los contratos de seguro y enumeraba los aspectos de las relaciones contractuales de seguro que, en su opinión, debían ser objeto de armonización (9).

2.2.2

A su vez, la OEUC viene alertando asimismo, desde al menos 1994, sobre la conveniencia de crear un «marco jurídico básico» que regule los puntos esenciales de los contratos de seguro y constituya «un fundamento jurídico mínimo común».

2.2.3

En diciembre de 1998, varias organizaciones de consumidores expresaron una posición semejante.

2.2.4

Por último, en una reciente observación a la Comunicación de la Comisión sobre un Derecho contractual europeo más coherente, el Comité Europeo de Seguros (CES), tras destacar que la Comisión ha señalado, correctamente, que «la diversidad de las disposiciones nacionales que rigen los contratos de seguro concluidos con los consumidores constituye un obstáculo al desarrollo de las transacciones transfronterizas de seguro », considera importante señalar que, «por lo que se refiere al “acervo” comunitario “armonizado”, el número y la complejidad de las disposiciones contenidas en los diferentes textos aplicables al Derecho relativo a los contratos de seguro plantean verdaderos problemas».

2.2.4.1

Tras enumerar toda una serie de situaciones en las que se repiten inútilmente disposiciones idénticas o injustificadamente diferentes en los diversos textos comunitarios aplicables, concluye manifestando su apoyo a «este proyecto de mejora del acervo comunitario», siempre que vaya precedido de un análisis adecuado de costes y beneficios, y de una consulta completa de las partes interesadas, y que se concentre en los obstáculos al mercado único (10).

2.3

A su vez, en sus Comunicaciones sobre «Derecho contractual europeo» (11) y sobre «Un Derecho contractual europeo más coherente — Plan de acción» (12), la Comisión subrayó a este respecto que, en opinión de algunas de las entidades consultadas, el sector de los contratos de seguro es uno de los que más problemas plantean en el ámbito de los servicios financieros por la existencia de «diferencias de las normativas nacionales» aplicables, por lo que, en este sector, se debería considerar la posibilidad de «establecer una mayor convergencia entre dichas normativas para hacer compatibles la necesidad de que las normas nacionales sean más uniformes y la de mantener la innovación y la libre elección de productos», que debería constituir incluso una prioridad en la «acción de seguimiento del plan de acción sobre la mejora de la legislación»  (13).

2.4

Por último, en su Resolución sobre la Comunicación de la Comisión relativa al «Plan de acción» citado anteriormente, el Parlamento Europeo, después de lamentar «la falta de medidas diligentes destinadas a elaborar instrumentos facultativos en determinados sectores, como las transacciones de consumo y los seguros, en los que la obtención de beneficios sustanciales podría contribuir tanto al correcto funcionamiento del mercado interior como al aumento de los intercambios comerciales intracomunitarios», considera que, «con el fin de facilitar el comercio transfronterizo en el mercado interior, una de las primeras prioridades debería ser el establecimiento de un instrumento facultativo en determinados sectores, especialmente el de los contratos de consumo y el de los contratos de seguro, y, por consiguiente, insta a la Comisión a elaborar urgentemente un instrumento facultativo en los ámbitos de los contratos de consumo y los contratos de seguro, de forma que se tenga en cuenta un elevado grado de protección de los consumidores y la inclusión de las disposiciones obligatorias pertinentes»  (14).

3.1

El cuestionario que se envió en su momento a varias entidades obtuvo respuesta tanto de las autoridades nacionales reguladoras de varios países como de las asociaciones representativas de los intereses de las compañías aseguradoras, la industria y los consumidores, hasta un total de 27 respuestas.

3.1.1.

Por países, se recibieron respuestas de Alemania, Austria, Bélgica, Eslovaquia, Eslovenia, Finlandia, Francia, Liechtenstein, Lituania, Malta, Noruega, Polonia y Suecia.

3.1.2

Los miembros del Grupo encargado del «Restatement of European Insurance Contract Law» respondieron conjuntamente por medio de un dictamen común.

3.2

Una amplia y expresiva mayoría entendió que:

3.3

En la audiencia estuvieron presentes 46 personalidades en representación de 36 instituciones de diecisiete países.

3.4

Del contenido de las respuestas al cuestionario y de los debates que tuvieron lugar en la audiencia, puede afirmarse, en resumen, que se alcanzó un consenso generalizado, en torno a las siguientes líneas principales:

3.4.1

Existen diferencias notables entre los sistemas jurídicos nacionales relativos a la regulación de los contratos de seguros;

3.4.2

Existe un déficit considerable de armonización en relación con el Derecho contractual de seguros a escala de la UE, que tiene consecuencias en la realización del mercado interior en este ámbito;

3.4.3

Es deseable y necesario, en particular para los asegurados pequeños y medios (consumidores individuales y PYME) un cierto grado de armonización, a fin de evitar desigualdades y discriminaciones (grandes riesgos);

3.4.4

En la aproximación que deberá llevarse a cabo a fin de armonizar el Derecho contractual de seguros deberá procederse de manera gradual, paso a paso y sin una rigidez excesiva, teniendo en cuenta que la armonización no es un fin en sí misma, sino un instrumento para la realización del mercado interior, y que debe obedecer a los principios de necesidad y proporcionalidad;

3.4.5

Los objetivos prioritarios de la armonización deben ser:

3.4.6

En cuanto a la forma, el modelo de contrato resultante de la armonización podrá ser facultativo, si bien a partir del momento en que se adopte deberá ser vinculante en todos sus términos y elementos para las partes.

3.4.7

El instrumento comunitario para la adopción de dicho modelo deberá ser el Reglamento, a fin de garantizar una armonización completa.

3.4.8

En su elaboración, las propuestas de Directiva de la Comisión de 1979-1980, modificadas de acuerdo con las sugerencias del PE y del CESE, pueden constituir un punto de partida; sin embargo, deberán modificarse profundamente a la luz de la evolución posterior del Derecho de seguros.

3.4.9

La armonización, con las características antes definidas, puede facilitar el incremento de los seguros transfronterizos y contribuir a un mayor desarrollo del mercado interior en este ámbito.

3.4.10

La base jurídica para una iniciativa de este tipo podría ser el artículo 95 del Tratado.

3.5

Algunos de los participantes y de las respuestas al cuestionario señalaron también que:

3.5.1

La armonización debería ser «facultativa» y estar limitada a la definición de los conceptos fundamentales.

3.5.2

La armonización debería realizarse únicamente para los contratos transfronterizos y sólo en lo que se refiere a las personas físicas.

3.5.3

La armonización no es una panacea que resuelva la cuestión del desarrollo eficiente del mercado interior de los seguros.

3.5.4

Deben tenerse en cuenta particularmente los seguros mutuos y las instituciones de previsión y seguridad social, en razón de su especificidad.

4.1.1.1

El mercado interior europeo implica un espacio sin fronteras interiores que permite la libre circulación de mercancías, personas, servicios y capitales (apartado 2 del artículo 14 del Tratado CE). Los seguros se enmarcan en el ámbito de aplicación de la libre prestación de servicios (artículos 49 a 55 del Tratado CE) o del derecho de establecimiento, dependiendo de las circunstancias del caso. Los aseguradores que prestan servicios transfronterizos o que se establecen en otro Estado miembro hacen que los productos de seguros nacionales compitan con sus propios seguros.

4.1.1.2

Como consecuencia, aumenta la variedad de productos entre los que los potenciales asegurados pueden elegir. Lo ideal sería que la selección positiva de los clientes que buscan un seguro fuera la «mano invisible» que dirige el mercado interior de seguros.

4.1.1.3

Otras libertades resultan afectadas por las cuestiones de seguros: la libre transferencia de primas y de beneficios de seguros está garantizada (artículo 56 del Tratado CE). Por otra parte, los asegurados que ejerzan su libertad en virtud del artículo 18 del Tratado CE no deberían sufrir efectos negativos en sus pólizas cuando cambien su residencia habitual de una jurisdicción a otra.

4.1.2.1

Esta amplia variedad de relaciones entre los seguros (y el Derecho de seguros) y las libertades del Tratado CE ha llevado a la CE a armonizar sectores importantes del Derecho de seguros de cara al (buen) funcionamiento del mercado interior. La legislación relativa a los controles de seguro ha sido ampliamente armonizada en toda la CE y el EEE mediante las denominadas «tres generaciones» de Directivas en el ámbito de los seguros.

4.1.2.2

En virtud de estos logros se ha introducido un sistema de concesión única de licencias y de control por parte del Estado miembro de origen del asegurador, como ya estableció el Tribunal de Justicia Europeo en su decisión de 4 de diciembre de 1986 (15). En el ámbito del Derecho contractual de seguros, la armonización está más o menos limitada a las cuestiones de Derecho internacional privado y Derecho procesal internacional. (16)

4.1.2.3

El Derecho contractual sustantivo de seguros se ha armonizado únicamente en sectores concretos y, dentro de esos sectores, sólo en cuestiones específicas. Hay, por ejemplo, un considerable número de ámbitos legislativos armonizados en el sector de los seguros de responsabilidad civil de los vehículos automóviles. (17) Asimismo se conocen normas comunes en el ámbito del seguro de defensa jurídica. (18)

4.1.2.4

Sin embargo, la inmensa mayoría de las normas de Derecho contractual sustantivo de seguros, es decir, la parte general que establece normas aplicables a todas las ramas de los seguros, sigue estando sujeta a la legislación nacional. Esta observación plantea inevitablemente la pregunta de si es necesaria o no la armonización del Derecho contractual de seguros para el buen funcionamiento del mercado interior de seguros. La pregunta debería responderse de forma afirmativa si la falta de armonización en los Derechos nacionales aplicables a los contratos de seguros constituyera un obstáculo al mercado interior.

4.2.1.1

Existen datos empíricos que indican que las medidas adoptadas hasta la fecha (19) por la CE han mejorado considerablemente el funcionamiento del mercado interior de seguros (20), aunque todavía no lo completan. Esto es válido, por ejemplo, para la libre prestación de servicios en el ámbito de los seguros de grandes riesgos, garantizada por el artículo 49 y siguientes del Tratado CE y contemplada en las Directivas relativas al Derecho de seguros, aunque, en realidad, ni el sector de los seguros ni los clientes ejercen dicha libertad de manera sustancial.

4.2.2.1

La situación actual descrita anteriormente puede explicarse examinando sus antecedentes jurídicos. El hecho de que a menudo se denomine «productos legales» a los seguros constituye un factor clave. Esto se refiere a que el producto vendido por un asegurador equivale al propio contrato de seguro determinado por la autonomía de las partes y la legislación (obligatoria) aplicable al contrato.

4.2.2.2

En efecto, no hay motivo de preocupación por el buen funcionamiento del mercado interior, en la medida en que haya autonomía de las partes en el ámbito del Derecho aplicable a los contratos de seguros que permita a las mismas adaptar los productos de seguros a sus preferencias mutuas.

4.2.2.3

Sin embargo, los seguros se rigen en muchos casos por normas obligatorias (21), algunas de las cuales lo son, a su vez, a escala internacional.

4.2.2.4

En efecto, el producto de un asegurador concreto está determinado en gran medida por la legislación aplicable al contrato de seguro, por lo que las diferencias en las legislaciones nacionales relativas a los seguros pueden constituir un obstáculo al mercado interior. El Plan de acción de la Comisión para un Derecho contractual europeo más coherente reconoce abiertamente este hecho. (22) Esto se demostrará a continuación examinando la perspectiva del asegurador (punto 4.2.3), el asegurado (punto 4.2.4) y los corredores de seguros (punto 4.2.5).

4.2.3.1

Los aseguradores ofrecen medios de cobertura. El diseño de sus pólizas se basa en un cálculo del riesgo que tiene en cuenta el marco jurídico en el que se vende un seguro. Por tanto, un asegurador que pueda vender un producto en el mismo ordenamiento jurídico en toda la Comunidad puede reunir los riesgos cubiertos en la CE, sin las distorsiones producidas por los diferentes Derechos nacionales de seguros. En tal caso, dichas diferencias jurídicas no constituirían un obstáculo a las libertades del asegurador.

4.2.3.2

Por el contrario, si la legislación aplicable a un seguro cambia en función del lugar donde se vende la póliza, la diversidad de los marcos jurídicos de los Estados miembros influirá en el cálculo del riesgo y, por ende, afectará al funcionamiento de la ley de los grandes números en que se basan las operaciones de seguro.

4.2.3.3

A raíz de ello, los aseguradores que venden servicios transfronterizos tendrían que someter sus pólizas a un diseño y un cálculo diferentes en función de la legislación aplicable. Esto supondría un grave obstáculo al funcionamiento del mercado interior.

4.2.3.4

Un breve examen de las normas comunitarias en materia de Derecho internacional privado en el sector de los seguros indica que un asegurador se ve obligado, en realidad, a adaptar sus pólizas al marco jurídico del Estado miembro donde se venden. Con arreglo a las letras a) y h) del apartado 1 del artículo 7 de la segunda Directiva sobre el seguro distinto del seguro de vida (23), la legislación aplicable al contrato de seguro es la del Estado miembro donde se sitúa el riesgo y, de conformidad con el apartado 1 del artículo 32 de la Directiva sobre el seguro de vida (24), la legislación aplicable es la del Estado miembro del compromiso. El lugar donde se sitúa el riesgo o el lugar del compromiso está determinado, en la mayoría de los casos, por la residencia habitual del asegurado. (25)

4.2.3.5

El asegurador puede evitar este resultado eligiendo la legislación aplicable al contrato de seguro (lo más probable, la legislación de su propia sede) mediante un acuerdo con el asegurado. Sin embargo, esta opción está considerablemente limitada por las normas de Derecho internacional privado contempladas en las Directivas relativas a los seguros. En los seguros distintos del seguro de vida, las Directivas ofrecen la posibilidad de elegir con plena libertad la legislación únicamente para los contratos de seguro que cubren grandes riesgos. (26) A los Estados miembros (esto es, los Estados miembros donde se sitúa el riesgo) se les concede la facultad de ampliar el ámbito de autonomía de las partes. (27) En todos los demás casos, las Directivas conceden autonomía de las partes únicamente de forma limitada (28) y, de ese modo, no evitan los problemas anteriormente descritos asociados a la venta de contratos transfronterizos por parte de los aseguradores. En el ámbito de los seguros de vida, el Estado miembro del compromiso puede conceder la autonomía de las partes; (29) de lo contrario, las partes sólo gozan de una posibilidad muy limitada de elegir la legislación aplicable. (30)

4.2.3.6

Estas observaciones sobre la situación del Derecho contractual europeo de seguros internacionales muestran claramente que, en los seguros de grandes riesgos, el asegurador debe adaptar su producto, en la mayoría de los casos, al marco jurídico del país de residencia habitual del asegurado. (31) Esta situación podría verse agravada por el hecho de que el asegurado puede cambiar su lugar de residencia habitual una vez celebrado el contrato. (32)

4.2.3.7

La única excepción prevista en el Derecho contractual europeo de seguros internacionales es el seguro de grandes riesgos en el sector del seguro distinto del seguro de vida. Aquí, tanto el asegurador como el asegurado pueden elegir la legislación aplicable. Sin embargo, incluso en el caso de los seguros de grandes riesgos, un tribunal del Estado miembro donde el asegurado tenga su residencia (con jurisdicción en virtud de la letra b) del apartado 1 del artículo 9 del Reglamento Bruselas I (33)) puede imponer sus normas obligatorias. (34)

4.2.3.8

Como consecuencia de lo anterior, los aseguradores se mostrarán muy indecisos a la hora de prestar servicios transfronterizos, al menos cuando se trate de seguros de grandes riesgos. Se puede argumentar que un cambio en el régimen jurídico internacional privado podría resolver la cuestión. Efectivamente, al parecer, los obstáculos citados desaparecerían si las partes tuvieran la posibilidad de elegir libremente la legislación y si, a falta de esta posibilidad, la legislación aplicable estuviera determinada por el lugar de establecimiento del asegurador. Sin embargo, la introducción de este cambio en el Derecho internacional privado comprometería considerablemente nociones básicas relativas la protección de los asegurados y a los consumidores incluidas en dicho Derecho, a la vez que ofrecería la libre elección legislativa en el ámbito de los seguros incluso en situaciones de asegurador a consumidor en las que éste se halle amparado por el artículo 5 del Convenio de Roma en otros ámbitos. Al mismo tiempo, no permitiría resolver del todo el problema: los tribunales del Estado miembro donde el asegurado tenga su residencia seguirían aplicando sus propias normas obligatorias a escala internacional. Ante todo, los asegurados vacilarían mucho a la hora de adquirir un seguro en el extranjero, teniendo en cuenta que con ello pierden la protección de su Derecho nacional y se hallan sujetos a una legislación extranjera en materia de seguros desconocida. (35)

4.2.4.1

En virtud del actual régimen jurídico internacional privado, los asegurados gozan de plena libertad para pedir una cobertura de seguros extranjeros. Teniendo en cuenta que (en la mayoría de los casos) estarán protegidos por la legislación del Estado miembro de su residencia, podrán realizar adquisiciones transfronterizas de seguros. Sin embargo, los asegurados no podrán adquirir productos extranjeros aunque lo deseen: la aplicabilidad de la legislación de su país de origen convierte siempre las pólizas adquiridas en contratos más o menos determinados por la legislación de su propio país de origen. Y si, a pesar de todo, desean adquirir productos de seguros extranjeros, se encontrarán con que los aseguradores extranjeros se muestran muy indecisos a la hora de concederles esa cobertura.

4.2.4.2

Como se ha demostrado, esta indecisión podría evitarse probablemente mediante un cambio de las disposiciones del Derecho internacional aplicables a los contratos de seguros. (36) Sin embargo, este cambio del Derecho internacional privado sustituiría la indecisión del asegurador a la hora de conceder la cobertura por una indecisión, como mínimo similar, del asegurado a la hora de buscar la cobertura de seguros extranjeros. De esa forma, no se puede esperar la creación de un mercado interior de seguros.

4.2.4.3

Cabe añadir otro aspecto. Dentro del mercado interior, un asegurado goza de libertad de movimiento (véase, en particular, el artículo 18 del Tratado CE). Sin embargo, un cambio de su residencia habitual puede repercutir negativamente en la situación del seguro del asegurado. En primer lugar, cabe la posibilidad de que los tribunales del Estado miembro al que se traslada el asegurado impongan nuevas normas obligatorias a escala internacional que afecten a la póliza de seguro adquirida en el anterior lugar de residencia. En segundo lugar, es posible que la legislación relativa a los seguros obligatorios exija una cobertura diferente a la adquirida por el asegurado en su anterior lugar de residencia. En tercer lugar, cabe la posibilidad de que un asegurado desee tener riesgos situados en diferentes Estados miembros cubiertos por una única póliza de seguro.

4.2.4.4

La situación jurídica actual no permite del todo esas «europólizas»; en cambio, se crean los denominados «umbrella contracts», que son, en realidad, tantos contratos como Estados miembros interesados existan. Por tanto, lo que falta es la posibilidad de una póliza portátil para lo que se ha descrito como el asegurado «euromóvil» (37), que vive y trabaja en diferentes lugares de la CE a lo largo de su vida.

4.2.5.1

Los corredores desempeñan un papel importante en la distribución de los contratos de seguro. Constituyen un elemento clave en el establecimiento de un mercado interior de seguros. Esto es especialmente cierto en el caso de los agentes de seguros. Al ejercer la libre prestación de servicios, garantizada por los artículos 49 a 55 del Tratado CE y exigida por la Directiva sobre los corredores de seguros (38), los corredores contribuyen considerablemente a la creación y al funcionamiento del mercado interior de seguros. En el ámbito de los seguros de grandes riesgos, en especial, es más probable que un corredor intente situar un riesgo en un mercado de seguros extranjero a que lo haga el propio cliente.

4.2.5.2

Sin embargo, no es probable que cualquier dato sobre un mercado de seguros extranjero y sus productos tenga un significado importante para el agente que carezca de conocimientos sobre la legislación local. Como los productos encontrados en un mercado de seguros extranjero se conciben teniendo en cuenta la legislación local, es posible que el agente no asuma que los contenidos y el precio de la póliza seguirán siendo los mismos en el marco jurídico de su cliente (extranjero). Por tanto, los agentes no pueden sacar partido fácilmente de los mercados de seguros extranjeros para situar grandes riesgos, sino que deben negociar los contratos individualmente. Es probable que esto genere unos costes de transacción prohibitivos y, de ese modo, impida el funcionamiento del mercado interior de seguros.

4.2.6.1

Se suele afirmar con frecuencia que los seguros, por su propia naturaleza, requieren una cierta cercanía geográfica entre el asegurador y el asegurado. En el futuro, y en este sentido, probablemente los contratos de seguros transfronterizos no sean tan frecuentes como los contratos de otros sectores (por ejemplo, entre otros, los de venta de libros por Internet). Por cuestiones que tienen que ver con la relación con sus clientes, los aseguradores podrían preferir operar en otros Estados miembros mediante sucursales o compañías filiales.

4.2.6.2

Los partidarios del citado punto de vista no están, por principio, contra la armonización del Derecho contractual de seguros, sino que más bien pretenden demostrar que la repercusión se limitaría a una determinada parte de los contratos de seguros, transfronterizos o en favor de clientes viajeros que cambian de residencia entre diferentes Estados miembros.

4.2.6.3

No obstante, la repercusión real será más importante. Si los contratos de seguros se venden en otros Estados miembros a través de sucursales («establecimientos») o a través de compañías filiales, aparecerán los mismos problemas que afectan a clientes, corredores y aseguradores. Los aseguradores tendrán que adaptar sus productos a las condiciones locales, entre otros al entorno jurídico local, y, por consiguiente, tendrán que rediseñar sus productos. Así pues, una póliza diseñada para su comercialización en un Estado miembro no podrá venderse en otros Estados miembros a través de una sucursal sin antes sufrir modificaciones sustanciales, debido a un entorno (jurídico) diferente. Los corredores y los clientes se hallarán ante el problema de que, sencillamente, no encontrarán productos extranjeros de seguros en sus mercados.

4.2.6.4

La armonización del Derecho contractual de seguros reduciría sustancialmente los costes del diseño de productos para el mercado interior. Los aseguradores establecidos en otro Estado miembro podrían limitarse a facilitar al cliente el asesoramiento necesario a través de sus agentes locales y a la gestión de reclamaciones a través de sus oficinas regionales, etc. Incluso cuando los aseguradores operen a través de compañías filiales, los grupos de seguros podrían compartir el trabajo y los costes del diseño de productos.

4.2.6.5

Por consiguiente, los clientes sacarían un provecho efectivo del mercado interior. En un mercado interior basado en un Derecho contractual de seguros armonizado, las innovaciones del sector de los seguros podrían traspasar con más facilidad las fronteras, y los clientes europeos podrían compartir el acceso a los productos de seguros diseñados en el extranjero.

4.3.1

El 1 de mayo de 2004, diez nuevos Estados miembros ingresaron en la CE, ocho de los cuales son países en transición. Sus legislaciones sobre seguros deben adaptarse al acervo comunitario como condición previa de ingreso en la CE. (39) En este sentido, el funcionamiento de los mercados de seguros en estos países requiere una legislación moderna en materia de Derecho aplicable a los contratos de seguros. Algunos de los nuevos Estados miembros han incorporado ya dicha legislación moderna, otros deberán hacerlo en el futuro.

4.3.2

Por tanto, la armonización del Derecho aplicable a los contratos de seguros parecería favorecer los intereses de un mercado interior de seguros ampliado al ayudar a los nuevos Estados miembros a modernizar sus legislaciones y evitar nuevas disparidades entre los ordenamientos nacionales. Sería útil que la Comisión de la CE pudiera notificar a los respectivos países, tan pronto como sea posible, cuándo prevé armonizar el Derecho aplicable a los contratos de seguros.

5.1.

Como se ha mencionado anteriormente, en 1979 la Comisión tuvo ocasión de presentar una primera propuesta de Directiva relativa a la coordinación de las disposiciones legislativas, reglamentarias y administrativas que regulan el contrato de seguro (40). Esta propuesta se elaboró a partir del programa general para la supresión de las restricciones a la libre prestación de servicios, que preveía, en materia de seguros directos, la coordinación de los textos legales y administrativos que regulan el contrato de seguro, «en la medida en que la disparidad de estos textos cause un perjuicio a los asegurados y a terceros»  (41).

5.2.

Dicha propuesta consideraba insuficiente la coordinación prevista por las Directivas relativas a los seguros que existían entonces, así como el hecho de que, en virtud del Tratado, se prohibiera cualquier trato discriminatorio en materia de prestación de servicios fundado en el hecho de que una empresa no esté establecida en el Estado miembro en que se ejecuta la prestación.

5.2.1.

En ese sentido, entendió que sería conveniente armonizar la normativa por lo que respecta a «ciertas cuestiones generales relativas especialmente a la existencia de cobertura en función del pago de la prima, a la duración del contrato y a la posición de los asegurados que no son tomadores de un seguro», así como a las «consecuencias del comportamiento del tomador de un seguro en el momento de la conclusión del contrato y durante el mismo en relación con la declaración del riesgo y del siniestro y su actitud ante las medidas que se deben adoptar en caso de siniestro».

5.2.2.

La citada propuesta consideraba asimismo que «no se puede autorizar a los Estados miembros, para las cuestiones reguladas en la presente Directiva, a prever soluciones diferentes, salvo si se contempla expresamente en el texto de la Directiva», sin lo cual se cuestionarían los objetivos perseguidos por la propuesta, dando así un paso importante hacia una armonización total en este ámbito (42).

5.3

Al pronunciarse el CESE sobre este proyecto, (43) en síntesis y por unanimidad,

5.4

A continuación, el CESE analizó cada uno de los artículos de la propuesta, sobre los que hizo una serie de observaciones críticas que merecen, aún hoy, ser debidamente ponderadas en la elaboración de cualquier nueva iniciativa en la materia.

5.5

Sobre esta misma propuesta, también el Parlamento Europeo tuvo ocasión de pronunciarse (44) en su momento y consideró, en particular, que «la armonización será el garante de la protección al mismo nivel que los tomadores de seguros, sea cual sea la legislación aplicable que elijan.»

5.5.1

En particular, el Parlamento Europeo realizó diversas propuestas de modificación, especialmente por lo que respecta al ámbito de aplicación de la Directiva (supresión de exclusiones), a los elementos esenciales del contrato de seguro, a las obligaciones de declaración por parte del tomador del seguro y a sus consecuencias para la subsistencia del contrato, tanto por lo que se refiere a las circunstancias iniciales como a su modificación durante la vigencia del contrato, a los elementos de prueba que debe proporcionar el tomador en caso de siniestro y a las condiciones para la resolución del contrato.

5.5.2

En sus observaciones, queda bien patente la intención del Parlamento Europeo de garantizar, como declara expresamente, «un justo equilibrio entre los intereses del asegurador y los del asegurado».

5.6

A raíz de estas observaciones, la Comisión tuvo ocasión de elaborar un nuevo texto modificado de su propuesta (45), en el que, de forma específica, da cabida a varias de las sugerencias y propuestas efectuadas tanto por el CESE como por el Parlamento Europeo y en el que, por primera vez, se llama la atención sobre el hecho de que «la coordinación de las disposiciones legislativas relativas a los contratos de seguro facilitaría la prestación de servicios en un Estado miembro por los aseguradores de otro Estado miembro», como primera manifestación de la preocupación por la realización de un mercado único en el ámbito de los servicios financieros (46).

5.6.1

Esta propuesta de la Comisión fijaba como fecha para la entrada en vigor de la Directiva el 1 de julio de 1983. Sin embargo, a falta de voluntad política de los Estados miembros, la propuesta no se llegó a adoptar.

5.7.1

De las respuestas recibidas al cuestionario oportunamente enviado y de la audiencia pública celebrada el 16 de abril de 2004, resultó un consenso generalizado en el sentido de que esta propuesta, a pesar de tener más de veinte años, debe considerarse seriamente como una contribución todavía válida para una nueva iniciativa en la materia.

5.7.2

Sin embargo, se subrayó igualmente que las actuales necesidades de armonización del contrato de seguro van mucho más allá de la propuesta de 1980 y que las normas que se propongan deben basarse en un debate a la luz de un estudio exhaustivo de Derecho comparado.

6.1.1

Cualquier intento de armonizar el Derecho contractual europeo de seguros debería ir precedido de trabajos preparatorios de Derecho comparado. Esta labor ya se está llevando a cabo en el ámbito académico. De hecho, ya se ha concluido un trabajo comparativo en el ámbito del Derecho contractual general, con la presentación de los Principios del Derecho contractual europeo. En el ámbito del Derecho contractual de seguros, se han publicado y se seguirán publicando numerosos resultados del trabajo de investigación legislativa comparativa. (47) En 1999, el profesor Reichert Facilides, posteriormente fallecido, creó el Project Group: «Restatement of European Insurance Contract Law», cuyos miembros, expertos en el ámbito del Derecho de seguros, representan varios ordenamientos jurídicos (dentro y fuera de la CE).

6.1.2

A continuación, se ofrecen algunas posibles orientaciones dirigidas a encontrar una «mejor solución» para el Derecho contractual de seguros. En primer lugar, debe estudiarse debidamente la misión fundamental de todo Derecho contractual de seguros, que consiste en proporcionar un marco jurídico para el riesgo efectivo asumido por parte del asegurador y, de ese modo, garantizar el buen funcionamiento de las propias operaciones de seguro. En segundo lugar, resulta fundamental que los intereses en conflicto de las partes estén cuidadosamente equilibrados. Por lo que se refiere a este aspecto, cabe reconocer la tendencia moderna a conceder un grado relativamente elevado de protección al asegurado.

6.1.3

Sobre la base de estas observaciones, los esfuerzos realizados para mejorar el mercado interior de los seguros deberían centrarse en normas obligatorias. Estas normas representan un marco esencial para la contratación autónoma de las partes y, al mismo tiempo, constituyen un obstáculo al mercado interior de seguros en la medida en que no estén armonizadas. Como consecuencia, las necesidades en materia de regulación del sector de los seguros son compatibles con los requisitos de armonización de un mercado interior de seguros.

6.2.1

La legislación relativa a los contratos de seguro, al menos sus disposiciones semiobligatorias, tiene por objeto proteger a la parte más débil y puede denominarse derecho de los consumidores desde un punto de vista funcional. Sin embargo, tradicionalmente, la protección de los asegurados va más lejos que el Derecho general de los consumidores: junto a los clientes privados, se protege a los pequeños empresarios cuando contratan un seguro.

6.2.2

Al armonizar la legislación europea de los consumidores, la CE está obligada a ofrecer a éstos un elevado grado de protección (véase el apartado 3 del artículo 95 del Tratado CE). Este concepto se aplica asimismo a los actos legislativos basados en otros artículos del Tratado CE que otorgan a la CE autoridad legislativa (en el ámbito del Derecho de seguros, normalmente el apartado 2 del artículo 47 en combinación con el artículo 55 del Tratado CE). Por tanto, una medida de armonización del Derecho contractual de seguros proporcionaría un elevado grado de protección de los asegurados.

6.3.1

El análisis de los problemas actuales relativos al mercado interior de seguros indica claramente que es necesaria la plena armonización del Derecho contractual de seguros. La armonización de normas mínimas permitiría a los Estados miembros aplicar unos niveles más elevados de protección conformes con la legislación europea y, de ese modo, crear nuevos obstáculos al mercado interior de seguros.

6.3.2

Las normas mínimas no constituirían un perjuicio para el funcionamiento del mercado interior si el régimen jurídico internacional privado actual fuera remplazado por normas dirigidas a la aplicación de la legislación del Estado en que el asegurador está establecido. Con ello, cada asegurador produciría su producto en virtud de su propia legislación nacional (permitiendo al menos unos niveles mínimos de protección europeos) y podría vender el producto sobre la base de la aplicación de la legislación del «país de origen» en todos los demás Estados miembros. El asegurado podría confiar en obtener unos niveles mínimos de protección a pesar de estar sujeto a una legislación extranjera.

6.3.3

Sin embargo, no es probable ni deseable un cambio de esta índole en el régimen jurídico internacional privado. En primer lugar, este cambio privaría a los consumidores de servicios de seguros de la protección del consumidor que garantiza el artículo 5 del Convenio de Roma por el que se protege al consumidor «pasivo» incluso en ámbitos en los que el Derecho sustantivo en materia de protección de los consumidores está armonizado). En segundo lugar, los tribunales impondrían normas obligatorias de la legislación del lugar de residencia del asegurado; por tanto, seguirían existiendo obstáculos al funcionamiento del mercado interior. En tercer lugar, cabe mencionar que, de acuerdo con el Reglamento relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales, un asegurador puede presentar una demanda contra un asegurado en los tribunales del lugar de residencia de este último (véase el apartado 1 del artículo 12) con muy pocas excepciones, y que es muy probable que un asegurado elija el mismo foro, de acuerdo con la letra b) del apartado 1 del artículo 9, para sus propias acciones judiciales.

6.3.4

Por consiguiente, un cambio en el régimen jurídico internacional privado crearía una situación en la que los tribunales con jurisdicción tendrían que aplicar, en la mayoría de los casos, una legislación extranjera. Esto aumentaría la carga y el coste de los litigios de asuntos relativos a los seguros aunque se armonizara el Derecho de seguros, por lo que este enfoque no es recomendable. En principio, el régimen jurídico internacional privado no debería modificarse; por su parte, el Derecho contractual de seguros debería armonizarse totalmente. Sin embargo, ello no obsta para que se pueda mejorar el actual régimen jurídico internacional privado; así, hasta tanto el Derecho de seguros no esté armonizado, un ciudadano «euromóvil» podría escoger entre el Derecho de su lugar de residencia y el de su país de nacionalidad.

6.4.1

Sistemáticamente, el Derecho contractual de seguros se inscribe en el Derecho contractual general. Esta observación plantea la cuestión de si la armonización del Derecho contractual de seguros sólo puede lograr sus objetivos si se armoniza todo el Derecho contractual (o al menos su parte general) o si se pueden lograr de forma independiente. Esto último parece ser el caso.

6.4.2

Como se menciona anteriormente, las normas obligatorias son las que constituyen un obstáculo al mercado interior de seguros y, por tanto, deberían ser objeto de armonización. Sin embargo, por su propia naturaleza, el Derecho contractual general no es obligatorio, si bien existen algunas normas obligatorias. No parece que esas normas sean tan radicalmente diferentes dentro de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros para que la no armonización altere el funcionamiento del mercado interior de seguros, ni que ejerzan una influencia predominante en el producto de seguros como tal.

6.4.3

Puede haber excepciones. Sin embargo, estas excepciones pueden abordarse dentro de la armonización del sector de los seguros. De hecho, la Directiva sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores (48), que se aplica asimismo a las políticas de seguros de los consumidores (49), ya aborda un ejemplo de esas normas. Una legislación de los contratos de seguro a escala europea sólo requeriría la ampliación de su ámbito de aplicación a todos los grandes riesgos para satisfacer el mercado interior de seguros.

6.4.4

Estos argumentos no pretenden ofrecer razones en contra de la armonización del Derecho contractual general, sino que dejan la cuestión únicamente a discreción de las instituciones comunitarias. De hecho, la armonización del Derecho contractual general facilitaría la tarea de armonizar el Derecho contractual de seguros. Los argumentos presentados sólo intentan demostrar que la armonización del Derecho contractual de seguros puede lograr sus objetivos por sí misma.

6.5.1.1

El Plan de acción para un Derecho contractual europeo más coherente ha destacado la posibilidad de introducir un instrumento facultativo en lugar de una armonización o unificación de las normas nacionales en materia de contratos. La principal diferencia entre los dos enfoques estriba en que un instrumento facultativo dejaría intactas las normas nacionales en materia de contratos cuando las partes de un contrato no opten por el instrumento o renuncien a él, en función de si el citado instrumento incluye permita a las partes escoger. De este modo, se crean ordenamientos jurídicos paralelos (el europeo y los nacionales) y se permite a las partes escoger entre estos regímenes.

6.5.1.2

Por el contrario, la armonización o unificación de las normas nacionales en materia de contratos sustituiría los conceptos tradicionales del Derecho contractual nacional por una solución europea. Las partes no tendrían la posibilidad de optar por su modelo nacional o por el europeo.

6.5.2.1

Desde la perspectiva del mercado interior de seguros, ambas soluciones comparten una ventaja evidente: efectivamente, retiran los obstáculos a las políticas de comercialización en toda Europa y hacen posible que un asegurado se mueva libremente dentro de la Comunidad sin que las diferencias jurídicas relativas a los contratos de seguro afecten negativamente a su póliza. Por este motivo, cualquiera de estos enfoques es preferible a la situación actual y la elección entre ellos acaba siendo una cuestión de política y no de principio.

6.5.2.2

La armonización del Derecho contractual de seguros podría resultar más engorrosa que la adopción de un instrumento facultativo. Teniendo en cuenta que dicha armonización conducirá a la sustitución de las «tradiciones» nacionales por una solución europea, las élites jurídicas nacionales (los profesionales y también los académicos) podrían dudar ante esta exigencia.

6.5.2.3

Un factor ambivalente es la correlación entre la intensidad de la interferencia con el Derecho interno y la rapidez de lograr resultados para el mercado interior. Dado que un instrumento facultativo no derogaría la legislación nacional, puede considerarse como un enfoque flexible y, por tanto, parecer más fácilmente aceptable para los mercados. Por otra parte, existe el temor de que un instrumento facultativo pudiera situar a los agentes del mercado único (por ejemplo, compañías y agentes de seguros) en una posición de espera: indecisos a la hora de tomar la iniciativa, cada agente esperaría a que el otro se adelantara, e intentaría sacar provecho de las (malas) experiencias de los competidores. ¿O acaso se consideraría el instrumento facultativo como una oportunidad que todo el mundo quiere aprovechar en primer lugar, por ejemplo, a través de la venta de seguros en Internet? Sin duda alguna, la armonización ofrecería resultados inmediatos, ya que ningún agente podría evitar su aplicación. Por otra parte, la intervención podría considerarse muy fuerte, incluso demasiado fuerte.

6.5.2.4

Una preocupación técnica que suscita el instrumento facultativo está relacionada con el hecho de que éste no puede sustituir totalmente a la armonización. Esto puede demostrarse fácilmente examinando los seguros de responsabilidad civil de los vehículos automóviles. La armonización de la legislación de los seguros de responsabilidad civil de los vehículos automóviles reviste una gran importancia para la movilidad fundamental de los ciudadanos de la CE, ya que proporciona una protección fundamental a las víctimas de accidentes. Es evidente que la protección de la víctima no debe depender de la elección por las partes de un contrato de seguro en favor de un instrumento europeo. Por consiguiente, un instrumento facultativo no podría sustituir la armonización de la normativa nacional en materia de seguros de responsabilidad civil de los vehículos automóviles.

6.5.2.5

Por último, se plantea la cuestión de si un instrumento facultativo logrará resultados eficaces en un ámbito como el Derecho de seguros, que se caracteriza por un desequilibro entre las partes. ¿Realizarían las partes una elección eficaz o serían los aseguradores quienes realizarían la elección de forma unilateral a través de la inserción de cláusulas de inclusión y exclusión en las condiciones generales de sus seguros?

6.5.2.6

Que el objetivo de un Derecho contractual europeo de seguros se alcance por medio de la armonización de las legislaciones nacionales o bien mediante el establecimiento de un instrumento facultativo no es una preocupación mayor. No obstante, este asunto debe estudiarse detenidamente.

6.6.1

Por último, podría formularse la pregunta de si la armonización de las legislaciones puede sustituirse por la definición de unas condiciones generales de los seguros para toda la UE. Efectivamente, si este esfuerzo se realizara de forma conjunta y con el apoyo de las instituciones comunitarias, se reducirían (pero no se abandonarían) las preocupaciones relativas a los aseguradores que deben tomar en consideración cada una de las legislaciones de los Estados miembros.

6.6.2

Sin embargo, el enfoque no es admisible. En primer lugar, unas condiciones generales para toda la UE pueden tomar en consideración las diferentes legislaciones nacionales, y a la vez seguir exigiendo un cálculo por separado de los riesgos, lo que va en perjuicio de los ciudadanos que se desplazan dentro de la UE.

6.6.3

Por otra parte, el enfoque conduciría al establecimiento de unas condiciones modelo que repercutirían negativamente en la competencia de los mercados de seguros. Cabe recordar que una de las principales medidas adoptadas en el marco de la creación de un mercado único de seguros fue la supresión de cualquier derecho de los Estados miembros a controlar sistemáticamente las condiciones generales de los seguros antes de que se introduzcan en el mercado. (50) Este control conduce a una falta de diversidad de los productos de seguros, una posibilidad de elección reducida para los clientes y, por tanto, una competencia reducida. La definición de condiciones generales de los seguros para toda la UE comporta un riesgo similar desde el punto de vista estructural.

7.1

Anteriormente se ha indicado que lo que debe armonizarse es la normativa preceptiva del Derecho contractual de seguros. Otra cuestión es si deben armonizarse todos los ámbitos del Derecho contractual de seguros o únicamente ámbitos concretos.

7.2.

Por lo general, el Derecho de seguros se divide en una parte general, que contiene las normas aplicables a todos los contratos de seguro, y en otra parte relativa a ramos específicos de seguros. Se plantea la cuestión de si el mercado interior de seguros requeriría la armonización de las normas generales, las normas específicas para ramos concretos o ambas.

7.3

En teoría, se requieren ambas cosas: tanto las normas generales como las normas propias de cada ramo del Derecho de seguros afectan al producto y, por tanto, obstaculizan el funcionamiento del mercado interior de seguros. Por ejemplo, las normas sobre las garantías promisorias, que pueden encontrarse normalmente en la parte general, influyen en el coeficiente del riesgo y la prima tanto como las normas específicas sobre, por ejemplo, los seguros de vida que regulan estos seguros en concreto. Por consiguiente, la armonización no debería distinguir, en principio, entre los dos tipos de normas.

7.4

Sin embargo, la armonización podría llevarse a cabo en varias fases. En ese caso, debe elaborarse una lista de prioridades. Aquí parecería apropiado armonizar primero la parte general. Muchos ramos de seguros no están sujetos a normas específicas y preceptivas (51), sino únicamente a normas generales en virtud de los actuales regímenes nacionales del Derecho contractual de seguros. Por tanto, urge en mayor medida armonizar las normas generales del Derecho contractual de seguros, habida cuenta de su carácter preceptivo. Esta armonización permitiría de inmediato la creación de un mercado interior de seguros en todos los ramos no contemplados por las normas jurídicas específicas y preceptivas. Sin embargo, una vez realizada esta tarea, deberían contemplarse asimismo los ramos regulados, como los seguros de vida y de enfermedad.

7.5.

El tipo de normas que podrían armonizarse en esta primera fase podrían referirse a los siguientes aspectos:

8.1

El seguro constituye en la actualidad un servicio esencial en las relaciones comerciales entre profesionales y entre éstos y los consumidores.

8.2

Algunos de los principios fundamentales que regulan la celebración y la validez del contrato de seguro en general difieren de una a otra normativa jurídica de los Estados miembros de la UE.

8.3

Esta circunstancia constituye uno de los obstáculos a la comercialización transfronteriza de este instrumento financiero y, por consiguiente, limita la realización del mercado interior en este ámbito.

8.4

Una determinada armonización de la normativa preceptiva de la denominada «parte general» del Derecho de seguros puede contribuir decisivamente a la eliminación de una larga serie de obstáculos y dificultades a que se enfrentan las empresas aseguradoras, los corredores de seguros y los asegurados y tomadores de seguros, sean profesionales o consumidores, en la realización de operaciones transfronterizas de seguros.

8.5

Este punto de vista lo comparten, sin excepción, todos los interesados que han sido consultados y oídos en esta materia.

8.6

En cuanto al modo de realizar esta armonización, parece evidente que debe optarse por una aproximación gradual, con vistas a la adopción, en una primera fase, de un modelo de contrato de seguro facultativo, más vinculante en todos sus términos y elementos.

8.7

En su preparación deberán tenerse en cuenta las propuestas de Directiva de la Comisión de 1979/1980, a la luz de las consideraciones y los análisis que sobre ellas han aportado varios interesados, representantes de la sociedad civil y de las entidades reguladoras de los Estados miembros, y debería tomarse también en consideración la evolución que entretanto ha experimentado el sector.

8.8

El instrumento comunitario que debe utilizarse es el Reglamento, y su base jurídica el artículo 95 del Tratado.

8.9

Basándose en las consideraciones expresadas en el presente Dictamen, el CESE insta a la Comisión a que vuelva a abrir el presente expediente e inicie los estudios de Derecho comparado y de las prácticas nacionales en el ámbito del contrato de seguro, a fin de confirmar la necesidad, la oportunidad y la posibilidad de proseguir con los trabajos orientados a la armonización del Derecho contractual de seguros a escala comunitaria.

8.10

Dichos trabajos deberán tomar en cuenta los resultados ya alcanzados por los expertos académicos en esta materia.

8.11

El CESE recomienda a la Comisión que los trabajos que se realicen se hagan públicos y se sometan a debate público, concretamente mediante un Libro Verde, base indispensable para la elaboración del instrumento comunitario que se considere más adecuado.

8.12

El CESE es consciente de que únicamente con una decidida voluntad política por parte de los Estados miembros de incentivar esta iniciativa de armonización del Derecho contractual de seguros será posible llevar adelante esta importante contribución a la realización del mercado interior de servicios financieros.

8.13

El CESE insta al Parlamento Europeo a que se asocie a esta iniciativa y que, renovando su apoyo al objetivo de una armonización de la normativa preceptiva de la parte general del Derecho contractual de seguros, le confiera un adecuado grado de prioridad en su agenda política.

a)

la estructura formal de la póliza de seguro;

b)

el derecho a una declaración de garantía en el momento de la celebración del contrato y sus requisitos formales mínimos;

c)

la lengua de celebración del contrato;

d)

el régimen de las declaraciones del asegurado en el momento de la conclusión del contrato que puedan influir en la evaluación y aceptación del riesgo, y las consecuencias de su falta o error intencionados;

e)

el régimen de las declaraciones del asegurado durante el contrato en relación con hechos o circunstancias que puedan traducirse en un agravamiento del riesgo y las consecuencias del incumplimiento de la respectiva obligación;

f)

el régimen de la carga de la prueba por el incumplimiento de las obligaciones mencionadas anteriormente;

g)

el régimen de la prima en caso de disminución del riesgo;

h)

las consecuencias de la falta de pago de la totalidad o de parte de la prima durante la vigencia del seguro;

i)

las obligaciones del tomador del seguro en caso de siniestro;

j)

el régimen de la rescisión del contrato de seguro;

k)

la posibilidad de que las partes establezcan excepciones a las disposiciones previstas en la Directiva, en la medida en que ello resulte más favorable para el tomador, el asegurado o el tercero perjudicado.

a)

vehículos ferroviarios,

b)

vehículos aéreos,

c)

vehículos marítimos, lacustres y fluviales,

d)

transporte de mercancías,

e)

responsabilidad civil relativa a vehículos aéreos, marítimos, lacustres y fluviales,

f)

crédito y caución, dadas las características particulares de estos ramos de seguro.

a)

la exclusión del seguro de enfermedad, tal como ha sugerido el CESE;

b)

un mayor detalle en los procedimientos de rescisión del contrato, con especial énfasis en la posibilidad de mantenimiento de los contratos modificados para su revocación pura y simple;

c)

una mejor formulación del régimen de la carga de la prueba.

28.6.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 157/15

1.1.

El turismo y el deporte son dos sectores llamados a desempeñar en el futuro una función cada vez más importante para el bienestar económico y social europeo. Su papel esencial se reconoce unánimemente a escala mundial.

1.2.

Los Estados y las sociedades apuestan cada vez más por estos sectores como canales privilegiados para difundir unos valores y mensajes positivos y desarrollar unas economías sostenibles desde un punto de vista medioambiental y social.

1.3.

Desde siempre, el deporte atrae a muchas personas que comparten la misma pasión, y les anima a desplazarse continuamente para seguir los acontecimientos deportivos, desde el más pequeño hasta el más grande.

1.4.

Hoy en día, el turismo ofrece una gama completa de atracciones deportivas que, sobre todo en los últimos años, están teniendo mucho éxito y, en algunos casos, contribuyen a la revitalización de zonas parcial o fuertemente deprimidas (1).

1.5.

Algunas sedes de acontecimientos deportivos se han convertido en destinos turísticos, y viceversa. Cada vez es mayor la integración entre estos dos sectores, que se enriquecen mutuamente mediante nuevas posibilidades de oferta y crecimiento.

1.6.

Esta evolución ha permitido a estos lugares atraer no sólo a jóvenes y menos jóvenes, sino también a personas discapacitadas, que pueden finalmente disfrutar de una experiencia deportiva durante sus vacaciones en condiciones nuevas y más gratificantes.

1.7.

En 2002 el número de turistas procedentes del mundo entero en Europa alcanzó los 411 millones, lo que corresponde a más del 5 % del PIB y a una cuota del turismo mundial de aproximadamente un 58 %. No obstante, la Organización Mundial del Turismo (OMT) prevé que para 2020 la cuota de Europa en el mercado turístico mundial descenderá hasta el 46 % pese a que el número de turistas prácticamente se duplicará, debido al aumento de los destinos de la competencia.

1.8.

En el marco de la elaboración del presente Dictamen, el CESE impulsó la organización en Roma de una audiencia pública sobre el tema «Turismo y deporte: los futuros desafíos para Europa», en la que participaron representantes autorizados italianos y europeos del sector turístico y deportivo, así como los Jefes de las Unidades de Turismo y Deporte de la Comisión Europea. Este acto brindó una valiosa oportunidad para intercambiar sugerencias y pistas de reflexión (2).

1.9.

A raíz de esta audiencia pública celebrada en Roma y teniendo en cuenta que este año el Día Mundial del Turismo (27 de septiembre de 2004), organizado por la OMT, se dedicó al tema «Deporte y turismo: dos fuerzas vivas al servicio de la comprensión mutua, la cultura y el desarrollo de las sociedades», el CESE ha abierto unas pistas de reflexión para una futura política, más integrada, en términos de análisis e intervención en estos dos sectores.

1.10.

En los próximos cinco años, Europa, que ya ha acogido en 2004 la Eurocopa de fútbol en Portugal y los XXVII Juegos Olímpicos y Paralímpicos en Grecia, será protagonista de una serie de acontecimientos deportivos de importancia mundial, cuyas repercusiones en términos de flujos turísticos y económicos serán considerables. El desplazamiento de turistas procedentes del mundo entero de una a otra parte de Europa representará una ocasión única para todos los destinos del continente.

2.1.

Por consiguiente, en los próximos años, los medios de comunicación del mundo entero concentrarán su atención sobre nuestro continente durante largos períodos. En todas estas ocasiones (3), la Unión Europea se encontrará en el centro de la comunicación, por medio de diferentes canales y a distintos niveles. Se hablará, pues, de Europa, al menos en ciertos ámbitos, incluso en términos políticos, socioculturales y turísticos y, por supuesto, deportivos.

2.2.

Es importante, sobre todo, que este período marcado por grandes acontecimientos deportivos brinde a la sociedad europea la oportunidad de reflexionar y experimentar determinados valores culturales y sociales, en una perspectiva de crecimiento y desarrollo sostenible.

2.3.

Naturalmente, estos actos también permitirán desarrollar y difundir una acción formativa y educativa de gran alcance entre la población de los Estados miembros y del mundo entero. Se deberá prestar una atención especial a los jóvenes y a los grupos menos integrados en el tejido social, como las personas discapacitadas.

2.4.

En una perspectiva de competitividad turística, los próximos años, tan ricos en grandes acontecimientos deportivos de alcance mundial, brindarán una oportunidad única a nuestro continente, que podrá así desarrollar y privilegiar unas opciones de mercado orientadas hacia la calidad de la acogida y la sostenibilidad de los servicios prestados.

2.5.

La Unión Europea consta ahora de 25 Estados miembros, con todas las ventajas que esta circunstancia conlleva para los 450 millones de habitantes del nuevo territorio comunitario. Esto significa que habrá un mayor número de destinos accesibles, una mayor movilidad de los ciudadanos, y que habrá aún más atletas y acontecimientos que integrar cuanto antes en los programas y circuitos del continente.

3.1.

El turismo es una industria de paz que favorece la integración entre los pueblos y permite su coexistencia, en un espíritu de tolerancia y respeto mutuos.

3.2.

El turismo ha demostrado que podía contribuir a mejorar las condiciones de vida de millones de personas en el mundo, al favorecer un desarrollo económico más equitativo y solidario.

3.3.

Sus repercusiones en términos de empleo son considerables. A nivel europeo, hay más de dos millones de empresas activas en este sector, que emplean a más de ocho millones de personas, sin contar los empleos indirectos que genera.

3.4.

En realidad, el turismo es un sector de carácter transversal, cuya capacidad para crear empleo es superior a la de otros sectores de producción.

3.5.

Sin embargo, también es un sector especialmente sensible a las coyunturas económicas negativas, las crisis internacionales y los fenómenos estacionales que limitan su impacto en el empleo de larga duración. Pese a estas circunstancias, este sector siempre ha demostrado cierta capacidad de resistencia global, gracias a la diversidad de sus ofertas, que permite compensar y superar situaciones críticas, de carácter estructural y coyuntural.

3.6.

El desafío que se plantea en los próximos años consistirá en crear y mantener un marco social y económicamente estable en la Europa de los 25 y en eliminar toda forma de exclusión social. Todos deben poder disfrutar del turismo y el deporte, así como de la cultura, y tener acceso a ellos, por lo que convendrá facilitar este acceso para los sectores sociales más desfavorecidos.

3.7.

La Comisión Europea ya resumió esta situación en la Comunicación que publicó en noviembre de 2001 con el título de «Un marco de cooperación para el futuro del turismo europeo» (4) y en la Comunicación publicada en noviembre de 2003, titulada «Orientaciones básicas para la sostenibilidad del turismo europeo» (5). Se trata ahora de concretar los deseos expresados en dichos documentos.

3.8.

Sin embargo, el desarrollo de un turismo de calidad no puede prescindir de la integración con otros sectores de producción y de ocio de la sociedad. El deporte, verdadero depósito de valores, cultura, normas e ideales, representa la contrapartida ideal para el logro de un crecimiento sostenible a todos los niveles.

3.9.

Al igual que el turismo, el deporte es hoy en día un elemento esencial de la actividad humana en el tiempo libre y representa también un factor de crecimiento social y de desarrollo económico con un enorme potencial.

3.10.

Los valores que transmite y que, como es sabido, se remontan a las primeras Olimpiadas griegas del siglo VIII a. C., son más que nunca de actualidad y ocupan un lugar cada vez más destacado en las políticas de formación dirigidas a los jóvenes.

3.11.

En los últimos años, la dimensión económica del deporte ha crecido sobremanera. Los grandes acontecimientos deportivos se han convertido en grandes momentos de movilización colectiva y social, portadores de mensajes y valores por todo el mundo y entre todas las edades.

3.12.

Los acontecimientos deportivos también han provocado la aparición de nuevas formas de turismo que asocian a las vacaciones tradicionales la posibilidad de practicar una actividad deportiva. Los grandes acontecimientos desempeñan a este respecto el papel de catalizadores e impulsan a la gente a ejercer nuevas disciplinas deportivas.

3.13.

Por una parte, el deporte se beneficia de las infraestructuras y los servicios turísticos y, por otra, genera turismo, que a su vez se beneficia considerablemente de los acontecimientos deportivos que tienen lugar en los diferentes destinos. Basta con pensar en el número de personas que se desplazan para seguir un Mundial de fútbol o los Juegos Olímpicos y, sobre todo, en las repercusiones en términos de imagen para los países donde se desarrollan estos acontecimientos.

3.14.

El presente dictamen se concentrará esencialmente, aunque no sólo, en los grandes acontecimientos deportivos, que son los que generan habitualmente más beneficios en términos culturales, sociales, económicos y de publicidad para los destinos europeos.

3.15.

Se entiende por gran acontecimiento deportivo, de manera muy general y no exclusiva, un acontecimiento capaz de generar un flujo significativo de turistas que pernoctan, activando así la industria turística del lugar de destino.

3.16.

Los grandes acontecimientos deportivos pueden ser una ocasión para destacar valores, comportamientos y prácticas que luego podrán darse y desarrollarse en los numerosos acontecimientos que se celebran a nivel local (6).

3.17.

Sin embargo, la compleja relación entre el turismo y el deporte se integra en un conjunto más amplio que incluye también el entorno social, cultural y medioambiental. Los turistas de hoy en día buscan experiencias de vacaciones cada vez más integradas, capaces de satisfacer a la vez sus expectativas de ocio, cultura y deporte.

4.1.

Hace unos años, el único fundamento jurídico aplicable a la política comunitaria del turismo se encontraba en la letra u) del artículo 3 del Tratado CE, que hacía referencia en términos generales a medidas en el ámbito del turismo. Para un sector con tan fuertes repercusiones económicas en muchos países de la Unión, esta situación limitaba considerablemente el desarrollo de una verdadera política turística europea.

4.2.

En realidad, el turismo es un sector de carácter marcadamente transversal, que abarca casi todos los sectores de producción y de servicios y requiere economías de escala eficaces, no sólo en el ámbito de su gestión territorial, sino también del proceso decisorio y político que orienta las decisiones en este sector.

4.3.

Sin embargo, sobre todo desde el año 1999, se ha venido observando un renovado y creciente interés de las instituciones comunitarias por el turismo (7). El CESE ha seguido activamente esta tendencia y acoge con gran entusiasmo la inclusión de un artículo ad hoc sobre el turismo en la Constitución Europea (8).

4.4.

El logro de este objetivo concluye una larga y, a veces, penalizadora marginación del turismo y es la condición necesaria para la igualación e integración institucional de este sector en las políticas de la Unión Europea.

4.5.

El CESE expresa su deseo de que a partir de ahora el turismo pueda contar con medidas, programas e iniciativas europeas realmente puntuales y específicas. Desea, a este respecto, que se cree un órgano único a nivel comunitario, similar a las agencias europeas competentes en determinados sectores (9).

4.6.

En cualquier caso, cabe celebrar que la acción de la Unión Europea ya se esté dirigiendo hacia una política del turismo orientada al desarrollo sostenible en todas sus formas (10).

4.7.

En cuanto a la política europea en el ámbito del deporte, se basa en unos pocos documentos fundamentales entre los que figura la Carta europea del deporte de 1992, el Tratado de Ámsterdam, que consagró su importancia social, y la declaración adjunta al Tratado de Niza, que, por su parte, estableció la especificidad entre las materias de competencia comunitaria.

4.8.

Gracias, en particular, al impulso recibido en la cumbre de Niza, el deporte encontró un lugar idóneo en la Constitución para Europa aprobada en junio de 2004, en la que figura en un artículo específico (11).

4.9.

Para poner de manifiesto la importancia del deporte desde el punto de vista social y educativo, la Comisión Europea decidió que 2004 sería el Año Europeo de la educación por el deporte. Es una manera de llamar la atención sobre este sector y de financiar proyectos de formación, sensibilización y desarrollo en los círculos escolares y extraescolares de toda la Unión.

4.10.

En el marco de esta iniciativa se fomentó asimismo, aunque con recursos limitados, la movilidad de los estudiantes, que han podido así visitar lugares distintos de su lugar de origen y combinar su deseo de descubrir y viajar con el de practicar su deporte favorito.

4.11.

Las modalidades de integración entre turismo, deporte y cultura constituyen uno de los retos que deberemos afrontar en los próximos años para contribuir a la reactivación de la economía europea y favorecer un nivel más elevado de bienestar social para todos.

4.12.

Es ésta una prioridad a la luz de los objetivos de la estrategia de Lisboa ya mencionados, que, en cualquier caso, deberán tener en cuenta las transformaciones económicas de los países de la Unión para poder garantizar un crecimiento y un desarrollo sostenibles y duraderos.

4.13.

La elaboración a nivel europeo de esta estrategia innovadora, dirigida hacia la integración horizontal del turismo, el deporte y la cultura, puede realizarse a través de talleres específicos (organizados con motivo del Foro europeo del turismo o de un Foro europeo del deporte) o mediante la promoción de iniciativas innovadoras (como, por ejemplo, el intercambio de estudiantes, el lanzamiento de campañas de sensibilización para que los turistas «deportivos» participen en la vida cultural y social del lugar del acontecimiento deportivo, la organización de cursos dirigidos al desarrollo de nuevas competencias, etc.). En este sentido, es fundamental que participen, en primer lugar, tanto representantes de la sociedad civil como del sector privado.

4.14.

El reconocimiento jurídico del turismo y el deporte en el Tratado constitucional europeo significa un gran paso adelante en la realización de estos objetivos, especialmente para el fomento y desarrollo de la competitividad de las empresas europeas que operan en estos dos sectores.

5.1.

Como se ha dicho, los próximos años serán ricos en acontecimientos deportivos a los que asistirán millones de personas del mundo entero.

5.2.

Este período, caracterizado por numerosos desplazamientos, grandes acontecimientos deportivos y una atención mediática sostenida, plantea la importante cuestión de la seguridad. Este tema deberá abordarse con el sentido de la responsabilidad, evitando un alarmismo injustificado, pero adoptando todas las medidas de prevención y vigilancia necesarias para garantizar un desarrollo tranquilo de todas las manifestaciones deportivas.

5.3.

En este sentido, la cooperación y la elaboración preventiva de estrategias comunes de intervención constituyen unos elementos decisivos de la gestión de los grandes acontecimientos deportivos.

5.4.

La seguridad deberá, pues, estar en el centro de las estrategias organizativas de los acontecimientos de los próximos años y la prevención deberá constituir el pilar fundamental de estas estrategias.

5.5.

Las Naciones Unidas, reunidas en asamblea general el 6 de septiembre de 2000, adoptaron una Declaración que establece, en su punto 10: «Instamos a los Estados Miembros a que observen la Tregua Olímpica, individual y colectivamente, ahora y en el futuro, y a que respalden al Comité Olímpico Internacional en su labor de promover la paz y el entendimiento humano mediante el deporte y el ideal olímpico».

5.6.

El Consejo Europeo de Bruselas (12 de diciembre de 2003) y el Parlamento Europeo (1 de abril de 2004) se han expresado hace poco en el mismo sentido. El Parlamento, en particular, ha acogido favorablemente la creación por el Comité Olímpico Internacional (COI) de una Fundación Internacional para la Tregua Olímpica, destinada a promover los ideales de paz y comprensión a través del deporte.

5.7.

A modo de contribución al debate sobre la seguridad, el CESE destaca la necesidad de hacer de la tregua olímpica un «mensaje universal» para todos los acontecimientos deportivos mundiales de los próximos años. De hecho, el CESE está convencido de que el deporte puede contribuir a difundir la cultura del diálogo y a multiplicar las oportunidades de encuentro.

6.1.

Como ya se ha dicho, el turismo y el deporte ponen en juego relaciones complejas que tienen repercusiones en el ámbito social, económico y medioambiental. Esta complejidad es aún mayor cuando se trata de acontecimientos de gran alcance (grandes acontecimientos).

6.2.

En consecuencia, la organización de estos acontecimientos debe inspirarse en el principio de sostenibilidad, tanto sociocultural como económica y medioambiental. Es necesario aplicar al deporte y a los destinos deportivos las orientaciones relativas a la sostenibilidad del turismo adoptadas por la Comisión Europea en su reciente Comunicación, anteriormente mencionada, titulada «Orientaciones básicas para la sostenibilidad del turismo europeo» (12) y reflejadas en el Dictamen del CESE sobre el tema «Por un turismo accesible a todas las personas y socialmente sostenible» (13).

6.3.

Desde un punto de vista social y cultural, las manifestaciones deportivas deberán brindar la oportunidad, entre otras cosas, de valorizar las identidades y realizar intercambios culturales. Se propone, por tanto, apoyar las iniciativas y los acontecimientos de carácter turístico o deportivo en los que participen varias regiones de diferentes países europeos (sobre el modelo del programa Interreg).

6.4.

Desde un punto de vista socioeconómico, es preciso prestar la mayor atención a la población local, como protagonista principal de la manifestación. La planificación de los distintos servicios e infraestructuras deberá tener en cuenta los posibles usos futuros para los habitantes. La población local también deberá servir de referencia para la reactivación del empleo y la adopción de medidas de formación orientadas hacia las manifestaciones propiamente dichas.

6.5.

Ya se han elaborado modelos destinados a medir la capacidad de absorción de los lugares de destino y de los correspondientes servicios, en términos de sostenibilidad medioambiental, aunque no exclusivamente. Convendría promover la difusión y aplicación de estos modelos a los acontecimientos deportivos, adoptando, como ya se ha dicho, un enfoque integrado, que tenga en cuenta diferentes aspectos relacionados con la sociedad, la economía y el medio ambiente.

6.6.

Por tanto, es necesario definir y sostener los modelos de planificación, gestión y desarrollo de estos acontecimientos, con el fin de maximizar sus beneficios y el valor añadido que aportan, sobre todo, al territorio y a la comunidad de acogida, que en cualquier caso padecen las repercusiones negativas y raramente pueden extraer beneficios mensurables.

6.7.

Los acontecimientos deportivos de grandes dimensiones pueden ser una ocasión de desarrollar competencias y conocimientos técnicos de alto nivel, que pueden ser útiles a medio y largo plazo para el lugar de destino turístico o deportivo, en términos de cultura de acogida y preparación del acto. También pueden servir para difundir las mejores prácticas en el ámbito de la gestión integrada del turismo y el deporte.

6.8.

La organización de manifestaciones complejas requiere realizar previamente una actividad inicial de cartografía de los posibles conflictos entre los habitantes y los visitantes temporales en cuanto a la utilización de los recursos, servicios y espacios y su calidad respectiva.

6.9.

Revestirá una importancia fundamental, a este respecto, la actividad de gobernanza entre los promotores de los acontecimientos, los servicios organizadores, los representantes locales, los representantes de los usuarios finales, los representantes de los intereses sociales y, en general, todas las partes interesadas.

6.10.

Los acontecimientos deportivos se deben integrar en la programación a medio o largo plazo tanto de la localidad como del país de acogida. Se deberá tener en cuenta, en particular, el impacto de estos acontecimientos en la imagen global de los destinos turísticos y deportivos.

6.11.

Es notorio que el carácter estacional del turismo suele ser uno de los obstáculos a su desarrollo, por lo que los acontecimientos deportivos también sirven de factores de apoyo a una política de desarrollo del turismo y de su economía durante todo el año, optimizando así sus resultados y garantizando un empleo estable y de larga duración.

6.12.

Sería útil adoptar y apoyar medidas de seguimiento de las experiencias actuales y futuras, con el fin de contribuir a la definición de un modelo de experiencias para la planificación y gestión de los acontecimientos deportivos que respete plenamente los aspectos sociales, medioambientales y económicos anteriormente citados. Sería interesante, en particular, apoyar una acción de seguimiento de la utilización de las instalaciones y del posterior uso de las estructuras y servicios creados con motivo de un acontecimiento específico.

6.13.

En general, conviene destacar la posibilidad de adoptar las medidas, acciones y recomendaciones contenidas en el programa europeo plurianual para un desarrollo sostenible del turismo, creando una Agenda 21 para el deporte y los destinos que se inclinan más por organizar y acoger tales acontecimientos.

6.14.

Es necesario sistematizar, difundir y poner en común las buenas prácticas y las experiencias positivas de planificación y gestión de acontecimientos turísticos y deportivos, con el fin de optimizar la organización de los grandes acontecimientos que tendrán lugar en la Unión Europea próximamente.

7.1.

Se reitera la necesidad de reforzar, a todos los niveles, el objetivo de formación y educación en el ámbito de las políticas relacionadas con el deporte y el turismo.

7.2.

Este enfoque también se deriva de la Declaración sobre el deporte adjunta a las conclusiones del Consejo Europeo de Niza de diciembre de 2000, en la que se subrayaba que «la Comunidad debe tener en cuenta las funciones social, educativa y cultural del deporte, que conforman su especificidad, a fin de salvaguardar y promover la ética y la solidaridad necesarias para preservar su papel social».

7.3.

La integración y la valorización de los valores positivos comunes al turismo y al deporte pueden constituir potentes instrumentos de integración para las poblaciones, las ciudades y los Estados.

7.4.

La serie de acontecimientos iniciada en 2004 adquiere, pues, mayor importancia aún si se tiene en cuenta el objetivo perseguido: la transmisión de elementos y orientaciones educativas por medio de estos grandes acontecimientos, que gozarán de una enorme visibilidad de cara al público y a las instituciones.

7.5.

La apertura de la Unión a diez nuevos Estados viene a reforzar aún más esta posibilidad. La finalidad educativa de un mejor conocimiento de la Unión y de sus pueblos, el intercambio recíproco de valores vinculados a la deportividad, la lealtad y la competitividad podrán extenderse y compartirse con los nuevos Estados miembros gracias a la utilización de los grandes medios de comunicación.

7.6.

Entre los principales valores que habrá que desarrollar y difundir figuran también la tolerancia, la apertura y la acogida, así como la voluntad de conocer pueblos y etnias diferentes. El intercambio de estos valores en la Unión Europea exige, por un lado, una formación escolar adaptada, así como una formación para adultos destinada a todos los que trabajan en el ámbito del turismo y el deporte y, por otro, un intercambio intensivo de experiencias que debe fomentarse. Los turistas también vinculan sus viajes a una serie de expectativas relativas a los valores mencionados supra.

7.7.

En los acontecimientos deportivos y turísticos, convendrá hacer especial hincapié en el derecho a practicar las distintas disciplinas y a participar en los correspondientes acontecimientos para todos los estratos de la población y especialmente los más débiles: jóvenes, personas mayores y personas discapacitadas.

7.8.

Tal como se afirma en la Declaración sobre el deporte adjunta a las conclusiones del Consejo Europeo de Niza de diciembre de 2000 antes mencionada, «la práctica de las actividades físicas y deportivas es, para las personas minusválidas físicas o mentales, un medio privilegiado de desarrollo personal, rehabilitación, integración social y solidaridad (...)».

7.9.

Estas acciones a favor de los sectores más débiles de la población deben ser impulsadas por las instituciones centrales y locales, las federaciones nacionales, las sociedades y asociaciones deportivas, los clubes no profesionales y las escuelas.

7.10.

En realidad, el mundo escolar es el terreno más fértil para difundir valores positivos y contribuir al conocimiento recíproco, ya que los vínculos entre deporte, turismo y formación pueden explotarse mucho mejor si se empieza desde la edad escolar.

7.11.

En consecuencia, se propone seguir promoviendo la movilidad y los intercambios de estudiantes a través de la organización de encuentros deportivos que prevean también períodos de conocimiento y de profundización de las realidades y culturas locales.

7.12.

Se propone, asimismo, aumentar la cooperación entre los Estados miembros, sobre todo por lo que respecta al intercambio de información sobre las mejores prácticas con la participación de los turistas deportivos en la vida cultural y social del lugar en que se celebra el acontecimiento deportivo, con el fin de reducir los actos de violencia e intolerancia y fomentar ocasiones de enriquecimiento mutuo.

7.13.

También sería interesante examinar la conveniencia de organizar cursos dirigidos a desarrollar nuevas competencias encaminadas a la organización de acontecimientos turísticos y deportivos, que tuvieran en cuenta todos los aspectos del turismo vinculados al desarrollo social, la sostenibilidad integrada, la comunicación y la mercadotecnia.

8.1.

El turismo y el deporte pueden convertirse en unos laboratorios para el desarrollo y el intercambio de valores positivos, inspirados en el respeto de los demás y orientados hacia el conocimiento mutuo, la tolerancia y la acogida recíproca. Estos sectores tienen una vocación natural para desempeñar estas misiones y su papel adquiere especial relevancia en el contexto de una sociedad cada vez más dinámica, marcada por profundas transformaciones sociales y culturales, geopolíticas y tecnológicas.

8.2.

El turismo y el deporte pueden, además, contribuir en gran medida a la realización de los objetivos de la estrategia de Lisboa. Su creciente impacto económico podría convertirse en un verdadero motor para la economía de la Unión Europea, sobre todo si se aprovechan plenamente todas las oportunidades de desarrollar y difundir las competencias relacionadas con estos dos sectores.

8.3.

La inclusión del turismo y el deporte en la versión final de la Constitución Europea representa un paso histórico para estos dos sectores. El CESE espera ahora que la UE desempeñe una actividad significativa en estos dos ámbitos y propone emplear el método abierto de coordinación para garantizar el intercambio de capacidades y conocimientos y su comparación a escala europea.

8.4.

El turismo y el deporte son dos sectores complejos y nada homogéneos, muy difíciles de estudiar conjuntamente y de comparar en términos económicos y sociales. Por ello, el CESE propone crear un Observatorio común europeo y un banco de datos capaces de recabar, reunir y difundir en los Estados miembros los conocimientos y las mejores prácticas para el desarrollo de ambos sectores.

8.5.

Por otra parte, el CESE espera que la Unión Europea promueva estudios e investigaciones que permitan realizar un análisis comparado a escala europea de las repercusiones sociales, económicas y medioambientales del binomio turismo y deporte.

8.6.

La difusión de una cultura que promueva el acceso de todos al turismo y al deporte, y la elaboración de políticas en apoyo de esta cultura, debe constituir una prioridad en todas las acciones encaminadas a desarrollar estos dos sectores, teniendo en cuenta tanto los estratos de la población más débiles, como los jóvenes, las personas mayores y las personas discapacitadas, como la población con recursos económicos limitados. A tal fin, el CESE espera que se lance una campaña de sensibilización para que se tome conciencia de que los criterios de accesibilidad y sostenibilidad permiten incluso mejorar la competitividad en el mercado.

8.7.

Se propone crear una Agencia Europea del Turismo, con el fin de salvaguardar las características de este sector, analizar sus problemas y determinar las posibles líneas de desarrollo y los instrumentos innovadores que convendría crear en aras de un crecimiento sostenible que se integre en las acciones estructurales de la Unión Europea.

8.8.

El turismo y el deporte son dos fenómenos múltiples y complejos, con un gran potencial de desarrollo. El presente Dictamen subraya la necesidad de una integración horizontal de estos sectores a nivel europeo, para que estas potencialidades puedan concretarse tanto en el ámbito socioeconómico como en el cultural. A la hora de aplicar las medidas solicitadas, el CESE destaca, asimismo, la necesidad de prestar una atención constante a su sostenibilidad, tanto desde los puntos de vista socioeconómico y cultural como medioambiental.

8.9.

El CESE ha dado al presente dictamen la denominación de «Declaración de Roma sobre turismo y deporte» a fin de identificarlo y difundirlo en todas las manifestaciones pertinentes del sector turístico y deportivo a nivel europeo.

28.6.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 157/22

1.1

El CESE es consciente de que el presente dictamen aborda un asunto en buena parte novedoso y con una terminología que suele ser poco conocida o, en todo caso, poco utilizada. Por este motivo, ha considerado útil ofrecer algunas definiciones y describir los avances de la investigación y de las aplicaciones en el ámbito de las nanotecnologías en América y Asia.

1.2

Índice del dictamen

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2.1

Nano. Indica la milmillonésima parte de una unidad. En este caso y dado que se trata de dimensiones, «nano» significa la milmillonésima parte del metro.

2.2

Micro. Indica la millonésima parte de una unidad. En este caso, la millonésima parte del metro.

2.3

Nanociencias. Las nanociencias constituyen un nuevo enfoque de las ciencias tradicionales (química, física, biología electrónica, etc.) respecto de la estructura fundamental y del comportamiento de la materia a nivel atómico y molecular. De hecho, son las ciencias que estudian el potencial de los átomos en las distintas disciplinas (1).

2.4

Nanotecnologías Son las tecnologías que permiten manipular los átomos y las moléculas para crear nuevos materiales y productos que, merced a una composición diferente y a la reordenación de los átomos, presentan características específicas que tienen aplicación en la vida diaria (2). En definitiva, son las tecnologías de la milmillonésima parte del metro.

2.5

Además de la definición expuesta, conviene dar una segunda más exacta desde el punto de vista científico. El término nanotecnología designa un planteamiento multidisciplinar para la creación de materiales, dispositivos y sistemas mediante el control de la materia a escala nanométrica.

2.6

Nanomecánica. Las dimensiones de un objeto comienzan a ser importantes para determinar sus propiedades cuando la escala varía entre uno y varias decenas de nanómetros (es decir, objetos compuestos por un número de átomos comprendido entre algunas decenas y algunos millares). En este orden de magnitudes, un objeto compuesto de 100 átomos de hierro tiene propiedades fisicoquímicas radicalmente distintas de otro con 200 átomos, aunque ambos se fabriquen con los mismos átomos. Del mismo modo, las propiedades mecánicas y electromagnéticas de un sólido compuesto de nanopartículas son muy distintas de las que tiene un sólido tradicional con idéntica composición química y se derivan de las propiedades de cada unidad que lo compone.

2.7

Se trata de una novedad científica y tecnológica fundamental que modifica la manera de entender la creación y manipulación de materiales en todos los sectores de la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, la nanotecnología no es una nueva ciencia que se añade a la química, la física o la biología, sino una nueva manera de abordar estas ciencias.

2.8

De todo lo anterior se deduce que un material o un sistema nanoestructurado está formado por unidades de dimensión nanométrica (por lo tanto, no son ya relevantes las arquitecturas compuestas por átomos individuales a las que estamos acostumbrados) y por tanto dotadas de propiedades específicas que se combinan para formar estructuras complejas. En definitiva, parece claro que los paradigmas productivos basados en el ensamblaje de átomos o moléculas individuales deben sustituirse por planteamientos en los que las dimensiones son un parámetro fundamental.

2.9

A la hora de cuantificar el alcance revolucionario de la nanotecnología, se puede afirmar que es comparable al descubrimiento de una nueva tabla periódica de los elementos, mucho más extensa y complicada que la ya conocida, y que con ella pueden superarse las restricciones que imponen los diagramas de fase (por ejemplo, la posibilidad de mezclar dos materiales).

2.10

Se trata en suma de tecnologías con un enfoque ascendente (bottom-up) que permiten pasar de la dinámica de funciones individuales a un conjunto. Sus aplicaciones son cada vez más amplias, entre otros, en los siguientes campos: sanidad, tecnologías de la información, ciencias de los materiales, industria manufacturera, energía, seguridad, ciencias aeroespaciales, óptica, acústica, química, alimentación y medio ambiente.

2.11

Merced a estas aplicaciones, algunas de las cuales ya son viables y están al alcance de los ciudadanos (3), se puede afirmar que las nanotecnologías podrán mejorar de forma considerable la calidad de la vida, la competitividad de la industria manufacturera y el desarrollo sostenible  (4).

2.12

Microelectrónica. Rama de la electrónica que se ocupa del desarrollo de circuitos integrados, realizados sobre una única zona del semiconductor y de dimensiones muy reducidas. En la actualidad, la microelectrónica puede fabricar componentes independientes de aproximadamente 0,1 micrómetros, es decir, 100 nanómetros (5).

2.13

Nanoelectrónica. Ciencia que se ocupa del estudio y la producción de circuitos realizados con tecnologías y materiales distintos del silicio y que funcionan con arreglo a principios muy diferentes de los actuales (6).

2.13.1

La nanoelectrónica está a punto de convertirse en uno de los pilares de las nanotecnologías, de la misma manera que la electrónica forma parte hoy día de todos los sectores científicos y procesos industriales (7).

2.13.2

El sector de los componentes eléctricos y electrónicos ha evolucionado muy rápidamente. En pocas décadas, se ha pasado de las válvulas a los semiconductores, los circuitos integrados y los microprocesadores, para llegar en la actualidad a los nanocircuitos fabricados con elementos que constan de unos pocos centenares de átomos. En un nanocircuito puede almacenarse una cantidad de información similar a la de 25 volúmenes de la Enciclopedia Británica (8).

2.13.3

Los científicos y los fabricantes de componentes electrónicos se dieron cuenta rápidamente de que el flujo de información es tanto más rápido cuanto menor sea el tamaño del circuito integrado (9). Por lo tanto, la nanoelectrónica permite gestionar información muy rápidamente en espacios extremadamente reducidos.

2.14

Microscopio de efecto túnel. Este instrumento, por el que se concedió el Premio Nobel a sus inventores, ha llegado a calificarse como «la lente del siglo XXI». Sirve para «ver» la materia a escala atómica. Funcionamiento: la punta del microscopio se desplaza paralelamente a una superficie. Debido al efecto túnel, hay electrones (no átomos) de la superficie que pasan a la punta. Ello crea una corriente cuya intensidad es inversamente proporcional a la distancia entre la superficie y la punta. Esta corriente se convierte mediante un cálculo de alturas para obtener la topografía de la superficie de un objeto a escala nanométrica.

2.14.1

Efecto túnel. En la mecánica clásica, una partícula que se encuentra en un pozo y que tiene cierta energía no puede salir si dicha energía es insuficiente para superar los bordes del pozo. La situación es muy diferente en la mecánica quántica, debido al principio de indeterminación. Dado que la partícula está confinada en el pozo, la indeterminación de su posición es mínima y, en consecuencia, la indeterminación de la velocidad es grande. Por lo tanto, hay cierta probabilidad de que la partícula tenga energía suficiente para salir del agujero, aunque su energía media no baste para superar la barrera (10).

2.15

Nanotubos de carbono. Son el resultado de un ensamblaje especial de átomos de carbono. Los nanotubos son uno de los materiales más resistentes y ligeros que se conocen. Son seis veces más ligeros y cien veces más resistentes que el acero. Tienen un diámetro de pocos nanómetros y una longitud de bastantes micrómetros (11).

2.16

Autoensamblaje de macromoléculas. Es el procedimiento que se utiliza en el laboratorio para imitar a la naturaleza: «Todo lo que vive está autoensamblado». Mediante el método de autoensamblaje se crean interfaces entre circuitos electrónicos y tejidos biológicos y se persigue la unión entre informática y biología. El objetivo, que los científicos ya no consideran tan lejano, consiste en que los sordos puedan oír y los ciegos ver (12).

2.17

Biomimética  (13). Es la ciencia que estudia las leyes en las que se basan los ensamblajes moleculares existentes en la naturaleza. El conocimiento de estas leyes permitirá crear nanomotores artificiales basados en los mismos principios que rigen en la naturaleza (14).

3.1

El Comité Económico y Social Europeo valora positivamente la claridad del texto de la Comunicación sobre las nanotecnologías, comparte los motivos que aduce la Comisión para presentar con suficiente antelación sugerencias valiosas sobre este asunto y se felicita de los numerosos materiales publicados, incluidos CD-ROM, destinados tanto a expertos como a jóvenes.

3.1.1

Los CD-ROM en especial, concebidos con un enfoque pedagógico, son vectores culturales muy útiles para difundir la información necesaria sobre las nanotecnologías entre un público muy amplio, a veces profano en la materia y joven en su mayoría.

3.2

El Comité considera que este campo, que puede aportar nuevos y fecundos descubrimientos en numerosos ámbitos de la vida diaria, debe explicarse con un lenguaje comprensible para todo el mundo. Además, las investigaciones sobre nuevos productos deben responder a las exigencias y peticiones de los consumidores, preocupados por el desarrollo sostenible.

3.2.1

Los periodistas y los profesionales de los medios de comunicación pueden desempeñar un papel especial, sobre todo la prensa especializada, que es la primera en divulgar los éxitos de los científicos en su esfuerzo por trascender los límites de la ciencia para obtener resultados concretos.

3.2.2

Los indicadores actuales de los avances en las nanotecnologías son principalmente de cuatro tipos: 1) publicaciones (15); 2) patentes; 3) creación de nuevas empresas (start-up); 4) volumen de negocios. En publicaciones, la UE figura en primer lugar con un porcentaje del 33 %, seguida de Estados Unidos con un 28 %. No se dispone de datos precisos sobre China, pero parece que las cifras van en aumento. En cuanto a patentes, Estados Unidos es el primero con un 42 %, seguido por la UE con un 36 %. Respecto de la creación de nuevas empresas, de cada 1 000 auténticas empresas de nanotecnología, 600 surgen en Estados Unidos y 350 en la Unión Europea. Las cifras sobre el volumen de negocios, tomadas de forma global, prevén un incremento de los 50 mil millones de euros actuales a aproximadamente 350 mil millones en 2010, para alcanzar el billón de euros en 2015 (16).

3.3

Las nanotecnologías y las nanociencias constituyen un nuevo planteamiento de las ciencias y la ingeniería de los materiales, pero son sobre todo uno de los instrumentos multidisciplinares más prometedores e importantes para elaborar sistemas de producción, descubrimientos altamente innovadores y aplicaciones de amplio espectro en los distintos sectores de la sociedad.

3.3.1

A escala nanométrica, los materiales convencionales adquieren propiedades distintas de las que presentan a escala macroscópica, lo que permite obtener sistemas con mejores funciones y prestaciones. El descubrimiento revolucionario de la nanotecnología es que al reducir las dimensiones de un material se modifican sus propiedades físicas y químicas. Ello permite elaborar estrategias de producción similares al funcionamiento de la naturaleza para realizar sistemas complejos, con un uso racional de la energía y reduciendo al mínimo la cantidad de materia prima necesaria y de residuos (17).

3.3.2

Asimismo, los procesos de producción vinculados a las nanotecnologías deben ser objeto de un nuevo planteamiento que tenga en cuenta de manera global estas nuevas propiedades, con el fin de garantizar el máximo beneficio para el sistema económico y social europeo.

3.4

El planteamiento nanotecnológico está impregnando todos los sectores productivos y se utiliza en la actualidad en algunos procesos de producción de la electrónica (18), química (19), farmacia (20), mecánica (21), sectores automovilístico y aeroespacial (22) y manufacturero (23), así como en los cosméticos.

3.5

La Unión Europea puede aprovechar las nanotecnologías para dar un fuerte impulso a la realización de los objetivos que estableció el Consejo Europeo de Lisboa mediante el desarrollo de la sociedad del conocimiento, y hacer que la Unión sea la potencia más dinámica y competitiva del mundo, cohesionada, respetuosa con el medio ambiente y, por último, generadora de nuevas empresas, de mejores empleos y de nuevas profesiones.

3.6

A juicio de la Comisión, Europa dispone en el sector de las nanotecnologías de una situación de partida favorable, pero ésta debe traducirse en ventajas competitivas reales para la industria y la sociedad europeas y garantizar resultados en consonancia con las enormes inversiones que requiere la investigación.

3.6.1

El problema esencial es comprender la importancia estratégica de estas tecnologías que interesan a amplios sectores económicos y sociales. También es imprescindible desarrollar una verdadera política integrada en el ámbito de las nanotecnologías y nanociencias, que cuente con recursos adecuados y con el apoyo total de los sectores privado, industrial, financiero y educativo.

4.1

Mediante esta Comunicación, la Comisión quiere iniciar un debate a nivel institucional con el fin de emprender una acción coherente para:

4.2

En concreto, la Comisión propone desarrollar las siguientes acciones:

5.1

Respecto de la experiencia estadounidense, la iniciativa nacional sobre las nanotecnologías (NNI — National Nanotechnologies Initiative), puesta en marcha en 2001 como programa de investigación fundamental y aplicada y que coordina la labor de numerosas agencias del país que trabajan en este campo, recibió para el año económico 2005 créditos por un importe de más de mil millones de dólares, lo que supone duplicar el presupuesto inicial de 2001. Estos créditos se destinan sobre todo a la investigación fundamental y aplicada, el desarrollo de centros de excelencia e infraestructuras, así como a la evaluación y verificación de las implicaciones para la sociedad, desde el punto de vista ético, jurídico, de la seguridad y la salud pública, así como del desarrollo de los recursos humanos.

5.1.1

La NNI financia directamente diez agencias federales y coordina algunas más. La Fundación Nacional para la Ciencia (NSF), la Agencia de la Ciencia del Ministerio de Energía, el Ministerio de Defensa y el Instituto Nacional de Sanidad (NIH) han obtenido aumentos significativos de los presupuestos respectivos, destinados específicamente a las nanotecnologías. En concreto, el Ministerio de Energía ha invertido cantidades ingentes para crear cinco infraestructuras importantes: centros de investigación sobre la ciencia a la escala «nano», abiertos a los investigadores de toda la comunidad científica. Asimismo, el Programa en favor de las nanotecnologías del Ministerio de Defensa se ha beneficiado durante bastantes años de distintas aportaciones procedentes, entre otros, de los servicios que solicitan las fuerzas armadas de Estados Unidos.

5.1.2

Estos importantes avances se han logrado merced a la aprobación en diciembre de 2003 de una ley esencial para la política nanotecnológica estadounidense: la «21st Century Nanotechnology Research and Development Act». En ella se estableció, entre otros aspectos, la creación de la Oficina nacional de coordinación de las nanotecnologías con las siguientes competencias:

5.1.3

Para reforzar dicha ley, el Instituto Nacional de Normalización y Tecnología (NIST) puso en marcha un programa específico para el desarrollo de la fabricación en el sector de las nanotecnologías, centrado en la metrología, la fiabilidad y las normas de calidad, el control de los procesos y las mejores prácticas manufactureras. Mediante el «Manufacturing Extension Partnership», los resultados de este programa podrán ampliarse a las PYME.

5.1.4

La ley mencionada también estableció la creación de una oficina de centralización de la información («clearinghouse»), encargada de:

5.1.5

Además, se ha previsto crear un centro nacional de preparación a la nanotecnología, encargado realizar, coordinar, recopilar y difundir estudios sobre las repercusiones éticas, jurídicas, educativas, medioambientales y laborales de las nanotecnologías, así como de anticipar los problemas que puedan surgir para prevenir posibles efectos negativos.

5.1.6

Por último, el marco organizativo que establece la ley se completa con la instauración de un centro de fabricación de nanomateriales responsable de fomentar, realizar y coordinar las investigaciones sobre las nuevas tecnologías manufactureras, así como compilar y difundir sus resultados con el fin de facilitar su transferencia a las industrias estadounidenses.

5.1.7

La ley también fija, para el período de 2005 a 2008, la dotación financiera de las principales agencias y ministerios federales: NSF, DOE, NASA, y NIST (24).

5.2

El anuncio de la iniciativa americana NNI implicó profundos cambios en la política científica de investigación y desarrollo tecnológico de los países de Asia y el Pacífico, que decidieron conferir a la región una posición de vanguardia en el desarrollo de las nanotecnologías. Éstas se han convertido en la «prioridad de las prioridades» para muchos países asiáticos y del Pacífico, con un gasto global en 2003 de más de 1 400 millones de dólares: de este montante, el 70 % corresponde a Japón, pero también se han realizado inversiones importantes en China, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, India, Malasia, Tailandia, Vietnam y Singapur, sin olvidar Australia y Nueva Zelanda.

5.3

Desde mediados de los años ochenta, Japón puso en marcha distintos programas plurianuales (entre 5 y 10 años) en el sector de las nanociencias y nanotecnologías. En 2003, el programa de I+D sobre nanotecnologías y materiales recibió 900 millones de dólares, pero varios temas relacionados con las nanotecnologías figuran también en los programas sobre las ciencias de la vida, el medio ambiente y la sociedad de la información, por lo que el montante total de los fondos dedicados a este sector ascendió a casi 1 500 mil millones de dólares en dicho año, con un aumento de aproximadamente el 20 % para 2004. El sector privado japonés también está muy presente con dos grandes empresas como Mitsui & Co y Mitsubishi Corporation. Las principales empresas japonesas, como NEC, Hitachi, Fujitsu, NTT, Toshiba, Sony, Sumitomo Electric, Fuji Xerox y otras, realizan inversiones considerables en nanotecnologías.

5.3.1

China, dentro del actual plan quinquenal 2001-2005, ha previsto invertir aproximadamente 300 millones de dólares en nanotecnologías. De acuerdo con el Ministerio de Ciencia y Tecnología chino, unas 50 universidades, 20 institutos y más de 100 empresas realizan actividades en este sector. Para garantizar una plataforma adecuada de comercialización de las nanotecnologías, se crearon entre Pekín y Shangai un centro de ingeniería y una base para la industria de las nanotecnologías. Además, el Gobierno chino destinó 33 millones de dólares a la creación del Centro nacional de investigación sobre las nanociencias y tecnologías, con el fin de coordinar mejor los esfuerzos científicos y de investigación en este sector.

5.3.2

En 2002, la Academia de las Ciencias china estableció el Casnec (Centro de ingeniería de las nanotecnologías, con una dotación global de 6 millones de dólares), que debe servir de plataforma para acelerar la comercialización de las nanociencias y nanotecnologías. En Hong Kong, las dos principales fuentes de financiación de las nanotecnologías son el Grant Research Council y el Innovation and Technology Fund, que cuentan con una dotación global de 20,6 millones de dólares para el período de 1998 a 2002. Para 2003 y 2004, la Universidad Hkust y el Instituto Politécnico concedieron casi 9 millones de dólares a sus centros de nanotecnología.

5.3.3

En Australia y Nueva Zelanda, el Australia Research Council (ARC) ha duplicado en cinco años los fondos destinados a financiar proyectos competitivos y proyecta la creación de ocho centros de excelencia, distribuidos en distintas regiones, que tendrán como objetivo profundizar en los temas relativos a la tecnología de ordenadores cuánticos, la óptica atómica cuántica, la fotovoltaica, la fotónica avanzada y los sistemas ópticos avanzados.

5.3.4

Por su parte, el MacDiarmid Institute for Advanced Materials and Nanotechnology coordina la investigación y la formación avanzadas en ciencias de los materiales y nanotecnologías de Nueva Zelanda, en estrecha colaboración con universidades y socios varios como Industry Research Ltd y el Instituto de Ciencias Geológicas y Nucleares.

5.3.5

El MacDiarmid Institute se ocupa especialmente de actividades en los siguientes sectores: nanoingeniería de los materiales, optoelectrónica (25), superconductores, nanotubos de carbono, materiales ligeros y fluidos complejos, sistemas sensoriales y de imagen, así como materiales nuevos para almacenar la energía.

6.1

El fuerte crecimiento de las nanotecnologías a escala mundial, tanto en América como en Asia y Oceanía, indica que es necesaria una actuación europea organizada y coordinada, que garantice una financiación conjunta comunitaria y nacional de la investigación fundamental y aplicada, así como la traducción rápida de los resultados en nuevos productos, procesos y servicios.

6.2

Toda estrategia común europea debería basarse en los siguientes aspectos:

6.3

La consecución de una importante masa crítica con alto valor añadido debe desembocar en la realización y el desarrollo de una estrategia común. Las empresas manufactureras y de servicios, especialmente las pequeñas, deberán poder aprovechar los resultados de dicha estrategia para desarrollar su capacidad innovadora y competitiva, así como poder contribuir, mediante redes de excelencia transeuropeas conectadas con las universidades, a los centros de investigación públicos y privados y organismos financieros.

6.4

El desarrollo de esta estrategia debe vincularse estrechamente al de la sociedad. Eso supone que sus motivaciones esenciales deben basarse en la importante contribución que puede aportar a la competitividad de la economía europea basada en el conocimiento, pero sobre todo a la salud, medio ambiente, seguridad y calidad de vida de los ciudadanos europeos. Eso significa que también es necesario intervenir en la demanda de nanotecnologías por parte de los ciudadanos, empresas y organizaciones, ya que esta demanda es la que requiere respuestas concretas.

6.5

Debe lograrse el compromiso de toda la sociedad en favor del proceso de desarrollo de las nanotecnologías garantizando que sea transparente y seguro en todas sus fases: desde la investigación fundamental a la aplicación de los resultados y la demostración y transformación en productos y servicios innovadores comerciales. Con tal fin, son necesarios acuerdos claros y comprensibles para todos los ciudadanos, que demuestran que es posible ejercer controlar y evaluar los riesgos de manera permanente durante todo el ciclo de vida –incluida la eliminación– de los productos obtenidos con estas tecnologías.

6.6

El establecimiento de una relación positiva entre la comunidad científica y la sociedad en el ámbito de las nanotecnologías debe impedir que se obstaculice o paralice su desarrollo, para evitar lo que ha ocurrido con la reciente expansión de otras nuevas tecnologías.

6.7

Asimismo, es esencial crear infraestructuras europeas y desarrollar nuevas especializaciones científicas y universitarias pluridisciplinares. Para ello, es indispensable contar con la plena confianza de los contribuyentes y responsables políticos y hacer que sean conscientes del potencial de la revolución nanotecnológica.

6.8

El desarrollo de las nanotecnologías no sólo constituye un reto intelectual y científico de enorme calado, sino también y sobre todo un reto para la sociedad en su conjunto: fenómenos con unos principios científicos perfectamente conocidos a escala macroscópica se ven modificados, ampliados, reducidos o suprimidos a escala nanoscópica, lo que puede repercutir, a veces de manera radical, en las aplicaciones prácticas. De hecho, se desarrollan nuevas técnicas manufactureras, nuevos planteamientos, tipos diferentes de prestación de servicios y nuevas profesiones para gestionarlos.

6.8.1

Esta rápida transformación obliga a establecer una estrategia para la formación o reciclaje de directivos que sean capaces de gestionar la transición, realizar una nueva gobernanza de este proceso, poner en práctica nuevas profesiones y captar las personas más capacitadas a nivel mundial.

6.9

El contenido de las perspectivas financieras comunitarias para el período de 2007 a 2013, que la Comisión ha presentado recientemente, debe evaluarse y modificarse a la luz de los retos que plantea esta nueva revolución tecnológica. Basta con señalar que el Congreso de Estados Unidos aprobó un presupuesto destinado a las nanotecnologías de más de 700 millones de euros únicamente para el ejercicio fiscal de 2004. Con arreglo a las estimaciones de la US Nacional Science Fondation (NSF), en 2003 las inversiones civiles en este campo de las organizaciones públicas de todo el mundo superaron los 2 700 millones de euros, repartidos como sigue:

6.10

De cara a los próximos diez o quince años, se calcula que el crecimiento mundial de la producción industrial en este sector ascenderá aproximadamente a un billón de euros, con unas necesidades en nuevos recursos humanos cualificados superiores a los dos millones de personas.

6.10.1

Esta previsión confirma la validez del axioma «nanotecnologías = avance de la estrategia de Lisboa» (28): en efecto, el desarrollo de la sociedad del conocimiento se aprecia esencialmente por la capacidad para incorporarse, de manera consciente y notable, a los nuevos yacimientos de empleo y progreso.

6.11

Por lo tanto, es esencial incrementar los recursos financieros y humanos a escala comunitaria así como reforzar su coordinación, si quiere garantizar el éxito de la estrategia de la Unión Europea en este ámbito.

6.12

Tanto en Asia como en América resultó indispensable un enfoque integrado de las distintas políticas relacionadas directa o indirectamente con el desarrollo de este sector para incidir de manera proactiva en las necesidades de un nuevo espíritu empresarial, una nueva formación y nuevos marcos jurídicos, reglamentarios y de normas técnicas.

6.13

Como ponen de relieve los numerosos estudios realizados hasta ahora (29), las nanotecnologías permiten producir, manipular y colocar objetos, garantizando al mismo tiempo un enfoque tecnológico proactivo a gran escala y costes de tratamiento y producción competitivos.

6.14

A largo plazo, la ciencia podrá facilitar los instrumentos necesarios para ensamblar nanoobjetos que a su vez constituirán sistemas complejos: estos podrán desarrollar funciones que los distintos elementos por separado no pueden realizar. No cabe duda de que se trata de un objetivo lejano con unos plazos de comercialización difíciles de prever en la actualidad, pero al que conviene aspirar mediante instrumentos de apoyo adecuados.

6.15

Se han fabricado varios materiales «inteligentes» (30) que están al alcance de los consumidores:

6.15.1

Hay otras muchas aplicaciones nuevas, aparte de las expuestas, que ya pueden utilizarse o están perfeccionándose y que pronto pasarán a formar parte de la vida cotidiana, marcando una evolución o revolución de la «domótica» (33) que contribuirá a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

6.16

Merced a la biomimética, que estudia la posibilidad de conectar circuitos electrónicos y tejidos biológicos, en un futuro próximo será posible volver a estimular la capacidad auditiva o visual de los órganos correspondientes que tengan lesiones.

6.16.1

Ya se han fabricado, en laboratorio (34), distintos tipos de micromotores que pueden alcanzar un objetivo predeterminado, por ejemplo, una célula infectada que debe eliminarse para evitar que contamine a las demás. Por desgracia, las intervenciones realizadas hasta la fecha sobre células enfermas también afectan a las sanas, por lo que se suelen causar graves daños a los órganos.

6.16.2

La técnica aplicada a la ciencia ya permite obtener abundantes resultados concretos que podrían utilizarse directamente en la vida cotidiana, aunque los costes siguen siendo por el momento muy elevados. Para que sean abordables, es necesario generalizar el conocimiento de las nuevas posibilidades para que se convierta en patrimonio cultural de todos y permita modificar procedimientos y usos inveterados que, en muchos casos, obstaculizan y retrasan los cambios.

6.17

Los sectores textil, de la confección y del calzado están en crisis en el conjunto de la Unión Europea porque sus producciones tradicionales no soportan la competencia de los productos procedentes de países que no respetan las normas laborales básicas y que no tienen en cuenta los costes derivados de la protección del medio ambiente ni los necesarios para garantizar la higiene y de la seguridad en el lugar de trabajo.

6.17.1

Los tejidos inteligentes o técnicos, concebidos con ayuda de polvos nanotecnológicos, se están generalizado en muchos países europeos y registran un crecimiento de un 30 % anual. De ellos, los tejidos destinados a garantizar la seguridad en todos sus aspectos destacan de manera especial: seguridad vial, seguridad frente a la contaminación, agentes químicos, alérgenos, agentes atmosféricos, etc. (35)

6.18

Las nanotecnologías también están revolucionando la medicina, especialmente por lo que se refiere al diagnóstico y tratamiento precoz de graves patologías tumorales o neurodegenerativas relacionadas con el envejecimiento. Nanopartículas preparadas de forma adecuada pueden servir de marcadores para diagnosticar con gran eficacia agentes infecciosos o metabolitos especiales, así como vectores de fármacos que deben administrarse en zonas u órganos específicos afectados por patologías muy localizadas. Sistemas de este tipo ya están en fase de experimentación.

7.1

El enfoque nanotecnológico de los nuevos materiales consiste en crear nuevas funciones mediante componentes de dimensión nanométrica. Un buen ejemplo lo ofrecen las tecnologías de producción y transformación de materiales de gran duración y eficacia para los sectores automovilístico y aeronáutico en los que Europa dispone de una posición ventajosa respecto de sus principales competidores. Se ha demostrado de forma generalizada que los sistemas nanoestructurados pueden reducir de manera significativa la fricción entre dos superficies en contacto y, por lo tanto, el desgaste.

7.1.1

Como ejemplo de los distintos campos de aplicación comercial de las nanotecnologías y sin pretender ser exhaustivos, cabe citar el desarrollo de superficies y materiales nanoestructurados para reducir la fricción y el desgaste. Estos sistemas desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de nuevos procesos industriales de alta eficacia y baja repercusión medioambiental. Aproximadamente el 25 % de la energía que se consume a escala mundial se pierde por fenómenos de fricción (36); asimismo, se estima que las pérdidas debido al desgaste de las piezas mecánicas varían entre un 1,3 y un 1,6 % del PIB de un país industrializado. Se calcula que los costes derivados de problemas de fricción, desgaste y lubricación representan unos 350 000 millones de euros anuales, que se distribuyen entre los siguientes sectores: trasportes de superficie (46,6 %), procesos de producción industrial (33 %), suministro de energía (6,8 %), aeronáutica (2,8 %), consumo doméstico (0,5 %) y otros (10,3 %) (37).

7.1.2

Por tanto, deben crearse nuevas plataformas tecnológicas con planteamientos que tenga en cuenta la especificidad de las nanotecnologías y, sobre todo, del hecho de que las funciones y las dimensiones coinciden, es decir, que el control de las dimensiones coincide con el control de las funciones. El ejemplo de la lubricación es ilustrativo al respecto: si se añaden partículas nanométricas de dimensiones adecuadas a una superficie, ya no es necesario añadir lubricantes porque las nanopartículas realizan esta función debido a las nuevas dimensiones.

7.1.3

Los materiales y los recubrimientos nanoestructurados, es decir, con componentes de dimensiones nanométricas, pueden reducir significativamente los porcentajes mencionados. Por ejemplo, una disminución del 20 % del coeficiente de fricción de la caja de cambios de un vehículo puede reducir la pérdida de energía entre un 0,64 y un 0,80 %, lo que genera un ahorro de 26 mil millones de euros al año, únicamente en el sector de los transportes.

7.1.4

El control y la ingeniería de las superficies constituye una tecnología clave para lograr un crecimiento sostenible. El Ministerio de Comercio e Industria británico ha elaborado un informe sobre la situación de la industria vinculada a la ingeniería de superficies entre los años 1995-2005 y en 2010 (38). Del informe se deduce que el mercado inglés de procesos de modificación de las superficies ascendía a casi quince mil millones de euros en 1995 y se producían bienes por valor de unos 150 mil millones de euros, de los que siete mil millones correspondían al desarrollo de tecnologías para la protección de las superficies frente al desgaste. El informe prevé que este sector representará en 2005 alrededor de 32 mil millones de euros y los procesos industriales alrededor de 215 mil millones de euros.

7.1.5

Si los cálculos se extrapolan al mercado europeo, se obtienen 240 mil millones de euros para el tratamiento de superficies, con una repercusión en los demás sectores productivos del orden de 1,6 billones de euros.

7.2

Para que el desarrollo industrial pueda aprovechar las nanotecnologías (39), debe lograr la coexistencia de los procesos manufactureros y tecnológicos tradicionales (de arriba abajo) con los métodos innovadores capaces de crear, manipular e incorporar nuevos componentes de dimensión nanométrica en plataformas existentes o nuevas.

7.2.1

Es esencial un planteamiento basado en la gobernanza. Junto a iniciativas generales en favor de los consumidores, sería conveniente establecer medidas destinadas a las organizaciones sectoriales, administraciones locales y asociaciones sin ánimo de lucro con el fin de contar con la participación de todo el tejido colectivo: económico, político y social. A este respecto, los centros de competencia podrían desempeñar un papel importante (40) sentando las bases necesarias para coordinar mejor las iniciativas locales y comunitarias y generando una cultura favorable a la innovación basada en las nanotecnologías. También deben incluirse en este marco las iniciativas para evaluar el impacto de las nanotecnologías en la salud y el medio ambiente, de forma que exista una relación entre las iniciativas que fomenta la UE (enfoque descendente) y las que se realizan e impulsan a nivel local (enfoque ascendente).

7.3

El Comité Económico y Social Europeo reitera que es plenamente consciente del enorme potencial que representa el desarrollo de las nanociencias y nanotecnologías para la realización de la estrategia de Lisboa. Unificar la ciencia sobre la base de la unidad material de la naturaleza, observada a escala nanométrica, significa establecer nuevas bases para la integración de conocimientos, innovaciones, tecnologías y desarrollo.

7.4

A escala europea, la coordinación todavía es bastante fragmentaria, a pesar de los intentos realizados con el Sexto programa marco. Los esfuerzos parecen concentrarse en el uso racional de los recursos. Aunque se dedican muchas ayudas a la investigación fundamental y el desarrollo de nuevos procesos industriales, siguen siendo insuficientes el fomento y el apoyo de acciones destinadas a hacer avanzar las tecnologías de producción en masa. El apoyo que se concede a los esfuerzos para desarrollar una gobernanza europea se encuentra en una fase todavía más embrionaria.

7.5

Dentro de los Estados miembros es indispensable una coordinación real, inexistente hasta ahora, sobre todo respecto de las aplicaciones de la investigación. En muchos Estados miembros, las empresas, especialmente las PYME, chocan con las siguientes dificultades:

7.6

El Comité considera esencial que se utilice la investigación para crear sistemas útiles en el ámbito de la sanidad pública y en la vida cotidiana de los ciudadanos, aplicando cada vez más el principio de la mímesis o imitación de la naturaleza.

7.7

El CESE se felicita de la creación de la red temática Nanoforum (41) y espera que sus publicaciones se traduzcan y difundan en todos los Estados miembros. El lenguaje utilizado en las publicaciones debe ser lo más simple posible para llegar a un amplio público. Las universidades y centros de investigación deben poder utilizar los resultados de esta red temática.

7.7.1

Asimismo, el CESE está convencido de que la Plataforma para la tecnología europea sobre la nanoelectrónica, que ha propuesto el grupo de alto nivel (42), tendrá un éxito enorme si evita, mediante una estrecha cooperación con la Comisión, duplicaciones inútiles y costosas en la investigación.

7.8

El Comité también opina que, antes de 2008, las inversiones en estos sectores que se realizan dentro de la UE deberán pasar de los actuales 3 000 millones de euros anuales a 8 000 millones, con verificaciones periódicas de la Comisión sobre los siguientes aspectos:

8.1

El CESE apoya plenamente las conclusiones del Consejo de Competitividad de 24 de septiembre de 2004 sobre el importante papel y la potencialidad de las nanociencias y las nanotecnologías. Los resultados obtenidos hasta ahora demuestran que es importante profundizar en los conocimientos y realizar instrumentos que permitan trabajar con los átomos para producir nuevas estructuras y modificar las características de las estructuras existentes.

8.2

A este respecto, el CESE recomienda que se ponga en marcha de manera inmediata una estrategia europea común, integrada y responsable, con los siguientes objetivos: desarrollo de esfuerzos conjuntos en I+DT, demostración y formación científica y tecnológica; interacción entre la industria y el mundo académico; desarrollo acelerado de las aplicaciones industriales y multisectoriales; refuerzo de la coordinación abierta europea de las políticas, medidas, estructuras y redes de agentes interesados. Dentro de esta estrategia, se deberá garantizar desde el inicio hasta el final, incluso a nivel internacional, la defensa de los aspectos éticos, medioambientales, de salud y seguridad, las aplicaciones científicas así como una normalización técnica adecuada.

8.3

El CESE hace hincapié en la necesidad de que esta estrategia esté firmemente enraizada en el desarrollo de la sociedad con el fin de contribuir positivamente no sólo a la competitividad de la economía europea sino también, de manera muy especial, a la salud humana, el medio ambiente y la seguridad así como la calidad de vida de los ciudadanos.

8.3.1

A este respecto, el CESE destaca la importancia de garantizar un desarrollo responsable y sostenible de las nanotecnologías, desde la fase inicial, para responder a las expectativas lógicas de la sociedad civil en aspectos medioambiente, sanitarios, éticos, industriales y económicos.

8.3.2

El CESE recomienda aumentar de manera sustancial los fondos destinados a la investigación fundamental, dado que la excelencia tecnológica e industrial se basa siempre en la excelencia científica.

8.3.3

Debería alcanzarse el objetivo del 3 % (43) fijado en Barcelona, y una parte adecuada de los recursos debería utilizarse en el ámbito de las nanociencias, su desarrollo en aplicaciones prácticas y la convergencia de las nano, bio e infotecnologías y tecnologías del conocimiento.

8.3.4

El contenido de las perspectivas financieras comunitarias para el período 2007-2013, que la Comisión ha presentado recientemente, debe evaluarse y modificarse a la luz de los retos que plantea esta nueva revolución nanotecnológica.

8.3.5

El deseable incremento de los fondos debe reflejarse en la asignación de una dotación financiera adecuada en el futuro séptimo programa marco. Tal montante deberá estar en relación con lo que se prevé en otros países, por ejemplo, Estados Unidos.

8.4.

El Comité se muestra convencido de que la Unión debe adoptar un plan de acción de gran calado que incluya un plan de trabajo y un calendario preciso basados en un enfoque integrado, con el fin de lograr el consenso necesario de todos los agentes de la sociedad civil en torno a una visión común. Esta visión deberá traducirse en objetivos claros y transparentes que respondan a los imperativos de progreso económico y social, calidad de vida, seguridad y salud para todos los ciudadanos.

8.5

A juicio del Comité, deben crearse plataformas tecnológicas con una importante masa crítica y un gran valor añadido a nivel europeo que reúnan a todos los agentes públicos y privados (científicos, industriales y financieros junto con las administraciones) que se ocupan de los distintos sectores de aplicaciones específicas.

8.6

El Comité reitera que es urgente crear infraestructuras europeas de alto nivel y potenciar los centros de competencia. La ubicación y especialización de estos centros debería decidirse en estrecha colaboración entre las instancias europeas y locales para seleccionar zonas industriales homogéneas especializadas desde el punto de vista de la producción y del territorio, donde ya se lleven a cabo actividades de investigación y desarrollo con una determinada masa crítica.

8.6.1

Los centros de competencia deberían ser capaces de efectuar y transferir una investigación de alta calidad centrada en las aplicaciones y la innovación por medio de las nanotecnologías, especialmente en campos como la nanoelectrónica, las nanobiologías y la nanomedicina.

8.7

Asimismo, en un ámbito tan sensible, es necesario dar una garantía jurídica y proteger la propiedad intelectual de los investigadores. El Comité está convencido de que es primordial resolver de manera clara y satisfactoria el problema de las patentes si se quiere garantizar el éxito de la investigación aplicada en el sector de las nanotecnologías. Por lo tanto, considera necesario que se estudie lo antes posible la creación a nivel europeo de un «Nano-IPR Helpdesk» (centro de asistencia sobre derechos de propiedad intelectual en el sector nanotecnológico) que responda a las exigencias de los investigadores, empresas y centros de investigación.

8.8

La Comisión, de común acuerdo con los Estados miembros, debe intensificar sus esfuerzos y fomentar estudios de las universidades y centros de investigación para que, en un sector tan innovador, sea factible registrar patentes con un procedimiento simple y poco costoso.

8.8.1

Respecto de la cooperación internacional, deben impulsarse los trabajos sobre seguridad y normalización de las medidas y procesos, en colaboración con terceros países. Debería prestarse especial atención a China, que está aumentando de manera considerable las inversiones en el sector de las nanotecnologías. Por lo demás, Estados Unidos y Japón tienen una política muy agresiva en este sector (como queda patente con el acuerdo entre China y el Estado de California para el desarrollo de centros de excelencia sobre nanotecnologías biomédicas).

8.8.2

El CESE considera que es necesario un esfuerzo adicional, por medio de la iniciativa europea para el crecimiento que se puso en marcha en diciembre de 2003, para aumentar el número de empresas dedicadas a las nanotecnologías en la Unión. Con tal fin, deben fomentarse y mejorar de forma permanente las relaciones entre universidades, centros nanotecnológicos de innovación y empresas.

8.8.3

Son imprescindibles medidas de desarrollo de procesos industriales basados en las nanotecnologías (de la nanotecnología a la nanofabricación) destinadas tanto a las grandes empresas como a las PYME. A este respecto, debería seguirse a escala europea el ejemplo estadounidense de elaboración de un plan para utilizar los programas federales, como el «Small Business Innovation Research Program» y el «Small Business Technology Transfer Research Program», si se quiere fomentar un desarrollo nanotecnológico generalizado en el conjunto de las empresas, incluidas las más pequeñas.

8.8.4

Las asociaciones sectoriales pueden desempeñar un papel importante a nivel nacional y local. Asimismo, la DG Investigación y la DG Empresa podrían llevar a cabo campañas de sensibilización «intensiva», con la participación de todos los agentes económicos y sociales a imagen de la experiencia positiva de Trieste (44).

8.8.5

A juicio del CESE, la creación de un centro de intercambio (45)europeo de la información podría constituir un mecanismo importante a nivel europeo para facilitar:

8.9

Además de las plataformas europeas y vinculadas a ellas, deberían crearse plataformas mundiales que tengan relación con los Estados que forman parte de la ONU y puedan afrontar problemas como:

8.10

El Banco Europeo de Inversiones (BEI), con la intervención específica del Fondo Europeo de Inversiones (FEI), debería crear líneas de créditos blandos, gestionadas por medio de las entidades de crédito, bancos regionales especializados en la financiación de empresas, sociedades de capital riesgo y cooperativas de garantía, para facilitar la creación y desarrollo de empresas que se especialicen en los productos nanotecnológicos.

8.10.1

La experiencia positiva del programa Crecimiento y Medio Ambiente, que tuvo excelentes resultados referidos al sector medioambiental, podría servir de modelo para favorecer el desarrollo de nuevos productos basados en las nanotecnologías  (46).

8.11

La investigación y su conversión en productos debe organizarse teniendo en cuenta sobre todo las peticiones de los ciudadanos y el objetivo del desarrollo sostenible. A este respecto, se deberían unir las iniciativas destinadas a evaluar el impacto de las nanotecnologías en la salud y en el medio ambiente, asociando las que aplica la UE (enfoque descendente) con las que se realizan e impulsan a escala local (enfoque ascendente).

8.12

El diálogo con la opinión pública debe ser permanente y tener una base científica. Las nuevas tecnologías que surgen a partir del uso de los átomos deben ser transparentes y ofrecer a los ciudadanos la certeza de que no implican riesgos potenciales para la salud ni el medio ambiente. La historia demuestra que los temores y las reticencias respecto de los nuevos productos suelen ser fruto de la ignorancia y no de los hechos.

8.12.1

Por este motivo, el Comité defiende el establecimiento de una relación estrecha y continua entre los resultados de la investigación y principios éticos universalmente reconocidos, que requerirán un diálogo internacional.

8.13

Durante la fase de instauración y de desarrollo de las plataformas tecnológicas (47), deberá prestarse especial atención a los nuevos Estados miembros de la Unión Europea, con el fin de garantizar una representación masiva y un intenso vínculo con los centros de excelencia europeos.

8.14

El Comité considera que la coordinación de la investigación en el amplio campo de las nanociencias –la investigación fundamental, no obstante, quedará en manos del Consejo Europeo de Investigación, organismo independiente que se creará a tal efecto– debe seguir a cargo de la Comisión que, en colaboración con el Parlamento Europeo y el Consejo, puede garantizar a los ciudadanos europeos el mejor valor añadido posible, con inclusión de un uso más difundido, generalizado y objetivo de los resultados de la investigación.

8.15

El CESE propone a la Comisión que presente cada dos años un informe sobre el desarrollo de las nanotecnologías, con el fin de verificar los avances del plan de acción adoptado y proponer eventuales modificaciones o actualizaciones.

(a)

National Science Foundation

(b)

Department of Energy

(c)

National Aeronautics and Space Administration

(d)

National Institute of Standards and Technology

(e)

Environmental Protection Agency

28.6.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 157/34

1.1

En su reunión del 29 de enero de 2004, el CESE aceptó la solicitud de la Sección TEN relativa a la elaboración de un Dictamen de iniciativa sobre un Código de la circulación europeo.

1.2

Puesto que la libre circulación de personas (1) es una de las libertades fundamentales consagradas en el Tratado y la supresión de las fronteras entre los Estados miembros (2) es uno de los objetivos de la UE, reforzado con la incorporación en su ámbito del acervo de Schengen (3), y dado que el sector de los transportes también es objeto de una política común de la Comunidad (4), la aproximación de las legislaciones en lo que se refiere a la circulación vial, en particular debido a las repercusiones que tendrá en la realización del mercado interior (5), parece tener una importancia primordial.

1.3

No está de más recordar la importancia del transporte de personas y mercancías por carretera en la Europa de los quince y su crecimiento exponencial en los últimos años.

De los datos estadísticos disponibles más recientes puede deducirse lo siguiente:

1.4

Ahora bien, el transporte de personas y mercancías por carretera está condicionado por reglamentaciones nacionales numerosas y distintas, incluso en lo que se refiere a los principios y normas fundamentales de conducción de vehículos automóviles.

1.4.1

Por otra parte, están también en vigor varios convenios internacionales, con ámbitos de aplicación diversos y disposiciones en determinados casos contradictorias.

1.4.2

Como consecuencia de ello, un simple desplazamiento en automóvil por Europa somete al conductor a varios sistemas jurídicos diferentes, quedando expuesto, en consecuencia, a normas diferentes e incluso contradictorias.

1.4.3

Esta situación ha pasado a ser especialmente grave tras la reciente ampliación de la UE, con la adhesión de nuevos Estados miembros también sujetos a sus propias normas de conducción de automóviles.

1.5

El presente dictamen de iniciativa tiene como objetivo instar a la Comisión a que examine la necesidad y la conveniencia de una iniciativa legislativa que armonice las normas de conducción en la Unión Europea, aunque contemplando algunas excepciones, en donde se pongan de relieve, mediante un análisis de Derecho comparado, las divergencias entre los sistemas jurídicos de los códigos de circulación de los distintos Estados miembros y las posibles soluciones para su armonización a escala europea.

1.6

Para su elaboración, se consideró indispensable oír a los principales interesados (representantes de los usuarios de las carreteras, de los fabricantes de vehículos automóviles y de las entidades de regulación), por lo que se celebró una audiencia pública en paralelo con la 2a reunión del Grupo de estudio, el 17 de mayo de 2004, a la que asistieron las personas vinculadas al sector.

1.6.1

Para facilitar el debate, y como medio de recabar información, se elaboró un cuestionario que se presentó para que lo examinasen los miembros del Grupo.

2.1

La idea de elaborar un Código de la circulación de alcance universal no es nueva, e incluso en lo que se refiere en particular a Europa; tiene antecedentes, como, por ejemplo, el deseo de codificación de esta materia que ya se expresó en el VIII Congreso Jurídico Internacional sobre Tráfico y Circulación (7).

2.2

También en la 38a Conferencia del Consejo Alemán de Jurisdicciones responsables del Tráfico, celebrada en enero de 2000, el Grupo de trabajo IV defendió que la armonización de las normas de circulación europeas era un objetivo importante (8).

2.3

La Comisión ha llevado adelante varias iniciativas que se derivan de una preocupación y un objetivo idénticos, pero sin asumir hasta ahora plenamente la idea de elaborar un Código de la circulación europeo propiamente dicho (9).

2.4

Merecen una referencia muy especial las conclusiones de un reciente estudio elaborado para la Dirección General de Energía y Transporte de la Comisión, donde se ponen de relieve los motivos que llevan a considerar necesaria «la armonización de las normas de tráfico y de las medidas para su aplicación efectiva» mediante «futuras iniciativas legislativas» a escala de la UE (10).

2.5

Por su parte, el CESE ha señalado en varios de sus dictámenes la necesidad de aumentar «la libre circulación de vehículos dentro de la Unión», responsabilizando a las «autoridades nacionales de eliminar determinadas disposiciones internas que obstaculizan la utilización por sus ciudadanos de vehículos con matrícula extranjera de otro Estado miembro»  (11).

3.1

La reglamentación internacional de la circulación por carretera consta de varios convenios, entre los que destacan el Convenio de París de 1926, el Convenio de Ginebra de 1949 y el Convenio de Viena de 1968.

3.2

El Convenio Internacional relativo a la circulación de automóviles fue firmado el 24 de abril de 1926 en París por 40 Estados, con el fin de facilitar el turismo internacional, y actualmente está vigente en más de 50 países.

3.2.1

Fundamentalmente se caracteriza por lo siguiente:

3.2.2

Este convenio facilitó los trámites aduaneros, pero sin dispensar a los conductores de conocer y observar las leyes internas en materia de circulación vial.

3.2.3

Por otra parte, la entrada en vigor del convenio dependía de su ratificación por cada Estado y del depósito del respectivo instrumento de ratificación. Por norma, el convenio sólo tiene vigencia en la metrópolis del Estado contratante, mientras que en los territorios bajo cualquier forma de administración hace falta una declaración expresa.

3.3

El Convenio sobre el tráfico por carretera fue firmado en Ginebra el 19 de septiembre de 1949 por 17 Estados. En la actualidad está vigente en más de 120 países y revoca, entre los Estados contratantes y adherentes, el convenio de 1926.

3.3.1

Este convenio desarrolló los principios establecidos en el anterior, con arreglo a la evolución observada en la industria del automóvil, mostrando una preocupación creciente por la seguridad de la circulación vial.

3.3.2

No introduce señales de tráfico, pero establece que los Estados deberán homogeneizar su señalización, y utilizarla en la medida estrictamente necesaria.

3.3.3

Son pocas las normas de circulación introducidas por este Convenio, y no se fue mucho más allá de las precauciones que deben adoptarse en el cruce de vehículos, las reglas de prioridad y las normas de iluminación.

3.3.4

La entrada en vigor del convenio quedó sujeta a los mismos mecanismos que los indicados antes y su acción armonizadora quedó condicionada por la facultad de los Estados de no vincularse a algunas de sus disposiciones, así como por la de rechazar sus modificaciones.

3.4

El Convenio sobre la circulación vial , de 8 de noviembre de 1968, fue firmado en Viena por 37 Estados, y actualmente está en vigor en cerca de 100. En relación con estos últimos, el convenio hace que se anulen entre sí los efectos de los convenios de 1926 y de 1949, una vez ratificado y depositado el instrumento de ratificación.

3.4.1

Es el texto de una convención más elaborado desde el punto de vista de la regulación de la circulación vial, dedicándole un capítulo con treinta artículos y regulando las maniobras que constituyen el núcleo esencial de los códigos modernos. Más allá de las preocupaciones minimalistas de los convenios anteriores, limitadas al cruce de vehículos y a su señalización, el Convenio de 1968, además de establecer los principios que deben observar los conductores en las maniobras de mayor riesgo (esto es, adelantamiento, cambio de dirección, precauciones que deben observarse en relación con los peatones), llegó hasta el punto de regular la parada, el estacionamiento, la entrada y salida de pasajeros, la circulación en túneles, y, en suma, todas las situaciones típicas de la conducción por carretera.

3.4.2

Este Convenio fue más lejos que los textos anteriores, obligando a los Estados contratantes y adherentes a adaptar el fondo de sus disposiciones legales a las normas de conducción en él establecidas, con la ventaja de que los conductores, al desplazarse a otros países adherentes, estarían familiarizados con lo esencial de las normas de conducción.

3.4.3

No obstante, quedó abierta la posibilidad de que los Estados rechazaran modificaciones del Convenio.

3.5

Hecha esta reseña, se constata fácilmente que en el territorio de la Unión Europea, que ya se ha ampliado a diez nuevos Estados, están vigentes tres convenios internacionales, no siempre por igual (12), por lo que se está lejos de lograr una armonía normativa de la circulación vial, sobre todo si al texto de los convenios añadimos 25 legislaciones nacionales en constante transformación (13).

3.6

Algunos obstáculos ya han sido, o están siendo, superados, como la supresión de las fronteras, las condiciones de homologación de vehículos y sus componentes, y el reconocimiento recíproco de los títulos de conducción y la armonización de sus normas. Queda, sin embargo, el núcleo esencial de la circulación vial: sus normas y la señalización.

3.7

En relación con el resto del mundo, los convenios facilitan los procedimientos aduaneros y la facultad de conducir vehículos en el territorio comunitario, pero los nacionales de terceros países que visitan la Unión Europea han de enfrentarse a tantas legislaciones en materia de circulación vial como Estados la constituyen.

4.1

De un breve estudio de Derecho comparado se deduce inequívocamente que, entre los Derechos nacionales que regulan la circulación, existen diferencias pronunciadas en ámbitos importantes, que constituyen auténticas barreras para la libre circulación y pueden por este motivo poner en tela de juicio la seguridad de las personas y bienes y contribuir a la siniestralidad a escala europea.

4.2

En la exposición siguiente se han tomado sobre todo en consideración, aunque no exclusivamente, las observaciones que ya figuran en el estudio antes citado, elaborado para la Comisión, donde se examinan detalladamente esos aspectos (14).

4.3

A título de ejemplo, entre otros que podrían citarse, se señalan algunos casos especialmente significativos y preocupantes de regímenes jurídicos diferentes para situaciones corrientes:

Velocidad fuera de los núcleos urbanos, en vías donde hay separación física de los sentidos de tráfico

Infracciones graves

Alcohol

Obligación de equipar a los vehículos ligeros con un «Kit» de primeros auxilios

Luz roja + ámbar: preparar la reanudación de la marcha del vehículo

Obligación de dar prioridad a los ciclistas que circulan en una rotonda

Prioridad de los transportes colectivos para salir de las paradas

Obligación de usar las luces durante el día fuera de las localidades

Señal de prohibición de estacionamiento

Prohibición de salida de pasajeros a la franja de rodadura

4.4

Pero, como se refleja detalladamente en el estudio antes citado, se observan las mismas disparidades en ámbitos como el de los requisitos para obtener los permisos de conducción, la señalización vial, los equipamientos de seguridad obligatorios, el paso de peatones, las normas de prioridad, el uso de luces, la entrada y salida de pasajeros, la utilización de tramos especiales, el adelantamiento, la clasificación de los vehículos, el tipo de neumáticos, el uso de remolques, o las propias señales de tráfico, entre otros, de un total identificado de 45 diferencias en cuanto a normas fundamentales y de uso habitual en la circulación vial cotidiana.

4.5

Aunque las diferencias en el enunciado de las normas fundamentales de tráfico son ya significativas, la situación es todavía mucho más grave en lo que se refiere a su interpretación y aplicación en los distintos Estados miembros, como consecuencia no sólo de una valoración diferente de su incumplimiento, sino también de un catálogo muy diverso de sanciones aplicables a las respectivas infracciones.

5.1

La audiencia pública celebrada el 17 de mayo de 2004, que contó con la asistencia de representantes de varias organizaciones privadas representativas de los intereses de los automovilistas, de la industria del automóvil, de la seguridad y prevención vial, de la Oficina de la AIT & FIA y de la TIS-PT, la empresa coordinadora del estudio antes mencionado (15), por la valía de las contribuciones en ella presentadas, permitió elucidar y clarificar varios aspectos relevantes para el presente Dictamen, reflejando los puntos de vista de las principales partes interesadas de la sociedad civil.

Por su parte, varias instituciones completaron sus intervenciones remitiendo textos de respuesta al cuestionario que se envió en su momento.

5.2

Del conjunto de las intervenciones y comunicaciones es posible destacar una aceptación generalizada del contenido y la oportunidad de la iniciativa del CESE en el sentido de una cierta armonización de las normas de circulación vial a nivel europeo. Asimismo, algunos participantes manifestaron una posición abierta en lo que se refiere a la posible y deseable aproximación de los sistemas de registro y matriculación de los vehículos automóviles.

5.3

En este contexto, se destacó, en particular, lo siguiente:

5.4

Como aspectos paralelos y complementarios de toda iniciativa en los ámbitos de que se trata, se mencionaron, en particular, los siguientes:

6.1

En el curso de la audiencia mencionada en el punto 5 y como resultado de la misma quedó bien claro el deseo de avanzar hacia una armonización de las normas viarias sin limitarse no obstante, sin embargo, a la disciplina de la circulación, como, por ejemplo, las infraestructuras viarias y la seguridad.

6.2

A lo largo de su existencia, la Unión Europea ha elaborado numerosos actos legislativos relacionados con la circulación vial: permiso de conducción, homologación de vehículos y de sus componentes, normas aplicables a los transportes, seguro de automóviles, etc. Aquí de lo que se trata es de establecer las normas de circulación, con miras a su armonización, lo que podrá constituir un instrumento para perseguir otros intereses, concretamente la seguridad vial, gracias a la certidumbre y seguridad a la hora de conocer el comportamiento que deberá adoptarse en la carretera.

6.3

Como ya se ha dicho, el Convenio de Viena de 1968 contiene el texto más completo en materia de circulación vial, que muestra una preocupación por abarcar todos los aspectos, con la particularidad de que, al ser el instrumento internacional adoptado por la mayoría de los países europeos, contiene una exhortación dirigida a los Estados contratantes y adherentes para que adapten los derechos nacionales al texto del Convenio. Puesto que se trata del texto más conocido y aceptado por los países europeos, este convenio puede servir de punto de partida para un debate más amplio del Código de la circulación europeo.

6.4

Así, la propuesta que se presenta consiste en armonizar las normas de conducción que constituyen el núcleo esencial de los códigos de circulación europeos más modernos, entre las que cabe señalar en particular, sin ánimo de exhaustividad, las siguientes:

6.5

Las señales de tráfico deben completar, explicitar o hacer excepciones a las normas de circulación, pudiendo contener múltiples indicaciones que puedan reforzar la seguridad de la circulación vial. Así, también debe uniformizarse la señalización, tanto en lo que se refiere a la forma como al contenido o a las normas relativas a su colocación y a su valor en relación con las normas de circulación, garantizando su mejor gestión en términos de cantidad y visibilidad.

6.6

La señalización no se limita a las señales de tráfico. Conviene también armonizar las señales de los agentes de tráfico, las señales luminosas, las señales de los conductores y el marcado de las vías.

6.7

El incumplimiento de las prescripciones derivadas de las normas y la señalización del tráfico constituye una infracción, lo que supone normas uniformes en los procedimientos de fiscalización, en particular en la detección de la velocidad, alcohol y sustancias psicotrópicas, pero antes es necesario que los Estados estén de acuerdo sobre los hechos ilícitos que deben constituir infracción, a fin de evitar que lo que en un Estado se considera infracción no lo sea en otro Estado. Se trata, por lo tanto, de uniformizar las infracciones.

6.8

Por consiguiente, es importante estudiar y concretar mecanismos simplificados destinados a favorecer una interpretación uniforme de un Código de circulación europeo, ya que los procedimientos relativos a las infracciones de tráfico deben ser rápidos, si no se quiere que sus normas pierdan eficacia (en el fondo, se aspira a un procedimiento simplificado para las cuestiones prejudiciales examinadas por el Tribunal de Justicia).

7.1

Tras haberse constatado que también son muy distintos los requisitos y los instrumentos y procesos de matriculación de los vehículos automóviles en los Estados miembros, también se estudió en la audiencia la posibilidad de fomentar la existencia de una matrícula europea única, opción que recibió varias opiniones favorables.

7.2

También se examinaron los pros y los contras de un registro central europeo de automóviles, donde podrían constar los principales aspectos relacionados con los derechos, obligaciones y otras cargas que puedan incidir en un vehículo automóvil y la forma de su posesión/utilización. Se hizo hincapié en las ventajas de una solución de este tipo para el comercio jurídico intracomunitario de vehículos automóviles, la prevención de fraudes y robos de vehículos automóviles y la represión de las infracciones de tráfico cometidas por conductores de otros Estados miembros.

7.3

Se considera que existen las condiciones para continuar en la vía de la introducción de un registro de automóviles único, vinculado a los vehículos automóviles y no a sus propietarios o titulares, aprovechando la experiencia ya adquirida del sistema de información relativo al número de matrícula e identificación de los propietarios en el ámbito del seguro de automóviles (3a Directiva).

7.4

Las posibilidades, mayores por esta vía, de comprar, asegurar y matricular un vehículo en cualquier Estado miembro contribuyen decisivamente a incrementar las transacciones transfronterizas de vehículos, a aumentar la movilidad de los ciudadanos y el turismo y a desarrollar el mercado interior (18).

7.5

Por otra parte, un sistema europeo de registro de automóviles único parece muy deseable, además de posible sin unos costes demasiado elevados, pasando, en una primera fase, por una mayor coordinación y cooperación de los registros nacionales existentes, y presenta enormes ventajas en cuanto al conocimiento exacto de la titularidad (propiedad u otro régimen jurídico) de los vehículos, la seguridad jurídica de las transacciones de vehículos, la prevención de los robos y fraudes, y una mayor facilidad para fiscalizar y castigar las infracciones cometidas en cualquier Estado miembro.

8.1

El la fase actual, el CESE considera que el instrumento jurídico más adecuado para aplicar una iniciativa con el alcance que aquí se propone será una directiva de armonización mínima.

8.2

El fundamento jurídico para su adopción deberá tener en cuenta la repercusión de la iniciativa como medio de realización del mercado interior e instrumento para aumentar la libertad de circulación de los ciudadanos europeos en el espacio comunitario.

9.1

El CESE considera que cierto grado de armonización de las legislaciones en lo que se refiere a las normas de circulación vial no sólo constituye un medio eficaz de acelerar la realización del mercado interior, sino también de garantizar una circulación de automóviles más segura.

9.2

Por otra parte, el CESE considera que esa armonización puede contribuir de forma decisiva a una mayor seguridad en la circulación vial y a la prevención de los accidentes, y, de este modo, a hacer realidad en mayor medida la libre circulación de los ciudadanos europeos.

9.3

El CESE entiende que existen las condiciones necesarias para iniciar los trabajos preparatorios de una iniciativa legislativa comunitaria con los objetivos antes mencionados, que tenga en cuenta los distintos puntos de vista expresados y las dificultades enunciadas en el presente Dictamen.

9.4

El CESE considera que, en la situación actual, deberá estudiarse la posibilidad de utilizar una directiva de armonización mínima, tomando como modelo el Convenio de Viena, con la definición de las normas de circulación y de señalización fundamentales, de las condiciones de habilitación y de permiso para conducir, así como de la naturaleza de sus infracciones y de la correspondiente sanción, como un primer paso para establecer un Código de la circulación europeo.

9.5

El CESE considera asimismo que la seguridad jurídica en la utilización de los vehículos automóviles, debido a que se facilita su trazabilidad, ganaría mucho con la creación de un sistema de registro de automóviles único a nivel europeo, que tuviera por objeto a los propios vehículos automóviles.

9.6

El CESE considera, asimismo, que un instrumento comunitario vinculante podrá definir las bases para la creación de un sistema único de registro de automóviles, aprovechando al máximo la experiencia adquirida a través de la cooperación entre las instancias nacionales competentes.

9.7

En consecuencia, el CESE insta a la Comisión a que inicie los estudios previos indispensables para el análisis de la relación coste/beneficio en los distintos ámbitos que deberán armonizarse.

9.8

El CESE sugiere a la Comisión que, a través de un «Libro Verde», someta a debate público el asunto objeto de la presente iniciativa, a fin de recabar la opinión y los comentarios del mayor número posible de interesados.

9.9

El CESE insta, mientras tanto, a la Comisión a que, por su parte, prosiga los estudios en curso para una mayor armonización de los aspectos relacionados con la conducción de los automóviles en general y la mayor seguridad de los propios vehículos.

9.10

El CESE señala a los Estados miembros la necesidad y la conveniencia de que adopten medidas de cooperación y coordinación cada vez más estrechas en lo que se refiere a las normas de circulación vial, de prevención de accidentes y de auxilio inmediato e indemnización de las víctimas.

9.11

El CESE espera que el Parlamento Europeo preste un apoyo inequívoco a la presente iniciativa e inste a la Comisión y al Consejo a continuar con la realización de los objetivos señalados.

28.6.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

C 157/42

1.1

En 1996 la Comisión Europea y la Presidencia irlandesa del Consejo de Ministros de la UE organizaron en Dublín una conferencia internacional titulada «¿Son los marinos europeos una especie en peligro de extinción?» En aquella conferencia se reconoció que los marinos europeos son esenciales para la sostenibilidad del sector marítimo europeo y se presentaron diversas propuestas para lograr una reserva suficiente de marinos altamente cualificados. Ese mismo año la Comisión presentó un análisis de la situación en su Comunicación «Hacia una nueva estrategia marítima» (1). Esta preocupación quedó reflejada también en la Resolución de 20 de marzo de 1997 sobre una nueva estrategia para aumentar la competitividad del transporte marítimo comunitario (2). El Consejo de Ministros de la Unión Europea respaldó la Comunicación de la Comisión y, entre otras cosas, reconoció que se necesitaban medidas positivas para fomentar el empleo de marinos comunitarios.

1.2

En la Comunicación sobre la formación y la contratación de la gente de mar (3), la Comisión reconocía la marcada reducción, en las dos últimas décadas, de la oferta de personal debidamente preparado, especialmente de oficiales. En efecto, desde principios de la década de los ochenta, se han reducido significativamente tanto la flota como el número de marinos de la UE. No obstante, el sector comunitario del transporte regular de pasajeros y transbordadores constituye una excepción, puesto que predominan los buques con bandera de la UE y tripulación mayoritariamente comunitaria. El sector, los Estados miembros y la Comisión han abordado en diversas ocasiones el problema del descenso del número de marinos comunitarios y el déficit de personal cualificado, pero las medidas establecidas para detener e invertir esta tendencia han sido en su mayoría ineficaces

1.3

Diversos estudios y proyectos de investigación han tratado de definir y de abordar la cuestión de la reducción de las cifras de marinos comunitarios. Entre ellos se incluyen: