ISSN 1725-244X

Diario Oficial

de la Unión Europea

C 25E

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Edición en lengua española

Comunicaciones e informaciones

48o año
1 de febrero de 2005


Número de información

Sumario

Página

 

I   Comunicaciones

 

Consejo

2005/C 025E/1

Posición común (CE) no 1/2005, de 19 de julio de 2004, aprobada por el Consejo de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo

1

2005/C 025E/2

Posición común (CE) no 2/2005, de 24 de septiembre de 2004, aprobada por el Consejo de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con vistas a la adopción de una Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un programa plurianual comunitario de incremento de las posibilidades de acceso, utilización y explotación de los contenidos digitales en Europa

19

2005/C 025E/3

Posición común (CE) no 3/2005, de 7 de octubre de 2004, aprobada por el Consejo de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con vistas a la adopción de una Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones

29

2005/C 025E/4

Posición común (CE) no 4/2005, de 21 de octubre de 2004, aprobada por el Consejo de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con vistas a la adopción de una Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica la Decisión no 1419/1999/CE por la que se establece una acción comunitaria en favor de la manifestación Capital europea de la cultura para los años 2005 a 2019

41

2005/C 025E/5

Posición común (CE) no 5/2005, de 12 de noviembre de 2004, aprobada por el Consejo de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, con vistas a la adopción de un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural

44

ES

 


I Comunicaciones

Consejo

1.2.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 25/1


POSICIÓN COMÚN (CE) NO 1/2005

aprobada por el Consejo el 19 de julio de 2004

con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …/2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2005/C 25E/01)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 37 y la letra b) del apartado 4 de su artículo 152,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),

Considerando lo siguiente:

(1)

Se han modificado varias veces de forma importante la Directiva 76/895/CEE del Consejo, de 23 de noviembre de 1976, relativa a la fijación de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en las frutas y hortalizas (3), la Directiva 86/362/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la fijación de contenidos máximos para los residuos de plaguicidas sobre y en los cereales (4), la Directiva 86/363/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la fijación de contenidos máximos para los residuos de plaguicidas sobre y en los productos alimenticios de origen animal (5), y la Directiva 90/642/CEE del Consejo, de 27 de noviembre de 1990, relativa a la fijación de los contenidos máximos de residuos de plaguicidas en determinados productos de origen vegetal, incluidas las frutas y hortalizas (6). Por motivos de claridad y simplicidad, estas Directivas deben derogarse y sustituirse por un único acto legislativo.

(2)

Las diferencias en los límites máximos nacionales de residuos de plaguicidas pueden crear obstáculos al comercio de los productos incluidos en el anexo I del Tratado y de sus productos derivados entre los Estados miembros y entre terceros países y la Comunidad. Por tanto, en aras de la libre circulación de mercancías, de la equidad de las condiciones de competencia entre los Estados miembros, así como de la protección de los consumidores, es conveniente fijar a nivel comunitario los límites máximos de residuos (LMR) en productos de origen vegetal y animal.

(3)

Un reglamento por el que se establezcan los LMR no requiere adaptaciones del Derecho nacional de los Estados miembros. Por tanto, se trata del instrumento jurídico más apropiado para fijar LMR de plaguicidas en productos de origen vegetal y animal, ya que sus disposiciones precisas se aplicarán al mismo tiempo y de la misma manera en toda la Comunidad, permitiendo así un uso más eficiente de los recursos nacionales.

(4)

La producción y el consumo de productos vegetales y animales tienen gran importancia en la Comunidad. El rendimiento de la producción vegetal se ve continuamente afectado por los organismos nocivos. Es fundamental proteger los vegetales y productos vegetales frente a estos organismos, no sólo para evitar la disminución del rendimiento o los daños a los productos, sino también para garantizar la calidad de los productos recolectados, aumentar la productividad agrícola y proteger el entorno natural limitando la superficie necesaria para la producción agraria.

(5)

Uno de los principales medios de protección de los vegetales y productos vegetales contra los efectos de los organismos nocivos consiste en el uso de sustancias activas en los productos fitosanitarios. Sin embargo, su uso puede tener como consecuencia la presencia de residuos en los productos tratados, en los animales alimentados con dichos productos y en la miel producida por abejas expuestas a dichas sustancias. Es necesario velar por que tales residuos no estén presentes a niveles en que supongan un riesgo inaceptable para los seres humanos y, en su caso, para los animales.

(6)

La Directiva 91/414/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, relativa a la comercialización de productos fitosanitarios (7), establece que los Estados miembros, al conceder una autorización, deben exigir que los productos fitosanitarios se utilicen adecuadamente. El uso adecuado supone la aplicación de los principios de buenas prácticas fitosanitarias, así como de los principios de control integrado. En caso de que los LMR derivados de un uso autorizado de un plaguicida con arreglo a la Directiva 91/414/CEE supongan un riesgo para el consumidor, debe revisarse dicho uso para disminuir el nivel de los residuos del plaguicida. La Comunidad debe fomentar el uso de métodos o productos que favorezcan la reducción del riesgo y la reducción de las cantidades de plaguicidas utilizadas hasta situarlas en niveles que sean compatibles con una lucha eficaz contra las plagas.

(7)

En virtud de la Directiva 79/117/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1978, relativa a la prohibición de salida al mercado y de utilización de productos fitosanitarios que contengan determinadas sustancias activas (8), está prohibida una serie de sustancias activas. Por otra parte, otras muchas sustancias activas no están autorizadas actualmente con arreglo a la Directiva 91/414/CEE. Es necesario controlar y supervisar cuidadosamente los residuos de sustancias activas en productos de origen vegetal y animal que se deban a un uso no autorizado, a la contaminación ambiental o al uso en terceros países.

(8)

Las normas básicas relativas a la legislación sobre alimentos y piensos se establecen en el Reglamento (CE) no 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 2002, por el que se establecen los principios y los requisitos generales de la legislación alimentaria, se crea la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y se fijan procedimientos relativos a la seguridad alimentaria (9).

(9)

Además de dichas normas básicas, es necesario disponer de normas más específicas para garantizar el funcionamiento eficaz del mercado interior y el comercio con terceros países en relación con productos vegetales y animales, frescos, transformados y/o compuestos, destinados al consumo humano o a la alimentación animal, en los que pueda haber residuos de plaguicidas, sentando a la vez las bases para asegurar un elevado nivel de protección de la salud humana y animal y de los intereses de los consumidores. Tales normas deben incluir el establecimiento de LMR específicos de cada plaguicida en todos los productos alimenticios y piensos, así como la calidad de los datos con que se justifiquen dichos LMR.

(10)

Pese a que los principios de la legislación alimentaria general establecidos en el Reglamento (CE) no 178/2002 se aplican únicamente a los piensos para los animales destinados a la producción de alimentos, habida cuenta de la dificultad de delimitar los productos utilizados como piensos para los animales no destinados a la producción de alimentos, y con el fin de facilitar el control y la ejecución de las disposiciones del presente Reglamento, es oportuno aplicar dichas disposiciones también a los piensos utilizados para los animales no destinados a la producción de alimentos. Sin embargo, el presente Reglamento no debe impedir la realización de las pruebas necesarias para la evaluación de los plaguicidas.

(11)

La Directiva 91/414/CEE establece normas básicas respecto al uso y la comercialización de productos fitosanitarios. Dispone, en particular, que el uso de dichos productos no debe tener efectos nocivos sobre los seres humanos o los animales. Es posible que los residuos de plaguicidas procedentes del uso de productos fitosanitarios tengan efectos nocivos sobre la salud de los consumidores. En consecuencia, procede definir normas respecto de los LMR en los productos destinados al consumo humano que estén vinculadas a la autorización de uso de los productos fitosanitarios según lo establecido en el marco de la Directiva 91/414/CEE. De la misma manera, la mencionada Directiva debe adaptarse para tener en cuenta los procedimientos comunitarios para el establecimiento de LMR en virtud de la presente Directiva. A tenor de lo dispuesto en dicha Directiva, se puede designar a un Estado miembro ponente para la evaluación de una sustancia activa. A los efectos del presente Reglamento conviene utilizar la experiencia de que se disponga en ese Estado miembro.

(12)

Es procedente instaurar normas específicas relativas al control de residuos de plaguicidas con objeto de complementar las disposiciones generales de la legislación comunitaria relativas al control de alimentos y piensos.

(13)

La Directiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de mayo de 2002, sobre sustancias indeseables en la alimentación animal (10) contiene normas específicas sobre los piensos, con inclusión de su comercialización y almacenamiento y de la alimentación de los animales. En el caso de ciertos productos no es posible determinar si se van a destinar a la alimentación humana o animal. Por tanto, los residuos de plaguicidas en dichos productos deben ser inocuos para el consumo tanto humano como, en su caso, animal. En consecuencia, es apropiado que las normas dispuestas en el presente Reglamento sean aplicables también a dichos productos, además de las normas específicas de nutrición animal.

(14)

Es necesario definir a nivel comunitario determinados términos relativos a la fijación y al control de los LMR en productos de origen vegetal y animal.

(15)

La Directiva 76/895/CEE establece que los Estados miembros pueden autorizar LMR superiores a los autorizados actualmente a nivel comunitario. Dicha posibilidad debe desaparecer, ya que, en el contexto del mercado interior, podría crear obstáculos al comercio intracomunitario.

(16)

La determinación de LMR de plaguicidas exige un largo estudio técnico e incluye la evaluación de los posibles riesgos para los consumidores. Por tanto, no es posible fijar inmediatamente LMR de los plaguicidas regulados actualmente por la Directiva 76/895/CEE ni de los plaguicidas para los que no se han fijado aún LMR comunitarios.

(17)

Es conveniente que los requisitos mínimos aplicables a los datos que han de utilizarse a la hora de considerar la fijación de LMR de plaguicidas se establezcan a escala comunitaria.

(18)

En circunstancias excepcionales, y en particular en lo que respecta a plaguicidas no autorizados que pueden estar presentes en el medio ambiente, es conveniente permitir el uso de datos de seguimiento a la hora de fijar LMR.

(19)

Los LMR de plaguicidas deben someterse a un seguimiento constante y modificarse a la luz de las nuevas informaciones y datos disponibles. En los casos en que los usos autorizados de productos fitosanitarios no originen niveles detectables de residuos de plaguicidas, los LMR deben fijarse en el nivel más bajo de determinación analítica. En lo que respecta a los usos de plaguicidas no autorizados a escala comunitaria, deben fijarse LMR suficientemente bajos para proteger al consumidor de la ingesta de cantidades no autorizadas o excesivas de residuos de plaguicidas. Para facilitar el control de los residuos de plaguicidas, debe fijarse un valor por defecto para los residuos de plaguicidas presentes en los productos o grupos de productos comprendidos en el anexo I para los que no se hayan fijado LMR en los anexos II o III, a menos que la sustancia activa de que se trate figure en la lista del anexo IV. Es oportuno fijar el valor por defecto en 0,01 mg/kg y establecer la posibilidad de fijarlo en un nivel diferente para las sustancias activas incluidas en el anexo V, teniendo en cuenta los métodos analíticos rutinarios de que se disponga y/o la protección del consumidor.

(20)

En el caso de los alimentos y piensos producidos fuera de la Comunidad, pueden aplicarse legalmente prácticas agrícolas diferentes en relación con el uso de productos fitosanitarios, lo que puede dar lugar algunas veces a residuos de plaguicidas diferentes de los resultantes de los usos aplicados legalmente en la Comunidad. Por tanto, es conveniente fijar para los productos importados LMR que tengan en cuenta esos usos y los residuos resultantes, siempre que pueda demostrarse la seguridad de los productos siguiendo los mismos criterios que con la producción interior.

(21)

El Reglamento (CE) no 178/2002 define procedimientos para tomar medidas de urgencia en relación con los alimentos y los piensos de origen comunitario o importados de un tercer país. Estos procedimientos permiten a la Comisión adoptar dichas medidas en situaciones en que los alimentos pueden constituir un riesgo grave para la salud humana o animal o para el medio ambiente, y en que tal riesgo no puede combatirse satisfactoriamente con las medidas tomadas por el Estado o Estados miembros afectados. Es conveniente que estas medidas y sus efectos sobre los seres humanos y, en su caso, los animales sean evaluados por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (en lo sucesivo denominada «la Autoridad»).

(22)

La exposición de los consumidores a lo largo de toda su vida y, cuando corresponda, su exposición aguda a residuos de plaguicidas a través de productos alimentarios deben evaluarse de acuerdo con los procedimientos y prácticas de la Comunidad, teniendo en cuenta las directrices publicadas por la Organización Mundial de la Salud.

(23)

A través de la Organización Mundial del Comercio, debe consultarse sobre los LMR propuestos con los socios comerciales de la Comunidad, cuyas observaciones deben tenerse en cuenta antes de la adopción de dichos LMR. A la hora de fijar los LMR comunitarios, también deben tenerse en cuenta los LMR fijados internacionalmente por la Comisión del Codex Alimentarius.

(24)

Es necesario que la Autoridad evalúe las solicitudes relacionadas con los LMR y los informes de evaluación elaborados por los Estados miembros, con objeto de determinar los riesgos que suponen para los consumidores y, en su caso, para los animales.

(25)

Los Estados miembros deben adoptar normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones del presente Reglamento y velar por su ejecución. Estas sanciones deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

(26)

El desarrollo de un sistema comunitario armonizado para los LMR implica la elaboración de directrices, bases de datos y otras actividades con costes asociados. Es pertinente que, en ciertos casos, la Comunidad contribuya a la financiación de dichos costes.

(27)

Constituye una buena práctica administrativa y es deseable desde el punto de vista técnico coordinar el calendario de las decisiones sobre LMR de sustancias activas con las decisiones tomadas respecto a estas sustancias con arreglo a la Directiva 91/414/CEE. Respecto a muchas sustancias para las que aún no se ha fijado ningún LMR comunitario, no se prevé la adopción de decisiones con arreglo a dicha Directiva antes de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento.

(28)

Es necesario por tanto adoptar normas aparte sobre LMR armonizados temporales pero obligatorios, con el fin de fijar progresivamente los LMR según se vayan tomando decisiones sobre las distintas sustancias activas como parte de las evaluaciones efectuadas con arreglo a la Directiva 91/414/CEE. Esos LMR armonizados temporales deben basarse, en particular, en los LMR nacionales existentes establecidos por los Estados miembros, y deben respetar las disposiciones nacionales en las que se haya basado su establecimiento, siempre y cuando los LMR no supongan un riesgo inaceptable para los consumidores.

(29)

Tras la inclusión de las sustancias activas existentes en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE, los Estados miembros deben evaluar nuevamente cada producto fitosanitario que contenga esas sustancias activas en un plazo de cuatro años desde la fecha de su inclusión. Los LMR en cuestión deben mantenerse durante un período máximo de cuatro años para garantizar la continuidad de las autorizaciones y, una vez terminada la nueva evaluación, deben convertirse en valores definitivos si vienen respaldados por expedientes que cumplan lo dispuesto en el anexo III de la Directiva 91/414/CEE, o fijarse en un nivel por defecto si no tienen ese respaldo.

(30)

El presente Reglamento establece LMR para el control de los residuos de plaguicidas en los alimentos y los piensos. Por ello es oportuno que los Estados miembros establezcan programas nacionales para controlar dichos residuos. Los resultados de los programas nacionales de control se remitirán a la Comisión, a la Autoridad y a los demás Estados miembros y se incluirán en el informe anual comunitario.

(31)

Las medidas necesarias para la aplicación del presente Reglamento deben adoptarse de acuerdo con la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (11).

(32)

De acuerdo con el principio de proporcionalidad, para el logro de los objetivos básicos de facilitar el comercio y de proteger al consumidor es necesario y adecuado adoptar normas sobre LMR en productos de origen vegetal y animal. El presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar los objetivos perseguidos, de conformidad con el párrafo tercero del artículo 5 del Tratado.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

CAPÍTULO I

OBJETO, ÁMBITO DE APLICACIÓN Y DEFINICIONES

Artículo 1

Objeto

El presente Reglamento establece, de conformidad con los principios generales expuestos en el Reglamento (CE) no 178/2002, disposiciones comunitarias armonizadas relativas a los límites máximos de residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1.   El presente Reglamento será aplicable a los productos y partes de productos de origen vegetal y animal comprendidos en el anexo I, que vayan a utilizarse como alimentos o piensos, frescos, transformados o compuestos en los que pueda haber residuos de plaguicidas.

2.   El presente Reglamento no se aplicará a los productos comprendidos en el anexo I si puede demostrarse, mediante las pruebas adecuadas, que se destinan:

a)

a la fabricación de productos distintos de los alimentos o los piensos;

b)

a la siembra o a la plantación, o

c)

a las actividades autorizadas por la legislación nacional para ensayos de las sustancias activas.

3.   Los límites máximos de residuos de plaguicidas fijados de acuerdo con el presente Reglamento no se aplicarán a los productos comprendidos en el anexo I que se destinen a la exportación a terceros países y se traten antes de la exportación, si se ha demostrado mediante los justificantes adecuados que el tercer país de destino exige o acepta ese tratamiento particular a fin de prevenir la introducción de organismos nocivos en su territorio.

4.   El presente Reglamento se aplicará sin perjuicio de las Directivas 98/8/CE (12) y 2002/32/CE y del Reglamento (CEE) no 2377/90 (13).

Artículo 3

Definiciones

1.   A efectos del presente Reglamento, serán aplicables las definiciones del Reglamento (CE) no 178/2002 y las definiciones de los puntos 1 y 4 del artículo 2 de la Directiva 91/414/CEE.

2.   Se entenderá asimismo por:

a)

«buena practica agrícola» (BPA), el uso seguro, recomendado, autorizado o registrado a nivel nacional, de productos fitosanitarios en condiciones reales, en cualquier fase de la producción, almacenamiento, transporte, distribución y transformación de alimentos y piensos;

b)

«BPA crítica», cuando exista más de una BPA para una combinación de sustancia activa y producto, la que produzca el nivel aceptable más elevado de residuos de plaguicidas en un producto agrícola tratado y que constituya la base para establecer el LMR;

c)

«residuos de plaguicidas», los residuos, incluidas las sustancias activas, los metabolitos y los productos de degradación o de reacción de sustancias activas utilizadas actualmente o con anterioridad en productos fitosanitarios según se definen en el punto 1 del artículo 2 de la Directiva 91/414/CEE, que estén presentes en los productos comprendidos en el anexo I del presente Reglamento, incluidos en particular aquéllos cuya presencia pueda deberse a su uso en fitosanidad, en veterinaria y como biocidas;

d)

«límite máximo de residuos» (LMR), el límite legal superior de concentración de un residuo de plaguicida en alimentos o piensos;

e)

«CXL», un LMR fijado por la Comisión del Codex Alimentarius;

f)

«límite de determinación» (LD), la menor concentración de residuo validada que se puede cuantificar y notificar en un seguimiento sistemático con métodos validados de control;

g)

«tolerancia en la importación», un LMR fijado para productos importados en caso de que:

el uso de la sustancia activa en un producto fitosanitario sobre un producto determinado, no esté autorizado en la Comunidad, o

un LMR existente en la Comunidad no sea suficiente para satisfacer las necesidades del comercio internacional;

h)

«prueba de aptitud», una prueba comparativa en que varios laboratorios efectúan análisis de muestras idénticas, para evaluar la calidad de los análisis realizados por cada laboratorio;

i)

«dosis aguda de referencia», la estimación de la cantidad de sustancia presente en los alimentos, expresada en función del peso corporal, que puede ingerirse en un corto período de tiempo, generalmente en una comida o en un día, sin provocar un riesgo apreciable para la salud del consumidor, según todos los hechos conocidos en el momento de la evaluación;

j)

«ingesta diaria admisible», la estimación de la cantidad de sustancia presente en los alimentos, expresada en función del peso corporal, que puede ingerirse diariamente a lo largo de toda la vida sin provocar un riesgo apreciable para la salud del consumidor, según todos los hechos conocidos en el momento de la evaluación.

Artículo 4

Lista de los grupos de productos a los que se aplicarán LMR armonizados

1.   Los productos, grupos de productos o partes de productos a que se refiere el apartado 1 del artículo 2 a los que se aplicarán LMR armonizados, se determinarán y quedarán comprendidos en el anexo I con arreglo al procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 45. El anexo I incluirá todos los productos para los que se han fijado LMR, así como los demás productos a los que conviene aplicar LMR armonizados, en especial por su importancia en la alimentación de los consumidores o en el comercio. Los productos se agruparán de forma que, en la medida de lo posible, puedan fijarse LMR para un grupo de productos similares o afines.

2.   El anexo I se establecerá por primera vez en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento y se revisará cuando sea necesario, en particular a petición de un Estado miembro.

Artículo 5

Establecimiento de una lista de sustancias activas respecto a las que no se exigen LMR

1.   Las sustancias activas de productos fitosanitarios, evaluadas con arreglo a la Directiva 91/414/CEE, para las que no se exigen LMR se determinarán con arreglo al procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 45 del presente Reglamento y se incluirán en el anexo IV del mismo, teniendo en cuenta los usos de dichas sustancias activas y los elementos contemplados en las letras a), c) y d) del apartado 2 del artículo 14 del presente Reglamento.

2.   El anexo IV se elaborará por primera vez en un plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO APLICABLE A LAS SOLICITUDES DE LMR

SECCIÓN 1

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE LMR

Artículo 6

Solicitudes

1.   Cuando un Estado miembro tenga previsto conceder una autorización o una autorización provisional de uso de un producto fitosanitario con arreglo a la Directiva 91/414/CEE, estudiará si, debido a tal uso, es necesario modificar un LMR existente recogido en los anexos II o III del presente Reglamento, fijar un nuevo LMR o incluir en el anexo IV la sustancia activa de que se trate. En caso necesario exigirá a la parte que solicite la autorización que presente una solicitud con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7.

2.   Las partes que acrediten, aportando pruebas suficientes, un interés legítimo, incluidos los fabricantes, agricultores y productores de los productos comprendidos en el anexo I, podrán, asimismo presentar una solicitud a un Estado miembro de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.

3.   Cuando un Estado miembro considere necesaria la fijación, modificación o supresión de un LMR, dicho Estado miembro podrá también recopilar y evaluar una solicitud de fijación, modificación o supresión del LMR con arreglo a las disposiciones del artículo 7.

4.   Las solicitudes de tolerancias en la importación se presentarán a los Estados miembros ponentes designados de conformidad con la Directiva 91/414/CEE o, cuando no se hayan nombrado ponentes, a los Estados miembros que designe la Comisión a tenor del procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 45 del presente Reglamento, a petición del solicitante. Las solicitudes se efectuarán de conformidad con el artículo 7 del presente Reglamento.

Artículo 7

Requisitos aplicables a las solicitudes de LMR

1.   En el momento de presentar la solicitud de LMR, el solicitante facilitará los datos y documentación siguientes:

a)

el nombre y la dirección del solicitante;

b)

una presentación del expediente de la solicitud que incluya:

i)

un resumen de la solicitud,

ii)

las principales razones que la avalan,

iii)

un índice de la documentación,

iv)

un ejemplar de las BPA correspondientes que se apliquen al uso específico de dicha sustancia activa;

c)

cuando proceda, motivos de preocupación científicamente justificados;

d)

los datos indicados en los anexos II y III de la Directiva 91/414/CEE en relación con los requisitos en materia de información para la fijación de LMR de plaguicidas, incluyendo, cuando sea pertinente, datos toxicológicos, datos sobre los métodos de análisis normales para su uso en laboratorios de control, y datos sobre el metabolismo vegetal y animal.

Sin embargo, cuando los datos pertinentes ya sean públicos, en particular cuando una sustancia activa ya haya sido evaluada con arreglo a la Directiva 91/414/CEE o cuando exista un CXL y el solicitante presente dichos datos, los Estados miembros podrán también utilizar esta información para evaluar una solicitud. En dichos casos, el informe de evaluación justificará el uso o no de tales datos.

2.   Cuando sea oportuno, el Estado miembro que realice la evaluación podrá pedir al solicitante que presente información complementaria a la exigida en virtud del apartado 1, en el plazo que él mismo fije.

Artículo 8

Evaluación de las solicitudes

1.   Un Estado miembro al que se presente, de conformidad con el artículo 6, una solicitud que cumpla lo dispuesto en el artículo 7 remitirá inmediatamente una copia a la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria creada en virtud del Reglamento (CE) no 178/2002 (en lo sucesivo denominada «la Autoridad») y a la Comisión y elaborará un informe de evaluación sin demoras indebidas.

2.   Las solicitudes se evaluarán con arreglo a las disposiciones correspondientes de los principios uniformes para la evaluación y autorización de los productos fitosanitarios establecidos en el anexo VI de la Directiva 91/414/CEE o a los principios de evaluación específicos que se fijarán en un reglamento de la Comisión con arreglo al procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 45 del presente Reglamento.

3.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1 y mediando acuerdo al respecto entre los Estados miembros interesados, podrá realizar la evaluación de la solicitud el Estado miembro ponente designado de conformidad con la Directiva 91/414/CEE para la sustancia activa de que se trate.

4.   Cuando un Estado miembro encuentre dificultades para evaluar una solicitud, o con el fin de evitar una repetición innecesaria del trabajo, podrá decidirse, con arreglo al procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 45, el Estado miembro que evaluará una solicitud concreta.

Artículo 9

Presentación de las solicitudes evaluadas a la Comisión y a la Autoridad

1.   Tras finalizar el informe de evaluación, el Estado miembro lo enviará a la Comisión. La Comisión informará sin demora a los Estados miembros y remitirá la solicitud, el informe de evaluación y el expediente que lo avale a la Autoridad.

2.   La Autoridad acusará recibo de la solicitud sin demora y por escrito al solicitante, al Estado miembro evaluador y a la Comisión. En el acuse de recibo figurará la fecha de recepción de la solicitud y de los documentos acompañantes.

SECCIÓN 2

EXAMEN DE LAS SOLICITUDES RELATIVAS A LMR POR PARTE DE LA AUTORIDAD

Artículo 10

Dictamen de la Autoridad sobre las solicitudes relativas a LMR

1.   La Autoridad evaluará las solicitudes y los informes de evaluación y emitirá un dictamen motivado en particular sobre los riesgos para el consumidor y, en su caso, para los animales, asociados a la fijación, la modificación o la supresión de un LMR. Dicho dictamen incluirá los siguientes elementos:

a)

una evaluación de si el método analítico de seguimiento habitual propuesto en la solicitud es adecuado según los objetivos previstos de control;

b)

el LD previsto para la combinación del plaguicida con el producto;

c)

una evaluación de los riesgos de superación de la ingesta diaria admisible o de la dosis aguda de referencia como resultado de la modificación del LMR; la aportación a la ingesta debida a los residuos presentes en el producto para el que se pide el LMR;

d)

cualquier otro elemento pertinente para la evaluación del riesgo.

2.   La Autoridad comunicará su dictamen motivado al solicitante, a la Comisión y a los Estados miembros. El dictamen motivado definirá con claridad el fundamento de cada una de las conclusiones a las que se llegue.

3.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 39 del Reglamento (CE) no 178/2002, la Autoridad hará público su dictamen motivado.

Artículo 11

Plazos para el dictamen de la Autoridad sobre las solicitudes relativas a LMR

1.   La Autoridad emitirá su dictamen motivado, según lo dispuesto en el artículo 10, lo antes posible y a más tardar a los tres meses de la fecha de recepción de la solicitud.

2.   En caso de que la Autoridad pida información complementaria, el plazo establecido en el apartado 1 quedará suspendido hasta la presentación de la información pedida. Dicha suspensión estará sujeta al artículo 13.

Artículo 12

Evaluación por la Autoridad de los LMR existentes

1.   La Autoridad, dentro de un plazo de 12 meses a partir de la fecha de inclusión o no inclusión de una sustancia activa en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE tras la entrada en vigor del presente Reglamento, presentará a la Comisión y a los Estados miembros un dictamen motivado, basado en particular en el correspondiente informe de evaluación preparado con arreglo a la Directiva 91/414/CEE, sobre:

a)

los LMR existentes de dicha sustancia activa recogidos en los anexos II o III del presente Reglamento;

b)

la necesidad de fijar nuevos LMR de dicha sustancia activa o de incluirla en el anexo IV del presente Reglamento;

c)

los factores específicos relacionados con la transformación a que se refiere el apartado 2 del artículo 20 que puedan ser necesarios para dicha sustancia activa;

d)

los LMR cuya inclusión en el anexo II o en el anexo III del presente Reglamento podría considerar la Comisión, y los LMR que podrían suprimirse en relación con dicha sustancia activa.

2.   En el caso de las sustancias que figuren en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE antes de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, el dictamen motivado a que se refiere el apartado 1 del presente artículo se emitirá en un plazo de 12 meses a partir de dicha fecha.

Artículo 13

Revisión administrativa

Las decisiones o inhibiciones de la Autoridad al amparo de las competencias que le confiere el presente Reglamento podrán ser revisadas por la Comisión, por propia iniciativa o a petición de un Estado miembro o de cualquier persona directa e individualmente afectada.

A tal fin se presentará una solicitud a la Comisión en un plazo de dos meses a partir de la fecha en que la parte afectada tenga conocimiento de la acción u omisión de que se trate.

La Comisión adoptará una decisión en el plazo de dos meses exigiendo, si procediera, a la Autoridad que, dentro de un plazo establecido, anule su decisión, o actúe si se inhibió.

SECCIÓN 3

FIJACIÓN, MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DE LMR

Artículo 14

Decisiones sobre las solicitudes relativas a LMR

1.   Una vez recibido el dictamen de la Autoridad y teniendo en cuenta dicho dictamen, la Comisión elaborará sin demora y, a más tardar, a los tres meses, un reglamento sobre la fijación, modificación o supresión de un LMR, o una decisión por la que se rechace la solicitud, y lo someterá a adopción con arreglo al procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 45.

2.   Respecto a los actos a que se refiere el apartado 1 se tendrá en cuenta lo siguiente:

a)

los conocimientos científicos y técnicos disponibles;

b)

la posible presencia de residuos de plaguicidas procedentes de fuentes distintas de los usos fitosanitarios habituales de las sustancias activas;

c)

los resultados de una evaluación de todos los posibles riesgos para los consumidores y, en su caso, para los animales;

d)

los resultados de las evaluaciones y decisiones dirigidas a modificar los usos de los productos fitosanitarios;

e)

un CXL o la BPA aplicada en un tercer país para el uso legal de una sustancia activa en dicho país;

f)

otros factores legítimos pertinentes para la cuestión que se esté considerando.

3.   La Comisión podrá pedir información adicional en cualquier momento al solicitante o a la Autoridad. La Comisión pondrá a disposición de los Estados miembros y la Autoridad cualquier información complementaria que reciba.

Artículo 15

Inclusión de LMR nuevos o modificados en los anexos II y III

1.   El reglamento a que se refiere el apartado 1 del artículo 14:

a)

fijará LMR nuevos o modificados y los incluirá en la lista del anexo II del presente Reglamento cuando las sustancias activas hayan sido incluidas en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE; o

b)

cuando las sustancias activas no se hayan incluido en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE ni en el anexo II del presente Reglamento, fijará o modificará LMR temporales y los incluirá en la lista del anexo III del presente Reglamento; o

c)

en los casos mencionados en el artículo 16, fijará LMR temporales y los incluirá en la lista del anexo III del presente Reglamento.

2.   Los LMR temporales que se fijen de conformidad con la letra b) del apartado 1 se suprimirán del anexo III mediante un reglamento un año después de la fecha de inclusión o de no inclusión de la sustancia activa correspondiente en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE, con arreglo al procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 45 del presente Reglamento. No obstante, cuando uno o más Estados miembros así lo soliciten, podrán mantenerse durante un año más a la espera de la confirmación de que se han iniciado los estudios científicos necesarios para respaldar una solicitud de fijación de un LMR. En caso de que se presente esta confirmación, el LMR temporal se mantendrá otros dos años, siempre que no se hayan detectado riesgos inaceptables para la seguridad del consumidor.

Artículo 16

Procedimiento para fijar LMR temporales en determinadas circunstancias

1.   El reglamento a que se refiere el apartado 1 del artículo 14 también podrá fijar un LMR temporal para su inclusión en el anexo III en los siguientes casos:

a)

en casos excepcionales, especialmente cuando la presencia de residuos de plaguicidas pueda deberse a la contaminación ambiental o de otro tipo o a una utilización de productos fitosanitarios con arreglo a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE; o

b)

cuando los productos correspondientes constituyan una fracción poco importante de la dieta de los consumidores europeos y, en su caso, de la dieta de los animales; o

c)

para la miel; o

d)

cuando los usos fundamentales de los productos fitosanitarios se hayan definido en una decisión de no inclusión o de supresión de una sustancia activa en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE.

2.   La inclusión de LMR temporales indicada en el apartado 1 estará basada en el dictamen de la Autoridad, los datos de seguimiento y una evaluación que demuestre que no hay riesgos inaceptables para los consumidores ni para los animales.

Al menos una vez cada diez años se volverá a estudiar si los LMR temporales mencionados en las letras a), b) y c) del apartado 1 siguen teniendo validez y, en su caso, se procederá a modificarlos o suprimirlos.

Los LMR a que hace referencia la letra d) del apartado 1 se volverán a estudiar a la expiración del periodo para el que se autorizó el uso esencial.

Artículo 17

Modificaciones de los LMR tras la retirada de las autorizaciones de productos fitosanitarios

Las modificaciones de los anexos II o III necesarias para suprimir un LMR como consecuencia de la retirada de una autorización vigente de un producto fitosanitario podrán efectuarse sin solicitar el dictamen de la Autoridad.

CAPÍTULO III

LMR APLICABLES A PRODUCTOS DE ORIGEN VEGETAL Y ANIMAL

Artículo 18

Cumplimiento de los LMR

1.   Desde el momento en que se comercialicen como alimentos o piensos, o se utilicen para alimentar animales, los productos comprendidos en el anexo I no contendrán ningún residuo de plaguicida que supere:

a)

los LMR establecidos para dichos productos en los anexos II y III;

b)

0,01 mg/kg en el caso de los productos para los que no se establece un LMR específico en los anexos II o III o en el caso de las sustancias activas no incluidas en el anexo IV, a menos que se fijen valores por defecto diferentes para una sustancia activa, con arreglo al procedimiento estipulado en el apartado 2 del artículo 45, teniendo siempre en cuenta los métodos normales de análisis disponibles. Estos valores por defecto se incluirán en la lista del anexo V.

2.   Los Estados miembros no podrán prohibir ni impedir en su territorio que los productos comprendidos en el anexo I sean comercializados o utilizados como piensos para animales destinados a la producción de alimentos, alegando que contienen residuos de plaguicidas, siempre y cuando:

a)

dichos productos se ajusten a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 18 y en el artículo 20,o

b)

la sustancia activa esté incluida en el anexo IV.

3.   No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados miembros podrán autorizar, tras un tratamiento por fumigación posterior a la cosecha realizado en sus propios territorios, niveles de residuos de sustancias activas que excedan de los límites especificados en los anexos II y III para un producto comprendido en el anexo I cuando esa combinación de sustancia activa y producto figure en la lista del anexo VII, siempre y cuando:

a)

tales productos no se destinen al consumo inmediato;

b)

se disponga de controles adecuados para garantizar que los productos no pueden ponerse a disposición del usuario o consumidor final, si son suministrados directamente a éste, hasta que los residuos dejen de superar los límites máximos especificados en los anexos II o III;

c)

los demás Estados miembros y la Comisión hayan sido informados de las medidas adoptadas.

Las combinaciones de sustancia activa y producto que figuran en la lista del anexo VII se determinarán de acuerdo con el procedimiento a que hace referencia el apartado 2 del artículo 45.

4.   En circunstancias excepcionales, y en particular después de la utilización de productos fitosanitarios con arreglo al apartado 4 del artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE o en cumplimiento de las obligaciones que contempla la Directiva 2000/29/CE (14), los Estados miembros podrán autorizar la comercialización o la utilización como pienso para los animales, en sus territorios, de alimentos o piensos tratados que no cumplan las disposiciones del apartado 1, siempre que esos alimentos o piensos no supongan riesgos inaceptables. Estas autorizaciones se notificarán inmediatamente a los demás Estados miembros, a la Comisión y a la Autoridad, junto con una evaluación del riesgo adecuada, para que sean examinadas sin pérdida de tiempo, con arreglo al procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 45, con vistas a fijar LMR temporales para un período especificado o a tomar cualquier otra medida que fuese necesaria en relación con esos productos.

Artículo 19

Prohibición relativa a productos transformados o compuestos

Quedan prohibidas la transformación o mezcla, a efectos de dilución con los mismos productos o con otros, de productos comprendidos en el anexo I que no se ajusten a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 18 ó en el artículo 20, con miras a su comercialización como alimentos o piensos o a su utilización en la alimentación de animales.

Artículo 20

LMR aplicables a productos transformados o compuestos

1.   Cuando en los anexos II o III no se hayan establecido LMR para alimentos o piensos transformados o compuestos, se aplicarán los LMR previstos en el apartado 1 del artículo 18 para el correspondiente producto comprendido en el anexo I, teniendo en cuenta los cambios en los niveles de residuos de plaguicidas debidos a la transformación o mezcla.

2.   Siguiendo el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 45, en la lista del anexo VI podrán incluirse factores específicos de concentración o de dilución para determinadas operaciones de transformación o mezcla o para determinados productos transformados o compuestos.

CAPÍTULO IV

DISPOSICIONES ESPECIALES SOBRE LA INCLUSIÓN EN EL PRESENTE REGLAMENTO DE LMR EXISTENTES

Artículo 21

Fijación de LMR por primera vez

1.   Los LMR para los productos comprendidos en el anexo I se fijarán e incluirán por primera vez en el anexo II de conformidad con el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 45 incorporando los LMR previstos en las Directivas 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE, teniendo en cuenta los criterios mencionados en el apartado 2 del artículo 14 del presente Reglamento.

2.   El anexo II se elaborará en un plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento.

Artículo 22

Fijación de LMR temporales por primera vez

1.   Los LMR temporales de sustancias activas respecto a las cuales aún no se haya tomado una decisión de inclusión o de no inclusión en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE se fijarán e incluirán por primera vez en el anexo III del presente Reglamento, a menos que ya figuren en la lista del anexo II del mismo, con arreglo al procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 45, teniendo en cuenta la información presentada por los Estados miembros, y, en su caso, el dictamen motivado a que se refiere el artículo 24, así como los factores mencionados en el apartado 2 del artículo 14 y los siguientes LMR:

a)

los LMR restantes del anexo de la Directiva 76/895/CEE; y

b)

los LMR nacionales no armonizados hasta la fecha.

2.   El anexo III se elaborará en un plazo de doce meses a partir de la entrada en vigor del presente Reglamento de conformidad con los artículos 23, 24 y 25.

Artículo 23

Información que deben presentar los Estados miembros sobre los LMR nacionales

Cuando una sustancia activa aún no esté incluida en el anexo I de la Directiva 91/414/CEE, y cuando un Estado miembro haya fijado para ella, a más tardar en la fecha de entrada en vigor del anexo I del presente Reglamento, un LMR nacional para un producto comprendido en el anexo I del presente Reglamento, o haya decidido que no es necesario ningún LMR para tal sustancia activa, dicho Estado miembro notificará a la Comisión, en la forma y plazo que se establezcan de conformidad con el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 45, el LMR nacional o el hecho de que no se requiere ningún LMR para una sustancia activa, y, en su caso y a petición de la Comisión:

a)

la BPA;

b)

si en el Estado miembro se aplica la BPA crítica, un resumen de los datos de las pruebas controladas o de los datos de vigilancia, si se dispone de tal información;

c)

la ingesta diaria admisible y, cuando sea pertinente, la dosis aguda de referencia que se hayan utilizado en la evaluación nacional del riesgo, así como el resultado de dicha evaluación.

Artículo 24

Dictamen de la Autoridad sobre los datos en que se basan los LMR nacionales

1.   A petición de la Comisión, la Autoridad facilitará a la Comisión un dictamen motivado sobre los riesgos potenciales para la salud del consumidor derivados de lo siguiente:

a)

los LMR temporales que puedan incluirse en el anexo III;

b)

las sustancias activas que puedan incluirse en el anexo IV.

2.   Al preparar el dictamen motivado contemplado en el apartado 1, la Autoridad tendrá en cuenta los conocimientos técnicos y científicos disponibles y, en particular, la información presentada por los Estados miembros tal como se estipula en el artículo 23.

Artículo 25

Fijación de LMR temporales

Teniendo en cuenta el dictamen de la Autoridad, si dicho dictamen fuera solicitado, podrán fijarse e incluirse en el anexo III, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 22, LMR temporales para las sustancias activas contempladas en el artículo 23 o, según proceda, podrá incluirse la sustancia activa en el anexo IV conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 5.

CAPÍTULO V

CONTROLES OFICIALES, INFORMES Y SANCIONES

SECCIÓN 1

CONTROLES OFICIALES DE LOS LMR

Artículo 26

Controles oficiales

1.   Sin perjuicio de la Directiva 96/23/CE (15), los Estados miembros efectuarán controles oficiales de los residuos de plaguicidas con el fin de garantizar el cumplimiento del presente Reglamento, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la legislación comunitaria en materia de controles oficiales de los alimentos y piensos.

2.   Los mencionados controles de los residuos de plaguicidas consistirán, en particular, en la toma y posterior análisis de muestras y la determinación de los plaguicidas presentes en ellas y de sus respectivos niveles de residuos.

Artículo 27

Muestreo

1.   Cada Estado miembro tomará un número y una variedad de muestras suficientes para garantizar que los resultados sean representativos de su mercado, teniendo en cuenta los resultados de los programas de control anteriores. Este muestreo se realizará lo más cerca posible del punto de distribución para permitir la adopción subsiguiente de medidas ejecutivas.

2.   Cuando difieran de los considerados en la Directiva 2002/63/CE (16), los métodos de muestreo necesarios para efectuar estos controles de los residuos de plaguicidas en productos se determinarán con arreglo al procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 45 del presente Reglamento.

Artículo 28

Métodos de análisis

1.   Los métodos de análisis de residuos de plaguicidas deberán cumplir los criterios que fijen las disposiciones pertinentes de la legislación comunitaria en materia de controles oficiales de los alimentos y los piensos.

2.   Las directrices técnicas relativas a criterios específicos de validación y procedimientos de control de calidad, en relación con los métodos de análisis para la determinación de los residuos de plaguicidas, podrán adoptarse con arreglo al procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 45.

3.   Todos los laboratorios que analicen muestras a efectos de control oficial de residuos de plaguicidas participarán en las pruebas comunitarias de aptitud para los residuos de plaguicidas, organizadas por la Comisión.

SECCIÓN 2

PROGRAMA COMUNITARIO DE CONTROL

Artículo 29

Programa comunitario de control

1.   La Comisión preparará un programa comunitario plurianual coordinado de control, en el que se indicarán las muestras concretas que deben incluirse en los programas nacionales de control y se tendrán en cuenta los problemas que se hayan detectado en relación con el cumplimiento de los LMR establecidos en el presente Reglamento, con el objetivo de evaluar el grado de exposición de los consumidores y la aplicación de la legislación vigente.

2.   El programa comunitario de control se adoptará y se actualizará cada año con arreglo al procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 45. El proyecto de programa comunitario de control se presentará cada año al Comité contemplado en el apartado 1 del artículo 45, al menos seis meses antes de que concluya el año civil.

SECCIÓN 3

PROGRAMAS NACIONALES DE CONTROL

Artículo 30

Programas nacionales de control para los residuos de plaguicidas

1.   Los Estados miembros establecerán programas nacionales de control plurianuales para los residuos de plaguicidas, que actualizarán cada año.

Estos programas se basarán en el riesgo y estarán dirigidos en particular a evaluar el grado de exposición de los consumidores y el cumplimiento de la legislación vigente. En ellos se especificarán al menos los siguientes elementos:

a)

los productos que hayan de muestrearse;

b)

el número de muestras que deba tomarse y los análisis que hayan de efectuarse;

c)

los plaguicidas que deban analizarse;

d)

los criterios aplicados en la elaboración de dichos programas, con inclusión de:

i)

las combinaciones de plaguicida y producto que se vayan a seleccionar;

ii)

el número de muestras que ha de tomarse de productos nacionales y no nacionales, respectivamente;

iii)

la proporción que representa el consumo de los productos dentro de la dieta nacional;

iv)

el programa comunitario de control; y

v)

los resultados de los programas de control anteriores.

2.   Los Estados miembros presentarán anualmente a la Comisión y a la Autoridad los programas nacionales actualizados de control de residuos de plaguicidas mencionados en el apartado 1, al menos tres meses antes de que concluya el año civil.

3.   Los Estados miembros participarán en el programa comunitario de control contemplado en el artículo 29.

SECCIÓN 4

INFORMACIÓN QUE DEBEN PRESENTAR LOS ESTADOS MIEMBROS E INFORME ANUAL

Artículo 31

Información que deben presentar los Estados miembros

1.   A más tardar el 31 de agosto de cada año, los Estados miembros presentarán a la Comisión, a la Autoridad y a los demás Estados miembros la información siguiente acerca del año civil anterior:

a)

los resultados de los controles oficiales indicados en el apartado 1 del artículo 26;

b)

los LD aplicados en los programas nacionales de control contemplados en el artículo 30 y en el programa comunitario de control contemplado en el artículo 29;

c)

datos sobre la participación de los laboratorios de análisis en las pruebas de aptitud comunitarias a que se refiere el apartado 3 del artículo 28, en relación con las combinaciones de plaguicida y producto muestreadas en el programa nacional de control;

d)

datos sobre la acreditación de los laboratorios de análisis que participan en los controles indicados en la letra a);

e)

cuando lo permita la legislación nacional, información detallada sobre las medidas de ejecución adoptadas.

2.   Las normas de desarrollo relativas a la presentación de la información por parte de los Estados miembros podrán decidirse con arreglo al procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 45, previa consulta a la Autoridad.

Artículo 32

Informe anual sobre residuos de plaguicidas

1.   Sobre la base de la información facilitada por los Estados miembros en virtud del apartado 1 del artículo 31, la Autoridad elaborará un informe anual sobre los residuos de plaguicidas.

2.   La Autoridad incluirá en el informe anual, como mínimo, la información siguiente:

a)

un análisis de los resultados del control previsto en el artículo 26;

b)

una exposición de los posibles motivos por los que fueran superados los LMR, junto con las observaciones pertinentes acerca de las opciones en materia de gestión de riesgos;

c)

un análisis de los riesgos crónicos y agudos que puedan suponer los residuos de plaguicidas para la salud de los consumidores;

d)

una evaluación de la exposición de los consumidores a los residuos de plaguicidas basada en la información prevista en la letra a) y otros datos pertinentes disponibles, incluidos los informes presentados en cumplimiento de la Directiva 96/23/CE.

3.   En caso de que un Estado miembro no haya presentado la información correspondiente de conformidad con el artículo 31, la Autoridad podrá no tener en cuenta la información relativa a dicho Estado miembro a la hora de elaborar el informe anual.

4.   La forma de presentación del informe anual podrá decidirse con arreglo al procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 45.

5.   La Autoridad presentará a la Comisión el informe anual a más tardar el último día de febrero de cada año.

6.   El informe anual podrá incluir un dictamen sobre los plaguicidas que deben contemplarse en futuros programas.

7.   La Autoridad hará público el informe anual, así como las posibles observaciones de la Comisión o los Estados miembros.

Artículo 33

Presentación del informe anual sobre residuos de plaguicidas ante el Comité

La Comisión presentará sin dilación el informe anual sobre residuos de plaguicidas al Comité contemplado en el apartado 1 del artículo 45, a fin de que éste lo examine y formule recomendaciones sobre las medidas que deban tomarse en relación con las infracciones notificadas de los LMR establecidos en los anexos II y III.

SECCIÓN 5

SANCIONES

Artículo 34

Sanciones

Los Estados miembros adoptarán normas sobre las sanciones aplicables a las infracciones de lo dispuesto en el presente Reglamento y tomarán todas las medidas necesarias para su ejecución. Las sanciones adoptadas deberán ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Los Estados miembros notificarán sin demora a la Comisión estas normas y cualesquiera modificaciones posteriores.

CAPÍTULO VI

MEDIDAS DE URGENCIA

Artículo 35

Medidas de urgencia

Se aplicarán los artículos 53 y 54 del Reglamento (CE) n.o 178/2002 cuando nuevos datos o una nueva evaluación de la información existente indiquen que unos residuos de plaguicidas o unos LMR regulados por el presente Reglamento pueden poner en peligro la salud humana o animal y hacer necesaria una intervención inmediata.

CAPÍTULO VII

MEDIDAS DE APOYO RELATIVAS A LOS LMR ARMONIZADOS DE PLAGUICIDAS

Artículo 36

Medidas de apoyo relativas a los LMR armonizados de plaguicidas

1.   Se establecerán a nivel comunitario medidas de apoyo relativas a los LMR armonizados de plaguicidas, que incluirán lo siguiente:

a)

una base de datos consolidada de la legislación comunitaria sobre LMR de plaguicidas, destinada asimismo a hacer pública dicha información;

b)

las pruebas comunitarias de aptitud a que se refiere el apartado 3 del artículo 28;

c)

los estudios y demás medidas necesarios para la preparación y el desarrollo de la legislación y de las directrices técnicas sobre residuos de plaguicidas;

d)

los estudios necesarios para la estimación de la exposición de los consumidores y animales a los residuos de plaguicidas;

e)

los estudios necesarios para prestar apoyo a los laboratorios de control cuando los métodos de análisis no sean suficientes para controlar los LMR establecidos.

2.   Se podrán adoptar las disposiciones de desarrollo necesarias en relación con las medidas mencionadas en el apartado 1 con arreglo al procedimiento indicado en el apartado 2 del artículo 45.

Artículo 37

Aportación de la Comunidad a las medidas de apoyo relativas a los LMR armonizados de plaguicidas

1.   La Comunidad podrá hacer una aportación económica de hasta el 100 % del coste de las medidas indicadas en el artículo 36.

2.   Los créditos se autorizarán cada ejercicio dentro del procedimiento presupuestario.

CAPÍTULO VIII

COORDINACIÓN DE LAS SOLICITUDES RELATIVAS A LOS LMR

Artículo 38

Designación de las autoridades nacionales

Cada Estado miembro designará una o más autoridades nacionales para coordinar, a efectos del presente Reglamento, la cooperación con la Comisión, la Autoridad, los demás Estados miembros, los fabricantes, los productores y los agricultores. Cuando un Estado miembro designe a más de una autoridad, indicará cuál de ellas actuará como punto de contacto.

La autoridad nacional podrá delegar funciones en otros organismos.

Cada Estado miembro comunicará a la Comisión y a la Autoridad el nombre y la dirección de las autoridades nacionales designadas.

Artículo 39

Coordinación por parte de la Autoridad de la información sobre LMR

La Autoridad:

a)

se coordinará con el Estado miembro ponente designado de acuerdo con la Directiva 91/414/CEE en relación con una sustancia activa;

b)

se coordinará con los Estados miembros y la Comisión en lo que se refiere a los LMR y en particular a efectos del cumplimiento de los requisitos del artículo 41.

Artículo 40

Información que deben presentar los Estados miembros

Los Estados miembros presentarán a la Autoridad, cuando ésta así lo solicite, cualquier información disponible que sea necesaria para evaluar la inocuidad de los LMR.

Artículo 41

Base de datos de la Autoridad sobre LMR

Sin perjuicio de las disposiciones aplicables de la legislación nacional y comunitaria sobre el acceso a los documentos, la Autoridad creará y mantendrá una base de datos, accesible para la Comisión y las autoridades competentes de los Estados miembros, con la información científica pertinente y las buenas prácticas agrícolas relativas a los LMR, las sustancias activas y los factores de transformación recogidos en los anexos II, III, IV y VII. Contendrá especialmente las evaluaciones de la ingesta alimentaria, los factores de transformación y las conclusiones finales de la evaluación toxicológica.

Artículo 42

Estados miembros y tasas

1.   Los Estados miembros podrán recuperar mediante tasas o gravámenes los gastos que suponen las tareas relacionadas con el establecimiento, modificación o supresión de LMR o cualesquiera otras tareas derivadas de las obligaciones previstas en el presente Reglamento.

2.   Los Estados miembros velarán por que las tasas o gravámenes contemplados en el apartado 1:

a)

se establezcan de forma transparente;

b)

correspondan al coste real de las tareas realizadas.

Se podrá utilizar una escala de tarifas fijas establecidas en base al coste medio de las tareas contempladas en el apartado 1.

CAPÍTULO IX

APLICACIÓN

Artículo 43

Dictamen científico de la Autoridad

La Comisión o los Estados miembros podrán solicitar a la Autoridad un dictamen científico sobre cualquier medida relacionada con la evaluación de riesgos conforme al presente Reglamento. La Comisión podrá especificar el plazo en el que dicho dictamen deberá emitirse.

Artículo 44

Procedimiento de adopción de los dictámenes de la Autoridad

1.   Cuando los dictámenes que ha de formular la Autoridad con arreglo al presente Reglamento sólo exijan una labor de carácter científico o técnico que suponga la aplicación de principios científicos o técnicos bien establecidos, la Autoridad podrá emitirlos sin consultar al Comité científico o a las comisiones técnicas científicas mencionadas en el artículo 28 del Reglamento (CE) no 178/2002, a menos que se opongan a ello la Comisión o un Estado miembro.

2.   En las normas de desarrollo a que se refiere la letra a) del apartado 6 del artículo 29 del Reglamento (CE) no 178/2002 se especificarán los supuestos de aplicación del apartado 1 del presente artículo.

Artículo 45

Procedimiento de comité

1.   La Comisión estará asistida por el Comité Permanente de la Cadena Alimentaria y de Sanidad Animal, creado en virtud del artículo 58 del Reglamento (CE) no 178/2002 (denominado en lo sucesivo «el Comité»).

2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3.   El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 46

Disposiciones de aplicación

Los siguientes elementos se establecerán y podrán modificarse con arreglo al procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 45, teniendo en cuenta, cuando proceda, el dictamen de la Autoridad:

a)

las medidas que garanticen la aplicación uniforme del presente Reglamento;

b)

las fechas indicadas en el artículo 23, en el apartado 2 del artículo 29,en el apartado 2 del artículo 30, en el apartado 1 del artículo 31 y en el apartado 5 del artículo 32;

c)

los documentos de orientación técnica para facilitar la aplicación del presente Reglamento;

d)

las normas pormenorizadas sobre los datos científicos necesarios para la fijación de los LMR.

Artículo 47

Informe sobre la aplicación del presente Reglamento

En el plazo máximo de diez años a partir de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, la Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe sobre su aplicación, acompañado, si ha lugar, de las propuestas pertinentes.

CAPÍTULO X

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 48

Derogaciones y adaptación de la legislación

1.   Quedan derogadas las Directivas 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE y 90/642/CEE con efectos a partir de la fecha indicada en el segundo párrafo del artículo 50.

2.   La letra f) del apartado 1 del artículo 4 de la Directiva 91/414/CE se sustituye por el texto siguiente:

«f)

cuando corresponda, si los LMR en los productos agrícolas afectados por la utilización a que hace referencia la autorización se han establecido o modificado con arreglo al Reglamento (CE) no XXX/2004 (17).

Artículo 49

Medidas transitorias

1.   Los requisitos del capítulo III no se aplicarán a los productos legalmente producidos o importados a la Comunidad antes de la fecha prevista en el segundo apartado del artículo 50.

No obstante, con el fin de garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores, podrán adoptarse las medidas pertinentes con respecto a dichos productos de conformidad con el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 45.

2.   Cuando sea necesario para permitir la comercialización, la transformación y el consumo normales de los productos, podrán adoptarse nuevas medidas transitorias para la aplicación de determinados LMR contemplados en los artículos 15, 16, 21, 22 y 25.

Dichas medidas, que se entenderán sin perjuicio de la obligación de garantizar un elevado nivel de protección de los consumidores, se adoptarán siguiendo el procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 45.

Artículo 50

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Los capítulos II, III y V se aplicarán a los seis meses de la publicación del último de los reglamentos por los que se establezcan los anexos I, II, III y IV.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

Por el Consejo

El Presidente


(1)  DO C 234 de 30.9.2003, p. 33.

(2)  Dictamen del Parlamento Europeo de 20 de abril de 2004(DO C 104 E de 30.4.2004), Posición común del Consejo de 19 de julio de 2004 y Posición del Parlamento Europeo de … (no publicada aún en el Diario Oficial).

(3)  DO L 340 de 9.12.1976, p. 26. Directiva cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 807/2003 (DO L 122 de 16.5.2003, p. 36).

(4)  DO L 221 de 7.8.1986, p. 37. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2004/61/CE de la Comisión (DO L 127 de 29.4.2004, p. 81).

(5)  DO L 221 de 7.8.1986, p. 43. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2004/61/CE.

(6)  DO L 350 de 14.12.1990, p. 71. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2004/61/CE.

(7)  DO L 230 de 19.8.1991, p. 1. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2004/71/CE de la Comisión (DO L 127 de 29.4.2004, p. 14).

(8)  DO L 33 de 8.2.1979, p. 36. Directiva cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 807/2003.

(9)  DO L 31 de 1.2.2002, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 1642/2003 (DO L 245 de 29.9.2003, p. 4).

(10)  DO L 140 de 30.5.2002, p. 10. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2003/100/CE de la Comisión (DO L 285 de 1.11.2003, p. 33).

(11)  DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(12)  Directiva 98/8/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de febrero de 1998 relativa a la comercialización de biocidas (DO L 123 de 24.4.1998, p. 1). Directiva cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 1882/2003 (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).

(13)  Reglamento (CEE) no 2377/90 del Consejo, de 26 de junio de 1990, por el que se establece un procedimiento comunitario de fijación de los límites máximos de residuos de medicamentos veterinarios en los alimentos de origen animal (DO L 224 de 18.8.1990, p. 1). Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 546/2004 de la Comisión (DO L 87 de 25.3.2004, p. 13).

(14)  Directiva 2000/29/CE del Consejo, de 8 de mayo de 2000, relativa a las medidas de protección contra la introducción en la Comunidad de organismos nocivos para los vegetales o productos vegetales y contra su propagación en el interior de la Comunidad. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 2004/70/CE (DO L 127 de 29.4.2004).

(15)  Directiva 96/23/CE del Consejo, de 29 de abril de 1996, relativa a las medidas de control aplicables respecto de determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos y por la que se derogan las Directivas 85/358/CEE y 86/469/CEE y las Decisiones 89/187/CEE y 91/664/CEE (DO L 125 de 23.5.1996, p. 10). Directiva cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 806/2003 (DO L 122 de 16.5.2003, p. 1).

(16)  Directiva 2002/63/CE de la Comisión, de 11 de julio de 2002, por la que se establecen los métodos comunitarios de muestreo para el control oficial de residuos de plaguicidas en los productos de origen vegetal y animal y se deroga la Directiva 79/700/CEE (DO L 187 de 16.7.2002, p. 30).

(17)  DO L ….».


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I.   INTRODUCCIÓN

El 14 de marzo de 2003, el Consejo recibió de la Comisión una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a los límites máximos de residuos de plaguicidas en productos de origen vegetal y animal.

El Parlamento Europeo adoptó su dictamen en primera lectura el 20 de abril de 2004. El Comité Económico y Social adoptó el suyo el 16 de julio de 2004.

El Consejo adoptó su Posición Común el 19 de julio de 2004, de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado.

II.   OBJETIVOS

La propuesta revisa y simplifica la legislación europea en materia de plaguicidas, sustituyendo las cuatro Directivas del Consejo vigentes por un Reglamento único. Las nuevas disposiciones armonizadas tienen un doble objetivo: facilitar los intercambios en el mercado único y con terceros países, concediéndose en algunos casos a los exportadores a la UE tolerancias de importación, y garantizar un nivel coherente de protección de los consumidores en toda la Comunidad y. La propuesta establece asimismo el cometido de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (AESA) en este ámbito. Con arreglo a las nuevas disposiciones modificadas por el Consejo, tras un período transitorio, sólo se fijarían LMR a escala comunitaria mediante un procedimiento en que los Estados miembros evalúan la necesidad de un LMR y presentan un informe de evaluación a la Comisión, la AESA tendría a su cargo la evaluación de riesgos a tenor del informe de evaluación de los Estados miembros y de los datos recibidos de los solicitantes, en tanto que la Comisión se ocuparía de la gestión del riesgo fijando los LMR.

III.   ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

A.   OBSERVACIONES DE CARÁCTER GENERAL

La Posición Común del Consejo coincide mucho con la posición adoptada por la Comisión y el Parlamento Europeo por cuanto:

confirma los objetivos y la mayor parte de las medidas propuestas por la Comisión y apoyadas por el Parlamento Europeo

incluye gran número de las enmiendas adoptadas por el Parlamento Europeo en primera lectura.

En particular, el Consejo asumió una serie de enmiendas parlamentarias destinadas a velar por la buena marcha de los nuevos procedimientos y a mejorar la coherencia del nuevo Reglamento con el resto de la legislación comunitaria. Además el Consejo creyó oportuno incorporar nuevas enmiendas, destinadas, por ejemplo, a dar a los Estados miembros flexibilidad para solucionar con LMR los excesos que surjan en casos excepcionales. Asimismo, el Consejo reordenó y remodeló partes del texto del Reglamento con el fin de aclarar los cometidos de los Estados miembros, la AESA y la Comisión y de separar las disposiciones transitorias respecto de los procedimientos normalizados del nuevo régimen. Se introdujeron también una serie de modificaciones técnicas y de redacción.

B.   OBSERVACIONES PARTICULARES

a)   Procedimiento de aplicación: cometidos respectivos de la AESA y de los Estados miembros

En su propuesta, la Comisión había previsto para la AESA un cometido exclusivo de trabajo de evaluación científica y de fijación de LMR. No obstante, el Consejo convino con el Parlamento Europeo en que los Estados miembros deben realizar un análisis preliminar de las solicitudes de LMR a tenor de los procedimientos establecidos con arreglo a la Directiva 91/414/CEE. El Consejo convino además en que debe enviarse inmediatamente a la AESA y a la Comisión copia de las solicitudes de LMR recibidas por los Estados miembros (artículo 8).

b)   Procedimiento para las actividades ordinarias de la AESA

A la vista del importante volumen de trabajo previsto para la AESA, el Consejo incorporó un nuevo artículo destinado a evitar consultas innecesarias a los órganos científicos sobre asuntos de trámite, es decir, en los casos en que la AESA emite dictámenes atendiendo a principios científicos consagrados (artículo 44). Esta disposición es similar a la del artículo 31 del Reglamento 178/2002/CE.

c)   Revisión administrativa

Se añadió un nuevo artículo destinado a dar una solución jurídica a las decisiones adoptadas por la AESA, así como en supuestos de no actuación de la AESA (artículo 13).

d)   Calendario y transición a los nuevos procedimientos

Para agilizar la transición a las nuevas disposiciones, el Consejo secundó al Parlamento Europeo en la fijación de plazos para la finalización de los principales anexos técnicos, que establecerán una lista de LMR armonizados (Anexo II), una lista de LMR temporales armonizados (Anexo III) y una lista de sustancias activas que no requieren LMR (Anexo IV). Con igual intención, el Consejo también fijó un plazo para elaborar el Anexo que relaciona los productos a que se aplicarán los LMR (Anexo I). Al igual que el Parlamento, el Consejo consideró que el Reglamento no debe aplicarse plenamente en tanto no se hayan elaborado los Anexos clave (artículos 4, 5, 21, 22 y 50).

e)   Posibilidad de prorrogar la validez de los LMR provisionales

A fin de agilizar la transición a un régimen de armonización plena (p. ej., cuando los Estados miembros reclaman más tiempo para ultimar estudios científicos sobre sustancias que han sido autorizadas a escala nacional), el Consejo decidió que los LMR temporales, que normalmente serán válidos durante un año, puedan mantenerse en el Anexo III por espacio de hasta otros tres años en algunos casos (artículo 15).

f)   Uso de plaguicidas para tratamiento posterior a la cosecha

Se incorporó una excepción a fin de tener en cuenta la práctica de la fumigación en poscosecha de productos (p. ej., para protegerlos de plagas durante su almacenamiento y transporte), que puede motivar excesos temporales del LMR mientras el producto está almacenado o en tránsito (apartado 3 del artículo 8).

g)   Uso de plaguicidas en circunstancias excepcionales

En previsión de circunstancias excepcionales (p. ej., cuando se impone el uso urgente de un producto fitosanitario para controlar alguna(s) plaga(s) de acuerdo con el apartado 4 del artículo 8 de la Directiva 91/414/CEE), se introdujeron disposiciones de urgencia que permiten a los Estados miembros autorizar que se comercialicen o destinen a alimentación de los animales en su territorio, alimentos o piensos que no cumplen los LMR estipulados en el Reglamento. Tal autorización debe notificarse a los demás Estados miembros, a la Comisión y a la AESA a fin de establecer LMR temporales y adoptar cualesquiera otras medidas necesarias. Dichas autorizaciones sólo pueden concederse cuando los alimentos o el pienso tratados no representen un riesgo inaceptable para los consumidores (apartado 4 del artículo 18).

h)   Definiciones

Al reformular el texto para darle mayor claridad jurídica, el Consejo añadió dos nuevas definiciones: concretamente, «BPA crítica» (o sea, la buena práctica agrícola en que se basa un LMR armonizado con arreglo al Reglamento) y «CXL» (esto es, un LMR fijado por la Comisión del Codex Alimentarius) y suprimió la definición de «productos alimenticios compuestos». Además, el Consejo secundó al Parlamento Europeo aclarando la definición de «residuos de plaguicidas» (artículo 3).

i)   Modificaciones técnicas y de redacción

Se efectuó asimismo un gran número de otras modificaciones, entre ellas ajustes técnicos y aclaraciones.

j)   Modificaciones no aceptadas por el Consejo

Es necesario seguir debatiendo, concretamente, las cuestiones relativas a la evaluación del riesgo y las disposiciones sobre el uso de los productos fitosanitarios, en relación con las cuales, por el momento, el Consejo no ha podido aceptar una serie de enmiendas del Parlamento. Se trata, en particular, del planteamiento sobre la evaluación de la exposición en el contexto de la fijación de LMR, de consideraciones relativas al modo más adecuado de proporcionar información al público, y la redacción de disposiciones relativas a las buenas prácticas agrícolas y la gestión de plagas.


1.2.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 25/19


POSICIÓN COMÚN (CE) N o 2/2005

aprobada por el Consejo el 24 de septiembre de 2004

con vistas a la adopción de la Decisión no …./2005/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de…., por la que se establece un programa plurianual comunitario de incremento de las posibilidades de acceso, utilización y explotación de los contenidos digitales en Europa

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2005/C 25E/02)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y, en particular, el apartado 3 de su artículo 157,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),

Considerando lo siguiente:

(1)

La evolución de la sociedad de la información y el surgimiento de la banda ancha influirán en la vida de los ciudadanos de la Unión Europea, al provocar, entre otros efectos, un estímulo del acceso al conocimiento y de su adquisición mediante nuevas modalidades, con el consiguiente aumento de la demanda de contenidos, aplicaciones y servicios novedosos.

(2)

La penetración de Internet en la Comunidad sigue experimentando un crecimiento considerable. Deben aprovecharse las oportunidades que ofrece la red para hacer llegar a cada ciudadano y organización de la Comunidad los beneficios sociales y económicos del acceso a la información y el conocimiento. En Europa ya se ha establecido el marco que hará posible el aprovechamiento del potencial de contenidos digitales.

(3)

En las conclusiones del Consejo Europeo celebrado en Lisboa los días 23 y 24 de marzo de 2000 se hizo hincapié en el hecho de que el paso a una economía digital basada en el conocimiento, fruto de nuevos bienes y servicios, será un poderoso motor para el crecimiento, la competitividad y el empleo. En aquella ocasión se reconoció específicamente que las industrias de los contenidos crean valor añadido al aprovechar la diversidad cultural europea y reflejarla en red.

(4)

El plan de acción eEurope 2005, inscrito en la estrategia de Lisboa, propugna la realización de acciones de fomento de servicios, aplicaciones y contenidos seguros basados en una infraestructura de banda ancha, con objeto de estimular el establecimiento de un entorno favorable a la inversión privada, a la creación de empleo, al aumento de la productividad, a la modernización de los servicios públicos y a ofrecer una participación generalizada en la sociedad de la información a escala mundial.

(5)

Cada vez es más perceptible en Europa la demanda de contenidos digitales de calidad, que ofrezcan un equilibrio entre los derechos de acceso y los derechos de los usuarios, por parte de una amplia comunidad de ciudadanos en el entorno social, estudiantes, investigadores, PYME y demás empresas o personas con necesidades especiales que desean aumentar sus conocimientos, o «reutilizadores» que pretenden hacer uso de los contenidos digitales como recurso para crear servicios.

(6)

Los agentes interesados en los contenidos digitales son los proveedores de contenidos (entre los que se cuentan organizaciones e instituciones públicas y privadas que crean, recopilan o poseen contenidos digitales) y los usuarios de contenidos (entre los que se cuentan organizaciones y empresas que, como usuarios finales, reutilizan o dan valor añadido a los contenidos digitales). Deberá prestarse particular atención a la participación de las PYME.

(7)

El programa eContent (2001-2004) —adoptado por Decisión del Consejo 2001/48/CE de 22 de diciembre de 2000 (3)— fomentó el desarrollo y uso de contenidos digitales europeos en Internet y la diversidad lingüística en la sociedad de la información. La Comunicación de la Comisión de 10 de octubre de 2003 sobre la evaluación intermedia del programa eContent insiste en la importancia de la actuación en ese ámbito.

(8)

Los progresos tecnológicos ofrecen la posibilidad de incorporar valor añadido a los contenidos mediante la inserción de conocimiento y de mejorar la interoperabilidad al nivel de los servicios, lo cual es fundamental para el acceso a los contenidos digitales, su uso y su distribución. Este aspecto es particularmente pertinente en los ámbitos de interés público a que se refiere el presente programa.

(9)

El fomento de unos modelos empresariales sólidos dará mayor continuidad a los proyectos iniciados en el marco del presente programa y creará mejores condiciones para el aumento de la rentabilidad económica de los servicios basados en el acceso y la reutilización de contenidos digitales.

(10)

Se ha establecido un marco legislativo para superar los retos que plantean los contenidos digitales en la sociedad de la información (4)  (5)  (6).

(11)

La disparidad de prácticas entre los Estados miembros sigue constituyendo un obstáculo técnico que dificulta la generalización del acceso, uso, reutilización y explotación de la información del sector público en la Comunidad.

(12)

Cuando los contenidos digitales incluyan datos personales, deberá cumplirse lo establecido en las Directivas 95/46/CE (7) y 2002/58/CE (8) y las tecnologías utilizadas deberán respetar la intimidad, e incluso potenciarla cuando sea posible.

(13)

Las acciones comunitarias que se lleven a cabo en relación con el contenido de la información deben promover la especificidad de la diversidad lingüística y cultural que caracteriza a la Comunidad.

(14)

Procede aprobar las medidas para la aplicación de la presente Decisión con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (9).

(15)

La Comisión deberá velar por la complementariedad y sinergia con otras iniciativas y programas comunitarios conexos, en particular cuando guarden relación con los ámbitos educativo y cultural y con el marco europeo de interoperabilidad.

(16)

La presente Decisión establece para toda la duración del programa un marco financiero que constituye la principal referencia, según los términos del punto 33 del Acuerdo Interinstitucional de 6 de mayo de 1999 entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión sobre la disciplina presupuestaria y la mejora del procedimiento presupuestario (10), para la autoridad presupuestaria durante el procedimiento presupuestario anual.

(17)

Dado que los objetivos de la acción pretendida, a saber, incrementar las posibilidades de acceso, utilización y explotación de los contenidos digitales en la Comunidad, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros debido al carácter transnacional de la cuestión a la que se refieren y, por consiguiente, pueden lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas de conformidad con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, la presente Decisión no excede de lo necesario para lograr tales objetivos.

DECIDEN:

Artículo 1

Objetivo del programa

1.   Por la presente Decisión se establece, para el periodo 2005-2008, un programa comunitario para incrementar las posibilidades de acceso, utilización y explotación de los contenidos digitales en Europa, facilitando la creación y difusión de información —en ámbitos de interés público— a nivel comunitario.

Su denominación será eContentplus (denominado en lo sucesivo, «el programa»).

2.   Para lograr el objetivo global del programa, se abordarán las siguientes líneas de actuación:

a)

facilitar a nivel comunitario el acceso a los contenidos digitales, así como su uso y aprovechamiento;

b)

facilitar la mejora de la calidad y fomentar las mejores prácticas relativas a los contenidos digitales entre proveedores de contenidos y usuarios, así como entre sectores;

c)

reforzar la cooperación entre agentes interesados en los contenidos digitales y lograr una mayor sensibilización.

Las actividades que se llevarán a cabo con arreglo a estas líneas de actuación van dirigidas a los ámbitos de la información del sector público, los datos espaciales y los contenidos específicos educativos, culturales y científicos que figuran en el anexo I. La ejecución del programa se efectuará de conformidad con el anexo II.

Artículo 2

Participación

1.   Podrán participar en el programa las personas jurídicas establecidas en los Estados miembros. También podrán participar personas jurídicas establecidas en los países candidatos, de conformidad con los acuerdos bilaterales vigentes o los que se celebren con ellos.

2.   El programa podrá abrirse a la participación de las personas jurídicas establecidas en los Estados de la AELC que sean Partes contratantes del Acuerdo EEE, de conformidad con lo dispuesto en dicho Acuerdo.

3.   El programa podrá abrirse a la participación, sin apoyo financiero de la Comunidad, de personas jurídicas establecidas en terceros países y organismos internacionales, en la medida en que dicha participación contribuya de manera eficaz a su realización. La decisión de autorizar dicha participación deberá adoptarse de conformidad con el procedimiento contemplado en el apartado 2 del artículo 4.

Artículo 3

Competencias de la Comisión

1.   La Comisión será responsable de la ejecución del programa.

2.   La Comisión elaborará un programa de trabajo con arreglo a la presente Decisión.

3.   A la hora de ejecutar el programa, la Comisión, en estrecha cooperación con los Estados miembros, velará por la coherencia y la complementariedad generales del programa con cualquier otra política, programa o acción comunitarios pertinentes con consecuencias sobre el desarrollo y utilización de los contenidos digitales europeos y el fomento de la diversidad lingüística en la sociedad de la información, en particular con los programas de investigación y desarrollo tecnológico, IDA, eTEN, eInclusion, eLearning, MODINIS y Safer Internet.

4.   La Comisión actuará de conformidad con el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 4 a los efectos siguientes:

(a)

aprobación y modificación del programa de trabajo;

(b)

definición de los criterios y contenidos de las convocatorias de propuestas, conforme a los objetivos establecidos en el artículo 1;

(c)

evaluación de los proyectos propuestos en el marco de concursos de propuestas de financiación comunitaria con un importe estimado de financiación comunitaria superior o igual a un millón EUR;

(d)

cualquier desviación de las normas que se establecen en el anexo III.

5.   La Comisión informará al Comité a que se refiere el artículo 4 sobre los avances en la ejecución del programa.

Artículo 4

Comité

1.   La Comisión estará asistida por un Comité.

2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El período a que se refiere el apartado 3 del artículo 4 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3.   El Comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 5

Seguimiento y evaluación

1.   Para garantizar la utilización eficaz de la ayuda comunitaria, la Comisión velará por que las actuaciones emprendidas con arreglo a la presente Decisión estén sujetas a valoración previa, seguimiento y evaluación posterior.

2.   La Comisión efectuará el seguimiento de la ejecución de los proyectos realizados en virtud del programa. La Comisión calificará la forma en que se han llevado a cabo los proyectos y el efecto de su ejecución, para determinar si se han alcanzado los objetivos iniciales.

3.   La Comisión informará al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la ejecución de las líneas de actuación que se mencionan en el apartado 2 del artículo 1 a más tardar a mediados de 2006. En este contexto, la Comisión informará sobre la coherencia del importe previsto para 2007-2008 con las perspectivas financieras. En su caso, la Comisión tomará las medidas necesarias dentro de los procedimientos presupuestarios para 2007-2008 con objeto de garantizar la coherencia de los créditos anuales con las perspectivas financieras. Al concluir el programa, la Comisión deberá presentar un informe de evaluación final.

4.   La Comisión presentará los resultados de sus evaluaciones cuantitativas y cualitativas al Parlamento Europeo y al Consejo junto con propuestas adecuadas para modificar la presente Decisión. Los resultados se comunicarán antes de que se presenten los respectivos proyectos de presupuesto general de la Unión Europea para los ejercicios 2007 y 2009.

Artículo 6

Marco financiero

1.   El marco financiero para la ejecución de las actuaciones comunitarias con arreglo a la presente Decisión para el período comprendido entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2008 se establece en 135 millones EUR, de los cuales 55,6 millones EUR corresponden al período que concluye el 31 de diciembre de 2006.

2.   Para el período posterior al 31 de diciembre de 2006, el importe se considerará confirmado si es coherente para esta fase con las perspectivas financieras en vigor para el período que comienza en 2007.

3.   Los créditos anuales para el período comprendido entre 2005 y 2008 serán autorizados por la autoridad presupuestaria dentro de los límites de las perspectivas financieras. En el anexo III se expone un desglose orientativo de los gastos.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

Por el Consejo

El Presidente


(1)  DO C 17 de 30.4.2004, p. 49.

(2)  Dictamen del Parlamento Europeo de 22 de abril de 2004 (DO C 104 E de 30.4.2004), Posición común del Consejo de 24 de septiembre de 2004 y Posición del Parlamento Europeo de de de 200 (no publicada aún en el Diario Oficial).

(3)  DO L 14 de 18.1.2001, p. 32.

(4)  Directiva 2003/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de noviembre de 2003, relativa a la reutilización de la información del sector público (DO L 345 de 31.12.2003, p. 90).

(5)  Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información (DO L 167 de 22.6.2001, p. 10).

(6)  Directiva 96/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de marzo de 1996, sobre la protección jurídica de las bases de datos (DO L 77 de 27.3.1996, p. 20).

(7)  Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 de 23.11.1995, p. 31). Directiva modificada por el Reglamento (CE) no 1882/2003 (DO L 284 de 31.10.2003, p. 1).

(8)  Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) (DO L 201 de 31.7.2002, p. 37).

(9)  DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

(10)  DO C 172 de 18.6.1999, p. 1. Acuerdo modificado por la Decisión 2003/429/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (DO L 147 de 14.6.2003, p. 25).


ANEXO I

ACCIONES

I.   INTRODUCCIÓN

eContentplus tiene el objetivo global de incrementar las posibilidades de acceso, utilización y explotación de los contenidos digitales en la Comunidad, facilitando la creación y difusión de información —en ámbitos de interés público— a nivel comunitario.

El programa mejorará las condiciones de acceso y gestión de los contenidos y los servicios digitales en entornos multilingües y multiculturales. Ampliará la capacidad de elección de los usuarios y prestará su apoyo a nuevas modalidades de interacción con los contenidos digitales enriquecidos, aspecto éste que resulta esencial para dinamizar los contenidos y adaptarlos a contextos específicos (aprendizaje, cultura, personas con necesidades especiales, etc.).

El programa sentará las bases de un marco estructurado para la creación de contenidos digitales de calidad en Europa (el espacio europeo de los contenidos digitales), al facilitar tanto la transferencia de experiencias y mejores prácticas como la influencia cruzada entre los sectores, los proveedores y los usuarios de los contenidos.

Se prevén tres tipos de líneas de actuación, destinadas a:

a)

facilitar a nivel comunitario el acceso a los contenidos digitales, su uso y aprovechamiento;

b)

facilitar la mejora de la calidad y fomentar las mejores prácticas relativas a los contenidos digitales entre proveedores de contenidos y usuarios, así como entre sectores;

c)

reforzar la cooperación entre agentes interesados en los contenidos digitales y lograr una mayor sensibilización.

II.   LÍNEAS DE ACTUACIÓN

A.   Facilitar a nivel comunitario el acceso a los contenidos digitales, su uso y aprovechamiento.

Las actividades que se llevarán a cabo con arreglo a estas líneas de actuación engloban la creación de redes y alianzas entre los agentes interesados, fomentando la creación de nuevos servicios.

Los ámbitos de actuación son la información del sector público, los datos espaciales y los contenidos destinados al aprendizaje y los contenidos culturales.

Se hará especial hincapié en los siguientes aspectos:

a)

el apoyo al reconocimiento de la importancia de la información del sector público, así como de su valor comercial y de las repercusiones sociales vinculadas a su uso. Las actividades deberán perseguir la mejora del uso y la explotación transfronterizos efectivos de la información del sector público entre organizaciones del sector público y empresas privadas, incluidas las PYME, para la creación de productos y servicios de información de valor añadido;

b)

la promoción de un uso más generalizado de los datos espaciales por parte de los organismos del sector público, las empresas privadas incluidas las PYME y los particulares, a través de mecanismos de cooperación a nivel europeo. Las actividades habrán de abordar tanto problemas técnicos como aspectos organizativos, evitando las duplicaciones y la existencia de conjuntos de datos territoriales infradesarrollados. Asimismo, deberán promover la interoperabilidad transfronteriza, mediante el apoyo a la coordinación entre los organismos cartográficos y el fomento de la aparición de nuevos servicios para usuarios móviles a nivel europeo. Las actividades también habrán de contribuir al uso de normas abiertas;

c)

el fomento de la proliferación de fondos abiertos europeos de objetos digitales, destinados a las comunidades educativa e investigadora, así como a los particulares. Las actividades prestarán apoyo a la creación de servicios transeuropeos de agentes intermediarios de contenidos digitales destinados al aprendizaje, acompañados de los correspondientes modelos de empresa. Las actividades también habrán de favorecer el uso de normas abiertas y la creación de grupos amplios de usuarios que analicen y pongan a prueba esquemas de prenormalización y de especificación, con objeto de incorporar los aspectos europeos de diversidad lingüística y cultural al proceso de definición de normas mundiales para los contenidos digitales destinados al aprendizaje;

d)

la promoción del surgimiento de infraestructuras transeuropeas de información que permitan el acceso a recursos culturales y científicos digitales europeos de alta calidad y la utilización de tales recursos, gracias a la conexión de bibliotecas virtuales, memorias comunitarias, etc. Las actividades habrán de englobar aspectos como los planteamientos coordinados en materia de digitalización y creación de colecciones, la conservación de los objetos digitales y el establecimiento de inventarios de recursos digitales culturales y científicos. Deberán mejorar el acceso a los activos culturales y científicos digitales a través de esquemas efectivos de concesión de licencias y de adquisición preferente colectiva de derechos.

B.   Facilitar la mejora de la calidad y fomentar las mejores prácticas relativas a los contenidos digitales entre proveedores de contenidos y usuarios así como entre sectores

Las actividades que se llevarán a cabo con arreglo a estas líneas de actuación tendrán por objeto facilitar la determinación de las mejores prácticas y su amplia difusión en métodos, procesos y operaciones, con objeto de alcanzar niveles más elevados de calidad, eficiencia y eficacia en la creación, uso y distribución de los contenidos digitales.

Dichas actividades incluirán experimentos que demuestren las posibilidades de búsqueda, uso, reutilización, componibilidad e interoperabilidad de los contenidos digitales, en el contexto del marco jurídico existente, adaptándose al mismo tiempo, desde una fase inicial, a los requisitos de distintos grupos y mercados destinatarios en un entorno caracterizado por su creciente diversidad lingüística y cultural, sin limitarse meramente a las tecnologías de localización.

Las actividades explotarán los beneficios que se derivan del enriquecimiento de los contenidos digitales con datos comprensibles para un ordenador (metadatos semánticamente bien definidos, basados en terminología descriptiva, vocabularios y ontologías pertinentes).

Los experimentos se llevarán a cabo en núcleos temáticos y deberán integrar actividades de recopilación, difusión y transmisión cruzada de los conocimientos adquiridos.

Los ámbitos de actuación serán la información del sector público, los datos espaciales, el aprendizaje digital y los contenidos culturales, así como los contenidos digitales científicos y académicos

C.   Reforzar la cooperación entre agentes interesados en los contenidos digitales y lograr una mayor sensibilización

Las actividades que se llevarán a cabo con arreglo a estas líneas de actuación incluyen medidas explicativas de la legislación pertinente en materia de contenidos digitales y de fomento de una mayor colaboración entre agentes interesados en los contenidos digitales, así como de sensibilización. Recibirán apoyo el desarrollo de la evaluación comparativa, la creación de instrumentos de seguimiento y análisis, la evaluación de impacto del programa y la difusión de resultados. Se describirán y analizarán nuevas perspectivas y problemas (confianza, marcado de calidad, derechos de autor en el ámbito de la educación, etc.) proponiéndose, en su caso, soluciones.


ANEXO II

MEDIOS QUE SE DESTINAN A LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

1)

La Comisión ejecutará el programa de conformidad con las condiciones técnicas descritas en el Anexo I.

2)

El programa se ejecutará mediante actuaciones indirectas, a saber:

a)

acciones de costes compartidos

i)

Proyectos concebidos para adquirir nuevos conocimientos que permitan mejorar los productos, procesos y servicios existentes o para cubrir las necesidades de las políticas comunitarias. La financiación comunitaria no superará por lo general el 50% del coste del proyecto. Los organismos del sector público podrán recibir reembolsos sobre la base de 100% de los costes adicionales.

ii)

Acciones de mejores prácticas para difundir los conocimientos. Por lo general se llevarán a cabo en núcleos temáticos y estarán interconectadas mediante redes temáticas. La contribución comunitaria a las medidas contempladas en este inciso estará limitada a los costes directos que se consideren necesarios o adecuados para lograr los objetivos específicos de la acción.

iii)

Redes temáticas: redes que reúnen a diversas partes interesadas en torno a un objetivo tecnológico u organizativo dado, a fin de facilitar las actividades de coordinación y la transferencia de los conocimientos. Las redes podrán estar vinculadas a las acciones de mejores prácticas. Se concederán ayudas destinadas a financiar los costes subvencionables adicionales relacionados con la coordinación y la implantación de la red. La participación comunitaria podrá cubrir los costes subvencionables adicionales de estas medidas.

b)

medidas de acompañamiento

Las medidas de acompañamiento contribuirán a la ejecución del programa o a la preparación de actividades futuras. Quedan excluidas las medidas destinadas a la comercialización de productos, procesos o servicios, así como las actividades de comercialización y de promoción de ventas.

i)

estudios de apoyo en el marco del programa, lo cual incluye la preparación de actividades futuras;

ii)

intercambios de información, congresos, seminarios, talleres u otras reuniones y gestión de actividades agrupadas en núcleos;

iii)

actividades de difusión, información y comunicación.

3)

La selección de las acciones de costes compartidos se hará mediante convocatorias de propuestas publicadas en el sitio Internet de la Comisión, de conformidad con la normativa financiera vigente.

4)

Junto a las solicitudes de ayuda comunitaria deberá presentarse, en su caso, un plan financiero con relación de todos los elementos que intervienen en la financiación de los proyectos, entre ellos la ayuda financiera que se solicita a la Comunidad y todo tipo de solicitudes de subvención o ayuda de otras fuentes.

5)

La ejecución de las medidas de acompañamiento se hará mediante convocatorias de concurso, de conformidad con la normativa financiera vigente.


ANEXO III

DESGLOSE INDICATIVO DE GASTOS EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

1)

Facilitar a nivel comunitario el acceso a los contenidos digitales, su uso y aprovechamiento

40 – 50 %

2)

Facilitar la mejora de la calidad y fomentar las mejores prácticas relativas a los contenidos digitales entre proveedores de contenidos y usuarios así como entre sectores

45 – 55 %

3)

Reforzar la cooperación entre agentes interesados en los contenidos digitales y lograr una mayor sensibilización

8 – 12 %


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I.   INTRODUCCIÓN

1.

El 13 de febrero de 2004, la Comisión adoptó la propuesta de referencia relativa a una Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo (1). La propuesta se basa en el apartado 3 del artículo 157 del Tratado.

2.

El Parlamento Europeo emitió su dictamen el 22 de abril de 2004, el Comité Económico y Social Europeo emitió el suyo el 29 de abril de 2004 y el Comité de las Regiones ha renunciado a emitir dictamen.

3.

La Comisión transmitió su propuesta modificada al Parlamento Europeo y al Consejo el 4 de mayo de 2004.

4.

El 24 de septiembre de 2004, el Consejo adoptó su Posición Común con arreglo al artículo 251 del Tratado.

II.   OBJETIVO

El objetivo de la propuesta es crear las condiciones para un acceso más amplio a los contenidos digitales y para su uso, y en su caso para un mayor rendimiento económico de los servicios basados en el acceso a los contenidos digitales y en su reutilización mediante una contribución significativa a la estrategia de e-Europa en sectores tales como el aprendizaje por medios electrónicos, la administración electrónica, etc. (un programa consecutivo al actual programa eContent que expira al finalizar de 2004).

III.   ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

La Posición Común comparte el objetivo global de la propuesta presentada por la Comisión y, por otra parte, en términos generales, pretende alcanzar dicho objetivo. Ahora bien, durante los debates en el Consejo el texto de la propuesta se volvió a redactar parcialmente. Los principales puntos de la Posición Común que difieren de la propuesta de la Comisión y de las enmiendas del Parlamento Europeo (véase más adelante el punto IV) son los siguientes:

1.

Dado el tamaño de los proyectos que prevé la propuesta, el Consejo consideró apropiado hacer una referencia a las PYME y a la atención especial que deberá otorgarse a su participación (considerandos 5 y 6, así como anexo I.II.A). Además, se añadió una referencia a las personas con necesidades específicas en el considerando 5 y en el anexo I.I.

2.

La Posición Común modifica el artículo 3 al añadir un nuevo apartado que especifica la coherencia y complementariedad del programa con otras políticas, programas y acciones comunitarios pertinentes.

3.

El Consejo considera que, al aplicar el programa, la Comisión debería trabajar en estrecha cooperación con los Estados miembros y garantizar la transparencia. La Posición Común modifica en consecuencia los artículos 3 y 4 por lo que se refiere a la comitología, en favor de un procedimiento de gestión. Dichos cambios se precisan aún más en el considerando 14.

4.

Por lo que se refiere al marco financiero (artículo 6) del programa, la Posición Común reduce el importe total propuesto por la Comisión. Ésta había propuesto un aumento sustancial del presupuesto con respecto al actual programa y, aun reconociendo la importancia del programa, se consideró apropiado un aumento menor. En línea con otros actos legislativos se insertó una cláusula de rescisión para mantener la disciplina presupuestaria, ya que el programa sobrepasa la actual perspectiva financiera.

5.

La Posición Común modifica asimismo el desglose indicativo de los gastos que figura en el anexo III. El Consejo consideró apropiado dar un nuevo impulso a la línea de acción 1.

IV.   ENMIENDAS DEL PARLAMENTO EUROPEO

1.   Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión y adoptadas por el Consejo

La enmienda 1 se ha incorporado en la Posición Común en forma de considerando 6 con un añadido del Consejo relativo a las PYME.

La enmienda 2 se incorporó al apartado 1 del artículo 1.

Las enmiendas 3, 4 y 5 se han incorporado al apartado 2 del artículo 1 de la Posición Común, excepto en cuanto a la referencia a los «ámbitos de interés público», que el Consejo consideró que ya estaban cubiertos por el apartado 1 del mismo artículo. Además, el Consejo ha mantenido la referencia a «sensibilización» en el apartado 2, que considera de importancia. Esto vale también para las enmiendas correspondientes 11, 12, 13, 14 y 16, que el Consejo ha incorporado en los anexos I y III.

El Consejo incorporó las enmiendas 6 y 7 en el artículo 5 de su Posición Común, aunque con una ligera diferencia de redacción por lo que respecta a la enmienda 6.

Las enmiendas 8, 9 y 10 se han incorporado en su totalidad en el artículo 6 de la Posición Común, excepto por lo que se refiere al importe total del marco financiero, que el Consejo cambió con arreglo a las razones anteriormente citadas.

2.   Enmiendas del Parlamento Europeo aceptadas por la Comisión aunque no adoptadas por el Consejo

El Consejo no ha adoptado la enmienda 15, ya que opina que el fomento de la sensibilización es una parte importante del programa.


(1)  DO C 98 de 23.4.2004, p. 39.


1.2.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 25/29


POSICIÓN COMÚN (CE) N o 3/2005

aprobada por el Consejo el 7 de octubre de 2004

con vistas a la adopción de la Directiva 2005/.../CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, sobre la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2005/C 25E/03)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular el apartado 2 de su artículo 80,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),

Considerando lo siguiente:

(1)

La política de la Comunidad en materia de seguridad marítima aspira a un elevado nivel de seguridad y de protección del medio ambiente, y está basada en el entendimiento de que todos los que participan en el transporte marítimo de mercancías son responsables de que los buques utilizados en aguas comunitarias cumplan las reglas y normas que les son aplicables.

(2)

Las normas materiales que se aplican en todos los Estados miembros sobre descargas de sustancias contaminantes procedentes de buques están basadas en el Convenio Marpol 73/78; sin embargo, dichas normas son incumplidas a diario por un número muy elevado de buques que navegan por aguas comunitarias, sin que se adopten medidas correctoras.

(3)

La aplicación del Convenio Marpol 73/78 no es homogénea en los Estados miembros, por lo que es necesaria una armonización de su aplicación a escala comunitaria. Se observan, en particular, diferencias significativas en la práctica de los Estados miembros en materia de imposición de sanciones por descargas de sustancias contaminantes procedentes de buques.

(4)

Las medidas disuasorias forman parte integrante de la política comunitaria de seguridad marítima, ya que crean un vínculo entre la responsabilidad de cada uno de los agentes que participan en el transporte de mercancías contaminantes por mar y la posibilidad de ser objeto de sanciones; así pues, para proteger eficazmente el medio ambiente son necesarias sanciones eficaces, disuasorias y proporcionadas.

(5)

A tal efecto es necesaria la aproximación de las disposiciones legales vigentes, en particular en lo que respecta, por una parte, a la definición precisa de la infracción en cuestión y de las excepciones previstas, lo que constituye el objeto de la presente Directiva y, por otra parte, a las normas mínimas en materia de sanciones, responsabilidad y competencia, que son objeto de la Decisión marco 2005/.../JAI del Consejo, de …, destinada a reforzar el marco penal para la represión de la contaminación procedente de buques.

(6)

La finalidad de la presente Directiva es, entre otras, fijar una definición de «descarga» y aumentar así la eficacia de la aplicación de la Decisión marco 2005/.../JAI con objeto de evitar que se produzcan tales infracciones.

(7)

Ni el régimen internacional que gobierna la responsabilidad civil y las indemnizaciones por contaminación por hidrocarburos, ni el que regula la contaminación procedente de otras sustancias peligrosas o nocivas son lo suficientemente disuasorios para inducir a los participantes en el transporte marítimo de cargas peligrosas a poner fin a prácticas que incumplen las normas; el efecto disuasorio buscado sólo puede conseguirse mediante la instauración de sanciones aplicables a toda persona que cause contaminación marina o contribuya a ella. Las sanciones deben ser aplicables no sólo al armador o al capitán del buque, sino también al propietario de la carga, la sociedad de clasificación o cualquier otra persona involucrada.

(8)

Las descargas de sustancias contaminantes procedentes de buques deben considerarse infracciones si se han realizado de forma intencional o con imprudencia temeraria o negligencia grave.

(9)

Las sanciones por descargas de sustancias contaminantes procedentes de buques no afectan a la responsabilidad civil de las partes y no están, en consecuencia, sujetas a ninguna norma que limite o atribuya la responsabilidad civil, ni limitan ellas mismas la eficaz indemnización de las víctimas de incidentes de contaminación.

(10)

Es necesario potenciar una cooperación eficaz entre los Estados miembros para garantizar que las descargas de sustancias contaminantes procedentes de buques se detecten a tiempo y los infractores puedan ser identificados.

(11)

Si hay pruebas objetivas claras que indiquen que se ha producido una descarga que ha causado daños graves o que amenaza con causarlos, los Estados miembros deben poner el asunto en manos de sus autoridades competentes para que éstas inicien procedimientos acordes con lo dispuesto en el artículo 220 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982.

(12)

La presente Directiva respeta los principios de subsidiariedad y proporcionalidad establecidos en el artículo 5 del Tratado. La incorporación a la legislación comunitaria de las normas internacionales en materia de contaminación procedente de buques y el establecimiento de sanciones, incluso de carácter penal o administrativo, por la infracción de dichas normas, es una medida necesaria para conseguir un buen nivel de seguridad y protección medioambiental en el transporte marítimo. Este objetivo sólo puede ser alcanzado eficazmente por la Comunidad mediante normas armonizadas. La presente Directiva se circunscribe al mínimo imprescindible para alcanzarlo, sin exceder de lo necesario para tal fin. No impide a los Estados miembros adoptar medidas más restrictivas en materia de contaminación procedente de buques con arreglo al Derecho internacional.

(13)

La presente Directiva respeta plenamente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

Artículo 1

Finalidad

1.   La presente Directiva tiene por finalidad garantizar que se imponen las sanciones adecuadas a los responsables de contaminación procedente de buques a fin de mejorar la seguridad marítima y la protección del medio ambiente marino de la contaminación procedente de buques.

2.   La presente Directiva no impide a los Estados miembros adoptar medidas más restrictivas en materia de contaminación procedente de buques con arreglo al Derecho internacional.

Artículo 2

Definiciones

A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

1.

«Marpol 73/78», el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (1973) y su Protocolo de 1978, en su versión enmendada.

2.

«Sustancias contaminantes», las reguladas en los anexos I (Hidrocarburos) y II (Sustancias nocivas líquidas a granel) del Marpol 73/78.

3.

«Descarga», cualquier derrame procedente de un buque por cualquier causa, como se menciona en el artículo 2 del Marpol 73/78.

4.

«Buque», todo tipo de embarcaciones que operen en el medio marino, incluidos los aliscafos, los aerodeslizadores, los sumergibles y los artefactos flotantes, con independencia del pabellón que enarbolen.

Artículo 3

Ámbito de aplicación

1.   La presente Directiva se aplicará, de conformidad con el Derecho internacional, a las descargas de sustancias contaminantes realizadas en:

a)

las aguas interiores de los Estados miembros, incluidos sus puertos, siempre que sea aplicable el régimen Marpol;

b)

las aguas territoriales de un Estado miembro;

c)

los estrechos utilizados para navegación internacional sujetos al régimen de paso en tránsito, según lo establecido en la sección 2 de la parte III de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, en la medida en que un Estado miembro ejerza jurisdicción sobre ellos;

d)

la zona económica exclusiva o la zona equivalente de un Estado miembro, establecida de conformidad con el Derecho internacional; y en

e)

alta mar.

2.   La presente Directiva se aplicará a las descargas de sustancias contaminantes procedentes de todo buque, con independencia del pabellón que enarbole, excepto si se trata de buques de guerra, unidades navales auxiliares u otros buques que, siendo propiedad de un Estado o estando a su servicio, sólo presten por el momento servicios gubernamentales de carácter no comercial.

Artículo 4

Infracciones

Los Estados miembros velarán por que las descargas de sustancias contaminantes procedentes de buques realizadas en cualquiera de las zonas enumeradas en el apartado 1 del artículo 3 se consideren infracciones si se han cometido de forma intencional, con imprudencia temeraria o negligencia grave.

Artículo 5

Excepciones

1.   Las descargas de sustancias contaminantes realizadas en cualquiera de las zonas mencionadas en el apartado 1 del artículo 3 no se considerarán infracciones siempre que cumplan las condiciones establecidas en las letras a) y c) de la regla 11 del anexo I, o en las letras a) y c) de la regla 6 del anexo II del Marpol 73/78.

2.   Las descargas de sustancias contaminantes realizadas en las zonas mencionadas en las letras c), d) y e) del apartado 1 del artículo 3 no se considerarán infracciones por parte del armador, del capitán del buque ni de la tripulación, cuando ésta actúe bajo la responsabilidad del capitán, siempre que cumplan las condiciones establecidas en la letra b) de la regla 11 del anexo I, o en la letra b) de la regla 6 del anexo II del Marpol 73/78.

3.   Las descargas de sustancias contaminantes realizadas en cualquiera de las zonas mencionadas en el apartado 1 del artículo 3 no se considerarán infracciones siempre que cumplan las condiciones establecidas en las reglas 9 o 10 del anexo I, o en la regla 5 del anexo II del Marpol 73/78.

Artículo 6

Aplicación a los buques que se encuentren en puertos de los Estados miembros

1.   Si la constatación de irregularidades u otros datos de que se disponga levantan la sospecha de que un buque que se encuentre voluntariamente en un puerto o terminal costera de un Estado miembro ha efectuado o está efectuando una descarga de sustancias contaminantes en cualquiera de las zonas enumeradas en el apartado 1 del artículo 3, el Estado miembro se asegurará de que se realicen las oportunas inspecciones, teniendo en cuenta las directrices pertinentes adoptadas por la Organización Marítima Internacional (OMI) de conformidad con la legislación nacional.

2.   Si las inspecciones prescritas en el apartado 1 revelan hechos que pudieran constituir indicios de una infracción con arreglo al artículo 4, se informará a las autoridades competentes de dicho Estado miembro y a las autoridades del Estado del pabellón.

Artículo 7

Medidas aplicadas por los Estados ribereños a los buques en tránsito

1.   Si la supuesta descarga de sustancias contaminantes tiene lugar en una de las zonas indicadas en las letras b), c), d) o e) del apartado 1 del artículo 3 y el buque sospechoso no hace escala en ningún puerto del Estado miembro que posea la información relativa a dicha descarga, se aplicará lo siguiente:

a)

si el buque realiza su siguiente escala en un puerto de otro Estado miembro, los dos Estados miembros interesados colaborarán estrechamente en las inspecciones prescritas en el apartado 1 del artículo 6, así como en la decisión sobre las eventuales medidas administrativas aplicables en relación con la descarga en cuestión;

b)

si el buque realiza su siguiente escala en un puerto de un Estado no comunitario, el Estado miembro tomará las medidas necesarias para que dicho puerto reciba la información pertinente sobre la supuesta descarga, y solicitará al Estado rector del mismo que emprenda las actuaciones apropiadas en relación con la descarga en cuestión.

2.   Cuando existan pruebas objetivas claras de que un buque que navegue en las zonas indicadas en las letras b) o d) del apartado 1 del artículo 3 haya cometido, en la zona indicada en la letra d) del apartado 1 del artículo 3, una infracción que dé lugar a una descarga que suponga un perjuicio considerable o amenace con suponer un perjuicio considerable para la costa o intereses conexos del Estado miembro ribereño de que se trate, o para cualquiera de los recursos de las zonas indicadas en las letras b) o d) del apartado 1 del artículo 3, dicho Estado, con arreglo a lo dispuesto en la sección 7 de la parte XII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, y siempre que haya pruebas que así lo justifiquen, procederá a someter el asunto a sus autoridades competentes con miras a entablar procedimientos, incluida la detención del buque, acordes con su legislación nacional.

3.   En cualquier caso, deberá informarse a las autoridades del Estado del pabellón.

Artículo 8

Sanciones

1.   Los Estados miembros tomarán todas las medidas necesarias para garantizar que las infracciones a que se refiere el artículo 4 sean objeto de sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias, que podrán incluir sanciones penales o administrativas.

2.   Cada Estado miembro tomará las medidas necesarias para garantizar que las sanciones a que se refiere el apartado 1 sean aplicables a cualquier persona responsable de una de las infracciones a que se refiere el artículo 4.

Artículo 9

Cumplimiento del Derecho internacional

Los Estados miembros aplicarán las disposiciones de la presente Directiva sin discriminación de forma ni fondo entre buques extranjeros y de conformidad con la legislación internacional aplicable, incluida la sección 7 de la parte XII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, y notificarán rápidamente al Estado del pabellón, y a cualquier otro Estado interesado, las medidas adoptadas con arreglo a la presente Directiva.

Artículo 10

Medidas de acompañamiento

A efectos de la presente Directiva, los Estados miembros y la Comisión cooperarán, cuando corresponda, en estrecha colaboración con la Agencia Europea de Seguridad Marítima y, en su caso, en el marco del Programa de acción de respuesta a la contaminación marina accidental o deliberada, conforme a la Decisión no 2850/2000/CE (3), a fin de:

a)

desarrollar los sistemas de información necesarios para la eficaz aplicación de la presente Directiva;

b)

establecer prácticas y directrices comunes basadas en las existentes a nivel internacional, en particular orientadas a los siguientes fines:

la vigilancia e identificación temprana de buques que efectúen descargas contaminantes incumpliendo lo dispuesto en la presente Directiva, lo cual podrá implicar, si procede, la instalación de aparatos de vigilancia a bordo,

unos métodos fiables que permitan atribuir la procedencia de las sustancias contaminantes encontradas en el mar a un buque concreto, y

la aplicación efectiva de las disposiciones de la presente Directiva.

Artículo 11

Informes

Cada tres años, los Estados miembros transmitirán a la Comisión un informe sobre la aplicación de la presente Directiva por parte de las autoridades competentes. Sobre la base de los mencionados informes, la Comisión presentará un informe global al Parlamento Europeo y al Consejo.

Artículo 12

Comité

1.   La Comisión estará asistida por el Comité de seguridad marítima y prevención de la contaminación por los buques (COSS), creado en virtud del artículo 3 del Reglamento (CE) no 2099/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de noviembre de 2002, por el que se crea el Comité de seguridad marítima y prevención de la contaminación por los buques (COSS) (4).

2.   La Comisión informará periódicamente al Comité instituido por la Decisión n.o 2850/2000/CE de cualesquiera medidas propuestas u otras actuaciones pertinentes en respuesta a la contaminación marina.

Artículo 13

Procedimiento de modificación

Las enmiendas al Marpol 73/78 a que se hace referencia en el punto 1 del artículo 2 podrán quedar excluidas del ámbito de aplicación de la presente Directiva, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 2099/2002.

Artículo 14

Aplicación

Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para cumplir la presente Directiva a más tardar el...………… (5), e informarán inmediatamente de ello a la Comisión.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, éstas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 15

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 16

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Bruselas,

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

Por el Consejo

El Presidente


(1)  DO C 220 de 16.9.2003, p. 72.

(2)  Dictamen del Parlamento Europeo de 13 de enero de 2004 (DO C 92 E de 21.4.2004, p. 77).

(3)  Decisión no 2850/2000/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de cooperación en el ámbito de la contaminación marina accidental o deliberada (DO L 332 de 28.12.2000, p. 1). Decisión modificada por la Decisión no 787/2004/CE (DO L 138 de 30.4.2004, p. 12).

(4)  DO L 324 de 29.11.2002, p. 1. Reglamento modificado por el Reglamento (CE) no 415/2004 de la Comisión (DO L 68 de 6.3.2004, p. 10).

(5)  18 meses después de su entrada en vigor.


ANEXO

Resumen, con fines de referencia, de las reglas prescritas en el Marpol 73/78 en relación con las descargas de hidrocarburos y de sustancias líquidas nocivas, de conformidad con lo dispuesto en el punto 2 del artículo 2

PARTE I:   HIDROCARBUROS (MARPOL 73/78, ANEXO I)

A los efectos del anexo I del Marpol 73/78, se entiende por «hidrocarburos», el petróleo en todas sus manifestaciones, incluidos los crudos de petróleo, el fuel-oil, los fangos, los residuos petrolíferos y los productos de refinación (distintos de los de tipo petroquímico que están sujetos a las disposiciones del anexo II de dicho Convenio), y por «mezcla oleosa», cualquier mezcla que contenga hidrocarburos.

Extractos de las prescripciones pertinentes del anexo I del Marpol 73/78:

Regla 9:   Control de las descargas de hidrocarburos

1.

A reserva de lo dispuesto en las reglas 10 y 11 del presente anexo y en el punto 2 de esta regla, estará prohibida toda descarga de hidrocarburos o de mezclas oleosas en el mar desde buques a los que sea aplicable este anexo salvo cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

a)

tratándose de petroleros, excepto en los casos previstos en la letra b) de este punto:

i)

que el petrolero no se encuentre dentro de una zona especial,

ii)

que el petrolero se encuentre a más de 50 millas marinas de la tierra más próxima,

iii)

que el petrolero esté en ruta,

iv)

que el régimen instantáneo de descarga de hidrocarburos no exceda de 30 litros por milla marina,

v)

que la cantidad total de hidrocarburos descargada en el mar no exceda, en el caso de petroleros existentes, de 1/15.000 del cargamento total de que formaban parte los residuos y, en el caso de petroleros nuevos, de 1/30.000 del cargamento total de que formaban parte los residuos, y

vi)

que el petrolero tenga en funcionamiento un sistema de vigilancia y control de descargas de hidrocarburos y disponga de un tanque de decantación como se prescribe en la regla 15 del presente anexo.

b)

tratándose de buques no petroleros cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 400 toneladas y de buques petroleros por lo que se refiere a las aguas de las sentinas de los espacios de máquinas, exceptuados los de la cámara de bombas de carga a menos que dichas aguas estén mezcladas con residuos de carga de hidrocarburos:

i)

que el buque no se encuentre en una zona especial;

ii)

que el buque esté en ruta;

iii)

que el contenido de hidrocarburos del efluente sin dilución no exceda de 15 partes por millón, y

iv)

que el buque tenga en funcionamiento [el equipo de filtración, vigilancia y control] que se prescribe en la regla 16 del presente anexo.

2.

En el caso de buques de menos de 400 toneladas de arqueo bruto que no sean petroleros, mientras se encuentren fuera de la zona especial, la Administración [del Estado de abanderamiento] cuidará de que estén equipados, dentro de lo practicable y razonable, con instalaciones que garanticen la retención a bordo de los residuos de hidrocarburos y su descarga en instalaciones de recepción o en el mar de acuerdo con las prescripciones de la letra b) del punto 1 de esta regla.

[…]

4)

Lo dispuesto en el punto 1 de la presente regla no se aplicará a las descargas de lastre limpio o separado ni a las mezclas oleosas no sometidas a tratamiento cuyo contenido de hidrocarburos, sin haber sido diluidos, no exceda de 15 partes por millón, si tales descargas no proceden de las sentinas de la cámara de bombas de carga ni están mezcladas con residuos de carga de hidrocarburos.

5)

Las descargas no contendrán productos químicos ni ninguna otra sustancia en cantidades o concentraciones susceptibles de crear peligros para el medio marino, ni adición alguna de productos químicos u otras sustancias cuyo fin sea eludir el cumplimiento de las condiciones de descarga especificadas en esta regla.

6)

Los residuos de hidrocarburos cuya descarga en el mar no pueda efectuarse de conformidad con lo prescrito en los puntos 1, 2 y 4 de esta regla serán retenidos a bordo o descargados en instalaciones de recepción.

[…]

Regla 10:   Métodos para prevenir la contaminación por hidrocarburos desde buques que operen en zonas especiales

1.

A los efectos del presente anexo, las zonas especiales son el mar Mediterráneo, el mar Báltico, el mar Negro, el mar Rojo, la zona de los Golfos, el golfo de Adén, la zona del Antártico y las aguas noroccidentales de Europa, [según se definen a continuación]

2.

A reserva de las disposiciones de la regla 11 del presente anexo:

a)

estará prohibida toda descarga en el mar de hidrocarburos o mezclas oleosas desde petroleros y desde buques no petroleros cuyo arqueo bruto sea igual o superior a 400 toneladas, mientras se encuentren en una zona especial;

b)

[…] Estará prohibida toda descarga en el mar de hidrocarburos o mezclas oleosas desde buques no petroleros de arqueo bruto inferior a 400 toneladas, mientras se encuentren en una zona especial, salvo cuando el contenido de hidrocarburos del efluente sin dilución no exceda de 15 partes por millón;

3.

a)

Las disposiciones del punto 2 de la presente regla no se aplicarán a las descargas de lastres limpios o separados.

b)

Las disposiciones de la letra a) del punto 2. a) de la presente regla no se aplicarán a las descargas de agua de sentina tratada, proveniente de los espacios de máquinas, siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

i)

que el agua de sentina no provenga de sentinas de cámara de bombas de carga,

ii)

que el agua de sentina no esté mezclada con residuos de carga de hidrocarburos,

iii)

que el buque esté en ruta,

iv)

que el contenido de hidrocarburos del efluente, sin dilución, no exceda de 15 partes por un millón,

v)

que el buque tenga en funcionamiento un equipo de filtración de hidrocarburos que cumpla con lo dispuesto en el punto 5 de la regla 16) del presente anexo,y

vi)

que el sistema de filtración esté equipado con un dispositivo de detención que garantice que la descarga se detenga automáticamente cuando el contenido de hidrocarburos del efluente exceda de 15 partes por millón.

4.

a)

Las descargas que se efectúen en el mar no contendrán productos químicos ni ninguna otra sustancia en cantidades o concentraciones que entrañen un peligro potencial para el medio marino, ni adición alguna de productos químicos u otras sustancias cuyo fin sea eludir el cumplimiento de las condiciones de descarga especificadas en la presente regla.

b)

Los residuos de hidrocarburos cuya descarga en el mar no pueda efectuarse de conformidad con lo dispuesto en los puntos 2 y 3 de la presente regla serán retenidos a bordo o descargados en instalaciones de recepción.

5)

Ninguna de las disposiciones de la presente regla prohíbe que un buque cuya derrota sólo atraviese en parte una zona especial efectúe descargas fuera de esa zona especial de conformidad con lo dispuesto en la regla 9 del presente anexo.

[…]

Regla 11:   Excepciones

Las reglas 9 y 10 del presente anexo no se aplicarán:

a)

a la descarga en el mar de hidrocarburos o de mezclas oleosas cuando sea necesaria para proteger la seguridad del buque o para salvar vidas en el mar;

b)

a la descarga en el mar de hidrocarburos o de mezclas oleosas resultante de averías sufridas por un buque o por sus equipos:

i)

siempre que después de producirse la avería o de descubrirse la descarga se hubieran tomado toda suerte de precauciones razonables para atajar o reducir a un mínimo tal descarga, y

ii)

salvo que el propietario o el capitán hayan actuado ya sea con la intención de causar la avería, o con imprudencia temeraria y a sabiendas de que con toda probabilidad iba a producirse una avería;

c)

a la descarga en el mar de sustancias que contengan hidrocarburos, previamente aprobadas por la Administración del Estado de abanderamiento, cuando sean empleadas para combatir casos concretos de contaminación a fin de reducir los daños resultantes de tal contaminación. Toda descarga de esta índole quedará sujeta a la aprobación de cualquier Gobierno con jurisdicción en la zona donde se tenga intención de efectuar la descarga.

PARTE II:   SUSTANCIAS NOCIVAS LÍQUIDAS (MARPOL 73/78 ANEXO II)

Extractos de las prescripciones pertinentes del anexo II del Marpol 73/78:

Regla 3:   Clasificación en categorías y lista de sustancias nocivas líquidas

1.

A los efectos de las reglas del presente anexo, las sustancias nocivas líquidas se dividirán en las cuatro categorías siguientes:

a)

Categoría A: Sustancias nocivas líquidas que si fueran descargadas en el mar, procedentes de operaciones de limpieza o deslastrado de tanques, supondrían un riesgo grave para la salud humana o para los recursos marinos, o irían en perjuicio grave de los alicientes recreativos o de los usos legítimos del mar, lo cual justifica la aplicación de medidas rigurosas contra la contaminación.

b)

Categoría B: Sustancias nocivas líquidas que si fueran descargadas en el mar, procedentes de operaciones de limpieza o deslastrado de tanques, supondrían un riesgo para la salud humana o para los recursos marinos, o irían en perjuicio de los alicientes recreativos o de los usos legítimos del mar, lo cual justifica la aplicación de medidas especiales contra la contaminación.

c)

Categoría C: Sustancias nocivas líquidas que si fueran descargadas en el mar, procedentes de operaciones de limpieza o deslastrado de tanques, supondrían un riesgo leve para la salud humana o para los recursos marinos, o irían en perjuicio leve de los alicientes recreativos o de los usos legítimos del mar, lo cual exige condiciones operativas especiales.

d)

Categoría D: Sustancias nocivas líquidas que si fueran descargadas en el mar, procedentes de operaciones de limpieza o deslastrado de tanques, supondrían un riesgo perceptible para la salud humana o para los recursos marinos, o irían en perjuicio mínimo de los alicientes recreativos o de los usos legítimos del mar, lo cual exige alguna atención a las condiciones operativas.

[…]

[Las reglas 3(2)-(4) y 4 y los apéndices del anexo II del Marpol 73/78 proporcionan información más detallada sobre la categorización de sustancias, incluida una lista de sustancias categorizadas].

[…]

Regla 5:   Descarga de sustancias nocivas líquidas

Sustancias de las categorías A, B y C fuera de las zonas especiales y de categoría D en todas las zonas

A reserva de lo dispuesto en las disposiciones de […] la regla 6 de este anexo,

1.

Estará prohibida la descarga en el mar de sustancias de la categoría A, tal como se definen en la letra a) del punto 1 de la regla 3 de este anexo, así como la de aquellas otras sustancias que hayan sido provisionalmente clasificadas en dicha categoría y de las aguas de lastre y de lavado de tanques u otros residuos o mezclas que contengan tales sustancias. Si los tanques en que se transportan dichas sustancias o mezclas han de ser lavados, los residuos resultantes de esta operación se descargarán en una instalación receptora hasta que la concentración de la sustancia en el efluente recibido por la instalación sea igual o inferior al 0,1 por 100 en peso, y se haya vaciado el tanque, con la excepción del fósforo amarillo o blanco, en cuyo caso la concentración residual habrá de ser del 0,01 % en peso. Toda agua que ulteriormente se añada al tanque podrá descargarse en el mar cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

a)

que el buque esté en ruta navegando a una velocidad de 7 nudos por lo menos, si se trata de buques con propulsión propia, o de 4 nudos en el caso de los buques sin medios propios de propulsión;

b)

que se efectúe la descarga por debajo de la línea de flotación, teniendo en cuenta el emplazamiento de las tomas de mar; y

c)

que se efectúe la descarga hallándose el buque a no menos de 12 millas marinas de distancia de la tierra más próxima y en aguas de profundidad no inferior a 25 metros.

2.

Estará prohibida la descarga en el mar de sustancias de la categoría B, tal como se definen en la letra b) del punto 1 de la regla 3 de este anexo, así como la de aquellas otras sustancias que hayan sido provisionalmente clasificadas en dicha categoría y la de aguas de lastre y de lavado de tanques u otros residuos o mezclas que contengan tales sustancias, a menos que se cumplan todas las condiciones siguientes:

a)

que el buque esté en ruta navegando a una velocidad de 7 nudos por lo menos, si se trata de buques con propulsión propia, o de 4 nudos en el caso de los buques sin medios propios de propulsión;

b)

que los métodos y dispositivos de descarga estén aprobados por la Administración [del Estado de abanderamiento]. Estos métodos y dispositivos se basarán en normas elaboradas por la OMI y garantizarán que la concentración y el régimen de descarga del efluente son tales que la concentración de la sustancia descargada no excede de una parte por millón en la porción de la estela del buque inmediata a su popa;

c)

que la cantidad máxima de carga echada al mar desde cada tanque y sus correspondientes tuberías no exceda de la cantidad máxima permitida de acuerdo con los métodos mencionados en la letra b) de este punto, la cual no será en ningún caso mayor de 1 metro cúbico o 1/3.000 de la capacidad del tanque en metros cúbicos;

d)

que se efectúe la descarga por debajo de la línea de flotación, teniendo en cuenta el emplazamiento de las tomas de mar; y

e)

que se efectúe la descarga hallándose el buque a no menos de 12 millas marinas de distancia de la tierra más próxima y en aguas de profundidad no inferior a 25 metros.

3.

Estará prohibida la descarga en el mar de sustancias de la categoría C, tal como se definen en la letra c) del punto 1 de la regla 3 de este anexo, así como la de aquellas otras sustancias que hayan sido provisionalmente clasificadas en dicha categoría y la de aguas de lastre y de lavado de tanques u otros residuos o mezclas que contengan dichas sustancias, a menos que se cumplan todas las condiciones siguientes:

a)

que el buque esté en ruta navegando a una velocidad de 7 nudos por lo menos, si se trata de buques con propulsión propia, o de 4 nudos en el caso de los buques sin medios propios de propulsión;

b)

que los métodos y dispositivos de descarga estén aprobados por la Administración [del Estado de abanderamiento]. Estos métodos y dispositivos se basarán en normas elaboradas por la OMI y garantizarán que la concentración y el régimen de descarga del efluente son tales que la concentración de la sustancia descargada no excede de 10 partes por millón en la porción de la estela del buque inmediata a su popa;

c)

que la cantidad máxima de carga echada al mar desde cada tanque y desde sus correspondientes tuberías no exceda de la cantidad máxima permitida de acuerdo con los métodos mencionados en la letra d) de este punto, la cual no será en ningún caso mayor de 3 m3 o 1/1.000 de la capacidad del tanque en metros cúbicos.

d)

que se efectúe la descarga por debajo de la línea de flotación, teniendo en cuenta el emplazamiento de las tomas de mar; y

e)

que se efectúe la descarga hallándose el buque a no menos de 12 millas marinas de distancia de la tierra más próxima y en aguas de profundidad no inferior a 25 metros.

4.

Estará prohibida la descarga en el mar de sustancias de la categoría D, tal como se definen en la letra d) del punto 1 de la regla 3 de este anexo, así como la de aquellas otras sustancias que hayan sido provisionalmente clasificadas en dicha categoría y la de aguas de lastre y de lavado de tanques u otros residuos o mezclas que contengan dichas sustancias, a menos que se cumplan todas las condiciones siguientes:

a)

que el buque esté en ruta navegando a una velocidad de 7 nudos por lo menos, si se trata de buques con propulsión propia, o de 4 nudos en el caso de los buques sin medios propios de propulsión;

b)

que la concentración de las mezclas no sea superior a una parte de la sustancia por cada 10 partes de agua, y

c)

que se efectúe la descarga a una distancia no inferior a 12 millas marinas de la tierra más próxima.

5.

Podrán utilizarse métodos de ventilación aprobados por la Administración [del Estado de abanderamiento] para retirar residuos de carga de un tanque. Tales métodos se basarán en normas elaboradas por la OMI. Toda agua que ulteriormente se introduzca en el tanque será considerada como agua limpia y no estará sometida a lo dispuesto en los puntos 1, 2, 3 y 4 de la presente regla.

6.

Estará prohibida la descarga en el mar de sustancias no incluidas en ninguna categoría, ni clasificadas siquiera provisionalmente o evaluadas en la forma que prescribe el punto 1 de la regla 4 de este anexo, así como la de aguas de lastre y de lavado de tanques u otros residuos o mezclas que contengan tales sustancias.

Sustancias de las categorías A, B y C dentro de las zonas especiales [Según se definen en la regla 1 del anexo II del Marpol 73/78, incluido el Mar Báltico].

A reserva de lo dispuesto en el punto 14 de la presente regla y en la regla 6 del presente anexo,

7.

Estará prohibida la descarga en el mar de sustancias de la categoría A, tal como se definen en la letra a) del punto 1 de la regla 3 de este anexo, así como la de aquellas otras sustancias que hayan sido provisionalmente clasificadas en dicha categoría y la de aguas de lastre y de lavado de tanques u otros residuos o mezclas que contengan tales sustancias. Si los tanques en que se transportan dichas sustancias o mezclas han de ser lavados, los residuos resultantes de esta operación se descargarán en una de las instalaciones receptoras que habiliten los Estados ribereños de las zonas especiales de conformidad con la regla 7 del presente anexo, hasta que la concentración de la sustancia en el efluente recibido por la instalación sea igual o inferior al 0,05 % en peso y se haya vaciado el tanque, con la excepción del fósforo amarillo o blanco, en cuyo caso la concentración residual habrá de ser del 0,005 % en peso. Toda agua que ulteriormente se añada al tanque podrá descargarse en el mar cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

a)

que el buque esté en ruta navegando a una velocidad de 7 nudos por lo menos, si se trata de buques con propulsión propia, o de 4 nudos en el caso de los buques sin medios propios de propulsión;

b)

que se efectúe la descarga por debajo de la línea de flotación, teniendo en cuenta el emplazamiento de las tomas de mar, y

c)

que se efectúe la descarga hallándose el buque a no menos de 12 millas marinas de distancia de la tierra más próxima y en aguas de profundidad no inferior a 25 metros.

8.

Estará prohibida la descarga en el mar de sustancias de la categoría B, tal como se definen en la letra b) del punto 1 de la regla 3 de este anexo, así como la de aquellas otras sustancias que hayan sido provisionalmente clasificadas en dicha categoría y la de aguas de lastre y de lavado de tanques u otros residuos o mezclas que contengan tales sustancias, a menos que se cumplan todas las condiciones siguientes:

a)

que el tanque haya sido sometido a prelavado de conformidad con el procedimiento aprobado por la Administración [del Estado de abanderamiento] y basado en las normas elaboradas por la OMI y que las aguas resultantes del lavado de los tanques se hayan descargado en una instalación receptora;

b)

que el buque esté en ruta navegando a una velocidad de 7 nudos por lo menos, si se trata de buques con propulsión propia, o de 4 nudos en el caso de los buques sin medios propios de propulsión;

c)

que los métodos y dispositivos utilizados para efectuar la descarga y el lavado estén aprobados por la Administración [del Estado de abanderamiento]. Estos métodos y dispositivos se basarán en normas elaboradas por la OMI y garantizarán que la concentración y el régimen de descarga del efluente son tales que la concentración de la sustancia descargada no excede de una parte por millón en la porción de la estela del buque inmediata a su popa;

d)

que se efectúe la descarga por debajo de la línea de flotación, teniendo en cuenta el emplazamiento de las tomas de mar, y

e)

que se efectúe la descarga hallándose el buque a no menos de 12 millas marinas de distancia de la tierra más próxima y en aguas de profundidad no inferior a 25 metros.

9.

Estará prohibida la descarga en el mar de sustancias de la categoría C, tal como se definen en la letra c) del punto 1 de la regla 3 de este anexo, así como la de aquellas otras sustancias que hayan sido provisionalmente clasificadas en dicha categoría y la de aguas de lastre y de lavado de tanques u otros residuos o mezclas que contengan tales sustancias, a menos que se cumplan todas las condiciones siguientes:

a)

que el buque esté en ruta navegando a una velocidad de 7 nudos por lo menos, si se trata de buques con propulsión propia, o de 4 nudos en el caso de los buques sin medios propios de propulsión;

b)

que los métodos y dispositivos de descarga estén aprobados por la Administración [del Estado de abanderamiento]. Estos métodos y dispositivos se basarán en normas elaboradas por la OMI y garantizarán que la concentración y el régimen de descarga del efluente son tales que la concentración de la sustancia descargada no excede de una parte por millón en la porción de la estela del buque inmediata a su popa;

c)

que la cantidad máxima de carga echada al mar desde cada tanque y desde sus correspondiente tuberías no exceda de la cantidad máxima permitida de acuerdo con los métodos mencionados en la letra b) de este punto, la cual no será en ningún caso mayor de 1 m3 o 1/3 000 de la capacidad del tanque en metros cúbicos;

d)

que se efectúe la descarga por debajo de la línea de flotación, teniendo en cuenta el emplazamiento de las tomas de mar, y

e)

que se efectúe la descarga hallándose el buque a no menos de 12 millas marinas de distancia de la tierra más próxima y en aguas de profundidad no inferior a 25 metros.

10.

Podrán utilizarse métodos de ventilación aprobados por la Administración [del Estado de abanderamiento] para retirar residuos de carga de un tanque. Tales métodos se basarán en normas elaboradas por la OMI. Toda agua que ulteriormente se introduzca en el tanque será considerada como agua limpia y no estará sometida a lo dispuesto en los puntos 7, 8 y 9 de la presente regla.

11.

Estará prohibida la descarga en el mar de sustancias no incluidas en ninguna categoría, ni clasificadas siquiera provisionalmente o evaluadas en la forma que prescribe el punto 1 de la regla 4 de este anexo, así como las de agua de lastre y de lavado de tanques u otros residuos o mezclas que contengan tales sustancias.

12.

Las prescripciones de esta regla en ningún caso entrañarán la prohibición de que un buque retenga a bordo los residuos de un cargamento de la categoría B o C y que los descargue en el mar, fuera de una zona especial, de conformidad con lo prescrito en los puntos 2 o 3, respectivamente, de esta regla.

Regla 6:   Excepciones

La regla 5 del presente anexo no se aplicará:

a)

a la descarga en el mar de sustancias nocivas líquidas, o de mezclas que contengan tales sustancias, cuando sea necesaria para proteger la seguridad del buque o para salvar vidas en el mar;

b)

a la descarga en el mar de sustancias nocivas líquidas, o de mezclas que contengan tales sustancias resultantes de averías sufridas por un buque o por sus equipos:

i)

siempre que después de producirse la avería o de descubrirse la descarga se hubieran tomado toda suerte de precauciones razonables para atajar o reducir a un mínimo tal descarga, y

ii)

salvo que el propietario o el capitán hayan actuado ya sea con la intención de causar la avería, o con imprudencia temeraria y a sabiendas de que con toda probabilidad iba a producirse una avería, o

c)

a la descarga en el mar de sustancias nocivas líquidas, o mezclas que contengan tales sustancias previamente aprobadas por la Administración [del Estado de abanderamiento], cuando sean empleadas para combatir casos concretos de contaminación a fin de reducir los daños resultantes de tal contaminación. Toda descarga de esta índole quedará sujeta a la aprobación de cualquier Gobierno con jurisdicción en la zona donde se tenga intención de efectuar la descarga.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I.   INTRODUCCIÓN

En el marco del procedimiento de codecisión (art. 251 TCE), el Consejo llegó, el 11 de junio de 2004, a un acuerdo político sobre el proyecto de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones para las infracciones (1). Tras la ultimación de los juristas lingüistas, el Consejo aprobó su Posición Común el 7 de octubre de 2004.

Al adoptar su posición, el Consejo tomó en consideración el dictamen del Parlamento Europeo en primera lectura, de 13 de enero de 2004 (2), y el dictamen del Comité Económico y Social (3)  (4).

La propuesta tiene por objeto incorporar al Derecho comunitario las normas internacionales del Convenio MARPOL relativas a la contaminación procedente de buques, disponiendo que los casos de incumplimientos de las normas sobre descargas serán infracciones, y establecer normas armonizadas para la aplicación de las mismas. Pretende asimismo ampliar las normas existentes para, por una parte, combatir las descargas de petróleo resultantes de daños cuando sean deliberadas, con imprudencia temeraria, o por negligencia grave y, por otra parte, obligar a su cumplimiento en la mayor medida posible, con arreglo a lo dispuesto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

II.   ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

Tras el accidente del petrolero Prestige, el Consejo destacó no sólo la importancia de política en materia de la seguridad en el mar, sino la necesidad de velar por que toda persona que cause o contribuya a un incidente contaminante producido por negligencia grave esté sujeta a las sanciones adecuadas. El enfoque adoptado por el Consejo ante esta propuesta de la Comisión, presentada en marzo de 2003 y respaldada por una conclusión del Consejo Europeo, ese mismo mes, en la que se ponía de relieve la elección de la base jurídica adecuada, se funda en el principio de hacer pleno uso de los derechos de la Comunidad en virtud de la Convención sobre el Derecho del Mar al tiempo que se cumplen las obligaciones de los Estados miembros de conformidad con el Convenio internacional para prevenir la contaminación por los buques (MARPOL).

El Consejo considera que la incorporación al Derecho comunitario del régimen de MARPOL en relación con la contaminación procedente de buques garantizará una aplicación más estricta y homogénea en los Estados miembros. Comparte la opinión de que hay que disponer que todas las descargas de sustancias contaminantes se consideren infracciones si se realizan deliberadamente o con imprudencia temeraria o negligencia grave.

Siguiendo el principio de respetar las disposiciones de MARPOL, se establecen excepciones para el caso en que se efectúa una descarga para salvar vidas o el propio buque. La excepción establecida en el MARPOL referente al armador o al capitán en casos de descargas resultantes de averías es de aplicación en aguas internacionales y en las zonas económicas exclusivas o equivalentes de los Estados miembros. En esos casos, como consecuencia lógica de las disposiciones de MARPOL, la tripulación carece de responsabilidad cuando obedece órdenes del capitán. En las aguas interiores y en las aguas territoriales de los Estados miembros, por otra parte, el Consejo considera adecuado ejercer los derechos comunitarios conforme al apartado 4 del artículo 211 de la Convención sobre el Derecho del Mar, con el fin de aumentar la protección de las costas, y suprimir la excepción para las descargas resultantes de averías.

El Consejo considera que las sanciones por infracciones relativas a contaminación procedente de buques tienen que ser efectivas, proporcionadas y disuasorias y pueden incluir sanciones penales y administrativas. También conviene en que habrán de aplicarse a cualquier persona declarada responsable de actos de contaminación marina, es decir, deberán poder aplicarse a toda la cadena de responsabilidad. Aunque las infracciones se definen en la Directiva, el Consejo opina que las normas mínimas obligatorias en relación con las sanciones penales, la responsabilidad civil y la jurisdicción deben establecerse en la decisión marco paralela que ha propuesto la Comisión y ha examinado el Consejo en su composición de Justicia y Asuntos de Interior.

El Consejo se congratula de la racionalización de medidas estrictas para imponer estas normas a los buques que entren en cualquiera de los puertos de un Estado miembro, en consonancia con las directrices internacionales al respecto. Respalda el aumento de la información sobre las sospechas de descargas que se comparte entre Estados miembros y terceros Estados, ya se trate de Estados rectores del puerto o de Estados bajo cuyo pabellón navegue el buque con el fin de facilitar la imposición de las medidas adecuadas.

Por último, el Consejo estima que deberá recurrirse a todas las posibilidades permitidas por la Convención sobre el Derecho del Mar para proteger la costa y sus recursos, teniéndose también en cuenta la imposición, por parte de los Estados ribereños, de medidas a los buques en tránsito por sus aguas territoriales o sus zonas económicas exclusivas o equivalentes, de conformidad con el apartado 6 del artículo 220 de la Convención sobre el Derecho del Mar, cuando existan pruebas claras y objetivas de que una descarga causa daños importantes o puede suponer una amenaza de daños importantes para la costa o los recursos de las aguas territoriales, la zona económica exclusiva o su equivalente. En este caso, el Estado miembro afectado informará a sus autoridades competentes con el fin de instruir un procedimiento, incluida la retención del buque, de conformidad con su ordenamiento interno.

III.   ENMIENDAS

Considerando el hecho de que el Consejo aplica un planteamiento muy diferente a este proyecto de directiva, en comparación con el texto originalmente propuesto, como se ha indicado, no ha sido posible reflejar en la Posición Común la mayor parte de las enmiendas que propuso el Parlamento Europeo en su primera lectura.

La idea de crear un servicio europeo común de guardacostas (enmiendas 6 y 22) no formaba parte de la propuesta original de la Comisión. Aunque el Consejo considera importante ocuparse de los medios de aumentar la protección de la costa europea, no desea prejuzgar ninguna iniciativa de la Comisión al respecto; dicha iniciativa podría llevar a un acto legislativo separado, que el Consejo estudiará con interés.

Aunque el Consejo comparte la preocupación del PE respecto a la aplicación de la legislación comunitaria sobre seguridad marítima (enmiendas 3, 19, 20 y 31), opina que el cumplimiento de los actos legislativos vigentes, tales como la Directiva 2000/59/CE sobre instalaciones portuarias receptoras de desechos, es competencia de los Estados miembros y su vigilancia, uno de los cometidos de la Comisión según el Tratado.

Puesto que el objetivo de esta Directiva es definir claramente las descargas de los buques de sustancias contaminantes como infracciones del Derecho comunitario, el Consejo considera que otras disposiciones técnicas, tales como la instalación de aparatos de vigilancia a bordo o los registros de hidrocarburos (enmiendas 30 y 32) se salen del ámbito de esta propuesta.

De acuerdo con el principio fundamental del planteamiento del Consejo que se ha expuesto, las disposiciones de MARPOL sobre descargas, incluida la excepción relativa al armador y al capitán en caso de descargas resultantes de averías (enmienda 10), serán de aplicación en aguas internacionales y en las zonas económicas exclusivas o zonas equivalentes de los Estados miembros. En esos casos, las tripulaciones están también explícitamente excluidas de la responsabilidad cuando actúan bajo las órdenes del capitán. En las aguas interiores o las aguas territoriales de los Estados miembros, por el contrario, no se aplica esa excepción, en virtud de las posibilidades que permite el apartado 4 del artículo 211 de la Convención sobre el Derecho del Mar.

En cuanto al ámbito de aplicación de la Directiva, el Consejo considera adecuado tratar del mismo modo a todos los buques que se encuentren en una zona determinada, con independencia del pabellón que enarbolen, para evitar una posición desventajosa a los buques que naveguen con pabellón de un Estado miembro (enmiendas 11 y13).

Aunque la Posición Común no incluye ninguna disposición específica sobre la naturaleza de las sanciones (véase la supresión de los apartados 4 a 6 del artículo 8, enmiendas 17 y 18), en vista de que las normas mínimas para la armonización de las sanciones penales son objeto de la decisión marco paralela, el apartado 2 del artículo 7 se refiere a medidas de aplicación por parte de los Estados ribereños de conformidad con el apartado 6 del artículo 220 de la Convención sobre el Derecho del Mar, incluida la retención del buque, en los casos específicos mencionados en dicho artículo.

La Posición Común incluye algunas otras modificaciones y clarificaciones de menor importancia de la propuesta de la Comisión. En algunos puntos, las enmiendas propuestas por el Parlamento Europeo se han incorporado parcial o totalmente para lograr un texto legislativo coherente.


(1)  La Comisión presentó su propuesta el 7 de marzo de 2003 (DO C 76 de 25.6.2004, p. 5) con el título de «Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la contaminación procedente de buques y la introducción de sanciones, incluso de carácter penal, para los delitos de contaminación».

(2)  Doc. 5181/04 CODEC 24 MAR 2 ENV 8 DROIPEN 1 (todavía no publicado en el DO).

(3)  DO C 220 de 16.09.2003, p. 72.

(4)  El Comité de las Regiones decidió no emitir dictamen.


1.2.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 25/41


POSICIÓN COMÚN (CE) N o 4/2005

aprobada por el Consejo el 21 de octubre de 2004

con vistas a la adopción de la Decisión no …/2005/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de …, que modifica la Decisión no 1419/1999/CE por la que se establece una acción comunitaria en favor de la manifestación «Capital europea de la cultura» para los años 2005 a 2019

(2005/C 25E/04)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 151,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (1),

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (2),

Considerando lo siguiente:

(1)

La Decisión no 1419/1999/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de mayo de 1999, por la que se establece una acción comunitaria en favor de la manifestación «Capital europea de la cultura» para los años 2005 a 2019 (3), tiene como objetivo resaltar la riqueza, la diversidad y los rasgos comunes de las culturas europeas, así como contribuir a un mejor conocimiento mutuo entre los ciudadanos de la Unión.

(2)

El anexo I de la Decisión no 1419/1999/CE indica el orden cronológico según el cual los Estados miembros pueden presentar candidaturas para esta manifestación. Este anexo se limita a los Estados miembros en la fecha de adopción de la Decisión, el 25 de mayo de 1999.

(3)

El artículo 6 de la Decisión n.o 1419/1999/CE contempla la posibilidad de revisión de esta Decisión, en particular con vistas a la futura ampliación de la Unión Europea.

(4)

Teniendo en cuenta la ampliación de 2004, es importante que los nuevos Estados miembros tengan también la posibilidad de presentar cuanto antes candidaturas en el marco de la manifestación «Capital europea de la cultura», sin alterar el orden previsto para los otros Estados miembros, de forma que, a partir de 2009 y hasta el final de la presente acción comunitaria, cada año puedan designarse dos capitales en los Estados miembros.

(5)

Por consiguiente, procede modificar la Decisión no 1419/1999/CE.

DECIDEN:

Artículo 1

La Decisión no 1419/1999/CE se modifica como sigue:

1.

Se inserta el considerando siguiente:

«12 bis

Considerando que deben tenerse en cuenta las consecuencias financieras de la presente Decisión, de manera que se disponga de una financiación comunitaria suficiente y apropiada para la designación de dos »Capitales europeas de la cultura«.».

2.

El apartado 1 del artículo 2 se sustituye por el texto siguiente:

«1.   Las ciudades de los Estados miembros serán designadas por turno como “Capital europea de la cultura”, siguiendo el orden que figura en la lista contenida en el anexo I. Hasta 2008, inclusive, la designación recaerá en una ciudad del Estado miembro indicado en la lista. A partir de 2009, se designará una ciudad de cada uno de los Estados miembros indicados en la lista. El orden cronológico previsto en el anexo I podrá ser modificado de común acuerdo por los Estados miembros interesados. Cada Estado miembro, por turno, presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, a la Comisión y al Comité de las Regiones la candidatura de una o varias ciudades. Esta candidatura se presentará, a más tardar, cuatro años antes de la fecha prevista para el inicio de la manifestación, e irá acompañada, eventualmente, de una recomendación del Estado miembro interesado.».

3)

El anexo I se sustituye por el texto que figura en el anexo de la presente Decisión.

Artículo 2

La presente Decisión entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Será aplicable a partir del 1 de mayo de 2004.

Hecho en Luxemburgo, el

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

Por el Consejo

El Presidente


(1)  DO C 121 de 30.4.2004, p. 15.

(2)  Dictamen del Parlamento Europeo del 22 de abril de 2004 ( DO C 104 E de 30.4.2004) y Decisión del Consejo de ….

(3)  DO L 166 de 1.7.1999, p. 1.


ANEXO

ORDEN DE PRESENTACIÓN DE LAS CANDIDATURAS AL TÍTULO DE «CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA»

2005

Irlanda

 

2006

Grecia (1)

 

2007

Luxemburgo

 

2008

Reino Unido

 

2009

Austria

Lituania

2010

Alemania

Hungría

2011

Finlandia

Estonia

2012

Portugal

Eslovenia

2013

Francia

Eslovaquia

2014

Suecia

Letonia

2015

Bélgica

República Checa

2016

España

Polonia

2017

Dinamarca

Chipre

2018

Países Bajos (1)

Malta

2019

Italia

 


(1)  El Consejo de Cultura/Audiovisual, en su reunión del 28 de mayo de 1998, tomó nota del cambio de posiciones efectuado entre Grecia y los Países Bajos, conforme al apartado 1 del artículo 2 de la Decisión no 1419/1999/CE.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I.   INTRODUCCIÓN

1.

El 17 de noviembre de 2003, la Comisión presentó al Parlamento Europeo y al Consejo una propuesta de Decisión, basada en el artículo 151 del Tratado constitutivo de la CE, que modifica la Decisión 1419/1999/CE por la que se establece una acción comunitaria en favor de la manifestación «Capital europea de la cultura» para los años 2005 a 2019.

2.

El Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura el 22 de abril de 2004. La Comisión hizo una presentación oral de su propuesta modificada el 29 de abril de 2004.

3.

Comité de las Regiones emitió su dictamen el 21 de abril de 2004 (1).

4.

El 21 de octubre de 2004, el Consejo adoptó su Posición Común de conformidad con el apartado 2 del artículo 251 del Tratado constitutivo de la CE.

II.   OBJETIVO DE LA PROPUESTA

El objetivo de la propuesta es permitir que los nuevos Estados miembros participen en la manifestación «Capital europea de la cultura» antes de que la presente decisión expire en 2019. Ello no altera el orden existente de nombramientos por parte de los Estados miembros, pero establece cada año desde 2009 en adelante un nuevo sistema por el que se designan dos Estados miembros que pueden presentar su candidatura, con lo que pueden seleccionarse dos capitales en los Estados miembros.

III.   ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

1.   Comentarios generales

El Consejo no efectuó ninguna modificación en la propuesta de la Comisión. La Comisión aceptó íntegramente 1 de las 5 enmiendas propuestas por el Parlamento (enmienda 1).

2.   Enmiendas efectuadas por el Parlamento Europeo

2.1.   Enmiendas aceptadas por el Consejo

El Consejo aceptó íntegramente la enmienda propuesta por el Parlamento y aceptada por la Comisión (enmienda 1).

2.2.   Enmiendas no aceptadas por el Consejo

El Consejo, al igual que la Comisión, consideró que las enmiendas 2, 3, 4 y 5 se encontraban fuera del ámbito de la propuesta y no creyó que su inclusión fuera adecuada.

III.   CONCLUSIONES

El Consejo considera que su Posición Común es equilibrada y plenamente conforme al objetivo principal de la propuesta de la Comisión, con lo que se facilita la participación de los nuevos Estados miembros en la manifestación de la Capital europea de la cultura lo antes posible.


(1)  JO C 121, 30.4.2004, p. 15


1.2.2005   

ES

Diario Oficial de la Unión Europea

CE 25/44


POSICIÓN COMÚN (CE) N o 5/2005

aprobada por el Consejo el 12 de noviembre de 2004

con vistas a la adopción del Reglamento (CE) no …./2005 del Parlamento Europeo y del Consejo, de …., sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(2005/C 25E/05)

EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en particular su artículo 95,

Vista la propuesta de la Comisión,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,

Previa consulta al Comité de las Regiones,

De conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 251 del Tratado (1),

Considerando lo siguiente:

(1)

La Directiva 2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior del gas natural (2), ha contribuido notablemente a la creación del mercado interior del gas. Ahora es necesario introducir cambios estructurales en el marco normativo para afrontar las barreras que siguen obstaculizando la plena realización del mercado interior, en especial en lo que respecta al comercio del gas. Se requieren normas técnicas adicionales, en particular relativas a los servicios de acceso de terceros, los principios del mecanismo de asignación de capacidad, los procedimientos de gestión de la congestión y los requisitos de transparencia.

(2)

La experiencia adquirida en la aplicación y el control del primer conjunto de directrices de buenas prácticas adoptado en el año 2002 por el Foro Europeo de la Regulación del Gas (en lo sucesivo «el Foro»), demuestra que para garantizar la plena aplicación de las normas establecidas en las directrices en todos los Estados miembros y con el fin de ofrecer en la práctica una garantía mínima de igualdad de condiciones de acceso al mercado, es necesario establecer su obligatoriedad jurídica.

(3)

El segundo conjunto de normas comunes, denominadas las «Segundas Directrices de Buenas Prácticas», se adoptó en la reunión del Foro de los días 24 y 25 de septiembre de 2003 y el propósito del presente Reglamento es establecer, con arreglo a las Segundas Directrices de Buenas Prácticas, los principios y las normas básicas sobre el acceso a las redes y los servicios de acceso de terceros, la gestión de la congestión, la transparencia, el balance y el comercio de derechos de capacidad.

(4)

El artículo 15 de la Directiva 2003/55/CE permite un gestor combinado del sistema de transporte y distribución. Por lo tanto, las normas establecidas en el presente Reglamento no hacen necesario modificar la organización de las redes nacionales de transporte y distribución que sean compatibles con las disposiciones de la Directiva 2003/55/CE y, en particular, con su artículo 15.

(5)

Los gasoductos de alta presión que conectan los distribuidores locales a la red de gas y que no se utilizan principalmente en el contexto de la distribución local están incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(6)

Es necesario precisar los criterios de fijación de las tarifas de acceso a la red, para garantizar que cumplen plenamente el principio de no discriminación y que responden a las necesidades del buen funcionamiento del mercado interior, que tienen plenamente en cuenta la integridad del sistema y que reflejan los costes reales incurridos, garantizando al mismo tiempo incentivos adecuados en relación con la eficiencia, incluida una rentabilidad adecuada de las inversiones, y teniendo en cuenta, cuando proceda, la evaluación comparativa de las tarifas efectuada por las autoridades reguladoras.

(7)

En el cálculo de las tarifas de acceso a la red es importante tener en cuenta los costes reales incurridos, así como la necesidad de proporcionar una rentabilidad adecuada a las inversiones e incentivos para la construcción de nueva infraestructura. A este respecto, y en particular si existe una competencia efectiva entre gasoductos, será de importante consideración el establecimiento de criterios de evaluación comparativa entre las tarifas.

(8)

El uso de acuerdos basados en el mercado, tales como subastas, para establecer las tarifas debe ser compatible con lo dispuesto en la Directiva 2003/55CE.

(9)

Es necesario un conjunto mínimo de servicios de acceso de terceros para ofrecer en la práctica un nivel de acceso mínimo común en el conjunto de la Comunidad, para garantizar que los servicios de acceso de terceros son suficientemente compatibles y para aprovechar las ventajas derivadas del buen funcionamiento del mercado interior del gas.

(10)

Las referencias a los contratos de transporte armonizados en el contexto de un acceso no discriminatorio a la red de los gestores de redes de transporte no implican que los términos y condiciones de los contratos de transporte de un gestor de red de transporte particular en un Estado miembro deban ser iguales que los de otro gestor de red de transporte en ese o en otro Estado miembro, a menos que se fijen requisitos mínimos que deban satisfacer todos los contratos de transporte.

(11)

La gestión de la congestión contractual de las redes es un aspecto importante en la construcción del mercado interior del gas. Es necesario desarrollar normas comunes que compaginen la necesidad de liberar la capacidad no utilizada, según el principio de « úsala o piérdela», con el derecho de los titulares de la capacidad a usarla en caso necesario, mejorando al mismo tiempo la liquidez de la capacidad.

(12)

Aunque actualmente la congestión física de las redes no suele ser un problema en la Comunidad, puede llegar a serlo en el futuro. Por ello es importante establecer el principio fundamental de la asignación de la capacidad congestionada en tales circunstancias.

(13)

Para que los usuarios puedan acceder de forma efectiva a las redes de gas necesitan información sobre los requisitos técnicos y la capacidad disponible que les permita aprovechar las oportunidades comerciales que se produzcan dentro del mercado interior. Se requieren unas criterios mínimos comunes sobre estos requisitos de transparencia. La publicación de esa información podrá hacerse por diferentes medios, incluidos los medios electrónicos.

(14)

Unos sistemas de balance de gas transparentes y no discriminatorios, dirigidos por los gestores de las redes de transporte, son mecanismos especialmente importantes para los nuevos participantes en el mercado, que pueden tener más dificultades para equilibrar sus ventas globales que empresas ya establecidas en un mercado determinado. En consecuencia, es necesario establecer normas que garanticen que los gestores de las redes de transporte apliquen esos mecanismos de forma compatible con unas condiciones de acceso real a la red transparentes y no discriminatorias.

(15)

El comercio de los derechos de capacidad en el mercado primario es un aspecto importante del desarrollo de un mercado competitivo y de la creación de liquidez. El presente Reglamento establece las normas básicas en la materia.

(16)

Es necesario garantizar que las empresas que adquieran derechos de capacidad puedan venderlos a otras empresas autorizadas con el fin de asegurar un nivel adecuado de liquidez en el mercado de capacidad. Sin embargo, este planteamiento no impedirá que una red cuya capacidad no se haya utilizado durante un periodo dado, determinado a nivel nacional, pueda volver a estar disponible para el mercado sobre una base firme.

(17)

Las autoridades reguladoras nacionales deberán garantizar el cumplimiento de las normas del presente Reglamento y de las directrices adoptadas con arreglo al mismo.

(18)

En las directrices adjuntas al presente Reglamento se definen las normas detalladas de aplicación específica, con arreglo a las Segundas Directrices de Buenas Prácticas. Cuando proceda, estas normas evolucionarán con el tiempo y tendrán en cuenta las diferencias entre las redes nacionales de gas.

(19)

Al proponer la modificación de las directrices que se recogen en el Anexo del presente Reglamento, la Comisión debe asegurar la consulta previa de las partes relevantes afectadas por dichas directrices, representadas por las organizaciones profesionales, y de los Estados miembros dentro del Foro, así como solicitar la aportación del Grupo de organismos Reguladores europeos de la Electricidad y el Gas.

(20)

Los Estados miembros y las autoridades nacionales competentes deberán suministrar la información pertinente a la Comisión. Dicha información será tratada confidencialmente por la Comisión.

(21)

El presente Reglamento y las directrices adoptadas con arreglo al mismo se entenderán sin perjuicio de la aplicación de las normas comunitarias de competencia.

(22)

Procede aprobar las medidas necesarias para la ejecución del presente Reglamento con arreglo a la Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen los procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (3)

(23)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, es decir, el establecimiento de normas imparciales sobre las condiciones de acceso a los sistemas de transporte de gas natural, no puede ser alcanzado suficientemente por los Estados miembros y, por consiguiente, debido a la dimensión o los efectos de la acción, puede lograrse mejor a nivel comunitario, la Comunidad puede adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad consagrado en el artículo 5 del Tratado. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

HAN ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Contenido y ámbito de aplicación

1.   El objetivo del presente Reglamento es establecer normas no discriminatorias sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas natural, teniendo en cuenta el carácter específico de los mercados nacionales y regionales, con el fin de garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior del gas.

Dicho objetivo incluirá la fijación de principios armonizados para las tarifas de acceso a la red, o las metodologías para el cálculo de las mismas, el establecimiento de servicios de acceso de terceros, y de los principios armonizados de asignación de la capacidad y de gestión de la congestión, el establecimiento de requisitos de transparencia, normas y tarifas de balance, y facilitar el comercio de capacidad.

2.   Los Estados miembros podrán crear un órgano o entidad, de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2003/55/CE al objeto de que desempeñe una o varias funciones normalmente atribuidas al gestor de red de transporte, que quedará sujeto a los requisitos del presente Reglamento.

Artículo 2

Definiciones

1.   A efectos del presente Reglamento, se entenderá por:

1)

«transporte», el transporte de gas natural por redes, constituidas principalmente por gasoductos de alta presión, distintos de las redes de gasoductos previas («upstream») y de los gasoductos de alta presión utilizados fundamentalmente para la distribución local de gas natural, para su abastecimiento a los clientes, pero sin incluir el suministro;

2)

«contrato de transporte», el contrato entre el gestor de red de transporte y el usuario de la red para la realización del transporte;

3)

«capacidad», el flujo máximo, expresado en metros cúbicos normales por unidad de tiempo o en unidad de energía por unidad de tiempo, a que tiene derecho el usuario de la red con arreglo a las cláusulas del contrato de transporte;

4)

«capacidad no utilizada», la capacidad firme que un usuario de la red ha adquirido en virtud de un contrato de transporte, pero que dicho usuario no ha nominado;

5)

«gestión de la congestión», la gestión del conjunto de capacidades del gestor de red de transporte con la finalidad de aprovechar al máximo y de forma óptima la capacidad técnica y de detectar por anticipado los puntos de saturación y congestión futuros;

6)

«mercado secundario», el mercado de la capacidad contratada de forma distinta a como se contrata en el mercado primario;

7)

«nominación», la comunicación previa que efectúa el usuario de la red al gestor de red de transporte sobre el flujo efectivo que desea inyectar en el sistema o retirar del mismo;

8)

«renominación», la comunicación subsiguiente de una nominación modificada;

9)

«integridad de la red», la situación de una red de transporte, incluidas las instalaciones de transporte necesarias, en la que la presión y la calidad del gas natural se mantienen dentro de los límites mínimo y máximo establecidos por el gestor de red de transporte, de forma que el transporte de gas natural está garantizado desde el punto de vista técnico;

10)

«periodo de balance», el periodo en que la retirada de una determinada cantidad de gas natural, expresada en unidades de energía, debe ser compensada por cada usuario de la red mediante la inyección de la misma cantidad de gas natural en la red de transporte, de acuerdo con el contrato de transporte o con el código de la red;

11)

«usuario de la red», el cliente o el cliente potencial de un gestor de red de transporte y los propios gestores de redes de transporte en la medida en que sea necesario para desempeñar sus funciones de transporte;

12)

«servicios interrumpibles», los servicios ofrecidos por el gestor de red de transporte en relación con la capacidad interrumpible;

13)

«capacidad interrumpible», la capacidad de transporte que puede ser interrumpida por el gestor de red de transporte con arreglo a las condiciones estipuladas en el contrato de transporte;

14)

«servicios a largo plazo», los servicios ofrecidos por el gestor de red de transporte que tienen una duración de un año o más;

15)

«servicios a corto plazo», los servicios ofrecidos por el gestor de red de transporte con un periodo de duración de menos de un año;

16)

«capacidad firme», la capacidad de transporte de gas garantizada contractualmente como ininterrumpible por el gestor de red de transporte;

17)

«servicios firmes», los servicios ofrecidos por el gestor de red de transporte en relación con la capacidad firme;

18)

«capacidad técnica», la máxima capacidad firme que puede ofrecer el gestor de red de transporte a los usuarios de la red, teniendo en cuenta la integridad de la red y los requisitos de funcionamiento de la red de transporte;

19)

«capacidad contratada», la capacidad que el gestor de red de transporte ha asignado al usuario de la red en virtud de un contrato de transporte;

20)

«capacidad disponible», la parte de la capacidad técnica que no se ha distribuido y que está disponible en la red en un momento determinado;

21)

«congestión contractual», una situación en la que el nivel de la demanda de capacidad firme es superior a la capacidad técnica;

22)

«mercado primario», el mercado de la capacidad directamente contratada con el gestor de red de transporte;

23)

«congestión física», una situación en la que el nivel de demanda de suministro es superior a la capacidad técnica en un momento determinado.

2.   Para la aplicación del presente Reglamento son también aplicables las definiciones que figuran en el artículo 2 de la Directiva 2003/55/CE, salvo la definición de transporte del punto 3 del artículo 2 de dicha Directiva.

Artículo 3

Tarifas de acceso a las redes

1.   Las tarifas, o las metodologías para calcularlas, aplicadas por los gestores de redes de transporte, y aprobadas por las autoridades reguladoras de conformidad con el apartado 2 del artículo 25 de la Directiva 2003/55/CE, así como las tarifas publicadas conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 18 de dicha Directiva serán transparentes, tendrán en cuenta las necesidades de integridad de la red y su mejora y reflejarán los costes reales incurridos, garantizando al mismo tiempo unos incentivos adecuados en relación con la eficiencia, incluida una rentabilidad adecuada de las inversiones, y tendrán debidamente en cuenta, en su caso, la evaluación comparativa de tarifas efectuada por las autoridades reguladoras. Las tarifas, o las metodologías para calcularlas, se aplicarán de forma no discriminatoria.

Los Estados miembros podrán decidir que las tarifas puedan fijarse también mediante procedimientos basados en el mercado, como las subastas, siempre que dichos procedimientos y los ingresos que con ellos se generen sean aprobados por la autoridad reguladora.

Las tarifas, o las metodologías para calcularlas, deberán favorecer la competencia y el comercio eficiente del gas, al mismo tiempo que evitarán las subvenciones cruzadas entre los usuarios de la red y proporcionarán incentivos para la inversión y mantenimiento o creación de la interoperabilidad de las redes de transporte.

2.   Las tarifas de acceso a la red no limitarán la liquidez del mercado ni distorsionarán el comercio transfronterizo de las diferentes redes de transporte. Cuando las diferencias en las estructuras tarifarias o en los mecanismos de balance constituyan un obstáculo al comercio entre las redes de transporte, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 25 de la Directiva 2003/55/CE, los gestores de redes de transporte tratarán activamente, en estrecha colaboración con las autoridades nacionales competentes, de lograr la convergencia de las estructuras tarifarias y de los principios de tarificación incluyendo también los relativos al balance.

Artículo 4

Servicios de acceso de terceros

1.   Los gestores de redes de transporte:

a)

garantizarán la oferta de servicios de forma no discriminatoria a todos los usuarios de la red. En particular, el gestor de red de transporte que ofrezca un mismo servicio a distintos clientes, lo hará en condiciones contractuales equivalentes, ya sea a través de contratos de transporte armonizados o mediante un código de red común aprobado por la autoridad competente de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 25 de la Directiva 2003/55/CE;

b)

ofrecerán servicios de acceso a terceros firmes e interrumpibles. El precio de la capacidad interrumpible reflejará la probabilidad de la interrupción;

c)

ofrecerán a los usuarios de la red servicios a largo y a corto plazo.

2.   Los contratos de transporte firmados sin fecha de comienzo fija, o de duración inferior al contrato de transporte normalizado de duración anual, no podrán dar lugar a tarifas arbitrariamente superiores o inferiores que no correspondan con el valor de mercado del servicio, de conformidad con los principios establecidos en el apartado 1 del artículo 3.

3.   En su caso, podrán ofrecerse servicios de acceso de terceros, sujetos a unas garantías adecuadas de los usuarios de la red relativas a su solvencia. Dichas garantías no deberán constituir obstáculos indebidos para la entrada al mercado y habrán de ser no discriminatorias, transparentes y proporcionales.

Artículo 5

Principios de los mecanismos de asignación de la capacidad y de gestión de la congestión

1.   Se pondrá a disposición de todos los participantes en el mercado la capacidad máxima en los puntos relevantes a que hace referencia el apartado 3 del artículo 6, teniendo en cuenta la integridad de la red y el funcionamiento eficaz de la misma.

2.   Los gestores de redes de transporte aplicarán y publicarán unos mecanismos de asignación de la capacidad transparentes y no discriminatorios. Estos mecanismos deberán:

a)

proporcionar señales económicas apropiadas para una utilización eficiente y máxima de la capacidad técnica y facilitar las inversiones en nuevas infraestructuras;

b)

ser compatibles con los mecanismos de mercado, incluidos los mercados al contado (spot) y los grandes centros de intercambio (trading hubs), y ser, al mismo tiempo, flexibles y capaces de adaptarse a un entorno de mercado en evolución;

c)

ser compatibles con los regímenes de acceso a las redes de los Estados miembros.

3.   En caso de que los gestores de redes de transporte celebren nuevos contratos de transporte o renegocien contratos de transporte ya existentes, dichos contratos deberán tener en cuenta los siguientes principios:

a)

en caso de congestión contractual, el gestor de red de transporte ofrecerá la capacidad no utilizada en el mercado primario al menos para el día siguiente y con carácter interrumpible;

b)

los usuarios de la red que lo deseen estarán autorizados para revender o subarrendar en el mercado secundario la capacidad contratada que no hayan utilizado. Los Estados miembros podrán exigir a los usuarios de la red que notifiquen o informen al gestor de la red de transporte.

4.   Cuando la capacidad contratada con arreglo a los contratos de transporte existentes siga sin utilizarse en una situación de congestión contractual, los gestores de redes de transporte aplicarán el apartado 3, siempre que con ello no se infrinjan los requisitos de los contratos de transporte existentes. Si se infringieren los contratos de transporte existentes, los gestores de redes de transporte presentarán al usuario de la red, previa consulta a las autoridades competentes, una solicitud para la utilización en el mercado secundario de la capacidad no utilizada, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.

5.   En caso de congestión física, el gestor de red de transporte o, cuando proceda, las autoridades reguladoras aplicarán mecanismos de distribución de la capacidad transparentes y no discriminatorios.

Artículo 6

Requisitos de transparencia

1.   Los gestores de redes de transporte harán pública la información detallada sobre los servicios que ofrecen y las condiciones aplicadas, con la información técnica necesaria para que los usuarios de la red puedan acceder de forma efectiva a la red.

2.   Con objeto de garantizar unas tarifas transparentes, objetivas y no discriminatorias y facilitar una utilización eficaz de la red de gas, los gestores de redes de transporte o las autoridades nacionales competentes publicarán información razonable y suficientemente detallada sobre el origen, la metodología y la estructura de las tarifas.

3.   En lo que respecta a los servicios prestados, cada gestor de red de transporte publicará información cuantitativa sobre la capacidad técnica, contratada y disponible en todos los puntos relevantes, incluidos los puntos de entrada y salida, de forma periódica y regular y en un formato normalizado de fácil comprensión.

4.   Las autoridades competentes aprobarán, previa consulta a los usuarios de la red, los puntos relevantes del sistema de transporte sobre los que deberá publicarse información

5.   Cuando un gestor de red de transporte considere que, por razones de confidencialidad, no está facultado para publicar todos los datos exigidos, solicitará la autorización de las autoridades competentes para restringir la publicación respecto del dato o datos de que se trate.

Las autoridades competentes concederán o denegarán la autorización en función de las circunstancias de cada caso, teniendo en cuenta, en particular, la necesidad de respetar la confidencialidad comercial legítima y el objetivo de crear un mercado interior del gas competitivo. En caso de que se conceda la autorización, se publicará la capacidad disponible sin incluir los datos cuantitativos que violen la confidencialidad.

La autorización a que se refiere el presente apartado no se concederá cuando tres o más usuarios de la red hayan contratado capacidad en el mismo punto.

6.   Los gestores de redes de transporte publicarán siempre la información exigida en el presente Reglamento de un modo comprensible, cuantificable, claro y fácilmente accesible, y sobre una base no discriminatoria.

Artículo 7

Normas y tarifas de balance

1.   Las normas de balance que se elaboren serán equitativas, no discriminatorias y transparentes, y se basarán en criterios objetivos. Las normas de balance reflejarán las auténticas necesidades del mercado considerando los recursos de que dispone el gestor de red de transporte.

2.   En el caso de los sistemas de balance no basados en el mercado, los niveles de tolerancia se definirán de un modo que o bien refleje la estacionalidad o bien dé lugar a un nivel de tolerancia superior al que resulta de la estacionalidad, y que refleje las capacidades técnicas reales del sistema de transporte. Los niveles de tolerancia reflejarán las verdaderas necesidades de la red considerando los recursos de que dispone el gestor de red de transporte.

3.   Las tarifas de balance reflejarán los costes en términos generales, proporcionando incentivos adecuados a los usuarios de la red para equilibrar sus aportaciones y retiradas de gas. Evitarán las subvenciones cruzadas entre usuarios de las redes y no obstaculizarán la entrada de nuevos participantes en el mercado.

Las autoridades competentes o el gestor de red de transporte, según proceda, publicarán las tarifas de balance, así como las tarifas finales y la metodología para el cálculo de las mismas.

4.   Los operadores de redes de transporte podrán aplicar una tarifa de penalización a los usuarios de la red cuyas aportaciones o retiradas del sistema de transporte no estén compensadas con arreglo a las normas de balance a que se refiere el apartado 1.

5.   Las penalizaciones que superen los costes de balance reales se tendrán en cuenta en el cálculo de las tarifas de forma que no haga disminuir el interés por el balance, y deberán ser aprobadas por las autoridades competentes.

6.   Con el fin de permitir a los usuarios de la red adoptar las medidas correctoras oportunas, los gestores de redes de transporte facilitarán en línea información suficiente, puntual y fiable sobre la situación en términos de balance en que se encuentran los usuarios de la red. El nivel de la información facilitada deberá estar en consonancia con el nivel de información de que dispone el gestor de red de transporte. En caso de existir, las tarifas por el suministro de dicha información deberán ser aprobadas por las autoridades competentes y ser publicadas por el gestor de red de transporte.

7.   Los Estados miembros velarán por que los gestores de redes de transporte procuren armonizar los regímenes de balance y simplifiquen las estructuras y los niveles de las tarifas de balance, a fin de facilitar el comercio de gas.

Artículo 8

Intercambio de derechos de capacidad

Cada gestor de red de transporte tomará las medidas convenientes para permitir el libre intercambio de los derechos de capacidad y facilitar dicho intercambio. Cada gestor establecerá procedimientos y contratos de transporte armonizados en el mercado primario para facilitar el intercambio secundario de capacidad y reconocer la transferencia de derechos de capacidad primaria que notifiquen los usuarios de la red. Los procedimientos y contratos de transporte armonizados se notificarán a las autoridades reguladoras.

Artículo 9

Directrices

1.   En caso necesario, las directrices sobre el grado mínimo de armonización necesario para alcanzar el objetivo del presente Reglamento especificarán lo siguiente:

a)

detalles de los servicios de acceso de terceros, incluida la naturaleza, duración y otros requisitos de estos servicios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4;

b)

los principios detallados que rigen los mecanismos de asignación de capacidad y la aplicación de los procedimientos de gestión de la congestión en el supuesto de congestión contractual, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5;

c)

la definición detallada de la información técnica necesaria para que los usuarios de la red puedan acceder de forma efectiva a la red y la definición de todos los puntos relevantes para los requisitos de transparencia, incluida la información que deberá publicarse para todos los puntos relevantes y los plazos previstos en que se publicará dicha información, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6.

2.   Las directrices correspondientes a los asuntos enumerados en el apartado 1 se establecen en el anexo. La Comisión podrá modificar estas directrices. Dicha modificación deberá efectuarse conforme al procedimiento a que se refiere el apartado 2 del artículo 14.

3.   La aplicación y la modificación de las directrices adoptadas con arreglo al presente Reglamento reflejarán diferencias entre las redes nacionales de gas, y por tanto no se requerirán términos y condiciones detalladas y uniformes de acceso de terceros a nivel comunitario. Sin embargo, podrán fijar requisitos mínimos que haya que satisfacer para cumplir con las condiciones no discriminatorias y transparentes para el acceso a la red, necesarias para un mercado interior de gas, que podrán aplicarse considerando las diferencias entre las redes nacionales de gas.

Artículo 10

Autoridades reguladoras

En el ejercicio de las atribuciones que les confiere el presente Reglamento, las autoridades reguladoras de los Estados miembros, designadas en virtud del artículo 25 de la Directiva 2003/55/CE, garantizarán el cumplimiento del mismo y de las directrices adoptadas de conformidad con el artículo 9 del presente Reglamento.

Siempre que sea necesario, cooperarán entre sí y con la Comisión.

Artículo 11

Suministro de información

Los Estados miembros y las autoridades reguladoras suministrarán a la Comisión, a instancia de ésta, toda la información necesaria para los propósitos del artículo 9.

La Comisión fijará un plazo de tiempo razonable en el que deberá suministrarse la información, teniendo en cuenta la complejidad de la información requerida y la urgencia con que se solicita.

Artículo 12

Derecho de los Estados miembros a adoptar medidas más detalladas

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de los derechos de los Estados miembros de mantener o introducir medidas que contengan disposiciones más detalladas que las establecidas en el presente Reglamente y en las directrices a que se refiere el artículo 9.

Artículo 13

Sanciones

1.   Los Estados miembros determinarán el régimen de sanciones aplicables en caso de incumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Las sanciones previstas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros notificarán dichas disposiciones a la Comisión a más tardar el 1 de julio de 2006, así como cualquier modificación posterior de las mismas, a la mayor brevedad.

2.   El régimen de sanciones adoptado en virtud del apartado 1 no será de naturaleza penal.

Artículo 14

Procedimiento del Comité

1.   La Comisión estará asistida por el comité establecido por el artículo 30 de la Directiva 2003/55/CE.

2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, serán de aplicación los artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, observando lo dispuesto en su artículo 8.

El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.

3.   El comité aprobará su reglamento interno.

Artículo 15

Informe de la Comisión

La Comisión supervisará la aplicación del presente Reglamento. En el informe que la Comisión elaborará en virtud del apartado 3 del artículo 31 de la Directiva 2003/55/CE, informará también de la experiencia adquirida con la aplicación del presente Reglamento. Este informe analizará especialmente en qué medida el Reglamento ha permitido garantizar unas condiciones de acceso a las redes de transporte de gas no discriminatorias y que reflejen los costes, para favorecer la posibilidad de elección de los consumidores en un mercado interior que funcione correctamente y contribuir a la seguridad del abastecimiento a largo plazo. En caso necesario, el informe irá acompañado de las propuestas y/o recomendaciones pertinentes.

Artículo 16

Excepciones y exenciones

El presente Reglamento no se aplicará a:

a)

las redes de transporte de gas natural situadas en los Estados miembros mientras sean de aplicación las excepciones establecidas en virtud del artículo 28 de la Directiva 2003/55/CE; los Estados miembros a los que se hayan concedido excepciones con arreglo al artículo 28 de la Directiva 2003/55/CE podrán solicitar a la Comisión que establezca una excepción temporal a la aplicación del presente Reglamento por un periodo de hasta dos años a partir de la fecha en que expiren las excepciones a que se refiere la presente letra;

b)

los interconectores entre Estados miembros y los aumentos significativos de capacidad de infraestructuras existentes, así como las modificaciones de dichas infraestructuras que permitan el desarrollo de nuevas fuentes de suministro de gas a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 22 de la Directiva 2003/55/CE que estén exentos de lo dispuesto en los artículos 18, 19 y 20 y en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 25 de dicha Directiva, durante el tiempo que estén exentos de las disposiciones mencionadas, o

c)

las redes de transporte de gas natural para las que se hayan concedido excepciones en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 de la Directiva 2003/55/CE.

Artículo 17

Entrada en vigor

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será aplicable a partir del 1 de julio de 2006, con excepción de la segunda frase del apartado 2 del artículo 9, que se aplicará a partir del 1 de enero de 2007.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el

Por el Parlamento Europeo

El Presidente

Por el Consejo

El Presidente


(1)  Dictamen del Parlamento Europeo de 20 de abril de 2004(DO C 104 E de 30.4.2004) y Decisión del Consejo de ...

(2)  DO L 176 de 15.7.2003, p. 57.

(3)  DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.


ANEXO

DIRECTRICES SOBRE

1.

SERVICIOS DE ACCESO DE TERCEROS

2.

PRINCIPIOS QUE RIGEN EL MECANISMO DE ASIGNACIÓN DE CAPACIDAD, LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA CONGESTIÓN Y SU APLICACIÓN EN CASO DE CONGESTIÓN CONTRACTUAL

3.

DEFINICIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA QUE LOS USUARIOS DE LA RED PUEDAN ACCEDER EFECTIVAMENTE AL SISTEMA, DEFINICIÓN DE TODOS LOS PUNTOS RELEVANTES A LOS FINES DE LA TRANSPARENCIA REQUERIDA, INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PUBLICARSE EN TODOS LOS PUNTOS RELEVANTES Y CALENDARIO DE PUBLICACIÓN DE ESTA INFORMACIÓN

1.   SERVICIOS DE ACCESO DE TERCEROS

1)

Los gestores de redes de transporte ofrecerán servicios firmes e interrumpibles de un día de duración como mínimo.

2)

Los contratos de transporte armonizados y el código común de la red se elaborarán de forma que faciliten los intercambios y la reutilización de la capacidad contratada por los usuarios sin dificultar la liberación de capacidad.

3)

Los gestores de redes de transporte desarrollarán códigos de red y contratos armonizados tras consultar adecuadamente a los usuarios de la red.

4)

Los gestores de redes de transporte aplicarán procedimientos de nominación y renominación normalizados previamente acordados con la European Association for the Streamlining f the Exchange of Energy Gas (EASEE-gas). Desarrollarán sistemas de información y medios de comunicación electrónica para suministrar a los usuarios de la red datos adecuados y simplificar las transacciones tales como las nominaciones, la contratación de capacidad y la transferencia de derechos de capacidad entre los usuarios de la red.

5)

Los gestores de redes de transporte armonizarán los procedimientos formales de solicitud y los plazos de respuesta con arreglo a las mejores prácticas a fin de reducir al máximo los plazos de respuesta. Ofrecerán sistemas en línea de confirmación y de reserva de capacidad así como procedimientos de nominación y renominación a más tardar el 1 de julio de 2006 siempre que dichos procedimientos hayan sido aprobados por la EASEE-gas.

6)

Los gestores de redes de transporte no podrán exigir a los usuarios el pago de ningún canon por las solicitudes de información y las transacciones relacionadas con los contratos de transporte que se efectúen conforme a las normas y procedimientos normalizados.

7)

En el caso de las solicitudes de información que impliquen gastos extraordinarios o excesivos, como estudios de viabilidad, podrá exigirse el pago de un canon siempre que los gastos estén debidamente justificados.

8)

Los gestores de redes de transporte cooperarán con otros gestores de redes de transporte para coordinar el mantenimiento de sus respectivas redes y reducir al mínimo las perturbaciones en los servicios de transporte ofrecidos a los usuarios de la red y a los gestores de redes de transporte de otras regiones y para garantizar la seguridad del suministro en condiciones equitativas, también en lo que respecta al tránsito.

9)

Los gestores de redes de transporte publicarán al menos una vez al año, dentro de una fecha límite fijada, todos los periodos de mantenimiento programados que puedan afectar a los derechos de los usuarios derivados de los contratos de transporte, y la información operativa correspondiente, con la suficiente antelación. Esto incluirá la publicación de forma inmediata y no discriminatoria de todos los cambios en los periodos de mantenimiento programados y la notificación del mantenimiento no programado, tan pronto como el gestor de red de transporte disponga de la información. Durante los periodos de mantenimiento, los gestores de red de transporte publicarán regularmente información actualizada y detallada sobre la duración prevista y los efectos del mantenimiento.

10)

Los gestores de redes de transporte llevarán un registro diario del mantenimiento efectivo y de las perturbaciones de transporte que se produzcan, que pondrán a disposición de la autoridad competente, cuando ésta lo solicite. Los afectados por la perturbación también podrán solicitar esa información.

2.   PRINCIPIOS QUE RIGEN EL MECANISMO DE ASIGNACIÓN DE CAPACIDAD, PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE LA CONGESTIÓN Y SU APLICACIÓN EN CASO DE CONGESTIÓN CONTRACTUAL

2.1.   Principios que rigen los mecanismos de asignación de capacidad y los procedimientos de gestión de la congestión

1)

El mecanismo de asignación de capacidad y los procedimientos de gestión de la congestión favorecerán el desarrollo de la competencia y el comercio fluido de capacidad y serán compatibles con los mecanismos de mercado, incluidos los mercados al contado y los grandes centros de intercambio. Serán flexibles y adaptables a la evolución del mercado.

2)

Estos mecanismos y procedimientos tendrán en cuenta la integridad del sistema de que se trate y la seguridad del suministro.

3)

Estos mecanismos y procedimientos no dificultarán la entrada de nuevos participantes ni crearán barreras insuperables para la entrada en el mercado. Tampoco impedirán la competencia real entre los participantes en el mercado, incluidos los nuevos participantes y las empresas con cuotas de mercado reducidas.

4)

Estos mecanismos y procedimientos suministrarán las señales económicas adecuadas para un uso eficiente y máximo de la capacidad técnica y facilitarán las inversiones en nuevas infraestructuras.

5)

Se advertirá a los usuarios de la red sobre el tipo de circunstancias que podría afectar a la disponibilidad de la capacidad contratada. La información sobre interrupciones debe estar en consonancia con el nivel de información de que dispone el gestor de red de transporte.

6)

En caso de que surjan dificultades para cumplir con las obligaciones contractuales de suministro, debido a razones de integridad de la red, los gestores de redes de transporte deberán informar a los usuarios de la red y buscar sin demora una solución no discriminatoria.

Los gestores de redes de transporte consultarán a los usuarios de la red acerca de los procedimientos antes de su aplicación y acordarán dichos procedimientos con la autoridad reguladora.

2.2.   Procedimientos de gestión de la congestión en caso de congestión contractual

1)

En caso de no utilización de la capacidad contratada, los gestores de redes de transporte pondrán esta capacidad a disposición del mercado primario en condiciones interrumpibles, a través de contratos de duración variable, siempre que el usuario de que se trate no ofrezca la capacidad en el mercado secundario a un precio razonable.

2)

Los ingresos procedentes de la capacidad interrumpible liberada se desglosarán conforme a las normas que establezca o apruebe la autoridad reguladora competente. Dichas normas serán compatibles con el requisito de un uso eficaz y eficiente del sistema.

3)

Las autoridades reguladoras competentes podrán fijar un precio razonable para la capacidad interrumpible liberada teniendo en cuenta las circunstancias específicas existentes.

4)

Cuando proceda, los gestores de redes de transporte procurarán ofrecer en el mercado al menos parte de la capacidad no utilizada en forma de capacidad firme.

3.   DEFINICIÓN DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA QUE LOS USUARIOS DE LA RED ACCEDAN EFECTIVAMENTE AL SISTEMA, DEFINICIÓN DE TODOS LOS PUNTOS RELEVANTES A LOS FINES DE LA TRANSPARENCIA REQUERIDA, INFORMACIÓN QUE DEBERÁ PUBLICARSE EN TODOS LOS PUNTOS RELEVANTES Y CALENDARIO DE PUBLICACIÓN DE LA MISMA

3.1.   Definición de la información técnica necesaria para que los usuarios de la red accedan efectivamente al sistema

Los gestores de redes de transporte publicarán, como mínimo, la siguiente información acerca de sus redes y servicios:

a)

descripción completa y detallada de los diferentes servicios ofrecidos y sus tarifas;

b)

los distintos tipos posibles de contratos de transporte para estos servicios y, en su caso, el código de red o las condiciones normalizadas que contengan los derechos y obligaciones de todos los usuarios de la red, incluidos los contratos de transporte armonizados y otros documentos importantes;

c)

los procedimientos armonizados que se aplican al utilizar el sistema de transporte, con las definiciones de los términos clave;

d)

las disposiciones sobre la asignación de capacidad, la gestión de la congestión, los procedimientos de reutilización y los procedimientos contra el acaparamiento;

e)

las normas aplicables a los intercambios de capacidad en el mercado secundario con respecto al gestor de red de transporte;

f)

en su caso, los niveles de flexibilidad y tolerancia de los servicios de transporte y otros que no ocasionan gastos aparte, así como cualquier otro servicio de flexibilidad que se ofrezca y su correspondiente coste;

g)

descripción detallada del sistema de gas de los gestores de redes de transporte con todos los puntos relevantes de interconexión de su sistema con el sistema de otros gestores de redes de transporte y/o con otras infraestructuras de gas, como por ejemplo las instalaciones de gas natural licuado (GNL), y la infraestructura necesaria para prestar los servicios auxiliares definidos en el punto 14 del artículo 2 de la Directiva 2003/55/CE;

h)

información sobre la calidad del gas y los requisitos de presión;

i)

las normas aplicables para la conexión con el sistema operado por el gestor de red de transporte;

j)

cualquier información, facilitada con tiempo suficiente, sobre los cambios efectivos o propuestos de los servicios o las condiciones, incluidos los datos a que se refieren las letras a) a i).

3.2.   Definición de todos los puntos relevantes para los requisitos de transparencia

Los puntos relevantes incluirán, como mínimo:

a)

todos los puntos de entrada a la red gestionada por el gestor de red de transporte;

b)

los puntos de salida más relevantes que representen al menos el 50 % de la capacidad total de salida de la red de un gestor de red de transporte determinado, incluidos todos los puntos de salida o zonas de salida que representen más del 2 % de la capacidad de salida total de la red;

c)

todos los puntos que conecten las diferentes redes de los gestores de redes de transporte;

d)

todos los puntos que conecten la red de un gestor de red de transporte con una terminal de GNL;

e)

todos los puntos esenciales dentro de la red de un gestor de red de transporte determinado, incluidos los puntos que conectan con los grandes centros de intercambio del gas («tradings hubs»). Se consideran esenciales todos los puntos que, según la experiencia, pueden experimentar congestión física;

f)

todos los puntos que conecten la red de un gestor de red de transporte determinado con la infraestructura necesaria para prestar los servicios auxiliares definidos en el punto 14 del artículo 2 de la Directiva 2003/55/CE.

3.3.   Información que deberá publicarse en todos los puntos relevantes y calendario de publicación de la misma

1)

En todos los puntos relevantes, los gestores de redes de transporte publicarán en Internet, de forma periódica y continua y en un formato normalizado de fácil comprensión, la siguiente información sobre la situación diaria de la capacidad:

a)

la capacidad técnica máxima de los flujos en ambas direcciones;

b)

la capacidad total contratada e interrumpible;

c)

la capacidad disponible.

2)

Los gestores de redes de transporte publicarán, para todos los puntos relevantes, las capacidades disponibles para al menos los 18 meses siguientes, y actualizarán esta información una vez al mes o con mayor frecuencia, en caso de disponer de nuevos datos.

3)

Los gestores de redes de transporte publicarán a diario la actualización de los servicios disponibles a corto plazo (en el día y la semana siguiente) en función, entre otras cosas, de las nominaciones, haciendo hincapié en los compromisos contractuales y las previsiones periódicas a largo plazo sobre las capacidades anuales disponibles durante 10 años, en relación con todos los puntos relevantes.

4)

Los gestores de redes de transporte publicarán las tasas mensuales de utilización de capacidad máxima y mínima alcanzadas y los flujos medios anuales en todos los puntos relevantes, correspondientes a los últimos tres años, de forma continua.

5)

Los gestores de redes de transporte llevarán un registro diario de los flujos reales agregados correspondiente a periodos de al menos tres meses.

6)

Los gestores de redes de transporte llevarán el registro de todos los contratos de capacidad y de cualquier otra información pertinente relacionada con el cálculo y la concesión de acceso a la capacidad disponible; dicho registro estará a disposición de las autoridades nacionales competentes para el desempeño de sus funciones.

7)

Los gestores de redes de transporte proporcionarán instrumentos de fácil utilización para calcular las tarifas de los servicios disponibles y comprobar en línea la capacidad disponible.

8)

Cuando los gestores de redes de transporte no puedan publicar la información con arreglo a los puntos 1, 3 y 7, consultarán a las autoridades nacionales competentes y establecerán lo antes posible un plan de acción que tendrá que ponerse en práctica, a más tardar el 31 de diciembre de 2006.


EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL CONSEJO

I.   INTRODUCCIÓN

1.

El 12 de diciembre de 2003, la Comisión presentó una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las condiciones de acceso a las redes de transporte de gas, basado en el artículo 95 del Tratado CE.

2.

El Comité Económico y Social emitió su dictamen el 2 de junio de 2004.

3.

El Parlamento Europeo emitió su dictamen en primera lectura el 20 de abril de 2004 y aprobó 41 enmiendas. La Comisión no presentará propuesta modificada.

4.

El 12 de noviembre de 2004, el Consejo adoptó su Posición Común, de conformidad con el artículo 251 del Tratado.

II.   OBJETIVO DE LA PROPUESTA

La propuesta se dirige a completar la Directiva relativa al mercado interior del gas (2003/55/CE) adoptada el pasado año, estableciendo normas justas y detalladas para el acceso de terceros a las redes de transmisión del gas de los Estados miembros, teniendo en cuenta las peculiaridades de los mercados nacionales y regionales. Esto puede considerarse paralelamente al Reglamento (CE) no 1228/2003, relativo a las condiciones de acceso a la red para el comercio transfronterizo de electricidad, adoptado como parte de la serie relativa al mercado interior. La propuesta se funda en un conjunto de directrices acordadas voluntariamente por el Foro Europeo de Regulación del Gas (Foro de Madrid), que tendrá carácter vinculante mediante el reglamento propuesto.

III.   ANÁLISIS DE LA POSICIÓN COMÚN

1.   OBSERVACIONES GENERALES

a)

En relación con las 41 enmiendas del Parlamento Europeo, el Consejo ha seguido a la Comisión en lo siguiente:

aceptación de las 22 enmiendas siguientes:

totalmente (en ocasiones, con nueva redacción): 7, 12, 15, 18-21, 23 26, 32, 34 y 39-41

parcialmente: 1, 4, 25

en principio: 3, 13, 29, 36 y 38 y

rechazo de las 18 enmiendas siguientes: 2, 5, 8-11, 14, 16-17, 22, 24, 27, 30-31, 35, 37, 42 y 43, por motivos de fondo y de forma.

El Consejo también ha aceptado implícitamente la enmienda 33.

b)

En relación con la propuesta de la Comisión, el Consejo ha introducido algunas modificaciones más (de fondo o de forma, o de ambos), que se exponen más abajo.

La Comisión ha aceptado todos los cambios efectuados por el Consejo en la propuesta.

2.   OBSERVACIONES ESPECÍFICAS

a)

Los principales cambios realizados por el Consejo en el proyecto de Reglamento se refieren a las directrices mencionadas en el artículo 9, cuyo ámbito de aplicación ha sido reducido por el Consejo; en especial, la posibilidad de que la Comisión adopte nuevas directrices por el procedimiento de comité ha sido suprimida de la propuesta de la Comisión, a la que se deja la competencia de modificar las directrices que figuran en el Anexo del proyecto de Reglamento. Dichas directrices se refieren a los servicios de acceso de terceros, a los principios que rigen los mecanismos de distribución de capacidad y de gestión de la congestión y a los requisitos de transparencia. Asimismo, el Consejo ha introducido un apartado más en el artículo 9, en el que se deja claro que las diferencias entre los sistemas del gas deberán reflejarse en las directrices, así como en su aplicación y futuras modificaciones.

Por otra parte, el Consejo ha incorporado un nuevo artículo (artículo 16), en el que se confirma que las excepciones y exenciones pertinentes concedidas con arreglo a la Directiva 2003/55/CE serán también de aplicación a este reglamento.

El Consejo ha retrasado también la fecha de aplicación del Reglamento, del 1 de julio de 2005 al 1 de julio de 2006, excepto para el apartado 2 del artículo 9, cuya fecha de aplicación será el 1 de enero de 2007 (artículo 17).

b)

Otras modificaciones se refieren, en particular,

Al punto 1 del apartado 1 del artículo 2: el Consejo ha modificado someramente la definición de «transporte» para aclarar a qué gasoductos se aplicará esa definición; la introducción del considerando 5 va en esa misma dirección.

A los puntos 4 y 18 del apartado 1 del artículo 2: el Consejo ha añadido dos nuevas definiciones («capacidad no utilizada» y «servicios garantizados»).

A los puntos 23 y 24 del apartado 1 del artículo 2: el Consejo ha suprimido las definiciones de nuevo participante y de agente pequeño, por considerar que el reglamento debe aplicarse por igual a todos los participantes en el mercado.

Al apartado 1 del artículo 3, en el que el Consejo ha introducido un nuevo párrafo segundo, para asegurar que la subastas son un posible procedimiento para fijar las tarifas; el mismo sentido tiene la introducción del considerando 8;

Al apartado 4 del artículo 5 y al apartado 6 del artículo 7: el Consejo ha redactado de otra forma estas disposiciones al objeto de lograr mayor claridad;

Al apartado 4 del artículo 6: la segunda frase de este apartado se ha modificado para darle un alcance más preciso, y se ha trasladado al Anexo (letra b) del punto 3.2.), sobre todo por su contenido detallado;

A los apartados 2, 3, 4 y 5 del artículo 11: el Consejo ha suprimido estos apartados y, en consecuencia, también el apartado 1 del artículo 13;

Para mayor claridad, se ha introducido una serie de referencias cruzadas a la Directiva 2003/55/CE (apartado 2 del artículo 1 (nuevo); apartados 1 y 2 del artículo 3; apartado 1 del artículo 4; artículo 10; artículo 14; artículo 15 (véase la enmienda 36));

Asimismo, el Consejo ha añadido una serie de nuevos considerandos, además de los ya mencionados, sobre todo para reflejar los cambios en los artículos (considerandos 4, 7, 10, 16 y 19 (que corresponde a la enmienda. 3)).

IV.   CONCLUSIONES

El Consejo cree que, en gran medida, la Posición Común responde a los aspectos sustanciales de la mayoría de los deseos expresados por el Parlamento Europeo y que contribuirá al logro de un correcto funcionamiento del mercado interior del gas.