1.   Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, posesión, tenencia o control corresponda a cualesquiera personas físicas o jurídicas, grupos o entidades que figuran en las listas de los anexos II y III.

2.   No se pondrán, ni directa ni indirectamente, fondos o recursos económicos a disposición de las personas físicas o jurídicas, grupos o entidades que figuran en las listas de los anexos II y III, ni en su beneficio.

3.   El anexo II incluirá a las personas físicas o jurídicas, grupos o entidades que cometan o intenten cometer actos terroristas, o que participen en ellos o faciliten su comisión, y que hayan sido objeto de una decisión adoptada por la autoridad competente a que se refiere el apartado 4.

4.   La lista que figura en el anexo II se confeccionará sobre la base de informaciones concretas o de elementos del expediente que muestren que una autoridad competente ha adoptado una decisión respecto de las personas físicas o jurídicas, grupos o entidades de que se trate en lo referente a la apertura de investigaciones o de procedimientos en relación con un acto terrorista, la tentativa de cometerlo, participar en él o facilitarlo, basada en pruebas o en indicios serios y creíbles, o en lo referente a una condena por dichos hechos.

5.   A efectos del 4, se entenderá por “autoridad competente” una autoridad judicial, o, cuando las autoridades judiciales no tengan competencia en el ámbito contemplado en dicho apartado, una autoridad competente equivalente en dicho ámbito.

6.   El anexo III incluirá a:

1.   Como excepción a lo dispuesto en el artículo 2, apartados 1 y 2, las autoridades competentes podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos, en las condiciones que consideren oportunas y tras haber concluido que los fondos o recursos económicos de que se trate:

2.   El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de toda autorización concedida con arreglo al apartado 1 en el plazo de dos semanas a partir de la autorización.

1.   Como excepción a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, las autoridades competentes podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados siempre que concurran las siguientes condiciones:

2.   El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de toda autorización concedida con arreglo al apartado 1 en un plazo de dos semanas a contar desde la autorización.

1.   Como excepción a lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1, cuando una persona física o jurídica, grupo o entidad que figura en las listas de los anexos II o III adeude un pago en virtud de un contrato o acuerdo celebrado o una obligación contraída por dicha persona física o jurídica, grupo o entidad antes de su inclusión en las listas de los anexos II o III, las autoridades competentes podrán autorizar, en las condiciones que consideren oportunas, la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, siempre y cuando la autoridad competente haya concluido que:

2.   El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de toda autorización concedida con arreglo al apartado 1 en un plazo de dos semanas a contar desde la autorización.».

1.   Queda prohibida la participación voluntaria o deliberada en actividades cuyo objeto o efecto sea la elusión de las prohibiciones establecidas en el presente Reglamento.

2.   Todo tratamiento de datos personales se llevará a cabo de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento y en los Reglamentos (UE) 2016/679 y (UE) 2018/1725, y únicamente en la medida en que sea necesario para la aplicación del presente Reglamento.».

1.   Las personas físicas y jurídicas, grupos y entidades:

2.   La obligación establecida en el apartado 1 se aplicará sin perjuicio de las normas relativas a la confidencialidad de la información que obre en poder de las autoridades judiciales, y en consonancia con el respeto de la confidencialidad de las comunicaciones entre abogados y sus clientes, garantizada en el artículo 7 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. A tal fin, dichas comunicaciones incluyen las relativas al asesoramiento jurídico prestado por otros profesionales certificados autorizados, con arreglo a la legislación nacional, para representar a sus clientes en procedimientos judiciales, en la medida en que dicho asesoramiento jurídico se preste en relación con procedimientos judiciales pendientes o futuros.

3.   Toda información adicional recibida directamente por la Comisión se pondrá a disposición de los Estados miembros.

4.   Toda información proporcionada o recibida en virtud de lo dispuesto en el presente artículo se utilizará exclusivamente para los fines para los que se haya recabado.

5.   Las autoridades competentes de los Estados miembros, incluidas las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, las autoridades aduaneras en el sentido del Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (*2), las autoridades competentes en el sentido del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (*3), de la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo (*4) y de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (*5), así como los administradores de registros oficiales en los que se inscriba a las personas físicas, las personas jurídicas, los grupos y las entidades, así como los bienes muebles o inmuebles, tratarán e intercambiarán sin demora información, incluidos los datos personales, y, si fuese necesario, la información a que se refiere el apartado 1 del presente artículo, con otras autoridades competentes de su Estado miembro o de otros Estados miembros y con la Comisión, si dicho tratamiento y dicho intercambio son necesarios para el ejercicio de las funciones de la autoridad encargada del tratamiento o de la autoridad receptora en el marco del presente Reglamento, en particular, cuando detecten casos de infracción o elusión, consumadas o en grado de tentativa, de las prohibiciones establecidas en el presente Reglamento.

1.   El artículo 2, apartado 2, no impedirá que las entidades financieras o de crédito abonen en las cuentas inmovilizadas fondos transferidos por terceros a las cuentas de personas físicas o jurídicas, grupos o entidades que figuran en las listas, siempre que también se inmovilicen los abonos en dichas cuentas. Las entidades financieras o de crédito informarán sin demora a la autoridad competente pertinente acerca de dichas transacciones.

2.   El artículo 2, apartado 2, no se aplicará al abono en cuentas inmovilizadas de:

siempre y cuando dichos intereses, remuneración y pagos estén inmovilizados de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2, apartado 1.».

1.   El artículo 2, apartados 1 y 2, no será aplicable a la puesta a disposición de los fondos o recursos económicos necesarios para garantizar la oportuna prestación de asistencia humanitaria o apoyar otras actividades que atiendan a las necesidades humanas básicas, cuando dicha asistencia y actividades sean llevadas a cabo por:

2.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, y como excepción a lo dispuesto en el artículo 2, apartados 1 y 2, las autoridades competentes podrán autorizar la liberación de determinados fondos o recursos económicos inmovilizados, o la puesta a disposición de determinados fondos o recursos económicos, en las condiciones que consideren oportunas, tras haberse cerciorado de que la entrega de dichos fondos o recursos económicos es necesaria para la prestación oportuna de asistencia humanitaria o el apoyo a otras actividades que atiendan a las necesidades humanas básicas.

3.   En ausencia de una decisión negativa, una solicitud de información o la notificación de un plazo de tiempo adicional por parte de la autoridad competente pertinente en el plazo de cinco días hábiles a partir de la fecha de recepción de una solicitud de autorización con arreglo al apartado 2, dicha autorización se considerará concedida.

4.   El Estado miembro de que se trate informará a los demás Estados miembros y a la Comisión de cualquier autorización concedida en virtud del apartado 2 en el plazo de cuatro semanas a partir de la concesión de dicha autorización.

5.   Los apartados 1 y 2 se revisarán al menos cada veinticuatro meses, o a petición urgente de cualquier Estado miembro, del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad o de la Comisión a raíz de un cambio fundamental en las circunstancias.

6.   El apartado 1 será aplicable hasta el 22 de febrero de 2027.».

1.   La inmovilización de fondos y recursos económicos o la negativa a facilitarlos, siempre que se actúe de buena fe, con la convicción de que dichas acciones se atienen al presente Reglamento, no darán origen a ningún tipo de responsabilidad por parte de la persona física o jurídica, grupo o entidad que la ejecute, ni de sus administradores o empleados, a menos que se demuestre que los fondos o recursos económicos en cuestión se inmovilizaron o retuvieron por negligencia.

2.   Los actos de personas físicas o jurídicas, grupos o entidades no darán origen a ningún tipo de responsabilidad para dichas personas, grupos o entidades si no sabían ni tenían motivos fundados para sospechar que sus actos infringían las medidas establecidas en el presente Reglamento.

1.   No se satisfará demanda alguna relacionada con un contrato o transacción cuya ejecución se haya visto afectada, directa o indirectamente, en su totalidad o en parte, por las medidas impuestas por el presente Reglamento, incluidas las demandas de indemnización o cualquier otra demanda de este tipo, como una demanda de compensación o una demanda a título de garantía, en particular cualquier demanda que tenga por objeto la prórroga o el pago de una fianza, una garantía financiera o una indemnización, en particular de carácter financiero, independientemente de la forma que adopte, si la presentan:

2.   En cualquier procedimiento de demanda, la carga de la prueba de que la satisfacción de dicha demanda no queda prohibida en virtud del apartado 1 recaerá en la persona física o jurídica, grupo o entidad que pretenda la estimación de dicha demanda.

3.   El presente artículo se entenderá sin perjuicio del derecho de las personas físicas o jurídicas, grupos o entidades a que se refiere el apartado 1 a recurrir por la vía judicial la legalidad del incumplimiento de obligaciones contractuales de conformidad con el presente Reglamento.».

1.   El Consejo modificará los anexos II y III sobre la base de las decisiones adoptadas por el Consejo en relación con los anexos I y II de la Decisión (PESC) 2026/455 del Consejo (*6).

2.   El Consejo comunicará la decisión a que se refiere el apartado 1, junto con los motivos de inclusión en la lista, a la persona física o jurídica, grupo o entidad afectados si conoce la dirección o, si no la conoce, dará a conocer la decisión a la persona física o jurídica, grupo o entidad afectados mediante la publicación de un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea, y, en cualquiera de los casos, ofrecerá a la persona física o jurídica, grupo o entidad la oportunidad de presentar observaciones.

3.   En caso de que se presenten observaciones o nuevas pruebas sustanciales, el Consejo revisará su decisión a la luz de las observaciones o nuevas pruebas presentadas y de cualquier otra información pertinente y podrá en consecuencia modificar los anexos II y III de acuerdo con el procedimiento a que se refiere el apartado 1. Se informará a la persona física o jurídica del resultado de la revisión.

4.   La Comisión modificará el anexo I sobre la base de la información facilitada por los Estados miembros.

1.   La Comisión y los Estados miembros se informarán mutuamente de las medidas adoptadas en aplicación del presente Reglamento y compartirán toda la información pertinente de que dispongan relacionada con él, y en particular la referente a:

2.   Los Estados miembros comunicarán inmediatamente a los demás Estados miembros y a la Comisión cualquier otra información pertinente de la que dispongan que pueda afectar a la aplicación efectiva del presente Reglamento.».

1.   El Consejo, la Comisión y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad (en lo sucesivo, “Alto Representante”) podrán tratar datos personales en el ejercicio de sus funciones conforme al presente Reglamento. Estas funciones incluyen:

2.   A los efectos del presente Reglamento, se designa al Consejo, a la Comisión y al Alto Representante “responsable del tratamiento” en el sentido del artículo 3, punto 8, del Reglamento (UE) 2018/1725, en relación con las actividades de tratamiento necesarias para llevar a cabo las funciones a que se refiere el apartado 1.

1.   Los Estados miembros designarán a las autoridades competentes a que se refiere el presente Reglamento y las harán constar en los sitios web que figuran en el anexo I. Los Estados miembros notificarán a la Comisión todo cambio de las direcciones de sus sitios web que figuran en el anexo I.

2.   Los Estados miembros notificarán a la Comisión, sin demora tras la entrada en vigor del presente Reglamento, cuáles son sus respectivas autoridades competentes, incluidos los datos de contacto de dichas autoridades competentes, así como toda modificación posterior.

3.   Cuando el presente Reglamento requiera notificar, informar o comunicarse de cualquier otra manera con la Comisión, la dirección y los datos de contacto para hacerlo serán los que se indiquen en el anexo I.

1.   Los Estados miembros establecerán el régimen de sanciones, que incluirá, en su caso, sanciones penales, aplicable a las infracciones del presente Reglamento y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Tales sanciones serán efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros establecerán asimismo medidas adecuadas para el decomiso del producto de dichas infracciones.

2.   Los Estados miembros notificarán a la Comisión, sin demora tras la entrada en vigor del presente Reglamento, las normas a que se refiere el apartado 1, así como toda modificación posterior.».