(1)

El 27 de marzo de 2024, la Comisión Europea («la Comisión») inició una investigación antisubvención relativa a las importaciones de equipos móviles de acceso («EMA») originarios de la República Popular China («el país afectado» o «China»), con arreglo al artículo 10 del Reglamento de base. La Comisión publicó un anuncio de inicio en el Diario Oficial de la Unión Europea (2) («el anuncio de inicio»).

(2)

La Comisión inició la investigación a raíz de una denuncia presentada el 13 de febrero de 2024 por la Coalición para restablecer la igualdad de condiciones en el sector de equipos móviles de acceso de la UE («la CMAE» o «el denunciante»). La denuncia se presentó en nombre de la industria de la Unión de EMA a efectos del artículo 10, apartado 6, del Reglamento de base. La denuncia incluía elementos de prueba de las subvenciones y del consiguiente perjuicio que se consideraron suficientes para justificar el inicio de la investigación.

(3)

Antes de iniciar la investigación antisubvención, la Comisión notificó al Gobierno de China («las autoridades chinas») (3) que había recibido una denuncia debidamente documentada e invitó a dichas autoridades a efectuar consultas de conformidad con el artículo 10, apartado 7, del Reglamento de base. Las consultas se efectuaron el 25 de marzo de 2024. Sin embargo, no se alcanzó una solución consensuada.

(4)

El 13 de noviembre de 2024, la Comisión inició una investigación antidumping independiente referida al mismo producto originario de China («la investigación antidumping independiente»). El 9 de enero de 2025, la Comisión impuso derechos antidumping definitivos y percibió definitivamente los derechos provisionales establecidos sobre las importaciones del producto afectado originario de China («el Reglamento antidumping definitivo») (4). Los derechos se sitúan entre el 20,6 y el 54,9 %. El análisis de la situación económica de la industria de la Unión del presente Reglamento es, mutatis mutandis, idéntica a las conclusiones de la investigación antidumping independiente, puesto que la definición de «industria de la Unión», los productores de la Unión incluidos en la muestra, el período considerado y el período de investigación son los mismos en ambas investigaciones.

(5)

Por medio del Reglamento de Ejecución (UE) 2024/2725, de 24 de octubre, de la Comisión sometió a registro las importaciones del producto afectado para garantizar que, si a raíz de las conclusiones de la investigación, se imponían derechos compensatorios, y si se cumplían las condiciones necesarias, tales derechos pudieran recaudarse retroactivamente de las importaciones registradas, de conformidad con las disposiciones legales aplicables («el Reglamento de registro») (5).

(6)

En el anuncio de inicio, la Comisión invitó a las partes interesadas a ponerse en contacto con ella para participar en la investigación. Además, informó específicamente del inicio de la investigación al denunciante, a otros productores de la Unión conocidos, a los productores exportadores conocidos, a las autoridades chinas, a los importadores conocidos y a los usuarios, y los invitó a participar en ella.

(7)

Se brindó a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre el inicio de la investigación y de solicitar audiencia con la Comisión o con el consejero auditor en los procedimientos comerciales.

(8)

La Comisión no recibió ninguna observación sobre el inicio de la investigación ni ninguna solicitud de audiencia.

(9)

En el anuncio de inicio, la Comisión indicó que podría realizar un muestreo de las partes interesadas con arreglo al artículo 27 del Reglamento de base.

(10)

En su anuncio de inicio, la Comisión señaló que había seleccionado provisionalmente una muestra de productores de la Unión. La Comisión seleccionó la muestra en función del mayor volumen representativo de ventas y de producción del producto similar en la Unión durante el período de investigación que pudiera investigarse razonablemente en el plazo disponible.

(11)

Dicha muestra estaba formada por tres productores de la Unión que representaban el 55 % de la producción total estimada en la Unión y el 52 % de las ventas de todos los productores de la Unión del producto similar en el mercado de la Unión. Al seleccionar a los tres mayores productores y vendedores de la Unión en el período de investigación, ubicados en dos Estados miembros diferentes, la Comisión abarcó el volumen representativo de producción y ventas más grande posible que podía razonablemente investigarse en el plazo disponible, de acuerdo con el artículo 27, apartado 1, del Reglamento de base. La Comisión invitó a las partes interesadas a que formularan observaciones sobre la muestra provisional. No se recibió ninguna observación. La Comisión concluyó que la muestra de productores de la Unión era representativa de la industria de la Unión.

(12)

Para decidir si era necesario el muestreo y, en ese caso, seleccionar una muestra, la Comisión pidió a los importadores no vinculados que facilitaran la información especificada en el anexo 1 del anuncio de inicio en un plazo de siete días a partir de la fecha de publicación del anuncio. Ningún importador facilitó la información ni cooperó en la investigación.

(13)

A fin de decidir si era necesario el muestreo y, en tal caso, seleccionar una muestra, la Comisión pidió a todos los productores exportadores de China que facilitaran la información especificada en el anuncio de inicio. Además, la Comisión pidió a la Representación de la República Popular China ante la Unión Europea que señalara si había otros productores exportadores que pudieran estar interesados en participar en la investigación o se pusiera en contacto con ellos.

(14)

Dieciséis productores exportadores del país afectado facilitaron la información solicitada y aceptaron ser incluidos en la muestra. De conformidad con el artículo 27, apartado 1, del Reglamento de base, la Comisión seleccionó una muestra de cuatro (grupos de) empresas que podía investigarse razonablemente dentro del plazo disponible. La selección de la muestra se basó en el mayor volumen representativo de producción, ventas o exportaciones a la Unión durante el período de investigación que pudiera investigarse razonablemente en el plazo disponible. La Comisión también valoró la posibilidad de que los grupos de productores exportadores pudieran acogerse a los regímenes de subvención incluidos en el memorándum sobre la suficiencia de las pruebas (6), por lo que también examinó la producción y las ventas en el mercado interior, además de las ventas de exportación, sobre la base de las respuestas a los cuestionarios de muestreo.

(15)

De conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento de base, se consultó sobre la selección de la muestra a todos los productores exportadores conocidos afectados y a las autoridades del país afectado. La Comisión solo recibió observaciones a este respecto del denunciante.

(16)

El denunciante alegó que: i) la muestra no debía incluir a ninguna empresa de propiedad de los Estados Unidos, puesto que no era probable que estas pudieran acogerse a la mayor parte de los regímenes de subvenciones y supuestamente tendrían un acceso muy limitado al mercado interior chino; ii) en la muestra estaban sobrerrepresentadas las empresas chinas de propiedad privada e infrarrepresentadas las empresas de propiedad estatal, que supuestamente están más integradas y más presentes en el mercado interior, y pueden optar a más a financiación y ayudas directas.

(17)

Tras un análisis detallado de las observaciones, la Comisión consideró que la muestra representaba adecuadamente a los productores exportadores de EMA que operaban en China y que era coherente con la normativa de la UE y de la Organización Mundial del Comercio (OMC). En primer lugar, la Comisión recordó que el artículo 27 del Reglamento de base ofrece un amplio margen de discreción para elegir la muestra conforme a los criterios pertinentes aquí citados. En particular, el artículo 27, apartado 2, expone que «[l]a selección final de las partes, […] será competencia de la Comisión».

(18)

Con respecto a las alegaciones concretas formuladas por el denunciante, la Comisión señaló que la selección de la muestra se basó en el mayor volumen representativo de producción, ventas o exportaciones a la Unión durante el período de investigación que pudiera investigarse razonablemente en el plazo disponible. Por tanto, la Comisión decidió, entre otras cosas, incluir en la muestra a una empresa de propiedad estadounidense, por ser el mayor productor exportador, e incluir al mayor productor chino en términos de producción y ventas en el mercado interior de China, a pesar de que esta empresa no estaba entre los mayores exportadores de la Unión.

(19)

Como se indica en el considerando 16, el derecho a acogerse a los regímenes de subvención era uno de los elementos considerados por la Comisión para seleccionar la muestra. Sin embargo, para garantizar que la selección de la muestra no estuviera sesgada, la Comisión no consideró decisivo este criterio.

(20)

Por esa misma razón, la Comisión no aplicó como criterio de muestreo la forma jurídica de la empresa. En la muestra estaban representados todos los tipos de empresas: de propiedad extranjera, de propiedad privada china y de propiedad estatal china. Además, sobre la base de las respuestas al formulario de muestreo, la Comisión no encontró razones para afirmar que las empresas chinas de propiedad estatal estén, en general, más integradas y más presentes en el mercado interior, y puedan optar a más a financiación y ayudas directas que las empresas de propiedad privada.

(21)

En vista de todas las consideraciones anteriores, la Comisión decidió confirmar su muestra provisional, que representaba (en número de unidades) el 54 % de la producción, el 47 % de las ventas en el mercado interior y el 59 % del volumen total estimado de exportaciones a la Unión procedentes de China en el período de investigación. La Comisión consideró que la muestra era representativa con arreglo al artículo 27 del Reglamento de base.

(22)

La Comisión envió cuestionarios a las autoridades chinas, a los cuatro grupos de productores exportadores incluidos en la muestra, a los tres productores de la Unión incluidos en la muestra, al denunciante, a los importadores conocidos y a los usuarios. Estos cuestionarios para las empresas también se publicaron en línea el día del inicio de la investigación.

(23)

La Comisión recibió respuestas al cuestionario de las autoridades chinas, los cuatro grupos de productores exportadores incluidos en la muestra, un grupo de productores exportadores que solicitó un examen individual, los tres productores de la Unión incluidos en la muestra y el denunciante.

(24)

La Comisión recabó y contrastó toda la información que consideró necesaria para determinar la subvención, el perjuicio resultante y el interés de la Unión. Se realizaron inspecciones in situ con arreglo al artículo 26 del Reglamento de base en las instalaciones de las siguientes partes:

(25)

Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd., un productor exportador de China, presentó una solicitud de examen individual con arreglo al artículo 27, apartado 3, del Reglamento de base. Posteriormente, también presentó una respuesta al cuestionario, junto con sus empresas vinculadas en China.

(26)

Habida cuenta del número de empresas vinculadas del Grupo Terex, que también habría que verificar, y del número de empresa ya incluidas en la muestra, la Comisión llegó a la conclusión de que aceptar la solicitud de examen individual sería excesivamente gravoso para concluir a tiempo la investigación. Por lo tanto, se rechazó la solicitud.

(27)

El grupo Terex impugnó la decisión de la Comisión a este respecto durante la audiencia solicitada tras la comunicación definitiva. Sin embargo, el grupo Terex no presentó ningún elemento que justificara el examen de su solicitud de examen individual sin provocar retrasos en la conclusión de la investigación. Además, posteriormente no se presentó ninguna presentación posterior a la audiencia ni presentación por escrito. Por lo tanto, se confirmó la conclusión de la Comisión sobre el número de empresas del grupo Terex potencialmente implicadas en el procedimiento de examen individual, lo que hace que el análisis de la solicitud resulte excesivamente gravoso para que la investigación termine a tiempo.

(28)

La investigación sobre la existencia de subvenciones y sobre el perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2023 (el «período de investigación» o «PI»). El análisis de las tendencias pertinentes para evaluar el perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2020 y el final del período de investigación («el período considerado»).

(29)

De conformidad con lo previsto en el artículo 12, apartado 1, del Reglamento de base, el plazo para la imposición de medidas provisionales concluyó el 26 de diciembre de 2024. El 2 de diciembre de 2024, con arreglo a lo previsto en el artículo 29 bis del Reglamento de base, la Comisión informó a las partes interesadas de su intención de no imponer medidas provisionales.

(30)

La Comisión siguió solicitando y verificando toda la información que consideró necesaria para formular sus conclusiones definitivas.

(31)

Para ello, tuvo en cuenta las observaciones presentadas por las partes interesadas.

(32)

El 4 de marzo de 2025, la Comisión informó a todas las partes interesadas de los principales hechos y consideraciones en función de los cuales tenía la intención de imponer un derecho compensatorio definitivo a las importaciones de EMA originarios de China («comunicación definitiva»). Se concedió un plazo a todas las partes para formular observaciones en relación con la comunicación definitiva.

(33)

A raíz de las observaciones recibidas del Grupo Zoomlion sobre la comunicación definitiva, la Comisión ajustó el cálculo del porcentaje de subvención correspondiente a este grupo. Los cálculos actualizados se comunicaron al Grupo Zoomlion («divulgación adicional»), al que se concedió tiempo para formular observaciones.

(34)

Tras la comunicación definitiva, se recibieron observaciones de las autoridades chinas, de la Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos («la CCCME»), del Grupo Zoomlion y de la CMAE. La Comisión celebró audiencias con la CCCME, la CMAE y Terex (Changzou) Machinery Co., Ltd. Ninguna de las partes interesadas solicitó audiencia con el consejero auditor.

(35)

En sus observaciones tras la divulgación definitiva, la CCCME planteó a las partes interesadas determinadas cuestiones de procedimiento relativas a la falta de comunicación por parte de la Comisión de los cálculos de los valores de referencia externos. La CCCME también sostuvo que sus observaciones preliminares presentadas el 2 de diciembre de 2024 no se trataron en la comunicación definitiva.

(36)

La Comisión rechazó estas alegaciones. A los productores exportadores chinos incluidos en la muestra, que también son miembros de la CCCME, se les comunicaron los valores de referencia externos y los cálculos detallados de los importes de la subvención. Por motivos de claridad, el 17 de marzo de 2025 estos parámetros de referencia también se añadieron al expediente abierto.

(37)

Las observaciones presentadas por la CCCME el 2 de diciembre se presentaron fuera del plazo previsto en el anuncio de inicio. Se informó a la CCCME de que aún podía volver a presentar sus observaciones tras la comunicación definitiva, cosa que hizo. Estas observaciones se tratan en el presente Reglamento.

(38)

Tras la comunicación definitiva, la CCCME formuló observaciones similares a las ya formuladas en relación con las conclusiones finales establecidas por la Comisión en la investigación antidumping independiente, relativas a la definición del producto, la evaluación del perjuicio, el nexo causal y el interés de la Unión.

(39)

Como se indica en la sección 1.1, el análisis de la situación económica de la industria de la Unión del presente Reglamento es, mutatis mutandis, idéntica a las conclusiones de la investigación antidumping independiente, puesto que la definición de «industria de la Unión», los productores de la Unión incluidos en la muestra, el período considerado y el período de investigación son los mismos en ambas investigaciones. Asimismo, el análisis de la definición del producto, el nexo causal y el interés de la Unión se han mantenido sin cambios. Por lo tanto, para estas observaciones de la CCCME, la Comisión se remitió a las secciones 2.4 y 5.2.3 del Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1915 de la Comisión, de 11 de julio de 2024, por el que se establece un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de equipos móviles de acceso originarios de la República Popular China (7), y a las secciones 2.4, 4.1, 4.5 y 5 del Reglamento antidumping definitivo, en las que se trataron detalladamente dichas observaciones.

(40)

El producto investigado son equipos móviles de acceso («EMA») diseñados para la elevación de personas, autopropulsados, con una altura máxima de trabajo de seis metros o más, y sus secciones preensambladas o listas para el ensamblado, con exclusión de sus componentes individuales cuando se presentan por separado, y con exclusión de los equipos de elevación de personas instalados en los vehículos que figuran en los capítulos 86 y 87 del Sistema Armonizado («el producto investigado»), clasificados actualmente en los códigos NC ex 8427 10 10 , ex 8427 20 19 , ex 8428 90 90 , ex 8431 20 00 y ex 8431 39 00 (códigos TARIC: 8427 10 10 10, 8427 20 19 10, 8428 90 90 20, 8431 20 00 60 y 8431 39 00 10).

(41)

La definición del producto incluye las máquinas utilizadas para la elevación de personas en una amplia gama de aplicaciones diferentes e incluye elevadoras de brazo extensible articulado, elevadoras telescópicas, elevadoras de tijera y mástiles.

(42)

Las secciones preensambladas o listas para el ensamblado constan de cuatro categorías concretas: 1) chasis, 2) torreta o coronas de giro, 3) plataforma o cestas, y 4) mecanismo elevador para EMA. El mecanismo elevador incluye brazos extensibles (telescópicos o articulados, con o sin plumas) para elevadoras telescópicas, elevadoras de brazo extensible articulado o mástiles y brazos de tijera para elevadoras de tijera. No incluyen componentes individuales presentados por separado.

(43)

El producto afectado son equipos móviles de acceso originarios de la República Popular China («producto afectado»).

(44)

La investigación puso de manifiesto que los productos que figuran a continuación presentan las mismas características físicas y técnicas básicas y se destinan a los mismos usos básicos:

En consecuencia, la Comisión decidió que se trataba de productos similares en el sentido del artículo 2, letra c), del Reglamento de base.

(45)

Antes de analizar la presunta concesión de ayudas en forma de subvenciones o programas de subvenciones, la Comisión evaluó los planes, proyectos y otros documentos de las autoridades chinas que guardaban relación con el análisis de los programas de subvenciones investigados.

(46)

Como observación preliminar, la Comisión señaló que la configuración económica general de China se caracteriza por un papel especialmente importante del Estado, y que las autoridades estatales están a su vez controladas por el Partido Comunista Chino («PCC»), la entidad política gobernante del país. Como consecuencia de ello, las empresas chinas operan en un entorno específico que, a diferencia de las economías occidentales, en las que las fuerzas del mercado representan el principio organizativo dominante, cuenta con numerosos mecanismos que proporcionan a las autoridades chinas un grado sustancial de control sobre cualquier aspecto de la actividad económica del país. Este estricto control impide a los operadores económicos actuar como operadores del mercado racionales que intentan maximizar los beneficios y, de hecho, les obliga a actuar como un brazo del Gobierno en la aplicación de sus políticas y planes.

(47)

Las siguientes características son las más significativas a la hora de transmitir las decisiones políticas de las autoridades chinas a la conducta empresarial cotidiana de los operadores económicos: i) doctrina de la economía socialista de mercado; ii) liderazgo del PCC; iii) sistema de planificación industrial; y iv) sistema financiero.

(48)

La doctrina socialista de la economía de mercado, consagrada en la Constitución china (8), otorga al Estado un control inherente e integral sobre la economía, que va mucho más allá de las normas tradicionales de establecer un marco regulador en el que los agentes del mercado puedan actuar libremente. En particular, según el artículo 6 de la Constitución: «La base del sistema económico socialista de la República Popular China es la propiedad pública socialista de los medios de producción […]. En la etapa primaria del socialismo, el Estado defiende el sistema económico básico en el que la propiedad pública es dominante y las diversas formas de propiedad se desarrollan de forma paralela y se mantiene en el sistema de distribución en el que la distribución según el trabajo es dominante y coexisten diversos modos de distribución». Además, según el artículo 15 de la Constitución: «El Estado practica una economía socialista de mercado. El Estado refuerza la legislación económica y mejora la macrorregulación y el control. El Estado, de conformidad con la ley, prohíbe que cualquier empresa o persona altere el orden socioeconómico». Además, el artículo 11 de la Constitución asigna al Estado una función intervencionista que vaya más allá de la protección de los derechos e intereses de los sectores no públicos, en el sentido de que el Estado «fomentará, apoyará y guiará el desarrollo de los sectores no públicos y ejercerá, de conformidad con la ley, la supervisión y el control de los sectores no públicos de la economía».

(49)

Estos fundamentos constitucionales se reflejan en todas las leyes pertinentes (9) que hacen hincapié en la economía socialista de mercado como principio rector en el que se basa la economía china. Además, el Estado, bajo la dirección del PCC, utiliza de hecho una amplia variedad de instrumentos, tanto incentivadores como restrictivos, para orientar la economía hacia la modernización socialista, es decir, hacia los objetivos (incluidos los objetivos de política industrial) establecidos por las autoridades chinas.

(50)

El liderazgo del PCC, aunque está formalmente consagrado en la Constitución del país (10), así como en el Derecho derivado pertinente y en los propios estatutos del Partido (11), adopta diversas formas en la práctica; en particular, dado que la separación de poderes no existe en China y, por lo tanto, el Partido ejerce pleno control sobre las ramas legislativa (12), ejecutiva (13) y judicial (14) del aparato del Estado; además, el Partido supervisa ámbitos cruciales de la economía, incluidos el sector financiero y los sectores industriales considerados estratégicos, en particular mediante la propiedad o mediante la designación y rotación de personal clave; asimismo, la creación de células del Partido es obligatoria en todas las empresas con más de tres miembros del Partido (15), tanto estatales como privadas, y las estructuras del Partido dentro de las empresas reclaman con frecuencia el derecho a participar en la toma de decisiones operativas de las empresas. Todos estos mecanismos de control proporcionan al PCC un estrecho control de la economía del país y permiten al Partido formular y aplicar sus políticas económicas en consonancia con sus consideraciones y prioridades estratégicas.

(51)

La dirección de la economía china está determinada en gran medida por un complejo sistema de planificación que establece las prioridades y fija los objetivos en los que deben centrarse el Gobierno central y las Administraciones locales. Existen planes correspondientes a todos los niveles de la Administración que abarcan todos los sectores económicos. Los objetivos, que son fijados por los instrumentos de planificación, revisten carácter vinculante y las autoridades de cada nivel administrativo supervisan que las administraciones de nivel inferior apliquen los planes. Por lo general, el sistema de planificación de China hace que los recursos se destinen a los sectores que las autoridades chinas consideran estratégicos o políticamente importantes por cualquier otro motivo, en lugar de asignarse en consonancia con las fuerzas del mercado (16).

(52)

Para asignar recursos en consonancia con las prioridades políticas de las autoridades chinas, la instrumentalización del sector financiero es esencial para las autoridades chinas. El sistema financiero chino sigue estando dominado por el sector bancario que, a su vez, está bajo el control del Estado (véase también la sección 3.6.1), a través de la propiedad (véanse los considerandos 134 a 136), así como a través de vínculos personales. En consecuencia, las autoridades chinas, en su calidad de accionista mayoritario o de control, tienen la facultad de designar los puestos más importantes dentro de los bancos de gestión de propiedad estatal (véase el considerando 144), así como de los bancos propiedad total o parcial del propio Estado o de personas jurídicas de propiedad estatal.

(53)

Además, los estatutos de los principales bancos chinos suelen contener un capítulo específico sobre la creación de un comité del Partido (17). Por ejemplo, según los estatutos del Industrial and Commercial Bank of China («ICBC»), «el presidente del consejo de administración del Banco y el secretario del Comité del Partido serán la misma persona» (18). El artículo 53 enumera las funciones del Comité del Partido, incluido el seguimiento de la aplicación práctica de las decisiones del Partido y del Estados en el banco. El Comité del Partido también desempeña un papel en la selección y evaluación del personal, junto con el consejo de administración. Por último, el Comité del Partido debe participar en el debate sobre «las principales cuestiones operativas y de gestión y las cuestiones importantes relativas a los intereses de los trabajadores y presentar observaciones y sugerencias» (19). Además, de conformidad con las disposiciones relativas al consejo de administración, debe consultarse al Comité del Partido antes de que se decidan cuestiones importantes (20). Los estatutos del Banco Agrícola de China utilizan el mismo lenguaje para establecer el Comité del Partido en el artículo 58 y sobre la participación del Comité en el debate de las principales cuestiones en el artículo 161 (21).

(54)

Además de la capacidad de las autoridades chinas para controlar el sector bancario a través de la propiedad y la configuración organizativa, las autoridades chinas ejercen un control sobre el sector también teniendo en cuenta la legislación china aplicable (véase la sección 3.6.1.4 para el análisis de los documentos reglamentarios pertinentes), que exige que los bancos se atengan a los objetivos de la política industrial del país a la hora de tomar decisiones financieras.

(55)

En conclusión, todos estos elementos muestran que la estructura del sistema jurídico y político de China se basa en un estrecho control por parte del Gobierno de todos los aspectos de la economía y el comercio, ya que son gestionados y supervisados de forma centralizada por las autoridades chinas. Los operadores económicos forman parte de este sistema no como agentes del mercado libre cuyo objetivo es tomar decisiones empresariales impulsadas exclusivamente por la lógica económica y la maximización de los beneficios, sino como uno de los agentes integrantes para aplicar las políticas generales y sus objetivos específicos fijados por las autoridades chinas a escala central.

(56)

En este contexto, la Comisión analizó una serie de documentos de política industrial que han ido aplicándose sucesivamente desde, al menos, 2010 y que se enumeran a continuación, con vistas a determinar si las subvenciones o los programas de subvenciones evaluados forman parte de la aplicación de una planificación central de las autoridades chinas para el fomento del sector de los EMA.

(57)

Los EMA forman parte integral del sector de la maquinaria de construcción, junto con otros tipos de equipos utilizados principalmente para la construcción y las obras de infraestructuras, como la maquinaria para el movimiento de tierras, las grúas, etc. En China, el sector de la maquinaria de construcción está coordinada por la Asociación China de Maquinaria de Construcción (CCMA), cuya división de plataformas para trabajos de decoración y aéreos lleva a cabo actividades relacionadas con los EMA. El sector de la maquinaria de construcción también se denomina «sector de la maquinaria de ingeniería» (22).

(58)

Además, el Decimocuarto Plan Quinquenal para el desarrollo del sector de la maquinaria de construcción (23) contiene referencias a los EMA bajo maquinaria de ingeniería. Lo mismo ocurre en los planes provinciales y municipales (véanse los considerandos 74 a 77). Sobre esta base, la Comisión llegó a la conclusión de que los EMA forman parte del sector de la maquinaria de construcción / ingeniería.

(59)

La Decisión n.o 40 del Consejo de Estado de la República Popular China es un documento jurídico publicado en 2005 destinado a promover ajustes de la estructura industrial en China mediante el fomento del desarrollo de industrias de alta tecnología y la eliminación de la capacidad de producción obsoleta. El «Catálogo de orientaciones para el ajuste de la estructura industrial» («Catálogo») (24), que es una medida de ejecución de la Decisión n.o 40, sienta las bases para orientar las direcciones de inversión mediante la designación de sectores industriales que deben beneficiarse de un acceso privilegiado al crédito. También se orienta a las autoridades chinas en la gestión de proyectos de inversión, así como para la formulación y aplicación de políticas sobre finanzas públicas, fiscalidad, créditos, tierras, e importación y exportación. La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma publicó, y posteriormente modificó, un catálogo de orientaciones para el ajuste de la estructura industrial en febrero de 2013 y en 2019. El denunciante y la Comisión encontraron en el Catálogo una referencia al sector de la «gran maquinaria de construcción» al que pertenecen los EMA.

(60)

En 2015, las autoridades chinas publicaron su estrategia industrial integral a largo plazo conocida como «Made in China 2025» (25). Esta estrategia estableció hitos para mejorar determinados sectores de fabricación del país para 2020 y 2025, y reiteró la intención de las autoridades chinas de usar a este respecto mejores políticas de apoyo financiero, como la canalización de la financiación a través de bancos de propiedad estatal para la expansión en el extranjero de la industria manufacturera, así como la expansión de ayudas fiscales y otras ayudas tributarias. Fundamentalmente, las directrices de la estrategia «Made in China» establecen que «la financiación se asignará a proyectos que no puedan obtener financiación en el mercado y necesiten apoyo central». Por lo tanto, hay un apoyo gubernamental importante para fomentar el desarrollo de sectores identificados de la economía mediante la dirección de recursos en la ejecución de objetivos políticos (26).

(61)

«Made in China 2025» también identifica específicamente el sector de la maquinaria de construcción. Señala que las autoridades chinas planean «acelerar las mejoras de la calidad de los productos. Ejecutar un plan de acción para mejorar la calidad de los productos industriales, centrándose en industrias clave como […] la maquinaria de construcción» (27). También planean «promover las actividades de investigación y desarrollo (I+D) y la industrialización de productos como […] la maquinaria de construcción inteligente» (28) y promover «el desarrollo de alto nivel de la cadena de valor de sectores como […] la maquinaria de construcción» (29).

(62)

A este respecto, mediante el programa «Made in China 2025», las autoridades chinas apoyaron el rápido desarrollo del sector de la maquinaria de construcción, además de promover la I+D y la industrialización del sector.

(63)

Dada la naturaleza del sistema de planificación chino, todas las autoridades pertinentes deben hacer un seguimiento y aplicar los planes de nivel superior, esto es, el Decimosegundo, Decimotercer y Decimocuarto Plan Quinquenal Nacional. Los Planes Nacionales establecen obligaciones expresas a este respecto, como el artículo LXV del Decimocuarto Plan Quinquenal Nacional (30), según el cual las autoridades chinas «reforzarán la organización, la coordinación y la supervisión de la aplicación del presente Plan y establecerán y mejorarán el seguimiento y la evaluación de su planificación y aplicación, la garantía de las políticas y los mecanismos de evaluación y supervisión». En consecuencia, las autoridades de nivel inferior «deben crear un entorno político, un entorno institucional y un entorno jurídico favorables. Los Planes Anuales aplicarán los objetivos de desarrollo y las tareas clave propuestas en el presente Plan» (31).

(64)

Fundamentalmente, las autoridades chinas se comprometen inequívocamente a proporcionar ayuda financiera, así como ayuda en forma de otros factores de producción, como la tierra, a los proyectos y sectores que el Plan identifica: «[n]os adheriremos al principio del plan que determina la dirección, con el gasto fiscal como garantía, la financiación como apoyo y la coordinación con otras políticas. […] Perseveraremos en hacer que el gasto fiscal público obedezca y sirva a las políticas públicas; mejoraremos la ayuda financiera para las principales tareas estratégicas nacionales; reforzaremos la coordinación de los planes financieros a mediano plazo y los presupuestos anuales, los planes de inversión del gobierno y la implementación de este Plan; y priorizaremos los fondos fiscales centrales para las principales tareas y los principales proyectos de ingeniería que el Plan identifica. Insistiremos en que los proyectos se ajusten al Plan y en que los fondos y factores de producción se ajusten a los proyectos; desarrollaremos una lista de los principales proyectos de ingeniería basados en este Plan; simplificaremos los procedimientos de aprobación para los proyectos incluidos en la lista; y velaremos por que se dé prioridad a la planificación de la selección del sitio, el suministro de tierra y las necesidades de capital. El Estado garantiza de manera unificada las necesidades de terrenos para grandes proyectos de ingeniería individuales» (32).

(65)

Con respecto a los EMA y al sector al que estos pertenecen, el Plan se refiere a la maquinaria de construcción o la maquinaria de ingeniería en la parte III «Aceleración del desarrollo de un sistema industrial moderno y consolidación y fortalecimiento de las bases de la economía real», en el capítulo VIII «Ejecución en profundidad de la estrategia de creación de un país fuerte», y en la sección 3 relacionada con la «Promoción de la optimización y la mejora de la industria manufacturera».

(66)

China también ha publicado un Plan Quinquenal específico para el sector de la maquinaria de construcción. La propia CCMA indicó que «[e]l 8 de julio de 2021, mandatada por el Departamento del Sector de Equipos del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, la Asociación China de Maquinaria de Construcción publicó oficialmente el “Decimocuarto Plan Quinquenal para el desarrollo del sector de la maquinaria de construcción”» (33). Este Plan califica al sector de la maquinaria de construcción como «uno de los sectores fundamentales para la construcción de la economía nacional». El sector «aplicará de forma honesta las decisiones y las medidas del Comité Central del Partido durante el período del “Decimotercer Plan Quinquenal”» y «promoverá y aplicará con vigor reformas estructurales en lo tocante a los suministros». Este Plan Quinquenal confirma los objetivos del sector de la maquinaria de construcción en el marco de la economía china en su conjunto. El enfoque descendente del estado chino queda patente cuando el Plan sostiene, por ejemplo, que «[…] el grado de internacionalización, las capacidades tecnológicas y de innovación, la magnitud y el volumen total, la calidad, las capacidades globales de la cadena de suministro y muchos otros aspectos han mejorado notablemente, y han hecho contribuciones magníficas a la construcción de la economía nacional». El Plan no deja margen para el desarrollo del mercado libre, y establece objetivos medioambientales y tecnológicos claros para el sector: «[s]e han realizado grandes progresos por lo que respecta al ajuste de la estructura del sector. El sector debe aspirar a importantes logros en el ámbito de la innovación y el desarrollo, el rápido desarrollo de la maquinaria de construcción inteligente, importantes equipos técnicos […], más mejoras de la calidad, el rendimiento, la fiabilidad y la durabilidad, una amplia aplicación del internet industrial de las cosas, resultados extraordinarios en el ámbito del desarrollo ecológico, y sólidos progresos en el ámbito de la normalización y las normas para grupos».

(67)

El Plan presta especial atención a la innovación. El Decimocuarto Plan Quinquenal de desarrollo del sector de la maquinaria de construcción destaca que, durante el Decimotercer Plan Quinquenal (2016-2020), el sector de la maquinaria de construcción ejecutó en profundidad la estrategia del desarrollo impulsado por la innovación. El sector de la maquinaria de construcción «[r]ealiza continuamente nuevos avances en el ámbito de I+D y de la promoción de tecnologías clave de productos inteligentes y de alta gama. Satisface las necesidades de importantes proyectos de construcción económica nacional y ha surgido un gran número de avances en el ámbito de la investigación científica. Gracias a ello, se ha convertido en una importante fuerza motriz para el continuo crecimiento del sector» (34) .

(68)

Por último, el Plan se inclina hacia los productos de gama alta, un tema recurrente en el ámbito de la subvención de los EMA. Con el título «Nuevo proyecto piloto de innovación de la maquinaria de construcción de alta tecnología», el Plan Quinquenal destaca que las autoridades chinas «animan a las empresas a centrarse en los productos de gama alta». También se mencionan las tecnologías básicas y las tecnologías habituales esenciales en la vertiente inteligente de la maquinaria de construcción de gama alta (35). Más concretamente, el Plan se refiere a los «vehículos para trabajos aéreos» y a las «plataformas de trabajo elevadoras» en la sección «3. Atención al apoyo y la promoción del desarrollo de los productos y componentes clave de la maquinaria de construcción» (36) .

(69)

Asimismo, con respecto a los insumos para la maquinaria de construcción, el Decimocuarto Plan Quinquenal para el desarrollo del sector de la maquinaria de construcción señala que «[a]ún existe cierta laguna en la que se incluyen componentes fundamentales de la maquinaria de construcción, como componentes hidráulicos de gama alta, componentes de la transmisión y motores». Tiene por objeto mejorar el sector de la maquinaria de construcción mediante la creación de «un sistema de innovación colaborativa industrial que cubra los equipos de motores principales y componentes clave, acelerar la innovación y la industrialización de los componentes clave y las tecnologías habituales fundamentales, y crear una aglomeración industrial de maquinaria de la construcción avanzada de orden mundial» (37).

(70)

Las autoridades chinas alegaron que los EMA no son una industria fomentada, puesto que el producto no se incluye ni en el «Catálogo», ni en el Decimocuarto Plan Quinquenal para el desarrollo del sector de la construcción, ni en el documento «Made in China 2025».

(71)

Sobre esta base, las autoridades chinas consideraban que no debían investigarse los regímenes preferenciales debido a la falta de especificidad. Las autoridades chinas también observaron el hecho de que algunas de las industrias de fases anteriores y posteriores que pertenecen a industrias fomentadas no afectan a la situación del propio sector de los EMA y que tampoco deben investigarse los programas relativos al suministro de insumos por una remuneración inferior a la adecuada.

(72)

No obstante, la investigación reveló que los EMA forman parte del sector de la maquinaria de construcción que es, en sí misma, una industria fomentada, como se indica en la Decisión n.o 40 (véase el considerando 59), el documento «Made in China 2025» (véase el considerando 61) y el Decimocuarto Plan Quinquenal (véase el considerando 65). En el Decimocuarto Plan Quinquenal para el desarrollo del sector de la maquinaria de construcción (véase el considerando 69) se identifican los EMA como parte del sector con secciones relacionadas con los «vehículos para trabajos aéreos» y «plataformas de trabajo elevadoras».

(73)

También se encuentran referencias a los EMA como industria fomentada en varios documentos de ámbito provincial y municipal.

(74)

El Decimocuarto Plan Quinquenal de la Provincia de Zhejiang sobre el desarrollo de la fabricación de equipos de alta potencia identifica las «plataformas de trabajo aéreo inteligentes» como parte de la maquinaria de ingeniería (38).

(75)

El Plan de Construcción para la transformación industrial y la modernización de la zona de demostración de Xuzhou, Jiangsu 2019-2025 (39) contempla la construcción de «un centro de la industria de fabricación de equipos de categoría mundial» y «centrarse en el desarrollo de la industria de maquinaria de ingeniería con elevación». El desarrollo de la aglomeración de Xuzhou también se confirma en comunicados de prensa (40). Según el artículo, la aglomeración de maquinaria de ingeniería de Xuzhou es una de las seis aglomeraciones de fabricación avanzada internacionales que la provincia de Jiangsu dedica a la fabricación durante el Decimocuarto Plan Quinquenal, mientras que el Comité Municipal del Partido de Xuzhou y el Gobierno municipal determinaron que la maquinaria de construcción era la «industria n.o 1 de la ciudad» y compilaron sucesivamente el «Plan de Desarrollo del Sector de la Maquinaria de Construcción de Xuzhou (2021-2030)» y el «Plan de Acción para el Desarrollo de Innovación de la Aglomeración Industrial del Sector de la Construcción de Xuzhou (2022-2025)» para «promover el desarrollo innovador del sector de la maquinaria de construcción en la ciudad, seguir ampliando la escala de la industria, mejorar de forma integral la competitividad y la influencia de la industria, y establecer un nuevo objetivo de convertir la aglomeración industrial del sector de la maquinaria de construcción de Xuzhou en una aglomeración de fabricación avanzada de categoría mundial».

(76)

Por lo que se refiere a la provincia de Hunan, el informe de trabajo del municipio de Changsha de 2024 (41) prevé aplicar la acción de promoción de la aglomeración del sector de la maquinaria de construcción, y la promoción de la construcción de proyectos como la Zoomlion Smart Industrial City, la Sunny Science and Technology City, y la Xingbang Intelligent International Smart Manufacturing City. El apoyo de la provincia de Hunan al sector de los EMA también se confirma en notas de prensa: «La mejora de la estabilidad y la fluidez es un microcosmos de la transformación y la modernización sistemáticas de los fabricantes de plataformas aéreas en Hunan. En la actualidad, Hunan se centra en este ventajoso sector, mediante el refuerzo de la reconstrucción de la base industrial y la investigación y el desarrollo de equipos técnicos importantes. Muchas empresas de plataformas aéreas trabajan en el desarrollo de productos ligeros, cargas grandes, bajo consumo y control preciso e inteligente, y están logrando ciertos avances» (42) .

(77)

Además, Zoomlion firmó un acuerdo de cooperación estratégica con el Gobierno Municipal de Xiantan, que se basaba en las ventajas de Xiantan en relación con el acero especial, los materiales nuevos y otros ámbitos, para construir conjuntamente el polígono industrial de apoyo de Zoomlion (43). El segundo productor de EMA de Hunan se benefició de la ayuda económica de la empresa pública Hunan Chasing Financial Holding (44). Los grupos Zoomlion y Sinoboom son productores exportadores incluidos en la muestra en esta investigación.

(78)

La investigación reveló que China proporciona apoyo fundamental a empresas de alta tecnología y nuevas tecnologías, un sector que engloba a los EMA. Como se explica con mayor detalle en las secciones 3.10.1 y 3.10.2, todos los productores exportadores incluidos en la muestra cuentan con un certificado para empresas de alta tecnología y nuevas tecnologías, lo que viene a confirmar que los productores exportadores de EMA pertenecen a una industria fomentada.

(79)

Por último, como se indica en el considerando 57, la CCMA cuenta en su estructura con una sucursal independiente dedicada a los EMA.

(80)

Sobre la base de todo lo anterior, la Comisión llegó a la conclusión de que los EMA, que forman parte del sector de la maquinaria de construcción, es una industria fomentada.

(81)

Tras la comunicación definitiva, la CCCME alegó que los documentos y planes estratégicos descritos por la Comisión en las secciones 3.2 y 3.3 eran excesivamente amplios y se referían al sector de la maquinaria de construcción, «por lo que carecían de la especificidad necesaria para demostrar una intervención estatal concreta en la industria de los EMA».

(82)

Asimismo, las autoridades chinas reiteraron su argumento de que el hecho de que los EMA formen parte del sector de la maquinaria de construcción no implica automáticamente que se fomenten los productos de EMA, aunque el sector de la maquinaria de construcción figure como una industria fomentada.

(83)

La Comisión manifestó su desacuerdo. Se ha demostrado que los EMA forman parte del sector de la maquinaria de construcción y, por tanto, forman parte de la industria fomentada. Además, varios documentos a nivel provincial y municipal citados en los considerandos 74 a 77 contienen referencias directas a «plataformas aéreas» o «maquinaria de ingeniería con elevación». Los planes provinciales y municipales se consideran prolongaciones de los planes nacionales que dirigen su aplicación al nivel subcentral. Además, los productores de EMA se benefician de la reducción del impuesto de sociedades para las empresas de alta y nueva tecnología, tal como se describe en la sección 3.3.1. Si estas empresas pueden acogerse a esta reducción, se considera que operan en los campos de alta tecnología apoyados por el Estado.

(84)

Aunque las autoridades chinas respondieron a determinadas solicitudes de información de la Comisión durante la investigación, hubo casos notables de escasa cooperación. En concreto, en su respuesta al cuestionario gubernamental, las autoridades chinas no facilitaron información esencial relativa a la preparación, el seguimiento y la aplicación de diversos regímenes. Todos estos elementos críticos se documentaron meticulosamente en la carta enviada a las autoridades chinas con arreglo al artículo 28. Las autoridades chinas respondieron con observaciones, que la Comisión abordó en las secciones que figuran a continuación.

(85)

Con el fin de obtener la información necesaria de las entidades financieras de China y por razones de agilidad administrativa, la Comisión pidió a las autoridades chinas que enviaran un cuestionario específico a cualquier entidad financiera que hubiera concedido préstamos o créditos a la exportación a las empresas incluidas en la muestra.

(86)

Las autoridades chinas consideraron que la solicitud que recibieron de la Comisión de remitir el cuestionario específico infringía el artículo 12, apartados 1 y 9, del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (Acuerdo SMC). Consideraron que la obligación de llevar a cabo la investigación y recopilar información de las entidades financieras recae en la autoridad investigadora y no puede solicitar a las autoridades chinas que envíen los cuestionarios a las entidades financieras partiendo de la presunción de que estas entidades son organismos públicos. Alegaron que este supuesto enfoque era incompatible con el artículo 1, apartado 1, letra a), punto 1, del Acuerdo SMC. Las autoridades chinas también alegaron que la Comisión ya tenía acceso a la lista de bancos comerciales de los productores exportadores incluidos en la muestra y que podría haber enviado los cuestionarios directamente a las entidades financieras en cuestión.

(87)

Las autoridades chinas declararon además que no se notificó adecuadamente a las entidades financieras la información que se les exigía, que no se les concedió un plazo de treinta días para facilitar la información solicitada y que tampoco se les ofreció una amplia oportunidad de facilitar la información pertinente por escrito en el sentido del artículo 12, apartado 1, del Acuerdo SMC. Además, las autoridades chinas también consideraron que los miembros del personal de dichos bancos comerciales no están autorizados a revelar secretos de Estado o secretos comerciales de los que hayan tenido conocimiento en el desempeño de su trabajo, de conformidad con el artículo 53 de la Ley sobre Bancos Comerciales, por lo que no pueden responder al cuestionario.

(88)

La Comisión no estuvo de acuerdo con esta opinión. En primer lugar, la Comisión considera que la información solicitada a las entidades de propiedad estatal se encuentra a disposición de las autoridades chinas cuando estas son el accionista principal o mayoritario de dichas entidades. Además, aunque la Comisión no asumió en modo alguno que las entidades sean organismos públicos, consideró que las autoridades chinas también tienen la autoridad necesaria para interactuar con las instituciones financieras incluso cuando no son de propiedad estatal, ya que todas ellas son competencia de la Administración Nacional de Regulación Financiera («NFRA»), que sustituyó a la Comisión de Regulación Bancaria y de Seguros de China («CBIRC») (45) en 2023. A este respecto, el hecho de que la Comisión pudiera ponerse en contacto con las entidades financieras afectadas carece de pertinencia. La forma y las modalidades de recogida de la información necesaria quedan a discreción de la autoridad investigadora (46). La Comisión también señaló que las autoridades chinas habían enviado el cuestionario a determinados bancos en investigaciones anteriores (47) sin cuestionar el enfoque adoptado por la Comisión. Además, por lo que se refiere a la información solicitada y al plazo para presentar una respuesta al cuestionario, la Comisión no recibió ninguna solicitud de aclaración ni de prórroga del plazo de ninguna entidad financiera.

(89)

La Comisión no envió su cuestionario al personal de las entidades financieras, sino a las propias entidades. En cualquier caso, el hecho de que determinada información pueda considerarse secreto de Estado o comercial es irrelevante en el marco de un procedimiento antisubvenciones dado el trato de confidencialidad otorgado a cualquier información presentada considerada confidencial. Además, se pidió a los productores incluidos en la muestra que proporcionaran una autorización bancaria que concediera autorización expresa a los representantes de la Comisión para revisar todos los documentos (48) relativos a los préstamos concedidos por las distintas entidades financieras. Algunos de los grupos incluidos en la muestra proporcionaron la autorización solicitada para determinados tipos de préstamos.

(90)

A falta de tal información, la Comisión consideró que no había recibido información crucial pertinente para este aspecto de la investigación. Por lo tanto, la Comisión informó a las autoridades chinas de que, con arreglo al artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base, podría tener que recurrir a los datos disponibles para examinar la existencia y el alcance de las presuntas subvenciones concedidas a través de financiación preferente. En concreto, la Comisión informó a las autoridades chinas de que no había recibido ninguna respuesta de ninguno de los bancos chinos que habían concedido préstamos preferenciales a los productores incluidos en la muestra. Sobre esta base, la Comisión no pudo confirmar las alegaciones planteadas por las autoridades chinas en relación con, entre otros asuntos, la solvencia crediticia y la concesión de préstamos u otros instrumentos de financiación de los que los productores incluidos en la muestra se habían beneficiado. Además, las autoridades chinas no proporcionaron información sobre la participación de los bancos comunicada por los productores incluidos en la muestra, ni tampoco demostraron ni fundamentaron el mecanismo de formación del tipo preferente de préstamo que se explica en su respuesta al cuestionario.

(91)

El 21 de enero de 2025, las autoridades chinas presentaron observaciones sobre la carta de la Comisión de 15 de enero de 2025 en la que indicaba su intención de aplicar los datos disponibles de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base («carta relativa al artículo 28»).

(92)

En respuesta a la solicitud de remitir el apéndice A a las entidades financieras, las autoridades chinas alegaron que la Comisión debía dirigir directamente sus solicitudes de información a las entidades pertinentes. Además, las autoridades chinas alegaron que las entidades financieras son entidades económicas independientes y no están afiliadas a ellas. Además, las autoridades chinas alegaron que el apéndice A exige información confidencial y sensible a las empresas.

(93)

La Comisión no estuvo de acuerdo con esta opinión. En primer lugar, la Comisión considera que la información que solicitaba a las entidades de propiedad estatal (empresas o entidades públicas y financieras) se encuentra a disposición de las autoridades chinas en el caso de todas las entidades en las cuales son ellas el accionista principal. Efectivamente, de conformidad con la Ley de la República Popular China sobre los Activos Estatales de las Empresas (49), las agencias de supervisión y administración de activos de propiedad pública, establecidas por la Comisión de supervisión y administración de activos públicos del Consejo de Estado y los gobiernos locales del pueblo, ejercen el cometido y asumen las responsabilidades del aportador de capital de una empresa con inversión pública, en nombre del Gobierno. Por lo tanto, dichas agencias están facultadas para percibir el rendimiento de los activos, participar en la toma de decisiones fundamentales y seleccionar el personal que gestiona las empresas con inversión del Estado. Además, de conformidad con el artículo 17 de la mencionada Ley sobre los Activos Estatales de las Empresas, las empresas con inversión del Estado tienen que aceptar la administración y la supervisión de los poderes públicos y de los departamentos y las agencias gubernamentales competentes, así como la supervisión pública, y han de rendir cuentas a los aportadores de capital.

(94)

Las autoridades chinas tienen también las atribuciones necesarias para establecer un diálogo con las entidades financieras, aunque no sean de propiedad estatal, puesto que estas están sujetas a la jurisdicción de la Comisión de Regulación Bancaria de China. Por ejemplo, de conformidad con los artículos 33 y 36 de la Ley de Supervisión Bancaria (50), la NFRA posee la autoridad de exigir a todas las entidades financieras con sede en China que presenten información, como estados financieros, informes estadísticos e información relativa a las operaciones empresariales y la gestión. La NFRA puede, asimismo, ordenar a las entidades financieras que hagan pública determinada información.

(95)

Asimismo, la Comisión se limitó a solicitar a las autoridades chinas que enviaran los cuestionarios específicos (apéndice A) a las entidades financieras pertinentes y facilitaran a la Comisión una prueba de que lo habían hecho. Los apéndices contenían información para las entidades financieras en cuestión en relación con los plazos y los métodos de presentación, así como sobre el tratamiento de los datos no confidenciales. Las autoridades chinas sencillamente no enviaron estos cuestionarios.

(96)

En paralelo, la Comisión solicitó a las autoridades chinas que demostraran el sistema y el mecanismo aplicable utilizados para la formación del tipo preferente de préstamo para evaluar la calidad y la transparencia del tipo aplicado por las entidades financieras chinas para conceder préstamos al sector de los EMA. Las autoridades chinas se negaron a demostrar dicho mecanismo. Las autoridades chinas alegaron que ya habían explicado el mecanismo de formación del tipo preferente de préstamo.

(97)

La Comisión consideró que las observaciones carecían de fundamento. La Comisión formuló reiteradamente preguntas específicas, claras y pertinentes sobre las que las autoridades chinas se negaron a facilitar información pertinente. Las autoridades chinas no proporcionaron pruebas del mecanismo de formación del tipo preferente de préstamo ni lo demostraron, ni en su respuesta al cuestionario ni durante la inspección in situ, lo que impidió confirmar cómo se establece dicho mecanismo.

(98)

A falta de la información solicitada, la Comisión consideró que no había recibido información crucial pertinente para este aspecto de la investigación. Por lo tanto, la Comisión concluyó que había tenido que basarse en los datos disponibles para extraer conclusiones sobre la financiación preferente.

(99)

Tras la comunicación definitiva, la CCCME reiteró la posición de las autoridades chinas de que la aplicación del artículo 28 del Reglamento de base no debe derivarse de la negativa de las autoridades chinas a recopilar la información solicitada por la Comisión que esta solicitará por su cuenta a otras partes de la investigación. Sin embargo, esta afirmación general no cuestionaba las observaciones específicas de la Comisión formuladas en los considerandos 93 a 95. Por lo tanto, se confirmó la decisión de basarse en los datos disponibles en relación con la financiación preferencial.

(100)

La Comisión informó a las autoridades chinas en la carta relativa al artículo 28 de que no había recibido información crucial pertinente sobre determinados regímenes de subvenciones investigados, como las ayudas directas, el seguro de crédito a la exportación y la concesión de derechos de uso del suelo. Por lo tanto, la Comisión informó a las autoridades chinas de que podría tener que hacer uso de los datos disponibles en virtud del artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base al examinar la existencia y el alcance de las presuntas subvenciones concedidas a través de los regímenes susodichos.

(101)

Con respecto a las ayudas directas, las autoridades chinas no proporcionaron pruebas de que habían contactado con los gobiernos subcentrales para solicitar información sobre las ayudas directas concedidas a los productores incluidos en la muestra. Por tanto, no informaron de las ayudas directas recibidas por los productores de EMA incluidos en la muestra ni proporcionaron información sobre los criterios de subvencionabilidad ni sobre la base jurídica.

(102)

Con respecto al seguro de crédito a la exportación, la Comisión señaló que Sinosure fue la única entidad financiera que realmente respondió al cuestionario del apéndice A. Sin embargo, esta respuesta fue deficiente en muchos aspectos cruciales.

(103)

Las autoridades chinas tampoco proporcionaron todos estos documentos ni esta información, aunque la Comisión se lo pidió durante la inspección in situ.

(104)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas alegaron que la Comisión no había demostrado que la información no facilitada fuera necesaria, e impugnaron la aplicación del artículo 28, apartado 1. A este respecto, se refirió a los informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos — Papel supercalandrado (51), que concluyeron que la autoridad investigadora «primero debía establecer que la información descubierta era información necesaria para completar una determinación sobre la subvención del producto investigado» y que «no puede deducir simplemente, sin más aclaraciones, que la información que falta es «necesaria» en el sentido del artículo 12.7». Las autoridades chinas también alegaron que habían suministrado mucho material relativo al programa de seguro del crédito a la exportación y que la información registrada era suficiente para los fines de la investigación.

(105)

La Comisión señala que la información debe considerarse «necesaria», en el sentido del artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base, si permite a la Comisión establecer conclusiones adecuadas en el marco de una investigación antisubvenciones. A este respecto, la Comisión considera que la información solicitada era necesaria, especialmente para evaluar si Sinosure actuaba como un organismo público, estaba bajo control gubernamental, actuaba con arreglo a los principios del mercado o tenía ánimo de lucro. La Comisión también consideró que la limitada información facilitada por las autoridades chinas y las alegaciones formuladas en su cuestionario no podían verificarse con pruebas justificativas válidas después de que las autoridades chinas se negaran a facilitar los documentos o pruebas subyacentes solicitados, lo que dio lugar a la aplicación justificada de los datos disponibles a este respecto. Por consiguiente, se rechazaron estas alegaciones.

(106)

Con respecto a los derechos de uso del suelo, las autoridades chinas no facilitaron información relacionada con la adquisición de terrenos por parte de los productores/exportadores de EMA. Las autoridades chinas no pudieron explicar cómo, en algunos casos, las empresas pudieron recibir los terrenos de forma gratuita. Las autoridades chinas no facilitaron datos relacionados con posibles valores de referencia con respecto a la concesión de derechos de uso del suelo.

(107)

Por lo que se refiere a la electricidad, el apoyo a la renta y los insumos, la Comisión no recibió información ni varios de los documentos solicitados. Estos documentos se citan en la carta relativa al artículo 28 enviada a las autoridades chinas (52). No obstante, tal y como se indica en la sección 3.11, la Comisión no pudo llegar a una conclusión sobre la sujeción a medidas compensatorias de estos programas.

(108)

En su respuesta a la carta relativa al artículo 28 de la Comisión, las autoridades chinas se opusieron a la aplicación de los datos disponibles.

(109)

Las autoridades chinas no formularon observaciones sobre la no presentación de documentos e información sobre las ayudas directas y el seguro del crédito a la exportación.

(110)

Sobre los derechos de uso del suelo, las autoridades chinas alegaron que la Comisión solicitó documentos e información que no existían.

(111)

La Comisión se mostró en desacuerdo con esta afirmación. La Comisión pudo comprobar en la inspección in situ realizada con las autoridades chinas que estas son plenamente conocedoras de las transacciones relativas a los derechos de uso del suelo y pudo demostrar el precio pagado por el derecho de uso del suelo adquirido por un productor exportador incluido en la muestra. Al contrario de lo que afirman las autoridades chinas, la investigación reveló que estos documentos existen y estaban disponibles para dichas autoridades. En particular, la Comisión pudo deducir esto del hecho de que las autoridades chinas pudieron acceder a los detalles de las transacciones de derechos de uso del suelo (incluidos la publicación del anuncio y el precio de la transacción) a través de una plataforma web (53) durante la visita de inspección, mientras que dicha información no se había facilitado como parte de su respuesta al cuestionario. Sobre esta base, la Comisión consideró que las autoridades chinas no hicieron todo lo que estaba en su mano para responder a las solicitudes de información y de documentos hechas por la Comisión.

(112)

La Comisión, dado que no recibió información de las autoridades chinas sobre los elementos enumerados anteriormente, consideró que no había recibido información necesaria pertinente para la investigación y que tenía que basarse en los datos disponibles para extraer conclusiones sobre las ayudas directas, el seguro de crédito a la exportación y la concesión de derechos de uso del suelo a cambio de una remuneración inferior a la adecuada.

(113)

Sobre la base de la información contenida en el memorándum sobre la suficiencia de las pruebas, en el anuncio de inicio y en las respuestas a los cuestionarios de la Comisión, se investigaron las siguientes subvenciones por parte de las autoridades chinas:

(114)

Según la información facilitada por los cuatro grupos de productores exportadores incluidos en la muestra, veinticuatro entidades financieras ubicadas en territorio chino les habían concedido préstamos. De estas veinticuatro entidades financieras, veinte eran de propiedad estatal. Las entidades financieras restantes, bien eran de propiedad privada, o bien la Comisión no pudo determinar si eran de propiedad estatal o de propiedad privada. Ninguna de las entidades financieras, ya fueran de propiedad estatal total o parcial, cumplimentaron el cuestionario específico, a pesar de la solicitud hecha a las autoridades chinas que abarcaba a todas las entidades financieras que habían concedido préstamos a las empresas incluidas en la muestra.

(115)

Como se menciona en el considerando 86, las autoridades chinas no enviaron el cuestionario a las entidades financieras ni proporcionaron información sobre la propiedad de las entidades financieras que concedieron préstamos a las empresas incluidas en la muestra. Por lo tanto, la Comisión no pudo determinar si las otras cuatro entidades financieras eran de propiedad estatal o privada.

(116)

La Comisión comprobó si los bancos de propiedad estatal actuaban como organismos públicos en el sentido del artículo 3 y del artículo 2, letra b), del Reglamento de base. Según la jurisprudencia de la OMC en la materia (54), un organismo público es una entidad que «posee o ejerce facultades gubernamentales, o que debe estar dotado de ellas». Una investigación de actuación como organismo público debe llevarse a cabo caso por caso, dando la debida consideración a «las características y funciones fundamentales de la entidad de que se trate», su «relación con el gobierno» y «el entorno normativo y económico reinante en el país en que opera la entidad objeto de investigación». Dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso, las pruebas pertinentes podrían incluir: i) pruebas de que «una entidad ejerce, de hecho, funciones gubernamentales», en particular cuando esas pruebas «indican la existencia de una práctica sostenida y sistemática»; ii) pruebas relativas «al alcance y contenido de las políticas públicas relacionadas con el sector en que opera la entidad objeto de investigación»; y iii) pruebas de que un gobierno ejerce «un control significativo sobre una entidad y sobre su comportamiento». Al llevar a cabo una investigación de actuación como organismo público, la autoridad investigadora deberá «evaluar y tener debidamente en consideración todas las características pertinentes de la entidad» y examinar todos los tipos de pruebas que puedan ser pertinentes para dicha evaluación; al hacerlo, debe evitar «centrarse exclusiva o indebidamente en una sola característica, sin considerar debidamente otras que puedan ser pertinentes».

(117)

En particular, la jurisprudencia de la OMC especificaba que (55): «Lo que importa es si una entidad está facultada para ejercer funciones gubernamentales, y no cómo ha obtenido esa facultad. Un Gobierno en sentido estricto puede otorgar facultades a las entidades de muy diversas maneras. En consecuencia, diferentes tipos de pruebas pueden ser pertinentes para demostrar que se han conferido esas facultades a una entidad determinada. Las pruebas de que una entidad ejerce, de hecho, funciones gubernamentales pueden constituir una prueba de que posee o se le han otorgado facultades gubernamentales, en particular cuando esas pruebas indican la existencia de una práctica sostenida y sistemática. De ello se desprende, a nuestro juicio, que las pruebas de que un gobierno ejerce un control significativo sobre una entidad y sobre su comportamiento pueden constituir, en determinadas circunstancias, prueba de que la entidad en cuestión posee facultades gubernamentales y actúa en ejercicio de dichas facultades para llevar a cabo funciones gubernamentales. Subrayamos, no obstante, que aparte de una delegación expresa de facultades en un instrumento jurídico, no es probable que la existencia de meros vínculos formales entre una entidad y el gobierno en sentido estricto sea suficiente para establecer la requerida existencia de posesión de facultades gubernamentales. Así, por ejemplo, el mero hecho de que un gobierno sea el accionista mayoritario de una entidad no demuestra que ejerza un control significativo sobre su comportamiento, y menos aún que el gobierno le haya conferido facultades gubernamentales. No obstante, en algunos casos, cuando las pruebas demuestran que hay múltiples indicios formales del control ejercido por el gobierno, y también hay pruebas de que ese control se ejerce de manera significativa, esas pruebas pueden permitir deducir que la entidad en cuestión ejerce facultades gubernamentales».

(118)

A fin de caracterizar de forma adecuada a una entidad como organismo público en un caso concreto, puede ser pertinente considerar «la cuestión de si las funciones o el comportamiento [de la entidad] son de un tipo que se considera habitualmente gubernamental en el ordenamiento jurídico del Miembro de que se trate» (56), la clasificación y las funciones de las entidades de los Miembros de la OMC en general. Así pues, la cuestión de si las funciones o el comportamiento sean del tipo que, normalmente, se clasifica como gubernamental en el ordenamiento jurídico del Miembro pertinente puede ser una consideración pertinente para determinar si una entidad concreta es o no un organismo público.

(119)

Un Gobierno en sentido estricto puede otorgar facultades a las entidades de muy diversas maneras. En consecuencia, diferentes tipos de pruebas pueden ser pertinentes para demostrar que se han conferido esas facultades a una entidad determinada. Las pruebas de que una entidad ejerce, de hecho, funciones gubernamentales pueden constituir una prueba de que posee o se le han otorgado facultades gubernamentales, en particular cuando esas pruebas indican la existencia de una práctica sostenida y sistemática.

(120)

Las pruebas de que un gobierno ejerce un control significativo sobre una entidad y sobre su comportamiento pueden constituir, en determinadas circunstancias, prueba de que la entidad en cuestión posee facultades gubernamentales y actúa en ejercicio de dichas facultades para llevar a cabo funciones gubernamentales. De hecho, la titularidad pública de una entidad, aunque no es un criterio decisivo, junto con otros elementos puede servir como prueba. No obstante, es poco probable que la existencia de meros vínculos formales entre una entidad y el Gobierno en sentido estricto sea suficiente para establecer las facultades gubernamentales. Así, por ejemplo, el mero hecho de que un Gobierno sea el accionista mayoritario de una entidad no demuestra en sí mismo que ejerza un control significativo sobre su comportamiento, y menos aún que el Gobierno le haya dotado de facultades gubernamentales. No obstante, en algunos casos, cuando las pruebas demuestran que hay múltiples indicios formales de control gubernamental, y también hay pruebas de que ese control se ejerce de manera significativa, esas pruebas pueden permitir deducir que la entidad en cuestión ejerce facultades gubernamentales.

(121)

El objetivo central de una investigación de actuación como organismo público no es si el comportamiento que supuestamente da lugar a una contribución financiera está relacionado de forma lógica con una «función gubernamental» determinada. A este respecto, la norma jurídica para la determinación de organismos públicos con arreglo al artículo 1.1, letra a), punto 1, del Acuerdo SMC no prescribe una conexión de un grado o naturaleza determinado que necesariamente deba establecerse entre una función gubernamental determinada y la contribución financiera concreta de que se trate. Más bien, la investigación pertinente depende de la entidad que participa en ese comportamiento, sus características fundamentales y su relación con el Gobierno. El hecho de centrarse en la entidad, en lugar de en los comportamientos que supuestamente dan lugar a una contribución financiera, concuerda con el hecho de que un «Gobierno» (en sentido estricto) y un «organismo público» comparten un «grado de coincidencia o solapamiento en sus características fundamentales», es decir, ambos tienen una naturaleza «gubernamental».

(122)

La naturaleza del comportamiento o la práctica de una entidad puede, sin duda, constituir una prueba pertinente para una investigación de actuación como organismo público. En efecto, el comportamiento de una entidad, en particular cuando apunta a una «práctica sostenida y sistemática», es uno de los diversos tipos de pruebas que, dependiendo de las circunstancias de cada investigación, puede arrojar luz sobre las características fundamentales de una entidad y su relación con el Gobierno en sentido estricto. Sin embargo, la evaluación de dichas pruebas tiene por objeto responder a la cuestión central de si la propia entidad posee las características y funciones fundamentales que permitirían calificarla como organismo público. Por ejemplo, para evaluar si una entidad es un organismo público en el contexto de los bancos comerciales chinos de propiedad estatal, en la diferencia DS379 se incluyó información que mostraba que: i) «los jefes ejecutivos de las oficinas matrices de los bancos comerciales de propiedad estatal son designados por el Gobierno, y el [PCC] sigue teniendo una influencia notable en su elección»; y ii) los bancos comerciales de propiedad estatal «siguen careciendo de capacidad adecuada de análisis y gestión de los riesgos». Estas pruebas no se limitaban a la actividad de préstamo de los bancos comerciales de propiedad estatal, sino que se referían a sus características organizativas, sus cadenas de toma de decisiones y su relación general con las autoridades chinas. Por tanto, el Órgano de Apelación de la OMC señaló en la diferencia DS379 que, aunque el Departamento de Comercio de los Estados Unidos («USDOC») tuvo en cuenta pruebas relativas al comportamiento de los bancos comerciales de propiedad estatal [concediendo préstamos], lo hizo en el marco de su investigación sobre las características fundamentales de estas entidades y su relación con el Gobierno de China. Estos bancos comerciales de propiedad estatal ejercieron funciones gubernamentales en nombre del Gobierno chino.

(123)

Además, el Órgano de Apelación también ha dado importancia al hecho de que el Gobierno en cuestión no cooperó durante la investigación. De hecho, en la diferencia DS379, el Órgano de Apelación confirmó la determinación del USDOC de que los bancos comerciales de propiedad estatal en la investigación del Papel CFS constituían «organismos públicos» por las siguientes consideraciones: i) la propiedad estatal casi absoluta del sector bancario en China; ii) el artículo 34 de la Ley de la banca comercial, que estipula que los bancos están obligados a «desempeñar sus negocios crediticios a la luz de las necesidades de la economía nacional y del desarrollo social y con arreglo a las orientaciones de las políticas industriales del Estado»; iii) las pruebas obrantes en el expediente, que indicaban que los bancos comerciales de propiedad estatal seguían careciendo de una capacidad de análisis y gestión de riesgos adecuada; y iv) el hecho de que «durante [esa] investigación el [USDOC] no recibió las pruebas necesarias para documentar de forma integral el proceso de solicitud, concesión y evaluación de préstamos al sector del papel» (57).

(124)

Para determinar si los bancos de propiedad estatal poseen, ejercen o tienen autoridad gubernamental, la Comisión tuvo debidamente en cuenta las características y funciones fundamentales de los bancos, su relación con el Gobierno y el entorno jurídico y económico imperante en el país en el que opera la entidad investigada. A este respecto, la Comisión trató de hallar información acerca de la propiedad estatal, así como indicios formales de control gubernamental en los bancos de propiedad estatal. También analizó si el control se había ejercido de manera significativa a la vista del marco normativo vigente. A tal efecto, la Comisión tuvo que basarse en los datos disponibles, ya que las autoridades chinas se negaron a reenviar los cuestionarios pertinentes a las entidades financieras afectadas y a presentar datos sobre el proceso decisorio que se había seguido para conceder los préstamos preferenciales, como se ha explicado en la sección 3.4.2.

(125)

El sector bancario chino está dominado por bancos de propiedad estatal, sobre la base de sus funciones principales específicas normalmente denominados bancos comerciales de propiedad estatal o bancos de estrategia estatal (véanse los considerandos 52 y 113).

(126)

Dado que el Estado mantiene el control sobre los bancos de propiedad estatal a través de múltiples canales, además de la participación accionarial, también garantiza la presencia de las estructuras del Partido y su influencia en las entidades financieras y encomienda determinados tipos de conducta comercial de los bancos mediante medidas reglamentarias (véase la sección 3.6.1.4), está en condiciones de utilizar los recursos del sector financiero para alcanzar sus objetivos políticos (véanse también los considerandos 142 a 144), incluido el objetivo general de «promover el desarrollo de la economía socialista de mercado», tal como se establece en el artículo 1 de la Ley de Bancos (véase la sección 3.6.1.4 para un análisis más detallado de la Ley de Bancos).

(127)

En consecuencia, las funciones básicas de las entidades bancarias, en particular sus políticas de préstamo, están concebidas para servir a fines políticos, y los resultados económicos de los bancos están subordinados a los requisitos de las políticas industriales de las autoridades chinas. El marco jurídico aplicable y el marco institucional garantizan, a este respecto, que siempre que las autoridades chinas identifiquen prioridades económicas, por ejemplo, el desarrollo del sector de los EMA, los fondos necesarios se canalicen prioritariamente a los proyectos correspondientes a través del sector financiero. Por consiguiente, los bancos de propiedad estatal desempeñan efectivamente funciones gubernamentales, en la medida en que su personal directivo clave debe estar afiliado al PCC y, por tanto, ser leal principalmente al Partido, y sus actividades empresariales esenciales deben llevarse a cabo teniendo debidamente en cuenta los objetivos políticos fijados por las autoridades gubernamentales.

(128)

Como se indica en el considerando 86, las autoridades chinas se negaron a reenviar los cuestionarios a los bancos alegando que esta solicitud suponía un incumplimiento del Acuerdo SMC, puesto que se solicitaba información de forma indebida a las entidades financieras chinas, se las clasificaba erróneamente como organismos públicos, no se les notificaba debidamente y no se tenían en cuenta los motivos de confidencialidad previstos en la legislación china.

(129)

Durante la investigación, la Comisión aclaró su derecho a solicitar datos a las entidades financieras chinas, incluidas las entidades de propiedad estatal, bajo la supervisión de las autoridades chinas, y confirmó que toda la información confidencial se tratará de conformidad con los protocolos pertinentes en materia de confidencialidad. Además, se ha renunciado al requisito de confidencialidad, tal y como demuestra la autorización por escrito de las empresas incluidas en la muestra, en la que renuncian explícitamente a sus privilegios de confidencialidad.

(130)

En consecuencia, y tal como se ha indicado en el considerando 128, ninguna de las entidades financieras de propiedad estatal que concedieron préstamos a las empresas incluidas en la muestra respondió al cuestionario específico. La lista de bancos incluye: Agricultural Bank of China, Bank of Beijing (58), Bank of China, Bank of Communications Co. Ltd, Bank of Ningbo, China Construction Bank Corporation, China Industrial Bank Co. Ltd, China Merchants Bank, China Minsheng Bank (59), Export-Import Bank of China (EXIM Bank), Industrial and Commercial Bank (ICBC), Ping An Bank (60), Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd, China Postal Savings Bank Co. Ltd., Bank of Changsha, Bank of Hunan, China Bohai Bank, China Development Bank, China Guangfa Bank, Commercial Bank of China, Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), Huxia Bank, City Bank (China).

(131)

Las autoridades chinas no proporcionaron información sobre la propiedad de los bancos, ni sobre su estructura de gobernanza, su evaluación de riesgos o ejemplos relacionados con préstamos específicos al sector de los EMA.

(132)

Por ello, la Comisión decidió utilizar los datos disponibles para determinar si esas entidades financieras de propiedad estatal pueden considerarse organismos públicos.

(133)

En una investigación antisubvención anterior (61), la Comisión concluyó que los bancos que habían concedido préstamos a los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra eran de propiedad total o parcial del Estado o de personas jurídicas de propiedad estatal. Dado que los bancos no respondieron al cuestionario específico, la Comisión utilizó información públicamente disponible, como el sitio web de los bancos, los informes anuales y la información disponible en directorios bancarios o en Internet. En consonancia con las conclusiones de estas investigaciones anteriores, el documento de trabajo de los servicios de la Comisión (62) confirmó que el Estado domina el sector bancario (63) al mantener participaciones de control en todos los bancos comerciales de propiedad estatal, así como al ser el accionista mayoritario en una serie de bancos comerciales anónimos, ya sea a través de la inversión directa de Central Huijin o indirectamente a través de otras entidades jurídicas de propiedad estatal. En el considerando 130 se enumeran las entidades bancarias notificadas por los productores exportadores en las que el Estado posee una participación mayoritaria y, a falta de cambios desde las investigaciones similares recientes (64), se consideró que todas las entidades financieras de propiedad estatal que proporcionaron financiación a los productores exportadores incluidos en la muestra eran de propiedad total o parcial del Estado, directamente o a través de personas jurídicas.

(134)

Con respecto a los indicios formales de control gubernamental de los bancos de propiedad estatal, la Comisión los calificó de «entidades financieras clave de propiedad estatal». En particular, en la comunicación «Reglamento provisional relativo a las juntas de supervisores de las entidades financieras clave de propiedad estatal» (65) se establece lo siguiente: «Las entidades financieras clave de propiedad estatal mencionadas en el presente Reglamento son entidades de crédito oficial, bancos comerciales, empresas de gestión de activos financieros, sociedades de valores, las compañías de seguros, etc. (en lo sucesivo, ‘‘entidades financieras de propiedad estatal’’), en las cuales está representado el Consejo de Estado mediante el nombramiento de juntas de supervisores».

(135)

El Consejo de Estado nombra a las juntas de supervisores de las entidades financieras clave de propiedad estatal de conformidad con el «Reglamento provisional relativo a las juntas de supervisores de las entidades financieras clave de propiedad estatal». Sobre la base de los artículos 3 y 5 de este Reglamento provisional, la Comisión determinó que los miembros de la junta de supervisores son nombrados por el Consejo de Estado, ante el cual responden, lo que ilustra el control institucional del Estado sobre las actividades de negocio del banco de propiedad estatal que cooperó.

(136)

Por lo que se refiere a los bancos comerciales de propiedad estatal, la Comisión observó que los seis mayores bancos representaban más del 40 % de las condiciones del sector financiero chino de los activos totales a finales de 2022 (66). Al menos dos de estos seis bancos comerciales de propiedad estatal, a saber, ICBC y ABC, se encuentran entre las entidades financieras que concedieron préstamos a los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra en la presente investigación (véase el considerando 130). El Estado posee una participación mayoritaria tanto en el ICBC (67) como en el ABC (68). Además de controlar los seis mayores bancos comerciales de propiedad estatal, el Estado mantiene cuotas significativas en otros bancos comerciales de propiedad estatal, en los que su participación es más a menudo indirecta, por ejemplo, a través de empresas públicas. Con aproximadamente el 20 % de los activos totales del sector bancario chino en 2021, varios de estos bancos comerciales de propiedad estatal, como Shanghai Pudong Development Bank, China Everbright Bank, Ping An Bank, China Minsheng Bank y China Minsheng Bank, se encuentran entre las entidades financieras que concedieron préstamos a los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra en la presente investigación (véase el considerando 130 para una lista completa), con un grado variable de participación del Estado, que oscila entre aproximadamente el 3 % en el caso de China Minsheng Bank (69) y más del 80 % en el caso de China Everbright Bank (70).

(137)

La Comisión también constató que las entidades financieras de propiedad estatal habían modificado sus estatutos en 2017 para reforzar el papel del PCC en el nivel más alto de toma de decisiones de los bancos (71).

(138)

Los nuevos estatutos estipulan que:

(139)

En el considerando 53 se ofrecen ejemplos concretos de estos cambios en los estatutos con respecto al ICBC y al ABC.

(140)

La Comisión pidió asimismo información sobre si las autoridades chinas ejercían un control significativo sobre el funcionamiento de las entidades financieras de propiedad estatal en lo relativo a sus políticas de préstamo y evaluación del riesgo al conceder préstamos al sector de los EMA. A este respecto, se tuvieron en cuenta los siguientes documentos normativos:

(141)

Tras haber estudiado estos documentos normativos, la Comisión concluyó que las entidades financieras chinas operan en el seno de un marco jurídico que las conduce a alinearse con los objetivos de política industrial de las autoridades chinas, que incluye el desarrollo del sector de los EMA. Los EMA, que se reconoce que forman parte del sector de la maquinaria de construcción, se destacan en los principales planes nacionales y regionales, en particular en la estrategia «Made in China 2025», el Decimocuarto Plan Quinquenal sobre el desarrollo del sector de la maquinaria de construcción y varias estrategias de desarrollo provinciales y municipales en Zhejiang, Jiangsu y Hunan. Estas políticas promueven la ayuda financiera, los incentivos a las actividades de I+D y la aglomeración industrial, y animan a las entidades financieras a priorizar la financiación para las empresas de este sector.

(142)

A nivel general, el artículo 34 de la Ley de Bancos, que se aplica a todas las entidades financieras que operan en China, dispone que «la banca comercial deberá desarrollar su negocio de préstamo con arreglo a las necesidades del desarrollo económico y social nacional y de acuerdo con las orientaciones de las políticas industriales del Estado». Aunque el artículo 4 de la Ley de Bancos establece que «la banca comercial, conforme a la ley, realizará sus operaciones empresariales sin injerencias de ninguna unidad o persona», y que «la banca comercial asumirá de forma independiente la responsabilidad civil con la totalidad de su propiedad como persona jurídica», de la investigación se desprendió que dicho artículo 4 se aplica subordinado al artículo 34 de la misma Ley de Bancos, es decir, que cuando el Estado establece una política pública, los bancos la aplican y siguen las instrucciones del Estado.

(143)

Además, el artículo 15 de las Normas generales sobre préstamos establece que «con arreglo a la política del Estado, los departamentos pertinentes podrán subvencionar los intereses sobre los préstamos, con la intención de promover el crecimiento de determinadas industrias y el desarrollo económico de determinadas zonas».

(144)

De igual manera, la Decisión n.o 40 da instrucciones a todas las entidades financieras para que presten apoyo en forma de créditos específicamente a proyectos «fomentados». Como ya se ha explicado en la sección 3.3, y más concretamente en los considerandos 72 y 80, los proyectos del sector de los EMA pertenecen a la categoría de proyectos «fomentados». Por ello, la Decisión n.o 40 confirma la anterior constatación, relativa a la Ley de Bancos, de que los bancos ejercen facultades gubernamentales en forma de operaciones de crédito preferente. La Comisión concluyó asimismo que la NFRA tiene una amplísima autoridad para aprobar todos los aspectos de gestión de todas las entidades financieras establecidas en China (incluidas las de propiedad privada y las de propiedad extranjera), tales como (72):

(145)

La Ley de Bancos es jurídicamente vinculante. El carácter obligatorio de los planes quinquenales y de la Decisión n.o 40 ha quedado establecido en la sección 3.6.1.4. El carácter obligatorio de los documentos normativos de la NFRA se desprende de las facultades de esta como autoridad de regulación bancaria. El carácter obligatorio de los demás documentos se hace patente en las cláusulas de supervisión y evaluación que contienen.

(146)

La Decisión n.o 40 del Consejo de Estado establece que todas las entidades financieras deben prestar apoyo en forma de créditos únicamente a los proyectos de inversión que pertenezcan a la categoría fomentada y promete la aplicación de «otras políticas preferenciales para proyectos fomentados pertenecientes a la categoría de industrias fomentadas». Sobre esta base, los bancos deben prestar apoyo en forma de créditos al sector de los EMA como industria fomentada.

(147)

Además, incluso las decisiones de la banca comercial privada deben ser supervisadas por el PCC y mantenerse en línea con las políticas nacionales. De hecho, uno de los tres objetivos generales del Estado en relación con la gobernanza bancaria es ahora reforzar el liderazgo del Partido en el sector bancario y de seguros, en particular en relación con las cuestiones operativas y de gestión de las empresas. A este respecto, el Plan de Acción Trienal de la CBIRC para los años 2020 a 2022 obliga a «seguir aplicando el espíritu expresado en el discurso de apertura del secretario general Xi Jinping sobre el avance de la reforma del gobierno corporativo del sector financiero». Además, la sección II del Plan tiene por objeto promover la integración orgánica de la dirección del Partido en el gobierno corporativo: «haremos que la integración de la dirección del Partido en el gobierno corporativo sea más sistemática, estandarizada y basada en procedimientos […]. Las principales cuestiones operativas y de gestión deben haber sido discutidas por el Comité del Partido antes de ser decididas por el Consejo de Administración o la alta dirección».

(148)

Asimismo, las autoridades chinas han estipulado recientemente que incluso los accionistas de las entidades financieras deben facilitar el ejercicio del control de las autoridades a través del marco de gobierno corporativo de la entidad, como sigue: «Los grandes accionistas de las entidades bancarias y de seguros apoyarán a estas en el establecimiento de una estructura de gobierno corporativo independiente y sólida, con controles y equilibrios efectivos, y las alentarán y apoyarán para que garanticen la integración orgánica del liderazgo del partido con la gobernanza corporativa» (73).

(149)

Por último, los criterios de evaluación de los resultados de la NFRA para los bancos comerciales tienen que tener en cuenta ahora, especialmente, la forma en que las entidades financieras «sirven a los objetivos de desarrollo nacional y a la economía real» y, en particular, la forma en que «sirven a las industrias estratégicas y emergentes» (74).

(150)

Por tanto, la Comisión concluyó que las autoridades chinas han creado un marco normativo que deben cumplir los gestores y supervisores del banco de propiedad Estatal que cooperó, que son designados por ellas y que también deben rendirles cuentas. Por consiguiente, las autoridades chinas se basan en este marco normativo para ejercer un control significativo sobre el funcionamiento del banco de propiedad estatal que cooperó, al conceder préstamos al sector de los EMA. Las funciones principales del banco de propiedad estatal están relacionadas con las tareas específicas asignadas por las autoridades chinas a través de este marco normativo, lo que lleva a convertirse en la herramienta de las autoridades chinas para desempeñar funciones gubernamentales.

(151)

En el curso de la investigación, las autoridades chinas se refirieron a la interpretación de la Ley bancaria por parte de la APN y al artículo 4 de dicha ley, alegando que los bancos comerciales en China operaban como entidades jurídicas independientes que «toman sus propias decisiones», «sin interferencia de ninguna unidad ni individuo» y que «ninguna entidad ni individuo puede obligar a un banco comercial a conceder préstamos o proporcionar una garantía».

(152)

Como se explica en el considerando 145, la Comisión consideró que la Ley de Bancos China y la Decisión n.o 40 son de carácter obligatorio. Además, ni las constataciones de esta investigación ni las de anteriores investigaciones de la Comisión relativas al mismo programa de subvenciones (75) respaldaron la afirmación de que los bancos no tienen en cuenta los planes y políticas gubernamentales en sus decisiones de concesión de préstamos. Por ejemplo, la Comisión constató que los cuatro grupos de productores exportadores incluidos en la muestra se beneficiaron de préstamos preferenciales a tipos de interés por debajo de los del mercado.

(153)

La investigación también determinó que el artículo 4 se aplica únicamente en la medida en que se ajusta al artículo 33. Esto significa que, si bien los bancos pueden operar en virtud de su marco jurídico general, deben cumplir las políticas estatales cuando se ordene. En efecto, mientras el artículo 4 de la Ley de Bancos forma parte del capítulo I, que establece las disposiciones generales, el artículo 33 forma parte del capítulo IV, que establece las normas básicas que rigen los préstamos. Cuando el artículo 33 establece que «los bancos comerciales llevan a cabo su actividad de préstamo en función de las necesidades de la economía nacional y el desarrollo social y bajo la dirección de las políticas industriales estatales», demuestra que esta disposición no tiene un carácter orientativo, sino que es de carácter obligatorio y da instrucciones claras a los bancos para que tengan en cuenta las políticas industriales del Estado a la hora de conceder préstamos. La Comisión también señaló que la Decisión n.o 40 del Consejo de Estado da instrucciones a todas las entidades financieras para que presten apoyo en forma de créditos únicamente a los proyectos fomentados, y promete la aplicación de «otras políticas preferenciales para los proyectos pertenecientes a las categorías de industrias fomentadas». Si bien el artículo 17 de la misma Decisión obliga a los bancos a respetar los principios crediticios, durante la investigación la Comisión no pudo determinar si esto se había hecho en la práctica. La Comisión solicitó los documentos justificativos que demostraran que las entidades financieras estaban respetando estos principios. Las autoridades chinas y las entidades financieras no proporcionaron dicha información. En consecuencia, la Comisión tuvo que realizar dicha evaluación sobre la base de los datos disponibles. Estos datos mostraron que se concedieron préstamos a los productores exportadores con independencia de su situación financiera y solvencia crediticia. Esta conclusión no es nueva y ya se había hecho en investigaciones anteriores (76), en las que la Comisión demostró que el artículo 17 no se traduce de forma efectiva en un principio crediticio para las industrias fomentadas. Durante la investigación actual, la Comisión no pudo determinar el cumplimiento debido a la falta de cooperación, lo que intensificó aún más las preocupaciones relacionadas con la transparencia y el cumplimiento de procedimientos adecuados de evaluación de la calidad crediticia.

(154)

Por último, como se señala en los considerandos 137 y 138, el hecho de que todas las principales cuestiones operativas y de gestión del banco sean examinadas por el Partido, que está profundamente integrado en la estructura de gobierno corporativo de los bancos, y el hecho de que el rendimiento de los bancos se evalúe en consonancia con sus esfuerzos por servir a empresas estratégicas y emergentes, como el sector de los EMA, también demuestra el carácter estricto y vinculante del marco regulador sobre las operaciones de las entidades financieras.

(155)

Por ello, a falta de cooperación o de datos tangibles de las evaluaciones de solvencia crediticia, la Comisión examinó el conjunto del entorno jurídico descrito en los considerandos 142 a 150, junto con el comportamiento del banco de propiedad estatal que cooperó en lo relativo a los préstamos que concedió a las empresas incluidas en la muestra. Este comportamiento contrastaba con su postura oficial, ya que en la práctica los bancos de propiedad estatal no actuaban partiendo de una exhaustiva evaluación del riesgo basada en el mercado.

(156)

En el curso de la investigación, la Comisión constató que se concedieron préstamos a los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra a tipos de interés inferiores o próximos al tipo preferente de préstamo anunciado por el Centro Nacional de Financiación Interbancaria (NIFC). El tipo preferente de préstamo se introdujo el 20 de agosto de 2019 y sustituye al anterior tipo de referencia del banco central del BPC (77). La concesión de financiación a tipos inferiores o próximos al tipo de interés sin riesgo del país en el mercado interbancario muestra claramente que el riesgo no se tuvo debidamente en cuenta. Ante la falta de cooperación de las autoridades chinas y las entidades financieras, la Comisión tuvo que utilizar los datos disponibles y, por lo tanto, llegó a la conclusión de que los préstamos se concedieron independientemente de la situación real del riesgo financiero y crediticio de las empresas, tal como se establece en la sección 3.6.3. Es decir, los préstamos se concedieron por debajo de los tipos de mercado si se comparan con el tipo correspondiente al perfil de riesgo de los dos productores exportadores incluidos en la muestra.

(157)

Sobre esta base, la Comisión concluyó que las autoridades chinas han creado un marco normativo con respecto a la concesión de préstamos a industrias fomentadas que debían cumplir los gestores y supervisores del banco, que son designados por las autoridades chinas, a las que deben rendir cuentas. Este marco normativo no dejó ningún margen de maniobra a los directivos y supervisores del banco en cuanto a la conveniencia de aplicarlo o no con respecto a los productores exportadores incluidos en la muestra, colocando así a la dirección de dicho banco en una posición de dependencia.

(158)

Por consiguiente, las autoridades chinas se basan en este marco normativo para ejercer un control significativo sobre el funcionamiento del banco de propiedad estatal que cooperó, al conceder préstamos al sector de los EMA.

(159)

A falta de pruebas concretas de evaluaciones del riesgo crediticio, la Comisión examinó el entorno jurídico general aplicable a la concesión de préstamos a sectores fomentados, como el sector de los EMA, junto con el comportamiento del banco de propiedad estatal que cooperó, y determinó que el banco no estaba actuando con arreglo a evaluaciones exhaustivas del riesgo de crédito basadas en el mercado.

(160)

Por otra parte, como se explica en el considerando 152, se concedieron préstamos a los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra a tipos de interés inferiores o próximos al tipo preferente de préstamo del NIFC, con independencia de su situación financiera y de riesgo crediticio. Por lo tanto, teniendo en cuenta el perfil de riesgo de los productores exportadores incluidos en la muestra descrito en la sección 3.6.4.3 y que, según el análisis de riesgos realizado por la Comisión, determinados productores exportadores incluidos en la muestra deberían haber recibido una calificación crediticia BB y otros una calificación crediticia B, por tanto, deberían haber pagado tipos de interés muy superiores al tipo sin riesgo, la Comisión concluyó que los préstamos en cuestión se concedieron por debajo de los tipos de mercado.

(161)

Por todo ello, la Comisión concluyó que las autoridades chinas habían ejercido un control significativo sobre el funcionamiento del banco de propiedad estatal que cooperó en lo relativo a sus políticas de préstamo y la evaluación del riesgo referente al sector de los EMA.

(162)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas reiteraron su alegación de que el artículo 4 de la Ley de Bancos Comerciales no está subordinado al artículo 34 y de que el artículo 34 no debe contradecir lo dispuesto en el artículo 4 en lo relativo a la independencia de los bancos. También alegó que la Ley de Bancos no impone ninguna consecuencia punitiva a los bancos que incumplan lo dispuesto en el artículo 34. Además, las autoridades chinas alegaron que el artículo 15 de las Normas generales sobre préstamos no podía servir de base para afirmar que las autoridades chinas exigen a los bancos comerciales que concedan préstamos preferenciales, señalando una revisión de las Normas generales sobre préstamos. Las autoridades chinas también añadieron que la Decisión n.o 40 no se aplica a la industria de los EMA, ya que solo pueden considerarse fomentados los proyectos detallados como tales en el Catálogo.

(163)

La Comisión se refirió, una vez más, al informe del Órgano de Apelación presentado en el considerando 123, en el que se confirmaba que los bancos están obligados a «desempeñar sus negocios crediticios a la luz de las necesidades de la economía nacional y del desarrollo social y con arreglo a las directrices de las políticas industriales del Estado» y señaló que la supuesta ausencia de consecuencias punitivas era irrelevante, teniendo en cuenta que el sector bancario chino es mayoritariamente de propiedad estatal, que las decisiones bancarias comerciales deben ser supervisadas por el PCC y que las decisiones bancarias comerciales deben estar en consonancia con las políticas nacionales, cuestiones no rebatidas por ninguna de las partes interesadas. Por lo que se refiere al artículo 15 de las normas generales sobre préstamos, la Comisión señaló que las autoridades chinas no aportaron pruebas de la revisión y que la propia ley no se había modificado ni derogado, por lo que este artículo seguía aplicándose, como indicaron las propias autoridades chinasen sus observaciones sobre la comunicación definitiva. La Comisión también se refirió al considerando 59, en el que había llegado a la conclusión de que el sector de los EMA formaba parte del sector de la «gran maquinaria de construcción» que figura en el Catálogo, lo que confirmó que los EMA eran un sector fomentado. Por todas estas razones, se rechazó la alegación.

(164)

La Comisión concluyó que los bancos de propiedad estatal aplicaron el marco jurídico expuesto ejerciendo funciones gubernamentales con respecto al sector de los EMA. Por lo tanto, actuaron como organismo público en el sentido del artículo 2, letra b), del Reglamento de base, leído en relación con el artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), de dicho Reglamento y de conformidad con la jurisprudencia de la OMC en la materia.

(165)

Además, aunque no hubiera que considerar organismos públicos a las entidades financieras de propiedad estatal, la Comisión estableció, basándose en la misma información, que se consideraría que habían recibido encomienda u orden de las autoridades chinas para llevar a cabo funciones que suelen ser propias del Gobierno en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base por las mismas razones expuestas en la sección 3.6.2. De este modo, su comportamiento sería atribuido a las autoridades chinas en cualquier caso.

(166)

La Comisión determinó en el caso que nos ocupa que los siguientes bancos y entidades financieras privadas que operaban en China habían concedido préstamos a los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra en esta investigación, a saber, Citibank (China) Co., Ltd., China Bohai Bank, China Mingsheng Bank y HSBS Bank.

(167)

Como en investigaciones anteriores (78), de acuerdo con el análisis correspondiente expuesto en los considerandos 140 a 161, se consideró que estos bancos y entidades financieras privadas habían estado operando bajo la supervisión de la NFRA (en sustitución de la CBRC) y habían recibido encomienda u orden de las autoridades chinas. Dado que no se facilitó información que indicara lo contrario, la Comisión mantuvo la misma conclusión en la presente investigación.

(168)

La Comisión analizó si estas entidades financieras habían recibido encomienda u orden de las autoridades chinas de conceder subvenciones al sector de los EMA en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base.

(169)

Según el Órgano de Apelación de la OMC, un Gobierno «encomienda» cuando asigna responsabilidad a una entidad privada, y «ordena» cuando ejerce su autoridad sobre una entidad privada (79). En ambos casos, el Gobierno recurre a una entidad privada para que, en su nombre, efectúe la contribución financiera y «en la mayoría de los casos cabría esperar que la encomienda o la orden impartida a una entidad privada entrañara alguna forma de amenaza o estímulo» (80). Al mismo tiempo, el artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iv), no permite a los Miembros imponer medidas compensatorias a productos «cuando un gobierno se limite a ejercer sus facultades generales de reglamentación» (81) o cuando la intervención de los poderes públicos «puede dar o no un resultado particular dependiendo de determinadas circunstancias de hecho y del ejercicio de la libertad de elección por los agentes en dicho mercado» (82). Al contrario, una encomienda o una orden implican «una función más activa que los meros actos de aliento (83) .

(170)

La Comisión observó que el marco normativo relativo a la industria que se ha mencionado en los considerandos 142 a 147 se aplica a todas las entidades financieras de China, incluidas las entidades financieras de propiedad privada. Para ilustrarlo, la Ley de Bancos y las diversas órdenes de la NFRA (anteriormente CBIRC) van dirigidas a los bancos de financiación china y a los bancos con capital extranjero gestionados por la NFRA.

(171)

Además, la mayoría de los contratos de préstamo con entidades financieras privadas tenían condiciones similares a las de los contratos con bancos de propiedad estatal, y los tipos de interés de los préstamos concedidos por las entidades financieras privadas eran similares a los aplicados por las entidades financieras de propiedad estatal. Esto demuestra que dichos bancos conceden de facto condiciones preferenciales de préstamo de conformidad con el control de las autoridades chinas sobre el sector bancario.

(172)

A falta de información en otro sentido procedente de las entidades financieras privadas, la Comisión llegó a la conclusión de que, por lo que respecta al sector de los EMA, todas las entidades financieras que operan en China bajo supervisión de la NFRA (incluidas las entidades privadas) han recibido encomienda u orden del Estado, en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iv), primer guion, del Reglamento de base, de alinearse con las políticas gubernamentales y conceder préstamos a tipos preferentes al sector de los EMA (84) y, por tanto, desempeñan funciones que no son distintas de las funciones normalmente ejercidas por los gobiernos.

(173)

En investigaciones antisubvención anteriores, la Comisión ya había establecido que las calificaciones crediticias chinas concedidas a empresas chinas no eran fiables, sobre la base de un estudio publicado por el Fondo Monetario Internacional (85) que mostraba la divergencia entre las calificaciones crediticias internacionales y las chinas. De hecho, según el FMI, más del 90 % de las obligaciones chinas están calificadas entre AA y AAA por las agencias locales. Esto no es comparable a otros mercados, como el de la UE o el de los Estados Unidos de América (EE. UU.). Por ejemplo, menos del 2 % de las empresas disfrutan de tales calificaciones en el mercado estadounidense. Así pues, las agencias de calificación crediticia chinas se inclinan marcadamente hacia la parte alta de la escala de calificación. Sus escalas de calificación son muy amplias, y tienden a agrupar obligaciones con riesgos de impago significativamente distintos en una amplia categoría de calificación (86). Según el informe de Bloomberg sobre el mercado chino de obligaciones de 2021 (87), cinco agencias de calificación locales dominan el mercado de obligaciones: China Chengxin, Dagong, Lianhe, Shanghai Brilliance y Golden Credit Rating, y alrededor del 90 % de las obligaciones reciben la calificación AAA de las agencias locales. Sin embargo, muchos de los emisores han recibido de S&P Global una calificación como emisor inferior, de A y BBB (88) .

(174)

Además, algunas agencias de calificación externas, como Standard & Poor’s y Moody’s, tienden a aplicar un incremento a la calificación crediticia de referencia del emisor partiendo de una estimación de la importancia estratégica de la empresa para el Gobierno chino y de la fortaleza de cualquier garantía implícita al calificar las obligaciones chinas emitidas en el exterior (89).

(175)

Para complementar este análisis, varios asuntos anteriores mostraron que las autoridades chinas también pueden ejercer su influencia en el mercado de las calificaciones crediticias (90).

(176)

Según la información facilitada por las autoridades chinas en casos anteriores, había catorce agencias de calificación crediticia activas en el mercado de obligaciones chino, incluidas doce agencias de calificación nacionales. En segundo lugar, no se entra libremente al mercado chino de la calificación crediticia. Se trata, básicamente, de un mercado cerrado, ya que las agencias de calificación tienen que ser aprobadas por la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) o por el Banco Popular de China (BPC) antes de empezar a operar (91) . A mediados de 2017, el BPC anunció que se autorizaría a las agencias de calificación crediticia extranjeras a emitir calificaciones crediticias sobre una parte del mercado de obligaciones nacional, bajo determinadas condiciones. Con todo, estas agencias de calificación crediticia siguen las escalas de calificación chinas, por lo que no son exactamente comparables con las calificaciones internacionales, como se ha explicado en el considerando 174.

(177)

Una investigación realizada en 2021 por Allianz Global Investors confirma las conclusiones de la Comisión, afirmando que «el sistema de calificación crediticia nacional de China difiere de los convenios internacionales de calificación crediticia. Por ejemplo, las obligaciones nacionales calificados como AA+ normalmente se calificarían de “alto rendimiento” a escala internacional» (92).

(178)

Por último, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) señaló en 2022 que «[l]as insuficiencias en el mercado de las calificaciones crediticias, incluidas las calificaciones infladas y los débiles sistemas de alerta, obstaculizan el buen desarrollo del mercado de obligaciones» (93).

(179)

Además, la Comisión también ha determinado (94) que el sistema chino de calificación crediticia no puede considerarse como impulsado exclusivamente por las fuerzas del mercado y que funciona de forma distorsionada.

(180)

Vista la situación descrita en los considerandos 173 a 178, la Comisión llegó a la conclusión de que las calificaciones crediticias chinas no ofrecen una estimación fiable del riesgo crediticio del activo subyacente. Estas calificaciones se falsearon también para conseguir el objetivo de fomentar industrias estratégicas clave, como el sector de los EMA.

(181)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas alegaron que el sistema chino de calificación crediticia es fiable y que deben reevaluarse las calificaciones crediticias de las empresas. También alegó que la Comisión había evaluado arbitrariamente a las empresas incluidas en la muestra sin los conocimientos y certificados requeridos y sin una comprensión completa del funcionamiento de las empresas incluidas en la muestra. Por otra parte, las autoridades chinas alegaron que la propiedad de las agencias de calificación que operan en el mercado chino es más variada, con una presencia cada vez mayor de agencias internacionales de calificación crediticia, tales como S&P o Moody’s China Limited, lo que conduce a optimizar los métodos de calificación.

(182)

La Comisión consideró que no había evaluado la calificación crediticia de las empresas incluidas en la muestra de manera arbitraria. Por el contrario, la Comisión actuó con total transparencia y se basó en una serie de indicadores financieros para determinar la calificación crediticia de las empresas incluidas en la muestra. La Comisión también consideró que la evolución de la estructura del mercado en China no influyó en las deficiencias relativas al mercado chino de calificación crediticia, tal como se describe en los considerandos 173 a 180. Por consiguiente, se rechazaron estas alegaciones.

(183)

Tras la comunicación definitiva, la CCCME alegó que la existencia de catorce agencias de calificación crediticia, incluidas dos agencias extranjeras, hacía que el mercado chino de calificación crediticia fuera sólido e independiente. Añadió que el uso de diferentes categorías de calificación por parte de las agencias de calificación locales chinas no cuestiona la independencia de las agencias ni la autenticidad de los resultados de la calificación. También alegó que la conclusión de la Comisión de que el mercado chino de calificación crediticia está «cerrado» se basa en pruebas obsoletas e interpretadas incorrectamente; en particular la CCCME consideró que el papel de la CSRC y del BPC a la hora de regular la cualificación de las entidades de calificación crediticia era necesario para garantizar que dichas agencias de calificación crediticia tuvieran los conocimientos especializados necesarios, y se refirió a las mejoras normativas reconocidas en el informe de la OCDE mencionado en el considerando 178.

(184)

La Comisión se mostró en desacuerdo con estas alegaciones. Si bien la Comisión no rebate que determinadas agencias extranjeras operan en el mercado chino, se considera que dichas agencias extranjeras «tan solo representan una pequeña fracción de las calificaciones llevadas a cabo en el mercado chino de la calificación crediticia», y que «siguen las mismas escalas de calificación que las agencias chinas y [...] aplican un incremento a sus calificaciones en términos de la importancia estratégica de las empresas para las autoridades chinas y de las garantías estatales implícitas» (95), por lo que no pueden considerarse independientes. Además, en lo que respecta al carácter obsoleto de las pruebas aportadas por la Comisión, la Comisión señaló que la CCCME eligió selectivamente los elementos de prueba más antiguos aportados por la Comisión e ignoraron varias referencias de los años 2021 y 2022 utilizadas en los considerandos 177 y 178, así como la referencia al documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre las distorsiones significativas en la economía de la República Popular China, que se publicó en abril de 2024 (véase el considerando 179), mucho tiempo después de que las agencias de calificación crediticia empezasen a operar en China. Estas referencias demuestran claramente que la situación del mercado chino de la calificación crediticia no ha experimentado cambios significativos durante el período de investigación. Por lo que se refiere al papel de la CSRC y del BPC, la Comisión no cuestionó el informe de la OCDE y que el papel de dichas entidades incluya la evaluación de las cualificaciones de las agencias de calificación crediticia. Sin embargo, parecía que el papel del BPC no se limitaba a dicha evaluación, sino que también incluía «la supervisión y la gestión de las calificaciones crediticias a escala nacional», de conformidad con el artículo 3 de las Medidas provisionales para la administración de la industria de calificación crediticia publicadas conjuntamente por el Banco Popular de China, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Hacienda y la Comisión Reguladora de Valores de China (Orden [2019] n.o 5). Por tanto, se rechazaron estas alegaciones.

(185)

La Comisión determinó que las empresas de los cuatro grupos incluidos en la muestra utilizaron préstamos a corto y largo plazo para financiar sus actividades. Estos préstamos se utilizaron principalmente para operaciones diarias, necesidades de capital circulante, proyectos especiales e inversiones. Uno de los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra también utilizó créditos a la exportación a largo plazo.

(186)

Como se demuestra en los considerandos 142 a 147, existen varios documentos jurídicos específicamente destinados a las empresas del sector en los que se dan órdenes a las entidades financieras para que concedan préstamos al sector de los EMA a tipos preferentes. Estos documentos demuestran que las entidades financieras solo conceden financiación preferente a un número reducido de industrias o empresas que se ajustan a las correspondientes políticas de las autoridades chinas. La Comisión consideró que las referencias al sector de los EMA son suficientemente claras, ya que se lo identifica, bien por su nombre, bien mediante una alusión clara al producto que fabrica o al grupo de industrias al que pertenece. Por otra parte, uno de los productores exportadores incluidos en la muestra se benefició de un préstamo concedido por el China Development Bank, que financia «proyectos en sectores clave reconocidos por el Estado». Por lo tanto, el hecho de que las autoridades chinas apoyen a un grupo limitado de industrias fomentadas, entre las que se incluye el sector de los EMA, hace que esta subvención sea específica.

(187)

La Comisión calculó el importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias basándose en el beneficio obtenido por sus receptores durante el período de investigación. De conformidad con el artículo 6, letra b), del Reglamento de base, el beneficio obtenido por el receptor será la diferencia entre la cantidad que haya pagado la empresa en concepto de interés por el préstamo preferente y la que hubiera pagado por un préstamo comercial comparable que la empresa hubiera podido obtener en el mercado.

(188)

Como se ha explicado en las secciones 3.6.1 y 3.6.2, los préstamos concedidos por las entidades financieras chinas reflejan una intervención sustancial de los poderes públicos, en lugar de los tipos que suelen encontrarse en un mercado operativo.

(189)

Los grupos de empresas incluidos en la muestra presentaban diferencias en cuanto a su situación financiera general. Cada uno de ellos se benefició durante el período de investigación de tipos de préstamos que diferían en cuanto a sus vencimientos, garantías, avales y otras condiciones. Por estas dos razones, cada empresa tenía un tipo de interés medio basado en los préstamos recibidos.

(190)

Para reflejar estas particularidades, la Comisión evaluó individualmente la situación financiera de cada uno de los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra. A este respecto, la Comisión siguió la metodología de cálculo de la financiación preferente establecida en la investigación antisubvención sobre hojas de aluminio convertible originarias de China, así como en las investigaciones antisubvención sobre productos planos de acero laminados en caliente originarios de China, neumáticos originarios de China, determinados tejidos de fibra de vidrio de punto y/o cosidos originarios de China, cables de fibras ópticas originarios de China y vehículos eléctricos de batería nuevos diseñados para el transporte de personas originarios de China (96), como se explica en los considerandos siguientes. Con esa base, la Comisión calculó individualmente el beneficio de la financiación preferente a través de las prácticas de préstamo aplicadas para cada uno de los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra, y asignó tal beneficio al producto investigado.

(191)

Como se indica en el considerando 90, las entidades financieras de préstamo chinas no presentaron ninguna respuesta al cuestionario que pudiera aclarar la evaluación de la solvencia crediticia realizada. Por lo tanto, a fin de determinar el beneficio, la Comisión tuvo que evaluar si los tipos de interés de los préstamos concedidos al grupo Sinoboom se ajustaban a los del mercado.

(192)

El grupo Sinoboom comunicó una situación financiera rentable con un margen de beneficio del 12 % de acuerdo con sus propias cuentas financieras correspondientes al ejercicio 2023.

(193)

El grupo Sinoboom utilizó deuda a corto y largo plazo para financiar sus operaciones. La Comisión evaluó la liquidez a corto plazo y la situación de solvencia a largo plazo del grupo.

(194)

Respecto a la liquidez a corto plazo, el grupo presentó un coeficiente de solvencia medio de 1,44 durante el período de investigación. Aunque el activo circulante de la empresa se sitúa dentro de este intervalo aceptable, no es especialmente sólido. Esto indica que, si bien la empresa puede cumplir sus obligaciones a corto plazo desde un punto de vista técnico, su situación de tesorería solo es marginalmente adecuada. En caso de que se produzcan presiones financieras imprevistas, la empresa podría tener dificultades para mantener las operaciones sin liquidar activos o asumir deuda adicional. Sería necesaria una situación de tesorería más sólida para garantizar la estabilidad financiera en caso de volatilidad del mercado o acontecimientos imprevistos.

(195)

En términos de solvencia, el coeficiente de endeudamiento de la empresa de 1,98 muestra una importante dependencia de la deuda. La empresa depende casi el doble de los fondos tomados en préstamo que de su propio capital, lo que indica un importante riesgo financiero. Este elevado apalancamiento hace que la empresa sea vulnerable a la subida de los tipos de interés o a una recesión económica, puesto que su capacidad para garantizar el servicio de la deuda puede verse menoscabada. La dependencia de la financiación mediante deuda aumenta el riesgo de insolvencia, especialmente si se ralentiza el crecimiento de los ingresos o la rentabilidad. Este apalancamiento constituye una preocupación grave que podría poner en peligro la solidez financiera de la empresa.

(196)

La Comisión consideró que la situación financiera general del grupo corresponde a una calificación BB. Según las definiciones de calificación crediticia de Standard & Poor’s, un deudor calificado BB todavía tiene capacidad para hacer frente a sus compromisos financieros en condiciones estables. Pese a todo, unas condiciones comerciales, financieras o económicas adversas pueden mermar su capacidad o su voluntad de cumplir sus compromisos financieros. Por lo tanto, este valor de referencia se considera adecuado para reflejar los elevados niveles de deuda y la fuerte dependencia del apalancamiento del grupo.

(197)

La prima esperada sobre las obligaciones emitidas por las empresas con esta calificación BB se aplicó entonces al tipo de referencia de préstamo del BPC o, después del 20 de agosto de 2019, al tipo preferente de préstamo del NIFC, con el fin de determinar el tipo del mercado.

(198)

Se determinó entonces ese recargo calculando el diferencial relativo entre los índices de las obligaciones societarias con la calificación AA y con la calificación BB (EE. UU.) según los datos de Bloomberg para segmentos industriales. El diferencial así calculado se sumó después al tipo de referencia de préstamo publicado por el BPC o, después del 20 de agosto de 2019, al tipo preferente de préstamo anunciado por el NIFC, en la fecha en que se concedió el préstamo y por la misma duración que este. Esto se hizo individualmente para cada préstamo o arrendamiento financiero concedido a la empresa.

(199)

La Comisión constató que el grupo Zoomlion había obtenido una calificación B por parte de una agencia de calificación crediticia china en 2021. La Comisión estuvo de acuerdo con esta calificación, puesto que se ajusta al perfil financiero de la empresa según la evaluación basada en los estados financieros que abarcan el período de investigación.

(200)

Puesto que las entidades financieras no proporcionaron ninguna respuesta al cuestionario que explicara la evaluación de la solvencia crediticia, para determinar el beneficio, la Comisión tuvo que evaluar si los tipos de interés de los préstamos concedidos al grupo Zoomlion se ajustaban a los del mercado.

(201)

El grupo Zoomlion se presentó en una situación financiera generalmente rentable con un margen de beneficio de alrededor del 8 % según sus propias cuentas financieras del ejercicio 2023. La rentabilidad de Zoomlion es razonable, pero bastante modesta, en comparación con la media de las empresas del sector y puede limitar su capacidad para reinvertir y gestionar las fluctuaciones económicas.

(202)

El grupo utilizó deuda a corto y largo plazo para financiar sus operaciones. La Comisión evaluó la liquidez a corto plazo y la situación de solvencia a largo plazo de la empresa.

(203)

En cuanto a la liquidez a corto plazo, la Comisión utilizó el coeficiente de solvencia. Este coeficiente mide la capacidad de la empresa para pagar sus obligaciones a corto plazo, incluida la deuda a corto plazo.

(204)

El coeficiente de solvencia de la empresa era de 1,17 en el período investigado. Esto indica que su liquidez es adecuada, aunque precaria, puesto que el coeficiente solo está ligeramente por encima del umbral aceptable. Esto muestra también que, si bien la empresa puede pagar sus deudas a corto plazo con cargo a su activo circulante, cualquier aumento imprevisto de las obligaciones o una ralentización en la conversión de activos podría plantear dificultades. Teniendo en cuenta su indicador de liquidez a corto plazo, la Comisión concluyó que la empresa en cuestión presentaba una situación de tesorería a corto plazo frágil.

(205)

La Comisión basó la evaluación del riesgo de solvencia a largo plazo en la ratio de deuda. Esta ratio mide la capacidad de la empresa para hacer frente a sus obligaciones de deuda a largo plazo. Es utilizada por prestamistas e inversores en obligaciones a la hora de evaluar la solvencia crediticia de la empresa.

(206)

La ratio de deuda mide el importe de los pasivos, en particular la deuda a largo plazo. La ratio de la empresa de 1,93 revela una fuerte dependencia de la financiación de la deuda, lo que aumenta significativamente el riesgo financiero. El elevado apalancamiento implica que la empresa está expuesta a dificultades para cumplir sus compromisos de deuda, especialmente durante períodos de reducción de los ingresos o subida de los tipos de interés. Esta dependencia en la deuda pone de manifiesto la necesidad de una estructura de capital más equilibrada.

(207)

La eficiencia de la empresa a la hora de utilizar sus activos no respalda una calificación crediticia alta. Un coeficiente de rotación de activos de 0,3 indica que la empresa solo genera 0,30 yenes de ingresos por cada yen de activos, lo que refleja un rendimiento insuficiente a la hora de apalancar recursos. Asimismo, el rendimiento de los activos del 2,77 % es bajo, lo que indica que la empresa no está obteniendo un valor significativo de sus inversiones. Estos indicadores señalan la existencia de ineficiencias en la gestión de los activos que obstaculiza la capacidad de la empresa para generar ingresos y beneficios.

(208)

Por lo tanto, teniendo en cuenta las cuestiones de liquidez, solvencia y eficiencia descritas en los considerandos 202 a 207, la Comisión consideró que la empresa no se encontraba en una situación financiera sólida y presentaba un perfil de alto riesgo para los posibles prestamistas e inversores.

(209)

La Comisión consideró que la situación financiera global del grupo corresponde a una calificación B, que ya no llega al «grado de inversión».

(210)

Según los datos publicados por Bloomberg, la Comisión utilizó como valor de referencia la prima prevista para las obligaciones emitidas por empresas con calificación B, que se aplicó al tipo de referencia de préstamo del BPC, o después del 20 de agosto de 2019 al tipo preferente de préstamo anunciado por el NIFC (97) para determinar el tipo de mercado.

(211)

Se determinó entonces ese recargo calculando el diferencial relativo entre los índices de las obligaciones societarias con la calificación AA y con la calificación B (EE. UU.) según los datos de Bloomberg para segmentos industriales. El diferencial así calculado se sumó después al tipo de referencia de préstamo del BPC o, después del 20 de agosto de 2019, al tipo preferente de préstamo publicado por el NIFC, en la fecha en que se concedió el préstamo (98) y por la misma duración que este. Esto se hizo individualmente para cada préstamo concedido al grupo de empresas.

(212)

Con respecto a los préstamos en divisas extranjeras, se aplica la misma situación relativa a las distorsiones del mercado y a la ausencia de calificaciones crediticias válidas, ya que estos préstamos los otorgan las mismas entidades financieras chinas. Por lo tanto, como ya se ha dicho, se utilizaron obligaciones societarias con calificación B emitidas en las denominaciones pertinentes durante el período de investigación con el fin de determinar un valor de referencia apropiado.

(213)

Tras la comunicación definitiva, el grupo Zoomlion alegó que el análisis de los coeficientes financieros no justificaba una calificación crediticia más baja que empresas como el grupo Dingli y el grupo Sinoboom. Tras un minucioso análisis comparativo de la situación de las diferentes empresas incluidas en la muestra, la Comisión confirmó su evaluación basándose en que el grupo Zoomlion presentaba en su mayoría un rendimiento insuficiente en comparación con las demás empresas incluidas en la muestra.

(214)

Como se expone en el considerando 90, las entidades financieras acreedoras chinas no presentaron ninguna evaluación de la solvencia. Por lo tanto, a fin de determinar el beneficio, la Comisión tuvo que evaluar si los tipos de interés de los préstamos concedidos al grupo Dingli se ajustaban a los del mercado.

(215)

El grupo Dingli comunicó una alta rentabilidad y una situación financiera sólida con un margen de beneficio del (8-13 %) de acuerdo con sus propias cuentas financieras correspondientes al ejercicio 2023.

(216)

El grupo Dingli utilizó deuda a corto y largo plazo para financiar sus operaciones. La Comisión evaluó la liquidez a corto plazo y la situación de solvencia a largo plazo del grupo.

(217)

Con respecto a la liquidez a corto plazo, a la hora de considerar la situación combinada de varias entidades del grupo Dingli, la empresa probablemente se beneficiaría de una situación de tesorería variopinta. Dingli Machinery tiene un coeficiente de solvencia sólido de más de 2, lo que refleja una buena capacidad para pagar sus deudas a corto plazo. Sin embargo, el coeficiente de solvencia de Dingli Leasing es inferior a 1,2, lo que indica una situación solo modesta para hacer frente a sus obligaciones a corto plazo. La media de los coeficientes de solvencia de las dos empresas probablemente se situaría entre estas dos cifras, lo que indica que, si bien la estabilidad financiera corto plazo es, en general, aceptable, la entidad consolidada tendría que gestionar con prudencia su liquidez para evitar posibles tensiones financieras.

(218)

En cuanto a la deuda a largo plazo, el grupo se enfrentaría a un alto nivel de apalancamiento debido al elevado coeficiente de endeudamiento de Dingli Leasing, superior a 2,8, mientras que el conservador coeficiente de Dingli Machinery, inferior a 0,7, reduciría el riesgo financiero global. El coeficiente de endeudamiento combinado probablemente sería moderado, pero aún en el extremo superior, lo que refleja una dependencia significativa de la deuda. Esto plantea posibles riesgos, especialmente en condiciones económicas inciertas.

(219)

Desde el punto de vista de la eficiencia, el coeficiente de rotación de activos de Dingli Machinery, inferior a 0,5, es bajo, lo que indica la existencia de algunas ineficiencias, mientras que el coeficiente de rotación de activos de Dingli Leasing, inferior a 0,15, es extremadamente bajo, lo que demuestra que la empresa genera muy pocos ingresos por unidad de activos. Esto pone de manifiesto una ineficiencia combinada a la hora de utilizar los activos en ambas empresas. La empresa tendrá que centrar se optimizar las operaciones, liquidar activos improductivos o mejorar las estrategias operativas para mejorar la rentabilidad.

(220)

La Comisión consideró que la situación financiera general del grupo corresponde a una calificación BB. Según las definiciones de calificación crediticia de Standard & Poor’s, un deudor calificado BB todavía tiene capacidad para hacer frente a sus compromisos financieros en condiciones estables. Pese a todo, unas condiciones comerciales, financieras o económicas adversas pueden mermar su capacidad o su voluntad de cumplir sus compromisos financieros. Por lo tanto, este valor de referencia se considera adecuado para reflejar los elevados niveles de deuda y la fuerte dependencia del apalancamiento del grupo.

(221)

La prima esperada sobre las obligaciones emitidas por las empresas con esta calificación BB se aplicó entonces al tipo de referencia de préstamo del BPC o, después del 20 de agosto de 2019, al tipo preferente de préstamo del NIFC, con el fin de determinar el tipo del mercado.

(222)

Se determinó entonces ese recargo calculando el diferencial relativo entre los índices de las obligaciones societarias con la calificación AA y con la calificación BB (EE. UU.) según los datos de Bloomberg para segmentos industriales. El diferencial así calculado se sumó después al tipo de referencia de préstamo publicado por el BPC o, después del 20 de agosto de 2019, al tipo preferente de préstamo anunciado por el NIFC, en la fecha en que se concedió el préstamo y por la misma duración que este. Esto se hizo individualmente para cada préstamo o arrendamiento financiero concedido a la empresa.

(223)

Con respecto a los préstamos concedidos en China en divisas extranjeras, se aplica la misma situación relativa a las distorsiones del mercado y a la ausencia de calificaciones crediticias válidas, ya que estos préstamos los otorgan las mismas entidades financieras chinas. Por lo tanto, como ya se ha dicho, se utilizaron las obligaciones societarias con calificación BB y denominaciones pertinentes emitidas durante el período de investigación con el fin de determinar un valor de referencia apropiado.

(224)

Como se expone en el considerando 90, las entidades financieras acreedoras chinas no presentaron ninguna evaluación de la solvencia. Por lo tanto, a fin de determinar el beneficio, la Comisión tuvo que evaluar si los tipos de interés de los préstamos concedidos al grupo JLG eran preferentes.

(225)

JLG comunicó una baja rentabilidad (menos del 3 %) y un bajo rendimiento de los activos de acuerdo con sus propias cuentas financieras correspondientes al ejercicio 2023.

(226)

El grupo JLG utilizó deuda a corto y largo plazo para financiar sus operaciones. La Comisión evaluó la liquidez a corto plazo y la situación de solvencia a largo plazo del grupo.

(227)

Respecto a la liquidez a corto plazo, el grupo presentó un coeficiente de solvencia medio de 1,40 durante el período de investigación. Aunque el activo circulante de la empresa se sitúa dentro de este intervalo aceptable, no es especialmente sólido. Esto indica que, si bien la empresa puede cumplir sus obligaciones a corto plazo desde un punto de vista técnico, su situación de tesorería solo es marginalmente adecuada. En caso de que se produzcan presiones financieras imprevistas, la empresa podría tener dificultades para mantener las operaciones sin liquidar activos o asumir deuda adicional. Sería necesaria una situación de tesorería más sólida para garantizar la estabilidad financiera en caso de volatilidad del mercado o acontecimientos imprevistos.

(228)

En términos de solvencia, el coeficiente de endeudamiento de la empresa de 2,19 indica una importante dependencia de la deuda. La empresa utiliza el doble de deuda que de capital propio para financiar sus operaciones, lo que lo expone a un importante riesgo financiero. Este elevado apalancamiento hace que la empresa sea vulnerable a la subida de los tipos de interés o a una recesión económica, puesto que su capacidad para garantizar el servicio de la deuda puede verse menoscabada. La dependencia de la financiación mediante deuda aumenta el riesgo de insolvencia, especialmente si se ralentiza el crecimiento de los ingresos o la rentabilidad. Este apalancamiento constituye una preocupación grave que podría poner en peligro la solidez financiera de la empresa.

(229)

La Comisión consideró que la situación financiera general del grupo corresponde a una calificación B. Un deudor calificado B todavía tiene capacidad para hacer frente a sus compromisos financieros en condiciones estables. Pese a todo, unas condiciones comerciales, financieras o económicas adversas pueden mermar su capacidad o su voluntad de cumplir sus compromisos financieros. Por lo tanto, este valor de referencia se considera adecuado para reflejar los elevados niveles de deuda y la fuerte dependencia del apalancamiento del grupo, así como su frágil liquidez y rentabilidad.

(230)

La prima esperada sobre las obligaciones emitidas por las empresas con esta calificación B se aplicó entonces al tipo de referencia de préstamo del BPC o, después del 20 de agosto de 2019, al tipo preferente de préstamo del NIFC, con el fin de determinar el tipo de mercado.

(231)

Se determinó entonces ese recargo calculando el diferencial relativo entre los índices de las obligaciones societarias con la calificación AA y con la calificación B (EE. UU.) según los datos de Bloomberg para segmentos industriales. El diferencial así calculado se sumó después al tipo de referencia de préstamo publicado por el BPC o, después del 20 de agosto de 2019, al tipo preferente de préstamo anunciado por el NIFC, en la fecha en que se concedió el préstamo y por la misma duración que este. Esto se hizo individualmente para cada préstamo o arrendamiento financiero concedido a la empresa.

(232)

La Comisión estableció que todos los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra se beneficiaron de financiación preferente mediante préstamos durante el período de investigación. En vista de la existencia de una contribución financiera, de un beneficio para los productores exportadores y de la especificidad, la Comisión consideró que la financiación preferente mediante préstamos constituye una subvención sujeta a medidas compensatorias.

(233)

Tras la comunicación definitiva, la CCCME alegó que el valor de referencia utilizado por la Comisión para calcular el beneficio y el importe de la subvención era erróneo. La CCCME alegó en primer lugar que la Comisión no debería haber recurrido a un valor de referencia de fuera del país debido a que supuestamente no había demostrado la ausencia de condiciones reinantes en el mercado, tal como se prevé en el artículo 6, letra d), del Reglamento de base. Además, también alegó que la Comisión no explicó cómo garantizaba que el diferencial de los índices de obligaciones societarias estadounidenses reflejara suficientemente las condiciones reinantes en el mercado chino, donde los productores de EMA incluidos en la muestra obtuvieron su financiación. En segundo lugar, las autoridades chinas alegaron que la Comisión debería haber aplicado el diferencial absoluto en lugar del diferencial relativo debido a que el diferencial absoluto tenía suficientemente en cuenta las exposiciones al riesgo entre las obligaciones societarias de diferentes calificaciones crediticias. La CCCME también alegó que la Comisión no explicó por qué la aplicación del diferencial relativo era más adecuada que la aplicación del absoluto y cómo el tipo preferente de préstamo era equivalente a un tipo de interés de calificación AA.

(234)

La Comisión consideró que había demostrado que no existían condiciones reinantes en el mercado de China, por lo que no pudo calcular un valor de referencia adecuado sobre la base de las condiciones aplicables en China. A este respecto, la Comisión se refirió a las conclusiones extraídas en las secciones 3.6.1.4, 3.6.1.5 and 3.6.2, en las que demostró que las autoridades chinas se basaban en un marco normativo para ejercer un control significativo sobre los bancos comerciales de propiedad estatal y privada que aplican la política gubernamental al proporcionar financiación a los operadores económicos de China. Además, se recuerda que ninguno de los bancos comerciales que proporcionaron financiación a los productores incluidos en la muestra cooperó con la investigación, de modo que la Comisión no podía acceder a la información relativa a los productores de EMA o a otros sectores, no fomentados por las autoridades chinas.

(235)

Ante la falta de cooperación de las instituciones financieras chinas, la Comisión tuvo que recurrir a un índice de referencia de fuera del país. La Comisión consideró que el mercado estadounidense era de un tamaño equivalente y ofrecía estadísticas representativas disponibles en lo que respecta a las obligaciones de diversas calificaciones crediticias. La Comisión también señaló que ninguna parte interesada propuso un valor de referencia alternativo válido de fuera del país a este respecto.

(236)

En lo que se refiere al uso del diferencial relativo, la Comisión reconoció, en primer lugar, que los bancos comerciales suelen aplicar un recargo expresado en valor absoluto, y que esta práctica parecía basarse principalmente en consideraciones prácticas, ya que el tipo de interés es, en definitiva, una cifra absoluta. No obstante, esta cifra absoluta era la plasmación de una evaluación del riesgo que se basaba en una evaluación relativa. Como se estableció en investigaciones pasadas, la evaluación relativa significaba que la probabilidad de riesgo de impago de una empresa con calificación BB es un X % mayor que la del Gobierno o la de una empresa sin riesgo. El diferencial relativo refleja cambios de las condiciones de mercado subyacentes que un diferencial absoluto no expresa (99). En segundo lugar, los tipos de interés reflejan no solo los perfiles de riesgo específicos de las empresas, sino también los riesgos específicos de los países y de las divisas. Por ello, el diferencial relativo refleja cambios de las condiciones de mercado subyacentes que no se expresan si se sigue la lógica de un diferencial absoluto. Con frecuencia, como en el caso presente, el riesgo específico de país y de divisa fluctúa a lo largo del tiempo y de distintas maneras entre los distintos países. De resultas de ello, los tipos de interés sin riesgo varían considerablemente a lo largo del tiempo, y a veces son más bajos en los EE. UU., otras veces en China. Estas diferencias guardan relación con factores tales como el crecimiento observado y previsto del PIB, el clima económico o los niveles de inflación. Dado que los tipos de interés sin riesgo varían con el tiempo, un mismo diferencial absoluto nominal puede significar una evaluación del riesgo muy distinta. Por lo tanto, desde el punto de vista de un inversor, el diferencial relativo es una medida mejor, ya que refleja la magnitud del diferencial de rendimiento y la manera en que se ve afectado por el nivel de los tipos de interés básicos. En tercer lugar, el diferencial relativo es neutral por lo que respecta a los países. Por ejemplo, si el tipo de interés sin riesgo en los EE. UU. es inferior al tipo sin riesgo en China, el método dará lugar a recargos más elevados en términos absolutos. Por otra parte, si el tipo de interés sin riesgo en China es inferior al de los EE. UU., el método dará lugar a recargos más bajos en términos absolutos.

(237)

Por lo que se refiere al uso del tipo preferente de préstamo como punto de partida, tal como se indica en el considerando 156 y reconocen las autoridades chinas, el tipo preferente de préstamo correspondía al tipo de interés más preferencial ofrecido por un banco comercial a sus clientes principales (100). Sobre esta base, se rechazaron las alegaciones anteriores.

(238)

Tras la divulgaciones definitiva y adicional, el grupo Zoomlion alegó que la Comisión había calculado erróneamente el importe del beneficio relativo a los intereses de los préstamos y las letras de aceptación bancaria sobre una base de 360 días, en lugar de 365 días. La Comisión no tuvo en cuenta esta alegación debido a que la base de 360 días es una práctica de cálculo estándar en lo que respecta a las entidades financieras (101). Por las razones expuestas, se rechazó esta alegación.

(239)

Los porcentajes de subvención establecidos con respecto a esta financiación preferente mediante préstamos durante el período de investigación para los grupos de empresas incluidos en la muestra ascienden a:

Financiación preferente: préstamos

(240)

La finalidad de una línea de crédito es establecer un límite de empréstito que la empresa puede utilizar en cualquier momento para financiar sus operaciones corrientes, lo que hace que la financiación del capital circulante se flexibilice y esté disponible inmediatamente cuando se necesita. Los acuerdos de líneas de crédito concedidas a los grupos incluidos en la muestra hacen referencia a las diferentes formas de financiación disponibles para las empresas que los firmaron, que incluyen todos los tipos de financiación a corto plazo, como préstamos a corto plazo, aceptación bancaria, cartas de crédito, etc. Además, de acuerdo con las publicaciones financieras, las líneas de crédito también son prevalentes en una mayoría de los casos en las economías de mercado. Por ejemplo, representan más del 80 % de la financiación bancaria proporcionada a empresas públicas estadounidenses (102). Además, en Canadá, donde las aceptaciones bancarias son una responsabilidad directa e incondicional del banco aceptante (como es el caso de China), los bancos normalmente solo aceptarían las solicitudes de aceptación bancaria de las empresas prestatarias que tienen una línea de crédito establecida con ese banco (103). Por lo tanto, la Comisión consideró que, en principio, toda la financiación a corto plazo de las empresas incluidas en la muestra, como los préstamos a corto plazo, las letras de aceptación bancaria, etc., debía estar cubierta por un instrumento de línea de crédito. (104)

(241)

Tras la comunicación definitiva, la CCCME alegó que la existencia de una línea de crédito no era un requisito previo para los préstamos a corto plazo. En sus observaciones, se refirió al tipo de financiación bancaria más bajo aplicable a las empresas españolas.

(242)

La Comisión consideró que la situación aplicable en el mercado español no era representativa y que las estadísticas relativas al mercado estadounidense, que es de mayor tamaño y más comparable al mercado chino, eran más adecuadas. En cualquier caso, investigaciones pasadas y en curso demostraron que los operadores económicos chinos dependen de estas líneas de crédito para obtener financiación.

(243)

La Comisión llegó a la conclusión de que las instituciones financieras chinas proporcionaron líneas de crédito a cada grupo incluido en la muestra en relación con la provisión de financiación. Se trataba de acuerdos marco, en virtud de los cuales el banco permitía a las empresas incluidas en la muestra utilizar diversos instrumentos de deuda, tales como préstamos de capital circulante, letras de aceptación bancaria u otras formas de financiación comercial, hasta un importe máximo determinado.

(244)

Como se ha mencionado en el considerando 240, toda la financiación a corto plazo debe estar cubierta por una línea de crédito. Por lo tanto, para establecer si toda la financiación a corto plazo estaba cubierta por una línea de crédito, la Comisión comparó el importe de las líneas de crédito disponibles para las empresas que cooperaron durante el período de investigación con el importe de la financiación a corto plazo utilizado por estas empresas durante el mismo período. Cuando el importe de la financiación a corto plazo superó el límite de la línea de crédito, la Comisión aumentó el importe de la línea de crédito existente con el importe realmente utilizado por los productores exportadores por encima de ese límite de línea de crédito.

(245)

En circunstancias de mercado normales, las líneas de crédito estarían sujetas a una comisión denominada de «apertura» o de «compromiso» para compensar los costes y riesgos del banco al abrirlas, y también a una «comisión de renovación» aplicada con carácter anual (105). Estas comisiones cubren los costes administrativos, como el coste de la tramitación de la solicitud y la realización de controles de seguridad, pero también el coste derivado de los requisitos prudenciales impuestos a los bancos, ya que el capital comprometido en una línea de crédito reduce las ratios de capital del banco, que debe mantener para hacer frente a los riesgos sistémicos. En cambio, la Comisión llegó a la conclusión de que todo el grupo de empresas incluido en la muestra había dispuesto de líneas de crédito de forma gratuita. Por tanto, se confirió un beneficio a los grupos de empresas investigados a efectos del artículo 6, letra d), del Reglamento de base.

(246)

Tras la comunicación definitiva, la CCCME alegó que las comisiones de apertura y renovación no siempre se aplican a grandes empresas, como los productores de EMA, que mantienen una relación comercial con grandes bancos. Más concretamente, alegó que tales comisiones tienden a negociarse bilateralmente. A este respecto, la CCCME señaló determinados sitios web bancarios que hacían referencia a un «acuerdo» o «discusión» de la comisión que debía pagarse. Sin embargo, la CCCME reconoció que no podía aportar pruebas sobre el tipo de dichas comisiones negociadas debido a la confidencialidad de los contratos de línea de crédito. Por lo tanto, la Comisión no pudo considerar que dicha alegación estuviera justificada y la rechazó.

(247)

Como se indica en el considerando 144, de conformidad con la Decisión n.o 40, las instituciones financieras deben proporcionar apoyo en forma de créditos a las industrias fomentadas.

(248)

La Comisión consideró que, dado que las líneas de crédito están intrínsecamente vinculadas a todos los tipos de financiación a corto plazo proporcionada a las empresas incluidas en la muestra, deberían considerarse una forma de apoyo financiero preferente por parte de las instituciones financieras a industrias fomentadas, como el sector de los EMA. Como se especifica en la sección 3.3, el sector de los EMA se encuentra entre las industrias fomentadas y, por lo tanto, puede optar a toda la ayuda financiera posible.

(249)

La CCCME alegó que ningún operador económico chino pagó comisión alguna de apertura o renovación y, por lo tanto, consideró que dicho régimen no era específico del sector de los EMA.

(250)

En primer lugar, la Comisión señaló que el sitio web del Banco de China apunta al cobro de comisiones por la existencia de líneas de crédito (106). En segundo lugar, la Comisión señaló que la CCCME no ha demostrado que las empresas chinas puedan beneficiarse por igual de las condiciones preferenciales observadas con respecto al sector de los EMA. Además, dado que las líneas de crédito están intrínsecamente vinculadas a otros tipos de actividades crediticias preferenciales, como los préstamos, y dado que forman parte del apoyo en forma de créditos que se presta específicamente a las industrias fomentadas, el análisis de especificidad para los préstamos desarrollado en la sección 3.6.4.2 también es aplicable a las líneas de crédito. Sobre esta base, se rechazó esta alegación.

(251)

De conformidad con el artículo 6, letra d), inciso ii), del Reglamento de base, la Comisión consideró que el beneficio obtenido era la diferencia entre la cantidad que los beneficiarios pagaron a las entidades financieras chinas como comisión de apertura o renovación de las líneas de crédito y la cantidad que habrían pagado por una línea de crédito comercial similar obtenida a un tipo de mercado no distorsionado.

(252)

Ninguna de las empresas incluidas en la muestra pagó una tasa por su línea de crédito. Del mismo modo, la Comisión no detectó ninguna tasa de línea de crédito en el país en investigaciones anteriores. La información públicamente disponible parece sugerir que, en algunos casos, se imponen tasas de líneas de crédito a las empresas chinas (107), pero no se ha podido constatar el nivel de dichas tasas. Por lo tanto, la Comisión buscó una comisión de referencia adecuada fuera de China. Los índices para la comisión de apertura y para la comisión de renovación se fijaron en el 1,75 y el 1,25 %, respectivamente, por referencia a datos disponibles públicamente (108).

(253)

En principio, la comisión de apertura y la comisión de renovación se pagan a tanto alzado en el momento de la apertura de una nueva línea de crédito o de la renovación de una línea de crédito existente, respectivamente. Sin embargo, a efectos de cálculo, la Comisión tuvo en cuenta las líneas de crédito que se habían abierto o renovado antes del período de investigación pero que estaban a disposición de los grupos incluidos en la muestra durante el período de investigación, así como las líneas de crédito que se abrieron durante el período de investigación.

(254)

Tras la comunicación definitiva, la CCCME alegó que las comisiones de acuerdo o renovación debían aplicarse al saldo medio disponible de la línea de crédito o al saldo pendiente del límite de crédito, pro rata temporis. A este respecto, la CCCME se refirió a un sitio web del banco en el que se solicitaba el pago de una comisión de apertura o renovación del importe no desembolsado.

(255)

La Comisión manifestó su desacuerdo. La comisión que debe pagarse no equivale a un tipo de interés, por lo que su cálculo no debe tener en cuenta la duración del período. Además, la Comisión consideró que las pruebas presentadas por la CCCME procedían de fuentes diferentes que no apuntaban a un comportamiento estándar común por parte de los bancos, por lo que la alegación de la CCCME no estaba suficientemente respaldada por pruebas y, por tanto, no se consideró concluyente.

(256)

Tras la comunicación definitiva, el grupo Zoomlion observó que el cálculo del importe de la subvención para este régimen en relación con el productor exportador de EMA era diferente del mismo cálculo realizado para la empresa matriz. Concretamente, en el primer caso, la Comisión no prorrateó la comisión total pagadera al período de investigación, sobre la base de los días de cada línea de crédito correspondiente al período de investigación.

(257)

La Comisión rechazó esta alegación. La Comisión consideró que la comisión de apertura y la comisión de renovación se pagan a tanto alzado en el momento de la apertura de una nueva línea de crédito o de la renovación de una línea de crédito existente, respectivamente, independientemente de la duración de la línea de crédito. Sin embargo, la Comisión también señaló que la metodología para calcular el importe de la subvención para la empresa matriz no se ajustaba a este principio. Esto se corrigió en consecuencia para que el método descrito anteriormente se aplicara a todas las líneas de crédito y empresas. El 21 de marzo de 2025. Los cálculos corregidos se volvieron a comunicar al grupo Zoomlion.

(258)

Tras la comunicación adicional, el grupo Zoomlion reiteró su alegación de que la duración de la línea de crédito debía tenerse en cuenta para el cálculo del beneficio. Se refirió al considerando 245 y a la naturaleza de las comisiones (costes administrativos), así como a la literatura sobre finanzas de las empresas (109), según la cual «una comisión de compromiso es una comisión cobrada por un prestamista a un prestatario para compensar al prestamista por mantener abierta una línea de crédito. La comisión también garantiza la promesa del prestamista de proporcionar la línea de crédito en las condiciones acordadas en fechas específicas, independientemente de las condiciones de los mercados financieros. La comisión compensa al prestamista por los riesgos asociados a una línea de crédito abierta a pesar de la incertidumbre de las condiciones del mercado en el futuro y de la incapacidad actual del prestamista para cobrar intereses sobre el principal», argumentando que la duración de la línea de crédito y su importe repercutían en el riesgo asumido por la entidad financiera. El grupo Zoomlion también se refirió al hecho de que la Comisión había considerado las líneas de crédito abiertas antes y durante el período de investigación en su cálculo de la subvención y alegó que la existencia de estas líneas de crédito «paralelas» requería el uso de la duración de las líneas de crédito para el cálculo del importe de la subvención. El grupo Zoomlion también consideró que las líneas de crédito eran un instrumento financiero similar a los préstamos a plazo y a las letras de aceptación bancaria, por lo que el beneficio podía calcularse teniendo en cuenta la duración.

(259)

Aunque el grupo Zoomlion presentó estas observaciones adicionales fuera del plazo previsto a este respecto (es decir, no se invitó a Zoomlion a presentar observaciones sobre cuestiones no afectadas por la comunicación adicional), la Comisión tuvo en cuenta dichas observaciones. Según el considerando 245 y la literatura mencionada por el grupo Zoomlion, la razón principal para que las entidades financieras cobren una comisión es el coste administrativo por abrir o mantener abierta una línea de crédito, con independencia de las condiciones financieras de un mercado. Estas operaciones conllevan un riesgo para las entidades financieras, pero están desvinculadas de la duración de la línea de crédito que pone fondos a disposición de un operador económico por los que normalmente pagará intereses al tomar en préstamo fondos para una duración determinada a través de diversos instrumentos de crédito, como préstamos, cartas de crédito o letras de aceptación bancaria. Por lo que se refiere al importe sujeto a la línea de crédito, la Comisión sí tuvo en cuenta dicho importe en sus cálculos. Por lo que se refiere a las líneas de crédito «paralelas», el análisis de la Comisión reveló que no existían líneas de crédito paralelas o consecutivas con la misma institución financiera por las que todas las líneas de crédito para las que se calculó un beneficio pudieran considerarse líneas de crédito independientes que otorgaron un beneficio al grupo Zoomlion en períodos distintos dentro del período de investigación, independientemente del momento en que se concedieron. La Comisión también consideró que los ejemplos extremos descritos por el grupo Zoomlion no eran representativos de su situación real. La Comisión también consideró que las líneas de crédito son un instrumento financiero distinto de los préstamos o letras de aceptación bancaria. Mientras que las líneas de crédito son un requisito previo o un acuerdo marco para obtener financiación, los préstamos a plazo o las letras de aceptación bancaria son los instrumentos financieros reales. Por estos motivos, se rechazaron estas alegaciones.

(260)

El grupo Zoomlion también alegó que las comisiones pagadas en el momento de la concesión de las líneas de crédito debían deducirse del cálculo del importe de la subvención. La Comisión señaló que aceptar tal solicitud no modificaría el tipo de subvención, ya que las comisiones pagadas eran insignificantes y no se aplicaban a todas las líneas de crédito concedidas.

(261)

Las letras de aceptación bancaria son un producto financiero destinado a desarrollar un mercado monetario nacional más activo ampliando las facilidades de crédito. Es un tipo de financiación a corto plazo que podría «reducir los costes de los fondos y aumentar la eficacia del capital» del librador (110). Además, como señala el BPC en su sitio web, «la letra de aceptación bancaria puede garantizar el establecimiento y la ejecución del contrato entre el comprador y el vendedor, así como fomentar el volumen de negocios mediante la intervención del crédito del Banco de China» (111). Por otra parte, en su sitio web, el Banco DBS hace publicidad de las letras de aceptación bancaria como un método para «aumentar el capital circulante aplazando los pagos» (112). Las condiciones generales para la emisión y el uso de aceptaciones bancarias se establecen en la Ley de instrumentos negociables de la República Popular China (113).

(262)

La Comisión ya constató en investigaciones anteriores que las letras de aceptación bancaria se utilizan principalmente como método de pago en las transacciones comerciales como sustituto de las órdenes de pago, lo que favorece el volumen de negocios en efectivo y el capital circulante del librador (114).

(263)

En realidad, las letras de aceptación bancaria solo pueden utilizarse para liquidar transacciones comerciales auténticas y el librador debe aportar pruebas suficientes a ese respecto, por ejemplo, acuerdo de compra/venta, factura y orden de entrega. Las letras de aceptación bancaria pueden utilizarse como métodos de pago estándar en acuerdos de compra junto con otros medios como remesas o giros postales.

(264)

La letra de aceptación bancaria la extiende el solicitante (el librador, que es también el comprador en la transacción comercial subyacente), y el banco la acepta. Al aceptar la letra, el banco acepta el pago incondicional el importe especificado en la letra al beneficiario/tenedor en la fecha señalada (la fecha de vencimiento).

(265)

En general, los contratos de aceptación bancaria contienen la lista de transacciones cubiertas por el importe de la letra, con indicación de la fecha de vencimiento del pago al proveedor y la fecha de vencimiento de la letra de aceptación bancaria.

(266)

La Comisión también estableció que las letras de aceptación bancaria en China se emiten en el marco de un acuerdo de aceptación bancaria que especifica la identidad del banco, de los proveedores y del comprador y detalla las obligaciones del banco y del comprador, así como el valor por proveedor, la fecha de vencimiento del pago acordada con el proveedor y la fecha de vencimiento de la letra de aceptación bancaria.

(267)

La Comisión concluyó también que los acuerdos de línea de crédito incluyen generalmente letras de aceptación bancaria dentro de los usos posibles del límite de financiación, junto con otros instrumentos financieros a corto plazo, como los préstamos de capital circulante.

(268)

Dependiendo de las condiciones establecidas por cada banco, puede exigirse al librador que efectúe un pequeño depósito en una cuenta designada para ello, que firme un compromiso y que pague una comisión de aceptación. En cualquier caso, el librador está obligado a transferir la cantidad total de la letra de aceptación bancaria a la cuenta designada, como muy tarde, en la fecha de vencimiento de la letra.

(269)

Una vez el banco la acepta, el librador endosa la letra de aceptación bancaria y la transfiere al beneficiario, que es también el proveedor en la transacción comercial subyacente, como pago de la factura. En consecuencia, se anula la obligación de pago del comprador (librador) hacia el proveedor (beneficiario), y se crea una nueva obligación de pago, por el mismo importe, del comprador hacia el banco que aceptó la letra (el librador tiene la obligación de pagar al banco en efectivo antes de la fecha de vencimiento de la letra de aceptación bancaria). Así lo confirmaron las autoridades chinas durante una inspección in situ en una investigación previa (115): una vez que la empresa paga con la letra de aceptación bancaria al proveedor, ya no tiene la obligación de pagar al proveedor, sino al banco, ya que quien solicitó que se emitiera la letra de aceptación bancaria deberá pagar al banco la suma total en la fecha de vencimiento. Por lo tanto, la emisión de letras de aceptación bancaria tiene como efecto sustituir la obligación del librador de cara al proveedor por una obligación de cara al banco.

(270)

El vencimiento de las letras de aceptación bancaria varía en función de las condiciones establecidas por cada banco, y puede llegar hasta un año.

(271)

El beneficiario (o tenedor) de la letra de aceptación bancaria tiene tres opciones antes de la fecha de vencimiento:

(272)

La fecha de emisión de una letra de aceptación bancaria suele corresponderse con la fecha de vencimiento acordada con el proveedor para efectuar el pago, pero puede ser también una fecha anterior o posterior. La investigación puso de manifiesto que, por lo que se refiere a las empresas incluidas en la muestra, la fecha de emisión era, por lo general, la de la fecha de vencimiento acordada con el proveedor para efectuar el pago, o anterior, y, en algunos casos, se situaba incluso después de la fecha de vencimiento. La Comisión estableció que el vencimiento de las letras de aceptación bancaria de las empresas incluidas en la muestra era, en la mayoría de los casos, de entre un mes y doce meses después de la fecha de vencimiento para el pago de la factura.

(273)

Por lo que respecta al tratamiento contable de las letras de aceptación bancaria, se identifican como pasivos en las cuentas de los libradores, esto es, los productores exportadores incluidos en la muestra. El Centro de Referencia de Crédito del Banco Popular de China («CRCP») contabiliza las letras de aceptación bancaria como «créditos pendientes» concedidos por los bancos, en el mismo nivel que los préstamos, las cartas de crédito o la financiación comercial. También cabe señalar que el CRCP depende de entidades financieras que conceden diversos tipos de préstamos y que estas, por tanto, han contabilizado las letras de aceptación bancaria como pasivo en sus balances. Por otra parte, los contratos de aceptación bancaria reunidos durante la investigación establecen que, en caso de que el comprador no abone el pago íntegro en la fecha de vencimiento de las letras de aceptación bancaria, el banco dará al importe pendiente el mismo trato que a un préstamo en mora.

(274)

Desde el punto de vista de la tesorería, por lo tanto, el instrumento concede de facto al librador un aplazamiento de la fecha de vencimiento, porque el pago real en efectivo del importe de la transacción se produce al vencimiento de la letra de aceptación bancaria y no en el momento en que el librador tuvo que pagar a su proveedor. Si no existiera este instrumento financiero, el librador utilizaría su propio capital circulante, lo que tiene un coste, o contrataría con un banco un préstamo a corto plazo de capital circulante para pagar a sus proveedores, lo que también tiene un coste. De hecho, al pagar con letras de aceptación bancaria, el librador utiliza los bienes o servicios suministrados durante un período de un mes a un año, pero sin adelantar ninguna cantidad en efectivo y sin ningún coste.

(275)

Como ejemplo del uso de letras de aceptación bancaria como sustituto de los préstamos a corto plazo, la Comisión estableció que algunas empresas incluidas en la muestra apenas tenían préstamos, es decir, el grupo Dingli. Sin embargo, las letras de aceptación bancaria emitidas por estas empresas durante el período de investigación representaban una parte significativa de sus pasivos.

(276)

Tras la comunicación definitiva, la CCCME consideró que las letras de aceptación bancaria no son una forma de financiación a corto plazo debido a que los productores de EMA tuvieron que reembolsar a los bancos en la fecha de vencimiento acordada de la aceptación bancaria.

(277)

La Comisión se mostró en desacuerdo con la CCCME por las razones mencionadas en los considerandos 269 a 274. El uso de una letra de aceptación bancaria transfiere al banco la obligación de pagar al proveedor, mientras que el productor de EMA tiene una obligación de pago con respecto al banco, tal como se reconoce en sus libros contables y por parte del CRCP. Además, en función de las condiciones de la letra de aceptación bancaria, el plazo de pago original al proveedor es prorrogado en su mayor parte por varios meses por el banco. Finalmente, con la excepción de una comisión mínima, este préstamo a corto y medio plazo se concede a los productores de EMA sin coste alguno. Sobre esta base, se rechazó esta alegación.

(278)

En circunstancias de mercado normales (116), en tanto que instrumento financiero, las letras de aceptación bancaria conllevarían un coste de financiación para el librador. La investigación puso de manifiesto que todas las empresas incluidas en la muestra utilizaron letras de aceptación bancaria durante el período de investigación y pagaron solo una comisión por el servicio de aceptación prestado por el banco, que era en general del 0,05 % del valor nominal de la letra (117). Sin embargo, ninguna de las empresas incluidas en la muestra tuvo que asumir ningún coste por la financiación que obtuvieron mediante las letras de aceptación bancaria, que les permitieron aplazar el pago en efectivo del suministro de bienes y servicios. Por lo tanto, la Comisión consideró que las empresas investigadas se habían beneficiado de una financiación mediante letras de aceptación bancaria por la que no asumieron ningún coste.

(279)

Teniendo en cuenta lo anterior, la Comisión llegó a la conclusión de que el sistema de aceptación bancaria establecido en China proporcionó a todos los productores exportadores incluidos en la muestra una financiación gratuita de sus operaciones corrientes, lo que les confirió un beneficio que podría estar sujeto a medidas compensatorias, como se describe en los considerandos 287 a 291, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, letra a), inciso i), y el artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base.

(280)

Esto está en consonancia con investigaciones anteriores, en las que la Comisión estableció (118) que las letras de aceptación bancaria tienen efectivamente el mismo propósito y los mismos efectos que los préstamos de capital circulante a corto plazo, ya que las empresas las utilizan para financiar sus operaciones en lugar de préstamos de capital circulante a corto plazo y que, en consecuencia, deberían conllevar un coste equivalente al de estos últimos.

(281)

Por lo que se refiere a la especificidad, como se indica en el considerando 144, de conformidad con la Decisión n.o 40, las instituciones financieras deben proporcionar apoyo en forma de créditos a las industrias fomentadas.

(282)

La Comisión consideró que las letras de aceptación bancaria son otra forma de apoyo financiero preferente a las industrias fomentadas, como el sector de los EMA, por parte de las instituciones financieras. En efecto, como se especifica en la sección 3.3, el sector de los EMA se encuentra entre las industrias fomentadas y, por lo tanto, puede optar a toda la ayuda financiera posible. Además, al igual que las líneas de crédito, las letras de aceptación bancaria están intrínsecamente vinculadas a otros tipos de créditos preferentes, como los préstamos, y forman parte del apoyo crediticio que se proporciona específicamente a las industrias fomentadas, de manera que el análisis sobre los organismos públicos y el análisis de especificidad desarrollados en las secciones 3.6.1.1 a 3.6.1.5, y en la sección 3.6.2.2 para los préstamos es igualmente aplicable.

(283)

Además, en 2020, la CBIRC publicó una comunicación en la que afirmaba que, con el fin de reforzar el apoyo crediticio a las empresas transformadoras de las empresas de base, las entidades financieras bancarias pueden prestar apoyo crediticio a las empresas transformadoras para que obtengan bienes y paguen por los bienes mediante la apertura de letras de aceptación bancaria, cartas de crédito nacionales, financiación anticipada, etc. Las letras de aceptación bancaria, como forma de financiación, forman parte del apoyo financiero preferente de las instituciones financieras a las industrias fomentadas, como el sector de los EMA.

(284)

No se presentaron pruebas de que ninguna empresa china (distinta de las pertenecientes a las industrias fomentadas) pudiera beneficiarse de letras de aceptación bancaria en las mismas condiciones preferentes.

(285)

Tras la comunicación definitiva, la CCCME alegó que casi todos los operadores comerciales chinos utilizaban letras de aceptación bancaria y, por tanto, no eran específicas. Añadió que la Comisión no había demostrado la especificidad.

(286)

La Comisión consideró que esta alegación carecía de fundamento. Más concretamente, no se presentaron pruebas de que ninguna empresa china (distinta de las pertenecientes a las industrias fomentadas) pudiera beneficiarse de letras de aceptación bancaria en las mismas condiciones preferentes observadas con respecto al sector de los EMA. Por las razones expuestas, se rechazó esta alegación.

(287)

Para calcular el importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias, la Comisión evaluó el beneficio conferido a los receptores durante el período de investigación.

(288)

Como se menciona en el considerando 275, la Comisión constató que los productores exportadores incluidos en la muestra utilizaban letras de aceptación bancaria para cubrir sus necesidades de financiación a corto plazo sin pagar ninguna remuneración.

(289)

La Comisión concluyó, por consiguiente, que los libradores de letras de aceptación bancaria debían pagar una remuneración por el período de financiación. La Comisión consideró que el período de financiación comenzó en la fecha de emisión de la letra de aceptación bancaria y finalizó en la fecha de vencimiento de esta. En cuanto a las letras de aceptación bancaria emitidas antes del período de investigación y las letras de aceptación bancaria con fecha de vencimiento posterior a la finalización del período de investigación, la Comisión calculó el beneficio únicamente para el período de financiación cubierto por el período de investigación.

(290)

De conformidad con el artículo 6, letra b), del Reglamento de base, considerando que las letras de aceptación bancaria son una forma de financiación a corto plazo y que efectivamente tienen la misma finalidad que los préstamos de capital circulante a corto plazo, la Comisión consideró que el beneficio para los receptores así conferido es la diferencia entre la cantidad que la empresa pagó realmente como remuneración de la financiación mediante letras de aceptación bancaria y la cantidad que hubiera debido pagar de aplicarse una tasa de interés correspondiente a una financiación a corto plazo.

(291)

La Comisión determinó el beneficio resultante de no haber pagado un coste de financiación a corto plazo. La Comisión consideró, como se estableció en investigaciones anteriores (119), que las letras de aceptación bancaria debían conllevar un coste equivalente al de los préstamos a corto plazo. Así, la Comisión aplicó la misma metodología que se aplica a la financiación de préstamos a corto plazo denominada en CNY que se describe en la sección 3.6.4.

(292)

Tras la comunicación definitiva, la CCCME alegó que las letras de aceptación bancaria no deben considerarse un préstamo para el que debe utilizarse un tipo de interés de referencia, sino más bien una garantía de pago a cambio de una comisión. A este respecto, se remitió al sitio web del Banco de la Reserva Federal de Nueva York (120), que establece una analogía entre las letras de aceptación bancaria y las garantías bancarias.

(293)

La Comisión manifestó su desacuerdo. Teniendo en cuenta la naturaleza de las letras de aceptación bancaria que ofrecen una ampliación del plazo de pago mediante un préstamo a corto plazo sin costes, la Comisión consideró que el cálculo del beneficio debía basarse en una referencia de tipo de interés no distorsionada. Por lo que se refiere a la referencia al sitio web del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la Comisión señaló en primer lugar que el documento mencionado está obsoleto (1981). Asimismo, el sistema chino de letras de aceptación bancaria difiere del descrito en él, en el sentido de que las condiciones de pago se amplían mediante el uso de letras de aceptación bancaria. Por las razones expuestas, se rechazó esta alegación.

(294)

Tras la comunicación definitiva, el grupo Zoomlion observó que la Comisión había calculado erróneamente un importe de subvención para los títulos de crédito de las letras de aceptación bancaria. La Comisión aceptó esta alegación. Los cálculos corregidos se volvieron a comunicar al grupo Zoomlion.

(295)

Además, en sus observaciones tras la comunicación definitiva y adicional, Zoomlion alegó que el beneficio relacionado con las letras de aceptación bancaria debía basarse el importe de las letras neto de las garantías proporcionadas por el grupo Zoomlion, ya que el importe neto refleja el importe real de la financiación. También reiteró que la comisión pagada por el grupo Zoomlion sobre las letras de aceptación bancaria debía deducirse del cálculo del importe del beneficio.

(296)

La Comisión señaló que la constitución de una garantía en forma de depósito en efectivo u otra forma de garantía es una práctica habitual y que las entidades financieras no calculan los intereses que deben cobrarse sobre la base del valor del préstamo neto del depósito en efectivo u otra garantía proporcionada por el prestamista. La Comisión también señaló que la comisión pagada por el grupo Zoomlion no podía considerarse una carga por concepto de intereses. Se trata más bien de una tasa administrativa relativa a la emisión de la letra de aceptación bancaria. Por estos motivos, se rechazaron estas alegaciones.

(297)

Uno de los grupos incluidos en la muestra, Zoomlion, se benefició de financiación preferente en forma de obligaciones.

—

Ley de la República Popular China sobre Valores (versión de 2014) (en lo sucesivo, «Ley de Valores») (121);

—

Medidas administrativas para la emisión y negociación de obligaciones societarias, orden n.o 113 de la CSRC, de 15 de enero de 2015;

—

Reglamento sobre la gestión de las obligaciones societarias, publicada por el Consejo de Estado el 18 de enero de 2011;

—

Medidas administrativas sobre instrumentos de deuda de las empresas no financieras en el mercado interbancario de obligaciones, publicadas por el Banco Popular de China; Orden n.o 12 del Banco Popular de China, de 9 de abril de 2008.

(298)

En consonancia con el marco regulador, en China no pueden emitirse ni cotizarse obligaciones libremente. La emisión de cada obligación debe ser aprobada por diversas autoridades gubernamentales, como el BPC, la CNDR o la CSRC, según el tipo de obligación y el tipo de emisor. Además, de conformidad con la Reglamentación sobre la gestión de las obligaciones societarias, la emisión de este tipo de obligaciones está sujeta a cuotas anuales.

(299)

Por otra parte, de conformidad con el artículo 16 de la Ley de Valores aplicable durante el período de investigación, la oferta pública de obligaciones societarias tiene que cumplir los siguientes requisitos: «la finalidad de utilización de los ingresos se ajustará a las políticas industriales del Estado […]» y «los ingresos procedentes de una oferta pública de obligaciones societarias se utilizarán únicamente para fines autorizados». El artículo 12 de la Reglamentación sobre la gestión de las obligaciones societarias reitera que el objetivo de los fondos recaudados tiene que ajustarse a las políticas industriales del Estado. La emisión de obligaciones en tales condiciones se dirige a un sector fomentado, como el sector de los EMA, y se corresponde con la práctica de las instituciones financieras de apoyar a dichos sectores (122).

(300)

En virtud del artículo 16, apartado 5, de la Ley de Valores, «el tipo nominal de las obligaciones societarias no excederá del tipo nominal fijado por el Consejo de Estado». Además, el artículo 18 de la Reglamentación sobre la gestión de las obligaciones societarias se expresa con mayor detalle cuando dice que «el tipo de interés que se ofrezca por cualquier obligación societaria no será superior al 40 % del tipo de interés vigente que abonen los bancos a las personas físicas por depósitos de ahorro a plazo fijo del mismo vencimiento».

(301)

Por otra parte, el artículo 18 de las Medidas administrativas para la emisión y negociación de obligaciones societarias establece que solo determinadas obligaciones que cumplan estrictos criterios de calidad, como una calificación crediticia AAA, pueden emitirse de forma pública para inversores públicos o pueden emitirse de forma pública únicamente para inversores cualificados según la exclusiva discreción del emisor. Las obligaciones societarias que no cumplen estas normas solo pueden emitirse de forma pública para inversores cualificados. Por lo tanto, resulta que la mayor parte de las obligaciones societarias emitidas están destinadas a inversores cualificados que han sido aprobados por la CSRC y que son inversores institucionales chinos.

(302)

Aunque se identificó claramente el marco jurídico y regulador de esta fuente alternativa de fondos, las autoridades chinas se negaron a facilitar información a este respecto. Así pues, las conclusiones se basaron en los datos disponibles, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base.

(303)

Además, como sector fomentado en el marco del Catálogo de orientaciones para la reestructuración industrial, el sector de los EMA tiene derecho a recibir apoyo en forma de créditos de las instituciones financieras en virtud de la Decisión n.o 40. El hecho de que las obligaciones emitidas por las empresas incluidas en la muestra tengan un tipo de interés bajo, es decir, un tipo de interés cercano o inferior al tipo preferente de préstamo es un claro indicio de que las instituciones financieras, que son los principales inversores en estos productos, están obligadas a proporcionar «apoyo crediticio» a estas empresas y a tener en cuenta consideraciones distintas de las comerciales al tomar la decisión de inversión o financiación, como los objetivos de la política gubernamental. De hecho, un inversor que operase en condiciones de mercado sería más sensible al rendimiento financiero de la inversión y lo más probable es que no invirtiese en obligaciones societarias con un tipo de interés muy bajo. Esto es especialmente cierto en el caso de las entidades financieras, ya que el rendimiento de estas obligaciones es cercano o inferior al tipo al que pueden obtener fondos de otras entidades financieras.

(304)

Por otra parte, las conclusiones a las que llegó la Comisión sobre la situación financiera de los cuatro grupos de productores exportadores en la sección 3.6.4 en cuanto a su perfil de liquidez y de solvencia indican además que los inversores que operasen en condiciones de mercado no invertirían en instrumentos financieros como obligaciones de estos grupos, que ofrecen rendimientos financieros bajos, mientras que el emisor presenta elevados riesgos de liquidez y solvencia. Por lo tanto, en opinión de la Comisión, solo los inversores que tengan motivos distintos del rendimiento financiero de la inversión, como el cumplimiento de la obligación legal de proporcionar financiación a empresas en sectores fomentados, realizarían tal inversión.

(305)

Según el informe de Bloomberg sobre el mercado chino de obligaciones de 2022, las obligaciones que cotizan en el mercado interbancario de obligaciones representan el 88 % del volumen comercial total de obligaciones (123). Según el mismo estudio, la mayoría de los inversores son institucionales, entre los que se encuentran entidades financieras. En particular, la banca comercial representa el 57 % de los inversores, y las entidades de crédito oficial, el 3 % (124). Por lo tanto, los inversores que compran obligaciones son principalmente bancos chinos, entre los que se encuentran bancos de propiedad estatal.

(306)

Sobre la base de lo anterior, la Comisión consideró que existe un conjunto de pruebas que corroboran que una proporción importante de la inversión en las obligaciones societarias emitidas por las empresas incluidas en la muestra proviene de instituciones financieras que tienen la obligación legal de proporcionar apoyo en forma de créditos a los productores de EMA.

(307)

Como se describe en el considerando 299, el artículo 16 de la Ley de Valores y el artículo 12 del Reglamento sobre la administración de las obligaciones societarias exigen que la oferta pública de obligaciones societarias se ajuste a las políticas industriales del Estado. Esto tiene el efecto de que las obligaciones solo pueden emitirse para fines que estén en consonancia con los objetivos de la planificación de las autoridades chinas en relación con las industrias fomentadas. Los inversores institucionales, que son, como se indica en el considerando 305, en gran medida bancos comerciales y entidades de crédito oficial, tienen que seguir las orientaciones políticas establecidas en la Decisión n.o 40, que junto con el Repertorio de orientación para la reestructuración industrial, prevé un tratamiento específico de determinados proyectos en determinadas industrias fomentadas, como el sector de los EMA. El trato beneficioso en favor de todos los grupos incluidos en la muestra dio lugar a la decisión de invertir en obligaciones emitidas con un tipo de interés que no refleja criterios basados en el mercado.

(308)

Asimismo, como se expone en la sección 3.6.1 anterior, estas instituciones financieras se caracterizan por una fuerte presencia estatal, y las autoridades chinas pueden ejercer sobre ellas una influencia significativa. El marco jurídico general en el que operan estas entidades financieras también es aplicable a las obligaciones.

(309)

En el considerando 164, la Comisión concluyó que las instituciones financieras de propiedad estatal son organismos públicos en el sentido del artículo 2, letra b), leído conjuntamente con el artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base, y que, en cualquier caso, se considera que las autoridades chinas les encomiendan u ordenan que lleven a cabo funciones que normalmente corresponden a los poderes públicos en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iv), de dicho Reglamento. En la sección 3.6.2, la Comisión llegó a la conclusión de que las instituciones financieras privadas también reciben encomiendas y órdenes del Gobierno.

(310)

La Comisión también buscó pruebas concretas del ejercicio de un control significativo estudiando emisiones de obligaciones concretas. Por ello, examinó el conjunto del entorno jurídico descrito en el considerando 298, junto con las constataciones concretas de la investigación.

(311)

La Comisión constató que las obligaciones se emitieron con un tipo de interés inferior al nivel que debería haberse esperado habida cuenta de la situación financiera y del riesgo crediticio de las empresas, incluso por debajo del tipo de referencia sin riesgo publicado por el NIFC, como se indica en el considerando 316.

(312)

En la práctica, los tipos de interés de las obligaciones están influenciados por la calificación crediticia, de forma análoga a lo que ocurre con los préstamos. Sin embargo, en el considerando 180, la Comisión llegó a la conclusión de que el mercado local de calificación crediticia está distorsionado y las calificaciones no son fiables.

(313)

En vista de las consideraciones anteriores, la Comisión concluyó que las entidades financieras chinas siguieron las instrucciones políticas establecidas en la Decisión n.o 40 y en las directrices relativas a las obligaciones proporcionando financiación preferente a un tipo de interés muy bajo a empresas pertenecientes a una industria fomentada y, por lo tanto, actuaron como organismos públicos en el sentido del artículo 2, letra b), del Reglamento de base o como organismos sujetos a encomienda u orden del Gobierno en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iv), de dicho Reglamento.

(314)

Al organizar la emisión de una obligación con un tipo de interés inferior al tipo de mercado correspondiente al perfil de riesgo real del emisor, como se determina en el considerando 180, y al aceptar invertir en tal obligación, las entidades financieras proporcionaron un beneficio a los productores incluidos en la muestra.

(315)

La Comisión consideró que la financiación preferente mediante obligaciones es específica a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, ya que las obligaciones no pueden emitirse sin la aprobación de las autoridades gubernamentales, y que la Ley sobre Valores establece que la emisión de obligaciones tiene que ajustarse a las políticas industriales del Estado. Como ya se indicó en el considerando 80, el sector de los EMA se considera una industria fomentada en el Decimocuarto Plan Quinquenal para el desarrollo de la industria de la construcción, publicado por la Asociación China de Maquinaria de Construcción («CCMA») en 2021.

(316)

Dado que, en esencia, las obligaciones no son sino otro tipo de instrumento de deuda, en principio similar a los préstamos, y dado que la metodología de cálculo aplicable a los préstamos ya se basa en una cesta de obligaciones, la Comisión decidió ajustarse a la metodología de cálculo aplicable a los préstamos, tal como se describe en la sección 3.6.4. Esto quiere decir que se aplica el diferencial relativo entre las obligaciones societarias con la calificación AA y con la calificación B de los EE. UU. de la misma duración al tipo preferente de préstamo del BPC, con el fin de establecer un tipo de interés para las obligaciones basado en el mercado, que se compara después con el tipo de interés realmente abonado por la empresa al objeto de determinar el beneficio.

(317)

Tras la comunicación definitiva, el grupo Zoomlion observó que la Comisión había incluido la misma obligación varias veces en el cálculo del importe de la subvención para la empresa matriz.

(318)

La Comisión aceptó esta alegación y eliminó los beneficios por intereses contabilizados varias veces para las mismas obligaciones. Los cálculos corregidos se volvieron a comunicar al grupo Zoomlion.

(319)

Tras la divulgación adicional, el grupo Zoomlion formuló otras observaciones relativas al cálculo de los beneficios. Se aceptaron la alegación y se adaptó en consecuencia el cálculo.

(320)

La Comisión estableció que todos los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra se beneficiaron de financiación preferente en forma de líneas de crédito, letras de aceptación bancaria y obligaciones. En vista de la existencia de una contribución financiera, de un beneficio para los productores exportadores y de la especificidad, la Comisión consideró que estos tipos de financiación preferente constituyen una subvención sujeta a medidas compensatorias.

(321)

Como resultado de las correcciones en el cálculo de los importes de las subvenciones relacionados con las líneas de crédito, las letras de aceptación bancaria y las obligaciones societarias, explicados en los considerandos 256 a 260, 294 a 296 y 317 a 360, respectivamente, el porcentaje de subvención para otros tipos de financiación preferencial aumentó para el grupo Zoomlion, pasando del 4,96 % al 5,46%.

(322)

El porcentaje de la subvención establecido con respecto a la financiación preferente antes descrita durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra ascendió a:

Financiación preferente: otros tipos de financiación

(323)

El denunciante alegó que Sinosure proporcionó seguro de crédito a la exportación preferencial en condiciones ventajosas a las industrias fomentadas, como el sector de los EMA. En su sitio web general, Sinosure afirma que promueve las exportaciones chinas de mercancías, especialmente la exportación de productos de alta tecnología. Conforme a un reciente estudio realizado por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos («OCDE»), la industria china de alta tecnología, de la que forma parte el sector de los EMA, recibió un 21 % de los seguros de crédito a la exportación proporcionados por Sinosure (125). Además, Sinosure ha desempeñado un papel activo en la realización de la iniciativa «Made in China 2025», al asesorar a las empresas para que usen fuentes de crédito nacionales, llevar a cabo innovaciones científicas y tecnológicas, así como actualizaciones técnicas, y ayudar a las empresas que se internacionalizan a ser más competitivas en el mercado mundial (126).

(324)

Durante el período de investigación, los grupos de empresas incluidos en la muestra tenían pendientes contratos de seguro de exportación con Sinosure.

(325)

Tal y como se menciona en el considerando 102, Sinosure no proporcionó información sobre los rendimientos de las inversiones comunicados en su informe anual ni pruebas justificativas relativas a cuestiones relacionadas con su estado financiero, como los gastos de explotación, los ingresos, los rendimientos de las inversiones, el importe total asegurado y el importe asegurado correspondiente al sector de la maquinaria; tampoco proporcionó información sobre sus estatutos, ni información sobre los productores incluidos en la muestra, a pesar de la existencia de las autorizaciones pertinentes por parte de la empresa, así como tampoco información justificativa relativa a la independencia de su sistema de evaluación del riesgo de crédito.

(326)

Por lo tanto, la Comisión tuvo que completar la información proporcionada con los datos disponibles.

(327)

Según la información que se aportó en investigaciones antisubvención anteriores (129) y conforme al sitio web de Sinosure (130), esta es una empresa de seguros de propiedad estatal, orientada al apoyo de políticas, establecida y apoyada por el Estado para potenciar el desarrollo del comercio exterior y la cooperación económica de China. La empresa es de propiedad estatal al 100 %. Tiene un consejo de administración y una junta de supervisores. El Gobierno está facultado para nombrar y destituir a los altos directivos de la empresa. Sobre la base de esta información, la Comisión llegó a la conclusión de que existían indicios formales de control gubernamental sobre Sinosure.

(328)

La Comisión buscó asimismo información sobre si las autoridades chinas ejercían un control significativo sobre el funcionamiento de Sinosure en cuanto al sector de los EMA.

(329)

Según la Comunicación sobre la publicación de la edición de 2006 del Catálogo n.o 16 sobre exportaciones de productos de alta tecnología de China, «los productos incluidos en la edición de 2006 del Catálogo sobre exportaciones pueden beneficiarse de políticas preferenciales concedidas por el Estado para la exportación de productos de alta tecnología». El Catálogo de productos de alta tecnología para la exportación menciona específicamente la maquinaria de construcción (131).

(330)

En el anexo del Decimocuarto Plan Quinquenal para el desarrollo de la industria de la construcción, publicado por la Asociación China de Maquinaria de Construcción («CCMA») en 2021, se cita explícitamente el sector de los EMA como una categoría de productos industriales fomentada. En concreto, la maquinaria de trabajos aéreos y los equipos de emergencia se mencionan dentro de esta clasificación en la página 3 del anexo. Esta inclusión pone de manifiesto el énfasis estratégico en la promoción de maquinaria de construcción avanzada y resalta la creciente importancia de los EMA dentro de la industria.

(331)

Además, según la Comunicación sobre la aplicación de la estrategia de promoción del comercio a través de la ciencia y la tecnología utilizando los seguros de crédito a la exportación (132), Sinosure debía aumentar su apoyo a industrias y productos clave consolidando su apoyo global a la exportación de productos de alta tecnología y de nuevas tecnologías, incluidos los productos de «información y comunicaciones». Debía poner el foco de su actividad en las industrias de alta tecnología y nuevas tecnologías, como el sector de los EMA, que están recogidas en el Catálogo sobre exportaciones de productos de alta tecnología de China, y prestarles un apoyo exhaustivo en lo que respecta a los procedimientos de suscripción, los límites de aprobación, la agilidad en la tramitación de reclamaciones y la flexibilidad de los tipos. En lo relativo a la flexibilidad de los tipos, debe ofrecer a los productos el descuento máximo para el tipo de prima dentro del intervalo flotante de la compañía de seguros. Además, el informe anual de Sinosure de 2022 (133) señala que «[s]e formularon medidas de apoyo especiales para los […] sectores de maquinaria de ingeniería». El informe anual de Sinosure de 2023 (134) también indica que «[e]l Consejo de Supervisores desempeñó el papel de asesoramiento al realizar investigaciones específicas sobre […], la demanda empresarial del sector de la maquinaria de ingeniería».

(332)

Sobre esta base, la Comisión llegó a la conclusión de que las autoridades chinas han creado un marco normativo que deben cumplir los gestores y supervisores por ellas designados, que también deben rendirles cuentas. Por tanto, las autoridades chinas se basan en dicho marco normativo para ejercer un control significativo sobre el funcionamiento de Sinosure.

(333)

La Comisión también buscó pruebas concretas del ejercicio de un control significativo estudiando contratos de seguro concretos. Durante la inspección in situ, las autoridades chinas sostuvieron que, en la práctica, sus primas estaban orientadas al mercado y se basaban en principios de evaluación del riesgo. Sin embargo, no dio ejemplos concretos relativos al sector de los EMA ni a las empresas incluidas en la muestra, aunque los grupos incluidos en la muestra habían proporcionado las autorizaciones correspondientes para permitir el acceso a la documentación pertinente.

(334)

Por lo tanto, a falta de pruebas concretas, la Comisión examinó el comportamiento concreto de Sinosure con respecto al seguro suministrado a las empresas incluidas en la muestra, comportamiento que contrasta con su postura oficial, ya que no actuaba sobre la base de los principios del mercado.

(335)

Tras comparar el importe total de las solicitudes pagadas con el total de los importes asegurados, sobre la base de los datos del Informe anual de 2023 de Sinosure (135), la Comisión llegó a la conclusión de que, por término medio, Sinosure tendría que cobrar un 0,29 % del importe asegurado como prima para cubrir el coste de las reclamaciones (sin tener siquiera en cuenta los gastos generales).

(336)

Además, la Comisión señaló que Sinosure había contabilizado una pérdida neta derivada de sus actividades de explotación en 2022 y 2023; es decir, la provisión de seguros de crédito a la exportación, y que la empresa sería deficitaria si no contabilizaba ingresos importantes procedentes de los rendimientos de las inversiones. Como se explica en el considerando 102, Sinosure no facilitó información sobre dichos rendimientos de las inversiones.

(337)

Por ello, la Comisión consideró que Sinosure aplica el marco jurídico expuesto ejerciendo funciones gubernamentales con respecto al sector de los EMA. Sinosure actuó como organismo público en el sentido del artículo 2, letra b), del Reglamento de base, leído en relación con el artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), de dicho Reglamento y de conformidad con la correspondiente jurisprudencia de la OMC. Además, los productores exportadores incluidos en la muestra obtuvieron un beneficio, ya que el seguro se les facilitó a precios inferiores al mínimo necesario para que Sinosure cubriese sus costes operativos.

(338)

La Comisión también determinó que las subvenciones concedidas en el programa de seguros de exportación son específicas, ya que no podían obtenerse sin exportar y, por tanto, eran dependientes de la exportación en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra a), del Reglamento de base.

(339)

Dado que Sinosure ocupó una posición predominante en el mercado durante el período de investigación, la Comisión no pudo encontrar una prima de seguro nacional basada en el mercado. Por lo tanto, en consonancia con investigaciones antisubvenciones anteriores, la Comisión utilizó el valor de referencia externo más apropiado para el cual se disponía de información, que eran los tipos de las primas que aplicaba el Export-Import Bank de los EE. UU. a las entidades no financieras en sus exportaciones a países de la OCDE.

(340)

La Comisión consideró que el beneficio conferido a los beneficiarios era la diferencia entre el importe que la empresa había pagado realmente como prima de seguro y el importe que debería haber pagado aplicando el tipo de la prima de referencia externa que se menciona en el considerando 291.

(341)

Sinoboom y Zoomlion se beneficiaron de este régimen, y aunque su beneficio fue insignificante, se tuvo en cuenta en el cálculo de su margen de subvención global. Sin embargo, a un nivel más detallado, el margen de subvención determinado para ellos se estableció en el 0,00 % debido al redondeo.

(342)

El porcentaje de la subvención establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación para los siguientes grupos incluidos en la muestra ascendió a:

(343)

Las ayudas directas fueron concedidas por autoridades nacionales, provinciales, municipales o de distrito. No se comunicaron a la Comisión los detalles jurídicos del acto legislativo concreto con arreglo al cual se concedieron estos beneficios, ni si existía tal fundamento jurídico. Como se indica en el considerando 101, las autoridades chinas tampoco proporcionaron esta información.

(344)

La Comisión constató que los cuatro grupos de empresas incluidos en la muestra se beneficiaron de diversos programas de ayudas directas. Dado el gran número de ayudas directas que la Comisión encontró en los libros de las empresas incluidas en la muestra, en este Reglamento tan solo se recoge un resumen de las principales constataciones. Las pruebas de la existencia de numerosas ayudas directas y del hecho de que habían sido concedidas por las autoridades chinas desde varios niveles fueron inicialmente suministradas por los grupos incluidos en la muestra y confirmadas por sus estados financieros y durante las inspecciones in situ. Las constataciones detalladas sobre estas ayudas directas se facilitaron a cada empresa en su documento de comunicación específico.

(345)

Estas ayudas directas constituyeron subvenciones en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), y el artículo 3, punto 2, del Reglamento de base porque se produjo una transferencia de fondos de las autoridades chinas en forma de ayudas directas a los grupos de empresas incluidos en la muestra, lo que otorgaba un beneficio igual a la cantidad de las ayudas.

(346)

La Comisión evaluó todas las ayudas directas recibidas por las empresas incluidas en la muestra y constató que no todas eran específicas de la producción de EMA. No obstante, las ayudas directas relacionadas con la tecnología, la innovación y el desarrollo, la adquisición de activos fijos, y el apoyo y la promoción industriales se consideraron específicas en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra a), y apartado 3, del Reglamento de base, dado que parecen limitarse a determinadas empresas o determinadas industrias o a proyectos concretos en regiones concretas.

(347)

Por otra parte, estas ayudas directas no cumplieron los criterios de no especificidad del artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base, dado que las condiciones de elegibilidad y los criterios de selección concretos para que las empresas puedan ser elegibles no son transparentes ni objetivos y no se aplican automáticamente.

(348)

El beneficio se calculó como el importe recibido en el período de investigación, o atribuido al período de investigación, cuando el importe se amortizó durante la vida útil de los activos fijos a los que se vinculó la ayuda directa recibida antes del período de investigación. Sin embargo, sobre la base de las Directrices para el cálculo del importe de la subvención en las investigaciones en materia de derechos compensatorios (136), las subvenciones excepcionales recibidas durante el período de investigación que ascendieron a menos del 1 % ad valorem se imputaron, aunque no estuvieron vinculadas a la adquisición de activo fijo. Este método de asignación se ajusta plenamente al informe del grupo informal de expertos de la OMC en el que se establece que las ayudas directas cuyo propósito sea la adquisición de activo fijo deben ser asignadas si bien «se consideró adecuado, sobre todo desde el punto de vista de la facilidad de administración, que se procediera a este último procedimiento [el cargo a una cuenta de gasto] cuando se trate de subvenciones muy reducidas, independientemente de su naturaleza o de otra consideración. Para este umbral, se recomienda un porcentaje de menos del 0,5 por ciento de las ventas para cualquiera de las subvenciones» (137).

(349)

El porcentaje de la subvención establecido con respecto a los programas de ayudas directas antes descritas durante el período de investigación para los grupos de empresas incluidos en la muestra asciende a:

Ayudas directas

(350)

En China, todo el suelo es de propiedad estatal o colectiva (de los pueblos o municipios) antes de que pueda conferirse su titularidad legal o usufructo a empresas o a particulares. Las parcelas de terreno de zonas urbanas son propiedad del Estado, mientras que las de zonas rurales son propiedad de los pueblos o municipios.

(351)

Sin embargo, según la Constitución de China y la Ley del suelo, tanto las empresas como los particulares pueden adquirir «derechos de uso del suelo». En el caso de los terrenos industriales, el arrendamiento suele ser a cincuenta años, renovables por otros cincuenta.

(352)

Las autoridades chinas indicaron que los derechos de uso del suelo no son ni bienes (bienes muebles tangibles que no son efectivo (138)) ni servicios, y que, en consecuencia, el supuesto programa no constituye «suministros de bienes o servicios a cambio de una remuneración inferior a la adecuada» conforme al artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iii), del Reglamento de base.

(353)

La Comisión se mostró en desacuerdo con esta alegación. En primer lugar, el Manual de Estadísticas del Comercio Internacional de Servicios («el Manual») en el que las autoridades chinas se basan para alegar que los derechos de uso del suelo no son servicios contiene una categoría relativa a «los servicios de la administración no contemplados en otros puntos» que se identifican como componentes principales de servicios estándar. Además, con independencia de los medios jurídicos a través de los que se adquiera el suelo, no deja de ser cierto que la concesión de derechos de uso del suelo equivale, in fine, a la concesión de terrenos. A este respecto, el Órgano de Solución de Diferencias de la OMC ya confirmó que el suelo se considera un bien «inmueble» y que el artículo 1, apartado 1, letra a), punto 1, inciso iii) del Acuerdo SMC puede aplicarse (139). Por tanto, la concesión de derechos de uso de la tierra es una prestación de bienes o servicios.

(354)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas indicaron que una definición más específica de los «servicios de la administración no contemplados en otros puntos» que figura en el Manual demostró que esta categoría no puede incluir los derechos de uso del suelo. Sobre esta base, las autoridades chinas solicitaron la conclusión de la investigación sobre este programa.

(355)

La Comisión señaló que, independientemente del punto anterior, el segundo argumento presentado en el considerando 353 seguía siendo válido: «la concesión de derechos de uso del suelo equivale, in fine, a la concesión de terrenos». Por lo tanto, la Comisión mantuvo su posición de que la prestación de derechos de uso del suelo era una prestación de «bienes y servicios» y rechazó la alegación de supresión.

(356)

La concesión de derechos de uso del suelo en China entra en el ámbito de aplicación de la Ley de Gestión del Suelo de la República Popular China (140). Además, las siguientes disposiciones forman también parte de la base jurídica:

(357)

De conformidad con el artículo 10 de las «Disposiciones sobre la asignación de derechos de uso de terrenos de construcción de propiedad estatal mediante licitación, subasta y oferta de precios», las autoridades locales establecen los precios de los terrenos siguiendo un sistema de evaluación de los terrenos urbanos, que se actualiza cada tres años, y siguiendo la política industrial del Gobierno.

(358)

En investigaciones anteriores (147), la Comisión consideró que los precios pagados por los derechos de uso del suelo en China no eran representativos del precio de mercado determinado por la libre oferta y demanda del mercado, dado que el sistema de subasta se consideró poco claro, opaco y no operativo en la práctica, y se constató que las autoridades fijaban los precios de forma arbitraria. Como se menciona en el considerando anterior, las autoridades fijan los precios con arreglo al sistema de supervisión del suelo urbano, según el cual, al fijar el precio de terrenos industriales, se debe tener en cuenta, entre otros criterios, la política industrial.

(359)

Las pruebas citadas contradicen la alegación de las autoridades chinas de que los precios pagados por los derechos de uso del suelo en China son representativos del precio de mercado determinado por la oferta y la demanda del libre mercado.

(360)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas reiteraron sus alegaciones de que el mecanismo de formación de precios y el mercado de los derechos de uso del suelo en China eran claros, transparentes y funcionales. Las autoridades chinas también alegaron que habían explicado exhaustivamente durante el proceso de verificación el sistema de subasta y el sistema de evaluación de precios. Las autoridades chinas alegan que la Comisión debe actualizar y revisar su opinión respetando el mercado de los derechos de uso del suelo en lugar de basarse en conclusiones obsoletas de las investigaciones anteriores.

(361)

Sin embargo, la Comisión señaló que las conclusiones extraídas en investigaciones antisubvenciones previas y recientes estaban adecuadamente fundamentadas y se refieren a los mismos programas de subvenciones que los citados en la presente investigación. En todas estas investigaciones anteriores, la Comisión se basó en un marco jurídico similar por el que se rigen los derechos de uso del suelo en China y, más concretamente, en el hecho de que las autoridades locales establecen los precios de los terrenos siguiendo un sistema de evaluación de los terrenos urbanos y la política industrial del Gobierno. Esta investigación no mostró ningún cambio significativo a este respecto y las autoridades chinas no aportaron pruebas que demostraran la interrupción de esta política.

(362)

La Comisión también recordó que las autoridades chinas no facilitaron información relacionada con la adquisición de terrenos por parte de los productores/exportadores de EMA. Las autoridades chinas no pudieron explicar cómo, en algunos casos, las empresas pudieron recibir los terrenos de forma gratuita. Como se explica en el considerando 106, estos incumplimientos figuraban entre los puntos planteados en la carta del artículo 28.

(363)

Así pues, sobre la base de la información disponible en la presente investigación, la Comisión rechazo estas alegaciones.

(364)

Las constataciones de esta investigación muestran que la situación en relación con la adquisición de derechos de uso del suelo en China no es transparente y que los precios eran fijados de manera arbitraria por las autoridades.

(365)

Por lo tanto, la concesión de derechos de uso del suelo por parte de las autoridades chinas debe considerarse una subvención en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iii), y del artículo 3, punto 2, del Reglamento de base, en forma de provisión de bienes que otorga un beneficio a las empresas receptoras. Como se explica en los considerandos 350, 351 y 357 a 359, no existe un mercado operativo del suelo en China y el recurso a una referencia externa (véase el considerando 369) demuestra que el importe abonado por los productores exportadores incluidos en la muestra a cambio de los derechos de uso del suelo está muy por debajo del tipo normal del mercado.

(366)

En lo tocante al acceso preferente a terrenos industriales por parte de empresas que pertenecen a determinados sectores, la Comisión observó que las autoridades locales, al fijar los precios, tienen que tener en cuenta la política industrial del Gobierno, como se ha expuesto en el considerando 358. En el marco de esta política industrial, el sector de los EMA, en tanto que parte de parte de la industria de la construcción, está incluido entre las industrias fomentadas. Además, de conformidad con la Decisión n.o 40 del Consejo de Estado, las autoridades públicas deben tener en cuenta el «Catálogo de orientaciones para la reestructuración industrial» y las políticas industriales a la hora de proporcionar suelo. El artículo XVIII de la Decisión n.o 40 establece claramente que las industrias consideradas «limitadas» no deben tener acceso a los derechos de uso del suelo. De ello se desprende que la subvención es específica en el sentido del artículo 4, apartado 2, letras a) y c), del Reglamento de base, ya que la concesión preferente de suelo se limita a las empresas de determinados sectores, en este caso el sector de los EMA, y que las prácticas gubernamentales al respecto no son claras ni transparentes.

(367)

Como en investigaciones anteriores (148), y de conformidad con el artículo 6, letra d), inciso ii), del Reglamento de base, se utilizaron como valores de referencia externos los precios del suelo del territorio aduanero diferenciado de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu («el Taipéi chino») (149). El beneficio obtenido por los receptores se calcula teniendo en cuenta la diferencia entre el importe realmente abonado por cada uno de los productores exportadores incluidos en la muestra por los derechos de uso del suelo (es decir, el precio realmente pagado tal como figura en el contrato, tras deducir, cuando proceda, el importe de los reembolsos o ayudas directas de las autoridades locales) y el importe que hubiera debido abonarse normalmente sobre la base del valor de referencia del Taipéi Chino.

(368)

La Comisión considera al Taipéi Chino un valor de referencia externo adecuado por las siguientes razones:

(369)

Siguiendo la metodología aplicada en investigaciones anteriores (150), la Comisión utilizó el precio medio del suelo por metro cuadrado fijado en el Taipéi Chino, corregido para tener en cuenta la inflación y la evolución del PIB a partir de las fechas de los respectivos contratos de cesión de los derechos de uso del suelo. La información sobre los precios de los terrenos industriales en 2015 se consultó en el sitio web del Departamento de Industria del Ministerio de Asuntos Económicos de Taiwán (151). Por lo que respecta a los años anteriores, los precios se corrigieron utilizando las tasas de inflación y la evolución del PIB per cápita a precios actuales en USD en el Taipéi Chino publicadas por el FMI para 2015.

(370)

Las autoridades chinas alegaron que la referencia susodicha no es correcta, ya que la Comisión está comparando el precio de la propiedad de la tierra en el Taipéi Chino con el precio de los derechos de uso del suelo para la duración limitada en China.

(371)

A este respecto, la Comisión señaló que la elección del Taipéi Chino como referencia se basó en el examen de varios factores enumerados en el considerando 368. La Comisión consideró, no obstante, que aunque existían ciertas diferencias en las condiciones de mercado entre los derechos de uso del suelo en la China continental y la venta de suelo en el Taipéi chino, no eran de tal naturaleza que invalidarían la elección del Taipéi chino como referencia. Durante el transcurso de la investigación, la Comisión no pudo hallar ninguna otra referencia o método de ajuste apropiados que reflejasen adecuadamente dichas diferencias en las condiciones del mercado.

(372)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas reiteraron su posición de que el precio de la propiedad del suelo no puede ser un valor de referencia para los derechos de uso del suelo. No obstante, no se presentaron nuevos argumentos que invalidaran la posición de la Comisión expresada en los considerandos 368 y 371. La Comisión también observó que las autoridades chinas no pudieron presentar una referencia fiable que reflejase la diferencia entre los derechos de uso del suelo y los derechos de propiedad. Por tanto, se rechazó este argumento.

(373)

Tras la comunicación definitiva, la CCCME alegó que la elección de la Comisión de los precios del suelo en el Taipéi Chino como referencia era inadecuada, habida cuenta de la diferencia sustancial entre el nivel de desarrollo económico y el PIB per cápita entre el Taipéi Chino y China (que es incluso mayor si solo la provincia de Hunan, donde la producción de EMA está principalmente situada, se toma para la comparación). Esta diferencia era aún más importante en el pasado, cuando los productores de EMA obtuvieron realmente los derechos de uso del suelo. La CCCME también observó que los ajustes realizados al valor de referencia sobre la base de la evolución de la inflación y del PIB no eran adecuados, ya que los índices de corrección reflejan cambios en el Taipéi Chino, lo que no es comparable con la evolución respectiva en China. Por último, la CCCME alegó que la Comisión no divulgó los detalles del cálculo del valor de referencia y, por tanto, privó a la CCCME y a las empresas a las que representaba del derecho a comprender cómo se calculó el importe de la subvención.

(374)

Como se explica en el considerando 371, la Comisión se basó en la referencia que se consideró más apropiada, incluso teniendo en cuenta las diferencias entre las condiciones del mercado. Durante el transcurso de la investigación, la Comisión no pudo hallar ninguna otra referencia o método de ajuste apropiados que reflejasen adecuadamente dichas diferencias en las condiciones del mercado. Por tanto, se rechazó este argumento.

(375)

Por lo que se refiere a la alegación de divulgación insuficiente, la Comisión señaló que los cálculos del importe de la subvención se comunicaron a los productores exportadores chinos incluidos en la muestra, que son miembros de la CCCME. Por motivos de claridad, estos parámetros de referencia también se añadieron al expediente abierto.

(376)

Tras la comunicación definitiva, el grupo Zoomlion alegó que el importe de la subvención en el marco de este régimen debía calcularse de nuevo teniendo en cuenta la supuesta evolución anormal de los precios de los terrenos industriales en el Taipéi Chino en 2021 y 2022. La empresa alegó que la Comisión debería ignorar los niveles de precios de estos dos años y sustituirlos por una indexación con respecto al nivel de precios de años anteriores.

(377)

La Comisión manifestó su desacuerdo. La metodología de cálculo del importe de la subvención en el marco de este régimen y los valores de referencia respectivos se consideraron exactos, por lo que la Comisión no vio ninguna razón ni base fáctica o jurídica para un ajuste únicamente porque determinados productores de EMA obtuvieron sus derechos de uso del suelo en años concretos. No obstante, la Comisión señaló que el grupo Zoomlion no facilitó datos ni pruebas que justificaran su alegación sobre la «evolución anormal de los precios de los terrenos industriales en el Taipéi Chino».

(378)

El porcentaje de subvención establecido con respecto a esta subvención durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

Derechos de uso del suelo a cambio de una remuneración inferior a la adecuada

(379)

Con arreglo a la Ley del impuesto sobre la renta de las empresas de la República Popular China («Ley del impuesto de sociedades»), las empresas de alta tecnología y de nuevas tecnologías a las que el Estado necesita prestar un apoyo clave se benefician de un tipo impositivo reducido del 15 %, en lugar del tipo normal del 25 %.

(380)

La base jurídica de este programa la constituyen el artículo 28 de la Ley del impuesto de sociedades de la República Popular China y el artículo 93 de las normas de aplicación de dicha Ley (152), así como:

(381)

El capítulo IV de la Ley del impuesto de sociedades contiene disposiciones relativas al «trato fiscal preferente». El artículo 25 de la Ley del impuesto de sociedades, que sirve de introducción al capítulo IV, dispone que «el Estado ofrecerá ventajas en el impuesto sobre la renta de las empresas a las empresas dedicadas a industrias o proyectos cuyo desarrollo sea específicamente apoyado y fomentado por el Estado». El artículo 28 de la Ley del impuesto de sociedades establece que «el tipo del impuesto sobre la renta de las empresas de alta tecnología y nuevas tecnologías que necesiten un apoyo especial del Estado se reducirá al 15 %».

(382)

El artículo 93 de las normas de aplicación de la Ley del impuesto de sociedades aclara lo siguiente:

«Las “empresas de alta tecnología y de nuevas tecnologías importantes que recibirán apoyo del Estado” a que se refiere la cláusula 2 del artículo 28 de la Ley del Impuesto de Sociedades son las empresas que poseen derechos de propiedad intelectual e industrial claves y cumplen las siguientes condiciones:

Las Medidas para la administración del sistema de identificación de empresas de alta tecnología y las Áreas clave de alta tecnología y nuevas tecnologías apoyadas por el Estado serán formuladas conjuntamente por los departamentos de tecnología, finanzas y fiscalidad del Consejo de Estado y entrarán en vigor una vez aprobadas por el Consejo de Estado».

(383)

Las disposiciones antes mencionadas establecen claramente que el tipo reducido del impuesto de sociedades se reserva a «empresas de alta tecnología y nuevas tecnologías importantes que recibirán apoyo del Estado» que posean derechos de propiedad intelectual e industrial claves y cumplan determinadas condiciones, como «pertenecer a las áreas clave de alta tecnología y nuevas tecnologías apoyadas por el Estado».

(384)

De conformidad con el artículo 11 de las Medidas administrativas para el reconocimiento de empresas de alta tecnología, para ser reconocida como empresa de alta tecnología, una empresa debe cumplir simultáneamente determinadas condiciones, entre ellas: «que haya obtenido la propiedad de los derechos de propiedad intelectual e industrial, que desempeña un papel central en la prestación de asistencia técnica a sus principales productos (servicios), a través de investigaciones independientes, transferencias, ayudas directas, fusiones y adquisiciones, etc.» y «que la tecnología que desempeñe un papel central en la prestación de asistencia técnica a sus principales productos (servicios) se encuentre dentro del rango predeterminado en los “campos de alta tecnología apoyados por el Estado”».

(385)

Las empresas que se benefician de esta medida tienen que presentar su declaración del impuesto de sociedades con los correspondientes anexos. El importe real del beneficio se consigna en la declaración de impuestos.

(386)

La Comisión constató que las empresas de los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra podían considerarse empresas de alta tecnología durante el período de investigación y, por lo tanto, disfrutaban de tipos reducidos sobre el impuesto de sociedades, del 15 %. Sin embargo, solo en tres de los grupos incluidos en la muestra las empresas se beneficiaron realmente de este régimen en el período de investigación.

(387)

La Comisión consideró que la compensación fiscal en cuestión constituye una subvención en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso ii), y del artículo 3, punto 2, del Reglamento de base, puesto que existe una contribución financiera en forma de ingresos no percibidos por las autoridades chinas que otorga un beneficio a las empresas afectadas. El beneficio obtenido por los receptores equivale al ahorro fiscal.

(388)

Esta subvención es específica a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, ya que la propia legislación limita la aplicación de este régimen exclusivamente a las empresas que operan en ciertas áreas prioritarias de alta tecnología que el Estado determina. La industria de EMA es una de estas áreas prioritarias de alta tecnología.

(389)

Así pues, la legislación en virtud de la cual actúa la autoridad otorgante limita explícitamente el acceso a una subvención a determinados empresas y sectores.

(390)

Las autoridades chinas alegaron que este programa de subvenciones no era específico, ya que la legislación con arreglo a la cual opera la autoridad otorgante establece criterios o condiciones objetivos que rigen la admisibilidad y el importe de la reducción fiscal, y que la admisibilidad es automática y que los criterios y condiciones de cualificación se cumplen estrictamente.

(391)

La Comisión se mostró en desacuerdo con esta alegación. El artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base establece que «cuando la autoridad otorgante, o la legislación en virtud de la cual actúe la autoridad otorgante, limite explícitamente el acceso a la subvención a determinadas empresas, tal subvención se considerará específica». En efecto, el régimen de subvención en cuestión tiene su base jurídica en el capítulo IV, «Preferencias fiscales», de la Ley del impuesto de sociedades. Por su nombre y contenido, este capítulo prevé explícitamente un trato preferente específico que «limita explícitamente el acceso a una subvención a determinadas empresas». Más concretamente, el artículo 93 de las normas de aplicación de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aclara que «las empresas importantes de alta tecnología y de nueva tecnología que apoyará el Estado [deberán cumplir determinadas] condiciones», como «1. Conformarse a la definición de las Áreas Clave de Alta y Nueva Tecnología Apoyadas por el Estado». Como se desprende de lo anterior, todas las empresas o industrias no pueden beneficiarse de los mismos tratamientos fiscales preferenciales. En consecuencia, las subvenciones concedidas en virtud de esta exención fiscal se consideraron específicas con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base.

(392)

El importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias se calculó en términos del beneficio obtenido por los receptores durante el período de investigación. Este beneficio se calculó como la diferencia entre el impuesto total pagadero de conformidad con el tipo impositivo normal y el importe total pagadero con el tipo impositivo reducido.

(393)

El porcentaje de subvención establecido con respecto a esta subvención durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

Deducción en el impuesto de sociedades para empresas de alta tecnología y de nuevas tecnologías

(394)

Esta compensación fiscal por investigación y desarrollo permite a las empresas beneficiarse de un trato fiscal preferente por sus actividades de I+D en determinadas áreas de alta tecnología declaradas prioritarias por el Estado, a partir de determinados umbrales de gasto en I+D.

(395)

Más concretamente, los gastos de I+D incurridos por una empresa cuando lleve a cabo cualquier actividad de I+D, se deducirá un 100 % adicional del importe de los gastos de I+D realmente incurridos antes del pago de impuestos, además de la deducción de los gastos reales según lo prescrito, a partir del 1 de enero de 2023, siempre que dichos gastos no se conviertan en activos intangibles y se incluyan en los beneficios y pérdidas actuales.

(396)

Si dichos gastos se han convertido en activos intangibles, dichos gastos podrán amortizarse al tipo del 200 % de los costes de los activos intangibles antes del pago de impuestos a partir del 1 de enero de 2023.

(397)

La base jurídica de este programa la constituyen el artículo 30, apartado 1, de la Ley del impuesto de sociedades y el artículo 95 de sus normas de aplicación, y las siguientes disposiciones:

(398)

La Comisión constató que las empresas de los grupos incluidos en la muestra disfrutaban de una deducción adicional sobre los gastos de investigación y desarrollo derivados de la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos productos y nuevas técnicas.

(399)

La Comisión consideró que la compensación fiscal en cuestión constituye una subvención en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso ii), y del artículo 3, punto 2, del Reglamento de base, puesto que existe una contribución financiera en forma de ingresos no percibidos por las autoridades chinas que otorga un beneficio a las empresas afectadas. El beneficio obtenido por los receptores equivale al ahorro fiscal.

(400)

Esta subvención es específica en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, ya que la propia legislación limita la aplicación de esta medida exclusivamente a las empresas que incurren en gastos en I+D en ciertas áreas prioritarias de alta tecnología determinadas por el Estado, como el sector de los cables de fibras ópticas. Así pues, la legislación en virtud de la cual actúa la autoridad otorgante limita explícitamente el acceso a una subvención a determinados empresas y sectores.

(401)

Las autoridades chinas alegaron que las «superdeducciones para investigación y desarrollo» no son específicas, puesto que esta es una política tributaria universal destinada a instar a las empresas a aumentar su inversión en actividades de I+D. Según las autoridades chinas, existen criterios y condiciones objetivos para la aplicación del programa y este se aplica automáticamente cuando se cumplen las condiciones pertinentes.

(402)

La Comisión no estuvo de acuerdo con la interpretación que hicieron las autoridades chinas de las leyes y las disposiciones de aplicación, que muestran que el programa está limitado a determinados sectores y empresas apoyados por las autoridades chinas sobre la base de criterios que no parecen objetivos ni neutros, por ejemplo que se conformen a la definición de las «Áreas Clave de Alta y Nueva Tecnología Apoyadas por el Estado». Esta subvención es específica en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, ya que se aplica únicamente a las empresas que operan en determinados ámbitos de alta tecnología, como el sector de los EMA. Además, el artículo 30 de la Ley del impuesto de sociedades establece que los gastos de I+D en los que incurran las empresas en el ámbito del desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos productos y nuevas técnicas pueden deducirse adicionalmente en el momento del cálculo de la renta imponible, el artículo 95 de las normas de aplicación de la Ley del impuesto de sociedades explica en qué consiste la deducción, mientras que el artículo 4 de la Comunicación sobre la mejora de la reducción de los gastos de desarrollo de I+D ofrece un listado de las industrias para las que no es aplicable la deducción antes de impuestos (con cierto grado de discreción, ya que la lista termina diciendo «[…] y otras industrias estipuladas por el Ministerio de Hacienda y Administración Tributaria del Estado»).

(403)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas alegaron que la afirmación de la Comisión de que «el programa está limitado a determinados sectores y empresas apoyados por las autoridades chinas [...], por ejemplo que se conformen a la definición de las “Áreas Clave de Alta y Nueva Tecnología Apoyadas por el Estado”», es errónea.

(404)

Sin embargo, las autoridades chinas admitieron que la subvencionabilidad de este programa se limita a las empresas que incurrieron en gastos relacionados con la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos productos y nuevos procesos. No se explicó cómo debía definirse el término «nuevo» en este contexto. Las autoridades chinas tampoco formularon observaciones sobre la posibilidad claramente discrecional de las autoridades de excluir determinadas industrias de la aplicación de esta deducción fiscal. Por lo tanto, la Comisión no estuvo de acuerdo con las autoridades chinas según las cuales la subvencionabilidad de este programa estaba «establecida de forma clara y objetiva por ley». Por tanto, se rechazó esta alegación.

(405)

El importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias se calculó en términos del beneficio obtenido por los receptores durante el período de investigación. Este beneficio se calculó como la diferencia entre el importe del impuesto total pagadero de conformidad con el tipo impositivo normal y el impuesto total pagadero después de la deducción adicional del 100 % de los gastos reales en I+D.

(406)

El porcentaje de subvención establecido con respecto a esta subvención durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

Deducción antes de impuestos para I+D

(407)

La Ley del impuesto de sociedades ofrece ventajas en el impuesto sobre la renta a las empresas dedicadas a industrias o proyectos cuyo desarrollo esté específicamente apoyado y fomentado por el Estado y, en particular, exime del impuesto a los ingresos procedentes de la inversión en capital, tales como los dividendos y las primas, entre empresas residentes elegibles.

(408)

La base jurídica de este programa la constituye el artículo 26, apartado 2, de la Ley del impuesto de sociedades de la República Popular China, junto con sus normas de aplicación.

(409)

El artículo 25 de la Ley del impuesto de sociedades, que sirve de introducción al capítulo IV, «Políticas fiscales preferenciales», dispone que «el Estado ofrecerá ventajas en el impuesto sobre la renta a las empresas dedicadas a industrias o proyectos cuyo desarrollo esté específicamente apoyado y fomentado por el Estado». Además, el artículo 26, apartado 2, especifica que la exención fiscal es aplicable a los ingresos obtenidos de las inversiones de capital entre «empresas residentes elegibles», lo que parece limitar su ámbito de aplicación únicamente a determinadas empresas residentes.

(410)

La Comisión constató que una empresa incluida en la muestra se había beneficiado de una exención fiscal sobre los ingresos por dividendos entre empresas residentes elegibles.

(411)

La Comisión consideró que este régimen constituye una subvención en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso ii), y del artículo 3, punto 2, del Reglamento de base, puesto que existe una contribución financiera en forma de ingresos sacrificados por las autoridades chinas que otorga un beneficio a las empresas afectadas. El beneficio obtenido por los receptores equivale al ahorro fiscal.

(412)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas alegaron que este programa tenía por objeto evitar la doble imposición y, por lo tanto, no concedía a las empresas beneficios fiscales adicionales al renunciar o no recaudar los ingresos adeudados de otro modo.

(413)

Aunque la Comisión estuvo de acuerdo en que la eliminación de la doble imposición es una práctica fiscal reconocida internacionalmente, no se aplica por igual en todos los países. Las autoridades chinas no demostraron de qué forma la deducción en cuestión evita específicamente la doble imposición (es decir, al demostrar que los dividendos sujetos a la exención se gravan en otro lugar y que la norma solo recoge situaciones de doble imposición). En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(414)

Esta subvención es específica en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, ya que la propia legislación limita la aplicación de esta exención exclusivamente a las empresas residentes elegibles que cuentan con el apoyo principal del Estado y cuyo desarrollo es fomentado por este. Así pues, la legislación en virtud de la cual actúa la autoridad otorgante limita explícitamente el acceso a una subvención a determinados empresas y sectores.

(415)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas alegaron que las conclusiones de la Comisión sobre que este programa se dirigía únicamente a algunas empresas son erróneas, ya que la Comisión interpretó erróneamente el término «cualificado» utilizado en el artículo 26 de la Ley del impuesto de sociedades. Según las autoridades chinas, el término «cualificados» se utilizó allí en el contexto de «rentas de inversión cualificadas» en lugar de en el contexto de las «empresas residentes cualificadas».

(416)

La Comisión manifestó su desacuerdo. El artículo 26, apartado 2, de la LIS forma parte del capítulo IV «Preferencias fiscales» que prevé una serie de tratamientos fiscales preferenciales que constituyen exenciones de las normas fiscales generales. Además, el artículo 25 de la LIS, que sirve de introducción al capítulo IV, «Políticas fiscales preferenciales», dispone que «el Estado ofrecerá ventajas en el impuesto de sociedades a las empresas dedicadas a industrias o proyectos cuyo desarrollo esté específicamente apoyado y fomentado por el Estado». Asimismo, el artículo 26, apartado 2, especifica que la exención fiscal es aplicable a los ingresos obtenidos de las inversiones de capital entre «empresas residentes subvencionables», lo que parece limitar su ámbito de aplicación únicamente a determinadas empresas residentes. Por lo tanto, la Comisión consideró que esta política fiscal preferencial se limita a determinadas industrias, que son apoyadas y fomentadas específicamente por el Estado, como el sector de los MAE, y que, por lo tanto, es específica en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base. Así lo confirmó también la copia en inglés de la declaración del impuesto sobre la renta (formulario A107010, línea 3) presentada por varios Grupos incluidos en la muestra que dice «II) Los dividendos, bonificaciones y otras rentas de la inversión en capital entre empresas residentes cualificadas están exentos del impuesto sobre la renta de las empresas (4+56 +78)» en la versión china de la declaración fiscal, a este respecto.

(417)

La Comisión ha calculado el importe de la subvención aplicando el tipo impositivo normal a los ingresos por dividendos que se hayan deducido de la renta imponible.

(418)

El porcentaje de subvención establecido con respecto a esta subvención durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

Exención sobre dividendos del impuesto de sociedades

(419)

El memorándum sobre la suficiencia de las pruebas enumeraba otros regímenes para los que existían pruebas suficientes que demostraban la existencia de subvenciones sujetas a medidas compensatorias disponibles para los productores de EMA. La lista de dichos programas incluye, entre otras cosas:

(420)

En el contexto de esta investigación, la Comisión no pudo llegar a una conclusión sobre la sujeción a medidas compensatorias de estos programas. Esto se entiende sin perjuicio de que la Comisión examine dichas medidas con ocasión de futuras reconsideraciones, incluidas las reconsideraciones realizadas en virtud del artículo 19 del Reglamento de base.

(421)

Tras la comunicación definitiva, la CMAE indicó que, en el caso de los regímenes mencionados, el memorándum sobre la suficiencia de las pruebas mostró que el denunciante había facilitado información para determinar el nivel de concesión de subvenciones disponible a partir de investigaciones de terceros países. La CMAE también observó que, en relación con la mayoría de estos sistemas, la Comisión había informado a las autoridades chinas de su intención de utilizar los datos disponibles tras la aplicación del artículo 28 del Reglamento de base. Por lo tanto, la CMAE pidió a la Comisión que adoptara todas las medidas necesarias para llegar a una conclusión sobre la sujeción a medidas compensatorias de estos regímenes.

(422)

La Comisión señaló que, si bien había pruebas suficientes para iniciar la investigación sobre los regímenes en cuestión, no pudo completar la evaluación de los regímenes mencionados debido a una serie de factores, como el número de regímenes que debían investigarse, su complejidad intrínseca y el plazo de trece meses relativo a las investigaciones antisubvenciones. Sin embargo, como se menciona en el considerando 420, esto se entiende sin perjuicio de la posibilidad de llegar a conclusiones sobre estos regímenes en el futuro, también en el marco de las revisiones.

(423)

De conformidad con las disposiciones del Reglamento de base, la Comisión calculó el importe de las subvenciones sujetas a derechos compensatorios para los grupos que cooperaron examinando cada subvención o cada programa de subvenciones, y sumó estas cifras para calcular el importe total de la subvención correspondiente a cada productor exportador durante el período de investigación. Para calcular la subvención global la Comisión calculó primero el porcentaje de subvención: el importe de la subvención como porcentaje del volumen de negocios de la empresa o el volumen de negocios de la empresa relacionado con el producto investigado. Este porcentaje se utilizó después para calcular la subvención asignada durante el período de investigación a las exportaciones a la Unión del producto afectado. Este importe de subvención se expresó posteriormente como porcentaje del valor del coste, seguro y flete («CIF») de las mismas exportaciones.

(424)

Tras la comunicación definitiva, el grupo Zoomlion cuestionó la clave de reparto utilizada por la Comisión para prorratear las subvenciones recibidas por la empresa matriz al productor de EMA. Alegó que el volumen de negocios relativo a las transacciones de un determinado insumo entre estas empresas, expresado como porcentaje del volumen de negocios del grupo, debería haberse utilizado como clave de reparto. El grupo Zoomlion también cuestionó el cálculo del volumen de negocios consolidado utilizado como denominador en los cálculos del tipo de subvención, alegando que debería haberse utilizado el volumen de negocios del grupo en lugar del volumen de negocios consolidado de la empresa matriz.

(425)

La Comisión rechazó estas alegaciones. En primer lugar, la Comisión consideró que un reparto basado en el volumen de negocios era conservador en lo que respecta a una empresa matriz, a falta de un método de prorrateo más adecuado. También señaló que las transacciones relacionadas con los insumos no eran las únicas transacciones entre las empresas vinculadas, ya que la empresa matriz también participaba en las ventas del producto investigado. En segundo lugar, la Comisión consideró que el volumen de negocios consolidado se había calculado correctamente, sobre la base de la información verificada presentada por el grupo Zoomlion. Por el contrario, el volumen de negocios propuesto por el grupo Zoomlion no se presentó ni se verificó en el curso de la investigación. Solo se presentó como aproximación tras la comunicación definitiva. Además, la Comisión consideró que los datos de la empresa matriz eran más pertinentes que los del grupo, ya que la empresa matriz realizaba transacciones bidireccionales (tanto la venta de insumos como la compra del producto investigado) con la entidad que producía y vendía el producto investigado, mostrando su interconexión y justificando la consolidación a su nivel. Por lo tanto, se consideró más adecuada una asignación basada en el volumen de negocios consolidado.

(426)

Tras la comunicación adicional, el grupo Zoomlion reiteró su alegación de que la Comisión había utilizado erróneamente el volumen de negocios de la empresa matriz en lugar del volumen de negocios total del grupo. También añadió que, en caso de que la Comisión utilizara dicho volumen de negocios como clave de reparto, debería utilizar exclusivamente el volumen de negocios de empresas no vinculadas en el numerador como parte del ejercicio de reparto y no incluirlo a las empresas vinculadas.

(427)

Por las razones mencionadas en el considerando 425 y teniendo en cuenta la estrecha relación entre la empresa matriz y el productor de EMA, en forma de participación mayoritaria de la empresa matriz en el productor de EMA y la disponibilidad de un volumen de negocios consolidado verificado para el período de investigación para la empresa matriz facilitado por el grupo Zoomlion, la Comisión consideró que utilizar dicho volumen de negocios para la asignación de los beneficios era más adecuado que utilizar una aproximación del volumen de negocios consolidado del grupo para el período de investigación, que no se presentó ni verificó antes de la comunicación definitiva. Por lo que se refiere al uso de (una pequeña parte de) las ventas a empresas vinculadas en el numerador, la Comisión consideró que este enfoque beneficiaba al grupo Zoomlion, ya que presumía que las ventas a clientes no vinculados se realizarían normalmente a un precio más elevado que entre partes vinculadas, por lo que el numerador se subestimó ligeramente, lo que dio lugar a una asignación ligeramente inferior al producto investigado y a un menor importe de la subvención. Por estos motivos, se rechazaron estas alegaciones.

(428)

Como resultado de las correcciones en el cálculo del importe de la subvención para el grupo Zoomlion, resumidas en el considerando 321, el porcentaje global de subvención para el grupo aumentó del 11,14 % al 11,65 %. El grupo Zoomlion recibió una nueva comunicación completa de los cálculos con la descripción explicativa de los cambios realizados, incluidos los pequeños errores técnicos y administrativos cometidos en los cálculos originales.

(429)

De conformidad con el artículo 15, apartado 3, del Reglamento de base, el importe total de subvención para los productores exportadores que cooperaron y que no fueron incluidas en la muestra se calculó a partir del importe total medio ponderado de las subvenciones sometidas a derechos compensatorios establecido para los productores exportadores que cooperaron incluidos en la muestra, con exclusión de los importes desdeñables. En realidad, la Comisión considera que los datos disponibles y utilizados en esos casos no afectaban sustancialmente a la información necesaria para determinar de modo equitativo el importe de la subvención, de modo que los exportadores a los que no se pidió cooperar en la investigación no se verán perjudicados por este enfoque.

(430)

Dado el alto grado de cooperación de los productores exportadores chinos y la representatividad de la muestra también en términos de admisibilidad de las subvenciones, la Comisión consideró apropiado fijar el importe para «todas las demás empresas» en el nivel más elevado impuesto a las empresas que se incluyeron en la muestra. Ese importe para «todas las demás empresas» se aplicó a las empresas que no cooperaron en la investigación.

(431)

Sobre esa base, los importes de la subvención sujeta a medidas compensatorias, expresados como porcentaje del precio CIF en la frontera de la Unión, no despachado de aduana, son los siguientes:

(432)

Excepto para el grupo JLG, los porcentajes de subvención establecidos en relación con las importaciones procedentes de China superaron el umbral mínimo establecido en el artículo 14, apartado 3, del Reglamento de base. Las importaciones del grupo JLG fueron mínimas y, por tanto, no pudieron tenerse en cuenta en el análisis del perjuicio, pero sí se tuvieron en cuenta para analizar los efectos de otros factores en la situación perjudicial de la industria de la Unión.

(433)

Para evaluar si las conclusiones sobre la ausencia de subvención en relación con el grupo JLG podían extenderse a los productores exportadores no incluidos en la muestra, la Comisión evaluó el volumen y los precios de las importaciones del grupo JLG en comparación con el resto de las importaciones de China a la Unión durante el período de investigación.

(434)

En el período de investigación, el volumen de las importaciones no subvencionadas del grupo JLG ascendió al [20 - 25 %] de las importaciones totales procedentes de China, y esto representó en torno al [40 - 45 %] de las importaciones incluidas en la muestra. Seguidamente, la Comisión comparó el precio medio de exportación CIF del grupo JLG con los precios medios de exportación CIF de los otros tres productores exportadores incluidos en la muestra sobre la base de los datos verificados y el precio medio de todas las importaciones chinas a la Unión, conforme a las respuestas al cuestionario de muestreo enviadas (154). Constató que, durante el período de investigación, el precio medio de exportación CIF del grupo JLG fue un [25 - 30 %] más alto que el precio medio de exportación de los otros productores exportadores incluidos en la muestra. En el mismo período, el precio medio de exportación CIF del grupo JLG fue un [40 - 45 %] más alto que el precio de exportación del resto de los productores exportadores, conforme a las respuestas al cuestionario de muestreo. Puesto que estas exportaciones totales de todos los productores exportadores (sin incluir las exportaciones del grupo JLG) representaban el [75 – 80 %] de las importaciones totales de China a la Unión durante el período de investigación, la Comisión consideró que no podía extender las conclusiones sobre la ausencia de subvención relacionadas con el grupo JLG a los productores exportadores no incluidos en la muestra y a todas las importaciones de China a la Unión en general.

(435)

El producto investigado definido en la sección 2 incluye tanto las unidades (máquinas completas) como las secciones de las unidades. No obstante, el análisis que figura a continuación de los diferentes indicadores de perjuicio se centra únicamente en las unidades, y no en secciones concretas. Aunque la industria de la Unión produjo tanto unidades como secciones durante el período considerado, no vendió ni compró secciones por separado. Las secciones fabricadas se utilizan siempre para un tipo de máquina concreto, fabricada normalmente por encargo. Por lo tanto, el análisis del perjuicio se basó solamente en las unidades.

(436)

Según el denunciante, durante el período de investigación, el producto similar fue fabricado por veintidós productores de la Unión. Estos productores constituyen la «industria de la Unión» en el sentido del artículo 4, apartado 1, del Reglamento de base.

(437)

La producción total de la Unión durante el período de investigación se estableció en torno a las 35 000 unidades (máquinas completas). La Comisión estableció esta cifra sobre la base de toda la información disponible relativa a la industria de la Unión, a saber, la respuesta al cuestionario verificada enviada por el denunciante, que, cuando fue posible, se cotejó con las respuestas al cuestionario de los productores de la Unión incluidos en la muestra.

(438)

Como se indica en la sección 1.4.1, se incluyeron en la muestra tres productores de la Unión seleccionados, que representaban el 56 % del total de la producción del producto similar de la Unión.

(439)

La Comisión determinó el consumo de la Unión basándose en:

(440)

El consumo de la Unión evolucionó de la siguiente manera:

Cuadro 1

Consumo de la Unión (en unidades)

(441)

Durante el período considerado, el consumo de la Unión aumentó un 122 %.

(442)

Las importaciones procedentes de China se basaron en los datos facilitados por los productores exportadores que cooperaron, que se consideró que representaban el 100 % de las importaciones a la Unión (157).

(443)

La cuota de mercado de las importaciones chinas se determinó comparando los volúmenes de importación con el consumo en el mercado de la Unión, como se indica en el cuadro 2 más arriba.

(444)

Las importaciones en la Unión procedentes del país afectado evolucionaron de la manera siguiente:

Cuadro 2

Volumen de las importaciones (en unidades) y cuota de mercado

(445)

Durante el período considerado, el volumen de las importaciones del producto afectado procedentes de China aumentó un 214 %, y su cuota de mercado pasó del 29 % en 2020 al 41 % en el período de investigación, lo que representa un aumento del 42 %.

(446)

La Comisión estableció los precios de las importaciones sobre la base de los datos facilitados por los productores exportadores que cooperaron, que se consideró que suponían prácticamente el 100 % de las importaciones a la Unión (159).

(447)

El precio medio ponderado de las importaciones en la Unión procedentes del país afectado evolucionó de la manera siguiente:

Cuadro 3

Precio de importación (EUR/unidad)

(448)

En el período considerado, el precio medio de las importaciones chinas aumentó un 54 %, alcanzando así un nivel de 17 008 EUR/unidad en el período de investigación.

(449)

Para determinar la subcotización de los precios durante el período de investigación, la Comisión comparó los siguientes elementos:

(450)

La comparación de los precios se realizó para el mismo tipo de producto, para transacciones en la misma fase comercial, con los debidos ajustes en caso necesario. El resultado de esta comparación se expresó en porcentaje del volumen de negocio teórico de los productores de la Unión incluidos en la muestra durante el período de investigación. Sobre la base de lo anterior, se estableció un margen de subcotización medio ponderado del 21 % para las importaciones chinas subvencionadas en el mercado de la Unión.

(451)

Independientemente de la existencia de una subcotización de precios, la Comisión también estableció que las importaciones chinas provocaron una contención significativa de los precios de la industria de la Unión, que tuvo que vender a precios ruinosos durante el período de investigación.

(452)

De conformidad con el artículo 8, apartado 3, del Reglamento de base, en el examen del impacto de las importaciones subvencionadas sobre la industria de la Unión se incluyó una evaluación de todos los indicadores económicos que influyeron en la situación de dicha industria durante el período considerado.

(453)

Como se indica en el punto 1.4.1, se recurrió al muestreo para determinar el posible perjuicio sufrido por la industria de la Unión.

(454)

Para determinar el perjuicio, la Comisión distinguió entre indicadores de perjuicio macroeconómicos y microeconómicos. La Comisión evaluó los indicadores macroeconómicos basándose en los datos contenidos en la denuncia y en la respuesta del denunciante a un cuestionario específico. Los datos se referían a todos los productores de la Unión. La Comisión evaluó los indicadores microeconómicos a partir de los datos contenidos en las respuestas al cuestionario de los productores de la Unión incluidos en la muestra. Se consideró que estos dos conjuntos de datos eran representativos de la situación económica de la industria de la Unión.

(455)

Los indicadores macroeconómicos son: producción, capacidad de producción, utilización de la capacidad, volumen de ventas, cuota de mercado, crecimiento, empleo, productividad y magnitud del margen de subvención.

(456)

Los indicadores microeconómicos son: precios unitarios medios, coste unitario, costes laborales, existencias, rentabilidad, flujo de caja, inversiones, rendimiento de las inversiones y capacidad de reunir capital.

(457)

El total de la producción, la capacidad de producción y la utilización de la capacidad de la Unión durante el período considerado evolucionó de la manera siguiente:

Cuadro 4

Producción, capacidad de producción y utilización de la capacidad (en unidades)

(458)

En el período considerado, la producción de la industria de la Unión aumentó un 100 %, situándose por encima de las 35 000 unidades en el período de investigación. El aumento de la producción influyó positivamente en la utilización de la capacidad, que aumentó un 88 % durante el período considerado.

(459)

Durante el período considerado, el volumen de ventas y la cuota de mercado de la industria de la Unión evolucionaron de la manera siguiente:

Cuadro 5

Volumen de ventas y cuota de mercado

(460)

En el período considerado, los volúmenes de venta de los productores de la Unión del producto afectado aumentaron un 62 %. Sin embargo, dado que no pudieron beneficiarse plenamente del consumo de la Unión del 122 % (véase el cuadro 2), la cuota de mercado de los productores de la Unión disminuyó un 27 %.

(461)

En el período considerado, el consumo del producto afectado aumentó un 122 %. En el mismo período, la cuota de mercado de la industria de la Unión disminuyó alrededor de un 27 %, y la cuota de mercado de las importaciones del producto afectado procedentes de China aumentó un 47 %. Aunque la producción y las ventas de la industria de la Unión aumentaron en términos absolutos, no pudieron beneficiarse del aumento del consumo de la Unión en términos de cuota de mercado. Por el contrario, la industria de la Unión perdió cuota de mercado, por lo que ni siquiera pudo mantener su posición.

(462)

Durante el período considerado, el empleo y la productividad evolucionaron de la manera siguiente:

Cuadro 6

Empleo y productividad

(463)

En el período considerado, el empleo en la Unión aumentó un 40 %. En combinación con el aumento de la productividad (del 43 %), la producción en el mismo período aumentó un 100 % (véase cuadro 5).

(464)

Excepto para el grupo JLG, todos los márgenes de subvención establecidos (véase la sección 3.6.4) se situaron significativamente por encima del nivel mínimo. La magnitud de la subvención tuvo un impacto sustancial en la industria de la Unión, dado el volumen y los precios de las importaciones procedentes de los países afectados.

(465)

Dos de los productores de la Unión incluidos en la muestra formaban parte del mismo grupo. Por lo tanto, la muestra estaba compuesta únicamente por dos operadores económicos diferentes. Así pues, la Comisión aceptó la solicitud de los productores de la Unión incluidos en la muestra de facilitar la información en intervalos por motivos de confidencialidad.

(466)

Durante el período considerado, los precios de venta unitarios medios ponderados de los productores de la Unión incluidos en la muestra aplicados a clientes no vinculados en la Unión evolucionaron de la manera siguiente:

Cuadro 7

Precios de venta en la Unión

(467)

El cuadro anterior muestra la evolución del precio de venta unitario en el mercado de la Unión, en comparación con el coste de producción correspondiente durante el período considerado.

(468)

Durante el período considerado, los precios de los factores de producción aumentaron considerablemente. El aumento de los costes de más del 30 % se refería principalmente a los precios del acero, los semiconductores y la energía. Dado que la utilización de la producción aumentó desde un nivel muy bajo en 2020 (25 %) hasta el 47 % en el período de investigación, y dado que los costes fijos se mantuvieron, los costes globales aumentaron en menor medida.

(469)

Paralelamente, el volumen de las importaciones de EMA procedentes de China aumentó un 199 % entre 2020 y 2022 (véase el cuadro 2) a precios significativamente inferiores a los de la industria de la Unión (véase el cuadro 3). Esta presión sobre los precios impidió a la industria de la Unión aumentar los precios para reflejar el incremento de los costes. Como consecuencia de ello, la industria de la Unión se vio obligada a fijar sus precios a un nivel insosteniblemente bajo para no perder demasiada cuota de mercado. Por lo tanto, aunque no se puede observar directamente en el cuadro 7 debido a los intervalos, los costes de producción fueron, por término medio, superiores a los precios de venta a lo largo de todo el período. En consecuencia, en el período considerado, la industria de la Unión siguió operando con pérdidas (véase el cuadro 10), a pesar de que la situación de auge del mercado y de aumento de las ventas. En condiciones normales de mercado, es decir, en ausencia de un fuerte aumento de las importaciones a precios injustamente bajos, la industria de la Unión habría podido beneficiarse y volver a una situación de rentabilidad.

(470)

Los precios de venta unitarios medios de la industria de la Unión aplicados a clientes no vinculados de la Unión aumentaron un 16 %, y el coste medio de producción de la industria de la Unión lo hizo un 14 % durante el período considerado. El factor más importante que influyó en el incremento del coste de producción fue el aumento de los precios de las materias primas durante el período considerado. Por término medio, los costes de producción fueron superiores a los precios de venta durante el período considerado.

(471)

Durante el período considerado, los costes laborales medios de los productores de la Unión incluidos en la muestra evolucionaron de la manera siguiente:

Cuadro 8

Costes laborales medios por trabajador

(472)

Durante el período considerado, los costes laborales medios por trabajador aumentaron un 7 %.

(473)

Durante el período considerado, los niveles de existencias de los productores de la Unión incluidos en la muestra evolucionaron de la manera siguiente:

Cuadro 9

Existencias

(474)

Durante el período considerado, variaron las existencias al cierre. En el período de investigación, fueron un 30 % superiores a las de 2020. Las existencias al cierre como porcentaje de la producción disminuyeron un 35 % durante el período considerado.

(475)

La industria de la Unión produce la mayoría de los tipos de producto del producto similar a partir de pedidos específicos de los usuarios. Por lo tanto, en el caso de esta industria las existencias no se consideran un indicador de perjuicio significativo.

(476)

Durante el período considerado, la rentabilidad, el flujo de caja, las inversiones y el rendimiento de las inversiones de los productores de la Unión incluidos en la muestra evolucionaron de la manera siguiente:

Cuadro 10

Rentabilidad, flujo de caja, inversiones y rendimiento de las inversiones

(477)

La Comisión determinó la rentabilidad de los productores de la Unión incluidos en la muestra expresando el beneficio neto, antes de impuestos, obtenido en las ventas del producto similar a clientes no vinculados en la Unión como porcentaje del volumen de negocio de esas ventas.

(478)

En 2020, la situación financiera de la industria de la Unión ya se vio afectada por el aumento de las importaciones chinas, que había comenzado en 2018. Como se explica en el punto 4.6.3.1, la presión sobre los precios ejercida por las importaciones desleales en el mercado de la Unión impidió a la industria de la Unión aumentar los precios para reflejar el aumento de los costes. Como consecuencia de ello, la industria de la Unión se vio obligada a fijar sus precios a un nivel insosteniblemente bajo para mantener un volumen suficiente. Dado que, bajo la presión de las importaciones chinas a precios bajos, la industria de la Unión no pudo aumentar su producción, esto se reflejó en una baja utilización de la capacidad, que aumentó del 25 % en 2020 al 47 % en el período de investigación, pero que se mantuvo por debajo del 50 % en comparación con la utilización de la capacidad de los productores exportadores chinos incluidos en la muestra, que se situaba, en función de la empresa y del año, entre el 53 y el 99 %.

(479)

Aunque en 2021 la rentabilidad mejoró un 27 %, la industria de la Unión siguió registrando pérdidas. En 2022, la situación financiera de la industria de la Unión empeoró, ya que la rentabilidad disminuyó un 185 %. La caída de la rentabilidad en 2022 se debió al aumento anormal de los costes de producción provocado por el aumento de los precios de las materias primas, junto con el hecho de que los precios de venta se basaban en precios fijos durante un determinado período de tiempo. Así pues, los precios de venta no pudieron incrementarse en consecuencia, lo que se tradujo en grandes pérdidas. Por lo tanto, a pesar de la expansión del mercado y del gran aumento del consumo, la industria de la Unión no pudo seguir el ritmo de aumento continuado de los costes. La situación empeoró en 2022. Como consecuencia de ello, durante el período considerado, la rentabilidad global aumentó, pero siguió siendo negativa en el período de investigación, entre [(– 5) - 0 %]. El flujo de caja cayó considerablemente (un 146 %) y, paralelamente, el nivel de las inversiones anuales disminuyó un 64 % durante el período considerado. El rendimiento de las inversiones siguió la misma tendencia a la baja y disminuyó un 440 % durante el período considerado.

(480)

Según el denunciante, el año 2020, que se tomó como punto de referencia para el análisis de las tendencias, se vio gravemente afectado por la situación de pandemia, y las actividades de la industria de la Unión fueron las más bajas de la última década. Por lo tanto, el aumento de los indicadores a partir de 2020 no fue indicativo de una industria en crecimiento, sino que supuso más bien una recuperación del nivel anterior de actividades.

(481)

De hecho, los datos presentados para 2019 por el denunciante confirmaron que, en 2020, la producción y las ventas de la industria de la Unión fueron excepcionalmente bajas: en 2019, el volumen de producción de los productores de la Unión fue similar al nivel de producción en el período de investigación, y las ventas de la industria de la Unión en el mercado de la Unión disminuyeron un 14 % entre 2019 y el período de investigación. Sin embargo, dado que el año de referencia 2020 se vio afectado por la situación de pandemia, varios indicadores mostraron un aumento en el período considerado. En particular, la producción de la industria de la Unión aumentó un 100 %, y sus ventas en el mercado de la Unión lo hicieron un 62 %.

(482)

A pesar del considerable aumento del consumo del producto afectado en la Unión durante el período considerado (un 122 %), la industria de la Unión no pudo aumentar sus ventas en la misma medida para, al menos, mantener su cuota de mercado. Por el contrario, debido a las importaciones chinas a precios objeto de un elevado dumping durante el período considerado, la cuota de mercado de la industria de la Unión disminuyó del 52 al 38 %. Paralelamente, el volumen de las importaciones chinas aumentó sustancialmente, un 214 %, en el mismo período, y su cuota de mercado pasó del 29 al 41 %. Además de las pérdidas sufridas por la industria de la Unión durante el período considerado, otros indicadores de perjuicio, como el flujo de caja, el nivel de las inversiones y el rendimiento de las inversiones, también evolucionaron negativamente.

(483)

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión concluyó que la industria de la Unión había sufrido un perjuicio importante a tenor del artículo 8, apartado 4, del Reglamento de base.

(484)

De conformidad con el artículo 8, apartado 5, del Reglamento de base, la Comisión examinó si las importaciones subvencionadas procedentes del país afectado causaron un perjuicio importante a la industria de la Unión. Con arreglo al artículo 8, apartado 6, del Reglamento de base, examinó asimismo si otros factores conocidos podían haber perjudicado al mismo tiempo a la industria de la Unión. La Comisión garantizó que no se atribuía a las importaciones subvencionadas el posible perjuicio causado por factores distintos de dichas importaciones procedentes del país afectado. Examinó las importaciones procedentes de terceros países, las importaciones no subvencionadas de China y los resultados de las exportaciones de la industria de la Unión. No se conocía que existieran otros factores que pudieran haber causado el perjuicio a la industria de la Unión.

(485)

Como se indica en el punto 4.5.1, los volúmenes de las importaciones del producto afectado procedentes de China aumentaron de forma significativa durante el período considerado. Los precios de las importaciones también subcotizaron los precios de la industria de la Unión en un 21 % por término medio. Por lo tanto, la industria de la Unión no pudo mantener o aumentar su cuota de mercado y beneficiarse del aumento del consumo del producto afectado en el mercado de la Unión durante el período considerado. Esta situación afectó gravemente a la rentabilidad de la industria de la Unión, que fue negativa durante todo el período considerado.

(486)

Por lo tanto, la Comisión concluyó que las importaciones subvencionadas tuvieron un impacto negativo en la situación de la industria de la Unión.

(487)

La Comisión también examinó si había otros factores conocidos, individual o colectivamente, que pudieran atenuar el nexo causal establecido entre las importaciones subvencionadas hasta el punto de que este dejara de ser real y sustancial.

(488)

La Comisión determinó las importaciones procedentes de otros terceros países basándose en los datos de Eurostat. Dado que los datos sobre estas importaciones correspondientes a algunos de los códigos NC solo se notificaron en toneladas (y no en unidades), la Comisión no pudo establecer los volúmenes y precios por unidad, como se hizo en el caso de la industria de la Unión y de las importaciones procedentes de China, sobre la base de los datos facilitados por los productores exportadores incluidos en la muestra. Por lo tanto, los volúmenes y los precios de las importaciones procedentes de otros terceros países no pudieron compararse directamente con los de la industria de la Unión y las importaciones procedentes de China, por lo que solo eran indicativos, aunque las tendencias basadas en estos volúmenes y precios durante el período considerado eran acertadas. Sin embargo, para determinar las cuotas de mercado, la Comisión utilizó un factor de conversión de toneladas a unidades basado en los datos de los productores exportadores chinos que cooperaron (160). Por lo que respecta a los precios, la Comisión no lo consideró exacto, ya que, habida cuenta de las diferencias en la gama de productos, el uso de un factor de conversión no resultaría en precios unitarios exactos.

(489)

Aparte de China, el producto afectado se importó a la Unión desde otros países, que representaron colectivamente el 8 % de la cuota de mercado en el período de investigación:

Cuadro 11

Importaciones procedentes de otros países (en toneladas)