(1)

La Directiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) establece normas a nivel de la Unión en relación con los contratos de crédito al consumo.

(2)

En 2014, la Comisión presentó un informe sobre la aplicación de la Directiva 2008/48/CE. En 2020, la Comisión presentó un segundo informe sobre la aplicación de dicha Directiva y un documento de trabajo de los servicios de la Comisión con los resultados de una evaluación de adecuación y eficacia normativa de dicha Directiva, que incluyó una amplia consulta de las partes interesadas.

(3)

Esos informes y consultas pusieron de manifiesto que la Directiva 2008/48/CE ha resultado parcialmente eficaz para garantizar elevados niveles de protección de los consumidores y fomentar el desarrollo de un mercado único de crédito, y que tales objetivos siguen siendo pertinentes. Las razones por las que la Directiva ha resultado eficaz solo de forma parcial estriban tanto en la propia Directiva, por ejemplo, por la redacción imprecisa de ciertos artículos, como en factores externos, por ejemplo, los cambios derivados de la digitalización, la aplicación práctica y el cumplimiento en los Estados miembros, así como en la existencia de ciertos aspectos del mercado de crédito al consumo que dicha Directiva no contempla.

(4)

La digitalización ha contribuido a cambios en el mercado que no se previeron en el momento de la adopción de la Directiva 2008/48/CE. De hecho, los rápidos avances tecnológicos registrados desde la adopción de dicha Directiva han traído consigo cambios significativos en el mercado de los créditos al consumo, tanto en el lado de la oferta como en el de la demanda, entre los que se encuentra la aparición de nuevos productos y la evolución del comportamiento y las preferencias de los consumidores.

(5)

La redacción imprecisa de determinadas disposiciones de la Directiva 2008/48/CE, que permite a los Estados miembros adoptar disposiciones divergentes que van más allá de las previstas en dicha Directiva, ha dado lugar a un marco normativo fragmentado en la Unión en una serie de aspectos de los contratos de crédito al consumo.

(6)

La situación de hecho y de Derecho resultante de esas diferencias nacionales produce en algunos casos distorsiones de la competencia entre los prestamistas de la Unión y crea obstáculos al mercado interior. La situación restringe la capacidad de los consumidores de disfrutar de una oferta de crédito transfronterizo en paulatino crecimiento, que se espera que siga creciendo como resultado de la digitalización. Esas distorsiones y restricciones pueden tener como consecuencia, a su vez, una reducción de la demanda de bienes y servicios. La situación también provoca un nivel inadecuado e incoherente de protección de los consumidores en la Unión.

(7)

En los últimos años, el crédito ofrecido a los consumidores ha evolucionado y se ha diversificado considerablemente. Han aparecido nuevos productos de crédito, en particular, en el entorno en línea, y su uso sigue desarrollándose. Esto ha generado inseguridad jurídica con respecto a la aplicación de la Directiva 2008/48/CE a esos nuevos productos.

(8)

La presente Directiva complementa las normas establecidas en la Directiva 2002/65/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (4). A fin de garantizar la seguridad jurídica, debe aclararse que, en caso de conflicto entre las disposiciones de la presente Directiva y las de aquella, deben aplicarse las disposiciones de la presente Directiva en tanto que ley especial.

(9)

De conformidad con el artículo 26 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), el mercado interior implica un espacio en el que se garantiza la libre circulación de mercancías, personas y servicios. El desarrollo de un marco jurídico más transparente y eficiente para el crédito al consumo debe aumentar la confianza y protección de los consumidores y facilitar el desarrollo de actividades transfronterizas.

(10)

Para mejorar el funcionamiento del mercado interior de los créditos al consumo, es necesario prever un marco armonizado de la Unión en una serie de ámbitos esenciales. Teniendo en cuenta el desarrollo del mercado del crédito al consumo, en particular, en el entorno en línea, y la creciente movilidad de los ciudadanos de la Unión, una legislación de la Unión orientada hacia el futuro, que pueda adaptarse a futuras formas de crédito y que permita a los Estados miembros un grado idóneo de flexibilidad en su aplicación ayudará a crear unas condiciones de competencia equitativas para las empresas.

(11)

El artículo 169, apartado 1 y apartado 2, letra a), del TFUE establece que la Unión ha de contribuir a alcanzar un alto nivel de protección de los consumidores mediante las medidas que adopte en virtud del artículo 114 del TFUE. El artículo 38 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») dispone que en las políticas de la Unión se han de garantizar un nivel elevado de protección de los consumidores.

(12)

Es importante que los consumidores disfruten de un alto nivel de protección. En consecuencia, debe ser posible que la libre circulación de las ofertas de crédito se efectúe en las mejores condiciones, tanto para los que ofrecen el crédito como para los que lo solicitan, teniendo debidamente en cuenta las situaciones específicas de los Estados miembros.

(13)

Una armonización total es necesaria para garantizar que todos los consumidores de la Unión disfruten de un nivel alto y equivalente de protección de sus intereses y para crear un mercado interior que funcione correctamente. En consecuencia, los Estados miembros no deben poder mantener o adoptar disposiciones nacionales que diverjan de las previstas en la presente Directiva, salvo que en ella se disponga otra cosa. Sin embargo, tal restricción solo debe aplicarse cuando en la presente Directiva haya disposiciones armonizadas. En caso de que no existan esas disposiciones armonizadas, los Estados miembros deben ser libres de mantener o adoptar legislación nacional. En este sentido, los Estados miembros deben tener la posibilidad de mantener o adoptar disposiciones nacionales sobre la responsabilidad solidaria del proveedor de bienes o prestador de servicios y del prestamista. Los Estados miembros también deben tener la posibilidad de mantener o adoptar disposiciones nacionales sobre la terminación del contrato de compraventa de bienes o de prestación de servicios en caso de que el consumidor ejerza su derecho de desistimiento del contrato de crédito. A ese respecto, en el caso de los contratos de crédito de duración indefinida, debe permitirse a los Estados miembros fijar un plazo mínimo que tenga que transcurrir entre el momento en que el prestamista solicite el reembolso y la fecha en que haya de reembolsarse el crédito.

(14)

Las definiciones establecidas en la presente Directiva determinan el alcance de la armonización. La obligación de los Estados miembros de transponer la presente Directiva debe limitarse, por consiguiente, al alcance determinado por dichas definiciones. No obstante, la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que los Estados miembros apliquen, conforme al Derecho de la Unión, las disposiciones de la presente Directiva a aspectos no incluidos en su ámbito de aplicación. De este modo, un Estado miembro podría mantener o adoptar legislación nacional correspondiente a la presente Directiva o a determinadas disposiciones de la presente Directiva relativas a los contratos de crédito que queden fuera de su ámbito de aplicación, por ejemplo, sobre los contratos de crédito en los que se pide al consumidor que entregue en garantía un bien al prestamista y en los que la responsabilidad del consumidor está estrictamente limitada a dicho bien, o sobre contratos de crédito cuyo importe total sea superior a 100 000 EUR. Además, los Estados miembros también podrían aplicar la presente Directiva a los créditos vinculados que no entren en la definición de contrato de crédito vinculado establecida en la presente Directiva. En consecuencia, las disposiciones de la presente Directiva sobre contratos de créditos vinculados podrían aplicarse a los contratos de crédito que sirvan solo parcialmente para financiar un contrato destinado a la entrega de bienes o la prestación de servicios.

(15)

Varios Estados miembros han aplicado la Directiva 2008/48/CE a aspectos no incluidos en su ámbito de aplicación, para mejorar el nivel de protección de los consumidores, mientras que en otros Estados miembros existen normas nacionales diferentes que regulan esos aspectos derivados de las especificidades de los mercados, lo que genera algunas divergencias entre el Derecho nacional de diferentes Estados miembros en relación con estos tipos de créditos. De hecho, varios de los contratos de crédito que quedan fuera del ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48/CE pueden ser perjudiciales para los consumidores, incluidos los contratos de crédito a corto plazo de alto coste, cuyo importe suele ser inferior al umbral mínimo de 200 EUR establecido por dicha Directiva. En ese contexto, y con el fin de garantizar un alto nivel de protección de los consumidores y facilitar el mercado transfronterizo del crédito al consumo, el ámbito de aplicación de la presente Directiva debe incluir algunos contratos que habían quedado excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48/CE, como, por ejemplo, los contratos de crédito al consumo cuyo importe total de crédito sea inferior a 200 EUR. Del mismo modo, otros productos potencialmente perjudiciales, debido a los elevados costes que conllevan o a los elevados gastos en caso de impago, deben incluirse en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, a fin de garantizar una mayor transparencia y una mejor protección de los consumidores que redunde en una mayor confianza de estos. En este sentido, no deben excluirse del ámbito de aplicación de la presente Directiva los contratos de alquiler o de arrendamiento financiero con opción de compra, los contratos de crédito en forma de posibilidad de descubierto y en los que el crédito deba reembolsarse en el plazo de un mes, los contratos de crédito en los que el crédito se conceda sin intereses y sin ningún otro coste y los contratos de crédito según cuyas condiciones el crédito deba ser reembolsado en un plazo de tres meses y por los que solo se deban pagar unos gastos mínimos. No obstante, en el caso de algunos de esos contratos de crédito excluidos del ámbito de aplicación de la Directiva 2008/48/CE y que deben incluirse en el de la presente Directiva, a saber, los contratos de crédito cuyo importe total de crédito sea inferior a 200 EUR, los créditos concedidos sin intereses y sin ningún otro coste y con solo unos gastos limitados adeudados por el consumidor por los pagos atrasados, y los créditos que deban reembolsarse en un plazo de tres meses con solo unos gastos mínimos, los Estados miembros deben poder excluir la aplicación de un número limitado y determinado de disposiciones de la presente Directiva relacionadas con la publicidad, información precontractual y contractual, con el fin de evitar una carga innecesaria a los prestamistas, teniendo en cuenta las especificidades del mercado y las características propias de dichos contratos de crédito, como, por ejemplo, su menor duración, garantizando al mismo tiempo un mayor nivel de protección de los consumidores.

(16)

Los sistemas «Compre ahora, pague después» en virtud de los cuales el prestamista concede crédito a un consumidor con el fin exclusivo de adquirir bienes o servicios proporcionados por el proveedor, los cuales constituyen nuevos instrumentos financieros digitales que permiten a los consumidores realizar compras y pagarlas a lo largo del tiempo, a menudo se conceden sin intereses y sin ningún otro coste, por lo que deben incluirse en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(17)

Algunos pagos aplazados, en virtud de los cuales el proveedor de bienes o el prestador de servicios da al consumidor tiempo para pagar los bienes o servicios sin intereses y sin ningún otro coste, salvo unos gastos limitados adeudados a raíz de pagos atrasados y exigidos de conformidad con el Derecho nacional, deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva, siempre que no haya un tercero, como en los sistemas «Compre ahora, pague después», que ofrezca crédito por los bienes o servicios y que el pago deba efectuarse íntegramente en un plazo limitado de cincuenta días desde la entrega de los bienes o la prestación de los servicios. De hecho, esos pagos aplazados son prácticas comerciales habituales para que los consumidores no tengan que pagar hasta después de la recepción de los bienes o servicios, y son ventajosas para los consumidores, por ejemplo, en el caso del pago aplazado de facturas médicas, en el que los hospitales dan tiempo a los consumidores para pagar los gastos médicos. Esta exclusión debe restringirse a determinados grandes proveedores en línea de bienes o prestadores en línea de servicios que tengan acceso a una clientela extensa, cuando no haya ningún tercero que ofrezca ni compre crédito y cuyo pago deba efectuarse íntegramente en un plazo de catorce días a partir de la entrega de los bienes o la prestación de los servicios, sin intereses y sin ningún otro coste y con solo unos gastos limitados adeudados por el consumidor por los pagos atrasados y exigidos de conformidad con el Derecho nacional. De otro modo, habida cuenta de su capacidad económica y de sus posibilidades para incitar a los consumidores a realizar compras impulsivas y hacia un posible consumo excesivo, podrían ofrecer el pago aplazado de una manera muy amplia, sin ninguna salvaguardia para los consumidores, y debilitar la competencia leal con otros proveedores de bienes o prestadores de servicios. Esta restricción siempre permitiría a los consumidores efectuar pagos de forma conveniente en un plazo de dos semanas, garantizando al mismo tiempo que, si los grandes proveedores en línea de bienes o prestadores en línea de servicios desean ofrecer créditos a gran escala con un plazo más amplio, estén sujetos a la presente Directiva.

(18)

Como se describe en el considerando 17 del Reglamento (UE) 2015/751 del Parlamento Europeo y del Consejo (5), las tarjetas de débito diferido son tarjetas de crédito habituales en el mercado en las que el importe total de las operaciones se carga a la cuenta del titular en una fecha concreta convenida de antemano, normalmente una vez al mes, sin mediar pago de intereses. Los Estados miembros deben poder excluir de lo dispuesto en la presente Directiva determinados contratos de crédito en forma de tarjetas de débito diferido, ya que tales contratos de crédito pueden ayudar a los hogares a adaptar mejor sus presupuestos a unos ingresos mensuales, cuando el crédito deba reembolsarse en un plazo de cuarenta días, sea sin intereses y sin ningún otro coste y con solo unas comisiones limitadas ligadas a la prestación del servicio de pago, y sea prestado por una entidad de crédito o una entidad de pago. Esta exclusión del ámbito de aplicación debe entenderse sin perjuicio de la aplicación de las disposiciones pertinentes sobre las posibilidades de descubierto o el descubierto tácito, que se deben aplicar en caso de que el reembolso supere el saldo positivo de la cuenta corriente.

(19)

No deben incluirse en el ámbito de aplicación de la presente Directiva los contratos de alquiler y arrendamiento financiero en los que la obligación u opción de compra por parte del consumidor del objeto del contrato no esté establecida ni en el propio contrato ni en ningún otro contrato, como los contratos de alquiler puro, ya que no implican una posible transmisión de la propiedad al término del contrato.

(20)

Además, deben incluirse en el ámbito de aplicación de la presente Directiva todos los contratos de crédito de hasta 100 000 EUR. El umbral máximo de los contratos de crédito contemplado en la presente Directiva debe ser superior al contemplado en la Directiva 2008/48/CE para tener en cuenta la indexación debido a los efectos de la inflación desde 2008 y en los próximos años.

(21)

En el caso de los contratos de crédito que permitan al prestamista y al consumidor pactar el pago aplazado o los métodos de reembolso, cuando el consumidor ya se encuentre en situación de impago o sea probable que incurra en impago en el contrato de crédito inicial, cuando tales pactos puedan evitar posibles acciones judiciales en relación con el impago y sus condiciones no sean menos favorables que las establecidas en el contrato de crédito inicial, los Estados miembros han de poder decidir aplicar solo un número limitado de disposiciones de la presente Directiva, entre otras medidas, eximiendo a los prestamistas de la obligación de realizar una evaluación de la solvencia. No se trata de evitar que los consumidores con dificultades de reembolso obtengan un nuevo contrato de crédito que les ayude a reembolsar su crédito inicial más fácilmente. El impago por parte de los consumidores se consideraría probable, por ejemplo, en situaciones de pérdida de empleo.

(22)

Desde 2008, la financiación participativa ha ido convirtiéndose en una forma de financiación disponible para los consumidores, normalmente para gastos o inversiones de pequeña cantidad. Los prestadores de servicios de crédito de financiación participativa operan a través de plataformas digitales abiertas al público con objeto de poner en contacto a los prestamistas potenciales, que actúan o no en el ejercicio de su actividad comercial, empresarial o profesional, con consumidores que buscan financiación o para facilitar el contacto entre ellos. Dicha financiación podría adoptar la forma de crédito al consumo. Cuando los prestadores de servicios de crédito de financiación participativa proporcionen directamente crédito a los consumidores, se deben aplicar las disposiciones de la presente Directiva relativas a los prestamistas. Cuando los prestadores de servicios de crédito de financiación participativa intermedien en la concesión de créditos entre los prestamistas que actúan en el ejercicio de su actividad comercial, empresarial o profesional y los consumidores, las obligaciones de los prestamistas en virtud de la presente Directiva deben aplicarse a aquellos prestamistas. En tal situación, los prestadores de servicios de crédito de financiación participativa actúan como intermediarios de crédito, por lo que deben aplicárseles las obligaciones contempladas en la presente Directiva para los intermediarios de crédito.

(23)

En el caso de tipos específicos de contratos de crédito a los que solo se aplican algunas disposiciones de la presente Directiva, los Estados miembros deben seguir teniendo libertad para regular, en su Derecho nacional, tales tipos de contratos de crédito en lo que respecta a otros aspectos no armonizados por la presente Directiva.

(24)

Los contratos relativos a la prestación continua de servicios o al suministro de bienes de un mismo tipo, en los que el consumidor paga cuotas periódicas mientras dura la prestación, pueden presentar grandes diferencias, tanto en lo que se refiere a los intereses de las partes contratantes como a las modalidades y la ejecución de las operaciones, en comparación con los contratos de crédito cubiertos por la presente Directiva. Por tanto, tales contratos no deben considerarse contratos de crédito a los efectos de la presente Directiva. Estos contratos incluyen, por ejemplo, los contratos de seguros en los que el seguro se paga mediante cuotas mensuales.

(25)

Los contratos de crédito relativos a la concesión de créditos garantizados por bienes inmuebles y los contratos de crédito cuya finalidad sea financiar la adquisición o la conservación de derechos de propiedad sobre terrenos o edificios construidos o por construir, incluidos los locales utilizados para fines comerciales, empresariales o profesionales, deben quedar excluidos del ámbito de aplicación de la presente Directiva, ya que dichos contratos están regulados por la Directiva 2014/17/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (6). No obstante, no deben excluirse del ámbito de aplicación de la presente Directiva los créditos cuya finalidad sea la reforma de un bien inmueble de uso residencial que supongan un importe total superior a 100 000 EUR y que no estén garantizados por una hipoteca o por cualquier otra garantía equivalente sobre bienes inmuebles habitualmente utilizada en un Estado miembro ni por un derecho relativo a bienes inmuebles.

(26)

La presente Directiva debe aplicarse con independencia de que el prestamista sea una persona física o jurídica. No obstante, la presente Directiva no debe afectar al derecho de los Estados miembros a reservar únicamente a las personas jurídicas o a algunas personas jurídicas la actividad de concesión de créditos al consumo.

(27)

Determinadas disposiciones de la presente Directiva deben aplicarse a los intermediarios de crédito, que son personas físicas o jurídicas que, en el ejercicio de su actividad comercial, empresarial o profesional, a cambio de una remuneración, presentan o proponen contratos de crédito al consumo, asisten a los consumidores en los trámites previos de los contratos de crédito o suscriben contratos de crédito con los consumidores en nombre del prestamista.

(28)

La información a los consumidores, como las explicaciones adecuadas, la información precontractual, la información general y la información sobre consulta de bases de datos, debe proporcionarse gratuitamente. Se debe prestar especial atención a las necesidades de las personas con discapacidad.

(29)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos, en particular, en la Carta. En particular, la presente Directiva respeta plenamente el derecho a la protección de datos de carácter personal, a la propiedad, a la no discriminación, a la protección de la vida familiar y profesional y a la protección de los consumidores con arreglo a la Carta.

(30)

La presente Directiva debe entenderse sin perjuicio del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) que se aplica a todo tratamiento de datos personales efectuado por prestamistas e intermediarios de crédito que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva, y en particular sin perjuicio de los principios relativos al tratamiento de datos personales establecidos en el artículo 5 de dicho Reglamento, incluida la minimización de datos, la exactitud y la limitación de la finalidad.

(31)

Los consumidores que residan legalmente en la Unión no deben ser discriminados por razón de su nacionalidad o lugar de residencia, ni por cualquier motivo contemplado en el artículo 21 de la Carta, a la hora de solicitar, suscribir o mantener un contrato de crédito dentro de la Unión. Ello se entiende sin perjuicio de la posibilidad de ofrecer diferentes condiciones de acceso a un crédito cuando dichas diferentes condiciones estén debidamente justificadas por criterios objetivos. Además, ello no debe entenderse como una imposición a los prestamistas o intermediarios de crédito de la obligación de prestar servicios en ámbitos en los que no ejercen su actividad.

(32)

Los consumidores deben estar protegidos contra las prácticas desleales o engañosas, en particular en lo que respecta a la información proporcionada por el prestamista o el intermediario de crédito, en consonancia con la Directiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (8). Dicha Directiva sigue siendo aplicable a los contratos de crédito y funciona como una «red de seguridad» que garantiza el mantenimiento de un alto nivel común de protección de los consumidores contra las prácticas comerciales desleales en todos los sectores, a lo que contribuye asimismo el hecho de ser complementaria de otras normas de la Unión.

(33)

En la presente Directiva se deben adoptar disposiciones específicas sobre la publicidad relativa a los contratos de crédito y sobre algunos elementos de información básica que deben proporcionarse a los consumidores para que puedan comparar diferentes ofertas. Dicha información básica debe proporcionarse de forma clara, concisa y destacada, mediante un ejemplo representativo. El importe total del crédito y la duración del reembolso elegidos por el prestamista para dicho ejemplo representativo deben corresponder en la medida de lo posible a las características del contrato de crédito que anuncia el prestamista. La información básica debe mostrarse desde el inicio y conspicuamente, de forma clara y en un formato atractivo. Debe ser claramente legible y estar adaptada para tener en cuenta las limitaciones técnicas de determinados medios, como las pantallas de los teléfonos móviles. En los canales digitales, parte de la información básica del ejemplo representativo podría proporcionarse mediante un clic, desplazamiento o deslizamiento. Sin embargo, antes de acceder a las ofertas de crédito, debe presentarse a los consumidores toda la información básica que deba incluirse en la publicidad relativa a los contratos de crédito, incluso en caso de clic, desplazamiento o deslizamiento. La información básica también debe delimitarse claramente de cualquier información adicional relativa al contrato de crédito. Las condiciones promocionales temporales, como los tipos de interés con tasa inicial reducida para los primeros meses del contrato de crédito, deben identificarse claramente como tales. Los consumidores deben poder ver toda la información esencial de un vistazo, incluso cuando la miren en la pantalla de un teléfono móvil. El número de teléfono y la dirección de correo electrónico del prestamista y, en su caso, del intermediario de crédito también deben comunicarse al consumidor para que este pueda ponerse en contacto con el prestamista o el intermediario de crédito de forma rápida y eficiente.

Cuando no se pueda indicar el importe total del crédito, a saber, la suma de todas las cantidades puestas a disposición del consumidor, debe indicarse un importe máximo, en particular cuando el contrato de crédito dé al consumidor libertad para disponer de crédito con una limitación respecto del importe. El importe máximo debe indicar la cantidad máxima del crédito que se puede poner a disposición del consumidor. En casos concretos y justificados, con el fin de mejorar la comprensión por parte de los consumidores de la información comunicada en la publicidad de los contratos de crédito cuando el medio utilizado no permita visualizar la información, como sucede en la publicidad radiofónica, debe reducirse la cantidad de información comunicada. Además, los Estados miembros deben conservar la libertad de regular en su Derecho nacional los requisitos relativos a la publicidad de los contratos de crédito en la que no se incluya información sobre el coste del crédito. Con el fin de reducir los casos de venta abusiva de créditos a consumidores que no puedan permitírselo y de promover un préstamo sostenible, la publicidad de los contratos de crédito debe contener, en todos los casos, una advertencia clara y destacada para poner en conocimiento de los consumidores que tomar dinero prestado cuesta dinero. A fin de garantizar un mayor nivel de protección de los consumidores, debe prohibirse determinada publicidad, como la que incita a los consumidores a solicitar crédito sugiriendo que este mejoraría su situación económica o especificando que el crédito registrado en las bases de datos tiene poca o ninguna influencia en la evaluación de una solicitud de crédito. También debe permitirse a los Estados miembros prohibir la publicidad que se considere que entraña riesgos para los consumidores, como la que destaca la facilidad o la rapidez con que se puede obtener el crédito.

(34)

Mediante un soporte duradero, que incluya el papel y las versiones digitales interoperables, portátiles y legibles por máquina de los documentos, la información debe dirigirse personalmente al consumidor, debe posibilitarle conservarla de forma que en el futuro sea posible recuperarla fácilmente durante un período de tiempo adaptado a sus fines, debe ser posible la reproducción idéntica de la información almacenada y garantizar su legibilidad de modo que sea posible la lectura y las remisiones a dicha información. Los consumidores deben tener la posibilidad de elegir el tipo de soporte duradero en el que recibir información en la fase precontractual y una vez celebrado el contrato, y en el que comunicar su desistimiento. No obstante, no deben poder comunicar su desistimiento ni exigir a los prestamistas o, en su caso, a los intermediarios de crédito que proporcionen información en tipos de soporte duradero que no se utilicen habitualmente.

(35)

Si bien la publicidad tiende a centrarse en uno o varios productos concretos, los consumidores deben poder tomar sus decisiones con pleno conocimiento de la gama de productos de crédito que ofrece el mercado. A ese respecto, la información general desempeña un papel importante a la hora de instruir a los consumidores en relación con la amplia gama de productos y servicios disponibles y sobre sus características esenciales. Conviene, por tanto, que el consumidor tenga, en todo momento, acceso a la información general relativa a los productos de crédito disponibles. Esto debe entenderse sin perjuicio de la obligación de proporcionar a los consumidores información precontractual personalizada.

(36)

Con el fin de poder tomar sus decisiones con pleno conocimiento de causa, los consumidores deben recibir información precontractual adecuada, que puedan examinar cuidadosamente cuando mejor les convenga, con antelación suficiente y no en el momento de la celebración del contrato de crédito, lo que incluye información sobre las condiciones y el coste del crédito y sobre sus obligaciones, así como explicaciones adecuadas al respecto. El objetivo es garantizar que los consumidores dispongan de tiempo suficiente para leer y comprender la información precontractual, comparar ofertas y tomar una decisión informada. Este requisito se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 93/13/CEE del Consejo (9).

(37)

La información precontractual debe proporcionarse a través del formulario de Información Normalizada Europea sobre el Crédito al Consumo que figura en el anexo I de la presente Directiva. Para ayudar a los consumidores a comprender y comparar diferentes ofertas, los elementos principales del crédito deben proporcionarse de forma destacada en la primera página de dicho formulario, lo que debe permitir a los consumidores ver toda la información esencial a simple vista, incluso en la pantalla de un teléfono móvil. En caso de que no puedan mostrarse de forma destacada en una página todos los elementos principales, deben mostrarse en la primera parte del formulario de Información Normalizada Europea sobre el Crédito al Consumo en dos páginas como máximo. La información prevista en dicho formulario debe ser clara, completamente legible y estar adaptada para tener en cuenta las limitaciones técnicas de determinados medios, como las pantallas de los teléfonos móviles. Debe presentarse de manera adecuada y válida en los diferentes canales, a fin de garantizar que todos los consumidores puedan acceder a dicha información en igualdad de condiciones y en consonancia con la Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

(38)

Con objeto de lograr la mayor transparencia posible y de que las ofertas puedan compararse, la información precontractual debe incluir, en particular, la tasa anual equivalente correspondiente al crédito, calculada de idéntica forma en toda la Unión. Dado que en esta fase la tasa anual equivalente solo puede indicarse mediante un ejemplo, este debe ser representativo. Por tanto, debe corresponder, por ejemplo, a la duración media y al importe total del crédito concedido para el tipo de contrato en cuestión y, en su caso, a los bienes adquiridos. Al elegir el ejemplo representativo debe tenerse también en cuenta la frecuencia de ciertos tipos de contratos de crédito en un mercado concreto. En lo que se refiere al tipo deudor, la periodicidad de las cuotas de reembolso y la capitalización de los intereses, los prestamistas deben emplear el método de cálculo que utilizan habitualmente para el correspondiente crédito al consumo. En caso de que la información precontractual se proporcione menos de un día antes de que el consumidor quede vinculado por cualquier oferta o contrato de crédito, el prestamista y, en su caso, el intermediario de crédito deben recordar al consumidor, entre uno y siete días después de la celebración del contrato o, cuando proceda, de la presentación por el consumidor de la oferta de crédito vinculante, la posibilidad de desistir del contrato de crédito.

(39)

El coste total del crédito para el consumidor debe incluir todos los costes, incluidos los intereses, las comisiones, los impuestos, la remuneración de los intermediarios de crédito y cualquier otro tipo de gastos que el consumidor deba abonar en relación con el contrato de crédito, exceptuando los costes notariales. El conocimiento real de los costes que posee el prestamista debe evaluarse de forma objetiva, teniendo en cuenta los requisitos en materia de profesionalidad establecidos en la presente Directiva.

(40)

Los contratos de crédito en los que el tipo deudor sea objeto de una revisión periódica en función de los cambios que se produzcan en un tipo de referencia contemplado en el contrato de crédito no deben considerarse contratos de crédito con un tipo deudor fijo.

(41)

Los Estados miembros deben conservar la libertad de mantener o adoptar disposiciones nacionales que prohíban al prestamista exigir al consumidor, en relación con el contrato de crédito, la apertura de cuentas bancarias o la celebración de contratos para otros servicios accesorios o el abono de los gastos o las comisiones de esas cuentas bancarias o de esos servicios accesorios. En los Estados miembros que autoricen esas ofertas combinadas, los consumidores deben ser informados antes de la celebración del contrato de crédito de los servicios accesorios que sean obligatorios para obtener el crédito o para obtenerlo en las condiciones ofrecidas. Los costes de dichos servicios accesorios, en particular, las primas de seguros, deben incluirse en el coste total del crédito. Alternativamente, cuando el importe de dichos costes no pueda determinarse de antemano, los consumidores han de ser debidamente informados de su existencia en la fase precontractual. Debe suponerse que los prestamistas conocen el coste de dichos servicios accesorios que, ellos mismos o en nombre de un tercero, ofrecen a los consumidores, salvo si el precio está en función de las características específicas de los consumidores o de su situación particular.

(42)

Sin embargo, en el caso de unos tipos específicos de contratos de crédito, y con el fin de garantizar un nivel adecuado de protección de los consumidores sin imponer una carga excesiva a los prestamistas o, en su caso, a los intermediarios de crédito, conviene limitar los requisitos de información precontractual, teniendo en cuenta el carácter específico de dichos tipos de contratos de crédito.

(43)

Los consumidores deben ser ampliamente informados antes de la celebración del contrato de crédito, con independencia de que en la venta del crédito haya participado o no un intermediario de crédito. En consecuencia, como regla general, los requisitos de información precontractual deben aplicarse también a los intermediarios de crédito. No obstante, a los proveedores de bienes o prestadores de servicios que actúen como intermediarios de crédito a título subsidiario no procede imponerles la obligación legal de proporcionar la información precontractual tal como se establece en la presente Directiva. Puede considerarse, por ejemplo, que los proveedores de bienes o prestadores de servicios actúan como intermediarios de crédito a título subsidiario si su actividad como intermediarios de crédito no constituye el objeto principal de su actividad comercial, empresarial o profesional. En tales casos, el consumidor sigue estando suficientemente protegido, ya que el prestamista debe garantizar que recibe la información precontractual completa, bien a través del intermediario de crédito, si el prestamista y el intermediario de crédito así lo acuerdan, o bien por cualquier otro medio adecuado.

(44)

Los Estados miembros deben tener la posibilidad de regular el carácter potencialmente vinculante de la información que debe proporcionarse al consumidor antes de la celebración del contrato de crédito, así como el período de tiempo durante el cual el prestamista debe quedar vinculado por ella.

(45)

A pesar de la información precontractual que ha de proporcionarse, el consumidor puede necesitar más asistencia para decidir qué contrato de crédito, de entre todos los productos propuestos, es el que mejor se ajusta a sus necesidades y su situación financiera. Por tanto, los Estados miembros deben velar por que antes de la celebración de un contrato de crédito los prestamistas y, en su caso, los intermediarios de crédito proporcionen dicha asistencia a los consumidores en relación con los productos crediticios que les ofrecen, para lo cual han de proporcionar gratuitamente las explicaciones adecuadas acerca de la información pertinente, incluidas, en particular, las características esenciales de los productos propuestos al consumidor de una forma personalizada, de manera que el consumidor pueda entender qué repercusiones pueden tener en su situación económica, incluidas las consecuencias jurídicas y financieras que puedan derivarse del incorrecto cumplimiento de las obligaciones contractuales. Los prestamistas y, en su caso, los intermediarios de crédito deben adaptar el modo de proporcionar tales explicaciones a las circunstancias en que se ofrezca el crédito y a la necesidad de asistencia del consumidor, habida cuenta de los conocimientos y la experiencia crediticios de este y de la índole de los productos de crédito específicos. Dichas explicaciones no deben constituir de por sí una recomendación personal. Los Estados miembros deben poder exigir a los prestamistas y, en su caso, a los intermediarios de crédito que documenten en qué forma y cuándo se han proporcionado dichas explicaciones al consumidor.

(46)

Como se destaca en la propuesta de la Comisión de Reglamento por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial, publicada el 21 de abril de 2021, los sistemas de inteligencia artificial (IA) pueden implantarse fácilmente en múltiples sectores de la economía y la sociedad, también a través de las fronteras, y pueden circular por toda la Unión. En este contexto, los prestamistas y los intermediarios de crédito, al personalizar el precio de sus ofertas para consumidores específicos o categorías específicas de consumidores sobre la base de la toma de decisiones automatizada, deben informar claramente a los consumidores de que el precio que se les ofrece está personalizado en función de un tratamiento automatizado de datos personales, en particular, datos inferidos, a fin de que, en su decisión de compra, puedan tener en cuenta los riesgos potenciales. Con arreglo al artículo 14, apartado 2, letra f), del Reglamento (UE) 2016/679, los prestamistas y los intermediarios de crédito también están obligados a informar a los consumidores que reciban la oferta sobre las fuentes de datos utilizadas para personalizar la oferta.

(47)

Es importante evitar prácticas, como la vinculación de determinados productos, que puedan inducir a los consumidores a suscribir contratos de crédito que no redunden en su mejor interés, sin restringir, no obstante, la combinación de productos que puede beneficiar a los consumidores. Sin embargo, los Estados miembros deben continuar realizando un atento seguimiento de los mercados financieros minoristas, a fin de garantizar que las prácticas de venta combinada no distorsionen la elección del consumidor ni la competencia. Como norma general, no deben permitirse las prácticas de venta vinculada, a no ser que el servicio o producto financiero ofrecido junto con el contrato de crédito no pueda ofrecerse por separado al constituir una parte del crédito plenamente integrada en él, como, por ejemplo, en el caso de una posibilidad de descubierto. Si bien, teniendo en cuenta criterios de proporcionalidad, el prestamista debe poder exigir al consumidor que disponga de una póliza de seguro pertinente para garantizar el reembolso del crédito o asegurar el valor de la garantía, el consumidor debe tener la oportunidad de elegir a su propio asegurador. Esto no debe afectar a las condiciones de crédito establecidas por el prestamista, siempre que la póliza de seguro de dicho asegurador tenga un nivel de garantía equivalente al de la póliza de seguro propuesta u ofrecida por el prestamista. Además, los Estados miembros deben tener la posibilidad de normalizar, en todo o en parte, la cobertura proporcionada por los contratos de seguro, con objeto de facilitar la comparación entre diversas ofertas para los consumidores que deseen efectuar tal comparación. A fin de que el consumidor disponga de tiempo adicional para comparar las ofertas de seguros antes de adquirir una póliza de seguro, los Estados miembros deben exigir que se conceda al consumidor un plazo mínimo de tres días para comparar las ofertas de seguro relacionadas con el contrato de crédito, sin que se modifique la oferta, y que se informe de ello al consumidor. Los consumidores deben poder suscribir una póliza de seguro antes del vencimiento de dicho plazo de tres días si así lo solicitan expresamente.

(48)

Debido a su historial clínico, muchos supervivientes de cáncer en remisión a largo plazo suelen recibir un trato injusto en relación con el acceso a los servicios financieros. A menudo se enfrentan a primas prohibitivas, a pesar de haberse curado hace muchos años, incluso décadas. Con el fin de ofrecer a los consumidores que han superado un cáncer igualdad de acceso a los seguros relacionados con los contratos de crédito, los Estados miembros deben exigir que las pólizas de seguro no se basen en datos personales relativos al diagnóstico de enfermedades oncológicas de los consumidores tras un período de tiempo pertinente una vez dichos consumidores hayan finalizado el tratamiento médico. Este período de tiempo determinado por los Estados miembros no debe superar los quince años a partir del final del tratamiento médico del consumidor.

(49)

Los contratos de crédito y los servicios accesorios deben presentarse de forma clara y transparente. No debe ser posible presumir el consentimiento del consumidor para la celebración de contratos de crédito o la contratación de servicios accesorios. Tal consentimiento por parte del consumidor debe expresarse mediante un acto afirmativo claro que manifieste la aceptación libre, concreta, informada e inequívoca del consumidor. Por tanto, el silencio, la inacción o la opción por defecto (como, por ejemplo, las casillas ya marcadas) no deben constituir consentimiento del consumidor.

(50)

Prestar asesoramiento en forma de recomendación personalizada, o sea, servicios de asesoramiento, es una actividad que puede combinarse con otros aspectos de la concesión o la intermediación del crédito. Por lo tanto, para estar en condiciones de comprender la naturaleza de los servicios que se les prestan, debe informarse a los consumidores de en qué consisten tales servicios de asesoramiento y de si se están prestando o no, o si pueden prestarse. Dada la importancia que los consumidores conceden a la utilización de los términos «asesoramiento» y «asesores», los Estados miembros deben poder prohibir la utilización de esos términos o de otros similares cuando se presten servicios de asesoramiento a los consumidores por parte de prestamistas o intermediarios de crédito. Es conveniente que los Estados miembros impongan salvaguardias cuando el asesoramiento se describa como independiente, con objeto de garantizar que la gama de productos en cuestión y las cláusulas de remuneración guarden proporción con las expectativas de los consumidores respecto del asesoramiento. Al prestar servicios de asesoramiento, los prestamistas o los intermediarios de crédito deben indicar si la recomendación se va a basar únicamente en su propia gama de productos o en una amplia gama de productos de todo el mercado, de modo que el consumidor pueda comprender la base sobre la que se formula la recomendación. Además, el prestamista y el intermediario de crédito deben proporcionar una indicación de la comisión que deba abonar el consumidor por los servicios de asesoramiento o, si el importe no puede determinarse en el momento de la comunicación, del método utilizado para su cálculo. El asesoramiento debe prestarse siempre en el mejor interés del consumidor, mediante asesores que se informen sobre las necesidades y circunstancias del consumidor y le recomienden contratos de crédito adecuados a sus necesidades, su situación financiera y sus circunstancias personales, teniendo en cuenta también el objetivo de minimizar los impagos y los casos de mora. Además, a la hora de prestar asesoramiento debe tenerse en cuenta un número suficientemente elevado de contratos de crédito de la gama de productos del asesor.

(51)

La concesión de crédito que no haya sido solicitada por el consumidor puede estar asociada, en algunos casos, a prácticas perjudiciales para este. A este respecto, debe prohibirse la concesión no solicitada de crédito, incluidas las tarjetas de crédito previamente aprobadas no solicitadas y enviadas a los consumidores, la introducción unilateral de una nueva posibilidad de descubierto o de descubierto tácito o el aumento unilateral del límite del descubierto, descubierto tácito o tarjeta de crédito del consumidor. Asimismo, debe prohibirse la concesión no solicitada de créditos en forma de contratos celebrados fuera del establecimiento, tal como se definen en el artículo 2, punto 8, de la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (11). La prohibición de conceder créditos cuando no se haya solicitado no debe impedir que los prestamistas y los intermediarios de crédito anuncien u ofrezcan créditos en el curso de una relación comercial de conformidad con el Derecho de la Unión en materia de protección del consumidor y las medidas nacionales de conformidad con el Derecho de la Unión, incluida la publicidad y la oferta de crédito en el punto de venta para financiar la compra de bienes o servicios.

(52)

Los Estados miembros pueden ofrecer a los consumidores la posibilidad de ejercitar acciones proporcionadas y efectivas contra los prestamistas o intermediarios de crédito en caso de incumplimiento de la presente Directiva de conformidad con el Derecho nacional. Dichas acciones podrían implicar una indemnización de daños y perjuicios y una reducción del coste total del crédito para el consumidor o la terminación del contrato de crédito.

(53)

Los Estados miembros deben tomar las medidas adecuadas para promover unas prácticas responsables en todas las fases de la relación crediticia, teniendo en cuenta las peculiaridades de su mercado del crédito. Entre esas medidas debe poder figurar, por ejemplo, ofrecer información y formación a los consumidores, entre otros, con advertencias de los riesgos en caso de impago o de endeudamiento excesivo. En un mercado crediticio en expansión, en particular, es importante que los prestamistas no concedan préstamos de forma irresponsable o sin haber evaluado previamente la solvencia del prestatario. Los Estados miembros deben llevar a cabo la supervisión necesaria para evitar este comportamiento de los prestamistas y determinar los medios necesarios para aplicar las sanciones correspondientes. Sin perjuicio de lo dispuesto sobre el riesgo de crédito en la Directiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (12), los prestamistas deben tener la responsabilidad de controlar individualmente la solvencia del consumidor. A tal efecto, se debe permitir a los prestamistas servirse de la información proporcionada por el consumidor no solo durante la preparación del contrato de crédito, sino también durante toda una relación comercial ya existente desde mucho antes. Los consumidores, por su parte, deben actuar con prudencia y cumplir sus obligaciones contractuales.

(54)

Resulta fundamental que la capacidad del consumidor de reembolsar el crédito y su predisposición a ello se evalúen y comprueben con anterioridad a la celebración de un contrato de crédito. Esta evaluación de la solvencia debe ser proporcionada y realizarse en interés del consumidor, a fin de evitar las prácticas de préstamo irresponsables y el endeudamiento excesivo, y debe tener en cuenta todos los factores necesarios y pertinentes que puedan influir en la capacidad del consumidor para reembolsar el crédito. El calendario de reembolso debe adaptarse concretamente a las necesidades específicas del consumidor y a su capacidad de reembolso. En los casos en que la solicitud de crédito sea presentada conjuntamente por más de un consumidor, la evaluación de la solvencia podría realizarse sobre la base de la capacidad de reembolso conjunta. La evaluación positiva debe entenderse sin perjuicio de la libertad contractual del prestamista en relación con la concesión de crédito. Los Estados miembros deben poder proporcionar orientaciones adicionales sobre otros criterios y métodos para evaluar la solvencia del consumidor, por ejemplo, estableciendo límites a las ratios préstamo/valor o préstamo/ingresos.

(55)

La evaluación de solvencia debe basarse en la información sobre la situación financiera y económica. Dicha información debe ser la necesaria y proporcionada en relación con la naturaleza, la duración, el valor y los riesgos del crédito para el consumidor, en consonancia con el principio de minimización de datos establecido en el Reglamento (UE) 2016/679, y debe ser pertinente, completa y exacta. Dicha información debe contener, como mínimo, los ingresos y gastos del consumidor, incluida la adecuada consideración de las obligaciones actuales del consumidor, entre otros, los gastos corrientes del consumidor y de su hogar, así como los compromisos financieros del consumidor. Dicha información no debe contener las categorías especiales de datos personales a que se refiere el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679, como los datos sanitarios, incluidos los datos sobre cáncer, ni la información obtenida de las redes sociales. Las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea, de 29 de mayo de 2020, sobre concesión y seguimiento de préstamos proporcionan orientaciones sobre qué categorías de datos pueden utilizarse para el tratamiento de datos personales a efectos de solvencia, lo que incluye datos que demuestren ingresos u otras fuentes de reembolso, así como información sobre activos y pasivos financieros o sobre otros compromisos financieros. Los consumidores deben proporcionar información sobre su situación financiera y económica a fin de facilitar la evaluación de solvencia. El crédito solo debe concederse al consumidor si el resultado de la evaluación de solvencia indica que es probable que las obligaciones derivadas del contrato de crédito se cumplan según lo establecido en dicho contrato. Al evaluar la capacidad del consumidor para cumplir sus obligaciones en virtud del contrato de crédito, el prestamista debe tener en cuenta los factores pertinentes y las circunstancias concretas, por ejemplo, aunque no exclusivamente, en el caso de los créditos concedidos con arreglo a la presente Directiva para financiar estudios o sufragar gastos sanitarios extraordinarios, la existencia de pruebas suficientes de que tales créditos van a aportar ingresos futuros al consumidor, o la existencia de bienes u otras formas de garantía que el consumidor pueda aportar para garantizar el préstamo.

(56)

La propuesta de la Comisión de un Reglamento por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial establece que los sistemas de IA utilizados para evaluar la calificación crediticia o la solvencia de las personas físicas deben clasificarse como sistemas de IA de alto riesgo, ya que determinan el acceso de dichas personas a recursos financieros o servicios esenciales, como la vivienda, la electricidad y los servicios de telecomunicaciones. Habida cuenta de lo mucho que hay en juego, cuando la evaluación de solvencia implique un tratamiento automatizado, el consumidor debe tener derecho a obtener una intervención humana por parte del prestamista. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, el consumidor debe tener derecho a obtener una explicación significativa y comprensible de la evaluación realizada y del funcionamiento del tratamiento automatizado utilizado, también las principales variables, la lógica y los riesgos que conlleva, así como el derecho a expresar su punto de vista y a solicitar una revisión de la evaluación de la solvencia y una revisión de la decisión sobre si conceder el crédito. El consumidor debe tener derecho a ser informado sobre esos derechos tras haber recibido debidamente información sobre el procedimiento que debe seguirse. La posibilidad de solicitar una revisión de la evaluación inicial y de la decisión no debe conducir necesariamente a la concesión de crédito al consumidor.

(57)

Para evaluar la situación crediticia de un consumidor, el prestamista también debe consultar las bases de datos sobre créditos. Las circunstancias de hecho y de derecho pueden requerir que dichas consultas tengan distinto alcance. Para evitar toda distorsión de la competencia entre prestamistas, quienes estén supervisados y cumplan plenamente el Reglamento (UE) 2016/679 deben tener acceso a bases de datos sobre crédito privadas o públicas relativas a los consumidores de un Estado miembro en el que no estén establecidos en condiciones no discriminatorias respecto a los prestamistas establecidos en ese Estado miembro. Los Estados miembros deben facilitar el acceso transfronterizo a bases de datos privadas o públicas, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679. Para aumentar la reciprocidad, las bases de datos sobre crédito deben, como mínimo, disponer de información sobre los casos de mora en el reembolso del crédito, sobre el tipo de crédito y sobre la identidad del prestamista, de conformidad con el Derecho de la Unión y el nacional. Los prestamistas y los intermediarios de crédito no deben tratar categorías especiales de datos, como los datos sanitarios, a que se refiere el artículo 9, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/679, ni la información obtenida de las redes sociales, ya que ni esas categorías de datos ni dicha información deben utilizarse para evaluar la solvencia de los consumidores. Los proveedores de bases de datos sobre créditos deben contar con procesos que garanticen que la información contenida en sus bases de datos está actualizada y es exacta. En los casos en los que la denegación de una solicitud de crédito se base en la consulta de una base de datos, los prestamistas deben informar al consumidor inmediata y gratuitamente del resultado y los detalles de dicha consulta a la base de datos, así como de las categorías de los datos tenidos en cuenta. Además, para garantizar el conocimiento de los consumidores, los Estados miembros deben velar por que se informe a los consumidores sobre el registro de cualquier mora en el reembolso del crédito en una base de datos en tiempo oportuno y en un plazo de treinta días a partir del registro, por ejemplo enviándoles una advertencia por correo electrónico pidiéndoles acceder a la base de datos para ver su propia información sobre moras en el reembolso del crédito.

(58)

La presente Directiva no debe regular cuestiones de Derecho contractual relativas a la validez de los contratos de crédito. Por consiguiente, en ese ámbito, los Estados miembros deben poder mantener o adoptar disposiciones nacionales que sean conformes con el Derecho de la Unión. Los Estados miembros deben estar facultados para establecer el régimen jurídico de la oferta del contrato de crédito, en particular cuándo debe darse esta y durante cuánto tiempo es vinculante para el prestamista. Si dicha oferta se hace al mismo tiempo que se proporciona la información precontractual prevista en la presente Directiva, dicha oferta debe comunicarse en un documento aparte, al igual que cualquier otra información adicional que el prestamista desee proporcionar al consumidor. Este documento aparte podría adjuntarse al formulario de Información Normalizada Europea sobre el Crédito al Consumo.

(59)

El contrato de crédito debe contener toda la información necesaria de forma clara y concisa para que el consumidor pueda conocer sus derechos y obligaciones en virtud de dicho contrato.

(60)

Sin perjuicio de lo dispuesto en la Directiva 93/13/CEE y de las obligaciones precontractuales en el marco de la presente Directiva, y a fin de garantizar un alto nivel de protección de los consumidores, debe ofrecerse información al consumidor, a su debido tiempo y antes de cualquier modificación de las condiciones del contrato de crédito, que incluya una descripción de los cambios propuestos y, en su caso, indique si es necesario el consentimiento del consumidor o se expliquen los cambios realizados por imperativo legal; con el calendario de aplicación de dichos cambios; y con los medios de reclamación a disposición del consumidor, así como el plazo para que el consumidor presente una reclamación, y el nombre y la dirección de la autoridad competente ante la que puede presentarse la reclamación. La modificación de un contrato de crédito no debe afectar a ningún derecho de los consumidores, incluidos los derechos de información recogidos en la presente Directiva. Esto se entiende sin perjuicio del Derecho de la Unión o de las disposiciones nacionales relativas a la admisibilidad, las condiciones y la validez de las modificaciones del contrato.

(61)

Para garantizar una total transparencia debe proporcionarse al consumidor información sobre el tipo deudor, tanto en la fase precontractual como en el momento de la celebración del contrato de crédito. A lo largo de la relación contractual, debe informarse además al consumidor sobre cualquier cambio del tipo deudor variable y de las modificaciones que tal cambio comporte en los pagos. Ello debe entenderse sin perjuicio de las disposiciones del Derecho nacional no relacionadas con la información al consumidor que establezcan las condiciones relativas a las modificaciones, o las consecuencias de estas, distintas de las que afectan a los pagos, en el tipo deudor y otras condiciones económicas que rigen el crédito. Se trata, por ejemplo, de las disposiciones que establezcan que el prestamista está facultado para cambiar el tipo deudor solo cuando exista un motivo válido para ello, o que el consumidor puede poner fin al contrato de crédito en caso de un cambio del tipo deudor o de otras condiciones económicas relacionadas con el crédito.

(62)

Las posibilidades de descubierto y de descubierto tácito son formas de crédito al consumo cada vez más comunes. Por lo tanto, es necesario regular esos productos financieros para aumentar el nivel de protección de los consumidores y evitar su sobreendeudamiento. Existe el riesgo de que los consumidores no puedan pagar si los prestamistas deciden solicitar reembolsos inmediatos. Por consiguiente, la presente Directiva debe establecer los derechos de los consumidores en relación con las posibilidades de descubierto y el descubierto tácito.

(63)

En caso de rebasamiento significativo superior a un período de un mes, el prestamista debe presentar sin demora al consumidor información sobre el rebasamiento, incluido el importe en cuestión, el tipo deudor y las sanciones, gastos o intereses de demora aplicables. En caso de descubierto tácito recurrente, el prestamista debe ofrecer al consumidor servicios de asesoramiento, si dispone de ellos, para ayudar al consumidor a encontrar alternativas menos onerosas y reorientar al consumidor hacia servicios de asesoramiento en materia de deudas.

(64)

Los consumidores deben tener derecho de desistimiento sin penalización y sin obligación de justificación. Sin embargo, para aumentar la seguridad jurídica, el plazo de desistimiento debe expirar, en cualquier caso, a los doce meses y catorce días de la celebración del contrato de crédito si el consumidor no ha recibido las condiciones contractuales ni la información de conformidad con la presente Directiva. El plazo de desistimiento no debe expirar si el consumidor no ha sido informado de su derecho de desistimiento.

(65)

Cuando un consumidor desista de un contrato de crédito en relación con el cual haya recibido bienes, en particular una compra a plazos o un contrato de arrendamiento o de arrendamiento financiero con obligación de compra, la presente Directiva debe entenderse sin perjuicio de las normas de los Estados miembros que regulen la devolución de bienes o cualquier cuestión conexa.

(66)

En algunos casos, el Derecho nacional ya prevé que los fondos no puedan ponerse a disposición de los consumidores antes de la expiración de un plazo determinado. En esos casos, es posible que los consumidores quieran asegurarse de que van a recibir con antelación los bienes o servicios adquiridos. Por ello, para los contratos de crédito vinculados, los Estados miembros pueden establecer excepcionalmente que si los consumidores manifiestan de forma expresa su voluntad de recibir con antelación los bienes o servicios, el plazo para el ejercicio del derecho de desistimiento se reduzca al plazo de tiempo antes del cual no pueden ponerse los fondos a disposición del consumidor.

(67)

En caso de los contratos de crédito vinculados, existe una relación de interdependencia entre la adquisición de bienes o servicios y el contrato de crédito celebrado a tal efecto. Por consiguiente, el consumidor que ejerza el derecho de desistimiento respecto de un contrato de compraventa, basándose en el Derecho de la Unión, debe dejar de estar obligado por el contrato de crédito vinculado. Ello no debe afectar a las normas nacionales aplicables a los contratos de crédito vinculados en caso de que un contrato de compraventa haya quedado anulado o de que el consumidor haya ejercido el derecho de desistimiento al amparo del Derecho nacional. Tampoco debe afectar a los derechos que las disposiciones nacionales otorgan a los consumidores, con arreglo a las cuales no podrá haber compromiso vinculante o pago alguno entre un consumidor y un proveedor de bienes o un prestador de servicios hasta que el consumidor no haya firmado el contrato de crédito para financiar la compra de bienes o servicios.

(68)

Las partes contratantes deben tener derecho a poner fin, por el procedimiento habitual, a un contrato de crédito de duración indefinida. Además, cuando así lo disponga el contrato de crédito, el prestamista debe poder retirar al consumidor el derecho a disponer de cantidades con cargo a un contrato de crédito de duración indefinida, por razones objetivamente justificadas. Estas razones pueden ser, por ejemplo, la sospecha de un uso no autorizado o fraudulento del crédito o un aumento considerable del riesgo de que el consumidor no pueda hacer frente a su obligación de reembolsar el crédito. La presente Directiva no debe afectar a las normas nacionales de Derecho contractual que regulan el derecho de las partes contratantes a poner fin al contrato de crédito por incumplimiento de contrato.

(69)

En determinadas condiciones, los consumidores deben poder ejercer el derecho a ejercitar acciones contra el prestamista en caso de que surjan problemas relacionados con el contrato de compraventa. No obstante, los Estados miembros deben determinar en qué medida y en qué condiciones el consumidor puede ejercitar acciones contra el proveedor de bienes o el prestador de servicios, en particular interponiendo una acción contra el proveedor de bienes o el prestador de servicios, antes de poder ejercitar dichas acciones contra el prestamista. Los consumidores no deben ser privados de los derechos que les otorgan las disposiciones de Derecho nacional que prevén la responsabilidad solidaria del proveedor de bienes o del prestador de servicios y del prestamista.

(70)

Debe permitirse al consumidor liquidar sus obligaciones antes de la fecha convenida en el contrato de crédito. Según la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia Lexitor (13), el derecho del consumidor a la reducción del coste total del crédito en caso de reembolso anticipado de este incluye todos los gastos impuestos al consumidor. La reducción del coste total del crédito al consumidor debe ser proporcional a la duración restante del contrato de crédito e incluir también los gastos que no dependan de la duración del contrato de crédito, incluidos los que se hayan agotado completamente en el momento de la concesión del crédito. Con todo, los impuestos y comisiones aplicados y abonados directamente a un tercero y que no dependen de la duración del contrato de crédito no deben tenerse en cuenta al calcular la reducción, ya que dichos costes no son impuestos por el prestamista y, por lo tanto, no pueden ser modificados unilateralmente por él. No obstante, las comisiones aplicadas por un prestamista en beneficio de un tercero deben tenerse en cuenta a la hora de calcular la reducción. En caso de reembolso anticipado, el prestamista debe tener derecho a una compensación justa y justificada objetivamente por los gastos directamente derivados del reembolso anticipado, teniéndose en cuenta asimismo los posibles ahorros que tal reembolso suponga para el prestamista. Sin embargo, para determinar el método de cálculo de la compensación, es importante cumplir varios principios. El cálculo de la compensación al prestamista debe ser transparente y comprensible para el consumidor ya desde la fase precontractual, y en cualquier caso durante la ejecución del contrato de crédito. Además, el método de cálculo debe ser fácil de aplicar para el prestamista y se debe facilitar el control de supervisión por parte de las autoridades competentes. Por consiguiente, y puesto que, dada su duración y su volumen, un crédito al consumo no se financia mediante mecanismos de financiación a largo plazo, la compensación máxima debe fijarse en un importe a tanto alzado. Este enfoque refleja la naturaleza específica de los créditos al consumo y no debe prejuzgar el enfoque relativo a otros productos que estén financiados por mecanismos a largo plazo, como los préstamos hipotecarios de interés fijo.

(71)

Los Estados miembros deben tener derecho a establecer que la compensación por el reembolso anticipado pueda ser reclamada por el prestamista solo bajo la condición de que el importe reembolsado en un período de doce meses supere el umbral definido por los Estados miembros. Al fijar dicho umbral, que no debe ser superior a 10 000 EUR, los Estados miembros deben tener en cuenta el importe medio de los créditos al consumo en su mercado.

(72)

Con el fin de impulsar la realización y el funcionamiento del mercado interior y garantizar a los consumidores un elevado nivel de protección en toda la Unión, debe garantizarse la comparabilidad de la información relativa a las tasas anuales equivalentes en toda la Unión.

(73)

La fijación de límites máximos a los tipos de interés, a las tasas anuales equivalentes o al coste total del crédito para el consumidor es una práctica habitual en varios Estados miembros. Este sistema de limitación ha demostrado ser beneficioso para proteger a los consumidores de unos tipos de interés, tasas anuales equivalentes o costes totales del crédito para el consumidor excesivamente elevados. A este respecto, los Estados miembros deben poder mantener su actual régimen jurídico. En un esfuerzo por aumentar la protección del consumidor sin imponer límites innecesarios a los Estados miembros, deben existir medidas adecuadas, como límites máximos o intereses usurarios para evitar eficazmente los abusos y garantizar que a los consumidores no se les apliquen tipos de interés, tasas anuales equivalentes o costes totales del crédito para el consumidor excesivamente elevados.

(74)

Para garantizar la transparencia, la Comisión debe hacer públicas estas medidas introducidas por los Estados miembros, de forma concisa y clara.

(75)

Existen diferencias sustanciales entre las legislaciones de los distintos Estados miembros en cuanto a la forma de proceder para la concesión de contratos de crédito. Aun reconociendo la diversidad de operadores que intervienen en la intermediación de crédito, es imprescindible que existan normas a escala de la Unión a fin de garantizar un elevado nivel de profesionalidad y servicio.

(76)

El marco jurídico aplicable debe infundir en los consumidores confianza en que los prestamistas y los intermediarios de crédito tienen en cuenta los intereses del consumidor, incluidas su posible vulnerabilidad y sus dificultades para comprender el producto, sobre la base de la información de que disponen en el momento oportuno los prestamistas o los intermediarios de crédito y de suposiciones razonables en cuanto a los riesgos que afectan a la situación del consumidor durante la vigencia del contrato de crédito propuesto. Para instaurar la confianza, es fundamental garantizar en el sector un elevado grado de equidad, honestidad y profesionalidad, que incluye también un comportamiento responsable para evitar prácticas que tengan consecuencias negativas para los consumidores, y una gestión adecuada de los conflictos de intereses, en especial los derivados de la remuneración, y que se preste asesoramiento en interés de los consumidores.

(77)

Conviene garantizar que el personal correspondiente de los prestamistas y los intermediarios de crédito posea los conocimientos y la competencia adecuados para alcanzar un alto nivel de profesionalidad. Por lo tanto, debe exigirse que los prestamistas y los intermediarios de crédito se demuestren los conocimientos y la competencia pertinentes a nivel de la empresa, sobre la base de unos requisitos mínimos. Los Estados miembros han de tener la libertad de adoptar o mantener esas mismas exigencias por lo que respecta a las personas físicas y de adaptar los requisitos sobre conocimientos mínimos y competencia a los diferentes tipos de prestamistas e intermediarios de crédito, en particular cuando actúen a título subsidiario. A los efectos de la presente Directiva, el concepto de personal que interviene directamente en las actividades reguladas por la presente Directiva debe incluir tanto al personal de los servicios al cliente como al personal de los servicios administrativos, incluidos los directivos y, en su caso, los miembros de los consejos de administración de los prestamistas y de los intermediarios de crédito, que desempeñan un papel importante en el proceso del contrato de crédito. Las personas que desempeñen funciones de apoyo que no tengan relación con el proceso del contrato de crédito, que incluyen al personal de recursos humanos y al de tecnologías de la información y las comunicaciones, no deben considerarse personal en el sentido de la presente Directiva. Los Estados miembros deben poner en marcha medidas para apoyar la concienciación de las pequeñas y medianas empresas que son prestamistas o intermediarios de crédito acerca de los requisitos de la presente Directiva y para facilitar su cumplimiento, como campañas de información, guías del usuario y programas de formación de los empleados.

(78)

Con objeto de aumentar la capacidad de los consumidores de tomar decisiones con conocimiento de causa sobre la contratación de préstamos y la gestión responsable de la deuda, los Estados miembros deben crear y promover medidas destinadas a apoyar la educación de los consumidores en estos ámbitos, en concreto, en relación con los contratos de crédito al consumo, así como la gestión presupuestaria general. Esta obligación podría cumplirse teniendo en cuenta el marco de competencias financieras elaborado por la Unión junto con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. Es especialmente importante proporcionar asesoramiento a los consumidores que contratan por primera vez créditos al consumo, en particular a través de herramientas digitales. A este respecto, la Comisión debe especificar ejemplos de mejores prácticas para facilitar la ulterior elaboración de medidas destinadas a aumentar la concienciación financiera de los consumidores. La comisión podría publicar dichos ejemplos de mejores prácticas en coordinación con informes similares elaborados en relación con otros actos legislativos de la Unión. Al crear y promover esas medidas, los Estados miembros deben consultar a las partes interesadas pertinentes, incluidas las organizaciones de consumidores. Esta obligación no debe impedir a los Estados miembros prever una educación financiera adicional.

(79)

Dadas las importantes consecuencias que tienen los procedimientos de ejecución para los prestamistas y los consumidores, así como, potencialmente, para la estabilidad financiera, es preciso que los prestamistas aborden con anticipación en una fase temprana el riesgo de crédito emergente, y establecer las medidas necesarias para garantizar que se muestren, cuando corresponda, razonablemente tolerantes antes de iniciar un procedimiento de ejecución. A la hora de decidir si procede aplicar medidas de reestructuración o refinanciación, o si está justificado ofrecerlas de forma reiterada, el prestamista debe tener en cuenta, entre otros elementos, las circunstancias individuales del consumidor, como los intereses y derechos del consumidor, su capacidad para reembolsar el crédito y sus necesidades razonables de gastos de subsistencia, y el prestamista debe limitar los costes para el consumidor en caso de impago. En particular, cuando el consumidor no responda a la oferta del prestamista en un plazo razonable, no debe exigirse al prestamista que ofrezca medidas de reestructuración o refinanciación de forma reiterada. Los Estados miembros no deben impedir que las partes en un contrato de crédito puedan acordar expresamente que la transmisión al prestamista de los bienes objeto de un contrato de crédito vinculado o la transferencia de los ingresos derivados de la venta de dichos bienes basten para reembolsar el crédito.

(80)

Cuando las medidas de reestructuración o refinanciación se consideren adecuadas, deben incluir una modificación de las condiciones del contrato de crédito inicial y podrían incluir, entre otras, una refinanciación total o parcial de un contrato de crédito. La modificación de dichas condiciones podría incluir, entre otros: la prórroga del período de vigencia del contrato de crédito; el cambio del tipo de contrato de crédito; el pago aplazado de la totalidad o de parte de los plazos de reembolso durante un período; la reducción del tipo deudor, y el ofrecimiento de un período de carencia; los reembolsos parciales; la conversión de divisas; la condonación parcial y la consolidación de la deuda. Cuando se consideren adecuadas medidas de reestructuración o refinanciación, no debe exigirse a los prestamistas que realicen una evaluación de solvencia cuando modifiquen las condiciones del contrato de crédito, a menos que el importe total adeudado por el consumidor se incremente significativamente al modificarse dichas condiciones. Si bien la obligación de aplicar medidas de reestructuración o refinanciación debe entenderse sin perjuicio de los procedimientos en aplicación de las normas nacionales en materia de procedimientos de ejecución, los Estados miembros deben velar por que las medidas de reestructuración o refinanciación previstas en la presente Directiva se apliquen correctamente.

(81)

Los consumidores que se enfrenten con dificultades para cumplir sus compromisos financieros pueden disfrutar de ayuda especializada para la gestión de sus deudas. Las dificultades financieras abarcan una amplia variedad de situaciones, como puede ser, entre muchas otras, el que se haya retrasado el reembolso de la deuda durante más de 90 días. El objetivo de los servicios de asesoramiento en materia de deudas es ayudar a los consumidores que se encuentran con dificultades financieras y guiarlos para que reembolsen, en la medida de lo posible, sus deudas pendientes, y al mismo tiempo mantengan un nivel de vida decoroso sin menoscabo de su dignidad. Esta asistencia personalizada e independiente puede incluir asesoramiento jurídico, gestión del dinero y de la deuda, así como asistencia social y psicológica. La asistencia debe ser prestada por operadores profesionales que no sean prestamistas, intermediarios de crédito, prestadores de servicios de crédito de financiación participativa, compradores de créditos o administradores de créditos, y que sean independientes de ellos. Los Estados miembros deben garantizar que los servicios de asesoramiento en materia de deudas prestados por operadores profesionales independientes se pongan a disposición de los consumidores, directa o indirectamente y únicamente con unos gastos limitados. En principio, este coste solo debe cubrir los gastos de explotación y no imponer una carga innecesaria a los consumidores que experimenten o puedan experimentar dificultades para cumplir sus compromisos financieros. En la medida de lo posible, los consumidores con dificultades para reembolsar sus deudas son remitidos a los servicios de asesoramiento en materia de deudas antes de que se inicie el procedimiento de ejecución. Los servicios de asesoramiento en materia de deudas deben ser fácilmente accesibles para los consumidores, teniendo en cuenta, por ejemplo, su lugar de residencia y también su lengua. Los Estados miembros siguen teniendo libertad para mantener o adoptar requisitos específicos para los servicios de asesoramiento en materia de deudas. Los prestamistas tienen un papel que desempeñar a la hora de prevenir el sobreendeudamiento mediante la detección temprana y el apoyo a los consumidores que experimentan dificultades financieras. Por esta razón, los prestamistas deben contar con procesos y políticas para la detección de dichos consumidores, a fin de garantizar que puedan remitirlos eficazmente a servicios de asesoramiento en materia de deudas de fácil acceso.

(82)

Para garantizar la transparencia y la estabilidad del mercado, y en espera de una mayor armonización, los Estados miembros deben velar por que se establezcan medidas adecuadas de regulación o supervisión de los prestamistas.

(83)

Los Estados miembros deben garantizar que los prestamistas y los intermediarios de crédito, en particular las entidades no crediticias, estén sujetas a un procedimiento de reconocimiento adecuado, que incluye un procedimiento de autorización o la inscripción de dichas entidades en un registro, y a los mecanismos de supervisión aplicados por una autoridad competente. El requisito de procedimiento de reconocimiento adecuado y de registro no debe aplicarse a las entidades de crédito, tal como se definen en el artículo 4, apartado 1, punto 1, del Reglamento (UE) n.o 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (14), que ya están sujetas a un procedimiento de autorización en virtud de la Directiva 2013/36/UE, ni a las entidades de pago, tal como se definen en el artículo 4, punto 4, de la Directiva (UE) 2015/2366 del Parlamento Europeo y del Consejo (15), para los servicios a que se refiere el anexo I, punto 4, de la Directiva (UE) 2015/2366, ni a las entidades de dinero electrónico, tal como se definen en el artículo 2, punto 1, de la Directiva 2009/110/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (16), para la concesión de crédito a que se refiere el artículo 6, apartado 1, párrafo primero, letra b), de la Directiva 2009/110/CE. Esto debe entenderse sin perjuicio de los procedimientos nacionales de reconocimiento y registro o de las disposiciones en materia de supervisión impuestas a las entidades de pago y a las entidades de dinero electrónico a efectos de la concesión de créditos a los consumidores e impuestos a las entidades de crédito a efectos de las actividades del intermediario de crédito en cumplimiento del Derecho de la Unión.

(84)

Los Estados miembros deben poder eximir de los requisitos de reconocimiento y registro a los proveedores de bienes o prestadores de servicios que se consideren microempresas y pymes, tal como se definen en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión (17), y que actúen como intermediarios de crédito a título subsidiario o que concedan créditos en forma de pago aplazado para la adquisición de bienes y servicios que ellos mismos ofrezcan, sin que ningún tercero ofrezca crédito, si el crédito se concede libre de intereses y sin ningún otro gasto, salvo en el caso de los gastos limitados por pagos atrasados según lo establecido en el Derecho nacional. Las grandes empresas no deberían utilizar esa posible exención para eludir los requisitos de reconocimiento y registro establecidos en la presente Directiva.

(85)

La presente Directiva solo regula determinadas obligaciones de los intermediarios de crédito con respecto a los consumidores. Por consiguiente, los Estados miembros deben seguir siendo libres de mantener o adoptar obligaciones adicionales que incumban a los intermediarios de crédito, incluidas las condiciones en las que los intermediarios de crédito pueden recibir remuneraciones de los consumidores que hayan solicitado sus servicios.

(86)

La cesión de los derechos del prestamista derivados de un contrato de crédito no debe tener por efecto debilitar la posición del consumidor. El consumidor debe ser también debidamente informado en caso de cesión a un tercero del contrato de crédito. Sin embargo, cuando el prestamista inicial, de común acuerdo con el nuevo titular, siga actuando como prestamista frente al consumidor, la información sobre la cesión no tiene especial interés para el consumidor. Por consiguiente, en tales casos sería excesivo exigir a nivel de la Unión que el consumidor sea informado de la cesión.

(87)

Los Estados miembros deben conservar la libertad de mantener o adoptar disposiciones nacionales que establezcan formas colectivas de comunicación en los casos en que ello sea necesario en aras de la eficacia de operaciones complejas tales como las titulizaciones o la liquidación de los activos que tienen lugar en la liquidación administrativa obligatoria de los bancos.

(88)

Los consumidores han de tener acceso a procedimientos alternativos de resolución de litigios adecuados, inmediatos y eficaces mediante los que dirimir los litigios que se deriven de los derechos y obligaciones relativos a contratos de crédito, utilizando, cuando proceda, las entidades existentes. Este acceso ya está garantizado por la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (18) en lo que atañe a los litigios contractuales pertinentes. No obstante, los consumidores también deben tener acceso a procedimientos alternativos de resolución de litigios en caso de litigios precontractuales relativos a los derechos y las obligaciones establecidos en la presente Directiva, por ejemplo, en relación con los requisitos de información precontractual, los servicios de asesoramiento y la evaluación de solvencia, así como en relación con la información proporcionada por los intermediarios de crédito que sean remunerados por los prestamistas y, por tanto, no tengan una relación contractual directa con los consumidores. Dichos procedimientos alternativos de resolución de litigios y las entidades que los ofrezcan deben cumplir los requisitos de calidad establecidos en la Directiva 2013/11/UE.

(89)

Los Estados miembros deben designar a las autoridades competentes facultadas para garantizar la aplicación de la presente Directiva y deben garantizar que dichas autoridades competentes dispongan de las competencias de investigación y ejecución y los recursos necesarios para el ejercicio de sus funciones. Los Estados miembros también deben poder dotar de competencias de intervención en productos a las autoridades nacionales cuando los productos de crédito sean perjudiciales para los consumidores y deban retirarse. Los Estados miembros deben tener en cuenta los datos sobre las tasas mensuales de impago asociadas a los diferentes tipos de productos de crédito al consumo pertinentes para el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Las autoridades competentes de los distintos Estados miembros deben cooperar entre sí, siempre que sea necesario, con el fin de ejercer sus funciones en el marco de la presente Directiva.

(90)

Los Estados miembros deben establecer el régimen de sanciones aplicables a cualquier infracción de las disposiciones nacionales adoptadas al amparo de la presente Directiva y deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Si bien la elección de las sanciones queda a discreción de los Estados miembros, estas han de ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. Los Estados miembros deben comunicar a la Comisión el régimen establecido y las medidas adoptadas, y le deben notificar sin demora toda modificación posterior.

(91)

Las normas nacionales vigentes sobre sanciones difieren considerablemente en toda la Unión. En particular, no todos los Estados miembros garantizan que puedan imponerse multas efectivas, proporcionadas y disuasorias a los comerciantes responsables de las infracciones generalizadas y las infracciones generalizadas con dimensión en la Unión. En determinados casos, estos comerciantes también pueden ser un grupo de empresas. Con el fin de garantizar que las autoridades de los Estados miembros puedan imponer sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias en relación con las infracciones generalizadas y las infracciones generalizadas con dimensión en la Unión que sean objeto de medidas de investigación y ejecución coordinadas de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/2394 del Parlamento Europeo y el Consejo (19), deben introducirse las multas como un elemento de las sanciones por tales infracciones.

(92)

Para mejorar la transparencia y la confianza de los consumidores, debe autorizarse a las autoridades competentes a que hagan pública cualquier sanción administrativa que se imponga por incumplimiento de las medidas adoptadas con arreglo a la presente Directiva, a menos que dicha publicación pueda suponer un grave riesgo para los mercados financieros o causar un perjuicio desproporcionado a las partes implicadas.

(93)

Es necesario comprobar el eficaz funcionamiento de la presente Directiva, junto con los progresos realizados de cara a la realización de un mercado interior en el que exista un elevado grado de protección del consumidor en relación con los contratos de crédito. Cada cuatro años, la Comisión debe llevar a cabo una evaluación de la presente Directiva para evaluar el umbral máximo de 100 000 EUR establecido en la presente Directiva y los porcentajes utilizados para calcular la compensación adeudada en caso de reembolso anticipado, así como una evaluación de si el ámbito de aplicación de la presente Directiva sigue siendo adecuado en relación con los contratos de crédito garantizados por bienes inmuebles no residenciales. Dicha evaluación también debe incluir un análisis de la evolución del mercado de créditos al consumo que apoye la transición ecológica y una evaluación de la necesidad de nuevas medidas para mejorar la aceptación de dichos créditos, así como una evaluación de la aplicación de las sanciones impuestas de conformidad con la presente Directiva y, en particular, de su eficacia y efecto disuasorio. Al evaluar la presente Directiva, la Comisión debe analizar las tendencias económicas en la Unión y la situación del mercado de que se trate, como la aparición de nuevas formas de servicios financieros, las tendencias digitales y los volúmenes y tendencias de la concesión transfronteriza de créditos. También debe examinar la eficacia de la presente Directiva, incluidos los costes y beneficios que conlleva para las empresas y los consumidores. Además, la financiación participativa es una forma de financiación que está cada vez más disponible para los consumidores, normalmente para pequeños gastos o inversiones. El Reglamento (UE) 2020/1503 del Parlamento Europeo y del Consejo (20) excluye de su ámbito de aplicación los servicios de financiación participativa, incluidos los que facilitan la concesión de créditos, que se prestan a los consumidores. La Comisión debe evaluar la necesidad de adoptar nuevas medidas para proteger a los consumidores que deseen contratar un crédito o invertir a través de un prestador de servicios de crédito de financiación participativa.

(94)

Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, el establecimiento de normas comunes para algunos aspectos de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros en materia de crédito al consumo, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros habida cuenta de los cambios en el mercado provocados por la digitalización y el objetivo de facilitar la concesión de créditos transfronterizos, sino que puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta podrá adoptar medidas de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(95)

A fin de modificar elementos no esenciales de la presente Directiva, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a los supuestos adicionales para el cálculo de la tasa anual equivalente. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (21). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(96)

De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (22), los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de dichos documentos está justificada.

(97)

Teniendo en cuenta las numerosas modificaciones que deben introducirse en la Directiva 2008/48/CE como consecuencia de la evolución del sector del crédito al consumo, y en interés de la claridad de la legislación de la Unión, dicha Directiva debe derogarse y reemplazarse por la presente Directiva.

(98)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (23), emitió su dictamen el 26 de agosto de 2021 (24).