(1)

El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y la Comunidad Europea de la Energía Atómica y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Moldavia, por otra (2) (en lo sucesivo, «Acuerdo de Asociación»), constituye la base de la relación entre la Unión y la República de Moldavia. De conformidad con la Decisión 2014/492/UE del Consejo (3), el título V del Acuerdo de Asociación, que se refiere al comercio y a las cuestiones relacionadas con el comercio, se ha aplicado provisionalmente desde el 1 de septiembre de 2014 y entró en vigor el 1 de julio de 2016, tras su ratificación por todos los Estados miembros.

(2)

El Acuerdo de Asociación expresa el deseo de las Partes del Acuerdo de Asociación (en lo sucesivo, «Partes») de fortalecer y ampliar las relaciones de forma ambiciosa e innovadora, facilitar y lograr una integración económica gradual, respetando los derechos y obligaciones que emanan de la pertenencia de las Partes a la Organización Mundial del Comercio.

(3)

El artículo 143 del Acuerdo de Asociación establece la creación progresiva de una zona de libre comercio entre las Partes de conformidad con el artículo XXIV del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en lo sucesivo, «GATT de 1994»). A tal fin, el artículo 147 del Acuerdo de Asociación prevé la eliminación progresiva de los derechos de aduana de conformidad con las listas establecidas en el anexo XV del Acuerdo de Asociación, así como la posibilidad de acelerar dicha eliminación y ampliar su alcance.

(4)

La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, en curso desde el 24 de febrero de 2022, tiene un impacto profundamente negativo en la capacidad de la República de Moldavia para comerciar con el resto del mundo, en particular porque las exportaciones de la República de Moldavia dependen del tránsito por territorio ucraniano y de la infraestructura de Ucrania, que actualmente se encuentran en gran medida inutilizables. En tales circunstancias críticas y para atenuar los efectos negativos sobre la economía de la República de Moldavia de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, es necesario acelerar el desarrollo de relaciones económicas más estrechas entre la Unión y la República de Moldavia y prestar apoyo rápido a la economía de la República de Moldavia. Por consiguiente, es necesario y adecuado seguir incentivando los flujos comerciales y adjudicando concesiones en forma de medidas de liberalización del comercio para todos los productos, en consonancia con la aceleración de la eliminación de los derechos de aduana sobre el comercio entre la Unión y la República de Moldavia.

(5)

De conformidad con el artículo 21, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, la Unión debe velar por mantener la coherencia entre los distintos ámbitos de su acción exterior. En virtud del artículo 207, apartado 1, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la política comercial común ha de llevarse a cabo en el marco de los principios y objetivos de la acción exterior de la Unión.

(6)

El Reglamento (UE) 2022/1279 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) expira el 24 de julio de 2023.

(7)

Las medidas de liberalización del comercio establecidas mediante el presente Reglamento deben adoptar la forma siguiente: i) la suspensión de la aplicación del sistema de precios de entrada a las frutas y hortalizas, y ii) la suspensión de todos los contingentes arancelarios y derechos de importación. A través de dichas medidas, la Unión intensificará la integración económica entre la República de Moldavia y la Unión y proporcionará temporalmente el apoyo económico adecuado que redunde en beneficio de la República Moldavia y de los operadores económicos afectados por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania.

(8)

Para evitar fraudes, el derecho a acogerse a las medidas de liberalización del comercio establecidas en el presente Reglamento debe estar condicionado al cumplimiento por parte de la República de Moldavia de todas las condiciones pertinentes para obtener beneficios en el marco del Acuerdo de Asociación, incluidas las normas de origen de los productos afectados y los procedimientos conexos pertinentes, así como a su compromiso de cooperar estrechamente en el ámbito administrativo con la Unión, tal como establece el Acuerdo de Asociación.

(9)

La República de Moldavia debe abstenerse de introducir nuevos derechos o gravámenes de efecto equivalente y nuevas restricciones cuantitativas o medidas de efecto equivalente para las importaciones originarias de la Unión, de aumentar los niveles existentes de derechos o gravámenes o de introducir otras restricciones, a menos que esté claramente justificado en el contexto de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania. Si la República de Moldavia incumple alguna de esas condiciones, la Comisión debe estar facultada para suspender temporalmente todas o algunas de las medidas de liberalización del comercio establecidas en el presente Reglamento.

(10)

El artículo 2 del Acuerdo de Asociación establece que, entre otros, el respeto de los principios democráticos, los derechos humanos y las libertades fundamentales, así como la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva, materiales afines y sus vectores constituyen elementos esenciales del Acuerdo de Asociación. De conformidad con el mismo artículo, las Partes se comprometen en particular a los siguientes principios generales: el respeto de los principios del Estado de Derecho y de la buena gobernanza, la lucha contra la corrupción, las actividades delictivas, organizadas o de otro tipo, incluidas las de carácter transnacional, y el terrorismo, así como el respeto de los principios de desarrollo sostenible y multilateralismo eficaz. Procede introducir la posibilidad de suspender temporalmente las medidas de liberalización del comercio establecidas en el presente Reglamento en el caso en que la República de Moldavia no respete dichos elementos esenciales o dichos principios generales.

(11)

A fin de garantizar unas condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para suspender temporalmente las medidas de liberalización del comercio establecidas en el presente Reglamento, en los casos en los que los productores de la Unión de productos similares o directamente competidores estén afectados negativamente por las importaciones en el marco del presente Reglamento. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(12)

A reserva de una evaluación de tres meses por parte de la Comisión, basada en el contexto del seguimiento periódico de la repercusión del presente Reglamento e iniciada previa solicitud debidamente justificada de un Estado miembro, o por iniciativa propia de la Comisión, es necesario prever la posibilidad de reintroducir los derechos de aduana que, de otro modo, serían aplicables en virtud del Acuerdo de Asociación, a las importaciones de cualquier producto incluido en el ámbito de aplicación del presente Reglamento que afecten negativamente al mercado de la Unión de productos similares o directamente competidores.

(13)

El informe anual de la Comisión sobre la aplicación de la zona de libre comercio de alcance amplio y profundo, que es una parte esencial del Acuerdo de Asociación, debe incluir una evaluación pormenorizada de la ejecución de las medidas de liberalización del comercio que establece el presente Reglamento.

(14)

A la vista de la situación económica en la República de Moldavia y de la expiración del Reglamento (UE) 2022/1279 el 24 de julio de 2023, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia el 25 de julio de 2023.

(1)

La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha puesto a prueba la industria europea de defensa y el mercado de material de defensa y ha revelado distintas deficiencias que socavan la capacidad de ambos para satisfacer de manera necesariamente segura y oportuna las necesidades urgentes de los Estados miembros en materia de productos y sistemas de defensa, como municiones y misiles, habida cuenta de la elevada tasa de consumo de dichos productos y sistemas durante un conflicto de alta intensidad.

(2)

Desde el 24 de febrero de 2022, la Unión y sus Estados miembros han intensificado constantemente sus esfuerzos para ayudar a responder a las apremiantes necesidades de defensa acusadas por Ucrania. Además, en dicho contexto de creciente inestabilidad, competencia estratégica y amenazas a la seguridad, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión se reunieron en Versalles el 11 de marzo de 2022 y decidieron asumir una mayor responsabilidad por la propia seguridad de la Unión y adoptar nuevas medidas decisivas para construir la soberanía europea. Se comprometieron a «reforzar las capacidades de defensa de Europa» y acordaron aumentar el gasto en defensa, intensificar la cooperación mediante proyectos conjuntos y la adquisición en común de capacidades de defensa, colmar las deficiencias, estimular la innovación y reforzar y desarrollar la industria de defensa de la Unión. El 21 de marzo de 2022, el Consejo aprobó la «Brújula Estratégica para reforzar la seguridad y la defensa de la UE en el próximo decenio» (en lo sucesivo, «Brújula Estratégica»), que posteriormente fue refrendada por el Consejo Europeo el 24 de marzo de 2022. La Brújula Estratégica destaca la necesidad de incrementar el gasto en defensa e invertir más en capacidades, tanto a escala de la Unión como nacional.

(3)

El 18 de mayo de 2022, la Comisión y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad presentaron una Comunicación conjunta sobre el análisis de los déficits de inversión en materia de defensa y el camino a seguir, en la que destacaban la existencia de déficits financieros, industriales y de capacidad en materia de defensa en el seno de la Unión. El 19 de julio de 2022, la Comisión presentó una propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el refuerzo de la industria europea de defensa mediante el Reglamento de adquisición en común (EDIRPA, por sus siglas en inglés), destinado a apoyar la colaboración entre los Estados miembros en la fase de adquisición para colmar los déficits más urgentes y críticos, especialmente los creados por la respuesta a la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, de manera colaborativa. El EDIRPA contribuirá al refuerzo de la adquisición en común en el ámbito de la defensa y, a través de la financiación asociada de la Unión, al fortalecimiento de las capacidades industriales de defensa de la Unión y a la adaptación de la industria de defensa de la Unión a los cambios estructurales del mercado derivados del aumento de la demanda para responder a nuevos retos, como el retorno de los conflictos de alta intensidad.

(4)

A la luz de la situación en Ucrania y de sus apremiantes necesidades de defensa, en particular de munición, el 20 de marzo de 2023 el Consejo acordó un enfoque en tres vías destinado a proporcionar a Ucrania un millón de unidades completas de munición en un esfuerzo conjunto durante los próximos doce meses. Acordó entregar urgentemente a Ucrania municiones tierra-tierra y de artillería y, si así se solicita, misiles, procedentes de las reservas existentes o como consecuencia del cambio de priorización de los pedidos existentes. Además, pidió a los Estados miembros que adquirieran conjuntamente munición y, si así se solicita, misiles de la industria europea de defensa (y de Noruega) en el contexto de un proyecto existente de la Agencia Europea de Defensa (AED) o mediante proyectos de adquisición complementarios dirigidos por los Estados miembros, con el fin de reponer sus reservas y permitir al mismo tiempo la continuación del apoyo a Ucrania. Para apoyar dichos esfuerzos, el Consejo acordó movilizar la financiación adecuada, en particular a través del Fondo Europeo de Apoyo a la Paz (FEAP). El Consejo también encomendó a la Comisión que presentara propuestas concretas para apoyar urgentemente la potenciación de las capacidades de fabricación de la industria europea de defensa, asegurar las cadenas de suministro, facilitar procedimientos de adquisición eficientes, hacer frente a deficiencias de las capacidades de producción y fomentar las inversiones, en particular, cuando proceda, movilizando el presupuesto de la Unión. Dicho fomento de las inversiones es esencial para garantizar que se responda adecuadamente en todo momento a las propias necesidades de seguridad de la Unión y que la industria de defensa y el mercado interior de la Unión se ajusten a los retos actuales. Las tres vías interrelacionadas han de desarrollarse en paralelo y de manera coordinada. A fin de garantizar una aplicación adecuada de las tres vías, también se organizarán reuniones periódicas de los Directores Nacionales de Armamento con el Grupo de Trabajo para la Adquisición Conjunta de Equipos de Defensa [compuesto por los representantes de la Comisión, el Servicio de Acción Exterior (SEAE), y la AED] para evaluar las necesidades y las capacidades industriales, así como para garantizar la estrecha coordinación necesaria.

(5)

El 13 de abril de 2023, el Consejo adoptó una medida de asistencia por valor de 1 000 000 000 EUR con cargo al FEAP en favor de las Fuerzas Armadas ucranianas, permitiendo el reembolso a los Estados miembros del coste de las municiones tierra-tierra y de artillería, y posiblemente misiles, que se donen a Ucrania a partir de las reservas existentes o como consecuencia del cambio de priorización de los pedidos vigentes durante el período comprendido entre el 9 de febrero y el 31 de mayo de 2023. Por lo que respecta a la adquisición conjunta, hasta ahora veinticuatro Estados miembros, junto con Noruega, han firmado el proyecto de acuerdo de la AED para la adquisición colaborativa de municiones.

(6)

Los esfuerzos conjuntos para que los Estados miembros puedan reabastecer sus reservas agotadas y apoyar a Ucrania solo pueden ser eficaces si la Unión suministra a tiempo los productos de defensa necesarios. Sin embargo, debido a la rápida disminución de las reservas, a la situación cercana a la máxima capacidad de la producción en la Unión a raíz de los pedidos de los Estados miembros o de terceros países y a la subida vertiginosa de los precios, son necesarias medidas adicionales de política industrial de la Unión para garantizar una rápida potenciación de las capacidades de fabricación.

(7)

Como pone de relieve la labor del Grupo de Trabajo para la Adquisición Conjunta de Equipos de Defensa para coordinar las necesidades de adquisición de equipos de defensa a muy corto plazo y colaborar con los Estados miembros y con los fabricantes de equipos de defensa de la Unión para apoyar la adquisición en común con el propósito de reabastecer las reservas, en particular a la luz del apoyo prestado a Ucrania, la industria de la Unión dispone de capacidades de fabricación en el ámbito de las municiones tierra-tierra y de artillería, así como en el ámbito de los misiles (en lo sucesivo, «productos de defensa pertinentes»). Sin embargo, las capacidades de producción dentro del sector industrial de la defensa de la Unión están adaptadas a unos tiempos en los que los retos eran distintos a los que la Unión se enfrenta actualmente. Los flujos de oferta se han adaptado a una demanda más modesta, con un nivel mínimo de reservas y proveedores diversificados a escala mundial para reducir los costes, lo que hace que el sector industrial de la defensa de la Unión esté expuesto a dependencias. Como consecuencia, en este contexto, la capacidad de fabricación actual y las cadenas de suministro y de valor existentes no permiten una entrega segura y a tiempo de productos de defensa necesarios para responder a las necesidades de seguridad de los Estados miembros, ni tampoco para el apoyo continuado a Ucrania en sus necesidades, lo que crea tensiones en el mercado para los productos de defensa pertinentes, así como un riesgo de efecto de expulsión. Por lo tanto, es necesaria la intervención adicional a escala de la Unión.

(8)

De conformidad con el artículo 173, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Unión contribuirá a alcanzar el objetivo de acelerar la adaptación de la industria a los cambios estructurales. Por lo tanto, parece adecuado apoyar a la industria de la Unión para aumentar su volumen de producción, reducir sus plazos de entrega de la producción y hacer frente a los posibles cuellos de botella o factores que puedan retrasar o impedir la disponibilidad y el suministro oportunos de los productos de defensa pertinentes.

(9)

Las medidas adoptadas a escala de la Unión deben tener por objeto reforzar la competitividad y la resiliencia de la base industrial y tecnológica de la defensa europea (BITDE) en el ámbito de la munición y los misiles, a fin de permitir su adaptación urgente a los cambios estructurales.

(10)

Para ello, debe establecerse un instrumento para el apoyo financiero del refuerzo de la industria a lo largo de las cadenas de suministro y de valor relacionadas con la producción de los productos de defensa pertinentes en la Unión (en lo sucesivo, «Instrumento»).

(11)

La estructura específica, las condiciones de subvencionabilidad y los criterios establecidos en el presente Reglamento son específicos del presente Instrumento a corto plazo y están determinados por las circunstancias específicas y la actual situación de emergencia.

(12)

El Instrumento deberá ser coherente con las iniciativas colaborativas existentes de la Unión relacionadas con la defensa, como el Fondo Europeo de Defensa, la propuesta de EDIRPA, así como con el FEAP, y generará sinergias con otros programas de la Unión. El Instrumento es plenamente coherente con la ambición de la Brújula Estratégica.

(13)

El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero») debe aplicarse al Instrumento, salvo disposición en contrario.

(14)

De conformidad con el artículo 193, apartado 2, del Reglamento Financiero, las acciones ya iniciadas solo pueden ser subvencionadas cuando el solicitante pueda demostrar la necesidad de comenzar la acción antes de la firma del convenio de subvención. No obstante, los gastos efectuados antes de la fecha de presentación de la solicitud de subvención no se consideran admisibles, salvo en casos excepcionales debidamente justificados. Con el fin de responder a la petición del Consejo, de 20 de marzo de 2023, de acelerar la entrega de los productos de defensa pertinentes, debe ser posible contemplar en la decisión de financiación contribuciones financieras en relación con acciones que cubran un período a partir de esa fecha.

(15)

El presente Reglamento establece, para toda la duración del Instrumento, una dotación financiera que, con arreglo al apartado 18 del Acuerdo interinstitucional de 16 de diciembre de 2020 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, en particular una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios (4), constituirá el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual.

(16)

Las posibilidades establecidas en el artículo 73, apartado 4, del Reglamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) pueden aplicarse siempre que el proyecto cumpla las normas fijadas en dicho Reglamento y el ámbito de aplicación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo Social Europeo Plus establecidos en los Reglamentos (UE) 2021/1058 (6) y (UE) 2021/1057 (7) del Parlamento Europeo y del Consejo, respectivamente. En consonancia con el artículo 24 del Reglamento (UE) 2021/1060, la Comisión debe evaluar los programas modificados presentados por el Estado miembro y formular observaciones en el plazo de dos meses desde la presentación del programa modificado. Dada la urgencia de la situación, la Comisión debe esforzarse por concluir la evaluación de los programas nacionales modificados sin demora indebida.

(17)

Al proponer planes de recuperación y resiliencia modificados o nuevos, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (8), los Estados miembros deben poder proponer medidas que también contribuyan a los objetivos del Instrumento, en consonancia con los fines y requisitos establecidos en la Decisión (UE, Euratom) 2020/2053 del Consejo (9), el Reglamento (UE) 2020/2094 del Consejo (10) y el Reglamento (UE) 2021/241. A tal fin, los Estados miembros deben tener en cuenta en particular las medidas relacionadas con las propuestas presentadas a una convocatoria de propuestas en el marco del Instrumento a las que se haya concedido un Sello de Excelencia de conformidad con el Instrumento.

(18)

De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), y los Reglamentos (CE, Euratom) n.o 2988/95 (12), (Euratom, CE) n.o 2185/96 (13) y (UE) 2017/1939 (14) del Consejo, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas medidas para la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades, entre ellas el fraude, para la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, para la imposición de sanciones administrativas. En particular, de conformidad con los Reglamentos (Euratom, CE) n.o 2185/96 y (UE, Euratom) n.o 883/2013, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) está facultada para llevar a cabo investigaciones administrativas, en particular controles y verificaciones in situ, con el fin de determinar si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión. De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea está facultada para investigar los delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión y ejercer la acción penal al respecto, según lo establecido en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (15). De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, a la Fiscalía Europea, y garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(19)

Los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio que son miembros del Espacio Económico Europeo deben poder participar en el Instrumento como países asociados en el marco de la cooperación establecida en virtud del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo (16), que contempla la ejecución de su participación en los programas de la Unión sobre la base de una decisión adoptada en el marco de dicho Acuerdo. El presente Reglamento debe obligar a esos terceros países a conceder los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, la OLAF y el Tribunal de Cuentas ejerzan plenamente sus competencias respectivas.

(20)

Debido a las particularidades de la industria de defensa, en la que la demanda procede casi exclusivamente de los Estados miembros y los países asociados, que también acaparan la adquisición de productos y tecnologías relacionados con la defensa, incluidas las exportaciones, el funcionamiento del sector industrial de la defensa no sigue las normas y los modelos de negocio convencionales que rigen en mercados más tradicionales. Por lo tanto, el sector no efectúa inversiones industriales autofinanciadas significativas, sino que solo las realiza como consecuencia de pedidos en firme. Aunque los pedidos en firme de los Estados miembros son una condición previa para cualquier inversión, la Comisión puede intervenir reduciendo el riesgo de las inversiones industriales a través de subvenciones y préstamos que permitan una adaptación más rápida a los cambios estructurales que se están produciendo en el mercado. En el contexto de emergencia actual, el apoyo financiero de la Unión debe cubrir hasta el 50 % de los gastos subvencionables directos para que los beneficiarios puedan ejecutar las acciones lo antes posible, para reducir el riesgo de sus inversiones y, por consiguiente, acelerar la disponibilidad de los productos de defensa pertinentes.

(21)

El Instrumento debe proporcionar apoyo financiero, a través de los medios establecidos en el Reglamento Financiero, a las acciones que contribuyan a la disponibilidad y el suministro oportunos de los productos de defensa pertinentes, como las actividades de coordinación industrial y creación de redes, el acceso a la financiación para las empresas que participan en la fabricación de productos de defensa pertinentes, la reserva de capacidades, os procesos industriales de reacondicionamiento de productos caducados, la expansión, optimización, modernización, mejora o reorientación de las capacidades de producción existentes o el establecimiento de nuevas capacidades de producción en ese ámbito, así como la formación del personal.

(22)

Dado que el Instrumento tiene por objeto mejorar la competitividad y la eficiencia de la industria de defensa de la Unión, solo deben poder optar a la ayuda las entidades, públicas o privadas, que estén establecidas y tengan sus estructuras de dirección ejecutiva en la Unión o en países asociados. Dichas entidades no deben estar sujetas al control de un tercer país no asociado o de una entidad de un tercer país no asociado o, alternativamente, deben haber sido objeto de control en el sentido del Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo (17) y, cuando sea necesario, de medidas de mitigación, teniendo en cuenta los objetivos a que se refiere el artículo 4 del presente Reglamento. Una entidad establecida en un tercer país no asociado o una entidad establecida en la Unión o en un país asociado cuya estructura de dirección ejecutiva se encuentre en un tercer país no asociado no puede optar a ser beneficiario participante en una acción.

(23)

Las entidades establecidas en la Unión o en un país asociado que estén controladas por un tercer país no asociado o una entidad de un tercer país no asociado y que no hayan sido objeto de control en el sentido del Reglamento (UE) 2019/452 y, cuando sea necesario, de medidas de mitigación, solo deben poder optar a ser beneficiarios si se cumplen condiciones estrictas relativas a los intereses de seguridad y defensa de la Unión y de sus Estados miembros, tal como se establece en el marco de la política exterior y de seguridad común en virtud del título V del Tratado de la Unión Europea (TUE), también en términos de refuerzo de la BITDE. La participación de tales entidades no debe contravenir los objetivos del Instrumento. En este sentido, debe entenderse por «control» la capacidad para ejercer una influencia decisiva sobre una entidad, bien directamente, bien indirectamente a través de una o varias entidades interpuestas. Los solicitantes deben facilitar toda la información pertinente sobre la infraestructura, las instalaciones, los activos y los recursos que vayan a utilizarse en la acción. A ese respecto, deben también tenerse en cuenta los intereses de los Estados miembros en relación con la seguridad del suministro. Habida cuenta de la urgencia de la situación derivada de la actual crisis de suministro de municiones, el Instrumento debe tener en cuenta las cadenas de suministro existentes.

(24)

La infraestructura, las instalaciones, los activos y los recursos de los beneficiarios que participen en una acción apoyada en el marco del Instrumento deben estar situados en el territorio de un Estado miembro o de un país asociado durante el período de duración completo de la acción, y los beneficiarios que participen en una acción.

(25)

El Instrumento no deberá apoyar financieramente la potenciación de las capacidades de producción de los productos de defensa pertinentes que estén sujetos a una restricción por un tercer país no asociado o una entidad de un tercer país no asociado que limite la capacidad de los Estados miembros para utilizarlos. El beneficiario debe procurar garantizar que la acción financiada por el Instrumento permita la entrega de producción a Ucrania.

(26)

En virtud del artículo 85 de la Decisión (UE) 2021/1764 del Consejo (18), las personas físicas y organismos e instituciones establecidas en los países y territorios de ultramar pueden optar a la financiación, conforme a las normas y los objetivos del Instrumento y a los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el país o territorio de ultramar de que se trate.

(27)

Al evaluar las propuestas presentadas por los solicitantes, la Comisión debe prestar especial atención a su contribución a los objetivos del Instrumento. Las propuestas deben evaluarse, en particular, en función de su contribución al aumento, la potenciación, la reserva o la modernización de las capacidades de fabricación, así como al reciclaje y perfeccionamiento profesional de la mano de obra correspondiente. También debe evaluarse en función de su contribución a la reducción del plazo de entrega de la producción de los productos de defensa pertinentes, en particular mediante mecanismos de priorización de pedidos, a la detección y eliminación de cuellos de botella a lo largo de sus cadenas de suministro y al desarrollo de la resiliencia de dichas cadenas de suministro mediante el fomento y la puesta en práctica de la cooperación transfronteriza de las empresas, en particular, y de manera significativa, de las pequeñas y medianas empresas (pymes) y las empresas de mediana capitalización que operan en las cadenas de suministro pertinentes.

(28)

Al diseñar, conceder y poner en ejecución la ayuda financiera de la Unión, la Comisión debe prestar especial atención a garantizar que tal apoyo no afecte negativamente a las condiciones de competencia en el mercado interior.

(29)

Además, la crisis resultante de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania no solo ha puesto de manifiesto deficiencias en el sector industrial de la defensa de la Unión, sino que también ha planteado retos para el funcionamiento del mercado interior de los productos de defensa. De hecho, el contexto geopolítico actual implica un aumento significativo de la demanda que afecta al funcionamiento del mercado interior de producción y venta de productos de defensa pertinentes y de sus componentes en la Unión. Mientras que algunos Estados miembros han adoptado medidas para preservar sus propias reservas por motivos de seguridad nacional, o es probable que las adopten, otros se enfrentan a dificultades de acceso a los bienes necesarios para fabricar o adquirir productos de defensa pertinentes. A veces, la dificultad de acceder a una materia prima o a un componente específico obstaculiza las cadenas de producción en su totalidad. Para velar por el funcionamiento del mercado interior, es necesario establecer, de manera coordinada, normas armonizadas destinadas a aumentar la seguridad del suministro de los productos de defensa pertinentes. Esas medidas deben incluir una aceleración del proceso de concesión de autorizaciones y una facilitación de los procedimientos de adquisición. Esas medidas deben basarse en el artículo 114 del TFUE.

(30)

En vista de la importancia de garantizar la seguridad del suministro de los productos de defensa pertinentes, los Estados miembros deben velar por la tramitación eficiente y oportuna de las solicitudes administrativas relacionadas con la planificación, la construcción y el funcionamiento de las instalaciones de producción, la transferencia de insumos dentro de la Unión y la cualificación y certificación de los productos finales pertinentes.

(31)

Para alcanzar el objetivo general de orden público en materia de seguridad es necesario que las instalaciones de producción relacionadas con la producción de los productos de defensa pertinentes se establezcan lo antes posible, minimizando al mismo tiempo la carga administrativa. Por esta razón, los Estados miembros deben tratar las solicitudes relacionadas con la planificación, la construcción y el funcionamiento de plantas e instalaciones para la producción de productos de defensa pertinentes de la manera más rápida posible. Al ponderar los intereses jurídicos en cada caso concreto, se le debe dar prioridad a dichas solicitudes.

(32)

Teniendo en cuenta el objetivo del presente Reglamento, así como la situación de emergencia y el contexto excepcional de su adopción, los Estados miembros deben considerar la posibilidad de hacer uso de exenciones relacionadas con la defensa con arreglo al Derecho de la Unión y nacional aplicable si consideran que el uso de dichas exenciones facilitaría la consecución de ese objetivo. Ello puede aplicarse, en particular, al Derecho de la Unión en materia de medio ambiente, salud y seguridad, que es indispensable para mejorar la protección de la salud humana y el medio ambiente, así como para lograr un desarrollo sostenible y seguro. Sin embargo, la aplicación de ese Derecho también puede generar obstáculos reglamentarios que dificulten el potencial de la industria de defensa de la Unión para potenciar la producción y las entregas de los productos de defensa pertinentes. Es responsabilidad colectiva de la Unión y de sus Estados miembros estudiar urgentemente las medidas que pueda caber adoptar para reducir los posibles obstáculos. Ninguna de tales medidas, ya sea a escala de la Unión, regional o nacional, debe desatender el medioambiente, la salud y la seguridad.

(33)

La Directiva 2009/81/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (19) tiene por objeto armonizar los procedimientos de adjudicación de contratos públicos en el ámbito de la defensa y la seguridad, permitiendo así respetar los imperativos de seguridad de los Estados miembros y las obligaciones derivadas del TFUE. Dicha Directiva contiene, en particular, disposiciones específicas que rigen situaciones de urgencia derivadas de crisis, en particular, contempla plazos reducidos para la recepción de las ofertas y la posibilidad de recurrir al procedimiento negociado sin publicación previa de un anuncio de licitación. No obstante, la extrema urgencia provocada por la actual crisis de suministro de municiones podría ser incompatible incluso con esas disposiciones en los casos en que dos o más Estados miembros tengan la intención de participar en una adquisición en común. En algunos casos, la única solución que garantiza los intereses de seguridad de esos Estados miembros es abrir un acuerdo marco existente a entidades o poderes adjudicadores de los Estados miembros que no eran originariamente parte en él, pese a que el acuerdo marco inicial no contemplara esa posibilidad.

(34)

De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, las modificaciones de un contrato público han de limitarse a lo estrictamente necesario teniendo en cuenta las circunstancias, respetando al máximo los principios de no discriminación, transparencia y proporcionalidad. A ese respecto, debe ser posible establecer excepciones a la Directiva 2009/81/CE, aumentando las cantidades previstas en un acuerdo marco y abriéndola a las entidades o poderes adjudicadores de otros Estados miembros. En lo que respecta a esas cantidades adicionales, esas entidades o poderes adjudicadores deben disfrutar de las mismas condiciones que la entidad o poder adjudicador original que celebró el acuerdo marco inicial. En tales casos, la entidad o poder adjudicador original también debe permitir que cualquier operador económico que cumpla las condiciones de la entidad o poder adjudicador establecidas inicialmente en el procedimiento de contratación del acuerdo marco, incluidos los requisitos de selección cualitativa contemplados en los artículos 39 a 46 de la Directiva 2009/81/CE, se adhiera a dicho acuerdo marco. Además, deben adoptarse medidas de transparencia adecuadas para garantizar que todas las partes potencialmente interesadas sean informadas. A fin de limitar los efectos de tales modificaciones en el buen funcionamiento del mercado interior y evitar distorsiones desproporcionadas de la competencia, solo debe ser posible llevar a cabo dichas modificaciones de los acuerdos marco hasta el 30 de junio de 2025.

(35)

Para ser competitiva, innovadora y resiliente, así como para poder potenciar sus capacidades de producción, la BITDE necesita acceder a financiación tanto pública como privada. Tal como se establece en la Comunicación de la Comisión, de 15 de febrero de 2022, titulada «Contribución de la Comisión a la defensa europea», las iniciativas de la Unión sobre finanzas sostenibles siguen siendo coherentes con los esfuerzos de la Unión para facilitar a la industria europea de defensa un acceso suficiente a la financiación y a la inversión. En este contexto, el marco de finanzas sostenibles de la Unión no impide la inversión en actividades relacionadas con la defensa. La industria de defensa de la Unión contribuye de manera crucial a la resiliencia y a la seguridad de la Unión y, por tanto, a la paz y la sostenibilidad social. En el marco de las iniciativas de la Unión sobre políticas financieras sostenibles, las armas controvertidas sujetas a los convenios internacionales que prohíben su desarrollo, producción, almacenamiento, uso, transferencia y entrega que hayan firmado los Estados miembros se consideran incompatibles con los requisitos de sostenibilidad social. La industria de defensa de la Unión está sujeta a un estrecho control reglamentario aplicado por los Estados miembros en lo que respecta a la transferencia y exportación de productos militares y de doble uso. Desde esa perspectiva, el compromiso asumido por los agentes financieros nacionales y europeos, como los bancos e instituciones nacionales de fomento, para apoyar a la industria europea de defensa enviaría una señal clara al sector privado. Al tiempo que lleva a cabo plenamente sus demás misiones de desarrollo económico y financiación de las políticas públicas, incluida la doble transición ecológica y digital y en consonancia con el artículo 309 del TFUE y sus Estatutos, el Banco Europeo de Inversiones debe reforzar su apoyo a la industria europea de defensa y a la adquisición conjunta más allá de su apoyo permanente al doble uso, cuando tales inversiones sirvan claramente para aplicar las prioridades de la Brújula Estratégica.

(36)

Las empresas de la cadena de valor de los productos de defensa pertinentes deben tener acceso a la financiación mediante deuda, a fin de acelerar las inversiones necesarias para aumentar la capacidad de fabricación. El Instrumento debe facilitar que las empresas de la Unión tengan acceso a la financiación en el sector de municiones y misiles. El presente Reglamento debe garantizar, en particular, que esas empresas gocen de las mismas condiciones que se ofrecen a otras empresas, asumiendo cualquier coste adicional derivado específicamente en relación con el sector de la defensa.

(37)

La Comisión debe poder crear un mecanismo específico, como parte de las actividades de facilitación de la inversión denominadas «Fondo de Potenciación». El Fondo de Potenciación debe ejecutarse en régimen de gestión indirecta. A ese respecto, la Comisión debe explorar la manera más adecuada de movilizar el presupuesto de la Unión para desbloquear la inversión pública y privada en apoyo de la rápida potenciación buscada, por ejemplo mediante un mecanismo de financiación mixta en el marco del Fondo InvestEU establecido por el Reglamento (UE) 2021/523 del Parlamento Europeo y del Consejo (20), en estrecha cooperación con sus entidades gestoras. Las actividades del Fondo de Potenciación deben apoyar el aumento de las capacidades de fabricación en el sector de la munición y los misiles ofreciendo oportunidades para una mayor disponibilidad de fondos a las empresas a lo largo de todas las cadenas de valor.

(38)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en lo que respecta a la adopción del programa de trabajo, así como a la concesión de la financiación a las acciones seleccionadas. Esas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (21).

(39)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, responder al impacto de la crisis de seguridad, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones y los efectos de la acción propuesta, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(40)

El presente Reglamento debe aplicarse sin perjuicio de las normas de competencia de la Unión, en particular los artículos 101 a 109 del TFUE y los actos jurídicos que dan efecto a dichos artículos.

(41)

De conformidad con el artículo 41, apartado 2, del TUE, los gastos operativos derivados del título V, capítulo 2, del TUE, deben correr a cargo del presupuesto de la Unión, excepto los relativos a las operaciones que tengan repercusiones en el ámbito militar o de la defensa.

(42)

En virtud de lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional, de 13 de abril de 2016, sobre la mejora de la legislación (22), el presente Reglamento debe ser evaluado sobre la base de la información que se recoja de conformidad con requisitos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo un exceso de regulación y de cargas administrativas, en particular a los Estados miembros. Dichos requisitos deben incluir, cuando proceda, indicadores mensurables que sirvan de base para evaluar los efectos del presente Reglamento en la práctica. La Comisión debe llevar a cabo, cuando proceda, una evaluación del presente Reglamento a más tardar el 30 de junio de 2024, en particular con vistas a la presentación de propuestas de modificaciones adecuadas del presente Reglamento.

(43)

A la luz del peligro inminente para la seguridad del suministro provocado por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, el presente Reglamento debe entrar en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(44)

La aplicación del presente Reglamento será «sin perjuicio del carácter específico de la política de seguridad y defensa de determinados Estados miembros.

(1)

El artículo 4, apartado 1, de la Directiva 2011/65/UE obliga a los Estados miembros a garantizar que los aparatos eléctricos y electrónicos que se introduzcan en el mercado no contengan las sustancias peligrosas enumeradas en su anexo II. Esa restricción no afecta a determinadas aplicaciones exentas que figuran en el anexo IV de dicha Directiva.

(2)

Las categorías de aparatos eléctricos y electrónicos a las que se aplica la Directiva 2011/65/UE figuran en su anexo I.

(3)

El plomo es una de las sustancias restringidas enumeradas en el anexo II de la Directiva 2011/65/UE.

(4)

El 1 de diciembre de 2021, la Comisión recibió una solicitud de conformidad con el artículo 5, apartado 3, de la Directiva 2011/65/UE para conceder una exención que se incluiría en el anexo IV de dicha Directiva en lo que respecta al uso de plomo como estabilizador térmico en el cloruro de polivinilo empleado como material de base en los sensores utilizados en los productos sanitarios de diagnóstico in vitro («exención solicitada»).

(5)

Los productos sanitarios para diagnóstico in vitro descritos en la exención solicitada se recogen en la categoría 8 («productos sanitarios») del anexo I de la Directiva 2011/65/UE.

(6)

Se llevó a cabo un estudio de evaluación técnica y científica (2) para evaluar la exención solicitada. La evaluación incluyó consultas con las partes interesadas, de conformidad con el artículo 5, apartado 7, de la Directiva 2011/65/UE. Las observaciones recibidas durante esas consultas se hicieron públicas en un sitio web específico.

(7)

La evaluación de la exención solicitada concluyó que la sustitución del plomo en sensores específicos todavía no se ha completado. La disponibilidad de sustitutos para dichos productos específicos no está garantizada puesto que los actuales sustitutos del plomo no son fiables para todos los parámetros (por ejemplo, la creatinina y el nitrógeno ureico en sangre) o son poco precisos para dichos parámetros. Además, la evaluación concluyó que la denegación de la exención solicitada afectaría negativamente a los servicios sanitarios.

(8)

Así pues, la exención solicitada cumple al menos una de las condiciones pertinentes especificadas en el artículo 5, apartado 1, letra a), de la Directiva 2011/65/UE, puesto que la fiabilidad de los sustitutos no está garantizada para la aplicación específica objeto de la exención solicitada. Así mismo, se tienen también en cuenta los efectos negativos para el medio ambiente, la salud y la seguridad de los consumidores, y los efectos socioeconómicos de la no concesión de la exención.

(9)

La exención solicitada es coherente con el Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y, por tanto, no debilita el grado de protección de la salud y del medio ambiente otorgado en virtud de dicho Reglamento.

(10)

Por consiguiente, procede conceder la exención solicitada mediante la incorporación de la aplicación pertinente en el anexo IV de la Directiva 2011/65/UE con respecto a los aparatos eléctricos y electrónicos de la categoría 8.

(11)

A la luz de la disponibilidad prevista de los sustitutos del plomo en la aplicación objeto de la exención y de posibles futuras restricciones al plomo en el cloruro de polivinilo en el Reglamento (CE) n.o 1907/2006, es necesario conceder la exención durante un período de validez limitado hasta el 31 de diciembre de 2023. El período de validez se fija de conformidad con el artículo 5, apartado 2, párrafo primero, de la Directiva 2011/65/UE.

(12)

Procede, por tanto, modificar la Directiva 2011/65/UE en consecuencia.

(1)

El 4 de febrero de 2008, el Consejo acordó nombrar un representante especial de la Unión Europea (REUE) para Kosovo.

(2)

El 30 de julio de 2020, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2020/1135 (1) por la que se nombraba REUE para Kosovo a D. Tomáš SZUNYOG. Su mandato se prorrogó mediante la Decisión (PESC) 2021/1194 del Consejo (2) y expirará el 31 de agosto de 2023.

(3)

Procede prorrogar el mandato del REUE por un nuevo período de 12 meses y establecer un nuevo importe de referencia financiera para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.

(4)

El REUE desempeñará su mandato en el contexto de una situación que puede deteriorarse y podría impedir la consecución de los objetivos de la acción exterior de la Unión establecidos en el artículo 21 del Tratado.

(1)

El 7 de julio de 2003, el Consejo acordó nombrar un representante especial de la Unión Europea (REUE) para el Cáucaso Meridional.

(2)

El 13 de noviembre de 2017, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2017/2071 (1) por la que se nombraba REUE para el Cáucaso Meridional y la crisis en Georgia a D. Toivo KLAAR. El mandato del REUE se ha prorrogado sucesivamente, la última vez mediante la Decisión (PESC) 2022/1237 del Consejo (2), y expirará el 31 de agosto de 2023.

(3)

Procede prorrogar el mandato del REUE por un nuevo período de 12 meses y establecer un nuevo importe de referencia financiera para el período comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.

(4)

El REUE desempeñará el mandato en el contexto de una situación que puede deteriorarse y que podría impedir el cumplimiento de los objetivos de la acción exterior de la Unión establecidos en el artículo 21 del Tratado.