(1)

La Unión es miembro de la Organización Mundial del Comercio (en lo sucesivo, «OMC»), que, en noviembre de 2001, puso en marcha la Ronda de Doha de negociaciones comerciales, conocida como el Programa de Doha para el Desarrollo. Las negociaciones de la OMC sobre las subvenciones a la pesca tenían por objeto cumplir la meta 14.6 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

(2)

La Comisión negoció con otros miembros de la OMC en consulta con el comité establecido en virtud del artículo 207, apartado 3, del Tratado.

(3)

Las negociaciones concluyeron el 17 de junio de 2022, en la 12.a Conferencia Ministerial de la OMC. Dicha Conferencia adoptó el Protocolo de enmienda del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio (en lo sucesivo, «Protocolo») y lo declaró abierto a la aceptación de los Miembros de la OMC.

(4)

El anexo del Protocolo contiene el Acuerdo sobre subvenciones a la pesca, que, en el momento en que entre en vigor el Protocolo, será insertado en el anexo 1A del Acuerdo de Marrakech por el que se establece la Organización Mundial del Comercio.

(5)

Procede aprobar el Protocolo.

1.

En el momento en que entre en vigor el presente Protocolo de conformidad con su párrafo 4, el Acuerdo sobre la OMC será enmendado insertando en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC, después del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca que figura en el Anexo al presente Protocolo.

2.

No se podrán hacer reservas con respecto a ninguna de las disposiciones del presente Protocolo.

3.

El presente Protocolo está abierto a la aceptación de los Miembros.

4.

El presente Protocolo entrará en vigor de conformidad con las disposiciones del párrafo 3 del artículo X del Acuerdo sobre la OMC (1).

5.

El presente Protocolo será depositado en poder del Director General de la Organización Mundial del Comercio, quien remitirá sin dilación a cada uno de los Miembros una copia autenticada de este instrumento y una notificación de cada aceptación del mismo de conformidad con el párrafo 3.

6.

El presente Protocolo será registrado de conformidad con las disposiciones del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas.

(1)

A fin de garantizar una cooperación eficiente entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida, es necesario especificar qué información relativa a las empresas de servicios de inversión y, en su caso, al funcionamiento de sus sucursales o al ejercicio de la libre prestación de servicios en uno o varios Estados miembros distintos de aquellos en los que tengan su administración central, debe ser facilitada por las autoridades competentes del Estado miembro de origen a las autoridades competentes del Estado miembro de acogida y viceversa.

(2)

Es esencial que el intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida se considere en el contexto más amplio de la supervisión de los grupos de empresas de servicios de inversión que realicen actividades transfronterizas. Por lo tanto, cuando proceda, conviene que la información se facilite con carácter consolidado. En particular, si una empresa de servicios de inversión que opera a través de una sucursal tiene una empresa matriz última en el Estado miembro en que tiene su administración central, y la autoridad competente afectada es también el supervisor del grupo, se considera adecuado que se facilite la información con carácter consolidado y no al nivel de la empresa de servicios de inversión. No obstante, en ese caso la autoridad competente debe notificar a las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida que la información se facilita con carácter consolidado respecto del grupo de la empresa de servicios de inversión.

(3)

Al facilitar los elementos clave que deben ser objeto de un intercambio de información entre las autoridades competentes, no sería conveniente, a efectos de una cooperación transfronteriza eficaz entre las autoridades competentes, restringir el alcance de dicho intercambio de información. En particular, el artículo 14 de la Directiva (UE) 2019/2034 establece disposiciones específicas para el intercambio de información relativa a las comprobaciones in situ de las sucursales que también podrían ser pertinentes en el contexto del artículo 13 de dicha Directiva.

(4)

Los requisitos de cooperación e intercambio de información relativos a las notificaciones del ejercicio del derecho de establecimiento y de la libre prestación de servicios se establecen en los artículos 34 y 35 de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (2), y los requisitos de cooperación entre las autoridades competentes responsables de la supervisión de los mercados e instrumentos en las actividades de supervisión, las verificaciones in situ o las investigaciones se establecen en el artículo 80 de la Directiva 2014/65/UE y se especifican con más detalle en el Reglamento Delegado (UE) 2017/586 de la Comisión (3). Por lo tanto, el presente Reglamento no especifica ningún requisito para el intercambio de información en esos ámbitos.

(5)

Si bien la información que debe intercambiarse para garantizar una protección adecuada de los clientes y salvaguardar la estabilidad del sistema financiero del Estado miembro de acogida debe especificarse en el contexto de la prestación de servicios transfronterizos en un Estado miembro de acogida, también deben evitarse las duplicidades en el intercambio de información. Por consiguiente, las autoridades competentes deben tener en cuenta la información de la que ya disponen, en particular a través del mecanismo establecido de conformidad con el artículo 6, apartado 2, de la Directiva (UE) 2019/2034, para el intercambio de información entre las autoridades competentes y las autoridades designadas en un Estado miembro concreto en virtud del artículo 67 de la Directiva 2014/65/UE; cuando estas autoridades sean diferentes, deben tenerse en el artículo 80 de la Directiva 2014/65/UE y el Reglamento Delegado (UE) 2017/586.

(6)

A fin de garantizar una convergencia suficiente de las prácticas reguladoras y de supervisión en toda la Unión y un nivel mínimo de intercambio de información que permita a las autoridades competentes cumplir sus obligaciones de supervisión, es necesario fijar requisitos mínimos para el intercambio de información entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida. Como mínimo, dicha información debe abarcar todos los ámbitos especificados en el artículo 13 de la Directiva (UE) 2019/2034, a saber, información sobre: la estructura de la dirección y de la propiedad de la empresa de servicios de inversión, el cumplimiento de los requisitos de fondos propios por parte de la empresa de servicios de inversión, el cumplimiento de los requisitos relativos al riesgo de concentración y los requisitos de liquidez de la empresa de servicios de inversión, los procedimientos administrativos y contables y los mecanismos de control interno de la empresa de servicios de inversión, así como cualquier otro factor pertinente que pueda influir en el riesgo planteado por la empresa de servicios de inversión. A fin de facilitar una supervisión adecuada de las empresas de servicios de inversión, las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida y de origen deben mantenerse mutuamente informadas sobre las situaciones detectadas de incumplimiento del Derecho nacional o de la Unión, cuando dicho incumplimiento pueda afectar a la protección de los clientes o a la estabilidad del sistema financiero del Estado miembro de acogida, así como sobre las medidas de supervisión y las sanciones impuestas a las empresas de servicios de inversión. Además, entre la información que deben intercambiar las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida, de modo que estas últimas estén en condiciones de llevar a cabo un seguimiento de las empresas de servicios de inversión de forma eficiente, debe incluirse información adicional sobre los preparativos para situaciones de urgencia.

(7)

Para garantizar que la información pertinente sea intercambiada dentro de un plazo razonable, evitando al mismo tiempo las situaciones en que las autoridades competentes del Estado miembro de origen estén obligadas a enviar cualquier información sobre una empresa de servicios de inversión, independientemente de su naturaleza e importancia, a todas las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida, conviene que, en algunos casos concretos, solo la información que sea pertinente para una sucursal específica deba transmitirse exclusivamente a las autoridades competentes encargadas de la supervisión de esta sucursal. Con fines similares de eficiencia y proporcionalidad, en una serie de ámbitos específicos, solo debe intercambiarse entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida la información relativa a casos de incumplimiento detectados, lo que significa que no habría que intercambiar información cuando la empresa de servicios de inversión se atenga a la legislación nacional y de la Unión.

(8)

El presente Reglamento se basa en el proyecto de normas técnicas de regulación presentado por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) a la Comisión y desarrollado en consulta con la Autoridad Europea de Valores y Mercados.

(9)

La ABE ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre el proyecto de normas técnicas de regulación en el que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios que puede suponer y ha recabado asesoramiento del Grupo de Partes Interesadas del Sector Bancario establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(1)

A fin de constituir los colegios de supervisores y de determinar sus miembros y posibles observadores, es necesario cartografiar los grupos de empresas de servicios de inversión. La finalidad de esa cartografía es identificar las entidades o sucursales del grupo en la Unión o en un tercer país y determinar la naturaleza y ubicación de cada entidad del grupo, las autoridades que participan en su supervisión, las exenciones prudenciales que le son aplicables, su importancia para el grupo y su importancia para el país en el que está autorizada o establecida.

(2)

En aras de una aplicación uniforme del artículo 48 de la Directiva (UE) 2019/2034 en toda la Unión y, por ende, de unas condiciones de competencia equitativas, es importante promover la convergencia de las prácticas de los supervisores de grupo en lo que respecta a la constitución de los colegios de supervisores de los grupos de empresas de servicios de inversión. En particular, dado que la constitución del colegio de supervisores queda a discreción del supervisor de grupo determinado de conformidad con el artículo 46 de la Directiva (UE) 2019/2034, es esencial fijar criterios comunes que los supervisores de grupo tengan en cuenta a la hora de decidir si debe constituirse un colegio de supervisores. Esos criterios comunes deben incluir criterios de proporcionalidad, reflejar la necesidad de facilitar las tareas de supervisión y agilizar la coordinación y cooperación con las autoridades de supervisión pertinentes de terceros países, en particular cuando tal coordinación y cooperación sea necesaria para intercambiar información útil sobre el modelo de márgenes con las autoridades de supervisión de los miembros compensadores de las entidades de contrapartida central cualificadas (ECCC) o con las autoridades de supervisión de las ECCC y para actualizar dicha información.

(3)

Con vistas a un funcionamiento más eficaz y eficiente de los colegios de supervisores, los acuerdos por escrito a que se refiere el artículo 48, apartado 6, párrafo tercero, de la Directiva (UE) 2019/2034 deben abarcar todos los ámbitos de trabajo del colegio. Por consiguiente, dichos acuerdos por escrito deben englobar también los acuerdos entre aquellos miembros del colegio que participen en actividades específicas de este, incluidas las realizadas a través de subestructuras particulares del colegio cuando, con fines de eficiencia, se creen tales subestructuras. Por el mismo motivo, los acuerdos por escrito deben abarcar también los aspectos operativos del trabajo del colegio, ya que estos aspectos son esenciales para facilitar el funcionamiento del colegio tanto en situaciones de normalidad como en situaciones de urgencia. Por último, los acuerdos por escrito deben ser completos, coherentes y exhaustivos y proporcionar una base suficiente y apropiada para que las autoridades competentes puedan desempeñar sus funciones y tareas en el seno del colegio de supervisores, en lugar de hacerlo fuera de este.

(4)

Los colegios de supervisores son una herramienta fundamental para intercambiar información, anticiparse a las situaciones de urgencia y enfrentarse a ellas, y permitir al supervisor de grupo llevar a cabo una supervisión efectiva en base consolidada. En aras de la coherencia y con objeto de que la Autoridad Bancaria Europea (ABE) pueda ejercer las funciones que le atribuye el Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), la ABE debe participar en todos los colegios de supervisores. Además, habida cuenta del papel de coordinación que desempeñan los colegios de supervisores en relación con todas las actividades de supervisión de los grupos de empresas de servicios de inversión que se derivan de otros actos jurídicos de la Unión, resulta oportuno invitar siempre a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM) a participar en las reuniones y actividades del colegio de supervisores, de conformidad con los acuerdos por escrito.

(5)

Para poder llevar a cabo todas las actividades del colegio, el supervisor de grupo y los miembros del colegio de supervisores deben contar con una visión general de las actividades realizadas por todas las entidades del grupo de empresa de servicios de inversión de que se trate, incluidas las de las entidades que desarrollan actividades financieras sin ser consideradas empresas de servicios de inversión, así como las de aquellas entidades que operan en terceros países. Por el mismo motivo, debe promoverse una interacción entre el supervisor de grupo, los miembros del colegio y las autoridades u organismos públicos de un Estado miembro responsables de la supervisión de cualquier entidad del grupo de empresa de servicios de inversión o que participen en dicha supervisión, incluidas las autoridades competentes de los Estados miembros de acogida en los que estén establecidas sucursales consideradas importantes, las autoridades u organismos responsables de la supervisión de los mercados de instrumentos financieros y de la prevención del uso del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, las autoridades u organismos responsables de la protección de los consumidores y las autoridades de resolución. Es importante, por tanto, que dichas autoridades u organismos públicos puedan participar en las actividades del colegio de supervisores en calidad de observadores, cuando proceda.

(6)

En aras de la transparencia y para garantizar el buen funcionamiento del colegio de supervisores, sus miembros deben someter a debate y acordar el alcance y el nivel de implicación de las demás autoridades que deban, en su caso, participar en el colegio en calidad de observadores. Las condiciones para la participación de dichas autoridades en el colegio de supervisores en calidad de observadores deben establecerse claramente en los acuerdos por escrito y comunicarse a todas ellas.

(7)

Para desempeñar mejor sus funciones y evitar la duplicación de tareas, incluida la duplicación de las solicitudes de información dirigidas a las entidades del grupo supervisadas, los miembros del colegio de supervisores deben colaborar estrechamente y coordinar sus actuaciones de supervisión en la mayor medida posible. Por la misma razón, los miembros del colegio de supervisores han de revisar periódicamente todo posible acuerdo de delegación de funciones y responsabilidades, en particular cuando determinen la asignación de recursos y planifiquen las tareas de supervisión in situ y a distancia a nivel del colegio de supervisores.

(8)

El supervisor de grupo ha de poder tener una visión general de la situación del grupo y actuar como facilitador, garantizando la circulación de la información entre los miembros del colegio. Por consiguiente, el supervisor de grupo debe tener acceso a toda la información necesaria para el desempeño de sus funciones y responsabilidades y actuar como coordinador en la recopilación y difusión de la información recibida de los miembros del colegio de supervisores, los observadores o cualquier entidad del grupo, o de las aportaciones recibidas de otros organismos o autoridades de supervisión establecidos en relación con el grupo de empresa de servicios de inversión. Lo mismo se aplica a los miembros del colegio, puesto que necesitan acceder a la información pertinente para desempeñar sus funciones y tareas en relación con las entidades de las que son responsables y deben compartir la información pertinente con los demás miembros del colegio de supervisores. En particular, cuando el supervisor de grupo juzgue que determinada información es pertinente para otro miembro del colegio de supervisores, no debe impedir injustificadamente que otros miembros del colegio reciban esa información.

(9)

Los colegios de supervisores facilitan la cooperación y la coordinación entre autoridades competentes. Este es el caso, en particular, en lo que respecta a las decisiones relativas a la utilización de modelos internos para el cálculo de los requisitos de fondos propios, en los que es necesaria la autorización previa de las autoridades competentes. Por ello, es importante especificar las condiciones en las que el supervisor de grupo y las autoridades competentes afectadas intercambiarán información sobre los resultados de los modelos internos y discutirán y acordarán las medidas oportunas para corregir las ineficiencias detectadas.

(10)

A efectos de la asignación de recursos de supervisión y de la definición o coordinación de las tareas de supervisión in situ y a distancia dentro del colegio de supervisores, los miembros de este deben tener en cuenta los resultados del proceso de revisión y evaluación supervisoras a que se refiere el artículo 36, apartado 1, de la Directiva (UE) 2019/2034 que se lleve a cabo respecto del grupo de empresa de servicios de inversión y de cada una de sus entidades. Con el fin de definir mejor las prioridades de la labor común de supervisión y garantizar una asignación adecuada de los recursos, el establecimiento del programa de examen supervisor del colegio debe, por tanto, iniciarse una vez que hayan finalizado dichos procesos de revisión y evaluación supervisoras y concluir cuando las autoridades competentes hayan analizado las tareas que se comprometen a realizar a nivel nacional, los recursos asignados a dichas tareas y los correspondientes plazos para llevarlas a cabo.

(11)

Los miembros del colegio de supervisores deben coordinar sus actividades en situaciones de urgencia o en previsión de tales situaciones, como, por ejemplo, acontecimientos adversos que puedan comprometer gravemente el funcionamiento ordenado y la integridad de los mercados financieros o la estabilidad de la totalidad o de parte del sistema financiero de la Unión, u otras situaciones que afecten o puedan afectar de manera explícita a la situación económica y financiera de un grupo de empresa de servicios de inversión o de cualquiera de sus entidades.

(12)

Es necesario velar por que toda situación de urgencia se evalúe y aborde adecuadamente. Por consiguiente, ante una situación de urgencia, los miembros del colegio de supervisores, bajo la coordinación del supervisor de grupo, deben tratar de realizar una evaluación supervisora coordinada de la situación, acordar una respuesta supervisora coordinada y controlar su puesta en práctica. Los miembros del colegio de supervisores también deben velar por que toda comunicación externa esté coordinada y abarque los elementos acordados de antemano entre ellos.

(13)

El presente Reglamento se basa en los proyectos de normas técnicas de regulación presentados por la ABE a la Comisión.

(14)

La ABE ha consultado a la AEVM, ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de regulación en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos y ha recabado el asesoramiento del Grupo de Partes Interesadas del Sector Bancario, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010.

(1)

Una cooperación eficaz y oportuna entre las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida exige, en el marco de las respectivas competencias de supervisión de dichas autoridades, un intercambio de información bidireccional adecuado. A fin de apoyar este objetivo, es preciso establecer formularios, plantillas y procedimientos operativos normalizados, incluidos plazos, para el intercambio de información. Dado que la información debe intercambiarse oportunamente y mantenerse actualizada, las autoridades competentes deben esforzarse por efectuar el intercambio tan pronto como sea posible, sin demora injustificada, antes de que expire el plazo límite de envío.

(2)

Con objeto de garantizar una transmisión eficiente de la información a las personas de contacto de las autoridades competentes, así como la confidencialidad de esta, dichas autoridades deben establecer, compartir y actualizar periódicamente listas de contactos.

(3)

A fin de garantizar una supervisión eficaz de las empresas de servicios de inversión de forma transfronteriza, una protección adecuada de los clientes y los mercados, así como la rápida adopción de medidas correctoras, las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida deben informarse mutuamente sin demora injustificada de cualquier posible situación que afecte a la estabilidad financiera o al funcionamiento de una sucursal y facilitar toda la información esencial y pertinente al respecto.

(4)

Los requisitos sobre el tipo y la naturaleza de la información que deben intercambiar las autoridades competentes de los Estados miembros de origen y de acogida se establecen en el Reglamento Delegado (UE) 2023/1117 de la Comisión (2). Por consiguiente, el establecimiento de formularios, plantillas y procedimientos normalizados en relación con dichos requisitos de intercambio de información debe atenerse al ámbito de aplicación y al enfoque establecidos en dicho Reglamento Delegado y tener en cuenta los formularios, plantillas y procedimientos normalizados que ya se aplican a través de otros mecanismos, como los establecidos de conformidad con los artículos 34 y 35 de la Directiva 2014/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3), evitando así duplicaciones.

(5)

El marco establecido en el Reglamento Delegado (UE) 2023/1117 especifica los requisitos relativos al tipo y la naturaleza de la información que deben intercambiar las autoridades competentes. Aunque este último proporciona los elementos clave que deben ser objeto de un intercambio de información entre las autoridades competentes, no pretende restringir el alcance de dicho intercambio de información en el contexto del fomento de una amplia cooperación transfronteriza entre las autoridades competentes.

(6)

El presente Reglamento se basa en el proyecto de normas técnicas de ejecución presentado por la Autoridad Bancaria Europea (ABE) a la Comisión, en consulta con la Autoridad Europea de Valores y Mercados (AEVM).

(7)

La ABE ha llevado a cabo consultas públicas abiertas sobre los proyectos de normas técnicas de ejecución en que se basa el presente Reglamento, ha analizado los costes y beneficios potenciales conexos, y ha solicitado el asesoramiento del Grupo de Partes Interesadas del Sector Bancario, establecido de conformidad con el artículo 37 del Reglamento (UE) n.o 1093/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo (4),

(1)

El 23 de abril de 2019, Tana-Chemie GmbH presentó a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas («Agencia»), de conformidad con el artículo 43, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012 y con el artículo 4 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 414/2013 de la Comisión (2), una solicitud de autorización de la Unión para el mismo biocida único, según se establece en el artículo 1 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 414/2013 de la Comisión, denominado «APESIN Handaktiv», para el tipo de producto 1 que se describe en el anexo V del Reglamento (UE) n.o 528/2012. La solicitud se registró con el número de caso BC-CF051114-66 en el Registro de Biocidas («Registro»). La solicitud también indicaba el número de solicitud de la familia de biocidas de referencia afín «Knieler & Team Propanol Family», que figura en el Registro con el número de caso BC-AQ050985-22.

(2)

El mismo biocida único «APESIN Handaktiv» contiene como sustancias activas propan-1-ol y propan-2-ol, que figuran en la lista de la Unión de sustancias activas aprobadas contemplada en el artículo 9, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 528/2012 para el tipo de producto 1.

(3)

El 8 de diciembre de 2021, la Agencia presentó a la Comisión un dictamen (3) y el proyecto de resumen de las características del biocida («resumen») relativo a «APESIN Handaktiv», de conformidad con el artículo 6 del Reglamento de Ejecución (UE) n.o 414/2013.

(4)

En el dictamen se llegaba a la conclusión de que las diferencias propuestas entre el mismo biocida único y el biocida de referencia afín se limitan a información que podía estar sujeta a cambios administrativos de conformidad con el Reglamento de Ejecución (UE) n.o 354/2013 de la Comisión (4) y de que, sobre la base de la evaluación de la familia de biocidas de referencia afín «Knieler & Team Propanol Family» y siempre que sea conforme con el proyecto de resumen, el mismo biocida único cumple las condiciones establecidas en el artículo 19, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012.

(5)

El 20 de octubre de 2022, la Agencia envió a la Comisión el proyecto de resumen de las características del biocida en todas las lenguas oficiales de la Unión, de conformidad con el artículo 44, apartado 4, del Reglamento (UE) n.o 528/2012.

(6)

La Comisión está de acuerdo con el dictamen de la Agencia y, por tanto, considera adecuado conceder una autorización de la Unión para el mismo biocida único «APESIN Handaktiv».

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Biocidas.

(1)

De conformidad con el artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, la solicitud de registro de la denominación «Nordhessische Ahle Wurscht / Nordhessische Ahle Worscht» presentada por Alemania ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (2).

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 51 del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, procede registrar la denominación «Nordhessische Ahle Wurscht / Nordhessische Ahle Worscht».

(1)

Mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/649 (2) de la Comisión, la Comisión Europea («la Comisión») estableció derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados, originarios de la República Popular China («China» o «el país afectado») («las medidas originales»). En adelante, la investigación que condujo a la aplicación de las medidas originales se denominará «la investigación original». Los derechos antidumping en vigor actualmente se sitúan entre el 0 y el 31,3 % (3). Los tipos de derecho se establecieron sobre la base del margen de perjuicio de conformidad con la regla del derecho inferior, tal como se establece en el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base.

(2)

A raíz de la publicación de un anuncio de expiración inminente (4), la Comisión recibió una solicitud de reconsideración de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base.

(3)

La Asociación Europea del Acero EUROFER («el solicitante») presentó la solicitud de reconsideración («la solicitud») el 4 de enero de 2022 en nombre de la industria de la Unión de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados, en el sentido del artículo 5, apartado 4, del Reglamento de base. La solicitud de reconsideración se basaba en que la expiración de las medidas probablemente daría lugar a la reaparición del dumping y del perjuicio para la industria de la Unión.

(4)

La Asociación China del Hierro y el Acero («CISA») alegó que EUROFER ejerció una confidencialidad excesiva en la solicitud de reconsideración, en la medida en que las partes interesadas no pudieron formular observaciones a ese respecto de manera significativa y que, por tanto, la solicitud debería haberse rechazado. Según la CISA, el uso deliberado de una confidencialidad excesiva les impidió tener una comprensión razonable de la situación durante el período de investigación. En particular, en relación con el modelo de costes de los productores de la Unión, la CISA alegó que el Acuerdo Antidumping de la OMC, en particular su artículo 6.5.1, así como el Reglamento de base, en particular su artículo 19, presentan un texto similar en lo que respecta a la obligación de las partes interesadas de divulgar información no confidencial.

(5)

El artículo 19 del Reglamento de base prevé la protección de la información confidencial en circunstancias en las que su divulgación supondría, desde el punto de vista de la competencia, una ventaja significativa para un competidor o tendría un efecto adverso significativo para la persona que proporcione la información o para un tercero del que la haya recibido. La información facilitada en los anexos limitados de la solicitud entra dentro de estas categorías. En particular, por lo que se refiere a los índices de consumo específicos de los factores de producción necesarios para la fabricación del producto objeto de reconsideración por parte de los productores de la Unión, indicados en la solicitud de reconsideración por expiración, la Comisión observó que estos datos contienen información comercial secreta y, por tanto, no puede ser resumida. El solicitante utilizó los índices de consumo de los factores de producción para calcular el valor normal. Al mismo tiempo, la versión no confidencial de la solicitud de reconsideración por expiración contenía pruebas suficientes en relación con los factores de producción utilizados realmente para calcular el valor normal. Del mismo modo, durante la investigación, los productores exportadores que cooperaron no estaban obligados a revelar o resumir determinada información confidencial, como la receta real para sus tipos de producto, que contiene los índices de consumo de los factores de producción. Por tanto, la Comisión consideró que la versión para inspección por las partes interesadas de la solicitud incluía todas las pruebas esenciales y que la información incluida en la versión no confidencial de la denuncia era suficiente para permitir a las partes interesadas ejercer su derecho de defensa. En consecuencia, se rechazó la alegación.

(6)

Tras determinar, previa consulta al comité establecido por el artículo 15, apartado 1, del Reglamento de base, que existían pruebas suficientes para iniciar una reconsideración por expiración, la Comisión inició el 5 de abril de 2022 una reconsideración por expiración relativa a las importaciones a la Unión de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados, originarios de China de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base. La Comisión publicó un anuncio de inicio en el Diario Oficial de la Unión Europea (5) («el anuncio de inicio»).

(7)

La CISA alegó que los niveles de rentabilidad de la industria de la Unión comunicados en la solicitud deberían haber llevado a la Comisión a rechazar dicha solicitud, y que esta no demostraba que la expiración de las medidas permitiera presumir razonablemente la continuación del perjuicio. Según la CISA, la situación de la industria de la Unión no es tan delicada como alegó EUROFER. Adujo que ninguno de los indicadores de perjuicio durante todo el período considerado había disminuido por debajo del índice de disminución del consumo y que la industria de la Unión había podido recuperarse en cierta medida durante el tiempo en que disfrutó de la protección de las medidas en vigor. Por último, la CISA señaló también que la imposición de medidas iría en contra del interés de la Unión debido al impacto de las sanciones de la UE, así como a las perturbaciones de la cadena de suministro interrelacionadas y a la recuperación posterior a la COVID-19.

(8)

La Comisión recordó que la solicitud se basaba en la probabilidad de reaparición del perjuicio y no en la continuación del perjuicio. Así pues, las cifras de rentabilidad indicadas en la solicitud de reconsideración no eran óbice para el inicio de una investigación de la reconsideración, que es de carácter prospectivo. En cualquier caso, la rentabilidad es solo uno de los muchos indicadores utilizados para analizar la situación económica de la industria de la Unión. Al contrario de lo que afirma la CISA, el análisis de la solicitud llevado a cabo por la Comisión ha demostrado que el solicitante había aportado pruebas suficientes en la fase inicial que indicaban una probabilidad de reaparición del perjuicio en caso de que se permitiera que las medidas antidumping aplicables a las importaciones procedentes de China dejaran de tener efecto. A este respecto, la Comisión recordó que no existe obligación jurídica alguna de tener en cuenta el interés de la Unión al evaluar la pertinencia de una solicitud de reconsideración por expiración. Por lo tanto, el inicio de la investigación de la reconsideración estaba justificado.

(9)

La investigación de la continuación o reaparición del dumping abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2021 («el período de investigación de la reconsideración»). El análisis de las tendencias pertinentes para evaluar la probabilidad de continuación o reaparición del perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2018 y el final del período de investigación de la reconsideración («el período considerado»).

(10)

En el anuncio de inicio se invitó a las partes interesadas a ponerse en contacto con la Comisión para participar en la investigación. La Comisión informó específicamente al solicitante, a todos los productores conocidos de la Unión, a los productores conocidos y a las autoridades de la República Popular China, así como a los importadores, usuarios y comerciantes conocidos, sobre el inicio de la reconsideración por expiración y les invitó a participar.

(11)

Se brindó a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre el inicio de la reconsideración por expiración y de solicitar una audiencia con la Comisión o el consejero auditor en los procedimientos comerciales.

(12)

En el anuncio de inicio, la Comisión indicó que podría realizar un muestreo de las partes interesadas con arreglo al artículo 17 del Reglamento de base.

(13)

En el anuncio de inicio, la Comisión indicó que había seleccionado provisionalmente una muestra de productores de la Unión. La Comisión seleccionó la muestra en función del mayor volumen de producción del producto similar en la Unión durante el período de investigación de la reconsideración que pudiera investigarse razonablemente en el plazo disponible. Dicha muestra consistía en tres productores de la Unión. Los productores de la Unión incluidos en la muestra representaban alrededor del 29 % de la producción total estimada de la Unión durante el período de investigación de la reconsideración. De conformidad con el artículo 17, apartado 2, del Reglamento de base, la Comisión invitó a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre la muestra provisional. No se recibieron observaciones y la Comisión confirmó la muestra seleccionada provisionalmente. La muestra es representativa de la industria de la Unión.

(14)

Aunque no se presentaron observaciones durante el procedimiento de selección de la muestra, la CISA alegó en un escrito posterior que el nivel de representatividad era bajo, especialmente en comparación con la muestra seleccionada en la investigación original, que abarcaba el 45 % de la producción de la Unión. La CISA invitó a la Comisión a examinar en detalle si este descenso no afecta al nivel de representatividad de la industria nacional.

(15)

La Comisión recordó, en primer lugar, que las diferencias en la muestra entre la investigación original y la investigación de la reconsideración por expiración no invalidan la representatividad de la muestra. En segundo lugar, la Comisión señaló que, aparte de una comparación con la muestra de la investigación original, la CISA no presentó ningún elemento sustancial que demostrara que la muestra no era representativa. Dado que la muestra se seleccionó de conformidad con el artículo 17 del Reglamento de base, a partir de los volúmenes de producción del producto similar en la Unión durante el período de investigación de la reconsideración, así como de la representatividad geográfica, y se limitó a un número de productores de la Unión que pudiera investigarse razonablemente en el plazo disponible, la Comisión confirmó que la muestra se consideraba representativa.

(16)

Para decidir si era necesario el muestreo y, en caso afirmativo, seleccionar una muestra, la Comisión pidió a los importadores no vinculados que facilitaran la información especificada en el anuncio de inicio.

(17)

No se dio a conocer ningún importador no vinculado que facilitara la información solicitada.

(18)

Para decidir si el muestreo era necesario y, en tal caso, seleccionar una muestra, la Comisión pidió a todos los productores exportadores conocidos de la República Popular China que facilitaran la información especificada en el anuncio de inicio. Además, pidió a las autoridades chinas que, si había otros productores que pudieran estar interesados en participar en la investigación, los identificara o se pusiera en contacto con ellos.

(19)

En el inicio de la reconsideración por expiración, la Comisión puso a disposición de los interesados, para su inspección, una copia de los cuestionarios del expediente y la publicó en el sitio web de la Dirección General de Comercio. (6)

(20)

Ningún productor chino facilitó la información solicitada ni accedió a ser incluido en la muestra. La Comisión informó a la Representación de la República Popular China ante la Unión Europea de su intención de aplicar los datos disponibles de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base. No se recibió observación alguna al respecto.

(21)

Por lo tanto, dado que los productores exportadores chinos no cooperaron, las conclusiones relativas a las importaciones procedentes de China se formularon sobre la base de los datos disponibles de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base, en particular utilizando estadísticas comerciales sobre importaciones y exportaciones [Eurostat, Global Trade Atlas («GTA») (7) y la solicitud de reconsideración por expiración].

(22)

La Comisión remitió al Gobierno de la República Popular China («las autoridades chinas») (8) un cuestionario sobre la existencia en China de distorsiones significativas a efectos del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base. No se recibió respuesta. En consecuencia, la Comisión informó a la Representación de la República Popular China ante la Unión Europea de su intención de aplicar los datos disponibles de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base. No se recibió observación alguna al respecto.

(23)

Se recibieron respuestas al cuestionario de los productores de la Unión incluidos en la muestra.

(24)

La Comisión recabó y verificó toda la información que consideró necesaria para determinar la probabilidad de la continuación o reaparición del dumping y del perjuicio, así como el interés de la Unión. Se realizaron inspecciones in situ con arreglo a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de base en los locales de las siguientes empresas:

(25)

El 4 de abril de 2023, la Comisión comunicó los hechos y consideraciones esenciales en los que se basaba su intención de mantener los derechos antidumping en vigor. Se concedió un plazo dentro del cual todas las partes podían formular observaciones en relación con la comunicación.

(26)

La Comisión examinó las observaciones de las partes interesadas y las tuvo en cuenta, en su caso. Se concedió audiencia a las partes que lo solicitaron. La CISA solicitó y obtuvo una audiencia con los servicios de la Comisión el 12 de abril de 2023.

(27)

El producto objeto de esta reconsideración consiste en determinados productos planos laminados de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados, enrollados o sin enrollar (incluidos los productos «cortados a medida» y «de franja estrecha»), simplemente laminados en caliente, sin chapar, revestir ni recubrir («PLC» o «el producto objeto de reconsideración»).

La presente reconsideración no cubre los productos siguientes:

El producto objeto de reconsideración está clasificado actualmente en los códigos NC 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (código TARIC 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (código TARIC 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (códigos TARIC 7226191091 y 7226191095), 7226 91 91 y 7226 91 99. Los códigos NC y TARIC se indican a título meramente informativo, sin perjuicio de que se produzca un cambio posterior en la clasificación arancelaria.

(28)

Los productos planos de acero laminados en caliente se fabrican mediante laminado en caliente; se trata de un proceso para trabajar el metal en el que se pasa metal caliente a través de uno o varios pares de rodillos en caliente para reducir y uniformizar el espesor, proceso en el que la temperatura del metal está por encima de la temperatura de recristalización. Pueden entregarse en diversas formas: enrollados (engrasados o sin engrasar, decapados o sin decapar), en longitudes a medida (chapa) o en franjas estrechas.

Existen dos usos principales de los productos planos de acero laminados en caliente. En primer lugar, se utilizan como materia prima para la producción de diversos productos de acero transformados con valor añadido, empezando por los productos de acero planos y revestidos laminados en frío. En segundo lugar, se utilizan como insumos industriales adquiridos por usuarios finales para diversas aplicaciones, como la construcción (producción de tubos de acero), la construcción naval, los recipientes de gases, los automóviles, los recipientes a presión y las conducciones de energía.

(29)

El producto afectado por la presente investigación es el producto objeto de reconsideración originario de la República Popular China.

(30)

Según lo establecido en la investigación original, la presente investigación de reconsideración por expiración confirmó que los siguientes productos tienen las mismas características físicas básicas, así como los mismos usos básicos:

(31)

Se considera, por tanto, que estos son productos similares en el sentido del artículo 1, apartado 4, del Reglamento de base.

(32)

Durante el período de investigación de la reconsideración se siguieron realizando importaciones de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados, originarios de China, si bien a niveles inferiores a los del período de investigación de la investigación original (es decir, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015). Según los datos de Eurostat, las importaciones de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados, originarios de China representaron menos del 0,1 % del mercado de la Unión en el período de investigación de la reconsideración, frente a una cuota de mercado del 4,32 % (9) durante el período de investigación de la investigación original. En términos absolutos, China exportó a la Unión unas 28 743 toneladas durante el período de investigación de la reconsideración, lo que supone una disminución significativa en comparación con las aproximadamente 1 519 304 toneladas (10) que exportó a la Unión durante el período de investigación de la investigación original.

(33)

Tal como se ha mencionado en el considerando 20, ninguno de los exportadores o productores de China cooperó en la investigación. Por lo tanto, se informó a las autoridades chinas de que, debido a la falta de cooperación, la Comisión podría aplicar el artículo 18 del Reglamento de base en cuanto a las conclusiones con respecto a China. La Comisión no recibió ninguna observación ni solicitud de intervención del consejero auditor a este respecto.

(34)

Por lo tanto, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base, las conclusiones relativas a la probabilidad de continuación o reaparición del dumping con respecto a China se basaron en los datos disponibles, en particular la información incluida en la solicitud de reconsideración por expiración y en la información comunicada por las partes interesadas, junto con otras fuentes de información, como estadísticas comerciales sobre importaciones y exportaciones (Eurostat, GTA (11)).

(35)

Dado que al inicio de la investigación había datos disponibles suficientes que tendían a demostrar, con respecto a China, la existencia de distorsiones significativas a efectos del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base, la Comisión inició la investigación con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base.

(36)

A fin de obtener la información que consideró necesaria para su investigación en relación con las supuestas distorsiones significativas, la Comisión envió un cuestionario a las autoridades chinas. Además, en el punto 5.3.2 del anuncio de inicio, la Comisión invitaba a todas las partes interesadas a expresar sus puntos de vista, facilitar información y aportar pruebas justificativas relativas a la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base en un plazo de treinta y siete días a partir de la fecha de publicación de dicho anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea. Las autoridades chinas no respondieron al cuestionario; tampoco se recibieron alegaciones sobre la aplicación del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base dentro del plazo. Posteriormente, la Comisión informó a las autoridades chinas de que utilizaría los datos disponibles a tenor del artículo 18 del Reglamento de base para determinar la existencia de distorsiones significativas en China.

(37)

En el punto 5.3.2 del anuncio de inicio, la Comisión también especificó que, a la vista de las pruebas disponibles, había seleccionado provisionalmente a México como país representativo adecuado de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base, a fin de determinar el valor normal basado en precios o valores de referencia no distorsionados. La Comisión también señaló que examinaría otros posibles países representativos adecuados de conformidad con los criterios establecidos en el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), primer guion, del Reglamento de base.

(38)

El 29 de agosto de 2022, la Comisión informó a las partes interesadas mediante una «nota sobre los factores de producción» de las fuentes pertinentes que tenía previsto utilizar para determinar el valor normal, con México como país representativo. En dicha nota, la Comisión facilitó una lista de todos los factores de producción, como las materias primas, la mano de obra y la energía utilizados en la producción de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados. Asimismo, informó a las partes interesadas de que establecería los gastos de venta, generales y administrativos y los beneficios basándose en la información disponible de la empresa Ternium SA, un productor del país representativo.

(39)

La CISA presentó sus observaciones el 16 de septiembre de 2022. La CISA alegó que los datos de importación del GTA no reflejan los precios nacionales sino los precios de importación, que suelen verse afectados por numerosos factores, como el volumen de las importaciones o la disponibilidad de un producto determinado y la distancia entre los países exportadores e importadores. La Comisión reconoció que, en efecto, los datos de importación del GTA reflejaban los precios de importación. Sin embargo, en el expediente no se indicaba que dichos precios no reflejaran los precios internos del país representativo o que la calidad o la cantidad de los datos de importación utilizados hicieran que estos no fueran válidos para calcular el valor normal de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base. En consecuencia, se rechazó la alegación.

(40)

Además, la CISA cuestionó si el uso de la media ponderada del precio unitario permitiría reflejar un coste unitario significativo de materias primas como las ferroaleaciones, ya que existían diferencias significativas en el precio unitario en función del grado de las materias primas o el país de origen. Dado que los productores chinos decidieron no cooperar en la investigación, la Comisión no pudo determinar el grado de las ferroaleaciones utilizado por ellos específicamente para la fabricación de PLC. Por lo tanto, se estableció un precio de importación al país representativo utilizando una media ponderada de los precios unitarios de las importaciones de cualquier grado procedentes de todos los terceros países, excepto China y los países que no son miembros de la OMC, enumerados en el anexo I del Reglamento (UE) 2015/755 del Parlamento Europeo y del Consejo (12).

(41)

Además, la CISA planteó la cuestión de la exactitud del precio unitario cif pagado por cada factor de producción, ya que los datos de importación del GTA notificados por México son a nivel fob, no cif. En el contexto de una reconsideración por expiración, la Comisión no está obligada a calcular un margen de dumping preciso, sino a determinar la probabilidad de continuación o reaparición del dumping. Dado que, como se explica en el considerando 118 siguiente, la conclusión de que la diferencia de precio entre el valor normal y el precio de exportación al resto del mundo era superior al 100 %, aunque se hubiera utilizado un coeficiente de conversión diferente basado en el origen real de las mercancías importadas, la Comisión habría llegado a las mismas conclusiones. En consecuencia, se rechazó la alegación.

(42)

Con arreglo al artículo 2, apartado 1, del Reglamento de base, «el valor normal se basará en principio en los precios pagados o por pagar, en el curso de operaciones comerciales normales, por clientes independientes en el país de exportación».

(43)

Sin embargo, de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del mismo Reglamento, «si […] se determina que no es adecuado utilizar los precios y costes internos del país exportador debido a la existencia en ese país de distorsiones significativas a tenor de la letra b), el valor normal se calculará exclusivamente a partir de costes de producción y venta que reflejen precios o valores de referencia no distorsionados» e «incluirá una cantidad no distorsionada y razonable en concepto de gastos administrativos, de venta y generales y en concepto de beneficios».

(44)

Como se explica más adelante, en la presente investigación, la Comisión llegó a la conclusión de que, sobre la base de los datos disponibles y, teniendo en cuenta la ausencia de cooperación de las autoridades chinas y de los productores, era oportuno aplicar el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base.

(45)

En recientes investigaciones relativas al sector siderúrgico de China (13), la Comisión constató la existencia de distorsiones significativas en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base.

(46)

En estas investigaciones, la Comisión constató que existe una considerable intervención de los poderes públicos en China que da lugar a una alteración de la asignación efectiva de recursos en consonancia con los principios del mercado (14). En particular, la Comisión concluyó que el sector del acero, que es la principal materia prima para producir el producto objeto de reconsideración, no solo sigue estando en gran medida en manos de las autoridades chinas, en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), primer guion, del Reglamento de base (15), sino que las autoridades chinas también están en condiciones de interferir en los precios y los costes gracias a la presencia del Estado en las empresas en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), segundo guion, del Reglamento de base (16). La Comisión también constató que la presencia e intervención del Estado en los mercados financieros, así como en el suministro de materias primas e insumos, tienen un efecto distorsionador adicional en el mercado. En efecto, por lo general, el sistema de planificación de China hace que los recursos se concentren en los sectores que las autoridades chinas consideran estratégicos o políticamente importantes, en lugar de asignarse en consonancia con las fuerzas del mercado (17). Además, la Comisión llegó a la conclusión de que la legislación en materia de propiedad y Derecho concursal chinos no funcionan de manera adecuada, en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), cuarto guion, del Reglamento de base, lo que genera distorsiones en particular para mantener a flote las empresas insolventes y asignar los derechos de uso del suelo en China (18). En la misma línea, la Comisión constató distorsiones de los costes salariales en el sector siderúrgico en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), quinto guion, del Reglamento de base (19), así como distorsiones en los mercados financieros en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), sexto guion, del Reglamento de base, en particular en lo que respecta al acceso al capital del sector empresarial de China (20).

(47)

Al igual que en investigaciones previas relativas al sector siderúrgico en China, la Comisión analizó en la presente investigación si procedía o no utilizar los precios y costes internos de China, debido a la existencia de distorsiones significativas a tenor del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base. Para ello, tomó como base los datos disponibles en el expediente, incluidos los contenidos en la solicitud, así como en el documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre distorsiones significativas en la economía de la República Popular China a efectos de las investigaciones de defensa comercial (21) («Informe»), que proceden de fuentes públicamente disponibles. Este análisis examinó las intervenciones sustanciales del Estado en la economía china en general, así como la situación específica del mercado en el sector en cuestión, en particular el producto objeto de reconsideración. La Comisión complementó estos elementos probatorios con sus propias investigaciones sobre los diferentes criterios pertinentes para confirmar la existencia de distorsiones significativas en China, como también constataron sus anteriores investigaciones al respecto.

(48)

En la solicitud se alegaba que la economía china en su conjunto está ampliamente influida y afectada por diversas intervenciones globales de las autoridades chinas u otras autoridades públicas en diversos niveles de gobierno, en vista de las cuales los precios y costes internos de la industria siderúrgica china no pueden utilizarse en la presente investigación. Para respaldar su posición, la solicitud se refería a las recientes investigaciones de la Comisión sobre el sector siderúrgico chino (22) o a las conclusiones del Foro Mundial del G-20 sobre el exceso de capacidad de la siderurgia (23).

(49)

Más concretamente, la solicitud señalaba que, en el contexto de la doctrina de la «economía de mercado socialista» consagrada en la Constitución de la República Popular China, la omnipresencia del Partido Comunista Chino («PCCh») y su influencia sobre la economía a través de iniciativas de planificación estratégica (como los planes quinquenales 13.° y 14.° (24)), el intervencionismo de las autoridades chinas adopta diversas formas, a saber, administrativa, financiera y reglamentaria.

(50)

La solicitud ofrecía ejemplos de elementos que apuntaban a la existencia de distorsiones, tal como se enumeran en el artículo 2, apartado 6 bis, letra b), guiones primero a sexto, del Reglamento de base. En particular, haciendo referencia a anteriores investigaciones de la Comisión en el sector siderúrgico, al informe y a fuentes adicionales, el solicitante alegó que:

(51)

Las autoridades chinas no presentaron observaciones ni pruebas que respaldaran o refutaran los datos contenidos en el expediente del caso, en particular el Informe y las pruebas adicionales aportadas por el solicitante, sobre la existencia de distorsiones significativas o sobre la pertinencia de aplicar el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base en relación con este asunto.

(52)

Específicamente en el sector del producto objeto de reconsideración, es decir, el sector siderúrgico, persiste un grado significativo de propiedad por parte de las autoridades chinas en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), primer guion, del Reglamento de base. Puesto que no hubo cooperación alguna por parte de los exportadores chinos del producto objeto de reconsideración, no fue posible determinar la proporción exacta de productores privados y de propiedad estatal. Sin embargo, la investigación confirmó que los dos mayores productores del sector siderúrgico, a saber, Angang Steel Group («Ansteel») y China Baowu Steel Group («Baowu»), son propiedad del Estado en su totalidad o bien el Estado cuenta con una participación de control. En todo caso, aun cuando no se disponga de información específica para el producto objeto de reconsideración, el sector representa un subsector de la industria siderúrgica y, por tanto, las conclusiones relativas a dicho sector se consideran también indicativas para el producto objeto de reconsideración.

(53)

Tanto las empresas públicas como las privadas del sector siderúrgico están sujetas a supervisión y orientación política. Los últimos documentos de política chinos relativos al sector siderúrgico confirman la importancia que las autoridades chinas siguen atribuyendo al sector, en particular la intención de intervenir en él para configurarlo en consonancia con las políticas gubernamentales. Prueba de ello es el borrador del Dictamen orientativo sobre el fomento de un desarrollo de alta calidad de la industria del acero del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, que pide una mayor consolidación de la base industrial y una mejora significativa en el nivel de modernización de la cadena industrial (30); el Decimocuarto Plan Quinquenal sobre el Desarrollo de la Industria de las Materias Primas, según el cual el sector «se adherirá a la combinación de liderazgo del mercado y promoción del gobierno» y «cultivará un grupo de empresas líderes con liderazgo ecológico y competitividad fundamental» (31); así como también el Decimocuarto Plan Quinquenal sobre el Desarrollo de la Industria de la Chatarra de Acero, cuyos objetivos principales son «aumentar de forma continuada la proporción de aplicación de la chatarra de acero, y para el final del Decimocuarto Plan Quinquenal, la proporción de chatarra total de la fabricación de acero nacional alcanzará el 30 %» (32).

(54)

Pueden verse ejemplos similares de la intención de las autoridades chinas de supervisar y guiar los avances del sector a nivel provincial, como en Hebei, que planea «aplicar de forma constante el desarrollo grupal de las organizaciones, acelerar la reforma relativa a la propiedad mixta de las empresas estatales, centrarse en promover la fusión y reorganización interregional de las empresas privadas del hierro y el acero, y esforzarse por establecer uno o dos grandes grupos de nivel mundial, de tres a cinco grandes grupos con influencia nacional como apoyo» y «expandir aún más los canales de reciclaje y circulación de la chatarra de acero, así como reforzar la selección y la clasificación de la chatarra de acero» (33). Además, el plan de Hebei para el sector siderúrgico incluye varias referencias específicas a los productos de acero laminados en caliente: «Animar a las empresas de producción de chapas a acelerar la transformación de los laminadores en caliente de bajo nivel […] y esforzarse por garantizar que, para 2022, las chapas primarias laminadas en caliente representen más del 30 % de las operaciones de transformación profunda (34)». Además: «Consolidar las ventajas del mercado del alambre y las barras. Animar a los fabricantes de alambre y barras a que lleven a cabo actividades de I+D y de producción de barras de acero corrugado laminadas en caliente de más de 500 MPa, así como mejoras de los productos de plomo. Apoyar a empresas siderúrgicas especiales para combinar la transformación de la tecnología y de los equipos, y modernizar y desarrollar acero para rodamientos, acero para engranajes y otros productos siderúrgicos especiales».

(55)

De igual modo, el Plan de ejecución de Henan para la transformación y actualización de la industria siderúrgica durante el Decimocuarto Plan Quinquenal prevé la «construcción de bases de producción de acero características […], construir seis bases de producción de acero características en Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhouou, etc., y mejorar la escala, intensificación y especialización de la industria. Entre ellas, para 2025, se controlará que la capacidad de producción de arrabio en Anyang llegue a catorce millones de toneladas, y que la capacidad de producción de acero bruto llegue a quince millones de toneladas» (35). El Plan de ejecución de Henan también incluye referencias específicas a los productos laminados en caliente: «Apoyar a las empresas de laminado en caliente para que participen en la fusión y la reorganización de las empresas siderúrgicas y mejorar la resiliencia y la concentración de la cadena industrial (36)». También pueden verse más objetivos de política industrial en los documentos de planificación de otras provincias, como Jiangsu (37), Shandong (38), Shanxi (39) o Zhejiang (40), o municipios como Liaoning Dalian (41).

(56)

En cuanto a si las autoridades chinas están en condiciones de interferir en los precios y los costes a través de la presencia del Estado en las empresas en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), segundo guion, del Reglamento de base, debido a la falta de cooperación de los productores exportadores no fue posible establecer de manera sistemática la existencia de conexiones personales entre los fabricantes del producto objeto de reconsideración y el PCCh. Con todo, habida cuenta de que el producto objeto de reconsideración representa un subsector del sector siderúrgico, la información disponible con respecto a los productores de acero también es pertinente para dicho producto.

(57)

Por ejemplo, el presidente de Ansteel es, al mismo tiempo, el secretario del Comité del Partido. De igual modo, el director general de Ansteel ocupa el cargo de secretario adjunto del Comité del Partido (42). En el caso de Baowu, el presidente de Baosteel, que es una filial propiedad al 100 % de Baowu, ostenta al mismo tiempo el cargo de secretario del Comité del Partido, mientras que el director ejecutivo ocupa también el cargo de secretario adjunto del Comité del Partido y el vicedirector general es también miembro del Comité Permanente del Comité del Partido (43).

(58)

Asimismo, el sector del producto objeto de reconsideración cuenta con políticas que discriminan en favor de productores nacionales o que influyen de otro modo en el mercado en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), tercer guion, del Reglamento de base. Como se ha descrito en el considerando 54 en relación con el plan de acción de Hebei y en el considerando 55 en relación con el Plan de acción de Henan, la investigación pudo señalar algunos documentos que orientaban específicamente el desarrollo del subsector de los productos planos de acero laminados en caliente. Además, la investigación aportó otros documentos que demostraban que la industria se beneficia de orientación e intervención por parte de las autoridades en el sector siderúrgico, dado que el producto objeto de reconsideración corresponde a uno de sus subsectores.

(59)

Las autoridades chinas siguen considerando que la industria siderúrgica es esencial (44). Los numerosos planes, directrices y demás documentos centrados en el acero que se publican a escala nacional, regional y municipal lo confirman. En el marco del Decimocuarto Plan Quinquenal, adoptado en marzo de 2021, las autoridades chinas reservaron a la industria siderúrgica un lugar destacado en cuanto a transformación y modernización, así como a optimización y ajuste estructural (45). Del mismo modo, el Decimocuarto Plan Quinquenal sobre el Desarrollo de la Industria de las Materias Primas, aplicable también a la industria siderúrgica, califica al sector de «cimiento de la economía real» y «un ámbito clave que da forma a la ventaja competitiva internacional de China» y establece una serie de objetivos y métodos de trabajo que impulsarían el desarrollo del sector siderúrgico en el período 2021-2025, como la actualización tecnológica, la mejora de la estructura del sector (en particular mediante nuevas concentraciones empresariales) o la transformación digital (46).

(60)

El mineral de hierro es la materia prima fundamental para la producción de productos planos de acero laminados en caliente. El mineral de hierro también se menciona en el Decimocuarto Plan Quinquenal sobre el Desarrollo de la Industria de las Materias Primas, en el que el Estado tiene previsto «desarrollar racionalmente los recursos minerales nacionales. Reforzar la exploración del mineral de hierro […], ejecutar políticas fiscales preferenciales, fomentar la adopción de tecnología y equipos avanzados para reducir la generación de residuos sólidos de minería» (47). En las provincias, como en Hebei, las autoridades prevén lo siguiente para el sector: «una subvención de descuento a la inversión en nuevos proyectos; aconsejar y orientar a las instituciones financieras para que ofrezcan préstamos de interés bajo para que las empresas siderúrgicas se desplacen a nuevos sectores y, al mismo tiempo, las autoridades públicas proporcionarán subvenciones de descuento» (48). En resumen, las autoridades chinas han adoptado medidas para inducir a los operadores a cumplir los objetivos de la política pública centrados en respaldar a las industrias fomentadas, en particular la producción de las principales materias primas utilizadas para la fabricación del producto objeto de reconsideración. Tales medidas impiden que las fuerzas del mercado funcionen libremente.

(61)

La presente investigación ha revelado algunas pruebas de la aplicación discriminatoria o inadecuada de las leyes en materia de propiedad y Derecho concursal, de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra b), cuarto guion, del Reglamento de base, en el sector de los productos planos de acero laminados en caliente. Se observó, en particular, en relación con la fábrica de Chaoyang Iron & Steel, que venía sufriendo pérdidas durante cinco años consecutivos (de 2010 a 2015) y estaba al borde de la quiebra. También fue identificada como «empresa zombi» por la Comisión de Supervisión de Activos Públicos (49).

(62)

El sector de los productos planos de acero laminados en caliente se ve asimismo afectado por las distorsiones de los costes salariales en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), quinto guion, del Reglamento de base, a los que también se refiere el considerando 46. Estas distorsiones afectan al sector tanto de forma directa (en la fabricación del producto objeto de reconsideración o de los principales insumos) como de forma indirecta (en el acceso a los insumos de empresas sujetas al mismo sistema laboral en China) (50).

(63)

Asimismo, en la presente investigación no se presentaron pruebas que demostraran que el sector del producto objeto de reconsideración no se ve afectado por la intervención de los poderes públicos en el sistema financiero en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), sexto guion, del Reglamento de base, como también se ha mencionado en el considerando 46. Por tanto, la intervención sustancial de los poderes públicos en el sistema financiero afecta gravemente a las condiciones del mercado a todos los niveles.

(64)

Por último, la Comisión recuerda que para fabricar el producto objeto de reconsideración se necesitan una serie de insumos. Cuando los productores de productos planos de acero laminados en caliente compran o contratan estos insumos, los precios que pagan (y que se registran como costes) están claramente expuestos a las distorsiones sistémicas antes mencionadas. Por ejemplo, los proveedores de insumos emplean mano de obra que está sujeta a las distorsiones. Los posibles préstamos que reciban estarán sujetos a las distorsiones del sector financiero o de la asignación de capital. Además, se rigen por el mismo sistema de planificación que se aplica a todos los niveles de la Administración pública y a todos los sectores.

(65)

Como consecuencia de ello, no solo no es apropiado utilizar los precios de venta internos de los productos planos de acero laminados en caliente a efectos del artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base, sino que también se ven afectados todos los costes de los insumos (en particular las materias primas, la energía, los terrenos, la financiación, la mano de obra, etc.), ya que la intervención sustancial de los poderes públicos incide en la formación de sus precios, tal como se describe en las partes I y II del Informe. De hecho, las intervenciones de los poderes públicos descritas en relación con la asignación de capital, terrenos, mano de obra, energía y materias primas están presentes en toda China. Esto significa, por ejemplo, que un insumo producido en China combinando una serie de factores de producción está expuesto a distorsiones significativas. Lo mismo se aplica al insumo del insumo, y así sucesivamente.

(66)

El 19 de mayo de 2022 (51) y el 16 de septiembre de 2022 (52), la CISA presentó diversos argumentos en relación con las alegaciones sobre distorsiones significativas. En primer lugar, la CISA alegó que el Informe en el que se basó la Comisión no cumplía las normas relativas a las pruebas imparciales y objetivas y a las pruebas de suficiente fuerza probatoria, ya que, en particular, fue elaborado por la Comisión con el fin específico de facilitar a las industrias de la Unión la presentación de una denuncia en el ámbito de las medidas comerciales. Además, la CISA alegó que, dado que el Informe se publicó en 2017, no podía reflejar las presuntas distorsiones para el período de investigación que abarca el año civil 2021.

(67)

La Comisión manifestó su desacuerdo. La Comisión señaló que el Informe es un documento exhaustivo basado en numerosas pruebas objetivas, entre ellas la legislación, las normativas y otros documentos estratégicos oficiales publicados por las autoridades chinas, informes de organizaciones internacionales independientes, estudios y artículos académicos, y otras fuentes independientes fiables. Se puso a disposición del público desde diciembre de 2017, de modo que cualquier parte interesada habría tenido amplia oportunidad de refutar, complementar o comentar dicho informe y las pruebas en las que se basa, y ni las autoridades chinas ni otras partes han presentado argumentos ni pruebas que refuten las fuentes incluidas en el Informe sobre China. De igual modo, en lo que respecta a la alegación de que el Informe estaba desactualizado, la Comisión señaló en concreto que los principales documentos de política y elementos de prueba recogidos en el Informe, en particular los planes quinquenales pertinentes y la legislación aplicable al producto objeto de reconsideración, continuaban siendo pertinentes en su mayoría durante el período de investigación de la reconsideración, y que ninguna de las partes ha demostrado que esto ya no fuera así. China no empezó a publicar nuevos planes quinquenales hasta el año 2021 y muchos de esos planes no se hicieron públicos hasta la segunda mitad del año. Esto se confirmó también a través de la investigación específica realizada por la Comisión, tal como se ha resumido anteriormente.

(68)

En segundo lugar, la CISA alegó que el Acuerdo Antidumping de la Organización Mundial del Comercio (OMC) no reconoce el concepto de distorsiones significativas en su artículo 2.2. En su lugar, la disposición permite el cálculo del valor normal en un número limitado de condiciones específicas, entre las cuales no figuran las distorsiones significativas. Por otra parte, la CISA alegó que el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping solo permite utilizar el coste de producción en el país de origen más una cantidad razonable en concepto de gastos administrativos, de venta y generales y beneficios, mientras que el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base permite el uso de datos relativos a un país representativo adecuado, por lo que es incoherente con la OMC. Además, la CISA alegó que cualquier valor calculado tendría que obtenerse de acuerdo con el artículo 2.2.1.1 del Acuerdo Antidumping y con la interpretación del Órgano de Apelación de la OMC dada en el asunto «Unión Europea: Biodiésel (DS473)», así como por el Grupo Especial en el asunto «Unión Europea: Métodos de ajuste de costos II (Rusia) (DS494)», que no mencionan el concepto de distorsiones significativas ni la posibilidad de no tener en cuenta los datos de la empresa exportadora.

(69)

La Comisión consideró que las disposiciones del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base son plenamente compatibles con las obligaciones de la Unión Europea ante la OMC y la jurisprudencia citada por la CISA. La Comisión opina además que, de conformidad con la decisión del Grupo Especial y el Órgano de Apelación de la OMC en el asunto «Unión Europea: Biodiésel (DS473)», las disposiciones del Reglamento de base que se aplican de forma general en relación con todos los miembros de la OMC, en concreto el artículo 2, apartado 5, párrafo segundo, permiten el uso de datos de un tercer país, debidamente ajustados cuando dicho ajuste sea necesario y esté justificado. La existencia de distorsiones significativas hace que no resulte adecuado utilizar los costes y precios del país exportador para el cálculo del valor normal. En estas circunstancias, el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base prevé el cálculo de costes de producción y venta a partir de precios o índices de referencia no distorsionados, en particular los existentes en un país representativo adecuado con un nivel de desarrollo económico similar al del país exportador. En lo que respecta al asunto DS494, la Comisión recordó que tanto la UE como la Federación de Rusia apelaron las conclusiones del Grupo Especial, que no son definitivas y, por lo tanto, según la jurisprudencia vigente de la OMC, carecen de estatuto jurídico en el sistema de la OMC, ya que no han sido refrendadas por el Órgano de Solución de Diferencias mediante una decisión de los miembros de la OMC. En cualquier caso, el informe del Grupo Especial en dicho asunto consideró específicamente que las disposiciones del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base quedaban fuera del ámbito de dicho asunto. Por consiguiente, la Comisión rechazó esta alegación.

(70)

En tercer lugar, la CISA alegó que la práctica de hacer referencia a investigaciones anteriores como «pruebas» de determinadas alegaciones, como hizo el solicitante en la solicitud de la presente investigación, probablemente no resistiría el enfoque del Órgano de Apelación sobre la carga de la prueba, tal como se establece en la resolución del Órgano de Apelación de la OMC en el asunto «Estados Unidos: Derechos antidumping y compensatorios definitivos sobre determinados productos procedentes de China (DS379)». En particular, la CISA se refirió a las conclusiones formuladas por la Comisión en su investigación antisubvenciones relativa a los PLC (53).

(71)

La Comisión rebate esta alegación. Por una parte, la solicitud no solo se basó en los derechos compensatorios sobre los PLC, sino que también incorporó fuentes adicionales para fundamentar la alegación relativa a las distorsiones en el mercado de los PLC (54). Por otra parte, la Comisión no formula sus conclusiones relativas a la aplicabilidad del artículo 2, apartado 6 bis, sobre la base de la solicitud, sino sobre la base de todas las pruebas disponibles, recogidas durante la investigación y presentadas íntegramente en esta sección.

(72)

En cuarto lugar, la CISA planteó la cuestión del Decimocuarto Plan Quinquenal, señalando que, por una parte, dicho Plan hace, en efecto, referencia al sector siderúrgico, pero únicamente en un contexto general, señalando la importancia de la transformación y la modernización generales de las industrias tradicionales, y que, por otra parte, el Plan no debe considerarse legislación vinculante, sino más bien un documento orientativo en el que se expresan opiniones sobre las políticas de cara al futuro. Además, la CISA consideró que planes de este tipo también existen en la UE, como es el caso de los libros blancos y libros verdes de la Comisión Europea, entre otros.

(73)

Este argumento no puede aceptarse. En primer lugar, los planes quinquenales publicados por las autoridades chinas no son documentos meramente orientativos de carácter general, sino que tienen carácter jurídicamente vinculante. En este sentido, la Comisión se refirió al análisis detallado de los planes que se realiza en el capítulo 4 del Informe, cuya sección 4.3.1 contiene un apartado centrado específicamente en su carácter vinculante. El Decimocuarto Plan Quinquenal recuerda explícitamente a todas las autoridades que apliquen con diligencia los planes: «Reforzaremos los sistemas de gestión de la planificación, como catálogos y listas, compilaciones y archivos, así como la alineación y la coordinación, elaboraremos listas y catálogos, como los “Decimocuartos Planes Quinquenales” especiales a nivel nacional, promoveremos el archivo de planes basándonos en la plataforma de información de gestión integrada de la planificación nacional, y gestionaremos de forma unificada varios planes. Estableceremos y mejoraremos los mecanismos de alineación y coordinación de la planificación, alinearemos los planes aprobados por el Comité Central del PCCh y el Consejo de Estado y los planes de desarrollo provinciales con este plan antes de presentarlos para su aprobación; aseguraremos que la planificación espacial a nivel nacional, la planificación especial, la planificación regional y otros niveles de planificación se coordinen con este plan en términos de objetivos principales, direcciones de desarrollo, diseño general, políticas principales, proyectos principales y prevención y control de riesgos» (55). Además, el Decimocuarto Plan Quinquenal sobre el Desarrollo de la Industria de las Materias Primas estipula que «todas las localidades deben mejorar con este Plan, e incluir los principales contenidos y proyectos principales contenidos en él en sus tareas locales principales», mientras que «el sector siderúrgico y otros sectores clave formularán dictámenes de ejecución específicos basados en los objetivos y tareas de este Plan» (56).

(74)

En la presente investigación, las autoridades chinas no han presentado pruebas ni argumentos en sentido contrario.

(75)

Tras la comunicación de la información, la CISA subrayó además que el Informe no cumple las normas de imparcialidad y objetividad de las pruebas ni de que las pruebas tengan suficiente valor probatorio. En relación con lo anterior, la CISA se refirió también a los distintos «planes quinquenales» que, según ella, deben considerarse como un documento político general que establece diversas prioridades en términos de inversiones públicas y no como legislación vinculante.

(76)

Como se explica en los considerandos 67 y 73, estas alegaciones se rechazaron y puesto que no se presentaron pruebas o argumentos adicionales tras la comunicación de la información, la decisión de la Comisión permaneció inalterada.

(77)

En resumen, las pruebas disponibles mostraron que los precios o costes del producto objeto de reconsideración (en particular los costes de las materias primas, la energía y la mano de obra) no son fruto de la libre interacción de las fuerzas del mercado, ya que se ven afectados por una intervención sustancial por parte de los poderes públicos en el sentido del artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base, tal como demuestra el impacto real o posible de uno o varios de los elementos pertinentes enumerados en ellas. Sobre esta base, y ante la falta de cooperación de las autoridades chinas, la Comisión llegó a la conclusión de que, en este caso, no era adecuado utilizar los precios y los costes internos para determinar el valor normal. Por consiguiente, la Comisión procedió a calcular el valor normal basándose exclusivamente en costes de producción y venta que reflejaran precios o índices de referencia no distorsionados, es decir, en este caso concreto, basándose en los costes correspondientes de producción y venta de un país representativo adecuado, de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base, tal como se explica en la siguiente sección.

(78)

La elección del país representativo, de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base, se basó en los criterios siguientes:

(79)

Como se indica en el considerando 38, el 29 de agosto de 2022, la Comisión publicó una nota para el expediente sobre las fuentes para la determinación del valor normal («nota sobre los factores de producción»). Dicha nota describe los hechos y las pruebas en que se sustentan los criterios pertinentes e informa a las partes interesadas de la intención de considerar México como país representativo adecuado en el presente caso si se confirmaba la existencia de distorsiones significativas con arreglo al artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base.

(80)

En consonancia con los criterios mencionados en virtud del artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base, la Comisión determinó que México tiene un nivel similar de desarrollo económico al de China. El Banco Mundial clasifica a México como un país de «ingreso mediano alto» sobre la base de la renta nacional bruta. Además, se determinó que México es un país que fabrica el producto objeto de reconsideración y que los datos pertinentes estaban disponibles.

(81)

Por último, debido a la falta de cooperación y tras determinarse que México era un país representativo adecuado con arreglo a los elementos expuestos anteriormente, no fue necesario realizar una evaluación del nivel de protección social y medioambiental de conformidad con la última frase del artículo 2, apartado 6 bis, letra a), primer guion, del Reglamento de base.

(82)

Debido a la falta de cooperación, tal como se proponía en la solicitud de reconsideración por expiración y dado que México cumplía los criterios establecidos en el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), primer guion, del Reglamento de base, la Comisión consideró que este era el país representativo adecuado.

(83)

En la nota sobre las fuentes pertinentes que se deben utilizar para determinar el valor normal, la Comisión explicó que, dada la falta de cooperación, tendría que basarse en los datos disponibles, de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base. La elección del país representativo se basó en la información incluida en la solicitud de reconsideración por expiración, junto con otras fuentes de información que se consideraron apropiadas con arreglo a los criterios pertinentes establecidos en el artículo 2, apartado 6 bis, del Reglamento de base, de conformidad con el artículo 18, apartado 5, del mismo Reglamento, incluido el Global Trade Atlas («GTA»), a fin de determinar los costes no distorsionados de la mayoría de los factores de producción, en especial las materias primas. Además, la Comisión afirmó que utilizaría las siguientes fuentes para determinar los costes no distorsionados de la energía: para la electricidad, los últimos datos disponibles sobre los precios industriales de la electricidad aplicables en México, publicados por Globalpetrolprices.com (59), y para el gas, el precio publicado en los Índices de Referencia de Precios de Gas Natural (IPGN) (60). Además, la Comisión señaló que, para determinar los costes de mano de obra no distorsionados, utilizaría los últimos datos públicamente disponibles del Departamento de Estadística de la Organización Internacional del Trabajo (ILOSTAT) (61) referentes a los salarios en México.

(84)

La Comisión incluyó un valor para los gastos generales de fabricación con el fin de cubrir los costes no incluidos en los factores de producción mencionados anteriormente. La Comisión estableció la relación entre los gastos generales de fabricación y los costes directos de fabricación, sobre la base de los datos de productores de la Unión facilitados por el solicitante, que proporcionó información específica a tal efecto.

(85)

En la nota sobre los factores de producción, la Comisión indicó que, en el caso del país especificado como país en el que se fabrica el producto objeto de reconsideración, es decir, México, la Comisión señaló la empresa Ternium SA como fabricante del producto objeto de reconsideración, ya que cuenta con datos financieros públicos recientes que presentan beneficios e importes razonables en cuanto a gastos de venta, generales y administrativos, a fin de determinar el valor normal no distorsionado.

(86)

El análisis de los datos de importación puso de manifiesto que México podía servir como país representativo adecuado, ya que sus importaciones de los principales factores de producción no se habían visto afectadas materialmente por las importaciones procedentes de China o de alguno de los países enumerados en el anexo I, del Reglamento (UE) 2015/755 (62).

(87)

Habida cuenta de lo señalado anteriormente, la Comisión informó a las partes interesadas de que, con arreglo a lo previsto en el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), primer guion, del Reglamento de base, tenía intención de utilizar a México como país representativo adecuado y a la empresa Ternium SA para obtener los precios o los valores de referencia no distorsionados a fin de calcular el valor normal.

(88)

Se invitó a las partes interesadas a dar su opinión sobre la idoneidad de México como país representativo y de Ternium SA como productor en el país representativo.

(89)

En sus observaciones, la CISA alegó que, entre los diversos países representativos que la Comisión ha elegido recientemente, México es el único que no puede notificar los precios de importación a nivel cif, y cuestionó el enfoque de la Comisión de añadir un 5 % al precio fob para convertirlo en precio cif. La Comisión observó que, aunque no se aplicara ese coeficiente de conversión, la diferencia de precio entre el valor normal y el precio de exportación al resto del mundo establecida en el considerando 118 habría sido significativa. Por consiguiente, rechazó la alegación.

(90)

La CISA también alegó que la referencia para las ferroaleaciones no era fiable porque los códigos del Sistema Armonizado utilizados consistían en varias aleaciones diferentes con precios unitarios muy diversos. La Comisión observó que la CISA no indicó qué tipos de aleaciones debían retirarse de los datos agregados para ese precio de referencia. Además, la Comisión consideró que esta alegación carecía de fundamento porque, aunque no se estableciera un precio de referencia para este insumo, como se explica en el considerando 118 siguiente, la diferencia de precio entre el valor normal y el precio de exportación al resto del mundo establecido seguiría siendo significativa. Por consiguiente, rechazó la alegación.

(91)

La CISA también cuestionó la idoneidad de los resultados financieros de Ternium SA, ya que se notifican a nivel consolidado y, por tanto, abarcan varios países y otros productos.

(92)

La Comisión consideró que, en el presente caso, el uso de los datos consolidados de Ternium SA era apropiado debido a falta de datos más detallados limitados a Ternium México y al producto objeto de reconsideración. Además, la empresa fabrica esencialmente productos siderúrgicos. Por lo tanto, sus datos se consideraron representativos del sector siderúrgico y del producto objeto de reconsideración. Además, el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base exige que los importes correspondientes a los gastos de venta, generales y administrativos y a los beneficios utilizados para calcular el valor normal no estén distorsionados y sean razonables. La CISA no alegó ni fundamentó el argumento de que el importe utilizado estuviera distorsionado o no fuera razonable. En consecuencia, se desestimó esta alegación.

(93)

La CISA alegó que el uso de los datos financieros de Ternium SA correspondientes a 2020 era incompatible con el período de investigación de la reconsideración, es decir, 2021. La Comisión consideró que las cifras de Ternium SA eran razonables, ya que la empresa obtuvo beneficios durante el período de investigación de la reconsideración, sus estados financieros estaban fácilmente disponibles y México representó el 52 % de sus ventas consolidadas. Además, la Comisión consideró que, en el contexto de esta investigación, el uso de 2020 como año de referencia está justificado, ya que fue el último año en que Ternium SA fue rentable y mostró un nivel razonable de gastos de venta, generales y administrativos y beneficios. Como se explica en la nota sobre los factores de producción, en el ejercicio financiero de 2021 los beneficios fueron del 58,25 %, es decir, excepcionalmente elevados, lo que probablemente refleja la recuperación posterior a la COVID-19. Por consiguiente, la Comisión consideró que la utilización de los datos de 2020 era más apropiada y rechazó la alegación.

(94)

Tras la comunicación de la información, la CISA alegó que la Comisión no había facilitado la información de los «índices de referencia utilizados para determinar el valor normal», lo que, según la CISA, puede dar lugar a una vulneración inminente del principio básico de la legislación y el procedimiento antidumping, en particular del artículo 20 del Reglamento de base, y de los derechos de defensa de la CISA con respecto a los aspectos fundamentales de la investigación de reconsideración por expiración. Además, la CISA declaró que proporcionar precios de referencia (y cálculos) detallados para determinar el valor normal es una práctica reiterada de la Comisión, tanto en las investigaciones originales como en las reconsideraciones por expiración, por lo que solicita a la Comisión que armonice su práctica en procedimientos similares.

(95)

La Comisión señaló que había facilitado precios de referencia, es decir, valores unitarios de los principales factores de producción en la nota sobre los factores de producción de 29 de agosto de 2022, así como sus fuentes. La CISA, como parte interesada, fue notificada cuando se incorporó al expediente la nota sobre los factores de producción y tuvo acceso a ella. Ninguno de los índices de referencia citados en dicha nota había sido modificado posteriormente. Además, la Comisión utilizó la misma metodología para calcular el valor normal que en la solicitud, que se puso a disposición de todas las partes interesadas. Por último, la Comisión recordó que, dada la falta de cooperación de los productores chinos, no se produjo ninguna comunicación de información específica de la empresa. En consecuencia, se rechazó la alegación.

(96)

Habida cuenta del análisis anterior, México cumplía los criterios establecidos en el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), primer guion, del Reglamento de base para ser considerado un país representativo adecuado.

(97)

Teniendo en cuenta toda la información basada en la solicitud y una vez analizadas las observaciones formuladas por las partes interesadas, se señalaron los siguientes factores de producción y sus fuentes con el fin de determinar el valor normal de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base:

Cuadro 1

Factores de producción de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados

(98)

Con el fin de establecer el precio no distorsionado de las materias primas tal como fueron entregadas a pie de fábrica a un productor del país representativo, la Comisión utilizó como base el precio de importación medio ponderado de dicho país según figuraba en el GTA y le añadió los derechos de importación. Se estableció un precio de importación al país representativo utilizando una media ponderada de los precios unitarios de las importaciones procedentes de todos los terceros países, excepto China y los países que no son miembros de la OMC, enumerados en el anexo I del Reglamento (UE) 2015/755. La Comisión decidió excluir las importaciones en el país representativo procedentes de China al llegar a la conclusión, expuesta en el considerando 77, de que no procedía utilizar los precios y costes internos de China debido a la existencia de distorsiones significativas de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra b), del Reglamento de base. Dado que no pudo demostrarse que esas mismas distorsiones no afectaban por igual a los productos destinados a la exportación, la Comisión consideró que las mismas distorsiones afectaban a los precios de exportación. Tras excluir las importaciones al país representativo procedentes de China y de los países que no son miembros de la OMC, el volumen de las importaciones procedentes de otros terceros países seguía siendo representativo.

(99)

Normalmente, los precios del transporte interior también deben añadirse a estos precios de importación. Sin embargo, teniendo en cuenta la conclusión que figura en la sección 3.4, así como la naturaleza de esta investigación de reconsideración por expiración, que se centra en determinar si el dumping continuó durante el período de investigación de la reconsideración o podría reaparecer, en lugar de determinar su magnitud exacta, la Comisión decidió que los ajustes para el transporte interno eran innecesarios. Lo único que se conseguiría con tales ajustes sería aumentar el valor normal y, por lo tanto, el margen de dumping.

(100)

ILOSTAT publica información detallada sobre los salarios de distintos sectores económicos de México. La Comisión utilizó las últimas estadísticas disponibles para 2021 relativas al coste medio de la mano de obra y a la media de horas semanales trabajadas en México.

(101)

Globalpetrolprices.com ha publicado el precio de la electricidad para las empresas (usuarios industriales) en México. La Comisión utilizó los datos de los precios de la electricidad industrial de septiembre de 2021.

(102)

La Comisión utilizó el precio del gas en México para el período de investigación de la reconsideración publicado en los Índices de Referencia de Precios de Gas Natural (IPGN) (63), que permite determinar el precio del gas natural suministrado a los usuarios industriales.

(103)

De conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base, «el valor normal calculado incluirá una cantidad no distorsionada y razonable en concepto de gastos administrativos, de venta y generales y en concepto de beneficios». Además, debe establecerse un valor para los gastos generales de fabricación que cubra los costes no incluidos en los factores de producción mencionados anteriormente.

(104)

La Comisión utilizó los datos financieros de Ternium SA, productor del país representativo, tal como se menciona en el considerando 85.

(105)

Para establecer un valor no distorsionado de los gastos generales de fabricación y dada la falta de cooperación de los productores exportadores, la Comisión utilizó los datos disponibles de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base. Por consiguiente, a partir de los datos aportados por los productores de la Unión en su solicitud, la Comisión estableció la relación entre los gastos generales de fabricación y los costes de fabricación y laborales totales. A continuación, se aplicó este porcentaje al valor no distorsionado del coste de fabricación para obtener el valor no distorsionado de los gastos generales de fabricación, en función del modelo fabricado.

(106)

Sobre la base de lo anterior, la Comisión calculó el valor normal franco fábrica, de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base.

(107)

En primer lugar, la Comisión determinó los costes de fabricación no distorsionados. A falta de cooperación por parte de los productores exportadores, la Comisión se basó en la información facilitada por el solicitante en la solicitud de reconsideración sobre la utilización de cada factor (materiales y mano de obra) para la fabricación de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados.

(108)

Una vez que se determinó el coste de fabricación no distorsionado, la Comisión añadió los gastos generales de fabricación, los gastos de venta, generales y administrativos y los beneficios. Los gastos generales de fabricación se determinaron a partir de los datos facilitados por el solicitante. Los gastos de venta, generales y administrativos y los beneficios se determinaron sobre la base de los estados financieros de Ternium SA correspondientes al ejercicio de 2020, tal como figuran en las cuentas auditadas de la empresa (64). La Comisión añadió los siguientes elementos a los costes de fabricación no distorsionados:

(109)

Partiendo de esta base, la Comisión calculó el valor normal por tipo de producto con arreglo al precio franco fábrica, de conformidad con el artículo 2, apartado 6 bis, letra a), del Reglamento de base. El valor normal establecido sobre esta base es de 1 381,5 EUR/tonelada.

(110)

Tras la comunicación de la información, la CISA estuvo de acuerdo con el uso por parte de la Comisión de los datos financieros de 2020 en lugar de los de 2021, aunque también alegó que el beneficio del 16,33 % de Ternium S.A en 2020 seguía sin ser bajo para la industria siderúrgica.

(111)

Tras la comunicación de la información, la CISA impugnó el valor normal establecido por la Comisión. Como se indica en el considerando 94, la CISA alegó que no podía verificar la exactitud del valor normal establecido por la Comisión y, según la CISA, el valor normal determinado durante la investigación era potencialmente incorrecto. Esto se debía a que, aunque los períodos utilizados en la solicitud y en la reconsideración por expiración coincidían en su mayor parte, la Comisión encontró en la reconsideración por expiración un valor normal superior al de la solicitud en más del 80 %, a pesar de que se aplicó la misma metodología de cálculo y se utilizó el mismo país como país representativo.

(112)

En la nota sobre los factores de producción de 29 de agosto de 2022, la Comisión comunicó los valores unitarios de los principales «factores de producción». A partir de esos valores, era evidente que el precio de referencia del mineral de hierro, que es uno de los insumos más importantes utilizados para la producción del producto objeto de reconsideración, aumentó significativamente, esto es, un 186 % durante el período de investigación de la reconsideración. Además, no se recibieron observaciones sobre la inclusión de la nota sobre los factores de producción en el expediente del caso en relación con las diferencias entre los precios de los factores de producción en la nota y la solicitud. En consecuencia, se rechazó la alegación.

(113)

De conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base, al no cooperar los productores exportadores chinos, el precio de exportación se determinó sobre la base de los datos disponibles. La Comisión intentó utilizar la información estadística disponible de Eurostat para determinar los precios de exportación.

(114)

No obstante, solo se importaron de China 28 743 toneladas de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados durante el período de investigación de la reconsideración, según Eurostat, lo que corresponde al 0,1 % del consumo en el mercado libre. Por consiguiente, la Comisión concluyó que estos volúmenes bajos no proporcionan una base suficiente para la continuación de un análisis de dumping. Por lo tanto, la Comisión centró su investigación en la probabilidad de reaparición del dumping en caso de que se permitiera la expiración de las medidas.

(115)

A la luz de las consideraciones expuestas en los considerandos 113 y 114, la Comisión analizó también la probabilidad de reaparición del dumping en caso de que las medidas dejasen de tener efecto. Para ello, se examinaron los siguientes elementos: el precio de exportación de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados, originarios de China al resto del mundo, la capacidad de producción y la capacidad excedentaria chinas y el atractivo del mercado de la Unión.

(116)

La Comisión analizó el patrón de precios de las exportaciones chinas a terceros países durante el período de investigación de la reconsideración. Para ello, consultó información públicamente disponible, como las estadísticas chinas de exportación, tal como figuran en la base de datos Global Trade Atlas («GTA») y extrajo las cantidades y valores de las exportaciones de determinados productos planos de acero laminados en caliente para el período de investigación de la reconsideración.

(117)

Las estadísticas de exportación chinas incluidas en la base de datos GTA informaron de un precio medio de exportación fob de China a otros países de 660 EUR/tonelada, que se ajustó a un precio franco fábrica (tras los ajustes por flete marítimo y nacional, y gastos de descarga) que ascendía a 626 EUR/tonelada.

(118)

El precio medio de exportación constatado durante el período de investigación de la reconsideración era inferior en más de un 100 % al valor normal establecido en la sección 3.4.4 anterior. Así pues, se estimó que era probable que, si se derogasen las medidas vigentes, los productores exportadores chinos empezaran a vender a la Unión a niveles inferiores al valor normal calculado.

(119)

Ante la falta de cooperación de los productores exportadores chinos, la Comisión fundamentó sus conclusiones en los datos disponibles para evaluar la capacidad de los demás productores exportadores, y se basó en la información contenida en la solicitud de reconsideración por expiración, así como en otras fuentes disponibles.

(120)

En 2020, China representaba el 56,5 % de la producción mundial de acero bruto, frente al 53,3 % en 2019 (65). En septiembre de 2020, en una declaración incluida en la 88.a Sesión del Comité del Acero de la OCDE, se señaló que «a pesar de la perturbación negativa de la demanda mundial, la producción y las existencias en China han aumentado significativamente con respecto a los niveles de hace un año». Además, el Comité del Acero constató «con preocupación la divergencia, con respecto a la tendencia mundial, de China, donde la producción de acero alcanzó volúmenes récord en el primer semestre de 2020 y las existencias han alcanzado niveles máximos históricos. Esta situación supone un riesgo de exceso de oferta en China que podría acentuar los desequilibrios mundiales resultantes de las perturbaciones de la demanda derivadas de la COVID-19». La tendencia a una expansión permanente de la capacidad de producción de acero en China se ha visto apuntalada por una «considerable relajación de las condiciones de los créditos», sumada a una inversión creciente por parte de los grandes productores de acero, al tiempo que los pequeños productores permanecen fuera del sistema de control de la capacidad. Asimismo, un informe reciente de la OCDE, de febrero de 2021, apuntaba a un aumento del exceso de capacidad de producción de acero en todo el mundo, impulsado especialmente por los países asiáticos, en particular China (66).

(121)

El Gobierno chino tiene planes ambiciosos para su industria siderúrgica (67), ya que su objetivo es eliminar las plantas obsoletas y las empresas no competitivas con costes excesivos, centrándose al mismo tiempo en impulsar y promover a los productores de acero que actúen en consonancia con las políticas y prioridades gubernamentales. La idea es hacer una limpieza de la industria, de forma que se fortalezca a los principales agentes y se liquide a los que obtengan resultados insuficientes y a los que no cumplan con las prioridades del Gobierno (o que no se ajusten a ellas). El objetivo es fomentar «una nueva generación de líderes de la industria». Esto se logra a través de políticas como el sistema de intercambio de capacidad o la conversión de deuda en capital social, que permiten una amplia discrecionalidad estatal sobre las operaciones de empresas específicas. El objetivo subyacente es aumentar las capacidades de los agentes «seleccionados», que son productores de alto rendimiento que cumplen los actuales objetivos del Gobierno para la industria siderúrgica.

(122)

La información contenida en la solicitud de reconsideración por expiración estimaba la capacidad china total de fabricación de productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados en más de 345 millones de toneladas, mientras que tanto la producción como el consumo chinos se estimaban en 314 millones de toneladas en 2020. Sobre esta base, la capacidad excedentaria de China se estimó en treinta y un millones de toneladas en 2020, lo que es indicativo de la capacidad excedentaria en el período de investigación de la reconsideración y prácticamente iguala el consumo total de la Unión en el mercado libre (alrededor de treinta y cinco millones de toneladas) en el período de investigación de la reconsideración.

(123)

La desaceleración de la demanda china de acero a principios de 2021 es y será un factor clave para el aumento de las exportaciones. Es probable que el desequilibrio resultante entre la capacidad y la demanda aumente la presión sobre los productores para que exporten. Las capacidades chinas son demasiado grandes en comparación con las necesidades reales de la economía china.

(124)

Además, uno de los principales mercados, el de los Estados Unidos, está protegido por medidas antidumping sobre el producto objeto de reconsideración, lo que reduce el acceso de los productores exportadores chinos.

(125)

Por tanto, es probable que, en caso de expiración de las medidas, los productores chinos dirijan sus capacidades excedentarias al mercado de la Unión en grandes cantidades a precios de dumping.

(126)

El mercado de la Unión se encuentra entre los mayores mercados de determinados productos planos de acero laminados en caliente de todo el mundo. El mercado chino no puede absorber el exceso de capacidad siderúrgica y los principales mercados de terceros países están cerrados a las exportaciones chinas, ya que cuentan con medidas antidumping, salvaguardias u otras medidas de protección contra China (68). Además, los niveles de precios en la Unión (el precio medio establecido por la industria de la Unión fue de 734 EUR/tonelada durante el período de investigación de la reconsideración) son superiores al precio medio cobrado por los productores exportadores chinos al resto del mundo (714 EUR/tonelada a nivel cif). Dado que, como se explica en el considerando 200, los PLC son un producto básico muy sensible a los precios, los exportadores chinos tendrían un importante incentivo para dirigir sus exportaciones a la Unión si las medidas dejaran de tener efecto.

(127)

En su solicitud, el solicitante alegó que las medidas de salvaguardia del acero de la Unión que se aplican al producto objeto de reconsideración no serían suficientes por sí solas para proteger el mercado de la Unión frente a importaciones en cantidades significativas a precios de dumping. Dado que China no recibió ningún contingente específico por país para el producto objeto de reconsideración, los productores exportadores chinos tienen acceso a un gran volumen de contingentes residuales por debajo de los cuales podrían dirigir sus exportaciones al mercado de la Unión si las medidas antidumping dejaran de tener efecto. Como consecuencia de ello, si se derogaran las medidas antidumping, es probable que los volúmenes de exportación chinos aumentaran significativamente dentro del contingente residual y, por tanto, inundaran el mercado de la Unión antes de que fuera aplicable cualquier derecho fuera del contingente en virtud de la medida de salvaguardia.

(128)

En vista de todo lo anterior, la Comisión concluyó que el mercado de la Unión representaría un objetivo atractivo para la capacidad excedentaria existente en China en caso de que se derogaran las medidas antidumping.

(129)

Tras la comunicación de la información, la CISA alegó que, incluso si se basa en los datos disponibles de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base, no es razonable mantener el valor normal de los exportadores chinos, que es casi el doble del coste de producción de la industria de la Unión.

(130)

Como se indica en los considerandos 95 y 112, la Comisión facilitó los valores unitarios de los factores de producción y desarrolló la metodología utilizada para calcular el valor normal. Dado que los productores exportadores chinos no cooperaron, las conclusiones relativas a las importaciones procedentes de China se formularon sobre la base de los datos disponibles de conformidad con el artículo 18 del Reglamento de base, en particular los datos del GTA, para determinar el coste no distorsionado de la mayoría de los factores de producción, especialmente de las materias primas. En consecuencia, se rechazó la alegación.

(131)

Teniendo en cuenta las conclusiones sobre la capacidad excedentaria, el atractivo del mercado de la Unión en términos de tamaño y precios y el hecho de que los precios cobrados por los productores exportadores chinos a terceros países son significativamente inferiores al valor normal establecido, la Comisión concluyó que existe la probabilidad de que reaparezca el dumping si se permite que las medidas dejen de tener efecto.

(132)

Según el solicitante, durante el período considerado, veintiún productores fabricaron el producto similar en la Unión. Estos productores constituyen la «industria de la Unión» en el sentido del artículo 4, apartado 1, del Reglamento de base.

(133)

La producción total de la Unión del producto objeto de reconsideración durante el período de investigación de la reconsideración se estableció en torno a los setenta millones de toneladas. La Comisión estableció la cifra basándose en toda la información disponible relativa a la industria de la Unión, como la solicitud de reconsideración por expiración, las respuestas al cuestionario sometidas a verificación y la respuesta al cuestionario sobre macroindicadores presentada por EUROFER. Como se indica en el considerando 13, los productores de la Unión seleccionados para la muestra representaban el 29 % del total de la producción del producto similar de la Unión durante el período de investigación de la reconsideración.

(134)

El producto objeto de reconsideración se considera una materia prima para la producción de diversos productos transformados con valor añadido, empezando por los productos laminados en frío. Dado que la industria de la Unión está en gran medida integrada verticalmente y produce tanto el producto objeto de reconsideración como los productos transformados, tanto el mercado cautivo como el mercado libre se analizaron por separado, cuando procedía.

(135)

La distinción entre el mercado cautivo y el mercado libre es pertinente para el análisis del perjuicio porque los productos destinados al mercado cautivo no están expuestos a la competencia directa de las importaciones, y los precios de transferencia, cuando los hay, se fijan dentro de los grupos con arreglo a diversas políticas de precios. Por el contrario, la producción destinada al mercado libre entra en competencia directa con las importaciones del producto afectado, y los precios se ajustan según las condiciones del mercado. Además, entre las ventas totales en el mercado libre figuran las ventas de productores de la Unión a clientes no vinculados y las ventas no cautivas a empresas vinculadas.

(136)

A fin de ofrecer una visión de la industria de la Unión lo más completa posible, la Comisión obtuvo datos correspondientes al conjunto de la actividad del producto similar y determinó si la producción se destinaba al mercado cautivo o al mercado libre. La Comisión determinó que en torno al 60 % de la producción del producto similar en la Unión se destinaba al mercado cautivo durante el período de investigación de la reconsideración.

(137)

La Comisión determinó el consumo en el mercado libre de la Unión con arreglo a: a) las ventas en el mercado de la Unión de todos los productores conocidos de la Unión, como se indica en la respuesta de EUROFER al cuestionario sobre macroindicadores, y b) las importaciones de la Unión procedentes de todos los terceros países, según datos de Eurostat. El consumo en el mercado cautivo de la Unión se determinó sobre la base del uso cautivo y las ventas cautivas en el mercado de la Unión de todos los productores conocidos de la Unión, como se indica en la respuesta de EUROFER al cuestionario sobre macroindicadores.

(138)

El consumo de la Unión evolucionó de la manera siguiente:

Cuadro 2

Consumo de la Unión (en miles de toneladas)

(139)

El consumo total de la Unión se contrajo en un 7 % en 2019 y siguió cayendo drásticamente un 12 % adicional en 2020 debido a la caída de la demanda provocada por la pandemia de COVID-19. No obstante, esta disminución vino seguida de una buena recuperación impulsada por el repunte de la demanda de acero durante el período de investigación de la reconsideración, pero el nivel alcanzado seguía siendo un 6 % inferior al de 2018.

(140)

El consumo en el mercado libre siguió una tendencia similar a la del consumo total de la Unión. Disminuyó bruscamente un 19 % hasta 2020 y se recuperó con fuerza durante el período de investigación de la reconsideración, llegando incluso a situarse un 1 % por encima del nivel de 2018.

(141)

La tendencia del consumo del mercado cautivo fue casi idéntica a la tendencia del consumo total de la Unión, con una drástica disminución de un 18 % hasta 2020, seguida de una recuperación que, sin embargo, solo llegó al 89 % del nivel de 2018.

(142)

En conjunto, el consumo total de la Unión se redujo en un 6 % durante el período considerado.

(143)

La Comisión determinó el volumen de las importaciones basándose en los datos de Eurostat. La cuota de mercado de las importaciones se determinó comparando los volúmenes de importación con el consumo en el mercado libre de la Unión, consignado en el cuadro 2 anterior.

(144)

Las importaciones en la Unión procedentes del país afectado evolucionaron de la manera siguiente:

Cuadro 3

Volumen de importación (en miles de toneladas), cuota de mercado y precios (EUR/tonelada)

(145)

Tras la imposición de las medidas en 2017, las importaciones procedentes de China cayeron a un nivel insignificante, con una exigua cuota de mercado del 0,002 % en 2018. Entre 2018 y 2020, las importaciones disminuyeron aún más. Sin embargo, durante el período de investigación de la reconsideración, en abril de 2021, las importaciones procedentes de China aumentaron bruscamente en comparación con los bajos niveles de los tres años anteriores. Sin embargo, su cuota de mercado seguía siendo muy baja, de en torno al 0,1 %.

(146)

Los precios de importación chinos comunicados en Eurostat fueron excepcionalmente elevados durante 2018, 2019 y 2020, pero cayeron en picado durante el período de investigación de la reconsideración. Es probable que los precios de importación excepcionalmente elevados entre 2018 y 2020 estuvieran relacionados con el insignificante volumen de las exportaciones procedentes de China a la Unión, por lo que no pueden considerarse fiables.

(147)

La Comisión consideró que los precios de importación chinos comunicados en Eurostat durante el período considerado no eran representativos de los precios medios de los PLC debido al escaso volumen de las importaciones procedentes de China durante ese período y que, por tanto, no permitían extraer conclusiones significativas o pertinentes.

(148)

Las importaciones del producto objeto de reconsideración procedentes de otros terceros países evolucionaron de la manera siguiente:

Cuadro 4

Importaciones procedentes de terceros países

(149)

Las importaciones totales del producto objeto de reconsideración procedentes de terceros países distintos del país afectado disminuyeron un 26 % entre 2018 y 2020, y aumentaron considerablemente en 2021 hasta alcanzar una cuota de mercado del 28 %, es decir, un 20 % superior al nivel de 2018. En conjunto, la Unión importa PLC de más de cuarenta países de todo el mundo. Los cinco mayores exportadores de PLC a la UE durante el período de investigación de la reconsideración fueron Rusia, India, Turquía, Egipto y Taiwán, los cuales representaron el 18 % del mercado libre de la Unión y el 65 % de todas las importaciones de PLC. Individualmente, Rusia fue el mayor exportador, con una cuota de mercado del 5,8 %, mientras que los otros cuatro países tuvieron una cuota de mercado de entre el 2 y el 4 %. Ningún otro país tiene una cuota de mercado superior al 2 %. Entre los principales exportadores, las importaciones procedentes de Rusia (69) y de Turquía (70) están actualmente sujetas a medidas antidumping.

(150)

El examen de la situación económica de la industria de la Unión incluyó una evaluación de todos los indicadores económicos que influyeron en el estado de la industria de la Unión durante el período considerado.

(151)

Como se ha indicado en el considerando 13, se recurrió al muestreo para determinar la situación económica de la industria de la Unión.

(152)

Para determinar el perjuicio, la Comisión distinguió entre indicadores de perjuicio macroeconómicos y microeconómicos. La Comisión evaluó los indicadores macroeconómicos basándose en los datos proporcionados por el solicitante, que se referían a todos los productores de la Unión. La Comisión evaluó los indicadores microeconómicos a partir de los datos contenidos en las respuestas al cuestionario de los productores de la Unión incluidos en la muestra. Se consideró que estos dos conjuntos de datos eran representativos de la situación económica de la industria de la Unión.

(153)

Los indicadores macroeconómicos son: producción, capacidad de producción, utilización de la capacidad, volumen de ventas, cuota de mercado, empleo, productividad, magnitud del margen de dumping y recuperación con respecto a prácticas de dumping anteriores.

(154)

Los indicadores microeconómicos son: precios unitarios medios, coste unitario, costes laborales, existencias, rentabilidad, flujo de caja, inversiones, rendimiento de las inversiones y capacidad para obtener capital.

(155)

Como se explica en los considerandos 136 y 137, para ofrecer una visión de la industria de la Unión lo más completa posible, la Comisión obtuvo datos correspondientes a la producción total del producto afectado y determinó si la producción se destinaba al mercado cautivo o al mercado libre. Cuando fue pertinente y posible, la Comisión analizó por separado los indicadores de perjuicio relativos al mercado libre y al mercado cautivo.

(156)

Durante el período considerado, el total de la producción, la capacidad de producción y la utilización de la capacidad de la Unión evolucionó de la manera siguiente:

Cuadro 5

Producción, capacidad de producción y utilización de la capacidad

(157)

El volumen de producción de la industria de la Unión siguió una tendencia similar a la del consumo total de la Unión: se redujo en torno a un 8 % durante el período considerado, con una caída significativa en 2020, seguida de una recuperación propiciada por el repunte de la demanda de acero durante el período de investigación de la reconsideración.

(158)

Mientras que la capacidad de producción de la industria de la Unión experimentó un ligero aumento del 3 % durante el período considerado, la utilización de la capacidad siguió la misma tendencia negativa que la producción y el consumo y disminuyó un 10 % entre 2018 y el período de investigación de la reconsideración.

(159)

Durante el período considerado, el volumen de ventas y la cuota de mercado de la industria de la Unión en el mercado libre evolucionaron de la manera siguiente:

Cuadro 6

Volumen de ventas y cuota de mercado en el mercado libre (en miles de toneladas)

(160)

La evolución del volumen de ventas de la industria de la Unión en el mercado de la Unión siguió la tendencia del consumo durante el período considerado. Sufrió una disminución entre 2018 y 2020 por las razones mencionadas en el considerando 139, seguida de un repunte en el período de investigación de la reconsideración. Sin embargo, el repunte en el período de investigación de la reconsideración se mantuvo por debajo de los niveles de 2018.

(161)

Durante el período considerado, la cuota de mercado de la industria de la Unión en términos de consumo de la Unión aumentó ligeramente entre 2018 y 2020, del 77 al 79 %, para luego descender en siete puntos porcentuales entre 2020 y el período de investigación de la reconsideración, hasta un 72 %. Como se muestra en el cuadro 4, este descenso responde al aumento de la cuota de mercado de las importaciones procedentes de terceros países en un 7 % entre 2020 y el período de investigación de la reconsideración, lo que explica la pérdida de cuota de mercado libre de la industria de la Unión.

Cuadro 7

Volumen cautivo en el mercado de la Unión y cuota de mercado (en miles de toneladas)

(162)

El volumen cautivo de la industria de la Unión (correspondiente al uso cautivo y las ventas cautivas en el mercado de la Unión) disminuyó un 18 % entre 2018 y 2020 y se recuperó en siete puntos porcentuales en 2021, lo que equivale a una disminución global del 11 % durante el período considerado, pasando de unos cuarenta y cinco millones de toneladas a cuarenta millones de toneladas entre el inicio y el final del período de investigación de la reconsideración. En general, el mercado cautivo y el mercado libre siguieron la misma tendencia. Por lo tanto, la Comisión concluyó que la evolución del mercado cautivo no tuvo ninguna repercusión significativa en los resultados de la industria de la Unión en el mercado libre.

(163)

La cuota del mercado cautivo de la industria de la Unión (expresada como porcentaje de la producción total) se mantuvo relativamente estable durante el período considerado, en un rango de entre el 58,1 y el 60,5 %.

(164)

En un contexto de disminución del consumo y la producción, la industria de la Unión experimentó una caída del volumen de ventas y de la cuota de mercado en el mercado libre. En conjunto, no se produjo crecimiento alguno de la industria de la Unión a lo largo del período considerado.

(165)

En el período considerado, el empleo y la productividad evolucionaron de la manera siguiente:

Cuadro 8

Empleo y productividad

(166)

Entre 2018 y el período de investigación de la reconsideración, el número de empleados implicados en la producción del producto objeto de reconsideración siguió la tendencia del volumen de producción de la Unión y disminuyó bruscamente entre 2018 y 2020, para luego recuperarse ligeramente durante el período de investigación de la reconsideración. En conjunto, disminuyó un 7 % en el período considerado.

(167)

Por lo general, la productividad de la mano de obra de la industria de la Unión, medida como producción (toneladas) por persona empleada, se mantuvo estable durante el período considerado.

(168)

Como se explica en el considerando 114, no fue posible establecer una determinación positiva del dumping durante el período de investigación de la reconsideración. Por este motivo, no pudo establecerse ningún margen de dumping. Por consiguiente, la investigación se centró en la probabilidad de reaparición del dumping en caso de que se derogasen las medidas antidumping.

(169)

Las medidas antidumping impuestas a raíz de la investigación original permitieron a la industria de la Unión recuperarse de prácticas de dumping anteriores, como demuestran los datos de 2018. Así lo confirmaron también las conclusiones de la Comisión en la investigación antidumping sobre los productos planos laminados en caliente procedentes de Turquía (71).

(170)

Durante el período considerado, los precios de venta unitarios medios de los productores de la Unión incluidos en la muestra aplicados a clientes de la Unión evolucionaron de la manera siguiente:

Cuadro 9

Precios de venta y coste de la producción en la Unión (EUR/tonelada)

(171)

Los precios de venta medios de la industria de la Unión disminuyeron un 18 % entre 2018 y 2020, y aumentaron drásticamente un 34 % en 2021 con respecto a 2018. La tendencia de los precios de venta unitarios durante el período considerado se vio influida por las graves perturbaciones causadas por la pandemia de COVID-19 y la reactivación de la demanda tras la pandemia. En 2021, la elevada demanda de acero, la escasez de oferta y el aumento del coste de producción fueron los factores que más influyeron en el repentino y significativo aumento del precio de venta unitario.

(172)

Durante el período considerado, el coste unitario de producción aumentó un 29 %. Sin embargo, en 2019 el coste de producción aumentó, mientras que los precios de venta unitarios bajaron. La incapacidad de la industria de la Unión para reflejar el aumento del coste de producción en sus precios de venta se debió a los grandes volúmenes de las importaciones objeto de dumping procedentes de Turquía, que ejercieron una presión a la baja sobre los precios. En 2020, tanto el coste de producción como los precios de venta disminuyeron, pero los primeros descendieron en menor medida. Esto se debió a que el desplome del mercado durante la pandemia de COVID-19 redujo significativamente los precios, mientras que el coste de producción no se vio tan afectado. El coste unitario de producción aumentó en 2021 debido a un aumento de los precios de la energía y las materias primas. Sin embargo, empujada por la recuperación posterior a la COVID, la demanda aumentó y, en consecuencia, los precios también aumentaron de forma significativa (más del 50 % entre 2020 y el período de investigación de la reconsideración), más incluso que los costes de producción durante el mismo período.

(173)

Durante el período considerado, los costes laborales medios de los productores de la Unión incluidos en la muestra evolucionaron de la manera siguiente:

Cuadro 10

Costes laborales medios por empleado

(174)

Durante el período considerado, el coste laboral medio aumentó un 22 %. Si bien el número de empleados disminuyó durante el período de investigación de la reconsideración con respecto a 2018, el coste medio de la mano de obra por empleado aumentó.

(175)

Durante el período considerado, los niveles de existencias de los productores de la Unión incluidos en la muestra evolucionaron de la manera siguiente:

Cuadro 11

Existencias

(176)

Durante el período considerado, las existencias de PLC de la industria de la Unión disminuyeron de forma continua y experimentaron una drástica caída en 2020 debida a los efectos de la pandemia de COVID-19, seguida de un repunte en 2021. La industria de los PLC en la Unión se caracteriza por contratos marco (mensuales, trimestrales o anuales) entre productores y clientes que fijan las cantidades y los precios. Estos contratos marco se ejecutan mediante órdenes de compra según las necesidades del cliente. De este modo, la industria de la Unión puede planificar su producción y sus inventarios. Por consiguiente, como también se estableció en la investigación original, las existencias no se consideran un indicador de perjuicio importante para esta industria, ya que la industria de la Unión fabrica la mayoría de los tipos del producto similar a partir de pedidos específicos de los usuarios.

(177)

La rentabilidad, el flujo de caja, las inversiones y el rendimiento de las inversiones de los productores de la Unión incluidos en la muestra evolucionaron durante el período considerado de la manera siguiente:

Cuadro 12

Rentabilidad, flujo de caja, inversiones y rendimiento de las inversiones

(178)

La Comisión determinó la rentabilidad de los productores de la Unión incluidos en la muestra expresando el beneficio neto de las ventas antes de impuestos del producto similar en el mercado libre de la Unión como porcentaje del volumen de negocio de esas ventas.

(179)

Durante el período considerado, la rentabilidad fluctuó y la rentabilidad global aumentó 5,7 puntos porcentuales. Tras la imposición de las medidas en 2017 la industria se recuperó y en 2018 registró beneficios. Sin embargo, en 2019 se incurrió en pérdidas, y en 2020, en plena pandemia, la rentabilidad alcanzó su nivel más bajo, a saber, de un-18 %, mientras que en 2021 los beneficios se recuperaron considerablemente, hasta un 14,1 %. Tras la imposición de las medidas contra China en 2017, las importaciones objeto de dumping a bajo precio procedentes de Turquía aumentaron rápidamente, lo que explica la caída de la rentabilidad en 2019. Esta disminución de la rentabilidad se vio exacerbada en ese momento por las perturbaciones causadas por la pandemia mundial en 2020, como las interrupciones de la cadena de suministro y la disminución del consumo de acero. El aumento de la demanda de acero, junto con el alza de los precios de venta, dio lugar a beneficios excepcionalmente elevados en 2021, gracias a lo cual este fue un año excepcional para la industria de la Unión.

(180)

El flujo de caja neto representa la capacidad de los productores de la Unión para autofinanciar sus actividades. La tendencia del flujo de caja neto evolucionó de forma similar a la rentabilidad: experimentó una caída drástica en 2019-2020, seguida de un fuerte repunte en el período de investigación de la reconsideración.

(181)

Entre 2018 y el período de investigación de la reconsideración, las inversiones crecieron un 82 %. En general, durante el período considerado, los flujos de inversión siguieron una distribución bimodal: la inversión experimentó un aumento significativo en 2019, seguido de una caída en 2020 y de un segundo incremento en 2021. En general, las inversiones estuvieron destinadas a mejorar la calidad y la ecologización de la producción.

(182)

El rendimiento de las inversiones es el beneficio expresado en porcentaje del valor contable neto de las inversiones. El rendimiento de las inversiones mejoró significativamente durante el período de investigación de la reconsideración con respecto a 2018. De hecho, durante el período considerado, el rendimiento de las inversiones aumentó 8,3 puntos porcentuales. Esta cifra evolucionó de manera similar a la rentabilidad: experimentó una caída drástica en 2019 y 2020, seguida de un fuerte repunte en el período de investigación de la reconsideración.

(183)

La capacidad de los productores de la Unión incluidos en la muestra para reunir capital no se vio afectada durante el período de investigación de la reconsideración, lo que permitió una rápida recuperación después de la pandemia.

(184)

Tras la imposición de medidas antidumping contra las importaciones de PLC procedentes de China en 2017, dichas importaciones disminuyeron y permanecieron por debajo del nivel mínimo durante el período considerado, lo que permitió a la industria de la Unión empezar a recuperarse de los efectos perjudiciales de las importaciones objeto de dumping procedentes de China y, como confirmó la Comisión en el Reglamento (UE) 2021/1100 de la Comisión, relativo a las importaciones de PLC originarias de Turquía (72), para finales de 2018 ya se habían recuperado. Sin embargo, la recuperación económica de la industria de la Unión se interrumpió bruscamente y se invirtió en 2019, cuando la industria de la Unión tuvo que competir con grandes volúmenes de importaciones objeto de dumping a bajo precio procedentes de Turquía, por lo que se vio obligada a fijar precios inferiores a los costes para mantener su cuota de mercado, lo que causó un perjuicio importante a la industria de la Unión (73). En julio de 2021, la Comisión impuso medidas definitivas contra Turquía y, gracias a diversos factores, tal como se explica en el considerando 179, la situación de la industria de la Unión mejoró y, hacia finales de 2021, se recuperó hasta lograr una situación económica similar a la de 2018. Por lo tanto, durante el período de investigación de la reconsideración, la industria de la Unión ya no se consideró perjudicada.

(185)

En particular, casi todos los indicadores de perjuicio, especialmente la producción, la utilización de la capacidad, los volúmenes de ventas y los precios de venta, el empleo y la productividad, los beneficios, el flujo de caja y el rendimiento de las inversiones siguieron una tendencia similar durante el período considerado. Esta tendencia se caracterizó por una disminución en 2019, seguida de una disminución más pronunciada en 2020 y de un repunte durante el período de investigación de la reconsideración, hasta alcanzar niveles similares al inicio del período considerado, en 2018. La razón de esta tendencia irregular radica en gran medida en la coincidencia de una afluencia considerable de importaciones de PLC objeto de dumping a bajo precio procedentes de Turquía y la dinámica única creada por la pandemia de COVID-19. Los confinamientos y las interrupciones de la actividad industrial conllevaron niveles de consumo extremadamente bajos y una baja demanda de acero en 2020, mientras que la demanda y los precios del acero se dispararon en 2021, en el contexto de la recuperación posterior a la COVID, lo que dio lugar, entre otras cosas, a beneficios excepcionalmente elevados para la industria siderúrgica durante el período de investigación de la reconsideración.

(186)

Habida cuenta de lo anterior, la Comisión concluyó que, durante el período de investigación de la reconsideración, la industria de la Unión no sufrió un perjuicio importante en el sentido del artículo 3, apartado 5, del Reglamento de base.

(187)

No obstante, no se pueden analizar los indicadores sin tener en cuenta las condiciones excepcionalmente favorables del mercado siderúrgico en 2021. Sin embargo, en 2020, la ralentización de la actividad industrial provocada por la pandemia y la consiguiente disminución de la demanda de acero dieron lugar a un grave empeoramiento de los resultados de la industria siderúrgica y de la economía mundial en general. En 2021, impulsado por un repunte de la demanda, el consumo de acero se recuperó con fuerza, al igual que los precios del acero.

(188)

Como se explica en el considerando 186, la Comisión concluyó que la industria de la Unión no sufrió un perjuicio importante durante el período de investigación de la reconsideración. Por otra parte, como se explica en el considerando 131, la Comisión concluyó que es probable que el dumping reaparezca en ausencia de medidas antidumping. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base, la Comisión evaluó la probabilidad de que reapareciera el perjuicio causado por las importaciones objeto de dumping originarias de China en caso de que las medidas de protección dejaran de tener efecto.

(189)

En este sentido, la Comisión examinó la capacidad de producción y la capacidad excedentaria de China, el atractivo del mercado de la Unión y los niveles de precios probables de las importaciones procedentes de China en ausencia de medidas antidumping y su impacto en la industria de la Unión.

(190)

Como se describe en el considerando 122, los productores chinos cuentan con una significativa capacidad excedentaria. De hecho, se estima que la capacidad excedentaria china corresponde al 89 % del volumen del consumo en el mercado libre de la UE. Esta capacidad excedentaria podría utilizarse para fabricar el producto objeto de reconsideración y exportarlo a la Unión en caso de que las medidas dejasen de tener efecto. Además, como se indica en el considerando 123, la reducción de la demanda china de acero es y será un factor clave del aumento de las exportaciones. Es probable que el desequilibrio resultante entre la capacidad y la demanda en China aumente la presión sobre los productores chinos para que exporten.

(191)

Además, uno de los principales mercados, el de los Estados Unidos, está protegido por medidas antidumping sobre el producto objeto de reconsideración, lo que reduce el acceso de los productores chinos.

(192)

Como se describe en el considerando 126, el mercado de la Unión se encuentra entre los mayores mercados de determinados productos planos de acero laminados en caliente de todo el mundo. Además, el mercado chino no puede absorber el exceso de capacidad siderúrgica y los principales mercados de terceros países están cerrados a las exportaciones chinas, ya que cuentan con medidas antidumping, salvaguardias u otras medidas de protección contra China. Por otra parte, los niveles de precios en la Unión son superiores al precio medio que los exportadores chinos cobran al resto del mundo. Por consiguiente, la Unión representaría un objetivo atractivo para la capacidad excedentaria existente en China en caso de que se derogaran las medidas antidumping.

(193)

Tras la comunicación de la información, la CISA impugnó las conclusiones relativas al atractivo del mercado de la Unión, alegando que la industria siderúrgica china depende de su mercado interior y que el consumo interno chino es diez veces mayor que el segmento del mercado libre de la UE. Asimismo, destacó que, a partir del 1 de agosto de 2021, determinados productos siderúrgicos, incluido el acero plano laminado en caliente, ya no pueden acogerse a las reducciones del IVA a la exportación, lo que tiene un efecto disuasorio en las exportaciones y redirige la producción china de acero hacia la industria nacional china.

(194)

La Comisión reconoció que el consumo nacional chino de PLC es significativamente mayor que el mercado libre de la UE, pero, como se explica en el considerando 190, los productores chinos tienen una importante capacidad excedentaria que no pueden desplegar en su mercado nacional. Por lo tanto, nada impide a los productores chinos utilizar esta capacidad excedentaria para producir el producto objeto de reconsideración para su exportación a la Unión si se permitiera que las medidas dejaran de tener efecto. Además, como se indica en el considerando 123, la reducción de la demanda china de acero es y será un factor clave del aumento de las exportaciones. Es probable que el desequilibrio resultante entre la capacidad de producción y la demanda en China aumente la presión sobre los productores chinos para que exporten. Por lo que se refiere al supuesto cambio en el sistema del IVA, la Comisión señaló que la CISA no había aportado ninguna prueba que respaldara el argumento de que el cambio de las reducciones del IVA habría dado o daría lugar a cambios significativos en el comportamiento exportador de los productores chinos. Por tanto, la Comisión rechazó esta alegación por considerarla infundada.

(195)

Teniendo en cuenta los reducidos volúmenes de las importaciones procedentes de China entre 2018 y 2021, la Comisión consideró que los precios de importación comunicados en Eurostat no podían servir de base para determinar los posibles precios de las importaciones de PLC procedentes de China en ausencia de medidas antidumping. En su lugar, la Comisión tomó como referencia aproximada los precios de exportación de China a todos los terceros países no pertenecientes a la Unión («el resto del mundo»).

(196)

Como se describe en el considerando 117, la Comisión determinó que, durante el período de investigación de la reconsideración, los precios de exportación chinos al resto del mundo (franco a bordo) fueron de 660 EUR/tonelada de media. Sobre la base de ese precio y para determinar el posible precio al que las exportaciones chinas llegarían a la frontera de la Unión, la Comisión añadió el coste del seguro y el flete. Ante la falta de cooperación de los productores exportadores chinos, la Comisión tomó los costes utilizados en la investigación original, es decir, 52 EUR/tonelada, o el 7,9 % del precio por tonelada, como los mejores datos disponibles. En consecuencia, la Comisión concluyó que, en ausencia de medidas, el posible precio de importación cif de las exportaciones chinas de PLC a la Unión no superaría los 712 EUR/tonelada.

(197)

Dado que, a falta de cooperación de los productores exportadores chinos, se utilizaron datos estadísticos, solo pudo establecerse un precio medio por tonelada para una gran variedad de tipos de productos. Por lo tanto, en ausencia de información a nivel del tipo de producto, la Comisión no pudo llevar a cabo un cálculo preciso de la subcotización, sino que tuvo que limitarse a una comparación de precios entre los precios medios por tonelada.

(198)

El precio de exportación chino así determinado se comparó con la media ponderada de los precios de venta durante el período de investigación de la reconsideración que los productores de la Unión incluidos en la muestra cobraban a los clientes en el mercado de la Unión, ajustados al precio franco fábrica.

(199)

La comparación de precios se realizó en la misma fase comercial y, por analogía con un método de cálculo de la subcotización preciso, el resultado de la comparación se expresó como porcentaje del volumen de negocios teórico de los productores de la Unión incluidos en la muestra durante el período de investigación de la reconsideración. Esta comparación mostró que, por término medio, las exportaciones chinas a la Unión subcotizarían los precios medios de la industria de la Unión en torno a un 8 %.

(200)

Los PLC son un producto básico muy sensible a los precios y, como se observó en la investigación original relativa a las importaciones de PLC originarias de China, así como en la investigación sobre el producto idéntico originario de Turquía, unos niveles relativamente modestos de subcotización de los precios combinados con grandes volúmenes pueden tener un impacto significativo e inmediato en los resultados de la industria de la Unión (74). En ambas investigaciones, unos márgenes de subcotización inferiores al 5 % obligaron a la industria de la Unión a bajar los precios de venta (o a perder cuota de mercado), hasta el punto de sufrir un perjuicio importante a corto plazo.

(201)

Dado que, durante el período de investigación de la reconsideración, la industria de la Unión acababa de recuperarse de un período turbulento y difícil desde el punto de vista económico, en particular durante la pandemia de COVID-19, con pérdidas acumuladas, todavía se encuentra en una situación frágil. Por lo tanto, es muy probable que la reaparición de las importaciones objeto de dumping a bajo precio procedentes de China en volúmenes significativos que subcoticen los precios de la Unión tuviera un efecto adverso significativo en los resultados de la industria de la Unión, especialmente en lo que se refiere a la producción, los volúmenes de ventas y los precios, la rentabilidad y las necesidades de inversión, lo que daría lugar a la reaparición de un importante perjuicio.

(202)

Tras la comunicación de la información, la CISA cuestionó la selección del período considerado para el análisis del perjuicio. Alegó que las importaciones objeto de dumping de PLC a volúmenes cada vez mayores procedentes de Turquía en 2019, la ralentización económica provocada por la COVID y el auge de la recuperación posterior a la pandemia distorsionaron las pruebas que sirvieron de base para el análisis del dumping y del perjuicio. Alegó que la Comisión debería haber analizado un período diferente y sugirió examinar un período ampliado que abarcara uno o dos años antes del período considerado (2016-2018), así como después del período posterior a la investigación de la reconsideración (2022).

(203)

La Comisión desestimó esta alegación. Recordó que los diversos elementos citados por la CISA como capaces de distorsionar las pruebas durante el período considerado habían sido reconocidos y examinados cuidadosamente en el análisis del perjuicio por parte de la Comisión. La Comisión observó además que, incluso si se hubiera considerado un período ampliado previo al período de investigación de la reconsideración, como sugiere la CISA, los mismos elementos habrían estado presentes. En lo que respecta al período de investigación de la reconsideración, de conformidad con el artículo 6, apartado 1, del Reglamento de base «se elegirá un período de investigación que, en el caso del dumping, no deberá ser normalmente inferior a los seis meses inmediatamente anteriores a la apertura del procedimiento. Normalmente no se tendrá en cuenta la información relativa a un período posterior al período de investigación». Según reiterada jurisprudencia, no puede exigirse a la Comisión que incorpore en sus cálculos elementos relativos a un período posterior al período de investigación, a menos que tales elementos revelen novedades que hagan manifiestamente inadecuado el derecho antidumping propuesto (75). El mismo razonamiento, por analogía, debe aplicarse a las investigaciones de reconsideración iniciadas con arreglo al artículo 11, apartado 2, del Reglamento de base. La CISA no aportó ninguna prueba que pudiera demostrar que los acontecimientos que siguieron al período de investigación de reconsideración hacían que el restablecimiento del derecho fuera manifiestamente inadecuado.

(204)

En vista de lo anteriormente expuesto, se concluye que la ausencia de medidas daría lugar con toda probabilidad a un aumento considerable de las importaciones objeto de dumping procedentes de China a precios perjudiciales y que probablemente reaparecería un perjuicio importante.

(205)

De conformidad con el artículo 21 del Reglamento de base, la Comisión examinó si el mantenimiento de las medidas antidumping en vigor sería contrario al interés del conjunto de la Unión. La determinación del interés de la Unión se basó en una estimación de los diversos intereses pertinentes, concretamente los de la industria de la Unión, los de los importadores y los de los usuarios.

(206)

La industria de la Unión está situada en quince Estados miembros (Bélgica, Chequia, Alemania, España, Francia, Italia, Hungría, Países Bajos, Austria, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, y Finlandia). Emplea a más de 38 000 trabajadores en relación con el producto objeto de reconsideración.

(207)

A falta de medidas, la industria de la Unión ya no estará protegida ante el probable aumento de importaciones objeto de dumping procedentes de China, lo que causará un perjuicio importante. El efecto de las medidas antidumping será positivo para los productores de la Unión, ya que ayudarán a la industria de la Unión a continuar su recuperación respecto de prácticas anteriores de dumping. Por consiguiente, en claro interés de la industria de la Unión deben mantenerse las medidas.

(208)

La Comisión se puso en contacto con todos los usuarios e importadores no vinculados conocidos. Ningún usuario ni ningún importador no vinculado se dio a conocer ni cooperó en la presente investigación mediante la presentación de las respuestas al cuestionario. Dada la falta de cooperación de los usuarios y los importadores no vinculados y la ausencia de indicios en sentido contrario, la continuación de las medidas no se considera contraria al interés de los usuarios y de los importadores.

(209)

Además, la Comisión analizó si las medidas contra China tendrían un efecto negativo en la seguridad del suministro, ya que también existen medidas en vigor relativas a los PLC procedentes de Turquía, Brasil, Irán y Rusia. El nivel de utilización de la capacidad de la industria de la Unión fue del 75 % durante el período de investigación de la reconsideración, y la capacidad de producción total superó al consumo total de la Unión en 18 millones de toneladas, según datos de la respuesta de EUROFER al cuestionario sobre macroindicadores. Además, a pesar de las medidas contra algunos de los principales exportadores de PLC, casi cuarenta países exportaron el producto objeto de reconsideración a la Unión durante el período de investigación de la reconsideración, lo que demuestra que la imposición de medidas no afectaría a la diversificación del suministro. Por estas razones, y a falta de cooperación por parte de los usuarios y los importadores, la Comisión llegó a la conclusión de que no existían riesgos potenciales a nivel del suministro para los usuarios intermedios.

(210)

Tras la comunicación de la información, la CISA hizo referencia a la salvaguardia de la UE sobre las importaciones de, entre otros, PLC procedentes de China, lo que limita significativamente la posibilidad de que los productores chinos exporten PLC al mercado de la UE y restringe los flujos de libre comercio en detrimento de los productores transformadores y los usuarios finales.

(211)

La Comisión recordó que la salvaguardia en cuestión no puede considerarse de carácter duradero y que la medida actualmente en vigor (76) no tiene ningún impacto en la evaluación de la probabilidad de que aumenten las importaciones en ausencia de derechos antidumping. Teniendo en cuenta el carácter temporal de las salvaguardias del acero, la Comisión consideró, por lo tanto, que no pueden influir en sus conclusiones de la presente investigación. En cuanto a la seguridad del suministro, como se indica en el considerando 209, la capacidad de producción total de la industria de la Unión superó el consumo total de la Unión, y otros terceros países exportaron PLC a la Unión durante el período de investigación de la reconsideración. Además, la medida de salvaguardia se revisa periódicamente y se ajusta en caso necesario para garantizar un suministro suficiente de acero en el mercado de la Unión. Por consiguiente, las medidas de salvaguardia no constituirían un riesgo para la seguridad del suministro de los usuarios intermedios.

(212)

Además, la CISA también alegó que la introducción del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC) deterioraría el acceso al mercado de la Unión, dadas las gravosas obligaciones de notificación y los recargos vinculados al MAFC.

(213)

La Comisión recordó que el MAFC no entrará en vigor hasta octubre de 2023 y que, durante un período transitorio, hasta 2026, los importadores solo tendrán que notificar las emisiones implícitas en sus mercancías sin incurrir en cargas financieras. La razón alegada para este período transitorio es dar a las partes tiempo para adaptarse antes de que se ponga en marcha el sistema final y reducir el riesgo de perturbaciones del comercio. En consecuencia, la Comisión consideró que era prematuro realizar cualquier evaluación del impacto potencial del MAFC en los futuros flujos comerciales de PLC y rechazó la alegación.

(214)

Sobre la base de lo anterior, la Comisión concluyó que, desde el punto de vista del interés de la Unión, no había razones convincentes contra el mantenimiento de las medidas en vigor sobre las importaciones de productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados, originarios de China.

(215)

La CISA alegó que se debían suspender las actuales medidas antidumping de conformidad con el artículo 14, apartado 4, del Reglamento de base. Asimismo, alegó que se cumplían las dos condiciones establecidas en el citado artículo 14, apartado 4, del Reglamento de base. Alegó que las condiciones del mercado han cambiado temporalmente hasta tal punto que es poco probable que el perjuicio continúe o surja como consecuencia de la suspensión. En este sentido, la CISA hizo referencia a las expectativas de crecimiento de la industria transformadora de la Unión y a la recuperación económica prevista en el período posterior a la COVID-19, al aumento de los precios del producto afectado, a la reducción prevista del volumen de las importaciones procedentes de Rusia y Ucrania y a la Decisión de Ejecución por la que se suspenden los derechos antidumping definitivos sobre los productos laminados planos de aluminio procedentes de China (77).

(216)

La Comisión rechazó la alegación de la CISA por ser esta genérica y carecer de fundamento. Por otra parte, la investigación de la reconsideración ha establecido que es probable que el perjuicio reaparezca en ausencia de medidas y, por analogía, también en caso de suspensión. Tras la comunicación de la información, la CISA reiteró esta alegación, pero no presentó ningún argumento nuevo.

(217)

Sobre la base de las conclusiones alcanzadas por la Comisión acerca de la reaparición del dumping, la reaparición del perjuicio y el interés de la Unión, deben mantenerse las medidas antidumping sobre las importaciones de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados, originarios de China.

(218)

Con miras a reducir al mínimo el riesgo de elusión debido a la diferencia entre los tipos de derecho, deben adoptarse medidas especiales para garantizar la aplicación de los derechos antidumping individuales. Las empresas a las que se apliquen derechos antidumping individuales deberán presentar una factura comercial válida a las autoridades aduaneras de los Estados miembros. Dicha factura debe ajustarse a los requisitos establecidos en el artículo 1, apartado 3, del presente Reglamento. Las importaciones que no vayan acompañadas de dicha factura deberán someterse al derecho antidumping aplicable a «todas las demás empresas».

(219)

Si bien es necesario presentar esta factura para que las autoridades aduaneras de los Estados miembros apliquen los tipos de derecho antidumping individuales a las importaciones, no es el único elemento que deben tener en cuenta dichas autoridades. De hecho, aunque se presente una factura que cumpla todos los requisitos establecidos en el artículo 1, apartado 3, del presente Reglamento, las autoridades aduaneras de los Estados miembros deben llevar a cabo las comprobaciones habituales y pueden, como en cualquier otro caso, exigir documentos adicionales (de transporte, etc.), con objeto de verificar la exactitud de los datos incluidos en la declaración y garantizar que la consiguiente aplicación del tipo menor del derecho esté justificada, de conformidad con el Derecho aduanero.

(220)

Si el volumen de exportación de una de las empresas que se benefician de los tipos de derecho individuales más bajos aumentara significativamente tras imponerse las medidas en cuestión, podría considerarse que ese aumento del volumen constituye en sí mismo un cambio en las características del comercio como consecuencia de la imposición de las medidas a efectos del artículo 13, apartado 1, del Reglamento de base. En tales circunstancias, y si se dieran las condiciones, podría iniciarse una investigación antielusión. En dicha investigación podría examinarse, entre otras cosas, la necesidad de retirar los tipos de derecho individuales y la consiguiente imposición de un derecho de ámbito nacional.

(221)

Los tipos del derecho antidumping individuales aplicables a cada empresa que se establecen en el presente Reglamento son aplicables exclusivamente a las importaciones del producto objeto de reconsideración originario de China y fabricado por las personas jurídicas mencionadas. Las importaciones del producto objeto de reconsideración producido por cualquier otra empresa no mencionada expresamente en la parte dispositiva del presente Reglamento, incluidas las entidades vinculadas a las mencionadas específicamente, deben estar sujetas al tipo del derecho aplicable a «todas las demás empresas». No deben estar sujetas a ninguno de los tipos de derecho antidumping individuales.

(222)

Una empresa puede solicitar la aplicación de estos tipos de derecho antidumping individuales si posteriormente cambia el nombre de su entidad. La solicitud debe remitirse a la Comisión (78). Asimismo, debe incluir toda la información necesaria para demostrar que el cambio no afecta al derecho de la empresa a beneficiarse del tipo de derecho que se le aplica. Si el cambio de nombre de la empresa no afecta a su derecho a beneficiarse del tipo de derecho que se le aplica, se publicará un reglamento sobre el cambio de nombre en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(223)

Un exportador o productor que no haya exportado el producto afectado a la Unión durante el período que se tuvo en cuenta para fijar el nivel de derecho actualmente aplicable a sus exportaciones podrá solicitar a la Comisión someterse al tipo de derecho antidumping para las empresas que cooperaron no incluidas en la muestra. La Comisión debe aceptar dicha solicitud, siempre que se cumplan tres condiciones. El nuevo productor exportador tendría que demostrar que: i) no exportó el producto afectado a la Unión durante el período utilizado para fijar el nivel de derecho aplicable a sus exportaciones; ii) no está vinculado a una empresa que lo hiciera y, por tanto, sujeta a los derechos antidumping; y iii) ha exportado el producto afectado posteriormente o ha contraído una obligación contractual irrevocable de hacerlo en cantidades sustanciales.

(224)

Con arreglo al artículo 109 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (79), cuando deba reembolsarse un importe a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el tipo de interés será el aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciación, publicado el primer día natural de cada mes en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea.

(225)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido con arreglo al artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/1036.