(1)

La Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) establece el requisito de que los productos de consumo sean seguros y de que las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros actúen cuando sepan de la existencia de productos peligrosos e intercambien información a tal efecto a través del Sistema de Intercambio Rápido de Información de la Unión (RAPEX).

(2)

La Directiva 2001/95/CE debe revisarse y actualizarse a la luz de la evolución de las nuevas tecnologías y la venta en línea, a fin de garantizar la coherencia con la evolución de la legislación de armonización de la Unión y de la legislación de normalización, asegurar un mejor funcionamiento de las recuperaciones de productos por motivos de seguridad y establecer un marco más claro para los productos que imitan alimentos, regulados hasta ahora por la Directiva 87/357/CEE del Consejo (4). En aras de la claridad, procede derogar las Directivas 2001/95/CE y 87/357/CEE y sustituirlas por el presente Reglamento.

(3)

Un reglamento es el instrumento normativo apropiado, ya que impone normas claras y detalladas que no dejan margen para transposiciones divergentes por parte de los Estados miembros. La elección del reglamento en lugar de la directiva también permite conseguir mejor el objetivo de garantizar la congruencia con el marco legislativo de vigilancia del mercado de los productos que entran en el ámbito de aplicación de la legislación de armonización de la Unión, marco en el que el instrumento normativo aplicable es también un reglamento, a saber, el Reglamento (UE) 2019/1020 del Parlamento Europeo y del Consejo (5). Por último, esa elección va a reducir aún más la carga normativa mediante una aplicación uniforme de las normas de seguridad de los productos en toda la Unión.

(4)

El presente Reglamento tiene por objeto contribuir a la consecución de los objetivos contemplados en el artículo 169 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). En particular, debe tratar de garantizar la salud y la seguridad de los consumidores y el funcionamiento del mercado interior en lo que respecta a los productos destinados a los consumidores.

(5)

El presente Reglamento debe perseguir asimismo proteger a los consumidores y su seguridad como uno de los principios fundamentales del marco jurídico de la Unión y tal como lo recoge la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»). Los productos peligrosos pueden tener consecuencias muy negativas para los consumidores y los ciudadanos. Todos los consumidores, especialmente los más vulnerables, como los niños, las personas mayores o las personas con discapacidad, tienen derecho a que los productos sean seguros. Los consumidores deben disponer de medios suficientes para hacer valer ese derecho y los Estados miembros deben contar con instrumentos y medidas adecuados para hacer cumplir el presente Reglamento.

(6)

A pesar de que se ha adoptado legislación de armonización sectorial de la Unión que trata los aspectos de seguridad de productos o categorías de productos concretos, es prácticamente imposible adoptar Derecho de la Unión para todos los productos de consumo existentes o que puedan desarrollarse. Por lo tanto, es necesario un marco legislativo de base amplia y carácter horizontal para colmar lagunas y complementar las disposiciones de la legislación de armonización sectorial de la Unión vigente o futura y garantizar la protección de los consumidores no garantizada de otro modo por dicha legislación, sobre todo con vistas a lograr un nivel elevado de protección de la seguridad y la salud de los consumidores, tal como exigen los artículos 114 y 169 del TFUE.

(7)

Al mismo tiempo, en lo que respecta a los productos sujetos a legislación de armonización sectorial de la Unión, debe establecerse claramente el ámbito de las diferentes partes del presente Reglamento para evitar el solapamiento de disposiciones y garantizar un marco jurídico claro.

(8)

Aunque algunas de las disposiciones del presente Reglamento, como las relativas a la mayoría de las obligaciones de los operadores económicos, no deben aplicarse a los productos regulados por legislación de armonización de la Unión, otras de sus disposiciones son complementarias de la legislación de armonización de la Unión y, por lo tanto, deben aplicarse a dichos productos. En particular, el requisito general de seguridad de los productos y las disposiciones conexas deben aplicarse a los productos de consumo regulados por legislación de armonización de la Unión cuando determinados tipos de riesgos no estén cubiertos por dicha legislación de armonización de la Unión. Las disposiciones del presente Reglamento relativas a las obligaciones de los prestadores de mercados en línea, las obligaciones de los operadores económicos en caso de accidente, el derecho de los consumidores a información y a una solución, y las recuperaciones de productos de consumo por motivos de seguridad deben aplicarse a los productos regulados por legislación de armonización de la Unión en la medida en que no existan disposiciones específicas con el mismo objetivo en dicha legislación de armonización de la Unión. Del mismo modo, RAPEX ya se utiliza a efectos de la legislación de armonización de la Unión, tal como se contempla en el artículo 20 del Reglamento (UE) 2019/1020: por consiguiente, las disposiciones del presente Reglamento que regulan el portal Safety Gate y su funcionamiento deben aplicarse a los productos regulados por la legislación de armonización de la Unión.

(9)

Los productos que estén diseñados exclusivamente para un uso profesional, pero que, posteriormente, hayan pasado al mercado de los consumidores, deben estar sujetos al presente Reglamento, pues pueden presentar riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores cuando se utilicen en condiciones razonablemente previsibles.

(10)

Los medicamentos están sujetos a una evaluación previa a su comercialización que incluye un análisis específico de sus riesgos y beneficios. Por consiguiente, esos productos deben quedar igualmente excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(11)

El Derecho de la Unión en materia de alimentos, piensos y ámbitos conexos establece un sistema específico que garantiza la seguridad de los productos que regula. En efecto, para los alimentos y piensos existe un marco jurídico específico establecido, en particular, por el Reglamento (CE) n.o 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo (6). Además, los alimentos y piensos están regulados también en el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), que garantiza un enfoque armonizado con respecto a los controles oficiales para comprobar el cumplimiento del Derecho en materia de piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales. Por consiguiente, los alimentos y los piensos deben excluirse del ámbito de aplicación del presente Reglamento, a excepción de los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos en lo que respecta a los riesgos que no estén cubiertos por el Reglamento (CE) n.o 1935/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) o por otra legislación alimentaria específica que solo cubra los riesgos químicos y biológicos relacionados con los alimentos.

(12)

Las plantas vivas están sujetas a un marco jurídico específico, previsto, en particular, por el Reglamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), que tiene en cuenta las especificidades de dichos productos para garantizar la seguridad de los consumidores.

(13)

Los subproductos animales son materiales de origen animal que las personas no consumen. Dichos productos, como los piensos, están sujetos a un marco jurídico específico, previsto, en particular, por el Reglamento (CE) n.o 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

(14)

Los productos fitosanitarios, también denominados plaguicidas, están sujetos a disposiciones específicas para su autorización a nivel nacional, sobre la base del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (11), y por consiguiente también deben quedar excluidos del ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(15)

Las aeronaves a que se refiere el artículo 2, apartado 3, letra d), del Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) están sujetas al control normativo de los Estados miembros, habida cuenta de su limitado riesgo para la seguridad de la aviación civil. Por consiguiente, dichas aeronaves deben quedar igualmente excluidas del ámbito de aplicación del presente Reglamento.

(16)

Los requisitos establecidos en el presente Reglamento deben aplicarse a los productos de segunda mano y a los productos reparados, reacondicionados o reciclados que vuelvan a entrar en la cadena de suministro en el transcurso de una actividad comercial, excepto aquellos productos de los que el consumidor no pueda esperar razonablemente que cumplan las normas de seguridad más actuales, como los productos que se presenten expresamente como destinados a ser reparados o a ser reacondicionados o que se comercialicen como objetos de colección de importancia histórica.

(17)

Los servicios no deben estar regulados por el presente Reglamento. No obstante, con el fin de proteger la salud y la seguridad de los consumidores, los productos entregados o puestos a disposición de los consumidores en el contexto de la prestación de servicios, incluidos los productos a los que los consumidores estén expuestos directamente durante una prestación de servicios, deben entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. No obstante, los equipos en los que los consumidores montan o en los que viajan, cuando dichos equipos sean manejados directamente por un prestador de servicios en el contexto de un servicio de transporte, no deben entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, ya que debe considerarse en relación con la seguridad del servicio prestado.

(18)

Las antigüedades, como las obras de arte o los objetos de colección, son categorías específicas de productos de los que no cabe esperar que cumplan los requisitos de seguridad establecidos en el presente Reglamento, por lo que deben quedar excluidos de su ámbito de aplicación. No obstante, para evitar que se considere erróneamente que otros productos pertenecen a esas categorías, es necesario tener en cuenta que las obras de arte sean productos creados exclusivamente con fines artísticos, que los objetos de colección posean una naturaleza rara y un interés histórico o científico suficientes para justificar su colección y conservación, y que las antigüedades, si no son ya obras de arte, objetos de colección o ambos, tengan una antigüedad extraordinaria. Al evaluar si un producto es una antigüedad, como una obra de arte o un objeto de colección, podría tenerse en cuenta el anexo IX de la Directiva 2006/112/CE del Consejo (13).

(19)

La Organización Mundial de la Salud define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como la ausencia de enfermedades o dolencias.

(20)

La venta a distancia, incluida la venta en línea, también debe entrar en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. La venta en línea ha crecido de forma constante y progresiva, creando nuevos modelos de negocio y nuevos retos en relación con la seguridad de los productos e incorporando nuevos actores en el mercado, como los prestadores de mercados en línea.

(21)

En el caso de un producto que se ofrece a la venta en línea o mediante otros medios de venta a distancia, el producto debe considerarse comercializado si la oferta se dirige a consumidores en la Unión. En consonancia con la legislación aplicable de la Unión relativa al Derecho internacional privado, debe llevarse a cabo un análisis caso por caso para determinar si una oferta se dirige a consumidores en la Unión. Una oferta de venta debe considerarse dirigida a consumidores en la Unión si el operador económico correspondiente dirige sus actividades, por cualquier medio, a un Estado miembro. Para los análisis caso por caso, deben tomarse en consideración factores pertinentes, como las zonas geográficas a las que es posible el despacho, las lenguas disponibles, utilizadas para la oferta o el pedido, los medios de pago, el uso de la moneda del Estado miembro o un nombre de dominio registrado en uno de los Estados miembros. En el caso de ventas en línea, es insuficiente el mero hecho de que la interfaz de los operadores económicos o de los prestadores de mercados en línea sea accesible en el Estado miembro en el que el consumidor se halle establecido o domiciliado.

(22)

En virtud del requisito general de seguridad establecido en el presente Reglamento, los operadores económicos deben estar obligados a introducir en el mercado únicamente productos seguros. Este elevado nivel de seguridad debe lograrse principalmente a través del diseño y las características del producto, teniendo en cuenta el uso previsto y previsible y las condiciones de uso del producto. Los riesgos restantes, en su caso, deben reducirse mediante determinadas salvaguardas, como advertencias e instrucciones.

(23)

La seguridad de un producto debe evaluarse teniendo en cuenta todos los aspectos pertinentes del producto y, en particular, sus características, como las físicas, mecánicas y químicas, y su presentación, así como las necesidades específicas y los riesgos que presenten para determinadas categorías de consumidores que puedan utilizar esos productos, en particular niños, personas mayores y personas con discapacidad. Dichos riesgos también pueden comprender los relacionados con el medio ambiente en la medida en que presenten un riesgo para la salud y la seguridad de los consumidores. Dicha evaluación debe tener en cuenta el riesgo para la salud que presentan los productos conectados digitalmente, incluido el riesgo para la salud mental, especialmente de los consumidores vulnerables, en particular los niños. Por consiguiente, al evaluar la seguridad de los productos conectados digitalmente que puedan tener un impacto en los niños, los fabricantes deben garantizar que los productos que comercializan cumplen por su diseño las normas más estrictas en materia de seguridad, protección y privacidad, en el interés superior de los niños. Por otra parte, si es necesaria información específica para que los productos sean seguros para una categoría determinada de personas, la evaluación de la seguridad de los productos también debe tener en cuenta la presencia de dicha información y su accesibilidad. La seguridad de todos los productos debe evaluarse teniendo en cuenta la necesidad de que el producto sea seguro durante toda su vida útil.

(24)

Los objetos que se conectan a otros objetos o los no integrados que influyen en el funcionamiento de otro objeto pueden suponer un riesgo para la seguridad del producto. Este aspecto debe tenerse debidamente en cuenta como un riesgo potencial. Las conexiones e interrelaciones que un objeto pueda tener con objetos externos no deben comprometer su seguridad.

(25)

Las nuevas tecnologías podrían suponer nuevos riesgos para la salud y la seguridad de los consumidores o alterar la forma en que podrían materializarse los riesgos, como es el caso de una intervención externa que piratea el producto o cambia sus características. Las nuevas tecnologías pueden modificar sustancialmente el producto original, por ejemplo, mediante actualizaciones de software, que deben someterse a su vez a una nueva evaluación de riesgos si esa modificación sustancial afectara a la seguridad del producto.

(26)

Los riesgos específicos de ciberseguridad que afectan a la seguridad de los consumidores, así como los protocolos y las certificaciones, pueden tratarse mediante legislación sectorial. No obstante, en los casos en que no se aplique la legislación sectorial debe garantizarse que los operadores económicos y las autoridades nacionales pertinentes tengan en cuenta los riesgos relacionados con las nuevas tecnologías, respectivamente, al diseñar los productos y al evaluarlos, a fin de garantizar que los cambios introducidos en el producto no comprometan su seguridad.

(27)

A fin de facilitar una aplicación eficaz y coherente del requisito general de seguridad establecido en el presente Reglamento, es importante utilizar normas europeas que cubran determinados productos y riesgos. Esas normas europeas, cuyas referencias se hayan publicado de conformidad con la Directiva 2001/95/CE, deben seguir proporcionando una presunción de conformidad con el requisito general de seguridad establecido en el presente Reglamento. Las solicitudes de normalización que realice la Comisión de conformidad con la Directiva 2001/95/CE deben considerarse solicitudes de normalización realizadas con arreglo al presente Reglamento. En caso de que diferentes riesgos o categorías de riesgo estén cubiertos por la misma norma, la conformidad de un producto con la parte de la norma que cubre el riesgo o categoría de riesgo pertinente también daría al propio producto una presunción de seguridad en lo que respecta al riesgo o categoría de riesgo pertinente.

(28)

Cuando la Comisión determine que es necesaria una norma europea que garantice la conformidad de determinados productos con el requisito general de seguridad establecido en el presente Reglamento, debe aplicar las disposiciones pertinentes del Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (14), a fin de pedir a una o varias organizaciones europeas de normalización que elaboren o indiquen una norma que sea adecuada para garantizar la presunción de seguridad de los productos que la cumplan.

(29)

Los productos podrían presentar riesgos diferentes en función del género, y las actividades de normalización deberían tener esto en cuenta para evitar discrepancias en lo que se refiere a la seguridad y, por tanto, una brecha de género en esta materia. En la Declaración sobre la Integración de la Perspectiva de Género en Normas Técnicas y Estándares de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas se subrayan varias acciones que los organismos nacionales de normalización y las organizaciones de desarrollo de normas técnicas deben incluir en su plan de acción en materia de género para la integración de la perspectiva de género en las normas técnicas y en su desarrollo, con el fin de lograr unas normas equilibradas, representativas e inclusivas en cuanto al género.

(30)

Además de la adaptación del Reglamento (UE) n.o 1025/2012, debe introducirse un procedimiento específico para la adopción de requisitos específicos de seguridad con la asistencia del comité especializado previsto en el presente Reglamento.

(31)

En ausencia de normas europeas, el Derecho nacional que regule los requisitos de salud y seguridad en el Estado miembro en el que se comercialice el producto debe cumplir el Derecho de la Unión, en particular los artículos 34 y 36 del TFUE.

(32)

Los operadores económicos deben tener obligaciones proporcionadas relativas a la seguridad de los productos, en relación con sus funciones respectivas en la cadena de suministro, a fin de garantizar un nivel elevado de protección de la salud y la seguridad de los consumidores, velando al mismo tiempo por el funcionamiento eficaz del mercado interior. Todos los operadores económicos que intervengan en la cadena de suministro y distribución deben adoptar las medidas oportunas para asegurarse de que solo comercialicen productos que sean seguros y conformes con el presente Reglamento. Es necesario disponer un reparto claro y proporcionado de las obligaciones que se corresponda con el papel de cada operador en el proceso de suministro y distribución. Por ejemplo, por lo que se refiere a la verificación del cumplimiento de sus obligaciones por parte del fabricante y, en su caso, del importador, solo cabe exigir al distribuidor la realización de comprobaciones fácticas y no una evaluación de la información proporcionada por aquellos. La información sobre la identificación del producto y de los operadores económicos, así como las instrucciones y la información sobre seguridad, podrían comunicarlas, además, los operadores económicos en formato digital mediante soluciones electrónicas, como un código QR o un código matricial de datos.

(33)

Los fabricantes también deben elaborar documentación técnica relativa a los productos que introducen en el mercado, que debe contener la información necesaria para demostrar que dichos productos son seguros. La documentación técnica debe basarse en un análisis de riesgos interno realizado por el fabricante. La cantidad de información que debe contener la documentación técnica debe ser proporcional a la complejidad del producto y a los posibles riesgos detectados por el fabricante. En particular, los fabricantes deben proporcionar una descripción general del producto y los elementos necesarios para evaluar su seguridad. En el caso de los productos complejos o los productos que presenten posibles riesgos, la información que debe facilitarse podría requerir una descripción más amplia del producto. En tales casos, también debe incluirse un análisis de dichos riesgos y los medios técnicos adoptados para reducirlos o eliminarlos. Cuando el producto cumpla las normas europeas u otros elementos aplicados para cumplir con el requisito general de seguridad establecido en el presente Reglamento, debe indicarse también la lista de las correspondientes normas europeas o los demás elementos.

(34)

Toda persona física o jurídica que introduzca un producto en el mercado con su propio nombre o marca, o lo modifique sustancialmente de manera que pueda afectar a su conformidad con los requisitos del presente Reglamento, debe considerarse su fabricante y asumir las obligaciones que como tal le correspondan.

(35)

La modificación de un producto, por medios físicos o digitales, puede tener consecuencias en la naturaleza y las características del producto de una manera que no estaba prevista en la evaluación inicial del riesgo del producto y que podría comprometer su seguridad. Por lo tanto, dicha modificación debe considerarse una modificación sustancial y, cuando no sea realizada por el consumidor o en su nombre, debe dar lugar a que el producto se considere un producto nuevo de un fabricante diferente. A fin de garantizar el cumplimiento del requisito general de seguridad establecido en el presente Reglamento, la persona que lleve a cabo dicha modificación sustancial debe considerarse fabricante y estar sujeta a las mismas obligaciones. Dicho requisito solo debe aplicarse a la parte modificada del producto, siempre que la modificación no afecte al producto en su conjunto. A fin de evitar cargas innecesarias y desproporcionadas, no debe obligarse a la persona que lleve a cabo la modificación sustancial a repetir ensayos y aportar nueva documentación en relación con aspectos del producto que no se hayan visto afectados por la modificación. Debe ser la persona que lleve a cabo la modificación sustancial quien demuestre que dicha modificación no afecta al producto en su conjunto.

(36)

Los propios operadores económicos deben establecer procedimientos internos de conformidad mediante los cuales garanticen internamente el cumplimiento eficaz y rápido de sus obligaciones, así como las condiciones para reaccionar a tiempo cuando se detecte un producto peligroso.

(37)

A fin de evitar la introducción en el mercado de productos peligrosos, debe ser obligatorio que los operadores económicos incluyan en sus actividades de producción o comercialización procesos internos que garanticen el cumplimiento de los requisitos pertinentes del presente Reglamento. Esos procesos internos deben ser determinados por los propios operadores económicos en relación con su papel en la cadena de suministro y el tipo de productos de que se trate y pueden basarse, por ejemplo, en procedimientos organizativos, directrices, normas de normalización o en el nombramiento de un gestor ad hoc. El establecimiento y el formato de dichos procesos internos deben seguir siendo responsabilidad exclusiva de los operadores económicos pertinentes.

(38)

Es esencial la cooperación de todos los operadores económicos y prestadores de mercados en línea con las autoridades de vigilancia del mercado con el fin de eliminar o reducir los riesgos respecto a los productos comercializados de que se trate. No obstante, las solicitudes que les formulen las autoridades de vigilancia del mercado deben adaptarse al papel que desempeñan en la cadena de suministro y respecto de sus respectivas obligaciones legales.

(39)

La venta directa por parte de operadores económicos establecidos fuera de la Unión a través de canales en línea dificulta la labor de las autoridades de vigilancia del mercado de hacer frente a los productos peligrosos en la Unión, ya que en muchos casos puede que los operadores económicos ni se encuentren establecidos ni tengan un representante legal en la Unión. Por consiguiente, es necesario garantizar que las autoridades de vigilancia del mercado dispongan de las competencias y los medios adecuados para hacer frente de manera eficaz a la venta de productos peligrosos en línea. A fin de garantizar el cumplimiento efectivo del presente Reglamento, la obligación establecida en el artículo 4, apartados 1, 2 y 3, del Reglamento (UE) 2019/1020 debe ampliarse también a los productos que no entran en el ámbito de aplicación de la legislación de armonización de la Unión, a fin de asegurar que haya un operador económico responsable establecido en la Unión, al que se hayan encomendado tareas relacionadas con dichos productos, que sirva de interlocutor con las autoridades de vigilancia del mercado y, cuando se considere apropiado con respecto a los posibles riesgos que presente un producto, realice tareas específicas en tiempo oportuno para garantizar que los productos sean seguros. Esas tareas específicas deben incluir controles periódicos del cumplimiento de la documentación técnica, la información sobre el producto y el fabricante, las instrucciones y la información sobre seguridad.

(40)

La información de contacto del operador económico establecido en la Unión y responsable de los productos incluidos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento debe indicarse con el producto a fin de facilitar los controles en toda la cadena de suministro.

(41)

A fin de que los operadores económicos que sean pequeñas y medianas empresas (pymes), incluidas las microempresas, puedan hacer frente a las nuevas obligaciones impuestas por el presente Reglamento, la Comisión debe facilitar directrices prácticas y orientación específica, por ejemplo, a través de un canal directo para contactar con expertos en caso de que tengan preguntas, teniendo en cuenta la necesidad de simplificar y limitar sus cargas administrativas.

(42)

Garantizar la identificación de los productos y la divulgación de información sobre el fabricante y otros operadores económicos pertinentes a lo largo de toda la cadena de suministro ayuda a identificar a los operadores económicos y, en su caso, a adoptar medidas correctivas eficaces y proporcionadas frente a los productos peligrosos, como las recuperaciones específicas. La identificación de los productos y la divulgación de información sobre el fabricante y otros operadores económicos pertinentes garantizan así que los consumidores, incluidas las personas con discapacidad, y las autoridades de vigilancia del mercado obtengan información precisa sobre los productos peligrosos, lo que aumenta la confianza en el mercado y evita perturbaciones innecesarias del comercio. Así pues, los productos deben incorporar información que permita su identificación y la del fabricante, así como, en su caso, la del importador y la de otros operadores económicos pertinentes. Estos requisitos pueden ser más estrictos en determinados tipos de productos que puedan presentar un riesgo grave para la salud y la seguridad de los consumidores, mediante un sistema de recogida y almacenamiento de datos que permita, además de la identificación del producto, la identificación de sus componentes o de los operadores económicos que participan en su cadena de suministro. Esto debe entenderse sin perjuicio de los requisitos de información establecidos en la Directiva 2011/83/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (15), relativos a las características principales de los bienes, en la medida adecuada al soporte y a los bienes. Debe considerarse imagen una fotografía, una ilustración u otro elemento pictográfico que permita fácilmente la identificación de un producto o producto potencial.

(43)

Garantizar que los fabricantes notifiquen los accidentes causados por un producto que comercialicen mejorará la información de que disponen las autoridades de vigilancia del mercado y permitirá una mejor identificación de las categorías de productos potencialmente peligrosos. Las normas sobre la responsabilidad de los operadores económicos por productos defectuosos se establecen en normativa específica de la Unión, por lo que la notificación y la recogida de datos no deben considerarse una admisión de responsabilidad por un producto defectuoso ni una confirmación de la responsabilidad con arreglo a la correspondiente normativa de la Unión o nacional.

(44)

A fin de poder detectar los nuevos riesgos emergentes y otras tendencias del mercado relacionadas con la seguridad de los productos, debe alentarse a todas las partes interesadas, incluidas las organizaciones de consumidores o empresariales, a que comuniquen a las autoridades de vigilancia del mercado y a la Comisión la información de que dispongan para detectar e investigar las infracciones del presente Reglamento.

(45)

Los prestadores de mercados en línea tienen una función crucial en la cadena de suministro —ya que permiten a los operadores económicos llegar a un número mayor de consumidores— y, por tanto, también en el sistema de seguridad de los productos.

(46)

Conforme a los nuevos modelos de negocio complejos vinculados a las ventas en línea, la misma entidad puede prestar diversos servicios. Dependiendo de la naturaleza de los servicios prestados para un producto determinado, la misma entidad puede pertenecer a diferentes categorías de modelos de negocio con arreglo al presente Reglamento. Cuando una entidad preste únicamente servicios de intermediación en línea para un producto determinado, solo será considerada prestador de un mercado en línea para ese producto. En caso de que la misma entidad preste servicios de mercado en línea para la venta de un producto concreto y también actúe como operador económico en virtud del presente Reglamento, tendría también la condición de operador económico pertinente. En tal caso, la entidad de que se trate debería cumplir, por tanto, las obligaciones aplicables al correspondiente operador económico. Por ejemplo, si el prestador del mercado en línea también distribuye un producto, entonces, con respecto a la venta del producto distribuido, se le consideraría un distribuidor. Del mismo modo, si la entidad en cuestión vende sus propios productos de marca actuaría como fabricante y, por tanto, tendría que cumplir los requisitos aplicables a los fabricantes. Asimismo, algunas entidades pueden tener la condición de prestadores de servicios logísticos si ofrecen servicios logísticos. Por lo tanto, estos casos tendrían que evaluarse caso por caso.

(47)

Dado el importante papel que desempeñan los prestadores de mercados en línea a la hora de intermediar en la venta de productos entre comerciantes y consumidores, estos agentes deben tener más responsabilidades en relación con la venta de productos peligrosos en línea. La Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (16) establece el marco general para el comercio electrónico y determinadas obligaciones para las plataformas en línea. El Reglamento (UE) 2022/2065 del Parlamento Europeo y del Consejo (17) regula la responsabilidad y la obligación de rendir cuentas de quienes prestan servicios de intermediación en línea con respecto a contenidos ilícitos, incluidos los productos peligrosos. Dicho Reglamento se aplica sin perjuicio de las reglas establecidas por el Derecho de la Unión en materia de protección de los consumidores y seguridad de los productos. En consecuencia, sobre la base del marco jurídico horizontal previsto en dicho Reglamento, deben introducirse requisitos específicos esenciales para hacer frente de manera eficaz a la venta en línea de productos peligrosos, de conformidad con el artículo 2, apartado 4, letra f), de dicho Reglamento. En la medida en que el presente Reglamento especifique los requisitos, en relación con la seguridad de los productos, que los prestadores de mercados en línea deben cumplir para garantizar el cumplimiento de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 2022/2065, dichos requisitos no deben afectar a la aplicación del Reglamento (UE) 2022/2065, que sigue aplicándose a dichos prestadores de mercados en línea.

(48)

El compromiso de seguridad de los productos, firmado por primera vez en 2018 y al que se han adherido varios prestadores de mercados en línea desde entonces, establece una serie de compromisos voluntarios en materia de seguridad de los productos. El compromiso de seguridad de los productos ha justificado su existencia puesto que ha mejorado la protección de los consumidores frente a los productos peligrosos vendidos en línea. Con el fin de reforzar la protección de los consumidores evitando daños a su vida, su salud y su seguridad, y de garantizar una competencia leal en el mercado interior, se anima a los prestadores de mercados en línea a que asuman esos compromisos voluntarios para evitar que vuelvan a ofrecerse productos peligrosos ya retirados. El uso de tecnologías y procesos digitales y las mejoras en los sistemas de alerta, en particular, el portal Safety Gate, pueden permitir la identificación y comunicación automáticas de los productos peligrosos notificados y llevar a cabo controles aleatorios automatizados en el portal Safety Gate.

(49)

Los prestadores de mercados en línea deben observar la diligencia debida en relación con los contenidos alojados en sus interfaces en línea que afecten a la seguridad de los productos, de conformidad con las obligaciones específicas establecidas en el presente Reglamento. En consecuencia, el presente Reglamento debe establecer obligaciones de diligencia debida aplicables a todos los prestadores de mercados en línea en relación con los contenidos alojados en sus interfaces en línea que afecten a la seguridad de los productos.

(50)

Además, en aras de una vigilancia eficaz del mercado, los prestadores de mercados en línea deben registrarse en el portal Safety Gate e indicar en este la información relativa a su punto único de contacto para facilitar la comunicación de información sobre cuestiones de seguridad de los productos. La Comisión debe velar por que el registro sea fácil y cómodo. El punto único de contacto en virtud del presente Reglamento podría ser el mismo que el punto de contacto contemplado en el artículo 11 del Reglamento (UE) 2022/2065, sin que se ponga en peligro el objetivo de tramitar de manera rápida y específica las cuestiones relacionadas con la seguridad de los productos.

(51)

Los prestadores de mercados en línea deben designar un punto único de contacto para los consumidores. Este punto único de contacto debe servir de ventanilla única para las comunicaciones de los consumidores sobre cuestiones de seguridad de los productos, que pueden entonces ser redirigidos a la unidad de servicio adecuada de un mercado en línea. Esto no debe impedir que se pongan a disposición de los consumidores puntos de contacto adicionales para servicios específicos. El punto único de contacto en virtud del presente Reglamento podría ser el mismo que el punto de contacto contemplado en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2022/2065.

(52)

A fin de poder cumplir las obligaciones que le atribuye el presente Reglamento y, en particular, en lo que se refiere al cumplimiento oportuno y efectivo de las órdenes de las autoridades públicas, a la gestión de las notificaciones de terceros y a la cooperación con las autoridades de vigilancia del mercado en el contexto de las medidas correctivas previa solicitud, los prestadores de mercados en línea deben disponer de un mecanismo interno para tratar cuestiones relacionadas con la seguridad de los productos.

(53)

El artículo 14, apartado 4, del Reglamento (UE) 2019/1020 faculta a las autoridades de vigilancia del mercado, cuando no se disponga de otros medios eficaces para eliminar un riesgo grave, para que exijan la retirada de una interfaz en línea de contenidos sobre los productos relacionados o que exijan que se muestre de forma expresa una advertencia a los usuarios finales cuando accedan a una interfaz en línea. Las competencias conferidas a las autoridades de vigilancia del mercado por el artículo 14, apartado 4, del Reglamento (UE) 2019/1020 también deben aplicarse al presente Reglamento. Para que la vigilancia del mercado en virtud del presente Reglamento sea eficaz y para evitar la presencia de productos peligrosos en el mercado de la Unión, estas competencias deben aplicarse en todos los supuestos que sean necesarios y proporcionados, así como cuando los productos presenten un riesgo que no llegue a ser grave. Es esencial que los prestadores de mercados en línea cumplan dichas órdenes de forma urgente. Por consiguiente, el presente Reglamento debe introducir plazos imperativos a ese respecto. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el artículo 9 del Reglamento (UE) 2022/2065.

(54)

Las órdenes que también exijan al prestador de un mercado en línea que retire de su interfaz en línea todos los contenidos idénticos relativos a la oferta de un producto peligroso especificado en la orden deben identificar los elementos que van a determinar y permitir al prestador de un mercado en línea retirar ofertas idénticas, sobre la base de la información mostrada por los comerciantes, en la medida en que no se exija al prestador de un mercado en línea que realice una evaluación independiente de dicho contenido.

(55)

Cuando la información del Sistema de Alerta Rápida «Safety Gate» no contenga un localizador uniforme de recursos (URL) exacto y, cuando sea necesario, información adicional que permita reconocer el contenido relativo a la oferta de un producto peligroso, los prestadores de mercados en línea deben, en cualquier caso, tener en cuenta la información transmitida, como los identificadores de productos, cuando esté disponible, y otra información de trazabilidad, en el contexto de cualquier medida adoptada por los prestadores de mercados en línea por propia iniciativa, destinada a detectar, reconocer, eliminar o impedir el acceso a dichas ofertas de productos peligrosos en su interfaz en línea, cuando proceda. No obstante, debe modernizarse y actualizarse el portal Safety Gate a fin de facilitar a los prestadores de mercados en línea la detección de productos inseguros y, a tal fin, debe ser posible aplicar las disposiciones del presente Reglamento sobre la eliminación de las interfaces en línea de contenido relativo a la oferta de un producto peligroso mediante un sistema de notificación diseñado y desarrollado dentro del portal Safety Gate.

(56)

Las obligaciones que impone el presente Reglamento a los prestadores de mercados en línea no deben equivaler a una obligación general de supervisar la información que transmiten o almacenan, ni deben implicar que dichos prestadores tengan que buscar activamente hechos o circunstancias indiciarios de actividades ilegales, como la venta de productos peligrosos en línea. No obstante, para beneficiarse de la exención de responsabilidad de los servicios de alojamiento de datos en virtud de la Directiva 2000/31/CE y del Reglamento (UE) 2022/2065, los prestadores de mercados en línea deben retirar rápidamente de sus interfaces en línea el contenido relativo a la oferta de un producto peligroso, cuando tengan conocimiento efectivo o, en caso de demanda por daños y perjuicios, cuando tengan conocimiento del contenido relativo a la oferta de un producto peligroso, en particular, en los casos en que el prestador del mercado en línea haya tenido conocimiento de hechos o circunstancias sobre cuya base un operador económico diligente debería haber detectado la ilegalidad en cuestión. Los prestadores de mercados en línea deben gestionar las notificaciones sobre contenido relativo a la oferta de algún producto peligroso, recibidas de conformidad con el artículo 16 del Reglamento (UE) 2022/2065, dentro de los plazos adicionales establecidos por el presente Reglamento. Además, se anima a los prestadores de mercados en línea a que comprueben los productos en el portal Safety Gate antes de colocarlos en su interfaz.

(57)

A efectos del artículo 22 del Reglamento (UE) 2022/2065 y en relación con la seguridad de los productos vendidos en línea, el coordinador de servicios digitales debe considerar, en particular, que las organizaciones de consumidores y las asociaciones que representan los intereses de los consumidores y otras partes interesadas pertinentes, previa solicitud, son alertadores fiables, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en dicho artículo.

(58)

La trazabilidad de los productos es fundamental para una vigilancia del mercado de los productos peligrosos eficaz y para la adopción de medidas correctivas. Los consumidores también deben estar protegidos contra los productos peligrosos de la misma manera en los canales de venta en línea y fuera de línea, especialmente cuando compran productos en mercados en línea. Sobre la base de las disposiciones del Reglamento (UE) 2022/2065 relativas a la trazabilidad de los comerciantes, los prestadores de mercados en línea no deben permitir que se ofrezca un producto determinado en sus plataformas, a menos que el comerciante proporcione toda la información sobre la seguridad del producto y la trazabilidad como se especifica en el presente Reglamento. Esta información debe mostrarse en el anuncio, de modo que los consumidores puedan beneficiarse de la misma información disponible en línea y fuera de línea. No obstante, los prestadores de mercados en línea no deben ser responsables de verificar la integridad, corrección y exactitud de la propia información, ya que la obligación de garantizar la trazabilidad de los productos incumbe al comerciante pertinente.

(59)

También es importante que los prestadores de mercados en línea colaboren estrechamente con las autoridades de vigilancia del mercado, los comerciantes y los operadores económicos pertinentes en lo relativo a la seguridad de los productos. El artículo 7, apartado 2, del Reglamento (UE) 2019/1020 impone a los proveedores de servicios de la sociedad de la información una obligación de cooperación con las autoridades de vigilancia del mercado en relación con los productos regulados por dicho Reglamento. Dicha obligación debe ampliarse, por lo tanto, a todos los productos de consumo. Por ejemplo, las autoridades de vigilancia del mercado están mejorando constantemente las herramientas tecnológicas que utilizan para la vigilancia del mercado en línea a fin de detectar productos peligrosos vendidos en línea. Para que estas herramientas sean eficaces, los prestadores de mercados en línea deben conceder acceso a sus interfaces. Por otra parte, a efectos de la seguridad de los productos, las autoridades de vigilancia del mercado también deben tener la posibilidad de extraer datos de una interfaz en línea previa solicitud motivada en caso de obstáculos técnicos establecidos por los prestadores de mercados en línea o vendedores en línea. Los prestadores de mercados en línea también deben cooperar en las recuperaciones de productos y la notificación de accidentes.

(60)

El marco jurídico de la vigilancia del mercado de los productos regulados por legislación de armonización de la Unión y establecido en el Reglamento (UE) 2019/1020 y el marco jurídico de la vigilancia del mercado de los productos regulados por el presente Reglamento deben ser lo más coherentes posible. Por lo tanto, en lo que respecta a las actividades, las obligaciones, las competencias y las medidas de vigilancia del mercado, así como la cooperación entre las autoridades de vigilancia del mercado, es necesario armonizar los dos conjuntos de disposiciones. A tal fin, el artículo 10, el artículo 11, apartados 1 a 7, los artículos 12 a 15, el artículo 16, apartados 1 a 5, los artículos 18 y 19, y los artículos 21 a 24 del Reglamento (UE) 2019/1020 deben aplicarse también a los productos regulados por el presente Reglamento.

(61)

De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (18) (código aduanero de la Unión), los productos procedentes de terceros países destinados a ser comercializados en la Unión o destinados a su uso o consumo privados en el territorio aduanero de la Unión se incluyen en el régimen aduanero de «despacho a libre práctica». Dicho régimen tiene por objeto cumplir las formalidades establecidas con respecto a la importación de las mercancías, incluida la garantía del cumplimiento de las disposiciones aplicables del Derecho de la Unión, de modo que dichas mercancías puedan comercializarse en la Unión como cualquier producto fabricado en esta. Por lo que respecta a la seguridad de los consumidores, estos productos deben cumplir lo dispuesto en el presente Reglamento, en particular el requisito general de seguridad establecido en este.

(62)

El capítulo VII del Reglamento (UE) 2019/1020, que establece las normas sobre los controles de los productos que entran en el mercado de la Unión, ya es directamente aplicable a los productos regulados por el presente Reglamento. Las autoridades encargadas de estos controles deben realizarlos sobre la base del análisis de riesgos a que se refieren los artículos 46 y 47 del Reglamento (UE) n.o 952/2013, la legislación de ejecución y la orientación correspondientes. Por consiguiente, dicho Reglamento no modifica en modo alguno el capítulo VII del Reglamento (UE) 2019/1020 ni la manera en que las autoridades encargadas de los controles de los productos que entran en el mercado de la Unión se organizan y llevan a cabo sus actividades.

(63)

Los Estados miembros deben velar por que todas las medidas adoptadas por sus autoridades competentes en virtud del presente Reglamento sean recurribles de conformidad con el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 47 de la Carta.

(64)

Las autoridades nacionales deben poder complementar las actividades tradicionales de vigilancia del mercado centradas en la seguridad de los productos, con actividades de vigilancia del mercado centradas en los procedimientos internos de conformidad establecidos por los operadores económicos para garantizar la seguridad de los productos. Las autoridades de vigilancia del mercado deben poder exigir al fabricante que indique qué otros productos —fabricados con el mismo procedimiento o que contienen los mismos componentes que se considera que presentan un riesgo o que forman parte del mismo lote de fabricación— están afectados por el mismo riesgo.

(65)

Asimismo, los Estados miembros deben velar por que las autoridades de vigilancia del mercado estén dotadas de conocimientos especializados y recursos suficientes para todas sus actividades de garantía del cumplimiento.

(66)

Debe establecerse un intercambio de información entre los Estados miembros y la Comisión acerca de la aplicación del presente Reglamento sobre la base de indicadores de resultados que permitan medir la eficacia de la legislación de la Unión en materia de seguridad de los productos.

(67)

Debe haber un intercambio eficaz, rápido y exacto de información sobre productos peligrosos para garantizar que se adoptan las medidas adecuadas en relación con dichos productos y de este modo proteger plenamente la salud y la seguridad de los consumidores.

(68)

El RAPEX debe modernizarse para que permita la adopción de medidas correctivas más eficientes en toda la Unión en relación con productos que presenten un riesgo más allá del territorio de un solo Estado miembro. No obstante, es oportuno cambiar el nombre abreviado y habitual de RAPEX por «Safety Gate» en aras de una mayor claridad y un mejor acercamiento a los consumidores. Este sistema Safety Gate consta de tres elementos: en primer lugar, un sistema de alerta rápida sobre productos peligrosos no alimentarios que permite a las autoridades nacionales y a la Comisión intercambiar información sobre dichos productos (en lo sucesivo, «Sistema de Alerta Rápida “Safety Gate”»); en segundo lugar, un portal web para informar al público y permitirle presentar reclamaciones (en lo sucesivo, «portal Safety Gate»), y, en tercer lugar, un portal web que permite a las empresas cumplir su obligación de informar a las autoridades y a los consumidores de productos peligrosos y accidentes (en lo sucesivo, «portal Safety Business Gateway»). Debe haber interfaces entre los diferentes elementos del sistema Safety Gate. El Sistema de Alerta Rápida «Safety Gate» es el sistema interno a través del cual las autoridades y la Comisión intercambian información sobre medidas relativas a productos peligrosos, y puede contener información confidencial. Debe publicarse un extracto de las alertas en el portal Safety Gate para informar al público sobre los productos peligrosos. El portal Safety Business Gateway es el portal web a través del cual las empresas informan a las autoridades de vigilancia del mercado de los Estados miembros sobre productos peligrosos y accidentes. La Comisión debe desarrollar una solución técnica para garantizar que la información introducida por las empresas en el portal Safety Business Gateway, destinada a alertar a los consumidores, pueda ponerse a disposición de los consumidores en el portal Safety Gate sin dilación indebida. Además, la Comisión debe desarrollar una interfaz interoperable que permita a los prestadores de mercados en línea conectar sus interfaces con el portal Safety Gate de manera fácil, rápida y fiable.

(69)

Los Estados miembros deben notificar en el Sistema de Alerta Rápida «Safety Gate» las medidas correctivas obligatorias y voluntarias que impidan, restrinjan o impongan condiciones específicas a la posible comercialización de un producto, debido a un riesgo grave para la salud y la seguridad de los consumidores o, en el caso de los productos sujetos al Reglamento (UE) 2019/1020, también para otros intereses públicos pertinentes de los usuarios finales.

(70)

En virtud del artículo 34 del Reglamento (UE) 2019/1020, las autoridades de los Estados miembros deben notificar las medidas adoptadas en relación con los productos sujetos a dicho Reglamento que presenten un riesgo que no llegue a ser grave, a través del sistema de información y comunicación a que se refiere dicho artículo, mientras que las medidas correctivas adoptadas en relación con los productos regulados por el presente Reglamento que presenten un riesgo que no llegue a ser grave también pueden notificarse en el Sistema de Alerta Rápida «Safety Gate». Los Estados miembros y la Comisión deben poner a disposición del público información sobre los riesgos que presentan los productos para la salud y la seguridad de los consumidores. Es conveniente para los consumidores y las empresas que toda la información sobre las medidas correctivas adoptadas en relación con los productos que presenten un riesgo grave figure en el Sistema de Alerta Rápida «Safety Gate», gracias a lo cual la información pertinente sobre productos peligrosos se podrá poner a disposición del público a través del portal Safety Gate. Es importante que toda esa información esté disponible en la lengua o lenguas oficiales del Estado miembro de residencia del consumidor y se redacte de manera clara y comprensible. Por lo tanto, se anima a los Estados miembros a notificar en el Sistema de Alerta Rápida «Safety Gate» todas las medidas correctivas relativas a los productos que presentan un riesgo para la salud y la seguridad de los consumidores.

(71)

En caso de que la información deba notificarse en el sistema de información y comunicación de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/1020, existe la posibilidad de que dichas notificaciones se envíen directamente al Sistema de Alerta Rápida «Safety Gate» o de que se generen a partir del sistema de información y comunicación para la vigilancia del mercado contemplado en el artículo 34 del Reglamento (UE) 2019/1020. A tal fin, la Comisión debe mantener y seguir desarrollando la interfaz para la transferencia de información entre dicho sistema de información y comunicación y el Sistema de Alerta Rápida «Safety Gate», con el objetivo de evitar introducir dos veces los mismos datos y de facilitar dicha transferencia.

(72)

La Comisión debe mantener y seguir desarrollando el portal web Safety Business Gateway, que permite a los operadores económicos cumplir con sus obligaciones de informar a las autoridades de vigilancia del mercado y a los consumidores de los productos peligrosos que hayan comercializado. Dicho portal debe posibilitar un intercambio de información rápido y eficaz entre los operadores económicos y las autoridades nacionales, y facilitar a los operadores económicos el suministro de información a los consumidores.

(73)

Puede haber casos en los que sea necesario hacer frente a un riesgo grave a escala de la Unión, en que el riesgo no pueda controlarse satisfactoriamente mediante medidas adoptadas por el Estado miembro de que se trate o mediante cualquier otro procedimiento con arreglo al Derecho de la Unión. Este podría ser el caso, en particular, con respecto a nuevos riesgos emergentes o que afecten a consumidores vulnerables. Por esta razón, la Comisión debe poder adoptar medidas por iniciativa propia o a petición de los Estados miembros. Dichas medidas deben adaptarse a la gravedad y la urgencia de la situación. Además, es necesario establecer un mecanismo adecuado para que la Comisión pueda adoptar medidas provisionales inmediatamente aplicables.

(74)

La detección del riesgo relativo a un producto y la determinación de su nivel se basan en una evaluación del riesgo realizada por los agentes pertinentes. Al llevar a cabo esta evaluación del riesgo, los Estados miembros podrían llegar a conclusiones diferentes en lo que respecta a la existencia de un riesgo o al nivel de riesgo. Esas divergencias pueden comprometer el correcto funcionamiento del mercado interior y las condiciones de competencia equitativas tanto para los consumidores como para los operadores económicos. Por consiguiente, debe crearse un mecanismo que permita a la Comisión emitir un dictamen sobre la cuestión controvertida.

(75)

La Comisión debe elaborar un informe periódico sobre la aplicación del mecanismo previsto en el artículo 29, que debe presentarse a la red europea de autoridades de los Estados miembros competentes en materia de seguridad de los productos prevista en el presente Reglamento (en lo sucesivo, «Red de Seguridad de los Consumidores»). Dicho informe debe identificar los principales criterios aplicados por los Estados miembros para la evaluación del riesgo y su impacto en el mercado interior y en un nivel equivalente de protección de los consumidores, para permitir a los Estados miembros y a la Comisión armonizar los enfoques y criterios respecto a la evaluación del riesgo.

(76)

La Red de Seguridad de los Consumidores refuerza la cooperación entre los Estados miembros en cuanto a la garantía de cumplimiento de la normativa en materia de seguridad de los productos. En particular, facilita las actividades de intercambio de información, la organización de actividades de vigilancia del mercado conjuntas y el intercambio de conocimientos especializados y mejores prácticas. También debe contribuir a la armonización de las metodologías para la recogida de datos sobre la seguridad de los productos, así como al aumento de la interoperabilidad entre los sistemas de información regionales, sectoriales, nacionales y europeos en materia de seguridad de los productos. La Red de Seguridad de los Consumidores debe estar debidamente representada y participar en las actividades de coordinación y cooperación de la Red de la Unión sobre Conformidad de los Productos contemplada en el Reglamento (UE) 2019/1020 siempre que la coordinación de las actividades incluidas en el ámbito de aplicación de ambos Reglamentos sea necesaria para garantizar su eficacia.

(77)

Para preservar la coherencia del marco jurídico de la vigilancia del mercado y, al mismo tiempo, garantizar una cooperación eficaz entre la Red de Seguridad de los Consumidores y la Red de la Unión sobre Conformidad de los Productos, destinada a la coordinación y cooperación estructuradas entre las autoridades competentes de los Estados miembros y la Comisión y contemplada en el Reglamento (UE) 2019/1020, es necesario asociar la Red de Seguridad de los Consumidores a la Red de la Unión sobre Conformidad de los Productos en las actividades mencionadas en los artículos 11, 12, 13 y 21 del Reglamento (UE) 2019/1020.

(78)

Las autoridades de vigilancia del mercado deben llevar a cabo actividades conjuntas con otras autoridades u organizaciones de representación de los operadores económicos o de los consumidores con vistas a fomentar la seguridad de los productos y detectar los productos que sean peligrosos, especialmente los que se ofrecen a la venta en línea. Al hacerlo, las autoridades de vigilancia del mercado y la Comisión, en su caso, deben velar por que la elección de productos y productores, así como las actividades realizadas, no creen situaciones que puedan falsear la competencia o afectar a la objetividad, independencia e imparcialidad de las partes. Las autoridades de vigilancia del mercado deben poner a disposición del público los acuerdos sobre actividades conjuntas lo antes posible, siempre que dicha publicación no comprometa la eficacia de las actividades que vayan a emprenderse.

(79)

La Comisión debe organizar periódicamente una actividad conjunta mediante la cual las autoridades de vigilancia del mercado deben llevar a cabo inspecciones de los productos adquiridos en línea o fuera de línea bajo una identidad encubierta, en particular de los productos que se notifican con mayor frecuencia en el portal Safety Gate.

(80)

Las acciones de control simultáneas y coordinadas («barridos») son medidas específicas de garantía del cumplimiento que podrían mejorar la seguridad de los productos y, por lo tanto, deben realizarse para detectar infracciones en línea y fuera de línea del presente Reglamento. En particular, deben llevarse a cabo barridos cuando las tendencias del mercado, las reclamaciones de los consumidores u otras indicaciones muestren que determinados productos o categorías de productos presentan a menudo un riesgo grave.

(81)

Debe asegurarse, como norma general, el acceso público a la información sobre seguridad de los productos de la que dispongan las autoridades. No obstante, al dar acceso a la información sobre la seguridad de los productos, debe protegerse el secreto profesional, tal como se contempla en el artículo 339 del TFUE, de una manera que sea compatible con la eficacia de la vigilancia del mercado y de las medidas de protección.

(82)

Las reclamaciones son importantes para concienciar a las autoridades nacionales sobre la seguridad y la eficacia de las actividades de vigilancia y control relacionadas con productos peligrosos. Por consiguiente, los Estados miembros deben ofrecer a los consumidores y a otras partes interesadas, como las asociaciones de consumidores y los operadores económicos, la posibilidad de presentar reclamaciones.

(83)

La interfaz pública del Sistema de Alerta Rápida «Safety Gate», el portal Safety Gate, permite informar al público general, sobre todo los consumidores, los operadores económicos y los prestadores de mercados en línea, sobre las medidas correctivas adoptadas en relación con productos peligrosos presentes en el mercado de la Unión. Una sección aparte del portal Safety Gate permite a los consumidores informar a la Comisión de aquellos productos disponibles en el mercado que presentan un riesgo para la salud y la seguridad de los consumidores. Cuando proceda, la Comisión debe dar un seguimiento adecuado y, en particular, transmitir dicha información a las autoridades nacionales afectadas. La base de datos y el sitio web del portal Safety Gate deben ser fácilmente accesibles para las personas con discapacidad.

(84)

Tras verificar la exactitud de la información recibida de los consumidores y otras partes interesadas, la Comisión debe garantizar un seguimiento adecuado. En particular, la Comisión debe transmitir la información a los Estados miembros pertinentes para que la autoridad competente de vigilancia del mercado pueda actuar según proceda y sea necesario. Es importante que los consumidores y otras partes interesadas estén debidamente informados de la actividad de la Comisión.

(85)

Cuando resulte que un producto ya vendido a los consumidores es peligroso, puede que sea necesario recuperarlo para proteger a los consumidores de la Unión. Es posible que los consumidores no sean conscientes de que poseen un producto sujeto a recuperación. Por lo tanto, para aumentar la eficacia de la recuperación, es importante mejorar el contacto con los consumidores afectados. Dirigirse directamente a los consumidores es el método más eficaz para aumentar su conocimiento de las recuperaciones y animarlos a que actúen. También es el canal de comunicación preferido en todos los grupos de consumidores. Para garantizar la seguridad de los consumidores, es importante que se les informe de manera rápida y fiable. Por consiguiente, los operadores económicos y, cuando proceda, los prestadores de mercados en línea deben utilizar los datos que poseen de los consumidores para informarles de las recuperaciones y advertencias de seguridad relacionadas con los productos que hayan adquirido. Por lo tanto, es necesario imponer a los operadores económicos y los prestadores de mercados en línea la obligación jurídica de utilizar los datos que posean de los consumidores para informarles de las recuperaciones y advertencias de seguridad. A este respecto, los operadores económicos y los prestadores de mercados en línea deben garantizar que incluyen la posibilidad de ponerse directamente en contacto con los consumidores en caso de recuperación o advertencia de seguridad que les afecte, en los programas de fidelización y los sistemas de registro de productos existentes, a través de los cuales se pide a los clientes que, tras haber adquirido un producto, comuniquen voluntariamente al fabricante determinada información, como su nombre, información de contacto, el modelo del producto o el número de serie. El mero hecho de que las recuperaciones se dirijan a los consumidores no debe impedir que los operadores económicos y los prestadores de mercados en línea pongan en conocimiento de todos los clientes un aviso de recuperación del producto ni que ofrezcan otras soluciones a otros usuarios finales. Debe animarse a los operadores económicos y a los prestadores de mercados en línea a adoptar estas medidas, en particular en el caso de las microempresas y las pequeñas empresas que actúan como consumidores.

(86)

Debe animarse a los consumidores a que registren los productos para que reciban información sobre las recuperaciones y las advertencias de seguridad. La Comisión debe estar facultada para adoptar actos de ejecución a fin de especificar que, en el caso de algunos productos o categorías de productos específicos, los consumidores siempre deben tener la posibilidad de registrar un producto que hayan comprado para que se les notifique directamente una recuperación o una advertencia de seguridad relacionada con dicho producto. Al determinar qué productos o categorías de productos específicos deben estar sujetos a ese requisito, deben tenerse debidamente en cuenta el ciclo de vida de los productos o categorías de productos en cuestión y los riesgos que presentan los productos, la frecuencia de las recuperaciones y el tipo de usuarios de los productos, en particular los consumidores vulnerables.

(87)

Un tercio de los consumidores sigue utilizando productos peligrosos a pesar de ver un aviso de recuperación, sobre todo porque los avisos de recuperación están redactados de manera compleja o minimizan el riesgo en cuestión. Por lo tanto, el aviso de recuperación debe ser claro, transparente y describir meridianamente el riesgo en cuestión, evitando cualquier término, expresión u otros elementos que puedan reducir la percepción del riesgo por parte de los consumidores. Los consumidores también deben poder obtener más información, en caso necesario, a través de un número de teléfono gratuito u otro medio interactivo.

(88)

Para fomentar la respuesta de los consumidores a las recuperaciones, también es importante que la acción que se requiera de los consumidores sea lo más sencilla posible y que las soluciones ofrecidas sean efectivas, gratuitas y oportunas. La Directiva (UE) 2019/771 del Parlamento Europeo y del Consejo (19) ofrece a los consumidores medidas correctoras contractuales por falta de conformidad de los bienes tangibles en el momento de la entrega que se ponga de manifiesto dentro del período de responsabilidad establecido por los Estados miembros de conformidad con el artículo 10, apartado 3, de dicha Directiva. El artículo 14 de la Directiva (UE) 2019/770 del Parlamento Europeo y del Consejo (20) también se aplica a los bienes en soporte material, como DVD, CD, memorias USB y tarjetas de memoria, utilizados para portar contenidos digitales. Sin embargo, las situaciones en las que se recuperan del mercado productos peligrosos justifican la existencia de un conjunto específico de normas que deben aplicarse sin perjuicio de las medidas correctoras contractuales porque sus objetivos son diferentes. Mientras que las medidas correctoras contractuales sirven para subsanar la falta de conformidad de los bienes con el contrato, las soluciones en caso de recuperación sirven tanto para garantizar la eliminación de los productos peligrosos del mercado como para garantizar una solución adecuada para el consumidor. En consecuencia, existen grandes diferencias entre los dos conjuntos de posibles soluciones: en primer lugar, en caso de recuperación de un producto con arreglo al presente Reglamento, no debe haber límite de tiempo para activar las soluciones; en segundo lugar, el consumidor debe tener derecho a pedir soluciones al operador económico pertinente, no necesariamente al comerciante. Además, en caso de recuperación, el consumidor no debe tener que demostrar que el producto es peligroso.

(89)

Habida cuenta de los diferentes objetivos de las soluciones previstas en caso de recuperación de un producto peligroso y de las medidas correctoras por falta de conformidad de los bienes con el contrato, los consumidores deben utilizar el sistema correspondiente a la situación de que se trate. Por ejemplo, si el consumidor recibe un aviso de recuperación con una descripción de las soluciones a su disposición, debe actuar de acuerdo con las instrucciones de dicho aviso. No obstante, no se le debe privar de la posibilidad de solicitar al vendedor medidas correctoras por falta de conformidad de los bienes peligrosos con el contrato.

(90)

Una vez se le haya proporcionado una solución como consecuencia de una recuperación, el consumidor no puede tener derecho a medidas correctoras por falta de conformidad del bien con el contrato por motivos relacionados con el hecho de que el producto era peligroso, ya que la falta de conformidad ya no existe. Del mismo modo, en caso de que el consumidor invoque su derecho a una medida correctora en virtud de la Directiva (UE) 2019/770 o de la Directiva (UE) 2019/771, el consumidor no tiene derecho a una solución en virtud del presente Reglamento para el mismo problema de seguridad. Sin embargo, si no se cumplen otros requisitos de conformidad relativos al mismo bien, el vendedor sigue siendo responsable de la falta de conformidad del bien con el contrato, aunque se haya proporcionado una solución al consumidor a raíz de la recuperación de un producto peligroso.

(91)

Los operadores económicos que inicien la recuperación de un producto deben ofrecer a los consumidores al menos dos opciones entre la reparación, la sustitución o el reembolso adecuado del valor del producto sujeto a recuperación, excepto cuando esto resulte imposible o desproporcionado. Ofrecer a los consumidores la posibilidad de elegir entre varias soluciones puede mejorar la eficacia de una recuperación. Además, deben fomentarse los incentivos para motivar a los consumidores a participar en una recuperación, como descuentos o bonos, a fin de aumentar la eficacia de las recuperaciones. La reparación del producto solo debe considerarse una posible solución si puede garantizarse la seguridad del producto reparado. El importe del reembolso debe ser al menos igual al precio pagado por el consumidor, sin perjuicio de cualquier compensación adicional prevista en el Derecho nacional. Aun cuando no se disponga de ninguna prueba del precio pagado, debe facilitarse un reembolso adecuado del valor del producto sujeto a recuperación. En caso de recuperación del soporte material de contenidos digitales en el sentido del artículo 2, punto 1, de la Directiva (UE) 2019/770, el reembolso debe cubrir todos los importes abonados por el consumidor con arreglo al contrato, tal como se establece en el artículo 16, apartado 1, de dicha Directiva. Toda solución debe entenderse sin perjuicio del derecho de los consumidores a una indemnización por daños y perjuicios en virtud del Derecho nacional.

(92)

Las soluciones ofrecidas en caso de recuperación de un producto por motivos de seguridad no deben suponer una carga excesiva para los consumidores ni ponerlos en peligro. Si la solución también implica la eliminación del producto sujeto a recuperación, dicha eliminación debe llevarse a cabo teniendo debidamente en cuenta los objetivos medioambientales y sostenibles establecidos a escala de la Unión y nacional. Además, la reparación por el propio consumidor solo debe considerarse una posible solución si el consumidor puede efectuarla con facilidad y seguridad, por ejemplo, sustituyendo una batería o cortando cuerdas ajustables excesivamente largas en una prenda de niños cuando así lo disponga el aviso de recuperación. Asimismo, la reparación por el propio consumidor debe entenderse sin perjuicio de los derechos de los consumidores en virtud de las Directivas (UE) 2019/770 y (UE) 2019/771. Por lo tanto, en tales situaciones, los operadores económicos no deben obligar a los consumidores a reparar por sí mismos un producto peligroso.

(93)

El presente Reglamento también debe animar a los operadores económicos y los prestadores de mercados en línea a celebrar memorandos de entendimiento voluntarios con las autoridades competentes, la Comisión o las organizaciones que representen a los consumidores o los operadores económicos, para contraer compromisos voluntarios relacionados con la seguridad de los productos que vayan más allá de las obligaciones legales establecidas en el Derecho de la Unión.

(94)

Los consumidores deben poder hacer valer sus derechos en relación con las obligaciones impuestas a los operadores económicos o a los prestadores de mercados en línea en virtud del presente Reglamento mediante acciones de representación de conformidad con la Directiva (UE) 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo (21). A tal fin, debe establecerse en el presente Reglamento que la Directiva (UE) 2020/1828 sea aplicable a las acciones de representación ejercitadas frente a infracciones del presente Reglamento que perjudiquen o puedan perjudicar los intereses colectivos de los consumidores. Por lo tanto, procede modificar el anexo I de dicha Directiva en consecuencia. Corresponde a los Estados miembros garantizar que dicha modificación se refleje en sus medidas de transposición adoptadas de conformidad con dicha Directiva, aunque la adopción de medidas nacionales de transposición a este respecto no es una condición para la aplicabilidad de dicha Directiva a las acciones de representación. La aplicabilidad de dicha Directiva a las acciones de representación ejercitadas frente a infracciones de las disposiciones del presente Reglamento cometidas por operadores económicos o prestadores de mercados en línea, que perjudiquen o puedan perjudicar los intereses colectivos de los consumidores debe comenzar a partir de la fecha de aplicación del presente Reglamento. Hasta esa fecha, los consumidores deben poder confiar en la aplicabilidad de la Directiva (UE) 2020/1828 en consonancia con su anexo I, punto 8.

(95)

La Unión debe poder cooperar e intercambiar información relativa a la seguridad de los productos con las autoridades reguladoras de terceros países u organizaciones internacionales en el marco de acuerdos celebrados entre la Unión y terceros países u organizaciones internacionales o de acuerdos entre la Comisión y las autoridades de terceros países u organizaciones internacionales, también con el objetivo de evitar la circulación de productos peligrosos en el mercado. Dicha cooperación e intercambio de información debe respetar las normas de confidencialidad y protección de datos personales de la Unión. Solo se deben transferir datos personales en la medida en que dicho intercambio sea necesario para proteger la salud o la seguridad de los consumidores.

(96)

El intercambio sistemático de información entre la Comisión y terceros países u organizaciones internacionales sobre la seguridad de los productos de consumo y sobre las medidas preventivas, restrictivas y correctivas debe basarse en la reciprocidad, lo que implica un intercambio de información equivalente, pero no necesariamente idéntico, en beneficio mutuo. Un intercambio de información con un tercer país que produzca mercancías destinadas al mercado de la Unión podría consistir en que la Comisión enviara información seleccionada del Sistema de Alerta Rápida «Safety Gate» en relación con productos originarios de ese tercer país. Por su parte, dicho tercer país podría enviar información sobre las medidas de seguimiento adoptadas sobre la base de las notificaciones recibidas. Esta cooperación podría contribuir al objetivo de detener los productos peligrosos en su origen e impedir que lleguen al mercado de la Unión.

(97)

Para que tengan un efecto disuasorio significativo sobre los operadores económicos y, cuando proceda, sobre los prestadores de mercados en línea, de modo que se impida la introducción de productos peligrosos en el mercado, las sanciones deben ser adecuadas al tipo de infracción, a la posible ventaja para el operador económico o el prestador de un mercado en línea y al tipo y gravedad de las lesiones sufridas por el consumidor. Las sanciones deben ser efectivas, proporcionadas y disuasorias.

(98)

Al imponer sanciones, debe tenerse debidamente en cuenta la naturaleza, gravedad y duración de la infracción en cuestión. La imposición de sanciones debe ser proporcionada y cumplir el Derecho de la Unión y nacional, lo que incluye el cumplimiento de las garantías procesales aplicables y de los principios de la Carta.

(99)

A fin de mantener un nivel elevado de salud y seguridad de los consumidores, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE por lo que respecta a la identificación y trazabilidad de los productos que presenten un riesgo potencial grave para la salud y la seguridad de los consumidores y al funcionamiento del Sistema de Alerta Rápida «Safety Gate», en particular, para adoptar las modalidades y procedimientos para el intercambio de información relativa a las medidas comunicadas a través del Sistema de Alerta Rápida «Safety Gate» y los criterios para evaluar el nivel de riesgo. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (22). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(100)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución para adoptar los requisitos específicos de seguridad, determinar los indicadores de resultados en virtud de los cuales los Estados miembros deben comunicar datos relativos a la aplicación del presente Reglamento, especificar las tareas y funciones de los puntos de contacto nacionales únicos, adoptar medidas en la Unión con respecto a los productos que presentan un riesgo grave, fijar las modalidades para el envío de información por parte de los consumidores en el portal Safety Gate; especificar la implementación de la interfaz interoperable en el portal Safety Gate; fijar los requisitos del registro de productos a efectos de recuperación de los productos por motivos de seguridad, y adoptar el modelo de aviso de recuperación. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (23).

(101)

La Comisión debe adoptar actos de ejecución de aplicación inmediata cuando, en casos debidamente justificados relativos a la salud y la seguridad de los consumidores, así lo exijan razones imperiosas de urgencia.

(102)

La Comisión debe realizar una evaluación de la aplicación de las sanciones establecidas en virtud del presente Reglamento en lo que respecta a su eficacia y sus efectos disuasorios y, en su caso, adoptar una propuesta legislativa en relación con la ejecución de dichas sanciones.

(103)

Determinadas disposiciones del Reglamento (UE) n.o 1025/2012 deben modificarse para tener en cuenta las especificidades del presente Reglamento y, en particular, la necesidad de determinar los requisitos específicos de seguridad establecidos en el presente Reglamento antes de presentar la solicitud al organismo europeo de normalización.

(104)

La Directiva 87/357/CEE, que regula los productos de consumo que, aunque no sean productos alimenticios, se parecen a productos alimenticios y pueden confundirse con ellos de tal manera que los consumidores, especialmente los niños, se los lleven a la boca, los chupen o los ingieran y ello les cause asfixia, intoxicación o perforación u obstrucción del tubo digestivo, ha dado lugar a una interpretación polémica. Además, esa Directiva se adoptó en un momento en el que el ámbito de aplicación del marco jurídico de la seguridad de los productos de consumo era muy reducido. Por tales razones, debe derogarse la Directiva 87/357/CEE y sustituirse por el presente Reglamento, en particular, por las disposiciones del presente Reglamento que garantizan que, tras la evaluación del riesgo, los productos que puedan ser nocivos al llevarlos a la boca, chuparlos o ingerirlos y que puedan confundirse con productos alimenticios debido a su forma, olor, color, aspecto, envase, etiquetado, volumen, tamaño u otras características, deben considerarse peligrosos. Al llevar a cabo su evaluación, las autoridades de vigilancia del mercado deben tener en cuenta, entre otras consideraciones, que, como sostiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no es necesario acreditar mediante datos objetivos y fundamentados que el hecho de llevar a la boca, chupar o ingerir productos que imitan alimentos puede implicar riesgos de asfixia, de intoxicación, de perforación o de obstrucción del tubo digestivo. No obstante, las autoridades nacionales competentes deben evaluar caso por caso si dichos productos son peligrosos y justificar dicha evaluación.

(105)

A fin de que los operadores económicos y los prestadores de mercados en línea dispongan de tiempo suficiente para adaptarse a los requisitos del presente Reglamento, en particular los requisitos de información, es necesario prever un período transitorio suficiente después de la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento, durante el cual puedan seguir introduciéndose en el mercado los productos regulados por la Directiva 2001/95/CE que sean conformes con dicha Directiva. Por consiguiente, los Estados miembros no deben impedir la comercialización de este tipo de productos, incluidas las ofertas de venta.

(106)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, mejorar el funcionamiento del mercado interior al mismo tiempo que se garantiza un nivel elevado de protección de los consumidores, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, habida cuenta de la necesidad de un alto grado de colaboración y acción coherente entre las autoridades competentes de los Estados miembros y de un mecanismo para el intercambio rápido y eficiente de información sobre productos peligrosos en la Unión, sino que, debido a la dimensión del problema que afecta a toda la Unión, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(107)

Cuando, a los fines del presente Reglamento, sea necesario tratar datos personales, este tratamiento debe realizarse de conformidad con el Derecho de la Unión en materia de protección de datos personales. Todo tratamiento de datos personales en virtud del presente Reglamento debe cumplir lo dispuesto en los Reglamentos (UE) 2016/679 (24) y (UE) 2018/1725 (25) y en la Directiva 2002/58/CE (26) del Parlamento Europeo y del Consejo, según proceda. Cuando los consumidores denuncien un producto en el portal Safety Gate, solo se deben almacenar aquellos datos personales que sean necesarios para denunciar el producto peligroso por un período no superior a cinco años a partir de la introducción de dichos datos. Los fabricantes e importadores deben conservar un registro de las reclamaciones de los consumidores únicamente en la medida en que sea necesario a efectos del presente Reglamento. Los fabricantes e importadores, cuando sean personas físicas, deben comunicar sus nombres para garantizar que el consumidor pueda identificar el producto a efectos de trazabilidad.

(108)

Se ha consultado al Supervisor Europeo de Protección de Datos de conformidad con el artículo 42 del Reglamento (UE) 2018/1725.

(1)

El Reglamento (UE) n.o 1321/2014 de la Comisión (2) establece los requisitos para el mantenimiento de la aeronavegabilidad de las aeronaves, incluidas las cualificaciones y licencias del personal responsable determinar la aptitud para el servicio de los productos después del mantenimiento.

(2)

El término «aeronave propulsada compleja» se había definido en el artículo 3, letra j), del Reglamento (CE) n.o 216/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo (3), y este fue derogado por el Reglamento (UE) 2018/1139. De conformidad con el artículo 140, apartado 2, letra b), del Reglamento (UE) 2018/1139, el Reglamento (UE) n.o 1321/2014 debe adaptarse al Reglamento (UE) 2018/1139 en lo que respecta a la definición de ese término.

(3)

A fin de aumentar la eficiencia del sistema de concesión de licencias de mantenimiento y de formación, es necesario introducir cambios en los requisitos sobre las licencias de mantenimiento y las organizaciones de formación establecidos en el anexo III (parte 66) y el anexo IV (parte 147) del Reglamento (UE) n.o 1321/2014.

(4)

En particular, es necesario facilitar la anotación de habilitación de tipo de una aeronave en las licencias de mantenimiento cuando no existan organizaciones aprobadas de conformidad con el anexo IV del Reglamento (UE) n.o 1321/2014 que ofrezcan formación de tipo sobre esa aeronave, manteniendo el mismo nivel de seguridad y unas condiciones de competencia equitativas. También es necesario actualizar el plan de estudios de la formación básica del personal certificador que participa en el mantenimiento de aeronaves, aumentar la eficiencia de la «formación en el puesto de trabajo» requerida para la primera anotación de habilitación de tipo en la categoría de licencia de mantenimiento e introducir nuevos métodos de formación y tecnologías docentes y otras mejoras como parte de la actualización periódica de las normas del citado anexo.

(5)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.o 1321/2014 en consecuencia.

(6)

Las modificaciones se basan en el Dictamen n.o 07/2022 de la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (4), de conformidad con el artículo 75, apartado 2, letra b), y el artículo 76, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1139.

(7)

Debe establecerse un período transitorio suficiente para garantizar que las organizaciones de formación en mantenimiento y las autoridades otorgantes de las licencias cumplan las nuevas normas y procedimientos introducidos por el presente Reglamento.

(8)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1360 de la Comisión (5) modificó el Reglamento (UE) n.o 1321/2014 para incluir referencias a los datos y la información utilizados para el mantenimiento de la aeronavegabilidad según lo establecido en el nuevo anexo Ib del Reglamento (UE) n.o 748/2012 de la Comisión (6).

(9)

En el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1360 se suprimieron inadvertidamente el punto 3 del punto M.A.302, letra d), del anexo I (parte M) del Reglamento (UE) n.o 1321/2014 y los puntos 3 a 9 del punto ML.A.302, letra c), del anexo V ter (parte ML) de dicho Reglamento, que deberían haberse mantenido. Asimismo, en el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1360 se añadió inadvertidamente otra letra e) al punto M.A.502 del anexo I (parte M) del Reglamento (UE) n.o 1321/2014, en lugar de sustituirla.

(10)

Procede, por tanto, corregir el Reglamento (UE) n.o 1321/2014 en consecuencia.

(11)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 127 del Reglamento (UE) 2018/1139.