(1)

Las actividades delictivas transnacionales representan una importante amenaza para la seguridad interior de la Unión y exigen una respuesta coordinada, específica y adaptada. Aunque las autoridades nacionales que trabajan sobre el terreno luchan en primera línea contra la delincuencia y el terrorismo, es imprescindible actuar a escala de la Unión con el fin de garantizar una cooperación eficiente y eficaz en lo que respecta al intercambio de información. Además, la delincuencia organizada y el terrorismo, en particular, son ilustrativos de la relación entre seguridad interior y exterior. Las actividades delictivas transnacionales desbordan las fronteras y se manifiestan en grupos terroristas y de delincuencia organizada que participan en una amplia gama de actividades delictivas cada vez más dinámicas y complejas. Por lo tanto, es necesario mejorar el marco jurídico para garantizar que los servicios de seguridad y de aduanas competentes puedan prevenir, detectar e investigar infracciones penales de manera más eficiente.

(2)

Para desarrollar un área de libertad, seguridad y justicia, caracterizada por la ausencia de controles en las fronteras interiores, es esencial que los servicios de seguridad y de aduanas competentes de un Estado miembro, en el marco del Derecho nacional y de la Unión aplicable, tengan la posibilidad de obtener un acceso equivalente a la información que esté disponible para sus colegas de otro Estado miembro. En ese sentido, los servicios de seguridad y de aduanas competentes deben cooperar de forma eficaz en el territorio de la Unión. Por tanto, la cooperación policial a la hora de intercambiar información pertinente con el fin de prevenir, detectar o investigar infracciones penales es un componente fundamental de las medidas que cimientan la seguridad pública en un espacio interdependiente sin controles en las fronteras interiores. El intercambio de información sobre delincuencia y actividades delictivas, incluido el terrorismo, contribuye al objetivo general de proteger la seguridad de las personas físicas y salvaguardar intereses importantes de las personas jurídicas protegidas por la ley.

(3)

La mayoría de los grupos de delincuencia organizada están presentes en más de tres países y están compuestos por miembros de múltiples nacionalidades que participan en diversas actividades delictivas. La estructura de los grupos de delincuencia organizada es cada vez más sofisticada, con sistemas de comunicación sólidos y eficaces y cooperación entre sus miembros en los distintos países donde operan.

(4)

Para luchar eficazmente contra la delincuencia transfronteriza, es de vital importancia que los servicios de seguridad y de aduanas competentes intercambien información de manera ágil y cooperen entre ellos a nivel operativo. Aunque la cooperación transfronteriza entre los servicios de seguridad y de aduanas competentes ha mejorado en los últimos años, siguen existiendo obstáculos prácticos y jurídicos. En este sentido, la Recomendación (UE) 2022/915 del Consejo (2) va a ayudar a los Estados miembros a seguir mejorando la cooperación operativa transfronteriza.

(5)

Algunos Estados miembros han desarrollado proyectos piloto para reforzar la cooperación transfronteriza, centrándose, por ejemplo, en patrullas conjuntas de agentes de policía de Estados miembros vecinos en regiones fronterizas. Algunos Estados miembros también han celebrado acuerdos bilaterales e incluso multilaterales para reforzar la cooperación transfronteriza, incluido el intercambio de información. La presente Directiva no limita estas posibilidades, siempre que las normas sobre el intercambio de información establecidas en dichos acuerdos sean compatibles con la presente Directiva cuando sea de aplicación. Por el contrario, se anima a los Estados miembros a que intercambien las mejores prácticas y las lecciones extraídas de tales proyectos piloto y acuerdos, y a que utilicen la financiación de la Unión disponible a tal efecto, en particular la procedente del Fondo de Seguridad Interior, establecido en virtud del Reglamento (UE) 2021/1149 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(6)

El intercambio de información entre Estados miembros con el fin de evitar y detectar infracciones penales está regulado por el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 14 de junio de 1985 (4), adoptado el 19 de junio de 1990, en particular sus artículos 39 y 46. La Decisión Marco 2006/960/JAI del Consejo (5) sustituyó parcialmente estas disposiciones e introdujo nuevas normas para el intercambio de información e inteligencia entre los servicios de seguridad y de aduanas competentes.

(7)

Las evaluaciones, incluidas las que se llevaron a cabo en virtud del Reglamento (UE) n.o 1053/2013 del Consejo (6), señalaron que la Decisión Marco 2006/960/JAI no es suficientemente clara y no garantiza el intercambio adecuado y rápido de información pertinente entre Estados miembros. Asimismo, las evaluaciones indicaron que la Decisión Marco apenas se utiliza en la práctica, debido, en parte, a la falta de claridad sobre los respectivos ámbitos de aplicación del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen y de dicha Decisión Marco que se encuentra en la práctica.

(8)

En consecuencia, el marco jurídico vigente debe actualizarse con vistas a eliminar discrepancias y establecer normas claras y armonizadas para facilitar y garantizar el intercambio adecuado y rápido de información entre los servicios de seguridad y de aduanas competentes de los distintos Estados miembros y permitir a los servicios de seguridad y de aduanas competentes adaptarse a la rápida evolución y expansión de la naturaleza de la delincuencia organizada, también en el contexto de la globalización y la digitalización de la sociedad.

(9)

En particular, la presente Directiva debe cubrir el intercambio de información con fines de prevención, detección o investigación de infracciones penales y, con ello, sustituir totalmente, en lo que respecta a dichos intercambios, los artículos 39 y 46 del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, y garantizar la seguridad jurídica necesaria. Además, las normas pertinentes deben simplificarse y aclararse, a fin de facilitar su aplicación efectiva en la práctica.

(10)

Es necesario establecer normas armonizadas que rijan los aspectos transversales del intercambio de información entre Estados miembros en virtud de la presente Directiva en las distintas fases de una investigación, desde la fase de recogida de información hasta la fase de investigación penal. Dichas normas deben incluir el intercambio de información a través de Centros de Cooperación Policial y Aduanera establecidos entre dos o más Estados miembros sobre la base de acuerdos bilaterales o multilaterales a efectos de la prevención, detección o investigación de infracciones penales. No obstante, dichas normas no deben incluir el intercambio bilateral de información con terceros países. Las normas establecidas por la presente Directiva no deben afectar a la aplicación de las normas del Derecho de la Unión relativo a los marcos o sistemas específicos para estos intercambios, como las normas en virtud de los Reglamentos (UE) 2016/794 (7), (UE) 2018/1860 (8), (UE) 2018/1861 (9), y (UE) 2018/1862 (10), del Parlamento Europeo y del Consejo, de las Directivas (UE) 2016/681 (11) y (UE) 2019/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) y de las Decisiones 2008/615/JAI (13) y 2008/616/JAI del Consejo (14).

(11)

Una «infracción penal» es un concepto autónomo del Derecho de la Unión, tal y como lo interpreta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En aras de los objetivos de la presente Directiva y por el interés en combatir de manera eficaz la delincuencia, por «infracción penal» debe entenderse cualquier conducta punible con arreglo al Derecho penal del Estado miembro que recibe información, ya sea a raíz de una solicitud o de una comunicación de información por iniciativa propia de conformidad con la presente Directiva, con independencia de la sanción que pueda imponerse en dicho Estado miembro y de si la conducta también es punible con arreglo al Derecho penal del Estado miembro que facilita la información, sin perjuicio de los motivos de denegación de las solicitudes de información establecidos en la presente Directiva.

(12)

La presente Directiva se entiende sin perjuicio del Convenio celebrado sobre la base del artículo K.3 del Tratado de la Unión Europea relativo a la asistencia mutua y la cooperación entre las administraciones aduaneras (15) (Nápoles II).

(13)

Puesto que la presente Directiva no se aplica al tratamiento de información en el transcurso de una actividad que no entre en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión, las actividades relativas a la seguridad nacional no entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva.

(14)

La presente Directiva no regula la comunicación y el uso de la información como prueba en procesos judiciales. En particular, no debe entenderse en el sentido de que se establece un derecho para utilizar la información facilitada de conformidad con la presente Directiva como prueba y, por consiguiente, no afecta a ningún requisito establecido en el Derecho aplicable relativo a la obtención del consentimiento del Estado miembro que facilita la información para dicho uso. La presente Directiva no afecta a los actos del Derecho de la Unión relativos a las pruebas, como un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las órdenes europeas de entrega y conservación de pruebas electrónicas a efectos de enjuiciamiento penal, la Directiva 2014/41/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (16) y una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establezca normas armonizadas para la designación de representantes legales a efectos de recabar pruebas para procesos penales]. Por consiguiente, aunque no estén obligados a hacerlo en virtud de la presente Directiva, los Estados miembros que faciliten información en virtud de la presente Directiva deben poder dar su consentimiento, en el momento de facilitar la información o posteriormente, a que dicha información se utilice como prueba en procedimientos judiciales, también cuando sea necesario con arreglo al Derecho nacional, mediante el uso de instrumentos relativos a la cooperación judicial en vigor entre los Estados miembros.

(15)

Todos los intercambios de información en el marco de la presente Directiva deben estar sujetos a cinco principios generales, a saber los principios de disponibilidad, acceso equivalente, confidencialidad, propiedad de los datos y fiabilidad de los datos. Si bien estos principios se entienden sin perjuicio de las disposiciones más específicas de la presente Directiva, deben orientar su interpretación y aplicación cuando proceda. En primer lugar, el principio de disponibilidad debe entenderse en el sentido de que la información pertinente disponible para el punto de contacto único o los servicios de seguridad y de aduanas competentes de un Estado miembro también debe estar disponible, en la medida de lo posible, para el punto de contacto único o los servicios de seguridad y de aduanas competentes de otros Estados miembros. Sin embargo, dicho principio no debe afectar a la aplicación, cuando esté justificado, de disposiciones específicas de la presente Directiva que limitan la disponibilidad de la información, como las que mencionan los motivos para la denegación de solicitudes de información y las relativas a la autorización judicial, ni a la obligación de obtener el consentimiento del Estado miembro o tercer país que facilitó inicialmente la información antes de compartirla. En segundo lugar, con arreglo al principio de acceso equivalente, los Estados miembros deben garantizar que el acceso del punto de contacto único y de los servicios de seguridad y de aduanas competentes de otros Estados miembros a la información pertinente sea sustancialmente el mismo y, por lo tanto, ni más ni menos estricto que el acceso de su propio punto de contacto único y los servicios de seguridad y de aduanas competentes a dicha información, conforme a las disposiciones más específicas de la presente Directiva. En tercer lugar, el principio de confidencialidad exige que los Estados miembros respeten mutuamente sus respectivas normas nacionales en materia de confidencialidad al gestionar la información clasificada como confidencial que se facilite a su punto de contacto único o a sus servicios de seguridad y de aduanas competentes, garantizando a tal efecto un nivel similar de confidencialidad con arreglo a las normas sobre esta materia formuladas en el Derecho nacional. En cuarto lugar, de conformidad con el principio de propiedad de los datos, la información obtenida inicialmente de otro Estado miembro o de un tercer país solo debe facilitarse con el consentimiento de dicho Estado miembro o tercer país y de conformidad con las condiciones impuestas por dicho Estado miembro o tercer país. En quinto lugar, en virtud del principio de fiabilidad de los datos, los datos personales que se consideren inexactos, incompletos o que ya no estén actualizados deben suprimirse o rectificarse, o debe restringirse el tratamiento de dichos datos, según proceda, y todo destinatario de dichos datos debe ser notificado sin demora.

(16)

A fin de lograr el objetivo de facilitar y garantizar el intercambio rápido y adecuado de información entre Estados miembros, la presente Directiva debe establecer la posibilidad de que los Estados miembros obtengan información mediante una solicitud de información al punto de contacto único de otros Estados miembros, de acuerdo con determinados requisitos claros, sencillos y armonizados. En lo que se refiere al contenido de las solicitudes de información, la presente Directiva debe especificar, en particular, de forma exhaustiva y suficientemente detallada y sin perjuicio de la necesidad de realizar una evaluación caso por caso, en qué situaciones deben considerarse urgentes las solicitudes de información, qué explicaciones mínimas deben incluir y en qué idioma se han de presentar.

(17)

Aunque los puntos de contacto único de cada Estado miembro deben poder presentar solicitudes de información en cualquier caso al punto de contacto único de otro Estado miembro, en aras de la flexibilidad, los Estados miembros deben estar facultados, asimismo, para designar a algunos de sus servicios de seguridad y de aduanas competentes, que podrían participar en la cooperación europea, como servicios de seguridad y de aduanas designados a efectos de la presentación de dichas solicitudes al punto de contacto único de otros Estados miembros. Cada Estado miembro debe presentar a la Comisión una lista de sus servicios de seguridad y de aduanas designados. Los Estados miembros deben informar a la Comisión cuando se realicen cambios en dicha lista. La Comisión debe publicar las listas en línea. A fin de que los puntos de contacto único puedan llevar a cabo sus funciones de coordinación en el marco de la presente Directiva, es sin embargo necesario que, cuando un Estado miembro decida permitir que algunas de sus servicios de seguridad y de aduanas competentes presenten solicitudes de información a los puntos de contacto único de otros Estados miembros, dicho Estado miembro informe a su punto de contacto único de todas las solicitudes de información enviadas y de cualquier comunicación relacionada con ellas, poniendo siempre en copia a su punto de contacto único. Los Estados miembros deben tratar de limitar la duplicación injustificada de datos personales a un nivel mínimo estricto.

(18)

Es preciso establecer plazos para garantizar el tratamiento rápido de las solicitudes de información presentadas a un punto de contacto único. Los plazos deben ser claros y proporcionados, y deben tener en cuenta si la solicitud de información debe considerarse urgente y si la solicitud se refiere a información accesible directamente o a información accesible indirectamente. Con el fin de garantizar el cumplimiento de los plazos aplicables al tiempo que se concede una cierta flexibilidad, cuando esté objetivamente justificado, únicamente debe ser posible, de forma excepcional, no ajustarse a los plazos cuando y en la medida en que la autoridad judicial competente del Estado miembro que recibe la solicitud necesite más tiempo para decidir si concede la autorización judicial necesaria. Esta necesidad puede derivarse, por ejemplo, del amplio alcance o de la complejidad de los asuntos planteados por la solicitud de información. Con el fin de garantizar, en la medida de lo posible, que no se pierdan oportunidades urgentes de actuar en casos específicos, el Estado miembro que recibe la solicitud debe facilitar toda la información solicitada tan pronto como obre en poder del punto de contacto único, incluso cuando dicha información no sea la única información disponible que sea pertinente para la solicitud. El resto de la información solicitada debe facilitarse posteriormente tan pronto como el punto de contacto único disponga de ella.

(19)

Los puntos de contacto único deben evaluar si la información solicitada es necesaria y proporcionada para alcanzar los fines de la presente Directiva y si la explicación de las razones objetivas que justifican la solicitud es suficientemente clara y detallada, con el fin de evitar la comunicación injustificada de información o la comunicación de cantidades desproporcionadas de información.

(20)

En casos excepcionales, podría estar objetivamente justificado que un Estado miembro deniegue una solicitud de información presentada a su punto de contacto único. Con el fin de garantizar el funcionamiento eficaz del sistema creado por la presente Directiva de plena conformidad con el Estado de Derecho, estos casos deben especificarse de forma exhaustiva e interpretarse de manera restrictiva. No obstante, las normas establecidas en la presente Directiva hacen especial hincapié en los principios de necesidad y proporcionalidad, proporcionando así salvaguardias contra cualquier uso indebido de las solicitudes de información, también cuando este conlleve violaciones manifiestas de los derechos fundamentales. Por consiguiente, los Estados miembros, como expresión de su diligencia debida general, deben verificar siempre la conformidad de las solicitudes que se les presenten en virtud de la presente Directiva con los principios de necesidad y proporcionalidad y deben denegar aquellas solicitudes que consideren no conformes. Cuando las razones para denegar la solicitud solo afecten a algunas partes de la información solicitada, la información restante debe facilitarse en los plazos fijados por la presente Directiva. Con el fin de evitar denegaciones innecesarias de solicitudes de información, el punto de contacto único o el servicio de seguridad y de aduanas designado del Estado miembro solicitante, según proceda, debe, previa petición, proporcionar las aclaraciones o especificaciones necesarias para tramitar la solicitud de información. Los plazos aplicables deben suspenderse a partir del momento en que el punto de contacto único o, cuando proceda, el servicio de seguridad y de aduanas designado del Estado miembro solicitante reciba la petición de proporcionar aclaraciones o especificaciones. Sin embargo, únicamente debe ser posible solicitar aclaraciones o especificaciones cuando estas sean objetivamente necesarias y proporcionadas, en el sentido de que, sin ellas, la solicitud de información tendría que denegarse sobre la base de uno de los motivos enumerados en la presente Directiva. En aras de una cooperación eficaz, también se deben poder solicitar las aclaraciones o especificaciones necesarias en otras situaciones, sin que ello dé lugar a la suspensión de los plazos.

(21)

A fin de permitir la flexibilidad necesaria habida cuenta de las necesidades operativas que pueden variar en la práctica, la presente Directiva debe proporcionar dos vías adicionales de intercambio de información, además de las solicitudes de información que se presenten al punto de contacto único. La primera vía consiste en la comunicación por parte de un punto de contacto único o un servicio de seguridad y de aduanas competente de información no solicitada previamente al punto de contacto único o un servicio de seguridad y de aduanas competente de otro Estado miembro sin una solicitud previa, concretamente la comunicación de información de oficio. La segunda es la comunicación de información atendiendo a las solicitudes de información presentadas por un punto de contacto único o por un servicio de seguridad y de aduanas competente directamente a un servicio de seguridad y de aduanas competente de otro Estado miembro. En lo que se refiere a ambas vías de intercambio de información, la Directiva establece únicamente un número limitado de requisitos mínimos, en particular en lo que se refiere a mantener informado al punto de contacto único pertinente y, en cuanto a la comunicación de información de oficio, a las situaciones en que se debe facilitar la información y la lengua que debe utilizarse. Dichos requisitos deben aplicarse también a las situaciones en las que un servicio de seguridad y de aduanas competente facilite información al punto de contacto único de su propio Estado miembro para proporcionar dicha información a otro Estado miembro, por ejemplo cuando sea necesario cumplir las normas establecidas en la presente Directiva sobre la lengua que debe utilizarse al facilitar la información.

(22)

El requisito de una autorización judicial previa para facilitar información, cuando así lo disponga el Derecho nacional, constituye una salvaguardia importante que debe respetarse. No obstante, los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros son diferentes en ese sentido y no debe entenderse que la presente Directiva afecta a las normas y condiciones relativas a las autorizaciones judiciales previas establecidas en el Derecho nacional, salvo a la necesidad de que los intercambios nacionales y los intercambios entre Estados miembros se traten de forma equivalente, tanto en lo que respecta tanto al fondo como al procedimiento. Por otra parte, a fin de reducir al mínimo los retrasos y las complicaciones relacionados con la aplicación de dichos requisitos, el punto de contacto único o los servicios de seguridad y de aduanas competentes, según proceda, del Estado miembro de la autoridad judicial competente deben tomar todas las medidas prácticas y jurídicas, en cooperación con el punto de contacto único o el servicio de seguridad y de aduanas designado del Estado miembro solicitante, si procede, para obtener la autorización judicial lo antes posible. Aunque la base jurídica de la Directiva se limita a la cooperación policial en virtud del artículo 87, apartado 2, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la presente Directiva puede ser relevante para las autoridades judiciales.

(23)

Resulta especialmente importante que se garantice la protección de los datos personales, de acuerdo con el Derecho de la Unión, en relación con todos los intercambios de información en el marco de la presente Directiva. Con ese fin, todo tratamiento de datos personales por un punto de contacto único o un servicio de seguridad y de aduanas competente en virtud de la presente Directiva debe llevarse acabo de plena conformidad con lo dispuesto en la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo (17). De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/794, la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol) debe tratar los datos de conformidad con las normas establecidas en él. Dicha Directiva y dicho Reglamento no se ven afectados por la presente Directiva. En particular, se debe especificar que todos los datos personales que intercambien los puntos de contacto único y los servicios de seguridad y de aduanas competentes sigan limitándose a las categorías de datos por categoría de interesado enumeradas en la Sección B del anexo II del Reglamento (UE) 2016/794. En consecuencia, debe establecerse una clara distinción entre los datos relativos a los sospechosos y los datos relativos a testigos, víctimas o personas pertenecientes a otros grupos, a los que se aplican limitaciones más estrictas. Asimismo, en la medida de lo posible, todos estos datos personales deben distinguirse en función de su grado de exactitud y fiabilidad. Con el fin de garantizar la exactitud y fiabilidad, los hechos deben distinguirse de las evaluaciones personales. El punto de contacto único o, cuando proceda, los servicios de seguridad y de aduanas competentes deben tratar las solicitudes de información conformes con la presente Directiva tan rápidamente como sea posible para garantizar la exactitud y fiabilidad de los datos personales, evitar la duplicación innecesaria de los datos y reducir el riesgo de que dichos datos queden obsoletos o dejen de estar a disposición del servicio. Si se observa que los datos personales son incorrectos, deben rectificarse o suprimirse o su procesamiento debe restringirse sin demora.

(24)

Con el fin de permitir que el punto de contacto único facilite información de forma adecuada y rápida, ya sea a raíz de una solicitud o de oficio, es importante que los servicios de seguridad y de aduanas competentes se entiendan. Todos los intercambios de información, incluida la comunicación de la información solicitada, las denegaciones de solicitudes de información, incluidos los motivos de dichas denegaciones, y, en su caso, las solicitudes de aclaraciones o especificaciones y las aclaraciones o especificaciones proporcionadas relativas a una solicitud específica deben transmitirse en la lengua en la que se haya presentado dicha solicitud. Por consiguiente, para evitar demoras en la comunicación de la información solicitada causadas por las barreras lingüísticas y limitar los costes de traducción, los Estados miembros deben establecer una lista de una o más lenguas en las que poder dirigirse a su punto de contacto único y en las que este se pueda comunicar. Dado que el inglés es una lengua ampliamente entendida y utilizada en la práctica en relación con la cooperación policial dentro de la Unión, debe incluirse en dicha lista. Los Estados miembros deben facilitar esa lista y sus actualizaciones, a la Comisión. La Comisión debe publicar en línea una recopilación de esas listas.

(25)

Para garantizar la seguridad y la protección de los ciudadanos europeos, es esencial que Europol disponga de la información necesaria para desempeñar su papel de eje para el intercambio de información penal de la Unión en apoyo de los servicios de seguridad y de aduanas competentes. Por consiguiente, cuando se intercambia información entre Estados miembros, independientemente de si se realiza conforme a una solicitud de información presentada a un punto de contacto único o a un servicio de seguridad y de aduanas competente y de si esa información la facilita de oficio un punto de contacto único o un servicio de seguridad y de aduanas competente, debe evaluarse, caso por caso, si una copia de la solicitud de información presentada en virtud de la presente Directiva o de la información intercambiada en virtud de la presente Directiva debe enviarse a Europol de conformidad con el artículo 7, apartado 6, del Reglamento (UE) 2016/794 cuando se trate de infracciones penales comprendidas en los objetivos de Europol. Dichas evaluaciones deben basarse en los objetivos de Europol establecidos en el Reglamento (UE) 2016/794 en lo que respecta al alcance de la infracción penal. Los Estados miembros no deben estar obligados a enviar a Europol una copia de la solicitud de información o de la información intercambiada cuando ello sea contrario a los intereses esenciales de la seguridad del Estado miembro de que se trate, cuando pueda comprometer el éxito de una investigación en curso o la seguridad de una persona, o cuando revele información relativa a organizaciones o actividades específicas de inteligencia en el ámbito de la seguridad nacional. Además, de conformidad con el principio de propiedad de los datos y sin perjuicio de la obligación establecida en el Reglamento (UE) 2016/794 relativa a la determinación de la finalidad y las limitaciones del tratamiento de información por parte de Europol, la información obtenida inicialmente de otro Estado miembro o de un tercer país solo debe facilitarse a Europol cuando ese Estado miembro o tercer país haya dado su consentimiento. Los Estados miembros deben garantizar que el personal del punto de contacto único y los servicios de seguridad y de aduanas competentes cuenten con un apoyo y una formación adecuados para determinar de forma rápida y precisa qué información intercambiada en virtud de la presente Directiva está incluida en el mandato de Europol y es necesaria para que la Agencia cumpla sus objetivos.

(26)

Debe solucionarse el problema de la multiplicación de canales de comunicación utilizados para transmitir información policial entre Estados miembros puesto que dificulta el intercambio adecuado y rápido de tal información y eleva el riesgo para la seguridad de los datos personales. Por lo tanto, el uso de la Aplicación de la Red de Intercambio Seguro de Información de Europol (SIENA, por sus siglas en inglés), gestionada y desarrollada por Europol de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/794, debe ser obligatorio para todas estas transmisiones y comunicaciones en virtud de la presente Directiva, incluidos el envío de solicitudes de información al punto de contacto único y directamente a los servicios de seguridad y de aduanas competentes, la transmisión de información de oficio por parte de los puntos de contacto único y los servicios de seguridad y de aduanas competentes, las comunicaciones referentes a denegaciones y aclaraciones y especificaciones, así como el envío de copias de las solicitudes de información o de la información a los puntos de contacto único y Europol. Con este fin, todos los puntos de contacto único, así como todos los servicios de seguridad y de aduanas competentes que pudieran participar en estos intercambios de información, deben estar directamente conectados a SIENA. Para que los funcionarios situados en primera línea de las actuaciones, como los policías que participan en las operaciones de captura, utilicen SIENA, llegado el caso, esta aplicación también debe funcionar en dispositivos móviles. En ese sentido, debe concederse un breve período de transición para permitir la plena implantación de SIENA, ya que dicha implantación conlleva un cambio en las prácticas actuales en algunos Estados miembros y requiere formar al personal. A fin de tener en cuenta la realidad operativa y no obstaculizar la buena cooperación entre los servicios de seguridad y de aduanas competentes, los Estados miembros deben poder permitir que su punto de contacto único o sus servicios de seguridad y de aduanas competentes utilicen otro canal de comunicación seguro en un número limitado de situaciones justificadas. Cuando los Estados miembros permitan a su punto de contacto único o a sus servicios de seguridad y de aduanas competentes utilizar otro canal de comunicación debido a la urgencia de la solicitud de información, deben, cuando sea factible y coherente con las necesidades operativas, volver a utilizar SIENA una vez que la situación deje de ser urgente. No debe ser obligatorio utilizar SIENA para los intercambios internos de información dentro de un Estado miembro.

(27)

A fin de simplificar, facilitar y gestionar mejor los flujos de información, cada Estado miembro debe establecer o designar un punto de contacto único. Los puntos de contacto único deben ser competentes para la coordinación y la facilitación de los intercambios de información en virtud de la presente Directiva. Cada Estado miembro debe notificar a la Comisión el establecimiento o la designación de su punto de contacto único y de cualquier cambio a ese respecto. La Comisión debe publicar dichas notificaciones y cualquier actualización de las mismas. Los puntos de contacto único deben, en particular, contribuir a reducir los obstáculos a los flujos de información que se derivan de la fragmentación del modo en que los servicios de seguridad y de aduanas competentes se comunican entre sí, como respuesta a la creciente necesidad de abordar de forma conjunta los delitos transfronterizos, como el tráfico de drogas, la ciberdelincuencia, la trata de seres humanos y el terrorismo. Debe asignarse a los puntos de contacto único una serie de funciones específicas mínimas y deben contar con determinadas capacidades mínimas para que puedan desempeñar eficazmente sus funciones de coordinación en relación con el intercambio transfronterizo de información con fines policiales en virtud de la presente Directiva.

(28)

Los puntos de contacto único deben tener acceso a toda la información disponible en su Estado miembro, así como el acceso de fácil uso a todas las plataformas y bases de datos pertinentes internacionales y de la Unión, de conformidad con las modalidades especificadas en el Derecho nacional y de la Unión aplicable. A fin de poder cumplir los requisitos de la presente Directiva, en particular aquellos relacionados con los plazos, los puntos de contacto único deben contar con los recursos adecuados en cuanto a presupuesto y personal, incluyendo capacidades de traducción apropiadas, y deben funcionar sin interrupciones. En este sentido, contar con un servicio de recepción que pueda filtrar, procesar y remitir las solicitudes de información recibidas podría mejorar la eficiencia y la eficacia. Los puntos de contacto único deben tener a su disposición, en todo momento, a las autoridades judiciales competentes para conceder las autorizaciones judiciales necesarias. En la práctica, esto puede materializarse, por ejemplo, asegurando la presencia física de esas autoridades en las instalaciones del punto de contacto único o la disponibilidad funcional de tales autoridades judiciales, ya sea en las instalaciones del punto de contacto único o manteniéndolas localizables directamente.

(29)

Con el fin de que puedan llevar a cabo de manera eficaz sus funciones de coordinación en virtud de la presente Directiva, los puntos de contacto único deben estar compuestos por personal de los servicios de seguridad y de aduanas competentes cuya participación sea necesaria para el intercambio de información adecuado y rápido con arreglo a la presente Directiva. Si bien cada Estado miembro puede decidir la organización y la composición exactas necesarias para cumplir este requisito, los servicios de policía, los servicios de aduanas y otros servicios competentes con funciones coercitivas a cargo de la prevención, la detección o la investigación de infracciones penales, así como posibles puntos de contacto para las oficinas regionales y bilaterales, como funcionarios de enlace y agregados en comisión de servicios o destinados en otros Estados miembros y en agencias policiales de la Unión pertinentes, como Europol, pueden estar representados en los puntos de contacto único. Sin embargo, en aras de la coordinación eficaz, los puntos de contacto único deben constar, como mínimo, de representantes de la unidad nacional de Europol, la oficina Sirene y la Oficina Central Nacional de Interpol, según lo establecido en el acto jurídico de la Unión pertinente o en un acuerdo internacional, aun cuando la presente Directiva no sea aplicable a los intercambios de información regulados específicamente por dichos actos jurídicos de la Unión.

(30)

Dados los requisitos específicos de la cooperación policial transfronteriza, incluido el manejo de información sensible en este contexto, es esencial que el personal del punto de contacto único y los servicios de seguridad y de aduanas competentes posean el conocimiento y las capacidades necesarios para llevar a cabo sus funciones en virtud de la presente Directiva de una manera lícita, eficiente y eficaz. En particular, se debe ofrecer al personal del punto de contacto único nacional, animándoles a que los realicen, cursos de formación adecuados y periódicos, proporcionados tanto a escala nacional como de la Unión que correspondan a sus necesidades profesionales y a sus competencias específicas y faciliten su contacto con los puntos de contacto único y los servicios de seguridad y de aduanas competentes de otros Estados miembros necesarios para la aplicación de las normas establecidas en la presente Directiva. A ese respecto, debe prestarse especial atención al uso adecuado de las herramientas de tratamiento de datos y los sistemas informáticos, a la transmisión de conocimientos sobre los marcos jurídicos nacionales y de la Unión pertinentes en el ámbito de la justicia y los asuntos de interior, dedicando un interés particular a la protección de los datos personales, la cooperación policial y el manejo de la información confidencial, y a las lenguas en las que el Estado miembro de que se trate haya indicado que su punto de contacto único es capaz de intercambiar información, para poder ayudar a superar las barreras lingüísticas. Con el fin de impartir estos cursos de formación, los Estados miembros también deben recurrir, cuando proceda, a los cursos de formación y las herramientas pertinentes que ofrece la Agencia de la Unión Europea para la Formación Policial (CEPOL), creada por el Reglamento (UE) 2015/2219 del Parlamento Europeo y del Consejo (18), considerar la posibilidad de que el personal policial pase una semana en Europol, y recurrir a las ofertas pertinentes realizadas por programas y proyectos financiados con cargo al presupuesto de la Unión, como el programa de intercambio de la CEPOL.

(31)

Además de las competencias técnicas y los conocimientos jurídicos, la confianza mutua y el entendimiento común son requisitos previos para una cooperación policial transfronteriza eficaz de conformidad con la presente Directiva. Los contactos personales adquiridos a través de operaciones conjuntas y el intercambio de conocimientos técnicos facilitan que se genere confianza y se desarrolle una cultura policial común de la Unión. Los Estados miembros también deben considerar la realización de cursos de formación conjuntos e intercambios de personal centrados en la transmisión de conocimientos sobre los métodos de trabajo, los enfoques de investigación y las estructuras organizativas de los servicios de seguridad y de aduanas competentes de otros Estados miembros.

(32)

Para aumentar la participación en cursos de formación para el personal de los puntos de contacto único y los servicios de seguridad y de aduanas competentes, los Estados miembros también podrían considerar el establecimiento de incentivos específicos para ese personal.

(33)

Es necesario que los puntos de contacto único implanten y gestionen un sistema electrónico único de gestión de casos con determinadas funciones y capacidades mínimas que les permita llevar a cabo cada una de sus tareas en virtud de la presente Directiva de manera eficaz y eficiente, en particular en lo que se refiere al intercambio de información. El sistema de gestión de casos es un sistema de flujo de trabajo que permite a los puntos de contacto único gestionar el intercambio de información. Es conveniente que, en el desarrollo del sistema de gestión de casos, se use la norma de formato universal de mensajes establecida por el Reglamento (UE) 2019/818 del Parlamento Europeo y del Consejo (19).

(34)

Las normas establecidas en la Directiva (UE) 2016/680 se aplican al tratamiento de datos personales en el sistema de gestión de casos. El tratamiento incluye el almacenamiento. En aras de la claridad y de la protección eficaz de los datos personales, las normas establecidas en dicha Directiva deben especificarse con más detalle en la presente Directiva. En particular, por lo que respecta al requisito establecido en la Directiva (UE) 2016/680 de que los datos personales se conserven en una forma que permita la identificación de los interesados durante un período no superior al necesario para los fines para los que son tratados, la presente Directiva debe especificar que, cuando un punto de contacto único reciba información intercambiada en virtud de la presente Directiva que contenga datos personales, el punto de contacto único solo debe conservar los datos personales en el sistema de gestión de casos en la medida en que sea necesario y proporcionado para el desempeño de sus funciones en virtud de la presente Directiva. Cuando deje de ser así, el punto de contacto único debe suprimir irrevocablemente los datos personales del sistema de gestión de casos. A fin de garantizar que los datos personales solo se conserven durante el tiempo necesario y proporcionado, de conformidad con las normas relativas a los plazos de conservación y revisión establecidas en la Directiva (UE) 2016/680, el punto de contacto único debe revisar periódicamente si se siguen cumpliendo esos requisitos. Por ello, debe realizarse una primera revisión a más tardar seis meses después de que un intercambio de información en virtud de la presente Directiva haya concluido, es decir, después del momento en que se haya facilitado el último elemento de información o se haya intercambiado la última comunicación al respecto. No obstante, los requisitos de la presente Directiva relativos a dicha revisión y supresión no deben afectar a la posibilidad de que las autoridades nacionales competentes en materia de prevención, detección e investigación de infracciones penales conserven los datos personales en sus expedientes penales nacionales con arreglo al Derecho nacional, de conformidad con el Derecho de la Unión, en particular la Directiva (UE) 2016/680.

(35)

Con el fin de ayudar a los puntos de contacto único y a los servicios de seguridad y de aduanas competentes en el intercambio de información en virtud de la presente Directiva y de fomentar una cultura policial europea común entre los Estados miembros, los Estados miembros deben fomentar la cooperación práctica entre sus puntos de contacto único y los servicios de seguridad y de aduanas competentes. En particular, el Consejo debe organizar reuniones de los responsables de los puntos de contacto único al menos una vez al año para compartir experiencias y mejores prácticas en relación con el intercambio de información a efectos de la presente Directiva. Otras formas de cooperación deben incluir la elaboración de manuales sobre el intercambio de información policial, la compilación de fichas informativas nacionales sobre información directa e indirectamente accesible, los puntos de contacto único, los servicios de seguridad y de aduanas designados y los regímenes lingüísticos, u otros documentos sobre procedimientos comunes, el tratamiento de las dificultades relacionadas con los flujos de trabajo, la concienciación sobre las especificidades de los marcos jurídicos pertinentes y la organización, según proceda, de reuniones entre los puntos de contacto único pertinentes.

(36)

A fin de permitir que se realicen el seguimiento y la evaluación necesarios de la aplicación de la presente Directiva, los Estados miembros deben recabar determinados datos relativos a su aplicación y facilitarlos cada año a la Comisión. Dicho requisito es necesario, en particular, para solucionar la falta de datos comparables que cuantifiquen los intercambios de información transfronterizos pertinentes entre servicios de seguridad y de aduanas competentes, y además ayuda al cumplimiento de la obligación de la Comisión de elaborar informes en lo que respecta a la aplicación de la presente Directiva. Los datos necesarios deben ser generados automáticamente por el sistema de gestión de casos y SIENA.

(37)

El carácter transfronterizo de la delincuencia y el terrorismo obliga a los Estados miembros a depender los unos de los otros para prevenir, detectar e investigar estas infracciones penales. Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, garantizar unos flujos de información adecuados y rápidos entre los servicios de seguridad y de aduanas competentes y a Europol, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones y los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión mediante el establecimiento de normas comunes y una cultura común sobre el intercambio de información y a través de herramientas y canales de comunicación modernos, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea (TUE). De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(38)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (20), emitió su dictamen el 7 de marzo de 2022.

(39)

La presente Directiva se basa en los valores en los que se fundamenta la Unión, establecidos en el artículo 2 del TUE, en particular el Estado de Derecho, la libertad y la democracia. Respeta asimismo los derechos y garantías fundamentales y observa los principios reconocidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta»), especialmente el derecho a la libertad y a la seguridad, el derecho al respeto de la vida privada y familiar y el derecho a la protección de datos de carácter personal, tal como establecen los artículos 6, 7 y 8 de la Carta, respectivamente, así como el artículo 16 del TFUE. Todo tratamiento de datos de carácter personal con arreglo a la presente Directiva debe limitarse a lo que resulte estrictamente necesario y proporcional, y someterse a condiciones inequívocas, requisitos estrictos y la supervisión efectiva de las autoridades nacionales de control establecidas por la Directiva (UE) 2016/680 y el Supervisor Europeo de Protección de Datos, según proceda en consonancia con sus respectivos mandatos.

(40)

De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo n.o 22 sobre la posición de Dinamarca, anejo al TUE y al TFUE, Dinamarca no participa en la adopción de la presente Directiva y no queda vinculada por ella ni sujeta a su aplicación. Dado que la presente Directiva desarrolla el acervo de Schengen, Dinamarca decidirá, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, dentro de un período de seis meses a partir de que el Consejo haya tomado una medida sobre la presente Directiva, si la incorpora a su legislación nacional.

(41)

Irlanda participa en la presente Directiva de conformidad con el artículo 5, apartado 1, del Protocolo n.o 19 sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de la Unión Europea, anejo al TUE y al TFUE, y con el artículo 6, apartado 2, de la Decisión 2002/192/CE del Consejo (21).

(42)

Por lo que respecta a Islandia y Noruega, la presente Directiva constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea, la República de Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (22), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto H, de la Decisión 1999/437/CE del Consejo (23).

(43)

Por lo que respecta a Suiza, la presente Directiva constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (24), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto H, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/149/JAI del Consejo (25).

(44)

Por lo que respecta a Liechtenstein, la presente Directiva constituye un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confederación Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen (26), que entran en el ámbito mencionado en el artículo 1, punto H, de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la Decisión 2011/349/UE del Consejo (27).

(1)

De conformidad con el artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, la solicitud de registro del nombre «Grebbestadostron» presentada por Suecia, ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (2).

(2)

Dado que no se ha notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición en virtud del artículo 51 del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, es preciso registrar el nombre «Grebbestadostron».

(1)

De conformidad con el artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, la solicitud de registro del nombre «Nueces de Nerpio» presentada por España ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (2).

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 51 del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, procede registrar el nombre «Nueces de Nerpio».

(1)

El Reglamento (UE) n.o 165/2014 introdujo los tacógrafos inteligentes, que incluyen una conexión al sistema mundial de navegación por satélite (GNSS).

(2)

Los requisitos técnicos para la construcción, el ensayo, la instalación, el funcionamiento y la reparación de los tacógrafos inteligentes y de sus componentes figuran en el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/799 de la Comisión (2).

(3)

El Reglamento (UE) 2020/1054 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) introdujo nuevos requisitos para los tacógrafos inteligentes, que exigían modificar sus especificaciones técnicas. Por consiguiente, el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1228 de la Comisión (4) modificó el Reglamento (UE) 2016/799 para introducir una segunda versión del tacógrafo inteligente.

(4)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1228 introdujo el uso obligatorio de la autenticación de mensajes de navegación del servicio abierto de Galileo (OSNMA) por los tacógrafos inteligentes, a fin de permitir la autenticación de las posiciones registradas por el tacógrafo mediante el uso del sistema mundial de navegación por satélite (GNSS) de Galileo.

(5)

La OSNMA se encuentra actualmente en una fase de ensayo público, con una declaración de servicio prevista solo después de la fecha en la que se introduzca la segunda versión del tacógrafo inteligente en los vehículos de nueva matriculación. Esto hace que la homologación de tipo de las unidades instaladas en los vehículos sea incierta, así como el comportamiento de los tacógrafos inteligentes de segunda versión tras una futura modificación de la señal en el espacio de la OSNMA.

(6)

Para garantizar la armonización de las condiciones de ensayo y homologación de tipo, así como el comportamiento armonizado de las unidades instaladas en los vehículos, es necesario garantizar un funcionamiento común de los tacógrafos inteligentes de segunda versión, tanto antes como después de la declaración del servicio OSNMA.

(7)

Los tacógrafos inteligentes de segunda versión iniciales deben homologarse sobre la base del material criptográfico y de la señal en el espacio OSNMA disponibles para la fase de ensayo público del servicio. A fin de garantizar que el conductor no se vea perturbado tras el cambio de la señal operativa en el espacio, estos tacógrafos deben ignorar la OSNMA hasta que puedan actualizarse para utilizar plenamente el servicio OSNMA. Por tanto, debe establecerse un período transitorio para los tacógrafos inteligentes de segunda versión con respecto al uso de la OSNMA.

(8)

Estos tacógrafos de transición deben garantizar todas las funcionalidades establecidas en el capítulo II del Reglamento (UE) n.o 165/2014.

(9)

Se espera que no sean necesarios cambios en el hardware una vez que se realice la declaración del servicio OSNMA para que el tacógrafo pueda funcionar con el servicio operativo OSNMA. Por lo tanto, debe ser posible actualizar el software de un tacógrafo de transición con el fin de hacer pleno uso de OSNMA una vez que esté disponible.

(10)

A la luz de la evolución futura en relación con la disponibilidad y el funcionamiento de OSNMA, la viabilidad de actualizar el tacógrafo en un taller o las posibles técnicas de manipulación detectadas en relación con el tacógrafo sobre el terreno, la Comisión podrá volver a evaluar si deben revisarse las especificaciones técnicas, incluido si es necesario el requisito de que el tacógrafo inteligente de transición haga pleno uso de su capacidad OSNMA.

(11)

Debe darse tiempo suficiente a la industria para aplicar las medidas transitorias. Por consiguiente, la solicitud de homologación de tipo de los tacógrafos de transición debe ser posible al menos hasta el 31 de diciembre de 2023. También debe ser posible seguir instalando tacógrafos de transición durante un período de tiempo limitado tras la declaración del servicio OSNMA.

(12)

Las autoridades de control del cumplimiento deben poder reconocer, una vez finalizado el período transitorio, si el tacógrafo inteligente instalado está equipado con una versión de software que le permita hacer uso de la OSNMA de Galileo.

(13)

La fecha actual de aplicación establecida en el artículo 2 del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1228 impide que las autoridades de homologación de tipo concedan la homologación de tipo a los equipos con arreglo al Reglamento de Ejecución (UE) 2016/799 de conformidad con las modificaciones establecidas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1228 antes del 21 de agosto de 2023. No obstante, de conformidad con los artículos 8, apartado 1, y 11 del Reglamento (UE) n.o 165/2014, a partir de esa fecha los vehículos matriculados por primera vez en un Estado miembro deben estar equipados con la nueva versión del tacógrafo inteligente. Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/1228 para permitir la concesión de la homologación de tipo tan pronto como el presente Reglamento entre en vigor.

(14)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido por el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 165/2014.

(1)

De conformidad con el Reglamento (CE) n.o 470/2009, la Comisión debe establecer, mediante un reglamento, el límite máximo de residuos (LMR) de las sustancias farmacológicamente activas destinadas a utilizarse en la Unión en medicamentos veterinarios para animales productores de alimentos o en biocidas empleados en la cría de animales.

(2)

En el cuadro 1 del anexo del Reglamento (UE) n.o 37/2010 de la Comisión (2) figuran las sustancias farmacológicamente activas y su clasificación por lo que se refiere a los LMR en los productos alimenticios de origen animal.

(3)

El prazicuantel ya está incluido en dicho cuadro como sustancia autorizada para ovinos y équidos. La entrada existente tiene una clasificación «no se exige LMR».

(4)

De conformidad con el artículo 3 del Reglamento (CE) n.o 470/2009, el 27 de julio de 2021, VETHELLAS AEBE presentó a la Agencia Europea de Medicamentos (en lo sucesivo, «Agencia») una solicitud para ampliar la entrada existente relativa al prazicuantel a los peces.

(5)

El 8 de septiembre de 2022, la Agencia, mediante el dictamen del Comité de Medicamentos de Uso Veterinario, llegó a la conclusión de que era adecuado establecer un LMR para el prazicuantel en peces, en relación con músculo y piel en proporciones naturales.

(6)

De conformidad con el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 470/2009, la Agencia debe considerar la posibilidad de utilizar los LMR establecidos para una sustancia farmacológicamente activa en un producto alimenticio particular para otro producto alimenticio derivado de la misma especie, o los LMR establecidos para una sustancia farmacológicamente activa en una o más especies para otras especies.

(7)

La Agencia llegó a la conclusión de que procede extrapolar la clasificación «no se exige LMR» para el prazicuantel en ovinos a otros rumiantes, excepto bovinos.

(8)

Teniendo en cuenta el dictamen de la Agencia, la Comisión considera adecuado establecer un LMR para el prazicuantel en peces, en relación con músculo y piel en proporciones naturales, y establecer la clasificación recomendada «no se exige LMR» para el prazicuantel en todos los rumiantes, excepto bovinos.

(9)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.o 37/2010 en consecuencia.

(10)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Medicamentos Veterinarios.

(1)

De conformidad con el artículo 300, apartado 3, del Tratado, el Comité de las Regiones estará compuesto por representantes de los entes regionales y locales que sean titulares de un mandato electoral en un ente regional o local o que tengan responsabilidad política ante una asamblea elegida.

(2)

El 3 de febrero de 2020, el Consejo adoptó la Decisión (UE) 2020/144 (2) por la que se nombran miembros y suplentes del Comité de las Regiones para el período comprendido entre el 26 de enero de 2020 y el 25 de enero de 2025.

(3)

Ha quedado vacante un puesto de suplente del Comité de las Regiones tras el término del mandato nacional a tenor del cual se propuso el nombramiento de D.a Annette BERGBO.

(4)

El Gobierno finlandés ha propuesto a D. Jesper JOSEFSSON, representante de un ente regional que es titular de un mandato electoral de un ente regional, Lagtingsledamot, Ålands lagting («diputado al Parlamento, Parlamento de Åland»), como suplente del Comité de las Regiones para el período restante del mandato actual, es decir, hasta el 25 de enero de 2025.

(1)

El Acuerdo europeo sobre el trabajo de las tripulaciones de vehículos que efectúen transportes internacionales por carretera (AETR) (1) entró en vigor el 5 de enero de 1976. Se enmendó por última vez el 20 de septiembre de 2010.

(2)

De conformidad con el artículo 21 del AETR, cualquiera de las Partes Contratantes puede presentar propuestas de enmienda del Acuerdo al Secretario General de las Naciones Unidas. Antes de presentarlas al Secretario General de las Naciones Unidas, las propuestas se debaten en primer lugar en el Grupo de Trabajo de Transporte por Carretera («SC.1») de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas (CEPE).

(3)

La CEPE ha creado un Grupo de expertos en el marco del AETR. Se trata de un organismo facultado para elaborar y presentar propuestas de enmienda del AETR al Grupo de Trabajo de Transporte por Carretera de la CEPE.

(4)

En su 32.a sesión, prevista para el 12 de junio de 2023, el Grupo de expertos sobre el AETR debe debatir una propuesta de la República de Bielorrusia y de la Federación de Rusia de enmienda del artículo 4 del AETR por la que se incluya una cláusula de fuerza mayor, tal como figura en el documento ECE/TRANS/SC.1/GE.21/2023/2/Rev.1.

(5)

Procede establecer la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión en el Grupo de expertos sobre el AETR y, posiblemente, en el Grupo de Trabajo de Transporte por Carretera de la CEPE, ya que la enmienda del AETR cuya consideración y aprobación se solicitará sería vinculante con arreglo al Derecho internacional de conformidad con el artículo 21, apartado 6, del AETR y va a poder influir de manera determinante en el contenido de la legislación de la Unión, a saber, los Reglamentos (CE) n.o 561/2006 (2) y (UE) n.o 165/2014 (3) del Parlamento Europeo y del Consejo.

(6)

En su sentencia de 31 de marzo de 1971, en el asunto 22/70 (4), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció que el ámbito del trabajo de las tripulaciones de vehículos que efectúan transportes por carretera es una competencia externa exclusiva de la Unión. Esta competencia se ha ejercido desde entonces en numerosos actos legislativos adoptados por los colegisladores de la Unión, incluidos los Reglamentos (CE) n.o 561/2006 y (UE) n.o 165/2014. Dado que el objeto del AETR entra dentro del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 561/2006, la competencia para negociar y celebrar el AETR y sus enmiendas corresponde exclusivamente a la Unión, en virtud del artículo 3, apartado 2, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

(7)

Con la propuesta de enmienda se pretende resolver un problema práctico de la República de Bielorrusia y de la Federación de Rusia que probablemente sea consecuencia de la guerra de agresión de la Federación de Rusia contra Ucrania, en la que la República de Bielorrusia desempeña un papel cómplice, y que ha dado lugar a la aplicación por parte de la Unión de medidas restrictivas contra la Federación de Rusia y la República de Bielorrusia. Entre otras consecuencias, dichas medidas restrictivas han llevado a que determinadas empresas establecidas en la Unión -entre las que se encuentran empresas que normalmente suministran tarjetas y chips de tacógrafos digitales a las autoridades expedidoras de tarjetas de la Federación de Rusia y de la República de Bielorrusia- suspendan sus operaciones en y con dichos países. Como consecuencia de ello, ambas Partes Contratantes afirman estar en una posición en la que es difícil o imposible entregar tarjetas de tacógrafo a sus conductores, quienes, por tanto, no pueden cumplir el AETR cuando realizan operaciones de transporte internacional por carretera que entran dentro de su ámbito de aplicación. La enmienda propuesta permitiría a una Parte Contratante notificar unilateralmente que podría dejar de cumplir uno de los requisitos principales del AETR, a saber, la utilización de un aparato de control armonizado para los vehículos que efectúan transportes internacionales (el tacógrafo digital), por motivos de fuerza mayor que no estarían sujetos a ningún tipo de validación o evaluación.

(8)

La enmienda prevista permitiría, a raíz de una declaración de fuerza mayor por parte de una Parte Contratante, no exigir el uso de tacógrafos digitales y tarjetas de tacógrafos digitales a los vehículos matriculados en esa Parte Contratante cuando realicen operaciones de transporte internacional por carretera. De este modo, sería mucho más difícil hacer cumplir a los conductores los tiempos de conducción y descanso establecidos en el AETR, lo que crearía un vacío que probablemente pondría en peligro la finalidad del AETR en su totalidad.

(9)

La posición que debe adoptarse en nombre de la Unión en el Grupo de expertos sobre el AETR y en el Grupo de Trabajo de Transporte por Carretera de la CEPE debe ser la de no apoyar la enmienda propuesta, a fin de evitar un debilitamiento significativo del cumplimiento de las normas sobre tiempos de conducción y descanso establecidas en el AETR y de garantizar el pleno efecto de las medidas restrictivas adoptadas por la Unión.

(10)

No puede excluirse que la República de Bielorrusia o la Federación de Rusia presenten formalmente al Secretario General de las Naciones Unidas, con arreglo al artículo 21, apartado 1, del AETR, una propuesta de enmienda del AETR al margen de los debates en los organismos de la CEPE. En ese caso, los Estados miembros deben expresar su objeción a dicha propuesta con arreglo al artículo 21, apartado 2, letra a), del AETR.

(11)

Los Estados miembros de la Unión que son miembros del Grupo de expertos sobre el AETR y del Grupo de Trabajo de Transporte por Carretera de la CEPE deben expresar la posición de la Unión, actuando conjuntamente en interés de la Unión.

(1)

La gripe aviar de alta patogenicidad (GAAP) es una enfermedad vírica contagiosa de las aves que puede tener consecuencias graves en la rentabilidad de la cría de aves de corral, al perturbar el comercio dentro de la Unión y las exportaciones a terceros países. Los virus de la GAAP pueden infectar a las aves migratorias que, a su vez, pueden propagar estos virus a largas distancias durante sus migraciones de otoño y primavera. Por tanto, la presencia de virus de la GAAP en aves silvestres constituye una amenaza continua de introducción directa e indirecta de estos virus en establecimientos en los que se crían aves de corral u otras aves cautivas. En caso de producirse un brote de GAAP, existe el riesgo de que el agente patógeno se propague a otros establecimientos en los que se crían aves de corral u otras aves cautivas.

(2)

El Reglamento (UE) 2016/429 establece un nuevo marco legislativo para la prevención y el control de las enfermedades transmisibles a los animales o los seres humanos. La GAAP se considera una «enfermedad de la lista» según la definición que figura en dicho Reglamento y está sujeta a las normas de prevención y control de enfermedades que se establecen en él. Por otro lado, el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión (2) completa el Reglamento (UE) 2016/429 en lo referente a las normas para la prevención y el control de determinadas enfermedades de la lista, incluidas las medidas de control de la GAAP.

(3)

La Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 de la Comisión (3), adoptada en el marco del Reglamento (UE) 2016/429, establece medidas de emergencia a nivel de la Unión en relación con los brotes de GAAP.

(4)

Más concretamente, la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 dispone que las zonas de protección y de vigilancia y otras zonas restringidas establecidas por los Estados miembros a raíz de brotes de GAAP de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 deben abarcar, como mínimo, las superficies que figuran como zonas de protección y de vigilancia y otras zonas restringidas en el anexo de dicha Decisión de Ejecución.

(5)

Se ha modificado recientemente el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641, mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2023/901 de la Comisión (4), a raíz de la aparición de brotes de GAAP en aves de corral u otras aves cautivas en Chequia, Dinamarca, Alemania, Italia, Hungría y Polonia que debían quedar reflejados en el mencionado anexo.

(6)

Desde la fecha de adopción de la Decisión de Ejecución (UE) 2023/901, Chequia, Alemania, Francia, Hungría y Polonia han notificado a la Comisión nuevos brotes de GAAP en establecimientos en los que se crían aves de corral u otras aves cautivas situados en la región de Moravia-Silesia (Chequia), en el Estado federado de Sajonia-Anhalt (Alemania), en las regiones administrativas de Nueva Aquitania y Occitania (Francia), en el condado de Bács-Kiskun (Hungría) y en el voivodato de Gran Polonia (Polonia).

(7)

Las autoridades competentes de Chequia, Alemania, Francia, Hungría y Polonia han adoptado las medidas de control de la enfermedad necesarias de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, entre las que se encuentra el establecimiento de zonas de protección y de vigilancia en torno a esos brotes.

(8)

Asimismo, la autoridad competente de Francia ha decidido establecer otras zonas restringidas, además de las zonas de protección y de vigilancia establecidas para determinados brotes situados en ese Estado miembro.

(9)

Además, los brotes confirmados en Chequia están situados muy cerca de la frontera con Polonia. En consecuencia, las autoridades competentes de estos Estados miembros han colaborado debidamente para establecer la zona de vigilancia necesaria, de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, dado que la zona de vigilancia se adentra en el territorio de Polonia.

(10)

La Comisión ha examinado las medidas de control de la enfermedad adoptadas por Chequia, Alemania, Francia, Hungría y Polonia en colaboración con dichos Estados miembros y considera que los límites de las zonas de protección y vigilancia en Chequia, Alemania, Francia, Hungría y Polonia establecidos por las autoridades competentes de dichos Estados miembros se encuentran a una distancia suficiente de los establecimientos en los que se han confirmado los recientes brotes de GAAP.

(11)

En el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 no figuran actualmente zonas de protección situadas en Francia.

(12)

Al objeto de prevenir toda perturbación innecesaria del comercio en el interior de la Unión y de evitar que terceros países impongan barreras injustificadas al comercio, es preciso describir rápidamente, a nivel de la Unión, y en colaboración con Chequia, Alemania, Francia, Hungría y Polonia, las zonas de protección y de vigilancia establecidas por dichos Estados miembros de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, así como las nuevas zonas restringidas establecidas por Francia.

(13)

Por consiguiente, deben modificarse las superficies que figuran en el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 como zonas de protección y de vigilancia para Chequia, Alemania, Hungría y Polonia, así como las superficies que figuran como otras zonas restringidas para Francia.

(14)

Además, en el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 deben indicarse zonas de protección y de vigilancia para Francia.

(15)

En consecuencia, debe modificarse el anexo de la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 para actualizar la regionalización a nivel de la Unión, a fin de tener en cuenta las zonas de protección y de vigilancia debidamente establecidas por Chequia, Alemania, Francia, Hungría y Polonia, y las nuevas zonas restringidas establecidas por Francia, de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, así como la duración de las medidas aplicables en ellas.

(16)

Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 en consecuencia.

(17)

Dada la urgencia de la situación epidemiológica en la Unión por lo que respecta a la propagación de la GAAP, es importante que las modificaciones que deben introducirse en la Decisión de Ejecución (UE) 2021/641 mediante la presente Decisión surtan efecto lo antes posible.

(18)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

La peste porcina africana es una enfermedad vírica infecciosa que afecta a los porcinos en cautividad y a los porcinos silvestres y que puede tener graves repercusiones en la población animal afectada y en la rentabilidad de la ganadería, al perturbar los desplazamientos de las partidas de esos animales y sus productos dentro de la Unión, así como las exportaciones a terceros países.

(2)

En caso de brote de peste porcina africana en porcinos en cautividad y en porcinos silvestres, existe un riesgo grave de propagación de dicha enfermedad a otros establecimientos de porcinos en cautividad y a porcinos silvestres.

(3)

El Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión (2) completa las normas para el control de las enfermedades de la lista a la que se hace referencia en el artículo 9, apartado 1, letras a), b) y c), del Reglamento (UE) 2016/429, y definidas como enfermedades de categoría A, B y C en el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1882 de la Comisión (3). En concreto, en los artículos 21 y 22 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 se determina que, en caso de que se produzca un brote de una enfermedad de categoría A, incluida la peste porcina africana, debe establecerse una zona restringida y deben aplicarse determinadas medidas en dicha zona. Además, con arreglo al artículo 21, apartado 1, de dicho Reglamento Delegado, la zona restringida debe comprender una zona de protección, una zona de vigilancia y, si fuera necesario, otras zonas restringidas adyacentes o en torno a las zonas de protección y vigilancia.

(4)

En particular, los artículos 63 a 66 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 contienen determinadas medidas que deben adoptarse en caso de confirmación oficial de un brote de una enfermedad de categoría A en animales silvestres, incluida la peste porcina africana en porcinos silvestres. En particular, estas disposiciones contemplan el establecimiento de una zona infectada y la prohibición de los desplazamientos de animales silvestres de especies de la lista y de productos de origen animal obtenidos de ellos.

(5)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2023/594 de la Comisión (4) establece medidas especiales de control de la peste porcina africana. En concreto, en el artículo 3, letra a), de dicho Reglamento de Ejecución se determina que, en caso de brote de peste porcina africana en porcinos en cautividad, debe establecerse una zona restringida de conformidad con el artículo 21, apartado 1, del Reglamento Delegado (UE) 2020/687.

(6)

También, en caso de brote de esa enfermedad en porcinos silvestres en un área de un Estado miembro, el artículo 3, letra b), del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/594 determina el establecimiento de una zona infectada de conformidad con el artículo 63 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687. Además, el artículo 6 de dicho Reglamento de Ejecución establece que esa área debe incluirse como zona restringida II en la lista de la parte II de su anexo I y que la zona infectada, establecida de conformidad con el artículo 63 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687, debe ajustarse inmediatamente para incluir, como mínimo, la zona restringida II. Las medidas especiales de control de la peste porcina africana establecidas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/594 incluyen, entre otras cosas, la prohibición de los desplazamientos de partidas de porcinos en cautividad mantenidos en zonas restringidas II y sus productos fuera de dichas zonas restringidas.

(7)

Italia ha informado a la Comisión de la situación actual de la peste porcina africana en su territorio, a raíz de un brote de esta enfermedad en porcinos en cautividad en la región de Calabria confirmado el 12 de mayo de 2023, y, de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/594, ha establecido una zona restringida, que incluye zonas de protección y vigilancia, en la que se aplican las medidas generales de control de enfermedades establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, a fin de evitar que siga propagándose dicha enfermedad.

(8)

Asimismo, Italia ha informado a la Comisión de la confirmación de varios brotes de fiebre porcina africana en porcinos silvestres en la región de Calabria el 11 de mayo de 2023. En consecuencia, la autoridad competente de dicho Estado miembro estableció una zona infectada de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 y el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/594.

(9)

Para prevenir cualquier perturbación innecesaria del comercio en el interior de la Unión y evitar obstáculos injustificados al comercio por parte de terceros países, es necesario determinar, a nivel de la Unión, la zona restringida, que comprende zonas de protección y vigilancia y la zona infectada de peste porcina africana en Italia en colaboración con este Estado miembro.

(10)

A fin de evitar la propagación de la peste porcina africana, y a la espera de la inclusión del área de Italia afectada por los brotes recientes en porcinos silvestres como zona restringida II en la lista de la parte II del anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/594, las medidas especiales de control de la peste porcina africana que se establecen en dicho Reglamento, que se aplican a los desplazamientos de partidas de porcinos en cautividad mantenidos en zonas restringidas II y sus productos fuera de esas zonas, también deben aplicarse a los desplazamientos de esas partidas que se realicen desde la zona infectada establecida por Italia tras el brote reciente, además de las medidas establecidas en los artículos 63 a 66 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687.

(11)

En consecuencia, dicha zona infectada debe figurar en el anexo de la presente Decisión y estar sujeta a las medidas especiales de control de la peste porcina africana que se aplican a las zonas restringidas II establecidas en el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/594. No obstante, debido a esta nueva situación epidemiológica de peste porcina africana y teniendo en cuenta el aumento del riesgo de propagación inmediata de la enfermedad, no deben autorizarse los desplazamientos de partidas de porcinos en cautividad y sus productos a otros Estados miembros ni a terceros países desde la zona infectada, de conformidad con el mencionado Reglamento de Ejecución. La duración de esta zonificación también debe establecerse en la presente Decisión.

(12)

Por consiguiente, a fin de mitigar los riesgos derivados del reciente brote de peste porcina africana en porcinos silvestres en Italia, dicho país no debe autorizar los desplazamientos a otros Estados miembros ni a terceros países de partidas de porcinos en cautividad mantenidos en la zona infectada ni de sus productos hasta la fecha de expiración de la presente Decisión.

(13)

Dada la urgencia de la situación epidemiológica en la Unión por lo que respecta a la propagación de la peste porcina africana, es importante que las medidas establecidas en la presente Decisión de Ejecución se apliquen lo antes posible.

(14)

Por consiguiente, a la espera del dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, debe establecerse inmediatamente la zona infectada de Italia e incluirse en la lista del anexo de la presente Decisión, y debe fijarse la duración de dicha zonificación.

(15)

La presente Decisión debe revisarse en la próxima reunión del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.