(1)

El Consejo Europeo, en sus Conclusiones de los días 19 y 20 de diciembre de 2013, acogió con satisfacción los preparativos de la próxima generación de comunicaciones gubernamentales por satélite (Govsatcom), mediante una estrecha cooperación entre los Estados miembros, la Comisión y la Agencia Espacial Europea (AEE). Las comunicaciones gubernamentales por satélite también figuran entre los elementos de la Estrategia Global de la Unión Europea sobre Política Exterior y de Seguridad de junio de 2016. Las comunicaciones gubernamentales por satélite deben contribuir a la respuesta de la Unión a las amenazas híbridas y prestar apoyo a la Estrategia de Seguridad Marítima de la UE y a la política de esta última para el Ártico.

(2)

En las Conclusiones del Consejo Europeo de los días 21 y 22 de marzo de 2019 se hizo hincapié en que la Unión debía avanzar más en el desarrollo de una economía digital competitiva, segura, inclusiva y ética, con una conectividad de primera categoría mundial.

(3)

En la Comunicación de la Comisión de 22 de febrero de 2021 titulada «Plan de acción sobre las sinergias entre las industrias civil, de la defensa y espacial» de la Comisión se afirma que dicho Plan «facilitará el acceso generalizado a conectividad de alta velocidad en Europa y proporcionará un sistema de conectividad resiliente que permitirá a Europa mantenerse conectada en cualquier circunstancia».

(4)

El documento «Una Brújula Estratégica para la Seguridad y la Defensa», adoptado por el Consejo el 21 de marzo de 2022, reconoce que las infraestructuras espaciales de la Unión y de sus Estados miembros contribuyen a nuestra resiliencia y proporcionan servicios esenciales que sustituyen o completan las infraestructuras terrenas para las telecomunicaciones. Por consiguiente, pide que la Unión trabaje en la propuesta de un sistema de comunicación espacial segura de la Unión y de alcance mundial.

(5)

Uno de los componentes del Programa Espacial de la Unión creado por el Reglamento (UE) 2021/696 del Parlamento Europeo y del Consejo (2), es Govsatcom, cuyo objetivo es garantizar la disponibilidad a largo plazo de servicios de comunicaciones por satélite fiables, seguros, escalables y rentables para los usuarios de Govsatcom. Según el Reglamento (UE) 2021/696, en una primera fase del componente Govsatcom, aproximadamente hasta 2025, las capacidades existentes se pondrían en común y se compartirían a través del centro de Govsatcom. En este contexto, la Comisión debe adquirir capacidades para la iniciativa europea Govsatcom de los Estados miembros que dispongan de sistemas y capacidades espaciales nacionales y de proveedores comerciales de comunicaciones o servicios por satélite, teniendo en cuenta los intereses de seguridad esenciales de la Unión.

En esa primera fase, se introducirían servicios de Govsatcom a partir de un planteamiento progresivo, vista la ampliación de las capacidades de la infraestructura del centro de Govsatcom. Dicho planteamiento parte también de la premisa de que, si en el transcurso de la primera fase un análisis detallado de la oferta y la demanda futuras mostrase que es insuficiente para cubrir la evolución de la demanda, será necesario pasar a una segunda fase y desarrollar infraestructura espacial adicional a medida o nuevas capacidades cooperando con el sector privado; por ejemplo, con operadores de satélites de la Unión.

(6)

El 22 de marzo de 2017, el Comité Político y de Seguridad del Consejo refrendó las Necesidades de los Usuarios Civiles y Militares de Alto Nivel en materia de Comunicaciones Gubernamentales por Satélite (Govsatcom), que fueron elaboradas por el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) y con las cuales se han fusionado las necesidades de los usuarios militares recogidas por la Agencia Europea de Defensa en su objetivo común de efectivos adoptado en 2013 y en las necesidades de los usuarios civiles recopiladas por la Comisión. Análisis posteriores de la Comisión mostraron que la oferta de comunicación por satélite de la Unión existente, sobre la base de las capacidades de los Estados miembros con sistemas nacionales y del sector privado, no puede satisfacer determinadas necesidades nuevas de la demanda gubernamental que están avanzando hacia soluciones más seguras, baja latencia y cobertura mundial. Estas necesidades deben supervisarse y reevaluarse periódicamente.

(7)

Los recientes avances técnicos han permitido la aparición de constelaciones de comunicaciones de órbita no geoestacionaria y ofrecen gradualmente servicios de conectividad de alta velocidad y baja latencia. Por lo tanto, se presenta ahora una buena oportunidad para responder a la evolución de las necesidades de los usuarios autorizados de la Administración mediante el desarrollo y el despliegue de infraestructura adicional, ya que en la actualidad están disponibles los registros de frecuencias a la Unión Internacional de Telecomunicaciones que son necesarias para la prestación de los servicios requeridos en la Unión. Si no se utilizan, esos registros de frecuencias quedarán obsoletas y se asignarán a otros operadores. Dado que las frecuencias y las posiciones orbitales son un recurso cada vez más escaso, la Comisión, mediante un proceso abierto y transparente con los Estados miembros, debe aprovechar esta oportunidad para celebrar con los Estados miembros que faciliten registros de frecuencias acuerdos de licencia específicos para la prestación de servicios gubernamentales basados en la infraestructura gubernamental. El sector privado se encarga de la obtención de los derechos sobre el registro de las frecuencias necesarias para la prestación de servicios comerciales.

(8)

La demanda de servicios de comunicación espacial por satélite seguros y fiables por parte de los agentes gubernamentales de la Unión es cada vez mayor, sobre todo porque se trata de la opción más viable en ausencia de sistemas de comunicación terrena, o cuando sufren perturbaciones o no son fiables. El acceso asequible y rentable a las comunicaciones por satélite es también indispensable en zonas en las que no existen infraestructuras terrestres, incluido en los océanos, en el espacio aéreo, en zonas remotas y en lugares en los que las infraestructuras terrestres sufren cortes importantes o en los que no se puede confiar en ellas en situaciones de crisis. La comunicación por satélite puede aumentar la resiliencia general de las redes de comunicación, por ejemplo, ofreciendo alternativas en caso de ataques físicos o ciberataques a infraestructuras terrestres locales, accidentes o catástrofes naturales o provocadas por el hombre.

(9)

La Unión debe garantizar el suministro de unas soluciones de comunicación por satélite resilientes, mundiales, seguras, protegidas, ininterrumpidas, garantizadas y flexibles que respondan a la evolución de las necesidades y los requisitos gubernamentales, unas soluciones creadas a partir de una base tecnológica e industrial de la Unión, de manera que aumente la resiliencia de las operaciones de los Estados miembros y de las instituciones de la Unión.

(10)

Por tanto, es importante establecer un nuevo programa, concretamente el Programa de Conectividad Segura de la Unión (en lo sucesivo, «Programa») para proporcionar una infraestructura de comunicación por satélite y multiorbital de la Unión para uso gubernamental, que integre y complemente al mismo tiempo las capacidades nacionales y europeas existentes y futuras en el marco del componente Govsatcom, y desarrolle en mayor medida e integre gradualmente la iniciativa sobre la Infraestructura Europea de Comunicación Cuántica (EuroQCI) en el sistema de conectividad segura.

(11)

El Programa debe atender a las nuevas necesidades gubernamentales de soluciones de mayor seguridad, baja latencia y cobertura mundial. Debe garantizar la prestación y disponibilidad a largo plazo de un acceso sin interrupciones en todo el mundo a servicios de comunicación gubernamentales por satélite seguros, autónomos, fiables y rentables, apoyando la resiliencia y protección de infraestructura crítica, la conciencia situacional, acciones exteriores y la gestión de crisis, así como de aplicaciones que son fundamentales para la economía, la seguridad y la defensa de la Unión y de los Estados miembros, a través de una infraestructura gubernamental específica, que integre y complemente las capacidades de Govsatcom. Asimismo, el Programa debe priorizar la prestación de servicios gubernamentales y también debe permitir la prestación de servicios comerciales por parte del sector privado europeo, teniendo en cuenta un estudio de mercado que incluya la consulta a los usuarios autorizados de la Administración, a través de una infraestructura comercial.

(12)

La Decisión (UE) 2022/2481 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) establece una serie de objetivos y metas para promover el desarrollo en la Unión de infraestructuras digitales resilientes, seguras, eficaces y sostenibles, incluido un objetivo digital para la Comisión y los Estados miembros de lograr una conectividad de gigabit para todos de aquí a 2030. El Programa debe permitir mejorar la conectividad en la Unión y en todo el mundo, para los ciudadanos y las empresas, incluidos, entre otras cosas, el suministro de acceso a banda ancha de alta velocidad asequible que puede ayudar a eliminar zonas muertas de comunicación y a aumentar la cohesión en toda la Unión, incluidas sus regiones ultraperiféricas, zonas rurales, periféricas, remotas y aisladas y en las islas. En la actualidad, los servicios por satélite no pueden sustituir al rendimiento de las redes terrestres, pero pueden salvar la brecha digital e incluso contribuir, en su caso, a los objetivos generales de la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(13)

Por consiguiente, el Programa debe constar de la definición, el diseño, el desarrollo, la validación y las actividades asociadas de despliegue para la construcción de la infraestructura espacial y terrena inicial necesaria para la prestación de los primeros servicios gubernamentales. A continuación, el Programa debe incluir actividades de despliegue gradual destinadas a completar la infraestructura espacial y terrena necesaria para la prestación de servicios gubernamentales avanzados que actualmente no están disponibles y que van más allá del estado actual de la tecnología de los servicios europeos de comunicación por satélite existentes. Además, el Programa debe promover el desarrollo de terminales de usuarios con capacidad para explotar unos servicios de comunicación avanzados. Las actividades de explotación deben comenzar lo antes posible, con la prestación de los primeros servicios gubernamentales prevista para 2024, a fin de atender lo antes posible las necesidades de los usuarios autorizados de la Administración. A continuación, el Programa debe incluir actividades destinadas a completar la infraestructura espacial y terrena necesaria para una capacidad operativa completa a más tardar en 2027. La prestación de servicios gubernamentales, el funcionamiento, el mantenimiento y la mejora continua de la infraestructura espacial y terrena una vez implantada, así como el desarrollo de las futuras generaciones de servicios gubernamentales, deben formar parte de las actividades de explotación.

(14)

En junio de 2019, los Estados miembros firmaron la Declaración de la infraestructura europea de comunicación cuántica (EuroQCI) (en lo sucesivo, «Declaración»), en la que acuerdan trabajar juntos, con la Comisión y con el apoyo de la AEE, en el desarrollo de una infraestructura de comunicación cuántica que abarque toda la Unión. De acuerdo con dicha Declaración, el objetivo de EuroQCI es implantar una infraestructura de comunicación cuántica de extremo a extremo segura y certificada que permita transmitir y almacenar información y datos y tener capacidad para enlazar activos críticos de comunicación pública en toda la Unión. El Programa contribuirá a alcanzar los objetivos de la Declaración mediante el desarrollo de una infraestructura espacial y terrena EuroQCI integrada en la infraestructura gubernamental del Programa, así como desarrollando e implantando la infraestructura terrestre EuroQCI, que será propiedad de los Estados miembros. La infraestructura espacial, terrena y terrestre EuroQCI debe desarrollarse en el Programa en dos fases principales: una fase de validación preliminar, que podría implicar el desarrollo y la validación de varias tecnologías y protocolos de comunicación diferentes, y una fase de despliegue completa, incluidas soluciones adecuadas para la conectividad intersatelital y la retransmisión de datos entre satélites, la infraestructura terrena y la terrestre.

(15)

Una de las principales funciones de EuroQCI será permitir la distribución cuántica de claves criptográficas (QKD). Hasta la fecha, la tecnología y los productos de QKD no están suficientemente maduros para utilizarlos en la protección de información clasificada de la UE (ICUE). Aún no están resueltos los principales problemas relativos a la seguridad de la QKD, como la normalización de los protocolos de QKD, el análisis de canal lateral y la metodología de evaluación. Por consiguiente, el Programa debe respaldar la EuroQCI y permitir la inclusión en la infraestructura de productos criptográficos aprobados, cuando estén disponibles.

(16)

Al objeto de proteger la ICUE de manera satisfactoria y segura, las principales soluciones para contrarrestar las amenazas que plantea la computación cuántica deben ser una combinación de soluciones convencionales, criptografía postcuántica y posiblemente QKD, en enfoques híbridos. Por consiguiente, el Programa debe utilizar estos enfoques con el objetivo de garantizar una criptografía de última generación y una distribución de claves.

(17)

Con el fin de ampliar las capacidades de comunicación por satélite de la Unión, la infraestructura del Programa debe basarse en la infraestructura desarrollada a efectos del componente Govsatcom, así como integrarla y complementarla. En particular, la infraestructura terrena del Programa debe basarse en los centros de Govsatcom, progresivamente ampliados según las necesidades de los usuarios mediante otros activos del segmento terreno entre ellos los de los Estados miembros dispuestos a contribuir en mayor medida, partiendo de los requisitos operativos y de seguridad.

(18)

El Programa debe mejorar la conectividad segura en las zonas geográficas de interés estratégico, como África y el Ártico, así como en las regiones del Báltico, del mar Negro, del Mediterráneo y el Atlántico. Los servicios prestados en el marco del Programa también deben contribuir a la resiliencia geopolítica ofreciendo conectividad adicional en consonancia con los objetivos políticos en esas regiones y con la Comunicación conjunta de la Comisión y el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, de 1 de diciembre de 2021, titulada «La Pasarela Mundial».

(19)

Sin perjuicio de los servicios de comunicación, los satélites construidos para los fines del Programa podrían estar equipados con subsistemas, incluida la carga útil, que permitan aumentar la capacidad y los servicios de los componentes del Programa Espacial de la Unión, permitiendo así el desarrollo de servicios adicionales que no sean de comunicación que habrá de decidir el comité del Programa que se reúna en la configuración pertinente, como establece el Reglamento (UE) 2021/696, y se ejecuten en las condiciones establecidas en el presente Reglamento. Si se determina debidamente el beneficio para los componentes del Programa Espacial de la Unión teniendo en cuenta las necesidades de los usuarios y las limitaciones presupuestarias, podrían desarrollarse esos subsistemas para ofrecer servicios alternativos de posicionamiento, navegación y temporización que complementen los de Galileo, para garantizar la difusión de mensajes del sistema europeo de navegación por complemento geoestacionario (EGNOS) con menor latencia, para proporcionar sensores espaciales para vigilancia espacial y para contribuir a la mejora de las capacidades actuales de Copernicus, en particular para los servicios de emergencia y de seguridad civil. Además, esos subsistemas podrían prestar a los Estados miembros servicios que no sean de comunicación, siempre que ello no afecte a la seguridad ni al presupuesto del Programa.

(20)

Considerando la importancia para el Programa de su infraestructura gubernamental terrena y sus efectos en la seguridad, el emplazamiento de dicha infraestructura debe determinarlo la Comisión, en consonancia con los requisitos generales de seguridad y siguiendo un proceso abierto y transparente, con vistas a garantizar una distribución equilibrada entre los Estados miembros. El despliegue de la infraestructura gubernamental terrena del Programa, que también integra la infraestructura desarrollada en el marco del componente Govsatcom, podría implicar a la Agencia de la Unión Europea para el Programa Espacial (en lo sucesivo, «Agencia») o, cuando proceda y dentro de su ámbito de competencias, a la AEE.

(21)

Es vital para la seguridad de la Unión y de sus Estados miembros, así como para garantizar la seguridad y la integridad de los servicios gubernamentales, que los activos espaciales del Programa se lancen desde el territorio de la Unión. En circunstancias excepcionales, debidamente justificadas, debe ser posible que dichos lanzamientos se efectúen desde el territorio de un tercer país. Además de los lanzadores pesados y medianos, los lanzadores pequeños y los microlanzadores podrían ofrecer flexibilidad adicional para permitir el rápido despliegue de los activos espaciales.

(22)

Es importante que la Unión sea propietaria de todos los activos, materiales e inmateriales, relacionados con la infraestructura gubernamental desarrollada en el marco del Programa, excepto de la infraestructura terrestre EuroQCI, al tiempo que se garantiza la observancia de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, incluido su artículo 17. Aunque la Unión sea propietaria de estos activos, esta debe poder, de conformidad con el presente Reglamento y cuando se considere oportuno caso por caso, ponerlos a disposición de terceros o desligarse de ellos.

(23)

Las iniciativas de toda la Unión, como la iniciativa sobre la conectividad segura, se definen por la amplia participación de las pequeñas y medianas empresas (pymes) innovadoras, las empresas emergentes y las grandes empresas de los sectores espaciales upstream y downstream de toda la Unión. En los últimos años, algunos actores espaciales han puesto a prueba el sector espacial, en particular las empresas emergentes y las pymes que han desarrollado tecnologías y aplicaciones espaciales innovadoras orientadas al mercado, a veces con modelos de negocio diferentes. A fin de garantizar la competitividad del ecosistema espacial de la Unión, el Programa debe maximizar el uso de tecnologías innovadoras y disruptivas, así como de modelos de negocio novedosos desarrollados por el ecosistema espacial europeo, incluido el Nuevo Espacio, en especial por parte de las pymes, las empresas de mediana capitalización y las empresas emergentes que desarrollan tecnologías y aplicaciones espaciales novedosas orientadas al mercado, al tiempo que abarca toda la cadena de valor espacial, lo que incluye los segmentos upstream y downstream.

(24)

Es fundamental fomentar la inversión del sector privado con una contratación adecuada y con la agregación de contratos de servicios, reduciendo así la incertidumbre y proporcionando visibilidad y previsibilidad a largo plazo a las necesidades de servicios del sector público. A fin de garantizar la competitividad de la industria espacial europea de cara al futuro, el Programa también debe contribuir al desarrollo de capacidades avanzadas en los ámbitos relacionados con el espacio y apoyar las actividades de educación y formación, así como promover la igualdad de oportunidades, la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, para poder explotar todo el potencial de los ciudadanos de la Unión en ese terreno.

(25)

De conformidad con los objetivos establecidos en la Comunicación de la Comisión, de 11 de diciembre de 2019, titulada «El Pacto Verde Europeo», el Programa debe minimizar, en la medida de lo posible, su impacto ambiental. Si bien los activos espaciales no emiten, por sí mismos, gases de efecto invernadero durante su uso, su fabricación y las instalaciones terrenas asociadas sí tienen impacto ambiental. Deben adoptarse medidas para mitigar dicho impacto. A tal efecto, la contratación a que se refiere el Programa debe incluir principios y medidas en materia de sostenibilidad, tales como disposiciones para minimizar y compensar las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por el desarrollo, la producción y el despliegue de la infraestructura y medidas para prevenir la contaminación lumínica.

(26)

Dado el creciente número de vehículos espaciales y desechos espaciales en órbita, la nueva constelación europea debe también cumplir criterios de sostenibilidad espacial y ser un ejemplo de buenas prácticas en la gestión del tráfico espacial y en vigilancia y seguimiento espacial (VSE), a fin de reducir la cantidad de desechos espaciales producidos, prevenir rupturas en órbita y colisiones en órbita, y proporcionar medidas apropiadas para los vehículos espaciales al final de su vida útil. Dado que la protección del entorno espacial suscita preocupaciones legítimas que se está debatiendo en foros internacionales —por ejemplo, en la Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos—, es de máxima importancia que la Unión muestre su liderazgo en materia de sostenibilidad espacial. Los contratos adjudicados en el marco del Programa deben garantizar que la tecnología implantada permita el máximo nivel de exigencia posible en lo que respecta a la sostenibilidad y a la eficiencia energética y en la utilización de los recursos.

(27)

Los requisitos operativos de los servicios gubernamentales deben basarse en el análisis de las necesidades de los usuarios autorizados de la Administración, tomando también en consideración las capacidades de la oferta actual del mercado. Al evaluar estos requisitos, se deben utilizar las actuales capacidades del mercado en la mayor medida posible. A partir de esos requisitos operativos, en combinación con los requisitos generales de seguridad y la evolución de la demanda de servicios gubernamentales, debe elaborarse la cartera de servicios de los servicios gubernamentales. Esta cartera de servicios debe establecer la base de referencia para los servicios gubernamentales. También debe determinar las categorías de servicios que complementen la cartera de servicios de Govsatcom establecida en el marco del Reglamento (UE) 2021/696. La Comisión debe garantizar la consistencia y la coherencia de los requisitos operativos y de seguridad entre el componente Govsatcom y el Programa. A fin de mantener la mejor adecuación posible entre la demanda y la oferta de servicios, la cartera de servicios gubernamentales debe determinarse en 2023 y debe poderse actualizar regularmente, previa consulta a los Estados miembros, sobre la base de dichos requisitos operativos y de seguridad.

(28)

Las comunicaciones por satélite son un recurso finito limitado por la capacidad de los satélites, la frecuencia y la cobertura geográfica. Por lo tanto, para ser rentable y aprovechar las economías de escala, el Programa debe optimizar la adecuación entre la oferta y la demanda de servicios gubernamentales y evitar el exceso de capacidad. Dado que la demanda y la posible oferta cambian con el tiempo, la Comisión debe supervisar las necesidades para ajustar la cartera de servicios gubernamentales siempre que resulte necesario.

(29)

Los Estados miembros, el Consejo, la Comisión y el SEAE, así como las agencias y organismos de la Unión, deben poder ser los participantes del Programa en la medida en que decidan autorizar a usuarios de servicios gubernamentales o proporcionar capacidades, emplazamientos o instalaciones. Teniendo en cuenta que corresponde a los Estados miembros decidir si autorizan a usuarios nacionales de servicios gubernamentales, no se les debe obligar a contribuir al Programa ni a albergar su infraestructura.

(30)

Cada participante del Programa debe designar a una autoridad competente en materia de conectividad segura para que supervise si los usuarios y otras entidades nacionales que desempeñen un papel en el Programa cumplen las normas y procedimientos de seguridad aplicables establecidos en los requisitos generales de seguridad. Los participantes del Programa podrán asignar las funciones de dicha autoridad a una autoridad ya existente.

(31)

El presente Reglamento establece, para toda la duración del Programa, una dotación financiera que debe constituir el importe de referencia privilegiado para el Parlamento Europeo y el Consejo durante el procedimiento presupuestario anual, a efectos del punto 18 del Acuerdo Interinstitucional de 16 de diciembre de 2020 entre el Parlamento Europeo, el Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea sobre disciplina presupuestaria, cooperación en materia presupuestaria y buena gestión financiera, así como sobre nuevos recursos propios, incluida una hoja de ruta para la introducción de nuevos recursos propios (5).

(32)

Los objetivos del Programa son coherentes y complementarios con los de otros programas de la Unión, en particular Horizonte Europa, establecido por el Reglamento (UE) 2021/695 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) y la Decisión (UE) 2021/764 del Consejo (7); el Programa Europa Digital, establecido por el Reglamento (UE) 2021/694 del Parlamento Europeo y del Consejo (8); el Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional – Europa Global, establecido por el Reglamento (UE) 2021/947 del Parlamento Europeo y del Consejo (9); el Mecanismo «Conectar Europa», establecido por el Reglamento (UE) 2021/1153 del Parlamento Europeo y del Consejo (10); y, en particular, el Programa Espacial de la Unión.

(33)

Horizonte Europa asignará una parte específica de sus componentes del bloque «Mundo digital, industria y espacio» a actividades de investigación e innovación relacionadas con el desarrollo y la validación del sistema de conectividad segura, incluidas las tecnologías que puedan desarrollarse en el marco del ecosistema espacial, incluido el Nuevo Espacio. El Instrumento de Vecindad, Cooperación al Desarrollo y Cooperación Internacional – Europa Global (IVCDCI) asignará una parte específica de sus fondos de Europa Global a actividades relacionadas con el funcionamiento del sistema de conectividad segura y la prestación de servicios a escala mundial, lo que permitirá ofrecer una variedad de servicios a los socios internacionales. El Programa Espacial de la Unión asignará una parte específica del componente Govsatcom a las actividades relacionadas con el desarrollo del centro de Govsatcom, que formará parte de la infraestructura terrena del sistema de conectividad segura. La financiación procedente de estos programas debe ejecutarse de conformidad con las normas de estos.

(34)

Debido a sus implicaciones inherentes para la seguridad de la Unión y de sus Estados miembros, el Programa también comparte objetivos y principios con el Fondo Europeo de Defensa establecido por el Reglamento (UE) 2021/697 del Parlamento Europeo y del Consejo (11). Por tanto, parte de los fondos del Fondo Europeo de Defensa deben destinarse a financiar las actividades del Programa, en particular las actividades relacionadas con el despliegue de su infraestructura.

(35)

Con el fin de garantizar que el Programa se ejecute eficazmente, es importante garantizar que se disponga de recursos suficientes. Los Estados miembros deben poder contribuir con su competencia técnica, sus conocimientos especializados y su asistencia, en particular en los ámbitos de la seguridad y la protección, o, cuando proceda y sea posible, poniendo a disposición del Programa los datos, la información, los servicios y las infraestructuras que se encuentren en su territorio. El Programa debe poder recibir contribuciones financieras adicionales o contribuciones en especie de terceros, también de agencias y organismos de la Unión, Estados miembros, terceros países que participen en el Programa u organizaciones internacionales, en consonancia con los acuerdos pertinentes.

(36)

El Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) (en lo sucesivo, «Reglamento Financiero») es aplicable al Programa. El Reglamento Financiero establece normas sobre la ejecución del presupuesto de la Unión, incluidas las relativas a subvenciones, premios, contratación, gestión indirecta, instrumentos financieros, garantías presupuestarias, ayuda financiera y reembolso a los expertos externos.

(37)

De conformidad con el artículo 191, apartado 3, del Reglamento Financiero, en ningún caso los mismos costes pueden ser financiados dos veces por el presupuesto de la Unión.

(38)

La Comisión debe poder solicitar, llegado el caso y en la medida de lo necesario, la asistencia técnica de determinadas partes externas, en la medida en que se preserven los intereses de la Unión en materia de seguridad. Las demás entidades que participen en la gobernanza pública del Programa también deben poder beneficiarse de la misma asistencia técnica para la ejecución de las tareas que les sean confiadas en aplicación del presente Reglamento.

(39)

Los contratos públicos celebrados en el marco del Programa para actividades financiadas por él deben ajustarse a las normas de la Unión. En este contexto, la Unión también debe ser responsable de la definición de los objetivos que deben perseguirse en materia de contratación pública.

(40)

El Programa se basa en tecnologías complejas y en constante evolución. La confianza en estas tecnologías implica incertidumbre y riesgo para los contratos públicos celebrados en el marco del Programa, en la medida en que esos contratos supongan compromisos a largo plazo de prestar equipos o servicios. Por ello, se precisan medidas específicas relativas a los contratos públicos, además de las normas establecidas en el Reglamento Financiero. Así, debe ser posible imponer un nivel mínimo de subcontratación. Por lo que se refiere a este último aspecto, debe darse prioridad, en la medida de lo posible, a las empresas emergentes y a las pymes, en particular para permitir su participación transfronteriza.

(41)

Para cumplir los objetivos del Programa es importante poder hacer uso, cuando sea oportuno, de todas las capacidades que ofrecen las entidades públicas y privadas activas de la Unión en el ámbito espacial, y también poder trabajar a nivel internacional con terceros países u organizaciones internacionales. Por ello, es necesario brindar la posibilidad de utilizar todas las herramientas y métodos de gestión pertinentes previstos en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y en el Reglamento Financiero y procedimientos de contratación conjunta.

(42)

Una cooperación público-privada es el sistema más adecuado para garantizar que se puedan perseguir los objetivos del Programa. Debe permitir aprovechar la base tecnológica e industrial de la comunicación por satélite de la Unión, incluidos los activos privados, y proporcionar servicios gubernamentales sólidos e innovadores y posibilitar que los socios privados completen la infraestructura del Programa con capacidades suplementarias para ofrecer servicios comerciales en condiciones de mercado mediante inversiones propias adicionales. Además, este sistema debe optimizar los costes de despliegue y explotación, al permitir compartir los gastos de desarrollo e despliegue de los componentes comunes para las infraestructuras gubernamentales y comerciales, así como los costes operativos, al permitir un nivel elevado de mutualización de capacidades. Debe asimismo estimular la innovación en el ecosistema espacial europeo, incluido el Nuevo Espacio, permitiendo que los socios públicos y privados compartan los riesgos de investigación y desarrollo.

(43)

Para la ejecución del Programa, los contratos de concesión, de suministro, de servicios o de obras o de contratos mixtos deben seguir los principios clave. Dichos contratos deben establecer un reparto claro de las tareas y responsabilidades entre los socios públicos y privados, incluida una asignación inequívoca de los riesgos entre ellos, con vistas a garantizar que los contratistas asuman la responsabilidad de las consecuencias de toda infracción de la que sean responsables. Los contratos deben garantizar que los contratistas no reciban una compensación excesiva por la prestación de servicios gubernamentales, permitir que el sector privado establezca la prestación de servicios comerciales y garantizar una adecuada priorización de las necesidades de los usuarios autorizados de la Administración. Los contratos deben garantizar, en particular, que la prestación de servicios basados en la infraestructura comercial preserve los intereses esenciales de la Unión y los objetivos generales y específicos del Programa. Es importante, por tanto, velar por que se establezcan medidas que garanticen que tales intereses esenciales y objetivos se preservan. En particular, la Comisión debe poder adoptar las medidas necesarias para garantizar la continuidad de los servicios en caso de que el contratista no pueda atender sus obligaciones.

Los contratos deben incluir salvaguardias adecuadas para evitar, entre otras cosas, los conflictos de intereses y las posibles distorsiones de la competencia derivados de la prestación de servicios comerciales, la discriminación indebida o cualquier otra ventaja indirecta encubierta. Tales salvaguardias podrán incluir la separación de cuentas entre servicios gubernamentales y servicios comerciales, incluida la creación de una entidad estructural y jurídicamente independiente del operador integrado verticalmente para la prestación de servicios gubernamentales, así como un acceso abierto, justo, razonable y no discriminatorio a la infraestructura necesaria para la prestación de servicios comerciales. Por tanto, los servicios comerciales deben ponerse a disposición de los proveedores de servicios terrestres existentes en condiciones transparentes y no discriminatorias. Los contratos deben fomentar la participación de empresas emergentes y pymes a lo largo de toda la cadena de valor y en todos los Estados miembros.

(44)

Un objetivo importante del Programa es garantizar la seguridad de la Unión y de sus Estados miembros y reforzar la resiliencia de las tecnologías clave y de las cadenas de valor preservando al mismo tiempo una economía abierta. En casos específicos, este objetivo requiere el establecimiento de condiciones de admisibilidad y participación, a fin de garantizar la protección de la integridad, la seguridad y la resiliencia de los sistemas operativos de la Unión. Esto no debe debilitar la necesidad de competitividad y rentabilidad.

(45)

De conformidad con el Reglamento Financiero, el Reglamento (UE, Euratom) n.o 883/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (13) y los Reglamentos (CE, Euratom) n.o 2988/95 (14), (Euratom, CE) n.o 2185/96 (15) y (UE) 2017/1939 (16) del Consejo, los intereses financieros de la Unión deben protegerse con medidas proporcionadas, incluidas medidas para la prevención, detección, corrección e investigación de irregularidades, entre ellas el fraude, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, para la imposición de sanciones administrativas. Concretamente, de conformidad con los Reglamentos (Euratom, CE) n.o 2185/96 y (UE, Euratom) n.o 883/2013, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) está facultada para llevar a cabo investigaciones administrativas, incluidos controles y verificaciones in situ, con el fin de establecer si ha habido fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión.

De conformidad con el Reglamento (UE) 2017/1939, la Fiscalía Europea está facultada para investigar delitos que afecten a los intereses financieros de la Unión y ejercer la acción penal al respecto, según lo establecido en la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo (17).

De conformidad con el Reglamento Financiero, toda persona o entidad que reciba fondos de la Unión debe cooperar plenamente en la protección de los intereses financieros de esta, conceder los derechos y el acceso necesarios a la Comisión, a la OLAF, al Tribunal de Cuentas y, respecto de los Estados miembros participantes en la cooperación reforzada, a la Fiscalía Europea en virtud del Reglamento (UE) 2017/1939, y garantizar que los terceros implicados en la ejecución de los fondos de la Unión concedan derechos equivalentes.

(46)

A fin de garantizar la protección de los intereses financieros de la Unión, es necesario exigir a los terceros países que concedan los derechos y el acceso necesarios para que el ordenador competente, la OLAF y el Tribunal de Cuentas ejerzan plenamente sus competencias respectivas.

(47)

Con el fin de optimizar la eficiencia y el impacto del Programa, deben acometerse acciones para promover el uso y el desarrollo de normas abiertas, tecnologías de código abierto e interoperabilidad en la arquitectura del sistema de conectividad segura. Un diseño más abierto de dicho sistema podría permitir mejores sinergias con otros componentes del Programa Espacial de la Unión o con servicios y aplicaciones nacionales, optimizar los costes evitando la duplicación en el desarrollo de las mismas tecnologías, mejorar la fiabilidad, impulsar la innovación y cosechar los beneficios de una competencia amplia.

(48)

La buena gobernanza pública del Programa requiere una clara distribución de responsabilidades y tareas entre las diferentes partes implicadas, para evitar solapamientos innecesarios y reducir los sobrecostes y retrasos. Todos los actores de la gobernanza deben apoyar, dentro de su ámbito de competencia y de conformidad con sus responsabilidades, la consecución de los objetivos del Programa.

(49)

Los Estados miembros vienen siendo protagonistas activos del espacio desde hace tiempo. Tienen sistemas, infraestructura, agencias nacionales y organismos en este ámbito. Así pues, pueden realizar una contribución importante al Programa, especialmente para su ejecución. Podrían cooperar con la Unión para promover los servicios y aplicaciones del Programa y garantizar la coherencia entre las iniciativas nacionales pertinentes y el Programa. La Comisión podría ser capaz de movilizar los medios de que disponen los Estados miembros, beneficiarse de la asistencia de estos y, en las condiciones concertadas de común acuerdo, confiarles funciones en la ejecución del Programa. Cuando proceda, los Estados miembros tratarán de garantizar la coherencia y complementariedad de sus planes de recuperación y resiliencia con el Programa. Por otra parte, los Estados miembros deben adoptar todas las medidas necesarias para garantizar la protección de la infraestructura terrena situada en su territorio. Además, los Estados miembros deben poder garantizar que las frecuencias necesarias para el Programa estén disponibles y protegidas en un nivel adecuado, a fin de permitir el pleno desarrollo y el despliegue de las aplicaciones sobre la base de los servicios ofrecidos, en cumplimiento de la Decisión n.o 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (18). Las frecuencias puestas a disposición del Programa no deben tener consecuencias financieras para este.

(50)

De conformidad con el artículo 17 del Tratado de la Unión Europea (TUE) y como promotora del interés general de la Unión, es responsabilidad de la Comisión ejecutar el Programa, asumir la responsabilidad general y promover su uso. Con el fin de optimizar los recursos y las competencias de las diferentes partes interesadas, la Comisión debe poder confiar determinadas tareas a otras entidades en circunstancias justificables. La Comisión debe determinar los principales requisitos técnicos y operativos necesarios para reflejar la evolución de los sistemas y servicios, previa consulta a los expertos de los Estados miembros, los usuarios y otras partes interesadas públicas o privadas pertinentes. Por último, de conformidad con el artículo 4, apartado 3, del TFUE, el ejercicio de la competencia de la Unión no puede tener por efecto impedir que los Estados miembros ejerzan la suya. No obstante, para hacer un buen uso de los fondos de la Unión, conviene que la Comisión garantice, en la medida de lo posible, la coherencia de las actividades realizadas en el contexto del Programa con las de los Estados miembros, sin crear ninguna duplicación de esfuerzos innecesaria.

(51)

El artículo 154 del Reglamento Financiero establece que, sobre la base de los resultados de una evaluación previa, la Comisión debe poder apoyarse en los sistemas y procedimientos aplicados por las personas o entidades a las que se haya confiado la ejecución de fondos de la Unión. Cuando resulte necesario, deben definirse en el acuerdo de contribución correspondiente los ajustes específicos de dichos sistemas y procedimientos (medidas de control), así como las disposiciones relativas a los contratos existentes.

(52)

Dada su cobertura mundial, el Programa tiene una fuerte dimensión internacional. Los socios internacionales, sus Gobiernos y ciudadanos serán destinatarios del conjunto de servicios del Programa, con beneficios acumulados para la cooperación internacional de la Unión y los Estados miembros con dichos socios. Respecto de las cuestiones relativas al Programa, la Comisión podría coordinar, en su ámbito de competencia y en nombre de la Unión, las actividades en la escena internacional.

(53)

Partiendo de la experiencia adquirida en los últimos años en materia de gestión, funcionamiento y prestación de servicios en relación con los componentes Galileo y EGNOS del Programa Espacial de la Unión, la Agencia es el organismo más adecuado para ejecutar, bajo la supervisión de la Comisión, las tareas relacionadas con el funcionamiento de la infraestructura gubernamental y la prestación de los servicios gubernamentales. Así pues, debe seguir desarrollando las capacidades pertinentes a tal efecto. Por lo tanto, debe confiarse a la Agencia la prestación de servicios gubernamentales y esta debe estar en disposición de que se le confíe la totalidad o parte de la gestión operativa de la infraestructura gubernamental.

(54)

En relación con la seguridad, y habida cuenta de su experiencia en este ámbito, la Agencia debe encargarse de garantizar, a través de su Consejo de Acreditación de Seguridad, de la acreditación de seguridad de los servicios y la infraestructura gubernamentales. Además, en función de la disponibilidad operativa de la Agencia, en particular por lo que respecta a unos niveles adecuados de recursos humanos, esta debe llevar a cabo las tareas que le encomiende la Comisión. En la medida de lo posible, la Agencia debe aprovechar sus conocimientos especializados, por ejemplo, por medio de las actividades del Sistema Mundial de Navegación por Satélite Europeo (GNSS). Al confiar tareas a la Agencia, deben ponerse a disposición los recursos humanos, administrativos y financieros adecuados para que esta pueda llevar a cabo plenamente sus tareas y misiones.

(55)

A fin de garantizar el funcionamiento de la infraestructura gubernamental y facilitar la prestación de los servicios gubernamentales, debe permitirse que la Agencia confíe, mediante acuerdos de contribución, actividades específicas a otras entidades, en sus respectivos ámbitos de competencia, en las condiciones de gestión indirecta que se aplican a la Comisión tal como se prevé en el Reglamento Financiero.

(56)

La AEE es una organización internacional con amplios conocimientos especializados en el ámbito espacial, incluida la comunicación por satélite, por lo que es un socio importante en la ejecución de los diferentes aspectos de la política espacial de la Unión. A este respecto, la AEE debe poder proporcionar asesoramiento a la Comisión, también para la preparación de las especificaciones y la aplicación de los aspectos técnicos del Programa. A tal fin, debe confiarse a la AEE la supervisión de las actividades de desarrollo y validación del Programa, así como el apoyo a la evaluación de los contratos celebrados en el contexto de la ejecución del Programa.

(57)

Debido a la importancia de las actividades espaciales para la economía de la Unión y las vidas de los ciudadanos de la Unión, lograr y mantener un elevado nivel de seguridad debe ser una prioridad clave para el Programa, en particular con el fin de salvaguardar los intereses de la Unión y de sus Estados miembros, también en relación con la información clasificada y la información sensible no clasificada.

(58)

El SEAE, habida cuenta de sus conocimientos específicos y contactos periódicos con las autoridades de terceros países y organizaciones internacionales, debe poder asistir a la Comisión en la ejecución de algunas de sus tareas relacionadas con la seguridad del Programa en el ámbito de las relaciones exteriores, de conformidad con la Decisión 2010/427/UE del Consejo (19).

(59)

Sin perjuicio de la responsabilidad exclusiva de los Estados miembros en el ámbito de la seguridad nacional, establecida en el artículo 4, apartado 2, del TUE, y del derecho de los Estados miembros a proteger sus intereses esenciales en materia de seguridad, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 346 del TFUE, debe establecerse una gobernanza específica de la seguridad para garantizar la buena ejecución del Programa. Dicha gobernanza debe basarse en tres principios clave. En primer lugar, es imprescindible que la amplia y única experiencia de los Estados miembros en cuestiones de seguridad se tenga en cuenta en la mayor medida posible. En segundo lugar, a fin de prevenir conflictos de intereses y posibles deficiencias en la aplicación de las normas de seguridad, las funciones operativas deben separarse de las funciones de acreditación de seguridad. En tercer lugar, la entidad encargada de gestionar la totalidad o parte de la infraestructura del Programa es también la más adecuada para gestionar la seguridad de las tareas que se le han encomendado. La seguridad del Programa se basaría en la experiencia adquirida durante los últimos años en la ejecución del Programa Espacial de la Unión. La buena gobernanza de la seguridad exige también que los roles se distribuyan adecuadamente entre las distintas partes. Dado que es responsable del programa, la Comisión, sin perjuicio de las prerrogativas de los Estados miembros en el ámbito de la seguridad nacional, debe determinar, junto con los Estados miembros, los requisitos generales de seguridad aplicables a este. En particular en el ámbito de la información clasificada, la gobernanza de la seguridad del Programa debe reflejar los respectivos papeles y competencias del Consejo y los Estados miembros en la evaluación y aprobación de productos criptográficos para la protección de la ICUE.

(60)

La ciberseguridad y la seguridad física de la infraestructura del Programa, tanto en tierra como en el espacio, así como su redundancia física, son fundamentales para garantizar la continuidad del servicio y el funcionamiento del sistema. Por consiguiente, a la hora de establecer los requisitos generales de seguridad, debe tenerse debidamente en cuenta la necesidad de proteger el sistema y sus servicios contra los ciberataques y las amenazas a satélites, también haciendo uso de las nuevas tecnologías y apoyando la respuesta a dichos ciberataques y la recuperación de estos.

(61)

Cuando proceda, tras el análisis de riesgos y amenazas, la Comisión debe determinar una estructura de seguimiento de la seguridad. La estructura de seguimiento de la seguridad debe ser la entidad que responda a las instrucciones elaboradas en el ámbito de aplicación de la Decisión (PESC) 2021/698 del Consejo (20).

(62)

Sin perjuicio de las prerrogativas de los Estados miembros en el ámbito de la seguridad nacional, la Comisión y el Alto Representante, dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, deben garantizar la seguridad del Programa de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento y, cuando proceda, en la Decisión (PESC) 2021/698.

(63)

Los agentes gubernamentales de la Unión utilizarán los servicios gubernamentales prestados por el Programa en misiones y operaciones críticas en materia de seguridad, defensa y protección, así como para la protección de infraestructuras críticas. Por tanto, dichos servicios e infraestructuras deben estar sujetos a una acreditación de seguridad.

(64)

Es indispensable que las actividades de acreditación de seguridad se lleven a cabo sobre la base de una responsabilidad colectiva para la seguridad de la Unión y de sus Estados miembros, con el compromiso de alcanzar un consenso y haciendo participar a todas las partes interesadas en la cuestión de la seguridad, y debe establecerse un procedimiento de seguimiento permanente de los riesgos. Asimismo, es necesario que las labores técnicas de acreditación de seguridad las realicen profesionales con la debida cualificación en materia de acreditación de sistemas complejos y que dispongan de una habilitación de seguridad del nivel adecuado.

(65)

Con arreglo al artículo 17 del TUE, la Comisión es responsable de la gestión de los programas que, de conformidad con las normas establecidas en el Reglamento Financiero, pueden subdelegarse a terceros, en régimen de gestión indirecta. En este contexto, es necesario que la Comisión garantice que las tareas realizadas por terceros para ejecutar el Programa en régimen de gestión indirecta no menoscaben la seguridad del Programa, en particular en lo que se refiere al control de la información clasificada. Por tanto, debe aclararse que, cuando la Comisión confíe a la AEE tareas en el marco del Programa, los acuerdos de contribución correspondientes deben garantizar que la información clasificada generada por la AEE se considere ICUE de conformidad con la Decisión 2013/488/UE del Consejo (21) y con la Decisión (UE, Euratom) 2015/444 de la Comisión (22), y sea creada bajo la autoridad de la Comisión.

(66)

Los servicios gubernamentales del Programa podrían usarse en las misiones y operaciones críticas de seguridad y protección por los agentes de la Unión y los Estados miembros. Por tanto, a fin de proteger los intereses esenciales de seguridad de la Unión y de sus Estados miembros, se necesitan medidas para garantizar un grado apropiado de independencia respecto de terceros (terceros países y entidades de terceros países), que engloben todos los elementos del Programa. Tales medidas podrían incluir las tecnologías espaciales y terrenas a nivel de componentes, subsistemas o sistemas, las industrias manufactureras, los propietarios y operadores de sistemas espaciales y la ubicación física de los componentes del sistema terreno.

(67)

Únicamente sobre la base de un acuerdo celebrado de conformidad con el artículo 218 del TFUE pueden los miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) que son miembros del Espacio Económico Europeo (EEE), los países adherentes, los países candidatos y los candidatos potenciales, así como los países de la política europea de vecindad y otros terceros países ser autorizados a participar en el Programa.

(68)

En virtud de la Decisión (UE) 2021/1764 del Consejo (23), las personas y entidades establecidas en países o territorios de ultramar pueden optar a financiación según las normas y objetivos del Programa y los posibles acuerdos aplicables al Estado miembro del que dependa el país o territorio de ultramar en cuestión.

(69)

Con arreglo a lo dispuesto en los apartados 22 y 23 del Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (24), el Programa debe ser evaluado sobre la base de la información que se recoja de conformidad con requisitos específicos de seguimiento, evitando al mismo tiempo cargas administrativas, en particular a los Estados miembros, y un exceso de regulación. Dichos requisitos deben incluir, cuando proceda, indicadores mensurables que sirvan de base para evaluar los efectos del Programa. La evaluación del Programa debe tener en cuenta las conclusiones de la evaluación del Programa Espacial de la Unión relativa al componente Govsatcom realizada en el marco del Reglamento (UE) 2021/696.

(70)

A fin de garantizar que los indicadores para informar sobre los avances del Programa sigan siendo adecuados, así como un marco de seguimiento y evaluación de este, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE, por lo que respecta a la modificación del anexo del presente Reglamento en relación con los indicadores, a completar el presente Reglamento con disposiciones sobre el establecimiento de un marco de seguimiento y evaluación, y a completar el presente Reglamento especificando las características de una base de datos de los activos espaciales del Programa, así como la metodología y los procesos para mantenerla y actualizarla. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación. En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(71)

En aras de una buena gobernanza pública y habida cuenta de las sinergias existentes entre el Programa y el componente Govsatcom, el comité del Programa establecido en el marco del Reglamento (UE) 2021/696 en la formación de Govsatcom debe servir también de comité a efectos del Programa. En relación con las cuestiones relativas a la seguridad del Programa, el comité del Programa debe reunirse en una formación de seguridad específica.

(72)

Dado que una buena gobernanza pública requiere una gestión uniforme del Programa, más rapidez en la toma de decisiones e igualdad de acceso a la información, los representantes de las entidades a las que se confíen tareas relacionadas con el Programa podrían tener la posibilidad de participar en calidad de observadores en los trabajos del comité del Programa establecido en aplicación del Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (25). Por las mismas razones, conviene que los representantes de terceros países y de organizaciones internacionales que hayan celebrado un acuerdo internacional con la Unión en relación con el Programa puedan participar en los trabajos del comité del Programa siempre que se cumplan las exigencias de seguridad y con arreglo a lo establecido en los términos de tal acuerdo. Los representantes de las entidades a las que se confíen tareas relacionadas con el Programa, los terceros países y las organizaciones internacionales no deben tener derecho a participar en los procedimientos de votación del comité del Programa. Las condiciones para la participación de observadores y participantes ad hoc deben establecerse en el Reglamento interno del comité del Programa.

(73)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución con respecto a la adopción de: las normas detalladas sobre la prestación de los servicios gubernamentales, los requisitos operativos para los servicios gubernamentales, la cartera de servicios para los servicios gubernamentales, las decisiones de contribución relativas a los acuerdos de contribución y los programas de trabajo, así como establecerse requisitos adicionales para la participación de terceros países y organizaciones internacionales en el Programa. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011.

(74)

Los servicios gubernamentales que se basan en infraestructura gubernamental deben, como regla general, prestarse gratuitamente a los usuarios autorizados de la Administración. No obstante, la capacidad para proveer tales servicios es limitada. Si, tras un análisis, la Comisión llega a la conclusión de que hay escasez de capacidades, debe permitirse la adopción de una política de precios, en casos debidamente justificados en los que la demanda supere la capacidad de acceso, como parte de las normas detalladas sobre la prestación de servicios, para equiparar la oferta y la demanda de servicios. A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución con respecto a la adopción de dicha política de precios. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011.

(75)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en relación con el establecimiento de las medidas necesarias para determinar el emplazamiento de los centros pertenecientes a la infraestructura gubernamental terrena. Para la selección de los emplazamientos, la Comisión ha de poder tener en cuenta los requisitos operativos y de seguridad, así como la infraestructura existente. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011.

(76)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución relativas a la determinación de los requisitos generales de seguridad. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011. Los Estados miembros deben tener la posibilidad de ejercer un máximo de control sobre los requisitos generales de seguridad del Programa. Al adoptar actos de ejecución en el ámbito de la seguridad del Programa, la Comisión debe contar con la asistencia del comité del Programa reunido en una formación de seguridad específica. En vista del carácter sensible de las cuestiones de seguridad, la presidencia del comité del Programa debe tratar de hallar soluciones que recaben el apoyo más amplio posible en el comité del Programa. La Comisión no debe adoptar actos de ejecución que determinen los requisitos generales de seguridad del Programa en los casos para los que el comité del Programa no haya emitido un dictamen. Cuando se disponga de otro modo la participación de la formación de seguridad del comité del Programa, dicha participación debe llevarse a cabo de conformidad con el Reglamento interno del comité del Programa.

(77)

El Programa completa el actual Programa Espacial de la Unión, integrando y ampliando sus objetivos y acciones para crear un sistema de conectividad espacial segura para la Unión. La evaluación del Programa debe tener esto en cuenta.

(78)

Dado que los objetivos del presente Reglamento no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y efectos de la acción, que superan las capacidades financieras y técnicas de cualquier Estado miembro que actúe por sí solo, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(79)

El Programa debe establecerse por un período de cinco años a fin de adaptar su duración a la del marco financiero plurianual para el período 2021-2027 establecido en el Reglamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consejo (26) («MFP 2021-2027»).

(80)

A fin de permitir que la aplicación del presente Reglamento comience lo antes posible con vistas a alcanzar sus objetivos, este debe entrar en vigor con carácter de urgencia.

(1)

El Reglamento Delegado (UE) 2016/127 de la Comisión (2) establece, entre otras cosas, requisitos específicos de composición para los preparados para lactantes y los preparados de continuación elaborados a partir de hidrolizados de proteínas. Prevé que los preparados para lactantes y los preparados de continuación elaborados a partir de hidrolizados de proteínas deben cumplir los requisitos relativos al contenido, la fuente y la transformación de proteínas, así como los requisitos relativos a los aminoácidos esenciales y semiesenciales y la L-carnitina que se establecen en el punto 2.3 del anexo I y en el punto 2.3 del anexo II de dicho Reglamento.

(2)

Como se indica en el Reglamento Delegado (UE) 2016/127, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») señaló en su dictamen de 24 de julio de 2014 sobre la composición esencial de los preparados para lactantes y preparados de continuación (3) que la seguridad y la idoneidad de cada preparado específico que contenga hidrolizados de proteínas se deben determinar mediante evaluación clínica de la población objetivo. Hasta ahora, la Autoridad ha evaluado positivamente dos hidrolizados de proteínas utilizados en preparados para lactantes y preparados de continuación. La composición de estos dos hidrolizados de proteínas corresponde a los requisitos que establece actualmente el Reglamento Delegado (UE) 2016/127. Sin embargo, estos requisitos pueden actualizarse para autorizar la comercialización de un preparado elaborado a partir de hidrolizados de proteínas con una composición diferente de las ya evaluadas favorablemente, tras una evaluación caso por caso de su seguridad e idoneidad por parte de la Autoridad.

(3)

El 6 de febrero de 2019, la Comisión recibió una solicitud de meyer.science GmbH, en nombre de HIPP-Werk Georg Hipp OHG y Arla Foods Ingredients, para la evaluación por parte de la Autoridad de la seguridad y la idoneidad de un preparado para lactantes y de continuación elaborado a partir de un hidrolizado de proteínas cuya composición no cumple los requisitos establecidos en el punto 2.3 del anexo I ni en el punto 2.3 del anexo II del Reglamento Delegado (UE) 2016/127.

(4)

A petición de la Comisión, la Autoridad emitió un dictamen científico el 9 de marzo de 2022 sobre la seguridad e idoneidad nutritivas de ese preparado para lactantes y de continuación (4). La Autoridad concluyó que el hidrolizado de proteínas en cuestión constituye una fuente de proteínas nutricionalmente segura e idónea para su uso en un preparado para lactantes y de continuación, siempre que el preparado en el que se utilice contenga un mínimo de proteínas de 0,45 g/100 kJ (1,9 g/100 kcal) y cumpla los demás criterios de composición establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2016/127, así como los valores de aminoácidos de la sección A del anexo III de dicho Reglamento.

(5)

Habida cuenta de las conclusiones de la Autoridad, procede permitir la comercialización de preparados para lactantes y preparados de continuación elaborados a partir del hidrolizado de proteínas en cuestión. Por tanto, los requisitos establecidos en el Reglamento Delegado (UE) 2016/127 en relación con los hidrolizados de proteínas deben actualizarse y adaptarse a fin de incluir también los requisitos relativos a ese hidrolizado de proteínas.

(6)

Procede, por tanto, modificar los anexos I, II y III del Reglamento Delegado (UE) 2016/127 en consecuencia.

(7)

El Reglamento Delegado (UE) 2016/127 es aplicable desde el 22 de febrero de 2022 a los preparados para lactantes y preparados de continuación elaborados a partir de hidrolizados de proteínas. Con objeto de permitir sin demoras innecesarias la comercialización de los preparados para lactantes y los preparados de continuación elaborados a partir de proteínas hidrolizadas que sean conformes con los requisitos establecidos en el presente Reglamento, el presente Reglamento debe entrar en vigor con carácter de urgencia.

(1)

La versión en lengua letona del Reglamento Delegado (UE) 2019/2035 de la Comisión (2) tiene errores en su título, en el considerando 1 respecto a las normas para los establecimientos que tienen animales terrestres y las plantas de incubación, en el considerando 2 respecto a la autorización de las plantas de incubación, así como en el considerando 11, respecto a las plantas de incubación de aves en cautividad y las plantas de incubación de aves de corral. Dicho Reglamento también tiene varios errores que afectan al ámbito de aplicación de las disposiciones siguientes: en el artículo 1, apartado 3, respecto a las plantas de incubación de aves en cautividad; en el artículo 1, apartado 3, párrafo segundo, letra b), respecto a los huevos para incubar procedentes de plantas de incubación; en el artículo 1, apartado 6, letra b), respecto a las obligaciones de información de la autoridad competente en lo relativo a sus registros de plantas de incubación; en el artículo 1, apartado 9, respecto a las plantas de incubación registradas o autorizadas; en la parte II, título I, el título del capítulo 2 respecto a las plantas de incubación; en el artículo 7, el título y la frase introductoria respecto a los requisitos para la concesión de autorizaciones a plantas de incubación desde las que esté previsto trasladar huevos para incubar o pollitos de un día a otro Estado miembro; en el artículo 18, el título y la frase introductoria respecto a los registros de establecimientos de animales terrestres en cautividad y de plantas de incubación; en la parte II, título III, el título del capítulo 2 respecto a las plantas de incubación; en el artículo 33, el título, la frase introductoria y la letra a) respecto a las obligaciones de conservación de documentos a las que están sujetos los operadores de plantas de incubación; en la parte 3 del anexo I, el título respecto a los requisitos para la concesión de la autorización a las plantas de incubación; en la parte 3, punto 1, del anexo I, la frase introductoria y las letras a) y b) respecto a los requisitos relativos a las medidas de bioprotección en las plantas de incubación; en la parte 3, punto 2, del anexo I, la frase introductoria y la letra b) respecto a los requisitos relativos a la vigilancia en las plantas de incubación; en la parte 3, punto 3, del anexo I, la frase introductoria y las letras a), c) y f) respecto a los requisitos relativos a las instalaciones y el equipo de las plantas de incubación; en la parte 3, punto 5, del anexo I, la frase introductoria y letra a), inciso i), respecto a los requisitos relativos a la supervisión de las plantas de incubación por parte de la autoridad competente; en la parte 4, punto 1, letra a), inciso ii), del anexo I, respecto a los requisitos relativos a las medidas de bioprotección de los establecimientos que tengan aves de corral; en la parte 4, punto 2, letra b), del anexo I, respecto a los requisitos relativos a la vigilancia de los establecimientos que tengan aves de corral; en la parte 4, punto 3, letra b), inciso iii), y letra e), del anexo I, respecto a los requisitos relativos a las instalaciones y el equipo de los establecimientos que tengan aves de corral; en el anexo II, el título relativo al programa de control microbiológico en plantas de incubación y los programas de vigilancia de enfermedades en establecimientos que tengan aves de corral y en plantas de incubación; en la parte 1 del anexo II, el título relativo al programa de control microbiológico en las plantas de incubación; en la parte 2 del anexo II, el título relativo a los programas de vigilancia de enfermedades en las plantas de incubación y en los establecimientos que tengan aves de corral; en la parte 2, punto 2.4, letra b), del anexo II, la frase introductoria y el inciso iv) respecto a los requisitos relativos al muestreo submatricial; en la parte 2, punto 2.5, letra b), del anexo II, primera frase y los incisos i) y ii), respecto a los requisitos relativos al marco y a la frecuencia de muestreo.

(2)

Procede, por tanto, corregir la versión letona del Reglamento Delegado (UE) 2019/2035 en consecuencia. Esta corrección no afecta a las demás versiones lingüísticas.

(1)

El 17 de enero de 2019, la Comisión estableció un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones en la Unión de bicicletas eléctricas (en lo sucesivo, «producto afectado») originarias de la República Popular China (en lo sucesivo, «China») mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/73 (en lo sucesivo, «Reglamento original»).

(2)

En la investigación original se recurrió al muestreo para investigar a los productores exportadores de la República Popular China, de conformidad con el artículo 17 del Reglamento (UE) 2016/1036.

(3)

Para los productores exportadores de la República Popular China incluidos en la muestra, la Comisión estableció unos tipos de derecho antidumping individuales del 10,3 % al 62,1 % sobre las importaciones de bicicletas eléctricas. Para los productores exportadores que cooperaron no incluidos en la muestra [a excepción de las empresas sujetas al tipo de derecho compensatorio paralelo para todas las demás empresas, con arreglo al Reglamento de Ejecución (UE) 2019/72 de la Comisión (3)] se estableció un derecho medio ponderado del 24,2 %. Estos productores exportadores que cooperaron no incluidos en la muestra se enumeran en el anexo I del Reglamento original. Se estableció un derecho medio ponderado del 16,2 % con respecto a otras empresas que cooperaron no incluidas en la muestra [sujetas al tipo de derecho compensatorio paralelo para todas las demás empresas, con arreglo al Reglamento de Ejecución (UE) 2019/72]. Estas se enumeran en el anexo II del Reglamento original. Además, se estableció un tipo de derecho de ámbito nacional del 70,1 % sobre las bicicletas eléctricas procedentes de empresas de la República Popular China que no se dieron a conocer o que no cooperaron en la investigación antidumping, pero sí cooperaron en la investigación antisubvenciones paralela (y que figuran en el anexo III del Reglamento original).

(4)

De conformidad con el artículo 1, apartado 6, del Reglamento original, el apartado 2 de dicho artículo puede modificarse añadiendo el nuevo productor exportador al anexo apropiado con las empresas que cooperaron no incluidas en la muestra y, por tanto, sujetas al tipo de derecho antidumping medio ponderado correspondiente, si ese nuevo productor exportador de la República Popular China proporciona a la Comisión pruebas suficientes de que:

(5)

La empresa Zhejiang Jollo Technology Co., Ltd (en lo sucesivo, «solicitante») presentó una solicitud a la Comisión para que se le concediera el trato de nuevo productor exportador (TNPE) y que, por tanto, estuviera sujeta al tipo de derecho aplicable a las empresas de la República Popular China que cooperaron no incluidas en la muestra, sujetas al tipo de derecho compensatorio paralelo para todas las demás empresas, es decir, el 16,2 %, alegando que cumplía las tres condiciones establecidas en el artículo 1, apartado 6, del Reglamento original.

(6)

Para determinar si el solicitante cumplía las condiciones necesarias para que se le concediese el TNPE, establecidas en el artículo 1, apartado 6, del Reglamento original (en lo sucesivo, «condiciones TNPE»), la Comisión envió, en primer lugar, un cuestionario al solicitante para pedirle pruebas de que cumplía las condiciones TNPE. El solicitante proporcionó una respuesta al cuestionario.

(7)

La Comisión procuró verificar toda la información que consideró necesaria con objeto de determinar si el solicitante cumplía las condiciones TNPE.

(8)

Por lo que se refiere a la condición establecida en el artículo 1, apartado 6, del Reglamento original, de que el solicitante no haya exportado el producto afectado a la Unión durante el período de investigación en el que se basaron las medidas, es decir, del 1 de octubre de 2016 al 30 de septiembre de 2017 (en lo sucesivo, «período de investigación original»), durante la investigación la Comisión determinó que el solicitante no podía haber exportado bicicletas eléctricas a la Unión durante el período de investigación, ya que el solicitante proporcionó pruebas de que se había establecido en 2021.

(9)

Respecto a la condición establecida en el artículo 1, apartado 6, del Reglamento original, de que el solicitante no esté vinculado a ningún exportador o productor sujeto a las medidas antidumping establecidas por el Reglamento original, durante la investigación la Comisión determinó que el solicitante no está vinculado a ninguno de los exportadores o productores de la República Popular China sujetos a las medidas antidumping establecidas por el Reglamento original y que podrían haber cooperado en la investigación original.

(10)

Respecto a la condición establecida en el artículo 1, apartado 6, del Reglamento original, de que el solicitante haya exportado realmente a la Unión el producto afectado después del período de investigación original o haya contraído una obligación contractual irrevocable para exportar una cantidad significativa a la Unión, la Comisión determinó durante la investigación que, a la vista de las pruebas documentales proporcionadas, el solicitante había exportado realmente bicicletas eléctricas a la Unión después del período de investigación. El solicitante presentó documentación de ventas relativa a transacciones con España (junio de 2021) e Italia (agosto de 2022).

(11)

En consecuencia, la Comisión llegó a la conclusión de que el solicitante cumple la condición establecida en el artículo 1, apartado 6, del Reglamento original.

(12)

Por tanto, el solicitante cumple las tres condiciones para que se le conceda el TNPE que se establecen en el artículo 1, apartado 6, del Reglamento original, por lo que debe aceptarse la solicitud. En consecuencia, el solicitante debe estar sujeto a un derecho antidumping del 16,2 % para las empresas que cooperaron no incluidas en la muestra de la investigación original y sujetas al tipo de derecho compensatorio paralelo para todas las demás empresas, con arreglo al Reglamento de Ejecución (UE) 2019/72.

(13)

Se informó al solicitante y a la industria de la Unión de los hechos y consideraciones esenciales sobre la base de los cuales se había considerado adecuado conceder a Zhejiang Jollo Technology Co., Ltd el tipo de derecho antidumping aplicable a las empresas chinas que cooperaron no incluidas en la muestra de la investigación original.

(14)

Se concedió a las partes la posibilidad de presentar observaciones. No se recibieron observaciones.

(15)

El presente Reglamento se ajusta al dictamen del Comité creado mediante el artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo.

(1)

Las importaciones de biodiésel originario de Argentina están sujetas a derechos compensatorios definitivos impuestos por el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/244 de la Comisión (2) («investigación original»).

(2)

Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F.I. y A («solicitante»), productor exportador argentino con el código TARIC (3) adicional C497, sujeto a un tipo de derecho compensatorio individual del 25,0 %, informó a la Comisión el 23 de mayo de 2022 de que había cambiado su nombre a Viterra Argentina SA.

(3)

La empresa consideró que el cambio de nombre no afectaba a sus derechos a beneficiarse del tipo de derecho compensatorio individual que se le aplicaba con su nombre anterior, y pidió a la Comisión que así lo confirmara.

(4)

El Consejo Europeo de Biodiésel (EBB) no estaba de acuerdo con el solicitante, y alegaba que este había sufrido un cambio estructural más complejo que afectaba a su derecho a seguir beneficiándose del nivel de medida establecido en la investigación original.

(5)

La Comisión recabó información, examinó las pruebas aportadas por el solicitante y consideró que el cambio de nombre había sido registrado correctamente ante las autoridades pertinentes y no daba lugar a ninguna nueva relación con otros grupos de empresas no investigados por la Comisión en la investigación original.

(6)

Las pruebas del expediente confirmaron la afirmación del solicitante de que el cambio de nombre fue aprobado por el Registro Público de Comercio de Argentina el 3 de mayo de 2022 y por la Administración Federal de Ingresos Públicos el 1 de julio de 2022. En consecuencia, la Comisión concluyó que el cambio de nombre no afectaba a las constataciones del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/244, y en particular al tipo de derecho compensatorio aplicable.

(7)

Sobre la base de lo expuesto, el cambio de nombre debe surtir efecto a partir de la fecha en que la empresa comenzó a operar oficialmente con el nuevo nombre, es decir, el 1 de julio de 2022.

(8)

La industria de la Unión (EBB), en sus observaciones sobre la comunicación, reiteró los argumentos presentados inicialmente sobre la solicitud de cambio de nombre. Alegó que el cambio de nombre ocultaba un cambio estructural más complejo, que el solicitante aumentó sus actividades con biodiésel mediante diversas adquisiciones, cambió de director ejecutivo, pasó a ser líder en el sector agrícola argentino y tenía alguna relación con otro productor exportador, que había quebrado.

(9)

Se recuerda que todos los productores exportadores argentinos están sujetos a un compromiso de precios en virtud del cual deben respetar un precio mínimo de importación y exportar su biodiésel a la Unión por debajo de un umbral de volumen, que se revisa anualmente para todo el país.

(10)

La Comisión examinó las alegaciones y constató que la industria no había aportado pruebas suficientes que corroboraran sus alegaciones. La Comisión no encontró pruebas que apuntaran a un impacto de las actividades del solicitante en el sector agrícola, o de un presunto aumento de su capacidad de producción, en las medidas actualmente en vigor. El mero cambio de nombre no permitirá al solicitante exportar un mayor volumen a la Unión ni vender por debajo del precio mínimo fijado periódicamente por la Comisión, por lo que no puede afectar ni socavar las medidas actualmente vigentes. Las alegaciones de la industria de la Unión no pudieron tenerse en cuenta y, por lo tanto, se rechazaron.

(11)

Habida cuenta de lo expuesto en los considerandos anteriores, la Comisión estimó apropiado modificar el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/244 para reflejar el cambio de nombre de la empresa a la que se atribuía anteriormente el código adicional TARIC C497.

(12)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité establecido con arreglo al artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/1036 del Parlamento Europeo y del Consejo (4).

(1)

A raíz de una investigación antidumping de conformidad con el artículo 5 del «Reglamento de base», el 2 de mayo de 2017 la Comisión adoptó el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/763 (2), por el que se establece un derecho antidumping definitivo sobre las importaciones en la Unión de determinado papel térmico ligero («PTL») originario de la República de Corea («el país afectado») («el Reglamento en cuestión»). Las medidas adoptaron la forma de tipos de derechos fijos: 104,46 EUR por tonelada neta tanto para el grupo Hansol como para todas las demás empresas.

(2)

El grupo Hansol (Hansol Paper Co. Ltd. y Hansol Artone Paper Co. Ltd.) (en lo sucesivo, «Hansol») impugnó el Reglamento en cuestión ante el Tribunal General. El 2 de abril de 2020, el Tribunal General dictó su sentencia en el asunto T-383/17 por la que se anula el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/763 en la medida en que afecta a Hansol. El 11 de junio de 2020, la Comisión recurrió la sentencia del Tribunal General (asunto C-260/20 P). El 12 de mayo de 2022, el Tribunal de Justicia desestimó el recurso.

(3)

El Tribunal General consideró que la Comisión había cometido un error al determinar el valor normal para al menos un tipo de producto vendido por Hansol Artone Paper Co. Ltd. («Artone»). A falta de ventas internas de ese tipo de producto, la Comisión, de conformidad con el artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base, calculó el valor normal para Artone sobre la base del coste de producción de Artone. Dado que Hansol Paper Co. Ltd. («Hansol Paper») realizó ventas internas representativas de ese tipo de producto en el curso de operaciones comerciales normales, el Tribunal General concluyó que la Comisión debería haber utilizado el precio de venta nacional de esa parte como valor normal, de conformidad con el artículo 2, apartado 1, del Reglamento de base.

(4)

El Tribunal General también consideró que la Comisión había incurrido en un error manifiesto de apreciación en la ponderación de las ventas en la Unión de rollos de gran formato a clientes independientes en comparación con las ventas a empresas transformadoras vinculadas para su transformación en rollos pequeños. La Comisión había aplicado esa ponderación para reflejar adecuadamente el comportamiento global de dumping de Hansol, mientras que a Hansol, a petición suya, se le había concedido una exención para tres de sus empresas transformadoras vinculadas para cumplimentar un cuestionario. El Tribunal General constató que, al no contabilizar un determinado volumen de reventas de Schades Nordic, una de estas tres empresas transformadoras vinculadas en la Unión, la Comisión había subestimado la ponderación de las ventas de rollos de gran formato de Hansol a clientes independientes, que tenían un margen de dumping significativamente inferior al de sus ventas a empresas transformadoras vinculadas para su reventa en forma de rollos pequeños a comerciantes independientes. Por lo tanto, la Comisión había infringido el artículo 2, apartado 11, del Reglamento de base, ya que los cálculos que había realizado no reflejaban la verdadera magnitud del dumping practicado por Hansol.

(5)

Por último, el Tribunal General consideró que el error de ponderación descrito en el considerando 4 también afectaba al cálculo del margen de subcotización y de perjuicio, ya que la Comisión había utilizado la misma ponderación para dichos cálculos. Por lo tanto, concluyó que la Comisión había infringido el artículo 3, apartado 2, y el artículo 3, apartado 3, del Reglamento de base.

(6)

Estas conclusiones fueron ratificadas por el Tribunal de Justicia (5).

(7)

De conformidad con el artículo 266 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea («TFUE»), las instituciones de la Unión tienen la obligación de dar los pasos necesarios para la ejecución de las sentencias de los órganos jurisdiccionales de la Unión. En caso de anulación de un acto adoptado por las instituciones de la Unión en el marco de un procedimiento administrativo, como la investigación antidumping del presente caso, la ejecución de la sentencia del Tribunal General consiste en la sustitución del acto anulado por otro nuevo en el que se elimine la ilegalidad detectada por el Tribunal General (6).

(8)

Según la jurisprudencia del Tribunal General y del Tribunal de Justicia, el procedimiento destinado a sustituir un acto anulado puede reanudarse en el punto exacto en el que se produjo la ilegalidad (7). En particular, esto implica que, en una situación en la que se anula un acto por el que se concluye un procedimiento administrativo, dicha anulación no afecta necesariamente a los actos preparatorios, como el inicio del procedimiento antidumping. Por ejemplo, cuando se anula un reglamento que establece medidas antidumping definitivas, el procedimiento sigue abierto porque es solo el acto por el que se concluye el procedimiento el que ha desaparecido del ordenamiento jurídico de la Unión (8), salvo en los casos en que la ilegalidad se haya producido en la fase de inicio. La reanudación del procedimiento administrativo con el restablecimiento de los derechos antidumping sobre las importaciones realizadas durante el período de aplicación del reglamento anulado no puede considerarse contraria a la regla de la irretroactividad (9).

(9)

En el presente asunto, el Tribunal General anuló el Reglamento en cuestión en lo que respecta a Hansol por los motivos mencionados en los considerandos 3 a 5.

(10)

Las conclusiones del Reglamento en cuestión que no se impugnaron, o cuya impugnación fue desestimada, o que no fueron examinadas por el Tribunal General y no dieron lugar, en consecuencia, a la anulación del Reglamento en cuestión, siguen siendo plenamente válidas (10).

(11)

A raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto C-260/20 P, la Comisión decidió reabrir parcialmente la investigación antidumping relativa a las importaciones de determinado papel térmico ligero que condujo a la adopción del Reglamento en cuestión y reanudar la investigación en el momento en que se produjeron las irregularidades. El 30 de junio de 2022 se publicó un anuncio (en lo sucesivo, «anuncio de reapertura») en el Diario Oficial de la Unión Europea (11). El ámbito de la reapertura se limita a la ejecución de la sentencia del Tribunal de Justicia por lo que respecta a Hansol.

(12)

Al mismo tiempo, la Comisión decidió someter a registro las importaciones de determinado papel térmico ligero originario de la República de Corea y producido por Hansol y solicitó a las autoridades aduaneras nacionales que esperaran a la publicación del Reglamento de Ejecución de la Comisión pertinente que restableciera los derechos, antes de decidir sobre cualquier solicitud de devolución y condonación de los derechos antidumping en lo que respecta a las importaciones relacionadas con los productos de Hansol (12) (en lo sucesivo, «el Reglamento de registro»).

(13)

La Comisión informó de la reapertura a las partes interesadas y las invitó a presentar sus observaciones.

(14)

La Comisión recibió observaciones de Hansol y de la Asociación Europea del Papel Térmico (ETPA) y sus miembros.

(15)

Hansol señaló que, en el Reglamento de registro, la Comisión se había basado en las sentencias del Tribunal General en los asuntos T-440/20 y T-441/20 («Jindal Saw») (13) para concluir que el registro era un instrumento que permitía aplicar posteriormente medidas contra las importaciones a partir de la fecha de registro. Hansol alegó que estas sentencias aún no eran firmes y que no eran aplicables a la presente situación, ya que, en el asunto T-383/17, el Tribunal General había declarado que el Reglamento era ilegal, mientras que no lo había declarado en los asuntos T-440/20 y T-441/20. También alegó que en Jindal Saw la empresa afectada, Jindal Saw, era uno de los varios productores exportadores y había varios países afectados, mientras que Hansol es el único productor exportador en el caso que nos ocupa, que afecta únicamente a Corea. Sobre esta base, Hansol alegó que, por lo tanto, la Comisión no podía basarse en las sentencias Jindal Saw para recaudar retroactivamente la obligación final de pago de los derechos antidumping sobre las importaciones del producto afectado fabricado por Hansol.

(16)

En cuanto al hecho de que la sentencia Jindal Saw aún pudiera ser objeto de recurso, la ETPA alegó que estas sentencias reproducen una jurisprudencia reiterada. La ETPA también cuestionó las diferencias alegadas por Hansol entre las sentencias Jindal Saw y T-383/17, ya que en el fallo de las sentencias T-300/16 y T-301/16 (asuntos anteriores a T-440/20 y T-441/20 por los que se anularon los Reglamentos iniciales en Jindal Saw), al igual que en el asunto T-383/17, el Tribunal General anuló el Reglamento impugnado en su totalidad, en la medida en que afecta a la demandante. Según la ETPA, el hecho de que la sentencia anulara el Reglamento en cuestión únicamente para Hansol implica también que, contrariamente a lo que sostiene Hansol, sigue formando parte del ordenamiento jurídico de la Unión.

(17)

A este respecto, la Comisión señaló que el hecho de que la sentencia en el asunto T-440/20 aún no fuera firme en el momento de la publicación del Reglamento de registro no implica que el registro no fuera posible en este caso. En ese asunto, el Tribunal General respaldó la práctica de la Comisión de registrar las importaciones al ejecutar las sentencias, apoyando el hecho de que la Comisión puede efectivamente registrar las importaciones en tales situaciones. El Tribunal General declaró que el artículo 14 del Reglamento de base, que faculta a la Comisión para exigir a las autoridades nacionales que adopten las medidas adecuadas para registrar las importaciones, es de aplicación general. En particular, el Tribunal General observó que «el artículo 14, apartado 5, de dicho Reglamento no está sujeto a ninguna limitación en cuanto a las circunstancias en las que la Comisión está facultada para exigir a las autoridades aduaneras nacionales el registro de mercancías». El Tribunal General añadió que «privar a la Comisión del derecho a recurrir al registro en el marco de un procedimiento de restablecimiento de un derecho antidumping definitivo puede menoscabar la eficacia de los reglamentos que pueden dar lugar a tal restablecimiento». En cualquier caso, la sentencia adquirió firmeza entre tanto. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(18)

En cuanto a la alegación de Hansol de que el Reglamento en cuestión ya no es válido, ya que Hansol, para el que fue anulado, era el único productor exportador afectado por dicho Reglamento, la Comisión señaló que, sin entrar en la pertinencia jurídica de la alegación, esta es objetivamente incorrecta. De hecho, el hecho de que no se hubiera identificado ningún otro productor de la República de Corea que exportara a la Unión durante el período de investigación no significa que el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/763 solo se aplique a Hansol. De hecho, en el Reglamento en cuestión, la Comisión también impuso derechos a otros productores exportadores a través del derecho residual (14). Además, el Tribunal General anuló el Reglamento impugnado únicamente «en la medida en que afecta a Hansol Paper Co. Ltd.». En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(19)

Hansol también manifestó su preocupación por el hecho de que la Comisión posiblemente no entendiera correctamente cómo corregir la cuestión de la ponderación. Hansol alegó que, según la sentencia del Tribunal General, el porcentaje que representa las reventas de rollos de gran formato por parte de Schades Ltd. en las ventas totales de rollos de gran formato por Hansol Paper, Artone, y su comerciante vinculado Hansol Europe a su comerciante vinculado Schades Ltd., debía aplicarse a la cantidad de ventas de rollos de gran formato a sus empresas transformadoras vinculadas (Schades Nordic, Heipa y R+S) para las reventas. La cantidad resultante debe añadirse a la cantidad de ventas de rollos de gran formato (directas e indirectas) utilizada para el cálculo del margen de dumping y deducirse de la cantidad de ventas de rollos de gran formato a Schades Nordic, Heipa y R+S para su transformación. Sobre esta base, Hansol presentó un nuevo cálculo de la ponderación entre las ventas directas e indirectas de rollos de gran formato a clientes independientes frente a las ventas a empresas transformadoras vinculadas para su reventa en forma de rollos pequeños a clientes independientes. La ETPA subrayó que, durante la investigación, además de Schades Ltd., la única empresa transformadora vinculada a Hansol que también revendió rollos de gran formato fue Schades Nordic y que, por lo tanto, solo por esta razón, este enfoque ya no estaría en consonancia con las pruebas de que disponía la Comisión. También subrayó que, si bien el Tribunal General detectó algunos errores en el enfoque adoptado por la Comisión en la investigación inicial, no impuso un enfoque para un cálculo de ponderación revisado y aclaró que corresponde a la Comisión decidir qué medidas son adecuadas para garantizar la ejecución de la sentencia.

(20)

A este respecto, la Comisión señaló que el método propuesto por Hansol es fundamentalmente diferente del utilizado por la Comisión en su cálculo del dumping para el Reglamento en cuestión. En ese cálculo por el que se establecen los márgenes de Hansol, la Comisión cuantificó el total de las ventas directas e indirectas de rollos de gran formato a clientes no vinculados realizadas por el grupo Hansol en su conjunto, tal como se indica en las respuestas al cuestionario de las distintas entidades del grupo en sus cuadros de ventas. Sobre esta base, la Comisión estableció la ponderación de dichas ventas en comparación con la ponderación de los rollos de gran formato para su transformación en rollos pequeños. La propuesta de Hansol de aplicar el porcentaje calculado de las reventas de rollos de gran formato por parte de Schades Ltd. en comparación con los volúmenes totales de compra de Schades Ltd. a las otras tres empresas transformadoras vinculadas es un método fundamentalmente diferente y menos preciso, habida cuenta de los volúmenes de reventas de rollos de gran formato de las tres empresas transformadoras vinculadas que no respondieron al cuestionario, según informó Hansol durante el procedimiento.

(21)

La Comisión aclaró además que, si bien el Tribunal General constató que la Comisión había incurrido en error al no incluir en el cálculo los volúmenes de reventas de rollos de gran formato notificados en el procedimiento por Schades Nordic (15), no había descalificado la metodología de la Comisión como tal. Por lo tanto, la Comisión se atuvo estrictamente a la sentencia del Tribunal General al mantener inalterada la metodología para determinar la ponderación respectiva, excepto por el hecho de añadir ahora los volúmenes de rollos de gran formato vendidos por Schades Nordic, Heipa y R+S, como exige el Tribunal General. Este cálculo se explicó con más detalle en la comunicación limitada de información específica de la empresa.

(22)

Para dos tipos de producto exportados a la Unión por Artone, la Comisión, en su cálculo del dumping, calculó el valor normal en ausencia de ventas internas representativas de esa parte. En los apartados 148 y 152 a 158 de la sentencia en el asunto T-383/17 y en los apartados 79 y 85 de la sentencia en el asunto C-260/20 P, los órganos jurisdiccionales de la Unión consideraron que, según el tenor y la estructura del artículo 2, apartado 1, párrafo primero, del Reglamento de base, era el precio realmente pagado o por pagar en el curso de las operaciones comerciales normales el que debía tomarse en consideración, con carácter prioritario, para determinar el valor normal. Cuando el exportador no vende el producto similar en el mercado nacional, el valor normal debe establecerse sobre la base de los precios de otros vendedores o productores, con carácter prioritario, y no sobre la base de los costes de producción de la empresa afectada.

(23)

Uno de los dos tipos de producto mencionados en el considerando 22 fue efectivamente vendido en el mercado interno en cantidades representativas y en el curso de operaciones comerciales normales por la empresa vinculada Hansol Paper y, por lo tanto, el Tribunal General constató que la Comisión había infringido el artículo 2, apartado 1, del Reglamento de base en el contexto del cálculo del valor normal de Artone.

(24)

Así pues, la Comisión revisó el cálculo del valor normal para ese tipo de producto sustituyendo el valor normal calculado por Artone por el valor normal de Hansol Paper en lo que respecta a ese tipo de producto.

(25)

El otro tipo de producto exportado por Artone para el que se calculó el valor normal tampoco tenía ventas internas representativas realizadas por Hansol Paper. De hecho, los volúmenes de ventas internas de Hansol Paper se situaron muy por debajo del umbral del 5 % establecido en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento de base. Por consiguiente, y de conformidad con el artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base, el valor normal de ese tipo de producto también se había calculado para Hansol Paper. A falta de precios de venta representativos en el curso de operaciones comerciales normales de otros vendedores o productores del país exportador, se mantuvo el cálculo del valor normal de Artone para este tipo de producto.

(26)

En la investigación que condujo a la adopción del Reglamento en cuestión, la Comisión había recibido respuestas al cuestionario de Hansol, Artone, Hansol Europe (un operador comercial vinculado en la Unión) y Schades UK Ltd., un comerciante/empresa transformadora vinculada establecido en la Unión. Tres empresas transformadoras situadas en la Unión y vinculadas al Grupo Hansol, a saber, Schades Nordic, Heipa y R+S, habían solicitado una exención para cumplimentar el cuestionario para las empresas vinculadas al productor exportador (anexo I del cuestionario). Estas partes transformaron el producto afectado para su reventa, en rollos pequeños, a clientes independientes. La Comisión aceptó su solicitud de exención, que se basó en la ausencia o el volumen limitado de ventas del producto afectado por estas partes.

(27)

De conformidad con el artículo 2, apartado 11, del Reglamento de base, la Comisión está obligada a tener en cuenta todas las transacciones de exportación a la Unión al calcular el margen de dumping. Para incluir en su cálculo del dumping el volumen significativo de ventas del Grupo Hansol a las empresas transformadoras vinculadas que habían sido eximidas de cumplimentar un cuestionario, la Comisión había ampliado los resultados del cálculo del dumping aplicando una ponderación de los márgenes de dumping calculada sobre la base de las respuestas verificadas al cuestionario de Hansol Paper, Artone, Hansol Europe y Schades UK Ltd. A tal fin, la Comisión atribuyó una ponderación de entre el 15 y el 25 % al margen de dumping establecido para las ventas directas y las ventas del producto afectado a través de empresas vinculadas y una ponderación de entre el 75 y el 85 % al margen de dumping establecido para las ventas a empresas transformadoras vinculadas para su reventa como rollos pequeños a partes no vinculadas (16).

(28)

El Tribunal General y el Tribunal de Justicia consideraron que la Comisión había infringido el artículo 2, apartado 11, y el artículo 9, apartado 4, del Reglamento de base. Consideraron que la ponderación utilizada adolecía de un error manifiesto, ya que se había ignorado un determinado volumen del producto afectado revendido por Schades Nordic. Así pues, el volumen de ventas directas e indirectas del producto afectado se había subestimado en el cálculo de la ponderación y, por lo tanto, la magnitud total del dumping no se había reflejado en los cálculos (17).

(29)

A la luz de las conclusiones de los órganos jurisdiccionales de la Unión resumidas en el considerando 28, la Comisión revisó el cálculo de la ponderación. Para ello, sumó al volumen de ventas directas e indirectas del producto afectado utilizado para ese cálculo el volumen de las reventas de rollos de gran formato de Hansol a través de Schades Nordic, según informó Hansol durante la investigación. La ponderación de las ventas directas e indirectas del producto afectado realizadas por Hansol en comparación con sus ventas totales a la Unión aumentó 0,7 puntos porcentuales, mientras que la ponderación de sus ventas a empresas transformadoras vinculadas para su reventa como rollos pequeños a partes no vinculadas disminuyó en el mismo porcentaje.

(30)

La Comisión volvió a calcular el margen de dumping para Hansol, sustituyendo el valor normal calculado de un tipo de producto vendido por Artone por un valor normal basado en el precio de venta nacional de ese tipo de producto obtenido por Hansol Paper, como se explica en el considerando 24, y revisando la ponderación de los márgenes de dumping establecidos para los dos tipos de ventas, tal como se explica en el considerando 29.

(31)

Partiendo de esta base, el margen de dumping medio ponderado definitivo revisado, expresado como porcentaje del precio cif en frontera de la Unión, no despachado de aduana, disminuyó del 10,3 al 10,2 %.

(32)

En el Reglamento en cuestión, también se había aplicado la misma ponderación que se había aplicado a los márgenes de dumping para las ventas directas e indirectas del producto afectado, por una parte, y para las ventas a empresas transformadoras vinculadas para su reventa como rollos pequeños a partes no vinculadas, por otra, para calcular el margen de subcotización de Hansol.

(33)

Los órganos jurisdiccionales de la Unión constataron que el error que afectaba al cálculo de la ponderación de las ventas también afectaba al cálculo de la subcotización de precios y a la evaluación del impacto de las importaciones objeto de dumping en los productos similares de la industria de la Unión (18).

(34)

Por lo que se refiere al cálculo de la subcotización, la Comisión ejecutó la sentencia del Tribunal de Justicia aplicando los porcentajes de ponderación revisados, como se explica en el considerando 29, también a los márgenes de subcotización para las ventas directas e indirectas del producto afectado, por una parte, y para las ventas a empresas transformadoras vinculadas para su reventa como rollos pequeños a partes no vinculadas, por otra.

(35)

El resultado de la comparación, expresado en porcentaje del volumen de negocios de los productores de la Unión incluidos en la muestra durante el período de investigación, fue un margen de subcotización medio ponderado del 9,3 %.

(36)

El margen de subcotización constatado durante la investigación que dio lugar al Reglamento en cuestión fue del 9,4 %. Habida cuenta de la inmaterial diferencia entre dicho margen y el margen de subcotización revisado, la Comisión llegó a la conclusión de que ese cambio no justificaba la reevaluación del análisis del perjuicio o de la causalidad. Por lo tanto, confirmó las conclusiones a este respecto resumidas en las secciones 4 y 5 del Reglamento por el que se imponen medidas provisionales (19) y en el considerando 102 del Reglamento en cuestión.

(37)

El 14 de noviembre de 2022, la Comisión informó a todas las partes interesadas de las conclusiones antes expuestas basándose en las cuales se pretendía proponer el restablecimiento del derecho antidumping sobre las importaciones de determinado papel térmico ligero originario de la República de Corea y fabricado por Hansol y ajustar el derecho residual, sobre la base de los elementos recogidos y presentados en relación con la investigación original. Tras la comunicación final, se recibieron observaciones de Hansol, la ETPA y el Gobierno de la República de Corea.

(38)

El Gobierno de Corea expresó su preocupación por la forma en que la Comisión había aplicado las sentencias de los órganos jurisdiccionales de la Unión, ya que comprendía que los cálculos de dumping revisados no rectificaban completamente los errores detectados en dichas sentencias. Sin embargo, el Gobierno de Corea no especificó en qué sentido habría incurrido la Comisión en un error.

(39)

La ETPA apoyó firmemente la línea de actuación prevista por la Comisión.

(40)

En sus observaciones a la comunicación, Hansol alegó que la Comisión no había corregido el error con respecto al cálculo del valor normal. Hansol también alegó que la Comisión no había rectificado el error de ponderación detectado por el Tribunal General y confirmado por el Tribunal de Justicia.

(41)

Hansol alegó que estaba de acuerdo con el hecho de que la Comisión había aplicado las sentencias de los órganos jurisdiccionales de la Unión al utilizar, para la comparación con el precio de exportación de Artone, el precio de venta nacional de Hansol Paper para un tipo de producto que dicha parte había vendido en el mercado interno en cantidades representativas y en el curso de operaciones comerciales normales (véanse los considerandos 23 y 24). Sin embargo, Hansol se mostró en desacuerdo con el hecho de que la Comisión, como se explica en el considerando 25, no lo hubiera hecho para otro tipo de producto no vendido en el mercado interno por Artone.

(42)

Hansol alegó que, no obstante, la Comisión debería haber utilizado los precios de venta de Hansol Paper de ese tipo de producto, en lo sucesivo también denominado «tipo de producto X» (el número real del tipo de producto es confidencial). Alegó que el Tribunal General había dictaminado que la Comisión debería utilizar los precios de venta de otras partes, si estuvieran disponibles, «con carácter prioritario». A este respecto, alegó que las ventas internas de Hansol del tipo de producto X eran rentables y, como consecuencia de ello, el valor normal calculado por Hansol Paper para ese tipo de producto era igual a un valor normal basado en los precios de venta. Al ser el valor normal calculado igual al precio de venta, Hansol alegó que la Comisión estaba obligada a utilizar el precio de venta de Hansol Paper.

(43)

La Comisión manifestó su desacuerdo. En primer lugar, aclaró que el Tribunal General había confirmado que, de conformidad con el artículo 2, apartado 3, párrafo primero, del Reglamento de base, si no hay ventas del producto similar o estas son insuficientes en el curso de las operaciones comerciales normales, la Comisión debe establecer una excepción al principio de utilizar los precios de venta para determinar el valor normal y basará el valor normal en los precios de otros vendedores o productores o, si estos no están disponibles, calculará el valor normal sobre la base del coste de producción. Precisó, en el apartado 150 de la sentencia en el asunto T-383/17, que una insuficiencia de ventas incluye la situación en la que las ventas del producto similar en el país exportador constituyen menos del 5 % del volumen de ventas del producto afectado a la Unión. Por lo tanto, el Tribunal General confirmó que, en este escenario, la Comisión no utilizará los precios de venta nacionales (20). En este caso, los volúmenes de ventas internas de Hansol Paper del tipo de producto X representaron menos del 1 % de las ventas de ese tipo de producto a la Unión, muy por debajo del umbral del 5 % mencionado en el artículo 2, apartado 2, del Reglamento de base, por lo que su valor normal de ese tipo de producto fue calculado por la Comisión. También recordó que, durante la investigación, Hansol nunca alegó que la Comisión no debería haber calculado el valor normal de ese tipo de producto para Hansol Paper. Al no haber ningún otro productor que cooperara, ya que la Comisión había calculado el valor normal del tipo de producto X para Hansol Paper, como se ha explicado anteriormente, y por lo tanto no se disponía de ningún precio de venta nacional alternativo de ese tipo de producto, la Comisión calculó el valor normal del tipo de producto X para Artone.

(44)

En segundo lugar, el mero hecho de que el valor normal calculado de un tipo de producto determinado sea idéntico a su precio de venta no lo convierte en un valor normal basado en los precios de venta. El valor normal establecido con arreglo al artículo 2, apartado 3, del Reglamento de base es un valor normal calculado. Por lo tanto, a efectos del cálculo del dumping, este valor normal calculado no puede utilizarse para comparar los precios de exportación de otras partes, ya que no existe ninguna disposición al respecto en el Reglamento de base. Por lo tanto, se rechazó la alegación de Hansol de que las sentencias de los órganos jurisdiccionales de la Unión obligaban a la Comisión a utilizar el precio de venta nacional de Hansol Paper en el cálculo del dumping de Artone para ese tipo de producto concreto.

(45)

Hansol alegó además que la Comisión no había comprendido correctamente el método que debía adoptar para corregir el error de ponderación. Invocó el apartado 86 de la sentencia en el asunto T-383/17 y el apartado 64 de la sentencia en el asunto C-260/20 P para sostener que la Comisión debería haber reflejado la proporción de las ventas de Schades UK Ltd. sin transformación en las ventas de Hansol a sus otros operadores comerciales vinculados y no simplemente añadir el volumen de ventas de Schades Nordic sin transformación a las ventas directas e indirectas de Hansol a clientes independientes. Hansol también alegó que, si el Tribunal General hubiera considerado que la Comisión rectificaría el error de ponderación, tal como se explica en el considerando 29, en vista del impacto limitado, no habría llegado a la conclusión de que el error de ponderación podría haber afectado al cálculo de la subcotización de los precios y a la evaluación del impacto de las importaciones objeto de dumping en los productos similares de la industria de la Unión.

(46)

Como observación preliminar, la alegación de Hansol sugiere que la Comisión había utilizado el muestreo, es decir, que había aplicado el artículo 17, apartado 1, del Reglamento de base cuando decidió utilizar los datos de Schades UK Ltd. para calcular el margen de dumping de las ventas del producto afectado a empresas transformadoras vinculadas. La Comisión señaló que, en los apartados 63 a 69 de la sentencia en el asunto T-383/17, el Tribunal General desestimó la misma alegación. De hecho, la Comisión decidió calcular el margen de dumping en las ventas de Hansol a las otras tres empresas transformadoras vinculadas sobre los datos de los precios de exportación de Schades UK Ltd., ya que se consideró que era la mejor situada para proporcionar las cifras más exactas con respecto a la mayoría de las ventas del Grupo Hansol a empresas transformadoras vinculadas en la Unión para su posterior reventa en forma de rollos pequeños a clientes no vinculados (21). A efectos del cálculo del dumping del Grupo Hansol, la Comisión consideró que Schades UK Ltd. era la única empresa transformadora vinculada al grupo Hansol que había revendido el producto afectado a clientes independientes. Los órganos jurisdiccionales de la Unión consideraron que esta conclusión era incorrecta a la vista de las pruebas disponibles en el expediente en relación con Schades Nordic.

(47)

De hecho, la Comisión señaló que Hansol, en la investigación original, había informado a la Comisión de que Schades Nordic había revendido [170-190] toneladas sin transformación a clientes independientes. También informó de que las otras dos empresas transformadoras vinculadas que habían sido exentas, Heipa y R+S, no habían realizado reventas sin transformación (22). Hansol no aportó ninguna prueba de las ventas de rollos de gran formato ni por Heipa ni por R+S. Por lo tanto, la alegación de Hansol contradecía directamente la información que había facilitado durante la investigación.

(48)

En la sentencia en el asunto C-260/20 P, el Tribunal de Justicia declaró claramente que la Comisión no puede excluir la información facilitada por las partes interesadas por el mero hecho de haber sido facilitada por medios distintos de la respuesta al cuestionario antidumping (23). Tras reabrir la investigación, la Comisión actuó de conformidad con este hallazgo, ya que había aceptado la información facilitada por Hansol en la investigación sobre las reventas de rollos de gran formato realizadas por Schades Nordic, Heipa y R+S. Hansol había informado de que Heipa y R+S no habían realizado reventas del producto afectado, por lo que no era necesario efectuar ninguna corrección con respecto a los volúmenes establecidos para estas partes.

(49)

Además, Hansol basó su alegación de que la Comisión debía aplicar la proporción de las ventas de Schades UK Ltd. sin transformación a los otros tres operadores comerciales vinculados de Hansol, en particular en el texto del apartado 86 de la sentencia en el asunto T-383/17, que reza: «[…] cabe señalar que la Comisión decidió utilizar los datos de Schades [UK Ltd.] para calcular el margen de dumping en las ventas realizadas por la demandante a las otras tres empresas transformadoras vinculadas […]». A este respecto, también se refirió a la afirmación del Tribunal de Justicia en el apartado 64 de la sentencia en el asunto C-260/20 P, en los siguientes términos: «como se desprende de los apartados 85 y 86 de la sentencia recurrida, la Comisión había decidido utilizar los datos de Schades [UK Ltd.] para calcular el margen de dumping en las ventas de Hansol a las otras tres empresas transformadoras vinculadas. […] Habida cuenta de que la Comisión sabía que Schades [Nordic] había revendido determinadas cantidades del producto considerado a clientes no vinculados sin transformación, el Tribunal General estimó que debería haber reflejado esta situación en las ventas de los productos considerados a las otras empresas transformadoras vinculadas […]».

(50)

La Comisión consideró que Hansol interpretó erróneamente las declaraciones de los órganos jurisdiccionales de la Unión. De hecho, los datos de Schades UK Ltd. se utilizaron para calcular el margen de dumping en las ventas de Hansol a las otras tres empresas transformadoras vinculadas, ya que el margen de dumping establecido para las ventas de Schades UK Ltd. de rollos de gran formato transformados en rollos pequeños se aplicó a los volúmenes aplicables para la transformación de origen coreano vendidos a estas otras tres empresas transformadoras vinculadas. Sin embargo, en el apartado 64, el Tribunal de Justicia señaló que el carácter representativo de los datos de Schades UK Ltd. «no excluye en absoluto que el cálculo basado en dichos datos adolezca de errores, habida cuenta de que no se tuvieron en cuenta todos los datos pertinentes a este respecto». En otras palabras, el Tribunal de Justicia constató que el uso de Schades UK Ltd. como representante de las ventas de Hansol a las otras empresas transformadoras vinculadas no implicaba que la Comisión pudiera ignorar las pruebas del expediente relativas a las ventas de rollos de gran formato a clientes independientes comunicadas por Schades Nordic. No exigió a la Comisión que reflejara o ampliara la misma proporción de las ventas de Schades Ltd. sin transformación en las ventas de Hansol a sus otros operadores comerciales vinculados. Ello contradice las pruebas que obran en el expediente, que Hansol no ha rebatido. A través de la reapertura de la investigación, y a diferencia de lo que ocurría anteriormente, la Comisión tuvo plenamente en cuenta las cantidades de rollos de gran formato vendidas a las empresas transformadoras vinculadas de Hansol en la Unión que revendieron rollos de gran tamaño sin transformación.

(51)

Por lo que respecta a las [170-190] toneladas de reventas del producto afectado a clientes independientes por parte de Schades Nordic, el Tribunal General y el Tribunal de Justicia habían constatado un error, ya que estas reventas, que Hansol había comunicado en el procedimiento por medios distintos de una respuesta al cuestionario, no habían sido consideradas por la Comisión. Esto se corrigió, según lo expuesto en el considerando 29, sumando al volumen de ventas directas e indirectas del producto afectado utilizado para ese cálculo el volumen de las reventas de rollos de gran formato de Hansol a través de Schades Nordic, según informó Hansol durante la investigación. No fue necesario realizar más ajustes, ya que Hansol había informado de que las empresas transformadoras Heipa y R+S no habían realizado ninguna reventa del producto afectado a clientes independientes.

(52)

Por último, la Comisión rechazó que el hecho de que la corrección efectuada por la Comisión solo tuviera un impacto reducido en el margen de subcotización y no afectara al análisis del perjuicio y de la causalidad demostraría que la Comisión había malinterpretado las sentencias de los órganos jurisdiccionales de la Unión. La sentencia del Tribunal General afirma que «no podía excluirse» que el error de la Comisión pudiera haber tenido un impacto y no que tuviera un impacto en el análisis del perjuicio y de la causalidad (24). En la misma línea, el Tribunal de Justicia señaló en el apartado 62: «El hecho de que, habida cuenta de dichos datos, fuera posible, cuando menos, que la Comisión hubiera atribuido una ponderación excesiva a las ventas a las empresas transformadoras vinculadas para la transformación en rollos pequeños, exagerando así el dumping real practicado por Hansol, bastaba para cuestionar la fiabilidad y el carácter objetivo de la apreciación por la Comisión del dumping practicado por Hansol». Por lo tanto, el hecho de que la corrección de la ponderación tuviera un impacto reducido en la subcotización revisada solo demuestra que el error detectado por el Tribunal General era irrelevante. Por lo tanto, se rechazó esta alegación.

(53)

El error detectado por el Tribunal General y confirmado por el Tribunal de Justicia sobre la ponderación de las ventas también afectó al cálculo del margen de perjuicio. La Comisión ejecutó las sentencias de los órganos jurisdiccionales de la Unión aplicando los coeficientes de ponderación revisados, como se explica en el considerando 29, también a los márgenes de perjuicio para las ventas directas e indirectas del producto afectado, por una parte, y para las ventas a empresas transformadoras vinculadas para su reventa como rollos pequeños a partes no vinculadas, por otra.

(54)

El resultado de la comparación dio lugar a un margen de perjuicio para Hansol del 36,9 %, mientras que el margen de perjuicio establecido durante la investigación que dio lugar al Reglamento en cuestión fue del 37 % (25). Dado que el margen de dumping restablecido es inferior al margen de perjuicio, de conformidad con las normas aplicables, el tipo del derecho antidumping debe fijarse al nivel del porcentaje de dumping. Por consiguiente, el tipo de derecho antidumping restablecido para Hansol es del 10,2 %.

(55)

La Comisión recordó que el derecho antidumping se estableció como un importe fijo en euros por tonelada neta. El tipo de derecho definitivo revisado del 10,2 % representa un tipo de derecho fijo de 103,16 EUR por tonelada neta.

(56)

La Comisión también recordó que el nivel de cooperación en este caso era elevado, ya que las importaciones de Hansol constituían el total de las exportaciones a la Unión durante el período de investigación. Por tanto, el derecho antidumping residual se basó en el nivel de la empresa que cooperó. En consecuencia, el tipo de derecho definitivo residual, aplicable a todas las demás empresas, se revisó a un tipo de derecho fijo de 103,16 EUR por tonelada neta.

(57)

El nivel revisado del derecho antidumping se aplica sin interrupción temporal desde la entrada en vigor del Reglamento en cuestión (a saber, desde el 4 de mayo de 2017). Se ordena a las autoridades aduaneras que recauden el importe adecuado relativo a las importaciones de productos de Hansol y que reembolsen cualquier importe excesivo recaudado hasta la fecha, de conformidad con la legislación aduanera aplicable.

(58)

Con arreglo al artículo 109 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo (26), cuando deba reembolsarse un importe a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el tipo de interés será el aplicado por el Banco Central Europeo a sus operaciones principales de refinanciación, publicado el primer día natural de cada mes en la serie C del Diario Oficial de la Unión Europea.

(59)

Sobre la base de lo anterior, la Comisión consideró apropiado restablecer el derecho antidumping definitivo sobre las importaciones de determinado papel térmico ligero de peso inferior o igual a 65 g/m2; presentado en rollos de una anchura superior o igual a 20 cm, de un peso por rollo (incluido el papel) superior o igual a 50 kg, y de un diámetro del rollo (incluido el papel) superior o igual a 40 cm («rollos de gran formato»); que puede llevar una capa de base en uno o en ambos lados; que está recubierto con una sustancia termosensible por uno o ambos lados; y que puede llevar una capa superior, clasificado actualmente con los códigos NC ex 4809 90 00, ex 4811 90 00, ex 4816 90 00 y ex 4823 90 85 (códigos TARIC: 4809900010, 4811900010, 4816900010, 4823908520), originario de la República de Corea, con un tipo de derecho fijo de 103,16 EUR por tonelada.

(60)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 15, apartado 1, del Reglamento (UE) 2016/1036.

(1)

La peste porcina africana es una enfermedad vírica infecciosa que afecta a los porcinos en cautividad y silvestres y puede tener graves repercusiones en la población animal afectada y en la rentabilidad de la ganadería, perturbar los desplazamientos de las partidas de esos animales y sus productos dentro de la Unión y las exportaciones a terceros países.

(2)

El Reglamento (UE) 2016/429 establece un marco legislativo para la prevención y el control de las enfermedades transmisibles a los animales o a los seres humanos. La peste porcina africana se considera una «enfermedad de la lista» con arreglo a la definición que figura en ese Reglamento, y está sujeta a las normas de prevención y control establecidas en él. Además, la peste porcina africana figura en el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/1882 de la Comisión (2) como enfermedad de las categorías A, D y E que afecta a los suidos, y el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión (3) completa las normas relativas al control de las enfermedades de las categorías A, B y C establecidas en el Reglamento (UE) 2016/429, incluidas las medidas de control de la peste porcina africana.

(3)

El Reglamento (CE) n.o 1069/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (4) establece normas zoosanitarias aplicables a los subproductos animales con el fin de prevenir y reducir al mínimo los riesgos para la salud animal que entrañan tales subproductos. Por otra parte, el Reglamento (UE) n.o 142/2011 de la Comisión (5) establece determinadas normas zoosanitarias aplicables a los subproductos animales incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1069/2009, entre ellas normas relativas a los requisitos de certificación para los desplazamientos de partidas de tales subproductos en la Unión. Estos Reglamentos no abarcan todos los detalles y aspectos específicos en relación con el riesgo de propagación de la peste porcina africana por subproductos animales obtenidos de porcinos en cautividad mantenidos en zonas restringidas II y III o de porcinos silvestres de zonas restringidas I, II y III. Procede, por tanto, establecer en el presente Reglamento medidas especiales de control de la enfermedad relacionadas con esos subproductos animales y los desplazamientos de las partidas de dichos subproductos animales desde zonas restringidas I, II y III.

(4)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 de la Comisión (6), que se adoptó en el marco del Reglamento (UE) 2016/429, establece medidas especiales de control de la peste porcina africana que deben aplicar los Estados miembros que figuran en su anexo I, durante un período de tiempo limitado, en las zonas restringidas I, II y III indicadas en dicho anexo. La normativa establecida en ese Reglamento de Ejecución se armonizó, en la medida de lo posible, con las normas internacionales como las establecidas en el capítulo 15.1 («Infección con el virus de la peste porcina africana»), del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (7) (Código de la WOAH).

(5)

El presente Reglamento también debe establecer un enfoque de regionalización, aplicable además de las medidas de control de la enfermedad establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687, y recoger en una lista las zonas restringidas de los Estados miembros afectadas por brotes de peste porcina africana o en situación de riesgo por su proximidad a tales brotes (los Estados miembros afectados). Conviene diferenciar estas zonas restringidas según la situación epidemiológica de la peste porcina africana y el nivel de riesgo y clasificarlas como zonas restringidas I, II y III, siendo zonas restringidas III aquellas donde están las áreas con el nivel más alto de riesgo de propagación de la enfermedad y la situación más dinámica de la enfermedad en los porcinos en cautividad. Además, la lista de las zonas restringidas del anexo I del presente Reglamento debe elaborarse teniendo en cuenta la información sobre la situación de la enfermedad facilitada por las autoridades competentes de los Estados miembros afectados, los principios y criterios científicos para definir geográficamente la regionalización con respecto a la peste porcina africana y las directrices de la Unión sobre peste porcina africana acordadas con los Estados miembros en el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos y publicadas en el sitio web de la Comisión (8), así como el nivel de riesgo de propagación de la peste porcina africana y la situación epidemiológica general de la peste porcina africana en el Estado miembro afectado y en los Estados miembros o terceros países vecinos, cuando proceda. Por otra parte, cualquier modificación de los límites de las zonas restringidas I, II y III recogidas en el anexo I del presente Reglamento debe basarse en consideraciones similares a las utilizadas para la elaboración de la lista, y ha de tener en cuenta las normas internacionales, como el Código de la WOAH, e indicar la ausencia de la enfermedad durante un período de al menos 12 meses en la zona o en un país. En determinadas situaciones, teniendo en cuenta la justificación que presente la autoridad competente del Estado miembro afectado y los principios y criterios científicos para definir geográficamente la regionalización con respecto a la peste porcina africana y las directrices disponibles a nivel de la Unión, dicho período debe reducirse a tres meses.

(6)

Desde la fecha de adopción del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, la situación epidemiológica en la Unión ha evolucionado y se han recopilado en los Estados miembros nuevas experiencias y conocimientos sobre la epidemiología de la fiebre porcina africana. Procede, por tanto, revisar y adaptar las actuales medidas especiales de control de la fiebre porcina africana establecidas en dicho Reglamento de Ejecución teniendo en cuenta esta evolución y con el fin de evitar la propagación de dicha enfermedad en la Unión. En consecuencia, las medidas de control establecidas en el presente Reglamento deben tener en cuenta la experiencia adquirida en la aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605.

(7)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 establece medidas especiales de control de la fiebre porcina africana que, en general, se aplican a los desplazamientos desde zonas restringidas I, II y III de partidas de porcinos en cautividad mantenidos en esas zonas restringidas y sus productos. No obstante, los desplazamientos de partidas de porcinos en cautividad mantenidos en zonas restringidas I, II y III y sus productos dentro de las zonas restringidas también presentan riesgos en relación con la propagación de dicha enfermedad y contribuyen a la prolongada persistencia de la enfermedad en esas zonas restringidas. Por consiguiente, teniendo en cuenta la situación epidemiológica de la fiebre porcina africana en los Estados miembros afectados, procede establecer prohibiciones específicas y medidas de reducción del riesgo para los desplazamientos de partidas de porcinos en cautividad dentro de esas zonas restringidas y ampliar en consecuencia el ámbito de aplicación de las actuales medidas especiales de control de la enfermedad establecidas en la normativa de la Unión.

(8)

En el pasado, para garantizar una reacción eficaz y rápida a los riesgos emergentes, como la confirmación de un brote de fiebre porcina africana en un Estado miembro o zona previamente libre de enfermedad, se adoptaron Decisiones de Ejecución individuales de la Comisión, en su caso, para detectar rápidamente a escala de la Unión las zonas restringidas para los brotes de fiebre porcina africana en porcinos en cautividad, que comprendían zonas de protección y de vigilancia, o la zona infectada en caso de brote de esa enfermedad en porcinos silvestres, tal como se establece en el Reglamento Delegado (UE) 2020/687. A fin de garantizar la claridad y la transparencia de las normas de la Unión, procede que, tras la confirmación de un brote de fiebre porcina africana en porcinos en cautividad o silvestres en un Estado miembro o zona previamente libre de la enfermedad, las áreas afectadas se señalen a escala de la Unión como zonas de protección y vigilancia o, en el caso de los porcinos silvestres, como zonas infectadas y se recojan en el anexo II del presente Reglamento junto con la duración de dicha regionalización. Con el fin de garantizar la continuidad territorial de las zonas restringidas para porcinos en cautividad o silvestres, en situaciones específicas y teniendo en cuenta la evaluación del riesgo, cuando proceda, también debe ser posible incluir zonas previamente libres de enfermedad tras la confirmación de un brote de fiebre porcina africana como zonas restringidas II o III en el anexo I del presente Reglamento, en lugar de incluirlas en el anexo II.

(9)

Teniendo en cuenta la evolución de la situación epidemiológica de la fiebre porcina africana en porcinos silvestres en la Unión, las medidas especiales de control de la enfermedad, incluidas las excepciones pertinentes, aplicables a las zonas restringidas II recogidas en el presente Reglamento deben aplicarse también a las zonas infectadas recogidas en su anexo II, además de las medidas establecidas en los artículos 63 a 66 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687. No obstante, debido al riesgo inmediato de una mayor propagación de esta enfermedad detectada en porcinos silvestres, no deben autorizarse los desplazamientos de partidas de porcinos en cautividad y sus productos a otros Estados miembros ni a terceros países desde las zonas infectadas que figuran en el anexo II del presente Reglamento.

(10)

El artículo 16, apartado 2, del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 establece una excepción al requisito de cercado a prueba de ganado para determinados establecimientos de porcinos en cautividad durante un período de tres meses a partir de la confirmación de un primer brote de fiebre porcina africana en el Estado miembro, en determinadas condiciones. Teniendo en cuenta la situación específica de los Estados miembros cuando dichos cercados a prueba de ganado no puedan construirse en un breve período de tiempo por razones técnicas y administrativas, conviene prever un período ampliado de seis meses en el presente Reglamento, a fin de garantizar la correcta aplicación de las normas especiales de control de la fiebre porcina africana en un Estado miembro o zona previamente libre de enfermedad.

(11)

Los artículos 166 y 167 del Reglamento (UE) 2016/429 exigen que las partidas de productos de origen animal procedentes de animales terrestres producidos o transformados en establecimientos, empresas alimentarias o zonas sujetas a medidas de emergencia o restricciones de desplazamiento vayan acompañadas de los certificados zoosanitarios pertinentes. El artículo 19 del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 establece obligaciones de los operadores con respecto a los certificados zoosanitarios para los desplazamientos de partidas de carne fresca y productos cárnicos, incluidas las tripas, obtenidas de porcinos procedentes de zonas restringidas I, II y III, y recoge las partidas cuya marca sanitaria o de identificación puede sustituir al certificado zoosanitario para los desplazamientos de determinadas partidas desde esas zonas restringidas. Con el fin de garantizar la aplicación de las normas especiales de control de la fiebre porcina africana, es necesario establecer en el presente Reglamento disposiciones adaptadas en relación con la lista de establecimientos para los que la autoridad competente del Estado miembro de que se trate puede sustituir el certificado zoosanitario por la marca sanitaria o de identificación para los desplazamientos de determinadas partidas.

(12)

En el artículo 10 del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 se establecen prohibiciones específicas en relación con los desplazamientos de partidas de productos reproductivos obtenidos de porcinos en cautividad mantenidos en zonas restringidas II y III fuera de esas zonas restringidas. Además, en el artículo 31 de dicho Reglamento de Ejecución se establecen las condiciones específicas para las excepciones que autoricen los desplazamientos de partidas de productos reproductivos obtenidos de porcinos en cautividad mantenidos en una zona restringida II desde esa zona restringida dentro del territorio del mismo Estado miembro afectado. Teniendo en cuenta el elevado nivel de las medidas de bioprotección en vigor en los establecimientos autorizados de productos reproductivos, procede establecer en el presente Reglamento las condiciones específicas para las excepciones que autoricen los desplazamientos de partidas de productos reproductivos obtenidos de porcinos en cautividad mantenidos en una zona restringida III desde esa zona restringida dentro del territorio del mismo Estado miembro afectado. Entre otras condiciones, la autoridad competente del Estado miembro de que se trate solo debe autorizar tales desplazamientos si los machos donantes y las hembras donantes han permanecido en establecimientos autorizados de productos reproductivos desde su nacimiento o durante al menos los tres meses previos a la recogida de los productos reproductivos, tal como se establece en el Código de la WOAH. Sobre la base del Código de la WOAH, procede establecer también la obligación de someter a pruebas de detección de la fiebre porcina africana, al menos una vez al año, a todos los porcinos en cautividad mantenidos en establecimientos autorizados de productos reproductivos que estén autorizados para desplazamientos de partidas de productos reproductivos desde la zona restringida III.

(13)

En el artículo 14 del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 se establecen las condiciones generales para las excepciones a prohibiciones específicas en relación con los desplazamientos de partidas de porcinos en cautividad mantenidos en zonas restringidas I, II y III fuera de esas zonas El artículo 14, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento hace referencia a una condición general establecida en el artículo 28, apartado 2, letra a), del Reglamento Delegado (UE) 2020/687, que exige que todos los desplazamientos autorizados en la zona de protección se realicen exclusivamente a través de itinerarios designados. Teniendo en cuenta otras medidas de reducción del riesgo en vigor para los desplazamientos de partidas de porcinos en cautividad mantenidos en zonas restringidas I, II y III previstas en el presente Reglamento, y a fin de evitar restricciones innecesarias, debe sustituirse una referencia a las condiciones generales para conceder excepciones a las prohibiciones en la zona de protección del artículo 28 del Reglamento Delegado (UE) 2020/687 por una referencia a las condiciones generales para la concesión de excepciones a las prohibiciones pertinentes para la zona de vigilancia del artículo 43 de dicho Reglamento Delegado, que exige, entre otras cosas, que todos los desplazamientos autorizados se realicen dando prioridad a carreteras o vías ferroviarias principales.

(14)

El artículo 35 del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 establece condiciones específicas para autorizar los desplazamientos de partidas de materiales de la categoría 3 obtenidos de porcinos en cautividad mantenidos en zonas restringidas II fuera de esas zonas restringidas dentro del mismo Estado miembro para la transformación de subproductos animales mediante esterilización a presión o determinados métodos alternativos, la fabricación de alimentos para animales de compañía y la transformación de subproductos animales y productos derivados en biogás o compost, tal como se establece en el Reglamento (CE) n.o 1069/2009. Teniendo en cuenta la eficacia de los métodos de transformación para reducir los riesgos de la fiebre porcina africana, procede establecer en el presente Reglamento las condiciones específicas para autorizar los desplazamientos de partidas de materiales de la categoría 3 obtenidos de porcinos en cautividad mantenidos en zonas restringidas III fuera de esas zonas restringidas dentro del mismo Estado miembro para la transformación de subproductos animales mediante esterilización a presión o determinados métodos alternativos, la fabricación de alimentos para animales de compañía y la transformación de subproductos animales y productos derivados en biogás o compost.

(15)

En el artículo 44 del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 se contemplan marcas sanitarias especiales o, en su caso, marcas de identificación especiales para determinados productos de origen animal. Estos productos deben marcarse con una marca sanitaria especial o, en su caso, una marca de identificación que no sea oval y no pueda confundirse con la marca sanitaria o la marca de identificación previstas en el artículo 5, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (9). Teniendo en cuenta las normas establecidas en dicho Reglamento y para la aplicación efectiva de las normas especiales de control de la fiebre porcina africana relativas a los desplazamientos dentro de zonas restringidas o desde ellas de determinadas partidas de carne fresca y productos cárnicos obtenidos de porcinos en cautividad o silvestres, y en aras de la claridad, en el presente Reglamento debe establecerse una forma concreta de marcas especiales que proporcione un conjunto completo de medidas técnicas para el control de dicha enfermedad. Además, debe establecerse un período transitorio para una forma armonizada de esas marcas especiales a fin de tener en cuenta la situación específica de las autoridades competentes y de los explotadores de empresas alimentarias de los Estados miembros afectados por la fiebre porcina africana que necesiten adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del presente Reglamento.

(16)

La experiencia adquirida en la lucha contra la peste porcina africana en la Unión muestra que se necesitan determinadas medidas de reducción del riesgo y medidas reforzadas de bioprotección para prevenir la propagación de esta enfermedad en los establecimientos de porcinos en cautividad. Tales medidas deben establecerse en el anexo III del presente Reglamento y deben abarcar los establecimientos sujetos a excepciones con respecto a los desplazamientos de partidas de porcinos en cautividad mantenidos en zonas restringidas I, II y III.

(17)

Desde la fecha de adopción del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, la situación epidemiológica en la Unión ha seguido evolucionando con respecto a la fiebre porcina africana en varios Estados miembros, en particular en las poblaciones de porcinos silvestres, que han desempeñado un papel importante en la transmisión y la persistencia del virus en la Unión. A pesar de las medidas de control de enfermedades adoptadas por los Estados miembros de conformidad con la normativa de la Unión, los porcinos silvestres siguen siendo una fuente importante de transmisión y persistencia de la presencia de la enfermedad en la Unión. Los brotes de esta enfermedad en porcinos también suponen un riesgo para los Estados miembros libres de enfermedad debido a los desplazamientos de porcinos silvestres o como parte de la propagación humana a través de materiales infectados. Teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual en la Unión por lo que respecta a la fiebre porcina africana, los Estados miembros deben adoptar medidas de control bien coordinadas y coherentes. La aplicación de medidas especiales de control de enfermedades antes de la introducción de la fiebre porcina africana también se ha recomendado a través del asesoramiento científico facilitado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) en su dictamen científico de 12 de junio de 2018 sobre la fiebre porcina africana en jabalíes (10) y en el informe científico de 18 de diciembre de 2019 sobre los análisis epidemiológicos de la fiebre porcina africana en la Unión Europea (11).

(18)

Así pues, para evitar la propagación de la fiebre porcina africana por parte de porcinos silvestres, es fundamental que los Estados miembros adopten medidas bien coordinadas para evitar la duplicación de esfuerzos. Por consiguiente, el presente Reglamento debe establecer la obligación de que los Estados miembros elaboren planes de acción nacionales para los porcinos silvestres con el fin de evitar la propagación de la fiebre porcina africana en la Unión, garantizando un enfoque coordinado y coherente en todos los Estados miembros (planes de acción nacionales). Los requisitos mínimos de los planes de acción nacionales deben tener en cuenta el asesoramiento científico proporcionado por la EFSA, en particular en lo que respecta a las medidas preventivas para reducir y estabilizar la densidad de jabalíes antes de la introducción de la enfermedad, la vigilancia pasiva y las medidas de bioprotección durante la caza de porcinos silvestres, a fin de establecer un enfoque armonizado en los Estados miembros. Estos planes de acción nacionales y los resultados anuales de su aplicación deben presentarse a la Comisión y a los demás Estados miembros.

(19)

Las medidas de gestión de los porcinos silvestres adoptadas en el contexto de los planes de acción nacionales deben ser compatibles, cuando proceda, con las normas medioambientales de la Unión, incluidos los requisitos de protección de la naturaleza, establecidas en la Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (12) y en la Directiva 92/43/CEE del Consejo (13).

(20)

A fin de tener en cuenta la evolución reciente de la situación epidemiológica de la fiebre porcina africana en la Unión, deben establecerse en el presente Reglamento nuevas experiencias y conocimientos adquiridos en la Unión, y para combatir de manera proactiva los riesgos asociados a la propagación de dicha enfermedad, deben establecerse en él normas especiales de control revisadas y ampliadas. En consecuencia, procede derogar el Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 y sustituirlo por el presente Reglamento.

(21)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 es aplicable hasta el 20 de abril de 2028. Teniendo en cuenta la situación epidemiológica actual de la fiebre porcina africana en la Unión, es necesario mantener las medidas especiales de control de enfermedades establecidas en el presente Reglamento hasta esa fecha.

(22)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.