(1)

De conformidad con el artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, la solicitud de registro del nombre «Antakya Künefesi» presentada por Turquía ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (2).

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 51 del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, procede registrar el nombre «Antakya Künefesi».

(1)

De conformidad con el artículo 50, apartado 2, letra a), del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, la solicitud de registro del nombre «Íslenskt lambakjöt» presentada por Islandia ha sido publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (2).

(2)

Al no haberse notificado a la Comisión ninguna declaración de oposición de conformidad con el artículo 51 del Reglamento (UE) n.o 1151/2012, procede registrar el nombre citado.

(1)

De conformidad con el artículo 67, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, los usuarios profesionales de productos fitosanitarios deben mantener registros de los productos que utilicen en los que figuren el nombre del producto, el tiempo y la dosis de aplicación, la zona tratada y el cultivo donde se haya utilizado el producto.

(2)

De conformidad con el artículo 67, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009, los usuarios profesionales también deben poner la información pertinente a disposición de la autoridad competente si así se solicitase. Además, terceras partes pueden solicitar acceso a dicha información a las autoridades competentes y estas facilitarán dicho acceso de conformidad con la legislación nacional o de la Unión aplicable.

(3)

La Estrategia «De la Granja a la Mesa» para un sistema alimentario justo, saludable y respetuoso con el medio ambiente (en lo sucesivo, «Estrategia “De la Granja a la Mesa”») (2), adoptada por la Comisión en 2020, tiene por objeto reducir la dependencia de los productos fitosanitarios químicos y su uso. Por lo tanto, un registro adecuado del uso de los productos fitosanitarios y las actividades de seguimiento y control de las autoridades nacionales basadas en dichos registros son fundamentales para la consecución de los objetivos de la Estrategia «De la Granja a la Mesa».

(4)

Existen diferencias entre los regímenes nacionales en lo que respecta a los registros que mantienen los usuarios profesionales de productos fitosanitarios con arreglo al artículo 67, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 y a si dichos registros se mantienen en formato electrónico. Por consiguiente, el presente Reglamento establece normas detalladas sobre el contenido y el formato de esos registros.

(5)

Estas normas definen cómo deben registrarse los elementos que figuran en el artículo 67, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 en relación con el uso de productos fitosanitarios (el nombre del producto, el tiempo, la dosis, la zona y el cultivo de aplicación), de modo que se garantice en toda la Unión la calidad adecuada y uniforme de los registros mantenidos con arreglo a dicho artículo.

(6)

Dado que el uso de productos fitosanitarios por parte de usuarios profesionales se produce sobre todo en el contexto de actividades agrícolas, y con el fin de ajustarse a los requisitos existentes pertinentes para la agricultura, cuando sea posible, se deberá determinar la ubicación de la zona o instalación en la que se haya utilizado el producto fitosanitario mediante la unidad de terreno incluida en el ámbito de aplicación de la solicitud geoespacial del sistema integrado de gestión y control a que se refiere el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/1173 de la Comisión (3). Cuando esto no sea posible, los Estados miembros deben facilitar a los usuarios profesionales métodos alternativos adecuados para determinar la ubicación de la zona en la que se haya utilizado el producto fitosanitario y, en su caso, la localización geoespacial.

(7)

Para que los registros sean uniformes, los nombres de los cultivos, las situaciones o los usos de la tierra deben registrarse, cuando proceda, de conformidad con los códigos utilizados por la Organización Europea y Mediterránea para la Protección de las Plantas («códigos OEPP») y las etapas de desarrollo de las plantas, cuando proceda, de conformidad con la monografía BBCH (4).

(8)

A fin de evitar exigir a los usuarios profesionales que creen múltiples conjuntos de registros sobre el mismo uso para cumplir obligaciones diferentes, conviene aclarar que los Estados miembros tienen la posibilidad de exigir a los usuarios que incluyan otra información en combinación con los registros exigidos con arreglo al artículo 67, apartado 1, del Reglamento (CE) n.o 1107/2009.

(9)

Los registros deben mantenerse en formato electrónico, ya que los medios electrónicos de mantenimiento de registros son los más adecuados para permitir una aplicación uniforme de la obligación de dicho mantenimiento de registros. Con ello se garantiza una mayor fiabilidad de los registros, se facilita su recopilación y verificación por parte de las autoridades competentes y, en última instancia, se apoyan actividades de seguimiento y control precisas, eficientes y eficaces por parte de los Estados miembros. A tal fin, los formatos electrónicos utilizados también deben ser legibles por máquina, tal como se definen en la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo (5).

(10)

Para reducir la carga administrativa, los usuarios profesionales deben disponer de tiempo suficiente entre el registro de cada uso de los productos fitosanitarios y la transferencia de los registros a formato electrónico.

(11)

Un usuario profesional puede utilizar productos fitosanitarios de conformidad con acuerdos contractuales establecidos para otra persona física o jurídica. En tales casos, el usuario profesional debe facilitar el acceso a dicha persona a los registros mantenidos pertinentes, o una copia de los mismos, sin demoras ni restricciones indebidas.

(12)

El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la utilización de los datos contenidos en los registros para otros fines no incluidos en el ámbito de aplicación del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 de conformidad con la legislación de la Unión o nacional. La disponibilidad de registros electrónicos armonizados puede facilitar el uso de la información para otros fines legítimos, evitando así la duplicación de esfuerzos y reduciendo la carga para los usuarios profesionales y las autoridades públicas.

(13)

A fin de que los usuarios profesionales puedan prepararse para cumplir los requisitos establecidos en el presente Reglamento, debe concedérseles un plazo razonable antes de que tales requisitos sean aplicables.

(14)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

El Reglamento (CE) n.o 1831/2003 regula la autorización de los aditivos para su uso en la alimentación animal, así como los motivos y los procedimientos para conceder dicha autorización. El artículo 10, apartado 2, de dicho Reglamento contempla el reexamen de los aditivos autorizados con arreglo a la Directiva 70/524/CEE del Consejo (2).

(2)

Las sustancias heptanoato de etilo, 2-metilbutirato de etilo, acetato de isopentilo, 3-metilbutirato de 3-metilbutilo, ácido 2-metilpropiónico, butirato de 3-metilbutilo, acetato de 2-metilbutilo, hex-2-en-1-ol, hex-2(trans)-enal, hexanoato de alilo, heptanoato de alilo, linalol, 2-metil-1-fenilpropan-2-ol, alfa-ionona, beta-damascona, nootkatona, beta-ionona, alfa-irona, beta-damascenona, (E)-beta-damascona, pentadecano-1,15-lactona, 2-feniletan-1-ol, isopentanoato de fenetilo, 4-(p-hidroxifenil)butan-2-ona, 2-metoxinaftaleno, 2-isopropil-4-metiltiazol y valenceno fueron autorizadas como aditivos en los piensos para todas las especies animales sin límite de tiempo de conformidad con la Directiva 70/524/CEE. Posteriormente, estas sustancias se incluyeron en el Registro de Aditivos para Alimentación Animal como productos existentes pertenecientes al grupo funcional de aromatizantes, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) n.o 1831/2003.

(3)

De conformidad con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 1831/2003, en relación con su artículo 7, se presentaron varias solicitudes para la autorización de las sustancias mencionadas como aditivos en los piensos para todas las especies animales. El solicitante pidió que estos aditivos se clasificaran en la categoría de «aditivos organolépticos» y en el grupo funcional de «aromatizantes». Las solicitudes iban acompañadas de la información y la documentación exigidas en el artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 1831/2003.

(4)

El solicitante pidió que también se autorizara el uso de los aditivos para piensos en el agua para beber. No obstante, el Reglamento (CE) n.o 1831/2003 no permite autorizar el uso de «aromatizantes» en el agua para beber. Por consiguiente, el solicitante retiró la solicitud relativa al agua para beber en relación con todas las sustancias en cuestión.

(5)

En sus dictámenes de 7 de marzo de 2012 (3), 25 de abril de 2012 (4), 17 de octubre de 2012 (5) , (6), 13 de noviembre de 2012 (7), 12 de marzo de 2013 (8), 10 de marzo de 2015 (9), 8 de marzo de 2016 (10), 20 de abril de 2016 (11), 12 de julio de 2016 (12), 28 de febrero de 2019 (13), 18 de noviembre de 2020 (14) y 23 de marzo de 2022 (15), la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria («la Autoridad») concluyó que, en las condiciones de uso propuestas, las sustancias no tienen efectos adversos para la salud animal, la seguridad de los consumidores ni el medio ambiente. La Autoridad llegó a la conclusión de que, en lo que respecta a las sustancias 2-metil-1-fenilpropan-2-ol, beta-damascona, alfa-irona, (E)-beta-damascona, isopentanoato de fenetilo, 4-(p-hidroxifenil)butan-2-ona y 2-isopropil-4-metiltiazol, el nivel de utilización segura para el medio marino se estima en 0,05 mg/kg de pienso.

(6)

La Autoridad también llegó a la conclusión de que todas las sustancias deben considerarse irritantes para la piel y los ojos y como posibles sensibilizantes cutáneos y respiratorios en personas sensibles. Debido a la falta de datos sobre las sustancias hex-2-en-1-ol, hex-2(trans)-enal, hexanoato de alilo y heptanoato de alilo, la Autoridad no pudo llegar a la conclusión de que los usuarios pueden manipular estas sustancias de forma segura. No obstante, el solicitante presentó, tal como se le exigía, una ficha de datos de seguridad en la que se identificaban peligros para los usuarios en relación con estas sustancias. Los peligros descritos en la ficha de datos de seguridad eran, en particular, en el caso de hex-2(trans)-enal, peligros relacionados con el contacto cutáneo y ocular y la exposición respiratoria, en el caso de las sustancias hex-2-en-1-ol y heptanoato de alilo, peligros en relación con el contacto cutáneo y ocular, y en el caso del hexanoato de alilo, nocivo en caso de ingestión y tóxico en contacto con la piel.

(7)

La Autoridad llegó finalmente a la conclusión de que todas las sustancias están reconocidas como aromatizantes alimentarios y que su función en los piensos sería esencialmente la misma que en los alimentos. Por consiguiente, no se considera necesaria ninguna otra demostración de eficacia. La Autoridad verificó también el informe sobre los análisis de los aditivos para piensos en los piensos presentado por el laboratorio de referencia establecido en el Reglamento (CE) n.o 1831/2003.

(8)

La evaluación de todas las sustancias muestra que se cumplen las condiciones de autorización establecidas en el artículo 5 del Reglamento (CE) n.o 1831/2003. Por consiguiente, debe autorizarse el uso de estas sustancias. La Comisión considera que deben adoptarse medidas de protección adecuadas para evitar efectos adversos en la salud humana, en particular la de los usuarios del aditivo.

(9)

Deben establecerse determinadas condiciones a fin de poder ejercer un mejor control. En particular, conviene indicar un contenido máximo recomendado en la etiqueta de los aditivos para piensos. Cuando se supere dicho contenido, debe indicarse determinada información en la etiqueta de las premezclas.

(10)

El hecho de que no esté autorizado el uso de las sustancias como aromatizantes en el agua para beber no impide su uso en piensos compuestos que se administren a través del agua.

(11)

Al no haber motivos de seguridad que exijan la aplicación inmediata de las modificaciones de las condiciones de autorización de las sustancias en cuestión, conviene conceder un período de transición que permita a las partes interesadas prepararse para cumplir los nuevos requisitos derivados de la autorización.

(12)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.

(1)

La experiencia adquirida con la aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 de la Comisión (2) ha puesto de manifiesto la necesidad de realizar pequeñas modificaciones en las modalidades de aplicación de determinadas normas básicas comunes de seguridad aérea.

(2)

Conviene aclarar, armonizar o simplificar determinadas medidas detalladas de seguridad aérea con el fin de mejorar la claridad jurídica, normalizar la interpretación común de las disposiciones pertinentes y seguir garantizando la mejor aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea. Además, habida cuenta de la evolución de la situación en cuestión de amenazas y riesgos, así como de los recientes avances tecnológicos, se ha hecho necesario llevar a cabo algunas modificaciones. Estas modificaciones se refieren al software de detección automática de objetos prohibidos (APID), los sistemas de detección de explosivos (EDS) en el equipaje de mano, los equipos de detección de trazas de explosivos (ETD), los escáneres de seguridad y los equipos de detección de vapores de explosivos (EVD).

(3)

La experiencia adquirida con la aplicación del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 ha puesto de manifiesto la necesidad de introducir algunas modificaciones en las modalidades de aplicación de determinadas normas básicas comunes en los ámbitos de la certificación de instructores que imparten formación, a fin de suprimir las referencias obsoletas del apéndice 6-E, y la necesidad de incluir aclaraciones sobre la aplicación de medidas de remisión en el ámbito de la información anticipada sobre transporte de mercancías previa a la carga (PLACI) en el anexo de dicho Reglamento. Las disposiciones correspondientes del anexo deben adaptarse para mejorar la claridad jurídica, normalizar la interpretación común de la legislación y seguir garantizando la mejor aplicación de las normas básicas comunes de seguridad aérea.

(4)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1998 en consecuencia.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité creado en virtud del artículo 19 del Reglamento (CE) n.o 300/2008.

(1)

La Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes de las Naciones Unidas en su versión enmendada por el Protocolo de 1972 (en lo sucesivo, «Convención sobre Estupefacientes») entró en vigor el 8 de agosto de 1975.

(2)

Con arreglo al artículo 3 de la Convención sobre Estupefacientes, la Comisión de Estupefacientes puede decidir que se incluyan sustancias en las listas de dicha Convención. Aunque solo puede modificar las listas de conformidad con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), también puede decidir no introducir las modificaciones recomendadas por la OMS.

(3)

El Convenio de las Naciones Unidas sobre Sustancias Sicotrópicas de 1971 (en lo sucesivo, «Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas») entró en vigor el 16 de agosto de 1976.

(4)

De conformidad con el artículo 2 del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, la Comisión de Estupefacientes puede decidir que se incluyan sustancias en las listas de dicho Convenio o que se eliminen de ellas, siguiendo las recomendaciones de la OMS. Si bien dispone de una amplia facultad de apreciación para tener en cuenta los factores económicos, sociales, jurídicos, administrativos y de otra índole, no puede actuar de manera arbitraria.

(5)

Los cambios en las listas de la Convención sobre Estupefacientes y en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas tienen repercusiones directas en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión en materia de control de drogas. La Decisión Marco 2004/757/JAI del Consejo (1) es aplicable a las sustancias incluidas en las listas de la Convención sobre Estupefacientes y del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas. Por ende, todo cambio en las listas anexas a la Convención sobre Estupefacientes y al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas se incorpora directamente a las normas comunes de la Unión.

(6)

Durante su 66.° período de sesiones programado para los días 13 a 17 de marzo de 2023 en Viena, la Comisión de Estupefacientes ha de decidir sobre la inclusión de siete nuevas sustancias en las listas de la Convención sobre Estupefacientes y del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas.

(7)

La Unión no es Parte en la Convención sobre Estupefacientes ni en el Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas. Tiene la condición de observador sin derecho a voto en la Comisión de Estupefacientes, de la que doce Estados miembros son miembros con derecho a voto en marzo de 2023 (2). Es necesario que el Consejo autorice a dichos Estados miembros a expresar la posición de la Unión sobre la inclusión de sustancias en las listas anexas a la Convención sobre Estupefacientes y al Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas, dado que tales decisiones entran en el ámbito de competencia de la Unión.

(8)

La OMS ha recomendado la inclusión de cuatro nuevas sustancias en la lista I de la Convención sobre Estupefacientes y la inclusión de tres nuevas sustancias en la lista II del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas.

(9)

Todas las sustancias examinadas por el Comité de Expertos en Farmacodependencia de la OMS (en lo sucesivo, «Comité de Expertos») y cuya inclusión en las listas recomienda la OMS son objeto de vigilancia por el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) como nuevas sustancias sicotrópicas con arreglo a lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.o 1920/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(10)

Según la evaluación del Comité de Expertos, la ADB-BUTINACA (denominación UIQPA: N-[1-(aminocarbonil)-2,2-dimetilpropil]-1-butil-1H-indazol-3-carboxamida) es un cannabinoide sintético derivado del indazol. El enantiómero S es el compuesto activo (n.o CAS: 2682867-55-4). La ADB-BUTINACA no tiene ningún uso terapéutico ni ha recibido ninguna autorización de comercialización como medicamento. Existen pruebas suficientes de que la ADB-BUTINACA está siendo objeto de un uso indebido o puede serlo y de que puede convertirse en un problema social y de salud pública, lo que justifica que esta sustancia sea sometida a medidas de fiscalización internacional. Por ello, la OMS recomienda que la ADB-BUTINACA sea incluida en la lista II del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas.

(11)

La ADB-BUTINACA se ha detectado en veintiséis Estados miembros y está sometida a medidas de fiscalización en al menos cinco Estados miembros. La ADB-BUTINACA es objeto de una vigilancia intensiva por parte del OEDT. Ha sido objeto de una alerta sanitaria pública emitida por el Sistema de Alerta Precoz y Respuesta de la Unión Europea (SAPR). La ADB-BUTINACA también se menciona en otras dos alertas relacionadas con la salud pública. Se ha asociado a efectos nocivos graves, incluidas catorce muertes notificadas por dos Estados miembros.

(12)

Por consiguiente, la posición de la Unión debe ser incluir la ADB-BUTINACA en la lista II del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas.

(13)

Según la evaluación del Comité de Expertos, el protonitazeno (denominación UIQPA: N,N-dietil-5-nitro-2-[(4-propoxifenil)metil]-1-H-bencimidazol-1-etanamina) es un opioide de bencimidazol. El protonitazeno se sintetizó por primera vez como alternativa a la morfina, pero no existe un uso terapéutico autorizado del protonitazeno. Existen pruebas suficientes de que el protonitazeno está siendo objeto de un uso indebido o puede serlo y de que puede convertirse en un problema social y de salud pública, lo que justifica que esta sustancia sea sometida a medidas de fiscalización internacional. Por ello, la OMS recomienda que el protonitazeno sea incluido en la lista I de la Convención sobre Estupefacientes.

(14)

El protonitazeno se ha detectado en dos Estados miembros y está sometido a medidas de fiscalización en al menos tres Estados miembros. El protonitazeno es objeto de una vigilancia intensiva por parte del OEDT. No se ha comunicado al OEDT ninguna información sobre efectos nocivos graves causados por el protonitazeno.

(15)

Por consiguiente, la posición de la Unión debe ser incluir el protonitazeno en la lista I de la Convención sobre Estupefacientes.

(16)

Según la evaluación del Comité de Expertos, el etazeno (nombre IUPAC: 2-[(4-etoxifenil)metil]-N,N-dietil-1H-bencimidazol-1-etanamina) es un opioide sintético derivado del bencimidazol con una estructura química y farmacológica similar a la de las drogas clasificadas en la lista I (con arreglo a la Convención sobre Estupefacientes), como el clonitazeno, el etonitazeno y el isotonitazeno. El etazeno se estudió por sus propiedades analgésicas, pero no se le conoce ningún uso médico. Existen pruebas suficientes de que el etazeno está siendo objeto de un uso indebido o puede serlo y de que puede convertirse en un problema social y de salud pública, lo que justifica que esta sustancia sea sometida a medidas de fiscalización internacional. Por ello, la OMS recomienda que el etazeno sea incluido en la lista I de la Convención sobre Estupefacientes.

(17)

El etazeno se ha detectado en ocho Estados miembros y está sometido a medidas de fiscalización en al menos cinco Estados miembros. El etazeno es objeto de una vigilancia intensiva por parte del OEDT. Se ha asociado a efectos nocivos graves, incluidas cuatro muertes notificadas por dos Estados miembros.

(18)

Por consiguiente, la posición de la Unión debe ser incluir el etazeno en la lista I de la Convención sobre Estupefacientes.

(19)

Según la evaluación del Comité de Expertos, el etonitazepino (nombre IUPAC: 2-[(4-etoxifenil)metil]-5-nitro-1-(2-pirrolidina-1-iletil)-1H-benzoimidazol) es un opioide sintético derivado del bencimidazol con una estructura química y farmacológica similar a la de las drogas clasificadas en la lista I (con arreglo a la Convención sobre Estupefacientes), como el etonitazeno. El etonitazepino se estudió por sus propiedades analgésicas, pero no se conoce ningún uso médico del mismo. Existen pruebas suficientes de que el etonitazepino está siendo objeto de un uso indebido o puede serlo y de que puede convertirse en un problema social y de salud pública, lo que justifica que esta sustancia sea sometida a medidas de fiscalización internacional. Por ello, la OMS recomienda que el etonitazepino sea incluido en la lista I de la Convención sobre Estupefacientes.

(20)

El etonitazepino se ha detectado en seis Estados miembros y está sometido a medidas de fiscalización en al menos dos Estados miembros. Al igual que otros opioides nuevos, el etonitazepino puede venderse en sustitución de opioides controlados y ha sido objeto de una alerta sanitaria pública emitida por el SAPR. El etonitazepino es objeto de una vigilancia intensiva por parte del OEDT. Un país ha notificado una muerte con exposición confirmada al etonitazepino.

(21)

Por consiguiente, la posición de la Unión debe ser incluir el etonitazepino en la lista I de la Convención sobre Estupefacientes.

(22)

Según la evaluación del Comité de Expertos, el 2-metil-AP-237 (nombre IUPAC: 1-{2-metil-4-[(2E)-3-fenilpropano-2-en-1-il]piperazina-1-il}butan-1-ona) es un opioide sintético que suele clasificarse como 1-cinamilpiperazina. No se conoce ningún uso terapéutico del 2-metil-AP-237 ni ha recibido ninguna autorización de comercialización como medicamento. Existen pruebas suficientes de que el 2-metil-AP-237 está siendo objeto de un uso indebido o puede serlo y de que puede convertirse en un problema social y de salud pública, lo que justifica que esta sustancia sea sometida a medidas de fiscalización internacional. Por ello, la OMS recomienda que el 2-metil-AP-237 sea incluido en la lista I de la Convención sobre Estupefacientes.

(23)

El 2-metil-AP-237 se ha detectado en seis Estados miembros y está sometido a medidas de fiscalización en al menos cuatro Estados miembros. Se ha asociado a efectos nocivos graves, entre ellos una muerte.

(24)

Por consiguiente, la posición de la Unión debe ser incluir el 2-metil-AP-237 en la lista I de la Convención sobre Estupefacientes.

(25)

Según la evaluación del Comité de Expertos, la alfa-PiHP, α-PiHP (nombre IUPAC: 4-metil-1-fenil-2-(pirrolidina-1-il)pentan-1-ona) es una catinona sintética. No se conoce ningún uso terapéutico de la alfa-PiHP, ni ha recibido ninguna autorización de comercialización como medicamento. Existen pruebas suficientes de que la alfa-PiHP está siendo objeto de un uso indebido o puede serlo y de que puede convertirse en un problema social y de salud pública, lo que justifica que esta sustancia sea sometida a medidas de fiscalización internacional. Por ello, la OMS recomienda que la alfa-PiHP sea incluida en la lista II del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas.

(26)

La alfa-PiHP se ha detectado en dieciocho Estados miembros y está sometida a medidas de fiscalización en al menos siete Estados miembros. La alfa-PiHP ha sido mencionada en una alerta sanitaria pública emitida por el SAPR. Se ha asociado a efectos nocivos graves, entre ellos cuatro muertes, comunicadas por un Estado miembro, y se ha detectado en muestras biológicas relacionadas con efectos nocivos graves comunicados por cuatro Estados miembros.

(27)

Por consiguiente, la posición de la Unión debe ser incluir la alfa-PiHP en la lista II del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas.

(28)

Según la evaluación del Comité de Expertos, la 3-metilmetcatinona, 3-MMC (nombre IUPAC: 2-(metilamino)-1-(3-metilfenil)propan-1-ona) es una catinona sintética y un isómero de posición de la 4-metilmetcatinona, sometida a medidas de fiscalización internacional (4-MMC, mefedrona, lista II del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas). La 3-MMC fue objeto de una revisión crítica en 2016, pero se decidió solicitar otra revisión crítica, que se estudiará en una reunión posterior, en espera de que se disponga de más información. Se encontraron algunas solicitudes de patentes, incluido el uso de la 3-MMC, pero no se identificaron ensayos clínicos actuales sobre el uso terapéutico de la 3-MMC. La 3-MMC no tiene ningún uso médico ni veterinario reconocido en la Unión.

(29)

Los riesgos de la 3-MMC han sido evaluados por el Comité científico del OEDT y la 3-MMC ya ha sido incluida en la definición de «droga» en virtud de la Decisión Marco 2004/757/JAI mediante la Directiva Delegada (UE) 2022/1326 de la Comisión (4). La 3-MMC es objeto de una vigilancia intensiva por parte del OEDT. En el momento de la evaluación del riesgo, en noviembre de 2021, la 3-MMC se había detectado en veintitrés Estados miembros. Cinco Estados miembros han comunicado un total de veintisiete muertes por exposición confirmada a la 3-MMC y cuatro también han comunicado catorce envenenamientos agudos no mortales por exposición confirmada a la 3-MMC.

(30)

Por consiguiente, la posición de la Unión debe ser incluir la 3-MMC en la lista II del Convenio sobre Sustancias Sicotrópicas.

(31)

Procede determinar la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión en la Comisión de Estupefacientes, dado que las decisiones sobre la inclusión en las listas de las siete sustancias influirán directamente en el contenido del Derecho de la Unión, a saber, la Decisión Marco 2004/757/JAI.

(32)

La posición de la Unión debe ser expresada por los Estados miembros que participan en la Comisión de Estupefacientes en calidad de miembros, actuando conjuntamente.

(33)

Dinamarca está vinculada por la Decisión Marco 2004/757/JAI y participa, por lo tanto, en la adopción y aplicación de la presente Decisión.

(34)

Irlanda está vinculada por la Decisión Marco 2004/757/JAI y participa, por lo tanto, en la adopción y aplicación de la presente Decisión.

(1)

El Convenio sobre Aviación Civil Internacional (en lo sucesivo, «Convenio de Chicago»), que regula el transporte aéreo internacional, entró en vigor el 4 de abril de 1947. Mediante dicho Convenio se creó la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

(2)

Los Estados miembros de la Unión son Estados contratantes del Convenio de Chicago y miembros de la OACI, mientras que la Unión tiene categoría de observadora en determinados órganos de la OACI. Seis Estados miembros están actualmente representados en el Consejo de la OACI.

(3)

De conformidad con el artículo 54 del Convenio de Chicago, el Consejo de la OACI puede adoptar normas y métodos recomendados internacionales, y designarlos como anexos del Convenio de Chicago.

(4)

El Consejo de la OACI, en el transcurso de su 228.o período de sesiones, debe adoptar la enmienda 93 del anexo 10, volumen I, del Convenio de Chicago.

(5)

El objetivo principal de la enmienda 93 del anexo 10, volumen I, del Convenio de Chicago es apoyar la implantación del Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GNSS) de constelaciones múltiples de frecuencia doble (DFMC) añadiendo disposiciones relativas a frecuencias adicionales de funcionamiento para el Sistema de Posicionamiento Global (GPS), el Sistema Mundial de Navegación por Satélite (GLONASS) y el Sistema de Aumentación Basado en Satélites (SBAS) y estableciendo disposiciones para el nuevo Sistema de Navegación por Satélite BeiDou (BDS) y el sistema Galileo. También tiene por objeto apoyar la mitigación del gradiente ionosférico para el Sistema de Aumentación Basado en Tierra (GBAS).

(6)

Procede establecer la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión en el Consejo de la OACI, dado que la enmienda 93 del anexo 10, volumen I, del Convenio de Chicago será vinculante con arreglo al Derecho internacional y puede influir de manera decisiva en el contenido del Derecho de la Unión, a saber, el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/373 de la Comisión (1).

(7)

La posición que debe adoptarse en nombre de la Unión en el 228.o período de sesiones del Consejo de la OACI, o en cualquier período de sesiones posterior, con respecto a la adopción de la enmienda 93 del anexo 10, volumen I, del Convenio de Chicago, tal como se indica en la comunicación a los Estados 2021/41, debe ser la de apoyar y cumplir dichas enmiendas en su totalidad. Esta posición debe ser expresada por los Estados miembros de la Unión que sean miembros del Consejo de la OACI, actuando conjuntamente en interés de la Unión.

(8)

Una vez adoptada y efectiva, la enmienda 93 del anexo 10, volumen I, del Convenio de Chicago será vinculante para todos los Estados miembros de la OACI, entre los que figuran todos los Estados miembros de la Unión, de conformidad con el Convenio de Chicago y dentro de los límites que este establece.

(9)

De conformidad con el artículo 38 del Convenio de Chicago, cualquier Estado que considere impracticable cumplir, en todos sus aspectos, con cualesquiera de las normas o procedimientos internacionales adoptados por la OACI, o concordar totalmente sus reglamentaciones o métodos con alguna norma o procedimiento internacionales, o que considere necesario adoptar reglamentaciones o métodos que difieran en cualquier aspecto particular de lo establecido por una norma internacional, debe notificar inmediatamente a la OACI las diferencias entre sus propios métodos y lo establecido por la norma internacional.

(10)

De conformidad con el artículo 90 del Convenio de Chicago, todo anexo o enmienda de uno de ellos adoptado por el Consejo de la OACI surte efecto a los tres meses de ser transmitido a los Estados contratantes de la OACI o a la expiración de un período mayor que prescriba el Consejo de la OACI, a menos que en el ínterin la mayoría de los Estados contratantes de la OACI registren su desaprobación con el Consejo de la OACI.

(11)

La posición que debe adoptarse en nombre de la Unión tras la adopción de la enmienda 93 del anexo 10, volumen I, del Convenio de Chicago por el Consejo de la OACI, que será anunciada por el secretario general de la OACI mediante el procedimiento de comunicación a los Estados de la OACI, debe ser la de no registrar ninguna oposición y notificar su conformidad, siempre que dichas enmiendas se adopten sin cambios sustanciales. En caso de que el Derecho de la Unión se desvíe de las normas y métodos recomendados recientemente adoptados tras la fecha prevista de su aplicación, debe notificarse a la OACI cualquier diferencia con esas normas y métodos recomendados concretos. La posición que debe adoptarse en nombre de la Unión con respecto a esa diferencia debe basarse en un documento escrito presentado por la Comisión al Consejo para su debate y aprobación. Esta posición debe ser expresada por todos los Estados miembros de la Unión, actuando conjuntamente en interés de la Unión.

(12)

El Consejo de la OACI, en su 228.o período de sesiones, también debe aprobar una enmienda a las Instrucciones técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea (documento 9284 de la OACI) para permitir dispositivos de trazabilidad activos alimentados por pequeñas baterías de litio en el equipaje facturado. El asunto entra en el ámbito de aplicación del anexo 18 del Convenio de Chicago, Transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea.

(13)

La enmienda permitiría a los pasajeros y a la tripulación llevar en su equipaje facturado dispositivos de trazabilidad activos alimentados por pequeñas baterías de litio, algo que el documento 9284 de la OACI prohíbe debido al requisito de mantener apagados los dispositivos que contengan pilas o baterías de litio en el equipaje facturado.

(14)

Procede establecer la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión en el seno del Consejo de la OACI, ya que los cambios propuestos en el documento 9284 de la OACI tendrían un impacto directo en las normas para el transporte de mercancías peligrosas del Reglamento (UE) n.o 965/2012 de la Comisión (2), que hacen referencia expresa a dicho documento de la OACI, por lo que pueden influir de manera determinante en el contenido del Derecho de la Unión.

(15)

La posición que debe adoptarse en nombre de la Unión durante el 228.o período de sesiones del Consejo de la OACI o cualquier período de sesiones posterior con respecto a la aprobación de la enmienda al documento 9284 de la OACI debe tener como objeto apoyar dicha enmienda. Esta posición debe ser expresada por los Estados miembros de la Unión que sean miembros del Consejo de la OACI, actuando conjuntamente en interés de la Unión.

(1)

El Convenio sobre Aviación Civil Internacional (en lo sucesivo, «Convenio de Chicago»), que regula el transporte aéreo internacional, entró en vigor el 4 de abril de 1947. Mediante dicho Convenio se creó la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

(2)

Todos los Estados miembros son Estados contratantes del Convenio de Chicago y miembros de la OACI, mientras que la Unión tiene estatus de observadora en determinados órganos de la OACI.

(3)

En virtud del artículo 54 del Convenio de Chicago, el Consejo de la OACI puede adoptar normas y métodos recomendados internacionales.

(4)

El Consejo de la OACI ha adoptado las normas y métodos recomendados sobre protección del medio ambiente como anexo 16 del Convenio de Chicago, en los volúmenes I a IV.

(5)

En el transcurso de su 228.° período de sesiones, que se celebrará del 13 al 31 de marzo de 2023, el Consejo de la OACI debe adoptar varias enmiendas al anexo 16, volúmenes I a III, del Convenio de Chicago.

(6)

Procede establecer la posición que debe adoptarse en nombre de la Unión en el Consejo de la OACI, ya que las enmiendas propuestas tienen efectos jurídicos, habida cuenta de que son vinculantes en virtud del Derecho internacional y de que pueden influir de forma decisiva en el contenido del Derecho de la Unión, específicamente del Reglamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo y del Consejo (1) y del Reglamento (UE) n.o 748/2012 de la Comisión (2).

(7)

La posición que debe adoptarse en nombre de la Unión debe ser la de apoyar las enmiendas a los volúmenes I a III.

(8)

La posición que debe adoptarse en nombre de la Unión debe ser expresada por los Estados miembros de la Unión que forman parte del Consejo de la OACI, actuando conjuntamente en interés de la Unión.

(9)

La posición que debe adoptarse en nombre de la Unión después de que el Consejo de la OACI adopte las enmiendas al anexo 16, volúmenes I a III, del Convenio de Chicago, que ha de ser anunciada por el secretario general de la OACI mediante un procedimiento de carta de Estado de la OACI, debe ser la de no registrar su desaprobación y la de notificar su conformidad con estas medidas. En caso de que el Derecho de la Unión se desvíe de las normas y métodos recomendados recientemente adoptados tras la fecha prevista de su aplicación, cualquier diferencia con esas normas y métodos recomendados concretos debe notificarse a la OACI.

(1)

De conformidad con el artículo 4 ter, apartado 2, del Reglamento (CE) n.o 138/2004, el Reino de España, la República Italiana, la República de Polonia y la República de Eslovenia han presentado solicitudes de excepción a más tardar el 21 de agosto de 2022.

(2)

La información que estos Estados miembros han proporcionado a la Comisión indica que las solicitudes del Reino de España, la República Italiana, la República de Polonia y la República de Eslovenia se justifican por la necesidad de introducir adaptaciones importantes en sus sistemas estadísticos nacionales por lo que respecta a la aplicación del programa para la transmisión de los datos de las cuentas económicas de la agricultura regionales (CEAR) establecido en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 138/2004.

(3)

Por tanto, conviene conceder las excepciones solicitadas al Reino de España, la República Italiana, la República de Polonia y la República de Eslovenia.

(4)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité del Sistema Estadístico Europeo (2).