1.   El presente Reglamento tiene como objetivo contribuir al buen funcionamiento del mercado interior mediante el establecimiento de un marco armonizado para hacer frente a las distorsiones causadas, directa o indirectamente, por subvenciones extranjeras, con vistas a garantizar la igualdad de condiciones de competencia. El presente Reglamento establece las normas y los procedimientos para investigar las subvenciones extranjeras que distorsionan el mercado interior y para corregir tales distorsiones. Estas últimas pueden producirse respecto de cualquier actividad económica, y en particular en el marco de las concentraciones y los procedimientos de contratación pública.

2.   El presente Reglamento se aplica a las subvenciones extranjeras concedidas a las empresas que ejercen una actividad económica en el mercado interior, incluidas las empresas públicas controladas directa o indirectamente por el Estado. Se considerará que ejercen una actividad económica en el mercado interior, entre otras, las empresas que adquieran el control de una empresa establecida en la Unión o se fusionen con una empresa establecida en la Unión o que participen en un procedimiento de contratación pública en la Unión.

1.   A efectos del presente Reglamento, se considerará que existe una subvención extranjera cuando un tercer país aporte, directa o indirectamente, una contribución financiera que confiera una ventaja a una empresa que ejerza una actividad económica en el mercado interior y que esté limitada, de jure o de facto, a una o varias empresas o sectores.

2.   A efectos del presente Reglamento, una contribución financiera incluirá, entre otras cosas:

Una contribución financiera aportada por un tercer país incluirá una contribución financiera aportada por:

1.   Se considerará que existe una distorsión en el mercado interior cuando una subvención extranjera tenga por efecto probable la mejora de la posición competitiva de una empresa en el mercado interior y cuando, como consecuencia de ello, dicha subvención extranjera se vea perjudicada o pueda verse perjudicada la competencia en dicho mercado. Una distorsión en el mercado interior se determinará sobre la base de diversos indicadores, que podrán incluir, en particular, los siguientes:

2.   Cuando el importe total de una subvención extranjera a una empresa no exceda de 4 000 000 EUR durante cualquier período consecutivo de tres ejercicios, se considerará poco probable que dicha subvención extranjera distorsione el mercado interior.

3.   Cuando el importe total de una subvención extranjera a una empresa no exceda del importe de ayuda de minimis tal y como se define en el artículo 3, apartado 2, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.o 1407/2013 por tercer país en cualquier período de tres ejercicios consecutivos, no se considerará que dicha subvención extranjera distorsiona el mercado interior.

4.   Podrá considerarse que no distorsionan el mercado interior las subvenciones extranjeras que estén destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional.

1.   Será muy probable que las subvenciones extranjeras distorsionen el mercado interior cuando pertenezcan a una de las categorías siguientes:

2.   Se dará a toda empresa investigada la posibilidad de facilitar información pertinente en cuanto a si una subvención extranjera que corresponda a una de las categorías establecidas en el apartado 1 distorsiona o no el mercado interior en las circunstancias concretas del caso.

1.   Sobre la base de la información recibida, la Comisión podrá sopesar los efectos negativos de una subvención extranjera en términos de distorsión en el mercado interior, de conformidad con los artículos 4 y 5, frente a los efectos positivos en el desarrollo de la actividad económica subvencionada pertinente en el mercado interior, teniendo en cuenta al mismo tiempo otros efectos positivos de la subvención extranjera tales como los efectos positivos más generales en relación con los objetivos estratégicos pertinentes, en particular los de la Unión.

2.   La Comisión tendrá en cuenta la valoración con arreglo al apartado 1 a la hora de decidir si impone medidas correctoras o acepta compromisos y de determinar la naturaleza y el nivel de dichas medidas correctoras o compromisos.

1.   La Comisión podrá imponer medidas correctoras a fin de subsanar la distorsión en el mercado interior que cause o pueda causar una subvención extranjera, salvo que haya aceptado los compromisos ofrecidos por la empresa investigada con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2.

2.   La Comisión podrá aceptar los compromisos ofrecidos por la empresa investigada cuando estos subsanen de manera plena y efectiva la distorsión en el mercado interior. Cuando acepte tales compromisos, la Comisión los convertirá en vinculantes para la investigada mediante una decisión con compromisos con arreglo al artículo 11, apartado 3. Cuando proceda, se llevará a cabo un seguimiento del cumplimiento por parte de la empresa de los compromisos convenidos.

3.   Los compromisos o las medidas correctoras serán proporcionados y subsanarán de forma plena y efectiva la distorsión real o potencial causada por la subvención extranjera en el mercado interior.

4.   Las medidas correctoras o los compromisos podrán adoptar, entre otras, las siguientes formas:

5.   La Comisión impondrá, cuando proceda, requisitos de información y transparencia, incluida la presentación periódica de información sobre la aplicación de las medidas correctoras y los compromisos enumerados en el apartado 4.

6.   Cuando la empresa investigada proponga el reembolso de la subvención extranjera, con inclusión de los intereses al tipo oportuno, la Comisión aceptará dicho reembolso como compromiso únicamente cuando pueda asegurarse de que es transparente, verificable y efectivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo el riesgo de elusión.

1.   La Comisión podrá examinar por iniciativa propia la información, cualquiera que sea su fuente, incluidos los Estados miembros, cualquier persona física o jurídica o asociación, relativa a presuntas subvenciones extranjeras que distorsionen el mercado interior.

2.   El examen de oficio de los procedimientos de contratación pública se limitará a los contratos adjudicados.

Dicho examen no dará lugar a la anulación de la decisión de adjudicación del contrato ni a la resolución del contrato.

1.   Cuando la Comisión considere que la información a que se refiere el artículo 9 indica la posibilidad de que exista una subvención extranjera que distorsione el mercado interior, recabará toda la información que considere necesaria para evaluar, con carácter preliminar, si la contribución financiera examinada constituye una subvención extranjera y si distorsiona el mercado interior. A tal fin, la Comisión podrá, en particular:

2.   Cuando un Estado miembro haya informado a la Comisión de que está previsto o se ha iniciado un procedimiento nacional pertinente, la Comisión informará a ese Estado miembro del inicio del examen preliminar. En particular, la Comisión informará a los Estados miembros que le hayan notificado acerca de un procedimiento nacional con arreglo al Reglamento (UE) 2019/452. Cuando el examen preliminar se inicie en relación con un procedimiento de contratación pública, la Comisión también informará al poder adjudicador o a la entidad adjudicadora de que se trate.

3.   Cuando, basándose en el examen preliminar, la Comisión tenga indicios suficientes de que una empresa ha obtenido una subvención extranjera que distorsiona el mercado interior, deberá:

4.   Cuando, durante un examen preliminar, la Comisión llegue a la conclusión de que hay indicios insuficientes para iniciar una investigación exhaustiva, bien porque no existe subvención extranjera, bien porque no hay indicios de una distorsión efectiva o potencial en el mercado interior, concluirá el examen preliminar e informará de ello a la empresa investigada y a los Estados miembros que hayan sido informados en virtud del apartado 2, así como al poder adjudicador o a la entidad adjudicadora de que se trate cuando el examen preliminar se iniciase en relación con un procedimiento de contratación pública.

1.   Durante la investigación exhaustiva, la Comisión evaluará con mayor detenimiento la subvención extranjera indicada en la decisión de iniciar la investigación exhaustiva, y recabará toda la información que considere necesaria de conformidad con los artículos 13, 14 y 15.

2.   Cuando la Comisión compruebe, en virtud de los artículos 4 a 6, que una subvención extranjera distorsiona el mercado interior, podrá adoptar un acto de ejecución en forma de decisión por la que se impongan medidas correctoras (en lo sucesivo, «decisión con medidas correctoras»). Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

3.   Cuando la Comisión, en virtud de los artículos 4 a 6, compruebe que una subvención extranjera distorsiona el mercado interior y la empresa investigada ofrezca compromisos que la Comisión considere adecuados y suficientes para subsanar la distorsión de forma plena y efectiva, podrá convertir esos compromisos en vinculantes para la empresa mediante la adopción de un acto de ejecución en forma de decisión (en lo sucesivo, «decisión con compromisos»). Toda decisión por la que se acepte el reembolso de una subvención extranjera de conformidad con el artículo 7, apartado 6, se considerará una decisión con compromisos. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

4.   La Comisión adoptará un acto de ejecución en forma de decisión de no formular objeciones (en lo sucesivo, «decisión de no formular objeciones») cuando compruebe que:

Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

5.   En la medida de lo posible, la Comisión procurará adoptar una decisión en un plazo de dieciocho meses a partir del inicio de la investigación exhaustiva.

1.   Para preservar la competencia en el mercado interior y evitar perjuicios irreparables, la Comisión podrá adoptar un acto de ejecución en forma de decisión por la que se ordenen medidas cautelares:

Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

2.   Las medidas cautelares podrán consistir en particular, pero no exclusivamente, en las medidas mencionadas en el artículo 7, apartado 4, letras a), c) y d). No podrán adoptarse medidas cautelares respecto a procedimientos de contratación pública.

3.   Las medidas cautelares se aplicarán bien durante un período de tiempo determinado, que podrá renovarse en la medida en que sea necesario y apropiado, o hasta que se adopte la decisión definitiva.

1.   Para llevar a cabo las funciones que le asigna el presente Reglamento, la Comisión podrá exigir información de conformidad con el presente artículo.

2.   La Comisión podrá solicitar a la empresa investigada que le facilite toda la información necesaria, incluida información relativa a su oferta en el marco de un procedimiento de contratación pública.

3.   La Comisión podrá solicitar asimismo dicha información a otras empresas o asociaciones de empresas, incluida información relativa a sus ofertas en el marco de un procedimiento de contratación pública, teniendo en cuenta debidamente el principio de proporcionalidad.

4.   Toda solicitud de información en virtud de los apartados 2 o 3:

5.   A petición de la Comisión, los Estados miembros le facilitarán toda la información necesaria para permitirle desempeñar las funciones que le asigna el presente Reglamento. El apartado 4, letra a), se aplicará mutatis mutandis.

6.   La Comisión podrá pedir asimismo a un tercer país que facilite toda la información necesaria. El apartado 4, letras a) y c), se aplicará mutatis mutandis.

7.   La Comisión podrá entrevistar a cualquier persona física o jurídica que acepte ser entrevistada a fin de recabar información relacionada con el objeto de una investigación. Cuando la entrevista no se realice en los locales de la Comisión o por teléfono u otro medio electrónico, antes de la entrevista, la Comisión:

1.   Para llevar a cabo las funciones que le asigna el presente Reglamento, la Comisión podrá efectuar las inspecciones necesarias en empresas y asociaciones de empresas.

2.   Cuando la Comisión emprenda tales inspecciones, los funcionarios a los que habilite para llevarla cabo estarán facultados para:

3.   La empresa o la asociación de empresas se someterán a las inspecciones ordenadas mediante decisión de la Comisión. Los funcionarios y demás acompañantes habilitados por la Comisión para llevar a cabo una inspección ejercerán sus facultades previa presentación de una decisión de la Comisión:

4.   La Comisión informará al Estado miembro en cuyo territorio vaya a efectuarse la inspección de la realización de esta y de la fecha en que dará comienzo con suficiente antelación respecto de la inspección.

5.   Los funcionarios y demás personas habilitados o designados por el Estado miembro en cuyo territorio vaya a efectuarse la inspección deberán prestar asistencia activa, a instancias de dicho Estado miembro o de la Comisión, a los funcionarios y demás acompañantes habilitados por esta. A tal fin, gozarán de las facultades especificadas en el apartado 2.

6.   Cuando los funcionarios y demás acompañantes habilitados por la Comisión comprueben que una empresa o asociación de empresas se opone a una inspección en el sentido del presente artículo, el Estado miembro en cuyo territorio se efectúe la inspección les prestará la asistencia necesaria y solicitará, cuando proceda, la intervención de la policía o de una fuerza pública equivalente, para permitirles llevarla a cabo. Si, conforme a la normativa nacional, la asistencia prevista en el presente apartado requiere una autorización judicial, se solicitará tal autorización. Dicha autorización también podrá ser solicitada como medida preventiva.

7.   Todo Estado miembro deberá llevar a cabo en su propio territorio cualquier inspección u otra medida de investigación solicitada por la Comisión y prevista en su legislación nacional con el fin de determinar si existe una subvención extranjera que distorsione el mercado interior.

1.   La Comisión podrá adoptar una decisión en virtud del artículo 10, al artículo 11, al artículo 25, apartado 3, letra c), o al artículo 31, apartado 2, basándose en los datos disponibles, si una empresa investigada o un tercer país que haya concedido una subvención extranjera:

2.   Cuando una empresa o asociación de empresas, un Estado miembro o el tercer país afectado haya facilitado información incorrecta o engañosa a la Comisión, dicha información no se tendrá en cuenta.

3.   Cuando una empresa, incluida una empresa pública controlada directa o indirectamente por el Estado, no facilite la información necesaria para determinar si una contribución financiera le confiere una ventaja, podrá considerarse que la empresa ha obtenido dicha ventaja.

4.   Cuando haya que recurrir a los datos disponibles, el resultado del procedimiento podrá ser menos favorable para la empresa que si esta hubiera cooperado.

1.   La Comisión podrá imponer, mediante decisión, multas o multas coercitivas cuando una empresa o asociación de empresas, deliberadamente o por negligencia:

2.   Las multas impuestas con arreglo al apartado 1 no superarán el 1 % del volumen de negocios total de la empresa o asociación de empresas afectada durante el ejercicio financiero anterior.

3.   Las multas coercitivas impuestas con arreglo al apartado 1 no superarán el 5 % del volumen de negocios diario medio total de la empresa o asociación de empresas afectada durante el ejercicio financiero anterior por cada día laborable de demora, calculado a partir de la fecha establecida en la decisión, hasta que la empresa o asociación de empresas presente información completa y correcta, conforme a lo solicitado por la Comisión, o hasta que se someta a una inspección.

4.   Antes de adoptar una decisión de conformidad con el apartado 1, letra a), la Comisión fijará un plazo definitivo de dos semanas para recibir de la empresa o asociación de empresas la información omitida.

5.   Cuando una empresa no cumpla una decisión con compromisos de conformidad con el artículo 11, apartado 3, una decisión por la que se ordenen medidas cautelares de conformidad con el artículo 12 o una decisión con medidas correctoras en virtud del artículo 11 apartado 2, la Comisión podrá imponer, mediante decisión:

La Comisión también podrá imponer dichas multas o multas coercitivas cuando la empresa no cumpla una decisión adoptada en virtud de los artículos 11, 25 o 31 que la obligue a informar a la Comisión de su futura participación en concentraciones o procedimientos de contratación pública en virtud del artículo 8.

6.   Al fijar el importe de la multa o de la multa coercitiva, la Comisión tomará en consideración la naturaleza, gravedad y duración de la infracción, teniendo debidamente en cuenta los principios de proporcionalidad e idoneidad.

7.   Cuando la empresa o asociación de empresas afectada haya cumplido la obligación para cuya ejecución se impuso la multa coercitiva, la Comisión podrá fijar el importe definitivo de esta en una cifra inferior a la que resulte de la decisión inicial por la que se fijaron dichas multas.

1.   La Comisión podrá revocar una decisión adoptada en virtud del artículo 11, apartados 2, 3 o 4, el artículo 25, apartado 3, y el artículo 31, apartados 1, 2 o 3, y adoptar un nuevo acto de ejecución en forma de decisión en cualquiera de los casos siguientes cuando:

Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

2.   La revocación y la adopción de una nueva decisión por parte de la Comisión con arreglo al apartado 1 no afectará a la decisión del poder adjudicador o de la entidad adjudicadora por la que se adjudique un contrato. Tampoco afectarán a un contrato ya celebrado a raíz de dicha decisión de adjudicación.

1.   A efectos del presente Reglamento, se entenderá que se produce una concentración cuando tenga lugar un cambio duradero del control como consecuencia de cualquiera de las siguientes circunstancias:

2.   La creación de una empresa en participación que desempeñe de forma permanente todas las funciones de una entidad económica autónoma constituirá una concentración en el sentido del apartado 1.

3.   A efectos del presente Reglamento, se entenderá que se produce una «concentración sujeta a notificación» cuando, en una concentración:

4.   Se entenderá que no se produce una concentración cuando:

La Comisión podrá prorrogar el plazo de un año a que se refiere el párrafo primero, letra a), previa solicitud cuando las entidades o sociedades afectadas justifiquen que no ha sido razonablemente posible proceder a la enajenación en el plazo establecido;

5.   El control resultará de los derechos, contratos u otros medios que, por sí mismos o en conjunto, y teniendo en cuenta las circunstancias de jure y de facto, confieran la posibilidad de ejercer una influencia decisiva sobre una empresa, en particular mediante:

6.   Se entenderá que han adquirido el control las personas o empresas que:

1.   Las concentraciones sujetas a notificación se comunicarán a la Comisión antes de su ejecución y tras la celebración del acuerdo, el anuncio de la oferta pública de adquisición o la adquisición de una participación de control.

2.   Las empresas afectadas también podrán notificar la concentración propuesta cuando demuestren a la Comisión su intención de buena fe de concluir un acuerdo, o, en el caso de una oferta pública de adquisición, cuando hayan anunciado públicamente su intención de presentar tal oferta, siempre que el acuerdo o la oferta previstos den lugar a una concentración sujeta a notificación con arreglo al apartado 1.

3.   Las concentraciones que consistan en una fusión en el sentido del artículo 20, apartado 1, letra a), o en la adquisición de un control conjunto en el sentido del artículo 20, apartado 1, letra b), deberán ser notificadas conjuntamente por las partes intervinientes en la fusión o en la adquisición del control conjunto. En los demás casos, la notificación deberá realizarla la persona o empresa que adquiera el control de la totalidad o de partes de una o varias empresas.

4.   Si las empresas afectadas no cumplen su obligación de notificación, la Comisión podrá examinar una concentración sujeta a notificación de conformidad con el presente Reglamento, solicitando la notificación de dicha concentración. En ese caso, la Comisión no estará sujeta a los plazos mencionados en el artículo 24, apartados 1 y 4.

5.   La Comisión podrá solicitar la notificación previa de cualquier concentración que no esté sujeta a notificación en el sentido del artículo 20, en cualquier momento antes de su ejecución, cuando sospeche que puedan haberse concedido subvenciones extranjeras a las empresas afectadas en los tres años anteriores a la concentración. Dicha concentración se considerará una concentración sujeta a notificación a efectos del presente Reglamento.

1.   El volumen de negocios total incluirá los ingresos que las empresas afectadas hayan obtenido, durante el ejercicio financiero anterior, de la venta de productos y de la prestación de servicios correspondientes a sus actividades ordinarias, previa deducción de los descuentos sobre ventas, así como del impuesto sobre el valor añadido y de otros impuestos directamente relacionados con el volumen de negocios. El volumen de negocios total de la empresa afectada no incluirá las ventas de productos ni las prestaciones de servicios que hayan tenido lugar entre las empresas contempladas en el apartado 4 del presente artículo.

El volumen de negocios realizado en la Unión incluirá los productos vendidos y los servicios prestados a empresas o consumidores en la Unión.

2.   Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, cuando la concentración se lleve a cabo mediante la adquisición de partes de una o varias empresas, con independencia de que dichas partes tengan personalidad jurídica propia, solo se tendrá en cuenta, por lo que se refiere al vendedor o a los vendedores, el volumen de negocios correspondiente a las partes objeto de la concentración.

No obstante, cuando dos o más operaciones en el sentido del párrafo primero del presente apartado tengan lugar en un período de dos años entre las mismas personas o empresas, dichas operaciones se considerarán como una sola concentración realizada en la fecha de la última operación.

3.   El volumen de negocios se sustituirá por los elementos que se indican a continuación:

A efectos de la letra a), el volumen de negocios de una entidad financiera o de una entidad de crédito en la Unión comprenderá las partidas de ingresos, según se definen en dicha letra, recibidas por la sucursal o división de dicha entidad establecida en la Unión.

A efectos de la letra b), el volumen de negocios para una empresa de seguros de la Unión incluirá primas brutas recibidas por residentes de la Unión.

4.   Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2, el volumen de negocios total de la empresa afectada se calculará sumando los volúmenes de negocios respectivos de:

5.   Cuando las empresas afectadas dispongan conjuntamente de los derechos o poderes a que se refiere el apartado 4, letra b), en el cálculo del volumen de negocios total de las empresas afectadas:

1.   Las concentraciones sujetas a notificación no se ejecutarán antes de que se haya producido la notificación.

Además:

El plazo de tiempo a que se refieren las letras a) y b) empezará a contar el día hábil siguiente al de la recepción de la notificación completa o al de la adopción de la decisión pertinente de la Comisión.

2.   El apartado 1 no impedirá realizar una oferta pública de adquisición o una serie de transacciones de títulos, incluidos los convertibles en otros títulos, admitidos a negociación en un mercado tal como una bolsa de valores, por las que el control sea adquirido a varios vendedores, siempre y cuando:

3.   La Comisión, previa solicitud, podrá conceder una dispensa de las obligaciones establecidas en los apartados 1 o 2. En la solicitud de concesión de una dispensa se indicarán los motivos de dicha solicitud. Al pronunciarse al respecto, la Comisión tendrá en cuenta, en particular, los efectos de la suspensión sobre una o varias empresas afectadas por la concentración o sobre un tercero, así como el riesgo de distorsión en el mercado interior que plantee la concentración. Dicha dispensa podrá supeditarse al cumplimiento de determinadas condiciones y obligaciones con el fin de garantizar que no se produzca ninguna distorsión en el mercado interior. La dispensa podrá ser solicitada y concedida en cualquier momento, tanto antes de la notificación como después de la operación.

4.   Los plazos previstos en el apartado 1, letra b), del presente artículo se prorrogarán si las empresas afectadas así lo solicitan a más tardar quince días hábiles después del inicio de la investigación exhaustiva en virtud del artículo 10. Las empresas afectadas solo podrán presentar una solicitud de tal tipo.

La Comisión podrá prorrogar los plazos previstos en el párrafo segundo, apartado 1, letra b), del presente artículo en cualquier momento tras el inicio de la investigación exhaustiva, con el acuerdo de las empresas afectadas.

La duración total de la prórroga o prórrogas efectuadas con arreglo al presente párrafo no excederá de veinte días hábiles.

5.   La Comisión podrá, excepcionalmente, suspender los plazos previstos en el apartado 1 si las empresas no han facilitado la información completa solicitada por la Comisión con arreglo al artículo 13 o se han negado a someterse a una inspección ordenada mediante decisión en virtud del artículo 14.

6.   La Comisión podrá adoptar una decisión con arreglo al artículo 25, apartado 3, sin estar sujeta a los plazos fijados en los apartados 1 y 4 del presente artículo, cuando:

7.   Las operaciones que contravengan lo dispuesto en el apartado 1 solo se considerarán válidas tras la adopción de una decisión en virtud del artículo 25, apartado 3.

8.   El presente artículo no afectará a la validez de las transacciones de títulos, incluidos los convertibles en otros títulos, admitidos a negociación en un mercado tal como una bolsa de valores, salvo que los compradores y los vendedores supieran o debieran haber sabido que la transacción se realizaba contraviniendo lo dispuesto en el apartado 1.

1.   Las concentraciones notificadas estarán sujetas a la aplicación del artículo 10, del artículo 11, apartados 1, 3 y 4, y de los artículos 12 a 16 y 18.

2.   La Comisión podrá iniciar una investigación exhaustiva con arreglo al artículo 10, apartado 3, en un plazo máximo de veinticinco días hábiles a partir de la recepción de la notificación completa.

3.   Tras la investigación exhaustiva, la Comisión adoptará un acto de ejecución en forma de una de las siguientes decisiones:

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

4.   Las decisiones a que se refiere el apartado 3 se adoptarán en un plazo de noventa días hábiles a partir del inicio de la investigación exhaustiva, prorrogado en su caso en virtud del artículo 24, apartado 1, letra b), y los apartados 4 y 5. En caso de que la Comisión no adopte una decisión en ese plazo, las empresas afectadas estarán autorizadas a ejecutar la concentración.

5.   En toda solicitud de información a una empresa, la Comisión especificará si los plazos se suspenderán de conformidad con el artículo 24, apartado 5, en caso de que la empresa no facilite información completa en el plazo establecido.

6.   En caso de que compruebe que ya se ha ejecutado una concentración sujeta a notificación con arreglo al artículo 21, apartado 1, o notificada a petición de la Comisión con arreglo al artículo 21, apartado 5, y que las subvenciones extranjeras asociadas a esa concentración distorsionan el mercado interior con arreglo a los artículos 4, 5 y 6, la Comisión podrá adoptar una de las medidas siguientes:

La Comisión podrá imponer las medidas a que se refieren las letras a) y b) del presente apartado bien mediante una decisión en virtud del apartado 3, letra c), del presente artículo, bien mediante una decisión separada.

La Comisión podrá adoptar mediante un acto de ejecución en forma de decisión cualquiera de las medidas a que se refieren las letras a) o b) del presente apartado en caso de que compruebe que una concentración se ha ejecutado contraviniendo una decisión adoptada en virtud del apartado 3, letra a), del presente artículo en la que se haya determinado que, en ausencia de compromisos, la concentración cumpliría el criterio establecido en el apartado 3, letra c), del presente artículo.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

7.   La Comisión también podrá adoptar un acto de ejecución en forma de decisión por la que se ordenen las medidas cautelares a que se refiere el artículo 12 cuando:

Dichos actos de ejecución se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

1.   La Comisión podrá imponer multas o multas coercitivas según lo establecido en el artículo 17.

2.   La Comisión podrá, mediante decisión, imponer también multas a las empresas afectadas de hasta el 1 % del volumen de negocios total que hayan realizado durante el ejercicio financiero anterior cuando dichas empresas, deliberadamente o por negligencia, faciliten información incorrecta o engañosa en una notificación efectuada en virtud del artículo 21 o como complemento de tal notificación.

3.   Además, la Comisión podrá, mediante decisión, imponer también multas a las empresas afectadas de hasta el 10 % del volumen de negocios total que hayan realizado durante el ejercicio financiero anterior, cuando dichas empresas, deliberadamente o por negligencia:

1.   A efectos del presente Reglamento, se considerará que existe una contribución financiera extranjera sujeta a notificación en un procedimiento de contratación pública cuando:

2.   En caso de que el poder adjudicador o la entidad adjudicadora decida dividir el contrato en lotes, se considerará que existe una contribución financiera extranjera sujeta a notificación en un procedimiento de contratación pública cuando se den las tres condiciones siguientes: que el valor estimado del contrato, sin IVA, supere el umbral establecido en el apartado 1, letra a), que el valor del lote o el valor acumulado de todos los lotes a los que se licita por el licitador sea igual o superior a 125 000 000 EUR, y que la contribución financiera extranjera sea igual o superior al umbral establecido en el apartado 1, letra b).

3.   Los procedimientos de adjudicación de contratos incluidos en el ámbito de aplicación de la Directiva 2009/81/CE no estarán incluidos en el ámbito de aplicación del presente capítulo.

4.   Los procedimientos de adjudicación de los contratos establecidos en el artículo 32, apartado 2, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y en el artículo 50, letra d), de la Directiva 2014/25/UE estarán regulados por las disposiciones del capítulo 2 del presente Reglamento y quedarán excluidos de la aplicación del capítulo 4 del presente Reglamento.

5.   Como excepción a lo dispuesto en el artículo 29, apartado 1, cuando las obras, suministros o servicios solo puedan ser suministrados por un operador económico concreto de conformidad con el artículo 31, apartado 4, letra b), de la Directiva 2014/23/UE, el artículo 32, apartado 2, letra b), de la Directiva 2014/24/UE y el artículo 50, letra c), de la Directiva 2014/25/UE, y el valor estimado del contrato sea igual o superior al valor fijado en el apartado 1, letra a), del presente artículo los operadores económicos que presenten una oferta o una solicitud de participación informarán a la Comisión de todas las contribuciones financieras extranjeras si se cumple la condición del apartado 1, letra b), del presente artículo. Sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un examen en virtud del capítulo 2 del presente Reglamento, la presentación de dicha información no se considerará una notificación y no será objeto de investigaciones con arreglo al presente capítulo.

6.   El poder adjudicador o la entidad adjudicadora indicarán en el anuncio de licitación o, en caso de que se lleve a cabo un procedimiento sin publicación previa, en los pliegos de contratación, que los operadores económicos están sujetos a la obligación de notificación establecida en el artículo 29. No obstante, la ausencia de esta declaración no es óbice para la aplicación del presente Reglamento a los contratos que entren en su ámbito de aplicación.

1.   Cuando se cumplan las condiciones para la notificación de las contribuciones financieras de conformidad con el artículo 28, apartados 1 y 2, los operadores económicos que participen en un procedimiento de contratación pública notificarán al poder adjudicador o la entidad adjudicadora todas las contribuciones financieras extranjeras tal y como se definen en el artículo 28, apartado 1, letra b). En todos los demás casos, los operadores económicos enumerarán en una declaración todas las contribuciones financieras extranjeras recibidas y confirmarán que dichas contribuciones no están sujetas a notificación de conformidad con el artículo 28, apartado 1, letra b). En los procedimientos abiertos, la notificación o declaración se presentará una única vez, junto con la oferta. En los procedimientos con varias fases, la notificación o declaración se presentará dos veces, primero con la solicitud de participación y después como notificación actualizada o declaración actualizada con la oferta presentada o la oferta final.

2.   Una vez se haya presentado la notificación o declaración, el poder adjudicador o la entidad adjudicadora la transmitirán a la Comisión sin demora.

3.   Cuando la solicitud de participación o la oferta no vayan acompañadas de una notificación o declaración, el poder adjudicador o la entidad adjudicadora podrán solicitar a los operadores económicos afectados que presenten en el plazo de diez días hábiles el documento pertinente. Las ofertas o solicitudes de participación de los operadores económicos que estén sujetos a las obligaciones especificadas en el presente artículo y que no hayan presentado dentro del plazo establecido la notificación o declaración de conformidad con el apartado 1, a pesar de la solicitud formulada a tal efecto por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora de conformidad con el presente apartado, serán declaradas irregulares y rechazadas por el poder adjudicador o la entidad adjudicadora. El poder adjudicador o la entidad adjudicadora informarán de dicho rechazo a la Comisión.

4.   La Comisión examinará el contenido de la notificación recibida sin demora indebida. Cuando la Comisión considere que la notificación está incompleta, comunicará sus conclusiones al poder adjudicador o la entidad adjudicadora y al operador económico afectado y solicitará a este último que complete su contenido en el plazo de diez días hábiles. Cuando la notificación que acompañe a una oferta o a una solicitud de participación siga estando incompleta a pesar de la petición realizada por la Comisión de conformidad con el presente apartado, la Comisión adoptará una decisión por la que se declare que la oferta es irregular. En dicha decisión, la Comisión solicitará además al poder adjudicador o la entidad adjudicadora que adopte a su vez una decisión de rechazo de la oferta o solicitud de participación irregulares.

5.   La obligación de notificación de las contribuciones financieras extranjeras en virtud del presente artículo se aplicará a los operadores económicos y las agrupaciones de operadores económicos a que se refieren el artículo 26, apartado 2, de la Directiva 2014/23/UE, el artículo 19, apartado 2, de la Directiva 2014/24/UE y el artículo 37, apartado 2, de la Directiva 2014/25/UE, así como a los subcontratistas principales y proveedores principales conocidos en el momento de la presentación de la notificación o declaración completas o de la notificación o declaración actualizadas completas. A efectos del presente Reglamento, se considerará principal a un subcontratista o proveedor cuando su participación garantice la aportación de elementos esenciales para la ejecución del contrato y, en cualquier caso, cuando la parte económica de su contribución supere el 20 % del valor de la oferta presentada.

6.   El contratista principal, en el sentido de las Directivas 2014/24/UE y 2014/25/UE o el concesionario principal, en el sentido de la Directiva 2014/23/UE, será el responsable de presentar la notificación o declaración en nombre de las agrupaciones de operadores económicos, de los subcontratistas principales y de los proveedores principales. A efectos del artículo 33, el contratista principal o el concesionario principal solo será responsable de la veracidad de los datos relativos a sus propias contribuciones financieras extranjeras.

7.   Cuando el poder adjudicador o entidad adjudicadora que examine las ofertas sospeche la existencia de subvenciones extranjeras a pesar de haberse presentado una declaración, comunicará sin demora dichas sospechas a la Comisión. Sin perjuicio de las competencias que les atribuyen las Directivas 2014/24/UE y 2014/25/UE a la hora de evaluar si una oferta es anormalmente baja, los poderes adjudicadores o entidades adjudicadoras no realizarán dicha evaluación cuando la única razón para iniciarla sean las sospechas que indiquen una posible existencia de subvenciones extranjeras. Si la Comisión llega a la conclusión de que no se han presentado ofertas indebidamente ventajosas en el sentido del presente Reglamento, informará de ello al poder adjudicador o entidad adjudicadora pertinente. Otras personas físicas o jurídicas podrán comunicar a la Comisión cualquier información relativa a subvenciones extranjeras que distorsionen el mercado interior, así como cualquier sospecha de que posiblemente se haya realizado una declaración falsa.

8.   Sin perjuicio de su potestad para iniciar un procedimiento de oficio, cuando la Comisión sospeche que un operador económico pueda haberse beneficiado de subvenciones extranjeras en los tres años anteriores a la presentación de la oferta o de la solicitud de participación en el procedimiento de contratación pública, podrá solicitar, antes de la adjudicación del contrato, la notificación de las contribuciones financieras extranjeras aportadas por terceros países a dicho operador económico en el marco de cualquier procedimiento de contratación pública que no esté sujeto a notificación con arreglo al artículo 28, apartado 1, o que se inscriba en el ámbito de ampliación del artículo 30, apartado 4. En caso de que la Comisión haya exigido la notificación de una contribución financiera de esas características, esta se considerará contribución financiera extranjera sujeta a notificación en un procedimiento de contratación pública y estará sujeta a las disposiciones establecidas en el capítulo 4.

1.   Las contribuciones financieras notificadas en los procedimientos de contratación pública estarán sujetas a la aplicación del artículo 10, el artículo 11, apartados 1, 3 y 4, y los artículos 13, 14, 15, 16, 18 y 23.

2.   La Comisión llevará a cabo un examen preliminar en un plazo máximo de veinte días hábiles a partir de la recepción de una notificación completa. En casos debidamente justificados, la Comisión podrá prorrogar este plazo una sola vez, por un período de diez días hábiles.

3.   La Comisión decidirá si inicia una investigación exhaustiva en el plazo establecido para completar el examen preliminar e informará de ello sin demora al operador económico de que se trate y al poder adjudicador o la entidad adjudicadora.

4.   Si, tras concluir un examen preliminar sin haber adoptado una decisión, la Comisión recibe nueva información que le lleve a sospechar que una notificación o una declaración presentada está incompleta, o si no se le ha transferido dicha notificación o declaración, podrá solicitar información adicional de conformidad con el artículo 29, apartado 4. La Comisión podrá volver a abrir un examen preliminar basándose en esa nueva información. En caso de que el examen preliminar se inicie en virtud del presente capítulo, y sin perjuicio de la posibilidad de iniciar un examen preliminar con arreglo al capítulo 2 si fuera necesario, el punto de partida para determinar la duración del examen preliminar será el momento en que la Comisión reciba la nueva notificación o declaración.

5.   La Comisión podrá adoptar una decisión por la que se ponga fin a la investigación exhaustiva en un plazo máximo de ciento diez días hábiles a partir de la recepción de la notificación completa. Este plazo podrá prorrogarse una vez por un período de veinte días hábiles, previa consulta al poder adjudicador o la entidad adjudicadora, en casos excepcionales debidamente justificados, incluidas las investigaciones a que se refiere el apartado 6 o en los casos a que se refiere en el artículo 16, apartado 1, letras a) y b).

6.   Como excepción a lo dispuesto en el apartado 2, cuando el procedimiento de contratación pública conste de varias fases la Comisión examinará la notificación completa presentada junto con la solicitud de participación en el plazo de veinte días hábiles a partir de la recepción de dicha notificación, sin cerrar el examen preliminar ni adoptar decisión alguna sobre la apertura de una investigación exhaustiva. Transcurrido el plazo de veinte días hábiles, el examen preliminar se suspenderá hasta la presentación de una oferta final o, en el caso de un procedimiento restringido, de una oferta. Una vez presentada la oferta o la oferta final que contenga una notificación actualizada completa, el examen preliminar se reanudará, y la Comisión dispondrá de veinte días hábiles para finalizarlo teniendo en cuenta cualquier información adicional. La Comisión adoptará una decisión por la que se ponga fin a cualquier investigación exhaustiva posterior en el plazo de noventa días hábiles a partir de la presentación de la notificación actualizada completada.

1.   Cuando, tras una investigación exhaustiva, la Comisión considere que un operador económico se beneficia de una subvención extranjera que distorsiona el mercado interior según lo dispuesto en los artículos 4, 5 y 6, y cuando el operador económico de que se trate ofrezca compromisos que subsanen de forma plena y efectiva la distorsión en el mercado interior, adoptará un acto de ejecución en forma de decisión con compromisos con arreglo al artículo 11, apartado 3. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

2.   Cuando el operador económico afectado no ofrezca compromisos o cuando la Comisión considere que los compromisos a que se refiere el apartado 1 no son adecuados ni suficientes para subsanar de forma plena y efectiva la distorsión, la Comisión adoptará un acto de ejecución en forma de decisión por la que se prohíba la adjudicación del contrato al operador económico de que se trate (en lo sucesivo, «decisión de prohibición de la adjudicación del contrato»). Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, apartado 2. Tras esta decisión, el poder adjudicador o la entidad adjudicadora rechazará la oferta.

3.   Si la Comisión comprueba, al término de una investigación exhaustiva, que un operador económico no se beneficia de una subvención extranjera que distorsione el mercado interior, adoptará un acto de ejecución en forma de una decisión con arreglo al artículo 11, apartado 4. Dicho acto de ejecución se adoptará de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

4.   La evaluación en virtud del artículo 6 no dará lugar a modificaciones de la oferta o de la oferta final presentada por el operador económico que sean incompatibles con el Derecho de la Unión.

1.   Durante el examen preliminar y la investigación exhaustiva, todas las fases procedimentales del procedimiento de contratación pública podrán seguir adelante, excepto la adjudicación del contrato.

2.   En caso de que la Comisión decida iniciar una investigación exhaustiva con arreglo al artículo 30, apartado 3, el contrato no se adjudicará a un operador económico que presente una notificación de conformidad con el artículo 29 hasta que la Comisión haya adoptado una decisión con arreglo al artículo 31, apartado 3, o antes de que hayan vencido los plazos establecidos en el artículo 30, apartados 5 o 6. En caso de que la Comisión no haya adoptado una decisión en el plazo aplicable, el contrato podrá adjudicarse a cualquier operador económico, incluido el operador económico que haya presentado la notificación.

3.   Si el poder adjudicador o la entidad adjudicadora comprueban que la oferta económicamente más ventajosa ha sido presentada por un operador económico que ha presentado una declaración en el sentido del artículo 29 y la Comisión no ha iniciado un examen de conformidad con el artículo 29, apartado 8, el artículo 30, apartados 3, o el artículo 30, apartado 4, el contrato podrá adjudicarse al operador económico que haya presentado dicha oferta antes de que la Comisión haya adoptado cualquiera de las decisiones contempladas en el artículo 31 o antes de que hayan vencido los plazos establecidos en los artículos 30, apartados 2, 5 o 6, o antes de que la Comisión haya adoptado cualquiera de las decisiones a que se refiere el artículo 31 en relación con otras ofertas investigadas.

4.   Cuando la Comisión adopte una decisión de conformidad con el artículo 31, apartado 2, en relación con la oferta que el poder adjudicador o la entidad adjudicadora haya considerado la oferta económicamente más ventajosa, el contrato podrá adjudicarse al operador económico no sujeto a una decisión con arreglo al artículo 31, apartado 2, que haya presentado la siguiente mejor oferta.

5.   Cuando la Comisión adopte una decisión de conformidad con el artículo 31, apartados 1 o 3, el contrato podrá adjudicarse al operador económico, cualquiera que sea, que haya presentado la oferta económicamente más ventajosa, incluido el operador económico que haya presentado una notificación con arreglo al artículo 29.

6.   El poder adjudicador o la entidad adjudicadora informará a la Comisión sin demora indebida de cualquier decisión relativa a la cancelación del procedimiento de contratación pública, el rechazo de la oferta o la solicitud de participación del operador económico afectado, la presentación de una nueva oferta por el operador económico afectado o la adjudicación del contrato.

7.   Los principios que rigen los procedimientos de contratación pública, incluidos los principios de proporcionalidad, no discriminación, igualdad de trato, transparencia y competencia, se observarán respecto de todos los operadores económicos que participen en el procedimiento de contratación pública. La investigación de las subvenciones extranjeras con arreglo al presente Reglamento no dará lugar a que el poder adjudicador o la entidad adjudicadora traten al operador económico afectado de modo contrario a dichos principios. Los requisitos medioambientales, sociales y laborales se aplicarán a los operadores económicos de conformidad con las Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE u otras disposiciones del Derecho de la Unión.

8.   Los plazos a que se refiere el presente capítulo comenzarán a contar a partir del día hábil siguiente al de la recepción de la notificación completa o al de la adopción de la decisión pertinente de la Comisión, según corresponda.

1.   La Comisión podrá imponer multas o multas coercitivas según lo establecido en el artículo 17.

2.   La Comisión también podrá, mediante decisión, imponer multas a los operadores económicos afectados que no excedan el 1 % del volumen de negocios total que hayan realizado durante el ejercicio financiero anterior cuando dichos operadores económicos, deliberadamente o por negligencia, faciliten información incorrecta o engañosa en una notificación o declaración efectuada en virtud del artículo 29 o como complemento de estas.

3.   La Comisión podrá, mediante decisión, imponer multas a los operadores económicos afectados, que no excedan el 10 % del volumen de negocios total que hayan realizado durante el ejercicio financiero anterior, cuando, dichos operadores económicos, deliberadamente o por negligencia:

1.   Una contribución financiera notificada en el contexto de una concentración con arreglo al artículo 21 o en el contexto de un procedimiento de contratación pública con arreglo al artículo 29 podrá considerarse pertinente y ser evaluada conforme al presente Reglamento en relación con otra actividad económica.

2.   Una contribución financiera evaluada con arreglo al artículo 10 o al artículo 11 en el contexto de un procedimiento de oficio en relación con una actividad económica concreta podrá considerarse pertinente y ser evaluada conforme al presente Reglamento en relación con otra actividad económica.

1.   El Estado miembro que considere que puede existir una subvención extranjera con capacidad para distorsionar el mercado interior, transmitirá la información al respecto a la Comisión. A partir de dicha información, la Comisión podrá decidir iniciar un examen preliminar en virtud del artículo 10 o solicitar una notificación en virtud del artículo 21, apartado 5, o del artículo 29, apartado 8.

2.   Cualquier persona física o jurídica o asociación podrá comunicar a la Comisión cualquier información que obre en su poder sobre subvenciones extranjeras que puedan distorsionar el mercado interior. A partir de dicha información, la Comisión podrá decidir iniciar un examen preliminar en virtud del artículo 10 o solicitar una notificación en virtud del artículo 21, apartado 5, o al artículo 29, apartado 8.

3.   La Comisión pondrá a disposición de los Estados miembros y de las entidades o poderes adjudicadores afectados, en una base de datos electrónica específica, las versiones no confidenciales de todas las decisiones adoptadas con arreglo al presente Reglamento.

1.   Cuando la información de que disponga la Comisión fundamente la sospecha razonable de que se dan, en un sector concreto, para un tipo particular de actividad económica o en relación con un instrumento de subvención específico, subvenciones extranjeras que pueden distorsionar el mercado interior, la Comisión podrá llevar a cabo una investigación de mercado respecto del sector concreto, el tipo particular de actividad económica o la utilización del instrumento de subvención de que se trate. En el curso de dicha investigación de mercado, la Comisión podrá exigir a las empresas o asociaciones de empresas afectadas que le faciliten la información necesaria y podrá llevar a cabo las inspecciones oportunas. La Comisión también podrá solicitar información a los Estados miembros o a los terceros países afectados.

2.   La Comisión publicará, cuando proceda, un informe sobre los resultados de su investigación de mercado respecto de sectores concretos, tipos particulares de actividad económica o instrumentos de subvención específicos y solicitará que se presenten observaciones.

3.   La Comisión podrá utilizar la información recabada mediante dichas investigaciones de mercado en el marco de los procedimientos previstos en el presente Reglamento.

4.   Serán de aplicación para las investigaciones de mercado los artículos 13, 14, 15 y 17.

1.   Cuando, al término de una investigación de mercado con arreglo al artículo 36, la Comisión sospeche la existencia de subvenciones extranjeras repetidas que distorsionen el mercado interior, o cuando se detecten, en el curso de varias acciones de ejecución realizadas en virtud del presente Reglamento, subvenciones extranjeras que distorsionen el mercado interior concedidas por un mismo tercer país, la Comisión podrá entablar un diálogo con el tercer país de que se trate con el fin de examinar opciones que permitan el cese o la modificación de dichas subvenciones, al objeto de eliminar sus efectos distorsionadores en el mercado interior. La Comisión informará al Parlamento Europeo y al Consejo de cualquier evolución pertinente.

2.   El diálogo con el tercer país de que se trate no será óbice para que la Comisión adopte medidas en virtud del presente Reglamento. Las medidas individuales adoptadas en virtud del presente Reglamento no se tratarán en dicho diálogo.

1.   Las competencias de la Comisión en virtud de los artículos 10 y 11 estarán sujetas a un plazo de prescripción de diez años que empezará a correr a partir de la fecha en que se conceda una subvención extranjera a una empresa. Cualquier acción emprendida por la Comisión con arreglo a los artículos 10, 13, 14 o 15 en relación con una subvención extranjera interrumpirá el plazo de prescripción. El plazo de diez años volverá a correr de nuevo al término de cada interrupción.

2.   Las competencias de la Comisión para imponer multas o multas coercitivas con arreglo a los artículos 17, 26 y 33 estarán sujetas a un plazo de prescripción de tres años que empezará a correr a partir de la fecha en que se haya cometido una infracción a que se refieren los artículos 17, 26 o 33. Respecto de las infracciones continuas o repetidas, dicho plazo de prescripción comenzará en la fecha en que haya cesado la infracción. Cualquier acción emprendida por la Comisión con respecto a una infracción a que se refieren los artículos 17, 26 o 33 interrumpirá el plazo de prescripción para la imposición de multas o multas coercitivas. El plazo de tres años volverá a correr de nuevo al término de cada interrupción.

3.   Las competencias de la Comisión para ejecutar decisiones por las que se imponen multas o multas coercitivas con arreglo a los artículos 17, 26 y 33 estarán sujetas a un plazo de prescripción de cinco años que empezará a correr a partir de la fecha en que se haya adoptado la decisión de la Comisión por la que se impongan multas o multas coercitivas. Cualquier medida adoptada por la Comisión, o por un Estado miembro a petición de la Comisión, destinada a ejecutar el pago de la multa o de la multa coercitiva interrumpirá dicho plazo de prescripción. El plazo de cinco años volverá a correr de nuevo al término de cada interrupción.

4.   La prescripción surtirá efecto, a más tardar, el día en que venza un plazo equivalente al doble del plazo de prescripción sin que la Comisión haya:

5.   El plazo de prescripción se suspenderá durante el tiempo en que la decisión de la Comisión sea objeto de un procedimiento pendiente ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

1.   Las empresas no realizarán operaciones financieras o contratos para eludir los requisitos de notificación establecidos en el artículo 21, apartados 1 y 5, y en el artículo 29, apartados 1, 5 y 8.

2.   Cuando sospeche que una empresa ha recurrido o está recurriendo a alguno de los medios a que se refiere el apartado 1, la Comisión podrá exigir a dicha empresa que facilite toda la información que la Comisión considere necesaria para determinar si la empresa ha recurrido o está recurriendo efectivamente a alguno de tales medios, y podrá iniciar un examen en virtud del artículo 21, apartado 4, o del artículo 30, apartado 4.

1.   La Comisión hará público un resumen de las decisiones adoptadas en virtud del artículo 10, apartado 3, letra a), y permitirá que cualquier persona física o jurídica, los Estados miembros o el tercer país que haya concedido la subvención extranjera exprese su opinión.

2.   La Comisión publicará las decisiones adoptadas en virtud del artículo 11, apartados 2, 3 y 4, el artículo 25, apartados 3 y 6, y el artículo 31, apartados 1, 2 y 3, en el Diario Oficial de la Unión Europea.

3.   Al hacer públicos los resúmenes y las decisiones, la Comisión tendrá debidamente en cuenta los intereses legítimos de las empresas en la protección de sus secretos comerciales y cualquier otra información confidencial.

1.   La Comisión notificará sin demora a las empresas o asociaciones de empresas las decisiones que les estén dirigidas y les dará ocasión de indicarle la información contenida en la decisión que consideren confidencial.

2.   La Comisión informará al poder adjudicador o la entidad adjudicadora de que se trate de las decisiones adoptadas en virtud del artículo 31, apartados 1 y 3, que dirijan a un operador económico participante en un procedimiento de contratación pública.

3.   Las decisiones adoptadas en virtud del artículo 29, apartado 4 y el artículo 31, apartado 2, tendrán como destinatario al poder adjudicador o a la entidad adjudicadora de que se trate. La Comisión facilitará una copia de la decisión pertinente al operador económico objeto de la prohibición de adjudicación del contrato.

1.   Antes de adoptar una decisión en virtud de los artículos 11, 12, 17 y 18, el artículo 25, apartado 3, y los artículos 26, 31 o 33, la Comisión brindará a la empresa investigada la oportunidad de presentar observaciones sobre los motivos por los que la Comisión se propone adoptar su decisión.

2.   Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, se podrá adoptar provisionalmente una decisión en virtud del artículo 12 sin haber dado a la empresa investigada la oportunidad de presentar previamente sus observaciones, a condición de que la Comisión le dé esta oportunidad lo antes posible una vez adoptada su decisión.

3.   La Comisión basará su decisión únicamente en aquellos motivos respecto de los cuales se haya brindado a las empresas afectadas la oportunidad de presentar observaciones.

4.   Para poder ejercer su derecho en virtud del apartado 1, la empresa investigada tendrá derecho de acceso al expediente de la Comisión. El derecho de acceso al expediente no se hará extensivo a la información confidencial ni a los documentos internos de la Comisión o de los Estados miembros ni, en particular, a los intercambios de correspondencia entre la Comisión y los Estados miembros.

El derecho de acceso al expediente estará supeditado al interés legítimo de las empresas o asociaciones de empresas en la protección de sus secretos comerciales y demás información confidencial. La Comisión podrá solicitar a la empresa investigada y a las empresas o asociaciones de empresas que le hayan facilitado información que acuerden las condiciones de divulgación de dicha información. En caso de desacuerdo respecto a dichas condiciones entre las empresas o asociaciones de empresas, la Comisión estará facultada para imponer las condiciones de divulgación de la información.

Ninguna de las disposiciones del presente apartado será óbice para que la Comisión utilice y divulgue, en la medida que sea necesario, información que demuestre la existencia de una subvención extranjera que distorsione el mercado interior.

1.   La información obtenida en virtud del presente Reglamento solo podrá utilizarse con el fin para el que fue solicitada, salvo acuerdo en contrario de quien la facilitase.

2.   Los Estados miembros y la Comisión, sus funcionarios y las demás personas que trabajen bajo su supervisión garantizarán la protección de la información confidencial obtenida en aplicación del presente Reglamento de conformidad con las normas pertinentes aplicables. A tal fin, no divulgarán la información amparada por la obligación de secreto profesional que hayan obtenido en virtud del presente Reglamento.

3.   Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 no obstará a la publicación de estadísticas o de informes que no incluyan información que permita la identificación de empresas o asociaciones de empresas concretas.

4.   La divulgación de cualquier información comunicada en virtud del presente Reglamento no perjudicará los intereses esenciales de seguridad de los Estados miembros.

1.   El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la aplicación de los artículos 101, 102, 106, 107 y 108 del TFUE, del Reglamento (CE) n.o 1/2003 del Consejo (23) y del Reglamento (CE) n.o 139/2004.

2.   El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la aplicación del Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo (24).

3.   El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la aplicación del Reglamento (UE) 2019/452.

4.   El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la aplicación del Reglamento (UE) 2022/1031 del Parlamento Europeo y del Consejo (25).

5.   El presente Reglamento primará sobre el Reglamento (UE) 2016/1035 hasta que dicho Reglamento sea aplicable en virtud de su artículo 18. Si, después de esa fecha, una subvención extranjera quedase incluida en el ámbito de aplicación tanto del Reglamento (UE) 2016/1035 como del presente Reglamento, primará el Reglamento (UE) 2016/1035. No obstante, las disposiciones del presente Reglamento aplicables a la contratación pública y a las concentraciones primarán sobre el Reglamento (UE) 2016/1035.

6.   El presente Reglamento primará sobre el Reglamento (CEE) n.o 4057/86.

7.   El presente Reglamento se entiende sin perjuicio de la aplicación del Reglamento (UE) 2019/712. Las concentraciones, tal como se definen en el artículo 20 del presente Reglamento, en las que participen compañías aéreas estarán sujetas a las disposiciones del capítulo 3 del presente Reglamento. Los procedimientos de contratación pública en los que participen compañías aéreas estarán sujetos a las disposiciones del capítulo 4 del presente Reglamento.

8.   El presente Reglamento se interpretará de conformidad con las Directivas 2009/81/CE, 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE y con las Directivas 89/665/CEE (26) y 92/13/CEE (27) del Consejo.

9.   El presente Reglamento no será óbice para que la Unión ejerza sus derechos o cumpla sus obligaciones en virtud de acuerdos internacionales. No se llevará a cabo una investigación con arreglo al presente Reglamento ni se impondrán ni mantendrán medidas cuando dicha investigación o dichas medidas sean contrarias a las obligaciones de la Unión derivadas de cualquier acuerdo internacional pertinente que esta haya celebrado. En particular, no se adoptará ninguna medida en virtud del presente Reglamento que equivalga a una medida específica contra una subvención en el sentido del artículo 32.1 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y concedida por un tercer país miembro de la Organización Mundial del Comercio.

1.   La Comisión publicará, a más tardar el 12 de enero de 2026, y actualizará posteriormente con regularidad, directrices relativas a:

2.   Antes de publicar las directrices contempladas en el apartado 1, la Comisión realizará las consultas apropiadas con las partes interesadas y los Estados miembros. Las directrices se basarán en la experiencia adquirida durante la ejecución y la aplicación del presente Reglamento.

1.   La Comisión estará facultada para adoptar actos de ejecución en lo referente a:

2.   Los actos de ejecución a que se refiere el apartado 1 se adoptarán de conformidad con el procedimiento consultivo a que se refiere el artículo 48, apartado 2.

3.   Antes de adoptar cualquier medida en virtud del apartado 1, la Comisión hará público un proyecto de esta y solicitará observaciones dentro de un plazo. Dicho plazo será fijado por la Comisión y no será inferior a cuatro semanas.

4.   Los primeros actos de ejecución a que se refiere el apartado 1 se adoptarán a más tardar el 12 de julio de 2023.

1.   La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.o 182/2011.

2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 4 del Reglamento (UE) n.o 182/2011.

1.   La Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado con arreglo al artículo 50 a efectos de modificar, cuando sea necesario, el umbral de notificación para las concentraciones establecido en el artículo 20, apartado 3, letra a), aumentándolo o reduciéndolo en un 20 % como máximo, tras haber:

2.   Para valorar la necesidad de modificar el umbral de notificación en virtud del apartado 1, la Comisión llevará a cabo su evaluación abarcando un período de tiempo determinado, que no podrá ser inferior a dos años, basándose en particular en los siguientes criterios objetivos:

3.   Para que puedan incrementarse los umbrales establecidos en el artículo 20, apartado 3, letra a), la evaluación a que se refiere el apartado 2 del presente artículo deberá demostrar:

4.   Para que puedan reducirse los umbrales establecidos en el artículo 20, apartado 3, letra a), la evaluación a que se refiere el apartado 2 del presente artículo deberá demostrar:

5.   La Comisión estará facultada para adoptar un acto delegado con arreglo al artículo 50 a efectos de modificar, cuando sea necesario, los umbrales de notificación establecidos para las contrataciones públicas en el artículo 28, apartado 1, letra a), y apartado 2, aumentándolos o reduciéndolos en un 20 % como máximo, tras haber:

6.   Para evaluar la necesidad de modificar el umbral de notificación de conformidad con el apartado 5, la Comisión llevará a cabo su evaluación abarcando un período de tiempo determinado, que no podrá ser inferior a dos años, basándose en particular en los siguientes criterios objetivos:

7.   Para que puedan incrementarse los umbrales de notificación, la evaluación a que se refiere el apartado 6 deberá demostrar:

8.   Para que puedan reducirse los umbrales, la evaluación a que se refiere el apartado 6 deberá demostrar:

9.   La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 50 a efectos de reducir los plazos para el examen preliminar y para las investigaciones exhaustivas según lo establecido en el artículo 25, apartados 2 y 4, en el caso de las concentraciones notificadas, y en el artículo 30, apartados 2, 5 y 6, en el caso de las contribuciones financieras notificadas en procedimientos de contratación pública. La Comisión podrá adoptar dichos actos delegados a fin de reducir los plazos establecidos en el artículo 25, apartados 2 y 4, y en el artículo 30, apartados 2, 5 y 6, cuando su práctica en la aplicación del presente Reglamento demuestre que la evaluación de la Comisión puede realizarse en un plazo más breve.

1.   Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.   Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 49, apartados 1 y 5, se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 12 de enero de 2025.

3.   Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 49, apartado 9, se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 12 de enero de 2025. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

4.   La delegación de poderes mencionada en el artículo 49, apartados 1, 5 y 9, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

5.   Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

6.   Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

7.   Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 49, apartados 1, 5 y 9, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

1.   La Comisión presentará al Parlamento Europeo y al Consejo un informe anual sobre la aplicación y la ejecución del presente Reglamento.

2.   A más tardar el 13 de julio de 2026, y posteriormente cada tres años, la Comisión revisará sus prácticas de ejecución y aplicación del presente Reglamento, en particular en lo relativo a la aplicación de los artículos 4, 5, 6 y 8, y los umbrales de notificación establecidos en el artículo 20, apartado 3, el artículo 28, apartado 1, y el artículo 28, apartado 2, y presentará un informe al Parlamento Europeo y al Consejo, acompañado, si la Comisión lo considera oportuno, de las propuestas legislativas pertinentes. En el contexto de su revisión, la Comisión informará sobre la evolución de las relaciones internacionales respecto de los sistemas de control de subvenciones de terceros países.

3.   Cuando la Comisión considere oportuno acompañar el informe con propuestas legislativas pertinentes, dichas propuestas podrán incluir:

1.   El presente Reglamento se aplicará a las subvenciones extranjeras concedidas en los cinco años anteriores al 12 de julio de 2023 cuando dichas subvenciones extranjeras distorsionen el mercado interior después del 12 de julio de 2023.

2.   Como excepción a lo dispuesto en el apartado 1, el presente Reglamento se aplicará a las contribuciones financieras extranjeras concedidas en los tres años anteriores al 12 de julio de 2023 cuando dichas contribuciones financieras extranjeras se hayan concedido a una empresa que notifique una concentración o notifique contribuciones financieras en el contexto de un procedimiento de contratación pública en virtud del presente Reglamento.

3.   El presente Reglamento no se aplicará a las concentraciones en relación con las cuales se haya celebrado el acuerdo, se haya anunciado la oferta pública de adquisición o se haya adquirido una participación del control antes del 12 de julio de 2023.

4.   El presente Reglamento no se aplicará a los procedimientos de contratación pública iniciados antes del 12 de julio de 2023 ni a los contratos públicos adjudicados antes de esa fecha.

1.   El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

2.   Será aplicable a partir del 12 de julio de 2023.

3.   Como excepción a lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, los artículos 47 y 48 se aplicarán a partir del 11 de enero de 2023, y el artículo 14, apartados 5, 6 y 7, se aplicará a partir del 12 de enero de 2024.

4.   Como excepción a lo dispuesto en el apartado 2 del presente artículo, los artículos 21 y 29 se aplicarán a partir del 12 de octubre de 2023.

1.   La presente Directiva no se aplicará a los conductores de los vehículos:

Con respecto al párrafo primero, letra f), la presente Directiva no se aplicará a una persona que desee obtener un permiso de conducción o un CAP, de conformidad con el artículo 6 y el artículo 8, apartado 1, cuando esta persona esté siguiendo una formación de conducción complementaria durante el aprendizaje en el trabajo, a condición de que la persona esté acompañada por otra persona que sea titular de un CAP o un instructor de conducción para la categoría del vehículo utilizado para el fin establecido en dicha letra.

2.   La presente Directiva no se aplicará cuando se cumplan las siguientes condiciones:

3.   La presente Directiva no se aplicará a los conductores de los vehículos utilizados o alquilados sin conductor por empresas agrícolas, hortícolas, forestales, ganaderas o pesqueras para el transporte de mercancías en el marco de su propia actividad empresarial, salvo si la conducción forma parte de la actividad principal del conductor o si la conducción supera una distancia establecida en el Derecho nacional desde el centro de explotación de la empresa que posee o alquila el vehículo.

1.   La actividad de conducción, a la que se refiere el artículo 1, estará subordinada a una obligación de cualificación inicial y a una obligación de formación continua. A tal fin, los Estados miembros establecerán:

2.   Asimismo, los Estados miembros podrán establecer un sistema de cualificación inicial acelerada para permitir al conductor conducir en los casos previstos en el artículo 5, apartado 2, letra a), inciso ii), y letra b), y apartado 3, letra a), inciso i), y letra b).

De conformidad con lo dispuesto en el anexo I, sección 3, la cualificación inicial acelerada supondrá la asistencia obligatoria al curso. Concluirá con un examen. Si se supera este, se obtendrá el CAP previsto en el artículo 6, apartado 2.

3.   Los Estados miembros podrán dispensar a un conductor que haya obtenido el certificado de competencia profesional previsto en el Reglamento (CE) n.o 1071/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (8) de los exámenes a que se refiere el apartado 1, letra a), incisos i) y ii), y el apartado 2 del presente artículo, en las materias correspondientes al examen previsto en el mencionado Reglamento y, si ha lugar, dispensarle de asistir a la parte del curso que corresponda a dichas materias.

1.   El acceso a una cualificación inicial no requerirá la obtención previa del permiso de conducción correspondiente.

2.   Los conductores de un vehículo destinado al transporte de mercancías podrán conducir:

3.   Los conductores de un vehículo destinado al transporte de viajeros podrán conducir:

4.   Sin perjuicio del límite de edad establecido en el apartado 2 del presente artículo, los conductores que efectúen transportes de mercancías que estén en posesión del CAP, previsto en el artículo 6, para alguna de las categorías de permiso de conducción de vehículos a que se refiere el apartado 2 del presente artículo quedarán dispensados de obtener el CAP para cualquier otra categoría de vehículos prevista en dicho apartado.

Estas disposiciones se aplicarán en las mismas condiciones a los conductores que efectúen transportes de viajeros para las categorías a las que se refiere el apartado 3.

5.   Los conductores que efectúen transportes de mercancías y amplíen o modifiquen sus actividades para efectuar transporte de viajeros, o a la inversa, y sean titulares del CAP previsto en el artículo 6 no deberán repetir las partes comunes de las cualificaciones iniciales, sino solo las partes específicas de la nueva cualificación.

1.   Se podrá expedir un CAP que acredite una cualificación inicial en las siguientes circunstancias:

2.   Se podrá expedir un CAP que acredite una cualificación inicial acelerada.

De conformidad con el artículo 3, apartado 2, el Estado miembro impondrá al candidato conductor la asistencia a los cursos impartidos en un centro de formación autorizado. Los cursos tratarán de todas las materias contempladas en la lista del anexo I, sección 1.

Esta formación concluirá con la superación del examen previsto en el anexo I, sección 3. Este examen lo organizarán las autoridades competentes de los Estados miembros o una entidad que estas designen y estará encaminado a comprobar si, en las materias a que hace referencia el anexo I, sección 1, los candidatos a conductores poseen el nivel de conocimientos que exige dicha sección. Las autoridades o entidades citadas supervisarán el examen y, si este se supera, expedirán al conductor un CAP acreditativo de una cualificación inicial acelerada.

1.   Cuando un conductor haya completado la formación continua prevista en el artículo 7, las autoridades competentes de los Estados miembros o el centro de formación autorizado expedirán a nombre del conductor un CAP acreditativo de que la formación continua fue completada.

2.   Los titulares del CAP previsto en el artículo 6 seguirán un primer curso de formación continua en el transcurso de los cinco años siguientes a la fecha de expedición de dicho CAP.

Los Estados miembros podrán reducir o prolongar los plazos contemplados en el párrafo primero, en particular, a efectos de hacerlo coincidir con la fecha de caducidad del permiso de conducción. Sin embargo, dicho plazo no podrá ser inferior a tres años ni superior a siete años.

3.   El conductor que haya completado el primer curso de formación continua a que se refiere el apartado 2 o de conformidad con el artículo 8, apartado 2, párrafo primero, letra b), de la Directiva 2003/59/CE, seguirá una formación continua cada cinco años antes del final del período de validez del CAP acreditativo de que la formación continua fue completada.

4.   Los titulares del CAP previsto en el artículo 6 o del CAP previsto en el apartado 1 del presente artículo, así como los conductores contemplados en el artículo 4, que hayan dejado de ejercer su profesión y no cumplan las exigencias de los apartados 1, 2 y 3 del presente artículo, seguirán un curso de formación continua antes de reanudar el ejercicio de la profesión.

5.   Los conductores que realicen transportes de mercancías o viajeros por carretera y hayan completado cursos de formación continua para una de las categorías de permisos de conducción previstas en el artículo 5, apartados 2 y 3, estarán dispensados de seguir una formación continua para cualquier otra de las categorías de permiso de conducción de vehículos previstas en dichos apartados.

1.   Basándose en el CAP acreditativo de la cualificación inicial y en el CAP acreditativo de la formación continua, las autoridades competentes de los Estados miembros, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 5, apartados 2 y 3, y en el artículo 8 de la presente Directiva, inscribirán el código de la Unión armonizado «95», previsto en el anexo I de la Directiva 2006/126/CE, junto a las categorías de permisos de conducción correspondientes:

Cuando las autoridades competentes del Estado miembro donde se hubiera obtenido el CAP no puedan inscribir el código de la Unión armonizado en el permiso de conducción, expedirán para el conductor una tarjeta de cualificación del conductor.

Se reconocerán recíprocamente las tarjetas de cualificación de los conductores expedidas por los Estados miembros. Cuando expidan la tarjeta de cualificación de los conductores, las autoridades competentes comprobarán la validez del permiso de conducción para la categoría de vehículo correspondiente.

2.   Al conductor contemplado en el artículo 1, letra b), de la presente Directiva que conduzca vehículos que efectúen transportes de mercancías por carretera también se le permitirá demostrar que tiene la cualificación y la formación estipuladas en la presente Directiva mediante el certificado de conductor previsto en el Reglamento (CE) no 1072/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (9), siempre que este posea el código «95», de la Unión. A los efectos de la presente Directiva, el Estado miembro de expedición indicará el código de la Unión, «95», en el apartado de observaciones de la certificación si el conductor en cuestión ha cumplido con los requisitos de cualificación y formación previstos en la presente Directiva.

3.   Se aceptarán como prueba de cualificación hasta su fecha de caducidad los certificados de conductor que no lleven el código de la Unión, «95», y que fueran expedidos antes del 23 de mayo de 2020, con arreglo al artículo 5 del Reglamento (CE) no 1072/2009, y en particular su apartado 7, a fin de certificar la conformidad con los requisitos de formación de la presente Directiva.

1.   A efectos de ejecución, los Estados miembros intercambiarán información sobre los CAP expedidos o retirados. A tal fin, los Estados miembros, en cooperación con la Comisión, desarrollarán una red electrónica o trabajarán en una ampliación de una red existente, teniendo en cuenta la evaluación realizada por la Comisión sobre la opción más rentable.

2.   La red podrá contener información recogida en los CAP, así como información relativa a los procedimientos administrativos relacionados con los CAP.

3.   Los Estados miembros garantizarán que el tratamiento de los datos personales se realiza únicamente a efectos de comprobar el cumplimiento de la presente Directiva, en particular los requisitos de formación establecidos en la presente Directiva, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

4.   El acceso a la red electrónica deberá estar protegido. Los Estados miembros podrán conceder acceso únicamente a las autoridades competentes responsables de la aplicación y el control del cumplimiento de la presente Directiva.

1.   Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.   Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 12 se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 26 de julio de 2019. La Comisión elaborará un informe sobre la delegación de poderes a más tardar nueve meses antes de que finalice el período de cinco años. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3.   La delegación de poderes mencionada en el artículo 12 podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.   Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

5.   Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.   Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 12 entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

1.   El respeto de los principios democráticos, y de los derechos humanos y las libertades fundamentales enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales pertinentes en materia de derechos humanos, así como el respeto del principio del Estado de Derecho, inspiran las políticas internas e internacionales de las Partes y constituyen un elemento esencial del presente Acuerdo.

2.   Las Partes confirman su compromiso de promover el desarrollo sostenible en todas sus dimensiones, cooperar para hacer frente a los retos del cambio climático y la globalización y contribuir a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

3.   Las Partes reafirman su compromiso con la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo adoptada en 2005 y convienen en reforzar la cooperación con el fin de mejorar los resultados en el ámbito del desarrollo.

4.   Las Partes reafirman su adhesión a los principios de buena gobernanza y la lucha contra la corrupción a todos los niveles, especialmente teniendo en cuenta sus obligaciones internacionales.

5.   Las Partes convienen en que las actividades de cooperación con arreglo al presente Acuerdo tendrán en cuenta sus respectivas necesidades y capacidades.

1.   Las Partes consideran que la proliferación de armas de destrucción masiva y de sus vectores a agentes tanto públicos como privados representa una de las amenazas más graves para la estabilidad y la seguridad internacionales. Las Partes acuerdan, por tanto, cooperar y coadyuvar a la lucha contra la proliferación de armas de destrucción masiva y de sus vectores, mediante el pleno cumplimiento a nivel nacional de las obligaciones que les incumben en virtud de los tratados y acuerdos internacionales de desarme y de no proliferación, así como de otras obligaciones internacionales en el marco de las Naciones Unidas, incluidas las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Las Partes coinciden en que esta disposición constituye un elemento esencial del presente Acuerdo.

2.   Las Partes convienen, además, en cooperar y coadyuvar a contrarrestar la proliferación de armas de destrucción masiva y de sus vectores, y en promover la aplicación de instrumentos internacionales de desarme mediante:

3.   Las Partes convienen en establecer un diálogo periódico que acompañe y consolide los elementos mencionados en el apartado 2, letras a) a c). Ese diálogo podrá mantenerse a escala regional.

1.   Las Partes reconocen que la fabricación, transferencia y circulación ilícitas de armas pequeñas y armas ligeras, incluidas sus municiones, así como la acumulación excesiva, la gestión y seguridad insuficientes de los arsenales de las armas pequeñas y armas ligeras y su propagación incontrolada, que acarrean un amplio conjunto de repercusiones humanitarias y socioeconómicas, siguen constituyendo una grave amenaza para la paz y la seguridad internacionales, así como para el desarrollo sostenible a nivel individual, local, nacional, regional e internacional.

2.   Las Partes convienen en observar y ejecutar plenamente sus respectivas obligaciones de hacer frente al comercio ilícito de armas pequeñas y armas ligeras, incluidas sus municiones, con arreglo a los acuerdos internacionales en vigor y a las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, así como sus compromisos en el marco de otros instrumentos internacionales aplicables en este ámbito, tales como el Programa de Acción de las Naciones Unidas para Prevenir, Combatir y Eliminar el Tráfico Ilícito de Armas Pequeñas y Ligeras en Todos Sus Aspectos, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de julio de 2001.

3.   Las Partes reconocen la importancia de los sistemas de control interno para la transferencia de armas convencionales de conformidad con sus obligaciones internacionales y con el objeto y la finalidad del Tratado sobre el Comercio de Armas, adoptado mediante la Resolución n.o 67/234B de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 2 de abril de 2013. Las Partes reconocen la importancia de aplicar dichos controles de forma responsable, como contribución a la paz, la seguridad y la estabilidad internacionales y regionales, y a la reducción del sufrimiento humano, así como a la prevención del desvío de armas convencionales. Las Partes convienen en reforzar el diálogo y la cooperación en el ámbito del control de las exportaciones.

4.   Las Partes convienen en intensificar su cooperación y procurar la coordinación, la complementariedad y la sinergia de los esfuerzos que realicen para prevenir y erradicar el comercio ilícito de armas pequeñas y ligeras, así como en relación con las transferencias de armas convencionales y los sistemas de control interno de las importaciones y exportaciones de armas convencionales.

1.   Las Partes reafirman la importancia de la lucha contra el terrorismo sin menoscabo alguno del Estado de Derecho, el Derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945, y las resoluciones pertinentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el Derecho humanitario y el Derecho humanitario internacional. Dentro de este marco y teniendo en cuenta la Estrategia Global de las Naciones Unidas contra el Terrorismo que figura en la Resolución n.o 60/288 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 8 de septiembre de 2006, posteriormente revisada, y la Declaración conjunta de la UE-ASEAN sobre la cooperación en la lucha contra el terrorismo, adoptada el 28 de enero de 2003, las Partes acuerdan cooperar en materia de prevención y eliminación del terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.

2.   Las Partes lo harán, en particular:

1.   Las Partes se comprometen a cooperar e intercambiar puntos de vista en los foros y organizaciones regionales e internacionales, en particular en el marco de las Naciones Unidas y sus organizaciones y agencias especializadas, incluidos, entre otros, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las relaciones de diálogo ASEAN-UE, en particular en el contexto de la Asociación Estratégica ASEAN-UE, el Foro Regional de la ASEAN y la Reunión Asia-Europa (ASEM).

2.   Las Partes se comprometen a cooperar e intercambiar puntos de vista sobre asuntos económicos y otros asuntos relacionados en los foros y organizaciones regionales e internacionales, incluidos, entre otros, la ASEM, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la OMC y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual.

1.   Para cada sector de diálogo y cooperación en virtud del presente Acuerdo, y poniendo al mismo tiempo el debido énfasis en los asuntos relacionados con la cooperación bilateral, las Partes convienen en llevar a cabo las actividades correspondientes de manera bilateral o regional o mediante una combinación de ambas formas. Al elegir el marco apropiado, las Partes intentarán maximizar las repercusiones sobre todas las partes interesadas y reforzar la participación de estas, haciendo a la vez el mejor uso posible de los recursos disponibles, teniendo en cuenta la viabilidad política e institucional y garantizando la coherencia con otras actividades en las que participen los Estados miembros de la UE y la ASEAN.

2.   Las Partes podrán decidir, cuando corresponda, ampliar la ayuda financiera a las actividades de cooperación en los ámbitos abarcados por el Acuerdo o relacionados con él, de conformidad con sus procedimientos y recursos financieros respectivos. Esta cooperación podrá incluir, en especial, la organización de programas de formación, talleres y seminarios, intercambios de expertos, estudios y otras acciones acordadas por las Partes.

1.   Las Partes establecerán un diálogo sobre el comercio bilateral y multilateral y las cuestiones vinculadas al comercio con objeto de reforzar las relaciones comerciales bilaterales y hacer avanzar el sistema comercial multilateral de una manera que contribuya a lograr el objetivo del desarrollo sostenible.

2.   Las Partes se comprometen a fomentar el desarrollo y la diversificación de sus intercambios comerciales recíprocos en la mayor medida posible y en beneficio mutuo, de conformidad con los principios y normas de la OMC. Las Partes se comprometen a mejorar las condiciones de acceso a los mercados, adoptando medidas para mejorar la transparencia, habida cuenta de la labor realizada por las organizaciones internacionales en ese ámbito.

3.   Las Partes se mantendrán mutuamente informadas sobre la evolución de las políticas comerciales y relacionadas con el comercio u otras cuestiones conexas, como la política agrícola, la seguridad alimentaria, las medidas no arancelarias, la política de protección de los consumidores y la política medioambiental, incluida la gestión de residuos.

4.   Las Partes fomentarán el diálogo y la cooperación para mejorar sus relaciones comerciales y de inversión, incluida la resolución, entre otras cuestiones, de problemas comerciales en los ámbitos mencionados en los artículos 10 a 19 del presente Acuerdo.

1.   Las Partes cooperarán en los asuntos de seguridad alimentaria, sanitarios y fitosanitarios para proteger la vida y la salud humana, animal y vegetal en el territorio de las Partes.

2.   Las Partes examinarán e intercambiarán información sobre sus medidas respectivas, tal como se definen en el Acuerdo de la OMC sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, que entró en vigor con la creación de la OMC el 1 de enero de 1995, incluyendo por tanto las normas de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, firmada en Roma el 6 de diciembre de 1951, la Organización Mundial de Sanidad Animal y la Comisión del Codex Alimentarius.

3.   Las Partes convienen en cooperar para el desarrollo de capacidades en cuestiones sanitarias y fitosanitarias. Este desarrollo de capacidades se adaptará a las necesidades de cada una de las Partes y se realizará con vistas a asistir a una Parte en el cumplimiento del marco jurídico de la otra.

4.   Las Partes establecerán un diálogo oportuno sobre asuntos sanitarios y fitosanitarios previa solicitud de cualquiera de las Partes para considerar asuntos relativos a los asuntos sanitarios y fitosanitarios y otras cuestiones urgentes vinculadas a estos.

5.   Las Partes designarán puntos de contacto para ponerse en comunicación sobre los asuntos contemplados por el presente artículo.

6.   Las Partes conceden gran importancia a la cooperación en el ámbito sanitario y fitosanitario.

1.   Las Partes cooperarán para promover la transición mundial hacia sistemas alimentarios sostenibles.

2.   Las Partes promoverán el diálogo, las actividades de desarrollo de capacidades y una estrecha cooperación en cuestiones de interés mutuo para promover sistemas alimentarios sostenibles en consonancia con los ODS de las Naciones Unidas. Dichas cuestiones podrán incluir, entre otras cosas:

3.   Las Partes designarán puntos de contacto para ponerse en comunicación sobre los asuntos contemplados por el presente artículo.

4.   Las Partes conceden gran importancia a la cooperación en el ámbito de los sistemas alimentarios sostenibles.

1.   Las Partes promoverán el uso de normas internacionales y planes internacionales de acreditación e intercambiarán información sobre normas, reglamentos técnicos y procedimientos de evaluación de la conformidad, también en el marco del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) de la OMC, que entró en vigor con la creación de la OMC el 1 de enero de 1995.

2.   Las Partes reforzarán su cooperación en el ámbito de las normas, los reglamentos técnicos y los procedimientos de evaluación de la conformidad, incluido el desarrollo de capacidades técnicas y la cooperación con vistas al cumplimiento de las medidas OTC.

3.   Las Partes designarán un punto de contacto para coordinar el intercambio de información y la cooperación de conformidad con el presente artículo, así como para facilitar los esfuerzos de cooperación en materia de regulación entre las Partes.

1.   Las Partes compartirán experiencias y estudiarán las posibilidades de simplificar los procedimientos de importación y exportación y otros procedimientos aduaneros, aumentarán la transparencia de la normativa comercial y desarrollarán la cooperación aduanera, incluso con mecanismos eficaces de asistencia administrativa mutua. Las Partes cooperarán con vistas a facilitar la aplicación del Acuerdo de la OMC sobre Facilitación del Comercio, que entró en vigor el 22 de febrero de 2017. Las Partes prestarán especial atención a reforzar la dimensión de la seguridad del comercio internacional, incluidos los servicios de transportes, y a garantizar un planteamiento equilibrado entre la simplificación del comercio, la eficiencia de los controles y la lucha contra las irregularidades y los fraudes aduaneros.

2.   Sin perjuicio de otras formas de cooperación previstas en el presente Acuerdo, las Partes manifiestan su interés por plantearse en el futuro la posibilidad de celebrar un protocolo sobre cooperación aduanera, que incluya asistencia mutua, en el marco institucional establecido en el presente Acuerdo.

1.   Las Partes reafirman sus derechos y obligaciones en virtud del artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994 y del Acuerdo de la OMC relativo a la aplicación del artículo VI del GATT de 1994, en particular su artículo 15.

2.   Las Partes conceden gran importancia a la cooperación en el ámbito de las medidas antidumping.

1.   Las Partes promoverán el establecimiento y la aplicación efectivos de las normas de competencia y la divulgación de información con el fin de estimular la transparencia y la seguridad jurídica para las empresas que operen en los mercados de la otra Parte, de conformidad con sus respectivas disposiciones legales y reglamentarias.

2.   Ambas Partes se esforzarán por cooperar en ámbitos mutuamente acordados para mejorar la comprensión mutua de la legislación y las políticas de competencia de la otra Parte.

1.   Las Partes intercambiarán información y compartirán experiencias sobre asuntos relacionados con la puesta en práctica, promoción, divulgación, racionalización, gestión, protección y aplicación efectiva de los derechos de propiedad intelectual (DPI), la prevención de las violaciones de tales derechos y la lucha contra las falsificaciones y la piratería, en particular a través de la cooperación aduanera y otras formas apropiadas de cooperación y del fortalecimiento de la protección de tales derechos como lo acuerden las Partes. Las Partes, de conformidad con sus respectivas disposiciones legales y reglamentarias y de conformidad con los acuerdos internacionales pertinentes de los que sean parte, cooperarán especialmente en el cumplimiento de los DPI y la protección de las patentes, las indicaciones geográficas, las marcas comerciales, los derechos de autor y los dibujos y modelos industriales, así como en la protección de las variedades vegetales.

2.   Las Partes se prestarán asistencia en el ámbito de los DPI y se asistirán mutuamente para mejorar la protección, cumplimiento, utilización y comercialización de la propiedad intelectual sobre la base de la experiencia europea, y aumentar la difusión de los conocimientos a este respecto.

3.   Las Partes reconocen la importancia y reafirman su compromiso con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) y la Salud Pública, adoptada en Doha el 14 de noviembre de 2001. Las Partes respetarán y contribuirán a la implementación de la Decisión del Consejo General de la OMC de 30 de agosto de 2003 sobre el párrafo 6 de la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud Pública, así como del Protocolo Modificatorio del Acuerdo sobre los ADPIC, adoptado en Ginebra el 6 de diciembre de 2005.

1.   Las Partes intercambiarán información sobre cuestiones de regulación en el contexto del comercio digital de conformidad con sus respectivas disposiciones legales y reglamentarias, que abordará lo siguiente:

2.   Reconociendo el carácter mundial del comercio digital, las Partes afirman la importancia de participar activamente en foros multilaterales para promover el desarrollo del comercio digital.

1.   En la cooperación que lleven a cabo en virtud del presente título, las Partes concederán especial importancia a la promoción del Estado de Derecho y a garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. En beneficio mutuo, las Partes cooperarán plenamente para el funcionamiento efectivo de las instituciones de los ámbitos de las funciones coercitivas y de la administración de justicia.

2.   La cooperación entre las Partes también abarcará un intercambio de información acerca de los sistemas jurídicos y la legislación.

1.   Las Partes reconocen la necesidad de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas como objetivo en sí mismo, así como motor de la democracia, el desarrollo sostenible e integrador, la paz y la seguridad.

2.   Las Partes cooperarán para promover la igualdad de género, el pleno disfrute de todos los derechos humanos por parte de las mujeres y las niñas y su empoderamiento, así como para garantizar la integración de las perspectivas de género en la aplicación del presente Acuerdo.

3.   Las Partes intercambiarán buenas prácticas y explorarán nuevos sistemas de cooperación y posibles sinergias entre las políticas y programas respectivos de las Partes en materia de género, de conformidad con las normas y compromisos internacionales aplicables a las Partes, como la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, adoptada en la 4.a Conferencia Mundial sobre la Mujer celebrada en Beijing el 15 de septiembre de 1995, el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y los resultados de sus conferencias de revisión, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la Resolución 1325 (2000) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, y sus posteriores resoluciones sobre la mujer, la paz y la seguridad.

1.   Las Partes convienen en cooperar para alcanzar un elevado nivel de protección de los datos personales y la privacidad y su aplicación efectiva, en consonancia con sus obligaciones en virtud del Derecho internacional en materia de derechos humanos y otros instrumentos jurídicos internacionales en este ámbito, trabajando así para facilitar el flujo de datos personales entre las Partes como elemento clave para seguir desarrollando los intercambios comerciales y la cooperación en materia de aplicación de la ley de conformidad con las respectivas disposiciones legales y reglamentarias de las Partes.

2.   La cooperación en materia de protección de los datos personales y la privacidad incluye, entre otras cosas, asistencia técnica y jurídica en forma de intercambio de información y mejores prácticas, formación y conocimientos especializados, así como fomento de la cooperación en materia de control de la aplicación de las normas por parte de las respectivas autoridades de control de las Partes, también en foros multilaterales.

1.   Las Partes reforzarán la cooperación existente en materia de asistencia jurídica mutua y extradición sobre la base de los acuerdos internacionales pertinentes que sean vinculantes para ellas. Las Partes reforzarán, según proceda, los mecanismos existentes y estudiarán el desarrollo de nuevos mecanismos para facilitar la cooperación internacional en este ámbito, en particular mediante una colaboración más estrecha con otras redes de cooperación jurídica internacional pertinentes.

2.   Las Partes se esforzarán por desarrollar la cooperación judicial en materia civil y mercantil, en particular por lo que se refiere al cumplimiento de sus obligaciones en virtud de los convenios multilaterales sobre cooperación judicial en materia civil, en especial los Convenios de la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado.

3.   Las Partes cooperarán para promover la transmisión segura y eficiente de los documentos judiciales pertinentes, la obtención de pruebas y las audiencias por videoconferencia, según proceda, así como la protección de los datos personales, a efectos de la cooperación judicial internacional.

1.   Las Partes reafirman la importancia de un compromiso amplio en todas las cuestiones relacionadas con la migración, incluida la migración legal en consonancia con las competencias nacionales y de la UE, la gestión de los flujos migratorios con respecto a la migración ilegal, las causas profundas de la migración ilegal, la protección internacional y la prevención y lucha contra la migración ilegal, el tráfico ilegal y la trata de seres humanos.

2.   Las Partes cooperarán con arreglo a unas bases aceptadas de mutuo acuerdo y de manera holística, de conformidad con sus respectivas obligaciones internacionales, así como con sus respectivas disposiciones legales y reglamentarias en vigor. La cooperación se centrará, entre otras cosas, en:

3.   En el marco de la cooperación para prevenir y controlar la migración ilegal, y sin perjuicio de la necesidad de proteger a las víctimas de la trata de seres humanos, las Partes convienen, asimismo, en que:

4.   Como parte de las consultas sobre cuestiones relativas a la migración, las Partes acuerdan iniciar un diálogo sobre la readmisión que, a petición de cualquiera de las Partes, podrá conducir, si las condiciones lo permiten, a la celebración de un acuerdo de readmisión, incluida la utilización del documento de viaje de la UE (1). Las Partes también podrán considerar la posibilidad de entablar un diálogo sobre la facilitación de la circulación de personas, que, a petición de cualquiera de las Partes, podrá conducir, si las condiciones lo permiten, a la celebración de un acuerdo sobre facilitación de visados para los ciudadanos de los Estados miembros y Tailandia.

1.   Las Partes convienen en la necesidad de trabajar y cooperar, de conformidad con sus respectivas disposiciones legales y reglamentarias, para prevenir y combatir eficazmente el abuso de sus sistemas financieros con fines de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

2.   Las Partes convienen en cooperar para desarrollar y aplicar leyes, normas y reglamentos para luchar contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en consonancia con las normas elaboradas por los organismos internacionales activos en ese ámbito, como el Grupo de Acción Financiera Internacional.

3.   La cooperación prevista en el presente artículo también tendrá por objeto promover el intercambio de información pertinente de conformidad con sus respectivas disposiciones legales y reglamentarias.

1.   Las Partes cooperarán, de conformidad con sus respectivas disposiciones legales y reglamentarias, para garantizar un enfoque amplio, basado en datos contrastados, equilibrado e integrado, a través de una cooperación y coordinación efectivas entre las autoridades competentes, incluidas las de los sectores de la salud, la justicia y el interior y otros sectores pertinentes, con el fin de reducir el suministro, el tráfico y la demanda de drogas ilícitas, así como el impacto de tales drogas en los consumidores de drogas y la sociedad en general, y para lograr una política de prevención más eficaz en materia de drogas y evitar el desvío de precursores, incluidos los «precursores de diseño», utilizados para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y nuevas sustancias psicotrópicas.

2.   Las Partes se pondrán de acuerdo sobre los medios de cooperación para lograr los objetivos mencionados en el apartado 1. Las acciones se basarán en los principios comunes establecidos en los convenios de las Naciones Unidas para el control de las drogas y en todos los compromisos internacionales en materia de control de drogas de las Partes respectivas.

3.   La cooperación en el ámbito de la política sobre drogas entre las Partes incluirá, entre otras cosas, la asistencia técnica y administrativa, la formación del personal, la investigación relacionada con las drogas, el intercambio de información y compartir experiencias sobre el uso de las tecnologías de la información en los ámbitos del control de drogas, así como sobre enfoques innovadores sobre las políticas en materia de drogas, la cooperación judicial y policial y la prevención del desvío de precursores, incluidos los «precursores de diseño», utilizados para la fabricación ilícita de estupefacientes y sustancias psicotrópicas y de nuevas sustancias psicoactivas. Las Partes podrán acordar incluir otros ámbitos, como el intercambio de mejores prácticas o información sobre prevención, tratamiento, rehabilitación, reducción de daños y vigilancia de la toxicomanía, medicamentos para la sustitución de drogas, así como medidas adicionales para mejorar la cooperación en el control de precursores de drogas, la ciencia forense, la investigación financiera relacionada con las drogas y el desarrollo alternativo.

1.   Las Partes convienen en cooperar en la promoción y protección de los derechos humanos, sobre la base del principio de consentimiento y respeto mutuos. Las Partes fomentarán un diálogo periódico, sustancial y amplio sobre los derechos humanos.

2.   La cooperación en el ámbito de los derechos humanos podrá referirse, entre otras cosas, a lo siguiente:

3.   Las Partes cooperarán en el fortalecimiento de los principios democráticos, el Estado de Derecho y la buena gobernanza. Esa cooperación podría incluir:

1.   Reconociendo que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son elementos clave de la vida moderna y de vital importancia para el desarrollo económico y social, las Partes convienen en intercambiar puntos de vista sobre sus respectivas políticas en este campo con vistas a promover el desarrollo económico y social, los derechos humanos y las libertades fundamentales.

2.   La cooperación en este campo se centrará, entre otras cosas, en:

3.   Sin perjuicio de las disposiciones legales y reglamentarias respectivas de las Partes, se fomentará la cooperación entre empresas.

4.   Las Partes cooperarán en materia de ciberseguridad mediante el intercambio de información sobre estrategias, políticas y buenas prácticas, de conformidad con sus disposiciones legales y reglamentarias y sus obligaciones internacionales.

5.   Las Partes promoverán el intercambio de información sobre ciberseguridad en los ámbitos de la educación y la formación, las iniciativas de sensibilización, el uso de sus respectivas normas y especificaciones técnicas a efectos de la gestión de riesgos de ciberseguridad y la ciberseguridad de los productos y servicios de TIC, incluida la certificación de la ciberseguridad, así como las políticas de investigación y desarrollo conexas.

1.   Las Partes acuerdan cooperar en todos los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la innovación en esferas de interés mutuo, respetando sus políticas respectivas. Dicha cooperación reforzará el apoyo a las iniciativas multilaterales y regionales de investigación e innovación para ofrecer nuevas soluciones a los retos ecológicos, digitales, sanitarios, sociales y de innovación. Se necesitarán, en particular, acciones conjuntas para prevenir futuras crisis sanitarias mundiales, especialmente las enfermedades infecciosas emergentes, y un compromiso conjunto para construir un mundo más sano, seguro, justo y sostenible. Los ámbitos de cooperación pueden abarcar, entre otros, la búsqueda de soluciones a retos mundiales como el cambio climático, la crisis de la biodiversidad, la contaminación, el agotamiento de los recursos o las enfermedades infecciosas, también en situaciones de crisis, y soluciones que permitan las transiciones ecológica y digital. Las iniciativas deben mostrar liderazgo mundial en materia de clima y medio ambiente.

2.   Los objetivos de la cooperación en materia de ciencia, tecnología e innovación serán:

3.   La cooperación en materia de ciencia, tecnología e innovación adoptará la forma de intercambios y proyectos conjuntos de investigación, reuniones y formación de científicos a través de planes de movilidad internacional, previendo la máxima divulgación de los resultados de la investigación. Toda propiedad intelectual resultante de la investigación y las actividades conjuntas se compartirá en términos decididos de común acuerdo.

4.   Dentro de la cooperación en materia de ciencia, tecnología e innovación, las Partes favorecerán la participación de sus organismos públicos, instituciones de enseñanza superior, centros de investigación y sectores productivos respectivos, especialmente las MIPYME.

5.   Las Partes convienen en hacer todo lo posible por incrementar la sensibilización pública sobre las posibilidades que ofrecen sus programas de cooperación en materia de ciencia, tecnología e innovación.

1.   Las Partes consideran que el cambio climático representa una amenaza existencial para la humanidad y reafirman su compromiso de fortalecer la respuesta mundial a dicha amenaza. Las Partes reafirman su compromiso de alcanzar los objetivos y metas de la CMNUCC y del Acuerdo de París. En consecuencia, cada Parte aplicará efectivamente la CMNUCC y el Acuerdo de París.

2.   Las Partes aspiran a fortalecer la respuesta mundial al cambio climático y sus efectos. Las Partes mejorarán también la cooperación en materia de políticas para ayudar a mitigar el cambio climático y adaptarse a los efectos adversos del cambio climático, incluido el aumento del nivel del mar, y para situar sus economías, incluidos los flujos financieros, en la senda del desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de conformidad con el Acuerdo de París.

3.   Los objetivos de la cooperación en el ámbito del cambio climático serán:

1.   Las Partes convienen en reforzar la cooperación en el sector energético, con el fin de:

2.   Con este fin, las Partes convienen en promover los contactos y la investigación conjunta en beneficio mutuo, particularmente a través de la cooperación en materia de energía. Con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París como marco general que guía la asociación, las Partes señalan la necesidad de abordar los vínculos entre el acceso asequible a servicios de energía limpia y el desarrollo sostenible. Estas actividades pueden promoverse, entre otros, en cooperación con la Iniciativa de la UE sobre la Energía.

1.   Las Partes se esforzarán por cooperar en los ámbitos pertinentes de la política de transporte con vistas a promover el transporte sostenible, así como infraestructuras de calidad, fiables, sostenibles y resilientes, incluidas las infraestructuras regionales y transfronterizas, en consonancia con las normas y principios internacionales pertinentes aplicables a ambas Partes, mejorando la circulación de mercancías y pasajeros, apoyando el desarrollo económico y el bienestar humano, centrándose en un acceso asequible y equitativo para todos, promoviendo la seguridad y la protección en el sector marítimo y aeronáutico, promoviendo la protección del medio ambiente y aumentando la eficiencia de sus sistemas de transporte.

2.   La cooperación entre las Partes en el ámbito del transporte tendrá como objetivo promover:

1.   Guiadas por las directrices internacionales pertinentes para el turismo sostenible, las Partes procurarán mejorar el intercambio de información y establecer las mejores prácticas a fin de garantizar un desarrollo equilibrado del turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales, así como el desarrollo de herramientas para supervisar los efectos del desarrollo sostenible en el turismo sostenible.

2.   Las Partes convienen en desarrollar la cooperación para salvaguardar y maximizar el potencial del patrimonio natural y cultural, mitigando las repercusiones negativas del turismo, en particular la explotación de seres humanos, especialmente niños, en todas sus formas, respetando la fauna silvestre, la flora, la biodiversidad y los ecosistemas, y aumentando la contribución positiva del negocio turístico al desarrollo sostenible de las comunidades locales mediante, entre otras cosas, el desarrollo del turismo sostenible, con el debido respeto por la integridad y los intereses de las comunidades locales y tradicionales, y la mejora de la formación en el sector turístico.

1.   Las Partes convienen en promover una cooperación educativa y cultural que respete debidamente su diversidad a fin de mejorar su entendimiento mutuo y el conocimiento de sus respectivas culturas y lenguas.

2.   Las Partes se esforzarán por adoptar las medidas adecuadas para fomentar la contribución de la educación y la cultura a la formación sobre el desarrollo sostenible y los intercambios culturales, y por llevar a cabo iniciativas conjuntas en dichos ámbitos, incluida la organización conjunta de acontecimientos culturales. A ese respecto, las Partes acuerdan también seguir apoyando las actividades de la Fundación Asia-Europa.

3.   Las Partes convienen en cooperar estrechamente en los foros internacionales pertinentes, como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), con el fin de mejorar la conservación del patrimonio cultural material e inmaterial, en particular en el contexto de la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural, adoptada por la Conferencia General de la UNESCO el 16 de noviembre de 1972, y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, adoptada por la Conferencia General de la UNESCO el 17 de octubre de 2003, al tiempo que conceden importancia a la promoción de la diversidad cultural para el desarrollo de las artes y la economía creativa basada en el conocimiento.

4.   Las Partes deberán, además, promover medidas destinadas a crear vínculos entre sus organismos especializados respectivos y favorecer los intercambios de información, conocimientos técnicos, estudiantes, personal académico y expertos y fomentar en mayor medida los vínculos entre los grupos de reflexión. En el marco de su cooperación y utilización de recursos técnicos, deberán aprovecharse los instrumentos ofrecidos por los programas de la UE en el Asia Sudoriental en el sector de la educación y la cultura, así como la experiencia adquirida por las Partes en ese sector. Las Partes convienen asimismo en intensificar la cooperación en materia de educación superior y promover la aplicación del programa Erasmus+, así como en intercambiar las mejores prácticas en el ámbito de las políticas de juventud y el trabajo en el ámbito de la juventud.

1.   Las Partes convienen en la necesidad de cooperar para la protección del medio ambiente y para lograr economías hipocarbónicas, resilientes, eficientes en el uso de los recursos y circulares, incluida la bioeconomía, disociando el crecimiento económico de la degradación medioambiental, y de conservar y gestionar, de manera sostenible, los recursos naturales y fomentar la diversidad biológica como base para el desarrollo de las generaciones actuales y futuras.

2.   Las Partes convienen en que la cooperación en materia de recursos medioambientales y naturales promoverá el uso eficiente de los recursos y la conservación y mejora del medio ambiente con vistas al desarrollo sostenible. En el marco de su cooperación, las Partes trabajarán en pro de la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y la aplicación efectiva de los acuerdos multilaterales pertinentes en materia de medio ambiente, incluido el Acuerdo de París.

3.   Las Partes se esforzarán por continuar y reforzar su cooperación en materia de protección del medio ambiente, especialmente en relación con:

1.   Las Partes reforzarán el diálogo y la cooperación sobre cuestiones de gobernanza de los océanos con vistas a promover la conservación a largo plazo y la gestión sostenible de los recursos marinos vivos y los ecosistemas marinos.

2.   Las Partes reforzarán la cooperación en materia de conservación, gestión y explotación sostenible de los recursos marinos vivos, tal como se definen en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM), adoptada por la Tercera Conferencia sobre el Derecho del Mar el 10 de diciembre de 1982, y en el Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), adoptado mediante la Resolución n.o 4/95 de la Conferencia de la FAO, de 31 de octubre de 1995. Las Partes se comprometen a cooperar para promover la aplicación de los objetivos del Acuerdo de la FAO para promover el cumplimiento de las medidas internacionales de conservación y ordenación por los buques pesqueros que pescan en alta mar, adoptado en Roma el 24 de noviembre de 1993, y el Acuerdo de las Naciones Unidas sobre la aplicación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 10 de diciembre de 1982 relativas a la conservación y ordenación de las poblaciones de peces transzonales y las poblaciones de peces altamente migratorios, adoptado en Nueva York el 4 de agosto de 1995.

3.   Las Partes convienen además en cooperar:

1.   Las Partes convienen en fomentar el diálogo en materia de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural. Intercambiarán información y desarrollarán la cooperación en los siguientes ámbitos:

2.   Las Partes acuerdan promover la cooperación tecnológica, el desarrollo de capacidades o cualquier otra forma de cooperación que aumente la productividad, la producción segura y sostenible y las prácticas resilientes en las zonas de agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural, y que mejore la preparación, la prevención, la detección, la respuesta y el control de las enfermedades vegetales, animales y zoonóticas, en consonancia con el concepto «Una sola salud» y las normas internacionales.

3.   Las Partes convienen en animar a los sectores público y privado a debatir e intercambiar información empresarial, entre otras cosas, organizando encuentros entre empresas y actos promocionales sobre productos agrícolas.

1.   Las Partes convienen en cooperar y compartir sus experiencias y mejores prácticas en el sector sanitario con vistas a reforzar las actividades en el ámbito de la investigación, hacer frente a la amenaza de las principales enfermedades transmisibles y no transmisibles, incluida la pandemia de COVID-19, y reforzar la cobertura sanitaria universal, así como los servicios sanitarios, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva. Las Partes convienen asimismo en intercambiar sus puntos de vista y mejores prácticas sobre cuestiones reglamentarias relacionadas con los productos farmacéuticos y los productos sanitarios.

2.   La cooperación en el ámbito de la salud se llevará a cabo principalmente a través de foros internacionales, incluida la Organización Mundial de la Salud, e iniciativas multilaterales, en ámbitos como:

1.   Las Partes convienen en mejorar la cooperación y fomentar la asistencia técnica en el terreno del empleo y los asuntos sociales, incluida la cooperación sobre cohesión regional y social, la salud y la seguridad en el lugar de trabajo, la igualdad de género y la igualdad de retribución por un trabajo de igual valor, el aprendizaje permanente y el desarrollo de capacidades, la protección social y el trabajo digno, con vistas a reforzar la dimensión social de la globalización.

2.   Las Partes reafirman la necesidad de apoyar el proceso de globalización que beneficia a todos y promover el empleo pleno y productivo y el trabajo digno como elemento clave del desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza, según lo refrendado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización justa, adoptada en Ginebra el 10 de junio de 2008, y la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo, adoptada en Ginebra el 21 de junio de 2019. Las Partes tendrán en cuenta las características respectivas y la naturaleza distinta de sus situaciones económicas y sociales.

3.   Las Partes reafirman sus respectivos compromisos de promover y aplicar efectivamente las normas sociales y laborales reconocidas internacionalmente y de respetar, promover y hacer realidad los principios y derechos fundamentales en el trabajo establecidos en la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, adoptada en Ginebra el 18 de junio de 1998 y modificada el 10 de junio de 2022. Las Partes convienen en cooperar y prestar asistencia técnica con vistas a trabajar en la ratificación y aplicación de los convenios fundamentales de la OIT, así como en cooperar en la promoción de la ratificación y aplicación de otros convenios actualizados de la OIT, según proceda, en lo que respecta también a la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.

4.   Las Partes convienen en promover la cooperación entre el Gobierno y los interlocutores sociales en los ámbitos del empleo y los asuntos sociales, así como el intercambio de información relativa al empleo, la salud y la seguridad en el trabajo, las inspecciones laborales y el diálogo social sobre protección social y laboral.

5.   La cooperación en el ámbito del empleo y los asuntos sociales podrá incluir, entre otras cosas, programas y proyectos específicos, según lo mutuamente acordado, así como diálogo, cooperación e iniciativas sobre temas de interés común a nivel bilateral o multilateral, en el marco, por ejemplo, de la ASEM, la UE-ASEAN y la OIT.

1.   Las Partes se comprometen a facilitar los recursos adecuados, incluidos los medios financieros, en la medida en que sus normativas y recursos respectivos lo permitan, con el fin de alcanzar los objetivos de cooperación establecidos en el presente Acuerdo.

2.   Las Partes exhortarán al Banco Europeo de Inversiones a que continúe sus actividades en Tailandia, con arreglo a sus procedimientos y a sus criterios de financiación.

1.   Las Partes acuerdan establecer un diálogo periódico sobre sus respectivos programas de desarrollo en terceros países.

2.   Las Partes convienen en cooperar en acciones conjuntas destinadas a prestar asistencia para el desarrollo sostenible a los países vecinos de Tailandia y otros países, en los sectores pertinentes para la cooperación trilateral. Los ámbitos de cooperación serán determinados por todos los socios implicados, sobre la base de las necesidades de los países beneficiarios, la capacidad y los conocimientos especializados de la UE y Tailandia, y se decidirán sobre una base ad hoc.

1.   Se crea un Comité Mixto integrado por representantes de ambas Partes al más alto nivel posible, cuyas tareas consistirán en: