(1)

El Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) fija normas relativas al establecimiento de normas europeas y de documentos europeos de normalización para productos y servicios, en apoyo de la legislación y las políticas de la Unión.

(2)

De conformidad con el artículo 10 del Reglamento (UE) n.o 1025/2012, la Comisión puede pedir a una o más organizaciones europeas de normalización que elaboren una norma europea o un documento europeo de normalización.

(3)

Las normas europeas y los documentos europeos de normalización desempeñan un papel importante en el mercado interior y la protección de los consumidores. Las normas no solo determinan los aspectos técnicos de los productos o servicios, sino que también desempeñan un importante papel para los trabajadores, los consumidores y el medio ambiente. Por ejemplo, las normas armonizadas pueden utilizarse para establecer la presunción de que los productos que se comercialicen en el mercado son conformes con los requisitos esenciales relativos a esos productos establecidos en la legislación de armonización pertinente de la Unión, al mismo tiempo que garantizan la calidad y la seguridad de los productos y servicios para los consumidores y protegen el medio ambiente.

(4)

En el pasado, cambiaron las prácticas de las organizaciones europeas de normalización en lo que respecta a su gobernanza interna y a sus procedimientos de toma de decisiones. Como consecuencia de tales cambios, las organizaciones europeas de normalización han aumentado su cooperación con las partes interesadas internacionales y europeas. Esta cooperación ha resultado positiva ya que contribuye a un proceso de normalización transparente, abierto, imparcial y consensuado. No obstante, cuando las organizaciones europeas de normalización ejecutan peticiones de normalización para apoyar la legislación y las políticas de la Unión, es esencial que su toma de decisiones interna tenga en cuenta los intereses, los objetivos de las políticas y los valores de la Unión, así como los intereses públicos en general.

(5)

En consonancia con los artículos 5 y 6 del Reglamento (UE) n.o 1025/2012, son esenciales y, por tanto, deben garantizarse, unos procedimientos adecuados y una representación equilibrada de los intereses de las partes interesadas pertinentes, incluidas las partes interesadas que representan, entre otros, a las pymes y los intereses medioambientales, sociales y de los consumidores. En las organizaciones europeas de normalización han de tomarse en consideración las opiniones y aportaciones de todas las partes interesadas pertinentes. Además, a la hora de tomar decisiones sobre las normas europeas y los documentos europeos de normalización pedidos con arreglo al artículo 10, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1025/2012, deben tenerse en cuenta las opiniones expresadas en las consultas nacionales realizadas por los organismos nacionales de normalización.

(6)

Los organismos nacionales de normalización desempeñan un papel esencial en el sistema de normalización, tanto a nivel de la Unión, de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 1025/2012, como a nivel de los Estados miembros. Por consiguiente, los organismos nacionales de normalización son los mejor situados para garantizar que los intereses, los objetivos de las políticas y los valores de la Unión, así como los intereses públicos en general, se tengan debidamente en cuenta en las organizaciones europeas de normalización. Es necesario, por lo tanto, reforzar su papel en los órganos decisorios de las organizaciones europeas de normalización cuando dichos órganos adopten decisiones relativas a normas europeas y documentos europeos de normalización pedidos por la Comisión con arreglo al artículo 10, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1025/2012, sin perjuicio del importante papel que desempeña la base más amplia de partes interesadas a la hora de elaborar normas eficaces que den respuesta a las necesidades tanto de interés público como del mercado.

(7)

Los órganos decisorios de las organizaciones europeas de normalización están abiertos a la participación no solo de los organismos nacionales de normalización, sino también, entre otros, de las organizaciones nacionales de normalización de los países adherentes, los países candidatos y otros países que hayan pasado a formar parte oficialmente de las organizaciones europeas de normalización en cuestión y hayan celebrado un acuerdo con la Unión para garantizar la convergencia normativa. Con el fin de impedir que esas organizaciones queden excluidas de la participación en el trabajo de los órganos decisorios correspondientes, basta con establecer que las decisiones de dichos órganos relativas a las normas europeas y los documentos europeos de normalización pedidos con arreglo al artículo 10, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1025/2012 las adopten exclusivamente los representantes de los organismos nacionales de normalización sin imponer ningún otro requisito a la labor de los órganos decisorios de las organizaciones europeas de normalización. La participación de las organizaciones nacionales de normalización de terceros países en el trabajo de las organizaciones europeas de normalización no debe impedir la adopción de las decisiones relativas a las normas europeas y los documentos europeos de normalización pedidos por la Comisión cuando dichas decisiones solo cuenten con el apoyo de los organismos nacionales de normalización de los Estados miembros y de los países del EEE.

(8)

Para que el requisito según el cual las decisiones de los órganos decisorios de las organizaciones europeas de normalización relativas a las normas europeas y los documentos europeos de normalización pedidos por la Comisión con arreglo al artículo 10, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 1025/2012 deben adoptarlas exclusivamente los representantes de los organismos nacionales de normalización sea efectivo, es necesario disponer que la Comisión tenga que presentar tales peticiones únicamente a una organización europea de normalización que cumpla dicho requisito.

(9)

Los procedimientos de normalización entrañan decisiones para las que son necesarios flujos de trabajo específicos, que han de considerarse temas de trabajo distintos. Dichos temas de trabajo se inician a fin bien de elaborar una nueva norma europea o un nuevo documento europeo de normalización, o bien de revisar, fusionar, modificar o corregir una norma europea o un documento europeo de normalización existente.

(10)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.o 1025/2012 en consecuencia.

(11)

A fin de que las organizaciones europeas de normalización puedan adaptar, en caso necesario, su reglamento interno para cumplir con los requisitos del presente Reglamento, su aplicación debe aplazarse.

(1)

En su Comunicación de 9 de marzo de 2021 titulada «Brújula Digital 2030: el enfoque de Europa para la Década Digital» (en lo sucesivo, «Comunicación sobre la Brújula Digital»), la Comisión expuso su visión para 2030, consistente en capacitar a los ciudadanos y las empresas a través de la transformación digital (en lo sucesivo, «Década Digital»). La trayectoria de la Unión para la transformación digital de la economía y la sociedad debe abarcar la soberanía digital de manera abierta, el respeto de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia, la inclusión, la accesibilidad, la igualdad, la sostenibilidad, la resiliencia, la seguridad, la mejora de la calidad de vida, la disponibilidad de los servicios y el respeto de los derechos y aspiraciones de los ciudadanos. Debe contribuir a una economía y una sociedad de la Unión dinámicas, eficientes en el uso de los recursos y justas.

(2)

La transformación digital no es posible sin un fuerte respaldo a la ciencia, la investigación, el desarrollo y la comunidad científica, que son la fuerza motriz de la revolución tecnológica y digital. Además, dado que el grado de digitalización de la economía o la sociedad es una base indispensable para la resiliencia económica y social, así como un factor en su influencia mundial, es necesario que la acción internacional de la Unión estructure la amplia gama de iniciativas de cooperación existentes en consonancia con los pilares de la Década Digital. La necesidad de dicha estructuración también se refleja en la Comunicación conjunta de la Comisión y del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de 1 de diciembre de 2021 titulada «La Pasarela Mundial», con la que la Unión se propone contribuir a reducir el déficit de inversión mundial, sobre la base de un enfoque democrático, impulsado por valores y que fomente asociaciones transparentes y de alto nivel, a fin de satisfacer las necesidades de desarrollo de infraestructuras mundiales.

(3)

En una declaración del 25 de marzo de 2021, los miembros del Consejo Europeo consideraron que la Comunicación sobre la Brújula Digital es un paso adelante en la definición del desarrollo digital de la Unión para la próxima década y confirmaron la visión que se exponía en la Comunicación sobre la Brújula Digital, incluida la idea de un programa estratégico con un marco de gobernanza eficiente destinado a facilitar la ejecución de proyectos plurinacionales necesarios para la transformación digital de la Unión en ámbitos esenciales. También invitaron a la Comisión a ampliar el conjunto de herramientas estratégicas de la Unión para la transformación digital, tanto a escala nacional como de la Unión, y a utilizar todos los instrumentos disponibles, desde las políticas en materia de industria, comercio y competencia, en materia de capacidades y educación y en materia de investigación e innovación hasta los instrumentos de financiación a largo plazo, para facilitar la transformación digital.

(4)

La Declaración Europea sobre los Derechos y Principios Digitales para la Década Digital (en lo sucesivo, «Declaración Europea») va a situar a las personas en el centro de la transformación digital, pretende promover principios para la transformación digital de conformidad con el Derecho y los valores europeos compartidos y se propone contribuir a la consecución de los objetivos generales de la presente Decisión. A tal fin, la Comisión y los Estados miembros deben tener en cuenta los principios y derechos digitales establecidos en la Declaración Europea cuando cooperen, con vistas a alcanzar los objetivos generales establecidos en la presente Decisión.

(5)

Como se expone en la Comunicación de la Comisión de 5 de mayo de 2021 titulada «Actualización del nuevo modelo de industria de 2020: Creación de un mercado único más sólido para la recuperación de Europa», es necesario que la Unión identifique los sistemas de tecnologías críticas y sectores estratégicos, aborde las deficiencias estratégicas y las dependencias de alto riesgo que podrían dar lugar a una escasez de suministro o a riesgos de ciberseguridad, y fomente la transformación digital. Esto pone de manifiesto la importancia de que los Estados miembros unan fuerzas y apoyen los esfuerzos de la industria para hacer frente a estas dependencias y desarrollar las necesidades de capacidad estratégica. También responde al análisis de la Comisión plasmado en su Comunicación de 8 de septiembre de 2021 titulada «Informe sobre prospectiva estratégica de 2021. La capacidad y libertad de actuación de la UE». En el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo (3) y la preparación de planes nacionales de recuperación y resiliencia, la Comisión animó a los Estados miembros a coordinar sus esfuerzos con vistas, entre otras cosas, a establecer proyectos plurinacionales en el ámbito digital.

Dicha experiencia puso de manifiesto la necesidad de que la Comisión apoye los esfuerzos de coordinación de los Estados miembros y de que la Unión cuente con mecanismos de ejecución que faciliten las inversiones conjuntas, a fin de establecer proyectos plurinacionales. Junto con otras iniciativas de la Comisión, como el Observatorio de Tecnologías Críticas de la UE, mencionado en la Comunicación de la Comisión de 22 de febrero de 2021 titulada «Plan de acción sobre las sinergias entre las industrias civil, de la defensa y espacial», debe establecerse una estructura de gobernanza que aplique la Brújula Digital, que ayude a detectar las dependencias digitales estratégicas de la Unión, tanto las actuales como las que pueden surgir en el futuro, y contribuya a reforzar la soberanía digital de la Unión de manera abierta.

(6)

En su Comunicación de 11 de diciembre de 2019 titulada «El Pacto Verde Europeo», la Comisión hizo hincapié en que la Unión debe aprovechar el potencial de la transformación digital, que es un factor esencial para alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo. La Unión debe fomentar la transformación digital necesaria e invertir en ella, ya que las tecnologías digitales y los nuevos métodos y procesos son factores esenciales para alcanzar los objetivos de sostenibilidad del Pacto Verde Europeo, el Acuerdo de París adoptado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (4) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas en muchos sectores distintos. Las tecnologías digitales, como la inteligencia artificial, la 5G, la 6G, la cadena de bloques, la computación en la nube y en el borde y el internet de las cosas, deben acelerar y potenciar los efectos de las políticas para combatir el cambio climático y proteger el medio ambiente, también a través de ciclos de vida sostenibles. Junto con la navegación y la localización por satélite, la digitalización brinda además nuevas oportunidades para el control a distancia de la contaminación del aire y del agua, y para la monitorización y optimización del modo de utilización de la energía y los recursos naturales. La Unión necesita un sector digital articulado en torno a la sostenibilidad, también en su cadena de suministro, que de este modo evite la dependencia excesiva de materias primas críticas y garantice que, de forma demostrable, las infraestructuras y tecnologías digitales se vuelvan más sostenibles, renovables y eficientes desde el punto de vista energético y de los recursos, y contribuyan a una economía y una sociedad sostenibles, circulares y climáticamente neutras en consonancia con el Pacto Verde Europeo.

(7)

Las políticas relativas a las infraestructuras digitales y las inversiones consiguientes deben tener como objetivo garantizar una conectividad accesible a todos y en toda la Unión, en la que se disponga de acceso a internet, a fin de colmar la brecha digital en toda la Unión, con especial atención a la brecha entre las distintas zonas geográficas.

(8)

Las medidas previstas en la Comunicación sobre la Brújula Digital deben aplicarse con el fin de intensificar las acciones previstas en la estrategia presentada en la Comunicación de la Comisión de 19 de febrero de 2020 titulada «Configurar el futuro digital de Europa», y basarse en los instrumentos de la Unión existentes, como los programas del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y del Fondo de Cohesión establecidos por el Reglamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y el instrumento de apoyo técnico establecido por el Reglamento (UE) 2021/240 del Parlamento Europeo y del Consejo (6), y en los Reglamentos (UE) 2021/523 (7), (UE) 2021/690 (8), (UE) 2021/694 (9), (UE) 2021/695 (10)y (UE) 2021/1153 (11) del Parlamento Europeo y del Consejo, así como en los fondos asignados a la transformación digital con arreglo al Reglamento (UE) 2021/241. La presente Decisión debe establecer un programa estratégico de la Década Digital para 2030 con el fin de lograr, acelerar y configurar una transformación digital exitosa de la economía y la sociedad de la Unión.

(9)

El pilar europeo de derechos sociales proclamado por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en la Reunión informal de Jefes de Estado o de Gobierno, celebrada el 17 de noviembre de 2017 en Gotemburgo (Suecia), exige el derecho a acceder a servicios esenciales de alta calidad, incluidas las comunicaciones digitales, así como el derecho a una educación, formación y aprendizaje permanente inclusivos y de calidad.

(10)

Para seguir la trayectoria de la Unión en cuanto al ritmo de la transformación digital, deben establecerse metas digitales a escala de la Unión. Dichas metas digitales deben vincularse a ámbitos concretos en los que se espera que se realicen avances colectivos en la Unión. Las metas digitales siguen los cuatro puntos cardinales definidos en la Comunicación sobre la Brújula Digital como ámbitos esenciales para la transformación digital de la Unión: capacidades digitales, infraestructuras digitales, digitalización de las empresas y digitalización de los servicios públicos.

(11)

La presente Decisión se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 165 y 166 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

(12)

Las capacidades digitales, tanto las básicas como las avanzadas, así como otras capacidades, también en los ámbitos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM), son esenciales para acelerar la adaptación de la industria de la Unión a los cambios estructurales. Se pretende que los ciudadanos capacitados y capaces digitalmente, incluidas las personas con discapacidad, puedan aprovechar las oportunidades de la Década Digital. Para perseguir este objetivo, debe prestarse especial atención a la educación, a fin de garantizar que la comunidad educativa, y en particular el profesorado, esté adecuadamente formada, capacitada y equipada para utilizar eficazmente la tecnología en sus métodos pedagógicos y sea capaz de enseñar tecnologías digitales, con vistas a garantizar que los estudiantes estén mejor preparados para incorporarse al mercado laboral a corto y largo plazo. La educación y la formación digitales también deben aumentar el atractivo de la Unión para los profesionales altamente cualificados que han adquirido capacidades digitales avanzadas y la disponibilidad de estos profesionales en el mercado laboral de la Unión.

El Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI, por sus siglas en inglés) de 2021, publicado por la Comisión, afirma que las empresas de la Unión, en particular las pequeñas y medianas empresas (pymes), tenían dificultades para encontrar profesionales de las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en número suficiente incluso antes de la pandemia de COVID-19. Por tanto, la formación y la educación digitales deben sustentar todas las medidas encaminadas a garantizar que los trabajadores estén dotados de las capacidades necesarias en la actualidad y en el futuro para apoyar la movilización y el incentivo de todas las partes interesadas pertinentes, con vistas a maximizar el efecto de las inversiones en la mejora de las capacidades existentes (perfeccionamiento profesional) y la formación para adquirir nuevas capacidades (reciclaje profesional), así como el aprendizaje permanente de la población económicamente activa para garantizar que se aprovechen todas las oportunidades que brinda la digitalización de la industria y los servicios. También debe alentarse la formación digital no formal que ofrecen los empleadores mediante el aprendizaje práctico. Asimismo, la educación y la formación aportarán incentivos profesionales concretos para evitar y eliminar la diferencia de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres.

(13)

La existencia de una infraestructura digital sostenible para la conectividad, la microelectrónica y la capacidad para procesar macrodatos son factores esenciales para aprovechar los beneficios de la digitalización, para seguir realizando avances tecnológicos y para el liderazgo digital de la Unión. En consonancia con la Comunicación de la Comisión de 30 de junio de 2021 titulada «Una visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE: hacia unas zonas rurales más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas antes de 2040», es necesaria una conectividad fiable, rápida y segura para todos y en toda la Unión, incluidas las zonas rurales y remotas, como las islas y las regiones montañosas y escasamente pobladas, además de las regiones ultraperiféricas. Las necesidades sociales de convergencia del ancho de banda de carga y descarga aumentan constantemente. De aquí a 2030, las redes con velocidad de gigabit deben estar disponibles para todos aquellos que necesiten o deseen disponer de dicha capacidad. Todos los usuarios finales de la Unión deben poder utilizar servicios de gigabit prestados por redes en una ubicación fija implantadas hasta el punto de terminación de red. Además, todas las zonas pobladas deben estar cubiertas por una red inalámbrica de alta velocidad de próxima generación con un rendimiento equivalente como mínimo a la 5G. Todos los agentes del mercado que se benefician de la transformación digital deben asumir sus responsabilidades sociales y realizar una contribución justa y proporcionada a los bienes, servicios e infraestructuras públicos, en beneficio de todos los ciudadanos de la Unión.

(14)

La neutralidad tecnológica prevista en la Directiva (UE) 2018/1972 del Parlamento Europeo y del Consejo (12) es un principio que debe guiar las políticas nacionales y de la Unión respecto a las infraestructuras de conectividad digital del más alto rendimiento, resiliencia, seguridad y sostenibilidad, para beneficiarse de la prosperidad. Todas las tecnologías y sistemas de transmisión capaces de contribuir a la consecución de la conectividad de gigabit, incluidos los avances actuales y futuros de la fibra, el satélite, la 5G o cualquier otro ecosistema futuro y el wifi de próxima generación, deben, por lo tanto, recibir el mismo trato cuando tengan un rendimiento de la red equivalente.

(15)

Se prevé que en el futuro la demanda de semiconductores, que son fundamentales para la mayoría de las cadenas de valor estratégicas clave, sea aún mayor que en la actualidad, en particular en el caso de los ámbitos tecnológicos más innovadores. Dado que son elementos centrales de la economía digital, los semiconductores también son factores esenciales en la transición hacia la sostenibilidad, y de este modo contribuyen a lograr los objetivos del Pacto Verde Europeo. Los semiconductores con huella energética baja también contribuyen a situar a la UE como líder en tecnologías digitales sostenibles. Se pretende reforzar la resiliencia de la cadena de valor y la capacidad de producción de los semiconductores —incluidos los materiales, los equipos, el diseño, la fabricación, la transformación y el envasado— entre otras cosas mediante la construcción de infraestructuras innovadoras de gran escala conformes al Derecho de la Unión sobre sostenibilidad medioambiental. Por ejemplo, la capacidad cuántica y los semiconductores de bajo consumo son factores esenciales para lograr la neutralidad climática de los nodos de proximidad altamente seguros que garantizan el acceso a los servicios de datos de baja latencia, independientemente de la ubicación del usuario.

(16)

Más allá de su papel como factores esenciales, las tecnologías actuales y futuras van a formar el núcleo de nuevos productos, nuevos procesos de fabricación y nuevos modelos de negocio basados en un intercambio justo y seguro de datos en el marco de la economía de los datos, garantizando al mismo tiempo una protección efectiva de la privacidad y los datos personales. La transformación de las empresas depende de su capacidad para adoptar rápidamente y de forma generalizada nuevas tecnologías digitales, incluidos los ecosistemas industriales y de servicios que actualmente se están quedando atrás. Esta transformación es especialmente importante para las pymes, que siguen enfrentándose a retos en la adopción de las soluciones digitales.

(17)

Se anima a los Estados miembros a que apliquen el principio de «solo una vez» en su administración pública y fomenten la reutilización de los datos de conformidad con las normas de protección de datos, de modo que los ciudadanos o las empresas no se vean sometidos a ninguna carga adicional.

(18)

La vida democrática y los servicios públicos esenciales también dependen de manera decisiva de las tecnologías digitales. Todos los ciudadanos y empresas deben poder interactuar digitalmente con las administraciones públicas. En el DESI se debe realizar el seguimiento de varios parámetros de tales interacciones, incluido el papel central del usuario y la transparencia. Los servicios públicos esenciales, incluidos los historiales médicos electrónicos, deben ser plenamente accesibles, con carácter voluntario, y constituir un entorno digital de la mejor calidad que preste servicios y herramientas de fácil uso, eficientes, fiables y personalizados, con altos niveles de seguridad y privacidad. Tales servicios públicos esenciales deben comprender también aquellos que son pertinentes para acontecimientos importantes en la vida de las personas físicas —como, por ejemplo, perder o encontrar un empleo, estudiar, poseer o conducir un automóvil, o crear una empresa— y para las personas jurídicas en su ciclo de vida profesional. No obstante, durante la transición a las herramientas digitales debe mantenerse el acceso a los servicios fuera de línea.

(19)

Las tecnologías digitales deben contribuir a lograr resultados sociales más amplios que no se limiten a la esfera digital, sino que tengan efectos positivos en las vidas cotidianas y el bienestar de los ciudadanos. Para tener éxito, la transformación digital debe ir acompañada de mejoras en materia de democracia, buena gobernanza, inclusión social y servicios públicos más eficientes.

(20)

La Comisión debe revisar las metas digitales y las definiciones pertinentes antes de junio de 2026 para valorar si siguen alcanzando el elevado nivel de ambición de la transformación digital. La Comisión debe poder proponer, cuando lo estime necesario, modificaciones en las metas digitales con el fin de abordar la evolución técnica, económica y social, en particular en los ámbitos de la economía de los datos, la sostenibilidad y la ciberseguridad.

(21)

Cuando se utilizan fondos públicos, es fundamental que se obtenga el máximo retorno para la sociedad y las empresas. La financiación pública debe tener como objetivo garantizar un acceso abierto y no discriminatorio a los resultados de los proyectos financiados, salvo cuando, en casos justificados y proporcionados, se considere adecuado proceder de otro modo.

(22)

El avance armonioso, inclusivo y constante hacia la transformación digital y la consecución de las metas digitales de la Unión exige una forma de gobernanza global, robusta, fiable, flexible y transparente, basada en una estrecha cooperación y coordinación entre el Parlamento Europeo, el Consejo, la Comisión y los Estados miembros. Un mecanismo adecuado debe garantizar la coordinación de la convergencia, el intercambio de las mejores prácticas y la coherencia y eficacia de las políticas y medidas a escala nacional y de la Unión, así como alentar la activación de las sinergias adecuadas entre los fondos nacionales y de la Unión, y también entre las iniciativas y los programas de la Unión. A tal fin, la Comisión podría facilitar orientación y apoyo a los Estados miembros sobre cómo aprovechar al máximo los tipos de sinergias más adecuados. A tal fin, es necesario establecer disposiciones sobre un mecanismo de seguimiento y cooperación que aplique la Brújula Digital. Dicho mecanismo debe tener en cuenta la diversidad de situaciones entre los Estados miembros y dentro de ellos, debe ser proporcionado, en particular en lo que se refiere a las cargas administrativas, y debe permitir a los Estados miembros perseguir un mayor nivel de ambición a la hora de establecer sus objetivos nacionales.

(23)

El mecanismo de seguimiento y cooperación que aplique la Brújula Digital debe incluir un sistema de seguimiento mejorado para detectar lagunas en las capacidades digitales estratégicas de la Unión. También debe incluir un mecanismo de presentación de informes que aborden, entre otros aspectos, los avances hacia las metas digitales establecidas en la presente Decisión, así como la situación más general de cumplimiento de los objetivos generales establecidos en la presente Decisión. Debe establecer un marco de cooperación entre la Comisión y los Estados miembros para encontrar soluciones destinadas a subsanar las deficiencias y proponer acciones específicas para hallar soluciones eficaces.

(24)

El DESI debe integrarse en el informe sobre el estado de la Década Digital (en lo sucesivo, «Informe sobre la Década Digital») y utilizarse para llevar a cabo un seguimiento de los avances hacia las metas digitales. Dicho seguimiento debe incluir un análisis de los indicadores que miden los avances a escala de los Estados miembros, las políticas e iniciativas nacionales destinadas a lograr los objetivos generales de la presente Decisión y las metas digitales establecidas en ella, así como análisis horizontales y temáticos que sigan la pista de la transformación digital de las economías de la Unión y clasifiquen los avances de los Estados miembros en dicha transformación. En particular, las dimensiones e indicadores del DESI deben alinearse con las metas digitales establecidas en la presente Decisión. Para cada meta digital, deben establecerse indicadores clave de rendimiento en actos de ejecución que ha de adoptar la Comisión. Los indicadores clave de rendimiento deben actualizarse cuando sea necesario para mantener un seguimiento eficaz y continuo y para tener en cuenta los avances tecnológicos. El mecanismo de recopilación de datos en los Estados miembros debe reforzarse, cuando proceda, para ofrecer un estado exhaustivo de los avances hacia las metas digitales, así como información sobre las políticas, programas e iniciativas pertinentes a escala nacional y debe incluir, cuando sea posible, datos desglosados por género y por región, de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho nacional.

Sobre la base de las revisiones de la Comisión, y cuando proceda, la Comisión debe preparar, previa consulta a los Estados miembros, un calendario para las futuras necesidades de recopilación de datos. A la hora de establecer el DESI, la Comisión debe basarse en gran medida en las estadísticas oficiales recopiladas en distintas encuestas de la Unión sobre la sociedad de la información en virtud de los Reglamentos (UE) 2019/1700 (13) y (UE) 2019/2152 (14) del Parlamento Europeo y del Consejo. La Comisión debe utilizar estudios específicos para recopilar datos sobre los indicadores pertinentes que no se miden en las encuestas de la Unión o que se recogen a través de otros ejercicios de información, tales como el marco de la estrategia anunciada en la Comunicación de la Comisión de 25 de junio de 2008 titulada «Pensar primero a pequeña escala – “Small Business Act” para Europa», incluido su estudio anual sobre el rendimiento de las pymes. Las definiciones relacionadas con las metas digitales en virtud de la presente Decisión no constituyen precedentes para los indicadores clave de rendimiento y no dificultan en modo alguno la próxima medición de los avances en dichas metas a través de los indicadores clave de rendimiento.

(25)

A fin de mantener informados a los colegisladores sobre los avances de la transformación digital de la Unión, la Comisión debe presentar un informe anual sobre la Década Digital ante el Parlamento Europeo y el Consejo, que incluya una visión general y un análisis de la transformación digital de la Unión y una evaluación de los avances realizados en relación con los objetivos generales de la presente Decisión y las metas digitales para el período hasta 2030. El Informe sobre la Década Digital, en particular el DESI, debe servir como contribución al Semestre Europeo, incluidos los aspectos relacionados con el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, mientras que las políticas, medidas y acciones recomendadas incluidas en el Informe sobre la Década Digital deben servir de complemento a las recomendaciones específicas por país.

(26)

Desde 2019, el DESI ha incluido el cuadro de indicadores «Women in Digital» (Las mujeres en el ámbito digital), que evalúa el rendimiento de los Estados miembros en los ámbitos del uso de internet, las capacidades del usuario de internet, las capacidades especializadas y el empleo, sobre la base de doce indicadores. La inclusión del cuadro de indicadores «Women in Digital» en el Informe sobre la Década Digital debe permitir hacer un seguimiento de la brecha digital de género.

(27)

En particular, la Comisión debe abordar en su Informe sobre la Década Digital el grado de efectividad con que los objetivos generales de la presente Decisión se han aplicado en políticas, medidas o acciones, así como sobre los avances hacia la consecución de las metas digitales, detallando el grado de avance de la Unión en relación con las trayectorias previstas para cada meta, la evaluación de los esfuerzos necesarios para lograr cada meta —incluido todo déficit de inversión en capacidades digitales e innovación— y sensibilizando sobre las acciones necesarias para aumentar la soberanía digital de manera abierta. El informe también debe incluir una evaluación de la aplicación de las propuestas de regulación pertinentes y una evaluación de las acciones emprendidas a escala de la Unión y de los Estados miembros.

(28)

Sobre la base de la evaluación de la Comisión, el informe debe incluir políticas, medidas y acciones específicas recomendadas. A la hora de recomendar políticas, medidas o acciones en el informe, la Comisión debe tener en cuenta los últimos datos disponibles, los compromisos conjuntos asumidos, las políticas y medidas definidas por los Estados miembros, así como los avances en relación con las acciones recomendadas señaladas en informes anteriores y abordadas mediante el mecanismo de cooperación. Además, la Comisión debe tener en cuenta las diferencias en el potencial de cada Estado miembro para contribuir a las metas digitales, así como las políticas, medidas y acciones vigentes y que se consideren apropiadas para alcanzar dichas metas, aunque sus efectos aún no se hayan materializado.

(29)

Con el fin de garantizar la consecución de los objetivos generales y las metas digitales establecidos en la presente Decisión, y que todos los Estados miembros contribuyan efectivamente a este fin, el diseño y la aplicación del mecanismo de seguimiento y cooperación deben garantizar los intercambios de información y mejores prácticas a través de un diálogo constructivo e inclusivo entre los Estados miembros y la Comisión. La Comisión debe garantizar que el Parlamento Europeo sea informado oportunamente del resultado del diálogo.

(30)

La Comisión, junto con los Estados miembros, debe establecer trayectorias previstas para la consecución por parte de la Unión de las metas digitales establecidas en la presente Decisión. En la medida de lo posible, los Estados miembros deben convertir dichas trayectorias previstas en trayectorias previstas nacionales y, cuando proceda, tener debidamente en cuenta la dimensión regional. La distinta capacidad y los diferentes puntos de partida de cada Estado miembro para contribuir a las metas digitales debe tenerse en cuenta y reflejarse en las trayectorias previstas nacionales. Las trayectorias previstas nacionales deben ayudar a evaluar los avances a lo largo del tiempo a escala nacional y de la Unión.

(31)

A fin de garantizar que la cooperación entre la Comisión y los Estados miembros sea eficiente y eficaz, los Estados miembros deben presentar a la Comisión unas hojas de ruta estratégicas nacionales para la Década Digital que abarquen el período hasta 2030 (en lo sucesivo, «hojas de ruta nacionales») y en las que se propongan, cuando sea posible y mensurable a escala nacional, trayectorias previstas nacionales y se describan todos los instrumentos previstos, adoptados o aplicados con vistas a contribuir a la consecución a escala de la Unión de los objetivos generales de la presente Decisión y las metas digitales establecidas en ella. En las hojas de ruta nacionales, los Estados miembros deben poder incluir información sobre las políticas, medidas y acciones que deben emprenderse a escala regional. Las hojas de ruta nacionales deben elaborarse tras consultar con las principales partes interesadas, como las organizaciones empresariales —incluidos los representantes de las pymes, los interlocutores sociales y la sociedad civil —incluidas las personas mayores y la juventud—, así como los representantes locales y regionales, y deben ser un instrumento crucial para la coordinación de las políticas de los Estados miembros y para garantizar la previsibilidad del mercado. Los Estados miembros deben tener en cuenta las iniciativas sectoriales pertinentes, a escala nacional y de la Unión, y fomentar la coherencia con estas. El compromiso de un Estado miembro de proporcionar una hoja de ruta nacional para contribuir a las metas digitales a escala de la Unión no impide que el mismo Estado miembro diseñe y aplique estrategias a nivel nacional o regional ni que se especialice en determinados ámbitos industriales o digitales.

(32)

Durante los ciclos de cooperación entre la Comisión y los Estados miembros, los Estados miembros pueden proponer ajustes a sus hojas de ruta nacionales a fin de tener en cuenta la evolución de la transformación digital a escala nacional y de la Unión y de responder, en particular, a las políticas, medidas y acciones recomendadas por la Comisión. Con el fin de fomentar un enfoque coherente y comparable en todos los Estados miembros y facilitar la preparación de sus hojas de ruta nacionales, la Comisión debe proporcionar orientaciones que expongan con más detalle los elementos clave de la estructura de una hoja de ruta nacional y, en particular, los elementos comunes que deben incluir todas las hojas de ruta nacionales. Las orientaciones también deben prever un enfoque general que han de seguir los Estados miembros a la hora de elaborar sus trayectorias previstas nacionales.

(33)

El mecanismo de cooperación y seguimiento entre la Comisión y los Estados miembros debe iniciarse con una evaluación de sus hojas de ruta nacionales y basarse en los datos facilitados y en la evaluación realizada en el Informe sobre la Década Digital y en las observaciones recibidas de las partes interesadas pertinentes, entre otras, las organizaciones empresariales, incluidos los representantes de las pymes, los interlocutores sociales y la sociedad civil, así como los representantes locales y regionales.

(34)

El calendario de la cooperación debe tener en cuenta la necesidad de reflejar cada dos años los resultados de los ciclos de cooperación anteriores, así como las políticas, medidas, acciones y posibles ajustes de las hojas de ruta nacionales.

(35)

A fin de avanzar hacia las metas digitales en consonancia con las trayectorias previstas, los Estados miembros que, según lo considerado en el informe, no hayan avanzado lo suficiente en un ámbito determinado deben proponer medidas y acciones de ajuste a las políticas que tengan la intención de emprender para fomentar los avances en ese ámbito esencial. Además, la Comisión y los Estados miembros deben analizar la manera en que los Estados miembros hayan abordado, tanto individual como colectivamente, las políticas, medidas y acciones recomendadas que se hayan mencionado en el informe del año anterior. Un Estado miembro debe poder solicitar que se inicie un proceso de revisión inter pares a fin de dar a otros Estados miembros la oportunidad de formular observaciones sobre las propuestas que tenga intención de presentar en su hoja de ruta nacional, en particular en lo que se refiere a su idoneidad para alcanzar una meta específica. La Comisión debe facilitar el intercambio de experiencias y mejores prácticas mediante el proceso de revisión inter pares.

(36)

La Comisión y uno o varios Estados miembros, o al menos dos Estados miembros, deben poder contraer compromisos conjuntos en relación con las acciones coordinadas que deseen emprender para alcanzar las metas digitales, establecer proyectos plurinacionales y acordar cualesquiera otras políticas, medidas y acciones a escala nacional y de la Unión, con el objetivo de avanzar hacia dichas metas digitales en consonancia con las trayectorias previstas. Un compromiso conjunto es una iniciativa de cooperación, en particular con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos generales de la presente Decisión y de las metas digitales establecidas en ella. Los proyectos plurinacionales y los consorcios de infraestructuras digitales europeas (EDIC, por sus siglas en inglés) deben incluir como mínimo a tres Estados miembros.

(37)

De conformidad con el artículo 4, apartado 3, del Tratado de la Unión Europea, la Comisión y los Estados miembros tienen la obligación de cooperar lealmente a la hora de hacer el seguimiento de la consecución de los objetivos generales y de las metas digitales establecidos en la presente Decisión. Por lo tanto, es necesario que los Estados miembros den un seguimiento adecuado a cualquier petición de cooperación realizada por la Comisión, en particular cuando se produzca una desviación significativa respecto de la trayectoria prevista nacional de un Estado miembro o cuando dicha desviación no se haya abordado durante un período considerable.

(38)

La aplicación efectiva de las políticas, medidas y acciones recomendadas y de las hojas de ruta nacionales y sus ajustes es fundamental para la consecución de los objetivos generales de la presente Decisión y de las metas digitales establecidas en ella. El diálogo estructurado con los distintos Estados miembros es fundamental para guiarlos y apoyarlos en la definición y aplicación de las medidas adecuadas para avanzar hacia sus trayectorias previstas nacionales, en particular cuando los Estados miembros estimen necesario ajustar sus hojas de ruta nacionales sobre la base de las políticas, medidas o acciones recomendadas por la Comisión. La Comisión debe mantener debidamente informados al Parlamento Europeo y al Consejo, en particular sobre el proceso y el resultado del diálogo estructurado.

(39)

A fin de garantizar la transparencia y la participación del público, la Comisión debe colaborar con todas las partes interesadas. A tal fin, la Comisión debe cooperar estrechamente con las partes interesadas, incluidos la sociedad civil y los agentes públicos y privados, como los organismos de Derecho público de los sectores de la educación y la formación o de la sanidad, y debe consultarles sobre las medidas que permitan acelerar la transformación digital a escala de la Unión. Cuando consulte a las partes interesadas, la Comisión debe ser lo más inclusiva posible e implicar a los organismos que son fundamentales para fomentar la participación de las niñas y las mujeres en la educación y las carreras profesionales digitales, con miras a promover un enfoque lo más equilibrado posible en cuanto al género cuando los Estados miembros apliquen las hojas de ruta nacionales. La participación de las partes interesadas también es importante a escala de los Estados miembros, en particular a la hora de adoptar sus hojas de ruta nacionales y sus posibles ajustes. Tanto a escala nacional como de la Unión, la Comisión y los Estados miembros deben fomentar la participación de las organizaciones empresariales —incluidos los representantes de las pymes—, los interlocutores sociales y la sociedad civil, de manera oportuna y proporcional a los recursos disponibles.

(40)

Los proyectos plurinacionales deben permitir una intervención a gran escala en ámbitos clave necesarios para la consecución de las metas digitales establecidas en la presente Directiva, en particular mediante la puesta en común de recursos de la Unión, los Estados miembros y, cuando proceda, fuentes privadas. Cuando sea necesario para la consecución de las metas digitales, los Estados miembros deben poder fomentar la participación de terceros países asociados a un programa de la Unión gestionado de forma directa que contribuya a la transformación digital de la Unión. Los proyectos plurinacionales deben ejecutarse de manera coordinada, en estrecha cooperación entre la Comisión y los Estados miembros. La Comisión debe desempeñar un papel esencial en el impulso de la ejecución de proyectos plurinacionales, determinando cuáles están listos para su ejecución entre las categorías de proyectos incluidas a título indicativo en un anexo a la presente Decisión y asesorando a los Estados miembros sobre la elección del mecanismo de ejecución existente más adecuado, la elección de las fuentes de financiación y su combinación y otras cuestiones estratégicas relacionadas con la ejecución de dichos proyectos. Cuando proceda, la Comisión debe proporcionar orientaciones sobre la creación de un EDIC como mecanismo de ejecución. Los Estados miembros que así lo deseen también pueden cooperar o adoptar medidas coordinadas en ámbitos distintos de los previstos en la presente Decisión.

(41)

El apoyo público a los proyectos plurinacionales debe utilizarse, en particular, para abordar las deficiencias del mercado o las situaciones de inversión que disten de ser óptimas, de manera proporcionada, sin distorsionar las condiciones de competencia equitativas, duplicar ni desplazar la financiación privada. Los proyectos plurinacionales deben tener un claro valor añadido europeo y deben ejecutarse de conformidad con el Derecho de la Unión y el Derecho nacional coherente con el de la Unión aplicables.

(42)

Los proyectos plurinacionales deben ser capaces de atraer y combinar, de manera eficiente, distintas fuentes de financiación de la Unión y los Estados miembros y, cuando proceda, financiación procedente de terceros países asociados a un programa de la Unión gestionado de forma directa que contribuya a la transformación digital de la Unión, encontrando, cuando sea posible, sinergias entre ellos. En particular, debe ser posible combinar los fondos de los programas de la Unión gestionados de forma centralizada con los recursos comprometidos por los Estados miembros, incluidas, en determinadas condiciones, las contribuciones del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, tal como se explica en la parte 3 de las orientaciones de la Comisión a los Estados miembros sobre sus planes de recuperación y resiliencia nacionales, así como las contribuciones del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y el Fondo de Cohesión. Siempre que lo justifique la naturaleza de un proyecto plurinacional concreto, también se deben permitir las contribuciones de otras entidades distintas de la Unión y los Estados miembros, incluidas las contribuciones privadas.

(43)

La Comisión, en cooperación con los Estados miembros y en calidad de coordinadora de los proyectos plurinacionales, debe asistir a los Estados miembros en la definición de sus intereses en los proyectos plurinacionales, proporcionar orientaciones no vinculantes sobre la selección de los mecanismos de ejecución óptimos y prestar asistencia en la ejecución, lo que contribuirá a la participación más amplia posible. La Comisión debe prestar tal apoyo a menos que los Estados miembros que participen en un proyecto plurinacional se opongan a ello. La Comisión debe actuar en cooperación con los Estados miembros participantes.

(44)

La Comisión debe poder establecer, previa solicitud de los Estados miembros interesados y después de examinar dicha solicitud, un EDIC para ejecutar un proyecto plurinacional determinado.

(45)

El Estado miembro de acogida debe determinar si un EDIC cumple los requisitos para el reconocimiento como un organismo internacional a que se refieren el artículo 143, letra g), y el artículo 151, apartado 1, letra b), de la Directiva 2006/112/CE del Consejo (15), y como una organización internacional a que se refiere el artículo 12, apartado 1, letra b), de la Directiva 2008/118/CE del Consejo (16).

(46)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Decisión en relación con los indicadores clave de rendimiento y para la creación de los EDIC, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (17).

(47)

La presente Decisión no se aplica a las medidas adoptadas por los Estados miembros en materia de seguridad nacional, seguridad pública o defensa.

(1)

La Comisión ha examinado la solicitud de aprobación de una modificación del pliego de condiciones de la indicación geográfica protegida «Comtés Rhodaniens», enviada por Francia de conformidad con el artículo 105 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.

(2)

La Comisión ha publicado la solicitud de aprobación de la modificación del pliego de condiciones en el Diario Oficial de la Unión Europea (2), con arreglo a lo dispuesto en el artículo 97, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.

(3)

No se ha presentado a la Comisión ninguna declaración de oposición con arreglo al artículo 98 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.

(4)

Procede, por tanto, aprobar la modificación del pliego de condiciones de conformidad con el artículo 99 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de la Organización Común de Mercados Agrarios.

(1)

La Comisión ha examinado la solicitud de aprobación de una modificación del pliego de condiciones de la denominación de origen protegida «Saumur», enviada por Francia de conformidad con el artículo 105 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.

(2)

La Comisión ha publicado la solicitud de aprobación de la modificación del pliego de condiciones en el Diario Oficial de la Unión Europea (2), con arreglo a lo dispuesto en el artículo 97, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.

(3)

No se ha presentado a la Comisión ninguna declaración de oposición con arreglo al artículo 98 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.

(4)

Procede, por tanto, aprobar la modificación del pliego de condiciones de conformidad con el artículo 99 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.

(5)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de la Organización Común de Mercados Agrarios.

(1)

De conformidad con el artículo 97, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, la Comisión ha examinado la solicitud de registro del nombre «Rivierenland» presentada por los Países Bajos y la ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (2).

(2)

No se ha presentado a la Comisión ninguna declaración de oposición con arreglo al artículo 98 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.

(3)

De conformidad con el artículo 99 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, procede proteger el nombre «Rivierenland» e inscribirlo en el registro contemplado en el artículo 104 del mismo Reglamento.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de la Organización Común de Mercados Agrarios.

(1)

De conformidad con el artículo 97, apartados 2 y 3, del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, la Comisión ha examinado la solicitud de registro del nombre «Rosalia» presentada por Austria y la ha publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea (2).

(2)

No se ha presentado a la Comisión ninguna declaración de oposición con arreglo al artículo 98 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013.

(3)

De conformidad con el artículo 99 del Reglamento (UE) n.o 1308/2013, procede proteger el nombre «Rosalia» e inscribirlo en el registro contemplado en el artículo 104 del mismo Reglamento.

(4)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de la Organización Común de Mercados Agrarios.

(1)

La peste porcina africana es una enfermedad vírica infecciosa que afecta a los porcinos en cautividad y silvestres y que puede tener graves repercusiones en la población animal afectada y en la rentabilidad de la ganadería, al perturbar los desplazamientos de las partidas de esos animales y sus productos dentro de la Unión, así como las exportaciones a terceros países.

(2)

El Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 de la Comisión (2), que se adoptó en el marco del Reglamento (UE) 2016/429, establece medidas especiales de control de la peste porcina africana que deben aplicar los Estados miembros que figuran en su anexo I (los Estados miembros afectados), durante un período de tiempo limitado, en las zonas restringidas I, II y III indicadas en dicho anexo.

(3)

Las zonas que figuran como zonas restringidas I, II y III en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 se basan en la situación epidemiológica respecto a la peste porcina africana en la Unión. El anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 fue modificado en último lugar por el Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2437 de la Comisión (3) al registrarse cambios en la situación epidemiológica respecto a esta enfermedad en Chequia. Desde la fecha de adopción de dicho Reglamento de Ejecución, la situación epidemiológica respecto a esta enfermedad en algunos Estados miembros afectados ha evolucionado.

(4)

Cualquier modificación de las zonas restringidas I, II y III del anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 debe basarse en la situación epidemiológica respecto a la peste porcina africana en las zonas afectadas por esta enfermedad y la situación epidemiológica general respecto a la peste porcina africana en el Estado miembro afectado, así como en el nivel de riesgo de propagación de esta enfermedad, en principios y criterios científicos para la definición geográfica de la zonificación debida a la peste porcina africana y en las directrices de la Unión acordadas con los Estados miembros en el Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos, disponibles para el público en el sitio web de la Comisión (4). Tales modificaciones también deben tener en cuenta las normas internacionales, como el Código Sanitario para los Animales Terrestres (5) de la Organización Mundial de Sanidad Animal, y las justificaciones para la zonificación facilitadas por las autoridades competentes de los Estados miembros afectados.

(5)

Desde la fecha de adopción del Reglamento de Ejecución (UE) 2022/2437 se han producido nuevos brotes de fiebre porcina africana en porcinos silvestres en Italia y Polonia, mientras que la situación epidemiológica en determinadas zonas que figuran como zonas restringidas I, II y III en estos países ha mejorado en lo que respecta a los porcinos en cautividad y silvestres, debido a las medidas de control de la enfermedad aplicadas por dichos Estados miembros de conformidad con la legislación de la Unión.

(6)

En diciembre de 2022 se detectó un brote de peste porcina africana en un porcino silvestre en la región polaca de Pomorskie, en una zona que figura actualmente como zona restringida I en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605. Este nuevo brote de peste porcina africana en un porcino silvestre supone un aumento del nivel de riesgo que debe reflejarse en ese anexo. Por consiguiente, esa zona de Polonia que figura actualmente como zona restringida I en dicho anexo, afectada por el brote reciente de peste porcina africana, debe figurar ahora como zona restringida II en dicho anexo, en lugar de como zona restringida I, y también deben redefinirse los límites actuales de la zona restringida I para tener en cuenta este brote reciente.

(7)

Además, en diciembre de 2022 se detectaron varios brotes de peste porcina africana en porcinos silvestres en las regiones polacas de Wielkopolskie, Opolskie y Dolnośląskie, en zonas que figuran actualmente como zonas restringidas II en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, situadas muy cerca de zonas que figuran actualmente en dicho anexo como zonas restringidas I. Estos nuevos brotes de peste porcina africana en porcinos silvestres suponen un aumento del nivel de riesgo que debe reflejarse en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605. En consecuencia, procede modificar los límites actuales de las zonas restringidas I y II para tener en cuenta estos brotes recientes.

(8)

Asimismo, en diciembre de 2022 se detectó un brote de peste porcina africana en un porcino silvestre en la región italiana de Piamonte, en una zona que figura actualmente como zona restringida II en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, situada muy cerca de una zona que figura actualmente en dicho anexo como zona restringida I. Este nuevo brote de peste porcina africana en un porcino silvestre supone un aumento del nivel de riesgo que debe reflejarse en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605. En consecuencia, procede modificar los límites actuales de las zonas restringidas I y II para tener en cuenta este brote reciente.

(9)

A raíz de estos brotes recientes de peste porcina africana en porcinos silvestres en Italia y Polonia, y dada la situación epidemiológica actual respecto a la peste porcina africana en la Unión, se ha evaluado de nuevo y se ha actualizado la zonificación en esos Estados miembros de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605. Por otra parte, también se han evaluado de nuevo y se han actualizado las medidas vigentes de gestión de riesgos. Estos cambios deben reflejarse en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605.

(10)

Igualmente, teniendo en cuenta la eficacia de las medidas de control de la peste porcina africana con respecto a los porcinos en cautividad en las zonas restringidas III que figuran en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 y que se están aplicando en Polonia de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, en particular las establecidas en sus artículos 22, 25 y 40, y en consonancia con las medidas de reducción del riesgo con respecto a la peste porcina africana establecidas en el Código de la WOAH, determinadas zonas de las regiones polacas de Podkarpackie, Dolnośląskie, Warmińsko – Mazurskie y Wielkopolskie que figuran actualmente como zonas restringidas III en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 deben figurar ahora en dicho anexo como zonas restringidas II, debido a la ausencia de brotes de peste porcina africana en porcinos en cautividad en esas zonas restringidas III en los últimos doce meses, mientras que la enfermedad sigue estando presente en porcinos silvestres. Las zonas restringidas III deben figurar ahora como zonas restringidas II, habida cuenta de la actual situación epidemiológica de la peste porcina africana.

(11)

Además, teniendo en cuenta la eficacia de las medidas de control de la peste porcina africana con respecto a los porcinos en cautividad en las zonas restringidas III que figuran en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 y que se están aplicando en Polonia de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, en particular las establecidas en sus artículos 22, 25 y 40, y en consonancia con las medidas de reducción del riesgo con respecto a la peste porcina africana establecidas en el Código de la WOAH, determinadas zonas de la región polaca de Wielkopolskie que figuran actualmente como zonas restringidas III en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 deben figurar ahora en dicho anexo como zonas restringidas II, debido a la ausencia de brotes de peste porcina africana en porcinos en cautividad en esas zonas restringidas III en los últimos tres meses, mientras que la enfermedad sigue estando presente en porcinos silvestres. Las zonas restringidas III deben figurar ahora como zonas restringidas II, habida cuenta de la actual situación epidemiológica de la peste porcina africana.

(12)

Asimismo, teniendo en cuenta la eficacia de las medidas de control de la peste porcina africana con respecto a los porcinos en cautividad en las zonas restringidas III que figuran en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 y que se están aplicando en Polonia de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, en particular las establecidas en sus artículos 22, 25 y 40, y en consonancia con las medidas de reducción del riesgo con respecto a la peste porcina africana establecidas en el Código de la WOAH, determinadas zonas en las regiones polacas de Małopolskie y Świętokrzyskie que figuran actualmente como zonas restringidas III en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 deben figurar ahora como zonas restringidas I en dicho anexo, debido a la ausencia de brotes de peste porcina africana en porcinos silvestres y en cautividad en esas zonas restringidas III en los últimos doce meses. Las zonas restringidas III deben figurar ahora como zonas restringidas I, habida cuenta de la actual situación epidemiológica de la peste porcina africana.

(13)

También, teniendo en cuenta la eficacia de las medidas de control de la peste porcina africana con respecto a los porcinos silvestres en las zonas restringidas II que figuran en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 y que se están aplicando en Polonia de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, en particular las establecidas en sus artículos 64, 65 y 67, y en consonancia con las medidas de reducción del riesgo con respecto a la peste porcina africana establecidas en el Código de la WOAH, determinadas zonas de la región polaca de Podlaskie que figuran actualmente como zonas restringidas II en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 deben figurar ahora como zonas restringidas I en dicho anexo, debido a la ausencia de brotes de peste porcina africana en porcinos silvestres y en cautividad en esas zonas restringidas II en los últimos doce meses. Las zonas restringidas II deben figurar ahora como zonas restringidas I, habida cuenta de la actual situación epidemiológica de la peste porcina africana.

(14)

Asimismo, sobre la base de la información y la justificación facilitadas por la autoridad competente polaca y habida cuenta de la eficacia de las medidas de control de la peste porcina africana con respecto a los porcinos silvestres en algunas zonas restringidas I y en las zonas restringidas colindantes con dichas zonas restringidas I que figuran en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 y que se están aplicando en Polonia de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, en particular las establecidas en sus artículos 64, 65 y 67, y en consonancia con las medidas de reducción del riesgo con respecto a la peste porcina africana establecidas en el Código de la WOAH, determinadas zonas de la región polaca de Wielkopolskie que figuran actualmente como zonas restringidas I en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 deben ahora suprimirse de dicho anexo, debido a la ausencia de brotes de peste porcina africana en porcinos silvestres y en cautividad en esas zonas restringidas I y en las zonas colindantes con dichas zonas restringidas I en los últimos doce meses.

(15)

Además, sobre la base de la información y la justificación facilitadas por la autoridad competente italiana y habida cuenta de la eficacia de las medidas de control de la peste porcina africana con respecto a los porcinos en cautividad en las zonas restringidas III que figuran en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 y que se están aplicando en la región italiana de Cerdeña de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, en particular las establecidas en sus artículos 22, 25 y 40, y en consonancia con las medidas de reducción del riesgo con respecto a la peste porcina africana establecidas en el Código de la WOAH, determinadas zonas de la región italiana de Cerdeña que figuran actualmente como zonas restringidas III en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 deben figurar ahora en dicho anexo como zonas restringidas II, debido a la ausencia de brotes de peste porcina africana en porcinos en cautividad en esas zonas restringidas III en los últimos doce meses, mientras que la enfermedad sigue estando presente en porcinos silvestres. Los límites actuales de las zonas restringidas III deben modificarse para tener en cuenta la situación epidemiológica actual de la fiebre porcina africana.

(16)

Asimismo, sobre la base de la información y la justificación facilitadas por la autoridad competente italiana y teniendo en cuenta la eficacia de las medidas de control de la fiebre porcina africana para los porcinos en cautividad y silvestres en las zonas restringidas III que figuran en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 y que se están aplicando en Italia de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, y en particular en sus artículos 22, 25 y 40, y en consonancia con las medidas de reducción del riesgo para la fiebre porcina africana establecidas en el Código WOAH, determinadas zonas de la región italiana de Cerdeña que figuran actualmente como zonas restringidas III en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605, colindantes con las zonas restringidas II y III de la región de Cerdeña que figuran en el presente Reglamento, deben figurar ahora como zonas restringidas I en dicho anexo, debido a la ausencia de brotes de fiebre porcina africana en porcinos silvestres y en cautividad en esas zonas restringidas III en los últimos doce meses y debido a que esas zonas son colindantes con las zonas restringidas II y III de la región italiana de Cerdeña que figuran en el presente Reglamento.

(17)

Por último, sobre la base de la información y la justificación facilitadas por la autoridad competente italiana y teniendo en cuenta la eficacia de las medidas de control de la peste porcina africana con respecto a los porcinos silvestres y en cautividad en las zonas restringidas III que figuran en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 y que se están aplicando en Italia de conformidad con el Reglamento Delegado (UE) 2020/687 de la Comisión, en particular las establecidas en sus artículos 22, 25 y 40, y en consonancia con las medidas de reducción del riesgo con respecto a la peste porcina africana establecidas en el Código de la WOAH, determinadas zonas de la región italiana de Cerdeña que figuran actualmente como zonas restringidas III en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 deben ahora suprimirse de dicho anexo debido a la ausencia de brotes de peste porcina africana en porcinos silvestres y en cautividad en esas zonas restringidas III en los últimos doce meses.

(18)

A fin de tener en cuenta la evolución reciente de la situación epidemiológica de la peste porcina africana en la Unión, y para combatir de manera proactiva los riesgos asociados a la propagación de esta enfermedad, deben delimitarse nuevas zonas restringidas de un tamaño suficiente en Italia y Polonia e incluirse como zonas restringidas I, II y III y determinadas partes de las zonas restringidas I y III deben suprimirse con respecto a Italia y Polonia en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605. Dado que la situación con respecto a la peste porcina africana es muy dinámica en la Unión, al delimitar estas nuevas zonas restringidas se ha tenido en cuenta la situación epidemiológica en las zonas circundantes.

(19)

Debido a la urgencia de la situación epidemiológica en la Unión por lo que respecta a la propagación de la peste porcina africana, es importante que las modificaciones que se introduzcan en el anexo I del Reglamento de Ejecución (UE) 2021/605 mediante el presente Reglamento de Ejecución surtan efecto lo antes posible.

(20)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Vegetales, Animales, Alimentos y Piensos.