(1)

Para diseñar, aplicar, supervisar, evaluar y revisar las políticas de la Unión relacionadas con la agricultura, en particular la política agrícola común (PAC), incluidas las medidas de desarrollo rural, así como las políticas de la Unión relacionadas con el medio ambiente, la adaptación al cambio climático y su mitigación, el uso de la tierra, las regiones, la salud pública, la seguridad alimentaria, la protección fitosanitaria, el uso sostenible de plaguicidas, el uso de medicamentos veterinarios y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, entre otros asuntos, se necesita disponer de una base de conocimientos estadísticos transparente, exhaustiva y fiable. Tales estadísticas pueden también ser útiles a los efectos del seguimiento y evaluación del impacto de la agricultura en los polinizadores y los organismos vitales del suelo.

(2)

La recogida de datos estadísticos, en particular sobre insumos y producción agrícolas, debe tener como finalidad, entre otras cosas, aportar datos actualizados, de gran calidad y accesibles, en particular los necesarios para el desarrollo de indicadores agroambientales, a un proceso de toma de decisiones basado en datos contrastados, y apoyar y evaluar los avances del Pacto Verde Europeo con sus Estrategias «De la Granja a la Mesa» y sobre la Biodiversidad relacionadas, los planes de acción de contaminación cero y producción ecológica en la Unión y las futuras reformas de la PAC. Un elemento esencial para la consecución de los objetivos del Pacto Verde Europeo es la transición a una agricultura multifuncional capaz de producir alimentos seguros y suficientes y de aportar al mismo tiempo impactos medioambientales positivos.

(3)

Unos datos estadísticos armonizados, coherentes, comparables y de alta calidad son importantes para la evaluación de la situación y las tendencias de los insumos y la producción agrícolas en la Unión, con vistas a proporcionar datos significativos y precisos acerca del impacto medioambiental y económico de la agricultura y del ritmo de la transición hacia unas prácticas agrícolas más sostenibles. Los datos recogidos también deben referirse al funcionamiento de los mercados y la seguridad alimentaria, a fin de garantizar el acceso a alimentos suficientes y de alta calidad, y a la evaluación de la sostenibilidad y las repercusiones medioambientales, económicas y sociales y el rendimiento de las políticas nacionales y de la Unión, así como a la evaluación de la sostenibilidad y el impacto del desarrollo de nuevos modelos de negocio. Tales datos incluyen, entre otros, estadísticas sobre ganado y carne, la producción y utilización de huevos y la producción y utilización de leche y productos lácteos. También son importantes las estadísticas sobre superficie, rendimiento y producción de los cultivos herbáceos, hortalizas, cultivos y pastos permanentes y balances de productos básicos. Además, se necesitan estadísticas sobre las ventas y el uso de productos fitosanitarios, abonos y medicamentos veterinarios, en particular antibióticos en los piensos.

(4)

A raíz de una evaluación internacional de las estadísticas agrícolas se creó una estrategia global de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura para mejorar las estadísticas agropecuarias y rurales. Dicha estrategia global fue aprobada por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en 2010. Las estadísticas agrícolas europeas deben seguir, en su caso, las recomendaciones de dicha estrategia global.

(5)

El Reglamento (CE) n.o 223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (2) establece un marco jurídico para desarrollar, elaborar y difundir estadísticas europeas basadas en principios estadísticos comunes. Dicho Reglamento proporciona criterios de calidad y hace referencia a la necesidad de minimizar la carga que soportan los encuestados y contribuir al objetivo más general de reducir las cargas administrativas.

(6)

La Estrategia en materia de Estadísticas Agrícolas para 2020 y años posteriores, establecida por el Comité del Sistema Estadístico Europeo (en lo sucesivo, «Comité del SEE») en noviembre de 2015, contempla la adopción de dos reglamentos marco que abarquen todos los aspectos de la normativa de la Unión sobre estadísticas agrícolas, con excepción de las cuentas económicas de la agricultura (CEA). El presente Reglamento es uno de esos dos reglamentos marco y debe complementar el reglamento marco ya adoptado, a saber, el Reglamento (UE) 2018/1091 del Parlamento Europeo y del Consejo (3).

(7)

Actualmente, las estadísticas europeas sobre insumos y producción agrícola se recogen, elaboran y difunden con arreglo a varios actos jurídicos. El marco jurídico actual no proporciona una coherencia adecuada entre los distintos ámbitos estadísticos ni promueve un enfoque integrado para el desarrollo, la elaboración y la difusión de estadísticas agrícolas diseñadas para abarcar los aspectos económico y medioambiental de la agricultura. El presente Reglamento debe sustituir a esos actos jurídicos para lograr la armonización y comparabilidad de la información y, a fin de garantizar la coherencia y la coordinación entre las estadísticas agrícolas europeas, facilitar la integración y racionalización de los procesos estadísticos correspondientes y hacer posible un enfoque más global. Por consiguiente, es necesario derogar dichos actos jurídicos, a saber, los Reglamentos (CE) n.o 1165/2008 (4), (CE) n.o 543/2009 (5) y (CE) n.o 1185/2009 (6) del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 96/16/CE del Consejo (7). Los numerosos acuerdos relacionados con el Sistema Estadístico Europeo (SEE) y los acuerdos informales entre los institutos nacionales de estadística y la Comisión (Eurostat) sobre transmisión de datos deben integrarse en el presente Reglamento cuando haya pruebas de que los datos satisfacen las necesidades de los usuarios, de que la metodología acordada funciona y de que los datos son de una calidad adecuada.

(8)

En el marco del SEE se han recogido las estadísticas necesarias de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 617/2008 de la Comisión (8) cumpliendo algunas de sus normas de calidad, aunque no todas. Tales estadísticas apoyan las políticas de la Unión y las nacionales a largo plazo y deben integrarse como estadísticas europeas para garantizar la disponibilidad y la calidad de los datos. Con el fin de evitar la doble elaboración de informes por parte de los Estados miembros, conviene suprimir los requisitos estadísticos de dicho Reglamento.

(9)

Una gran parte de la superficie agrícola a escala de la Unión está constituida por pastos. En el pasado, la producción de esas superficies no se consideraba importante, por lo que sus datos de producción no se incluían en las estadísticas sobre cultivos. Dado que la incidencia de los pastos y los rumiantes en el medio ambiente es cada vez más importante debido al cambio climático, se hacen ya necesarias estadísticas sobre la producción de los pastos, incluido el pastoreo del ganado.

(10)

A efectos de las estadísticas agrícolas europeas, debe estudiarse la viabilidad de aprovechar al máximo el uso de los datos preexistentes recogidos en el marco de las obligaciones de la PAC, sin crear nuevas obligaciones y cargas administrativas.

(11)

Con vistas a la armonización y comparabilidad de la información sobre insumos y producción agrícolas con la información sobre la estructura de las explotaciones agrícolas y para seguir aplicando la Estrategia en materia de Estadísticas Agrícolas para 2020 y años posteriores, el presente Reglamento debe complementar el Reglamento (UE) 2018/1091.

(12)

El Reglamento (CE) n.o 138/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (9) no incluye las estadísticas de precios agrícolas, pero es preciso garantizar su disponibilidad y coherencia con las CEA. Por consiguiente, las estadísticas sobre insumos y producción agrícolas deben incluir estadísticas sobre los precios de los insumos agrícolas que sean coherentes con las CEA. A fin de permitir los cálculos de las CEA así como índices de precios comparables, los Estados miembros deben disponer de datos sobre los precios de producción agrícola.

(13)

A la luz del Pacto Verde Europeo, la PAC y el objetivo de reducir la dependencia de los plaguicidas, es importante proporcionar estadísticas anuales de gran calidad sobre el uso de productos fitosanitarios en relación con cuestiones medioambientales, sanitarias y económicas. La falta de registros electrónicos sobre el uso profesional de productos fitosanitarios, que podrían utilizarse con fines estadísticos, a escala de la Unión es un obstáculo importante para aumentar la periodicidad de la recogida de datos sobre el uso de dichos productos en la agricultura de una vez cada cinco años a una vez al año. Con el fin de dar a los institutos nacionales de estadística tiempo suficiente para prepararse para la elaboración de estadísticas anuales sobre el uso de productos fitosanitarios con carácter permanente, debe preverse en el presente Reglamento un régimen transitorio.

(14)

Los datos relativos a la comercialización y el uso de los plaguicidas que se faciliten en virtud de la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (10) y del Reglamento (CE) n.o 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo (11) deben utilizarse de conformidad con las disposiciones pertinentes de dicha Directiva y dicho Reglamento a los efectos de los requisitos del presente Reglamento. Los datos difundidos sobre productos fitosanitarios deben incluir las sustancias activas comercializadas y utilizadas en actividades agrícolas por cultivo y sus superficies tratadas conexas.

(15)

Para adoptar decisiones sobre el desarrollo de la PAC y realizar un seguimiento de su aplicación a través de los planes estratégicos nacionales en vista de su contribución a los objetivos del Pacto Verde Europeo es importante disponer de estadísticas comparables procedentes de todos los Estados miembros sobre los insumos y la producción agrícolas. Por ello, para las variables deben utilizarse, en la medida de lo posible, clasificaciones y definiciones comunes.

(16)

La coherencia, comparabilidad e interoperabilidad de los datos y la uniformidad de los modelos en la elaboración de informes son requisitos esenciales para la elaboración de las estadísticas agrícolas europeas, en particular para garantizar la eficiencia de los procesos de recogida, tratamiento y difusión y la calidad de los resultados obtenidos.

(17)

Los datos necesarios para la compilación de estadísticas deben recogerse de manera que se reduzcan al mínimo los costes y la carga administrativa para los encuestados, incluidos los agricultores, las pequeñas y medianas empresas (pymes) y los Estados miembros. Por lo tanto, es necesario detectar a los posibles propietarios de las fuentes de los datos requeridos y garantizar que dichas fuentes puedan utilizarse para las estadísticas.

(18)

Los conjuntos de datos que deben transmitirse abarcan varios ámbitos estadísticos. Con el fin de mantener un enfoque flexible que permita adaptar las estadísticas cuando cambien los requisitos de datos, en el reglamento de base solo deben especificarse los ámbitos, temas y temas detallados, y los conjuntos de datos detallados han de especificarse mediante actos de ejecución. La recogida de los conjuntos de datos detallados no debe imponer costes adicionales significativos que supongan una carga desproporcionada e injustificada para los encuestados y los Estados miembros.

(19)

Una variable de un conjunto de datos para las estadísticas europeas sobre insumos y producción agrícolas puede incluir varias dimensiones, como las dimensiones de la agricultura ecológica y del nivel regional. La dimensión de la agricultura ecológica se refiere a la producción y productos con arreglo a los principios establecidos en el Reglamento (UE) 2018/848 del Parlamento Europeo y del Consejo (12). La dimensión del nivel regional debe proporcionarse de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1059/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo (13). Con el fin de reducir la carga que pesa sobre los Estados miembros a la hora de facilitar datos conforme al presente Reglamento y de garantizar la previsibilidad de los datos que deben recogerse, en el anexo del presente Reglamento deben especificarse los temas detallados y las dimensiones aplicables. En dicho anexo debe introducirse la palabra «aplicable» con respecto a los temas detallados para los que se requiera la dimensión de la agricultura ecológica o la del nivel regional, o ambas.

(20)

La producción ecológica tiene una importancia creciente como indicador de los sistemas de producción agrícola sostenibles. Los datos estadísticos sobre producción ecológica son esenciales para realizar un seguimiento de los avances del plan de acción para la producción ecológica en la Unión. Por tanto, es necesario integrar las estadísticas disponibles sobre producción ecológica, incluida la información referente a superficies de producción certificadas o en proceso de reconversión, en los conjuntos de datos a fin de garantizar que sean coherentes con otras estadísticas de producción agrícola. Tales estadísticas de producción ecológica también deben ser coherentes con los datos administrativos elaborados con arreglo al Reglamento (UE) 2018/848, y hacer uso de estos.

(21)

El balance de nutrientes bruto es uno de los indicadores agroambientales más utilizados. Se describe en la metodología común de Eurostat/OCDE como la diferencia entre la cantidad total de aportes de nutrientes que entran en un sistema agrícola y la cantidad de nutrientes que salen de dicho sistema agrícola. A pesar de su importancia, no todos los Estados miembros facilitan voluntariamente a la Comisión (Eurostat) los datos sobre el balance de nutrientes bruto. Por lo tanto, es esencial que el balance de nutrientes bruto se incorpore al presente Reglamento.

(22)

Los medicamentos veterinarios son un insumo importante para la agricultura. Es importante evitar la duplicación del trabajo y optimizar el uso de la información existente que puede utilizarse con fines estadísticos. A tal fin, y con vistas a facilitar información útil y de fácil acceso a los ciudadanos de la Unión y a otras partes interesadas sobre las ventas y el uso de medicamentos veterinarios, incluido el uso de medicamentos antimicrobianos en animales productores de alimentos, la Comisión (Eurostat) debe difundir las estadísticas pertinentes disponibles, de conformidad con el Reglamento (UE) 2019/6 del Parlamento Europeo y del Consejo (14). A estos efectos, se deben establecer acuerdos de cooperación adecuados sobre actividades estadísticas entre la Comisión y las entidades competentes, también a escala internacional.

(23)

Los biocidas constituyen un insumo importante en la agricultura, por ejemplo, en la higiene veterinaria y la alimentación animal. Las sustancias activas autorizadas en productos fitosanitarios se utilizan a menudo en biocidas. El Reglamento (CE) n.o 1185/2009 ya señalaba la necesidad de recoger estadísticas sobre biocidas para políticas informadas y con base científica en los ámbitos de la agricultura, el medio ambiente, la salud pública y la seguridad alimentaria. Teniendo en cuenta que el programa de trabajo para el examen sistemático de todas las sustancias activas existentes contenidas en los biocidas con arreglo al Reglamento (UE) n.o 528/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (15) sigue en curso, ya que solo se ha completado el 35 % de los trabajos relacionados, es todavía prematuro incluirlos en el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Tan pronto como finalice el examen de las sustancias activas para su uso en biocidas, la Comisión debe considerar la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación del presente Reglamento para incluir dichos productos.

(24)

De conformidad con el Reglamento (CE) n.o 1059/2003, las unidades territoriales deben definirse con arreglo a la clasificación de la nomenclatura común de unidades territoriales estadísticas (NUTS). Con el fin de limitar la carga que recae en los Estados miembros, los requisitos relativos a los datos regionales no deben superar los requisitos establecidos por la normativa previa de la Unión, salvo que hayan aparecido entre tanto nuevos niveles regionales. Por consiguiente, procede permitir que los datos estadísticos regionales relativos a Alemania se suministren únicamente en función de las unidades territoriales NUTS 1.

(25)

Debe ser posible recoger datos sobre temas ad hoc relacionados con los insumos y la producción agrícolas en un momento concreto, a fin de complementar los datos recogidos periódicamente con datos adicionales sobre temas que requieran más información, fenómenos emergentes o innovaciones. No obstante, la necesidad de dichos datos adicionales debe justificarse debidamente.

(26)

Para reducir la carga administrativa de los Estados miembros, deben permitirse exenciones respecto de determinadas transmisiones periódicas de datos si las contribuciones de un Estado miembro al total de esos datos en la Unión son bajas o el fenómeno observado es insignificante en relación con la producción total en ese Estado miembro en concreto.

(27)

Con vistas a mejorar la eficiencia de los procesos de producción estadística en el marco del SEE y reducir la carga administrativa para los encuestados, los institutos nacionales de estadística y otras autoridades nacionales deben tener derecho a acceder, sin demora y gratuitamente, a todos los datos administrativos necesarios con fines públicos y a hacer uso de ellos del mismo modo, independientemente de que estén en poder de organismos públicos, semipúblicos o privados. Los institutos nacionales de estadística y otras autoridades nacionales también deben poder integrar en las estadísticas esos datos administrativos, en la medida en que sean necesarios para el desarrollo, la elaboración y la difusión de las estadísticas agrícolas europeas, de conformidad con el artículo 17 bis del Reglamento (CE) n.o 223/2009.

(28)

Los Estados miembros o las autoridades nacionales responsables deben esforzarse por modernizar los modos de recogida de datos en la medida de lo posible. Debe promoverse el uso de soluciones digitales y herramientas de vigilancia terrestre, como Copernicus, el programa de la Unión de observación de la Tierra, y los sensores remotos. Los datos agrícolas se generan cada vez más a través de prácticas de agricultura digital, donde el agricultor es la fuente primaria de los datos.

(29)

A fin de dar flexibilidad y reducir la carga administrativa que soportan los encuestados, los institutos nacionales de estadística y otras autoridades nacionales, los Estados miembros deben poder hacer uso de encuestas estadísticas, registros administrativos y cualesquiera otras fuentes, métodos o planteamientos innovadores, entre ellos, métodos con base científica y bien documentados, como la imputación, la estimación o el uso de modelos. Siempre debe garantizarse la calidad y, en particular, la exactitud, actualidad y comparabilidad de las estadísticas basadas en tales fuentes.

(30)

El Reglamento (CE) n.o 223/2009 incluye disposiciones sobre la transmisión de datos de los Estados miembros a la Comisión (Eurostat) y el uso de tales datos, incluidas la transmisión y la protección de los datos confidenciales. Las medidas adoptadas de conformidad con el presente Reglamento deben garantizar que los datos confidenciales se transmitan y utilicen exclusivamente con fines estadísticos de conformidad con los artículos 21 y 22 del Reglamento (CE) n.o 223/2009.

(31)

El Reglamento (CE) n.o 223/2009 establece un marco de referencia para las estadísticas europeas y exige que los Estados miembros cumplan los principios estadísticos y los criterios de calidad especificados en ese Reglamento. Los informes de calidad constituyen un elemento esencial para evaluar, mejorar y dar a conocer la calidad de las estadísticas europeas. El Comité del SEE ha aprobado la estructura única de metadatos integrados como norma del SEE para la presentación de informes de calidad, contribuyendo así a satisfacer, mediante normas uniformes y métodos armonizados, los requisitos de calidad estadística establecidos en el artículo 12, apartado 3, de dicho Reglamento. La norma del SEE debe contribuir a la armonización de los controles e informes de calidad contemplados en el presente Reglamento.

(32)

De conformidad con el Reglamento (CE) n.o 223/2009, la Comisión (Eurostat) debe difundir los datos recogidos y los informes de calidad transmitidos por los Estados miembros con arreglo al presente Reglamento.

(33)

De conformidad con los objetivos del presente Reglamento y cuando sean necesarios nuevos requisitos de datos o mejoras en los conjuntos de datos objeto del presente Reglamento, la Comisión debe evaluar su viabilidad poniendo en marcha, cuando sea necesario, estudios de viabilidad y estudios piloto.

(34)

En 2016 se llevó a cabo una evaluación de impacto de la Estrategia en materia de Estadísticas Agrícolas para 2020 y años posteriores, con arreglo al principio de la buena gestión financiera, a fin de centrar el programa estadístico establecido por el presente Reglamento en la necesidad de eficacia para alcanzar sus objetivos y a fin de incorporar las restricciones presupuestarias.

(35)

Dado que el objetivo del presente Reglamento, a saber, la elaboración sistemática de estadísticas europeas sobre los insumos y la producción agrícolas en la Unión, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros debido a que se necesita un enfoque coordinado, sino que, por razones de coherencia y comparabilidad, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.

(36)

A fin de tener en cuenta las necesidades emergentes de datos derivadas ante todo de los nuevos avances en la agricultura, de la normativa revisada y del cambio en las prioridades de las políticas, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), por lo que respecta a la modificación de los temas detallados que figuran en el presente Reglamento, la modificación de la frecuencia de transmisión, los períodos de referencia y la aplicabilidad de las dimensiones de los temas detallados, y la especificación de la información que deben proporcionar de manera ad hoc los Estados miembros para la recogida de datos ad hoc tal como se establece en el presente Reglamento. Al adoptar dichos actos delegados, la Comisión debe tener en cuenta aspectos como los costes y las cargas administrativas para los encuestados y los Estados miembros. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (16). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(37)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución del presente Reglamento, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución con el fin de especificar los requisitos de cobertura, los conjuntos de datos vinculados a los temas y temas detallados enumerados en el anexo y los elementos técnicos de los datos que deben facilitarse, para establecer las listas y las descripciones de las variables y otras disposiciones prácticas para la recogida de datos ad hoc, especificar más detalladamente cada frecuencia de transmisión de los conjuntos de datos, definir los plazos para la transmisión de los datos y las frecuencias de que se trate. las variables y los umbrales pertinentes en función de los que los Estados miembros podrán quedar exentos del envío de datos específicos, especificar los períodos de referencia, establecer las modalidades prácticas y el contenido de los informes de calidad, especificar los requisitos de cobertura en lo que respecta al régimen transitorio para los datos sobre el tema detallado del uso de productos fitosanitarios en la agricultura, y conceder excepciones a los Estados miembros. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (17). Al ejercer tales competencias, la Comisión debe tener en cuenta aspectos como los costes y las cargas administrativas para los encuestados y los Estados miembros.

(38)

Cuando la ejecución del presente Reglamento requiera adaptaciones importantes del sistema estadístico nacional de un Estado miembro, la Comisión debe poder conceder excepciones al Estado miembro interesado, en casos debidamente justificados y por un período de tiempo limitado. Tales adaptaciones importantes pueden derivarse, en particular, de la necesidad de adaptar los sistemas de recogida de datos para incluir los nuevos requisitos de datos, incluido el acceso a fuentes administrativas y otras fuentes pertinentes.

(39)

Con el fin de apoyar la aplicación del presente Reglamento se debe requerir financiación tanto de los Estados miembros como de la Unión. Por tanto, debe preverse una contribución financiera de la Unión en forma de subvenciones.

(40)

Los intereses financieros de la Unión deben protegerse mediante medidas proporcionadas a lo largo de todo el ciclo del gasto, incluidas la prevención, detección e investigación de irregularidades, la recuperación de los fondos perdidos, indebidamente pagados o mal utilizados y, en su caso, la imposición de sanciones administrativas y financieras.

(41)

El presente Reglamento debe aplicarse sin perjuicio de la Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (18) y de los Reglamentos (CE) n.o 1367/2006 (19) y (CE) n.o 1049/2001 (20) del Parlamento Europeo y del Consejo, y respetando el secreto estadístico de conformidad con el Reglamento (CE) n.o 223/2009.

(42)

Conviene consolidar la colaboración y la coordinación entre las autoridades en el marco del SEE para garantizar la coherencia y comparabilidad de las estadísticas agrícolas europeas elaboradas con arreglo a los principios establecidos en el artículo 338, apartado 2, del TFUE. Los datos también son recogidos por otros organismos de la Unión distintos de los mencionados en el presente Reglamento, y por otras organizaciones. Debe por tanto reforzarse la cooperación entre tales organismos y organizaciones y los que participan en el SEE, con el fin de aprovechar sinergias.

(43)

Previa consulta al Comité del SEE,

(1)

Uno de los objetivos de la Directiva 2014/53/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (3) es garantizar el correcto funcionamiento del mercado interior. De conformidad con el artículo 3, apartado 3, letra a), de dicha Directiva, uno de los requisitos esenciales que deben cumplir los equipos radioeléctricos es el de interactuar con accesorios, en particular con dispositivos de carga comunes. A este respecto, la Directiva 2014/53/UE indica que la interoperabilidad entre equipos radioeléctricos y accesorios, como los cargadores, simplifica el uso de equipos radioeléctricos y reduce residuos y costes innecesarios, y que es necesario desarrollar un cargador común para determinadas categorías o clases de equipos radioeléctricos, en particular en beneficio de los consumidores y otros usuarios finales.

(2)

Desde 2009, se han realizado esfuerzos a escala de la Unión para limitar la fragmentación del mercado de las interfaces de carga para teléfonos móviles y equipos radioeléctricos similares. Si bien las recientes iniciativas voluntarias han aumentado el grado de convergencia de los dispositivos de carga, que son el componente de fuente de alimentación externa de los cargadores, y reducido el número de las diferentes soluciones de carga disponibles en el mercado, dichas iniciativas no cumplen plenamente los objetivos de actuación de la Unión para garantizar la comodidad de los consumidores, reducir los residuos electrónicos y evitar la fragmentación del mercado de los dispositivos de carga.

(3)

La Unión se ha comprometido a impulsar el uso eficiente de los recursos mediante la transición a una economía limpia y circular a través de la introducción de iniciativas como la Directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (4) y, más recientemente, la introducción del Pacto Verde Europeo, tal como estableció la Comisión en su Comunicación de 11 de diciembre de 2019. La presente Directiva tiene por objeto reducir los residuos electrónicos generados por la venta de equipos radioeléctricos y reducir la extracción de materias primas y las emisiones de CO2 generadas por la producción, el transporte y la eliminación de cargadores, promoviendo así una economía circular.

(4)

El Plan de acción para la economía circular de la Comisión, establecido en su Comunicación de 11 de marzo de 2020, ofrecía una serie de iniciativas a lo largo de todo el ciclo de vida de los productos, centrándose en su diseño, promoviendo procesos de economía circular, fomentando el consumo sostenible y procurando que los recursos utilizados se mantuviesen en la economía de la Unión durante el mayor tiempo posible.

(5)

La Comisión ha llevado a cabo una evaluación de impacto que ha demostrado que el mercado interior no está aprovechando todo su potencial, ya que la continua fragmentación del mercado de las interfaces de carga y de los protocolos de comunicación de carga para teléfonos móviles y otros equipos radioeléctricos similares da lugar a una falta de comodidad para los consumidores y a un aumento de los residuos electrónicos.

(6)

La interoperabilidad entre equipos radioeléctricos y accesorios, como los cargadores, se ve obstaculizada por la existencia de diferentes interfaces de carga para determinadas categorías o clases de equipos radioeléctricos que se cargan por cable, como teléfonos móviles portátiles, tabletas, cámaras digitales, auriculares sin micrófono o con él, videoconsolas portátiles, altavoces portátiles, lectores de libros electrónicos, teclados, ratones, sistemas portátiles de navegación, auriculares internos y ordenadores portátiles. Además, existen varios tipos de protocolos de comunicación de carga rápida para los que no siempre se garantiza un nivel mínimo de rendimiento. En consecuencia, es necesario que la Unión actúe para promover un grado común de interoperabilidad y el suministro de información sobre las características de carga de los equipos radioeléctricos a los consumidores y otros usuarios finales. Por lo tanto, es necesario introducir requisitos adecuados en la Directiva 2014/53/UE en relación con los protocolos de comunicación de carga y las interfaces de carga, es decir, el receptáculo de carga, de determinadas categorías o clases de equipos radioeléctricos, así como la información que debe facilitarse a los consumidores y otros usuarios finales sobre las características de carga de dichas categorías o clases de equipos radioeléctricos, como información sobre la potencia mínima y máxima requeridas para cargarlos. La potencia mínima debe expresar la suma de la potencia que requiere el equipo radioeléctrico para mantenerse en funcionamiento y la potencia mínima que requiere su batería para empezar a cargarse. La potencia máxima debe expresar la suma de la potencia que requiere el equipo radioeléctrico para mantenerse en funcionamiento y la potencia necesaria para alcanzar la máxima velocidad de carga.

(7)

La falta de armonización de las interfaces de carga y de los protocolos de comunicación de carga puede dar lugar a diferencias sustanciales entre las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas o las prácticas de los Estados miembros en cuanto a la interoperabilidad de los teléfonos móviles y categorías o clases similares de equipos radioeléctricos con sus dispositivos de carga, y en cuanto al suministro de equipos radioeléctricos sin dispositivos de carga.

(8)

El tamaño del mercado interior de teléfonos móviles recargables y categorías o clases similares de equipos radioeléctricos, la proliferación de diferentes tipos de dispositivos de carga para dichos equipos radioeléctricos, la falta de interoperabilidad entre los equipos radioeléctricos y los dispositivos de carga y el importante comercio transfronterizo de dichos productos requieren una acción legislativa más firme a escala de la Unión en lugar de medidas nacionales o voluntarias, a fin de lograr el buen funcionamiento del mercado interior, a la vez que se garantiza la comodidad de los consumidores y se reducen los residuos medioambientales.

(9)

Por consiguiente, es necesario armonizar las interfaces de carga y los protocolos de comunicación de carga para categorías o clases específicas de equipos radioeléctricos que se cargan por cable. También es necesario sentar las bases para la adaptación a un futuro progreso científico y tecnológico o futura evolución del mercado, de los que la Comisión va a hacer el seguimiento de manera continua. En particular, en el futuro también debe considerarse la posibilidad de introducir una armonización de las interfaces de carga y los protocolos de comunicación de carga con respecto a los equipos radioeléctricos que pudieran cargarse por cualquier medio distinto de la carga por cable, incluida la carga por ondas radioeléctricas (carga inalámbrica). Además, en el contexto de la futura adaptación de las soluciones de carga armonizadas debe considerarse sistemáticamente la posibilidad de incluir categorías o clases adicionales de equipos radioeléctricos que se cargan por cable, siempre que la integración de las soluciones de carga armonizadas para dichas categorías o clases adicionales de equipos radioeléctricos sea técnicamente viable. La armonización debe perseguir los objetivos de garantizar la comodidad de los consumidores, reducir los residuos medioambientales y evitar la fragmentación del mercado entre las diferentes interfaces de carga y protocolos de comunicación de carga, así como entre cualesquiera iniciativas a nivel nacional, lo que podría obstaculizar el comercio en el mercado interior. La futura adaptación de la armonización de las interfaces de carga y de los protocolos de comunicación de carga debe seguir persiguiendo dichos objetivos asegurándose de incorporar las soluciones técnicas más adecuadas para las interfaces de carga y los protocolos de comunicación de carga con cualquier medio de carga. Las soluciones de carga armonizadas deben reflejar la combinación más adecuada para conseguir la aceptación del mercado, así como alcanzar los objetivos de garantizar la comodidad de los consumidores, reducir los residuos medioambientales y evitar la fragmentación del mercado. En la selección de dichas soluciones de carga deben utilizarse principalmente las normas técnicas pertinentes que cumplan dichos objetivos y que se hayan elaborado en los ámbitos europeo o internacional. En casos excepcionales en los que sea necesario introducir, añadir o modificar una especificación técnica existente en ausencia de normas europeas o internacionales disponibles públicamente que cumplan dichos objetivos, la Comisión debe poder establecer otras especificaciones técnicas, siempre que dichas especificaciones técnicas se hayan elaborado de acuerdo con los criterios de apertura, consenso y transparencia y que cumplan los requisitos de neutralidad y estabilidad a que se refiere el anexo II del Reglamento (UE) n.o 1025/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo (5). Es necesario que todas las partes interesadas sectoriales pertinentes representadas en el grupo de expertos de la Comisión sobre equipos radioeléctricos participen en todo el proceso de adaptación de las soluciones de carga armonizadas.

(10)

Sin embargo, tal armonización sería incompleta si no se complementara con requisitos relativos a la venta combinada de equipos radioeléctricos y sus cargadores, así como a la información que debe facilitarse a los consumidores y a otros usuarios finales. Una fragmentación de los enfoques entre los Estados miembros con respecto a la comercialización de las categorías o clases de equipos radioeléctricos en cuestión y sus dispositivos de carga obstaculizaría el comercio transfronterizo de dichos productos, por ejemplo, obligando a los agentes económicos a reempaquetar sus productos en función del Estado miembro en el que estos vayan a suministrarse. A su vez, esto daría lugar a mayores molestias para los consumidores y generaría residuos electrónicos innecesarios, contrarrestando así los beneficios derivados de la armonización de las interfaces de carga y de los protocolos de comunicación de carga. Por consiguiente, es necesario imponer requisitos para garantizar que los consumidores y otros usuarios finales no estén obligados a adquirir un nuevo dispositivo de carga con cada compra de cada nuevo teléfono móvil o equipo radioeléctrico similar. La venta por separado de los dispositivos de carga y de los equipos radioeléctricos ofrecería opciones sostenibles, disponibles, atractivas y cómodas para los consumidores y otros usuarios finales. Basándose en la experiencia adquirida en la aplicación de los requisitos, las tendencias emergentes del mercado y los avances tecnológicos, la Comisión debe considerar la posibilidad de ampliar a los cables el requisito relativo al suministro de dispositivos de carga junto con los equipos radioeléctricos y de introducir la obligatoriedad de su venta por separado, al objeto de garantizar que se persigan de la manera más eficaz posible los objetivos de comodidad de los consumidores y la reducción de los residuos medioambientales. Para garantizar la eficacia de tales requisitos, los consumidores y otros usuarios finales deben recibir la información necesaria sobre las características de carga al adquirir un teléfono móvil o equipo radioeléctrico similar. Un pictograma específico permitiría a los consumidores y otros usuarios finales determinar antes de la compra si un dispositivo de carga está o no incluido en el equipo radioeléctrico. El pictograma debe figurar en todas las formas de suministro, incluida la venta a distancia.

(11)

Es técnicamente viable definir el USB tipo C como el receptáculo común de carga para las categorías o clases pertinentes de equipos radioeléctricos, en particular porque estas ya pueden incorporar dicho receptáculo. La tecnología USB tipo C, que se está utilizando en todo el mundo, fue adoptada a un nivel internacional de normalización y ha sido incorporada al sistema europeo por parte del Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (Cenelec) con arreglo a la norma europea EN IEC 62680-1-3:2021 «Interfaces Bus Serie Universal (USB) para datos y potencia. Parte 1-3: USB tipo C®. Especificación de cable y conector».

(12)

El USB tipo C es una tecnología que ya es común para muchas categorías o clases de equipos radioeléctricos, ya que proporciona una carga y transferencia de datos de alta calidad. El receptáculo de carga USB tipo C, combinado con el protocolo de comunicación de carga de entrega de potencia por USB, es capaz de proporcionar hasta 100 vatios de potencia y, por lo tanto, deja un amplio margen para seguir desarrollando soluciones de carga rápida, al tiempo que permite que el mercado cubra además las necesidades de los dispositivos de gama baja que no precisan de carga rápida. Los teléfonos móviles y equipos radioeléctricos similares que admiten carga rápida pueden incorporar las características de la entrega de potencia por USB descritas en la norma europea EN IEC 62680-1-2:2021 «Interfaces Bus Serie Universal (USB) para datos y potencia. Parte 1-2: Componentes comunes. Especificación para la entrega de potencia por USB». Las especificaciones para USB son objeto de un desarrollo continuo. A este respecto, el Foro de Implementadores de USB ha desarrollado una versión actualizada de la especificación sobre la entrega de potencia por USB que permite admitir niveles de potencia de hasta 240 vatios. También se ha adaptado la especificación del USB tipo C, que va a ampliar los requisitos de los conectores y cables para admitir potencias de hasta 240 vatios. Ello va a permitir considerar la posibilidad de incluir los equipos radioeléctricos que requieran tales niveles de potencia en la lista de equipos radioeléctricos regulados por la presente Directiva.

(13)

Por lo que se refiere a otros medios de carga distintos de la carga por cable, en el futuro podrían desarrollarse soluciones divergentes, lo que podría tener impactos negativos para la interoperabilidad, la comodidad de los consumidores y el medio ambiente. Si bien es prematuro imponer requisitos específicos a tales soluciones en esta fase, la Comisión debe adoptar medidas para promover y armonizar tales soluciones al objeto de evitar en el futuro una fragmentación del mercado interior.

(14)

La Directiva 2014/53/UE debe modificarse para incluir disposiciones sobre las interfaces de carga y los protocolos de comunicación de carga. Las categorías o clases de equipos radioeléctricos incluidas específicamente en el ámbito de aplicación de las nuevas disposiciones deben detallarse en un nuevo anexo de dicha Directiva. Dentro de dichas categorías o clases de equipos radioeléctricos, solo se ven afectados los que incluyen una batería recargable extraíble o integrada. Por lo que respecta a las cámaras digitales, los equipos radioeléctricos afectados son las cámaras fotográficas y de vídeo digitales, incluidas las cámaras de acción. No debe exigirse que las cámaras digitales diseñadas exclusivamente para el sector audiovisual o el sector de la seguridad y vigilancia incorporen la solución de carga armonizada. En cuanto a los auriculares internos, el equipo radioeléctrico afectado se contempla junto con su caja o estuche específico de carga, dado que debido a su tamaño y forma particulares rara vez o nunca se disocian de dicha caja o estuche. La caja o estuche de carga de este tipo específico de equipo radioeléctrico no se considera parte del dispositivo de carga. Por lo que se refiere a los ordenadores portátiles, el equipo radioeléctrico afectado es todo ordenador portátil, incluidos los ordenadores portátiles (laptops y notebooks), los ultraportátiles, los híbridos o convertibles y los subportátiles.

(15)

También debe modificarse la Directiva 2014/53/UE para introducir requisitos relativos al suministro de determinadas categorías o clases de equipos radioeléctricos sin dispositivos de carga. Las categorías o clases de equipos radioeléctricos afectadas, así como las especificaciones relativas a las soluciones de carga, deben figurar en un nuevo anexo de dicha Directiva.

(16)

La Directiva 2014/53/UE establece que debe incluirse información en las instrucciones que acompañen a los equipos radioeléctricos y, por tanto, deben incluirse requisitos de información adicionales en el artículo pertinente de dicha Directiva. El contenido de los nuevos requisitos debe especificarse en un nuevo anexo de dicha Directiva. Determinada información debe facilitarse por medios visuales para todas las formas de suministro, incluida la venta a distancia. Con una etiqueta específica que indique las especificaciones relativas a las capacidades de carga y a los dispositivos de carga compatibles, los consumidores y otros usuarios finales podrían determinar el dispositivo de carga más adecuado para cargar sus equipos radioeléctricos. A fin de proporcionar una fuente de referencia útil a lo largo de todo el ciclo de vida del equipo radioeléctrico, la información sobre las especificaciones relativas a las capacidades de carga y a los dispositivos de carga compatibles también debe incluirse en las instrucciones y la información sobre seguridad que acompañen al equipo radioeléctrico. Debe ser posible adaptar dichos requisitos de información en el futuro para reflejar cualquier cambio en los requisitos de etiquetado, en particular de los dispositivos de carga, que podría introducirse en virtud de la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (6). Dichos requisitos de información deben reflejar, en particular, el desarrollo de soluciones de carga armonizadas y deben adaptarse en consecuencia. En este contexto, también podría considerarse la posibilidad de incluir un sistema de códigos de colores.

(17)

Teniendo en cuenta que los importadores y distribuidores también podrían suministrar equipos radioeléctricos directamente a los consumidores y otros usuarios finales, se les deben imponer obligaciones idénticas a las aplicables a los fabricantes respecto de la información que debe facilitarse o exponerse. Se debe exigir a todos los agentes económicos que cumplan la obligación referente al pictograma que indica si con el equipo radioeléctrico se incluye o no un dispositivo de carga, cuando pongan a disposición de los consumidores y otros usuarios finales el equipo radioeléctrico. Los importadores y distribuidores podrían así ofrecer paquetes, que incluyeran el equipo radioeléctrico y su dispositivo de carga, incluso cuando el fabricante lo suministre sin dispositivo de carga, siempre que los importadores y distribuidores también ofrecieran a los consumidores y otros usuarios finales la posibilidad de adquirir el equipo radioeléctrico sin dispositivo de carga.

(18)

La Directiva 2014/53/UE establece los procedimientos de evaluación de la conformidad. Debe modificarse para añadir referencias a los nuevos requisitos esenciales. Así pues, los fabricantes deben tener la opción de emplear un procedimiento de control interno de la producción para demostrar el cumplimiento de los nuevos requisitos esenciales.

(19)

La Directiva 2014/53/UE debe modificarse para garantizar que las autoridades nacionales de vigilancia del mercado cuenten con los medios procedimentales para hacer cumplir los nuevos requisitos relativos a las interfaces de carga armonizadas y a los protocolos de comunicación de carga armonizados, así como los relativos al suministro de equipos radioeléctricos sujetos a tal armonización. En particular, debe incluirse una referencia expresa a la falta de cumplimiento de los requisitos esenciales, lo que también incluye las nuevas disposiciones relativas a las especificaciones sobre capacidades de carga y dispositivos de carga compatibles. Dado que estas nuevas disposiciones están relacionadas con los aspectos de la interoperabilidad, el objetivo sería evitar interpretaciones divergentes sobre si el procedimiento establecido en la Directiva 2014/53/UE podría activarse también respecto de los equipos radioeléctricos que no presenten un riesgo para la salud o la seguridad de las personas ni para otros aspectos de la protección del interés público.

(20)

La Directiva 2014/53/UE establece supuestos de incumplimiento formal. Dado que la presente Directiva introduce nuevos requisitos aplicables a determinadas categorías o clases de equipos radioeléctricos, la Directiva 2014/53/UE debe modificarse para permitir que las autoridades nacionales de vigilancia del mercado puedan hacer cumplir los nuevos requisitos de manera eficaz.

(21)

La Directiva 2014/53/UE debe modificarse también para adaptar las referencias que contiene a los nuevos requisitos introducidos por la presente Directiva.

(22)

Es preciso garantizar la interoperabilidad común mínima entre los equipos radioeléctricos y los dispositivos de carga para tales equipos, y atender a cualquier evolución futura del mercado, como la aparición de nuevas categorías o clases de equipos radioeléctricos respecto de las cuales se observe que se da un grado considerable de fragmentación de las interfaces de carga y los protocolos de comunicación de carga, así como a cualquier evolución de la tecnología de carga. Es necesario también reflejar futuras modificaciones de los requisitos de etiquetado, por ejemplo para las fuentes de alimentación externas o los cables de carga, u otros avances técnicos. Por consiguiente, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea por lo que respecta a la modificación de las categorías o clases de equipos radioeléctricos y las especificaciones relativas a las interfaces de carga y los protocolos de comunicación de carga para cada uno de ellos, y a la modificación de los requisitos de información relativos a las interfaces de carga y los protocolos de comunicación de carga. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos, y que esas consultas se realicen de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (7). En particular, a fin de garantizar una participación equitativa en la preparación de los actos delegados, el Parlamento Europeo y el Consejo reciben toda la documentación al mismo tiempo que los expertos de los Estados miembros, y sus expertos tienen acceso sistemáticamente a las reuniones de los grupos de expertos de la Comisión que se ocupen de la preparación de actos delegados.

(23)

Por tanto, procede modificar la Directiva 2014/53/UE en consecuencia.

(24)

Los agentes económicos deben disponer de tiempo suficiente para proceder a las adaptaciones necesarias de los equipos radioeléctricos incluidos en el ámbito de aplicación de la presente Directiva que tengan intención de comercializar en la Unión.

(1)

De conformidad con el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea (TUE), la igualdad es un valor fundamental de la Unión y es común a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por la igualdad entre mujeres y hombres. En virtud del artículo 3, apartado 3, del TUE, la Unión debe fomentar la igualdad entre mujeres y hombres.

(2)

El artículo 157, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) confiere al Parlamento Europeo y al Consejo atribuciones para adoptar medidas destinadas a garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación.

(3)

Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre hombres y mujeres en la vida laboral, el artículo 157, apartado 4, del TFUE autoriza acciones positivas permitiendo a los Estados miembros mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras profesionales. El artículo 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») establece que la igualdad entre mujeres y hombres ha de garantizarse en todos los ámbitos y que el principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que supongan ventajas concretas en favor del sexo menos representado.

(4)

El pilar europeo de derechos sociales, que fue proclamado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en 2017, incorpora entre sus principios la igualdad de trato y oportunidades entre las mujeres y los hombres, también en lo que respecta a la participación en el mercado laboral, las condiciones de trabajo y de empleo y la carrera profesional.

(5)

Para lograr la igualdad de género en el lugar de trabajo es preciso adoptar un enfoque integral, que, entre otras cosas, fomente la toma de decisiones equilibrada desde el punto de vista del género en las sociedades a todos los niveles, así como la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Garantizar la igualdad en el lugar de trabajo es también una condición previa fundamental para reducir la pobreza entre las mujeres.

(6)

La Recomendación 84/635/CEE del Consejo (4) recomendaba a los Estados miembros actuar de tal forma que las acciones positivas incluyan, en la medida de lo posible, acciones relacionadas con la participación activa de las mujeres en los organismos de decisión. La Recomendación 96/694/CE (5) del Consejo recomendaba a los Estados miembros estimular al sector privado a que aumentase la presencia de mujeres en todos los niveles de la toma de decisiones, concretamente mediante la adopción de planes de igualdad y programas de acciones positivas, o en el marco de estos.

(7)

La presente Directiva tiene por objeto garantizar la aplicación del principio de igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y lograr una representación de género equilibrada en los puestos de alta dirección, mediante el establecimiento de una serie de requisitos de procedimiento relativos a la selección de candidatos a efectos de nombramiento o elección para los puestos de administrador, sobre la base de criterios de transparencia y de mérito.

(8)

En los últimos años, la Comisión ha presentado varios informes que hacen balance de la situación en lo que se refiere a la igualdad de género en la toma de decisiones económicas. Ha alentado a las sociedades cotizadas a aumentar el número de miembros del sexo menos representado en sus consejos de administración mediante medidas de autorregulación y a contraer compromisos voluntarios concretos a ese respecto. En su Comunicación de 5 de marzo de 2010 titulada «Un compromiso reforzado en favor de la igualdad entre mujeres y hombres – Una Carta de la Mujer», la Comisión subrayó que las mujeres aún no tienen pleno acceso a compartir el poder y la toma de decisiones en la vida política y económica, así como en los sectores público y privado, y reafirmó su compromiso de utilizar sus facultades para luchar por que la representación más justa de mujeres y hombres en cargos de poder en la vida pública y la economía sea más justa. La mejora del equilibrio entre los sexos en la toma de decisiones era una de las prioridades establecidas por la Comisión en su Comunicación de 21 de septiembre de 2010 titulada «Estrategia para la igualdad entre mujeres y hombres 2010-2015». Lograr el equilibrio de género en la toma de decisiones y en la política es una de las prioridades establecidas en la Comunicación de la Comisión de 5 de marzo de 2020 titulada «Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025».

(9)

En sus Conclusiones de 7 de marzo de 2011 sobre el Pacto Europeo por la Igualdad de Género (2011-2020), el Consejo reconocía que las políticas de igualdad de género son vitales para el crecimiento económico, la prosperidad y la competitividad. En él, reiteraba su compromiso de reducir las desigualdades de género con el fin de alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, especialmente en tres ámbitos de gran relevancia para la igualdad de género, a saber, el empleo, la educación y la promoción de la inclusión social. Asimismo, instaba a que se actuara para fomentar la igualdad de la participación de mujeres y hombres en el proceso decisorio a todos los niveles y en todos los ámbitos, con el fin de aprovechar plenamente todas las capacidades. A este respecto, el aprovechamiento de todas las capacidades, conocimientos e ideas existentes enriquecería la diversidad de los recursos humanos y mejoraría las perspectivas empresariales.

(10)

En su Comunicación de 3 de marzo de 2010 titulada «Europa 2020: Una estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador» (en lo sucesivo, «Estrategia Europa 2020»), la Comisión reconocía que el aumento de la participación de las mujeres en el mercado laboral constituye una condición previa para impulsar el crecimiento y hacer frente a los desafíos demográficos en Europa. La Estrategia Europa 2020 fijaba el objetivo principal de alcanzar una tasa de empleo mínima del 75 % de la población de la Unión entre veinte y sesenta y cuatro años de edad en 2020. Es importante contraer un compromiso claro de eliminar la brecha salarial persistente entre hombres y mujeres y redoblar los esfuerzos para afrontar todos los obstáculos que dificultan la participación de las mujeres en el mercado de trabajo, entre ellos el actual fenómeno del «techo de cristal». La Declaración de Oporto, que fue firmada por los Jefes de Estado o de Gobierno el 8 de mayo de 2021 (6), celebraba los nuevos objetivos principales de la Unión en materia de empleo, capacidades y reducción de la pobreza, y el cuadro de indicadores sociales revisado propuesto por la Comisión en su Comunicación de 4 de marzo de 2021 titulada «Plan de Acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales». Dicho Plan de Acción establece que, para alcanzar el objetivo global de una tasa de empleo de al menos el 78 % de la población de la Unión de entre veinte y sesenta y cuatro años en 2030, es necesario esforzarse para reducir al menos a la mitad la brecha de género en el empleo en comparación con 2019. Se espera que el aumento de la participación de las mujeres en la toma de decisiones económicas, especialmente en los consejos de administración, tenga un efecto indirecto positivo para el empleo de las mujeres en las sociedades afectadas y para toda la economía. Tras la crisis de la COVID-19, la igualdad de género y el liderazgo inclusivo son más importantes que nunca, en consonancia con la necesidad de aprovechar al máximo la reserva de talentos disponible, tanto de mujeres como de hombres. La investigación ha demostrado que la inclusión y la diversidad activan la recuperación y la resiliencia. Son de vital importancia para garantizar la competitividad de la economía de la Unión, fomentar la innovación y mejorar el nivel de profesionalidad en los consejos de administración.

(11)

El Parlamento Europeo, en su Resolución de 6 de julio de 2011 sobre las mujeres y la dirección de las empresas, instó a las empresas a alcanzar el porcentaje crítico de un 30 % de mujeres entre los miembros de los órganos de dirección para 2015 y de un 40 % para 2020. Pidió a la Comisión que, en caso de que las empresas y los Estados miembros no hubieran adoptado de forma voluntaria suficientes medidas, considerara la adopción, para 2012, de medidas legislativas, incluyendo cuotas. Revestiría importancia que tales medidas legislativas se aplicaran de forma temporal y que sirvieran para impulsar el cambio y llevar a cabo reformas rápidas destinadas a eliminar las desigualdades y los estereotipos de género persistentes en la toma de decisiones económicas. El Parlamento Europeo insistió en su petición de medidas legislativas en sus Resoluciones de 13 de marzo de 2012 y de 21 de enero de 2021.

(12)

Es importante que las instituciones, órganos y organismos de la Unión den ejemplo en lo que respecta a la igualdad de género, entre otros medios, estableciendo objetivos para una representación de género equilibrada en todos los niveles de dirección. Debe prestarse especial atención a las políticas de contratación de altos cargos. Así pues, en su Comunicación de 5 de marzo de 2020 titulada «Una Unión de la igualdad: Estrategia para la Igualdad de Género 2020-2025» la Comisión hacía hincapié en que las instituciones, órganos y organismos de la Unión deben garantizar el equilibrio de género entre sus puestos directivos. En su Comunicación de 5 de abril de 2022 titulada «Una nueva estrategia de recursos humanos para la Comisión», la Comisión se comprometió a garantizar, de aquí a 2024, la plena igualdad de género en todos sus niveles directivos. La Comisión va a hacer un seguimiento de los avances realizados e informar periódicamente al respecto en su sitio web. Además, la Comisión comparte las mejores prácticas con otras instituciones, órganos y organismos de la Unión y va a informar sobre la situación del equilibrio de género en los puestos directivos de tales instituciones, órganos y organismos en su sitio web. El Parlamento Europeo, en su Decisión de la Mesa de 13 de enero de 2020, acordó establecer objetivos de equilibrio de género en los puestos de dirección intermedios y altos de aquí a 2024. El Parlamento Europeo va a continuar haciendo un seguimiento de los avances realizados en todos los niveles directivos y pretende dar ejemplo. El Consejo se comprometió, en su Estrategia de Diversidad e Inclusión 2021-2024, a lograr la igualdad de género en los puestos de dirección de su Secretaría General (SGC) con un margen de entre el 45 y el 55 % a más tardar a finales de 2026. El Plan de Acción para la Igualdad de Género en Puestos de Dirección de la SGC establece medidas encaminadas a alcanzar dicho objetivo.

(13)

Es importante que las sociedades y las empresas impulsen, apoyen y desarrollen el talento femenino a todos los niveles y a lo largo de sus carreras profesionales a fin de garantizar que mujeres cualificadas tengan oportunidades para ocupar puestos de administración y dirección.

(14)

Con el fin de promover la igualdad de género y apoyar la participación de las mujeres en la toma de decisiones, la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo (7), que fomenta la conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los cuidadores, establece que los Estados miembros adopten las medidas necesarias para garantizar un reparto igualitario de las responsabilidades en el cuidado de familiares entre mujeres y hombres mediante permisos parentales, permisos de paternidad y permisos para cuidadores, además del permiso de maternidad existente. Dicha Directiva también establece el derecho a solicitar fórmulas de trabajo flexible.

(15)

El nombramiento de mujeres como administradoras topa con varios obstáculos específicos que pueden superarse no solo por medio de normas vinculantes, sino también a través de medidas educativas y estímulos que fomenten las buenas prácticas. En primer lugar, es imprescindible lograr una mayor concienciación en las escuelas de negocios y las facultades universitarias empresariales sobre los beneficios que aporta la igualdad de género a la competitividad empresarial. Debe propiciarse asimismo una renovación periódica de los administradores para favorecer la rotación y establecer medidas positivas que estimulen y reconozcan a los Estados miembros y sociedades que afronten con más decisión tales cambios en los máximos órganos de decisión económica en todos los niveles.

(16)

La Unión dispone de una reserva numerosa de mujeres con un elevado nivel de cualificación, que no deja de crecer, como lo demuestra el hecho de que el 60 % de los graduados universitarios sean mujeres. Lograr el equilibrio de género en los consejos de administración es fundamental si se quiere hacer un uso eficiente de dicha reserva existente, lo cual es imprescindible para afrontar los retos demográficos y económicos de la Unión. Así, la infrarrepresentación de las mujeres en los consejos de administración es una oportunidad perdida para las economías de los Estados miembros en general, así como para su desarrollo y crecimiento. Hacer pleno uso de la reserva de talento femenino existente también mejoraría los resultados educativos en beneficio tanto de las personas como del sector público. Se reconoce en general que la presencia de mujeres en los consejos de administración mejora la gobernanza empresarial, ya que incrementa el rendimiento del equipo y la calidad de la toma de decisiones gracias a una mentalidad más variada y colectiva que incorpora una gama de perspectivas más amplia. Numerosos estudios han demostrado que la diversidad se traduce en un modelo empresarial más proactivo, decisiones más equilibradas y una mejora de las competencias profesionales en los consejos de administración que reflejan mejor las realidades sociales y las necesidades de los consumidores. También fomenta la innovación. Asimismo, son muchos los estudios que han demostrado la existencia de una relación positiva entre la diversidad de género en la alta dirección y los resultados financieros y la rentabilidad de una empresa, lo que conlleva un importante crecimiento sostenible a largo plazo. Por tanto, lograr el equilibrio de género en los consejos de administración reviste una importancia vital para garantizar la competitividad de la Unión en una economía globalizada y ofrecería una ventaja comparativa con respecto a terceros países.

(17)

Aumentar la representación de las mujeres en los consejos de administración no solo afecta a las mujeres nombradas en los consejos de administración, sino que también contribuye a atraer el talento femenino a la empresa y a garantizar una mayor presencia de las mujeres en todos los niveles de dirección y en la plantilla. Así pues, es probable que una mayor proporción de mujeres en los consejos de administración contribuya de forma positiva a reducir la brecha de género en el empleo y la brecha salarial entre hombres y mujeres.

(18)

Pese a estar demostradas las repercusiones positivas del equilibrio de género para las propias sociedades y para la economía en general, y pese a la prohibición de la discriminación por razón de sexo en el Derecho la Unión vigente y a las acciones a escala de la Unión que animan a la autorregulación, las mujeres siguen estando claramente infrarrepresentadas en los máximos órganos decisorios de las empresas en toda la Unión. Las estadísticas muestran que la proporción de mujeres que participan en la toma de decisiones a alto nivel en las sociedades sigue siendo muy baja. Si, para los puestos directivos, ni siquiera se toma en consideración a la mitad de los talentos existentes, el propio proceso y la calidad de los nombramientos podrían verse afectados, lo que conllevaría una mayor desconfianza en las estructuras de poder de las empresas y, en su caso, un aprovechamiento menos eficiente del capital humano disponible. Es importante que la composición de la sociedad quede fielmente reflejada en el proceso de toma de decisiones de las sociedades y que se aproveche el potencial de toda la población de la Unión. Según el Instituto Europeo de la Igualdad de Género, en 2021 las mujeres representaban en promedio el 30,6 % de los miembros de los consejos de administración de las mayores sociedades cotizadas y solo el 8,5 % de los presidentes. Estos valores indican una infrarrepresentación injusta y discriminatoria de las mujeres, lo que socava claramente los principios de la Unión de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre mujeres y hombres en los ámbitos del empleo y la ocupación. Por tanto, es preciso adoptar medidas encaminadas a fomentar la progresión de la carrera profesional de las mujeres en todos los niveles de dirección y reforzar las ya existentes, también debe prestarse especial atención a que se aplique este tipo de medidas en las sociedades cotizadas, debido a la gran responsabilidad económica y social que recae en estas sociedades. Además, es importante que los órganos y organismos de la Unión den ejemplo a la hora de corregir los desequilibrios de género existentes en la composición de sus propios consejos de administración.

(19)

La proporción de mujeres en los consejos de administración ha aumentado muy lentamente en los últimos años. La tasa de incremento ha diferido según los Estados miembros y dado lugar a resultados muy dispares. Se han registrado avances mucho más significativos en los Estados miembros que han adoptado medidas vinculantes. Es probable que esta divergencia aumente, ya que los planteamientos adoptados para mejorar el equilibrio de género en los consejos de administración son muy diferentes. Se anima, por consiguiente, a los Estados miembros a que compartan información sobre las medidas y las políticas eficaces que hayan adoptado a escala nacional, y a que lleven a cabo un intercambio de buenas prácticas, con vistas a impulsar en toda la Unión avances hacia el logro de una representación más equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración.

(20)

La dispersión y divergencia de la normativa o la falta de normativa a nivel nacional por lo que se refiere al equilibrio de género en los consejos de administración de las sociedades cotizadas no solo dan lugar a discrepancias en el número de mujeres entre los administradores no ejecutivos y a índices de mejora diferentes según los Estados miembros, sino que también plantean obstáculos al mercado interior al imponer requisitos divergentes para la gobernanza empresarial de las sociedades cotizadas de la Unión. Estas diferencias en los requisitos jurídicos y de autorregulación aplicables a la composición de los consejos de administración pueden dar lugar a complicaciones prácticas para las sociedades cotizadas que operan a escala transfronteriza, en particular a la hora de establecer filiales o en las fusiones y adquisiciones, y para los candidatos a puestos de administrador.

(21)

Los desequilibrios de género en las sociedades son mayores en los niveles más altos. Además, muchas de las mujeres que ejercen funciones de alta dirección ocupan un puesto en sectores como los recursos humanos y la comunicación, mientras que los hombres que ejercen este tipo de funciones suelen ocupar puestos de dirección general o como superiores jerárquicos dentro de la empresa. Teniendo en cuenta que la principal reserva de contratación para puestos de administrador está compuesta principalmente por candidatos con experiencia en puestos de alta dirección, es vital aumentar el número de mujeres que avanzan hacia esos puestos directivos dentro de las sociedades.

(22)

Uno de los principales factores para una correcta aplicación de la presente Directiva es la utilización efectiva de criterios para la selección de administradores, que deben establecerse de antemano y con total transparencia, y en los que las cualificaciones, conocimientos y aptitudes de los candidatos se tengan en cuenta imparcialmente, con independencia de su género.

(23)

La actual falta de transparencia de los procesos de selección y de los criterios de capacitación para puestos de administrador en la mayoría de los Estados miembros constituye una barrera significativa para un mayor equilibrio de género entre los administradores e incide negativamente tanto en las carreras profesionales de los candidatos a dichos puestos como en su libertad de circulación, y en las decisiones de los inversores. Esa falta de transparencia impide que posibles candidatos a puestos de administrador presenten sus candidaturas a consejos de administración en los que su capacitación sería más necesaria y que impugnen las decisiones de nombramiento sexistas, lo que limita su libertad de circulación en el mercado interior. Por otra parte, los inversores podrían tener estrategias de inversión que requieran que se proporcione dicha información, vinculada también a la experiencia y la competencia de los administradores. Una mayor transparencia de los criterios de capacitación y del proceso de selección de los administradores permite a los inversores evaluar mejor la estrategia comercial de las empresas y tomar decisiones fundadas. Por consiguiente, es importante que los procedimientos para nombrar a los miembros de los consejos de administración sean claros y transparentes y que los candidatos sean evaluados con objetividad sobre la base de sus méritos, con independencia de su género.

(24)

Si bien la presente Directiva no pretende armonizar detalladamente las legislaciones nacionales relativas al proceso de selección y los criterios de capacitación de los puestos de administrador, para lograr el equilibrio de género es necesario establecer determinados requisitos mínimos para sociedades cotizadas en las que no haya una representación de género equilibrada relativos a la selección de candidatos a efectos de nombramiento o elección para los puestos de administrador, basándose en un proceso de selección transparente y claramente definido y en una apreciación comparativa objetiva de su capacitación en la que se evalúen la aptitud, competencia y prestaciones profesionales. Solo una medida vinculante a escala de la Unión puede contribuir eficazmente a garantizar unas condiciones de competencia equitativas en toda la Unión y evitar complicaciones prácticas para la vida empresarial.

(25)

Así pues, la Unión debe intentar aumentar la presencia de mujeres en los consejos de administración en todos los Estados miembros a fin de impulsar el crecimiento económico, fomentar la movilidad en el mercado laboral, reforzar la competitividad de las sociedades cotizadas y lograr la igualdad de género efectiva en el mercado laboral. Dicho objetivo debe perseguirse a través del establecimiento de requisitos mínimos con respecto a la acción positiva en forma de medidas vinculantes. Dichas medidas vinculantes deben procurar alcanzar un objetivo cuantitativo en cuanto a la composición por género de los consejos de administración, habida cuenta de que los Estados miembros y terceros países que han elegido dicho método u otros similares han obtenido los mejores resultados a la hora de reducir la menor representación de las mujeres en los puestos de decisión económica.

(26)

Es importante que cada sociedad cotizada desarrolle una política de igualdad de género con el fin de lograr una representación de género más equilibrada en todos los niveles. Dichas políticas podrían incluir el nombramiento de dos candidatos, una mujer y un hombre, para los puestos clave, programas de tutoría y de orientación en la evolución de la carrera profesional para las mujeres y estrategias en materia de recursos humanos concebidas para favorecer la diversificación de la contratación.

(27)

Las sociedades cotizadas tienen una importancia económica, una proyección pública y un impacto especiales en todo el mercado. Estas sociedades establecen patrones de actuación para la economía en su conjunto, y cabe esperar que sus prácticas sean seguidas por otros tipos de sociedades. El carácter público de las sociedades cotizadas justifica que sean objeto de una mayor regulación en aras del interés público.

(28)

Las medidas establecidas en la presente Directiva deben aplicarse a las sociedades cotizadas.

(29)

La presente Directiva no debe aplicarse a las microempresas ni a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

(30)

A efectos de la presente Directiva, el Estado miembro competente para regular las cuestiones tratadas en ella debe ser aquel en el que la sociedad cotizada afectada tenga su domicilio social. La presente Directiva no afecta a las normas nacionales que determinan la ley aplicable a las sociedades en las materias no reguladas por la presente Directiva.

(31)

Los sistemas de administración de las sociedades cotizadas tienen diferentes estructuras según los Estados miembros: cabe distinguir principalmente entre el sistema dual, con un consejo de dirección y un consejo de control, y el sistema monista, en el que un consejo de administración único ejerce conjuntamente las funciones de gestión y de control. También hay sistemas mixtos, que presentan características de los dos anteriores o que ofrecen a las sociedades una opción entre distintos modelos. La presente Directiva debe aplicarse a todos los sistemas existentes en los Estados miembros.

(32)

Cualquiera que sea su estructura, todos los consejos de administración distinguen, de iure o de facto, entre administradores ejecutivos, que participan en la gestión corriente de la empresa, y administradores no ejecutivos, que desempeñan una función de control, pero no participan en la gestión corriente de la sociedad cotizada. La presente Directiva pretende mejorar el equilibrio de género en ambas categorías de administradores. A fin de encontrar el justo equilibrio entre la necesidad de aumentar el equilibrio de género en los consejos de administración y la de minimizar la injerencia en la gestión corriente de la empresa, la presente Directiva establece una distinción entre esas dos categorías de administradores.

(33)

En varios Estados miembros, los trabajadores de las sociedades, sus organizaciones o ambos pueden o deben, de conformidad con el Derecho o la práctica nacionales, nombrar o elegir a una determinada proporción de los administradores no ejecutivos. Los objetivos cuantitativos establecidos en la presente Directiva deben aplicarse también a estos administradores. Sin embargo, dado que algunos administradores no ejecutivos son representantes de los trabajadores, los Estados miembros deben establecer los medios para garantizar que se alcancen esos objetivos, teniendo debidamente en cuenta las normas específicas sobre elección o nombramiento de los representantes de los trabajadores establecidas en Derecho nacional y respetando la libertad de voto en la elección de representantes de los trabajadores. Dadas las diferencias existentes en el Derecho nacional de sociedades de los Estados miembros, estos han de poder aplicar los objetivos cuantitativos por separado a los representantes de los accionistas y los representantes de los trabajadores.

(34)

Los Estados miembros deben someter a las sociedades cotizadas bien al objetivo de que haya consejos de administración en los que, a más tardar el 30 de junio de 2026, como mínimo el 40 % de los administradores no ejecutivos de las sociedades cotizadas sean del sexo menos representado o bien, alternativamente, dado que es importante que las sociedades aumenten la proporción del sexo menos representado en todos los puestos de decisión, someterlas al objetivo de que, como mínimo, el 33 % del total de puestos de administrador sean del sexo menos representado, independientemente de que sean o no ejecutivos, con el fin de promover una representación de género más equilibrada entre el conjunto de administradores.

(35)

Los objetivos de que en los consejos de administración como mínimo el 40 % de los administradores no ejecutivos o el 33 % del total de puestos de administrador sean del sexo menos representado se refieren al equilibrio de género global entre los administradores, y no interfieren en la elección concreta de determinados administradores de entre un amplio conjunto de candidatos, mujeres y hombres, en cada caso. En particular, la presente Directiva no excluye a ningún candidato concreto para un puesto de administrador y tampoco impone a determinados administradores a las sociedades cotizadas ni a los accionistas. La decisión en cuanto a los administradores idóneos sigue siendo competencia de las sociedades cotizadas y los accionistas.

(36)

Debido a su naturaleza, es conveniente que las empresas públicas que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva sirvan de modelo para el sector privado. Los Estados miembros ejercen una influencia dominante en las empresas públicas, en el sentido del artículo 2, letra b), de la Directiva 2006/111/CE de la Comisión (8), que cotizan en un mercado regulado. Debido a esa influencia dominante, los Estados miembros disponen de instrumentos para propiciar más rápidamente el cambio necesario.

(37)

La determinación del número de puestos de administrador necesario para alcanzar los objetivos establecidos en la presente Directiva requiere mayor precisión ya que, dado el tamaño de la mayoría de los consejos de administración, no se puede lograr matemáticamente la proporción exacta del 40 % o, en su caso, del 33 %. Por consiguiente, el número de puestos de administrador necesario para alcanzar los objetivos establecidos en la presente Directiva debe ser el más cercano al 40 % o, en su caso, al 33 %, y no debe, en ambos casos, exceder el 49 %.

(38)

En su jurisprudencia (9) sobre la acción positiva y su compatibilidad con el principio de no discriminación por razón de sexo (establecido también en el artículo 21 de la Carta), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea aceptó que, en algunos casos, se pueda conceder preferencia al sexo menos representado en la selección para el acceso al empleo o a la promoción, siempre que el candidato del sexo menos representado presente igual capacitación que su competidor del otro sexo desde el punto de vista de su aptitud, competencia y prestaciones profesionales, que la preferencia no se conceda de modo automático e incondicional, sino que pueda ignorarse cuando concurran en la persona de un candidato del otro sexo motivos que hagan que la balanza se incline en su favor, y que la candidatura de cada uno de los candidatos haya sido objeto de una apreciación objetiva que tenga en cuenta expresamente todos los criterios de selección relativos a cada persona.

(39)

Los Estados miembros deben garantizar que las sociedades cotizadas en cuyos consejos de administración los miembros del sexo menos representado ocupen menos del 40 % de los puestos de administrador no ejecutivo, o menos del 33 % del total de puestos de administrador, incluidos los de administrador tanto ejecutivo como no ejecutivo, según corresponda, seleccionen a los candidatos más capacitados a efectos de nombramiento o elección para dichos puestos sobre la base de una apreciación comparativa de la capacitación de los candidatos, aplicando criterios claros, formulados de manera neutral y sin ambigüedad, que se hayan establecido con anterioridad al proceso de selección, con el fin de mejorar el equilibrio de género en los consejos de administración. Como ejemplos de los tipos de criterios de selección que las sociedades cotizadas pueden aplicar cabe citar la experiencia profesional en tareas de dirección o supervisión, la experiencia internacional, la capacidad multidisciplinar, la capacidad de liderazgo y de comunicación, la aptitud para establecer una red de contactos y los conocimientos de determinados ámbitos pertinentes, tales como las finanzas, la supervisión financiera o la gestión de los recursos humanos.

(40)

En el momento de seleccionar a los candidatos a efectos de nombramiento o de elección para los puestos de administrador, debe concederse preferencia al candidato que presente igual capacitación del sexo menos representado. Sin embargo, esta preferencia no debe constituir una preferencia automática e incondicional. Podría haber casos excepcionales en los que una apreciación objetiva de la situación concreta de un candidato del otro sexo que presente igual capacitación pueda llevar a que se ignore la preferencia que, de otro modo, debería concederse al candidato del sexo menos representado. Descartar de este modo la preferencia podría tener lugar, por ejemplo, cuando se aplican políticas de diversidad más amplias a escala nacional o en la empresa para la selección de los administradores. No obstante, descartar la aplicación de la acción positiva debe ser excepcional, basarse en una evaluación individualizada y estar debidamente justificado por criterios objetivos que, en cualquier caso, no deben discriminar al sexo menos representado.

(41)

En los Estados miembros en los que sean de aplicación los requisitos establecidos en la presente Directiva relativos a la selección de candidatos a efectos de nombramiento o elección para puestos de administrador, las sociedades cotizadas en cuyos consejos los miembros del sexo menos representado ocupen como mínimo el 40 % de los puestos de administrador no ejecutivo, o bien como mínimo el 33 % del total de puestos de administrador, según corresponda, no deben estar obligadas a cumplir dichos requisitos.

(42)

Los métodos de selección de candidatos a efectos de nombramiento o elección para puestos de administrador difieren según los Estados miembros y las sociedades cotizadas. Estos métodos podrían llevar aparejada la preselección de los candidatos que vayan a ser presentados a la junta general de accionistas, por ejemplo, por una comisión de nombramiento o por sociedades de búsqueda de ejecutivos. Los requisitos para la selección de candidatos a efectos de nombramiento o elección para puestos de administrador deben cumplirse en la fase apropiada del proceso de selección de conformidad con el Derecho nacional y con los estatutos de las sociedades cotizadas correspondientes, también antes de la elección de un candidato por los accionistas, por ejemplo al preparar una lista restringida de candidatos. A este respecto, la presente Directiva solo establece normas mínimas aplicables a la selección de los candidatos a efectos de nombramiento o elección para puestos de administrador, que permiten aplicar las condiciones establecidas en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia con el fin de permitir la igualdad de género y de alcanzar el objetivo de una representación más equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración de las sociedades cotizadas. La presente Directiva no interfiere indebidamente en la gestión corriente de las sociedades cotizadas, puesto que estas pueden seguir seleccionando libremente a los candidatos basándose en su capacitación o en otras consideraciones objetivas pertinentes.

(43)

En vista de los objetivos de la presente Directiva en lo que se refiere al equilibrio de género, las sociedades cotizadas deben estar obligadas a informar, previa solicitud del candidato al nombramiento o la elección de un puesto de administrador, sobre los criterios de capacitación en que se basó la selección, sobre la apreciación comparativa objetiva de los candidatos a la luz de esos criterios y, en su caso, sobre las consideraciones específicas que hicieron que la balanza se inclinase excepcionalmente en favor de un candidato que no sea del sexo menos representado. La obligación de información podría suponer una limitación del derecho al respeto de la vida privada y del derecho a la protección de los datos de carácter personal, que están reconocidos, respectivamente, en los artículos 7 y 8 de la Carta. Sin embargo, tales limitaciones son necesarias y, de conformidad con el principio de proporcionalidad, responden efectivamente a objetivos de interés general reconocidos. Por lo tanto, se ajustan a los requisitos aplicables a tales limitaciones establecidos en el artículo 52, apartado 1, de la Carta y en la jurisprudencia pertinente del Tribunal de Justicia. Dichas limitaciones deben aplicarse en cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (10).

(44)

Cuando un candidato al nombramiento o la elección de un puesto de administrador del sexo menos representado alegue hechos ante un tribunal u otro órgano competente que permitan presumir que tenía igual capacitación que el candidato elegido del otro sexo, la sociedad cotizada debe estar obligada a demostrar la corrección de la elección.

(45)

Si bien la presente Directiva pretende establecer requisitos mínimos en forma de medidas vinculantes orientadas a mejorar la composición por género de los consejos de administración, es importante reconocer, de conformidad con el principio de subsidiariedad, la legitimidad de planteamientos diferentes y admitir la eficacia de ciertas medidas nacionales existentes, ya adoptadas en este ámbito de actuación, que han dado resultados satisfactorios. Así, en algunos Estados miembros ya se han realizado esfuerzos para garantizar una representación más equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de administración mediante la adopción de medidas vinculantes que se consideran igual de eficaces que las establecidas en la presente Directiva. Dichos Estados miembros deben poder suspender la aplicación de los requisitos establecidos en la presente Directiva relativos a la selección de candidatos a efectos de nombramiento o elección para puestos de administrador y, en su caso, los relativos al establecimiento de objetivos cuantitativos individuales, siempre que se cumplan las condiciones para una suspensión establecidas en la presente Directiva. En tales casos, cuando los Estados miembros hayan adoptado tales medidas vinculantes por medio del Derecho nacional, las normas de redondeo establecidas en la presente Directiva con respecto al número específico de administradores deben aplicarse, mutatis mutandis, a efectos de la evaluación de dichas medidas nacionales en el marco de la presente Directiva. En un Estado miembro en el que se aplique dicha suspensión, deben considerarse alcanzados los objetivos establecidos en la presente Directiva y, por lo tanto, los objetivos establecidos en la presente Directiva relativos a los administradores no ejecutivos o al conjunto de los administradores no sustituyen a las medidas nacionales pertinentes ni se añaden a estas.

(46)

Con el fin de mejorar el equilibrio de género entre los administradores que participen en las tareas de gestión corriente, debe exigirse a las sociedades cotizadas que establezcan objetivos cuantitativos individuales de representación más equilibrada de ambos sexos entre los administradores ejecutivos, con el fin de alcanzar tales objetivos en la fecha fijada en la presente Directiva. Dichos objetivos deben ayudar a las sociedades a lograr avances tangibles con respecto a la situación actual. Dicha obligación no debe aplicarse a las sociedades cotizadas que persigan el objetivo del 33 % para el conjunto de los administradores, ya sean ejecutivos o no.

(47)

Los Estados miembros deben exigir a las sociedades cotizadas que faciliten anualmente a las autoridades competentes información sobre la composición por género de sus consejos de administración y sobre las medidas adoptadas para alcanzar los objetivos establecidos en la presente Directiva, con objeto de que puedan evaluar los avances de cada sociedad cotizada para lograr el equilibrio de género entre los administradores. Las sociedades cotizadas deben hacer pública esta información en su sitio web de modo adecuado y fácilmente accesible e incluirla en sus informes anuales. Si una sociedad cotizada no ha alcanzado los objetivos cuantitativos aplicables, debe incluir en la mencionada información una descripción de las medidas concretas que haya tomado hasta la fecha o se proponga tomar en el futuro para alcanzar los objetivos establecidos en la presente Directiva. A fin de evitar una carga administrativa innecesaria y la duplicación de esfuerzos, la información sobre el equilibrio de género en los consejos de administración que debe presentarse en virtud de la presente Directiva ha de formar parte, cuando proceda, del informe de gobernanza empresarial de las sociedades cotizadas, de conformidad con el Derecho de la Unión aplicable y, en particular, con la Directiva 2013/34/UE del Parlamento Europeo y del Consejo (11). Cuando los Estados miembros hayan suspendido la aplicación del artículo 6 con arreglo a lo dispuesto en el artículo 12, las obligaciones de presentación de informes establecidas en la presente Directiva no deben aplicarse, a condición de que el Derecho nacional de dichos Estados miembros disponga obligaciones de presentación de informes que garanticen la publicación periódica de información relativa a los avances realizados por las sociedades cotizadas en el logro de una representación más equilibrada de mujeres y hombres en sus consejos de administración.

(48)

El cumplimiento de los requisitos relativos a la selección de candidatos a efectos de nombramiento o elección para puestos de administrador, de la obligación de establecer un objetivo cuantitativo relativo a los administradores ejecutivos y de las obligaciones de información debe garantizarse mediante sanciones que sean efectivas, proporcionadas y disuasorias, y los Estados miembros deben garantizar que existan procedimientos administrativos o judiciales adecuados a tal efecto. Tales sanciones podrían consistir en multas o en la posibilidad de que un órgano jurisdiccional anule o declare la nulidad de una decisión relativa a la selección de los administradores. Sin perjuicio del Derecho nacional por el que se impongan las sanciones, las sociedades cotizadas que cumplan dichas obligaciones no deben ser sancionadas por no haber alcanzado los objetivos cuantitativos en materia de representación de mujeres y hombres entre los administradores. No deben aplicarse sanciones a las propias sociedades cotizadas si, con arreglo al Derecho nacional, una acción u omisión determinada no es imputable a la sociedad cotizada sino a otras personas físicas o jurídicas (por ejemplo, a accionistas determinados). Los Estados miembros deben tener la posibilidad de aplicar sanciones distintas de las enumeradas en la lista no exhaustiva de sanciones establecida en la presente Directiva, especialmente en caso de que una sociedad cotizada cometa infracciones graves y reiteradas en relación con las obligaciones establecidas en la presente Directiva. Los Estados miembros deben garantizar que, en la ejecución de los contratos públicos y las concesiones, las sociedades cotizadas cumplan las obligaciones aplicables en materia de Derecho social y laboral, de conformidad con el Derecho de la Unión aplicable.

(49)

Los Estados miembros o las sociedades cotizadas deben poder adoptar o mantener medidas más rigurosas para garantizar una representación más equilibrada de mujeres y hombres.

(50)

Cada Estado miembro debe designar organismos responsables de la promoción, el análisis, el seguimiento y el apoyo del equilibrio de género en los consejos de administración. Además, la organización de campañas informativas y la puesta en común de las mejores prácticas contribuirían significativamente a aumentar la concienciación sobre esta cuestión en todas las sociedades y las alentaría a lograr el equilibrio de género de forma proactiva. En particular, se insta a los Estados miembros a establecer políticas que apoyen e incentiven a las pymes para que mejoren considerablemente el equilibrio de género a todos los niveles de dirección y en los consejos de administración.

(51)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y se atiene a los principios reconocidos en la Carta. En particular, contribuye al cumplimiento del principio de igualdad entre mujeres y hombres (artículo 23 de la Carta) y a la libertad profesional y al derecho a trabajar (artículo 15 de la Carta). La presente Directiva también tiene por objeto garantizar el pleno respeto del derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47 de la Carta). Las limitaciones del ejercicio de la libertad de empresa (artículo 16 de la Carta) y del derecho a la propiedad (artículo 17, apartado 1, de la Carta) respetan la esencia de esa libertad y ese derecho y son necesarias y proporcionadas. Solo pueden establecerse limitaciones si responden efectivamente a objetivos de interés general reconocidos por la Unión o a la necesidad de protección de los derechos y libertades de los demás.

(52)

Si bien algunos Estados miembros han adoptado medidas reguladoras o han fomentado la autorregulación, con resultados desiguales, la mayoría de los Estados miembros no han tomado medida alguna ni manifestado su disposición a actuar de un modo tal que produzca una mejora suficiente. Las proyecciones basadas en un análisis exhaustivo de toda la información disponible sobre las tendencias pasadas y presentes y sobre las intenciones indican que la actuación de los Estados miembros por sí solos no bastará para que, en ningún momento del futuro predecible, se logre en la Unión una representación equilibrada de mujeres y hombres entre los administradores, en consonancia con los objetivos establecidos en la presente Directiva. La inacción en este ámbito frena la consecución de la igualdad de género en el lugar de trabajo de un modo más general, entre otros aspectos en lo que respecta a la eliminación de la brecha salarial entre hombres y mujeres, que se deriva en parte de la segregación vertical. En estas circunstancias, y teniendo en cuenta las crecientes divergencias existentes entre Estados miembros en lo que se refiere a la representación de mujeres y hombres en los consejos de administración, el equilibrio de género en dichos consejos en toda la Unión solo puede mejorar mediante un planteamiento común, y el potencial en igualdad de género, competitividad y crecimiento puede alcanzarse mejor mediante una acción coordinada a escala de la Unión que con iniciativas nacionales de distinto alcance, ambición y eficacia. Dado que el objetivo de la presente Directiva, a saber, lograr una representación más equilibrada de mujeres y hombres entre los administradores de las sociedades cotizadas mediante el establecimiento de medidas eficaces dirigidas a acelerar el progreso hacia el equilibrio de género, al tiempo que se concede a las sociedades cotizadas el plazo suficiente para adoptar las disposiciones necesarias a tal efecto, no puede ser alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión y los efectos de la acción, puede lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad, establecido en dicho artículo, la presente Directiva se limita a fijar objetivos y principios comunes y no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos. La presente Directiva deja a los Estados miembros libertad suficiente para determinar cómo deben alcanzarse los objetivos que en ella se establecen, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales, en particular las normas y prácticas relativas a la contratación para puestos en los consejos de administración. La presente Directiva no afecta a la posibilidad de que las sociedades cotizadas nombren administradores a las personas más capacitadas, y ofrece un marco flexible y un período de adaptación suficientemente largo.

(53)

Los Estados miembros deben cooperar con los interlocutores sociales y la sociedad civil para informarles de forma eficiente del significado de la Directiva, así como de su transposición y aplicación.

(54)

De conformidad con el principio de proporcionalidad, los objetivos que han alcanzar las sociedades cotizadas deben estar limitados temporalmente y deben permanecer en vigor únicamente hasta que se logre un progreso duradero en la composición por género de los consejos de administración. Por esta razón, la Comisión debe revisar periódicamente la aplicación de la presente Directiva y presentar un informe al respecto al Parlamento Europeo y al Consejo. Además, la presente Directiva establece la fecha en la que va a expirar. La Comisión debe evaluar en su revisión si es necesario ampliar la vigencia de la presente Directiva más allá de dicha fecha.

(55)

De conformidad con la Declaración política conjunta, de 28 de septiembre de 2011, de los Estados miembros y de la Comisión sobre los documentos explicativos (12), los Estados miembros se han comprometido a adjuntar a la notificación de sus medidas de transposición, cuando esté justificado, uno o varios documentos que expliquen la relación entre los elementos de una directiva y las partes correspondientes de los instrumentos nacionales de transposición. Por lo que respecta a la presente Directiva, el legislador considera que la transmisión de dichos documentos está justificada.

(1)

El Reglamento (UE) 2022/109 del Consejo (2) fija las cuotas para el año 2022.

(2)

Según la información recibida por la Comisión, las capturas de la población de raya mosaico efectuadas en aguas de la Unión de la zona 9 por buques que enarbolan pabellón de Portugal o que están registrados en dicho país han agotado la cuota asignada para 2022.

(3)

Es preciso, por tanto, prohibir determinadas actividades pesqueras dirigidas a esa población.

(1)

Los vehículos homologados en la UE deben poder funcionar con biodiésel puro y con diferentes mezclas de biodiésel y combustibles fósiles en caso necesario.

(2)

De conformidad con el artículo 3 del Reglamento (UE) n.o 582/2011 de la Comisión (2), la homologación de tipo de los vehículos de motor y de los motores en lo concerniente a las emisiones exige que el fabricante garantice el cumplimiento de las especificaciones de los combustibles de referencia utilizados para los ensayos de homologación de tipo que se establecen en el anexo IX de dicho Reglamento.

(3)

El biodiésel puro (FAME B100) no figura en el anexo IX del Reglamento (UE) n.o 582/2011 como combustible de referencia para la homologación de tipo en lo concerniente a las emisiones de los vehículos pesados. Deben realizarse los ensayos de homologación de tipo tanto con el gasóleo (B7) como con el biodiésel puro (B100), a fin de demostrar el cumplimiento de los requisitos en materia de emisiones. Para minimizar la duplicación de ensayos y facilitar la certificación del uso de biodiésel puro y mezclas de biodiésel (como FAME B20/B30), es necesario introducir especificaciones para el biodiésel puro como combustible de referencia, basadas en las normas internacionales y europeas pertinentes. Debe permitirse demostrar el cumplimiento de los requisitos de los ensayos de emisiones para una homologación de tipo B100 mediante ensayos de emisiones del motor de referencia con biodiésel puro. Sin embargo, para los ensayos de conformidad en servicio necesarios puede elegirse cualquier mezcla de biocarburantes.

(4)

Para homologar vehículos con un motor homologado es necesaria una adenda para las especificaciones del certificado de homologación de tipo.

(5)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (UE) n.o 582/2011 de la Comisión en consecuencia.

(6)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Técnico sobre Vehículos de Motor.

(1)

En la 11.a Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), un grupo de 59 Miembros de la OMC, incluida la Unión, emitió una Declaración ministerial conjunta sobre la reglamentación nacional en la esfera de los servicios en la que pusieron en marcha una iniciativa plurilateral para negociar disciplinas sobre la reglamentación nacional de los servicios.

(2)

La Comisión entabló negociaciones en consulta con el Comité establecido en virtud del artículo 207, apartado 3, del Tratado. El número de participantes en esta iniciativa de declaración conjunta plurilateral aumentó a 67 Miembros de la OMC a lo largo del tiempo.

(3)

El 2 de diciembre de 2021, los participantes en esas negociaciones emitieron una Declaración relativa a la conclusión de las negociaciones sobre la reglamentación nacional en la esfera de los servicios (en lo sucesivo, «Declaración»), en la que se anunciaba la conclusión satisfactoria de las negociaciones. Los participantes constataron la conclusión de las negociaciones relativas al documento de referencia sobre la reglamentación nacional en la esfera de los servicios, que figura en el anexo 1 de la Declaración. También acogieron favorablemente las listas de compromisos específicos del AGCS que los Miembros de la OMC presentaron como sus contribuciones para finalizar las negociaciones y que se adjuntan a la Declaración como anexo 2.

(4)

Los Participantes en la Declaración se proponen incorporar las disciplinas especificadas en el anexo 1 de la Declaración como compromisos adicionales en sus listas de compromisos específicos del AGCS, conforme a lo dispuesto en la Sección 1 de dicho anexo. De conformidad con el apartado 5 de la Declaración, los participantes tienen el propósito de presentar sus listas de compromisos específicos del AGCS para su certificación, de conformidad con los procedimientos para la certificación de rectificaciones o mejoras de las listas de compromisos específicos, dentro de los doce meses siguientes a la fecha de la Declaración, supeditados a la finalización de los procedimientos nacionales requeridos.

(5)

De conformidad con la Declaración, la Unión debe presentar a la OMC las modificaciones necesarias de su lista de compromisos específicos del AGCS, que figura en la lista de compromisos específicos previos a la finalización de la Unión.

(6)

Por tanto, debe aprobarse en nombre de la Unión la incorporación de las disciplinas especificadas en el anexo 1 de la Declaración como compromisos adicionales en la lista de compromisos específicos del AGCS de la Unión.