(1)

El 5 de marzo de 2014, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) n.o 208/2014.

(2)

De una revisión realizada por el Consejo se desprende que procede suprimir del anexo I del Reglamento (UE) n.o 208/2014 las entradas correspondientes a cuatro personas contra las que la aplicación de medidas restrictivas expiró el 6 de septiembre de 2022, así como la información relativa a su derecho de defensa y a su derecho a una tutela judicial efectiva.

(3)

Por tanto, procede modificar el Reglamento (UE) n.o 208/2014 en consecuencia.

(1)

El 18 de enero de 2016, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) 2016/44.

(2)

El 18 de julio de 2022, el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, creado en virtud de la Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, decidió actualizar la información relativa a una persona sujeta a medidas restrictivas.

(3)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia el anexo II del Reglamento (UE) 2016/44.

(1)

El 30 de agosto de 2017, el Consejo adoptó el Reglamento (UE) 2017/1509.

(2)

El 26 de julio de 2022, el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, creado en virtud de la Resolución 1718 (2006) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, actualizó la información relativa a veinte personas y veinticuatro entidades sujetas a medidas restrictivas.

(3)

Por lo tanto, procede modificar el anexo XIII del Reglamento (UE) 2017/1509 en consecuencia.

(1)

La Directiva 2006/112/CE del Consejo (2), modificada por la Directiva (UE) 2020/284 del Consejo (3), introduce obligaciones de información para los proveedores de servicios de pago a partir del 1 de enero de 2024. Desde ese momento, los proveedores de servicios de pago que estén establecidos en la Unión Europea u ofrezcan servicios de pago en ella deberán mantener determinados registros de pagos transfronterizos procedentes de pagadores de los Estados miembros y determinada información sobre los beneficiarios, y transmitir esos registros a los Estados miembros en aras de la lucha contra el fraude en el impuesto sobre el valor añadido (IVA).

(2)

De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 904/2010, modificado por el Reglamento (UE) 2020/283 del Consejo (4), los Estados miembros deben transmitir esos registros a un sistema electrónico central de información sobre pagos (en lo sucesivo, «CESOP»), de cuyo desarrollo, mantenimiento, alojamiento y gestión técnica debe ocuparse la Comisión.

(3)

Para garantizar el correcto funcionamiento del CESOP, y de conformidad con el artículo 24 sexies, letra a), del Reglamento (UE) n.o 904/2010, es necesario adoptar las medidas técnicas para establecer el CESOP. Esas medidas deben prever las funcionalidades necesarias en el CESOP para el desarrollo de las capacidades de este descritas en el artículo 24 quater del Reglamento (UE) n.o 904/2010. Las medidas también deben asegurar un elevado nivel de facilidad de uso mediante herramientas de búsqueda y visualización integradas en el CESOP. Además, el CESOP debe facilitar los intercambios de información entre los funcionarios de enlace de Eurofisc, permitiéndoles intercambiar información sobre el fraude en el IVA de manera rápida y segura directamente en el CESOP. También deben establecerse las medidas que la Comisión ha de adoptar para el mantenimiento del CESOP una vez que este haya entrado en funcionamiento, con el fin de garantizar los estándares de calidad operativa de la infraestructura informática del sistema y sus funcionalidades y de asegurar que las actualizaciones pertinentes se llevan a cabo cuando sea necesario para abordar los incidentes del sistema entre la Comisión y los Estados miembros.

(4)

Si bien los Estados miembros, como responsables del tratamiento en el CESOP, se hacen cargo de su gestión, corresponden a la Comisión una serie de responsabilidades, limitadas a la gestión técnica del sistema y de su ordenador anfitrión y procesador, de conformidad con el artículo 24 sexies, letra b), del Reglamento (UE) n.o 904/2010. Estas responsabilidades deben incluir las tareas técnicas necesarias para la administración cotidiana del CESOP, como el mantenimiento de registros de los funcionarios de enlace de Eurofisc que accedan a él, el mantenimiento de registros de los proveedores de servicios de pago que hayan transmitido datos a los Estados miembros, el establecimiento de medidas adecuadas de seguridad organizativa para el CESOP y la provisión de la formación y el apoyo necesarios para que los funcionarios de enlace de Eurofisc utilicen el CESOP de manera eficaz.

(5)

De conformidad con el artículo 24 ter, apartado 1, letra b), del Reglamento (UE) n.o 904/2010, los Estados miembros deben enviar los datos al CESOP siguiendo un formato común. Deben concretarse los elementos de datos que han de comunicar los proveedores de servicios de pago en el formato de un documento XML. Con el fin de garantizar la operatividad general entre los sistemas electrónicos nacionales y el CESOP de conformidad con el artículo 24 ter, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 904/2010, los Estados miembros deben comprobar que los datos transmitidos por los proveedores de servicios de pago incluyen los elementos de datos obligatorios y sintácticamente correctos de conformidad con el artículo 243 quinquies de la Directiva 2006/112/CE, dado que el CESOP solo puede funcionar si los datos obligatorios se han reflejado correctamente en él.

(6)

Los Estados miembros deben designar a los funcionaros de enlace de Eurofisc que tendrán acceso al CESOP e informar a la Comisión de su decisión. A este respecto, la Comisión debe facilitar a esos funcionarios un identificador único para el acceso al CESOP y mantener una lista de todos los funcionarios de enlace de Eurofisc que tengan acceso al sistema, basada en la información recibida de los Estados miembros.

(7)

De conformidad con el artículo 24 sexies, letra g), del Reglamento (UE) n.o 904/2010, la Comisión debe establecer procedimientos para garantizar que existen las medidas adecuadas de seguridad técnica y organizativa para el desarrollo y el funcionamiento del CESOP. Determinados aspectos de seguridad de los componentes centrales del CESOP también dependen de la aplicación de medidas de seguridad nacionales, como medidas destinadas a controlar la seguridad de los datos transmitidos o medidas para garantizar que únicamente el funcionario de enlace de Eurofisc con un identificador único válido pueda acceder al CESOP. Por tanto, los Estados miembros deben facilitar a la Comisión información acerca de sus propias medidas de seguridad. Los Estados miembros y la Comisión deben mantenerse informados de las medidas de seguridad adoptadas y de cualquier necesidad de actualizar dichas medidas.

(8)

El tratamiento de datos personales en virtud del presente Reglamento, así como las responsabilidades de los Estados miembros y de la Comisión, están sujetos a las normas establecidas en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (5) y en el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (6). De conformidad con el artículo 24 sexies, letra h), del Reglamento (UE) n.o 904/2010, deben fijarse los cometidos y las responsabilidades de los Estados miembros y de la Comisión en relación con la responsabilidad del tratamiento en el marco del CESOP. Los Estados miembros deben ser considerados conjuntamente responsables del tratamiento en el CESOP, dado que deciden sobre los medios de tratamiento y uso de los datos que este contiene. La Comisión debe ser considerada encargada del tratamiento, dado que actúa en nombre de los Estados miembros en el cumplimiento de todas sus tareas.

(9)

El presente Reglamento debe comenzar a aplicarse el 1 de enero de 2024, para armonizarse con la aplicabilidad del Reglamento (UE) 2020/283 y la Directiva (UE) 2020/284.

(10)

El Supervisor Europeo de Protección de Datos, al que se consultó de conformidad con el artículo 42, apartado 1, del Reglamento (UE) 2018/1725, emitió su dictamen el 2 de febrero de 2022.

(11)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Cooperación Administrativa.

a)

conservar y actualizar la lista de funcionarios de enlace de Eurofisc que tienen acceso al CESOP y su identificación única de usuario personal de conformidad con el artículo 5;

b)

implantar las medidas de seguridad organizativa y técnica a que se refiere el artículo 6;

c)

crear, conservar y mantener una lista de proveedores de servicios de pago que hayan comunicado datos de conformidad con el artículo 24 ter, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 904/2010, con arreglo a los datos facilitados por los Estados miembros;

d)

conceder a los funcionarios de enlace de Eurofisc con acceso al CESOP acceso automático a la lista mantenida de conformidad con la letra c);

e)

facilitar asistencia técnica a los funcionarios de enlace de Eurofisc cuando utilicen el CESOP;

f)

impartir formación a los funcionarios de enlace de Eurofisc en cuanto al uso del CESOP.

(1)

El 16 de julio de 2012, el Consejo adoptó la Decisión 2012/392/PESC (1) por la que se establecía una Misión PCSD de la Unión Europea en Níger destinada a reforzar las capacidades de los actores de la seguridad nigerinos en la lucha contra el terrorismo y la delincuencia organizada (EUCAP Sahel Níger).

(2)

El 7 de septiembre de 2020, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2020/1254 (2) y prorrogó la Misión hasta el 30 de septiembre de 2022.

(3)

El 15 de junio de 2022, el Comité Político y de Seguridad (CPS) examinó la revisión estratégica de la Misión y acordó prorrogar la EUCAP Sahel Níger hasta el 30 de septiembre de 2024. El 28 de junio de 2022, al término de la revisión estratégica de la Misión, el CPS acordó además, entre otras cosas, que la Misión debía poder intercambiar en el marco de su mandato información clasificada de la UE con las agencias de la Unión de los ámbitos de la justicia y los asuntos de interior.

(4)

Por lo tanto, procede modificar la Decisión 2012/392/PESC en consecuencia.

(5)

La EUCAP Sahel Níger se llevará a cabo en el contexto de una situación que puede deteriorarse y que podría impedir el logro de los objetivos de la acción exterior de la Unión establecidos en el artículo 21 del Tratado de la Unión Europea.

1)

En el artículo 3, el apartado 4 se sustituye por el párrafo siguiente:

2)

En el artículo 13, apartado 1, se añade el párrafo siguiente:

«El importe de referencia financiera para cubrir los gastos relativos a la EUCAP Sahel Níger durante el período comprendido entre el 1 de octubre de 2022 y el 30 de septiembre de 2024 será de 72 161 381,16 EUR.».

3)

En el artículo 14, se añade el apartado siguiente:

4)

En el artículo 15, el apartado 4 se sustituye por el texto siguiente y se añade un nuevo apartado:

5)

En el artículo 16, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente:

«Será aplicable hasta el 30 de septiembre de 2024.».

(1)

Las medidas restrictivas adoptadas por el Consejo sobre la base del artículo 29 del Tratado de la Unión Europea, así como del artículo 215 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea constituyen un instrumento esencial de política exterior para la acción exterior de la Unión.

(2)

La amplia difusión de información sobre las medidas restrictivas vigentes en la Unión y el fácil acceso a ella, así como el intercambio de información entre los Estados miembros, las partes interesadas y la Comisión, son una condición esencial para la eficacia de dichas medidas.

(3)

La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania ha puesto de manifiesto la urgente necesidad de emprender una acción para que los Estados miembros y los agentes económicos puedan aplicar mejor las medidas restrictivas adoptadas desde el 24 de febrero de 2022. Las crecientes exigencias relativas a la aplicación efectiva de las medidas restrictivas, los nuevos requisitos establecidos por el alcance y la naturaleza sin precedentes de las medidas restrictivas, y la necesidad de unas comunicaciones seguras y una estrecha cooperación entre los Estados miembros, las partes interesadas y la Comisión para la aplicación de las mismas requieren unas herramientas de tecnología de la información nuevas o mejoradas y más seguras.

(4)

Una acción operativa en el marco de la política exterior y de seguridad común debe apoyar con carácter de urgencia el desarrollo de las aplicaciones y bases de datos necesarias.

(1)

El 5 de marzo de 2014, el Consejo adoptó la Decisión 2014/119/PESC (1).

(2)

De una revisión realizada por el Consejo se desprende que procede suprimir del anexo de la Decisión 2014/119/PESC las entradas correspondientes a cuatro personas contra las que la aplicación de medidas restrictivas expiró el 6 de septiembre de 2022, así como la información relativa a su derecho de defensa y a su derecho a una tutela judicial efectiva.

(3)

Por tanto, procede modificar la Decisión 2014/119/PESC en consecuencia.

1)

En el artículo 5, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente:

«La presente Decisión será aplicable hasta el 6 de marzo de 2023.».

2)

El anexo se modifica de conformidad con el anexo de la presente Decisión.

(1)

El 4 de mayo de 2020, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2020/610 (1), que establecía prorrogar por un período adicional de 24 meses la validez de los permisos nacionales de entrada y estancia de determinados palestinos en el territorio de aquellos Estados miembros mencionados en la Posición Común 2002/400/PESC del Consejo (2).

(2)

Basándose en la evaluación de la aplicación de la Posición Común 2002/400/PESC, el Consejo considera adecuado que la validez de dichos permisos se prorrogue por un período adicional de 24 meses.

(1)

El 31 de julio de 2015, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2015/1333.

(2)

El 18 de julio de 2022, el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, creado en virtud de la Resolución 1970 (2011) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, decidió actualizar la información relativa a una persona sujeta a medidas restrictivas.

(3)

Procede, por tanto, modificar en consecuencia los anexos I y III de la Decisión (PESC) 2015/1333.

(1)

El 27 de mayo de 2016, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2016/849.

(2)

El 26 de julio de 2022, el Comité del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, creado en virtud de la Resolución 1718 (2006) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas actualizó la información relativa a veinte personas y veinticuatro entidades sujetas a medidas restrictivas.

(3)

Por lo tanto, procede modificar el anexo I de la Decisión (PESC) 2016/849 en consecuencia.

(1)

La Decisión (UE) 2021/2313 de la Comisión (3) concedió, para algunos Estados miembros, una franquicia de derechos de importación y una exención del impuesto sobre el valor añadido («IVA») respecto de la importación de las mercancías necesarias para combatir los efectos de la pandemia de COVID-19 desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2022.

(2)

El 15 de junio de 2022, la Comisión consultó a los Estados miembros sobre la necesidad de prorrogar la validez de las medidas establecidas en dicha Decisión. Bélgica, Letonia, Austria, Portugal y Eslovenia («Estados miembros solicitantes») presentaron solicitudes a tal efecto el 21 de junio de 2022.

(3)

Las importaciones efectuadas por los Estados miembros solicitantes en virtud de la Decisión (UE) 2021/2313 han sido beneficiosas a la hora de facilitar a las organizaciones estatales o a otras organizaciones autorizadas por las autoridades competentes el acceso a los medicamentos y los equipos médicos y de protección individual necesarios que escaseaban. Las estadísticas comerciales sobre estas mercancías indican que las importaciones correspondientes siguen una tendencia a la baja, pero podrían oscilar siguiendo nuevas demandas de mercancías necesarias para luchar contra la pandemia de COVID-19. A pesar de que la vacunación está en curso en la Unión y de que se han adoptado una serie de medidas para prevenir la propagación del virus, el número de infecciones por COVID-19 en los Estados miembros solicitantes sigue planteando riesgos para la salud pública. Dado que dichos Estados miembros siguen notificando la escasez de mercancías necesarias para luchar contra la pandemia de COVID-19, procede conceder una franquicia de los derechos de importación que gravan las mercancías importadas cuando se destinen a los fines descritos en el artículo 74 del Reglamento (CE) n.o 1186/2009 y una exención del IVA que grava las mercancías importadas cuando se destinen a los fines descritos en el artículo 51 de la Directiva 2009/132/CE.

(4)

Los Estados miembros solicitantes deben informar a la Comisión acerca de la naturaleza y la cantidad de las distintas mercancías admitidas con franquicia de derechos de importación y con exención del IVA para combatir los efectos del brote de COVID-19, de las organizaciones a las que han concedido autorización con vistas a su distribución o puesta a disposición, así como de las medidas adoptadas para evitar que dichas mercancías se utilicen con fines distintos de la lucha contra los efectos de este brote.

(5)

Teniendo en cuenta los problemas a los que prevén que se enfrentarán los Estados miembros solicitantes, resulta oportuno conceder una franquicia de derechos de importación y una exención del IVA respecto de las importaciones efectuadas a partir del 1 de julio de 2022. Esta franquicia o exención debe permanecer en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022.

(6)

El 22 de julio de 2022, se procedió a la consulta de los Estados miembros conforme a lo dispuesto en el artículo 76, párrafo primero, del Reglamento (CE) n.o 1186/2009 y el artículo 53, párrafo primero, de la Directiva 2009/132/CE.

(1)

El 11 de julio de 2022 fue presentada a la Comisión la solicitud de registro de la iniciativa ciudadana europea titulada «Todos los hogares europeos equipados con una instalación fotovoltaica de 1 kW y aerogeneradores de 0,6 kW utilizando financiación de la UE a través de los municipios únicamente».

(2)

Los objetivos de la iniciativa manifestados por los organizadores son los siguientes: «1) reducir la huella de CO2 de cada hogar; 2) responsabilizar a los municipios, distribuidores y proveedores de energía, limitando la migración entre proveedores de la zona verde, dotando con formación profesional a un empleado municipal, como mínimo, en cuestiones medioambientales y utilizando únicamente equipos de la UE; 3) desarrollar fuentes de energía verde en los pueblos más aislados y al extremo de las redes que, de otro modo, requerirían inversiones de consolidación financiadas por los distribuidores, los proveedores de energía o las unidades administrativas territoriales; 4) cambiar la percepción pública de que la energía verde es cara y educar al público para que consuma al menos 1 kW de energía solar durante el día con el fin de reducir las facturas. Decimos basta a la guerra energética y preparamos sistemas locales de turbo-bombas de hasta 400 kW, sistemas de riego por goteo y generadores de hidrógeno para zonas energéticas compactas. Se trata de un paso importante para la competitividad en la UE».

(3)

En un anexo de la iniciativa se detallan más la finalidad, los objetivos y el contexto de la iniciativa y las razones para apoyarla. Los organizadores afirman que el dinero no utilizado para la resiliencia, la cohesión y el desarrollo regional podría servir para financiar, a través de las unidades administrativas territoriales, 600 millones de paneles fotovoltaicos y 197 000 megavatios de energía verde en aproximadamente 197 millones de hogares de toda la Unión, con un coste estimado de 750 000 millones EUR, con lo que sentarían las bases de la «Unión de la Energía Verde Europea».

(4)

Por lo que se refiere a la convocatoria de medidas para instalar paneles fotovoltaicos y aerogeneradores a fin de suministrar energía verde a los hogares con el objetivo de reducir su huella de CO2, la Comisión tiene la facultad de presentar propuestas de actos jurídicos que establezcan la obligación de equipar los edificios nuevos o existentes con instalaciones de energías renovables y que traten de acelerar los procedimientos de autorización de proyectos de energías renovables sobre la base del artículo 194, apartado 2, del Tratado.

(5)

En cuanto a que la iniciativa pide que sus objetivos se alcancen con la contribución de los fondos de la Unión, el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Fondo de Transición Justa e InvestEU, sobre la base del artículo 173 o el artículo 175 del Tratado, y del nuevo Fondo Social para el Clima que se ha propuesto, basado en el artículo 91, apartado 1, letra d), el artículo 192, apartado 1, y el artículo 194, apartado 1, letra c), conviene señalar que todos prevén inversiones significativas en la transición ecológica.

(6)

Por estas razones, ninguna de las partes de la iniciativa queda manifiestamente fuera del marco de las atribuciones de la Comisión para presentar una propuesta de acto jurídico de la Unión a efectos de la aplicación de los Tratados.

(7)

Esta conclusión se entiende sin perjuicio de la evaluación del cumplimiento o no, en este caso, de las condiciones concretas de fondo necesarias para que la Comisión actúe, incluidos los principios de proporcionalidad y subsidiariedad y la compatibilidad con los derechos fundamentales.

(8)

El grupo de organizadores ha aportado pruebas adecuadas de que cumple los requisitos establecidos en el artículo 5, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2019/788, y ha designado a las personas de contacto de conformidad con el artículo 5, apartado 3, párrafo primero, de dicho Reglamento.

(9)

La iniciativa no es manifiestamente abusiva, frívola o vejatoria, ni manifiestamente contraria a los valores de la Unión establecidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea ni a los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(10)

En consecuencia, debe registrarse la iniciativa ciudadana europea titulada «Todos los hogares europeos equipados con una instalación fotovoltaica de 1 kW y aerogeneradores de 0,6 kW utilizando financiación de la UE a través de los municipios únicamente».

(11)

La conclusión de que se satisfacen las condiciones para el registro en virtud del artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) 2019/788 no implica que la Comisión confirme en modo alguno la exactitud material del contenido de la iniciativa, que es responsabilidad exclusiva del grupo de organizadores de la misma. El contenido de la iniciativa únicamente expresa el punto de vista del grupo de organizadores y en ningún caso puede considerarse que refleja los puntos de vista de la Comisión.

(1)

El 13 de julio de 2022 se presentó a la Comisión una solicitud de registro de una iniciativa ciudadana europea titulada «Proteger el patrimonio rural, la seguridad alimentaria y el abastecimiento de la UE».

(2)

Los objetivos de la iniciativa manifestados por los organizadores son los siguientes: «Las regiones rurales de Europa están perdiendo su patrimonio, sus industrias, sus poblaciones y sus valores, lo que amenaza la seguridad alimentaria y el abastecimiento en toda la UE. Para preservar lo que hace a estas regiones únicas para las generaciones futuras y garantizar la longevidad de las comunidades productoras de alimentos de la UE, necesitamos un compromiso renovado de la UE con la promoción del patrimonio regional, el crecimiento rural sostenible y el aumento del nivel de vida. Esta iniciativa ciudadana europea pide a la UE que modernice sus compromisos rurales para tener en cuenta la necesidad de una mayor seguridad alimentaria, el suministro de materiales agrícolas y la protección del modo de vida rural: sus ciudadanos, sus valores y sus medios de subsistencia».

(3)

En un anexo a la iniciativa se ofrecen más detalles sobre el objeto, los objetivos y el contexto de la iniciativa, exponiendo y detallando las razones para apoyarla. Los organizadores afirman que «los sectores rurales y los que trabajan en ellos se enfrentan a una presión creciente y a la disminución de los incentivos para continuar, lo que, si no se aborda, conducirá a la extinción de algunas de las comunidades y valores esenciales de Europa». Solicitan a la Comisión que presente una propuesta, en el marco de las competencias atribuidas a la Unión por los Tratados, para reforzar y preservar los patrimonios e industrias regionales en toda la Unión con el fin de impulsar el crecimiento rural y promover las prácticas y actividades de empleo rural. Además, piden que se reconozca la seguridad alimentaria y el suministro de productos como los fertilizantes y los materiales de biogás, para mantener un sólido abastecimiento regional de alimentos en la Unión. Invitan a la Comisión a incluir la promoción del patrimonio rural y el reconocimiento de la seguridad alimentaria y el abastecimiento en el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y mencionan la necesidad de aumentar el alcance de la visión a largo plazo para las zonas rurales de la Unión hasta 2040, el Pacto Rural y el Plan de Acción Rural de la UE (2).

(4)

En consonancia con los objetivos de la política agrícola común (PAC) establecidos en el artículo 39 del Tratado, el Reglamento sobre los planes estratégicos de la PAC (3) persigue los objetivos generales de fomentar un sector agrícola inteligente, competitivo, resiliente y diversificado que garantice la seguridad alimentaria a largo plazo, apoyar y reforzar la protección del medio ambiente y fortalecer el tejido socioeconómico de las zonas rurales (4). En la medida en que el objetivo de la iniciativa de proteger el patrimonio rural, la seguridad alimentaria y el abastecimiento de la Unión no esté cubierto por el Reglamento (UE) 2021/2115, la Comisión está facultada para presentar una propuesta de acto jurídico sobre la base del artículo 42 y del artículo 43, apartado 2, del Tratado.

(5)

Por estas razones, ninguna de las partes de la iniciativa queda manifiestamente fuera del marco de las atribuciones de la Comisión para presentar una propuesta de acto jurídico de la Unión a efectos de la aplicación de los Tratados.

(6)

Esta conclusión se entiende sin perjuicio de la evaluación del cumplimiento o no, en este caso, de las condiciones concretas de fondo necesarias para que la Comisión actúe, como son la observancia de los principios de proporcionalidad y subsidiariedad y la compatibilidad con los derechos fundamentales.

(7)

El grupo de organizadores ha aportado pruebas adecuadas de que cumple los requisitos establecidos en el artículo 5, apartados 1 y 2, del Reglamento (UE) 2019/788, y ha designado a las personas de contacto de conformidad con el artículo 5, apartado 3, párrafo primero, de dicho Reglamento.

(8)

La iniciativa no es manifiestamente abusiva, frívola o temeraria, ni manifiestamente contraria a los valores de la Unión establecidos en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea ni a los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

(9)

Por consiguiente, debe registrarse la iniciativa titulada «Proteger el patrimonio rural, la seguridad alimentaria y el abastecimiento de la UE».

(10)

La conclusión de que se satisfacen las condiciones para el registro en virtud del artículo 6, apartado 3, del Reglamento (UE) 2019/788 no implica que la Comisión confirme en modo alguno la exactitud material del contenido de la iniciativa, que es responsabilidad exclusiva del grupo de organizadores de la misma. El contenido de la iniciativa únicamente expresa el punto de vista del grupo de organizadores y en ningún caso puede considerarse que refleja el de la Comisión.

(1)

En el anexo I del Reglamento (UE) n.o 528/2012 se incluyen las sustancias activas con un perfil más favorable para el medio ambiente o para la salud humana o animal. Por lo tanto, los productos que contienen dichas sustancias activas pueden ser autorizados mediante un procedimiento simplificado. El nitrógeno está incluido en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 528/2012, con la restricción de su uso a cantidades limitadas en cartuchos listos para el uso.

(2)

De conformidad con el artículo 86 del Reglamento (UE) n.o 528/2012, el nitrógeno está aprobado como sustancia activa para su uso en biocidas del tipo 18 (insecticidas) (2). Los biocidas compuestos por nitrógeno aprobado están autorizados en varios Estados miembros, y se suministran en bombonas de gas (3).

(3)

El nitrógeno también puede generarse in situ a partir del aire ambiente. En la actualidad, el nitrógeno generado in situ no está aprobado para su uso en la Unión y no figura en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 528/2012 ni en la lista de sustancias activas incluidas en el programa de revisión de sustancias activas existentes contenidas en los biocidas del anexo II del Reglamento Delegado (UE) n.o 1062/2014 de la Comisión (4).

(4)

Con arreglo al artículo 55, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 528/2012, el 5 de abril de 2022 Finlandia presentó a la Comisión una solicitud de excepción a lo dispuesto en el artículo 19, apartado 1, letra a), de dicho Reglamento en la que pedía que se le permitiese autorizar los biocidas compuestos por nitrógeno generado in situ a partir del aire ambiente para la protección del patrimonio cultural («la solicitud»).

(5)

El patrimonio cultural puede resultar dañado por una amplia gama de organismos nocivos, desde insectos a microorganismos. La presencia de esos organismos no solo puede provocar la pérdida del bien cultural, sino que también entraña el riesgo de que dichos organismos nocivos se propaguen a otros objetos cercanos. Sin un tratamiento adecuado, los objetos podrían resultar dañados irremediablemente, poniendo en grave riesgo el patrimonio cultural.

(6)

El nitrógeno generado in situ se utiliza para crear una atmósfera controlada con una concentración de oxígeno muy baja (anoxia) en tiendas o cámaras de tratamiento selladas, permanentes o temporales, para el control de los organismos nocivos en objetos del patrimonio cultural. El nitrógeno se extrae del aire ambiente y se bombea dentro de la tienda o cámara de tratamiento, donde el contenido de nitrógeno de la atmósfera se eleva al 99 % aproximadamente y, por consiguiente, el oxígeno se agota casi por completo. La humedad del nitrógeno bombeado en la zona de tratamiento se determina en función de los requisitos del objeto que se somete a tratamiento. Los organismos nocivos no pueden sobrevivir en las condiciones creadas en la tienda o cámara de tratamiento.

(7)

Según la información presentada por Finlandia, el uso del nitrógeno generado in situ parece ser la única técnica eficaz para controlar los organismos nocivos que puede utilizarse en todos los tipos de materiales y combinaciones de materiales presentes en las instituciones culturales sin dañarlos y es eficaz en todas las fases de desarrollo de plagas que afectan al patrimonio cultural.

(8)

El método de anoxia o atmósfera modificada o controlada figura en la norma EN 16790:2016 «Conservación del patrimonio cultural. Gestión integrada de plagas (IPM) para la protección del patrimonio cultural», en la cual se indica que el nitrógeno es el gas «más utilizado» para crear anoxia.

(9)

Existen otras técnicas para el control de organismos nocivos, como las técnicas de choque térmico (temperaturas altas o bajas). Además, pueden utilizarse a tal fin biocidas que contengan otras sustancias activas. Sin embargo, como indica Finlandia, cada una de estas técnicas tiene limitaciones en lo que se refiere al daño que podría producirse a determinados materiales durante el tratamiento.

(10)

Como se indica en la solicitud, en instituciones culturales no suelen utilizarse otras sustancias activas debido a su perfil de riesgo. Tras el tratamiento con dichas sustancias, los residuos que quedan en los objetos tratados pueden liberarse progresivamente en el medio ambiente, con el consiguiente riesgo para la salud humana y el medio ambiente. Además, estas sustancias pueden reaccionar con los materiales de los que están hechos los objetos del patrimonio, provocando cambios irreversibles, sobre todo en su superficie.

(11)

Según la información que figura en la solicitud, el uso de nitrógeno en botellas no es una alternativa adecuada para las instituciones culturales, ya que presenta inconvenientes prácticos. Las cantidades limitadas que contienen las botellas requieren un transporte frecuente y una instalación de almacenamiento separada. El tratamiento con nitrógeno en botella también generaría costes elevados para las instituciones culturales.

(12)

Pedir a las instituciones culturales que utilicen varias técnicas para controlar organismos nocivos —cada una adecuada para materiales y objetos específicos— en lugar de utilizar una técnica ya en uso y apropiada para todos los materiales les supondría costes adicionales y les dificultaría alcanzar el objetivo de abandonar el uso de sustancias activas más peligrosas en su gestión integrada de plagas. Además, el abandono de instalaciones y equipos adquiridos para la anoxia con nitrógeno generado in situ supondría una pérdida de inversiones anteriores.

(13)

En 2019, el grupo de expertos de la Comisión de autoridades competentes en materia de biocidas debatió en varias de sus reuniones (5) una posible excepción en virtud del artículo 55, apartado 3, del Reglamento (UE) n.o 528/2012 en relación con el nitrógeno generado in situ.

(14)

Además, a raíz de la primera solicitud similar de excepción para los productos compuestos por nitrógeno generado in situ, formulada por Austria, la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas llevó a cabo, a petición de la Comisión, una consulta pública sobre dicha solicitud, que permitió a todas las partes interesadas presentar sus puntos de vista. La gran mayoría de las 1487 observaciones recibidas fueron favorables a la excepción. Muchos participantes describieron los inconvenientes de las técnicas alternativas disponibles: los tratamientos térmicos pueden dañar determinados materiales; el uso de otras sustancias activas deja en los objetos residuos tóxicos que se liberan progresivamente en el medio ambiente; el uso de nitrógeno en botellas no permite controlar la humedad relativa en la zona de tratamiento, lo cual es necesario para tratar algunos materiales.

(15)

La inclusión del nitrógeno generado in situ en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 528/2012 permitiría a los Estados miembros autorizar productos compuestos por nitrógeno generado in situ sin necesidad de una excepción con arreglo al artículo 55, apartado 3, de dicho Reglamento. Se presentó una solicitud de este tipo en marzo de 2022. Sin embargo, hace falta tiempo para evaluar esta solicitud, incluir la sustancia en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 528/2012 y obtener autorizaciones para los productos.

(16)

La solicitud pone de manifiesto que en Finlandia no existen alternativas adecuadas, ya que todas las técnicas alternativas actualmente disponibles presentan inconvenientes, ya sea por falta de idoneidad para el tratamiento de todos los materiales o por inconvenientes prácticos.

(17)

Sobre la base de todos esos argumentos, es adecuado concluir que el nitrógeno generado in situ es esencial para proteger el patrimonio cultural en Finlandia y que no existen alternativas adecuadas. Por consiguiente, debe permitirse a Finlandia que autorice la comercialización y el uso de biocidas compuestos por nitrógeno generado in situ para proteger el patrimonio cultural.

(18)

Hace falta tiempo para la posible inclusión del nitrógeno generado in situ en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 528/2012 y la posterior autorización por parte de los Estados miembros de productos compuestos por nitrógeno generado in situ. Por consiguiente, procede otorgar una excepción por un período de tiempo que permita concluir los procedimientos subyacentes.

(1)

El 19 de octubre de 2015, la empresa Laboratoria Qualiphar N.V./S.A. («solicitante») presentó a las autoridades competentes de varios Estados miembros, entre ellos Francia, una solicitud de reconocimiento mutuo en paralelo, de conformidad con el artículo 34 del Reglamento (UE) n.o 528/2012, del biocida Mouskito Junior Lotion («biocida»). El biocida, cuya sustancia activa es el butilacetilaminopropionato de etilo (IR 3535), es un producto listo para su uso destinado a proteger la piel humana de las picaduras de insectos. Bélgica es el Estado miembro de referencia responsable de la evaluación de la solicitud contemplado en el artículo 34, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012.

(2)

Las alegaciones del solicitante relativas al producto eran: protección en zonas de clima tropical contra mosquitos (Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus, Anopheles gambiae) y en zonas de clima templado contra mosquitos (Aedes aegypti, Culex quinquefasciatus), moscas (Stomoxys calcitrans), abejas (Apis mellifera), avispas (Vespula vulgaris) y garrapatas (Ixodes ricinus).

(3)

El 19 de junio de 2019, de conformidad con el artículo 35, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 528/2012, Francia remitió objeciones al grupo de coordinación, en las que indicaba que el biocida no cumplía las condiciones establecidas en el artículo 19, apartado 1, letra b), inciso i), del mencionado Reglamento para el uso contra abejas y avispas. Las objeciones remitidas se debatieron en el grupo de coordinación el 16 de septiembre de 2019.

(4)

Al no alcanzarse un acuerdo en el grupo de coordinación, el 7 de noviembre de 2019 Bélgica remitió la objeción no resuelta a la Comisión, de conformidad con el artículo 36, apartado 1, del Reglamento (UE) n.o 528/2012. Bélgica presentó a la Comisión una exposición pormenorizada de la cuestión sobre la que los Estados miembros no lograban ponerse de acuerdo y de los motivos de su desacuerdo. La exposición se remitió también a los Estados miembros interesados y al solicitante.

(5)

Francia no está de acuerdo con la recomendación del Estado miembro de referencia de autorizar el uso contra avispas y abejas. Más concretamente, Francia considera que la eficacia para el uso específico no se ha demostrado en el ensayo de uso simulado facilitado por el solicitante, ya que el diseño de dicho ensayo no permitía determinar la duración de la protección completa (2) y además el producto no se aplicó en una superficie similar a la piel humana.

(6)

Bélgica argumenta que el solicitante realizó los ensayos exigidos por las orientaciones vigentes en el momento de la presentación de la solicitud y ha señalado que no existe ningún protocolo establecido para las avispas y las abejas. Bélgica considera que una alegación específica no puede rechazarse únicamente porque no exista un protocolo de ensayo establecido y que, por lo tanto, debe recurrirse a la opinión de expertos. Aun reconociendo que el ensayo facilitado por el solicitante no determinaba la duración de la protección completa, Bélgica llegó a la conclusión, basándose en la opinión de los expertos, de que la alegación relativa a la repelencia de abejas y avispas estaba suficientemente corroborada.

(7)

El 17 de diciembre de 2021, la Comisión solicitó un dictamen sobre esta cuestión a la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas («Agencia»), de conformidad con el artículo 36, apartado 2, del Reglamento (UE) n.o 528/2012. Se pidió a la Agencia que indicara: i) si es necesario determinar la duración de la protección completa para evaluar la eficacia contra las abejas y las avispas y si el ensayo de uso simulado realizado por el solicitante permite determinar la duración de la protección completa; ii) si los ensayos de uso simulado deben realizarse en una superficie similar a la piel humana, y iii) si el ensayo de uso simulado que se realizó había generado datos que demostraban que el biocida es efectivo contra las avispas y las abejas porque repele esos organismos en la dosis recomendada, corroborando así la alegación de «repele a las avispas y las abejas».

(8)

El 2 de marzo de 2022, el Comité de Biocidas de la Agencia aprobó su dictamen (3).

(9)

Según la Agencia, para justificar las alegaciones sobre el producto se necesitan datos sobre la eficacia que guarden relación con las condiciones reales de uso. La duración de la protección es un parámetro muy importante, especialmente en el caso de los productos destinados a utilizarse contra insectos peligrosos, teniendo también en cuenta que las picaduras de abejas y avispas son una preocupación real para las personas vulnerables debido a las reacciones alérgicas al veneno.

(10)

La Agencia reconoce que no existen protocolos de ensayo de eficacia ni criterios acordados para los repelentes tópicos contra las avispas y las abejas, y considera que es responsabilidad del solicitante facilitar datos sobre la eficacia a partir de estudios destinados a imitar una situación de uso en la práctica con el fin de justificar la alegación.

(11)

Los ensayos que llevó a cabo el solicitante fueron ensayos de campo realizados en plantaciones de árboles frutales. La eficacia del repelente se investigó utilizando trampas en forma de botellas de plástico, llenas de solución azucarada y detergente para capturar los organismos objetivo. La superficie de las trampas se trató con el producto objeto de ensayo dos veces al día, o bien permaneció sin tratar. Según la Agencia, en el caso de los repelentes contra las abejas y las avispas, un diseño del ensayo que utilice trampas con un atrayente como sujeto de ensayo en lugar de seres humanos podría ser aceptable, debido, en particular, a las cuestiones éticas planteadas por la exposición de seres humanos a picaduras de abejas y avispas inevitables y dolorosas. Sin embargo, los datos recogidos durante el ensayo de campo realizado por el solicitante no permiten establecer la duración completa de la protección.

(12)

La Agencia también señala que la superficie de las botellas utilizadas como trampas, que es un material no poroso, difiere significativamente de cualquier material que simule las propiedades de la piel humana, especialmente en lo que se refiere a la absorbancia y el olor, que pueden afectar a la eficacia del repelente. El diseño del ensayo debe imitar en la medida de lo posible la situación de uso en la práctica; por ejemplo, sería preferible utilizar una superficie o textura absorbente similar a la piel humana, como piel animal, o cualquier material poroso artificial modificado de forma que simule la piel humana.

(13)

Según la Agencia, los datos presentados por el solicitante a partir de los ensayos de campo son, en principio, válidos y podrían demostrar la eficacia de productos destinados a ser utilizados como repelentes de ambiente o de superficie y justificar una declaración de «repele a las avispas y las abejas». Sin embargo, el ensayo facilitado no es apropiado para el uso previsto, a saber, repelente tópico contra las avispas y las abejas que se aplica en la piel humana y que, por tanto, se utiliza para proteger a las personas contra las mordeduras/picaduras de insectos. Los datos generados deberían referirse a este uso previsto. La superficie tratada de las trampas usadas en el ensayo realizado no imita suficientemente la situación de uso en la práctica, por lo que el diseño del ensayo no puede considerarse adecuado para demostrar la eficacia del producto para el uso declarado.

(14)

Teniendo en cuenta el dictamen de la Agencia, la Comisión considera que el biocida no cumple la condición establecida en el artículo 19, apartado 1, letra b), inciso i), del Reglamento (UE) n.o 528/2012 para el uso del biocida como repelente contra las avispas y las abejas.

(15)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité Permanente de Biocidas.

(1)

El Reglamento (UE) 2021/953 establece el certificado COVID digital de la UE cuyo propósito es acreditar que una persona ha recibido una vacuna contra la COVID-19, un resultado negativo de una prueba diagnóstica o se ha recuperado de la infección, con el fin de facilitar el ejercicio, por parte de los titulares, de su derecho a la libre circulación durante la pandemia de COVID-19.

(2)

Para que el certificado COVID digital de la UE funcione en toda la Unión, la Comisión adoptó la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1073 (2) por la que se establecen especificaciones técnicas y normas que permitan cumplimentar, expedir y verificar de forma segura los certificados COVID digitales, garantizar la protección de los datos personales, establecer una estructura común del identificador único del certificado y expedir un código de barras válido, seguro e interoperable.

(3)

El 29 de junio de 2022, el Parlamento Europeo y el Consejo adoptaron el Reglamento (UE) 2022/1034 (3), que prorroga hasta el 30 de junio de 2023 el período de aplicación del Reglamento (UE) 2021/953 relativo al certificado COVID digital de la UE. Esta prórroga garantiza que el certificado COVID digital de la UE pueda seguir facilitando la libre circulación durante la pandemia de COVID-19, al tiempo que se persigue un alto nivel de protección de la salud pública. Este aspecto es especialmente pertinente en caso de que se mantengan o se (re)introduzcan determinadas restricciones a la libre circulación por motivos de salud pública, por ejemplo en respuesta a la aparición y propagación de nuevas variantes preocupantes del SARS-CoV-2.

(4)

Para ampliar el ámbito de las pruebas de diagnóstico de la COVID-19 que pueden utilizarse para la expedición de un certificado COVID digital de la UE, la definición de pruebas rápidas de antígenos establecida en el artículo 2, punto 5, del Reglamento (UE) 2021/953 fue modificada por el Reglamento (UE) 2022/1034 para incluir los análisis antigénicos realizados en laboratorio. Los Estados miembros tienen ahora la posibilidad de expedir certificados de prueba diagnóstica y, tras la adopción del Reglamento Delegado (UE) 2022/256 de la Comisión (4), certificados de recuperación sobre la base de las pruebas de antígenos incluidas en la lista común de la UE de pruebas de antígenos para el diagnóstico de la COVID-19 acordada y actualizada periódicamente por el Comité de Seguridad Sanitaria y cumpliendo los criterios establecidos.

(5)

El artículo 5, apartado 5, del Reglamento (UE) 2021/953 también fue modificado por el Reglamento (UE) 2022/1034 para permitir a los Estados miembros expedir certificados de vacunación a los participantes en ensayos clínicos que hayan sido aprobados por los comités éticos y las autoridades competentes de los Estados miembros, independientemente de que el participante recibiera la vacuna experimental contra la COVID-19 o, para no socavar los estudios, la dosis administrada al grupo de control. De conformidad con el artículo 3, apartado 11, del Reglamento (UE) 2021/953, en caso necesario, la Comisión debe solicitar al Comité de Seguridad Sanitaria, al ECDC o a la EMA que emitan orientaciones relativas a la aceptación de las vacunas de la COVID-19 que están siendo sometidas a ensayos clínicos en los Estados miembros.

(6)

Habida cuenta de estas modificaciones del Reglamento (UE) 2021/953, a fin de garantizar la interoperabilidad del certificado COVID digital de la UE, deben actualizarse las normas para la cumplimentación de dicho certificado para reflejar la posibilidad de utilizar los análisis antigénicos realizados en laboratorio para los certificados de prueba diagnóstica y recuperación y para expedir certificados de vacunación a los participantes en ensayos clínicos.

(7)

Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2021/1073 en consecuencia.

(8)

Habida cuenta de la necesidad de aplicar rápidamente las especificaciones técnicas modificadas del certificado COVID digital de la UE, la presente Decisión debe entrar en vigor a los tres días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

(9)

Las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité establecido mediante el artículo 14 del Reglamento (UE) 2021/953.

1)

El anexo II se modifica de conformidad con el anexo I de la presente Decisión.

2)

El anexo V se modifica de conformidad con el anexo II de la presente Decisión.

(1)

De conformidad con el Reglamento (UE) n.o 305/2011, los organismos de evaluación técnica deben utilizar los métodos y criterios establecidos en los documentos de evaluación europeos cuyas referencias se hayan publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea para evaluar las prestaciones de los productos de construcción cubiertos por esos documentos respecto de sus características esenciales.

(2)

De conformidad con el artículo 19 del Reglamento (UE) n.o 305/2011, a raíz de varias solicitudes de evaluaciones técnicas europeas presentadas por fabricantes, la organización de los organismos de evaluación técnica ha elaborado y adoptado diez documentos de evaluación europeos y una corrección.

(3)

Los documentos de evaluación europeos elaborados y adoptados por la organización de los organismos de evaluación técnica se refieren a los siguientes productos de construcción:

(4)

El documento de evaluación europeo con el número de referencia 360001-01-0803, relativo al sistema de ventilación compuesto por lana mineral con revestimientos en el exterior y el interior y cuya referencia se publicó mediante la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 de la Comisión (2), contiene un error. Por consiguiente, es necesario aclarar que el documento de evaluación europeo con el número de referencia 360001-01-0803 sustituye a la versión anterior del documento de evaluación europeo con el número de referencia 360001-00-0803.

(5)

Los documentos de evaluación europeos elaborados y adoptados por la organización de los organismos de evaluación técnica satisfacen las exigencias que deben cumplir sobre los requisitos básicos de las obras de construcción establecidos en el anexo I del Reglamento (UE) n.o 305/2011. Procede, por tanto, publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea las referencias de dichos documentos de evaluación europeos.

(6)

La lista de las referencias de los documentos de evaluación europeos está publicada en la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450. Por razones de claridad, deben añadirse a dicha lista las referencias de los nuevos documentos de evaluación europeos.

(7)

Procede, por tanto, modificar la Decisión de Ejecución (UE) 2019/450 en consecuencia.

(8)

A fin de poder utilizar los documentos de evaluación europeos lo antes posible, la presente Decisión debe entrar en vigor el día de su publicación.